Senado de la República.
Sesión Plenaria.
Miércoles 26 de abril de 2017
    
    

Última actualización: Abril 2017
Última revisión: Abril 2017

Sesión Plenaria - Diario de los Debates
LXII
              Legislatura
1er
Año
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DIARIO DE LOS DEBATES

DE LA CÁMARA DE SENADORES
DEL CONGRESO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS


AÑO I                       Segundo Periodo Ordinario                       LXII Legislatura                       Sesión Núm. 9

Presidente de la Mesa Directiva
Sen. Ernesto Javier Cordero Arroyo

Sesión Pública Ordinaria Celebrada
en la Ciudad de México, el 26 de Febrero de 2013

SUMARIO                                              


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INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA Y ADICIONA EL NUMERAL 4 AL ARTICULO 93 DEL REGLAMENTO DEL SENADO DE LA REPUBLICA

(Presentada por la C. Senadora Lisbeth Hernández Lecona, a nombre propio y de los CC. Senadores Aarón Irízar López, Alejandro Tello Cristerna, Angélica del Rosario Araujo Lara, Claudia Artemiza Pavlovich Arellano, Daniel Amador Gaxiola, Diva Hadamira Gastélum Bajo, Hilda Esthela Flores Escalera, Ivonne Liliana Alvarez García, Isaías González Cuevas, Jesús Casillas Romero, Juana Leticia Herrera Ale, Lilia Guadalupe Merodio Reza, María del Rocío Pineda Gochi, Manuel Humberto Cota Jiménez, Margarita Flores Sánchez, Mely Romero Celis y Roberto Armando Albores Gleason)

- Se da cuenta con la iniciativa y se turna a las Comisiones Unidas de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias; y de Estudios Legislativos.






 

PRESIDENCIA DEL C. SENADOR
ERNESTO JAVIER CORDERO ARROYO

APERTURA

- El C. Presidente Ernesto Javier Cordero Arroyo: (11:31 horas) Solicito a la Secretaría informe a la Asamblea el resultado del cómputo de asistencia de los señores Senadores.

- La C. Secretaria Rosa Adriana Díaz Lizama: Honorable Asamblea, conforme al registro de asistencia, se han acreditado 92 ciudadanas y ciudadanos Senadores.

En consecuencia, hay quórum, señor Presidente.

- El C. Presidente Cordero Arroyo: Se abre la sesión del martes 26 de febrero correspondiente al segundo periodo ordinario de sesiones del primer año de ejercicio de la LXII Legislatura. El Orden del Día está disponible en el monitor de sus escaños, con lo cual se informa de los asuntos que corresponden a la agenda de hoy. El acta de la sesión anterior se encuentra publicada en la Gaceta del Senado de este día.

“ACTA DE LA SESION CELEBRADA EL JUEVES
VEINTIUNO DE FEBRERO DE DOS MIL TRECE

PRESIDE EL SENADOR
ENRIQUE BURGOS GARCIA

 

En la ciudad de México, Distrito Federal, a las trece horas con cincuenta y ocho minutos del día jueves veintiuno de febrero de dos mil trece, encontrándose presentes sesenta y ocho ciudadanos Senadores, según relación anexa, la Presidencia declaró abierta la sesión.

 

 

(Lectura del Orden del Día)

La Secretaría dio por conocido el contenido del Orden del Día de la sesión de esta fecha, debido a la publicación en la Gaceta del Senado y a su difusión.

(Acta de la sesión anterior)

 

 

(Comunicaciones)

Se recibió de los Senadores Braulio Manuel Fernández Aguirre, Juan Carlos Romero Hicks y Adolfo Romero Lainas, integrantes de la Comisión Bicamaral del Sistema de Bibliotecas, oficio por el que informan de la instalación de esa comisión, el 12 de febrero del año en curso.- Quedó de enterado.

 

 

 

Se recibió de la Senadora Gabriela Cuevas Barrón, Informe de la Delegación del Congreso Mexicano que participó en la V Conferencia Mundial de la Organización Global de Parlamentarios contra la Corrupción, celebrada en Manila, Filipinas, del 31 de enero al 2 de febrero de 2013.- Quedó de enterado.

 

 

 

Se recibió de la Secretaría de Gobernación, nombramiento expedido a favor del ciudadano Manuel Mondragón y Kalb como Comisionado Nacional de Seguridad, para efectos de ratificación del Senado de la República.- Se turnó a las Comisiones de Gobernación y de Seguridad Pública.

 

 

 

Se recibió de la Cámara de Diputados, proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 216 de la Ley General de Salud.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos.

 

 

 

Se recibió de la Cámara de Diputados, proyecto de Decreto por el que se reforma el tercer párrafo del artículo 225 y se adiciona un artículo 225 Bis a la Ley General de Salud.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos.

 

 

 

Se recibió de la Cámara de Diputados, proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 163 de la Ley General de Salud.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos.

 

 

 

Se recibió de la Cámara de Diputados, proyecto de Decreto por el que se adiciona un último párrafo al artículo 5o. de la Ley de Ciencia y Tecnología.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Ciencia y Tecnología y de Estudios Legislativos, Segunda.

 

 

 

Se recibió de la Cámara de Diputados, proyecto de Decreto que establece las características de una moneda conmemorativa del Centenario de Ejército Mexicano.- Considerado de urgente resolución, fue aprobado por 83 votos en pro. Se remitió al Ejecutivo Federal.

 

 

(Iniciativas)

De la Sen. Itzel Sarahí Ríos de la Mora, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, la que contiene proyecto de Decreto por el que se adiciona un segundo párrafo al artículo 59 de la Ley Federal de Radio y Televisión.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Radio, Televisión y Cinematografía y de Estudios Legislativos.

 

El Senador Carlos Mendoza Davis, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con aval de grupo, presentó iniciativa con proyecto de Decreto que adiciona un segundo párrafo a la fracción ii del artículo 89; un segundo párrafo al artículo 204; y reforma el artículo 213 de la Ley del Seguro Social.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Seguridad Social y de Estudios Legislativos.

 

 

 

El Senador Sofío Ramírez Hernández, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman el octavo y noveno párrafos del artículo 21, el inciso h) de la fracción III y se adicionan las fracciones XI y XII del artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos, Primera.

 

 

 

El Senador Sofío Ramírez Hernández, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 2, 4, 7 y 10; se adiciona el capítulo VIII "De los Sistemas de Seguridad y Justicia Comunitarios", que incluye los artículos 34, 35, 36 y 37 y se reforman los artículos 38, 39, 43 y 65, de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Seguridad Pública y de Estudios Legislativos, Primera.

 

 

 

La Senadora María Elena Barrera Tapia, a nombre propio y de los Senadores Miguel Romo Medina, Braulio Manuel Fernández Aguirre, María Cristina Díaz Salazar, Armando Neyra Chávez e Hilda Esthela Flores Escalera, presentó iniciativa con proyecto de Decreto por el que se adiciona el artículo 76 bis de la Ley General de Salud.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos.

 

 

 

El Senador Jorge Emilio González Martínez, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con aval de grupo, remitió iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 28 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de Estudios Legislativos.

 

 

 

El Senador Jorge Emilio González Martínez, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con aval de grupo, remitió iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de Estudios Legislativos.

(Dictámenes de primera lectura)

Se dio Primera Lectura a un dictamen de las Comisiones Unidas de Cultura y de Estudios Legislativos, con proyecto de Decreto por el que se adiciona la fracción viii al artículo 148 de la Ley Federal del Derecho de Autor.- Quedó de primera lectura.

 

Se dio Primera Lectura a un dictamen de las Comisiones Unidas de Comercio y Fomento Industrial y de Estudios Legislativos, Segunda, con proyecto de Decreto por el que se adiciona la fracción XXI al artículo 31 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.- Quedó de primera lectura.

 

 

(Dictámenes a discusión)

Se sometió a consideración de la Asamblea un dictamen de las Comisiones Unidas de Agricultura y Ganadería y de Estudios Legislativos, Segunda, con proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 58 y se adiciona el artículo 5º de la Ley Federal de Sanidad Vegetal.- Sin discusión, fue aprobado por 104 votos en pro. Se remitió a la Cámara de Diputados.

 

 

 

Se sometió a consideración de la Asamblea un dictamen de las Comisiones Unidas de Justicia, Contra la Trata de Personas y de Estudios Legislativos, con proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 2, fracción VI y 3, segundo párrafo de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada.- Sin discusión, fue aprobado por 97 votos en pro. Se remitió a la Cámara de Diputados.

 

 

 

Se sometió a consideración de la Asamblea un dictamen en sentido negativo de las Comisiones Unidas de Gobernación y de Estudios Legislativos, con relación al proyecto de Decreto que reformaba el artículo 51 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo.- Sin discusión, fue aprobado por 98 votos en pro. Se instruyó descargar el asunto de los registros y darlo por concluido.

 

 

 

Se sometió a consideración de la Asamblea un dictamen en sentido negativo de las Comisiones Unidas de Gobernación y de Estudios Legislativos, con relación al proyecto de Decreto que reformaba los párrafos primero y tercero de la fracción V del artículo 21 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos.- Sin discusión, fue aprobado por 98 votos en pro. Se instruyó descargar el asunto de los registros y darlo por concluido.

 

 

 

Se sometió a consideración de la Asamblea un dictamen de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, con puntos de Acuerdo por los que se ratifican los nombramientos expedidos a favor de los ciudadanos: José Genaro Ernesto Luna Vargas, como Administrador General de Auditoría Fiscal Federal del Servicio de Administración Tributaria; Alejandro Chacón Domínguez, como Administrador General de Aduanas del Servicio Administración Tributaria; Jaime Eusebio Flores Carrasco, como Administrador General Jurídico del Servicio de Administración Tributaria; Oscar Molina Chie, como Administrador General de Grandes Contribuyentes del Servicio de Administración Tributaria; y, Marcela Andrade Martínez, como titular de la Unidad de Coordinación con Entidades Federativas de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.- Hicieron uso de la palabra los Senadores: Gerardo Sánchez García, por la comisión, para presentar el dictamen; Dolores Padierna Luna del PRD para razonar el voto; y Marco Antonio Blásquez Salinas del PT para razonar el voto. Fue aprobado por 85 votos en pro y 15 abstenciones. Los funcionarios rindieron su protesta de ley.

 

 

 

Se sometió a consideración de la Asamblea un dictamen de la Comisión de Comercio y Fomento Industrial, con punto de Acuerdo por el que se dan por concluidas nueve proposiciones.- Fue aprobado en votación económica.

 

 

 

El Presidente de la Mesa Directiva dio turno a los siguientes asuntos:

 

 

 

De la Senadora Laura Angélica Rojas Hernández, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de Acuerdo que exhorta al Presidente Enrique Peña Nieto y a los integrantes de su gabinete a completar con total transparencia la publicitación de su situación patrimonial.- Se turnó a la Comisión de Gobernación.

 

 

 

De la Senadora Laura Angélica Rojas Hernández, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de Acuerdo por el que el Senado de la República se congratula del Cuadragésimo Sexto Aniversario del Tratado para la Prohibición de Armas Nucleares en América Latina y el Caribe, también denominado Tratado de Tlatelolco.- Se turnó a la Comisión de Relaciones Exteriores, Organismos Internacionales.

 

 

 

Del Senador Francisco García Cabeza de Vaca, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de Acuerdo por el que el Senado de la República manifiesta su rechazo a las amenazas en contra de las redes sociales de "Valor por Tamaulipas", así como a cualquier medio de comunicación y en general a las intimidaciones en contra de la libre expresión en el país.- Se turnó a la Comisión de Seguridad Pública.

 

 

 

Del Senador Sofío Ramírez Hernández, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de Acuerdo que exhorta al Ejecutivo a incluir más municipios del estado de Guerrero en la Cruzada Nacional contra el Hambre.- Se turnó a la Comisión de Desarrollo Social.

 

 

(Agenda Política)

El Senador Rabindranath Salazar Solorio, Presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, Europa, remitió intervención relativa al reciente fallecimiento del Embajador de la República Helénica en México, Excelentísimo Señor Dimitrios Anninos.- Se insertó en el Diario de los Debates.

(Efemérides)

El Senador Rabindranath Salazar Solorio, Presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, Europa, remitió efeméride para referirse a la celebración del Día Internacional de la Lengua Materna.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

 

 

La Presidencia dio por concluida la sesión a las quince horas con cincuenta y cinco minutos y citó a Sesión Solemne a las dieciocho treinta horas; y a la siguiente el martes veintiséis de febrero a las once horas”.

LISTA DE ASISTENCIA DE LA SESION ANTERIOR



En consecuencia, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba.

- La C. Secretaria Díaz Lizama: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba el acta de la sesión anterior. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque se rechace, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobada el acta, señor Presidente.

- El C. Presidente Cordero Arroyo: Pasamos al siguiente asunto.





 

COMUNICACIONES

- La C. Secretaria Díaz Lizama: Se recibieron las siguientes comunicaciones:

De la Senadora Ana Lilia Herrera Anzaldo, Presidenta de la Comisión Especial para el Desarrollo Metropolitano, con la que remite el plan de trabajo de esa comisión.

Del Senador Ernesto Gándara Camou, Presidente de la Comisión de Trabajo y Previsión Social, con la que remite el programa de trabajo de esa comisión.

Y del Senador Manuel Cota Jiménez, Presidente de la Comisión de Agricultura y Ganadería, con la que remite el informe de las actividades desarrolladas en la reunión de trabajo en el estado de Colima, para atender la problemática derivada de la plaga Huanglongbing de los cítricos, los días 22 y 23 de febrero del año en curso.

- El C. Presidente Cordero Arroyo: Esta Asamblea ha quedado debidamente enterada.

Pasamos al siguiente asunto.





 

SECRETARIA DE GOBERNACION

- La C. Secretaria Díaz Lizama: Se recibió un oficio de la Secretaría de Gobernación con el que remite solicitud de permiso, a que se refiere el artículo 37 constitucional, para que el ciudadano Enrique Francisco Galindo Ceballos pueda aceptar y usar la condecoración que le confiere el gobierno de la República del Ecuador.

“SECRETARIA DE GOBERNACION
SUBSECRETARIA DE ENLACE LEGISLATIVO
UNIDAD DE ENLACE LEGISLATIVO

Oficio No. SEL/300/134/13
México, D.F., 25 de febrero de 2013

CC. SECRETARIOS DE LA CAMARA DE SENADORES
DEL H. CONGRESO DE LA UNION
PRESENTES.

Por este medio me permito hacer de su conocimiento que mediante oficio número PRO-02353, el Emb. Alfredo Pérez Bravo, Director General de Protocolo de la Secretaría de Relaciones Exteriores, solicita se tramite ante el H. Congreso de la Unión, el permiso a que se refiere la Fracción III, Apartado C), del Artículo 37 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para que el C. Enrique Francisco Galindo Ceballos, pueda aceptar y usar la Condecoración Escudo de la Policía Nacional del Ecuador, que le confiere el Gobierno de la República del Ecuador.

Por lo anterior, me permito anexar para la integración al expediente respectivo, original de la solicitud del interesado dirigida al H. Congreso de la Unión para la obtención del permiso respectivo, copia certificada del acta de nacimiento, así como copias simples de su curriculum vitae, identificación oficial y de la notificación en la que se comunica la intención de otorgarle la Condecoración de referencia.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarles la seguridad de mi consideración distinguida.

El Subsecretario

Lic. Felipe Solís Acero”.

- El C. Presidente Cordero Arroyo: Túrnese a la Comisión de Gobernación para su análisis y dictamen correspondiente.

Pasamos al siguiente asunto.





 

AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACION

- La C. Secretaria Díaz Lizama: Se recibió de la Auditoría Superior de la Federación el informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2011.

- El C. Presidente Cordero Arroyo: Remítase copia en disco compacto a los señores Senadores para su conocimiento y a la Biblioteca del Senado.

Pasamos al siguiente asunto.





 

CAMARA DE DIPUTADOS

- La C. Secretaria Díaz Lizama: Se recibió de la Cámara de Diputados una minuta proyecto de Decreto por el que se adicionan diversas disposiciones a los artículos 4 y 12 de la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa.

“CAMARA DE DIPUTADOS

MESA DIRECTIVA
LXII LEGISLATURA

OF. NO. D. G. P. L. 62-II-8-1066
EXP. NO. 7491/2ª. LXI LEG.

SECRETARIOS DE LA
H. CAMARA DE SENADORES
PRESENTES.

Tenemos el honor de remitir a ustedes para sus efectos constitucionales el expediente con la minuta proyecto de Decreto por el que se adicionan diversas disposiciones a los artículos 4 y 12 de la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, aprobada en esta fecha por la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión.

México, D.F., a 21 de febrero de 2013.

Dip. Javier Orozco Gómez

Secretario”.

“MINUTA

PROYECTO

DE

DECRETO

POR EL QUE SE ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES A LOS ARTICULOS 4 Y 12 DE LA LEY PARA EL DESARROLLO DE LA COMPETITIVIDAD DE LA MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA.

Artículo Unico.- Se adicionan los artículos 4, fracción II, con los incisos j) y k); y 12, con una fracción XI a La Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, para quedar como sigue:

Artículo 4.- Son objetivos de esta Ley:

I. …

II. Promover:

a) a g)...

h) La creación y desarrollo de las MIPYMES sea en el marco de la normativa ecológica y que éstas contribuyan al desarrollo sustentable y equilibrado de largo plazo;

i) La cooperación y asociación de las MIPYMES, a través de sus Organizaciones Empresariales en el ámbito nacional, estatal, regional y municipal, así como de sectores productivos y Cadenas Productivas;

j) El acceso al financiamiento para las MIPYMES conformadas por mujeres con el propósito de contribuir a su inclusión en el mercado laboral y ampliar sus posibilidades y potencial de participación en el sector formal de la economía, y

k) La vinculación de las microempresarias con los centros de comercialización de productos, para facilitar el acceso de sus productos al mercado.

Artículo 12.- La Secretaría tendrá en materia de coordinación y desarrollo de la competitividad de las MIPYMES, las siguientes responsabilidades:

I. a VIII. ...

IX. Proponer a través de las instancias competentes, la homologación de la normativa y trámites, por lo que se refiere a la materia de la presente Ley;

X. Diseñar un esquema de seguimiento e identificación de resultados de los Programas de apoyo establecidos por el Gobierno Federal, y

XI. Acordar con las Entidades Federativas, el Distrito Federal y con los Municipios, la celebración de convenios para incentivar fiscalmente a aquellas empresas que utilicen como proveedores a las micro, pequeñas y medianas empresas.

TRANSITORIOS

Unico.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Salón de sesiones de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión,- México, D.F., a 21 de febrero de 2013.

Dip. Francisco Arroyo Vieyra, Presidente.- Dip. Javier Orozco Gómez, Secretario”.

- El C. Presidente Cordero Arroyo: Túrnese a las Comisiones Unidas de Comercio y Fomento Industrial; y de Estudios Legislativos para su análisis y dictamen correspondiente.

Pasamos al siguiente asunto.

- La C. Secretaria Díaz Lizama: Asimismo, de la Cámara de Diputados se recibió una minuta proyecto de Decreto que adiciona un último párrafo al artículo 81 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.

“CAMARA DE DIPUTADOS

MESA DIRECTIVA
LXII LEGISLATURA

OF. NO. D. G. P. L. 61-II-7-441
EXP. NO. 7105

SECRETARIOS DE LA
H. CAMARA DE SENADORES
PRESENTES.

Tenemos el honor de remitir a ustedes para sus efectos constitucionales, el expediente con la minuta proyecto de Decreto que adiciona un último párrafo al artículo 81 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, aprobado en esta fecha por la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión.

México, D.F., a 21 de febrero de 2013.

Dip. Magdalena del Socorro Núñez Monreal

Secretaria”.

“MINUTA

PROYECTO

DE

DECRETO

QUE ADICIONA UN ULTIMO PARRAFO AL ARTICULO 81 DE LA LEY ORGANICA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACION.

Artículo Unico. Se adiciona un último párrafo al artículo 81 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, para quedar como sigue:

Artículo 81. ...

I. a XLIIL ...

El Consejo de la Judicatura Federal incorporará la perspectiva de género, de forma transversal y equitativa en el desempeño de sus atribuciones, programas y acciones, con el objeto de garantizar a las mujeres y hombres, el ejercicio y goce de sus derechos humanos, en igualdad de condiciones y velará por que los órganos a su cargo así lo hagan.

TRANSITORIOS

Unico.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Salón de sesiones de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión,- México, D.F., a 21 de febrero de 2013.

Dip. Francisco Arroyo Vieyra, Presidente.- Dip. Magdalena del Socorro Núñez Monreal, Secretaria”.

- El C. Presidente Cordero Arroyo: Túrnese a las Comisiones Unidas de Justicia; y de Estudios Legislativos para sus efectos correspondientes.

Pasamos al siguiente asunto.

- La C. Secretaria Díaz Lizama: La Cámara de Diputados remite un Acuerdo relativo al Sindicato Mexicano de Electricistas.



- El C. Presidente Cordero Arroyo: Remítase a la Comisión de Energía.

Informo a la Asamblea que la Mesa Directiva acordó modificar el orden del despacho de los asuntos de la agenda para desahogar, primeramente, los dictámenes de la sesión.

En nuestro apartado de dictámenes de primera lectura, informo al Pleno que el de las Comisiones Unidas de Comercio y Fomento Industrial; de Hacienda y Crédito Público; y de Estudios Legislativos, relativo a la Ley Federal de Protección al Consumidor y a la Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros, se retiró de la agenda por no haberse entregado debidamente cubiertos los requisitos reglamentarios.

Pasamos a la primera lectura de un dictamen de las Comisiones Unidas de Salud; y Estudios Legislativos, con proyecto de Decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley General de Salud, en materia de cambio climático.





 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE SALUD, EN MATERIA DE CAMBIO CLIMATICO

(Dictamen de primera lectura)

“H. ASAMBLEA:

A las Comisiones unidas de Salud; y de Estudios Legislativos, de la LXII Legislatura de la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, les fue turnada para su estudio y dictamen la minuta con proyecto de Decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley General de Salud, en materia de cambio climático.

Una vez recibida por las Comisiones Unidas, sus integrantes entraron a su estudio con la responsabilidad de considerar lo más detalladamente posible su contenido y analizar los fundamentos esenciales en que se apoya, para proceder a emitir dictamen conforme a las facultades que les confieren los artículos 85, 86, 89, 94 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 113, 117, 135, 150, 177, 178, 182 y 190 del Reglamento del Senado de la República, al tenor de la siguiente:

METODOLOGIA

I. En el capítulo de "ANTECEDENTES", se da constancia del trámite de inicio del Proceso Legislativo, del recibo de turno para el dictamen de la referida Minuta y de los trabajos previos de las Comisiones dictaminadoras.

II. En el capítulo correspondiente a "CONTENIDO DE LA MINUTA", se sintetiza el alcance de la propuesta de reforma en estudio.

III. En el capítulo de "CONSIDERACIONES", las Comisiones unidas expresan los argumentos de valoración de la propuesta y de los motivos que sustentan la resolución de estas dictaminadoras.

  • ANTECEDENTES

1.- Con fecha 19 de Enero de 2011, los diputados Alejandro del Mazo Maza y Carlos Alberto Ezeta Salcedo, diputados del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México en la LXI Legislatura presentaron Iniciativa que reforman diversas disposiciones de la Ley General de Salud, en materia de cambio climático.

2.- Con fecha 23 de noviembre de 2011, el pleno de la H. Cámara de Diputados aprobó el Dictamen de la Comisión de Salud con Proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley General de Salud, en materia de cambio climático.

3.- Con fecha 29 de noviembre de 2011, se recibió de Cámara de Diputados Minuta con Proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley General de Salud, en materia de cambio climático.

Con la misma fecha, la Mesa Directiva del Senado de la República dispuso que la Minuta de mérito fuera turnada a las Comisiones unidas de Salud y de Estudios Legislativos, para su análisis y dictamen correspondiente.

II. CONTENIDO DE LA MINUTA

La Minuta que nos ocupa, reforma la fracción III del artículo 111; y adiciona una fracción III Bis al artículo 118 y una fracción I Bis al artículo 119 de la Ley General de Salud, teniendo como finalidad incluir en los objetivos de la promoción de la salud, el control de los efectos nocivos del ambiente en la salud, adoptando medidas y promoviendo estrategias de mitigación y de adaptación a los efectos del cambio climático.

Además, faculta a la Secretaría de Salud para determinar y evaluar los riesgos sanitarios a los que se encuentra expuesta la población en caso de eventos provocados por fenómenos naturales originados por cambio climático; y a los gobiernos de las entidades federativas, en sus respectivos ámbitos de competencia, para formular programas para la atención y control de los efectos nocivos del ambiente en la salud que consideren el cambio climático.

III. CONSIDERACIONES

A. Estas Comisiones unidas de Salud y de Estudios Legislativos invocan el párrafo tercero del Artículo 4º Constitucional que menciona que toda persona tiene derecho a la protección de la salud, y aluden a la fracción XVI del Artículo 73 de la Constitución que faculta al Congreso de la Unión para dictar leyes sobre salubridad general de la República, concluyendo que estas Comisiones unidas son competentes para conocer sobre el presente asunto.

B. de acuerdo con la Ley General de Cambio Climático; “El cambio climático es producido por la alteración de la composición de la atmósfera terrestre no solo como consecuencia de las actividades del sector productivo y de servicios, sino por la actividades que cada persona lleva a cabo en diario devenir”.

C. En ese entendido, las disposiciones contenidas en la minuta que se dictamina, encuentran sustento toda vez que, de manera adicional a lo ya aprobado por esta soberanía en cuanto a la Ley de Cambio Climático, se vuelve necesario que las autoridades federales, en este caso la sanitaria, coadyuve en la promoción de la salud respecto de los efectos en la salud de los efectos del cambio climático, debiendo las autoridades sanitarias, determinar y establecer los riegos a los que se encuentra expuesta la población para formular programas para la atención de la salud de la población mexicana.

D. Por lo anterior, se encuentra que con la aprobación del presente decreto se cumpliría con las atribuciones concedidas a la autoridad sanitaria por medio de la Ley, y se previene disposiciones que mejorarían la promoción y la atención de un tema prioritario no solo para México sino para el mundo en su totalidad, toda vez que la afectación real que se está viviendo con el cambio climático, derivado por cualquier circunstancia ya sea humana o no, debe ser atendida en la actualidad por cualquier medio que mitigue el crecimiento de la problemática generada por la disparidad del clima que sin duda es una realidad.

E. En este sentido, estas comisiones dictaminadoras coinciden con el texto propuesto enviado por la Cámara de Diputados, que tiene como única finalidad atender desde una perspectiva mayor, la realidad que se vive en nuestro país, para hacer frente al cambio climático, y concientizar, a través de la propuesta que se aprueba en su términos en la necesidad de la disminución de las actividades que afecten de manera directa al medio ambiente en su conjunto, promocionando el control de los efectos nocivos del ambiente en la salud, adoptando medidas y promoviendo estrategias de mitigación y de adaptación a los efectos del cambio climático.

Además, facultando a la Secretaría de Salud para determinar y evaluar los riesgos sanitarios a los que se encuentra expuesta la población en caso de eventos provocados por fenómenos naturales originados por el cambio climático; y a los gobiernos de las entidades federativas, en sus respectivos ámbitos de competencia, para formular programas para la atención y control de los efectos nocivos del ambiente en la salud, que consideren el cambio climático.

F. Derivado de lo anterior, las Comisiones dictaminadoras, estiman viable aprobar en sus términosla propuesta contenida en la Minuta que se analiza; así con base en las atribuciones que le otorgan los artículos 85, 86, 89, 94 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como los 113, 117, 135, 150, 177, 178, 182 y 190 del Reglamento del Senado de la República, someten a consideración de esta Honorable Soberanía el siguiente:

PROYECTO DE DECRETOPOR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE SALUD, EN MATERIA DE CAMBIO CLIMÁTICO.

Artículo Unico.- Se reforma la fracción III del artículo 111; y se adicionan una fracción III Bis al artículo 118 y una fracción I Bis al artículo 119 de la Ley General de Salud, para quedar como sigue:

Artículo 111. La promoción de la salud comprende:

I. y II. ...

III. Control de los efectos nocivos del ambiente en la salud, adoptando medidas y promoviendo estrategias de mitigación y de adaptación a los efectos del cambio climático;

IV. y V. ...

Artículo 118. Corresponde a la Secretaría de Salud:

I. a III. …

III Bis. Determinar y evaluar los riesgos sanitarios a los que se encuentra expuesta la población en caso de eventos provocados por fenómenos naturales originados por cambio climático;

IV. a VII. …

Artículo 119. Corresponde a la Secretaría de Salud y a los gobiernos de las entidades federativas, en sus respectivos ámbitos de competencia:

I. …

I Bis. Formular programas para la atención y control de los efectos nocivos del ambiente en la salud, que consideren entre otros aspectos el cambio climático;

II. a IV. ...

Transitorios

Primero. El presente Decreto entrará en vigor el siguiente día al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. En un plazo no mayor a un año, posterior a la publicación del presente Decreto, la Secretaría de Salud deberá actualizar el marco normativo y programático a que haya lugar en materia de riesgo sanitario.”

Debido a que el dictamen se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria de este día y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 195 del Reglamento, queda de primera lectura.

Tenemos la primera lectura de un dictamen de las Comisiones Unidas de Salud; y de Estudios Legislativos, Primera, con proyecto de Decreto que reforma el artículo 163 de la Ley General de Salud.





 

PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA EL ARTICULO 163 DE LA LEY GENERAL DE SALUD

(Dictamen de primera lectura)

“H. ASAMBLEA:

A las Comisiones Unidas de Salud; y de Estudios Legislativos, Primera, les fue turnada para su análisis y dictamen la minuta con proyecto de Decreto que reforma el artículo 163 de la Ley General de Salud, para los efectos de la fracción e) del artículo 72 Constitucional.

Una vez recibida por estas comisiones sus integrantes entraron a su estudio con la responsabilidad de considerar lo más detalladamente posible su contenido, consecuentemente se analizaron los fundamentos esenciales en que se apoya, para proceder a emitir dictamen conforme a las facultades que les confieren los artículos 85, 86, 89, 94 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y los artículos 117, numeral 1; 135 fracción I; 166, numeral 1; 178, 182, 185, 188 y demás relativos del Reglamento del Senado de la República, someten a consideración el dictamen que ha sido formulado al tenor de la siguiente:

METODOLOGIA

En el capítulo de “ANTECEDENTES” se da constancia del trámite de inicio del proceso legislativo, del recibo de turno para el dictamen de la referida Minuta y de los trabajos previos de las Comisiones Dictaminadoras.

En el capítulo correspondiente a “CONTENIDO DE LA MINUTA”, se sintetiza el alcance de la propuesta de reforma en estudio.

En el capítulo de “CONSIDERACIONES”, las Comisiones Unidas mencionadas expresan los argumentos de valoración de la propuesta y de los motivos que sustentan la resolución de estas Comisiones Dictaminadoras.

ANTECEDENTES

Con fecha 10 de diciembre de 2009, la Diputada Mariana Ivette Ezeta Salcedo, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, presentó Iniciativa con proyecto de decreto que reforma los Artículos 163 y 164 de la Ley General de Salud. En la misma fecha la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, dispuso que dicha Iniciativa se turnara a la Comisión de Salud de dicha colegisladora para su análisis y dictamen correspondiente.

El día 10 de abril de 2012, la Mesa Directiva del Senado de la República dio cuenta de haber recibido de la Cámara de Diputados la Minuta que contiene el Proyecto de Decreto que reforma el Artículo 163 de la Ley General de Salud.

En la misma fecha, la Mesa Directiva dispuso que se turnara a la Comisión de Salud y de Estudios Legislativos, Primera, para su análisis y dictamen correspondiente.

CONTENIDO DE LA MINUTA

Los CC. Legisladores señalan el derecho a la protección de la salud, el cual es un derecho social y universal, independiente de la situación de vulnerabilidad de sus destinatarios, ya que, además, es un elemento esencial para que el Estado pueda sentar las bases para eliminar la desigualdad existente entre los miembros de una sociedad.

Los integrantes de la Comisión de Salud de la Colegisladora mencionaron, que actualmente el concepto de medicina preventiva debe ser permanente en la legislación mexicana, toda vez que la medicina preventiva, puede disminuir en gran cantidad los problemas de salud que aquejan a la sociedad mexicana. Y por ende las consecuencias que agravan la salud de la población mexicana a largo plazo.

Particularmente los legisladores se ocupan por lo que respecta a la prevención de diferentes complicaciones que pueden acarrear los accidentes, incluso la muerte.

La Minuta en estudio refiere la inclusión de la capacitación de la comunidad para la prestación de primeros auxilios, lo cual se consideró viable por la colegisladora, toando en cuenta que daría mayor fundamento jurídico al Artículo 10 del Reglamento Interior de la Secretaría de Salud, mismo que establece la promoción de mecanismos para fomentar la participación de la sociedad civil y en general de la comunidad, además de los sectores público y privado, en las acciones tomadas en materia de accidentes.

CONSIDERACIONES

A.Las Comisión de Salud hace referencia al derecho a la protección de la salud que poseen todos los mexicanos acorde con el párrafo tercero del artículo 4º de nuestro máximo ordenamiento legal, el cual a su vez faculta, a través de la fracción XVI del artículo 73, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a emitir leyes sobre salubridad general en la República, por lo que el ámbito de competencia de esta Soberanía se encuentra previamente establecido y reconocido para tratar el tema de salud en México.

B. Es bien sabido que el estado y la evolución de las lesiones derivadas de un accidente, en su mayoría dependen en gran medida de la rapidez y de la calidad de los primeros auxilios que se reciban. Los primeros auxilios, son el conjunto de actuaciones y técnicas que permiten la atención inmediata de un accidentado hasta que llega la asistencia médica profesional, con la finalidad primordial de que las lesiones sufridas no empeoren su estado. Es importante tener en cuenta ciertas consideraciones que no agraven las lesiones de la persona, tales como conservar la calma, evitar aglomeraciones en torno al lesionado, hacerse cargo de la situación de inmediato, no mover al lesionado y examinarlo, entre otras acciones que se sustentan en los manuales de primeros auxilios.

Es importante señalar que todas las acciones que se realizan durante la administración de primeros auxilios, no requieren del conocimiento profesional de la medicina, toda vez que lo único que se procura es salvaguardar al lesionado, mientras se da la llegada de un profesional que le pueda realizar una valoración más completa y por ende, recetar un tratamiento en torno a su gravedad.

C. En concordancia con la colegisladora, encontramos significativo, que la población mexicana, adquiera conocimientos sobre la administración de primeros auxilios. Por lo que se refiere a la inclusión de la capacitación de la comunidad para la prestación de primeros auxilios, esta comisión, lo considera viable tomando en consideración el precepto 10 del Reglamento Interior de la Secretaría de Salud, el cual establece la promoción de mecanismos para fomentar la participación de la sociedad civil y en general de la comunidad, asimismo el artículo 35 Bis 2 promueve, en coordinación con las unidades administrativas competentes de la Secretaría de Salud, la capacitación comunitaria en la atención inmediata de accidentes, misma que podría implicar la capacitación en primeros auxilios.

D. Derivado de lo anterior, las Comisiones dictaminadoras, estiman viable aprobar en sus términosla propuesta contenida en la Minuta que se analiza; así con base en las atribuciones que le otorgan los artículos 85, 86, 89, 94 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como los 113, 117, 135, 150, 177, 178, 182 y 190 del Reglamento del Senado de la República, someten a consideración de esta Honorable Soberanía el siguiente:

Proyecto de Decreto que reforma el Artículo 163 de la Ley General de Salud.

ARTICULO UNICO. Se reforma la fracción VI del Artículo 163 de la Ley General de Salud, para quedar como sigue:

Artículo 163. La acción en materia de prevención y control de accidentes comprende:

I. a V. …

VI. La promoción de la participación y capacitación de la comunidad en la prevención y primeros auxilios de accidentes.

Transitorio

ARTICULO UNICO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.”

Debido a que el dictamen se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria de hoy y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 195 del Reglamento, queda de primera lectura.

Pasamos a la primera lectura de dos dictámenes de la Comisión de Gobernación, con proyectos de Decreto que conceden permisos a los ciudadanos Miguel Angel Marín Solís y Ricardo Flores González para aceptar y usar condecoraciones que les otorgan gobiernos extranjeros.





 

PERMISOS PARA ACEPTAR Y USAR CONDECORACIONES

(Dictámenes de primera lectura)



Debido a que los dictámenes se encuentran publicados en la Gaceta del Senado de este día y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 195 del Reglamento, quedan de primera lectura.

Informo a ustedes que el dictamen en sentido negativo de las Comisiones Unidas de Reforma Agraria; y de Estudios Legislativos, en relación con el proyecto de Decreto que reforma diversos artículos de la Ley Agraria, se ha retirado de nuestra agenda del día de hoy, debido a que no se entregó con los requisitos reglamentarios totalmente cubiertos.

Tenemos la primera lectura de un dictamen en sentido negativo de las Comisiones Unidas de Gobernación; y de Estudios Legislativos, Primera, en relación con el proyecto de Decreto que reforma la Ley de Premios, Estímulos y Recompensas Civiles y la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.





 

PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA LA LEY DE PREMIOS, ESTIMULOS Y RECOMPENSAS CIVILES Y LA LEY ORGANICA DEL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

(Dictamen de primera lectura)



Debido a que el dictamen se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria de este día y con fundamento a lo dispuesto por el artículo 195 del Reglamento, queda de primera lectura.

Tenemos la primera lectura de un dictamen en sentido negativo de las Comisiones Unidas de Gobernación; y de Estudios Legislativos, Primera, en relación con el proyecto de Decreto por el que se reforman diversos artículos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.





 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSOS ARTICULOS DE LA LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA GUBERNAMENTAL

(Dictamen de primera lectura)



Debido a que el dictamen se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria de este día y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 195 del Reglamento, queda de primera lectura.

En otro apartado de nuestro Orden del Día, tenemos la discusión de un dictamen de las Comisiones Unidas de Gobernación; y de Seguridad Pública, con punto de Acuerdo por el que se ratifica el nombramiento del ciudadano Manuel Mondragón y Kalb como Comisionado Nacional de Seguridad.

Solicito a la Secretaría dé lectura al dictamen.





 

RATIFICACION DE NOMBRAMIENTO COMO COMISIONADO NACIONAL DE SEGURIDAD

(Dictamen a discusión)

- La C. Secretaria Díaz Lizama: Doy lectura al dictamen.



Es todo, señor Presidente.

- El C. Presidente Cordero Arroyo: Está a discusión el dictamen. Se concede el uso de la palabra a la Senadora Cristina Díaz Salazar, para presentar el dictamen por las comisiones.

- La C. Senadora María Cristina Díaz Salazar: Gracias, señor Presidente; Honorable Asamblea:

Con fecha 19 de febrero de 2013, el Subsecretario de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación remitió al Presidente del Senado de la República el nombramiento que el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, licenciado Enrique Peña Nieto, hiciere al ciudadano Manuel Mondragón y Kalb para ocupar el cargo de Comisionado Nacional de Seguridad, a fin de someter a consideración de esta Soberanía, su ratificación, con fundamento en el último párrafo del artículo 27 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal que confiere al titular del Ejecutivo Federal, la facultad para nombrar al Comisionado Nacional de Seguridad, con la ratificación del Senado.

Estas comisiones, con fundamento en lo dispuesto por la Sección Tercera, Capítulo Segundo, Título Octavo; en el numeral tres del artículo 255 del Reglamento del Senado de la República, así como en el Acuerdo de las Comisiones de Gobernación y Seguridad Pública del Senado de la República, aprobado en reunión celebrada el 25 de febrero de 2013, sometemos a la consideración de esta Honorable Asamblea, el presente dictamen.

Los antecedentes son los siguientes:

1. Mediante oficio de fecha 19 de febrero de 2013, signado por el Subsecretario de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación, el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, Enrique Peña Nieto, presentó oficio ante el Senado de la República, a fin de someter para su ratificación la propuesta del nombramiento que el mismo hiciera, del ciudadano Manuel Mondragón y Kalb al cargo de Comisionado Nacional de Seguridad, con fundamento en el artículo 27 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.

2.- En la sesión del 21 de febrero de 2013, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores, dispuso que la propuesta de nombramiento citado con antelación, se turnara a las Comisiones de Gobernación y de Seguridad Pública, para su estudio y dictamen correspondiente.

3.- En sesión extraordinaria, los Senadores integrantes de las comisiones nos constituimos en comisiones unidas a fin de analizar la documentación presentada con el nombramiento, así como el cumplimiento de los requisitos constitucionales y legales para que el ciudadano mexicano propuesto Manuel Mondragón y Kalb, pudiera ocupar el cargo de Comisionado Nacional de Seguridad.

4.- En esta misma sesión extraordinaria, los Senadores integrantes de las Comisiones Unidas de Gobernación; y de Seguridad Pública, recibimos en comparecencia al funcionario propuesto por el Ejecutivo Federal a quien se le garantizó su derecho de audiencia como lo dispone el Reglamento del Senado para expresar su programa de trabajo y los méritos que le acreditan para ser postulado para ocupar el cargo, ante ello los integrantes de las comisiones, expresaron sus observaciones y comentarios al mismo, quien respondió ante éstos.

Objeto de la propuesta de nombramientos.

Someter a consideración de esta Honorable Cámara de Senadores, la ratificación del nombramiento del Comisionado Nacional de Seguridad, al ciudadano Manuel Mondragón y Kalb.

Descripción de la propuesta de nombramiento.

Una de las responsabilidades fundamentales que recaen en el titular del Poder Ejecutivo Federal al inicio de su gestión es la designación del equipo de trabajo que lo acompañará durante su encargo, considerando a las personas idóneas con base en aptitud, conocimiento, experiencia y calidad moral.

Derivado de la reforma a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal del 2 de enero de 2013, el Presidente de la República, a propuesta del Secretario de Gobernación, designa al Comisionado Nacional de Seguridad, con ratificación del Senado de la República.

El titular del Ejecutivo propone al ciudadano Manuel Mondragón y Kalb como Comisionado Nacional de Seguridad, quien cuenta con la aptitud, experiencia y conocimientos necesarios en materia, mismo que lo hace apto para ocupar el cargo.

III.- Consideraciones de la propuesta del nombramiento.

Primera.- De conformidad con lo dispuesto en la SECCION TERCERA, CAPITULO SEGUNDO, TITULO OCTAVO; en el numeral tres del artículo 255 del Reglamento del Senado de la República, estas comisiones resultan competentes para dictaminar la ratificación del nombramiento del Comisionado Nacional de Seguridad.

Segunda.- A juicio de los miembros de las comisiones dictaminadoras, Manuel Mondragón y Kalb, cuenta con la experiencia y el perfil requeridos para desempeñar el cargo de Comisionado Nacional de Seguridad, en virtud de su trayectoria y de contar con la formación académica y el perfil adecuado para realizar las funciones inherentes al mismo.

El ciudadano Manuel Mondragón y Kalb cuenta con la siguiente formación académica y experiencia profesional:

Formación académica: Médico Cirujano por la Universidad Nacional Autónoma de México; Contralmirante Médico Naval de La Armada de México; estudios de postgrado en medicina interna y reumatología de los Institutos Nacionales de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán y Nacional de Cardiología José Ignacio Chávez; estudios de Alta Dirección de Empresas y Administración Pública, IPADE.

Experiencia en el servicio público: Coordinador Nacional de Participación Social de la Procuraduría General de la República; Subprocurador de atención a víctimas y participación social en la Procuraduría de Justicia de la Ciudad de México; Subsecretario del Deporte de la Secretaría de Educación Pública; Subsecretario Forestal y de Fauna en la Secretaría de Agricultura Federal; Subsecretario de Participación Ciudadana y Prevención del Delito de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal; Secretario de Salud en el Distrito Federal y Secretario de Seguridad Pública en el Distrito Federal.

Tercera.- Con el objeto de realizar un examen valoratorio sobre su idoneidad para el cargo al que ha sido propuesto el ciudadano Manuel Mondragón y Kalb, así como su capacidad técnica, experiencia profesional y, desde luego, su conocimiento en la materia, se citó a comparecer el día 25 de febrero de 2013 en la Reunión Extraordinaria ante las Comisiones Unidas de Gobernación; y de Seguridad Pública. Asimismo, dicha reunión tuvo la finalidad de atender las garantías de audiencia y legalidad previstas en los artículos 14 y 16 constitucionales, y 242 y 255 del Reglamento del Senado de la República.

Una vez concluida la comparecencia del funcionario en cuestión, los integrantes de las comisiones reunidas en pleno, deliberamos a favor de proponer ante el Pleno del Senado de la República la ratificación por unanimidad del nombramiento que hiciere el titular del Poder Ejecutivo Federal sobre el ciudadano Manuel Mondragón y Kalb, al cargo de Comisionado Nacional de Seguridad, con fundamento en el último párrafo del artículo 27 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, de acuerdo con la Constitución Política, la Ley Orgánica del Congreso General y el Reglamento del Senado, así como de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, todos ordenamientos de los Estados Unidos Mexicanos, los integrantes de las Comisiones Unidas de Gobernación; y de Seguridad Pública, sometemos a la consideración de esta Honorable Asamblea la aprobación del siguiente:

ACUERDO

Unico.- Se ratifica el nombramiento del ciudadano Manuel Mondragón y Kalb, para ocupar el cargo de Comisionado Nacional de Seguridad, que hiciere el titular del Poder Ejecutivo Federal, de acuerdo con la ley.

Dado en el salón de sesiones del Pleno del Senado de la República, a 26 de febrero de 2013.

Firman los integrantes de Comisiones Unidas de Gobernación; y de Seguridad Pública, por el que se aprueba la ratificación del ciudadano Manuel Mondragón y Kalb, como Comisionado Nacional de Seguridad.

Es cuanto, señor Presidente.

PRESIDENCIA DEL C. SENADOR
JOSE ROSAS AISPURO TORRES

- El C. Presidente José Rosas Aispuro Torres: Gracias, Senadora Cristina Díaz Salazar.

Se le concede el uso de la palabra, a nombre del grupo parlamentario del PRD, al Senador Alejandro Encinas Rodríguez, para hablar sobre el dictamen que ha presentado la Senadora Cristina Díaz Salazar.

- El C. Senador Alejandro de Jesús Encinas Rodríguez: Muchas gracias, señor Presidente; compañeras y compañeros legisladores:

A nombre del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, vengo a fundamentar nuestro voto a favor de la ratificación del doctor Manuel Mondragón y Kalb, como Comisionado Nacional de Seguridad, quien estará al frente de las tareas de combate al crimen organizado y de garantizar la seguridad pública en el país, sin embargo, quisiéramos hacer algunas acotaciones.

La primera de ellas tiene que ver con el ejercicio que por primera vez este Cuerpo Legislativo va a hacer derivado de las reformas a la Ley Orgánica de la Administración Pública, publicadas el pasado 2 de enero del presente año, en donde en un ejercicio donde estamos estableciendo por primera vez controles parlamentarios vinculados con la autoridades responsables de garantizar la seguridad pública, vamos a ratificar este nombramiento.

Sin embargo, y de manera lamentable, en los oficios que envió el titular del Ejecutivo Federal así como el Subsecretario de Enlace Legislativo, licenciado Felipe Solís Acero, se hace una acotación que nosotros deberíamos de rechazar, ya que tanto el titular del Ejecutivo como el señor Subsecretario señalan que la comparecencia y la propuesta del nombramiento que se hizo de Mondragón y Kalb es a cautela; ayer decíamos “por si las moscas”, como si se tratase de una legislación pasajera en donde por la controversia presentada por los Diputados del PRI no tuviera plena validez y vigencia en la ley.

Hay que señalar que al Ejecutivo Federal no le corresponde hacer ninguna valoración sobre el estatus jurídico que pueda seguir una controversia, sino que tiene que cumplir puntualmente la legislación, lo cual el día de ayer y hoy, en pleno ejercicio de nuestras atribuciones y en cumplimiento estricto de la ley, vamos a ejercer esta facultad de control parlamentario respecto a la ratificación del nombramiento del Comisionado Nacional de Seguridad.

En segundo lugar, queremos hacer las siguientes consideraciones:

Toda vez de que si bien el nombramiento se va a ratificar, aún no quedan claros temas centrales de las facultades y atribuciones que tiene que desarrollar el comisionado.

En primer lugar, no ha sido definida con toda precisión la nueva estrategia de combate a la inseguridad, se ha hablado de la necesidad de regionalizar al país, de hacer una tipología diferenciada de los delitos y de los modus operandi de las distintas bandas del crimen organizado; se ha hablado de mecanismos de coordinación con los estados y los municipios e incluso se ha dado aval a la formación de un mando único en los estados de la República sin que exista un acuerdo, ya no digamos con los municipios del país, sino tampoco claridad en las reformas legislativas que ello entraña.

Y esto tiene que ver con el punto de partida de la nueva organización de la Administración Pública de la Secretaría de Gobernación, donde se ha planteado la posibilidad de crear una nueva gendarmería nacional, la cual no han sido definidos plenamente sus alcances, facultades y atribuciones; más aún, no se tiene claro si esta gendarmería se creará por ley, por Decreto, por un acuerdo presidencial o por la decisión del titular de la Defensa Nacional de crear una nueva fuerza especial comisionada a la Secretaría de Gobernación.

Tampoco han quedado claro los mecanismos de coordinación y de mando de la nueva gendarmería, ya que si bien el doctor Mondragón y Kalb, el día de ayer nos señaló que él estará al frente de la gendarmería, no quedan claros los mecanismos de coordinación entre la Policía Federal, la gendarmería y, por supuesto, las Fuerzas Armadas y los cuerpos de seguridad de los estados.

Desde nuestro punto de vista debe tenerse plena claridad de cuáles son esas atribuciones, porque si bien se ha señalado que la Policía Federal Preventiva será la responsable de atender los Delitos del Fuero Federal y la gendarmería Delitos del Fuero Común, lo cual va a ser muy difícil solamente con 10,000 elementos, todos ellos de formación militar en un territorio donde hay competencias y responsabilidades constitucionales de los estados y de los municipios.

De la misma manera, hay una agenda muy puntual que debe de analizarse, ya señalaba el caso del mando único de las policías, lo cual entrañará reformas legislativas e incluso puede ser de alcance constitucional respecto a las atribuciones de los municipios establecidas en el artículo 115 de la Constitución, pero también atender problemas muy intensos que tenemos en materia de seguridad, fronteras, aduana, migración, centros penitenciarios, todo lo que es academia, formación policial y los mecanismos de control y de confianza que requieren indudablemente de una transformación de fondo.

Vamos a dar nuestro voto a favor de la ratificación de su nombramiento, pero creo que queda muy clara la necesidad de que en el nuevo control legislativo esta nueva facultad que tiene el Senado de la República, tanto el Secretario de Gobernación como el Comisionado Nacional de Seguridad tendrán que venir al Senado de la República a presentar la estrategia nacional por la seguridad y al mismo tiempo presentar la reforma legislativa que entrañará la aplicación de estos nuevos ordenamientos y de estos nuevos cuerpos policíacos.

Por su atención, muchas gracias.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, Senador Alejandro Encinas Rodríguez.

Se le concede el uso de la palabra al Senador Marco Antonio Blásquez Salinas, del grupo parlamentario del PT, para fijar la posición de este grupo parlamentario respecto a este dictamen que han presentado las Comisiones Unidas de Gobernación; y de Seguridad Pública.

- El C. Senador Marco Antonio Blásquez Salinas: Muchas gracias, señor Presidente, con su permiso; con el permiso de la Asamblea y de mi coordinador, el licenciado Manuel Bartlett.

Como ha sido costumbre en esta legislatura, el grupo parlamentario del Partido del Trabajo no ha regateado a ningún funcionario la ratificación, este es el voto favorable por la ratificación.

Nosotros somos un grupo constructivo, un grupo progresista que está por abonar por el bien del país, por eso, y porque creemos que todos los gobiernos tienen el derecho de organizarse conforme a sus estatutos, conforme a sus compromisos de campaña, no tenemos el menor inconveniente, no lo tuvimos en comisiones y no lo tenemos en el Pleno, de darle los cinco votos que a nuestro grupo parlamentario corresponden a la ratificación del doctor Manuel Mondragón y Kalb.

Hay que decir que el doctor Mondragón y Kalb es un personaje reconocido, es un servidor público de amplia trayectoria, yo en lo personal inclusive lo recuerdo en las áreas del deporte, hace ya algunas décadas, como subsecretario, pero tuvo una incursión muy favorable en los gobiernos progresistas, nosotros lo recordamos en la pasada administración del licenciado Manuel Ebrard, dando grandes resultados.

Inclusive, nosotros en nuestra campaña progresista del año pasado lo teníamos considerado, precisamente, en caso de que el Presidente de la República fuera de origen progresista, él sería el comisionado nacional de seguridad pública, por eso es que también lo vemos con muy buenos ojos.

Hay que decir que las reservas establecidas aquí por mi compañero Alejandro Encinas tienen toda la razón. Estas reservas que él establece conforme a la transparencia de los mecanismos de operación de este comisionado, y que no solamente el nombramiento del señor comisionado sea ratificado, sino también sus estrategias en el Senado de la República, nosotros totalmente suscribimos esta postura.

Hay que decir que la seguridad pública no tiene colores de partidos, nosotros como grupo progresista no le vamos a poner un color rojo o un color amarillo a lo que tiene totalmente una misión ciudadana, esto es, si a estos grupos de seguridad, si a este comisario de seguridad y si al Secretario de Gobernación, quien es el mando principal de este comisionado, les va bien, nos va a ir bien a todos.

Entonces, no tenemos el menor inconveniente en darle la aprobación, el desearle la mejor de las suertes, y lo decimos con toda sinceridad, pero como en todos los casos que hemos fijado aquí una postura cuando se trata de ratificar un servidor público que ha de venir al Senado para tal fin, vamos a estar muy pendientes de su desenvolvimiento, vamos a estar muy atentos a su realización como funcionario público, pero también, como ya dije, a observar que todos los mecanismos de operación de esta gendarmería nacional se transparenten, se habla de 10,000 gendarmes en todo el país, esto no es cosa menor, es una fuerza policiaca de bastante fuerza, vamos a estar muy atentos, pero sobre todo, le demandamos al doctor Manuel Mondragón y Kalb que así como va a tener la aclamación de este Senado en su ratificación en el uso de sus ejercicios y funciones, venga a presentarnos aquí los planes y las evoluciones de su cartera.

Es cuanto, muchas gracias.

(Aplausos)

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, Senador Marco Antonio Blásquez Salinas.

Se le concede el uso de la palabra al Senador Luis Armando Melgar Bravo, del grupo parlamentario del PVEM, para fijar posición a nombre de este grupo parlamentario.

- El C. Senador Luis Armando Melgar Bravo: Muy buenas tardes amigas y amigos Senadores:

Por parte del Partido Verde Ecologista de México, que hemos acompañado a lo largo de este análisis que se llevó a cabo de manera muy sobresaliente por las Comisiones Unidas de Gobernación; y de Seguridad Pública, en el cual se analizó a detalle no solamente el nombramiento propuesto por el Presidente Peña, sino la figura y la estrategia que se está proponiendo alrededor de este tema de toda la trascendencia.

El nombramiento del Comisionado Nacional de Seguridad forma parte de las reformas a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal que aprobamos en diciembre pasado, y de esta manera se le da seguimiento y continuidad con la decisión que este órgano tomó de que fuera una decisión que fuera ratificada por este Senado de la República.

De esta manera, hay que recalcar que el análisis fue un análisis espléndido, que el consenso y la política prevaleció para un tema tan fundamental, como es este de la seguridad pública.

En la figura del doctor Mondragón y Kalb, en donde todos coincidimos con un gran detalle sobre su trayectoria, sobre su responsabilidad y sobre esos puntos muy claros que él tiene en esta estrategia que nuestro gobierno debe de seguir, estamos y hubo un consenso amplísimo, como se ha dado en este Senado.

El doctor Mondragón y Kalb nos habló de conceptos básicos, el concepto de la tolerancia cero, el concepto de la responsabilidad y del concepto de actuar en el tema de seguridad sin color de partido.

Por eso las acciones que contribuyan a mejorar en este marco, como se ven claramente con esta buena decisión del Presidente Peña, constituyen para nosotros una piedra angular, por lo cual el Partido Verde Ecologista de México da su voto a favor y además de que se siente profundamente reconocido por este trabajo en un ejercicio republicano que se llevó a cabo alrededor de este tema tan fundamental para el país.

Es cuanto, señor Presidente.

(Aplausos)

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, Senador Melgar Bravo.

Se le concede el uso de la palabra al Senador Fidel Demédicis Hidalgo, del grupo parlamentario del PRD.

- El C. Senador Fidel Demédicis Hidalgo: Con su venia, señor Presidente; compañeras y compañeros Senadores:

El día de hoy el Senado de la República va a comprometer su prestigio y va a comprometer su representación al ratificar al ciudadano doctor Manuel Mondragón y Kalb como responsable de la seguridad pública nacional, por eso este nombramiento tiene que ser una reflexión colectiva de esta Asamblea.

La situación del país es una situación complicada después de cómo deja el anterior gobierno la seguridad nacional a lo largo y ancho de México, cabalga el jinete apocalíptico de la violencia y de la delincuencia organizada; por eso es muy importante que el ciudadano Mondragón y Kalb entienda el mensaje que el Senado va a mandar a la nación al ratificarlo como responsable de la seguridad nacional.

Hay un hartazgo social ante la incapacidad del gobierno para resolver el problema de la inseguridad, y este hartazgo se ha venido manifestando a través de la conformación de grupos de autodefensa formados y avalados por la población en diferentes estados y regiones del país.

El gran problema que se puede presentar, es que estos grupos de autodefensa, y es necesario enunciarlo y denunciarlo, puede ser el caldo de cultivo para que la delincuencia organizada financie y fomente grupos de autodefensa a su servicio, ante la pasividad y ante la incapacidad del gobierno para resolver este flagelo que lastima al país.

Nos quedamos atónitos en días pasados cuando en la televisión observamos a un grupo de autodefensa pasándole revista a nuestro Ejército Nacional, imagínense la escena en donde la parte informal le pasa revista a la parte constitucional, ese tipo de ejemplos y ese tipo de situaciones no se pueden tolerar en el país, le debe quedar claro a todo el mundo que únicamente el gobierno constitucional y legítimamente constituido puede hacerse responsable de la seguridad de nuestro pueblo, por mucha molestia que tenga la población tenemos que actuar dentro del marco de derecho y regular esta situación gravísima que está viviendo el país.

La responsabilidad del Senado de la República se plasma en la reforma a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, en donde de manera unánime el Senado de la República se pronuncia a través de la aprobación de esta reforma para que los altos mandos de la seguridad nacional sean ratificados y vengan a dar un informe al Senado de la República, se va a ver puesta a prueba el día de hoy con este nombramiento, con esta ratificación de nombramiento.

Por eso el Senado no puede emitir un voto mecánico, por eso el Senado de la República tiene que emitir un voto consciente, un voto que sea producto de la reflexión de quién es el doctor Manuel Mondragón y Kalb, con la experiencia que tiene, cuáles son sus antecedentes, cuáles son los resultados que ha entregado en sus anteriores gestiones en el gobierno del Distrito Federal y en otras responsabilidades que ha tenido.

Desde aquí le decimos al doctor Manuel Mondragón y Kalb que tiene que poner toda su inteligencia, todo su talento, todo su amor patrio, toda su experiencia, para tratar de resolver este flagelo que hoy tiene así a México.

Conocemos de la experiencia del doctor Mondragón en la materia, y por eso nuestro voto será a favor de su ratificación, esperando que sea por el bien de nuestra nación.

Por su atención, muchas gracias.

(Aplausos)

- El C. Senador Aispuro Torres: Gracias, Senador Fidel Demédicis Hidalgo.

Se le concede el uso de la palabra al Senador Fernando Yunes Márquez, del grupo parlamentario del PAN, para fijar posicionamiento a nombre de este grupo.

- El C. Senador Fernando Yunes Márquez: Con su venia, señor Presidente:

El día de hoy participamos en un hecho inédito, ya que la ratificación del doctor Manuel Mondragón y Kalb marca una nueva relación entre el Senado y el Poder Ejecutivo en cuanto a los controles mínimos democráticos que esta Soberanía debe ejercer sobre los nombramientos de algunos funcionarios de seguridad pública, esto a raíz de la reforma a la Ley Orgánica de la Administración Pública que establece la facultad del Senado de ratificar al Comisionado Nacional de Seguridad.

No obstante que el PAN estuvo en contra de que la Secretaría de Gobernación aglutinara facultades tanto políticas como de seguridad, se dio un voto de confianza para que el nuevo gobierno organizara como lo considere mejor su estructura gubernamental.

El grupo parlamentario de Acción Nacional se ha mostrado en todo momento cooperativo para los temas de interés y urgencia nacional. Prueba de ello, es que apenas el 18 de febrero de este año recibimos en el Senado el oficio del Ejecutivo Federal con el nombramiento del Comisionado y a 8 días de recibido estamos ya votándolo en el Pleno.

De igual forma, con la ratificación del Procurador General de la República, en la que el Senado ratificó un día después de llegar la solicitud, el día de ayer el doctor Mondragón compareció ante las Comisiones Unidas de Gobernación; y de Seguridad Pública, fue un ejercicio democrático en el que convergieron diversas opiniones de las distintas fuerzas políticas. Nos parece sumamente adecuada y alentadora la fuerza del mensaje de no tolerar la corrupción, principio que el Partido Acción Nacional lleva en sus orígenes, doctrina e historia de lucha.

Asimismo, nos parece indicada la voluntad que mostró de lograr una eficiente coordinación entre los tres órdenes de gobierno, yo agregaría la corresponsabilidad. Es imprescindible que las entidades federativas sean corresponsables de brindar seguridad a los ciudadanos, es preocupante ver cómo todavía hay entidades que no tienen estrategias claras contra el crimen, que no disminuyen sus índices delictivos, que no certifican a sus elementos y que siguen dependiendo de las fuerzas federales para mantener la paz en sus estados.

El reto que tendrá el Comisionado Nacional de Seguridad es mayúsculo, lamentablemente se siguen viendo graves problemas de inseguridad y de violencia en el país, también se ha visto una falta de coordinación de las instituciones de seguridad que no podemos soslayar, emitiendo cifras de personas desaparecidas de manera imprudente, equivocada y con poco criterio.

A tres meses de gobierno empiezan a ser necesarios los resultados, vivir del pasado comienza a dejar de ser útil para el país. Que la estrategia puede ser distinta y mejor, es probable, pero hasta hoy sólo hemos escuchado descalificaciones, lugares comunes y un programa de prevención que esperamos sea exitoso. El paso del tiempo en la historia emitirán el mejor juicio sobre lo hecho.

Entenderíamos un cambio de estrategia, lo que no aceptaríamos nunca es un paso atrás en el combate a los delincuentes, hoy son tiempos y responsabilidades del nuevo gobierno. Desde el 1º de diciembre es al Presidente Peña Nieto a quien corresponde encabezar este gran esfuerzo y estamos dispuestos a apoyar.

El gobierno federal, a partir de esa fecha, debe rendirle cuentas a los ciudadanos y llevar a cabo todas las acciones necesarias para preservar la seguridad de todos los mexicanos. Daremos seguimiento puntual a dichas acciones y no tendremos empacho en reconocer los resultados cuando se den, pero igualmente seremos críticos cuando no se adviertan avances o los resultados no sean los esperados, lo haremos con responsabilidad, sin caer en la acusación fácil y mezquina.

Pueden decirnos que no es momento aún de evaluar, pero no podemos dejar de ver con preocupación los hechos graves de violencia que afectan profundamente la convivencia y la tranquilidad de las familias mexicanas.

El doctor Mondragón deberá ser receptivo a las críticas y sensible a los reclamos de la sociedad, pero, sobre todo, deberá ajustarse, como lo ha hecho hasta ahora, a la reforma recientemente aprobada en la que el Senado será el equilibrio entre el Ejecutivo y la sociedad. Seremos vigilantes de que la actuación de las fuerzas del orden sea con irrestricto respeto a los derechos humanos y exigiremos que la información en materia de seguridad se dé a conocer de manera transparente, amplia y directa a los ciudadanos.

Los Senadores de Acción Nacional demandamos del gobierno federal decisiones firmes y oportunas, no se trata de reducir la violencia disminuyendo la información pública acerca de los hechos delictivos, se trata de bajar los índices delictivos en la realidad cotidiana hasta lograr que los mexicanos vivamos en un país seguro.

La solicitud de ratificación que se vota el día de hoy, fue enviada por el Ejecutivo bajo la figura ad cautelam, aún cuando existe un acuerdo de los Senadores, de todos los partidos, de contar con controles democráticos mínimos ante la acumulación de facultades por parte de Gobernación, faltando al acuerdo político generado en esta Soberanía.

En este sentido, somos enfáticos al señalar que nuestro voto no será ad cautelam, será un voto pleno, con tal confianza y sin regateos, y en el uso absoluto de nuestras facultades. No es un voto a favor de manera provisional, es un voto con la plena convicción de que el próximo Comisionado Nacional de Seguridad debe y tiene que ser ratificado por las y los Senadores.

Además, lo hacemos porque el doctor Mondragón cumple los requisitos legales, tienela calificación profesional y las cualidades que se requieren para desempeñar esa gran responsabilidad, en particular, la experiencia.

El grupo parlamentario de Acción Nacional votará hoy a favor de la ratificación del doctor Manuel Mondragón y Kalb con la plena voluntad de brindarle la magnífica oportunidad de servir a los mexicanos de manera honorable, eficiente y responsable. Que sea por el bien de México.

Es cuanto, señor Presidente.

(Aplausos)

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, Senador Yunes Márquez.

Esta Mesa Directiva saluda la presencia de los alumnos del Instituto de Ciencias Jurídicas de Puebla, invitados por la Senadora Blanca Alcalá Ruiz. ¡Bienvenidos!

Se le concede el uso de la palabra a la Senadora Mónica Arriola Gordillo, para hablar sobre el mismo asunto.

- La C. Senadora Mónica Tzasna Arriola Gordillo: Con la venia de la Presidencia; compañeras, compañeros Senadores; al pueblo de México:

El día de ayer recibimos en las Comisiones Unidas de Seguridad Pública; y de Gobernación, la comparecencia del doctor Manuel Mondragón y Kalb al haber sido propuesto como Comisionado Nacional de Seguridad por el Presidente de la República y a la espera de ser ratificado en su nombramiento por este Senado.

Como es de todos sabido, en México vivimos tiempos difíciles, en particular en temas relacionados con la seguridad, por eso celebramos que desde el momento en que el Presidente de la República rindió su protesta constitucional haya mostrado y dado claras señales de los asuntos que considera que deben ser atendidos de forma prioritaria. La seguridad pública y su vinculación con los derechos humanos indiscutiblemente es uno de ellos.

De tiempo atrás, Nueva Alianza ha planteado la necesidad de refrescar las políticas públicas que se han implementado en los últimos años en materia de fortalecimiento de la seguridad. En nuestro instituto político creemos que las transformaciones que el país requiere en éste y en otros rubros deben estar construidas por el acuerdo de todos los actores, autoridades, representantes y, desde luego, con la participación activa de la sociedad civil.

Sólo con el gran consenso social se logrará el cambio profundo que como sociedad requerimos para que su eventual gestión sea exitosa. El doctor Manuel Mondragón ha dejado constancia de su excelente trayectoria profesional en la Administración Pública. Anterior al cargo que ahora ocupa como Subsecretario de Planeación y Protección Institucional del gobierno federal, fue responsable de la seguridad en la mayor parte de la anterior administración de la ciudad de México, y me parece con muy buenos resultados.

Mantener el orden público, proteger la integridad física de las personas y sus bienes y prevenir la comisión de delitos en una ciudad tan compleja, como lo es el Distrito Federal, es una tarea que se puede presumir titánica y, sin embargo, los números avalan un trabajo profesional, serio y con resultados medibles.

Por otra parte, el 17 de diciembre pasado seguimos con atención la sesión extraordinaria del Consejo Nacional de Seguridad Pública, allí se habló de las seis líneas de acción para lograr un México en paz, que está siguiendo la presente administración. Desde un inicio consideramos oportuno que estas líneas inicien con una planeación general, con la asignación de responsabilidades para cada autoridad federal y local, y que concluyan con un procedimiento de evaluación para constatar que los programas y su ejecución consigan efectivamente su fin al darle paz y tranquilidad a la población.

Celebramos que el Programa Nacional de Seguridad Pública ponga el acento en la prevención como medida transversal de todas las políticas que se diseñen en materia de seguridad pública, así no se buscará simplemente perseguir a delincuentes o atacar a los grandes capos de la delincuencia organizada, sino combatir las adicciones, rescatar los espacios públicos y promover proyectos productivos como mecanismos para combatir inteligentemente a la delincuencia.

Varias de estas medidas preventivas formarían parte de las atribuciones asignadas a la Comisión Nacional de Seguridad como auxiliar de la Secretaría de Gobernación en la materia. Adicionalmente, creemos que el enfoque regional que se propone para la prevención del delito es una muy atinada estrategia, ya que no buscará dar soluciones generales a condiciones tan diversas que existen a lo largo y a lo ancho de la República.

Por el contrario, la atención focalizada que atienda las condiciones de cada estado y cada región permitirá planear medidas más específicas y, por tanto, más efectivas.

Compañeras y compañeros Senadores, Nueva Alianza, por mi conducto, extiende su mano al Comisionado Nacional de Seguridad para el trabajo conjunto, pues consideramos que haciéndolo de manera coordinada, autoridades y representantes, será posible llegar al objetido de transitar nuevamente al camino de un México en paz.

Siendo ratificado en el cargo de Comisionado Nacional de Seguridad, hacemos de conocimiento al doctor Manuel Mondragón y Kalb, que este Senado estará pendiente con respeto a la división de competencias, pero con mucha responsabilidad y sentido crítico del diseño, la ejecución y la aplicación de las políticas públicas en temas de seguridad pública, para que se logren los objetivos planteados con un respeto total a los derechos humanos de todas y todos los mexicanos.

Por ello, el voto de Nueva Alianza será a favor de su ratificación.

¡Felicidades doctor Manuel Mondragón y Kalb, felicidades a todos nosotros!

Muchísimas gracias.

Es cuanto, señor Presidente.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, Senadora Arriola Gordillo.

Se le concede el uso de la palabra al Senador Omar Fayad Meneses, del grupo parlamentario del PRI, para hablar a favor del dictamen que ratifica el nombramiento del Comisionado Nacional de Seguridad.

- El C. Senador Omar Fayad Meneses: Muchas gracias, señor Presidente; compañeras Senadoras y compañeros Senadores:

Hoy es un día histórico para el país y para el Senado de la República.

Hoy se materializa esa aspiración del Senado, de hacer valer los controles democráticos sobre las instituciones públicas.

Hoy llegamos a buen término de un asunto controvertido en su origen pero a la luz de la Constitución perfectamente resuelto, respecto de lo que debe de ser la ratificación de este Senado, de quien deba encargarse de la alta comisión de la seguridad de nuestro país.

Ustedes recuerdan, compañeras y compañeros, las debatidas reuniones que tuvimos para la controvertida reforma del 2 de enero del presente año, reforma en la cual nunca estuvimos los Senadores de ningún partido y así lo veo, así lo siento y así lo creo, nunca estuvimos en desacuerdo en el fondo, el fondo del control democrático por parte de esta institución, pero en las formas había disputa, diferencia, se argüía aquí la inconstitucionalidad de la medida presentada, porque se decía, con base en los artículos respectivos de nuestra Carga Magna, que no era la forma de cómo debiera buscarse este control democrático a través de la ratificación por parte de este Organo Colegiado del Comisionado Nacional de Seguridad.

Dio mucho qué decir y llegó a la Cámara de Diputados y allá incluso llegó a controvertirse el tema, de tal suerte que llegó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación que hasta el momento tiene sub júdice esta situación, no ha habido definición alguna de la Corte respecto de este tema.

Sin embargo, quiero apuntar con mucha precisión que las y los Senadores obramos con estricto apego a nuestra carta fundamental, que para nosotros, desde el momento de la publicación de las reformas a la Ley Orgánica de la Administración Pública, son vigentes y, por lo tanto, válidas, por lo que mientras no exista una resolución en contra, es nuestra obligación cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes que de ella emanan, tal y como lo protestamos al inicio de nuestro encargo y de nuestra encomienda.

Más allá de esta disputa que hoy se cierra, no puedo dejar de reconocer la voluntad política de un Presidente de la República que con visión y con miras de largo alcance y tratando de establecer una renovada relación con el Poder Legislativo, y particularmente con el Senado de la República, decide enviarnos la propuesta y tal como lo señalara y como lo dijera el Secretario de Gobernación, Miguel Osorio Chong, en todo momento estar conscientes de la necesidad de ese acto de temperamento entre dos poderes para que pueda surtir efecto la ratificación del nombramiento no sólo del Comisionado Nacional de Seguridad, sino también del Secretario del Sistema de Seguridad Pública.

Y me da mucho gusto escuchar los posicionamiento de los grupos parlamentarios, yo vengo a nombre del PRI, a manifestar mi total y absoluto apoyo, y el de mi partido, al dictamen que han emitido las Comisiones Unidas de Seguridad Pública; y de Gobernación para ratificar a Manuel Mondragón y Kalb como Comisionado Nacional de Seguridad.

Lo hago con convicción, lo hago con todo el apoyo de mi grupo parlamentario, y vengo a pedirle a todas y a todos que después de una profunda reflexión votemos todos a favor de esta ratificación, ya que el doctor Manuel Mondragón nos ha demostrado que es un ser humano, una persona con grandes valores, un hombre que respeta los derechos humanos, un hombre que tiene brazo firme y que puede enfrentar un fenómeno que hoy a todas y a todos nos preocupa.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Sonido en el escaño del Senador Héctor Larios.

- El C. Senador Héctor Larios Córdova: (Desde su escaño) Señor Presidente, para solicitar por su conducto al orador si me acepta una pregunta.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Senador Omar Fayad, ¿acepta usted la pregunta del Senador Héctor Larios?

- El C. Senador Omar Fayad Meneses: Cuando baje de tribuna, con mucho gusto me la formula, Senador Larios Córdova, estoy por terminar mi participación.

- El C. Presidente Aispuro Torres: No le aceptó la pregunta y por lo tanto continúe en el uso de la palabra.

- El C. Senador Omar Fayad Meneses: Gracias, señor Presidente.

Finalmente hemos analizado en el Senado un perfil y un currículum que reúne todos los requisitos necesarios para ocupar un cargo de alta responsabilidad de las características que se requieren para ser Comisionado Nacional de Seguridad.

Hemos revisado a detalle la personalidad del doctor Mondragón, hemos revisado sus propuestas, hemos analizado en las Comisiones de Seguridad Pública; y de Gobernación lo necesario, por lo tanto, celebro que hayamos firmado todos por unanimidad el dictamen que ratifica a Manuel Mondragón y Kalb como nuevo Comisionado Nacional de Seguridad.

Me honra, con todas y todos ustedes, ser parte de la historia política de nuestro país.

Es cuanto, señor Presidente, muchas gracias.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias Senador Fayad Meneses.

Agotada la lista de oradores sobre este dictamen, pido que se abra el sistema electrónico de votación hasta por tres minutos para recoger la votación nominal del dictamen que nos ocupa.



- La C. Secretaria Díaz Lizama: Señor Presidente, conforme al registro en el sistema electrónico, se emitieron 117 votos a favor, cero en contra y 2 abstenciones.

- El C. Presidente Cordero Arroyo: Aprobado el punto de Acuerdo. En consecuencia, se ratifica el nombramiento que el titular del Poder Ejecutivo Federal expidiera a favor del ciudadano Manuel Mondragón y Kalb como Comisionado Nacional de Seguridad.

En el salón contiguo a este recinto se encuentra el ciudadano Manuel Mondragón y Kalb, por lo que solicito a los Senadores, María Cristina Díaz Salazar, María del Pilar Ortega Martínez, Dolores Padierna Luna, Luis Armando Melgar Bravo, Marco Antonio Blásquez Salinas, Omar Fayad Meneses, Gerardo Sánchez García y Alejandra Barrales Magdaleno, lo inviten a pasar al interior de este salón de sesiones y lo acompañen durante el acto de su protesta.

(La comisión cumple)

- La C. Secretaria Díaz Lizama: Pido a los señores Senadores favor de ponerse de pie.

(Todos de pie)

PRESIDENCIA DEL C. SENADOR
ERNESTO JAVIER CORDERO ARROYO

- El C. Presidente Ernesto Javier Cordero Arroyo: Ciudadano Manuel Mondragón y Kalb: ¿Protesta guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanen, y desempeñar leal y patrióticamente el cargo que se le ha conferido de Comisionado Nacional de Seguridad, mirando en todo por el bien y la prosperidad de la Unión?

- El C. Dr. Manuel Mondragón y Kalb: ¡Sí, protesto!

- El C. Presidente Cordero Arroyo: Si así no lo hiciere, que la Nación se lo demande.

¡Felicidades, señor Comisionado!

(Aplausos)

A nombre del Senado de la República, le deseo éxito en su cargo.

Solicito a la comisión designada acompañe al doctor Mondragón y Kalb cuando desee retirarse del salón.

(La comisión cumple)

Ahora tenemos la segunda lectura de un dictamen de las Comisiones Unidas de Cultura; y de Estudios Legislativos, con proyecto de Decreto por el que se adiciona la fracción VIII al artículo 148 de la Ley Federal de Derecho de Autor.





 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA LA FRACCION VIII AL ARTICULO 148 DE LA LEY FEDERAL DEL DERECHO DE AUTOR

(Dictamen de segunda lectura)

“Comisiones Unidas de Cultura;
y de Estudios Legislativos

H. ASAMBLEA:

A las Comisiones de Cultura; y de Estudios Legislativos de la Cámara de Senadores le fue turnado por la Mesa Directiva del Senado de la República iniciativa con proyecto de Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal del Derecho de Autor, presentada por el entonces Senador Guillermo Tamborrel Suárez, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional.

Estas comisiones dictaminadoras, con fundamento en el segundo párrafo del artículo 65 y en el primer párrafo del artículo 72de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; en los artículos 86, 94, 116 y 122 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y en los artículos 113, 117, 135, 150, 177, 178, 182 y 190 del Reglamento del Senado de la República, someten a la consideración de esta Honorable Asamblea, el siguiente dictamen que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal del Derecho de Autor con base en los siguientes

ANTECEDENTES

1. El 27 de enero de 2010, el entonces Senador Guillermo Tamborrel Suárez, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó ante el Pleno de la Comisión Permanente Iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal del Derecho de Autor.

2. Ese mismo día, la Mesa Directiva de la Comisión Permanente turnó la iniciativa a las comisiones de Cultura y de Estudios Legislativos del Senado de la República de la LXI Legislatura para su estudio y dictamen.

3. Al inicio de la Legislatura XLII, la propuesta del entonces Senador Tamborrel fue integrada al Acuerdo de la Mesa Directiva conforme al artículo 219 del Reglamento de la Cámara de Senadores, a fin de dar conclusión a los asuntos que no fueron objeto de dictamen en la legislatura LXI.

4. El 30 de noviembre de 2012, el Senador José Rosas Aispuro Torres comunicó a la Presidencia de la Comisión de Cultura la vigencia de dicha iniciativa.

Con base en los antecedentes señalados, las comisiones que concurren al dictamen realizaron el estudio de la iniciativa a fin de realizar el análisis y viabilidad de la misma.

CONTENIDO DE LA PROPUESTA

La iniciativa que se analiza propone incorporar un mecanismo a la Ley Federal del Derecho de Autor que exente del pago de regalías a titulares de los derechos patrimoniales por quienes realicen la reproducción sin fines de lucro de obras artísticas y literarias en formatos especiales para personas con discapacidad. El propósito es hacer accesible el arte y la cultura a estas personas a través de distintos soportes de sonido o imagen, cuando se usen recursos aumentativos o alternativos de comunicación, táctiles, cuando se recurra a formatos del Sistema Braille, o auditivos, por medio de programas de cómputo, lectores de pantalla o audiolibros.

La propuesta consiste en adicionar un segundo párrafo a la fracción II del artículo 16; un segundo párrafo al artículo 24 y un segundo párrafo a la fracción III del artículo 148, todos de la Ley Federal del Derecho de Autor. Se fundamenta en la necesaria armonización de la legislación mexicana con ratificación de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad por parte de México, en vigor desde 3 mayo de 2008, y que prevé una serie de compromisos y medidas que debe asumir el Estado, para hacer posible el cumplimiento y respeto de derechos de las personas con discapacidad referentes a la educación, igualdad, accesibilidad, autonomía, vida, respeto a su dignidad, acceso a la justicia y libertad, entre otros.

Conforme a la exposición de motivos que presenta a la iniciativa, el cumplimiento cabal de la Convención debe desarrollarse a partir de transversalizar en diferentes instrumentos jurídicos, el principio de la accesibilidad, en este caso, de las creaciones artísticas y literarias, cuyos soportes materiales en la gran mayoría de los casos no son llevados a formatos específicos que permita acceder al contenido a las personas con discapacidad. Un principio que emana de la Convención es precisamente la adopción de medidas para asegurar el acceso de las personas con discapacidad a un entorno físico adecuado en cuanto al transporte, la información y las comunicaciones. Ese es el concepto que persigue la iniciativa, la accesibilidad vista como la posibilidad de que las personas con discapacidad puedan participar, como el resto de las personas, de los rubros de la comunicación, información, tecnologías, cultura, ciencias, tecnología, arte y espacios físicos.

El proponente sostiene que La Ley Federal del Derecho de Autor no hace mención alguna que señale o coadyuve para crear las condiciones de accesibilidad a la información, tal como lo dispone la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, lo anterior a pesar de que el instrumento internacional establece en el artículo noveno el compromiso para adoptar medidas que permitan el acceso de las personas que viven con una discapacidad al entorno físico, al transporte, a la información y las comunicaciones, incluidos los sistemas y las tecnologías, encontrándose dentro de tales medidas la identificación y eliminación de obstáculos y barreras de acceso, aplicándose éstas también a los servicios de información y comunicaciones.

Esta reflexión es llevada a la producción de las obras artísticas y literarias, en donde el Estado, al suscribir la Convención, a decir del proponente, queda obligado, por una parte a, facilitar a las personas con discapacidad información dirigida al público en general, de manera oportuna y sin costo adicional en formato accesible y con las tecnologías adecuadas a los diferentes tipos de discapacidad y, por la otra, a aceptar y facilitar la utilización de la lengua de señas, el Braille, los modos, medios, y formatos aumentativos y alternativos de comunicación y todos los demás modos, medios y formatos de comunicación accesibles que elijan las personas con discapacidad en sus relaciones oficiales.

El autor de la iniciativa considera que con las modificaciones a la ley, las instancias públicas y privadas estarán en posibilidad de reproducir obras en formatos accesibles para personas con discapacidad, sin que por ello deban obtener autorización expresa para tal fin de parte de sus autores y mucho menos, la obligación de proporcionar regalías o pago de naturaleza alguna, cuando dichos trabajos se hagan sin ánimo de lucro, cumpliendo de esa forma con el compromiso de llevar a cabo adecuaciones al marco normativo para hacer posible el cumplimiento y respeto de los derechos de las personas con discapacidad.

La propuesta normativa del entonces Senador Tamborrel es la siguiente:

LEY FEDERAL DEL DERECHO DE AUTOR

Texto original

Propuesta normativa

Artículo 16.- La obra podrá hacerse del conocimiento público mediante los actos que se describen a continuación:

I…

II.Publicación: La reproducción de la obra en forma tangible y su puesta a disposición del público mediante ejemplares, o su almacenamiento permanente o provisional por medios electrónicos, que permitan al público leerla o conocerla visual, táctil o auditivamente;

III. a VI…

Artículo 16. La obra podrá hacerse del conocimiento público mediante los actos que se describen a continuación:

I. …

II. Publicación: La reproducción de la obra en forma tangible y su puesta a disposición del público mediante ejemplares, o su almacenamiento permanente o provisional por medios electrónicos y/o tecnologías de acceso a la información que permitan al público leerla o conocerla visualmente, táctilmente o auditivamente;

También se considera como publicación la reproducción de la obra en forma tangible y su puesta a disposición del público mediante su almacenamiento permanente o provisional por medios electrónicos y/o tecnologías de acceso a la información que permitan al público leerla o conocerla visualmente cuando sea a través de medios aumentativos y/o alternativos de comunicación, táctilmente a través del Sistema Braille o auditivamente a través de programas de cómputo, lectores de pantalla o audiolibros diseñados para personas con discapacidad.

III. a VI. …

Artículo 24.- En virtud del derecho patrimonial, corresponde al autor el derecho de explotar de manera exclusiva sus obras, o de autorizar a otros su explotación, en cualquier forma, dentro de los límites que establece la presente Ley y sin menoscabo de la titularidad de los derechos morales a que se refiere el artículo 21 de la misma.

Artículo 24. En virtud del derecho patrimonial, corresponde al autor el derecho de explotar de manera exclusiva sus obras, o de autorizar a otros su explotación, en cualquier forma, dentro de los límites que establece la presente ley y sin menoscabo de la titularidad de los derechos morales a que se refiere el artículo 21 de la misma.

La referida autorización del autor de una obra no será necesaria, ni el pago de regalía alguna, tratándose de reproducciones que se hagan en formatos y lenguas accesibles para personas con discapacidad, siempre y cuando éstas no tengan ninguna finalidad lucrativa por parte de quienes las elaboren y sean destinadas para el uso de personas con discapacidad.

Artículo 148.- Las obras literarias y artísticas ya divulgadas podrán utilizarse, siempre que no se afecte la explotación normal de la obra, sin autorización del titular del derecho patrimonial y sin remuneración, citando invariablemente la fuente y sin alterar la obra, sólo en los siguientes casos:

I. Cita de textos, siempre que la cantidad tomada no pueda considerarse como una reproducción simulada y sustancial del contenido de la obra;

II. Reproducción de artículos, fotografías, ilustraciones y comentarios referentes a acontecimientos de actualidad, publicados por la prensa o difundidos por la radio o la televisión, o cualquier otro medio de difusión, si esto no hubiere sido expresamente prohibido por el titular del derecho;

III. Reproducción de partes de la obra, para la crítica e investigación científica, literaria o artística;

IV. Reproducción por una sola vez, y en un sólo ejemplar, de una obra literaria o artística, para uso personal y privado de quien la hace y sin fines de lucro.

Las personas morales no podrán valerse de lo dispuesto en esta fracción salvo que se trate de una institución educativa, de investigación, o que no esté dedicada a actividades mercantiles;

V. Reproducción de una sola copia, por parte de un archivo o biblioteca, por razones de seguridad y preservación, y que se encuentre agotada, descatalogada y en peligro de desaparecer;

VI. Reproducción para constancia en un procedimiento judicial o administrativo, y

VII. Reproducción, comunicación y distribución por medio de dibujos, pinturas, fotografías y procedimientos audiovisuales de las obras que sean visibles desde lugares públicos.

Artículo 148. Las obras literarias y artísticas ya divulgadas podrán utilizarse, siempre que no se afecte la explotación normal de la obra, sin autorización del titular del derecho patrimonial y sin remuneración, citando invariablemente la fuente y sin alterar la obra, sólo en los siguientes casos:

I. a II. …

III. Reproducción de partes de la obra, para la crítica e investigación científica, literaria o artística.

Podrá reproducirse y/o adaptarse en formatos accesibles la obra completa para el conocimiento, siempre y cuando se haga en beneficio de personas con discapacidad y sin fines de lucro, en medios magnéticos para su acceso vía lector de pantalla, impresiones en sistema Braille, lengua de señas mexicana o en audiolibros, entre otros formatos.

IV. a VII. …

Tomados en cuenta los argumentos que sustentan a la propuesta, los integrantes de las comisiones unidas de Cultura y de Estudios Legislativos presentan las siguientes consideraciones al Pleno de la Cámara de Senadores.

CONSIDERACIONES

PRIMERA.- La Ley Federal del Derecho de Autor es una norma reglamentaria del artículo 28 constitucional que tiene por objeto la salvaguarda y promoción del acervo cultural de la Nación, la protección de los derechos de los autores y de los artistas intérpretes o ejecutantes, así como los derechos de los editores, productores y organismos de radiodifusión, en relación con sus obras literarias o artísticas en todas sus manifestaciones, interpretaciones o ejecuciones, ediciones, fonogramas o videogramas. Asimismo, establece los principios y bases de los derechos morales y patrimoniales de los autores, y establece como uno de los objetos clave de la legislación en la materia la protección a las obras editadas a través de cualquier medio de reproducción.

SEGUNDA.- Asimismo, la ley regula que, salvo los casos contemplados como limitación específica a los derechos patrimoniales, los titulares de los derechos de autor y de los derechos conexos, podrán exigir remuneración compensatoria por la realización de cualquier copia de las obras literarias o artísticas que se realicen sin su consentimiento, circunstancia que podrán hacer efectiva de manera directa o, bien, a través de sus representantes, causahabientes, apoderados o de las sociedades de gestión colectiva que los represente. De hecho, constituye una infracción a la ley la reproducción y comercialización de las obras literarias y artísticas protegidas sin la autorización del titular de los derechos de autor. Dicha falta es sancionada de cinco mil hasta diez mil días multa, además de que la propia ley considera otras sanciones por reincidencia, además de la aplicación de medidas precautorias.

TERCERA.- No obstante lo anterior, la Ley también cuenta con mecanismos que establecen límites al derecho de autor reconocido por el Estado, principio que también se fundamenta en el artículo 28 constitucional, conforme a los cuales, bajo determinadas circunstancias y condiciones, es posible hacer uso sin fines de lucro de las obras artísticas y literarias, sin necesidad de tramitar la autorización o el pago de alguna regalía. Esta situación se da bajo diferentes hipótesis: para efectos de utilidad pública bajo un uso que se justifica en el adelanto de la ciencia, la cultura y la educación nacionales; para efectos de limitar el derecho patrimonial, asociado a usos del derecho a la información y prácticas académicas, entre otras y cuando se trata de reproducciones en aparatos similares a los domésticos, sin fines de lucro y en el contexto de microindustrias o de causantes menores, entre los más relevantes.

CUARTA.- La iniciativa propuesta por el entonces Senador Tamborrel, integrante de la LX y LXI Legislatura al Congreso de la Unión, se centra precisamente en exentar de la solicitud de autorización de uso y del pago de los derechos patrimoniales o regalías a los autores por la publicación, sin fines de lucro, de obras artísticas y literarias en soportes materiales dirigidos al adelanto de las personas con discapacidad, con la finalidad de acercarlas al mundo de las artes y la cultura. Cabe destacar que en México no se ha constituido un mercado o un número relevantes de empresas que se dediquen a publicar materiales especiales para personas con discapacidad. Al contrario, en la actualidad es muy limitado el número de obras artísticas y literarias en soportes accesibles que atiendan el universo de discapacidades.

QUINTA.- Esta circunstancia resulta del todo excluyente y discriminatoria. Es una circunstancia que aleja a las personas con discapacidad de los diferentes lenguajes de las artes, la cultura o la historia. La cifra de personas con discapacidad de acuerdo al Censo de Población y Vivienda DE 2010 a cargo del Instituto Nacional de Geografía y Estadística, INEGI, es de 5.7 millones de personas, de los cuales el 48 por ciento son adultos mayores de 59 años y 2 de cada diez son menores de 30 años. De acuerdo con el censo de 2010, de los 838 mil 212 mexicanos con discapacidad que se encuentran en edad escolar sólo 378 mil 863 asisten a la escuela; de entre las personas con más de 15 años, 28.5 por ciento no tiene instrucción escolar, 28 por ciento no terminó la primaria y cuatro por ciento no concluyó la secundaria; el promedio de escolaridad de las personas con discapacidad en México es de 4.8 grados. La cifra se eleva a 7.2 grados en el Distrito Federal y a 5.9 en Baja California y Coahuila, en tanto, Chiapas y Oaxaca, los más bajos, tienen tres grados.

SEXTA.- Los datos del censo de 2010, informan que el 58.3% de la población con discapacidad tiene limitación de tipo motriz, mientras que el 27.2% tiene limitación visual, 12.1% auditiva, el 8.3% no puede hablar o comunicarse y el 8.5% tiene discapacidad mental. Existe un 9.9% de las personas con discapacidad que tienen otra limitación. Además, el 39.4% de la población con discapacidad se encuentra en ese estado por causa de enfermedad, seguido por el 23.1% que son personas con edad avanzada, el 16.3% tiene discapacidad desde su nacimiento, mientras que el 15% la tiene por algún accidente y el 7.6% restante se debe a otra causa. El censo no informa a detalle de las discapacidades, es decir, no se cuenta con el número preciso de personas que pueden considerarse ciegos y el número de débiles visuales. Tampoco sobre la naturaleza de las discapacidades motrices o si estas constituyen un impedimento para el desarrollo de actividades cognitivas, independientemente de que está clara su necesidad especial de aprendizaje.

SÉPTIMA.- El universo de personas con discapacidad constituye un sector de la población que requiere no sólo de servicios educativos (la educación especial sólo se imparte hasta el nivel de secundaria), sino de accesibilidad a las expresiones del arte y la cultura que les permita desarrollar, en los posible y de manera armónica, sus cualidades cognitivas, a efecto de aspirar a una mejor calidad de vida. Desde esta perspectiva, la iniciativa que se analiza adquiere una dimensión relevante en virtud de que sin fines de lucro, se podría contar con un mecanismo de accesibilidad, como lo establece la Convención sobre Derechos de las Personas con Discapacidad, que posibilite acercar obras artísticas y literarias en distintos formatos y soportes a un número estimado de un millón de personas que potencialmente demandarían de estos productos.

DE LAS MODIFICACIOENS A LA INICIATIVA

OCTAVA.- En opinión de las dictaminadoras, la propuesta normativa en análisis incorpora más enunciados jurídicos de los que, eventualmente, podría considerase suficientes para derivar la consecuencia jurídica esperada. En este sentido, la propuesta de adicionar el artículo 16 no resulta del todo apropiada, toda vez que ese conjunto de dispositivos normativos de ese capítulo se refieren a las reglas generales del Derecho de Autor, en cuyo caso no caben las excepciones: las reglas generales tienen la virtud de establecer el marco normativo que, desde una perspectiva sistemática, contribuyen a entender el ámbito de aplicación de la materia de que se trata. De hecho, en la ley existe un apartado especial en el que se establecen los dispositivos normativos que actúan como excepciones y limitaciones del derecho de autor.

NOVENA.- La propuesta de adición considerada para ese precepto, amplia la interpretación de las tres formas de percepción sensorial genéricas de las obras artísticas o literarias, es decir, de manera visual, táctil o auditiva, circunstancia que no es necesario ampliar en concepto, toda vez que la ley no establece limitaciones, sino que deja abierta la posibilidad a cualquier formato que la inventiva del autor o de la tecnología genere. Ello hace innecesaria la redacción propuesta de incorporar los medios aumentativos o alternativos de comunicación, la referencia al sistema Braille o a los lectores de pantalla y audiolibros. En este sentido, la ley no discrimina el modo ni la forma en que la obra sea publicada.

DÉCIMA.- En relación con la adición de un segundo párrafo al artículo 24, en opinión de los integrantes de las comisiones dictaminadoras, el texto produce un efecto similar al anterior. El artículo 24 es una norma que confiere un tratamiento especial o de exclusividad a los autores en relación con los derechos patrimoniales que derivan de uso y explotación de sus creaciones. De hecho, es el precepto que introduce el apartado de los derechos patrimoniales del autor en distinción con los derechos morales del mismo. Uno y otro tienen distintos tratamientos, pero forman parte de un mismo conjunto que los hace indivisibles: toda obra tiene un doble aspecto: un derecho moral y un derecho patrimonial.

DÉCIMA PRIMERA.- Es por esta razón que se considera inconsistente jurídicamente la adición, pues se hace referencia a un derecho que, de inmediato es limitado y no por una causa de utilidad pública, sino por un uso especial que deriva de otro universo de derechos. Es por ello que se considera que esta adición de improcedente, sin embargo, su contenido y consecuencia jurídica es posible incorporarla en otro apartado de la legislación.

DECIMA SEGUNDA.- Es por ello que se considera pertinente llevar la regulación al Título VI de la ley, denominado De las Limitaciones del Derecho de Autor y de los Derechos Conexos, concretamente al capítulo II que establece las limitaciones de los derechos patrimoniales y de los derechos conexos. Sin embargo no se propone tal y como lo hace la iniciativa en análisis, puesto que incorporar la referencia como parte de la fracción III tendría como consecuencia la publicación de un único ejemplar, pues se trata de apartado sobre las citas de obras autores para fines de la crítica o la ciencia, además de que el concepto utilizado es reproducción y no publicación.

DECIMA TERCERA.- En este sentido se propone adicionar una nueva fracción al artículo 148 específico para que el derecho patrimonial de autor sea limitado cuando se trata de la publicación de obras artísticas y literarias para personas con discapacidad de tipo sensorial, lo que limita el universo de obras y siempre que se cumpla con la disposición general del artículo, que es la no afectación de la explotación normal de la obra de que se trate.

Con base en las consideración expuestas, los integrantes de las comisiones unidas de Cultura y de Estudios Legislativos, someten a consideración del Pleno y, en su caso, a aprobación el siguiente proyecto de Decreto:

“PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA LA FRACCION VIII AL ARTICULO 148 DE LA LEY FEDERAL DEL DERECHO DE AUTOR

ARTICULO UNICO.- Se adiciona la fracción VIII al artículo 148 de la Ley Federal del Derecho de Autor, para quedar como sigue:

Artículo 148.- Las obras literarias y artísticas ya divulgadas podrán utilizarse, siempre que no se afecte la explotación normal de la obra, sin autorización del titular del derecho patrimonial y sin remuneración, citando invariablemente la fuente y sin alterar la obra, sólo en los siguientes casos:

I.- a la V.- …

VI. Reproducción para constancia en un procedimiento judicial o administrativo;

VII. Reproducción, comunicación y distribución por medio de dibujos, pinturas, fotografías y procedimientos audiovisuales de las obras que sean visibles desde lugares públicos, y

VII.- Publicación de obra artística y literaria sin fines de lucro para personas con discapacidad.

TRANSITORIO

UNICO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Salón de comisiones de la Cámara de Senadores, a 11 de diciembre de 2012

Comisión de Cultura

Comisión de Estudios Legislativos”.

Debido a que el dictamen se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria de hoy, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se omite su lectura.

- La C. Secretaria Iris Vianey Mendoza Mendoza: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se omite la lectura del dictamen. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar su mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar su mano.

(La Asamblea no asiente)

Se omite la lectura, señor Presidente.

- El C. Presidente Cordero Arroyo: Informo a la Asamblea que el dictamen que nos ocupa consta de un solo artículo, por lo que está a discusión en lo general y en lo particular en un solo acto.

Se concede el uso de la palabra a la Senadora Hilda Esthela Flores Escalera, del grupo parlamentario del PRI, en pro del dictamen.

- La C. Senadora Hilda Estela Flores Escalera: Muy buenas tardes Senadoras y Senadores:

Estoy en este momento hablando a nombre del grupo parlamentario del PRI, mi grupo parlamentario, para posicionarnos en relación a este dictamen.

Quiero compartirles que en la actualidad el acceso a obras literarias y artísticas en igualdad de condiciones para las personas con discapacidad, es una de las estrategias ante las cuales el Estado mexicano debe redoblar esfuerzos. Pues garantizarles al acceso a estas obras eleva su nivel educativo y cultural dotándolos de más y mejores herramientas para enfrentar la vida diaria y tener un mejor desarrollo.

El derecho de autor, de acuerdo a su definición legal, es el reconocimiento y protección que hace el Estado a favor de creadores de obras literarias y artísticas para que el autor goce de prerrogativas y privilegios exclusivos de carácter personal y patrimonial.

Actualmente, como lo establece el dictamen de las Comisiones Unidas de Cultura; y de Estudios Legislativos, la Ley Federal del Derecho de Autor, prevé algunas causas por las cuales se permitirá a los particulares o empresas realizar la reproducción de tales obras.

El artículo 21 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, señala que los Estados Parte deberán adoptar las medidas pertinentes para que las personas con discapacidad puedan ejercer el derecho a la libertad de expresión y opinión, incluida la libertad de recabar, recibir y facilitar información.

Derivado de esta disposición, el Estado mexicano debe, entre otras, facilitar a las personas con discapacidad, información dirigida al público en general de manera oportuna y sin costo adicional, en formato accesible y con las tecnologías adecuadas a los diferentes tipos de discapacidad.

Es debido a ello que se debe de reconocer y dimensionar el valor del presente dictamen, ya que con la reforma propuesta las instancias públicas y privadas estarán en posibilidad de reproducir obras en formas accesibles para personas con discapacidad, pues no deberán cargar con el costo de proporcionar regalías o pago de naturaleza alguna.

Por ello, estimadas Senadoras y Senadores, el grupo parlamentario del PRI votará por la aprobación de este dictamen, que viene, sin duda, a sumar en el cumplimiento de un trato internacional aprobado por México. Pero aún más a la inclusión de las personas con discapacidad al establecer que una obra literaria y artística podrá reproducirse en formatos accesibles siempre y cuando se haga a favor de su derecho al acceso a la información.

Enhorabuena por este dictamen. Les invitamos a votar a favor del mismo.

Muchas gracias por su atención, señor Presidente.

PRESIDENCIA DEL C. SENADOR

JOSE ROSAS AISPURO TORRES

- El C. Presidente José Rosas Aispuro Torres: Gracias, Senadora Flores Escalera.

Para hablar en pro también de este dictamen, se le concede el uso de la palabra a la Senadora Blanca Alcalá Ruiz.

- La C. Senadora Blanca María del Socorro Alcalá Ruiz: Gracias, señor Presidente; compañeras y compañeros Senadores:

El motivo del dictamen que está a votación en este momento, precisamente, es resultado del trabajo de las Comisiones Unidas de Cultura; y de Estudios Legislativos que sometemos a su consideración y que tiene que ver con las reformas sobre la Ley Federal del Derecho de Autor, con la finalidad, como aquí ya se ha señalado, de integrar un mecanismo que exente del pago de regalías a las publicaciones que se realizan sin fines de lucro en formatos especiales para personas con discapacidad.

Como ustedes saben, de acuerdo al último Censo de Población y Vivienda, realizado por el INEGI, hay en México 5.7 millones de personas con discapacidad, de ellos el 48 por ciento son adultos mayores de 59 años y 2 de cada 10 son menores de 30 años de edad.

De los 832 mil mexicanos con discapacidad que se encuentran en edad escolar, sólo 378 mil asisten a la escuela. De estas personas con más de 15 años el 28 por ciento no tiene instrucción escolar; el 28 por ciento tampoco termina la primaria y 4 por ciento no concluye la secundaria. La numeralia es abrumadora. Sin duda, esto habla de la responsabilidad que las y los legisladores de este país tenemos en avanzar en mecanismos que permitan una mayor incorporación de las personas con discapacidad a todos los ámbitos de la vida nacional y evidentemente en un tema no menor como es el tema de la cultura.

Hay que señalar que todos los servicios de educación especial para personas con discapacidad están contenidos únicamente para educación básica. El sistema educativo nacional, hasta este momento, no incluye servicios de educación especial para personas con discapacidad ni en bachillerato ni en educación superior. Esta, sin duda, es una asignatura pendiente que tendremos que abordar.

Ante este panorama es evidente que, independientemente de los esfuerzos que realizan las instituciones del Estado, se deben de considerar mecanismos alternos que contribuyan a mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad. Ese es el propósito de la iniciativa que esta mañana sometemos a su consideración. Iniciativa, por cierto, que fue presentada en la legislatura pasada y que las comisiones nos dimos a la tarea de revisar, de reformular y que hoy estamos poniendo a su consideración.

Las comisiones dictaminadoras hemos sido cuidadosas de que la publicación de obras artísticas y literarias en formatos especiales de audio, video o audiovisuales no afecte la explotación normal de la obra de los autores y no constituyan tampoco un daño patrimonial a los propios autores. De ahí que la reforma está enfocada en el capítulo especial de la Ley Federal del Derecho de Autor, que se refiere a las limitaciones de los propios derechos de autor.

Es lo menos, me parece, compañeras y compañeros legisladores, que podemos hacer ante un panorama de vulnerabilidad educativa en un sector de la población en donde se hace necesaria la inclusión de medidas especiales que contribuyan a reducir márgenes tan amplios de inequidad educativa.

El universo de personas con discapacidad, concluyo, constituye un sector de la población que requiere no sólo de servicios educativos, sino de accesibilidad a las expresiones del arte y de la cultura que nos permitan desarrollar en lo posible y de manera armónica sus cualidades cognitivas a efecto de aspirar a una mejor calidad de vida.

Confío que a pesar de estar las y los compañeros insertos en muchas de las otras problemáticas, su voto sea a favor porque estamos ciertos de que se trata de un tema de la mayor importancia. Tan importante como el estar usando en ese momento los mecanismos celulares o estar ocupado en otros temas del Senado.

Muchas gracias, señor Presidente.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, Senadora Alcalá Ruiz.

No habiendo quién haga uso de la palabra en este asunto, pido que se hagan los avisos a que se refiere el artículo 58 de nuestro Reglamento para informar de la votación. Abrase el sistema electrónico de votación por tres minutos para recoger la votación nominal del proyecto de Decreto.



- La C. Secretaria Mendoza Mendoza: Señor Presidente, conforme al registro en el sistema electrónico de votación, se emitieron 105 votos a favor, cero en contra y cero abstenciones.

- El C. Presidente Aispuro Torres: En consecuencia, queda aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de Decreto por el que se adiciona la fracción VIII al artículo 148 de la Ley Federal del Derecho de Autor. Se remite a la Cámara de Diputados para los efectos del artículo 72 constitucional.

Tenemos la segunda lectura de un dictamen de las Comisiones Unidas de Comercio y Fomento Industrial; y de Estudios Legislativos, Segunda, con proyecto de Decreto por el que se adiciona la fracción XXI del artículo 31 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.





 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA LA FRACCION XXI AL ARTICULO 31 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS

(Dictamen de segunda lectura)



Debido a que el dictamen se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria de este día, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se omite la segunda lectura.

- La C. Secretaria Mendoza Mendoza: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si es de omitirse la segunda lectura de este dictamen. Quienes estén porque se omita, favor de levantar su mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se omita, favor de levantar su mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se omite la lectura, señor Presidente.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Informo a la Asamblea que el dictamen que nos ocupa consta de un solo artículo, por lo que está a discusión en lo general y en lo particular en un solo acto.

Para hacer uso de la palabra sobre este dictamen que presentan hoy las Comisiones Unidas de Fomento Industrial; y de Estudios Legislativos, Segunda, se le concede el uso de la palabra al Senador Héctor Larios Córdova, para presentar el dictamen a nombre de las comisiones que participaron en la elaboración del mismo.

- El C. Senador Héctor Larios Córdova: Con el permiso de la Presidencia:

El dictamen que hoy se presenta surge de una iniciativa de nuestro compañero Senador Oscar Román Rosas González, a quien felicito por esta inquietud.

Nada agravia más a una comunidad que el que se realice una obra pública en la comunidad y que la mano de obra que se emplea no sea la de la comunidad, sino que los trabajadores vengan de otro lugar a laborar en esa obra pública.

No hay ahorita una sola obligación para que en el caso de una obra pública se emplee preferentemente la mano de obra local, la fuerza de trabajo local y la derrama económica para la región sea una derrama que aproveche también a la región y no solamente el beneficio de la obra pública que en ella se construye.

Por eso el Senador proponente turna una iniciativa de reformas a la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, con el propósito de que se establezca en el caso de las obras que se licitan bajo la modalidad de nacionales, se establezca un mínimo del 70 por ciento de mano de obra local.

Es preciso recordar y es una de las consideraciones de la comisión, que existen tres diferentes tipos de licitaciones:

Las licitaciones nacionales, en donde por el umbral que tienen están fuera de los marcos de los tratados internacionales y en éstas solamente pueden participar empresas mexicanas.

Las licitaciones internacionales, en donde puede participar cualquier licitante de cualquier país, independientemente de que tengamos o no tengamos un Tratado de Libre Comercio.

Y las licitaciones internacionales bajo las reglas de un tratado comercial, en donde se rigen con otras condiciones.

El proponente sugiere que se establezca el mínimo de 70 por ciento de mano de obra exclusivamente para las licitaciones de carácter nacional, esto crearía una distorsión y una inequidad entre las empresas que trabajan en licitaciones de orden nacional con respecto a las que trabajan de orden internacional.

Pero adicionalmente varía mucho el tipo de obras para el requerimiento de mano de obra. Hay obras que tienen requerimientos de mano de obra especializada que no se encuentra en la región, es muy difícil establecer un porcentaje, cuando en esa región no se encuentra ese tipo de mano de obra.

Por ejemplo, si se construye un gasoducto, la tubería se coloca con máquinas y los soldadores es una especialidad que es difícil de encontrar y que seguramente no en todas las regiones del país habrá.

También depende mucho del lugar, si se licita una obra pública, por ejemplo, en una zona fronteriza como Mexicali, San Luis Río Colorado, en donde en temporadas tienen pleno empleo o en el propio Distrito Federal en donde los trabajadores de la construcción son gente que viene de otros estados, si se pusiera el requisito de un porcentaje alto de mano de obra local a lo mejor es que condenemos a la obra para que no se pueda realizar porque es imposible satisfacer esa demanda.

Por eso, las comisiones han resuelto que en virtud de la importancia de garantizar que cuando se pueda, se tenga mano de obra local, modificar la fracción XXI del artículo 31 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con la Mismas para establecer que cuando se emita la convocatoria se establezca en ella el porcentaje mínimo de mano de obra local, que los licitantes se deberán o se comprometen a emplear en la obra en caso de ganar el concurso.

De esta manera quien convoca, hay que reconocer que son los gobiernos estatales en este país quienes convocan más del 90 por ciento de las obras públicas, estarán preocupadas por poner el mayor porcentaje que sea posible dependiendo, como decía ya, del tipo de obra, de la especialización de mano de obra que se requiere y del lugar donde se convoca.

Por ese motivo, las comisiones dictaminadoras invitamos a todos los Senadores a emitir su voto a favor para poder establecer esta obligación y que las obras públicas tengan una derrama de mano de obra en el lugar donde se construyen.

Es cuanto, señor Presidente.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, Senador Héctor Larios Córdova.

Para el mismo asunto, se le concede el uso de la palabra al Senador Oscar Rosas González, del grupo parlamentario del PRI.

- El C. Senador Oscar Román Rosas González: Con el permiso de la Presidencia; buenas tardes Senadoras y Senadores:

El dictamen que hoy aprobaremos es de suma trascendencia, no sólo por la reforma en sí de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, sino el fondo de la misma que hace obligatorio para todas las dependencias y organismos del gobierno federal, la incorporación de la mano de obra local como requisito indispensable en sus convocatorias a licitación pública.

Este sólo hecho obligará a los licitantes que deseen participar en todos los procesos de adjudicación de obra pública a considerar dentro de su propuesta de participación, el porcentaje de mano de obra local que utilizarían de resultar favorecidos con los trabajos u obras a realizar.

Sin lugar a dudas, esta pequeña reforma induce al sector empresarial para que a través de sus distintas empresas e industrias volteen la mirada hacia los recursos humanos locales y permitan la incorporación de estos con fuentes de trabajo al desarrollo de sus regiones y, por ende, al desarrollo nacional.

Esta reforma también dinamiza los diferentes gremios de trabajadores en la búsqueda de mayores fuentes de empleo, en la defensa de las fuentes de trabajo local y en la vigilancia para el cumplimiento de la norma en beneficio de las regiones y comunidades que cuenten con el recurso humano disponible para las obras requeridas.

En suma, al aprobar esta reforma se dotaría al gobierno de una herramienta útil para el desarrollo local y regional, pues estaría facultado para verificar que se cumplan los porcentajes mínimos de mano de obra local en un proyecto determinado.

Las empresas se verían beneficiadas al contar con la cercanía y disposición de mano de obra, en lugar de pagar costosos traslados de trabajadores de diferentes regiones. Se activaría una válvula de escape y un fuerte alivio para todas aquellas zonas del país que a pesar de contar con recursos humanos suficientes y capacitados no encuentran ocupación por falta de oportunidades.

Por ello, manifiesto mi total acuerdo con el presente dictamen a votación. Asimismo, quisiera expresar mi reconocimiento por el trabajo de las Comisiones Unidas de Comercio y Fomento Industrial; y de Estudios Legislativos, Segunda, para la consecución de este importante dictamen.

Las valoraciones de las comisiones encargadas del dictamen coadyuvan al mayor entendimiento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, puesto que ponen de manifiesto que el término mano de obra local no está perfectamente especificado en el cuerpo normativo a reformar, pudiéndose prestar a diferencia.

Sin embargo, no limita a la dependencia para que a sus procedimientos de contratación de obra sea incorporado el porcentaje mínimo de obra local como requisito. De esta manera se deja patente que esta reforma es sólo un paso, paso que es necesario dar, pero a futuro la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas debe avanzar hacia un sistema de contratación de obra más eficiente, transparente y democrático, cuyo objetivo no sólo sea maximización económica, sino también el desarrollo de todas las comunidades y las regiones de nuestro país.

Es cuanto, señor Presidente.

Muchas gracias.

(Aplausos)

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, Senador Oscar Rosas González.

Se le concede el uso de la palabra al Senador Armando Ríos Piter, para el mismo asunto.

- El C. Senador Armando Ríos Piter: Con su permiso, señor Presidente; compañeras y compañeros Senadores:

Es para mí un honor participar como miembro de la Comisión de Comercio y Fomento Industrial en la dictaminación y, obviamente, en la votación de esta iniciativa, y celebro que el Senador Oscar Román Rosas haya presentado esta propuesta y lo comparto porque recientemente, cuando me tocó estar en el estado de Guerrero en campaña, es precisamente uno de los principales temas que le preocupan a la gente en los estados.

Recientemente, por la forma en la que funciona nuestra economía nacional, los grandes conglomerados que han tenido capacidad de participar en las licitaciones de obra pública, en el ejercicio de esas licitaciones en donde se pone a consideración construir un puente, construir una carretera, hacer una obra de infraestructura en materia de agua potable, de drenaje, las economías de escala que logran tener empresas que tienen no solamente capacidad de injerencia en cuanto a camiones, en cuanto a personal, sino especialmente la capacidad financiera que tiene, hace que los actores locales prácticamente sean borrados del mapa y esto no ayuda a la economía local.

Si un propósito tiene el presupuesto y el gasto público en materia de inversión, es precisamente generar empleo ahí donde se está llevando a cabo la obra pública; es precisamente ser una palanca que permita, que posibilite que miles de trabajadores puedan aprovecharse, precisamente, de ese presupuesto público, y entonces muchas veces cuando como en el 2009 nos preguntamos, ¿por qué no tenemos capacidad de generar una política contracíclica? no solamente es que falte inversión, sino cuando la hay son unos pocos cuántos proveedores los que tienen capacidad de aprovechar las licitaciones públicas.

Y es por eso que el día de hoy estoy convencido que este dictamen que estamos poniendo a consideración va en el camino correcto. Si bien habrá que pensar en otros instrumentos mucho más poderosos que nos permitan aterrizar verdaderos instrumentos en los que el presupuesto se convierta en una palanca de desarrollo regional, pero hoy al hacer este planteamiento para poner un porcentaje claramente especificado en las licitaciones, en las convocatorias, esto permite que miles de proveedores de pequeña escala, el que tiene un camión, el que tiene una revolvedora, bueno, esos pequeños proveedores podrán participar en estas licitaciones y entonces estaremos construyendo una política de inversión pública que verdaderamente dinamice las economías regionales.

De tal manera que desde Guerrero saludo la iniciativa que presenta un Senador comprometido, desde Campeche, con su gente, y vamos a estar trabajando de la mano con esta iniciativa.

Muchas gracias.

(Aplausos)

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, Senador Ríos Piter.

Se le concede el uso de la palabra al Senador Víctor Hermosillo y Celada, para el mismo asunto.

- El C. Senador Víctor Hermosillo y Celada: Con el permiso de la Mesa Directiva; y de mis compañeros Senadores y Senadoras:

Yo estoy en contra de esta medida, esta medida atenta contra la democracia, somos un país en que hay tránsito y comercio libre, estamos creando alcabalas en los estados muy peligrosas.

Generalmente la construcción se hace a base de contratos en los cuales los contratistas pelean fuertemente por alcanzar un buen precio, porque la mayoría de los contratos de gobierno, tienen en el precio la principal fuente para decidir quien hace la obra, y entonces las constructoras tienen que ser eficientes, y mientras más grande la obra, más, porque va más dinero de por medio.

Entonces, lo que generalmente se hace es tratar de eficientar la obra porque los constructores no son educadores de la gente, los constructores son, precisamente, gente que está en la industria para hacer un trabajo bien hecho, a tiempo y a buen costo.

En todas las obras generalmente se emplea la gente local, porque transportar gente de un lado a otro cuesta mucho dinero, pero también hay muchos equipos que se requiere que gente especializada los esté trabajando, y no se puede de esa manera dividir eficiencia, porque lo único que va a pasar es que, por un lado, las obras van a ser más caras, por otro lado se va a prestar que los estados hagan cotos de poder regionales, y eso va precisamente contra la Constitución que nuestro Estado, nuestro país, es un Estado democrático en el que hay libre acceso y libre comercio para todos en toda la República.

Muchas gracias.

(Aplausos)

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, Senador Víctor Hermosillo.

Se le concede el uso de la palabra al Senador Francisco Búrquez Valenzuela, para el mismo asunto.

- El C. Senador Francisco de Paula Búrquez Valenzuela: Esta medida, aunque parezca insignificante, es totalmente regresiva y abre la puerta a atentados contra la libertad que hay de iniciativa en este país, volveremos en ese camino, a las ínsulas estatales que empiecen a generar protecciones hoy al empleo local en contra del empleo nacional de otros sectores, de otras entidades federativas.

Elevará el costo, se emplearán de una manera incorrecta los recursos públicos de los ciudadanos que serán aplicados con un mayor costo, elevarán la burocracia que va a administrar este tipo de contratos, en fin, yo lo veo como una regresión a épocas que ya fueron superadas en México.

Gracias, señor Presidente.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, Senador Búrquez Valenzuela.

Tiene el uso de la palabra el Senador Carlos Puente Salas, para este mismo asunto.

- El C. Senador Carlos Alberto Puente Salas: Muchas gracias, señor Presidente.

De manera muy breve y a nombre de mi partido, el Partido Verde, mencionar que venimos a respaldar esta iniciativa con proyecto de Decreto que el día de hoy esperemos podamos aprobar en este Senado de la República. Felicitar y reconocer la sensibilidad del Senador Oscar Rosas, Senador proponente de esta iniciativa, en la cual creo que varios de nosotros aquí, mi compañero el Senador Alejandro Tello y un servidor, hicimos compromisos con la ciudadanía de ver de qué forma les podíamos responder a través de medidas legislativas que permitan abrir esa posibilidad de crear empleos en todos nuestros estados.

Sabemos que una de las más graves problemáticas que enfrentamos es la falta del empleo. En dicha comisión, reconozco también el trabajo de nuestro Presidente, el Senador Larios Cordova, en donde se incluyó un porcentaje menor, pero que sí sea considerada la mano de obra para que los trabajadores del estado, de la región, no sean desplazados.

Simplemente manifestar que estaremos votando a favor de esta iniciativa en congruencia con los compromisos establecidos en campaña.

Muchas gracias, señor Presidente.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, Senador Puente Salas.

Se le concede el uso de la palabra al Senador Héctor Larios Córdova, para hechos.

- El C. Senador Héctor Larios Córdova: Muchas gracias, señor Presidente.

Me parece que hay una confusión en torno a lo que se ha comentado aquí en tribuna. Lo que hace este dictamen es modificar la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, en su artículo 31, fracción XXI, ese artículo establece lo que debe de contener la convocatoria de una licitación, y se pone que uno de los requisitos que debe incorporar la convocatoria de una licitación es el “porcentaje mínimo de mano de obra local” que los licitantes deberán emplear en caso de ganar la obra.

El porcentaje mínimo no tiene un rango, sino que puede ir del cero al cien. ¿Por qué se pone de esta forma? Porque el organismo licitante que en este país, las obras medianas y pequeñas, el 90% las convocan los gobiernos estatales o municipales, solamente las grandes obras las convocan los organismos paraestatales, etcétera; tendría interés en que, independientemente, concursen empresas de su propio estado o de otros estados que tengan un compromiso en función del tipo de obra, en función de la mano de obra, del grado de especialización de la mano de obra que se requiera y en ese sentido establezca un porcentaje mínimo.

¿A quién le interesa que la obra cueste lo más barato? Al organismo licitante. No se trata de cambiar los métodos de ejecución de la obra, de cambiar métodos que signifiquen más ahorro de dinero por métodos que signifiquen más uso de mano de obra intensiva; de lo que se trata es que con cualquiera de los métodos, siendo un tipo de obra que requiere mucha mano de obra, y siendo que la mano de obra de ese tipo con esa especialización es disponible en la región, se establezca un porcentaje mínimo. Hay obras, y lo dije aquí en la primera ocasión que subí a tribuna, que requieren de una especialización. Puse el ejemplo de una tubería, por ejemplo, un ducto. El ducto básicamente requiere excavación, que lo hace maquinaria; requiere soldadura, que requiere mano de obra de altísima especialización que no está en todas las regiones; y requiere maquinaria para poder poner el tubo en la zanja y poderlo tapar; requiere obra especial, mano de obra especializada y evidentemente que quien licite una obra de ese tipo pues no va a poner un porcentaje, va a poner a lo mejor cero por ciento, no va a poner esta cláusula.

Es simplemente darle la versatilidad a quien convoca, a que se tenga como uno de los temas de la licitación el uso de la mano de obra local. Insisto, si se construye, por ejemplo, un puente de mampostería en una región apartada, como lo decía ahorita, por ejemplo, el Senador Ríos Piter, de Guerrero, y la obra es un puente de mampostería, es insultante para la región que se traiga mano de obra de otra región y no se amplíe la mano de obra de la propia localidad.

Ese es el propósito de esta iniciativa, no atenta contra la eficacia del contratista, no atenta contra el costo de la obra, no se pretende tampoco poner situaciones que no sean de cumplimiento fácil. Puse el ejemplo del Distrito Federal, que en la mayor parte de la obra, de la mano de obra de construcción, no es local.

Si alguien pusiera que para hacer una obra en el Distrito Federal requiere el 50% de mano de obra local, es condenar a esa obra a que no se pueda realizar en el Distrito Federal. Me parece que la fórmula que proponen las comisiones dictaminadoras es una fórmula que sí incorpora un tema de altísima sensibilidad, que se use la mano de obra local con la absoluta flexibilidad que tendrá el organismo licitante para hacer lo que mejor convenga para esa obra y para esa región.

Es cuanto, señor Presidente.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, Senador Larios Córdova.

Se le concede el uso de la palabra al Senador Armando Ríos Piter, para hechos

- El C. Senador Armando Ríos Piter: Con su permiso, señor Presidente.

Escuché con atención la participación de mis compañeros Senadores del Partido Acción Nacional y me parece que las reflexiones que acaba de hacer el Presidente de la Comisión de Comercio, Héctor Larios, es pertinente o son pertinentes, porque el debate puede ser mucho más de fondo.

Yo sugeriría y recomendaría una mejor lectura, tal vez de lo que se está planteando que, desde nuestro punto de vista, en el momento de dictaminar y traer este planteamiento aquí a la Asamblea es porque es un problema nacional o por lo menos yo se los puedo decir, en la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción de Chilpancingo, donde están representados todos quienes hacen obras, todos quienes buscan precisamente participar en este tipo de licitaciones, se quejan de que las empresas que vienen de fuera son las que hacen la obra.

Y tal vez aquí lo que hay que plantear utilizando, inclusive, los argumentos de ustedes, por el contrario, la dinámica en la que hemos caído es una dinámica en la cual llegan empresas de fuera y la rendición de cuentas a la que están sujetas esas empresas es mucho menor que la que pueden tener algunas empresas que están ahí, y reacciono ante esos planteamientos, porque creo que hay muchos temas más a fondo que incluso pueden tener que ver con corrupción, y me permito reflexionar con ustedes.

Llega un político, levanta la mano para querer ser candidato a gobernador de tal o cual partido, yo no sé si esta historia les pueda parecer conocida, y aparecen los empresarios que lo que buscan es apoyar a ese candidato del color que sea y financiarle parte de su campaña, ¿a cambio de qué? Si tal vez es alguien de un estado equis y que tenga que ir desde el sur a financiar una campaña en el norte, ¿qué es lo que pide a cambio? Pide que se le dé la obra pública, entre otras cosas, pide que se le den las medicinas. Yo no sé si esta historia les parece conocida, pero a mí me ha tocado verla, y esa gente existe y son proveedores que han convertido el ciclo del financiamiento en un instrumento para hacerse de la obra pública, y el grave problema que se tiene en ese tipo de casos es que la sociedad cuando llega el camino, cuando llega el puente, cuando llega la obra de tratamiento de agua potable, pues a final de cuentas no conoce quién es ese proveedor, es alguien que se puso de acuerdo con el gobernador y que a final de cuentas va a ser quién va a tener los contratos.

Bueno, este es un tema de fondo, ¿qué es lo que una iniciativa como esta puede permitir y hacia dónde creo es donde hay que enfocar? En vez de verlo como un planteamiento regresivo, como un planteamiento sumamente progresivo, si nosotros le estamos dando los instrumentos a los constructores, a quienes pueden hacer obras ahí en los territorios, pues con la ley en la mano, organizados que puedan proveer los mejores precios, la mejor calidad y que sean sujetos de la mejor de las supervisiones que es la que puede hacer su gente, porque la gente ahí sabe precisamente quién es el que tiene ese camión, quién es el que tiene esa organización y al final del día a quién hay que exigirle que en la obra pública que está licitando el gobierno, sea estatal o municipal, tenga calidad.

Yo quiero, compañeros, en esa participación, pensar que una iniciativa de este tipo, una visión de este tipo, no solamente nos permite generar mejores condiciones para que la obra pública en los estados genere empleo, sino por el contrario, o adicionalmente, garantizar que la competitividad en precio, que la calidad organizativa que puedan tener los empresarios en esos lugares, en esos rincones locales, que puedan proveer la obra pública nos ayuden a ir disminuyendo ese flagelo de la corrupción, si ellos están en contacto con la gente y no son gente que de repente llegue cuando llegue un nuevo gobierno, pues seguramente la rendición de cuentas y la capacidad de aportación de la población en supervisión de la calidad que presten esos proveedores de servicios y de obra, podrá ser mejor.

Es cuanto, señor Presidente.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, Senador Ríos Piter.

Se le concede el uso de la palabra al Senador Raúl Gracia, para hablar en contra del dictamen

- El C. Senador Raúl Gracia Guzmán: Con la venia de la Presidencia.

No entiendo cómo se busca generar incentivos que la naturaleza establece, si una empresa de Baja California puede establecer mejores condiciones para una obra en Chiapas, que la propia empresa chiapaneca o que la misma fuerza laboral chiapaneca, significa que son mejores condiciones económicas aún con el costo de transportación, con el costo de logística que esto implica, queremos legislar lo que la propia naturaleza genera, y lo queremos hacer de tal forma que vamos en un contrasentido a lo que hemos legislado ya aquí en este Senado de la República y en esta legislatura.

Me voy a explicar, en la reforma laboral que hicimos en el primer periodo ordinario de sesiones se estableció la no discriminación, y la no discriminación fue uno de los grandes logros de esa reforma laboral, poco aplaudido, pero ahí está, y sus alcances son mayúsculos, en su lectura podemos ver que se prohíbe la discriminación por condición migratoria en la contratación, no si es mexicano de Baja California, de Chiapas, de Sonora, de Nuevo León, inclusive si su condición migratoria de otro país, de extranjero, no es la adecuada, no se le puede discriminar en la contratación, y con esta reforma estamos buscando incentivar que se generen condiciones discriminatorias no entre esos extranjeros y mexicanos, sino entre mexicanos.

Aquí como Senadores venimos a representar al Pacto Federal y en consecuencia hay que actuar como mexicanos todos.

Muchas gracias.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, Senador Gracia Guzmán.

Se le concede el uso de la palabra al Senador Fidel Demédicis Hidalgo, para hablar a favor del dictamen.

- El C. Senador Fidel Demédicis Hidalgo: Muchas gracias, señor Presidente, con su venia; compañeros Senadores y compañeras Senadoras:

Hay un asunto que está tratándose en todo el mundo, y parece que sólo en México hay resistencia a que se aplique, es el tema de la responsabilidad social de las empresas, es decir, una obligación que debiéramos plasmar en la ley es el tema de qué responsabilidad tienen las empresas cuando van a hacer una obra en un lugar concreto.

Y el asunto es que todas las empresas que realicen obras o se establezcan en un lugar específico, deben de mejorar el entorno, es decir, tratándose de beneficio a la localidad o a la comunidad en donde van a establecerse.

Este tema de la responsabilidad social es una situación que se adapta perfectamente a este planteamiento que se hace al artículo 31 en su fracción XXI, en donde se está hablando de que un porcentaje mínimo de mano de obra local que los licitantes deberán incorporar en las obras o servicios a realizarse.

Hay un clamor en todo el país, no conozco localidad que no reclame, que no diga, “oiga, van a hacer una obra aquí en mi comunidad, pero absolutamente todas las personas que van a laborar son gentes que no son del pueblo, son gentes que no son de la comunidad”.

Esta reforma, esta incorporación viene a tranquilizar los ánimos en ese sentido y viene a ponerle solución a un viejo reclamo de todas las comunidades del país.

Hay un problema que azota a México, conocido por todos, que es la falta de empleo nacional y, por supuesto, la falta de empleo local, y entonces la ciudadanía dice, cuando ya llega una obra aquí al pueblo y se cuenta con los recursos humanos para poder hacerla, es justo que la mano de obra de nuestra comunidad sea contemplada y, efectivamente, el Senado de la República tiene una responsabilidad frente a la nación, y esa responsabilidad consiste en salvaguardar los intereses de los mexicanos y de las mexicanas, y en este asunto concreto el tema del empleo.

Por eso, compañeros Senadores, compañeras Senadoras, esta adición que se le hace al artículo 31 es un acierto de parte de las comisiones unidas para que un problema ancestral se resuelva, incluso, se salvaguarde la gobernabilidad en las entidades y en los pueblos donde se realizan estas obras, porque muchas veces el hecho de no contemplar la mano de obra local, ha generado paros en las obras, ha generado inconformidad social, que esto se traduce muchas veces en que las obras no se realicen por este tipo de situaciones.

Por eso mi voto va a ser a favor del planteamiento que están haciendo las comisiones unidas, que están planteando esta adición.

Muchísimas gracias.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, Senador Demédicis Hidalgo.

Se le concede el uso de la palabra al Senador Víctor Hermosillo y Celada, para hechos.

- El C. Senador Víctor Hermosillo y Celada: Con todo el respeto que me merecen los Senadores que tienen esta propuesta, debo decirles los peligros que puede tener.

Decía aquí mi amigo Ríos Piter, de que hay muchas cosas mal hechas entre los gobernadores y todo eso. Bueno, eso está mal hecho, ¿no?, hay que corregir esa situación, pero no de esta manera, porque de esta manera lo que están causando, también el Senador Demédicis, que lo estimo mucho, dice que hay que desarrollar a los mexicanos que viven ahí.

Pero los mexicanos que están trabajando en la construcción, son mexicanos: sean de Michoacán, sean de Tabasco, sean de donde sean andan buscando trabajo, y las empresas tienen con ellos, precisamente, ya una situación de saber qué esperar de ellos, saber cómo trabajan y tener sistemas para hacer las mejores obras.

Todos los que andan en la industria de la construcción generan trabajos locales, siempre se hace así, siempre se pide a la gente y se contrata a los locales.

Lo que yo no estoy de acuerdo es que ponga una situación como ley porque, primero, no está clara.

¿Quién va a decir si es una obra difícil?, ¿quién va a decir si es una obra complicada?, ¿quién va a calificar a los que dicen que saben?

Por ejemplo, decía aquí el Senador Larios Córdova: una tubería, pues a lo mejor un local dice: yo lo puedo poner, porque tiene un soplete o tiene también una maquina de soldar, pero soldar una reja no es lo mismo que soldar un tubo. Entonces, se presta a muchas situaciones de interpretación y a un sinnúmero de diferentes manualidades y diferentes especialidades que tienen la construcción.

A mí se me hace muy peligroso, precisamente porque va a estar en el aire y se va a interpretar de diferente manera en los diferentes estados.

A mí se me hace una cosa muy peligrosa, que en resumidas cuentas lo que va a pasar es que las obras van a salir más caras.

Que si algunos gobernantes hacen mal las cosas, eso es otra cosa, no tiene que ver con un contrato que debe estar bien especificado, bien llevado y bien supervisado.

Por eso yo pienso que esta situación puede causar grandes problemas.

Muchas gracias.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, Senador Hermosillo y Celada.

- El C. Senador Armando Ríos Piter: Pido la palabra, señor Presidente.

- El C. Presidente Aispuro Torres: ¿Para qué asunto, Senador Armando Ríos Piter?

- El C. Senador Armando Ríos Piter: (Desde su escaño)Para alusiones personales, señor Presidente.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Se le concede el uso de la palabra para alusiones personales.

- El C. Senador Armando Ríos Piter: Sí, con su permiso, señor Presidente.

Con todo el aprecio que le tengo al Senador Hermosillo y Celada, porque sé que su participación no solamente es de buena fe, sino que lo que busca es plantear un debate donde pueda haber un problema, me parece que no lo hay, y creo que la discusión es tal vez para afinar qué es lo que busca esta iniciativa, y me permito tal vez solamente leer, para efectos de buscar la mayor de las claridades posibles.

A mí me interesa este tema, como he tratado de especificarlo, porque esto nos ayuda, en cierto sentido, a que la dinámica y la calidad de la competencia que puedan tener las empresas locales en los territorios, pues tengan un instrumento adicional para garantizar condiciones de precio y de calidad en la provisión de un servicio.

La convocatoria de licitación pública deberá contener el porcentaje mínimo de mano de obra local que los licitantes deberán de incorporar.

Es decir, ¿quién es el que tiene la obligación de hacer bien la licitación? Pues, quien convoca a la misma, en este caso, puede ser la autoridad estatal o la autoridad municipal.

Ahí es donde está la primera necesidad de clarificar las condiciones del contrato, verificar precisamente el tipo de calidad de servicio y estará sujeto, obviamente, a no poner, y perdón que use una expresión en ese sentido, a no poner sandeces, tendrá que poner algo que le permita y le garantice tener en el presupuesto que va a dedicar a esta obra condiciones específicas.

Sería difícil pensar que un convocante en una licitación va a poner, por el simple hecho de querer determinar que sea mano de obra local, algo que sea imposible satisfacer en el contrato, porque iría en contra, precisamente, de esa convocatoria y sería una responsabilidad, en términos de ley, entonces, me parece que hay que afinar el planteamiento.

Estoy convencido que en el tema de obra pública lo que tenemos que garantizar, sea un proveedor nacional, internacional o local, es calidad, es precio, es un buen servicio.

Pero también estoy convencido que podemos dinamizar y que tenemos que dinamizar a las economías locales, y un instrumento de este tipo abre la puerta para dinamizarlas, para poder tener el involucramiento de esa persona, tal vez, que puede ser un albañil, pues yo prefiero que si la gente va a ir a contratar a albañiles, pues que no los lleve desde otro estado de la República, desde Baja California, como se ponía el ejemplo, pues que los contrate ahí.

Creo que la diferencia en el tipo de trabajo es prácticamente mínima, no hay una gran diferencia, y esto permitiría que parte de ese presupuesto que está destinado al gobierno del estado para que se haga la carretera, pues genere empleo en ese estado.

Creo que son verificaciones o precisiones que nos permiten pensar que lo que queremos es la mejor de las calidades y en ningún sentido es un planteamiento regresivo; apoya el empleo en las economías locales y abre la puerta para una mejor verificación y rendición de cuentas ahí en los territorios.

Es cuanto, señor Presidente.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, Senador Ríos Piter.

Se le concede el uso de la palabra al Senador Francisco Domínguez Servién, para hechos.

- El C. Senador Francisco Domínguez Servién: Gracias, señor Presidente.

Yo creo que, como lo ha planteado el Senador Héctor Larios y el Senador Ríos Piter, y es real, las licitaciones federales, estatales y municipales, para la parte de obra pública, y los que hemos tenido la fortuna de tener una responsabilidad, pues uno adjudica con el Comité de Licitaciones la obra pública, y cuando se va a hacer una urbanización en una comunidad, y hay un ganador, una construcción equis, y llegas con la población a decir: “Se va a urbanizar esta calle, estas banquetas, esta electrificación y va a costar tanto la obra”.

Y creo que nada nos cuesta decir que un porcentaje de los empleados para ejecutar esa obra en esa comunidad que no hay empleo, que no tienen empleo los padres de familia, para mampostería, para la albañilería, hay que dárselos, hay que darles esta oportunidad.

Por eso, el grupo parlamentario del PAN va a votar a favor de esta iniciativa.

Es cuanto, señor Presidente.

(Aplausos)

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, Senador Domínguez Servién.

Sonido en el escaño del Senador Jesús Casillas Romero.

- El C. Senador Jesús Casillas Romero: (Desde su escaño)Gracias, señor Presidente.

Primero, felicitar a mis compañeros que han intervenido en este tema, un debate de fondo, que ya se ha prolongado prácticamente por una hora, solicitarle, señor Presidente, si puede consultar a la Asamblea si se encuentra suficientemente discutido este tema para pasar a la votación.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, Senador Casillas Romero, con gusto. Pido a la Secretaría que consulte a la Asamblea, en votación económica, si se encuentra suficientemente discutido este asunto.

PRESIDENCIA DEL C. SENADOR

LUIS SANCHEZ JIMENEZ

- El C. Presidente Luis Sánchez Jiménez: Consulto a la Asamblea, en votación económica si el dictamen se encuentra suficientemente discutido. Quien esté por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Suficientemente discutido, señor Presidente.

PRESIDENCIA DEL C. SENADOR
JOSE ROSAS AISPURO TORRES

- El C. Presidente Aispuro Torres: En consecuencia, háganse los avisos a que se refiere el artículo 58 de nuestro Reglamento para informar de la votación. Abrase el sistema electrónico de votación hasta por tres minutos para recoger la votación nominal del proyecto que nos ocupa.



- La C. Secretaria Díaz Lizama: Señor Presidente, le informo que se emitieron 100 votos a favor, 3 en contra y 1 abstención.

- El C. Presidente Aispuro Torres: En consecuencia, queda aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de Decreto por el que se adiciona la fracción XXI al artículo 31 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. Se remite a la Cámara de Diputados para los efectos del artículo 72 constitucional.

Pasamos a la discusión de cuatro dictámenes de la Comisión de Educación que contienen puntos de Acuerdo.

Solicito a la Secretaría dé lectura a cada uno de ellos.





 

COMISION DE EDUCACION

(Dictamen a discusión)

- La C. Secretaria Díaz Lizama: Doy lectura al primer dictamen.

“COMISION DE EDUCACION

H. ASAMBLEA:

Los integrantes de la Comisión de Educación del Senado de la República de la LXII Legislatura, con fundamento en los artículos 86 y 94 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y en los artículos 276, numeral 2, y 277 del Reglamento del Senado de la República, someten a consideración del Pleno de la Cámara de Senadores la siguiente resolución con punto de Acuerdo por el que se exhorta a Secretaría de Educación Pública federal a remitir un informe sobre el estado que guarda la educación superior en el país, así como de las medidas que emprenderá la dependencia para incrementar la oferta y calidad de este nivel educativo.

I. ANTECEDENTES

1. En sesión ordinaria del 20 de septiembre de 2012, el Senador David Monreal Avila presentó, ante el Pleno de la Cámara de Senadores, proposición con punto de Acuerdo por la que se exhorta al Ejecutivo Federal a que, a través de la Secretaria de Educación Pública, envíe a esta H. Asamblea un informe pormenorizado, detallado y actualizado de las medidas que emprenderán para incrementar la oferta educativa de nivel superior

2. La proposición fue fundada en los artículos 8, fracción II, del Reglamento del Senado de la República.

3. Ese mismo día la presidencia de la Mesa Directiva ordenó que la proposición se turnara a la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología del Senado de la República para su estudio y dictamen.

4. Con fecha 2 de octubre de 2012, la Mesa Directiva turnó la proposición a la Comisión de Educación del Senado de la República para su estudio y dictamen.

5. La Presidencia de la Comisión de Educación hizo llegar a los integrantes del citado cuerpo colegiado copia de la proposición con punto de Acuerdo a efecto de darla por recibida.

II. CONTENIDO DE LA PROPUESTA

La propuesta del Senador Monreal Avila tiene el propósito de solicitar información relativa a las estrategias que se emprenderán para incrementar la oferta educativa de nivel superior.

Referido por el promovente, el Panorama Educativo 2012, informe emitido por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), arrojó que México ocupa el último lugar en la expectativa de graduación en el nivel bachillerato, con 47%, así como en gasto por alumno, y penúltimo sitio en la tasa de graduación en nivel superior, con 20%.

Con respecto a la captación de alumnos de ese nivel educativo, el Senador expone que tan sólo en febrero de 2012, la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), admitió a 11 mil 116 jóvenes de un total de 121 mil 970 que presentaron el examen, lo que dejó fuera de esa casa de estudios a 110 mil 854 aspirantes.

En el Instituto Politécnico Nacional (IPN) de los 92 mil 772 aspirantes que se registraron, sólo 23 mil fueron aceptados para estudiar alguna de las 54 carreras que ofrece el Instituto, lo que implicó la exclusión de 69 mil 772 jóvenes

Por su parte, refiere el Senador Monreal, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) ha señalado que el número de jóvenes de entre 15 y 29 años que no estudia ni trabaja va en aumento: tan solo del 2008 al 2010 esta cifra se incrementó en 0.5%, y actualmente se estima en siete millones los jóvenes que se encuentran en esta situación.

En opinión del promovente, la política gubernamental en materia de educación superior ha sido inadecuada, lo que ha redundado en escenarios que “condenan a la juventud mexicana a la exclusión”.

Tomado en consideración el contenido de la resolución con punto de Acuerdo presentada por el Senador David Monreal Avila, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, los integrantes de la Comisión de Educación hacen las siguientes consideraciones:

III.- CONSIDERACIONES DE LA DICTAMINADORA

PRIMERA.- Existe un consenso generalizado sobre la importancia que tiene la educación para el desarrollo de las naciones. La historia demuestra que el progreso guarda una estrecha relación con la solidez del sistema educativo, con su cobertura, calidad y vinculación armónica con las demandas y problemas de la cultura, la sociedad, la política, la economía, la ciencia y la tecnología. Numerosos estudios conciben que, en la era del conocimiento, la educación superior constituye uno de los vehículos de mayor fuerza para incorporar a la sociedad al desarrollo pleno y sostenido.

SEGUNDA.- Visto desde esta perspectiva, la educación superior es, entonces, precursora del desarrollo y no consecuencia de éste. A pesar de dicha premisa, uno de los aspectos más visibles de su rezago consiste en la insuficiencia de espacios para enfrentar el desafío de una demanda crecientey de costos unitarios cada vez más altos.

TERCERA.- Para efectos de planeación y ejecución de políticas públicas, el gobierno federal ha calificado a la educación superior como pilar del desarrollo del país. Sin embargo, los avances en materia educativa aún tienen un amplio camino por recorrer. En los últimos años la matrícula y la cobertura de la educación superior han evolucionado de manera significativa: mientras que en el ciclo 2006-2007 el número de estudiantes (sin considerar el posgrado) era ligeramente superior a 2.5 millones de alumnos, en el ciclo 2011-2012 se superó la cota de los 3 millones. De acuerdo con cifras del Sexto Informe de Gobierno, este dinamismo de la matrícula permitió que la cobertura en este ciclo alcanzara el 32.8 por ciento de la población en edad de asistir a este nivel educativo (19 a 23 años de edad), mostrando un crecimiento de 1.9 puntos porcentuales, respecto al ciclo 2010-2011, y de 6.9 puntos en relación con el ciclo escolar 2006-2007. El texto reconoce que la matrícula en este nivel educativo es aún insuficiente debido a rezagos e ineficiencias en los niveles previos, a la pobreza de las familias y a las características propias de las instituciones de educación superior. Asimismo, el Informe sostiene que el presupuesto federal para educación se destinó principalmente a ampliar la cobertura en los diferentes tipos, niveles y modalidades del Sistema Educativo Nacional. En este sentido, la matrícula de educación superior del sistema escolarizado ascendió a 2 millones 932 mil alumnos, en comparación al ciclo anterior que fueron 2 millones 759 mil estudiantes. Dicha matrícula corresponde a estudios de técnico superior universitario, educación normal y licenciatura universitaria y tecnológica

CUARTA Esta curva trajo consigo la construcción de 140 nuevas instituciones de educación superior y 96 nuevos campus de aquéllas ya existentes, en beneficio de más de 147 mil alumnos. De las instituciones de reciente creación, el 40.7 por ciento se concentró en siete estados, dos de los cuales fueron los que registraron mayor crecimiento: Distrito Federal, con 13 casas de estudio; y Puebla, con nueve. Asimismo, sobresalen los casos de cinco entidades en las que se crearon siete instituciones nuevas en cada una de ellas: Durango, Guanajuato, México, Sinaloa y Veracruz. El documento anuncia, además, que en septiembre de ese año iniciaron actividades las siguientes universidades: Calvillo, en Aguascalientes; La Paz, en Baja California Sur; Anapra, Paquimé, Junta de los Ríos y Camargo, en Chihuahua; de la Región Carbonífera, en Coahuila; de Rodeo, en Durango; Acapulco, en Guerrero; de la Zona Metropolitana del Valle de México, en Hidalgo; Sur del estado de Morelos, en Morelos; Culiacán y Escuinapa, en Sinaloa; Guaymas, en Sonora; y del Mayab, en Yucatán. De esta manera, este subsistema cuenta ahora con 104 instituciones de educación superior en el subsistema, 44 más que en 2006.1 A pesar de es­tos esfuerzos, la cobertura actual no es la que cabría esperar del grado de desarrollo de México ni de las expectativas y aspiraciones de los mexicanos.

QUINTA.- Por su parte, el Panorama de la Educación 2011, presentado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) señala que la población mexicana que ha alcanzado una educación media superior se ha duplicado del 21% entre los 55-64 años de edad al 42% entre 25-34 años de edad. Una evolución similar se observa en el nivel superior, con sólo el 9.8% de aquellos que ahora tienen entre 55-64 años habiendo alcanzado una educación superior en comparación con el 20.2% de aquellos entre 25 y 34 años de edad que también lo han hecho. Sin embargo, los niveles de logro están entre los más bajos en los países de la OCDE: más bajos que los de Chile para ambos niveles educativos, y más bajos que los de Brasil para la educación media superior. En opinión de la OCDE, si bien la brecha en los niveles de logro educativo entre México y otros países se ha reducido, aún hay un trecho muy largo por recorrer. Asimismo, el Panorama indica que sólo el 11% de los mexicanos de entre 20 y 29 años participan en la educación, sólo 2 puntos porcentuales más que en 2000, y alrededor de la mitad, tantos como sus homólogos en Chile (23%), Brasil (21%), y en promedio en los países de la OCDE (26%). Una cuarta parte de los jóvenes entre 25-29 años en México no están recibiendo educación y están desempleados, o no forman parte de la fuerza laboral.

SEXTA.-Tal como fue referido por el promovente, la edición 2012 del Panorama de la Educación alertó sobre el incremento de los jóvenes mexicanos que no estudian ni trabajan. Según el informe, la población entre 15 y 29 años en esta condición se incrementó 0.5% de 2008 a 2010, por lo que México se mantiene como el tercer país de la OCDE con el porcentaje más alto de “ninis”, con 24.4%. Esta población está compuesta principalmente por mujeres: al 2010, el 37% de las mujeres de 19 a 25 años se encontraba en esa condición, aunque este dato está por debajo del 42% que se registró en 2000. Sin embargo, la cifra aumenta a 47% si se considera sólo a mujeres de entre 25 y 29 años. En hombres de 19 a 25 años, el nivel es de 11%, contra el 6.0% reportado en 2000. A pesar de que en México las mujeres tienen una mayor tasa de graduación, más del 55% obtienen un diploma universitario, la transición hacia el mundo de trabajo, quizás por cuestiones culturales y de servicios, no se da manera igualitaria. Las tasas de desempleo son bajas pero se elevan para los que tienen más educación. En México los que tienen formación universitaria tienen el mayor índice de desempleo, con 5.0%, comparado con el 4.0% para los que no alcanzan la secundaria. En el rubro presupuestal, la OCDE destacó que México destina 20.3% de su gasto público a la educación, comparado con el 13% que registra la Organización; sin embargo, el gasto por alumno sigue estando entre los más bajos de los países de los paísesmiembros, con alrededor de 2 mil 875 dólares.

SEPTIMA.- Se requiere, en consecuencia, redoblar el paso para ampliar el acceso de las y los jóvenes a la educación superior. Así lo reconoce, por ejemplo, la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (anuies), instancia que ha fijado la meta de elevar la cobertura de la educación superior a 48% en 2020. 2 Reciente­mente, otros actores han propuesto alcanzar en ese mismo año una cobertura de 60 por ciento.

OCTAVA.- Estos esfuerzos exigirían un aumento significativo de la matrícula de educación superior en todas las entidades federativas, sobre todo en los estados rezagados, lo cual provocaría una gradual convergencia regional de las oportunidades educativas. En esa trayectoria influye sin duda el punto de partida de la proyección, ya que un número cada vez mayor de entidades alcanza en la actualidad una cobertura de al menos 25%. Hace apenas 10 años, únicamente 7 entidades federativas presentaban una cobertura igual o ma­yor a esta cifra; su número aumentó a 15 entidades en el ciclo escolar 2006-2007, y para el ciclo 2011-2012 ya eran 26 entidades las que superaban ese umbral: Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Campeche, Chihuahua, Coahuila, Colima, Distrito Federal, Durango, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán y Zacatecas.3

NOVENA.- No obstante que la escasez de recursos ha sido un rasgo endémico del sistema de educación superior, en los años recientes el financiamiento federal se ha incrementado de manera significativa, dando pie a una sensible mejora de diversos indicadores financieros del sistema. Por ejemplo, la inversión educativa como porcentaje del Producto Interno Bruto (pib) pasó de 0.54% en 2006 a 0.65% en 2010. Sin embargo, esta cifra está aún lejos de destinar el 1% del pib para la educación superior, meta establecida como deseable por diversos actores. Asimismo, el gasto promedio anual por alumno aumentó de 39 mil 385 pesos en 2006 a 65 mil 100 pesos en 2012, aunque estos montos son insuficientes si se les compara con la inversión que realizan otros países de mayor desarrollo o de desarrollo relativo similar.

DECIMA.- En opinión de la dictaminadora, la disponibilidad de los recursos financieros requeridos para hacer factible la masificación de la educación superior depende no sólo del desempeño de la economía, sino -sobre todo- de la construcción de acuerdos entre los diversos actores relevantes para la máxima prioridad a la ampliación de las oportunidades educativas. Además, la dinámica del sistema de educación superior se encuentra estrechamente vinculada con las trayectorias y los avances de los niveles educativos previos, muy particularmente con la matrícula y la eficiencia terminal de la educación media superior. En consecuencia, las expectativas de crecimiento de la cobertura de la educación superior podrán cristalizarse al tiempo que se concreta la universalización de este nivel y crece el número de alumnos suficientemente preparados para transitar del bachillerato a la educación superior.

DECIMA PRIMERA.- Las experiencias de otros momentos sugieren eludir a toda costa los riesgos ocasionados por la expansión no regulada de la educación superior. Hay consenso de que no se trata sólo de ensanchar la matrícula per se, sino además de evitar que la masificación del servicio redunde en una oferta educativa de baja calidad, lo que multiplicaría de nueva cuenta el círculo vicioso de la exclusión. Las experiencias comparadas enseñan que todos los sistemas educativos que transitan por un proceso de masificación se ven obligados a impulsar reformas a la arquitectura institucional de la educación superior y a revisar las modalidades y formas de organización, gestión y administración de las instituciones educativas. Para los miembros de la Comisión de Educación, hacer viables los escenarios más ambiciosos en esta materia requiere que la educación superior se constituya en una prioridad auténtica, consensuada nacionalmente, y concite compromisos, esfuerzos sostenidos y apoyo genuino de los actores relevantes. Se trata, esencialmente, de construir una política con visión de Estado.

Una vez examinados los elementos de diagnóstico anteriores, los miembros de esta dictaminadora coinciden en la necesidad de contar con la información de que dispone la autoridad educativa federal en torno al estado que guarda la educación superior en México, así como de las rutas que serán trazadas en esta administración para tomar de manera conjunta y bajo un espíritu de colaboración, decisiones que favorezcan el fortalecimiento y desarrollo de este nivel educativo.

Con base en estas consideraciones, los integrantes de la Comisión de Educación, con fundamento en los artículos 86 y 94 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y en los artículos 276, numeral 2, y 277 del Reglamento del Senado de la República, consideran que es de aprobarse la proposición con punto de Acuerdo del Senador David Monreal Ávila, y someten a consideración del Pleno de la Cámara de Senadores la siguiente resolución con:

PUNTO DE ACUERDO

UNICO.-El Senado de la República exhorta respetuosamente la Secretaría de Educación Pública a enviar a esta Soberanía un informe sobre el estado que guarda la educación superior en el país, así como de las medidas que emprenderá la dependencia para incrementar la oferta y calidad de este nivel educativo.

Salón de comisiones del Senado de la República, a 20 de febrero de 2013.

COMISION DE EDUCACION”.

1 Presidencia de la República. Sexto Informe de Gobierno. 2012, pág. 481

2anuies, Consolidación y avance de la educación superior en México. Elementos de diagnóstico y propuestas, anuies, México, 2007.

3 Presidencia de la República. Sexto Informe de Gobierno. 2012, pág. 482





 

COMISION DE EDUCACION

(Dictamen a discusión)

- La C. Secretaria Díaz Lizama: Doy lectura al segundo dictamen.







 

COMISION DE EDUCACION

(Dictamen a discusión)

- La C. Secretaria Díaz Lizama: Doy lectura al tercer dictamen.







 

COMISION DE EDUCACION

(Dictamen a discusión)

- La C. Secretaria Díaz Lizama: Doy lectura al último dictamen.



Es todo, señor Presidente.

- El C. Presidente Aispuro Torres: En consecuencia, están a discusión los dictámenes de los cuales se ha dado cuenta. Consulto a la Asamblea si hay alguna reserva de los mismos. No habiendo reserva alguna, pido a la Secretaría consulte a la Asamblea, en votación económica, si son de aprobarse los anteriores Acuerdos.

- La C. Secretaria Díaz Lizama: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si son de aprobarse los anteriores Acuerdos. Quienes estén porque se aprueben, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque se rechacen, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobados los Acuerdos, señor Presidente.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Aprobados los Acuerdos. Comuníquense.

Informo a la Asamblea que las Comisiones Unidas de Comercio y Fomento Industrial; de Hacienda y Crédito Público; y de Estudios Legislativos, entregó ya debidamente requisitado el dictamen de reformas a la Ley Federal de Protección al Consumidor y la Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros.





 

PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA LA LEY FEDERAL DE PROTECCION AL CONSUMIDOR Y LA LEY PARA LA TRANSPARENCIA Y ORDENAMIENTO DE LOS SERVICIOS FINANCIEROS

(Dictamen de primera lectura)



Debido a que el dictamen se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria del día de hoy y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 195 de nuestro Reglamento, queda de primera lectura.

Les informo también que las Comisiones Unidas de Reforma Agraria; y de Estudios Legislativos, entregó su dictamen en sentido negativo de la iniciativa que reforma diversos artículos de la Ley Agraria, una vez que cubrieron los requisitos reglamentarios.





 

PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA DIVERSOS ARTICULOS DE LA LEY AGRARIA

(Dictamen de primera lectura)



Debido a que el dictamen se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria de este día y con fundamento en el artículo 195 del Reglamento, queda de primera lectura.

En el apartado de iniciativas, se le concede el uso de la palabra al Senador Jesús Casillas Romero, a nombre propio y de la Senadora Ivonne Liliana Alvarez García, del grupo parlamentario del PRI, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto que reforma y adiciona los artículos 7o. y 14 de la Ley General de Educación.





 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA LA FRACCION X DEL ARTICULO 7o. Y ADICIONA UNA FRACCION XIII, RECORRIENDO LA ACTUAL EN SU ORDEN, AL ARTICULO 14 DE LA LEY GENERAL DE EDUCACION

(Presentada por el C. Senador Jesús Casillas Romero, a nombre propio y de la C. Senadora Ivonne Liliana Alvarez García, del grupo parlamentario del PRI)

- El C. Senador Jesús Casillas Romero: Gracias, señor Presidente; compañeras Senadoras y compañeros Senadores:

Quisiera llamar su atención en un tema que para la Senadora Ivonne Alvarez y un servidor, reviste la mayor de las importancias. Y es un tema que acontece prácticamente todos los días en todos los rincones del país, y es el tema de las muertes relacionadas con los accidentes.

La primera causa de fallecimientos en nuestro país en menores de edad son, precisamente, los accidentes que van desde el envenenamiento, las quemaduras, las fracturas, niños electrocutados, los accidentes en el transporte público, en la vía pública y que, sin duda, todos los días se presentan en nuestra sociedad.

Y pareciese que es un tema cotidiano que está ahí, que lo vemos, que acontece todos los días y que prácticamente no hay nadie que se ocupe de ello.

Hay esfuerzos importantes.

El Consejo Nacional de Prevención de Accidentes ha externado cifras contundentes.

La primera causa de muerte de los jóvenes entre 14 y 29 años son los accidentes, es decir, las muertes que se generan en este país de personas productivas son precisamente los accidentes. Accidentes que se dan inclusive en el hogar, que se dan en la vía pública, que se dan en el tránsito y que, sin duda, algo se tiene que hacer.

Hay esfuerzos importantes.

Estados como el de México, Nuevo León, Jalisco, el Distrito Federal, a través de las unidades de protección civil, hacen esfuerzos importantes de programas de acercamiento para concientizar, sobre todo a niños en las escuelas de cómo cuidarse y cómo prevenir los accidentes.

Otro tema que nos parece de la mayor relevancia es el tema de las adicciones, en nuestro país hay aproximadamente 3.6 millones de personas adictas a las drogas, y cada día son personas con menor edad las que tienen ya un contacto y encuentro con las drogas. Cada día son más niños los que consumen este tipo de enervantes y que pareciese también que no hay quién ponga orden.

Quiero llamar su atención en razón de que hace algunos meses en los estados de Washington y de Colorado se aprobó una ley para el consumo de la marihuana. Y eso pareciese, sobre todo en los jóvenes, que es un motivo de beneplácito y pareciese que el consumir por ejemplo marihuana no le ocasiona ningún tipo de trastorno.

Hay que decirles a los jóvenes que consumir marihuana afecta la memoria y produce una pérdida de sincronización.

Hay que decirle a quien consume marihuana, por si no lo sabe, que coadyuva a la aparición del denominado síndrome de pasividad, apatía, conformismo, que provoca daños severos en el corazón. Asimismo se triplica el riesgo de morir por infarto.

Fumar marihuana aumenta el riesgo de contraer cáncer de pulmón, daña el sistema reproductivo, su consumo aumenta hasta 70 por ciento la posibilidad de desarrollar cáncer de testículos, disminuye la eficiencia en los tratamientos de fertilidad, en embarazos genera daños al cerebro del feto.

Es decir, la marihuana causa efectos irreversibles y el costo para el Estado en materia de rehabilitación es muy alto.

Siempre es mejor prevenir que corregir.

Siempre es mejor que se tomen las precauciones para evitar que estos temas, sobre todo de la drogadicción, se sigan generando en nuestra sociedad.

Todas las drogas producen cambios de conducta proclives a la violencia, a los accidentes, a los arrestos, inclusive, hasta la muerte.

Por eso, lo que estamos proponiendo la Senadora Ivonne Alvarez y un servidor, es que estos temas se traten en el espacio natural en el que deben de atenderse, primero, obviamente, en el hogar y, segundo en la escuela. Por eso, la iniciativa tiene el propósito de reformar la Ley General de Educación para que los temas relacionados con la prevención de accidentes y la prevención de adicciones se puedan establecer en los contenidos que la Secretaría de Educación Pública tiene para la educación primaria y secundaria.

Que se hable de cómo se pueden prevenir los accidentes, de los daños que ocasionan el alcohol, las drogas y el tabaco en el organismo.

Que sepan los niños y los jóvenes que consumir drogas realmente afecta su salud y, además, los daños que produce en el entorno familiar.

Por eso estamos proponiendo que se reforme la fracción X del artículo 7o. y adicionar una fracción XIII, recorriendo la actual en su orden, al artículo 14 de la Ley General de Educación, para quedar como sigue:

Se reforma la fracción X del artículo 7o. y se adiciona una fracción XIII, recorriendo la actual en su orden, al artículo 14 de la Ley General de Educación para quedar como sigue.

Artículo 7o. La educación que impartan el Estado, sus organismos descentralizados y los particulares con autorización o con reconocimiento de validez oficial de estudios tendrá, además de los fines establecidos en el segundo párrafo del artículo 3o. constitucional, los siguientes:

X.- Desarrollar actitudes solidarias en los individuos y crear conciencia sobre la preservación de la salud, la prevención de accidentes, el ejercicio responsable de la sexualidad, la planeación familiar y la paternidad responsable, sin menoscabo de la libertad y del respeto absoluto a la dignidad humana, así como propiciar el rechazo a los vicios y adicciones, fomentando el conocimiento de sus causas, riesgos y consecuencias.

Del artículo 14 se modifica la fracción XIII para quedar como sigue:

XIII.- Desarrollar e implementar de manera coordinada con las autoridades competentes, instrumentos y programas de educación para la salud, la prevención de accidentes, así como para prevenir, combatir y erradicar la drogadicción, el alcoholismo y el tabaquismo.

Esto, sin duda, será el principio de lo que debe de ser una cultura en materia de prevención de accidentes.

Pero tenemos que hacer lo propio en la Ley Federal del Trabajo para que en el centro de trabajo también se hable de la prevención de accidentes. Que también lo hagamos en la Ley de Desarrollo Social para que en las comunidades, en los grupos organizados también se hable de la prevención de accidentes y de la prevención de adicciones.

Es decir, que de manera natural cobremos conciencia de que estos dos temas se deben de prevenir.

Mucho bien le va a hacer y muchas vidas se van a salvar.

Es cuanto, señor Presidente.

Muchas gracias por su atención.

Iniciativa

“SENADOR ERNESTO JAVIER CORDERO ARROYO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
DEL SENADO DE LA REPUBLICA
LXII LEGISLATURA
PRESENTE.

H. ASAMBLEA:

Los suscrito, SEN.JESUS CASILLAS ROMERO y SEN. IVONNE LILIANA ALVAREZ GARCIA, integrantes del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en esta LXII Legislatura del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, con fundamento en los artículos 4, 8, fracción I  y 164 del Reglamento del Senado de la República, sometemos a la consideración de esta honorable Cámara de Senadores, Iniciativa con proyecto de Decreto que reforma la fracción X del artículo 7 y adicionar una fracción XIII, recorriendo la actual en su orden, al artículo 14, ambos de la Ley General de Educación, de conformidad a la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

Accidente se define como el suceso eventual o acción del que involuntariamente resulta daño para las personas o las cosas. Definición sencilla de la que a su vez, en un concepto más concreto al tema materia de la presente iniciativa, puede decirse que un accidente es un hecho inesperado que ocasiona daños a la salud integral, economía y productividad de las personas, generalmente propiciado por tomar acciones de gran riesgo o ignorar circunstancias o reglas establecidas para la seguridad de todas las personas.

Estos sucesos, los accidentes, se han constituido en la primer causa de muerte en el país, sólo antecedidos por enfermedades como la diabetes mellitus, los tumores malignos y las enfermedades del corazón, aunque para estas causas de muerte, es importante resaltar que en mucho está relacionado con la edad.

Esto es así, conforme información publicada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), que en síntesis expone como principales causas de muerte:

• En niños de 1 a 4 años de edad, los traumatismos accidentales por diversas causas y accidentes de transporte, seguidas por enfermedades intestinales causadas por infección.

• En niños de 5 a 14 años de edad, los traumatismos accidentales por diversas causas y accidentes de transporte, seguidas por tumores malignos.

• En jóvenes de 15 a 29 años de edad, los traumatismos accidentales por diversas causas, accidentes de transporte y agresiones, seguidas por tumores malignos principalmente para el caso del sexo femenino.

• En personas de 30 a 59 años de edad, la diabetes mellitus, tumores malignos y enfermedades del hígado.

• En adultos mayores, enfermedades del corazón, la diabetes mellitas y tumores malignos.

Así, en general los accidentes constituyen la cuarta causa de muerte, pero la causa número uno de pérdida de años saludables, al tratarse de la principal en la que la mayor parte de las personas que fallecen son jóvenes que tienen una oportunidad o expectativa de vida muy importante.

De los accidentes que generan la anterior estadística, en los primeros lugares se encuentran los de tránsito, las caídas, intoxicaciones, ahogamientos, incendios y quemaduras; cuyas consecuencias se ven muy lamentablemente reflejadas en cifras alarmantes; pues al menos ocurren 2500 muertes por accidentes en el año en Jalisco, de las que un 60% tiene relación con accidentes de tránsito.

Según el Consejo Estatal para la Prevención de Accidentes del Estado de Jalisco (CEPAJ), los accidentes son prevenibles en un 90%, esto con actitud y propiciando condiciones seguras a través de la detección de riesgos; en los que, si bien es cierto que no podemos aislarnos de todo lo que es peligroso en nuestras vidas, lo importante es aprender a convivir con estos factores y poder controlarlos para evitar accidentes, para lo que es primordial enseñar a los niños y niñas desde muy pequeños a detectar las situaciones, lugares o elementos peligrosos para evadirlos, avisar o actuar cuando sea necesario.

Para ello, también debemos tomar en cuenta que la formación y enseñanza de los menores normalmente se da en el hogar y en la escuela, esta última en la que la autoridad puede actuar e incidir de manera mucho más amplia y directa, por lo que precisamente las aulas constituyen un elemento invaluable para fomentar en las nuevas generaciones la cultura de la prevención de accidentes, a través del desarrollo institucional de campañas, programas e instrumentos educativos para la salud y la prevención de accidentes.

El gobierno federal y el de muchas de las entidades se han preocupado por idear e implementar las medidas legislativas que contribuyan a evitar accidentes por causa de la ingesta de alcohol, partiendo de que se trata de uno de los factores de riesgo más grandes para provocar un accidente fatal, sin embargo, la intención es avanzar más allá de la inhibición de conductas riesgosas, hacia un tratamiento integral a grado de pensar en una cultura de la prevención, evidentemente extensivo a todo tipo de riesgos, pues en caso de fatales consecuencias, cualquier accidente devasta a una familia.

Razones dadas por las que la intención de la presente propuesta es complementar el catálogo de atribuciones de la autoridad educativa de los tres órdenes de gobierno contenidos en el artículo 14 de la Ley General de Educación, con el concerniente a desarrollar elementos educativos en la materia, evidentemente de manera coordinada con la autoridad de salud.

Luego, en la misma tónica, sabemos que los accidentes encuentran un adverso vínculo con las adicciones, como lo es el alcoholismo y la drogadicción, temas a contemplar para evitar y erradicar que se encuentran insertos en los objetivos de la educación, específicamente en el artículo 7 de la misma legislación, por lo que armonizado con el objetivo de la presente iniciativa, esto es, artículos 7 y 14 de la Ley General de Educación, la propuesta sería el que la autoridad educativa contemple en tanto en sus atribuciones como en los objetivos de la educación, el desarrollar e implementar de manera coordinada con las autoridades competentes, instrumentos y programas de educación para la salud, la prevención de accidentes, así como para prevenir, combatir y erradicar la drogadicción, el alcoholismo y el tabaquismo.

Así las cosas, la propuesta que tengo a bien someter a la elevada consideración de esta Honorable Soberanía, es la contenida en la siguiente…

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO MEDIANTE LA CUAL SE REFORMA LA FRACCION X DEL ARTICULO 7 Y ADICIONAR UNA FRACCION XIII, RECORRIENDO LA ACTUAL EN SU ORDEN, AL ARTICULO 14, AMBOS DE LA LEY GENERAL DE EDUCACION.

ARTICULO UNICO.- Se reforma la fracción X del artículo 7 y adicionar una fracción XIII, recorriendo la actual en su orden, al artículo 14, ambos de la Ley General de Educación, para quedar como sigue:

Artículo 7o.- La educación que impartan el Estado, sus organismos descentralizados y los particulares con autorización o con reconocimiento de validez oficial de estudios tendrá, además de los fines establecidos en el segundo párrafo del artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los siguientes:

I.- a la IX.- (….)

X.- Desarrollar actitudes solidarias en los individuos y crear conciencia sobre la preservación de la salud, la prevención de accidentes, el ejercicio responsable de la sexualidad, la planeación familiar y la paternidad responsable, sin menoscabo de la libertad y del respeto absoluto a la dignidad humana, así como propiciar el rechazo a los vicios y adicciones, fomentando el conocimiento de sus causas, riesgos y consecuencias;

XI.- a la XVI.- (….)

Artículo 14.- Adicionalmente a las atribuciones exclusivas a las que se refieren los artículos 12 y 13, corresponde a las autoridades educativas federal y locales de manera concurrente, las atribuciones siguientes:

I.- a la XI.- (….)

XII.-Promover prácticas cooperativas de ahorro, producción y consumo, de acuerdo a lo establecido en la ley de la materia y el Reglamento de Cooperativas Escolares, __

XIII.- Desarrollar e implementar de manera coordinada con las autoridades competentes, instrumentos y programas de educación para la salud, la prevención de accidentes, así como para prevenir, combatir y erradicar la drogadicción, el alcoholismo y el tabaquismo; y

XIV.- Las demás que con tal carácter establezcan esta Ley y otras disposiciones aplicables.

(….)

TRANSITORIO

PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el “Diario Oficial de la Federación”.

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Senadores, a 26de febrero de 2013.

Suscriben

Sen. Jesús Casillas Romero.- Sen. Ivonne Liliana Alvarez García”.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, Senador Jesús Casillas Romero. Túrnese a las Comisiones Unidas de Educación; y de Estudios Legislativos, Segunda.

Sonido en el escaño de la Senadora Marcela Guerra, ¿para qué asunto?

- La C. Senadora Marcela Guerra Castillo: (Desde su escaño) Para buscar la anuencia del Senador Jesús Casillas Romero y de la Senadora Ivonne Alvarez, para ver si me permiten adherirme a esta importante iniciativa de ley, toda vez que es de la más alta relevancia la prevención en nuestras vidas, la prevención a las adicciones y a los accidentes.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Le pregunto al Senador Jesús Casillas Romero si acepta la adhesión de los Senadores Marcela Guerra, Irízar López, Daniel Amador, Lizbeth Hernández, Roberto Albores; pido a la Secretaría que tome nota de ellos, Pozos Lanz, Víctor Hermosillo, Oscar Román, Ascención Orihuela Bárcenas, René Juárez, con mucho gusto.

Se le concede el uso de la palabra al Senador Daniel Gabriel Avila Ruiz, a nombre propio y de los Senadores de diversos grupos parlamentarios, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se expide la Ley de la Juventud y se reforma el artículo 2 de la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud.





 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE EXPIDE LA LEY DE LA JUVENTUD Y SE REFORMA EL ARTICULO 2 DE LA LEY DEL INSTITUTO MEXICANO DE LA JUVENTUD

(Presentada por el C. Senador Daniel Gabriel Avila Ruiz, a nombre propio y de los CC. Senadores de diversos grupos parlamentarios)

- El C. Senador Daniel Gabriel Avila Ruiz: Con su permiso, señor Presidente:

“La juventud viene sólo una vez en la vida”, Henry Longfellow, poeta.

Señoras y señores Senadores, muy buenas tardes:

Hago uso de esta tribuna a nombre propio y como Senador del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional; y a nombre de los Senadores Carlos Alberto Puente Salas y María Elena Barrera Tapia, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México; del Senador Roberto Armando Albores, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional; del Senador Armando Ríos Piter, de la Senadora Iris Vianey Mendoza Mendoza y del Senador Benjamín Robles Montoya, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática; de la Senadora Ana Gabriela Guevara Espinoza, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo.

Con la representación de la mayoría de los integrantes de la Comisión de Juventud y Deporte de esta Cámara de Senadores, vengo a presentar la iniciativa con proyecto de Decreto por el que se expide la Ley de la Juventud.

La juventud es una etapa formativa en la vida de las personas, creativa, llena de vitalidad, de entusiasmo, de sensibilidad y la apertura a los retos.

Las y los jóvenes son formadores de cambios sociales y actores estratégicos para el desarrollo de la familia, de su comunidad y en general de la sociedad mexicana.

Hoy, México cuenta con 36 millones de jóvenes, que representan el 33 por ciento de la población nacional; 36 millones de jóvenes que por sus cualidades nos hacen un país privilegiado, pues como lo indica el Consejo Nacional de Población, constituyen uno de los motores más importantes para el país hacia las próximas dos décadas.

Sin embargo, al mirar la realidad, vemos un panorama poco esperanzador. Encontramos un país con severos rezagos en la atención de las necesidades más elementales de la juventud, así como condiciones que lejos de impulsar su desarrollo han sido un factor de incidencia en la ruptura del tejido social por el que atraviesa nuestra sociedad, basta mencionar algunas de las carencias que enfrentan los jóvenes para entender el tamaño del reto que como sociedad enfrentamos a fin de lograr su bienestar.

Por ejemplo, en educación: de cada 100 niños que ingresan a la primaria, sólo 18 jóvenes tienen la oportunidad de estudiar una carrera universitaria.

En este mismo rubro, es lamentable que 55 de cada 100 egresados universitarios trabajen en un área totalmente diferente a la que estudiaron y que en muchos casos se encuentran en el comercio informal, como choferes de taxis, como choferes de microbuses, en loncherías.

En materia de empleo, la juventud es el sector que más problemas enfrenta, pues 7 por ciento de los jóvenes en edad de trabajar están desempleados, y la calidad de sus empleos tiende a deteriorarse al igual que sus salarios. Recordemos que en México, hoy en día, hay 8 millones de jóvenes que no estudian ni trabajan.

Una de las consecuencias de las carencias que los jóvenes enfrentan en materia de educación y de empleo ha sido el aumento de la migración, 72 por ciento de la población que emigra anualmente son jóvenes que buscan mejores oportunidades de desarrollo.

En salud, tristemente, durante la última década aumentó sensiblemente el consumo de drogas en los jóvenes.

Por ejemplo, el consumo de marihuana creció 1 millón de adictos jóvenes; y el de cocaína, 1 millón 350 mil jóvenes.

Otro efecto es su falta de interés y participación en los asuntos políticos y sociales del país, pues son el sector que menos participa en los procesos electorales y en actividades de la organización civil.

Según el IFE, sólo 35 por ciento de los jóvenes entre 19 y 29 años de edad vota en las elecciones; y de acuerdo con el Instituto Mexicano de la Juventud, 72 por ciento de los jóvenes nunca ha participado en organizaciones o asociaciones civiles.

Ante esta realidad, si bien es cierto que el gobierno ha llevado a cabo diversos programas y acciones con algunos resultados exitosos, también lo es que éstos han sido aislados, con poca coordinación y con efectos limitados y temporales.

En este contexto, es fundamental contar con una ley para los jóvenes, una ley sustantiva que fortalezca una política de juventud, una ley que hoy en día no existe en el orden federal y que es necesaria para impulsar el desarrollo de los jóvenes.

Compañeras y compañeros Senadores, la iniciativa que hoy presentamos es un proyecto incluyente, sustentado en la realidad social de los jóvenes y enriquecido con las valiosas aportaciones de la sociedad civil organizada, la experiencia de distintas autoridades en materia de juventud y de legisladores comprometidos con los jóvenes.

La propuesta tiene dos objetivos fundamentales: garantizar los derechos de los jóvenes y promover e impulsar su desarrollo integral.

¿Cómo lo vamos a lograr?

El proyecto de ley establece los principios rectores de interés superior de la juventud, como la igualdad, el respeto, la inclusión y la solidaridad, entre otros. Estos constituyen la piedra angular de la política de juventud, pues orientan las acciones del gobierno a favor de los jóvenes; se establecen las garantías y obligaciones de los jóvenes, aclaro que no se trata de crear nuevos derechos, sino de que esta ley sea un instrumento de referencia de los que ya se tienen. Se trata de garantizar su ejercicio y de impulsar su desarrollo. De manera relevante, se establecen las bases para la construcción de un modelo de política de juventud que impulse eficazmente el desarrollo integral de este sector, hay consideraciones fundamentales que el gobierno debe incluir para crear una política eficaz y que hasta hoy no se toman en cuenta, por ejemplo, las edades, las ocupaciones y las expectativas que son diferentes entre los jóvenes, la dimensión física y psicológica de los jóvenes, la visión transversal que debe tener la política para este sector con la finalidad de construir y consolidar el trabajo coordinado de las distintas instituciones públicas y de la sociedad en general a favor de los jóvenes.

Asimismo, el proyecto de ley crea el sistema de juventud a través del cual se abren los espacios de participación e intervención directa de todos los sectores de la sociedad, es decir, se involucra al gobierno y a la sociedad en la toma de decisiones y acciones a favor de la juventud.

De la misma manera, se definen atribuciones y obligaciones específicas para las dependencias del gobierno en relación con la atención de los jóvenes; se consideran asuntos tales como la cobertura y calidad educativa, el empleo bien remunerado y la seguridad social, la salud alimentaria, sexual y reproductiva, la erradicación de las adicciones, la cultura, el deporte, el medio ambiente y la participación social, entre muchos más.

La propuesta, en otro ámbito, fortalece los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas y prevé responsabilidades y sanciones en caso de su incumplimiento. Sin lugar a dudas, esta iniciativa no será la única respuesta a las necesidades de la juventud, pero sí se convertirá en una de las herramientas más relevantes desde el ámbito jurídico, una Ley de la Juventud que impulse la coordinación de esfuerzos será parte de la respuesta a la esperanza de esos 36 millones de jóvenes que hoy en día no se sienten parte de la sociedad porque no tienen un espacio en las escuelas, en el empleo o en la cultura; o porque no se les permite participar en los asuntos estratégicos de la nación.

Este proyecto que cuenta con el aval de Senadores de todas las fracciones políticas, busca hacer justicia a la tercera parte de nuestra población.

Señoras y señores Senadores, tenemos en nuestras manos la oportunidad de dar a la juventud mexicana el impulso que necesita y que tanto espera de sus gobernantes. Empecemos hoy ya, sumándonos y promoviendo esta iniciativa.

Por su atención, muchas gracias.

Iniciativa

“H. ASAMBLEA:

Los que suscriben, Senadores Daniel Gabriel Ávila Ruiz, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional; Carlos Alberto Puente Salas, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México y, Roberto Armando Albores Gleason, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, todos integrantes de la Comisión de Juventud y Deporte, así como Senador Armando Ríos Piter e Iris Vianey Mendoza Mendoza, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática; Ana Gabriela Guevara Espinoza, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo y; María Elena Barrera Tapia, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los artículos 8 numeral I, fracción I, 164 y 169 del Reglamento del Senado de la República, presentan a consideración de esta Soberanía:

Iniciativa con proyecto de decreto por el que expide la Ley de la Juventud, y se reforma el artIculo 2 de la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud, con la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

México es un país con una amplia historia en su creación y desarrollo, de la que los mexicanos debemos aprender con el fin de contribuir en la construcción de una mejor Nación.

En el recorrido histórico de nuestro país, uno de los principales objetivos ha sido, sin duda alguna, el transitar hacia un Estado de Derecho. En esa tarea el Estado mexicano ha realizado importantes esfuerzos por reconocer y preservar primordialmente los derechos humanos.

Uno de los principales antecedentes que marcaron el inicio del reconocimiento de los derechos humanos es la Constitución de 1857, seguido del reconocimiento en la Constitución de 1917; en la cual se establecen y desarrollan ampliamente los derechos humanos fundamentales de los seres humanos.

Desde entonces nuestra Constitución ha sido enriquecida con el reconocimiento de derechos tanto de los seres humanos, como sociales o colectivos.

En el mismo sentido, la labor legislativa del Estado ha ido avanzando y con ella, han nacido a la vida jurídica diversas leyes e instituciones encargadas de reconocer y proteger los derechos de las personas, como seres humanos, y de sectores específicos, como los derechos de las niñas, niños y adolescentes, de las personas adultas mayores, y de los pueblos y comunidades indígenas, por mencionar algunos.

A nivel internacional es muy amplia la cantidad de instrumentos jurídicos firmados por nuestro país en materia de protección de derechos humanos.

No obstante todos estos logros obtenidos por nuestra Nación, los constantes cambios y las circunstancias especiales de nuestra sociedad evidencian la necesidad de continuar trabajando en la protección de derechos humanos, con la finalidad de que no existan grupos de personas marginados y desprotegidos por el Estado.

Lamentablemente al mirar el panorama de la juventud mexicana encontramos un grave problema de rezago social que, de no atenderse a la brevedad, continuará agravando la calidad de vida de los jóvenes, y pondrá en riesgo su futuro y el desarrollo de la sociedad mexicana.

Basta revisar brevemente el contexto social en el que se encuentran, para darse cuenta de la gravedad del problema.

De los 112 millones 336 mil 538 personas que, en promedio, componen la población total de nuestra sociedad, poco más de 35 millones son jóvenes1, de entre 12 y 29 años de edad es decir, el 33% del total de la población mexicana es de jóvenes2.

Desafortunadamente la historia por la que han transitado los jóvenes ha estado marcada por obstáculos y dificultades sociales que no sólo han limitado su desarrollo integral sino que los tienen en un estado de rezago social que día con día se incrementa; ante el cual se corre el riesgo de un cambio social trascendente en perjuicio de la estabilidad de nuestro país.

Tan sólo en educación y empleo, 8 millones de jóvenes, no estudian y no trabajan3. De éstos, algunos son migrantes (2 millones4), otros cuentan con trabajos no registrados (1 millón5) como el subempleo con bajos salarios, carencia de prestaciones sociales, falta de seguridad laboral y perspectivas de mejora laboral negativas. Otros más están en los reclusorios (119 mil6), y el resto, poco más de 4 millones, expuestos a las redes del crimen organizado bajo la esperanza de obtener prosperidad que mediante otras vías se ve muy complicado de conseguir.

De los jóvenes con empleo, la última encuesta sobre juventud arrojó que el 61.43% de las y los jóvenes ganan entre 1 y 3 salarios mínimos7.

Por lo que hace a la cobertura educativa sólo en el nivel medio superior, origina que cada año miles de jóvenes queden sin oportunidad de estudiar, así por ejemplo, para el ciclo escolar 2009-2010, 2.4 millones quedaron fuera del sistema escolarizado y, en educación superior, solamente ingresará el 27.6% de la población en edad de cursarla.

Respecto a la salud, el 50% de las y los jóvenes no tienen acceso a algún servicio de salud, y adicionalmente el 70% de los jóvenes, como grupo etario, tienen contacto con alcohol y drogas8 convirtiéndose para algunos en el principal problema que enfrentan durante su juventud.

Por ejemplo, entre 2002 y 2008, el consumo de mariguana creció en un millón de adictos y el de cocaína en un millón 350 mil adictos9. Y de acuerdo con la Encuesta Nacional de Adicciones 2011, de 2008 a 2011, el consumo de mariguana en los jóvenes varones pasó del 2.5 al 3.0%, y el de cocaína pasó del 0.7% al 2.2%, por lo que sigue siendo un problema de salud pública.

En el tema de la seguridad, es alarmante que cerca del 50% de quienes están en las cárceles de toda la República Mexicana son jóvenes10. Resulta igualmente alarmante el grado de desintegración del tejido social que se percibe con tristeza en diferentes ciudades del país en donde el sector juvenil es el principal afectado.

Estas son las cifras oficiales, pero al salir a las calles, comunidades, colonias y regiones del país no es diferente el panorama que se aprecia directamente.

En nuestra experiencia personal, particularmente durante la última década en la que hemos tenido el privilegio de asumir distintas responsabilidades social como servidores públicos en diferentes áreas, y ahora como Senadores de la República, esa misma perspectiva desalentadora es la que se repite en muchas de las pláticas que hemos tenido con jóvenes durante nuestras visitas a Universidades, y recorridos por diversas regiones urbanas, rurales e indígenas del país.

Sin lugar a dudas este panorama es crudo y opuesto a la idea de juventud, que por definición se refiere a una etapa de la vida de los individuos formativa, creativa, llena de vitalidad, de entusiasmo, de sensibilidad y de nobleza; etapa que constituye la oportunidad más grande de desarrollo para su persona, para sus familias, para su comunidad y en general para su Nación.

En efecto, los jóvenes por su condición humana particular representan un potencial humano que los hace formadores de cambios sociales y actores estratégicos para el desarrollo de cualquier sociedad.

No es menor el rol de los jóvenes dentro de la sociedad, que por excelencia forman parte de la Población Económicamente Activa (PEA). El Consejo Nacional de Población (CONAPO) refiere que cuando se presenta el fenómeno de transición demográfica en el que la población en edad de trabajar es mayor a la dependiente, entonces el potencial productivo de la economía nacional es mayor.

En nuestro país, los 35 millones de jóvenes mexicanos que representan el 33% del total de la población, constituyen uno de los motores más importantes para su desarrollo y por lo tanto la oportunidad más grande de desarrollo hacia los próximos 20 años, cuando alcanzará su máximo histórico, constituyendo en términos del CONAPO un verdadero bono demográfico, es decir; estamos ante la oportunidad de desarrollo más grande gracias al potencial que representan los jóvenes.

Esta es la paradoja entre la realidad que han enfrentado los jóvenes y la oportunidad que representan para su propio desarrollo y el de la Nación mexicana.

Ahora bien, desde lo legislativo, no existe un marco jurídico que verdaderamente garantice el desarrollo integral de los jóvenes. El único instrumento jurídico que tenemos a nivel federal data del 6 de enero de 1999, con la publicación de la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud, a través de la cual se pretende dar respuesta a las necesidades de los jóvenes. Sin embargo, se queda solo en un intento, pues su contenido es más bien de carácter orgánico y regulatorio de la única institución creada para responder a las demandas de la juventud, denominado “Instituto Mexicano de la Juventud”, sin establecer la forma de garantizar las necesidades más básicas como la salud, la educación, el empleo, el deporte, la cultura, la información y su participación social, ni contemplar las bases que fortalezcan al Ejecutivo para diseñar una política de juventud eficaz.

Las instituciones de la Administración Pública Federal, como responsables de formular la política de juventud para impulsar el desarrollo integral de los jóvenes, requieren de una verdadera política de juventud para lograr avances importantes en la materia.

Debemos reconocer los esfuerzos de los gobiernos que han implementado diversas acciones y programas dirigidos al desarrollo de los jóvenes, que en varios casos han sido muy exitosos; sin embargo, dichas acciones y programas por si solos no constituyen la política de juventud, y naturalmente sus resultados no han tenido los alcances que debe tener la política misma. Es decir, se debe tener claridad que una política pública no es cualquier acción de gobierno, –como lo son los programas en específico- que pueda ser pasajera, en respuesta a circunstancias coyunturales. El distintivo se encuentra en la construcción de la estrategia nacional a través de la cual el gobierno atenderá de manera integral los problemas públicos de los jóvenes de toda la República mexicana, tomando en cuenta sus diferencias por razones de edad, y circunstancias específicas.

Como Senadores de la República, una de nuestras principales preocupaciones y compromisos con la sociedad mexicana ha sido y es, estar al pendiente de las principales necesidades que enfrenta la población, y de impulsar desde nuestra posición como representantes sociales y a través de nuestra labor legislativa las iniciativas y propuestas que respondan a dichas necesidades, y que brinden mejores oportunidades de desarrollo.

Este es el diagnóstico y estas son las razones por las que estamos empeñados en impulsar el desarrollo de la juventud, y por las cuales hoy estamos planteando esta iniciativa.

Se trata de una propuesta que busca hacer justicia social, integrada a partir del contexto real en el que han vivido, y viven los jóvenes mexicanos; sus principales necesidades y obstáculos que enfrentan, así como el potencial que representan para nuestra nación.

También debemos destacar la contribución que muchos jóvenes han tenido y siguen teniendo para exhibir sus necesidades, pero sobre todo para plantear propuestas de solución. En esta iniciativa se recogen las principales aportaciones de los jóvenes que participaron en 26 foros realizados durante 2008, organizados por el Instituto Mexicano de la Juventud en coordinación con los Institutos Estatales de la Juventud, en distintas regiones del país.

La propuesta se enriquece, de manera sustantiva, con los resultados de los tres Foros Nacionales de Juventud, organizados durante 2011 por la Comisión de Juventud y Deporte de la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados, en distintas regiones de la República Mexicana: Región sur; con sede en el Estado de Chiapas, celebrado del 7 al 9 de junio de 2011; Región Norte; con sede en el Estado de Baja California, celebrado del 11 al 14 de agosto de 2011; Región Centro, con sede en el Estado de Puebla, celebrado los días 7 y 8 de octubre de 2011.

Asimismo, recoge las aportaciones realizadas por el propio Instituto Mexicano de la Juventud, así como las realizadas por diversas organizaciones civiles vinculadas con la juventud y, las más de 10 iniciativas que diversos compañeros legisladores de distintos partidos políticos han presentado durante los últimos años, y que enriquecieron la presente iniciativa.

Una aportación importante al enriquecimiento de este proyecto, fueron los resultados obtenidos durante el Foro Legislativo Mundial sobre Juventud, realizado del 25 al 27 de agosto de 2010, por la Comisión de Juventud y Deporte de la Cámara de Diputados, en el marco de la Conferencia Mundial de la Juventud.

En resumen, se trata de un proyecto incluyente elaborado a partir de nuestra experiencia en el tema, sustentado en la realidad social, en las propuestas de los diversos actores, así como en el modelo requerido para el impulso de la juventud y del desarrollo nacional.

Lo valioso de la iniciativa consiste básicamente en lo siguiente:

Primero. Contar con una Ley de Juventud Federal, que incida en el establecimiento de la política de juventud nacional, con el modelo adecuado para responder a la realidad; que proteja verdaderamente a los jóvenes y garantice su óptimo desarrollo en los entornos económico, político, psicológico, social y cultural.

Segundo. Oportunidad del Gobierno y la sociedad para sacar a los jóvenes del rezago, del olvido, de la invisibilidad y de la carencia de oportunidades en las que se encuentran inmersos.

Tercero. Aprovechar el potencial que representa el bono demográfico que alcanzará su máximo histórico en los próximos diez años, y que significa para México la oportunidad de desarrollo más grande hacia los próximos 20 años.

Cuarto. Demostrar la voluntad política de los Senadores de la República y de los Diputados Federales, para iniciar dicha política de juventud, y asumir su corresponsabilidad con el Poder Ejecutivo Federal.

Lo novedoso del modelo de la propuesta fundamentalmente consiste en:

Primero. Expedir desde el Congreso de la Unión, la Ley de la Juventud, que tenga como finalidades garantizar el ejercicio de los derechos de los jóvenes, e impulsar su desarrollo integral.

Segundo. Establecer los principios fundamentales para preservar los intereses superiores de la juventud en la implementación de la política de juventud.

Tercero. Aportar un instrumento legal que sirva como referencia para conocer con claridad los derechos de los jóvenes, reconocidos en los diversos instrumentos jurídicos tanto nacionales como internacionales, de los que son beneficiarios.

Cuarto. Fomentar la cultura de participación y corresponsabilidad de la juventud, para el respeto y ejercicio pleno de sus derechos, y el progreso de nuestra sociedad.

Quinto. Aportar el diseño para la construcción del modelo de la política de juventud, que impulsará eficazmente el desarrollo integral de los jóvenes de las distintas regiones del país.

El diseño representa una aportación basada en los resultados del estudio de la política pública, de las experiencias en otros gobiernos en la materia, de las experiencias y resultados en el tratamiento de la juventud por parte de las acciones de diversos gobiernos, y desde luego de la experiencia y resultados de nuestro propio gobierno.

Se sugiere, a través de este diseño:

a) La intervención conjunta, coordinada, específica y eficaz de todas las instituciones gubernamentales del Estado; de los distintos Poderes de la Federación, dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, órganos constitucionales autónomos, órganos con autonomía legal, gobiernos de los Estados, del Distrito Federal y de los Municipios, así como la participación de los sectores privado y social. Es decir, se trata de una tarea donde gobierno y sociedad debemos asumir nuestra corresponsabilidad con los jóvenes.

b) Orientar sobre las dimensiones que deben considerarse para lograr un desarrollo integral de los jóvenes: físicas, psicológicas y de trascendencia de los jóvenes.

Al respecto, al abordar la dimensión física se podrán atender las necesidades del estado físico de los jóvenes y la atención de sus necesidades materiales que le proporcionan un estado de tranquilidad tales como la alimentación, la salud, el vestido, la vivienda y los ingresos económicos, entre otros.

Con la dimensión psicológica, la política se orientará a desarrollar el potencial racional del ser humano,acercándolos a la información y el conocimiento que requieren los jóvenes.

Finalmente, al tomar en cuenta la dimensión de trascendencia de los jóvenes, la política de juventud podrá atender las necesidades de creencia, principios y valores de los jóvenes, que orienten su conducta.

c) Tomar en cuenta la diferenciación juvenil que existe entre los jóvenes, considerando que sus necesidades y prioridades son distintas a partir de sus características grupales por edades, expectativas, ocupaciones, y sexo.

Sexto. Instituir el Sistema de Juventud, con la finalidad de fortalecer la coordinación interinstitucional e involucrar a las instituciones gubernamentales con incidencia directa en el desarrollo de la juventud, desde su ámbito de competencia, en la construcción y ejecución de la política de juventud.

Séptimo. Establecer desde la ley, el mínimo de atribuciones, obligaciones, responsabilidades y sanciones de las instituciones públicas con la finalidad de proteger los derechos de los jóvenes y garantizar la satisfacción de las necesidades básicas.

Octavo. Crear los mecanismos de vinculación natural entre el Poder Ejecutivo, y el Poder Legislativo, a fin de lograr una verdadera coordinación de trabajo entre la planeación y ejecución de la política de juventud a cargo del Poder Ejecutivo, y la labor legislativa, presupuestaria y de evaluación a cargo del Poder Legislativo. Se trata de conjuntar esfuerzos coordinados para contar con una política de juventud sólida que se refleje en el alcance, en la eficiencia y en la eficacia de sus acciones, y en general en los mayores beneficios de desarrollo para la juventud.

Se pretende establecer las bases jurídicas para que el Ejecutivo Federal, por conducto la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y con el apoyo del IMJUVE, establezcan mecanismos específicos para dar seguimiento y evaluar los efectos de los recursos destinados a la atención de los jóvenes, así como a las acciones que garanticen las condiciones necesarias para su desarrollo integral.

De la misma manera, se busca que las instituciones gubernamentales responsables de programas y acciones dirigidas en beneficio de la juventud, generen información estadística de seguimiento y evaluación, a fin de contar con la información que permita conocer el impacto de la política de juventud en el ámbito de su competencia.

Finalmente, todas estas autoridades responsables de las instituciones gubernamentales deberán presentar un informe trimestralmente al Poder Legislativo. Dicho informe es de suma importancia ya que aportará a los legisladores los elementos de análisis básicos para una asignación presupuestal más eficiente, en el Presupuesto de Egresos de la Federación, así como para la actualización del marco jurídico nacional, que responda a las necesidades de la juventud.

Noveno. Establecer con claridad el sector de personas al que se orientarán los objetivos de la Ley, determinando el rango de edad del sector al que se destinará la política de juventud por parte de las instituciones gubernamentales, evitar duplicidad de acciones por parte de las instituciones públicas, y armonizar nuestro marco normativo.

Al respecto, resulta relevante señalar que el término “joven” corresponde a una etapa en la vida del ser humano que hace referencia a un parámetro cronológico comprendido dentro de los primeros años de vida, aunque los rangos que tal etapa incluye son variables en las distintas legislaciones estatales, nacionales e instrumentos internacionales. Así por ejemplo, la Ley de Juventud del Estado de Yucatán, establece en el artículo 2, “Para todos los efectos de esta Ley, se considera como joven a las personas hombres y mujeres que tengan entre 14 y 29 años de edad”. La Ley de la Juventud del Estado de México, prevé en su artículo 3, “Para efectos de esta Ley, se entiende por:” fracción VI “Jóvenes.- A las mujeres y a los hombres cuya edad este comprendida entre los catorce y veintinueve años;”. En el ámbito federal, la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud prevé en su artículo 2, “Por su importancia estratégica para el desarrollo del país, la población cuya edad quede comprendida entre los 12 y 29 años, será objeto de las políticas, programas, servicios y acciones que el Instituto lleve a cabo, …”. En el orden internacional, en un ejercicio comparativo, tanto la Organización de la Naciones Unidas como la Convención Iberoamericana de los Derechos de los Jóvenes identifican como joven a las personas que quedan comprendidas entre los 15 y 24 años de edad.

Por otro lado, al revisar nuestro marco jurídico federal vigente encontramos que la Ley para la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes, cita en el artículo 2, “para los efectos de esta ley, son niñas y niños las personas de hasta 12 incompletos, y adolescentes los que tienen entre 12 años cumplidos y 18 años incumplidos”.

Considerando todas estas variables en el sistema normativo, que actualmente existen, y en virtud de que en el orden federal existen dos leyes que velan por la protección de dos sectores importantes de la sociedad, los niños y los jóvenes, y que existe actualmente un rango de edades que son objeto de la protección de ambas normas -las personas de entre 12 y 18 años de edad-, resulta fundamental armonizarlas para delimitar las acciones específicas, evitar duplicidad de estas y direccionar las acciones gubernamentales con mayor claridad, eficiencia y eficacia, a fin de lograr la mayor cobertura de beneficios para los diversos sectores sociales.

Por esas razones, se propone establecer como objeto de la Ley de la Juventud, a las personas cuya edad esté comprendida entre los 15 y 29 años.

Y se deja como objeto de la Ley para la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes, a las personas cuya edad esté comprendida hasta los 14 años.

Bajo estas consideraciones y a fin de dar fluidez y rapidez al proceso legislativo que corresponda a la presente propuesta, presentaremos por separado la iniciativa para reformar la Ley de referencia.

Finalmente, es de suma importancia destacar que la iniciativa no presenta un impacto presupuestario, toda vez que para cumplir con sus objetivos las instituciones públicas no generarán un gasto presupuestario adicional al que contemplan, y en su caso, precisamente corresponderá a la Administración Pública Federal establecer las política para distribuir los recursos que se le asignen para cumplir con sus nuevas obligaciones.

Estamos seguros que con esta propuesta nos estaremos poniendo a la vanguardia en el tema de política de juventud, y sobre todo estaremos estableciendo el diseño y los instrumentos para incidir eficazmente en el desarrollo pleno de los jóvenes, en la cohesión de la sociedad mexicana y en el aprovechamiento del potencial que representa el bono demográfico, el cual alcanzará su máximo histórico en los próximos diez años, y que significa para México la oportunidad de desarrollo más grande hacia los próximos 20 años.

Por todo lo anterior, se somete a consideración de esta Honorable Asamblea el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY DE LA JUVENTUD, Y SE REFORMA EL ARTICULO 2 DE LA LEY DEL INSTITUTO MEXICANO DE LA JUVENTUD.

Artículo Primero. Se expide la Ley de la Juventud.

Capítulo I

Disposiciones Generales

Artículo 1. La presente Ley es de orden público, interés social y de observancia en toda la República Mexicana. Tiene por objeto garantizar el ejercicio de los derechos de los jóvenes, e impulsar su desarrollo integral, mediante:

I. La promoción y difusión de los derechos de los jóvenes;

II. La distribución de competencias de la Administración Pública Federal y el establecimiento de las bases de coordinación con los gobiernos de los Estados, del Distrito Federal y de los Municipios;

III. El establecimiento de los principios para la formulación de la Política de Juventud;

IV. La creación del Sistema de Juventud, con la finalidad de fortalecer la política nacional en la materia;

V. El establecimiento de las bases que orientarán la implementación de programas y acciones creados para el desarrollo integral de los jóvenes, y

VI. El establecimiento de los programas y acciones básicos que contribuyan al desarrollo integral de los jóvenes.

Artículo 2. Para los efectos de la presente Ley, joven es toda persona cuya edad está comprendida entre los 15 y 29 años.

Artículo 3. Para los efectos de la presente Ley se entenderá por:

I. Constitución: LaConstitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;

II. La juventud o los jóvenes: Las y los jóvenes referidos en el artículo anterior, incluyendo aquéllos jóvenes con discapacidades y de los grupos étnicos.

III. Derechos de los jóvenes: Son los reconocidos en esta Ley, en la Constitución, en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, y en los demás ordenamientos jurídicos vigentes;

IV. Desarrollo integral: El proceso sistemático, económico, social, cultural y político que garantiza el mejoramiento constante del bienestar de toda la población y de todas y todos los individuos, sobre la base de su participación activa, libre y significativa en el desarrollo y la distribución justa de los beneficios que de él deriven;

V. Instituto o IMJUVE: El Instituto Mexicano de la Juventud, y

VI. Sistema: El Sistema de Juventud.

Artículo 4. La aplicación de las disposiciones previstas en la presente Ley se hará sin perjuicio de lo que establezcan otras normas relacionadas con la juventud

Artículo 5. Las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, así como los demás órganos autónomos, tomarán las medidas administrativas necesarias y podrán celebrar acuerdos de coordinación entre sí, a efecto de garantizar el cumplimiento de los objetivos de la presente Ley.

Capítulo II

Principios Rectores de la Ley

Artículo 6. Para garantizar el cumplimiento de los derechos reconocidos a los jóvenes en esta Ley se observarán los siguientes principios:

I. Universalidad: Todos los jóvenes gozan de los mismos derechos. La política de juventud buscará invariablemente el beneficio de la generalidad de los jóvenes, sin exclusión ni discriminación alguna motivada por cualquiera de los actos a que se refiere este artículo;

II. Igualdad: Los jóvenes pueden acceder en igualdad de condiciones, a los beneficios de la política de juventud;

III. No discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas;

IV. Respeto: reconocimiento a la diversidad cultural y de pensamiento;

V. Participación: las políticas públicas en materia de juventud serán diseñadas e implementadas con la participación de este sector;

VI. La transversalidad de las políticas públicas, que consiste en la elaboración y ejecución de estrategias, programas y acciones coordinadas o conjuntas en materia de juventud, entre los distintos Poderes de la Federación, dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, órganos constitucionales autónomos, órganos con autonomía legal, gobiernos de los Estados, del Distrito Federal y de los Municipios, en el ámbito de sus respectivas competencias.

En el ejercicio de la transversalidad también se buscará la participación de los sectores privado y social;

VII. Inclusión: las políticas públicas tomarán en cuenta las diversidad de los grupos que integran al sector de los jóvenes;

VIII. Equidad: en el acceso y disfrute de los derechos para el desarrollo integral de los jóvenes;

IX. Solidaridad: deberá fomentarse el apoyo y la colaboración entre los jóvenes y en sus relaciones con otros grupos sociales, con la finalidad de fortalecer los vínculos de unidad y de desarrollo, y

X. Corresponsabilidad: deberá involucrar a los miembros de la familia, a los jóvenes, al gobierno y a los demás sectores de la sociedad en la resolución de los problemas que aquejan a la juventud.

Artículo 7. Corresponde a las autoridades federales, en el ámbito de sus atribuciones, realizar las acciones necesarias para el cumplimiento eficaz de estos principios, y el cumplimiento del objeto de la presente Ley.

Asimismo, sin perjuicio de lo anterior, es deber de la familia, de las comunidades y en general de la sociedad mexicana promover y coadyuvar activamente al cumplimiento del objeto de la presente Ley.

Capítulo III

De los Derechos de los Jóvenes

Artículo 8. Los jóvenes gozarán de los derechos reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, los establecidos en esta Ley, y en los demás ordenamientos jurídicos vigentes.

La presente Ley establece de manera enunciativa y no limitativa los derechos de la juventud que deberán estar garantizados por las instituciones gubernamentales a las que se refiere este ordenamiento, sin menoscabo de lo previsto en el párrafo anterior, siendo los siguientes:

a) Económicos, sociales, culturales y ambientales:

I. A la salud.

II. A la educación y formación profesional.

III. Al trabajo, al salario dignos y a la protección social.

IV. Al deporte y esparcimiento.

V. A la cultura y las artes.

VI. A la información de su interés.

VII. A formar parte de una familia y a formar una familia.

VIII. Al medio ambiente saludable.

IX. A la vivienda digna.

b) Civiles y políticos:

I. A la igualdad.

II. A la no discriminación.

III. A una vida libre de violencia.

IV. A la participación social y política.

V. Al acceso a la justicia.

VI. A la libertad de expresión, reunión y asociación.

Artículo 9. Las instituciones gubernamentales a las que se refiere la presente Ley implementarán periódicamente campañas de difusión de los derechos de la juventud, en el ámbito de su competencia.

Capítulo IV

De los Deberes de la Juventud

Artículo 10. Los jóvenes tienen la obligación de participar activamente en la promisión y ejercicio de sus derechos, en su beneficio y el de la sociedad en general, respetando y cumpliendo con las obligaciones previstas en las leyes vigentes. De igual forma los jóvenes deberán:

I. Ejercer sus derechos de manera responsable;

II. Fomentar una cultura de respeto a los Derechos Humanos, a la paz, y de la legalidad de los actos;

III. Aprender y practicar principios y valores que contribuyan al constante mejoramiento de su calidad de vida y de la sociedad de la que son parte, y

IV. Aprovechar de manera racional y sustentable los recursos naturales.

Artículo 11. Los jóvenes son actores estratégicos para el desarrollo de la sociedad. Para lograrlo deberán contribuir activamente en los entornos económico, político, psicológico, social y cultural.

Capítulo V

De la Política de Juventud

Artículo 12. Corresponde a la Administración Pública Federal la formulación y conducción de la política de juventud, de conformidad con la Ley de Planeación y demás ordenamientos en la materia.

Las Entidades federativas y los Municipios podrán celebrar convenios de colaboración con la Federación, a efecto de coordinar esfuerzos en beneficio de la juventud.

Artículo 13. En la formulación de la política de juventud, orientarán a la Administración Pública Federal, además de los principios contenidos en el artículo 6, los siguientes:

I. Integralidad del joven. Tiene como finalidad cubrir las dimensiones físicas, psicológicas y de trascendencia de los jóvenes

La política de juventud abordará la dimensión física para atender las necesidades del estado físico de los jóvenes. La dimensión psicológica, será considerada para fortalecer el proceso de desarrollo mental, emocional y de toma de decisiones. La dimensión de transcendencia será considerada con la finalidad de satisfacer las necesidades de creencia, principios y valores, que orienten la conducta de los jóvenes.

II. Diferenciación juvenil. En la formulación de la política de juventud se considerará la distinción que existe entre las necesidades y las prioridades de los jóvenes a partir de sus características grupales por edades, expectativas, ocupaciones, y sexo.

Además la política de juventud deberá ser incluyente con todos los jóvenes, independientemente de sus capacidades.

III. Transversalidad de la política de juventud. En la formulación y ejecución de la política de juventud se tomará en cuenta la participación coordinada de los distintos Poderes de la Federación, dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, órganos constitucionales autónomos, órganos con autonomía legal, gobiernos de los Estados, del Distrito Federal y de los Municipios, en el ámbito de sus respectivas competencias.

Asimismo, se contemplara la participación de los sectores privado y social.

Artículo 14. La formulación y ejecución de la política de juventud, tendrá como objetivos, además de los establecidos por la Administración Pública Federal, los siguientes:

I. Garantizar a los jóvenes el pleno goce de los derechos establecidos en la presente Ley;

II. Impulsar el desarrollo integral de la juventud;

III. Promover la participación de los jóvenes y de todos los miembros de la sociedad, y

IV. Establecer las bases de planeación y realización de estrategias, programas y acciones entre las instituciones gubernamentales y los sectores social y privado.

Artículo 15. El Ejecutivo Federal, por conducto la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y con el apoyo del IMJUVE, establecerá mecanismos específicos para dar seguimiento y evaluar los efectos de los recursos destinados a la atención de los jóvenes, así como a las acciones que garanticen las condiciones necesarias para su desarrollo integral.

Las instituciones gubernamentales responsable de programas y acciones dirigidas en beneficio de la juventud, generarán la información estadística de seguimiento y evaluación, a fin de contar con la información que permita conocer el impacto de la política de juventud en el ámbito de su competencia.

Artículo 16. Las autoridades responsables de las instituciones gubernamentales a las que se refiere el artículo anterior deberán presentar un informe trimestralmente al Sistema, para el mejor desempeño de sus tareas.

Asimismo, deberán presentarán un informe trimestralmente al Poder Legislativo, que tendrá como finalidad hacerles de su conocimiento los avances en la materia, que les permita contar con los elementos de análisis para una asignación presupuestal más eficiente, en el Presupuesto de Egresos de la Federación, así como una actualización de las leyes, que faciliten el desarrollo integral de la juventud.

Artículo 17. Las autoridades sujetas a la presente Ley deberán difundir periódicamente los programas y acciones que anualmente implementen para el desarrollo de los jóvenes, a través de sus periódicos oficiales y demás medios de comunicación impresos, radio y televisión, portales de internet, y demás tecnologías de la información y la comunicación.

Capítulo VI

Del Sistema de Juventud

Artículo 18. El Sistema de Juventud es el conjunto de instituciones gubernamentales de la Federación, organizadas y coordinadas, con la finalidad de cumplir los objetivos de la política de juventud, y las disposiciones establecidas en la presente Ley.

Artículo 19. Conforme a los principios y las bases establecidas en esta Ley, las instituciones gubernamentales que integran el Sistema de Juventud, en el ámbito de su competencia y en los términos del presente ordenamiento, deberán coordinarse para:

I. Integrar el Sistema y cumplir con sus objetivos;

II. Proponer políticas integrales con visión transversal, sistemáticas, continuas y evaluables, así como estrategias, programas y acciones, en materia de juventud;

III. Ejecutar, dar seguimiento y evaluar las políticas, estrategias, programas y acciones dirigidas a los jóvenes, así como la aplicación presupuestal, a través de los mecanismos previstos por los ordenamientos de la materia vigentes;

IV. Diseñar y proponer a las instituciones gubernamentales programas especializados para el desarrollo de los jóvenes discapacitados, indígenas, migrantes y demás grupos de jóvenes vulnerables;

V. Dar seguimiento y evaluar el Programa Nacional de Juventud, y demás instrumentos programáticos en la materia, previstos en la Ley de Planeación;

VI. Conformar, de ser necesario, comisiones especiales para atender asuntos específicos de relevancia en materia de juventud, con la finalidad de dar cumplimiento a los objetivos de la política de juventud;

VII. Formular y ejecutar estrategias, programas y acciones conjuntas en materia de juventud, considerando a los jóvenes discapacitados y de los grupos étnicos, de forma coordinada y respetando el ámbito de competencia de las instituciones;

VIII. Determinar la participación de los sectores social y privado, con la finalidad fortalecer las estrategias y acciones que permitan lograr los objetivos de la política de juventud y de la presente Ley;

IX. Brindar asesoría y apoyar a los gobiernos de los Estados, del Distrito Federal, y de los Municipios a fin de fortalecer sus políticas de juventud y cumplir con el objeto de la presente Ley;

X. Promover y difundir el respeto de los derechos de los jóvenes;

XI. Fomentar la participación activa de la juventud;

XII. Realizar acuerdos de colaboración y coordinación con los gobiernos de los Estados, del Distrito Federal, de los Municipios, con la finalidad de cumplir con el objeto de la política de juventud y de la presente Ley, y

XIII. Realizar las demás acciones que sean necesarias para lograr el objeto de esta Ley.

Artículo 20. El Sistema estará integrado por las siguientes instituciones:

I. La Secretaría de Educación Pública, cuyo titular lo presidirá;

II. El Instituto Mexicano de la Juventud, cuyo titular fungirá como Secretario Técnico del Sistema;

III. La Secretaría de Gobernación;

IV. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público;

V. La Secretaría de Economía;

VI. La Secretaría de Desarrollo Social;

VII. La Secretaría del Trabajo y Previsión Social;

VIII. La Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano;

IX. La Procuraduría General de la República;

X. La Secretaría de Salud;

XI. La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales;

XII. La Cámara de Diputados, a través de la Comisión de Juventud;

XIII. La Cámara de Senadores, a través de la Comisión de Juventud y Deporte;

XIV. La Suprema Corte de Justicia de la Nación, y

XV. La Universidad Nacional Autónoma de México.

Artículo 21. Serán invitados a las sesiones del Sistema por razón de los asuntos a tratar, las personas, dependencias, órganos, asociaciones, y organizaciones que determine el Sistema así como, de manera enunciativa y no limitativa, los siguientes:

I. El Instituto Nacional de Estadística y Geografía;

II. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos;

III. El Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación;

IV. El Instituto Federal Electoral;

V. La Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas;

VI. Instituto Nacional de las Mujeres;

VII. Instituto Nacional de Migración;

VIII. Un representante de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior;

IX. Representantes de la sociedad civil, y

X. Los órganos de gobierno de los Estados, de los Municipios y del Distrito Federal encargados de la atención a la juventud.

Artículo 22. El Sistema celebrará sesiones ordinarias por lo menos cuatro veces al año y las extraordinarias que proponga su Presidente o cuando menos cinco de sus miembros.

Artículo 23. El Sistema sesionará válidamente con la asistencia de por lo menos la mitad más uno de sus integrantes. Las resoluciones se tomarán por mayoría de votos de los miembros presentes, teniendo su Presidente voto de calidad en caso de empate.

Artículo 24. A las sesiones acudirán personalmente los titulares de las instituciones que lo integran, y por excepción un representante con el nivel jerárquico inferior que le siga.

Los cargos y funciones que desempeñen los miembros del Sistema e invitados, serán honoríficos.

Capítulo VII

De las atribuciones y obligaciones de los instituciones públicas

para la protección de los derechos de los jóvenes

Artículo 25. Los Poderes de la Federación, órganos constitucionales y órganos con autonomía legal, tendrán la obligación de difundir periódicamente y garantizar los derechos de la juventud, en el ámbito de su competencia.

Artículo 26. Las autoridades a las que refiere el artículo anterior, promoverán permanentemente ante los gobiernos de los Estados, del Distrito Federal y de los Municipios, y ante los sectores social y privado, el respeto y garantía de los derechos de la juventud, en el ámbito de su competencia.

Para cumplir con sus fines promoverán la realización de los convenios de apoyo y de coordinación que se necesiten, respetando en todo momento el ámbito de su competencia y el objeto de la presente Ley.

Artículo 27. Los Poderes de la Federación, órganos constitucionales y órganos con autonomía legal impulsarán la generación de espacios de participación para la juventud, dentro del ámbito de su competencia. Asimismo, fomentarán su organización respetando sus propias expresiones.

Artículo 28. Para cumplir con el objeto de la presente Ley, y el de la Política de Juventud, las instituciones de gobierno emprenderán campañas informativas dirigidas a los jóvenes con la finalidad de difundir los servicios públicos y programas que ofrecen, y orientarlos en la forma en la que tendrán acceso a ellos.

En la difusión de estos deberán tomar en cuenta a los jóvenes con discapacidades y de los grupos étnicos.

Sección I

De la Protección de la salud

Artículo 29. Las instituciones públicas de salud se coordinarán, en el ámbito de su competencia, para implementar las medidas pertinentes que tengan como propósito garantizar la preservación de la salud de los jóvenes, además de las acciones previstas en esta Ley y en los demás ordenamientos en la materia.

Las instituciones de salud difundirán la información necesaria para la prevención de las enfermedades y adicciones que representen un riesgo para la salud de los jóvenes.

Artículo 30. A la Secretaría de Salud le corresponde:

I. Realizar las acciones necesarias para garantizar la cobertura de salud a todos los jóvenes de la República mexicana;

II. Implementar programas permanentes de educación, prevención y atención de las adicciones, con el objeto de erradicar el consumo de sustancias adictivas y mejorar las condiciones de salud de la juventud;

III. Realizar campañas de promoción de la salud juvenil, en las cuales aborden los temas de hábitos alimenticios, salud mental, salud sexual y reproductiva, y demás aspectos que incidan en el desarrollo saludable de la juventud, y

IV. Formular y ejecutar programas de prevención y atención de las infecciones de transmisión sexual, que pongan en riesgo la salud de los jóvenes, con la finalidad de generar una cultura de vida saludable, en coordinación con la Secretaría de Educación Pública.

Sección II

Del impulso a la educación y formación profesional

Artículo 31. Para salvaguardar el derecho de la juventud a la educación, las instituciones educativas realizarán acciones permanentes para ampliar la cobertura de la educación media superior y superior para los jóvenes, así como la investigación y la enseñanza de nuevos conocimientos para el desarrollo de la sociedad.

Las Instituciones educativas públicas y privadas, velarán por que la enseñanza que se imparta sea de calidad.

Sin perjuicio de lo que establezca la Ley General de Educación y cualquier otra disposición jurídica de la materia, las instituciones educativas promoverán entre la juventud los valores de identidad, libertad, solidaridad, participación activa, y todos aquellos que promuevan la unidad, así como el desarrollo humano y de la sociedad.

Artículo 32. A la Secretaría de Educación Pública le corresponde, además de lo previsto en la presente Ley:

I. Fomentar la educación de los jóvenes y su permanencia en la misma, más allá de la educación obligatoria, considerando a los jóvenes discapacitados y de los grupos étnicos;

II. Implementar programas y acciones tendientes a prevenir la deserción escolar por razones económicas y sociales;

III. Elaborar y ejecutar programas que propicien la conciliación de los jóvenes con la educación, el trabajo, la familia y la sociedad en general;

IV. Fomentar la participación de la familia en la educación formal los jóvenes;

V. Impulsar el acceso a una educación basada en principios y valores fundamentales y derechos humanos que promuevan el desarrollo personal y social de la juventud;

VI. Realizar acciones tendientes a garantizar el derecho de la juventud al acceso a la cultura en todas sus expresiones, así como al ejercicio de sus derechos culturales;

VII. Promover e implementar programas en materia de educación sexual y reproductiva;

VIII. Diseñar e implementar entre los jóvenes acciones de educación contra las adicciones;

IX. Promover entre los jóvenes de las distintas regiones socioculturales del territorio mexicano, las diversas expresiones culturales, interculturales y multiculturales, sin perjuicio de las demás disposiciones aplicables en la materia;

Para dar cumplimiento a lo previsto en esta fracción la Secretaría podrá celebrar acuerdos de colaboración con las demás dependencias de la Administración Pública Federal, de los Estados, del Distrito Federal y de los Municipios;

X. Incentivar la cultura física, deportiva y recreativa, y propiciar la recuperación, creación y mantenimiento de espacios para este fin, dentro de las instituciones educativas, y

IX. Promover la ampliación, construcción y mantenimiento de espacios educativos, y la actualización o sustitución de equipos de talleres y laboratorios, así como de mobiliario, en las escuelas, con la finalidad de ampliar y mejorar la calidad de los servicios educativos.

Sección III

Del acceso al trabajo y al salario dignos

Artículo 33. A la Secretaría del Trabajo y Previsión Social le corresponde:

I. Fomentar e implementar las acciones que promuevan el trabajo y el salario digno y la protección social para los jóvenes con discapacidades, de los grupos étnicos, y la juventud en general, en los sectores productivos, velando por el respeto irrestricto de los derechos a los que se refiere la presente Ley;

II. Elaborar y ejecutar programas de capacitación laboral para los jóvenes, que les permita desarrollar, potencializar y aplicar sus habilidades y conocimientos en el campo productivo. La Secretaría podrá realizar convenios de colaboración con empresas, industria y sector público, para cumplir con esta responsabilidad;

III. Elaborar y ejecutar programas que propicien entre los jóvenes la armonía con la educación, el trabajo y la familia;

IV. Realizar las acciones tendientes a fortalecer las medidas de seguridad y salud en el trabajo, a fin de disminuir los riesgos laborales;

V. Implementar programas que fomenten el emprendedurismo empresarial y social de los jóvenes;

VI. Promover la continua asignación de presupuesto para programas de fomento al empleo de los jóvenes;

VII. Realizar las acciones tendientes a promover la igualdad entre hombres y mujeres jóvenes en el acceso al mercado laboral y en el salario, y

VIII. Promover acciones para erradicar cualquier tipo de discriminación laboral.

Artículo 34. A la Secretaría de Economía le corresponde:

I. Impulsar el emprendedurismo juvenil mediante programas de asesoría, capacitación y gestión de recursos, para proyectos productivos;

II. Formular programas de vinculación entre el sector juvenil y el sector productivo nacional e internacional, y

III. Realizar las acciones que fomenten y faciliten a los jóvenes su incorporación al sector productivo del país.

Artículo 35. A la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano le corresponde:

I. Diseñar e implementar programas de fomento al emprendedurismo del joven rural;

II. Implementar programas de fomento y capacitación para la explotación productiva y racional de las tierras, y

III. Poner en marcha programas tendientes a generar la creación de empresas agropecuarias rentables y sustentables, que propicien la producción de las tierras y el arraigo de los jóvenes y de las nuevas generaciones.

Artículo 36. El IMJUVE contará con un programa permanente de bolsa de trabajo y orientación laboral que vincule a los jóvenes con las vacantes de los sectores productivos.

Para cumplir con esta responsabilidad, promoverá ante los sectores productivos los acuerdos que le permitan ampliar las oportunidades de empleo para la juventud.

Artículo 37. La Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo implementará periódicamente campañas de difusión de los derechos de los trabajadores jóvenes, considerando a los jóvenes discapacitados y de los grupos étnicos.

Asimismo, los asesorará y representará en los conflictos laborales cuando se lo soliciten, de conformidad con las leyes en la materia.

Artículo 38. La prestación del servicio social por parte de los jóvenes tenderá hacia la profesionalización de éstos, y hacia la generación de experiencia en el ámbito de su disciplina, como medio de inserción en el campo productivo.

Las instituciones ante quien presten su servicio social los jóvenes, deberán asignarles actividades encaminadas a poner en práctica los conocimientos académicos de su disciplina.

Sección IV

De la práctica del deporte

Artículo 39. Corresponde a la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte:

I. Elaborar y ejecutar programas y acciones tendientes a garantizar el acceso a la cultura física y el desarrollo de la práctica del deporte entre los jóvenes, considerando a los jóvenes discapacitados y de los grupos étnicos;

II. Implementar los mecanismos necesarios para la obtención de apoyos y estímulos que favorezcan el aprovechamiento idóneo de los beneficios del aprendizaje y práctica de las actividades a que se refiere la fracción anterior, sin perjuicio de lo que establezcan otros ordenamientos jurídicos en la materia, y

III. Promover y celebrar acuerdos de colaboración con las demás dependencias de la Administración Pública Federal, los Estados, el Distrito Federal y los Municipios, así como con las organizaciones, asociaciones y empresas que promueven el deporte y el desarrollo de los jóvenes, con la finalidad de dar cumplimiento a lo previsto en este artículo.

Sección V

Del impulso a la cultura y las artes

Artículo 40. A la Secretaría de Educación Pública a través del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, le corresponde:

I. Promover y orientar las diversas expresiones culturales y artísticas de la juventud, y el intercambio cultural nacional e internacional;

II. Promover la creación de espacios para las diversas manifestaciones culturales y artísticas de los jóvenes, considerando a los jóvenes discapacitados y de los grupos étnicos;

III. Implementar y difundir programas de acceso a las diversas manifestaciones culturales y artísticas de los jóvenes, respetando sus propios intereses y expectativas;

IV. Implementar programas que tengan como finalidad el enriquecimiento cultural de los jóvenes en los ámbitos de las artes plásticas, escénicas, musicales y literarias, de mayor representación de la cultura nacional e internacional, y

V. Fomentar las expresiones juveniles de las distintas regiones y grupos sociales del país, como medio para difundir, promover, preservar y enriquecer los bienes culturales, artísticos, y patrimonios históricos con los que cuenta la Nación.

Sección VI

Del acceso a la información de interés

Artículo 41. Corresponde al Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos, promover y difundir de manera permanente a través de todos los medios y espacios tradicionales y tecnológicos, el ejercicio del derecho de los jóvenes a la información de su interés, en poder de las instituciones públicas.

Artículo 42. El IMJUVE promoverá ante las diversas instituciones gubernamentales la difusión periódica de información relativa a los temas de interés e impacto para los jóvenes, a través de todos los medios y espacios tradicionales y tecnológicos.

La información deberá ser sistemática, plural, amplia y actualizada.

Asimismo, podrá realizar convenios de colaboración con los sectores social, público y privado para la difusión de la información, de conformidad con los ordenamientos aplicables.

Sección VII

Del acceso a una vida libre de violencia

Artículo 43. Las instituciones gubernamentales de la Administración Pública Federal encargadas de la seguridad pública, y de la procuración de justicia y de la reinserción social, así como el Poder Judicial de la Federación, encargado de la administración de justicia, tienen a su cargo las siguientes responsabilidades:

I. Garantizar por todos los medios a su alcance que los jóvenes vivan en un estado libre de violencia en sus diversas manifestaciones, e incorporar la protección contra los abusos sexuales y la trata de personas;

II. Fomentar y difundir entre los servidores públicos y la sociedad en general, de manera permanente, la cultura del respeto a los derechos humanos de jóvenes con discapacidades, de los grupos étnicos, y de la juventud en general, y

III. Realizar las acciones más eficaces conducentes a la prevención y erradicación de la violencia contra los jóvenes, en el ámbito de su competencia.

Sección VIII

Del desarrollo del medio ambiente saludable

Artículo 44. A la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales le corresponde:

I. Implementar programas y acciones permanentes tendientes a preservar, restaurar y mejorar el ambiente, proteger la biodiversidad y aprovechar de manera sustentable el suelo, el agua y los demás recursos naturales, de conformidad con las disposiciones previstas en la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y demás ordenamientos jurídicos de la materia, con la finalidad de ofrecer a la población un medio ambiente saludable;

II. Desarrollar programas de concientización y sensibilización de la población joven, sobre la importancia de la preservación y restauración del equilibrio ecológico y protección al ambiente, en coordinación con la Secretaría de Educación Pública;

III. Promover la participación activa de los jóvenes en el diseño, gestión, ejecución, evaluación y seguimiento de medidas apropiadas para enfrentar y contrarrestar la problemática ambiental y promover el desarrollo sustentable del ambiente, y

IV. Fomentar la cultura de la cooperación interinstitucional y social, mediante la constitución y consolidación de redes, con la finalidad de cumplir con las responsabilidades previstas en el presente artículo.

Sección IX

Del acceso a la vivienda

Artículo 45. La Administración Pública Federal garantizará el derecho de los jóvenes a la vivienda mediante:

I. La implementación de programas de créditos de interés social para viviendas dignas y sustentables, considerando la realidad salarial de los jóvenes;

II. La ejecución de programas de vivienda, acordes a las necesidades de los jóvenes de las diferentes regiones del país;

III. La implementación de programas de subsidios para jóvenes rurales e indígenas en situación de marginación, que les permita construir, ampliar o mejorar su vivienda y elevar su calidad de vida;

IV. La realización de acciones tendientes a garantizar que las viviendas de los jóvenes cuenten con los servicios básicos y la infraestructura necesaria que les permita mejorar su calidad de vida;

V. La implementación de programas de ampliación de la vivienda de los jóvenes, tendientes a garantizar su desarrollo pleno, y

VI. La realización de programas de regularización de la vivienda, para apoyar a los jóvenes en aquellos casos en los que tengan un interés legítimo.

Sección X

De la protección a la igualdad y a la no discriminación

Artículo 46. El Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y las demás Instituciones públicas afines, vigilarán y realizarán las acciones necesarias para salvaguardar el derecho a la igualdad y a la no discriminación de los jóvenes, en el ámbito de sus respectivas competencias.

Las organizaciones civiles juegan un papel primordial en el fomento de la igualdad y la no discriminación.

Sección XI

Del fomento a la participación

Artículo 47. Al Instituto Federal Electoral le corresponde:

I. Fomentar el derecho de los jóvenes a la participación activa en la vida política del país;

II. Implementar periódicamente campañas y acciones tendientes a incrementar la participación de los jóvenes en los asuntos de interés social y político de la vida nacional, y

III. Desarrollar cursos de capacitación para la juventud, tendientes a promover la participación juvenil y los valores democráticos.

Sección XII

Del respeto a la libertad de expresión, reunión y asociación

Artículo 48. A la Secretaría de Gobernación le corresponde:

I. Garantizar el ejercicio del derecho de libertad de expresión, de reunión y de asociación de los jóvenes, mediante los acuerdos y acciones necesarias con las diversas autoridades de los tres órdenes de gobierno;

II. Fomentar la libre expresión de las ideas, la libertad de reunión y de asociación de los jóvenes, y

III. Establecer mecanismos que propicien la creación de organizaciones y asociaciones de jóvenes, así como el fortalecimiento de las ya existentes, como medio para fomentar la participación de la juventud en la vida política y social del país.

Artículo 49. Las agrupaciones, organizaciones y los partidos políticos son corresponsables en la promoción de la participación social y política de la juventud, y del fomento de los valores democráticos de nuestra nación.

A todos ellos incumbe el fomentar una cultura de participación juvenil que propicie el desarrollo del país en un ambiente de respeto y de tranquilidad social.

Sección XIII

Del acceso a la justicia

Artículo 50. Al Instituto Federal de Defensoría Pública, como órgano del Poder Judicial de la Federación, le corresponde:

I. Prestar servicios de asesoría y representación jurídica gratuita a los jóvenes que lo requieran en los juicios en los que sean parte;

II. Difundir los servicios que presta valiéndose de los medios de comunicación y de los medios tecnológicos, y

III. Realizar cuando menos una vez al año la semana nacional de asesoría jurídica dirigida preferentemente a la juventud.

Capítulo VIII

De las Sanciones aplicables a los Servidores Públicos

Artículo 51. El incumplimiento de las disposiciones establecidas en la presente Ley será sancionado conforme a la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, y demás normas jurídicas que para el caso sean aplicables.

TRANSITORIOS

Primero. La presente Ley entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. El titular del Poder Ejecutivo Federal deberá expedir el Reglamento de la presente Ley, dentro de los 180 días siguientes a la entrada en vigor del presente Decreto.

Una vez expedido el Reglamento, el Sistema de Juventud deberá sesionar a más tardar a los 30 días siguientes de la entrada en vigor del presente Decreto.

Artículo Segundo. Se reforma el artículo 2 de la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud, para quedar como sigue:

Artículo 2.Por su importancia estratégica para el desarrollo del país, la población cuya edad quede comprendida entre los 15 y 29 años, será objeto de las políticas, programas, servicios y acciones que el Instituto lleve a cabo, sin distinción de origen étnico o nacional, género, discapacidad, condición social, condiciones de salud, religión, opiniones, preferencias, estado civil o cualquier otra.

TRANSITORIOS

Unico. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Senado de la República, a 26 de febrero de 2013.

Sen. Daniel Gabriel Avila Ruiz.- Sen. Carlos Alberto Puente Salas.- Sen. Roberto Armando Albores Gleason.- Sen. Armando Ríos Piter.- Sen.Iris Vianey Mendoza Mendoza.- Sen. Ana Gabriela Guevara Espinoza.- Sen. María Elena Barrera Tapia”.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, Senador Daniel Avila Ruiz. Túrnese a las Comisiones Unidas de Juventud y Deporte; y de Estudios Legislativos.

1 INEGI, Censo de población y Vivienda 2010, y CONAPO Proyecciones para el 2010.

2 Estimaciones para el 2010 del CONAPO.

3 Estimaciones al 2010 del CONAPO y Encuesta Nacional de Juventud 2005.

4 INEGI, conteo 2005.

5 Estimaciones al 2010 del CONAPO y Encuesta Nacional de Juventud 2005.

6 SEP-SSP. Sistema penitenciario mexicano, 2008. Conferencia del Episcopado Mexicano, Estudio sobre el sistema penitenciario, 2009.

7 La Encuesta Nacional de Juventud 2005 reportó este dato; la ENJ 2010 no lo indica.

8Encuesta Nacional de Salud 2006

9 Encuesta Nacional de Adicciones 2008.

10 Conferencia del Episcopado Mexicano, Estudio sobre el sistema penitenciario, 2009.

Se le concede el uso de la palabra al Senador Armando Ríos Piter, del grupo parlamentario del PRD, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley General de Deuda Pública.





 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE DEUDA PUBLICA

(Presentada por el C. Senador Armando Ríos Piter, del grupo parlamentario del PRD)

- El C. Senador Armando Ríos Piter: Compañeras y compañeros Senadores; con su permiso, señor Presidente.

La presente iniciativa es el complemento de dos, que a un servidor le ha tocado presentar frente a este Pleno, una que busca reformar la Constitución para atender la problemática que se vive en estados y municipios, derivada de la deuda que se ha venido incrementando de manera escandalosa en muchas entidades de la República y en muchos municipios.

A su vez, presentamos una iniciativa que lo que busca es el reglamentar ese planteamiento constitucional. Este tercer planteamiento que busca darle integralidad al Sistema Nacional de Deuda Pública que hemos propuesto, lo que busca es entender que el problema de la deuda de cómo está funcionando la hacienda en estados, en municipios y en la Federación, requiere de una gran renovación de nuestro marco jurídico.

El día de hoy, la iniciativa que estamos presentando, lo que busca es aportar elementos adicionales a lo que fue presentado el pasado 20 de febrero por parte del Auditor Superior de la Federación, y que son datos que tienen que escandalizarnos por el simple hecho de que se han presentado, y que signifique la presencia de cuestiones complejas en cómo está funcionando nuestro gasto público, con temas como el de la Estela de Luz, con casi 400 millones de pesos en observaciones que implican un incremento al gasto que estuvo originalmente presupuestado, o que los gobiernos estatales hayan entregado apoyos indebidos, así lo señala el documento de la Auditoría, al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación por casi 14 mil millones de pesos, la cifra es realmente escandalosa, es el programa total de PROCAMPO.

O, en su caso, cuando uno revisa el informe del auditor y habla de cómo están estados y municipios, nos dice que tres entidades concentraron para el 2011 el 70 por ciento de la deuda. Bueno, el tema es que el auditor no solamente revisa y supervisa el tema de la deuda en estados y municipios, sino que hace consideraciones igualmente puntuales sobre cómo está funcionando la deuda federal.

Respecto a las observaciones en materia de deuda señala, por ejemplo, ausencia de límites a la deuda federal, y esto es importante, el endeudamiento del gobierno federal es una situación, lo califica de alto riesgo, porque excede los niveles recomendados para los países en desarrollo, que oscila alrededor del 30 por ciento. ¿Por qué? Porque la forma en la que estamos haciendo la contabilidad es realmente mala, y no solamente hay que calificarla como mala, sino yo diría, porque es del conocimiento público y de todos y de cada uno de los que forman parte o han formado parte de la administración pública, de una gran mentira o de una gran forma de estar viendo las finanzas públicas con cierta hipocresía y con mucha opacidad.

¿A qué me refiero? Me refiero, por ejemplo, que en la norma actual, la definición de deuda pública no incluye conceptos como Pidiregas, no incluye los pasivos del IPAB, no incluye las pensiones, no incluye pasivos de fondos de fomento, de la banca de desarrollo, de fideicomisos, proyecto de prestación de servicios o asociaciones público-privadas.

De tal manera que los porcentajes que se manejan, en el discurso que recientemente nos ha tocado escuchar, de déficit cero, es verdaderamente una falacia, entonces si queremos verdaderamente pensar en finanzas públicas de una forma honesta, transparente, pero sobre todo con capacidad de que estas evolucionen en beneficio de una mejor administración del Estado mexicano, pues tenemos que transformar nuestro marco jurídico y entender que el problema de la deuda es un problema de los tres órdenes de gobierno, que implica a estados y municipios, pero que también implica una renovación de nuestro marco jurídico en el contexto federal.

Y yo vuelvo a traer a esta tribuna el planteamiento que he hecho en otras ocasiones. Si el Estado mexicano, si el gobierno o si el Congreso quieren convocar a un nuevo momento de la hacienda pública en cada uno de sus órdenes de gobierno, primero hay que poner orden en la casa.

Cómo vamos a salir o con qué cara vamos a salir con los ciudadanos que aquí estamos representando, a decirles: oye, vienen más impuestos, cuando no hay claridad en el gasto, y cuando no hay una evidencia, para importantes sectores de los 112 millones de mexicanos, de que el dinero se está utilizando bien; de que verdaderamente se están rindiendo cuentas y que verdaderamente está funcionando bien ese gasto para el cual estamos convocando a los ingresos.

Hace poco, y seguramente ustedes revisaron el tema de Tabasco, que tal vez el momento de moda de Tabasco, como lo fue hace algunos días o hace algunos meses Coahuila o como lo son otros municipios, hoy Tabasco, el reporte que tenemos es que la deuda, o el desfalco, habría que ver si es la primera o la segunda, es por 27 mil 200 millones de pesos. Un gobierno que cambió de partido.

En el caso de Zacatecas, que me parece un tema doblemente interesante, porque a nosotros nos tocó, o a mí en lo personal me tocó escuchar en reiteradas ocasiones al actual gobernador de Zacatecas, decir que le era imposible gobernar porque se le había quedado una deuda por un monto de 477 millones de pesos, bueno, esto fue en el 2009, y a poco más de dos años y medio, tres años que han transcurrido, la deuda hoy en Zacatecas es de 8 mil 254 millones de pesos, el primer discurso público del actual gobernador de Zacatecas, diciendo que le era imposible gobernar, y hoy son 8 mil 254 millones de pesos, y todavía falta un largo tramo, si es que la lógica en la que sigue gobernando hoy Zacatecas va a ser la que va a imperar, pero aquí no me quiero detener, en que sea Zacatecas o que sea Tabasco, o que sea cualquiera de los estados.

Compañeras y compañeros, es indispensable que este tema de la deuda lo veamos con profundidad. Insisto, lo que he reclamado frente a esta Asamblea, tenemos que verlo esto no solamente como la llave de entrada para la gran discusión fiscal, sino también como la primera condición para exigir cuentas, para exigir que verdaderamente sepamos que cada peso que está ahí utilizado le ha servido a la gente, y si no ha sido así, tener una explicación clara y puntual de parte de los gobernantes, de qué ha ocurrido con ese recurso público.

Por eso planteamos reconocer como deuda pública los pasivos contingentes, Pidiregas, avales, ADEFAS, pasivos del IPAB, obligaciones netas del Fondo Nacional de Infraestructura, proyectos público-privados, ¿para qué? Para tener una clara contabilidad y para no tener un discurso que aparece con bombo y platillo y que ignora a cabalidad la realidad que tenemos de nuestras finanzas públicas.

No es por el bien de un gobierno, es por el bien del devenir de la sociedad y de la forma en la que se está utilizando el dinero de la gente. Plantemos también la modernización del Sistema de Registro de Deuda en los tres niveles: generar indicadores de solvencia, liquidez, vulnerabilidad y garantizar un sistema de monitoreo que identifique cuando alguna entidad pública adquiere un monto de endeudamiento por arriba de su capacidad de pago.

¿Qué le estaremos pidiendo a las compañeras y compañeros Senadores que forman parte de la mesa de trabajo que ha sido instalada para revisar el tema de deuda en los estados? Así como se ha planteado escuchar al gobernador del Banco de México, como se ha planteado escuchar a la Asociación de Bancos, como se ha planteado escuchar a especialistas y académicos, pedir que asistan a audiencia pública los siguientes estados, que no sea una ocurrencia de un servidor, es en el informe que ha presentado el Auditor Superior de la Federación, y a decir en dicho informe los nueve estados que tienen condiciones críticas, que tienen condiciones de foco rojo y que tienen una problemática que tenemos que atender de fondo, y estoy hablando de los estados de Coahuila, de Quintana Roo, de Nuevo León, Nayarit, Michoacán, Sonora, Veracruz, Tamaulipas y Zacatecas.

Es indispensable, compañeras y compañeros, que quienes hoy gobiernan esos lugares pues nos vengan a decir, cuáles son los problemas que enfrentaron, tal vez de la herencia de deuda que les dejaron Pero que nosotros podamos preguntarles, y con toda puntualidad, ¿cómo está el problema? ¿Es un problema de flujo de gasto? ¿Es un problema que no le están llegando las partidas presupuestales a tiempo? ¿Es un problema de que existe una serie de condiciones que están fuera de órbita? ¿Qué es lo que está pasando en los estados? Ese es el planteamiento que estamos haciendo.

Y también, y cerraría con eso, compañeras y compañeros, pedir que vengan los que el Auditor Superior de la Federación nos dice en su informe del pasado 20 de febrero, que son los diez municipios que más deuda tienen y que más escandaloso incremento han tenido: Guadalajara, Jalisco; Acapulco, Guerrero; Tijuana, Baja California; Monterrey, Nuevo León; Zapopan, Jalisco; Benito Juárez, Quintana Roo; Nuevo Laredo, Tamaulipas; Mexicali, Baja California; San Nicolás de los Garza en Nuevo León y Tlaquepaque, Jalisco.

El buen funcionamiento de la deuda refleja la posibilidad de que sean finanzas públicas sanas, trabajemos en esto, compañeros, porque ahí no solamente está la posibilidad de una hacienda pública mejor para los mexicanos, sino ahí es donde están muchos de los hoyos de corrupción que tenemos que tapar.

Es cuanto, señor Presidente.

Iniciativa

“Quien suscribe, Senador ARMANDO RIOS PITER, integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática a la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 71 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como los artículos 8° numeral 1, fracción I, 164 numeral 1, 169 y 172 del Reglamento del Senado de la República, sometemos a la consideración de esta Soberanía, la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE DEUDA PUBLICA, al tenor de las siguientes:

ANTECEDENTES

El pasado 1° de septiembre de 2012, el Ejecutivo Federal presento ante el Senado de la República una reforma a la Ley General de Contabilidad Gubernamental, para transparentar y armonizar la información financiera relativa a la aplicación de recursos públicos en los distintos órdenes de gobierno, misma que fue aprobada el 12 de noviembre de 2012. Esta reforma es de vital importancia para el fortalecimiento de la transparencia y acceso a la información para entes públicos, el Constituyente aprobó fortalecer las facultades del Consejo Nacional de Armonización Contable para establecer criterios específicos en materia de contabilidad gubernamental y el acceso de información financiera vía internet, con el fin de acelerar la armonización contable de los entes públicos en materia de programación, presupuesto, ejercicio, evaluación y rendición de cuentas; transparencia y acceso a la información del Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal y al Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos; información de plazas en el sector salud; el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal; Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal; fondos de ayuda federal para la seguridad pública; especialmente en contratación de deuda y amortizaciones de entidades y municipios.

La reforma establece la obligación a los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Federación y de las entidades federativas; los entes autónomos de la Federación y de las entidades federativas; los ayuntamientos de los municipios; los órganos político-administrativos de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal; y las entidades de la administración pública paraestatal, ya sean federales, estatales o municipales, de que toda la información financiera en las etapas de programación, presupuesto, ejercicio, evaluación y rendición de cuentas, deberá presentarse conforme a las normas y los formatos, con la estructura y contenido de la información, que para tal efecto establezca el Consejo Nacional de Armonización Contable y difundirse de manera permanente en la página de Internet del respectivo ente público.

En materia de información financiera obliga a los entes públicos la obligación de publicar de manera accesible vía internet, en tres etapas claves: la primera, en el proceso la elaboración de las iniciativas de ingresos y los proyectos de presupuesto de egresos; la segunda; las leyes de ingreso y egresos aprobados, incluyendo los indicadores de evaluación del desempeño de los programas y políticas públicas, y la tercera etapa, el avance en la información financiera que refleja el gasto comprometido y devengado, y relacionarlo con el destino del gasto y el beneficio o impacto que se pretende lograr en la población con esas erogaciones.

Se aprueban nuevas disposiciones en materia de transparencia y acceso a la información para el ejercicio de recursos del Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal y al Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos. Sobresale la obligación impuesta a las entidades federativas paraentregar a la Secretaría de Educación Pública el número total del personal comisionado y con licencia, con nombres, tipo de plaza, número de horas, funciones específicas, claves de pago, fecha de inicio y conclusión de la comisión o licencia, así como el centro de trabajo de origen y destino; los pagos realizados durante el periodo correspondiente por concepto de pagos retroactivos hasta por cuarenta y cinco días naturales, siempre y cuando se acredite la asistencia del personal beneficiario durante dicho periodo en la plaza respectiva.

La reforma incluye disposiciones en materia de transparencia y acceso a la información en los siguientes temas en el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal, en el Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal y los fondos de ayuda federal para la seguridad pública. Y de manera especial se amplía la información financiera en materia de contratación de deuda y amortizaciones a entidades y municipios. Finalmente, se establecen responsabilidades administrativas a los servidores públicos que directamente hayan ejecutado los actos o incurran en las omisiones que las originaron y, subsidiariamente, a los que, por la naturaleza de sus funciones, hayan omitido la revisión o autorizado tales actos por causas que impliquen dolo, culpa, mala fe o negligencia por parte de los mismos, por: a) Omitir o alterar registros, actos o partes de la contabilidad de los recursos públicos; alterar los documentos que integran la contabilidad de la información financiera; No realizar los registros presupuestarios y contables en la forma y términos que establece esta Ley y demás disposiciones aplicables; cuando por razón de la naturaleza de sus funciones tengan conocimiento de que puede resultar dañada la hacienda pública o el patrimonio de cualquier ente público y, estando dentro de sus atribuciones, no lo eviten o no lo informen a su superior jerárquico; no tener o no conservar, en los términos de la normativa, la documentación comprobatoria del patrimonio, así como de los ingresos y gastos de los entes públicos.

Esta reforma se concentro en homogenizar la información contable, sobresale de la misma dos aspectos en materia de deuda pública, la primera: el proceso de dictaminación decidió no ampliar la discusión en materia del concepto de deuda pública, y la segunda, los senadores que aprobaron dicha reforma sin profundizar el tema de definición de la deuda pública, en aras de avanzar en materia de homogenización contable de los entes públicos responsables del gasto.

El Presidente Enrique Peña Nieto es su toma de protesta, propuso establecer una ley reglamentaria los principios rectores de responsabilidad y sostenibilidad fiscal de los gobiernos subnacionales. A la iniciativa constitucional y reglamentaria se suman otras iniciativas para regular la deuda pública en el Congreso de la Unión, donde uno de los desafíos es la búsqueda de establecer una norma única de déficit público, deuda pública y capacidad de pago.

Hacia un concepto único de deuda pública

Desde nuestro punto de vista uno de los desafíos para la implementación de un principio de responsabilidad fiscal en el gobierno federal sobre el déficit fiscal, entendido cuando los ingresos no logran cubrir la totalidad del gasto y, por lo tanto, se necesita de financiamiento, es que dicho concepto, desde la contabilidad creativa del gobierno federal, depende de lo qué incluya o qué se excluya depende su significado, por ejemplo: balance fiscal del gobierno federal, el presupuestario del sector público, el presupuestario indirecto (o fuera de control presupuestal directo), el económico, el financiero, el tradicional y el de los requerimientos financieros, más el primario, el operacional, el petrolero y el no petrolero sin ingresos no recurrentes.

El más acotado es el del gobierno federal, que abarca los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, más los órganos autónomos (IFE, CNDH INEGI). Los organismos y empresas bajo control presupuestal (Pemex, CFE, IMSS e ISSSTE) contemplan sus ingresos propios más las aportaciones de seguridad social. La diferencia entre sus ingresos propios y sus gastos se le llama balance financiero de organismos y empresas bajo control presupuestal. La suma de éste más el del gobierno federal es el balance presupuestario. Pero también existen organismos y empresas de control presupuestario indirecto, tanto financieros (banca de desarrollo) como no financieros, que tienen sus ingresos y gastos propios, por lo que básicamente se consideran las transferencias y apoyos que reciben del gobierno federal. Se le designa el balance financiero de entidades bajo control presupuestario indirecto y al sumar éste con el presupuestario se obtiene el balance económico del sector público, también conocido como el balance tradicional.

Antes de 1993 existía un concepto adicional llamado intermediación financiera, el cual consistía básicamente en los requerimientos financieros de la banca de desarrollo y fondos de fomento por pérdidas esperadas, que se sumaba al balance económico para obtener el balance financiero del sector público. En sí, representaba un déficit que, aun cuando estaba respaldado por apoyos de organismos internacionales, significaba una contingencia del gobierno federal. En su momento, la SHCP argumentó que no debería formar parte del balance fiscal y lo dejó de incluir. La decisión fue muy controversial, ya que en 1994 el gobierno reportó un presupuesto balanceado, a pesar de un aumento significativo en la intermediación financiera. Algunos analistas argumentaron que su incremento inusitado contribuyó a la crisis que se desató a fin de año y que era una deuda que se trató de ocultar.

A partir de entonces, el balance económico se convirtió en la referencia principal de la posición fiscal del sector público y el indicador más utilizado para evaluar las consecuencias de la política fiscal sobre la sostenibilidad de la deuda pública, la demanda agregada y la balanza comercial. Sin embargo, este indicador es, por mucho, insuficiente para evaluar la postura fiscal, ya que en realidad no refleja las necesidades totales de recursos financieros del sector público asociadas a la política fiscal.

De entrada, en 2008 se introdujo un cambio significativo en la Ley para acomodar la reforma energética, mediante el cual la inversión de Pemex y sus organismos subsidiarios no se contabiliza para efectos del equilibrio. Esto dio pie a un incremento significativo en el balance económico a partir del 2009 (de alrededor de 2%), por lo que hubo la necesidad de introducir un nuevo balance llamado “económico sin la inversión de Pemex” para seguir cumpliendo la ley.

El problema central que debe ser resuelto dentro del planteamiento de un registro nacional de deuda pública, es el desafío de generar un indicador confiable de todos los compromisos financieros y no financieros que refleje la posición fiscal real del Estado mexicano. Actualmente los ordenamientos jurídicos, cobertura institucional y prácticas presupuestales particulares, existen una gran cantidad de obligaciones extrapresupuestales que no están incluidas en el balance económico.

Otro indicador sobre deuda que considera los requerimientos y adecuaciones no consideradas por el presupuesto para obtener los requerimientos financieros del sector público (RFSP), que incluye la suma de los requerimientos financieros de la banca de desarrollo y los fondos de fomento (antes intermediación financiera), el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB), los proyectos de infraestructura productiva de largo plazo (antes PIDIREGAS), el fideicomiso Fondo Nacional de Infraestructura (FONADIN), los programas de apoyo a deudores, así como las adecuaciones a los registros presupuestarios que se derivan de transacciones virtuales o compensadas, como ingresos por recompra de deuda y reservas actuariales del IMSS y del ISSSTE.

Es vital para la discusión de una reforma hacendaria en el Congreso de la Unión, abrir una línea de discusión de la metodología y la calidad de los indicadores fiscales, en el caso de la deuda pública federal, entre la definición de balance del gobierno federal hasta llegar a la definición de Requerimientos Financieros del Sector Público, que es el indicador más amplio de los balances públicos y el mejor para medir de forma adecuada la posición fiscal del sector público. En un momento dado, la diferencia entre el balance económico sin la inversión de Pemex (que debe ser cero según la ley) y los RFSP ha llegado a presentar hasta más de 4 puntos porcentuales del PIB. Tener un déficit de 4% del PIB y decir que tenemos un presupuesto balanceado, no sólo es un concepto equivocado sino un indicador sesgado sobre el cual el Congreso de la Unión trabaja año con año en la aprobación de la Ley de Ingresos de la Federación.

El problema no es menor en el caso de las definiciones de deuda de los estados y municipios, en la iniciativa de reforma constitucional presentada el pasado 23 de enero de 2013 que se presentó en la Comisión Permanente suscrita por los Senadores Armando Ríos Piter, Raúl Morón y Benjamín Robles, hace un importante énfasis en la exposición de motivos de la dispersión y falta de criterios homogéneos de normas prudenciales, esto resultado de que la mayoría de las entidades federativas de normas prudenciales que regulen los parámetros de endeudamiento, así como falta de uniformidad en los criterios de clasificación de las obligaciones financieras.

Bajo estos argumentos de sesgo estadístico es fundamental que en la discusión de una nueva Ley General de Responsabilidad Fiscal de Presupuesto y Deuda Pública para establecer una definición más clara de endeudamiento y a partir de allí establecer los límites prudenciales en materia fiscal, que incluya mejorar los indicadores fiscales del gobierno federal. El pasado martes 19 de febrero de 2013 se presentó una propuesta de Ley General de Responsabilidad Fiscal de Presupuesto y Deuda Pública que tiene por objeto introducir el principio de responsabilidad fiscal en la toma de decisiones de los tres órdenes de gobierno en materia de endeudamiento, a partir de la introducción de reglas fiscales, pero también de principios básicos de transparencia y rendición de cuentas en todo el proceso de contratación de deuda, entre otros aspectos, como el Sistema Nacional de Deuda, limitar la discrecionalidad de la SHCP, registro de deuda,

Cuenta Pública 2011: Auditoria Superior de la Federación

El miércoles 20 de febrero de 2013 la Auditoría Superior de la Federación (ASF) alertó dentro de la Cuenta Pública 2011 la carencia de normas que establezcan un límite al endeudamiento de entidades federativas y municipios, el cual se disparó de 2006 a 2011 de 205 mil 287.9 a 390 mil 777.5 millones de pesos, lo que significó un crecimiento promedio anual de 13.7% en términos reales. Se precisa que en ese año el gobierno federal destinó 240 mil 537.6 millones de pesos para cubrir el costo financiero de dicha deuda, “equivalente a un 73.5% de los recursos que obtuvo por el endeudamiento neto de 327 mil 302.3 millones de pesos”.

Para la ASF esto significa que la mayor parte de los recursos que se obtienen de ese endeudamiento “se aplican al pago de los intereses y no para la amortización de capital, cuando deberían destinarse a la ejecución de obras que directamente produzcan un incremento de los ingresos públicos y del desarrollo económico y social del país”.

Se aclara que con excepción del estado de Tlaxcala (que según el reporte no presentaba endeudamiento a ese año), el resto de las entidades federativas carece de marcos jurídicos que regulen la gestión de créditos. Puntualiza que en el periodo reseñado destacan las deudas de Coahuila con un aumento de 144.2%, Zacatecas con 76.6%, Chiapas con 74.4%, Tamaulipas con 70.5% y Nayarit con 58.8%. Por entidad federativa, los montos más elevados de deuda se observaron en Coahuila con 46 mil 768.7 millones de pesos, Quintana Roo con 27 mil 306.7 millones de pesos, Veracruz con 17 mil 985.6 millones de pesos, Michoacán con 15 mil 248 millones de pesos y Nuevo León con 13 mil 280.5 millones de pesos. Los montos de endeudamientos de esos cinco estados sumaron 120 mil 589.5 millones de pesos, equivalentes a 59.9% del total registrado, mientras para las entidades federativas restantes fue de 80 mil 867.3 millones de pesos.

En lo referente al registro de deuda, la ASF indica que la Secretaría de Hacienda y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores señala como corresponsables de las excesivas deudas que tienen los estados. Ambas instituciones fallaron en el adecuado registro, transparencia y límites en los créditos contratados por las entidades federativas, lo que ha contribuido al excesivo incremento de los pasivos estatales. En otras palabras se detectó que se carece de un registro integrado y obligatorio en la SHCP, así como en cada estado en el que se reporten todos los pasivos y las obligaciones financieras de los gobiernos.

Las fallas en tal registro ubicaron una diferencia de 48 mil 994 millones de pesos que no fueron debidamente anotados en 2011 sobre deuda en estados y municipios, se advierte que Hacienda carece de disposiciones para la certificación, verificación y constatación de la autenticidad de la información que entregan las entidades federativas y municipios cuando realizan la inscripción de nuevos adeudos, lo anterior concuerda con elanálisis titulado States and municipalities: (Not) a credit sweet spot” de Nur Cristiani de JP Morgan, que evidencian que el saldo de los créditos otorgados por bancos privados y de desarrollo a los gobiernos estatales y municipales supera en 8.5% la cifra reportada ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Algunos aspectos relevantes en materia de deuda estatal que deben ser considerados dentro de los trabajos de reforma constitucional y de la ley de responsabilidad fiscal son:

a) Transparencia e indicadores: El actual método de registro de deuda subnacional no es capaz de generar indicadores de riesgos, indicadores de solvencia, liquidez y vulnerabilidad.

b) Registro laxo de deuda: Las disposiciones reglamentarias del artículo noveno de la Ley de Coordinación Fiscal, específicamente en el Procedimiento de Inscripción en el Registro y en el Manual de Cancelación y Modificación, son laxas en el sentido de que no contemplan formatos por medio de los cuales se prevea que la información que entregan los estados y municipios sea homogénea.

c) Ausencia de límites prudenciales: La CNBV no ha puesto un límite para el financiamiento otorgado por las instituciones financieras a las entidades federativas y municipios cuando garantizan el pago del préstamo con los recursos que les entrega la Federación. Adicionalmente, señala, las entidades siguen cometiendo irregularidades en el ejercicio del gasto federalizado y no han corregido las prácticas de opacidad.

d) Fondos preventivos: La ASF advierte al Congreso de la Unión que frente a la insuficiencia de fondos de pensiones y jubilaciones debe ser un asunto prioritario para las finanzas públicas del Estado mexicano, ya que por una parte, las pensiones vulnera la capacidad financiera del Estado y por otra, exige cumplir con los derechos de los trabajadores.

e) Alta exposición de bancos: Adicionalmente al sobreendeudamiento estatal, la ASF a diferencia de otros entes reguladores, advierte que un riesgo para el sistema bancario es el hecho de que algunas instituciones tienen exposiciones elevada en los créditos que han otorgado a estados y municipios. Sin mencionar nombres, indica que tres instituciones tienen concentrada en una sola entidad federativa una exposición al 100 por ciento de su capital, lo que significa una potencial vulnerabilidad al sistema bancario en caso de que nuevamente ocurra una caída de las participaciones federales.

d) Crecimiento de la deuda federal: El problema del sobreendeudamiento de estados y municipios no es ajeno al gobierno federal, de acuerdo a la ASF, el endeudamiento del gobierno federal es una situación de alto riesgo, porque excede los niveles recomendados para los países en desarrollo de treinta por ciento de deuda pública sobre el productos interno bruto.

Es importante mencionar que algunas de estas observaciones carecen de fundamento legal, en tanto que la norma actual no facultad ni a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público ni a la CNBV para establecer límites al endeudamiento de los estados, salvo en aquella parte de registro de deuda, pero solo la que está garantizada con participaciones.

Del endeudamiento federal

De acuerdo con el INTOSAI (International Organisation of Supreme Audit Institutions), cuando la economía de un país es sometida a presiones económicas y financieras, “(…) las deudas con respecto al déficit público pueden dar lugar amovimientos especulativos de los tipos de cambio, o socavar la confianza en los bancos que poseen títulos de deuda pública desencadenando (…)” crisis de confianza.

En 2003 el FMI sugirió los niveles dentro de los cuales los indicadores de vulnerabilidad se aceptan como satisfactorios para países de economías emergentes, dentro de los cuales se encuentra la relación deuda bruta/PIB, deuda bruta/ingresos, y servicio de la deuda/ingreso presupuestario interno. El indicador deuda bruta/PIB se estableció en un rango de 25.0% a 30.0%, el cual estuvo vigente hasta el año de 2008, a partir de 2009 se considera que el rango promedioaceptable debe estar entre 49.0% y 58.0%. En estudios más recientes, el FMI señala que la razón deuda /PIB, para evitar la moratoriadebe ser abajo del 20.0%, para países que no nunca han mostrado problemas de moratoria, el nivel de “tolerancia” podría extenderse hasta el 60.0% del PIB, pero, países que han experimentado crisis de deuda, ocurrió cuando su razón rebasó el 39.0% del PIB.

De acuerdo a los distintos indicadores fiscales de referencia internacional respecto al comportamiento de la deuda pública federal, la ASF indica que:

a) Indicador Deuda Bruta / PIB: Para el caso mexicano de acuerdo con lo propuesto por el FMI la relación deuda bruta/PIB debe ser como máximo el 58.0%, se observa que a partir de 1991 la deuda se ha encontrado dentro de los parámetros sugeridos. El año 2005 es cuando se presenta la razón más baja, a partir de 2006 hay un constante crecimiento, para 2011, representó el 34.4%.

b) Indicador Deuda bruta/ingresos presupuestarios: Este indicador mide la deuda bruta como una proporción del ingreso del gobierno. La capacidad de pago del gobierno está en función del saldo de la deuda en relación con los ingresos presupuestarios. El FMI ha sugerido que el indicador no debe ser superior a 215.0%. A finales del ejercicio fiscal de 2006 el indicador es el más bajo de los últimos 18 años, 98.4%. Para 2011 la relación deuda bruta/ingresos presupuestarios muestra un crecimiento al ubicarse en 150.6%.

De la deuda contingente a nivel federal

En 1995, se crea la figura de los PIDIREGAS, para financiar los proyectos de infraestructura de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y de Petróleos Mexicanos (PEMEX), de acuerdo con la Ley General de Deuda Pública, las obligaciones derivadas de estos financiamientos, que no se vencieran en el ejercicio corriente se considerarían como pasivo contingente. A partir del ejercicio fiscal 2009, el saldo de la deuda de los PIDIREGAS de PEMEX fue reconocida como pasivo directo y se incorporó al saldo de la deuda bruta del Sector Público Federal. Sin embargo, el saldo de los PIDIREGAS de la CFE se sigue considerando como pasivo contingente.

Con la aprobación de la Ley de Protección al Ahorro Bancario se crea el Instituto de Protección al Ahorro Bancario (IPAB), organismo descentralizado que de acuerdo con lo establecido en la Ley de Ingresos de la Federación, desde su creación ha estado autorizado a emitir valores en el mercado de deuda, los cuales, de acuerdo con lo establecido en la fracción III del artículo 1 de la LGDP, forman parte de la deuda pública, pero al igual que los PIDIREGAS, el saldo de estos pasivos no se integra al presentado en la Cuenta Pública.

La cuenta pública de 2011 indica que los años 2006 a 2011, al incorporar el saldo de la deuda contingente a la directa y tomar el monto de la deuda del Sector Público Federal, que incluye la del Gobierno Federal, el sector paraestatal y la de la banca de desarrollo, se da un importante crecimiento en la relación con el PIB. Si bien no se rebasa el límite del rango sugerido por el FMI (49.0% a 58.0%), debe señalarse que a partir de 2008, la razón se encuentra arriba de 39.0%, que se ha observado recientemente en países que han experimentado crisis de deuda.

La Auditoria Superior de la Federación hace las siguientes recomendaciones, algunas ya consideradas dentro de la Iniciativa de Ley General de Responsabilidad Fiscal Presupuesto y Deuda Pública, presentada el pasado 19 de febrero ante el Senado de la República, y que se retoman dentro de la presente iniciativa de reforma a la Ley General de Deuda Pública:

• Adecuar la Ley General de Deuda Pública para que sea acorde con la situación actual de las finanzas públicas nacionales e internacionales, la adecuación del marco legal debe tomar en cuenta los pasivos del IPAB y los Proyectos de Infraestructura Diferidos (Pidiregas) de la CFE, para ser integrados y cuantificados como deuda.

• Establecer órganos colegiados que revisen y autoricen los financiamientos, y mecanismos para transparentar el destino específico de los recursos que se obtienen de empréstitos sobre el crédito de la nación.

• Establecer una norma que instruya a la Secretaría de Hacienda mecanismos que le permitan destinar una mayor proporción de recursos de la deuda para pagos de capital u otros fines de endeudamiento.

• Adecuar el registro, transparencia y límites de la contratación de deuda federal y subnacional dentro de los límites prudenciales.

• El Comité de Crédito Externo debe reunirse a efecto de que analice la programación, presupuestación, ejercicio y seguimiento de los programas y proyectos financiados con recursos del crédito externo del gobierno federal, así como los niveles de desembolso.

• Creación de fondos preventivos para pago de pensiones.

Los escándalos de deuda pública de 2013

Para los trabajos especiales para la dictaminación de una reforma constitucional será fundamental evidenciar los casos más críticos de acuerdo al Análisis de Deuda Pública de las entidades federativas y municipios del mes de agosto de 2012, la Auditoría Superior de la Federación establece que los estados de Coahuila, Quintana Roo, Nuevo León, Nayarit, Sonora, Veracruz, Tamaulipas y Zacatecas. Con información más actualizada, sobresalen tres casos claves

a) Tabasco: El nuevo escándalo de deuda pública

La semana pasada el actual Gobernador de Tabasco, Arturo Núñez, hizo público un desfalco a la hacienda pública del estado estimado hasta el momento por un monto de 27,200 millones de pesos, en los siguientes rublos: 1,900 millones de pesos de programas federales que no se sabe donde se ejercieron; 17,717 millones de deuda pública, sin documentación que sustente; otros 2,300 millones de adeudos a acreedores y proveedores, y un déficit presupuestal de 5 mil millones de pesos. Recordemos que Tabasco registró en un año electoral el mayor crecimiento de la deuda a nivel nacional al pasar de 2,900 a 4,823 millones de pesos, una tasa de crecimiento de 66% en tan solo un año.

b) Zacatecas: Segundo lugar en crecimiento de deuda pública

Otro de los casos sobresalientes de endeudamiento público es el Estado de Zacatecas, su deuda ha tenido un crecimiento exponencial en los últimos años, paso de 477 millones al cierre del ejercicio de 2009, a poco más de 8,254 millones de pesos al cierre de la cuenta pública de 2012, una tasa de crecimiento de 2009 a 2012 es 1630%, tan solo en el año 2012, ocupamos a nivel nacional después del estado de Tabasco, el segundo lugar en crecimiento de la deuda. La situación continúa agravándose frente a la caídadel coeficiente efectivo del Fondo General de Participaciones (Ramo General 28 del PEF), la ausencia de la representación del gobierno estatalen el Comité de Vigilancia del Sistema de Participaciones Federales y la presión de gastos de educación y salud.

c) El caso del municipio de Acapulco: sin responsables aún

El otro escándalo no resuelto hasta el momento es el caso de Acapulco, con datos del secretario de Planeación y Desarrollo Económico municipal, Carlos Álvarez Reyes, la administración de tres años de Añorve amplió de 396.4 a 1,561.8 mdp la deuda, sin que se vea una sola obra pública de esa magnitud en beneficio del puerto, de su población o en beneficio de la promoción turística. El pasivo total es de 2 mil 142.8 millones de pesos, debe por concepto de laudos laborales en proceso de ejecución la suma es 270 millones de pesos; un déficit operativo por 311 millones de pesos al final del año. Los tres rubros conforman el pasivo total del ayuntamiento, que asciende a 2 mil 142.8 millones de pesos.

La administración porteña indica que por concepto de mal uso de recursos federales, el ayuntamiento adeuda 229.3 millones de pesos de ramo 33 fondo 3 a contratistas por obra pública ejecutada no pagada, 32 millones de pesos a proveedores de programas sociales, 11.4 millones de pesos al fondo de pavimentación, 11.2 millones de pesos del Subsidio para la Seguridad Pública Municipal, 12.3 millones de pesos del programa Hábitat, 3.1 millones de pesos del programa de fertilizante y 2.5 millones de créditos a pequeños negocios, para sumar 301.8 millones de pesos. Es en este rubro que se presume un presunto daño patrimonial por desvío de recursos federales. A este rubro se suma el hecho, que al Gobierno Municipal de Luis Walton lo dejaron sin margen de operación con participaciones federal, dado que la administración municipal priísta pidió un adelanto de participaciones de 34 millones de pesos del ramo 28 y contrajo una deuda de 105.1 millones de pesos por un sistema de factoraje financiero, y adelantos por 18 millones de pesos. En el renglón de deuda pública, que suma 423.8 millones de pesos, el ayuntamiento debe 360 millones de pesos a Scotiabank, que deben ser pagados a razón de 3.9 millones de pesos anuales durante 10 años. A Banorte le debe 63.8 millones de pesos que deben ser pagados también en una década. Los dos créditos de Banorte fueron contratados en agosto de 2011, pero su capital y sus intereses se pagarán a partir de la actual administración municipal. La Capama tiene pasivos a corto plazo y en impuestos por pagar de 232.8 millones de pesos; y a largo plazo, de 148 millones de pesos. El DIF municipal tiene una deuda de 18.1 millones de pesos.

Retos para modernizar la Ley General de Deuda Pública

De acuerdo al Informede la Comisión Especial para Determinar las Causas del Bajo Financiamiento para el Desarrollo y del Elevado Monto de la Deuda Pública y sus Instrumentos constituido por primera vez para estudiar el comportamiento de los pasivos federales en la LX Legislatura, aunque no incluyo un estudio analítico de la deuda subnacional, si logro recopilar a lo largo de 23 reuniones de trabajos que se resumen a continuación:

a) Marco normativo anacrónico: La deuda pública federal se rige por un marco jurídico inapropiado, incompleto y laxo que no permite dejar claro cuál es el endeudamiento total. El informe coincide con la recomendación de la ASF respecto a las tareas legislativas pendientes, el actual marco jurídico no cumple lo establecido en el artículo 73 de la Carta Magna ya que no hay un marco jurídico adecuado, a lo que se agrega que la Ley Federal de Deuda Pública, que data de 1976, carece de reglamento y las modificaciones, que se hicieron a la misma en 1995, acrecentaron la falta de claridad en los montos, destinos y servicios del endeudamiento.

b) Discrepancia en el cálculo de endeudamiento: Entre la SHCP y el Banco de México existe discrepancia en la medición de la posición fiscal del Gobierno federal, en 2008, la discrepancia era de 1.5 billones de pesos, y ambos datos, de carácter oficial.

c) No hay correlación entre deuda y crecimiento: A pesar del crecimiento de la deuda federal se registró un bajo crecimiento económico y limitación al acceso del crédito financiero.

d) Opacidad y divergencia metodología: Las principales discrepancias en el registro de deuda se dan en especial por el incremento sostenido de los pasivos contingentes del rescate bancario, rescate carretero y los Proyectos de Inversión Financiada con Impacto Diferido en el Gasto, mejor conocidos como Pidiregas. Los pasivos contingentes del Instituto de Protección al Ahorro Bancario y de los Pidiregas, entre otros -que según el Banco de México representan 12.1 por ciento del producto interno bruto-, contribuyen a mayor imprecisión y poca transparencia de la deuda. La opacidad fue mayor en el caso de Pidiregas con inversión directa en Pemex y la Comisión Federal de Electricidad (CFE), los que en 2007 llegaron a representar el 20 por ciento del PIB. En su momento la Comisión del Senado de la República calculo que la deuda pública real estaba cercana a 50.2 por ciento del PIB.

e) Conclusiones del informe: El estado actual del marco jurídico administrativa permite que la gestión y el manejo de la deuda pública sean técnicamente cuestionadas e induzcan a apreciaciones inexactas sobre la capacidad de endeudamiento y los niveles del gasto público, es necesario reformar la Ley General de Deuda General de Deuda para que incluya en el cálculo de la posición fiscal del Gobierno Federal todo lo contratado y comprometido en forma directa, indirecta o contingente por el gobierno federal, sus organismos y empresas, Banco de México (manejo de reservas internacionales), la banca de desarrollo y de fondos y fideicomisos.

El desafío de la modernización del marco jurídico en materia de deuda pública, tiene un nivel federal y la esfera local, lo presentado por la Auditoría Superior de la Federación, solo es una expresión estatal y municipal.

Por lo anteriormente expuesto, consideramos en el marco de la discusión de distintas propuesta en materia de regulación de deuda pública subnacional adecuar el marco normativo que define el concepto de deuda pública de la federación y las entidades federativas, a fin de contar con mejores indicadores de la posición fiscal y de la certificación y calidad de los datos de endeudamiento de los tres niveles de gobierno en los procesos de transparencia, rendición de cuentas y de entrega-recepción.

La iniciativa plantea a esta Honorable Soberanía en línea a la iniciativa de Ley de Responsabilidad Fiscal de Presupuesto y Deuda Pública presentada el 19 de febrero de 2013, de las recomendaciones de la Auditoría Superior de la Federación y de los conclusiones de la Comisión Especial para Determinar las Causas del Bajo Financiamiento para el Desarrollo y del Elevado Monto de la Deuda Pública y sus Instrumentos, se propone incorporar una reforma que defina claramente todos los pasivos contingentes como deuda pública como PIDIREGAS, avales, ADEFAS, pasivos del IPAB, obligaciones netas del Fondo Nacional de Infraestructura, proyectos público-privados y proyectos de prestación de servicios, pensiones. La modernización del sistema de registro de deuda en los tres niveles de gobierno a través del Sistema Nacional de Deuda, la generación de indicadores de solvencia, liquidez y vulnerabilidad, y el sistema de monitoreo cuando alguna entidad pública adquiera un monto de endeudamiento por arriba de su capacidad de pago y el procedimiento desolicitudes de ampliación de endeudamiento de las entidades federativas que hayan superado los límites prudenciales de endeudamiento en función de su capacidad de pago.

 Por lo que presentó a esta Soberanía el siguiente proyecto de decreto por el que se propone una reforma a la Ley General de Deuda Pública, para quedar como sigue:

DECRETO

LEY GENERAL DE DEUDA PUBLICA

ARTICULO UNICO.- Se REFORMA el artículo 1o, 10o, 11o, 23o, 24o, 25o y 27o; se ADICIONAN las fracciones VIII, IX y X del artículo 4º; un segundo párrafo al artículo 9º; un segundo párrafo al 11º; se adiciona un tercer párrafo al artículo 20o; un párrafo tercero del artículo 30; se DEROGA el segundo párrafo del artículo 18; todos de la Ley General de Deuda Pública, para quedar de la siguiente manera:

CAPITULO I

Disposiciones Generales

Artículo 1.- Para los fines de esta ley, la deuda pública está constituida por la suma de toda las obligaciones directas, indirectas, contingentes, incluyendo adicionalmente a:

a) Garantías otorgadas por aval;

b) Garantías para la previsión de servicios y productosy los Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS);

c) Los pasivos netos del Instituto de Protección al Ahorro Bancario (IPAB).

d) Requerimientos de recursos financieros de los proyectos de infraestructura productiva de largo plazo.

e) Proyectos de Inversión Diferidos en el Gasto de la Comisión Federal de Electricidad.

e)Las obligaciones netas del Fondo Nacional de Infraestructura (FONADIN).

f)Las obligaciones generadas de los Programas de Apoyo a los Deudores de la banca.

g) Los requerimientos asociados al subsidio implícito en el “swap” de tasas de interés del esquema de reestructuración de créditos bancarios en Unidades de Inversión.

h)Los pasivos diferidos multianuales derivados de los proyectos público-privados y proyectos de prestación de servicios que afecten ejercicios presupuestales futuros.

i)En caso de las entidades federativas y municipios, los requerimientos para pago del servicio de luz eléctrica, retención de derechos e impuestos de la federación.

j)Requerimientos para el pago depensiones.

i) Aquellos pasivos que puedan generarse potencialmente por las operaciones establecidas en el artículo 7º de la Ley del Banco de México.

Su clasificación en función del tipo de financiamiento o reestructuración a cargo de los siguientes sujetos obligados:

I.- El Ejecutivo Federal y sus dependencias.

II.- El Gobierno del Distrito Federal;

III.- Los organismos descentralizados.

IV.- Las empresas de participación estatal mayoritaria.

V. Las Instituciones que presten el servicio público banca de desarrollo, las organizaciones auxiliares nacionales de crédito, las instituciones nacionales de seguros y las de fianzas y fondos de fomento.

VI. Entidades federativas y municipios.

VI.- Los fideicomisos y fondos de fomento en los que el fideicomitente sea el Gobierno Federal o alguna de las entidades mencionadas en las fracciones II al VI.

CAPITULO II

De las Facultades de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público

ARTICULO 4o.- Corresponde al Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público:

I. al VII.- …

VIII. Formar parte del Sistema Nacional de Deuda a fin de establecer las normas, certificación y registro contable de la deuda de las entidades federativas y municipios y su publicación periódica, en los términos de la presente Ley.

IX.- Vigilar la capacidad de pago de las entidades federativas y municipios, mediante la generación de indicadores de solvencia, liquidez y vulnerabilidad de todos los sujetos obligados por la este Ley y la Ley General de Responsabilidad Fiscal, Presupuesto y Deuda Pública.

X.- Informar al Congreso de la Unión cuando alguna entidad pública se encuentre al límite de su capacidad de endeudamiento prudencial.

ARTICULO 9o.- El Congreso de la Unión autorizará los montos del endeudamiento directo neto interno y externo que sea necesario para el financiamiento del Gobierno Federal y de las entidades del sector público federal incluida en la ley de Ingresos y en el Presupuesto de Egresos de la Federación, así como del Distrito Federal. El Ejecutivo Federal informará al Congreso de la Unión del estado de la deuda, al rendir la cuenta pública anual y al remitir el proyecto de ingresos, asimismo informará trimestralmente de los movimientos de la misma, dentro de los cuarenta y cinco días siguientes al vencimiento del trimestre respectivo. No se computarán dentro de dichos montos los movimientos referentes a propósitos de regulación monetaria.

En lo referente a la ampliación de los límites de endeudamiento de las entidades federativas y municipios de conformidad a lo establecido en la Ley General de Responsabilidad Fiscal de Presupuesto y Deuda Pública será responsabilidad del Senado de la República en coordinación con la Cámara de Diputados, en los términos que establezca el reglamento interno del Congreso de la Unión.

ARTICULO 10.- El Ejecutivo Federal, al someter al Congreso de la Unión las iniciativas correspondientes a la Ley de Ingresos, Deuda y Presupuesto de Egresos de la Federación, deberá proponer los montos del endeudamiento neto necesario, tanto interno como externo, para el financiamiento del Presupuesto Federal del ejercicio fiscal correspondiente, proporcionando los elementos de juicio suficientes para fundamentar su propuesta. Así como las solicitudes de ampliación de endeudamiento de las entidades federativas que hayan superado los límites prudenciales de endeudamiento en función de su capacidad de pago. El Congreso de la Unión al aprobar la Ley de Ingresos, podrá autorizar al Ejecutivo Federal a ejercer o autorizar montos adicionales de financiamiento cuando, a juicio del propio Ejecutivo, se presenten circunstancias económicas extraordinarias que así lo exijan. Cuando el Ejecutivo Federal haga uso de esta autorización informará de inmediato al Congreso.

El Ejecutivo Federal hará las proposiciones que correspondan en las iniciativas de Ley de Ingresos y del Presupuesto de Egresos del Distrito Federal quedando sujetos los financiamientos relativos a las disposiciones de esta Ley, en lo conducente.

ARTÍCULO 11.- Para determinar las necesidades financieras a que se refiere el artículo anterior, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público deberá conocer por conducto de las Secretarías de Estado encargadas de la coordinación del sector que corresponda, los proyectosy programas de actividades que requieran de financiamientos para su realización a fin de ser considerados en las iniciativas de la Ley de Ingresos, Ley de Deuda y la Ley de Presupuesto de Egresos de la Federación correspondientes que el Jefe del Ejecutivo presente al Congreso.

Para determinar las necesidades financieras a que se refiere el artículo anterior, las haciendas públicas de las entidades federativas establecerá de acuerdo a los lineamientos de la Ley General de Contabilidad Gubernamental cuales proyectos y programas de actividades que requieran de financiamientos que requieran de la aprobación del Congreso de la Unión, conforme a lo establecido en la Ley General de Responsabilidad Fiscal de Presupuesto y Deuda Pública.

ARTICULO 18.- Los proyectos a cargo de las dependencias del Gobierno Federal que requieran financiamientos para su realización, deberán producir los recursos suficientes para su amortización y las obligaciones que se asuman, en razón de que dichos financiamientos, no deberán ser superiores a la capacidad de pago de las entidades del sector público que los promuevan.

[…]

Tratándose de obligaciones derivadas de financiamientos de proyectos de infraestructura productiva de largo plazo, referidos a actividades prioritarias y mediante los cuales las entidades adquieran bienes o servicios bajo cualquier modalidad, cuya fuente de pago sea el suficiente flujo de recursos que el mismo proyecto genere, y en los que se cuente con la previa aprobación de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en los términos del artículo 30 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal, sólo se considerará, para efectos de la presente Ley, como pasivo directo, a los montos de financiamiento a pagar durante el ejercicio anual corriente y el ejercicio siguiente y el resto del financiamiento se considerará como pasivo contingente hasta el pago total del mismo.

ARTICULO 20.- …

….

El Sistema Nacional de Deuda en coordinación con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público determinará la capacidad de pago de los sujetos obligados y se establecerá en función de su disponibilidad presupuestal para los ejercicios subsecuentes, conforme a la presente disposición y lo establecido en la Ley General de Responsabilidad Fiscal de Presupuesto y Deuda Pública.

CAPITULO VII

De la Vigilancia de las Operaciones de Endeudamiento

ARTICULO 23.- Los sujetos obligados por esta Ley, llevarán los registros de deuda pública conforme a lo establecido en la Ley General de Responsabilidad Fiscal, Presupuesto y Deuda Pública, por medio del Sistema Nacional de Deuda. Además deberán proporcionar a la misma Secretaría, toda la información necesaria para llevar a cabo la vigilancia que le compete respecto a la aplicación de los recursos provenientes de financiamientos autorizados, con la periodicidad y en la forma que dicha Secretaría determine.

ARTICULO 24.- En el ámbito de sus atribuciones la Secretaría de Hacienda y Crédito Público vigilará que se incluyan en los presupuestos de las entidades del sector público los montos necesarios para satisfacer puntualmente los compromisos derivados de la contratación de financiamientos en los términos de los artículos 2o. y 17 de esta Ley.

ARTICULO 25.- Los sujetos obligados otorgarán todas las facilidades e información al personal de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Agencia Nacional para el Combate a la Corrupción y de la Auditoría Superior de la Federación que, en su caso, acudan a comprobar la debida negociación, contratación, administración, aplicación,destino específico de la deuda y todos sus accesorios.

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público mantendrá la información disponible en su sitio de internet la posición deudora del Gobierno Federal y de sus requerimientos financieros, así como lo relativo a las operaciones y montos aprobados por los montos y destinos de endeudamiento aprobado por el Congreso de la Unión.

Esta disposición aplicará de conformidad a los lineamientos de la Ley General de Contabilidad Gubernamental para las entidades federativas y municipios.

ARTÍCULO 27.- La Secretaría de Hacienda y Crédito Público dentro con el Sistema Nacional de Deuda mantendrá el registro de las obligaciones financieras constitutivas de deuda pública que asuman las entidades, en el que se anotarán el monto, características y destino de los recursos captados en su forma particular y global. Incluyendo la deuda de las entidades federativas y municipios.

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público en coordinación con el Sistema Nacional de Deuda publicará en forma periódica los datos de la deuda pública, consignando todos aquellos que resulten significativos para su mejor comprensión.

CAPITULO VIII

De la Comisión Asesora de Financiamientos Externos

ARTICULO 30.- Se crea la Comisión Asesora de Financiamientos Externos del Sector Público, como órgano técnico auxiliar de consulta de la Secretaría de Hacienda en materia de crédito externo, que se integrará con un representante propietario y suplente de:

a).- La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que la presidirá.

b).- El Banco de México, S.A.; Nacional Financiera, S.A.; Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.A.; Banco Nacional de Crédito Rural, S.A.; Banco Nacional de Comercio Exterior, S.A.; Sociedad Mexicana de Crédito Industrial, S.A.; Financiera Nacional Azucarera, S.A.; y de las entidades del sector público que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público considere conveniente.

La Comisión Asesora de Financiamientos Externos del Sector Público deberá sesionar de manera trimestral y las actas y acuerdos se sujetarán a lo dispuesto en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.

ARTICULO 31.- Las labores de la Comisión serán coordinadas por un Secretariado Técnico, que estará a cargo del Director General de Crédito de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

ARTICULO 32.- La Comisión tendrá las siguientes funciones:

I.- Evaluar las necesidades de financiamiento del sector público federal.

II.- Asesorar en el diseño de la política que deba adoptarse en materia de endeudamiento externo o en moneda extranjera, para el sector público federal, opinando sobre planes anuales en los que se precise la estrategia de captación de recursos externos, los montos que deban obtenerse de estos recursos y la fuente y aplicación de los mismos, en coordinación con las medidas que dicte el Ejecutivo Federal en materia financiera, para alcanzar los objetivos de la política económica nacional.

III.- Proponer las medidas de coordinación de las entidades del sector público federal en todo lo que se refiera a captación de recursos externos para las mismas, considerando lineamientos de negociación sobre las condiciones generales de los créditos externos que se pretendan contratar.

IV.- Estudiar los programas de financiamientos externos para las entidades del sector público federal con criterios de oportunidad y prelación.

V.- Conocer y opinar sobre los estudios que se refieran a la deuda externa del sector público federal y recomendar políticas para mantenerla dentro de la capacidad de pago de dicho sector y del país.

VI.- La Comisión asesorará a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el monto del financiamiento externo que las entidades del sector público contraten anualmente.

VII.- En general todos aquellos que permitan asesorar debidamente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el manejo de la deuda externa de las entidades del sector público y las que le señalen esta ley y otros ordenamientos.

Para la programación de los financiamientos la Secretaría de Hacienda y Crédito Público deberá tomar en cuenta la opinión de la Comisión.

TRANSITORIOS

PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

SEGUNDO.- El titular del Ejecutivo Federal, deberá expedir durante los treinta días naturales siguientes a la entrada en vigor de este decreto el Reglamento de la Ley General de Deuda Pública.

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Senadores, a 26 de febrero de 2013.

Suscribe

Sen. Armando Ríos Piter”.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, Senador Armando Ríos Piter. Túrnese a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público; y de Estudios Legislativos, Primera.

- El C. Senador David Monreal Avila: (Desde su escaño) Señor Presidente.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Sonido en el escaño del Senador David Monreal.

- El C. Senador David Monreal Avila: (Desde su escaño) Para que nos permita adherirnos, el Senador Ríos Piter, al grupo parlamentario del PT en un tema tan crucial, tan importante en este momento, el de la deuda pública de los estados de este país.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Pido a la Secretaría que tome nota de quienes deseen adherirse a esta iniciativa. Primero pregunto al Senador Armando Ríos Piter si acepta las adhesiones de las compañeras y compañeros Senadores.

- El C. Senador Armando Ríos Piter: Es un honor, señor Presidente. Por supuesto.

- El C. Senador Alejandro Tello Cristerna: (Desde su escaño) Señor Presidente.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Sonido en el escaño del Senador Alejandro Tello.

- El C. Senador Alejandro Tello Cristerna: (Desde su escaño) Gracias, señor Presidente. Simplemente para hechos, si me lo permite. Comentarle simplemente al Senador Ríos Piter que en esta tribuna nacional, en esta, la principal tribuna del país…

- El C. Presidente Aispuro Torres: Senador Tello Cristerna, nada más le informo que como es una iniciativa no hay lugar a hechos, pero, desde luego, con mucho gusto que se busque la interlocución, pero en virtud de que estamos en iniciativas no hay lugar para hechos, pero sí escucho su comentario.

- El C. Senador Alejandro Tello Cristerna: (Desde su escaño) Como un simple elemento adicional a la iniciativa, si me lo permite.

- El C. Presidente Aispuro Torres: No hay lugar a hechos y tendría que ser una nueva iniciativa para que pudiese dictaminarse de manera conjunta. Pero le pido al Senador Armando Ríos Piter que puedan dialogar para que cualquier asunto que se requiera sumar, haya las posibilidades de ello.

Se le concede el uso de la palabra al Senador Carlos Alberto Puente Salas, del grupo parlamentario del PVEM, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Ciencia y Tecnología.




 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE CIENCIA Y TECNOLOGIA

(Presentada por el C. Senador Carlos Alberto Puente Salas, del grupo parlamentario del PVEM)

- ElC. Senador Carlos Alberto Puente Salas: Muchas gracias. Con la venia de la Presidencia; compañeras y compañeros Senadores:

La innovación científica y tecnológica constituye un factor determinante para la riqueza y el bienestar de las sociedades contemporáneas. Cada vez más, el desarrollo económico y la prosperidad de los países y regiones descansan en la generación de conocimientos avanzados y en su transformación en nuevos productos, servicios, procesos y paradigmas de consumo.

Desafortunadamente, México se encuentra altamente rezagado en materia de ciencia, tecnología e innovación. Basta señalar que el Indice Global de Innovación 2012, elaborado por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, nuestro país se ubica en el lugar 79 de una lista de 141 naciones. En este índice, que refleja el nivel de investigación y desarrollo en un país determinado, México está por debajo de naciones latinoamericanas como Chile, Brasil, Costa Rica, Colombia, Uruguay, Argentina, Perú o bien, Guyana. Incluso existen naciones de Africa, Asia o de la región del Caribe con un Producto Interno Bruto muy inferior al nuestro que se encuentran mejor ubicados en el Indice Global de Innovación.

Si revisamos indicadores concretos en la materia, el resultado es dramático. Este es el caso del número de investigadores dedicados a actividades científicas y tecnológicas. De acuerdo con la Red de Indicadores de Ciencia y Tecnología, Iberoamericana e Interamericana, en México existe menos de un investigador por cada mil habitantes pertenecientes a la Población Económicamente Activa. En países latinoamericanos como Chile, el número de investigadores por cada mil habitantes de la Población Económicamente Activa es del doble que en el nuestro, es decir, de países como España donde existen cerca de siete investigadores por cada mil habitantes, o bien Estados Unidos donde incluso hay más de diez.

Otro indicador que nos muestra de forma cruda nuestro rezago en investigación, desarrollo e innovación, es el número de patentes solicitadas y concedidas. De acuerdo con datos de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, en el año 2010 en México se solicitaron 14,000 patentes, mientras que en los Estados Unidos se solicitaron más de 490,000. Peor aún, de las 14,000 patentes solicitadas en nuestro país durante ese año, únicamente 951 fueron hechas por nacionales y las otras, más de 13,000, por extranjeros. Cuando analizamos el número de patentes concedidas las cifras son aún más bajas: sólo 200 patentes registradas por mexicanos. Al final, el porcentaje de patentes generadas por connacionales es de apenas 2.2%.

En gran medida, este atraso en ciencia, tecnología e innovación se debe a la falta de inversión. Cabe señalar que durante los últimos seis Presupuestos de Egresos de la Federación se destinó menos del 0.43% del PIB a actividades relacionadas con estas materias.

Hoy, el Ejecutivo Federal ha dado un paso significativo para revertir esta situación al impulsar ante la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión un aumento en el presupuesto asignado a actividades de ciencia, tecnología e innovación. De esta forma, en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal del presente año 2013, se asignaron recursos por más de 70 mil millones de pesos, monto que representa un incremento del 14.6 por ciento respecto del año pasado. La idea del presente gobierno que inició su gestión hace unos cuantos meses, es incrementar los recursos destinados a investigación, desarrollo e innovación para estar en posibilidades de alcanzar la meta del 1 por ciento del PIB para finales de esta administración.

Lo cierto es que este esfuerzo debe de ser acompañado de acciones legislativas concretas para alcanzar esa meta del 1 por ciento del PIB en gasto destinado a investigación científica y crecimiento tecnológico como lo determina el artículo 9 Bis de la Ley de Ciencia y Tecnología, resulta indispensable expandir y consolidar nuestra planta de investigación, desarrollo e innovación.

La presente iniciativa busca contribuir a avanzar en dicho propósito para obtener mejores resultados en el tema que nos ocupa y con la celeridad que se requiere.

El Sistema de Centros Públicos de Investigación, desarrollado por el CONACYT, está conformado por instituciones de investigación que se agrupan en tres grandes áreas según sus objetivos y especialidades; Ciencias exactas y naturales; sociales y humanidades; y desarrollo e innovación tecnológica. Los Centros Públicos de Investigación CONACYT han contribuido de manera decisiva a descentralizar esfuerzos en el campo de la ciencia y la tecnología brindando especial atención a la búsqueda de soluciones para los problemas regionales. Además de lo anterior, han sido un factor importante para vincular la generación de conocimientos con el sector productivo del país e impulsar la investigación y la innovación.

Desafortunadamente, compañeras y compañeros, hoy solo existen en todo el país 27 Centros Públicos de Investigación. Tan sólo 15 entidades federativas cuentan al menos con una sede y si se toman en cuenta las unidades o sus sedes, su presencia se extiende a 23 entidades federativas.

La realidad es que para contar con un Sistema Nacional de Centros Públicos CONACYT que se consolide como motor del desarrollo regional y nacional, es necesario ampliar su presencia y fortalecer las instituciones ya existentes. De forma concreta, proponemos reformar la Ley de Ciencia y Tecnología a fin de sentar las bases legales que permitan iniciar un proceso de creación de nuevos centros de investigación en aquellas entidades federativas que no cuenten actualmente con uno. La idea es que al final de la presente administración exista cuando menos un centro en cada estado. Sin duda la creación de estas nuevas instituciones requerirá de recursos presupuestales, pero no debemos perder de vista que los propios centros generan recursos para su funcionamiento a través de la venta de servicios, bienes y productos de investigación y desarrollo tecnológico, incluyendo la capacitación para la formación de recursos humanos calificados.

Las nuevas instituciones, evidentemente, realizarán labores relacionadas con la innovación, pero pondrán especial énfasis en temas que aprovechen las ventajas competitivas de los estados o regiones donde éstos se asienten, a efecto de impulsar su crecimiento. La generación de conocimiento, su canalización al desarrollo y la innovación, así como su articulación con el desarrollo regional es fundamental para lograr un crecimiento económico propio y para alcanzar mejores niveles de bienestar.

Lo anterior cobra especial relevancia si consideramos que de acuerdo con datos del propio CONACYT, algunas de las entidades con menor desarrollo en materia de ciencia, tecnología e innovación son precisamente aquellos que no cuentan con ninguna sede o subsede de los Centros Públicos de Investigación.

Este es el caso de mi entidad, el estado Zacatecas, los nuevos centros pueden sentar las bases para el desarrollo de parques tecnológicos o clusters tecno-industriales, físicos o virtuales, que permitan conjuntar y coordinar esfuerzos e inversiones para aprovechar nichos de investigación, desarrollo e innovación.

Además de lo anterior, la apertura de estos nuevos centros permitirá que quienes obtengan una beca del CONACYT y que concluyan sus estudios de postgrado puedan incorporarse a trabajar en ellos. Lo anterior, con el fin de entrelazar los esfuerzos que se desarrollan en materia de ciencia y tecnología y evitar que los recursos destinados a formar posgraduados se desperdicien. No debemos olvidar que muchos de los doctores graduados cada año en México terminan en el subempleo o migrando a instituciones de investigación en el extranjero. Con esta medida abriremos oportunidades para que miles de jóvenes talentosos contribuyan de manera decisiva a impulsar el desarrollo del país y a liberar entidades y regiones del lastre de la pobreza. Nuestra juventud requiere oportunidades para desarrollar sus capacidades y esta es una vía inmejorable.

Por otra parte, en plena coincidencia con lo establecido en el documento “Hacia una Agenda Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación” elaborado por 65 instituciones de educación superior, centros de investigación y organismos empresariales, consideramos necesario vincular la operación de las Unidades de Vinculación y Transferencia de Conocimiento. Desde nuestra perspectiva, el establecimiento obligatorio de estas unidades contribuirá de manera decisiva a la transferencia de tecnología y conocimiento hacia las empresas públicas, privadas y sociales con especial énfasis en las micros y pequeñas empresas.

En este sentido, proponemos reformar el artículo 40 Bis de la Ley de Ciencia y Tecnología.

Finalmente, en coincidencia con propuestas presentadas por el Partido Verde en la pasada legislatura, proponemos adicionar el artículo 6 de la Ley de Ciencia y Tecnología a fin de dotar al consejo general de la facultad de definir anualmente los proyectos de cooperación y colaboración internacional en materia de investigación y desarrollo tecnológico en los que México pueda participar. El objetivo es incrementar la generación de conocimientos para la solución de problemas reales y cotidianos en nuestro país.

México no puede esperar. Es hora de cumplir con nuestra responsabilidad como legisladores y responder a los anhelos de bienestar de la sociedad; lo cierto es que la ciencia, la tecnología y la innovación son una de las mejores vías para combatir la pobreza, la exclusión, la violencia y la desigualdad.

Es cuanto, señor Presidente.

Muchas gracias, compañeras y compañeros.

Iniciativa

“El suscrito, Senador a la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y por los artículos 8, numeral 1, fracción I, y 164 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta Asamblea la presente iniciativa con proyectode Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Ciencia y Tecnología, con la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

La innovación científica y tecnológica constituye un factor determinante para la riqueza y el bienestar de las sociedades contemporáneas. Cada vez más, el desarrollo económico y la prosperidad de los países y regiones descansan en la generación de conocimientos avanzados y en su transformación en nuevos productos, servicios, procesos y paradigmas de consumo.

Más aún, la capacidad de innovación es un componente estratégico en la consolidación de la soberanía de los países, sobre todo en la etapa de integración global que experimenta nuestro mundo.

No es coincidencia que los países que dominan política, económica y culturalmente a nuestro mundo sean también potencias científicas y tecnológicas. Ninguna nación o gobierno debería perder de vista esta estrecha relación entre el poder y el saber.

Desafortunadamente, México se encuentra altamente rezagado en materia de ciencia, tecnología e innovación. Basta señalar que en el Indice Global de Innovación 2012, elaborado por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), nuestro país se ubica en el lugar 79 de una lista de 141 naciones. En este índice, que refleja el nivel de investigación y desarrollo en un país determinado, México está por debajo de naciones latinoamericanas como Chile (lugar 39), Brasil(58) Costa Rica (60), Colombia (65), Uruguay (67), Argentina (70), Perú (75) o Guyana (77). Incluso existen naciones de África, Asia o de la región del Caribe con un Producto Interno Bruto (PIB) muy inferior al nuestro que se encuentran mejor ubicados en el Indice Global de Innovación.

Si revisamos indicadores concretos en la materia, el resultado es dramático. Este es el caso del número de investigadores dedicados a actividades científicas y tecnológicas. De acuerdo con la Red de Indicadores de Ciencia y Tecnología, Iberoamericana e Interamericana, (RICYT) en México existe menos de un investigador por cada mil habitantes pertenecientes a la Población Económicamente Activa (PEA). En países latinoamericanos como Chile el número de investigadores por cada mil habitantes de la PEA es del doble que en el nuestro. Qué decir de países como España donde existen cerca de siete investigadores por cada mil habitantes de la PEA, o de Estados unidos donde hay más de diez.

Claro que estas cifras son consecuencia directa de la realidad que ha vivido nuestro sistema educativo. No debemos perder de vista, por ejemplo, que la cobertura de educación superior en México es de apenas 32.8%. Tampoco debemos olvidar que mientras que en Brasil se forman cada año más de 11 mil doctores en ciencias, en nuestro país apenas son 3 mil 500 anuales.

Otro indicador que nos muestra de forma cruda nuestro rezago en investigación, desarrollo e innovación (I+D+i) es el número de patentes solicitadas y concedidas. De acuerdo con datos de la OMPI, en el año 2010 en México se solicitaron 14,000 patentes, mientras que en Estados Unidos se solicitaron más de 490,000. Peor aún: de las 14,000 patentes solicitadas en nuestro país durante ese año, únicamente 951 fueron hechas por nacionales y 13,000 por extranjeros. Cuando analizamos el número de patentes concedidas las cifras son aún más bajas: sólo 200 patentes registradas por mexicanos. Al final, el porcentaje de patentes generadas por connacionales es de apenas 2.2%.

Si las patentes reflejan la creatividad tecnológica y el desempeño económico de una sociedad, entonces imaginemos el tamaño de nuestros desafíos.

En gran medida, este atraso en ciencia, tecnología e innovación se debe a la falta de inversión. Cabe señalar que durante la pasada administración se destinó menos del 0.43% del Producto Interno Bruto (PIB) a actividades relacionadas con estas materias. De ese porcentaje, la mitad se utilizó en el mantenimiento de infraestructura, otra parte importante fue para fines administrativos y una cifra menor para la preparación de nuevos investigadores y la construcción de nueva infraestructura.

El actual titular del Poder Ejecutivo Federal ha dado un paso significativo para revertir esta situación al impulsar ante la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión un aumento en el presupuesto asignado a actividades de ciencia, tecnología e innovación. De esta forma, en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) para el ejercicio fiscal de 2013 se asignaron recursos por 70 mil 300 millones de pesos, monto que representa un aumento de 14.6% respecto al año pasado. La idea del gobierno federal que inició su gestión hace unos cuantos meses es incrementar los recursos destinados a I+D+i para estar en posibilidades de alcanzar la meta del 1% del PIB, al final del sexenio.

Lo cierto es que este esfuerzo debe ser acompañado de acciones legislativas concretas. El atraso científico y tecnológico que padece nuestro país no puede ser superado sólo mediante el simple incremento de pesos y centavos. Aún si mañana contáramos con cientos de miles de millones de dólares para elevar nuestros niveles de investigación e innovación, de nada servirían sin la existencia de infraestructura y sin mecanismos institucionales que garanticen que esos recursos se utilicen de forma eficiente y siguiendo un plan estratégico de desarrollo, acorde con las necesidades y objetivos nacionales.

En términos lisos y llanos podemos afirmar que para alcanzar la meta del 1% del PIB en gasto destinado a investigación científica y crecimiento tecnológico, como lo determina el artículo 9 Bis de la Ley de Ciencia y Tecnología, resulta indispensable expandir y consolidarnuestra planta de I+D+i.

La presente iniciativa busca contribuir a avanzar en dicho propósito para obtener mejores resultados en el tema que nos ocupa y con la celeridad que se requiere.

¿Qué proponemos? ¿Qué aspectos deben atenderse? A continuación expondremos las ideas centrales de manera breve.

Sin lugar a dudas uno de los proyectos más importantes y más exitosos desarrollados por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) es el Sistema Nacional de Centros Públicos de Investigación. Este sistema está conformado por instituciones de investigación que se agrupan en tres grandes áreas según sus objetivos y especialidades: ciencias exactas y naturales; ciencias sociales y humanidades; desarrollo e innovación tecnológica. Los Centros Públicos de Investigación CONACYT han contribuido de manera decisiva a descentralizar nuestros esfuerzos en el campode la ciencia y la tecnología, brindando especial atención a la búsqueda de soluciones para los problemas regionales. Además de lo anterior, han sido un factor importante para vincular la generación de conocimientos con el sector productivo del país e impulsar la investigación y la innovación.

Desafortunadamente, hoy sólo existen en todo el país 27 Centros Públicos de Investigación. Tan sólo 15 entidades federativas cuentan al menos con una sede y si se toman en cuenta las unidades o subsedes su presencia se extiende a 23 entidades federativas.

La realidad es que para contar con un Sistema de Centros Públicos CONACYT que se consolide como motor del desarrollo regional y nacional es necesario ampliar su presencia y fortalecer las instituciones existentes.De forma concreta, proponemos reformar la Ley de Ciencia y Tecnología a fin de sentar las bases legales que permitan iniciar un proceso de creación de nuevos centros de investigación en aquellas entidades federativas que no cuentan actualmente con uno. La idea es que al final de la presente administración exista cuando menos un centro en cada entidad federativa. Sin duda, la creación de estas nuevas instituciones requerirá de recursos presupuestales, pero no debemos perder de vista que los propios centros generan recursos para su funcionamiento a través de la venta de servicios, bienes y productos de investigación y desarrollo tecnológico, incluyendo la capacitación para la formación de recursos humanos calificados.

Las nuevas instituciones evidentemente realizarán labores relacionadas con la innovación, pero pondrán especial énfasis en temas que aprovechen las ventajas competitivas de los estados y regiones donde se asienten, a efecto de impulsar su crecimiento. La generación de conocimiento, su canalización al desarrollo y lainnovación, así como su articulación con el desarrollo regional es fundamental para lograr un crecimiento económico propio y para alcanzar mejores niveles de bienestar.

Lo anterior cobra especial relevancia si consideramos que, de acuerdo con datos del propio CONACYT, algunas de las entidades más con menor desarrollo en materia de ciencia, tecnología e innovación son precisamente aquellas que no cuentan con ninguna sede o subsede de los Centros Públicos de Investigación. Este es el caso de estados como Zacatecas o Hidalgo.

Los nuevos centros pueden sentar las bases para el desarrollo de parques tecnológicos o clusters tecno - industriales, físicos o virtuales, que permitan conjuntar y coordinar esfuerzos e inversiones para aprovechar nichos de investigación, desarrollo e innovación, es decir, I+D+i.

Además de lo anterior, la apertura de estos nuevos centros permitirá que quienes obtengan una beca del CONACYT y concluyan sus estudios de posgrado puedan incorporarse a trabajar en ellos. Lo anterior, con el fin de entrelazar los esfuerzos que se desarrollan en materia de ciencia y tecnología y evitar que los recursos destinados a formar posgraduados se desperdicien. No debemos olvidar que muchos de los doctores graduados cada año en México terminan en el subempleoo migrando a instituciones de investigación en el extranjero. Con esta medida abriremos oportunidades para que miles de jóvenes talentosos contribuyan de manera decisiva a impulsar el desarrollo del país y a liberar a entidades y regiones del lastre de la pobreza. Nuestra juventud necesita oportunidades para desarrollar sus capacidades y esta es una vía inmejorable.

Por otra parte, en plena coincidencia con lo establecido en el documento “Hacia una Agenda Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación”, elaborado por 65 instituciones de educación superior, centros de investigación y organismos empresariales, consideramos necesario consolidar la operación de las Unidades de Vinculación y Transferencia de Conocimiento. Desde nuestra perspectiva, el establecimiento obligatorio de estas unidades contribuirá de manera decisiva a la transferencia de tecnología y conocimientos hacia las empresas públicas, privadas y sociales con especial énfasis en las micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYMES).

Tal como recomienda el documento citado, es necesario difundir prácticas y métodos que orienten a las empresas nacionales sobre la forma en que se hace innovación.

En este sentido, proponemos reformar el artículo 40 Bis de la Ley de Ciencia y Tecnología.

Finalmente, en coincidencia con propuestas presentadas por el Partido Verde en la pasada legislatura, proponemos adicionar el artículo 6 de la Ley de Ciencia y Tecnología a fin de dotar al Consejo General de la facultad de definir anualmente los proyectos de cooperación y colaboración internacional en materia de investigación, desarrollo tecnológico e innovación en los que México pueda participar. El objetivo es incrementar la generación de conocimientos para la solución de problemas reales y cotidianos en nuestro país.

México no puede esperar. Es hora de cumplir con nuestra responsabilidad como legisladores y responder a los anhelos de bienestar de la sociedad; lo cierto es que la ciencia, la tecnología y la innovación son una de las mejores vías para combatir la pobreza, la exclusión, la violencia y la desigualdad.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de esta Asamblea el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO

UNICO.- Se reforman el párrafo primero del artículo 40 Bis, y el primer párrafo del artículo 51, y se adicionan una fracción XI que recorre la actual al artículo 6; un párrafo cuarto al artículo 40 Bis, y un nuevo artículo 47 Bis, todos de la Ley de Ciencia y Tecnología, para quedar como sigue:

Artículo 6.

El Consejo General tendrá las siguientes facultades:

XI.Definir anualmente losproyectos de cooperación y colaboración internacional en materia de investigación, desarrollo tecnológico e innovación en los que el país pueda participar.

XII. Realizar el seguimiento y conocer la evaluación general del programa especial, del programa y del presupuesto anual destinado a la ciencia, la tecnologíay la innovación y de los demás instrumentos de apoyo a estas actividades.

Artículo 40 Bis.

Las universidades e instituciones de educación pública superior y los Centros Públicos de Investigación, establecerán unidades de vinculación y transferencia de conocimiento.

...

Las unidades de vinculación y transferencia de conocimiento tendrán entre sus objetivos la difusión deprácticas y métodos que orienten al sector productivo nacional sobre la forma en que se lleva a cabo la innovación.

Artículo 47 Bis.

En cada una de las entidades federativas del país habrá, cuando menos, un Centro Público de Investigación. Estos centros impulsarán la generación de conocimientos e innovación de conformidad con las metas estratégicas que defina el Consejo General.

Artículo 51.

Los Centros Públicos de Investigación promoverán conjuntamente con los sectores público y privado la conformación de asociaciones estratégicas, alianzas tecnológicas, consorcios, unidades de vinculación y transferencia de conocimiento, nuevas empresas privadas de base tecnológica, cadenas productivas y redes regionales de innovación en las cuales se procurará aprovechar e impulsar las capacidades y ventajas competitivas de las entidades federativas o regiones en que se asienten y se buscará la incorporación de desarrollos tecnológicos e innovaciones realizadas en dichos centros, así como de los investigadores formados en ellos.

TRANSITORIOS

Artículo Unico.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Salón de sesiones del Senado de la República, a 26 de febrero de 2013.

Suscriben

Sen. Carlos Alberto Puente Salas”.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, Senador Carlos Alberto Puente Salas. Túrnese a las Comisiones Unidas de Ciencia y Tecnología; y de Estudios Legislativo, Segunda.

Sonido en el escaño de la Senadora Rocío Pineda.

- La C. Senadora María del Rocío Pineda Gochi: (Desde su escaño) Gracias. Nada más para preguntarle al Senador si es posible que me sume a su iniciativa. Y lo felicito además por ello.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Senador Carlos Puente Salas, ¿acepta la incorporación?

- El C. Senador Carlos Alberto Puente Salas: (Desde su escaño) Acepto.

- El C. Presidente Aispuro Torres: En el mismo sentido, la Senadora Ivonne Alvarez, pido a la Secretaría que tome nota de quienes desean adherirse a esta iniciativa, con mucho gusto

Recibimos en esta Mesa Directiva un dictamen de la Comisión de Gobernación, con proyecto de Decreto que concede permiso al ciudadano Enrique Francisco Galindo Ceballos para aceptar y usar condecoración que le confiere el gobierno del Ecuador.

Solicito a la Secretaría dé lectura al dictamen.





 

PERMISO PARA ACEPTAR Y USAR CONDECORACION

(Dictamen de primera lectura)



Es de todo, señor Presidente.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, señora Secretaria. Queda de primera lectura. Consulte ahora la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si autoriza que se dispense la segunda lectura del dictamen y se ponga de inmediato a discusión.

- La C. Secretaria Barrera Tapia: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se autoriza que se dispense la segunda lectura del anterior dictamen. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se dispensa la segunda lectura, señor Presidente.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, señora Secretaría. En consecuencia, está a discusión dicho proyecto de Decreto.

Sonido en el escaño del Senador Octavio Pedroza.

- El C. Senador César Octavio Pedroza Gaitán: (Desde su escaño)Gracias, señor Presidente. Si me lo permite, para expresar mi mayor beneplácito porque el maestro Enrique Galindo Ceballos sea merecedor de esta distinción de la República del Ecuador.

Tengo la fortuna de tratar y conocer al maestro Galindo Ceballos desde hace muchos años; conozco de su profesionalismo, su dedicación, su entrega y servicio por la sociedad.

De tal manera, que uso este micrófono para expresar mi mayor satisfacción porque este reconocimiento sea entregado al maestro Galindo Ceballos en representación de tan distinguida corporación.

Muchas gracias.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, Senador Octavio Pedroza Gaitán.

- El C. Senador Teófilo Torres Corzo: (Desde su escaño) Pido la palabra, señor Presidente.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Sonido en el escaño del Senador Teófilo Torres Corzo.

- El C. Senador Teófilo Torres Corzo: (Desde su escaño)Gracias, señor Presidente. También para sumarme, como lo ha hecho el Senador Octavio Pedroza, a este reconocimiento, a esta distinción que se le hace al maestro Galindo Ceballos, también lo conozco, también es de San Luis Potosí, y conocemos su trabajo, conocemos su preparación, su dedicación y su honestidad, también para sumarme en apoyo de lo mismo.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, Senador Teófilo Torres Corzo.

No habiendo más quien haga uso de la palabra, pido que se hagan los avisos a que se refiere el artículo 58 de nuestro Reglamento para recibir la votación sobre este proyecto de Decreto. Abrase el sistema electrónico de votación hasta por 3 minutos para recoger la votación nominal de dicho proyecto de Decreto.



- La C. Secretaria Barrera Tapia: Señor Presidente, conforme al registro electrónico de votación se emitieron 76 votos a favor, cero en contra y 1 abstención.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, señora Secretaria. Aprobado el proyecto de Decreto que concede permiso al ciudadano Enrique Francisco Galindo Ceballos para aceptar y usar la condecoración que le confiere el gobierno del Ecuador. Remítase a la Cámara de Diputados para sus efectos constitucionales.

Se le concede el uso de la palabra al Senador Raúl Aarón Pozos Lanz, a nombre propio y de la Senadora Ninfa Salinas Sada, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman diversas fracciones del artículo 12 de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable.





 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LAS FRACCIONES V, VI, VII, VIII, XI Y XIV DEL ARTICULO 12 DE LA LEY GENERAL DE DESARROLLO FORESTAL SUSTENTABLE

(Presentada por el C. Senador Raúl Aarón Pozos Lanz, a nombre propio y de la C. Senadora Ninfa Salinas Sada)

- El C. Senador Raúl Aarón Pozos Lanz: Con su venia, señor Presidente; compañeras y compañeros Senadores:

La preservación de los recursos naturales del país es de vital importancia para el futuro de México. El agua, los hidrocarburos, las riquezas minerales, la flora y la fauna son recursos que determinan la viabilidad estratégica de una nación. Son recursos cuyo aprovechamiento no sólo es fuente de trabajo e ingreso para miles de familias, sino que se han convertido en recursos bióticos de interés global.

Sus nuevos usos y la importancia que tienen en un equilibrio ecológico, no solo nacional sino global, obligan a definir y diseñar políticas de preservación y aprovechamiento novedosas.

Se sabe ahora la importancia de los recursos forestales, por ejemplo, en las consideraciones sobre cambio climático.

Este tema en México no es menor. Solo para dimensionar la importancia del bosque mexicano, basta señalar que Campeche, estado al que orgullosamente represento ante esta Soberanía, es el estado de la Península de Yucatán que tiene la mayor extensión territorial y que por su ubicación geográfica también cuenta con la mayor cantidad de tipos de vegetación y especies.

Campeche ocupa el segundo lugar a nivel nacional con la mayor superficie de áreas naturales protegidas, o en algún estatus de protección.

Esto es, 2 millones 343 mil 188 hectáreas, de un total de 5 millones 684 mil, lo que significa un 41.2% de la extensión territorial de mi entidad, está protegida.

Cómo no resaltar la riqueza natural de los municipios de mi entidad que se suman a la de todo nuestro país.

Hablar de Calakmul y su majestuosa biosfera considerada la segunda área natural más grande de México, compartiendo con Hopelchén, a Balancán y Balamkú, con su cultura maya y naturaleza única, que dan orgullo especial a quienes viven de ellas.

Cómo no mencionar la riqueza forestal que comparten los municipios de Tenabo, Hecelchakán y Calkini, con su hermosa reserva llamada los Petenes, y la Ría de Celestún colindante con Yucatán, que forma un corredor de humedales costeros de casi 300 mil hectáreas.

El municipio del Carmen, que no solo cuenta y destaca por su economía petrolera, sino también por su bella Laguna de Términos, denominada el estuario mayor del país, con una extensión de 705 mil hectáreas.

Con 43 kilómetros, 35 de los cuales son navegables, desde Canasayab hasta su desembocadura en el Golfo de México en Champotón, municipio en el que orgullosamente crecí, es el sitio ideal para la práctica de la pesca deportiva, recorridos fotográficos que aprecian la flora y la fauna que habita en esa región.

En la antigüedad, el río Champotón fue utilizado como el único medio de comunicación entre los diversos poblados que se encuentran en la ribera de este río; de la misma manera nutren este tesoro natural los ríos de Candelaria y Palizada y, sin duda, la Laguna de Silvituc.

En todos ellos, y mucho más, se encuentra una riqueza forestal que ubica a mi estado en una de las entidades con mayor cobertura boscosa en el país.

Es cierto que durante mucho tiempo los programas reflejaron la ausencia de consideraciones técnicas y ese fue el argumento que justificó, en su momento, el diseño centralizado de las políticas públicas.

Una visión holística que reconoce las interacciones entre los diversos actores que viven en y de los bosques, requieren por tanto de la participación y puntos de vista de los grupos de interés que habitan en las regiones de sus pobladores, de las autoridades locales y de los recursos humanos y financieros, así como de la capacidad técnica con las que cuentan para el manejo de un bien público.

Es necesario, en pocas palabras, reimaginar, reconstruir y reedificar los acuerdos institucionales y transformarlos de individuales a colectivos, de centralistas a participativos, de instrucciones imperativas a diálogos entre soberanías, para dar un tratamiento responsable y apropiado a la política forestal de México.

La experiencia nos dice, a quienes representamos a nuestras entidades, que las decisiones centralizadas y estrictamente técnicas, deberían coexistir con otro tipo de valoraciones que también impactan el desarrollo del bosque y de los habitantes que viven de él.

Por todo ello, sometemos a la consideración de esta Asamblea el siguiente proyecto de Decreto:

Artículo Unico.- Se reforman las fracciones V, VI, VII, VIII, XI y XIV del artículo 12 de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, para quedar como sigue:

V. En coordinación con las entidades federativas, realizar el Inventario Nacional Forestal y de Suelos, así como determinar de manera conjunta los criterios e indicadores para el desarrollo, diseño y actualización de los inventarios correspondientes a las entidades federativas y los municipios;

VI. En coordinación con las entidades federativas, llevar a cabo la zonificación forestal del país;

VII. En coordinación con las entidades federativas, diseñar el Registro Forestal Nacional;

VIII. Diseñar de manera conjunta con las entidades federativas pertinentes, las regulaciones jurídicas para la reforestación en zonas de conservación y restauración y vigilar su cumplimiento;

XI. En coordinación con las entidades federativas, establecer las bases e instrumentos para promover un mercado de bienes y servicios ambientales, así como para promover la compensación por los bienes y servicios ambientales que prestan los ecosistemas forestales;

XIV. En coordinación con las entidades federativas, así como las dependencias y entidades federales competentes, diseñar, desarrollar, aplicar y propiciar los instrumentos económicos para promover el desarrollo forestal;

Transitorios

Primero.- El presente Decreto entrará en vigor 15 días después de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo.- Se derogan las disposiciones legales y reglamentarias que se opongan al presente Decreto.

Asimismo, señor Presidente, le solicito se turne, también, a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales para su dictaminación.

Muchísimas gracias a todos.

(Aplausos)

Iniciativa



- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, Senador Raúl Aarón Pozos Lanz. Túrnese a las Comisiones Unidas de Desarrollo Rural; de Medio Ambiente y Recursos Naturales; y de Estudios Legislativos.

- El C. Senador Gerardo Sánchez García: (Desde su escaño) Señor Presidente.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Sonido en el escaño del Senador Gerardo Sánchez García.

- El C. Senador Gerardo Sánchez García: (Desde su escaño) Señor Presidente, para que por su conducto, si le puede consultar al Senador, si es posible que nos adhiramos a esta iniciativa.

- El C. Presidente Aispuro Torres: ¿Senador Pozos Lanz, acepta las adhesiones que está planteando el Senador Gerardo Sánchez y el Senador Ascención Orihuela? Pido a la Secretaría que tome nota de quienes deseen adherirse a dicha iniciativa.

Se le concede el uso de la palabra al Senador Francisco Salvador López Brito, del grupo parlamentario del PAN, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma el párrafo octavo del artículo 4o. constitucional.





 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL PARRAFO OCTAVO DEL ARTICULO 4o. DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

(Presentada por el C. Senador Francisco Salvador López Brito, del grupo parlamentario del PAN)

- El C. Senador Francisco Salvador López Brito: Con su permiso, señor Presidente; compañeras y compañeros Senadores:

En mi calidad de representante popular y desde luego como integrante de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, es que presento a consideración de esta Soberanía un proyecto de Decreto por el que se reforma el párrafo octavo del artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para establecer un registro oficial de nacimientos vivos, universal y gratuito, para toda la niñez mexicana, y cumplir así con tratados internacionales y necesidades y requerimientos nacionales en cuanto al derecho de identidad, otorgándole gratuitamente el acta de nacimiento.

El registro o inscripción de nacimientos y el acta de nacimiento, son documentos importantes porque: Es el primer reconocimiento por parte del Estado de la existencia del hecho vital del nacimiento. Es un instrumento legal de identidad para ejercer el disfrute de todos sus derechos y es esencial para planificar políticas públicas en materia de infancia.

Desafortunadamente no todos los mexicanos nacidos vivos son registrados oportunamente en el tiempo que establecen las legislaciones locales y que la oportunidad varía de entidad federativa en entidad. Por ejemplo, en el estado de Zacatecas 91 días; Guanajuato 92; Yucatán 45; Nuevo León 40; en Guerrero y Campeche estipulan realizarlo en un lapso de 30 días; Quintana Roo si lo registra el padre un plazo de 15 días, mientras que el registro por parte de la madre tiene un plazo de 30 días, oportuno registro a los 12 meses del nacimiento en Chiapas y Tabasco. Pasado el plazo oportuno se considera este acto extemporáneo con las consecuencias legales, además de sanciones que también van diferenciándose de estado en estado por multas adicionales al costo de lo que representa el acta de nacimiento.

Por ejemplo, el costo del acta de nacimiento en el país en promedio anda en los 85 pesos. Sin embargo, hay estados que andan por arriba de los 434 pesos; 312 en otros, y esto contribuye precisamente a situaciones de registro extemporáneo o subregistro de los nacidos vivos, además de considerar otros factores: Como factores culturales derivados de la falta de orientación al público acerca de los beneficios del registro civil; factores de accesibilidad geográfica derivados de la orografía nacional; y desde luego factores económicos derivados no nada más de los costos del simple documento, sino también de costos de traslado o costos que representa el ausentarse de labores que implican el ingreso para las familias.

Los anteriores factores hacen que el derecho de identidad de nuestra niñez, nacida viva, se vea postergado con registro extemporáneo y, en el peor de los casos, se hagan invisibles estos nacidos vivos ante un registro oficial o subregistro.

El Organismo de las Naciones Unidas para la Atención y Protección de la Infancia y la Adolescencia, estima que cada año más de 1.3 millones de nacimientos no son registrados y que en los últimos cinco años se ha logrado disminuir el subregistro, esto en los países de Latinoamérica y El Caribe, de un 18 por ciento a un 10 por ciento. El común denominador de las personas que aún viven en subregistro es lamentablemente la pobreza. En nuestro país alrededor de 52 millones de personas se encuentran en algún grado de pobreza, conforme el reporte del CONEVAL 2012. De ahí la importancia de este factor.

Para el Estado mexicano, el registro de nacimientos es un derecho humano reconocido en diversos instrumentos internacionales, ratificados por este Senado, entre los que se encuentran: La Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Convención Americana sobre Derechos Humanos y la Convención sobre los Derechos del Niño.

Más aun, México, en el 2007, durante la I Conferencia Regional Latinoamericana sobre el Derecho a la Identidad y el Registro Universal de Nacimiento, celebrada en Asunción, Paraguay; y en la II Conferencia Regional sobre el Derecho a la Identidad, celebrada en Panamá en 2011, se ha comprometido al Estado mexicano para cumplir la meta común de alcanzar el registro universal gratuito y oportuno en la región el año 2015. Esta reforma tiene como objetivo precisamente dar cabal cumplimiento a esta meta y abatir el registro extemporáneo y el subregistro con el incentivo de hacer gratuita la primer acta de nacimiento, siempre y que los coadyuvantes ascendientes, tutores y custodios, de hacer cumplir este derecho de nuestra niñez, acudan oportunamente ante las oficialías del registro civil o ante los consulados mexicanos en el extranjero.

Estamos proponiendo como lapso oportuno los primeros 12 meses de vida del nacido.

El derecho a la identidad está compuesto entre otros importantes rubros como el tener un nombre y los apellidos de los padres desde que nazca, así como estar inscrito en el registro civil.

El registro oportuno de nacimientos a nivel nacional y por entidad federativa, del reporte INEGI-UNICEF MEXICO, nos informa que entre 1999 al 2009, el total de nacimientos estimados de acuerdo a las cifras de los censos 2000 y 2010 pasó de 2.6 a 2.2 millones.La cobertura en estos años era del 78.8 por ciento en lo que son registros oportunos y para el año 2009 ha mejorado a un 93.4 por ciento, lo cual todavía habla de un cifra importante de un 6.6 por ciento de niños mexicanos que no se registran oportunamente. Estamos hablando alrededor de 154 mil niños por año.

Chiapas y Guerrero muestran, entre los estados mexicanos, el patrón de registro oportuno de nacimiento con más baja cobertura en el promedio nacional.

La oportunidad del registro de nacidos vivos y los costos del acta de nacimiento, que varía de una entidad a otra, se explica por la decisión libre y soberana de cada legislatura, de cada entidad, para establecer el plazo oportuno después de la fecha de nacimiento en días, meses o años, y la contribución que, como derecho, se establece para la expedición del acta de nacimiento.

Esta diversidad de federalismo hacendario se subsanaría con la aprobación de la presente reforma constitucional, puesto que las disposiciones hacendarias locales serían constitucionalmente inaplicables, de conformidad con la jerarquía jurídica nacional federal, sin menoscabo de reformar las leyes hacendarias locales para exentar de cobro la expedición del acta de nacimiento en el plazo oportuno, sin menoscabo de adecuar las disposiciones hacendarias locales a la presente reforma constitucional.

Por todo lo anterior, y para alcanzar las metas para el año 2015, considero necesario establecer un registro oficial de nacimientos vivos, universal y gratuito, para toda la niñez mexicana, y cumplir con su derecho de identidad otorgándole gratuitamente el acta de nacimiento por única ocasión y en los primeros 12 meses de nacimiento.

Es por lo anteriormente expuesto y en ejercicio de la facultad fundamentada arriba referida, que me permito someter a la consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma el párrafo octavo del artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos:

Artículo Unico.- Se reforma el párrafo octavo del artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

“En todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos. Los niños y las niñas tienen derecho a identidad legal, acta de nacimiento gratuita por única vez dentro de los 12 meses después del nacimiento, a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación...”, prosigue el párrafo, y lo que agregaríamos sería lo antes señalado. Con los siguientes transitorios:

Primero.- El presente Decreto entrará en vigor el siguiente día de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo.- A partir de la entrada en vigor, las legislaturas de los estados y la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, dispondrán de 6 meses para establecer en sus haciendas o códigos financieros la exención del cobro del derecho del acta de nacimiento, siempre y cuando el registro se realice dentro del plazo oportuno establecido.

Por su atención, muchas gracias.

Iniciativa

“SEN. ERNESTO CORDERO ARROYO

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA

LXII LEGISLATURA

SENADO DE LA REPUBLICA

PRESENTE.

FRANCISCO SALVADOR LOPEZ BRITO, Senador integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como por los artículos 55, fracción II, 176 y 179 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; somete a la consideración del Pleno de esta Soberanía, la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el pArrafo octavo del ArtIculo 4o.de la ConstituciOn PolItica de los Estados Unidos Mexicanos, para establecer un registro oficial de nacimientos vivos, universal y gratuito, para toda la niñez mexicana y cumplir con suDerecho de Identidad, otorgAndole gratuitamente el Acta de Nacimiento, al tenor de la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

El nacimiento de un (a) mexicano (a), sea en el territorio nacional o en el extranjero, es un hecho vital.

Este hecho vital, de una niña o un niño nacido vivo, debe ser registrado o inscrito ante las Oficialías del Registro Civil, así como en los consulados de México en el extranjero, para cumplir con el Derecho de Identidad del nacido vivo, obteniendo el registrado o inscrito el Acta de Nacimiento, documento legal estatal que certifica el hecho vital.

El registro o inscripción de nacimientos y el acta de nacimiento, son importante porque: Es el primer reconocimiento por parte del Estado de la existencia del hecho vital, es un instrumento legal de identidad para ejercer el disfrute de todos sus derechos, es esencial para planificar la política pública nacional sobre infancia, a partir de 1986 el INEGI, emplea una copia del acta de nacimientoparaelaborar las estadísticas de natalidad y caracterizar el fenómeno de la fecundidad. Estas estadísticas proporcionan información de la tasa y la tendencia del crecimiento natural de la población y sobre la conducta de sus componentes, mediante su agregación a lo largo del tiempo, sobre el tamaño de la población su estructura y distribución geográfica. También se usan para obtener estimaciones del tamaño de la población y realizar proyecciones de población.Es un insumo esencial para el análisis demográfico y la planeación. En última instancia, es un requisito previo para la planificación del desarrollo económico y social de un país.

Desafortunadamente no todos los mexicanos nacidos vivos son registrados oportunamente, en el tiempo que establece la legislación local y que la oportunidad varia de entidad federativa, Zacatecas 91 días, Guanajuato 92 días, Yucatán 45 días; en Nuevo León es de 40 días, mientras que Guerrero y Campeche estipulan realizarlo en un lapso de 30 días. En Quintana Roo si lo registra el padre tiene un plazo de 15 días, mientras que el registro por parte de la madre tiene un plazo de 30, oportuno registro a los 12 meses del nacimiento en Chiapas y Tabasco. Pasado el plazo oportuno se considera extemporáneo y se hace acreedor a multa, adicional al costo del Acta de Nacimiento.

El costo de un acta de nacimiento en el país puede ir desde 36 pesos en Nuevo León, hasta 249 pesos en Baja California Sur, siendo el costo promedio entre los estados de 85 pesos aproximadamente. Para los casos en que el registro no se hace con oportunidad, una constancia de inexistencia de registro puede costar desde 59 pesos, como es el caso de Tabasco y Tlaxcala, hasta 434, su precio en Baja California Sur. En algunos estados se pide también una constancia de extemporaneidad cuyo costo puede ascender hasta 312 pesos.

El registro extemporáneoy el subregistrode nacidos vivos, se pueden atribuir a tres causas principales:

1.- Factores culturales derivados de la falta de orientación al público acerca de los beneficios del registro civil; barreras lingüísticas (en el caso de la población indígena) por ignorancia, desconfianza y escepticismo.

2.- Factores de accesibilidad geográfica derivados de la orografía tan accidentada del territorio nacional, en determinadas regiones, lo cual impide el fácil acceso entre los coadyudantes de hacer cumplir el derecho de identidad de la niñez mexicana y los servicios públicos.

3.- Factores económicos derivados de los costos para trasladarse ante las oficialías de registro civil y el costo para obtener, en la mayoría de los Estados y Municipios, el Acta de Nacimiento, es decir costo para trasladarse, costo del documento de identidad y el hecho de no poder trabajar ese día para obtener una retribución.

Los anteriores factores hacen que el Derecho de Identidad de nuestra niñez, nacida viva, se vea postergado-registro extemporáneo- y, en el peor de los casos se hagan invisibles al registro oficial-subregistro.

La UNICEF, estima que cada año más de 1,3 millones de nacimientos no son registrados y que en los últimos cinco años se ha logrado disminuir el subregistro en Latinoamérica y Caribe de un 18% a un 10%. El común denominador de las personas que aún viven en subregistro es la pobreza. En nuestro País alrededor de 52 millones de personas se encuentran en algún grado de pobreza, conforme el reporte del CONEVAL 2012.

Por ello, desde hace algunos años en México el Registro Nacional de Población y los registros civiles de los estados han realizado esfuerzos importantes en el proceso de mejora en la cobertura, oportunidad y calidad del registro de nacimiento, así como en la modernización e incorporación de nuevas tecnologías y sistemas informáticos.

El informe elaborado por INEGI-Unicef México, nos proporciona una medición del comportamiento del registro de los nacimientos en México, para conocer los grados de cobertura oportuna y tardía a nivel nacional, estatal y municipal. Diagnostica que el aumento de la cobertura oportuna del registro de los nacimientos es alentador, sin embargo, aún existe un gran número de niños y niñas que no cuentan con su acta de nacimiento, por lo que se debe trabajar con ahínco para lograr la cobertura universal como un derecho inalienable, principalmente en aquellos lugares más alejados y excluidos.

Para el Estado Mexicano, el registro de nacimiento es un derecho humano, reconocido en diversos instrumentos internacionales, ratificados por el Senado, entre los que se encuentran: La Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto Internacional sobre Derechos Civiles y Políticos, la Convención Americana de Derechos Humanos y la Convención sobre los Derechos del Niño.

Más aun México, en 2007 durante la I Conferencia Regional Latinoamericana sobre el Derecho a la Identidad y el Registro Universal de Nacimiento, celebrada en Asunción Paraguay, y en la II Conferencia Regional Sobre el Derecho a la Identidad, celebrada en Panamá en 2011, se ha comprometido cumplir la meta común de alcanzar el registro universal, gratuito y oportuno en la región para el año 2015. Esta reforma tiene como objetivo dar cumplimiento a esta meta, y abatir el registro extemporáneo y subregistro con el incentivo de hacer gratuita la primera acta de nacimiento, siempre y que los coadyuvantes -ascendientes, tutores y custodios- de hacer cumplir este derecho de nuestra niñez, acudan oportunamente ante las oficialías del registro civil o ante los consulados mexicanos en el extranjero.

Dentro del marco jurídico nacional, la Ley para la Protección de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes reconoce también al registro de nacimiento como uno de los elementos del derecho a la identidad; señala expresamente su Artículo 22. El derecho a la identidad está compuesto por:

A. Tener un nombre y los apellidos de los padres desde que nazca, así como ser inscrito en el registro civil.

B. Tener una nacionalidad, de acuerdo a lo establecido en la Constitución.

C. Conocer su filiación y su origen, salvo en los casos en los que las leyes lo prohíban.

D. Pertenecer a un grupo cultural y compartir con sus integrantes religión, idioma o lengua, sin que eso pueda ser entendido como razón para contrariar ninguno de sus derechos.

La ausencia de inscripción del nacimiento en el registro civil constituye entonces una clara violación del derecho humano esencial e inalienable de todo niño o niña a la identidad.

El registro oportuno de nacimientos a nivel nacional y por entidad federativa, del reporte INEGI-UNICEF MEXICO, nos informa que entre 1999 y 2009, el total de nacimientos estimados de acuerdo a las cifras de los censos de 2000 y 2010 pasó de 2.6 a 2.2 millones, respectivamente.Por otro lado, en términos absolutos el registro de nacimiento oportuno fue similar en 1999 y en el año 2009, con una cifra de poco más de 2 millones de registros. Sin embargo, el porcentaje de cobertura pasó de 78.8% a 93.4%. Es decir, de los niños y niñas que nacieron en 1999 el 78.8% fueron registrados de manera oportuna. En el caso de los niños y niñas que nacieron en el año 2009, el porcentaje de cobertura oportuna se amplió a 93.4% a nivel nacional.

Si bien, de 1999 a 2009 hubo un aumento considerable respecto a la cobertura oportuna, persiste un 6.6% de niños y niñas que no se registran oportunamente.

Cuando se analizan los datos a nivel estatal, se observa que la situación del registro oportuno de nacimientos por entidad federativa se comporta de forma disímil, subsistiendo todavía disparidades entre los estados. Para facilitar el análisis de la información, a continuación se expone tanto la situación de las entidades federativas que presentan menor grado de registro oportuno y su comparación con la media nacional, como la de aquellas que presentan porcentajes de registro oportuno superiores a la media nacional.

Chiapas y Guerrero muestran un patrón de registro oportuno de nacimientos bastante menor que el promedio nacional. En 1999 éstas eran las entidades federativas con el menor porcentaje nacional de cobertura oportuna, 47.6% y 52.3%, respectivamente. Aunque para 2009 los porcentajes de registro oportuno que presentan estas entidades mejora alcanzando el 61.7% y el 70% respectivamente, la situación de rezago frente a la media nacional permanece.

Adicionalmente, en 1999, otras 10 entidades, entre ellas Veracruz, Morelos, Quintana Roo, Tabasco, Campeche, Tamaulipas, Puebla, Hidalgo, Chihuahua y Baja California figuraban por debajo del promedio nacional (78.7%). Una década después solamente Veracruz y Tabasco alcanzan incrementos notables en el registro oportuno, el primero pasó de 65.2 a 89.2%; mientras que el segundo lo hizo de 71.4 a 94%.

Con porcentajes de registro oportuno superiores al promedio nacional se ubican 20 entidades. De ellas, 17 se ubican en niveles entre 80 y 90%, las otras 3, Zacatecas (91.1%), Tlaxcala (91.3%) y el Distrito Federal (94%) presentan los registros oportunos más elevados. En 2009, 8 entidades, entre ellas, Puebla, Chihuahua, Tamaulipas, Oaxaca, Sonora, Nayarit, Colima e Hidalgo, alcanzan niveles de nacimientos inscritos en el registro civil para nueve de cada diez niños. Otras 6 entidades, Michoacán, Tabasco, Baja California Sur, Nuevo León, Sinaloa y Tlaxcala, alcanzan niveles altos de registro por encima del promedio nacional.

Finalmente, 10 entidades del país, Aguascalientes, Coahuila, Guanajuato, Jalisco, Zacatecas, Yucatán, San Luis Potosí, Estado de México, Querétaro y el Distrito Federal, prácticamente tienen una cobertura completa. Incluso superior al 100%, es probable que sea porque cubren el registro de nacimiento de entidades circunvecinas que eligen inscribir a sus niños en estas entidades.

La oportunidad del registro de nacidos vivos y los costos del acta de nacimiento, que varía de una entidad a otra, se explica por la decisión, libre y soberana, de cada legislatura para establecer el plazo oportuno después de la fecha de nacimiento (días, meses o años) y la contribución que, como derecho, se establece para la expedición del acta de nacimiento. Esta diversidad de federalismo hacendario, se subsanaría, con la aprobación de la presente reforma constitucional, puesto que las disposiciones hacendarias locales serían constitucionalmente inaplicables, de conformidad con la jerarquía jurídica nacional federal, sin menoscabo de reformar las leyes hacendarias locales para exentar de cobro la expedición de acta de nacimiento en el plazo oportuno. Sin menoscabo de adecuar las disposiciones hacendaria locales a la presente reforma constitucional

El plazo de oportunidad que considero prudente es de 12 meses después del nacimiento, conforme el parámetro tomado por el estudio de INEGI-UNICEF MEXICO antes referido, sin embargo, pudiera valorarse hasta los tres años, que es cuando se requiere, necesaria y obligatoriamente, que nuestra niñez ingrese al sistema educativo preescolar y acredite su Identidad con el Acta de Nacimiento.

Por lo anterior y para alcanzar las metas para el 2015, considero necesario establecer un registro oficial de nacimientos vivos, universal y gratuito, para toda la niñez mexicana y cumplir con su Derecho de Identidad, otorgándole gratuitamente el Acta de Nacimiento. Habida cuenta que el imperativo del párrafo que proponemos reformar y subsecuentes, del Artículo 4. Constitucional, establece que;

“En todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos.”… “Este principio deberá guiar el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas dirigidas a la niñez”.

“Los ascendientes, tutores y custodios tienen la obligación de preservar y exigir el cumplimiento de estos derechos y principios.

El Estado otorgará facilidades a los particulares para que coadyuven al cumplimiento de los derechos de la niñez. Ello para hacer valer el principio del interés superior de la infancia”

Por todo lo anteriormente expuesto y en ejercicio de la facultad fundamentada arriba referida, me permito someter a la consideración de esta honorable asamblea, la siguiente iniciativa con proyecto deDecreto por el que se reforma el párrafo octavo delArtículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Artículo Unico. Se reforma el párrafo octavo del Artículo 4o.de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 4o.---.

...

...

...

...

En todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos. Los niños y las niñas tienen derecho a identidad legal, acta de nacimiento gratuita por única vez dentro de los 12 meses después del nacimiento, a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral. Este principio deberá guiar el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas dirigidas a la niñez.

…”

TRANSITORIOS

Primero. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo.- A partir de entrada en vigor, las legislaturas de los Estados y la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, dispondrán de seis meses para establecer en sus haciendas o códigos financieros la exención de cobro del derecho por extender el acta de nacimiento, siempre y cuando el registro se realice dentro del plazo oportuno establecido.

Salón de sesiones de la Cámara de Senadores, a 26 de febrero de 2013.

Sen. Francisco Salvador López Brito”.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, Senador Francisco Salvador López Brito. Túrnese a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; y de Estudios Legislativos, Segunda.

Se le concede el uso de la palabra a la Senadora Lorena Cuéllar Cisneros, del grupo parlamentario del PRD, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto que reforma los artículos 26, 110 y 111 de nuestra Constitución.





 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA LOS ARTICULOS 26, 110 Y 111 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

(Presentada por la C. Senadora Lorena Cuéllar Cisneros, del grupo parlamentario del PRD)

- La C. Senadora Lorena Cuéllar Cisneros: Compañeras y compañeros Senadores:

Queremos abonar a la discusión actual sobre los mecanismos de control y rendición de cuentas, presentando esta iniciativa con proyecto de Decreto que reforma los artículos 26, 110 y 111 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Desde hace años, y permanentemente, intelectuales, organismos internacionales, organizaciones de la sociedad civil, instituciones autónomas e investigadores especializados en materia social, así como la sociedad en general y los beneficiarios en particular, han evidenciado la demagogia, la corrupción y manipulación social, política y electoral que existe en la implementación de los programas y acciones de las políticas de desarrollo social.

Por ello, en el desarrollo institucional de nuestro país durante la última década, la idea de que las acciones de gobierno deben ser continuamente monitoreadas para asegurar la alta eficacia, efectividad y mejor desempeño económico ha sido una constante preocupación y ocupación de todos los grupos parlamentarios.

Como antecedente, citamos diversas iniciativas que han presentado legisladores de los diferentes partidos políticos en materia social, la Senadora Leticia Burgos Ochoa presentó una iniciativa en la que propuso la creación del Instituto Nacional de Evaluación y Seguimiento de la Política Social.

Mientras que en el ámbito educativo, y en el mismo tenor, encontramos el proyecto de ley del Instituto Nacional de Evaluación de la Educación, del Senador Armando Chavarría Barrera. Con la entrada en vigor de la Ley General de Desarrollo Social y la conformación del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, CONEVAL, han sido diversas las voces que han expresado la necesidad de dar mayor autonomía y fortalecer al CONEVAL dándole mayores facultades, más aún, recientemente, el Partido Acción Nacional ha presentado una iniciativa que reforma el artículo 26 de nuestra Carta Magna con la finalidad de dotar de autonomía constitucional al consejo creado por la Comisión Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social.

Consideramos que esta propuesta se limita a darle al órgano autonomía para la función de la evaluación de la política de desarrollo social, marginándola a la política pública de carácter asistencial y compensatorio.

Derivado de ello, presentamos una propuesta de mayor envergadura que establezca un Instituto Nacional de Evaluación de la Política Social, el cual se encargue de dar seguimiento y evaluar los resultados de todas aquellas acciones encaminadas a reducir y eliminar las inequidades sociales a través de la redistribución de los recursos, servicios, oportunidades y capacidades.

Partimos de un concepto de política social que contiene todas aquellas actividades que contribuyan a la salud, educación, alimentación, asistencia pública, trabajo, seguridad social, vivienda, medio ambiente sano y los relativos a la discriminación de la población, pero también aquellas que afectan, en general, la redistribución y distribución del ingreso y las dirigidas a construir y conservar el capital social con el fin de estructurar la sociedad de forma más justa.

Por ello, consideramos que se requiere dar mayor claridad al ámbito de competencia dentro del marco jurídico, no sólo trasladando la facultad para evaluar la política nacional de desarrollo social de la Secretaría de Desarrollo Social al instituto, sino fortaleciendo al órgano evaluador al integrar nuevas atribuciones por virtud de la presente reforma acordes a las necesidades de organización, coordinación y control administrativo de la política social nacional.

Además de transformar la configuración jurídica del CONEVAL como organismo constitucional autónomo público, se amplía ese objeto que no se limita a las funciones de evaluar e informar sobre la situación de desarrollo social del país al normar y coordinar la evaluación, el seguimiento, la promoción y la orientación de la política social nacional.

Para ello, se le otorgan atribuciones relacionadas con la evaluación, el control y la medición que genere no sólo información sobre el desarrollo social del país, sino que permitan jerarquizar y orientar sobre las prioridades, objetivos y metas en la materia.

Se redefine en la organización y la integración del instituto al proponer que el consejo general sea el órgano máximo de dirección y que se integre por 7 consejeros, incluyendo al presidente, auxiliándose de una secretaria ejecutiva.

Se propone que la elección de los integrantes del consejo la haga el Senado de la República de entre una terna que presente la Comisión de Desarrollo Social de esta Cámara, previa auscultación a los sectores sociales, pudiendo así mismo proponer la ratificación de 3 de los consejeros en funciones para un segundo periodo.

Los consejeros durarán 4 años en funciones, periodo en el cual no podrán tener ningún otro empleo, cargo o comisión, salvo en instituciones docentes, científicas o de beneficencia.

En esta iniciativa se modifican los requisitos para ser candidato a consejero con respecto a los que establece actualmente la Ley General de Desarrollo Social, al eliminar la pertenencia al Sistema Nacional de Investigadores, ya que consideramos que hay personas con amplia experiencia en la materia que no necesariamente se han dedicado al ámbito académico y por lo tanto no pertenecen a este sistema, por lo que podrían quedar excluidos.

Asimismo, se agrega la condición de que no deben estar desempeñando ningún cargo o comisión como servidor público al momento de su postulación.

En cuanto al presidente del consejo general, será designado por el pleno del mismo consejo, y lo será también del instituto, durará en su cargo 2 años, pudiendo ser ratificado únicamente por un segundo periodo de 2 años en lo que no podrá desempeñar ningún otro cargo, empleo o comisión, exceptuando las actividades académicas.

Además deberá presentar anualmente a los Poderes de la Unión un informe de actividades y comparecerá ante las Cámaras del Congreso en los términos que disponga la ley. Tanto los consejeros como el presidente, sólo podrán ser removidos o sujetos a responsabilidad por las causas y mediante los procedimientos establecidos en el Título Cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para lo cual, también se hacen las reformas correspondientes en los artículos 110 y 111 de la Constitución Política.

La iniciativa incorpora una función sustancial al instituto en lo que respecta a la integración, organización, resguardo y difusión de la información sobre el desarrollo social para lo cual contará con un centro de información y documentación, que concentrará la información tanto gubernamental como académica en la materia nacional e internacional poniéndola a la disposición del público en los términos que marca la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.

Se introduce un elemento esencial por el cual el organismo evaluador que se crea deja de ser solo un consejo para convertirse en instituto: el carácter vinculatorio para las autoridades de sus recomendaciones, orientaciones y medidas correctivas.

Las autoridades deberán dar respuesta al instituto en el plazo y bajo los lineamientos que establezca la ley reglamentaria informando de las acciones respectivas para su seguimiento.

Asimismo, se mandata que las constituciones de los estados y el Estatuto de Gobierno del Distrito Federal establecerán y garantizarán la autonomía de los organismos de evaluación de la política social en los términos del apartado constitucional, materia de esta iniciativa.

Finalmente, dado que actualmente se encuentra en funciones el Consejo Nacional de Evaluación de la Política Social, se establece el régimen transitorio que permite implementar las modificaciones planteadas en esta iniciativa, por una parte, transfiriendo los recursos del CONEVAL al Instituto Nacional de Evaluación de la Política Social y, por otra parte, para hacer la transición del comité directivo del CONEVAL al Consejo General del Instituto.

Es cuanto, señor Presidente.

(Aplausos)

Iniciativa

“PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
CAMARA DE SENADORES
PRESENTE.

Quienes suscriben, Senadoras y Senadores integrantes del grupo parlamentario del PRD a la LXII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; los artículos 8, numeral 1, fracción I; 164; y, 169 del Reglamento del Senado de la República, sometemos a consideración de esta Soberanía la siguiente:

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA LOS ARTICULOS 26, 110 Y 111 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, al tenor de la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

I. Introducción

Durante los años ochenta del siglo pasado en América Latina, la crisis fiscal del Estado vino acompañada de la crisis política. El tema de la gobernabilidad implicaba la reconstrucción del Estado (reformas económicas) y la consolidación del sistema democrático, en aras de resolver los problemas de legitimidad de los gobiernos (transición a la democracia - reforma política) y de eficiencia (reforma económica y administrativa).

Estas reformas han implicado una redefinición de las relaciones sociedad - Estado dentro del proceso de democratización de este último, induciendo al establecimiento de mecanismos que lo hagan responsable de sus decisiones y acciones ante la ciudadanía.

En razón de lo anterior, la concepción actual de la democracia, concibe como un componente fundamental de este sistema de gobierno, la rendición de cuentas (accountability), entendida como un mecanismo para controlar el ejercicio del poder.

Abarca todos los mecanismos institucionales que la sociedad disponga para ejercer este control y, dada la reciente redefinición de las relaciones Estado - Sociedad, ha implicado la creación de mecanismos directos de participación ciudadana que complementen los mecanismos tradicionales de control.

El desarrollo histórico de los mecanismos de rendición de cuentas va de los controles parlamentarios y procedimentales, pasando por los mecanismos para fiscalizar la elaboración y los resultados de las políticas públicas, hasta llegar al aumento de las formas de participación social en términos de control y de cogestión de los servicios públicos.

Al menos a partir de los años ochenta, con la crisis política y financiera de los Estados, se ha hecho patente, desde el sector académico y social, la necesidad de erradicar los altos niveles de ineficiencia e ineficacia en la gestión pública, a través de nuevos mecanismos de control político y social.

Intelectuales, organismos internacionales, organizaciones de la sociedad civil, instituciones autónomas e investigadores especializados en materia social, así como la sociedad en general y los beneficiarios en particular, han evidenciado la demagogia, corrupción y manipulación social, política y electoral que existe en la implementación de los programas y acciones de laspolíticas de desarrollo social.

Por ello, en el desarrollo institucional de nuestro país durante la última década, la idea de que las acciones de gobierno deben ser continuamente monitoreadas para asegurar alta eficiencia, efectividad y el mejor desempeño económico, ha sido una constante.

II. Antecedentes

La institucionalización de los mecanismos de rendición de cuentas gubernamentales, en general, y la evaluación de las políticas públicas, en particular, ha sido una preocupación y ocupación de todos los Grupos Parlamentarios.

Más allá de las diferencias ideológicas, existe un consenso en la necesidad de ir más allá del control parlamentario y de procedimientos, de la auditoria y la vigilancia, para dar lugar a los mecanismos de control la evaluación que busca la mejora del desempeño gubernamental.

No se trata solo de evitar la tiranía y la corrupción de los gobernantes, sino de incorporar la lógica del mejoramiento del desempeño gubernamental. Así, los mecanismos modernos deresponsabilización se orientan a la efectividad de los resultados de las políticas.

Estos mecanismos de control y rendición de cuentas, se sustentan en la elaboración de objetivos y aplicación de recursos con transparencia; en los controles e indicadores, así como en la realización de la función pública con ética y responsabilidad. Además, implica dotar a la sociedad de la capacidad para hacer que las políticas gubernamentales respondan o se adecúen a sus necesidades.

En esta tarea, la participación de todos los actores de la sociedad es fundamental, sin embargo, el papel que en la elaboración de estos marcos jurídicos deben emprender los partidos políticos, tanto en su carácter de mediadores como en el de representantes de la sociedad, es primordial.

Como antecedente de ello, podemos mencionar diversas iniciativas que en su momento han presentado legisladores de los diferentes partidos políticos.

En materia social, la Senadora Leticia Burgos Ochoa presentó una iniciativa en la que propuso la creación del Instituto Nacional de Evaluación y Seguimiento de la Política Social, como una entidad autónoma cuya responsabilidad sustantiva era la evaluación independiente de los resultados de las políticas públicas de desarrollo social.

Mientras que en el ámbito educativo, y en el mismo tenor, encontramos el Proyecto de Ley del Instituto Nacional de Evaluación de la Educación, del Senador Armando Chavarría Barrera, que proponía trasladar la facultad para evaluar el sistema nacional de educación y la política educativa, de la Secretaría de Educación Pública al Instituto Nacional de Evaluación de la Educación.

Por otra parte, con la entrada en vigor de la Ley General de Desarrollo Social, se da un paso sustancial para la institucionalización de la Política de Desarrollo Social. Además de señalar los lineamientos generales que rigen su diseño y ejecución, implanta los criterios para su evaluación y constituye el Consejo Nacional para la Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL).

El consenso mediante el cual se aprobó esta Ley, implica el reconocimiento por parte de los legisladores no sólo de la necesidad de disminuir la discrecionalidad en la toma de decisiones y en el uso de los recursos públicos, sino de medir los resultados y el impacto que las políticas públicas tienen, ya sea para darles continuidad o para modificarlas.

Con la implementación de las disposiciones de esta Ley y la experiencia acumulada con el paso del tiempo, diversas ha sido las voces que han expresado la necesidad de dar mayor autonomía y fortalecer al CONEVAL.

En lo que respecta al fortalecimiento del CONEVAL, los Senadores Graco Ramírez Garrido Abreu del Partido de la Revolución Democrática, Ricardo Fidel Pacheco Rodríguez del Partido Revolucionario Institucional y José Rosas Aispuro Torres del Partido Acción Nacional; así como los Diputados Joel González Díaz y José Francisco Yunes Zorrilla del Partido Revolucionario Institucional, en su momento han presentado iniciativas encaminadas a dar mayores facultades al CONEVAL.

Por su parte, el Senador Rogelio Rueda Sánchez, el Diputado Carlos Flores Rico, ambos del Partido Revolucionario Institucional y, más recientemente, el Diputado Raúl Paz Alonzo del Partido Acción Nacional, han propuesto darle mayor autonomía, en términos generales, mediante la eliminación de la sectorialización del CONEVAL a la Secretaría de Desarrollo Social y cambiando su integración al ser encabezado por un director general nombrado por el Ejecutivo Federal.

Es evidente que, en la actualidad, existe un consenso entre los diversos Grupos Parlamentarios sobre la autonomía que deben tener las instituciones encargadas de la evaluación de las políticas públicas y, muestra de ello, son las recientes reformas que dieron el rango de organismo público autónomo al Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, así como la iniciativa que en el mismo sentido reforma al Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI), presentada por los Grupos Parlamentarios del Partido Revolucionario Institucional y del Partido Verde Ecologista de México del Senado de la República.

Aún cuando el CONEVAL ha cumplido con su función de evaluar la Política de Desarrollo Social bajo criterios estrictamente técnicos y objetivos, reflejando así la voluntad de los funcionarios de la Secretaría de Desarrollo Social de mantener la autonomía técnica y de gestión de este organismo, consideramos que ésta no debe quedar a juicio de la administración en turno, ni a su discrecionalidad.

Además, resulta incuestionable la idea de que los organismos evaluadores no deben estar subordinados al órgano que monitorean y evalúan, con la finalidad de garantizar que el resultado de la evaluación no se vea influenciado o afectado por criterios ajenos a aquellos de carácter técnico.

Más aún, recientemente el Partido Acción Nacional ha presentado una iniciativa que reforma el artículo 26 de nuestra Carta Magna, con la finalidad de dotar de autonomía constitucional al Consejo, creando la Comisión Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social.

Consideramos que esta propuesta se limita a darle al órganoautonomía para la función de la evaluación de la política de desarrollo social, acotando ésta a la política pública de carácter asistencial y compensatorio.

Derivado de ello, venimos a presentar una propuesta de mayor envergadura que establezca un Instituto Nacional de Evaluación de la Política Social, el cual se encargue de dar seguimiento y evaluar los resultados de todas aquellas acciones encaminadas a reducir eliminar las inequidades sociales a través de la redistribución de los recursos, servicios, oportunidades y capacidades.

Partimos de un concepto de política social que contiene todas aquellas actividades que contribuyen a la salud, educación, alimentación, asistencia pública, trabajo, seguridad social, vivienda, medio ambiente sano y los relativos a la no discriminación de la población, pero también aquellas que afectan, en general, la redistribución y distribución del ingreso y las dirigidas a construir y conservar el capital social, con el fin de estructurar la sociedad en forma más justa.

Por ello, consideramos que se requiere dar mayor claridad al ámbito de competencia dentro del marco jurídico, no sólo trasladando la facultad para evaluar la Política Nacional de Desarrollo Social de la Secretaría de Desarrollo Social al Instituto, sino fortaleciendo al órgano evaluador al integrar nuevas atribuciones por virtud de la presente reforma, acordes a las necesidades de organización, coordinación y control administrativo de la Política Social Nacional.

III. Contenido de la Iniciativa

La iniciativa que aquí se presenta, transforma la configuración jurídica del CONEVAL al constituirlo como un organismo constitucional autónomo público con personalidad jurídica y patrimonio propios, que contará con autonomía de gestión, técnica, operativa y presupuestaria, para lo cual se transfiere la facultad de evaluación de la Secretaría de Desarrollo Social a dicho Instituto.

Deja de ser Consejo para quedar como Instituto Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social. Lo anterior dado que el concepto de Consejo, de acuerdo con la Real Academia Española, se define como “órgano colegiado con la función de informar al Gobierno o a la Administración sobre determinadas materias”, mientras que un Instituto se define como “organismo oficial que se ocupa de un servicio concreto”, consideramos que el nombre apropiado para este organismo es el que se le da en la presente iniciativa ya que, de acuerdo con la ampliación de su objeto, ya no se limita a las funciones de informar sobre la situación del Desarrollo Social del país, al tener la facultad de orientar la política pública.

La propuesta amplía el objeto del organismo evaluador al control de la Política Nacional de Desarrollo Social, estableciendo como objeto esencial normar y coordinar la evaluación, el seguimiento, la promoción y la orientación de la Política Social Nacional.

Para cumplir con su objeto, se le otorgan atribuciones relacionadas con la evaluación, el control y la medición, que generen no sólo información sobre el Desarrollo Social del país, sino que permita jerarquizar y orientar sobre las prioridades, objetivos y metas en la materia. Entre ellas, destacamos las siguientes:

• Orientar la Política de Nacional de Desarrollo Social;

• Integrar y elaborar la información y estadística relativa al Desarrollo Social;

• Proponer criterios y formulaciones para la justa distribución de los fondos de aportaciones federales para el Desarrollo Social;

• Proponer a las autoridades que promuevan cambios y modificaciones tanto legislativas y reglamentarias, como en las prácticas institucionales en favor de los derechos sociales de los mexicanos;

• Proponer acciones que impulsen el cumplimiento dentro del territorio nacional de los tratados, convenciones y acuerdos internacionales signados y ratificados por México en materia de desarrollo social.

Al eliminarse la sectorialización, es necesario redefinir la organización y la integración del Instituto. Por ello, se propone que el Consejo General sea el órgano máximo de dirección del Instituto y que se integre por siete consejeros, incluyendo al Presidente, auxiliándose de un Secretario Ejecutivo.

La iniciativa modifica los requisitos para ser candidato a Consejero, con respecto a los que establece actualmente la Ley General de Desarrollo Social, al eliminar la pertenencia al Sistema Nacional de Investigadores (SNI), ya que consideramos que hay personas con amplia experiencia en la materia que no necesariamente se han dedicado al ámbito académico y, por tanto, no pertenecen al SNI, por lo que podrían quedar excluidos. Asimismo, se agrega la condición de que no deben estar desempeñando ningún cargo o comisión como servidor público al momento de su postulación.

En este proyecto, se propone que la elección de los integrantes del Consejo la haga el Senado de la República con el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes o, en sus recesos, por la Comisión Permanente del Congreso de la Unión con la misma votación calificada.

Para ello, la Comisión de Desarrollo Social de la Cámara de Senadores, previa auscultación a los sectores sociales, propondrá a los candidatos para ocupar el cargo o, en su caso, la ratificación de los consejeros, quienes durarán cuatro años en funciones, periodo en el cual no podrán tener ningún otro empleo, cargo o comisión, salvo en instituciones docentes, científicas o de beneficencia, y sólo podrán ser reelectos tres de ellos para un segundo periodo.

En cuanto al Presidente del Consejo General, será designado por el pleno y lo será también del Instituto. Durará en su cargo dos años, pudiendo ser ratificado únicamente por un segundo periodo de dos años, periodo en el que no podrá desempeñar ningún otro cargo, empleo o comisión, exceptuando las actividades académicas.

Tanto los consejeros como el Presidente, sólo podrán ser removidos o sujetos a responsabilidad por las causas y mediante los procedimientos establecidos en el Título Cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para lo cual, también se hacen las reformas correspondientes en los artículos 110 y 111 de la Constitución Política.

En lo concerniente a la Secretaría Ejecutiva, su titular será nombrado por la mayoría de los miembros del Consejo a propuesta del Presidente y podrá ser removido a propuesta de éste o de la mitad más uno de los consejeros.

Este proyecto incorpora una función sustancial al Instituto, en lo que respecta a la integración, organización, resguardo y difusión de la información sobre el desarrollo social, para lo cual contará con un Centro de Información y Documentación, que concentrará la información tanto gubernamental como académica en la materia, nacional e internacional, poniéndola a disposición del público en los términos que marca la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.

Se introduce un elemento esencial, por el cual el organismo evaluador que se crea, deja de ser sólo Consejo para convertirse en Instituto: el carácter vinculatorio para las autoridades de sus recomendaciones, orientaciones y medidas correctivas. Las autoridades deberán dar respuesta al Instituto en el plazo y bajo los lineamientos que establezca la ley reglamentaria, informando de las acciones respectivas para su seguimiento.

Por otra parte, el Presidente del Instituto presentará anualmente a los Poderes de la Unión un informe de actividades y comparecerá ante las Cámaras del Congreso en los términos que disponga la ley.

Asimismo, se mandata que las Constituciones de los Estados y el Estatuto deGobierno del Distrito Federal establecerán y garantizarán la autonomía de los organismos de evaluación de la política social en los términos del apartado constitucional materia de esta iniciativa.

Finalmente, dado que actualmente se encuentra en funciones el Consejo Nacional de Evaluación de la Política Social, se establece el régimen transitorio que permita implementar las modificaciones planteadas en esta iniciativa, por una parte, transfiriendo los recursos del CONEVAL al Instituto Nacional de Evaluación de la Política Social y, por otra parte, para hacer la transición del Comité Directivo del CONEVAL al Consejo General del Instituto.

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de esta Soberanía el siguiente:

DECRETO

ARTICULO PRIMERO.- Se adiciona un apartado para quedar como apartado B, recorriéndose el texto actual para quedar como C del artículo 26 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como sigue:

Artículo 26.

A…

B. El Estado contará con un Instituto Nacional de Evaluación de la Política Social que será un organismo constitucional autónomo público con personalidad jurídica y patrimonio propios, que contará con autonomía de gestión, técnica, operativa y presupuestaria.

Corresponde a este Instituto normar y coordinar la evaluación, el seguimiento, la promoción y la orientación de la Política Social Nacional y de las políticas, programas y acciones que ejecuten las dependencias públicas, sin perjuicio de las atribuciones que en materia de control y evaluación tienen las secretarías de Hacienda y Crédito Público y de la Función Pública; así como establecer los lineamientos y criterios para la definición, identificación y medición de la pobreza, garantizando la transparencia, objetividad y rigor técnico en dichas actividades.

El Instituto integrará y elaborará la información y estadística relativa al Desarrollo Social; propondrá criterios y formulaciones para la justa distribución de los fondos de aportaciones federales para el Desarrollo Social; impulsará a las autoridades a que promuevan cambios y modificaciones tanto legislativas y reglamentarias, como en las prácticas institucionales en favor de los derechos sociales de los mexicanos; formulará acciones que impulsen el cumplimiento dentro del territorio nacional de los tratados, convenciones y acuerdos internacionales signados y ratificados por México en materia de desarrollo social.

El Instituto se integrará con un Consejo General, una Presidencia, una Secretaría Ejecutiva, un Centro de Documentación e Información, y las Secretarías que designe el Pleno, encargadas de las actividades administrativas, operativas y de sustanciación de los procedimientos, de conformidad con el presupuesto autorizado.

El Consejo General, órgano máximo de dirección del Instituto, estará integrado por siete consejeros, incluyendo al Presidente, que serán ciudadanos que gocen de reconocido prestigio y experiencia profesional en materia de desarrollo social, mexicanos en pleno ejercicio de sus derechos ciudadanos y que no estén desempeñando ningún cargo o comisión como servidor público al momento de su postulación. Serán elegidos por el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes de la Cámara de Senadores o, en sus recesos, por la Comisión Permanente del Congreso de la Unión con la misma votación calificada. La Comisión de Desarrollo Social de la Cámara de Senadores, previa auscultación a los sectores sociales, propondrá a los candidatos para ocupar el cargo o, en su caso, la ratificación de los consejeros.

Los consejeros durarán cuatro años en funciones, periodo en el cual no podrán tener ningún otro empleo, cargo o comisión, salvo en instituciones docentes, científicas o de beneficencia. Sólo podrán ser reelectos tres de ellos para un segundo periodo.

El Presidente del Instituto, que lo será también del Consejo General, será designado por mayoría de los integrantes del Pleno. Durará en su cargo dos años, pudiendo ser ratificado únicamente por un segundo periodo de dos años.

El Secretario Ejecutivo será nombrado por la mayoría de los miembros del Consejo a propuesta del Presidente. Podrá ser removido a propuesta de éste o de la mitad más uno de los consejeros.

Los consejeros y el Presidente, podrán ser removidos o, en su caso, sujetos a responsabilidad, solo por las causas y mediante los procedimientos establecidos en el Título Cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

El Instituto podrá dictar acuerdos de trámite, obligatorios para las autoridades y servidores públicos, para que comparezcan o aporten información o documentación. Su incumplimiento acarreará las sanciones y responsabilidades que se señalen en la Ley.

Concluida una evaluación anual, el Instituto formulará un proyecto de recomendaciones y orientaciones generales que incluirá el análisis de los elementos de juicio para que las instituciones cumplan con los principios y criterios, planes, programas, objetivos, metas, presupuestos y marco jurídico del desarrollo social que establecen la Ley y otras disposiciones. En el proyecto de recomendaciones y orientaciones generales se señalarán las medidas que procedan para tal fin.

El informe anual, el proyecto de recomendaciones, las orientaciones y las medidas correctivas serán públicos y tendrán carácter imperativo para las autoridades, quienes darán respuesta al Instituto en el plazo y bajo los lineamientos que establezca la ley reglamentaria, informando de las acciones respectivas para su seguimiento.

Las autoridades y servidores públicos, federales, locales y municipales, colaborarán dentro del ámbito de su competencia, con el Instituto.

El Presidente del Instituto presentará anualmente a los Poderes de la Unión un informe de actividades. Al efecto comparecerá ante las Cámaras del Congreso en los términos que disponga la ley.

Las Constituciones de los Estados y el Estatuto deGobierno del Distrito Federal establecerán y garantizarán la autonomía de los organismos de evaluación de la política social en los términos de este apartado.

C. El Estado contará con un Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica cuyos datos serán considerados oficiales. Para la Federación, estados, Distrito Federal y municipios, los datos contenidos en el Sistema serán de uso obligatorio en los términos que establezca la ley.

La responsabilidad de normar y coordinar dicho Sistema estará a cargo de un organismo con autonomía técnica y de gestión, personalidad jurídica y patrimonio propios, con las facultades necesarias para regular la captación, procesamiento y publicación de la información que se genere y proveer a su observancia.

El organismo tendrá una Junta de Gobierno integrada por cinco miembros, uno de los cuales fungirá como Presidente de ésta y del propio organismo; serán designados por el Presidente de la República con la aprobación de la Cámara de Senadores o en sus recesos por la Comisión Permanente del Congreso de la Unión.

La ley establecerá las bases de organización y funcionamiento del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica, de acuerdo con los principios de accesibilidad a la información, transparencia, objetividad e independencia; los requisitos que deberán cumplir los miembros de la Junta de Gobierno, la duración y escalonamiento de su encargo.

Los miembros de la Junta de Gobierno sólo podrán ser removidos por causa grave y no podrán tener ningún otro empleo, cargo o comisión, con excepción de los no remunerados en instituciones docentes, científicas, culturales o de beneficencia; y estarán sujetos a lo dispuesto por el Título Cuarto de esta Constitución.

ARTICULO SEGUNDO.- Se reforma el artículo 110 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 110. Podrán ser sujetos de juicio político los senadores y diputados al Congreso de la Unión, los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los Consejeros de la Judicatura Federal, los Secretarios de Despacho, los diputados a la Asamblea del Distrito Federal, el Jefe de Gobierno del Distrito Federal, el Procurador General de la República, el Procurador General de Justicia del Distrito Federal, los magistrados de Circuito y jueces de Distrito, los magistrados y jueces del Fuero Común del Distrito Federal, los Consejeros de la Judicatura del Distrito Federal, el consejero Presidente, los consejeros electorales, y el secretario ejecutivo del Instituto Federal Electoral, los magistrados del Tribunal Electoral, los consejeros del Instituto Nacional de Evaluación de la Política Social, los directores generales y susequivalentes de los organismos descentralizados, empresas de participación estatal mayoritaria, sociedades y asociaciones asimiladas a éstas y fideicomisos públicos.

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(…)

ARTICULO TERCERO.- Se reforma el artículo 111 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 111. Para proceder penalmente contra los diputados y senadores al Congreso de la Unión, los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral, los consejeros de la Judicatura Federal, los Secretarios de Despacho, los diputados a la Asamblea del Distrito Federal, el Jefe de Gobierno del Distrito Federal, el Procurador General de la República y el Procurador General de Justicia del Distrito Federal, así como el consejero Presidente, los consejeros electorales del Consejo General del Instituto Federal Electoral y los consejeros del Instituto Nacional de Evaluación de la Política Social por la comisión de delitos durante el tiempo de su encargo, la Cámara de Diputados declarará por mayoría absoluta de sus miembros presentes en sesión, si ha o no lugar a proceder contra el inculpado.

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TRANSITORIOS

PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

SEGUNDO.- Se derogan todas las disposiciones legales y reglamentarias que se opongan al presente ordenamiento.

TERCERO.- El Congreso de la Unión deberá expedir la Ley reglamentaria y las reformas a las leyes correspondientes en un plazo de un año contado a partir de la fecha de publicación del presente Decreto.

CUARTO.- Los recursos humanos, materiales y presupuestales con que actualmente cuenta el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social como órgano descentralizado de la Secretaría de Desarrollo Social, pasarán a formar parte del Instituto Nacional de Evaluación de la Política Social como organismo constitucional autónomo, preservándose los derechos adquiridos de los trabajadores del CONEVAL.

QUINTO.-Los actuales funcionarios del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social permanecerán en sus cargos hasta que se haga la designación correspondiente, conforme a lo dispuesto por la Ley reglamentaria.

SEXTO.-Los actuales miembros del Comité Directivo del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, permanecerán en el desempeño de sus encargos en el Consejo General hasta concluir el mandato para el que fueron nombrados.

SEPTIMO.- La designación del séptimo consejero será realizada a más tardar 90 días después de la entrada en vigor de este Decreto.

OCTAVO.- El Consejo General nombrará al Presidente del Instituto Nacional de Evaluación de la Política Social, dentro de los treinta días siguientes al nombramiento del séptimo consejero.

SUSCRIBEN

Salón de sesiones de la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión, a 26 de febrero de 2013.

Sen. Lorena Cuéllar Cisneros”.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, Senadora Lorena Cuéllar Cisneros. Túrnese a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; y de Estudios Legislativos, Primera.

Se le concede el uso de la palabra a la Senadora Ana Lilia Herrera Anzaldo, del grupo parlamentario del PRI, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se adiciona el artículo 34 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.





 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONAN LOS PARRAFOS SEGUNDO Y TERCERO, RECORRIENDOSE LOS ACTUALES, AL ARTICULO 34 DE LA LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA GUBERNAMENTAL

(Presentada por la C. Senadora Ana Lilia Herrera Anzaldo, del grupo parlamentario del PRI)

- La C. Senadora Ana Lilia Herrera Anzaldo: Gracias, señor Presidente; compañeras y compañeros Senadores:

¿Hemos logrado en nuestro país congruencia en materia de transparencia? ¿Cuántos funcionarios públicos, cuántos representantes populares han podido realmente acreditar la transparencia en el ejercicio de gobierno? Yo creo que estamos muy lejos de alcanzar esa congruencia.

Hace diez años, lo reconocemos, se propuso una iniciativa para crear al IFAI, y de manera unánime obtuvo su respaldo por parte del Congreso de la Unión. ¿Qué se pretendía en ese momento? Yo creo que no estamos nada lejos de aquella primera intención, mantener a este órgano garante de la transparencia y el acceso a la información, alejado de las decisiones políticas.

Los mexicanos necesitamos que el IFAI sea un aliado, en primera instancia, de la sociedad. Necesitamos que el IFAI sea un aliado de la democracia; y necesitamos también, y lo digo por los aquí presentes y por los ausentes, necesitamos que el IFAI sea también un aliado del ejercicio de gobierno, eso es algo que sobre todo nosotros tenemos que ver.

Es una institución a la que los mexicanos le depositamos la grave responsabilidad de la imparcialidad. Reconocemos a diez años de su creación importantes avances. Reconocemos el prestigio que ha ido construyéndose en la institución, lo ratificamos, me parece de manera unánime, con las recientes reformas constitucionales que aprobamos aquí en el Senado de la República y que hoy son motivo de análisis en la Colegisladora.

Por eso nos desconcierta, como a todos los mexicanos, este presunto conflicto de intereses que se dio hacia finales del año pasado. Nos desconcierta también los desencuentros con motivo de la elección del presidente comisionado.

Pero yo debo decir que me desconcierta aun más que haya quien quiera provocar falsos debates en torno a la importancia que tiene el IFAI para la democracia mexicana y en torno al papel que desempeña y que desde el Congreso estamos fortaleciendo, y particularmente sobre la permanencia o no de los comisionados.

Hay falsos debates que también desconciertan sobre un interés que a mí me parece absolutamente indefendible, que es el de la opacidad y el del retroceso democrático. Si nosotros queremos ser congruentes e ir más allá del discurso de la democracia, mantengamos el espíritu que nos llevó a todos de manera unánime a construir y aprobar reformas constitucionales que no me cabe la menor duda serán enriquecidas después en la legislación correspondiente, si es que la Colegisladora aprueba o modifica estas reformas que nosotros enviamos.

La comparecencia que ayer muchos de nosotros atestiguamos, se desarrolló en pleno uso de nuestras facultades como Senado de la República, y otra vez el falso debate. Yo creo que ahí no había ni víctimas ni había jueces, habíamos representantes populares ejerciendo este derecho que tenemos, y había servidores públicos que están, por cierto, sujetos a la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, y que deben concretar su actuar y apegarlo a esta normatividad.

Si queremos que la transparencia deje de ser excepción en este país y realmente se convierta en una regla, necesitamos apostarle a consolidar las instituciones. Necesitamos un IFAI sólido pero también necesitamos un IFAI congruente.

Habremos de esperar la opinión de la Cámara de Diputados, como ya lo señalé, pero a mí no me cabe duda que este será un tema recurrente en las sesiones en el Congreso. Por eso en congruencia, y con ese ánimo constructivo que ha caracterizado a esta legislatura desde el inicio, presento ante ustedes una iniciativa de reforma a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, considerando que no está demás precisar el carácter ético que debe regir el actuar de los comisionados del IFAI.

La iniciativa que pongo a su consideración dice: “En el desempeño de sus funciones, los comisionados observarán un ejercicio ético en sus labores y no podrán participar en decisiones en las que pudiera existir conflicto de intereses, o bien, no podrán aprovechar sus posiciones de manera encubierta para tratar temas de interés personal en el desempeño que les encomienda la presente ley.

Para el pleno respeto en las reglas de convivencia que deben prevalecer tanto en la estructura orgánica del instituto como en su relación con la sociedad, los comisionados estarán obligados a observar en todo momento los principios de respeto, objetividad, imparcialidad y probidad para corresponder a la confianza de la ciudadanía”.

Cerremos, compañeras y compañeros, la puerta a los falsos debates en materia de transparencia. Mantengamos alejado al IFAI no sólo de las decisiones políticas, mantengámoslo alejado también de las discusiones políticas.

Apostemos, como lo hemos hecho hasta ahora, a la congruencia; apostemos a construir condiciones para lograr un ejercicio acotado y responsable del poder público; y porqué no, apostemos de paso a recobrar nosotros mismos la confianza de la sociedad.

(Aplausos)

Iniciativa

“ANA LILIA HERRERA ANZALDO, Senadora de la República a la LXII Legislatura del Congreso de la Unión e integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en el Artículo 71 Fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en lo concerniente a los artículos 8º Numeral 1 fracción I, 164 1 y 169 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta Soberanía laINICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONAN UN PARRAFO SEGUNDO Y TERCERO, RECORRIENDOSE LOS ACTUALES, AL ARTICULO 34 DE LA LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA GUBERNAMENTAL, con base en la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

La transparencia en las gestiones gubernamentales es una de las divisas para la credibilidad del proceso democrático y gubernamental, en la que el ejercicio ciudadano de acceso a la información es un derecho que se debe resguardar no como mero enunciado sino como pleno ejercicio.

La creación de la institucionalidad de órganos de gobierno mantiene el compromiso de salvaguardar y responder a los intereses generales sobre los intereses particulares, además de dar cauce a la participación social, para responder a los retos que mantiene la sociedad en sus diversas esferas.

Así pues, el pluralismo mexicano se ha afianzado en un sistema de alta competencia política que creó las bases jurídicas para la creación del Instituto Federal del Acceso a la Información Pública en el año de 2002, como el órgano de la administración pública federal, garante de custodiar la transparencia, el derecho a la información y resguardo de datos personales en las funciones que le asignó la propia Ley que lo regula. Para muchos expertos, la nueva legislación en transparencia y acceso a información gubernamental, ha sido una de las causas con sentido renovador de la vida pública nacional.

Al crearse la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información, se afirmó que el tema es un componente fundamental de la Reforma del Estado, encaminado a fortalecer sus instituciones, pero también a responder a la exigencia social de lograr un “ejercicio acotado y responsable del poder público”.

Si información es poder, la transparencia y el acceso a la información deben empoderar a los ciudadanos para que no sólo conozcan de los presupuestos y de las decisiones públicas, sino que puedan supervisar su impacto en la realidad.

La iniciativa, que por cierto en 2002 fue aprobada de forma unánime por el Congreso de la Unión, se propuso innovar “la manera en que la administración pública enfrentará su proceso de apertura” y “en virtud de que los particulares exigen imparcialidad en el órgano responsable de administrar la Ley y evitar que éste se convierta en juez y parte”, crea un órgano “alejado de las decisiones políticas de la administración centralizada”, integrado por “destacados profesionales, ya sea del servicio público o la academia”.

Con las reformas constitucionales aprobadas recientemente por el Senado de la República y que hoy son motivo de análisis en la Colegisladora, destaca la responsabilidad en que puedan incurrir los comisionados ciudadanos del Consejo Federal para el Acceso a la Información y Protección de Datos en el ejercicio de su cargo, ya que éstos podrán ser sujetos de juicio político de conformidad con el artículo 110 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, cuando sus acciones u omisiones redunden en perjuicio del interés público, como es el caso concreto de violaciones graves y sistemáticas a la Constitución, a las leyes federales y las que de ellas emanen.

Es entonces la legislación en la materia donde deben plasmarse los principios éticos y de probidad bajo los cuales deben conducirse quienes están al frente del órgano garante del acceso a la información pública en el país.

La polémica generada este año durante la elección del comisionado presidente y la investigación abierta por la Secretaría de la Función Pública contra una comisionada por presunto conflicto de intereses, deben servir como experiencias para fortalecer a la institución.

Por sí mismos, ambos casos han dado lugar a severas dudas y cuestionamientos de la opinión pública o intentos de victimización en torno a los involucrados.

Considerando que la sociedad exige de sus representantes soluciones, más que declaraciones, la presente iniciativa busca fortalecer a la institución. Quienes dirigen el órgano garante de la transparencia y la rendición de cuentas en México han merecido ya la confianza de los presidentes de la República en turno y la del Poder Legislativo. Asegurémonos que tengan también, la obligación de ejercer el poder mandatado con responsabilidad y ética.

Queda claro que la institución debe ser juzgada por los avances de México en materia de transparencia y por lograr que los sujetos obligados entreguen información a la ciudadanía, sin embargo es claro que sus resoluciones y peor aún, su credibilidad, pueden ponerse en tela de juicio si se comprueba que al interior de la institución, existen conflictos de intereses y éstos quedan impunes.

Garanticemos no sólo el derecho de los comisionados a su estabilidad y permanencia en caso de que sus resoluciones, de ser controversiales, impliquen intromisión o afectación de las autoridades, sino la obligación de los propios comisionados a ser imparciales y de evitar convertirse en juez y parte.

Se trata de plasmar en la legislación en la materia los principios éticos y de probidad bajo los cuales deben conducirse quienes están al frente del órgano garante del acceso a la información pública en el país.

Por ello, esta propuesta de modificación debe insertarse en la Ley respectiva para regular el régimen de incompatibilidades de los comisionados y los supuestos en que deberán excusarse por algún impedimento para conocer de un caso concreto, así como el procedimiento mediante el cual las partes en un recurso puedan recusar con causa a alguno de ellos.

De ahí que la propia autonomía operativa, presupuestaria y de decisión que marca la Ley en su artículo 33 en referencia el IFAI, complementa que la responsabilidad política de los Comisionados no puede estar desligada de la exigencia de respetabilidad y congruencia ética en su quehacer como todo funcionario público en cualquier orden de gobierno.

En ese sentido, el deber de funcionarios públicos, consejeros electorales o comisionados del IFAI es actuar bajo las normas más claras de convivencia y ejercicio de su función.

La solvencia profesional y ética de los funcionarios públicos y de todos los que forman parte de órganos especializados como el IFAI, es una de las columnas de credibilidad y confianza para el cumplimiento de sus funciones además de que la sociedad espera una actuación dentro de los valores democráticos de responsabilidad.

Los comisionados que integran el IFAI, laboranpara salvaguardar el derecho de los ciudadanos a la información pública gubernamental y a la privacidad de sus datos personales, así como para promover en la sociedad y en el gobierno la cultura del acceso a la información, la rendición de cuentas y el derecho a la privacidad, y por tanto deben conducirse con los más altos valores éticos, de credibilidad y de trabajo en unidad, en beneficio de la credibilidad institucional.

Regular con precisión las responsabilidades de los comisionados del IFAI, es una exigencia que va más allá de coyunturas y en cambio, fortalece el espíritu institucional y la misión de buscar credibilidad en cada una de sus tareas.

Por lo antes expuesto, someto a consideración de esta Soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de:

Decreto por el cual se adiciona un segundo y tercer párrafos, recorriéndose los actuales, al Artículo 34 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, para quedar como sigue:

Artículo 34. (…)

En el desempeño de sus funciones, los comisionados observarán un ejercicio ético en sus labores y no podrán participar en decisiones en las que pudiera existir conflicto de intereses o bien, no podrán aprovechar sus posiciones de manera encubierta para tratar temas de interés personal en el desempeño que les encomienda la presente ley.

Para el pleno respeto en las reglas de convivencia que deben prevalecer tanto en la estructura orgánica del Instituto como en su relación con la sociedad, los Comisionados estarán obligados a observar en todo momento los principios de respeto, objetividad, imparcialidad y probidad para corresponder a la confianza en la ciudadanía.

(…)

(…)

(…)

(…)

TRANSITORIO

UNICO.- El Presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, a 26 de febrero de 2013.

Sen. Ana Lilia Herrera Anzaldo

Grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional”.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, Senadora Ana Lilia Herrera.

- El C. Senador Jesús Casillas Romero: (Desde su escaño) Señor Presidente.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Sonido en el escaño del Senador Jesús Casillas, ¿para qué asunto?

- El C. Senador Jesús Casillas Romero: (Desde su escaño) Para solicitar a la Senadora Ana Lilia Herrera si acepta que me adhiera a su iniciativa.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Senadora Ana Lilia, ¿acepta la adhesión?

Pido a la Secretaría, igualmente la Senadora Rocío Pineda, que se tome en cuenta las opiniones de las señoras y señores Senadores. Túrnese a las Comisiones Unidas de Gobernación; y de Estudios Legislativos, Segunda.

Se le concede el uso de la palabra a la Senadora Luisa María Calderón Hinojosa, del grupo parlamentario del PAN, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Agraria.





 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY AGRARIA

(Presentada por la C. Senadora Luisa María Calderón Hinojosa, a nombre propio y de los CC. Senadores Víctor Hermosillo y Celada y Francisco García Cabeza de Vaca, del grupo parlamentario del PAN)

- La C. Senadora Luisa María Calderón Hinojosa: Gracias, señor Presidente. Buenas tardes.

Esta iniciativa la hemos querido presentar hace meses cuando no se había modificado la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, pero finalmente es una iniciativa para reformar la Ley Agraria.

La presentamos, la de la voz, los Senadores Víctor Hermosillo y Celada y Francisco García Cabeza de Vaca, integrantes del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXII Legislatura al Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los artículos 8, 164 y 169 del Reglamento del Senado de la República, sometemos a la consideración del Pleno de esta Honorable Asamblea, la siguiente iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Agraria, al tenor de la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

El proceso de regularización de la propiedad social en México iniciado en los años noventa producto de la modificación al artículo 27 constitucional, ha tenido como resultado un ordenamiento gradual de la propiedad de ejidos y comunidades. Este proceso de certificación de tierras tiene entre sus principales objetivos otorgar certidumbre jurídica a los titulares de derechos agrarios y promover la inversión hacia el campo para mejorar las condiciones de vida en el medio rural.

Actualmente, de los 31,852 núcleos agrarios que existen en el país, 29,619 núcleos tienen certificadas sus tierras conforme al artículo 56 de la Ley Agraria, de estos, 27 mil 771 son ejidos y mil 848 comunidades, con un avance global en materia de certificación de tierras del 93% del total de núcleos agrarios y 90 millones de hectáreas certificadas que representan el 90% de la superficie social del país.

Para cumplir con esta disposición de ley, el anterior gobierno federal implementó programas para atender a los ejidos y comunidades que han solicitado la delimitación, destino y asignación de sus tierras, lo que tuvo como resultado la generación y expedición a favor de ejidatarios y comuneros de certificados que amparan: derechos parcelarios, derechos sobre las tierras de uso común y, en ciertos casos, títulos de solares urbanos; así como actualización registral del padrón de sujetos agrarios, de sus órganos de representación, entre otros.

Para llevar a cabo el proceso de certificación de tierras, la entonces Secretaría de la Reforma Agraria, hoy Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, cabeza de sector y responsable de la política agraria del país y regularización de la propiedad agraria, la Procuraduría Agraria encargada de vigilar que se respeten los derechos de los sujetos agrarios y el Registro Agrario Nacional encargado de llevar a cabo la inscripción de los acuerdos de asamblea, de realización de los trabajos técnicos, topográficos y cartográficos, y de la generación de certificados y títulos, así como del resguardo y control documental de la propiedad ejidal y comunal, cada quien desde sus facultades colaboraron de manera conjunta y en coordinación institucional.

Actualmente todos los núcleos agrarios viables de llevar a cabo la certificación de sus tierras han sido atendidos, sin embargo, existe un universo de 2 mil 233 que tienen como característica la existencia de alguna problemática específica, ya sea social, jurídica o administrativa que ha limitado la certificación de sus tierras, 2 mil 233, repito.

Además, fue objetivo prioritario del Programa Sectorial de Desarrollo Agrario del Plan Nacional de Desarrollo 2006-2012, el disponer de un catastro rural que concentrara la información agraria nacional como parte fundamental de la estrategia interinstitucional para reactivar la economía y el desarrollo humano y social de quienes habitan en las comunidades rurales, a través del impulso de proyectos productivos, con la seguridad que otorga el disponer de información confiable y detallada.

Para el cumplimiento de los objetivos y metas del sector agrario, se definió el Programa de Modernización del Catastro Rural Nacional a cargo del Registro Agrario Nacional, que como ya se mencionó, fue un programa estratégico del anterior gobierno federal para fortalecer la certeza jurídica de la propiedad social, permitiendo contar con la información de la situación jurídica de la tierra, lo que coadyuva en la toma de decisiones de las dependencias de la Administración Pública Federal que concurren en el sector rural, así como de las autoridades estatales y municipales para el impulso del desarrollo económico y social del país.

Con el uso de tecnologías de la información se logró la integración y actualización de la información geoespacial de 29 mil 600 núcleos agrarios del total de núcleos certificados, 18 a 21 capas de información geoespacial, que representan una superficie aproximada de 94 millones de hectáreas, con 5.9 millones de parcelas que ocupan una superficie de 28 millones de hectáreas, 2.9 millones de solares en 516 mil hectáreas y 69 mil polígonos de uso común en aproximadamente 63 millones de hectáreas.

Asimismo, se actualizaron mil 500 acciones agrarias posteriores a la certificación; 1,377 expropiaciones que representan el 80% del total y 5,005 sentencias, equivalentes al 90% del total.

En cuanto a la vinculación catastral y registral, se tienen 92% de polígonos de parcelas y solares vinculados con su información registral y el 98% de los planos de certificación de grandes áreas vinculados, 211 mil hojas.

Este sistema opera de manera centralizada en una base de datos geoespacial, que permite vincular y mantener actualizada la información registral y catastral, así como la actualización de los padrones de sujetos con derechos agrarios; este sistema permite mejorar la atención a los usuarios, al contar con información que permita conocer el estado de un trámite, a través de consultas vía web y por lo tanto acercar el servicio a los usuarios.

Esto permite que el país mantenga un catastro de la propiedad social actualizado, vinculado y disponible. Además de la utilización de esta información y sistemas en las actividades propias del Registro Agrario Nacional, se trata de una herramienta con gran potencial para el diseño e implementación de políticas públicas para impulsar el desarrollo en el campo.

En este sentido, y dados los avances logrados, se propone la presente iniciativa mediante la cual se plantean los mecanismos de coordinación con los estados y municipios del país, para que el Registro Agrario Nacional cuente con los elementos para ampliar los alcances del catastro, ya que la integración y actualización de la información de la propiedad ejidal y comunal en uno sólo, cumple varios objetivos: la certeza jurídica en los derechos de propiedad y el fortalecimiento de la cultura documental y registral en el campo; contribuye a evitar el acaparamiento de tierras ejidales y de propiedad privada, así como eliminar factores de incertidumbre.

Es importante destacar que actualmente nuestra legislación no prevé mecanismos eficaces que permitan vincular e identificar los límites de pequeña propiedad por sujeto, tanto a nivel rural como a nivel urbano, es decir, tomando en cuenta que la pequeña propiedad rural puede transitar a propiedad privada a través de una figura de dominio pleno, se pudieran generar situaciones que un solo sujeto sea propietario de más de una unidad parcelaria en una sola localidad o en diferentes zonas o estados, así como la conformación de latifundios, ya que al eventualmente adquirir el dominio pleno de las mismas y no contar con una vinculación catastral, se deja de tener el control sobre la tenencia de la tierra no pudiendo tener los elementos para identificar el acaparamiento de superficie y/o propiedades.

Por lo que es imprescindible contar con las atribuciones necesarias para poder vincular la información respecto a los derechos y propiedad de dicha superficie respecto a los predios rústicos, así como de mecanismos que permitan llevar ese control independientemente del origen de la propiedad y de la entidad en que se ubiquen.

Por lo expuesto someto a la consideración de esta Honorable Asamblea, la siguiente iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley Agraria:

UNICO.- Se reforma el artículo 149, la fracción V del artículo 152 y se adiciona un segundo párrafo al artículo 148 de la Ley Agraria, para quedar como sigue:

“Artículo 148…

Asimismo, el Registro Agrario Nacional contará con un catastro rural nacional que podrá integrar la información catastral de estados y municipios en los términos de esta ley y su respectivo reglamento.

Artículo 149.- Para efectos de lo dispuesto en la fracción XVII del artículo 27 constitucional, el Registro Agrario Nacional prestará la asistencia técnica necesaria y se coordinará estrecha y periódicamente con las autoridades de las entidades federativas, municipales y el Instituto Nacional de Estadística y Geografía.

Artículo 152.- Deberán inscribirse en el Registro Agrario Nacional:

V. Los planos y documentos relativos al Catastro Rural Nacional y censo rurales.

Artículos Transitorios

UNICO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Fracción.

Es cuanto, señor Presidente, gracias.

Iniciativa

“CC. Secretarios de la Cámara de Senadores
del H. Congreso de la Unión
PRESENTES.

Los suscritos, Luisa María de Guadalupe Calderón Hinojosa y Francisco García Cabeza de Vaca Senadores de la República integrantes del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXII Legislatura al Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los artículos 8, 164 y 169 del Reglamento del Senado de la República, someten a la consideración del Pleno de esta Honorable Asamblea, la siguiente Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Agraria, al tenor de la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

El proceso de regularización de la propiedad social en México iniciado en los años noventa producto de la modificación al artículo 27 constitucional, ha tenido como resultado un ordenamiento gradual de la propiedad de ejidos y comunidades. Este proceso de certificación de tierras tiene entre sus principales objetivos otorgar certidumbre jurídica a los titulares de derechos agrarios y promover la inversión hacia el campo para mejorar las condiciones de vida en el medio rural.

Actualmente de los 31,852 núcleos agrarios que existen en el país, 29,619 núcleos agrarios tienen certificadas sus tierras conforme al artículo 56 de la Ley Agraria, de estos, 27,771 son ejidos y 1,848 comunidades, con un avance global en materia de certificación de tierras del 93% del total de núcleos agrarios y 90 millones de hectáreas certificadas que representan el 90% de la superficie social el país.

Para cumplir con esta disposición de ley, el anterior Gobierno Federalimplemento programaspara atender a los ejidos y comunidades que han solicitado la delimitación, destino y asignación de sus tierras, lo que tuvo como resultado la generación y expedición a favor de ejidatarios y comuneros de certificados que amparan: a) derechos parcelarios, b) derechos sobre las tierras de uso común y, en ciertos casos, c) títulos de solares urbanos; así como actualización registral del padrón de sujetos agrarios, de sus órganos de representación, entre otros.

Para llevar a cabo el proceso de certificación de tierras, la entonces Secretaría de la Reforma Agraria (SRA) hoy Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano cabeza de sector y responsable de la política agraria del país y regularización de la propiedad agraria, la Procuraduría Agraria (PA) encargada de vigilar que se respeten los derechos de los sujetos agrarios y el Registro Agrario Nacional (RAN) encargado de llevar a cabo la inscripción de los acuerdos de asamblea, de realizar los trabajos técnicos topográficos y cartográficos, y de la generación de certificados y títulos, así como del reguardo y control documental de la propiedad ejidal y comunal, cada quien desde sus facultades colaboraronde manera conjunta y en coordinación institucional.

Actualmente todos los núcleos agrarios viables de llevar a cabo la certificación de sus tierras han sido atendidos, sin embargo, existe un universo de 2,233 que tienen como característica la existencia de alguna problemática específica, ya sea social, jurídica, o administrativa que ha limitado la certificación de sus tierras.

Además, fue objetivo prioritario del Programa Sectorial de Desarrollo Agrario del Plan Nacional de Desarrollo 2006-2012, el disponer de un catastro rural que concentrará la información agraria nacional como parte fundamental de la estrategia interinstitucional para reactivar la economía y el desarrollo humano y social de quienes habitan en las comunidades rurales, a través del impulso de proyectos productivos, con la seguridad que otorga el disponer de información confiable y detallada.

Para el cumplimiento de los objetivos y metas del sector agrario, se definió el Programa de Modernización del Catastro Rural Nacional (PMCRN) a cargo del Registro Agrario Nacional, que como ya se mencionó fue un programa estratégico del anterior Gobierno Federal para fortalecer la certeza jurídica de la propiedad social, permitiendo contar con la información de la situación jurídica de la tierra, lo que coadyuva en la toma de decisiones de las dependencias de la Administración Pública Federal que concurren en el sector rural, así como de las autoridades Estatales y Municipales para el impulso del desarrollo económico y social del país.

Con el uso de tecnologías de información se logró la integración y actualización de la información geoespacial de 29,600 núcleos agrarios del total de núcleos certificados (18 a 21 capas de información geoespacial), que representan una superficie aproximada de 94 millones de hectáreas, con: 5.9 millones de parcelas que ocupan una superficie de 28 millones de hectáreas, 2.9 millones de solares en 516 mil hectáreas y 69 mil polígonos de uso común en aproximadamente 63 millones de hectáreas.

Asimismo se actualizaron 1,500 acciones agrarias posteriores a la certificación; 1,377 expropiaciones que representan el 80% del total y 5,005 sentencias, equivalentes al 90% del total.

En cuanto a la vinculación catastral y registral, se tienen el 92% de polígonos de parcelas y solares vinculados con su información Registral y el 98% de los planos de certificación de grandes áreas vinculados (211 mil hojas).

Este Sistema opera de manera centralizada en una base de datos geoespacial, que permite vincular y mantener actualizada la información registral y catastral así como la actualización de los padrones de sujetos con derechos agrarios; este Sistema permite mejorar la atención a los usuarios, al contar con información que permita conocer el estado de un trámite, a través de consultas vía web y por lo tanto acercar el servicio a los usuarios.

Esto permitirá que el país mantenga un Catastro de la Propiedad Social actualizado, vinculado y disponible. Además de la utilización de esta información y sistemas en las actividades propias del Registro Agrario Nacional se trata de una herramienta con gran potencial para el diseño e implementación de políticas públicas para impulsar el desarrollo en el campo.

En este sentido, y dados los avances logrados, se propone la presente iniciativa mediante la que se plantean los mecanismos de coordinación con los Estados y municipios del país, para que el Registro Agrario Nacional cuente con los elementospara ampliar los alcances del Catastro ya que la integración y actualización de la información de la propiedad ejidal y comunal en uno sólo, cumple varios objetivos: la certeza jurídica en los derechos de propiedad y el fortalecimiento de la cultura documental y registral en el campo; contribuye a evitar el acaparamiento de tierras ejidales y de propiedad privada, así como eliminar factores de incertidumbre.

Es importante destacar que actualmente nuestra legislación no prevé mecanismos eficaces que permitan vincular e identificar los límites de pequeña propiedad por sujeto, tanto a nivel rural como nivel urbano, es decir, tomando en cuenta que la pequeña propiedad rural puede transitar a propiedad privada a través de la figura del dominio pleno, se pudiera generar situaciones en que un solo sujeto sea propietario de más de una unidad parcelaria en una sola localidad o en diferentes zonas o estados, así como la conformación de latifundios, ya que al eventualmente adquirir el dominio pleno de las mismas yno contar con una vinculación catastral se deja de tener el control sobre la tenencia de la tierra no pudiendo tener los elementos para identificar el acaparamiento de superficies y/o propiedades.

Por lo que es imprescindible contar con las atribuciones necesarias para poder vincular la información respecto a los derechos de propiedad de dichas superficies respecto a los predios rústicos, así como de mecanismos que permitan llevar ese control independientemente del origen de la propiedad y de la entidad en que se ubiquen.

Ante lo expuesto someto a la consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente iniciativa:

Proyecto de Decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley Agraria.

Unico.- Se reforma el artículo 149, la fracción V del artículo 152 y se adiciona un segundo párrafo al artículo 148, todos de la Ley Agraria, para quedar como sigue:

Artículo 148.-

Asimismo, el Registro Agrario Nacional contará con un Catastro Rural Nacional que podrá integrar la información catastral de Estados y Municipios en los términos de esta Ley y su respectivo reglamento.

Artículo 149.- Para efectos de lo dispuesto en la fracción XVII del artículo 27 constitucional, el Registro Agrario Nacional prestará la asistencia técnica necesaria y se coordinará estrecha y periódicamente con las autoridades de las entidades federativas, municipalesy el Instituto Nacional de Estadística y Geografía.

Artículo 152.- Deberán inscribirse en el Registro Agrario Nacional:

I. a IV.

V. Los planos y documentos relativos al Catastro Rural Nacional y censo rurales;

VI. a VIII.

ARTICULOS TRANSITORIOS

Unico.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Salón de sesiones de la Cámara de Senadores, a 26 de febrero de 2013.

Suscriben

Sen. Luisa María Calderón Hinojosa.- Sen. Francisco García Cabeza de Vaca.- Sen. Víctor Hermosillo y Celada”.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, Senadora Luisa María Calderón Hinojosa. Túrnese a las Comisiones Unidas de Reforma Agraria; y de Estudios Legislativos.

Sonido en el escaño del Senador López Brito, ¿para qué asunto?

- El C. Senador Francisco Salvador López Brito: (Desde su escaño) Pedirle a la Senadora María Luisa Calderón, y a los otros proponentes, si me permiten sumarme y signar esta importante iniciativa.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Para el mismo asunto, el Senador Francisco Búrquez. Pido a la Secretaría que tome nota de ello, la Senadora Maki Esther Ortiz también se adhiere a la misma.

Se le concede el uso de la palabra a la Senadora Alejandra Barrales Magdaleno, del grupo parlamentario del PRD, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 4o. y 6o. constitucionales.





 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN LOS ARTICULOS 4o. Y 6o. DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

(Presentada por la C. Senadora Alejandra Barrales Magdaleno, del grupo parlamentario del PRD)

- La C. Senadora Alejandra Barrales Magdaleno: Con su venia, señor Presidente; compañeras y compañeros Senadores:

En el preámbulo de lo que parece ser, lo que se ha advertido recientemente en medios de comunicación, una inminente reforma al sector de las telecomunicaciones o por lo menos así se afirma como parte de las prioridades de los diferentes partidos políticos.

Nos parece muy importante que esta reforma en materia de telecomunicaciones considere, sin duda, los beneficios que se deban garantizar a los mexicanos. Estas modificaciones deberán de darnos esas garantías.

Por esa razón es que propongo esta iniciativa que pretende agregar dos párrafos al artículo 4o. y al artículo 6o. constitucional.

Como ustedes bien saben, el artículo 4o. constitucional es el que señala a los mexicanos el derecho a la salud, a la vivienda, al medio ambiente sano, así como a la cultura y al deporte.

Estamos proponiendo se agregue de manera concreta el derecho también a las Tecnologías de la Información y la Comunicación, las TICs, incluido también el acceso a Internet.

Y el artículo 6o. en el cual se propone también una reforma, habla sobre la libertad de expresión y el deber del Estado de garantizar el derecho a la información.

Aquí en concreto estamos proponiendo que sea incluida la garantía de que la difusión de las ideas, a través de la tecnología, no podrá ser objeto de censura.

Con esto lo que estamos planteando es precisamente reconocer que las generaciones presentes no se pueden entender sin la presencia de esta tecnología.

A partir de la última década del siglo pasado, las computadoras, los teléfonos celulares, la televisión satelital y por cable empezaron a cambiar la forma de comunicarnos y la forma de mantenernos informados.

Algunos países han sabido aprovechar estos avances para su desarrollo social, económico y cultural, pero algunos otros, lamentablemente como México, todavía hemos quedado en el atraso en el aprovechamiento de esta tecnología.

Las sociedades mejor informadas son las más demandantes de esta tecnología, las que presentan mayor desarrollo, menores índices de pobreza y desigualdad; por el contrario, en sociedades carentes de información no existe el progreso ni el desarrollo.

Por ello, las nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación, que estamos denominando TICs, constituyen un mecanismo para desarrollar el potencial de una sociedad, de un gobierno, de un país.

El acceso a Internet ha cobrado tal relevancia en los últimos años que en el 2011, el informe del relator especial de la ONU sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y de expresión consagrado en el artículo 6o. de nuestra Constitución, lo considere equiparables, por lo que a la restricción de esta herramienta se refiere precisamente a este mismo objeto, es decir, no podrán implicar actos de censura y de represión.

En el 2011, la ONU reportaba que dos de cada tres personas no utilizan Internet en el mundo. Situación que a dos años de distancia sigue reflejándose con esta cifra en nuestro país, el 30 por ciento de la población únicamente tiene acceso a esta poderosa herramienta.

Cualquier reforma que se pretenda al sector de telecomunicaciones, debe partir, precisamente, de garantizar el acceso a estas herramientas, el deber del Estado también de promover el uso y el aprovechamiento de estas tecnologías y, por supuesto, garantizar que en ninguno de estos casos sea objeto de censura o de restricción.

Con estas garantías, además de reconocer una nueva realidad, también se deberá de incentivar que los servicios por los que el ciudadano pague sean de menor precio y de mayor calidad; actualmente, según la OCDE, el costo para la economía mexicana por exceso en los servicios de telefonía e Internet es alrededor de 25 mil millones de dólares cada año, lo que equivale al 2 por ciento del Producto Interno Bruto.

Compañeras y compañeros Senadores, quiero insistir y hacer una convocatoria ante lo que, como ya advertimos, parece inminente la reforma a las telecomunicaciones, esta reforma deberá de garantizar, deberá de impactar en una mejor calidad de vida para las y los mexicanos, mas allá de intereses privados, el interés general debe de prevalecer por encima de todos estos.

Por economía parlamentaria, solamente entregaré la iniciativa con los artículos de referencia y sus respectivas reformas.

Iniciativa

“SEN. ERNESTO JAVIER CORDERO ARROYO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
DE LA CAMARA DE SENADORES
H. CONGRESO DE LA UNION
PRESENTE.

La suscrita, Senadora Alejandra Barrales Magdaleno, integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto por los artículos: 71 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como por los artículos 8° fracción I, 164 numeral 1, 164 numeral 3, 169,171 y 172 del Reglamento del Senado de la República, someto a consideración de esta Soberanía, la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN LOS ARTICULOS 4 Y 6 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, al tenor de la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

Las nuevas generaciones no podrían entender el mundo actual sin la tecnología. A partir de la última década del siglo pasado, las computadoras, los teléfonos celulares, la televisión satelital y por cable, empezaron a cambiar la forma de comunicarnos y de mantenernos informados. Tuvo que pasar casi un siglo desde la invención de la radio para volver a revolucionar el mundo de las telecomunicaciones.

Con esta revolución tecnológica el mundo se convirtió en una gran red de información y comunicación. Algunos países han sabido aprovechar estos avances para su desarrollo social, económico y cultural, mientras que en otros, como en el nuestro, no se ha utilizado a este sector como un detonante del cambio que tanto se ha retrasado para los mexicanos.

Francis Bacon a principios del siglo XVII declaraba que “la información es poder”. En la actualidad sigue siendo una realidad. Las sociedades mejor informadas son las más demandantes, las que presentan mayor desarrollo, menores índices de pobreza y desigualdad y por el contrario, en sociedades carentes de información, no existe progreso ni desarrollo.

Por ello las nuevas tecnologías de la información y comunicación (TICs) constituyen un mecanismo para desarrollar el potencial de una sociedad, de un gobierno, de un país.

El acceso universal a las TICs ofrece oportunidades infinitas para mejorar los servicios públicos relativos a la seguridad, a la salud, la educación e incluso el medio ambiente, al igual que presenta una herramienta de comunicación fundamental de la población tanto para allegarse de información como para manifestar libremente sus ideas.

El acceso a internet ha cobrado tal relevancia en los últimos años que en 2011, el informe del relator especial de la ONU sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y de expresión (consagrado en el artículo 6 de nuestra Constitución), los considera equiparables, por lo que la restricción a esta herramienta o el control sobre su contenido pueden implicar actos de censura y represión. 1

El objetivo esencial de la democracia consiste en la igualdad de derechos2, por ello el acceso a las TICs no debe ser un asunto que dependa exclusivamente de factores económicos, ya que eso aumenta la desigualdad de conocimiento, por lo que el Estado debe garantizar el derecho a la información y promover los mecanismos para acceder a ella de una forma universal.

En este sentido, consideramos que limitar la obligación del Estado a ofrecer un determinado servicio como en el caso de Internet dentro del marco Constitucional, sería tanto como reconocerlo como la única parte del espectro radioeléctrico al que el particular puede tener acceso como parte de un bien público.

La realidad debe ser la contraria. Se debe contar con las mayores herramientas ya sea del espectro radioeléctrico o de nuevas tecnologías, ya que los ciudadanos son en sí mismos el fin de la comunicación, y no el medio para generar ganancias de quienes detentan una concesión.

En las actas finales de la Conferencia de Plenipotenciarios de la Unión Internacional de Telecomunicaciones UIT, celebrada en Kioto, Japón en 1994, consta la recomendación del organismo internacional a todos sus miembros a que faciliten la libre difusión de información por los servicios de telecomunicación, en virtud de “los nobles principios de la libre difusión de información y de que el derecho a la comunicación es un derecho básico de la humanidad”.

Por ello, se considera indispensable ampliar el concepto para que los particulares puedan tener acceso a estas tecnologías. Incluso dentro de los Objetivos de Desarrollo del Milenio de la ONU, se establece como una meta que “en coordinación con el sector privado, dar acceso a los beneficios de las nuevas tecnologías, en particular los de las tecnologías de la información y comunicación”.

En su reporte del 2011, la ONU indicaba que para finales del año anterior, 2 de cada 3 personas no utilizaba internet en el mundo y que la brecha de acceso entre los países desarrollados a los países en vía de desarrollo era muy amplia, con una penetración del 71% para los primeros y de 21% para los segundos.

En este sentido, nuestro país presenta aún un grave rezago. De acuerdo a los datos más recientes de la Encuesta de Disponibilidad y Uso de las Tecnologías de la Información del INEGI revelan que al mes de abril de 2012 existían 40.9 millones de usuarios de Internet en nuestro país y en el Índice de Desarrollo de Tecnologías de la Información y la Comunicación, publicado por la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT), el estancamiento de México es evidente, pues en 2008 ocupó el lugar 78 y en la más reciente edición de 2011 ocupó la posición 79.

Esto implica que en nuestro país aproximadamente el 70% de la población aún no cuenta con acceso a Internet, mientras que la radiodifusión tiene una penetración de más del 90% de los hogares. 3

Por ello, cualquier reforma que se pretenda al sector de las telecomunicaciones debe partir de la garantía de acceso a estas herramientas, del deber del Estado de promover el uso y aprovechamiento de estas tecnologías y del derecho de la población a contar con información veraz y oportuna, así como de la posibilidad de transmitir cualquier información sin ninguna restricción más allá de las que actualmente prevé la propia Constitución.

No obstante las condiciones imperantes en el sector, las telecomunicaciones se mantienen como uno de los sectores más dinámicos de la economía nacional. Hasta septiembre de 2012 conformaron el 3.28% del PIB, mientras que la tasa de crecimiento de la participación del sector durante ese año fue de 11.8%; esto es casi el doble de rápido de lo que creció en 2011. Ambos porcentajes dan cuenta de un aumento en el número de usuarios de esos servicios y en un mayor flujo de tráfico y señales a través de las redes de telecomunicación.

Entre 2007 y 2012, México registró uno de los mayores montos de inversión para el desarrollo de infraestructura de las telecomunicaciones y el transporte. En poco menos de seis años se invirtieron 691 mil 203 millones de pesos, cifra superior en 53% en comparación a la del sexenio anterior.

Sólo en telecomunicaciones, la inversión acumulada de 2007 a 2012 fue de 288 mil 156 millones de pesos. Este monto satisface la proyección establecida en el Programa Nacional de Infraestructura de 2007, sin embargo, en lo que corresponde al 2012, sólo 5 mil 898 millones de pesos fueron públicos y 58 mil 458 millones de pesos fueron privados.

Como puede notarse, a pesar de ser un sector de vital importancia para la economía nacional, cuando se analiza el desagregado del rubro de telecomunicaciones notamos que la inversión es mayoritariamente privada. Esta circunstancia explica por qué el Estado se ve limitado en el control sobre el sector y confirma el dominio de los recursos y por ende, del poder de los privados sobre la infraestructura de telecomunicaciones para la radiodifusión y otros servicios como la banda ancha, o la telefonía.

Nuestro país necesita el impulso socioeconómico generado por un mayor acceso a servicios de comunicaciones eficientes, en particular a la banda ancha de alta velocidad. De acuerdo con el Estudio sobre Políticas y Regulación de Telecomunicaciones de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico OCDE, entre 2005 y 2009, la pérdida de bienestar atribuida a la disfuncionalidad del sector mexicano de las telecomunicaciones equivalió al 1.8% del PIB cada año. Esto significa que lo que se está ganando en ingresos económicos por inversión, no se está traduciendo en bienestar social debido al desaprovechamiento de estas tecnologías.

México carece de una verdadera política de conectividad a internet y sus consecuentes beneficios; el 52% de los mexicanos carece de acceso a la banda ancha o tiene acceso a un solo proveedor y que la competencia de servicios se da entre los sectores más ricos del país. La propia Secretaría de Comunicaciones y Transportes ha señalado que las localidades en el País con menos de 500 habitantes son las que carecen de infraestructura de telecomunicaciones para recibir servicios de internet. Consecuencia de esto y debido a la escasa competencia que existe en este sector los precios son extremadamente elevados para los consumidores ylas empresas. Lo anterior según reporte de la OCDE4, en el que estima que el costo para la economía mexicana por exceso en los servicios de telefonía e Internet es de alrededor de $25 mil millones de dólares cada año, lo que equivale a casi el 2% del PIB.

Un 7% de las localidades de entre 500 y 50 habitantes y 28% de las poblaciones con menos de 500 habitantes no cuentan con ninguna infraestructura de banda ancha. Las estrategias de banda ancha deben de ser utilizadas cómo un vehículo no sólo que permita el acceso a información más rápida sino que propicie una colaboración intersectorial para formar políticas comunes como en salud, energía, educación, que permitan la inclusión social, es decir que vayan de acuerdo a las metas nacionales.

Por tales motivos, la reforma al artículo 4º de la Constitución debe garantizar el acceso universal a las TIC, no sólo a la banda ancha, sino a las múltiples opciones que tiene la sociedad para allegarse de información, así como para expresar libremente sus opiniones.

Para ello se propone la adición de un párrafo penúltimo para quedar como a continuación se señala:

Toda persona tiene derecho al acceso a las tecnologías de la información y comunicación, que comprenden las telecomunicaciones y los radiodifundidos. El Estado promoverá que dicho acceso y la difusión de información se haga bajo principios de universalidad, diversidad, oportunidad, pluralidad, calidad, convergencia y aprovechamiento tecnológico y competencia.

Con esta reforma se busca no sólo fomentar el establecimiento de una red pública de acceso libre a internet, sino el reconocimiento del derecho de todos los mexicanos al acceso a las tecnologías disponibles para allegarse de información, ya sea a través de señales radiodifundidas, satelitales o cualquier otro adelanto tecnológico que el Estado deba fomentar y que tenga su naturaleza en la explotación de un bien propiedad de la nación.

Por lo que respecta al artículo 6 relativo a la libertad de expresión y el deber del Estado de garantizar el derecho a la información, se propone adicionar como garantía adicional que: “El ejercicio de este derecho no podrá restringirse por vías o medios indirectos como el abuso de controles oficiales o particulares de papel para periódicos, frecuencias del espectro radioeléctrico o cualquier dispositivo usado para la difusión de información”.

De esta forma estaremos garantizando plenamente tanto el derecho de acceso a la información a través de las TICs, como la libertad de expresión sin restricción por cualquier medio.

En tal virtud, someto a consideración de esta Soberanía la siguiente propuesta:

DECRETO

Primero.- Se adiciona un párrafo inmediato posterior al décimo primero del Artículo 4 Constitucional para quedar de la siguiente manera:

Artículo 4.- …

Toda persona tiene derecho al acceso libre a las tecnologías de la información, así como a los servicios radiodifundidos. El Estado promoverá que dicho acceso y la difusión de información se haga bajo principios de universalidad, diversidad, oportunidad, pluralidad, calidad, convergencia y aprovechamiento tecnológico y competencia.

Segundo.- Se modifican el primer párrafo y se adiciona un párrafo inmediato posterior a la fracción VII del artículo 6º Constitucional para quedar como sigue:

Artículo 6.- La manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, sino en el caso de que ataque a la moral, los derechos de tercero, provoque algún delito, o perturbe el orden público; el derecho de réplica será ejercido en los términos dispuestos por la ley. El derecho a la información será garantizado por el Estado. El ejercicio de este derecho no podrá restringirse por vías o medios indirectos como el abuso de controles oficiales o particulares de papel para periódicos, frecuencias del espectro radioeléctrico o cualquier dispositivo usado para la difusión de información.

I a VII …

El Estado garantizará el uso social de las tecnologías de la información y a los servicios de radiodifusión, promoviendo el acceso libre, equitativo e igualitario.

TRANSITORIOS

PRIMERO.- El presente Decreto entrara en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

SEGUNDO.- El Congreso de la Unión tendrá 120 días a partir de la entrada en vigor del presente decreto para la adecuación de la normatividad secundaria con el objeto de hacer efectivas las modificaciones relativas al presente decreto.

TERCERO.- El Ejecutivo Federal deberá considerar dentro del Plan Nacional de Desarrollo una política de acceso a las tecnologías de la información y la comunicación a efecto de desarrollar la infraestructura necesaria para garantizar la cobertura universal a estas tecnologías.

Senado de la República, a 26 de febrero de 2013.

Suscribe

Sen. Alejandra Barrales Magdaleno”.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, Senadora Alejandra Barrales Magdaleno. Túrnese a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; y de Estudios Legislativos, Primera.

Sonido en el escaño del Senador Robledo Aburto.

- El C. Senador Zoé Robledo Aburto: (Desde su escaño)Simplemente para consultarle a la Senadora Barrales Magdaleno, si me permite sumarme a su iniciativa.

- La C. Senadora María Alejandra Barrales Magdaleno: (Desde su escaño)Con gusto, señor Presidente.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Pido a la Secretaría que tome nota de ello.

1 Report of the Special Rapporteur on the promotion and protection of the right to freedom of opinion and expression, Frank La Rue, 2011.

2Sartori, Giovanni, Teoría de la Democracia. Los problemas clásicos. Vol. II, Alianza Editorial, México, 1997.

3Censo de Población y Vivienda 2010, INEGI

4http://www.oecd.org/newsroom/telecomsreformwouldboostcompetitionandgrowthinmexicosaysoecd.htm, Estudio de la OCDE de Política de las Telecomunicaciones y el Reglamento en México, consultado el 20 de febrero de 2013.

Se le concede el uso de la palabra a la Senadora Lisbeth Hernández Lecona, del grupo parlamentario del PRI, a nombre propio y de diversos Senadores, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma y adiciona el numeral 4 al artículo 93 del Reglamento del Senado de la República.





 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA Y ADICIONA EL NUMERAL 4 AL ARTICULO 93 DEL REGLAMENTO DEL SENADO DE LA REPUBLICA

(Presentada por la C. Senadora Lisbeth Hernández Lecona, a nombre propio y de los CC. Senadores Aarón Irízar López, Alejandro Tello Cristerna, Angélica del Rosario Araujo Lara, Claudia Artemiza Pavlovich Arellano, Daniel Amador Gaxiola, Diva Hadamira GastélumBajo, Hilda Esthela Flores Escalera, Ivonne Liliana Alvarez García, Isaías González Cuevas, Jesús Casillas Romero, Juana Leticia Herrera Ale, Lilia Guadalupe Merodio Reza, María del Rocío Pineda Gochi, Manuel Humberto Cota Jiménez, Margarita Flores Sánchez, Mely Romero Celis y Roberto Armando Albores Gleason)

- La C. Senadora Lisbeth Hernández Lecona: Gracias, señor Presidente; compañeras y compañeros Senadores:

En representación de mis compañeros del grupo parlamentario del PRI, vengo a exponer la siguiente iniciativa:

La vida política de México requiere de un saludable equilibrio entre los poderes que gobiernan la Federación. La labor del Poder Legislativo, en concreto la de la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión como representantes del pueblo, reflejan los anhelos y las luchas de los mexicanos. Por ello, es menester profundizar en el conocimiento de la cuestión parlamentaria y en concreto de sus herramientas que regulan su vida interna, a fin de ser más propositivos y lograr con firmeza y decisión un mejor México.

Indudablemente que uno de los retos más importantes de las Cámaras del Congreso de la Unión, especialmente la de Senadores, es que su desempeño sea cada vez más eficaz y eficiente, para lo cual es necesario que cuente con los instrumentos y medios normativos internos que den solución a los diversos supuestos que se presenten, en el caso que nos ocupa, nos referimos al Reglamento del Senado de la República.

Por ello, se estima y considera relevante que durante el desarrollo de una sesión del Pleno los Senadores que asistan deben emitir su voto, ya sea a favor, en contra o, en su defecto, en abstención, pues es notorio y a todas luces manifiesto que cuando un legislador asiste a las sesiones del Pleno, es para cumplir con su encomienda, con su obligación constitucional y legal manifestando su voluntad.

Es decir, con la presente iniciativa se pretende que cuando un Senador no emita su voto en cualquiera de los sentidos antes señalados: a favor, en contra o en abstención, dicha votación, o la emisión del voto, deberá considerarse en abstención, lo anterior para evitar confusiones o retrasos en el desarrollo de las sesiones que se tienen al interior de este recinto legislativo, ya que cuando un Senador ha cumplimentado lo que establece el artículo 58 del Reglamento del Senado, dentro del rubro de la asistencia y el quórum, es evidente que cuando entre el legislador, físicamente, en la sesión del Pleno, después de haber pasado lista de asistencia, resulta contrario e ilógico que no quiera o se abstenga de emitir su voto en el sentido que desee, según lo establece el numeral 93 del mismo ordenamiento.

Por lo que en esencia lo que se plantea con esta iniciativa es establecer los casos y circunstancias de tiempo y lugar cuando un Senador se encuentre físicamente en el Pleno del Senado deberá emitir su voto en cualquier sentido, y de no hacerlo así, entonces se tomará como una abstención, esto trae consigo uniformidad, disciplina y organización en el proceso de los trabajos legislativos que se presentan en esta máxima tribuna y, sobre todo, para evitar ambigüedades sobre si hay o no quórum en las sesiones, y como consecuencia inmediata evitar la suspensión de las mismas eludiendo retrasos en los trabajos de este Senado.

Por lo antes expuesto y fundado, someto a la consideración de esta alta tribuna, el siguiente proyecto de Decreto.

Artículo Unico.- Se reforma y adiciona el numeral 4 al artículo 93 del Reglamento del Senado de la República, para quedar como sigue:

Artículo 93.-

Se considera emitido el voto en abstención cuando estando presentes físicamente los Senadores en el Pleno del Senado, no expresen su voto en ningún sentido.

Señor Presidente, solicito que sea integrada la presente iniciativa completamente para ser plasmada en el Diario de los Debates.

Muchas gracias, compañeras y compañeros Senadores.

(Aplausos)

Iniciativa

“SENADORAS Y SENADORES INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL LISBETH HERNANDEZ LECONA, AARON IRIZAR LOPEZ, ALEJANDRO TELLO CRISTERNA, ANGELICA DEL ROSARIO ARAUJO LARA, CLAUDIA ARTEMIZA PAVLOVICHARELLANO, DANIEL AMADOR GAXIOLA, DIVA HADAMIRA GASTELUM BAJO, HILDA ESTHELA FLORES ESCALERA, IVONNE LILIANA ALVAREZ GARCIA, ISAIAS GONZALEZ CUEVAS, JESUS CASILLAS ROMERO, JUANA LETICIA HERRERA ALE, LILIA GUADALUPE MERODIO REZA, MA. DEL ROCIO PINEDA GOCHI, MANUEL HUMBERTO COTA JIMENEZ, MARGARITA FLORES SANCHEZ, MELY ROMERO CELIS Y ROBERTO ARMANDO ALBORES GLEASON, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 71, FRACCION II DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; ASI COMO POR LO DISPUESTO EN LOS DISPOSITIVOS 4 NUMERAL 1, 8 NUMERAL 1 FRACCION I, 164 NUMERALES 1 Y 2 Y 169 DEL REGLAMENTO DEL SENADO DE LA REPUBLICA, SOMETO A CONSIDERACION DE ESTE PLENO LEGISLATIVO, INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA Y ADICIONA EL NUMERAL 4 AL ARTICULO 93 DEL REGLAMENTO DEL SENADO DE LA REPUBLICA, MISMO QUE SE HACE AL TENOR DE LAS SIGUIENTES:

CONSIDERACIONES

La vida política de México requiere de un saludable equilibrio entre los poderes que gobiernan la Federación. La labor del Poder Legislativo, en concreto de la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión como representantes del pueblo, refleja los anhelos y luchas de los mexicanos. Por ello, es menester profundizar en el conocimiento de la cuestión parlamentaria y en concreto de sus herramientas que regulan su vida interna, a fin de ser más propositivos y así, lograr con firmeza y decisión un México mejor.

1Indudablemente que uno de los retos más importantes de las Cámaras del Congreso de la Unión, especialmente la de Senadores, es que su desempeño sea cada vez más eficaz, para lo cual es necesario que cuente con los instrumentos y medios normativos internos que den solución a los diversos supuestos que se presenten, en el caso que nos ocupa, nos referimos al Reglamento del Senado de la República. En aquellos casos en que no sean suficientes las normas vigentes, será la práctica parlamentaria la que encuentre soluciones idóneas, aceptadas por la mayoría. Así, la ruta práctica parlamentaria-acuerdo-norma reglamentaria, será recorrida cada vez que sea necesario adaptar el funcionamiento de la Cámara de Senadores a las exigencias y momentos básicos coyunturales o estructurales de nuestro diseño institucional.

Con la entrada en vigor del Reglamento del Senado, es manifiesto a todas luces que se inicia una nueva etapa en la historia de la vida parlamentaria, cuyos procedimientos estarán a prueba. La dinámica parlamentaria así como el derecho en su conjunto, siempre estarán en constante evolución, permitiendo con ello un ajuste permanente a las reglas de funcionamiento de la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, necesario para su mejor desempeño, lo que tenderá a fortalecer la calidad de nuestra democracia representativa.

Es decir; la esencia interna de ésta Soberanía debe estar reglamentada en nuevos y evolutivos aspectos de procedimiento que a través de un ordenamiento regulatorio instará a un mejor funcionamiento en el desarrollo y desenvolvimiento de los actos intrínsecos y legales del proceso legislativo en el que por supuesto, se hallan inmersos aspectos de forma y de fondo como la asistencia de los Senadores a las Sesiones del Pleno del Senado y en concomitancia al quórum y votación, tres aspectos que se hayan concatenados para el debido cumplimiento de las acciones parlamentarias y del ejercicio pleno y continuo de su Reglamento.

Por una parte, la palabra asistencia, significa aquella acción de estar o hallarse presente y, por otro lado, también se refiere al conjunto de personas que están presentes en un acto. Mientras que el término sesiones es el plural de sesión, palabra proveniente del latín sessionis, que hace referencia a las juntas de un concilio, un congreso o una corporación.

2Por asistencia a las sesiones, en el contexto del Derecho Parlamentario, entendemos la obligación de los parlamentarios (diputado o senador), incluso de algunos altos funcionarios, para que se presenten a las reuniones de la institución representativa (Congreso, Parlamento o Asamblea) para tratar, de acuerdo con el orden del día previamente elaborado, los asuntos que son de su competencia.

3Como retrospectiva podemos señalar que la mayoría de las constituciones latinoamericanas o iberoamericanas establecen, como mínimo de quórum, para que una reunión se lleve a cabo, más de la mitad del número total de los miembros de la Cámara o la mitad más uno de sus miembros, pero existen excepciones; por ejemplo, en Chile con la concurrencia de una tercera parte del total de los miembros de las cámaras se puede sesionar; en Costa Rica el quórum para que se puedan efectuar sesiones es de dos tercios del total de la Asamblea; en Cuba, Perú y Paraguay es de más de la mitad del total de los miembros y; por último, en Argentina, Bolivia y Venezuela es el de mayoría absoluta. En Italia, respecto de la Cámara de Diputados, cuando se va a deliberar en el pleno o en comisiones, se exige un quórum de reunión de la mayoría de sus componentes; para las deliberaciones en Comisión, cuando no actúen en función legislativa, se requerirá la asistencia de una cuarta parte de los miembros que la integran.Como antecedentes en el Derecho mexicano tenemos que, la reforma de 1874 a la Constitución de 1857 y el texto original de la Constitución de 1917 establecieron un quórum de asistencia distinto al actual: más de la mitad del total de los miembros de la Cámara de Diputados y para la Cámara de Senadores se determinó un quórum de dos terceras partes del total de los senadores.

4Al respecto, tendríamos la de asistencia, es decir, aquel que esté presente al momento de pasar lista, una vez pasada ésta y, si se llegase a votar nominalmente, que también se encuentre presente en ese momento. Sin embargo, lo que sí menciona este artículo respecto a la última es que tanto el diputado como el senador, además de la obligación de presentarse a las sesiones, están obligados a permanecer en ellas todo el tiempo que duren éstas y tienen prohibido expresamente abandonarlas. Si no asiste el diputado o el senador sin causa justificada o permiso a sesión, conforme al artículo 64 constitucional, no tendrá derecho a la dieta correspondiente del día en que falte.

5Aunado a lo anterior, en el contexto del Derecho Parlamentario el quórum de asistencia es el número mínimo de senadores, que deben estar presentes, para que pueda sesionar la Cámara de Senadores, éste mínimo se establece en la norma fundamental de un Estado, es decir, en la Constitución Política. La finalidad del quórum es lograr el mejor desempeño de la actividad parlamentaria y, en consecuencia, cumplir una de las más importantes atribuciones.

6Adminiculado con las líneas que preceden, recordemos que en materia parlamentaria se le denomina votación a la resolución que expresa el legislador, ya sea positiva, ya negativa, en determinado asunto; es la expresión formal de la voluntad. Las votaciones son los actos a través de los cuales las asambleas legislativas adoptan sus decisiones, las que van precedidas normalmente del debate o discusión del asunto sobre el que deben pronunciarse los legisladores. La votación es un acto personal regularmente indelegable; es decir, que cada promulgación a favor o en contra de determinado negocio, es la expresión de la voluntad del legislador, y dado el carácter representativo de éste, también lo será del pueblo.

JUSTIFICACION DE LA INICIATIVA

El Reglamento del Senado de la República, en su “Capítulo Séptimo” dentro del rubro “De las Votaciones” establece entre otras cosas: el voto como tal, la votación del Pleno y el sentido del voto, respectivamente, sin que al efecto establezca las circunstancias de fondo como lo es en la reforma que se plantea.

Por ello, se estima y considera relevante que durante el desarrollo de una Sesión del Pleno, los Senadores que asistan, deben emitir su voto ya sea a favor, en contra o en su defecto en abstención, pues es notorio y a todas luces manifiesto que, cuando un legislador ocurre a las Sesiones del Pleno, es para cumplir con una obligación constitucional y legal manifestando su voluntad en sentido afirmativo, negativo o en abstención como se ha mostrado. Es decir; con la presente iniciativa, se pretende que, cuando un Senador no emita su voto en cualquier de los sentidos antes señalados, (A favor -En contra- o en Abstención),dichavotación o la emisión del voto deberá considerarse en abstención. Lo anterior para evitar confusiones o dilaciones en el desarrollo de las Sesiones que se tienen al interior de éste Recinto Legislativo, ya que, cuando un Senador ha cumplimentado lo que establece el artículo 58 del Reglamento del Senado dentro del rubro “DE LA ASISTENCIA Y EL QUORUM” es notorio que cuando se encuentra el legislador físicamente en la Sesión del pleno después de haber pasado lista de asistencia, resulta antagónico e ilógico que no quiera o se abstenga en emitir su voto en el sentido que desee, según lo establece el numeral 93 del mismo ordenamiento. Por lo que, el objetivo preponderante de la presente iniciativa es establecer los casos y circunstancias de tiempo y lugar, cuando un Senador se encuentre físicamente en el Pleno del Senado deberá emitir su voto en cualquier sentido y de no hacerlo así, entonces se le tomará su voto como una abstención. Esto trae consigo uniformidad y organización en el desarrollo de los trabajos legislativos que se presenten en ésta Máxima Tribuna y sobre todo para evitar ambigüedades sobre si hay o no quórum y como consecuencia inmediata evitar la suspensión de las Sesiones del Pleno Legislativo, a fin de evitar dilaciones en los trabajos del Senado de la República.

Por lo antes expuesto y fundado, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea, el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO

ARTICULO UNICO. Se reforma y adiciona el numeral 4 al artículo 93 del Reglamento del Senado de la República, para quedar como sigue:

Artículo 93

1…

2…

3…

4… Se considera emitido el voto en abstención cuando estando presentes físicamente los senadores en el Pleno del Senado, no expresen su voto en ningún sentido.

UNICO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el Senado de la República, a 26 de febrero de 2013.

Atentamente”.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Con gusto, Senadora Lisbeth Hernández Lecona. Pido a la Secretaría Parlamentaria que se integre de manera completa en el Diario de los Debates la iniciativa que ha presentado la Senadora. Túrnese a las Comisiones Unidas de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias; y de Estudios Legislativos.

1http://www.juridicas.unam.mx/publica/rev/boletin/cont/108/art/art9.htm(Consultado con fecha 19 de febrero de 2013.

2http://www.diputados.gob.mx/cedia/biblio/virtual/dip/dicc_tparla/Dicc_Term_Parla.pdf (Consultado con fecha 20 de febrero de 2013 a las 10:00 am)

3BERLÍN VALENZUELA, Francisco, Derecho Parlamentario, Fondo de Cultura Económica, México, 1993. Boletín Oficial de la República, "Reglamento de la Cámara de Diputados de Italia", del 18 de febrero de 1971. CAMPOSECO, Miguel Ángel, "De las sesiones", en Manuales elementales de técnicas y procedimientos legislativos, Cámara de Diputados, México, 1990. CARPIZO, Jorge y Jorge Madrazo, Derecho Constitucional, Instituto Federal Electoral, México, 1993.

4Real Academia Española, Diccionario de la Lengua Española, Espasa-Calpe, Madrid, 1992, 21a. ed., t. I y II. SERNA DE LA GARZA, José Ma., "Comentario al artículo 63", en Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Comentada, Porrúa-UNAM, México, 1995, t. I, 7a. ed. VALADÉS, Diego, Constitución y política, Universidad Nacional Autónoma de México, México, 1994.

5 IBHÍDEM.

6Fernando Santaolalla (1990)

Se le concede el uso de la palabra a la Senadora Maki Esther Ortiz Domínguez, del grupo parlamentario del PAN, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto que reforma el artículo 64 de la Ley General de Salud.





 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA EL ARTICULO 64, FRACCION II DE LA LEY GENERAL DE SALUD

(Presentada por la C. Senadora Maki Esther Ortiz Domínguez, del grupo parlamentario del PAN)

- La C. Senadora Maki Esther Ortiz Domínguez: Con su venia, señor Presidente; compañeras y compañeros Senadores:

En la actualidad trabajar en el fortalecimiento de las políticas preventivas en la población desde edades tempranas, en el caso de salud, es fundamental, entre ellas, incrementar y promover la alimentación de niños a través de la lactancia materna, debe ser una preocupación de los legisladores.

Es importante señalar que de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, en 2011 menos del 41 por ciento de los niños menores de 6 meses fueron alimentados solo con leche materna. Dicha organización recomienda alimentar con leche materna a los infantes mínimo de los cero a los 6 meses de nacidos, como alimento fundamental, y hasta los 2 años como alimento complementario.

En este sentido, debemos promover la alimentación con leche materna que beneficie a los infantes ya que contiene los azúcares, las proteínas y las grasas en las cantidades necesarias para su óptimo crecimiento, además auxilia en el combate de infecciones, no afecta a los riñones y ayuda al proceso digestivo.

En nuestro país se han realizado reformas importantes que impulsan el cuidado de la salud desde edades tempranas, con la finalidad de evitar las consecuencias de diversas enfermedades que se pueden desarrollar durante el crecimiento de las personas, pero que también se pueden evitar o controlar si se tiene un antecedente de los mismos.

Debemos recordar grandes avances como la implementación del Tamiz Neonatal Ampliado y la planeación de políticas que fomentan aspectos como la lactancia materna, donde las autoridades sanitarias impulsan campañas para promover dicha práctica.

Es trascendente señalar que de acuerdo con los datos de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2012, se decidió incentivar la lactancia materna como parte permanente de las políticas de salud. Lo anterior, a partir de que la mediana de la duración de la lactancia materna se estimó en 10.2 meses.

Además, en dicha encuesta se aprecia que las prácticas de lactancia están muy por debajo de las recomendaciones de la OMS, donde aparece que de un total de 4,097 infantes, poco más de una tercera parte son puestos al seno en la primera hora de vida y solo 14.4 por ciento son niños de 6 meses que siguen recibiendo lactancia materna exclusivamente.

Otro dato alarmante y que se considera uno de los problemas de salud en la población, es que el porcentaje de alimentación por lactancia materna ha ido disminuyendo notablemente, mientras en el 2006 en el periodo de los cero a los 5 meses de edad de los infantes donde la lactancia materna es exclusiva, el 17.3 por ciento de zonas urbanas era alimentado exclusivamente de esa manera contra el 12.7 por ciento que fue el porcentaje que se registró en 2012.

En el caso de las zonas rurales, el porcentaje era de 36.9 por ciento contra 18.5 por ciento en 2012, es decir, hubo una disminución de 4.6 y 18.4 puntos porcentuales, respectivamente, en 6 años, lo que obliga al sector salud a poner atención en dicho aspecto.

El objeto de la presente reforma es facilitar en muchas ocasiones las circunstancias de las madres, de acuerdo a nuestros tiempos, y que puedan alimentar a sus hijos en la medida de lo posible hasta la edad mínima recomendada por la Organización Mundial de la Salud.

Toda vez que la tendencia, no solo en nuestro país, sino a nivel mundial, ha sido que el porcentaje de las mujeres que trabajan en la actualidad va en crecimiento, ya sea por motivos económicos o bien profesional.

Finalmente, es por ello que es importante que en aras de lo anterior continuemos impulsando reformas que generen beneficios a la salud de los mexicanos desde edades tempranas.

En el Senado de la República ponemos el ejemplo y aprovecho para invitarlos a la inauguración del lactario que se llevará a cabo el día de mañana, y que se instaló para beneficio de las madres que trabajan aquí o de aquellas mujeres que en un futuro quieran ser madres.

Es cuanto, señor Presidente.

Iniciativa

“La que suscribe, la Senadora Maki Esther Ortiz Domínguez, Integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, integrante de la LXII Legislatura del H. Congreso de la Unión, en ejercicio de la facultad que me confieren los artículos 71, fracción II y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 8, fracción I, y 169 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea, la siguiente Iniciativa con Proyecto de Decreto que reforma el Artículo 64, fracción II de la Ley General de Salud, y que se fundamenta en la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

En la actualidad es indispensable continuar trabajando en el fortalecimiento de las políticas preventivas en la población desde edades tempranas, entre ellas es fundamental, incrementar y promover la alimentación de niños a través de la lactancia materna.

De acuerdo con la OMS, en 2011, menos del 41% de los niños menores de seis meses son alimentados sólo con leche materna, sin embargo, algunos de los beneficios de alimentar a los infantes a través de la lactancia, es el vínculo que se crea entre madre e hijo, pero además, se reduce la mortalidad infantil en una quinta parte. Lo anterior derivado de que la leche materna ayuda a satisfacer las necesidades alimenticias del bebé, lo cual es recomendable hacer mínimo en los primeros seis meses de vida, de manera primordial y hasta los dos años de vida, como alimento complementario.

Además la leche materna contiene los azucares, las proteínas y las grasas en las cantidades necesarias para su óptimo crecimiento, tiene sustancias que protegen a los infantes y lo auxilian en el combate de infecciones; su contenido en sal es mínimo, por lo que no afecta los riñones, por el contrario ayuda al proceso digestivo.

En nuestro país, se han realizado reformas importantes, que impulsan el cuidado de la salud desde edades tempranas, es decir, la políticas de salud preventiva, se encargan de fomentar un diagnóstico temprano con la finalidad de evitar las consecuencias de diversas enfermedades, que se pueden desarrollar con el crecimiento de las personas, pero que también se puede evitar o controlar dichos padecimientos si se tiene un conocimiento previo o antecedente de los mismos. En este sentido, se han logrado avances como la implementación del Tamiz Neonatal Ampliado, y la planeación de políticas que fomenten aspectos como la lactancia materna, donde las autoridades sanitarias impulsen campañas para promover el asunto de la materia.

No obstante todos los esfuerzos que se den a través del Ejecutivo Federal, por medio de la Secretaría de Salud y el Congreso de la Unión, a través de la creación de normas que faciliten las acciones en beneficio de este sector de la población, es importante, que las acciones de salud en su momento, sean reforzadas a través de la correcta orientación de la madre y padre de los infantes, con la finalidad de que todas estas medidas preventivas, sean llevadas a cabo.

Es importante señalar, que de acuerdo con datos de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición, 2012, en 2011 se decidió incentivar la lactancia materna, como parte permanente de las políticas en salud. Lo anterior, a partir de que la mediana de la duración de la lactancia materna se estimó en 10.2 meses.

Además de acuerdo con el apartado de Prácticas de alimentación infantil en menores de dos años, ENSANUT 2012, se aprecia que las prácticas que las prácticas de lactancia están muy por debajo de la recomendación de la OMS. De un total de 4097 número muestra que se tomó de infantes, poco más de una tercera parte, son puestos al seno en la primera hora de vida y sólo el 14.4% son niños de seis meses que reciben lactancia materna exclusivamente. Aunado a ello, la mitad de los niños, menores de 2 años, usan biberón aún cuando se recomienda evitar su uso, sólo la tercera y la séptima parte de los niños, reciben lactancia materna al año y a los dos años, respectivamente.

Otro dato alarmante y que se considera uno de los problemas de salud en la población, es que el porcentaje de alimentación por lactancia materna, ha ido disminuyendo notablemente, mientras en 2006, en el periodo de los 0 a los 5 meses de edad de los infantes, donde la Lactancia materna es exclusiva, el 17.3% en zonas urbanas era alimentado exclusivamente de esa manera, contra el 12.7% que fue el porcentaje que se registró en 2012, y en zonas rurales el porcentaje es de 36.9% contra 18.5%. Es decir, hubo una disminución del 4.6 y 18.4 puntos porcentuales, respectivamente, en seis años obliga al sector salud a poner atención en dicho aspecto, toda vez que en la actualidad debiera de incrementarse el porcentaje de niños alimentados con lactancia materna, a través del impulso de campañas que promueven sus beneficios.

Finalmente, la tendencia no sólo en nuestro país, sino a nivel mundial, ha sido que el porcentaje de las mujeres que trabajan en la actualidad va en crecimiento, lo anterior ya sea por motivos económicos, o bien profesionales. Es por ello, que es importante que en aras de lo anterior, continuemos impulsando reformas que generen beneficios a la salud de los mexicanos desde edades tempranas. El objeto de la presente reforma es facilitar en muchas ocasiones las circunstancias de las madres de acuerdo a nuestros tiempos. Alimentar a sus hijos en la medida de lo posible hasta la edad mínima recomendada por la OMS, que son de 0 a 6 meses, con lo cual las madres trabajadores desde su lugar de trabajo, puedan extraer la leche materna y conservarla en un lugar fresco, para que posteriormente con ella puedan alimentar a sus hijos.

Es una de las medidas que de acuerdo con los avances en nuestro país, resulta necesaria, toda vez que día con día hay mayor cantidad de mujeres que salen de sus hogares a trabajar. Dichas medidas a través de la Secretaría de Salud y la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, pueden ser ejecutadas para beneficio de todos los mexicanos.

Proyecto de Decreto por el que se reforma el Artículo 64 fracción II de la Ley General de Salud, para quedar como sigue:

Artículo 64.- (…)

I. (…)

II. Acciones de orientación y vigilancia institucional, fomento para la lactancia materna, promoviendo que la leche materna sea alimento exclusivo durante los primeros seis meses de vida y complementario hasta avanzado el segundo año de vida, en su caso, la ayuda alimentaria directa tendiente a mejorar el estado nutricional del grupo materno infantil, además de impulsar, en coordinación con las autoridades laborales, la instalación de lactariosen los centros de trabajo de los sectores público y privado.

II Bis. a IV. (…)

TRANSITORIOS

PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

SEGUNDO. En un plazo que no excederáde ciento ochenta días hábiles contados a partir de la entrada en vigor del presente Decreto, la Secretaría de Salud y la Secretaría del Trabajo y Previsión Social establecerán la normatividad para la instalación y funcionamiento de los lactarios.

Salón de sesiones de la Cámara de Senadores, a 26 de febrero de 2013.

Suscribe

Sen. Maki Esther Ortiz Domínguez”.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Muchas gracias, Senadora Maki Esther Ortiz Domínguez. Túrnese a las Comisiones Unidas de Salud; y de Estudios Legislativos.

¿Acepta, Senadora, la inclusión de las compañeras y compañeros Senadores López Brito, Luisa María Calderón, Adolfo Romero y Rabindranath Salazar?

- La C. Senadora Ana Gabriela Guevara Espinoza: (Desde su escaño) Señor Presidente.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Sonido en el escaño de la Senadora Ana Gabriela Guevara.

- La C. Senadora Ana Gabriela Guevara Espinoza: (Desde su escaño) Gracias. Para adherirme a la iniciativa de la Senadora Maki Ortiz.

Y para pedirle, también, que turne a comisión el punto de Acuerdo que tenía yo, que es muy similar a lo expuesto por la Senadora Maki Ortiz, y que se adhieren también varias Senadoras en torno al tema de la lactancia.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Con mucho gusto, pido a la Secretaría que tome nota de su propuesta.

- La C. Senadora Marcela Guerra Castillo: (Desde su escaño) Señor Presidente.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Sonido en el escaño de la Senadora Guerra Castillo.

- La C. Senadora Marcela Guerra Castillo: (Desde su escaño) Sí, en el mismo sentido, ya que la de la voz se adhirió al punto de Acuerdo de la Senadora Ana Gabriela Guevara.

Y en ese sentido, bueno, pues ya resulta de obviedad el asunto. Por eso pedimos, también, si la Senadora Maki Ortiz nos permite que nos podamos adherir a su iniciativa de ley.

- La C. Senadora Maki Esther Ortiz Domínguez: (Desde su escaño) Señor Presidente…

- El C. Presidente Aispuro Torres: Senadora Maki Esther Ortiz Domínguez.

- La C. Senadora Maki Esther Ortiz Domínguez: (Desde su escaño) Es con mucho gusto para todos. Esta es una iniciativa para creación de lactarios. Y yo creo que suma muy bien con el punto de Acuerdo.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Muy bien. Pido a la Secretaría que tome en cuenta las propuestas de las compañeras Senadoras y se incluyan en la propuesta que ha hecho la Senadora Maki Esther Ortiz Domínguez.

- El C. Senador Francisco Salvador López Brito: (Desde su escaño) Señor Presidente.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Sí, Senador López Brito, ¿para qué asunto?

- El C. Senador Francisco Salvador López Brito: Para sumarme a la propuesta.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Pido a la Secretaría que tome nota de ello. Con mucho gusto, Senador López Brito.

Informo a esta Asamblea que los grupos parlamentarios han suscrito un punto de Acuerdo por el que el Senado de la República saluda al Presidente Electo de la República del Ecuador, Rafael Vicente Correa Delgado, al gobierno y al pueblo ecuatoriano, y se congratula por el triunfo obtenido el pasado 17 de febrero de 2013.

Solicito a la Secretaría dé lectura al mismo.





 

PROPUESTA

- La C. Secretaria Mendoza Mendoza: Doy lectura al punto de Acuerdo.

"El Senado de la República de los Estados Unidos Mexicanos, saluda al Presidente electo de la República del Ecuador, Rafael Vicente Correa Delgado, al gobierno y al pueblo ecuatoriano, y se congratula por el triunfo obtenido el pasado 17 de febrero de 2013, el cual indiscutiblemente es un triunfo de la democracia y fortalece la unidad de las naciones de la región."

Es todo, señor Presidente.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, señora Secretaria. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 109 y 110 del Reglamento, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se considera de urgente resolución el asunto que se ha presentado.

- La C. Secretaria Mendoza Mendoza: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se considera de urgente resolución y se pone a discusión de inmediato. Quienes estén a favor, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén en contra, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se considera de urgente resolución, señor Presidente.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Sí se considera de urgente resolución. Por lo tanto, está a discusión dicha propuesta. No habiendo quien haga uso de la palabra, pido a la Secretaría que consulte a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse dicha propuesta.

- La C. Secretaria Mendoza Mendoza: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse la propuesta presentada. Quienes estén a favor, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén en contra, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se aprueba, señor Presidente.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, señora Secretaria. Aprobado. Comuníquese.

Esta Presidencia declara un receso de esta sesión, para reiniciar el próximo jueves 28 de febrero a las 11:00 de la mañana.

(Receso)

PRESIDENCIA DEL C. SENADOR
ERNESTO JAVIER CORDERO ARROYO

- El C. Presidente Ernesto Javier Cordero Arroyo: (12:10 horas) Se reanuda la sesión iniciada el martes 26 de febrero de 2013, correspondiente al segundo periodo ordinario de sesiones del primer año de ejercicio de la LXII Legislatura, sobre la que se declaró un receso.





 

COMUNICACION

Informo a la Asamblea que se recibió una comunicación suscrita por el Senador Arturo Zamora Jiménez, del grupo parlamentario del PRI, por la que solicita licencia para separarse de sus funciones legislativas, por tiempo indefinido, a partir del 28 de febrero de 2013.



Solicito a la Secretaría consulte a la Asamblea, en votación económica, si se autoriza que la comunicación descrita se incorpore a los asuntos de la sesión iniciada el martes 26 de febrero.

- La C. Secretaria Merodio Reza: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se autoriza que la comunicación del Senador Arturo Zamora Jiménez, se incorpore a los asuntos que estén pendientes de despacharse. Quienes estén porque se autorice, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se autorice, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se autoriza, señor Presidente.

- El C. Presidente Cordero Arroyo: En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 12 del Reglamento del Senado, está a consideración de la Asamblea el siguiente punto de Acuerdo:

"UNICO.- Se concede licencia al Senador Arturo Zamora Jiménez, para separarse de sus funciones, por tiempo indefinido, a partir del 28 de febrero de 2013."

(Aplausos)

Está a discusión el dictamen…

- El C. Senador Pablo Escudero Morales: (Desde su escaño) Señor Presidente.

- El C. Presidente Cordero Arroyo: Sonido en el escaño del Senador Escudero Morales, por favor.

- El C. Senador Pablo Escudero Morales: (Desde su escaño) Muchas gracias, señor Presidente.

Sólo para felicitar a nuestro amigo, el Senador Zamora Jiménez, y desearle el mejor de los éxitos en la nueva tarea en el servicio público que emprende.

Decirle que lo vamos a extrañar, un excelente abogado, un excelente Senador.

Y le deseamos lo mejor, Senador y amigo.

(Aplausos)

Gracias.

- El C. Presidente Cordero Arroyo: Tiene el uso de la tribuna el Senador Emilio Gamboa Patrón.

- El C. Senador Emilio Gamboa Patrón: Con el permiso del señor Presidente de la Mesa Directiva; compañeras Senadoras y compañeros Senadores:

Hoy vengo a hacer uso de la tribuna con un sentimiento cruzado. Un sentimiento de alegría y un sentimiento de tristeza.

De alegría, porque en escasos seis meses, mi compañero Arturo Zamora pudo dejar una huella, una huella de profesionalismo, una huella de seriedad, una huella de profundo trabajo que realizó en estos escasos seis meses.

Arturo, hoy en la mañana, tu grupo parlamentario, más de 26 compañeras y compañeros hicieron uso de la palabra reconociéndote grandes dotes. El más importante para mí, la huella de amigo que dejas en este Senado de la República.

Estoy convencido que tu nueva responsabilidad, que es muy importante para los jaliscienses, a partir de mañana, lo harás con entrega, con absoluta seriedad, con tu preparación académica cada vez más fortalecida a través de los años.

Me preguntaba yo, cuanto platiqué con Arturo Zamora, conozco de esto hace muchos años, ¿quién no quiere ser Senador de la República? Muchos secretarios de gobierno pidieron poder concursar para llegar al Senado de la República.

Y hoy, un espléndido Senador, compañero de Partido, compañero de luchas políticas, amigo sincero y franco, pide licencia.

A nombre del grupo parlamentario del PRI, te deseamos, de verdad, mucho éxito en tu nueva encomienda.

Estoy seguro, porque así lo siento, que gran parte del Senado, de los cinco grupos parlamentarios y de mis dos compañeras que no están en los grupos parlamentarios van a decirte: se te va a extrañar.

Te decimos: suerte.

Y estaremos muy juntos en tu nueva lucha política.

Muchísimas gracias.

(Aplausos)

- La C. Senadora Martha Palafox Gutiérrez: (Desde su escaño) Señor Presidente.

- El C. Presidente Cordero Arroyo: Sonido en el escaño de la Senadora Palafox Gutiérrez.

- La C. Senadora Martha Palafox Gutiérrez: (Desde su escaño) Muchas gracias, señor Presidente.

Igualmente, a nombre de la bancada del Partido del Trabajo, decirle a nuestro compañero Senador, licenciado Arturo Zamora, que le deseamos lo mejor en su nueva encomienda, que le tenemos afecto y respeto.

Y que lo único que vamos a extrañar es: “la Zamora señal”.

(Aplausos)

- El C. Presidente Cordero Arroyo: Tiene el uso de la tribuna el Senador Luis Miguel Barbosa Huerta, Coordinador parlamentario del PRD.

- El C. Senador Luis Miguel Gerónimo Barbosa Huerta: Gracias, señor Presidente.

Pues hoy, se pudiera hacer una apología de este Senado, de quienes componen este Senado.

Amigas, amigos, Senadoras, Senadores, pero sólo me referiré, en esta ocasión, a uno de sus integrantes.

El funcionamiento del Senado y el cumplimiento de sus propósitos tienen reglas escritas y no escritas; las escritas son las leyes del Congreso y su Reglamento; las no escritas son el respeto mutuo, la cortesía parlamentaria, entre pares; el cumplimiento de la palabra y de los acuerdos asumidos, la seriedad y la dignidad en el desempeño de estas altas funciones constitucionales que tenemos.

Quien hoy pide licencia, el compañero y amigo Arturo Zamora Jiménez, ha honrado estas reglas escritas y no escritas.

Pero yo agrego tres más: como sus fortalezas, la sobriedad y el conocimiento del proceso legislativo.

Nuestro amigo, el Senador Arturo Zamora Jiménez, ha sido nombrado Secretario General de Gobierno para el estado de Jalisco.

Toda su capacidad, toda su experiencia, todo el fogueo que ha adquirido en este Senado de la República, donde, sin duda, el Senado es una escuela de fogueo político, la va a aplicar en la buena gobernanza en el estado de Jalisco.

Allá estarán las cosas bien, con hombres como él.

Yo quiero desearle a Arturo Zamora Jiménez, en nombre del grupo parlamentario del PRD en este Senado, todo tipo de parabienes, todo tipo de éxitos, porque estoy seguro que va a aplicar toda su capacidad y esta experiencia que tiene.

Como dirían los romanos: “larga vida, compañero y amigo Arturo Zamora Jiménez”.

Gracias.

(Aplausos)

- El C. Presidente Cordero Arroyo: Tiene el uso de la tribuna, a nombre del grupo parlamentario del PAN, el Senador Roberto Gil Zuarth.

- El C. Senador Roberto Gil Zuarth: Con su permiso, señor Presidente; Honorable Asamblea:

Bien lo decía el Senador Emilio Gamboa, que cuando se otorga una licencia a un compañero siempre queda esa doble sensación, la sensación de gusto por una nueva encomienda, por un nuevo destino, por una nueva responsabilidad en la política, pero también la sensación de una pérdida en este cuerpo parlamentario.

He coincidido con don Arturo Zamora en dos legislaturas, puedo acreditar que es un político experimentado, un parlamentario de palabra, un jurista destacado. Como compañero en la Comisión de Justicia siempre abonó a las discusiones técnicas, al propósito político común, pero sobre todo abonó a las causas de la República.

Hoy recibe del pueblo de Jalisco, a través de su autoridad legítima, una nueva misión en la política que no tengo duda que ejercerá con honor, que ejercerá con responsabilidad y en el que habrá de depositar todos sus buenos dotes, toda su gentileza, su generosidad y esa mano izquierda que caracteriza a nuestro amigo Arturo Zamora.

Le deseamos, a nombre del grupo parlamentario del PAN, la mejor de las suertes a un parlamentario, a un amigo y, sobre todo, a un político.

Muchísimas gracias.

(Aplausos)

- El C. Presidente Cordero Arroyo: Solicito a la Secretaría consulte a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el anterior punto de Acuerdo.

- La C. Secretaria Merodio Reza: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el anterior punto de Acuerdo. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobado, señor Presidente.

- La C. Senadora Layda Sansores San Román: (Desde su escaño) Señor Presidente.

- El C. Presidente Cordero Arroyo: Sonido en el escaño de la Senadora Layda Sansores.

- La C. Senadora Layda Sansores San Román: (Desde su escaño) Sí, señor Presidente, tenía levantada la mano hace un momento únicamente para expresarle al compañero Zamora, quien más sabe de procesos legislativos, que la disciplina, el talento, este compromiso con el Senado se respeta aún en la acera de enfrente.

Mis respetos para él y un abrazo.

(Aplausos)

- El C. Senador Arturo Zamora Jiménez: (Desde su escaño) Señor Presidente.

- El C. Presidente Cordero Arroyo: Se le concede el uso de la tribuna al Senador Arturo Zamora Jiménez.

- El C. Senador Arturo Zamora Jiménez: Quiero agradecerle principalmente a la Mesa Directiva por haber permitido la autorización de la modificación del Orden del Día para que se lleve a cabo este trámite.

Quiero agradecerle a su Presidente y reconocer en él esa capacidad de conducción que ha tenido y que tiene aquí en el Senado de la República, el Senador Ernesto Javier Cordero Arroyo. Agradecerle también a los integrantes de la Mesa Directiva: José Rosas Aispuro Torres, Enrique Burgos García, Luis Sánchez Jiménez, Lilia Guadalupe Merodio Reza, Rosa Adriana Díaz Lizama, Iris Vianey Mendoza Mendoza, María Elena Barrera Tapia y Martha Palafox Gutiérrez, a todos ellos como integrantes de la Mesa Directiva.

A quienes forman parte de la Junta de Coordinación Política, mi coordinador de lujo, Emilio Gamboa Patrón, Senador Ernesto Cordero, Senador Luis Miguel Barbosa Huerta, Senador Manuel Bartlett Díaz, con mucho aprecio también, Senadora Ana Lilia Herrera Anzaldo, Senador Francisco Domínguez y a mis muy distinguidos y apreciados presidentes de las comisiones de las cuales he formado parte en el Senado de la República.

A un gran abogado, a un jurista también excepcional con un conocimiento profundo de las leyes mexicanas, un gran político, Roberto Gil Zuarth; a un hombre joven, talentoso, formado con visión y muy estable en la conducción de la Comisión de Defensa Nacional, el Senador Fernando Yunes Márquez; y a dos mujeres de grandes luchas, de grandes visiones, las Senadoras Angélica de la Peña Gómez y Graciela Ortiz González.

Ustedes se preguntarán la razón por la que se toma esta decisión. Yo tomo la decisión de manera libre y espontánea a la invitación del nuevo gobierno en Jalisco, y tomo la decisión porque deseo contribuir para el proyecto de México desde mi tierra natal, desde la tierra que me vio nacer, la que me dio las oportunidades de formación y del lugar donde seguramente estaré llevando a cabo en las decisiones toda la experiencia que he adquirido a lo largo de mi vida, pero la más importante que he tenido es la experiencia en el Senado de la República.

Aquí he conocido excepcionales políticos, hombres de gran experiencia, mujeres de gran experiencia y trayectoria. Aquí he aprendido de todos y cada uno de ustedes. He aprendido valores, he aprendido trabajo parlamentario que es de gran altura, y también debo decirles a ustedes que mi paso en estos últimos cuatro años como parlamentario me ha abierto las posibilidades de un conocimiento más claro, más profundo para poder servir a la nación desde mi patria chica, que es Jalisco.

Hoy estaré siendo un soldado leal, ordenado y disciplinado de un nuevo gobierno en Jalisco; y estaré dando mis opiniones para que manejemos un gobierno con absoluta transparencia y que rinda cuentas oportunamente. Hoy estaré contribuyendo con el gobernador de Jalisco, que tomará posesión el día de mañana, Aristóteles Sandoval, para poner lo mejor que tengo al servicio de las decisiones que se estarán tomando próximamente.

Después de este trabajo legislativo, de esta gran labor, yo me llevo en mi mente, pero más en mi corazón, la amistad, que es un valor muy importante que he logrado construir con todos y con cada uno de ustedes. Hoy me llevo, de veras, en las entrañas de mi ser algo que es profundamente valioso, cada momento fue de un gran aprendizaje y una gran enseñanza.

Están tres legisladores por Jalisco, José María Martínez, Jesús Casillas y se integrará la Senadora Verónica Martínez. Jalisco está debidamente representado aquí en el Senado de la República por ellos.

Estamos nosotros realmente muy contentos porque algunos dirían: ¿Por qué abandona Arturo Zamora, pues esa posición ciertamente privilegiada sin tantos sobresaltos, y va a la primera línea de trabajo? Porque así lo exige el país, porque así lo demanda la Nación.

Quiero agradecerles a todos, distinguidas y distinguidos legisladores; decirles a cada uno de ustedes, incluyendo a quienes hicieron uso de la palabra, Layda Sansores, Martha Palafox, que tengo un profundo reconocimiento y gratitud, al Senador Emilio Gamboa, Coordinador del grupo parlamentario del PRI, mi agradecimiento profundo.

Decirles que en él reconozco esa capacidad de escuchar, una gran capacidad de entenderse con los demás, una visión de futuro muy clara, pero sobre todo esa gran capacidad que tiene del sentido de la oportunidad.

Es un político valiosísimo para el país y me ha dado mucho gusto que durante todos estos meses me haya dado la confianza para ser Vicecoordinador del grupo parlamentario.

Muchísimas gracias por la autorización de esta licencia.

Es cuanto, señor Presidente.

Buenas tardes.

(Aplausos)

- El C. Presidente Cordero Arroyo: En consecuencia, se concede licencia al Senador Arturo Zamora Jiménez para separarse de sus funciones legislativas, por tiempo indefinido, a partir del 28 de febrero del año en curso.

Esta Mesa Directiva le desea la mejor de las suertes, compañero Senador.

(Aplausos)

Esta Presidencia hará las comunicaciones correspondientes para convocar a la Senadora suplente, María Verónica Martínez Espinoza, a fin de que tome su protesta de ley.

Aprovecho para saludar la presencia de un grupo de mujeres universitarias del estado de Guanajuato, invitadas por la Senadora María de Pilar Ortega Martínez. Sean ustedes bienvenidas a este recinto, enhorabuena.

(Aplausos)

Sonido en el escaño del Senador Blásquez Salinas.

- El C. Senador Marco Antonio Blásquez Salinas: (Desde su escaño)Señor Presidente, si me permite, para hacer un breve posicionamiento desde mi escaño por un nuevo atentado al periódico El Siglo de Torreón, si me permite.

- El C. Presidente Cordero Arroyo: Senador Blásquez Salinas, me parece que no está en el Orden del Día. ¿Nos permite procesar en la Mesa Directiva el momento en el que usted pueda hacer su posicionamiento?

- El C. Senador Marco Antonio Blásquez Salinas: (Desde su escaño) Son hechos supervenientes y quisiera dejar un testimonio de lo que en la comisión a mi cargo significa este nuevo atentado.

- El C. Presidente Cordero Arroyo: Con todo derecho, Senador Blásquez Salinas. Nada más permítanos incorporarlo en el Orden del Día, en el lugar apropiado, en la sesión del día de hoy. Está por terminar la sesión que inició el martes y permítanos acomodarlo en el Orden del Día, si es tan amable. Gracias.

Informo a la Asamblea que la Comisión de Justicia remitió el dictamen que se desprende del análisis de las ternas de candidatos a Magistrados de Salas Regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, enviadas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.




 

NOMBRAMIENTOS COMO MAGISTRADOS DE SALAS REGIONALES DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACION

(Dictamen a discusión)



El dictamen al igual que el Acuerdo que la Comisión emitió con el procedimiento para analizar las ternas, están publicados en la Gaceta del Senado de este día. Solicito a la Secretaría consulte a la Asamblea, en votación económica, si autoriza que el dictamen se incorpore a los asuntos de la sesión iniciada el martes 26 de febrero.

- La C. Secretaria Merodio Reza: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se autoriza que el dictamen de la Comisión de Justicia se incorpore a los asuntos que están pendientes de despacharse. Quienes estén porque se autorice, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se autorice, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se autoriza, señor Presidente.

- El C. Presidente Cordero Arroyo: En consecuencia, está a discusión el dictamen de la Comisión de Justicia, relativo a las ternas propuestas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación para la Elección de Magistrados del Tribunal Federal Electoral.

Se concede el uso de la palabra al Senador Roberto Gil Zuarth, para presentar el dictamen a nombre de las comisiones en términos de lo dispuesto por el artículo 196 del Reglamento, hasta por diez minutos.

- El C. Senador Roberto Gil Zuarth: Con su permiso, señor Presidente.

En cumplimiento de lo que mandata la Constitución General de la República, la Ley Orgánica del Congreso General y la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, la Comisión de Justicia presenta a esta Honorable Asamblea el dictamen por el cual se da cuenta del cumplimiento de los requisitos de elegibilidad que establecen la Constitución y las leyes aplicables para la elección de Magistrados Electorales a las Salas Regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

Hemos recibido cinco propuestas, cinco ternas, más de 45 nombres para integrar las cinco Salas Regionales del Tribunal Electoral.

La Comisión de Justicia ha hecho un examen escrupuloso, más de 35 horas de sesión de comparecencias en las cuales no solamente se le han formulado preguntas técnicas a cada uno de los aspirantes, sino también hemos tenido ocasión y oportunidad de conocer su pensamiento jurídico y también sus capacidades para enfrentarse a los problemas de la jurisdicción.

Cada uno de los integrantes de las salas regionales que hoy proponemos en este dictamen, cumplen a cabalidad los requisitos objetivos y también subjetivos que establece la Constitución. Todos ellos son juristas bien formados, con experiencia en la materia electoral, con experiencia en el ejercicio de la función jurisdiccional y también de probada capacidad en el ejercicio de la profesión.

Este ejercicio demuestra que es posible integrar los órganos del Estado sin lógicas de cuotas.

Este ejercicio demuestra que es posible integrar consensos políticos a partir de los perfiles y no a partir de las amistades o de los vínculos políticos partidarios.

La Comisión de Justicia les presenta hoy este dictamen en el cual no queda duda de que cada uno de los aspirantes que hoy les proponemos cumple y satisface plenamente los objetivos que se plantean en la ley como requisitos de elegibilidad, pero también como horizontes en el ejercicio de esta importante encomienda de la República.

Quiero agradecer a nombre de la Comisión de Justicia, a los Secretarios de la Junta Directiva, a la Senadora Arely Gómez y al Senador Manuel Camacho por su ejercicio responsable, por su acompañamiento siempre empeñoso y, sobre todo, por el ánimo y la disposición a construir consensos.

También agradecer a los coordinadores parlamentarios la confianza que han depositado a la Comisión de Justicia para hacer este ejercicio.

La Comisión de Justicia tiene plenamente acreditado un ejercicio de responsabilidad en esta encomienda.

Tiene también la satisfacción de haber hecho un ejercicio escrupuloso. Hoy presentamos el resultado de un equilibrio político que no solamente garantiza la imparcialidad y la neutralidad en el ejercicio de la jurisdicción en materia electoral, sino que también fortalecerá a las instituciones electorales de nuestro país.

A nombre de la Comisión de Justicia, pido a esta Asamblea el voto afirmativo de la propuesta que hemos hecho el día de hoy.

Tengan ustedes la certeza y la seguridad de que el equilibrio político que está reflejado en este dictamen es por el bien de la República.

Muchísimas gracia, señores Senadores.

(Aplausos)

- El C. Presidente Cordero Arroyo: Gracias, Senador Gil Zuarth.

Tiene el uso de la tribuna el Senador David Monreal Avila, del grupo parlamentario del PT.

- El C. Senador David Monreal Avila: Con su permiso, señor Presidente; señoras y señores Senadores:

El día de hoy votaremos por los próximos Magistrados de las Salas Regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, quienes resolverán las controversias en materia electoral y protegerán los derechos político-electorales de los ciudadanos.

Ante la Comisión de Justicia del Senado, comparecieron 45 candidatos a magistrados para ocupar las Salas Regionales de Guadalajara, Monterrey, Jalapa, el Distrito Federal y Toluca.

El método que se siguió para su selección estuvo rodeado de plena transparencia y publicidad, objetividad y profesionalismo por parte de los aspirantes, así como de los Senadores que efectuaron los interrogatorios.

Los aspirantes fueron cuestionados sobre diversos temas, por citar algunos: las acciones que emprenderían para fortalecer a instancias judiciales, cómo recuperar la confianza de la ciudadanía de estas instituciones y la forma en que darán a conocer la sentencias emitidas, entre otros asuntos.

Ante tales cuestionamientos, los candidatos demostraron tener los conocimientos suficientes, criterios bien definidos al igual que la técnica judicial necesaria y suficiente para llevar a buen puerto la nueva encomienda que se le encargará.

Expusieron criterios innovadores y progresistas en todo momento, dejaron ver la imparcialidad de sus actos, así como la objetividad que requiere el país para resolver y dirimir las controversias judiciales que se les presenten.

Las salas regionales tienen una relevancia no menor, resuelven de manera definitiva asuntos vinculados con las elecciones de Senadores, Diputados federales y locales y ayuntamientos.

Cuentan con facultades para declarar la nulidad de este tipo de elecciones o para inaplicar leyes o preceptos en materia electoral por considerarlas contrarias a la Constitución.

También serán los encargados de dotar de mayor certeza y legitimidad a los comicios, así como garantizar los derechos políticos por lo que es necesario la consolidación de un entramado judicial especializado y eficaz que les dé un cause real y certero a los procesos electorales.

Sin duda, no es una tarea fácil, las particularidades de la legislación electoral de cada entidad hace necesaria la especialización de estos jueces en cada estado, aunado a los casos tan concretos que se pueden llegar a presentar por los usos y costumbres que envuelven a cada municipio, a razón de esto, la Comisión de Justicia se abocó a seleccionar a los aspirantes que demostraron contar con la experiencia, capacidad, trayectoria y especialización necesaria para el desempeño de sus labores.

Reconocemos la importancia y relevancia que implica una designación como la que estamos a punto de votar, sabemos que muchas de las decisiones que tomen los futuros Magistrados dependerá en gran medida de la consolidación o no del sistema jurisdiccional electoral, así como de los criterios a seguir, criterios que deben ser verdaderamente garantistas y que salvaguarden los derechos políticos de los ciudadanos y la legitimidad del sistema electoral mexicano.

Tanto los ciudadanos como nosotros hemos vivido un mal sabor de boca por algunas resoluciones que han emitido los órganos jurisdiccionales en materia electoral.

Por lo tanto, para lograr una consolidación democrática debemos cimentar bases fuertes y sólidas que permitan eliminar la incertidumbre que se ha vivido recientemente en cada proceso electoral.

Los comicios que se celebrarán este año en los 14 estados de la República serán el primer reto de estos nuevos Magistrados. Estaremos atentos observando y vigilando su desempeño, con la confianza puesta en ustedes, pero al mismo tiempo, críticos y responsables de no permitir que se presente alguna irregularidad que ponga en tela de juicio la estabilidad político-electoral de este país.

Los aspirantes demostraron ser competentes, además de estar realmente capacitados y aptos para desempeñar el cargo de Magistrados a Salas Regionales del Poder Judicial de la Federación.

Por tal motivo, señores Senadores, los invito a votar y a aprobar el nombramiento de estos Magistrados.

Quiero hacer únicamente una acotación final.

Si bien los Magistrados que hoy elegimos han cumplido satisfactoriamente en todos los requerimientos de forma y fondo, no estamos extendiendo en lo absoluto un cheque en blanco, las expectativas y simpatías que han despertado todos y cada uno de ellos deberán de ser refrendadas ahora en su actuación, una actuación institucional, de ello estaremos al pendiente con la misma objetividad, atención y expectativa que hoy les brindamos.

Es cuanto, señores, buenas tardes.

- El C. Presidente Cordero Arroyo: Muchas gracias, Senador Monreal Avila.

Tenemos la visita también de estudiantes de Economía, Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales del Instituto Tecnológico Autónomo de México, sean ustedes bienvenidos.

(Aplausos)

Tiene el uso de la tribuna la Senadora Ninfa Salinas Sada, del grupo parlamentario del PVEM.

- La C. Senadora Ninfa Salinas Sada: Compañeros Senadores:

La justicia electoral desempeña un papel fundamental en los sistemas de gobiernos democráticos, pues es la garante de que la voluntad ciudadana, expresada en las urnas, se materialice de forma efectiva en la conformación de instituciones y poderes.

Ello permite, a su vez, generar condiciones de legitimidad y estabilidad que resultan fundamentales para la consolidación de la propia democracia.

En este contexto adquiere especial relevancia el nombramiento de Magistrados de las Salas Regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

Lo cierto es que México necesita Magistrados Electorales que concilien entre la legalidad, la razón y la justicia. Personas que interpreten con argumentos claros y apegados a derecho; que establezcan soluciones viendo en todo momento por el respeto de la dignidad humana, en un contexto nacional donde los derechos humanos se han convertido en un referente y una guía.

Expresamos nuestra satisfacción porque llegamos a la conclusión de un proceso fundamentado en criterios de objetividad, de eficiencia y de transparencia, en unos momentos votaremos el dictamen de la Comisión de Justicia relativo al nombramiento de Magistrados de las Salas Regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, y estamos seguros que el resultado final será el fortalecimiento de nuestro sistema de justicia electoral y de nuestro estado de derecho en su conjunto.

Resulta importante señalar que el proceso que se ha logrado después de un análisis metódico y riguroso, altamente técnico, basado en la realización de audiencias públicas que han probado ser un instrumento fundamental para el buen desempeño de las facultades y responsabilidades del Senado de la República.

En dichas comparecencias los integrantes de la Comisión de Justicia hemos conocido y debatido aspectos sobre los que van desde la idoneidad de los perfiles académicos y profesionales de los candidatos a Magistrados de las Salas Regionales del Tribunal Electoral, hasta los retos y perspectivas de nuestros sistemas de justicia electoral.

Asimismo, las audiencias públicas realizadas por la Comisión de Justicia han permitido conocer los valores y principios de aquellos que aspiran a servir a México ejerciendo el cargo de Magistrado.

Debemos de reconocer que a lo largo de todo el proceso siempre hubo claridad para los Senadores del alto nivel de preparación y conocimiento de cada uno de estos participantes de las ternas.

Desde esta tribuna reconocemos su profesionalismo y su esfuerzo.

Estos serán indispensables para responder con oportunidad a los retos que enfrenta nuestro sistema de justicia electoral.

Uno de los retos más importantes que deberán afrontar quienes sean nombrados Magistrados Electorales, será el cambio de paradigma de control jurisdiccional que realizan las Salas Regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

No debemos de perder de vista que a partir de la reforma constitucional en materia de derechos humanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 10 de junio de 2011, y del análisis que realizó la Suprema Corte de Justicia de la Nación a la sentencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Rosendo Radilla Pacheco, todas las autoridades jurisdiccionales del país deberán, de oficio, ejercer el llamado control difuso de la convencionalidad en materia, y resolver en todo tiempo atendiendo el principio pro-persona o pro-homine, esto es, favoreciendo a la persona con la protección más amplia.
En el ejercicio de dicho control de los jueces federales o locales, podrán incluso determinar la inaplicación de una norma por considerarla contraria a los derechos humanos consagrados en nuestra Constitución o en los tratados internacionales en la materia.

Otro reto importante será el relativo al cumplimiento de los derechos político-electorales de los pueblos y comunidades indígenas, reconocidos por nuestra Carta Magna, y finalmente quienes sean nombrados Magistrados Electorales tienen el reto de acercar la justicia electoral a todo ciudadano incorporando un lenguaje más claro y más preciso a sus sentencias.

En el Partido Verde Ecologista de México, respetuoso del estado de derecho, promotor de la cultura de legalidad y comprometido con México, celebramos la conclusión de un proceso tan relevante para la vida institucional de nuestro país.

Muchas gracias.

PRESIDENCIA DEL C. SENADOR
JOSE ROSAS AISPURO TORRES

 - El C. Presidente José Rosas Aispuro Torres: Gracias, Senadora Ninfa Salinas Sada.

Se le concede el uso de la palabra al Senador Manuel Camacho Solís, a nombre del grupo parlamentario del PRD.

- El C. Senador Manuel Camacho Solís: Gracias, señor Presidente. Buenas tardes a todos. Habría que escoger a los 15 nuevos Magistrados.

Yo me propuse un solo objetivo, ¿cómo logramos que estos Magistrados sean Magistrados independientes, honestos, fuertes?

¿Cómo logramos que no se escojan por cuotas partidistas? Y me parece que el resultado se ha alcanzado, vamos a tener 15 nuevos Magistrados en los que podemos confiar, y esto ha sido posible, y lo quiero reconocer en público, porque los coordinadores parlamentarios respetaron unas reglas de profesionalismo  en los trabajos de la comisión.

Si Emilio Gamboa, si Ernesto Cordero, si Miguel Barbosa, si Manuel Bartlett y los otros coordinadores no hubieran estado de acuerdo, no se hubiera podido hacer el trabajo.

Pero también se logró el resultado porque la Corte hizo su papel, la Corte nos entregó candidaturas muy calificadas.

Y quiero hacer un especial reconocimiento a la mesa directiva de la comisión, muy particularmente al Senador Roberto Gil y a la Senadora Arely Gómez, hubo de parte de ellos lo que debe haber en este Senado, gran calidad profesional, gran seriedad en los acuerdos políticos y honestidad en los tratos.

Por todo eso, me parece que hemos llegado a un punto afortunado, vamos a tener Magistrados que sean respetados, los vamos a respetar. Eso es muy importante para nuestro sistema electoral, vamos a tener unos buenos Magistrados, y me parece que vamos a lograr algo más, poner un ladrillo adicional en la consolidación del prestigio de este Senado.

Muchas gracias.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Muchas gracias, Senador Manuel Camacho Solís.

Se le concede el uso de la palabra al Senador Raúl Gracia Guzmán, del grupo parlamentario del PAN.

- El C. Senador Raúl Gracia Guzmán: Con la venia de la Presidencia; Senadoras y Senadores:

Esta integración de las salas regionales es un proceso complejo donde compartimos la responsabilidad el Poder Judicial de la Federación, a través de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y este Senado, a efecto de garantizar la capacidad y la independencia de este árbitro electoral.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación nos remitió 15 ternas muy ricas, principalmente conformadas por secretarios del propio Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, por jueces y magistrados del Poder Judicial Federal y por Magistrados Electorales en el ámbito local.

En este sentido, el elemento de capacidad está garantizado, nos quedaba el tema de independencia y de imparcialidad, y es que lo debe estar no solamente en base a la trayectoria de los candidatos, todos los 45 y de los 15 que hoy elegiremos, sino que además en función de que este proceso, como se menciona, complejo, donde confluyen dos poderes, no hay un poder que por sí solo ni un partido político que por sí solo establecerá quienes fungirán como árbitros electorales.

En este orden de ideas, es que quienes hoy resulten designados para esta área judicial, deben saber que lo son en base exclusivamente a su trayectoria y capacidad y que su único compromiso es con el estado de derecho.

Si la elección de Magistrados Electorales que realizaremos el día de hoy se sustenta en base a consensos y criterios objetivos, es porque precisamente estaremos esperando que las decisiones de los colegiados electorales regionales sean en lo posible condensadas y sustentadas en criterios objetivos en torno a la ley.

Una vez explicado lo anterior, es de referirse que por si esto no fuese suficiente, el dictamen que hoy tenemos a discusión establece un mecanismo innovador que antes no se había establecido, que es considerando que, las salas regionales, sus integrantes son parte del Poder Judicial de la Federación, siguen las mismas reglas de adscripción, y el día de hoy les daremos una adscripción originaria pero no por esto definitiva y permanente, sino que será la instancia correspondiente del Consejo de la Judicatura Federal quien periódicamente y en base a criterios objetivos, otra vez, fundamentalmente objetivos, dará rotación a estos Magistrados Electorales en el tiempo que duren en su encargo.

Con esto se garantizará que la justicia no se base en costos de poderes, sino precisamente en la función imparcial, no importa la adscripción a la que estén referidos.

Para concluir, sólo debo decir que nuestra tarea como auxiliares de la justicia electoral no termina el día de hoy votando a estos Magistrados y Magistradas, sino que hay una responsabilidad mayor, le estamos dando independencia y objetividad en su nombramiento.

Debemos seguir sus decisiones y aplaudir las que estén apegadas a derecho aún y cuando nos sean contrarias y nunca, porque esa es la responsabilidad que tenemos con la justicia electoral, buscar una resolución a nuestro favor contraria a derecho o que transgiverse la verdad.

Muchas gracias.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, Senador Raúl Gracia Guzmán.

Se le concede el uso de la palabra a la Senadora Arely Gómez González, del grupo parlamentario del PRI.

- La C. Senadora Arely Gómez González: Con su venia, señor Presidente. Amigas y amigos Senadores:

El día de hoy se somete a consideración del Pleno del Senado de la República el dictamen de la Comisión de Justicia, relativo al nombramiento de Magistrados de las Salas Regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

La Constitución de la República en su artículo 99, le otorga al Senado la facultad de designar a los Magistrados de Salas Regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, así como le impone el deber de garantizar que dichas personas cumplan con los requisitos establecidos en los artículos 106 y 213 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.

El pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación propuso a la Cámara de Senadores una terna por cada una de las tres vacantes existentes en las cinco Salas Regionales, Guadalajara, Monterrey, Jalapa, Distrito Federal y Toluca.

La Mesa Directiva del Senado de la República turnó a la Comisión de Justicia para su estudio y dictamen las ternas de candidatos que la Suprema Corte envió a esta Cámara para que se desahogara la tarea que culmine con la designación de los 15 Magistrados de Salas Regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

La Comisión de Justicia aprobó unánimemente el Acuerdo por el que se estableció el formato para las comparecencias y dictaminación de los candidatos presentados por la Suprema Corte. Mi reconocimiento a mis compañeros Roberto Gil y Manuel Camacho por su profesionalismo en esta labor para fortalecer la democracia en México, gracias.

El procedimiento de elección ha sido relevante por tres cuestiones: la primera, se da continuidad al ánimo de transparencia, inclusión y consenso que ha guiado a la Comisión de Justicia en los procesos de designación en los que hemos participado.

Una vez más el proceso estuvo abierto a la participación de todas y todos los Senadores, y se llevó a cabo de frente a la sociedad por medio de reuniones públicas y publicando toda la información de cada aspirante en la página del Senado para su consulta.

Asimismo, la sociedad civil tuvo la posibilidad de enviar cualquier opinión que tuviera respecto de las y los candidatos. Recibimos más de 60 opiniones provenientes de asociaciones civiles, revistas especializadas, abogados postulantes, profesores en derecho, universidades nacionales e internacionales, investigadores y representantes de instituciones educativas, entre otros.

El segundo aspecto por el cual ha sido relevante el procedimiento para dictaminar y proponer Magistrados, se debe a la realización de más de 30 horas de comparecencias por ternas de candidatos durante cuatro días consecutivos, en donde se formularon cientos de preguntas, atendiendo así a la garantía de audiencia de todos los aspirantes.

También se solicitó que a través de un ensayo expresaran su visión de los principios que rigen la labor de un juez electoral. La Comisión de Justicia previó que los cinco grupos parlamentarios pudieran realizar el mismo número de preguntas a todos los candidatos, incorporando así el pluralismo político de esta Honorable Cámara de Senadores a la búsqueda de los mejores perfiles. 

Como tercer elemento, una innovación es que la Comisión de Administración del Tribunal Electoral regulará, a través de acuerdos generales, las reglas y procedimientos para el cambio de adscripción de los Magistrados Electorales.

El sistema de adscripción deberá observar los principios y reglas establecidas en la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación para la carrera judicial, y deberá ser congruente con el primer principio de renovación escalonada de los Magistrados Electorales que integran Salas Regionales.

La designación de los Magistrados Electorales de Salas Regionales es una decisión de Estado, nuestra misión es fortalecer al Tribunal Electoral y dotarlo de la confianza pública que emana de esta instancia democrática de representación nacional.

Hemos actuado con la conciencia y responsabilidad que exige la renovación total de las salas regionales. Por primera vez se nombran Magistrados por periodos de tres, seis y nueve años para permitir el escalonamiento en las futuras integraciones y aprovechar la experiencia adquirida.

Considerando estas condiciones, asumimos el reto de analizar los perfiles individuales, incorporar una pluralidad de perfiles en las salas regionales para imprimir un perfil al Tribunal Electoral Federal en su conjunto, en donde prevalezcan las garantías de imparcialidad, objetividad e integridad de los juzgadores.

A mí, y puedo decir que a los integrantes de la Comisión de Justicia nos convence el consenso que hemos logrado en torno a los candidatos de Magistrados Electorales que se proponen; sin embargo, serán ustedes, compañeras Senadoras y Senadores, quienes en unos momentos lo decidirán con su voto, depositando la confianza pública en los próximos juzgadores y garantes de nuestro sistema electoral democrático.

Muchas gracias.

(Aplausos)

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, Senadora Arely Gómez González. Agotada la lista de oradores, informo a la Asamblea que la Mesa Directiva acordó reservar para su votación por cédula los resolutivos contenidos en los numerales segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto del dictamen. En consecuencia, procedemos a la votación de los resolutivos primero, octavo, noveno y décimo.

El resolutivo séptimo, por su vinculación con el resultado de la votación por cédula, se resolverá una vez que concluya esta última. 

Solicito a la Secretaría dé lectura a los resolutivos primero, octavo, noveno y décimo del dictamen.

- La C. Secretaria Merodio Reza: (Leyendo)

Primero. Los aspirantes de las 15 ternas propuestas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación ante el Senado de la República, para efectos de lo dispuesto por los artículos 99 de la Constitución General de la República y 198 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, reúnen los requisitos constitucionales y legales que se requieren para ocupar el cargo de Magistrados de las Salas Regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

Octavo. La Comisión de Administración del Tribunal Electoral regulará, a través de acuerdos generales, las reglas y procedimientos para el cambio de adscripción de los Magistrados Electorales electos, para integrar las Salas Regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. El sistema de adscripción deberá observar los principios y reglas establecidos en la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación para la carrera judicial, y deberá ser congruente con el principio de renovación escalonada de los Magistrados Electorales que integran salas regionales.

Noveno. Tómese protesta conforme al artículo 258 del Reglamento del Senado de la República.

Décimo. Ordénese la publicación de ese dictamen en la Gaceta del Senado de la República.

Es todo, señor Presidente.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, señora Secretaria. En consecuencia, ábrase el sistema electrónico de votación por tres minutos para recoger la votación nominal de los resolutivos primero, octavo, noveno y décimo del dictamen.



- La C. Secretaria Merodio Reza: Señor Presidente, conforme al registro en el sistema electrónico, se emitieron 102 a favor, 1 en contra y 1 abstención.

- El C. Presidente Cordero Arroyo: Muy bien. Quedan aprobados los resolutivos primero, octavo, noveno y décimo del dictamen de la Comisión de Justicia, sobre los candidatos a Magistrados del Tribunal Electoral.

En consecuencia, y a fin de cumplir con lo dispuesto por los artículos 99 constitucional, 198 y Quinto Transitorio de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y 101 del Reglamento del Senado, procederemos a la elección por cédula de los Magistrados Electorales.

Informo a la Asamblea que por acuerdo de la Mesa Directiva realizaremos una sola votación para las cinco salas. Se les entregará un sobre rotulado con su nombre y una cédula para que manifiesten su elección, misma que deberán depositar en la urna que se encuentra al pie de este presídium.

Solicito al personal de apoyo proceda a distribuir las cédulas correspondientes.

(El personal de apoyo cumple)

Terminada la votación se hará el escrutinio correspondiente y se dará a conocer el resultado, posteriormente votaremos el resolutivo séptimo y, finalmente, en caso de que algunos o la totalidad de los candidatos a elegir reúnan la mayoría calificada en su favor, se realizará la protesta de ley.

En consecuencia, proceda la Secretaría a pasar lista de asistencia de los señores Senadores a fin de que pasen a depositar sus cédulas en las urnas.

Compañeros Senadores, estamos procediendo a la votación cedular, les pido atención para poder realizar esta votación de manera ordenada.

Muchas gracias.

- La C. Secretaria Merodio Reza: Se procede a pasar lista de asistencia de los señores Senadores a fin de que pasen a depositar su voto.

Se procederá a realizar el escrutinio, toda vez que se han depositado todos los votos de los Senadores presentes.

(Se realiza escrutinio)

- La C. Secretaria María Elena Barrera Tapia: Señor Presidente, me permito informar a usted y al Pleno que de acuerdo a la votación, se obtuvieron:

105 votos a favor de Janine Madeleine Otálora Malassis, Armando Ismael Maitret Hernández y Héctor Romero Bolaños, de la Sala del Distrito Federal.

105 votos de la Sala Regional de Guadalajara, de los candidatos: José Antonio Abel Aguilar Sánchez, Eugenio Isidro Gerardo Partida Sánchez y Mónica Aralí Soto Fregoso.

105 votos a los candidatos de la Sala Regional de Toluca: María Amparo Hernández Chong Cuy, Martha Concepción Martínez Guarneros y Juan Carlos Silva Adaya.

105 votos a los candidatos de la Sala Regional de Monterrey: Marco Antonio Zavala Arredondo, Reyes Rodríguez Mondragón y Yairsinio David García Ortiz.

105 votos a los candidatos de la Sala Regional de Xalapa: Octavio Ramos Ramos, Juan Manuel Sánchez Macías y Adín Antonio de León Gálvez.

Asimismo, señor Presidente, informo a usted que se registró un voto para la Sala Regional del Distrito Federal, a Jorge Alberto Orantes López.

Un voto, para la Sala Regional de Guadalajara, a Figueroa Avila Enrique.

Un voto, para la Sala Regional de Monterrey, a Reyes Rodríguez Mondragón.

Un voto, para la Sala Regional de Xalapa, a Ramos Ramos Octavio.

Sergio Arturo Guerrero un solo voto.

Y, asimismo, se registró una cédula en blanco.

Es cuanto, señor Presidente.

- El C. Presidente Cordero Arroyo: Gracias, señora Secretaria.

En consecuencia, se declara que han sido electos como Magistrados para integrar las Salas Regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación a los ciudadanos Janine Madeleine Otálora Malassis, Armando Ismael Maitret Hernández, Héctor Romero Bolaños, José Antonio Abel Aguilar Sánchez, Eugenio Isidro Gerardo Partida Sánchez, Mónica Aralí Soto Fregoso, María Amparo Hernández Chong Cuy, Martha Concepción Martínez Guarneros, Juan Carlos Silva Adaya, Marco Antonio Zavala Arredondo, Reyes Rodríguez Mondragón, Yairsinio David García Ortiz, Octavio Ramos Ramos, Juan Manuel Sánchez Macías y Adín Antonio de León Gálvez.

Una vez concluidas las elecciones por cédula y declarados los resultados de cada una, procede pronunciarnos sobre el resolutivo séptimo del dictamen que se refiere a los respectivos periodos que corresponden a los Magistrados que ya han sido electos.

Solicito a la Secretaría dé lectura al resolutivo séptimo del dictamen publicado en la Gaceta, y del que ya han tomado conocimiento.

- La C. Secretaria Barrera Tapia: Doy lectura al resolutivo séptimo del dictamen.

Séptimo. A fin de dar cumplimiento a lo previsto por el Artículo Quinto Transitorio del Decreto que contiene la reforma al artículo 198 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 1º de julio de 2008, los Magistrados Electorales electos para integrar las Salas Regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, ejercerán el respectivo cargo por los periodos siguientes:

José Antonio Abel Aguilar Sánchez, 3 años.
María Amparo Hernández Chong Cuy, 3 años.
Janine Madeleine Otálora Malassis, 3 años.
Octavio Ramos Ramos, 3 años.
Marco Antonio Zavala Arredondo, 3 años.
Juan Manuel Sánchez Macías, 6 años.
Armando Ismael Maitret Hernández, 6 años.
Eugenio Isidro Gerardo Partida Sánchez, 6 años.
Martha Concepción Martínez Guarneros, 6 años.
Reyes Rodríguez Mondragón, 6 años.
Adín Antonio de León Gálvez, 9 años.
Yairsinio David García Ortiz, 9 años.
Héctor Romero Bolaños, 9 años.
Juan Carlos Silva Adaya, 9 años.
Mónica Aralí Soto Fregoso, 9 años.

Es todo, señor Presidente.

- El C. Presidente Cordero Arroyo: Abrase el sistema electrónico de votación por tres minutos para recoger la votación nominal del resolutivo séptimo del dictamen.



- La C. Secretaria Barrera Tapia: De acuerdo al registro electrónico, señor Presidente, me permito informar a usted que se emitieron 96 votos en pro, 2 en contra y cero abstenciones.

- El C. Presidente Cordero Arroyo: Está aprobado el resolutivo séptimo del dictamen.

Comuníquese estos resultados al ciudadano Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, al Ministro Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y al Magistrado Presidente de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

Una vez cumplida la elección, declarados los resultados y asignados los periodos de vigencia de ejercicio que corresponderán a los Magistrados electos, procederemos a tomar la protesta.

A partir de lo anterior, se designa en comisión a los Senadores Arely Gómez González, Roberto Gil Zuarth, Manuel Camacho Solís, Carlos Alberto Puente Salas, David Monreal Avila, Manuel Cavazos Lerma y Marcela Guerra Castillo, para que inviten a pasar a este recinto a los ciudadanos que han sido electos como Magistrados a fin de que rindan protesta.

(La comisión cumple)

- El C. Presidente Cordero Arroyo: Les suplicaría a los señores Senadores ponerse a un lado de los señores Magistrados, si son tan amables, gracias.

Vamos a tomar protesta de ley a los ciudadanos Magistrados que han sido electos, favor de ponerse de pie.

(Todos de pie)

Ciudadanos Janine Madeleine Otálora Malassis, Armando Ismael Maitret Hernández, Héctor Romero Bolaños, José Antonio Abel Aguilar Sánchez, Eugenio Isidro Gerardo Partida Sánchez, Mónica Aralí Soto Fregoso, María Amparo Hernández Chong Cuy, Martha Concepción Martínez Guarneros, Juan Carlos Silva Adaya, Marco Antonio Zavala Arredondo, Reyes Rodríguez Mondragón, Yairsinio David García Ortiz, Octavio Ramos Ramos, Juan Manuel Sánchez Macías y Adín Antonio de León Gálvez: ¿Protestan desempeñar leal y patrióticamente el cargo de Magistrado Electoral para integrar las Salas Regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que les han conferido, y guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanen, mirando en todo por el bien y prosperidad de la Unión?

- Los CC. Janine Madeleine Otálora Malassis, Armando Ismael Maitret Hernández, Héctor Romero Bolaños, José Antonio Abel Aguilar Sánchez, Eugenio Isidro Gerardo Partida Sánchez, Mónica Aralí Soto Fregoso, María Amparo Hernández Chong Cuy, Martha Concepción Martínez Guarneros, Juan Carlos Silva Adaya, Marco Antonio Zavala Arredondo, Reyes Rodríguez Mondragón, Yairsinio David García Ortiz, Octavio Ramos Ramos, Juan Manuel Sánchez Macías y Adín Antonio de León Gálvez: ¡Sí, protesto!

- El C. Presidente Cordero Arroyo: Si así no lo hicieren, que la Nación se lo demande.

¡Felicidades!

(Aplausos)

A nombre del Senado de la República, les deseo éxito en su cargo.

Solicito a la comisión designada acompañe a los señores Magistrados cuando deseen retirarse del salón.

(La comisión cumple)

PRESIDENCIA DEL C. SENADOR
LUIS SANCHEZ JIMENEZ





 

CITA

- El C. Presidente Luis Sánchez Jiménez: Solicito a las señoras y señores Senadores mantenerse en sus lugares para dar paso a nuestra siguiente sesión que corresponde al jueves 28 de febrero. Se levanta la sesión del 26 de febrero.

(Se levantó la sesión a las 13:59 horas)

Directorio

DIARIO DE LOS DEBATES

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