Senado de la República.
Sesión Plenaria.
Domingo 20 de agosto de 2017
    
    

Última actualización: Junio 2017
Última revisión: Junio 2017

Diario de los Debates
LXII
              Legislatura
1er
Año
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DIARIO DE LOS DEBATES

DE LA CÁMARA DE SENADORES
DEL CONGRESO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS


AÑO I                       Segundo Periodo Ordinario                       LXII Legislatura                       Sesión Núm. 11



Presidente de la Mesa Directiva
Sen. Ernesto Javier Cordero Arroyo

Sesión Pública Ordinaria Celebrada
en la Ciudad de México, el 05 de Marzo de 2013

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PRESIDENCIA DEL C. SENADOR
ERNESTO JAVIER CORDERO ARROYO

APERTURA

- El C. Presidente Ernesto Javier Cordero Arroyo: (11:52) Solicito a la Secretaría informe a la Asamblea el resultado del cómputo de asistencia de los señores Senadores.

- La C. Secretaria María Elena Barrera Tapia: Honorable Asamblea, conforme al registro de asistencia, se han acreditado 92 ciudadanas Senadoras y ciudadanos Senadores.

En consecuencia, hay quórum, señor Presidente.

- El C. Presidente Cordero Arroyo: Se abre la sesión del martes 5 de marzo correspondiente al segundo periodo ordinario de sesiones del primer año de ejercicio de la LXII Legislatura. El Orden del Día está disponible en el monitor de sus escaños, con lo cual se informa de los asuntos que corresponden a la agenda de hoy. El acta de la sesión anterior se encuentra publicada en la Gaceta del Senado de este día.

“ACTA DE LA SESION CELEBRADA EL JUEVES
VEINTIOCHO DE FEBRERO DE DOS MIL TRECE

PRESIDE EL SENADOR
LUIS SANCHEZ JIMENEZ

 

En la ciudad de México, Distrito Federal, a las catorce horas del día jueves veintiocho de febrero de dos mil trece, encontrándose presentes noventa y tres ciudadanos Senadores, según relación anexa, la Presidencia declaró abierta la sesión.

(Lectura del Orden del Día)

La Secretaría dio por conocido el contenido del Orden del Día de la sesión de esta fecha, debido a la publicación en la Gaceta del Senado y a su difusión.

(Acta de la sesión anterior)

(Comunicaciones)

Se recibió del Senador Félix González Canto, oficio con la que remite el Informe, conjuntamente con el Senador Fernando Torres Graciano, de su visita a la Feria Internacional de Turismo, celebrada en Madrid, España, del 29 de enero al 3 de febrero de 2013.- Quedó de enterado.

 

Se recibió del Senador Juan Carlos Romero Hicks, los Informes de su gira de trabajo al Colegio de la Frontera Norte, en donde se impartió el seminario "México, Estados Unidos y nuestra frontera compartida" y a la Reunión de consejeros del Consejo Consultivo del Instituto de los Mexicanos en el Exterior, del 7 al 10 de febrero del año en curso.- Quedó de enterado.

 

Se recibió de la Comisión de Asuntos Fronterizos Norte, su Plan de Trabajo.- Quedó de enterado.

 

Se recibió de la Secretaría de Gobernación, oficio con el que remite de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, el Informe trimestral sobre la situación que guardan los Sistemas de Ahorro para el Retiro, correspondiente al periodo octubre-diciembre de 2012.- Se remitió a las Comisiones de Hacienda y Crédito Público, de Seguridad Social y de Trabajo y Previsión Social.

 

Se recibió de la Secretaría de Gobernación, la Estrategia Nacional de Energía 2013-2027.- Se turnó a la Comisión de Energía.

 

Se recibió de la Cámara de Diputados, la integración de la Comisión Legislativa del Congreso de la Unión para el Diálogo y la Conciliación para el Estado de Chiapas.- Quedó de enterado. Se remitió a la Junta de Coordinación Política.

 

Se recibió de la Cámara de Diputados, punto de Acuerdo de la Diputada Yesenia Nolasco Ramírez, que exhorta al Senado de la República a dictaminar el proyecto de Decreto que expide la Ley de Planeación para la Soberanía y Seguridad Agroalimentaria y Nutricional.- Se remitió a las Comisiones Unidas de Agricultura y Ganadería, de Desarrollo Rural y de Estudios Legislativos, Segunda.

 

Se recibió de la Cámara de Diputados, proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Salud, en materia de profesionalización de parteras, devuelto con modificaciones, para los efectos de la fracción e) del artículo 72 constitucional.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos.

 

Se recibió de la Cámara de Diputados, proyecto      de Decreto que reforma las fracciones I y III del artículo 245 de la Ley General de Salud.- Se turnó           a las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos.

 

Se recibió de la Cámara de Diputados, proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Salud, en materia de bancos de sangre.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos.

 

Se recibió de la Cámara de Diputados, proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 2; 3; 3 Bis y 4 de la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Juventud y Deporte y de Estudios Legislativos, Primera.

 

Se recibió del congreso del estado de Tabasco, iniciativa de Decreto por el que se adiciona un último párrafo al artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos, Segunda.

(Iniciativas)

La Senadora Marcela Torres Peimbert, a nombre propio y de los Senadores Javier Corral Jurado, Ernesto Ruffo Appel, Héctor Larios Córdova, Daniel Ávila Ruiz, Jorge Luis Preciado Rodríguez, Laura Angélica Rojas Hernández, Arely Gómez González, Alejandro Tello Cristerna, Roberto Armando Albores Gleason, Pablo Escudero Morales y Manuel Camacho Solís, presentó iniciativa con proyecto de Decreto que adiciona la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias y de Estudios Legislativos, Segunda.

 

La Senadora Marcela Torres Peimbert, a nombre propio y de los Senadores, Javier Corral Jurado, Ernesto Ruffo Appel, Héctor Larios Córdova, Daniel Ávila Ruiz, Jorge Luis Preciado Rodríguez, Laura Angélica Rojas Hernández, Arely Gómez González, Alejandro Tello Cristerna, Roberto Armando Albores Gleason, Pablo Escudero Morales y Manuel Camacho Solís, presentó iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones al Reglamento del Senado de la República.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias y de Estudios Legislativos, Segunda.

 

El Senador René Juárez Cisneros, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 48, 54 y Cuarto y Octavo Transitorios de la Ley General de Turismo.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Turismo y de Estudios Legislativos, Segunda.

 

La Senadora Diva Hadamira Gastélum Bajo, a nombre propio y de las Senadoras Martha Elena García Gómez, Angélica de la Peña Gómez, Ivonne Liliana Álvarez García, Ma. del Rocío Pineda Gochi, María Lucero Saldaña Pérez, Rosa Adriana Díaz Lizama, Gabriela Cuevas Barrón, Luz María Beristáin Navarrete y Mónica Tzasna Arriola Gordillo, integrantes de la Comisión para la Igualdad de Género, presentó iniciativa con proyecto de Decreto por el que se adiciona un artículo 100 Bis a la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.- Considerado de urgente resolución, fue aprobado por 79 votos en pro. Se remitió a la Cámara de Diputados.

 

La Senadora Diva Hadamira Gastélum Bajo, a nombre propio y de las Senadoras Martha Elena García Gómez,  Angélica de la Peña Gómez, Ivonne Liliana Álvarez García, Ma. del Rocío Pineda Gochi, María Lucero Saldaña Pérez, Rosa Adriana Díaz Lizama, Gabriela Cuevas Barrón, Luz María Beristáin Navarrete y Mónica Tzasna Arriola Gordillo, presentó iniciativa con proyecto de Decreto por el que se crea el Reconocimiento “Elvia Carrillo Puerto” y se adiciona una fracción V al numeral uno del artículo 56 y se adiciona un artículo 56 Bis al Reglamento del Senado de la República.- Considerado de urgente resolución, fue aprobado por 82 votos en pro. Se remitió al Diario Oficial de la Federación para su publicación.

 

El Senador Raúl Morón Orozco, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó iniciativa con proyecto de Decreto por el que se adicionan los párrafos décimo tercero, décimo cuarto y décimo quinto al artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos, Segunda.

 

El Senador Javier Lozano Alarcón, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal de Telecomunicaciones.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Comunicaciones y Transportes y de Estudios Legislativos, Segunda.

 

La Senadora Ninfa Salinas Sada, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, presentó iniciativa con proyecto de Decreto que reforma el artículo 311 del Código Civil Federal.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos.

 

La Senadora Mónica T. Arriola Gordillo, presentó iniciativa con proyecto de Decreto por el que se adiciona una fracción VI al artículo 61 de la Ley General de Salud.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos.

 

El Senador Armando Ríos Piter, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó iniciativa con proyecto de Decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, para regular la recepción y tramitación de Iniciativas Ciudadanas.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias y de Estudios Legislativos.

 

El Senador Armando Ríos Piter, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó iniciativa con proyecto de Decreto que reforma diversas disposiciones del Reglamento del Senado de la República, para regular la recepción y tramitación de Iniciativas Ciudadanas.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias y de Estudios Legislativos.

(Agenda Política)

El Presidente de la Mesa Directiva, le dio el uso de la palabra al Senador Marco Antonio Blásquez Salinas, para referirse a los hechos ocurridos en contra del Diario El Siglo de Torreón.

(Acuerdo de la Junta de Coordinación Política)

Se sometió a consideración de la Asamblea un Acuerdo de la Junta de Coordinación Política, por el que se designa a los integrantes de la Comisión Bicamaral de Concordia y Pacificación.- Fue aprobado en votación económica.

 

Se recibió de la Junta de Coordinación Política, oficio por el que se designa al Senador Miguel Romo Medina como integrante de la Junta de Coordinación Política, en sustitución del Senador Arturo Zamora Jiménez.- Quedó de enterado.

(Excitativa)

Se recibió de la Senadora Angélica Araujo Lara, del grupo parlamentario del partido Revolucionario Institucional, solicitud de excitativa con relación al proyecto de Decreto que expide la Ley General de la Juventud, y reforma y adiciona los artículos 4 y 12 de la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud.- Se remitió excitativa a la Cámara de Diputados.

 

El Presidente de la Mesa Directiva dio turno a los siguientes asuntos:

 

De los Senadores María Elena Barrera Tapia, Miguel Romo Medina, Braulio Manuel Fernández Aguirre, María Cristina Díaz Salazar, Armando Neyra Chávez e Hilda Esthela Flores Escalera, iniciativa con proyecto de Decreto por el que se adiciona la fracción k) del artículo 28 de la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Atención a Grupos Vulnerables y de Estudios Legislativos, Segunda.

 

De los Senadores María Cristina Díaz Salazar, Miguel Romo Medina, Braulio M. Fernández Aguirre, Armando Neyra Chávez, Hilda Esthela Flores Escalera y Martha Elena Barrera Tapia, iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Salud.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos.

 

De la Senadora Angélica de la Peña Gómez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de Acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a implementar los mecanismos y medidas necesarias para constituir el Instituto Nacional de la Economía Social y Solidaria.- Se turnó a la Comisión de Fomento Económico.

 

De la Senadora Angélica de la Peña Gómez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de Acuerdo relativo a la sentencia dictada por un tribunal militar de Marruecos  en contra de 24 activistas defensores de los derechos humanos de la República Árabe Saharahui Democrática.- Se turnó a la Comisión de Relaciones Exteriores, África.

 

De las Senadoras Ana Gabriela Guevara, Maki Esther Ortiz Domínguez, Angélica de la Peña Gómez, Martha Palafox Gutiérrez, Silvia Garza Galván, Luz María Beristáin Navarrete, Hilda Flores Escalera, Lisbeth Hernández Lecona, Mónica Arriola Gordillo y Adriana Dávila Fernández, con punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Salud a emprender una cruzada para promover la lactancia materna.- Se turnó a la Comisión de Salud.

 

Del Senador Marco Antonio Blásquez Salinas, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de Acuerdo que exhorta al Procurador General de la República a disponer lo necesario para que se revise el procedimiento que se sigue a diversos periodistas, a efecto de ponderar si además de las imputaciones que les hacen miembros de la delincuencia existen pruebas contundentes que demuestren su participación en los hechos de que se les acusa.- Se turnó a la Comisión de Justicia.

 

Del Senador Fernando Yunes Márquez, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de Acuerdo que exhorta al gobierno del estado de Veracruz a ejecutar de manera inmediata medidas para proteger la integridad física y sexual de las mujeres, así como para prevenir los delitos sexuales que se han incrementado de forma alarmante en la entidad.- Se turnó a la Comisión de Seguridad Pública.

 

Del Senador David Monreal Ávila, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de Acuerdo que exhorta a la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios a rendir un informe sobre las investigaciones y el análisis que realizó para permitir, autorizar y liberar el maíz modificado genéticamente mon 603 para consumo humano.- Se turnó a la Comisión de Agricultura y Ganadería.

 

Del Senador David Monreal Ávila, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores a promover en el extranjero el buen nombre y prestigio de México.- Se turnó a la Comisión de Relaciones Exteriores.

 

Del Senador David Monreal Ávila, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Educación Pública a que, en coordinación con la Secretaría de Desarrollo Social, implemente un programa eficaz y eficiente a fin de minimizar la deserción escolar a nivel media superior derivada de la pobreza.- Se turnó a la Comisión de Educación.

 

Del Senador David Monreal Avila, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de Acuerdo por el que se cita a comparecer al titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que informe sobre las investigaciones, análisis y procedimientos llevados a cabo para la detención de Elba Esther Gordillo Morales por los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.- Se turnó a la Comisión de Justicia.

 

De las Senadoras Hilda Esthela Flores Escalera, Angélica del Rosario Araujo Lara, María Cristina Díaz Salazar, Lisbeth Hernández Lecona, Margarita Flores Sánchez, Diva Hadamira Gastélum Bajo e Itzel Sarahí Ríos de la Mora, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, iniciativa con proyecto de Decreto para adicionar un párrafo segundo al artículo 59 de la Ley Federal de Radio y Televisión.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Radio, Televisión y Cinematografía y de Estudios Legislativos.

 

La Presidencia dio por concluida la sesión a las quince horas con cuarenta minutos y citó a la siguiente el martes cinco de marzo a las once horas.

LISTA DE ASISTENCIA DE LA SESION ANTERIOR



En consecuencia, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba.

- La C. Secretaria Barrera Tapia: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba el acta de la sesión anterior. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se aprueba el acta, señor Presidente.

- El C. Presidente Cordero Arroyo: Compañeros Senadores, a partir de la licencia autorizada al Senador Arturo Zamora Jiménez, informo a ustedes que esta Mesa Directiva convocó a la ciudadana María Verónica Martínez Espinoza para que rinda protesta como Senadora de la República.

En esta virtud, solicito a los Senadores Jesús Casillas Romero, Marcela Torres Peimbert, Luz María Beristain Navarrete y Juan Gerardo Flores Ramírez, la inviten a pasar a este salón de sesiones y la acompañen durante el acto de su protesta.

(La comisión cumple)

- La C. Secretaria Barrera Tapia: Se solicita a los presentes ponerse de pie.

(Todos de pie)






PROTESTA DE LEY

- El C. Presidente Cordero Arroyo: Ciudadana María Verónica Martínez Espinoza: ¿Protesta guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanen, y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de Senadora de la República que el pueblo le ha conferido, mirando en todo por el bien y prosperidad de la Unión?

- La C. María Verónica Martínez Espinoza: ¡Sí, protesto!

- El C. Presidente Cordero Arroyo: Si así no lo hiciere, que la Nación se lo demande.

¡Felicidades, señora Senadora!

(Aplausos)

Le solicito pase a ocupar al escaño que le ha sido asignado, afin de que se incorpore inmediatamente a nuestros trabajos.

Pasamos al siguiente asunto.






COMUNICACION

- La C. Secretaria Barrera Tapia: Se recibió una comunicación del Senador Eviel Pérez Magaña, del grupo parlamentario del PRI, por la que informa del retiro del proyecto de Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley General de Turismo, presentado el 2 de octubre de 2012.

“México, D.F., a 27 de febrero de 2013.

SEN. ERNESTO JAVIER CORDERO ARROYO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
PRESENTE.

Estimado Senador Cordero:

Con fundamento en el artículo 165, numerales 1 y 2, del Reglamento de esta H. Cámara, atentamente, te hago saber mi decisión de retirar la iniciativa con proyecto de Decreto, por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley General de Turismo, que el 2 de octubre de 2012, en sesión de Pleno, suscribí y presenté como autor y a la cual se adhirieron diversos Senadores.

El 11 de octubre del mismo año, la Mesa Directiva turnó dicha iniciativa a las Comisiones Unidas de Turismo y de Estudios Legislativos, Segunda para su análisis y dictamen.

Lo anterior tiene como objeto, precisarla y armonizarla con la actual situación que guarda la actividad turística en el país.

Sin más, aprovecho la oportunidad para reiterarte la segundad de mi consideración.

Atentamente

Sen. Eviel Pérez Magaña”.

- El C. Presidente Cordero Arroyo: Con fundamento en lo que dispone el artículo 165 del Reglamento, se da por concluido el asunto y se hará del conocimiento de las comisiones correspondientes.

Pasamos al siguiente asunto.






SECRETARIA DE GOBERNACION

- La C. Secretaria Barrera Tapia: Se recibió un oficio de la Secretaría de Gobernación con el que remite solicitud de autorización para que el Buque Escuela ARM “CUAUHTEMOC” de la Armada de México efectué el crucero de instrucción denominado “EUROPA 2013”, del 12 de abril a 15 de noviembre de 2013.

“SECRETARIA DE GOBERNACION
SUBSECRETARIA DE ENLACE LEGISLATIVO
UNIDAD DE ENLACE LEGISLATIVO

Oficio No. SEL/300/150/13
México, D.F., a 28 de febrero de 2013

CC. SECRETARIOS DE LA CAMARA DE SENADORES
DEL H. CONGRESO DE LA UNION
PRESENTES.

Por este conducto y para los efectos de lo dispuesto por el artículo 76, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con fundamento en lo establecido en el artículo 27 fracción VIII, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, me permito remitir el original del escrito signado por el titular del Ejecutivo Federal por el que somete a la consideración de ese Órgano Legislativo, la autorización para que el Buque Escuela ARM “CUAUHTEMOC” (BE-01) de la Armada de México efectúe el crucero de instrucción denominado “EUROPA 2013” del 12 de abril al 15 de noviembre de 2013. El buque zarparía el próximo 18 de marzo del puerto de Acapulco, Guerrero, con destino al puerto de Veracruz, Veracruz, donde iniciaría la travesía “EUROPA 2013”.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarles la seguridad de mi consideración distinguida

El Subsecretario

Lic. Felipe Solís Acero”.

“PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

C. PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
DE LA CAMARA DE SENADORES
DEL H. CONGRESO DE LA UNION
PRESENTE.

El Buque Escuela ARM “CUAUHTEMOC” (BE-01) fue construido en los astilleros de Celaya, en Bilbao, España, del 24 de julio de 1981 al 29 de julio de 1982. A través de sus ya casi 31 años de servicio, el Buque Escuela ARM CUAUHTEMOC ha sido reconocido y aplaudido por otras Armadas y países del mundo.

Anualmente el buque realiza un crucero de instrucción, con la misión de “EXALTAR EL ESPÍRITU MARINERO” en el personal de Capitanes, Oficiales, Cadetes, Clases y Marinería de la Armada de México. Asimismo, sus dotaciones han llevado a todo el mundo un mensaje de paz del pueblo mexicano, situación que le ha permitido ser un embajador de los mares, estrechando los lazos de amistad con las diferentes instituciones civiles y militares, así como fortalecer las relaciones profesionales y operativas con otras Armadas del mundo.

El presente año, en atención a las necesidades académicas de la Institución y las invitaciones recibidas por países y organismos náuticos internacionales, se planeó efectuar el crucero de instrucción denominado “EUROPA 2013”. El buque zarparía el día 18 de marzo de 2013 del puerto de Acapulco, Guerrero, con destino al puerto de Veracruz, Veracruz, para iniciar el crucero de instrucción el día 12 de abril del año en curso, con el itinerario programado que contempla la visita a los puertos de: Balboa, Panamá; La Habana, Cuba; Norfolk, Virginia, Estados Unidos de América; Burdeos y Rouen, Francia; Den Helder, Holanda; Bergen, Noruega; Aarhus, Dinamarca; Helsinki, Finlandia; San Petersburgo, Rusia; Szczecin y Gdynia, Polonia; Riga, Latvia; Lisboa, Portugal; Cádiz y Santa Cruz de Tenerife, España, y Cartagena de Indias, Colombia, retornando a territorio nacional el día 15 de noviembre de 2013 en el puerto de Acapulco, Guerrero.

Conforme a lo dispuesto en el artículo 76, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es facultad exclusiva del Senado de la República autorizar al Ejecutivo Federal para permitir la salida de tropas nacionales fuera de los límites de nuestro país. En atención a ello y considerando la importancia que reviste este crucero, someto a la consideración de esa Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, la solicitud de autorización para que el Buque Escuela ARM “CUAUHTEMOC” (BE-01) efectúe el crucero de instrucción “EUROPA 2013”, en el que participarían los siguientes elementos de la Armada de México: 204 elementos de la dotación del Buque, entre Capitanes, Oficiales, Clases y Marinería, y 74 Cadetes de la Heroica Escuela Naval Militar.

Reitero a usted, Ciudadano Presidente, las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.

México, Distrito Federal, a 27 de febrero de 2013.

El Presidente de los Estados Unidos Mexicanos

Lic. Enrique Peña Nieto”.

- El C. Presidente Cordero Arroyo: Túrnese a las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores; y de Marina para su análisis y dictamen correspondiente.

Pasamos al siguiente asunto.

- La C. Secretaria Martha Palafox Gutiérrez: También de la Secretaría de Gobernación se recibieron:

El informe de resultados de la salida de elementos del Ejército Mexicano, como parte de la cooperación internacional que se proporcionó a Belice para la construcción de un tramo carretero y una barda temporal en el Puente Fronterizo Binacional Santa Elena, Corozal.

“SECRETARIA DE GOBERNACION
SUBSECRETARIA DE ENLACE LEGISLATIVO
UNIDAD DE ENLACE LEGISLATIVO

Oficio No. SEL/300/165/13
México, D.F., a 1° de marzo de 2013

CC. SECRETARIOS DE LA CAMARA DE SENADORES
DEL H. CONGRESO DE LA UNION
PRESENTES.

Por este medio me permito hacer de su conocimiento que mediante oficio No. 24045, el Gral. Salvador Cienfuegos Zepeda, Secretario de la Defensa Nacional, remite el informe de resultados de la salida de once Elementos del Ejército Mexicano, como parte de la cooperación internacional que se proporcionó a Belice para la construcción de un tramo carretero y una barda temporal en el Puente Fronterizo Binacional Santa Elena, Corozal.

Por lo anterior y con fundamento en lo dispuesto por la fracción VIII del artículo 27 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, envío para los fines procedentes, copia del oficio al que me he referido y de su anexo.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarles la seguridad de mi consideración distinguida.

El Subsecretario

Lic. Felipe Solís Acero”.

Y el informe de la visita de Estado del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, licenciado Enrique Peña Nieto, a la República de Costa Rica y de su participación en la Cumbre Extraordinaria de Jefes de Estado y de Gobierno de los países del Sistema de la Integración Centroamericana y México, los días 19 y 20 de febrero de 2013.

“SECRETARIA DE GOBERNACION
SUBSECRETARIA DE ENLACE LEGISLATIVO
UNIDAD DE ENLACE LEGISLATIVO

Oficio No. SEL/300/169/13
México, D.F., a 4 de marzo de 2013

CC. SECRETARIOS DE LA CAMARA DE SENADORES
DEL H. CONGRESO DE LA UNION
PRESENTES.

Por este medio hago de su conocimiento que por oficio número DEP-0350/13, el C. Emilio Suárez Licona, Director General de Coordinación Política de la Secretaría de Relaciones Exteriores, remite el informe de la Visita de Estado del C. Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, Lic. Enrique Peña Nieto, a la República de Costa Rica, y de su participación en la Cumbre Extraordinaria de Jefes de Estado y de Gobierno de los países del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA) y México, el pasado 19 y 20 de febrero de 2013.

Por lo anterior y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 88 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la fracción VIII del artículo 27 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, les acompaño para los fines procedentes, copia del oficio al que me he referido y de su anexo.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarles la seguridad de mi consideración distinguida.

El Subsecretario

Lic. Felipe Solís Acero”.



- La C. Secretaria Palafox Gutiérrez: Asimismo, de la Secretaría de Gobernación se recibieron oficios con similares de la Secretaría de Energía, remitiendo:

El informe del Programa para Incrementar la Eficiencia Operativa en Petróleos Mexicanos y sus Organismos Subsidiarios, correspondiente al cuarto trimestre de 2012, así como las observaciones de la Secretaría de Energía a dicho informe.

Y el cuarto informe trimestral 2012, respecto de la Operación y Gestión de Petróleos Mexicanos.

- El C. Presidente Cordero Arroyo: Remítanse dichos informes a la Comisión de Energía.

Pasamos al siguiente asunto.






SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

- La C. Secretaria Palafox Gutiérrez: Se recibió un oficio de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público con el que remite la información relativa a los montos de endeudamiento interno neto, el canje o refinanciamiento de obligaciones del Erario Federal y el costo total de las emisiones de deuda interna y externa al mes de enero de 2013; información sobre la recaudación federal participable; información sobre la evolución de la recaudación para el mes de enero de 2013 e información consolidada sobre las finanzas públicas y la deuda pública al mes de enero del año en curso.

- El C. Presidente Cordero Arroyo: Remítase esa documentación a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

Pasamos al siguiente asunto.






CONSEJO NACIONAL DE ARMONIZACION CONTABLE

- La C. Secretaria Palafox Gutiérrez: Se recibió del Consejo Nacional de Armonización Contable su informe ejecutivo anual, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 9 último párrafo de la Ley General de Contabilidad Gubernamental.

- El C. Presidente Cordero Arroyo: Remítase a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

Pasamos al siguiente asunto.






CAMARA DE DIPUTADOS

- La C. Secretaria Palafox Gutiérrez: Se recibieron de la Cámara de Diputados los siguientes asuntos:

Minuta proyecto de Decreto por el que se adiciona un párrafo segundo al artículo 210 de la Ley General de Salud, en materia de etiquetado.

“CAMARA DE DIPUTADOS

MESA DIRECTIVA
LXII LEGISLATURA

OF. NO. D. G. P. L. 62-II-7-475
EXP. NO. 6785

SECRETARIOS DE LA H. CAMARA DE SENADORES
PRESENTES.

Tenemos el honor de remitir a ustedes para sus efectos constitucionales, el expediente con la minuta proyecto de Decreto por el que se adiciona un párrafo segundo al artículo 210 de la Ley General de Salud, en materia de etiquetado, aprobado en esta fecha por la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión.

México, D.F., a 28 de febrero de 2013.

Dip. Magdalena del Socorro Núñez Monreal

Secretaria”.

“MINUTA

PROYECTO

DE

DECRETO

POR EL QUE SE ADICIONA UN PARRAFO SEGUNDO AL ARTICULO 210 DE LA LEY GENERAL DE SALUD, EN MATERIA DE ETIQUETADO.

Artículo Unico. Se adiciona un párrafo segundo al artículo 210 de la Ley General de Salud, para quedar como sigue:

Artículo 210. ...

Se establece con carácter de obligatoriedad incluir la declaración nutrimental obligatoria del etiquetado y cuando el producto reclame poseer propiedades agregadas, deberá también acatarse al etiquetado complementario.

TRANSITORIOS

Unico.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Salón de sesiones de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión,- México, D.F., a 28 de febrero de 2013.

Dip. Francisco Arroyo Vieyra, Presidente.- Dip. Magdalena del Socorro Núñez Monreal, Secretaria”.

Minuta proyecto de Decreto por el que se adiciona el artículo 1o. Bis a la Ley General de Salud.

“CAMARA DE DIPUTADOS

MESA DIRECTIVA
LXII LEGISLATURA

OF. NO. D. G. P. L. 62-II-2-461
EXP. NO. 6786

SECRETARIOS DE LA H. CAMARA DE SENADORES
PRESENTES.

Tenemos el honor de remitir a ustedes para sus efectos constitucionales, el expediente con la minuta proyecto de Decreto por el que se adiciona el artículo lo. Bis a la Ley General de Salud, aprobado en esta fecha por la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión.

México, D.F., a 28 de febrero de 2013.

Dip. Tanya Rellstab Carreto

Secretaria”.

“MINUTA

PROYECTO

DE

DECRETO

POR EL QUE SE ADICIONA EL ARTICULO LO. BIS A LA LEY GENERAL DE SALUD.

Artículo Unico.- Se adiciona un artículo lo. Bis a la Ley General de Salud, para quedar como sigue:

Artículo lo. Bis.- Se entiende por salud como un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades.

TRANSITORIOS

Unico.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Salón de sesiones de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión,- México, D.F., a 28 de febrero de 2013.

Dip. Francisco Arroyo Vieyra, Presidente.- Dip. Tanya Rellstab Carreto, Secretaria”.

Y una minuta proyecto de Decreto que reforma la fracción III del artículo 464 Ter de la Ley General de Salud.

“CAMARA DE DIPUTADOS

MESA DIRECTIVA
LXII LEGISLATURA

OF. NO. D. G. P. L. 62-II-7-474
EXP. NO. 6686

SECRETARIOS DE LA H. CAMARA DE SENADORES
PRESENTES.

Tenemos el honor de remitir a ustedes para sus efectos constitucionales, el expediente con la minuta proyecto de Decreto que reforma la fracción III del artículo 464 Ter de la Ley General de Salud, aprobado en esta fecha por la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión.

México, D.F., a 28 de febrero de 2013.

Dip. Magdalena del Socorro Núñez Monreal

Secretaria”.

“MINUTA

PROYECTO

DE

DECRETO

QUE REFORMA LA FRACCION III DEL ARTICULO 464 TER DE LA LEY GENERAL DE SALUD.

Artículo Unico. Se reforma la fracción III del artículo 464 Ter de la Ley General de Salud, para quedar como sigue:

Artículo 464 Ter.- En materia de medicamentos se aplicarán las penas que a continuación se mencionan, a la persona o personas que realicen las siguientes conductas delictivas:

I. a II. …

III. A quien venda u ofrezca en venta, comercie, distribuya o transporte medicamentos, fármacos, materias primas o aditivos falsificados, alterados, contaminados, adulterados o caducos, ya sea en establecimientos o en cualquier otro lugar, o bien venda u ofrezca en venta, comercie, distribuya o transporte materiales para envase o empaque de medicamentos, fármacos, materias primas o aditivos, sus leyendas, información que contenga números o claves de identificación, que se encuentran falsificados, alterados o adulterados, le será impuesta una pena de uno a nueve años de prisión y multa de veinte mil a cincuenta mil días de salario mínimo general vigente en la zona económica de que se trate.

TRANSITORIOS

Unico.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Salón de sesiones de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión,- México, D.F., a 28 de febrero de 2013.

Dip. Francisco Arroyo Vieyra, Presidente.- Dip. Magdalena del Socorro Núñez Monreal, Secretaria”.

- El C. Presidente Cordero Arroyo: Túrnense los tres expedientes a las Comisiones Unidas de Salud; y de Estudios Legislativos para su análisis y dictamen correspondiente

- La C. Secretaria Palafox Gutiérrez: También de la Cámara de Diputados se recibió una minuta proyecto de Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal del Derecho de Autor.

“CAMARA DE DIPUTADOS

MESA DIRECTIVA
LXII LEGISLATURA

OF. NO. D. G. P. L. 62-II-8-1115
EXP. NO. 956/2ª. LXI LEG.

SECRETARIOS DE LA H. CAMARA DE SENADORES
PRESENTES.

Tenemos el honor de remitir a ustedes para sus efectos constitucionales el expediente con la minuta proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal del Derecho de Autor, aprobada en esta fecha por la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión.

México, D.F., a 28 de febrero de 2013.

Dip. Javier Orozco Gómez

Secretario”.

“MINUTA

PROYECTO

DE

DECRETO

POR EL QUE SE REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY FEDERAL DEL DERECHO DE AUTOR.

Artículo Unico. Se reforman los artículos 210, fracción I; 218, fracción III; 235; y se adiciona un último párrafo al artículo 213 de la Ley Federal del Derecho de Autor, para quedar como sigue:

Artículo 210.- El Instituto tiene facultades para:

I. Realizar investigaciones respecto de presuntas infracciones administrativas, llevar a cabo visitas de inspección y requerir informes y datos;

II. a V....

Artículo 213. ...

Para el ejercicio de las acciones derivadas de la presente Ley y su Reglamento no será necesario agotar ningún procedimiento ni acción previa como condición para el ejercicio de dichas acciones.

Artículo 218.- El procedimiento administrativo de avenencia lo llevará a cabo el Instituto conforme a lo siguiente:

I. y II....

III. Se citará a las partes a una junta de avenencia, apercibiéndolas que de no asistir, se les impondrá una multa de cien a ciento cincuenta días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal. Dicha junta se llevará a cabo dentro de los veinte días siguientes a la presentación de la queja;

IV. a VI....

Artículo 235.- Los Tribunales Federales en cualquier caso y el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, tratándose de infracciones en materia de comercio, quedan facultados para emitir una resolución de suspensión de la libre circulación de mercancías de procedencia extranjera en frontera, en los términos de lo dispuesto por la Ley Aduanera.

TRANSITORIOS

Primero. El presente Decreto entrará en vigor a los sesenta días de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Las controversias que se encuentren en trámite ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial y/o ante el Instituto Nacional del Derecho de Autor al momento de la entrada en vigor de este Decreto, continuarán hasta su conclusión conforme a los ordenamientos en vigor existentes al momento de su inicio.

Salón de sesiones de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión,- México, D.F., a 28 de febrero de 2013.

Dip. Francisco Arroyo Vieyra, Presidente.- Dip. Javier Orozco Gómez, Secretario”.

- El C. Presidente Cordero Arroyo: Túrnese a las Comisiones Unidas de Cultura; y de Estudios Legislativos, Primera para sus efectos correspondientes.

Pasamos al siguiente asunto.

- La C. Secretaria Palafox Gutiérrez: Asimismo, de la Cámara de Diputados se recibieron oficios por los que expresa su conformidad con los Acuerdos de la Cámara de Senadores de desechar los siguientes asuntos:

Minuta proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Turismo, resuelto por el Senado el 17 de abril de 2012.

“CAMARA DE DIPUTADOS

MESA DIRECTIVA
LXII LEGISLATURA

OF. NO. D. G. P. L. 62-II-6-0435
EXP. 7064

SECRETARIOS DE LA H. CAMARA DE SENADORES
PRESENTES.

Nos permitimos comunicar a ustedes que en sesión celebrada en esta fecha por la Cámara de Diputados, se aprobó el dictamen de la Comisión de Turismo, por el que se expresa su conformidad con el acuerdo de la Cámara de Senadores que desecha la minuta proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Turismo, remitida el 24 de abril de 2012, con lo que su proceso legislativo queda concluido.

México, D.F., a 26 de febrero de 2013.

Dip. Tanya Rellstab Carreto

Secretaria”.

Minuta proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 2, 18 y 19 de la Ley General de Turismo, resuelto por el Senado el 17 de abril de 2012.

“CAMARA DE DIPUTADOS

MESA DIRECTIVA
LXII LEGISLATURA

OF. NO. D. G. P. L. 62-II-7-456
EXP. 7085

SECRETARIOS DE LA
H. CAMARA DE SENADORES
PRESENTES.

Nos permitimos comunicar a ustedes que en sesión celebrada en esta fecha por la Cámara de Diputados, se aprobó el dictamen de la Comisión de Turismo, por el que expresa su conformidad con el acuerdo de la Cámara de Senadores que desecha la minuta proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 2, 18 y 19 de la Ley General de Turismo, remitida el 24 de abril de 2012, con lo que su proceso legislativo queda concluido.

México, D.F., a 26 de febrero de 2013.

Dip. Tanya Rellstab Carreto

Secretaria”.

Minuta proyecto de Decreto que reforma el artículo 38 de la Ley General de Turismo, resuelto por el Senado el 17 de abril de 2012

“CAMARA DE DIPUTADOS

MESA DIRECTIVA
LXII LEGISLATURA

OF. NO. D. G. P. L. 62-II-4-473
EXP. NO. 7063 LXI

SECRETARIOS DE LA
H. CAMARA DE SENADORES
PRESENTES.

Me permito comunicar a ustedes que en sesión celebrada en esta fecha por la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, se aprobó Dictamen de la Comisión de Turismo, por el que expresa su conformidad con el Acuerdo de la Cámara de Senadores que desecha la minuta proyecto de Decreto que reforma el artículo 38 de la Ley General de Turismo, originada en la Iniciativa del Diputado Jorge A. Kahwagi Macari, returnada el 3 de marzo de 2011, con lo que su proceso legislativo queda concluido.

México, D.F., a 26 de febrero de 2013.

Dip. Fernando Bribiesca Sahagún

Secretario”.

Minuta proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 8 de la Ley General de Turismo, resuelto el 24 de abril de 2012.

“CAMARA DE DIPUTADOS

MESA DIRECTIVA
LXII LEGISLATURA

OF. NO. D. G. P. L. 62-II-4-473
EXP. NO. 7

SECRETARIOS DE LA
H. CAMARA DE SENADORES
PRESENTES.

Me permito comunicar a ustedes que en sesión celebrada en esta fecha por la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, se aprobó Dictamen de la Comisión de Turismo, por el que expresa su conformidad con el Acuerdo de la Cámara de Senadores que desecha la minuta proyecto de Decreto que reforma el artículo 8 de la Ley General de Turismo, originada en la Iniciativa del Diputado Miguel Angel García Granados, presentada el 20 de septiembre de 2011, con lo que su proceso legislativo queda concluido.

México, D.F., a 26 de febrero de 2013.

Dip. Fernando Bribiesca Sahagún

Secretario”.

- El C. Presidente Cordero Arroyo: Esta Asamblea ha quedado debidamente enterada. Todos esos asuntos ya fueron declarados concluidos por el Senado.

- La C. Secretaria Palafox Gutiérrez: Igualmente se desecharon los siguientes proyectos:

Minuta proyecto de Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables, resuelto el 30 de noviembre de 2010.

“CAMARA DE DIPUTADOS

MESA DIRECTIVA
LXII LEGISLATURA

OF. NO. D. G. P. L. 62-II-1-0676
EXP. NO. 3391

SECRETARIOS DE LA
H. CAMARA DE SENADORES
PRESENTES.

Nos permitimos comunicar que en sesión celebrada en esta fecha, se aprobó dictamen de la Comisión de Pesca, por el que expresa su conformidad con el acuerdo de la Cámara de Senadores que desecha la minuta proyecto de Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables, remitida el 7 de diciembre de 2010, con lo que su proceso legislativo queda concluido.

México, D.F., a 26 de febrero de 2013.

Dip. Merilyn Gómez Pozos

Secretaria”.

Minuta proyecto de Decreto por el que se reforma el inciso i de la fracción III del artículo 24 de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables, resuelto el 2 de diciembre de 2010.

“CAMARA DE DIPUTADOS

MESA DIRECTIVA
LXII LEGISLATURA

OF. NO. D. G. P. L. 62-II-5-518
EXP. NO. 3390-LXI

SECRETARIOS DE LA
H. CAMARA DE SENADORES
PRESENTES.

Nos permitimos comunicar que en sesión celebrada en esta fecha, por la Cámara de Diputados de! Honorable Congreso de la Unión, se aprobó el Dictamen de la Comisión de Pesca, por el que expresa su conformidad con el acuerdo de la Cámara de Senadores que desecha la minuta proyecto de Decreto por el que se reforma el inciso i de la fracción III del artículo 24 de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables, remitida el 7 de diciembre de 2010, con lo que su proceso legislativo queda concluido.

México, D.F., a 26 de febrero de 2013.

Dip. Xavier Azuara Zúñiga

Secretario”.

- El C. Presidente Cordero Arroyo: Esta Asamblea ha quedado debidamente enterada y todos estos asuntos ya fueron declarados concluidos por el Senado.

Aprovecho para saludar a los estudiantes de las Facultades de Ciencias Políticas y Derecho de la Universidad Autónoma del Estado de Puebla, invitados por el Senador Manuel Bartlett Díaz; y a los alumnos del Instituto de Ciencias Jurídicas del Estado de Puebla, invitados por la Senadora Blanca Alcalá Ruiz, sean ustedes bienvenidos.

En el apartado de iniciativas, tiene el uso de la tribuna la Senadora Ana Lilia Herrera Anzaldo, del grupo parlamentario del PRI, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se adiciona la fracción VII del artículo 7o. de la Ley General de Educación.






INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONALA FRACCION VII DEL ARTICULO 7o. DE LA LEY GENERAL DE EDUCACION

(Presentada por la C. Senadora Ana Lilia Herrera Anzaldo, del grupo parlamentario del PRI)

- La C. Senadora Ana Lilia Herrera Anzaldo: Gracias, señor Presidente; compañeras y compañeros:

Algunos datos para la reflexión.

En nuestro país existen 46.6 millones de internautas, cada uno de estos usuarios se conecta diariamente en promedio durante cuatro horas y nueve minutos, tan sólo en un año; el año pasado, en 2012, el comercio en Internet creció 40 por ciento.

El turismo, un tema fundamental para el desarrollo de nuestro país, significa el 16 por ciento del comercio electrónico en México.

Todos estos, son datos de la AMI, Asociación Mexicana de Internet. Las Nuevas Tecnologías de la Información, tenemos que reconocerlo, han llegado mucho antes a muchas comunidades marginadas de nuestro país a través de dispositivos móviles que de los fijos y tradicionales.

Con todo esto quiero precisar que existe un gran potencial en el acceso al Internet, un gran potencial en el uso de las Nuevas Tecnologías de la Información en lo que se refiere a la educación.

Hoy el acceso a Internet y el uso de Nuevas Tecnologías de la Información exigen tener cabida en nuestro marco jurídico en materia educativa.

Disminuir la brecha digital, ampliar el acceso a Internet y potenciar el uso de las Nuevas Tecnologías de la Información exigen la actualización al marco legal en materia educativa para dar mayor certidumbre al desarrollo mexicano del siglo XXI.

La transformación digital ha decretado un cambio sustancial en las formas de transmisión del conocimiento.

El propio espíritu de la Ley General de Educación hoy vigente, hace ya dos décadas, señalaba que la educación que reclama la sociedad del mañana está obligada a modificar el modelo académico tradicional para al mismo tiempo formar hábitos para el desarrollo de la personalidad, que induzca en el educando la conciencia social y haga efectivo el ideal de que cada individuo se convierta en el agente de su propio desenvolvimiento.

Primero fue José Vasconcelos con los libros de texto, después tuvimos la institucionalización a través de la Comisión Nacional de Libros de Texto, después fueron las telesecundarias.

Hoy llama la atención que las Nuevas Tecnologías de la Información están desplazando incluso a los medios electrónicos tradicionales como la radio y la televisión. Pero también debemos reconocer que la brecha se ahonda cada día más, pues estamos hablando solamente de una parte de la población que tiene acceso a estas nuevas tecnologías que, sin duda, son un factor que empujará de manera determinante a la sociedad del conocimiento a la inserción de nuestro país en la sociedad del conocimiento, vector que no puede hacerse a un lado en una era global donde la alta competitividad, el flujo y tránsito de la información son, sin duda, la estructura de una nueva manera de entender y de participar en el mundo actual.

Que quede claro que no hay confusión en los principios, anhelos y bases de la educación pública en México ni en los medios clásicos. Hay la necesidad de dotar de mayor claridad legal los nuevos instrumentos para la educación.

Por eso, compañeras y compañeros, presento hoy ante ustedes una propuesta para adicionar la fracción VII del artículo 7o. de la Ley General de Educación, para quedar como sigue.

“VII. Fomentar actitudes que estimulen la investigación y la innovación científicas y tecnológicas, potenciando el uso de los instrumentos de las Nuevas Tecnologías de la Información y el acceso a Internet con fines educativos”.

Acortemos también a través de la legislación la brecha educativa que tanto reclama y exige la sociedad mexicana.

(Aplausos)

Iniciativa

“Ana Lilia Herrera Anzaldo, Senadora integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional a la LXII Legislatura del Senado de la República, en ejercicio de la facultad que confieren los artículos 71, fracción II y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; los artículos 164 y 169 del Reglamento del Senado de la República, presenta a consideración de esta Soberanía el siguiente proyecto de Decreto por el que se adiciona la fracción VII del artículo 7o. de la Ley General de Educación, con la siguiente:

Exposición de Motivos

Hoy el acceso a Internet y el uso de las Nuevas Tecnologías de la Información (NTI) exige tener cabida en nuestro marco jurídico en materia educativa y en consecuencia, merece estar protegido.

Durante las últimas dos décadas la brecha digital ha significado un reto para el México del siglo XXI. Si en su proceso democrático nuestro país tiene el propósito de disminuir las desigualdades sociales, estructurales y ancestrales, nada habría que festejar con el nacimiento de la nueva desigualdad que plantea la llamada brecha digital y el uso del Internet, especialmente en materia educativa, fundamento de la presente Iniciativa.

En el pleno reconocimiento de una visión comprometida en el futuro y a dos décadas de emitida la Ley General de Educación, resulta impostergable incorporar los nuevos medios que contribuyen a la educación. Por ello, no se puede negar que el legislador debe actualizar y revigorizar la Ley en la materia cuando es evidente que el acceso al Internet y a las NTI es ya el presente.

México debe colocar sus fortalezas nacionales, económicas, productivas, culturales y educativas en el mismo rango de sus desafíos para ensanchar las oportunidades de inclusión de los educandos, lo que sin duda, repercutiría en la innovación, el desarrollo del capital humano y el perfeccionamiento del conocimiento.

Disminuir la brecha digital, ampliar el acceso a Internet y potenciar el uso de las NTI, exigen la actualización al marco legal en materia educativa para dar mayor certidumbre al desarrollo del siglo XXI mexicano.

Una vez que el campo educativo mexicano tiene las bases constitucionales y legales necesarias, el carácter fundacional de la educación en México plantea un debate abierto entre enlazar los valores enunciados en la Carta Magna con las adecuaciones de los medios surgidos en la evolución de las últimas décadas. La transformación digital ha decretado un cambio sustancial en las formas de transmisión del conocimiento.

La propia exposición de motivos de la Ley General de Educación vigente menciona:“… la educación que reclama la sociedad del mañana está obligada a modificar el modelo académico tradicional para que, al mismo tiempo que permita la formación de hábitos para el desarrollo de la personalidad, induzca en el educando una conciencia social y haga efectivo el ideal de que cada individuo se convierta en el agente de su propio desenvolvimiento”.

En la reciente promulgación de la Reforma Constitucional en materia educativa, el titular del Ejecutivo Federal, calificó como un paso decisivo para hacer realidad el derecho humano a la educación de calidad de los mexicanos. En esa meta, el acceso al Internet y a las NTI son un factor que coadyuvará a la sociedad del conocimiento, vectorque no puede hacerse a un lado en una era global donde la alta competitividad, el flujo y tránsito de la información son la estructura de una nueva manera de entender y participar en el mundo actual.

El carácter nacional de la educación pública en México y su capacidad de interacción en una sociedad tan diversa, reclama dar respuestas para saber articular la geografía nacional con la pluralidad de etnias, regiones, poblados y niveles de educación en el paradigma que plantean los medios digitales en la vida del ciudadano, especialmente en el tema educativo.

De ahí que debemos ser capaces de fortalecer la esencia nacional educativa por medio del acceso al Internet y a las NTI y contribuir a la mejor convivencia humana que plantea el Artículo 3º en su inciso C, aprovechando lo mejor de la agenda digital, reconociendo la federalización de la educación básica que tuvo lugar en 1992.

No hay confusión en los principios, anhelos y bases de la educación pública en México ni en los medios clásicos. Hay una necesidad de dotar de mayor claridad legal los nuevos instrumentos para la educación.

Con José Vasconcelos los libros de texto fueron el primer antecedente de una realidad donde el análisis de los medios para la educación relucía con fuerza ante el crecimiento demográfico y económico nacional.

Jaime Torres Bodet, perfeccionó los medios para la educación con la institucionalización de la Comisión Nacional de Libro de Texto Gratuito (CONALITEG), creada por decreto el 12 de febrero de 1958. El Presidente Adolfo López Mateos en 1958, agregaría sobre la materia: “Poco puede hacer la escuela por los niños si sus padres no tienen recursos para comprarles los libros de texto”.

La Telesecundaria, idea que cultivó Torres Bodet, y a la que le dio continuidad el Secretario Agustín Yánez en 1968, puso las tecnologías de la época al servicio de la educación, cumpliendo, de acuerdo con los especialistas, con tres fines: atender a los alumnos de localidades sin escuela o en las que se haya rebasado la inscripción: servir a las escuelas de enseñanza directa, cuando los maestros requieran de su auxilio y; brindar libremente las asignaturas a quienes desde su casa desearan aumentar sus conocimientos u obtener los créditos correspondientes mediante examen de rigor.

Con la creación del Instituto Politécnico Nacional y los Tecnológicos Regionales, el presidente Lázaro Cárdenas amplió el acceso al conocimiento técnico y la oportunidad para el desarrollo nacional.

Hoy el desarrollo nacional no se concibe sin el acceso a las NTI. En este sentido la brecha digital es una nueva responsabilidad a atender.

De acuerdo con el profesor de la Universidad Complutense de Madrid, José B. Terceiro, la brecha digital genera otras brechas; como la generacional (es muy distinto el manejo de ordenadores entre los jóvenes y los mayores), la lingüística (entre quienes dominan el inglés, lengua franca de Internet, y quienes no lo hacen), la de contenidos (los primeros usuarios son los miembros de las clases altas y medias), la segmentación de género (hombres y mujeres utilizan en muy distinto grado y calidad la informática), la democrática (abismales diferencias entre los países cuyos ciudadanos pueden acceder con libertad a Internet y los que no) y, por último, la segmentación cultural, que hace referencia a la separación de las dos culturas, la literaria y la científica, (Citado por Joaquín Estefanía, El País, 14 diciembre, 2003).

En referencia al acceso al Internet y a las NTI en su utilización en la educación, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) ha afirmado que las disparidades sociales son más significativas si se considera que es probable que los alumnos de escuelas privadas tengan más acceso a computadoras en su hogar que los alumnos de escuelas públicas. Así, la disparidad entre ambos tipos de escuelas refuerza las desigualdades de ingreso en lugar de contribuir a compensarlas.

La Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE), ha mencionado que la introducción y uso de las NTI y cómputo en los sistemas educativos es común en el escenario internacional debido a que son consideradas una competencia básica (como la lectura, la escritura y las matemáticas) y representan una oportunidad para el crecimiento económico y empleo, además de que son herramientas para mejorar la gestión escolar y el proceso de enseñanza.

Según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en 2010 sólo 30% de los hogares contaban con computadora y sólo 22 por ciento tenían acceso a Internet. De los hogares sin computadora, casi 60 por ciento mencionan la falta de recursos económicos como el principal impedimento para adquirir estas tecnologías.

De acuerdo con cifras de la Secretaría de Educación Pública, el Sistema Educativo Nacional (2011-2012), está constituido por 34.8 millones de alumnos, que representan casi 32% de la población nacional. El 74% de ese universo está constituido por educandos en la Educación Básica, 12.5% en la Educación Media Superior, 9.1% en la Educación Superior y 4.4% en Servicios de Capacitación para el Trabajo. Es importante resaltar que 71.5% de escuelas son administradas por gobiernos estatales luego de aplicarse las políticas que federalizaron la educación.

En la actualidad los debates en México acerca del Internet y las NTI no se pueden limitar solamente a su acceso en el nuevo espacio público que son las redes y el espacio radioeléctrico. Existe la necesidad de mayor infraestructura para el mayor acceso posible a mexicanos de todas latitudes, pero también debemos dotar de certidumbre legal en materia educativa.

En esta tarea, garantizar los servicios de acceso a Internet y las NTI a los educandos, cobra mayor fuerza y responsabilidad en virtud de que son herramientas para una educación de vanguardia.

La propia sociedad civil organizada ha señalado la necesidad de incorporar el acceso al Internety las NTI a favor de la educación para cambiar los modelos de enseñanza y aprendizaje en tres acciones: conectividad en centros educativos; habilidades digitales de alumnos y docentes; y contenidos educativos digitales, así lo ha manifestado el Estudio de Agendas Digitales para la elaboración de un Programa de Desarrollo Digital, realizado por la Asociación Mexicana de Internet, el ITESM y el Centro de Estudios sobre Internet y Sociedad, que realizó para contribuir al Plan Nacional de Desarrollo, específicamente con un Plan de Desarrollo Digital 2012-2018.

Con el propósito de fundamentar en la Ley General de Educación la responsabilidad y acción rectora del Estado en materia educativa, para impulsar transformaciones en el Sistema Educativo Nacional que permitan la inserción de los educandos mexicanos en un mundo globalizado, es imperiosa la actualización del espacio público en materia de acceso a Internet y fortalecimiento del uso de las NTI.

Porlo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta Soberanía el siguiente:

PROYECTO DEDECRETO

Unico: Se adiciona la fracción VII del artículo 7º de la Ley General de Educación, para quedar como sigue:

VII. Fomentar actitudes que estimulen la investigación y la innovación científicas y tecnológicas, potenciando el uso de los instrumentos de las nuevas tecnologías de la información y el acceso a Internet con fines educativos;

VIII…

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, 28 de febrero de 2013.

Sen. Ana Lilia Herrera Anzaldo”.

PRESIDENCIA DEL C. SENADOR
ENRIQUE BURGOS GARCIA

- El C. Presidente Enrique Burgos García: Muchas gracias, Senadora Herrera Anzaldo. Se turna a las Comisiones Unidas de Educación; y de Estudios Legislativos.

Sonido en el escaño de la Senadora Arriola Gordillo.

- La C. Senadora Mónica Tzasna Arriola Gordillo: (Desde su escaño) Señor Presidente, para adherirme a la iniciativa.

- El C. Presidente Burgos García: Tome nota la Secretaria, muchas gracias.

Sonido en el escaño del Senador Mario Delgado.

- El C. Senador Mario Martín Delgado Carrillo: (Desde su escaño) Solicito a la Senadora Herrera Anzaldo, si me permite sumarme a su iniciativa.

- El C. Presidente Burgos García: Senadora Herrera Anzaldo, el Senador Mario Delgado le solicita adhesión.

Muchas gracias.

Tiene el uso de la tribuna el Senador Javier Lozano Alarcón, del grupo parlamentario del PAN, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B) del Artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.






INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY FEDERAL DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO, REGLAMENTARIA DEL APARTADO B) DEL ARTICULO 123 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

(Presentada por el C. Senador Javier Lozano Alarcón, del grupo parlamentario PAN)

- El C. Senador Javier Lozano Alarcón: Muchas gracias, señor Presidente; muy buenos días compañeras y compañeros Senadores:

Hoy el grupo parlamentario de Acción Nacional venimos a presentar una iniciativa de reformas y adiciones a la Ley Reglamentaria del Apartado B del Artículo 123 constitucional, conocida comúnmente como Ley Burocrática, y que se refiere a las relaciones laborales tanto individuales como colectivas de los Trabajadores al Servicio del Estado.

¿Cuál es el propósito de esta iniciativa?

El propósito es centralmente uno, es trasladar aquello que ya aprobamos en la reforma laboral por cuanto hace a transparencia, rendición de cuentas y democracia sindical, pasarlo para que también sea en beneficio de los Trabajadores al Servicio del Estado que se rigen o cuyas relaciones laborales se rigen por esta otra Ley Reglamentaria del Apartado B del Artículo 123.

La Ley Federal del Trabajo rige todas las relaciones laborales en general, incluidas las entidades paraestatales. Pero en cuanto hace a las Secretarías de Estado, a las dependencias del Ejecutivo, sus órganos desconcentrados, en fin, los trabajadores al servicio del Estado en materia educativa, los médicos, todos ellos, se rigen por la Ley Reglamentaria del Apartado B y esa no la hemos tocado.

Es decir, todos los beneficios que trajimos de transparencia, democracia y rendición de cuentas en los sindicatos no son trasladados, hasta ahora, a esta legislación.

Por eso es que proponemos en ella, primero: Que para elegir a las directivas de los sindicatos de trabajadores al servicio del Estado se haga con el voto libre y secreto de los trabajadores.

Segundo. Que la rendición de cuentas se haga cada 6 meses, tal y como lo hicimos en la reforma laboral, y que cualquier trabajador pueda, en cualquier momento, pedir cuentas a la directiva de su sindicato, y que si no satisface esta petición esa directiva, pueda acudir al Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje para que se proporcione la información y que incluso se pueda autorizar al trabajador a dejar de pagar su cuota sindical si no se suministra esta información.

Tercero. Publicidad máxima en los registros de las autoridades laborales del Apartado B. A qué me refiero, a que los estatutos, condiciones generales de trabajo, reglamentos interiores y demás registros que tenga el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje se hagan públicos para cualquier persona interesada a través de Internet o a solicitud expresa en las oficinas del tribunal.

¿Pero qué estamos agregando en esta iniciativa de reformas a la ley burocrática?

Estamos planteando algo muy importante, y espero, en congruencia, que nos acompañen los demás partidos políticos, particularmente el PRI y el gobierno de la República en esta propuesta, porque si de veras lo que les importa, como se dijo la semana pasada por parte del Presidente Peña Nieto en cadena nacional, si de veras lo que les importa son los recursos y el patrimonio de los trabajadores, entonces que nos acompañen en esta propuesta, de que quede prohibido a las autoridades administrativas que llevan la relación con los trabajadores al servicio del Estado, retener las cuotas sindicales del salario de las quincenas de los trabajadores.

Que no se haga en automático como si fuera el pago de impuestos. Que permitan que los propios trabajadores sean los que por su propia voluntad y de los mecanismos que acuerden con su dirigencia entreguen esas cuotas sindicales, pero que no se les retenga automáticamente de su quincena y de su salario.

Y otra propuesta dentro de esta iniciativa, es que toda comisión para desempeñar cargos sindicales, es decir, las licencias que se solicitan para desempeñar comisiones sindicales se hagan sin goce de sueldo, que sea el sindicato quien les pague precisamente la remuneración correspondiente a los que dejan su encargo, sean médicos, sean maestros, para irse a trabajar al sindicato, que entonces lo pague el propio sindicato y que no sean los impuestos de todos los mexicanos los que se encarguen de estar sufragando ese tipo de remuneraciones.

Y también estamos planteando derogar el artículo 69, por considerarlo totalmente atentatorio a los principios de libertad sindical.

¿Qué dice hoy este artículo 69 de la Ley Reglamentaria del Apartado B del 123 Constitucional?, dice lo siguiente:

“Todos los trabajadores tienen derecho a formar parte del sindicato correspondiente, pero una vez que soliciten y obtengan su ingreso, no podrán dejar de formar parte de él, salvo que fueren expulsados”.

Bonito derecho, puedo solicitar mi inclusión, puedo solicitar mi entrada a un sindicato, pero ya que estoy adentro, no me puedo salir jamás, salvo que me expulsen.

Esto es totalmente atentatorio a la libertad de trabajo y a la libertad sindical, y por ello estamos planteando en esta iniciativa que quede derogada esta disposición.

En suma, compañeras y compañeros Senadores, lo que queremos es un mínimo de congruencia.

Ya aprobamos transparencia, democracia sindical para el Apartado B en la reforma laboral, llevémoslo al Apartado B del 123 Constitucional en la Ley Reglamentaria, mejor conocida como Ley Burocrática, para que todos los trabajadores al servicio del Estado también se vean beneficiados de estas medidas.

Pero, vayamos más allá, prohibamos que se retengan las cuotas sindicales a los trabajadores cual si fueran impuestos para que sean ellos los que las paguen, y también prohibamos que con el dinero de todos los mexicanos se estén autorizando las comisiones a sindicatos para distraerse del trabajo al que fueron contratados y dedicarse a actividades que son puramente sindicales, e insisto, si de congruencias se trata, con el discurso de la semana pasada, con el tema de moda que tanto se ha aplaudido, que supuestamente están a favor de la protección de los recursos, del dinero, del patrimonio de los trabajadores, en su conjunto y particularmente de los maestros, pues entonces, vamos por esta reforma.

Estos son más que palabras, estos son hechos y espero que nos acompañen en esta propuesta legislativa.

Por su atención, muchísimas gracias.

(Aplausos)

Iniciativa

C. SEN. ERNESTO JAVIER CORDERO ARROYO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
DE LA CAMARA DE SENADORES
DEL H. CONGRESO DE LA UNION
PRESENTE.

El que suscribe, JAVIER LOZANO ALARCON, Senador de la República, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como por los artículos 8 numeral 1; 164 numeral 1; 169 y 172 numerales 1 y 2 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta Asamblea la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LALEY FEDERAL DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO, REGLAMENTARIA DEL APARTADO B) DEL ARTICULO 123 CONSTITUCIONAL. Lo anterior, conforme a la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

La presente iniciativa tiene como finalidad incluir los principios de rendición de cuentas, transparencia y democracia dentro de las organizaciones sindicales reguladas por la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, reglamentaria del apartado B) del artículo 123 Constitucional.

Los trabajadores a nivel internacional exigen de sus organizaciones sindicales la utilización efectiva de los recursos financieros, humanos y materiales que requieren para el cumplimiento de los objetivos de defensa de clase. Es por ello que el sindicalismo moderno debe contar con controles de gasto y técnicas administrativas como lo es la planeación y presupuestación para el cumplimiento de sus objetivos gremiales. Sin estos valiosos instrumentos, el movimiento sindical internacional perdería fuerza y la defensa de los derechos de millones de trabajadores sería nugatoria.

En nuestro sistema jurídico existen obligaciones en materia de rendición de cuentas al interior de los sindicatos sin que ello implique violación alguna a la autonomía sindical. Es el caso del artículo 123 apartado “A”, fracción XVI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; el artículo 2° del Convenio sobre la Libertad Sindical y la Protección del Derecho de Sindicación de la Organización Internacional del Trabajo (Convenio 87) mismo que está en vigor desde el 1 de abril de 1951. Asimismo, como en la legislación secundaria, el artículo 371 fracción XIII de la Ley Federal del Trabajo establece que, en los estatutos que rigen la vida sindical, se fijarán los periodos de presentación de las cuentas del sindicato ante sus agremiados; el diverso 373 dispone la obligación de la directiva de rendir cuentas cada seis meses y, el artículo 71 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, también contiene un mecanismo sobre el tema de la rendición de cuentas.

A este último respecto, si un sindicato de los regulados por la legislación reglamentaria del apartado “B” no rinde cuentas o si los trabajadores no están de acuerdo con el informe de su directiva, tienen únicamente dos opciones:

a) Pueden llamar a una asamblea extraordinaria para solicitar la rendición de cuentas o,

b) Pueden solicitar la presentación de mayores elementos que aclaren la información rendida.

En ambos casos, el mayor obstáculo que encuentran los trabajadores para hacer valer sus derechos ante la directiva de la organización gremial es para llamar a una asamblea extraordinaria, en la que a fin de emitir una convocatoria válida se requiere el 33 por ciento del total de sus miembros. Por si fuera poco, al momento de la celebración de la asamblea se requiere una mayoría calificada de dos terceras partes de los miembros del sindicato para poder sesionar y tomar acuerdos válidos.

Diferente situación es la que se presenta con los trabajadores cuyas relaciones laborales se rigen por el apartado “A” del referido artículo 123 Constitucional, gracias a las recientes reformas y adiciones a la Ley Federal del Trabajo. En tal virtud, los trabajadores en lo individual ya pueden hacer valer sus derechos demandando directamente ante las Juntas de Conciliación y Arbitraje a la directiva de su sindicato para que rinda cuentas o,en su caso, aclare la información presentada.

En efecto, por lo que respecta al apartado “A” de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el 1º de septiembre de 2012, el entonces Presidente Felipe Calderón Hinojosa remitió a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con carácter preferente, la “Iniciativa de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo”, misma que ya fue aprobada por ambas Cámaras y debidamente promulgada por el Ejecutivo el día 30 de noviembre del año 2012. A este Decreto se le conoce como la Reforma Laboral.

Esta reforma, acertadamente y no sin dificultades durante el proceso legislativo, incluyó los principios de democracia, transparencia y rendición de cuentas dentro de los sindicatos, principios que, sin lugar a dudas, deben estar contenidos en toda organización de naturaleza democrática.

Lo anterior constituye un gran avance en los derechos de los trabajadores de todas las organizaciones sindicales reguladas por el apartado “A” de nuestra Constitución, incluidas las de las entidades paraestatales. Sin embargo, no debemos perder de vista que los trabajadores que pertenecen a la Administración Pública Centralizada están marginados de estos beneficios.

Es por convicción y por congruencia que la presente iniciativa pretende homologar los principios de transparencia, democracia y rendición de cuentas sindical, contenidos en la Ley Federal del Trabajo, reglamentaria del apartado A) del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para que también les sean aplicables a las organizaciones sindicales del sector público regulados por la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, reglamentaria del apartado B) del artículo 123 Constitucional.Actualmente el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje tiene regulados 128 sindicatos correspondientes a este segmento.

Si los criterios antes expuestos para la transparencia, rendición de cuentas y democracia sindical son válidos para las relaciones laborales colectivas entre particulares, por mayoría de razón deben estar presentes en las dependencias y entidades de la administración pública federal cuyos ingresos y gastos provienen del esfuerzo tributario y de los recursos naturales y energéticos de todos los mexicanos.

Para ello, en primer lugar, se pretende exigir la votación libre y secreta, directa o indirecta para elegir la directiva de los sindicatos. En este sentido, el voto por aclamación, a mano alzada o expresado oralmente es coercitivo y muy lejano a la verdadera democracia sindical.

Para reforzar el argumento anterior, de acuerdo a lo que establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 3º, el concepto de democracia debe considerarse no solamente como una estructura jurídica y un régimen político, sino como un sistema de vida fundado en el constante mejoramiento económico, social y cultural del pueblo. Por lo tanto, para que dicho principio tenga vigencia efectiva, el Estado debe ser garante de este derecho fundamental individual y colectivo en toda organización de interés público, incluidos los sindicatos de trabajadores al servicio del Estado.

Ahora bien, por cuanto hace a la rendición de cuentas por parte de las directivas de los sindicatos, se prevé que se deberá entregar a todos los trabajadores agremiados un resumen de los resultados de la administración del patrimonio sindical y que la rendición de cuentas deba incluir por lo menos la situación de los ingresos por cuotas sindicales y otros bienes, así como el destino de los mismos. A su vez, se propone que los resultados de la administración de la dirigencia sindical se tengan que difundir ampliamente entre los miembros del sindicato, por cualquier medio al alcance de la agrupación y de los propios trabajadores. En todo momento, cualquier trabajador tendrá derecho de solicitar información a la directiva sobre la administración del patrimonio del sindicato.

Por otra parte, con la presente iniciativa se busca poner límites a aquellos casos en que la dirigencia sindical no informe a sus agremiados sobre la administración sindical o ante la existencia de irregularidades en la gestión, en cuyo caso, cualquier agremiado podrá acudir a las instancias y procedimientos internos previstos en sus estatutos correspondientes y, si no existieran dichos mecanismos, el trabajador afectado podrá acudir al Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje con la finalidad de exigir el cumplimiento de la referida obligación. Si persiste el incumplimiento por parte de la dirigencia, se propone facultar al trabajador a suspender el pago de la cuota sindical a su cargo, sin que ello implique la pérdida de sus derechos sindicales.

Asimismo, se propone incluir disposiciones expresas para considerar como información pública la relacionada con los registros de las organizaciones sindicales, así como sus estatutos, condiciones generales de trabajo, reglamentos interiores y demás documentos en poder de la autoridad laboral. Estas medidas garantizarán que los agremiados cuenten con mayor y mejor información y, en consecuencia, puedan ejercer sus derechos de manera razonada al contar con datos actualizados respecto del manejo de los recursos económicos de los sindicatos que, más bien, son de los trabajadores y confiados a las respectivas dirigencias de sus sindicatos.

De otra parte, se plantea en la presente iniciativa prohibir las retenciones, descuentos o deducciones del salario de los trabajadores para el cobro de cuotas sindicales o de aportación de fondos para la constitución de cooperativas y de cajas de ahorro. Se trata de privilegiar la libertad sindical, comenzando por el derecho a formar parte de un sindicato y de pagar directamente las cuotas y demás contribuciones o aportaciones de manera libre, consciente y siempre que el trabajador al servicio del Estado se sienta debidamente representado y suficientemente informado del manejo transparente del patrimonio de su organización gremial.

En ese mismo orden de ideas se propone derogar el artículo 69 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, reglamentaria del apartado B) del artículo 123 Constitucionalpues no puede concebirse como auténtico derecho y libertad sindical el formar parte de un sindicato sin la posibilidad dejar hacerlo por voluntad propia. Es, a todas luces, una disposición inconstitucional y contraria a los convenios internacionales en materia del trabajo de los que México es parte.

Por último, esta iniciativa plantea que toda comisión sindical de trabajadores al servicio del Estado sea sin goce de sueldo pues no se justifica que las actividades propias de quienes se desprenden de la función pública para realizar tareas gremiales sea sufragada con las contribuciones de todos los mexicanos.

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente iniciativa con:

PROYECTO DE DECRETO

UNICO.- Se reforma: el inciso a) de la fracción octava del artículo 43; la fracción segunda del artículo 72; se adicionan:los artículos 71 Bis; 72 Bis y 80 Bis; y se deroga: la fracción segunda del artículo 38 y el artículo 69, todos de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, reglamentaria del apartado B) del artículo 123 Constitucional, para quedar como sigue:

Artículo 38.- Sólo podrán hacerse retenciones, descuentos o deducciones al salario de los trabajadores cuando se trate:

I.-…

II.- Se deroga

III-VI.-…

Artículo 43.- Son obligaciones de los titulares a que se refiere el Artículo 1o. de esta Ley:

I a VII.-…

VIII.- Conceder licencias a sus trabajadores, sin menoscabo de sus derechos y antigüedad y en los términos de las Condiciones Generales de Trabajo, en los siguientes casos:

a).- Para el desempeño de comisiones sindicales, mismas que invariablemente serán sin goce de sueldo ni prestaciones;

b) a e).-…

IX a X.-…

Artículo 69.- se deroga

Artículo 71 Bis.- En el registro de los sindicatos se deberán observar los principios de legalidad, transparencia, certeza, gratuidad, inmediatez, imparcialidad y respeto a la libertad, autonomía, equidad y democracia sindical.

Artículo 72.- …

I.- …

II.- Los estatutos del sindicato, los cuales deberán contener el procedimiento para la elección de su directiva número de miembros, salvaguardando el libre ejercicio democrático y que deberá ser mediante votación indirecta y secreta o votación directa y secreta;

III a IV…

Artículo 72 Bis.- La autoridad a que se refiere el artículo anterior hará pública, para consulta de cualquier persona, la información de los registros de los sindicatos debidamente actualizada.

Asimismo, deberá expedir copias de los documentos que obren en los expedientes de registro que se les soliciten, ya sean susEstatutos; Condiciones Generales de Trabajo; Reglamentos Interiores y demás documentos en su poder, en términos de lo dispuesto por la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.

El texto íntegro de las versiones públicas de los estatutos de los sindicatos deberá estar disponible en los sitios de Internet del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje.

Los registros de los sindicatos deberán contener, cuando menos, los siguientes datos:

I. Domicilio;

II. Número de registro;

III. Nombre del sindicato;

IV. Nombre de los integrantes del Comité Ejecutivo;

V. Fecha de vigencia del Comité Ejecutivo;

VI. Número de socios, y

VII. Central a la que pertenecen, en su caso.

La actualización de los índices se deberá hacer cada tres meses.

Artículo 80 Bis.- La directiva de los sindicatos, en los términos que establezcan sus estatutos, deberá rendir a la asamblea cada seis meses, por lo menos, cuenta completa y detallada de la administración del patrimonio sindical. La rendición de cuentas incluirá la situación de los ingresos por cuotas sindicales y otros bienes, así como su destino.

En todo caso, los resultados serán difundidos ampliamente entre los miembros del sindicato, por cualquier medio al alcance de la agrupación y de los propios trabajadores.

Las obligaciones a que se refieren los dos párrafos anterioresno son dispensables.

En todo momento cualquier trabajador tendrá el derecho de solicitar información a la directiva, sobre la administración del patrimonio del sindicato.

En caso de que los trabajadores no hubieren recibido la información sobre la administración del patrimonio sindical, o estimen la existencia de irregularidades en la gestión de los fondos sindicales, podrán acudir a las instancias y procedimientos internos previstos en los respectivos estatutos.

De no existir dichos procedimientos o si agotados éstos no se proporciona la información o las aclaraciones correspondientes, podrán tramitar ante el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje el cumplimiento de dichas obligaciones.

Si pese al requerimiento del Tribunal, subsiste el incumplimiento, se ordenará la suspensión del pago de sus cuotas sindicales.

El ejercicio de las acciones a que se refiere el párrafo anterior, por ningún motivo implicará la pérdida de derechos sindicales, ni será causa para la expulsión o separación del trabajador inconforme.

TRANSITORIOS

PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación;

SEGUNDO. El Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje contará con un plazo de seis meses para adecuar sus registros y procedimientos a fin de estar en posibilidad de atender las peticiones que le sean presentadas en relación con la información sindical que obré en su poder.

Salón de sesiones del Senado de la República, a 5 de marzo de 2013.

Atentamente

Sen. Javier Lozano Alarcón”.

- El C. Presidente Burgos García: Gracias, Senador Javier Lozano. Se turna a las Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión Social; y de Estudios Legislativos, Segunda.

Sonido en el escaño del Senador Lavalle Maury.

- El C. Senador Jorge Luis Lavalle Maury: (Desde su escaño) Sí, para pedirle al Senador Lozano Alarcón que me permita adherirme directamente a su propuesta.

- El C. Presidente Senador Burgos García: Toma nota la Secretaría.

Sonido en el escaño de la Senadora Arriola Gordillo.

- La C. Senadora Mónica Tzasna Arriola Gordillo: (Desde su escaño) En el mismo sentido, por favor.

- El C. Presidente Burgos García: Se toma nota, muchas gracias.

Tiene uso de la palabra la Senadora Dolores Padierna Luna, del grupo parlamentario del PRD, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversos artículos constitucionales.






INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LOS ARTICULOS 2o., 3o., 7o., 27, 41, 73, 76, 78, 89 Y 134 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

(Presentada por la C. Senadora Dolores Padierna Luna, del grupo parlamentario del PRD)

- La C. Senadora Dolores Padierna Luna: Senadoras y Senadores:

Los Senadores Rabindranath Salazar Solorio, Manuel Camacho Solís, Alejandro Encinas Rodríguez, Lorena Cuéllar Cisneros, Mario Delgado Carrillo, Luis Sánchez Jiménez y la de la voz, ponemos a la consideración de ustedes una iniciativa ciudadana que se nos ha permitido el honor de presentar referente a una reforma constitucional, en materia de democratización de los medios de comunicación, que promueve el Movimiento Yo Soy 132, que como sabemos, es un movimiento juvenil que ha decidido encaminar sus esfuerzos hacia un tema fundamental para el fortalecimiento de nuestro país, lo que es la democratización de los medios de comunicación.

Un tema que ha sido parte central del debate nacional como una de las prioridades inmediatas de la agenda de nuestro país.

Durante las campañas electorales pasadas, las diferentes fuerzas políticas nos comprometimos a atender las demandas de las y los jóvenes, a respaldarlas y a impulsarlas.

Es este el momento de refrendar nuestra palabra y demostrar con seriedad nuestros compromisos.

Esta iniciativa del Movimiento Yo Soy 132 describe la enorme concentración de los medios de comunicación en México, sólo dos empresas acaparan el 95 por ciento de las concesiones comerciales de televisión. En el caso de la radio, sólo 13 familias concentran las concesiones, es decir, México ocupa el primer lugar de concentración en el sector de las industrias info-comunicativas en América Latina.

Por ello, en un contexto nuevo de la era de la digitalización debe darse una obligada desconcentración.

Coincidimos con el Movimiento Yo Soy 132 al afirmar que el país está rebasado significativamente por las tendencias del desarrollo de la comunicación a nivel mundial, que se requiere un sistema de medios plural que garantice la diversidad de contenidos y la calidad de la información.

La presente iniciativa corrige el problema de la concentración al proponer que el espectro radioeléctrico se reparta en partes iguales entre el Estado, las empresas de la iniciativa privada y la comunidad.

Propone aprovechar las nuevas oportunidades que se abren en el escenario de la convergencia digital, y propone cómo regular este espacio digital de tal manera de utilizar el espectro radioeléctrico de manera más eficiente, cuya consecuencia será en beneficio de toda la población y para el desarrollo de nuestro país.

Esta iniciativa enfatiza el reconocimiento de que el espacio radioeléctrico es propiedad de la nación y deben los concesionarios prestar un servicio público; que debe recuperarse la función social de los medios públicos estatales, que la ciudadanía debe de participar en la gestión, diseño, producción y difusión de los contenidos que se transmiten en los medios de comunicación, que debe crearse un organismo defensor de los derechos de las audiencias y vigilancia del respeto a la ley por parte de los concesionarios.

Entre sus principales propuestas se encuentran el artículo 2o., es un proyecto de Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones a diversos artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; en su artículo 2o. se vincula el derecho que la Constitución reconoce actualmente a las comunidades indígenas para que operen sus propios medios de comunicación en el orden jurídico que propone la iniciativa.

En el artículo 3o., establece que el Estado garantizará la alfabetización mediática, informacional y digital como un elemento fundamental de la educación, así como respetar la libertad de pensamiento y contenidos para la construcción de una sociedad más democrática, plural, diversa y sustentada en la participación ciudadana.

En el artículo 7o., consagra los derechos universales de toda persona, comunidad o pueblo a la comunicación libre, plural, diversa y multicultural; establece también que los poderes públicos garantizarán el acceso universal a las tecnologías de la comunicación, garantiza la protección constitucional al ejercicio libre del periodismo y a la comunicación señalando que el Estado garantizará las condiciones para el ejercicio de la libre expresión, el ejercicio del periodismo y la comunicación.

Esta iniciativa establece un sistema de medios de comunicación con los siguientes parámetros: la radiodifusión y las telecomunicaciones son del servicio público, con plena libertad de contenidos, sus únicos límites son los de los derechos humanos y los valores democráticos.

La iniciativa reconoce que el espectro radioeléctrico es propiedad de la nación y podrán acceder a su uso en condiciones de igualdad el sector privado, el sector público y el sector social, y esto se describe en el artículo 27 constitucional.

Crea un organismo autónomo, plural, facultado para regular el aprovechamiento, explotación y uso del espectro radioeléctrico y las telecomunicaciones.

Este organismo estará encargado de administrar las concesiones, la defensa de los derechos de la comunicación y los derechos de las audiencias, la vigilancia y fiscalización de los recursos asignados para comunicación social a las autoridades públicas, prohíbe la contratación de propaganda que tenga la finalidad de promover logros de la gestión pública o la imagen de los tres órdenes de gobierno.

Senadoras y Senadores, les exhortamos respetuosamente a profundizar en este tema y en analizar las propuestas que en esta iniciativa hace el Movimiento Yo Soy 132, muchas de ellas podrán resolver varios problemas que hoy enfrenta nuestro país, la aportación de estas y estos jóvenes para lograr la democratización de los medios de comunicación afianzará, sin duda, nuestra democracia. Por eso, las y los Senadores que lo presentamos hacemos nuestras las propuestas de esta iniciativa.

Muchas gracias.

Iniciativa



- El C. Presidente Burgos García: Muchas gracias, Senadora Padierna Luna. Se turna a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; y de Estudios Legislativos, Segunda.

Tiene uso de la tribuna el Senador Jorge Emilio González Martínez, del grupo parlamentario del PVEM, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 60 y 420 del Código Penal Federal.






INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTICULOS 60 Y 420 DEL CODIGO PENAL FEDERAL

(Presentada por el C. Senador Jorge Emilio González Martínez, del grupo parlamentario del PVEM)

- El C. Senador Jorge Emilio González Martínez: Con su permiso, señor Presidente.

Nuestro país cuenta con una serie de características de las que los mexicanos debemos sentirnos muy orgullosos, sin embargo, de todas las riquezas de México, sin duda alguna destaca su diversidad biológica, distinguida a nivel mundial por la variedad de ecosistemas y de especies de animales y plantas que se desarrollan en el territorio nacional.

Esta riqueza no sólo implica el privilegio de contar con un capital natural invaluable, sino también una gran responsabilidad de los mexicanos con el mundo entero, incluso con las generaciones futuras, pues dichos recursos constituyen el patrimonio de toda la humanidad.

En atención a dicha responsabilidad, resulta fundamental que quienes integramos el Poder Legislativo Federal, asumamos el compromiso de expedir normas adecuadas para el aprovechamiento sustentable de nuestros recursos naturales, a fin de garantizar el derecho de toda persona a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar, previsto en el artículo 4o. de nuestra Constitución.

Las conductas que atentan contra el ambiente han sido objeto de diversas regulaciones, tanto administrativas como civiles. Con el paso de los años, estas medidas han sido superadas por la realidad que impera en nuestros días, al grado de ser insuficientes, por lo cual resulta necesario recurrir a sanciones penales, no sólo como una medida para que los recursos naturales tengan el nivel más alto de protección jurídica, sino como un medio para convertir a la responsabilidad por el daño ambiental en un ejercicio efectivo, justo y sensible a la problemática social, económica y ambiental de nuestro país.

Por lo anterior, el día de hoy me permito presentarles ante esta Honorable Asamblea, una iniciativa de reformas a los artículos 60 y 420 del Código Penal Federal, este último relativo a los delitos contra el ambiente y la gestión ambiental, en materia de biodiversidad.

Lo anterior a fin de combatir el fenómeno que en los últimos años se ha popularizado, no sólo frente a la tentación de disfrutar de bienes exclusivos sino también por la falta de sanciones ejemplares para impedirlo, el consumo ilícito de vida silvestre, materializado en la adquisición de ejemplares y sus derivados con fines ornamentales y para su ingesta; ejemplo de estas conductas lo constituye el consumo ilícito de animales disecados, pieles, huevos de tortuga y aleta de tiburón, entre otras carnes y aceites de animales exóticos, en perjuicio del equilibrio de los ecosistemas y de las poblaciones de dichas especies, pues estas actividades ponen en riesgo su viabilidad y hasta su propia existencia.

Lo anterior cobra especial relevancia si se considera que, en la mayoría de los casos, el consumo constituye el último eslabón del mercado ilegal de especies de plantas y animales, de tal manera que con esta iniciativa se busca dar un golpe a su consumo ilícito desincentivando la demanda de dichos bienes a partir de la amenaza de una sanción penal a sus consumidores, a fin de que las actividades destinadas a satisfacer ese mercado dejen de representar el negocio.

De esa forma, la presente iniciativa tiene dos objetivos fundamentales: la primera es fortalecer la protección penal de la flora y fauna del país, estableciendo como delito el consumo ilícito de especies así como de sus partes, derivados y recursos genéticos.

Y la segunda, aprovechando la oportunidad de esta reforma, se propone un replanteamiento del artículo 420 del Código Penal Federal, recogiendo el espíritu del texto vigente, pero mejorando su relación mediante el establecimiento de una fórmula general que prevea todas la conductas penalmente relevantes, a fin de proteger las biodiversidad con una técnica legislativa más adecuada.

Por la atención, muchas gracias.

Iniciativa

“SENADO DE LA REPUBLICA
LXII LEGISLATURA
PRESENTE.

El que suscribe, Senador Jorge Emilio González Martínez, integrante del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México en el Senado de la República, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 8, numeral 1, fracción I, 164 y 169 del Reglamento del Senado de la República, somete a consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTICULOS 60 Y 420 DEL CODIGO PENAL FEDERAL, EN MATERIA DE DELITOS CONTRA EL AMBIENTE Y LA GESTION AMBIENTAL, RELATIVOS A LA BIODIVERSIDAD, al tenor de la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

I. CONSIDERACIONES

Derivado de su privilegiada ubicación geográfica, de su historia geológica y de la complejidad de sus sistemas topográficos, nuestro país registra una gran variedad de climas, todo lo cual ha propiciado la existencia de un sinnúmero de condiciones naturales que permiten el desarrollo de una cantidad considerable de ecosistemas y de especies de flora y fauna en el territorio nacional.

De acuerdo con el Centro Mundial para el Monitoreo de la Conservación (WCMC, por sus siglas en inglés)1 del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), México se ubica en el lugar número 7 del selecto grupo de 17 países megadiversos, únicamentepor debajo de Brasil, Indonesia, Sudáfrica, Colombia, Australia y Papúa Nueva Guínea2. Esta distinción es relevante, toda vez que los países megadiversos son aquéllos cuyos territorios albergan más del 70% de la diversidad biológica del planeta, a pesar de que sus territorios representan en conjunto únicamente el 10% de la superficie terrestre.

El hecho de que nuestro país sea megadiverso implica el privilegio de contar con una riqueza natural invaluable, pero también una gran responsabilidad de los mexicanos con el mundo entero. En congruencia con el concepto de desarrollo sustentable, este compromiso no sólo es con las generaciones presentes sino también con las futuras, toda vez que dichos recursos constituyen patrimonio natural de la humanidad.

Así, dentro de los límites del territorio nacional es posible encontrar una gran variedad de especies, tanto vegetales como animales. Basta mencionar que en nuestro país se encuentran representadas el 12% de las especies terrestres conocidas del planeta, ocupando el primer lugar en variedad de reptiles, el segundo en mamíferos y el cuarto en anfibios y plantas a nivel mundial; asimismo, México cuenta con una gran cantidad de especies de plantas y animales que se consideran endémicas, es decir, que se desarrollan de manera exclusiva en nuestro territorio3.

Desafortunadamente, la preponderancia de los intereses económicos, la carencia de una cultura ambiental y, en general, el aprovechamiento de los recursos naturales sin esquemas de sustentabilidad, ha propiciado una fuerte degradación ambiental, en perjuicio de la calidad del aire, el suelo y el agua, sin olvidar los ataques de los que son objeto una gran cantidad de especies de flora y fauna silvestres, muchas de las cuales han desaparecido por completo o se encuentran amenazadas, en peligro de extinción o sujetas a algún régimen de protección especial.

Por lo anterior, las conductas que atentan contra el ambiente han sido objeto de diversas regulaciones, tanto administrativas como civiles. Con el paso de los años, dicha regulación ha sido superada por la realidad que impera en nuestros días, al grado de ser insuficiente para el cumplimiento de los objetivos que persigue, por lo cual resulta necesario recurrir al último recurso legítimo con que cuenta el Estado para regular la conducta humana: el Derecho Penal, al configurarse como una herramienta útil para inhibir las conductas más graves que se alejan de las directivas de la política y la gestión ambiental nacional.

No obstante que los principios de exclusiva protección de bienes jurídicos y de intervención mínima del Derecho Penal exigen que el Estado únicamente haga uso de su sistema represor como última alternativa para tutelar los bienes más importantes para la vida en sociedad, la inclusión de tipos penales que definan como delitos conductas que atentan contra el ambiente se justifica plenamente por la relevancia constitucional del bien jurídico tutelado, por lo cual constituye una necesidad de toral importancia, no sólo como una medida para proteger y preservar las riquezas naturales, sino como un medio para garantizar una calidad de vida adecuada para el ser humano.

Preocupa de manera particular una conducta que en los últimos años se ha popularizado, no sólo frente a la tentación de disfrutar de bienes exclusivos, sino también ante la falta de sanciones ejemplares para disuadirla: el consumo de vida silvestre, materializado en la adquisición de ejemplares y sus derivados con fines ornamentales, o mediante su ingesta, como productos cárnicos y huevos. Ejemplos paradigmáticos de estas conductas son los animales disecados, los huevos de tortuga y la aleta de tiburón, entre otras carnes y aceites de animales exóticos, cuyo consumo se encuentra prohibido o que, estando permitido en los términos establecidos por las disposiciones sustantivas en materia de vida silvestre, afecta el equilibrio de las poblaciones y ecosistemas de dichas especies cuando se lleva a cabo ilícitamente, es decir, sin observar los esquemas de sustentabilidad dictados por las autoridades ambientales, poniendo en riesgo su viabilidad y hasta su propia existencia.

Considerando lo anterior, y ante la necesidad y el reto de un Derecho Penal Ambiental efectivo, justo y útil para la sociedad, resulta necesario reformar las disposiciones relativas a la tutela penal de la biodiversidad, con la finalidad de coadyuvar a la conversión de la responsabilidad penal ambiental en un ejercicio real y sensible a la problemática social, económica y ambiental de nuestro país.

II. OBJETIVO

Con base en las garantías individuales del derecho a la protección de la salud y a un medio ambiente sano para el desarrollo y bienestar de los individuos, consagrados en el artículo 4o constitucional, párrafos cuarto y quinto, respectivamente, y por virtud de lo dispuesto en las fracciones XXI y XXIX-G del artículo 73 de nuestra Ley Suprema, de acuerdo con las cuales el Congreso de la Unión está facultado para establecer delitos y penas del orden federal, así como para expedir leyes en materia de protección al ambiente y de preservación y restauración del equilibrio ecológico, la presente iniciativa tiene como objetivo fundamental el fortalecimiento de la tutela penal de la diversidad biológica del país, mediante la inclusión de un supuesto normativo que actualmente no se encuentra previsto como delito: el consumo ilícito de especies de vida silvestre, así como de sus partes, derivados y recursos genéticos. Asimismo, se propone mejorar la técnica legislativa empleada en la redacción del artículo 420 del Código Penal Federal, relativo a los delitos contra el ambiente y la gestión ambiental en materia de biodiversidad, cuyo texto vigente establece lo siguiente:

Artículo 420.- Se impondrá pena de uno a nueve años de prisión y por el equivalente de trescientos a tres mil días multa, a quien ilícitamente:

I. Capture, dañe o prive de la vida a algún ejemplar de tortuga o mamífero marino, o recolecte o almacene de cualquier forma sus productos o subproductos;

II. Capture, transforme, acopie, transporte o dañe ejemplares de especies acuáticas declaradas en veda;

II Bis.- De manera dolosa capture, transforme, acopie, transporte, destruya o comercie con las especies acuáticas denominadas abulón y langosta, dentro o fuera de los periodos de veda, sin contar con la autorización que corresponda, en cantidad que exceda 10 kilogramos de peso y cuando las conductas a que se refiere la presente fracción se cometan por una asociación delictuosa, en los términos del artículo 164 de este Código, se estará a lo dispuesto en el artículo 194 del Código Federal de Procedimientos Penales.

III. Realice actividades de caza, pesca o captura con un medio no permitido, de algún ejemplar de una especie de fauna silvestre, o ponga en riesgo la viabilidad biológica de una población o especie silvestres;

IV. Realice cualquier actividad con fines de tráfico, o capture, posea, transporte, acopie, introduzca al país o extraiga del mismo, algún ejemplar, sus productos o subproductos y demás recursos genéticos, de una especie de flora o fauna silvestres, terrestres o acuáticas en veda, considerada endémica, amenazada, en peligro de extinción, sujeta a protección especial, o regulada por algún tratado internacional del que México sea parte, o

V. Dañe algún ejemplar de las especies de flora o fauna silvestres, terrestres o acuáticas señaladas en la fracción anterior.

Se aplicará una pena adicional hasta de tres años más de prisión y hasta mil días multa adicionales, cuando las conductas descritas en el presente artículo se realicen en o afecten un área natural protegida,o cuando se realicen con fines comerciales.”

Del análisis del artículo transcrito se desprende que las seis fracciones que lo integran tienen por objeto sancionar múltiples conductas relacionadas con diversos objetos materiales sobre los que recaen éstas, los cuales son relacionados en el siguiente cuadro:

FRACCION

VERBOS NUCLEOS RECTORES DEL TIPO

OBJETO MATERIAL DE LA CONDUCTA

I

Capturar, dañar o privar de la vida, así como recolectar o almacenar.

Ejemplares de tortuga o mamífero marino, así como sus productos o subproductos, respectivamente.

II

Capturar, transformar, acopiar, transportar o dañar.

Ejemplares de especies acuáticas declaradas en veda.

II Bis

Capturar, transformar, acopiar, transportar, destruir o comerciar.

Especies acuáticas denominadas abulón y langosta.

III

Cazar, pescar o capturar, así como poner en riesgo la viabilidad biológica.

Ejemplares de especies de fauna silvestre, así como poblaciones o especies silvestres, respectivamente.

IV

Traficar, capturar, poseer, transportar, acopiar, introducir o extraer del país.

Ejemplares de especies de flora o fauna silvestres, terrestres o acuáticas en veda, endémicas, amenazadas, en peligro de extinción, sujeta a protección especial o regulada por algún tratado internacional del que México sea parte, así como sus productos, subproductos o recursos genéticos.

V

Dañar.

Ejemplares de especies de flora o fauna silvestres, terrestres o acuáticas en veda, endémicas, amenazadas, en peligro de extinción, sujeta a protección especial o regulada por algún tratado internacional del que México sea parte.

De acuerdo con lo anterior, se estima que el artículo 420 del Código Penal Federal es omiso en observar las características de generalidad y abstracción que debe revestir toda norma jurídica, al emplear una técnica legislativa deficiente, principalmente respecto de los siguientes elementos:

1. Los diferentes supuestos normativos que prevé son fragmentados innecesariamente, desvinculándose los verbos núcleos rectores del tipo respecto de los objetos materiales sobre los que recae la conducta, en perjuicio de la interpretación y aplicación adecuadas del tipo penal;

2. Los verbos núcleos rectores del tipo son reiterativos, al aparecer las mismas conductas punibles en diferentes fracciones; por ejemplo, los verbos “capturar”, en las fracciones I, II, II Bis, III y IV; “dañar”, en las fracciones I, II y V; “transportar”, en las fracciones II, II Bis y IV, y transformar, en las fracciones II y II Bis;

3. Se distingue entre “capturar”, “privar de la vida”, “cazar” y “pescar”, generando confusiones entre los destinatarios de la norma y los encargados de su aplicación y sanción, y

4. Se prevé un catálogo demasiado extenso de objetos materiales en los que recaen las diferentes conductas punibles, cayendo en un casuismo innecesario que podría quedar colmado mediante fórmulas conceptuales generales.

Por otra parte, es posible apreciar que el artículo que nos ocupa no prevé como supuesto de hecho punible el consumo ilícito de ejemplares de especies de vida silvestre, así como de sus partes, derivados y recursos genéticos, con lo cual actualmente dicha conducta no es sancionada como delito. Esto cobra especial relevancia si se considera que, en la mayoría de los casos, el consumo constituye el último eslabón del mercado ilegal de la diversidad biológica, de tal manera que mediante la presente iniciativa se busca dar un golpe al consumo ilícito de ejemplares de especies de vida silvestre, así como de sus partes, derivados y recursos genéticos, desincentivando la demanda de dichos bienes a partir de la amenaza de una sanción penal a sus consumidores, a fin de que las actividades ilegales destinadas a satisfacer este mercado dejen de representar un negocio.

Cabe mencionar que la intervención del Derecho Punitivo en la tutela penal del ambiente guarda plena congruencia con la teoría de la prevención general de la pena, que justifica la aplicación de consecuencias jurídico penales por su ejemplaridad hacia el ciudadano, llevando implícita una amenaza que disuade la intención de cometer un acto antijurídico y confirmando la eficacia del Derecho para la restauración del orden social, con lo cual se fortalece la protección de la diversidad biológica de México.

Asimismo, los objetivos de la presente iniciativa coinciden plenamente con la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, en su calidad de uno de los principales instrumentos derivados de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo celebrada en Río de Janeiro, Brasil, del 3 al 14 de junio de 1992, en la cual participó el Estado mexicano y cuyo principio 11 señala que “Los Estados deberán promulgar leyes eficaces sobre el medio ambiente. Las normas, los objetivos de ordenación y las prioridades ambientales deberían reflejar el contexto ambiental y de desarrollo al que se aplican”. Finalmente, es congruente con lo dispuesto en el párrafo quinto del artículo 4o constitucional, que garantiza el derecho de toda persona a un ambiente sano para su desarrollo y bienestar, así como la generación de la responsabilidad de quien provoque un daño o deterioro ambiental.

III. CONTENIDO DE LA INICIATIVA.

Para lograr los objetivos que se persiguen, la presente iniciativa tiene dos componentes fundamentales:

1. La adición de la hipótesis normativa del consumo ilícito de ejemplares de especies de vida silvestre, así como de sus partes, derivados y recursos genéticos, y

2. El replanteamiento de la estructura y redacción del artículo.

De esta forma, se propone la siguiente redacción para el artículo 420 del Código Penal Federal, relativo a los delitos contra el ambiente y la gestión ambiental en materia de biodiversidad:

ARTICULO 420. Se impondrá pena de uno a nueve años de prisión y por el equivalente de trescientos a tres mil días multa, a quien ilícitamente prive de la vida, capture, dañe, destruya, posea, recolecte, acopie, almacene, transforme, comercie, transporte, consuma, introduzca al país o extraiga del mismo, algún ejemplar, parte, derivado o recurso genético de especies de flora o fauna silvestres, así como de recursos pesqueros o acuícolas.

Se aplicará una pena adicional hasta de tres años más de prisión y hasta mil días multa adicionales, cuando las conductas descritas en el presente artículo se realicen en o afecten un área natural protegida, o cuando se realicen con fines comerciales.

Con esta propuesta se subsanan las deficiencias enumeradas y descritas en el apartado anterior, obteniéndose los siguientes beneficios:

Se prevé como delito el consumo ilícito de ejemplares de especies de vida silvestre, así como de sus partes, derivados y recursos genéticos, desincentivándose así la demanda de dichos objetos y combatiendo eficazmente su mercado.

Cabe mencionar que, a fin de mantener la integralidad del tipo penal y evitar distinguir consecuencias jurídicas para cada uno de sus supuestos, a esta norma le resultará aplicable la misma punibilidad que la prevista para el resto de las conductas contempladas en el artículo que nos ocupa (de uno a nueve años de prisión y por el equivalente de trescientos a tres mil días multa), no obstante que la hipótesis del consumo podría ser menos reprochable que otras; si bien no se trata de criminalizar a los consumidores de vida silvestre, se estima adecuado tipificar esta conducta como instrumento de política criminal para desincentivar la demanda de dichos objetos y combatir eficazmente su mercado, siendo responsabilidad de la autoridad jurisdiccional imponer una pena lo suficientemente ejemplar para que cumpla con sus objetivos, en los términos del artículo 52 del mismo Código Penal Federal4;

2. Se respeta el espíritu del legislador plasmado en el texto vigente del artículo, consistente en sancionar penalmente las conductas que atenten contra la diversidad biológica de México, particularmente las especies de vida silvestre, así como sus partes, derivados y recursos genéticos, conservándose la esencia del tipo penal, de las conductas punibles, del bien jurídico tutelado y de la punibilidad, pero de una manera integral;

3. Se observan los principios de generalidad y abstracción de las normas en la redacción del tipo penal, empleándose una fórmula general más sencilla y con una técnica legislativa más adecuada.

Al respecto, se estima conveniente integrar los diferentes verbos núcleos rectores del tipo previstos en el artículo vigente en un solo párrafo, toda vez que no se contraponen entre sí sino que, por el contrario, se tratan de diversas conductas cuyo objeto material recae sobre un mismo bien jurídico tutelado, como lo es la biodiversidad, lo cual permite su integración en una fórmula única, evitando caer en distinciones e imprecisiones que derivarían en impunidad a partir de la inviabilidad para aplicar la norma en el sentido estricto de los objetivos que persigue;

4. Se emplea adecuadamente la técnica legislativa de la norma penal en blanco, consistente en la tipificación de conductas como delito, auxiliándose de otros ordenamientos legales para la adecuada complementación del tipo penal mediante un reenvío legislativo. Esta técnica coincide plenamente con la característica de dependencia del Derecho Penal Ambiental en el Derecho Administrativo, dada la naturaleza especializada de los conceptos, principios y demás figuras jurídico ambientales en las que se sustenta.

En este sentido, cabe mencionar que se utilizan adecuadamente los términos contemplados en la legislación ambiental sectorial, como es el caso de los conceptos de“ejemplar”, “parte”, “derivado” y “vida silvestre”, previstos en la Ley General de Vida Silvestre, o “recursos pesqueros” y “recursos acuícolas”, previstos en la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables, lo cual permitirá la adecuada comprensión, aplicación y consecuente eficacia de las normas penales contenidas en la propuesta de reforma, y

5. Se mantiene la causa agravante de la pena prevista en el último párrafo del texto vigente, toda vez que el hecho de exteriorizar la conducta en un área sujeta a un régimen de protección especial como lo son las áreas naturales protegidas, o con la finalidad de lucrar, definitivamente constituyen motivo de agravación de la pena.

Finalmente, a fin de que la presente reforma sea integral y se eviten interpretaciones erróneas y consecuente impunidad, derivados del principio de estricta aplicación del Derecho Penal, resulta necesario reformar el párrafo segundo del artículo 60 del mismo Código Penal Federal, que prevé el catálogo de delitos que son sancionables cuando son cometidos culposamente. En este sentido, considerando que el texto vigente de dicho artículo contempla la sanción de supuestos previstos en diferentes fracciones del artículo 420, objeto de la presente iniciativa, resulta necesario eliminar la expresión de dichas fracciones, manteniendo la referencia al artículo 420 a fin de que las hipótesis normativas propuestas en la presente iniciativa puedan ser sancionadas en su modalidad culposa.

Por los argumentos expuestos, el Senador que suscribe se permite someter a consideración de esta Honorable Asamblea el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTICULOS 60 Y 420 DEL CODIGO PENAL FEDERAL, EN MATERIA DE DELITOS CONTRA EL AMBIENTE Y LA GESTION AMBIENTAL, RELATIVOS A LA BIODIVERSIDAD.

ARTICULO UNICO. Se reforman los artículos 60 y 420 del Código Penal Federal, para quedar como sigue:

Artículo 60.- …

Las sanciones por delitos culposos sólo se impondrán en relación con los delitos previstos en los siguientes artículos: 150, 167, fracción VI, 169, 199 Bis, 289, parte segunda, 290, 291, 292, 293, 302, 307, 323, 397, 399, 414, primer párrafo y tercero en su hipótesis de resultado, 415, fracciones I y II y último párrafo en su hipótesis de resultado, 416, 420 y 420 Bis, fracciones I, II y IV de este Código.

I a VI.- …

ARTICULO 420. Se impondrá pena de uno a nueve años de prisión y por el equivalente de trescientos a tres mil días multa, a quien ilícitamente prive de la vida, capture, dañe, destruya, posea, recolecte, acopie, almacene, transforme, comercie, transporte, consuma, introduzca al país o extraiga del mismo, algún ejemplar, parte, derivado o recursos genéticos de especies de flora o fauna silvestres, así como de recursos pesqueros o acuícolas.

Se aplicará una pena adicional hasta de tres años más de prisión y hasta mil días multa adicionales, cuando las conductas descritas en el presente artículo se realicen en o afecten un área natural protegida, o cuando se realicen con fines comerciales.

TRANSITORIO

UNICO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación el Diario Oficial de la Federación.

Salón de sesiones del Senado de la República, a 5 de mes de marzo de 2013.

Sen. Jorge Emilio González Martínez”.

- El C. Presidente Burgos García: Muchas gracias, Senador González Martínez. Se turna a las Comisiones Unidas de Justicia; y de Estudios Legislativos.

Tome nota la Secretaría de la adhesión de la Senadora Barrera Tapia.


1 United Nations Environment Programme, World Conservation Monitoring Centre. Disponible en: http://www.unep-wcmc.org/

2Australian Government, Department of Sustainability, Environment, Water Population and Communities. Disponible en: http://www.environment.gov.au/soe/2001/publications/theme-reports/biodiversity/biodiversity01-3.html

3 Comisión Nacional para el Uso y Conocimiento de la Biodiversidad. La diversidad Biológica de México, CONABIO. Disponible en: http://www.conabio.gob.mx/institucion/cooperacion_internacional/doctos/db_mexico.html

4Artículo 52.- El juez fijará las penas y medidas de seguridad que estime justas y procedentes dentro de los límites señalados para cada delito, con base en la gravedad del ilícito, la calidad y condición específica de la víctima u ofendido y el grado de culpabilidad del agente, teniendo en cuenta:

I.- La magnitud del daño causado al bien jurídico o del peligro a que hubiere sido expuesto;

II.- La naturaleza de la acción u omisión y de los medios empleados para ejecutarla;

III.- Las circunstancias de tiempo, lugar, modo u ocasión del hecho realizado;

IV.- La forma y grado de intervención del agente en la comisión del delito;

V.- La edad, la educación, la ilustración, las costumbres, las condiciones sociales y económicas del sujeto, así como los motivos que lo impulsaron o determinaron a delinquir. Cuando el procesado perteneciere a algún pueblo o comunidad indígena, se tomarán en cuenta, además, sus usos y costumbres;

VI.- El comportamiento posterior del acusado con relación al delito cometido; y

VII.- Las demás condiciones especiales y personales en que se encontraba el agente en el momento de la comisión del delito, siempre y cuando sean relevantes para determinar la posibilidad de haber ajustado su conducta a las exigencias de la norma.

Tiene el uso de la tribuna el Senador David Monreal Avila, del grupo parlamentario del PT, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 60 de la Ley Federal de Telecomunicaciones.






INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTICULO 60 DE LA LEY FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES

(Presentada por el C. Senador David Monreal Avila, del grupo parlamentario del PT)

- El C. Senador David Monreal Avila: Con su permiso, señor Presidente; señoras Senadoras y señores Senadores:

La semana pasada un grupo de personas solicitaron apoyo para regular de forma más justa la telefonía móvil. Con base en esta solicitud, me presento ante ustedes para apoyar no sólo a este grupo de personas, sino a todas aquellas que necesitan tarifas más justas y cobros reales por el uso de la telefonía celular.

Como se sabe, el sector de las telecomunicaciones ha desempeñado un papel relevante en la mejora de la productividad y el crecimiento económico de los países en desarrollo. En México, se ha registrado un importante crecimiento en el ámbito de las telecomunicaciones en los últimos años, especialmente en el mercado de la telefonía celular.

La Comisión Federal de Telecomunicaciones resaltó que se alcanzaron, hasta diciembre de 2012, 15.6 millones de suscripciones por servicio de pospago en la telefonía celular, lo que representa más del 15% del total del mercado, logrando esta modalidad de cobro un máximo histórico; con lo cual se adiciona a los 84.9 millones de usuarios de prepago, lo que rebasó por primera vez la barrera de los cien millones de usuarios en la telefonía móvil.

De acuerdo con la COFETEL, la densidad de telefonía móvil en el país pasó de 52.6 de usuarios por cada 100 habitantes en 2006, a 90.8 en 2012, es decir, en estos últimos 6 años, casi se duplicó la cantidad de usuarios de telefonía celular.

La misma Comisión Federal de Telecomunicaciones también indicó que el sector de las líneas telefónicas fijas no aumentó, todo lo contrario, pasó de 2006 de 19.9 millones a 19.7 millones de diciembre de 2012.

Lo anterior se puede explicar, mayoritariamente, por la sustitución de tecnología, es decir, la migración de servicios fijos tradicionales a móviles.

Por otro lado, según el estudio de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos sobre políticas y regulación de telecomunicaciones en México de 2012, los precios de los servicios de telecomunicaciones son altos, muy superiores a las tarifas de servicios equivalentes en casi todos los demás países de la OCDE.

Ante tales cifras, es menester que exista una regulación acorde al crecimiento del sector de telecomunicaciones, en especial al servicio de la telefonía móvil. Un punto de interés es, sin duda alguna, el costo de las tarifas que cobran por el servicio de la telefonía celular.

Es común que los usuarios sufran abusos constantes por parte de las compañías de telefonía móvil, ya que a pesar de que actualmente sí existe una medida establecida para calcular el cobro de las tarifas, en la Ley Federal de Telecomunicaciones, por segundo, por minuto, por evento, por capacidad o por cualquier otra modalidad, las tarifas se diseñan de tal modo que salen beneficiados solamente o únicamente las compañías.

El pasado 16 de enero de este año, se publicó la reforma al artículo 60 de la Ley Federal de Telecomunicaciones con el objeto de regular el cobro en la duración de las llamadas por el uso de telefonía celular, es decir, que supuestamente se cobra el tiempo exacto utilizado en una llamada vía telefónica celular.

Sin embargo, esta reforma únicamente establece que los concesionarios y permisionarios deberían incluir dentro de su oferta comercial de planes y tarifas el cobro por segundo, sin perjuicio de otros planes que rebasen o que se basen en el cobro por minuto, por evento, por capacidad o por cualquier otra modalidad.

El cobro por segundo sólo es otra opción a la cantidad de planes de contratación que se ofrecen, por lo que queda en libertad el concesionario al cobro por minuto y el redondeo de la llamada.

Lamentablemente, dicha reforma no trajo, ni traerá, un beneficio real a los usuarios de este medio de comunicación, no es acorde a la realidad. La modificación a la ley sólo establece que las empresas están obligadas a ofrecer la tarifa por segundo como una opción a otras modalidades de cobro, lo que ya ocurre en ciertas compañías.

Esto se traduce en que las empresas de telefonía celular no están obligadas a incluir el esquema de pago por segundo en todos sus planes, pudiendo mantener en otros planes el pago por minuto y el redondeo en llamadas; principalmente en planes más completos o atractivos para el consumidor, degenerando así la intención y la idea original de la reforma recientemente publicada, es decir, no se eliminó el cobro por minuto y el redondeo de una llamada.

Ante esto, las compañías pueden ofrecer la opción de pago por segundo en planes poco atractivos para los usuarios sólo para cumplir con la obligación establecida en la ley.

La medida aprobada fue insuficiente, por tal motivo, es necesario que las tarifas que se cobran por el servicio de telefonía celular sean por el tiempo real y exacto de la llamada, por los segundos verdaderamente utilizados.

Se tiene que obligar a las empresas de telefonía móvil a facturar en todo momento el pago por segundo, de tal manera que el usuario pague exclusivamente por el tiempo que llamó. De acuerdo al esquema que impera en la ley vigente, si un usuario, bajo un plan de minutos, hace una llamada de minuto y medio, deberá pagar el costo de dos minutos por la llamada, en virtud del redondeo, es decir, el tiempo de la llamada se redondea al minuto superior siguiente.

En este orden de ideas, lo que se plantea es que todos los planes que ofrezca el servicio de telefonía celular tendrán que estar sujetos al cobro por tiempo real de consumo, utilizando como unidad de medida el segundo, sin que haya posibilidad de redondeo en las llamadas.

Dicha medida traerá consigo el aumento de usuarios en este servicio de telecomunicaciones, incentivará la competencia entre compañías y promoverá un mejor servicio para los usuarios; permitiendo a éstos, decidir de mejor forma qué compañía contratar basándose en criterios adicionales, como calidad en el servicio, precio o un plan con mayores prestaciones, en lugar del tema de medición y cobro de tiempo aire.

La presente iniciativa de reforma de ley, propone modificar el párrafo segundo del artículo 60 para que las compañías de teléfono celular cobren únicamente por lo que consumen los usuarios, que efectivamente el cobro de este servicio sea proporcional con el tiempo real utilizado, cobrando las llamadas por segundo, no dando opción al redondeo.

Como ya se mencionó, la cantidad de personas que usan el teléfono celular ha crecido exponencialmente en los últimos años, nada más a la cantidad de 100 millones de usuarios. Ante tal número, es imprescindible contar con una regulación justa que brinde certeza a los usuarios. Afortunada o desafortunadamente, el celular se ha vuelto casi una herramienta indispensable en la vida cotidiana, por lo que se necesita proteger a quienes menos tienen.

Hoy en día, se encuentra en el debate nacional una reforma a la Ley Federal de Telecomunicaciones, y qué mejor oportunidad para legislar en beneficio de aquellos que nos solicitan apoyo a simple vista, apoyos pequeños, pero trascendentes y sustanciales en las economías de sus personas y de su familia.

Con esta medida se protegerá a quienes más lo necesitan pudiendo contratar un plan, ya sea de prepago o pospago, de acuerdo a sus necesidades y posibilidades beneficiando a los sectores sociales más numerosos y desprotegidos, que son aquellos que reclaman una igualdad y justicia de derechos.

Muchas gracias.

(Aplausos)

Iniciativa

“Senador DAVID MONREAL AVILA, integrante del grupo parlamentario del Partido del Trabajo en la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 8 y 164 del Reglamento del Senado de la República y demás disposiciones aplicables, someto a la consideración de esta Honorable Soberanía la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTICULO 60 DE LA LEY FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES, al tenor de la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

El sector de las telecomunicaciones ha desempeñado un papel relevante para la mejora de la productividad y el crecimiento económico de los países en desarrollo; por tal motivo, y sin sustraerse de esta realidad, el servicio de las telecomunicaciones en México ha registrado un importante crecimiento en los últimos años, especialmente en el mercado de la telefonía celular.

En la actualidad parece normal ver a todo mundo con un teléfono celular, ya sea ama de casa, estudiante, profesionista, trabajador por su cuenta, niños y jóvenes, no es extraño que una gran mayoría de la población ya cuente con este medio de comunicación.

La Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel) resaltó que se alcanzaron, hasta diciembre de 2012, 15.6 millones de suscripciones por servicio de pospago en la telefonía celular, lo que representa más del 15 por ciento del total del mercado, logrando esta modalidad de cobro un máximo histórico; con lo cual, si se adiciona a los 84.9 millones de usuarios de prepago, se rebasó por primera vez la barrera de los 100 millones de usuarios en la telefonía móvil.1

De acuerdo con la Cofetel, la densidad de telefonía móvil en el país pasó de 52.6 usuarios por cada 100 habitantes en 2006, a 90.8 en 2012, es decir,2 en estos últimos seis años, casi se duplicó la cantidad de usuarios de la telefonía celular.

De igual forma, en el mismo periodo, el número de minutos de tráfico registró un aumento promedio anual de 24.9 por ciento, en tanto que el nivel de mensajes cortos enviados se elevó 26.4 por ciento. Por otro lado, en el sector de las líneas telefónicas fijas no se apreció un aumento, todo lo contrario, pasó en 2006 de 19.9 millones a 19.7 millones a diciembre de 2012.3

Lo anterior se puede explicar, mayoritariamente, por la sustitución de tecnología, es decir, la migración de servicios fijos tradicionales a móviles.

Según el “Estudio de la OCDE sobre políticas y regulación de telecomunicaciones en México 2012”, los precios de los servicios de telecomunicaciones son altos, muy superiores a las tarifas de servicios equivalentes en casi todos los demás países de la OCDE.4

Ante tales cifras, es menester que exista una regulación acorde al crecimiento del sector de las telecomunicaciones, en especial, el servicio de la telefonía móvil. Un punto de interés es, sin duda alguna, el costo de las tarifas que se cobran por el servicio de la telefonía celular.

Es común que los usuarios sufran abusos constantes por parte de las compañías de telefonía celular, ya que a pesar de que actualmente sí existe una medida establecida para calcular el cobro de las tarifas en la Ley Federal de Telecomunicaciones (cobro por segundo, por minuto, por evento, por capacidad o cualquier otra modalidad), las tarifas se diseñan, de tal modo, que salgan beneficiadas únicamente las compañías.

El pasado 16 de enero de este año, se publicaron reformas a la Ley Federal de Telecomunicaciones con el objeto de regular el cobro por la duración de las llamadas mediante el uso del teléfono móvil, es decir, que efectivamente se cobre el tiempo exacto utilizado en una llamada vía teléfono celular.

Lamentablemente, dicha reforma no trajo -ni traerá- un beneficio real a los usuarios de este medio de comunicación, no es acorde a la realidad. La modificación a ley establece que las empresas están obligadas a ofrecer la tarifa por segundo como una opción a la tarifa por minuto o a otras modalidades de cobro, lo que ya ocurre en ciertas compañías.

Esto se traduce en que las empresas de telefonía celular no están obligadas a incluir el esquema de pago por segundo en todos sus planes, pudiendo mantener en otros planes el pago por minuto y el redondeo en llamadas; principalmente en planes más completos o atractivos para el consumidor, degenerando así, la intención y la idea original de la reforma, es decir, eliminar el cobro por minuto y el redondeo de una llamada.

La medida aprobada fue insuficiente, por tal motivo, es necesario que las tarifas que se cobran por el servicio de telefonía celular sean por el tiempo real y exacto de la llamada, esto es, verdaderamente por los segundos utilizados.

Se tiene que obligar a las empresas de telefonía móvil a facturar en todo momento el pago por segundo, de tal manera que el usuario pague exclusivamente por el tiempo que llamó. De acuerdo al esquema que impera en la ley vigente, si un usuario, bajo un plan de minutos, hace una llamada de minuto y medio, deberá pagar el costo de dos minutos por la llamada, en virtud del redondeo, es decir, el tiempo de la llamada se redondea al minuto superior siguiente.

En este orden de ideas, lo que se plantea es que todos los planes que ofrecen el servicio de telefonía celular tendrán que estar sujetos al cobro por el tiempo real de consumo, utilizando como unidad de medida el segundo, sin que haya posibilidad de redondeo en las llamadas.

Dicha medida traerá consigo el aumento de usuarios en este servicio de telecomunicaciones, incentivará la competencia entre compañías y promoverá un mejor servicio para los usuarios; permitiendo a estos, decidir de mejor forma, qué compañía contratar, basándose en criterios adicionales, como calidad en el servicio, precio o un plan con mayores prestaciones, en lugar del tema de medición y cobro de tiempo aire.

La presente iniciativa de reforma de ley, propone que las compañías de teléfono celular cobren únicamente por lo que consumen los usuarios, que efectivamente el cobro por este servicio sea proporcional con el tiempo real utilizado, cobrando las llamadas por segundo, no dando opción al redondeo.

Con esta medida se protegerá a los que menos tienen, pudiendo contratar un plan, ya sea de prepago o pospago, de acuerdo a sus necesidades y posibilidades, beneficiando a los sectores sociales más numerosos y desprotegidos, que son aquéllos que reclaman una igualdad y justicia de derechos.

Por lo expuesto anteriormente, se somete a consideración de esta Soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de Decreto que reforma el artículo 60 de la Ley Federal de Telecomunicaciones.

Unico. Se reforma el artículo 60 de la Ley Federal de Telecomunicaciones, para quedar como sigue:

Artículo 60. Los concesionarios y permisionarios fijarán libremente las tarifas de los servicios de telecomunicaciones en términos que permitan la prestación de dichos servicios en condiciones satisfactorias de calidad, competitividad, seguridad y permanencia.

En el caso de servicios de telecomunicaciones que se ofrecen al público consumidor con cargos por concepto de la duración de las comunicaciones, los concesionarios y permisionarios deberán cobrar en todos sus planes y tarifas por el tiempo real y efectivo de la comunicación, utilizando como única unidad de medida el segundo.

TRANSITORIOS

Primero. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Los concesionarios y permisionarios que brindan servicios de telecomunicaciones que se ofrecen al público consumidor con cargos por concepto de la duración de las comunicaciones, tendrán 30 días naturales, a partir de la publicación del presente decreto, para realizar las adecuaciones necesarias en sus sistemas que les permita la correcta facturación, medición y cobro que se deriven de la reforma planteada en el presente Decreto.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, a 5 de marzo de 2013”.

- El C. Presidente Burgos García: Muchas gracias, Senador Monreal Avila. Se turna a las Comisiones Unidas de Comunicaciones y Transportes; y de Estudios Legislativos, Segunda.

1Cfr. “Índice de Producción del sector Telecomunicaciones aumentó 13.6 por ciento en 2012”,

http://www.notisistema.com/noticias/?p=571318, Fecha de consulta: 4 de marzo de 2013.

2Cfr. “La cifra de usuarios de celular aumenta”, http://www.cnnexpansion.com/economia/2012/12/24/telefonia-movil-crece-en-mexico-cofetel, Fecha de consulta: 4 de marzo de 2013.

3Ibidiem.

4 Véase: “Estudio de la OCDE sobre políticas y regulación de telecomunicaciones en México 2012”

http://www.oecd.org/centrodemexico/49528111.pdf, OECD Publishing, México 2012.

Tiene uso de la tribuna el Senador Aarón Irízar López, del grupo parlamentario del PRI, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversos artículos del Código de Justicia Militar.






INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL SEGUNDO PARRAFO Y SE DEROGA EL PARRAFO INFINE DEL ARTICULO 57, SE REFORMA LA FRACCION II Y SE DEROGAN LOS INCISOS A) Y E) DELMISMO ARTICULO Y SE DEROGA EL ARTICULO 58 DEL CODIGO DE JUSTICIA MILITAR

(Presentada por el C. Senador Aarón Irízar López, del grupo parlamentario del PRI)

- El C. Senador Aarón Irízar López: Con su venia, señor Presidente; señoras y señores Senadores de la República:

Como sabemos, la justicia militar, a través de la existencia de los tribunales militares, forman parte del Sistema de Impartición de Justicia en México, y debemos tener claridad que su fundamento está consagrado en nuestra Carta Magna; sin embargo, también debemos estar conscientes que los tiempos han cambiado y la prevalencia en los derechos humanos ha traído como consecuencia que instituciones clásicas, como a las que estoy refiriendo, tengan que transformarse y adaptarse a las nuevas circunstancias.

En este sentido, nuestro país siempre se ha distinguido por ser una nación que propugna por el respeto a los derechos humanos, aunque no en todas las ocasiones nos ha ido del todo bien, cuando se trata de acatar resoluciones en la materia que han sido emitidas, por ejemplo, por la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

En el mismo orden de ideas, tenemos que desde hace 79 años el Código de Justicia Militar contiene lo que comúnmente se le ha tendido a llamar el fuero militar, y es él el que justamente ligado ha dado cabida a que en diversas ocasiones los delitos cometidos por elementos del Ejército en contra de civiles hayan sido resueltos por tribunales militares, a lo cual de acuerdo con la Doctrina Internacional aceptada por nuestro país, ya no es aceptable.

De esta manera, considero que la adecuación a los nuevos tiempos de esta importante institución resulta de vital importancia y trascendencia que caracterice un respetuoso y armónico estado de derecho constitucional, como es el caso de nuestro país.

Por ello es que el día de hoy tengo a bien presentar a esta tribuna, la iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma el párrafo segundo y se deroga el párrafo infine del artículo 57, se reforma la fracción II y se derogan los incisos a) y e) del mismo artículo y se deroga el artículo 58 del Código de Justicia Militar.

Con esta presentación, me permito proponer que se reforme la Justicia Militar en nuestro país con la finalidad de modernizarla y ponerla a tono con los compromisos asumidos en los tratados internacionales suscritos y ratificados por nuestro país, y en donde además, como sabemos, el Senado de la República tiene una notable intervención.

La iniciativa, compañeras y compañeros Senadores, pretende lograr que los delitos perpetrados por militares contra civiles, fueran estos cómplices o víctimas, no deben ser juzgados por jueces castrenses, sino por tribunales civiles. Así, con la aprobación de esta iniciativa se lograría una acotación del fuero militar a los asuntos que atenten contra la disciplina exclusivamente de carácter militar.

Es pertinente que recordemos que en septiembre del año pasado, la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró inconstitucional el artículo 57, fracción II, inciso a) del Código de Justicia Militar, y en función de que en diversas sentencias respecto al mismo tema, los militares sean acusados de cometer delitos contra civiles serán juzgados siempre por tribunales civiles.

En congruencia con lo dispuesto por la propia Corte Interamericana de Derechos Humanos, en la sentencia del caso Radilla contra el Estado mexicano, la Suprema Corte de Justicia de la Nación retomó los criterios centrales que son los que le han dado sustento a las resoluciones del año pasado.

No obstante lo anterior, tenemos que después de las resoluciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, así como de la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación, en nuestro país sigue estando pendiente realizar las reformas necesarias al Código de Justicia Militar, a fin de lograr que lo resuelto por el máximo tribunal de nuestro país no solo lo disfruten los ciudadanos que promueven amparo, sino todos los que se encuentren afectados por una situación que encuadre en los supuestos aquí en comento.

Por lo anterior, el órgano competente del Estado para expedir y armonizar leyes que resulta incuestionablemente, es el Congreso de la Unión a través de sus dos Cámaras, quien debe asumir la responsabilidad y preocupación por armonizar la legislación en casos como este, toda vez que el supuesto de que se dice una actividad de éste, sabemos que opera de facto la actividad propia del Poder Judicial, y entonces este se convierte en legislador positivo, que institucionalmente no le corresponde pero que ha sido el encargado de resolver casos que son llevados ante esa instancia por los ciudadanos que se sienten afectados.

Con la aprobación de esta iniciativa, se pretende lograr el acatamiento de la recomendación que hizo la Corte Interamericana de Derechos Humanos, respecto a la modificación al referido precepto del Código de Justicia Militar, con lo cual estaremos cumpliendo con nuestra obligación legislativa y le volvemos a dar prioridad a la protección de los derechos humanos como una cuestión vital en la agenda legislativa del Senado, tal como lo ha hecho la Cámara en otros tiempos.

Señoras y señores Senadores, quisiera terminar expresándoles que México es un país democrático, que cuenta con instituciones sólidas y de gran prestigio. Trabajemos para que siga siendo así y velemos por la aprobación de la presente iniciativa, con la que se pretende que la Justicia Militar Mexicana tenga buen prestigio a nivel nacional y a nivel internacional.

Muchísimas gracias, señor Presidente.

(Aplausos)

Iniciativa



- El C. Presidente Burgos García: Muchas gracias, Senador Aarón Irízar. Se adhieren los Senadores Casillas Romero, Pineda Gochi, Hernández Lecona, Romero Celis, Juárez Cisneros, Orihuela Bárcenas, Pozos Lanz. Tome nota la Secretaría de las adhesiones. Se turna a las Comisiones Unidas de Justicia; de Defensa Nacional; y de Estudios Legislativos, Segunda.

Sonido en el escaño del Senador Fernando Yunes.

- El C. Senador Fernando Yunes Márquez: (Desde su escaño) Para solicitar si la iniciativa pasada también puede ser turnada a la Comisión de Defensa Nacional.

Muchas gracias.

- El C. Presidente Burgos García: Correcto, se toma nota y se accede para que se turne a la Comisión de Defensa Nacional.

Tiene el uso de la tribuna el Senador Francisco Búrquez Valenzuela, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal de Competencia Económica.






INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY FEDERAL DE COMPETENCIA ECONOMICA

(Presentada por el C. Senador Francisco de Paula Búrquez Valenzuela, del grupo parlamentario del PAN, con aval de grupo)

- El C. Senador Francisco de Paula Búrquez Valenzuela: Con su permiso, señor Presidente.

A nombre propio y del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, vengo a esta tribuna a presentar una reforma a la Ley Federal de Competencia Económica. Le solicito se inserte el texto íntegro de la presente iniciativa en el Diario de los Debates.

Actualmente, la Comisión Federal de Competencia es un órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Economía, dotado de autonomía técnica y operativa, para dictar sus resoluciones.

La Comisión está integrada por cinco comisionados, incluido su presidente, los cuales son designados discrecionalmente por el titular del Ejecutivo Federal, no obstante lo anterior, esta situación no garantiza la completa autonomía de la Comisión Federal de Competencia respecto del Ejecutivo, ya que existe una clara jerarquía de la Secretaría de Economía sobre el regulador, esta situación en un futuro podría limitar la capacidad de la Comisión Federal de Competencia para ejercer con independencia, eficacia, objetividad, eficiencia e imparcialidad las importantes funciones que le han sido legalmente encomendadas desde la Constitución a través de la Ley Federal de Competencia Económica.

Considerando la trascendental función que realiza la Comisión al prevenir, investigar y combatir los monopolios, las prácticas monopólicas y las concentraciones resultaría fatal para el crecimiento económico y desarrollo nacional que el regulador de la competencia no cuente con una completa autonomía que garantice transparencia e imparcialidad en el cumplimiento de su mandato.

Por ello es importante resolver el tema de la independencia del órgano regulador en materia de competencia económica para garantizar su fortaleza. Es por lo anterior que la ley debe garantizar definitivamente que la Comisión Federal de Competencia no estará subordinada a autoridad alguna, y que las decisiones serán adoptadas con plena independencia, así como garantizar que este órgano cuente con los recursos humanos y materiales necesarios para el desempeño de sus funciones.

Por ello, no sólo es importante sino verdaderamente necesario e inaplazable realizar una reforma de la naturaleza jurídica de la Comisión Federal de Competencia para permitirle ejercer con toda plenitud su autonomía técnica-operativa y de decisión, para lo cual también es necesario garantizar su independencia de cualquier otro órgano o dependencia de la administración pública.

Este es un requisito esencial para ejercer de una manera más efectiva sus funciones, en particular aquellas funciones formalmente judiciales que realiza en lo relativo a la resolución de los procedimientos para evitar prácticas monopólicas en los términos de la Ley Federal de Competencia Económica.

Cabe señalar que la Administración Pública Federal comprende diversas formas de organización administrativa, las cuales varían en cuanto a su naturaleza jurídica, así como el grado de autonomía, reglas de organización, estructuras y tratamientos presupuestarios, entre otros elementos.

Para el caso de los órganos reguladores, es importante garantizar su personalidad jurídica y patrimonio propios, así como funciones que se encuentran separadas de dicha administración.

En este sentido, la autonomía de la Comisión Federal de Competencia se alcanzaría mediante la autonomía de decisión, gestión y presupuestaria, ya que esto implica que para efecto de las resoluciones, la Comisión no estará subordinada a autoridad alguna y sus decisiones contarán con la garantía de ser absolutamente independientes.

Es así que la reforma que proponemos pretende alejar a la Comisión Federal de Competencia de las influencias de cualquier otra autoridad, por lo que esta propuesta no debilita de forma alguna a la Comisión y sí fortalece su actuación y las facultades otorgadas en la Ley Federal de Competencia Económica.

Además, la presente reforma permitirá dar cumplimiento al Artículo Segundo Transitorio del Decreto del 9 de agosto de 2012 en materia de reforma política, la cual faculta al Senado de la República para ratificar los nombramientos de los integrantes de los órganos colegiados encargados de la regulación en materia de telecomunicaciones, energía y competencia económica.

Ahora bien, no obstante el correcto desempeño que ha venido realizado la comisión, creemos que su diseño es perfectible. Consideramos que requiere de herramientas que le permitan perseguir con mayor eficacia y efectividad las prácticas monopólicas que afectan a diferentes mercados en nuestro país.

Para ello, es importante realizar adecuaciones al marco legal que le permitan a la Comisión tener amplias facultades de investigación para hacerlas efectivas, sin duda, un instrumento valioso para ampliar las facultades y fortalecer su desempeño son las visitas de verificación, de las cuales permiten recabar pruebas de la Comisión de prácticas monopólicas.

Por ello resulta necesario que las visitas no sigan limitándose exclusivamente a requisitos de información, que previamente fueron solicitadas, pues el elemento sorpresa que pudiera tener una visita, desaparece completamente al notificar antes el requerimiento de información y luego realizar la visita, lo que hace que sea ineficiente y burocrático dicho procedimiento.

Además, en los hechos resulta imposible para cualquier autoridad, conocer a priori el alcance de la información que se requerirá, por consecuencia, la obtención de evidencias sólidas, suficientes y oportunas no se cumple.

Asimismo, proponemos facultar al funcionario público autorizado para que solicite el auxilio de la fuerza pública cuando el agente económico se resista a la visita domiciliaria, pues actualmente el proceso es tardado y favorable para el ocultamiento o destrucción de la información.

Por lo anterior, es que la iniciativa que se somete a su consideración, propone transformar la naturaleza jurídica de la Comisión Federal de Competencia para constituirse en un órgano descentralizado de la Administración Pública Federal, con personalidad jurídica y patrimonio propios, así como de autonomía de decisión, garantizada mediante un mecanismo de ratificación de los comisionados que la integrarán por parte del Senado de la República, además se fortalece la política de competencia a través de instrumentos efectivos para investigar y sancionar prácticas anticompetitivas o monopólicas.

Con la implementación de dichos instrumentos, la política de competencia en México se colocaría a la altura de las mejores prácticas a nivel internacional. Es así que estas herramientas son fundamentales para una correcta ejecución de las políticas de competencia que garantice un eficiente funcionamiento de los mercados a favor de los consumidores.

De esta manera se alcanzará la consolidación de una autoridad de competencia fuerte, que estará en las mejores condiciones posibles para ejercer las funciones que le han sido encomendadas.

Por su atención, muchas gracias.

(Aplausos)

Iniciativa



- El C. Presidente Burgos García: Muchas gracias, Senador Búrquez Valenzuela. Se turna a las Comisiones Unidas de Comercio y Fomento Industrial; y de Estudios Legislativos.

Tiene el uso de la tribuna el Senador Angel Benjamín Robles Montoya, del grupo parlamentario del PRD, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma el párrafo sexto del artículo 28 constitucional.






INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL PARRAFO SEXTO DEL ARTICULO 28 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

(Presentada por el C. Senador Angel Benjamín Robles Montoya, del grupo parlamentario del PRD)

- El C. Senador Angel Benjamín Robles Montoya: Muchísimas gracias, señor Presidente; compañeras y compañeros Senadores:

La presente iniciativa de reforma a la Constitución General tiene como finalidad encausar, avanzar en el llamado compromiso “Pacto por México”, que textualmente señala:

“Se cambiará el marco legal para que la banca comercial y las instituciones de crédito presten más y más barato, incluyendo una revisión de la ejecución de garantías, respetando íntegramente los derechos de todos los acreditados actuales. Así como reducir los costos de los servicios financieros”.

Nos referimos, por lo tanto, compañeras y compañeros, a un problema estructural de nuestra economía que tiene que ser resuelto, desde el punto de vista de un servidor, para empezar mediante una reforma al Banco de México, ya que son precisamente las directrices de este organismo las que determinan el precio del dinero y su disponibilidad.

Vale la pena mencionar que para cumplir efectivamente con este compromiso 63, el Banco Central no puede seguir operando bajo la premisa actual de controlar la inflación, debe observar, desde nuestro punto de vista, como parte de sus prioridades, el crecimiento económico sostenido del país, lo cual implica que las decisiones sobre las tasas de interés, depósitos de regulación monetaria, reservas internacionales y tipo de cambio, entre otros, se valore la mejor combinación que permitan cumplir con las atribuciones anteriores y las nuevas.

De acuerdo con los párrafos sexto y séptimo del artículo 28 de nuestra Carta Magna, el Banco de México es el Banco Central de la República Mexicana y es una entidad independiente, es decir, autónoma del gobierno federal. Su finalidad, permítanme expresarlo en términos llanos, es proveer a la economía del país de moneda nacional y su objetivo prioritario es procurar la estabilidad de precios, es decir, mantener la inflación baja para así preservar el poder adquisitivo de la moneda nacional. Adicionalmente le corresponde promover el sano desarrollo del sistema financiero y el buen funcionamiento de los sistemas de pago.

En materia financiera, el Banco de México puede emitir regulación para fomentar el sano desarrollo del sistema financiero. Una buena parte de las normas emitidas por el Banco Central, tiene como propósito regular las operaciones de crédito, de depósito y los servicios que ofrecen los bancos y las casas de bolsas; además, tiene facultades para emitir regulaciones sobre comisiones y tasas de interés, así como cualquier otro concepto de cobro por operaciones o servicios que las entidades financieras lleven a cabo con los clientes.

Las actuales atribuciones del Banco de México, centradas primordialmente en aspectos monetarios y cambiarios, así como su actual autonomía, tienen su origen, lo quiero recordar, en las amargas experiencias de hiperinflación, los desequilibrios fiscales en las balanzas de pagos y las crisis de fin de sexenio que como país hemos experimentado en el pasado. Si bien la independencia del Banco Central ha contribuido a controlar con relativo éxito estos fenómenos, también hay que decir que los resultados hasta hoy obtenidos no son suficientes para lograr un comportamiento económico funcional que permita alcanzar niveles aceptables de desarrollo.

La política económica mexicana, a partir de la autonomía del Banco de México, ha mostrado resultados macroeconómicos positivos, sin embargo, la microeconomía de la gran mayoría de las familias del país no lo perciben así, ya que persisten bajos salarios, desempleo, emigración, escasa absorción del empleo en el sector formal de la economía; la desarticulación de los sistemas productivos y financieros, así como el aumento de la pobreza y la exclusión social.

Resulta imperativo que el Banco Central comience a actuar bajo políticas que contribuyan al crecimiento económico sostenido no inflacionario, a la generación de empleos y, por supuesto, a la protección social y al incremento generalizado del nivel de vida de la población. Actuar bajo estas políticas, convertiría al Banco Central en un órgano protagónico del crecimiento económico.

Es por ello, compañeras y compañeros, que estamos proponiendo reformar el párrafo sexto del artículo 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para que, en coordinación con el Ejecutivo Federal, el Banco Central Mexicano, también asuma como su prioridad el crecimiento sostenido del país, además de sus atribuciones en materia de política monetaria y financiera.

Iniciativa

“C. PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
DE LA CAMARA DE SENADORES
DEL H. CONGRESO DE LA UNION
PRESENTE.

El suscrito, ANGEL BENJAMIN ROBLES MONTOYA, Senador de la República ante la LXII Legislatura del H. Congreso de la Unión, integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 71 fracción II, 72 y 73 fracción XXVIII, todos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 164 numerales 1, 2 y 3 del Reglamento del Senado de la República; someto a la consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma el párrafo sexto del artículo 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al tenor de la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

La presente iniciativa de reforma a la Constitución General tiene como finalidad cumplimentar el compromiso 63 del Pacto por México, que señala textualmente:

“Se cambiará el marco legal para que la banca comercial y las instituciones de crédito presten más y más barato, incluyendo una revisión de la ejecución de garantías, respetando íntegramente los derechos de todos los acreditados actuales. Así como reducir el costo de los servicios financieros”.

Un problema estructural de nuestra economía tiene que ser resuelto mediante una reforma al Banco de México, ya que, son precisamente las directrices de este organismo las que determinan el precio del dinero y su disponibilidad.

Vale la pena mencionar que, para cumplir efectivamente con el compromiso 63, el Banco Central no puede seguir operando bajo la premisa actual de controlar la inflación, debe observar, como parte de sus prioridades, el crecimiento económico sostenido del país, lo cual implica que las decisiones sobre tasas de interés, depósitos de regulación monetaria, reservas internacionales y tipo de cambio, entre otros, se valore la mejor combinación que permitan cumplir con las atribuciones anteriores y las nuevas.

De acuerdo con los párrafos sexto y séptimo del artículo 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Banco de México es el Banco Central de la República Mexicana y es una entidad independiente (autónoma) del Gobierno Federal. Su finalidad es proveer a la economía del país de moneda nacional y su objetivo prioritario es procurar la estabilidad de precios, es decir, mantener la inflación baja para así preservar el poder adquisitivo de la moneda nacional. Adicionalmente le corresponde promover el sano desarrollo del sistema financiero y el buen funcionamiento de los sistemas de pago.

En materia financiera, el Banco de México puede emitir regulación para fomentar el sano desarrollo del sistema financiero. Una buena parte de las normas emitidas por el banco central tienen como propósito regular las operaciones de crédito, de depósito y los servicios que ofrecen los bancos y las casas de bolsa; además, tiene facultades para emitir regulaciones sobre comisiones y tasas de interés, así como cualquier otro concepto de cobro por las operaciones o servicios que las entidades financieras lleven a cabo con los clientes.

Las actuales atribuciones del Banco de México, centradas primordialmente en aspectos monetarios y cambiarios, así como su actual autonomía, tienen su origen en las amargas experiencias de hiperinflación, los desequilibrios fiscales en la balanza de pagos y las crisis recurrentes de fin de sexenio que como país hemos experimentado en el pasado. Si bien la independencia del banco central ha contribuido a controlar con relativo éxito estos fenómenos, los resultados hasta hoy obtenidos no son suficientes para lograr un comportamiento económico funcional que nos permita alcanzar niveles aceptables de desarrollo.

La política económica mexicana, a partir de la autonomía del Banco de México, ha mostrado resultados macroeconómicos positivos, sin embargo, la microeconomía de la gran mayoría de las familias del país no lo percibe así, ya que persisten bajos salarios, desempleo, emigración, escasa absorción de empleo en el sector formal de la economía, la desarticulación de los sistemas productivos y financieros, así como el aumento de la pobreza y la exclusión social.

Resulta imperativo que el banco central comience a actuar bajo políticas que contribuyan al crecimiento económico sostenido no inflacionario, a la generación de empleos, a la protección social y al incremento generalizado del nivel de vida de la población. Actuar bajo estas políticas, convertiría al banco central en un órgano protagónico del crecimiento económico.

Por lo anteriormente expuesto, se propone a esta Soberanía el siguiente:

DECRETO

UNICO: Se reforma el párrafo sexto del artículo 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 28.

El Estado tendrá un banco central que será autónomo en el ejercicio de sus funciones y en su administración. Sus objetivos prioritariosserán procurar la estabilidad del poder adquisitivo de la moneda nacional promover, en coordinación con el Ejecutivo Federal, el crecimiento económicosostenido del país, fortaleciendo con ello la rectoría del desarrollo nacional que corresponde al Estado. Ninguna autoridad podrá ordenar al banco conceder financiamiento.”

TRANSITORIOS

UNICO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Senadores, a 5 de marzo de 2013.

Suscribe

Sen.Angel Benjamín Robles Montoya”.






INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTICULOS 2o. Y 3o. FRACCIONES I Y IV DE LA LEY DEL BANCO DE MEXICO

(Presentada por el C. Senador Angel Benjamín Robles Montoya, del grupo parlamentario del PRD)

Por otra parte, compañeras y compañeros Senadores, en completa comunión con esta iniciativa que reforma el ya señalado párrafo sexto de este artículo 28 constitucional, también presentamos la iniciativa para adecuar las prioridades del Banco de México, y que dicha institución, como ya lo he expuesto, pueda trabajar bajo políticas que contribuyan al crecimiento económico sostenido no inflacionario, a la generación de empleos, a la protección social y al incremento generalizado del nivel de vida de la población.

Operar bajo los principios de crecimiento económico sostenido no inflacionario, debiese llevar forzosamente al Banco de México a realizar una revisión exhaustiva, en primer lugar del objetivo de la Tasa de Interés Interbancaria a un día, que se ha mantenido en 4.5% desde el 17 de julio de 2009. Sobre la conveniencia de este ajuste, se han pronunciado ya el gobernador del Banco de México y el propio titular de la Secretaría de Hacienda. También puedo comentar que la Tasa de Interés Interbancaria a un día alcanzó su pico más alto de 8.5% en agosto de 2008 y se conservó así hasta el 2009, de esta forma, por lo tanto, planteamos que debe ponerse sobre la balanza, al momento de determinar la Tasa de Interés Interbancaria a un día, qué porcentaje nos da el mejor equilibrio entre el control inflacionario y el fomento del crédito destinado a las actividades productivas.

Otra revisión urgente que debe hacerse del Banco de México representa los montos de los Depósitos de Regulación Monetaria. Al 15 de febrero del año 2013, los Depósitos de Regulación Monetaria de la Banca Comercial, en poder del Banco de México, ascendían a 247 mil 650 millones de pesos, este monto se aplica desde el 8 de abril de 2009. Anterior a esa fecha, también lo quiero comentar, ese monto de los depósitos era de 784 millones de pesos, superior, por supuesto, a la cifra actual. En el caso de los Depósitos de la Regulación Monetaria correspondientes a la Banca de Desarrollo, también es importante recordar que estos ascienden a 31 mil 565 millones de pesos, cifra que se ha mantenido desde el 10 de octubre de 2008. Compañeras y compañeros, el monto más alto de estos depósitos ocurrió en el periodo que va del 9 de diciembre de 2005 al 15 de agosto de 2008 con 50 mil 472 millones, es decir, un 60% superior al monto vigente.

Por lo tanto, la urgencia de cambiar un modelo que permita controlar la inflación mientras se hace más accesible el crédito, se demuestra con la propia información del Banco de México, me refiero, también, a la correspondiente al crédito vigente otorgado por la Banca Comercial al sector privado del país a diciembre de 2012 sumaba 2 billones 43 mil millones de pesos, mientras que al cierre del 2011 sumaba 1 billón 874 mil millones de pesos, sin embargo, lo quiero acotar, este aparente crecimiento en realidad debiese encendernos los focos rojos ya que a lo largo de 2011 el incremento en el crédito otorgado, fue por 253 mil 548 millones de pesos, mientras que a lo largo de 2012, el crédito colocado fue de 168 mil 937 millones de pesos, es decir, el monto colocado fue 84 mil 600 millones de pesos menos que en el 2012 y que en el 2011, con esto tenemos que para el 2012 se tuvo un decremento, compañeras y compañeros, de 44% respecto del crédito que pudo ser colocado en el 2011. Este fenómeno obedece a que tenemos un crédito caro, que inhibe la producción productiva y, en consecuencia, la generación de riqueza y el empleo formal.

Si revisamos las ganancias que en los últimos años han obtenido los grupos financieros que operan en México, encontramos que de 2007 a 2011 obtuvieron un total de 504 mil 32 millones de pesos, tan solo en el 2012, las ganancias superaron los 103 mil millones de pesos, cifra sin precedentes, que significó un incremento de más del 15% respecto al 2011, y cierro estos datos, compañeras y compañeros, diciéndoles que a partir del 2010 las ganancias han estado por encima de los 88 mil millones de pesos.

En resumen, al cierre del 2012 el crédito vigente otorgado por la Banca Comercial al sector privado del país tuvo un decremento porcentual de 44% respecto del crédito que pudo ser colocado en el 2011, sin embargo, las ganancias que los grupos financieros obtuvieron en el 2012 superaron los 103 mil millones de pesos, significando un incremento, repito, superior al 15.4% respecto del 2011. Los recursos monetarios que tanto empresarios como ciudadanos mexicanos sacaron del país en el periodo 2007-2012, que es un dato que también hay que observar, asciende, compañeros legisladores, a 160 mil 573 millones de dólares, igualando casi a las reservas internacionales. Por su parte, el Flujo de Inversión Extranjera directa en el 2011, se desplomó al nivel más bajo en 14 años.

Compañeras y compañeros Senadores, permítanme darles algunos datos del CONEVAL.

De los 52 millones de personas en México que viven en pobreza, según los datos de esta institución, 40.3 millones viven en pobreza moderada y 11.7 viven en pobreza extrema; el Indice de Tendencia Laboral de la Pobreza 2005 a la fecha se ha incrementado en más del 23%, así como al cierre de 2012, de acuerdo con el INEGI, existían en el país más de 2 millones 489 mil personas desempleadas y prácticamente seis de cada diez personas en edad de trabajar, laboran en el sector informal, caracterizado, todo esto, por no tener ningún acceso a ningún beneficio de la seguridad social.

Entonces, compañeras y compañeros, podemos expresar claramente que el Banco de México no puede seguir operando bajo la premisa actual de controlar únicamente la inflación y debe tener dentro de sus prioridades el crecimiento económico sostenido del país, lo cual implica que en las decisiones sobre las Tasas de Interés, Depósitos de Regulación Monetaria, Reservas Internacionales y Tipo de Cambio, entre otros, deban tomarse valorando la mejor combinación que permitan cumplir con las atribuciones anteriores y las nuevas, razón por la cual también estamos proponiendo a esta Soberanía reformar los artículos 2o.y 3o. fracciones I y IV de la Ley del Banco de México, para que el banco central también tenga entre sus prioridades promover el crecimiento económico del país.

Le agradecería, señor Presidente, incluya ambas propuestas que estoy presentando en el Diario de los Debates.

Muchísimas gracias.



- El C. Presidente Burgos García: Gracias, Senador Robles Montoya.

Sí, entendemos que son dos iniciativas.

El proyecto de reformas constitucionales se turna a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; y de Estudios Legislativos, Primera.

Y el proyecto de reformas a la Ley del Banco de México se turna a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público; y de Estudios Legislativos, Primera.

Tiene el uso de la tribuna el Senador Jesús Casillas Romero, para presentar a nombre propio y del Senador Carlos Romero Deschamps, del grupo parlamentario del PRI, una iniciativa con proyecto de Decreto que reforma la Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional en el Ramo del Petróleo y la Ley Federal de Protección al Consumidor.






INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE REFORMA EL SEGUNDO PARRAFO DEL ARTICULO 14 BIS DE LA LEY REGLAMENTARIA DEL ARTICULO 27 CONSTITUCIONAL EN EL RAMO DEL PETROLEO Y SE ADICIONA UN ARTICULO 10 BIS Y SE REFORMA EL ARTICULO 128 DE LA LEY FEDERAL DE PROTECCION AL CONSUMIDOR

(Presentada por el C. Senador Jesús Casillas Romero, a nombre propio y del C. Senador Carlos Romero Deschamps, del grupo parlamentario del PRI)

- El C. Senador Jesús Casillas Romero: Muchas gracias. Buenas tardes, compañeras Senadoras y compañeros Senadores.

La iniciativa que nos permitimos presentar el día de hoy el Senador Carlos Romero Deschamps y un servidor, pudiese ser intrascendente e inocua. Pudiese parecer hasta cierto punto banal, pero bien vale la pena que nos pongamos a reflexionar lo que le ocurre al ciudadano común el día a día. Y para ello me permito comentar a ustedes que la paraestatal PEMEX tiene concesiones en más de 10 mil estaciones de servicio donde se expenden precisamente los productos de esta paraestatal, concretamente diesel y gasolina.

Y la iniciativa que presentamos hoy tiene que ver con la falta de cumplimiento por algunas de esas estaciones del “Manual de Operación de la Franquicia PEMEX”, en su apartado 3.11.2 que tiene que ver con la obligación de los concesionarios de otorgar de manera gratuita el servicio de sanitarios, para los usuarios y para los acompañantes de éstos.

Este que parece ser un asunto intrascendente, es el pan de cada día, el ir a una estación de servicio de PEMEX a cargar gasolina y al intentar utilizar los baños, o bien éstos están cerrados o, por otro lado, se cobra de manera adicional al pago que se hace por el combustible, lo que contraviene, insisto, este apartado del manual de operación.

El objetivo de esta iniciativa es suprimir dicho pago y reconocer como derecho de los consumidores o usuarios de las estaciones de servicio, el relativo a baños a través de una medida que actualmente compete únicamente a este contrato de franquicia.

Se trata también de salvaguardar el buen nombre y calidad de los servicios de la franquicia PEMEX. Esto, sin duda, implica un cobro indebido; el incumplimiento y violación a las condiciones de la franquicia o concesión de PEMEX, la afectación a la calidad y servicio que debe prestarse en las estaciones de servicio.

Nosotros consideramos que esto, que insisto parece intrascendente, se debe elevar acategoría de ley, y para eso se propone reformar el segundo párrafo del artículo 14 Bis de la Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional en el Ramo del Petróleo y se adiciona un artículo 10 Bis y se reforma el artículo 128 de la Ley Federal de Protección al Consumidor, para los efectos de que el servicio que están obligados los concesionados de tener sanitarios en buenas condiciones y gratuitos, sea vigente y se cumpla con esta disposición.

Por tal virtud, compañeras Senadoras y compañeros Senadores, pedirles su comprensión. Seguramente miles de usuarios de las estaciones de servicios, en las que seguramente nos encontramos nosotros mismos, hemos pasado por esta circunstancia y que seguramente el poder reformar la ley para garantizar este servicio, nos lo van a agradecerlos ciudadanos.

Es aquí donde se hace vigente que el Senado de la República está del lado de los ciudadanos y que las cosas que parecen intrascendente sí son tomadas en cuenta por nosotros los Senadores.

Por su atención, muchas gracias.

Muchas gracias, señor Presidente.

(Aplausos)

Iniciativa

SENADOR ERNESTO JAVIER CORDERO ARROYO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
DEL SENADO DE LA REPUBLICA
LXII LEGISLATURA
PRESENTE.

H. ASAMBLEA:

Los suscritos, Senadores JESUS CASILLAS ROMERO y CARLOS ROMERO DESCHAMPS, integrantes del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en esta LXII Legislatura del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, con fundamento en los artículos 4, 8, fracción I  y 164 del Reglamento del Senado de la República, sometemos a la consideración de esta honorable Cámara de Senadores, INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA EL SEGUNDO PARRAFO DEL ARTiCULO 14 BIS DE LA LEY REGLAMENTARIA DEL ARTICULO 27 CONSTITUCIONAL EN EL RAMO DEL PETROLEO Y SE ADICIONA UN ARTICULO 10 BIS Y SE REFORMA EL ARTICULO 128 DE LA LEY FEDERAL DE PROTECCION AL CONSUMIDOR, de conformidad a la siguiente: 

EXPOSICION DE MOTIVOS

El expendio de gasolinas y otros combustibles líquidos producto de la refinación del petróleo que se realizan a través de estaciones de servicio con venta directa al público o de autoconsumo, para el caso que nos ocupa, también denominadas “GASOLINERAS”, operan en el marco de un contrato de franquicia suscrito para tal efecto con los organismos subsidiarios de Petróleos Mexicanos (PEMEX).

En dichos convenios y contratos de Franquicia y de Suministro PEMEX, el Franquiciatario se obliga, entre otras cosas, a operar la Estación de Servicio en estricto cumplimiento al documento denominado “Manual de Operación de la Franquicia Pemex”.

El referido Manual de Operación de la Franquicia Pemex, es un documento en el que se describen procedimientos, funciones, actividades, sistemas, recomendaciones, disposiciones y normas de todas y cada una de las áreas de operación de las Estaciones de Servicio. Contiene las disposiciones en cuanto a la identidad e imagen de la marca Pemex que permita el uso uniforme y asegure la identidad institucional de Petróleos Mexicanos y de la Franquicia Pemex en las Estaciones de Servicio.

Respecto a los servicios que implica la franquicia PEMEX, en su apartado 3.11.2, precisamente de los “SERVICIOS”, el referido manual señala a la letra:

3.11.2. Sanitarios

El consumidor que visita la Estación de Servicio, va con una idea en la mente “Recibir el Mejor Servicio” y una parte muy importante del Servicio al Cliente en la Franquicia Pemex es contar con Servicios Sanitarios, con instalaciones limpias y bien presentadas.

Es por esto, que los servicios sanitarios reflejarán el interés del Franquiciatario por el cliente con instalaciones limpias, en condiciones higiénicas, con material de consumo, mobiliario, accesorios, recubrimientos y mamparas completos y en buen estado, con iluminación adecuada y libre de olores desagradables.

El uso de los servicios sanitarios es parte del Servicio al Cliente y por lo mismo se permitirá el libre acceso sin costo alguno a clientes y acompañantes.

De tal suerte, que como se lee, el servicio sanitario de baños en la estaciones de servicio “GASOLINERAS”, debe ser proporcionado limpio y gratuito; al tenor de que la concesión o franquicia que otorga PEMEX va acompañada de la obligatoriedad de brindar dicho servicio a los usuarios.

No obstante que en los términos planteados, pasa a ser una práctica ilegal el cobro por el uso de sanitarios en las gasolineras, en la realidad, lo cierto es que en la gran mayoría de expendios de gasolina los clientes y sus acompañantes tienen que pagar una tarifa establecida o arbitraria, y en el mejor de los casos una cuota voluntaria por utilizar ese servicio. Los casos pueden ser más graves, cuando además del cobro indebido, los baños se presentan sucios y en mal estado.

Esta práctica, la del cobro por el uso de sanitarios en GASOLINERAS, es cada vez más usual, al grado de que la gran mayoría de estaciones de servicio la realizan. Grave, máxime si consideramos que en México deben existir más de 10 mil estaciones de servicio franquiciadas.

Cobro al que me he venido referido, que implica cuando menos, lo siguiente:

• Un cobro indebido.

• Incumplimiento y violación a las condiciones de la franquicia o concesión PEMEX.

• Afectación a la calidad y servicio que debe prestarse en las estaciones de servicio.

• Afectación al prestigio y buen nombre de la marca PEMEX, que se ha pretendido a través de un servicio de calidad y homogéneo en las estaciones de servicio.

• Un abuso al consumidor o usuario de las estaciones de servicio franquicias PEMEX.

• La tergiversación de lo que inició como un requisito y obligación, para convertirse en un negocio adicional.

• Distorsión de un servicio público.

Los hechos a los que he venido haciendo referencia, tienen ya algunos años de evolución, sin que a la fecha se haya logrado suprimir la práctica indebida del cobro por el servicio de sanitarios en estaciones de servicio, tal vez, por el hecho de que las sanciones que puede imponer PEMEX se tratan de penas convencionales, además de que las inspecciones del mismo PEMEX y de la Secretaría de Energía, se encaminan a asuntos de relación directa con el combustible, no descartando la posibilidad de apatía de la paraestatal, dado que el servicio de sanitarios, como ya se dijo, forma parte integral del servicio de franquicias PEMEX.

No obstante, es necesario el que se tomen medidas al respecto, en bien del usuario o consumidor, del indispensable y escrupuloso cumplimiento de las obligaciones de las franquicias, en bien del prestigio de la marca PEMEX, para lo cual es indispensable el respeto de los compromisos asumidos por los franquiciatarios, en los que el apegarse a los estándares y políticas es esencial para la adecuada operación del sistema de RED DE ESTACIONES DE SERVICIO DE FRANQUICIA PEMEX, dedicadas al expendio de combustibles al público en general.

Las perspectivas desde las cuales se hace indispensable el tomar medidas, en este caso legislativas, las constituyen todos los puntos del esquema de franquicias, ya desde el usuario o consumidor, del franquiciante y de los franquiciatarios mismos.

Así, desde la perspectiva del consumidor, éste al llegar a una estación de servicio tiene la expectativa de recibir el mejor servicio y calidad; luego desde la perspectiva de PEMEX, el proporcionar al público consumidor, combustibles y productos y un servicio de calidad es primordial, pues esto es realizado con su MARCA. Finalmente, la necesidad del cumplimiento de los compromisos asumidos por los franquiciatarios, dado el actuar desobligado en que algunos incurren, desdeñando el compromiso pactado y minimizando el prestigio nacional de PEMEX.

Considero que el nuevo escenario nacional que el país requiere, incluye la disciplina, honestidad y cumplimiento de compromisos, en lo que deviene inválido que se ofenda la buena voluntad de los ciudadanos, y que, si la palabra ni por escrito ni verbal ha sido cumplida por vía de los compromisos contractuales, entonces los elevemos a la categoría de ley y abonemos a lograrlo.

En ese tenor, la propuesta concreta consistiría en consagrar el pacto incumplido como un derecho y al mismo tiempo, obligación legal, sancionado, por cuestiones competenciales, no como asunto del ramo petrolero, sino como un derecho del consumidor de bienes y servicios que deben ser proporcionados bajo ciertas condiciones por cuestiones de servicio público, más que de voracidad comercial.

Así, el asunto se propone abordar desde la competencia comercial y calidad de proveedor de bienes y servicios que también le es atribuida a la estaciones de servicio, por ende, a cargo del Organismo Público Descentralizado Procuraduría Federal de Protección al Consumidor.

Corrobora dicha teoría, el mismo artículo 6 de la Ley Federal de Protección al Consumidor, que a la letra dice:

ARTICULO 6.- Estarán obligados al cumplimiento de esta ley los proveedores y los consumidores. Las entidades de las administraciones públicas federal, estatal, municipal y del gobierno del Distrito Federal, están obligadas en cuanto tengan el carácter de proveedores o consumidores.

Tenor bajo el cual, por razonamiento de mayoría de razón, si los mismos gobiernos, deben respetar los derechos del consumidor, cuando adopten el carácter de proveedores o consumidores de bienes y servicios, con mayor razón, cuando se trate de particulares que proporcionan un servicio preponderantemente público, al amparo de concesiones o franquicias como la del caso que nos ocupa.

En ese orden de ideas, la propuesta que nos permitimos traer a la consideración de esta honorable asamblea, además de proteger los derechos y expectativas de todos los mexicanos respecto de las estaciones de servicio que operan bajo la marca PEMEX, también protegería dicha marca y prestigio, y haría cumplir lo que de inicio fue un requisito para luego tergiversarse en negocio.

Luego, en mérito de la generalidad de la ley e identidad de razón, el mismo tratamiento se estaría sugiriendo para la prestación del servicio accesorio de sanitarios en establecimientos comerciales, en obviedad de razones, respecto de los que no constituyan el giro principal, la igual que en las casetas de cobro de las carreteras de cobro objeto de concesión en los términos de la materia.

Esto, porque en los servicios obligatorios conexos a dichas concesiones carreteras, se incluye el servicio de baños, bajo los siguientes parámetros de calificación en la supervisión correspondiente por parte de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes:

BAÑOS.- Instalaciones con muebles, accesorios y agua suficiente similar al que contaría un baño público. Se calificará lo siguiente:

a) Mínimo la existencia de dos baños, uno para hombres y otro para mujeres.

b) Muebles en buen estado y funcionando (W.C., lavabos, espejos y mingitorios).

c) Accesorios en buen estado y funcionando (llaves, papeleras, toalleros).

d) Productos de consumo sanitario como jabón, papel, toallas, desodorantes.

e) Limpieza.

f) Iluminación y ventilación.

g) Ubicación; entendiéndose con ello la cercanía a las instalaciones que componen a la zona de casetas. De preferencia debe ubicarse lo más cercano al estacionamiento.

h) Disponibilidad de agua.

Así las cosas, la propuesta que tenemos a bien someter a la elevada consideración de esta Honorable Soberanía, es la contenida en la siguiente…

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO MEDIANTE LA CUAL SE REFORMA EL SEGUNDO PARRAFO DEL ARTICULO 14 BIS DE LA LEY REGLAMENTARIA DEL ARTICULO 27 CONSTITUCIONAL EN EL RAMO DEL PETROLEO Y SE ADICIONA UN ARTICULO 10 BIS Y SE REFORMA EL ARTICULO 128 DE LA LEY FEDERAL DE PROTECCION AL CONSUMIDOR.

ARTICULO PRIMERO.- Se reforma el párrafo segundo del artículo 14 Bis de la Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional en el Ramo del Petróleo, para quedar como sigue:

ARTICULO 14 Bis.- (…)

El expendio de gasolinas y otros combustibles líquidos producto de la refinación del petróleo que se realice a través de estaciones de servicio con venta directa al público o de autoconsumo operarán en el marco del contrato de franquicia u otros esquemas de comercialización que al efecto suscriban los organismos subsidiarios de Petróleos Mexicanos con personas físicas o sociedades mexicanas con cláusula de exclusión de extranjeros, de conformidad con la presente Ley y lo dispuesto por la Ley de Inversión Extranjera. Dichos contratos y esquemas de comercialización, deberán establecer como obligación y parte integral de los servicios de las referidas estaciones de servicio, el relacionado con el suministro gratuito de aire y agua; así como el servicio sanitario de baños limpios sin costo para el consumidor y sus acompañantes.

(…)

(…)

(…)

ARTICULO SEGUNDO.- Se adiciona un artículo 10 Bis y se reforma el artículo 128 de la Ley Federal de Protección al Consumidor, para quedar como sigue:

ARTICULO 10 BIS.- En los establecimientos de los proveedores de bienes y servicios que cuenten con servicio sanitario de baños a clientes, su prestación deberá ser gratuita en el caso de que dicho servicio no constituya el giro principal.

Para el caso de las estaciones de servicio para el expendio de gasolinas y otros combustibles líquidos producto de la refinación del petróleo con venta directa al público o de autoconsumo, operadas en el marco de los contratos de franquicia u otros esquemas de comercialización que al efecto suscriban los organismos subsidiarios de Petróleos Mexicanos en los términos de la legislación en la materia, la prestación del servicio sanitario de baños limpios será obligatoria, sin costo para el consumidor y sus acompañantes. Las sanciones administrativas derivadas del incumplimiento del presente precepto, serán sin perjuicio de las penas convencionales o contractuales que resulten aplicables para dichas estaciones de servicio, en los términos de las disposiciones correspondientes. Mismo tratamiento se observará para el servicio sanitario de baños en las casetas de cobro de las carreteras de cuota concesionadas por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.

ARTICULO 128. Las infracciones a lo dispuesto por los artículos 7, 8, 10, 10 BIS 12, 44, 63, 63 Bis, 63 Ter, 63 Quintus, 65, 65 Bis, 65 Bis 1, 65 Bis 2, 65 Bis 3, 65 Bis 4, 65 Bis 5, 65 Bis 6, 65 Bis 7, 73, 73 Bis, 73 Ter, 73 Quáter, 73 Quintus, 74, 76 Bis, 80, 86 Bis, 87, 87 Ter, 92, 92 Ter, 98 Bis y 121 serán sancionadas con multa de $617.41 a $2’414,759.14.

TRANSITORIOS

Unico.-El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el “Diario Oficial de la Federación”.

Dado en el Salón de Sesiones a los 28 días del mes de febrero del 2013.

Suscriben

Sen. Jesús Casillas Romero.- Sen. Carlos Romero Deschamps”.

- El C. Presidente Burgos García: Muchas gracias, Senador Casillas Romero. Se turna a las Comisiones Unidas de Comercio y Fomento Industrial; y de Estudios Legislativos, Segunda.

Tiene el uso de la tribuna el Senador Carlos Mendoza Davis, a nombre propio y de diversos Senadores del grupo parlamentario del PAN, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto que reforma diversos artículos de la Ley General de Deuda Pública, de la Ley de Coordinación Fiscal, de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos y de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos.






INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA DIVERSOS ARTICULOS DE LA LEY GENERAL DE DEUDA PUBLICA, DE LA LEY DE COORDINACION FISCAL, DE LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL, DE LA LEY FEDERAL DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DE LOS SERVIDORES PUBLICOS Y DE LA LEY FEDERAL DE RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PUBLICOS

(Presentada por el C. Senador Carlos Mendoza Davis, a nombre propio y de los CC. Senadores Francisco Domínguez Servién, Luis Fernando Salazar Fernández y José María Martínez Martínez, del grupo parlamentario del PAN)

- El C. Senador Carlos Mendoza Davis: Con su venia, señor Presidente; compañeros Senadores:

Presento esta iniciativa en nombre propio y en el de mis compañeros Senadores Francisco Domínguez Servién, Luis Fernando Salazar y José María Martínez.

Uno de los principales bienes públicos de los que disfrutamos los mexicanos hoy en día es, sin duda alguna, la estabilidad. Se trata de un bien público recuperado.

En doce años de gobiernos panistas logramos, sin duda, alejar la zozobra, recuperar la certidumbre que nuestro patrimonio está a salvo.

Para dar una garantía a los mexicanos de que la estabilidad no se estimará, que la transparencia será la norma y que la rendición de cuentas será la cultura, en días pasados presentamos una reforma constitucional para frenar el endeudamiento irresponsable en estados y en municipios.

A partir de esta iniciativa de reforma constitucional, hay que decirlo, una sana coincidencia ha oxigenado el debate público. No sólo las fuerzas políticas representadas en el Congreso han admitido la urgente necesidad de una reforma que cierra la puerta al endeudamiento irresponsable, especialmente en los niveles estatal y municipal de gobierno.

También se han pronunciado a favor las cámaras y los organismos de representación empresarial, la academia y creo que en general la sociedad en su conjunto.

México se ha pronunciado así a favor de la responsabilidad y nos ha demandado actuar con diligencia y con integralidad.

México exige nuevas condiciones de salvaguarda, reclama garantías para la óptima conducción de su economía, demanda protección y precisa claridad.

Tenemos la alta responsabilidad de honrar la confianza de los mexicanos. Para lograrlo, los Senadores del PAN hemos trabajado de inmediato en las normas que darán viabilidad legal, en su caso, al mandato constitucional.

Para cumplir con la integralidad, proponemos hoy una serie de iniciativas de reforma a las leyes secundarias para que nuestro objetivo se cumpla de manera pronta y se cumpla de manera eficiente.

Proponemos a la par de la reforma constitucional que sometimos a esta Soberanía, ir un paso adelante y proponer iniciativas de reforma a leyes complementarias en la materia, mismas que coadyuvarán a cumplir cabalmente con el objetivo.

Se trata de un paquete de reformas a diversas leyes. La primera de ellas es la Ley de Deuda Pública, en la que pretendemos nosotros definir qué es el endeudamiento público y que sólo podrá destinarse para inversiones productivas, entendidas éstas como obras que directamente produzcan un incremento en los ingresos de los entes públicos, nunca usarse para financiar gasto corriente.

Asimismo, proponemos también que estados y municipios no puedan contratar deuda en periodos electorales ni al final de las administraciones, salvo casos de desastres naturales, contingencias sanitarias y otras emergencias, siempre y cuando estén legalmente declaradas.

Sin duda, parte medular de nuestra iniciativa es otorgar la facultad al Congreso de la Unión para establecer los límites de endeudamiento de estados y municipios, así como las variables para calcular la capacidad de pago como base para determinar los topes de endeudamiento que siempre deberán ser fijados considerando la proporción que representan los desembolsos por servicio de la deuda respecto de la capacidad de inversión que tenga cada ente público. Hay que cuidar que no excedan de una cuarta parte del monto total destinado a la inversión productiva aplicada en el ejercicio fiscal inmediato anterior.

De esta forma, compañeros, se impedirá que una alta proporción del presupuesto de estados y municipios se tenga que destinar a pagar interés y capital de los financiamientos contratados, quedando la entidad sin posibilidad de atender sus necesidades presentes ineludibles, irreductibles, es decir, sus compromisos de gasto corriente como ente público, sus compromisos con sus trabajadores, sus compromisos con sus gobernados.

De igual manera proponemos que toda contratación, emisión de bono, reestructuración y refinanciamiento de deuda pública sea autorizada por las dos terceras partes de los integrantes de la legislatura local correspondiente.

A su vez, pretendemos facultar a la Cámara de Diputados para que por medio de la Auditoría Superior de la Federación, de manera concurrente con los órganos fiscalizadores de los congresos locales, fiscalice los recursos de la deuda pública en los tres órganos de gobierno, y en caso de encontrar irregularidades inicie los procedimientos para determinar y fincar las responsabilidades a que haya lugar.

Se propone también que sea el Senado, Soberanía a la que pertenecemos, al que se le atribuya la facultad de conocer, supervisar y, en su caso, objetar los procesos de contratación, refinanciamiento y reestructuración de deuda pública.

Para tal efecto, se establece la obligación al Senado de emitir su opinión en los 30 días posteriores a que se hace de su conocimiento la aprobación del adeudo por mayoría calificada de la legislatura local que corresponda.

En tanto no se pronuncie el Senado, estados y municipios no podrán contratar deuda alguna. Lo conocemos y lo dice el refrán “Más vale prevenir, que lamentar”.

Además, proponemos que corresponda al Senado conocer y supervisar los casos en los que la Federación entregue apoyos financieros extraordinarios a las entidades federativas y municipios cuando éstos se destinen al cumplimiento de obligaciones económicas sin importar la naturaleza de éstas.

Finalmente, en materia de deuda facultamos a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para llevar un registro completo de la deuda pública de los estados y municipios, toda vez que actualmente sólo se registran las obligaciones garantizadas con recursos federales y no las operaciones a corto plazo o los proyectos de inversión, mismos que se contabilizan como gasto corriente.

Proponemos también modificar la Ley de Coordinación Fiscal. Esta iniciativa propone cambios al registro de deuda pública de los entes públicos, pasando de ser un registro que sólo contenía las obligaciones garantizadas con participaciones federales, a un registro completo que atiende al concepto único y amplio de deuda pública que ya hemos definido en la Ley de Contabilidad Gubernamental haciéndolo aplicable para los tres órdenes de gobierno.

También proponemos reformar la Ley General de Contabilidad Gubernamental, y se establece que los estados y municipios incluyan en su información financiera gubernamental lo relativo a la deuda pública que contraigan con el objeto de que ésta se incluya en los informes periódicos y en la cuenta pública que presenten anualmente los entes a los legislativos correspondientes.

Finalmente, proponemos reformas a las Leyes Federales de Responsabilidades y de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, con el propósito de establecer para los servidores públicos la obligación de cumplir las disposiciones aplicables en materia de deuda pública, así como garantizar que se destinen los recursos obtenidos mediante este instrumento para los cuales se contrató y se establecen sanciones para aquellos que den un manejo indebido a la deuda pública.

Para evitar que el manejo irresponsable de los recursos públicos quede impune, se propone establecer como causa de juicio político para los gobernadores de los estados y los diputados de las legislaturas locales, el manejo indebido de la deuda pública.

Compañeros Senadores y Senadoras, como pueden observar, las presentes modificaciones legales armonizan y dan viabilidad al sistema de control y regulación planteado en la iniciativa de reforma constitucional presentada por el grupo parlamentario de mi partido.

Es nuestra obligación, como legisladores, reconstruir la confianza de nuestros ciudadanos mediante el único instrumento que tenemos en nuestras manos: la ley.

La transparencia no se pacta, no se concerta, no se permuta; las deudas nos inmovilizan, las deudas nos obstruyen, pero sobre todo como nación nos empobrece.

Hagamos del orden en el manejo de las finanzas públicas no sólo una exigencia social, sino también una obligación que se sustente en base a leyes. Quitémonos de encima esas pesadas cadenas que soportan y conceden la opacidad y la irresponsabilidad en entidades y municipios; demos certeza y claridad al futuro de nuestra nación, erijámonos como verdaderas instituciones de resultados, tenemos la oportunidad histórica de fijar un precedente que cimentará nuestro país sobre bases muy sólidas.

Seamos nosotros, compañeros Senadores, quienes iniciemos ese camino hacia el orden y la transparencia en estados y municipios; retomemos la confianza que nos fue depositada por quienes nos otorgaron esta gran responsabilidad y oportunidad de representarlos.

Muchas gracias a todos por su atención.

Iniciativa



- El C. Presidente Burgos García: Muchas gracias, Senador Mendoza Davis. Se turna a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público; y de Estudios Legislativos, Primera.

Sonido en el escaño del Senador Hermosillo y Celada.

- El C. Senador Víctor Hermosillo y Celada: (Desde su escaño) Informo al Senador Mendoza Davis que me quiero adherir a su propuesta.

- El C. Presidente Senador Burgos García: Senador Mendoza Davis, solicitan adherirse los Senadores Hermosillo y Celada y Gómez del Campo. Tome nota la Secretaría de las adhesiones solicitadas.

Tiene el uso de la tribuna la Senadora Alejandra Barrales Magdaleno, del grupo parlamentario del PRD, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto que reforma el artículo 123 constitucional.






INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA LA FRACCION XVI DEL APARTADO A, ASI COMO LA FRACCION X DEL APARTADO B DEL ARTICULO 123 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

(Presentada por la C. Senadora María Alejandra Barrales Magdaleno, del grupo parlamentario del PRD)

- La C. Senadora María Alejandra Barrales Magdaleno: Con su venia, señor Presidente.

Los recursos de los sindicatos son de sus agremiados y no de sus dirigentes sindicales, deben utilizarse en beneficio de sus propios trabajadores.

Esto mismo decíamos los Senadores del PRD hace algunos meses aquí en esta tribuna para defender las reformas en materia de transparencia, rendición de cuentas y democracia sindical que se habían eliminado del dictamen de la pasada propuesta de reforma a la Ley Federal del Trabajo.

La semana pasada, esta frase que acabo de mencionar, Peña Nieto, en un mensaje incluso por cadena nacional, en el que expresaba además que nadie puede estar por encima de la ley.

En noviembre pasado, en esta misma tribuna, los legisladores del PRD denunciamos además el atropello en contra de los derechos de los trabajadores, también denunciamos el intento por mantener la opacidad en la excepción de los sindicatos para su rendición de cuentas.

La rendición de cuentas en materia sindical debe ser una de las principales obligaciones para sus integrantes, la utilización de los recursos provenientes de las cuotas sindicales, las cuotas de los trabajadores, deben ser para el beneficio de ellos mismos, de sus familias y de su trabajo.

Hace algunos meses algunos Senadores argumentaban que establecer principios como democracia sindical, transparencia, rendición de cuentas, iba en contra de lo señalado por nuestra Constitución.

Hoy, el Presidente de la República ha refrendado estos compromisos, esperamos que nos apoyen también en la aprobación de estas iniciativas y de manera particular esperamos que su bancada, los Senadores del PRI, apoyen y acompañen esta línea, esta acción política que hoy abiertamente señala el Presidente Peña Nieto.

Para evitar cualquier dilema, cualquier pretexto constitucional, proponemos a través de esta iniciativa la modificación a la fracción XVI del Apartado A y a la fracción X del Apartado B del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a efecto de establecer como principios rectores del funcionamiento de las organizaciones de los trabajadores la democracia, la transparencia y la rendición de cuentas.

Debemos reconocer que el sindicalismo en nuestro país lleva muchos años estancado, hoy tenemos todavía contratos colectivos que se firman a espaldas de los trabajadores.

Queremos hacer un llamado, queremos convocar para que de una vez por todas se deje de proteger a los líderes sindicales que aparentemente garantizan votos, que prometen estabilidad y en su lugar podamos proteger a los trabajadores que verdaderamente son la base de este país, son el sustento económico de nuestro país y también el sustento social en esta República.

La rendición de cuentas sobre el origen y destino de los recursos de los sindicatos, se han ocultado con el pretexto de que es información confidencial que sólo compete a la propia organización.

Sin embargo, esto es también un secreto hasta para sus propios integrantes, se ha convertido en información clasificada de imposible acceso, incluso para quienes son los donantes de estas cantidades, de estas cuotas.

En esta reforma queremos hacer énfasis en las modificaciones que proponemos, tanto al Apartado B del artículo 123 de la Constitución, así como a los artículos 72, 77, 79 y 89 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, para que también se puedan incorporar a estas mismas obligaciones a los sindicatos que integran este Apartado.

Prácticamente desde su conformación, los sindicatos burocráticos han gozado de un régimen de excepción, de privilegios, por encima de cualquier otro sindicato; y más que los trabajadores, los líderes en algunas ocasiones han impedido que haya esta rendición de cuentas, también quiero decirlo con toda claridad, tenemos que reconocer que en este país, aunque son pocas, hay también honrosas excepciones de organizaciones sindicales que sí rinden cuentas, hay organizaciones que como lo proponemos en esta iniciativa, entregan mensual o semestralmente a cada uno de sus trabajadores firmados por los encargados de la administración de estos recursos, el movimiento de cuánto ingresa y cuánto sale mensualmente de sus organizaciones sindicales y el destino que se da a sus cuotas.

Los acontecimientos suscitados recientemente, y es de todos conocido, a los que se ha hecho alusión ya en reiteradas ocasiones, de la semana pasada, esperamos que sean de verdad no un asunto de justicia selectiva, que no sean un asunto que lleve dedicatoria personal, esperemos que sean el inicio de una política que promueva la rendición de cuentas, la transparencia al interior de las organizaciones sindicales, solamente convirtiendo este acto en una política pública podremos creer que lo realizado recientemente por el Presidente Peña Nieto no es solamente un asunto de justicia selectiva y no es solamente un asunto con dedicatoria personal.

Por eso queremos hacer ese llamado para que este Senado de la República acompañe esta reforma, esta iniciativa y que podamos coincidir en el trato preferente que se dé a la misma, que podamos trabajar juntos para que en este mismo periodo ordinario de sesiones, le demos herramientas al Estado para que podamos hacer de la rendición de cuentas una política pública obligada al interior de las organizaciones sindicales.

En obvio de tiempo entrego las iniciativas, con las propuestas a los artículos de referencia para que sean procesados.

Es cuanto, señor Presidente.

Iniciativa

“SEN. ERNESTO JAVIER CORDERO ARROYO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
DE LA CAMARA DE SENADORES
H. CONGRESO DE LA UNION
PRESENTE.

La suscrita, Senadora María Alejandra Barrales Magdaleno, en uso de las facultades que me confieren los artículos 71 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 55 fracción II del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como del articulo 8 numeral 1, fracción I, 164 numerales 1, 2 y 3, y 169 del Reglamento del Senado de la República, someto a consideración del Pleno de esta H. Cámara de Senadores la presente iniciativa con proyecto de DECRETO QUE REFORMA LA FRACCION XVI APARTADO A, ASI COMO LA FRACCION X DEL APARTADO B, AMBOS DEL ARTICULO 123 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, con el aval del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, al tenor de la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

La lucha histórica por la defensa de los derechos laborales no se puede entender sino es a través de la asociación de los trabajadores en los sindicatos o asociaciones gremiales. Estos entes sindicados que inicialmente fueron objeto de prohibición e incluso de persecución y criminalización en leyes penales, hoy encuentran el reconocimiento desde la ley suprema de nuestra nación, la Constitución Política, específicamente en su artículo 123.

Sin embargo, dicho reconocimiento ha quedado incompleto en cuanto a la satisfacción real de los intereses bajo los que se han asociado los trabajadores, pues si bien es cierto ha sido a través de estos como se han conseguidos grandes beneficios en materia laboral, también es criticable cómo en muchos casos las organizaciones sindicales encumbran intereses ajenos a la mayoría de los agremiados, incluso perjudicando la esencia misma de la defensa de los intereses de sus trabajadores.

Con la presente iniciativa se busca complementar y fortalecer los esfuerzos que hicimos desde la izquierda en la pasada reforma laboral, en donde dimos una lucha por reconocer los principios de rendición de cuentas, transparencia y democracia sindical.

Ante este panorama, proponemos que estos principios sean incorporados en la Carta Magna como presupuestos axiológicos del derecho colectivo del trabajo. Lo anterior vendría a fortalecer la transparencia de las actividades sindicales, así como la toma de decisiones, impulsando la implementación de mecanismos democráticos de participación, así como la rendición de cuentas, generado una asociación entre los intereses que motivan la colectividad trabajadora y la organización en sí misma.

En este caso, debemos considerar que la democracia es un eje que conduce a la toma de decisiones plurales y consensuadas; siendo un principio que enarbola la inclusión de todos y el respeto mutuo de criterios y pensamientos con la intención de lograr acuerdos y avances que beneficien precisamente a esa asociación de intereses.

Bajo esta idea, el desarrollo de las instituciones sindicales como productos sociales no pueden ser entendidos sin su correcta adaptación a las dinámicas de la sociedad misma. Esta adaptación a principios tan elementales como la democracia, la transparencia y la rendición de cuentas no implican trasgresión o violación a la denominada autonomía sindical, sino por el contrario pretenden cumplir con los fines que persigue la esencia de los derechos de los trabajadores y satisfacer una demanda de evolución en la forma de lucha laboral y su desarrollo progresivo como actor dentro de la sociedad que pretende evolucionar.

Podemos afirmar que no puede hablarse de una verdadera libertad sindical si no se observa el cumplimiento de principios como los que venimos a proponer el día de hoy en esta iniciativa.

Para la Organización Internacional del Trabajo (OIT) la democracia sindical resulta fundamental para el avance de los derechos de los trabajadores, en concreto bajo la libertad de asociación, libertad sindical y negociación colectiva.

Dicha consideración internacional se ha planteado en el entendido de que estos conforman un andamiaje de condiciones para la resolución pacífica de los problemas que rodean al mundo laboral. Es decir, no se pueden entender los principios del sindicalismo, y de los derechos laborales, si no es en consonancia con otros principios de trascendencia social como los Derechos Humanos y el desarrollo socioeconómico.

Bajo una idea expansionista de derechos, debemos entender que lejos de limitar se debe propiciar el terreno legal para maximizar el ejercicio de estos derechos colectivos, traduciéndolos en una exigencia de constitucionalización, generando por un lado la tutela de su contenido normativo y por otro su oponibilidad frente a todos, incluida la legislación secundaria.

En consonancia con un ideal neoconstitucionalista la incorporación valorativa de estos elementos de organización sindical al texto supremo implicaría, tal como dice Prieto Sanchís “…más principios que reglas; más ponderación que subsunción; omnipresencia de la Constitución en todas las áreas jurídicas y en todos los conflictos mínimamente relevantes, en lugar de espacios exentos en favor de la opción legislativa o reglamentaria…y por último, coexistencia de una constelación plural de valores…”1

De esta manera proponemos que se de el impulso desde la Constitución de aquellos valores que deben prevalecer en el desarrollo del sindicato, dando así las bases para el cumplimiento efectivo de los derechos a favor de los trabajadores, y sin que existan pretextos para su debido cumplimiento y desarrollo bajo consideraciones erróneas como el que se estaría impidiendo el libre desarrollo de las actividades sindicales o la denominada libertad sindical.

Cabe destacar que por lo que respecta a la democracia sindical el Comité de Libertad Sindical de la OIT, en una decisión de 1996 declaró que el establecimiento de principios legislativos de democracia sindical, como el voto universal, libre, directo y secreto para la elección de dirigentes sindicales no vulnera la libertad sindical.

La imposición por vía legislativa del voto directo, secreto y universal para elegir a los dirigentes sindicales no plantea problemas de conformidad con los principios de la libertad”. 2

Democratizar la toma de decisiones implica legitimar los actos de la colectividad, no monopolizar su decisión, significa evitar abusos como los que se dan a través de dirigencias blancas o sindicatos fantasmas.

Ahora bien, en lo que respecta a negociación colectiva por medio de contratos colectivos o condiciones generales de trabajo, la Declaración de la Conferencia Internacional del Trabajo de la OIT de 1998 sobre“Los principios y derechos fundamentales en el trabajo”, acordó que la “Libertad de asociación y la libertad sindical, así como el reconocimiento efectivo del derecho de negociación colectiva3 resulta prioritario dentro de un esquema de desarrollo para el derecho de los trabajadores.

Bajo esta idea, resulta imperativo tener un referente constitucional que fortalezca los mecanismos para el ejercicio de los derechos de los trabajadores, que finque las bases para la toma de decisiones democráticas en las relaciones colectivas entre estos y los patrones, ya sean particulares o el propio Estado.

Otro elemento crítico, ha sido la falta de transparencia y de rendición de cuentas dentro de las actividades sindicales. Esta desafortunada situación ha dado pie a que exista un manejo incierto y discrecional de los recursos y bienes que conforman el patrimonio de la organización sindical dando incluso origen a líderes sindicales con grandes fortunas, obtenidas de formas inexplicables.

Ante esta realidad, debemos ratificar la propuesta de reformular el ejercicio del principio de rendición de cuentas dentro de los sindicatos, generando acciones que transparenten los actos y el manejo de las cuotas sindicales, donde sea a partir de la Constitución donde se reconozca este principio como un valor obligatorio en las actividades constantes de las asociaciones de trabajadores en todo el país, y no solo como un gesto gracioso a partir de la voluntad de una dirigencia, sino como parte de un principio constitucional elemental.

Con esta inclusión constitucional no se impide ni se limita el ejercicio de un derecho, por el contrario se optimizan dentro de un marco constitucional de democracia, transparencia y rendición de cuentas, fortaleciendo la legitimidad de los actos sindicales y la legalidad en beneficio de todos los trabajadores.

Los principios a los que se aspira contar dentro del mundo sindical deben aplicar de igual forma a los trabajadores al servicio del Estado, como a los trabajadores regulados por el apartado A del artículo 123 Constitucional, por ello es que las modificaciones que se proponen abarcan ambos esquemas de relación laboral, pues estos principios deben ser generales, y no exclusivos o excluyentes de un ámbito de trabajo.

Así se propone que en la constitución y en las actividades de todos los sindicatos del orden nacional se incorporen tres principios orientadores fundamentales, como valores de orientación dentro de la vida y organización de estos, considerándolos en esencia a partir de su concepción de entidades de interés público:

1. Transparencia: considerando que el acceso a la información sindical no solo implica u obliga a proporcionar o exhibir documentación, sino también a difundirla en beneficio de sus agremiados, impidiendo su secrecía. Hay que puntualizar que no se considera como un sinónimo de la rendición de cuentas, sino en virtud de su complementariedad, como un principio axiológico que posibilite la apertura de información al escrutinio, análisis y valoración de los agremiados mediante su petición o difusión, y como dispositivo para tener conocimiento pleno sobre el funcionamiento y desarrollo de las actividades de su sindicato, teniendo así la posibilidad de generar criterios calificativos en relación a dicha actuación o dirección.

2. Rendición de cuentas: entendida bajo la consideración de claridad y acceso en la información relativa a la obtención, manejo y destino de los recursos, así como bienes que obtiene el sindicato para el desarrollo de sus actividades ordinarias,que a su vez integran el patrimonio de esa organización de trabajadores. Este principio de orientación parte de la intención de contar con elementos centrales dentro de la representación de intereses que ostenta el sindicato, y paralelamente como herramienta para garantizar la honestidad y eficacia en el manejo de su patrimonio.

3. Democracia: como un principio de libertad dentro del sindicato, con una dimensión individual es decir a partir de la participación de cada trabajador, y con una dimensión colectiva, teniendo así una relevancia para toda la sociedad, dando paso a mecanismos que posibiliten la manifestación y decisión en todos aquellos actos que impliquen una afectación en la esfera jurídica, derivada de ese vínculo gremial, teniendo trabajadores participativos, informados y al mismo tiempo responsables de esas decisiones colectivas.

De esta manera, se propone en esta reforma que la democracia, la transparencia y la rendición de cuentas sean principios funcionales dentro de un estado constitucional de derecho, y bajo una idea garantista benéfica para todos los trabajadores sin importar ante quien se celebren los contratos, a que organizaciones pertenezcan o bajo qué ley se rijan sus relaciones, por ello, en razón de lo expuesto y fundado presento la siguiente iniciativa que contiene el siguiente:

PROYECTO DECRETO

PRIMERO.- Se adicionan un párrafo a la fracción XVI y los incisos a), b) y c), del apartado A, del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar de la siguiente manera:

Artículo 123.…

A. …

I. aXV. …

XVI. Tanto los obreros como los empresarios tendrán derecho para coaligarse en defensa de sus respectivos intereses, formando sindicatos, asociaciones profesionales, etc., los cuales deberán constituirse bajo los principios de transparencia, rendición de cuentas, certeza, gratuidad, inmediatez, imparcialidad y respeto a la libertad, autonomía, equidad y democracia sindical, considerando:

a) Transparencia como máxima publicidad, acceso y conocimiento de todas sus actividades en beneficio de sus integrantes.

b) Rendición de cuentas respecto del origen, manejo y destino de los recursos y bienes de manera periódica, así como cuando se solicite.

c) Democracia como una forma permanente de funcionamiento y organización, así como para la elección de su directiva a través del voto libre, secreto, directo o indirecto y de todos aquellos actos que impliquen la creación, modificación, extinción o cualquier afectación jurídica de sus derechos.

La Ley reglamentaria fijará las bases para su desarrollo, así como las sanciones aplicables por el incumplimiento de estas obligaciones.

SEGUNDO.- Se modifica la fracción X del artículo 123, aparatado B, desagregándose para adicionar los incisos a), b) y c), así como un párrafo penúltimo y último, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar de la siguiente manera:

Artículo 123.…

B. …

I. a IX. …

X. Los trabajadores tendrán el derecho de asociarse para la defensa de sus intereses comunes, bajo los principios de transparencia, rendición de cuentas, certeza, gratuidad, inmediatez, imparcialidad y respeto a la libertad, autonomía, equidad y democracia sindical, considerando:

a) Transparencia como máxima publicidad, acceso y conocimiento de todas sus actividades en beneficio de sus integrantes.

b) Rendición de cuentas respecto del origen, manejo y destino de los recursos y bienes de manera periódica, así como cuando se solicite.

c) Democracia como una forma permanente de funcionamiento y organización, así como para la elección de su directiva a través del voto libre, secreto, directo o indirecto y de todos aquellos actos que impliquen la creación, modificación, extinción o cualquier afectación jurídica de sus derechos.

La Ley reglamentaria fijará las bases para su desarrollo, así como las sanciones aplicables por el incumplimiento de estas obligaciones..

Podrán, asimismo, hacer uso del derecho de huelga previo el cumplimiento de los requisitos que determine la ley, respecto de una o varias dependencias de los Poderes Públicos, cuando se violen de manera general y sistemática los derechos que este artículo les consagra;

TRANSITORIOS

Primero.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo.- El Congreso de la Unión deberá realizar las adecuaciones a las leyes reglamentarias en un plazo no mayor de 120 días a efecto de hacer efectivo el presente Decreto.

Tercero.- Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente Decreto.

Cuarto.- Remítase al titular del Poder Ejecutivo Federal para su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el Pleno de la H. Cámara de Senadores, México, Distrito Federal, a 5 de marzo de 2013.

Sen. Alejandra Barrales Magdaleno.- Sen. Luis Miguel Gerónimo Barbosa Huerta.- Sen. Dolores Padierna Luna.- Sen. Víctor Manuel Camacho Solís.- Sen. Lorena Cuéllar Cisneros.- Sen. Angélica de la Peña Gómez.- Sen. Mario Delgado Carrillo.- Sen. Fidel Demédicis Hidalgo.- Sen. Alejandro de Jesús Encinas Rodríguez.- Sen. Adán Augusto López Hernández.- Sen. Fernando Enrique Mayans Canabal.- Sen. Iris Vianey Mendoza Mendoza.- Sen. Raúl Morón Orozco.- Sen. Luz María Beristain Navarrete.- Sen. Isidro Pedraza Chávez.- Sen. Sofío Ramírez Hernández.- Sen. Armando Ríos Piter.- Sen. Zoé Robledo Aburto.- Sen. Angel Benjamín Robles Montoya.- Sen. Adolfo Romero Lainas.- Sen. Rabindranath Salazar Solorio.- Sen. Luis Sánchez Jiménez”.

1 PRIETO SANCHÍS, Luís. “Derechos fundamentales, neoconstitucionalismo y ponderación judicial”. 1era reimpresión. Lima: Palestra, 2007. 121 p.

2 La libertad sindical. Recopilación de decisiones y principios del Comité de Libertad Sindical del Consejo de Administración de la OIT. Ginebra; Quinta edición (revisada) 2006

3Libertad de asociación y la libertad sindical y el reconocimiento efectivo del derecho de negociación colectiva” en http://www.ilo.org/declaration/principles/freedomofassociation/lang--es/index.htm






INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA DIVERSOS ARTICULOS DE LA LEY FEDERAL DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO, REGLAMENTARIA DEL APARTADO B DEL ARTICULO 123 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, Y DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO

(Presentada por la C. Senadora María Alejandra Barrales Magdaleno, del grupo parlamentario del PRD)

- La C. Senadora María Alejandra Barrales Magdaleno: Con su venia, señor Presidente.

Los recursos de los sindicatos son de sus agremiados y no de sus dirigentes sindicales, deben utilizarse en beneficio de sus propios trabajadores.

Esto mismo decíamos los Senadores del PRD hace algunos meses aquí en esta tribuna para defender las reformas en materia de transparencia, rendición de cuentas y democracia sindical que se habían eliminado del dictamen de la pasada propuesta de reforma a la Ley Federal del Trabajo.

La semana pasada, esta frase que acabo de mencionar, Peña Nieto, en un mensaje incluso por cadena nacional, en el que expresaba además que nadie puede estar por encima de la ley.

En noviembre pasado, en esta misma tribuna, los legisladores del PRD denunciamos además el atropello en contra de los derechos de los trabajadores, también denunciamos el intento por mantener la opacidad en la excepción de los sindicatos para su rendición de cuentas.

La rendición de cuentas en materia sindical debe ser una de las principales obligaciones para sus integrantes, la utilización de los recursos provenientes de las cuotas sindicales, las cuotas de los trabajadores, deben ser para el beneficio de ellos mismos, de sus familias y de su trabajo.

Hace algunos meses algunos Senadores argumentaban que establecer principios como democracia sindical, transparencia, rendición de cuentas, iba en contra de lo señalado por nuestra Constitución.

Hoy, el Presidente de la República ha refrendado estos compromisos, esperamos que nos apoyen también en la aprobación de estas iniciativas y de manera particular esperamos que su bancada, los Senadores del PRI, apoyen y acompañen esta línea, esta acción política que hoy abiertamente señala el Presidente Peña Nieto.

Para evitar cualquier dilema, cualquier pretexto constitucional, proponemos a través de esta iniciativa la modificación a la fracción XVI del Apartado A y a la fracción X del Apartado B del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a efecto de establecer como principios rectores del funcionamiento de las organizaciones de los trabajadores la democracia, la transparencia y la rendición de cuentas.

Debemos reconocer que el sindicalismo en nuestro país lleva muchos años estancado, hoy tenemos todavía contratos colectivos que se firman a espaldas de los trabajadores.

Queremos hacer un llamado, queremos convocar para que de una vez por todas se deje de proteger a los líderes sindicales que aparentemente garantizan votos, que prometen estabilidad y en su lugar podamos proteger a los trabajadores que verdaderamente son la base de este país, son el sustento económico de nuestro país y también el sustento social en esta República.

La rendición de cuentas sobre el origen y destino de los recursos de los sindicatos, se han ocultado con el pretexto de que es información confidencial que sólo compete a la propia organización.

Sin embargo, esto es también un secreto hasta para sus propios integrantes, se ha convertido en información clasificada de imposible acceso, incluso para quienes son los donantes de estas cantidades, de estas cuotas.

En esta reforma queremos hacer énfasis en las modificaciones que proponemos, tanto al Apartado B del artículo 123 de la Constitución, así como a los artículos 72, 77, 79 y 89 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, para que también se puedan incorporar a estas mismas obligaciones a los sindicatos que integran este Apartado.

Prácticamente desde su conformación, los sindicatos burocráticos han gozado de un régimen de excepción, de privilegios, por encima de cualquier otro sindicato; y más que los trabajadores, los líderes en algunas ocasiones han impedido que haya esta rendición de cuentas, también quiero decirlo con toda claridad, tenemos que reconocer que en este país, aunque son pocas, hay también honrosas excepciones de organizaciones sindicales que sí rinden cuentas, hay organizaciones que como lo proponemos en esta iniciativa, entregan mensual o semestralmente a cada uno de sus trabajadores firmados por los encargados de la administración de estos recursos, el movimiento de cuánto ingresa y cuánto sale mensualmente de sus organizaciones sindicales y el destino que se da a sus cuotas.

Los acontecimientos suscitados recientemente, y es de todos conocido, a los que se ha hecho alusión ya en reiteradas ocasiones, de la semana pasada, esperamos que sean de verdad no un asunto de justicia selectiva, que no sean un asunto que lleve dedicatoria personal, esperemos que sean el inicio de una política que promueva la rendición de cuentas, la transparencia al interior de las organizaciones sindicales, solamente convirtiendo este acto en una política pública podremos creer que lo realizado recientemente por el Presidente Peña Nieto no es solamente un asunto de justicia selectiva y no es solamente un asunto con dedicatoria personal.

Por eso queremos hacer ese llamado para que este Senado de la República acompañe esta reforma, esta iniciativa y que podamos coincidir en el trato preferente que se dé a la misma, que podamos trabajar juntos para que en este mismo periodo ordinario de sesiones, le demos herramientas al Estado para que podamos hacer de la rendición de cuentas una política pública obligada al interior de las organizaciones sindicales.

En obvio de tiempo entrego las iniciativas, con las propuestas a los artículos de referencia para que sean procesados.

Es cuanto, señor Presidente.

Iniciativa

“Senador Ernesto Javier Cordero Arroyo
Presidente de la Mesa Directiva
de la Cámara de Senadores
H. Congreso de la Unión
Presente.

La suscrita, Senadora María Alejandra Barrales Magdaleno, en uso de las facultades que me confieren los artículos 71 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 55 fracción II del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como del articulo 8 numeral 1, fracción I, 164 numerales 1, 2 y 3, y 169 del Reglamento del Senado de la República, someto a consideración del Pleno de esta H. Cámara de Senadores la presente iniciativa con proyecto de DECRETO QUE REFORMA LOS ARTICULOS 72, FRACCION III; ADICIONAN LAS FRACCIONES V Y VI, Y UN PARRAFO ULTIMO AL ARTICULO 77; ADICIONA LA FRACCION VI DEL ARTICULO 79; Y MODIFICA EL ARTICULO 89, DE LA LEY FEDERAL DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO, REGLAMENTARIA DEL APARTADO B) DEL ARTICULO 123 CONSTITUCIONAL; ASI COMO LA REFORMA A LOS ARTICULOS 371, FRACCION IX; 373; SE ADICIONAN LOS ARTICULOS 388 BIS Y 390 DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO, con el aval del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, al tenor de la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

El derecho de sindicación laboral tiene como objetivo fundamental la unificación de intereses para la defensa de los derechos de los trabajadores. Históricamente estas organizaciones gremiales encuentran su concepción jurídica en los movimientos obreros a partir de la revolución industrial, desarrollo que ha ido a la par de las evolución de las relaciones entre los factores de la producción, el cual se ha situado bajo la finalidad de contar con una fuerza unificada para equilibrar la balanza de negociación frente a un poder de hecho en la relación de trabajo, es decir frente al patrón, ya sea un particular, o en el caso de los burócratas frente al Estado.

Tal evolución, y conquista histórica, ha tenido su reconocimiento a nivel internacional, por ejemplo en el artículo 2 del Convenio 87 sobre la Libertad Sindical y la Protección del Derecho Sindical, de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) establece que los trabajadores, como los patrones, tienen derecho a constituir organizaciones para la defensa de sus derechos, sin ninguna distinción particular y sin necesidad de una autorización previa.

La Conferencia Internacional del Trabajo, adoptó en junio de 1998 la Declaración sobre “Los Principios y Derechos Fundamentales en el Trabajo y su Seguimiento”, en donde se establece La libertad de asociación y la libertad sindical y el reconocimiento efectivo de los derechos de negociación colectiva, como “un instrumento que propicia el acuerdo entre trabajadores y empleadores sobre cuestiones que afectan al mundo del trabajo, está vinculada indisolublemente a la libertad sindical.” Este reconocimiento a su vez, obliga a los Estados Miembros a “respetar, promover y hacer realidad la libertad de asociación y la libertad sindical, y el reconocimiento efectivo del derecho de negociación colectiva…”1

Sin embargo, a pesar de este panorama de reconocimiento, este organismo internacional laboral ha reconocido queLos derechos relativos al ejercicio efectivo de la libertad de asociación siguen siendo uno de los déficit más claros para conseguir cumplir con la agenda de trabajo decente que promueve la OIT.”2

En nuestro marco nacional, este derecho deriva de la Constitución, la cual posibilita la creación tanto de sindicatos de trabajadores particulares, como aquellos que están al servicio del Estado.3 Por su parte, las leyes reglamentarias del apartado A y B del artículo 123 constitucional coinciden en la finalidad de las organización sindicada, es decir en el estudio, mejoramiento y defensa de los intereses de los trabajadores.4

Bajo este orden de ideas, debemos reconocer que la relevancia del sindicato en nuestro país ha sido a partir de su aportación en el desarrollo y alcance de los derechos laborales, bajo el principio del trabajo organizado con justicia social, y como ente legitimado para la negociación de las relaciones contractuales generando así una aportación en el desarrollo de la política social nacional.

Sin embargo, también debemos considerar que nuestro sindicalismo ha sido rebasado por las exigencias actuales, tal es el caso por ejemplo de las organizaciones de los trabajadores al servicio del Estado, de ahí que se contemple en esta iniciativa la actualización de la Ley secundaria del apartado B del artículo 123 constitucional a efecto de empatar sus dispositivos legales a las necesidades y dinámicas de la exigencia laboral.

Así se propone complementar aquellos pendientes que quedaron en la pasada modificación a la Ley Federal del Trabajo en materia de derechos sindicales y que hoy resultan más que atendibles en su reforma.

Las modificaciones a estas dos Leyes son indispensables en un momento coyuntural como el que atravesamos en materia del buen uso del patrimonio de los sindicatos, así como para el fortalecimiento de los principios elementales que deben regir la vida de estas organizaciones en aras de su desarrollo progresivo y en beneficio de la clase trabajadora.

En la pasada discusión de la reforma laboral, se propusieron realizaron modificaciones tanto en la Cámara de origen como en la revisora que limitaron estos derechos, por tanto, se considera pertinente retomar la discusión en esta materias, con las propuestas originales que ya han sido objeto de discusión, pero que en la actualidad y como lo advertimos en su oportunidad, se considera necesario establecer con claridad las obligaciones de las directivas de los sindicatos sobre el manejo de los recursos, las negociaciones de las condiciones laborales y la elección de sus dirigentes.

Democracia sindical

La democracia al interior de un sindicato no puede ser vista sino como un eje que conduce en la toma de decisiones, bajo una idea de pluralidad, inclusión y consenso, beneficiando a todos los integrantes de esa colectividad.

Como se demostró en este Senado en el debate dado por la izquierda en la pasada reforma laboral, el derecho al voto libre, directo y secreto lejos de representar una limitación a la libertad y a la autonomía sindical, resultan afines al fortalecimiento de la misma entidad laboral y benéfico para los trabajadores.

Cabe decir que esta consideración encuentra sustento en la Organización Internacional del Trabajo (OIT) a través del Comité de Libertad Sindical del Consejo de Administración, bajo el criterio de:

La imposición por vía legislativa del voto directo, secreto y universal para elegir a los dirigentes sindicales no plantea problemas de conformidad con los principios de libertad sindical5

También dentro de la concepción de los denominados derechos humanos laborales se sustenta bajo el reconocimiento de los valores humanos fundamentales, más aun si consideramos que tanto la democracia como el derecho a ejercer el voto se encuentran asignados en instrumentos internacionales como la Carta de las Naciones Unidas, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, la Carta Democrática Interamericana de la Organización de Estados Americanos y en la Convención Americana de Derechos Humanos o “Pacto de San José”

De esta forma, la OIT ha confirmado que “la libertad sindical implica el derecho de los trabajadores y de los empleadores a elegir libremente a sus representantes6 además de que “el derecho a elegir libremente a sus dirigentes constituye una condición indispensable para que puedan actuar efectivamente con toda independencia y promover con eficacia los intereses de sus afiliados7

Es así que también encontramos la obligación constitucional de promover y garantizar el cumplimiento de los Derechos Humanos dentro del país y sus instituciones sociales, tales como los sindicatos; más aún cuando el artículo 6º de la Ley Federal del Trabajo dispone que los tratados internacionales suscritos por México serán aplicables en todo lo que beneficie al trabajador, legislación supletoria por lo dispuesto en el artículo 11 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B) del artículo 123 Constitucional.

Es de mencionar que el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales de 1976 salvaguarda el derecho de las organizaciones sindicales a funcionar sin obstáculos y sin más limitaciones que las establecidas en la ley necesarias para una sociedad democrática; en ese tenor es oportuno señalar que el establecer modelos democráticos para el ejercicio de la actividad sindical por medio de la legislación no representa violación a su autonomía como organizaciones laborales.

Nuestro máximo tribunal desarrolló en una jurisprudencia de 20088 los elementos básicos para el ejercicio de la democracia sindical, mencionando principalmente que:

• Es en el marco de un sistema democrático de libertad sindical, el voto personal, libre, directo y secreto de los trabajadores.

• Es bajo estas condiciones donde puede comprobarse la voluntad e irrestricta de cada uno de ellos, protegiendo la confidencialidad, autenticidad y libertad de su voluntad.

• Ejercer su voto dentro de un sistema de vida democrático y de libertad sindical, es una garantía social íntimamente ligada a las libertades de expresión y asociación.

Bajo estas consideraciones la democracia es un elemento indispensable para el desarrollo de una sociedad y de sus instituciones; tal relevancia toma carácter cuando en el artículo 3º constitucional se definió no solo como un régimen político sino como “un sistema de vida fundado en el constante mejoramiento económico, social y cultural del pueblo”.

En este sentido, una de las propuestas que sometemos radica en que se incluya en la legislación secundaria el derecho para que en los procedimientos de elección de dirigencia se den a partir de una base fundamental de democracia.

Ahora bien, otro pendiente ha sido el de la democratización de los contratos colectivos o en su caso de las condiciones generales de trabajo. Ante esto debemos atender una situación que en la práctica se ha pervertido completamente, pasando de ser un instrumento de lucha laboral, a uno de beneficio únicamente para la dirigencia sindical o como control en favor del patrón, ya sea particular o del Estado.

Incluso la OIT ha puesto énfasis en la necesidad de atender el problema que se da en relación a la nula o escasa participación que tienen los trabajadores asociados en el sindicato para manifestar su voluntad respecto de la suscripción de un “Pacto Sindical9, pues en el informe 35910 de 2011, está práctica fue descrita como parte de una “democracia ficticia” lo que a su vez ha implicado, en reconocimiento de este órgano internacional, un problema de violación a la democracia sindical.

Proponemos entonces que si en origen un trabajador, cualquiera que sea su régimen, decide asociarse libremente en un sindicato, le sea reconocido un derecho implícito a la negociación colectiva directa, como parte de sus derechos fundamentales en el trabajo, evitando así el sometimiento involuntario a condiciones que incluso le pueden afectar, tal como sucede en los denominados “contratos de protección” o en casos de suscripción de condiciones de trabajo, donde es completamente desconocido por los trabajadores, pues no se les consulta y por ende carecen de información sobre su contenido.

Es decir, si no se verifican las condiciones materiales para que el trabajador pueda acceder individualmente a la negociación colectiva no se puede hablar de una verdadera libertad de asociación, pues se le excluye de una consulta que al final impacta, ya sea creando o modificando condiciones, en la esfera jurídica de su relación laboral.

De esta forma se fundamenta la iniciativa para incorporar este principio en la legislación secundaria del artículo 123 constitucional. Por un lado en la Ley burocrática que hasta el momento es carente de dicha consideración, por el otro fortalecer ese principio en la Ley Federal del Trabajo.

Rendición de cuentas

Dentro de un Estado verdaderamente democrático, la rendición de cuentas es considerada como una característica fundamental para el ejercicio de los derechos inherentes a los ciudadanos, pero también como herramienta en el control sobre el gasto público y en los actos que derivan de la actuación de sus instituciones.

El artículo 6º constitucional reconoce el derecho a la información como un derecho fundamental en vías de expansión; también a nivel internacional existen diversos instrumentos que enuncian este principio, tales como la Declaración Universal de los Derechos Humanos,11 Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos,12 Convención Interamericana de Derechos Humanos,13 y la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Es así como consideramos que en la organización laboral sea de reconocimiento a este valor jurídico y como consecuencia de su expansión progresiva pueda ser ejercido por todos los agremiados. Máxime cuando los integrantes de dicha colectividad adquieren derechos y obligaciones, tales como el pago de cuotas para la consecución de los objetivos planteados desde esa organización.

De ahí que se plantee su inclusión en la Ley reglamentaria del apartado B del artículo 123 constitucional, y también para fortalecer las disposiciones en la Ley Federal del Trabajo, específicamente en la forma de cumplir con esta disposición en beneficio de los trabajadores, ya que a pesar de que se incluyó esta modalidad en la pasada reforma, está resulta insuficiente ante situaciones evidentes en ciertos sindicatos, como el desvío de recursos, el manejo opaco o el enriquecimiento inexplicable de algunas dirigencias.

Se propone así que se incluya por vez primera esta disposición de rendir cuentas en la legislación de los trabajadores al servicio del estado, bajo mecanismos efectivos que hagan posible el cumplimiento de esa obligación, siempre en beneficio de los agremiados, fortaleciendo el control sobre el origen, uso y destino de los recursos y bienes que integran el patrimonio sindical y evitando como hemos dicho, su uso inadecuado.

De igual manera, se modifica en la Ley Federal del Trabajo para apuntalar la forma en la que se habrá de rendir cuentas a los integrantes de un sindicato, evitando interpretaciones subjetivas o a la discrecionalidad de las dirigencias. Si bien es cierto que se reformó recientemente ese contenido, también es que con esta reforma se pretende fortalecer en aras de evitar desvíos o usos indebidos.

Planteamos la reforma en ambas leyes para que la rendición de las cuentas sobre el manejo de los recursos sindicales esté fincada bajo un principio de obligatoriedad y de mecanismos para hacerlos cumplir, ya sea incluso por vía de solicitud ante la instancia correspondiente.

No pasa desapercibido el criterio de la Suprema Corte de Justicia de la Nacional, considerando que los recursos de los sindicatos que son producto de las cuotas de los trabajadores no son objeto de información pública, sin embargo, respetando ese criterio se pretende establecer una vía que obligue por medio de la ley a dar a conocer el estado que guarda el patrimonio a los propios agremiados, como parte del derecho accesorio como es el de información, ambos complementarios con la democracia sindical.

Transparencia

Este principio de máxima publicidad en todos los actos relativos a los sindicatos es un gran pendiente dentro de la legislación burocrática, la cual debe estar en consonancia con las exigencias de la sociedad y de los trabajadores en particular, de poder conocer el desarrollo de las actividades dentro de los sindicatos regulados por el apartado B del artículo 123 constitucional.

Se propone así que se incluya la obligación de la autoridad jurisdiccional en materia del trabajo para hacer pública de cualquier consulta de información tanto de registro de los sindicatos, como de las condiciones generales de trabajo, así se establece expresamente la obligación del Estado a través de sus órganos facultados para garantizar el cumplimiento de este derecho.

Además, con ello se evitará la discrecionalidad en las actuaciones de las dirigencias sindicales, pues estarán en constante escrutinio por medio de su transparencia, además estarán satisfaciendo las condiciones para cumplir con un derecho fundamental como es el de información.

Es importante mencionar que las modificaciones legales a estos dos dispositivos no trastocan los derechos de los sindicatos, ni su autonomía o libertad, sino por el contrario se les fortalece por medio de una participación mucho más activa de todos los agremiados, vinculándose responsablemente con el desarrollo de las actividades cotidianas de su sindicato.

Es así que incluso la OIT ha confirmado que “los derechos conferidos a las organizaciones de trabajadores y de empleadores se basan en el respeto de las libertades civiles enumeradas, en particular, en la Declaración Universal de Derechos Humanos y en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y que el concepto de derechos sindicales carece totalmente de sentido cuando no existen tales libertades civiles14

Con este fundamento sometemos la inclusión de los principios de democracia sindical, transparencia y rendición de cuentas en la legislación aplicable a los trabajadores al servicio del Estado; pero también para que estos sean replanteados dentro de la Ley Federal del Trabajo, y con ello atender los pendientes dentro del sindicalismo mexicano, por ello en razón de lo expuesto y fundado presento la siguiente iniciativa que contiene el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO

PRIMERO.- Se reforman los artículos 72, fracción III; se adicionan las fracciones V y VI, y un párrafo último al artículo 77; se adiciona la fracción VI del artículo 79; y se modifica el artículo 89, todos de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B) del Artículo 123 Constitucional, para quedar de la siguiente manera:

Artículo 72.-

I. … a II. …

III.- El acta de la sesión en que se haya designado la directiva mediante el voto libre, directo o indirecto y secreto, o copia autorizada de aquella, y

IV. …

Artículo 77.

I. … a IV. …

V.- Rendir cuentas ante la asamblea general sobre el ingreso, ejercicio y destino de las cuotas o aportaciones y los bienes que integren el patrimonio sindical, al menos cada seis meses, entregando una copia de dicho informe a cada uno de los trabajadores pertenecientes al sindicato dentro de los diez días siguientes a cada periodo. En todo momento se respetará el derecho de los trabajadores para solicitar información adicional a la contenida en los informes presentados por la directiva ante la asamblea.

VI.- Someter a la aprobación mediante votación directa, libre y secreta de sus miembros las Condiciones Generales de Trabajo.

Cualquier agremiado podrá demandar el cumplimiento de las fracciones V y VI ante la instancia u órgano interno de resolución de controversias del propio sindicato. Agotado este procedimiento o a falta de este, podrán tramitarlo ante el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje para hacer efectivo el cumplimiento de dichas obligaciones.

Artículo 79.

I. … a V. …

VI.- Limitar el derecho de sus agremiados a solicitar información sobre la administración del patrimonio o aquella otra en relación a los derechos derivados de la vinculación sindical.

Artículo 87.- Las Condiciones Generales de Trabajo se fijarán por el Titular de la Dependencia respectiva, tomando en cuenta la opinión del Sindicato correspondiente a solicitud de éste y conforme la fracción VI del artículo 77 de esta ley; se revisarán cada tres años.

Artículo 90.

El TribunalFederal de Conciliación y Arbitraje hará pública para consulta de cualquier persona, la información de los registros de los sindicatos y las condiciones generales de trabajo que obren en su poder. Asimismo, deberán expedir copias de los documentos que obren en los expedientes que contengan dicha información, en términos de lo dispuesto por la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.

TRANSITORIOS

Primero. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo.- Remítase al titular del Poder Ejecutivo Federal para su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

SEGUNDO.- Se reforman los artículos 371, fracción IX; 373; se adicionan los artículos 388 bis y 390, todos de la Ley Federal del Trabajo, para quedar de la siguiente manera:

Artículo 371. Los estatutos de los sindicatos contendrán:

I. a VIII. …

IX. Procedimiento para la elección de la directiva y número de miembros, salvaguardando el libre ejercicio del voto y su secrecía, ya sea de manera directa o indirecta;

Artículo 373. La directiva de los sindicatos, en los términos que establezcan sus estatutos,y conforme el inciso b) de la fracción XVI del apartado A del artículo 123 constitucional deberá rendir a la asamblea cada seis meses, por lo menos, cuenta completa y detallada de la administración del patrimonio sindical. Bajo este principio se entregará un informe individualizado a cada uno de los miembros del sindicato respecto del estado y destino del patrimonio sindical por cuotas, aportaciones o cualquier otro concepto, incluidos los bienes. Esta obligación no es dispensable, debiéndose dar cumplimiento dentro de los primeros 10 días naturales de cada periodo.

Artículo 388 Bis. Conforme los incisos a) y c) de la fracción XVI del artículos 123 constitucional apartado A, todo sindicato que pretenda la celebración de un contrato colectivo de trabajo, deberá promover ante la Junta Federal o Local de Conciliación y Arbitraje competente, la solicitud correspondiente, que deberá reunir los requisitos siguientes:

I. La solicitud de celebración de contrato colectivo de trabajo se presentará por escrito en duplicado, por el sindicato que represente trabajadores al servicio del patrón. El escrito se dirigirá al patrón y en él se formularán las peticiones que comprenderán el proyecto de estipulaciones del contrato colectivo de trabajo y la determinación de los salarios. El sindicato solicitante, deberá acompañar copia certificada del registro de la directiva sindical y de sus estatutos.

II. La Junta de Conciliación y Arbitraje, actuando bajo su más estricta responsabilidad y dentro de las 48 horas siguientes, hará llegar al patrón la copia de la solicitud y le requerirá, con apercibimiento de las sanciones a que se establecen en esta Ley, para que dentro del término de 72 horas contadas a partir de la notificación le exhiba por duplicado y bajo protesta de decir verdad, un listado de los trabajadores a su servicio que contenga respecto de cada uno de ellos, nombre completo ordenado alfabéticamente por el primer apellido, fecha de ingreso al trabajo, Registro Federal de Contribuyentes, Registro ante el Instituto Mexicano del Seguro Social, puesto de trabajo, y domicilio del centro de trabajo en que se presta el servicio. La notificación y sus anexos deberá ser hecha del conocimiento por el patrón a los trabajadores a su servicio a más tardar el día siguiente al en que la hubiere recibido.

III. Una vez recibido por la Junta de Conciliación y Arbitraje el listado a que se refiere la fracción II de este artículo, mandará notificar el listado a los trabajadores al servicio del patrón, mediante la publicación en los centros de trabajo en que se presten los servicios, así como en el boletín oficial de la Junta.

Dentro de los cinco días siguientes, contados a partir de la última de las notificaciones a que se refiere esta fracción, los demás sindicatos que representen trabajadores al servicio del patrón, podrán adherirse a la solicitud de celebración del contrato colectivo de trabajo y al efecto, exhibirán a la Junta de Conciliación y Arbitraje, los documentos a que se refiere la fracción I del presente artículo y, en su caso, podrán hacer manifestaciones sobre el listado exhibido por el patrón. De estas adhesiones se notificará al patrón dentro de las 48 horas siguientes a su promoción para los efectos de la fracción II y primer párrafo de la fracción III de este artículo.

IV. Transcurridos los cinco días de la última notificación que se hiciere en términos de la fracción anterior, la Junta de Conciliación y Arbitraje, dará vista a las partes con los listados y sindicatos que en su caso se hayan adherido, para que dentro del término de 72 horas manifiesten lo que a su derecho corresponda. En caso de existir objeciones, la Junta citará a las partes para una audiencia de ofrecimiento y rendición de pruebas en la que resolverá de plano.

V. Transcurrido el plazo a que se refiere la fracción anterior, o desahogada la audiencia a que alude, la Junta de Conciliación y Arbitraje, dentro de las 24 horas siguientes, dictará acuerdo en el que señalará fecha y hora para la realización del recuento a que se refiere el artículo 931 de esta Ley, que deberá efectuarse dentro del término de las 48 horas siguientes, bajo las siguientes modalidades:

a) Mediante el principio de democracia sindical y por mediodel voto libre, directo y secreto, los trabajadores expresarán su voluntad de preferencia respecto de alguno de los sindicatos solicitantes o de oposición a la celebración del contrato colectivo de trabajo.

b) Las cédulas de votación deberán emitirse en un número igual al de las personas documentadas en el padrón y estar debidamente selladas y autorizadas por la Junta de Conciliación y Arbitraje, debiendo aparecer en ellas los nombres de los sindicatos que sean parte en el procedimiento relativo, un círculo a la altura de cada uno de dichos nombres, así como la leyenda “no acepto el contrato colectivo de trabajo” y un círculo a la altura de tal leyenda, a efecto de que pueda ser emitido el voto marcando una cruz en el círculo correspondiente al sindicato de la preferencia del emisor del voto o en contra de la celebración del contrato colectivo de trabajo.

c) La decisión de los trabajadores a favor de alguno de los sindicatos solicitantes, deberá adoptarse por el voto de la mayoría relativa de participantes con derecho a voto, siempre que la suma de votos a favor del o los sindicatos solicitantes, representen la tercera parte o más del total de los trabajadores al servicio del patrón.

d) La decisión de los trabajadores en contra de la celebración del contrato colectivo deberá adoptarse por el voto de cuando menos las dos terceras partes de los trabajadores con derecho a voto.

VI. Si el recuento favorece a alguno de los sindicatos solicitantes, la Junta de Conciliación y Arbitraje, bajo su más estricta responsabilidad, dentro de las 24 horas hará la declaratoria y dentro de las siguientes 24 horas notificará personalmente al patrón y al o los sindicatos, dando un plazo de diez días hábiles para concluir pláticassobre el contenido del contrato colectivo de trabajo con el sindicatofavorecido con el voto de los trabajadores, quien será el único legitimado para celebrar el contrato colectivo de trabajo.En caso de que las partes no se pongan de acuerdo sobre el contenido del contrato colectivo de trabajo, el sindicato favorecido con el voto de los trabajadores podrá emplazar a huelga exigiendo la celebración y firma de dicho contrato colectivo.

VII. Si el resultado del recuento es en contra de la celebración del contrato colectivo, la Junta de Conciliación y Arbitraje, dentro de las 24 horas siguientes, hará la declaratoria y dispondrá el archivo del expediente como asunto total y definitivamente concluido, ordenando notificar personalmente a las partes.

VIII. El procedimiento a que se refiere este artículo será obligatorio para la celebración y depósito deun contrato colectivo de trabajo, en consecuencia no se dará trámite al depósito de un contrato colectivo de trabajo ni alemplazamiento a huelga por firma de contrato colectivo de trabajo cuando no se haya desahogado el procedimiento a que se refiere el presente artículo.

Artículo 390.-

No se podrá depositar el contrato colectivo cuando no se acredite el cumplimiento de lo establecido en el artículo 388 bis.

TRANSITORIOS

Primero. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo.- Remítase al titular del Poder Ejecutivo Federal para su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Salón de sesiones de la Cámara de Senadores, a 5 de marzo de 2013.

Sen. Alejandra Barrales Magdaleno.- Sen. Luis Miguel Gerónimo Barbosa Huerta.- Sen. Dolores Padierna Luna.- Sen. Víctor Manuel Camacho Solís.- Sen. Lorena Cuéllar Cisneros.- Sen. Angélica de la Peña Gómez.- Sen. Mario Delgado Carrillo.- Sen. Fidel Demédicis Hidalgo.- Sen. Alejandro de Jesús Encinas Rodríguez.- Sen. Adán Augusto López Hernández.- Sen. Fernando Enrique Mayans Canabal.- Sen. Iris Vianey Mendoza Mendoza.- Sen. Raúl Morón Orozco.- Sen. Luz María Beristain Navarrete.- Sen. Isidro Pedraza Chávez.- Sen. Sofío Ramírez Hernández.- Sen. Armando Ríos Piter.- Sen. Zoé Robledo Aburto.- Sen. Angel Benjamín Robles Montoya.- Sen. Adolfo Romero Lainas.- Sen. Rabindranath Salazar Solorio.- Sen. Luis Sánchez Jiménez”.

- El C. Presidente Burgos García: Muchas gracias, Senadora Alejandra Barrales.

Sonido en el escaño del Senador Búrquez Valenzuela.

- El C. Senador Francisco de Paula Búrquez Valenzuela: (Desde su escaño)Si me permite adherirme a su iniciativa.

- El C. Presidente Burgos García: De acuerdo, se toma nota. Como se trata de una propuesta con dos alcances, el proyecto de reformas constitucionales se turna a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; y de Estudios Legislativos, Segunda; y por lo que se refiere al proyecto de Reformas a la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado y a la Ley Federal del Trabajo, se turna a las Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión Social; y de Estudio Legislativos, Segunda.

1 VEGA-RUIZ, María Luz. “Libertad de asociación, libertad sindical y el reconocimiento efectivo del derecho de negociación colectiva en América Latina. El desarrollo practico de un principio fundamental”. Geneva: Oficina Internacional del Trabajo, 2004.

2 En http://www.ilo.org/declaration/info/publications/freedomofassociation/WCMS_DECL_WP_22_SP/lang--es/index.htm

3 Fracción XVI del Apartado A; y fracción X del Apartado B, respectivamente del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

4 Artículo 67 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B) del Artículo 123 Constitucional; y artículo 356 de la Ley Federal del Trabajo.

5 Recopilación 1996, párrafo 360. OIT

6 En http://training.itcilo.it/ils/foa/library/digestdecisions_es/23092.htm

7Ibíd.

8Recuento para determinar la titularidad del contrato colectivo de trabajo previsto en el artículo 931 de la Ley Federal del Trabajo. Las Juntas de Conciliación y Arbitraje deben ordenar y garantizar que en su desahogo los trabajadores emitan voto personal, libre, directo y secreto. Jurisprudencia laboral 9ª época; 2ª Sala; S.J.F. y su Gaceta XXVIII, octubre de 2008; p.451

9institución original cuya esencia no corresponde a la de los contratos, permitiéndonos el termino pacto, aludir a esa facultad del sindicato de trabajadores para imponer a la empresa la discusión y firma de dicho instrumento. Estimamos también, que la denominación de sindical corresponde al origen de esta nueva figura, entendida como una conquista de la sindicación obrera sobre el sistema jurídico-político del individualismo; por otra parte, el término es congruente con la finalidad de esta figura, destinada a incrementar las condiciones laborales mediante la acción articulada de los sindicatos de trabajo…para reconocer esta institución como fuente de derecho objetivo.” en SANTOS AZUELA, Héctor. “Estudios de Derecho Sindical y del Trabajo”. 1ª edición, México: UNAM-IIJ, 1987, p 82.

10 http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_153535.pdf

11 Artículo 19

12 Artículo 19

13 Artículo 13

14Recopilación de 1985, párrafos 69 y 72, y 241.er informe, caso núm. 1309, párrafo 795.); en “Recopilación de decisiones del Comité de Libertad Sindical. Tabla de materias” http://white.oit.org.pe/spanish/260ameri/oitreg/activid/proyectos/actrav/sindi/general/documentos/decisiones.pdf

Tiene el uso de la tribuna la Senadora Blanca Alcalá Ruiz, a nombre de Senadoras del grupo parlamentario del PRI, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto que reforma los artículos 219 y 220 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.






INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE DEROGA EL NUMERAL 2 DEL ARTICULO 219 Y REFORMA EL NUMERAL 1 DEL ARTICULO 220 DEL CODIGO FEDERAL DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES

(Presentada por la C. Senadora Blanca María del Socorro Alcalá Ruiz, a nombre propio y de las CC. Senadoras Diva Hadamira Gastélum Bajo, Ivonne Liliana Alvarez García, Angélica del Rosario Araujo Lara, María Cristina Díaz Salazar, Hilda Esthela Flores Escalera, Margarita Flores Sánchez, Arely Gómez González, Marcela Guerra Castillo, Lisbeth Hernández Lecona, Juana Leticia Herrera Ale, Ana Lilia Herrera Anzaldo, Lilia Guadalupe Merodio Reza, Graciela Ortiz González, Claudia Artemiza Pavlovich Arellano, María del Rocío Pineda Gochi, Itzel Sarahí Ríos de la Mora, Mely Romero Celis y María Lucero Saldaña Pérez, del grupo parlamentario del PRI)

- La C. Senadora Blanca Alcalá Ruiz: Gracias, señor Presidente; compañeras y compañeros integrantes del Senado:

Acudo a esta tribuna esta mañana, para presentar en nombre propio y de mis compañeras Senadoras del grupo parlamentario del PRI, la presente iniciativa para modificar los artículos 219 y 220 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, que permitan garantizar una mayor participación de las mujeres y evitar la simulación o los obstáculos que suelen presentarse cuando, en inclusión de las mujeres, se trata de la selección de candidaturas a los diversos cargos de elección popular.

La iniciativa recoge la resolución misma del tribunal en la materia emitida el 30 de noviembre del 2011, y responde a una realidad que a pesar de que este año se cumplirán 60 años de los derechos políticos de las mujeres, definitivamente parecía lento en los cambios que registraba el país.

La resolución, debemos reconocerlo, permitió acelerar definiciones y asumir posiciones para lograr una mayor y real participación de las mujeres en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores del Congreso Nacional, la conformación del actual Congreso da cuenta de aquella histórica resolución que hoy hace posible la participación de 187 Diputadas y 42 Senadoras que conforman la presente legislatura.

Decisiones y acciones afirmativas de esta naturaleza suelen encontrar posiciones encontradas, algunos señalarán que no sólo es importante, sino necesaria una mayor equidad hasta lograr igualdad, pero también hay que destacar que habrá voces que consideren para qué queremos las mujeres mayor acceso al poder.

Cuál es el reto que tenemos no solamente al obtener candidaturas, sino sobre todo al ganar elecciones, o peor aún, quienes piensen que este tipo de resoluciones resultan caprichosas y sólo buscan en esos instrumentos refugiar la participación de las mujeres a nuestra condición de género.

Vale la pena señalar que nada debe estar más lejos a estos señalamientos.

Queremos, las mujeres, acceder al poder para modificar la realidad que muestra que aún las oportunidades de empleo, para este sector de la población, siguen siendo limitadas. Deseamos un mayor número de mujeres en la toma de decisiones para impulsar políticas públicas que modifiquen la violencia que aún persiste en las familias y que ayer mismo al conmemorarse los trabajos en el marco del Día Internacional de la Mujer, seguían refiriendo que 7 de cada 10 mujeres en el mundo sufren algún tipo de violencia.

Queremos una mayor participación porque pensamos no solamente estar en estos temas, sino también porque decidamos tomar parte en las decisiones difíciles, pero también en los temas importantes que se discuten en el país. En éstos que he escuchado en esta mañana, lo mismo en los temas de deuda, que en los temas económicos, lo mismo los temas de asuntos sindicales que en los temas de energía.

Ahí queremos estar las mujeres, y por ello es que presentamos esta iniciativa que lo que busca es dejar atrás aquellas condiciones que en más de una ocasión simplemente parecía ser una cuota de género, que puede ser una dádiva y no hablar en la construcción de una verdadera sociedad democrática de pleno derecho para todas las mujeres.

Podría seguir enunciando muchos de los comentarios y de los argumentos que en su momento fueron discutidos en el Tribunal, sin embargo, quiero terminar, primero, señalando reconocimientos a quienes hicieron posible este recurso y que hoy estoy pidiendo que se haga vigente en la legislación actual.

Avancemos, compañeras y compañeros, en la construcción de una sociedad de vigencia plena de derechos, partamos de la necesidad de que ser iguales es la única manera para poder lograr ser mejores.

Muchas gracias, señor Presidente.

Le pido que el texto completo pueda quedar impreso en el Diario de los Debates correspondiente.

Muchas gracias.

(Aplausos)

Iniciativa

“BLANCA MARIA DEL SOCORRO ALCALA RUIZ, DIVA HADAMIRA GASTELUM BAJO, IVONNE LILIANA ALVAREZ GARCIA, ANGELICA DEL ROSARIO ARAUJO LARA, MARIA CRISTINA DIAZ SALAZAR, HILDA ESTHELA FLORES ESCALERA, MARGARITA FLORES SANCHEZ, ARELY GOMEZ GONZALEZ, MARCELA GUERRA CASTILLO, LISBETH HERNANDEZ LECONA, JUANA LETICIA HERRERA ALE, ANA LILIA HERRERA ANZALDO, LILIA GUADALUPE MERODIO REZA, GRACIELA ORTIZ GONZALEZ, CLAUDIA ARTEMIZA PAVLOVICH ARELLANO, MARIA DEL ROCIO PINEDA GOCHI, ITZEL SARAHI RIOS DE LA MORA, MELY ROMERO CELIS Y MARIA LUCERO SALDAÑA PEREZ, SENADORES DE LA REPUBLICA INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO EN LA FRACCION II DEL ARTICULO 72 CONSTITUCIONAL Y EN LA FRACCION I DEL NUMERAL 1 DEL ARTICULO 8° Y LOS NUMERALES 1 Y 2 DEL ARTICULO 164 DEL REGLAMENTO DEL SENADO DE LA REPUBLICA, SOMETEN A CONSIDERACION DEL PLENO DE LA CAMARA DE SENADORES INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE DEROGA EL NUMERAL 2 DEL ARTICULO 219 Y REFORMA EL NUMERAL 1 DEL ARTICULO 220 DEL CODIGO FEDERAL DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES, CON BASE EN LA SIGUIENTE:

EXPOSICION DE MOTIVOS

La resolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación del 30 de noviembre de 2011, con motivo del Juicio para la protección de los derechos políticos electorales del ciudadano, identificado con el número de expediente SUP-JDC-12624/2011 y acumulados, promovido por las CC. María Elena Chapa Hernández, María de las Nieves García Fernández, María Cruz García Sánchez, Refugio Esther Morales Pérez, Rocío Lourdes Reyes Willie, María Fernanda Rodríguez Calva, María Juana Soto Santana, Martha Angélica Tagle Martínez, María de los Ángeles Moreno Uriegas y Laura Cerna Lara, constituye un momento significativo en la promoción de los derechos políticos con perspectiva de género.

La falta de una regulación suficientemente clara en el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (COFIPE), propició que la aplicación de las normas conocidas como de cuota de género, no fueran consistentes en sus propósitos y sus resultados no incidieran de manera significativa en un equilibrio razonable en la representación popular entre mujeres y hombres ante las cámaras del Congreso de la Unión hasta hoy día, no obstante, que desde el año de 1996 se han llevado a cabo reformas en la ley para regular la proporción de géneros en la representación política.

El equilibrio razonable entre mujeres y hombres en los cargos públicos, no es una cesión de derechos ni tampoco una deferencia masculina hacia las mujeres, sino el reconocimiento de la influencia y relevancia que tiene la mujer en la vida pública del país y de las condiciones de iniquidad, de orden social y cultural, que impiden el desarrollo de sus potencialidades y limitan su contribución a la sociedad. Tal reflexión ha llevado a construir paulatinamente un andamiaje jurídico que busca garantizar una participación razonable de los géneros en la vida política del país, no sin la resistencia de parte de determinados círculos políticos que han encontrado diversos modos para posponer la corresponsabilidad de los géneros en el ejercicio de la función pública.

La primera inclusión importante en la legislación electoral con perspectiva de género, fue hecha en el marco de una amplia reforma al anterior código electoral, vigente entre los años de 1990 y 2008, en la cual se incluyó el tema en un artículo transitorio del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (D.O.F. del 22 de noviembre de 1996). El texto fuesiguiente:

TRANSITORIOS.- …

Vigésimo Segundo.- Los partidos políticos nacionales considerarán en sus estatutos que las candidaturas por ambos principios a diputados y senadores, no excedan del 70% para un mismo género. Asimismo promoverán la mayor participación política de las mujeres.

La consecuencia jurídica de este enunciado no significó un incremento significativo en el número de representantes ante el Congreso de la Unión de género femenino.En la Legislatura LV (1994-1997) hubo 70 diputadas propietarias; en la Legislatura LVI (1997-2000) se incrementó a 87 y en la Legislatura LVIII (2000-2003) bajó a 80 designaciones, lo que significó porcentualmente 14.1; 17.1 y 16 por ciento respectivamente. Ciertamente los partidos políticos acataron el mandato del artículo transitorio, sin embargo, al presentar las fórmulas de propietarios y suplentes, muchas candidatas fueron asignadas a distritos electorales muy competidos o, de plano, con posibilidades remotas de ganar en la contienda electoral. En cambio, el número de diputadas suplentes para esas tres legislaturas fue de 100, 120 y 207 respectivamente. La situación no fue muy distinta en el Senado de la República, ya que el año de 1994, al inicio de la LVI Legislatura, hubo 16 senadoras de un total de 128 escaños y en el año 2000, en plena vigencia del artículo vigésimo primero transitorio del decreto referenciado, se incrementó sólo a 20 el número de senadoras propietarias electas.

El diseño normativo del artículo vigésimo segundo transitorio designó como sujeto responsable del cumplimiento de la norma de cuota de género a los partidos políticos, los cuales debían adaptar en sus estatutos la obligación de que las candidaturas por los principios de mayoría relativa y representación proporcional para diputados y senadores al Congreso de la Unión, no excedieran del 70 por ciento para un mismo género. Siendo esta la perspectiva, la autoridad quedó a cargo de aprobar, por una parte, la armonización de los estatutos de los partidos políticos con la norma de cuota de género, y, por la otra, verificar el cumplimiento de la misma al momento de registro de los candidatos a representantes populares.

De este modo, el principio de autoridad para garantizar la participación de, al menos, un treinta por ciento de mujeres en las fórmulas de las cámaras, quedó a cargo de los órganos directivos de los partidos políticos y su aprobación correspondió a la autoridad electoral sin que, en el fondo, la norma pretendiera que, al menos, un 30 por ciento de los cargos federales de elección popular fueran ostentados por mujeres. Cabe destacar que el diseño normativo no estableció un mecanismo que precisara el carácter del registro respecto de la proporción establecida por la norma, es decir, no estaba claro si debía garantizarse, al menos, un 30 de representación de género femenino o masculino en las candidaturas, si éstas debían corresponden únicamente a propietarios o si incluían a los suplentes.

El 30 de abril de 2002, seis años después de la vigencia de la norma de cuota de género, fue votado en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores una nueva reforma que modificó el COFIPE vigente en esos años y que estableció, ahora sí en la ley, la obligación de que en la integración de las fórmulas, tanto de las candidaturas a diputados como de senadores que presentaran los partidos políticos o las coaliciones ante el Instituto Federal Electoral, IFE, en ningún caso incluyeran más del setenta por ciento de candidatos propietarios de un mismo género.

Dicho decreto fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el 24 de junio de 2002 que, entre otros asuntos, adicionó los artículos 17-A, 175-B y 175-C y, al mismo tiempo, derogó el artículo vigésimo segundo transitorio del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, aquel que delegaba la responsabilidad del ejercicio de la cuota de género en los partidos políticos y cuyo espíritu fue incorporado en la fracción I del artículo 4° y en el inciso s) numeral 1 del artículo 38 en esa misma reforma. Con una reflexión diferente, en el considerando 13 del dictamen discutido en la Cámara de Diputados, se señaló lo siguiente:

“.. Uno de los objetivos de las mujeres a lo largo de los últimos años haya sido lograr que en el COFIPE, se incluyan en un artículo transitorio la recomendación: "Los partidos políticos nacionales considerarán en sus estatutos que las candidaturas por ambos principios a diputados y senadores, no excedan del 70 por ciento para un mismo género. Asimismo promoverán la mayor participación política de las mujeres. ´Sin embargo, con pesar vemos que esta disposición no ha sido del todo cumplida, como tampoco lo ha sido el hecho de que los partidos políticos promuevan, en los términos que determinen sus documentos internos, una mayor participación de las mujeres en la vida política del país, a través de su postulación a cargos de elección popular´. En este caso, la limitante es que no se prevé un mecanismo para el cabal cumplimiento de la norma, originando que algunos partidos políticos simulen su apego a ella incluyendo candidaturas de mujeres en el apartado de suplencias u otorgándoles calidad de propietarias pero situándolas en los últimos lugares de las listas de representación proporcional”.

En el dictamen que sobre el mismo decreto formularon las comisiones de Gobernación y de Estudios Legislativos del Senado de la República se hizo la siguiente afirmación:

“La modificación que se pretende se convertirá en un mecanismo que evite que los partidos políticos simulen el cumplimiento de las disposiciones del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales a través de la inclusión de candidaturas de mujeres en el apartado de suplencias o solamente otorgándoles calidad de propietarias, pero situadas en los últimos lugares de las listas de representación proporcional”.

El propósito de la reforma fue regular de una forma más precisa y con una estrategia normativa distinta las disposiciones sobre cuota de género, ya que las normas previas no fueron lo suficientemente eficaces para incrementar la presencia de las mujeres en la representación Federal del Congreso de la Unión. Desde esta perspectiva y en el contexto de un nuevo intento por fortalecer la perspectiva de género en el COFIPE, se incluyeron lo siguientes artículos:

Artículo 175-A

De la totalidad de solicitudes de registro, tanto de las candidaturas a diputados como de senadores que presenten los partidos políticos o las coaliciones ante el Instituto Federal Electoral, en ningún caso incluirán más del setenta por ciento de candidatos propietarios de un mismo género.

Artículo 175-B

1. Las listas de representación proporcional se integrarán por segmentos de tres candidaturas. En cada uno de los tres primeros segmentos de cada lista habrá una candidatura de género distinto. Lo anterior sin perjuicio de los mayores avances que en esta materia señale la normatividad interna y los procedimientos de cada partido político.

Artículo 175-C

1. Hecho el cierre del registro de candidaturas, si un partido político o coalición no cumple con lo establecido en los artículos 175-A y 175-B, el Consejo General del Instituto Federal Electoral le requerirá en primera instancia para que en el plazo de 48 horas, contadas a partir de la notificación, rectifique la solicitud de registro de candidaturas y le apercibirá de que, en caso de no hacerlo le hará una amonestación pública.

2. Transcurrido el plazo a que se refiere el párrafo anterior, el partido político o coalición que no realice la sustitución de candidatos, será acreedor a una amonestación pública y el Consejo General del Instituto Federal Electoral le requerirá, de nueva cuenta, para que en un plazo de 24 horas, contadas a partir de la notificación, haga la corrección. En caso de reincidencia se sancionará con la negativa del registro de las candidaturas correspondientes.

3. Quedan exceptuadas de lo señalado en los numerales 1 y 2 del presente artículo las candidaturas de mayoría relativa que sean resultado de un proceso de elección mediante voto directo.

La nueva formulación subsanó, en primer término, la falta de precisión normativa respecto de si propietarios debían ser de un mismo género en al menos un treinta por ciento. Asimismo, la norma estableció que el criterio de la cuota de género se aplicara tanto a partidos políticos como a coaliciones, figura ausente hasta ese momento en la normatividad especial, restituyó la responsabilidad de la aplicación de la norma a la autoridad electoral a cargo del registro y estableció un procedimiento para garantizar que los partidos políticos cumplieran con los términos del decreto o, de lo contrario, se harían acreedores a un apercibimiento, luego a una amonestación y, en caso de no atender el llamado del IFE, a la negación del registro de las candidaturas correspondientes. Adicionalmente se incluyó un segundo artículo transitorio que estableció que “Lo dispuesto en los artículos 175-A, 175-B y 175-C se aplicará por lo menos para la celebración de los cinco procesos electorales federales siguientes a la entrada en vigor del presente Decreto”, cuya finalidad era garantizar en el tiempo el incremento de la presencia razonable y coparticipación de ambos géneros en el Congreso de la Unión.

No obstante, la reforma incluyó un cláusula de exclusión para la aplicación matemática de la cuota de género, incorporada en el numeral 3 del artículo 175 C, consistente en exceptuar del porcentaje general a aquellas candidaturas de mayoría relativa que fueran resultado de un proceso de elección mediante voto directo, circunstancia que fue interpretada de distintos modos por cada instituto político y que dio como consecuencia que en las listas de candidatos a diputados y senadores por los dos principios electorales, se presentaran porcentajes muy diferentes de participación de mujeres entre uno y otro partido. De hecho, la aplicación de la elección interna de candidaturas en cada uno de los partidos o alianzas, propició que las candidaturas de las mujeres por los dos principios, se concentrara en la representación proporcional por disposición de la ley y disminuyera significativamente en la representación uninominal cuando los distritos de los que se trataba quedaban excluidos de la cuota de género por la realización de elecciones de voto directo.

La reforma descrita entró en vigor en las elecciones intermedias a la LIX Legislatura celebradas en el año de 2003 y sus resultados fueron los siguientes en la Cámara de Diputados: contendieron en calidad de suplentes 202 mujeres por el conjunto de partidos políticos, pero como propietarias fueron electas únicamente 120, es decir, el 24 por ciento respecto del conjunto de la Cámara de Diputados y, hasta ese momento, el mayor número de legisladoras en la Cámara Baja. Para la elección del año 2006 en esa Cámara participaron 212 mujeres como suplentes de sus fórmulas y 113 propietarias obtuvieron su constancia de mayoría. En esa ocasión, en el Senado participaron cinco senadoras suplentes en las fórmulas ganadoras y 20 propietarias obtuvieron el triunfo por los distintos principios de integración de ese órgano legislativo.

En el año de 2008 se publicó un nuevo Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (D.O.F. 14 de enero de 2008) para la regulación de las elecciones con base en la reforma constitucional que estableció nuevas reglas para el uso de los medios de comunicación por parte de los partidos políticos, además de que incorporó la figura del voto por voto en contiendas muy cerradas, la desaparición de la Comisión de Fiscalización del Instituto Federal Electoral, así como la incorporación de nuevas disposiciones de control del gasto de campaña de los institutos políticos en relación con el secreto bancario. Sin duda, se trató de una reforma amplia sobre diversos aspectos y que, en mucho, atendió las divergencias derivadas de la contienda electoral presidencial del año de 2006.

En ese contexto, también hubo modificaciones relevantes a la denominada cuota de género. En general, el contenido de los artículos 175 A, 175 B y 175 C se mantuvo y fue asignado a los artículos 218, 219 y 220 con los siguientes cambios: las fórmulas a diputados y senadores debían integrase, al menos, por un 40 por ciento de candidatos propietarios de un mismo género, a diferencia del texto previo que preveía como límite hasta el 70 por ciento de un mismo género; las listas de representación proporcional ahora se integrarían por segmentos de cinco candidaturas, dos de las cuales serían de distinto género, además de que se presentarían de manera alternada. En la norma abrogada, los segmentos se integraban por tres candidaturas, una de las cuales era de género diferente y no se configuraban de manera alternada necesariamente.

Una diferencia sustantiva, fue la modificación del concepto de excepción de las candidaturas de mayoría relativa respecto de la aplicación de la cuota de género. A fin de brindar certidumbre, el legislador modificó los términos del concepto utilizado en el Cofipe previo, en relación con los distritos cuyas elecciones fueran resultado de un proceso de elección mediante voto directo, precisamente por el carácter genérico del enunciado, y lo cambió sobre la base de que la elección en el distrito de que se tratara fuera resultado de un proceso democrático, conforme a los estatutos de cada partido. De esta forma, la autoridad electoral mantenía una actitud respetuosa de la vida interna de los institutos políticos, conforme al espíritu de la reforma, y mantenía vigente el principio democrático que debe prevalecer en cualquier elección.

La consecuencia jurídica de los enunciados del nuevo COFIPE, fue un incremento, no significativo, en el número de mujeres que llegaron a ambas cámaras del Congreso Federal: de un total demil 397 candidaturas de todos los partidos cuyas fórmulas fueron presididas por mujeres, resultaron triunfadoras 141 (28.2 por ciento). Cabe destacar que, de acuerdo a los datos proporcionados por un estudio de Francisco Javier Aparicio, del total de aspirantes a diputados, el 48.63 por ciento y el 31.31 por ciento fueron mujeres bajo los principios de representación proporcional y mayoría relativa respectivamente1.

Debe señalarse que la idea de integrar las fórmulas, al menos, por un 40 por ciento de candidatos propietarios de un mismo género, no se traduce en que las cámaras del Congreso de la Unión tengan un mínimo de 200 diputadas (40 por ciento) y 51 senadoras (40 por ciento), sino que en las fórmulas que se registren para la contienda electoral, independientemente de los resultados, se garantice una participación razonablemente equilibrada de mujeres y hombres. De hecho, parte del contenido del artículo 218 y la última oración del numeral 1 del artículo 219, establece que la designación de candidatos se debe hacer procurando llegar a la paridad, sin que este sea el mandato expreso o vinculante, sino un propósito correspondiente con una visión de la democracia que va más allá de la regla de mayoría, como expresión de la inclusión de los géneros de manera corresponsable en la construcción y conducción de las decisiones de Estado y gobierno.

Los propósitos de las modificaciones a las normas de cuota de género, dieron como resultado que las candidaturas de mujeres se concentraran en los distritos de mayoría relativa en los cuales no hubo elecciones democráticas y, donde además, los partidos tenían dificultades para ganar. Asimismo, también se concentraron en las listas de representación proporcional por disposición expresa de la ley. El incremento de los lugares ocupados por las mujeres en el Congreso de la Unión no fue necesariamente resultado de una vocación democrática de los partidos políticos comprometidos con la idea de la igualdad de la mujer y el hombre en las oportunidades de acceso al desempeño de las tareas de interés público, sino un mecanismo impulsado por el avance de la legislación con perspectiva de género.

Esta idea se apoya en una conclusión del investigador Francisco Javier Aparicio Castillo cuando señala que:

“En resumen, los resultados del proceso electoral federal de 2009 indican que el efecto de las reformas a las cuotas de género fue mixto. Por un lado, la reforma al Cofipe, que incrementó la cuota de género de 30% a 40%, produjo un aumento notable en la proporción de candidaturas, al pasar de 35% en 2006 a 38.9% en 2009. Este aumento fue observado sobre todo en las candidaturas por el principio de representación proporcional, mismas que pasaron del 42.6% en 2006 a 48.6% en 2009, mientras que las candidaturas de mayoría relativa sólo aumentaron de 30% a 31.3%”.2

Adicionalmente, fue en esta elección en donde se presentó el fenómeno de las denominadas juanitas, que consistió en que diputadas de diferentes partidos políticos solicitaron licencia por tiempo indefinido y cuyos suplentes, en todos los casos, eran del género masculino. Esta circunstancia fue criticada ampliamente por legisladoras de distintas corrientes políticas y por la opinión pública, en virtud de que se evadía un mandato expreso de la ley bajo un procedimiento que, hasta ese momento, había pasado inadvertido por las promotoras y promotores de la igualdad de género en la representación popular. Alrededor de doce diputadas cedieron su curul por compromisos de diversa naturaleza, con lo cual se afectó la proporción de la representación de los géneros en la Cámara de Diputados en detrimento de la presencia de las mujeres.

Al ser una prerrogativa de los legisladores la posibilidad de solicitar licencia para retirarse del cargo de legislador por tiempo indefinido, la alteración de la cuota de género por esta vía no era sujeto de un procedimiento jurisdiccional, ni ante la autoridad electoral ni ante los órganos de los partidos políticos. Se estaba frente a una situación inédita para la cual no existía, ni existe aún, un medio razonable de defensa.

En conclusión: las normas de cuota de género son manejables hasta cierto grado por parte de los partidos políticos y por los acuerdos que, eventualmente, puedan darse entre el propietario y el suplente de cada fórmula. Por parte de los institutos políticos, existen mecanismos para reducir, si así se quiere, el impacto de la inclusión de mujeres en las fórmulas a candidatos, a través de procedimientos de elecciones democráticas (donde generalmente resultan designados hombres) o, bien, asignar a las candidatas en distritos electorales distintos a los bastiones de la fuerza política de que se trate. A título individual, cualquier legisladora puede optar por la licencia en ejercicio de sus derechos para ceder su posición a su suplente. En ambos casos se altera el propósito y proporción de la cuota de género.

De ahí que resolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación de noviembre de 2011, cobre una relevancia singular en la legislación electoral con perspectiva de género, al resolver el Juicio para la protección de los derechos políticos electorales del ciudadano, identificado con el número de expediente SUP-JDC-12624/2011 y dejar claros supuestos jurídicos que deben ser tomados en cuenta al momento del registro de los candidatos considerando los dispositivos normativos de los artículo 219 y 220 del COFIPE. Con esta resolución se disiparon posturas divergentes de cómo aplicar la cuota de género con base en los principios de la igualdad ante la ley, a partir de una interpretación emitida en un acuerdo del Instituto Federal Electoral con motivo del registro de las candidaturas al proceso electoral de 2011-2012, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 3 de noviembre de 2011.

Dicho acuerdo fue impugnado por las ciudadanas María Elena Chapa Hernández, María de las Nieves García Fernández, María Cruz García Sánchez, Refugio Esther Morales Pérez, Rocío Lourdes Reyes Willie, María Fernanda Rodríguez Calva, María Juana Soto Santana, Martha Angélica Tagle Martínez, María de los Ángeles Moreno Uriegas y Laura Cerna Lara, quienes interpusieron un Juicio para la Protección de los Derechos Político-Electorales del Ciudadano, juicio al que le correspondió el número de expediente SUP-JDC-12624/2011 y acumulados.

Los alegatos del recurso sostuvieron que había en el Acuerdo una interpretación distorsionada de la denominada cuota de género por parte de la autoridad electoral que se venía reproduciendo desde el año de 2002, consistente en atribuirle al concepto de voto directo, expresamente considerado en la legislación, una lectura que iba más allá de la norma, sustituyéndolo por el concepto elección democrática, reproducida de acuerdos previos, lo que derivó, en opinión de las demandantes, en una restricción o acción nugatoria de la intención de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y del legislador ordinario, en favor de la participación de las mujeres en candidaturas a cargos de elección popular.

Asimismo, las ciudadanas se inconformaron porque en el texto del acuerdo se incluye una frase potestativa que daba lugar a confusiones: procurando que la fórmula completa se integre por candidatos del mismo género. A su juicio, tal enunciado vulnera los principios de certeza y legalidad, en virtud de que de cumplirse tal propósito, las mujeres podrían quedar fuera de la posibilidad de ser candidatas sustitutas de cualquier fórmula cuyo propietario sea un hombre y que, en todo caso, tal disposición debería aplicarse únicamente a las fórmulas encabezadas por mujeres. Debe señalarse que las cuotas de género no están dirigidas especialmente a beneficiar a las mujeres, sino que también repercuten en defensa de los derechos políticos de los hombres porque se aplica indistintamente a uno u otro género, dependiendo de la correlación de candidaturas que cada partido presente a registro para una contienda electoral.

Finalmente, otro motivo de agravio fue la sobre interpretación que hizo la autoridad electoral respecto de la denominación elección democrática, postulado que, en su opinión, fue más allá de las disposiciones contenidas en la ley en agravio de los derechos políticos de las mujeres. La autoridad electoral estableció que procedimiento democrático es aquel en el que la elección de las candidaturas se realice de forma directa por la militancia del partido o por la ciudadanía, o de forma indirecta a través de una convención o asamblea en que participe un número importante de delegados electos ex profeso por dicha militancia. Sin embargo, las ciudadanas adujeron que la ley señala únicamente que, en relación a la cuota de género, quedan exceptuadas… las candidaturas de mayoría relativa que sean resultado de un proceso de elección democrático, conforme a los estatutos de cada partido. Conviene señalar que el acuerdo emitido por la autoridad tampoco definió que se entendía por un número importante de delegados.

El fallo emitido por el Tribunal Electoral del Poder Judicial se fundamentó en el criterio de que los límites constitucionales a la igualdad entre los géneros, en el contexto del registro de candidaturas a diputados y senadores por el principio de mayoría relativa, no deben ser interpretados de tal manera que se permita una limitación a tales derechos, por el contrario, es preciso constreñir a su más mínima dimensión, la limitación de que se trata, de tal manera que no se encuadren en la misma, más supuestos que los mínimos para no hacer nugatorio en la realidad ese tipo de derechos. Desde esa perspectiva la resolución ordenó la expulsión del texto que definía el concepto de elección democrática del acuerdo emitido por la autoridad electoral y la modificación de algunos de los párrafos impugnados por las ciudadanas. El último considerando de la ejecutoria el tribunal resuelve lo siguiente:

a) …

b) Modificar los párrafos tercero y quinto del punto decimotercero del acuerdo impugnado, para quedar como sigue:

“Esto es, en caso de que el partido político, elija a sus candidatos de mayoría relativa mediante un proceso de elección democrático observando y privilegiando lo previsto en sus estatutos respecto de la forma de elección, el partido político o coalición, en todo caso, deberá presentar como mínimo 120 y 26 candidatos propietarios de un mismo género, a Diputados y Senadores, respectivamente en términos de lo dispuesto por el primer párrafo del artículo 219 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales. …

Las listas de representación proporcional se integrarán por segmentos de cinco candidaturas. En cada uno de los segmentos de cada lista habrá dos candidaturas de género distinto, de manera alternada. En el caso de las candidaturas que conforman la cuota de género prevista en el artículo 220, párrafo primero, del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales(mínimo cuarenta por ciento del total), la fórmula completa (propietario y suplente) debe integrarse por candidatos del mismo género. Tratándose de la lista de candidatos a Senadores, los dos últimos lugares serán ocupados por un candidato de cada género”.

En consecuencia, se vincula a la autoridad responsable para que a la brevedad posible refleje en el acuerdo de mérito las modificaciones referidas y las publique de inmediato.

Evidentemente la resolución del tribunal causó sorpresa en muchos de los aspirantes a las candidaturas de mayoría relativa y de representación proporcional de diferentes partidos. Incluso, posterior a la resolución se hicieron consultas a la autoridad electoral por parte de los partidos políticos sobre la forma en que debía interpretarse la modificación del acuerdo y se promovió un nuevo Juiciopara la protección de los derechos político-electorales del ciudadano (Expedientes: SUP-JDC-14855/2011 y acumulados) a fin de impugnar la modificación del Considerando Décimo Tercero, del acuerdo CG327/2011, aprobado por el Consejo General del Instituto Federal Electoral. No obstante, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación resolvió confirmar el acuerdo CG413/2011, aprobado por el Consejo General en acatamiento a la sentencia emitida por el propio Tribunal.

Al inicio de la LXII Legislatura rindieron protesta 187 diputadas y 42 senadoras, es decir, 37.4 por ciento y 32.81 por ciento, respectivamente, de la composición de las cámaras. En consecuencia, la interpretación de los artículos 218, 219 y 220 del COFIPE, con base en la sentencia de noviembre de 2001 del Tribunal, alentó un incremento significativo de la presencia de las mujeres tanto en la contienda electoral como en la representación ante el Congreso de la Unión, de modo que se avanzó hacia un equilibrio razonable en la conducción de los asuntos de interés público bajo la corresponsabilidad, no sólo de los hombres, sino con el involucramiento de las mujeres.

Bajo esta perspectiva y con la finalidad de evitar futuras interpretaciones del contenido de los artículos 218, 219 y 220 del COFIPE y a fin de evitar procedimientos de litigio previos a cada contienda electoral, al menos, en lo referido a la aplicación de la cuota de género, se propone llevar a la norma enunciados que reflejen la resolución del tribunal con motivo del registro de candidatas y candidatos y las características que deben cumplir las fórmulas en términos del principio de la igualdad de género en los procesos democráticos.

Con base en lo anterior y con fundamento en la fracción II del artículo 72 constitucional y en la fracción I del numeral 1 del artículo 8° y los numerales 1 y 2 del artículo 164 del Reglamento del Senado de la República, se somete a consideración del Pleno de la Cámara de Senadores la siguiente iniciativa con:

PROYECTO DE DECRETO QUE DEROGA EL NUMERAL 2 DEL ARTICULO 219 Y REFORMA EL NUMERAL 1 DEL ARTICULO 220 DEL CODIGO FEDERAL DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES.

ARTICULO UNICO.- Se deroga el numeral 2 del artículo 219 y se reforma el numeral 1 del artículo 220 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales para quedar como sigue:

Artículo 219

1. De la totalidad de solicitudes de registro, tanto de las candidaturas a diputados como de senadores que presenten los partidos políticos o las coaliciones ante el Instituto Federal Electoral, deberán integrarse con al menos el cuarenta por ciento de candidatos propietarios de un mismo género, procurando llegar a la paridad.

2. Se deroga.

Artículo 220

1. Las listas de representación proporcional se integrarán por fórmulas completas de candidatos de un mismo género, en segmentos de cinco candidaturas. En cada uno de los segmentos de cada lista habrá dos candidaturas de género distinto, de manera alternada.

TRANSITORIO

UNICO.- El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la federación.”

México D.F., a 5 de marzo de 2013.

Atentamente

Sen. Blanca María del Socorro Alcalá Ruiz.- Sen. Diva Hadamira Gastélum Bajo.- Sen. Ivonne Liliana Alvarez García.- Sen. Angélica del Rosario Araujo Lara.- Sen. María Cristina Díaz Salazar.- Sen. Hilda Esthela Flores Escalera.- Sen. Margarita Flores Sánchez.- Sen. Arely Gómez González.- Sen. Marcela Guerra Castillo.- Sen. Lisbeth Hernández Lecona.- Sen. Juana Leticia Herrera Ale.- Sen. Ana Lilia Herrera Anzaldo.- Sen. Lilia Guadalupe Merodio Reza.- Sen. Graciela Ortiz González.- Sen. Claudia Artemiza Pavlovich Arellano.- Sen. María del Rocío Pineda Gochi.- Sen. Itzel Sarahí Ríos de la Mora.- Sen. Mely Romero Celis.- Sen. María Lucero Saldaña Pérez”.

- El C. Presidente Burgos García: Muchas gracias, Senadora Blanca Alcalá. Como lo solicita, se adiciona íntegramente el texto de su iniciativa y se adhiere la Senadora Barrera Tapia. Se turna a las Comisiones Unidas de Gobernación; y de Estudios Legislativos, Primera.

1 Aparicio Castillo, Francisco Javier, Cuotas de género en México. Candidaturas y resultados electorales para diputados federales 2009, México, 2011, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, serie Temas Selectos de Derecho Electoral, p. 26.

2 Ibid, p. 36

Tiene el uso de la tribuna el Senador Víctor Hermosillo y Celada, para presentar, a nombre propio y de diversos Senadores, una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 84 de la Ley General de Población.






INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTICULO 84 DE LA LEY GENERAL DE POBLACION

(Presentada por el C. Senador Víctor Hermosillo y Celada, a nombre propio y de los CC. Senadores Ernesto Ruffo Appel, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, Héctor Larios Córdova, Javier Corral Jurado, Juan Carlos Romero Hicks, Luisa María Calderón Hinojosa, Fidel Demédicis Hidalgo, Angel Benjamín Robles Montoya, Marcela Guerra Castillo, Patricio Martínez García, Ana Gabriela Guevara Espinoza y Alejandro Tello Cristerna)

- El C. Senador Víctor Hermosillo y Celada: Con su permiso, señor Presidente; compañeras y compañeros Senadores:

El de la voz, junto con los Senadores Luisa María Calderón Hinojosa, Maki Esther Ortiz Domínguez, Ernesto Ruffo Appel, Francisco García Cabeza de Vaca, Héctor Larios Córdova, Javier Corral Jurado, Juan Carlos Romero Hicks, Fidel Demédicis Hidalgo, Benjamín Robles Montoya, Zoé Robledo Aburto, Marcela Guerra Castillo, Patricio Martínez García, Alejandro Tello Cristerna y Ana Guevara Espinoza, quienes también suscriben esta iniciativa, presentamos ante este Pleno la iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 84 de la Ley General de Población.

El objetivo de la iniciativa es sencillo, reconocer con claridad en la ley los derechos de los repatriados, un grupo vulnerable que no ha recibido toda la atención que requiere y que merece. Por ejemplo, estoy casi seguro que la mayoría de los que estamos aquí ignoramos que el número de repatriados que anualmente son devueltos por las autoridades norteamericanas es muy extenso.
Pocos saben que la cifra de repatriados en el 2011 fue de 400 mil mexicanos, en otras palabras, es un mundo de compatriotas repatriados que llega de los Estados Unidos cada año. Peor aún, las autoridades de este país están regresando a mexicanos que ya tienen varios años viviendo allá, es decir, no están repatriando a mexicanos que son detenidos al cruzar la frontera, sino mexicanos que están establecidos en aquel país dejando familias, casas y pertenencias.

La proporción de migrantes repatriados que señalan haber permanecido un año o más en Estados Unidos ha crecido significativamente. En 1995 representaba el 5%, sin embargo, en los tres primeros trimestres del 2011 ya rebasaban el 46%, a esto hay que añadir que las condiciones en que regresan los repatriados son extremas, con falta de recursos, hambre y en ocasiones con necesidad de atención médica.

Es por esto que propongo que la Secretaría de Gobernación tenga la obligación de vigilar que a los repatriados se les respeten, entre otros, los siguientes derechos: recibir agua, alimento y enseres domésticos para su aseo personal, acceder a comunicación telefónica, recibir atención legal y médica, ser informado respecto a los diversos programas y apoyos que pueden recibir, ser apoyados en el traslado a su lugar de residencia en México, no ser discriminados ni abusados por las autoridades y recibir un trato digno y humano.

Pongamos las cosas en claro, este es un problema de orden federal, puesto que Estados Unidos expulsa a mexicanos de todos los estados y, como sabemos, los municipios y los estados no tienen recursos para enfrentar esta expulsión masiva de mexicanos.

Para atender este grave problema, la Federación tiene un presupuesto para este año de solamente 200 millones de pesos. Si dividimos esta cantidad entre el número de repatriados, tendremos que se destina por cada uno de ellos 500 pesos solamente, una cantidad, como pueden ver ustedes, ridícula.

En el caso de Baja California, se destinaron para 2012 14 millones de pesos, para este año no le van a dar ayuda al gobierno de Baja California. Pero los expulsados que llegaron a los puntos de repatriación de esta entidad federativa fueron 145 mil mexicanos el año pasado, es decir, se atiende con solamente 96 pesos a cada deportado.

Si no fuera por la ayuda que brindan las organizaciones de la sociedad civil, estos compatriotas estarían en el más completo abandono, lo que tendría como consecuencia que muchos de ellos se vieran en la necesidad de delinquir. Reconozcamos, por tanto, la labor ejemplar de estas personas que desgraciadamente hacen la tarea que le corresponde al Estado, las organizaciones de la sociedad civil, las ONG´s.

Frecuentemente criticamos el trato que se le da a nuestros connacionales en Estados Unidos, pero pasamos por alto la manera en que tratamos a los repatriados, quienes en muchas ocasiones son el sustento de su familia en México. Exigimos que se les dé a los migrantes mexicanos un trato justo en el país vecino del norte y aquí no estamos respetando los derechos de nuestros repatriados, entonces, una primera razón para aprobar esta iniciativa es una cuestión de congruencia y de justicia.

Más aún, la migración es un asunto integral que se compone de varias etapas y temas que son transversales: emigración, tránsito de migrantes y repatriación. En este orden de ideas, cabe mencionar que si los derechos de los migrantes ya están establecidos en la Ley de Migración, lo mismo debe suceder con los derechos de los repatriados; del mismo modo, reconocer los derechos de los repatriados va en sintonía con los tratados internacionales y con la reforma constitucional en materia de derechos humanos del 2011.

Finalmente, considero que por la gran aportación que hacen los repatriados a la economía del país con el envío de remesas, que para el 2011 fue de 22 mil 800 millones de dólares, es justo que sus derechos se encuentren en la Ley General de Población, no en el reglamento de esta ley bajo el concepto de servicios gratuitos. Es esta la manera en que el Estado puede agradecerles su valiosa aportación económica al país y tratarlos con verdadera justicia.

Compañeros Senadores, aprovechemos esta oportunidad que tenemos para retribuir todo el esfuerzo y sacrificio de nuestros migrantes y legislemos para darles un trato digno y humano. No es posible que esta situación siga así, no podemos ser el candil de la calle y la oscuridad de la casa.

Es cuanto, señor Presidente.

(Aplausos)

Iniciativa



- El C. Presidente Burgos García: Muchas gracias, Senador Hermosillo y Celada. Se turna a las Comisiones Unidas de Población y Desarrollo; y de Estudios Legislativos.

Tiene el uso de la tribuna el Senador Fernando Enrique Mayans Canabal, del grupo parlamentario del PRD, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman diversos artículos de la Ley General de Salud.






INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTICULOS 29, 30, 31, 464 TER Y SE ADICIONA EL ARTICULO 29 BIS DE LA LEY GENERAL DE SALUD

(Presentada por el C. Senador Fernando Enrique Mayans Canabal, del grupo parlamentario del PRD)

- El C. Senador Fernando Enrique Mayans Canabal: Con su permiso, señor Presidente; compañeras y compañeros Senadores:

Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 29, 30, 31, 464 Ter y se adiciona el artículo 25 Bis a la Ley General de Salud.

El grave y desmedido crecimiento en los últimos 10 años del mercado negro de medicamentos, ha generado graves consecuencias en el sector salud de nuestro país, afectando los recursos financieros, que siempre resultan insuficientes para la creciente demanda de medicinas y atención médica para los mexicanos.

La ilegal comercialización y falsificación de medicamentos incrementa la carga de trabajo administrativo para las instituciones, impacta negativamente en los costos asociados incrementando el riesgo para los pacientes que consumen estas medicinas apócrifas, generando un considerable daño patrimonial y, principalmente, graves daños a la salud pública.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) estima que los medicamentos falsificados constituyen una peligrosa epidemia que se extiende en todo el mundo, por lo que resulta oportuno tomar medidas concretas e inmediatas para combatirla. Se estima que a nivel mundial la comercialización de medicamentos falsificados asciende a US$35,000 millones, mientras que en México se estima que van de US$650 a US$1,500 millones anuales, siendo Jalisco, Baja California, Michoacán y Yucatán los estados donde se han realizado los mayores aseguramientos de medicamentos falsificados.

De acuerdo con cifras del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), la ingesta de productos caducos, falsificados o adulterados obliga a los afectados a invertir desde 700 pesos en consultas privadas hasta 60 mil por hospitalizaciones.

Conforme a los datos del INEGI en el año 2010, del total de productos confiscados, un 50.6 por ciento fueron muestras médicas; 23.3 por ciento medicinas caducadas; 18.5 por ciento fraccionadas; 5.3 por ciento maltratadas; 1.3 por ciento desvíos de la cadena pública y 1.10 por ciento eran medicinas falsas o adulteradas.

Cifras del año 2012 de la propia Cámara Nacional de la Industria Farmacéutica (CANIFARMA), nos indican que el comercio ilegal de medicamentos alcanzó los 11,500 millones de pesos, concentrándose dicha actividad en el D.F., Puebla, Guadalajara, Monterrey y Michoacán.

Según informes de la Asociación Mexicana de Industrias de Investigación Farmacéutica (AMIIF), ocupamos el sexto lugar a nivel mundial en la venta de medicamentos falsificados y 6 de cada 10 de los fármacos que se comercian son de procedencia ilícita; por lo que 8 millones de personas son víctimas potenciales del mercado negro de medicamentos.

Fuentes de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS), han detallado que este mercado ilegal se da en tianguis, pseudofarmacias, puestos callejeros e incluso a través de páginas electrónicas de dudosa procedencia, así como donde se expenden muestras médicas, medicinas caducas, falsas o adulteradas, entre otras.

En conjunto, la ilegal comercialización de medicamentos puede ser realizada tanto en los establecimientos farmacéuticos (farmacia, boticas, droguerías, etc.), como en establecimientos no farmacéuticos (bodegas, campos feriales, tianguis, mercados, Sistema de Transporte Colectivo, etc.), así como en laboratorios clandestinos, en donde se elaboran medicamentos que atentan contra la vida y la salud de los consumidores.

Las modalidades más frecuentes de comercio ilegal son las falsificaciones, contrabando, comercialización de muestras médicas, ingreso al país de productos evadiendo los controles aduaneros, receptación de productos y comercio de productos farmacéuticos.

Las principales causas para la elaboración y comercialización ilegal de medicamentos son la falta de una adecuada legislación en materia de sanciones, escasos recursos tanto económicos y humanos para efectuar acciones de control y vigilancia sanitaria por las autoridades competentes, falta de compromiso de las instituciones involucradas, aunado a la falta de información sobre los riesgos que estos medicamentos pueden causar y el bajo poder adquisitivo de la población.

El control del mercado negro de medicamentos no es nuevo, en 1975 mediante Acuerdo Presidencial publicado en el Diario Oficial de la Federación, se instituyó el Cuadro Básico de Medicamentos del Sector Público, el cual estableció como norma general la presentación uniforme de los medicamentos adquiridos por las instituciones pertenecientes al sector público.

Medida que fue reforzada el 24 de octubre de 1984, por el Consejo de Salubridad General el cual publicó en el Diario Oficial de la Federación un instructivo para la estandarización de los medicamentos del sector salud, en donde se establecieron diversos elementos para la identificación de los medicamentos destinados al sector salud, tales como: colores asociados como los grupos terapéuticos a los que pertenecen los medicamentos, logotipos de identificación del sector y de las dependencias e instituciones que lo integran, así como leyendas de advertencia.

Desafortunadamente, el 20 de septiembre de 2002, el Consejo de Salubridad General derogó el citado instructivo para la estandarización de los medicamentos del sector salud, lo cual ocasionó que las instituciones públicas del Sistema Nacional de Salud se encontraran en posibilidad de adquirir medicamentos indistintamente con el empaque del Sector Salud o en el etiquetado comercial.

Sí bien es cierto que para la prevención, tratamiento e investigación de los problemas de salud, no es necesario mantener una unidad visual de los medicamentos que conforman el Cuadro Básico, indudablemente, se requiere de un mecanismo de seguridad eficiente que evite la proliferación del mercado negro y que mediante la utilización de las nuevas tecnologías se identifique el producto desde su manufactura utilizando un código bidimensional.

Para generar mayor certidumbre de los medicamentos que son vendidos a instituciones de gobierno, sector salud y diferenciarlos de la presentación comercial, se propone un mecanismo de seguridad eficiente por parte del laboratorio fabricante para evitar falsificaciones, es pertinente establecer en las etiquetas de los medicamentos un código bidimensional, mecanismo que permitirá identificar la información del producto desde su manufactura, pues se registrará en una base de datos el número de lote y a qué institución del sector salud se distribuyó, entre otras especificaciones.

Con la diferenciación de medicamentos para el sector salud y la presentación comercial, se disminuirá el mercado negro, ya que esta diferenciación contendrá un código bidimensional, el consumidor tendrá firmemente identificado y distinguirá el segmento del cual proviene el medicamento.

Con estas acciones se garantiza la procedencia lícita de los medicamentos adquiridos por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), Institutos Nacionales de Salud (como cancerología, cardiología, nutrición, pediatría, etc.), los Servicios de Salud de la Secretaría de Salud que aún no estén descentralizados, ya que se eliminaría el riesgo por el uso de medicamentos de dudosa procedencia y que terminarían dañando a quien los consume.

En concreto, con esta iniciativa se propone establecer en la ley:

* Que en el Cuadro Básico de Insumos del Sector Salud, la Secretaría de Salud realice un registro electrónico, el cual contendrá un inventario de los medicamentos producidos en México y los de importación.

* Que el registro se realice a través del código bidimensional que cada medicamento traerá en su contenedor; ya sea caja, frasco o bote.

* Que la Secretaría de Salud lleve un control y registro riguroso de los medicamentos que están en circulación, además de las características específicas como fecha de elaboración, fecha de caducidad, lote, institución de salud, farmacia o tienda autorizada para el expendio y comercialización de los medicamentos.

* Que para el efecto de que la población tenga la posibilidad de identificar la autenticidad del medicamento, éstos tendrán etiquetas de colores específicos, según sea el tipo de medicamento, además que en la nota de venta aparece la autorización por parte de la secretaría por la adquisición del producto.

* Que la Secretaría de Salud lleve un control y registro riguroso de los establecimientos del sector público, social y privado dedicados al expendio de medicamentos y a la prohibición de insumos para su elaboración, para que cumplan con su función, a fin de salvaguardar la salud de la población.

* Que las Secretarías de Economía, Hacienda y Crédito Público y de Salud, de manera coordinada y en conjunto, podrán otorgar subsidios e incentivos para que medicamentos con elevado costo estén a la disponibilidad de la población que así lo requieran, y

* Finalmente, que se establezca una pena de tres a quince años de prisión a quien cometa el delito de comercialización de muestras médicas y medicamentos falsificados, alterados o caducos, contaminados o adulterados, ya sea en establecimientos o en cualquier otro lugar, cualquiera que sea su origen de fabricación.

Pido a la Presidencia se inserte íntegro el texto de la presente iniciativa en el Diario de los Debates.

Es cuanto, señor Presidente.

Gracias, compañeras y compañeros Senadores.

(Aplausos)

Iniciativa

“Dr. Fernando Enrique Mayans Canabal, Senador de la República a la Sexagésima Legislatura del H. Congreso de la Unión, integrante del grupo parlamentario del PRD; con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos; 8 numeral uno, fracción I, 164 y 169 del Reglamento del Senado de la República, me permito someter a la consideración del pleno de esta Asamblea, una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 29, 30, 31, 464 Ter y, adiciona el artículo 29 Bis de la Ley General de Salud, con base en la siguiente:

Exposición de Motivos

El grave y desmedido crecimiento en los últimos 10 años del mercado negro de medicamentos, ha generado graves consecuencias en el Sector Salud de nuestro país, afectando los recursos financieros, que siempre resultan insuficientes para la creciente demanda de medicinas y atención médica para los mexicanos.

La ilegal comercialización y falsificación de medicamentos incrementa la carga de trabajo administrativo para las instituciones, impacta negativamente en los costos asociados incrementando el riesgo para los pacientes que consumen estas medicinas apócrifas, generando un grave daño patrimonial.

En relación a la falsificación de medicamentos y su venta ilegal, no sólo viola los derechos de propiedad intelectual sino también atenta contra la salud pública, ya que pone en riesgo a la población que los consume.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) estima que los medicamentos falsificados, constituyen una peligrosa epidemia que se extiende en todo el mundo, por lo que resulta oportuno tomar medidas concretas e inmediatas para combatirla. Se estima que a nivel mundial la comercialización de medicamentos falsificados asciende a US$35,000 millones, mientras que en México se estima que va de US$650 a US$1,500 millones anuales, siendo Jalisco, Baja California, Michoacán y Yucatán los estados donde se han realizado los mayores aseguramientos de medicamentos falsificados.

De acuerdo con cifras del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), la ingesta de productos caducos, falsificados o adulterados obliga a los afectados a invertir desde 700 pesos en consultas privadas hasta 60 mil por hospitalizaciones.

De acuerdo a datos del INEGI en el año 2010, del total de productos confiscados un 50.6 por ciento fueron muestras médicas; 23.3 por ciento, medicinas caducadas; 18.5 por ciento, fraccionadas; 5.3 por ciento, maltratadas; 1.3 por ciento, desvíos de la cadena pública y 1.10 por ciento eran medicinas falsas o adulteradas.

Cifras del año 2012 de la propia Cámara Nacional de la Industria Farmacéutica (Canifarma), nos indican que el comercio ilegal de medicamentos alcanzó $11,500 millones de pesos, concentrándose dicha actividad en el DF, Puebla, Guadalajara, Monterrey y Michoacán.

Según información de la Asociación Mexicana de Industrias de Investigación Farmacéutica (AMIIF), ocupamos el sexto lugar a nivel mundial en la venta de medicamentos falsificados y seis de cada 10 de los fármacos que se comercian son de procedencia ilícita; por lo que8 millones de personas son víctimas potenciales del mercado negro de medicamentos.

Fuentes de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), han detallado que este mercado ilegal se da en tianguis, seudofarmacias, puestos callejeros e incluso a través de páginas electrónicas de dudosa procedencia, así como donde se expenden muestras médicas, medicinas caducas, falsas o adulteradas, entre otras.

En conjunto, la ilegal comercialización de medicamentos puede ser realizada tanto en los establecimientos farmacéuticos (farmacia, boticas, droguerías, etc.), como en establecimientos no farmacéuticos (bodegas, campos feriales, tianguis, mercados, Sistema de Transporte Colectivo, etc.), así como en laboratorios clandestinos, en donde se elaboran medicamentos que atentan contra la vida y la salud de los consumidores.

Las modalidades más frecuentes de comercio ilegal son las falsificaciones, contrabando, comercialización de muestras médicas, ingreso al país de productos evadiendo los controles aduaneros, receptación de productos y comercio de productos farmacéuticos.

Las principales causas para la elaboración y comercialización ilegal de medicamentos son la falta de una adecuada legislación enmateria de sanciones, escasos recursos tanto económicos y humanos para efectuar acciones de control y vigilancia sanitaria por la autoridad competente, falta de compromiso de las instituciones involucradas, aunado a la falta de información sobre los riesgos que estos medicamentos pueden causar y el bajo poder adquisitivo de la población.

La elaboración y comercialización ilegal de medicamentos trae varias consecuencias, la primera el grave impacto en la salud, la segunda y no menos importante los efectos de carácter económico para los consumidores, la industria farmacéutica y el Estado, los cuales se ven mermados con este tipo de actos ilícitos.

El control del mercado negro de medicamentos no es nuevo, en 1975 mediante Acuerdo Presidencial publicado en el Diario Oficial de la Federación, se instituyó el Cuadro Básico de Medicamentos del Sector Público, el cual estableció como norma general la presentación uniforme de los medicamentos adquiridos por las instituciones pertenecientes al sector público.

Medida que fue reforzada el 24 de Octubre de 1984, por el Consejo de Salubridad General el cual publicó en el Diario Oficial de la Federación un instructivo para la estandarización de los medicamentos del Sector Salud, en donde se establecieron diversos elementos para la identificación de los medicamentos destinados al Sector Salud, tales como: colores asociados con los grupos terapéuticos a los que pertenecen los medicamentos, logotipos de identificación del sector y de las dependencias e instituciones que lo integran, así como leyendas de advertencia.

Desafortunadamente, el 20 de Septiembre de 2002, el Consejo de Salubridad General derogó el citado instructivo para la estandarización de los medicamentos del Sector Salud, lo cual ocasionó que las instituciones públicas del Sistema Nacional de Salud se encontraran en posibilidad de adquirir medicamentos indistintamente con el empaque del Sector Salud o con el etiquetado comercial.

Sí bien es cierto que para la prevención, tratamiento e investigación de los problemas de salud, no es necesario mantener una unidad visual de los medicamentos que conforman el Cuadro Básico, indudablemente, que se requiere de un mecanismo de seguridad eficiente que evite la proliferación del mercado negro y que mediante la utilización de las nuevas tecnologías, se identifique el producto desde su manufactura utilizando un código bidimensional.

Considerando que en los últimos años el mercado negro de medicamentos ha ido a la alza, es necesario y urgente cambiar la modalidad que se ha venido utilizando a partir de 2002 generando nuevos mecanismos que incrementen la certidumbre de medicamentos que son vendidos a Instituciones de Gobierno; Sector Salud y diferenciarlos de la Presentación Comercial a través de un mecanismo de seguridad eficiente por parte del laboratorio fabricante para evitar falsificaciones, establecer en las etiquetas un código bidimensional, mecanismo que permitirá identificar la información del producto desde su manufactura, pues se registrará en una base de datos el número de lote y a qué institución del Sector Salud se distribuyó, entre otras especificaciones.

Con la diferenciación de medicamentos para el Sector Salud y Presentación Comercial, se disminuirá el Mercado Negro, ya que esta diferenciación contendrá un código bidimensional, el consumidor tendrá firmemente identificado y distinguirá el segmento del cual proviene el medicamento.

Con esta acción se garantizará la procedencia lícita de los medicamentos adquiridos por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), Institutos Nacionales de Salud (cancerología, cardiología, nutrición, pediatría, etc.), los Servicios de Salud de la Secretaría de Salud que aún no estén descentralizados, ya que se eliminaría el riesgo por el uso de medicamentos de dudosa procedencia y que terminan dañando a quien los consume.

En conclusión, con esta iniciativa se propone establecer en la ley:

• Que del Cuadro Básico de Insumos del Sector Salud, la Secretaría de Salud realice un registro electrónico, el cual contendrá un inventario de los medicamentos producidos en México y los de importación.

• Que el registro, se realice a través de unCódigo Bidimensional que cada medicamento traerá en su contenedor; ya sea caja, frasco o bote.

• Que la Secretaría de Salud, lleve un control y registro riguroso de los medicamentos que están en circulación, además de las características específicas como fecha de elaboración, fecha de caducidad, lote, institución del Sector Salud, farmacia o tienda autorizada para el expendio y comercialización de medicamentos.

• Que para el efecto de que la población, tenga la posibilidad de identificar la autenticidad del medicamento, éstos tendrán etiquetas de colores específicos, según sea el tipo de medicamento, además que en la nota de venta aparecerá la autorización por parte de la Secretaría por la adquisición del producto.

• Que la Secretaría de Salud, lleve un control y registro riguroso de los establecimientos de los sectores público, social y privado dedicados al expendio de medicamentos y a la provisión de insumos para su elaboración, para que cumplan con su función, a fin de salvaguardar la salud de la población;

• Que las Secretarías de Economía, Hacienda y Crédito Público y de Salud, de manera coordinada y en conjunto, podrán otorgar subsidios e incentivos, para que medicamentos con elevado costo estén a la disponibilidad de la población que así lo requieran, y

• Finalmente, que se establezca una pena de tres a quince años de prisión a quien cometa el delito de comercialización de medicamentos falsificados, alterados o caducos, contaminados o adulterados, y muestras médicas, ya sea en establecimientos o en cualquier otro lugar, cualquiera que sea su origen de fabricación.

Por lo anterior expuesto, me permito someter a la consideración del pleno de esta Senado de la República el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA LOS ARTICULOS 29, 30, 31, 464 Ter Y ADICIONA EL ARTICULO 29 BIS DE LA LEY GENERAL DE SALUD.

UNICO: Se reforman los artículos 29, 30, 31, 464 Ter. y se adiciona el artículo 29 BIS de la Ley General de Salud,para quedar como sigue:

Artículo 29.- Del Cuadro Básico de Insumos del Sector Salud, la Secretaría de Salud determinará la lista de medicamentos y otros insumos esenciales para la salud, y garantizará su existencia permanente y disponibilidad a la población que los requiera, en coordinación con las autoridades competentes; y establecerá su registro electrónico, el cual contendrá un inventario de los medicamentos producidos en México y los de importación.

Artículo 29 Bis.- El registro será a través del Código Bidimensional que cada medicamento traerá en su contenedor; ya sea caja, frasco o bote.

La Secretaría de Salud llevará un control y registro riguroso de los medicamentos que están en circulación, además de características específicas como fecha de elaboración, fecha de caducidad, lote, institución del Sector Salud, farmacia o tienda autorizada para el expendio y comercialización de medicamentos.

Para la población, será posible identificar la autenticidad del medicamento a través de etiquetas de colores específicos, según sea el tipo de medicamento, además que en la nota de venta aparecerá la autorización por parte de la Secretaría por la adquisición del producto.

Artículo 30.- La Secretaría de Salud apoyará a las dependencias competentes en la vigilancia de los establecimientos de los sectores público, social y privado dedicados al expendio de medicamentos y a la provisión de insumos para su elaboración, a fin de que adecúen a lo establecido en el artículo anterior. Asimismo, llevará un control y registro riguroso de los establecimientos para que los mismos cumplan con su función, a fin de salvaguardar la salud de la población.

Artículo 31.- La Secretaría de Economía, oyendo la opinión de la Secretaría de Salud, asegurará la adecuada distribución y comercialización y fijará los precios máximos de venta al público de los medicamentos e insumos. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público tendrá la intervención que le corresponda en la determinación de precios, cuando tales bienes sean producidos por el sector público. De manera coordinada y en conjunto, podrán otorgar subsidios e incentivos, para que se garantice la disponibilidad de medicamentos con elevado costo, a la población que así los requieran.

…”.

TITULO DECIMO OCTAVO

Medidas de Seguridad, Sanciones y Delitos

CAPITULO VI

Delitos

“Artículo 464 Ter.- En materia de medicamentos se aplicarán las penas que a continuación se mencionan, a la persona o personas que realicen las siguientes conductas delictivas:

I. a II. …

III.- A quien venda u ofrezca en venta, comercie, posea, distribuya o transporte medicamentos, fármacos, muestras médicas, materias primas o aditivos falsificados, alterados o caducos, contaminados o adulterados, ya sea en establecimientos o en cualquier otro lugar, cualquiera que sea su origen de fabricación, o bien venda u ofrezca en venta, comercie, distribuya o transporte materiales para envase o empaque de medicamentos, fármacos, materias primas o aditivos, código bidimensional, sus leyendas, información que contenga números o claves de identificación, que se encuentran falsificados, alterados o adulterados, le será impuesta una pena de tres a quince años de prisión y multa de cincuenta mil a cien mil días de salario mínimo general vigente en la zona económica de que se trate.

…”.

TRANSITORIO

ARTICULO UNICO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en la sede del H. Senado de la República, a 5 de marzo de 2013.

Suscribe”.

- El C. Presidente Burgos García: Muchas gracias, Senador Mayans Canabal. Como lo solicita, su proyecto se inserta íntegramente en el Diario de los Debates y se turna a las Comisiones Unidas de Salud; y de Estudios Legislativos.

Tiene el uso de la tribuna la Senadora Layda Sansores San Román, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto que reforma el artículo 123 constitucional.






INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAEL ARTICULO 123 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

(Presentada por la C. Senadora Layda Sansores San Román, del Partido Movimiento Ciudadano)

- La C. Senadora Layda Sansores San Román: Gracias, señorPresidente; compañeras y compañeros:

Plena coincidencia con la compañera Senadora Alejandra Barrales, mi iniciativa propone reformas al artículo 123 constitucional y reformar y adicionar 7 artículos de la Ley Federal del Trabajo, con el objeto de poner sobre la lupa nuevamente el tema de la autonomía, de la democracia y de la rendición de cuentas en la vida sindical, que los últimos acontecimientos pues pone de relieve su importancia para la vida del país, aún cuando algunos de ellos fueron desechados hace algunos meses.

Quiero agregar solamente algunas reflexiones, y que quede en el Diario de los Debates mi propuesta.

Para millones de ciudadanos, la detención de Elba Esther Gordillo demuestra que cuando el poder político quiere poner orden, lo pone.

Pero hay también millones de mexicanos que hasta el día de hoy están convencidos que este es sólo un hecho aislado, que no será la norma y que no habrá la voluntad de seguir ordenando la vida pública bajo los valores superiores de la política.

Si la detención de Elba Esther es el comienzo de un proceso profundo para combatir corrupción e impunidad; si se trata de construir un imperio de legalidad y justicia, pues tendríamos que ver otros juicios de la misma naturaleza. Sería un proceso doloroso pero saludable para la nación y el gobierno recuperaría credibilidad.

Y, ¡Fuera máscaras!

Si existen sindicatos verticales y corruptos, es porque existe en nuestro país un sistema presidencialista vertical y corrupto. Los engendra, los tolera, los solapa, los acepta con recursos, y cuando quiere, de un soplido los desaparece.

Así les hace: ¡Pum!

La medida del encumbramiento de los líderes sindicales, es del tamaño del encumbramiento del gobierno.

Igualmente deberían estar en la cárcel los ex presidentes de la República, quienes desde el poder han sido sus cómplices.

Quienes como Felipe Calderón, los usaron para torcer la voluntad popular en 2006. No le importó dejar a un lado la responsabilidad más trascendente que tiene el Ejecutivo y tiene el Estado, que es la de educar.

Nunca en la historia del país se había visto a un Presidente pagar tan alto en educación, tan altos precios por tan bajas ruindades.

¡Fuera máscaras!

Si quieren desatar este nudo gordiano de corrupción e impunidad del gobierno, debe dejar el gobierno de ser el gran recaudador de las cuotas sindicales; debe descentralizarse el contrato colectivo de trabajo entre el SNTE y el gobierno federal, y las cuotas de los trabajadores deben ser administradas en cada entidad bajo reglas de transparencia y rendición de cuentas.

El gobierno debe dejar de entregar cantidades millonarias a sus líderes sindicales en forma de fideicomiso, de fondos para la vivienda, que para capacitación, que para asambleas nunca auditables, sólo para mantener el control político.

Las cuotas sindicales que el gobierno se encarga de recaudar y entregar al sindicato, son sólo una pizcacha de los millones que el gobierno entrega bajo una total opacidad.

Los especialistas calculan que puede ser 10 ó 20 veces mayor que todas las cuotas sindicales recaudadas.

Si se le entregaron 13 mil millones de pesos en cuotas, es porque le entregaron más de 200 mil millones de pesos por otros conceptos que nadie sabe.

Si se pretende una reforma educativa de gran calado, éste es el momento de ver a los maestros como una fuerza transformadora.

Los auténticos liderazgos magisteriales, diseminados hasta en los últimos rincones del país, nada tienen que ver con los criterios centralistas, y creo que hoy deben sentarse las bases para una auténtica democracia sindical.

Para lograr una reforma educativa, no basta sustituir una cabeza en el sindicato por otra que responda más a modo.

Si de veras Peña Nieto quiere transformar el sistema educativo, debe tener la decisión política de transformar, óigase bien, el sistema político mexicano.

Y una pregunta. ¿Por qué quiere dejar el gobierno al INEGI, que llevará meses la tarea de informar: cuántos maestros, cuántas escuelas, cuántos comisionados, cuántos aviadores, cuánta burocracia hay en las oficinas de gobierno a costa del presupuesto educativo?

Si la Secretaría de Hacienda en semanas fue capaz de llegar a las minucias en las compras hasta en una tienda departamental en los Estados Unidos, pues bien nos puede dar en días y hasta en horas esta información fidedigna si realmente hay voluntad de que los ciudadanos conozcan la realidad de este submundo de corrupción.

Teniendo tan completo el mapa de los delitos y tan eficiente equipo para reunir las pruebas, pues hay que replicar el procedimiento, esto es posible. De lo contrario, ni que lo digan bajo juramento; ni que repitan y repitan con voces engoladas: ¡Nadie por encima de laley!

No nos harán cambiar la percepción a millones de ciudadanos, de que el asunto Elba Esther es meramente político, y que a Peña Nieto le importa más legitimarse que impartirjusticia.

“Una golondrina no hace un verano”, así que ¡Fuera máscaras!

(Aplausos)

Iniciativa



- El C. Presidente Burgos García: Gracias, Senadora Layda Sansores.Se turna a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; y de Estudios Legislativos, Segunda.

En otro apartado del Orden del Día, tenemos la primera lectura de un dictamen de las Comisiones Unidas Para la Igualdad de Género; y de Estudios Legislativos, Primera, con proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 4o. de la Ley de Asistencia Social.






PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS INCISOS A), B) Y C) Y SE ADICIONA UN INCISO D) DE LA FRACCION II DEL ARTICULO 4o. DE LA LEY DE ASISTENCIA SOCIAL

(Dictamen de primera lectura)



Debido a que el dictamen se encuentra publicado en la Gaceta del Senado de este día y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 195 del Reglamento del Senado, queda de primera lectura.

Tenemos la primera lectura de un dictamen de las Comisiones Unidas Para la Igualdad de Género; y de Estudios Legislativos, Primera, con proyecto de Decreto por el que se adiciona la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación y la Ley General para la Igualdad Entre Mujeres y Hombres.






PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UNA FRACCION V AL ARTICULO 10 DE LA LEY FEDERAL PARA PREVENIR Y ELIMINAR LA DISCRIMINACION, Y SE MODIFICA LA FRACCION IV DEL ARTICULO 16 Y LA FRACCION VII DEL ARTICULO 38 DE LA LEY GENERAL PARA LA IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES

(Dictamen de primera lectura)



Debido a que el dictamen se encuentra publicado en la Gaceta del Senado de hoy y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 195 del Reglamento del Senado, queda de primera lectura.

Tenemos la primera lectura de un dictamen de las Comisiones Unidas de Desarrollo Social; y de Estudios Legislativos, Primera, con proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 30 de la Ley General de Desarrollo Social.






PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTICULO 30 DE LA LEY GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL

(Dictamen de primera lectura)



Debido a que el dictamen se encuentra publicado en la Gaceta del Senado de este día y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 195 del Reglamento del Senado, queda de primera lectura.

Tenemos la primera lectura de un dictamen de las Comisiones Unidas de Desarrollo Social; y de Estudios Legislativos, Primera, con proyecto de Decreto por el que se adiciona la fracción IX al artículo 36 de la Ley General de Desarrollo Social.






PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA LA FRACCION IX AL ARTICULO 36 DE LA LEY GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL

(Dictamen de primera lectura)



Debido a que el dictamen se encuentra publicado en la Gaceta del Senado de este día y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 195 del Reglamento del Senado, queda de primera lectura.

Tenemos la primera lectura de un dictamen de las Comisiones Unidas de Salud; y de Estudios Legislativos, con proyecto de Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud, en materia de discapacidad.






PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE SALUD, EN MATERIA DE DISCAPACIDAD

(Dictamen de primera lectura)

“COMISIONES UNIDAS DE SALUD;
Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS

H. ASAMBLEA:

A las Comisiones Unidas de Salud; y de Estudios Legislativos, les fue turnada para su análisis y dictamen la minuta con proyecto de Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud, en materia de discapacidad, para los efectos de la fracción e) del artículo 72 Constitucional.

Una vez recibida por estas comisiones sus integrantes entraron a su estudio con la responsabilidad de considerar lo más detalladamente posible su contenido, consecuentemente se analizaron los fundamentos esenciales en que se apoya, para proceder a emitir dictamen conforme a las facultades que les confieren los artículos 85, 86, 89, 94 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y los artículos 117, numeral 1; 135 fracción I; 166, numeral 1; 178, 182, 185, 188 y demás relativos del Reglamento del Senado de la República, someten a consideración el dictamen que ha sido formulado al tenor de la siguiente:

METODOLOGIA

En el capítulo de “ANTECEDENTES” se da constancia del trámite de inicio del proceso legislativo, del recibo de turno para el dictamen de la referida Minuta y de los trabajos previos de las Comisiones Dictaminadoras.

En el capítulo correspondiente a “CONTENIDO DE LA MINUTA”, se sintetiza el alcance de la propuesta de reforma en estudio.

En el capítulo de “CONSIDERACIONES”, las Comisiones Unidas mencionadas expresan los argumentos de valoración de la propuesta y de los motivos que sustentan la resolución de estas Comisiones Dictaminadoras.

ANTECEDENTES

1. Con En sesión celebrada con fecha 24 de agosto de 2011, la Diputada Lucila del Carmen Gallegos Camarena, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó la iniciativa con proyecto de Decreto que reforma la fracción XIX del artículo 3, la fracción III del artículo 33, el articulo 59, la fracción VI del artículo 100, la fracción I del artículo 104, la fracción III del artículo 112, el título noveno, las fracciones I y II del artículo 168, el artículo 173, el párrafo primero y las fracciones I, II, III, V y VI del artículo 174 y los artículos 175, 177 y 178 de la Ley General de Salud. En la misma fecha, Mesa Directiva dispuso que se turnara a la Comisión de Salud de la H. Cámara de Diputados.

2. El día 9 de febrero de 2012, la Mesa Directiva del Senado de la República dio cuenta de haber recibido de la Cámara de Diputados la minuta que contiene el proyecto de Decreto que reforma la fracción XVII del artículo 3, la fracción III del artículo 6, la fracción III del artículo 33, el artículo 59, la fracción VI del artículo 100, la fracción I del artículo 104, la fracción III del artículo 112, la denominación del Título Noveno “Asistencia Social, Prevención de la Discapacidad y Rehabilitación de las Personas con Discapacidad”, las fracciones I, II y V del artículo 168, el artículo 173, el párrafo primero y las fracciones I, II, III, IV y VI del artículo 174 y los artículos 175, 177, 178, 180 y 300 de la Ley General de Salud. En la misma fecha, Mesa Directiva dispuso que se turnara a la Comisión de Salud y de Estudios Legislativos, para su análisis y dictamen correspondiente.

CONTENIDO DE LA MINUTA

Los CC. Legisladores señalan el derecho a la protección de la salud, el cual es un derecho social y universal, independiente de la situación de vulnerabilidad de sus destinatarios, ya que, además, es un elemento esencial para que el Estado pueda sentar las bases para eliminar la desigualdad existente entre los miembros de una sociedad.

Los integrantes de la colegisladora señalaron que de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, la discapacidad forma parte de la condición humana, se estima que cerca del 15% de la población mundial vive con algún tipo de discapacidad, lo cual represente alrededor de mil millones de personas.

CONSIDERACIONES

A.Las Comisiones dictaminadoras hacen referencia al derecho a la protección de la salud que poseen todos los mexicanos acorde con el párrafo tercero del artículo 4º de nuestro máximo ordenamiento legal, el cual a su vez faculta, a través de la fracción XVI del artículo 73, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a emitir leyes sobre salubridad general en la República, por lo que el ámbito de competencia de esta Soberanía se encuentra previamente establecido y reconocido para tratar el tema de salud en México.

B. La Organización Mundial de la Salud en coordinación con el Banco Mundial, realizan un Informe Mundial Sobre la Discapacidad, con el cual se evidencian los mayores obstáculos a los que se enfrentan las personas que sufren de alguna discapacidad, de entre los cuales se encuentran:

• La falta de políticas y normas que involucren las necesidades de las personas con discapacidad.

• Creencias o prejuicios en torno a las personas con discapacidad en el ámbito laboral, de educación, de participación social e incluso en servicios de salud.

• Insuficiencia en servicios de salud, rehabilitación, asistencia y apoyo profesional.

• Falta de información en torno a las personas con discapacidad, entre otras.

C. Derivado de lo anterior, se pueden realizar diversas acciones en torno a las políticas públicas que se desarrollan en nuestro país y que van dirigidas a las personas con discapacidades y los que los rodean. Ello para motivar un avance que traerá como consecuencia que las personas con discapacidad puedan tener un mejor desarrollo y una vida más plena.

D. Dicho tema se palpa hoy en día dentro de nuestra sociedad, ya que acorde con la colegisladora, según datos del Institutito de Estadística y Geografía, en México existen 5,739,270 mexicanos con alguna discapacidad sea física o mental, de ese número dos de cada diez personas son menores de 30 años. Su discapacidad varía en cuanto a limitación al caminar o moverse, ver u oír.

La población afectada directamente por alguna discapacidad es significativa y el impacto es aún mayor, ya que se busca apoyar con ello a las personas que lo rodean, para que en conjunto se pueda lograr que tengan una vida más plena.

E. Por otro lado cabe mencionar que la terminología empleada en diversas ocasiones en el marco normativo mexicano, ha sido insuficiente pues no cumple con las características que por definición se le debe otorgar al nombrar a una persona con discapacidad. Es por lo anteriormente manifestado, los Senadores integrantes de las Comisiones Unidas de Salud; y de Estudios Legislativos, someten a consideración de esta H. Soberanía el siguiente:

Proyecto de Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la ley General de Salud, en materia de discapacidad.

Artículo Unico.- Se reforma la fracción XVII del artículo 3, la fracción III del artículo 6, la fracción III del artículo 33, el artículo 59, la fracción VI del artículo 100, la fracción I del artículo 104, la fracción III del artículo 112, la denominación del Título Noveno “Asistencia Social, Prevención de la Discapacidad y Rehabilitación de las Personas con Discapacidad”, las fracciones I, II y V del artículo 168, el artículo 173, el párrafo primero y las fracciones I, II, III, IV , V y VI del artículo 174 y los artículos 175, 177, 178, 180 y 300 de la Ley General de Salud, para quedar como sigue:

Artículo 3o. …

I. a XVI. …

XVII. La prevención de la discapacidad y la rehabilitación de las personas con discapacidad;

XVIII. a XXVIII. ...

Articulo 6o. ...

I. y II. ...

III. Colaborar al bienestar social de la población mediante servicios de asistencia social, principalmente a menores en estado de abandono, ancianos desamparados y personas con discapacidad, para fomentar su bienestar y propiciar su incorporación a una vida equilibrada en lo económico y social;

IV. a VIII. ...

Artículo 33. ...

I. y II. ...

III. De rehabilitación, que incluyen acciones tendientes a optimizar las capacidades y funciones de las personas con discapacidad, y

IV. ...

Artículo 59. Las dependencias y entidades del sector salud y los gobiernos de las entidades federativas, promoverán y apoyarán la constitución de grupos, asociaciones y demás instituciones que tengan por objeto participar organizadamente en los programas de promoción y mejoramiento de la salud individual o colectiva, así como en los de prevención de enfermedades y accidentes, y de prevención de la discapacidad y de rehabilitación de personas con discapacidad, así como en los cuidados paliativos.

Artículo 100. ...

I. a V. ...

VI El profesional responsable suspenderá la investigación en cualquier momento, si sobreviene el riesgo de lesiones graves, discapacidad, muerte del sujeto en quien se realice la investigación;

VII y VIII …

Artículo 104. ...

I. Estadísticas de natalidad, mortalidad, morbilidad y discapacidad;

II. y III....

Artículo 112. ...

I. y II. ...

III.Orientar y capacitar a la población preferentemente en materia de nutrición, salud mental, salud bucal, educación sexual, planificación familiar, cuidados paliativos, riesgos de automedicación, prevención de fármacodependencia, salud ocupacional, salud visual, salud auditiva, uso adecuado de los servicios de salud, prevención de accidentes, prevención de la discapacidad y rehabilitación de las personas con discapacidad y detección oportuna de enfermedades.

TITULO NOVENO

Asistencia Social, Prevención de la Discapacidad y Rehabilitación

de las Personas con Discapacidad

Artículo 168....

I. La atención a personas que, por sus carencias socio-económicas o por su condición de discapacidad se vean impedidas para satisfacer sus requerimientos básicos de subsistencia y desarrollo;

II. La atención en establecimientos especializados a menores y ancianos en estado de abandono o desamparo y personas con discapacidad sin recursos;

III. y IV. ...

V. La prestación de servicios de asistencia jurídica y de orientación social, especialmente a menores, ancianos y personas con discapacidad sin recursos;

VI. a IX. ...

Artículo 173. Para los efectos de esta Ley, se entiende por discapacidad a la o las deficiencias de carácter físico, mental, intelectual o sensorial, ya sea permanente o temporal que por razón congénita o adquirida, presenta una persona, que al interactuar con las barreras que le impone el entorno social, pueda impedir su inclusión plena y efectiva, en igualdad de condiciones con los demás.

Artículo 174. La atención en materia de prevención de la discapacidad y rehabilitación de las personas con discapacidad comprende:

I. La investigación de las causas de la discapacidad y de los factores que la condicionan;

II. La promoción de la participación de la comunidad en la prevención y control de las causas y factores condicionantes de la discapacidad;

III. La identificación temprana y la atención oportuna de procesos físicos, mentales y sociales que puedan causar discapacidad;

IV. La orientación educativa en materia de rehabilitación a la colectividad en general, y en particular a las familias que cuenten con alguna persona con discapacidad, promoviendo al efecto la solidaridad social;

V. La atención integral de las personas con discapacidad, incluyendo la adaptación de las prótesis, órtesis y ayudas funcionales que requieran;

VI. La promoción para adecuar facilidades urbanísticas y arquitectónicas a las necesidades de las personas con discapacidad, y

VII. ...

Artículo 175. La Secretaría de Salud establecerá las normas oficiales mexicanas de carácter nacional en materia de prevención de la discapacidad y rehabilitación de las personas con discapacidad, y coordinará, supervisará y evaluará su cumplimiento por parte de las instituciones públicas, sociales privadas que persigan estos fines.

Artículo 177. La Secretaría de Salud a través del organismo a que alude el Artículo 172 de esta Ley, y los gobiernos de las entidades federativas, coordinadamente y en sus respectivos ámbitos de competencia, promoverán el establecimiento de centros y servicios de rehabilitación somática, psicológica, social y ocupacional para las personas que cuenten con cualquier tipo de discapacidad, así como acciones que faciliten la disponibilidad y adaptación de prótesis, órtesis y ayudas funcionales.

Artículo 178. El Organismo del Gobierno Federal previsto en el Artículo 172, tendrá entre sus objetivos operar establecimientos de rehabilitación, realizar estudios e investigaciones en materia de discapacidad y participar en programas de rehabilitación y educación especial.

Artículo 180. La Secretaría de Salud y los gobiernos de las entidades federativas, en coordinación con otras instituciones públicas, promoverán que en los lugares en que se presten servicios públicos, se dispongan facilidades para las personas con discapacidad.

Artículo 300. Con el fin de proteger la salud pública, es competencia de la Secretaría de Salud la autorización de la publicidad que se refiera a la salud, al tratamiento de las enfermedades, a la rehabilitación de las personas con discapacidad, al ejercicio de las disciplinas para la salud y a los productos y servicios a que se refiere esta Ley. Esta facultad se ejercerá sin perjuicio de las atribuciones que en esta materia confieran las leyes a las Secretarías de Gobernación, Educación Pública, Economía, Comunicaciones y Transportes y otras dependencias del Ejecutivo Federal.

TRANSITORIO

Unico. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación”.

Debido a que el dictamen se encuentra publicado en la Gaceta del Senado de este día y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 195 del Reglamento del Senado, queda de primera lectura.

Tenemos la primera lectura de 4 dictámenes en sentido negativo:

De las Comisiones Unidas de Atención a Grupos Vulnerables; y de Estudios Legislativos, Primera, en relación con el proyecto de Decreto por el que se adiciona un inciso m) a la fracción I del artículo 4 de la Ley de Asistencia Social.






PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN INCISO M) A LA FRACCION I DEL ARTICULO 4 DE LA LEY DE ASISTENCIA SOCIAL

(Dictamen de primera lectura)

“COMISIONES UNIDAS DE ATENCION A GRUPOS VULNERABLES;
Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, PRIMERA

H. ASAMBLEA:

A las Comisiones Unidas de Atención a Grupos Vulnerables y de Estudios Legislativos, Primera de la LXII Legislatura de la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, les fue turnada para su estudio y dictamen la minuta con proyecto de Decreto por el que se adiciona un inciso m) a la fracción I del artículo 4 de la Ley de Asistencia Social.

Estas Comisiones, con fundamento en los artículos 85 y 86 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y en los artículos 135.1, 182, 183 y 187 del Reglamento del Senado de la República, someten a consideración de esta Honorable Asamblea, el presente Dictamen de conformidad con la siguiente:

METODOLOGIA

I. En el capítulo de “ANTECEDENTES”, se da constancia del trámite de inicio del proceso legislativo, del recibo de turno para el dictamen de la referida Minuta y de los trabajos previos de las Comisiones Dictaminadoras.

II. En el capítulo correspondiente a “CONTENIDO DE LA MINUTA”, se sintetiza el alcance de la propuesta de reforma en estudio.

III. En el capítulo de “CONSIDERACIONES”, las Comisiones Unidas expresan los argumentos de valoración de la propuesta y de los motivos que sustentan la resolución de estas Dictaminadoras.

ANTECEDENTES

1. Con fecha 23 de octubre de 2008, la Diputada Federal Holly Matus Toledo, integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Asistencia Social.

2. En la misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 23, fracción f) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, acordó turnar a la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, la iniciativa mencionada para su estudio y dictamen.

3. Con fecha 31 de marzo de 2009, el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó la iniciativa ya referida por trescientos veintisiete votos a favor, enviándose a la Cámara de Senadores para sus efectos constitucionales.

4. Con fecha 1° de abril de 2009, se recibió en la Cámara de Senadores, la Minuta con proyecto de Decreto por el que se adiciona un inciso m, a la fracción I de la Ley de Asistencia Social.

5. En la misma fecha, la presidencia de la Mesa Directiva turnó la Minuta a las Comisiones Unidas de Atención a Grupos Vulnerables y de Estudios Legislativos, Primera para su estudio y dictamen.

II. CONTENIDO DE LA MINUTA

En la iniciativa presentada por la Diputada Matus Toledo se proponían una serie de reformas y adiciones a diversas disposiciones de la Ley de Asistencia Social, sin embargo, la Colegisladora consideró únicamente aprobar la adición de un inciso m, a la fracción I del artículo 4 de la Ley de Asistencia Social.

El artículo 4 de la Ley ya mencionada, señala quetienen derecho a la asistencia social, los individuos y familias que por sus condiciones físicas, mentales, jurídicas, o sociales, requieran de servicios especializados para su protección y su plena integración al bienestar.

En el segundo párrafo se señala quienes son sujetos de la asistencia social, estableciéndose en la fracción I, a todas las niñas, niños y adolescentes, en especial aquellos que se encuentren en situación de riesgo o afectados por desnutrición; deficiencias en su desarrollo físico o mental, o cuando este sea afectado por condiciones familiares adversas; maltrato o abuso; abandono, ausencia o irresponsabilidad de progenitores en el cumplimiento y garantía de sus derechos; ser víctimas de cualquier tipo de explotación; vivir en la calle; ser víctimas del tráfico de personas, la pornografía y el comercio sexual; trabajar en condiciones que afecten su desarrollo e integridad física y mental; infractores y víctimas del delito; ser hijos de padres que padezcan enfermedades terminales o en condiciones de extrema pobreza; ser migrantes y repatriados; y ser víctimas de conflictos armados y de persecución étnica o religiosa.

En su último párrafo se prevé que para los efectos de esta Ley, se considera como niñas y niños, a aquellas personas que no hayan cumplido los doce años de edad; y adolescentes, a aquellas personas de doce años y antes de los dieciocho años de edad, lo anterior en concordancia con lo establecido en el artículo 2 de la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.

La adición propuesta por la Colegisladora, se hace consistir en considerar como sujetos de la asistencia social a aquellas mujeres menores de edad que se encuentren embarazadas como consecuencia de una violación.

III. CONSIDERACIONES

Del estudio y análisis llevado a cabo por estas Comisiones Unidas Dictaminadoras, se desprenden los siguientes elementos de juicio:

Primero.- México ha suscrito diversos instrumentos internacionales, entre los que destaca la Convención sobre los Derechos del Niño, aprobado por el Senado de la República el 19 de junio de 1990.

Segundo.- En esta Convención se destaca que en la Declaración Universal de Derechos Humanos las Naciones Unidas se proclama que la infancia tiene derecho a cuidados y asistencia especiales; que la familia, como grupo fundamental de la sociedad y medio natural para el crecimiento y el bienestar de todos sus miembros, y en particular de los niños, debe recibir la protección y asistencia necesarias para poder asumir plenamente sus responsabilidades dentro de la comunidad;que el niño, para el pleno y armonioso desarrollo de su personalidad, debe crecer en el seno de la familia, en un ambiente de felicidad, amor y comprensión;que el niño debe estar plenamente preparado para una vida independiente en sociedad y ser educado en el espíritu de los ideales proclamados en la Carta de las Naciones Unidas y, en particular, en un espíritu de paz, dignidad, tolerancia, libertad, igualdad y solidaridad; que el niño, por su falta de madurez física y mental, necesita protección y cuidados especiales, incluso la debida protección legal, tanto antes como después del nacimiento.

Tercero.- En este instrumento internacional y en otros que ha suscrito nuestro país, se busca proteger a los menores de edad de todo tipo de violencia, entre ellas, la violencia sexual y sus consecuencias.

Cuarto.- Es de resaltar que la violación está considerada como el más grave de los delitos sexuales porque implica una brutal ofensa ya que al utilizar medios violentos de comisión, se pone en riesgo la tranquilidad psíquica, la libertad personal, la integridad corporal e incluso la vida del sujeto pasivo1 y en el caso que motiva este dictamen es de mayor gravedad por tratarse de menores de edad, que aún no tienen una comprensión cabal de la sexualidad ni de las consecuencias y los riesgos del ejercicio sexual en condiciones de desigualdad física, psíquica, cognitiva y social. Por esta razón, el impacto sobre su salud mental y sexual perdura durante muchos años.

Quinto.- Estas Comisiones Unidas reconocen que los Legisladores cada vez muestran más interés en los temas relativos a niñas, niños y adolescentes. Sin embargo, es necesario señalar lo siguiente:

a).- La propuesta de la minuta propone establecer como sujetos de asistencia social a niñas y adolescentes que resulten embarazadas por medio de una violación, cuestión que resulta imprecisa pues limita el alcance y atención de las menores de edad embarazadas a sólo aquellas que además viven esa condición como consecuencia de una violación.

Ello, es una propuesta que va en contra de la generalidad de la Ley, pues las niñas y adolescentes embarazadas necesitan de una especial atención por el hecho de aún ser menores de edad y todo lo que ello conlleva física y emocionalmente que los hace sujetos de atención especial.

b).- Aunado a lo anterior, en la actualidad, la Ley en materia de discriminación establece lo siguiente:

Artículo 4.-…

I.-…

II. Las mujeres:

a) En estado de gestación o lactancia y las madres adolescentes;

b) y c).-…

III a XII.-…

Como se lee, el inciso a) de la fracción II señala como sujetos de asistencia social a las adolescentes en situación de embarazo en su enfoque más amplio, es decir, sin ningún elemento adicional como la edad o cualquier otro, que se traduce en un precepto más amplio y protector para sus beneficiarios.

Es por lo anteriormente expuesto y fundamentado, que las Comisiones Unidas de Atención a Grupos Vulnerables y de Estudios Legislativos Primera:

RESUELVEN

UNICO.-Sedesecha laminuta con proyecto de Decreto por el que se adiciona un inciso m) a la fracción I del artículo 4 de la Ley de Asistencia Social.

Salón de sesiones de la H. Cámara de Senadores, a 28 de febrero de 2013.

De las Comisiones Unidas de Atención a Grupos Vulnerables; y de Estudios Legislativos, Primera, en relación con el proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversos artículos de la Ley para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas.

1 Mendoza Durán, José. El delito de Violación. Editorial Nereo, Barcelona , España. 1962, pag.3






PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSOS ARTICULOS DE LA LEY PARA PREVENIR Y SANCIONAR LA TRATA DE PERSONAS

(Dictamen de primera lectura)

“COMISIONES UNIDAS DE ATENCION A GRUPOS VULNERABLES;
Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, PRIMERA

H. ASAMBLEA:

A las Comisiones Unidas de Atención a Grupos Vulnerables y de Estudios Legislativos, Primera de la LXII Legislatura de la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, les fue turnada para su estudio y dictamen la minuta con proyecto de Decreto por el que por el que se reforman y adicionan diversos artículos de la Ley para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas.

Estas Comisiones, con fundamento en los artículos 85 y 86 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y en los artículos 135.1, 182, 183 y 187 del Reglamento del Senado de la República, someten a consideración de esta Honorable Asamblea, el presente Dictamen de conformidad con la siguiente:

METODOLOGIA

I. En el capítulo de “ANTECEDENTES”, se da constancia del trámite de inicio del proceso legislativo, del recibo de turno para el dictamen de la referida Minuta y de los trabajos previos de las Comisiones Dictaminadoras.

II. En el capítulo correspondiente a “CONTENIDO DE LA MINUTA”, se sintetiza el alcance de la propuesta de reforma en estudio.

III. En el capítulo de “CONSIDERACIONES”, las Comisiones Unidas expresan los argumentos de valoración de la propuesta y de los motivos que sustentan la resolución de estas Dictaminadoras.

ANTECEDENTES

1. Con fecha 26 de mayo de 2010, el Diputado Federal Juan Carlos López Fernández, a nombre de la Diputada Federal Claudia Edith Anaya Mota, integrantes del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas.

2. Esa misma fecha, la Presidencia de Mesa Directiva de la Comisión Permanente del Poder Legislativo Federal, por conducto de su vicepresidencia, turnó la iniciativa en comento a la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados.

3. Con fecha 29 de septiembre de 2011, el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó la iniciativa ya referida por trescientos cincuenta votos a favor, enviándose a la Cámara de Senadores para sus efectos constitucionales.

4. Con fecha 4 de octubre de 2011, se recibió en la Cámara de Senadores, la minuta con proyecto de Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley para prevenir y sancionar la Trata de Personas, la cual fue turnada por la Presidencia de la Mesa Directiva a las Comisiones Unidas de Atención a Grupos Vulnerables y de Estudios Legislativos Primera para su estudio y dictamen.

CONTENIDO DE LA MINUTA

En la minuta que motiva el presente dictamen, se propone una serie de reformas y adiciones a diversos artículos de la Ley para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas.

La Colegisladora aprueba en sus términos la iniciativa presentada por la Diputada Claudia Edith Anaya Mota quien señala en su exposición de motivos, que en la Ley no existen disposiciones que protejan a las personas con discapacidad y a las víctimas que por la comisión del delito de trata de personas, adquieran una discapacidad.

Las modificaciones y adiciones contempladas en la minuta tienen por objeto el de incluir acciones que protejan de manera específica al grupo vulnerable que conforman las personas con discapacidad, previsto en el derecho convencional invocado, proponiéndose sanciones administrativas a los servidores públicos que participen en la trata de personas de las personas con discapacidad, con independencia de la responsabilidad penal correspondiente; que se apoye con los costos de los implementos que tengan por objeto subsanar la discapacidad provocada por la comisión de este delito y de todo aquello que sirva para su incorporación social; que en las respectivas campañas, la Comisión Intersecretarial dé lugar a las personas con discapacidad, y, finalmente, que se adopten las medidas respectivas para la protección de las personas con discapacidad auditiva y de la vista.

CONSIDERACIONES

1.- La trata de personas es el nombre que organismos internacionales, gobiernos y organizaciones no gubernamentales consideran para las formas de esclavitud del siglo XXI, que sin duda alguna es un atentado contra la libertad y dignidad de las personas que se prolonga en el tiempo lucrando con voluntades y vidas, a través del abuso y la tortura.

Históricamente, mujeres, niñas, niños y adolescentes --principales víctimas del delito de trata de personas--, enfrentan factores de vulnerabilidad entre los que destacan: pobreza, falta de oportunidades económicas, bajo nivel educativo, desempleo, inequidad, desamparo, falta de registro de nacimiento, desastres humanitarios, conflictos armados, así como la explotación sexual y la mano de obra barata.

Prueba de ello, es lo señalado por la UNICEF, que estima que cada año 1.2 millones de niños son víctimas de este flagelo y, de acuerdo con cifras de la Organización de las Naciones Unidas, al menos 27 millones de personas en todo el mundo han sido víctimas de explotación laboral, sexual o comercial en los últimos 25 años.

2.- México publicó la Ley Federal para Sancionar y Prevenir la Trata de Personas en el año 2007, como un esfuerzo para fortalecer el marco legal contra este delito, tipificando y sancionando la trata de menores de 18 años como delito federal grave y de delincuencia organizada; asimismo estableció los delitos de corrupción y trata de niños, pornografía infantil, turismo sexual, lenocinio, explotación laboral infantil y explotación sexual comercial infantil, entre otros.

Sin embargo, en esta Ley prevalecían lagunas e insuficiencias que son urgentes de atender, destacando el hecho de que aspectos que los instrumentos internacionales consideran y tratan como parte del mismo fenómeno fueron introducidas al orden jurídico nacional de forma aislada, como conductas constitutivas de otros delitos y no como parte de casos explícitamente del delito trata de personas.

Por ello, el 14 de junio de 2012 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos, que tiene como objetivos primor diales entre otros, de acuerdo a su Artículo 2, los siguientes:

I. Establecer competencias y formas de coordinación para la prevención, investigación, persecución y sanción de los delitos en materia de trata de personas entre los Gobiernos Federal, Estatales, del Distrito Federal y Municipales;

II. Establecer los tipos penales en materia de trata de personas y sus sanciones;

III. Determinar los procedimientos penales aplicables a estos delitos;

IV. La distribución de competencias y formas de coordinación en materia de protección y asistencia a las víctimas de los delitos objeto de esta Ley;

V. Establecer mecanismos efectivos para tutelar la vida, la dignidad, la libertad, la integridad y la seguridad de las personas, así como el libre desarrollo de niñas, niños y adolescentes, cuando sean amenazados o lesionados por la comisión de los delitos objeto de esta Ley; y

VI. Reparar el daño a las víctimas de trata de personas de manera integral, adecuada, eficaz y efectiva, proporcional a la gravedad del daño causado y a la afectación sufrida.

Asimismo, establece en su Artículo Transitorio Segundo la abrogación de la Ley para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas, publicada en el Diario Oficial de la Federación el día 27 de noviembre de 2007.

3.- Las Comisiones Unidas de Atención a Grupos Vulnerables y de Estudios Legislativos Primera, celebran y reconocen el espíritu de la propuesta, al ser necesaria la implementación de todos los mecanismos y estrategias encaminados a fomentar y reforzar el ejercicio integral de los derechos de las personas con discapacidad.

Sin embargo, la Minuta materia del presente dictamen ha quedado sin materia, en virtud a que la Ley que pretende reformar ya fue abrogada, de acuerdo a lo establecido anteriormente, por lo que si bien estas Dictaminadoras coinciden plenamente con el espíritu de la propuesta de reforma, están jurídicamente obligados a desechar la propuesta.

Es por lo anteriormente expuesto y fundamentado, que las Comisiones Unidas de Atención a Grupos Vulnerables y de Estudios Legislativos Primera:

RESUELVEN

UNICO.-Sedesecha laminuta con proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversos artículos de la Ley para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas.

Salón de sesiones de la H. Cámara de Senadores, a 28 de febrero de 2013”.

De las Comisiones Unidas de Atención a Grupos Vulnerables; y de Estudios Legislativos, Primera, en relación con el proyecto de Decreto por el que se adiciona el artículo 11 de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación.






PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UNA FRACCION X AL ARTICULO 11 DE LA LEY FEDERAL PARA PREVENIR Y ELIMINAR LA DISCRIMINACION

(Dictamen de primera lectura)

“COMISIONES UNIDAS DE ATENCION A GRUPOS VULNERABLES;
Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, PRIMERA

H. ASAMBLEA:

A las Comisiones Unidas de Atención a Grupos Vulnerables y de Estudios Legislativos, Primera de la LXII Legislatura de la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, les fue turnada para su estudio y dictamen la minuta con proyecto de Decreto por el que se adiciona una fracción X al artículo 11 de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación.

Estas Comisiones, con fundamento en los artículos 85 y 86 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y en los artículos 135.1, 182, 183 y 187 del Reglamento del Senado de la República, someten a consideración de esta Honorable Asamblea, el presente Dictamen de conformidad con la siguiente:

METODOLOGIA

I. En el capítulo de “ANTECEDENTES”, se da constancia del trámite de inicio del proceso legislativo, del recibo de turno para el dictamen de la referida Minuta y de los trabajos previos de las Comisiones Dictaminadoras.

II. En el capítulo correspondiente a “CONTENIDO DE LA MINUTA”, se sintetiza el alcance de la propuesta de reforma en estudio.

III. En el capítulo de “CONSIDERACIONES”, las Comisiones Unidas expresan los argumentos de valoración de la propuesta y de los motivos que sustentan la resolución de estas Dictaminadoras.

ANTECEDENTES

1. Con fecha 12 de enero de 2011, el Diputado Federal Jorge Antonio Kahwagi Macari, integrante del grupo parlamentario del Partido de Nueva Alianza, presentó una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se adiciona un artículo 27 bis a la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y una fracción X al artículo 11 de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación.

2. En la misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 23, fracción f) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, acordó turnar a las Comisiones de Atención a Grupos Vulnerables y de Derechos Humanos,la iniciativa mencionada para su estudio y dictamen.

3. Con fecha 29 de septiembre de 2011, el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó la iniciativa ya referida por trescientos sesenta y ocho votos a favor, enviándose a la Cámara de Senadores para sus efectos constitucionales.

4. Con fecha 4 de octubre de 2011, se recibió en la Cámara de Senadores, la minuta con proyecto de Decreto por el que se adiciona una fracción X al artículo 11 de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, siendo turnada por la Presidencia de la Mesa Directiva a las Comisiones Unidas de Atención a Grupos Vulnerables y de Estudios Legislativos Primera para su estudio y dictamen.

II. CONTENIDO DE LA MINUTA

El artículo 11 de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación establece las medidas positivas y compensatorias que, en el ámbito de su competencia llevaran a cabo los órganos públicos y las autoridades federales a favor de la igualdad de oportunidades de las niñas y los niños.

Se establecen como medidas: instrumentar programas de atención médica y sanitaria para combatir la mortalidad y la desnutrición infantiles; impartir educación para la preservación de la salud, el conocimiento integral de la sexualidad, la planificación familiar, la paternidad responsable y el respeto a los derechos humanos; promover el acceso a centros de desarrollo infantil, incluyendo a menores con discapacidad; promover las condiciones necesarias para que los menores puedan convivir con sus padres o tutores, incluyendo políticas públicas de reunificación familiar para migrantes y personas privadas de la libertad; preferir, en igualdad de circunstancias, a las personas que tengan a su cargo menores de edad en el otorgamiento de becas, créditos u otros beneficios; alentar la producción y difusión de libros para niños y niñas; promover la creación de instituciones que tutelen a los menores privados de su medio familiar, incluyendo hogares de guarda y albergues para estancias temporales; promover la recuperación física, psicológica y la integración social de todo menor víctima de abandono, explotación, malos tratos o conflictos armados; y proporcionar, en los términos de la legislación en la materia, asistencia legal y psicológica gratuita e intérprete en los procedimientos judiciales o administrativos, en que sea procedente.

La Minuta enviada por la Cámara de Diputados y que da origen a este dictamen, propone la adición de una fracción X, a efecto de que se lleven a cabo acciones que disminuyan y en su caso erradiquen, las causas que originan sus condiciones de vulnerabilidad social.

CONSIDERACIONES

Del estudio y análisis llevado a cabo por estas Comisiones Unidas Dictaminadoras, se desprenden los siguientes elementos de juicio:

Primero.-Estas Comisiones Unidas comparten el espíritu de la propuesta que propone adicionar una fracción X al artículo 11 de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, en cuanto a fomentar la protección a las niñas y niños que se encuentran en condiciones de vulnerabilidad.

Segundo.- Por su naturaleza y condición intrínseca, niñas, niños y adolescentes requieren de mayor protección en los ámbitos familiar y social, con el propósito de garantizarles un disfrute pleno de sus derechos.

Tercero.- Las medidas positivas y compensatorias establecidas en los diversos preceptos de la Ley en materia de discriminación, tienen el primordial objetivo propiciar la igualdad de oportunidades de diversos sectores de población que por sus condiciones se encuentran en situación de desventaja, como son las personas con discapacidad, las personas adultas mayores y niñas, niños y adolescentes.

Tal es el caso del artículo 11, que señala que los órganos públicos y las autoridades federales, en el ámbito de su competencia, llevarán a cabo medidas positivas y compensatorias a favor de la igualdad de oportunidades de niñas y niños, tales como:

a) Instrumentar programas de atención médica y sanitaria para combatir la mortalidad y la desnutrición infantiles;

b) Impartir educación para la preservación de la salud, el conocimiento integral de la sexualidad, la planificación familiar, la paternidad responsable y el respeto a los derechos humanos;

c) Promover el acceso a centros de desarrollo infantil, incluyendo a menores de edad con discapacidad.

En este sentido, la minuta materia del presente Dictamen tiene como objetivo establecer como una medida compensatoria o positiva a favor de niñas y niños, que los órganos públicos y autoridades federales deberán “realizar acciones que disminuyan y en su caso erradiquen las causas que originan sus condiciones de vulnerabilidad social”.

Sin embargo, la propuesta descrita no coincide con el establecimiento de acciones compensatorias, las cuales son específicas y tiene un objetivo delimitado mientras que la redacción de la minuta carece de precisión y al ser tan general puede ser aplicable para todos los sectores poblacionales y correspondería, más bien, al diseño de una política pública en la materia, alejado totalmente de un elemento constitutivo de la Ley reguladora de la discriminación, pues su alcance es mucho mayor al de una medida positiva.

Es por lo anteriormente expuesto y fundamentado, que las Comisiones Unidas de Atención a Grupos Vulnerables y de Estudios Legislativos Primera:

RESUELVEN

UNICO.-Se desecha laminuta con proyecto de Decreto por el que se adiciona una fracción X al artículo 11 de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación.

Salón de sesiones de la H. Cámara de Senadores, a 28 de febrero de 2013”.

De las Comisiones Unidas de Cultura; y de Estudios Legislativos, Primera, en relación con el proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 21 y se adiciona un tercer párrafo al artículo 22 de la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos.






PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTICULO 21 Y SE ADICIONA UN TERCER PARRAFO AL ARTICULO 22 DE LA LEY FEDERAL SOBRE MONUMENTOS Y ZONAS ARQUEOLOGICOS, ARTISTICOS E HISTORICOS

(Dictamen de primera lectura)

“COMISIONES UNIDAS DE CULTURA;
Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, PRIMERA

H. ASAMBLEA:

A las comisiones de Cultura y de Estudios Legislativos, Primera de la Cámara de Senadores le fue turnado por la Mesa Directiva del Senado de la República iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 21 y se adiciona un tercer párrafo al artículo 22, ambos de la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, presentada por el entonces Senador Renán Cleominio Zoreda Novelo, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Estas comisiones dictaminadoras, con fundamento en el segundo párrafo del artículo 65 y en el primer párrafo del artículo 72de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; en los artículos 86, 94, 116 y 122 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y en los artículos 113, 117, 135, 150, 177, 178, 182 y 190 del Reglamento del Senado de la República, someten a la consideración de esta Honorable Asamblea, el siguiente dictamen por el que se reforma y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos con base en los siguientes:

ANTECEDENTES

1. El 13 de junio de 2012, el entonces Senador Renán Cleominio Zoreda Novelo, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó ante el Pleno de la Comisión Permanente iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 21 y se adiciona un tercer párrafo al artículo 22, ambos de la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos.

2. Ese mismo día, la Mesa Directiva de la Comisión Permanente turnó la iniciativa a las comisiones de Cultura y de Estudios Legislativos, Primera del Senado de la República de la LXI Legislatura para su estudio y dictamen.

3. Al inicio de la Legislatura XLII, la propuesta del entonces Senador Zoreda fue integrada al Acuerdo de la Mesa Directiva conforme al artículo 219 del Reglamento de la Cámara de Senadores, a fin de dar conclusión a los asuntos que no fueron objeto de dictamen en la legislatura LXI.

4. El 30 de noviembre de 2012, el Senador José Rosas Aispuro Torres comunicó a la Presidencia de la Comisión de Cultura la vigencia de dicha iniciativa.

Con base en los antecedentes señalados, las comisiones que concurren al dictamen realizaron el estudio de la iniciativa a fin de generar el presente dictamen por el que se desecha la iniciativa y da por concluido su trámite legislativo.

CONTENIDO DE LA PROPUESTA

El Senador Renán Cleominio Zoreda Novelo presenta una propuesta de reforma al artículo 21 y la adición de un tercer párrafo al artículo 22 con la finalidad de establecer en la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos con la finalidad de, por una parte, crear el Registro Público de Bienes Patrimoniales y, por la otra, que el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) y el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBA) establezcan un sistema electrónico de registro de los bienes a su cargo, el cual deberá ser actualizado anualmente.

La propuesta del entonces Senador se fundamenta en la necesidad de crear un mecanismos de control de bienes arqueológicos, artísticos e históricos más sólido y confiable, en virtud de que, en el Informe del resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2010, a cargo de la Auditoria Superior de la Federación, se detectaron graves deficiencias en el cumplimiento de las funciones del INAH, tales como la carencia de los conceptos legales normativos de conservación, protección y restauración del patrimonio arqueológico e histórico.

El texto que presenta a la iniciativa que hace referencia al informe de la cuenta pública del año 2010 señala: El órgano fiscalizador federal determinó que el INAH no diseñó indicadores ni metas anuales para evaluar el cumplimiento de los objetivos institucionales vinculados con la conservación, protección y restauración del patrimonio arqueológico e histórico, establecidos en el Programa Nacional de Cultura 2007-2012; no contó con un sistema de información para registrar y controlar las acciones necesarias para lograr sus objetivos institucionales y cumplir con la normativa aplicable; no inscribió los monumentos y bienes arqueológicos e históricos en el Registro Público de Monumentos y Zonas Arqueológicos e Históricos; no dispuso de referentes ni de la memoria de cálculo para verificar el cumplimiento de las metas del inventario y del catálogo de muebles, inmuebles y zonas arqueológicos e históricos; no acreditó que hubiera realizado acciones para impulsar la emisión de declaratorias ni para desarrollar un modelo de conservación integral del patrimonio; no realizó acciones de vigilancia, resguardo, seguridad y ordenación del espacio donde se ubica el patrimonio arqueológico e histórico; no acreditó las medidas necesarias en la reducción de la afectación del patrimonio arqueológico y sus entornos; no promovió la conservación integral de las zonas arqueológicas abiertas al público y las que han sido declaradas patrimonio mundial por la UNESCO, y no identificó en su sistema contable los costos incurridos en la protección, conservación y restauración del patrimonio arqueológico e histórico.

Igualmente, señala que el instituto se ha rezagado en la adquisición de tecnologías de la información, que faciliten sus tareas de gestión patrimonial y la reorganización de su estructura, al igual que carece de sistemas de información y bancos de datos únicos, que compartan plataformas y criterios de inventario, registro y catalogación de los bienes culturales, lo que ha fomentado la destrucción y robo del patrimonio, al no tener un control efectivo sobre los bienes.

El propósito de crear un nuevo registro se justifica, en opinión de quien presenta la iniciativa, por el hecho de que no existe una metodología única de registro y catalogación de los monumentos por el hecho de que existen dos registros, uno a cargo del INAH y otro a cargo del INBA. Para acabar con esta duplicidad propone constituir un registro único que dependa directamente del Secretario de Educación Pública y que será la única entidad en materia de registro de bienes patrimoniales.

En opinión de quien propone la reforma, México es un país que se ha preocupado por la protección y conservación de su patrimonio de manera legítima y precisamente por ocupar el sexto lugar a nivel mundial por el número de declaratorias con la calidad de Patrimonio Cultural de la Humanidad, se debe poner mayor énfasis en el desarrollo de esta labor.

La propuesta normativa del entonces Senador Zoreda es la siguiente:

LEY FEDERAL SOBRE MONUMENTOS Y ZONAS ARQUEOLÓGICOS,

ARTÍSTICOS E HISTÓRICOS

Texto Original

Propuesta normativa

ARTICULO 3o.- La aplicación de esta Ley corresponde a:

I.- y II.-

III.- El Secretario del Patrimonio Nacional;

IV.- a la VI.-

Artículo 3o.- La aplicación de esta Ley corresponde a:

I.- …

II.- …

III.- SE DEROGA

IV.- … a VI.- ...

ARTICULO 21.- Se crea el Registro Público de Monumentos y Zonas Arqueológicos e Históricos, dependientes del Instituto Nacional de Antropología e Historia y el Registro Público de Monumentos y Zonas Artísticos, dependientes del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, para la inscripción de monumentos arqueológicos, históricos o artísticos y las declaratorias de zonas respectivas.

Artículo 21.- Se crea el Registro Único de Bienes Patrimoniales, dependiente del Secretario de Educación Pública, para la inscripción de monumentos arqueológicos, históricos o artísticos y las declaratorias de zonas respectivas.

ARTICULO 22.- Los Institutos respectivos harán el registro de los monumentos pertenecientes a la Federación, Estados y Municipios y los organismos descentralizados, empresas de participación estatal y las personas físicas o morales privadas, deberán inscribir ante el Registro que corresponda, los monumentos de su propiedad.

La declaratoria de que un bien inmueble es monumento, deberá inscribirse, además, en el Registro Público de la Propiedad de su jurisdicción.

Artículo 22.- (…)

(…)

Para tener un control del inventario de los monumentos arqueológicos, históricos o artísticos y las declaratorias de zonas respectivas, los Institutos deberán implementar un sistema electrónico de registro, el cual operará de conformidad con lo establecido en el reglamento que la autoridad emita para tal efecto, mismo que deberá ser actualizado anualmente.

Tomados en cuenta los argumentos que sustentan a la propuesta, las comisiones unidas de Cultura y de Estudios Legislativos, Primera presentan las siguientes consideraciones al Pleno de la Cámara de Senadores por las que se considera que es de desecharse la propuestas.

CONSIDERACIONES

PRIMERA.- La Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 6 de mayo de 1972, recoge la experiencia que en materia de protección del patrimonio cultural se desarrolló en nuestro país a lo largo del siglo XX, tanto desde la perspectiva científica y técnica como desde el punto de vista jurídico. El espíritu normativo de la ley sitúa a la protección y conservación del patrimonio cultural como un asunto de interés social y nacional, y deposita en el orden Federal de gobierno el principio de autoridad para llevar a cabo las acciones que, en representación del interés público, sean necesarias para proteger, conservar, investigar y difundir el legado cultural de la Nación. La legislación vigente, sustentada en la fracción XXV del artículo 73 constitucional, inscribe en un régimen de protección los bienes muebles e inmuebles producto de las civilizaciones que habitaron el territorio nacional antes del establecimiento de la hispánica, los bienes que por determinación de ley o por la vía de declaratoria estén vinculados con la historia de la nación o, bien, fueron destinados al culto religioso, así como aquellos que por sus cualidades revisten un valor estético relevante cuya protección es de interés nacional.

SEGUNDA.- El marco jurídico al que se adscribe el patrimonio cultural bajo las figuras de monumentos y zonas de monumentos le otorga una condición jurídica que, en el caso de los bienes arqueológicos, por disposición expresa de la ley, los hace propiedad de la Nación, inalienables e imprescriptibles y, en el caso de los bienes artísticos y los bienes históricos, los sujeta a modalidades de uso, conservación y traslado de dominio con el propósito esencial de garantizar su salvaguarda, con independencia de si se trata de bienes públicos o de propiedad particular. Esta naturaleza jurídica resume, en gran medida, un debate histórico e ideológico por mantener libres del comercio y del saqueo a los bienes arqueológicos y evitar, entre otros fines, la destrucción de los inmuebles arqueológicos, históricos o artísticos, amenazados por el desarrollo urbano y los intereses inmobiliarios. La Ley sienta las bases de una Política de Estado sustentada en el interés social y el orden público, privilegiando la acción gubernamental en la defensa de los elementos que se considera son la expresión de la historia, identidad e idiosincrasia nacionales.

TERCERA.- La ley prevé el establecimiento de dos registros públicos, uno a cargo del Instituto Nacional de antropología e Historia y otro a cargo del Instituto Nacional de Bellas Artes; el primero, lleva a cabo el registro de monumentos y zonas de carácter arqueológico e histórico y, el segundo, el registro de los bienes artísticos que cumplan con las cualidades que establece la norma como condición para ser monumentos o zona de monumentos. Dichos registros atienden a la naturaleza de las disposiciones normativas que hace competentes a cada uno de los institutos. Así, está dispuesto en los artículos 44, 45 y 46, cuyo texto señala:

ARTICULO 44.- El Instituto Nacional de Antropología e Historia es competente en materia de monumentos y zonas de monumentos arqueológicos e históricos.

ARTICULO 45.- El Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura es competente en materia de monumentos y zonas de monumentos artísticos.

ARTICULO 46.- En caso de duda sobre la competencia de los Institutos para conocer un asunto determinado, el Secretario de Educación Pública resolverá a cual corresponde el despacho del mismo.

Para los efectos de competencia, el carácter arqueológico de un bien tiene prioridad sobre el carácter histórico, y éste a su vez sobre el carácter artístico.

CUARTA.- La competencia señalada en la ley a los institutos se fundamente además en criterios técnicos, no sólo respecto del registro, sino también, por la naturaleza física de los bienes desde el punto de vista de los materiales con los que fueron elaborados. El ámbito competencial recoge en mucho elementos que se aplican al registro, a la protección y, en especial, a la restauración o intervenciones necesarias para garantizar la conservación de los bienes. Incluso, la profesional y formación técnica de los especialistas a cargo de quienes están las labores de investigación, recuperación, identificación, registro, catalogación y demás actividades que supone la protección de los bienes que conforman el patrimonio cultural, es de muy diverso orden y atiende una multiplicidad de disciplinas.

QUINTA.- En opinión de los integrantes de las comisiones unidas que elaboran el presente dictamen, la propuesta de crear un solo registro, dependiente del Secretario de Educación Pública, únicamente traslada una función que actualmente está fundada en criterios técnicos por privilegiar un aspecto administrativo. De hecho, el Secretario de Educación Pública cumple con funciones de autoridad en la materia de monumentos artísticos e históricos, pues es la autoridad que, conforme al segundo párrafo del artículo 5° de la ley, emite las declaratorias de adscripción, previa identificación y antes del registro de los mismos; en cualquier caso, la declaración se lleva a cabo a partir de la integración del expediente correspondiente.

SEXTA.- Cabe destacar que la Secretaría de Educación Pública tiene a su cargo todo lo relacionado con la prestación del servicio público educativo señalado en el artículo 3° constitucional, labor que implica actualmente la atención de más de 34 millones de educandos, y no obstante que las fracciones XVIII a la XXI del artículo 38 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal le asignan competencias en relación con la conservación, protección y catalogación de los monumentos arqueológicos, artísticos e históricos, esta función la realiza a través detres instituciones: el INAH, el INBA y el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (CONACULTA). En términos de racionalidad administrativa, quienes presentan el presente instrumento, consideran razonable la división y delegación de funciones, máxime que esta se apoya en la ley e implica atender un universo del cual a veces no se tiene una idea precisa.

SETIMA.- El número de monumentos registrados en la actualidad, conforme lo señala el Atlas de infraestructura y patrimonio cultural de México 2010, informa de los siguientes datos sólo en relación con bienes inmuebles:

Sitios arqueológicos registrados:

42,614

Zonas arqueológicas abiertas al público:

176

Zonas de monumentos arqueológicos:

47

Monumentos históricos registrados:

101,578

Monumentos históricos abiertos al público:

79

Zonas de monumentos históricos:

57

Sitios Patrimonio cultural de la Humanidad:

31

Inmuebles artísticos identificados

18,791

Cabe destacar, además, que el registro de los bienes muebles lleva un curso diferente y se desarrolla conforme a la naturaleza institucional. En el caso de los bienes arqueológicos se hace referencia a una labor que difícilmente podrá concluir, toda vez que el territorio nacional estuvo habitado por más de 10 millones de personas antes de la llegada de los españoles, lo que significa que produjeron una cantidad de bienes muebles cuyo registro sólo puede llevarse a cabo una vez que son encontrados, muchos de ellos en el subsuelo y de manera incidental. En el caso de los bienes muebles históricos, se estima que existen alrededor de un millón de los mismos y cuyo estado de avance alcanza a 71 mil 717 cédulas correspondientes a mil 165 inmuebles históricos catalogados. El Atlas de Infraestructura y Patrimonio Cultural no informa respecto de las declaratorias de monumentos y zonas de monumentos artísticos, sin embargo, se han emitido nueve declaratorias de artistas cuya obra se considera monumento y la declaratoria de 14 monumentos inmuebles y una zona de monumentos.

OCTAVA.- Cada uno de los registros públicos considerados en la ley, está ligado con otras atribuciones que tienen los institutos. Por ejemplo, en muchos casos cualquier infracción a la ley tiene como sustento la catalogación de los bienes que hayan sido afectados por conductas ilícitas, cuya información constituye la base de las evidencias que los institutos presentan a la autoridad jurisdiccional para fincar responsabilidades. Esta función se realiza de manera directa. Si se trasladara la responsabilidad del registro del INAH y el INBA a la SEP, el área jurídica de esta última dependencia tendría que fundar y motivar las denuncias y solicitar el ejercicio de la acción penal. Además de ello, los registros públicos con sede en el INAH y el INBA constituyen una herramienta técnico académica en la definición de los programas de difusión del patrimonio cultural, ya que, por ejemplo, a partir de los catálogos de obra y piezas, curadores pueden elegir de manera más expedita las eventuales piezas que integrarían una exposición.

NOVENA.- Cabe destacar que las observaciones hechas por la Auditoría Superior de la Federación a la administración del INAH se realizaron en el año de 2010 y se conocieron en marzo de 2011. A la fecha algunas de ellas han sido solventadas desde la perspectiva de la acción institucional, es decir, a través de los programas normales de operación del INAH. La naturaleza de dichas observaciones no implica necesariamente la modificación a la legislación vigente, sino que se fundan en el cumplimiento de la misma. Se trata de problemas cuya resolución se da en el universo de las políticas públicas y no en el ámbito de la modificación del orden legal. Esto mismo puede sostenerse respecto de la propuesta de adición al artículo 23, que propone un control a partir de mecanismos electrónicos, es decir, lo que se considera más un asunto de orden administrativo que legal.

DECIMA.- Finalmente, en el Informe de Rendición de Cuentas de la Administración Pública Federal 2006-2012, correspondiente al INAH, fueron señalados los siguientes temas en relación con el Sistema Único de Registro Público de Monumentos y Zonas Arqueológicas e Históricos (Construcción Final):

• Respecto a la creación del Sistema Único de Registro Público de Monumentos y Zonas Arqueológicos e Históricos, en este tercer trimestre se logró avanzar el 10% que se tenía programado dando por concluida la construcción del Sistema al 100%. Esto implicó que se proporcionara a la DGTIC de la UNAM los parámetros para la construcción de los módulos Archivos Complementarios y Archivos Registrales Digitalizados. De esta manera las interfaces de captura se encuentran instaladas en un servidor a manera de prueba.

• En el Sistema se asignaron en el 3er trimestre 9,823 folios reales a los datos verificados y actualizados del Registro Público de Monumentos y Zonas Arqueológicos e Históricas, logrando de esta manera casi duplicar su meta del trimestre. Estos folios correspondieron a 41,009 registros de patrimonio cultural de diferente índole. Al 30 septiembre se tiene un acumulado de 116,456 registros.

En el Sistema se asignaron en el 3er trimestre 9,823 folios reales a los datos verificados y actualizados del Registro Público de Monumentos y Zonas Arqueológicos e Históricas, logrando de esta manera casi duplicar su meta del trimestre. Estos folios correspondieron a 41,009 registros de patrimonio cultural de diferente índole. Al 30 septiembre se tiene un acumulado de 116,456 registros.

Infrme de Rendición de Cuentas Federal 2006 – 2012.

Tipo de monumento registrado e incorporado al Sistema Único de Registro.

Total Acumulado

Arqueológicos muebles (piezas) bajo custodia del INAH

44,103

Arqueológicos muebles bajo custodia de particulares P.M. P.F., Federación, Estados y Municipios

49,187

Arqueológicos muebles (restos arqueobotánicos) bajo custodia del INAH

1,623

Arqueológicos muebles (restos arqueozoológicos) bajo custodia del INAH

26

Arqueológicos muebles (restos arqueozoológicos) bajo custodia de particulares

8

Arqueológicos muebles (restos humanos) bajo custodia del INAH

60

Registro de monumentos paleontológicos muebles (INAH)

780

Registro de monumentos paleontológicos muebles (particulares)

6,230

Históricos muebles (Menaje y objetos en general) INAH

5,483

Históricos muebles (Menaje y objetos en general) particulares

168

Históricos muebles (Menaje y objetos en general) de la Federación

1,684

Históricos muebles (Documentos INAH)

532

Históricos muebles de la Federación (Documentos)

117

Históricos muebles particulares (Documentos)

4

Históricos muebles (Fotografía)

5,346

Históricos muebles (Equipo de Transporte Terrestre)

1

Colecciones Científicas y Técnicas INAH

152

Colecciones Científicas y Técnicas Particulares

13

Patrimonio Cultural Subacuático (INAH)

107

Arqueológicos inmuebles

415

Paleontológicos inmuebles

16

Históricos Inmuebles

354

Declaratorias de Zonas de Monumentos Arqueológicos

47

Totales

116,456

Con base en las consideración expuestas, los integrantes de las comisiones unidas de Cultura y de Estudios Legislativos, Primera someten a consideración del Pleno y, en su caso, a aprobación el siguiente Punto de Acuerdo.

PUNTO DE ACUERDO

UNICO.- Las comisiones unidas de Cultura y de Estudios Legislativos, Primera resuelven improcedente la iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 21 y se adiciona un tercer párrafo al artículo 22, ambos de la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, presentada el 13 de junio de 2012 por el entonces Senador Renán Cleominio Zoreda Novelo y se solicita a la Mesa Directiva del Senado de la República dar por concluido su proceso legislativo.

Salón de comisiones de la Cámara de Senadores, a 12 de diciembre de 2012.

Comisión de Cultura
Comisión de Estudios Legislativos, Primera”.

Debido a que los dictámenes se encuentran publicados en la Gaceta del Senado de este día y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 195 del Reglamento del Senado, quedan de primera lectura.

En otro apartado del Orden del Día, tenemos la segunda lectura de un dictamen de las Comisiones Unidas de Comercio y Fomento Industrial; de Hacienda y Crédito Público; y de Estudios Legislativos, con proyecto de Decreto que reforma y adiciona la Ley Federal de Protección al Consumidor y la Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros.






PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA LA LEY FEDERAL DE PROTECCION AL CONSUMIDOR Y LA LEY PARA LA TRANSPARENCIA Y ORDENAMIENTO DE LOS SERVICIOS FINANCIEROS

(Dictamen de segunda lectura)



Debido a que el dictamen se encuentra publicado en la Gaceta del Senado de este día, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se omite su lectura.

- La C. Secretaria Barrera Tapia: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se omite la lectura del dictamen. Quienes estén porque se omita, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se omita, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se omite la lectura, señor Presidente.

- El C. Presidente Burgos García: Muchas gracias. Está a discusión. Tiene el uso de la tribuna el Senador Héctor Larios Córdova, para presentar el dictamen a nombre de las comisiones, en los términos de lo dispuesto por el artículo 196 del Reglamento del Senado.

- El C. Senador Héctor Larios Córdova: Con el permiso de la Presidencia.

A nombre de la Comisión de Comercio, quisiera comentar el contenido de este dictamen.

Este dictamen modifica dos leyes, la Ley Federal de Protección al Consumidor y la Ley para la Trasparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros.

Su propósito es tratar de poner un marco en donde pueda realizarse la cobranza extrajudicial.

Y responde a poner un límite a los abusos que algunas empresas, sobre todo terceras, hacen de las cobranzas extrajudiciales.

Todos sabemos que hay dos tipos de cobranza. La cobranza judicial, que está perfectamente regulada en el Código Civil, en el Código de Comercio y en otras leyes.

Pero la cobranza extrajudicial no tiene regulación alguna. Antes de hablar un poquito del contenido de la iniciativa, a la comisión le parece muy importante resaltar que esto no tiene el propósito de hacer nugatorio el derecho a cobro de quienes venden a crédito, por el contrario, en una economía en donde no se pueden cobrar los adeudos, pues lo que se da es que hay escasez de crédito y, sobre todo, el crédito es mucho más caro. Cuando alguien no paga, los que pagan, la parte que no pagó, es precisamente todos aquellos deudores cumplidos.

Lo que pretende esta iniciativa es poner límites a los abusos de la cobranza extrajudicial y equilibrar tanto el derecho de cobrar, como los derechos del respeto a su dignidad de los acreedores.

Básicamente lo que propone es, en primer lugar, que se evite el uso de documentación que aparenta ser documentación de autoridades o documentación judicial.

Cuántos no han recibido en su domicilio un aviso diciéndole que si no cumple con el pago de la mensualidad, se le embargará en tantos días.

Y se le da el formato como si fuera una orden de un juez. Se prohíbe que el que va a cobrar se ostente como una autoridad judicial. Por el contrario, que se identifique de la empresa para la cual trabaja.

También se establecen límites a los horarios en los cuales se pueden hacer esfuerzos de cobranza. Todos conocemos de las quejas de los usuarios, de que reciben llamadas a las 5 de la mañana para poder hacer un cobro. Se pone un límite y se prohíbe que se pueda visitar el domicilio del deudor o llamar por teléfono entre las 23 horas y las 7 de la mañana.

Uno de los debates intensos en la comisión, giró en torno hacia si esa prohibición también tendría que incluir los domingos.

Y en el equilibrio de derechos del acreedor con el deudor, se estableció, o no se impidió, poder hacer esfuerzos de cobranza el domingo, dado que muchas de estas deudas se contraen precisamente en domingo. No es posible que un consumidor pueda adquirir una deuda en domingo, y que es el único día que se le puede hacer el cobro, ese domingo no pueda estar disponible para el cobro.

Se establece también la prohibición de comunicar a terceros el incumplimiento del pago. Una de las cosas que se hacen es que se comunica a terceros, a compañeros de trabajo, a los jefes, a diferentes personas se le puede comunicar que una persona ha caído en mora y que está en un proceso de cobranza extrajudicial.

Solamente se pone una excepción con aquellos terceros que tienen derechos legítimos de conocer, que son, los deudores solidarios o los avales. Si alguien avaló a una persona, y esta persona incumple en su pago, dado que también es un deudor, tiene todo el derecho a saberlo y a lo mejor acudir a pagar él, a cuenta del deudor, dado que le pueda resultar más conveniente.

Se prohíbe terminantemente el uso de cartulinas que algunas empresas colocan en el domicilio del deudor, anunciando que esta persona está retrasado en los pagos. O peor aún, lo que sucede en varias partes del país, que en los periódicos se anuncia, se pide a fulanito de tal, pase a pagar su pasivo o su adeudo de tal cantidad.

O me comentaban, por ejemplo, que en Baja California Sur se usan anuncios espectaculares, para decir que fulano de tal no me ha pagado tal deuda. No se puede afectar la dignidad de los deudores cuando se está en ese proceso, sobre todo de cobranza extrajudicial.

Finalmente, también se establece el derecho del deudor de pagar directamente al proveedor y no necesariamente acudir al tercero que está haciendo la cobranza, cuando se está en este proceso de cobranza extrajudicial, y la obligación del proveedor de recibir ese pago. Muchas veces se contrata a un tercero para hacer la cobranza extrajudicial, y después solamente el tercero puede recibir el cobro, cuando el cobro está pactado con el consumidor.

Esos mismos cambios se establecen en ambas leyes, y desde luego se establece la parte sancionatoria para que los proveedores, cuando ejerzan este tipo de cobranza y violen estas normas que son mínimas, reciban una sanción, ya sea por parte de la PROFECO o por parte de la CONDUSEF.

Finalmente, quisiera felicitar al Senador Jesús Casillas por presentar esta iniciativa, que me parece atiende perfectamente a una inquietud social de abuso que se ha dado con estas medidas.

Es cuanto, señor Presidente.

(Aplausos)

- El C. Presidente Burgos García: Muchas gracias, Senador Larios Córdova.

Tiene el uso de la tribuna el Senador Jesús Casillas Romero, del grupo parlamentario del PRI.

- El C. Senador Jesús Casillas Romero: Muchas gracias. Compañeras y compañeros:

Sin duda, hoy es un día especial en este Senado de la República, porque hemos legislado a favor de la gente, de la gente que tiene problemas, sobre todo, problemas financieros, y que como ya se comentó aquí, el método mediante el cual se ha venido realizando la cobranza extrajudicial, ha tenido, en algunos casos o en muchos casos, excesos en menoscabo de la dignidad de las personas, que por algún incumplimiento caen en mora.

Pero para darnos una idea de lo que estamos hablando, según la CONDUSEF y el Buró de Crédito, al menos 51.5 millones de personas cuentan con algún tipo de crédito.

También que 5 millones de personas presentan atraso en sus pagos de tarjetas de crédito, créditos hipotecarios o crédito automotriz. Esto es casi el 10%, de los cuales, 3 millones de personas se encuentran en mora por adeudos en tarjetas de crédito.

Esto sin contar una cifra negra, de la cual no se tiene dato, pero que seguramente ha de ser prácticamente igual a aquellos que tienen algún adeudo con alguna institución comercial; aquellos que sacaron a crédito un mueble, que suscribieron un compromiso en la prestación del servicio de telefonía celular o cualquier otra actividad comercial y que por situaciones que muchas veces ajenas al deudor caen en mora.

Por eso yo quiero agradecer y reconocer, en principio, al Senador Héctor Larios Córdova, Presidente de la Comisión de Comercio y Fomento Industrial, a mi compañero Senador Braulio Fernández, al Senador Armando Ríos Piter, a la Senadora Angélica Araujo, a la Senadora Leticia Herrera, a la Senadora María del Pilar Ortega, al Senador Francisco Búrquez, al Senador César Octavio Pedroza, al Senador Mario Delgado, al Senador Carlos Alberto Puente, todos de la Comisión de Comercio y Fomento Industrial, porque fueron sensibles, porque efectivamente en el seno de la comisión se llevaron a efecto amplios debates en torno a esta situación.

Escuchar las opiniones de las instituciones involucradas, de la CONDUSEF y de la Comisión Nacional de Protección al Consumidor, ilustraron el trabajo de estos Senadores que de manera responsable hoy entregan al seno de este Senado de la República un producto legislativo que seguramente le servirá a la gente.

Hoy ya se dijo aquí cuáles son las limitantes. Si bien es cierto hoy lo que se pretende con esta reforma es velar por la dignidad de quienes caen en mora y tienen un adeudo. Y por otro lado, también garantizar a quien realiza esta actividad legítima de buscar el cobro, previo a un proceso judicial, era responsabilidad y es responsabilidad de los legisladores normar esta actividad en beneficio de todos.

Ya no se podrá, como ya se dijo aquí, llamar a horas inconvenientes de la noche para formular el cobro. Ya no se podrán establecer anuncios que parecen ser notificaciones judiciales, cuando no lo son. No se podrán dejar notificaciones con personas ajenas al compromiso que se tiene de deuda con alguna de estas instituciones.

Pero yo creo que lo que hay que destacar de esto, y por eso yo celebro y reconozco a los integrantes de esta comisión, el hecho de que se aprueba que el deudor puede llegar a convenir directamente con el acreedor sin necesidad de acudir a un despacho o con el gestor, como actualmente se establece. Esto en beneficio del propio deudor que evitará gastos de cobranza, que evitará una serie de recargos con motivo de la deuda por la negativa de los despachos a llegar a un acuerdo de manera directa con el acreedor.

Por eso yo celebro mucho y a nombre del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, celebramos que el día de hoy estemos legislando, insisto, a favor de la gente, de éstos más de 5 millones de personas que se encuentran en mora y esta cifra que les comentaba que no se tiene ningún dato, pero que seguramente han de ser muchos millones de personas que se encuentran en esta situación.

Enhorabuena a mis compañeros Senadores que formularon este dictamen y a ustedes agradecerles de antemano su voto favorable a este dictamen.

Muchas gracias, buenas tardes.

(Aplausos)

- El C. Presidente Burgos García: Muchas gracias, Senador Jesús Casillas.

Tiene el uso de la tribuna el Senador Fidel Demédicis Hidalgo, del grupo parlamentario del PRD, para hablar a favor del dictamen.

- El C. Senador Fidel Demédicis Hidalgo: Con su venia, señor Presidente; compañeras y compañeros Senadores:

El día de hoy el Senado de la República va a dejar un testimonio más de que cuando hay acuerdo entre los diferentes grupos parlamentarios, cuando se ponen en el centro de debate las necesidades y requerimientos de la población, normalmente los acuerdos se dan.

En Comisiones Unidas de Comercio y Fomento Industrial; de Hacienda y Crédito Público; y de Estudios Legislativos, están haciendo una propuesta que sin duda le va a dar mucha tranquilidad a millones de personas que no son deudores por métodos, sino que son deudores porque las condiciones económicas del país no dan para que el salario alcance para cubrir las necesidades más elementales. Y en ese sentido se tienen deudas o se contraen deudas que después da trabajo pagarlas por la misma situación económica que vive el país.

Se aprovechan de esto vivales que comercian con el dolor humano y han implementado métodos intimidatorios y terroristas para sembrar miedo y pánico a deudores que están en esta situación complicada.

Normalmente se presentan sin identificación de parte de quien vienen. Como ya se ha dicho aquí, simulan escritos judiciales sin que haya sanción para este tipo de prácticas. Envían comunicados escritos, verbales directos, llamadas telefónicas soeces, con la única intención de sembrar miedo, de sembrar terror, de intimidar, de hacer que la gente se sienta verdaderamente acosada y acorralada por este tipo de personas.

Hay una violación sistemática de la dignidad humana de las personas, de sus derechos humanos y de la ley.

El artículo 16 de la Constitución de la República, en su primer párrafo señala de manera contundente: “Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, si no en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente que funde y motive la causa legal del procedimiento”.

Es decir, ninguno de los métodos o formas que aquí hemos enunciado cabe dentro del artículo 16 de la Constitución de la República.

Por eso vamos a votar a favor de esta propuesta y considero que la unanimidad debe hacerse presente en esta medida legal que adiciona una fracción VI al artículo 66 de la Ley de Protección al Consumidor y diversos de la Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros.

Hemos dicho en esta tribuna que el Senado de la República, representante legítimo del pueblo, debe alzar la voz, debe alzar la voz a favor de la dignidad de las personas en la defensa de sus derechos humanos y en una defensa absoluta de la ley.

Y con esta medida que vamos a votar el día de hoy, a mí no me cabe duda que el Senado de la República ratifica al lado de quien está.

Y queda claro que estamos al lado y a favor de mejorar las condiciones de nuestro pueblo.

Por su atención, muchas gracias.

(Aplausos)

- El C. Presidente Burgos García: Muchas gracias, Senador Demédicis Hidalgo.

Tiene el uso de la tribuna el Senador Benjamín Robles Montoya, del grupo parlamentario del PRD, para hablar a favor del dictamen.

- El C. Senador Angel Benjamín Robles Montoya: Gracias, señor Presidente.

Como parte de la Comisión de Estudios Legislativos que intervino también en la revisión de este asunto, más sobre todo en el tema de la técnica legislativa, pero siendo un asunto tan trascendente, no hemos querido dejar de expresar un punto de vista, porque efectivamente, señor Presidente, compañeras y compañeros Senadores, la preocupación de los bancos y las casas comerciales que desean recuperar los montos vencidos de deudas por tarjetas de crédito y otros temas, pues ha provocado que se acose a los deudores y a los avales de los deudores mediante oficinas de cobro extrajudiciales, desde nuestro punto de vista, bajo argumentos de ofrecimientos de reestructuración de deuda. Y como todos sabemos, el artículo 17 de la Constitución establece que nadie puede ser privado de su libertad por deudas de carácter puramente civil, y aunque el contrato mercantil establecido por las instituciones bancarias y comerciales y sus clientes para acceder a algún crédito permite en algunas cláusulas el embargo, si no cumple el deudor con los pagos puntualmente estipulados, a nosotros nos parece que la falta de formalidad legal o de garantías legales les impide a estos despachos hacer posible ejecución alguna.

Quiero traer a esta Asamblea una resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que en agosto de 2007 señaló la inconstitucionalidad de que los bancos cedan o entreguen la cartera vencida de sus clientes morosos a empresas especializadas en la adquisición de deuda, y eso aplica para el caso de los despachos de cobranzas o administradoras de cartera contratadas por los bancos.

Los abusos, así hay que decirlo, con esas palabras claras y contundentes, los abusos que emprenden estas oficinas de cobranza extrajudicial, son abusos dignos de denuncia ante instancias federales, ya que ocasionan daño civil al entorno del deudor sin conocer los motivos de sus retardos en el pago de la deuda.

Por lo tanto, compañeras y compañeros legisladores, nos parece, como ya se ha expresado en esta tribuna, que es un acierto aprobar el presente dictamen en el sentido que se plantea, puesto que con este proyecto de reforma no se busca promover la cultura del “no pago”; lo que se busca es promover la cultura del respeto y de la legalidad.

Nosotros estamos, como se ha expresado aquí, para que juntos demos legislativamente fortaleza a los vínculos contractuales en donde dicho vínculo existe entre dos patrimonios y no entre dos personas, por lo que no podemos dejar pasar que esta responsabilidad por el cumplimiento de lo pactado en lo que el sujeto es, sino señalar que debe ser en lo que la persona tiene.

Por eso, como ya lo expresó aquí mi compañero Fidel Demédicis, por supuesto que el grupo parlamentario del PRD va a votar a favor del presente dictamen.

Es cuanto, señor Presidente.

- El C. Presidente Burgos García: Muchas gracias, Senador Robles Montoya.

Tiene el uso de la tribuna el Senador Carlos Alberto Puente Salas, del grupo parlamentario del PVEM, para hablar a favor del dictamen.

- El C. Senador Carlos Alberto Puente Salas: Muchas gracias, con la venia de la Presidencia; compañeras y compañeros Senadores:

El día de hoy, a nombre de mi grupo parlamentario, el Partido Verde Ecologista de México en el Senado de la República, vengo a pronunciarnos a favor del presente dictamen. Un dictamen que como ya se ha mencionado aquí, propuesto por mi compañero el Senador Jesús Casillas, a quien tenemos que reconocer este esfuerzo, pero nos dio la oportunidad de legislar una vez más a favor de todas y todos los ciudadanos.

Quién de ustedes o de sus familias, de nuestros conocidos, no ha sido víctima de esas incómodas llamadas telefónicas a los hogares en horarios inapropiados en las que se amenazan de que seguirán adelante, si es que no se les paga el adeudo.

Las llamadas telefónicas sólo son algunos de los métodos utilizados por algunos despachos o empresas dedicados a este tipo de cobranza.

La Comisión de Comercio y Fomento Industrial ha dictaminado positivamente esta iniciativa propuesta por el Senador Jesús Casillas, la cual regula la cobranza extrajudicial y sanciona a quien ha hecho un uso desmedido de esta figura basado en el abuso y la intimidación.

El dictamen que hoy se presenta, logra un equilibrio entre los derechos de los consumidores, pero también en los derechos de los prestadores de servicios bancarios.

El espíritu de la presente iniciativa no es evitar el pago de los adeudos, como ya se ha mencionado aquí, por parte de los usuarios de servicios bancarios o de tiendas departamentales.

Cabe destacar, además, que para realizar el dictamen de dicha iniciativa la comisión hizo un análisis comparativo de la legislación en otros países en materia de cobranza extrajudicial, se tomó en cuenta la consideración de ley 19,496 de Chile; la Ley Orgánica Defensa del Consumidor de Ecuador; el Código de Protección y Defensa del Consumidor de Perú; y el Código de Defensa de Consumidor de Brasil.

Una vez más, las Comisiones Unidas de Comercio y Fomento Industrial; y de Estudios Legislativos, ponen de manifiesto su interés en promover el funcionamiento eficiente del mercado, pero sin perjudicar los derechos de los consumidores.

Por su atención, muchas gracias.

Es cuanto, señor Presidente.

- El C. Presidente Burgos García: Muchas gracias, Senador Puente Salas.

El Senador Demédicis Hidalgo ha hecho llegar a esta Presidencia una propuesta, que solicito a la Secretaría se sirva dar lectura.

- La C. Secretaria Barrera Tapia: Se reserva el artículo 17 Bis, inciso d) de la Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros, para quedar como sigue:

17 Bis, inciso d). No se deberán realizar visitas ni llamadas telefónicas al domicilio del cliente, entre las 20 y 6 horas, de acuerdo a los husos horarios en que se encuentre el deudor.

- El C. Presidente Burgos García: Gracias. Ahora consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si esta propuesta se admite o no a discusión.

- La C. Secretaria Barrera Tapia: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si la presente propuesta se admite a discusión. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

No se admite, señor Presidente.

- El C. Presidente Burgos García: No se admite a discusión. No habiendo más oradores registrados ni artículos reservados para la discusión, ábrase el sistema electrónico de votación por tres minutos para recoger la votación nominal en lo general y en lo particular del proyecto de Decreto. Háganse los avisos a que se refiere el artículo 58 del Reglamento para informar de la votación.



- La C. Secretaria Barrera Tapia: Señor Presidente, me permito informar a usted que de acuerdo al sistema electrónico de votación, se emitieron 94 votos a favor, cero en contra y cero abstenciones.

- El C. Presidente Burgos García: Muchas gracias. En consecuencia, queda aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de Decreto que reforma y adiciona la Ley Federal de Protección al Consumidor y la Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros. Se remite a la Cámara de Diputados para los efectos del artículo 72 constitucional.

Tenemos la segunda lectura de un dictamen de las Comisiones Unidas de Salud; y de Estudios Legislativos, Primera, con proyecto de Decreto que reforma el artículo 163 de la Ley General de Salud.






DECRETO QUE REFORMA EL ARTICULO 163 DE LA LEY GENERAL DE SALUD

(Dictamen de segunda lectura)

“COMISIONES UNIDAS DE SALUD;
Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, PRIMERA

H. ASAMBLEA:

A las Comisiones Unidas de Salud; y de Estudios Legislativos, Primera, les fue turnada para su análisis y dictamen la minuta con proyecto de Decreto que reforma el Artículo 163 de la Ley General de Salud, para los efectos de la fracción e) del artículo 72 Constitucional.

Una vez recibida por estas comisiones sus integrantes entraron a su estudio con la responsabilidad de considerar lo más detalladamente posible su contenido, consecuentemente se analizaron los fundamentos esenciales en que se apoya, para proceder a emitir dictamen conforme a las facultades que les confieren los artículos 85, 86, 89, 94 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y los artículos 117, numeral 1; 135 fracción I; 166, numeral 1; 178, 182, 185, 188 y demás relativos del Reglamento del Senado de la República, someten a consideración el dictamen que ha sido formulado al tenor de la siguiente:

METODOLOGIA

En el capítulo de “ANTECEDENTES” se da constancia del trámite de inicio del proceso legislativo, del recibo de turno para el dictamen de la referida minuta y de los trabajos previos de las Comisiones Dictaminadoras.

En el capítulo correspondiente a “CONTENIDO DE LA MINUTA”, se sintetiza el alcance de la propuesta de reforma en estudio.

En el capítulo de “CONSIDERACIONES”, las Comisiones Unidas mencionadas expresan los argumentos de valoración de la propuesta y de los motivos que sustentan la resolución de estas Comisiones Dictaminadoras.

ANTECEDENTES

1. Con fecha 10 de diciembre de 2009, la Diputada Mariana Ivette Ezeta Salcedo, integrante del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, presentó Iniciativa con proyecto de decreto que reforma los Artículos 163 y 164 de la Ley General de Salud. En la misma fecha la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, dispuso que dicha Iniciativa se turnara a la Comisión de Salud de dicha colegisladora para su análisis y dictamen correspondiente.

2. El día 10 de abril de 2012, la Mesa Directiva del Senado de la República dio cuenta de haber recibido de la Cámara de Diputados la Minuta que contiene el Proyecto de Decreto que reforma el Artículo 163 de la Ley General de Salud.

En la misma fecha, la Mesa Directiva dispuso que se turnara a la Comisión de Salud y de Estudios Legislativos, Primera, para su análisis y dictamen correspondiente.

CONTENIDO DE LA MINUTA

Los CC. Legisladores señalan el derecho a la protección de la salud, el cual es un derecho social y universal, independiente de la situación de vulnerabilidad de sus destinatarios, ya que, además, es un elemento esencial para que el Estado pueda sentar las bases para eliminar la desigualdad existente entre los miembros de una sociedad.

Los integrantes de la Comisión de Salud de la Colegisladora mencionaron, que actualmente el concepto de medicina preventiva debe ser permanente en la legislación mexicana, toda vez que la medicina preventiva, puede disminuir en gran cantidad los problemas de salud que aquejan a la sociedad mexicana. Y por ende las consecuencias que agravan la salud de la población mexicana a largo plazo.

Particularmente los legisladores se ocupan por lo que respecta a la prevención de diferentes complicaciones que pueden acarrear los accidentes, incluso la muerte.

La Minuta en estudio refiere la inclusión de la capacitación de la comunidad para la prestación de primeros auxilios, lo cual se consideró viable por la colegisladora, toando en cuenta que daría mayor fundamento jurídico al Artículo 10 del Reglamento Interior de la Secretaría de Salud, mismo que establece la promoción de mecanismos para fomentar la participación de la sociedad civil y en general de la comunidad, además de los sectores público y privado, en las acciones tomadas en materia de accidentes.

CONSIDERACIONES

A. Las Comisión de Salud hace referencia al derecho a la protección de la salud que poseen todos los mexicanos acorde con el párrafo tercero del artículo 4º de nuestro máximo ordenamiento legal, el cual a su vez faculta, a través de la fracción XVI del artículo 73, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a emitir leyes sobre salubridad general en la República, por lo que el ámbito de competencia de esta Soberanía se encuentra previamente establecido y reconocido para tratar el tema de salud en México.

B. Es bien sabido que el estado y la evolución de las lesiones derivadas de un accidente, en su mayoría dependen en gran medida de la rapidez y de la calidad de los primeros auxilios que se reciban. Los primeros auxilios, son el conjunto de actuaciones y técnicas que permiten la atención inmediata de un accidentado hasta que llega la asistencia médica profesional, con la finalidad primordial de que las lesiones sufridas no empeoren su estado. Es importante tener en cuenta ciertas consideraciones que no agraven las lesiones de la persona, tales como conservar la calma, evitar aglomeraciones en torno al lesionado, hacerse cargo de la situación de inmediato, no mover al lesionado y examinarlo, entre otras acciones que se sustentan en los manuales de primeros auxilios.

Es importante señalar que todas las acciones que se realizan durante la administración de primeros auxilios, no requieren del conocimiento profesional de la medicina, toda vez que lo único que se procura es salvaguardar al lesionado, mientras se da la llegada de un profesional que le pueda realizar una valoración más completa y por ende, recetar un tratamiento en torno a su gravedad.

C. En concordancia con la colegisladora, encontramos significativo, que la población mexicana, adquiera conocimientos sobre la administración de primeros auxilios. Por lo que se refiere a la inclusión de la capacitación de la comunidad para la prestación de primeros auxilios, esta comisión, lo considera viable tomando en consideración el precepto 10 del Reglamento Interior de la Secretaría de Salud, el cual establece la promoción de mecanismos para fomentar la participación de la sociedad civil y en general de la comunidad, asimismo el artículo 35 Bis 2 promueve, en coordinación con las unidades administrativas competentes de la Secretaría de Salud, la capacitación comunitaria en la atención inmediata de accidentes, misma que podría implicar la capacitación en primeros auxilios.

D. Derivado de lo anterior, las Comisiones dictaminadoras, estiman viable aprobar en sus términosla propuesta contenida en la Minuta que se analiza; así con base en las atribuciones que le otorgan los artículos 85, 86, 89, 94 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como los 113, 117, 135, 150, 177, 178, 182 y 190 del Reglamento del Senado de la República, someten a consideración de esta Honorable Soberanía el siguiente:

Proyecto de Decreto que reforma el Artículo 163 de la Ley General de Salud.

ARTICULO UNICO. Se reforma la fracción VI del Artículo 163 de la Ley General de Salud, para quedar como sigue:

Artículo 163. La acción en materia de prevención y control de accidentes comprende:

I. a V. …

VI. La promoción de la participación y capacitación de la comunidad en la prevención y primeros auxilios de accidentes.

TRANSITORIO

ARTICULO UNICO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

COMISION DE SALUD

COMISION DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, PRIMERA”.

Debido a que el dictamen se encuentra publicado en la Gaceta del Senado de hoy, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se omite su lectura.

- La C. Secretaria Barrera Tapia: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se omite la lectura del dictamen. Quienes estén porque se omita, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se omita, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se omite la lectura, señor Presidente.

- El C. Presidente Burgos García: Muchas gracias. Informo a esta Asamblea que este dictamen consta de un solo artículo, por lo que está a discusión en lo general y en lo particular en un solo acto.

Ha solicitado el uso de la tribuna la Senadora Martha Palafox Gutiérrez, para presentar el dictamen a nombre de las comisiones, en términos de lo dispuesto por el artículo 196 del Reglamento del Senado.

- La C. Senadora Martha Palafox Gutiérrez: Gracias, señor Presidente.

A nombre de las Comisiones Unidas de Salud; y de Estudios Legislativos, Primera, de la minuta con proyecto de Decreto que reforma el artículo 163 de la Ley General de Salud, con fecha 10 de diciembre de 2009, la Diputada Mariana Ivette Ezeta Salcedo, integrante del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, presentó una iniciativa con proyecto de Decreto que reforma los artículos 163 y 164 de la Ley General de Salud.

En el contenido de la minuta los ciudadanos legisladores señalan el derecho a la protección de la salud, el cual es un derecho social y universal, independientemente de la situación de vulnerabilidad de sus destinatarios, ya que además es un elemento esencial para que el Estado pueda sentar las bases para eliminar la desigualdad existente entre los miembros de una sociedad.

Puede disminuir en gran cantidad los problemas de salud que aquejan a la sociedad mexicana y, por ende, las consecuencias que agravan la salud en la población a largo plazo. La minuta en estudio requiere la inclusión de la capacitación de la comunidad para la prestación de primeros auxilios, lo cual se consideró viable por la Colegisladora, tomando en cuenta que dará mayor fundamento jurídico al artículo 10 del reglamento interior de la Secretaría de Salud, mismo que establece la promoción de mecanismos para fomentar la participación de la sociedad civil y en general de la comunidad, además de los sectores público y privado en las acciones tomadas en materia de accidentes.

En el país existen por arriba de 12 millones de personas con alguna discapacidad, si tomamos una media de tres personas por cada uno de los que tienen alguna discapacidad, somos arriba de 43 millones de personas que convivimos con las personas que tienen alguna discapacidad.

La Comisión de Salud hace referencia al derecho a la protección de la salud, que poseen todos los mexicanos acorde al párrafo tercero del artículo 4o. de nuestro máximo ordenamiento legal y que a su vez faculta a través de la fracción XVI del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Es bien sabido que el Estado y la evolución de las lesiones derivadas de un accidente, en su mayoría dependen en gran medida de la rapidez y de la calidad de los primeros auxilios que se reciban, los primeros auxilios son el conjunto de actuaciones técnicas que permiten la atención inmediata de un accidentado hasta que llega la asistencia médica profesional.

En concordancia con la Colegisladora, encontramos significativo que la población mexicana adquiera conocimiento sobre la administración de primeros auxilios, por lo que se refiere a la inclusión de la capacitación de la comunidad para la prestación de primeros auxilios. Esta comisión lo considera viable tomando en consideración el precepto 10 del reglamento interior de la Secretaría de Salud, que establece la promoción de mecanismos para fomentar la participación de la sociedad civil y en general de la comunidad.

Asimismo, del artículo 35 Bis 2, que promueve en coordinación con las unidades administrativas competentes de la Secretaría de Salud la capacitación comunitaria en la atención inmediata de accidentes, misma que podría implicar la capacitación en primeros auxilios.

Derivado de lo anterior, las comisiones dictaminadoras en aras de ir hacia una cultura de la prevención de la salud, estiman viable aprobar en sus términos la propuesta contenida en la minuta que se analiza con el siguiente proyecto de Decreto que reforma la fracción VI del artículo 163 de la Ley General de Salud, para quedar como sigue:

Artículo 163.- La acción en materia de prevención y control de accidentes comprende:

I. a V. …

VI. La promoción de la participación y capacitación de la comunidad en la prevención y primeros auxilios de accidentes.

Es cuanto, señor Presidente. Gracias.

- El C. Presidente Burgos García: Muchas gracias. Tratándose de un solo artículo y no habiendo más oradores registrados, ábrase el sistema electrónico de votación por tres minutos para recoger la votación nominal en lo general y en lo particular del proyecto de Decreto. Háganse los avisos a que se refiere el artículo 58 del Reglamento para informar de la votación.



- La C. Secretaria Barrera Tapia: Señor Presidente, de acuerdo al sistema electrónico de votación, se emitieron 88 votos a favor, cero en contra y cero abstenciones.

- El C. Presidente Burgos García: Muchas gracias. Por lo tanto, queda aprobado en lo general y en lo particular el Decreto que reforma el artículo 163 de la Ley General de Salud. Se remite al Ejecutivo Federal para los efectos del artículo 72 constitucional.

Tenemos la segunda lectura de dos dictámenes de la Comisión de Gobernación, con proyectos de Decreto que conceden permisos a los ciudadanos Miguel Angel Marín Solís y Ricardo Flores González para aceptar y usar condecoraciones que les otorgan gobiernos extranjeros.






PERMISOS PARA ACEPTAR Y USAR CONDECORACIONES

(Dictámenes de segunda lectura)



Debido a que los dictámenes se encuentran publicados en la Gaceta del Senado de este día, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se omite su lectura.

- La C. Secretaria Palafox Gutiérrez: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se omite la lectura de los dictámenes de permisos. Quienes estén porque se omita, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se omita, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se omite la lectura, señor Presidente.

- El C. Presidente Burgos García: Muchas gracias. No habiendo oradores registrados, háganse los avisos a que se refiere el artículo 58 del Reglamento para informar de la votación. Abrase el sistema electrónico de votación por tres minutos para recoger la votación nominal de los dos proyectos de Decreto.



- La C. Secretaria Palafox Gutiérrez: Señor Presidente, conforme al registro en el sistema electrónico, se emitieron 83 votos en pro, cero en contra y cero abstenciones.

PRESIDENCIA DEL C. SENADOR
JOSE ROSAS AISPURO TORRES

- El C. Presidente José Rosas Aispuro Torres: Gracias, señora Secretaria. En consecuencia, quedan aprobados los proyectos de Decreto que conceden permisos a los ciudadanos Miguel Angel Marín Solís y Ricardo Flores González para aceptar y usar condecoraciones que les otorgan gobiernos extranjeros. Se remiten a la Cámara de Diputados para los efectos constitucionales.

Tenemos la segunda lectura de un dictamen en sentido negativo de las Comisiones Unidas de Reforma Agraria; y de Estudios Legislativos, en relación con el proyecto de Decreto que reforma diversos artículos de la Ley Agraria.






PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA DIVERSOS ARTICULOS DE LA LEY AGRARIA

(Dictamen de segunda lectura)



Debido a que el dictamen se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria de este día, pido a la Secretaría que consulte a la Asamblea, en votación económica, si se omite su lectura.

- La C. Secretaria Palafox Gutiérrez: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se omite la lectura del dictamen. Quienes estén porque se omita, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se omita, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se omite la lectura, señor Presidente.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, señora Secretaria. En consecuencia, está a discusión dicho dictamen. No habiendo quien haga uso de la palabra, se reserva para su votación nominal conjuntamente con el siguiente dictamen.

Pasamos a la segunda lectura de un dictamen en sentido negativo de las Comisiones Unidas de Gobernación; y de Estudios Legislativos, Primera, en relación con el proyecto de Decreto que reforma la Ley de Premios, Estímulos y Recompensas Civiles y la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.






PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA LA LEY DE PREMIOS, ESTIMULOS Y RECOMPENSAS CIVILES Y LA LEY ORGANICA DEL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

(Dictamen de segunda lectura)



Debido a que el dictamen se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria de este día, pido a la Secretaría que consulte a la Asamblea, en votación económica, si se omite su lectura.

- La C. Secretaria Palafox Gutiérrez: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se omite la lectura del dictamen. Quienes estén porque se omita, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se omita, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se omite la lectura, señor Presidente.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, señora Secretaria. El dictamen que nos ocupa propone desechar un proyecto de Decreto, por lo que sólo se discutirá en lo general. En consecuencia, está a discusión dicho dictamen. No habiendo quien haga uso de la palabra, pido que se reserve para su votación nominal de manera conjunta con el anterior y el siguiente dictamen.

Tenemos la segunda lectura de un dictamen en sentido negativo de las Comisiones Unidas de Gobernación; y de Estudios Legislativos, Primera, en relación con el proyecto de Decreto que reforma diversos artículos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.






PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA DIVERSOS ARTICULOS DE LA LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA GUBERNAMENTAL

(Dictamen de segunda lectura)



Debido a que el dictamen se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria de este día, pido a la Secretaría que consulte a la Asamblea, en votación económica, si se omite su lectura.

- La C. Secretaria Palafox Gutiérrez: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se omite la lectura del dictamen. Quienes estén porque se omita, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se omita, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí omite la lectura, señor Presidente.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, señora Secretaria. El dictamen que nos ocupa propone desechar un proyecto de Decreto, por lo que sólo se discutirá en lo general. No habiendo quien haga uso de la palabra, pido que se hagan los avisos a que se refiere el artículo 58 de nuestro Reglamento para informar de la votación de los tres dictámenes que proponen desechar proyectos de Decreto. Abrase el sistema electrónico hasta por tres minutos para recoger la votación nominal de los dictámenes que desechan proyectos de Decreto.



- La C. Secretaria Palafox Gutiérrez: Señor Presidente, conforme al registro en el sistema electrónico, se emitieron 85 votos en pro, cero en contra y cero abstenciones.

PRESIDENCIA DEL C. SENADOR
ENRIQUE BURGOS GARCIA

- El C. Presidente Enrique Burgos García: Muchas gracias. Por lo tanto, quedan desechados los siguientes asuntos: proyecto de Decreto que reforma diversos artículos de la Ley Agraria; proyecto de Decreto que reforma la Ley de Premios, Estímulos y Recompensas Civiles y la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y el proyecto de Decreto que reforma diversos artículos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. Se instruye a la Secretaría Parlamentaria descargar los asuntos de sus registros, darlos por concluidos e informar a los promoventes.

Continuamos con la discusión de dos dictámenes de la Comisión de Turismo, que contienen puntos de Acuerdo.

Solicito a la Secretaría dé lectura a cada uno de ellos.






COMISION DE TURISMO

(Dictamen a discusión)

- La C. Secretaria Palafox Gutiérrez: (Leyendo)

“Comisión de Turismo

H. ASAMBLEA:

A la Comisión de Turismo de la LXII Legislatura del Senado de la República, le fue turnada para su estudio y dictamen correspondiente proposición con punto de Acuerdo por el que el Senado de la República exhorta a las Secretarías de Turismo y Economía del Gobierno Federal, así como al Fondo Nacional de Turismo, a impulsar una campaña permanente de promoción turística del estado de Michoacán de Ocampo, presentada por el Senador José Ascención Orihuela Bárcenas, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Con fundamento en los artículos 86, 94 y 103 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como de los artículos 8, fracción II, 95, 135, 176, 177, 178, 182, 190, 191, 192 y demás aplicables del Reglamento del Senado de la República, esta Comisión Legislativa somete a la consideración de esta Honorable Asamblea el presente Dictamen de conformidad con la siguiente:

METODOLOGIA

I. En el apartado “ANTECEDENTES” se da constancia del trámite de inicio de la proposición y de la recepción del turno para el estudio y dictamen correspondiente hasta la formulación del presente Dictamen.

II. En el apartado “OBJETO DEL PROYECTO” se sintetiza el alcance de la propuesta en estudio.

III. En el apartado “CONTENIDO DEL PROYECTO” se describe la propuesta en estudio.

IV. En el apartado “CONSIDERACIONES”, esta Comisión Dictaminadora realiza el análisis técnico y jurídico de las propuestas con el objeto de valorar su procedencia o realizar las modificaciones que para tal efecto resulten procedentes y mediante las cuales se sustenten los acuerdos propuestos.

ANTECEDENTES

1.- El 20 de diciembre de 2012, el Senador José Ascención Orihuela Bárcenas, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó propuesta con punto de Acuerdo por el que el Senado de la República exhorta a las Secretarías de Turismo y Economía del Gobierno Federal, así como al Fondo Nacional de Turismo, a impulsar una campaña permanente de promoción turística del Estado de Michoacán de Ocampo.

2.- En esa misma fecha, la Mesa Directiva turnó la propuesta citada a la Comisión de Turismo, de la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión, para su análisis y elaboración del dictamen correspondiente.

OBJETO DEL PROYECTO

El punto de Acuerdo propone lo siguiente:

Unico: Se exhorta respetuosamente al Gobierno Federal, a través de las Secretarías de Turismo y Economía, así como del Fondo Nacional de Turismo, a establecer las medidas conducentes, a efecto de realizar una campaña permanente de promoción del Estado de Michoacán de Ocampo como destino turístico seguro y familiar.

CONTENIDO DEL PROYECTO

El promovente da cuenta que Michoacán es un Estado majestuoso, con hermosos paisajes naturales y gran calidez humana, además a través de la historia, se ha caracterizado por conservar su estructura colonial, así como su riqueza cultural, su grandeza histórica, misma que podemos ver en cada uno de sus templos, iglesias y artesanías; señala además que su grandeza queda de manifiesto en su exquisita gastronomía, música, danza y arte.

El legislador agrega que las atracciones que brinda la tierra michoacana son distintas, según sus regiones o zonas, y que las mismas abarcan opciones culturales, naturales, de relajación y descanso, turismo de aventura, turismo rural, arte, arquitectura y gastronomía.

Señala que Morelia, capital de Michoacán, es considerada por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) como patrimonio de toda la humanidad, y que este Estado cuenta con gran variedad culinaria, misma que aportó para que en Noviembre de 2010 la gastronomía de México fuera declarada Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO.

El promovente agrega que desafortunadamente con el incremento de la delincuencia, se ha desvirtuado la realidad social del Estado, creando una falsa percepción de inseguridad, por lo que considera necesario que el Gobierno Federal emprenda una campaña permanente de promoción del Estado de Michoacán de Ocampo como destino turístico seguro y familiar, lo que se traducirá en mejoras para sus habitantes.

Finalmente menciona que al detonar la actividad turística se dará un importante impulso en el desarrollo y fortalecimiento de la micro, pequeña y mediana empresa, con nuevos esquemas de financiamiento, asesoría técnica y simplificación administrativa para impulsar el crecimiento económico y la generación de empleos.

CONSIDERACIONES

Esta Comisión reconoce la riqueza del patrimonio cultural tangible e intangible que tiene el Estado de Michoacán. Sus bellezas naturales y su legado cultural lo han llevado a poseer cinco títulos de Patrimonio de la Humanidad otorgados por la UNESCO, a saber: el Centro Histórico de Morelia, la Biósfera de la Mariposa Monarca, la Noche de Muertos, la Pirekua y la Gastronomía Tradicional.

Michoacán es sinónimo de majestuosidad, sus costas lo hacen un destino ideal de sol y playa; sus zonas arqueológicas permiten disfrutar la riqueza cultural del gran Imperio Purépecha; la tradicional Noche de Muertos permite apreciar los ritos y costumbres más coloridos en torno a la muerte; sus bosques de oyamel que albergan los santuarios de la mariposa monarca brindan un singular espectáculo que permite apreciar la migración de esta especie, sus fiestas, música, danza, historia, gastronomía y arquitectura invitan al turista a conocer este Estado que es conocido como “El Alma de México”.

Su riqueza cultural y natural hace que Michoacán se encuentre en una posición privilegiada para el sector turismo, por lo que desde hace algunos años esta actividad ha sido considerada como pieza clave en el desarrollo económico del Estado.

En este sentido, esta Comisión afirma que el turismo es una actividad que brinda una gran oportunidad de desarrollo y crecimiento, ya que como se sabe genera empleos, ingresos y otros factores que multiplican la economía nacional y el desarrollo regional, por lo que es indispensable que se consolide este sector en todas aquellas entidades federativas con vocación turística.

En Michoacán, el sector turismo contribuye con 160 mil empleos directos y por su aportación al Producto Interno Bruto del Estado es considerado como la segunda actividad económica.

El fortalecimiento de los productos turísticos de Michoacán, tales como “El País de la Monarca”, “Ruta Don Vasco”, “Noche de Muertos”, “La Pirekua”, “Morelia” y “Cocina Michoacana”; el nombramiento de Pueblos Mágicos en esta Entidad; así como la promoción turística que realiza el Consejo de Promoción Turística, el Gobierno del Estado y el sector privado han contribuido a que Michoacán se venga consolidando como un importante destino turístico.

En 2006, por ingresos turísticos Michoacán recabó más de 7 mil millones de pesos; en 2007 alcanzó casi 9 mil millones de pesos, contribuyendo con ello en un 8.7% al Producto Interno Bruto Nacional en materia de participación turística.

2010 fue el mejor año para el turismo en Michoacán, recibió a 8 millones 507 mil visitantes, que dejaron una derrama económica de 11 mil millones 303 mil pesos, para 2011 el número de visitantes descendió a 7 millones 236 mil turistas que dejaron recursos por 9 mil 551 millones de pesos.

Pese a estas buenas cifras el sector turismo en Michoacán se siente amenazado debido a la percepción de inseguridad que se tiene del Estado.

Esta Comisión coincide con el promovente del punto de Acuerdo en señalar que desafortunadamente con el incremento de la delincuencia, se ha desvirtuado la realidad social del Estado, creando una falsa percepción de inseguridad, cuando Michoacán se ha caracterizado por ser un lugar cálido y fraternal.

Esta Comisión considera que la mala imagen de México promovida por los medios de comunicación y las alertas de viajes emprendidas por algunos gobiernos extranjeros para que sus connacionales no viajen hacía los diferentes destinos mexicanos, ha afectado al sector turismo en nuestro país.

Esta Comisión Dictaminadora considera de vital importancia revertir la imagen negativa de nuestro país tanto al interior como al exterior, y reconocen la labor que ha desarrollado el Consejo de Promoción Turística de México, a través de la campaña nacional “México se Siente”, las campañas internacionales “The Place You Thought You Know” y “Mexico Today” y su participación en las Ferias Turísticas Nacionales e Internacionales para atraer turistas a nuestros destinos.

No obstante, considera que es necesario que el Estado Mexicano continúe promoviendo la marca México y las marcas destinos -tanto al interior del país, como hacía el extranjero- en especial, las de aquellos destinos que han sufrido campañas negativas derivadas de cuestiones de inseguridad, y que hoy día recienten bajas en la actividad turística como Michoacán.

Por lo anteriormente señalado, esta Comisión Legislativa somete a la consideración de esta Soberanía el siguiente:

ACUERDO

UNICO: El Senado de la República exhorta al Gobierno Federal para que a través de las Secretarías de Turismo y Economía, así como al Consejo de Promoción Turística de México a establecer las medidas conducentes a efecto de realizar una campaña permanente de promoción del Estado de Michoacán de Ocampo como un destino turístico seguro y familiar, lo anterior con base en una estrategia de seguridad pública que garantice la integridad física y los derechos de los turistas”.






COMISION DE TURISMO

(Dictamen a discusión)

- La C. Secretaria Palafox Gutiérrez: Doy lectura a otro dictamen.

“COMISION DE TURISMO

H. ASAMBLEA:

A la Comisión de Turismo de la LXII Legislatura del Senado de la República, le fue turnada para su estudio y dictamen correspondiente proposición con punto de Acuerdo por el que el Senado de la República exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal a cumplir con el compromiso firmado con los guerrerenses de devolver el evento denominado “Tianguis Turístico”, presentada por el Senador Sofío Ramírez Hernández, integrante del grupo parlamentario de la Revolución Democrática.

Con fundamento en los artículos 86, 94 y 103 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como de los artículos 8, fracción II, 95, 135, 176, 177, 178, 182, 190, 191, 192 y demás aplicables del Reglamento del Senado de la República, esta Comisión Legislativa somete a la consideración de esta Honorable Asamblea el presente Dictamen de conformidad con la siguiente:

METODOLOGIA

I. En el apartado “ANTECEDENTES” se da constancia del trámite de inicio de la proposición y de la recepción del turno para el estudio y dictamen correspondiente hasta la formulación del presente Dictamen.

II. En el apartado “OBJETO DEL PROYECTO” se sintetiza el alcance de la propuesta en estudio.

III. En el apartado “CONTENIDO DEL PROYECTO” se describe la propuesta en estudio.

IV. En el apartado “CONSIDERACIONES”, esta Comisión Dictaminadora realiza el análisis técnico y jurídico de la propuesta con el objeto de valorar su procedencia o realizar las modificaciones que para tal efecto resulten procedentes y mediante las cuales se sustenta el acuerdo propuesto.

ANTECEDENTES

1.- El 11 de diciembre de 2012, el Senador Sofío Ramírez Hernández, integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó propuesta con punto de Acuerdo por la que el Senado de la República exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para que en el presupuesto de egresos de la federación del ejercicio fiscal 2013 considere un incremento a la partida que corresponde a infraestructura y servicios para el desarrollo del Estado de Guerrero y una detonación del sector turístico, asimismo, en un segundo resolutivo exhorto al titular del Poder Ejecutivo Federal a cumplir con el compromiso firmado con los guerrerenses de devolver el evento denominado “Tianguis Turístico”.

2.- En esa misma fecha, la Mesa Directiva turnó el segundo resolutivo de la propuesta citada a la Comisión de Turismo, de la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión, para su análisis y elaboración del dictamen correspondiente.

OBJETO DEL PROYECTO

El punto de Acuerdo propone lo siguiente:

Segundo: El Senado de la República, exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal a cumplir con el compromiso firmado con los guerrerenses de devolver el evento denominado “Tianguis Turístico”, con el fin de promocionar la industria turística de todas las Entidades Federativas que conforman los Estados Unidos Mexicanos.

CONTENIDO DEL PROYECTO

El promovente da cuenta que Guerrero es un lugar lleno de historia y tradiciones. Es uno de los Estados más privilegiados por las riquezas naturales que posee, con una diversidad de playas, montañas, bosques e infinidad de ecosistemas que lo hacen único.

Menciona que el sector turístico es la actividad económica que más recursos deja a la entidad, 30.689.750 pesos al PIB total del Estado y emplea a 140,000 trabajadores.

El promovente menciona que las características del estado de Guerrero, le dieron la oportunidad de ser anfitriones de diversos promotores del sector turístico, desde hace más de treinta años, por ello, Guerrero sirvió de cuna para el reconocido Tianguis Turístico, evento comercial donde los expositores ofrecen una gran gama de productos, servicios y paquetes turísticos mexicanos, invitando a los compradores de los Tour Operadores y Agencias de Viajes Mayoristas, atractivas promociones que permiten por un lado, una mayor derrama económica y por el otro, la promoción de las principales zonas turísticas de toda la República Mexicana.

Asimismo el legislador promovente señala que para Guerrero el Tianguis Turístico es determinante para el desarrollo de su economía, ya que la derrama que deja a los lugareños representa un porcentaje importante de ingresos.

El Senador Sofío Ramírez Hernández comenta que uno de los principales motivos por los que se tomó la decisión de trasladar a otra entidad este importante evento, es que Acapulco ha dejado de ser la mejor cara de turismo en México.

También señala que en campaña presidencial, el hoy titular del Poder Ejecutivo Federal, Enrique Peña Nieto, externó el compromiso: “Vamos a trabajar para recuperar y potencializar y modernizar el Acapulco tradicional que ha perdido esplendor (…) Vamos a recuperar el tianguis turístico pero también lo vamos a compartir con otros destinos. Hoy vengo a comprometerme a Acapulco, que de llegar a la Presidencia de la República devolvamos el Tianguis Turístico a los acapulqueños”.

Por ello, el Senador Sofío Ramírez propone que el Senado de la República exhorte al Titular del Poder Ejecutivo Federal a cumplir con el compromiso firmado con los guerrerenses de devolver el evento denominado Tianguis Turístico.

CONSIDERACIONES

Esta Comisión reconoce la vocación turística del Estado de Guerrero, ubicado en la vertiente sur del eje volcánico, la sierra madre del sur y dentro de la llanura del pacífico mexicano, Guerrero es una maravillosa región donde prácticamente todo es atractivo.

Guerrero no sólo brinda escenarios naturales bellos, sino que además es la opción ideal para tener contacto con atractivos culturales y arqueológicos. Guerrero es una ventana hacia nuestra historia el turista puede apreciar usos y costumbres, artesanías, gastronomía y un sinfín de ofertas turísticas.

Esta Comisión comparte con el promovente que el turismo es una de las principales actividades económicas de Guerrero, y que este Estado ha sido durante muchos años una de las principales referencia de México en el extranjero.

Por todo lo anterior desde 1975 Acapulco fue sede anual del evento turístico más importante de nuestro país denominado “Tianguis Turístico”, el cual tiene como objetivo principal impulsar la promoción y comercialización de los productos y servicios turísticos de México.

El 29 de marzo de 2011, la entonces titular de la Secretaría de Turismo Federal, Gloria Guevara Manzo, anunció que el Tianguis Turístico sería un evento itinerante y que a partir de 2012 saldría del Puerto de Acapulco, para celebrarse en otro destino interesado.

La decisión tomada se basó en que el Tianguis Turístico es un instrumento de promoción de todos los destinos turísticos de nuestro país y su realización en otras entidades, permitirá que la derrama económica derivada del mismo beneficie a otras regiones, y que al ser itinerante permitiría que los operadores nacionales e internacionales conozcan la diversidad y riqueza turística de todo nuestro país.

Así, en el sexenio anterior este evento se llevó a cabo en 2012 en Puerto Vallarta y se comprometió que en 2013 la sede sería el Estado de Puebla y el 2014 en Quintana Roo.

A raíz de la salida del Tianguis Turístico de Acapulco, muchas voces del Estado de Guerrero se han venido manifestando para que este importante evento turístico regrese al puerto, por la derrama económica que genera, la promoción turística para el Estado, y la creación de fuentes de trabajo que produce.

Dada la importancia de este evento turístico, el entonces candidato presidencial, Enrique Peña Nieto, se comprometió a que el Tianguis Turístico regresaría a Acapulco, pero señaló que el evento sería itinerante; un año se llevaría a cabo en el puerto, al siguiente en otra Entidad Federativa, y así sucesivamente.

El 19 de diciembre de 2012, como titular del Poder Ejecutivo Federal, Enrique Peña Nieto, en una gira de trabajo en Guerrero, dio instrucciones a la Secretaría de Turismo, Claudia Ruíz Massieu a fin de que el Tianguis Turístico mantuviera su denominación de origen “Tianguis Turístico de Acapulco”, que regrese al puerto cada dos años a partir de 2015 y que mantenga su carácter itinerante.

Esta Comisión considera que el regreso del Tianguis Turístico a Acapulco en 2015 será benéfico para la economía del Estado, fomentará la buena imagen de este centro turístico en el exteriory contribuirá al arribo de más turistas.

Con lo anterior se considera que la propuesta se encuentra atendida, no obstante, consideramos necesario solicitar a la Secretaría de Turismo que informe a esta soberanía: los preparativos para que el Tianguis Turístico se realice en Acapulco en 2015, y las medidas que está tomando para fortalecer el turismo en el Estado de Guerrero.

Los integrantes de esta Comisión reafirman su compromiso con el Estado de Guerrero para continuar trabajando a fin de lograr que este centro turístico recupere su esplendor y sea parte fundamental de las acciones que se emprenden para fortalecer el desarrollo turístico de México.

Por lo anteriormente señalado, esta Comisión Legislativa somete a la consideración de esta Soberanía el siguiente:

ACUERDO

UNICO: El Senado de la República solicita a la Secretaría de Turismo informe a esta Soberanía:

a) Los preparativos que está llevando a cabo para que el Tianguis Turístico se realice en Acapulco.

b) Las medidas integrales que está tomando para fortalecer el turismo en el Estado de Guerrero.

Sala de comisiones del Senado de la República, a 19 de febrero de 2013.

COMISION DE TURISMO”.

Es todo, señor Presidente.

- El C. Presidente Burgos García: Muchas gracias. Están a discusión. Tiene la palabra el Senador López Brito.

- El C. Senador Francisco Salvador López Brito: Buenas tardes compañeras y compañeros Senadores:

Reconocemos que el estado de Guerrero desde 1975 ha realizado grandes y exitosos esfuerzos para ser la cuna del Tianguis Turístico y posicionar a nivel internacional no solo los destinos turísticos del estado de Guerrero, sino también las principales zonas turísticas del resto del país.

Con motivo de la inseguridad pública y los hechos delincuenciales de alto impacto sucedidos en Acapulco, el gobierno federal decidió hacer itinerante el Tianguis Turístico de México. Se programó a realizarse el 2012 en Puerto Vallarta, Riviera Nayarit, el 2013 se realizarán en el estado de Puebla, el 14 en la Riviera Maya, Cancún, Quintana Roo, y en el 2015 estará regresando el Tianguis Turístico a Acapulco, Guerrero.

La reacción fundada en la derrama económica que representa para los prestadores de servicios turísticos en Guerrero no se hizo esperar para hacer del evento algo exclusivo para Acapulco. Sin embargo, como todos sabemos, qué bueno, hay otras zonas turísticas en el país de reconocimiento internacional y con la infraestructura para realizar este Tianguis Turístico nacional e internacional.

Es de recordar la resolución a favor de la itinerancia por la controversia constitucional interpuesta por el ayuntamiento de Acapulco, Guerrero, ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el año 2011. Es decir, en este caso la resolución fue de la Suprema Corte de Justicia avalando el Tianguis Turístico de manera itinerante.

En el 2011 fueron 19 gobernadores: los de Baja California, Baja California Sur; Campeche, Chiapas, Chihuahua, Coahuila, Colima, Durango, Guanajuato, Jalisco, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, Sinaloa, Veracruz y Yucatán los que apoyaron la itinerancia de la feria turística.

En el marco del Acuerdo Nacional por el Turismo y la declaratoria del 2011 como el Año del Turismo por el pasado gobierno y desde luego la Secretaría de Turismo federal, recordarles que el Director Nacional para las Américas de la Organización Mundial de Turismo, Carlos Vogeler, indicó que muchos son los países que han seguido de cerca el proceso del desarrollo turístico de México, que sirve de inspiración y modelo, incluso para países muy consolidados en materia turística.

Dijo que el modelo de desarrollo turístico despliega una estrategia coherente y de largo plazo que permitirá que México continúe siendo uno de los protagonistas del turismo internacional.

En el año 2012, Puerto Vallarta, Riviera Nayarit, fue el primer Tianguis Turístico itinerante, todo un éxito que rebasó las expectativas.

Es de ponderarse que la Comisión de Turismo de este Senado señale a Acapulco como sede del Tianguis Turístico cada 2 años. Y en el año intermedio veo otros destinos turísticos nacionales.

Ofrezcamos a quienes nos visiten la enorme y valiosa diversidad y riqueza turística de nuestro país y hago votos dentro de esta iniciativa para que continúe la itinerancia en este tianguis de tanta representación nacional y que, desde luego, invito a nuestros amigos de la Comisión de Turismo en el Senado, que se tome en cuenta para el año 2016 el Tianguis Turístico sea realizado en la Perla del Pacífico, Mazatlán, Sinaloa.

Muchas gracias por su interés.

- El C. Presidente Burgos García: Gracias, Senador López Brito.

Tiene el uso de la tribuna la Senadora Luisa María Calderón, del grupo parlamentario del PAN.

- La C. Senadora Luisa María Calderón Hinojosa: Gracias, señor Presidente. Buenas tardes.

Yo vengo a hablar a favor del primer punto de Acuerdo, que es que Michoacán sea un destino turístico promovido, seguro y demás, por supuesto que estoy de acuerdo, es el estado más bonito de este país. Tiene 8 pueblos mágicos, tiene costa, tiene montaña, tiene lagos, tiene gente buena y trabajadora. Pero Michoacán no tiene gobierno.

La semana pasada el Gobernador Fausto Vallejo anunció que estaría en un chequeo de rutina. El Procurador de Justicia del estado no sabía lo que estaba pasando. El Secretario de Gobierno anuncia que tampoco hay problema. Hay guardias comunitarias tradicionales que se defienden de la delincuencia organizada, que comprueban que la policía saca de la cajuela a los delincuentes talamontes. Días después, guardias de autodefensa en la zona más caliente de Michoacán, Tepalcatepec y Buena Vista, anuncian que saldrán a defenderse de los delincuentes en zonas donde no se mueve una sola hoja si no lo autoriza la delincuencia organizada. Y hoy mismo la policía municipal se anuncia secuestrada, levantada, retenida en las instalaciones del municipio.

La semana pasada y sabiendo todos que los feminicidios en el estado de Michoacán aumentan significativamente, secuestraron a una chica de 23 años. Bueno, al día siguiente la encontraron degollada, la habían matado 10 horas después de su secuestro.

Pero no solo eso, una vez identificado el cadáver, la llevaron a su tierra, Los Reyes, Michoacán, y cuando quisieron arreglar el cuerpo de la difunta se dieron cuenta que era otra chica de la misma edad, también asesinada el mismo día en el estado de Michoacán y el Procurador del Estado no se dio cuenta ni dio razón de lo que estaba pasando.

Es cierto que en Michoacán necesitamos, urgimos certidumbre, seguridad, empleos que nos da el turismo, por supuesto que los necesitamos, pero en primera instancia, estimada Asamblea, necesitamos en Michoacán un gobierno que gobierne, no queremos más incertidumbre; no queremos más presunciones de lo que no hay. Basta con las muertes de las niñas, pero basta con la falta de gobierno.

Es cuanto, señor Presidente.

(Aplausos)

- El C. Presidente Enrique Burgos García: Gracias, Senadora Calderón Hinojosa.

Senador Ríos Piter, adelante.

- El C. Senador Armando Ríos Piter: Con su permiso, señor Presidente; compañeras y compañeros Senadores:

Sin duda alguna el tema del turismo, como hemos tenido la oportunidad de comentarlo en esta tribuna, pues ya es fundamental para que podamos pensar en nuevas lógicas de desarrollo para el país.

Lo hemos comentado y es algo que cada vez más y más se va viendo en las cifras de crecimiento del país, la dependencia que tenemos de nuestros desarrollos turísticos al ir cayendo el petróleo como una de las fuentes de ingreso internacional, el turismo aparece en cada uno de los puntos estratégicos del país, desde Nayarit con sus bellezas en el Pacífico hasta las puntas más lejanas que podamos tener en Baja California y en Quintana Roo.

Y es precisamente por eso que en la Comisión de Turismo decidimos apoyar este paquete de puntos de Acuerdo.

Es indispensable que empecemos a pensar en el turismo más allá de los discursos que muchas veces se dan y que poco encuentran en la parte de presupuesto y en la parte de generación de políticas públicas nuevas. Nos hemos quedado con una política pública inercial en materia de turismo que no logra detonar y que no logra priorizar las capacidades que tenemos desde Sonora hasta cada uno de los rincones que podemos encontrar en Oaxaca, en Tabasco y en Michoacán.

Y es por eso que desde Guerrero planteamos nosotros la necesidad de que el Tianguis Turístico de Acapulco se mantenga como un baluarte, y me permito compartir con ustedes algunas reflexiones desde mi estado, el estado de Guerrero.

Como ustedes saben, la problemática de seguridad nos ha pegado muy duro, no solamente en los últimos meses, donde datos de violencia han escandalizado no solamente al país, sino al mundo entero, sino desde hace ya varios años que el espiral de violencia y de inseguridad le viene pegando al territorio guerrerense. Y ese espiral de violencia nos va pegando en un ciclo que no logra terminar, porque la violencia y la inseguridad hacen que caiga el turismo, y cuando cae el turismo hace que caiga la actividad económica y al caer la actividad económica se genera desempleo y con eso vuelve nuevamente el espiral de inseguridad y la espiral de violencia.

Precisamente por eso, cuando nosotros argumentamos y mantenemos ese mismo planteamiento, todavía hace dos años, que no debía irse el Tianguis Turístico de Acapulco, lo queremos volver a poner a consideración de ustedes.

Y me permito traer en reflexión y en referencia una anécdota que a mí me tocó escuchar de la Alemania recientemente derrotada, después de la Segunda Guerra Mundial.

En aquel entonces, cuando Alemania había sido dividida, cuando Alemania había sido totalmente derrotada, los alemanes definieron hacer la primera feria industrial para volver a ponerse de pie, y la hicieron en Düsseldorf, decidieron precisamente que allí debía de ser el lugar en el que Alemania volviera a manifestar cómo podía estar de pie y cómo podía recuperarse de la terrible derrota.

Hoy, a la fecha, hay muchos lugares más importantes que Düsseldorf, en materia de producción industrial en Alemania. Pero esa feria sigue realizándose allí año con año. Hoy todos los rincones de Alemania siguen yendo a Düsseldorf, no solamente porque allí siga siendo una plataforma industrial, sino porque es un ícono que les recuerda el momento en que lograron ponerse de pie.

Y es un ícono que les recuerda, qué es lo que es Alemania industrial. Les recuerda la derrota, pero también les recuerda la esperanza que tuvieron y les recuerda que un país, pese a que esté en malas condiciones, también tiene futuro si se logra organizar y si logra tener una prioridad.

Por eso, a 36 años de que el Tianguis Turístico se realizara por primera vez en Acapulco, y entendiendo la diversidad, la magia y el gran potencial que tenemos en todos y cada uno de los estados, lo único que les planteo es, hoy Guerrero, hoy Acapulco tiene enormes dificultades, sin duda alguna, hoy los guerrerenses estamos en la oportunidad y en la necesidad de organizarnos para sacar adelante nuestro destino turístico y a nuestro estado; pero también convoco a los compañeros y compañeras Senadoras, que representan el Pacto Federal, a que Guerrero no se quede solo, a que así como hemos tenido la oportunidad de trabajar para que Chihuahua salga adelante con la problemática que tuvo en Ciudad Juárez, así como hemos tenido la oportunidad para organizarnos, yo lo que les planteo alrededor del tema del Tianguis Turístico, es que lo veamos como una prioridad.

Que no estemos peleando por si es un día o un año en un lugar o en otro, si no logramos los mexicanos, los Senadores, los estados priorizar el tema de turismo, nos vamos a estar jalando la cobija, para ver si un día es un lugar o si es un día en otro.

Acaso no tenemos la oportunidad, acaso no tenemos los instrumentos y la energía los mexicanos para poder poner al frente el turismo, y no solamente para mantener el Tianguis Turístico en Acapulco, sino para que ese tianguis se presente y se genere en Michoacán, en la ciudad de México, en Baja California, es decir, no pensemos en una cobija chica, que nos estemos jalando los unos a los otros, sino pensemos, como esa historia que les he platicado de Düsseldorf, que Acapulco, que es la cuna del turismo, que es el decano del turismo, no se quede solo y que cuente con el acompañamiento paralelo de toda la Federación.

Es cuanto, señor Presidente.

- El C. Presidente Burgos García: Muchas gracias, Senador Ríos Piter.

Agotada la lista de oradores y no habiendo reservas, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si son de aprobarse los anteriores Acuerdos.

- La C. Secretaria Palafox Gutiérrez: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si son de aprobarse los anteriores Acuerdos. Quienes estén porque se aprueben, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se aprueben, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobados, señor Presidente.

- El C. Presidente Burgos García: Muchas gracias. Aprobados los Acuerdos. Comuníquense.

Informo a la Asamblea que están presentes alumnos de la Universidad Veracruzana de Xalapa, invitados por el Senador José Francisco Yunes Zorrilla.

Sean bienvenidos, muchas gracias.

(Aplausos)

Tenemos la discusión de dos dictámenes de la Comisión de Relaciones Exteriores, América del Norte, que contienen puntos de Acuerdo.

Solicito a la Secretaría dé lectura a cada uno de ellos.






COMISION DE RELACIONES EXTERIORES, AMERICA DEL NORTE

(Dictamen a discusión)

- La C. Secretaria Palafox Gutiérrez: (Leyendo)








COMISION DE RELACIONES EXTERIORES, AMERICA DEL NORTE

(Dictamen a discusión)

- La C. Secretaria Palafox Gutiérrez: Doy lectura a otro dictamen.



Es todo, señor Presidente.

- El C. Presidente Burgos García: Muchas gracias. Están a discusión. Tiene el uso de la tribuna el Senador Alejandro Tello Cristerna, para referirse al dictamen sobre las visas H2A.

- El C. Senador Alejandro Tello Cristerna: Con su permiso, señor Presidente; compañeros Senadores:

El proyecto de dictamen que el día de hoy se somete a votación es muy claro, busca crear más y mejores posibilidades a nuestros jornaleros agrícolas que buscan emigrar de forma legal y temporal a los Estados Unidos para desarrollar un trabajo seguro y en condiciones favorables.

Busca también emprender acciones específicas para prevenir, combatir, eliminar y castigar a reclutadores intermediarios y empleadores falsos que valiéndose de la necesidad y la ignorancia en muchas ocasiones de nuestros paisanos, obtienen un lucro indebido.

El 29 de enero del presente año, la oficina de prensa de la Casa Blanca publicó en su página de Internet los principios del Plan de Reforma Migratoria del Presidente Barack Obama, entre los cuales se encuentra la optimización de la inmigración legal, donde propone eximir ciertas categorías de visas de los límites anuales permitidos, eliminando los topes anuales para países y agregando visas adicionales al sistema.

Para el grupo parlamentario del PRI, es trascendental la instauración de una nueva agenda bilateral con el vecino país del norte, que propicie como política fundamental la defensa de los derechos humanos de nuestros migrantes.

Así quedó expresado en el Pacto por México, suscrito por el Presidente Enrique Peña Nieto y los presidentes de las distintas fuerzas políticas que lo signaron.

En los últimos años ha habido un gran deterioro en la política exterior mexicana. El país debe recuperar su liderazgo mundial y reconocemos en la política exterior una herramienta para el desarrollo económico que necesitamos.

Reconocemos en el Presidente de la República la iniciativa de haber adoptado ya una política exterior pragmática, más proactiva y moderna basada en las nuevas realidades y orientada en objetivos económicos precisos.

Compañeros Senadores, el dictamen que hoy se presenta busca la cooperación en migración laboral para proteger y garantizar los derechos humanos de nuestros migrantes.

Por ello es necesario el apoyo de todas las fuerzas políticas para lograr el desarrollo económico y fortalecimiento de las instituciones en ambos países.

Por lo anterior, conmino a los compañeros Senadores para apoyar este dictamen y felicito a la Senadora Marcela Guerra Castillo por esta valiosa aportación.

Es cuanto, señor Presidente.

- El C. Presidente Burgos García: Muchas gracias, Senador Tello Cristerna.

- La C. Senadora Dolores Padierna Luna: (Desde su escaño) Señor Presidente, solicito la palabra.

- El C. Presidente Burgos García: Adelante, Senadora Padierna Luna.

- La C. Senadora Dolores Padierna Luna: (Desde su escaño) Gracias, señor Presidente. Es un tema muy importante. La verdad debemos poner mucha atención en este programa de las visas H2A que Estados Unidos abrió este programa de migración ya desde hace muchos años, especialmente para trabajadores y trabajadoras agrícolas.

No están buscando los trabajadores la residencia permanente en Estados Unidos, básicamente lo que solicitan los trabajadores es ir a trabajar por el tiempo en que se les contrata.

El gobierno de Estados Unidos casi no participa de este programa, solamente interviene otorgando las visas. Pero las visas H2A permiten a los empleadores estadounidenses la contratación de trabajadores extranjeros en forma temporal para realizar labores exclusivamente en el sector agrícola, siempre y cuando no haya suficientes trabajadores estadounidenses disponibles en esas fechas.

Ahora, ¿cuáles son las características y los derechos para que se pueda otorgar una visa?

El jornalero no puede conseguir una visa por su cuenta, tiene que recibir una oferta de trabajo por parte de una empresa norteamericana como parte de los requisitos, tambiénlos trabajadores no deben tener antecedentes penales en los Estados Unidos; y el contrato dela visa H2A debe ser en español y señalar el sueldo, el tiempo de trabajo, el tipo de trabajo, el sitio de alojamiento, el pago de transportación y el seguro de indemnización. Y lamentablemente el patrón debe de cumplir sólo con el pago de tres cuartas partes de lo contratado. He aquíel problema, no pagan el cien por ciento, sino sólo tres cuartas partes de lo que estipule el Congreso.

Los abusos que se han documentado en contra de los solicitantes de la visa H2A tienen que ver sobre todo con el hecho de que los contratistas no reclutan directamente a los trabajadores, sino que se hace a través de los enganchadores, para los cuales no existe ningún control ni oficial ni del gobierno de Estados Unidos ni tampoco de México, quienes someten a sus condiciones a los solicitantes de empleo.

Los abusos en que incurren los enganchadores, entre otros, puedo señalar los siguientes: cobran por incorporar a los solicitantes a la lista de espera de una visa; incorporan en las listas negras a los trabajadores que demandan o defienden sus derechos; cobran por resultar elegido para obtener una visa H2A e incurren en fraudes prometiendo ofertas de trabajos inexistentes.

En los campos agrícolas los abusos tienen que ver con el incumplimiento de las condiciones establecidas en los contratos y cobros por los alojamientos.

Para apoyar este pronunciamiento de la Senadora Marcela Guerra, que es obviamente muy atinado y muy importante, respecto a que se amplíen las visas H2A, se debe de solicitar al titular del Ejecutivo que establezca varios compromisos.

Uno es mejorar la transparencia en el proceso de reclutamiento; otro es ampliar y mejorar la información solicitada de los patrones y los enganchadores. Es necesario que los formatos del departamento del trabajo se solicite toda la información pertinente como el nombre de todas las personas que participan en el proceso de reclutamiento, el estado, el municipio, las comunidades donde se va a llevar a cabo y, de ser posible, el nombre de cada persona por los reclutados que van a trabajar al norte del país.

Generar mecanismos eficientes de denuncia, ofreciendo alternativas viables a los trabajadores que desean querellarse y que los trabajadores que denuncien violaciones a sus derechos o cobros indebidos, sean favorecidos con el otorgamiento de un trabajo proporcional al que perderá por el hecho de informar los abusos. Esto permitiría una opción de denuncia al trabajador.

Y que se cree una línea de atención telefónica para que resuelva dudas o para poder comprobar si una oferta de trabajo es verdadera o no lo es.

Establecer mecanismos de colaboración entre México y Estados Unidos para intercambiar información suficiente que permita detectar a enganchadores abusivos o abusos contra los trabajadores agrícolas.

Crear en México un registro de sus ciudadanos que viajan a Estados Unidos en calidad de trabajadores huéspedes. Y crear en Estados Unidos un registro de las condiciones en las que trabajan los trabajadores que tienen la visa H2A.

Yo sé que algunos compañeros no estarán muy interesados en este tema, pero en México el Senado de la República, que tiene facultades para ello, debe lograr complementar con estas medidas las visas H2A, pueden ser una gran respuesta, una gran solución a miles de trabajadores que por no tener empleo en México pueden hacerlo allá, pero en condiciones dignas y respetándoles sus derechos humanos y sus condiciones de trabajo.

Gracias.

(Aplausos)

- El C. Presidente Burgos García: Gracias, Senadora Dolores Padierna. Consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si son de aprobarse los anteriores Acuerdos.

- La C. Secretaria Palafox Gutiérrez: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si son de aprobarse los anteriores Acuerdos. Quienes estén porque se aprueben, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se aprueben, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobados los Acuerdos, señor Presidente.

- El C. Presidente Burgos García: Muchas gracias. Aprobados. Comuníquense.

Compañeras y compañeros Senadores, me permito informarles que en virtud de que en unos minutos los órganos de gobierno habrán de recibir al Primer Ministro de Nueva Zelanda, las demás iniciativas y proposiciones inscritas en la agenda de hoy se turnarán a comisiones. Los Senadores que deseen mantener inscrito su asunto, sólo deberán de hacerlo del conocimiento de la Mesa Directiva o de la Secretaría Parlamentaria.






INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCION X DEL ARTICULO 89 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

(Presentada por la C. Senadora Gabriela Cuevas Barrón, del grupo parlamentario del PAN)








INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA LOS ARTICULOS 1o. Y 133 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

(Presentada por los CC. Senadores Raúl Cervantes Andrade y Emilio Gamboa Patrón, a nombre del grupo parlamentario del PRI)

“SEN. ERNESTO CORDERO ARROYO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
CAMARA DE SENADORES
H. CONGRESO DE LA UNION
PRESENTE.

RAUL CERVANTES ANDRADE y EMILIO GAMBOA PATRÓN, Senador de la República, a nombre del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, en ejercicio de la facultad conferida en el artículo 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los artículos 8, numeral 1, fracción I, 164, y 169 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de la Cámara Senadores la presente iniciativa con proyecto de Decreto que reforma los artículos 1º y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

EXPOSICION DE MOTIVOS

Objetivo de la iniciativa

El objetivo de la presente iniciativa es determinar con claridad el rango normativo de los diversos ordenamientos jurídicos que conforman el marco jurídico de la nación. Es decir, establecer con claridad que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos es la norma suprema de nuestro país, y posicionar a su nivel a los tratados internacionales en materia de derechos humanos en aquello que la complementen, y dejando en segundo término al resto de los instrumentos internacionales y en tercero, a las normas emanadas del Congreso de la Unión.

Esta medida constituye un avance en el respeto y garantía de los derechos humanos por parte de México, pues al clarificar la jerarquía normativa se evitan interpretaciones que pudieran constituir obstáculos para el debido ejercicio de los mismos.

Motivación de la iniciativa

México es signatario de múltiples tratados internacionales en diversas materias, particularmente en materia de derechos humanos. En este sentido, todos los países miembros de instrumentos internacionales tienen la obligación de tomar las medidas que sean necesarias para garantizar la eficacia de la aplicación de las disposiciones previstas en ellos, especialmente por cuanto hace a su jerarquía al interior de la normativa nacional.

De acuerdo con los sitios oficiales de la Cámara de Senadores y de Diputados, nuestro país ha firmado y ratificado más de 1,345 tratados, acuerdos e instrumentos internacionales en diversas materias. Por mencionar algunos ejemplos, nuestra nación cuenta con alrededor de 43 instrumentos internacionales en materia comercial, 47 en materia de derechos humanos y 44 en materia fiscal.

Así pues, según el marco constitucional vigente la relación de los tratados internacionales con la normatividad nacional se encuentra previsto en los artículos 1 y 133 de la Carta Magna, los cuales disponen lo siguiente:

Artículo 1o. En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece.

Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia.

Artículo 133. Esta Constitución, las leyes del Congreso de la Unión que emanen de ella y todos los Tratados que estén de acuerdo con la misma, celebrados y que se celebren por el Presidente de la República, con aprobación del Senado, serán la Ley Suprema de toda la Unión. Los jueces de cada Estado se arreglarán a dicha Constitución, leyes y tratados, a pesar de las disposiciones en contrario que pueda haber en las Constituciones o leyes de los Estados”.

En este sentido, de la lectura de ambos artículos no se advierte con precisión cuál es la jerarquía normativa que tienen los tratados internacionales frente a la propia Constitución, ni frente a las demás leyes emanadas del Congreso de la Unión, ni se distingue con precisión si los tratados internacionales tienen jerarquías distintas de conformidad con el tema que lo integra.

Es decir, la Constitución no determina de forma clara cuál es la jerarquía normativa de los tratados respecto a la misma Carta Magna, entre ellos y con relación al resto de las demás normas, lo que ha generado una gran discusión académica y jurisdiccional respecto de cuál es la jerarquía normativa de los instrumentos internacional frente a la legislación nacional.

En este orden de ideas, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha llevado a cabo diversas interpretaciones respecto de la jerarquía normativa que refiere el artículo 133 de la Carta Magna, de tal forma que hace unos años consideraba que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos era la norma fundamental, y por debajo de ella se encontraban los tratados internacionales y las leyes federales en el mismo nivel normativo, a saber:

Octava Epoca

Registro: 205596

Instancia: Pleno

Tesis Aislada

Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación

60, Diciembre de 1992

Materia(s): Constitucional

Tesis: P. C/92

Página:27

LEYES FEDERALES Y TRATADOS INTERNACIONALES. TIENEN LA MISMA JERARQUIA NORMATIVA.

De conformidad con el artículo 133 de la Constitución, tanto las leyes que emanen de ella, como los tratados internacionales, celebrados por el ejecutivo Federal, aprobados por el Senado de la República y que estén de acuerdo con la misma, ocupan, ambos, el rango inmediatamente inferior a la Constitución en la jerarquía de las normas en el orden jurídico mexicano. Ahora bien, teniendo la misma jerarquía, el tratado internacional no puede ser criterio para determinar la constitucionalidad de una ley ni viceversa. Por ello, la Ley de las Cámaras de Comercio y de las de Industria no puede ser considerada inconstitucional por contrariar lo dispuesto en un tratado internacional.

Amparo en revisión 2069/91. Manuel García Martínez. 30 de junio de 1992. Mayoría de quince votos. Ponente: Victoria Adato Green. Secretario: Sergio Pallares y Lara.

El Tribunal Pleno en su sesión privada celebrada el martes diecisiete de noviembre en curso, por unanimidad de dieciocho votos de los señores ministros Presidente Ulises Schmill Ordóñez, Carlos de Silva Nava, José Trinidad Lanz Cárdenas, Miguel Montes García, Noé Castañón León, Felipe López Contreras, Luis Fernández Doblado, Victoria Adato Green, Samuel Alba Leyva, Ignacio Moisés Cal y Mayor Gutiérrez, Clementina Gil de Lester, Atanasio González Martínez, José Manuel Villagordoa Lozano, Fausta Moreno Flores, Carlos García Vázquez, Mariano Azuela Güitrón, Juan Díaz Romero y Sergio Hugo Chapital Gutiérrez: aprobó, con el número C/92, la tesis que antecede; y determinó que la votación es idónea para integrar tesis de jurisprudencia. Ausentes: Ignacio Magaña Cárdenas y José Antonio Llanos Duarte. México, Distrito Federal, a dieciocho de noviembre de mil novecientos noventa y dos.

Nota: Esta tesis ha sido abandonada con base en el criterio sustentado por el propio Tribunal Pleno al resolver, el 11 de mayo de 1999, el amparo en revisión 1475/98, promovido por el Sindicato Nacional de Controladores de Tránsito Aéreo, sosteniendo en dicho asunto que los tratados internacionales están en una jerarquía superior, sobre el derecho federal y el local, salvo que la Constitución General de la República señale algún caso especial. Al respecto, consúltese la tesis P. LXXVII/99, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Epoca, Tomo X, noviembre de 1999, página 46, bajo el rubro "TRATADOS INTERNACIONALES. SE UBICAN JERARQUICAMENTE POR ENCIMA DE LAS LEYES FEDERALES Y EN UN SEGUNDO PLANO RESPECTO DE LA CONSTITUCION FEDERAL.".

Así pues, años más adelante esta interpretación fue superada por el propio Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de tal forma que se consideró que la Carta Magna es la norma suprema, seguida en un segundo plano por los tratados internacionales y en un tercer plano a las leyes federales. Dicho criterio establece a la letra, lo siguiente:

Novena Epoca

Registro: 192867

Instancia: Pleno

Tesis Aislada

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta

X, Noviembre de 1999

Materia(s): Constitucional

Tesis: P. LXXVII/99

Página:46

TRATADOS INTERNACIONALES. SE UBICAN JERARQUICAMENTE POR ENCIMA DE LAS LEYES FEDERALES Y EN UN SEGUNDO PLANO RESPECTO DE LA CONSTITUCION FEDERAL.

Persistentemente en la doctrina se ha formulado la interrogante respecto a la jerarquía de normas en nuestro derecho. Existe unanimidad respecto de que la Constitución Federal es la norma fundamental y que aunque en principio la expresión “... serán la Ley Suprema de toda la Unión ...” parece indicar que no sólo la Carta Magna es la suprema, la objeción es superada por el hecho de que las leyes deben emanar de la Constitución y ser aprobadas por un órgano constituido, como lo es el Congreso de la Unión y de que los tratados deben estar de acuerdo con la Ley Fundamental, lo que claramente indica que sólo la Constitución es la Ley Suprema. El problema respecto a la jerarquía de las demás normas del sistema, ha encontrado en la jurisprudencia y en la doctrina distintas soluciones, entre las que destacan: supremacía del derecho federal frente al local y misma jerarquía de los dos, en sus variantes lisa y llana, y con la existencia de “leyes constitucionales”, y la de que será ley suprema la que sea calificada de constitucional. No obstante, esta Suprema Corte de Justicia considera que los tratados internacionales se encuentran en un segundo plano inmediatamente debajo de la Ley Fundamental y por encima del derecho federal y el local. Esta interpretación del artículo 133 constitucional, deriva de que estos compromisos internacionales son asumidos por el Estado mexicano en su conjunto y comprometen a todas sus autoridades frente a la comunidad internacional; por ello se explica que el Constituyente haya facultado al presidente de la República a suscribir los tratados internacionales en su calidad de jefe de Estado y, de la misma manera, el Senado interviene como representante de la voluntad de las entidades federativas y, por medio de su ratificación, obliga a sus autoridades. Otro aspecto importante para considerar esta jerarquía de los tratados, es la relativa a que en esta materia no existe limitación competencial entre la Federación y las entidades federativas, esto es, no se toma en cuenta la competencia federal o local del contenido del tratado, sino que por mandato expreso del propio artículo 133 el presidente de la República y el Senado pueden obligar al Estado mexicano en cualquier materia, independientemente de que para otros efectos ésta sea competencia de las entidades federativas. Como consecuencia de lo anterior, la interpretación del artículo 133 lleva a considerar en un tercer lugar al derecho federal y al local en una misma jerarquía en virtud de lo dispuesto en el artículo 124 de la Ley Fundamental, el cual ordena que “Las facultades que no están expresamente concedidas por esta Constitución a los funcionarios federales, se entienden reservadas a los Estados”. No se pierde de vista que en su anterior conformación, este Máximo Tribunal había adoptado una posición diversa en la tesis P. C/92, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Número 60, correspondiente a diciembre de 1992, página 27, de rubro: “LEYES FEDERALES Y TRATADOS INTERNACIONALES. TIENEN LA MISMA JERARQUIA NORMATIVA”; sin embargo, este Tribunal Pleno considera oportuno abandonar tal criterio y asumir el que considera la jerarquía superior de los tratados incluso frente al derecho federal.

Amparo en revisión 1475/98. Sindicato Nacional de Controladores de Tránsito Aéreo. 11 de mayo de 1999. Unanimidad de diez votos. Ausente: José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: Humberto Román Palacios. Secretario: Antonio Espinoza Rangel.

El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada el veintiocho de octubre en curso, aprobó, con el número LXXVII/1999, la tesis aislada que antecede; y determinó que la votación es idónea para integrar tesis jurisprudencial. México, Distrito Federal, a veintiocho de octubre de mil novecientos noventa y nueve.

Nota: Esta tesis abandona el criterio sustentado en la tesis P. C/92, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Número 60, Octava Epoca, diciembre de 1992, página 27, de rubro: “LEYES FEDERALES Y TRATADOS INTERNACIONALES. TIENEN LA MISMA JERARQUIA NORMATIVA”.

Este criterio ha sido reiterado en varias ocasiones, por ejemplo, en 2007 el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó nuevamente que el orden jerárquico normativo se compone de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en el primer plano y de los tratados internacionales en el segundo, determinando que inclusive se encuentran por encima de las leyes generales. A saber:

Novena Epoca

Registro: 172650

Instancia: Pleno

Tesis Aislada

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta

XXV, Abril de 2007

Materia(s): Constitucional

Tesis: P. IX/2007

Página:6

TRATADOS INTERNACIONALES. SON PARTE INTEGRANTE DE LA LEY SUPREMA DE LA UNION Y SE UBICAN JERARQUICAMENTE POR ENCIMA DE LAS LEYES GENERALES, FEDERALES Y LOCALES. INTERPRETACION DEL ARTICULO 133 CONSTITUCIONAL.

La interpretación sistemática del artículo 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos permite identificar la existencia de un orden jurídico superior, de carácter nacional, integrado por la Constitución Federal, los tratados internacionales y las leyes generales. Asimismo, a partir de dicha interpretación, armonizada con los principios de derecho internacional dispersos en el texto constitucional, así como con las normas y premisas fundamentales de esa rama del derecho, se concluye que los tratados internacionales se ubican jerárquicamente abajo de la Constitución Federal y por encima de las leyes generales, federales y locales, en la medida en que el Estado Mexicano al suscribirlos, de conformidad con lo dispuesto en la Convención de Viena Sobre el Derecho de los Tratados entre los Estados y Organizaciones Internacionales o entre Organizaciones Internacionales y, además, atendiendo al principio fundamental de derecho internacional consuetudinario “pacta sunt servanda”, contrae libremente obligaciones frente a la comunidad internacional que no pueden ser desconocidas invocando normas de derecho interno y cuyo incumplimiento supone, por lo demás, una responsabilidad de carácter internacional.

Amparo en revisión 120/2002. Mc. Cain México, S.A. de C.V. 13 de febrero de 2007. Mayoría de seis votos. Disidentes: José Ramón Cossío Díaz, Margarita Beatriz Luna Ramos, José Fernando Franco González Salas, José de Jesús Gudiño Pelayo y Juan N. Silva Meza. Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretarios: Andrea Zambrana Castañeda, Rafael Coello Cetina, Malkah Nobigrot Kleinman y Maura A. Sanabria Martínez.

El Tribunal Pleno, el veinte de marzo en curso, aprobó, con el número IX/2007, la tesis aislada que antecede. México, Distrito Federal, a veinte de marzo de dos mil siete.

Nota: En la sesión pública de trece de febrero de dos mil siete, además del amparo en revisión 120/2002, promovido por Mc Cain México, S.A. de C.V., se resolvieron los amparos en revisión 1976/2003, 787/2004, 1084/2004, 1651/2004, 1277/2004, 1576/2005, 1738/2005, 2075/2005, 74/2006, 815/2006, 948/2006, 1380/2006, y el amparo directo en revisión 1850/2004, respecto de los cuales el tema medular correspondió a la interpretación del artículo 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a que se refiere esta tesis aislada.

Sin embargo, tras la reforma constitucional en materia de derechos humanos publicada el pasado 10 de junio de 2011 la interpretación sobre la jerarquía normativa se ha tornado aún más confusa, pues el contenido del artículo 1º constitucional reconoce implícitamente que en tratándose de derechos humanos, la Carta Magna y los tratados internacionales cuyo contenido se refiera a estos, tienen la misma jerarquía.

Al respecto, resulta relevante mencionar que a partir de la Reforma Constitucional en materia de Derechos Humanos, particularmente por lo dispuesto en los artículos 1º y 133 de la Carta Magna, la resolución de conflictos por parte del Poder Judicial se encuentra sujeta a brindar la máxima protección a la persona de conformidad con lo dispuesto en la propia Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los Tratados Internacionales firmados y ratificados por nuestro país.

Así pues, tras resolver el amparo en revisión 168/2011 (posterior a la reforma constitucional en comento) la Suprema Corte de Justicia de la Nación sostuvo que las disposiciones referentes a derechos humanos establecidas en tratados internacionales vigentes por México, gozan de rango constitucional, y por lo tanto, se trata de normas supremas del ordenamiento mexicano, a saber:

“De conformidad con el texto vigente del artículo 1° constitucional, modificado por el decreto de reforma constitucional publicado en el Diario Oficial de la Federación, el diez de junio de dos mil once, en materia de derechos fundamentales nuestro orden jurídico tiene dos fuentes primigenias: (i) los derechos fundamentales reconocidos en la Constitución; y (ii) todos aquellos derechos humanos establecidos en tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte.

Las normas provenientes de ambas fuentes gozan de rango constitucional y, por tanto, son normas supremas del ordenamiento jurídico mexicano. Esto implica que los valores, principios y derechos que ellas materializan deben permear en todo el orden jurídico, obligando a todas las autoridades a su aplicación y, en aquellos casos en que sea procedente, a su interpretación”.

Este criterio fue reiterado por el Pleno del Máximo Tribunal en una tesis aislada que señala que los derechos humanos deben ser respetados por todas las autoridades del país, tanto aquéllos previstos en la Carta Magna, como en tratados internacionales, sin hacer distinción alguna respecto de que unos tengan relación directa con los derechos humanos en tanto que otros sólo los abordan indirecta e incidentalmente. Dicha tesis dispone lo siguiente:

Décima Epoca

Registro: 1605892 de 22

Instancia: Pleno

Tesis Aislada

Fuente: Seminario Judicial de la Federación y su Gaceta

III, Diciembre de 2011, Tomo 1

Materia (s): Constitucional

Tesis: P. LXVII/2011(9ª)

Página: 535

CONTROL DE CONVENCIONALIDAD EX OFFICIO EN UN MODELO DE CONTROL DIFUSO DE CONSTITUCIONALIDAD.

De conformidad con lo previsto en el artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, todas las autoridades del país, dentro del ámbito de sus competencias, se encuentran obligadas a velar no sólo por los derechos humanos contenidos en la Constitución Federal, sino también por aquellos contenidos en los instrumentos internacionales celebrados por el Estado Mexicano, adoptando la interpretación más favorable al derecho humano de que se trate, lo que se conoce en la doctrina como principio pro persona. Estos mandatos contenidos en el artículo 1o. constitucional, reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación de 10 de junio de 2011, deben interpretarse junto con lo establecido por el diverso 133 para determinar el marco dentro del que debe realizarse el control de convencionalidad ex officio en materia de derechos humanos a cargo del Poder Judicial, el que deberá adecuarse al modelo de control de constitucionalidad existente en nuestro país. Es en la función jurisdiccional, como está indicado en la última parte del artículo 133 en relación con el artículo 1o. constitucionales, en donde los jueces están obligados a preferir los derechos humanos contenidos en la Constitución y en los tratados internacionales, aun a pesar de las disposiciones en contrario que se encuentren en cualquier norma inferior. Si bien los jueces no pueden hacer una declaración general sobre la invalidez o expulsar del orden jurídico las normas que consideren contrarias a los derechos humanos contenidos en la Constitución y en los tratados (como sí sucede en las vías de control directas establecidas expresamente en los artículos 103, 105 y 107 de la Constitución), sí están obligados a dejar de aplicar las normas inferiores dando preferencia a las contenidas en la Constitución y en los tratados en la materia.

Varios 912/2010. 14 de julio de 2011. Mayoría de siete votos; votaron en contra: Sergio Salvador Aguirre Anguiano, Jorge Mario Pardo Rebolledo con salvedades y Luis María Aguilar Morales con salvedades. Ausente y Ponente: Margarita Beatriz Luna Ramos. Encargado del engrose: José Ramón Cossío Díaz. Secretarios: Raúl Manuel Mejía Garza y Laura Patricia Rojas Zamudio.

El Tribunal Pleno, el veintiocho de noviembre en curso, aprobó, con el número LXVII/2011(9a.), la tesis aislada que antecede. México, Distrito Federal, a veintiocho de noviembre de dos mil once.

Notas: En la resolución emitida el 25 de octubre de 2011 por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la solicitud de modificación de jurisprudencia 22/2011, en el punto único se determinó: “Unico. Han quedado sin efectos las tesis jurisprudenciales números P./J. 73/99 y P./J. 74/99, cuyos rubros son los siguientes: ‘CONTROL JUDICIAL DE LA CONSTITUCION. ES ATRIBUCION EXCLUSIVA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACION.’ y ‘CONTROL DIFUSO DE LA CONSTITUCIONALIDAD DE NORMAS GENERALES. NO LO AUTORIZA EL ARTICULO 133 DE LA CONSTITUCION’”, conclusión a la que se arribó en virtud del marco constitucional generado con motivo de la entrada en vigor del Decreto por el que se modifica la denominación del Capítulo I del Título Primero y reforma diversos artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicado en el Diario Oficial de la Federación de 10 de junio de 2011.

La tesis P./J. 73/99 y P./J. 74/99 anteriormente citadas aparecen publicadas en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Epoca, Tomo X, agosto de 1999, páginas 18 y 5, respectivamente.

Sin embargo, existen también otros criterios del propio Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación donde se puede advertir que los derechos humanos previstos en la Constitución son de mayor rango que los previstos en los tratados internacionales, tal como lo muestra el siguiente criterio:

Décima Epoca

Registro: 1605266 de 23

Instancia: Pleno

Tesis Aislada

Fuente: Seminario Judicial de la Federación y su Gaceta

III, Diciembre de 2011, Tomo 1

Materia (s): Constitucional

Tesis: P. LXVIII/2011(9ª)

Página: 551

PARAMETRO PARA EL CONTROL DE CONVENCIONALIDAD EX OFFICIO EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS.

El mecanismo para el control de convencionalidad ex officio en materia de derechos humanos a cargo del Poder Judicial debe ser acorde con el modelo general de control establecido constitucionalmente. El parámetro de análisis de este tipo de control que deberán ejercer todos los jueces del país, se integra de la manera siguiente: a) todos los derechos humanos contenidos en la Constitución Federal (con fundamento en los artículos 1o. y 133), así como la jurisprudencia emitida por el Poder Judicial de la Federación; b) todos los derechos humanos contenidos en tratados internacionales en los que el Estado Mexicano sea parte; c) los criterios vinculantes de la Corte Interamericana de Derechos Humanos derivados de las sentencias en las que el Estado Mexicano haya sido parte, y d) los criterios orientadores de la jurisprudencia y precedentes de la citada Corte, cuando el Estado Mexicano no haya sido parte.

Varios 912/2010. 14 de julio de 2011. Mayoría de siete votos; votaron en contra: Sergio Salvador Aguirre Anguiano, Jorge Mario Pardo Rebolledo con salvedades y Luis María Aguilar Morales con salvedades. Ausente y Ponente: Margarita Beatriz Luna Ramos. Encargado del engrose: José Ramón Cossío Díaz. Secretarios: Raúl Manuel Mejía Garza y Laura Patricia Rojas Zamudio.

El Tribunal Pleno, el veintiocho de noviembre en curso, aprobó, con el número LXVIII/2011(9a.), la tesis aislada que antecede. México, Distrito Federal, a veintiocho de noviembre de dos mil once.

Notas: En la resolución emitida el 25 de octubre de 2011 por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la solicitud de modificación de jurisprudencia 22/2011, en el punto único se determinó: "Unico. Han quedado sin efectos las tesis jurisprudenciales números P./J. 73/99 y P./J. 74/99, cuyos rubros son los siguientes: ‘CONTROL JUDICIAL DE LA CONSTITUCION. ES ATRIBUCION EXCLUSIVA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACION’ y ‘CONTROL DIFUSO DE LA CONSTITUCIONALIDAD DE NORMAS GENERALES. NO LO AUTORIZA EL ARTICULO 133 DE LA CONSTITUCION’", conclusión a la que se arribó en virtud del marco constitucional generado con motivo de la entrada en vigor del Decreto por el que se modifica la denominación del Capítulo I del Título Primero y reforma diversos artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicado en el Diario Oficial de la Federación de 10 de junio de 2011.

La tesis P./J. 73/99 y P./J. 74/99 anteriormente citadas aparecen publicadas en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Epoca, Tomo X, agosto de 1999, páginas 18 y 5, respectivamente.

En este sentido, es evidente que las disposiciones constitucionales referentes a la jerarquía normativa de la Carta Magna frente a los instrumentos internacionales, particularmente en materia de derechos humanos, no es lo suficientemente clara, lo que implica una gran barrera para hacerlos efectivos por parte de las autoridades responsables de garantizarlos, protegerlos, promoverlos o tutelarlos.

Al respecto, la Convención Americana de Derechos Humanos dispone en su artículo 2, la obligación de todos los Estados partes a adoptar las medidas legislativas que sean necesarias para hacer efectivos los derechos humanos, este artículo establece lo siguiente:

Artículo 2

Deber de Adoptar Disposiciones de Derecho Interno

Si el ejercicio de los derechos y libertades mencionados en el artículo 1 no estuviere ya garantizado por disposiciones legislativas o de otro carácter, los Estados Partes se comprometen a adoptar, con arreglo a sus procedimientos constitucionales y a las disposiciones de esta Convención, las medidas legislativas o de otro carácter que fueren necesarias para hacer efectivos tales derechos y libertades.

En este orden de ideas, la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos señala la obligación de los Estados a remover obstáculos que impidan el debido disfrute de los derechos humanos por parte de las personas, así como a tomar las medidas legislativas que sean necesarias para tal efecto. Estos criterios han sido reiterados tras la resolución de los siguientes casos1:

Caso Cantos Vs. Argentina. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 28 de Noviembre de 2002. Serie C No. 97, y otros:

“Los Estados tienen, como parte de sus obligaciones generales, un deber positivo de garantía con respecto a los individuos sometidos a su jurisdicción. Ello supone tomar todas las medidas necesarias para remover los obstáculos que puedan existir para que los individuos puedan disfrutar de los derechos que la Convención reconoce. Por consiguiente, la tolerancia del Estado a circunstancias o condiciones que impidan a los individuos acceder a los recursos internos adecuados para proteger sus derechos, constituye una violación del artículo 1.1 de la Convención.”

Caso Almonacid Arellano y otros Vs. Chile. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 26 de septiembre de 2006. Serie C No. 154 y otros:

“En relación con la obligación general de adecuar la normativa interna a la Convención, la Corte ha afirmado en varias oportunidades que -[e]n el derecho de gentes, una norma consuetudinaria prescribe que un Estado que ha celebrado un convenio internacional, debe introducir en su derecho interno las modificaciones necesarias para asegurar la ejecución de las obligaciones asumidas. En la Convención Americana este principio es recogido en su artículo 2, que establece la obligación general de cada Estado Parte de adecuar su derecho interno a las disposiciones de la misma, para garantizar los derechos en ella reconocidos, lo cual implica que las medidas de derecho interno han de ser efectivas (principio de effet utile)”.

Caso Cantos Vs. Argentina. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 28 de Noviembre de 2002. Serie C No. 97, y otros:

El deber general del Estado, establecido en el artículo 2 de la Convención, incluye la adopción de medidas para suprimir las normas y prácticas de cualquier naturaleza que impliquen una violación a las garantías previstas en la Convención, así como la expedición de normas y el desarrollo de prácticas conducentes a la observancia efectiva de dichas garantías. La Corte ha interpretado que tal adecuación implica la adopción de medidas en dos vertientes, a saber: i) la supresión de las normas y prácticas de cualquier naturaleza que entrañen violación a las garantías previstas en la Convención o que desconozcan los derechos allí reconocidos u obstaculicen su ejercicio, y ii) la expedición de normas y el desarrollo de prácticas conducentes a la efectiva observancia de dichas garantías. El Tribunal ha entendido que la obligación de la primera vertiente se incumple mientras la norma o práctica violatoria de la Convención se mantenga en el ordenamiento jurídico y, por ende, se satisface con la modificación, la derogación, o de algún modo anulación, o la reforma de las normas o prácticas que tengan esos alcances, según corresponda”.

Caso “La Ultima Tentación de Cristo“(Olmedo Bustos y otros) Vs. Chile. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 5 de febrero de 2001. Serie C No. 73:

De la obligación de respeto al contenido de los derechos fundamentales reconocidos en la CADH, dimana el deber de los Estados de adecuar su Constitución nacional al Pacto de San José. De manera que si el Estado mantiene vigente la norma constitucional que permite la censura cinematográfica, falta al deber de respetar los derechos garantizados convencionalmente (libertad de pensamiento y expresión), de conformidad con los artículos 1.1 y 2 del Pacto de San José”.

Lo anterior resulta de suma importancia en el contexto en el que se encuentra México, pues con la reforma constitucional de 10 de junio de 2011 en materia de derechos humanos, nuestro país se encuentra ante la responsabilidad inminente y permanente de implementar todas las medidas que sean necesarias para hacer efectivos los derechos humanos en el territorio nacional.

Derecho comparado

En el contexto que nos ocupa, resulta de suma importancia señalar que Estados como Argentina, Perú, España y Alemania ya establecen en sus constituciones cuál es el rango que tiene la Constitución frente al resto de la legislación estatal, así como frente a los instrumentos internacionales de los que forman parte, de tal forma que garantizan el debido respeto del marco jurídico que han adoptado en el ámbito nacional e internacional.

En este sentido, podemos encontrar que estos países contienen en sus Constituciones disposiciones que determinan la jerarquía de las mismas y de los tratados internacionales frente al resto de las leyes, o en su defecto, la forma en que se llevará a cabo la interpretación de las disposiciones constitucionales en materia de derechos humanos en relación con los tratados internacionales.

A continuación, citamos textualmente lo dispuesto por las Constituciones nacionales de los países mencionados en el párrafo anterior.

Argentina

Constitución de Argentina

Art. 31.- Esta Constitución, las leyes de la Nación que en su consecuencia se dicten por el Congreso y los tratados con las potencias extranjeras son la ley suprema de la Nación; y las autoridades de cada provincia están obligadas a conformarse a ella, no obstante cualquiera disposición en contrario que contengan las leyes o constituciones provinciales, salvo para la provincia de Buenos Aires, los tratados ratificados después del Pacto de 11 de noviembre de 1859.

Perú

Constitución Política del Perú

Art. 51.- La Constitución prevalece sobre toda norma legal; la ley sobre las normas de inferior jerarquía y así sucesivamente. La publicidad es esencial para la vigencia de toda norma del Estado.

Disposiciones finales y transitorias de la Constitución Política del Perú

CUARTA.- Las normas relativas a los derechos y a las libertades que la Constitución reconoce se interpretarán de conformidad con la Declaración Universal de los Derechos Humanos y con los tratados y acuerdos internacionales sobre las mismas materias ratificados por el Perú.

España

Constitución Española

Art. 9.-

1. Los ciudadanos y los poderes públicos están sujetos a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico.

...

3.- La Constitución garantiza el principio de legalidad, la jerarquía normativa, la publicidad de las normas, la irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales, la seguridad jurídica, la responsabilidad y la interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos.

Art. 10.-

2.- Las normas relativas a los derechos fundamentales y a las libertades que la Constitución reconoce se interpretarán de conformidad con la Declaración Universal de los Derechos Humanos y los tratados y acuerdos internacionales sobre las mismas materias ratificados por España.

Alemania

Art. 25.- (Derecho internacional público y derecho federal)

Las normas generales de derecho público internacional forman parte de las leyes federales. Prevalecen sobre las leyes y crean derechos y obligaciones de forma directa para los habitantes del territorio federal.

Las Constituciones citadas demuestran que muchos países ya han comenzado a eliminar barreras que evitan la debida adaptación de las disposiciones internacionales en materia de derechos humanos, de tal forma que se garantice de la mejor forma posible el acceso de los ciudadanos a los derechos fundamentales de los que son titulares.

Por lo expuesto en la presente iniciativa, es que se considera necesario que nuestro país implemente más medidas en función de garantizar el debido ejercicio y respeto de los derechos humanos en el territorio nacional, así como precisar la jerarquía que tienen los tratados internacionales en materia de derechos humanos frente al resto de los tratados internacionales y frente al resto de la legislación nacional. Resulta una necesidad primaria eliminar obstáculos que impiden el debido ejercicio de la función pública, así como el pleno goce y ejercicio de los derechos humanos y garantías fundamentales de las personas.

Descripción de la iniciativa

La iniciativa que se presenta, contiene reformas a los artículos 1º, párrafo primero y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para precisar la jerarquía normativa que tienen las normas que integran el marco jurídico de la nación, de tal forma que se precise con claridad que la norma suprema es la Carta Magna, junto con las disposiciones previstas en tratados internacionales en materia de derechos humanos, particularmente en todo aquello que la complemente, dejando en un segundo plano al resto de los tratados internacionales y seguidos por las leyes emanadas del Congreso de la Unión.

En este sentido, el primer párrafo del artículo 1º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establecería lo siguiente:

Esta Constitución y, en aquello que la complementen, las disposiciones de los tratados internacionales en materia de derechos humanos de los que el Estado Mexicano sea parte, son las normas de jerarquía suprema del orden jurídico del Estado.

En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales en la materia de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece.

Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia, favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia, a cuyo efecto, sólo se deberán preferir las normas internacionales cuando éstas contengan disposiciones más favorables que las de la constitución en esta materia.

Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley.

Está prohibida la esclavitud en los Estados Unidos Mexicanos. Los esclavos del extranjero que entren al territorio nacional alcanzarán, por este solo hecho, su libertad y la protección de las leyes.

Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas.

Dicha redacción precisa la supremacía constitucional y de los derechos humanos previstos en tratados internacionales de los que México sea parte, de manera complementaria, de tal forma que no queda duda alguna de que ambos son, en materia de derechos humanos, el marco jurídico superior, a los cuales debe sujetarse el resto de la legislación y demás actos de autoridad, independientemente del orden u órgano al que pertenezcan.

Por otro lado, a fin de armonizar el artículo 1º con el artículo 133, se propone que éste último artículo contenga la siguiente redacción:

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y, en aquello que la complementen, las disposiciones relativas a los derechos humanos contenidas en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, son las normas supremas del orden jurídico mexicano. En general, los tratados internacionales se ubican jerárquicamente debajo de esta Constitución, y por encima de las leyes generales, federales y locales. Los jueces de cada Estado se arreglarán a dicha Constitución, leyes y tratados, a pesar de las disposiciones en contrario que pueda haber en las Constituciones o leyes de los Estados, de conformidad con las disposiciones previstas en esta Constitución y en las demás leyes aplicables.

Dicha redacción, en conjunto con la propuesta para el artículo 1º recién citada, permite comprender con claridad cuál es la jerarquía de todas las normas que debe respetarse en el Estado Mexicano, a fin de eficientar el ejercicio de las facultades de los órganos del mismo, y evitar confusiones respecto de qué disposiciones deben prevalecer al momento de ejecutar sus actos.

Por lo expuesto hasta aquí, se propone la siguiente:

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN LOS ARTICULOS 1º Y 133 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.

Artículo 1º.

Esta Constitución y, en aquello que la complementen, las disposiciones de los tratados internacionales en materia de derechos humanos de los que el Estado Mexicano sea parte,son las normas de jerarquía supremadel orden jurídico del Estado.

En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales en la materia de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece.

Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia, favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia, a cuyo efecto, sólo se deberán preferir las normas internacionales cuando éstas contengan disposiciones más favorables que las de la Constitución en esta materia.

Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley.

Está prohibida la esclavitud en los Estados Unidos Mexicanos. Los esclavos del extranjero que entren al territorio nacional alcanzarán, por este solo hecho, su libertad y la protección de las leyes.

Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas.

Artículo 133.

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y, en aquello que la complementen, las disposiciones relativas a los derechos humanos contenidas en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, son las normas supremas del orden jurídico mexicano. En general, los Tratados Internacionales se ubican jerárquicamente abajo de esta Constitución, y por encima de las leyes generales, federales y locales. Los jueces de cada Estado se arreglarán a dicha Constitución, leyes y tratados, a pesar de las disposiciones en contrario que pueda haber en las Constituciones o leyes de los Estados, de conformidad con las disposiciones previstas en esta Constitución y en las demás leyes aplicables.

TRANSITORIOS

UNICO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Salón de sesiones de la Cámara de Senadores, a 5 de marzo de 2013.

Atentamente

Sen. Raúl Cervantes Andrade.- Sen. Emilio Gamboa Patrón".

1 Silva García, Fernando. Jurisprudencia Interamericana sobre Derechos Humanos. Criterios esenciales. México, 2011.






INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTICULOS 62 DE LA LEY FEDERAL DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO, REGLAMENTARIA DEL APARTADO B DEL ARTICULO 123 CONSTITUCIONAL Y 42 DE LA LEY GENERAL PARA LA INCLUSION DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD

(Presentada por la C. Senadora Gabriela Cuevas Barrón, del grupo parlamentario del PAN)








PROPUESTAS

Del Senador Jorge Emilio González Martínez, del grupo parlamentario del PVEM, que contiene punto de Acuerdo por el que se exhorta a las autoridades locales que aún no cuentan con programas relativos a la prevención de accidentes automovilísticos a causa del consumo del alcohol implementen el llamado “alcoholímetro” de forma permanente. Se turna a la Comisión de Salud.








De las Senadoras Lisbeth Hernández Lecona, Mely Romero Celis, Ivonne Liliana Alvarez García, Margarita Flores Sánchez, María del Rocío Pineda Gochi y Angélica Araujo Lara, del grupo parlamentario del PRI, que contiene punto de Acuerdo por el que exhorta al titular de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación a establecer medidas con objeto de evitar la propagación del virus de la influenza aviar AH7N3 y exhorta al titular de la Procuraduría Federal del Consumidor a promover que se investigue y se castigue a quien se encuentre especulando con el precio del huevo y del pollo. Se turna a la Comisión de Agricultura y Ganadería.








Del Senador Pablo Escudero Morales, del grupo parlamentario del PVEM, que contiene punto de Acuerdo por el que se exhorta al Jefe de Gobierno del Distrito Federal a instruir a quien corresponda para que se lleven a cabo a fondo las indagatorias por los presuntos actos de corrupción denunciados a cargo del Jefe Delegacional en Coyoacán y que se realicen investigaciones y verificaciones a todas las construcciones, permisos y autorizaciones que están desarrollándose en la demarcación. Se turna a la Comisión del Distrito Federal.








Del Senador Fernando Yunes Márquez, del grupo parlamentario del PAN, que contiene punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Procuraduría General de la República a iniciar las investigaciones correspondientes para fincar responsabilidades a los servidores públicos del gobierno del estado de Veracruz que presuntamente cometieron diversos delitos en contra del Estado mexicano. Se turna a las Comisiones de Gobernación y de Justicia.

PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA A INICIAR LAS INVESTIGACIONES CORRESPONDIENTES PARA FINCAR RESPONSABILIDADES A LOS SERVIDORES PUBLICOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ QUE PRESUNTAMENTE COMETIERON DIVERSOS DELITOS EN CONTRA DEL ESTADO MEXICANO

“SEN. ERNESTO CORDERO ARROYO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
DEL SENADO DE LA REPUBLICA
PRESENTE.

El que suscribe, Senador Fernando Yunes Márquez, integrantes del grupo parlamentario de Acción Nacional de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, en uso de las facultades que nos confieren los artículos 8, fracción II, y 276 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración del Pleno la presente proposición con punto de Acuerdo, de conformidad con las siguientes:

CONSIDERACIONES

Como es sabido, la Auditoría Superior de la Federación es un órgano constitucional autónomo que revisa y fiscaliza el ejercicio de los recursos federales, incluyendo aquellos que mediante distintos fondos se envían para su aplicación a los gobiernos de los estados y a los municipios. Su propósito es verificar el cumplimiento de los objetivos contenidos en las políticas y programas gubernamentales, el adecuado desempeño de las entidades fiscalizadas, y el correcto manejo tanto del ingreso como del gasto público.

El pasado 20 de febrero del presente año, la Auditoría Superior de la Federación hizo entrega oficial a la Cámara de Diputados del Informe de Resultados correspondiente al Ejercicio Fiscal 2011, en el que se incluyen 1,111 auditorías a distintos entes fiscalizables, tanto del gobierno federal, como de las gobiernos estatales y municipales.

Como Senador de la República y representante del estado de Veracruz, procedí al estudio y análisis del informe que presentó dicho organismo sobre los recursos que obtiene dicha entidad en distintos rubros.

Sin duda, la presente Cuenta Pública, representa un estado de alarma e indignación para quienes somos originarios de Veracruz, ya que dicho informe concluye que existe un posible daño y/o perjuicio en contra de la Secretaría de Hacienda Pública por parte del gobierno estatal, por la escandalosa cantidad de 4,532,172,771.94 (Cuatro mil quinientos treinta y dos millones, ciento setenta y dos mil, setecientos setenta y un pesos 94/100 M.N.)

Esta elevada cifra, representa un desfalco para los veracruzanos, y demuestra el mal gobierno que hay en la entidad, pero además, representa la opacidad, la corrupción, la impunidad, y los numerosos delitos que cometen día a día los funcionarios públicos. Sin necesidad de ser jueces, revisando el informe de resultados, es sumamente sencillo concluir que se han cometido un sinnúmero de delitos por los que los servidores públicos deben ser castigados con cárcel, así como deben resarcir el daño patrimonial que le han causado a los habitantes de ese estado.

Veracruz es una entidad que ejerce de manera plena el autoritarismo y emplea el ejercicio del poder para todo menos que para gobernar. El gobernador ostenta el cargo de Virrey, sólo se hace lo que él dispone, aplasta a los otros dos poderes que deben ser autónomos, destruye las libertades de expresión de quienes piensan distinto, encarcela a quienes retan al Estado, infiltra a las otras fuerzas políticas para eliminarlas, y a pesar de que a simple vista se puede notar, ahora de manera oficial, sabemos que desvían cantidades millonarias para distintos fines de los que debieran ser aplicados

Con el objetivo de precisar lo dicho, me referiré sólo algunos resultados que la Auditoría Superior de la Federación detectó en el informe de resultados citado.

Del Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal (FAEB) se concluyó un Dictamen “Negativo” con un daño patrimonial contra la Secretaría de Hacienda y Crédito Público de 3,654,012,614 millones de pesos. Dicho Dictamen presenta diversas irregularidades, tales como:

1. Se desconoce el destino de casi 3 mil millones de pesos, ya que no existe documentación que sustente el gasto.

2. Pago a empleados que llevan a cabo funciones distintas por las que se les paga, con un daño al Estado Mexicano de 300 millones de pesos. Estos pagos van desde empleados que no se localizaron en el lugar de trabajo sin presentar documentos que amparen su ausencia, contar con trabajadores no identificados por el personal responsable, pagar a empleados con actividades fuera de los objetivos de éste Fondo, realizar pagos a trabajadores con fecha posterior a su baja de la Secretaría de Educación, pagos durante el periodo en que se les otorgó licencia sin goce de sueldo, pago de gratificaciones no estipuladas por el Fondo, así como pagos a trabajadores comisionados al Sindicato.

3. Se depositan los recursos del FAEB a cuentas de inversión y desaparecen rendimientos.

4. Gastos que no corresponden a los fines del FAEB en el 2010, y de los cuales no se presenta documentación comprobatoria por más de 250 millones de pesos.

Respecto al Fondo para la Infraestructura Social Estatal, se presentan diversas irregularidades, tales como:

1. La Secretaría de Finanzas del Estado desaparece cerca de 500 millones de pesos, ya que se hizo una transferencia de la cuenta receptora de estos recursos a una cuenta bancaria de inversión. Sin embargo se desconoce su destino y aplicación.

2. El Gobierno del Estado realizó 13 obras que no benefician los objetivos primarios de dicho programa, que son la atención de los sectores de la población en condiciones de rezago social y pobreza extrema. En el Dictamen se concluye que se erogaron casi 39 millones de pesos para fines distintos a los que debieran erogarse.

Respecto al Recurso Federal que el Gobierno Estatal recibe para cumplir con el Acuerdo entre el Gobierno Federal y Estatal para cubrir las necesidades del Seguro Popular, se concluye lo siguiente;

1. La Secretaría de Salud no puede esclarecer la aplicación de más de 72 millones destinados al Seguro Popular.

2. La Secretaría de Salud pagó con recursos del Seguro Popular aportaciones patronales del ISSSTE, FOVISSSTE y otras cuotas por más de 100 millones de pesos. Estos recursos fueron para seguros para el retiro, seguridad social contractual, salud, cesantía y edad avanzada, así como otros gastos que no tienen el fin que se establece en dicho Acuerdo del Seguro Popular.

3. La Secretaría de Salud pagó por medicamentos catalogados como "esenciales" a un costo más elevado. De este gasto se concluye una presunción de daño por más de 38 millones de pesos.

4. La Secretaría de Finanzas no transfirió 15 millones de pesos etiquetados al Seguro Popular. Cabe destacar que en 2010 se llevó a cabo el mismo hecho, por lo que se declara reincidente.

En relación a los recursos obtenidos por el Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP) se concluye las siguientes irregularidades:

1. La Secretaría de Seguridad Pública estatal pagó 56 facturas por concepto de renta de carpa, sillas, impresión de lonas, renta de audio, combustible, compra de playeras, gorras, bordado de logos, renta de pantallas LED y alquiler de planta de energía eléctrica, los cuales no están autorizados en la Mecánica Operativa de dicho fondo. Es claro que en este caso, así como en los demás, se desvían recursos para otros fines de los que son etiquetados.

2. Por si no fuera poco, además de desviar el recurso para otros fines, se factura con un valor muy por encima de lo que se debe pagar por los conceptos antes mencionado. Es decir, se pagaron 427 mil 785 pesos por la renta de carpas, lonas, tarimas, sillas, pantallas y mesas, cuando se podrían haber pagado 81 mil 678 pesos. No obstante, es importante dejar claro que además del delito evidente que existe, se le suman otros por el desvío de los recursos.

De esta forma, la Auditoría Superior concluye que existe un daño patrimonial al Estado Mexicano de casi 5 mil millones de pesos, distribuidos de la siguiente manera:

Nombre del Recurso Federal

Monto del daño

Ente responsable

Dictamen

Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal (FAEB)

$3,654,012,614.99

Secretaría de Educación de Veracruz

Negativo

Fondo para la Infraestructura

$545,306,133.92

SEFIPLAN, SECOM, SEDESOL, COPLADEM, COPLADEVER

Negativo

Acuerdo de Coordinación Celebrado entre la Secretaría de Salud y la Entidad Federativa (Seguro Popular)

$235,155,813.46

Servicios de Salud del Estado de Veracruz (SESVER)

Negativo

Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal (FASP)

$96,517,581.52

Secretaría de Seguridad Pública del Estado

Negativo

Fondo de Aportaciones Múltiples

$1,171,628.05

SEFIPLAN, Instituto de Espacios Educativos del Estado, DIF Estatal y Universidad Veracruzana

Negativo

De la investigación, análisis y trabajo de fiscalización que oportunamente lleva a cabo la Auditoría Superior de la Federación, se deduce que el Gobierno de Veracruz desvía sistemáticamente recursos que llegan del Gobierno Federal, para destinarlos a fines totalmente distintos a los que son etiquetados. Esto, indudablemente representa un daño patrimonial al Estado y a los veracruzanos, pero además, representa la comisión de delitos que deben ser investigados, para después castigar a los responsables.

Estos presuntos delitos perpetrados por diversos servidores públicos, tienen consecuencias sociales devastadores que no podemos dejar pasar por alto. Por ejemplo, de acuerdo al Dictamen, del empleo de los recursos para el Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal, se concluye que se aplicó el 22% de estos para fines distintos a los que se debieron destinar; esto se traduce en que las condiciones físicas de las escuelas son deplorables, la calidad educativa es deficiente, las instalaciones y equipamiento es insuficiente para impartir clases y existe una clara dispersión poblacional, lo que impacta directamente en la prestación de los servicios escolares en educación básica y normal.

Por otro lado, el Instituto de Infraestructura Educativa Básica sólo ejerció el 8% de los recursos obtenidos para la creación de espacios educativos, lo que se traduce en que solamente se construyeron 200 de estos espacios, cuando se tenía contemplado construir 460 durante el 2011. En cuestión de Educación Superior, sólo se construyeron 18 de los 228 espacios educativos programados.
Asimismo, de acuerdo al Fondo para la Infraestructura Social Estatal, se concluye que el Gobierno de Veracruz dejó de beneficiar directamente a sectores de su población en condiciones de rezago social y pobreza extrema. Esto debido a que al 31 de diciembre del 2011, sólo se ejerció el 20.6% de los recursos obtenidos para tal rubro; además se desconoce la aplicación y destino de 495 mil 964 pesos que debieron ser aplicados a obras o acciones para cumplir los objetivos de dicho Fondo.

De igual forma, el Gobierno de Veracruz no cumplió con los objetivos de la política de estado en materia de salud, que de manera coordinada llevan a cabo el Gobierno Federal y Estatal, a fin de atender una de las necesidades prioritarias de los mexicanos, que es el cuidado de la salud. En este sentido, al 31 de diciembre del 2011 no se habían devengado poco más de mil millones de pesos, que representan el 26.7% del total de los recursos por concepto de Cuota Social y Aportación Solidaria Federal. Asimismo, el 17% de los veracruzanos que utilizan los servicios de salud señalan que obtuvieron del gobierno el medicamento prescrito completo, por lo que afecta de manera notable la salud de los veracruzanos.

En materia de seguridad, la entidad se ha destacado, para desgracia de los veracruzanos, por ser de los estados más inseguros del país. Todos recordamos, el escalofriante hecho suscitado en uno de los lugares más turísticos del municipio de Boca del Río, cuando aparecieron 31 cuerpos asesinados en plena calle, justo el día en que se celebraba la Convención de Procuradores de todo el país. Hecho que los de los delincuentes dejaban claro que su poder en el estado es superior a cualquier estrategia para combatirlos. Con actos violentos como estos, la obligación del Gobierno estatal es preservar la seguridad de sus habitantes y erradicar la violencia que impera en la entidad. Sin embargo, es claro que el Ejecutivo estatal no está haciendo todo para contener dicha violencia, ya que, por ejemplo, de los recursos que obtiene del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP), en 2011 sólo se ejerció el 32.5% de los recursos obtenidos, lo que impacta de manera significativa en la seguridad, orden y paz de todos los veracruzanos.

En materia de combate a la pobreza, la situación es igual de complicada, de acuerdo a la auditoría multicitada, se concluye que el DIF no cumplió con la meta de atender a 689,669 niños en condiciones de pobreza extrema y desamparo, ya que en el 2011 se ejerció sólo el 89% de los recursos obtenidos, lo que implicó que las necesidades alimentarios de 24,211 menores no fueran atendidas.

México ya no es el mismo, por lo que no podemos permitir, por ningún motivo, regresar al pasado, y dejar pasar las atrocidades que cometen día a día algunos de los gobernadores, en especial, el gobernador de Veracruz, en el que prevalece el sistema autoritario de gobernar, la opacidad, la corrupción y la impunidad. El Informe de Resultados de la Auditoría Superior de la Federación es sumamente claro, existen indicios contundentes que implican la presunta comisión de delitos por parte de diversos funcionarios de dicha entidad. Como ciudadano, ha llegado el momento de alzar la voz y exigir que se castigue a los responsables del saqueo financiero que se ha dado en los últimos años.

El día de hoy, no represento a un partido político, represento a 7 millones de veracruzanos que exigen justicia al ver cómo sus autoridades aplican el recurso a su antojo, los desvían a placer y lo utilizan para fines totalmente distintos para los que son etiquetados. Es imperante que la Procuraduría General de la República actúe en consecuencia, como Ministerio Público de la Federación, en contra de los responsables, se les finque responsabilidad y los lleven a la justicia.

Los veracruzanos sólo obtendrán justicia, cuando éstos servidores terminen en prisión, pero además, devuelvan el recurso que se llevaron, ya que la situación financiera de Veracruz es alarmante, y no podemos aceptar que 5 mil millones de pesos se hayan fugado a otros fines, de los cuales, la mayoría se desconoce dónde fueron a parar.

La Unidad de Inteligencia de la Secretaría de Hacienda ha demostrado una gran capacidad para rastrear recursos que se desvían, por ello le hacemos un atento exhorto para que haga la conducente con los recursos que el Gobierno de Veracruz, y de esta forma, la Procuraduría General de la República cuente con suficiente evidencia para castigar a los responsables.
Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta Soberanía la presente proposición con:

PUNTO DE ACUERDO

UNICO. Se exhorta respetuosamente a la Procuraduría de la República, a que inicie las investigaciones correspondientes, por la posible comisión de delitos por parte de diversos funcionarios del Gobierno de Veracruz, como consecuencia del Informe de Resultados del Ejercicio Fiscal 2011, por parte de la Auditoría Superior de la Federación.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, a 5 de marzo de 2013.

Atentamente

Sen. Fernando Yunes Márquez”.






Del Senador Zoé Robledo Aburto, del grupo parlamentario del PRD, que contiene punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación a instrumentar el Dispositivo Nacional de Emergencia de Sanidad Vegetal en los estados afectados por la plaga del hongo de la Roya Naranja. Se turna a la Comisión de Agricultura y Ganadería.

PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LA SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACION A INSTRUMENTAR EL DISPOSITIVO NACIONAL DE EMERGENCIA DE SANIDAD VEGETAL EN LOS ESTADOS AFECTADOS POR LA PLAGA DEL HONGO DE LA ROYA NARANJA

“SEN. ERNESTO JAVIER CORDERO ARROYO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
DEL H. SENADO DE LA REPUBLICA
PRESENTE.

El suscrito, Senador ZOE ROBLEDO ABURTO, integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, en esta LXII Legislatura del H. Congreso de la Unión y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8, numeral 1, fracción II y 276, numeral 1, del Reglamento del Senado de la República, así como 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos someto a la consideración del Pleno, la presente proposición con PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA A LA SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACION A INSTRUMENTAR EL DISPOSITIVO NACIONAL DE EMERGENCIA DE SANIDAD VEGETAL EN LOS ESTADOS AFECTADOS POR LA PLAGA DEL HONGO DE LA ROYA NARANJA, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

El pasado 30 de enero del año en curso, presenté ante la Comisión Permanente un punto de Acuerdo solicitando la intervención del Ejecutivo Federal y sus dependencias para atender la plaga conocida como roya naranja (Hemileia vastatrix) que en ese momento afectaba a los productores de café en Chiapas.

Ese punto de acuerdo sumaba las demandas de diversos productores de café que me solicitaron interviniera para promover una solución al conflicto agrario que padecen de tiempo atrás.

En las consideraciones del punto de acuerdo señalado, se advierte, que de no atenderse la infección, ésta podría propagarse a los estados vecinos, de ahí derivaba la importancia de atender y detener el problema en Chiapas.
Asimismo, el pasado 14 de febrero, la Senadora Mónica Arriola Gordillo, del Partido Nueva Alianza, presentó una proposición con punto de acuerdo propio, sobre la misma temática, en el que insta a las autoridades competentes, para atender de forma prioritaria este problema a través de diversas acciones.

No obstante, a pesar de los señalamientos que como senadores hicimos de la situación en estas ocasiones, y a las constantes demandas de la población afectada, no se ha implementado la atención de forma adecuada. Más aún, la plaga se ha extendido, al menos a los estados de Veracruz y Puebla y se encuentran en riesgo Oaxaca y Tabasco. Situación por demás grave, ya que tan solo en Chiapas se produce el 65% del total nacional de café, mientras que entre Chiapas, Veracruz, Puebla y Oaxaca se localiza el 83% de las 660 mil hectáreas que en nuestro país se destinan a la producción del grano.

En Chiapas, la roya naranja ha afectado al menos los cultivos de café de los municipios de Chicomuselo, Siltepec, La Grandeza, El Porvenir, Motozintla, Bellavista, Amatengo, Frontera Comalapa y Mazapa de Madero.

Por su parte, en Tapachula, datos del Instituto Municipal del Café, señalan que de las 72 mil hectáreas que se tienen registradas por lo menos el 40% se encuentran afectadas por roya. De continuar la infección, podría llegar a afectar a los más de 175,000 productores chiapanecos, de los cuáles cerca del 85% son indígenas.

En Veracruz, la plaga de la roya naranja en el café, ha afectado a más de 50 mil hectáreas y amenaza a las 130 mil fincas en la entidad. Asimismo, ya se han denunciado brotes en Puebla.

Para este momento, la plaga ya puede estar afectando a pequeños productores de los estados de Oaxaca y de Tabasco, por lo cual ni las medidas preventivas ni correctivas resultarían suficientes.

México ha cruzado el umbral. Ante la falta de atención oportuna contra la plaga, ésta ya es una amenaza regional. Por este motivo ya no bastarán las medidas preventivas ni de atención inmediata que se recomendaron en exhortos previos, en este momento nos encontramos en una situación de emergencia.

De hecho, en Centroamérica, de donde se cree proviene la plaga, los gobiernos de Honduras, Guatemala y Costa Rica han declarado emergencia fitosanitaria por la roya, mientras que El Salvador y Nicaragua han presentado programas especiales para frenar su propagación.

Según el Instituto Hondureño del Café, la roya ha atacado unas 70,000 hectáreas de cafetales (25%) de las 280,000 que Honduras tiene cultivadas, lo que podría significar una pérdida de hasta 1.2 millones de quintales de la producción 2012-2013 estimada originalmente en ocho millones.

En el caso de Guatemala, el hongo afecta a cerca del 80% del total de las 274,000 hectáreas de plantaciones.1 El Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación de Guatemala, a través del Acuerdo Ministerial No. 11-2013, declaró a mediados de febrero el Estado de Emergencia Fitosanitaria, conforme los resultados de las actividades de vigilancia epidemiológica y diagnósticos de laboratorio.

A mediados de enero el Ministerio de Agricultura y Ganadería de Costa Rica, declaró emergencia fitosanitaria ante el fuerte impacto del hongo de la roya naranja, en las plantaciones de café de su país. Al efecto, el Instituto Costarricense del Café y del Servicio Fitosanitario del Estado estiman una reducción de hasta un 50% en la cosecha 2013-2014 como resultado de la plaga que impacta con mayor gravedad la región sur de ese país y advierten que el estado de emergencia fitosanitaria se extenderá hasta por dos años.
Por lo que respecta a Nicaragua, donde el café es el principal producto de exportación junto a la carne bovina, el 35% de los cultivos se han perdido a causa del hongo, lo que equivale a unas 41.095,9 hectáreas,2 fue a finales de enero cuando el Ministerio Nicaragüense Agropecuario y Forestal, en coordinación con el Organismo Internacional Regional de Sanidad Agropecuaria, iniciaron una campaña fitosanitaria con el fin de combatir el brote del hongo de la roya naranja.

Esta plaga se ha convertido en un problema regional a nivel internacional, del cual México forma parte y que debe atender de conformidad con la Convención Internacional de Protección Fitosanitaria de la cual es signatario.

Por este motivo la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación debe instrumentar de forma urgente y prioritaria el Dispositivo Nacional de Emergencia de Sanidad Vegetal, de conformidad con el artículo 46 de la Ley Federal de Sanidad Vegetal en los estados afectados y en peligro.

Asimismo, la Secretaría, deberá facilitar los insumos para instar a los productores a corregir este problema en definitiva a través de la siembra de nuevas variedades de café resistentes al hongo de la roya naranja.

Por las razones anteriormente expuestas, se somete al Pleno la siguiente proposición con:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO.- Se exhorta respetuosamente al titular del Ejecutivo Federal para establecer mecanismos de coordinación y colaboración regional con los países Centroamericanos afectados por la plaga de la Roya Naranja.

SEGUNDO.- Se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación a instrumentar de forma urgente y prioritaria el Dispositivo Nacional de Emergencia de Sanidad Vegetal, de conformidad con el artículo 46 de la Ley Federal de Sanidad Vegetal, al menos en los estados de Chiapas, Oaxaca, Puebla, Tabasco y Veracruz, afectados por la plaga del hongo de la roya naranja.

TERCERO.- Se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación y a los gobiernos de los estados de Chiapas, Oaxaca, Puebla, Tabasco y Veracruz a convenir la creación de los fondos de contingencia necesarios para afrontar inmediatamente la5 emergencia fitosanitaria derivada de la Plaga de la Roya.

CUARTO.- Se exhorta respetuosamente a las Secretarías de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación; Desarrollo Social; Medio Ambiente y Recursos Naturales; y Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, para que en sus respectivos ámbitos de competencia implementen de manera urgente y prioritaria medidas y programas de gobierno enfocados a combatir, de forma definitiva, la infección del hongo de la roya naranja que afecta la producción de café en la región Sur-Sureste de México.

QUINTO.- Se exhorta respetuosamente a que las dependencias señaladas informen al Senado acerca de los programas implementados, su avance y las listas de beneficiarios de los mismos.

SEXTO.- Se solicita al pleno de esta H. Cámara de Senadores que se considere este punto de Acuerdo de urgente u obvia resolución.

Dado en el salón de sesiones del H. Senado de la República, a 26 de febrero de 2013.

Atentamente

Sen. Zoé Robledo Aburto”.

1 Según datos de la Asociación Nacional Guatemalteca de Café.

2 De acuerdo a la Unión Nacional de Agricultores y Ganaderos.






Del Senador Sofío Ramírez Hernández, del grupo parlamentario del PRD, que contiene punto de Acuerdo por el que se exhorta al titular del Ejecutivo Federal a fin de que el Consejo Nacional de Seguridad Pública informe el estado que guardan las empresas encargadas de brindar seguridad privada en el país. Se turna a la Comisión de Seguridad Pública.

PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL TITULAR DEL EJECUTIVO FEDERAL A FIN DE QUE EL CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA INFORME EL ESTADO QUE GUARDAN LAS EMPRESAS ENCARGADAS DE BRINDAR SEGURIDAD PRIVADA EN EL PAIS

“El suscrito, Senador de la República, SofIo RamIrez HernAndez, integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática de la LXII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 8, Fracción II del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de ésta H. Asamblea, la presente proposición con punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

Legalmente la seguridad privada en México es una actividad económica auxiliar de la seguridad pública. Según el Consejo Nacional de Seguridad Privada, el mercado de la seguridad privada en nuestro país asciende a 10 mil millones de pesos anuales, con la operación aproximada de 8,500 empresas a nivel nacional. De las cuales, solo 830 empresas están registradas ante el Consejo Nacional de Seguridad Pública y 1,120 ante instancias Estatales.

Del total de las empresas en todo el país, menos de 100 están certificadas, ya sea con ISO 9000 o con certificaciones especializadas como la “Basc”, otorgada por un organismo sudamericano que avala la calidad del servicio y estructura de una compañía en éste ramo. Lo anterior, sin lugar a dudas, constituye un riesgo más que una solución al problema de la inseguridad en el país.

Como es de su conocimiento, la totalidad de las empresas deben, por ley, contar con algún registro para poder operar, ya sea a nivel federal, si imparten sus servicios en dos o más entidades, o estatal si solo lo imparten en una. Además una firma de éste sector debe contar con parámetros de calidad para la contratación de personal, entre ellos, se debe de cumplir con certificaciones de confianza.

Conforme a la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, las compañías de Seguridad Privada son consideradas cuerpos auxiliares de la seguridad pública, sin embargo, el 77% de las empresas que ofrecen este servicio, no están reguladas, lo que sin duda constituye un riesgo para sus clientes, quienes buscan atender sus necesidades de seguridad que no son cubiertas por el Estado, y que deben gastar en proteger sus mercancías o su persona; costos que sin duda elevan el precio final al consumidor.

Pero además, no podemos ver esta posibilidad como una solución, ya que son muy pocos los mexicanos quienes pueden invertir parte de su patrimonio para buscar disminuir a través de una opción privada de seguridad, los riesgos a los que están expuestos de manera cotidiana.

Necesitamos hacer de la seguridad, que es un derecho humano, una realidad y que no se establezca como un factor más de exclusión social.

Por lo anterior, someto a consideración del Pleno de ésta Honorable Asamblea la siguiente proposición con:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO.- La Cámara de Senadores exhorta al titular de Ejecutivo Federal a fin de que el Consejo Nacional de Seguridad Pública, informe a esta Soberanía el estado que guardan las empresas encargadas de brindar seguridad privada en el país; cantidad de empresas, tipo de certificación, número de personal operativo de cada una de ellas, su distribución geográfica y número de elementos certificados.

Dado en la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión, a 26 de febrero de 2013.

Suscribe

Sen. Sofío Ramírez Hernández”.






De la Senadora Angélica de la Peña Gómez, del grupo parlamentario del PRD, que contiene punto de Acuerdo por el que se cita a comparecer al titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y a la titular de la Subsecretaría de Asuntos Jurídicos y de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, en relación a la cifra de personas desaparecidas en el país. Se turna a la Comisión de Derechos Humanos.

PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE CITA A COMPARECER AL TITULAR DE LA COMISION NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS Y A LA TITULAR DE LA SUBSECRETARIA DE ASUNTOS JURIDICOS Y DE DERECHOS HUMANOS DE LA SECRETARIA DE GOBERNACION, EN RELACION A LA CIFRA DE PERSONAS DESAPARECIDAS EN EL PAIS

“SEN. ERNESTO CORDERO ARROYO
C. PRESIDENTE DE LA CAMARA DE SENADORES
DEL H. CONGRESO DE LA UNION
PRESENTE.

La suscrita, ANGELICA DE LA PEÑA GOMEZ, Senadora de la República a la LXII Legislatura, integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8 numeral 1 fracción II y 276 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración del Pleno de esta Soberanía la siguiente PROPOSICION CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE CITA A COMPARECER AL TITULAR DE LA CNDH Y A LA TITULAR DE LA SUBSECRETARÍA DE ASUNTOS JURIDICOS Y DE DERECHOS HUMANOS DE LA SECRETARIA DE GOBERNACION, EN RELACION A LA CIFRA DE PERSONAS DESAPARECIDAS EN EL PAIS, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

A partir del mes de noviembre de 2012 se dio a conocer -a través de una filtración- una lista de aproximadamente 25 mil personas desaparecidas en el país, elaborada por la Procuraduría General de la República; dicha lista contenía información incompleta y no se establecía con claridad la metodología utilizada, por lo que fue seriamente cuestionada por las organizaciones de la sociedad civil.

El  20 de febrero del presente año, la Organización Internacional, Human Rights Watch, presentó un informe que retomaba las cifras dadas a conocer en el mes de noviembre, pero además, informaba que desde diciembre de 2006 a la fecha, habían documentado 249 casos de desapariciones forzadas. Resaltado que en 149 de los casos se encontraron evidencias contundentes de que actores estatales habrían participado en dicha desaparición.

Finalmente, el pasado jueves 28 de febrero, la Subsecretaría de Asuntos Jurídicos y de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación precisó que, después de depurar los datos de la lista dada a conocer en noviembre, la cifra oficial de personas desaparecidas es de 26 mil 121 casos.

Sin embargo, anunció que próximamente esta lista será depurada para saber cuántas personas sí fueron localizadas y cuántas permanecen en calidad de desaparecidas. De igual forma, puso a disposición la información de la base de datos  a través del portal:

http://www.secretariadoejecutivosnsp.gob.mx/es/SecretariadoEjecutivo/Sistema_RNPED

Dicha lista fue integrada por el Centro Nacional de Planeación, Análisis e Información para el Combate a la Delincuencia (Cenapi), de la PGR, y contiene casos -registrados por Procuradurías Estatales- de personas no localizadas desde diciembre de 2006 a noviembre de 2012. Es importante mencionar que, 20 mil 915 casos de personas desaparecidas están relacionados con averiguaciones previas, actas circunstanciadas o carpetas de investigación.
La titular de la Subsecretaría, Lía Limón, ha explicado que ante la diferentes cifras de personas desaparecidas, derivadas de las distintas bases de datos, como por ejemplo de Províctima; del Sistema Nacional de Seguridad Pública; y, de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, entre otras, es necesario conformar un registro definitivo1.

Por otra parte, al ponderar la actuación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) respecto a este problema, podemos constatar aspectos que resultan preocupantes como el no haber dado un pronunciamiento contundente sobre las personas desaparecidas y el hecho de no hacer uso de las facultades que prevé su marco normativo como son los informes especiales2, las recomendaciones generales3 e incluso los pronunciamientos públicos de su titular, no obstante de tener conocimiento de un número importante de quejas sobre personas desaparecidas. Es preocupante que el único informe especial que versa sobre el tema data del año 2001, pero es solamente con referencia a las quejas en materia de desapariciones forzadas ocurridas en la década de los años 70’s y principios de los 80’s.

Cabe mencionar que la CNDH cuenta con el Sistema de Información Nacional de Personas Extraviadas y Fallecidas No Identificadas (SINPEF), como un Sistema que tiene como finalidad crear una red que permita identificar, ubicar o localizar a personas extraviadas, ausentes o desaparecidas o que incluso fallecieron y no han sido identificados sus cadáveres4.

En su informe de Actividades correspondiente del 1 de enero al 31 de diciembre de 2012, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos consigna que: “…la base de datos de Personas extraviadas, Ausentes y/o Desaparecidas se encuentra conformada por 24,091 expedientes cuyos antecedentes fueron proporcionados a la CNDH por parte de los órganos de procuración de justicia de los 31 estados de la república mexicana y del Distrito Federal, y, hasta el periodo sobre el que se informa, se han registrado un total de 4,894, quedando aún pendiente por registrar 19,197 casos”.

Asimismo éste informe señala que tan sólo en el año 2012, se recibieron 33 expedientes de queja, 171 expedientes de orientación directa, en los cuales se notificó la ausencia o la presunta desaparición de 446 personas.

Finalmente, desde el 17 de abril del año 2012, en el DOF, que se publica la Ley del Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas, se tenía la obligación de migrar la información de todas las bases de datos y registros oficiales que contengan información relacionada con personas extraviadas o desaparecidas al Centro Nacional de Información del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Dicho Registro Nacional se encuentra a cargo del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, quien como autoridad competente, no se ha pronunciado sobre las cifras oficiales de personas desaparecidas ni sobre el estado actual que guarda el proceso de migración de dicha información. 

Por lo tanto, ante la evidente discrepancia de las cifras de las diferentes dependencias y organismos que llevan un registro y la imperante necesidad de recopilar y transparentar la información como un paso fundamental que tiene que darse por parte de las autoridades competentes para conformar un registro nacional con datos oficiales, se considera necesario tener reuniones con las autoridades responsables para saber el estado que guarda este proceso.
Por lo antes expuesto y fundado, me permito poner a la consideración de esta representación nacional el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO. La Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión solicita, respetuosamente,  la comparecencia ante las Comisiones Unidas de Derechos Humanos y de Seguridad Pública del Doctor Raúl Plascencia Villanueva, Presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, a fin de que informe sobre el estado que guarda el Sistema de Información Nacional de Personas Extraviadas y Fallecidas No Identificadas (SINPEF) y los mecanismo y acciones que como organismo autónomo habrán de implementarse con relación a las acciones dadas a conocer por la Subsecretaría de Asuntos Jurídicos y de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación con relación a las personas desparecidas.

SEGUNDO. La Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión solicita, respetuosamente, la comparecencia ante las Comisiones Unidas de Derechos Humanos y de Seguridad Pública de la Maestra Lía Limón García, titular de la Subsecretaría de Asuntos Jurídicos y de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, a fin de que informe el proceso de depuración de las diferentes cifras provenientes de las bases de datos existentes en las distintas dependencias y organismos en relación con las personas desaparecidas; así como, el proceso que guarda la conformación del Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas, que pueda servir como herramienta base que permita realizar las investigaciones efectivas sobre los hechos y circunstancias en que han desparecidos estas personas y  que permita su localización.

Dado en el Senado de la República, a 5 de marzo de 2013.

Sen. Angélica de la Peña Gómez”.

1 “Confirma Segob: 26 mil 112 desaparecidos en el sexenio de Calderón”, Revista Proceso, 26 de febrero de 2012. http://www.proceso.com.mx/?p=334749

2  Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, artículo 6, fracción VIII.

3  Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, artículo 15, fracciones VII Y VIII.

4  A partir de febrero de 2011, se registra en la base de datos del SINPEF todos aquellos casos de personas que han sido reportadas como extraviadas o desaparecidas y en los que se realizan distintas acciones, en colaboración con la 5ta Visitaduría General de la CNDH encaminadas a lograr ubicar su paradero, Informe de Actividades del 1º de enero al 31 de diciembre de 2012, CNDH, México, enero de 2013, pp. 104.






EFEMERIDES

De la Senadora Silvia Guadalupe Garza Galván, del grupo parlamentario del PAN, para referirse a la Conmemoración del Día Mundial de la Energía.

“CONMEMORACION DEL DIA MUNDIAL DE LA ENERGIA
14 DE FEBRERO

SENADOR ERNESTO JAVIER CORDERO ARROLLO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA.
SENADORAS Y SENADORES DE LA REPUBLICA
DE LA LXII LEGISLATURA.

Durante siglos, la humanidad vivió con la idea de tener recursos inagotables destinados a emplearse en el uso de las actividades humanas cotidianas; sin embargo, hoy en día esta tendencia ha dado un giro radical,ya queel uso indiscriminado de los recursos naturales ha puesto en crisis a diversos sectores como el forestal, hidráulico, alimentario y energético, por mencionar algunos.

La revolución Industrial propició en la humanidad un desarrollo tecnológico indudable, sin embargo con ella vino el uso desmedido de los combustibles fósiles como parte de los procesos productivos y de la generación de energía, poniendo en crisis al mundo entero por el calentamiento gradual que el planeta hoy sufre, debido a la alteración de los elementos naturales que sustentan la vida.

La importancia que tiene lapreservación y conservación de los recursos naturales que producen energéticos es fundamental, ya que es un factor necesario para el desarrollo de los pueblos que satisfacen sus necesidades con el uso y aprovechamiento de la energía, pero que deben transformarse e ir hacia nuevas alternativas sustentables de generación de energía, con prácticas limpias y amigables con el medio ambiente, como lo es la energía solar o eólica; elactual modelo económico, ya por sí demanda crear éstos nuevos mecanismospara satisfacer la demanda y realizar asignaciones óptimas de los recursos.

Muy caro nos ha costado darnos cuenta que la fuente de energía fósil es agotable, y que en un determinado momento la demanda no podrá ser abastecida, lo cual dará origen a que en poco tiempo se presente unacrisis energética, a menos que verdaderamente nos ocupemos en desarrollar nuevas formas para obtener energía, de ahí la aparición y necesidad de las energías alternativas y limpias.

Los servicios de energía representan un gran impacto dentro de la actividad productiva de un país ya que se involucran con numerosos servicios como: salud, educación, vivienda, la seguridad alimentaria, comunicaciones, entre otros. Por lo que el tema de la energía es un tema transversal que deberá seguir impulsando y permear en los tres órdenes de gobierno.

Es un hecho que elEstado ha intentado implementar políticas públicas sostenibles, de hecho, fue el Presidente Felipe Calderón, quien impulsó la palabra Transversalidad, y propició acciones en este sentido, se espera que la actual administración refuerce el concepto y no lo diluya entre Secretarías y entre los tres órdenes de gobierno. Esto, sin duda y principalmente, se encamina al sector energético en vinculación con el medio ambiente y el cambio climático.

El mal uso de los recursos naturales, el esfuerzo por conservarlos y la falta de acceso a la instauración de mecanismos de energía limpia, suele verse obstaculizado en el desarrolloeconómico y social.

Esto conlleva a crear un círculo vicioso donde se genera desigualdad, rezago en varios sectores, mayor pobreza, hambre, agotamiento de los recursos, impacto ambientaly de igual manera constituye un obstáculo de suma importancia para el desarrollo de los objetivos, en donde se ponga mayor atención al cambio climático y la sustentabilidad de los recursos

El 14 de Febrero de 1949 se estableció el Día Nacional del Agua y la Energía Eléctrica. Posteriormente, con el transcurso del tiempo el término Energía Eléctrica se cambió por Energía en todas sus manifestaciones, transformándose así en el “Día de la Energía”. Esta fecha es importante para reflexionar sobre las acciones que cada uno de nosotroshemos impulsando desde nuestro lugar de trabajo y que acciones están pendientes para redoblar esfuerzos.

Existe una relación entre la energía y el desarrollo sustentable que pone de relieve la importancia de en una energía moderna, menos contaminante y eficiente para erradicar la pobreza. Se entiende por energía como, la capacidad de poner en movimiento o transformar algo. Dentro del campo tecnológico y económico, se enfoca en hacer referencia a los recursos naturales y aquellos elementos relacionados con las actividades industriales del mismo.

En la actualidad, de acuerdo a un informe de Naciones Unidas, “más de un tercio de la población mundial no tiene acceso a formas avanzadas de energía, y que los 30 países más desarrollados del planeta que representan un 15% de la población total, consumen más del 60% de las formas modernas de energía.”

La energía entendida como un recurso natural, es un bien intermedio que permite satisfacer otras necesidades en la producción de bienes y servicios. Prueba de ello es que a lo largo del acontecer histórico, el ser humano se ha visto en la necesidad de generar e innovar nuevas formas de energía para facilitar más las actividades durante su ciclo de vida.

Nuestro país, no es la excepción. México es uno de los países con mayor potencial de desarrollo de este rubro, se cuenta con amplias fuentes de energía hídrica, eólica, solar y geotérmica. Aunado a esta problemática, existe un marco regulatorio y mecanismos que incentiva el manejo de energías renovables a todos los niveles y sectores, algunos ejemplos son:

• La ley para el Aprovechamiento de Energías renovables y el Financiamiento de la Transición Energética

• El Fideicomiso para el Ahorro de Energía Eléctrica (FIDE)

• Ley de Promoción y Desarrollo de los Bioenergéticas

• La Ley General de Cambio Climático

La Ley General de Cambio Climático, tiene por objeto; garantizar el derecho a un medio ambiente sano y establecer la concurrencia de facultades de la federación, las entidades federativas y los municipios en la elaboración y aplicación de políticas públicas para la adaptación al cambio climático y la mitigación de emisiones de gases y compuestos de efecto invernadero.

Debido a la importancia que tiene la energía para la sustentabilidad, “la Asamblea general de las Naciones Unidas, proclamó el año 2012 como El Año Internacional de la Energía Sostenibles para todos”

Finalmente, es fundamental invertir en investigación, desarrollo e infraestructura que permita tener acceso a otras opciones u alternativas de tecnología energética donde se contemple el cuidado del medio ambiente y los recursos naturales, la reducción de contaminantes para mitigar el cambio climático, se garantice el acceso a toda la población; en especial a la de menos recursos y brindar a la sociedad información que permita generar conciencia y crítica sobre este tema.

De igual manera es menester mejorar el acceso a las energías y recursos sustentables, en donde se apoyen durante el mediano y largo plazo para mejorar la calidad de vida de los seres vivos y lograr un mejor desarrollo económico, social, cultural y ambiental”.






De la Senadora Silvia Guadalupe Garza Galván, del grupo parlamentario del PAN, para referirse a la conmemoración del centenario luctuoso de Francisco I. Madero González.

“PRONUNCIAMIENTO DE LA SEN. SILVIA GUADALUPE GARZA GALVAN DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCION NACIONAL, EN OCASION DEL 100 ANIVERSARIO LUCTUOSO DE FRANCISCO I. MADERO GONZALEZ

(30 de octubre de 1873 - 22 de febrero de 1913)

Cuando hablamos de Francisco Indalecio Madero González, comúnmente para todos los mexicanos, Francisco I. Madero, es habitual referirse a él como el hombre empresario y político mexicano que tuvo la valentía de proclamarse en contra de Porfirio Díaz y que de esa proclamación derivó sin duda el evento que dio inicio a la Revolución Mexicana en 1910.

El anterior hecho, lo llevó en 1911, tras elecciones, a ser Presidente de México durante 15 meses, tiempo que no le fue suficiente para complacer las demandas sociales, lo cual tambiénle trajo la muerte, al ser asesinado junto con José María Pino Suarez, motivado por la ambición y traición organizada por Victoriano Huerta.

De la vida de este personaje de la historia mexicana, podemos hacer muchas biografías, podemos decir, que fue un tenaz luchador, que dio rumbo a la Revolución Mexicana, que las injusticias y los atropellos hacia los más débiles, fueron de sus motivos principales para incursionar en la política, siendo su objetivo principal eliminar de nuestro sistema de gobierno la reelección.

Siempre apoyado por la Junta Organizadora del Partido Liberal Mexicano, a la cual apoyo económicamente para la reanudación del periódico REGENERACION retirándose de dicha organización política por causa de sus diferencias con Ricardo Flores Magón, y en 1909 fundó el Partido Nacional Antirreleccionista, opuesto a un Porfirio Díaz, que con elecciones fraudulentas ocupaba la presidencia de la nación en forma casi ininterrumpida.

En San Antonio, Texas, EEUU, promulgó el Plan de San Luis, que en esencia contenía, una llamada a las armas que causaría la renuncia del Presidente Porfirio Díaz.

La lucha de este ilustre mexicano, tiene aún el día de hoy, la fuerza de llevarnos en forma inmediata a las épocas nacientes del siglo XIX, porque, nos preguntamos todos, porque, Madero sigue aún vivo en la mente de miles y miles de mexicanos, y yo dignamente, como Coahuilense al igual que éste ilustre hombre, que en lo personal admiro, me atrevo a contestar, esa pregunta: Porque el día de hoy, sus ideales siguen vivos, porque el día de hoy, la lucha de Madero sigue de pie, democracia, igualdad y libertad social; compañeros, son palabras cortas, pero de gran contenido social, por ellas, han muerto miles y miles de mexicanos, Madero no fue la excepción, ni Zapata, ni Pino Suarez, pues ellas, no son más que el respeto a los derechos humanos del hombre y de la mujer en la sociedad.

Hoy, después de tantos años, vemos como aún existen caciques en muchos Estados y Municipios, viven enquistados en el poder, buscando triquiñuelas políticas o lagunas legales, para que familias y no hombres, dominen a la sociedad, solo en estos días, vemos como un hermano hereda a otro hermano, los poderes estatales, la prueba Coahuila, Tamaulipas; mientras no superemos esas ambiciones de poder, con leyes que acoten y limiten esas conductas porfiristas, Madero, seguirá eternamente entre nosotros y vivo entre miles de mexicanos, que al igual que antes, hoy, exigen de sus autoridades y a sus legisladores, pongan un alto a las ambiciones desmedidas de quien mucho se aprovechan de los pobres.

En forma personal, les pido a todos los presentes en esta sala de sesiones y también aquellos que por motivos personales o de trabajo están ausentes, que en conciencia, al momento de votar las leyes y los tratados internacionales, y todos los actos, que nos permite esta soberanía, recordemos a Madero, que dio su vida por este México, que aún sigue en pie de lucha.

En un ejercicio de imaginación, veo a Madero, caminando a pie por las calles de Parras Coahuila su ciudad natal, donde el aire caliente cala en los ojos y el polvo hace que uno llore, la garganta se reseca… pensando en los pobres, que sin esperanza solo esperan el día de mañana… que en cada rostro de los niños campesinos que vio y pedían en su mirada oportunidades y libertad… seguramente en ellos motivó su lucha. Me pregunto y pregunto a todos los compañeros que como yo, hemos recorrido cientos o miles de kilómetros en campaña, cuando fuimos al campo, buscando el voto ciudadano; también vimos los rostros de esos mismos niños campesinos, no del ayer, sino los del hoy, los del presente, pero que claman exactamente lo mismo que vio Madero.

A 100 años de su aniversario luctuoso, vivos los principios de OPORTUNIDADES Y LIBERTAD; ante ustedes, y por esos ideales, grito y grito fuerte VIVA MADERO. Muchas gracias.

Sen. Silvia Guadalupe Garza Galván”.






De la Senadora Mely Romero Celis, del grupo parlamentario del PRI, con motivo del aniversario del natalicio de José Vasconcelos.

Posicionamiento del Grupo Parlamentario del PRI con motivo deL aniversario del natalicio de josE vasconcelos

“Con su permiso senador Presidente

Compañeras y compañeros legisladores

La Sexagésima Segunda Legislatura del Senado de la República, conmemora el centésimo trigésimo primer aniversario del natalicio de José Vasconcelos, gran pensador mexicano de la primera mitad del siglo XX. Hombre universal con visión de Estado que siempre estuvo comprometido con la vida democrática, la juventud y la educación de México.

En el Grupo Parlamentario del PRI, nos sentimos orgullosos de festejar el nacimiento de este gran escritor, educador, filósofo, funcionario público y político mexicano, quien nació un 27 de febrero de 1882 en Oaxaca. Se graduó como licenciado en Derecho por la Escuela Nacional de Jurisprudencia con excepcionales notas académicas y un gran reconocimiento de sus maestros.

Por su amplia trayectoria académica, universitaria y política la Universidad Nacional Autónoma de México le otorgó el Doctorado Honoris Causa. Fue también miembro de El Colegio Nacional y de la Academia Mexicana de la Lengua.

Hoy, recordamos con profundo respeto y admiración al llamado “Maestro de América”, quien, es pertinente señalar, destacó en diversos campos del conocimiento y en la administración pública, sobresaliendo sus cualidades de pedagogo y apoyo a la cultura latinoamericana.

Hablar de José Vasconcelos, es hablar del mexicano modelo a seguir, de un hombre ejemplar y con notables virtudes, a continuación me permito hacer una remembranza de los sucesos de mayor relevancia en su vida.

Durante la Revolución Mexicana, se erigió como opositor de Porfirio Díaz, a través de publicaciones pero también, a través de acciones. En 1909 fungió como presidente del Ateneo de la Juventud, además de ser uno de los cuatro Secretarios del Centro Anti-reeleccionista de México durante la Revolución Mexicana y el movimiento maderista.

Al perpetrarse la traición huertista en 1913, se refugió en los Estados Unidos, posteriormente durante el gobierno de Venustiano Carranza regresó a México para hacerse cargo de la Escuela Nacional Preparatoria.

Fue Rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, tuvo un fugaz pero sustancial paso por la UNAM, de 1920 a 1921, es el creador del escudo y el lema universitarios. Hoy, la Universidad Nacional Autónoma de México no sería la misma sin su emotivo y distintivo lema: “Por mi raza hablará el espíritu”.

Fue el primer Secretario de Educación Pública, cargo que ocupó de 1921 a 1924, período en el que estableció las bases institucionales que definirían el rumbo de la educación del Siglo XX. Impulsó la edificación de bibliotecas populares, trajo a nuestro país a diversos y destacados artistas, asimismo, tuvo grandes aportaciones en la estructura de la Secretaría de Educación Pública, creando sus tres departamentos fundamentales: el Escolar, el de Bibliotecas y el de Bellas Artes.

También reorganizó la Biblioteca Nacional y promovió un programa de publicaciones de autores clásicos con la intención de que se difundieran entre la población. Como titular de la dependencia abogó por la ampliación de la infraestructura y la extensión de la educación, concientizando e incentivando la calidad de la enseñanza y la especialización para el desarrollo nacional.

En 1929 se postuló como candidato a la presidencia pero perdió con Pascual Ortiz Rubio.

Consideraba que en virtud de su pasado y mestizaje tanto étnico como cultural, la América hispana era la matriz de una nueva etapa de la civilización, a lo que denomino “la raza cósmica,”. Bajo esta óptica, convergen y alcanzan su plenitud todas las razas, es la superación espiritual, no física de estirpes, síntesis hecha con el tesoro de todas las razas anteriores. Siendo esta concepción medular en su ideología y filosofía.

Sin duda, la gran aportación de José Vasconcelos estriba en el impulso que dio a la educación, acciones que llevó a cabo porque creía en la cultura y quería que todos los mexicanos sin importar su condición social accedieran a las aulas.

La cruzada educativa y cultural que realizó el “Maestro de América”, fue un movimiento con visión social e inclusiva, entre sus principales acciones están las de: alfabetización de más de cien mil adultos; construcción de escuelas en lugares apartados de la sociedad; formación de maestros con alto valor social; escuela activa para la transformación social; vinculación de la escuela con problemas nacionales; visualización de la cultura como factor de liberación y dignificación; y difusión de nuestra identidad mestiza y la vocación latinoamericana.

Desde esta Soberanía Nacional reconocemos el legado filosófico que nos heredó, el cual encontramos en algunas de sus principales obras, como son: Teoría dinámica del derecho; Pitágoras, una teoría del ritmo; El monismo estético; Prometeo vencedor; Estudios indostánicos; La Raza Cósmica; Indología; Tratado de metafísica; Una Ética; De Robinson a Odiseo; Todología, filosofía de la coordinación; En el ocaso de mi vida; Las Letanías del atardecer, obra publicada de manera póstuma.

Finalmente su defunción data del 30 de junio de 1959, en la Ciudad de México, en el barrio de Tacubaya.

Compañeras y compañeros legisladores

Definitivamente no hay suficientes adjetivos para describir la grandeza e importancia de José Vasconcelos, el “Maestro de América”, como ya hemos precisado, nos dejó un legado extraordinario, difícil de superar, que lo posiciona como uno de los pensadores y filósofos más destacados en la historia de nuestro país.

Tanto el concepto de la raza cósmica como la universalización y apertura de la educación se sintetizan en el lema: “Por mi raza hablará el espíritu”. En palabras del Maestro de América, se “significa en este lema la convicción de que la raza nuestra elaborará una cultura de tendencias nuevas, de esencia espiritual y libérrima”.

Los integrantes del Grupo Parlamentario del PRI coincidimos con el Gran José Vasconcelos en que las universidades tienen como misión fundamental de la enseñanza para mejorar las condiciones de vida de las mayorías, de las personas más explotadas. Estamos convencidos que la educación es fundamental para el progreso social y es indispensable en las aspiraciones de una mejor sociedad.

En el Senado de la República los grupos parlamentarios estamos comprometidos a retomar su ejemplo e ideología, es momento de impulsar una educación de calidad para formar buenos alumnos, buenos ciudadanos y mejores mexicanos.

Hoy, en el marco de esta celebración tan relevante para la sociedad mexicana, hago el llamado para que igual que José Vasconcelos, dirijamos nuestra actuación sobre los ejes de honestidad, responsabilidad, respeto, integridad, liderazgo, disciplina e igualdad, todos, valores que el Maestro de América reprodujo y difundió, en todo momento.

Por su atención muchas gracias.

Es cuanto Senador Presidente”.






De la C. Senadora Silvia Guadalupe Garza Galván, del grupo parlamentario del PAN, para referirse al “Día Mundial de la Eficiencia Energética”.

“DEL DIA MUNDIAL DE LA EFICIENCIA ENERGETICA

5 DE MARZO

Senador Ernesto Javier Cordero Arroyo

Presidente de la Mesa Directiva

Senadoras y Senadores

de la LXII Legislatura.

Cada 5 de marzo se celebra el “Día Mundial de la Eficiencia Energética”, esta es una jornada para que reflexionemos sobre nuestros hábitos frente al uso sostenible y racional de la energía, y para que empresas, instituciones y gobiernos revisen sus compromisos con respecto a la utilización de tecnologías renovables.

Esta celebración, se remontan al 05 de marzo del 1998, cuando en Austria se da inicio a la Primera Conferencia Internacional de Eficiencia Energética, donde participaron más de 350 expertos en diferentes áreas, como ingeniería, climatología y ambientalistas, por destacar algunos, en compañía de líderes mundiales, para atender las emergencias climáticas que afectan a los seres del reino animal y vegetal que habitamos en el planeta.

Así mismo, esta fecha marca el antes y después en la historia contemporánea del mundo, al destacar el papel protagónico de proteger el medio ambiente como única forma de obtener las diferentes formas de energías necesarias para el desarrollo humano.

Hacer uso racional de la energía no significa prescindir del confort del que disfrutamos en la actualidad sino en usar y producir nuestra energía mucho más eficientemente y aumentar el uso de energías renovables; es no comprometer los recursos naturales existentes ahora, para que las generaciones futuras puedan hacer uso racional de ellos.

El concepto eficiencia energética, se refiere básicamente a hacer un buen manejo de la energía para, junto con el desarrollo de la tecnología, se diversifiquen las formas de obtener los energéticos, así pues llegar a depender de energías renovables ycon ello la utilización de transportes con motores eléctricos omejores sistemas de combustión y mejores combustibles, menos agresivos con el medio, es en sí, tratar de frenar el cambio climático.

La eficiencia energética supone la obtención de los mismos bienes y servicios energéticos, pero con menos recursos, sin renunciar a la calidad de vida, con menos contaminación, a un precio inferior al actual, alargando la vida de dichos recursos.

Para conseguir esta eficiencia energética, es necesario apostar por la mejora de los procesos, la cogeneración, el reciclaje y la reorientación de la producción hacia productos menos contaminantes, el empleo de energías renovables así como la imposición de un etiquetado energético obligatorio de los aparatos eléctricos.

Es necesaria una mayor inversión en la investigación y el desarrollo de la eficiencia energética y que sea la Administración la que pase a ser la principal promotora, invirtiendo en nuevas instalaciones más respetuosas con el medio ambiente.

No podemos dejar pasar en esta Cámara de Senadores, una conmemoración tan importante, la sostenibilidad de los recursos es un tema de vida y si a ello implica el cambio de hábitos, debemos lograrlo.

En México, la producción de energía representa el 30% de generación de Gases Efecto Invernadero (GEI), por lo que ocupa un lugar muy importante como para no tomar en cuenta que quizá aún estamos a tiempo de invertir nuestros esfuerzos ycapacidades en la transformación de nuestro sector energético.

Hago un respetuoso llamado a la Comisión de Energía para que en seno de sus reuniones y decisiones, refuercen e impulsen la creación y aplicación de energías limpias o energías renovables para el desarrollo de México y que no demos pasos atrás con la falsa idea de que los combustibles fósiles son la alternativa a seguir; debemos aprovechar nuestra situación geográfica y geomorfológica, y hacer fuentes energéticas del aire, sol, oleaje marino, etc.

La energía es y será un ingrediente necesario en nuestras vidas, por lo que, la visión debe transformarse, así como la misión de todos nosotros, que es la de transitar de un esquema tradicional, al esquema que ofrecen los recursos naturales renovables y su uso racional.

Sen. Silvia Guadalupe Garza Galván”.






CITA

Se cita a la siguiente sesión ordinaria el jueves 7 de marzo a las 11:00 horas.

(Se levantó la sesión a las 15:44 horas)

Directorio

DIARIO DE LOS DEBATES

de la Cámara de Senadores del Congreso
de los Estados Unidos Mexicanos

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