Senado de la República.
Sesión Plenaria.
Martes 30 de mayo de 2017
    
    

Última actualización: Abril 2017
Última revisión: Abril 2017

Sesión Plenaria - Diario de los Debates
LXII
              Legislatura
1er
Año
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DIARIO DE LOS DEBATES

DE LA CÁMARA DE SENADORES
DEL CONGRESO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS


AÑO I                       Segundo Periodo Ordinario                       LXII Legislatura                       Sesión Núm. 10

Presidente de la Mesa Directiva
Sen. Ernesto Javier Cordero Arroyo

Sesión Pública Ordinaria Celebrada
en la Ciudad de México, el 28 de Febrero de 2013

SUMARIO                                              


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CAMARA DE DIPUTADOS

Remite:

- Oficio por el que comunica la integración de la Comisión Legislativa del Congreso de la Unión para el Diálogo y la Conciliación para el Estado de Chiapas. (COCOPA); oficio con el punto de Acuerdo de la C. Diputada Yesenia Nolasco Ramírez, por el que se exhorta al Senado de la República a dictaminar el proyecto de Decreto que expide la Ley de Planeación para la Soberanía y Seguridad Agroalimentaria y Nutricional; minuta proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Salud, en materia de profesionalización de parteras, devuelto con modificaciones para los efectos del inciso e) del artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; minuta proyecto de Decreto por el que se reforman las fracciones I y III del artículo 245 de la Ley General de Salud; minuta proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Salud, en materia de bancos de sangre; minuta proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 2, 3, 3 Bis, 4 y 8 de la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud.





PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN ARTICULO 100 BIS A LA LEY ORGANICA DEL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

(Presentada por la C. Senadora Diva Hadamira Gastélum Bajo, a nombre propio y de las CC. Senadoras Martha Elena García Gómez, Angélica de la Peña Gómez, Ivonne Liliana Alvarez García, María del Rocío Pineda Gochi, María Lucero Saldaña Pérez, Rosa Adriana Díaz Lizama, Gabriela Cuevas Barrón, Luz María Beristain Navarrete y Mónica Tzasna Arriola Gordillo, integrantes de la Comisión Para la Igualdad de Género)

- Se da cuenta con la iniciativa, se considera de urgente resolución y se aprueba el proyecto de Decreto por el que se adiciona un artículo 100 Bis a la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. Se remite a la Cámara de Diputados.

DECRETO POR EL QUE SE CREA EL RECONOCIMIENTO “ELVIA CARRILLO PUERTO” Y SE ADICIONA UNA FRACCION V AL NUMERAL 1 DEL ARTICULO 56 Y SE ADICIONA UN ARTICULO 56 BIS AL REGLAMENTO DEL SENADO DE LA REPUBLICA

(Presentada por la C. Senadora Diva Hadamira Gastélum Bajo, a nombre propio y de las CC. Senadoras Martha Elena García Gómez, Angélica de la Peña Gómez, Ivonne Liliana Alvarez García, María del Rocío Pineda Gochi, María Lucero Saldaña Pérez, Rosa Adriana Díaz Lizama, Gabriela Cuevas Barrón, Luz María Beristain Navarrete y Mónica Tzasna Arriola Gordillo, integrantes de la Comisión Para la Igualdad de Género)

- Se da cuenta con la iniciativa, se considera de urgente resolución y se aprueba el Decreto por el que se crea el reconocimiento “Elvia Carrillo Puerto” y se adiciona una fracción V al numeral 1 del artículo 56 y se adiciona un artículo 56 Bis al Reglamento del Senado de la República. Se remite al Diario Oficial de la Federación.























 

PRESIDENCIA DEL C. SENADOR
LUIS SANCHEZ JIMENEZ

APERTURA

- El C. Presidente Luis Sánchez Jiménez: (14:00 horas)Solicito a la Secretaría informe a la Asamblea el resultado del cómputo de asistencia de las señoras y señores Senadores.

- La C. Secretaria María Elena Barrera Tapia: Honorable Asamblea, conforme al registro de asistencia, se han acreditado 93 ciudadanas y ciudadanos Senadores.

En consecuencia, hay quórum, señor Presidente.

- El C. Presidente Sánchez Jiménez: Se abre la sesión del jueves 28 de febrero correspondiente al segundo periodo ordinario de sesiones del primer año de ejercicio de la LXII Legislatura. El Orden del Día está disponible en el monitor de sus escaños, con lo cual se informa de los asuntos que corresponden a la agenda de hoy. El acta de la sesión anterior se encuentra a su disposición en el monitor de sus escaños.

“ACTA DE LA SESION CELEBRADA EL MARTES
VEINTISEIS DE FEBRERO DE DOS MILTRECE

PRESIDE EL SENADOR
ERNESTO CORDERO ARROYO

 

En la ciudad de México, Distrito Federal, a las once horas con treinta y un minutos del día martes veintiséis de febrero de dos mil trece, encontrándose presentes noventa y dos ciudadanos Senadores, según relación anexa, la Presidencia declaró abierta la sesión.

 

 

(Lectura del Orden del Día)

La Secretaría dio por conocido el contenido del Orden del Día de la sesión de esta fecha, debido a la publicación en la Gaceta del Senado y a su difusión.

 

 

(Acta de la sesión anterior)

 

 

 

(Comunicaciones)

Se recibió de la Senadora Ana Lilia Herrera Anzaldo, Presidenta de la Comisión Especial para el Desarrollo Metropolitano, el Plan de Trabajo de esa Comisión.- Quedó de enterado.

 

 

 

Se recibió del Senador Ernesto Gándara Camou, Presidente de la Comisión de Trabajo y Previsión Social, el Programa Anual de Trabajo de esa comisión.- Quedó de enterado.

 

 

 

Se recibió del Senador Manuel H. Cota Jiménez, Presidente de la Comisión de Agricultura y Ganadería, el Informe de las actividades desarrolladas en la reunión de trabajo en el estado de Colima, para atender la problemática derivada de la plaga del Huanglongbing de los cítricos, los días 22 y 23 de febrero del año en curso.- Quedó de enterado.

 

 

 

Se recibió de la Secretaría de Gobernación, permiso a que se refiere el artículo 37 constitucional, para que el C. Enrique Francisco Galindo Ceballos pueda aceptar y usar la condecoración que le confiere el Gobierno de la República del Ecuador.- Se turnó a la Comisión de Gobernación.

 

 

 

Se recibió de la Auditoría Superior de la Federación, el Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2011.- Se remitió copia en disco compacto a los Señores Senadores para conocimiento y a la Biblioteca del Senado.

 

 

 

Se recibió de la Cámara de Diputados, proyecto de Decreto por el que se adicionan diversas disposiciones a los artículos 4 y 12 de la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Comercio y Fomento Industrial y de Estudios Legislativos.

 

Se recibió de la Cámara de Diputados, proyecto de Decreto que adiciona un último párrafo al artículo 81 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos.

 

 

 

Se recibió de la Cámara de Diputados, Acuerdo en relación al Sindicato Mexicano de Electricistas.- Se remitió a la Comisión de Energía.

 

 

(Dictámenes de primera lectura)

Se dio Primera Lectura a un dictamen de las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos, con proyecto de Decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley General de Salud, en materia de cambio climático.- Quedó de primera lectura.

 

 

 

Se dio Primera Lectura a un dictamen de las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos, Primera, con proyecto de Decreto que reforma el artículo 163 de la Ley General de Salud.- Quedó de primera lectura.

 

 

 

Se dio Primera Lectura a dos dictámenes de la Comisión de Gobernación, con proyectos de Decreto que conceden permisos a los ciudadanos Miguel Ángel Marín Solís y Ricardo Flores González para aceptar y usar condecoraciones que les otorgan gobiernos extranjeros.- Quedó de primera lectura.

 

 

 

Se dio Primera Lectura a un dictamen en sentido negativo de las Comisiones Unidas de Gobernación y de Estudios Legislativos, Primera, con relación al proyecto de Decreto que reformaba la Ley de Premios, Estímulos y Recompensas Civiles y la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.- Quedó de primera lectura.

 

 

 

Se dio Primera Lectura a un dictamen en sentido negativo de las Comisiones Unidas de Gobernación y de Estudios Legislativos, Primera, con relación al proyecto de Decreto que reformaba diversos artículos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.- Quedó de primera lectura.

 

 

(Dictámenes a discusión)

Se sometió a consideración de la Asamblea un dictamen de las Comisiones Unidas de Gobernación y de Seguridad Pública, con punto de Acuerdo por el que se ratifica el nombramiento del Ciudadano Manuel Mondragón y Kalb como Comisionado Nacional de Seguridad.- Intervinieron los Senadores: María Cristina Díaz Salazar, por las comisiones, para presentar el dictamen; Alejandro Encinas Rodríguez del PRD; Marco Antonio Blásquez Salinas del PT; Luis Armando Melgar Bravo del PVEM; Fidel Demédicis Hidalgo del PRD; Fernando Yunes Márquez del PAN; Mónica Arriola Gordillo; y Omar Fayad Meneses del PRI. El dictamen fue aprobado por 117 votos en pro y 2 abstenciones. El funcionario rindió su protesta de ley.

 

Se sometió a consideración de la Asamblea un dictamen de las Comisiones Unidas de Cultura y de Estudios Legislativos, con proyecto de Decreto por el que se adiciona la fracción viii al artículo 148 de la Ley Federal del Derecho de Autor.- Intervinieron las Senadoras: Hilda Esthela Flores Escalera del PRI a favor y Blanca Alcalá Ruiz del PRI a favor. Fue aprobado por 105 votos en pro. Se remitió a la Cámara de Diputados.

 

 

 

PRESIDE EL SENADOR
JOSE ROSAS AISPURO TORRES

 

 

 

Se sometió a consideración de la Asamblea un dictamen de las Comisiones Unidas de Comercio y Fomento Industrial y de Estudios Legislativos, Segunda, con proyecto de Decreto por el que se adiciona la fracción XXI al artículo 31 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas.- Intervinieron los Senadores: Héctor Larios Córdova, por las comisiones, para presentar el dictamen; Óscar Román Rosas González del PRI a favor; Armando Ríos Piter del PRD a favor; Víctor Hermosillo y Celada del PAN en contra; Francisco Búrquez Valenzuela del PAN en contra; Carlos Alberto Puente Salas del PVEM a favor; Raúl Gracia Guzmán del PAN en contra; Fidel Demédicis Hidalgo del PRD a favor; y Francisco Domínguez Servién del PAN a favor. Fue aprobado por 100 votos en pro, 3 en contra y 1 abstención. Se remitió a la Cámara de Diputados.

 

 

 

Se sometió a consideración de la Asamblea un dictamen de la Comisión de Educación con punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Educación Pública a enviar a esta Soberanía un informe sobre el estado que guarda la educación superior en el país, así como de las medidas que emprenderá la dependencia para incrementar la oferta y calidad de este nivel educativo.- Fue aprobado en votación económica.

 

 

 

Se sometió a consideración de la Asamblea un dictamen de la Comisión de Educación con punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Educación Pública a remitir un informe sobre el estado de avance de la reforma integral de la educación media superior y un informe sobre el proceso de implementación del Acuerdo Secretarial No. 656, en relación con la incorporación de las humanidades a la educación media superior.- Fue aprobado en votación económica.

 

 

 

Se sometió a consideración de la Asamblea un dictamen de la Comisión de Educación con punto de Acuerdo que exhorta a los Poderes Ejecutivo y Legislativo del Estado de México a reconsiderar las tarifas aplicadas a las instituciones particulares por concepto de pago de derechos a los que se refieren los artículos 93 y 93 Bis del Código Financiero del Estado de México y Municipios, relativos a los servicios prestados por la Secretaría de Educación y por el Organismo Público Descentralizado denominado Servicios Educativos Integrados del Estado de México, respectivamente.- Fue aprobado en votación económica.

 

Se sometió a consideración de la Asamblea un dictamen de la Comisión de Educación con punto de Acuerdo que exhorta al Instituto Nacional para la Educación de los Adultos a remitir un informe a esta Soberanía sobre el estado que guardan los programas educativos implementados por dicha institución y las acciones que, en su caso, serán instrumentadas para combatir el rezago educativo y el analfabetismo.- Fue aprobado en votación económica.

 

 

(Dictámenes de primera lectura)

Se dio Primera Lectura a un dictamen de las Comisiones Unidas de Comercio y Fomento Industrial, de Hacienda y Crédito Público y de Estudios Legislativos, con proyecto de Decreto que reforma y adiciona la Ley Federal de Protección al Consumidor y la Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros.- Quedó de primera lectura.

 

 

 

Se dio Primera Lectura a un dictamen en sentido negativo de las Comisiones Unidas de Reforma Agraria y de Estudios Legislativos, con relación al proyecto de Decreto que reformaba diversos artículos de la Ley Agraria.- Quedó de primera lectura.

 

 

(Iniciativas)

El Senador Jesús Casillas Romero, a nombre propio y de la Senadora Ivonne Liliana Álvarez García, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó iniciativa con proyecto de Decreto que reforma la fracción X del artículo 7 y adiciona una fracción XIII, recorriendo la actual en su orden, al artículo 14, ambos de la Ley General de Educación.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Educación y de Estudios Legislativos, Segunda.

 

 

 

El Senador Daniel Gabriel Ávila Ruiz, a nombre propio y de Senadores de diversos Grupos Parlamentarios, presentó iniciativa con proyecto de Decreto por el que expide la Ley de la Juventud y se reforma el artículo 2 de la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Juventud y Deporte y de Estudios Legislativos.

 

 

 

El Senador Armando Ríos Piter, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley General de Deuda Pública.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Estudios Legislativos, Primera.

 

 

 

El Senador Carlos Alberto Puente Salas, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, presentó iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Ciencia y Tecnología.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Ciencia y Tecnología y de Estudios Legislativos, Segunda.

(Dictamen de primera lectura)

Se dio Primera Lectura a un dictamen de la Comisión de Gobernación, con proyecto de Decreto que concede permiso al ciudadano Enrique Francisco Galindo Ceballos para aceptar y usar condecoración que le confiere el gobierno del Ecuador.- Se dispensó la segunda lectura. Intervinieron los Senadores: César Octavio Pedroza Gaitán del PAN y Teófilo Torres Corzo del PRI. Fue aprobado por 76 votos en pro y 1 abstención. Se remitió a la Cámara de Diputados.

 

 

(Iniciativas)

El Senador Raúl Aarón Pozos Lanz, a nombre propio y de la Senadora Ninfa Salinas Sada, presentó iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman las fracciones V, VI, VII, VIII, XI y XIV del artículo 12 de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Desarrollo Rural, de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de Estudios Legislativos.

 

 

 

El Senador Francisco Salvador López Brito, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma el párrafo octavo del artículo 4o.de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos, Segunda.

 

 

 

La Senadora Lorena Cuéllar Cisneros, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó iniciativa con proyecto de Decreto que reforma los artículos 26, 110 y 111 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos, Primera.

 

 

 

La Senadora Ana Lilia Herrera Anzaldo, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó iniciativa con proyecto de Decreto por el que se adicionan los párrafos segundo y tercero, recorriéndose los actuales, al artículo 34 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.- Se turnó  a las Comisiones Unidas de Gobernación y de Estudios Legislativos, Segunda.

 

 

 

La Senadora Luisa María de Guadalupe Calderón Hinojosa, a nombre propio y del Senador Francisco García Cabeza de Vaca, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Agraria.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Reforma Agraria y de Estudios Legislativos.

 

 

 

La Senadora Alejandra Barrales Magdaleno, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 4 y 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos, Primera.

 

La Senadora Lisbeth Hernández Lecona, a nombre propio y de los Senadores Aarón Irízar López, Alejandro Tello Cristerna, Angélica Araujo Lara, Claudia Artemiza Pavlovich Arellano, Daniel Amador Gaxiola, Diva Hadamira Gastélum Bajo, Hilda Esthela Flores Escalera, Ivonne Liliana Álvarez García, Isaías González Cuevas, Jesús Casillas Romero, Juana Leticia Herrera Ale, Lilia Guadalupe Merodio Reza, Ma. del Rocío Pineda Gochi, Manuel Humberto Cota Jiménez, Margarita Flores Sánchez, Mely Romero Celis y Roberto Armando Albores Gleason, presentó iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma y adiciona el numeral 4 al artículo 93 del Reglamento del Senado de la República.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias y de Estudios Legislativos.

 

 

 

La Senadora Maki Esther Ortiz Domínguez, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó iniciativa con proyecto de Decreto que reforma el artículo 64, fracción II de la Ley General de Salud.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos.

 

 

(Punto de Acuerdo)

Los Grupos Parlamentarios presentaron proposición con punto de Acuerdo por el que el Senado de la República saluda al Presidente electo de la República del Ecuador, Rafael Vicente Correa Delgado, al gobierno y al pueblo ecuatoriano, y se congratula por el triunfo obtenido el pasado día 17 de febrero de 2013.- Considerado de urgente resolución, fue aprobado en votación económica.

 

 

 

El Presidente de la Mesa Directiva declaró un receso a las dieciséis horas con quince minutos.

 

 

 

(RECESO)

 

 

 

El Presidente de la Mesa Directiva declaró la reanudación de la sesión a las doce horas con nueve minutos.

 

 

 

El Presidente de la Mesa Directiva informó de un oficio del Senador Arturo Zamora Jiménez del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional para solicitar licencia a partir del 28 de febrero de 2013.- Hicieron uso de la palabra los Senadores: Emilio Gamboa Patrón del PRI, Miguel Barbosa Huerta del PRD, Roberto Gil Zuarth del PAN, Martha Palafox Gutiérrez del PT y Layda Sansores San Román Fue aprobado en votación económica.

 

 

 

El Presidente de la Mesa Directiva informó que la Comisión de Justicia remitió el Dictamen de la Comisión de Justicia por el que se propone al Pleno del Senado de la República el nombramiento de Magistrados de Salas Regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.- El dictamen fue incorporado en el orden del  día y se sometió a consideración de la Asamblea para su discusión y votación. En la discusión del dictamen intervinieron los Senadores: Roberto Gil Zuarth del PAN, para presentar el dictamen a nombre de la Comisión; David Monreal Ávila del PT, Ninfa Salinas Sada del PVEM, Manuel Camacho Solís del PRD, Raúl Gracia Guzmán del PAN y Arely Gómez González del PRI. El Presidente de la Mesa informó que para su votación nominal se pondrían a consideración de la Asamblea los artículos primero, octavo, noveno y décimo, los cuales fueron aprobados por 102 votos en pro, 1 en contra y 1 en abstención.

Se realizó votación por cédula para elegir a los Magistrados de las Salas Regionales del Tribunal Federal Electoral. El resultado de la votación fue 105 votos recibidos a favor de los ciudadanos:

SALA DEL DISTRITO FEDERAL

JANINE MADELEINE OTÁLORA MALASSIS

PARA UN PERIODO DE 3 AÑOS

ARMANDO ISMAEL MAITRET HERNÁNDEZ

PARA UN PERIODO DE 6 AÑOS

HÉCTOR ROMERO BOLAÑOS

PARA UN PERIODO DE 9 AÑOS

SALA GUADALAJARA

JOSÉ ANTONIO ABEL AGUILAR SÁNCHEZ

PARA UN PERIODO DE 3 AÑOS

EUGENIO ISIDRO GERARDO PARTIDA SÁNCHEZ

PARA UN PERIODO DE 6 AÑOS

MÓNICA ARALÍ SOTO FREGOSO

PARA UN PERIODO DE 9 AÑOS

SALA TOLUCA

MARÍA AMPARO HERNÁNDEZ CHONG CUY

PARA UN PERIODO DE 3 AÑOS

MARTHA CONCEPCIÓN MARTÍNEZ GUARNEROS

PARA UN PERIODO DE 6 AÑOS

JUAN CARLOS SILVA ADAYA

PARA UN PERIODO DE 9 AÑOS

SALA MONTERREY

MARCO ANTONO ZAVALA ARREDONDO

PARA UN PERIODO DE 3 AÑOS

REYES RODRÍGUEZ MONDRAGÓN

PARA UN PERIODO DE 6 AÑOS

YAIRSINIO DAVID GARCÍA ORTIZ

PARA UN PERIODO DE 9 AÑOS

SALA XALAPA

OCTAVIO RAMOS RAMOS

PARA UN PERIODO DE 3 AÑOS

JUAN MANUEL SÁNCHEZ MACÍAS

PARA UN PERIODO DE 6 AÑOS

ADÍN ANTONIO DE LEÓN GÁLVEZ

PARA UN PERIODO DE 9 AÑOS

 

Los Magistrados electos rindieron la protesta correspondiente.

Se puso a votación el resolutivo séptimo del dictamen; fue aprobado por 90 votos en pro y 2 votos en contra.

 

 

 

La Presidencia dio por concluida la sesión a las catorce horas y citó a la siguiente sesión este mismo día inmediatamente después de concluida la presente sesión.

LISTA DE ASISTENCIA DE LA SESION ANTERIOR



En consecuencia, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba.

- La C. Secretaria Barrera Tapia: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba el acta de la sesión anterior. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque se rechace, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobada el acta, señor Presidente.

- El C. Presidente Sánchez Jiménez: Pasamos al siguiente asunto.





 

COMUNICACIONES

- La C. Secretaria Barrera Tapia: Se recibieron las siguientes comunicaciones.

Del Senador Félix González Canto, con la que remite el informe, conjuntamente con el Senador Fernando Torres Graciano, de su visita a la Feria Internacional de Turismo, celebrada en Madrid, España, del 29 de enero al 3 de febrero de 2013.

Del Senador Juan Carlos Romero Hicks, con la que remite los informes de su gira de trabajo al Colegio de la Frontera Norte, en donde se impartió el seminario “México, Estados Unidos y nuestra frontera compartida” y a la reunión de Consejeros del Consejo Consultivo del Instituto de los Mexicanos en el Exterior, del 7 al 10 de febrero del año en curso.

Y del Senador Ernesto Ruffo Appel, Presidente de la Comisión de Asunto Fronterizos Norte, con la que remite el plan de trabajo de esa comisión.

- El C. Presidente Sánchez Jiménez: Esta Asamblea ha quedado debidamente enterada.

Pasamos al siguiente asunto.





 

SECRETARIA DE GOBERNACION

- La C. Secretaria Barrera Tapia: Se recibió un oficio de la Secretaría de Gobernación con el que remite el informe trimestral sobre la situación que guardan los Sistemas de Ahorro para el Retiro, correspondiente al periodo de octubre-diciembre de 2012.

- El C. Presidente Sánchez Jiménez: Remítase dicho informe a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público; de Seguridad Social; y de Trabajo y Previsión Social.

Pasamos al siguiente asunto.

- La C. Secretaria Merodio Reza: Asimismo, de la Secretaría de Gobernación se recibió un oficio con el que remite la Estrategia Nacional de Energía 2013-2027.

- El C. Presidente Sánchez Jiménez: Túrnese a la Comisión de Energía.

Pasamos al siguiente asunto.





 

CAMARA DE DIPUTADOS

- La C. Secretaria Merodio Reza: Se recibió de la Cámara de Diputados un oficio por el que comunica la integración de la Comisión Legislativa del Congreso de la Unión para el Diálogo y la Conciliación para el Estado de Chiapas.

“CAMARA DE DIPUTADOS

MESA DIRECTIVA
LXII LEGISLATURA
Of. No. D. G. P. L. 62-II-8-1081

Secretarios de la
H. Cámara de Senadores
Presentes.

En sesión celebrada en esta fecha por la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, se dio cuenta con el oficio de la Junta de Coordinación Política por el que comunica la integración de la Comisión Legislativa del Congreso de la Unión para el Diálogo y la Conciliación para el Estado de Chiapas. (COCOPA)

La Presidencia de la Mesa Directiva dictó el siguiente trámite: “Aprobado. Comuníquese”.

México, D.F., a 26 de febrero de 2013.

Dip. Xavier Azuara Zúñiga
Secretario”.



- El C. Presidente Sánchez Jiménez: Esta Asamblea ha quedado debidamente enterada, remítase a la Junta de Coordinación Política.

Pasamos al siguiente asunto.

También de la Cámara de Diputados se recibió un oficio con el que remite el punto de Acuerdo de la Diputada Yesenia Nolasco Ramírez, por el que se exhorta al Senado de la República a dictaminar el proyecto de Decreto que expide la Ley de Planeación para la Soberanía y Seguridad Agroalimentaria y Nutricional.

“CAMARA DE DIPUTADOS

MESA DIRECTIVA
LXII LEGISLATURA
Of. No. D. G. P. L. 62-II-1-0667
Exp. 1326

Secretarios de la
H. Cámara de Senadores
Presentes.

En sesión celebrada en esta fecha por la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, la Diputada Yesenia Nolasco Ramírez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó proposición con punto de Acuerdo para exhortar al Senado de la República, para que se dictamine la minuta con proyecto de Decreto que expide la Ley de Plantación para la Soberanía y Seguridad Agroalimentaria y Nutricional.

México, D.F., a 26 de febrero de 2013.

Dip. Merilyn Gómez Pozos
Secretaria”.

- El C. Presidente Sánchez Jiménez: Remítase a las Comisiones Unidas de Agricultura y Ganadería; de Desarrollo Rural; y de Estudios Legislativos, Segunda.

Pasamos al siguiente asunto.

Asimismo, de la Cámara de Diputados se recibió una minuta proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Salud, en materia de profesionalización de parteras, devuelto con modificaciones para los efectos del inciso e) del artículo 72 constitucional. Túrnese a las Comisiones Unidas de Salud; y de Estudios Legislativos.

“CAMARA DE DIPUTADOS

MESA DIRECTIVA
LXII LEGISLATURA
Of. No. D. G. P. L. 62-II-6-0439
Exp. No. 5282

Secretarios de la
H. Cámara de Senadores
Presentes.

Me permito devolver a ustedes para los efectos de la fracción E del artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el expediente con la minuta proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Salud, en materia de profesionalización de parteras, que en esta fecha aprobó la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión.

México, D.F., a 26 de febrero de 2013.

Dip. Tanya Rellstab Carreto
Secretaria”.

“MINUTA
PROYECTO
DE
DECRETO

POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE SALUD, EN MATERIA DE PROFESIONALIZACIÓN DE PARTERAS.

Artículo Unico.- Se reforma el segundo párrafo del artículo 79 y se adicionan un segundo párrafo a la fracción I del artículo 61; una fracción V al artículo 64 y un tercer párrafo al artículo 79 de la Ley General de Salud, para quedar como sigue:

Artículo 61.-...

I. ...

Para cumplir con lo establecido en el párrafo anterior, los profesionales, técnicos y auxiliares de la salud conforme lo previsto en el artículo 79 de esta Ley, lo harán considerando lo dispuesto en el artículo 64, fracción IV de la misma;

II. a V. ...

Artículo 64.- ...

I. y II. ...

III. Acciones para controlar las enfermedades prevenibles por vacunación, los procesos diarreicos y las infecciones respiratorias agudas de los menores de 5 años;

IV. Acciones de capacitación para fortalecer la competencia técnica de las parteras tradicionales para la atención del embarazo, parto y puerperio, y

V. Acciones de capacitación y de actualización para los técnicos en partería, para la atención del embarazo, parto y puerperio.

Artículo 79. ...

Para el ejercicio de actividades técnicas y auxiliares que requieran conocimientos específicos en el campo de la atención médica prehospitalaria, medicina, odontología, veterinaria, partería, enfermería, laboratorio clínico, radiología, terapia física, terapia ocupacional, terapia del lenguaje, prótesis y órtesis, trabajo social, nutrición, citotecnología, patología, bioestadística, codificación clínica, bioterios, farmacia, saneamiento, histopatología y embalsamiento y sus ramas, se requiere que los diplomas correspondientes hayan sido legalmente expedidos y registrados por las autoridades educativas competentes.

Para el caso de la partera tradicional deberá observarse únicamente lo dispuesto por la presente Ley, el Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Prestación de Servicios de Atención Médica y demás disposiciones jurídicas que al efecto emita la Secretaría de Salud.

TRANSITORIOS

Unico.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Salón de sesiones de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso De La Unión,- México, D.F., a 26 de febrero de 2013.

Dip. Francisco Arroyo Vieyra, Presidente.- Dip. Tanya Rellstab Carreto, Secretaria”.

Pasamos al siguiente asunto.

- La C. Secretaria Barrera Tapia: Asimismo, de la Cámara de Diputados se recibieron:

Una minuta proyecto de Decreto que reforma las fracciones I y III del artículo 245 de la Ley General de Salud.



Y una minuta proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Salud, en materia de bancos de sangre.

“CAMARA DE DIPUTADOS

MESA DIRECTIVA
LXII LEGISLATURA
Of. No. D. G. P. L. 62-II-6-0440
Exp. No. 6903

Secretarios de la
H. Cámara de Senadores
Presentes.

Tenemos el honor de remitir a ustedes para sus efectos constitucionales, el expediente con la minuta proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Salud, en materia de Bancos de Sangre, que en esta fecha aprobó la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión.

México, D.F., a 26 de febrero de 2013.

Dip. Merilyn Gómez Pozos
Secretaria”.

“MINUTA

PROYECTO

DE

DECRETO

POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE SALUD, EN MATERIA DE BANCOS DE SANGRE.

Artículo Unico.- Se reforman los artículos 13, apartado B, fracción I; 313, fracción II; 314, fracción XIII; 315, fracciones I y II, y segundo párrafo; 338, fracción I y penúltimo párrafo; 340; 341; 341 Bis, primer párrafo y se adicionan los artículos 314, con las fracciones XII Bis y XIV Bis; 315, con una fracción IV, recorriéndose las actuales en su orden, y un último párrafo a la Ley General de Salud, para quedar como sigue:

Artículo 13. ...

A. ...

B. ...

I. Organizar, operar, supervisar y evaluar la prestación de los servicios de salubridad general a que se refieren ias fracciones II, II Bis, IV, IV Bis, IV Bis 1, IV Bis 2, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXVI, únicamente por lo que se refiere al control sanitario de la disposición de sangre, componentes sanguíneos y células progenituras o troncales, XXVI Bis y XXVII Bis, del artículo 3o. de esta ley, de conformidad con las disposiciones aplicables;

II. a VII. ...

C. ...

Artículo 313.- Compete a la Secretaría de Salud:

I. ...

II. La regulación sobre la disposición de órganos, tejidos, células y cadáveres de seres humanos, éstos últimos con fines de enseñanza y de investigación, en los términos de esta ley;

III. a V. ...
Artículo 314.- Para efectos de este título se entiende por:

I. a XII. ...

XII Bis. Sangre, es el tejido hemático con todos sus elementos;

XIII. Tejido, agrupación de células especializadas que realizan una o más funciones;

XIV....

XIV Bis. Transfusión, procedimiento terapéutico consistente en la aplicación de sangre o de componentes sanguíneos a un ser humano, sin la finalidad de que injerten en el organismo receptor;

XV. a XXVII, ...

Artículo 315.- Los establecimientos de salud que requieren de licencia sanitaria son los dedicados a:

I. Realizar extracciones, análisis, conservación, preparación y suministro de órganos, tejidos y células;

II. Realizar trasplantes de órganos y tejidos;

III. ...

IV. Los servicios de sangre;

V. y VI. ...

La Secretaría otorgará la licencia a que se refiere el presente artículo a los establecimientos que cuenten con el personal, infraestructura, equipo, instrumental e insumos necesarios para la realización de los actos relativos, conforme a lo que establezcan las disposiciones de esta ley y demás aplicables.

Para el caso de los establecimientos de salud a que se refiere la fracción IV del presente artículo, la licencia sanitaria tendrá una vigencia de 5 años prorrogables por plazos iguales de conformidad con las disposiciones aplicables.

Artículo 338. ...

I. El registro de establecimientos autorizados a que se refieren las fracciones I, II y III del artículo 315 de esta ley;

II. a VI. ...

En los términos que precisen las disposiciones reglamentarias, los establecimientos de salud referidos en las fracciones I, II y III del artículo 315 de esta Ley, a través del responsable sanitario en coordinación con los Comités internos señalados en el artículo 316 del mismo ordenamiento legal citado, deberán proporcionar la información relativa a las fracciones II, III y IV de este artículo.

Artículo 340.- Corresponde a las autoridades sanitarias de las entidades federativas el control sanitario de la disposición de sangre, componentes sanguíneos y células progenitoras o troncales, en términos de las disposiciones reglamentarias.

La Secretaría llevará a cabo la supervisión del control sanitario realizado por las autoridades sanitarias de las entidades federativas a que se refiere el párrafo anterior. Asimismo la Secretaría, por conducto de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, podrá realizar directamente el control sanitario de la disposición de sangre, componentes sanguíneos y células progenitoras o troncales, cuando a juicio de la Secretaría así se requiera por la importancia y trascendencia que pueda llegar a tener el caso.
Artículo 341. La disposición de sangre, componentes sanguíneos y células progenitoras o troncales, con fines terapéuticos estará a cargo de los establecimientos siguientes:

A. Los servicios de sangre que son:

I. Banco de sangre;

II. Centro de procesamiento de sangre;

III. Centro de colecta;

IV. Centro de distribución de sangre y componentes sanguíneos;

V. Servicio de transfusión hospitalario, y

VI. Centro de calificación biológica.

B. Los que hacen disposición de células progenitoras o troncales que son:

I. Centro de colecta de células progenitoras o troncales;

II. Banco de células progenitoras o troncales, y

III. Centro de medicina regenerativa.

Artículo 341 Bis. La Secretaría de Salud y los gobiernos de las entidades federativas, en sus respectivos ámbitos de competencia, deberán impulsar la donación de sangre, componentes sanguíneos y células progenitoras o troncales, para coadyuvar en el tratamiento o curación de los pacientes que las requieran, asimismo, la Secretaría de Salud fijará las bases y modalidades a las que se sujetará el Sistema Nacional de Salud al respecto.

TRANSITORIOS

Primero.- El presente Decreto entrará en vigor a los 90 días siguientes al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo.- Para los efectos de lo establecido por el artículo 315 de esta Ley, a la entrada en vigor de este Decreto, las solicitudes de licencia sanitaria que se encuentren en trámite por parte de los establecimientos de salud a que se refieren las fracciones IV y V de dicho artículo y que cuenten con el personal, infraestructura, equipo, instrumental e insumos necesarios para la realización de los actos relativos, tendrán a partir de la fecha de su expedición una vigencia de 5 años.

Tercero.- Las autorizaciones sanitarias de los establecimientos de salud mencionados en las fracciones IV y V del artículo 315 de esta Ley, otorgadas por tiempo indeterminado deberán someterse a revisión para obtener la licencia sanitaria correspondiente en un plazo de hasta cinco años a partir de la entrada en vigor del presente Decreto en el Diario Oficial de la Federación.

La licencia sanitaria se otorgará únicamente cuando la Secretaría haya constatado la seguridad y eficacia, respecto a la operación de estos establecimientos, de conformidad a las disposiciones sanitarias vigentes, en caso contrario las autorizaciones otorgadas para tiempo indeterminado se entenderán como revocadas para los efectos legales y administrativos a que haya lugar.

Salón de sesiones de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión,- México, D.F., a 26 de febrero de 2013.

Dip. Francisco Arroyo Vieyra, Presidente.- Dip. Merilyn Gómez Pozos, Secretaria”.

- El C. Presidente Sánchez Jiménez: Túrnense ambos proyectos a las Comisiones Unidas de Salud; y de Estudios Legislativos.

Pasamos al siguiente asunto.

- La C. Secretaria Barrera Tapia: Por último, de la Cámara de Diputados se recibió una minuta proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 2, 3, 3 Bis, 4 y 8 de la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud.

“CAMARA DE DIPUTADOS

MESA DIRECTIVA
LXII LEGISLATURA
Of. No. D. G. P. L. 62-II-3-501
Exp. No. 337

Secretarios de la
H. Cámara de Senadores
Presentes.

Tengo el honor de remitir a ustedes para sus efectos Constitucionales, el expediente con la minuta proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 2, 3, 3 Bis, 4 y 8 de la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud, que en esta fecha aprobó la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión.

México, D.F., a 26 de febrero de 2013.

Dip. Tanya Rellstab Carreto
Secretaria”.

“MINUTA

PROYECTO

DE

DECRETO

POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTICULOS 2, 3, 3 BIS, 4 Y 8 DE LA LEY DEL INSTITUTO MEXICANO DE LA JUVENTUD.

Artículo Unico.- Se reforman los artículos 2; 3, fracciones I, III, V y VI; 3 Bis, fracción V; 4, fracción I; 8, primer párrafo y fracción I y se adiciona un inciso k) a la fracción I del artículo 8 de la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud, para quedar como sigue:

Artículo 2. La población joven es aquella cuya edad quede comprendida entre los 12 y 29 años, y por su importancia estratégica para el desarrollo del país, ésta será objeto de las políticas, programas, servicios y acciones que el Instituto lleve a cabo, sin distinción de origen étnico o nacional, género, discapacidad, condición social, condiciones de salud, religión, opiniones, preferencias, estado civil o cualquier otra.

Artículo 3. El Instituto tendrá por objeto:

I. Promover y fomentar las condiciones que aseguren a la juventud un desarrollo pleno e integral, en condiciones de igualdad y no discriminación y de pleno respeto a sus derechos humanos y sus garantías, de conformidad con lo establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ordenamientos legales y Tratados Internacionales suscritos por el Estado mexicano;

II. …

III. Proponer al Ejecutivo Federal programas especiales orientados a mejorar las condiciones de salud, desarrollo e inclusión laboral y educación de los jóvenes indígenas, así como los espacios para la convivencia y recreación, sin menoscabo de las atribuciones que en estos propósitos competen a otras dependencias;

IV. ...

V. Actuar como órgano de consulta, asesoría y seguimiento de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, así como de las autoridades estatales, municipales, y de los sectores social y privado cuando así lo requieran en materia de juventud,

VI. Promover coordinadamente con las autoridades de los tres órdenes de gobierno, en el ámbito de sus respectivas competencias, las acciones destinadas a mejorar el nivel de vida de la juventud, así como sus expectativas sociales, económicas, culturales, de desarrollo e inclusión laboral y derechos, y

VII. …

Artículo 3 Bis. El Instituto en la definición e instrumentación de la política nacional de juventud a la que hace referencia la fracción II del artículo 3, deberá considerar los siguientes lineamientos:

I. a IV. ...

Observar los criterios de integralidad y transversalidad en la ejecución de programas y acciones que procuren cubrir las necesidades básicas de los jóvenes y promover su desarrollo personal, social, de inclusión laboral y económico. Asimismo, se impulsará un federalismo institucional en la ejecución de los programas y acciones que, en su caso, se coordinen entre las distintas dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, en el ámbito de su competencia, con los gobiernos de las entidades federativas y a través de ellos con los municipios.

VI. y VII. ...

Artículo 4. Para el cumplimiento de su objeto el Instituto tendrá las siguientes atribuciones:

I. Elaborar el Programa Nacional de Juventud que tendrá por objeto orientar la política nacional en materia de juventud, el cual deberá ser congruente con los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo y con los programas sectoriales, institucionales y especiales a que se refiere la Ley de Planeación; el Instituto deberá evaluar periódica y sistemáticamente la ejecución del mismo;

II. a XVI. ...

Artículo 8. La Junta Directiva se integrará por dieciocho miembros, de los cuales serán:

I. Once Miembros Propietarios:

a) a h). ...

i) El Secretario de Comunicaciones y Transportes;

j) El Director General de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, y

k) La Presidencia del Instituto Nacional de las Mujeres.

…..

II. …

…..

…..

TRANSITORIOS

Unico.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Salón de sesiones de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión,- México, D.F., a 26 de febrero de 2013.

Dip. Francisco Arroyo Vieyra, Presidente.- Dip. Tanya Rellstab Carreto, Secretaria”.

- El C. Presidente Sánchez Jiménez: Túrnese a las Comisiones Unidas de Juventud y Deporte; y de Estudios Legislativos, Primera.

Pasamos al siguiente asunto.





 

LEGISLATURA

- La C. Secretaria Barrera Tapia: Se recibió del Congreso del Estado de Tabasco una INICIATIVA DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN ULTIMO PARRAFO AL ARTICULO 4o. CONSTITUCIONAL.

“H. CONGRESO DEL ESTADO DE TABASCO

Asunto: remitiendo Decreto 007
Villahermosa, Tab., a 5 de febrero de 2013.

SEN. ERNESTO JAVIER CORDERO ARROYO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
DE LA CAMARA DE SENADORES
DEL H. CONGRESO DE LA UNION
PRESENTE.

Para dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, adjunto al presente remitimos a ese Poder Legislativo, el original del Decreto 007, aprobado por esta Soberanía legislativa en sesión ordinaria celebrada el día de hoy, correspondiente al Primer Período Ordinario de Sesiones, del Primer Año de Ejercicio Constitucional, por el que la LXI Legislatura del Honorable Congreso del Estado, envía Iniciativa de Decreto al Honorable Congreso de la Unión, por el que se adiciona un último párrafo al artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

No omitimos manifestarle que tan luego se haya publicado en el Periódico Oficial dicho Decreto se le hará llegar.

Sin otro particular nos es grato saludarlo.

Atentamente

“Sufragio Efectivo. No Reelección”
Honorable Congreso del Estado

Dip. Verónica Castillo Reyes, en funciones de Presidenta, en términos del Artículo 26 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo.- Dip. Leticia Taracena Gordillo, Secretaria”.

“INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO, ANTE EL CONGRESO DE LA UNION, POR EL QUE SE ADICIONA UN ULTIMO PARRAFO AL ARTICULO 4º. DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.

UNICO. Se adiciona un último párrafo al artículo 4o de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para quedar de la siguiente manera:

Artículo 4o.

El Estado establecerá las condiciones necesarias para la satisfacción de las necesidades de alimentación, salud, educación, esparcimiento, deporte, cultura y trabajo de los adultos mayores, teniendo como objetivo el desarrollo integral de los hombres y mujeres, integrándolos al desarrollo social, económico y político del País.

TRANSITORIOS

PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

SEGUNDO. Remítase a ambas Cámara del H. Congreso de la Unión para su conocimiento y dictamen correspondiente.

TERCERO. Comuníquese al Congreso del Estado de Puebla la aprobación y adhesión de esta Soberanía a la Iniciativa materia del presente Decreto.

CUARTO.- Se instruye al Oficial Mayor realizar los trámites que correspondan.

Dado en el salón de sesiones del Poder Legislativo del Estado, en la ciudad de Villahermosa, capital del estado de Tabasco, a 5 de febrero de 2013.

Atentamente

“Sufragio Efectivo. No Reelección”
Honorable Congreso del Estado

Dip. Verónica Castillo Reyes, en funciones de Presidenta, en términos del Artículo 26 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo.- Dip. Leticia Taracena Gordillo, Secretaria”.

- El C. Presidente Sánchez Jiménez: Túrnese a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; y de Estudios Legislativos, Segunda.

En nuestro apartado de iniciativas, se concede el uso de la tribuna a la Senadora Marcela Torres Peimbert, para presentar a nombre propio y de Senadores de los diversos grupos parlamentarios los siguientes asuntos.

Un proyecto de Decreto que adiciona la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y un proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones del Reglamento del Senado de la República.





 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONAEL TITULO QUINTO, CAPITULO UNICO A LA LEY ORGANICA DEL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

 (Presentada por la C. Senadora María Marcela Torres Peimbert, a nombre propio y de los CC. Senadores Javier Corral Jurado, Ernesto Ruffo Appel, Héctor Larios Córdova, Daniel Gabriel Avila Ruiz, Jorge Luis Preciado Rodríguez, Laura Angélica Rojas Hernández, Arely Gómez González, Alejandro Tello Cristerna, Roberto Armando Albores Gleason, Pablo Escudero Morales y Manuel Camacho Solís)

- La C. Senadora María Marcela Torres Peimbert: Muchas gracias, señor Presidente; compañeras y compañeros Senadores:

La presente iniciativa cuenta con el apoyo de Senadores y Senadoras de todos los grupos parlamentarios.

Los Senadores Javier Corral Jurado, Ernesto Ruffo Appel, Héctor Larios Córdova, Daniel Avila Ruiz, Laura Angélica Rojas Hernández, Arely Gómez González, Alejandro Tello Cristerna, Roberto Armando Albores, Manuel Camacho Solís, Ana Gabriela Guevara Espinoza, Benjamín Robles Montoya.

También cuenta con el apoyo de los Presidentes de las Comisiones Anticorrupción y Participación Ciudadana, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias y de Defensa Nacional, el Senador Pablo Escudero, el Senador Jorge Luis Preciado y el Senador Fernando Yunes.

El Poder Legislativo es un órgano del Estado en el cual confluyen todas las fuerzas políticas de un país, la pluralidad se encuentra representada con sus mayorías y minorías en el Congreso.

En el Pleno de ambas Cámaras todos tienen voz al igual que voto, en resumen, el Congreso es el poder más democrático del Estado, sin embargo, cifras del Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública de la Cámara de Diputados de abril de 2012, revelan que las Cámaras del Congreso de la Unión se encuentran, junto con los partidos políticos, en los dos últimos lugares de confianza ciudadana.

El papel representativo y democrático del Congreso se encuentra en crisis, la ciudadanía no se siente representada por él, no importa que el Congreso en sus dos Cámaras tenga como principio ser un foro de deliberación sobre cuestiones trascendentales de interés público.

El ciudadano mexicano ve con desprecio a uno de los engranes fundamentales de la democracia.

Con la promulgación de las modificaciones constitucionales en materia de reforma política el pasado 9 de agosto de 2012, los legisladores cumplimos tan sólo una parte de la obligación histórica que tenemos con la ciudadanía, crear los puentes necesarios para trascender a una democracia de calidad donde las y los ciudadanos sean el centro de la acción política y del debate público.

A casi seis meses después de la publicación del Decreto, salvo la propuesta de ley presentada por la Senadora Dolores Padierna, para hacer operativa la consulta popular, y la presente iniciativa hemos sido omisos con el trabajo por hacer.

Las reformas que realizó el Constituyente Permanente nos obligan a establecer en el sistema jurídico todo lo necesario para hacer operativas estas nuevas herramientas. Por ello, hoy, a nombre de mis compañeros vengo a exponer, y motivada por el trabajo comprometido de organizaciones ciudadanas que pertenecen al colectivo Reforma Política Ya, a las organizaciones ciudadanas DHP, Tejiendo Alas, al Consejo Consultivo Ciudadano del Estado de Hidalgo, entre muchas otras, y ante el Pleno de esta Soberanía, una propuesta para transformarnos como Cámara y como Congreso, una oportunidad para estar más cerca de aquellos que el día de ayer depositaron un voto de confianza en nosotros.

La razón del por qué los ciudadanos no se sienten representados en el Congreso es muy simple. Hay una creencia generalizada de que las y los legisladores vivimos en un mundo diferente al del ciudadano y, por tanto, no podemos comprender sus necesidades y preocupaciones.

Con el establecimiento, en una normatividad del Congreso, de un procedimiento sencillo que potencie el derecho ciudadano de iniciar leyes, estamos transformando a las Cámaras de Senadores y Diputados en un parlamento democrático moderno.

Esto porque gracias a esta iniciativa podremos atender las demandas ciudadanas que nos sean expuestas. Trascendamos de ser un foro de debate cerrado a otro de debate público e incluyente con la ciudadanía.

El procedimiento para tramitar una iniciativa ciudadana que proponemos en esta reforma, es un medio que garantiza la participación de la sociedad en todas las etapas del procedimiento legislativo; fortaleciendo la capacidad institucional de responder inmediatamente a las propuestas de la ciudadanía.

La reforma política, tanto en los temas aprobados como en los temas que quedaron pendientes, constituye un esfuerzo del Estado para reconciliarse con su ciudadanía; el de hoy es tan sólo un pequeño paso en ese camino, como un acto de lucidez, en beneficio de todas y de todos, realicemos los cambios necesarios al sistema jurídico, actuemos el día de hoy no como legisladores, sino como ciudadanos y ciudadanas que somos, demos a todos la oportunidad de acceder a este foro de debate y discusión de los asuntos públicos trascendentales, realicemos un acto de justicia para con la ciudadanía.

La construcción de la ciudadanía es una práctica constante, la cual se realiza ejerciendo nuestros derechos y obligaciones para la construcción del bien común; por ello es ineludible la creación de mecanismos para reducir la fragmentación social y cultural que existe entre la clase política y la sociedad civil.

Para llegar a este punto, se necesita promover la cultura política, donde los y las mexicanas podamos actuar colectivamente en asuntos públicos. La sociedad civil necesita tomar la palabra, crear propuestas, como un primer paso para eliminar la brecha que existe entre la clase política y la ciudadanía.

Con la influencia de la ciudadanía en la agenda legislativa podremos transitar de una democracia representativa a una democracia participativa; donde la iniciativa ciudadana sea parte de una versatilidad en la gobernanza democrática para mejorar la transparencia y la rendición de cuentas, garantizando la inclusión de la voz de todos y todas las ciudadanas.

Proponemos reformar la Ley Orgánica del Congreso y el Reglamento del Senado. En la Ley Orgánica se pretende adicionar un Título Quinto, denominado "De las Reglas Comunes a las Cámaras" respecto a una iniciativa ciudadana, este constará de un Capítulo Unico en el cual se busca establecer lo más sustantivo referente a la iniciativa ciudadana.

En el Reglamento del Senado proponemos establecer el procedimiento específico para tramitar las iniciativas que presente la ciudadanía ante esta Cámara.

Las instituciones políticas no conseguiremos mayor confianza ciudadana si no nos modernizamos, si no permitimos la apertura de los procesos de deliberación y toma de decisión a los que han delegado en nosotros el rumbo del país.

Posibilitar a la y el ciudadano para que presente iniciativas ante este Congreso abonará no sólo en una democracia más sólida sino en una ciudadanía más fuerte.

Es cuanto, señor Presidente.

(Aplausos)

Iniciativa

“CC. Secretarios de la Mesa Directiva
del Senado de la República
del H. Congreso de la Unión
Presentes.

Marcela Torres Peimbert, Javier Corral Jurado, Ernesto Ruffo Appel, Héctor Larios Córdova, Daniel Avila Ruiz, Jorge Luis Preciado Rodríguez Laura Angélica Rojas HernAndez, Arely Gómez González, Alejandro Tello Cristerna, Roberto Armando Albores Gleason, Pablo Escudero Morales y Manuel Camacho SolIs, Senadores de la República para la LXII Legislatura del Congreso de la Unión e integrantes de los grupos parlamentarios del Partido Acción Nacional, Partido Revolucionario Institucional, Partido Verde Ecologista de México y Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en el artículo 71 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como los artículos 8° numeral 1, fracción I, 164 numeral 1, 169, 171 y 172 del Reglamento del Senado de la República, sometemos a la consideración de esta Soberanía, la siguiente Iniciativa con Proyecto de decreto que adiciona la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos con el objeto de establecer las normas necesarias para procesar la iniciativa ciudadana, al tenor de la siguiente:

Exposición de Motivos

El Poder Legislativo es un órgano del Estado en el cual confluyen todas las fuerzas políticas de un País, la pluralidad de un Estado democrático se encuentra representada con sus mayorías y minorías en el Congreso. En el Pleno de ambas Cámaras, todos tienen voz al igual que voto, es decir, el Congreso es el Poder más democrático del Estado. Sin embargo cifras del Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública de la Cámara de Diputados de abril de 2012, revelan que las Cámaras del Congreso de la Unión se encuentran, junto con los partidos políticos, en los dos últimos lugares de confianza ciudadana.

El papel representativo y democrático del Congreso se encuentra en crisis, la ciudadanía no se siente representada por él, aunque su composición sea un reflejo la diversidad de opiniones políticas en la sociedad. No importa que el Congreso, en sus dos cámaras, tenga como principio ser un foro de deliberación sobre cuestiones trascendentales de interés público, los mexicanos vemos con desprecio a uno de los engranes fundamentales de la democracia mexicana.

La reforma política en tema de iniciativa ciudadana en el sistema político mexicano crea elementos necesarios para que exista una versatilidad en la gobernanza democrática, donde se crean reglas claras para poder evitar conflictos, para la toma de decisiones dentro de las instituciones y de esta forma se mejoren las relaciones de cooperación entre el Poder Ejecutivo y Legislativo. Así como mejorar la transparencia, la rendición de cuentas y garantizar una mayor participación ciudadana.

En este sentido, la reforma política puede afectar el desempeño y calidad de un régimen democrático. Este desempeño depende en gran parte de la capacidad de los representantes para promover diversas políticas públicas reflejando las preferencias del electorado, pero también depende de los instrumentos de participación política que los ciudadanos tienen para influir dentro del régimen político.

En el anterior párrafo hablamos sobre dos pilares fundamentales: gobernabilidad y representación. En cuanto a la gobernabilidad no solo son necesarias decisiones oportunas y eficientes sino también que exista un apoyo por parte de la sociedad, donde la representación se encuentre en la pluralidad.

Los políticos constantemente expresan su preocupación respecto a que la ciudadanía no participa lo suficiente en la política, sin embargo cuando se propone empoderarla a través de producir más y mejores medios de participación, la negación es rotunda, las instituciones políticas permanecen intocadas frente a una sociedad cambiante.

A diferencia de las democracias en otros países, la mexicana es una democracia sui generis, sin referéndum, plebiscito, revocación del mandato y reelección legislativa, entre otros. El sistema político mexicano y las normas que lo rigen, mantuvieron al mínimo la participación de los ciudadanos en el debate y la agenda pública. No fue hasta hace poco que se introdujeron en el sistema jurídico mexicano algunas figuras de democracia directa, que en otros países tienen años de existir.

En México se vivió una concentración de poder en un solo partido bajo un régimen presidencial, que reflejaba claramente la falta de una verdadera democratización. Este autoritarismo tenía claro que una ciudadanía aletargada era la materia prima idónea para mantenerse en el poder, por ello la oposición del partido hegemónico siempre fue reiterativa para no permitir la transición de una democracia meramente formal, a otra donde la ciudadanía fuera realmente participativa. El voto fue, durante mucho tiempo, el único medio de acceso de los ciudadanos a las decisiones trascendentales de este País.

El sistema de partido hegemónico perpetuó la idea de que una democracia implica rapidez, y consentimiento total de la pluralidad, sin embargo sabemos de antemano que la pluralidad implica complejidad en las decisiones políticas, y que un total asentimiento de todos los actores políticos se puede interpretar como una imposición mayoritaria, lo cual resulta antidemocrático. Incluir a la ciudadanía a través de establecer figuras de innovación democrática fomenta una mayor comprensión de esta complejidad fortaleciendo, a largo plazo, la cultura democrática de la ciudadanía mexicana.

Base constitucional de la iniciativa ciudadana

Las iniciativas ciudadanas, en principio, reconocen a los ciudadanos el derecho de incitar leyes o decretos, cuando las mismas cuenten con el respaldo de por lo menos 0.13 % del padrón electoral nacional.

La iniciativa legislativa popular o iniciativa popular, también conocida como iniciativa ciudadana es un mecanismo de democracia participativa; se refiere a la posibilidad amparada en la constitución, de que los ciudadanos puedan presentarlas, sin ser representantes populares en sus respectivos congresos; las mismas deberán estar avaladas por una cantidad de firmas para que puedan ser tomadas en cuenta por su respectiva cámara legislativa. Dichas iniciativas pueden versar sobre asuntos públicos, como puede ser una reforma de un estatuto o una ley, o incluso una reforma constitucional.

Para tales efectos, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos contempla a la Iniciativa Ciudadana como un derecho, mismo que se encuentra contemplado en la fracción VII del artículo 35, que a la letra prevé:

Artículo 35. Son derechos del ciudadano:

VII. Iniciar leyes, en los términos y con los requisitos que señalen esta Constitución y la Ley del Congreso. El Instituto Federal Electoral tendrá las facultades que en esta materia le otorgue la Ley.

A su vez, la fracción IV del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos contempla la posibilidad de que los ciudadanos, en un número equivalente al cero punto trece por ciento de la lista nominal de electores, puedan iniciar leyes, mismo que establece a la letra:

Artículo 71. El derecho de iniciar leyes o decretos compete:

IV. A los ciudadanos en un número equivalente, por lo menos, al cero punto trece por ciento de la lista nominal de electores, en los términos que señalen las leyes.

Cabe señalar, que el Listado Nominal de Electores en la última elección presidencial (2012), registró la cantidad aproximada de 77´738,494 electores. De acuerdo a lo anterior, se requerirá por lo menos, de 1´010,600 firmas.

En agosto de 2012, el entonces Presidente de la República, Felipe de Jesús Calderón Hinojosa, firmó el decreto a través del cual se introdujeron figuras de democracia directa, tales como: la iniciativa ciudadana, las candidaturas independientes y la consulta popular. Es necesario resaltar que estas herramientas están, desde entonces, sin reglamentar por parte del Congreso de la Unión. Esta inactividad resulta una grave omisión legislativa que de continuar podría violentar el nuevo derecho de los ciudadanos para acceder a la agenda legislativa a través de la facultad de poder iniciar leyes.

Con esta reforma, de conformidad con la fracción IV, del artículo 71, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el derecho de iniciar leyes compete ahora también a los ciudadanos, en un número equivalente, por lo menos, al cero punto trece por ciento de la lista nominal de electores, asimismo el artículo 73, fracción XXIX, faculta al Congreso para legislar sobre la iniciativa ciudadana. Este nuevo derecho constitucional de los ciudadanos, como la facultad del Congreso para legislar sobre él, se incluyó en la reforma política promulgada el nueve de agosto de 2012, la cual constituye un hito en la historia de nuestro país y una gran oportunidad para el Poder Legislativo de acercarse a la ciudadanía.

El nuevo texto constitucional constituye un mandato improrrogable para las Cámaras que conforman al Congreso de la Unión, en lo particular, respecto a la iniciativa ciudadana, resulta imperante modificar la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como los Reglamentos de las Cámaras, a fin de establecer las normas necesarias para hacer operativa esta nueva herramienta que posibilita a la ciudadanía introducir propuestas para reformar al sistema jurídico mexicano.

Crear las reglas mínimas en la normatividad del Congreso, necesarias para hacer transitable la presentación, discusión, dictamen y aprobación de la iniciativa ciudadana, es una de las claves para trascender a una democracia de calidad en nuestro país.

Consideraciones Doctrinarias de la Iniciativa Ciudadana

Ahora bien, la doctrina reconoce dentro de sus diferentes clasificaciones a la Democracia Directa.

La Democracia Directa, “Es una forma de gobierno en la cual la sociedad tiene participación continua en el ejercicio directo del poder”.

En el campo de la democracia directa se señalan los siguientes conceptos relacionados:

Participación: “En principio, significa tomar parte, convertirse uno mismo en parte de una organización que reúne a más de una sola persona. Pero también significa “compartir” algo con alguien o, por lo menos, hacer saber a otros alguna noticia. De modo que la participación es un acto social," por lo tanto: La participación política: “Es un conjunto de actos y actitudes, enfocados a influir de una forma más o menos indirecta, y legal sobre las decisiones del poder en el sistema político, con la clara intención de preservar o incidir en la estructura del sistema de intereses regularmente dominante”; por lo que la participación política y ciudadana comparten la misma definición general.

Quienes gozan de derechos políticos son exclusivamente los ciudadanos, es decir, al expresar lo relativo a la participación ciudadana, nos referimos a la acción que realizan dichos sujetos, quienes son reconocidos como únicos entes capaces de participar y ejercer derechos políticos, concretando así su participación.

Norberto Bobbio define a la democracia como: “un conjunto de reglas procedimentales para la toma de decisiones colectivas en el que está prevista y propiciada la más alta participación posible de los ciudadanos”, en ese sentido el Estado, y en particular el Poder Legislativo, tiene la responsabilidad de potenciar los principios democráticos, a través de establecer y desarrollar reglas procedimentales necesarias para que los ciudadanos participen de manera plena. El hecho de que el Senado de la República establezca las reglas procedimentales para que los ciudadanos participen en la elaboración y discusión de iniciativas es un hito en la historia de las instituciones de nuestro País.

Según José Antonio Crespo la iniciativa popular es abrirle el campo de discusión y la aprobación de leyes y reglamentos a la ciudadanía, incorporando a la ciudadanía a los procesos formales con el objetivo de que sea incorporada a la agenda legislativa. Incluir a la ciudadanía directamente en la agenda legislativa fortalecerá la cultura política de nuestro país.

Para esto, existen dos tipos de iniciativa ciudadana: la directa y la indirecta. La primera es la aprobación o rechazo de la iniciativa por parte de la ciudadanía a través de una consulta popular. La segunda consiste en presentar una iniciativa de ley a las Cámaras para que se apruebe, rechace o modifique. En países como Colombia se pueden presentar reformas constitucionales con la aprobación de la mitad del Congreso para que se presente a referéndum. En el caso de Uruguay permite que una propuesta de ley sea aprobada o rechazada, sin la necesidad de que pase por el Poder Legislativo.

Establecer un procedimiento normativo para hacer operativa la reforma política en materia de iniciativa ciudadana, abrirá la Cámara de Senadores a todos aquellos que representa, a fin de que éstos sientan mayor inclusión, contacto y cercanía con una de las instituciones políticas más importantes del Estado mexicano.

En general, todos los parlamentos a nivel mundial tienen la obligación de acercarse a quienes representan para así pasar de los grandes y cerrados foros de deliberación a los espacios abiertos donde no sólo las propuestas sino también el debate sean públicos. Es así como se constituye la democracia funcional, el cual incluye ciudadanos y el poder político que pueden ejercer en este sistema, diversos políticos legítimos e instituciones sanas y fuertes. Pero la calidad de la democracia se puede medir, de acuerdo con Leonardo Molino, por tres grandes esferas: procedimientos, contenido y resultados.

Para ejercer el derecho a la iniciativa ciudadana es ineludible saber el origen y la cantidad de las firmas necesitan los ciudadanos para presentar la propuesta. En el caso de la Unión Europea se definen con números absolutos y depende de los países el número de firmas que se necesitan, sin embargo, en América Latina es con base a un cierto porcentaje del Padrón Electoral. En el caso de Guatemala solo se exigen 5,000 firmas, en contraposición, Argentina recolecta firmas que provenga de seis diferentes distritos y les exigen 1.5 por ciento de firmas.

Muchas de las leyes secundarias de diversos países incluyen un apoyo por parte del Estado para la difusión, en el caso específico de Perú y Paraguay, existe un remuneración para patrocinar las iniciativas. A los ciudadanos de Perú se les brinda el apoyo siempre y cuando hayan reunido un número de firmas mínimas, en cambio, en el caso de Paraguay únicamente si se aprueba la iniciativa.

Se considera que la normatividad referente a la iniciativa ciudadana debe ser instrumentada, en su parte más esencial, dentro de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; cuestiones más especificas se deberán establecer en los reglamentos de cada Cámara que conforman al Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, lo anterior toda vez que la Ley Orgánica, es un ordenamiento cuya modificación le compete a ambas Cámaras, mientras que la modificación de los reglamentos es unicameral, constituiría un error no establecer las bases generales de la iniciativa ciudadana en la ley orgánica y sólo fijarlas dentro de un reglamento, pues esto debilitaría el derecho ciudadano constitucional de presentar iniciativa.

Es necesario señalar que el numeral 2, del artículo 171, del Reglamento del Senado de la Republica establece que:

Las iniciativas que se refieren a modificaciones a la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos se presentan en forma separada de cualquier otra”.

En virtud de lo anterior la reforma que modifica el Reglamento del Senado de la República se hace por separado, pero sustentada bajo la misma exposición de motivos, por tratarse del mismo tema.

La iniciativa ciudadana en las Entidades Federativas

Ahora bien, en México las iniciativas ciudadanas no son algo novedoso. En efecto, el sistema federal mexicano reconoce a la iniciativa popular en los Estados de; Aguascalientes, Colima, Durango, Michoacán, Puebla, Veracruz, Baja California, Chihuahua, Guanajuato, Morelos, Tabasco, Yucatán, Coahuila, Distrito Federal, Guerrero, Nayarit, Tamaulipas y Zacatecas.

Por ejemplo, en dichas entidades, el número de firmas que deben avalar las iniciativas populares (ciudadanas), son los siguientes:

Entidad

Ciudadanos inscritos en el Padrón Electoral

Aguascalientes

1%

Baja California

500 ciudadanos

Chiapas

1.5%

Distrito Federal (Ciudad de México)

0.4%

Durango y Guanajuato

3%

Guerrero

0.2%

Jalisco

0.5%

Morelos

3%

Quintana Roo

2.5%

Sonora

1%

Tabasco

10%

Tamaulipas

1%

Veracruz

0.2%

Yucatán

Entre el 0.3% al 2% dependiendo el tipo de iniciativa

Zacatecas

Entre 100 a 500 ciudadanos dependiendo el tipo de iniciativa

Por otro lado, en el Distrito Federal, se reconoce el derecho de iniciativa popular en el artículo 46 fracción IV de su Estatuto de Gobierno del Distrito Federal, mismo que reza:

ARTICULO 46.- El derecho de iniciar leyes y decretos ante la Asamblea Legislativa del Distrito

Federal corresponde:

IV. A través de la iniciativa popular, los ciudadanos del Distrito Federal podrán presentar a la Asamblea Legislativa, proyectos de leyes respecto de las materias de la competencia legislativa de la misma …

En años recientes, se ha contemplado la posibilidad de implementar un mayor grado de participación de la sociedad en su conjunto, es decir de la ciudadanía en temas de interés nacional, a través de reformas al Marco Constitucional y legal.

Como consecuencia de lo anterior, se estima que de esta manera, la población en su mayoría no seguirá delegando en su totalidad las funciones de decisión al gobierno, asumiendo paulatinamente la responsabilidad y el derecho de involucrase en tareas políticas, jurídicas y económicas cuyo único objetivo sea el beneficiar a nuestro país.

Por ello, el principal objetivo de esta iniciativa es presentar una propuesta de reforma que instrumente a la iniciativa ciudadana, que desarrolle de la manera integral la reforma constitucional de merito con base en la experiencia política mexicana y la metodología existente en otros países.

En dichas modificaciones constitucionales, se introdujo en el apartado de los derechos del ciudadano como ya se indicó, -adición de la fracción VII-, como prerrogativa fundamental de naturaleza política, -entro otras-, la consistente en iniciar leyes, en los términos que señalen la constitución y la Ley del Congreso.

Sin embargo, el texto fundamental, solamente fijó las bases mínimas para su desarrollo y delegó al legislador ordinario la instrumentación de aquélla figura de participación ciudadana.

La necesidad de elaborar a la brevedad las reformas que materialicen esa disposición fundamental, surge, precisamente de la naturaleza que se dio a la prerrogativa ciudadana indicada, pues se trata de un derecho humano.

Es así, porque el constituyente incluyó aquélla como una forma de participación de los ciudadanos en los asuntos públicos de la nación y la colocó junto con la demás facultades activas que esas personas tienen garantizadas en la constitución, es decir, en todos los casos, se trata de derechos subjetivos públicos tutelados por el ordenamiento fundamental de la república.

En ese tenor, la Convención Americana de Derechos Humanos (Pacto de San José), su apartado 23, titulado de los derechos políticos, reconoce tal, la facultad de participar en los asuntos públicos directamente -o a través de representantes-1.

La iniciativa ciudadana, es una prerrogativa de naturaleza política, porque permite que los ciudadanos participen directa y activamente en los asuntos trascendentales de la nación mediante la propuesta de leyes o modificaciones y adiciones a las ya existentes.

Así, es pertinente destacar que el artículo 1 del texto rector del orden jurídico mexicano, precisa, por un lado que, en los Estados Unidos Mexicanos, todas las personas gozarán de los derechos reconocidos en la Constitución y en los Tratados Internacionales en los que nuestro Estado sea parte, así como de las garantías que se estatuyan para su protección y, por otro, que todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad.

Entonces, al tratarse de un derecho fundamental, es que se propone que se lleve a cabo a la brevedad, el procedimiento legislativo que instrumente el ejercicio de esa prerrogativa humana brindada por el constituyente permanente a los ciudadanos de la República, de tal forma que, a su vez, el Congreso General cumpla con la obligación de respeto y promoción que como autoridad tiene al respecto.

Reforma a la Ley Orgánica del Congreso General de los EstadosUnidos Mexicanos

Dentro del cuerpo de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se propone establecer lo más sustantivo respecto a la iniciativa ciudadana, será necesario adicionar un Titulo Quinto, denominado “De las reglas comunes a las Cámaras respecto a la iniciativa Ciudadana”, éste constará de un Capítulo único, el cual contendrá:

• Qué se entiende por aval ciudadano, representante e Iniciativa Ciudadana;

• Cuáles son las obligaciones de las Cámaras del Congreso respecto a la iniciativa ciudadana;

• Término para emitir dictamen y modalidades de prorroga;

• Facultad de las Cámaras para establecer medios de convalidación de las firmas que avalan la iniciativa ciudadana;

• Establecimiento de un órgano de apoyo al ciudadano para la corrección técnica y formal de las iniciativas que pretendan presentar.

• Resulta necesario distinguir, dentro de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, entre aval ciudadano, y representante de iniciativa ciudadana, lo anterior con el objeto de diferenciar entre el ciudadano que firma para que la iniciativa pueda cumplir con el requisito de procedencia del cual se habla en la fracción IV del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y el representante (que puede ser persona física u organización de la sociedad civil) quien estará encargado de recabar firmas, solicitar inscripción y recibir cualquier tipo de notificación respecto a la iniciativa en proceso de dictamen.

• Se propone establecer como requisito para avalar una iniciativa ciudadana ser ciudadano mexicano en pleno goce de sus derechos civiles y políticos al momento de firmar la propuesta.

• Para ser representante de una iniciativa ciudadana se pide el mismo requisito de ser ciudadano en pleno goce de sus derechos civiles y políticos, en el caso de que sea una Organización de la Sociedad Civil quién promueva la presentación de una iniciativa ciudadana, ésta deberá cumplir con lo dispuesto por la Ley de Fomento a las Actividades de la Sociedad Civil.

Las Cámaras que conforman el Congreso de la Unión, no debe ser vista como un foro lejano al ciudadano, por el contrario debe transformarse a fin de generar un acercamiento real con la ciudadanía, en ese sentido regular la iniciativa ciudadana será un primer paso para hacerlo.

Las instituciones políticas no conseguiremos mayor confianza ciudadana si no nos modernizamos, si no permitimos la apertura de los procesos de deliberación y toma de decisión a los que han delegado en nosotros el rumbo del País, incluir la visión ciudadana abonará no sólo en una democracia más sólida sino en una ciudadanía fuerte.

Por lo expuesto, y con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como los artículos 8° numeral 1, fracción I, 164 numeral 1, 169, 171 y 172 del Reglamento del Senado de la República, sometemos a la consideración del pleno de la Cámara de Senadores, el siguiente proyecto de:

DECRETO

Por el que se adiciona el Título Quinto, Capítulo Unico a la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar de la siguiente forma:

Artículo Unico. Se adiciona el Título Quinto, Capitulo Unico a la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

TITULO QUINTO

De las reglas comunes a las Cámaras respecto a la iniciativa Ciudadana

CAPITULO UNICO

ARTICULO 136.

Las Cámaras del Congreso de la Unión establecerán los procedimientos aplicables para dar trámite a las iniciativas a las que se refiere la fracción IV, del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; deberán incluir a la ciudadanía en cada una de las etapas del procedimiento que determinen en sus respectivos reglamentos.

ARTICULO 137.

Se considera como iniciativa ciudadana aquella que cuenta con el aval de un número equivalente, por lo menos, al cero punto trece por ciento de la lista nominal de electores.

Para avalar una iniciativa los ciudadanos deberán estampar, de manera autógrafa, su firma, nombre y número de credencial de elector al final de la misma.

Las iniciativas a las que se refiere el presente título deberán contar con un representante que sea ciudadano mexicano en pleno goce de sus derechos civiles y políticos, o por organizaciones de la sociedad civil legalmente constituidas, en los términos que señalen los reglamentos de cada una de las Cámaras del Congreso.

ARTICULO 138.

El Instituto Federal Electoral informará de manera oficial dentro de los primeros quince días del primer mes del año cuál es el número equivalente al cero punto trece por ciento de la lista nominal de electores. Las Cámaras que integran al Congreso de la Unión tomarán como referencia dicho número para admitir a trámite las iniciativas ciudadanas que se le presenten.

ARTICULO 139.

Las Cámaras tienen la facultad de establecer los procedimientos de verificación del aval ciudadano, a efecto de convalidar las firmas que acreditan la presentación de una iniciativa ciudadana.

El Instituto Federal Electoral coadyuvará en todo lo necesario a las Cámaras del Congreso para convalidar las firmas que avalen una iniciativa ciudadana en los términos que señalen los reglamentos de cada una las Cámaras.

ARTICULO 140.

Las Cámaras del Congreso tendrán la obligación de difundir mediante todos los canales informativos que tengan a su disposición tanto el procedimiento para presentar una iniciativa ciudadana como el número de firmas necesario para que pueda ser presentada una iniciativa ciudadana.

ARTICULO 141.

Las Cámaras del Congreso buscarán que el procedimiento que establezcan para dar trámite a las iniciativas a las que se refiere este capítulo facilite y no entorpezca el ejercicio del derecho que tiene la ciudadanía de iniciar leyes.

ARTICULO 142.

El plazo para dictaminar la iniciativa ciudadana es de 30 días hábiles a partir de su presentación, prorrogables de conformidad con la normatividad de cada una de las Cámaras.

ARTICULO 143.

La Mesa Directiva de cada una de las Cámaras del Congreso de la Unión establecerán y harán públicos los recursos de apoyo técnico que pondrán a disposición de la ciudanía para la elaboración de iniciativas ciudadanas, con el fin de que éstas cuenten con los elementos técnicos y formales al momento de ser presentadas en la Cámara que la ciudadanía elija como de origen.

ARTICULO 144.

Una vez presentadas, las Cámaras del Congreso darán difusión a las iniciativas ciudadanas mediante todos los canales informativos que tengan a su disposición.

TRANSITORIOS

Primero. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. El Instituto Federal Electoral, en los quince días siguientes de la publicación del presente decreto, deberá remitir de manera oficial a las Cámaras del Congreso cuál es el número equivalente al cero punto trece por ciento de la lista nominal de electores.

Tercero. Las Cámaras del Congreso tendrán 60 días hábiles, a partir de la entrada en vigor del presente decreto, para realizar las adecuaciones reglamentarias necesarias a fin de hacer operativala iniciativa ciudadana.

México, Distrito Federal, a 26 de febrero de 2013.

Atentamente

Sen. Marcela Torres Peimbert.- Sen. Javier Corral Jurado.- Sen. Ernesto Ruffo Appel.- Sen. Héctor Larios Córdova.- Sen. Daniel Gabriel Avila Ruiz.- Sen. Manuel Camacho Solís.- Sen. Laura Angélica Rojas Hernández.- Sen. Alejandro Tello Cristerna.- Sen. Roberto Armando Albores Gleason.- Sen. Jorge Luis Preciado Rodríguez.- Sen. Arely Gómez González.- Sen. Pablo Escudero Morales”.

1Artículo 23. Derechos Políticos

1. Todos los ciudadanos deben gozar de los siguientes derechos y oportunidades:

a) de participar en la dirección de los asuntos públicos, directamente o por medio de representantes libremente elegidos;





 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN LOS ARTICULOS 73, 163, 164, 165, 169, 184, 212, 214, 216 Y 220 DEL REGLAMENTO DEL SENADO DE LA REPUBLICA

(Presentada por la C. Senadora María Marcela Torres Peimbert, a nombre propio y de los CC. Senadores Javier Corral Jurado, Ernesto Ruffo Appel, Héctor Larios Córdova, Daniel Gabriel Avila Ruiz, Jorge Luis Preciado Rodríguez, Laura Angélica Rojas Hernández, Arely Gómez González, Alejandro Tello Cristerna, Roberto Armando Albores Gleason, Pablo Escudero Morales y Manuel Camacho Solís)

- La C. Senadora María Marcela Torres Peimbert: Muchas gracias, señor Presidente; compañeras y compañeros Senadores:

La presente iniciativa cuenta con el apoyo de Senadores y Senadoras de todos los grupos parlamentarios.

Los Senadores Javier Corral Jurado, Ernesto Ruffo Appel, Héctor Larios Córdova, Daniel Avila Ruiz, Laura Angélica Rojas Hernández, Arely Gómez González, Alejandro Tello Cristerna, Roberto Armando Albores, Manuel Camacho Solís, Ana Gabriela Guevara Espinoza, Benjamín Robles Montoya.

También cuenta con el apoyo de los Presidentes de las Comisiones Anticorrupción y Participación Ciudadana, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias y de Defensa Nacional, el Senador Pablo Escudero, el Senador Jorge Luis Preciado y el Senador Fernando Yunes.

El Poder Legislativo es un órgano del Estado en el cual confluyen todas las fuerzas políticas de un país, la pluralidad se encuentra representada con sus mayorías y minorías en el Congreso.

En el Pleno de ambas Cámaras todos tienen voz al igual que voto, en resumen, el Congreso es el poder más democrático del Estado, sin embargo, cifras del Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública de la Cámara de Diputados de abril de 2012, revelan que las Cámaras del Congreso de la Unión se encuentran, junto con los partidos políticos, en los dos últimos lugares de confianza ciudadana.

El papel representativo y democrático del Congreso se encuentra en crisis, la ciudadanía no se siente representada por él, no importa que el Congreso en sus dos Cámaras tenga como principio ser un foro de deliberación sobre cuestiones trascendentales de interés público.

El ciudadano mexicano ve con desprecio a uno de los engranes fundamentales de la democracia.

Con la promulgación de las modificaciones constitucionales en materia de reforma política el pasado 9 de agosto de 2012, los legisladores cumplimos tan sólo una parte de la obligación histórica que tenemos con la ciudadanía, crear los puentes necesarios para trascender a una democracia de calidad donde las y los ciudadanos sean el centro de la acción política y del debate público.

A casi seis meses después de la publicación del Decreto, salvo la propuesta de ley presentada por la Senadora Dolores Padierna, para hacer operativa la consulta popular, y la presente iniciativa hemos sido omisos con el trabajo por hacer.

Las reformas que realizó el Constituyente Permanente nos obligan a establecer en el sistema jurídico todo lo necesario para hacer operativas estas nuevas herramientas. Por ello, hoy, a nombre de mis compañeros vengo a exponer, y motivada por el trabajo comprometido de organizaciones ciudadanas que pertenecen al colectivo Reforma Política Ya, a las organizaciones ciudadanas DHP, Tejiendo Alas, al Consejo Consultivo Ciudadano del Estado de Hidalgo, entre muchas otras, y ante el Pleno de esta Soberanía, una propuesta para transformarnos como Cámara y como Congreso, una oportunidad para estar más cerca de aquellos que el día de ayer depositaron un voto de confianza en nosotros.

La razón del por qué los ciudadanos no se sienten representados en el Congreso es muy simple. Hay una creencia generalizada de que las y los legisladores vivimos en un mundo diferente al del ciudadano y, por tanto, no podemos comprender sus necesidades y preocupaciones.

Con el establecimiento, en una normatividad del Congreso, de un procedimiento sencillo que potencie el derecho ciudadano de iniciar leyes, estamos transformando a las Cámaras de Senadores y Diputados en un parlamento democrático moderno.

Esto porque gracias a esta iniciativa podremos atender las demandas ciudadanas que nos sean expuestas. Trascendamos de ser un foro de debate cerrado a otro de debate público e incluyente con la ciudadanía.

El procedimiento para tramitar una iniciativa ciudadana que proponemos en esta reforma, es un medio que garantiza la participación de la sociedad en todas las etapas del procedimiento legislativo; fortaleciendo la capacidad institucional de responder inmediatamente a las propuestas de la ciudadanía.

La reforma política, tanto en los temas aprobados como en los temas que quedaron pendientes, constituye un esfuerzo del Estado para reconciliarse con su ciudadanía; el de hoy es tan sólo un pequeño paso en ese camino, como un acto de lucidez, en beneficio de todas y de todos, realicemos los cambios necesarios al sistema jurídico, actuemos el día de hoy no como legisladores, sino como ciudadanos y ciudadanas que somos, demos a todos la oportunidad de acceder a este foro de debate y discusión de los asuntos públicos trascendentales, realicemos un acto de justicia para con la ciudadanía.

La construcción de la ciudadanía es una práctica constante, la cual se realiza ejerciendo nuestros derechos y obligaciones para la construcción del bien común; por ello es ineludible la creación de mecanismos para reducir la fragmentación social y cultural que existe entre la clase política y la sociedad civil.

Para llegar a este punto, se necesita promover la cultura política, donde los y las mexicanas podamos actuar colectivamente en asuntos públicos. La sociedad civil necesita tomar la palabra, crear propuestas, como un primer paso para eliminar la brecha que existe entre la clase política y la ciudadanía.

Con la influencia de la ciudadanía en la agenda legislativa podremos transitar de una democracia representativa a una democracia participativa; donde la iniciativa ciudadana sea parte de una versatilidad en la gobernanza democrática para mejorar la transparencia y la rendición de cuentas, garantizando la inclusión de la voz de todos y todas las ciudadanas.

Proponemos reformar la Ley Orgánica del Congreso y el Reglamento del Senado. En la Ley Orgánica se pretende adicionar un Título Quinto, denominado "De las Reglas Comunes a las Cámaras" respecto a una iniciativa ciudadana, este constará de un Capítulo Unico en el cual se busca establecer lo más sustantivo referente a la iniciativa ciudadana.

En el Reglamento del Senado proponemos establecer el procedimiento específico para tramitar las iniciativas que presente la ciudadanía ante esta Cámara.

Las instituciones políticas no conseguiremos mayor confianza ciudadana si no nos modernizamos, si no permitimos la apertura de los procesos de deliberación y toma de decisión a los que han delegado en nosotros el rumbo del país.

Posibilitar a la y el ciudadano para que presente iniciativas ante este Congreso abonará no sólo en una democracia más sólida sino en una ciudadanía más fuerte.

Es cuanto, señor Presidente.

(Aplausos)

Iniciativa

“CC. SECRETARIOS DE LA MESA DIRECTIVA
DEL SENADO DE LA REPUBLICA
DEL H. CONGRESO DE LA UNION
PRESENTES.

Marcela Torres Peimbert, Javier Corral Jurado, Ernesto Ruffo Appel, Héctor Larios Córdova, Daniel Avila Ruiz, Jorge Luis Preciado Rodríguez Laura Angélica Rojas Hernández, Arely Gómez González, Alejandro Tello Cristerna, Roberto Armando Albores Gleason, Pablo Escudero Morales y Manuel Camacho SolísSenadores de la República para la LXII Legislatura del Congreso de la Unión e integrantes de los grupos parlamentarios del Partido Acción Nacional, Partido Revolucionario Institucional, Partido Verde Ecologista de México y Partido de la Revolución Democrática con fundamento en el artículo 71 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como los artículos 8° numeral 1, fracción I, 164 numeral 1, 169 y 172 del Reglamento del Senado de la República, sometemos a la consideración de esta Soberanía, la siguiente Iniciativa con Proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones al Reglamento del Senado de la República con el objeto de establecer las normas necesarias para procesar la iniciativa ciudadana, al tenor de la siguiente:

Exposición de Motivos

El Poder Legislativo es un órgano del Estado en el cual confluyen todas las fuerzas políticas de un País, la pluralidad de un Estado democrático se encuentra representada con sus mayorías y minorías en el Congreso. En el Pleno de ambas Cámaras, todos tienen voz al igual que voto, es decir, el Congreso es el Poder más democrático del Estado. Sin embargo cifras del Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública de la Cámara de Diputados de abril de 2012, revelan que las Cámaras del Congreso de la Unión se encuentran, junto con los partidos políticos, en los dos últimos lugares de confianza ciudadana.

El papel representativo y democrático del Congreso se encuentra en crisis, la ciudadanía no se siente representada por él, aunque su composición sea un reflejo la diversidad de opiniones políticas en la sociedad. No importa que el Congreso, en sus dos Cámaras, tenga como principio ser un foro de deliberación sobre cuestiones trascendentales de interés público, los mexicanos vemos con desprecio a uno de los engranes fundamentales de la democracia mexicana.

La reforma política en tema de iniciativa ciudadana en el sistema político mexicano crea elementos necesarios para que exista una versatilidad en la gobernanza democrática, donde se crean reglas claras para poder evitar conflictos, para la toma de decisiones dentro de las instituciones y de esta forma se mejoren las relaciones de cooperación entre el Poder Ejecutivo y Legislativo. Así como mejorar la transparencia, la rendición de cuentas y garantizar una mayor participación ciudadana.

En este sentido, la reforma política puede afectar el desempeño y calidad de un régimen democrático. Este desempeño depende en gran parte de la capacidad de los representantes para promover diversas políticas públicas reflejando las preferencias del electorado, pero también depende de los instrumentos de participación política que los ciudadanos tienen para influir dentro del régimen político.

En el anterior párrafo hablamos sobre dos pilares fundamentales: gobernabilidad y representación. En cuanto a la gobernabilidad no solo son necesarias decisiones oportunas y eficientes sino también que exista un apoyo por parte de la sociedad, donde la representación se encuentre en la pluralidad.

Los políticos constantemente expresan su preocupación respecto a que la ciudadanía no participa lo suficiente en la política, sin embargo cuando se propone empoderarla a través de producir más y mejores medios de participación, la negación es rotunda, las instituciones políticas permanecen intocadas frente a una sociedad cambiante.

A diferencia de las democracias en otros países, la mexicana es una democracia sui generis, sin referéndum, plebiscito, revocación del mandato y reelección legislativa, entre otros. El sistema político mexicano y las normas que lo rigen, mantuvieron al mínimo la participación de los ciudadanos en el debate y la agenda pública. No fue hasta hace poco que se introdujeron en el sistema jurídico mexicano algunas figuras de democracia directa, que en otros países tienen años de existir.

En México se vivió una concentración de poder en un solo partido bajo un régimen presidencial, que reflejaba claramente la falta de una verdadera democratización. Este autoritarismo tenía claro que una ciudadanía aletargada era la materia prima idónea para mantenerse en el poder, por ello la oposición del partido hegemónico siempre fue reiterativa para no permitir la transición de una democracia meramente formal, a otra donde la ciudadanía fuera realmente participativa. El voto fue, durante mucho tiempo, el único medio de acceso de los ciudadanos a las decisiones trascendentales de este País.

El sistema de partido hegemónico perpetuó la idea de que una democracia implica rapidez, y consentimiento total de la pluralidad, sin embargo sabemos de antemano que la pluralidad implica complejidad en las decisiones políticas, y que un total asentimiento de todos los actores políticos se puede interpretar como una imposición mayoritaria, lo cual resulta antidemocrático. Incluir a la ciudadanía a través de establecer figuras de innovación democrática fomenta una mayor comprensión de esta complejidad fortaleciendo, a largo plazo, la cultura democrática de la ciudadanía mexicana.

Base constitucional de la iniciativa ciudadana

Las iniciativas ciudadanas, en principio, reconocen a los ciudadanos el derecho de incitar leyes o decretos, cuando las mismas cuenten con el respaldo de por lo menos 0.13 % del padrón electoral nacional.

La iniciativa legislativa popular o iniciativa popular, también conocida como iniciativa ciudadana es un mecanismo de democracia participativa; se refiere a la posibilidad amparada en la constitución, de que los ciudadanos puedan presentarlas, sin ser representantes populares en sus respectivos congresos; las mismas deberán estar avaladas por una cantidad de firmas para que puedan ser tomadas en cuenta por su respectiva cámara legislativa. Dichas iniciativas pueden versar sobre asuntos públicos, como puede ser una reforma de un estatuto o una ley, o incluso una reforma constitucional.

Para tales efectos, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos contempla a la Iniciativa Ciudadana como un derecho, mismo que se encuentra contemplado en la fracción VII del artículo 35, que a la letra prevé:

Artículo 35. Son derechos del ciudadano:

VII. Iniciar leyes, en los términos y con los requisitos que señalen esta Constitución y la Ley del Congreso. El Instituto Federal Electoral tendrá las facultades que en esta materia le otorgue la Ley.

A su vez, la fracción IV del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos contempla la posibilidad de que los ciudadanos, en un número equivalente al cero punto trece por ciento de la lista nominal de electores, puedan iniciar leyes, mismo que establece a la letra:

Artículo 71. El derecho de iniciar leyes o decretos compete:

IV. A los ciudadanos en un número equivalente, por lo menos, al cero punto trece por ciento de la lista nominal de electores, en los términos que señalen las leyes.

Cabe señalar, que el Listado Nominal de Electores en la última elección presidencial (2012), registró la cantidad aproximada de 77´738,494 electores. De acuerdo a lo anterior, se requerirá por lo menos, de 1´010,600 firmas.

En agosto de 2012, el entonces Presidente de la República, Felipe de Jesús Calderón Hinojosa, firmó el decreto a través del cual se introdujeron figuras de democracia directa, tales como: la iniciativa ciudadana, las candidaturas independientes y la consulta popular. Es necesario resaltar que estas herramientas están, desde entonces, sin reglamentar por parte del Congreso de la Unión. Esta inactividad resulta una grave omisión legislativa que de continuar podría violentar el nuevo derecho de los ciudadanos para acceder a la agenda legislativa a través de la facultad de poder iniciar leyes.

Con esta reforma, ahora de conformidad con la fracción IV, del artículo 71, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el derecho de iniciar leyes compete ahora también a los ciudadanos, en un número equivalente, por lo menos, al cero punto trece por ciento de la lista nominal de electores, asimismo el artículo 73, fracción XXIX, faculta al Congreso para legislar sobre la iniciativa ciudadana. Este nuevo derecho constitucional de los ciudadanos, como la facultad del Congreso para legislar sobre él, se incluyó en la reforma política promulgada el nueve de agosto de 2012, la cual constituye un hito en la historia de nuestro país y una gran oportunidad para el Poder Legislativo de acercarse a la ciudadanía.

El nuevo texto constitucional constituye un mandato improrrogable para las Cámaras que conforman al Congreso de la Unión, en lo particular, respecto a la iniciativa ciudadana, resulta imperante modificar la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como los Reglamentos de las Cámaras, a fin de establecer las normas necesarias para hacer operativa esta nueva herramienta que posibilita a la ciudadanía introducir propuestas para reformar al sistema jurídico mexicano.

Crear las reglas mínimas en la normatividad del Congreso, necesarias para hacer transitable la presentación, discusión, dictamen y aprobación de la iniciativa ciudadana, es una de las claves para trascender a una democracia de calidad en nuestro país.

Consideraciones Doctrinarias de la Iniciativa Ciudadana

Ahora bien, la doctrina reconoce dentro de sus diferentes clasificaciones a la Democracia Directa.

La Democracia Directa, “Es una forma de gobierno en la cual la sociedad tiene participación continua en el ejercicio directo del poder”.

En el campo de la democracia directa se señalan los siguientes conceptos relacionados:

Participación: "En principio, significa tomar parte, convertirse uno mismo en parte de una organización que reúne a más de una sola persona. Pero también significa "compartir" algo con alguien o, por lo menos, hacer saber a otros alguna noticia. De modo que la participación es un acto social," por lo tanto: La participación política: "Es un conjunto de actos y actitudes, enfocados a influir de una forma más o menos indirecta, y legal sobre las decisiones del poder en el sistema político, con la clara intención de preservar o incidir en la estructura del sistema de intereses regularmente dominante”; por lo que la participación política y ciudadana comparten la misma definición general.

Quienes gozan de derechos políticos son exclusivamente los ciudadanos, es decir, al expresar lo relativo a la participación ciudadana, nos referimos a la acción que realizan dichos sujetos, quienes son reconocidos como únicos entes capaces de participar y ejercer derechos políticos, concretando así su participación.

Norberto Bobbio define a la democracia como: “un conjunto de reglas procedimentales para la toma de decisiones colectivas en el que está prevista y propiciada la más alta participación posible de los ciudadanos”, en ese sentido el Estado, y en particular el Poder Legislativo, tiene la responsabilidad de potenciar los principios democráticos, a través de establecer y desarrollar reglas procedimentales necesarias para que los ciudadanos participen de manera plena. El hecho de que el Senado de la República establezca las reglas procedimentales para que los ciudadanos participen en la elaboración y discusión de iniciativas es un hito en la historia de las instituciones de nuestro País.

Según José Antonio Crespo la iniciativa popular es abrirle el campo de discusión y la aprobación de leyes y reglamentos a la ciudadanía, incorporando a éstos en los procesos formales con el objetivo de que sea incorporada a la agenda legislativa. Incluir a la ciudadanía directamente en la agenda legislativa fortalecerá la cultura política de nuestro país.

Para esto, existen dos tipos de iniciativa ciudadana: la directa y la indirecta. La primera es la aprobación o rechazo de la iniciativa por parte de la ciudadanía a través de una consulta popular. La segunda consiste en presentar una iniciativa de ley a las Cámaras para que se apruebe, rechace o modifique. En países como Colombia se pueden presentar reformas constitucionales con la aprobación de la mitad del Congreso para que se presente a referéndum. En el caso de Uruguay permite que una propuesta de ley sea aprobada o rechazada, sin la necesidad de que pase por el Poder Legislativo.

Establecer un procedimiento normativo para hacer operativa la reforma política en materia de iniciativa ciudadana, abrirá la Cámara de Senadores a todos aquellos que representa, a fin de que éstos sientan mayor inclusión, contacto y cercanía con una de las instituciones políticas más importantes del Estado mexicano.

En general, todos los parlamentos a nivel mundial tienen la obligación de acercarse a quienes representan para así pasar de los grandes y cerrados foros de deliberación a los espacios abiertos donde no sólo las propuestas sino también el debate sean públicos. Es así como se constituye la democracia funcional, la cual incluye ciudadanos e instituciones sanas y fuertes. Pero la calidad de la democracia se puede medir, de acuerdo con Leonardo Molino, por tres grandes esferas: procedimientos, contenido y resultados.

Para ejercer el derecho a la iniciativa ciudadana es ineludible saber el origen y la cantidad de las firmas necesitan los ciudadanos para presentar la propuesta. En el caso de la Unión Europea se definen con números absolutos y depende de los países el número de firmas que se necesitan, sin embargo, en América Latina es con base a un cierto porcentaje del Padrón Electoral. En el caso de Guatemala solo se exigen 5,000 firmas, en contraposición, Argentina recolecta firmas que provenga de seis diferentes distritos y les exigen 1.5 por ciento de firmas.

Muchas de las leyes secundarias de diversos países incluye un apoyo por parte del Estado para la difusión, en el caso específico de Perú y Paraguay, existe un remuneración para patrocinar las iniciativas. A los ciudadanos de Perú se les brinda el apoyo siempre y cuando hayan reunido un número de firmas mínimas, en cambio, en el caso de Paraguay únicamente si se aprueba la iniciativa.

Se considera que la normatividad referente a la iniciativa ciudadana debe ser instrumentada, en su parte más esencial, dentro de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; cuestiones más específicas se deberán establecer en los reglamentos de cada Cámara que conforman al Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, lo anterior toda vez que la Ley Orgánica, es un ordenamiento cuya modificación le compete a ambas Cámaras, mientras que la modificación de los reglamentos es unicameral, constituiría un error no establecer las bases generales de la iniciativa ciudadana en la ley orgánica y sólo fijarlas dentro de un reglamento, pues esto debilitaría el derecho ciudadano de presentar iniciativa.

Es necesario señalar que el numeral 2, del artículo 171, del Reglamento del Senado de la Republica establece que:

Las iniciativas que se refieren a modificaciones a la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos se presentan en forma separada de cualquier otra.

En virtud de lo anterior la reforma que modifica la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se hace por separado, pero sustentada bajo la misma exposición de motivos, por tratarse del mismo tema.

La iniciativa ciudadana en las Entidades Federativas

Ahora bien, en México las iniciativas ciudadanas no son algo novedoso. En efecto, el sistema federal mexicano reconoce a la iniciativa popular en los Estados de; Aguascalientes, Colima, Durango, Michoacán, Puebla, Veracruz, Baja California, Chihuahua, Guanajuato, Morelos, Tabasco, Yucatán, Coahuila, Distrito Federal, Guerrero, Nayarit, Tamaulipas y Zacatecas.

Por ejemplo, en dichas entidades, el número de firmas que deben avalar las iniciativas populares (ciudadanas), son los siguientes:

Entidad

Ciudadanos inscritos en el Padrón Electoral

Aguascalientes

1%

Baja California

500 ciudadanos

Chiapas

1.5%

Distrito Federal (Ciudad de México)

0.4%

Durango y Guanajuato

3%

Guerrero

0.2%

Jalisco

0.5%

Morelos

3%

Quintana Roo

2.5%

Sonora

1%

Tabasco

10%

Tamaulipas

1%

Veracruz

0.2%

Yucatán

Entre el 0.3% al 2% dependiendo el tipo de iniciativa

Zacatecas

Entre 100 a 500 ciudadanos dependiendo el tipo de iniciativa

Por otro lado, en el Distrito Federal, se reconoce el derecho de iniciativa popular en el artículo 46 fracción IV de su Estatuto de Gobierno del Distrito Federal, mismo que reza:

ARTICULO 46.- El derecho de iniciar leyes y decretos ante la Asamblea Legislativa del Distrito

Federal corresponde:

IV. A través de la iniciativa popular, los ciudadanos del Distrito Federal podrán presentar a la Asamblea Legislativa, proyectos de leyes respecto de las materias de la competencia legislativa de la misma …

En años recientes, se ha contemplado la posibilidad de implementar un mayor grado de participación de la sociedad en su conjunto, es decir de la ciudadanía en temas de interés nacional, a través de reformas al Marco Constitucional y legal.

Como consecuencia de lo anterior, se estima que de esta manera, la población en su mayoría no seguirá delegando en su totalidad las funciones de decisión al gobierno, asumiendo paulatinamente la responsabilidad y el derecho de involucrase en tareas políticas, jurídicas y económicas cuyo único objetivo sea el beneficiar a nuestro país.

Por ello, el principal objetivo de esta iniciativa es presentar una propuesta de reforma que instrumente a la iniciativa ciudadana, que desarrolle de la manera integral la reforma constitucional de merito con base en la experiencia política mexicana y la metodología existente en otros países.

En dichas modificaciones constitucionales, se introdujo en el apartado de los derechos del ciudadano como ya se indicó, -adición de la fracción VII-, como prerrogativa fundamental de naturaleza política, -entro otras-, la consistente en iniciar leyes, en los términos que señalen la constitución y la Ley del Congreso.

Sin embargo, el texto fundamental, solamente fijó las bases mínimas para su desarrollo y delegó al legislador ordinario la instrumentación de aquélla figura de participación ciudadana.

La necesidad de elaborar a la brevedad las reformas que materialicen esa disposición fundamental, surge, precisamente de la naturaleza que se dio a la prerrogativa ciudadana indicada, pues se trata de un derecho humano.

Es así, porque el constituyente incluyó aquélla como una forma de participación de los ciudadanos en los asuntos públicos de la nación y la colocó junto con la demás facultades activas que esas personas tienen garantizadas en la constitución, es decir, en todos los casos, se trata de derechos subjetivos públicos tutelados por el ordenamiento fundamental de la república.

En ese tenor, la Convención Americana de Derechos Humanos (Pacto de San José), su apartado 23, titulado de los derechos políticos, reconoce tal, la facultad de participar en los asuntos públicos directamente –o a través de representantes-.

La iniciativa ciudadana, es una prerrogativa de naturaleza política, porque permite que los ciudadanos participen directa y activamente en los asuntos trascendentales de la nación mediante la propuesta de leyes o modificaciones y adiciones a las ya existentes.

Así, es pertinente destacar que el artículo 1 del texto rector del orden jurídico mexicano, precisa, por un lado que, en los Estados Unidos Mexicanos, todas las personas gozarán de los derechos reconocidos en la Constitución y en los Tratados Internacionales en los que nuestro Estado sea parte, así como de las garantías que se estatuyan para su protección y, por otro, que todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad.

Entonces, al tratarse de un derecho fundamental, es que se propone que se lleve a cabo a la brevedad, el procedimiento legislativo que instrumente el ejercicio de esa prerrogativa humana brindada por el constituyente permanente a los ciudadanos de la República, de tal forma que, a su vez, el Congreso General cumpla con la obligación de respeto y promoción que como autoridad tiene al respecto.

Reforma al Reglamento del Senado de la República

El Senado de la República mediante su reglamento establece los procedimientos a través de los cuales realiza sus funciones ya sea legislativa o las diversas de control. El procedimiento legislativo es uno de los elementos más relevantes del Reglamento del Senado, pues a través de éste se establece el tránsito que se le da a las iniciativas presentadas por cada uno de sus integrantes, desde la inscripción en el orden del día, su publicación en la Gaceta Parlamentaria, la presentación ante el Pleno, el turno a comisiones, el dictamen y su envío a la Cámara revisora.

Con base en lo anterior, la Cámara de Senadores para procesar las iniciativas ciudadanas requiere establecer dentro de su normativa interna:

a) Definiciones jurídicas (qué es la iniciativa ciudadana, el aval ciudadano, el representante de iniciativas)

b) Requisitos para avalar una iniciativa ciudadana y para promover una iniciativa ciudadana

c) Sujetos que pueden promover una iniciativa ciudadana

d) Facultades de verificación de la Cámara sobre el aval ciudadano

e) Requisitos de forma que debe cumplir la iniciativa ciudadana

f) Formalidades para inscripción en el orden del día ante la Mesa Directiva del Senado,

g) Procedimiento de presentación de la iniciativa ciudadana ante el Pleno de la Cámara de Senadores

h) Turno a Comisiones

i) Procedimiento para dictaminar

Las instituciones políticas no conseguiremos mayor confianza ciudadana si no nos modernizamos, si no permitimos la apertura de los procesos de deliberación y toma de decisión a los que han delegado en nosotros el rumbo del País, incluir la visión ciudadana abonará no sólo en una democracia más sólida sino en una ciudadanía fuerte.

Por lo expuesto, y con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como los artículos 8° numeral 1, fracción I, 164 numeral 1, 169 y 172 del Reglamento del Senado de la República, sometemos a la consideración del pleno de la Cámara de Senadores, el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO

Por el que se reforman y adicionan los artículos: 73, 163, 164, 165, 169, 184, 212, 214, 216 y 220, todos del Reglamento del Senado de la República, para quedar de la siguiente forma:

Artículo Unico. Se reforman y adicionan los artículos: 73, 163, 164, 165, 169, 184, 212, 214, 216 y 220, todos del Reglamento del Senado de la República, para quedar como sigue:

Artículo 73

1.

I. al II.

2. En el caso de la iniciativa ciudadana además de lo dispuesto en las fracciones I y II del numeral 1 de este artículo, la versión impresa deberá acompañarse de las firmas originales que la avalen.

3.El Presidente, a más tardar a las 21:00 horas del día previo a la sesión, envía la Orden del Día a los demás integrantes de la Mesa y a los coordinadores de los grupos parlamentarios.

Artículo 163

1.

I.Las iniciativas que son presentadas directamente ante el Senado o ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión cuando señalan al propio Senado como Cámara de origen, incluidas las iniciativas a las que se refiere la fracción IV del artículo 71 de la Constitución;

II. a IV. …

2.

Artículo 164

1. al 3…

4. En el caso de lo dispuesto por la fracción IV del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se denomina “Iniciativa ciudadana”.

5.La iniciativa del Presidente de la República para obtener permiso de ausentarse del territorio nacional por más de siete días se tramita, en lo procedente, conforme a lo dispuesto en este Reglamento.

6.

Artículo 165

1. al 2. …

3. Por su naturaleza las iniciativas ciudadanas no pueden ser retiradas.

Artículo 169

1. a 5. …

6. En el caso de la iniciativa ciudadana, además de todos los requisitos antes enumerados, se deberá acompañar también con:

I. Los documentos que contengan el aval al que se refiere la fracción IV del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;

II. Copias de las credenciales de elector, en caso de que el representante y su suplente sean personas físicas, así como domicilio para oír y recibir notificaciones;

III. Copia certificada de Acta Constitutiva y Clave Única expedida por el Instituto Nacional de Desarrollo Social, en caso de que la representante sea una organización de la sociedad civil, así como domicilio para oír y recibir notificaciones.

Artículo 172

1. a 4. …

5. En el caso de la iniciativa ciudadana, si mediante el oficio a través del cual se presentó ante la Mesa Directiva no se pide turno directo, el Presidente de la Mesa Directiva, o quien lo acuerde ésta, expondrá ante el Pleno una breve reseña de la iniciativa, de hasta por 10 minutos, con base en lo argumentado en la exposición de motivos.

Artículo 184

1. a 2. …

3. Las comisiones que dictaminen una iniciativa ciudadana deberán:

I. Invitar al representante de la iniciativa a todas las reuniones en las que se discuta, éstos tendrán derecho de voz, pero sin voto.

II. Convocar a audiencias públicas o reuniones con especialistas en la materia, representantes de organizaciones y otros grupos interesados que mediante oficio señale el representante.

4. Las comisiones que dictaminen una iniciativa ciudadana tendrán la facultad de convalidar, coadyuvadas por el Instituto Federal Electoral, las firmas que avalan la iniciativa; el proceso de convalidación consistirá en cotejar aleatoriamente el 5% de las firmas que avalan la iniciativa ciudadana, durante la realización del proceso de convalidación de firmas no se detendrá el proceso para dictaminar la iniciativa.

Como resultado de la convalidación de firmas se armará un expediente que contendrá un informe pormenorizado.

En caso de que derivado del proceso de convalidación la Comisión o Comisiones determinen que por alguna razón no procede la iniciativa, se enviará mediante oficio el expediente a la Mesa Directiva, para que ésta en la Sesión inmediata posterior informe al Pleno las razones de improcedencia y presente un proyecto de acuerdo que podrá:

I. Desechar la iniciativa ciudadana.

II. Requerir al representante para que solvente las inconsistencias detectadas.

III. Devolver el expediente a las Comisiones para que continúen el proceso legislativo.

En cualquier caso la Mesa Directiva fundará y motivará el acuerdo que ponga a discusión ante el Pleno.

Artículo 212

1. al 3. …

4. Para el caso de la iniciativa ciudadana aplica lo dispuesto en los numerales que anteceden, cualquier prorroga del término de dictamen deberá ser notificada a quien promueve la iniciativa.

5. Para efectos del cómputo de los plazos para dictaminar, los días hábiles incluyen los recesos legislativos, en los términos de este Reglamento.

Artículo 214

1. al 2. …

3. En el caso de la iniciativa ciudadana las excitativas pueden ser promovidas por el representante de ésta, mediante oficio dirigido al Presidente de la Mesa Directiva.

4. En los casos de iniciativas presentadas por otros sujetos con derecho a ello o de los proyectos enviados por la Cámara de Diputados, las excitativas pueden ser solicitadas por el senador que así lo estime pertinente.

Artículo 216

1. al 3.

4. La solicitud de excitativa, en el caso de la iniciativa ciudadana, contiene cuando menos los siguientes elementos:

I. Nombre del representante que solicita;

II. Título o identificación de la iniciativa;

III. Fecha de presentación de la iniciativa o proyecto en el Pleno o, en su caso, en la Comisión Permanente; y

IV. Comisión o comisiones a las que se turnó la iniciativa.

Artículo 220

1. al 5. …

6. En el caso de la iniciativa ciudadana además de los requisitos establecidos en las fracciones del numeral 3 de este artículo, se enviará a la Cámara de Diputados el expediente referente al procedimiento de convalidación de firmas de la misma.

TRANSITORIOS

Unico. El presente Decreto entrará vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

México, Distrito Federal, a 26 de febrero de 2013.

Atentamente

Sen. Marcela Torres Peimbert.- Sen. Javier Corral Jurado.- Sen. Ernesto Ruffo Appel.- Sen. Héctor Larios Córdova.- Sen. Daniel Gabriel Avila Ruiz.- Sen. Arely Gómez González.- Sen. Pablo Escudero Morales.- Sen. Manuel Camacho Solís.- Sen. Laura Angélica Rojas Hernández.- Sen. Alejandro Tello Cristerna.- Sen. Roberto Armando Albores Gleason.- Sen. Jorge Luis Preciado Rodríguez”.

- El C. Presidente Sánchez Jiménez: Túrnense ambos proyectos a las Comisiones Unidas de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias; y de Estudios Legislativos, Segunda.

Sonido en el escaño de la Senadora Saldaña Pérez.

- La C. Senadora María Lucero Saldaña Pérez: (Desde su escaño) Gracias, señor Presidente, para solicitarle a la Senadora Marcela Torres si acepta mi adhesión. Gracias.

- El C. Presidente Sánchez Jiménez: Acepta la adhesión.Tome nota la Secretaría de las y los Senadores que piden firmar conjuntamente esta iniciativa.

Tiene el uso de la tribuna el Senador René Juárez Cisneros, del grupo parlamentario del PRI, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman diversos artículos de la Ley General de Turismo.

[1]Artículo 23. Derechos Políticos

1. Todos los ciudadanos deben gozar de los siguientes derechos y oportunidades:

a) de participar en la dirección de los asuntos públicos, directamente o por medio de representantes libremente elegidos;





 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTICULOS 48, 54 Y CUARTO Y OCTAVO TRANSITORIOS DE LA LEY GENERAL DE TURISMO

(Presentada por el C. Senador René Juárez Cisneros, del grupo parlamentario del PRI)

- El C. Senador René Juárez Cisneros: Con su permiso, señor Presidente; Senadoras y Senadores de la República:

Han pasado casi cuatro años de la publicación de la Ley General de Turismo y aun no se expide el reglamento correspondiente. La expedición de la ley significa un avance fundamental para ubicar al turismo como una verdadera prioridad nacional.

El turismo constituye una actividad económica muy noble, donde se pueden generar miles de empleos que demanda la población y se pueden atraer inversiones muy importantes para impulsar el crecimiento del país.

La Ley General de Turismo, desde una visión federalista, busca planear, programar la actividad bajo criterios de sustentabilidad, competitividad y desarrollo equilibrado de los estados, municipios y el Distrito Federal, además contempla novedosas herramientas y disposiciones relevantes para la promoción de esta importante actividad económica en el ámbito internacional.

Sin embargo, no contar con el reglamento de la ley ha repercutido en falta de oportunidades de crecimiento del sector y, sin ninguna duda, significa un alto costo de oportunidad para consolidar a México como país líder de la actividad turística en el ámbito mundial.

Por ello, la propuesta que hoy pongo a su consideración busca que la Ley General de Turismo deje de ser una ley meramente enunciativa.

La propuesta pretende, primero, reformar el primer párrafo del Artículo Cuarto Transitorio, a fin de que se establezca con claridad que corresponde al titular del Ejecutivo Federal expedir el reglamento de la ley, para hacer consecuente esta disposición normativa transitoria con la facultad y obligación del Presidente de la República de proveer en la esfera administrativa a la exacta observancia de las leyes que expida el Congreso de la Unión.

Recientemente, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, dentro de la Controversia Constitucional número 71/2009, resolvió declarar la invalidez de este artículo transitorio de la Ley General de Turismo.

La Corte consideró: que sólo el Presidente de la República puede expedir los reglamentos a leyes que emita el Congreso de la Unión.

Al haberse declarado la inconstitucionalidad del primer párrafo del Artículo Cuarto Transitorio de la ley, trajo como consecuencia la invalidez también de los artículos 48 y 54.

Por ello, también proponemos reformar estos artículos para generar certeza jurídica y evitar ambigüedades.

Se establecería, entonces, que los prestadores de servicios turísticos deberán cumplir con los elementos y requisitos que determine el reglamento de la ley, las normas oficiales mexicanas y otras disposiciones generales administrativas que emita la Secretaría de Turismo.

Con ello, se permitirá a la Secretaría de Turismo emitir disposiciones generales administrativas, conforme a la dinámica que supone la actividad turística en el país, que hace ineludible la actualización de requisitos para regular una actividad que innova y evoluciona constantemente.

Por otra parte, buscamos que la expedición del Reglamento de la Ley General de Turismo, no quede supeditada por sí misma y de manera inmediata a la reestructuración administrativa de la Secretaría de Turismo, creemos que la reestructura de la misma debe ser y debe darse en un proceso gradual, sujeto a la disponibilidad presupuestal que tenga la secretaría.

Por ello, se propone suprimir del Artículo Cuarto Transitorio de la ley la parte correspondiente a que el reglamento deberá incluir implícitamente la reestructura administrativa de la Secretaría de Turismo.

La Ley General de Turismo significa un avance fundamental para la consolidación de una actividad económica básica y trascendente para la economía del país.

Hagamos que se convierta en una herramienta fundamental generadora de empleos, que le dé viabilidad a esta importante actividad económica para bien de las y los mexicanos y para bien, sin duda, de las regiones de México.

Nuestra propuesta es, además, congruente con el compromiso del Presidente de la República, de hacer precisamente de la actividad económica turística, una actividad que pueda competir con éxito y eficacia en el ámbito mundial.

Es cuanto, señor Presidente.

Por su atención, muchas gracias, amigas y amigos Senadores.

(Aplausos)

Iniciativa

“Quien suscribe, René Juárez Cisneros, Senador de la República a la LXII Legislatura, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como en lo previsto en los artículos 8, numeral 1, fracción I; 164, numerales 1 y 2; y 169 del Reglamento del Senado de la República, somete a la consideración de esta Asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 48, 54, Cuarto y Octavo Transitorios de la Ley General de Turismo, al tenor de la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

La expedición y promulgación de la Ley General de Turismo1 significa un avance fundamental para ubicar al turismo como una verdadera prioridad nacional, en tanto que este nuevo marco normativo busca impulsar y fomentar desde una visión federalista una de las actividades que para México es componente esencial y detonante de su desarrollo económico y social.

La legislación supuso cumplir con el mandato constitucional que otorgó al Congreso de la Unión la facultad para expedir leyes en materia de turismo, estableciendo las bases generales de coordinación de las facultades concurrentes entre la Federación, Estados, Municipios y Distrito Federal, así como la participación de los sectores social y privado.2

La Ley General de Turismo tiene además otro objetivo primordial: planear y programar la actividad turística nacional, bajo criterios de beneficio social, sustentabilidad, competitividad y desarrollo equilibrado de los Estados, Municipios y el Distrito Federal, a corto, mediano y largo plazo.

El constituyente consideró entonces, con lo que este iniciador coincide plenamente, que para regular y fomentar la materia de turismo, hacía falta coordinación entre la Federación y los otros órdenes de gobierno, y que al distribuirse las facultades entre ellos haría más eficiente tanto la prestación de servicios, como los procedimientos administrativos en la materia.

La Ley General de Turismo tiene además otro objetivo primordial: planear y programar la actividad turística nacional, bajo criterios de beneficio social, sustentabilidad, competitividad y desarrollo equilibrado de los Estados, Municipios y el Distrito Federal, a corto, mediano y largo plazo.

Al expedir esta ley marco, el legislador estimó que la descentralización de funciones constituye un acto que responde al pacto federal, por lo que la actividad turística debe ser comprendida bajo esta dinámica, de tal suerte que de esta manera las entidades federativas, como uno de los principales actores, sabrán cuáles son sus facultades y obligaciones en materia de turismo, para que en pleno uso de sus facultades y atribuciones procedan a emitir la legislación que corresponde en cada jurisdicción, de acuerdo a sus respectivas características y necesidades.3

En la nueva visión que se buscó para el turismo, se consideró fundamental incluir a los municipios, dándoles facultades y obligaciones a sus gobiernos para que participen activamente como detonantes de esta industria, a fin de que reciban de la actividad turística los beneficios en forma directa, ya que en la actualidad son los menos favorecidos.

La Ley General de Turismo contempla novedosas herramientas y disposiciones relevantes para la promoción y desarrollo sustentable de la actividad turística, esenciales de la política y planeación de la actividad turística, como lo es la constitución de un Atlas Turístico; la incorporación de la actividad a cadenas productivas; el ordenamiento turístico del territorio; así como el desarrollo de Zonas de Desarrollo Turístico Sustentable.

El Atlas Turístico consiste en el registro sistemático de carácter público de todos los bienes, recursos naturales y culturales que puedan constituirse en atractivos turísticos nacionales, sitios de interés y en general todas aquellas zonas y áreas territoriales del desarrollo del turismo.

Con el fin de detonar las economías locales y buscar el desarrollo regional, la Ley marco dispone que la Secretaría de Turismo, los Estados, Municipios y el Distrito Federal, en el ámbito de sus respectivas competencias, estimularán y promoverán entre la iniciativa privada y el sector social, la creación y fomento de cadenas productivas y redes de valor en torno a los desarrollos turísticos nuevos y existentes, a través de estudios sociales y de mercado.

Se establece la constitución del Programa de Ordenamiento Turístico General del Territorio, que determinará la regionalización turística del territorio nacional, a partir del diagnóstico de las características, disponibilidad y demanda de los recursos turísticos. Ubicará y propondrá la zonificación en los planes de desarrollo urbano, así como el uso del suelo, con el propósito de preservar los recursos naturales y aprovechar de manera ordenada y sustentable los recursos turísticos. El Programa también establecerá los lineamientos y estrategias turísticas para la preservación y el aprovechamiento ordenado y sustentable de los recursos turísticos, y definirá de manera coordinada los lineamientos o directrices que permitan el uso turístico adecuado y sustentable de los bienes ubicados en las zonas declaradas de monumentos arqueológicos, artísticos e históricos.

Buscando el progreso del país desde la perspectiva del desarrollo regional, la Ley General de Turismo prevé visionariamente la constitución de Programas de Ordenamiento Turístico Regional, que habrán de ser formulados cuando una región turística se ubique en el territorio de dos o más Estados o en el territorio de éstos y el Distrito Federal.

Para tal efecto, la ley marco ordena que el gobierno federal celebre los acuerdos o convenios de coordinación procedentes con los órdenes de gobierno involucrados para determinar el área que comprende la región a ordenar, describiendo sus recursos turísticos; a fin de proponer los criterios para la determinación de los planes o programas de desarrollo urbano, con el propósito de preservar los recursos naturales y aprovechar de manera ordenada y sustentable los recursos turísticos respectivos; y para definir los lineamientos para su ejecución, seguimiento, evaluación y modificación.

Un elemento destacado que la Ley General de Turismo establece para la sustentabilidad del desarrollo turístico del país, es la declaración de Zonas de Desarrollo Turístico Sustentable, definidas como las fracciones del territorio nacional claramente ubicadas y delimitadas geográficamente que, por sus características naturales o culturales, constituyen un atractivo turístico. Su importancia radica en que su delimitación busca fomentar la inversión, el empleo y el ordenamiento territorial, bajo la perspectiva de conservar sus recursos naturales en beneficio de la población.

Otro de los objetivos de esta nueva legislación, lo constituye el fomento del turismo doméstico, por lo que se establece el impulso y promoción del turismo social, que busca estimular la integración social a través de dotar a la sociedad de facilidades económicas que la Secretaría de Turismo y otras dependencias y entidades de administración pública, organizaciones sociales y privadas otorgarán mediante programas que fomenten el turismo nacional y motiven la inversión nacional y extranjera, estableciendo, con ello, los lineamientos para que el turismo sea entendido como una actividad económica que esté al alcance de todas las personas.

El turismo en nuestro país debe ser una actividad indispensable en la forma de vida de miles de mexicanos y de sus familias, por lo que es de enfatizar que la Ley General de Turismo previene el fortalecimiento de la cultura turística nacional, con lo que ahora habrá coordinación entre los tres órdenes de gobierno para promover y fomentar entre la población aquellos programas y actividades que difundan la cultura, con el fin de crear el conocimiento de los beneficios de la actividad turística, ordenando difundir, al mismo tiempo, la importancia de respetar y conservar los atractivos turísticos, así como mostrar un espíritu de servicio y hospitalidad hacia el turista nacional y extranjero.

A fin de formar parte del Plan Nacional de Desarrollo, elemento fundamental del sistema de planeación democrática del desarrollo nacional del país, el Programa Sectorial de Turismo habrá de ser elaborado para especificar las políticas, objetivos y prioridades que regirán a la actividad turística, el que procurará investigar las características de la demanda y los atractivos turísticos naturales y culturales con que cuenta cada ruta o región.

El Programa Sectorial de Turismo podrá contener, entre otros, elementos metodológicos de la planificación, un diagnóstico y un pronóstico de la situación del turismo en el país, el ordenamiento turístico del territorio, y las políticas, objetivos y metas a corto, mediano y largo plazo de esta actividad, con observancia a lo que establezcan los instrumentos jurídicos, administrativos y de política económica que sean aplicables.

Para hacer efectiva la coordinación y concurrencia entre los diferentes órdenes de gobierno, la Ley prevé la constitución de la Comisión Ejecutiva de Turismo, de carácter intersecretarial, que tiene por objeto conocer, atender y resolver los asuntos de naturaleza turística relacionados con la competencia de dos o más dependencias o entidades de la Administración Pública Federal, así como fungir como órgano de consulta para los asuntos que la Secretaría considere oportuno poner a su consideración.

Con miras a fomentar la participación social, la Ley General de Turismo establece un Consejo Consultivo de Turismo, que, como su nombre lo indica, será un órgano de consulta de la Secretaría de Turismo que tendrá por objeto proponer la formulación de las estrategias y acciones de coordinación de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, con el fin de lograr un desarrollo integral de la actividad turística nacional y regional, utilizando, entre otros mecanismos, los foros de consulta y memorias publicadas.

Este mismo tipo de órganos de consulta se replicarán a nivel estatal y municipal, pues cada entidad federativa y municipio habrá de conformar sus respectivos Consejos Consultivos Locales de Turismo, con el fin de lograr un desarrollo integral de la actividad turística local.

La promoción y el fomento turístico no podían quedar ajenos en el nuevo marco normativo en materia de turismo, al preverse que tanto la promociónque realiza el Consejo de Promoción Turística de México, como el fomento que realice el Fondo Nacional de Fomento al Turismo, no habrán de limitarse tan solo a los destinos que ya cuentan con un posicionamiento dentro del mercado turístico, buscando con ello lograr una verdadera diversificación del producto, lo que en nuestro parecer constituye una gran oportunidad para aquellos destinos que cuentan con una vocación naturalmente turística, pero que solo necesitan el desarrollo de estrategias y políticas públicas por parte del Estado para ubicarse en el mapa turístico del país.

Para el caso del Consejo de Promoción Turística de México, la Ley marco da sustento jurídico sólido a este importante órgano de la promoción turística del país, definiendo su participación en coordinación con la Secretaría de Turismo, quién a su vez se coordinará con los Estados, los Municipios y el Distrito Federal, para el desarrollo de las campañas de promoción turística en territorio nacional y el extranjero, por supuesto, con la concurrencia de los sectores social y privado.

Si bien el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (FONATUR) ha venido de mucho tiempo atrás funcionando como agente estratégico para el desarrollo de la inversión turística sustentable en México, el que ahora quede regulado dentro de la Ley General de Turismo permitirá que FONATUR contribuya plenamente a la planeación, programación, fomento y desarrollo de la actividad turística y de los recursos turísticos, así como a la promoción del financiamiento de las inversiones privadas y sociales, en tanto que su participación en el sector se plasma en el Plan Nacional de Desarrollo y en el Programa del Sector Turístico.

Sobre los aspectos operativos, la Ley marco previene la construcción del Registro Nacional de Turismo, que es el catálogo público de prestadores de servicios turísticos en el país que constituye el mecanismo por el que el Ejecutivo Federal, los Estados, Municipios y el Distrito Federal podrán contar con información sobre los prestadores de servicios turísticos a nivel nacional, con objeto de conocer mejor el mercado turístico y establecer comunicación con las empresas cuando se requiera.

La Ley General de Turismo define derechos y obligaciones a los que se sujetarán los prestadores de servicios turísticos y los propios turistas; regula claramente los mecanismos de verificación para que la autoridad observe el cumplimiento de los requisitos que la ley establece; y, precisa asimismo las sanciones a las que pueden ser acreedores por el incumplimiento de las obligaciones que respectivamente les corresponden, con lo que sumado a la herramienta del Registro Nacional de Turismo, el legislador permanente consideró se brinda certeza jurídica a los actos mercantiles generados por una prestación turística.

Un último componente transformador de la Ley marco, es que promueve la competitividad de la actividad turística mediante la formulación de políticas públicas, modelos y acciones que incrementen la calidad y competitividad en la materia; la profesionalización de quienes laboran en empresas turísticas o prestan servicios en la actividad; la modernización de las empresas turísticas; el otorgamiento de incentivos, distintivos, certificados o reconocimientos a los prestadores de servicios turísticos; el diseño y ejecución de acciones de coordinación entre dependencias y entidades de los diversos órdenes de gobierno para la promoción y establecimiento de empresas turísticas; y, la realización de acciones para favorecer las inversiones y proyectos turísticos de alto impacto en el sector, así como agilizar los mecanismos y procedimientos administrativos que faciliten su desarrollo y conclusión.

Pero no obstante las virtudes de esta nueva Ley General de Turismo, que en concreto pretende hacer de México un país líder en la actividad turística mundial, lo que tiene un importante significado por ser esta noble industria generadora de importantes fuentes de empleo, inversión, divisas y como motor del desarrollo regional, no ha sido posible su materialización.

No ha sido así, porque a casi tres años y ocho meses de la publicación de la Ley General de Turismo en el Diario Oficial de la Federación, el 17 de junio de 2009, no ha sido expedido su Reglamento conforme lo establece su artículo Cuarto Transitorio,4 que de haberse cumplido en tiempo y forma hubiera permitido asegurar que la producción legislativa de este marco normativo se hiciera operativa con el ánimo de cumplir con sus objetivos.

Varios han sido los factores por los que no se ha expedido y publicado el Reglamento de la Ley General de Turismo. Desde pretextar que con motivo de la propuesta que hiciera el entonces presidente Felipe Calderón de desaparecer, entre otras, la Secretaría de Turismo; hasta señalar que por virtud de la Controversia Constitucional promovida por el Jefe de Gobierno del Distrito Federal, a través de la cual se demandó la declaratoria de invalidez total de la Ley General de Turismo, que a consideración del gobierno anterior hacía imposible su expedición y publicación; pasando por declaraciones de la misma administración en el sentido de que resultaba necesario “licitar” la elaboración del Reglamento de la ley marco ante la carencia de recursos humanos en la Secretaría de Turismo para integrar el reglamento.

Sean cual fueren las razones, justificadas o no, que han impedido la expedición y publicación del Reglamento de la Ley General de Turismo, lo que es cierto y es una realidad, es que la falta de un reglamento para la Ley es uno de los principales pendientes que dejó el anterior gobierno, que se ha traducido en inactividad de las nuevas disposiciones legales que han repercutido en la falta de oportunidades de crecimiento para el sector turístico nacional, que hacen que la Ley General de Turismo sea en los hechos prácticamente una ley inexistente.

La reglamentación de las leyes resulta de singular importancia, pues una ley sin reglamentar puede originar situaciones de inseguridad jurídica, viéndose neutralizada y entrampada, lo que genera la percepción de que las normas no se cumplen ni se respetan; pero más que ello, una leysin reglamentar supone costos económicos e incertidumbre para inversionistas, inseguridad administrativa y dudas en la toma de decisiones, tanto en el sector público como en el privado, que inhibe inversiones y mejora de procesos y procedimientos.

La propuesta que hoy someto a consideración del Senado de la República, busca que la Ley General de Turismo deje de ser una ley meramente enunciativa. El país demanda la plena vigencia de un marco legal en materia de turismo que representa un gran avance para nuestro país, pero que lamentablemente ha enfrentado condiciones difíciles que han hecho imposible su realización.

Nuestra propuesta pretende, en primer término, reformar el primer párrafo del artículo Cuarto Transitorio de la Ley General de Turismo, a fin de que se establezca con toda precisión y claridad que corresponde al titular del Ejecutivo Federal expedir el Reglamento de la Ley, para hacer consecuente esta disposición normativa transitoria con la facultad y obligación del presidente de la República de proveer en la esfera administrativa a la exacta observancia de las leyes que expida el Congreso de la Unión.

El primer párrafo del artículo Cuarto Transitorio de la Ley General de Turismo, dispone actualmente que la Secretaría de Turismo deberá emitir el reglamento correspondiente dentro de los ciento ochenta días naturales posteriores a partir de la entrada en vigor del decreto que expide la ley marco; cuando que la facultad de reglamentación de leyes expedidas por el Congreso de la Unión corresponde única y exclusivamente al presidente de la República, conforme a lo dispuesto por el artículo 89, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

El artículo 89, fracción I, de la Constitución Federal establece obligaciones y facultades para el presidente de la República, que se traducen en: a) promulgar las leyes que expida el Congreso de la Unión; b) ejecutar dichas leyes; y, c) proveer en la esfera administrativa a su exacta observancia.

La facultad consistente en “proveer en la esfera administrativa a su exacta observancia”, establece la facultad reglamentaria del titular del Ejecutivo Federal, al autorizar al presidente de la República a expedir disposiciones reglamentarias generales, abstractas e impersonales, que tienen por objeto la ejecución de las leyes emanadas por el Congreso de la Unión, a fin de lograr su mejor y más adecuada aplicación en los diferentes ramos que regulen, con lo que se logra un mejor proveer de las leyes en el ámbito administrativo.

Así lo ha sostenido reiteradamente la Suprema Corte de Justicia de la Nación en diversas tesis aisladas y de jurisprudencia, en especial en la tesis de jurisprudencia 2ª./J. 47/95,5 en la que estableció que la facultad reglamentaria conferida en nuestro sistema constitucional al presidente de la República y a los gobernadores de los Estados, en sus respectivos ámbitos competenciales, consiste, exclusivamente, dado el principio de división de poderes imperantes en la expedición de disposiciones generales, abstractas e impersonales que tienen por objeto la ejecución de la ley, desarrollando y completando en detalle sus normas.

Luego entonces, podemos válidamente concluir que el artículo Cuarto Transitorio que se propone reformar, en lo que corresponde únicamente a que la Secretaría de Turismo expedirá el Reglamento de la Ley en la materia, resulta ser contrario a la norma constitucional, en tanto que la facultad reglamentaria de las leyes expedidas por el Congreso de la Unión, como se ha expuesto, corresponde al presidente de la República, que es única e indelegable, lo que en nuestra consideración obliga a reformar dicho ordenamiento transitorio a fin de establecer que corresponde exclusivamente al Ejecutivo Federal expedir el Reglamento de la Ley General de Turismo.

El que se encuentre en vigor el Acuerdo por el que se emiten los Lineamientos para la elaboración, revisión y trámite de Reglamentos del Ejecutivo Federal,6 no cambia en nada nuestra consideración de que es al presidente de la República a quién corresponde expedir el Reglamento de la Ley General de Turismo, en virtud que el Acuerdo no delega a las dependencias de la Administración Pública Federal la expedición de reglamentos de leyes que expida el Congreso de la Unión, sino que tiene únicamente por objeto emitir las disposiciones a las que deberán sujetarse las dependencias y entidades en la elaboración, revisión y trámite de los proyectos de reglamento y de decreto que deban ser sometidos a la consideración y, en su caso, firma del presidente de la República, conforme a lo previsto en los ordinales Vigésimo Tercero y Vigésimo Cuarto del mismo.7

Precisamente, en el marco de la Controversia Constitucional número 71/2009, promovida por el jefe del Gobierno del Distrito Federal en contra de actos del Congreso de la Unión, del presidente de la República y de los secretarios de Gobernación y Turismo, a través de la cual se impugna el Decreto por el que se expide la Ley General de Turismo y se reforma la fracción VI y se deroga la fracción VII del artículo 42 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió en sus Sesiones del martes 22 y jueves 24 de enero del año en curso8 declarar la invalidez del primer párrafo del artículo Cuarto Transitorio de la Ley General de Turismo, al considerar que fue fundado el concepto de invalidez9 planteado por el Jefe de Gobierno del Distrito Federal en la demanda que dio origen a la controversia, en lo consistente en que solo el Presidente de la República puede expedir los reglamentos a leyes que emita el Congreso de la Unión, cuya facultad no puede ser delegada o puede ser atribuible a ningún otro funcionario y ni siquiera a los secretarios de Estado o jefes de Departamento.

Ello, consecuentemente, obliga a reformar el artículo Cuarto Transitorio de la Ley marco en los términos en que estamos planteando, máxime que la resolución del Pleno de Suprema Corte de Justicia de la Nación, dictada dentro de la citada controversia constitucional, al declarar la invalidez del artículo transitorio Cuarto, en lo que se refiere a que la Secretaría de Turismo expedirá el Reglamento correspondiente, tiene por efecto la expulsión del texto invalidado del orden jurídico, es decir de la Ley General de Turismo, lo que en nuestra consideración permite al Congreso de la Unión a realizar la corrección legislativa correspondiente para llegar a un estado de observancia constitucional.

El que la Suprema Corte de la Justicia de la Nación haya resuelto declarar inválido el primer párrafo del artículo Cuarto Transitorio de la Ley General de Turismo, trajo como consecuencia la invalidez también de los artículos 48 y 54 de la Ley, en lo que corresponde a la parte normativa que indica “la Secretaría”, en el caso del primer artículo citado, y respecto del texto “la Secretaría mediante”, sobre el segundo referido. Ello es así, porque al declararse la invalidez de una norma general, como en el presente asunto aconteció en los términos ya expuestos, sus efectos se extendieron a todas aquellas normas cuya validez dependa de la propia norma invalidada,10 por lo que consiguientemente estamos proponiendo también modificar los citados artículos invalidados para generar certeza al texto normativo y evitar irregularidades de coordinación de oraciones derivadas de la supresión de partes en los contenidos normativos.

En el caso del artículo 48, primer párrafo, proponemos se establezca que en el Reglamento de la Ley General de Turismo se determinará la información que los prestadores de servicios turísticos deberán proporcionar a las autoridades competentes para su inscripción obligatoria en el Registro Nacional de Turismo, y no como actualmente señala que dichos requisitos los determinará a través del reglamento correspondiente, sin que se especifique a cual se refiere, lo que en nuestra consideración continuaría generando confusión sobre los alcances de la autoridad para expedir las disposiciones reglamentarias, en tanto que ha quedado suficientemente claro y resuelto por la Suprema Corte de Justicia de la Nación que la facultad reglamentaria de las leyes emanadas del Congreso de la Unión corresponde única y exclusivamente al presidente de la República.

La reforma al párrafo primero del artículo 48 de la Ley se justifica además, porque al quedar eliminado el texto normativo que indica “la Secretaría”, quedaría ambiguo el significado de la oración, lo que pudiera dar lugar a distintas interpretaciones, en tanto que el texto de este párrafo del artículo 48 diría: “La inscripción al Registro Nacional de Turismo será obligatoria para los prestadores de servicios turísticos, quienes deberán proveer a las autoridades competentes la información que determine a través del Reglamento correspondiente,” que de permanecer como actualmente está, con el texto “a través”, no permite hilar adecuadamente la oración al no quedar claro quién o en qué se determinará la información para la inscripción en el Registro Nacional de Turismo.

Respecto del artículo 54 de la Ley General de Turismo, la reforma que proponemos consiste en establecer con toda claridad que los prestadores de servicios turísticos deberán cumplir con los elementos y requisitos que determine el Reglamento de la Ley, las Normas Oficiales Mexicanas y demás disposiciones generales administrativas que emita la Secretaría.

No obsta a lo anterior, el hecho de que texto normativo correspondiente a que “la Secretaría mediante” habrá de suprimirse de la Ley General de Turismo, con lo que el artículo 54 de la Ley diría: “Para operar, los prestadores de servicios turísticos, deberán cumplir con los elementos y requisitos que determinen las disposiciones reglamentarias correspondientes, y las Normas Oficiales Mexicanas, sin perjuicio de las obligaciones que les sean impuestas por otras autoridades”, consideramos que ello seguiría causando ambigüedad en cuanto a en qué ordenamientos reglamentarios deban quedar establecidos los requisitos que corresponderá cumplir a los prestadores de servicios turísticos, por lo que entonces nuestra propuesta de modificación en este apartado versa en establecer rotundamente que los elementos y requisitos que deberán cumplir los prestadores de servicios turísticos para poder operar quedarán precisados en el Reglamento de la Ley General de Turismo, así como en las Normas Oficiales Mexicanas y demás disposiciones generales administrativas que emita la Secretaría.

Creemos que de aprobarse esta última propuesta, permitiría que en el Reglamento de la Ley General de Turismo, que evidentemente habrá de expedir el Presidente de la República, puedan establecerse requisitos que deban cumplir los prestadores de servicios turísticos para poder operar, pero también lograría que la Secretaría de Turismo no quede impedida para emitir reglas o disposiciones generales administrativas para regular la actividad de dichos prestadores, considerando que la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación ha resuelto que las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal pueden emitir este tipo de reglas o disposiciones generales administrativas, en tanto reglas técnico-operativas que regulan u ordenan un acto meramente administrativo de observancia general, facultad que en nuestra consideración es distinta de las disposiciones de carácter general que emite el titular del Ejecutivo Federal en ejercicio de la facultad reglamentaria que le concede el artículo 89, fracción I, de la Constitución General,11 y que como decíamos consiste en reglamentar leyes emanadas del Congreso de la Unión.

No buscamos, con esta reforma, se entienda que la Secretaría de Turismo seguiría irrumpiendo la facultad reglamentaria del Ejecutivo Federal; por el contrario, buscamos que le sea permitido a la Secretaría emitir reglas o disposiciones generales administrativas que establezcan requisitos para que los prestadores de servicios turísticos puedan operar, conforme a la dinámica que supone la actividad turística en el país, que hace ineludible la actualización de requisitos para regular una actividad que innova y evoluciona constantemente, y que por lo mismo requiere de certeza jurídica pero también de flexibilidad, que desde luego debe ser garantizada por las autoridades administrativas en la materia.

Ello, inclusive, es acorde con lo dispuesto en la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, cuando en su artículo 4 reconoce a los reglamentos, decretos, acuerdos, normas oficiales mexicanas, circulares y formatos, así como los lineamientos, criterios, metodologías, instructivos, directivas, reglas y manuales, como actos administrativos de carácter general que pueden realizar las dependencias y organismos descentralizados de la administración pública federal.

Consideramos, en otro apartado, que la expedición del Reglamento de la Ley General de Turismo no puede estar supeditado a que en el mismo deba incluirse per se e inmediatamente la reestructuración administrativa de la Secretaría de Turismo, pues si bien cierto es que las nuevas herramientas y esquemas que establece la Ley para la promoción y desarrollo sustentable de la actividad turística en el país hacen inevitable una reingeniería organizacional de la Secretaría de Turismo, esta reestructura en nuestro parecer debe darse de manera gradual y conforme a la disponibilidad presupuestal de la propia dependencia del ramo, como así correctamente lo ordena el artículo Octavo Transitorio de la Ley marco.

Sin duda, una pronta reestructura organizacional de la dependencia contribuiría a lograr una mayor competitividad en el sector, así como eficientar las formas de coordinar los esfuerzos interinstitucionales para hacer del turismo una verdadera prioridad nacional; sin embargo, debe en este proceso contemplarse la disponibilidad presupuestal de la Secretaría de Turismo, la planeación administrativa, la definición clara de las políticas públicas y de tiempos establecidos a seguir, así como la capacitación de los recursos humanos, que invariablemente tendrán un tránsito en el tiempo.

Con ese argumento, consideramos necesario suprimir del texto del artículo Cuarto Transitorio de La ley General de Turismo, la parte correspondiente a que el Reglamento deberá de incluir expresamente la reestructura administrativa de la Secretaría de Turismo, pues, como se ha explicado, dicho contenido normativo va en contra de lo dispuesto en el artículo Octavo Transitorio de la misma Ley.

Permitamos que la reestructura de la Secretaría de Turismo acceda progresivamente a una mejora importante en su función organizacional; a una administración moderna, eficiente, ordenada, innovadora, equitativa, participativa y transparente, que logre evitar dispersión de funciones, duplicidad de atribuciones, ahorro y racionalidad de los recursos públicos, con base en una distribución de competencias y facultades a través de la concurrencia y mejor coordinación entre los diferentes órdenes de gobierno, como así lo ordena expresamente la Ley General de Turismo.

Consideramos que en este esfuerzo de reingeniería organizacional de la Secretaría de Turismo, las Cámaras de Diputados y de Senadores, en un marco de colaboración interinstitucional entre poderes, deben jugar un papel de acompañamiento, de ahí que se proponga igualmente adicionar un párrafo al artículo Octavo Transitorio de la Ley General de Turismo, a fin de establecer que el Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría de Turismo, informará semestralmente a ambas Cámaras del Congreso de la Unión sobre los avances en las modificaciones a su estructura administrativa, que de aprobarse serviría, en nuestra consideración, para que el Congreso conozca de primera mano información sobre las necesidades presupuestales que la reestructura organizacional de la Secretaría de Turismo requiera todavía y pueda con ello convertirse, de estimarse procedente, en facilitador en la gestión de los recursos correspondientes.

La falta de reglamentación de la Ley General de Turismo, significa en nuestra consideración un alto costo de oportunidad para consolidar a México como país líder en la actividad turística internacional, lo que ha constituido un obstáculo serio al desarrollo económico del país.

Si la Ley General de Turismo significa un avance fundamental para la consolidación del turismo en nuestro país, hagamos que ella no sea solo una ley enunciativa y se convierta en una herramienta fundamental generadora de empleo y bienestar para las familias en todas las regiones de México.

La Ley General de Turismo permite hacer más eficiente tanto la prestación de servicios como los procedimientos administrativos en la materia, en donde los estados y municipios juegan un papel fundamental, con bases claras y bien definidas para la coordinación de facultades en materia de turismo, que permitirá que los tres niveles de gobierno, con la participación ineludible de los sectores social y privado, puedan articular y trabajar de la mano para lograr elevar la competitividad de una industria que se ha convertido en uno de los principales ejes impulsores del desarrollo económico de nuestro país.

Nuestra propuesta busca precisamente coadyuvar a ese esfuerzo y objetivo que se ha propuesto el actual gobierno Federal: ubicar a México, al final del sexenio, como destino y potencia turística de clase mundial.

Por las consideraciones anteriormente expuestas, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO

Primero. Se reforman los artículos 48, 54, Cuarto y Octavo Transitorios de la Ley General de Turismo, para quedar como sigue:

Artículo 48. La inscripción al Registro Nacional de Turismo será obligatoria para los prestadores de servicios turísticos, quienes deberán proveer a las autoridades competentes la información que determine el Reglamento de la Ley.

…..

Artículo 54. Para operar, los prestadores de servicios turísticos deberán cumplir con los elementos y requisitos que determine el Reglamento de la Ley y las Normas Oficiales Mexicanas, así como otras disposiciones generales administrativas que emita la Secretaría,sin perjuicio de las obligaciones que les sean impuestas por otras autoridades.

ARTICULOS TRANSITORIOS DE LA LEY GENERAL DE TURISMO

Cuarto. El Ejecutivo Federal deberá emitir el Reglamento de la presente Ley, dentro de los ciento ochenta días naturales a partir de la entrada en vigor del presente Decreto.

…..

Octavo. …..

El Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría, informará semestralmente a ambas Cámaras del Congreso de la Unión sobre los avances de tales acciones, así como de las modificaciones a la estructura administrativa de la Secretaría.

TRANSITORIOS

Unico.-El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Senadores, a 26 de febrero de 2013.

Atentamente”.

- El C. Presidente Sánchez Jiménez: Gracias, Senador Juárez Cisneros.

Sonido en el escaño del Senador Rosas González.

- El C. Senador Oscar Román Rosas González: (Desde su escaño)Muchas gracias, señor Presidente.

Primero, para felicitar al Senador René Juárez por esta propuesta de modificación que reforma los artículos 48, 54, Cuarto y Octavo Transitorios de la Ley General de Turismo, y pedirle, con todo el respeto que se merece el Senador René Juárez, si me permite sumarme a su propuesta.

- El C. Senador René Juárez Cisneros: Con todo gusto.

- El C. Presidente Sánchez Jiménez: Lo acepta.

Tome nota la Secretaría de las y los Senadores que desean suscribirse.

Se turna a las Comisiones Unidas de Turismo; y de Estudios Legislativos, Segunda.

Tiene el uso de la tribuna la Senadora Diva Hadamira Gastélum Bajo, para presentar a nombre de las integrantes de la Comisión Para la Igualdad de Género, los siguientes asuntos:

Una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se adiciona un artículo 100 Bis a la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

Y una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se crea el reconocimiento “Elvia Carrillo Puerto” y se adiciona una fracción V al numeral 1 del artículo 56 y se adiciona un artículo 56 Bis al Reglamento del Senado de la República.

1 Decreto por el que se expide la Ley General de Turismo, y se reforma la fracción VI y se deroga la fracción VII, del artículo 42 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 17 de junio de 2009.

2 El artículo 73, fracción XXIX-K, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dispone que el Congreso de la Unión tiene facultad para expedir leyes en materia de turismo, estableciendo las bases generales de coordinación de las facultades concurrentes entre la Federación, Estados, Municipios y el Distrito Federal, así como la participación de los sectores social y privado.

3 Dictamen de las Comisiones Unidas de Turismo, y de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con proyecto de decreto que expide la Ley General de Turismo, y reforma la fracción VI y deroga la VII del artículo 42 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. Gaceta Parlamentaria de la Cámara de Diputados, 15 de abril de 2009, Año XII, número 2737, Anexo IV.

4 El Artículo Cuarto Transitorio, primer párrafo, de la Ley General de Turismo establece: “La Secretaría deberá emitir el Reglamento de la presente Ley, dentro de los ciento ochenta días naturales a partir de la entrada en vigor del presente Decreto, el cual incluirá su reestructuración administrativa en los términos de la presente ley.”

5 “FACULTAD REGLAMENTARIA DEL EJECUTIVO FEDERAL. INTERPRETACIÓN DE LA FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 89 DE LA CONSTITUCIÓN.” Tesis de jurisprudencia 2ª./J. 47/95. Segunda Sala. Novena Época. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo II, septiembre de 1995. Página 293.

6Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 2 de diciembre de 2004.

7El ordinal Vigésimo Tercero del Acuerdo por el que se emiten los Lineamientos para la elaboración, revisión y trámite de Reglamentos del Ejecutivo Federal, establece que una vez que se hayan recabado los refrendos respectivos, la Consejería Jurídica remitirá el proyecto de reglamento o de decreto a la Oficina del Consejero Jurídico del Ejecutivo Federal, quien, de estimarlo procedente, lo someterá a la consideración y, en su caso, firma del Presidente de la República.

Por su parte, el ordinal Vigésimo Cuarto, dispone que una vez que el reglamento o Decreto haya sido firmado por el Presidente de la República, la Consejería Jurídica programará, conjuntamente con la Secretaría de Gobernación, su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

8 Ver versiones taquigráficas del Pleno de la Suprema Corte de Justica de la Nación de las Sesiones del 22 y 24 de enero de 20012: http://www.scjn.gob.mx/PLENO/ver_taquigraficas/22012013PO.pdf;

http://www.scjn.gob.mx/PLENO/ver_taquigraficas/24012013PO.pdf

9Concepto de invalidez DÉCIMO de la demanda del Jefe de Gobierno del Distrito Federal, en la Controversia Constitucional número 71/2009, promovida en contra de actos del Congreso de la Unión, del presidente de la República y de los secretarios de Gobernación y Turismo.

10 El artículo 41, fracción IV, de la Ley reglamentaria de la fracciones I y II del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, señala que cuando la sentencia -en la controversia constitucional- declare la invalidez de un norma general, sus efectos deberán extenderse a todas aquellas normas cuya validez dependa de la propia norma invalidada.

11 Véase la tesis aislada XIII/2002, Novena Época, Pleno, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XV, abril de 2002, pág. 5, con el rubro: "REGLAS GENERALES ADMINISTRATIVAS. El ARTÍCULO 36, FRACCIÓN I, INCISO A) DE LA LEY ADUANERA, VIGENTE EN MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS, QUE AUTORIZA A LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO PARA EXPEDIRLAS EN MATERIA DE IMPORTACIÓN, NO CONTRAVIENE LOS ARTÍCULOS 89, FRACCIÓN I, Y 92 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL."





 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN ARTICULO 100 BIS A LA LEY ORGANICA DEL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

 (Presentada por la C. Senadora Diva Hadamira Gastélum Bajo, a nombre propio y de las CC. Senadoras Martha Elena García Gómez, Angélica de la Peña Gómez, Ivonne Liliana Alvarez García, María del Rocío Pineda Gochi, María Lucero Saldaña Pérez, Rosa Adriana Díaz Lizama, Gabriela Cuevas Barrón, Luz María Beristain Navarrete y Mónica Tzasna Arriola Gordillo, integrantes de la Comisión Para la Igualdad de Género)

- La C. Senadora Diva Hadamira Gastélum Bajo: Gracias, con su permiso, señor Presidente; Muchas gracias a la Mesa Directiva.

Quiero iniciar diciendo que no solamente quienes integramos la Comisión Para la Igualdad de Género de esta Cámara de Senadores y Senadoras, sino muchas compañeras y compañeros, que agregaré una lista, se han sumado a estas dos propuestas que presento.

Como lo ha dicho usted, señor Presidente, son 2 iniciativas que contienen algo que para nosotros es fundamental.

El reconocimiento de las mujeres en este país, cada vez se hace más necesario.

Nos parece que no solamente una fecha es importante para hacer un alto, evaluar, usar el momento para el reclamo de justicia de poder eliminar la brecha de discriminación, sino también tiene que ser un momento propicio para poder reconocer a tantas y tantas mujeres que luchan todos los días, unas de manera anónima, otras con voz, otras desde la sociedad civil para este reconocimiento completo de los derechos humanos de las mexicanas.

Por eso ha sido un acuerdo que desemboca en esta iniciativa de nuestra comisión, de poder establecer un reconocimiento de gran calado, un reconocimiento de alto nivel en donde se pueda, exactamente, traer a esta Cámara de Senadores a mujeres que todos los días luchan por eliminar la brecha de discriminación.

Ustedes saben que el próximo viernes 8 de marzo se celebra el Día Internacional de la Mujer y muchas actividades se realizan a lo largo y ancho de este país. Pero esta Cámara de Senadores, que estoy segura que así será, queremos establecer permanentemente un reconocimiento, y no es una competencia con el Premio “Belisario Domínguez”, con este reconocimiento, pero sí es poder equiparar la entrega a mujeres que se han distinguido por esta lucha.

Por eso hemos entregado estas 2 iniciativas, que estoy pidiendo se integren completamente como las hemos presentado, para la entrega del reconocimiento cada año, a partir del año que viene, del Premio “Elvia Carrillo Puerto”, como se le nombraba a la “Monja Roja”.

Una mujer avanzada a la época, una mujer progresista, que es la primer mujer que tuvo un cargo de elección popular, mucho antes que el derecho al voto de las mujeres.

Este nombre fue producto de un intenso análisis y debate de las compañeras que pertenecemos a esta comisión. Ahí estaba el nombre de Carmen Serdán, de María Lavalle Urbina, de Griselda Alvarez, la primera gobernadora de este país; pero creemos que por excelencia deberá ser el nombre de María Elvia Carrillo Puerto, por la trascendencia en su participación en esta causa y, sobre todo, por ser la primer mujer que ostenta un cargo de elección popular.

Yo le pido, señor Presidente, porque así lo hemos buscado, así lo hemos solicitado, nos pueda dispensar todos los trámites, porque queremos que la Cámara de Senadores celebre este 8 de marzo con un reconocimiento pleno a los derechos humanos de las mujeres mexicanas.

Segura estoy que así será.

Segura estoy que todos los grupos parlamentarios se sumarán a esta gran iniciativa que quedará para la historia, para el reconocimiento de esta gran mujer, pero de manera muy importante, para todas esas mujeres que no tienen voz y para esas mujeres que creen que falta mucho por hacer, pero este es el camino que nos toca recorrer.

Muchas gracias, señor Presidente.

(Aplausos)

Iniciativa

“H. ASAMBLEA:

Las que suscriben, Diva Hadamira Gastélum Bajo, Martha Elena García Gómez,Angélica de la Peña Gómez, Ivonne Liliana Álvarez García, María del Rocío Pineda Gochi, María Lucero Saldaña Pérez, Rosa Adriana Díaz Lizama, Gabriela Cuevas Barrón, Luz María Beristaín Navarrete y Mónica Tzasna Arriola Gordillo, Senadoras de la República de la LXII Legislatura, integrantes de la Comisión Para la Igualdad de Género, con fundamento en lo establecido en los artículo 71 Fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 8 numeral uno, fracción I, 164 y 169 del Reglamento del Senado de la República, someto a consideración de esta H. Soberanía el proyecto de Decreto por el que se adiciona un artículo 100 Bis a la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, con la finalidad de crear el Reconocimiento “Elvia Carrillo Puerto” para reconocer y premiar a las mujeres que hayan incidido y destacado en la lucha social, cultural, política y económica a favor de la promoción, defensa, ejercicio, protección e investigación de los derechos humanos de la mujer y la igualdad de género, al tenor de la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

Como sabemos durante la mayor parte del siglo XX se fue transformando el papel de la mujer en la sociedad mexicana

Debido a que las mujeres comenzaron a participar activamente en áreas de desempeño laboral y profesional en las que no habían incursionado años atrás. Pero ni las leyes, ni las convenciones sociales, ni la sociedad en general han reconocido aun debidamente el papel fundamental que la mujer desempeña de forma destacada en la lucha por sus derechos humanos y la igualdad de género en México.

Por ello, es tiempo de afirmar clara y distintamente que la mujer mexicana tiene un papel central en el proceso social del Desarrollo Humano Sustentable y la vida democrática del país; esto quiere decir que, al participar activamente en diferentes esferas de la vida como lo hace hoy en día, la convierte en un pilar importante para su desarrollo.

La conmemoración del Día Internacional de la Mujer, surge a finales del siglo XIX en el mundo industrializado, como consecuencia de la falta de reconocimiento de los derechos básicos para las mujeres, fueran estos civiles o políticos. Actualmente, sigue la lucha por el reconocimiento, goce y ejercicio de todos sus derechos humanos.

La reivindicación de los derechos de las mujeres por participar en la sociedad en igualdad de condiciones con los hombres, ha sido constante, trascendente y firme en sus propósitos, y gracias a ésta es que a través de los años se han ganada diversas batallas alrededor del mundo, una de las más importantes fue el derecho al voto de las mujeres, el cual se tradujo en la participación de las mujeres en las decisiones políticas de los estados, reservadas anteriormente de forma exclusiva a los hombres.

Por lo que para otorgar debido reconocimiento a las mujeres surge el Día Internacional de la Mujer en la fecha que la conocemos hoy día, un 8 de marzo de 1917.

Lo que ha proporcionado la posibilidad de visibilizar las necesidades y problemáticas que las niñas y mujeres tienen y con esto, colocarlas en las agendas nacionales e internacionales.

Sin embargo, también es una buena oportunidad para reflexionar sobre los avances conseguidos, exigir cambios y celebrar los actos de valor y decisión de mujeres comunes que han desempeñado una extraordinaria función en la historia de los derechos de la mujer, en tanto ciudadanas, académicas, políticas, científicas o activistas, es decir, en tanto personas que luchan, trabajan e inciden en el desarrollo de todas las demás mujeres.

Por lo anterior, es menester destacar que las mujeres, en su conquista de derechos e igualdad han logrado avances significativos, pero aún quedan muchas áreas de desarrollo en las cuales el papel de la mujer continúa siendo relegado.

No obstante y a pesar de que las mujeres han escalado de forma importante distintos ámbito tales como; social, político, deportivo, artístico, cultural, educativo, científico, literario, económico, entre otros; con el propósito de lograr el reconocimiento, respeto e igualdad en el ejercicio de sus derechos.

Actualmente el papel que la mujer ha desempeñado en la sociedad fue modificado de forma drástica en las últimas décadas. Las transformaciones económicas, sociales y políticas que ocurrieron en el mundo y de manera particular en México, generaron cambios considerables en la vida y roles de los hombres y mujeres de nuestro país.

La mujer desempeña hoy papeles que sin duda en otros tiempos no hubieran sido posibles debido a las costumbres que se tenían, claro ejemplo de ello tenemos queuna de cada tres familias tiene a una mujer como jefa de familia.

De acuerdo con estadísticas del Instituto Nacional de Geografía (INEGI), la tercera parte de la población económicamente activa en México, son mujeres.

En uno de cada tres hogares, la mujer es quien contribuye al ingreso para el pago de gastos de la casa.

Por lo que toca al ámbito público, es notorio que en materia educativa, la brecha entre niñas y niños, mujeres y hombres que asisten a la escuela, ha disminuido considerablemente, siendo éste tema uno de los grandes avances de las mujeres en las últimas décadas.1

Por lo que en 30 años se triplicó la población de mujeres en la educación superior. Asimismo, la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES)2 refiere que en cuanto a la evolución de los porcentajes de egreso de las universidades, las mujeres y los hombres egresan en un 50% y 50% respectivamente, pero en cuanto a la titulación, las cifras apuntan ligeramente a favor de las mujeres, representando el 50.8% contra el 49.2% del universo estudiantil.

Asimismo, es de notarse que se amplió el campo de profesiones a las que aspiran las mujeres; empiezan a incursionar en disciplinas que eran exclusivas de los varones3; de este modo ahora es común el que haya abogadas, matemáticas, sociólogas, actuarias, biólogas, químicas, ingenieras, artistas, maestras, pedagogas, cirujanas, periodistas, etc.

Esto es una muestra de que cada vez hay más mexicanas profesionalizándose, trabajando y construyendo este país.

En el ámbito deportivo, tenemos el orgullo de contar con 14 mujeres medallistas que han puesto el nombre de nuestro país en alto durante las Olimpiadas4, más de 163 mujeres de extraordinario compromiso y valentía han participado en las Olimpiadas Paralímpicas desde 1972, de las cuales 63 son medallistas5; al menos 230 mujeres medallistas en juegos panamericanos y excelentes equipos de voleibol femenil, natación sincronizada, pelota vasca, fútbol, gimnasia artística y esgrima.

En el científico contamos con destacadas mujeres investigadoras que han sido reconocidas internacionalmente por su excelente trabajo de investigación que ha contribuido a un mejor nivel de vida de niñas y niños así como de adultos6.

Hablando del ámbito literario contamos con escritoras, cuentistas, narradoras, ensayistas, periodistas y editoras de renombre y galardonadas en todo el mundo7, así como en la esfera artística contamos con excelentes compositoras, cantantes, arreglistas, directoras, pintoras, cineastas y guionistas que también son reconocidas dentro y fuera de nuestro país.

Por lo que a pesar de estar conscientes de que se ha avanzado mucho legislativamente en favor de las mujeres, muestra de eso son las distintas leyes que protegen y velan por la vida de las mujeres8, la igualdad de género9 y la no discriminación10. Sin embargo, debemos reparar en que aún falta reconocer el trabajo de las mujeres que han trabajado en el reconocimiento, fortalecimiento, defensa, ejercicio y protección de los derechos humanos de las mujeres y de la igualdad de género, en cualquier ámbito de la vida pública.

Desgraciadamente, como menciona Estela Serret, “[…] en términos antropológicos […] por definición los roles, actividades, […] de las mujeres carecen de prestigio o merecen menor prestigio social que los de los varones.11” Es por esto, que necesitamos visibilizar el trabajo de las mujeres en el país, así como ya se hace en distintos países alrededor del mundo, en donde el mismo Gobierno es quien reconoce la labor de las mujeres en el ámbito de los derechos humanos, de los valores democráticos, la igualdad de género, e incluso en el campo de la innovación.

Ejemplos de esto los encontramos en Argentina12, España, Portugal13 o los Estados Unidos de Norteamérica14.

Sabemos que actualmente en nuestro país se otorgan premios y reconocimientos a la mujer mexicana en distintos ámbitos como el literario, tecnológico, científico etc., tales como la presea Sor Juana Inés de la Cruz, el Premio Frida Kahlo, el Premio Medalla Omecihuatl, entre otros no menos importantes.

El Senado de la República no es la excepción, pues actualmente y desde el tres de enero de 1953 otorga la Medalla Belisario Domínguez a loshombres y mujeres mexicanos que se hayan distinguido por su ciencia o su virtud en grado eminente, como servidores de la patria o de la humanidad. Pese a ello, resulta importante que se otorgue un reconocimiento de forma particular a aquellas mujeres destacadas en la lucha social, cultural, política, tecnológica, científica, económicao académica a favor de los derechos humanos de las mujeres y la igualdad de género.

La propuesta que hoy traemos las integrantes de esta Comisión ante el Pleno de esta H. Soberanía es con el objetivo de poder crear el Reconocimiento “Elvia Carrillo Puerto” para las mujeres mexicanas que hayan incidido y destacado en el reconocimiento, defensa, ejerció y protección de los derechos humanos de las mujeres y la igualdad de género en nuestro país, además de que sea entregado en el mes de marzo en Conmemoración al Día Internacional de la Mujer y que la Cámara Alta del Poder Legislativo otorgue un Reconocimiento único a las mujeres ejemplo de lucha y liderazgo en México.

Derivado del Acuerdo que se tuvo en sesión ordinaria de fecha 6 de febrero del presente año, en donde las Senadoras compartimos la idea de crear un reconocimiento para reconocer y premiar el esfuerzo y lucha constante que tienen las mujeres de este país a favor de la protección y defensa de los derechos humanos de la mujer y la igualdad de Género.

Las promoventes proponen que sea la propia Comisión Para la Igualdad de Género quien delibere cual será la mujer acreedora al Reconocimiento, derivado de su lucha y trabajo constante en favor de la Igualdad de Género.

Por los argumentos vertidos con anterioridad y porque las mujeres representan una lucha constante de compromiso en la promoción, defensa, ejercicio, protección e investigación de los derechos humanos de la mujer y la igualdad de género, sometemos ante el Pleno de ésta H. Cámara de Senadores la siguiente:

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA EL ARTICULO 100 BIS A LA LEY ORGANICA DEL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.

ARTICULO UNICO.- Se adiciona el artículo 100 Bis a la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, quedando en los siguientes términos:

ARTICULO 100 BIS.-

1. De acuerdo con el Decreto por el que se crea el reconocimiento “Elvia Carrillo Puerto”, en conmemoración al Día Internacional de la Mujer, que otorga el Senado, se deberá cumplir lo siguiente:

a) El Senado de la República celebrará sesión solemne en el mes de marzo de cada año, para hacer entrega del Reconocimiento “Elvia Carrillo Puerto” a la mujer que haya sido acreedora al mismo por su destacada labor en el reconocimiento, defensa, protección, ejercicio e investigación de los Derechos Humanos de las Mujeres y de la Igualdad de Género en nuestro país.

b) A la sesión solemne se invitará a las y los titulares del Poder ejecutivo Federal, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la Cámara de Diputados, titulares de los Organismos Públicos y Organizaciones de la Sociedad Civil dedicadas a la promoción, defensa e investigación de los derechos humanos de las mujeres, así como de las Universidades e Instituciones Educativas del país.

TRANSITORIO

PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el salón de sesiones de la H. Cámara de Senadores, a 26 de febrero de 2013”.

- El C. Presidente Sánchez Jiménez: En esa virtud, está a consideración el proyecto de Decreto por el que se adiciona un artículo 100 Bis a la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. No habiendo oradores, ábrase el sistema electrónico de votación por tres minutos para recoger la votación nominal del proyecto de Decreto por el que se adiciona un artículo 100 Bis a la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. Háganse los avisos a que se refiere el artículo 58 del Reglamento para informar de la votación.



- La C. Secretaria Barrera Tapia: Señor Presidente, de acuerdo al sistema de registro electrónico de votación, se emitieron 80 votos a favor, cero en contra y ninguna abstención.

- El C. Presidente Sánchez Jiménez: Con 80 votos está aprobado el proyecto de Decreto por el que se adiciona un artículo 100 Bis a la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. Se remite a la Cámara de Diputados para sus efectos constitucionales.

Consultamos si la Asamblea autoriza la dispensa de trámites al proyecto de Decreto de reformas al Reglamento que presentó la Senadora Diva Gastélum.

1 Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) y el Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES)Mujeres y Hombres en México, 2011, México, INEGI, 2012, p. 68

2 BUSTOS ROMERO, Olga. Estudio Mujeres y Educación Superior en México. Recomposición de la matrícula universitaria a favor de las mujeres repercusiones educativas, económicas y sociales, México, UNAM, ANUIES, 2003.

3 Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) y el Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES)Mujeres y Hombres en México, 2011, México, INEGI, 2012, pp. 75-78

4 María del Pilar Roldán, María Teresa Ramírez, Soraya Jiménez, Ana Gabriela Guevara, Belém Guerrero Méndez, Iridia Salazar Blanco, María del Rosario Espinoza, Tatiana Ortiz, Paola Espinosa, Alejandra Orozco, Aida Román, Mariana Avitia, Laura Sánchez Soto y María del Rosario Espinoza.

5www.paralympic.org

6 Premios como “Premio de la Academia Nacional de Medicina “Doctor Eduardo Liceaga”, “Premio a las Mujeres Inventoras e Innovadoras”, “Premio L’Oreal-UNESCO. Mujeres en la Ciencia” son algunos de los Premios recibidos por al menos diez científicas mexicanas, sin contar con nombramientos Honoris Causa o premios referentes a sus campos de estudio.

7 Premios como el “Premio Nacional de Literatura Gilberto Owen” “Premio Rómulo Gallegos” “Premio Agustín Yáñez” “Presea Rosario Castellanos” “Premio Alfaguara” “Premio Xavier Villaurrutia”, así como Premios Estatales de Periodismo y Premios al Valor Periodístico, son algunas de las condecoraciones con las que cuentan diversas escritoras y periodistas mexicanas.

8 Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 1 de febrero de 2007.

9 Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de agosto de 2006.

10 Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 11 de junio de 2003.

11SERRET, Estela. Discriminación de género. Las inconsecuencias de la democracia. Cuadernos de la Igualdad, 6. Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (CONAPRED), México, junio de 2008, p. 10

12 La Comisión de Igualdad Real de Trato y Oportunidades de la Cámara de Senadores de la Provincia de Buenos Aires, otorga el Premio “Mujeres Innovadoras” con el propósito de homenajear a todas aquellas mujeres que se destacan dentro del territorio bonaerense.

13 Tanto en España como en Portugal se otorga el “Premio Derechos Humanos e Igualdad Rey de España” a las mujeres y hombres, así como a las instituciones públicas y privadas que hubieren incidido en la defensa, promoción y realización de los derechos humanos y de los valores democráticos a favor de lograr la igualdad entre los hombres y mujeres de Iberoamérica, España y Portugal. Este Premio es otorgado por el Defensor del Pueblo español, institución que tutela los derechos fundamentales y las libertades públicas de la ciudadanía.

14 La Red de Mujeres por la Democracia otorga el “Premio Jeane J. Kirkpatrick” en el marco del Día Internacional de la Mujer y tiene como objetivo rendir homenaje a aquellas personas que han hecho contribuciones sobresalientes a la promoción de la mujer en la política y en la sociedad civil.





 

DECRETO POR EL QUE SE CREA EL RECONOCIMIENTO “ELVIA CARRILLO PUERTO” Y SE ADICIONA UNA FRACCION V AL NUMERAL 1 DEL ARTICULO 56 Y SE ADICIONA UN ARTICULO 56 BIS AL REGLAMENTO DEL SENADO DE LA REPUBLICA

(Presentada por la C. Senadora Diva Hadamira Gastélum Bajo, a nombre propio y de las CC. Senadoras Martha Elena García Gómez, Angélica de la Peña Gómez, Ivonne Liliana Alvarez García, María del Rocío Pineda Gochi, María Lucero Saldaña Pérez, Rosa Adriana Díaz Lizama, Gabriela Cuevas Barrón, Luz María Beristain Navarrete y Mónica Tzasna Arriola Gordillo, integrantes de la Comisión Para la Igualdad de Género)

- La C. Senadora Diva Hadamira Gastélum Bajo: Gracias, con su permiso, señor Presidente; Muchas gracias a la Mesa Directiva.

Quiero iniciar diciendo que no solamente quienes integramos la Comisión Para la Igualdad de Género de esta Cámara de Senadores y Senadoras, sino muchas compañeras y compañeros, que agregaré una lista, se han sumado a estas dos propuestas que presento.

Como lo ha dicho usted, señor Presidente, son 2 iniciativas que contienen algo que para nosotros es fundamental.

El reconocimiento de las mujeres en este país, cada vez se hace más necesario.

Nos parece que no solamente una fecha es importante para hacer un alto, evaluar, usar el momento para el reclamo de justicia de poder eliminar la brecha de discriminación, sino también tiene que ser un momento propicio para poder reconocer a tantas y tantas mujeres que luchan todos los días, unas de manera anónima, otras con voz, otras desde la sociedad civil para este reconocimiento completo de los derechos humanos de las mexicanas.

Por eso ha sido un acuerdo que desemboca en esta iniciativa de nuestra comisión, de poder establecer un reconocimiento de gran calado, un reconocimiento de alto nivel en donde se pueda, exactamente, traer a esta Cámara de Senadores a mujeres que todos los días luchan por eliminar la brecha de discriminación.

Ustedes saben que el próximo viernes 8 de marzo se celebra el Día Internacional de la Mujer y muchas actividades se realizan a lo largo y ancho de este país. Pero esta Cámara de Senadores, que estoy segura que así será, queremos establecer permanentemente un reconocimiento, y no es una competencia con el Premio “Belisario Domínguez”, con este reconocimiento, pero sí es poder equiparar la entrega a mujeres que se han distinguido por esta lucha.

Por eso hemos entregado estas 2 iniciativas, que estoy pidiendo se integren completamente como las hemos presentado, para la entrega del reconocimiento cada año, a partir del año que viene, del Premio “Elvia Carrillo Puerto”, como se le nombraba a la “Monja Roja”.

Una mujer avanzada a la época, una mujer progresista, que es la primer mujer que tuvo un cargo de elección popular, mucho antes que el derecho al voto de las mujeres.

Este nombre fue producto de un intenso análisis y debate de las compañeras que pertenecemos a esta comisión. Ahí estaba el nombre de Carmen Serdán, de María Lavalle Urbina, de Griselda Alvarez, la primera gobernadora de este país; pero creemos que por excelencia deberá ser el nombre de María Elvia Carrillo Puerto, por la trascendencia en su participación en esta causa y, sobre todo, por ser la primer mujer que ostenta un cargo de elección popular.

Yo le pido, señor Presidente, porque así lo hemos buscado, así lo hemos solicitado, nos pueda dispensar todos los trámites, porque queremos que la Cámara de Senadores celebre este 8 de marzo con un reconocimiento pleno a los derechos humanos de las mujeres mexicanas.

Segura estoy que así será.

Segura estoy que todos los grupos parlamentarios se sumarán a esta gran iniciativa que quedará para la historia, para el reconocimiento de esta gran mujer, pero de manera muy importante, para todas esas mujeres que no tienen voz y para esas mujeres que creen que falta mucho por hacer, pero este es el camino que nos toca recorrer.

Muchas gracias, señor Presidente.

(Aplausos)

Iniciativa

“De las Senadoras Diva Hadamira Gastélum Bajo, Martha Elena García Gómez, Angélica de la Peña Gómez, Ivonne Liliana Alvarez García, Ma. del Rocío Pineda Gochi, María Lucero Saldaña Pérez, Rosa Adriana Díaz Lizama, Gabriela Cuevas Barrón, Luz María Beristaín Navarrete y Mónica Tzasna Arriola Gordillo, Senadoras de la República de la LXII Legislatura, integrantes de la Comisión Para la Igualdad de Género, con fundamento en lo establecido en los artículo 71 Fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 8 numeral uno, fracción I, 164 y 169 del Reglamento del Senado de la República, sometemos a consideración de esta H. Soberanía la iniciativa con proyecto de Decreto por el que se crea el Reconocimiento “Elvia Carrillo Puerto” y se adiciona una fracción V al numeral uno, del artículo 56 y finalmente se adiciona un artículo 56 Bis al Reglamento del Senado de la República, con la finalidad de reconocer y premiar a las mujeres que hayan incidido y destacado en la lucha social, cultural, política y económica a favor de la promoción, defensa, ejercicio, protección e investigación de los derechos humanos de la mujer y la igualdad de Género, al tenor de la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

La idea de conmemorar un Día Internacional de la Mujer, surge a finales del siglo XIX en el mundo industrializado, como consecuencia de la falta de reconocimiento de los derechos básicos para las mujeres, fueran estos civiles o políticos.

Por ello es que las mujeres desde hace ya muchos años han luchado para que sus derechos sean reconocidos y visibilizados, así como las problemáticas que conllevan por el simple hecho de ser mujer.

La lucha de las mujeres por participar en la sociedad en igualdad de condiciones con los hombres, ha sido constante, trascendente y firme en sus propósitos, y gracias a ésta es que a través de los años se han ganado diversas batallas alrededor del mundo, una de las más importantes fue el derecho al voto de las mujeres, el cual se tradujo en la participación de las mujeres en las decisiones políticas de los estados, reservadas anteriormente de forma exclusiva a los hombres.

Es justo mediante éste reconocimiento que surge el Día Internacional de la Mujer en la fecha que la conocemos hoy día, un 8 de marzo de 1917. Sin embargo, ésta conmemoración no fue adoptada por la Organización de las Naciones Unidas (la “ONU”) sino hasta diciembre de 1977, cuando la Asamblea General de la ONU, a través de la resolución A/RES/32/139 invitó a los Estados Miembros a que “proclamen, de acuerdo con sus tradiciones históricas y costumbres nacionales, un día al año como Día de las Naciones Unidas para los Derechos de la Mujer y la Paz Internacional”. Es a partir de este año, que la ONU conmemora el 8 de marzo como Día Internacional de la Mujer, asignando un eje temático cada año.

Lo que ha proporcionado la posibilidad de visibilizar las necesidades y problemáticas que las niñas y mujeres tienen y con esto, colocarlas en las agendas nacionales e internacionales.

Sin embargo, también es una buena oportunidad para reflexionar sobre los avances conseguidos, exigir cambios y celebrar los actos de valor y decisión de mujeres comunes que han desempeñado una extraordinaria función en la historia de los derechos de la mujer, en tanto ciudadanas, académicas, políticas, científicas o activistas, es decir, en tanto personas que luchan, trabajan e inciden en el desarrollo de todas las demás mujeres.

Por lo anterior, es menester destacar que las mujeres, en su conquista de derechos e igualdad han logrado avances significativos, pero aún quedan muchas áreas de desarrollo en las cuales el papel de la mujer continúa siendo relegado.

No obstante, las mujeres han escalado en el ámbito social, político, deportivo, artístico, cultural, educativo, científico, literario, económico, entre otros; con el propósito de lograr el reconocimiento, respeto e igualdad en el ejercicio de sus derechos.

Actualmente el papel que la mujer ha desempeñado en la sociedad fue modificado de forma drástica en las últimas décadas. Las transformaciones económicas, sociales y políticas que ocurrieron en el mundo y de manera particular en México, generaron cambios considerables en la vida y roles de los hombres y mujeres de nuestro país.

La mujer desempeña hoy papeles que sin duda en otros tiempos no hubieran sido posibles debido a las costumbres que se tenían, claro ejemplo de ello tenemos que una de cada tres familias tiene a una mujer como jefa de familia.

De acuerdo con estadísticas del Instituto Nacional de Geografía (INEGI), la tercera parte de la población económicamente activa en México, son mujeres.

En uno de cada tres hogares, la mujer es quien contribuye al ingreso para el pago de gastos de la casa.

Por lo que toca al ámbito público, es notorio que en materia educativa, la brecha entre niñas y niños, mujeres y hombres que asisten a la escuela, ha disminuido considerablemente, siendo éste tema uno de los grandes avances de las mujeres en las últimas décadas.1

Por lo que en 30 años se triplicó la población de mujeres en la educación superior. Asimismo, la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES)2 refiere que en cuanto a la evolución de los porcentajes de egreso de las universidades, las mujeres y los hombres egresan en un 50% y 50% respectivamente, pero en cuanto a la titulación, las cifras apuntan ligeramente a favor de las mujeres, representando el 50.8% contra el 49.2% del universo estudiantil.

Asimismo, es de notarse que se amplió el campo de profesiones a las que aspiran las mujeres; empiezan a incursionar en disciplinas que eran exclusivas de los varones3; de este modo ahora es común el que haya abogadas, matemáticas, sociólogas, actuarias, biólogas, químicas, ingenieras, artistas, maestras, pedagogas, cirujanas, periodistas, etc.

Esto es una muestra de que cada vez hay más mexicanas profesionalizándose, trabajando y construyendo este país.

En el ámbito deportivo, tenemos el orgullo de contar con 14 mujeres medallistas que han puesto el nombre de nuestro país en alto durante las Olimpiadas4, más de 163 mujeres de extraordinario compromiso y valentía han participado en las Olimpiadas Paralímpicas desde 1972, de las cuales 63 son medallistas5; al menos 230 mujeres medallistas en juegos panamericanos y excelentes equipos de voleibol femenil, natación sincronizada, pelota vasca, fútbol, gimnasia artística y esgrima.

En el científico contamos con destacadas mujeres investigadoras que han sido reconocidas internacionalmente por su excelente trabajo de investigación que ha contribuido a un mejor nivel de vida de niñas y niños así como de adultos6.

Hablando del ámbito literario contamos con escritoras, cuentistas, narradoras, ensayistas, periodistas y editoras de renombre y galardonadas en todo el mundo7, así como en la esfera artística contamos con excelentes compositoras, cantantes, arreglistas, directoras, pintoras, cineastas y guionistas que también son reconocidas dentro y fuera de nuestro país.

Por lo que a pesar de estar conscientes de que se ha avanzado mucho legislativamente en favor de las mujeres, muestra de eso son las distintas leyes que protegen y velan por la vida de las mujeres8, la igualdad de género9 y la no discriminación10. Sin embargo, debemos reparar en que aún falta reconocer el trabajo de las mujeres que han trabajado en el reconocimiento, fortalecimiento, defensa, ejercicio y protección de los derechos humanos de las mujeres y de la igualdad de género, en cualquier ámbito de la vida pública.

Desgraciadamente, como menciona Estela Serret, “[…] en términos antropológicos […] por definición los roles, actividades, […] de las mujeres carecen de prestigio o merecen menor prestigio social que los de los varones.11” Es por esto, que necesitamos visibilizar el trabajo de las mujeres en el país, así como ya se hace en distintos países alrededor del mundo, en donde el mismo Gobierno es quien reconoce la labor de las mujeres en el ámbito de los derechos humanos, de los valores democráticos, la igualdad de género, e incluso en el campo de la innovación.

Ejemplos de esto los encontramos en Argentina12, España, Portugal13 o los Estados Unidos de Norteamérica14.

Sabemos que actualmente en nuestro país se otorgan premios y reconocimientos a la mujer mexicana en distintos ámbitos como el literario, tecnológico, científico etc., tales como la presea Sor Juana Inés de la Cruz, el Premio Frida Kahlo, el Premio Medalla Omecihuatl, entre otros no menos importantes.

El Senado de la República no es la excepción, pues actualmente y desde el tres de enero de 1953 otorga la Medalla Belisario Domínguez a los hombres y mujeres mexicanos que se hayan distinguido por su ciencia o su virtud en grado eminente, como servidores de la patria o de la humanidad. Pese a ello, resulta importante que se otorgue un reconocimiento de forma particular a aquellas mujeres destacadas en la lucha social, cultural, política, tecnológica, científica, económica o académica a favor de los derechos humanos de las mujeres y la igualdad de género.

La propuesta que hoy traemos las integrantes de esta Comisión ante el Pleno de esta H. Soberanía es con el objetivo de poder crear el Reconocimiento “Elvia Carrillo Puerto” para las mujeres mexicanas que hayan incidido y destacado en el reconocimiento, defensa, ejerció y protección de los derechos humanos de las mujeres y la igualdad de género en nuestro país, además de que sea entregado en el mes de marzo en Conmemoración al Día Internacional de la Mujer y que la Cámara Alta del Poder Legislativo otorgue un Reconocimiento único a las mujeres ejemplo de lucha y liderazgo en México.

Derivado del Acuerdo que se tuvo en sesión ordinaria de fecha 6 de febrero del presente año, en donde las Senadoras compartimos la idea de crear un reconocimiento para reconocer y premiar el esfuerzo y lucha constante que tienen las mujeres de este país a favor de la protección y defensa de los derechos humanos de la mujer y la igualdad de Género.

Las promoventes proponen que sea la propia Comisión Para la Igualdad de Género quien delibere cual será la mujer acreedora al Reconocimiento, derivado de su lucha y trabajo constante en favor de la Igualdad de Género.

Con ello sentaremos presente en el reconocimiento de las mujeres en favor de la lucha por el respeto, defensa y protección de sus derechos humanos y la Igualdad de Género.

Por los argumentos vertidos con anterioridad y por que las mujeres representan una lucha constante de compromiso en la promoción, defensa, ejercicio, protección e investigación de los derechos humanos de la mujer y la igualdad de género, someto ante el Pleno de ésta H. Cámara de Senadores la siguiente:

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE CREA EL RECONOCIMIENTO “ELVIA CARRILLO PUERTO” Y SE ADICIONA UNA FRACCION V AL NUMERAL UNO, DEL ARTICULO 56 Y FINALMENTE SE ADICIONA UN ARTICULO 56 BIS AL REGLAMENTO DEL SENADO DE LA REPUBLICA.

ARTICULO PRIMERO.- Se crea el Reconocimiento “Elvia Carrillo Puerto” en el Marco del Día Internacional de la Mujer que otorga el Senado de la República, para quedar como sigue:

PROYECTO DE DECRETO

ARTICULO PRIMERO.- Se crea el Reconocimiento “ELVIA CARRILLO PUERTO” en el Marco del Día Internacional de la Mujer que otorga el Senado de la República, para reconocer y premiar a las mujeres que hayan incidido y destacado en la lucha social, cultural, política y económica en favor de los derechos humanos de las mujeres y de la igualdad de género.

ARTICULO SEGUNDO.- El Reconocimiento “ELVIA CARRILLO PUERTO” en el Marco del Día Internacional de la Mujer que otorga el Senado de la República, constará de un Busto en Bronce de 18 cm., de alto ancho a proporción, con una base de madera y placa fotograbada del mismo material, en terminado dorado.

La placa fotograbada enunciará lo siguiente:

“En el Marco del Día Internacional de la Mujer, el Senado de la República le otorga el reconocimiento “Elvia Carrillo Puerto”, en honor a su destacada labor en el reconocimiento, defensa y ejercicio de los Derechos de las Mujeres y de la Igualdad de Género en nuestro país”.

ARTICULO TERCERO.- El Reconocimiento será otorgado, en ceremonia solemne en la Cámara de Senadores, en el mes de marzo de cada año, en conmemoración del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer.

ARTICULO CUARTO.- Para la entrega de este Reconocimiento se propondrá una terna de la siguiente manera:

I. Una mujer propuesta por los Organismos Públicos dedicados a la promoción, defensa, ejercicio, protección e investigación de los derechos de la mujer y de la igualdad de género.

II. Otra propuesta por la Cámara de Diputados, previa convocatoria para ello por parte del H. Senado de la República.

III. Una mujer propuesta por las Organizaciones de la Sociedad Civil dedicadas a la promoción, defensa, ejercicio, protección e investigación de los derechos de la mujer y de la igualdad de género.

ARTICULO QUINTO.- La propuesta para la terna del Reconocimiento deberá contener lo siguiente:

I. Nombre de la aspirante al Reconocimiento.

II. Reseña sucinta de los logros y aportes en el reconocimiento, promoción, defensa, ejercicio, protección e investigación de los derechos humanos de las mujeres, ya sea en el ámbito social, político, cultural, tecnológico, científico, económico o académico que haya tenido; o cualquier otro cuya finalidad sea el empoderamiento de las mujeres y el logro de la igualdad de género.

III. La sustentación por la cual debe ser elegida como la mujer merecedora al Reconocimiento “Elvia Carrillo Puerto” en conmemoración al Día Internacional de la Mujer.

ARTICULO SEXTO.- La terna de las propuestas deberá ser entregada a la Comisión para la Igualdad de Género en un plazo comprendido de la segunda semana de julio hasta la primera semana de noviembre de cada año, para su respectivo análisis, discusión y aprobación.

ARTICULO SEPTIMO.- El Dictamen de aprobación emitido por la Comisión para la Igualdad de Género, será inscrito a sesión de Pleno de la H. Cámara de Senadores para deliberar mediante votación, quién será la candidata elegida para recibir el Reconocimiento el año siguiente. El Dictamen aprobado será publicado en la Gaceta del Senado con la finalidad de que se emita la convocatoria respectiva para la ceremonia solemne, conforme a los lineamientos que señala la Mesa Directiva del Senado de la República para su entrega.

ARTICULO OCTAVO.- La Comisión para la Igualdad de Género llevará un registro de las candidaturas que se presenten, mismas que serán publicadas en la Gaceta del Senado para su conocimiento.

ARTICULO TRANSITORIOS

PRIMERO.- El presente Decreto surtirá a partir del día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

SEGUNDO.- El Senado de la República deberá emitir el reglamento respectivo, dentro de los 45 días siguientes a la publicación del presente Decreto.

ARTICULO SEGUNDO.- Se reforma el artículo 56, numeral 1, para adicionar una fracción V, y se adiciona el artículo 56 bis, para quedar como sigue:

Artículo 56

1. Son sesiones solemnes las que se convocan para:

I a IV…

V. Otorgar el Reconocimiento “Elvia Carrillo Puerto”.

2. ...

Artículo 56 Bis.-

1. La ciudadana acreedora al reconocimiento “Elvia Carrillo Puerto” será elegida por el voto de las dos terceras partes de las senadoras y los senadores presentes, de la Cámara de Senadores.

2. La Comisión para la Igualdad de Género, de la Cámara de Senadores, previa auscultación de los sectores académicos, sociales y culturales, propondrá la terna de candidatas al reconocimiento al Pleno de la Cámara de Senadores, conforme al reglamento del reconocimiento.

ARTICULOS TRANSITORIOS

PRIMERO.-El Presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el salón de sesiones de la H. Cámara de Senadores, a 26 de febrero de 2013”.

- El C. Presidente Sánchez Jiménez: Gracias, Senadora Gastélum Bajo.

Sonido en el escaño de la Senadora Beristain Navarrete.

- La C. Senadora Luz María Beristain Navarrete: (Desde su escaño)Para darle la bienvenida, saludar y felicitar esta gran iniciativa, a través de la Comisión Para la Igualdad de Género, que su Presidenta Diva Hadamira acaba de presentar, puesto que es muy importante, que si nosotros proclamamos en todas nuestras iniciativas los temas de la igualdad y de equidad y género, así como la Medalla “Belisario Domínguez” tiene un profundo mensaje para nosotros por lo que significó la vida del Senador Belisario, yo le pido a todos mis compañeros que se sensibilicen y que apoyemos esta iniciativa de la Senadora Diva Hadamira, porque Elvia Carrillo Puerto fue una mujer que verdaderamente abrió brecha en la historia de este país para todas las mujeres.

Y sería algo muy merecido, que también en este Senado de la República se pueda otorgar la Medalla Elvia Carrillo Puerto para que estemos con esa paridad de la que tanto hablamos.

Muchas gracias.

Y felicidades a la Senadora Diva Hadamira, y a todas las mujeres de México, si esto selogra.

(Aplausos)

- La C. Secretaria Barrera Tapia: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si el asunto descrito por el señor Presidente se considera de urgente resolución y se pone a discusión de inmediato. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se considera de urgente resolución, señor Presidente.

- El C. Presidente Sánchez Jiménez: En consecuencia, está a discusión el proyecto de Decreto por el que se crea el reconocimiento “Elvia Carrillo Puerto” y se adiciona una fracción V al numeral 1 del artículo 56 y se adiciona un artículo 56 Bis al Reglamento del Senado de la República.

En virtud de no haberse inscrito oradores ni oradoras, ábrase el sistema electrónico de votación por tres minutos para recoger la votación nominal del proyecto de Decreto por el que se crea el reconocimiento “Elvia Carrillo Puerto” y se adiciona una fracción V al numeral 1 del artículo 56 y se adiciona un artículo 56 Bis al Reglamento del Senado de la República. Hágase los avisos a que se refiere el artículo 58 del Reglamento para informar de la votación.



- La C. Secretaria Barrera Tapia: Señor Presidente, conforme al registro electrónico de votación, se emitieron 83 votos a favor, cero en contra y cero abstenciones.

- El C. Presidente Sánchez Jiménez: Aprobado el Decreto por el que se crea el Reconocimiento “Elvia Carrillo Puerto” y se adiciona una fracción V al numeral 1 del artículo 56 y se adiciona un artículo 56 Bis al Reglamento del Senado de la República. Se remite al Diario Oficial de la Federación para su publicación.

1 Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) y el Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES) Mujeres y Hombres en México, 2011, México, INEGI, 2012, p. 68

2 BUSTOS ROMERO, Olga. Estudio Mujeres y Educación Superior en México. Recomposición de la matrícula universitaria a favor de las mujeres repercusiones educativas, económicas y sociales, México, UNAM, ANUIES, 2003.

3 Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) y el Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES) Mujeres y Hombres en México, 2011, México, INEGI, 2012, pp. 75-78

4 María del Pilar Roldán, María Teresa Ramírez, Soraya Jiménez, Ana Gabriela Guevara, Belém Guerrero Méndez, Iridia Salazar Blanco, María del Rosario Espinoza, Tatiana Ortíz, Paola Espinosa, Alejandra Orozco, Aida Román, Mariana Avitia, Laura Sánchez Soto y María del Rosario Espinoza.

5www.paralympic.org

6 Premios como “Premio de la Academia Nacional de Medicina “Doctor Eduardo Liceaga”, “Premio a las Mujeres Inventoras e Innovadoras”, “Premio L’Oreal-UNESCO. Mujeres en la Ciencia” son algunos de los Premios recibidos por al menos diez científicas mexicanas, sin contar con nombramientos Honoris Causa o premios referentes a sus campos de estudio.

7 Premios como el “Premio Nacional de Literatura Gilberto Owen” “Premio Rómulo Gallegos” “Premio Agustín Yáñez” “Presea Rosario Castellanos” “Premio Alfaguara” “Premio Xavier Villaurrutia”, así como Premios Estatales de Periodismo y Premios al Valor Periodístico, son algunas de las condecoraciones con las que cuentan diversas escritoras y periodistas mexicanas.

8 Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 1 de febrero de 2007.

9 Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de agosto de 2006.

10 Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 11 de junio de 2003.

11 SERRET, Estela. Discriminación de género. Las inconsecuencias de la democracia. Cuadernos de la Igualdad, 6. Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (CONAPRED), México, junio de 2008, p. 10

12 La Comisión de Igualdad Real de Trato y Oportunidades de la Cámara de Senadores de la Provincia de Buenos Aires, otorga el Premio “Mujeres Innovadoras” con el propósito de homenajear a todas aquellas mujeres que se destacan dentro del territorio bonaerense.

13 Tanto en España como en Portugal se otorga el “Premio Derechos Humanos e Igualdad Rey de España” a las mujeres y hombres, así como a las instituciones públicas y privadas que hubieren incidido en la defensa, promoción y realización de los derechos humanos y de los valores democráticos a favor de lograr la igualdad entre los hombres y mujeres de Iberoamérica, España y Portugal. Este Premio es otorgado por el Defensor del Pueblo español, institución que tutela los derechos fundamentales y las libertades públicas de la ciudadanía.

14 La Red de Mujeres por la Democracia otorga el “Premio Jeane J. Kirkpatrick” en el marco del Día Internacional de la Mujer y tiene como objetivo rendir homenaje a aquellas personas que han hecho contribuciones sobresalientes a la promoción de la mujer en la política y en la sociedad civil.

Tiene el uso de la tribuna el Senador Raúl Morón Orozco, del grupo parlamentario del PRD, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se adiciona el artículo 4o. constitucional.





 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONAN LOS PARRAFOS DECIMO TERCERO, DECIMO CUARTO Y DECIMO QUINTO AL ARTICULO 4o. DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

(Presentada por el C. Senador Raúl Morón Orozco, del grupo parlamentario del PRD)

- El C. Senador Raúl Morón Orozco: Con su permiso, señor Presidente; compañeras y compañeros Senadores:

Desde el grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática hemos venido impulsando el tema de la pensión no contributiva para las personas adultas mayores como un derecho universal, por tanto, exigible y permanente. Se trata de una medida justa que reconoce su aportación al desarrollo del país y les devuelve la autonomía y la dignidad que les es negada constantemente.

Pero la presente iniciativa parte de una consideración más amplia, sostiene que se requiere una reforma de mayor impacto y alcance. México no está preparado para garantizar un envejecimiento digno a las futuras generaciones porque seguimos tomando decisiones coyunturales, remediales y emergentes en vez de construir políticas de Estado.

Hemos abandonado, en los hechos, una tarea esencial para la vida del país, como es la planeación a largo plazo de políticas y acciones de gobierno que les garanticen a la población un mejor estado de bienestar social. Necesitamos construir una sociedad más justa y solidaria, una sociedad para todas las edades; ello pasa necesariamente por adoptar una perspectiva del envejecimiento que nos permita afrontar como sociedad los cambios demográficos que tendrán profundas repercusiones en todos los aspectos de la vida de las personas y las comunidades.

No se trata sólo de crear programas para un sector de la población, porque el envejecimiento es un proceso que involucra a la sociedad en su conjunto. Todos seremos adultos mayores en un tiempo y otros ya se encuentran en esa realidad.

Reconocemos que ha habido avances importantes en muchos asuntos legislativos en los ámbitos federal y local, pero el tema del adulto mayor sigue siendo un asunto pendiente que sólo aparece en el discurso político, en la agenda de los partidos o del gobierno, por eso necesitamos impulsar cambios de mayores dimensiones.

Antes de discutir qué programas o qué presupuestos, necesitamos ponernos de acuerdo en lo fundamental, ¿cómo construir desde la sociedad un entorno propicio para que las personas a medida que envejecen puedan disfrutar de una vida plena, con salud, seguridad y participación activa en la vida económica, social, cultural y política para que todas y todos podamos envejecer con dignidad?

Hace falta mucha sensibilidad entre quienes conformamos las instituciones del Estado, pero también en las familias y entre la población en general. No obstante, reconozco que hay sobre este tema esfuerzos y propuestas muy valiosas de grupos y organizaciones de la sociedad civil que han contribuido a enriquecer con sus experiencias y aportaciones la iniciativa de reforma constitucional que hoy se presenta.

Esta iniciativa es resultado del ejercicio de la participación ciudadana, de todas ellas, pues una parte sustantiva de su contenido se ha construido con las aportaciones recopiladas en las reuniones que se llevaron a cabo con organizaciones de la Sociedad Civil Organizada de Michoacán, así como en el foro “Los Derechos de los Adultos Mayores”, realizada el pasado 22 de febrero en la ciudad de Morelia, Michoacán.

Agradezco por ello, como legislador y como mexicano, el interés mostrado sobre el tema, especialmente de organizaciones como: Fundación Nosotros los Jóvenes de Tepuxtepec; Comisión Regional de Derechos Humanos de Ciudad Hidalgo; Asociación Internacional para la Protección de los Derechos Humanos y la Vigilancia Permanente de la aplicación de la Ley; Cascadas de Ichaqueo; Biopoder de Uruapan; Sociedad Mexicana de Derechos Humanos; Centro de Investigación y Proyectos Geográficos; Centro de Apoyo a la Salud Alternativa; Fuerza Migrantes sin Fronteras; Movimiento Unido Mexicano de Zacapu; Educación y Servicio Comunitario; Mieduca de Ciudad Hidalgo; Convihve, Michoacanos Unidos por la Salud y Contra el SIDA; Tiquechihuaske, Nahutal Chikahuac; Fundación Cultural Ramón Martínez Ocaranza; Comisión por la Verdad y la Justicia y el Grupo Petámuti, así como de académicos, investigadores y activistas sociales en defensa de los derechos humanos, de la calidad del Maestro Cuauhtémoc Manuel de Dienheim y Cristina Cortés Carillo, entre otros.

Con todas estas organizaciones defensoras y promotoras de los derechos humanos, hemos arribado a una conclusión: “Hablar del adulto mayor en México, es hablar de una realidad de pobreza, desigualdad, maltrato, abandono y discriminación”.

Llegar a esta edad cronológica implica, entre otras cosas, ser expulsado del mundo del trabajo, de la vida productiva, en el mejor de los casos, incursionar en condiciones de precariedad laboral, 7 millones de adultos mayores no tienen trabajo; 12 por ciento de los que sí trabajan no reciben ingresos, es decir, en pleno siglo XXI hay adultos mayores en condiciones de verdadera esclavitud, laborando jornadas arduas sin salarios, a veces explotados por su propia familia.

Ellos tienen que enfrentar, además por su cuenta, problemas de acceso a la vivienda, luchar porque es una práctica común que nadie quiera dar crédito al adulto mayor.

Cerca de 3.5 millones de personas adultas mayores de 65 años viven en pobreza y más de 800 mil se ubican en pobreza extrema, 5.1 millones, casi la mitad de la población de esta edad, se encuentra en rezago educativo.

Es común que se les niegue la atención médica o que ésta sea de baja calidad y con malos tratos. Pocos acceden a la atención geriátrica y a la prevención contra enfermedades degenerativas.

Otro grave problema es el de la violencia que también permanece invisible ante las autoridades en México.

Por estudios académicos, sabemos que los casos de maltrato duplican el promedio de toda América Latina. Esta es una pequeña parte de un diagnóstico grave, pero más grave es la indiferencia o indolencia de la sociedad y del poder público.

En nuestra opinión, la reforma que aquí se plantea rescata el carácter social y solidario para con la tercera edad como rasgo esencial del Estado mexicano.

Las personas adultas mayores no deben ser abandonadas a su suerte, no basta con programas de apoyo condicionados que dependen en todo caso de la voluntad del gobernante en turno.

Por estas y otras consideraciones, se plantea reformar el artículo 4o. constitucional para señalar que toda persona tiene derecho a un envejecimiento digno, activo y productivo. Además, se hace explícito el deber del Estado de garantizar que en la legislación, en la planeación del desarrollo, las políticas y los programas públicos, se establezca un marco de protección integral y de ejercicio pleno de los derechos de las personas adultas mayores.

En esta reforma se propone tomar en cuenta las diferencias específicas entre áreas urbanas y rurales, las inequidades de género, el origen étnico y las disparidades regionales. Asimismo, se plantea atender los principios de independencia, participación, cuidados, autorrealización y dignidad que han sido proclamadas al seno de la propia Organización de las Naciones Unidas.

Uno de los puntos centrales de la iniciativa constitucional de mérito, será el establecimiento del derecho a una pensión alimentaria que será universal.

Esta medida reconoce la contribución de las personas adultas mayores al desarrollo del país, independientemente de su situación laboral.

Hoy en día miles de mujeres que no cuentan con seguridad social encuentran en este tipo de pensiones un merecido ingreso económico. Igual sucede con adultos mayores del campo o aquellos que habitan en comunidades indígenas.

Todos ellos fueron excluidos en el esquema del Estado corporativo.

Proponemos establecer la obligación del Estado de promover la inclusión social de las personas adultas mayores y su acceso en condiciones dignas al ámbito laboral, la atención de la salud, la educación y la vivienda.

Finalmente, se busca definir que las leyes establezcan la protección del Estado contra todas formas de abandono, maltrato, violencia y explotación de cualquier tipo y las sanciones aplicables en dichos casos.

Sabemos que es indispensable generar un cambio cultural en México para arraigar en la sociedad el respeto, reconocimiento y aprecio de las personas adultas mayores y una percepción positiva del envejecimiento, porque, como hemos señalado, es un proceso que nos concierne a todos.

Esperamos que con la discusión y, en su caso, la aprobación de esta iniciativa de reforma constitucional, podamos contribuir al establecimiento de una sociedad más solidaria, más incluyente y, sobre todo, más responsable con sus adultos mayores.

Por su atención, muchas gracias.

Iniciativa

“PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
DE LA CAMARA DE SENADORES
DEL H. CONGRESO DE LA UNION
PRESENTE.

El suscrito, RAUL MORON OROZCO, Senador de la República a la LXII Legislatura, integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 8, fracción I, del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta Soberanía la siguiente: INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONAN LOSPÁRRAFOS DECIMO TERCERO Y DECIMO CUARTO AL ARTICULO 4º DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA DE DERECHOS DE LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES Y EL ENVEJECIMIENTO, al tenor de la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

En México, la realidad cotidiana de las personas adultas mayores está marcada por la violencia, el desempleo, la pobreza, la desigualdad, el maltrato, la discriminación, las necesidades insatisfechas, la exclusión o la precariedad.

En muchas ocasiones, esta realidad permanece invisible a los ojos de las familias, de la sociedad, y lo más grave, de las instituciones del Estado. Ello, se traduce en violación de sus Derechos Humanos y de su Dignidad. Como muestra de la situación descrita, tenemos entre otros datos los siguientes:

Es común que se les niegue la atención médica o que esta sea de baja calidad y con malos tratos; pocos acceden a la atención geriátrica y a la prevención contra enfermedades degenerativas. Tan sólo en los primero cinco meses de 2012, la CNDH documentó 309 casos de que quejas de maltrato a adultos mayores víctimas de negligencia, inadecuada atención en el suministro de medicamentos e incumplimiento en el pago de pensiones.

En México, la vejez comúnmente va asociada con la pobreza. De acuerdo con el CONEVAL, en datos del 2010, 45.7% de las personas mayores de 65 años viven en pobreza, que equivale a 3.5 millones de personas. Más de 800 mil viven en pobreza extrema. El 77.1% tiene al menos una carencia.

En las cifras del citado organismo, 66% de las personas en dicho rango de edad presentaban rezago educativo, es decir, 5.1 millones de personas, cerca la mitad de la población adulta mayor.

Casi 4 millones de personas de 65 años o más presentaron niveles de ingresos inferiores a la línea de bienestar, o sea, carecen de lo mínimo para subsistir. 1.6 millones presentaron carencias en alimentación y 1.3 millones carencias en servicios básicos de vivienda.

Otro grave problema, es el de la violencia, que también permanece invisible ante las autoridades. El Colegio de México, documento en un estudio que al menos 16% de los adultos mayores en el país sufre de algún tipo de maltrato, el doble que el promedio de América Latina. Las formas de agresión son sobre todo de carácter sicológico, sumado a otros casos de abuso físico, económico y sexual.

En materia laboral, de acuerdo al Observatorio de Política Social y Derechos Humanos, de un total de 10 millones 633 mil adultos mayores, alrededor de 7 millones no tienen trabajo. Casi 3 de cada 10 adultos mayores que reportaron estar ocupados durante el primer trimestre de 2012, percibe hasta 1 salario mínimo diario por su trabajo.Otro grupo importante de ellos (21%), recibe hasta 2 salarios mínimos.

12% de las personas adultas mayores que trabajan no reciben ingresos. Es decir, en pleno siglo XXI hay adultos mayores que viven condiciones de verdadera esclavitud, laborando jornadas arduas, sin salario, a veces explotados por su propia familia.

Si sumamos los anteriores porcentajes, podemos concluir que el 60%, o sea 6 de cada 10 personas adultas mayores que trabajan lo hacen en condiciones precarias. Los contratos laborales no garantizan a las personas adultas mayores el acceso a la seguridad social, pago conforme a la ley, y generalmente no se toma en cuenta su sexo, edad, y experiencia de trabajo, lo que se tra­duce en actos de discriminación y desigualdad. La mayoría de quienes perciben una pensión consideran que son insuficientes.

Pero lo más grave, es que 7 de cada 10 están excluidos del mercado laboral, aunque muchos de ellos desean continuar una vida activa y productiva.

En buena medida, la exclusión social que enfrentan las personas adultas mayores, deviene de un modelo económico que promueve una visión mercantilista, utilitaria e individualista, que pone el interés económico por encima de cualquier sentido humanista y de los principios de justicia social que están plasmados en la Constitución.

En los hechos, se abandonó la solidaridad intergeneracional que existía, y el carácter solidario del Estado mexicano. Las reformas a la Seguridad Social, que sustituyeron el sistema donde los trabajadores en activo sostenían las pensiones de los jubilados, dan cuenta del abandono del principio de solidaridad.

Es importante garantizar un ingreso económico a las personas adultas mayores, como responsabilidad del Estado. Hoy la discusión nacional versa sobre este tema.

Ante la incertidumbre económica y la inseguridad alimentaria que padece una inmensa cantidad de personas adultas mayores en el país, el PRD ha presentado iniciativas para establecer en la Constitución el derecho universal a una pensión alimentaria. También se ha propuesto establecer que la seguridad social sea un derecho universal. Todo ello, independientemente de la situación laboral de las personas.

La creación del Programa 70 y más, a nivel federal, y de programas homólogos en las entidades federativas, han sido resultado de las luchas de la izquierda, pero sobre todo, de las luchas de las organizaciones y de las mismas personas adultas mayores.

Pero no debemos perder de vista que las personas adultas mayores tienen otras necesidades, o mejor dicho, tienen también derecho a la vivienda, la salud, la seguridad social, a una vida libre de violencia, etc. Tienen otros derechos igual de esenciales que la seguridad económica.

Es así que la presente iniciativa, toma en consideración que debemos propiciar una nueva cultura del envejecimiento. Debemos evitar que se arraigue una idea de que se trata sólo de crear programas o leyes para un sector de la población. Se trata de problemas estructurales.

Debemos entender que se trata de un proceso que nos involucra a todos. Todos seremos viejos en un tiempo. Además, nuestro país sigue una tendencia inobjetable hacia el envejecimiento de la población.

En el Censo de Población y Vivienda del INEGI realizado en el año 2010, se mostró que había 10.1 millones de personas de más de 60 años, que equivale al 9% de la población. De acuerdo a las proyecciones, para 2050, las personas adultas mayores representarán el 30% del total de la población nacional.

Organismos como la CEPAL han señalado que el envejecimiento es uno de los retos demográficos más importantes a los que se enfrentarán los países de América Latina en el siglo XXI.

Por tanto, uno de los grandes desafíos a enfrentar, es garantizar un envejecimiento digno a todas las ciudadanas y todos los ciudadanos. También, debemos construir una sociedad para todas las edades. Para ello, se requieren definiciones de largo plazo, que tengan claridad sobre la magnitud de los requerimientos del país como resultado del proceso de envejecimiento.

Requerimos de un Plan Estratégico para el presente y el futuro que siente las bases una nueva relación entre Estado y sociedad, que rescate el humanismo, el sentido solidario, los objetivos sociales, y reconozca la experiencia de las personas adultas mayores y su enorme contribución al desarrollo del país.Este plan, debe poner en el centro su Dignidad como personas.

Tiene que generarse un cambio cultural en México, para arraigar en la sociedad el respeto, reconocimiento y aprecio de las personas adultas mayores y una percepción positiva del envejecimiento, porque como hemos señalado, es un proceso que nos concierne a todos.

El plan estratégico sólo puede ser resultado de acuerdo que involucre a todos:

• A los órdenes de gobierno, federal, estatal y municipal

• A los Congresos locales y al congreso federal

• A los organismos de derechos humanos

• A las organizaciones de la Sociedad Civil

• A los empresarios

• A las mujeres y hombres adultas mayores

• A las familias

• Pero también a las y los jóvenes, a las niñas, niños y adolescentes

El Punto de partida de dicho acuerdo, debe ser establecido en la Constitución.

Cabe mencionar, que tradicionalmente, se había considerado a las personas adultas mayores como objeto de ayuda o asistencia. No obstante, ha ido tomado impulso un nuevo paradigma, que los considera como Sujetos de Derechos. A este ha contribuido el empuje internacional.

Ello, puede constatarse en los siguientes documentos e instrumentos internacionales:

• El Plan de Acción Internacional de Viena sobre el Envejecimiento de 1982.

• Los Principios de las Naciones Unidas en Favor de las Personas de Edad, contenidos en la, en la resolución 46/91de la Asamblea General, del 16 de diciembre de 1991.

• Las Asambleas Mundiales sobre el Envejecimiento.

• El Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos de Derechos Económicos, Sociales y Culturales llamado “Protocolo de San Salvador”.

• La Observación General 6, enfocada a los derechos económicos, sociales y culturales de las personas adultas mayores, realizada en 1995, por el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la Organización de las Naciones Unidas.

• Los instrumentos desarrollados por la Organización Internacional del Trabajo (OIT) (Recomendación 162 y la Resolución relativa a

• Seguridad social de la Conferencia Internacional de Trabajo, 89a. reunión 5-21 junio, 2001).

• La Estrategia Regional de Implementación para América Latina y el Caribe del Plan de Acción Internacional sobre el Envejecimiento, adoptada en noviembre de 2003.

Una gran asignatura pendiente, es que no existe a nivel internacional una convención sobre las personas adultas mayores.

Otro tema pendiente, es asegurar que en México, el tema de los derechos pase del discurso a la realidad. Aunado a ello, debemos superar las visiones asistencialistas que prevalecen en los Gobiernos y en la sociedad.

Actualmente, la Constitución sólo menciona de manera explícita el derecho a la no discriminación por razón de edad en el Artículo 1º.

Aun cuando las personas adultas mayores gozan de todos los derechos que establece la Ley Fundamental, vale la pena preguntarse:

¿Porqué no están establecidos sus derechos específicos, como sucede con las niñas, niños y adolescentes, en el artículo 4º?

La Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, La Federal para Erradicar la Discriminación, sus leyes correlativas en los estados, la legislación en materia de salud, de seguridad social, asistencia social, vivienda, han sido notoriamente insuficientes para garantizar condiciones de vida digna en la vejez.

Los Derechos de las Personas Adultas Mayores, fue la gran omisión de las reformas constitucionales en materia de derechos humanos efectuadas en el año 2011.

Proponemos elevar a rango constitucional los derechos de las personas adultas mayores, que en nuestra opinión deben estar incluidos en el artículo 4, no obstante que actualmente gozan de los demás derechos que establece la constitución para todas las personas. Ello, en atención a que tienen circunstancias específicas, y porque el tema del envejecimiento digno debe ser una prioridad del Estado.

Buscamos hacer explícito eldeber del Estado de garantizar que en la legislación, la planeación del desarrollo, las políticas y los programas públicos se establezca un marco de protección integral y de ejercicio pleno de los derechos de las personas adultas mayores, que tendrá en cuenta las diferencias específicas entre áreas urbanas y rurales, las inequidades de género, el origen étnico y las disparidades regionales; asimismo, fomentará el mayor grado posible de autonomía personal y participación en todas las decisiones públicas que les atañen.

Igual de relevante es establecer la obligación del Estado de promover la inclusión social de las personas adultas mayores y su acceso en condiciones dignas al ámbito laboral, la atención de la salud, la educación y la vivienda. También, se busca definir que las leyes establezcan la protección del Estado contra toda forma de abandono, maltrato, violencia y explotación de cualquier tipo, y las sanciones aplicables en dichos casos.

Lo más trascendente, es que se avanza en que los derechos del adulto mayor se vuelvan verdaderamente exigibles y justiciables.

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta H. Asamblea el siguiente:

PROYECTO DEDECRETO

UNICO. Se ADICIONAN los párrafos décimo tercero y décimo cuarto al artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar de la forma siguiente:

Artículo 4o.

Toda persona tiene derecho a un envejecimiento digno. Es deber del Estado garantizar que en la legislación, la planeación del desarrollo, las políticas y los programas públicos se establezca un marco de protección integral y de ejercicio pleno de los derechos de las personas adultas mayores, que tendrá en cuenta las diferencias específicas entre áreas urbanas y rurales, las inequidades de género, el origen étnico y las disparidades regionales; asimismo, fomentará el mayor grado posible de autonomía personal y participación en todas las decisiones públicas que les atañen.

El Estado promoverá la inclusión social de las personas adultas mayores y su acceso en condiciones dignas al ámbito laboral, la atención de la salud, la educación y la vivienda. Las leyes establecerán la protección del Estado contra toda forma de abandono, maltrato, violencia y explotación de cualquier tipo, y establecerán las sanciones aplicables en dichos casos.

TRANSITORIOS

UNICO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Salón de sesiones de la Cámara de Senadores, a 26 de febrero de 2013.

Suscribe

Sen. Raúl Morón Orozco”.

- El C. Presidente Sánchez Jiménez: Gracias. Túrnese a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; y de Estudios Legislativos, Segunda.

Tiene el uso de la tribuna el Senador Javier Lozano Alarcón, del grupo parlamentario del PAN, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal de Telecomunicaciones.





 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES

(Presentada por el C. Senador Javier Lozano Alarcón, del grupo parlamentario del PAN)

- El C. Senador Javier Lozano Alarcón: Muchas gracias, señor Presidente; compañeras y compañeros Senadores, buenas tardes.

Estoy presentando y me acompañan, y les agradezco, varios Senadores, una iniciativa de reformas y adiciones a la Ley Federal de Telecomunicaciones. El objetivo central de esta iniciativa es el consumidor, es el usuario de los servicios de telecomunicaciones.

Y, ¿cómo le vamos a ayudar mejor a ese consumidor, a ese usuario?, pues fortaleciendo la competencia y fortaleciendo también las atribuciones del órgano regulador de la Comisión Federal de Telecomunicaciones.

Concretamente, ¿qué planteo?

Planteo dejar a la COFETEL, como está, en términos de un órgano desconcentrado dentro de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, porque considero que no es necesario cambiar su naturaleza jurídica, sino tan sólo fortalecerla. Así lo que propongo es eliminar una doble ventanilla que se da en tres vertientes, me explico:

Primero.- Que pueda la COFETEL imponer directamente sanciones y que no dependa de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, de otras unidades administrativas, para que esas sanciones se impongan.

Hoy una de cada cinco de las propuestas de sanción que plantea la COFETEL, apenas una de cada cinco, llega a ser una multa y tarda muchos meses para que ello ocurra con otra.

Estoy planteando que se aumente por cuatro veces el monto de las distintas sanciones por infracciones a la ley. Es decir, cuando en 1995 se creó la Ley Federal de Telecomunicaciones, era otro el mercado, otras las necesidades y, por lo tanto, otro el monto de las sanciones.

Hoy pareciera que las sanciones ya no le están doliendo a los operadores que abusan de la ley.

Por lo tanto, la COFETEL impone sanciones directamente y las sanciones son más altas.

Segundo.- Que la COFETEL pueda también otorgar directamente las concesiones en materia de telecomunicaciones, tal como ya está previsto para radio y televisión. Y de esa manera no depende de la voluntad política de la secretaría, sino solamente con el estricto rigor técnico que debe caracterizar este acto administrativo.

Tercero.- Que para efectos de la declaratoria de dominancia en mercados relevantes de las telecomunicaciones, no tenga que ser la Comisión Federal de Competencia quien haga la declaratoria correspondiente en términos de la Ley Federal de Competencia Económica, sino que lo pueda hacer directamente la Comisión Federal de Telecomunicaciones, tanto la declaratoria de dominancia, en cuanto a la expedición de las disposiciones o regulación asimétrica para el operador dominante.

Una cosa muy importante. Se fortalecen las atribuciones de la COFETEL en el tema, digamos, esencial de la interoperabilidad entre redes. Es decir, que en tratándose de interconexión entre redes públicas de telecomunicaciones, las resoluciones de la COFETEL no sean objeto de suspensión ni provisional ni definitiva en caso de juicio de amparo. Esto por considerar de interés público el tema de la interconexión como el recurso esencial de las telecomunicaciones.

Algo muy importante es que se está agregando todo un capítulo de la protección de los derechos de los usuarios. Parece mentira, pero hoy no tenemos un verdadero catálogo de las obligaciones de la autoridad, de las obligaciones de concesionarios y permisionarios de servicios de telecomunicaciones, y por lo tanto lo que vemos constantemente son quejas de los usuarios porque el servicio es un desastre, en algunos de los servicios móviles particularmente. Y la bonificación que recibimos los consumidores o los usuarios es muy poca, la verdad, en comparación con la grave afectación que presenta constantemente este servicio.

En tal virtud, se está planteando que la COFETEL pueda y deba dictar disposiciones de carácter general en materia de calidad de los servicios, al tiempo de agregar una serie de causales de sanción que están totalmente vinculadas con esta prestación de servicios en cuanto a calidad, precio, etcétera.

Se le da una intervención adicional a la Procuraduría Federal del Consumidor para efectos de que también intervenga junto con la COFETEL para hacer esta verificación de calidad, de precio, de los contenidos mismos en cuanto a los servicios de telecomunicaciones, mismos que por cierto también lo que se está estableciendo es una obligación de los permisionarios y concesionarios de no revelar a ninguna persona ni el contenido de lo que se transmite a través de sus redes ni tampoco los datos personales de los usuarios de los servicios de telecomunicaciones.

Se les está garantizando a los usuarios acceso gratuito a los servicios de emergencia en telefonía. Y algo muy importante, que avisen 24 horas antes de que se vaya a presentar la falla en alguna red, tanto a autoridades como a los usuarios para efecto de que se tomen las medidas conducentes y que los contratos que se registren ante la Comisión Federal de Telecomunicaciones contengan tipo de servicio, área de cobertura, precio, calidad, mecanismo de atención de quejas, las bonificaciones o la política de bonificaciones que se va a seguir y que la facturación de todos los usuarios sea estrictamente desglosando por cada tipo de servicio, y que no por el sólo silencio ante una supuesta consulta que nos hacen los operadores estemos aceptando nuevos cargos que en la letra chiquita nos aclaran en la factura inmediata siguiente.

Por cierto, una multa adicional que se está planteando, aquel reincidente, aquel operador reincidente que en un plazo de cinco años caiga dos veces en sanciones de las que se consideran graves en términos de esta ley, podrá hacerse acreedor a una tercera sanción.

¿Y en qué consiste?

En que se le puede imponer una multa que va de 1 a 3 por ciento de sus ingresos brutos totales del ejercicio fiscal inmediato anterior.

Es decir, a grandes males, grandes remedios.

Insisto y termino. El objetivo fundamental de esta iniciativa, que no es reforma constitucional, es meramente la Ley Federal de Telecomunicaciones, es el consumidor, el usuario, que lo que quiere es una mayor diversidad, calidad de los servicios de telecomunicaciones y pagar menos por esos servicios.

¿Cómo se va a dar?

Con competencia.

¿Y cómo vamos a hacer que esa competencia sea efectiva?

Con más promoción de inversiones de desarrollo tecnológico, pero con un árbitro fuerte, que tenga tarjetas amarillas y rojas y que las sepa sacar a tiempo.

A grosso modo, este es el contenido de la iniciativa que pongo a su consideración, y desde luego los invito a sumarse a la misma.

Por su atención, muchísimas gracias, buenas tardes.

(Aplausos)

Iniciativa

“C. SEN. ERNESTO JAVIER CORDERO ARROYO

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA

DE LA CAMARA DE SENADORES

DEL H. CONGRESO DE LA UNION

PRESENTE.

El que suscribe, Javier Lozano Alarcón, Senador de la República integrante del grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional a la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como por los artículos 164 numeral 1; 169 y 172 numerales 1 y 2 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta Asamblea la siguiente Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal de Telecomunicaciones. Lo anterior, conforme a la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

La presente iniciativa tiene un objetivo central: el consumidor. Se trata de facilitar el acceso, mejorar la calidad de los servicios de telecomunicaciones y disminuir las tarifas aplicables a los mismos.

Para ello, además de incorporar nuevas disposiciones para la protección de los derechos del consumidor, se plantea el fortalecimiento de las atribuciones del órgano regulador del sector, es decir, de la Comisión Federal de Telecomunicaciones (la Cofetel), para que cumpla a cabalidad con el mandato que le ha conferido la Ley Federal de Telecomunicaciones (la LEY) y que, como se verá más adelante, no ha podido realizar, entre otras razones, por insuficiencias y deficiencias de la propia legislación.

Buena parte de lo que aquí se recoge deriva de la experiencia de muchos actores en este sector-incluido su autor- que, a lo largo de los últimos años, han plasmado documentos de trabajo, anteproyectos, propuestas e incluso iniciativas que no han llegado a concretarse como una reforma propiamente dicha.

Es el caso de diversas organizaciones de la sociedad civil; de la Conferencia Parlamentaria en materia de Telecomunicaciones conformada en la LVIII legislatura y de otros documentos y conclusiones derivados de foros, conferencias y análisis de estudiosos y especialistas.

Un rápido vistazo por la evolución reciente en el sector nos permite advertir con claridad la imperiosa necesidad de avanzar hacia una reforma necesaria, posible y urgente. No se trata de excluir otros temas que, seguramente, serán motivo de ulterior análisis. Por lo pronto, lo que los consumidores reclaman, con toda razón, es que los precios que se pagan por los servicios que reciben no corresponden a la calidad y diversidad esperada y comprometida.

La prestación de servicios de telecomunicaciones en nuestro país se encuentra normada de acuerdo a lo previsto en el artículo 28 de la Constitución Política de nuestro país y la LEY, que establece que éstos serán explotados a través de concesiones de redes públicas de telecomunicaciones o a través de permisos para la comercialización de este tipo de servicios.

Gracias al vertiginoso ritmo de cambio tecnológico que se ha experimentado en las últimas dos décadas, que ha dotado de una mayor eficiencia a los equipos que forman parte de las redes de telecomunicaciones y a terminales para los usuarios con una capacidad y nivel de inteligencia no imaginados hasta hace algunos años, los proveedores de servicios de telecomunicaciones han estado en posibilidad de ofrecer los servicios a un número de usuarios que se ha multiplicadopor un factor de 10 respecto a los que se observaban en nuestro país a finales de la década de los noventa.

Sin embargo, este fuerte crecimiento no ha estado exento de complicaciones, sobre todo para los usuarios, quienes constantemente padecen problemas de calidad en los servicios que tienen contratados con sus respectivos proveedores. El caso más emblemático es el de los usuarios de servicios de las redes que prestan servicios móviles.

Ante estos recurrentes problemas, es claro que hoy día la Cofetel no cuenta con las atribuciones suficientes para realmente hacer valer la ley y así cumplir con su explícito mandato de promover un desarrollo eficiente de las telecomunicaciones; fomentar una sana competencia entre los diferentes prestadores de servicios de telecomunicaciones a fin de que éstos se presten con mejores precios, diversidad y calidad en beneficio de los usuarios, y promover una adecuada cobertura social.

Lamentablemente, al momento de expedirse la LEY en 1995, se eligió un arreglo institucional que, con el paso de los años, ha quedado rebasado. Las diversas reformas que se han propuesto, si bien han tratado de resolver algunos aspectos relacionados con el aspecto institucional, han dejado fuera de estos esfuerzos la necesidad de evitar la duplicidad de trámites a la Cofetel.

En la presente iniciativa no se propone un cambio a la naturaleza jurídica de la Cofetel ni a la integración y forma de renovar su Pleno. Lo que aquí se plantea es el fortalecimiento de sus atribuciones para facilitarle así el debido cumplimiento de su mandato.

Derivado de lo anterior, se propone que, tal como ya sucede en materia de radiodifusión, la Cofetel se encargue directamente de recibir, analizar, tramitar, autorizar, otorgar, prorrogar modificar, refrendar y revocar asignaciones, concesiones, autorizaciones y permisos en materia de telecomunicaciones.

Ha quedado claro que uno de los problemas estructurales que se enfrentan tienen que ver con el monto de las sanciones previstas en la legislación de la materia, entre otras razones, porque el valor del mercado de telecomunicaciones al momento en que ésta se promulgó era sustancialmente menor al que hoy observamos. Asimismo, los casi 18 años de vigencia del catálogo de sanciones prevista en la LEY y el desarrollo del sector han puesto también de manifiesto que no solo resulta imperativo aumentar los montos de las sanciones sino también, incluir supuestos de sanción adicionales a los previstos actualmente, entre otras cuestiones, para inhibir la utilización de prácticas que afectan negativamente el entorno competitivo bajo el que debe desenvolverse el sector, y que por ende, también terminan por impactar los servicios que reciben los usuarios o los que éstos pueden contratar, tanto en tarifas como en calidad y variedad.

Otra deficiencia que se advierte en la LEY, también relacionada con los usuarios, es justamente la ausencia de disposiciones realmente orientadas a la defensa de los consumidores de servicios de telecomunicaciones ante diversas prácticas por parte de los proveedores de servicios, cuya lógica comercial no se enfoca necesariamente a privilegiar la calidad que entregan a los usuarios, sino a la rentabilidad de sus inversiones.

Esta ausencia específica en el marco legal que rige la prestación de servicios de telecomunicaciones ha sido señalada reiteradamente por organizaciones civiles vinculadas con la defensa de los usuarios así como por los propios consumidores a través de diversos mecanismos, incluidas las redes sociales.

A pesar de que la Cofetel, en uso de sus atribuciones, publicó un Plan Técnico Fundamental de Calidad de las Redes del Servicio Local Móvil, cabe decir que este instrumento establece más bien los parámetros técnicos mínimos con que se deben prestar los servicios a los usuarios finales, dejando a un lado la verdadera percepción que los usuarios tienen de los servicios que contratan. Por ello debe quedar debidamente asentado en ley cuales han de ser las características de los servicios concesionados y el tratamiento que se debe dar a las comunicaciones cursadas a través de las redes públicas de telecomunicaciones.

Asimismo, es de destacar que el actual Plan Técnico Fundamental de Calidad de las Redes del Servicio Local Móvil no es un instrumento que realmente garantice los derechos de los usuarios ni clasifique a las comunicaciones que se cursan a través de las redes públicas de telecomunicaciones como comunicaciones confidenciales.

En consistencia con lo expresado arriba, para contar con condiciones de servicio que cumplan con estándares de calidad similares a lo que se observa en otros países, resulta incuestionable que se requiere contar con un órgano regulador fuerte con capacidad de dictar disposiciones administrativas y sancionar directamente a quienes no se apeguen a ellas o a la propia legislación y regulación vigente, sin tener que someter a la consideración de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (la SCT) sus determinaciones.

Tal como se mencionó anteriormente, desde su creación, la Cofetel no ha contado con las facultades suficientes para hacer cumplir a cabalidad la ley o sus disposiciones administrativas. Ha prevalecido la llamada “doble ventanilla” tanto para el otorgamiento de concesiones en materia de telecomunicaciones como para la imposición de sanciones.

Esta falta de claridad en la separación de funciones entre diversas áreas administrativas de la SCT y la Cofetel, dio lugar a una evidente e improductiva duplicidad de funciones que, además, ha contribuido a generar un marco de incertidumbre tanto para los operadores establecidos como para los que pretenden entrar al mercado. Ello inhibe la inversión óptima y oportuna en infraestructura de telecomunicaciones y favorece el status quo en los mercados, con el consecuente perjuicio para el consumidor.

En este sentido, desde la apertura del sector a la competencia se ha mantenido un arreglo institucional por virtud del cual la Cofetel, al detectar algún incumplimiento o violación de la normatividad recomienda a la SCT la imposición de determinada sanción, y es esta última quien resuelve si dicha recomendación de sanción procede o no. Cabe destacar que de la totalidad de sanciones que la Cofetel ha propuesto a la SCT, únicamente se ejecuta un porcentaje menor al 20 por ciento de ellas, y los tiempos para la ejecución de las mismas no están establecidos en las leyes o reglamentos vigentes. Todo ello es un incentivo perverso para que los concesionarios de redes públicas de telecomunicaciones y comercializadores de servicios no cumplan las disposiciones administrativas que consideren perjudiciales para sus intereses económicos.

Un tema central para contar con un buen ambiente de competencia, que genere los incentivos necesarios para que haya inversionistas dispuestos a entrar a este mercado, que de antemano se caracteriza por la presencia de un operador histórico y que normalmente concentra una alta proporción del mercado, tiene que ver con el régimen regulatorio para la interconexión de las redes públicas que participan, o pretenden participar, en el mercado de servicios de telecomunicaciones.

Si bien es cierto que la LEY contiene disposiciones que buscan regular la interconexión, también es cierto que dichas disposiciones han sido, hasta el día de hoy, en cierta forma, ineficaces. Esto se explica, entre otras razones, por la diferencia en el poder de mercado de los proveedores de servicios de telecomunicaciones, que se refleja en condiciones de negociación desventajosa para los operadores o proveedores nuevos o de menor tamaño, de alguna manera explicable por la asimetría en la información disponible para cada parte en el proceso de negociación.

Dicha situación ocasionó que, hasta fechas recientes, la mayor parte de los operadores, incluyendo el operador histórico, buscaran recurrir ante el Poder Judicial de la Federación las decisiones en materia de interconexión emitidas por la Cofetel; unos por considerar que se habría fijado una tarifa no consistente con los costos de sus redes y, otros, por considerar que, al momento de resolver desacuerdos de interconexión, la autoridad no tomó en cuenta diversos argumentos expuestos durante el proceso. Sin embargo, en una serie de decisiones adoptadas recientemente, la Suprema Corte de Justicia de la Nación no solo ratificó las facultades de la Cofetel por lo que hace a la resolución de disputas y determinación de tarifas de interconexión sino que, incluso, emitió un criterio por el que quedó establecido que, en los juicios de amparo promovidos en contra de resoluciones de la Cofetel en materia de interconexión, no procede otorgar la suspensión.

El criterio jurisdiccional antes descrito se recoge como parte de las disposiciones sustantivas de esta iniciativa lo cual, aunado con algún ajuste sencillo a las disposiciones sobre interconexión en la LEY, seguramente darán una mayor eficacia a las decisiones de la Cofetel en esta materia, considerado el recurso esencial por excelencia. Tales elementos brindarán mayor claridad a esta autoridad sobre la forma en que debe estimarse el costo de cada red y por tanto, las tarifas de interconexión que han de estar basadas en dichos costos.

Al hacer referencia a los aspectos de competencia en el sector telecomunicaciones no podemos pasar por alto que, tal como lo han demostrado ya diversos órganos reguladores de otros países, una condición necesaria para que los esfuerzos de apertura a la competencia funcionen tiene que ver con la eficacia de las autoridades reguladoras para controlar de manera previa, es decir antes de que pueda ser utilizado, el poder de mercado de los operadores incumbentes o históricos. A esto se le conoce como la regulación asimétrica de los operadores dominantes o con poder sustancial.

Esta regulación tiene como finalidad evitar que operadores dominantes se comporten de tal manera que obliguen a los operadores entrantes a cerrar sus operaciones o que desalienten la entrada de otros, simplemente negándoles algunos servicios o acceso a diversas funcionalidades de las redes de los primeros. A veces tales prácticas anticompetitivas se traducen en el retraso deliberado de otros servicios, o mediante el uso de prácticas depredatorias de precios y tarifas que terminan por estrangular los márgenes de operación de quienes pretenden competir.

En este orden de ideas, desde que México resolvió abrir el sector telecomunicaciones a la competencia hace casi 20 años, las autoridades no han podido concretar condiciones regulatorias específicas para los operadores con poder sustancial en los mercados relevantes de telecomunicaciones, precisamente por la interposición de un sinnúmero de recursos legales quehan significado, en los hechos, la ausencia de reglas asimétricas para los operadores que detentan una evidente mayoría en diversos mercados relevantes.

La LEY prevé hoy en su artículo 63, lo que podría considerarse otra “doble ventanilla”, en este caso con la Comisión Federal de Competencia. El que una autoridad declare la dominancia en determinado mercado relevante y otra autoridad sea la responsable de dictar la regulación asimétrica o específica, no se ajusta a las mejores prácticas internacionales en materia de regulación del poder sustancial de determinados operadores. Se trata de una situación que ha demostrado ser altamente ineficaz en el caso de México. Por su naturaleza, abre espacios de oportunidad para que las decisiones sean recurridas exitosamente ante instancias judiciales.Es ésta una gran vulnerabilidad a un proceso que, idealmente, debería ser integral y a cargo de una sola autoridad.

No está de más señalar que tanto en la Unión Europea como en los Estados Unidos de América, el regulador del mercado de las telecomunicaciones está facultado para determinar los mercados relevantes de telecomunicaciones y declarar al o los operadores con poder sustancial en dichos mercados. Asimismo, el regulador de telecomunicaciones goza de atribuciones suficientes que le permiten establecer obligaciones específicas a dichos operadores.

En este contexto, tomando en consideración las condiciones de mercado que prevalecen actualmente en nuestro país, resulta imperativo romper esa fuente de ineficacia de las autoridades. Por lo tanto, se considera necesario que la Cofetel cuente con las atribuciones suficientes para definir directamente mercados relevantes, determinar a los concesionarios o agentes económicos que tienen poder sustancial en dichos mercados e imponer las obligaciones específicas que permitan inhibir un comportamiento anticompetitivo por parte de ese concesionario o agente económico con poder sustancial.

Asimismo, tal como ya se señaló arriba, los montos de las sanciones que contempla la legislación actual no guardan relación con el tamaño de los ingresos que hoy en día obtienen los proveedores de servicios de telecomunicaciones en nuestro país. Esa supuesta amenaza de sanción no genera incentivos efectivos para que los concesionarios y comercializadores cumplan con la ley.

El catálogo de sanciones es en sí un motivador para, que en caso de que un proveedor de servicios de telecomunicaciones sea sancionado, le resulte más conveniente pagar los montos establecidos -si acaso- y con ello no tener que incurrir en gastos para dar cumplimiento a las disposiciones administrativas y legislación vigentes.

En suma, con la presente iniciativa se busca ampliar el catálogo de derechos del consumidor y de las facultades del regulador para propiciar una sana competencia; el debido desarrollo tecnológico así como la eficiente interconexión e interoperabilidad de redes para que todo ello se traduzca en más y mejores servicios, de mayor calidad y a menor precio para los usuarios de las telecomunicaciones en México.

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente iniciativa con:

PROYECTO DE DECRETO

UNICO.- Se reforman: el segundo párrafo del artículo 7; las fracciones X y XVII del artículo 9-A; la fracción IV del artículo 43; el artículo 63;el primer párrafo; el primer párrafo de los Apartados A, B y C; la fracción V del Apartado C; el segundo párrafo del Apartado C, todos del artículo 71. Se adicionan: la fracción XI-Bis al artículo 3; las fracciones XVIII a XXIV al artículo 9-A; la fracción IV-Bis al artículo 43; la fracción X-Bis al artículo 44; el Capítulo IV-BIS denominado “De la Protección de los Derechos de los Usuarios” que contiene los artículos 59 A, 59 B, 59 C, 59 D y 59 E; las fracciones VI a VIII del Apartado A, recorriéndose en su orden la actual fracción VI, para en adelante ser la fracción IX; las fracciones V a XI del Apartado B; la fracción VI del Apartado C del artículo 71; y el artículo 71 A. Se derogan: las fracciones IV, XI y XV del artículo 9-A. Todos de la Ley Federal de Telecomunicaciones, para quedar como sigue:

Artículo 3. …

I a XI…

XI. Bis. Servicio Universal: el conjunto de servicios de telecomunicaciones cuya prestación debe ofrecerse a todo usuario final con independencia de su localización geográfica, en condiciones de calidad y precio asequibles.

XII a XVII….

Artículo 7. …

Para el logro de estos objetivos, corresponde a la Secretaría, por sí o a través de la Comisión, según se trate y sin perjuicio de las que se confieran a otras dependencias del Ejecutivo Federal, el ejercicio de las atribuciones siguientes:

I a XV…

Artículo 9-A.

I a III….

IV. Se deroga.

V a IX.…

X. Promover y vigilar la eficiente interconexión de los equipos y redes públicas de telecomunicaciones incluyendo la que se realice con redes extranjeras, y determinar las condiciones que, en materia de interconexión, no hayan podido convenirse entre los concesionarios de redes públicas de telecomunicaciones. Las resoluciones que emita la Comisión en el ejercicio de esta atribución no podrán ser objeto de suspensión provisional o definitiva por la autoridad judicial federal en juicios de amparo.

XI. Se deroga.

XII a XIV…

XV. Se deroga.

XVI…

XVII.Recibir solicitudes, analizar, tramitar, autorizar, otorgar, prorrogar, modificar, refrendar y revocar asignaciones, concesiones, autorizaciones y permisos en materia de telecomunicaciones y radiodifusión, así como autorizar la cesión parcial o total de las mismas.

XVIII.Fijar los compromisos de calidad de servicios que deban cumplir los asignatarios, concesionarios y permisionarios de servicios de telecomunicaciones y radiodifusión, de conformidad con las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas aplicables, así como con los títulos de concesión y permisos en la materia, publicando los estándares de calidad generales por servicio;

XIX. Imponer sanciones por infracciones a las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas en materia de telecomunicaciones y radiodifusión, así como por el incumplimiento a lo dispuesto en las asignaciones, concesiones, permisos, registros o autorizaciones respectivos, incluyendo las de uso oficial;

XX. Opinar y participar, cuando así le sea requerido por la Secretaría, en los proyectos y programas de cobertura social, y ejecutar los procedimientos que deriven de los mismos, incluyendo la supervisión y vigilancia de los compromisos que deban ser concertados sobre dichos proyectos y programas a cargo de concesionarios de servicios de telecomunicaciones, derivados de lo establecido en sus títulos de concesión;

XXI. Revisar, registrar y, en su caso autorizar tarifas cuando así lo establezca la presente Ley o la Ley Federal de Radio y Televisión, o cuando lo prevean los títulos de concesión y permisos de telecomunicaciones y radiodifusión, o cualquier otra disposición de carácter legal, administrativo o resolución de autoridad competente;

XXII. Determinar los mercados relevantes de telecomunicaciones y los concesionarios de redes públicas de telecomunicaciones con poder sustancial en los mercados de que se trate, así como establecer las obligaciones y tarifas específicas y complementarias que tendrán que cumplir, de acuerdo con lo previsto en la presente Ley;

XXIII. Emitir disposiciones de carácter general para salvaguardar los derechos e intereses de los usuarios de servicios de telecomunicaciones y radiodifusión, en particular por lo que hace a las condiciones de precio y calidad de los servicios, y

XXIV. Las demás que le confieran esta ley, otras leyes, reglamentos y demás disposiciones aplicables.

………

Artículo 43. …

I a III…

IV. Establecer los servicios, capacidades y funciones que se proveerán entre las redes, tomando en consideración los lineamientos que, al efecto, publique la Comisión;

IV Bis. Acordar los precios o tarifas de interconexión con base en la metodología que para tales efectos establezca la Comisión, misma que deberá tomar en cuenta los costos de cada red. Los operadores con poder sustancial en mercados relevantes así declarados por la Comisión deberán aplicar las tarifas fijadas o autorizadas, en su caso, por ésta;

V a XI…

Artículo 44. …

I a X.…

X Bis. Garantizar la neutralidad tecnológica de sus redes para una adecuada interconexión e interoperabilidad con otras redes, considerando el desarrollo tecnológico de las telecomunicaciones y un trato justo y no discriminatorio para todos sus usuarios;

XI a XX.…

………

CAPITULO IV BIS

De la Protección de los Derechos de los Usuarios

Artículo 59-A. La información que se transmita a través de las redes y servicios de telecomunicaciones será confidencial, salvo aquella que, por su propia naturaleza, sea pública, o cuando medie orden de autoridad competente.

Artículo 59-B. Los prestadores de servicios de telecomunicaciones garantizarán la secrecía de las comunicaciones que se transmitan a través de su infraestructura y deberán proteger los datos de carácter personal de los usuarios de su red.

Artículo 59-C. Los prestadores de servicios de telecomunicaciones deberán presentar para su registro ante la Comisión los contratos tipo que pretendan celebrar con sus usuarios, mismos que deberán contener, como mínimo, lo siguiente:

I. Los servicios objeto del contrato;

II. El área de cobertura de los servicios;

III. Las contraprestaciones que deberá pagar el usuario por la prestación de los servicios;

IV. La calidad comprometida de los servicios que se prestarán;

V. Los términos y condiciones bajo los cuales se prestarán los servicios;

VI. Las bonificaciones o reembolsos a favor de los usuarios por interrupciones en el servicio o incumplimiento de los índices de calidad;

VII. El domicilio del prestador de servicios de telecomunicaciones para efectos de notificaciones, quejas o aclaraciones de los usuarios;

VIII. La forma en que el prestador de servicios atenderá las quejas de los usuarios;

IX. Las penas convencionales por incumplimiento de las obligaciones a cargo del prestador de servicios;

X. La vigencia del contrato;

XI. El derecho del usuario de dar por terminado el contrato dentro de los 30 días naturales siguientes a que lo solicite, o antes si así lo previene el contrato, sin perjuicio de las cantidades que deban compensarse las partes, mismas que en ningún caso podrán superar el monto total del contrato originalmente pactado, y

XII. La obligación del prestador de servicios de informar a los usuarios de cualquier modificación a las tarifas registradas y aplicables a sus respectivos servicios.

Artículo 59-D. Los prestadores de servicios de telecomunicaciones deberán:

I. Elaborar la factura correspondiente a cada usuario, desglosando los conceptos por servicios y sus respectivas tarifas;

II. Cumplir con la calidad pactada con los usuarios o con aquélla que establezca la Comisión a través de disposiciones de carácter general o concertada por esta última con los propios prestadores de servicios de telecomunicaciones;

III. Ofrecer acceso gratuito a los números telefónicosde emergencia que la Comisión determine a través del plan técnico fundamental de numeración;

IV. Abstenerse de facturar servicios no contemplados en el contrato, sin el expreso consentimiento del usuario;

V. Dar aviso a los usuarios, a través del propio servicio, y a la Comisión, por escrito, de cualquier circunstancia previsible que repercuta en forma generalizada o significativa en la prestación del servicio, con una antelación mínima de 24 horas;

VI. Reembolsar a los usuarios, cuando se dé por terminado anticipadamente el contrato, dentro de los 30 días naturales siguientes a que ello ocurra, cualquier cantidad pagada en forma anticipada, entregada como garantía de cumplimiento, o por cualquier otro concepto análogo a los anteriores, compensando cualquier otro gasto y demás prestaciones a cargo de los propios usuarios con motivo de la celebración del contrato;

VII. No interceptar sin autorización de la autoridad judicial competente el tráfico de señales de telecomunicaciones, y

VIII. Atender las medidas que indique la Comisión para el aprovechamiento de los servicios por parte de personas con discapacidad.

Las instituciones de crédito y, en su caso, cualquier otro tercero a través del cual se realice el pago periódico de los servicios de telecomunicaciones, estarán obligados a atender, sin prejuzgar y sin responsabilidad alguna a su cargo, cualquier indicación que les dé oportunamente el usuario respecto de la cancelación o suspensión de los pagos a favor de los prestadores de servicios.

Artículo 59-E. La protección de los derechos del usuario estará a cargo de la Procuraduría Federal del Consumidor, sin perjuicio de las facultades de la Comisión en cuanto a regulación, supervisión y sanción en materia de telecomunicaciones se refiere.

La Procuraduría Federal del Consumidor y la Comisión deberán celebrar acuerdos para promover y verificar que los servicios de telecomunicaciones se presten con los estándares de calidad, precio y demás condiciones pactadas y las que resulten aplicables de conformidad con la presente Ley y demás disposiciones vigentes. En tales acuerdos, entre otras estipulaciones, pactarán la obligación de la Procuraduría Federal del Consumidor de informar a la Comisión de las sanciones que imponga a fin de que la propia Comisión haga la valoración respectiva para efectos del artículo 71 de la presente Ley.

Artículo 63. La Comisión estará facultada para determinar mercados relevantes y para identificar y declarar como tal a los concesionarios de redes públicas de telecomunicaciones que tengan poder sustancial en dichos mercados, de acuerdo con la Ley Federal de Competencia Económica.

La Comisión fijará las obligaciones específicas relacionadas con tarifas, calidad de servicio, información y servicio universal del concesionario y el mercado relevante de que se trate, en términos del párrafo anterior, para lo cual deberá tomar en cuenta las mejores prácticas internacionales que, a su juicio, sean comparables y compatibles.

Las obligaciones en materia de tarifas a que se refiere este artículo para cada servicio, capacidad o función, incluyendo las de interconexión, deberán permitir al concesionario obligado recuperar, al menos, los costos de proveer los servicios, capacidades o funciones de que se trate en forma eficiente.

Capítulo IX

INFRACCIONES Y SANCIONES

Artículo 71. Las infracciones a lo dispuesto en esta Ley, las disposiciones reglamentarias y administrativas, se sancionarán por la Comisión de conformidad con lo siguiente:

A. Con multa de 50,000 a 500,000 salarios mínimos por:

I a V…

VI. Impedir a concesionarios o permisionarios la comercialización de los servicios y capacidad que hayan adquirido;

VII. Impedir u obstaculizar la portabilidad de números telefónicos;

VIII. Negarse u oponerse a las inspecciones o verificaciones que lleve a cabo la Comisión; y

IX. No cumplir en tiempo y forma, con las obligaciones establecidas en las fracciones XII, XIII, XIV, XV, XVI y XVIII del artículo 44 de esta Ley, en materia de telefonía.

B. Con multa de 20,000 a 200,000 salarios mínimos por:

I a IV…

V. Realizar modificaciones a su red que afecten el funcionamiento de los equipos de los usuarios o de las redes con las que esté interconectada, sin contar con la aprobación previa de la Comisión;

VI. Divulgar, sin autorización de las autoridades competentes o de los usuarios de que se trate, el contenido de mensajes o la existencia de los mismos no destinados al público en general que se cursan a través de las redes públicas o por cualquier otra infraestructura destinada a proporcionar servicios de telecomunicaciones; y

VII. Contravenir las disposiciones en materia de protección a los usuarios de telecomunicaciones;

VIII. Facturar servicios no contemplados en el contrato, sin el expreso consentimiento del usuario;

IX. Prestar los servicios sobre bases tarifarias y de calidad distintas a las contratadas con los usuarios;

X. No dar aviso a los usuarios, a través del propio servicio, y a la Comisión, por escrito, de cualquier circunstancia previsible que repercuta en forma generalizada o significativa en la prestación del servicio, con una antelación mínima de 24 horas; e

XI. Incumplir con los niveles de calidad y características operativas establecidos en los títulos de concesión, permisos o en las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas correspondientes.

C. Con multa de 10,000 a 100,000 salarios mínimos por:

I a IV…

V. Incumplir con lo dispuesto en los planes técnicos fundamentales;

VI. Otras violaciones a disposiciones de esta Ley y las disposiciones reglamentarias y administrativas que de ella emanen.

En caso de reincidencia, la Comisión podrá imponer una multa equivalente hasta el doble de las cuantías señaladas.

…….

Artículo 71-A. Cuando los concesionarios de redes públicas de telecomunicaciones sean sancionados en más de dos ocasiones dentro un plazo de cinco años, por incumplir las disposiciones de los artículos 42; 43, fracciones II, III, IV, IV-Bis, V, VI, VII y IX; 44, fracciones I, II, III, IV, V, VI y IX,y 45, de esta Ley, la Comisión podrá imponer una multa del uno al tres por ciento de los ingresos brutos anuales obtenidos por el infractor durante el ejercicio fiscal anterior.

TRANSITORIOS

Artículo Primero. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Artículo Segundo. Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente Decreto.

Artículo Tercero. Las referencias que, con anterioridad a la entrada en vigor del presente decreto, se hicieren en la ley, en sus reglamentos o en los demás ordenamientos o disposiciones jurídicas o administrativas a la Secretaría respecto de las atribuciones señaladas en el artículo 9-A reformado, se entenderán hechas a la Comisión.

Artículo Cuarto. La Comisión, a más tardar 180 días naturales después de la entrada en vigor del presente Decreto, deberá determinar los mercados relevantes de telecomunicaciones de conformidad con el artículo 63 de la presente Ley.

Salón de sesiones del Senado de la República, a 26 de febrero de 2013.

Atentamente

Sen. Javier Lozano Alarcón”.

- El C. Presidente Sánchez Jiménez: Gracias, Senador Lozano Alarcón. Túrnese a las Comisiones Unidas de Comunicaciones y Transportes; y de Estudios Legislativos, Segunda.

Tiene el uso de la tribuna la Senadora Ninfa Salinas Sada, del grupo parlamentario del PVEM, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto que reforma el artículo 311 del Código Civil Federal





 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTICULO 311 DEL CODIGO CIVIL FEDERAL

(Presentada por el C. Senador Ninfa Salinas Sada, del grupo parlamentario del PVEM)

- La C. Senadora Ninfa Salinas Sada: Con su venia, señor Presidente; compañeros Senadores:

En esta ocasión me presento ante ustedes para presentar una reforma al artículo 311 del Código Civil Federal, en materia de pensiones alimenticias.

Es una dura realidad la que se vive en México en términos de separaciones y divorcios.

Actualmente, el 15 por ciento de todos los matrimonios terminan en divorcio, y cada una de estas separaciones llevan de la mano juicios exhaustivos para las parejas y, en su caso, también para los hijos.

Como parte esencial de la mayoría de los trámites de separación de divorcio, está el de fijar una cantidad, recursos suficientes para un adecuado sustento tanto de la pareja que haya obtenido menores ingresos durante el matrimonio o concubinato como de los hijos, a esto se le denomina “pensión alimenticia”, y aunque por lo regular las pensiones alimenticias son solicitadas por las mujeres, existen algunos casos en los que el hombre también solicita su derecho a recibir este apoyo.

Aunque éstos últimos representan un mínimo porcentaje, reflejan el 5 por ciento de los juicios.

El obligado a fijar el monto a pagar por pensión alimenticia es el juez de lo familiar, y este juez, por medio de una sentencia, indica al deudor la cuantía de este monto o en su defecto el porcentaje que deberá ser retenido de su salario, el cual la empresa con la que el deudor tenga una relación laboral deberá de retener a favor del acreedor alimenticio.

Esto crea una relación de solidaridad entre el deudor alimenticio y el patrón, ya que la falta de pago de dicha pensión puede originar una sanción de tipo penal.

Pero el verdadero problema reside en el momento del cumplimiento de la sentencia, ya que queda a criterio del patrón la base del salario sobre la cual se deberá aplicar la reducción, si es sobre salario neto o bruto, es decir, antes o después de las deducciones fiscales; pago de cuota obrero-patronales, entre otras.

Esto es causado por la ambigüedad en la legislación al hablar sobre pago de pensiones alimenticias y de la falta de herramientas necesarias que requiere el juez de lo familiar para lograr una asignación justa dentro de la sentencia o convenio.

La constante confusión que provoca la falta de un tabulador para la deducción y retención de la pensión alimenticia puede causar una violación al principio de economía procesal, ya que muchas veces por falta de legislación se tiene que recurrir a un incidente dentro del juicio para resolver esta cuestión, comprometiendo así el bienestar económico de los actores, incluso el desarrollo mental de los menores, ya que los estudios han demostrado que entre más largo sea el proceso de separación, más afectaciones puede tener sobre los menores.

Además, se crea incertidumbre jurídica para cada una de las partes involucradas, por un lado, el deudor alimenticio no sabe cuál será el monto final que percibirá de su salario, después de las retenciones, ya que al realizar la deducción sobre el salario neto o realizarlas sobre el salario bruto, deja para el sustento del deudor dos cantidades que son completamente distintas, y habrá que recordar que en este caso no sólo se debe de cuidar al acreedor, sino el deudor debe de quedar con los recursos suficientes también para su sustento.

El patrón, por su parte, no conoce con exactitud cuál es la base en la que debe realizar esta retención.

Así es que, finalmente viene el caso de los más afectados, los más vulnerables, y por supuesto me refiero a la mayoría de niñas y niños, jóvenes en edad escolar y responsables de familia que viven en la incertidumbre de no saber a cuánto ascenderá esta pensión alimenticia y por consiguiente al desconocimiento de si podrán o no cubrir sus necesidades básicas con este monto.

Existe una cantidad importante de jurisprudencias en este tema, y todas y cada una concuerdan en que se debe de tomar como base la totalidad de las percepciones que el obligado alimentario perciba, disminuyendo las deducciones de carácter legal que no sean derivadas de obligaciones personales impuestas al deudor alimentario, como impuestos al ingreso por trabajo realizado.

La postura de la Suprema Corte en materia de pensiones alimenticias es tajante: Los alimentos deben de ser proporcionados a la posibilidad del que debe darlos y la necesidad del que debe recibirlos, además de la importancia de velar por los intereses generales por encima de los particulares.

Es importante retomar que alguna falta dentro del pago de la pensión alimenticia es considerada una falta penal y puede llevar a la cárcel tanto al deudor como al obligado a retenerla, y aunque actualmente la base de la reducción se encuentra estipulada en jurisprudencia de la Corte, es indispensable y urgente introducirla al marco legal para brindar, de una vez por todas, certeza jurídica de las partes a un país, en el que según cifras del INEGI 15 de cada 100 matrimonios terminan en divorcio, y esto sin contar con las parejas que formaron familias sin la sociedad conyugal.

Es nuestra obligación velar por un proceso justo y expedito a favor de los más vulnerables.

La justicia como valor supremo y absoluto hace imposible conceptualizaciones parciales, debatir sobre el tema de las pensiones alimenticias exige un tratamiento donde se llegue a los acuerdos objetivos, y si bien es cierto que se debe procurar el bienestar del menor, no podemos propiciar que padres y madres sean víctimas de pensiones excesivas.

La reforma que someto a discusión, pretende propiciar un sistema de pensiones que brinde certeza y seguridad jurídica, principios de derecho que no encuentren polaridades y que busquen ser base de una orientación para una impartición de un sistema de justicia.

De esta forma buscamos que dichos preceptos jurídicos operen para todos los que intervienen: el deudor, el acreedor, el patrón, así como para el juez, a quienes buscamos dotarle de herramientas que le faciliten su actuar, pues finalmente será él quien materialice los valores de los que dotemos al sistema y que con esto los términos de pensión alimenticia y justicia sean partes de un mismo concepto para todos los hogares mexicanos.

Por su atención, muchas gracias.

(Aplausos)

Iniciativa

“La suscrita, Senadora NINFA SALINAS SADA, integrante del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México en esta LXII Legislatura del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y los artículos 8, fracción I y 164 numeral 1 y 169 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta honorable Cámara de Senadores, iniciativa con proyecto de Decreto que reforma el artículo 311 del Código Civil Federal, de conformidad a la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

La obligación de proporcionar alimentos comprende la satisfacción de las necesidades indispensables para el sustento y la manutención. El artículo 308 del Código Civil Federal marca como alimentos el vestido, la habitación y la asistencia en casos de enfermedad; respecto de los menores los alimentos comprenden, además, los gastos necesarios para la educación primaria del alimentista, y para proporcionarle algún oficio, arte o profesión honestos y adecuados a su sexo y circunstancias personales.

La cuantía de la pensión alimenticia depende principalmente de dos circunstancias: los ingresos de la persona queestá obligada a otorgarlos y las necesidades primarias del beneficiario o de la persona a quien deben abonarse.

La legislación no cuenta con un tabulador al que deba ajustarse el juez al momento de fijar la pensión de alimentos, por lo tanto, éste, se encuentra facultado para concretar su cuantía conforme las circunstancias, pero siempre dentro de los márgenes legales de cada estado.

El facultado para determinar el monto de la pensión alimenticia es un Juez de lo Familiar. El Juez, por medio de una sentencia, indica al deudor la cuantía de este monto, en su defecto el porcentaje que será retenido de su salario, porcentaje que la empresa con la que el deudor tiene una relación laboral, deberá de retener a favor del acreedor alimenticio.

La aplicación de descuentos al salario del deudor por concepto de pensión alimenticia es una obligación poco estudiada y difundida entre los obligados a la retención. Si bien el cumplimiento de este deber pareciera algo sencillo, en la práctica se suscitan ciertas problemáticas entre los trabajadores, las empresas y los propios beneficiarios.

El patrón, para aplicar el descuento por este concepto debe acatar lo expresamente señalado en el mandamiento judicial que le fue notificado; por tanto, si el oficio indica que la retención debe efectuarse al salario, y cualquier otro ingreso ordinario y extraordinario que reciba el colaborador, la empresa debe considerar además del salario los siguientes conceptos:

• Participación de utilidades

• Bonos de productividad

• Aguinaldo

• Prima vacacional y dominical

• Ingresos por horas extras, días de descanso laborado, etcétera

• Bonos o gratificaciones especiales

• Premios de cualquier especie (de asistencia, puntualidad, etcétera)

• Vales de despensa

• Fondo de ahorro y cualquier otra percepción otorgada

El verdadero problema se da en el momento de aplicar la deducción, ya que la ley no especifica sobre que base se debe de efectuar la misma. Comúnmente se determina en la sentencia que los descuentos se realicen sobre la cantidad que resulte después de haber efectuado las deducciones legales, es decir, la retención del Impuesto sobre la Renta (ISR), así como las cuotas obrero-patronales al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), acción confirmada en la tesis de jurisprudencia rubro:

PENSION ALIMENTICIA. SU MONTO RESULTA CORRECTO TOMANDO COMO BASE LA TOTALIDAD DE LAS PERCEPCIONES DEL DEUDOR ALIMENTARIO, DISMINUYENDO DEDUCCIONES DE CARACTER LEGAL (LEGISLACION DEL ESTADO DE VERACRUZ).

El artículo 242 del Código Civil del Estado establece que los alimentos han de ser proporcionados a la posibilidad del que debe darlos y a la necesidad del que debe recibirlos; por su parte, el diverso 210 del Código de Procedimientos Civiles local prevé la reclamación sobre la pensión alimenticia provisional fijada por la autoridad competente; de la interpretación armónica de esos preceptos se obtiene que el monto de la pensión sólo resulta correcto si se señala como tal la cantidad o porcentaje que corresponda, tomando como base la totalidad de las percepciones que el deudor alimentario perciba, disminuyendo deducciones de carácter legal no derivadas de obligaciones personales impuestas al deudor alimentario como podrían ser, entre otros, el impuesto al ingreso por trabajo realizado. Por tanto, los derechos personales derivados de las necesidades alimentarias, deben ser calculados del monto total de las percepciones de carácter permanente.

TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL SEPTIMO CIRCUITO

Amparo directo 639/2001. 21 de enero de 2002. Unanimidad de votos. Ponente: Mario Alberto Flores García. Secretaria: María Isabel Morales González.

Amparo directo 129/2002. 4 de abril de 2002. Unanimidad de votos. Ponente: Adrián Avendaño Constantino. Secretario: Gilberto Cueto López.

Amparo directo 600/2002. 22 de noviembre de 2002. Unanimidad de votos. Ponente: Adrián Avendaño Constantino. Secretario: Gilberto Cueto López.

Amparo directo 58/2004. 26 de abril de 2004. Unanimidad de votos. Ponente: Adrián Avendaño Constantino. Secretaria: María Guadalupe Cruz Arellano.

Amparo directo 175/2004. 18 de junio de 2004. Unanimidad de votos. Ponente: Hugo Arturo Baizábal Maldonado. Secretaria: María Guadalupe Cruz Arellano.

Tesis: VII.3o.C. J/9Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Novena Época180304 53 de 141

TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL SEPTIMO CIRCUITO Tomo XX, Octubre de 2004 Pág. 2172 Jurisprudencia(Civil)

En caso de que el oficio judicial sea omiso respecto a la base sobre la cual deba aplicarse el descuento, la organización debe efectuarla sobre el salario bruto del trabajador, en cuyo caso se debe de recurrir de nuevo al Juez de lo Familiar, para que indique la base para cumplir con la obligación de referencia.

Esto constituye una vulneración al principio de economía procesal, el cual indica que se debe tratar de lograr en el proceso los mayores resultados con el menor empleo posible de actividades, recursos y tiempos del órgano judicial. Además de generar incertidumbre jurídica para todas las partes involucradas: acreedor, deudor alimenticio así como a la empresa o patrón que debe de efectuar la retención.

Es por esto que se considera indispensable aclarar desde la ley general la base de deducción de las pensiones alimenticias.

Por lo anteriormente expuesto se somete a la consideración de esta H. Soberanía la siguiente:

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO

ARTICULO UNICO: Se reforma el artículo 311 del Código Civil Federal para quedar como sigue:

Articulo 311. Los alimentos han de ser proporcionados a las posibilidades del que debe darlos y a las necesidades de quien debe recibirlos. Determinados por convenio o sentencia, los alimentos tendrán un incremento automático mínimo equivalente al aumento porcentual del salario mínimo diario vigente en el distrito federal. Para realizar la retención se tomará como base la totalidad de las percepciones del deudor alimentario, disminuyendo deducciones de carácter legal. En caso de que el deudor alimentario demuestre que sus ingresos no aumentaron en igual proporción, el incremento en los alimentos se ajustara al que realmente hubiese obtenido el deudor. Estas prevenciones deberán expresarse siempre en la sentencia o convenio correspondiente.

TRANSITORIOS:

ARTICULO UNICO: El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en la sede del H. Senado de la República, a 28 de febrero de 2013.

Sen. Ninfa Salinas Sada”.

- El C. Presidente Sánchez Jiménez: Gracias, Senadora Salinas Sada. Se toma la adhesión a esta iniciativa de la Senadora Barrera Tapia, con todo gusto. Túrnese a las Comisiones Unidas de Justicia; y de Estudios Legislativos.

Tiene el uso de la tribuna la Senadora Mónica Arriola Gordillo, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se adiciona una fracción VI al artículo 61 de la Ley General de Salud.





 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UNA FRACCION VI AL ARTICULO 61 DE LA LEY GENERAL DE SALUD

(Presentada por la C. Senadora Mónica Tzasna Arriola Gordillo, del Partido Nueva Alianza)

- La C. Senadora Mónica Arriola Gordillo: Con la venia de la Presidencia, compañeras y compañeros legisladores:

Al pueblo de México, en agradecimiento a mis compañeros que suscribieron dicha iniciativa, la Senadora Gabriela Cuevas, la Senadora Diva Hadamira Gastélum, el Senador Luis Armando Melgar, la Senadora Claudia Pavlovich, el Senador Zoé Robledo, el Senador Jorge Lavalle, el Senador Luis Fernando Salazar, la Senadora Lucero Saldaña, la Senadora Ivonne Alvarez, la Senadora Maki Esther Ortiz, el Senador Miguel Angel Chico, el Senador Benjamín Robles y la Senadora Martha Elena García.

A principios de los 80’s, el VIH SIDA era considerada una enfermedad mortal emanada de prácticas comunes entre la población homosexual masculina.

Estos estigmas y prejuicios han quedado atrás, hoy el resultar positivo al Virus de Inmunodeficiencia Humana no es sinónimo de muerte y en definitiva el padecimiento no se encuentra concentrado en un determinado grupo social.

De mucho tiempo atrás, sabemos que esta enfermedad afecta a varones o mujeres independientemente de sus prácticas sexuales, a usuarios de drogas intravenosas, incluso pudiera afectar a aquellos individuos que las prácticas sexuales más sanas, con rigurosa protección y sin consumo alguno de drogas que hubieran recibido transfusiones de sangre con el virus.

Existe en particular una forma de transmisión de virus que es cruel, y no por la estigmatización que sufren los enfermos, sino porque se puede perfectamente prevenir y en muchas ocasiones no se hace.

Nos referimos a la transmisión perinatal; es decir, la que una madre con el padecimiento transmite a su hijo durante el periodo de gestación, labor, parto y mediante la exposición a leche materna después de ocurrido el parto.

Sobre este particular, el programa conjunto de Naciones Unidas sobre VIH SIDA o ONUSIDA, señala que a nivel mundial cada año 200 millones de mujeres quedan embarazadas y de ellas 2 millones son portadoras del VIH, estas mujeres, desgraciadamente sin saberlo y sin pretenderlo, pudieran contagiar a sus hijos.

De cada 2 millones de mujeres contagiadas, un total acumulado de 3.4 millones de niños resultaron o resultarán infectados con el virus.

Tal vez estos contagios se dieron durante el embarazo, el parto o el periodo de lactancia, pero se pudieron evitar, y es por ello que debemos redoblar los esfuerzos y gestar las reformas necesarias que logren incorporar a la agenda nacional esta delicada situación.

Los cientos de niños que contraen esta infección no pueden quedar sin voz.

Por otra parte, en lo que respecta a la sífilis congénita la cual se transmite de la madre al niño durante el desarrollo fetal o al nacer, observamos que se da porque la mujer no tiene atención adecuada durante su embarazo.

Sin embargo, igualmente se pueden salvar del contagio al bebé con la realización de pruebas de anticuerpos y bacterias.

Las consecuencias de una sífilis sin tratamiento durante un embarazo, son que de un 50 a un 80 por ciento de las gestaciones con infección acaban de forma adversa, pudiendo producirse el aborto, la muerte fetal, la muerte neonatal, un parto prematuro, el registro de peso bajo al nacer y la infección congénita con diversos grados de afectación.

Se estima que en América Latina y El Caribe, alrededor de 6 mil 400 niños en el 2007 se infectaron por el VIH, la mayoría a través de la transmisión madre a hijo y más de 164 mil nacieron con sífilis congénita.
De acuerdo con el informe VIH/SIDA en México 2012, a partir del 2006 la incidencia de nuevos casos y cero positivos a VIH en perinatales ha disminuido considerablemente.

Sin embargo, el porcentaje de detección de VIH en mujeres embarazadas en el sistema público de salud, continúa alcanzando niveles cercanos al 52.4 por ciento.

No obstante, está demostrado que los programas de prevención funcionan.

Hace unos años nos decían lo contrario, que la gente joven no iba a cambiar sus comportamientos y que la prevención era un mito.

En la actualidad, 56 países en el mundo han logrado estabilizar sus epidemias, la carga de la epidemia del VIH junto con la de la sífilis congénita y el binomio de estos padecimientos, son importantes problemas de salud pública y afectan a las mujeres y sus recién nacidos de manera directa.

Por lo tanto, los invito a que sin importar nuestra condición de mujer y hombre, generemos conciencia en la sociedad y hacia el interior del gobierno para crear mayores y mejores programas de acción y prevención en contra de la transmisión materno-infantil del VIH/SIDA y/o sífilis congénita.

Por todo ello, la presente iniciativa tiene la intención de que dentro de la atención materno-infantil, en su carácter de prioritario, se comprenda en otras acciones.

La prevención de la transmisión materno-infantil del VIH/SIDA y de la sífilis congénita a través de la detección oportuna y del ofrecimiento de pruebas rápidas para evitar la transmisión y, en su caso, la atención y el tratamiento de las mujeres embarazadas infectadas con el VIH/SIDA o sífilis.

Es así que no sólo ponemos énfasis en la prevención de la transmisión materno-infantil, sino en la atención y el tratamiento de las mujeres embarazadas ya infectadas.

Con ello lograremos elevar a rango legal los lineamientos en materia de planificación familiar y salud sexual y reproductiva de los adolescentes, cáncer cervicouterino, cáncer de mama, violencia sexual, equidad de género y derechos humanos, elaborados a finales de la administración anterior, en lo que corresponde en la prevención.

En Nueva Alianza hemos dejado constancia de nuestro compromiso con la salud pública y con la atención preventiva como el mecanismo fundamental para fortalecerla.

Hemos promovido acciones para promover y combatir el cáncer, la obesidad y la desnutrición, para prevenir las enfermedades de transmisión sexual y para fomentar el deporte y la cultura como la donación de órganos.

Desde esta tribuna refrendamos nuestro compromiso con las niñas y los niños, los jóvenes, con la salud de las madres y los padres, con las instituciones públicas de salud y con sus médicos genuinamente comprometidos.

En este sentido, la presente iniciativa obligaría a las autoridades en materia de salud a diseñar políticas públicas con especial atención en las medidas preventivas y por supuesto dotaría a la ciudadanía de los elementos institucionales y de información para prevenir enfermedades mortales.

En el resto del mundo, estas enfermedades están siendo combatidas con una de las vertientes más nobles de la verdadera fuerza pública del Estado, la garantía de la vida a su población.

Tal como lo expresó el Director Ejecutivo de ONUSIDA, Michel Sidibé, el SIDA no es sólo una enfermedad excepcional, por supuesto, sabemos que muchas personas se ven afectadas y mueren por esta enfermedad, pero el VIH/SIDA también es una oportunidad excepcional, es una oportunidad para empezar a hacer frente a cuestiones fundamentales, como la posición de la mujer en la sociedad al igual que lo derechos humanos.

Lo mismo ocurre para el caso de la sífilis congénita y el binomio de ambas enfermedades.

Por su atención, muchas gracias.

Iniciativa



- El C. Presidente Sánchez Jiménez: Gracias, Senadora Arriola Gordillo. Túrnese a las Comisiones Unidas de Salud; y de Estudios Legislativos.

Esta Presidencia saluda la presencia del profesor Luis Adrián Quiroz Castillo y el maestro Miguel García Murcia, invitados de la Senadora Arriola Gordillo, y les da la bienvenida.

Sonido en el escaño del Senador López Brito.

- El C. Senador Francisco López Brito: (Desde su escaño) Señor Presidente, para solicitar a la proponente, Senadora Mónica Arriola, si me permite sumarme a esta importante iniciativa.

- El C. Presidente Sánchez Jiménez: Tome nota la Secretaría de las solicitudes de adición.

Gracias.

Se concede el uso de la tribuna al Senador Armando Ríos Piter, del grupo parlamentario del PRD, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Congreso General.





 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY ORGANICA DEL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, PARA REGULAR LA RECEPCION Y TRAMITACION DE INICIATIVAS CIUDADANAS

(Presentada por el C. Senador Armando Ríos Piter, del grupo parlamentario del PRD)

- El C. Senador Armando Ríos Piter: Con su permiso, señor Presidente:

Primero que nada compartir el saludo a la presentación que se hizo de una iniciativa sobre el mismo tema y que fue presentada por la Senadora Marcela Torres Peimbert y un grupo de Senadores, cuestión que no solamente me parece positiva y que permite pensar que en este tema de iniciativas ciudadanas podremos hacer una amplia discusión y poder llegar a un dictamen lo más pronto posible.

Y también, obviamente, aprovechar el uso de la tribuna para reflexionar con mis compañeros y mis compañeras Senadoras sobre la trascendencia de este tema.

Hace poco más de un año se discutió ampliamente una reforma política que traía una visión de hacer que los ciudadanos y las ciudadanas pudieran participar de una manera más amplia en el poder, una forma más directa de poder participar en candidaturas, participar en consultas y participar en la realización de las leyes.

Hasta ese momento cuando llegó la reforma política solamente podían los Senadores, los Diputados federales, los congresos locales y el titular del Ejecutivo ser quienes presentaran iniciativas y quienes conformaran la agenda de trabajo y, específicamente, qué es lo que debía o no ser ley.

Y aprobamos, de manera positiva, esa reforma a la Constitución. ¿Qué es lo que nos ha quedado pendiente? Pues nos ha quedado pendiente no solamente que esté como letra escrita ahí en la Constitución, en la Carta Magna, sino que este Congreso está obligado a darle la regulación secundaria para garantizar que eso que ya son derechos adquiridos y que están manifiestos en el texto constitucional puedan ser operativos.

Y es precisamente por eso que esta iniciativa la presentamos el día de hoy porque recientemente varias organizaciones de la sociedad civil se han acercado a este Congreso. Yo tuve la oportunidad, hace dos meses, de tener un primer encuentro con un grupo de organizaciones de distintos perfiles, de distintas ideologías y de distintas visiones, que lo que plantean es poder hacer que el Internet sea de acceso libre para todos, poder garantizar que en el territorio de la República no haya un solo lugar, desde Tijuana, hasta Quintana Roo, en el cual no haya acceso libre a la carretera de la información.

Parece un principio muy positivo, un planteamiento que sin duda alguna conmueve y convoca a poder garantizar que la carretera de la información sea accesible para todos los ciudadanos y ciudadanas.

Pero lo que me parece más positivo, más interesante y sobre todo más visionario de parte de estas organizaciones, es que ellos quieren hacer que esa iniciativa sea la primera iniciativa ciudadana, que sea la primer vez en la historia en la cual después de una reforma política los ciudadanos organizados puedan juntar 105 mil firmas, un número que tal vez parece fácil de decir, pero poder salir a convocar, juntar y garantizar que a través de un esfuerzo ciudadano se puedan reunir 105 mil firmas, es un esfuerzo y es una verdadera apuesta.

Y por eso es importante no solamente darle acompañamiento y seguimiento a eso que los ciudadanos están planteando en esta iniciativa de acceso libre a Internet, sino que nosotros en el Congreso podamos precisamente darle una señal de que estamos interesados en que eso que hoy está en la Carta Magna se vuelva una realidad, porque compañeros y compañeras, solamente les comparto una reflexión.

Revisando una encuesta para agosto de 2012, que hizo Mitofsky, no sé si ustedes crean o no en esa empresa, pero fue la que yo encontré en “google” cuando me metí a la computadora, y la verdad es que nos pone una muy mala calificación a distintos actores, en el último lugar, en el quinceavo lugar de quince, en los cuales se le pregunta a la gente qué grado de confianza tiene, están los Diputados, solamente antecedidos por la policía, por los partidos políticos, por los Senadores y por los sindicatos, poquitito, cerquita ahí está la Presidencia de la República, todos y cada uno de ellos reprobados en nivel de confianza; todos y cada uno de nosotros, sin personalizar, como representantes de las instituciones de la democracia representativa, reprobados en esa encuesta.

De tal manera que las iniciativas ciudadanas se abren con una sana oportunidad para que los políticos, para que los representantes se reencuentren con los ciudadanos; no solamente es una oportunidad para que los ciudadanos encuentren espacios para construir la agenda de este Senado de la República, sino para que los Senadores y las Senadoras puedan encontrar en esas causas ciudadanas banderas por las cuales luchar de manera compartida con los ciudadanos y las ciudadanas.

Yo estoy convencido de que este es un nuevo instrumento no solamente importante y trascendente para los ciudadanos, sino es importante y trascendente para la clase política, para que la agenda que pensamos muchas veces que es la que debe de ser prioritaria para el país se convierta en la agenda prioritaria, porque al evaluarla y al ponerla en contexto con los ciudadanos, ellos, a través de sus acciones, también nos las estén mandatando, y en ese sentido, compañeros y compañeras, es que esta iniciativa que me permito poner a su consideración el día de hoy, buscará sumarse a la que han presentado otros Senadores y Senadoras.

Y me parece que lo más trascendente, lo más importante no solamente es ofrecer una forma de regular y una forma de darle garantía a que eso que está en la Constitución se convierta en los hechos, en la práctica, en una realidad, sino se trata, por ejemplo, de poner en contexto que así como existen las iniciativas preferentes, que ya normaron los tiempos de esta legislatura, en el periodo ordinario anterior, cuando el titular del Ejecutivo nos envío dos iniciativas preferentes y que nos marcaron 30 días puntualmente para que las comisiones se reunieran, para que tuvieran que dictaminar y para que tuviéramos que definir aquí en el Pleno, esos días, ese plazo perentorio que tiene el titular del Ejecutivo, que se la demos a los ciudadanos, porque esa es una cuestión importante.

Si nosotros ponemos en un mismo contexto, con el mismo peso y capacidad de regir el tiempo de la agenda del Legislativo, entonces le estaremos dando verdaderamente a los ciudadanos y a las ciudadanas un espacio para que sepan que con esas 105 mil firmas tendrán 30 días de respuesta y de trabajo en las que quienes representamos aquí el Pacto Federal, y quienes presentan a la nación en la Cámara de Diputados, les manden una señal no solamente de atención, sino de dictaminación y de resolución para los planteamientos que ellos están poniendo.

De tal forma, compañeros y compañeras, que este par de modificaciones, la que es la regulatoria a la Constitución y la que estamos planteando para modificar el Reglamento del Congreso de la Unión, la ponemos a su consideración, esperando que hayamos o que estemos dándole arranque a una nueva etapa en la forma en la que se hace la ley, con los ciudadanos de la mano.

Es cuanto, señor Presidente.

(Aplausos)

Iniciativa

“El suscrito, Armando RIos Piter, Senador integrante de la LXII legislatura del H. Congreso de la Unión, en ejercicio de la facultad que me confieren los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 8 numeral 1 fracción I, 169 y 171 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta Asamblea la siguienteIniciativa con Proyecto de Decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley OrgAnica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos para regular la recepciOn y tramitaciOn de Iniciativas Ciudadanas, misma que se presenta en conjunto con la iniciativa con proyecto de Decreto que reforma diversas disposiciones del Reglamento del Senado de la República para regular la recepción y tramitación de Iniciativas Ciudadanas, e efecto de reglamentar las disposiciones aquí contenidas, al tenor de la siguiente:

Exposición de Motivos

El pasado 21 de febrero, las senadoras y los senadores a la LXII legislatura, tuvimos el honor de atestiguar la presentación de la primer iniciativa ciudadana que, fruto de la reforma política de 2012, expresa una renovada relación del ciudadano con sus representantes y fortalece el pacto socialal establecer canales directos y efectivos de comunicación entre el pueblo y el gobierno.

Este importante vínculo, que en muchos otros aspectos de la vida pública se nota desgastado o francamente roto, constituye un orgullo del Poder Legislativo y particularmente del Senado, que ha logrado mostrarse como una Cámara abierta a la ciudadanía y sensible de sus necesidades. Esa es la imagen que se esforzado en construir el Grupo Parlamentario al que represento y más particularmente, la que mi obligación moral me dicta por la alta responsabilidad que en mi han confiado los ciudadanos.

En este sentido, la iniciativa ciudadana cumple además con el propósito de llamar nuestra atención sobre un tema de la mayor importancia, que es la necesidad de instrumentar el ejercicio del derecho reconocido al ciudadano, dando reglas claras al actuar del legislador en la tramitación de las iniciativas ciudadanas que le sean presentadas. La iniciativa que desde ahora tenemos como pendiente de dictaminación, acciona al legislador en dos sentidos: el de establecer el andamiaje que permita a los mexicanos gozar de un servicio público de internet libre, y el de superar las lagunas que padece nuestro orden jurídico interno para dar curso a esa y cualquier otra iniciativa ciudadana que llegue al Congreso.

Bajo esta tesitura considero que las reglas que nos demos no pueden ni deben constituir una camisa de fuerza a un derecho de la mayor trascendencia, que redefine la forma de legislar;por el contrario, nuestra tarea es hacer las reglas tan accesibles al ciudadano como nos sea posible, incentivando la presentación de más y más iniciativas ciudadanas. Si logramos que dentro de poco tiempo la agenda legislativa nos sea definida mediante sendas propuestas ciudadanas,habremos hecho historia.

Quizá esto preocupe o atemorice a algunos de quienes detentan el poder, pero el origen mismo de nuestro pacto social aspira a ello. El hecho de habernos constituido como República Representativa y Democrática, cuyo poder político dimana de la voluntad popular, dicta la capacidad colectiva de los mexicanos para conducir su destino. En este entendido, los poderes constituidos no somos tutores del mexicano ni podemos hablar de una población no emancipada; por el contrario, somos depositarios de la confianza de un pueblo que toma la determinación trascendente de elegir a quienes mejor representan sus intereses y se reserva por tanto el derecho de marcarle el rumbo cuando es necesario.

Así, aparece la iniciativa ciudadana como un mecanismo de democracia directa que permite al ciudadano influir al gobierno, dándole una propuesta particular que por su utilidad social pretende convertirse en un mandato público. La iniciativa ciudadana es en pocas palabras un mandato directo de la voluntad popular.

Asumiendo entonces que el Estado se democratiza sólo si permite que su modernización no sea impuesta, sino colectivamente construida, es decir, surgiendo de o siendo legitimada por la voluntad popular; tenemos que reconocer que hacen falta mecanismos para acercar la democracia a la ciudadanía; para armonizar la voluntad ciudadana y la toma de decisiones públicas.

En este tenor, la presente iniciativa tiene por objeto superar una laguna que hasta cierto punto afecta a las iniciativas ciudadanas. Debe reconocerse que si bien es cierto que ante la ausencia de reglas particulares, debe prevalecer la regla general, por lo que bajo el esquema actual éstas propuestas recibirían el tratamiento de cualquier otra propuesta de similar naturaleza; no menos cierto es que la regla general deja sin resolver importantes cuestionamientos -que abordaré en los próximos párrafos- que si bien pueden ser resueltos mediante acuerdos parlamentarios, no garantizan las mismas reglas para todos los que ejerzan el mismo derecho.

El primer gran planteamiento que debe resolverse estriba en la naturaleza de la iniciativa, pues a partir de ello podemos definir su tramitación. La iniciativa ciudadana es cualitativamente distinta pues como sostuve antes, representa un mandato directo de la voluntad popular, cualidad que no puede atribuírsele a ninguna de las iniciativas presentadas por los legisladores, el Presidente de la República o los estados federados (aun cuando esos proyectos se correspondan con dicha voluntad); y es también cuantitativamente distinta respecto del número objetivo de adherentes que la presentan.

Así las cosas, me parece evidente que un proyecto de características tan especiales, hace necesaria una tramitación diversa, por lo que propongo que sea considerada preferente, en términos similares al de las iniciativas así designadas por el Presidente de la República, ello con fundamento en el párrafo segundo del artículo 71 constitucional, que a la letra señala que “La Ley del Congreso determinará el trámite que deba darse a las iniciativas.”. Esto cumpliría además con el propósito de establecer un contrapeso al desequilibrio generado al dotar de un derecho de trámite preferencial a un solo actor del abanico político.

Lo anterior resulta congruente con la posición histórica que ha mantenido la izquierda en este particular. De hecho, en la iniciativa de reforma constitucional presentada el 18 de febrero de 2010 , en voz del otrora senador Arturo Núñez Jiménez, a nombre de los Grupos Parlamentarios del PRD, PT y Convergencia (ahora, movimiento ciudadano), que “con el objeto específico de permitir al ciudadano delinear los espacios, las políticas, los derechos, así como otros factores sociales, económicos y políticos entre los que se desenvuelve, proponemos incluir la facultad para que un grupo de ciudadanos presenten iniciativas de ley o decreto al Congreso de la Unión. (…) para garantizar que el interés ciudadano no quede desatendido por el Congreso, otorgamos a la iniciativa ciudadana el carácter de preferente.”

Otra de las cuestiones irresueltas en la iniciativa ciudadana, se refiere al papel del ciudadano luego de su presentación, por lo que propongo establecer la necesidad de nombrar representantes que acompañen el curso de la iniciativa en todo momento y señalar claramente el derecho de los ciudadanos a hacer uso de la tribuna parlamentaria al asumir el papel de legisladores, disponiendo en armonía con el marco jurídico vigente, que el representante designado asistirá con el carácter de invitado especial a la sesión en que se presente la iniciativa para exponer los motivos que la originan. Francamente no podemos tener más abierta la tribuna a representantes de potencias extranjeras que a ciudadanos mexicanos.

En lo que toca a los mecanismos con que deben contar los signatarios de la iniciativa ciudadana para exponer, defender y hacer valer su opinión, propongo que el representante asista con voz aunque sin voto, a todas las reuniones de dictaminación y que en el caso de que las comisiones decidieran desechar la iniciativa, se presente voto particular por parte de los representantes designados y ante su ausencia, que el proyecto original sea inscrito con esa naturaleza, lo que garantiza que el pleno se pronuncie respecto de un proyecto en positivo.

Finalmente, en lo que toca a las herramientas para verificar la autenticidad de las firmas que amparan la iniciativa ciudadana, propongo que se parta de una presunción de buena fe, por la que el Senado suponga que las mismas son legítimas, dando inicio al proceso legislativo antes de concretar la verificación de la mencionada presunción; en consonancia, se señala que el Senado enviará una porción aleatoria de las firmas para su verificación por parte del Instituto Federal Electoral, asumiéndose que si más del 90% de las mismas se determinan auténticas, se considerará que la totalidad lo son.

Ahora bien, en el caso de que se encuentren anomalías en más del diez por ciento de las firmas de la muestra, se enviará la totalidad de las suscripciones al IFE, para que este determine el número de firmas a subsanarse, señalándose que ello no detiene el proceso legislativo. En este particular, se establece una afirmativa ficta en beneficio de los ciudadanos, al señalar que si el IFE no entrega sus conclusiones antes del vencimiento del plazo de discusión de la iniciativa, se presumirá que cuando menos un número equivalente al cero punto trece por ciento de la lista nominal de electores, respaldan la iniciativa ciudadana, por lo que resulta procedente.

Finalmente, para los efectos procesales conducentes y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 171 del Reglamento del Senado, me permito señalar que la presente iniciativa se relaciona con una propuesta de similar naturaleza que propone la modificación del Reglamento del Senado de la República en el mismo tema, por lo que solicito su estudio de manera conjunta.

Por lo anteriormente expuesto y en ejercicio de las facultades otorgadas por los artículos 71 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 8 numeral 1, fracción I así como164, 169 y 171 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta Soberanía el presente proyecto de Decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos para regular la recepción y tramitación de Iniciativas Ciudadanas, en los términos siguientes:

Único. Se modifican: el inciso i) del numeral 2 del artículo 20, así como el inciso k) del numeral 1y el numeral 3 del artículo 66; se adicionan:un inciso j) al numeral 2 del artículo 20, recorriendo en su numeración al actual,y un inciso k al numeral 1 del artículo 66, recorriendo en su numeración al actual, todo ello, en la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

ARTICULO 20.

1. (…)

2. La Mesa Directiva observará en su actuación los principios de imparcialidad y objetividad y tendrá las siguientes atribuciones:

a) a h) (…)

i) Expedir la convocatoria aprobada por el Pleno a propuesta de la Junta de Coordinación Política para la designación del Consejero Presidente, de los consejeros electorales y del Contralor General del Instituto Federal Electoral; y

j) Recibir y dar curso a las iniciativas ciudadanas que sean puestas en cualquier momento a consideración de la Cámara de Diputados, subsanando los errores y omisiones de forma o procedimiento y presentando apercibimiento respecto de los que afecten la viabilidad de la propuesta, determinando su tramitación preferente, salvo en los casos en que se proponga reforma constitucional y señalandola fecha límite de presentación de dictamen, en los términos dispuestos por el Reglamento; y

k) Las demás que le atribuyen esta ley, los ordenamientos aplicables y los acuerdos de la Cámara.

ARTICULO 66.

1. La Mesa Directiva observará en su desempeño los principios de legalidad, imparcialidad y objetividad y tendrá las siguientes facultades:

a) a j) (…)

k) Expedir el nombramiento o el oficio de remoción de los servidores públicos de la Cámara, mandos medios y superiores, acordados mediante los procedimientos señalados en esta Ley, las disposiciones reglamentarias y los acuerdos aplicables; y

l) Recibir y dar curso a las iniciativas ciudadanas que sean puestas en cualquier momento a consideración del Senado de la República, subsanando los errores y omisiones de forma o procedimiento y presentando apercibimiento respecto de los que afecten la viabilidad dela propuesta, determinando su tramitación preferente y señalando la fecha límite de presentación de dictamen, en los términos dispuestos por el Reglamento; y

m) Las demás que se deriven de esta Ley o del Reglamento.

2. (…)

3. Las facultades que se precisan en los incisos b), h), i), j) y l), serán ejercidas de manera colegiada, por acuerdo de la mayoría absoluta de los miembros presentes de la Mesa Directiva. En caso de empate, el Presidente de la misma tendrá voto de calidad. Para sesionar válidamente deberán asistir más de la mitad de sus integrantes.

TRANSITORIO

Artículo Unico. El presente Decreto entrará en vigoral día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Salón de sesiones de la Cámara de Senadores, a 28 de febrero de 3013.

Sen. Armando Ríos Piter”.

- El C. Presidente Sánchez Jiménez: Gracias, Senador Ríos Piter. Túrnese a las Comisiones Unidas de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias; y de Estudios Legislativos.

Por acuerdo de la Mesa Directiva, se concede el uso de la tribuna al Senador Marco Antonio Blásquez Salinas, para referirse a los hechos ocurridos en contra del periódico El Siglo de Torreón, hasta por cinco minutos.





 

INTERVENCION

- El C. Senador Marco Antonio Blásquez Salinas: Muchas gracias, con el permiso de la Asamblea:

Agradezco esta deferencia que tienen mis compañeros de la Mesa Directiva, particularmente hacia el gremio periodístico al que pertenecía hasta hace muy poco.

Quiero decir que hemos estado recibiendo una serie de reportes negros, sumamente perniciosos, donde nos reportan una serie de ataques al periódico El Siglo de Torreón, es necesario establecer que este periódico ha sufrido un nuevo ataque, luego del secuestro de cinco colaboradores, han sucedido una serie de agresiones que se dan precisamente hacia la instalación, no obstante que ésta es vigilada, es cuidada por las autoridades federales y locales.

Quiero establecer que he tenido contacto, como presidente de la comisión de seguimiento en la materia, tanto con las autoridades federales, como con las autoridades locales, me refiero a las de Coahuila, y en particular las de Torreón; y en todos los casos hemos encontrado coordinación.

Asimismo, he estado en contacto con los compañeros Senadores de esa entidad aquí representada, el Senador Luis Fernando Salazar Fernández y la Senadora Hilda Esthela Flores Escalera, hemos estado también en contacto con el organismo recientemente creado y la Secretaría de Gobernación, y con la fiscalía correspondiente de la Procuraduría General de la República, y el caso es que la instalación sigue siendo agraviada; el caso es que este periódico sigue siendo agredido por el crimen organizado.

Hay que decir que se pierde la capacidad de asombro, porque no podemos entender cómo un medio que está en el foco nacional, un periódico que ha sido constantemente agraviado, cuyos compañeros, no necesariamente periodistas de campo, sino inclusive trabajadores de áreas administrativas, han sido secuestrados, y no obstante que la autoridad está interviniendo precisamente para la protección de este periódico, siguen sucediendo estos hechos.

Yo sí quiero llamar la atención de todos y cada uno de los compañeros aquí presentes, del Poder Ejecutivo, del Sistema de Seguridad Nacional, porque no es posible que permitamos que el crimen organizado siga cometiendo este tipo de agravios a la libertad de expresión y a la democracia.

Quiero decir que es muy lamentable que estemos amenazados, porque una vez que una empresa periodística no pueda desarrollar sus funciones, cuyo principal insumo es la libertad de expresión, entonces quiere decir que todas las instituciones, todas, inclusive ésta, están en riesgo.

Es nada más dejar aquí este precedente, esta condena a nombre de la comisión que presido. Espero encontrar eco en todos ustedes, compañeros, en la Junta de Coordinación, en la Mesa Directiva, todos sabemos lo que tenemos que hacer, existe una coordinación, hay que reforzarla, hay que endurecerla y hay que poner el foco de toda nuestra atención en Torreón, Coahuila, en este periódico que es constantemente agredido.

Y como periodista que soy, porque nunca dejaré de serlo, le quiero decir desde aquí a esos hampones que atacan la libertad de expresión con sus armas criminales: “Que pueden matar a un poeta, pero nunca van a matar la poesía”.

Muchas gracias.

(Aplausos)

- El C. Presidente Sánchez Jiménez: Gracias, Senador Blásquez Salinas.

- El C. Senador Alejandro Encinas Rodríguez: (Desde su escaño)Pido la palabra, señor Presidente.

- El C. Presidente Sánchez Jiménez: Senador Alejandro Encinas, ¿con qué motivo?

- El C. Senador Alejandro Encinas Rodríguez: (Desde su escaño)Gracias, señor Presidente:

Yo considero que no es suficiente lo que ha dicho el Senador Blásquez Salinas, presidente de la comisión que atiende las agresiones contra periodistas.

Bien valdría la pena que este Pleno se pronunciara condenando los hechos que se han suscitado en Torreón, mostrar nuestra solidaridad con quienes ejercen esta profesión y exigir a la autoridad que dé plenas garantías para el desempeño, no solamente para las funciones de este diario, sino recuperar la tranquilidad en la región de La Laguna.

- El C. Presidente Sánchez Jiménez: Gracias, Senador Alejandro Encinas.

Hay que recordar que este tema no estaba agendado, pero con gusto tomamos nota y creo que para la próxima sesión podemos hacer este documento formal como usted está solicitando.

Muchas gracias.

Honorable Asamblea, informo que se recibió de la Junta de Coordinación Política un Acuerdo en relación a la integración de la Comisión Bicameral de Concordia y Pacificación.

Solicito a la Secretaría dé lectura al Acuerdo.





 

JUNTA DE COORDINACION POLITICA

- La C. Secretaria Barrera Tapia: (Leyendo)



Es cuanto, señor Presidente.

- El C. Presidente Sánchez Jiménez: Gracias, señora Secretaria. No habiéndose inscrito oradores, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el Acuerdo presentado.

- La C. Secretaria Barrera Tapia: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el anterior Acuerdo. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Es aprobado el Acuerdo, señor Presidente.

- El C. Presidente Sánchez Jiménez: Muchas gracias. Aprobado el Acuerdo por el que se designa a los integrantes de la Comisión Bicamaral de Concordia y Pacificación. Comuníquese a la Cámara de Diputados.

Informo a la Asamblea que se recibió una comunicación de la Junta de Coordinación Política, solicito a la Secretaría le dé lectura.

- La C. Secretaria Barrera Tapia: (Leyendo)



Es todo, señor Presidente.

- El C. Presidente Sánchez Jiménez: Muchas gracias. Esta Asamblea ha quedado debidamente enterada.

Informo a ustedes que la solicitud de excitativa de la Senadora Angélica Araujo Lara, en relación con el proyecto de Decreto que expide la Ley General de la Juventud y reforma y adiciona los artículos 4 y 12 de la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud, se remitirá a la Cámara de Diputados.





 

EXCITATIVA

“México, D.F., a 27 de febrero de 2013.

SEN. ERNESTO JAVIER CORDERO ARROYO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
DEL SENADO DE LA REPUBLICA
PRESENTE.

Por este medio, y en ejercicio del derecho que me confiere el apartado 1, fracción III del artículo 8 del Reglamento del Senado de la República, tengo a bien pedirle se solicite respetuosamente a la Cámara de Diputados realice las prevenciones que sean necesarias a efecto de que se dictamine la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE EXPIDE LA LEY GENERAL DE LA JUVENTUD, Y REFORMA Y ADICIONA LOS ARTICULOS 4 Y 12 DE LA LEY DEL INSTITUTO MEXICANO DE LA JUVENTUD presentada el 10 de noviembre de 2009 por la que suscribe y turnada a la Comisión de Juventud y Deporte de ese órgano legislativo.

Lo anterior en base a las siguientes consideraciones:

1.- Se trata de una reforma que reviste una gran importancia ya que los jóvenes representan un enorme potencial para el desarrollo económico, político y social de una Nación. Legislar en este sentido, significa garantizar sus derechos fundamentales y su desarrollo integral, es confiar precisamente, en sus ideales, sueños y aspiraciones, los cuales en un futuro no muy lejano, se convertirán en los cimientos donde descansará nuestro país.

2.- La propuesta de que se trata, busca dar una solución legislativa que promueva el respeto de los derechos fundamentales de la juventud mexicana, su participación y desarrollo.

3.- Esta iniciativa propone la creación de un ordenamiento jurídico que traduzca lo establecido en la Carta Iberoamericana de Derechos de la Juventud, la Declaración de Lisboa, el Foro Mundial de Juventud del Sistema de Naciones Unidas, y el Plan de Acción de la Juventud a nivel nacional, con el objetivo de concentrar en una ley marco, los diversos derechos fundamentales que poseen los jóvenes mexicanos.

4.- Es del conocimiento público que esta iniciativa ya formó parte de trabajos de análisis realizados por la comisión de juventud y deporte de la colegisladora, y que constituye uno de los antecedentes legislativos más recientes, respaldados por las principales fuerzas políticas, que tienen el propósito de crear una ley especial para impulsar el desarrollo de las y los jóvenes de nuestro país y que incluso ha despertado coincidencias en diversos representantes populares.

Atentamente,

Sen. Angélica Araujo Lara”.

Solicito a la Secretaría dé cuenta de los asuntos que se turnarán a comisiones directamente.

- La C. Secretaria Barrera Tapia: Informo a la Asamblea de los asuntos que se turnarán a las comisiones:

De los Senadores María Elena Barrera Tapia; Miguel Romo Medina; Braulio Manuel Fernández Aguirre; María Cristina Díaz Salazar; Armando Neyra Chávez e Hilda Esthela Flores Escalera, un proyecto de Decreto por el que se adiciona la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, que se turna a las Comisiones Unidas de Atención a Grupos Vulnerables; y de Estudios Legislativos, Segunda.




 

INCIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA EL APARTADO K DEL ARTICULO 28 DE LA LEY PARA LA PROTECCION DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES

(Presentada por los CC. Senadores María Elena Barrera Tapia, Miguel Romo Medina, Braulio Manuel Fernández Aguirre, María Cristina Díaz Salazar, Armando Neyra Chávez e Hilda Esthela Flores Escalera)

“SENADO DE LA REPUBLICA
LXII LEGISLATURA.

Los suscritos, Senadores María Elena Barrera Tapia, integrante del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, Miguel Romo Medina, Braulio Manuel Fernández Aguirre, María Cristina Díaz Salazar, Armando Neyra Chávez, Hilda Esthela Flores Escalera, integrantes del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de conformidad con los artículos 8, numeral 1, fracción I y 164 del Reglamento del Senado de la República, sometemos la consideración del Pleno, la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA LA FRACCION K) DEL ARTICULO 28  DE LA LEY PARA LA PROTECCION DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES con base en la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

Todos los seres humanos debemos cubrir necesidades básicas, tales como: comer, beber, dormir, vestir, entre otras, esto se refleja como salud de calidad. Por ello, la importancia de que el gobierno, comunidades, familias y personas se preocupen siempre por conservar y mantener niveles óptimos de salud en todos los miembros de la sociedad.

La salud como “…un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades”1 y la salud mental como “un estado de bienestar en el cual el individuo es consciente de sus propias capacidades, puede afrontar las tensiones normales de la vida, puede trabajar de forma productiva y fructífera y es capaz de hacer una contribución a su comunidad.2  

Al respecto, el Constituyente ha realizado reformas en beneficio de la ciudadanía mexicana, una de ellas es el derecho a la salud, como un derecho inalienable, imprescriptible e irrenunciable, como lo establece el párrafo cuarto del artículo 4° Constitucional, a saber:

Toda persona tiene derecho a la protección de la salud. La Ley definirá las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y establecerá la concurrencia de la Federación y las entidades federativas en materia de salubridad general, conforme a lo que dispone la fracción XVI del artículo 73 de esta Constitución.”3
Con ello, se puede apreciar que el Estado, cuenta con las bases y modalidades para los servicios de salud de los mexicanos. Asimismo, en nuestro país existe la protección del interés superior de la niñez4 que se encuentra plasmado, en el párrafo octavo del precepto constitucional antes mencionado, donde se establece que:

“En todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos. Los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral. Este principio deberá guiar el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas dirigidas a la niñez.”5

Cabe precisar que los niños, niñas y jóvenes, son quienes representan el futuro de nuestro país, en tal sentido, es trascendente crear estrategias de prevención con posturas que promuevan la salud mental, con un debido diagnóstico y tratamiento para el control de los trastornos mentales.

El Estado Mexicano, como garante de la protección de los derechos ha signado la Convención de los Derechos del Niño, donde se establece lo siguiente:

“Artículo 19

1. Los Estados Partes adoptarán todas las medidas legislativas, administrativas, sociales y educativas apropiadas para proteger al niño contra toda forma de perjuicio o abuso físico o mental, descuido o trato negligente, malos tratos o explotación, incluido el abuso sexual, mientras el niño se encuentre bajo la custodia de los padres, de un representante legal o de cualquier otra persona que lo tenga a su cargo.

2. Esas medidas de protección deberían comprender, según corresponda, procedimientos eficaces para el establecimiento de programas sociales con objeto de proporcionar la asistencia necesaria al niño y a quienes cuidan de él, así como para otras formas de prevención y para la identificación, notificación, remisión a una institución, investigación, tratamiento y observación ulterior de los casos antes descritos de malos tratos al niño y, según corresponda, la intervención judicial.

Artículo 25

Los Estados Partes reconocen el derecho del niño que ha sido internado en un establecimiento por las autoridades competentes para los fines de atención, protección o tratamiento de su salud física o mental a un examen periódico del tratamiento a que esté sometido y de todas las demás circunstancias propias de su internación.

Numeral 1 del artículo 27

1. Los Estados Partes reconocen el derecho de todo niño a un nivel de vida adecuado para su desarrollo físico, mental, espiritual, moral y social.

De lo anterior, es de resaltarse que la presente iniciativa tiene como finalidad el fortalecer la prevención de la salud mental de la niñez y juventud, que ha sido uno de los compromisos internacionales, debido a que los menores de edad son el sector de la población con más vulnerabilidad.

Al respecto, el artículo 28 de la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes establece que:

“Los niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la salud.”

Por su parte, la Ley General de Salud  establece lo siguiente:

• El artículo 2, fracción I.- Manifiesta que la finalidad para la protección de la salud tiene dentro de sus prioridades el bienestar físico y mental de la persona, para contribuir al ejercicio pleno de sus capacidades.
• El artículo 3º fracción VI.-  La salud mental es materia de salubridad general.

• El artículo 6º fracción IV.- El sistema nacional de salud tiene entre sus objetivos dar impulso al crecimiento físico y mental de la niñez.

• El artículo 27 fracción VI.- Los servicios referentes a la salud mental se consideran servicios básicos de salud.

• Adicionalmente, el Capítulo VII del Título Tercero.- Se refiere específicamente a la Salud Mental y abarca los artículos 72 a 77, los cuales contienen disposiciones relativas a la promoción de la salud mental, prevención y tratamiento de los trastornos mentales, así como derechos de las personas con trastornos mentales y del comportamiento.

Con ello, se aprecia que se deben de establecer políticas públicas que puedan brindar una prevención y diagnóstico de todo tipo de enfermedades, y para el caso que nos ocupa no sólo las físicas sino mentales.

Es de apreciarse que la Organización Mundial de la Salud (OMS), establece que la calidad de vida implicaría una serie de componentes, todos ellos de carácter objetivo, en los que intervienen directamente la salud, la alimentación, la educación, el trabajo, la vivienda, la seguridad social, el vestido y los derechos humanos.”

En ese tenor, la manifestación de las enfermedades mentales se pueden presentar en cualquier etapa de la vida, no hay una edad determinada en la cual se exteriorice alguna enfermedad mental, la que puede declararse en cualquier periodo evolutivo de la persona y aunque las enfermedades mentales no tengan una cura total, pueden tener una recuperación prometedora, por medio de la cual se logre mejorar la calidad de vida de los pacientes. Los tratamientos comprenden psicoterapia y medicación, además de grupos de ayuda y servicios comunitarios.

Al respecto, el Programa de Acción para Superar las Brechas en Salud Mental, establece que cerca del 50% de los trastornos mentales en los adultos comienzan antes de los 14 años.6

En este orden de ideas, podemos anotar que la depresión es una causa de discapacidad en el mundo. La Organización Mundial de la Salud estima que la depresión ocupará el segundo lugar en 2020 como discapacidad mundial, después de las enfermedades cardiovasculares. La depresión es una enfermedad común, seria y compleja que afecta aproximadamente 121 millones de personas en el mundo.7

En los países en desarrollo, la depresión es 1,5 a 2 veces más frecuente que en los países desarrollados. A nivel mundial, la cantidad de mujeres que padecen depresión duplica la de los hombres, mientras que el doble de hombres probablemente se convierta en un alcohólico.8

Se calcula que anualmente un 20% de los adolescentes del mundo sufre algún problema de salud mental, por lo general depresión grave u otros trastornos del estado de ánimo, que al no ser atendidos a tiempo pueden continuar perturbando a las personas y tener efectos negativos durante toda la vida adulta. Debido a que los jóvenes experimentan un cambio físico, mental y social drástico durante la pubertad y su iniciación sexual. En el proceso de abordar estos cambios y establecer su propia identidad, incluida la sexual, son propensos a dificultades de salud mental, entre ellas la depresión y los trastornos causados por la ansiedad. Manifestándose el suicidio es una de las tres causas principales de mortalidad entre personas con edades entre 15 y 35 años.9
Como se ha mencionado anteriormente, cuando se sufre depresión grave en la adolescencia, el trastorno puede persistir o reaparecer en la edad adulta. Pese a que se suele relacionar el suicidio con los problemas de salud mental, en algunas ocasiones es producto de las dificultades de los jóvenes en el seno de sus familias.

En la mayoría de los países en desarrollo, los adolescentes disponen de muy pocos servicios y recursos en materia de salud mental. En los que por lo general no hay suficientes profesionales de la salud mental y agentes sanitarios10 no especializados no suelen estar suficientemente capacitados o motivados para prestar servicios de salud mental de buena calidad a los jóvenes. La depresión en los países desarrollados tiene un índice menor, por la atención recibida por los profesionales de la salud. Otra barrera que suele complicar la satisfacción de las necesidades relacionadas con la salud mental es el estigma o discriminación que se suele asignar a los trastornos mentales. 11

La salud mental de la infancia y la adolescencia es una preocupación primordial en el desarrollo de programas de prevención e intervención en todo el mundo, hoy en día nos encontramos con situaciones por demás preocupantes como:

• El suicidio es la tercera causa de muerte entre los adolescentes.12

• Los trastornos depresivos tienen inicio en la adolescencia.

• El 20% de niños y jóvenes padecen trastornos mentales o son víctimas de violencia física o sexual.

• Los trastornos conductuales de la infancia se perpetúan a lo largo de la vida de las personas, manifestándose en la edad adulta en el consumo de drogas, la delincuencia y conducta antisocial.

• Los trastornos mentales como la depresión provocan un bajo rendimiento escolar.

De acuerdo al Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), el último censo de 2010, en México habitan 43,776,908 jóvenes menores de 20 años, de los cuales 32,515,796 son menores de 15 años13. Por ello, hace falta promover la salud mental entre la población de niñas, niños y adolescentes, lo que conllevará a que en un futuro no muy lejano la población adulta tenga menos índices de trastornos mentales. Brindará la oportunidad de detectar y dar tratamiento correctivo a las alteraciones desde la niñez, a la vez esta detección evitará que el adulto del mañana tenga una mejor calidad de vida familiar, social y laboral.

Un país que presente problemas de salud en sus habitantes tendrá dificultades para llevar adelante los planes de desarrollo en beneficio de la población. Por lo que al integrar sistemas de salud, que dan atenciones a la población para mejorar sus condiciones de vida y desarrollo, disminuyen los impactos mortales de las enfermedades, previenen hábitos nocivos que ayudan a una mejor calidad de vida, investigan las características de las enfermedades y procuran llevar a la mayoría de la población, atención suficiente y adecuada.
Existe una relación muy estrecha entre una enfermedad física y una mental, ya que existe una gran variedad de enfermedades médicas que dan como resultado trastornos mentales claramente identificados y a los que se han denominado secundarios. Son numerosas las enfermedades médicas que generan trastornos mentales en individuos susceptibles, entre éstas predominan las endocrinológicas, las cardiopatías, las inmunológicas y las neurológicas. 14 Ejemplo de esto es la alta proporción de pacientes diabéticos, padecimiento que tiene una prevalecía del 10% en la población y que provoca trastornos depresivos y cambios de personalidad secundarios al procedimiento médico. También, más de 50% de pacientes con enfermedad vascular cerebral presentan trastornos mentales, principalmente alteraciones del estado de ánimo.

La prevención es sobre todo, definida como la protección contra los riesgos, las amenazas del ambiente, lo que significa, inevitablemente la acción mancomunada de las Instituciones de Salud, de las comunidades y las personas que más que integrarlas las instituyen.

En la Primera Conferencia Internacional de Promoción de Salud, realizada en Ottawa en 1986 con el patrocinio de la OMS se señala que es necesario facilitar el proceso según el cual se puede movilizar “a la gente para aumentar su control sobre la salud y mejorarla… para alcanzar un estado adecuado de bienestar físico, mental y social… ser capaz de identificar y realizar sus aspiraciones, de satisfacer sus necesidades y de cambiar o adaptarse al medio ambiente”. Para lograr verdaderamente esto es imprescindible comprender que el desarrollo de la salud no se puede reducir a la lucha contra la enfermedad, a las prácticas clínicas tradicionales.15
 
La prevención debe de ser una política prioritaria en el ejercicio de la administración pública, sobretodo en el ámbito de la salud por lo que se deben buscar las medidas para mejorar la salud de la población.

Cabe resaltar que entre las diez principales enfermedades considerando mortalidad prematura y días vividos sin salud se encuentran tres tipos de enfermedades mentales, como lo son la depresión mayor, esquizofrenia y trastorno obsesivo compulsivo, las que son catalogadas como graves por los profesionales de la salud. Lo que genera que las personas que padecen estos padecimientos no puedan interactuar normalmente con el medio que los rodea.16

En el Partido Verde estamos preocupados por este problema de salud pública, ya que debemos encontrar la forma de prevenir en la población infantil y adolescente las alteraciones que se puedan convertir en trastornos mentales en la edad adulta. En atención a lo anteriormente expuesto, sometemos a consideración de este Honorable Pleno la siguiente iniciativa:

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA EL APARTADO K DEL ARTICULO 28 DE LA LEY PARA LA PROTECCION DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES.

UNICO: Se adiciona el apartado K del artículo 28 de la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, para quedar como sigue:

Artículo 28. ….

A. a J. …

K. Promover la salud mental, así como la prevención, diagnóstico, tratamiento y control de los trastornos mentales y del comportamiento en niñas, niños y adolescentes.
TRANSITORIO

UNICO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el recinto del Senado de la República, a 28 de febrero de 2013.

Por el Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México: Sen. María Elena Barrera Tapia.

Por el Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional: Sen. Miguel Romo Medina.- Sen. Braulio Manuel Fernández Aguirre.- Sen. María Cristina Díaz Salazar.- Sen. Armando Neyra Chávez.- Sen. Hilda Esthela Flores Escalera”.


1 Constitución de la Organización Mundial de la Salud, http://apps.who.int/gb/bd/PDF/bd47/SP/constitucion-sp.pdf

2 Organización Mundial de la Salud, http://www.who.int/features/qa/62/es/index.html

3 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/cpeum.htm 

4 Con la reciente reforma Constitucional  publicado el 12 de octubre de 2011 en el Diario Oficial de la Federación.

5 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/cpeum.htm 

6 Programa de Acción para Superar las Brechas en Salud Mental (mhGAP). Mejoramiento y ampliación de la atención de los trastornos mentales, neurológicos y por abuso de sustancias. Organización Mundial de la Salud. 2008. http://www.who.int/es/

7 Paquete informativo de sensibilización internacional de la Federación Mundial de la Salud Mental. Perspectivas internacionales sobre la depresión. 2010.

8 Fondo de Población de las Naciones Unidas. http://www.unfpa.org/webdav/site/global/shared/documents/publications/2008/mental_rh_spa.pdf

9 Fondo de Población de las Naciones Unidas. http://www.unfpa.org/webdav/site/global/shared/documents/publications/2008/mental_rh_spa.pdf

10 Los agentes sanitarios locales ayudan a lograr la equidad sanitaria en el plano de la comunidad, tanto en el ámbito urbano como en las localidades remotas, y forman parte de las iniciativas para alcanzar la salud para todos, particularmente de los grupos pobres, desatendidos y marginados. Estos agentes tienen conocimientos de higiene, primeros auxilios, vacunación y otros servicios esenciales de atención primaria de salud, de manera que constituyen la columna vertebral de toda respuesta sanitaria de emergencia. http://www.who.int/features/2010/community_health_workers/es/index.html

11 Progreso para la Adolescencia. Un boletín sobre adolescentes. Número 10. Abril 2012. UNICEF. Página 26.
http://www.unicef.org/lac/progress_for_children_10_SP.pdf

12 Comunicado de prensa. 11 de septiembre de 2009 | GINEBRA Organización Mundial de la Salud. http://www.who.int/mediacentre/news/releases/2009/adolescent_mortality_20090911/es/

13 Instituto Nacional de Geografía y Estadística INEGI. http://www.inegi.org.mx/

14 En lenguaje técnico se habla de Comorbilidad psiquiátrica con enfermedades médicas. Secretaria de Salud. Programa de Acción: Salud Mental. México, 2001. ISBN 968-811-994-6. Pág. 30.

15 1ra. Conferencia Internacional sobre Promoción de la Salud. Ottawa, Canadá; 21 de noviembre de 1986. 6ª Conferencia Internacional sobre la Promoción de la Salud. Carta de Bangkok, Tailandia 2005. Organización Mundial de la Salud. http://www.who.int/es/

16 Organización Mundial de la Salud, http://www.who.int/es/





 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN  Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE  SALUD

(Presentada por los CC. Senadores María Cristina Díaz Salazar, Miguel Romo Medina, Braulio Fernández Aguirre, Armando Neyra Chávez, Hilda Esthela Flores Escalera y María Elena Barrera Tapia)

“Los que suscriben, María Cristina Díaz Salazar, Miguel Romo Medina, Braulio M. Fernández Aguirre, Armando Neyra Chávez, Hilda Esthela Flores Escalera y María Elena Barrera Tapia,  Senadores de la República de la LXII Legislatura del H. Congreso de la Unión, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional y del Partido Verde Ecologista de México, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 8, numeral 1, fracción 1; 164, numeral 1; 169 y demás relativos del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente: INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE SALUD, RELATIVO A LA REPRODUCCION HUMANA MEDICAMENTE ASISTIDA, de conformidad con la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

El desarrollo de la ciencia y de las tecnologías han creado, además de muchas ventajas, incertidumbres y miedo sobre su aplicación, por lo cual es necesario establecer un marco jurídico en materia de reproducción humana asistida desde el respeto de los derechos humanos,  mismo que quedo establecido en la resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el  caso Artavia Murillo y otros (“fecundación in vitro”) vs. Costa Rica1, misma que establece lo importante de contar con una regulación adecuada en la materia para cumplir con los derechos reproductivos de la mejor manera e insta a Costa Rica para que en un término de seis meses regula esta tecnología, mismo que para el caso de México como parte del sistema interamericano y como estado  que acepta la competencia de la Corte tenga que regular al respecto.
Sobre la problemática de salud, es propio mencionar  que  la infertilidad es un problema de índole mundial, en el contexto de la salud y particularmente en la biología de la reproducción humana, del que sin duda nuestro país no es ajeno.

La infertilidad se define como un padecimiento asintomático, diagnosticado cuando no se ha logrado concebir un hijo, de manera natural por lo menos durante un año. La Organización Mundial de la Salud define la infertilidad como una enfermedad con derecho a ser tratada, y sostiene que en más del 90% de los casos que se presentan existe solución a través de tratamientos médicos. Caso que se tiene que atender por ser un problema de salud sexual y reproductiva y cuando se hayan agotado todas las opciones terapéuticas, es cuando los adelantos de la medicina, que al caso las técnicas de reproducción humana medicamente asistida ayudan a un sin número de personas para poder realizar sus deseos de procrear.

El 25 de julio de 1978, nació en Inglaterra Louise Brown, el primer ser humano concebido mediante técnicas de reproducción medicamente asistida, una niña concebida por medio de la fecundación "in vitro" (FIV).

Su nacimiento fue celebrado como un hito en la ciencia y la medicina. Se multiplicaron desde entonces las clínicas y los programas de reproducción humana asistida a nivel mundial, Se calcula que a partir de entonces en el mundo han nacido cerca de tres millones de bebés por tratamientos de reproducción médicamente asistida.

En este sentido, en 1988 nació Andrea, la primera niña concebida en territorio mexicano por transferencia intratubaria de gametos. Actualmente, en México nacen cada año más niños producto de la aplicación de las técnicas de reproducción médicamente asistida.

Según diversos expertos en México operan 80 centros, de los cuales sólo 30 están registrados en la Red Latinoamericana de Reproducción Asistida  (RED), institución científica y educacional, que reúne más del 90% de los centros que realizan técnicas de reproducción asistida en Latinoamérica.

Desde hace más de dos décadas, las técnicas de reproducción humana asistida se han venido implementando, tanto en instituciones privadas como públicas; sin embargo, éstas no cuentan con un marco legal que las regule.

Las  técnicas de reproducción medicamente asistida pretenden ayudar a sustituir en parte una función generativa deteriorada o inexistente (subfertilidad o infertilidad), y al tratarse de una tecnología,  aparece de modo inmediato procesos de manipulación sobre la realidad biológica de la procreación humana y además, ya no interviene de modo exclusivo la pareja en la generación de un nuevo ser humano, sino que atendiendo la actuación de varias personas durante el proceso  (médico, enfermera, biólogo de la reproducción, la sociedad, etc.).

En este sentido en todo momento, se debe respetar la identidad genética2, fijada en el momento de la fertilización3, misma que es la propiedad biológica más importante de cada ser humano singular, ya que de ella depende su ontogenia. El embrión de una, dos, cuatro, ocho células, la mórula y el blastocisto, no son sino las manifestaciones sucesivas de las etapas por las que atraviesa el desarrollo del embrión en cumplimiento del programa genético, establecido tras la fusión de los pronúcleos masculino y femenino.
Según cifras que aporta el INEGI (Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informática, en México existen un millón y medio de parejas que padecen infertilidad o esterilidad, de ahí la importancia para que sea regulado este problema de salud pública y se marquen las pautas mínimas de protección

Previo a las técnicas de reproducción asistida, es un deber insoslayable buscar la raíz del problema de la infertilidad; para esto es necesario tomar en consideración una gran variedad de factores que la generan y atenderlos de la manera más eficaz. Después de agotar la etapa terapéutica y el hecho es de ser padres en estas situaciones, la opción tiene que avanzar de la forma más humana y noble, ofertándoles  la adopción, y en caso que no se pueda, buscar la ayuda de la fertilización humana medicamente asistida. Siempre primando el interés superior del menor4 5 que está por nacer6 7; como derecho de las generaciones futuras

Así mismo, se deberá buscar el beneficio de la pareja, principalmente el cuidado y atención de la mujer8, con pleno consentimiento previa información de las técnicas de reproducción humana a ser sometidas, para que no existan dudas, frustraciones ni falsas esperanzas9.
La iniciativa, da una protección especial a la mujer que va a gestar, al implantar como máximo tres embriones, tal y como la Organización Panamericana de la Salud (OPS) señaló que “[t]ransferir a una mujer todos los embriones producidos en cada ciclo de un tratamiento de [FIV], …, puede poner en peligro el derecho a la vida de la mujer e incluso ocasionar la realización de un aborto terapéutico lo que a su vez afecta negativamente el goce del derecho a la salud y de otros derechos humanos relacionados que han sido acordados por los Estados de la OPS”10.

Por lo que respecta al ámbito científico de la protección del embrión, para su manipulación e investigación y que no es el fin de una normativa en la materia, a la fecha a nivel internacional no existen evidencias científicas de su eficacia11. Más sin embargo y a partir de 1988 la utilización de células troncales adultas han tenido mucho resultados favorables12, con la obtención de las mismas del cordón umbilical13, médula ósea14, liquido amniótico15, así como de docenas de tejidos adultos mismas que han dado resultado positivamente en el tratamiento de la leucemia, anemia de Falconi, cáncer oncohematológico, etc. En ese sentido y como se demuestra actualmente la solución más natural y que ofrece mejor solución para evitar la producción y sacrificio de embriones es la reprogramación de células troncales adultas16.Hoy son más de 65 las enfermedades degenerativas, entre neoplásicas              y no neoplásicas, que encuentran su solución mediante la tecnología de la utilización de las células madre procedentes de tejidos adultos: enfermedades autoinmunes, inmunodeficiencias, enfermedades del sistema nervioso (Alzheimer, Parkinson, etc.), enfermedades de la sangre, cicatrización de            heridas y fístulas complejas, como las ligadas a la enfermedad de Crohn, etc. y enfermedades metabólicas, debiendo fomentar la investigación en líneas de investigación debidamente avaladas científicamente.

En el ámbito internacional, los derechos sexuales reproductivos se encuentran consagrados en el Programa de Acción de la Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo (Conferencia de El Cairo), en el capítulo VII, referente a los Derechos Reproductivos y Salud Reproductiva, inciso A) Derechos Reproductivos y Salud Reproductiva, preceptúa:

"La salud reproductiva es un estado general de bienestar físico, mental y social en todos los aspectos relacionados con el sistema reproductivo y con sus funciones y procesos...La atención de la salud reproductiva incluye la salud sexual, cuyo objetivo es el desarrollo de la vida y de las relaciones personales.
Los derechos reproductivos abarcan ciertos derechos humanos que ya están reconocidos en las leyes nacionales, en los documentos internacionales sobre derechos humanos y en otros documentos pertinentes de las Naciones Unidas, aprobados por consenso. Estos derechos se basan en el reconocimiento del derecho básico de todas las parejas e individuos a decidir libre y responsablemente el número de hijos, el espaciamiento de los nacimientos y el momento de tenerlos, y a disponer de la información y de los medios para ello, y el derecho a alcanzar el nivel más elevado de salud sexual y reproductiva.

También incluye su derecho a adoptar decisiones relativas a la reproducción sin sufrir discriminación, coacciones ni violencia. Se debe prestar plena atención a la promoción de relaciones de respeto mutuo e igualdad entre hombres y mujeres, y particularmente a la satisfacción de las necesidades adicionales y de servicios..."

Derecho que se encuentra reconocido en los artículos 1° y 4° de la Constitución Política de los Estados unidos Mexicanos17. Es decir, corresponde al Estado, la asistencia a las personas para garantizar su derecho a decidir libremente el número y espaciamiento de hijas e hijos, todo de conformidad con los derechos humanos y no limitar su derecho para la utilización de nuevas tecnologías18 para formar una familia19.

Sin perder de vista que en todo momento se “reciban servicios adecuados de atención de la salud que permitan los embarazos y los partos sin riesgos y den a las parejas las máximas posibilidades de tener hijos sanos”20.

Por lo anteriormente expuesto, se vive en nuestro país un alto riesgo de que las parejas sean víctimas de engaño y sometidas a procedimientos inseguros, ya que prevalece la duda sobre la calidad de las clínicas de reproducción asistida existentes, la mayoría de la cuales carece de certificación de sus procesos por clínicas que no cumplen con los estándares de calidad adecuados y certificación de sus procesos.

Es por ello que los integrantes de esta comisión consideran viable la propuesta,  de incluir en la Ley General de Salud,  la facultad a la Secretaria de Salud para regular y controlar la aplicación de técnicas de reproducción asistida acreditada científicamente; así como incluir a los centros de reproducción asistida a que requieran autorización sanitaria.

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de esta Soberanía el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO

Artículo Unico: SE REFORMAN los artículos 13, apartado A. fracción II; 17 bis; la denominación del Título Décimo Cuarto; 313 fracciones II y III; 314 fracción VIII; 315 fracciones III y IV; 319; 466; así mismo SE ADICIONAN la fracción XXVII Bis 1 al 3°; la fracción IV al 313; las fracciones VIII Bis y XII Bis al 314; la fracción V al 315; un Capitulo III Bis al Título Décimo Cuarto; y un artículo 462 Bis I; de la Ley General de Salud, para quedar como sigue:

Artículo 3o.- En los términos de esta Ley, es materia de salubridad general:

I. ala XXVII Bis …

XXVII Bis 1.- El control sanitario de la reproducción humana médicamente asistida.

XXIX. a la XXXI. …”

Artículo 13. La competencia entre la Federación y las entidades federativas en materia de salubridad general quedará distribuida conforme a lo siguiente:

A. Corresponde al Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría de Salud:

I.  …

II. En las materias enumeradas en las fracciones I, III, V, VI, XVII Bis, XXIII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII, XXVIII, XXVII Bis 1 y XXIX, del artículo 3o. de esta Ley, organizar y operar los servicios respectivos y vigilar su funcionamiento por sí o en coordinación con dependencias y entidades del sector salud;

III. a la X. …

B. …

I. a la VII. …

C. …

Artículo 17 bis.- La Secretaría de Salud ejercerá las atribuciones de regulación, control y fomento sanitarios que conforme a la presente Ley, a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, y los demás ordenamientos aplicables le corresponden a dicha dependencia en las materias a que se refiere el artículo 3o. de esta Ley en sus fracciones I, en lo relativo al control y vigilancia de los establecimientos de salud a los que se refieren los artículos 34 y 35 de esta Ley: XIII, XIV, XXII, XXIII, XXIV, XXV, XXVI, ésta salvo por lo que se refiere a cadáveres, y XXVII, esta última salvo por lo que se refiere a personas y XXVII Bis 1, a través de un órgano desconcentrado que se denominará Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios.

...

I. a XIII. ...”

Título Décimo Cuarto
Donación, Trasplantes,Técnicas de Reproducción Humana Médicamente
Asistida y Pérdida de la Vida

Artículo 313. Compete a la Secretaría de Salud:

I. …

II. La regulación sobre cadáveres, en los términos de esta Ley; y
III. Establecer y dirigir las políticas en salud en materia de donación y trasplantes de órganos, tejidos y células, para lo cual se apoyará en el Centro Nacional de Trasplantes, y en el Centro Nacional de la Transfusión Sanguínea, y

IV. La regulación y el control sanitario de la aplicación de las técnicas de reproducción humana médicamente asistida.

Artículo 314.- Para efectos de este título se entiende por:

I. a VII. …

VIII. Embrión, al producto de la concepción o fertilización,a partir de éstas, y hasta el término de la duodécima semana gestacional;

VIII Bis. Fertilización, a la conjugación de las células germinales femenina con la masculina con la consiguiente fusión del material genético, mediante el auxilio de técnicas de reproducción humana médicamente asistida;

IX. a XII. …

XII Bis.- Técnicas de reproducción humana médicamente asistida, a aquellas técnicas biomédicas, que facilitan o sustituyen, los procesos biológicos naturales que se desarrollan durante la procreación humana, o la implantación del embrión en el útero a través de la manipulación directa en el laboratorio, entre las que se encuentran la inseminación artificial, la fecundación in vitro con transferencia de embriones y la transferencia intratubárica de células germinales, la inyección intracitoplasmática de espermatozoides y todas aquellas que impliquen la creación de un embrión y que se determinen como tales por la Secretaría de Salud mediante disposiciones de carácter general;

XIII. a XVII. …

Artículo 315.- Los establecimientos de salud que requieren de autorización sanitaria son los dedicados a:

I. a II. ...

III. Los bancos de órganos, tejidos y células, y

IV. Los bancos de sangre y servicios de transfusión, y

V. La aplicación de técnicas de reproducción humana médicamente asistida.”

Artículo 319.- Se considerará disposición ilícita de órganos, tejidos, células,embriones y cadáveres de seres humanos, aquella que se efectúe sin estar autorizada por la Ley.

Capítulo III Bis
Técnicas de reproducción humana médicamente asistida

Artículo 342 Bis. Las técnicas de reproducción humana médicamente asistida sólo podrán llevarse a cabo en los establecimientos autorizados para su aplicación, siempre que existan posibilidades razonables de éxito y que su aplicación no suponga riesgo para la salud física o mental de la mujer o la posible descendencia.
Artículo 342 Bis 1. Para tener acceso a las técnicas de reproducción humana médicamente asistida deberán cumplirse los siguientes requisitos:

• Ser mayor de edad con plena capacidad de ejercicio;

• Tener impedimento para procrear de manera natural;

• Otorgar su consentimiento informado, en los términos previstos por la presente ley y demás disposiciones jurídicas aplicables, y

• Si se tratara de mujer casada o en concubinato, se requerirá además, el consentimiento por escrito del cónyuge o del concubinario, según sea el caso, en los términos previstos por la presente ley y demás disposiciones jurídicas aplicables.

Los cónyuges o concubinos que nunca hayan tenido hijos tendrán preferencia en la aplicación de las técnicas de reproducción humana médicamente asistida.

Artículo 342 Bis 2. Previo al inicio de la aplicación de alguna de las técnicas de reproducción humana médicamente asistida, el médico tratante deberá:

I. Recomendar la adopción como alternativa;

II. Agotar toda posibilidad de tratamiento que pueda permitir la concepción de forma natural;

III. Tomar en cuenta las circunstancias particulares en cada uno de los cónyuges o concubinos, tales como su edad, su historial clínico y las posibles causas de esterilidad o infertilidad;

IV. Elaborar un diagnóstico preimplantacional;

V. Elaborar un diagnóstico genotípico, y

VI. Recabar la constancia escrita mediante la cual los solicitantes otorguen su consentimiento informado en los términos de la presente ley y demás disposiciones jurídicas aplicables.

Artículo 342 Bis 3. Queda prohibida:

I. Toda forma de comercialización de embriones;

II. La práctica de implantes interespecíficos;

III. La escisión embrionaria precoz;

IV. La producción de híbridos o quimeras;

V. La producción e implantación de más de tres embriones;
VI. La implantación simultánea de embriones no provenientes de la misma pareja, y

VII. Cualquier tipo de práctica eugenésica, la clonación y cualquier otra no prevista por la ley que atente contra la dignidad humana.

La Fracción III, salvo que se encuentre en peligro la vida de la mujer gestante y de conformidad con la normatividad jurídica aplicable.

Artículo 373.- Requieren de licencia sanitaria los establecimientos a que se refieren los artículos 198, 315, 319, 329 y 330.

Artículo 462 Bis 1- Al que contravenga cualquiera de las obligaciones establecidas en las fracciones II, III, IV, V y VI del artículo 342 Bis 2 de esta Ley, se le impondrá de cinco a doce años de prisión y multa equivalente de doscientos a mil días de salario mínimo general vigente en la zona económica de que se trate.

Si intervinieran profesionales, técnicos o auxiliares de las disciplinas para la salud, se les aplicará, además, suspensión de cuatro a seis años en el ejercicio profesional, técnico o auxiliar y hasta seis años más, en caso de reincidencia.

TRANSITORIOS

ARTICULO PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

ARTICULO SEGUNDO. El Ejecutivo Federal, en atención de sus atribuciones, en un plazo máximo de seis meses deberá expedir la reglamentación de las disposiciones que resulten necesarias para el desarrollo y ejecución del presente Decreto.

ARTICULO TERCERO. Se derogan todas aquellas disposiciones que contravengan el presente Decreto.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, a 28  de febrero de  2013.

Sen. María Cristina Díaz Salazar.- Sen. Miguel Romo Medina.- Sen. Braulio M. Fernández Aguirre.- Sen. Armando Neyra Chávez.- Sen. Hilda Esthela Flores Escalera.- Sen. María Elena Barrera Tapia”.


1 Sentencia de 28 de noviembre de 2012 (Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas)

2 La Declaración Sobre el Genoma Humano y los Derechos Humanos, adoptada el 11 de noviembre de 1997.
A. LA DIGNIDAD HUMANA Y EL GENOMA HUMANO
Artículo 1
El genoma humano es la base de la unidad fundamental de todos los miembros de la familia humana y del reconocimiento de su dignidad y diversidad intrínsecas. En sentido simbólico, el genoma humano es el patrimonio de la humanidad.
Artículo 2
a) cada individuo tiene derecho al respecto de su dignidad, cualesquiera que sean sus características genéticas.
b) Este dignidad y por qué no se reduzca a los individuos a sus características genéticas y que se respete su carácter único y su diversidad.

3 Más preciso en la singamia: es el proceso por el cual dos gametos (masculino y femenino) se fusionan para crear un nuevo individuo con un genoma derivado de ambos progenitores. Los dos fines principales de la fecundación son la combinación de genes derivados de ambos progenitores y la generación de un nuevo individuo (reproducción)

4 DECLARACIÓN DE LOS DERECHOS DEL NIÑO del 20 de noviembre de 1959.
Reconociendo que EL NIÑO ES UN SER HUMANO QUE por su condición NECESITA INCLUSO LA DEBIDA PROTECCIÓN LEGAL, TANTO ANTES COMO DESPUÉS DEL NACIMIENTO, de una protección y cuidados especiales, y del reconocimiento expreso de sus derechos, los Estados miembros de la ONU quisieron plasmar los Derechos del Niño en una Declaración dedicada especial, expresa y exclusivamente a los niños, como el grupo de seres humanos mas importante entre los hombres y mujeres del mundo, INSTANDO A LOS padres, a los hombres y mujeres individualmente y a las organizaciones particulares, autoridades locales y GOBIERNOS NACIONALES A QUE RECONOZCAN ESOS DERECHOS Y LUCHEN POR SU OBSERVANCIA CON MEDIDAS LEGISLATIVAS adoptadas progresivamente, proclamaron la Declaración de los Derechos del Niño, que protege la vida humana de los niños así:
(…) Considerando que el niño, por su falta de madurez física y mental, necesita protección y cuidado especiales, incluso la debida protección legal, tanto antes como después del nacimiento,(…)

5 INTERÉS SUPERIOR DEL NIÑO. SU CONCEPTO.
En términos de los artículos 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 3 de la Convención sobre los Derechos del Niño (ratificada por México y publicada en el Diario Oficial de la Federación el 25 de enero de 1991); y 3, 4, 6 y 7 de la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, los tribunales deben atender primordialmente al interés superior del niño, en todas las medidas que tomen concernientes a éstos, concepto interpretado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (cuya competencia aceptó el Estado Mexicano el 16 de diciembre de 1998 al ratificar la Convención Interamericana de Derechos Humanos) de la siguiente manera: "la expresión ‘interés superior del niño’ ... implica que el desarrollo de éste y el ejercicio pleno de sus derechos deben ser considerados como criterios rectores para la elaboración de normas y la aplicación de éstas en todos los órdenes relativos a la vida del niño".

6 La Convención de los Derechos del Niño, adoptada el 20 de noviembre de 1989, Ratificada por México el 21 de septiembre de 1990, y publicada en el D.O. el 25 de enero de 1991.
Preámbulo
Los Estados Partes en la presente Convención,
Considerando que, (..)Teniendo presente que, como se indica en la Declaración de los Derechos del Niño, “el niño, por su falta de madurez física y mental, necesita protección y cuidado especiales, incluso la debida protección legal, tanto antes como después del nacimiento”.

7 PROTOCOLO ADICIONAL A LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS EN MATERIA DE DESC
Artículo 16
Derecho de la Niñez
Todo niño sea cual fuere su filiación tiene derecho a las medidas de protección que su condición de menor requieren por parte de su familia, de la sociedad y del Estado. Todo niño tiene el derecho a crecer al amparo y bajo la responsabilidad de sus padres; salvo circunstancias excepcionales, reconocidas judicialmente, el niño de corta edad no debe ser separado de su madre...

8 El Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales, Ratificada por México el 23 de marzo de 1981, y publicada en el D.O. el 12 de mayo de 1981.
PARTE III
Artículo 10
Los estados partes en el presente Pacto reconocen que:
1. Se debe conceder  a la familia, que es el elemento natural y fundamental de la sociedad, la más amplia protección y asistencia posibles, especialmente para su constitución (…).
2. Se debe conceder especial protección a las madres durante un periodo del tiempo razonable antes y después del parto.

9 Según un estudio de investigadores suecos publicado en Human Reproduction, un 65% de los que abandonan un tratamiento de reproducción asistida sin lograr el embarazo lo hace por cansancio psicológico, antes que por razones médicas o económicas. Resulta algo comprensible cuando la posibilidad tan buscada de tener un hijo termina convirtiéndose en parte de un proceso en la mayoría de los casos invasivo y arduo, especialmente para la mujer.

10 Organización Panamericana de la Salud, Opinión técnica de la Organización Panamericana de la Salud/Organización Mundial de la Salud (OPS/OMS) respecto al contenido del Proyecto de Ley de Costa Rica sobre Fecundación in Vitro y Transferencia Embrionaria en el contexto del derecho humano a la salud.

11 Robert P. George, catedrático de Jurisprudencia en la Universidad de Princeton y miembro del Consejo de Bioética del presidente de los Estados Unidos, verifica en un artículo de opinión publicado el pasado 13 de abril en LA GACETA, Seis verdades innegables, que las células embrionarias han mostrado hasta ahora una total ineficacia.

12 Beauchamp, J.R., Morgan, J.E., Pagel, C.N., Partridge, T.A. Dynamics of myoblast transplantation reveal a discrete minority of precursors with stem cell-like properties as the myogenic source Journal of Cell Biology, 144: 1113. (1999), Angelo L. Vescovi et al., Turning Brain into Blood: A Hematopoietic Fate Adopted by Adult Neural Stem Cells in Vivo.  Science, 283, pp. 534-537. (1999), M. F. Pittenger et al., Multineage Potential of Adult Mesenchymal Stem Cells, Science, 284: 143-147. (1999), Paul M. Rowe, Humans Can Regrow Liver Cells from Bone Marrow. The Lancet, 356 p. 48. (2000), E. Lagasse, H. Connors, M. Al-Dhalimy, M. Reitsma, M. Dohse,L. Osborne, X. Wang, M. Finegold, I. L. Weissman and M. Grompe Purified Hematopoietic Stem Cells Can Differentiate to Hepatocytes In Vivo. Nature Medicine 6: 1229-34. (2000).

13 Gluckman, E., Rocha, V. Chastang, C..Cord blood stem cell transplantation.Bailliere’sBest Practice and Research. Clinical Haematology; 12: 279-292. (1999)

14 Jiang Y, Balkrishna NJ, Reinhardt RL, Schwartz RE, Keene CD, Ortiz-Gonzalez XR, Reyes M, Lenvik T, Lund T, Blackstad M, Du J, Aldrich S, Lisberg A, Low WC, Largaespada DA, Verfaillie CM. Pluripotency of mesenchymal stem cells derived from adult bone marrow. Nature , advance online publication (June 20 2002), Cogle CR; Yachnis AT; Laywell ED; Zander DS; Wingard JR; Steindler D, Scott E Bone marrow transdifferentiation in brain after transplantation: a retrospective study. The Lancet 363 (9419):1432-1437. (2004), Goldman S.A. et al., Telomerase immortalization of neuronally restricted progenitor cells derived from the human neural spinal cord. Nature Biotechnology, 22 (3): 297-305. (2004).

15 De Coppi, P., Atala, A. et al. Isolation of amniotic stem cell lines with potential for therapy. Nature Biotechnology - 25, 100 - 106 (2007)

16 Byrne, J.A., Simonsson, S., Western, P.S. and Gurdon, J.B. Nuclei of adult mammalian somatic cells are directly reprogrammed to oct-4 stem cell gene expression by amphibian oocytes. CurrBiol, 13, 1206-1213 (2003), X. Yang,K. Eggan, G. Seidel, R. Jaenisch, D. Melton.A simple system of checks and balances to cut fraud.Nature. 2006 439:782. (2006), Silva, J.,Chambers, I., Pollard, S., Smith, A.Nanog promotes transfer of pluripotency after cell fusion Naturedoi:10.1038/nature04914 Published online 14 June 2006,Takahashi, K.,Yamanaka, S. Induction of Pluripotent Stem Cells from Mouse Embryonic and Adult Fibroblast Cultures by Defined Factors. Cell 126: 1-14 (2006).

17 Artículo 1º.- En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece.
Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia.
Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. (…)
Artículo 4o. (…)
Toda persona tiene derecho a decidir de manera libre, responsable e informada sobre el número y el espaciamiento de sus hijos.(…)

18 El Artículo 15 b) del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales dispone que “los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda persona a: […] b) gozar de los beneficios del progreso científico y de sus aplicaciones”.El art. XIII de la Declaración Americana establece: “Toda persona tiene el derecho de […] disfrutar de los beneficios que resulten de los progresos intelectuales y especialmente de los descubrimientos científicos”.

19 El artículo 16 inciso 1 de la Declaración Universal de Derechos Humanos establece el derecho de los hombres y mujeres a casarse y fundar una familia, y en el inciso 3 establece que “la familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene derecho a la protección de la sociedad y del Estado”. Igualmente, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos en su artículo 23.2 reconoce el derecho del hombre y de la mujer a contraer matrimonio y a fundar una familia si tienen edad para ello.

20 Programa de Acción de la Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo, El Cairo, 1994, párr. 7.2; ONU A/CONF.171/13/Rev.1 (1995).





 

PROPUESTAS

De la C. Senadora Angélica de la Peña Gómez, del grupo parlamentario del PRD, que contiene punto de Acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo Federal a implementar los mecanismos y medidas necesarias para constituir el Instituto Nacional de la Economía Social y Solidaria. Se turna a la Comisión de Fomento Económico.

PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL EJECUTIVO FEDERAL A IMPLEMENTAR LOS MECANISMOS Y MEDIDAS NECESARIAS PARA CONSTITUIR EL INSTITUTO NACIONAL DE LA ECONOMIA SOCIAL Y SOLIDARIA

“C. PRESIDENTE DE LA CAMARA DE SENADORES
DEL H. CONGRESO DE LA UNION
PRESENTE.

La suscrita, ANGELICA DE LA PEÑA GOMEZ, Senadora de la República a la LXII Legislatura, integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8 numeral 1 fracción II y 276 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración del Pleno de esta Soberanía la siguiente PROPOSICION CON PUNTO DE ACUERDO CON RELACION A LA IMPLEMENTACION DE LA LEY DE LA ECONOMIA SOCIAL Y SOLIDARIA, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

El 23 de mayo de 2012 se publica en el Diario Oficial de la Federación el Decreto mediante el cual se expide la Ley de la Economía Social y Solidaria, Reglamentaria del Párrafo Séptimo del Artículo 25 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en lo referente al sector social de la economía.

El objeto de esta norma es la de establecer los mecanismos para facilitar la organización y la expansión de la actividad económica del Sector Social de la Economía y la responsabilidad del fomento y el impulso por el Estado, es decir, se rescata el papel histórico del sector social de la economía que mandata el artículo 25 constitucional y con ello,

Se trata de un instrumento que permite establecer las estrategias de fortalecimiento de la economía social del país, en un contexto donde la globalización de las relaciones económicas pueda coadyuvar al fortalecimiento de nuestra economía, ya que se cuenta con un instrumento que cuenta ya con los mecanismos que permiten planear, fomentar, participar, instrumentar y evaluar políticas públicas dirigidas al sector social.

Parte importante de esta Ley es la implementación del Instituto Nacional de la Economía Social como un órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Economía, con autonomía de gestión, el cual contará para su auxilio de un Consejo Consultivo, integrado por un Director General, seis consejeros honoríficos y diez consejeros propuestos por la Secretaría de Economía.

Asimismo, este Instituto contará con un Congreso Nacional de los Organismos del Sector Social de la Economía como máximo órgano de representación del sector y por un Consejo Nacional como órgano operativo y de coordinación.

Sin embargo, el 24 de enero de 2013 se publica en el Diario Oficial de la Federación la reforma a los artículos transitorios de la Ley mandatando la constitución del Instituto Nacional de la Economía Social en un plazo no mayor a ciento ochenta días posteriores a la entrada en vigor de la Ley.

La reforma a las disposiciones transitorias trae como consecuencia el retraso de la convocatoria a integrar los Organismos del Sector.

Por lo antes expuesto, propongo a la consideración de esta Soberanía el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

UNICO. La Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión con absoluto respeto a la división de poderes hace un atento exhorto al titular del Ejecutivo Federal para que en el ámbito de sus atribuciones implemente los mecanismos y medias necesarias para constituir el Instituto Nacional de la Economía Social y la convocatoria  para la integración de los Organismos del Sector. 

Salón de sesiones de la Cámara de Senadores, a 19 de febrero de 2013.

Sen. Angélica de la Peña Gómez”.





 

De la C. Senadora Angélica de la Peña Gómez, del grupo parlamentario del PRD, que contiene punto de Acuerdo relativo a la sentencia dictada por un tribunal militar de Marruecos en contra de 24 activistas defensores de los derechos humanos de la República Arabe Saharahui Democrática. Se turna a la Comisión de Relaciones Exteriores, Africa.







 

De las Senadoras Ana Gabriela Guevara, Maki Esther Ortiz Domínguez, Angélica de la Peña Gómez, Martha Palafox Gutiérrez, Silvia Garza Galvez, Luz María Beristain Navarrete, Hilda Flores Escalera, Lisbeth Hernández Lecona, Mónica Arriola Gordillo y Adriana Dávila Fernández, un punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Salud a emprender una cruzada para promover la lactancia materna, que se turna a la Comisión de Salud.

PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LA SECRETARIA DE SALUD A EMPRENDER UNA CRUZADA PARA PROMOVER LA LACTANCIA MATERNA

“La suscrita, Senadora ANA GABRIELA GUEVARA, integrante del grupo parlamentario del Partido del Trabajo en esta LXII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8, fracción II; 76, fracción IX, 108, 276, y demás aplicables del Reglamento del Senado de la República, someto a consideración de esta Soberanía, la presente PROPOSICION CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCION PARA EXHORTAR A LA SECRETARIA DE SALUD PARA QUE, EN COORDINACION CON LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y LAS INSTITUCIONES DE SALUD, EMPRENDA UNA CRUZADA PARA PROMOVER LA LACTANCIA MATERNA, DADA LA TENDENCIA NEGATIVA EN LOS INDICES DE CONSUMO DE LECHE MATERNA QUE SE HAN REGISTRADO EN NUESTRO PAIS. ESTE EXHORTO SE ACOMPAÑA DE UNA CONVOCATORIA DE PARTE DEL SENADO DE LA REPUBLICA PARA SER COADYUVANTE EN TODO LO QUE NUESTRAS FACULTADES NOS PERMITAN PARA IMPULSAR URGENTEMENTE ESTA EMPRESA EN FAVOR DE LA INFANCIA MEXICANA, de urgente y obvia resolución, con base en las siguientes:

CONSIDERACIONES

1.- En México, según la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2012 (Ensanut), la leche materna ya no es el alimento exclusivo en los primeros seis meses de un recién nacido, principalmente en las zonas rurales. Entre 2006 y 2012, el índice de lactancia materna registró a nivel nacional una caída de 7.9 puntos porcentuales, al pasar de 22.3%por ciento a 14.5%por ciento, principalmente por la introducción temprana de fórmulas lácteas y el consumo de agua, advirtió la Secretaría de Salud. Sin embargo, en al área rural la caída fue dramática, el porcentaje bajó de 36.9 a 18.5, de acuerdo con datos de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (Ensanut). Además, las mujeres de las zonas urbanas redujeron considerablemente el tiempo en que amamantan a sus hijos: mientras que hace seis años el promedio era de 8.5 meses ahora es de 4.9. La media nacional es de 10.4 meses.

Según la encuesta, a nivel nacional, 5%por ciento más de niños menores de seis meses fueron alimentados con fórmula láctea en comparación con los resultados de 2006, además de que aumentó 4.4 puntos porcentuales el uso de agua.

De acuerdo con especialistas, la combinación de la lactancia con líquidos como el té o la leche de fórmula antes de los seis meses de edad pueden ocasionarle al bebé problemas de salud, como inflamación de los intestinos, porque su organismo no está preparado ni maduro para recibir ese tipo de sustancias, o predisposición a la obesidad.

“Esto es negativo porque inhibe la producción láctea e incrementa de manera importante el riesgo de enfermedades gastrointestinales”, se apunta en el documento “Deterioro de la lactancia materna, dejar las fórmulas y apegarse a lo básico”, elaborado por el Instituto Nacional de Salud Pública (INSP). “Los menores amamantados experimentan menor mortalidad, incluido el síndrome de muerte súbita, y menor frecuencia y gravedad de morbilidad por diarreas, infecciones respiratorias y dermatitis. También el consumo de la leche materna incrementa el coeficiente intelectual, hay menos riesgo de diabetes, obesidad, asma y leucemia”, se explica.

Para Rodolfo Rivas Ruiz, pediatra neonatólogo del Hospital Infantil de México Federico Gómez, la disminución de la lactancia materna es una batalla que se va perdiendo, principalmente por falta de información, incluso, señaló que hay gente que ni siquiera sabe que la leche de fórmula que le dan a los bebés es leche de vaca, imaginan que como es una fórmula láctea especialmente diseñada para recién nacidos no les va a causar ningún daño, abundó. Asimismo, expuso que incluso el uso de tés puede ser tóxicos para los bebés.

Se atribuye la preferencia de algunas mamás por las fórmulas lácteas a la practicidad de las mismas que impiden tener que amamantar al bebé en público, a la falta de espacios adecuados en los centros de trabajo para la extracción de leche materna e incluso a la publicidad. (Tenemos que felicitar a la Comisión de Salud que hizo posible que en esta institución exista un lactario). Hay que subrayar que la influencia decisiva de la mercadotecnia crea el malentendido de que dar leche de vaca, es decir fórmulas lácteas,no es nocivo y es un complemento. Las madres desconocen que un niño que consume fórmula láctea el gen de la obesidad se detona y es casi imposible contenerlo

Julieta Ponce, directora del Centro de Orientación Alimentaria, explicó que las fórmulas lácteas tienen múltiples desventajas. “Hemos encontrado algunos sucedáneos de la leche materna que tienen grandes concentraciones de azúcar. Si bien la leche materna es una secreción que efectivamente contiene azúcares indispensables para potenciar el crecimiento de la criatura, se trata de azúcar humana que está especialmente diseñada para eso. Así, los sucedáneos de la leche materna han querido copiar el patrón y han imitado las cantidades de calorías”, y por último se sostiene que la alimentación del bebé por medio de biberón inhibe la regulación del apetito y la sensación de saciedad. Esta información clínica se obtuvo de la página de Internet del INSTITUTO NACIONAL DE SALUD PUBLICA.

2.- Poco hay que añadir a la contundencia de esta argumentación y mucho habría que hacer desde las instituciones, los medios de comunicación, las empresas y el sector laboral, así como la intervención decisiva de la estructura de salud del gobierno federal; por ello exhortar a una sola dependencia resulta incompleto porque un problema de salud pública como el colapso en los indicadores de salud sobre la lactancia, atañe a un elenco integral. Apelo a la sensibilidad de esta Asamblea para que considere que este fenómeno hay atacarlo con urgencia, comenzando por emitir un exhorto a la Secretaría de Salud y nosotros legislar para que empresas, instituciones, escuelas, medios de comunicación y la misma legislación genere espacios, tiempos, seguridad para que la lactancia sea una cultura y un derecho de la infancia.

Por todo lo anterior, sometemos a la consideración de esta Asamblea el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

UNICO.- EL PLENO DEL SENADO DE LA REPUBLICA EXHORTA A LA SECRETARIA DE SALUD PARA QUE, EN COORDINACION CON LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y LAS INSTITUCIONES DE SALUD, EMPRENDA UNA CRUZADA PARA PROMOVER LA LACTANCIA MATERNA, DADA LA TENDENCIA NEGATIVA EN LOS INDICES DE CONSUMO DE LECHE MATERNA QUE SE HAN REGISTRADO EN NUESTRO PAIS. ESTE EXHORTO SE ACOMPAÑA DE UNA CONVOCATORIA DE PARTE DEL SENADO DE LA REPUBLICA PARA SER COADYUVANTE EN TODO LO QUE NUESTRAS FACULTADES NOS PERMITAN PARA IMPULSAR URGENTEMENTE ESTA EMPRESA EN FAVOR DE LA INFANCIA MEXICANA.

Senado de la República, a 26 de febrero de 2013.

Atentamente

Sen. Ana Gabriela Guevara”.





 

Del Senador Marco Antonio Blásquez Salinas, un punto de Acuerdo que se exhorta al Procurador General de la República, a disponer lo necesario para que se revise el procedimiento que se sigue a diversos periodistas, el cual se turna a la Comisión de Justicia.

PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL PROCURADOR GENERAL DE LA REPUBLICA A DISPONER LO NECESARIO PARA QUE SE REVISE EL PROCEDIMIENTO QUE SE SIGUE A DIVERSOS PERIODISTAS, A EFECTO DE PONDERAR SI ADEMAS DE LAS IMPUTACIONES QUE LES HACEN MIEMBROS DE LA DELINCUENCIA EXISTEN PRUEBAS CONTUNDENTES QUE DEMUESTREN SU PARTICIPACION EN LOS HECHOS DE QUE SE LES ACUSA

“C. PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
DEL SENADO DE LA REPUBLICA
PRESENTE.

El Senador Marco Antonio Blásquez Salinas, integrante del grupo parlamentario del Partido del Trabajo en la LXII Legislatura, en ejercicio de la facultad que le confieren los artículos 8 numeral 1 fracción II, 108, 109 y 276 del Reglamento del Senado de la República, somete a consideración de esta asamblea la siguiente proposición con punto de Acuerdo con moción de urgente resolución por el que se exhorta, con toda atención, al Procurador General de la República a fin de que se sirva disponer lo necesario para que se revise el procedimiento que se sigue a los periodistas que se mencionan adelante a efecto de ponderar si además de las imputaciones que les hacen miembros de la delincuencia existen pruebas contundentes que demuestren su participación en los hechos de que se les acusa, con base en las siguientes:

Consideraciones

La situación de violencia que padece el país ha alcanzado a los periodistas. El Comité de Protección a Periodistas informó que a partir del 2006 en que se suscitó la espiral de violencia se han registrado en México 14 ejecuciones de periodistas, 12 desapariciones y numerosas amenazas. La situación de vulnerabilidad para los comunicadores es tan grave que se han lanzado esquemas diversos para su protección. Se cuenta con programas de orientación y acompañamiento de las organizaciones de periodistas. La Comisión Nacional de Derechos Humanos ha venido realizando acciones desde los años noventa del siglo pasado y hoy día aplica un Programa de Agravio a Periodistas y Defensores Civiles. Finalmente, el Congreso de la Unión aprobó la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas. Dicho ordenamiento establece un mecanismo de protección a cargo del Estado.

La Cámara de Senadores aprobó la creación de la Comisión Especial de Seguimiento a Agresiones a Periodistas y Medios de Comunicación que me honro en presidir y en cuyo acto de instalación el 7 de Febrero del año en curso anuncié que pediríamos al Procurador General de la República la revisión de los casos de periodistas sometidos a proceso penal con base en acusaciones de integrantes de la delincuencia.

No es raro ver a periodistas tras las rejas con motivo del ejercicio de su profesión. La organización Reporteros sin Fronteras (RSF) pidió la liberación del fotógrafo rumano Mircea Topoleanu y del periodista mexicano Brandon Daniel Bazán, detenidos en los hechos registrados el pasado 1° de diciembre, cuando tuvo lugar la transmisión de poderes.

En este orden de ideas, cabe señalar que las agresiones también pueden adoptar la forma de imputaciones en el marco de la integración de una averiguación previa penal o de la incoación de un juicio de orden criminal. Los periodistas, en particular los que cubren la llamada nota roja, entran en contacto con el fenómeno del delito. La investigación periodística de los ilícitos más allá de los boletines de las instituciones de seguridad pública requiere de actividad en campo y hasta de entrar en contacto para fines informativos con todos los actores de la noticia, los presuntos criminales incluidos. Cobró amplia notoriedad la entrevista que don Julio Scherer, uno de los decanos del periodismo en nuestro país, realizó a un prominente miembro de la delincuencia en abril del 2010.

Las declaraciones de miembros de la delincuencia en contra de personas con un modo honesto de vivir no han tenido eficacia probatoria en muchos de los casos. Resulta que después de sufrir varios años en prisión preventiva muchas veces en reclusorios de máxima seguridad finalmente los acusados bajo esta figura de testigos protegidos reciben una sentencia absolutoria. En estos casos ya se les causó a los afectados un daño en plan de vida humana pues además de la privación injusta de su libertad y del riesgo de vivir en un reclusorio, sus proyectos existenciales se truncan: familia, trabajo y metas existenciales se topan con un obstáculo que a veces no es posible superar.

El Sr. Lic. Jesús Murillo Karam, Procurador General de la República ha manifestado sus dudas sobre la recta aplicación de diversas figuras en el ámbito procesal penal como el arraigo y precisamente los testigos protegidos. Puso en libertad a una ciudadana de los Estado Unidos de América que se encontraba bajo arraigo por considerar que no había elementos de prueba sólidos que justificaran dicha medida cautelar. Ha declarado que aplicará con cautela las figuras del arraigo y de los testigos protegidos para no incurrir en abusos o injusticias.

La actitud del Procurador es congruente con la cultura que nace en México derivada de la reforma constitucional en materia de derechos humanos contenida en el decreto que apareció publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de Junio del 2010. La revisión de los casos dudosos resulta así acorde con las nuevas obligaciones de las autoridades del país de no únicamente respetar sino también de proteger, promover y garantizar los derechos humanos.

La libertad de expresión es uno de los derechos que por su trascendencia fueron contemplados desde los primeros instrumentos internacionales de derechos humanos como la Declaración Universal, la Convención Americana y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

Entre octubre de 2010 y fines de 2012, cuatro personas a las cuales se les sujetó a proceso penal por considerarlos miembros de la delincuencia organizada formularon sendas imputaciones a tres periodistas y un repartidor atribuyéndoles colaborar con ellos aportándoles información. Dos de ellos los de nombre Carlos Alberto Limón Díaz y Alejandro González Muñoz obtuvieron su libertad por falta de elementos dentro de las 72 horas del término constitucional, pero al reportero Esteban Bonilla López interno en el CEFERESO 9 Norte, en Ciudad Juárez, Chihuahua; y al repartidor Julio Moncada interno en el CEFERESO 4 Noroeste en Tepic, Nayarit se lesdictó auto de formal prisión por su probable responsabilidad en la comisión del ilícito de delincuencia organizada dentro de la causa penal 79/2012 del índice del Juzgado Segundo de Distrito en Aguascalientes.

Comparto tanto la consideración de Sr. Procurador General de la República sobre la recta instrumentación de las declaraciones de testigos miembros de la delincuencia como la exigencia de legalidad plena de las asociaciones de periodistas y, en consecuencia, considero de justicia someter a la consideración del Pleno de esta Honorable Asamblea, bajo moción de urgente resolución la siguiente proposición con:

Punto de Acuerdo

Unico. Se exhorta con toda atención al Procurador General de la República para que se sirva disponer que se revise el caso de los periodistas que se mencionan en el cuerpo de esta proposición, a efecto de ponderar con estricto apego a la ley si existen pruebas contundentes y no solamente declaraciones sin sustento de miembros de la delincuencia en contra de dichos periodistas y de ser así se proceda conforme a Derecho.

México, Distrito Federal, a 26 de febrero de 2013.

Sen. Marco Antonio Blásquez Salinas”.





 

Y del Senador Fernando Yunes Márquez, un punto de Acuerdo que exhorta al Gobierno del Estado de Veracruz a ejecutar de manera inmediata medidas para proteger la integridad física y sexual de las mujeres, que se turna a la Comisión de Seguridad Pública.

PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA AL GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ A EJECUTAR DE MANERA INMEDIATA MEDIDAS PARA PROTEGER LA INTEGRIDAD FISICA Y SEXUAL DE LAS MUJERES, ASI COMO PARA PREVENIR LOS DELITOS SEXUALES QUE SE HAN INCREMENTADO DE FORMA ALARMANTE EN LA ENTIDAD

“SEN. ERNESTO CORDERO ARROYO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA

DEL SENADO DE LA REPUBLICA
PRESENTE.

El que suscribe, Senador Fernando Yunes Márquez, integrante del grupo parlamentario de Acción Nacional de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, en uso de las facultades que nos confieren los artículos 8, fracción II, 95 y 276 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración del Pleno la presente proposición con punto de Acuerdo, de conformidad con las siguientes:

CONSIDERACIONES

Desde hace más de un lustro, el estado de Veracruz ha sido azotado por una crisis de inseguridad. Bandas del crimen organizado así como delincuentes en general hallaron en nuestra entidad un lugar para perpetrar sus delitos de manera impune.

Gracias a la intervención de las fuerzas armadas se alcanzaron logros importantes en el combate al crimen organizado, se abatió a células delictivas que se habían apoderado del territorio veracruzano, logrando recuperar espacios que los ciudadanos ya habían perdido.

Lamentablemente, en el combate a los delitos del fuero común no se puede decir lo mismo. Por el contrario, este tipo de ilícitos han ido en aumento y los datos acerca de la incidencia delictiva en el 2012 que dio a conocer el Secretariado Ejecutivo del Sistema de Seguridad Pública, lo confirman.

Veracruz registró un incremento del 36.54 por ciento en la totalidad de los delitos, al pasar de 42,750 a 58,470 delitos denunciados. A esto debemos agregar, la comisión de ilícitos que no son denunciados debido a la falta de confianza de los veracruzanos hacia sus autoridades estatales y en especial a la Procuraduría de Justicia del Estado.

Desafortunadamente, ante todos los males siempre los más perjudicados son los grupos vulnerables y este caso no es la excepción. Dentro de esta situación en sí ya preocupante, ocurre un fenómeno aún más alarmante: la seguridad e integridad de las mujeres se vulnera día a día.

En el estado de Veracruz, el delito de violación se incrementó en más del 100 por ciento, en el año 2011 se denunciaron 386 casos de este ilícito, mientras que en el 2012 se registraron 658 denuncias.

En 2011 se presentaron 38 denuncias por estupro, mientras que en el 2012 se registraron 113 casos. Y, mientras que en 2011 se registraron 400 casos de otros delitos sexuales, en 2012 esta cifra aumentó a 1,739. Es decir, que de un año a otro aumentaron en más del 300 por ciento la comisión de este tipo de delitos.

Estas cifras sólo reflejan una realidad parcial, no hay que dejar de considerar el punto ciego que impide conocer el cien por ciento de los casos que se presentan ya sea porque la víctima del delito no acude a presentar la denuncia debido a la falta de confianza hacia sus autoridades, o bien porque el victimario la amenace.

Las barreras geográficas y lingüísticas que se interponen en el acceso a la justicia representan otro factor de ensanchamiento o dilatación de este punto ciego. Un ejemplo muy claro de ello es lo que ocurre en las zonas serranas e indígenas de la entidad, en donde la intervención de la autoridad se torna lejana, lenta y por lo mismo insegura. Es en estos lugares donde ocurren delitos que las autoridades nunca llegan a conocer, por lo tanto, carecen de información y por consiguiente, de un plan de acción para afrontar esta grave problemática.

Además, no hay que dejar a un lado que estos actos cobardes generalmente están ligados o culminan con otros delitos como lesiones o incluso el más grave de todos, el feminicidio.

Diversas asociaciones han denunciado que Veracruz es de los estados en el que se presenta el mayor número de casos de feminicidio. El Colectivo de Investigación y Desarrollo entre Mujeres A.C. (CIDEM) dio a conocer que en el 2011 se presentaron 90 casos de feminicidios, cifra que se incrementó en el 2012, pues apenas en octubre de ese año se llevaban documentados más de cien casos.

Este es un problema grave pero no nuevo en Veracruz, como diputado local, tuve la oportunidad de lograr que se tipificara este cobarde delito. El resguardo legal ya existe pero la experiencia nos dice que no es suficiente; la ley debe ir siempre acompañada de voluntad y de acciones concretas para evitar que se continúe lastimando la dignidad, libertad e integridad física de las mujeres.

Como Poder Legislativo, el estado dio un importantísimo avance en la materia, sin embargo, el Ejecutivo continúa con escasas políticas y estrategias para erradicar estos delitos. De nada sirve, que el cuerpo normativo sea cada vez más robusto, si el gobierno no aplica a la letra la ley, no genera medidas preventivas, y mucho menos protege a las mujeres en caso de que se les perpetre un delito.

Por esta razón es que acudo a esta Cámara de Senadores,la cámara alta, donde se tratan los temas de mayor relevancia para los mexicanos, para que juntos promovamos una protección más férrea que pueda ir erradicando todas las formas de violencia contra el género.

Esta es una realidad dolorosa y preocupante que demanda la atención y una respuesta inmediata por parte del gobierno del estado de Veracruz para que implemente de manera urgente políticas públicas que garanticen la igualdad entre hombres y mujeres y que reduzcan al mínimo la incidencia de los delitos sexuales, para que de esta forma se salvaguarde la libertad plena de la mujer veracruzana.

Compañeras y compañeros Senadores, la violencia de género es preocupante en todo el país, pero en Veracruz, no sólo existe violencia hacia las mujeres, existe incapacidad para gobernar, para aplicar la ley y para prevenir estos delitos. Como representante del estado tengo la obligación moral y jurídica de atender y reclamar cuando el gobierno actúa en contra de los intereses de los veracruzanos. La situación es crítica y la voluntad del gobierno es nula; esta combinación hace que los delincuentes se sientan seguros de que no les sucederá nada, que pueden delinquir sin temor a recibir un castigo ejemplar, que pueden atentar contra la libertad de las mujeres sin ser penados por la ley, esto no lo podemos permitir.

Es trascendental para nuestro país, que en las entidades federativas se luche contra el flagelo que prevalece en la actualidad, es urgente que rompamos con esa barrera ideológica de que el hombre puede hacer con la mujer lo que se le plazca. Pero es aún más trascendental, que el gobierno estatal reaccione ante estas preocupantes estadísticas, que si bien en números denotan un sentido de alarma, pensar que cada número y cada porcentaje, representa la integridad de una mujer, indigna y provoca un sentimiento de dolor y rechazo para quienes somos originarios de ese estado.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, y por la gravedad de la situación, sometemos a la consideración de esta Asamblea, por obvia y urgente resolución, el siguiente:

Punto de Acuerdo

Unico. Se hace un respetuoso exhorto al Gobierno del estado de Veracruz a que ejecute de manera inmediata medidas para proteger la integridad física y sexual de las mujeres, así como para prevenir los delitos sexuales que se han incrementado de manera alarmante en la entidad.

México, D.F., a 14 días de febrero de 2013.

Atentamente

Sen. Fernando Yunes Márquez”.

Es todo, señor Presidente.

- El C. Presidente Sánchez Jiménez: Gracias. Esta Presidencia ratifica los turnos que ha dado la Secretaría.

Compañeras y compañeros Senadores, les informo que las demás iniciativas y proposiciones inscritas en la agenda de hoy se turnarán a comisiones. Las y los Senadores que deseen mantener inscrito su asunto, sólo deben hacerlo del conocimiento de la Mesa Directiva o de la Secretaría Parlamentaria.





 

INCIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA DIVERSAS DISPOSICIONES DEL REGLAMENTO DEL SENADO DE LA REPUBLICA, PARA REGULAR LA RECEPCION Y TRAMITACION DE INICIATIVAS CIUDADANAS

(Presentada por el C. Senador Armando Ríos Piter, del grupo parlamentario del PRD)

“El suscrito, Armando Ríos Piter, Senador integrante de la LXII legislatura del H. Congreso de la Unión, en ejercicio de la facultad que me confieren los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 8 numeral 1, fracción I, 169 y 171 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta asamblea la siguiente iniciativa con Proyecto de Decreto que reforma diversas disposiciones del Reglamento del Senado de la República para regular la recepción y tramitación de Iniciativas Ciudadanas, misma que se presenta en conjunto con la iniciativa con proyecto de Decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, para regular la recepción y tramitación de Iniciativas Ciudadanas; siendo la presente una consecuente reglamentación de las disposiciones superiores que en ella se contienen; al tenor de la siguiente:

Exposición de Motivos

El pasado 21 de febrero, las senadoras y los senadores a la LXII legislatura, tuvimos el honor de atestiguar la presentación de la primer iniciativa ciudadana que, fruto de la reforma política de 2012, expresa una renovada relación del ciudadano con sus representantes y fortalece el pacto social  al establecer canales directos y efectivos de comunicación entre el pueblo y el gobierno.

Este importante vínculo, que en muchos otros aspectos de la vida pública se nota desgastado o francamente roto, constituye un orgullo del Poder Legislativo y particularmente del Senado, que ha logrado mostrarse como una Cámara abierta a la ciudadanía y sensible de sus necesidades. Esa es la imagen que se esforzado en construir el Grupo Parlamentario al que represento y más particularmente, la que mi obligación moral me dicta por la alta responsabilidad que en mi han confiado los ciudadanos.

En este sentido, la iniciativa ciudadana cumple además con el propósito de llamar nuestra atención sobre un tema de la mayor importancia, que es la necesidad de instrumentar el ejercicio del derecho reconocido al ciudadano, dando reglas claras al actuar del legislador en la tramitación de las iniciativas ciudadanas que le sean presentadas. La iniciativa que desde ahora tenemos como pendiente de dictaminación, acciona al legislador en dos sentidos: el de establecer el andamiaje que permita a los mexicanos gozar de un servicio público de internet libre, y el de superar las lagunas que padece nuestro orden jurídico interno para dar curso a esa y cualquier otra iniciativa ciudadana que llegue al Congreso.

Bajo esta tesitura considero que las reglas que nos demos no pueden ni deben constituir una camisa de fuerza a un derecho de la mayor trascendencia, que redefine la forma de legislar;  por el contrario, nuestra tarea es hacer las reglas tan accesibles al ciudadano como nos sea posible, incentivando la presentación de más y más iniciativas ciudadanas. Si logramos que dentro de poco tiempo la agenda legislativa nos sea definida mediante sendas propuestas ciudadanas,  habremos hecho historia.

Quizá esto preocupe o atemorice a algunos de quienes detentan el poder, pero el origen mismo de nuestro pacto social aspira a ello. El hecho de habernos constituido como República Representativa y Democrática, cuyo poder político dimana de la voluntad popular, dicta la capacidad colectiva de los mexicanos para conducir su destino. En este entendido, los poderes constituidos no somos tutores del mexicano ni podemos hablar de una población no emancipada; por el contrario, somos depositarios de la confianza de un pueblo que toma la determinación trascendente de elegir a quienes mejor representan sus intereses y se reserva por tanto el derecho de marcarle el rumbo cuando es necesario.

Así, aparece la iniciativa ciudadana como un mecanismo de democracia directa que permite al ciudadano influir al gobierno, dándole una propuesta particular que por su utilidad social pretende convertirse en un mandato público. La iniciativa ciudadana es en pocas palabras un mandato directo de la voluntad popular.

Asumiendo entonces que el Estado se democratiza sólo si permite que su modernización no sea impuesta, sino colectivamente construida, es decir, surgiendo de o siendo legitimada por la voluntad popular; tenemos que reconocer que hacen falta mecanismos para acercar la democracia a la ciudadanía; para armonizar la voluntad ciudadana y la toma de decisiones públicas.

En este tenor, la presente iniciativa tiene por objeto superar una laguna que hasta cierto punto afecta a las iniciativas ciudadanas. Debe reconocerse que si bien es cierto que ante la ausencia de reglas particulares, debe prevalecer la regla general, por lo que bajo el esquema actual éstas propuestas recibirían el tratamiento de cualquier otra propuesta de similar naturaleza; no menos cierto es que la regla general deja sin resolver importantes cuestionamientos -que abordaré en los próximos párrafos- que si bien pueden ser resueltos mediante acuerdos parlamentarios, no garantizan las mismas reglas para todos los que ejerzan el mismo derecho.

El primer gran planteamiento que debe resolverse estriba en la naturaleza de la iniciativa, pues a partir de ello podemos definir su tramitación. La iniciativa ciudadana es cualitativamente distinta pues como sostuve antes, representa un mandato directo de la voluntad popular, cualidad que no puede atribuírsele a ninguna de las iniciativas presentadas por los legisladores, el Presidente de la República o los estados federados (aun cuando esos proyectos se correspondan con dicha voluntad); y es también cuantitativamente distinta respecto del número objetivo de adherentes que la presentan.

Así las cosas, me parece evidente que un proyecto de características tan especiales, hace necesaria una tramitación diversa, por lo que propongo que sea considerada preferente, en términos similares al de las iniciativas así designadas por el Presidente de la República, ello con fundamento en el párrafo segundo del artículo 71 constitucional, que a la letra señala que “La Ley del Congreso determinará el trámite que deba darse a las iniciativas.”. Esto cumpliría además con el propósito de establecer un contrapeso al desequilibrio generado al dotar de un derecho de trámite preferencial a un solo actor del abanico político.

Lo anterior resulta congruente con la posición histórica que ha mantenido la izquierda en este particular. De hecho, en la iniciativa de reforma constitucional presentada el 18 de febrero de 2010 , en voz del otrora senador Arturo Núñez Jiménez, a nombre de los Grupos Parlamentarios del PRD, PT y Convergencia (ahora, movimiento ciudadano), que “con el objeto específico de permitir al ciudadano delinear los espacios, las políticas, los derechos, así como otros factores sociales, económicos y políticos entre los que se desenvuelve, proponemos incluir la facultad para que un grupo de ciudadanos presenten iniciativas de ley o decreto al Congreso de la Unión. (…) para garantizar que el interés ciudadano no quede desatendido por el Congreso, otorgamos a la iniciativa ciudadana el carácter de preferente.”

Otra de las cuestiones irresueltas en la iniciativa ciudadana, se refiere al papel del ciudadano luego de su presentación, por lo que propongo establecer la necesidad de nombrar representantes que acompañen el curso de la iniciativa en todo momento y señalar claramente el derecho de los ciudadanos a hacer uso de la tribuna parlamentaria al asumir el papel de legisladores, disponiendo en armonía con el marco jurídico vigente, que el representante designado asistirá con el carácter de invitado especial a la sesión en que se presente la iniciativa para exponer los motivos que la originan. Francamente no podemos tener más abierta la tribuna a representantes de potencias extranjeras que a ciudadanos mexicanos.

En lo que toca a los mecanismos con que deben contar los signatarios de la iniciativa ciudadana para exponer, defender y hacer valer su opinión, propongo que el representante asista con voz aunque sin voto, a todas las reuniones de dictaminación y que en el caso de que las comisiones decidieran desechar la iniciativa, se presente voto particular por parte de los representantes designados y ante su ausencia, que el proyecto original sea inscrito con esa naturaleza, lo que garantiza que el pleno se pronuncie respecto de un proyecto en positivo.

Finalmente, en lo que toca a las herramientas para verificar la autenticidad de las firmas que amparan la iniciativa ciudadana, propongo que se parta de una presunción de buena fe, por la que el Senado suponga que las mismas son legítimas, dando inicio al proceso legislativo antes de concretar la verificación de la mencionada presunción; en consonancia, se señala que el Senado enviará una porción aleatoria de las firmas para su verificación por parte del Instituto Federal Electoral, asumiéndose que si más del 90% de las mismas se determinan auténticas, se considerará que la totalidad lo son.

Ahora bien, en el caso de que se encuentren anomalías en más del diez por ciento de las firmas de la muestra, se enviará la totalidad de las suscripciones al IFE, para que este determine el número de firmas a subsanarse, señalándose que ello no detiene el proceso legislativo. En este particular, se establece una afirmativa ficta en beneficio de los ciudadanos, al señalar que si el IFE no entrega sus conclusiones antes del vencimiento del plazo de discusión de la iniciativa, se presumirá que cuando menos un número equivalente al cero punto trece por ciento de la lista nominal de electores, respaldan la iniciativa ciudadana, por lo que resulta procedente.

Finalmente, para los efectos procesales conducentes y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 171 del Reglamento del Senado, me permito señalar que la presente iniciativa se relaciona con una propuesta de similar naturaleza que propone la modificación de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos en el mismo tema, por lo que solicito su estudio de manera conjunta.

Por lo anteriormente expuesto y en ejercicio de las facultades otorgadas por los artículos 71 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 8 numeral 1, fracción I así como  164, 169 y 171 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta Soberanía el presente Proyecto de Decreto que reforma diversas disposiciones del Reglamento del Senado de la República para regular la recepción y tramitación de Iniciativas Ciudadanas, en los términos siguientes:

Unico. Se adicionan: una fracción X al numeral 1 del artículo 70 recorriendo en su numeración a la actual, un numeral 5 al artículo 76, una fracción V al numeral 1 del artículo 163, un numeral 4 al artículo 164 recorriendo en su numeración a los dos numerales restantes y modificando el numeral 6 recorrido, y, un capítulo Sexto al Título Octavo, denominado “De las Iniciativas Ciudadanas” compuesto por los artículos 279-1 al 279-6, que se adicionan;  Se modifican: el numeral 1 del artículo 71, la fracción VIII del numeral 1 del artículo 72, el numeral 3 del artículo 108, y, el numeral 1 del artículo 171; todos del Reglamento del Senado de la República, para quedar como sigue:

Artículo 70

1. El Orden del Día que formula la Mesa se elabora en reunión previa a cada sesión, a partir de los informes, asuntos, solicitudes y comunicaciones que, en su caso, presentan:

I. a VIII. (…)

IX. Otros entes públicos, nacionales o del exterior; y

X. Los ciudadanos, en términos de lo dispuesto por la fracción IV del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y

XI. Los particulares.

Artículo 71

1. En la formulación del Orden del Día tienen prioridad los asuntos que debe conocer, discutir o votar el Pleno conforme a plazos previstos en disposiciones constitucionales, legales o reglamentarias; aquellos que representen un mayor interés público; las iniciativas ciudadanas y las iniciativas con aval de grupo, a que se refiere el artículo 164, párrafo 3, de este Reglamento.

Artículo 72

1. El Orden del Día de las sesiones ordinarias se integra, en lo conducente, por los apartados que se indican y con la prelación siguiente:

I. a VII. (…)

VIII. Iniciativas de ley o decreto que presentan el Presidente de la República, los ciudadanos, los diputados y senadores al Congreso de la Unión, las legislaturas de los estados y la Asamblea Legislativa del Distrito Federal;

IX. a XVI. (…)

Artículo 73

1. a 2. (…)

3. La solicitud para incluir una iniciativa ciudadana en el Orden del Día se remite al Presidente, observando los ciudadanos que la promueven los siguientes requisitos:

I. Se presenta por escrito cuando menos dos días hábiles antes del de la celebración de la sesión en que solicitan su inscripción;

II. Se designa en el escrito domicilio para recibir notificaciones y hasta a tres ciudadanos mexicanos, designados de entre los promoventes, que acompañan la tramitación de la iniciativa hasta la discusión del dictamen correspondiente, señalando en su caso a aquel que en términos de lo dispuesto por el artículo 48 asiste como invitado especial a la sesión en que se enlista la iniciativa, para presentarla en tribuna;

III. Se acompaña con el correspondiente archivo electrónico y una versión impresa;

IV. Se acompaña la versión impresa de las firmas de ciudadanos mexicanos en pleno uso de sus facultades civiles y políticas que representen cuando menos el cero punto trece por ciento de la lista nominal de electores, señalando puntualmente el número de fojas entregadas; y

V. Se incluye el discurso de presentación de la iniciativa que será leído por el promovente designado o en su ausencia, por el Secretario de la Mesa Directiva.

Artículo 76

1.  a 4. (…)

5. En el caso de presentación de iniciativas ciudadanas, asiste como invitado especial, en los términos del artículo 48,  el ciudadano designado de entre los promoventes quien hace uso de la tribuna hasta por diez minutos, con el fin exclusivo de exponer los elementos de la propuesta, conduciéndose en todo momento con el respeto debido al pleno y absteniéndose de proferir ofensas o injurias, las que en su caso se retirarán del registro en el acta de la sesión, a solicitud de cualquier senador. En su intervención no se admiten más interpelaciones que las que llamen al orden del orador.

Artículo 108

1. a 2. (…)

3. La moción de urgente resolución no puede ser invocada tratándose de reformas o adiciones a la Constitución ni de iniciativas ciudadanas.

Artículo 163

1. El procedimiento legislativo a que se refiere este Reglamento se ocupa del trámite de:

I. a II. (..)

III. Las iniciativas del Presidente de la República para obtener permiso a fin de ausentarse del territorio nacional por más de siete días; y

IV. Las solicitudes de autorización para prestar servicios oficiales a gobiernos de otros países, aceptar o usar condecoraciones extranjeras o admitir títulos o funciones del gobierno de otro país; y

V. Las iniciativas ciudadanas.

2. (…)

Artículo 164

1. El ejercicio del derecho de iniciativa da principio al procedimiento legislativo. Consiste en la presentación de un proyecto de ley o decreto por parte de alguno o algunos de los sujetos facultados para ello por la Constitución.

2. En el caso de los senadores, la iniciativa puede ser suscrita por uno o varios de ellos, sea a título personal o como parte de uno o más grupos parlamentarios.

3. Una iniciativa suscrita por la mayoría de los integrantes de un grupo parlamentario, incluyendo a su Coordinador, se denomina “Iniciativa con Aval de Grupo”.

4. Una iniciativa suscrita por un número equivalente, por lo menos, al cero punto trece por ciento de la lista nominal de electores, se denomina “iniciativa ciudadana”.

5. La iniciativa del Presidente de la República para obtener permiso de ausentarse del territorio nacional por más de siete días se tramita, en lo procedente, conforme a lo dispuesto en este Reglamento.

6. La Mesa cuida que las iniciativas cumplan con las normas que regulan su presentación y en el caso de iniciativas ciudadanas, subsana los errores y omisiones de forma o procedimiento y presenta apercibimiento respecto de los que afecten la viabilidad de la propuesta, señalando un plazo suficiente para su cumplimiento.

Artículo 171

1. Una propuesta que involucra disposiciones de la Constitución y de otros ordenamientos secundarios relativos, se presenta mediante una iniciativa para la reforma constitucional y otra u otras para la legislación secundaria. En este caso, se indica en cada iniciativa la correlación entre las mismas. Lo anterior no será aplicable en el caso de iniciativas ciudadanas.

2. (…)

(Adición al título Octavo, De los Procedimientos Especiales)

Capítulo Sexto
De las Iniciativas Ciudadanas

Artículo 279-1.

1. Las iniciativas ciudadanas se reciben por el presidente de la Mesa Directiva, quien da vista a la Secretaría Parlamentaria, solicitándole presentar en las veinticuatro horas siguientes, un análisis previo del cumplimiento de los requisitos para su presentación.

2. En el caso de insuficiencias u omisiones que no afecten la viabilidad de la iniciativa, la Secretaría Parlamentaria presenta propuesta para subsanarlas.

3. En caso de que no se nombre o no se acredite la personalidad del representante de la iniciativa ciudadana, se presenta apercibimiento en el domicilio señalado para recibir notificaciones. Para acreditar la personalidad del representante, basta presentar identificación oficial y comprobar que se ha suscrito la iniciativa. No se admiten personas morales como representantes.

4. En caso de que no se señalen representantes ni domicilio para recibir notificaciones, se entiende que renuncian a ese derecho, por lo que se continuará con el procedimiento legislativo.

5. Se considera que afecta la viabilidad de la iniciativa, la insuficiencia de firmas que correspondan a un número equivalente, por lo menos, al cero punto trece por ciento de la lista nominal de electores.

6. En caso de que la insuficiencia represente menos del diez por ciento de las firmas necesarias, el presidente de la Mesa Directiva apercibe a los representantes designados, señalándoles un plazo suficiente para presentar las firmas faltantes, sin que ello interrumpa el procedimiento legislativo.

7. En caso de advertirse la insuficiencia de firmas mayor al diez por ciento del requisito constitucional, el presidente lo hará del conocimiento de los representantes sin imponerles plazo para la subsanación, pero interrumpiendo el proceso legislativo.

Artículo 279-2

1. Las iniciativas ciudadanas serán tramitadas de manera preferente, salvo en los casos en que se proponga reforma constitucional.

2. La iniciativa ciudadana deberá ser discutida y votada por el Pleno de la Cámara de su origen en un plazo máximo de treinta días naturales. Si no fuere así, la iniciativa, en sus términos y sin mayor trámite, será el primer asunto que deberá ser discutido y votado en la siguiente sesión del Pleno.

3. En caso de que por la fecha de su presentación, el plazo de discusión y votación se alcance fuera de periodo ordinario de sesión, el pleno acuerda de manera previa si se llama a periodo extraordinario o si el dictamen correspondiente se lista en el orden del día de la primer sesión del periodo ordinario siguiente, en caso de no contarse con este, se estará a lo dispuesto en la parte final del numeral anterior.

4.  Al momento de dictar el turno de la iniciativa ciudadana, el Presidente señala a las comisiones dictaminadoras el plazo de dictaminación al que se sujetan, señalando las consecuencias de no contar con el dictamen en la fecha prevista.

Artículo 279-3

1. Cumpliéndose los requisitos que establece el artículo 73, se presumirá la autenticidad de las firmas que amparan la iniciativa ciudadana y se procederá a la inscripción de la misma en el orden del día, dándose inicio al proceso legislativo.

2. Al tiempo que la iniciativa es dictaminada, la Mesa Directiva solicita al Instituto Federal Electoral analizar una muestra aleatoria de cinco por ciento de las firmas. En caso de que más del noventa por ciento de las mismas resulten auténticas, se presume que la totalidad restante lo son.

3. Para manifestar su aval a una iniciativa ciudadana, los ciudadanos lo manifestarán por escrito, plasmando su nombre, número de credencial de elector y firma. Los promotores de la iniciativa aseguran la protección de los datos personales del ciudadano en términos de la legislación aplicable, por lo que no recaban copia de la credencial de elector.

4. En caso de que el Instituto Federal Electoral señale que más del diez por ciento de la muestra enviada encuentra anomalías, se le envía la totalidad de las firmas para que dentro del plazo de análisis de la iniciativa, presente informe en el que señale la cantidad de las firmas de las que pudo comprobar su veracidad.

5. Una vez determinada la cantidad de firmas faltantes, se apercibe a los representantes de la iniciativa para presentarlas. Esta solicitud no interrumpe el procedimiento legislativo, pero no se podrá presentar dictamen sin haberse subsanado esta petición.

6. De no presentarse en tiempo el informe señalado en el numeral 3 de este artículo dentro del plazo señalado, se presume que cuando menos un número de ciudadanos equivalente al cero punto trece por ciento de la lista nominal de electores respaldan la iniciativa ciudadana.

Artículo 279-4.

1. A las sesiones en que se dictamine la iniciativa ciudadana asistirá con voz pero sin voto cuando menos uno de los representantes de sus promoventes, a quienes se les enviará invitación por escrito con cuando menos veinticuatro horas de anticipación.

2. No se llevarán a cabo sesiones para el estudio y la dictaminación de la iniciativa ciudadana sin la presencia de los representantes de sus proponentes, salvo en el caso en que se acredite que fueron invitados en términos de lo dispuesto en el numeral anterior.

Artículo 279-5.

1. En caso de presentarse dictamen en sentido negativo de la iniciativa ciudadana, los representantes podrán presentar voto particular, que será leído por el secretario de la Mesa Directiva. De no presentarlo, la iniciativa en sus términos será considerada como voto particular.

Artículo 279-6.

1. Respecto de las minutas a iniciativas ciudadanas turnadas por la colegisladora, se estará a lo dispuesto en este capítulo, salvo en lo relativo a la comprobación de sus requisitos de procedibilidad.

TRANSITORIO

Artículo Unico. El presente Decreto entrará en vigor  al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, a 28 de febrero de 2013.

Suscribe

Sen. Armando Ríos Piter”.





 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN PARRAFO SEGUNDO AL ARTICULO 59 DE LA LEY DE RADIO Y TELEVISION

(Presentada por las CC. Senadoras Hilda Esthela Flores Escalera, Angélica del Rosario Araujo Lara, María Cristina Díaz Salazar, Lisbeth Hernández Lecona, Margarita Flores Sánchez, Diva Hadamira Gastélum Bajo e Itzel Sarahí Ríos de la Mora, del grupo parlamentario del PRI)

“SEN. ERNESTO JAVIER CORDERO ARROYO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
CAMARA DE SENADORES
PRESENTE.

HILDA ESTHELA FLORES ESCALERA, ANGELICA DEL ROSARIO ARAUJO LARA, MARIA CRISTINA DIAZ SALAZAR, LISBETH HERNANDEZ LECONA, MARGARITA FLORES SANCHEZ, DIVA HADAMIRA GASTELUM BAJO E ITZEL SARAHI RIOS DE LA MORA, Senadoras integrantes del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 8, numeral 1 fracción I y 164, numeral 2 del Reglamento del Senado de la República, presentamos ante esta Soberanía, una iniciativa con proyecto de Decreto para adicionar un párrafo segundo al artículo 59 de la Ley Federal de Radio y Televisión, al tenor de la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

El derecho a la Salud es uno de los derechos fundamentales de las personas, sin distinción de raza, religión, ideología política o condición económica o social, así lo establece la Constitución de la Organización Mundial de la Salud1, la cual dentro de sus postulados también consagra la responsabilidad que tienen los gobiernos en la salud de sus pueblos, la cual solo puede ser cumplida mediante la adopción de medidas sanitarias y sociales adecuadas. 

Este derecho no se restringe al derecho a estar sano, sino que establece consigo una serie de obligaciones del Estado, para que el mismo genere condiciones en las cuales todos sus nacionales puedan vivir lo más saludablemente posible. Estas condiciones no se limitan a garantizar disponibilidad de los servicios de salud, sino que inciden en otros factores que de manera directa o indirecta se relacionan con la protección de la salud de las personas.

Condiciones de trabajo seguras, vivienda adecuada, medio ambiente sano, educación, salubridad, agua, saneamiento, alimentación, nutrición e información son algunas de esas condiciones en las que la actividad del Estado, a través de la adopción de políticas públicas adecuadas, incide directamente en garantizar la salud de los mexicanos.

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos es imperativa, al reconocer desde el artículo 1°, el goce de toda persona a los derechos humanos,-entre ellos en derecho a la Salud- y la obligatoriedad de toda autoridad en el país de proteger y garantizar estos derechos.

Más aún, en sintonía con lo anterior, el texto constitucional contempla en su artículo 4° que toda persona tiene derecho a la alimentación nutritiva, suficiente y de calidad. El Estado lo garantizará y en párrafo posterior menciona que: toda persona tiene derecho a la protección de la salud. Es decir, existe no solo la obligación, sino que es responsabilidad del Estado Mexicano, implementar acciones que redunden en beneficio y garanticen la salud de todos sus nacionales.

En los últimos años, nuestro país ha reflejado un alarmante incremento en número de personas con problemas de sobre peso y obesidad, lo que ha traído como consecuencia en proporción directa, un acelerado aumento de enfermedades como diabetes tipo 2, hipertensión arterial, dislipidemias y enfermedades cardiovasculares, entre otras.

El factor que más incide en esta problemática es precisamente la falta de alimentación sana y nutritiva, combinada en muchos de los casos con la falta de información respecto a los alimentos y productos que se consumen cotidianamente en el país.

La obesidad es una enfermedad multifactorial, caracterizada por aumento en los depósitos de grasa corporal causado por un balance positivo de energía, es decir cuando la ingesta de energía excede al gasto energético.

Según el estudio Obesidad en México: recomendaciones para una política de Estado, realizado por el Grupo Multidisciplinario sobre obesidad de la Academia Nacional de Medicina, este balance positivo de energía es la causa inmediata de la obesidad, la cual está modulada por factores fisiológicos, genéticos y epigenéticos. Además existen causas subyacentes, entre las que destacan la alta disponibilidad y accesibilidad de alimentos con elevada densidad energética y bebidas azucaradas y el bajo consumo de agua, frutas, verduras, cereales de grano entero y leguminosas; el mercadeo masivo de alimentos procesados, los bajos precios relativos por caloría tanto de alimentos procesados con alta densidad energética como de bebidas con azúcar adicionada, la falta de orientación alimentaria; todo esto aunado a la pérdida de la cultura alimentaria y un medio ambiente sedentario.

El estudio nos refleja una serie de datos alarmantes que a continuación se detallan:

• En México se ha documentado uno de los incrementos más rápidos a nivel mundial de población en la prevalencia de peso excesivo (sobrepeso y obesidad). De 1980 al año 2000, de forma casi paralela se identificó un incremento alarmante del 47% en la mortalidad por diabetes mellitus tipo 2, pasando de ser la novena causa de mortalidad en 1980 a la tercera en 1997, a la segunda causa de mortalidad a nivel nacional en el 2010, con cerca de 83,000 defunciones.

• Para el año 2004, el 75% de todas las muertes ocurridas en el país estuvieron causadas por enfermedades crónicas no transmisibles relacionadas con la nutrición (ECNT). Las principales causas de mortalidad fueron diabetes mellitus, enfermedad isquémica del corazón y enfermedad cerebrovascular. Los principales factores de riesgo responsables de la mortalidad fueron el sobrepeso y la obesidad, las concentraciones elevadas de glucosa en sangre, el consumo de alcohol y el tabaquismo. Únicamente el sobrepeso, la obesidad y la glucosa elevada explicaron 25.3% del total de las muertes en el país. Por ello, existe preocupación de que las generaciones nacidas en las últimas décadas del siglo XX, como resultado de las enfermedades y daños a la salud ocasionados por la obesidad, pudiera tener menor longevidad que las generaciones anteriores.

• La última encuesta nacional de salud y nutrición 2012, encontró prevalencias peso excesivo de 73% en mujeres y 69.4%en hombres adultos, 35.8% en adolescentes de sexo femenino, 34.1% en adolescentes varones y 32% en las niñas y 36.9% en niños en edad escolar.

• Actualmente alrededor de 7 de cada 10 adultos (más de 49 millones) y 1 década tres niños de 5-19 años (alrededor de 12 millones) presentan peso excesivo (sobrepeso u obesidad)

• El costo de la obesidad en 2008 fue estimado en 67 mil millones de pesos y se calcula que para el 2017, fluctúe entre $151 mil millones y $202 mil millones en pesos.

El problema de la obesidad y sus consecuencia directas en la persona son hoy en día un problema de salud pública, que debemos de atacar por distintos frentes y acotando todos los factores y condiciones que inciden con el sobrepeso.

Conocemos los esfuerzos que se han realizado a través de las diversas instancias y órdenes de gobierno, el propio Congreso de la Unión ha promovido y aprobado reformas a diversos ordenamientos jurídicos con la finalidad de acotar y atacar el problema. Han sido reformadas, entre otras la Ley General de Salud y la Ley General de Educación para fomentar esquemas de alimentación sana.

La presente propuesta representa un esfuerzo más por impulsar y materializar las políticas públicas que se han adoptado en la cruzada en contra de la obesidad en México. Estamos convencidos que la población requiere estar debidamente informada respecto a los daños que causan el sobrepeso y la obesidad, por un lado, y por otra, respecto al conocimiento de una alimentación sana y nutritiva adecuada.

Es a través de los Medios masivos de Comunicación por los cuales hoy en día la población se informa de manera más adecuada. La penetración que se tiene a través del radio y la televisión en nuestro país, a casi todos los hogares mexicanos es una herramienta adecuada y eficaz para combatir la obesidad y la mala alimentación.

Por ello, la iniciativa con proyecto de decreto que el día de hoy, se propone a consideración de esta Honorable Asamblea Legislativa, incluye la adición de un segundo párrafo al artículo 59 de la Ley Federal de Radio y Televisión, a fin de establecer como una obligación de los concesionarios de estaciones de radio y canales de televisión, el destinar de los llamados “tiempos oficiales” un porcentaje para que dependencias federales y estatales competentes realicen campañas en contra de la obesidad y el sobrepeso y se informe a la ciudadanía respecto a la alimentación sana y nutritiva.

Por lo anteriormente descrito, se presenta para su estudio, análisis, discusión y, en su caso, aprobación, la presente iniciativa con:

PROYECTO DE DECRETO

UNICO. Se adiciona un párrafo segundo del artículo 59 de la Ley Federal de Radio y Televisión para quedar como sigue:

Artículo 59.-

Asimismo, el Consejo Nacional de Radio y Televisión determinará el porcentaje del tiempo señalado en el párrafo anterior, que deberá ponerse a disposición de la Secretaría de Salud Federal y de los gobiernos de las entidades federativas y del Distrito Federal a fin de que se difundan campañas destinadas al combate a la obesidad y el sobrepeso y fomentar una alimentación sana y nutritiva.

TRANSITORIOS

PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Salón de sesiones de la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, a 26 de febrero de 2013.

Sen. Hilda Esthela Flores Escalera.- Sen. Angélica del Rosario Araujo Lara.- Sen. María Cristina Díaz Salazar.- Sen. Lisbeth Hernández Lecona.- Sen. Margarita Flores Sánchez.- Sen. Itzel Sarahí Ríos de la Mora.- Sen. Diva Hadamira Gastélum Bajo”.

1 Constitución adoptada por la Conferencia Sanitaria Internacional celebrada en Nueva York del 19 de junio al 22 de julio de 1946.





 

PROPUESTAS

Del C. Senador David Monreal Avila, del grupo parlamentario del PT, que contiene punto de Acuerdo por el que se cita a comparecer al titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que informe sobre las investigaciones, análisis y procedimientos llevados a cabo para la detención de Elba Esther Gordillo Morales por los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita. Se turna a la Comisión de Justicia.

PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE CITA A COMPARECER AL TITULAR DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO PARA QUE INFORME SOBRE LAS INVESTIGACIONES, ANALISIS Y PROCEDIMIENTOS LLEVADOS A CABO PARA LA DETENCION DE ELBA ESTHER GORDILLO MORALES POR LOS DELITOS DE DELINCUENCIA ORGANIZADA Y OPERACIONES CON RECURSOS DE PROCEDENCIA ILICITA

“Senador DAVID MONREAL AVILA, integrante del grupo parlamentario del Partido del Trabajo en la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8 fracción II, 108 y 109 del Reglamento del Senado de la República presento ante esta Honorable Soberanía, la presente proposición con punto de Acuerdo de urgente resolución, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

El pasado martes fue detenida por agentes de la Procuraduría General de la República (PGR) la líder vitalicia del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), Elba Esther Gordillo Morales, a quien se le conoce por el manejo arbitrario de este Sindicato, así como el desvío de recursos del mismo.

Hasta ahora, se le imputan los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita, por el monto que supera la cantidad de 2 mil millones de pesos, los cuales, supuestamente habrían sido desviados de las cuotas que pagan los maestros a su sindicato.

La lideresa del SNTE es moralmente indefendible. Las cuentas millonarias que poseía no crecieron de un año a otro. Tenemos que reconocer que desde Salinas a la fecha, se han solapado sus redes de corrupción y sus chantajes políticos.

Resulta increíble que después de tantos años, apenas tengamos conocimiento de semejante fortuna. ¿Dónde estuvieron tanto la Procuraduría General de la República y la Secretaría de Hacienda durante estos últimos cuatro sexenios?

Pareciere más una venganza política, un ajuste de cuentas o en el peor de los casos, que la administración de Peña Nieto alcance la legitimidad que no consiguió en las urnas. No es nuevo que al principio de cada administración se recurra a estos golpes mediáticos para lograr intimidar a quienes nos oponemos a la mafia que nos pretende gobernar. Este hecho sin lugar a dudas tiene el sello del viejo sistema.

Llama la atención que para el caso de la lidereza magisterial, si se emplearon todos los recursos necesarios que permitieron corroborar el presunto desvío de recursos, y para el famoso caso Monexgate no se pudieron realizar las diligencias necesarias para comprobar el destino de los recursos empleados por el PRI en el pasado proceso electoral federal.

Inverosímil resulta que para un mismo delito la autoridad decida actuar de forma distinta, en un caso, sí se contaron con los instrumentos suficientes para acreditar dicho delito, mientras que para el caso Monex, no se logró demostrar fehacientemente cómo y en qué se destinaron los recursos derivados de la entrega de tarjetas de prepago.

En el caso Gordillo, tuvieron que pasar apenas unas semanas para que las autoridades detectaran irregularidades en las cuentas del SNTE, mientras que en el Monexgate, pasaron meses sin que las autoridades pudieran contar con las pruebas necesarias para determinar el desvío de recursos a favor del candidato a la presidencia de la República por parte del PRI.

La manera de resolver estos casos tan similares conlleva a valorar y cuestionar la manera en que se imparte justicia en México; deja ver que existe un claro conflicto de intereses en la resolución de cada caso. Por un lado, un posible consigna contra una figura como es la líder magisterial, y por el otro, ocultar el fraude electoral vivido el año pasado.

Era notoria y lamentable la cadena de corrupción y el manejo irregular de recursos provenientes del SNTE por parte de Elba Esther Gordillo; pero esto no debe quedar como un hecho aislado, también es necesario que todos aquellos que han saqueado las arcas de la nación, también sean condenados y juzgados; la lista todavía es muy larga.

Exgobernadores, servidores públicos, legisladores y representantes populares, también tendrán que ser castigados por el crecimiento inexplicable de sus cuentas bancarias. El pueblo de México no se puede conformar con una sola detención, por el contrario, requiere de una verdadera justicia, se tiene que dejar atrás la ola de impunidades que día a día se vive.

Las fuerzas progresistas, están a favor de que se castiguen con apego a derecho a todos aquellos que se enriquezcan a costa del trabajo y el esfuerzo del pueblo.

No se puede permitir que la actual coyuntura, que ha atraído los reflectores de todos los medios de comunicación, inclusive a nivel internacional, sirva como cortina de humo para distraer la atención de todo el pueblo, sobre temas de trascendencia nacional, como es el aumento del IVA a medicinas y alimentos, así como la privatización del único patrimonio con el que realmente cuenta el país, el petróleo.

Es evidente que las políticas destinadas a la prevención de este tipo de delitos, es decir, la obtención de recursos de procedencia ilícita, no funcionan, por el contrario, se sigue insistiendo en la opacidad en el manejo de recursos, el ejemplo más claro es la mediocre reforma laboral aprobada, en la que el PRI votó en contra de la rendición de cuentas, la transparencia y la democratización de los sindicatos.

Se debe hacer justicia, nadie está por encima de la ley, y la lideresa magisterial deberá responder por sus hechos y la justicia deberá resolver sobre sus actos.

Derivado de lo anterior, someto a consideración de esta H. Asamblea el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE RESOLUCION

UNICO.- El Senado de la República cita a comparecer al titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, ante el Pleno de esta Soberanía, para que informe sobre las investigaciones, análisis y procedimientos llevados a cabo para la detención de Elba Esther Gordillo Morales por los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita y explique por qué no se ha mostrado la misma diligencia para casos en los que se ha comprobado el mismo delito.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, a 28 de febrero de 2013”.





 

Del C. Senador David Monreal Avila, del grupo parlamentario del PT, que contiene punto de Acuerdo para exhortar a la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios a rendir un informe sobre las investigaciones y el análisis que realizó para permitir, autorizar y liberar el maíz modificado genéticamente MON 603 para consumo humano. Se turna a la Comisión de Agricultura y Ganadería.

PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LA COMISION FEDERAL PARA LA PROTECCION CONTRA RIESGOS SANITARIOS A RENDIR UN INFORME SOBRE LAS INVESTIGACIONES Y EL ANALISIS QUE REALIZO PARA PERMITIR, AUTORIZAR Y LIBERAR EL MAIZ MODIFICADO GENETICAMENTE MON 603 PARA CONSUMO HUMANO

“SENADOR DAVID MONREAL AVILA, integrante del grupo parlamentario del Partido del Trabajo en la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 8, fracción II del Reglamento del Senado de la República, presento ante esta Honorable Soberanía, proposición con punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

México cuenta con 200 millones de hectáreas en las que se cultiva el maíz, a pesar de esto, las importaciones de este producto se han incrementado hasta en un 162.2 por ciento,1 generando gastos por más de12 mil 102 millones de dólares.

Lo anterior, deja en claro que las políticas públicas aplicadas al campo mexicano no han sido las correctas; es decir, con las políticas neoliberales que se han instaurado, no se han obtenido los resultados esperados; la apertura de fronteras a la importación de productos agropecuarios, la desregularización de los mercados, la privatización y liquidación de empresas y organismos públicos, y por supuesto, la firma y ratificación del Tratado de Libre Comercio con América del Norte, no han logrado los beneficios estimados.

Esta ola de privatizaciones, en teoría, permitiría a México competir con las grandes potencias mundiales; sin embargo, a casi dos décadas de haber sido implementadas, no se han observado verdaderos logros en materia agraria, todo lo contrario, cada vez dependemos más de nuestro vecino país del norte. Por si esto fuera poco, la situación del campo mexicano se agudiza, ahora, los campesinos también tienen que competir con el maíz modificado genéticamente.

“El maíz modificado es considerado como seguro para el consumo humano”, lo anterior, son declaraciones hechas por las grandes compañías biotecnológicas que se dedican a la elaboración de este tipo de productos.

Sin embargo, estudios realizados por el biólogo molecular Gilles Eric Seralini, de la Universidad de Caen, Francia, demostró que ratas alimentadas con maíz transgénico MON-603 murieron prematuramente y desarrollaron tumores, malformaciones, problemas hepatorrenales y muerte prematura.

México cuenta con instituciones e investigadores de alta calidad y con la capacidad suficiente para determinar los beneficios o efectos nocivos que se derivan del consumo humano del maíz genéticamente modificado. Por lo tanto, es necesario e impostergable solicitar a estos institutos la realización de estudios de diagnóstico, de análisis e investigación, así como todas las pruebas necesarias para conocer la idoneidad del maíz modificado genéticamente.

Es de suma urgencia que se conozca de manera fidedigna, los efectos, positivos o negativos, que conlleva consumir el maíz modificado genéticamente.

A pesar de esta ausencia de certeza en los efectos que causa este producto, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS), autorizó para consumo humano el maíz genéticamente modificado MON 603.2

Lo anterior es verdaderamente alarmante, ¿cómo pudo la COFEPRIS autorizar el maíz modificado para el consumo humano, sin antes haber valorado rigurosamente los estudios e investigaciones que, en teoría, realizó, así como los que se han publicado sobre las consecuencias que provoca el consumo de este producto?

Resulta evidente que la COFEPRIS tiene que realizar estudios exhaustivos para poder autorizar la comercialización de un organismo genéticamente modificado; paradójicamente, no se realizaron dichas investigaciones bajo los más altos niveles de calidad y responsabilidad, a fin de comprobar científicamente que los efectos que produce, su uso o consumo, no serán perjudiciales para la salud humana.

Suponiendo sin conceder, que la COFEPRIS sí realizó las investigaciones correspondientes para permitir que el maíz MON 603 sea consumido por la población mexicana; resulta obvio y sencillo, que se den a conocer dichos estudios a la opinión pública; este tema debe y tiene que ser divulgado entre los ciudadanos.

El Gobierno mexicano tiene la obligación de proteger la salud de todos sus ciudadanos, por tal razón, no se pueden otorgar permisos a empresas biotecnológicas sin antes realizar los estudios necesarios que determinen fehacientemente los efectos que causa el consumo del maíz MON 603 en seres humanos.

Es necesario mencionar que de 1995 hasta el año 2012, la COFEPRIS ha otorgado 112 permisos a empresas dedicadas a crear organismos génicamente modificados para consumo humano;3 sin embargo, no publicaron que investigaciones se realizaron y que resultados se obtuvieron para poder autorizar la producción de los organismos genéticamente modificados.

Por si fuera poco, el 8 de marzo de 2011, la Secretaría de Agricultura Ganadería, Desarrollo Rural Pesca y Alimentación (SAGARPA), concedió el permiso, para la siembra piloto de maíz amarillo transgénico, MON 603.

SAGARPA concedió el permiso a pesar de que la Comisión de Cooperación Ambiental de América del Norte, institución derivada del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, sugirió en 2004 que, antes de aprobar la siembra de maíz transgénico, era necesario realizar estudios sobre sus efectos en el consumo humano.4

No podemos arriesgar la salud del pueblo mexicano, es obligatorio e improrrogable solicitar a la COFEPRIS envíe ante esta Soberanía un informe detallado y pormenorizado de todas las investigaciones y el análisis que efectuaron para permitir, autorizar y liberar el maíz modificado genéticamente MON 603 para consumo humano.

Los ciudadanos deben y necesitan tener pruebas confiables e irrefutables sobre la inocuidad de los alimentos que consumen, actualmente, el maíz MON 603 no brinda certeza alguna sobre los daños o no que causará en el consumo humano.

Derivado de lo anterior, someto a consideración de esta Honorable Soberanía el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO.- Se exhorta respetuosamente a los titulares de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación y de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para que rechacen las solicitudes de empresas dedicas a la siembra del maíz transgénico MON 603, así como otro tipo maíz experimental en territorio nacional, en tanto no se cuenten con las investigaciones suficientes para acreditar que no causan algún efecto nocivo al consumo humano.

SEGUNDO.- Se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud, para que a través de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, rinda un informe detallado y pormenorizado sobre todas las investigaciones y análisis que se llevaron a cabo para permitir, autorizar y liberar el maíz modificado genéticamente MON 603 para consumo humano.

TERCERO.- Se solicita respetuosamente a la Universidad Nacional Autónoma de México y al Instituto Politécnico Nacional, estudios de diagnóstico, análisis e investigación, así como todas las pruebas necesarias para conocer los efectos del maíz modificado genéticamente MON 603 para consumo humano.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, a 21 de febrero de 2013”.





 

Del C. Senador David Monreal Avila, del grupo parlamentario del PT, que contiene punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores a promover en el extranjero el buen nombre y prestigio de México. Se turna a la Comisión de Relaciones Exteriores.

PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES A PROMOVER EN EL EXTRANJERO EL BUEN NOMBRE Y PRESTIGIO DE MEXICO

“Senador DAVID MONREAL AVILA, integrante del grupo parlamentario del Partido del Trabajo en la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 8, fracción II del Reglamento del Senado de la República, presento ante esta Honorable Soberanía, la proposición con punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

La guerra contra el crimen organizado y el narcotráfico iniciada en la anterior administración federal, trajo consigo más desaciertos que aciertos, la realidad hoy en día, es que los ciudadanos no se sienten más seguros actualmente que hace seis años.

El diagnostico que dio la Secretaría de Gobernación (SEGOB), es poco alentador:

a. 7 de cada 10 mexicanos se sienten inseguros.

b. El secuestro se incrementó en un 83%.

c. El robo con violencia creció un 65%.

Adicionalmente, sucesos como el de las turistas españolas que fueron víctimas de violación en el puerto de Acapulco, hacen que los reflectores internacionales vuelvan a posarse sobre México.

La violencia que se ha venido desencadenando en nuestro país repercute, sin lugar a dudas, en su proyección internacional, por tal razón, no es de sorprender que varios países, en un intento por proteger a sus ciudadanos de hechos como los mencionados anteriormente, emitan alertas a sus ciudadanos de no visitar a México.

A días de iniciada la gestión del nuevo Gobierno Federal, Estados Unidos ha mantenido las banderas de alerta para los viajeros de este país a México, insistiendo en no visitar más de la mitad de nuestros Estados, incluso especificando algunos municipios del Estado de México. De igual manera, se ha pronunciado para que no se viaje a Estados como Tamaulipas y Michoacán.

También Canadá emitió un mensaje de no viajar a México por cuestiones de inseguridad a finales de diciembre de 2010.

Por su parte, Suiza se sumó a las alertas internacionales, toda vez que se diera a conocer el secuestro y homicidio del ciudadano suizo Olivier Nicolás Tschumi Mottier, ocurrido el pasado 19 de diciembre de 2010 en el estado de Morelos. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Suiza expuso a sus ciudadanos que la tasa de criminalidad en México es elevada en todo el país.

Asimismo, el gobierno de Australia mantiene su alerta de no viajar a nuestro país y advierte que los niveles de criminalidad en México van en aumento, sobre todo los asaltos en autobuses de pasajeros y automóviles particulares que transitan por carreteras.

Otros países que han realizado alertas a sus ciudadanos de no visitar México son: Francia, España, Reino Unido, Alemania, El Salvador, Guatemala y Honduras.1

Este es un malestar no menor que debe preocupar seriamente a la actual administración; se desincentiva tanto la inversión privada, como el flujo turístico que visita el país, propiciando una menor derrama económica.

Como lo mencionó Pablo Azcárraga, presidente del Consejo Nacional Empresarial Turístico (CNET), cada año se dejan de percibir tres mil millones de dólares de ingresos por turismo, lo anterior, debido al clima de inseguridad que impera en el país.

Asimismo, en el estudio denominado “Panorama de la actividad turística en México”, desarrollado por el CNET y la Universidad Anáhuac, se indicó que 85% de los empresarios turísticos dijeron que la inseguridad perjudica a la industria.2

Por otra parte, la llegada de pasajeros al país vía cruceros, del mes de enero a agosto del año pasado, fue de tres millones 208,476 personas, es decir 18.6% menos que en 2011 en el mismo, según lo informó la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT).

Cabe subrayar que la región del Pacífico fue la más impactada en cuanto a arribos se refiere, con 40.2% menos, y en pasajeros, con una descenso del 33.4%, sobre todo en los puertos de Guaymas y Topolobampo correspondientes a los estados de Sonora y Sinaloa respectivamente.

También se vieron afectados las terminales de Mazatlán con 97.3% menos, Acapulco con una baja de 90%, Pichilingue en Baja California con 88.9% y Loreto con 71.4% a la baja.3

El Banco de México informó que la entrada de visitantes interesados en realizar actividades turísticas en ciudades del norte de México, a través de su frontera con Estados Unidos, registró en 2012 una caída de 5,3%, al contabilizarse sólo 8,6 millones de arribos por esa vía. Aseguran expertos que la tendencia al alza registrada entre los años 2009-2011, se vio frenada rápidamente por el recrudecimiento de la violencia en esa región del país.4

Ante tales sucesos, es menester mejorar la imagen del país en el exterior, ya que el prestigio de nuestro país a nivel internacional va en descenso.

Por tal razón, la lógica del presente punto de acuerdo, es exhortar al Canciller José Antonio Meade Kuribreña a que se realicen acciones que permitan velar en el extranjero por el buen nombre y prestigio de México y poder revertir la mala impresión que se tiene.

Asimismo, promover las acciones diplomáticas necesarias para que las alertas que decidan emitir otros países, únicamente se circunscriban a lugares específicos, y no se emitan de manera genérica en términos de Estado o del mismo País.

Con estas medidas, paulatinamente será posible recuperar el prestigio de México a nivel internacional, aumentando el turismo a nivel nacional.

Derivado de lo anterior, someto a consideración de esta Honorable Soberanía el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO. Se exhorta al Ejecutivo Federal, para que a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores y en coordinación con las Embajadas y Consulados de México en el exterior, promuevan en el extranjero el buen nombre y prestigio de México.

SEGUNDO. Se exhorta al Ejecutivo Federal, para que a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, realice las acciones diplomáticas necesarias, con el objeto de que las naciones que activaron alertas de no visitar México de manera genérica, sólo queden referenciadas a lugares específicos del país.

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Senadores, a 26 de febrero de 2013.

Sen. David Monreal Avila”.





 

Del C. Senador David Monreal Avila, del grupo parlamentario del PT, que contiene punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Educación Pública a que, en coordinación con la Secretaría de Desarrollo Social, implemente un programa eficaz y eficiente a fin de minimizar la deserción escolar a nivel media superior derivada de la pobreza. Se turna a la Comisión de Educación.

PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA A LA SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA A QUE, EN COORDINACION CON LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL, IMPLEMENTE UN PROGRAMA EFICAZ Y EFICIENTE A FIN DE MINIMIZAR LA DESERCION ESCOLAR A NIVEL MEDIA SUPERIOR DERIVADA DE LA POBREZA

Senador DAVID MONREAL AVILA, integrante del grupo parlamentario del Partido del Trabajo en la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8, fracción II y 276 del Reglamento del Senado de la República, presento ante esta Honorable Soberanía, proposición con punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

La Secretaría de Educación Pública, a través de la Subsecretaría de Educación Media Superior, llevó a cabo la “Encuesta Nacional de Deserción, en la Educación Media Superior” (ENDEMS),1 en dicho documento, se presentó información sobre la deserción a nivel nacional, además de analizar diversos factores que obligan a los jóvenes a abandonar la escuela en este grado.

La encuesta fue aplicada, en julio de 2011, a 13 mil jóvenes de entre 14 y 25 años de edad que abandonaron sus estudios o que nunca pudieron ingresar al nivel medio superior.

Los datos que presenta la SEP son lamentables: al iniciar el ciclo escolar 2010-2011, 4 millones 187 mil 528 alumnos se inscribieron al nivel medio superior, pero al finalizar dicho ciclo escolar, 625 mil 142 abandonaron sus estudios, lo que representa una tasa anual de deserción de 14.93 por ciento.

De acuerdo a la SEP, 49.7 por ciento de los encuestados señalaron que abandonaron los estudios por falta de recursos para comprar útiles, por insuficiencia de dinero para cubrir su transporte, o bien, por no cubrir la cuota de inscripción que solicitaban los planteles.

De entre las y los jóvenes que provienen de una familia de escasos recursos, es decir, el 35.1 por ciento de los encuestados, el 18.3 por ciento señaló que consideraban más importante trabajar que estudiar. El 17.8 por ciento abandonaron la escuela porque les es intolerable estudiar; el 17.5 por ciento que por que se embarazó, embarazó a alguien o tuvo un hijo; yel 17.3 por ciento por que le tocó un turno distinto al que quería.

Por su parte, el informe Panorama Educativo de México del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE)2 con cifras del 2009, reveló que la deserción en el bachillerato alcanzó el 16.3 por ciento, aunque la Secretaría de Educación Pública, en el quinto informe de Gobierno, señaló que fue del 15 por ciento.

Es de resaltar que hay entidades donde la deserción fue mayor, es el caso de Sonora, Michoacán, Nuevo León y Morelos donde fue superior al 20 por ciento; mientras que otras entidades como Colima, Jalisco y Puebla, la tasa de deserción rondó el 10 por ciento.

A nivel internacional, la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) planteó en su informe Equidad y Calidad en la Educación: Apoyo a Estudiantes y Escuelas en Desventaja,3 dado a conocer el año pasado, que hay desafíos en materia de deserción.

Mencionó que quienes abandonan la escuela antes de concluir el bachillerato, provienen de familias pobres y migrantes, pero también pertenecen a las escuelas que tienen bajos desempeños académicos.

Lo anterior significa que la deserción o el fracaso escolar no se pueden atribuir sólo al nivel socioeconómico de los alumnos y sus padres, sino al fracaso de las escuelas y del sistema educativo por no retenerlos.

Abundando más, algunos estudios asocian de manera directa el problema de la deserción, con la falta de recursos en el hogar para enfrentar los gastos que demanda la asistencia a la escuela. De igual forma, esta misma escasez de recursos produce la necesidad de los jóvenes de trabajar o buscar empleo, y más a la edad en que se debe cursar el bachillerato. Las y los jóvenes a esta edad, son más proclives a buscar una independencia familiar y económica o simplemente generar un mayor ingreso para el apoyo y subsistencia familiar; por lo tanto, resulta más sencillo entender porqué la mayor parte de la deserción se produce una vez completada la secundaria, es decir, durante el transcurso del primer año de enseñanza media superior.

Adicionalmente, en esta etapa se suscitan complicaciones familiares, especialmente relacionadas a niñas y adolescentes que tienen que ver con los quehaceres del hogar, el embarazo y la maternidad; así como, falta de interés de los y las jóvenes y el desinterés de los padres para que continúen con sus estudios, complican y truncan el desarrollo escolar.

No menor importancia tienen los problemas relacionados con la oferta o ausencia de establecimientos destinados para impartir la educación, es decir, la disponibilidad de planteles, accesibilidad y escasez de maestros.

Estos factores citados están claramente vinculados al insuficiente ingreso familiar, así como a la correcta aplicación de recursos para fortalecer el sistema educativo del país.Es una realidad que los países que han alcanzado menores tasas de deserción educativo, las desigualdades entre estratos socioeconómicos son, por regla general, menos pronunciadas.

El bienestar económico de una sociedad conlleva sistemáticamente el aprovechamiento y la atención de otros sectores como el académico.Los altos índices de pobreza que se viven día a día en México, tienen una correlación directa con el alto porcentaje de deserción escolar a nivel medio superior. En muchas zonas marginales del país, la actividad productiva de los jóvenes inicia realmente al concluir la secundaria, sino es que desde la etapa primaria.

Hechos como los narrados previamente, permiten reflexionar sobre la necesidad de implementar instrumentos eficaces para disminuir la deserción escolar en este nivel educativo. Hay que reconocer que es impostergable que futuras generaciones pierdan la oportunidad de gozar de una educación, pero también, de una educación de calidad.

Hace un año se elevó a rango constitucional la obligatoriedad de la educación media superior, lo que se traduce en la obligación del Estado a garantizar la enseñanza desde nivel preescolar hasta bachillerato. Esto sin duda, implica un avance significativo para revertir las cifras antes mencionadas y garantizar que los jóvenes de bajos recursos continúen con sus estudios hasta concluir el bachillerato.

Es necesario también, que el gobierno destine un mayor gasto para la construcción de más y mejores escuelas; una mayor inversión para elevar la calidad de la enseñanza y vincular la oferta educativa a las necesidades productivas del país.

Progreso educativo y bienestar social, son concepciones que se perfeccionan y que deben ser promovidas de manera simultánea para obtener resultados de eficiencia y eficacia, no debe perderse de vista que son temas estrictamente vinculados y por lo tanto, también comparten soluciones.

Como menciona la OCDE,4 los costos económicos y sociales del fracaso y la deserción escolares son altos, en tanto que completar con éxito la educación media superior brinda a los individuos mejores perspectivas de empleo y de estilos de vida más sanos, lo que resulta en mayores contribuciones a los presupuestos públicos y la inversión.

Tenemos que reconocer que las personas con un mayor grado de escolaridad ayudan en mayor medida a consolidar sociedades más democráticas y a economías más sustentables, de igual manera, se minimiza la ayuda pública y son menos susceptibles a las contracciones económicas.

Por tal motivo, es necesario erradicar la deserción escolar antes de concluir el bachillerato, así como promover que los jóvenes obtengan las habilidades necesarias para insertarse en el mercado laboral mediante una educación de calidad.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de esta Honorable Soberanía el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO.- Se exhorta a la Secretaría de Educación Pública, en coordinación con la Secretaría de Desarrollo Social, implementen un programa eficaz y eficiente a fin de minimizar la deserción escolar a nivel media superior derivada de la pobreza.

SEGUNDO.- Se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Educación Pública, rinda un informe acerca de las medidas y proyectos previstos para cumplimentar la obligatoriedad constitucional de la educación media superior y la cobertura total en ese nivel educativo.

Dado en el salón de sesiones de la Honorable Cámara de Senadores de la XLII Legislatura, a 26 de febrero de 2013.

Sen. David Monreal Avila”.





 

CITA

Se cita a la siguiente sesión ordinaria el martes 5 de marzo a las 11:00 horas.

(Se levantó la sesión a las 15:40 horas)

Directorio

DIARIO DE LOS DEBATES

de la Cámara de Senadores del Congreso
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Director: Lic Arturo Domínguez Sarmiento

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