Senado de la República.
Sesión Plenaria.
Domingo 26 de marzo de 2017
    
    

Última actualización: Marzo 2017
Última revisión: Marzo 2017

Sesión Plenaria - Diario de los Debates
LXII
              Legislatura
1er
Año
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DIARIO DE LOS DEBATES

DE LA CÁMARA DE SENADORES
DEL CONGRESO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS


AÑO I                       Segundo Periodo Ordinario                       LXII Legislatura                       Sesión Núm. 6

Presidente de la Mesa Directiva
Sen. Ernesto Javier Cordero Arroyo

Sesión Pública Ordinaria Celebrada
en la Ciudad de México, el 19 de Febrero de 2013

SUMARIO                                              


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COMUNICACIONES

- Del C. Senador Manuel Cavazos Lerma, Presidente de la Comisión Especial para el Análisis y Seguimiento de las Finanzas Públicas, con la que remite el plan anual de trabajo de dicha Comisión; de la Comisión de Agricultura y Ganadería, por la que informa de diversos Acuerdos tomados durante la VI Reunión Ordinaria de dicha comisión; del C. Senador Mario Delgado Carrillo, del grupo parlamentario del PRD, con la que remite fe de erratas a la iniciativa de reformas constitucionales en materia de equilibrio presupuestal y sustentabilidad financiera, por él presentada en la sesión del 14 de febrero de 2013; del C. Senador Roberto Gil Zuarth, del grupo parlamentario del PAN, con la que remite el Acuerdo aprobado el 7 de febrero de 2013 por las Comisiones Unidas de Justicia; de Derechos Humanos; y de Estudios Legislativos, sobre la implementación de audiencias públicas en relación con la iniciativa por la que se reforman diversas disposiciones en materia de protección de periodistas.- De la C. Senadora Ana Gabriela Guevara Espinoza, del grupo parlamentario del PT, con la que remite: • La “Declaratoria por los Derechos Humanos de las Mujeres Migrantes”, emanada del Simposio denominado "Feminización de las Migraciones y Derechos Humanos", y avalada por distintas comisiones del Senado y de la Cámara de Diputados.• El Informe del “Seminario sobre Migración Centroamericana”, realizado los días 15 y 16 de febrero del año en curso, en Guatemala; de la C. Senadora Marcela Guerra Castillo, Presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores, América del Norte, con la que remite el informe relativo a la visita realizada por integrantes de esa comisión al Colegio de la Frontera Norte, el 8 de febrero del año en curso, en Tijuana, Baja California.


CAMARA DE DIPUTADOS

Remite:

- Minuta proyecto de Decreto que adiciona la fracción VI al artículo 19 de la Ley General de Desarrollo Social, devuelta con modificaciones para los efectos del inciso e) del artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; Minuta proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Desarrollo Social; Minuta proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 2 de la Ley para el Aprovechamiento Sustentable de la Energía; Minuta proyecto de Decreto por el que se adiciona un párrafo al artículo 62 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, devuelta con modificaciones para los efectos del inciso e) del artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
























































 

PRESIDENCIA DEL C. SENADOR
JOSE ROSAS AISPURO TORRES

APERTURA

- El C. Presidente José Rosas Aispuro Torres: (11:53 horas) Solicito a la Secretaría informe a la Asamblea el resultado del cómputo de asistencia de las señoras y señores Senadores.

- La C. Secretaria María Elena Barrera Tapia: Honorable Asamblea, conforme al registro de asistencia, se han acreditado 77 ciudadanos Senadores y Senadoras.

En consecuencia, hay quórum, señor Presidente.

- El C. Presidente Aispuro Torres: En consecuencia, se abre la sesión del martes 19 de febrero, correspondiente al segundo periodo ordinario de sesiones del primer año de ejercicio de la LXII Legislatura. El Orden del Día está disponible en el monitor de sus escaños, con lo cual se informa de los asuntos que corresponden a la agenda de hoy. El acta de la sesión anterior se encuentra publicada en la Gaceta del Senado de este día.

“ACTA DE LA SESION CELEBRADA EL JUEVES
CATORCE DE FEBRERO DE DOS MIL TRECE

PRESIDE EL SENADOR
ERNESTO CORDERO ARROYO

 

En la ciudad de México, Distrito Federal, a las once horas con cincuenta y cinco minutos del día jueves catorce de febrero de dos mil trece, encontrándose presentes sesenta y siete ciudadanos Senadores, según relación anexa, la Presidencia declaró abierta la sesión.

(Lectura  del Orden del Día)

La Secretaría dio por conocido el contenido del Orden del Día de la sesión de esta fecha, debido a la publicación en la Gaceta del Senado y a su difusión.

(Acta de la sesión anterior)

Se aprobó en votación económica el Acta de la Sesión del martes doce de febrero de 2013.

(Comunicaciones)

Se recibió de la Comisión de Seguridad Pública, oficio por el que informa que el punto de Acuerdo sobre el combate a la inseguridad en el estado de Coahuila, que se le turnara el 18 de septiembre de 2012, ha quedado sin materia.- La Presidencia instruyó a la Secretaría Parlamentaria descargar el asunto de sus registros, darlo por concluido e informar a los promoventes.

 

Se recibió de la Comisión de Asuntos Migratorios, su Plan Anual de Trabajo.- Quedó de enterado.

 

Se recibió del Senador Teófilo Torres Corzo, Informe de actividades de la delegación del Congreso Mexicano   que participó en la 21a. Reunión Anual del Foro Parlamentario Asia-Pacífico, celebrada en Vladivostok, Rusia, del 27 al 31 de enero de 2013.- Quedó de enterado.

 

Se recibió del Banco de México, Informe sobre la Inflación, correspondiente al periodo octubre-diciembre 2012.- Se remitió a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

 

Se recibió del Gobierno del Distrito Federal, invitación para asistir al Centenario de la Decena Trágica de Francisco I. Madero y José María Pino Suárez, a realizarse el viernes 22 de febrero, en esta ciudad.- Se designó en comisión al Senador Zoé Robledo Aburto.

 

Se recibió del Gobierno del Distrito Federal, invitación para asistir al 73 aniversario del Día de la Bandera, a realizarse el domingo 24 de febrero, en esta ciudad.- Se designó en comisión al Senador Fidel Demédicis Hidalgo.

 

Se recibió de la Cámara de Diputados, proyecto de Decreto por el que se expide la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, de la Ley Reglamentaria de las fracciones I y II del artículo 105  de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, para los efectos de lo dispuesto por la fracción e) del artículo 72 constitucional.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Justicia, de Gobernación y de Estudios Legislativos, Segunda.

 

Se recibió de la Cámara de Diputados, el Calendario para el Segundo Periodo de Sesiones Ordinarias del Primer Año de Ejercicio de la LXII Legislatura.- Quedó de enterado. Se remitió copia a la Junta de Coordinación Política.

 

Se recibió de la Cámara de Diputados, Acuerdo por el que se designa a los diputados que integran la Junta Directiva de la Comisión Bicamaral de Seguridad Nacional.- Quedó de enterado. Se remitió copia a la Junta de Coordinación Política.

(Iniciativas)

La Senadora Diva Hadamira Gastélum Bajo, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 4° y se adiciona un artículo 25 Bis a la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Pesca y de Estudios Legislativos.

 

El Senador José Rosas Aispuro Torres, a nombre propio y del Senador Roberto Gil Zuarth, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó iniciativa con proyecto de Decreto que adiciona diversas disposiciones de los artículos 17 y 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos, Primera.

 

PRESIDE EL SENADOR
ENRIQUE BURGOS GARCIA

 

El Senador Angel Benjamín Robles Montoya, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 7 de la Ley sobre la Celebración de Tratados.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores y de Estudios Legislativos, Segunda.

 

El Senador Ángel Benjamín Robles Montoya, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma el Apartado A fracción V y el Apartado B fracción XI, inciso c del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos, Primera.

 

Los Senadores María Elena Barrera Tapia, Miguel Romo Medina, Braulio Manuel Fernández Aguirre, María Cristina Díaz Salazar, Armando Neyra Chávez e Hilda Esthela Flores Escalera, remitieron iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman las fracciones i y viii y se adiciona la fracción v al artículo 73 de la Ley General de Salud.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos.

 

El Senador René Juárez Cisneros, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversos artículos de la Ley de Vivienda.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Vivienda y de Estudios Legislativos, Primera.

 

La Senadora Silvia Guadalupe Garza Galván, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó iniciativa con proyecto de Decreto por el que se modifica y adicionan dos párrafos del artículo 27 de la Ley General de Vida Silvestre, en materia de ejemplares y poblaciones exóticas peligrosas.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de Estudios Legislativos, Segunda.

 

El Senador Mario Delgado Carrillo,del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de equilibrio presupuestal y sustentabilidad financiera a cargo de todos los órdenes de gobierno.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos, Segunda.

 

El Senador Mario Delgado Carrillo, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversos ordenamientos legales, en materia de equilibrio presupuestal y sustentabilidad financiera a cargo de todos los órdenes de gobierno.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Estudios Legislativos, Primera.

(Dictámenes a discusión)

Se sometió a consideración de la Asamblea un dictamen de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, con punto de Acuerdo por el que se aprueba el nombramiento del ciudadano Javier Eduardo Guzmán Calafell, como miembro de la Junta de Gobierno del Banco de México, por un periodo de ocho años.- Intervino la Senadora Dolores Padierna Luna del PRD. Fue aprobado por 81 votos en pro y 10 abstenciones. El funcionario rindió su protesta de ley.

 

PRESIDE EL SENADOR
LUIS SANCHEZ JIMENEZ

 

Se sometió a consideración de la Asamblea, un dictamen de la Comisión para la Igualdad de Género, que exhorta al titular del Ejecutivo Federal a diseñar una estrategia con perspectiva de género y con presupuesto etiquetado, que contemple las desigualdades y obstáculos a las que se enfrentan las mujeres jefas de familia y las que son víctimas de violencia familiar, para su acceso a una vivienda digna y adecuada.- Fue aprobado en votación económica.

 

Se sometió a consideración de la Asamblea, un dictamen de la Comisión para la Igualdad de Género, que solicita al Poder Ejecutivo Federal que formule e implemente una política pública con perspectiva de género y medidas efectivas a favor de las mujeres periodistas y comunicadoras en situación de riesgo, como consecuencia del ejercicio de la libertad de expresión y el periodismo.- Fue aprobado en votación económica.

(Proposiciones)

Los Grupos Parlamentarios, remitieron proposición con punto de Acuerdo por el que se crea un grupo de trabajo para analizar la necesidad de buscar una audiencia con los senadores que están impulsando la reforma migratoria en los Estados Unidos y fijar un agenda de temas que por su relevancia es conveniente que se incluyan en la mencionada reforma.- Considerado de urgente resolución, fue puesto a discusión. Intervinieron los Senadores: Graciela Ortiz González del PRI y presentó propuesta de adición; José Rosas Aispuro Torres del PAN; Benjamín Robles Montoya del PRD. La propuesta de la Sen. Ortiz fue aceptada. El punto de Acuerdo fue aprobado en votación económica.

 

Los Grupos Parlamentarios, remitieron proposición con punto de Acuerdo por el que el Senado de la República reconoce la importancia de la I Cumbre de la CELAC realizada en Santiago de Chile los días 26 y 27 de enero de 2013.- Considerado de urgente resolución, fue puesto a discusión. Intervinieron los Senadores: Dolores Padierna Luna del PRD; Teófilo Torres Corzo del PRI; y Gerardo Flores Ramírez del PVEM. Fue aprobado en votación económica.

 

PRESIDE EL SENADOR
JOSE ROSAS AISPURO TORRES

 

El Senador Miguel Romo Medina, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó proposición con punto de Acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a declarar la última semana de septiembre como la "Semana Nacional para prevenir el Suicidio".- Se turnó a la Comisión de Salud.

 

El Senador Francisco Domínguez Servién, a nombre propio y de los Senadores Luis Fernando Salazar Fernández, Luisa María Calderón Hinojosa y Fernando Herrera Ávila, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó proposición con punto de Acuerdo que exhorta al titular del Consejo Nacional de Evaluación de la Política Social a comparecer ante el Senado de la República para que proporcione su opinión técnica sobre la implementación de la Cruzada Nacional Contra el Hambre; asimismo, se solicita la creación de una comisión especial por parte del Senado de la República para dar seguimiento al Sistema Nacional para la Cruzada contra el Hambre.- Considerado de urgente resolución, fue puesto a discusión. Intervinieron los Senadores: Lorena Cuéllar Cisneros del PRD; Jorge Luis Preciado Rodríguez del PAN; y Blanca Alcalá Ruiz del PRI. Fue aprobado en votación económica.

 

La Senadora Lorena Cuéllar Cisneros, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó proposición con punto de Acuerdo que exhorta al titular del Poder Ejecutivo a que, por medio de la Secretaría de Desarrollo Social, rectifique en el proceso de nombramiento de los delegados estatales de esa dependencia.- Se turnó a la Comisión de Desarrollo Social.

 

El Senador Pablo Escudero Morales, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, presentó proposición con punto de Acuerdo que exhorta al Gobierno del Distrito Federal a realizar las gestiones necesarias que prevengan la constante actualización de los portales de transparencia y el cumplimiento de las obligaciones relativas a la información pública de oficio, impuestas por la ley de la materia, en las dependencias y entidades a su cargo.- Se turnó a la Comisión del Distrito Federal.

 

La Senadora Mónica T. Arriola Gordillo, presentó proposición con punto de Acuerdo que exhorta al Gobierno Federal, a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, al Servicio Nacional de Sanidad Inocuidad y Calidad Agroalimentaria y al gobierno del estado de Chiapas  a tomar las medidas necesarias para el control y erradicación de la plaga de la Roya en las zonas cafetaleras de la República Mexicana y, en específico, en el estado de Chiapas.- Considerado de urgente resolución, fue puesto a discusión. Intervinieron los Senadores: Benjamín Robles Montoya del PRD, quien presentó propuesta de adición; Manuel Humberto Cota Jiménez del PRI. La propuesta del Sen. Robles se aceptó. El punto de Acuerdo fue aprobado en votación económica.

 

El Presidente de la Mesa Directiva dio turno a los siguientes asuntos:

 

Del Senador Juan Gerardo Flores Ramírez, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con punto de Acuerdo por el que se solicita a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y al Servicio Postal Mexicano que rindan un informe sobre la situación financiera que guarda el Servicio Postal Mexicano y lleven a cabo una revisión de las políticas tarifarias para clientes corporativos, a fin de eliminar la transferencia de recursos de los contribuyentes a este tipo de clientes.- Se turnó a la Comisión de Comunicaciones y Transportes.

 

Del Senador David Monreal Ávila, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de Acuerdo que exhorta al Instituto Federal Electoral a informar de las investigaciones, análisis y procedimientos utilizados por parte de su Consejo General para resolver como infundado el resolutivo al proyecto de resolución por no comprobarse la aplicación del gasto en el caso conocido como monex.- Se turnó a la Comisión de Gobernación.

 

Del Senador Francisco Salvador López Brito, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de Acuerdo que exhorta a la SAGARPA a incentivar la creación y fortalecimiento de los agrupamientos empresariales agroindustriales en toda la República Mexicana.- Se turnó a la Comisión de Comercio y Fomento Industrial.

 

Del Senador Francisco Salvador López Brito, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional,  con punto de Acuerdo que exhorta al titular de la SAGARPA a emitir el Decreto por el que se integre la Junta de Gobierno del Instituto Nacional de Pesca y realice las atribuciones conferidas a la Ley General  de Pesca y Acuacultura Sustentables como órgano público descentralizado, en beneficio del sector pesquero y acuícola del país.- Se turnó a la Comisión de Pesca.

 

Del Senador Francisco Salvador López Brito, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional,  con punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría          de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación y la Comisión Nacional de Acuacultura y a fortalecer la actividad acuícola nacional y poder atender la demanda del mercado nacional, así como intensificar acciones que estimulen el consumo de pescados y mariscos.- Se turnó a la Comisión de Pesca.

 

El Senador Francisco Salvador López Brito, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, remitió efeméride para referirse al Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer.- Se inserto en el Diario de los Debates.

 

La Senadora Angélica Araujo Lara, a nombre propio y de las Senadoras Ivonne Liliana Alvarez García, Hilda Esthela Flores Escalera, Margarita Flores Sánchez, Lisbeth Hernández Lecona, Juana Leticia Herrera Ale, Lilia Guadalupe Merodio Reza, María del Rocío Pineda Gochi y Mely Romero Celis, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó proposición con punto de Acuerdo por el que el Senado de la República saluda con beneplácito la Política Nacional de Vivienda presentada por el titular del Poder Ejecutivo Federal y se suma a este esfuerzo por un crecimiento urbano ordenado que permita a los mexicanos acceder a una vivienda digna y decorosa.- Considerado de urgente resolución, fue puesto a discusión. Intervinieron los Senadores: Víctor Hermosillo y Celada del PAN y Francisco García Cabeza de Vaca del PAN. El punto de Acuerdo fue aprobado en votación económica. El Sen. Roberto Gil Zuarth del PAN con el apoyo de su grupo parlamentario, solicitó que el asunto se votara de manera nominal, derivado del resultado de la votación el Presidente de la Mesa Directiva levantó la sesión por falta de quórum.

 

La Presidencia dio por concluida la sesión a las quince horas con cuarenta y cinco minutos y citó a la siguiente el martes diecinueve de febrero a las once horas.

LISTA DE ASISTENCIA DE LA SESION ANTERIOR



En consecuencia, pido a la Secretaría consulte a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba el acta de la sesión anterior.

- La C. Secretaria Barrera Tapia: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba el acta de la sesión anterior. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque se rechace, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobada el acta, señor Presidente.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Pasamos al siguiente asunto.




 

COMUNICACIONES

- La C. Secretaria Barrera Tapia: Se recibieron las siguientes comunicaciones:

Del Senador Manuel Cavazos Lerma, Presidente de la Comisión Especial para el Análisis y Seguimiento de las Finanzas Públicas, con la que remite el plan anual de trabajo de dicha comisión.

Y de la Comisión de Agricultura y Ganadería, por la que informa de diversos Acuerdos tomados durante la VI Reunión Ordinaria de dicha comisión.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Esta Asamblea ha quedado debidamente enterada.

Pasamos al siguiente asunto.

- La C. Secretaria Barrera Tapia: Se recibió una comunicación suscrita por el Senador Mario Delgado Carrillo, del grupo parlamentario del PRD, con la que remite fe de erratas a la iniciativa de reformas constitucionales en materia de equilibrio presupuestal y sustentabilidad financiera, presentada por él en la sesión del 14 de febrero pasado.

"SEN. ERNESTO CORDERO ARROYO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
DE LA CAMARA DE SENADORES
PRESENTE.

Me dirijo a Usted para solicitarle sea considerada en el apartado de Comunicaciones de Ciudadanos Legisladores la fe de erratas a la INICIATIVA del suscrito que contiene proyecto de Decreto por el que se Reforman, Adicionan y Derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados unidos Mexicanos, en materia de Equilibrio Presupuestal y Sustentabilidad Financiera a cargo de todos los órdenes de gobierno, publicada en la Gaceta del Senado No. 86, Segundo Periodo Ordinario, del Jueves 14 de Febrero de 2013.

Fe de erratas, anexa al presente, que solicito también sea informada a las comisiones de turno correspondientes, para dar continuidad al trámite legislativo.

Quedo a sus órdenes.

México, D.F., a 15 de febrero de 2013.

Atentamente,

Sen. Mario Delgado Carrillo".

VER DOCUMENTO

- El C. Presidente Aispuro Torres: Remítase dicha documentación a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; y de Estudios Legislativos, Segunda.

Pasamos al siguiente asunto.

- La C. Secretaria Barrera Tapia: Asimismo, se recibieron las siguientes comunicaciones:

Del Senador Roberto Gil Zuarth, del grupo parlamentario del PAN, con la que remite el Acuerdo aprobado del 7 de febrero de 2013 por las Comisiones Unidas de Justicia; de Derechos Humanos; y de Estudios Legislativos, sobre la implementación de audiencias públicas en relación con la iniciativa por la que se reforman diversas disposiciones en materia de protección de periodistas.

El informe del "Seminario sobre Migración Centroamericana", celebrado los días 15 y 16 de febrero del año en curso, en Guatemala.

Y de la Senadora Marcela Guerra Castillo, Presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores, América del Norte, con la que remite el informe relativo a la visita realizada por integrantes de esa comisión al Colegio de la Frontera Norte, el 8 de febrero del año en curso, en Tijuana, Baja California.

- El C. Presidente Aispuro Torres: La Asamblea ha quedado enterada de todas estas comunicaciones.

Pasamos al siguiente asunto.





 

SECRETARIA DE GOBERNACION

- La C. Secretaria Barrera Tapia: Se recibió un oficio de la Secretaría de Gobernación, con el que remite solicitud de permiso, a que se refiere el artículo 37 constitucional, para que el ciudadano Ricardo Flores González pueda aceptar y usar la condecoración que le confiere el gobierno de la República de Cuba.

“SECRETARIA DE GOBERNACION
SUBSECRETARIA DE ENLACE LEGISLATIVO
UNIDAD DE ENLACE LEGISLATIVO

Oficio No. SEL/300/102/13
México, D.F., 15 de febrero de 2013

CC. SECRETARIOS DE LA CAMARA DE SENADORES
DEL H. CONGRESO DE LA UNION
PRESENTES.

Por este medio me permito hacer de su conocimiento que mediante oficio número PRO-01828, el Emb. Alfredo Pérez Bravo, Director General de Protocolo de la Secretaría de Relaciones Exteriores, solicita se tramite ante el H. Congreso de la Unión, el permiso a que se refiere la Fracción III, Apartado C), del Artículo 37 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para que el C. Ricardo Flores González, pueda aceptar y usar la Condecoración Fraternidad Combativa, que le confiere el Gobierno de la República de Cuba.

Por lo anterior, me permito anexar para la integración al expediente respectivo, original de la solicitud del interesado dirigida al H. Congreso de la Unión para la obtención del permiso respectivo, copia certificada del acta de nacimiento, así como copias simples de su curriculum vitae, identificación oficial y de la notificación en la que se comunica la intención de otorgarle la Condecoración de referencia.

El Subsecretario

Lic. Felipe Solís Acero”.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Túrnese a la Comisión de Gobernación para su análisis y dictamen correspondiente.

Pasamos al siguiente asunto.





 

CAMARA DE DIPUTADOS

- La C. Secretaria Barrera Tapia: Se recibió de la Cámara de Diputados una minuta proyecto de Decreto que adiciona la fracción VI al artículo 19 de la Ley General de Desarrollo Social, devuelta con modificaciones para los efectos del inciso e) del artículo 72 constitucional.

“CAMARA DE DIPUTADOS

Mesa Directiva

LXII LEGISLATURA

OFICIO No. D. G. P. L. 62-II-3-448
EXPEDIENTE No: 7076

SECRETARIOS DE LA
H. CAMARA DE SENADORES
PRESENTES.

Me permito devolver a ustedes para los efectos de la fracción E del artículo 72 Constitucional, el expediente con la minuta proyecto de Decreto que reforma el artículo 19, y adiciona la fracción VI del la Ley General de Desarrolle Social, que en esta fecha aprobó la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión.

México, D.F., a 14 de febrero de 2013.

Dip. Xavier Azuara Zúñiga

Secretario”.

“MINUTA

PROYECTO

DE

DECRETO

QUE ADICIONA LA FRACCION VI AL ARTICULO 19 DE LA LEY GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL.

Artículo Unico.- Se adiciona una fracción VI, recorriéndose en su orden las subsecuentes, al artículo 19 de la Ley General de Desarrollo Social, para quedar como sigue:

Artículo 19. ...

I. a V. ...

VI. Las campañas de planificación familiar y anticoncepción enfocadas a prevenir el embarazo en adolescentes;

VII. A X. ...

TRANSITORIOS

Unico. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Salón de sesiones de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión,- México, D.F., a 14 de febrero de 2013.

Dip. Patricia Elena Retamoza Vaga, Vicepresidenta.- Dip. Xavier Azuara Zúñiga, Secretario”.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Túrnese a las Comisiones Unidas de Desarrollo Social; y de Estudios Legislativos, Primera para sus efectos correspondientes.

Pasamos al siguiente asunto.

- La C. Secretaria Barrera Tapia: También de la Cámara de Diputados se recibió una minuta proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Desarrollo Social.

“CAMARA DE DIPUTADOS

MESA DIRECTIVA
LXII LEGISLATURA

OFICIO No. D. G. P. L. 62-II-I-0586
EXPEDIENTE NÚMERO: 437

SECRETARIOS DE LA
H. CAMARA DE SENADORES
PRESENTES.

Tengo el honor de remitir a ustedes para sus efectos constitucionales, el expediente con la minuta proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Desarrollo Social, aprobado en esta fecha por la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión.

México, D.F., a 14 de febrero de 2013.

Dip. Tanya Rellstab Carreto

Secretaria”.

“MINUTA

PROYECTO

DE

DECRETO

POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL.

Artículo Unico.- Se reforman los artículos 1, fracción VI; 6; 16, y se adicionan los artículos 5, con las fracciones XI y XII; 11, con la fracción V y 14 con las fracciones VI y VII de la Ley General de Desarrollo Social, para quedar como sigue:

Artículo 1. La presente Ley es de orden público e interés social y de observancia general en todo el territorio nacional, y tiene por objeto:

I. a V. ...

VI. Regular y garantizar la prestación de los bienes y servicios contenidos en los programas sociales, para que a través de las reglas de operación, la capacitación y el apoyo técnico se fomente la productividad de los beneficiarios de manera colectiva;

VII. a IX. ...

Artículo 5. Para los efectos de esta Ley se entiende por:

I. a VIII. ...

IX. Organizaciones: Agrupaciones civiles y sociales, legalmente constituidas, en las que participan personas o grupos sociales con el propósito de realizar actividades relacionadas con el desarrollo social:

X. Padrón: Relación oficial de beneficiarios que incluye a las personas atendidas por los programas federales de Desarrollo Social cuyo perfil socioeconómico se establece en la normatividad correspondiente;

XI. Capacitación y Formación: Acciones en las que por medio de estudio, supervisión dirigida y otras, permitan que una persona pueda adquirir nuevas habilidades para su desarrollo personal, colectivo, intelectual y labora!, y

XII. Deberes y Logros: Mecanismos para otorgar incentivos que estimulen las habilidades de los beneficiarios y mejoren sus condiciones de vida.

Artículo 6. Son derechos para el desarrollo social la educación, la capacitación, la salud, la alimentación, la vivienda, el disfrute de un medio ambiente sano, el trabajo y la seguridad social y los relativos a la no discriminación en los términos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

Artículo 11. La Política Nacional de Desarrollo Social tiene los siguientes objetivos:

I. a II. ...

III. Fortalecer el desarrollo regional equilibrado;

IV. Garantizar formas de participación social en la formulación, ejecución, instrumentación, evaluación y control de los programas de desarrollo social, y

V. Brindar capacitación y apoyo técnico, y fomentar el incremento de la productividad de los beneficiarios de los programas sociales, a través de incentivos que impulsen su desarrollo integral y ayuden a superar las situaciones económicas v socialmente adversas.

Artículo 14. La Política Nacional de Desarrollo Social debe incluir, cuando menos, las siguientes vertientes:

I. a III. ...

IV. Infraestructura social básica;

V. Fomento del sector social de la economía;

VI. Capacitación y Formación, y

VII. Deberes y Logros.

Artículo 16. Los municipios, los gobiernos de las entidades federativas y el Gobierno Federal harán del conocimiento público cada año sus programas operativos de desarrollo social, así como los criterios de selección de los beneficiarios de los programas, a través de los medios más accesibles a la población, en un plazo máximo de 90 días a partir de la aprobación de sus presupuestos de los egresos anuales respectivos.

TRANSITORIOS

Unico.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Salón de sesiones de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión,- México, D.F., a 14 de febrero de 2013.

Dip. Patricia Elena Retamoza Vaga, Vicepresidenta.- Dip. Tanya Rellstab Carreto, Secretaria”.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Túrnese a las Comisiones Unidas de Desarrollo Social; y de Estudios Legislativos para su análisis y dictamen correspondiente.

Pasamos al siguiente asunto.

- La C. Secretaria Barrera Tapia: Se recibió de la Cámara de Diputados una minuta proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 2 de la Ley para el Aprovechamiento Sustentable de la Energía.

“CAMARA DE DIPUTADOS

MESA DIRECTIVA
LXII LEGISLATURA

OFICIO No. D. G. P. L. 62-II-I-0586

Exp. 605

SECRETARIOS DE LA
H. CAMARA DE SENADORES
PRESENTES.

.

Tenemos el honor de remitir a ustedes, para sus efectos constitucionales, el expediente con la minuta proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 2 de la Ley para el Aprovechamiento Sustentable de la Energía, aprobado en esta fecha por la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión.

México, D.F., a 14 de febrero de 2013.

Dip. Tanya Rellstab Carreto

Secretaria”.

“MINUTA

PROYECTO

DE

DECRETO

POR EL QUE SE REFORMA EL ARTICULO 2 DE LA LEY PARA EL APROVECHAMIENTO SUSTENTABLE DE LA ENERGIA.

Artículo Unico.- Se reforma la fracción I del artículo 2 de la Ley para el Aprovechamiento Sustentable de la Energía, para quedar como sigue:

Artículo 2.- Para los efectos de esta Ley se entenderá por:

I. Aprovechamiento sustentable de la energía: El uso óptimo de la energía en todos los procesos y actividades para su explotación, producción, transformación, distribución y consumo, incluyendo la eficiencia energética; lo anterior, con la finalidad última de proteger el medio ambiente para el desarrollo y bienestar de las personas.

II. a IX....

TRANSITORIOS

Unico.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Salón de sesiones de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión,- México, D.F., a 14 de febrero de 2013.

Dip. Patricia Elena Retamoza Vaga, Vicepresidenta.- Dip. Tanya Rellstab Carreto, Secretaria”.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Túrnese a las Comisiones Unidas de Energía; y de Estudios Legislativos, Segunda.

Pasamos al siguiente asunto.

- La C. Secretaria Barrera Tapia: Así también de la Colegisladora se recibió una minuta proyecto de Decreto por el que se adiciona un párrafo al artículo 62 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, devuelta con modificaciones para los efectos del inciso e) del artículo 72 constitucional.

“MINUTA

PROYECTO

DE

DECRETO

POR EL QUE SE ADICIONA UN PARRAFO AL ARTICULO 62 DE LA LEY GENERAL DEL EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y LA PROTECCION AL AMBIENTE.

Artículo Unico.- Se adiciona un segundo párrafo al artículo 62 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, para quedar como sigue:

ARTICULO 62. ...

La extensión en los polígonos de las áreas naturales protegidas y sus zonas núcleo, podrá ser modificada, siempre que la superficie total, no sea menor a la establecida por la declaratoria inicial; así también, las modificaciones a los usos del suelo o cualquiera de las disposiciones establecidas por la declaratoria, únicamente podrán realizarse para elevar el grado de protección a los recursos naturales existentes dentro de las mismas.

TRANSITORIOS

Primero.- El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo.- Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente Decreto.

Salón de sesiones de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión,- México, D.F., a 14 de febrero de 2013.

Dip. Patricia Elena Retamoza Vaga, Vicepresidenta.- Dip. Javier Orozco Gómez, Secretario”.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Túrnese a las Comisiones Unidas de Medio Ambiente y Recursos Naturales; y de Estudios Legislativos, Segunda.

Pasamos al siguiente asunto.





 

LEGISLATURA

- La C. Secretaria Barrera Tapia: Se recibió del Congreso del Estado de Chihuahua, una INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA EL INCISO A) Y DEROGA LOS INCISOS B) AL G) DE LA FRACCION II DEL ARTICULO 105 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.

“CONGRESO DEL ESTADO

CHIHUAHUA

LA SEXAGESIMA TERCERA LEGISLATURA DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, REUNIDA EN SU PRIMER PERIODO ORDINARIO DE SESIONES, DENTRO DEL TERCER AÑO DE EJERCICIO CONSTITUCIONAL,

ACUERDA

ARTICULO PRIMERO.- Formular Iniciativa de Decreto ante el H. Congreso de la Unión, mediante la cual se propone reformar el inciso a) y derogar los incisos b) al g), todos de la fracción II del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar redactados de la siguiente manera:

Artículo 105. La Suprema Corte de Justicia de la Nación conocerá, en los términos que señale la ley reglamentaria, de los asuntos siguientes:

II. De las acciones de inconstitucionalidad que tengan por objeto plantear la posible contradicción entre una norma de carácter general y esta Constitución.

Las acciones de inconstitucionalidad podrán ejercitarse, dentro de los treinta días naturales siguientes a la fecha de publicación de la norma, por:

a) Cualquier ciudadano o ciudadana en lo particular, sin necesidad de que acredite interés jurídico o agravio personal y directo;

b) a g)DEROGADOS

……

……

……

III……

TRANSITORIO

UNICO.- El presente Decreto entrará en vigor a partir del día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

ARTICULO SEGUNDO.- Remítase copia del presente Acuerdo, así como del Dictamen que le dio origen, al H. Congreso de la Unión, para su conocimiento y los efectos a que haya lugar.

Dado en el salón de sesiones del Poder Legislativo, en la ciudad de Chihuahua, Chih., a 20 de diciembre de 2012.

Dip. Jorge Abraham Ramírez Alvídrez, Presidente.- Dip. Inés Aurora Martínez Bernal, Secretaria.- Dip. Alva Melania Almazán Negrete, Secretaria”.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Túrnese a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; y de Estudios Legislativos, Primera.

Pasamos al siguiente asunto.

- La C. Secretaria Barrera Tapia: También del Congreso del Estado de Chihuahua se recibió una INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA LOS ARTICULOS 73, 116 Y 122 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.

“CONGRESO DEL ESTADO

CHIHUAHUA

ACUERDO No.
588/2012 I P.O.

LA SEXAGESIMA TERCERA LEGISLATURA DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, REUNIDA EN SU PRIMER PERIODO ORDINARIO DE SESIONES, DENTRO DEL TERCER AÑO DE EJERCICIO CONSTITUCIONAL,

ACUERDA

ARTICULO PRIMERO.- Formular Iniciativa de Decreto ante el H. Congreso de la Unión, mediante la cual se propone adicionar un segundo párrafo a la fracción X del artículo 73; la fracción VIII al artículo 116; y reformar el inciso ñ) de la fracción V de la Base Primera del Apartado C del artículo 122, recorriéndose en su orden los incisos, adicionando un inciso q), todos ellos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar de la siguiente forma:

Artículo 73. El Congreso tiene facultad:

I a IX....

X...

En tratándose de juegos con apuestas y sorteos, esta facultad se ejercerá, sin perjuicio de la atribución que para la creación de organismos que celebren sorteos, prevén los artículos 116 y 122.

XI a XXX ...

Artículo 116

I. a VII...

VIII. Las Legislaturas de los Estados podrán instituir organismos que a través de la celebración de sorteos, obtengan recursos para apoyar las funciones sociales.

Artículo 122. ...

A y B. ….

C………………........

BASE PRIMERA.- Respecto a la Asamblea Legislativa:

I a IV

V…………

a) al n) …..

ñ) Instituir un organismo que a través de la celebración de sorteos, obtenga recursos para apoyar las funciones sociales en el Distrito Federal.

o) Presentar iniciativas de leyes o decretos en materias relativas al Distrito Federal, ante el Congreso de la Unión;

p) Para establecer en ley los términos y requisitos para que los ciudadanos del Distrito Federal ejerzan el derecho de iniciativa ante la propia Asamblea, y

q) Las demás que se le confieran expresamente en esta Constitución

BASE SEGUNDA A BASE QUINTA....

TRANSITORIO

UNICO.- El presente Decreto entrará en vigor a partir del día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

ARTICULO SEGUNDO.- Remítase copia del presente Acuerdo, así como del Dictamen que le dio origen, al H. Congreso de la Unión, para su conocimiento y los efectos a que haya lugar.

Dado en el salón de sesiones del Poder Legislativo, en la ciudad de Chihuahua, Chih., a 20 de diciembre de 2012.

Dip. Jorge Abraham Ramírez Alvídrez, Presidente.- Dip. Inés Aurora Martínez Bernal, Secretaria.- Dip. Alva Melania Almazán Negrete, Secretaria”.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Túrnese a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; y de Estudios Legislativos, Segunda.

En el apartado de iniciativas, se le concede el uso de la tribuna a la Senadora María del Rocío Pineda Gochi, del grupo parlamentario del PRI, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversos artículos de la Ley Federal de Telecomunicaciones.





 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONAN LAS FRACCIONES XVIII Y XIX AL ARTICULO 3; SE REFORMA LA FRACCION X Y SE ADICIONA UNA FRACCION XVI AL ARTICULO 7; Y SE ADICIONA UN PARRAFO SEGUNDO AL ARTICULO 50 DE LA LEY FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES

(Presentada por la C. Senadora María del Rocío Pineda Gochi, del grupo parlamentario del PRI)

- La C. Senadora María del Rocío Pineda Gochi: Con su permiso, señor Presidente; compañeros legisladores:

A lo largo de los últimos años, el uso de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, han revolucionado el panorama de las telecomunicaciones a nivel global, repercutiendo en todos los ámbitos de la sociedad.

En la declaración de principios adoptada en la primera fase de la Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la Información en el 2003, se estableció que el uso de estas herramientas tecnológicas son un factor determinante de eficiencia y productividad en el crecimiento y desarrollo económico, lo cual ha desencadenado una carrera, principalmente entre los países desarrollados, por diseñar e instrumentar políticas tendientes al acceso universal del Internet de banda ancha, móvil y fija.

Estudios realizados por el Banco Mundial, demostraron que el incremento en el 10% del nivel de penetración de Internet de alta velocidad, incrementa en un 1.38% el crecimiento del Producto Interno Bruto en países de desarrollo y en países desarrollados el 1.21%.

Por su parte, investigaciones de la OCDE y de la CEPAL han evidenciado que su uso tiene la capacidad real de mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, ya que revoluciona actividades tan variadas como la democracia, la educación y la salud, por mencionar algunas de ellas, lo cual representa una oportunidad sin precedentes para las sociedades.

En este sentido, durante la sexta reunión de la Comisión de Banda Ancha, el Secretario General de la ONU aseguró que la banda ancha se ha transformado en un elemento que tiene el potencial para generar avances en los tres pilares de desarrollo sostenible: la prosperidad económica, la inclusión social y la sustentabilidad ambiental.

Derivado de lo anterior, los gobiernos han diseñado sus agendas digitales denominadas “Planes de Banda Ancha”, países como Estados Unidos, la Comunidad Europea, Chile, Finlandia, Gran Bretaña, Argentina y recientemente México, han anunciado la implementación de financiamiento público directo a la construcción de infraestructura en banda ancha.

La experiencia internacional ha demostrado que los países modernos que utilizan dichas tecnologías son más eficientes, más transparentes y receptivos; por el contrario, los países que carecen de acceso asequible a ella, corren el riesgo de quedar a la zaga de la sociedad de la información mundial.

Sin embargo, el reto de los gobiernos para adoptarlas e instrumentarlas en sus estructuras y superestructuras es colosal, dado que existen múltiples limitantes que van marginando a la mayoría de ellos, principalmente los que están en vías de desarrollo, que es el caso de nuestro país.

Con base en los datos de la OCDE, México ocupa el último lugar en penetración de banda ancha móvil y el penúltimo en banda ancha fija, del total de los 34 países que la integran. El organismo destaca que por cada 100 habitantes, 9.8 mexicanos son usuarios de Internet de banda ancha, mientras que la penetración media se ubicó en 56.6 suscriptores de cada 100 habitantes en los países más desarrollados.

Lo anterior plantea la necesidad e importancia de contribuir y materializar desde el Legislativo, las políticas encaminadas a la adopción e instrumentación de las tecnologías de la información y Comunicación para que éstas sean el motor de crecimiento, desarrollo y bienestar de los mexicanos.

Aprovechando la convergencia política traducida por el Pacto por México, alcanzaremos las metas de la agenda digital de acceso universal a Internet para el 2015.

Las reformas propuestas a la Ley Federal de Telecomunicaciones, de ser adoptadas, pretenden establecer como política permanente, acciones dirigidas a promover el crecimiento de la cobertura de acceso a Internet de banda ancha móvil y fija, teniendo como fin último el acceso universal a lo largo y ancho del territorio nacional.

Asimismo, se mandata la instrumentación de programas de alfabetización e inclusión digital para el mejor aprovechamiento de usos y potencial de estas herramientas tecnológicas.

Es cuanto, señor Presidente.

Le solicito amablemente inscribir íntegramente la presente iniciativa en el Diario de Debates.

Muchas gracias.

(Aplausos)

Iniciativa

“La que suscribe Senadora, Maria del Rocío Pineda Gochi integrantes del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción II y 73, fracción XVII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y por los artículos 8, fracción I, 164, 169, 172 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta Soberanía la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se adicionan las fracciones XVIII y XIX al artículo 3; se reforma la fracción X y adiciona una fracción XVI al artIculo 7; y se adiciona un pArrafo segundo, al artIculo 50 de la Ley Federal de Telecomunicaciones, al tenor de la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

A lo largo de los últimos años el uso de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) han revolucionado el panorama de las comunicaciones a nivel global, repercutiendo en todos los ámbitos de la sociedad. El conocimiento del potencial de estas herramientas tecnológicas, como factor de eficiencia y productividad, y por ende, de crecimiento y desarrollo, han desencadenado una carrera, principalmente entre los gobiernos de países desarrollados, por diseñar e instrumentar políticas tendientes al acceso universal de dichas tecnologías para sus ciudadanos.

Hoy en día, las sociedades modernas sustentan la mayoría de sus actividades en las TIC, modificando sus formas de comunicación, de educación, de producción, los métodos de trabajo y de negocios y los patrones de consumo. La experiencia internacional ha demostrado que los gobiernos modernos que utilizan dichas tecnologías son más eficientes, transparentes y receptivos, por el contrario, los países que carecen de acceso asequible a ellas, corren el riesgo de quedar a la zaga de la Sociedad de la Información mundial.

El uso de internet de banda ancha móvil y fija como la principal herramienta, ha evidenciado la capacidad real de mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, actuando como factor catalizador del desarrollo y crecimiento económico y revolucionando actividades tan variadas como la democracia, la educación, y la salud, por mencionar algunas, lo cual representa una oportunidad sin precedentes para todas las sociedades. Sin embargo, el reto de los gobiernos para adoptarlas e instrumentarlas en sus estructuras y superestructuras es colosal, dado que existen múltiples limitantes que van marginando a la mayoría de ellos, principalmente los que están en vías de desarrollo, que es el caso de nuestro país.

Dentro de los principales elementos, encontramos el enorme costo económico que implica adoptarlas y la dependencia tecnológica de los países desarrollados. Aunado a ello, la innovación tecnológica ocasiona cambios acelerados a nuevas plataformas tecnológicas que van segregando y desfasando a aquellos gobiernos que no las adoptan, dejándolos obsoletos.

Lo anterior hace evidente la necesidad e importancia de contribuir y materializar desde el legislativo, las políticas encamina das a la adopción e instrumentación de las TIC para que estas sean el motor de crecimiento, desarrollo y bienestar de los mexicanos.

La experiencia internacional

Para que las TIC puedan cumplir el papel de habilitadoras del crecimiento económico y social de un país, es fundamental que existan redes con capacidad suficiente para satisfacer la demanda. Es por ello que el acceso a los servicios de banda ancha móvil y fija para la población se ha convertido en una prioridad dentro de las políticas nacionales de la mayoría de los países.

El reconocimiento de que la banda ancha es un motor para el crecimiento y la generación de bienestar, se ve reflejado en las diferentes iniciativas que a nivel internacional han sido adoptadas para promoverla. Diversos organismos internacionales han realizado una serie de investigaciones que demuestran con evidencia empírica la viabilidad de invertir en infraestructura de internet de banda ancha móvil y fija.

En la Declaración de Principios adoptada en la primera fase de la Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la Información (CMSI) realizada en Ginebra en el 2003, se estableció que las TIC son un factor importante para el crecimiento porque aumentan la eficiencia y la productividad, sobre todo entre las pymes (Pequeñas y medianas empresas). En el documento también se sostiene que la distribución equitativa de los beneficios de la mayor productividad y las innovaciones aplicadas que resultan de las TIC entre todos los sectores económicos contribuye a la erradicación de la pobreza y el desarrollo social.

Por otro lado, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) presentó en el 2005 una investigación sobre “Tecnología de la información y las comunicaciones (TIC) para el fomento de las pymes exportadoras en América Latina y Asia oriental” cuyo principal objetivo era estudiar el uso de las TIC que pymes de cada país miembro del Foro de Cooperación América Latina-Asia del Este (FOCALAE), de ello se derivó que las pymes desempeñan un papel fundamental como generadoras de empleo, agentes de estabilización social y fuentes de innovación, especialmente en los países en desarrollo. De ese modo contribuyen al alivio de la pobreza y al proceso general de desarrollo económico. Aunque muchas empresas todavía tienen grandes dificultades para iniciar y ampliar sus actividades comerciales, la revolución en el sector de las TIC cuando se acompaña por medidas gubernamentales adecuadas, se les brinda una oportunidad para superar muchos de esos obstáculos.

En el 2009 el Banco Mundial presentó un informe titulado Information and Communications for Development: Extending Reach and Increasing Impact (Información y Comunicación para el desarrollo: Ampliar el alcance y aumentar el impacto) donde se analizan en detalle los efectos de la TIC en el crecimiento económico de los países. El documento revela que incremento de 10% en el nivel de penetración de internet de alta velocidad, incrementan en 1.38% en el crecimiento del producto interno bruto (PIB) en países en desarrollo y 1.21% en países desarrollados. Asimismo, se señala que la telefonía móvil es la manera más eficaz de llegar a cientos de millones de personas que viven en zonas alejadas y rurales y brindarles servicios públicos y privados.

A finales del 2012, la Comisión de Banda Ancha para el Desarrollo Digital dio a conocer un análisis denominado The State of Broadband 2012: Achieving Digital Inclusion for All (El estado de la Banda Ancha 2012: Lograr la inclusión digital para todos) que nos habla sobre el despliegue del servicio de banda ancha a nivel mundial, el progreso, penetración en los 117 países evaluados. El informe fue presentando durante la sexta reunión de la Comisión de Banda Ancha, en donde el Secretario General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Ban Ki-moon, aseguró que la banda ancha se ha transformado en un elemento que tiene potencial para generar avances en los tres pilares del desarrollo sostenible: la prosperidad económica, la inclusión social y la sustentabilidad ambiental.

Según el informe, el acceso a internet en los hogares ha crecido fuertemente, junto con el uso individual, lo que desemboca en una amplitud mucho mayor de personas que tienen la posibilidad de usar de forma efectiva la herramienta. Esta tendencia se estaría registrando con más fuerza desde el 2011, ya que las suscripciones de banda ancha móvil crecieron el doble que las conexiones de banda ancha fija. Quedó atrás la afirmación de que internet sirve sólo para comunicarse, o así lo aseguró dicho documento: “la banda ancha ha mejorado la vida de las personas en todo el mundo, ya que esta herramienta es utilizada para áreas como la salud, educación, transacciones bancarias, y también la promoción de innovación, cada vez con mayor fuerza”.

Cabe mencionar que dicha Comisión de Banda Ancha para el Desarrollo Digital fue establecida por la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT) y las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), en respuesta al llamamiento de la ONU, de intensificar los esfuerzos para alcanzar los Objetivos de Desarrollo del Milenio, lanzado en el 2010.

Atendiendo a las recomendaciones de éstas agendas digitales diversos países diseñaron sus propias agendas denominadas “Planes de banda ancha”, gobiernos como Estados Unidos de América (Plan Nacional de Banda 2009), la Comisión Europea (Europa 2020, 2010), Chile (Estrategia Digital 2007-2012), Finlandia (Agenda Digital 2011), Gran Bretaña (Bretaña Digital 2009), Brasil (Sociedad de la Información en Brasil 2001), Argentina (La Agenda Digital 2009), Uruguay (Agenda Digital Uruguay 2011-2015), Corea del Sur (Estrategia Digital Nacional 2000), Colombia (Vive Digital 2010) y México (Agenda Digital.Mx 2012) han anunciado la implementación de financiamiento público directo a la construcción de infraestructura en banda ancha. A manera de ejemplo, se destacan de manera somera los objetivos principales de algunas agendas:

En 2009, Estados Unidos de América (EUA) elaboró un “Plan Nacional de Banda” Ancha. Su objetivo principal fue expandir los servicios de banda ancha de alto rendimiento para que todas las personas gozaran de sus beneficios. Las estrategias que se están implementando para dichos fines van enfocadas principalmente a la promulgación de políticas que incentiven y garanticen la competencia en el mercado de telecomunicaciones (monitoreo de los precios y velocidades, establecimiento de criterios de referencia y mayor información a los consumidores sobre las tarifas y calidad de los servicios), así como la ampliación y asignación eficiente del espectro radioeléctrico.

La Comisión Europea puso en marcha en 2010 la estrategia “Europa 2020” con el objetivo de acelerar la salida de la crisis y preparar su economía para los retos de la próxima década. La “Agenda Digital para Europa” es una de las siete iniciativas emblemáticas de la estrategia Europa 2020. El documento plantea un conjunto de estrategias para impulsar la economía digital y el objetivo principal es trazar un rumbo que permita maximizar el potencial económico y social de las TIC, y en particular de Internet, como soporte esencial de la actividad económica y social. Las áreas prioritarias de acción son: la creación de un solo mercado digital; el acceso a Internet ultra rápido; garantizar la cobertura universal de banda ancha; reforzar y hacer más productiva la investigación; y aumentar la alfabetización digital y la inclusión.

La Agenda chilena lleva por nombre “Estrategia Digital 2007-2012”. La publicación del documento estuvo a cargo del Comité de Ministros para el Desarrollo Digital. Los objetivos de esta estrategia consisten en contribuir al desarrollo económico y social del país a través del potencial que ofrece el uso de las tecnologías de información y comunicación para mejorar la calidad de la educación, incrementar la transparencia, aumentar la productividad y competitividad y hacer mejor gobierno, a través de una mayor participación y compromiso ciudadano. Destaca el impulso a prácticas de e-aprendizaje que se ha realizado entre organismos del Estado chileno.

En 2001, Brasil elaboró el documento “Sociedad de la Información en Brasil”, también conocido como el “Libro Verde”, el cual tiene como objetivo integrar, coordinar y fomentar acciones para la utilización de las TIC, de forma que contribuyan a la inclusión social de todos los brasileños en la SIC y mejoren la competitividad de la economía. Destaca que se hayan tomado en cuenta iniciativas para reformar el marco legal para su adaptación al comercio electrónico, mecanismos de ciber-seguridad para el usuario, sistemas financieros y de pago electrónicos, tributación por Internet, entre otras. Lo anterior ha permitido que hoy en día Brasil sea el país latinoamericano que más transacciones realiza a través de comercio electrónico.

En el 2012, la Secretaria de Comunicaciones y Transportes presentó su Agenda Digital.Mx donde se obliga al Estado a promover acciones que contribuyan a ampliar su cobertura (fijando como meta el 2015 para lograr la cobertura universal), reducir costos y garantizar la oferta competitiva de los servicios de telecomunicación. La agenda descansa en seis líneas de acción:

1. Avanzar para que todos los mexicanos tengan acceso a internet, con suficiente cobertura, calidad y asequibilidad de banda ancha.

2. Empleo de TIC para la población de menores ingresos con la inclusión de pueblos y comunidades indígenas, personas discapacitadas, adultos mayores y la inclusión de las mujeres.

3. El empleo de TIC con conectividad en centros educativos, buscando generar habilidades de alumnos y docentes y contenidos educativos.

4. Uso de TIC para la salud, en centros de salud, para telemedicina.

5. TIC para la competitividad, que supone competencia laboral, aumento de la productividad, en ciencia, investigación e innovación y en la sustentabilidad del medio ambiente, y

6. Gobierno digital, para alcanzar la simplificación administrativa con la participación de los ciudadanos para lograr la transparencia y un gobierno abierto.

Como podemos dar cuenta, el entorno internacional demuestra la prioridad y preponderancia por parte de diversos gobiernos de usar como palanca de desarrollo el uso de las TIC priorizando el acceso universal al internet de Banda Ancha fija y móvil, el crecimiento acelerado del uso de estas tecnologías está marcando la pauta para la instrumentación de políticas públicas, por lo que los senadores de esta legislatura debemos acompañarlas y fortalecerlas con una serie de reformas legislativas, que nos permitan estar en el grupo de los países vanguardistas en la materia y sobre todo beneficiar a todos los mexicanos de las bondades de estas herramientas tecnológicas.

Contexto Nacional

Los datos siguientes demuestran la necesidad incursionar en la coyuntura tecnológica, para que nuestro país no quede rezagado respecto otras economías con el mismo potencial y similitud económica.

De acuerdo a los últimos datos estadísticos publicados por Internet World Stats (30 de junio de 2012) se estimó que la población mundial ascendió a 7,018 millones de habitantes, de los cuales 2,405 millones son usuarios de internet, lo que representa una penetración mundial del 34.3%. En lo que respecta a la región de América Latina y el Caribe, de una población estimada de 594 millones de personas, 255 millones son usuarios de internet, que equivalen a una penetración del 42.9%, cifra que ubica el grado de penetración de la región 8.6% por encima del promedio mundial.

Para el caso de México, de una población de 114.9 millones, 42 millones son usuarios de internet, los cuales representan el 36.5% de penetración, lo cual lo ubica 6.4% por debajo del promedio de la región, apenas 2.2% por encima del promedio mundial, 41.6% por debajo de Estados Unidos de Norteamérica (314 millones de habitantes, 245 millones de usuarios de internet, 78.1% de penetración) y 46.5% de Canadá (34 millones de habitantes, 28 millones de usuarios de internet, 83.0% de penetración). Estos datos, reflejan que la reducción de la brecha digital es un tema prioritario para nuestro país.

Con base en los datos de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) México ocupa el último lugar en penetración de banda ancha móvil y penúltimo en banda ancha fija, del total de los 34 países que integran. El organismo destaca que había 9.8 usuarios mexicanos de banda ancha por cada 100 habitantes a junio de 2012, mientras que la penetración media de la OCDE se ubicó en 56.6 suscriptores por cada 100 habitantes.

Por otro lado, dicho organismo reconoce que existen 12.1 millones de conexiones móviles en el país, cifra que nos ubica en el octavo lugar, entre las economías afiliadas. En el mismo sentido, se ubicó al país en el último lugar del segmento de internet de banda ancha móvil, con una penetración de 9.8% con 10.7 millones de conexiones, una cobertura muy baja para el tamaño de su población (114 millones de habitantes).

Por otra parte, la Secretaria de Comunicaciones y Transportes presentó un diagnóstico denominado “Acciones para el fortalecimiento de la banda ancha y las tecnologías de la información y comunicación” donde se encontraron divergencias respecto al grado de penetración entre zonas urbanas, suburbanas y rurales de acuerdo a la situación geográfica, no sólo en la penetración de los servicios sino en la infraestructura disponible. El 63% de la población vive en áreas urbanas, definidas éstas como localidades con más de quince mil habitantes; esta población muestra los mejores indicadores de penetración. De los 18 millones de hogares urbanos, 55% cuenta con teléfono fijo, 77% con al menos un teléfono móvil, 40% posee una computadora y 30% tienen conexión a internet. Además, de las 630 localidades urbanas, 98% cuentan con al menos dos operadores de telecomunicaciones.

Por lo que se refiere a las áreas rurales con menos de 2,500 habitantes, 17% de los 6.1 millones de hogares cuentan con teléfono fijo, 36% poseen al menos un teléfono móvil, 7% tiene computadora y 3% están conectados a internet. De las 188,593 localidades con menos de 2,500 habitantes, menos del 7% cuenta con al menos dos operadores que prestan servicios básicos de telecomunicaciones.

El patrón de la infraestructura de banda ancha fija es similar; de las 630 localidades urbanas, 87% tienen infraestructura de este tipo; para las localidades con menos de 2,500 habitantes, esta cifra es menor a 3%.

Las cifras anteriores demuestran que en nuestro país existe un enorme rezago y desigualdad de acceso a las TIC. Este escenario, es definido por la OCDE como brecha digital y es la diferencia entre individuos, hogares, negocios y áreas geográficas respecto a las oportunidades para acceder a las TIC y al uso de Internet. Diversos estudios demuestran que la brecha digital está correlacionada con el nivel de ingreso y es un factor importante de inequidad y desigualdad.

De acuerdo con el último Reporte de Competitividad Global del Foro Económico Mundial (2011-2012), México se encuentra ubicado en la posición 52 entre 142 países en el número de suscripciones de Internet de banda ancha por cada 100 habitantes. Se ubicó por arriba de países como Brasil, Rusia, China o India, y sólo Chile y Uruguay lo superan dentro de los países latinoamericanos. En este sentido, nos enfrentamos a tres grandes retos que presenta el desarrollo de la banda ancha móvil y fija, es decir, tenemos que reducir la brecha digital compuesta por las brechas de mercado, de acceso y de apropiación, por lo tanto:

El primer reto es reducir la brecha de mercado. Dicha brecha como se ha señalado, se refiere a la diferencia entre los niveles de penetración existentes y los que potencialmente se pueden alcanzar y para ello es necesario continuar eliminando barreras de entrada al sector.

La falta de competencia en telecomunicaciones ha generado mercados ineficientes que imponen costos significativos a la economía mexicana y que inciden de manera negativa en el bienestar de su población. El sector se caracteriza por altos precios, entre los más elevados de los países miembros de OCDE, y falta de competencia, lo que tiene como consecuencia una baja tasa de penetración de los servicios y un pobre desarrollo de la infraestructura necesaria para prestarlos.

El segundo consiste en disminuir la brecha de acceso, aquella que persiste en zonas aisladas o en segmentos de la población de bajos ingresos, que no resultan rentables para el capital privado en la prestación de servicios. En este rubro, se requiere realizar acciones conjuntas entre el Estado y la iniciativa privada para atender a dichos segmentos de la población.

El tercero consiste en aminorar la brecha de apropiación, aquella que persiste aún con el acceso a la banda ancha y requiere de capacitación digital así como de contenidos útiles para el usuario. Para ello es necesario promover programas de aprendizaje digital en la población así como ofrecer contenidos útiles al ciudadano que hagan atractivo el acceso a internet.

Justificación de la reforma

Como se argumentó anteriormente, existe suficiente experiencia internacional sobre la alta correlación entre la inversión en las tecnologías de la informacióny su impacto en la productividad, eficiencia y crecimiento de las economías, por lo que nuestro país, no debe dudar en apuntar sus baterías para concretar las diversas acciones y medidas tomadas en administraciones pasadas, como es el caso de la Agenda Digital.Mx y múltiples recomendaciones de los organismos internacionales.

La coyuntura de convergencia política, traducida en el Pacto por México, retoma como tema nodal en su agenda de reformas, el acceso universal a internet,lo cual, sienta las bases para que los legisladores de las diferentes fuerzas políticas acompañemos dichas propuestas, y en la medida de lo posible establezcamos en nuestro marco jurídico nacional las reglas del juego, dado que la agenda incluye una serie de objetivos, líneas de acción y estrategias que sólo se podrán consolidar con la participación del gobierno, la sociedad civil, la industria y la academia.

Mediante este consenso nacional sobre las consecuencias y oportunidades que ofrece el acceso a la banda ancha fija y móvil para toda la sociedad; al emprender esta etapa de formulación de una política, también es importante la adopción de un análisis intersectorial. Convendría que la formulación de un marco de política en materia de banda ancha contemplará además planes de desarrollo de recursos humanos, necesarios para garantizar una implantación y utilización máxima de la infraestructura. Las consideraciones de orden político deberán incluir la necesidad de crear catalizadores de oferta y demanda para el gobierno, las empresas y los ciudadanos.

Actualmente, el marco normativo/legislativo que rige en nuestro país para el desarrollo de las prácticas de fomento del uso y aprovechamiento de las TIC e Internet, como entes habilitadores de una verdadera Sociedad de la Información y del Conocimiento, aún está en proceso de consolidación. Posee una estructura relativamente grande, pero el grueso de las leyes que lo conforman aún no han podido cubrir todos los temas de regulación que nuestra economía necesita para seguir creciendo de forma más ágil. Prueba de ello, son los hechos cada día más frecuentes donde distintos actores del sector pelean, entre ellos o contra el propio gobierno, por mantener el control de algún bien en concesión o por no permitir la entrada de nuevos competidores al mercado de las telecomunicaciones.

A finales del año pasado, la Asociación Mexicana de Internet, A.C. (AMIPCI) presentó un Estudio de Agendas Digitales para la Elaboración de un Programa de Desarrollo Digital (PDD 2012-2018), realizado por el Tecnológico de Monterrey, a través de Centro de Estudios sobre Internet y Sociedad (CEIS), en el cual, se analizaron las iniciativas relacionadas con la materia, presentadas en las dos legislaturas pasadas (LX y LXI). De lo anterior se desprende que México cuenta con una historia legislativa en materia de telecomunicaciones diversa, en la cual aún quedan muchos temas pendientes, como por ejemplo, aquellos relacionados con la regulación y la competencia. Respecto a temas de las TIC, tuvo gran importancia el fomento de un gobierno electrónico eficaz, la protección de los datos personales y el combate a la pornografía infantil.

Sin embargo, respecto al tema de inclusión de las TIC en la educación, las propuestas son relativamente pocas. Asimismo, es importante considerar que de las 309 iniciativas analizadas en el estudio, se encontraron 183 pendientes relacionadas con las TIC, de las cuales, 67 tienen su origen en la Cámara de Senadores y 106 en la Cámara de Diputados. Cabe destacar, que en la actual legislatura se han presentado otras propuestas de reforma por lo que la lista sigue incrementándose.

Muchas de estas iniciativas pendientes reflejan la importancia de la tecnología, las telecomunicaciones y las TIC como elementos básicos para el desarrollo social y económico de México. No obstante la cantidad, da cuenta por sí mismas de que, al parecer, en el ámbito político aún no se comprenden los beneficios y la importancia que existe a nivel internacional, regional y local respecto las TIC, las telecomunicaciones y la tecnología per se.

En consecuencia, la presente iniciativa pretende definir en la Ley Federal de Telecomunicaciones conceptos y atribuciones jurídicas a las Secretarías competentes, que les permitan establecer como mandato federal una política digital y de inclusión infalible, que acompañen las diversas agendas y pactos suscritos por nuestro país.

La mayoría de los países pertenecientes a la UIT, aprovechan las experiencias de los países más avanzados en la materia e instrumentan las medias y recomendaciones acordadas. Por lo que, parte de esta iniciativa de reforma retoma propuestas del informe “Tendencias en las reformas de telecomunicaciones 2012: reglamentación inteligente para un mundo en banda ancha” presentado en Ginebra, Suiza en el 2011 y en los resolutivos plasmados en las Actas finales, de la Conferencia Mundial de Telecomunicaciones Internacionales, llevada a cabo en Dubái, en 2012.

De los artículos modificados

En primer lugar, para poder homologar las diversas propuestas de los actores involucrados en los temas de las TIC, considero oportuno definir el concepto de Internet en la ley en cuestión. Haciendo una revisión de leyes en la misma materia de otros países, no se encuentra conceptualizada está acepción. A nivel internacional, existe un consenso generalizado sobre su definición, por lo que muchos gobiernos han insertado en sus leyes constitucionales y secundarias dicho concepto sin definirlo, como es el caso de España, Colombia, Brasil, por mencionar algunos.

Para poder conceptualizar propongo retomar las definiciones de la Agenda Digital.Mx y la de Electropedia: The World's Online Electrotechnical Vocabulary de la International Electrotechnical Commission de la IUT. La primera, define Internet como: “el conjunto descentralizado de redes de comunicación interconectadas que utilizan el intercambio de mensajes y transmisión de datos entre computadoras, garantizando que las redes físicas que la componen, funcionen como una red lógica única, de alcance mundial”.

Por su parte,el concepto de internet de Electropedia es el siguiente: “worldwide and open computer network which provides several types of communication services, using a common set of protocols specified for the routing of packets” (red informática mundial y abierto que proporciona varios tipos de servicios de comunicación, utilizando un conjunto común de protocolos especificado para el enrutamiento de paquetes).

Analizando estás dos acepciones de manera objetiva y bajo reserva de la opinión de los expertos en el tema, propongo la siguiente propuesta de adición del concepto de internet, como una fracción VIII del artículo 3, para quedar como sigue:

Internet: Conjunto descentralizado de redes interconectadas y abiertas que proporcionan varios tipos de servicios de comunicación, utilizando protocolos específicos para el enrutamiento de paquetes de datos que garantizan, que las redes físicas que la componen, funcionen como una red lógica única de alcance mundial.

Como segunda propuesta, y derivado de las acciones de la propia Agenda Digital.Mx; de las “Estrategias Claves para el Desarrollo Digital de México: Gobierno Electrónico, Conectividad a Banda Ancha y Capital Humano” de la AMIPCI; y las recomendaciones del “Diálogo sobre Políticas de Banda Ancha en América Latina y Europa” de Culumbia Institute for Tele-Information consideré pertinente sentar las bases conceptuales para una política pública permanente sobre “alfabetización e inclusión digital” la cual quedará definida en la fracción IX del artículo 3 de la ley en comento, de la siguiente forma:

XIX. Alfabetización e Inclusión Digital: medidas y acciones tendientes a incentivar la enseñanza e instrumentación de las tecnologías de la información y comunicación, priorizando las regiones con menor acceso y con altos índices de marginación.

En el mismo tenor, se propone reformar la fracción X del artículo 7 de ésta Ley federal para que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en coordinación con la Secretaría de Educación promuevan la instrumentación de programas de alfabetización e inclusión digital, para que en los programas educativos en todos los niveles escolares incluyan material que permita una mejor asimilación y adaptación a las nuevas TIC, así mismo, programas destinados a los adultos mayores para que no sean marginados por la embestida tecnológica, en consecuencia la presente reforma quedará de la siguiente manera:

X. Promover el fortalecimiento de los valores culturales y de la identidad nacional mediante programas de alfabetización e inclusión digital en coordinación con la Secretaría de Educación.

Cabe resaltar, que actualmente la agencia de la Administración Nacional de Telecomunicaciones e Información (NTIA), del Departamento de Comercio de Estados Unidos de Norteamérica ha instrumentado un programa de alfabetización digital derivado de sus políticas de internet de banda ancha móvil y fija para lograr una cobertura universal de acceso con infraestructura de internet de alta velocidad.

Finalmente, como resultado de un análisis exhaustivo de las diversas agendas de los países y sus respectivas recomendaciones. Así como las metas propuestas en la Agenda Digital.Mx para el 2015 y en cumplimiento de las 4 metas aprobadas por la Comisión de la Banda Ancha, derivadas del estudio sobre la Medición de la Sociedad de la Información 2012, propongo establecer en el ámbito federal, acciones dirigidas a promover el crecimiento de la cobertura de acceso a internet de banda ancha móvil y fija, acorde a las nuevas tecnologías de interconexión en la materia y promover políticas públicas cuyo fin último será el acceso universal a internet en todo el territorio nacional. Para ello, se propone adicionar una fracción XVI al artículo 7 y adicionar un párrafo segundo al artículo 50 de la ley en comento, para quedar de la siguiente forma:

XVI. Ejecutar, adicionar y revisar periódicamente las acciones dirigidas a promover el crecimiento de la cobertura de acceso a internet de banda ancha móvil y fija, acorde a las nuevas tecnologías de interconexión en la materia.

Artículo 50. …

Promoverá e impulsará políticas de acceso a internet de banda ancha móvil y fija, teniendo como fin último el acceso universal en el territorio nacional.

...

...

Para lograr estas reformas, debemos de partir de la premisa de que el acceso universal a internet consiste en hacer disponible la banda ancha fija y móvil para todas las personas, ya sea desde sus hogares, lugares de trabajo, escuelas, red de centros comunitarios digitales o cibercafés, independientemente de su condición socioeconómica, geográfica, regional o cultural.

Se tiene que considerar que las fuerzas del mercado impulsan la inclusión digital de un amplio sector de la población. Sin embargo, la inclusión de grupos vulnerables o población que habita en zonas donde no existen suficientes incentivos económicos para que los operadores presten servicios de telecomunicaciones a precios asequibles, requiere de la intervención gubernamental para corregir las desventajas relativas. En consecuencia, para hacer efectivo el acceso universal, el Gobierno Federal deberá promover estrategias diversas, que incluyan el fomento de la competencia en los mercados de telecomunicaciones, la inversión en zonas no rentables y la promoción de asociaciones público-privadas.

Lograr la inclusión digital de sectores más amplios de la población mexicana requiere de la inversión del sector privado en mercados competitivos. Sin embargo, la práctica internacional muestra que los mercados eficientes no han sido condición suficiente para garantizar la existencia de acceso para toda la población, particularmente en zonas de baja densidad poblacional y bajo poder adquisitivo. Por lo tanto, hacer efectivo el acceso universal requiere de la intervención del Estado.

La inversión pública debe procurar no desplazar a la inversión privada ni tensar las finanzas públicas, por lo que preferentemente se deberá realizar mediante figuras de contratación y de asociaciones público-privadas.

Para maximizar los beneficios sociales, económicos y medioambientales de la Sociedad de la Información, los legisladores debemos legislar para dotar de un entorno jurídico, reglamentario y político fiable, transparente y no discriminatorio, que ofrezca los incentivos necesarios para el desarrollo de las TIC.

México necesita fortalecer su participación en el concierto de naciones que basan su crecimiento y desarrollo humano en el aprovechamiento de las TIC. Para ello es de primer orden realizar un ejercicio de planeación estratégica y la articulación de un entorno habilitador en materia digital, a fin de no retrasar su ingreso a la Sociedad del conocimiento. El modelo colaborativo mediante los 3 órdenes gobierno, el sector privado, la sociedad civil y los académicos será una fórmula imprescindiblepara conseguirlo.

De la técnica legislativa.

La técnica legislativa utilizada en el proyecto de Decreto, es la siguiente:

a) Realce y letra cursiva, para las reformas al texto vigente de la Ley Federal de Telecomunicaciones.

b) Realce, para las adiciones al texto vigente de la Ley Federal de Telecomunicaciones.

En mérito de todo lo fundado y motivado, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea, la siguiente iniciativa con proyecto de:

DECRETO POR EL QUE SE ADICIONAN LAS FRACCIONES XVIII Y XIX AL ARTICULO 3; SE REFORMA LA FRACCION X Y SE ADICIONA UNA FRACCION XVI AL ARTICULO 7; Y SE ADICIONA UN PARRAFO SEGUNDO AL ARTICULO 50 DE LA LEY FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES.

UNICO. Se adicionan las fracciones XVIII y XIX al 3; se reforma la fracción X y se adiciona una fracción XVI al artículo 7; y se adiciona un párrafo segundo al artículo 50, recorriéndose en el orden los subsecuentes, de la Ley Federal de Telecomunicaciones para quedar como sigue:

Artículo 3. Para los efectos de esta Ley se entenderá por:

I. al XVII. …

XVIII. Internet: Conjunto descentralizado de redes interconectadas y abiertas que proporcionan varios tipos de servicios de comunicación, utilizando protocolos específicos para el enrutamiento de paquetes de datos que garantizan, que las redes físicas que la componen, funcionen como una red lógica única de alcance mundial.

XIX. Alfabetización e Inclusión Digital: medidas y acciones tendientes a incentivar la enseñanza e instrumentación de las tecnologías de la información y comunicación, priorizando las regiones con menor acceso y con altos índices de marginación.

Artículo 7. La presente Ley tiene como objetivos promover un desarrollo eficiente de las telecomunicaciones; ejercer la rectoría del Estado en la materia, para garantizar la soberanía nacional; fomentar una sana competencia entre los diferentes prestadores de servicios de telecomunicaciones a fin de que éstos se presten con mejores precios, diversidad y calidad en beneficio de los usuarios, y promover una adecuada cobertura social.

Para el logro de estos objetivos, corresponde a la Secretaría, sin perjuicio de las que se confieran a otras dependencias del Ejecutivo Federal, el ejercicio de las atribuciones siguientes:

I. al IX. …

X. Promover el fortalecimiento de los valores culturales y de la identidad nacional mediante programas de alfabetización e inclusión digital en coordinación con la Secretaría de Educación.

XI. al XV. …

XVI. Ejecutar, adicionar y revisar periódicamente las acciones dirigidas a promover el crecimiento de la cobertura de acceso a internet de banda ancha móvil y fija, acorde a las nuevas tecnologías de interconexión en la materia.

Artículo 50. La Secretaría procurará la adecuada provisión de servicios de telecomunicaciones en todo el territorio nacional, con el propósito de que exista acceso a las redes públicas de telecomunicaciones para la atención de servicios públicos y sociales, de las unidades de producción y de la población en general.

Promoverá e impulsará políticas de acceso a internet de banda ancha móvil y fija, teniendo como fin último el acceso universal en el territorio nacional.

...

...

ARTICULOS TRANSITORIOS

Primero.- El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo.- Cualquier disposición que contravenga lo dispuesto en el presente Decreto quedará sin efectos.

Tercero.- Se pone a consideración del titular del Ejecutivo Federal instrumentar un Programa Nacional de Alfabetización e Inclusión Digital contenido en el Presupuesto de Egresos de la Federación correspondiente.

Cámara de Senadores, a 12 de febrero de 2013.

Sen. María del Rocío Pineda Gochi”.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, Senadora María del Rocío Pineda Gochi. Se turna a las Comisiones Unidas de Comunicaciones y Transportes; y de Estudios Legislativos.

Sonido en el escaño de la Senadora Lisbeth Hernández.

- La C. Senadora Lisbeth Hernández Lecona: (Dese su escaño) Señor Presidente, solicitarle a la promovente si nos permite incluirnos en la iniciativa.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Senadora Pineda Gochi, ¿acepta usted la incorporación de las Senadoras a su iniciativa?

Pido a la Secretaría que tome nota de ello para que la Senadora Mely Romero también se incorpore a la propuesta que ha hecho la Senadora Pineda Gochi.

Se recibió de los Senadores integrantes de los grupos parlamentarios del PRI, del PRD, del PVEM y del PT, una iniciativa con proyecto de Decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley General de Víctimas y reforma el artículo 182-R del Código Federal de Procedimientos Penales, el cual se turna a las Comisiones Unidas de Gobernación; de Justicia; y de Estudios Legislativos, Segunda para su análisis y dictamen correspondiente.





 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE VICTIMAS Y SE REFORMA EL ARTICULO 182-R DEL CODIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES

(Presentada por los CC. Senadores integrantes de los grupos parlamentarios del PRI, PRD, PVEM y PT)







 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY FEDERAL DE SEGURIDAD PRIVADA Y DE LA LEY GENERAL DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA

(Presentada por el C. Senador Francisco García Cabeza de Vaca, a nombre propio y de los CC. Senadores Carlos Mendoza Davis, Víctor Hermosillo y Celada, Daniel Gabriel Avila Ruiz, Roberto Gil Zuarth, Raúl Gracia Guzmán, Fernando Yunes Márquez, Fernando Herrera Avila, Juan Carlos Romero Hicks y Silvia Guadalupe Garza Galván, del grupo parlamentario del PAN)

- El C. Senador Francisco García Cabeza de Vaca: Con su venia, señor Presidente; compañeras Senadoras, compañeros Senadores:

El de la voz, así como de los Senadores Carlos Mendoza Davis, Víctor Hermosillo y Celada, Daniel Gabriel Avila Ruiz, Roberto Gil Zuarth, Raúl Gracia Guzmán, Fernando Yunes Márquez, Fernando Herrera Avila, Juan Carlos Romero Hicks y Silvia Garza Galván, quienes también suscriben esta iniciativa, presentamos ante este Pleno la iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal de Seguridad Privada y de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Por economía procesal parlamentaria, no daré lectura al articulado del Decreto, por lo que le solicito que el texto completo de la iniciativa sea incorporado de manera íntegra al Diario de los Debates.

De manera progresiva ha surgido en el país, la realización de actividades de seguridad, guardia y custodia por instancias o agentes privados como respuesta al crecimiento de inseguridad que se vive a diario. Resulta de lo más común que la sociedad se auxilie del servicio de seguridad privada para la realización de sus actividades, sobre todo en casos de protección de personas, bienes e inmuebles.

Los antecedentes a nivel nacional por reglamentar, registrar y dar seguimiento a las actividades de seguridad privada, data de 1991 cuando la Secretaría de Gobernación llevó a cabo el Registro Nacional de Servicios Policiales y de Equipo y Material, con el que contaban las empresas prestadoras.

En el año 2000, con la creación de la Secretaría de Seguridad Pública se le confirió la facultad de otorgar las autorizaciones de las citadas empresas que prestan sus servicios en dos o más entidades federativas, así como de supervisar su funcionamiento.

A partir de entonces se estableció una diferencia, vigente hasta la fecha. Los permisos para el funcionamiento de empresa de seguridad privada cuando operan en dos o más entidades federativas los emite la Secretaría correspondiente y cuando se trata de una sola entidad ésta corresponde a las autoridades locales.

Si bien es cierto que existe la Ley Federal de Seguridad Privada, es una realidad que de acuerdo a la dinámica actual de la delincuencia se requiere de medidas de control y regularización para las empresas que prestan estos servicios, desde dos ejes principales: primero es la capacitación general de su personal y certificación en control de confianza emitida por las instancias públicas o privadas que a su vez se encuentran avaladas por el Centro Nacional de Certificación y Acreditación, esto como uno de los muchos pasos que se tienen que dar para evitar que estos servicios sean refugio para policías con antecedentes penales, adicciones o sanciones, personal no capacitado que porta armas de fuego e incluso de quienes se aprovechan de la figura de guardias de seguridad privada para delinquir.

Lo anterior toda vez de conformidad con el artículo 151 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, los servicios de seguridad privada son auxiliares a la función de la seguridad pública, sus integrantes coadyuvarán con las autoridades e instituciones en situaciones de urgencia, desastre o cuando así lo solicite la autoridad competente de la Federación, estados, el Distrito Federal y los municipios.

Por lo cual se propone complementar lo estipulado en la fracción VI del artículo 32 de la Ley de Seguridad Privada, que señala la obligación de los prestadores de servicio de seguridad privada, de aplicar anualmente exámenes médicos, psicológicos y oxicológicos al personal operativo en las instituciones autorizadas, a fin de que se realicen todas las evaluaciones que contempla el  modelo nacional de evaluación de control de confianza para la seguridad pública y que soncinco: toxicológico, médico, psicológico, poligráfico y, de igual manera, de investigación socioeconómica. Lo anterior con el propósito de homologar los criterios de certificación.

De acuerdo al informe del estatus de Centros de Evaluación y Control de Confianza a noviembre de 2012, emitido por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, existen en el país 33 centros acreditados en evaluación y control de confianza, de los cuales 30 se ubican en entidades y 3 en instituciones federales, los cuales con esta reforma podrían recibir recursos para la realización de los certificados a empresas.

La Secretaría de Seguridad Pública Federal, reportó a través del Módulo de Empresas de Seguridad Privada, incorporado a la Plataforma México y que concentra la información en un Padrón Unico, a diciembre de 2011 la existencia de 2,992 empresas de seguridad privada autorizadas que operan en el territorio nacional, 960 de éstas con autorización federal y 2,032 con autorización local.

Las entidades federativas con mayor número de registro de prestadores de servicios de seguridad privada con autorización federal vigente son el Distrito Federal, el Estado de México, Jalisco y Nuevo León.

En cuanto a las empresas de seguridad privada con autorización local, los estados con mayor número de autorizaciones son Nuevo León, Distrito Federal, Baja California, Chihuahua, Quintana Roo, Querétaro y Sonora.

De enero de 2007 a diciembre de 2011, de conformidad con la información del Registro Nacional de Empresas, Personal y Equipo de Seguridad Privada, las empresas inscribieron un total de 163,789 elementos operativos y dieron de baja a 143,723, lo que demuestra la alta rotación de su personal en calle. En este mismo periodo se determinó que 248,904 elementos operativos habían pertenecido a alguna corporación policial.

A la par que se propone a las empresas de seguridad privada que prestan sus servicios en dos o más entidades cuenten con la certificación de control de confianza avalada por el Centro Nacional, la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública señala en su artículo 152, que las entidades federativas deberán de establecer en sus legislaciones la obligación de las empresas de seguridad privada para que su personal sea sometido a procedimientos de evaluación y control de confianza. Lo anterior, ya que aquellas empresas que prestan sus servicios en una sola entidad federativa se deben apegar a las leyes locales.

Por tanto, se plantea reformar también el citado artículo 152, a fin de que se incluya que la certificación de control de confianza cuente con el aval del Centro Nacional de Acreditación y Certificación o sea emitido por los centros autorizados para tal fin.
Finalmente, se establece el plazo de un año a partir de la entrada en vigor del presente Decreto para que todas las empresas cuenten con el personal certificado y acreditado en control de confianza, en caso contrario serán acreedores a la revocación de sus autorizaciones.

Es cuanto, señor Presidente.

(Aplausos)

Iniciativa



- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, Senador García Cabeza de Vaca. Se turna a las Comisiones Unidas de Seguridad Pública; y de Estudios Legislativos, Primera.

Sonido en el escaño de la Senadora Martha García Gómez.

- La C. Senadora Martha García Gómez:(Desde su escaño) Con mucho gusto, me uno a esta iniciativa del Senador Cabeza de Vaca.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Pido a la Secretaría que tome nota de ello e igualmente la posición del Senador López Brito, los Senadores Francisco Domínguez y Jorge Luis Lavalle, con mucho gusto.

Se le concede el uso de la palabra al Senador Armando Ríos Piter, del grupo parlamentario del PRD, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se expide la Ley General de Responsabilidad Fiscal de Presupuesto y Deuda Pública.





 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY GENERAL DE RESPONSABILIDAD FISCAL DE PRESUPUESTO Y DEUDA PUBLICA

(Presentada por el C. Senador Armando Ríos Piter, del grupo parlamentario del PRD)

- El C. Senador Armando Ríos Piter: Con su permiso, señor Presidente; compañeras y compañeros Senadores:

El día de hoy me permito poner a consideración de esta Soberanía la Ley General de Responsabilidad Fiscal de Presupuesto y Deuda Pública, que es un documento que busca enriquecer una discusión que ha estado presente en el foro nacional en los últimos meses.

Si hoy revisamos los principales diarios nacionales podemos encontrar cómo la deuda pública de estados y municipios ha seguido acrecentándose, es una deuda que ya supera los 4 puntos porcentuales del Producto Interno Bruto y hoy nos enteramos en los diarios de que ha crecido alrededor del 28 por ciento.

Ese, compañeras y compañeras, es un tema crucial, es un tema de la más alta trascendencia para las finanzas y especialmente para la vida democrática de nuestro país. Cuando uno revisa cómo han sido las finanzas en estados y municipios en los últimos 15 años, se da cuenta que tenemos un grave problema estructural en el cual la deuda manifiesta que no tenemos un claro y un sano desenvolvimiento de la hacienda pública.

Cuando uno revisa Michoacán, o revisa Coahuila, o revisa Quintana Roo, o revisa Veracruz, o revisa un sinnúmero de entidades federativas, nos damos cuenta de que la deuda se ha convertido en la manifestación del más grave cáncer que pueden tener nuestras finanzas; estamos gastando más de lo que estamos generando, y se está gastando mal.

Y especialmente el tema de la deuda, compañeras y compañeros, evidencia graves problemas de opacidad, graves problemas de falta de transparencia de un presidente municipal, y cito el caso del Puerto de Acapulco, mi estado, el estado de Guerrero, que recibió hace cuatro años una deuda de 300 millones de pesos y que acaba de entregar el poder dejando una deuda de 2,500 millones de pesos. Un incremento casi del 1000 por ciento, que solamente se apareja al ya tristemente célebre caso de Coahuila, donde 300 millones de pesos fue el arranque que recibió Humberto Moreira y que lo dejó con 36,000 millones de pesos.

Y hago cita de estados no solamente de un partido político, sino que me parece que tenemos que ser sensibles y responsables en ese tema y ver que es un problema estructural, un problema del cual han sido parte todos los partidos políticos en distintos gobiernos, ya sean municipales o estatales.

El problema es que cuando uno ve esa deuda de Acapulco, que estoy citando, lo que uno quisiera ver es en qué fue utilizada esa deuda. Uno quisiera voltear y encontrar obras públicas, puentes, caminos, carreteras, obras de infraestructura en agua potable, que es lo que hoy demanda el Puerto de Acapulco o que es lo que hoy demanda Coahuila a nivel de estado.

El problema es que uno por más que le busque en los rincones más intrincados de sus zonas urbanas o rurales, no va a encontrar obra pública.

Lo que va a encontrar es que toda esa deuda se fue a gasto corriente y lo peor aún, compañeras y compañeros, es que eso es lo que abre, frente a los ojos de las ciudadanas y ciudadanos, son serias dudas sobre la forma y la honestidad en la que se está administrando el dinero de la gente.

Por eso el tema de la deuda, compañeras y compañeros, no es un tema menor, es un tema al cual le tenemos que entrar de fondo a nivel constitucional, y al cual una legislación como la que estamos aquí proponiendo tiene que dar una clara regulación para que no se sigan cometiendo excesos, para que el dinero pueda ser de un claro escrutinio por parte de la gente, por si se pide un peso de deuda, por si se pide un centavo de deuda en Baja California Sur, en Yucatán, en Zacatecas, sea algo que la gente pueda saber para qué va a ser utilizado.

Y que a través de esta discusión, Senadoras y Senadores, podamos empezar la revisión de fondo de cómo está funcionando nuestro modelo federalista.

Por eso, lo que queremos es darle nuevas atribuciones al Poder Legislativo.

¿Qué es lo que queremos?

Que aquí, en el Senado de la República, donde se cuida y se defiende el Pacto Federal, pueda esta Asamblea, pueda este cuerpo colegiado vigilar que cada una de las partes no pongan en riesgo al todo.

Esa es la virtud constitucional de ser vigilantes del Pacto Federal, y lo que queremos es evitar visiones del pasado como las que se escuchan recurrentemente cuando hay posibilidades de avanzar, cuando se ve que los virreinatos estatales han caído en excesos, que es lo que hemos encontrado en algunas posiciones políticas: la intención de volver a querer concentrar el poder ahora en la Secretaría de Hacienda.

Volver a la vieja lógica del pasado en la que el poder presidencial era el único garante en los equilibrios a nivel federal.

Por eso, amigas y amigos, esta discusión no es solamente un tema de finanzas públicas, esta es una discusión de nuevos equilibrios democráticos para garantizar que la República avance en nuevos pesos y contrapesos a nivel constitucional.

Para que encontremos en el tema de la deuda una nueva forma de concebir el desarrollo, una nueva forma de concebir cómo se gasta cada peso de la gente, para que entremos en la discusión de la deuda, amigas y amigos, no solamente claridades y luces sobre cómo tenemos que discutir esa nueva Comisión Anticorrupción, ese nuevo Sistema Nacional de Fiscalización, sino de manera trascendente, cómo le vamos a entrar al Pacto Fiscal que este país requiere.

Y se los digo para aquellos que han construido ese discurso alrededor de alimentos y medicinas, aquellos que después de 15 años no han aprendido que si queremos hacer las cosas diferentes o tener, mejor dicho, tenemos que hacer las cosas de una diferente manera, aquí el tema de la deuda, amigas y amigos, nos abre la oportunidad para volver a poner en orden nuestro sistema federal y de manera particular para que los municipios y los estados realmente adquieran las responsabilidades fiscales de las cuales han carecido los últimos doce años.

Para que quitemos esa visión donde los estados solamente extiendan la mano, para que quitemos esa visión de gobernadores que de manera irresponsable lo único que han aprendido es a controlar a sus congresos para poder seguir endeudando a sus estados con obras y con presupuestos que no le dan resultados a la gente.

Esa es la discusión de fondo; la discusión de fondo es cómo aprovechamos el debate sobre deuda pública en estados y municipios para entrarle al nuevo pacto hacendario que requiere el país.

Y por ello, esta legislación no es una legislación aparte, es parte de todo un sistema, es parte del Sistema Nacional de Transparencia que ya hemos votado aquí con la autonomía del IFAI, es parte del Sistema Nacional Anticorrupción y de Fiscalización que estamos debatiendo en la Comisión de Puntos Constitucionales.

Y estoy convencido, compañeras y compañeros, que si vemos con altura de miras, con claridad en el propósito el tema de la deuda pública en estados y municipios, lograremos que el Senado posibilite una evolución democrática de pesos y contrapesos, de equilibrios frente a ese poder presidencial que quiere volver por sus fueros y, especialmente, que estaremos acabando con los virreinatos que han imperado y que también han sido uno de los grandes pendientes de la transición de nuestra democracia.

Es cuanto, señor Presidente.

Iniciativa



- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, Senador Ríos Piter.

¿Para qué asunto?, Senador José María Martínez.

- El C. Senador José María Martínez Martínez:(Desde su escaño) Señor Presidente, preguntarle al Senador Armando Ríos Piter, por su conducto, si me permite sumarme a esta iniciativa, toda vez que encuentro grandes coincidencias de lo que estamos trabajando en este momento en comisiones por el contenido que hoy nos presenta el Senador en su propuesta.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Senador Ríos Piter, ¿acepta que se incorpore el Senador José María Martínez a su iniciativa?

- El C. Senador Armando Ríos Piter: Por su puesto, señor Presidente, y subrayar también que en la elaboración de esta iniciativa contamos con importantes aportaciones del Partido Acción Nacional.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Pido a la Secretaría que tome nota de los Senadores Víctor Hermosillo y Celada, Silvia Garza Galván, Francisco García Cabeza de Vaca, Luis Preciado Rodríguez y Carlos Mendoza Davis que se adhieren a la iniciativa. Se turna a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público; y de Estudios Legislativos, Primera.

Se le concede el uso de la palabra al Senador David Monreal Avila, del grupo parlamentario del PT, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma el inciso e), fracción IV del artículo 116 constitucional.





 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL INCISO E), FRACCION IV DEL ARTICULO 116 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

(Presentada por el C. Senador David Monreal Avila, del grupo parlamentario del PT)

- El C. Senador David Monreal Avila: Con su permiso, señor Presidente; señoras Senadoras y señores Senadores:

Hago uso de esta tribuna para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto que tiene como único objeto adecuar el artículo 116 constitucional, con lo que establece la fracción II del artículo 35 de nuestra Carta Magna, en materia de candidaturas independientes.

Desde hace casi ya dos décadas, se han realizado adecuaciones a la Constitución Política Federal y a la legislación electoral, con la única finalidad de lograr comicios verdaderamente equitativos y más participativos, reformas que han tratado de generar condiciones para que, tanto los votantes como los votados, gocen de certidumbre e imparcialidad electoral y, además, sea posible gozar de elecciones en las que haya una real y abundante participación ciudadana, la cual es la columna vertebral de cualquier régimen democrático.

Constitucionalmente ya estaba reconocida la prerrogativa de que todo ciudadano puede ser titular del derecho al sufragio pasivo, esto es, el derecho a ser votado. Sin embargo, dicha disposición quedaba únicamente en buenas intenciones, ya que en realidad la posibilidad de ser votado quedaba al arbitrio de los partidos políticos, confiriendo a éstos el derecho exclusivo a designar a sus candidatos.

La reforma constitucional en materia electoral aprobada en 2012, permite a los ciudadanos solicitar, de manera independiente a los partidos políticos, su registro ante la autoridad electoral para ser votado; es decir, se pretendió eliminar el monopolio que ejercían los partidos políticos; y así lo establece el artículo 35, fracción II de nuestra Constitución.

Sin lugar a dudas, las candidaturas independientes pueden ser un excelente canal y un medio idóneo para que la población observe el proceso electoral desde otra perspectiva.

Existe la convicción de que no todos los ciudadanos se sienten representados ni mucho menos identificados con los partidos políticos, al contrario, es palpable una gran desconfianza hacia ellos.

Un ejemplo muy claro se presentó en el pasado proceso electoral, ya que se obtuvo un 2.47 por ciento de votos nulos en la elección para Presidente de la República y un 0.4 por ciento para candidatos no registrados. Más representativos son los resultados obtenidos en el 2009 para Diputados Federales, 5.40 por ciento de votos nulos y 0.16 por ciento para candidatos no registrados.

Con dichos porcentajes, fácilmente se alcanza y hasta se rebasa el mínimo establecido por la legislación electoral para que un partido político conserve su registro, situación ciertamente alarmante y lo que se traduce en un gran desencanto y desconfianza hacia estos institutos políticos.

Los votantes que no se sienten atraídos a sufragar a favor de un candidato promovido por algún partido político, envían un claro mensaje a la clase política de rechazo a lo partidos, pero de ninguna manera a la democracia, estos votantes no proponen la abstención de ir las urnas, por el contrario, pretenden apoyar a candidatos con quienes se sientan plenamente identificados.

Por tal motivo, la esencia de las candidaturas independientes radica en que los ciudadanos puedan solicitar su registro para aspirar a algún cargo público de elección popular, sin la necesidad de militar o estar afiliado a algún partido político y que además permita a un gran número de ciudadanos sentirse representados a través de esta figura electoral.

Las candidaturas independientes rompen con el tradicional sistema de hacer política, y dicha figura es un espacio alterno de participación ciudadano; por ende, con esta figura de democracia participativa, se fortalecerá nuestra incipiente democracia representativa.

De ahí la importancia en que efectivamente se actualice la potestad de los ciudadanos para poder ser, de manera independiente a los partidos políticos, candidatos a cargos de elección popular.

No obstante lo anterior, el artículo 116, inciso e) de la Constitución, continúa otorgando el derecho exclusivo a los partidos políticos para solicitar el registro de candidatos a cargos de elección popular.

Por lo tanto, es evidente que exista una notoria contradicción entre lo que establecen los artículos 35 y el 116 de la Constitución Política Federal, el primero, el artículo 35, señala: que los ciudadanos tienen derecho a solicitar su registro de manera independiente; mientras que el artículo 116 menciona que los partidos políticos tienen reconocido el derecho exclusivo para solicitar el registro de candidatos a cargos de elección popular.

Es decir, por una parte permite a los ciudadanos ser candidatos independientes y, por otro lado, los partidos políticos conservan la exclusividad de designar a sus candidatos.

Por tal motivo, dicha contradicción jurídica restringe e imposibilita el derecho libre de los ciudadanos a ser votados, a la vez que se sigue solapando el monopolio de los partidos políticos para designar a los candidatos.

Debemos recordar que el efectivo y correcto ejercicio de las candidaturas independientes ayudará a nuestro país a lograr una pluralidad política representativa y participativa.

Por tal razón, el objeto de la presente iniciativa es eliminar dicha contradicción normativa y permitir realmente la participación de las candidaturas ciudadanas independientes, lo que indiscutiblemente mejorará la calidad democrática de México.

Cabe mencionar también que hay ya alguna sentencia y alguna intervención de la Suprema Corte de Justicia de la Nación donde ha resuelto con reconocimiento a estas candidaturas independientes en algunos estados de la República.

Gracias.

Iniciativa

“DAVID MONREAL AVILA, integrante del grupo parlamentario del Partido del Trabajo en la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo establecido por el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 8 y 164, del Reglamento del Senado de la República y demás disposiciones aplicables, someto a la consideración de esta Honorable Soberanía la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL INCISO E) FRACCION IV DEL ARTICULO 116 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, al tenor de la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

La transición a la democracia en México puede quedar bastante bien sintetizada como lo expresa Don José Woldenberg:

La transición a la democracia en México es un periodo histórico […] no es una idea ni un esquema preconcebido; no es el proyecto de un grupo ni de un partido, no tiene un protagonista privilegiado ni un suceso único; no es una fecha, una coyuntura, una reforma, un episodio y mucho menos una campaña electoral, por importante que sea. La transición es la suma de todo eso y mucho más.[1]

Desde hace casi ya dos décadas, se han realizando adecuaciones a la Constitución General de la República y a la legislación electoral, a fin de lograr comicios verdaderamente equitativos y más participativos, reformas que han tratado de generar condiciones para que, tanto los votantes como los votados, gocen de certidumbre e imparcialidad electoral, elecciones en las que verdaderamente haya una participación ciudadana.

Constitucionalmente ya se reconocía la prerrogativa de que todo ciudadano pudiera ser titular del derecho del sufragio pasivo, esto es, el derecho a ser votado. Sin embargo, dicha disposición quedaba en buenas intenciones. Si bien se otorgaba esta prerrogativa, en la realidad, la posibilidad para ser votado quedaba al arbitrio de los partidos políticos, confiriéndoseles de forma exclusiva dicha situación.

Recientemente, en el año 2012, se reformó la Constitución Política Federal con el objeto, entre muchos otros, de permitir a los ciudadanos solicitar de manera independiente a los partidos políticos, su registro ante la autoridad electoral para ser votado; es decir, eliminar el monopolio que ejercen los partidos políticos, como sucede en muchas ocasiones, de imponer a candidatos a puestos de elección popular; así quedó plasmado en el artículo 35, fracción II de la Constitución.

Sin lugar a dudas, las candidaturas independientes pueden ser un excelente canal y un medio idóneo para incentivar a la población a observar el proceso electoral desde otra perspectiva.

Es un hecho comprobado que no todos los ciudadanos se sienten representados e identificados con los partidos políticos, ni mucho menos con los candidatos que nombran, al contrario existe una gran desconfianza hacia ellos.

Gran prueba de ello son los altos porcentajes obtenidos de votos nulos y votos a candidatos no registrados que se han sufragado en los últimos comicios, en 2012 para Presidente de la República se obtuvo un 2.47 por ciento de votos nulos y .04 por ciento para Candidatos No Registrados. En 2009, para Diputados Federales se obtuvo un 5.40 por ciento de votos nulos, y 0.16 por ciento para Candidatos No Registrados.

Con estos resultados mencionados al menos de votos nulos, fácilmente se alcanza y hasta rebasa el mínimo establecido por la legislación electoral para que un partido político conserve su registro, situación ciertamente alarmarte, lo que se traducen en un gran desencanto y desconfianza hacia estos institutos políticos.

Por tal motivo, la esencia de las candidaturas independientes radica en que los ciudadanos pueden solicitar su registro para aspirar a algún cargo público de elección popular, sin la necesidad de militar o estar afiliado algún partido político.

Sin lugar a dudas, las candidaturas independientes rompen con el tradicional sistema de hacer política; es decir, la llamada partidocracia, sistema que por cierto ha monopolizado la representación política y ha limitado a los ciudadanos a participar únicamente en la elección de sus representantes.

Indiscutiblemente las candidaturas independientes son un espacio alterno de participación ciudadana, la cual es la columna vertebral de todo régimen democrático, por ende con esta figura de democracia participativa es posible fortalecer nuestra incipiente democracia representativa.

De ahí la importancia en que efectivamente se actualice la potestad de los ciudadanos para poder ser, de manera independiente a los partidos políticos, candidatos a cargos de elección popular.

A mayor abundamiento, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (artículo 25); y el Pacto de San José (artículo 23), señalan que todos los ciudadanos, sin distinción de raza, color, sexo, religión de otra índole, tienen el derecho de participar en la dirección de los asuntos públicos, directamente o por medio de representantes libremente elegidos. Así como poder votar y ser elegidos en elecciones periódicas, auténticas, realizadas por sufragio universal e igual y por voto secreto que garantice la libre expresión de la voluntad de los electores.

En resumen, se puede afirmar que las candidaturas independientes tienen su fundamento en la democracia representativa, pues dicha figura es un medio incuestionable de arribar a la representación política.

No obstante, y entendiendo lo que actualmente establece la Constitución Política Federal en su artículo 116, inciso e), es un derecho exclusivo de los partidos políticos solicitar el registro de candidatos a cargos de elección popular.

Por lo tanto, es evidente que existe una notoria contradicción entre lo que establecen los artículos 35 y 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; el primero señala en su fracción II que:

Artículo 35.- Son derechos del ciudadano.

I…

II. Poder ser votado para todos los cargos de elección popular, teniendo las calidades que establezca la ley. El derecho de solicitar el registro de candidatos ante la autoridad electoral corresponde a los partidos políticos así como a los ciudadanos que soliciten su registro de manera independiente y cumplan con los requisitos, condiciones y términos que determine la legislación;

Mientras que el artículo 116, fracción IV, inciso e), de nuestra Carta Magna menciona:

e) Los partidos políticos sólo se constituyan por ciudadanos sin intervención de organizaciones gremiales, o con objeto social diferente y sin que haya afiliación corporativa. Asimismo tengan reconocido el derecho exclusivo para solicitar el registro de candidatos a cargos de elección popular, con excepción de lo dispuesto en el artículo 2o., apartado A, fracciones III y VII, de esta Constitución;

Es decir, por una parte se permite a los ciudadanos ser candidatos independientes y por otro lado, los partidos políticos siguen teniendo el privilegio de ser los únicos en poder solicitar el registro de candidatos a cargos de elección popular.

De igual manera, el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, establece la exclusividad de los partidos políticos el derecho de solicitar el registro de candidatos a cargos de elección popular.

Dicha contradicción jurídica restringe e imposibilita el derecho de los ciudadanos a votar y ser votados, a la vez que se sigue solapando el monopolio de los partidos políticos.

Es necesaria una actualización de normas a nivel constitucional y legal que efectivamente permitan la participación de la ciudadanía, reformas que se traduzcan en espacios suficientes para ejercer el derecho de voto, tanto pasivo como activo; hechos que indiscutiblemente mejorarán las calidad de la democracia de nuestro país.

Por lo tanto, el efectivo ejercicio de las candidaturas independientes permitirá a nuestro México, que tanto lo necesita, una pluralidad política representativa y participativa.

Por lo antes expuesto, someto a consideración de esta Honorable Asamblea el siguiente:

DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL INCISO E) FRACCION IV DEL ARTICULO 116 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.

UNICO. Se reforma el inciso e), fracción IV del artículo 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 116…

I. a III…

IV…

a) a d)…

e) Los partidos políticos sólo se constituyan por ciudadanos sin intervención de organizaciones gremiales, o con objeto social diferente y sin que haya afiliación corporativa. Asimismo tengan reconocido el derecho para solicitar el registro de candidatos a cargos de elección popular, con excepción de lo dispuesto en el artículo 2o., apartado A, fracciones III y VII, y el artículo 35, fracción II, de esta Constitución;

f) a n)…

V. a VII…

TRANSITORIOS

PRIMERO. El Presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

SEGUNDO. Las legislaturas de las entidades federativas, la Asamblea Legislativa del D.F., y el Congreso de la Unión, deberán adecuar los ordenamientos constitucionales y legales correspondientes a lo establecido en el presente Decreto, en un plazo no mayor de 180 días a partir de su entrada en vigor.

TERCERO. Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente Decreto.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, a 19 de febrero de 2013”.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, Senador Monreal Avila. Se turna a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; y de Estudios Legislativos, Primera.

Se le concede el uso de la palabra a la Senadora Mónica Arriola Gordillo, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se modifica la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica y la Ley para el Aprovechamiento de Energías Renovables y el Financiamiento de la Transición Energética.

[1] Woldenberg, José. (2002). La construcción de la democracia, México: Plaza Janês; pp. 21.





 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE MODIFICA EL PRIMER PARRAFO Y LA FRACCION II DEL ARTICULO 36 BIS DE LA LEY DEL SERVICIO PUBLICO DE ENERGIA ELECTRICA, ASI COMO LOS PARRAFOS I Y II DEL ARTICULO 14 Y EL ARTICULO 16 DE LA LEY PARA EL APROVECHAMIENTO DE ENERGIAS RENOVABLES Y EL FINANCIAMIENTO DE LA TRANSICION ENERGETICA

(Presentada por la C. Senadora Mónica Tzasna Arriola Gordillo, del Partido Nueva Alianza)

- La C. Senadora Mónica Tzasna Arriola Gordillo: Compañeras y compañeros Senadores:

Cornelio Rojas define el desarrollo sustentable como:“conservar los recursos naturales para desarrollarnos y desarrollando para conservar los recursos naturales”.

Se prevé que el cambio climático infringirá de una manera más ardua y aguda a los países en desarrollo, por lo que nuestra preocupación y las acciones que emprenderemos desde este Honorable Congreso deben de ser tomadas con la premura y decisión que este problema conlleva.

Los efectos ocasionados por este fenómeno en el régimen de precipitaciones, altas temperaturas y, en general, en el entorno y el ecosistema seguirán generando desastres de manera habitual.Por consiguiente, la cosecha, labranza, suficiencias en los recursos naturales como el agua, los alimentos y la agricultura se verán aquejados de manera considerable.

Los estados y municipios que dependen principalmente de esta actividad de manera correlacionada sufrirán las secuelas de lo que hemos generado como sociedad en desarrollo y, por lo tanto, tenemos una obligación moral e inherente de corresponder y abatir lo que hemos ayudado a ocasionar.

Nueva Alianza corrobora con la presente iniciativa su sentir por apoyar, asistir y tomar acciones concretas que beneficien a los que más sufren las consecuencias derivadas de estos hechos. Las medidas consideradas en el documento que hoy someto a su consideración van en armonía con las soluciones que México demanda para alcanzar niveles de satisfacción, de necesidades que obedezcan a lo dictado por los estándares internacionales.

Nuestra propuesta cuenta con la modernidad e innovación del tamaño de la restauración requerida ayudando a combatir la pobreza, el hambre y las enfermedades a la par de mejorar la vida y el sustento de miles de personas que habitan la República Mexicana, aquellos estados en grave marginación tales como Chiapas, Oaxaca y Guerrero, por mencionar algunos.

Las leyes tienen como característica esencial el dinamismo, ya que los problemas sociales tienen el elemento de nunca quedarse estáticos, de ahí que nuestra propuesta sea encaminada a garantizar que la generación de la energía eléctrica en México depende cada vez menos del uso de los combustibles fósiles, y así detener este proceso derivado del cambio climático que día a día muestra sus efectos devastadores, de los cuales nuestro país no ha dejado de ser víctima.

En los primeros diez años del siglo, las emisiones de gases de efecto invernadero de nuestro país aumentaron cerca de un 20%. La intensidad de carbono de la economía, emisiones de CO2 con relación al PIB creció significativamente después de haberse reducido durante los años 90´s del siglo pasado.

La capacidad de generación de energía eléctrica es base indispensable para el desarrollo económico. La riqueza creada en un país será directamente proporcional a la cantidad de energía generada, la cual servirá para abastecer industrias, comercios y hogares.

Si tomamos en cuenta que las plantas hidroeléctricas de hasta 30 Megawatts son consideradas como energía renovable, sólo se generan 2 mil 365 Megawatts por medio de mecanismos limpios, lo que representa únicamente el 4% de la generación total del país.

La generación de energías limpias se da mayoritariamente por sistemas geotérmicos, eólicos y mini-hidroeléctricos.

Aunque, en efecto, hemos sido testigos de un crecimiento importante de generación, aún resulta marginal y no corresponderá en el mediano plazo a lo programado dentro de los pactos internacionales firmados por México.

Si bien es imprescindible la colaboración a nivel internacional para lograr cambios medulares, en el tema podemos correr este fervor, la segmentación de las partes tomando acciones regionales que tengan impactos globales.

Según estudios, como el de “Potencial Eólico de México”, el sólo aprovechamiento de toda la capacidad eólica del país sería suficiente para sustituir lo generado por el sector termoeléctrico.

Resulta urgente limitar cada vez más la dependencia energética hacia el carbón y sus diferentes formas para incrementar la generación por métodos más limpios y seguros.

El subsidio indiscriminado que se aplica a los combustibles fósiles como la gasolina resulta en un desgaste a la economía nacional, que termina con subsidiar el cambio climático, cuando existe la posibilidad de usar esos recursos en el mejoramiento de la calidad de la educación y en el subsidio a energías renovables y limpias, aspecto que traería consigo condiciones ambientales más favorables y aumentaría la capacidad de generación de electricidad de una manera sustentable. Con ello, se sientan además las bases para una economía y sociedad adaptada a los impactos futuros del clima.

Si bien México cuenta con un nivel parcialmente alto de cobertura energética, los estados antes citados, de Chiapas y Oaxaca en el sureste mexicano, por ejemplo, no cuentan con una infraestructura adecuada o suficiente; son los que más sufren por la baja calidad en los servicios y donde más del 10% de las viviendas carece de energía eléctrica.

En Chiapas, el sector primario que se ve y seguirá viéndose afectado por las consecuencias del cambio climático representa porcentajes que alcanzan el 53.3% de la Población Económicamente Activa. Y de la agricultura en Chiapas, sólo el 4% tiene la infraestructura requerida para llevar a cabo el trabajo de cultivo necesario, mientras que el otro 86% depende y deriva de los factores climáticos y naturales de la estacionalidad.

Si estos datos no son suficientes para alarmar nuestras conciencias, un dato arrojado por el artículo sobre el costo de la vida humana por la energía, establece que la energía producida por la generación basada en el carbono es la que más vidas perdidas por intoxicaciones, accidentes o enfermedades crónicas produce.

Por ello, es indispensable coordinar acciones entre las instancias federales correspondientes, los responsables de la política energética y los gobiernos estatales y locales, para desarrollar los medios necesarios y, en particular, las políticas de lucha contra la pobreza, considerando la provisión de infraestructura básica de energías renovables como un componente primordial en el desarrollo de las comunidades más marginadas.

En este punto, es de señalar que en nuestro país resulta viable la utilización del modelo de subsidio llamado, en inglés, “Feed-In Tariff”, el cual es un instrumento normativo que impulsa el desarrollo de las energías renovables mediante el establecimiento de tarifas especiales.

Este sistema surgió en Estados Unidos siendo adoptado por aproximadamente 50 países y Estados, entre los que destacan Alemania, España y Dinamarca. Además, garantiza que la energía generada sea adquirida en su totalidad por el distribuidor durante un periodo de tiempo, dando con certeza a la inversión en generación de energías limpias.

Igualmente, al considerar que se da una mejor contraprestación a las tecnologías más recientes, se brinda un incentivo para la instalación de adquisición de nuevas tecnologías, lo que impulsa a la investigación, la transferencia tecnológica y nuevas centrales de generación.

Actualmente, la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica indica las externalidades ambientales para cada tecnología, pero no genera alguna ventaja o certidumbre en términos de ley para impulsar la inversión de energías con baja externalidad, como son las energías renovables.

En lo que respecta a la Ley de Aprovechamiento de Energías Renovables y Financiamiento de la Transición Energética está comprobado que las prevenciones que se tomen en la actualidad para combatir el cambio climático tendrán un costo de la quinta parte de lo que costaría no destinarlas a la mitigación del acaecimiento.

Por lo que, compañeras y compañeros Senadores, les hago un atento llamado para que juntos cimentemos las medidas que se deben adoptar hoy para poder tener un mañana digno de heredar a los niños y las niñas de México.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de esta Soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de Decreto por el que se modifica el primer párrafo y la fracción II del artículo 36 bis de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, así como los párrafos primero y segundo del artículo 14 y el artículo 16 de la Ley para el Aprovechamiento de Energías Renovables y el Financiamiento de la Transición Energética, a fin de promover la transferencia tecnológica, los mecanismos de desarrollo limpio y la generación de energía por metodologías limpias o renovables.

La cooperación y la solidaridad que les solicito reverbera en el proverbio: “yo soy porque tú eres, el día que no seas, yo dejaré de ser”.

Por su atención, compañeras y compañeros, muchísimas gracias.

(Aplausos)

Iniciativa



- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, Senadora Arriola Gordillo. Se turna a las Comisiones Unidas de Energía; y de Estudios Legislativo, Segunda.

Sonido en el escaño del Senador López Brito, ¿para qué asunto?

- El C. Senador Salvador López Brito: (Desde su escaño) Para pedirle respetuosamente a la Senadora si me permite sumarme a su iniciativa, ya que los objetivos a favor del medio ambiente en nuestro país están muy claros. Si me permite.

Muchísimas gracias.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Pido a la Senadora si acepta la incorporación, y si es así, le pido a la Secretaría que tome nota de ello.

Muchas gracias, Senadora Mónica Arriola Gordillo.

Se le concede el uso de la palabra a la Senadora Hilda Esthela Flores Escalera, para presentar a nombre propio y de diversas Senadoras del grupo parlamentario del PRI, un proyecto de Decreto por el que se reforma la Ley Federal de las Entidades Paraestatales.





 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL TERCER PARRAFO DEL ARTICULO 3o. DE LA LEY FEDERAL DE LAS ENTIDADES PARAESTATALES

(Presentada por la C. Senadora Hilda Esthela Flores Escalera, a nombre propio y de las CC. Senadoras Angélica del Rosario Araujo Lara, María Lucero Saldaña Pérez, Juana Leticia Herrera Ale, Lisbeth Hernández Lecona, Margarita Flores Sánchez, Lilia Guadalupe Merodio Reza, Diva Hadamira Gastélum Bajo, Claudia Artemiza Pavlovich Arellano, Itzel Sarahí Ríos de la Mora, Mely Romero Celis e Ivonne Liliana Alvarez García, del grupo parlamentario del PRI)

- La C. Senadora Hilda Estela Flores Escalera: Muchas gracias, señor Presidente; Senadoras y Senadores.

La Organización de las Naciones Unidas señala que los derechos humanos son derechos inherentes a todos y todas, sin distinción alguna de nacionalidad, lugar de residencia, sexo, origen nacional o étnico, color, religión, lengua o cualquier otra condición. Todos tenemos los mismos derechos sin discriminación alguna.

Si bien los derechos humanos encuentran su fundamento en la teoría del derecho natural, deben estar consagrados en el derecho positivo, expresándose en la Constitución y en las leyes, no sólo para ser reconocidos y garantizados por el Estado, sino para ser exigibles a éste.

Los derechos humanos han evolucionado en el tiempo, tal como se aprecia en la clasificación en tres generaciones, la cual da cuenta de su aparición o reconocimiento cronológico por parte del orden jurídico normativo.

Así como los derechos humanos han progresado tanto en su concepto, materia y alcance, el marco jurídico y las instituciones que lo tutelan se han transformado para adaptarse a dicho avance también. En el caso mexicano, a partir de la década de los 90´s el tema cobró relevancia en la agenda pública, realizándose reformas constitucionales y la expedición de la correspondiente legislación secundaria, con lo que no sólo se amplío el catálogo de derechos, sino que también se fortalecieron las instituciones de defensa de los derechos humanos, de ser parte de la estructura del Poder Ejecutivo, hasta llegado a ser instancias independientes del esquema gubernamental clásico, es el caso de la actual Comisión Nacional de los Derechos Humanos, la CNDH.

Tal como refiere la propia CNDH, uno de sus antecedentes directos fue la creación, dentro de la Secretaría de Gobernación, de la Dirección General de Derechos Humanos, el 13 de febrero de 1989. Un año después, el 6 de junio de 1990, se crea por Decreto presidencial la Comisión Nacional de Derechos Humanos como organismo desconcentrado de esa misma Secretaría.

Posteriormente, mediante las reformas constitucionales publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 28 de enero de 1992 y el 13 de septiembre de 1999, se adicionó el Apartado B del artículo 102 para elevar a rango constitucional este organismo y se cambió la denominación a Comisión Nacional de Derechos Humanos, actualmente la CNDH tiene la categoría de organismo constitucional autónomo y se rige por su propia ley.

Por lo que no hay ninguna razón para que el tercer párrafo del artículo 3o. de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales señale que la Comisión Nacional de los Derecho Humanos está excluida de la observancia de dicha ley; toda vez que no es una entidad paraestatal, sino, como ya se dijo, un organismo constitucional autónomo regido por su propia ley.

Senadoras y Senadores, el hecho de que la ley en estudio haga mención de la Comisión Nacional de Derechos Humanos muestra que todavía nuestro marco jurídico arrastra un resabio de la visión originaria de protección de los derechos humanos, lo cual es sin duda una paradoja y, por otra parte, constituye una aberración jurídica cuando el día de hoy, reitero, tenemos una Comisión Nacional de los Derechos Humanos regida por su propia ley, confiable, autónoma y sin sujeción a ninguno de los tres poderes tradicionales del Estado.

Por lo anteriormente expuesto, pretendiendo que no exista menoscabo o duda de dicha autonomía constitucional, los invito a que se sumen a esta iniciativa que tiene como objetivo actualizar la Ley Federal de las Entidades Paraestatales, en congruencia con el mandato constitucional, que dota de autonomía a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

Por su atención, muchísimas gracias.

Quiero, señor Presidente, decirle que además de las Senadoras y Senadores que suscriben esta iniciativa, se han sumado también el Senador Jesús Casillas y la propia Senadora Angélica de la Peña me lo ha expresado así. Le pido tome nota de ello.

Muchísimas gracias.

Iniciativa

“SEN. ERNESTO JAVIER CORDERO ARROYO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
CAMARA DE SENADORES
PRESENTE.

HILDA ESTHELA FLORES ESCALERA, ANGELICA DEL ROSARIO ARAUJO LARA, LUCERO SALDAÑA PEREZ, JUANA LETICIA HERRERA ALE, LISBETH HERNANDEZ LECONA, MARGARITA FLORES SANCHEZ, LILIA GUADALUPE MERODIO REZA, DIVA HADAMIRA GASTELUM BAJO, CLAUDIA ARTEMIZA PAVLOVICH ARELLANO, ITZEL SARAHI RIOS DE LA MORA, MELY ROMERO CELIS e IVONNE LILIANA ALVAREZ GARCIA, Senadoras de la República de la LXII Legislatura al Congreso de la Unión e integrantes del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en el Artículo 71, Fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los Artículos 8, 164 y 169 del Reglamento del Senado de la República, someto a consideración de esta Soberanía la presente Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforma la Ley Federal de las Entidades Paraestatales, de conformidad con la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

La Organización de las Naciones Unidas señala que los derechos humanos son derechos inherentes a todos los seres humanos, sin distinción alguna de nacionalidad, lugar de residencia, sexo, origen nacional o étnico, color, religión, lengua, o cualquier otra condición. Todos tenemos los mismos derechos humanos, sin discriminación alguna.1

Si bien, los derechos humanos encuentran su fundamento en la teoría del derecho natural y puedan ser considerados un ejemplo clásico de derechos naturales, deben estar consagrados en el derecho positivo, expresándose en la Constitución y en las leyes, no solo para ser reconocidos y garantizados por el Estado, sino para ser exigibles a éste.

Sobre ese aspecto, resulta pertinente recordar que la Declaración Universal de Derechos Humanos aprobada y proclamada por la Asamblea General de las Naciones el 10 de diciembre de 1948, consideró esencial que los derechos humanos sean protegidos por un régimen de Derecho.

Los derechos humanos han evolucionado en el tiempo, tal como se aprecia en la clasificación en tres generaciones, la cual da cuenta de su aparición o reconocimiento cronológico, por parte del orden jurídico normativo. De esta manera, los derechos humanos de la primera generación son los que exigió y formuló el pueblo en la Asamblea Nacional durante la Revolución francesa, siendo los llamados derechos civiles y políticos, también denominados “libertades clásicas”.

Los derechos económicos, sociales y culturales, como el derecho a la seguridad social, al trabajo en condiciones equitativas y satisfactorias, al nivel de vida adecuado, a la salud física y mental, y a la educación, entre otros, constituyen los derechos humanos de segunda generación.

Finalmente, el grupo de derechos humanos de la tercera generación, promovido a partir de la década de los setenta, tiene como finalidad incentivar el progreso social y elevar el nivel de vida de todos los pueblos, en un marco de respeto y colaboración mutua entre las distintas naciones de la comunidad internacional; destacan los relacionados con la autodeterminación, la independencia económica y política, la identidad nacional y cultural, la cooperación y la justicia internacional, el uso de los avances de las ciencias y la tecnología, la solución de los problemas alimenticios, demográficos, educativos, ecológicos y medioambientales.

Así como los derechos humanos han evolucionado tanto en su concepto, materia y alcance, el marco jurídico y las instituciones de derechos humanos también se han transformado para adaptarse a dicha evolución. En el caso mexicano, a partir de la década de los noventa el tema cobró relevancia en la agenda pública, realizándose reformas constitucionales y la expedición de la correspondiente legislación secundaria. Con ello, no solo se amplió el catálogo de derechos, sino que también se fortalecieron las instituciones de defensa de los derechos humanos, de ser parte de la estructura del Poder Ejecutivo, hasta llegar a ser instancias independientes del esquema gubernamental clásico, es el caso de la actual Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).

Tal como refiere la propia CNDH, uno de sus antecedentes directos fue la creación dentro de la Secretaría de Gobernación, de la Dirección General de Derechos Humanos el 13 de febrero de 1989. Un año después, el 6 de junio de 1990, se crea por decreto presidencial la Comisión Nacional de Derechos Humanos como organismo desconcentrado de esa misma Secretaría.

Mediante las reformas constitucionales publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 28 de enero de 1992 y el 13 de septiembre de 1999, se adicionó el Apartado B del Artículo 102 para elevar a rango constitucional este organismo y se cambió la denominación de Comisión Nacional de Derechos Humanos por la de Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

Actualmente, la CNDH tiene la categoría de organismo constitucional autónomo y se rige por su propia Ley. El Apartado B del Artículo 102 constitucional establece que:

“B. El Congreso de la Unión y las legislaturas de las entidades federativas, en el ámbito de sus respectivas competencias, establecerán organismos de protección de los derechos humanos que ampara el orden jurídico mexicano, los que conocerán de quejas en contra de actos u omisiones de naturaleza administrativa provenientes de cualquier autoridad o servidor público, con excepción de los del Poder Judicial de la Federación, que violen estos derechos.

El organismo que establezca el Congreso de la Unión se denominará Comisión Nacional de los Derechos Humanos; contará con autonomía de gestión y presupuestaria, personalidad jurídica y patrimonio propios.”

En tanto que la ley reglamentaria, la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, a la letra señala que:

“Artículo 2º. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos es un organismo que cuenta con autonomía de gestión y presupuestaria, personalidad jurídica y patrimonio propios, y tiene por objeto esencial la protección, observancia, promoción, estudio y divulgación de los derechos humanos que ampara el orden jurídico mexicano.”

Por otra parte, la Ley Federal de las Entidades Paraestatales establece en su primer artículo lo siguiente:

“ARTICULO 1o.- La presente Ley, Reglamentaria en lo conducente del artículo 90 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, tiene por objeto regular la organización, funcionamiento y control de las entidades paraestatales de la Administración Pública Federal.

Las relaciones del Ejecutivo Federal, o de sus dependencias, con las entidades paraestatales, en cuanto unidades auxiliares de la Administración Pública Federal, se sujetarán, en primer término, a lo establecido en esta Ley y sus disposiciones reglamentarias y, sólo en lo no previsto, a otras disposiciones según la materia que corresponda.”

Como se desprende tanto del título de la Ley como del primer precepto del Artículo 1, esta ley es de observancia exclusiva de las entidades paraestatales de la Administración Pública Federal, que de acuerdo con la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, son los organismos descentralizados, las empresas de participación estatal, las instituciones nacionales de crédito, las organizaciones auxiliares nacionales de crédito, las instituciones nacionales de seguros y de fianzas y los fideicomisos.

Luego entonces, no hay ninguna razón para que el tercer párrafo del Artículo 3 de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales señale que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, quede excluida de la observancia de dicha Ley; toda vez que no es una entidad paraestatal, sino, como ya se dijo, un organismo constitucional autónomo, regido por su propia Ley.

El hecho de que la Ley en estudio haga mención de la CNDH muestra que todavía nuestro marco jurídico arrastra un resabio de la visión originaria de protección de los derechos humanos llevada a cabo desde el propio cuerpo gubernamental al que son oponibles estos derechos, lo cual es sin duda una paradoja y, por otra parte, constituye una aberración jurídica cuando al día de hoy, reitero, tenemos una Comisión Nacional de los Derechos Humanos regida por su propia Ley, confiable, autónoma, sin sujeción a ninguno de los tres poderes tradicionales del Estado Mexicano.

Por lo anteriormente expuesto y pretendiendo que no exista menoscabo o duda de dicha autonomía constitucional, Senadoras del grupo parlamentario del PRI, proponemos a consideración de esta Honorable Cámara, la siguiente:

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL CUAL SE REFORMA LA LEY FEDERAL DE LAS ENTIDADES PARAESTATALES.

ARTICULO UNICO: Se reforma el tercer párrafo del Artículo 3 de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales, para quedar como sigue:

Artículo 3o.-

La Procuraduría Agraria, la Procuraduría Federal del Consumidor y la Agencia de Noticias del Estado Mexicano, atendiendo a sus objetivos y a la naturaleza de sus funciones, quedan excluidas de la observancia del presente ordenamiento.

TRANSITORIOS

UNICO. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Salón de sesiones de la H. Cámara de Senadores, a 14 de febrero de 2013.

Sen. Angélica del Rosario Araujo Lara.- Sen. Lucero Saldaña Pérez.- Sen. Juana Leticia Herrera Ale.- Sen. Lisbeth Hernández Lecona.- Sen. Margarita Flores Sánchez.- Sen. Lilia Guadalupe Merodio Reza.- Sen. Diva Hadamira Gastélum Bajo.- Sen. Claudia Artemiza Pavlovich Arellano.- Sen. Itzel Sarahí Ríos de la Mora.- Sen. Mely Romero Celis.- Sen. Ivonne Liliana Alvarez García.- Sen. Hilda Esthela Flores Escalera”.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Con muchísimo gusto, Senadora Hilda Esthela Flores Escalera. Tomamos nota de ellos. Pido a la Secretaría que se tomen en cuenta las adiciones de quienes se suman a esta iniciativa. Se turna a las Comisiones Unidas de Gobernación; y de Estudios Legislativos, Primera.

Sonido en el escaño de la Senadora Angélica de la Peña.

- La C. Senadora Angélica de la Peña Gómez: (Desde su escaño) Señor Presidente, solamente para solicitar que la iniciativa presentada por la Senadora Hilda Flores, pueda tener opinión de la Comisión de Derechos Humanos, por ser su materia.

Gracias.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Con gusto, Senadora de la Peña Gómez, pido a la Secretaría que tome nota de ello y se turna con opinión de la Comisión de Derechos Humanos.

Se le concede el uso de la palabra a la Senadora Gabriela Cuevas Barrón, del grupo parlamentario del PAN, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman diversas disposiciones constitucionales.

1 Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos,

http://www.ohchr.org/SP/Issues/Pages/WhatareHumanRights.aspx, consultado en febrero de 2013.





 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

(Presentada por la C. Senadora Gabriela Cuevas Barrón, del grupo parlamentario del PAN)

- La C. Senadora Gabriela Cuevas Barrón: Muchas gracias, señor Presidente; compañeras y compañeros Senadores:

El día de hoy someto a su consideración la iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman diversas disposiciones de nuestra Constitución, con el objeto de establecer las licencias de maternidad y paternidad tanto en los sectores públicos como privados.

Como ustedes saben, el pasado 30 de noviembre se publicaron las reformas a la Ley Federal del Trabajo, reformas que si bien tuvieron como objeto principal la generación de más y mejores empleos, también contemplaron disposiciones encaminadas a consolidar los principios de equidad, igualdad y de no discriminación a las relaciones laborales.

Una de esas medidas es la inclusión de las licencias de maternidad y paternidad tanto para padres biológicos como para padres adoptivos; sin embargo, este es un gran paso que solo beneficia a los trabajadores del sector privado, por ello las y los legisladores tenemos el reto de reconocer estas mismas prerrogativas a los trabajadores del Estado, en los tres órdenes de gobierno y en los tres poderes públicos.

Ciertamente en algunas instituciones públicas se ha avanzado ya en el reconocimiento de la licencia de paternidad y la licencia de maternidad para madres adoptivas.

Sin embargo, no en todas las instancias se regula bajo los mismos estándares ni bajo los mismos supuestos, disparidades que también se presentan en el plano internacional.

Por ejemplo, países latinoamericanos como Argentina, otorgan sólo 2 días de licencia; Brasil y Chile, 5 días; Colombia, 4 días. Pero en otras regiones del mundo se dan periodos mucho más amplios, por ejemplo, en Francia se conceden hasta 14 días; en España, 4 semanas y en Islandia llegan a ser hasta de 3 meses.

Esto nos permite observar que el periodo de 5 días aprobado en la Ley Federal del Trabajo es muy corto, ya que la licencia de paternidad no es un periodo vacacional para que los padres vean o contemplen a sus hijos, va mucho más allá de eso.

Es un periodo que tiene como objetivo la distribución de las tareas en el hogar, el cuidado de los hijos y la unión familiar.

Por lo que se refiere a la licencia de maternidad, es de advertir que la mayoría de las mujeres adoptan y prestan sus servicios en instituciones municipales, estatales o federales, y ellas no tienen derecho a gozar de un periodo de tiempo que les permita entablar una relación de afecto y cariño con sus hijos cuando llegan al seno familiar.

Por todo ello, la iniciativa que pongo a su consideración, no sólo contempla el reconocimiento de la licencia de paternidad en el sector público y su ampliación en el sector privado hasta por 15 días, también propone reformar la Constitución a fin de que la licencia de maternidad se reconozca a las madres biológicas y adoptivas que presten sus servicios al Estado, para lo cual se establece un artículo transitorio en el que se obligaría al Congreso de la Unión y a las legislaturas locales a que en un plazo de 6 meses, a partir de la publicación del Decreto respectivo, expidan las reformas legales correspondientes.

Compañeras y compañeros legisladores, al analizar, enriquecer y, en su caso, aprobar esta iniciativa, estaremos propiciando la equidad y la corresponsabilidad familiar de hombres y mujeres, equilibraremos las consideraciones que se hacen al momento de contratar a un hombre o a una mujer y fomentaremos la armonía entre la vida laboral y familiar de las personas.

Muchas gracias por su atención.

Iniciativa



(Aplausos)

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, Senadora Cuevas Barrón. Se turna a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; y de Estudios Legislativos, Primera.

Se le concede el uso de la palabra a la Senadora Dolores Padierna Luna, a nombre propio y del Senador Manuel Camacho Solís, del grupo parlamentario del PRD, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se expide la Ley Federal de Consulta Popular.





 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY FEDERAL DE CONSULTA POPULAR

(Presentada por la C. Senadora Dolores Padierna Luna, a nombre propio y del C. Senador Manuel Camacho Solís, del grupo parlamentario del PRD)

- La C. Senadora Dolores Padierna Luna: Muchas gracias, señor Presidente.

Una ley como esta debe ser consultada con la sociedad y ponerla a consideración de ustedes.

Para mí, el día de hoy, es un privilegio, me refiero a la ley reglamentaria del artículo 35 constitucional, en su fracción VIII, que se refiere a la consulta popular.

El 9 de agosto de 2012 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la reforma constitucional, que se refiere a la reforma política, en la que se inscribe en su fracción VIII la consulta popular.

La ley reglamentaria del artículo 35 constitucional en su fracción VIII, debe quedar aprobada antes del 30 de abril y, por lo tanto, es en este periodo de sesiones donde debe analizarse y publicarse.

El artículo 35 constitucional, en su fracción VIII, constituye uno de los pilares jurídicos trascendentales para la democracia, misma que avanza si se incluye a la democracia participativa como un complemento de la democracia representativa.

La democracia participativa, directa, libre, garantiza uno de los principios constitucionales que la soberanía reside en el pueblo, no sólo durante la elección de representantes sino en todo momento.

Varias entidades del país ya tienen leyes como ésta para hacer efectiva la democracia participativa.

A nivel federal, sólo tenemos la protección constitucional y es nuestra obligación en el presente periodo ordinario emitir la ley reglamentaria del artículo 35 constitucional, en su fracción VIII.

Es el momento de tener una ley federal de consulta popular, entendiéndola como una herramienta valiosa para mejorar la organización social y la toma de decisiones trascendentales.

Quiero dejar constancia que nuestra concepción de democracia participativa en el PRD es muy amplia, de mayor alcance.

Nos parece que la aprobada en la pasada legislatura es limitativa de los derechos ciudadanos a participar en consultas populares, limitaciones que tal vez en otro momento debemos superar; por ejemplo, pusieron que sólo podrá hacerse una consulta cada 3 años, o que la consulta debe hacerse simultáneamente a la fecha de la jornada electoral federal y que solamente deben hacerse 2 preguntas en cada consulta. Evidentemente que no estamos de acuerdo en esas limitaciones asfixiantes.

Sin embargo, en esta iniciativa, nos allanamos a ellas con el claro propósito de avanzar en la institucionalización y vigencia de esta herramienta que permita ir garantizando un derecho democrático fundamental en beneficio de la sociedad.

Son 8 propuestas concretas:

1.- En las disposiciones generales se establece el objetivo y el ámbito de aplicación de la Ley Federal de Consulta Popular, así como también se establece como mecanismo de consulta el plebiscito y el referéndum.

Se establece también que los temas de consulta deben ser de trascendencia nacional, y entre ellos se excluyen los derechos humanos, los instrumentos internacionales, los temas de seguridad nacional, el ingreso y el gasto público, la materia electoral, la disciplina de Fuerzas Armadas, temas colocados en la constitución de la que me refiero.

Segundo tema, son los principios de la consulta. Los principios que van a regir la consulta popular son: la autonomía, la corresponsabilidad, la democracia, la solidaridad y la legalidad.

Tercera propuesta.- Los responsables para aplicar esta ley serán el Congreso de la Unión, el Ejecutivo Federal, el Instituto Federal Electoral, la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

Se aplicará en forma supletoria el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, el COFIPE.

Cuarta propuesta.- Se establecen los derechos de las y los ciudadanos. Son derechos irrenunciables, entendidos como derechos ya ganados, promover la consulta, solicitarla, participar directamente en ella, impugnar los resultados ante las instancias correspondientes, denunciar a personas o autoridades que contravengan a estas disposiciones y queda muy especificada la prohibición de partidos políticos de promover consultas populares para evitar que la decisión ciudadana pierda soberanía o se convierta en un proselitismo político.

Quinta propuesta.- El plebiscito, el referéndum y la regulación compartida son los mecanismos de consulta popular, para hacer más comprensible el método de consulta popular, se especifica que se hará mediante estos métodos. Ambos mecanismos tienen una regulación compartida.

Es el Congreso de la Unión quien hace la recepción de la solicitud, hace el trámite de la petición, emite la convocatoria y emite también la declaración de validez con efectos vinculatorios.

Quienes pueden presentar las peticiones son: el Presidente de la República; el 33 por ciento de los integrantes de cualquiera de las dos Cámaras del Congreso de la Unión y al menos 2 por ciento de las y los ciudadanos inscritos en el listado nominal.

La cantidad máxima de preguntas que podrá realizarse en cada consulta serán 2, de manera legible y comprensible.

La cantidad de consultas se desprenden de la reforma constitucional que establece que sólo podrá realizarse una consulta cada 3 años en la misma fecha de la jornada electoral correspondiente.

Por ello, es que se establecen criterios de prioridad: ser de interés público, ser de impacto en el desarrollo sustentable y ser de urgente resolución.

En las campañas de difusión y capacitación podrán participar las universidades y todas las organizaciones de la sociedad civil.

Tendrán efectos vinculatorios si el resultado aprobatorio alcanza al menos el 40% del padrón de las ciudadanas y ciudadanos inscritos en el listado nominal de electores.

La sexta propuesta. Se especifica en qué casos aplicar el plebiscito y en qué casos aplicar el referéndum

El plebiscito es para actos o decisiones y el referéndum es para omisiones o para leyes.

En cada uno de estos mecanismos se establecen los requisitos necesarios para hacer la petición y/o trascendencia nacional que deberán de tener los temas.

Por lo tanto, y esto es sumamente importante, queda establecido que si el resultado del plebiscito desaprueba la decisión o el acto ejecutado, el plazo para su corrección no podrá ser mayor de 30 días.

Asimismo, si el resultado del referéndum desaprueba los cambios u omisiones en las leyes o la Constitución, el plazo para su corrección no puede rebasar los 30 días.

Respecto de las sanciones, se prevé el incumplimiento de la ley por parte de las autoridades y ciudadanos, y las sanciones son de tipo penal y administrativo, como ya hay otras leyes al respecto.

Por último, la octava propuesta, se prevé que en el Presupuesto de Egresos de la Federación se contemple una partida especial dentro del Presupuesto del IFE para la organización, desarrollo, cómputo y declaración de resultados.

Esta iniciativa que presentamos el Senador Manuel Camacho Solís y su servidora, es importante porque pone el acento en que la soberanía radica en el pueblo y éste tiene derecho de ser parte en la toma de decisiones, tiene un alcance limitado, porque respeta los criterios de la reforma constitucional; es una ley reglamentaria del artículo 35 constitucional, en su fracción VIII. Y es tan solo el inicio de un proceso que puede culminar en el derecho pleno de la ciudadanía a decidir de manera directa sobre temas de interés nacional, que impacten en el bienestar propio o de sus familias y ponga en manos de la ciudadanía temas torales para nuestro país.

Es cuanto, señor Presidente.

(Aplausos)

Iniciativa

“SEN. ERNESTO CORDERO ARROYO
C. PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
DE LA CAMARA DE SENADORES
DEL H. CONGRESO DE LA UNION
PRESENTE.

Dolores Padierna Luna y Manuel Camacho Solís Senadores de la República en la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, integrantes del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en los artículos 1, 71, fracción I y 73 fracción XXIX-Q de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y numeral 1, fracción I del Reglamento del Senado de la República, sometemos a la consideración del H. Pleno la presente iniciativa que contiene Proyecto de decreto por el que se expide la Ley Federal de Consulta Popular, al tenor de la siguiente:

Exposición de Motivos

Tomando en consideración que el 9 de agosto de 2012 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto mediante el que se adicionó el reconocimiento y protección del derecho ciudadano a la consulta popular en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, cuyo artículo transitorio Segundo establece que el Congreso de la Unión deberá emitir la legislación correspondiente en un plazo no mayor a un año; es deber de esta Cámara de Senadores dar cumplimiento a dicho mandato antes del día 9 de agosto de 2013, ello nos coloca en la situación de que la expedición de la Ley Federal que se propone deberá ser aprobada por ambas cámaras antes del día 30 de abril del presente año, fecha en que se cierra el presente periodo legislativo, es decir en aproximadamente dos meses.

Quienes suscribimos la presente iniciativa, nos allanamos a las consideraciones manifestadas en el Dictamen que fue aprobado por esta Cámara el 27 de abril del 2011, durante la LXI Legislatura, que sirvieron de sustento argumentativo para que el Constituyente Permanente aprobara la reforma Constitucional que ahora proponemos reglamentar. Coincidimos en que la participación ciudadana en el proceso democrático de decisión se ha venido ampliando en nuestro país a través de múltiples reformas Constitucionales y legales que hoy permiten el ejercicio de las libertades políticas en un contexto jurídico e institucional caracterizado por la existencia de varios mecanismos de garantía propios del constitucionalismo contemporáneo que complementan a la representación democrática tradicional.

También suscribimos que estos mecanismos tienen la virtud de estimular la participación política ciudadana más allá de las elecciones y permiten un pronunciamiento explícito de la ciudadanía. No podemos apartarnos de la plena convicción de que el plebiscito y el referéndum también son valiosos para resolver eventuales diferendos entre quienes ejercen la representación política y ponen a consideración del pueblo una solución viable y definitiva.

Por eso, vale afirmar que la presente iniciativa de ley tiene el propósito de concretar jurídicamente la reglamentación federal de uno de los derechos fundamentales más apremiantes para la vida democrática de nuestro país. En efecto, la consulta popular reconocida y protegida por el artículo 35 constitucional, en su fracción VIII constituye uno de los pilares jurídicos trascendentales que hacían falta para avanzar hacia una democracia directa, participativa y deliberativa en la que garantice a los mexicanos la salvaguarda de su soberanía, incluso por encima de aquellas autoridades que han sido beneficiadas, directa o indirectamente, con la confianza del voto popular para ejercer larepresentación política del pueblo. No podría ser de otra manera si la soberanía nacional reside esencial y originariamente en el pueblo por lo que todo poder público dimana de él pueblo y se instituye para beneficio de éste; es decir, el que manda es el pueblo, pero no solamente al momento de elegir a sus representantes, sino también durante toda la gestión de éstos.

Es por ello necesario citar el artículo 35 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en específico en su fracción VIII

Artículo 35. Son derechos del ciudadano:

VIII. Votar en las consultas populares sobre temas de trascendencia nacional, las que se sujetarán a lo siguiente:

1o. Serán convocadas por el Congreso de la Unión a petición de:

a) El Presidente de la República;

b) El equivalente al treinta y tres por ciento de los integrantes de cualquiera de las Cámaras del Congreso de la Unión; o

c) Los ciudadanos, en un número equivalente, al menos, al dos por ciento de los inscritos en la lista nominal de electores, en los términos que determine la ley.

Con excepción de la hipótesis prevista en el inciso c) anterior, la petición deberá ser aprobada por la mayoría de cada Cámara del Congreso de la Unión,

2o. Cuando la participación total corresponda, al menos, al cuarenta por ciento de los ciudadanos inscritos en la lista nominal de electores, el resultado será vinculatorio para los poderes Ejecutivo y Legislativo federales y para las autoridades competentes;

3o. No podrán ser objeto de consulta popular la restricción de los derechos humanos reconocidos por esta Constitución; los principios consagrados en el artículo 40 de la misma; la materia electoral; los ingresos y gastos del Estado; la seguridad nacional y la organización, funcionamiento y disciplina de la Fuerza Armada permanente. La Suprema Corte de Justicia de la Nación resolverá, previo a la convocatoria que realice el Congreso de la Unión, sobre la constitucionalidad de la materia de la consulta;

4o. El Instituto Federal Electoral tendrá a su cargo, en forma directa, la verificación del requisito establecido en el inciso c) del apartado 1o. de la presente fracción, así como la organización, desarrollo, cómputo y declaración de resultados;

5o. La consulta popular se realizará el mismo día de la jornada electoral federal;

6o. Las resoluciones del Instituto Federal Electoral podrán ser impugnadas en los términos de lo dispuesto en la fracción VI del artículo 41, así como de la fracción III del artículo 99 de esta Constitución; y

7o. Las leyes establecerán lo conducente para hacer efectivo lo dispuesto en la presente fracción.

Las decisiones, actos u omisiones que lesionan el interés nacional deben ser analizados, discutidos y resueltos mediante mandatos ciudadanos para instruir a los gobernantes sobre la forma y la manera en que se deben atender los asuntos de trascendencia nacional, el poder de decidir es originalmente del pueblo.

La concreción normativa de este derecho ciudadano ya ha sido formalizada en diferentes entidades federativas de nuestro país, incluso antes de su protección constitucional, en las que los resultados han sido alentadores y suficientes para afirmar que la práctica de la democracia directa es una herramienta muy valiosa para perfeccionar la forma de organización política de nuestra sociedad, que acude a los llamados de participación democrática de manera inteligente, organizada y constructiva buscando el bien común.

Ninguna fuerza política se opone a la reglamentación de este derecho, nadie retrocede ante la evidencia de lo legítimamente avanzado ni rechaza la existencia de los grandes beneficios de nuestro actuar legislativo en este tema. Es tiempo de cumplir con nuestra obligación de emitir la ley reglamentaria del artículo 35 Constitucional en su fracción VIII; es el momento de la Ley Federal de Consulta Popular.

A pesar de que, para nuestro grupo parlamentario, aún no es suficiente el marco Constitucional, proponemos avanzar con la reglamentación federal y dotar lo antes posible a las y los ciudadanos de los mecanismos de plebiscito y referéndum, para que participen en la toma de decisiones que hasta el momento sólo han sido ejercidas por el Ejecutivo Federal y el Congreso de la Unión.

Asuntos nacionales hay muchos, pero serán las y los ciudadanos quienes determinarán cuáles son los más importantes y urgentes que este Congreso debe someter a consulta popular.

Vayamos entonces hacia una Ley Federal de Consulta Popular, en la que se establezca que es de orden público e interés general garantizar y proteger el derecho fundamental a participar en la toma de decisiones públicas sobre asuntos de trascendencia nacional.

Mediante la regulación de los mecanismos de plebiscito y referéndum, la intervención de las autoridades y los efectos vinculatorios se brindará plena certeza de que quienes participen harán saber y cumplir su mandato democrático.

Es de tomarse en consideración que la Constitución además de regular el marco jurídico de las consultas popular en su artículo 35, también contiene ordenamientos de obligada aplicación, que se relacionan con esta materia de los cuales se destacan los siguientes:

Artículo 1o. En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece.

Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia.

Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley.

Está prohibida la esclavitud en los Estados Unidos Mexicanos. Los esclavos del extranjero que entren al territorio nacional alcanzarán, por este solo hecho, su libertad y la protección de las leyes.

Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas.

Artículo 8o. Los funcionarios y empleados públicos respetarán el ejercicio del derecho de petición, siempre que ésta se formule por escrito, de manera pacífica y respetuosa; pero en materia política sólo podrán hacer uso de ese derecho los ciudadanos de la República.

A toda petición deberá recaer un acuerdo escrito de la autoridad a quien se haya dirigido, la cual tiene obligación de hacerlo conocer en breve término al peticionario.

Artículo 26.

A. El Estado organizará un sistema de planeación democrática del desarrollo nacional que imprima solidez, dinamismo, permanencia y equidad al crecimiento de la economía para la independencia y la democratización política, social y cultural de la Nación.

Los fines del proyecto nacional contenidos en esta Constitución determinarán los objetivos de la planeación. La planeación será democrática. Mediante la participación de los diversos sectores sociales recogerá las aspiraciones y demandas de la sociedad para incorporarlas al plan y los programas de desarrollo. Habrá un plan nacional de desarrollo al que se sujetarán obligatoriamente los programas de la Administración Pública Federal.

La ley facultará al Ejecutivo para que establezca los procedimientos de participación y consulta popular en el sistema nacional de planeación democrática, y los criterios para la formulación, instrumentación, control y evaluación del plan y los programas de desarrollo. Asimismo, determinará los órganos responsables del proceso de planeación y las bases para que el Ejecutivo Federal coordine mediante convenios con los gobiernos de las entidades federativas e induzca y concierte con los particulares las acciones a realizar para su elaboración y ejecución.

Artículo 36. Son obligaciones del ciudadano de la República:

I. Inscribirse en el catastro de la municipalidad, manifestando la propiedad que el mismo ciudadano tenga, la industria, profesión o trabajo de que subsista; así como también inscribirse en el Registro Nacional de Ciudadanos, en los términos que determinen las leyes.

II. La organización y el funcionamiento permanente del Registro Nacional de Ciudadanos y la expedición del documento que acredite la ciudadanía mexicana son servicios de interés público, y por tanto, responsabilidad que corresponde al Estado y a los ciudadanos en los términos que establezca la ley,

III. Votar en las elecciones y en las consultas populares, en los términos que señale la ley;

Artículo 39. La soberanía nacional reside esencial y originariamente en el pueblo. Todo poder público dimana del pueblo y se instituye para beneficio de éste. El pueblo tiene en todo tiempo el inalienable derecho de alterar o modificar la forma de su gobierno.

Artículo 40. Es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una República representativa, democrática, federal, compuesta de Estados libres y soberanos en todo lo concerniente a su régimen interior; pero unidos en una federación establecida según los principios de esta ley fundamental.

Artículo 41. El pueblo ejerce su soberanía por medio de los Poderes de la Unión, en los casos de la competencia de éstos, y por los de los Estados, en lo que toca a sus regímenes interiores, en los términos respectivamente establecidos por la presente Constitución Federal y las particulares de los Estados, las que en ningún caso podrán contravenir las estipulaciones del Pacto Federal.

La renovación de los poderes Legislativo y Ejecutivo se realizará mediante elecciones libres, auténticas y periódicas, conforme a las siguientes bases:

VI. Para garantizar los principios de constitucionalidad y legalidad de los actos y resoluciones electorales, se establecerá un sistema de medios de impugnación en los términos que señalen esta Constitución y la ley. Dicho sistema dará definitividad a las distintas etapas de los procesos electorales y garantizará la protección de los derechos políticos de los ciudadanos de votar, ser votados y de asociación, en los términos del artículo 99 de esta Constitución.

En materia electoral la interposición de los medios de impugnación, constitucionales o legales, no producirá efectos suspensivos sobre la resolución o el acto impugnado.

Artículo 73. El Congreso tiene facultad:

XXIX-Q. Para legislar sobre iniciativa ciudadana y consultas populares.

Artículo 99. El Tribunal Electoral será, con excepción de lo dispuesto en la fracción II del artículo 105 de esta Constitución, la máxima autoridad jurisdiccional en la materia y órgano especializado del Poder Judicial de la Federación.

Para el ejercicio de sus atribuciones, el Tribunal funcionará en forma permanente con una Sala Superior y salas regionales; sus sesiones de resolución serán públicas, en los términos que determine la ley. Contará con el personal jurídico y administrativo necesario para su adecuado funcionamiento.

La Sala Superior se integrará por siete Magistrados Electorales. El Presidente del Tribunal será elegido por la Sala Superior, de entre sus miembros, para ejercer el cargo por cuatro años.

Al Tribunal Electoral le corresponde resolver en forma definitiva e inatacable, en los términos de esta Constitución y según lo disponga la ley, sobre:

I. Las impugnaciones en las elecciones federales de diputados y senadores;

II. Las impugnaciones que se presenten sobre la elección de Presidente de los Estados Unidos Mexicanos que serán resueltas en única instancia por la Sala Superior.

Las salas Superior y regionales del Tribunal sólo podrán declarar la nulidad de una elección por las causales que expresamente se establezcan en las leyes.

La Sala Superior realizará el cómputo final de la elección de Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, una vez resueltas las impugnaciones que se hubieren interpuesto sobre la misma, procediendo a formular, en su caso, la declaración de validez de la elección y la de Presidente Electo respecto del candidato que hubiese obtenido el mayor número de votos.

III. Las impugnaciones de actos y resoluciones de la autoridad electoral federal, distintas a las señaladas en las dos fracciones anteriores, que violen normas constitucionales o legales.

También resulta importante mencionar que, en la mayor parte de las entidades federativas, ya se regula el plebiscito para temas de ámbito local.

Con base en lo establecido en la Constitución y tomando como referencia normativa a las leyes estatales vigentes, se propone que el contenido del Decreto sea el que a continuación se describe.

DESCRIPCION DEL DECRETO

Es importante dejar constancia de que, quienes suscribimos la presente iniciativa, no estamos de acuerdo con algunas limitaciones al derecho de participar en las consultas populares que quedaron plasmadas en la parte considerativa y normativa del Dictamen que fue aprobado por esta Cámara de Senadores el 27 de abril del 2011; tal es el caso de que solamente podrá efectuarse una consulta cada tres años en la misma fecha de cada jornada electoral federal y que solamente se podrá plantear un máximo de dos preguntas por consulta. Sin embargo, nos allanamos a estas limitaciones con el claro propósito de avanzar en la institucionalización y fortalecimiento de este derecho fundamental en beneficio de la sociedad mexicana.

La presente iniciativa propone disposiciones generales que establecen el objeto y ámbito de aplicación de la Ley Federal de Consulta Popular, así como los conceptos normativos de la consulta popular y sus mecanismos, el plebiscito y referéndum. Se destaca que para considerar que un asunto es de trascendencia nacional debe confirmarse que no se trata de alguna de las materias contempladas en el apartado 3º de la fracción VIII del artículo 35 constitucional, por lo que todo asunto fuera de los supuestos anteriores, podrá ser considerado motivo de consulta.

Se especifica y detalla el contenido y alcances de cada uno de los principios que rigen la consulta, que son los siguientes: Autonomía; Corresponsabilidad; Democracia; Legalidad, y Solidaridad.

Se determina que a quienes corresponde la aplicación de esta Ley será al Congreso de la Unión; Ejecutivo Federal; Instituto Federal Electoral; Suprema Corte de Justicia de la Nación y al Tribunal Electoral de Poder Judicial de la Federación, sin que ello evite que todo servidor público federal, en el ámbito de sus respectivas facultades, tendrá la obligación de cumplir y hacerla cumplir, así como facilitar la participación ciudadana y abstenerse de utilizar cualquier medio que inhiba dicha participación.

Se aplicará de manera supletoria preferentemente lo establecido en el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales ello debido a que la materia electoral es la más idónea para desarrollar las consultas populares.

Los derechos de las y los ciudadanos forman parte indispensable de la ley que se propone, toda vez que en el capítulo correspondiente se especifica cuáles son y se les proporciona de contenido normativo. Estos derechos, por cierto irrenunciables, son los siguientes: Promover, solicitar, participar directamente y votar en los mecanismos de consulta popular, así como impugnar sus resultados ante las instancias jurisdiccionales correspondientes; Denunciar, ante las autoridades correspondientes, a las personas y servidores públicos que contravengan las disposiciones de esta Ley, y los demás que se establezcan en esta y otras leyes de ámbito federal.

Debe señalarse que uno de los requisitos más importantes que se debe cumplir para poder ejercer estos derechos es el de contar con Credencial para Votar vigente, expedida por lo menos sesenta días antes del día de la jornada de consulta, asimismo abstenerse de perturbar el orden y la tranquilidad públicos, así como afectar el desarrollo habitual de las actividades de las demás personas e instituciones públicas y privadas.

También se reconoce el derecho que tienen las personas organizadas civilmente a ser promotoras de consultas populares, quedando excluidos de este derecho los partidos políticos para evitar que la decisión ciudadana pierda soberanía y se convierta en un hecho de proselitismo político.

Con el objetivo de hacer lo más comprensible posible el contenido y los alcance de la Ley que se propone, se hace una especificación de que la consulta popular comprende al plebiscito y al referéndum por lo que ambos mecanismos tienen una regulación que comparten cuando se trata de que es el Congreso de la Unión quien debe hacer la recepción y trámite de las peticiones de consulta, hasta llegar a la convocatoria y declaración de validez con efectos vinculatorios. También tienen en común, el plebiscito y el referéndum, que quienes pueden presentar las peticiones son el Presidente de la República; el treinta y tres por ciento de los integrantes de cualquiera de las Cámaras del Congreso de la Unión, o al menos el dos por ciento de las y los ciudadanos inscritos en la lista nominal de electores. La cantidad máxima de preguntas que podrán realizarse a la ciudadanía en una consulta popular será de dos, de manera comprensible y legible. Las jornadas de las consultas deben efectuarse, de conformidad con el apartado 5º de la fracción VIII del artículo 35 constitucional, el mismo día de la jornada electoral.

Otra causa en común de ambos mecanismos es lo previsto en el apartado 3º de la fracción VIII del artículo 35 constitucional en cuanto a la improcedencia de la petición cuando se trate de alguna de las siguientes materias: Restricción de los derechos humanos reconocidos y protegidos por la Constitución y los instrumentos internacionales suscritos por el Estado mexicano; Restricción de los principios consagrados en el artículo 40 de Constitución que se refieren a que es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una República representativa, democrática, federal, compuesta de Estados libres y soberanos en todo lo concerniente a su régimen interior; pero unidos en una federación; Electoral; Ingresos y gastos del Estado, así como seguridad nacional y organización, funcionamiento y disciplina de la Fuerza Armada permanente.

La improcedencia de la consulta podrá ser debido a la materia de que se trate y también por las siguientes inconsistencias en el contenido o procedimiento de la petición, las siguientes: I. Que la petición no sea presentada por alguno de los sujetos legitimados para ello por la Constitución; II. Que la petición no contenga la información y documentación correspondiente, según se trate de plebiscito o referéndum; III. Que no se refiera a una de las materias que la presente Ley establece como asunto de trascendencia nacional; V.- Cuando la petición no se formule en los términos del artículo 8 constitucional, debiendo presentarse por escrito, de manera pacífica y respetuosa; VI. Cuando la cantidad de ciudadanos peticionarios o sus firmas auténticas no superen el requisito Constitucional del dos por ciento de los inscritos en la lista nominal de electores, y VII. Cuando la causa que originó la petición de plebiscito se haya consumado y no sea posible restituirse las cosas a la situación que guardaban con anterioridad.

Para tener certeza sobre la cantidad de consultas que se pueden realizar, se atiende a las consideración del Dictamen del Senado de la República, de fecha 27 de abril de 2011, respecto de que solamente se podrá realizar una consulta popular cada tres años en la misma fecha de la jornada electoral federal correspondiente, por lo que se hace necesario establecer los criterios de prioridad, que serán los siguientes: Por tratarse del asunto más trascendental para el interés público, conforme a la naturaleza del asunto, su impacto en el desarrollo sustentable y urgencia de solución; si se trata de dos solicitudes ciudadanas, se dará preferencia a aquella que cuente con el número mayor de ciudadanas y ciudadanos peticionarios; la fecha de presentación de la petición, y si se trata de solicitudes ciudadanas y gubernamentales, se dará preferencia a la petición ciudadana.

El procedimiento también será, en términos generales, el mismo para el plebiscito que para el referéndum, y se establece en un solo artículo con la finalidad de que su aplicación no se entorpezca debido a una dispersión normativa. El contenido de la convocatoria también será muy parecido tanto para el plebiscito como para el referéndum.

También será común, para ambos mecanismos, el procedimiento para la jornada de la consulta popular. En las campañas de difusión y capacitación podrán participar las organizaciones de la sociedad civil, universidades e instituciones especializadas en la materia de esta Ley, y será obligación del Ejecutivo y todas las autoridades competentes facilitar al Instituto la instrumentación de la consulta. También debe destacarse que la cantidad, ubicación e instalación de las casillas, así como la integración de las mesas directivas será, en la medida de lo posible, equivalente a las del proceso electoral federal inmediato anterior.

Los efectos vinculatorios dependerán de que el resultado de la consulta sea aprobado por mayoría de votos y, de conformidad con lo previsto por el apartado 2º de la fracción VIII del artículo 35 Constitucional, la votación deberá corresponder al menos al cuarenta por ciento de las y los ciudadanos inscritos en la lista nominal de electores.

Las particularidades del plebiscito con respecto al referéndum serán, principalmente, las que se muestran en el siguiente cuadro:

Cuadro No. 1

Particularidades del Plebiscito y Referéndum

PLEBISCITO

REFERENDUM

La petición para realizar una consulta popular con el mecanismo de plebiscito, debe ser presentada al Congreso de la Unión en cualquier momento antes de ser emitido o ejecutado el acto o la decisión que motivó la petición o, en su caso, debe ser presentada dentro de los treinta días siguientes a la fecha en que fue emitido o ejecutado dicho acto o decisión.

La petición para realizar una consulta popular con el mecanismo de referéndum, debe ser presentada en cualquier momento antes de ser aprobada en definitiva la creación, modificación, derogación o abrogación de disposiciones de la Constitución y de leyes emitidas por el Congreso de la Unión o, en su caso, dentro de los treinta días siguientes a la fecha de dicha aprobación legislativa.

Cuando la petición se refiera a una omisión legislativa, podrá ser presentada en cualquier momento.

La petición de plebiscito deberá contener, por lo menos, la siguiente información y documentación:

I. Especificación del acto, decisión u omisión ejecutada o de inminente ejecución que es de trascendencia nacional;

II. Exposición de motivos en la que se señalen las razones políticas, económicas y sociales por las que se considera que el asunto es detrascendencia nacional, y

III. Documentación que acredite el cumplimiento de los requisitos establecidos en esta Ley.

La petición de referéndum deberá contener, por lo menos, la siguiente información y documentación:

I. Especificación del asunto de trascendencia nacional que no ha sido motivo de decreto legislativo;

II. Mención precisa del ordenamiento o los artículos correspondientes que se propone someter a referéndum.

III. Exposición de motivos en la que se señalen las razones políticas, económicas y sociales por las que se considera que el asunto es detrascendencia nacional.

IV. Documentación que acredite legalmente haber cumplido con los requisitos establecidos en esta Ley para solicitar la realización del plebiscito.

El procedimiento para la realización del plebiscito se regirá, en lo conducente, por lo establecido en los capítulos Quinto y Sexto de esta Ley, con las siguientes particularidades:

I. Cuando el escrito de petición ciudadana para realizar un plebiscito no cumpla con las formalidades de ley, o sea incomprensible o ilegible, el Instituto deberá prevenir a los peticionarios, dentro del plazo establecido en la fracción II del artículo 24 de la presente Ley, para que en un término máximo de diez días naturales cumplan con los requerimientos correspondientes, de lo contrario se tendrá por no presentada dicha petición.

II. Cuando el escrito de petición presentado por el Ejecutivo o los legisladores federales para realizar un plebiscito sea incomprensible, ilegible o no cumpla con las formalidades de ley, el Congreso de la Unión prevendrá a los peticionarios, dentro del plazo establecido en la fracción III del artículo 24 de esta Ley para que cumplan debidamente con los requerimientos correspondientes en un término máximo de diez días naturales.

III. Dentro del plazo establecido en la fracción IV del artículo 24 de la presente Ley, la Suprema Corte deberá requerir a la autoridad de donde supuestamente emanó el acto, omisión o decisión ejecutada o de inminente ejecución que motivó la petición, para que ésta rinda un informe justificado en un plazo no mayor a diez días naturales.

El procedimiento para la realización del referéndum se regirá, en lo conducente, por lo establecido en los capítulos Quinto y Sexto de esta Ley, con las siguientes particularidades:

I. Cuando el escrito de petición ciudadana para realizar un referéndum no cumpla con las formalidades de ley, o sea incomprensible o ilegible, el Instituto deberá prevenir a los peticionarios, dentro del plazo establecido en la fracción II del artículo 24 de la presente Ley, para que en un término máximo de diez días naturales cumplan con los requerimientos correspondientes, de lo contrario se tendrá por no presentada dicha petición.

II. Cuando el escrito de petición presentado por el Ejecutivo o los legisladoresfederales para realizar un referéndum sea incomprensible, ilegible o no cumpla con las formalidades de ley, el Congreso de la Unión prevendrá a los peticionarios, dentro del plazo establecido en la fracción III del artículo 24 de esta Ley para que cumplan debidamente con los requerimientos correspondientes en un término máximo de diez días naturales.

III. Dentro del plazo establecido en la fracción IV del artículo 24 de la presente Ley, la Suprema Corte deberá requerir al Congreso de la Unión que rinda un informe justificado en un plazo no mayor a diez días naturales.

Cuando la petición de plebiscito sea motivada por un acto, decisión u omisión del Instituto, el procedimiento estará a cargo del Congreso de la Unión, salvo la verificación del requisito establecido en el inciso c) del apartado 1º de la fracción VIII del artículo 35 constitucional, así como la organización y realización de la jornada de consulta popular.

 

Si el resultado del plebiscito es en sentido de desaprobar la decisión o el acto ejecutado o de inminente ejecución que fue sometido a consulta, el Ejecutivo Federal emitirá, en un plazo no mayor a treinta días naturales posteriores a la celebración de la jornada de consulta, el decreto revocatorio correspondiente y ordenará a los integrantes de su gabinete que instrumenten todas las acciones necesarias y suficientes para que de inmediato cese la ejecución de la decisión o acto de que se trate. Para el caso de los órganos constitucionales autónomos, el titular u órgano colegiado superior emitirá, en el mismo plazo, el acuerdo correspondiente. En ambos casos, decreto o acuerdo, serán publicados en el Diario Oficial de la Federación, se publicarán en su portal de internet y en, por lo menos, tres diarios impresos de mayor circulación nacional.

Si el resultado del referéndum es en sentido de desaprobar la omisión legislativa,o la creación, modificación, derogación o abrogación de disposiciones de la Constitución y de leyes emitidas por el Congreso de la Unión, éste emitirá, en un plazo no mayor a treinta días naturales posteriores a la celebración de la jornada de consulta, un acuerdo para dar debido cumplimiento al mandato ciudadano. El acuerdo mencionado deberá ser publicado en el Diario Oficial de la Federación y será publicado en el portal de internet del Congreso, así como en, por lo menos, tres diarios impresos de circulación nacional.

Si el resultado del plebiscito es en sentido de desaprobar la omisión del Ejecutivo Federal o de algún órgano constitucional autónomo, estos deberán, dentro del plazo establecido en el artículo inmediato anterior,expedir un decreto o emitir acuerdo para ordenar que de inmediato se lleven a cabo las acciones necesarias y suficientes para el debido cumplimiento del mandato ciudadano.

 

En ningún caso se podrá expedir decreto o emitir acuerdo en el mismo sentido de lo que se haya desaprobado mediante plebiscito, dentro de los tres años siguientes, contados a partir de la publicación del resultado en el Diario Oficial de la Federación.

En ningún caso el Congreso de la Unión podrá expedir decreto o emitir acuerdo en el mismo sentido de lo que se haya desaprobado mediante referéndum, dentro de los tres años siguientes, contados a partir de la publicación del resultado de la consulta popular en el Diario Oficial de la Federación.

Las resoluciones del Instituto podrán ser impugnadas, de conformidad con el apartado 6o. de la fracción VIII del artículo 35 Constitucional, ante el Tribunal en los términos de lo dispuesto por la fracción VI del artículo 41 constitucional, así como de la fracción III del artículo 99 de la Constitución. Estas impugnaciones se sustanciarán y resolverán aplicando, en lo conducente, lo establecido por el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales y la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral. Las resoluciones del Tribunal serán definitivas e inatacables.

Las resoluciones del Congreso de la Unión y de la Suprema Corte en esta materia, serán definitivas para las autoridades, quedando a salvo el derecho de las y los ciudadanos de acudir ante las instancias correspondientes.

Para asegurar la plena aplicación de esta Ley, se prevé que el incumplimiento de sus disposiciones, por parte de las autoridades y ciudadanos, será sancionado administrativa y penalmente, de conformidad con lo establecido por la legislación aplicable.

Finalmente, en el capítulo correspondiente al financiamiento se prevé que el Presupuesto de Egresos de la Federación contemplará una partida especial dentro del presupuesto del Instituto Federal Electoral para la organización, desarrollo, cómputo y declaración de resultados de las consultas populares, así como paraprogramas de capacitación y difusión en materia de consulta popular, quedando prohibido que las y los ciudadanos, individual o colectivamente, aporten recursos propios para llevar a cabo la organización ni la jornada de las consultas populares.

En cuanto a los artículos transitorios, cabe destacar que el Instituto deberá expedir los reglamentos, normas y acuerdos que se requieran para la adecuada organización y jornada de las consultas populares, en un plazo no mayor a ciento ochenta días, contados a partir de la entrada en vigor del presente Decreto que se propone, sin que ello impida la realización de alguna consulta popular en caso de no haberse emitido la reglamentación específica correspondiente.

En razón de lo anterior expuesto, con fundamento en el artículo 39 y 40 de la Constitución Política Mexicana, mismos que establecen que todo poder público emana del pueblo y que éste puede participar activamente en la conformación del gobierno, se pone a consideración de esta H. Soberanía la iniciativa con proyecto de Decreto por el que se expide la:

LEY FEDERAL DE CONSULTA POPULAR

CAPITULO PRIMERO

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1.- La presente Leyes reglamentaria de lo dispuesto en la fracción VIII del artículo 35 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y demás ordenamientos constitucionales, relativos a la consulta popular en el ámbito federal, por lo que es de orden público e interés general como obligatoria en esta materia.

Artículo 2.- Esta Ley tiene por objeto:

I. Garantizar y proteger el derecho de las y los ciudadanos mexicanos a participar directamente en la toma de decisiones públicas sobre asuntos de trascendencia nacional.

II. Establecer las normas y principios para regular la consulta popular realizada mediante los mecanismos de plebiscito y referéndum.

III. Promover y fortalecer la democracia directa concretada a través de la consulta popular.

Artículo 3.- La consulta popular es el derecho de las y los ciudadanos mexicanos a participar en la toma de decisiones respecto de temas de trascendencia nacional mediante los siguientes mecanismos:

I. Plebiscito: Es el mecanismo de consulta popular, por medio del cual las y los ciudadanos mexicanos determinan su aprobación o desaprobación de aquellos actos, omisiones o decisiones ejecutados o de inminente ejecución por el Ejecutivo Federal, de trascendencia nacional, que son puestos a su consideración por convocatoria del Congreso de la Unión, y

II. Referéndum: Es el mecanismo de consulta popular, por medio del cual el Congreso de la Unión convoca a las y los ciudadanos mexicanos para que determinen su aprobación o desaprobación sobre la creación, modificación, derogación o abrogación de disposiciones de la Constitución y de leyes emitidas por el Congreso de la Unión o que se encuentren en discusión legislativa.

Artículo 4.- Un asunto de transcendencia nacional es aquél que no se refiere a alguna de las siguientes materias previstas por el apartado 3º de la fracción VIII del artículo 35 constitucional tales como:

I. Restricción de los derechos humanos reconocidos y protegidos por la Constitución y los instrumentos internacionales suscritos por el Estado mexicano;

II. Restricción de los principios consagrados en el artículo 40 de Constitución que se refieren a que es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una República representativa, democrática, federal, compuesta de Estados libres y soberanos en todo lo concerniente a su régimen interior; pero unidos en una federación;

III. Electoral;

IV. Ingresos y gastos del Estado;

V. Seguridad nacional, y

VI. Organización, funcionamiento y disciplina de la Fuerza Armada permanente.

VII. Nombramiento o destitución de los titulares de las secretarías o dependencias del Ejecutivo.

Artículo 5.- Para los efectos de esta Ley, se entenderá por:

I. Carácter vinculatorio: Mandato ciudadano de obligado cumplimiento para las autoridades correspondientes derivado de una consulta popular;

II. Congreso: Poder Legislativo Federal;

III. Constitución: Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;

IV. Ejecutivo Federal: Presidente de los Estados Unidos Mexicanos;

V. Instituto: Instituto Federal Electoral;

VI. Ley: Ley Federal de Consulta Popular;

VII. Promotor: Ciudadanas y ciudadanos que promueven la consulta popular sobre un tema de trascendencia nacional y recopilan las firmas y documentación electoral necesarias para presentar ante el Congreso de la Unión una probable petición en esta materia;

VIII. Peticionario: Presidente de la República, legisladores o ciudadanos que presentan ante el Congreso de la Unión una petición para someter a consulta popular un asunto de trascendencia nacional;

IX. Tribunal: Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, y

X. Suprema Corte: Suprema Corte de Justicia de la Nación.

CAPITULO SEGUNDO

PRINCIPIOS RECTORES, AMBITO DE COMPETENCIA Y APLICACION

Artículo 6.- Son principios rectores de la consulta popular los siguientes:

I. Autonomía: Capacidad que tiene la sociedad para tomar sus propias decisiones sin la intervención indebida de autoridades que derive en inducción ni manipulación;

II. Corresponsabilidad: Compromiso entre la ciudadanía y las autoridades correspondientes paraacatar los resultados de las consultas populares, con la premisa de que la participación ciudadana es indispensable para un buen gobierno pero no la sustitución de responsabilidades de éste;

III. Democracia: Igualdad de oportunidades de los las y los ciudadanos para participar en la toma de decisiones públicas en asuntos de relevancia nacional, sin discriminación por motivos políticos, religiosos, ideológicos, origen étnico, de género ni cualquier otro motivo;

IV: Legalidad: Obligación jurídica que tienen las autoridades de que sus actos y omisiones en materia de consulta popular siempre deben ser apegados a derecho;

V. Trasparencia y Rendición de Cuentas: Las autoridades involucradas en las consultas populares deben hacer pública toda la información relacionada con el asunto de relevancia nacional que se somete a plebiscito o referéndum;

VI. Solidaridad: Disposición ciudadana a participar en la solución de los problemas de otras personas como propios, que propicie la convivencia social pacífica y fortalezca la sensibilidad social para enfrentar colectivamente la problemática común.

Artículo 7.- El ámbito de aplicación de esta Ley corresponde a los actos u omisiones legislativas del Congreso de la Unión, así como actos, omisiones o decisiones administrativas, reglamentarias o normativas ejecutadas o de inminente ejecución por parte del Ejecutivo Federal, siempre que sean de relevancia nacional.

Artículo 8.- Corresponde la aplicación de esta Ley, en el ámbito de sus respectivas competencias, a:

I. Congreso de la Unión;

II. Ejecutivo Federal;

III. Instituto;

IV. Suprema Corte, y

V. Tribunal.

Todo servidor público federal, en el ámbito de sus respectivas facultades, tiene la obligación de cumplir y hacer cumplir la presente Ley, así como facilitar la participación ciudadana en las consultas populares y abstenerse de utilizar cualquier medio que inhiba dicha participación.

Artículo 9.- En lo no previsto por esta Ley será aplicable lo establecido por el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales y la Ley Orgánica del Congreso de la Unión.

CAPITULO TERCERO

DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LAS Y LOS CIUDADANOS

Artículo 10.- En el ámbito de la presente Ley, las y los ciudadanos tienen los siguientes derechos irrenunciables:

I. Promover, solicitar, participar directamente y votar en los mecanismos de consulta popular, así como impugnar sus resultados ante las instancias jurisdiccionales correspondientes;

II. Denunciar, ante las autoridades correspondientes, a las personas y servidores públicos que contravengan las disposiciones de esta Ley, y

III. Los demás que se establezcan en esta y otras leyes de ámbito federal.

Artículo 11.- En la votación de la consulta popular sólo podrán participar las y los ciudadanos mexicanos que cuenten con Credencial para Votar vigente, expedida por lo menos sesenta días antes del día de la jornada de consulta y se encuentren registrados en las respectivas listas nominales.

Artículo 12.- En las consultas populares el voto es universal, libre, secreto, directo, personal e intransferible.

Artículo 13.- Toda organización civil legalmente constituida y con domicilio en el territorio nacional, tiene el derecho de promover y solicitar formalmente, en representación de sus miembros, la realización de consultas populares, quedando excluidos de este derecho los partidos políticos.

Artículo 14.- Para ejercer el derecho de participar en las consultas populares, las y los ciudadanos deben cumplir con el requisito de tener credencial para votar vigente y que no se encuentren suspendidos de sus derechos o prerrogativas derivado de encontrarse dentro de alguno de los siguientes supuestos:

I. Por falta de cumplimiento, sin causa justificada, de cualquiera de las obligaciones que impone el artículo 36 constitucional;

II. Por estar sujeto a un proceso criminal por delito que merezca pena corporal, a contar desde la fecha del auto de formal prisión;

III. Durante la extinción de una pena corporal, y

IV. Por vagancia o ebriedad consuetudinaria, declarada en los términos que prevengan las leyes;

V. Por estar prófugo de la justicia, desde que se dicte la orden de aprehensión hasta que prescriba la acción penal; y

VI. Por sentencia ejecutoria que imponga como pena la suspensión derechos o prerrogativas.

Artículo 15.- Los derechos garantizados en esta Ley no excluyen otros que se encuentren reconocidos y protegidos en instrumentos internacionales y en otras leyes de ámbito federal.

Artículo 16.- En el ámbito de esta Ley, las y los ciudadanos tienen laobligación de votar en las consultas populares, cumpliendo con lo establecido en la legislación aplicable, sin perturbar el orden y la tranquilidad públicos, ni afectar el desarrollo habitual de las actividades de las demás personas e instituciones públicas y privadas; además de otras obligaciones que se encuentren establecidas en esta y otras leyes de ámbito federal.

CAPITULO CUARTO

DISPOSICIONES GENERALES DE LOS MECANISMOS DE CONSULTA POPULAR

Artículo 17.- Los mecanismos de consulta popular regulados por esta Ley son los siguientes:

I. Plebiscito, y

II. Referéndum.

Artículo 18.- Las consultas populares serán convocadas por el Congreso de la Unión a petición de:

I. El Presidente de la República;

II. El treinta y tres por ciento de los integrantes de cualquiera de las Cámaras del Congreso de la Unión, o

III. Al menos el dos por ciento de las y los ciudadanos inscritos en la lista nominal de electores.

Artículo 19.- La cantidad máxima de preguntas o cuestionamientos que podrán realizarse a la ciudadanía en una consulta popular será de dos, de manera comprensible y legible.

Artículo 20.- Las jornadas de las consultas deben realizarse el mismo día la jornada electoral federal, ello de conformidad con el apartado 5º de la fracción VIII del artículo 35 constitucional.

Artículo 21.- Son causas de improcedencia de la petición de consulta popular cuando se trate de alguna de las siguientes materias:

I. Restricción de los derechos humanos reconocidos y protegidos por la Constitución y los instrumentos internacionales suscritos por el Estado mexicano;

II. Restricción de los principios consagrados en el artículo 40 de Constitución que se refieren a que es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una República representativa, democrática, federal, compuesta de Estados libres y soberanos en todo lo concerniente a su régimen interior; pero unidos en una federación;

III. Electoral;

IV. Ingresos y gastos del Estado;

V. Seguridad nacional, y

VI. Organización, funcionamiento y disciplina de la Fuerza Armada permanente.

Artículo 22.- Son causas de improcedencia de la consulta popular por inconsistencias en el contenido o procedimiento de la petición, las siguientes:

I. Que la petición no sea presentada por alguno de los sujetos legitimados para ello por la Constitución;

II. Que la petición no contenga la información y documentación correspondiente, según se trate de plebiscito o referéndum;

III. Que no se refiera a una de las materias que la presente Ley establece como asunto de trascendencia nacional;

IV. Se refiera a alguna de las materias improcedentes previstas en el artículo inmediato anterior de la presente Ley;

V.- Cuando la petición no se formule en los términos del artículo 8 Constitucional, debiendo presentarse por escrito, de manera pacífica y respetuosa;

VI. Cuando la cantidad de ciudadanos peticionarios o sus firmas auténticas no superen el requisito Constitucional del dos por ciento de los inscritos en la lista nominal de electores, y

VII. Cuando la causa que originó la petición de plebiscito se haya consumado y no sea posible restituirse las cosas a la situación que guardaban con anterioridad.

CAPITULO QUINTO

PROCEDIMIENTO DE LA PETICION DE CONSULTA POPULAR

Artículo 23.- Cuando se presenten dos o más peticiones de plebiscito o de referéndum, el Congreso de la Unión no podrá emitir más de una convocatoria y establecerá una preferencia con base en las siguientes consideraciones:

I. Por tratarse del asunto más trascendental para el interés público, conforme a la naturaleza del asunto, su impacto en el desarrollo sustentable y urgencia resolución;

II. Si se trata de dos solicitudes ciudadanas, se dará preferencia a aquella que cuente con el número mayor de ciudadanas y ciudadanos peticionarios;

III. La fecha de presentación de la petición, y

IV. Si se trata de solicitudes ciudadanas y gubernamentales, se dará preferencia a la petición ciudadana.

Serán preferentes en primer lugar las solicitudes efectuadas por los ciudadanos, seguidos por las presentadas por alguna de las cámaras y en este orden posterior las presentadas por el Ejecutivo Federal.

Artículo 24.- El procedimiento para la petición de las consultas populares será el siguiente:

I. Las peticiones para realizar las consultas populares deben ser presentadas ante las mesas directivas de ambas Cámaras o, en su caso, de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión; serán presentadas por escrito, anexando las firmas y documentación suficientes.

Las comisiones del Congreso de la Unión que se hacen cargo de los temas de participación ciudadana, ejercerán las facultades que sobre esta materia disponga la legislación aplicable, asimismo tendrán la participación que determinen las mesas directivas de ambas cámaras y de la Comisión Permanente.

II. En caso de tratarse de una petición ciudadana, los interesados deberán nombrar a un representante común, así como señalar domicilio para oír y recibir toda clase de notificaciones dentro del territorio nacional.

a) El Congreso de la Unión turnará de inmediato la petición ciudadana al Instituto para que éste, en un plazo no mayor a treinta días naturales, verifique el cumplimiento de lo establecido en el inciso c) del apartado 1º de la fracción VIII del artículo 35 Constitucional y emita un acuerdo de aceptación a trámite o, en su caso, de desechamiento.

II. Cuando el escrito de petición ciudadana no cumpla con las formalidades de ley, sea incomprensible o ilegible, el Instituto deberá prevenir a los peticionarios en los términos establecidos en el artículo 40, fracción I de esta Ley.

III. Si se trata de una petición del Ejecutivo o de legisladores federales, el Congreso de la Unión emitirá un acuerdo de aceptación a trámite o, en su caso, de desechamiento; ello dentro de un plazo no mayor a treinta días naturales.

Cuando el escrito de petición del Ejecutivo o de legisladores federales para realizar un plebiscito o referéndum sea incomprensible, ilegible o no cumpla con las formalidades de ley, el Congreso de la Unión prevendrá a los peticionarios para que en un plazo no mayor a diez días naturales cumplan con el requerimiento correspondiente.

III. En todos los casos que sea declarada procedente una petición, ya sea por el Instituto o por el Congreso de la Unión, éste la turnará a la Suprema Corte para que, dentro del plazo no mayor a noventa días naturales, resuelva y notifique al Congreso de la Unión sobre la procedencia del asunto que se pretende someter a consulta, ello en cumplimiento al apartado 2º de la fracción VIII del artículo 35 constitucional.

IV. La Suprema Corte requerirá un informe justificado a las autoridades involucradas.

V. Cuando la Suprema Corte resuelva a favor de la constitucionalidad de la petición y asílo notifique al Congreso de la Unión, éste emitirá, en un plazo no mayor a diez días naturales, una declaración definitiva de procedencia de la consulta popular, ordenando que se emita la convocatoria para dicha consulta.

a) El Congreso de la Unión ordenará de inmediato la publicación de la convocatoria en el Diario Oficial de la Federación, en su portal de internet y en, por lo menos, tres diarios impresos de circulación nacional. Asimismo, turnará la convocatoria al Instituto para que éste inicie el procedimiento de organización, desarrollo, cómputo y declaración de resultados, ello en apego a lo establecido en el apartado 4º de la fracción VIII del artículo 35 constitucional.

VI. El desistimiento de la consulta sólo podrá hacerse valer por los peticionarios antes de que sea emitida la convocatoria correspondiente.

Artículo 25.- La convocatoria para la consulta popular contendrá al menos la siguiente información:

I. Lugar y fecha de la emisión de la convocatoria;

II. El acto, omisión o decisión ejecutada o de inminente ejecución del Ejecutivo que se somete a plebiscito o, en su caso, la creación, modificación, derogación o abrogación de disposiciones de la Constitución y de leyes emitidas por el Congreso de la Unión que se encuentren en discusión sujetas a referéndum;

III. Declaración definitiva de procedencia de la consulta popular, emitida por el Congreso de la Unión;

IV. Fecha en que el Instituto deberá llevar a cabo la jornada de la consulta;

V. Requisitos y obligaciones para votar, y

VI. Pregunta o preguntas a responder por la ciudadanía.

CAPITULO SEXTO

PROCEDIMIENTO PARA LA JORNADA DE LA CONSULTA POPULAR

Artículo 26.- La jornada de la consulta popular deberá llevarse a cabo por el mismo día en que se celebre de la jornada electoral federal correspondiente.

Artículo 27.- El procedimiento para la jornada de la consulta popular comprende las etapas de:

I. Organización;

II. Desarrollo;

III. Cómputo, y

IV. Declaración de resultados.

Artículo 28.- La jornada se realiza mediante las siguientes acciones de:

I. Distribución de materiales de consulta y boletas;

II. Ubicación;

III. Publicación;

IV. Integración;

V. Instalación y apertura de casillas;

VI. Emisión, escrutinio y cómputo de los votos;

VII. Cierre y publicación de resultados de casillas;

VIII. Remisión de la paquetería a los Consejos Electorales Distritales.

Artículo 29.- Para la emisión del voto se imprimirán las boletas de consulta correspondientes, con base en el modelo que apruebe el Instituto, debiendo contener, cuando menos, los siguientes datos:

I.- Entidad federativa y distrito electoral;

II.- Sello y firmas impresas del Presidente y Secretario Ejecutivo;

III. Talón desprendible de cada boleta con número de folio consecutivo;

IV.- La pregunta o preguntas sobre si la o el ciudadano, está conforme o no, con el acto, decisión u omisión que se somete a plebiscito;

V.- Cuadros o círculos para la respuesta mediante el SÍ o el NO, y

VI.- Una descripción legible y comprensible del acto, decisión u omisión sometido a consulta.

Artículo 30.- El Consejo General del Instituto deberá emitir una declaración firme de validez del resultado de la consulta popular en un plazo no mayor a quince días naturales posteriores a la realización de dicha consulta, publicarla en el Diario Oficial de la Federación, en su sitito electrónico y en por lo menos tres diarios impresos de circulación nacional, así como hacerla del conocimiento del Congreso de la Unión.

Artículo 31.- Cuando el Congreso de la Unión determine que es necesaria la comparecencia de las autoridades que quedaron vinculadas con el resultado de la consulta popular, las citará para que informen y acrediten su debidocumplimiento.

Artículo 32.- En las campañas de difusión y capacitación podrán participar las organizaciones de la sociedad civil, universidades e instituciones especializadas en la materia de esta Ley. Es obligación del Ejecutivo y todas las autoridades competentes facilitar al Instituto la instrumentación de la consulta.

Artículo 33.- Se procurará que la cantidad, ubicación e instalación de las casillas, así como la integración de las mesas directivas sea equivalente a las del proceso electoral federal inmediato anterior.

Artículo 34.- En todo aquello que no esté previsto por la presente Ley, el procedimiento para la jornada de la consulta popular se sujetará a la legislación y normatividad electoral de ámbito federal.

CAPITULO SEPTIMO

RESULTADOS VINCULATORIOS DE LA CONSULTA POPULAR

Artículo 35.- El resultado de la consulta popular será vinculatorio para el Ejecutivo o, en su caso, para el Congreso de la Unión y demás autoridades involucradas cuando sea aprobado por mayoría de votos y, de conformidad con lo previsto por el apartado 2º de la fracción VIII del artículo 35 Constitucional, cuando la votación corresponda al menos al cuarenta por ciento de las y los ciudadanos inscritos en la lista nominal de electores.

Artículo 36.- Los plazos aplicables para el debido cumplimiento del mandato popular serán los previstos en los artículos 42 y 49 de la presente Ley, según se trate de plebiscito o referéndum.

CAPITULO OCTAVO

PLEBISCITO

Artículo 37.- La petición para realizar una consulta popular con el mecanismo de plebiscito, debe ser presentada al Congreso de la Unión en cualquier momento antes de ser emitido o ejecutado el acto o la decisión que motivó la petición o, en su caso, debe ser presentada dentro de los treinta días siguientes a la fecha en que fue emitido o ejecutado dicho acto o decisión.

Artículo 38.- La petición de plebiscito deberá contener, por lo menos, la siguiente información y documentación:

I. Especificación del acto, decisión u omisión ejecutada o de inminente ejecución que es de trascendencia nacional;

II. Exposición de motivos en la que se señalen las razones políticas, económicas y sociales por las que se considera que el asunto es de trascendencia nacional, y

III. Documentación que acredite el cumplimiento de los requisitos establecidos en esta Ley.

Artículo 39.- El plebiscito será improcedente cuando se tenga alguna de las causales establecidas por el artículo 21 de esta Ley.

Artículo 40.- El procedimiento para la realización del plebiscito se regirá, en lo conducente, por lo establecido en los capítulos Quinto y Sexto de esta Ley, con las siguientes particularidades:

I. Cuando el escrito de petición ciudadana para realizar un plebiscito no cumpla con las formalidades de ley, o sea incomprensible o ilegible, el Instituto deberá prevenir a los peticionarios, dentro del plazo establecido en la fracción II del artículo 24 de la presente Ley, para que en un término máximo de diez días naturales cumplan con los requerimientos correspondientes, de lo contrario se tendrá por no presentada dicha petición.

II. Cuando el escrito de petición presentado por el Ejecutivo o los legisladores federales para realizar un plebiscito sea incomprensible, ilegible o no cumpla con las formalidades de ley, el Congreso de la Unión prevendrá a los peticionarios, dentro del plazo establecido en la fracción III del artículo 24 de esta Ley para que cumplan debidamente con los requerimientos correspondientes en un término máximo de diez días naturales.

III. Dentro del plazo establecido en la fracción IV del artículo 24 de la presente Ley, la Suprema Corte deberá requerir a la autoridad de donde supuestamente emanó el acto, omisión o decisión ejecutada o de inminente ejecución que motivó la petición, para que ésta rinda un informe justificado en un plazo no mayor a diez días naturales.

Artículo 41.- Cuando la petición de plebiscito sea motivada por un acto, decisión u omisión del Instituto, el procedimiento estará a cargo del Congreso de la Unión, salvo la verificación del requisito establecido en el inciso c) del apartado 1º de la fracción VIII del artículo 35 constitucional, así como la organización y realización de la jornada de consulta popular.

Ahora bien, una vez que se determine la procedibilidad del plebiscito en términos de la presente Ley, los actos u omisiones consultados en el mismo tendrán efectos suspensivos en tanto se conozca el resultado firme del mecanismo de consulta citado, para su ejecución o abstención de que se trate.

Artículo 42.- Si el resultado del plebiscito es en sentido de desaprobar la decisión o el acto ejecutado o de inminente ejecución que fue sometido a consulta, el Ejecutivo Federal emitirá, en un plazo no mayor a treinta días naturales posteriores a la celebración de la jornada de consulta, el decreto revocatorio correspondiente y ordenará a los integrantes de su gabinete que instrumenten todas las acciones necesarias y suficientes para que de inmediato cese la ejecución de la decisión o acto de que se trate. El decreto será publicado en el Diario Oficial de la Federación, se publicarán en su portal de internet y en, por lo menos, tres diarios impresos de mayor circulación nacional.

Artículo 43.- Si el resultado del plebiscito es en sentido de desaprobar la omisión del Ejecutivo Federal éste deberá, dentro del plazo establecido en el artículo inmediato anterior,expedir un decreto o emitir acuerdo para ordenar que de inmediato se lleven a cabo las acciones necesarias y suficientes para el debido cumplimiento del mandato ciudadano.

Artículo 44.- En ningún caso se podrá expedir Decreto o emitir acuerdo en el mismo sentido de lo que se haya desaprobado mediante plebiscito, dentro de los tres años siguientes, contados a partir de la publicación del resultado en el Diario Oficial de la Federación.

CAPITULO NOVENO

REFERENDUM

Artículo 45.- La petición para realizar una consulta popular con el mecanismo de referéndum, debe ser presentada en cualquier momento antes de ser aprobada en definitiva la creación, modificación, derogación o abrogación de disposiciones de la Constitución y de leyes emitidas por el Congreso de la Unión o, en su caso, dentro de los treinta días siguientes a la fecha de dicha aprobación legislativa.

Cuando la petición se refiera a una omisión legislativa, podrá ser presentada en cualquier momento.

Artículo 46.- La petición de referéndum deberá contener, por lo menos, la siguiente información y documentación:

I. Especificación del asunto de trascendencia nacional que no ha sido motivo de decreto legislativo;

II. Mención precisa del ordenamiento o los artículos correspondientes que se propone someter a referéndum.

III. Exposición de motivos en la que se señalen las razones políticas, económicas y sociales por las que se considera que el asunto es detrascendencia nacional.

IV. Documentación que acredite legalmente haber cumplido con los requisitos establecidos en esta Ley para solicitar la realización del plebiscito.

Artículo 47.- El referéndum será improcedente cuando se tenga alguna de las causales establecidas por el artículo 21 de esta Ley.

Artículo 48.- El procedimiento para la realización del referéndum se regirá, en lo conducente, por lo establecido en los capítulos Quinto y Sexto de esta Ley, con las siguientes particularidades:

I. Cuando el escrito de petición ciudadana para realizar un referéndum no cumpla con las formalidades de ley, o sea incomprensible o ilegible, el Instituto deberá prevenir a los peticionarios, dentro del plazo establecido en la fracción II del artículo 24 de la presente Ley, para que en un término máximo de diez días naturales cumplan con los requerimientos correspondientes, de lo contrario se tendrá por no presentada dicha petición.

II. Cuando el escrito de petición presentado por el Ejecutivo o los legisladores federales para realizar un referéndum sea incomprensible, ilegible o no cumpla con las formalidades de ley, el Congreso de la Unión prevendrá a los peticionarios, dentro del plazo establecido en la fracción III del artículo 24 de esta Ley para que cumplan debidamente con los requerimientos correspondientes en un término máximo de diez días naturales.

III. Dentro del plazo establecido en la fracción IV del artículo 24 de la presente Ley, la Suprema Corte deberá requerir al Congreso de la Unión que rinda un informe justificado en un plazo no mayor a diez días naturales.

Ahora bien, una vez que se determine la procedibilidad del referéndum en términos de la presente Ley, los actos u omisiones consultados en el mismo tendrán efectos suspensivos en tanto se conozca el resultado firme del mecanismo de consulta citado, para su ejecución o abstención de que se trate.

Artículo 49.- Si el resultado del referéndum es en sentido de desaprobar la omisión legislativa, o la creación, modificación, derogación o abrogación de disposiciones de la Constitución y de leyes emitidas por el Congreso de la Unión, éste emitirá, en un plazo no mayor a treinta días naturales posteriores a la celebración de la jornada de consulta, un acuerdo para dar debido cumplimiento al mandato ciudadano. El acuerdo mencionado deberá ser publicado en el Diario Oficial de la Federación y será publicado en el portal de internet del Congreso, así como en, por lo menos, tres diarios impresos de circulación nacional.

Artículo 50.- En ningún caso el Congreso de la Unión podrá expedir decreto o emitir acuerdo en el mismo sentido de lo que se haya desaprobado mediante referéndum, dentro de los tres años siguientes, contados a partir de la publicación del resultado de la consulta popular en el Diario Oficial de la Federación.

CAPITULO DECIMO

MEDIOS DE IMPUGNACION

Artículo 51.- Las resoluciones del Instituto podrán ser impugnadas, de conformidad con el apartado 6o. de la fracción VIII del artículo 35 constitucional, ante el Tribunal en los términos de lo dispuesto por la fracción VI del artículo 41 constitucional, así como de la fracción III del artículo 99 de la Constitución.

Artículo 52.- Las impugnaciones a que se refiere el artículo anterior inmediato se sustanciarán y resolverán por el Tribunal aplicando, en lo conducente, lo establecido por el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales y la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral. Las resoluciones del Tribunal serán definitivas e inatacables.

Artículo 53.- Las resoluciones del Congreso de la Unión y de la Suprema Corte serán definitivas para las autoridades, quedando a salvo el derecho de las y los ciudadanos de acudir ante las instancias correspondientes.

CAPITULO DECIMOPRIMERO

RESPONSABILIDADES Y SANCIONES

Artículo 54.- El incumplimiento de las disposiciones contenidas en esta Ley, por parte de las autoridades y ciudadanos, será sancionado administrativa y penalmente, de conformidad con lo establecido por la legislación aplicable.

CAPITULO DECIMOSEGUNDO

FINANCIAMIENTO

Artículo 55.- El Presupuesto de Egresos de la Federación contemplará una partida especial dentro del presupuesto del Instituto, destinada para dar cumplimiento a lo establecido por el apartado 4º de la fracción VIII del artículo 35 constitucional en lo que se refiere a la organización, desarrollo, cómputo y declaración de resultados de las consultas populares, así como paraprogramas de capacitación y difusión en materia de consulta popular.

Artículo 56.- El Instituto preverá los recursos suficientes para que las y los ciudadanos mexicanos en el extranjero ejerzan plenamente su derecho a participar en los mecanismos de consulta popular.

Artículo 57.- El presupuesto asignado al Instituto que no se ejerza para los efectos de esta Ley, no será considerado como subejercicio presupuestal y, por tanto, no podrá ser reasignado a ningún otro programa del Instituto ni a alguna otra institución o dependencia. Los recursos no aplicados se destinarán a programas de capacitación ciudadana y difusión social de los mecanismos de consulta popular en todo el país.

Artículo 58.- En ningún caso el Estado mexicano, particularmente el Instituto, podrán argumentar la insuficiencia o falta de recursos como motivo para no realizar las consultas populares convocadas por el Congreso de la Unión.

Bajo ninguna circunstancia las y los ciudadanos, individual o colectivamente, aportarán recursos propios para llevar a cabo la organización ni la jornada de las consultas populares.

TRANSITORIOS

PRIMERO.- La presente Ley entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

SEGUNDO.- Se derogan todas aquellas disposiciones legales, reglamentarias, contenidas en decretos, acuerdos y circulares, y en general todas aquellas que se opongan a lo establecido en la presente Ley.

TERCERO.- El Congreso de la Unión establecerá en el Presupuesto de Egresos Anual del año siguiente inmediato a la entrada en vigor de este Decreto, los recursos financieros que resulten necesarios y suficientes para la instrumentación de la presente Ley.

CUARTO.- En un plazo no mayor a ciento ochenta días, contados a partir de la entrada en vigor del presente Decreto, el Instituto expedirá los reglamentos, normas y acuerdos que se requieran para la adecuada organización y jornada de las consultas populares.

Senado de la República, a 14 de febrero de 2013.

Suscriben

Sen. Dolores Padierna Luna.- Sen. Manuel Camacho Solís”.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, Senadora Padierna Luna. Se turna a las Comisiones Unidas de Anticorrupción y Participación Ciudadana; y de Estudios Legislativos, Primera.

Informo a la Asamblea, que la iniciativa que presentaron los grupos parlamentarios del PRI, PRD, PVEM y del PT, sobre reformas a la Ley General de Víctimas, se amplía el turno para que la Comisión de Derechos Humanos se incorpore al dictamen y análisis correspondiente.

Se le concede el uso de la palabra al Senador René Juárez Cisneros, del grupo parlamentario del PRI, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 37 de la Ley General de Desarrollo Social.





 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTICULO 37 DE LA LEY GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL

(Presentada por el C. Senador René Juárez Cisneros, del grupo parlamentario del PRI)

- El C. Senador René Juárez Cisneros: Con su venia, señor Presidente; Senadoras y Senadores de la República.

Señor Presidente, solicito, respetuosamente, instruya la inserción íntegra de la iniciativa en el Diario de los Debates.

El propósito de esta iniciativa tiene que ver con la oportunidad y la calidad de la información que debemos tener en relación a las mediciones que el CONEVAL hace en materia de pobreza.

Hoy día, el CONEVAL, de definir los lineamientos y de hacer los estudios correspondientes en esta materia, los lleva al cabo para el caso de las entidades federativas cada dos años y para el caso de los municipios, con información desagregada, lo hace cada cinco años.

Nos parece que por la naturaleza, por la trascendencia, por la importancia de los temas que tienen que ver con la pobreza y con las políticas sociales, tendrían que revisarse estos tiempos, a efecto de tener con mayor oportunidad esta información.

Más aún, los estudios que realizan, a través del CONEVAL, tienen un desfasamiento de seis o siete meses porque tienen que analizar, procesar la información, editarla y difundirla, y eso lleva entre seis o siete meses en promedio, de tal manera que la información que disponen las entidades federativas en la materia, tiene, cuando menos, un espacio, un periodo de casi tres años.

Y en el caso de los municipios, pues ahí ya ni hablamos, la información desagregada se tiene cada cinco años, y el mismo procedimiento de desfase de seis o siete meses la lleva prácticamente a que se disponga de ella cada sexenio.

La idea es que, reformando el artículo 37 de la Ley de Desarrollo Social, se puedan ajustar los tiempos para que, en el caso de las entidades federativas, los estudios, las mediciones se hagan cada año; y en el caso de los ayuntamientos se puedan hacer, cuando menos, cada tres años, para que tengan, de alguna manera, congruencia con los tiempos políticos de los alcaldes, de los cabildos, para que esto nos permita tomar las medidas correctivas, los ajustes, las rectificaciones o las ratificaciones de las políticas públicas en la materia, de evaluar los programas, su eficiencia en los estados y en los municipios.

En este contexto se ubica esta iniciativa que hoy pongo a su consideración.

Por su atención, a todas y todos ustedes, Senadoras y Senadores, amigos, muchas gracias.

(Aplausos)

Iniciativa

“El suscrito, René Juárez Cisneros, Senador a la LXII legislatura del Congreso de la Unión, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como en lo previsto por los artículos 8, numeral 1, fracción I; 77, numeral 1; 164, numerales 1 y 2; y 169 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforma el articulo 37 de la Ley General de Desarrollo Social, al tenor de la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

El reflejo más crudo e inaceptable de los rezagos sociales que persisten en nuestro país es sin lugar a dudas la pobreza, la cual impone graves limitaciones para el desarrollo social, niega la igualdad de oportunidades y evidencia el fracaso de nuestra sociedad para abatir las enormes asimetrías sociales que en ella persisten.

Aun cuando en las últimas décadas se han registrado progresos en diversas dimensiones del desarrollo social, los desafíos prevalecientes en materia de superación de la pobreza obligan a reforzar y complementar las políticas y programas sociales a fin de consolidar los logros alcanzados. En un contexto económico, social y político complejo, es indispensable emplear los instrumentos y recursos disponibles de la mejor manera posible para garantizar que los programas sociales lleguen de manera efectiva a quienes más los necesitan.

Las cifras más recientes sobre la situación de la pobreza en el país, generadas por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), constituyen indicios que no se pueden obviar y que desde luego deben ser tomados en cuenta para conocer el tamaño de los problemas nacionales que todavía enfrenta la política social en México.

La información del CONEVAL da cuenta de que en el país existen 52 millones de personas en situación de pobreza, y 11.7 millones de mexicanos se encuentran en condición de pobreza extrema,1 cifras que permiten dimensionar la magnitud de los desafíos que enfrenta todavía el Estado para erradicar este flagelo que lastima seriamente a la sociedad, especialmente en las regiones y los grupos sociales más desfavorecidos y rezagados.

Elementos importantes para mejorar las políticas públicas de desarrollo social, son la medición y la evaluación permanente y sistemática de los programas y acciones que sustentan la política social del país, con el propósito de conocer su cumplimiento y avance.

Evaluar y medir las políticas públicas no solo es trascendental por la información que proporcionan, sino además porque sus conclusiones y recomendaciones sirven de plataforma para mejorar leyes, programas y acciones; para orientar y controlar el gasto público, y para medir el desempeño gubernamental, con lo que, en nuestra consideración, se planea mejor el desarrollo de un país.

En el transcurso de los últimos años, mucho se ha avanzado en la investigación y en la medición de la pobreza. La persistencia y el aumento de las herramientas para identificar esta condición lacerante, requieren la continuación de ese esfuerzo hacia la consolidación de un Sistema de Evaluación y Medición en México, a la vez de profundizar en el análisis de las relaciones entre crecimiento económico, desigualdad y pobreza.

La medición de la pobreza y la evaluación son ahora instrumentos fundamentales para mejorar constantemente el desempeño de la política de desarrollo social y conocer aquellas acciones que son efectivas para resolver los grandes problemas sociales y económicos que todavía aquejan al país.

A partir de la publicación de la Ley General de Desarrollo Social en 2004 se dio un cambio significativo en la política social en nuestro país, en tanto que este ordenamiento legal tiene como objetivo primordial hacer posible el pleno ejercicio de los derechos sociales de los mexicanos, asegurando el acceso de toda la población al desarrollo social, así como definir los principios y lineamientos generales a los que debe sujetarse la Política Nacional de Desarrollo Social.

El hecho de que la política nacional de desarrollo social haya sido elevada al rango de ley, constituye un paso importante para convertirla en una política de Estado, cuyos objetivos, principios y funcionamiento trasciendan las diferentes administraciones sexenales del gobierno federal, dándole mayor certidumbre a los actores públicos y sociales involucrados en los diferentes aspectos del desarrollo del país.

A partir de la publicación de la Ley General de Desarrollo Social, se construyó todo un andamiaje legal, institucional, regulatorio y normativo que define y organiza la política social y su evaluación. Se crea el CONEVAL, organismo público descentralizado con autonomía técnica y de gestión, al que se le encomendó normar y coordinar la evaluación de las políticas y programas de desarrollo social que ejecuten las dependencias públicas, así como establecer los lineamientos y criterios para la definición, identificación y medición de la pobreza, como principales indicadores de desempeño de la política de desarrollo social del país.

La Ley concede al CONEVAL la facultad amplia y sustantiva de hacerse cargo de la evaluación de la política social, pudiendo “realizarla por sí mismo o a través de uno o varios organismos independientes del ejecutor del programa”, con el objeto de “revisar periódicamente el objetivo social de los programas, metas y acciones de la Política de Desarrollo Social, para corregirlos, modificarlos, adicionarlos, reorientarlos o suspenderlos total o parcialmente.”

El artículo 36 de la Ley General de Desarrollo Social señala, por su parte, que el CONEVAL será el encargado de establecer los lineamientos y criterios para la definición, identificación y medición de la pobreza, la cual deberá realizarse con base en la información que genere el Instituto Nacional de Estadística y Geografía2 (INEGI) y deberá incluir, independientemente de otros datos que se estime conveniente, al menos los siguientes indicadores: 1) ingreso corriente per cápita, 2) rezago educativo promedio en el hogar, 3) acceso a los servicios de salud, 4) acceso a la seguridad social, calidad y espacios de la vivienda, 5) acceso a los servicios básicos en vivienda, 6) acceso a la alimentación, y 7) grado de cohesión social. Lo anterior, permitió el tránsito de una medición de la pobreza con carácter “unidimensional”, hacia una medición “multidimensional” de la pobreza.

Estos lineamientos y criterios son de aplicación obligatoria para las entidades y dependencias públicas que participen en la ejecución de los programas de desarrollo social, cuyos estudios para la medición e identificación de la pobreza, conforme a lo dispuesto por el artículo 37 de la Ley General de Desarrollo Social, deberá realizarlas el CONEVAL con una periodicidad mínima de cada dos años para cada entidad federativa y con información desagregada a nivel municipal cada cinco años.

Contar con información oportuna sobre la medición de la pobreza y su evolución, logra identificar los principales problemas sociales que enfrentan los mexicanos, lo que permite decidir cuáles deben ser las prioridades de la política nacional de desarrollo social para anticipar estrategias y recursos, focalizando los esfuerzos hacia las regiones y localidades donde sigan manteniéndose porcentajes altos de población en pobreza y marginación.

Consideramos, sin embargo, que dada la importancia de la medición e identificación de la pobreza para profundizar en sus causas, resulta conveniente que esta información pueda obtenerse en el corto plazo.

Actualmente, la medición multidimensional de la pobreza se realiza cada dos años con base, principalmente, en la Encuesta Nacional de Ingreso y Gasto de los Hogares (ENIGH)3 que elabora el INEGI, pero que además de ser bianual presenta el problema de que sus resultados se dan a conocer con un retraso de entre seis y siete meses, que hace que entre una medición y otra se genere un vacio, que, ante la falta de información oficial, puede llegar a generar confusión sobre los índices de incremento o disminución de pobreza entre un periodo y otro.

A manera de ejemplo, vale la pena señalar que el INEGI ha informado que el periodo de levantamiento de la ENIGH sería entre el 17 de agosto y el 2 de diciembre de 2012,4 cuyos resultados habrán de publicarse en julio de 2013, por lo que consecuentemente el CONEVAL vendría presentando los resultados de la medición e identificación de la pobreza alrededor del mes de agosto del presente año.

La diferencia de dos años que se da entre una medición y otra de la pobreza, así como el retraso en la entrega de los resultados, inclusive, constituye un problema para el Secretario Ejecutivo del CONEVAL, como así podemos apreciar del documento Construyendo un Sistema de Evaluación y Medición: Un Reto de Política Pública con Elementos Técnicos.5

Nuestra propuesta, que ponemos a consideración de esta Soberanía, consiste en reducir precisamente la periodicidad en la elaboración de los estudios respecto de la medición de la pobreza. Creemos que reducir de dos a un año, en lo correspondiente a los estudios para cada entidad federativa; y, a su vez, de cinco a cuando menos tres años, en lo relativo a la elaboración de los estudios con información desagregada a nivel municipal, permitirá fortalecer la orientación de una mejor política social y económica, y ofrecer la oportunidad de llevar a cabo el monitoreo oportuno y en corto plazo de las carencias sociales en estados y municipios.

Reducir los tiempos para hacer una medición de la pobreza, tal y como lo proponemos, es factible, pues lo que se busca es que ante crisis económicas, como la más reciente sucedida en 2008 y 2009, se pueda contar con información pronta y pertinente para hacer frente a condiciones adversas que pongan en riesgo las acciones y programas de la política social del país, y puedan enfocarse los esfuerzos hacia las regiones y localidades que presentan mayores condiciones de marginación y pobreza, que desde luego son los que sufren con mayor medida los embates de las fluctuaciones financieras, que se traducen principalmente en pérdida de empleo y aumento en el precio de los alimentos.

El hecho de que el CONEVAL haya creado el Índice de Tendencia Laboral de la Pobreza (ITLP),6 no va en contra de nuestra propuesta, pues si bien el ITPL permite conocer cada trimestre la tendencia del poder adquisitivo del ingreso laboral, lo que resulta por supuesto de utilidad para observar las tendencias en el corto plazo de dos elementos fundamentales de la pobreza como lo son el ingreso laboral y el precio de los alimentos, no representa una medición oficial de la pobreza como tal, en tanto que la medición multidimensional de la pobreza se basa en una encuesta como la ENIGH que tiene más información que la propia ENOE y que debe elaborarse, como ya se ha explicado, en indicadores como el ingreso corriente per cápita; el rezago educativo promedio en el hogar; el acceso a los servicios de salud; el acceso a la seguridad social, calidad y espacios de la vivienda; el acceso a los servicios básicos en vivienda; el acceso a la alimentación, y el grado de cohesión social.

Se pudiera argumentar que el tema presupuestal sería una limitante; sin embargo, como se mandata en la misma Ley General de Desarrollo Social, los recursos deberán ser asignados en el mismo Presupuesto de Egresos de la Federación, además que nuestra propuesta converge con el principio de anualidad presupuestal,7 con la revisión anual de las Zonas de Atención Prioritaria y de su declaratoria,8 así como con la evaluación anual9 que el propio CONEVAL realiza de los programas sociales, que en nuestra consideración permite una sinergia entre las tareas de medición y evaluación, cuando además los resultados de la ENIGH no son solamente utilizados por el CONEVAL para medir la pobreza, sino igualmente por las diferentes dependencias y entidades de la administración pública federal para el diseño y ejecución de sus propios programas.

Consideramos que reducir los tiempos en la elaboración de los estudios de la medición de la pobreza contribuiría a crear redes de protección para evitar las carencias y brutales efectos que generan las crisis económicas en los grupos más vulnerables y en las regiones y localidades con mayores carencias y rezagos sociales, pero también aportaría a lograr que la evaluación de la política social contribuya a mejorar la rendición de cuentas, la transparencia, la participación social, la eficiencia y la eficacia social de las acciones del gobierno orientadas a mejorar el bienestar de la población y a combatir la desigualdad social y la pobreza.

En el contexto de un nuevo gobierno, la política social como sistema de acción pública, requiere de información oportuna y confiable para que los actores públicos y sociales imaginen, acuerden, diseñen e implementen ajustes urgentes que permitan superar la desigualdad social y la pobreza.

Es indispensable que la medición de la pobreza genere información oportuna y en corto plazo, para hacer un monitoreo sistemático del cumplimiento de los objetivos de la política nacional de desarrollo social, para lo cual desde luego el CONEVAL deberá contar con recursos presupuestales suficientes para cumplir con el mandato que la ha impuesto la Ley General de Desarrollo Social.

La información sobre la evolución reciente de la pobreza sugiere que existen debilidades e inconsistencias en la política social; que la pobreza persiste pese a los esfuerzos emprendidos; que el combate a la exclusión social no puede depender exclusivamente de programas sociales de carácter asistencialista y que tampoco se puede esperar que el crecimiento de la economía por sí mismo resuelva estos problemas sociales, porque los datos históricos contradicen este argumento.

Aunque se han logrado avances importantes en identificar la pobreza y en la normalización de la evaluación, que desde luego ha generado información útil para determinar la calidad cognoscitiva de la política social y de las carencias sociales de los mexicanos, la información que ha generado la evaluación acerca de la consistencia interna y de la calidad de los indicadores de resultados, gestión y servicios de los programas, no se ha usado todavía para modificar el diseño de los programas que presentan inconsistencias en su diseño y problemas en sus indicadores, y menos para valorar la eficiencia económica y la eficacia social del conjunto de la política social.

La evaluación tampoco ha generado todavía información acerca de la eficiencia económica de los servicios y productos considerados en los programas de política social que se requieren para hacer evaluaciones de costo-beneficio de los programas y que permita hacer ajustes en su operación para disminuir costos, mejorar la gestión, obtener mejores resultados y disminuir los espacios que fomentan el clientelismo de los programas sociales. Hasta el momento, la relación costo-eficiencia de los diferentes programas de la política de desarrollo social, la única herencia aceptable de la nueva gestión pública, sigue siendo un supuesto que requiere también de un examen cuidadoso en la evaluación de la política social.

Hoy en día, se requiere conocer en el menor tiempo posible los resultados y la eficiencia de los programas y de las políticas de desarrollo social en estados y municipios. Un sistema de evaluación y medición para poder mejorar las herramientas de política pública y mejorar la rendición de cuentas.

Creemos que a partir del estudio puntual de los componentes de la política social, se podrán tener bases sólidas para el mejoramiento de la política pública en esta materia, de ahí que contar con indicadores oportunos, sistemáticos y en corto plazo sobre la evolución de la pobreza y sus causas, permitiría que las políticas y programas de desarrollo social resuelvan el problema para el cual fueron diseñados.

Es en ese contexto en que precisamente se inscribe la Iniciativa que hoy someto a su consideración, resultado del compromiso de impulsar un constante fortalecimiento de las herramientas e instrumentos que utiliza el Estado mexicano para ejercer la política social.

Por las consideraciones anteriormente expuestas, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO

Artículo Unico. Se reforma el artículo 37 de la Ley General de Desarrollo Social, para quedar como sigue:

Artículo 37. Los estudios del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social deberán hacerse con una periodicidad de un año para cada entidad federativa y con información desagregada a nivel municipal por lo menos cada tres años, para lo cual deberán hacerse las previsiones presupuestarias correspondientes en el Presupuesto de Egresos de la Federación, para que el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática pueda llevar a cabo los censos, conteos y encuestas correspondientes.

TRANSITORIOS

Unico. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Salón de sesiones del Senado de la República, a 12 de febrero de 2012.

Atentamente

Sen. René Juárez Cisneros”.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, Senador Juárez Cisneros. Se turna a las Comisiones Unidas de Desarrollo Social; y de Estudios Legislativos.

Se recibió del Senador Benjamín Robles Montoya, del grupo parlamentario del PRD, un proyecto de Decreto por el que se reforman diversos artículos de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, el cual se turna a las Comisiones Unidas de Gobernación; y de Estudios Legislativos, Segunda.

1 Medición multidimensional de la pobreza realizada en el año 2010 por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social.

2 Los artículos 36 y de la Ley General de Desarrollo Social se refieren al INEGI como el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, ahora denominado Instituto Nacional de Estadística y Geografía por virtud de decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 16 de abril de 2008, por el que se expide la Ley del Sistema Nacional de Información Estadística y Geografía.

3 La ENIGH es una encuesta que elabora el INEGI que está diseñada para ofrecer resultados de ingresos y gastos expresados en valores absolutos. Para 2012, el INEGI ha informado que la ENIGH generará información acerca del monto, procedencia y distribución de los ingresos y gastos de los hogares nacionales o extranjeros, que residen dentro del territorio nacional. También integrará información sobre las características ocupacionales y sociodemográficas de los integrantes del hogar, así como las características de la infraestructura de la vivienday el equipamiento del hogar.

4 http://www.inegi.org.mx/inegi/contenidos/espanol/prensa/boletines/Boletin/Comunicados/Especiales/2012/Agosto/comunica28.pdf

5 http://www.eclac.cl/colombia/noticias/documentosdetrabajo/1/40511/Gonzalo-Hernandez2-GES.pdf

6El ITLP se elabora a partir de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), que genera el INEGI.

7El artículo 74, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, señala que es facultad exclusiva de la Cámara de Diputados aprobar anualmente el Presupuesto de Egresos de la Federación, previo examen, discusión y, en su caso, modificación del Proyecto enviado por el Ejecutivo Federal

8Conforme al artículo 29 de la Ley General de Desarrollo Social, se consideran zonas de atención prioritaria las áreas o regiones, sean de carácter predominantemente rural o urbano, cuya población registra índices de pobreza, marginación indicativos de la existencia de marcadas insuficiencias y rezagos en el ejercicio de los derechos para el desarrollo social establecidos en esta Ley.

El artículo 30 de la Ley, señala que el Ejecutivo Federal revisará anualmente las zonas de atención prioritaria, teniendo como referente las evaluaciones de resultados de los estudios de medición de la pobreza, que emita el CONEVAL e informará a la Cámara de Diputados sobre su modificación para los efectos de asignaciones del Presupuesto de Egresos de la Federación. La Cámara de Diputados, al aprobar el Presupuesto, hará la Declaratoria de Zonas de Atención Prioritaria, la cual deberá publicarse en el Diario Oficial de la Federación, junto con el Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación.

9Conforme a lo señalado en el artículo 78 de la Ley General de Desarrollo Social, la evaluación de la política de desarrollo social será anual, definiendo como periodo del primero de mayo al treinta de abril y podrá también ser multianual en los casos que así se determine.





 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTICULOS 3, 13, 15 Y 17 DE LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO

(Presentada por el C. Senador Angel Benjamín Robles Montoya, del grupo parlamentario del PRD)

“SEN. ERNESTO JAVIER CORDERO ARROYO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
DE LA CAMARA DE SENADORES
PRESENTE.

El que suscribe, Angel BenjamIn Robles Montoya, Senador de la República, integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática ante la LXII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los diversos 8 fracción I, 164 párrafos 1 y 2; 169 párrafos 1 y 4; 172 párrafo 1, y demás aplicables del Reglamento del Senado de la República, presento a esta Honorable Soberanía la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTICULOS 3, 13, 15 Y 17 DE LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO, de conformidad con la siguiente:

Exposición de Motivos

La negativa ficta es una figura jurídica que constituye una negación de una autoridad administrativa o judicial a través del silencio o la inacción procesal que derive en un acuerdo o respuesta expresa.

La negativa ficta se encuentra regulada por el artículo 17 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo que norma su vigencia, es decir, la ley otorga un margen de gracia para que las autoridades contesten o resuelvan las peticiones de los ciudadanos y al agotarse dicho plazo sin que se haya dado respuesta, el mencionado artículo 17 considera que se ha actualizado la figura de negativa ficta en detrimento del peticionario, orillándolo a ejercer un control de legalidad por el que se impugne la inacción procesal.

La presente iniciativa busca eliminar la figura de la negativa ficta y el exceso de tiempo por el cual una autoridad administrativa tiene el derecho de no contestar las peticiones ciudadanas señalados en el artículo 17 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo. Lo anterior, es incompatible a las disposiciones de acceso a la información que rige a nuestro país, pues dicha oscuridad en el mencionado artículo no encuentra vigencia en nuestro sistema legal, ya que señala que si no existe plazo que obligue a la administración pública federal a responder, esta debe entenderse que no debe ser mayor a tres meses y en sentido negativo.

El propio artículo 8 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos consagra el derecho de petición y obliga a las autoridades a dar contestación en “breve término”. Se cita textual:

Artículo 8o. Los funcionarios y empleados públicos respetarán el ejercicio del derecho de petición, siempre que ésta se formule por escrito, de manera pacífica y respetuosa; pero en materia política sólo podrán hacer uso de ese derecho los ciudadanos de la República.

A toda petición deberá recaer un acuerdo escrito de la autoridad a quien se haya dirigido, la cual tiene obligación de hacerlo conocer en breve término al peticionario.

Sostengo que la expresión “breve término” que alude el texto constitucional, aún cuando garantiza una expedita administración gubernamental a favor de los interesados, también resulta ambigua al no establecerse con claridad seguridad jurídica a favor de los gobernados, ya que lejos de interpretarse en su más recto sentido de celeridad e inmediatez, conduce a una imprecisión y una innegable discrecionalidad por parte de los servidores públicos encargados de su cumplimiento.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación y los Tribunales del Poder Judicial de la Federación no han sentado criterio jurisprudencial que fije claramente un término o lapso temporal en que se debe dar respuesta al derecho de petición, lo cual ha provocado que en las diferentes esferas del gobierno federal y de los gobiernos de los estados, se fijen términos no homologados y a veces arbitrarios, lo que su vez introduce una indiscutible incertidumbre sobre la forma y términos en que deben ser evacuados los asuntos públicos.

El artículo 44 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental señala que la respuesta a la solicitud de información debe otorgarse antes de los veinte días hábiles una vez originada la petición, se cita textual:

Artículo 44. La respuesta a la solicitud deberá ser notificada al interesado en el menor tiempo posible, que no podrá ser mayor de veinte días hábiles, contados desde la presentación de aquélla. Además, se precisará el costo y la modalidad en que será entregada la información, atendiendo en la mayor medida de lo posible a la solicitud del interesado. Excepcionalmente, este plazo podrá ampliarse hasta por un periodo igual cuando existan razones que lo motiven, siempre y cuando éstas se le notifiquen al solicitante.

En ese sentido, existe una evidente contradicción entre el plazo arbitrario que señala el artículo 17 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo con lo señalado en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, siendo ésta última legislación quien garantiza una mayor protección al derecho fundamental de petición.

Lo anterior se robustece con la tesis jurisprudencial emitida por la Suprema Corte de la Nación que señala la figura de la negativa ficta es violatorio del principio de la impartición de justicia pronta y expedita.

[TA]; 9a. Época; T.C.C.; S.J.F. y su Gaceta; Tomo XXXIV, Julio de 2011; Pág. 2137

NEGATIVA FICTA. SU ANALISIS EN EL AMPARO CUANDO SE CONTRAPONE CON EL PRINCIPIO DE JUSTICIA PRONTA Y EXPEDITA CONTENIDO EN EL ARTICULO 17 DE LA CONSTITUCION FEDERAL.

El criterio de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación contenido en la jurisprudencia 2a./J. 136/99, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo X, diciembre de 1999, página 245, de rubro: “PETICION, DERECHO DE. NO DEBE SOBRESEERSE EN EL JUICIO CON BASE EN QUE EL SILENCIO DE LA AUTORIDAD CONSTITUYE UNA NEGATIVA FICTA”, debe aplicarse de manera análoga tratándose de un juicio de amparo en el que se reclame violación al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos ante la omisión de la autoridad de resolver un procedimiento administrativo, ya que la negativa ficta y el principio de justicia pronta y expedita son figuras jurídicas de naturaleza distinta, pues la primera, ante el silencio de la autoridad, genera una respuesta tácita en forma desfavorable a los intereses del particular; en cambio, el segundo no puede quedar suspendido por la creación o existencia de figuras jurídicas que lo hagan nugatorio. No obsta a lo anterior que el artículo 17 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo establezca el plazo para que se entienda configurada la negativa ficta, pues éste no puede conducir a considerar limitadas o restringidas las garantías constitucionales, dado que su vigencia no puede estar condicionada a lo dispuesto en leyes secundarias.

CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO

Amparo en revisión 416/2010. Coordinadora Departamental de Procedimientos Legales del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial y otra. 7 de abril de 2011. Unanimidad de votos. Ponente: Patricio González-Loyola Pérez. Secretaria: Dulce María Nieto Roa.

En ese orden de ideas, se vuelve urgente adecuar las disposiciones contenidas en la Ley Federal de Procedimiento Administrativo al marco vigente de transparencia y acceso a la información, como a continuación se señala.

DECRETO

Unico: Se modifica la fracción III del artículo 3; se reforman los artículos 13 y 15 primero y segundo párrafo así como el artículo 17 eliminándose su segundo párrafo de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, para quedar como sigue:

CAPITULO PRIMERO

DEL ACTO ADMINISTRATIVO

Artículo 3.- Son elementos y requisitos del acto administrativo:

I. a II…

III. Cumplir con la finalidad de interés público, asegurando en todo momento la mayor publicidad de la gestión pública;

IV. a XVI …

Artículo 13.- La actuación administrativa en el procedimiento se desarrollará con arreglo a los principios de economía, celeridad, eficacia, legalidad, publicidad, transparencia y buena fe.

Artículo 15.- La Administración Pública Federal no podrá exigir más formalidades que las expresamente previstas en las disposiciones aplicables al derecho de petición.

Las promociones se realizarán de conformidad con el artículo 40 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.

Artículo 17.- El plazo para que la dependencia u organismo descentralizado resuelva lo que corresponda no podrá exceder del término de cuarenta días. Transcurrido el plazo aplicable, se entenderán las resoluciones en sentido negativo al promovente, a menos que en otra disposición legal o administrativa de carácter general se prevea lo contrario. A petición del interesado, se deberá expedir constancia de tal circunstancia dentro de los dos días hábiles siguientes a la presentación de la solicitud respectiva ante quien deba resolver; igual constancia deberá expedirse cuando otras disposiciones prevean que transcurrido el plazo aplicable la resolución deba entenderse en sentido positivo.

TRANSITORIOS

Unico.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Senadores, a 19 de febrero de 2013.

Atentamente

Sen. Angel Benjamín Robles Montoya”.

En otro apartado del Orden del Día, tenemos la primera lectura de un dictamen de las Comisiones Unidas de Agricultura y Ganadería; y de Estudios Legislativos, Segunda, con proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 58 y se adiciona el artículo 5 de la Ley Federal de Sanidad Vegetal.





 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTICULO 58 Y SE ADICIONA EL ARTICULO 5o. DE LA LEY FEDERAL DE SANIDAD VEGETAL

(Dictamen de primera lectura)



Debido a que el dictamen se encuentra publicado en la Gaceta del Senado de hoy y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 195 de nuestro Reglamento, queda de primera lectura.

Pasamos a la primera lectura de un dictamen de las Comisiones Unidas de Justicia; Contra la Trata de Personas; y de Estudios Legislativos, con proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 2o., fracción VI y 3o., segundo párrafo de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada.





 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTICULOS 2o., FRACCION VI Y 3o., SEGUNDO PARRAFO DE LA LEY FEDERAL CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA

(Dictamen de primera lectura)



Debido a que el dictamen se encuentra publicado en la Gaceta del Senado de hoy y con fundamento en lo dispuesto por nuestro Reglamento, queda de primera lectura.

Tenemos la primera lectura de un dictamen, en sentido negativo, de las Comisiones Unidas de Gobernación; y de Estudios Legislativos, en relación con el proyecto de Decreto que reforma el artículo 51 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo.





 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTICULO 51 DE LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

(Dictamen de primera lectura)



Debido a que el dictamen se encuentra publicado en la Gaceta del Senado de hoy y con fundamento en el artículo 195 de nuestro Reglamento, queda de primera lectura.

Tenemos la primera lectura de un dictamen, en sentido negativo, de las Comisiones Unidas de Gobernación; y de Estudios Legislativos, en relación con el proyecto de Decreto que reforma los párrafos primero y tercero de la fracción V del artículo 21 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos.





 

PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA LOS PARRAFOS PRIMERO Y TERCERO DE LA FRACCION V DEL ARTICULO 21 DE LA LEY FEDERAL DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DE LOS SERVIDORES PUBLICOS

(Dictamen de primera lectura)



Debido a que el dictamen se encuentra publicado en la Gaceta del Senado de hoy y con fundamento en nuestro Reglamento, queda de primera lectura.

Compañeras y compañeros Senadores, informo a ustedes que en la reunión de la Mesa Directiva de esta mañana se acordó la realización de una ronda de intervenciones de los grupos parlamentarios para referirse a la Conmemoración del Centenario del Ejército Mexicano.

Para ello, se le concede el uso de la palabra al Senador Pablo Escudero Morales, del grupo parlamentario del PVEM.





 

INTERVENCIONES

- El C. Senador Pablo Escudero Morales: Muchas gracias, señor Presidente.

El día de hoy festejamos a una de las instituciones más nobles e importantes de nuestro país que cuenta con el mayor reconocimiento y más alto prestigio entre toda la sociedad mexicana. Así lo registran las casas encuestadoras de este país y por supuesto que la sociedad.

A partir del 19 de febrero de 1913, durante la titularidad del Poder Ejecutivo de la República, se sentaron las bases para la creación del Ejército Constitucionalista y por Decreto presidencial del 22 de marzo de 1950 se conmemora el Día del Ejército Mexicano en reconocimiento a las fuerzas militares encargadas de salvaguardar la soberanía del Estado mexicano y la paz nacional.

Actualmente la Secretaría de la Defensa Nacional se compone de la Fuerza Aérea y el Ejército Mexicano y cuenta con 200 mil plazas de militares.

Dentro de sus filas, dato importante a resaltar, 14 mil mujeres en activo.

El Ejército Mexicano actúa en asistencia de la población, por mencionar alguno de los casos, ejecuta el Plan de Desastres Naturales, la búsqueda y rescate de personas, la evaluación de comunidades en riesgo y la administración de albergues, seguridad y vigilancia de áreas afectadas por desastres naturales.

En esta fecha reconocemos todos los mexicanos la labor del Ejército en beneficio de los mexicanos, tanto en la defensa de la soberanía nacional como de la vigilancia del sano desarrollo de la vida institucional.

Debemos resaltar la heroica labor que el Ejército Mexicano ha desempeñado en el combate a la delincuencia. Destacando la importancia que ha tenido su actuación y los riesgos de la adversidad a la que se enfrentan los integrantes de las Fuerzas Armadas, defendiendo de manera incondicional los intereses de la nación.

Hombres y mujeres que se dedican a la milicia, que con valor y solidaridad se han ganado el respeto y la admiración de todos los mexicanos.

Así reconocemos que ya desde la educación militar hay una verdadera transformación de fondo física, cultural y mental que forma mexicanos comprometidos que se entregan a este país y a sus instituciones con principios de lealtad y dan de sí todas sus capacidades, habilidades e inteligencia, sin importar incluso el entregar la vida.

Otros datos importantes son las actuaciones tan importantes que ha tenido el Ejército Mexicano en materia ambiental y en salud, por decir algunos.

Desde que se firmó un Convenio de Colaboración el 12 de julio de 2007 con la SEMARNAT y con el CONAFOR para la construcción de 20 viveros forestales, del 1° de septiembre de 2011 al 31 de agosto de 2012, en estos viveros se tuvo una producción de 62 millones de plantas y se plantaron 1 millón 200 mil árboles que equivalen a una superficie de 1,911 hectáreas.

En materia de salud, del periodo de 2006 a 2012, se atendieron en total 56 mil 634 pacientes y tan sólo en 2012 se realizaron 19 mil 877 consultas médicas.

A cien años de su creación, cualquier pronunciamiento o festejo sería insuficiente para que los mexicanos manifestáramos nuestra gratitud, admiración y respeto por la institución que ostenta el mayor índice de credibilidad y confianza en la opinión pública.

De esta forma, las Fuerzas Armadas deben ser un modelo de disciplina, trabajo y, sobre todo, amor a nuestro país para todos los mexicanos.

El grupo parlamentario del Partido Verde, desde el Senado de la República, reconoce y agradece siempre la labor que realiza el Ejército Mexicano como parte de las Fuerzas Armadas y como cimiento fundamental de nuestra libre y soberana nación.

Es cuanto, señor Presidente.

(Aplausos)

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, Senador Escudero Morales.

Se le concede el uso de la palabra al Senador Benjamín Robles Montoya, del grupo parlamentario del PRD.

- El C. Senador Angel Benjamín Robles Montoya: Muchas gracias, señor Presidente. Con su permiso y con la venia de los integrantes de la Mesa Directiva; compañeras y compañeros legisladores:

La historia militar en nuestro país data desde antes de la época de la conquista. En la época prehispánica se distinguió ferozmente el ejército mexica, mismo que extendió la fuerza del pueblo azteca hasta la parte más importante de Centroamérica.

Posteriormente, el ejército español logró aniquilar nuestra estructura militar y tuvieron que transcurrir 300 años de sometimiento hasta que en el año 1810 fue creado el Ejército Insurgente, bajo la firme convicción de ideas libertarias al mando de don Miguel Hidalgo y Costilla.

Al tenor de los grandes ánimos de independencia, se conforma el Ejército Trigarante, el cual hizo su entrada triunfal a la ciudad de México el 27 de septiembre de 1821.

El Ejército Conservador surge a partir del derrocamiento de Agustín de Iturbide y finalmente se da paso al Ejército Liberal, mismo que combatió al mando de ciudadanos nacionalistas el 5 de mayo de 1862, en contra del ejército francés.

Fue el general don Porfirio Díaz quien dentro de su mandato constituyó un Ejército Federal con organización, adiestramiento y tecnología de época. Sin embargo, a partir del Plan de Guadalupe impulsado por Venustiano Carranza el 19 de febrero de 1913, se emite el Decreto por medio del cual se creaba el Ejército Constitucionalista del cual surge nuestro actual Ejército Mexicano.

Finalmente, hasta el 22 de marzo de 1950, se emitió el Decreto presidencial para conmemorar a nuestro instituto armado el 19 de febrero.

El fin único e inquebrantable de nuestro Ejército es defender el territorio en contra de agentes externos que amenacen la estabilidad y la seguridad de la población.

El Ejército Mexicano además de salvaguardar la defensa y soberanía de la nación también auxilia a la población civil en momentos de necesidades a causa de fenómenos naturales o públicos, apoyando en el orden, auxilio y reconstrucción de zonas afectadas.

El pueblo mexicano debe sentirse orgulloso de mantener un ejército sólido y profesional.

El Ejército Mexicano es una institución respetable y apreciada por los mexicanos en épocas de desastre y ayuda humanitaria.

La historia que le antecede es digna de honores y, por tanto, se debe reconocer el loable esfuerzo que ha realizado por siempre el Ejército Mexicano para salvaguardar la honra de México.

En la actualidad su fortaleza debe inspirarnos amor, servicio, respeto y lealtad hacia la patria.

Honremos pues la memoria de nuestros hermanos militares que han dado su vida en cumplimiento del deber. Las familias mexicanas debemos sentirnos orgullosos de contar con patriotas que dignifican el origen de la institución militar en México.

En el Partido de la Revolución Democrática estamos dispuestos a impulsar el prestigio y respeto de las Fuerzas Armadas para que continúen siendo garantes de la integridad del territorio y la defensa de la soberanía, y continuamos propugnando también las líneas de una plataforma electoral en la que propone el retiro gradual del Ejército y la Marina en el combate al narcotráfico, y no se les utilice nunca más para resolver conflictos de orden social o para suplir la incapacidad del gobierno civil, mucho menos para reprimir al pueblo.

Nuestro más claro reconocimiento a las Fuerzas Armadas en este Día del Ejército.

Compañeras y compañeros Senadores, hoy sentimos con más fuerza la sentencia de don Francisco González Bocanegra: “....México Un Soldado En Cada Hijo Te Dio....”.

Es cuanto, señor Presidente.

(Aplausos)

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, Senador Benjamín Robles Montoya.

Se le concede el uso de la palabra al Senador Manuel Bartlett Díaz, del grupo parlamentario del PT, para hablar sobre el mismo asunto en honor al Centenario del Día del Ejército.

- El C. Senador Manuel Bartlett Díaz: Señor Presidente.

Nos sumamos, sin duda alguna, a este homenaje por medio del cual el Senado de la República expresa su afecto, su aprecio y su confianza en el Ejército de los Estados Unidos Mexicanos.

Un Ejército garante de la soberanía nacional, su razón de ser, alimentado en el más acendrado del patriotismo, ajeno a toda influencia que pudiera ser contraria a estos principios inalienables; un Ejército Mexicano leal a las instituciones en el respeto al pluralismo político de México apegado a la Constitución de la República como garantía de las libertades públicas y de la democracia.

Un Ejército Mexicano como ha sido, un ejército del pueblo, nacido del pueblo, cercano siempre al pueblo y ajeno como lo ha sido a todo elitismo de clase o de casta.

El Senado de la República expresa su reconocimiento a nuestras Fuerzas Armadas en una república federal con separación de poderes, conscientes que en nuestro Ejército tiene México su más valiosa garantía para su independencia y soberanía.

Un Ejército que sea respetado por los mandos constitucionales en cuanto a las funciones precisas establecidas en las leyes de la República y exclusivamente para estas tareas.

Expresamos nuevamente nuestro más profundo respeto en esas palabras que he expresado a nuestro Ejército Mexicano.

Muchas gracias.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, Senador Manuel Bartlett Díaz

Para el mismo tema, se le concede el uso de la palabra al Senador Fernando Torres Graciano, del grupo parlamentario del PAN.

- El C. Senador Fernando Torres Graciano: Servicio, lealtad y valor son las palabras que definen a nuestro Ejército Mexicano, que ha sido y sigue siendo la institución más reconocida de nuestro país; su espíritu, su lucha, su entrega, su determinación y su disciplina son ejemplo para todos los mexicanos.

Hoy los ciudadanos pueden sentirse orgullosos y seguros de tener un Ejército honrado y valiente.

La historia de nuestras Fuerzas Armadas comienza en la era prehispánica, sin embargo, fue hasta la Independencia cuando el Ejército Mexicano tuvo su razón de ser, ya que se podría decir que fue el Ejército Insurgente el primer ejército que tuvo este país, un ejército insurgente que se formó el 16 de septiembre de 1810, con un conglomerado de hombres y mujeres, de campesinos, de mineros y de obreros que se lanzaron a las armas sin experiencia, unos cuantos de ellos como Ignacio Allende e Ignacio Aldama eran solamente los que tenían la preparación en la instrucción.

José María Morelos continuó con esa lucha de independencia, y así fue como se convocó el Primer Congreso Americano en 1813, en Chilpancingo, donde se firmó el Acta de Independencia de la América Septentrional, y además se promulga la Constitución de Apatzingán.

El 24 de febrero de 1821 se crea el Ejército Trigarante, considerándose así el primer ejército semiorganizado del México Independiente.

Agustín de Iturbide se proclama Jefe Supremo de las Fuerzas de Mar y Tierra con el Título de Generalísimo Almirante.

Posteriormente, México vivió un periodo de transformación social caracterizado por la transición de la estructura política de la Colonia y del Imperio a la formación de un Estado Nacional basado en el Orden Constitucional.

Es hasta el 5 de febrero de 1857, cuando se promulga la nueva Constitución Política, la cual, además de declarar, entre otras cosas, la abolición de la esclavitud, la libertad de enseñanza y de cultos, hacía desaparecer el fuero militar.

Durante el año de 1857, la estructura del ejército fue modificada en diversas ocasiones y se fue consolidando poco a poco. Posteriormente, con el conflicto de la Intervención Francesa y con la caída de Maximiliano, México recupera a plenitud la soberanía y empieza nuevamente un trabajo por reorganizar la administración civil y militar.

Pero es hasta el porfiriato donde el Ejército Mexicano inició su mejoría, se creó un cuerpo especial de Estado Mayor que tenía como función formar la Carta General de la República, redujo las unidades y las que quedaron se profesionalizaron.

Se crearon varios planteles como la Escuela Naval Militar, la Escuela de Almirantes, la Escuela Militar de Esgrima, de igual manera se modernizó el armamento y la industria militar; se dio mantenimiento a las armas, se impulsó la invención de tecnología militar al crearse el Sistema Mondragón para la Artillería y los Fusiles, asimismo, se modernizaron los buques de la marina.

En febrero de 1913, se inició una sublevación armada encabezada por Victoriano Huerta, quien obligó a renunciar al Presidente Madero, que usurpó la presidencia.

Al cundir el descontento por el asesinato de Madero, don Venustiano Carranza lanzó el “Plan de Guadalupe”, y el 19 de febrero de 1913, emitió el Decreto en que se creaba el Ejército Constitucionalista del cual surgirá nuestro actual Ejército Mexicano.

Hoy a 100 años de la creación de las Fuerzas Armadas, son un orgullo para nuestro país, su lucha sin cuartel contra la delincuencia organizada ha permitido que muchas zonas de nuestra entidad se recuperen poco a poco y se vaya recuperando la paz y el orden. México puede sentirse tranquilo ya con las Fuerzas Armadas porque ellas luchan día a día contra el flagelo de la delincuencia, pero además trabajan sin descanso cuando los mexicanos se ven afectados por un desastre natural.

El grupo parlamentario de Acción Nacional en este Senado, hace desde aquí un reconocimiento a cada uno de los integrantes de nuestro Ejército, hace también un reconocimiento en la luchadel cumplimiento del deber, por supuesto a sus familias, quienes deben de sentirse orgullosas de nuestros héroes, a quienes han dado la vida y la siguen dando desde el Ejército Mexicano, su espíritu de lucha y de disciplina nos debe de servir a todos para luchar desde nuestra trinchera, por hacer de México un país de leyes y un estado de derecho, respetar la ley debe de ser nuestra bandera y ver a México fuerte y unido es nuestra meta.

Hoy podemos decir con seguridad que México es un país protegido, ya que contamos con Fuerzas Armadas capaces, valientes y decididas por preservar la paz de nuestro territorio.

Muchos criticaron la presencia de nuestro Ejército en las calles, pero el pueblo de México la reconoce, la aplaude y la aprueba.

Un reconocimiento desde aquí a nuestro glorioso Ejército Mexicano.

Es cuanto, señor Presidente.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, Senador Torres Graciano.

Finalmente, para este mismo asunto, se le concede el uso de la palabra al Senador Patricio Martínez García, del grupo parlamentario del PRI.

- El C. Senador Patricio Martínez García: Con su permiso, señor Presidente, compañeras y compañeros Senadores.

En la LXII Legislatura del Senado de la República, el grupo parlamentario del PRI tiene el honor de conmemorar un aniversario más del Día del Ejército Mexicano, celebración que se lleva a cabo en esta fecha como homenaje al Ejército Constitucionalista que formó don Venustiano Carranza en Coahuila el 19 de febrero de 1913 para combatir y desconocer al usurpador Victoriano Huerta como Jefe del Poder Ejecutivo.

El Ejército Constitucionalista posteriormente adoptó la denominación de Ejército Nacional y actualmente es el Ejército Mexicano.

El 19 de febrero de 1951 quedó instituido oficialmente el día del Ejército Mexicano, en virtud del Decreto emitido por el Presidente Miguel Alemán Valdés el 22 de marzo de 1950.

Hoy, desde esta tribuna, los integrantes del Partido Revolucionario Institucional festejamos con gran respeto este día tan importante para nuestro país.

Sin duda, honramos a la institución, pero también a todas aquellas personas que día con día se desempeñan con notable profesionalismo al servicio de México y sus habitantes.

Hablar de tan representativa institución, es hablar de la grandeza de los hombres y mujeres de México, es hablar de una institución emblemática e histórica, pero al mismo tiempo es hablar de una institución llena de modernidad, que tuvo y sigue teniendo la virtud de adaptarse al contexto en que se encuentre cumpliendo en todo momento con los objetivos bajo los cuales surgió.

El Ejército Mexicano tiene como principales misiones la de defender la integridad, independencia y soberanía de la nación, garantizar la seguridad interior, auxiliar a la población civil en caso de necesidades públicas, realizar acciones cívicas y obras sociales que tiendan al progreso del país y en caso de desastre prestar ayuda para el mantenimiento del orden, auxilio de las personas y sus bienes y la reconstrucción de las zonas afectadas.

El grupo parlamentario del PRI reconoce a quienes forman el Ejército Mexicano, a quienes le dan vida a tan importante institución y, por ello, les externamos nuestra admiración y respeto, pero sobre todo nuestra sincera y profunda gratitud por la determinación mostrada en la defensa del Estado mexicano.

Es inevitable recordar las actuaciones éticas que a través de la historia ha tenido nuestro Ejército, acontecimientos que han sido determinantes en el desarrollo, organización y estructura de nuestro país.

Cómo olvidar a todos aquellos héroes que lucharon e hicieron posible un México de libertad e igualdad, un México soberano que cuenta con total autodeterminación.

Batallas como las suscitadas durante el movimiento de la Independencia, invasión norteamericana, intervención francesa, la Revolución Mexicana e incluso con el escuadrón 201 y su participación en la Segunda Guerra Mundial, éstos por sí mismos guardan momentos invaluables y cruciales en la historia de nuestra nación.

Asimismo, en cada uno de ellos surgieron nuevos héroes nacionales patriotas que independientemente de su época coincidían en el rechazo al sometimiento e injusticias sociales.

La dedicación, capacidad, eficacia y eficiencia en cada una de sus actuaciones los tiene como la institución de mayor confianza, credibilidad y legitimidad entre las y los mexicanos.

Además de sus gestas heroicas en las que tradicionalmente se les asocia como un ente encargado del combate contra las fuerzas armadas del extranjero que atenten contra la soberanía nacional.

También ha hecho frente a fuerzas nacionales que pretendían la imposición de regímenes o ideologías contrarias a la libertad de igualdad y que se traducían en una estabilidad y control social.

Sin embargo, dentro del grupo del PRI también estamos conscientes en que su actuación se circunscribe a otros ámbitos, específicamente nos referimos a su intervención y aportación en casos de catástrofes naturales.

En este sentido logramos el auxilio que han brindado a la población en inundaciones, incendios y terremotos.

En tiempos recientes ha tenido que redoblar esfuerzos, y he aquí un punto importante que debemos meditar en este Senado, para defender el estado de derecho frente al crimen organizado.

En estas tareas deben los integrantes del Ejército Mexicano atender siempre a los principios de pleno respeto a los derechos humanos en ejercicio de sus facultades sin menoscabo de los resultados que deben obtener.

Compañeras y compañeros legisladores, los integrantes del grupo parlamentario del PRI reiteramos nuestro respeto, admiración y agradecimiento a los hombres y mujeres que forman parte del Ejército Mexicano, se trata de personas que representan dignamente los valores y principios que desde su origen han caracterizado a esta noble y heroica institución.

Estamos seguros que, como ha sido siempre, harán frente a cualquier peligro, adversidad del hombre o la naturaleza que amenace la seguridad, tranquilidad y paz social de este país.

Estamos seguros que sin importar lo complejo de la situación lucharán por salvaguardar y garantizar la seguridad nacional, la seguridad de todos los mexicanos.

Y a propósito de esta circunstancia de los cien años, traigo el recuerdo de bellos párrafos escritos por un gran general, revolucionario, literato y novelista coahuilense, Francisco L. Urquizo, que nos describe claramente el origen de nuestro Ejército y lo que es la vivencia y la desesperación de aquellos soldados no ajena a lo que hoy vivimos. Estamos en guerra los pobres desamparados y hambrientos de los campos contra otros pobres también desamparados y hambrientos, pero apergollados por una disciplina militar.

La misma necesidad teníamos todos de justicia y en la desesperación de unos y de otros, peleábamos hasta matarlos con toda nuestra alma, para acabar de una vez no con los opresores de arriba, sino con nosotros mismos, acabar una vida que nunca había de ser mejor, para ver si era cierto que en el otro mundo se podía encontrar lo que aquí escaseaba para todos.

He aquí el origen trágico bellamente descrito por Francisco L. Urquizo, hago un reconocimiento en nombre de nuestra fracción del PRI a los 66 mil soldados, 46 mil cabos, 30 mil sargentos, 13 mil sargentos primeros, 5 mil subtenientes, 14 mil tenientes, 3 mil capitanes segundos, 3 mil 600 capitanes primeros, 3 mil 200 mayores, mil 530 tenientes coroneles, 731 coroneles, 278 generales brigadier, 166 generales de brigada y 30 generales de división.

Al Alto Mando, al General Secretario, al mando supremo, desde reclutas hasta el mando supremo. Quiero decirlo, a la tropa nueva y a la tropa vieja, a la tropa vieja que pasó a retiro y hoy espera que se le retribuyan los esfuerzos que hizo por la Patria en filas.

A la tropa nueva que requiere un gran esfuerzo nuestro desde el Senado para cambiar, transformar y superar a un Ejército que debe ser un Ejército fuerte, porque un país fuerte requiere un Ejército fuerte.

Es cuanto, señor Presidente.

Muchísimas gracias.

(Aplausos)

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, Senador Martínez García.





 

PROPUESTAS

Compañeras y compañeros Senadores, en la sesión pasada Senadoras y Senadores del grupo parlamentario del PRI, presentaron un punto de Acuerdo en relación con la política nacional de vivienda, presentada por el titular del Poder Ejecutivo Federal.

Este asunto obtuvo la dispensa de trámites, se puso a discusión y durante la votación se suspendió su trámite. Procede concluir la votación pendiente.

Pido a la Secretaría que consulte a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba dicho punto de Acuerdo.

- La C. Secretaria Martha Palafox Gutiérrez: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse la propuesta presentada. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque se rechace, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobada la propuesta, señor Presidente.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Comuníquese la misma.





 

A continuación, se le concede el uso de la tribuna a la Senadora Marcela Guerra Castillo, para presentar a nombre propio y de la Senadora Ivonne Liliana Alvarez García, del grupo parlamentario del PRI, un punto de Acuerdo en torno al costo de las llamadas en el estado de Nuevo León.

- La C. Senadora Marcela Guerra Castillo: (Desde su escaño) Señor Presidente.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Sonido en el escaño de la Senadora Marcela Guerra Castillo.

- La C. Senadora Marcela Guerra Castillo: (Desde su escaño) Señor Presidente, unos comentarios respetuosos. Es que pedimos desde el principio fuera turnada directamente a comisión.

Señor Presidente, pero si usted quiere puedo pasar a hacer la exposición de la misma, no tengo ningún problema, pero creo que es por cuestión de tiempo. Puede usted turnarla, sería tan amable, a la comisión.

Propuesta

PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL TITULAR DE LA SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES Y AL PLENO DE LA COMISION FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES A CONSIDERAR QUE EL SERVICIO DE LLAMADAS TELEFONICAS QUE ACTUALMENTE SE COBRA COMO LARGA DISTANCIA ENTRE LOS CENTROS URBANOS MAYORES A 100 MIL HABITANTES Y LAS LOCALIDADES QUE SE ENCUENTREN EN UN RADIO DE 200 KILOMETROS DEL ESTADO DE NUEVO LEON, SEA CONSIDERADO COMO SERVICIO LOCAL

“H. ASAMBLEA:

Las suscritas, Senadoras Marcela Guerra Castillo e Ivonne Liliana Alvarez García, integrantes del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXII Legislatura, confundamento en lo dispuesto por los artículos 8, numeral 1, fracciones II y X, 95, 103, numeral 2, fracción II, 108, 109, 276 y demás relativos y aplicables del Reglamento del Senado de la República, sometemos a la consideración del Pleno, la presente proposición con punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

El Estado de Nuevo León tiene una superficie de 64,220 Km.2 y cuenta con una población de aproximadamente 4, 199, 292 millones de personas, tiene 51 municipios y colinda al norte y al este con el Estado de Tamaulipas; al sur y al oeste con los Estados de San Luis Potosí y Zacatecas; y al norte con los Estados de Coahuila, Tamaulipas y con el estado norteamericano de Texas.

Nuestro Estado de Nuevo León es uno de los estados del país, más desarrollados en el área económica, ya que derivado de la actividad de sus empresas e industrias y la creciente infraestructura, lo han colocado en un grado alto de competitividad que incluso compite con estados prósperos de otros países, además dicha entidad federativa es una de las de mayor infraestructura para la industria y el comercio ya que es un cruce fronterizo que tiene 8 carriles y tecnología para acelerar las inspecciones, cuenta con escuelas técnicas y tres de las mejores universidades de Latinoamérica, cuenta con 57 parques industriales, con carreteras, trenes y aeropuerto, cuanta a demás con suministro de gas abundante y con una buena infraestructura de distribución, con suministro de electricidad confiable y la única planta de generación eléctrica por biomasa en Latinoamérica, así como con agua reciclada para la industria (Monterrey recicla el 100% de su agua).

En el Estado de Nuevo León se impulsa de manera eficiente a los sectores comercial, industrial y de servicios, por ende los habitantes de sus municipios sostienen un intercambio constante tanto de productos, servicios y de comunicaciones, incluso con municipios conurbados de otros estados.

Pero no obstante los avances tan vertiginosos de la tecnología, en muchas partes de nuestro país, como en muchos municipios de Nuevo León, las comunicaciones se siguen realizándose casi de manera exclusiva a través del servicio de telefonía fija o móvil, por lo que todavía en nuestros días, muchas personas diariamente realizan un sin número de llamadas telefónicas entre dichos municipios ya sea por cuestiones de trabajo, de atención médica, para mantener el contacto con sus familiares y amigos, así como para sostener relaciones comerciales o de negocios, haciendo énfasis, en el hecho de que muchos de esos municipios son considerados como rurales.

Desde hace ya algún tiempo, los habitantes de Nuevo León han sido afectados económicamente por el cobro excesivo de tarifas por las llamadas telefónicas que realizan, toda vez que aún y cuando las distancias actualmente se han acortado entre las poblaciones derivado de la construcción y mejora de la infraestructura carretera, todavía hay municipios de dicho estado que a pesar de no estar tan alejados unos de otros, tienen que pagar tarifas telefónicas de larga distancia, situación que afecta con mayor fuerza a los ciudadanos de zonas rurales que deben de destinar una parte importante de sus ingresos económicos a pagar estas altas tarifas que se cobran por estas llamadas que se estima que tienen que ser consideradas como de servicio local.

Las afectaciones derivadas de los cobros de larga de distancia generan una perjuicio en los bolsillos de todos los habitantes de Nuevo León que tienen que comunicarse vía telefónica, así como a otras entidades federativas que tienen el mismo problema.

Esta situación del cobro de tarifas de larga distancia ha sido denunciada por la ciudadanía Neolonés y por sus Diputados Locales y Federales, tal es el caso de del Diputado Local Gerardo Juan García Elizondo y del Diputado Federal Pedro Pablo Treviño Villareal, por lo que desde esta tribuna nos unimos a la petición de millones de ciudadanos que representamos para que los centros urbanos mayores a 100 mil habitantes y las localidades que se encuentren en un radio de 200 kilómetros del estado de Nuevo León sean homologados al servicio local de telefonía que rige en la Zona Metropolitana de Monterrey.

Basamos nuestra petición de homologación de tarifas, en el beneficio que la implementación la misma traerá a todos los habitantes de Nuevo León, ya que permitirá una mejor integración económica y funcional que se puede establecer entre los Municipios beneficiados y que favorece la consecución de economías de escala y de cadenas productivas de valor, habida cuenta de la complementariedad que representan la respectiva vocación productiva de cada uno de los municipios contiguos de nuestro estado y la influencia económica que ejercen en esa región.

Por las razones expresadas, resulta indiscutible la conveniencia de adoptar el cambio de tarifas de larga distancia a servicio local, en la medida en que se responderá a una demanda social y ciudadana legítima y válida, en beneficio de un gran número de personas que habitan en los Municipios cercanos de nuestro Estado.

Por ello, la equiparación del actual servicio de larga distancia a servicio de telefonía local repercutirá en la elevación de la productividad de las pequeñas y medianas empresas, del ingreso real de los hogares, como consecuencia de la reducción del costo de ese servicio, y en el mediano plazo en el dinamismo de la economía de la región que constituyen los municipios del estado y que contribuirá a reducir las disparidades del desarrollo entre los mismos y la zona metropolitana de nuestro estado.

Se estima que la solicitud materia de la presente proposición con punto de acuerdo puede ser atendida de manera favorable por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes dependiente del Poder Ejecutivo Federal y por el Pleno de la Comisión Federal de Telecomunicaciones, por ser estás las instancias que legalmente pueden exigir a los concesionarios de los servicios de telefonía que se prestan en el Estado de Nuevo León, la homologación de las tarifas para ser consideradas como servicio local en esa entidad federativa.

Por lo anteriormente expuesto, solicitamos a esta Soberanía sea aprobado el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

UNICO.- El Senado de la República, exhorta al titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y al Pleno de la Comisión Federal de Telecomunicaciones, a efecto de que en el ámbito de sus respectivas atribuciones y competencias, realicen estudios, análisis y acciones correspondientes con el propósito de eliminar el cobro de las llamadas telefónicas consideradas actualmente con el carácter de larga distancia, entre los centros urbanos mayores a 100 mil habitantes y las localidades que se encuentren en un radio de 200 kilómetros del Estado de Nuevo León y que los mismos sean homologados al servicio local de telefonía que rige en la Zona Metropolitana de Monterrey, en razón de que por su situación geográfica, conforman un área conurbada por lo que dicho servicio debe de ser considerado como local, en aras de beneficiar la economía de sus habitantes.

Salón de sesiones del Senado de la República, a 19 de febrero de 2013.

Suscriben

Sen. Marcela Guerra Castillo.- Sen. Ivonne Liliana Alvarez García”.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Con gusto Senadora. Se turna a la Comisión de Comunicaciones y Transportes.





 

Se concede el uso de la palabra al Senador Víctor Hermosillo y Celada, del grupo parlamentario del PAN, para presentar un punto de Acuerdo por el que se solicita la comparecencia del titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano para que exponga con claridad y detalle el Plan Nacional de Vivienda.

- El C. Senador Víctor Hermosillo y Celada: Muchas gracias, señor Presidente; compañeras y compañeros Senadores:

Acabamos de votar un punto de Acuerdo que saluda con beneplácito la política nacional de vivienda presentada por el titular del Poder Ejecutivo Federal. El problema y el reto, compañeros, es que esta declaración que presentó es muy general y no define líneas ni estrategias de acciones concretas.

Más aún, al día siguiente que se presentó la política de vivienda el valor de las acciones de las empresas de este sector que cotizan en la bolsa cayó estrepitosamente. Por esta razón, consideramos inconsistente saludar con beneplácito algo que hoy deja más dudas que certezas y que ha provocado inseguridad en los mercados y en los empresarios.

Por ejemplo, el Presidente afirmó que la industria de la vivienda requiere hacer ajustes estructurales, pero no explicó en qué consisten estos ajustes. Tampoco explicó, ¿cuánto cambiará el proceso de compra de terrenos ejidales? ¿Qué pasará con el nuevo INFONAVIT? ¿Cómo se coordinará la nueva Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, conocida como la SEDATU, con las autoridades locales? ¿Qué tan intrusiva será esta Secretaría en cuestiones como el desarrollo de reservas territoriales?

Estas preguntas sin respuestas lo único que han generado es incertidumbre entre los inversionistas y en las empresas de este sector.

Para algunos analistas los temores de los inversionistas se centran en tres puntos: el primero, los subsidios serán reducidos y reorientación de fondos a trabajadores no afiliados; el segundo, el énfasis en el desarrollo urbano sustentable, lo cual podría dejar obsoletos los actuales bancos de tierra y, el tercero, la incertidumbre sobre la SEDATU, un nuevo organismo que podría aumentar la burocracia y dificultar la ejecución de las constructoras.

Probablemente el mercado reaccionó de manera negativa porque había visto una variable de riesgo en el hecho de que las desarrolladoras deban enfrentarse a créditos sin respaldos y sin garantías. Las empresas de vivienda van a tener que vender a un nuevo sector de la población, es decir, a los no afiliados, que además los mayores trámites podrían aumentar el ciclo de trabajo en 6 ó hasta 7 u 8 meses por ciclo de casas.

Los empresarios del sector vivienda argumentan que el anuncio presentado carece de los detalles que les permitan tomar decisiones estratégicas. Por su parte, los inversionistas señalan que la política presentada por el Presidente fue muy poco puntual con respecto a las estrategias por aplicar.

Lo que es peor, el titular de la SEDATU afirmó que será hasta junio o julio de 2013 cuando se difundan los nuevos lineamientos para permitir a las constructoras adaptarse. Esto es demasiado tiempo, la incertidumbre de inversionistas y empresarios del ramo no puede continuar más.

Además, el Presidente afirmó que las acciones de ampliación y mejoramiento de la vivienda serán focalizadas de manera prioritaria a los 400 municipios que prevé la Cruzada Nacional contra el Hambre. El problema es que no sabemos con base en qué metodología se seleccionaron estos 400 municipios.

Como señaló recientemente mi compañero el Senador Fernando Herrera, la Cámara de Diputados en la aprobación del Presupuesto para este año definió 1088 municipios como prioritarios para la ejecución de los diferentes programas de la SEDESOL. Estos 1088 municipios son clasificados con alta o muy alta marginación, mientras que entre los 400 municipios de la Cruzada contra el Hambre se incluyeron municipios de baja o muy poca marginación. La pregunta es, entonces, ¿por qué y bajo qué criterios se focalizarán en esos municipios las acciones de ampliación y mejoramiento de la vivienda? Aquí hay una incongruencia.

Nos parece exagerado que el Presidente hable de la necesidad de hacer ajustes estructurales, cuando en estos últimos años si algún sector daba buenos resultados es el de la vivienda, y en esto deberían coincidir todas las fuerzas políticas. Estos son algunos datos que muestran los avances en este sector.

De 1984 a 1994, el gobierno federal entregó cinco millones 600 mil viviendas; mientras que del 2001 al 2011, se entregaron 11 mil millones 800 mil viviendas, lo que indica que subió 110 por ciento las viviendas entregadas. En el año 2000, el 70 por ciento de las casas en el país tenían menos de tres cuartos, para el año 2010, el 79 por ciento de las viviendas cuentan con más de tres cuartos. La población en hacinamientos se redujo 41 por ciento del año 2000 al 2010.

En el año 2000, 18.5 millones de viviendas tenían piso firme. En el año 2010, esa cifra aumentó a 26.6 millones de viviendas. De 1998 al año 2000, el INFONAVIT otorgó un millón 300 mil créditos, mientas que en los últimos 12 años esta cifra fue de cuatro millones 200 mil créditos, es decir, más del 207 por ciento de aumento. Todos estos datos son del INEGI.

Si bien es cierto que quedan muchas cosas por hacer en materia de vivienda, también se tienen que reconocer estos logros indiscutibles e irrefutables.

En conclusión, por todas estas interrogantes e inquietudes generadas por la Política Nacional de Vivienda, en el resolutivo del punto de Acuerdo pedimos respetuosamente la comparecencia del titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, a que comparezca ante esta Soberanía y nos explique con detalles en qué consiste esta política y por qué las acciones de mejoramiento de la vivienda se focalizará en los 400 municipios previstos en la Cruzada contra el Hambre.

Agradezco a la Senadora Luisa María Calderón y a los Senadores Juan Carlos Romero Hicks y Fernando Herrera por suscribirse a este punto de Acuerdo, y a ustedes compañeros por su atención, y quiero que esta proposición sea de urgente resolución.

(Aplausos)

Propuesta

PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE SOLICITA LA COMPARECENCIA DEL TITULAR DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO AGRARIO, TERRITORIAL Y URBANO PARA QUE EXPONGA CON CLARIDAD Y DETALLE EL PLAN NACIONAL DE VIVIENDA

“SEN. ERNESTO CORDERO ARROYO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
DE LA CAMARA DE SENADORES
CONGRESO DE LA UNION
LXII LEGISLATURA
PRESENTE.

El suscrito, Senador VICTOR HERMOSILLO Y CELADA, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 8, numeral 1, fracción II, 108 y 276 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta H. Soberanía, la siguiente proposición con punto de Acuerdo de urgente resolución por el que se solicita la comparecencia ante esta Soberanía del titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, de conformidad con las siguientes:

CONSIDERACIONES

1. El pasado lunes 11 de febrero, el Presidente de la República Enrique Peña Nieto presentó su Política Nacional de Vivienda (PNV), la cual se trata de “un nuevo modelo enfocado a promover el desarrollo ordenado y sustentable del sector: a mejorar y regularizar la vivienda urbana, así como a construir y mejorar la vivienda rural”.

2. La PNV se basa en cuatro estrategias. La primera es lograr una mayor y mejor coordinación interinstitucional. Para esto, la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU) será la encargada de ejecutar, sectorizar y coordinar todas las acciones comprendidas en el plan de vivienda, así como a las dependencias de la Comisión Nacional de Vivienda, la Comisión de Regulación de Tierras y el Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares.

La segunda acción será transitar hacia un desarrollo sustentable e inteligente, por lo que el Gobierno hará uso del financiamiento de vivienda para orientar el desarrollo territorial y urbano del País. Lo que se intenta es controlar la expansión de las manchas urbanas y reordenar las metrópolis.

Una tercera estrategia se refiere a reducir de manera responsable el rezago en vivienda, pues actualmente, según el Presidente, existe un déficit de 9 millones de casas. Para este año, el gobierno impulsará más de un millón de acciones de lotificación, construcción y ampliación y mejora en hogares, tanto en el campo como en ciudades.

La última acción del plan es procurar una vivienda digna para todos los mexicanos, por lo que se habrán de lanzar 320 mil acciones de mejoramiento a la vivienda.

3. Cabe mencionar que ha habido grandes avances en materia de vivienda en los últimos años. Sólo por mencionar algunas cifras: de 1984 a 1994 el Gobierno Federal entregó 5,625,358 viviendas; mientras que de 2001 a 2011, se entregaron 11,806,788, lo que implica casi 110% más. En el año 2000, el 70% de las casas tenían menos de 3 cuartos, de acuerdo al Censo de Población y Vivienda 2010, el 79% de las viviendas cuentan con más de tres cuartos. Según el INEGI, la población en hacinamiento se redujo 41% del año 2000 al 2010.

4. Más datos: de acuerdo a la información arrojada por los Censos de Población y Vivienda, en el año 2000, 18.5 millones de viviendas tenían piso firme. En 2010 esta cifra aumentó a 26.6 millones de viviendas. De 1988 al 2000, el INFONAVIT otorgó 1,385,119 créditos, mientras que en los últimos 12 años esta cifra fue de 4,261,129 créditos, es decir, más del 207% de aumento.

5. Ahora bien, es necesario destacar varios puntos sobre el plan que presentó el Presidente Peña Nieto. Primeramente, está lleno de generalidades y lugares comunes. Es un catálogo de buenas intenciones. No hay líneas de acción ni estrategias concretas. Por ejemplo, no explica cómo se va a controlar la expansión de manchas urbanas o cómo habrá de coordinarse la SEDATU con las demás dependencias o en qué consisten exactamente las acciones de mejoramiento a la vivienda o cómo se piensa reordenar las metrópolis.

6. En este mismo sentido, en un artículo del periódico El Economista titulado “¿Por qué no convenció el plan de vivienda?”, se señala que en el plan hay “planteamientos generales que dejan sin respuesta algunas cuestiones claves”. Entre éstas destacan: “cuánto cambiará el proceso de compra de terrenos ejidales?¿Qué pasará con el nuevo Infonavit? ¿Cómo se coordinará la Sedatu con las autoridades locales?¿qué tan intrusiva será la Sedatu en cuestiones como el desarrollo de reservas territoriales?”.

7. Peor aún, el Presidente Peña afirmó que la “industria de la vivienda requiere de hacer ajustes estructurales” por lo que se establecerá “un período de transición de hasta 24 meses, para que todos los actores puedan realizar los cambios necesarios”. Por supuesto, el Presidente no explicó en qué consisten ni los ajustes estructurales ni los cambios necesarios. El discurso del Ejecutivo deja poca claridad sobre los cambios que experimentaría el sector en los próximos años, sólo con la certeza de que existirá el mencionado periodo de transición.

8. Cabe señalar que un día después del anuncio de la PNV por parte del gobierno federal, cayó el precio de las acciones de las empresas productoras de vivienda. Las acciones de Casa ARA lideraron el desplome del sector con una caída de 9.3% a 4.21 pesos. Los títulos de URBI cedieron 7.8% a 6.01 pesos, mientras que SARE y Casas GEO perdieron 6.7 y 5.9% respectivamente. Homex cayó 2.5%. Si bien es cierto que las firmas del sector vivienda que cotizan en la Bolsa acumulaban ya dos años con una tendencia a la baja, su situación se agudizó como consecuencia del anuncio de la Política Nacional de Vivienda.

9. Para los analistas de Accival Banamex, consultados por El Economista, los temores de los inversionistas se centran en tres puntos: el primero son subsidios reducidos y reorientación de fondos a trabajadores no afiliados; el segundo: el énfasis en el desarrollo urbano sustentable, lo cual podría dejar obsoletos los actuales bancos de tierra y, el tercero: la incertidumbre sobre la SEDATU, un nuevo organismo que podría aumentar la burocracia y dificultar la ejecución de las constructoras. Esta última preocupación la comparte el equipo de análisis de Banorte-Ixe.

10. Por su parte, según los analistas de CI Casa de Bolsa el mercado reaccionó de manera negativa porque habría visto una variable de riesgo en el hecho de que las desarrolladoras deban enfrentarse a créditos sin respaldos o garantías, lo que abre la posibilidad de tener hipotecas subprime, como sucedió en Estados Unidos. Asimismo, según un reportaje publicado en El Economista, “habrá mucho ruido porque ahora las vivienderas van a tener que vender a un nuevo sector de la población (no afiliados) y además los mayores trámites podrían aumentar el ciclo de trabajo en seis o hasta siete u ocho meses”.

11. Los empresarios del sector vivienda argumentan que el plan presentado carece de los detalles que les permitirán tomar decisiones estratégicas. En este mismo sentido, Ivex Grupo Financiero señaló que el Plan presentado por el Presidente fue “poco puntual con respecto a las estrategias a aplicar”. Recientemente el titular de la SEDATU afirmó que en junio-julio de 2013 se difundirán los nuevos lineamientos para permitir a las constructoras adaptarse. Considero que las empresas del sector no pueden esperar tanto tiempo para resolver su actual situación de incertidumbre.

12. En segundo lugar, en el cuarto eje de la PNV se afirma que las acciones de “ampliación y mejoramiento de vivienda serán focalizadas de manera prioritaria” en los 400 municipios que prevé la Cruzada Nacional contra el Hambre. El problema es que no sabemos por qué o con base en qué metodología se seleccionaron esos 400 municipios.

13. En efecto, como lo señaló el senador Fernando Herrera en un punto de Acuerdo que presentó el pasado martes 12 de este mes, la Cámara de Diputados en la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación del 2013, definió 1,088 municipios como prioritarios para la ejecución de los diferentes programas de la SEDESOL. Estos 1,088 municipios son clasificados con una alta o muy alta marginación, mientras que entre los 400 municipios de la Cruzada Contra el Hambre se incluyeron municipios de baja o muy baja marginación. La duda es, entonces, ¿por qué o bajo qué criterio se focalizarán en esos municipios las acciones de ampliación y mejoramiento de la vivienda?

14. En conclusión, las interrogantes e inquietudes desarrollas en las Consideraciones, son las que nos obligan a solicitar, respetuosamente, la comparecencia del titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU) al ser, en palabras del Presidente Peña, la instancia coordinadora de la política de vivienda, además de presidir la Comisión Intersecretarial en la materia. Necesitamos saber y que nos explique con detalle en qué consiste la Política Nacional de Vivienda y por qué las acciones de mejoramiento de la vivienda se focalizarán en los 400 municipios previstos en la Cruzada Contra el Hambre.

Por lo anteriormente expuesto en el cuerpo de este documento, se pone a consideración de esta Soberanía la siguiente propuesta con:

PUNTO DE ACUERDO

Unico.- El Senado de la República exhorta respetuosamente al titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, a que comparezca ante esta Soberanía y exponga con claridad y detalle el Plan Nacional de Vivienda y los criterios con los que fueron seleccionados los 400 municipios en los cuales se focalizarán las acciones de ampliación y mejoramiento de vivienda.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, a 19 de febrero de 2013.

Sen. Víctor Hermosillo y Celada”.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, Senador Hermosillo y Celada. Como lo ha solicitado el proponente y con fundamento en los artículos 109 y 110 de nuestro Reglamento, pido a la Secretaría que consulte a la Asamblea, en votación económica, si se considera de urgente resolución el presente punto de Acuerdo.

- La C. Secretaria Palafox Gutiérrez: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si el anterior asunto se considera de urgente resolución y se pone a discusión de inmediato. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

No se considera de urgente resolución, señor Presidente.

- El C. Presidente Aispuro Torres: En consecuencia, se turna a la Comisión de Vivienda.





 

Se le concede el uso de la palabra a la Senadora Alejandra Barrales Magdaleno, del grupo parlamentario del PRD, para presentar un punto de Acuerdo por el que se solicita realizar un diagnóstico integral de las condiciones de seguridad del edificio sede del Senado de la República.

- La C. Senadora Alejandra Barrales Magdaleno: Muchas gracias. Con su venia, señor Presidente.

Cuando se discutieron las reformas a la Ley Federal del Trabajo, una de las principales virtudes, de las principales cualidades a las que se hizo alusión quienes defendían esta propuesta, era precisamente el reforzamiento a la protección de los trabajadores, haciendo en esta propuesta más exhaustiva las revisiones por parte de las autoridades a los centros de trabajo.

De acuerdo con datos presentados por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social recientemente, cada año se presentan más de 400 mil accidentes de trabajo, que lamentablemente han derivado en más de mil 200 defunciones.

Por ello, en el Senado de la República debemos predicar con el ejemplo, debemos mantener esfuerzos por garantizar la seguridad de todos los que trabajamos en esta sede, así como todas aquellas personas que nos visitan en esta Cámara.

Reconocemos, por supuesto, la labor que ha realizado el personal de Protección Civil de esta Cámara, los simulacros que se han programado; la labor de información que se ha dispuesto, sin embargo, es necesario reforzar las verificaciones que se realizan a las instalaciones de este Senado, así como eliminar los elementos que pudieran representar un riesgo para las instalaciones y para el propio personal.

Por ello, a través de este punto de Acuerdo proponemos:

Primero.- Que se solicite a la Mesa Directiva a que instruya a las áreas respectivas a que realicen un diagnóstico integral de las condiciones de seguridad de este edificio sede del Senado y, de ser necesario, se realicen las acciones para garantizar de forma permanente las condiciones idóneas de protección civil en las que se desarrolla el trabajo al interior de este inmueble, así como establecer una estrategia de difusión a las y los trabajadores, y de la misma manera, a quienes nos visitan en esta Cámara.

Segundo.- Proponemos en este punto de Acuerdo solicitar a la Mesa Directiva que instruya a las áreas respectivas a que se realice un diagnóstico integral de los procedimientos, técnicas y elementos bajo los que se desarrollan las actividades de trabajo, con la intención de actualizar y, en su caso, establecer las medidas y acciones para la prevención de accidentes o enfermedades de trabajo, y muy importante también, se presente una estrategia de difusión, de información a las y los trabajadores que acudimos a este Senado.

Quiero agradecer, por supuesto, el apoyo a los diferentes grupos parlamentarios, al PAN, al PRI, al PT y al PVEM que suscriben y respaldan el presente punto de Acuerdo.

Queremos insistir que ningún individuo, ninguna institución está exenta de que se presenten algunos imponderables, pero estamos convencidos que lo que puede marcar la enorme diferencia es la manera en la que estamos preparados para poder enfrentarles.

Muchas gracias.

Es cuanto, señor Presidente.

(Aplausos)

Propuesta

PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE SOLICITA REALIZAR UN DIAGNOSTICO INTEGRAL DE LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD DEL EDIFICIO SEDE DEL SENADO DE LA REPUBLICA PARA GARANTIZAR DE FORMA PERMANENTE LAS CONDICIONES IDONEAS DE PROTECCION CIVIL, ASI COMO LA PREVENCION DE ACCIDENTES O ENFERMEDADES DE TRABAJO

“LA SUSCRITA INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCION DEMOCRATICA, CON FUNDAMENTO EN LO ESTIPULADO EN LOS ARTICULOS 58 DEL REGLAMENTO PARA EL GOBIERNO INTERIOR DEL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, ARTICULO 8 NUMERAL 1, INCISO B), Y 276 DEL REGLAMENTO DEL SENADO DE LA REPUBLICA, SOMETO A LA CONSIDERACION DE ESTA SOBERANIA EL PUNTO DE ACUERDO AL TENOR DE LAS SIGUIENTES:

CONSIDERACIONES

La reciente tragedia que embargó a nuestro país ocurrida en la Torre B de Petróleos Mexicanos en la que perdieron la vida 37 mexicanos y mexicanas que prestaban sus labores cotidianas en esas oficinas, nos obliga a reflexionar sobre las condiciones en las que permanentemente se encuentran los edificios públicos como espacios de constante interacción no solo laboral, sino en muchos casos, como parte de la interacción pública con la ciudadanía, como ocurre cotidianamente en este Senado.

En este sentido la atención debe centrarse en dos aspectos fundamentales para el cumplimiento de la tarea mencionada. Por un lado se deben considerar las condiciones de seguridad, higiene y medio ambiente de trabajo. Ante esto resulta indispensable mantener actualizados los procedimientos, técnicas y elementos, las cuales deberán observarse en la institución como parte de una política integral de prevención de accidentes o enfermedades. De ahí que el reconocimiento, evaluación y control de factores de riesgo resulte trascendental para el cuidado de la vida, la salud e integridad física de las y los trabajadores.

La Organización Internacional del Trabajo (OIT) señala que la salud y seguridad en el trabajo “Es una disciplina que abarca múltiples campos especializados atendiendo el bienestar social, mental y físico de los trabajadores” y por su parte la Organización Mundial de la Salud (OMS) define la salud como “un completo estado de bienestar en los aspectos físicos, mentales y sociales.” Esto nos lleva directamente al concepto de salud laboral el cual se enfoca en la búsqueda del mayor bienestar posible en el trabajo, ya sea en su realización como en sus consecuencias en los planos físico, mental y social, y para ello se debe de establecer la evaluación y diagnóstico de los factores de riesgo, así como sus efectos sobre la salud, arribando así a una efectiva acción preventiva o las intervenciones técnicas sobre dichos factores de riesgo.

Por el otro, y sumado a lo anterior en una acción integral, el plan operativo de protección civil, considerando la revisión constante de protocolos y rutas de evacuación, mecanismos de alarma, teniendo en cuenta la revisión y evaluación periódica identificando previamente los diferentes tipos de riesgo que existen en un edificio así como las acciones preventivas y reactivas en caso de contingencias, a fin de mitigar los riesgos y en su caso poder asegurar la capacidad de respuesta ante estos acontecimientos.

Es en consonancia con estos dos elementos que proponemos este punto de Acuerdo a fin de tener una estrategia integral que blinde y brinde las condiciones optimas para el desarrollo de las actividades que constantemente se llevan a cabo en los edificios públicos, como es el caso en esta Cámara, y con ello se obtenga un beneficio no solo a las trabajadoras y trabajadores, los cuales merecen las más altas condiciones de seguridad, sino también a la ciudadanía en general.

En esa relación, todos conocemos las diversas condiciones de la Ciudad de México, que la hacen particularmente expuesta a diversos fenómenos naturales, particularmente de movimientos sísmicos que nos han tomado por sorpresa y como consecuencia, han generado miles de tragedias; pero también los accidentes humanos debido a la vertiginosa dinámica que mantiene esta gran metrópoli. Todas estas circunstancias, nos llevan a privilegiar la identificación de riesgos mediante la prevención y previsión de los peligros o riesgos, para estar en capacidad de eliminar o reducir en la medida posible su impacto, no solo en bienes o infraestructura física, sino en los propios ciudadanos.

En este sentido, que el Senado de la República es responsable de la seguridad y salud de sus trabajadores, y de los y las legisladoras, así como de los visitantes que acuden diariamente a esta sede.

A raíz de los acontecimientos en la Torre de Pemex, aunado a las condiciones en las que se encuentra la ciudad, es necesario reforzar las revisiones al inmueble, por lo que consideramos conveniente realizar un diagnóstico integral de los riesgos en la sede de esta Cámara Alta, que contemple la actualización del Programa de Seguridad e Higiene, así como del Programa Interno de Protección Civil.

Lo anterior con la intención de contribuir en los esfuerzos realizados en esta Cámara a efecto de mantener las mejores condiciones a todas y todos los que transitamos permanentemente en este lugar, sin postergar aquellos balances de riesgo que nos impidan mantener actualizados los instrumentos reactivos, pero principalmente preventivos, ante la contingencia de situaciones que pongan en riesgo nuestra integridad.

Ante esto es que se considera necesario que se realice un diagnóstico integral de las condiciones en ambas vertientes, de seguridad y salud, en el Senado de la República que considere al menos las condiciones físicas peligrosas o inseguras que puedan representar un riesgo en las instalaciones, los agentes físicos, químicos y biológicos capaces de modificar las condiciones del medio ambiente del centro de trabajo que, por sus propiedades, concentración, nivel y tiempo de exposición o acción, pueden alterar la salud de los trabajadores, tales como gasolina, diesel, gas o cualquier combustible, así como las fuentes que los generan; los peligros circundantes al centro de trabajo que lo puedan afectar, cuando sea posible, teniendo en cuenta también los requerimientos normativos en materia de seguridad y salud en el trabajo que resulten aplicables para la prevención de accidentes y enfermedades.

Hecho el mencionado diagnóstico se deberá de realizar un programa de protección civil que garantice la seguridad en el inmueble, que contenga al menos:

a. La detección de riesgos que puedan presentarse al interior de las instalaciones de los edificios del Senado de la República.

b. La acción preventiva o correctiva por instrumentar por cada aspecto identificado;

c. Las acciones para la atención de emergencias y contingencias sanitarias que recomienden o dicten las autoridades competentes;

d. Las fechas de inicio y término programadas para instrumentar las acciones preventivas o correctivas y para la atención de emergencias,

e. El responsable de la ejecución de cada acción preventiva o correctiva y para la atención de emergencias y

f. Los medios de comunicación hacia las y los trabajadores sobre las acciones preventivas y correctivas que se generen para cada aspecto identificado.

Lo anterior, tomando como base la NORMA Oficial Mexicana NOM-030-STPS-2009, sobre Servicios Preventivos de Seguridad y Salud en el Trabajo-Funciones y actividades publicada en el Diario Oficial de la Federación el 22 de diciembre de 2009.

La seguridad institucional en el Senado de la República, es una tarea que nos corresponde a todas y todos, y la Mesa Directiva cuenta con las facultades y atribuciones para garantizarla, de conformidad con los artículos 66 apartado 1. Inciso j), 67 apartado 1. Incido k), 110 apartado 1. Inciso c) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 311 apartado 1 y 2 del Reglamento del Senado.

Por lo anterior, solicito a esta Asamblea la aprobación del presente punto de Acuerdo:

PRIMERO.- SE SOLICITA A LA MESA DIRECTIVA A QUE INSTRUYA A LAS AREAS RESPECTIVAS A QUE REALICEN UN DIAGNOSTICO INTEGRAL DE LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD DEL EDIFICIO SEDE DEL SENADO DE LA REPUBLICA Y, DE SER NECESARIO, SE REALICEN LAS ACCIONES PARA GARANTIZAR DE FORMA PERMANENTE LAS CONDICIONES IDONEAS DE PROTECCION CIVIL EN LAS QUE SE DESARROLLAN LOS TRABAJOS EN LOS INMUEBLES DEL SENADO DE LA REPUBLICA, ASI COMO ESTABLECER UNA ESTRATEGIA DE DIFUSION TANTO A LAS Y LOS TRABAJADORES, COMO A LOS VISITANTES, PARA GARANTIZAR SU CORRECTA APLICACION.

SEGUNDO.- SE SOLICITA A LA MESA DIRECTIVA A QUE INSTRUYA A LAS AREAS RESPECTIVAS A QUE REALICEN UN DIAGNOSTICO INTEGRAL DE LOS PROCEDIMIENTOS, TECNICAS Y ELEMENTOS BAJO LOS QUE SE DESARROLLAN LAS ACTIVIDADES DE TRABAJO, CON LA INTENCION DE ACTUALIZAR Y EN SU CASO ESTABLECER LAS MEDIDAS Y ACCIONES PARA LA PREVENCION DE ACCIDENTES O ENFERMEDADES DE TRABAJO, ASI COMO ESTABLECER UNA ESTRATEGIA DE DIFUSION TANTO A LAS Y LOS TRABAJADORES.

Dado en la sede de la Cámara de Senadores, a 19 de febrero de 2013.

Atentamente”.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, Senadora Alejandra Barrales Magdaleno. Tal y como lo está solicitando la Senadora Alejandra Barrales Magdaleno y con fundamento en los artículos 109 y 110 de nuestro Reglamento, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si es de considerarse de urgente resolución dicho punto de Acuerdo.

- La C. Secretaria Barrera Tapia: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si el anterior asunto se considera de urgente resolución y se pone a discusión de inmediato. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se considera de urgente resolución, señor Presidente.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, señora Secretaria. En consecuencia, está a discusión dicho punto de Acuerdo. No habiendo quien haga uso de la palabra, pido a la Secretaría que consulte a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse dicho punto de Acuerdo.

- La C. Secretaria Barrera Tapia: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse la propuesta presentada. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Es aprobada la propuesta, señor Presidente.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, señora Secretaria. Aprobada. Comuníquese.





 

Se le concede el uso de la palabra a la Senadora Ana Gabriela Guevara, a nombre propio y en representación del grupo parlamentario del PT, para presentar un punto de Acuerdo que exhorta al Comisionado del Instituto Nacional de Migración, a construir una institución respetuosa de los derechos humanos.

- La C. Senadora Ana Gabriela Guevara Espinoza: Con su venia, señor Presidente.

Pongo a consideración de la Asamblea este exhorto al comisionado de Migración, que tiene que conformar la institucionalidad en materia de migración en México y ponerlo a consideración de ustedes.

Primero. Que cualquier análisis estructural y coyuntural de nuestro país que profundice acerca del estado de la mayoría de sus instituciones, necesariamente arroja como tópico diagnóstico, la debilidad crónica. El objetivo de las instituciones es la gobernabilidad con estricto respeto a los derechos humanos, tal como se ha suscrito en declaraciones oficiales. Para lograr esta condición, se requiere de una reingeniería que nutra sus estructuras para fortalecerlas y afrontar sus objetivos de conducción, gestión, así como de solución.

Segundo. En este relevo gubernamental, se han emitido un caudal de mensajes que anuncian propósitos de reestructuración profunda, entre ellos, el del Instituto Nacional de Migración. Los funcionarios de esa institución, de la administración anterior, reconocieron la dimensión que cobró la migración y los abusos sistemáticos cometidos contra la diáspora.

Finalmente, el Instituto Nacional de Migración fue intervenido por el crimen organizado y por la corrupción, en pocas palabras, nuestro instituto ha sido debilitado. Declaraciones como la de la delegada regional en Chiapas, Mercedes Gómez Mont, quien declaró que lamentablemente se necesita de mayor personal para realizar mejor revisión en algunos puntos, debido a la evidente filtración de indocumentados, que además de que actualmente se efectúan investigaciones por acuerdos entre polleros y agentes de dicho instituto, o la del próximo ex comisionado de este Instituto de Migración, cuando éste se presentó a la Cámara de Diputados y habló sobre la impunidad con la que han operado agentes para favorecer y encubrir el secuestro, asesinato y la extorsión de migrantes en el centro de Sudamérica, admitió que en este organismo permanecen estos cotos de corrupción.

En este estricto sentido, el Comisionado del Instituto Nacional de Migración, el licenciado Ardelio Vargas Fosado, advirtió ante los medios de comunicación, el pasado 22 de enero, que sacudirá el organismo con una limpieza a fondo, con resultados visibles en un año. Ante ello, el comisionado declaró que, en cuanto a esa limpieza, lo primero será ver hacia adentro. En esas declaraciones añadió: “que necesitamos un instituto reestructurado, que se adecue a las circunstancias actuales de la migración. Necesitamos reconocer los problemas que tenemos en la propia estructura y hacer limpieza completa”.

El gobierno mexicano es permanentemente observado, tanto en lo interno como internacionalmente, sobre la política migratoria. Esta diáspora organizada de ambos entornos ha hecho progresos extraordinarios en calidad organizativa, tanto es así, que ha desarrollado análisis de denuncias y testimonios sistemáticos que aluden a las acciones y omisiones del Instituto Nacional de Migración. Esa experiencia viva y concentrada en argumentaciones, es fácilmente ubicable y servirá como aportación para un mejor diseño institucional, desde denuncias explícitas que ayudarán a depurar y a mirar hacia adentro del instituto, hasta propuestas de estructuración mínima en las regiones y rutas de migrantes.

Es tiempo de que ya en asuntos de gobernabilidad se den los pasos y las ideas de institucionalidad y recojan las experiencias de los grupos sobre los que recaen los impactos más negativos de la migración.

Es importante el paso que se dará en el Instituto Nacional de Migración, y requiere para integrarlo a la historia de la institucionalidad en México, un informe pormenorizado de los diagnósticos, las fallas y aciertos encontrados, las propuestas incluidas y recabadas y las decisiones finales tomadas para esta reestructuración.

Por todo lo anterior, sometemos a la consideración de esta Asamblea el siguiente punto de Acuerdo:

UNICO.- El Pleno del Senado de la República, en el ámbito de colaboración entre los poderes, exhorta al Comisionado del Instituto Nacional de Migración, licenciado Ardelio Vargas Fosado, en su iniciativa de revisar y depurar al Instituto Nacional de Migración, elaborar un informe del proceso y de auscultación y depuración del instituto para conformar una historia de la institucionalidad en materia de migración en México y compartirlo con esta Soberanía.

Es cuanto, señor Presidente.

(Aplausos)

Propuesta

PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL COMISIONADO DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION A INCLUIR LAS PERTINENTES OBSERVACIONES Y EXPERIENCIAS DE LA MIGRACION ORGANIZADA, A FAVOR DE LA CONSTRUCCION DE UNA INSTITUCION SOLIDA, FUERTE Y CONSTRUCTIVA DE GOBERNABILIDAD Y EN OBEDIENCIA A LOS DERECHOS HUMANOS SEÑALADOS EN LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

“De la Senadora ANA GABRIELA GUEVARA, integrante de la LXII Legislatura de la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión, a nombre y representación del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8, fracción II; 76, fracción IX, 108, 276, y demás aplicables del Reglamento del Senado de la República, presento ante esta Honorable Asamblea, la siguiente PROPOSICION DE PUNTO DE ACUERDO PARA QUE EL SENADO DE LA REPUBLICA EXHORTE AL COMISIONADO DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION, LICENCIADO ARDELIO VARGAS FOSADO PARA INCLUIR LAS PERTINENTES OBSERVACIONES Y EXPERIENCIAS DE LA MIGRACION ORGANIZADA A FAVOR DELA CONSTRUCCION DE UNA INSTITUCION SOLIDA, FUERTE Y CONSTRUCTIVA DE GOBERNABILIDAD Y EN OBEDIENCIA A LOS DERECHOS HUMANOS SEÑALADOS EN LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, de conformidad con las siguientes:

CONSIDERACIONES

1.- Cualquier análisis de cualquier tema de la agenda estructural y coyuntural del país, necesariamente, arrojará como tópico diagnóstico, la debilidad crónica de las instituciones. Si el objetivo es la gobernabilidad, si el método para su constitución es, como se reitera en discursos, democrático; se requiere una mentalidad en la toma de decisiones para que una reingeniería puntual, de carácter prospectivo y bajo los auspicios de la gobernanza, será necesaria. En este relevo gubernamental se han emitido un caudal de mensajes que anuncian propósitos de reestructuración, entre ellos el del Instituto Nacional de Migración que los propios funcionarios de la administración anterior reconocieron como una institución fallida, intervenida por el crimen organizado, infestada por la corrupción.

2.- En este estricto sentido, el comisionado del Instituto Nacional de Migración (INM), Licenciado Ardelio Vargas Fosado, advirtió, ante medios de comunicación, este 22 de enero, que sacudirá ese organismo con una limpieza a fondo, con resultados visibles en un año. Ante ello, el comisionado declaró que, en cuanto a esa limpieza lo primero a hacer, será, ver hacia adentro. En estas declaraciones añadió que “Necesitamos un instituto restructurado, que se adecúe a las circunstancias actuales de la migración mundial. Necesitamos reconocer los problemas que tenemos en la propia estructura y hacer una limpieza completa.

3.- México mantiene observaciones extraordinarias, tanto en lo interno como internacionalmente, de sus políticas migratorias. La diáspora organizada de ambos entornos ha hecho progresos extraordinarios en su calidad organizativa, tanto es así, que ha desarrollado propuestas viables y razonables, incluso legislativas e institucionales, para aminorar los riesgos latentes a que se enfrenta cualquier persona que decide migrar. Esa experiencia viva y concentrada en argumentaciones, es fácilmente ubicable y servirá como aportación para un mejor diseño institucional. El comisionado encontrará en esas propuestas, ideas factibles para ser adoptadas en las políticas que se instrumenten desde el Instituto Nacional de Migración; desde señalamientos explícitos que ayudarán a depurar y a mirar hacia dentro del instituto, hasta propuestas de estructuración mínima en las regiones y rutas migrantes. Tal es su experiencia y sapiencia en estos asuntos.

4.- Es tiempo ya de que en asuntos de gobernabilidad se den los pasos para que las ideas de institucionalidad recojan las experiencias de los grupos sobre los que recaen los impactos más negativos de la migración. La historia de la reflexión institucional, después de recabar los errores fatales en diseños institucionales que no han hecho más que lograr agudizar los conflictos y los impactos negativos, ha desarrollado ideas de inclusión, de construcción conjunta, de dirección de objetivos y con respeto al avance en materia de derechos humanos, sobre todo en nuestra constitución política mexicana que recientemente adoptó cambios que revolucionaron su conceptualización.

5.- El importante paso que se dará en el Instituto Nacional de Migración requiere, para integrarlo a la historia de la institucionalidad en México, un informe pormenorizado de los diagnósticos, las fallas y aciertos encontrados, las propuestas incluidas y recabadas y las decisiones finales tomadas para la reestructuración dela institución.

Por todo lo anterior, sometemos a la consideración de esta Asamblea el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

UNICO.- EL PLENO DEL SENADO DE LA REPUBLICA EXHORTA AL COMISIONADO DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION, LICENCIADO ARDELIO VARGAS FOSADO, EN SU INICIATIVA DE REVISAR Y DEPURAR EL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION, INCLUYA LAS PERTINENTES OBSERVACIONES Y EXPERIENCIAS DE LA MIGRACION ORGANIZADA A FAVOR DE LA CONSTRUCCION DE UNA INSTITUCION SOLIDA, FUERTE Y CONSTRUCTIVA DE GOBERNABILIDAD Y EN OBEDIENCIA A LOS DERECHOS HUMANOS SEÑALADOS EN LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; ASIMISMO SE SOLICITA UN INFORME DEL PROCESO DE AUSCULTACION Y DEPURACION DEL INSTITUTO PARA CONFORMAR UNA HISTORIA DE LA INSTITUCIONALIDAD EN MATERIA DE MIGRACION EM MEXICO.

Cámara de Senadores, a 7 de febrero de 2013.

Atentamente

Sen. Ana Gabriela Guevara”.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, Senadora Guevara Espinoza. Como lo está solicitando la propia proponente y con base en lo que señalan los artículos 109 y 110 de nuestro Reglamento, solicito se consulte a la Asamblea, en votación económica, si es de considerarse de urgente resolución dicho punto de Acuerdo.

- La C. Secretaria Palafox Gutiérrez: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si el anterior asunto se considera de urgente resolución y se pone a discusión de inmediato. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

No se considera de urgente resolución, señor Presidente.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, señora Secretaria. Túrnese a la Comisión de Derechos Humanos.

Hoy, por acuerdo de esta Mesa Directiva, continuaremos con el desahogo de las iniciativas pendientes.

En primer término, se le concede el uso de la palabra al Senador Alejandro Tello Cristerna, del grupo parlamentario del PRI, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Congreso General.





 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA, ADICIONA Y DEROGA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY ORGANICA DEL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

(Presentada por el C. Senador Alejandro Tello Cristerna, del grupo parlamentario del PRI)

- El C. Senador Alejandro Tello Cristerna: Con su permiso, señor Presidente; compañeros Senadores:

Vengo el día de hoy a esta tribuna con el fin de presentar una iniciativa que busca adecuar nuestra Ley Orgánica del Congreso General.

El pasado 9 de agosto se publicó en el Diario Oficial de la Federación un Decreto mediante el cual se realizaron adecuaciones y reformas a diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Las reformas ahí contenidas forman parte de la ya conocida reforma política del 2012, que llevó más de 2 años su discusión y que al final de cuentas modificó más de 15 artículos constitucionales. Dicha reforma integró, entre otras cosas, las candidaturas independientes, la iniciativa ciudadana, la consulta popular, la iniciativa preferente y la sustitución presidencial, entre otras.

Es precisamente el tema de la sustitución presidencial lo que hoy me tiene aquí ante ustedes. Se trata de un tema de formas, de adecuación a nuestra legislación al interior del Congreso, más también se trata de un tema de fondo por las implicaciones que esto conlleva.

De esta forma se reformaron, entre otros, los artículos 78, fracción IV y 84 de nuestra Carta Magna, relativos al proceso de sustitución del Presidente de la República ante la falta absoluta de éste, introduciendo un nuevo mecanismo en donde el Secretario de Gobernación asume provisionalmente la Presidencia de la República en tanto el Congreso designa quien ocupará en calidad de Presidente Interino o Sustituto, la titularidad del Ejecutivo.

Asimismo, se dispuso en el artículo 85 que en caso de comenzar el periodo constitucional del Presidente de la República y ante la falta absoluta de éste, será el Presidente de la Cámara de Senadores quien asumirá provisionalmente el cargo, en tanto el Congreso designa al Presidente Interino, estableciéndose además la obligación del Secretario de Gobernación de ocupar de forma provisional la Presidencia de la República cuando el Presidente solicite licencia para separarse del cargo.

De esta forma desaparece la figura de Presidente Provisional, cargo que requería del nombramiento de la Comisión Permanente, quedando subsistente únicamente la facultad de ésta, para convocar al Congreso General para nombrar al Presidente Interino o Sustituto y expedir la convocatoria a elección presidencial correspondiente.

Es necesario precisar, además, que conforme a los Artículos Segundo y Cuarto Transitorios del Decreto de reforma aludido, quedaron derogadas todas las disposiciones que se opusieran a las reformas aprobadas, obligándose este Congreso de la Unión a expedir la legislación secundaria para hacer cumplir lo dispuesto por el nuevo texto constitucional.

No obstante lo anterior, la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, nuestra Ley Orgánica, en sus artículos 10 y 125 mantiene vigente la figura de Presidente Provisional; mientras que el artículo 126 del mismo ordenamiento, sigue previendo la facultad de la Comisión Permanente para ampliar el objeto de una convocatoria a periodo extraordinario de sesiones, para el nombramiento de Presidente Interino o Sustituto; según proceda en el supuesto de una falta temporal del mismo.
Resulta evidente la incompatibilidad de las disposiciones legales referidas en los preceptos constitucionales que establecen el proceso de sustitución presidencial, ante su ausencia temporal o absoluta.

Es por ello la urgente necesidad de adecuar nuestro marco legal del Congreso, a los nuevos procedimientos constitucionales establecidos.

Por todo lo expuesto y fundado, someto a consideración de esta Honorable Asamblea, la iniciativa con proyecto de Decreto que reforma los artículos 9o. párrafo 1, 10 y 126; y deroga el artículo 125 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

Solicito, por favor, señor Presidente, que el texto íntegro de la presente iniciativa sea incluido en el Diario de los Debates.

Es cuanto.

Iniciativa

“H. CAMARA DE SENADORES
DE LA LXII LEGISLATURA
PRESENTE.

ALEJANDRO TELLO CRISTERNA, Senador de la República, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de esta LXII Legislatura, en ejercicio de la facultad que me confieren los artículos 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 55, fracción II  del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 8° párrafo 1, fracción I, 164 párrafo 2, 169 y 172 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta H. Asamblea, iniciativa con proyecto de Decreto que Reforma, Adiciona y Deroga diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, con base en la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

El nueve de agosto de 2012 se publicó en el Diario Oficial de la Federación Decreto mediante el cual se reformaron y adicionaron diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformas y adiciones que popularmente se han destacado como “LA REFORMA POLITICA DE 2012”.

De esta forma se reformaron, entre otros, los artículos 78, fracción IV y 84 de nuestra Carta Magna, relativos al procedimiento de substitución del Presidente de la República ante la falta absoluta de éste, introduciendo un nuevo mecanismo donde el Secretario de Gobernación asume provisionalmente la Presidencia de la República en tanto el Congreso designa a quien deba ocupar, en calidad de Presidente interino o substituto, la titularidad del Poder Ejecutivo de la Unión.

Asimismo, se dispuso en el artículo 85 que en caso de comenzar el periodo constitucional del Presidente de la República y ante la falta absoluta éste, el Presidente de la Cámara de Senadores asumirá provisionalmente el cargo, en tanto el Congreso designa al presidente interino; estableciéndose además, la obligación del Secretario de Gobernación de ocupar de forma provisional la Presidencia de la República cuando el Presidente solicite licencia para separarse del cargo.

De esta forma, desapareció la figura de “presidente provisional”, cargo que requería del nombramiento de la Comisión Permanente; quedando subsistente únicamente la facultad de ésta para convocar al Congreso General para nombrar al Presidente interino o substituto y expedir la convocatoria a elecciones presidenciales correspondiente.

Es necesario precisar además, que conforme a los artículos segundo y cuarto transitorios del Decreto de reforma aludido, quedaron derogadas todas las disposiciones que se opusieran a las reformas aprobadas, obligándose el propio Congreso de la Unión a expedir la legislación secundaria para hacer cumplir lo dispuesto por el nuevo texto constitucional.

No obstante a lo anterior, la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, en sus artículos 10 y 125 mantiene vigente la figura de “Presidente provisional”; mientras que el artículo 126 del mismo ordenamiento sigue previendo la facultad de la Comisión Permanente para ampliar el objeto de una convocatoria a periodo extraordinario de sesiones para el nombramiento de de Presidente interino o substituto, según proceda, en el supuesto de una falta temporal del Presidente de la República.

Resulta evidente pues, la incompatibilidad de las disposiciones legales referidas, con los preceptos constitucionales que establecen el procedimiento de substitución presidencial ante su ausencia temporal o absoluta. Lo cual origina una urgente necesidad de adecuar el marco legal del Congreso a los nuevos procedimientos constitucionales establecidos.

Por todo lo expuesto y fundado, someto a la consideración de ésta Honorable Asamblea, iniciativa con proyecto de:

Decreto que Reforma, Adiciona y Deroga diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

ARTICULO UNICO. Se reforman los artículos 9o párrafo 1, 10 y 126; asimismo se deroga el artículo 125; todos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar de la siguiente forma:

ARTICULO 9o.

1. En los términos del tercer párrafo del artículo 84 de la Constitución, el Congreso General, constituido en Colegio Electoral, con la concurrencia de por lo menos las dos terceras partes del total de sus miembros, nombrará Presidente interino de la República. El nombramiento se otorgará en escrutinio secreto y por mayoría de votos de los miembros presentes.

2. y 3. (…)

ARTICULO 10.

1. Si antes de iniciar un periodo constitucional la elección no estuviese hecha o declarada válida, cesará el Presidente cuyo periodo haya concluido y ocupará el cargo con carácter de interino el ciudadano que para tal fin designe el Congreso de la Unión, observándose lo dispuesto en el artículo anterior.

2. Si al comenzar el periodo constitucional hubiese falta absoluta del Presidente de la República, asumirá provisionalmente el cargo el Presidente de la Cámara de Senadores, en tanto el Congreso designa al presidente interino, en los términos del artículo anterior.

3. El Secretario de Gobernación asumirá de forma provisional la titularidad del Poder Ejecutivo durante las licencias concedidas por el Congreso General al Presidente de la República para separase del cargo.

4. En caso de ausencia del Presidente de la República que se prolongue por más de  sesenta días, el Congreso nombrará un Presidente interino o substituto, según corresponda, procediendo conforme al artículo 84 de la Constitución.
Artículo 125.

1. Se deroga

Artículo 126.

1. Si el Congreso de la Unión se halla reunido en un periodo extraordinario de sesiones y ocurre una falta absoluta del Presidente de la  República, la Comisión Permanente, de inmediato, ampliará el objeto de la convocatoria a fin de que el Congreso se constituya en Colegio Electoral y nombre al Presidente interino o substituto, según proceda conforme al artículo 84 de la Constitución.

TRANSITORIO

UNICO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

México D.F., a 12 de febrero de 2013.

Atentamente

Sen. Alejandro Tello Cristerna”.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, Senador Tello Cristerna,  pido a la Secretaría que inserte íntegramente la iniciativa que ha presentado el Senador Alejandro Tello Cristerna. Túrnese a las Comisiones Unidas de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias; y de Estudios Legislativos.

Se le concede el uso de la palabra a la Senadora Lorena Cuéllar Cisneros, del grupo parlamentario del PRD, para presentar un punto de Acuerdo que exhorta al titular del Poder Ejecutivo a que por medio de la Secretaría de Desarrollo Social dé respuesta a planteamientos hechos desde esta Soberanía y al CONEVAL a informar sobre mecanismos específicos de resultados de la Cruzada contra el Hambre.





 

PROPUESTAS

- La C. Senadora Lorena Cuéllar Cisneros: Con su permiso, señor Presidente.

Por razones varias, es común que se generen serias expectativas cuando un gobierno anuncia la puesta en marcha de un programa cuyo inobjetable propósito es al menos reducir a niveles sostenibles o de plano eliminar el hambre de millones de personas.

Se sobreentiende que hay personas que padecen hambre y desnutrición debido a múltiples y complejos componentes, de manera que deben tenerse en cuenta todos para resolver el problema, porque de otra manera el fenómeno persistiría.

Obviamente el factor principal es la pobreza y la indigencia, resultado de la exclusión, la inequidad y la desigualdad social generada, a su vez, por la falta de empleo, la precariedad de ingresos salariales y derechos laborales, escaso o nulo acceso a la capacitación y a los servicios de educación, salud, agua potable, electrificación, transporte, insumos agrícolas y financiamiento para el desarrollo económico del sector social, entre otros.

Mientras no se asuma una solución integral, persistirá el circulo vicioso que propicia la exclusión social y por lo tanto la pobreza y la indigencia.

Este ha sido el caso de la denominada política de desarrollo social, impulsada en México desde finales de la década de los años 80´s del siglo XX, a partir del Programa Nacional de Solidaridad, PRONASOL, tal y como queda registrado en las estadísticas presentadas por la CEPAL, en el documento Panorama Social de América Latina 2012.

Así resulta verdaderamente lacerante y patético que en los últimos años en México hayan crecido la pobreza y la indigencia, tanto en términos relativos como absolutos, principalmente como resultado de la participación y la precarización de las condiciones de vida y de trabajo que se expresa en las adversidades siguientes:

 1.- La pérdida de prestaciones.

2.- El aumento de las jornadas de trabajo.

3.- La disminución del salario real.

4.- La promoción de empleos precarios.

En 1993, tres mexicanos figuraban entre los más acaudalados del mundo y poseían el equivalente al 1.98% del PIB del mismo. Para el 2011, once millonarios mexicanos concentran en propiedad el 15.23% del PIB del 2010. En tan solo un año lograron incrementar sus fortunas un 38.5% y el salario mínimo nominal aumentó sólo el 4.1%, es decir, únicamente 2 pesos.

Para efectos comparativos, la fortuna de estos 11 mexicanos es de 129 mil 700 millones de dólares, es equivalente al ingreso anual del 50% de los habitantes de este país, que se ubican de la mitad hacia abajo en la escala de la distribución del ingreso.

Es importante tener claro que la fórmula general de desarrollo económico del actual gobierno representa la continuidad de la estrategia que, a partir de los años 80´s del siglo XX, frenó la vocación del Estado de bienestar, dando paso a una administración de vocación gerencial, que opera y administra los intereses de los poderes fácticos globales y de sus socios nacionales, a sabiendas de que se propicia el deterioro social progresivo de la mayoría de los mexicanos, razón por la cual y presionados por organismos como el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, concibieron primero el PRONASOL, luego PROGRESA, después Oportunidades y ahora la Cruzada contra el Hambre, desde una visión asistencialista que, además, propicia la corrupción y el uso político-electoral.

Un seguimiento histórico de los resultados, sexenio tras sexenio, indica claramente que ninguno de estos programas ha cumplido realmente con su cometido, tal y como lo aclaran las cifras comparativas de la CEPAL, porque existe una abierta contradicción entre los propósitos de la estrategia económica y las necesidades del bienestar humano y social, de manera que la política macroeconómica genera pobreza y la de desarrollo social aplica remedios efímeros para que el paciente no se salga de control.

El problema es que la estrategia del actual gobierno no se reduce a dar continuidad a ese Estado sometido a los intereses mercantiles de los poderes fácticos, sino que pretende escalarlo a una mayor altura, a través de reformas como la laboral que precariza el empleo; la hacendaria y fiscal que es regresiva tanto tributaria como distributivamente; o la energética, que pretende fortalecer el control del sector privado, privilegiadamente el extranjero, en el proceso de extracción, producción y comercialización de hidrocarburos, de manera que sus beneficios sustanciales, o sea, las ganancias, serán aprovechadas en los países de donde es originario el capital de inversión.

Así, el programa de Combate contra al Hambre no es otra cosa que la nueva aspirina que no curará el mal de un paciente que como está demostrado, cada día empeora su estado de salud.

La clave principal para entender el carácter asistencialista y filantrópico de la Cruzada contra el Hambre es que la estrategia económica está orientada a satisfacer la demanda por la vía del poder de la compra y no las necesidades esenciales de los mexicanos.

Y ello se revela claramente con las siguientes estadísticas que completan las anteriormente citadas:

* Salarios no remunerados y condiciones precarias de trabajo. El 80 por ciento de las familias sobreviven con un salario precario. Cinco millones de empleados ganan cuando mucho un salario mínimo; 16.4 millones gana como máximo dos salarios mínimos y 20 millones de personas no pueden adquirir una canasta básica alimentaria cuyo costo es de 175 pesos diarios. En 9.8 millones de hogares al menos un miembro labora en el sector informal.

Desde 1987, el crecimiento del salario mínimo ha sido realmente negativo, cada vez alcanza para menos, porque se considera que el incremento salarial es inflacionario, de forma que los aumentos autorizados siempre están por debajo del incremento de los precios. Un peso de salario mínimo hoy, compra lo que 27 centavos adquirían en 1980, y quien gana un salario mínimo tiene que trabajar 22.5 horas para adquirir una canasta básica alimentaria recomendable, cuando en 1983 sólo se requería trabajar 4.5 horas. Ello da la idea de lo reducido que puede ser el mercado interno para permitir a las empresas crecer y generar empleos.

Así, pues, aún suponiendo que de alguna manera llegaran real y constantemente alimentos nutritivos a una franja importante de la población, cosa que está por verse, lo cierto es que la estrategia no está orientada a resolver los problemas que generan la pobreza y la indigencia, origen del problema.

Por cuanto se refiere al programa en sí, de acuerdo con algunos especialistas, existen cuando menos las siguientes preguntas que necesitan respuestas:

1. Las experiencias internacionales muestran que cuando se impulsa un programa para la reducción o eliminación del hambre, el gobierno destina una partida especial del Presupuesto Federal. El artículo 40 transitorio del Decreto indica claramente que no habrá recursos adicionales para esta importante iniciativa. ¿Se tiene pensada una partida presupuestal especial en el futuro?, o me pregunto, ¿de dónde se sacarán realmente esos recursos para cubrir esta importante tarea?

2. Hay insuficiencias en el diseño del programa, existen municipios con mayor incidencia de pobreza que los previstos en el Decreto. ¿A qué se debe que algunos municipios relevantes quedaron fuera en el anexo A del Decreto? Las bases de datos del CONEVAL muestran claramente que hay mayor incidencia de pobreza en ciertas regiones del país aquí excluidas.

3. A pesar de que prevé la participación de estados y municipios, el Decreto establece, en el anexo B, únicamente los programas federales involucrados sin establecer los mecanismos por medio de los cuales los gobiernos estatales y municipales tendrán una participación relevante. ¿Cómo se resolverá esta cuestión?

4. La estrategia productiva para superar la pobreza de millones de mexicanos no queda clara en el Decreto. ¿Cómo se logrará que los que se encuentran en pobreza alimentaria se incorporen al desarrollo a través del aparato productivo?¿Habrá créditos adicionales para la producción de alimentos?

En fin, existen otras preguntas que nos hacemos y que aquí dejo claro en este documento.
Y como punto de Acuerdo:

Unico.- El Senado de la República exhorta de manera respetuosa al titular del Poder Ejecutivo Federal para que por medio de la Secretaría de Desarrollo Social dé respuesta a las dudas anteriormente planteadas y al CONEVAL a informar si tiene prevista una estrategia para medir los resultados específicos de este programa.

Es cuanto, señor Presidente.

Propuesta



- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, Senadora Lorena Cuéllar Cisneros. Túrnese a la Comisión de Desarrollo Social.





 

Se le concede el uso de la palabra a la Senadora Laura Angélica Rojas Hernández, del grupo parlamentario del PAN, para presentar un punto de Acuerdo que exhorta a informar cuáles entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal han sido beneficiados con la exención del Impuesto Sobre la Renta de 2008 al 2012.

- La C. Senadora Laura Angélica Rojas Hernández: Muchas gracias, señor Presidente; compañeras y compañeros Senadores:

De acuerdo a la Ley del Impuesto Sobre la Renta, las personas físicas y morales están obligadas al pago del Impuesto Sobre la Renta en los siguientes casos: Los residentes en México, respecto de todos sus ingresos, cualquiera que sea la ubicación de la fuente de riqueza de donde procedan. Los residentes en el extranjero que tengan un establecimiento permanente en el país respecto de los ingresos atribuibles a dicho establecimiento permanente. Los residentes en el extranjero respecto de los ingresos procedentes de fuentes de riquezas situadas en territorio nacional, cuando no tengan un establecimiento permanente en el país, o cuando teniéndolo, dichos ingresos no sean atribuibles a éste.

El Impuesto Sobre la Renta se denomina así, porque grava la utilidad obtenida producto de realizar una actividad, es decir, en un sentido muy amplio le llama renta a la utilidad que se obtenga. Este gravamen se aplica en cada ejercicio y se deben realizar pagos provisionales mensuales a cuenta del impuesto anual.

El Capítulo II de la Ley del Impuesto Sobre la Renta refiere los casos, características y requisitos en que los contribuyentes podrán efectuar deducciones a este impuesto. Se trata de un impuesto federal fundamental para las finanzas nacionales, cuyas excepciones deben garantizar el trato equitativo entre los contribuyentes sin menguar la recaudación correspondiente.

No se debe de olvidar que el 28 de mayo de 2003, la Suprema Corte de Justicia declaró inconstitucional el texto de la fracción XI del artículo 109 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, derivado de una reforma de 2002, que establecía la posibilidad de una exención limitada a los trabajadores al servicio de la Federación y de los estados respecto de los ingresos que obtengan por concepto de gratificaciones, aguinaldo y prima vacacional, pues genera un trato desigual y privilegiado a los trabajadores de la Federación y de las entidades federativas que estén sujetos a condiciones generales del trabajo respecto de los demás trabajadores del país, no obstante que se encuentran en la misma condición tributaria.

No obstante este criterio de interpretación constitucional, toda vez que un importante número de estados tenían fuertes adeudos fiscales en 2007, el Congreso de la Unión autorizó al Ejecutivo Federal el diseño de un programa para la regularización del ISR retenido por los estados y municipios a sus trabajadores.

Así, mediante Decreto se otorgaron diversos beneficios fiscales en materia del ISR, de derechos y de aprovechamientos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 5 de diciembre de 2008.

Dicha condonación contemplaba hasta un 60 por ciento del ISR que, como ya mencioné, estaba estipulada desde 2008, pero se hizo extensiva hasta 2014 en la aprobación del Paquete Económico 2013. Es decir, la Ley de Ingresos de la Federación para 2013 establece una prórroga a los beneficios concebidos desde 2008, lo que implica una exención a los estados y municipios del ISR retenido a sus trabajadores con efectos del Ejercicio Fiscal del 2012 y anteriores, condicionados solamente a estar al corriente de los enteros correspondientes a diciembre de ese año.

El caso es que este Congreso aprobó la condonación del ISR para estados y municipios a través del último párrafo del artículo 9 de la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2013.

Sin embargo, algunos especialistas de derecho fiscal, como el doctor Luis M. Pérez de Acha, consideran que este beneficio otorgado a los estados es inconstitucional, pues se trata de una prerrogativa que, en vías de hecho, equivale al otorgamiento de una exención total del ISR sobre los salarios de la burocracia local y al restablecimiento de una exención sobre gratificaciones, aguinaldo y prima vacacional declarada inconstitucional por la Suprema Corte. Esta dadivosidad puede ser ultrajante para los contribuyentes cumplidos de México.

El doctor Mauricio Merino Huerta, del CIDE, refiere además que no existe una base de datos perfectamente confiable de cuánto está dejando de ganar el país, sólo porque los gobiernos estatales no quieren rendir cuentas. Es decir, además de lo cuestionable de la medida, es opaca y no permite determinar para qué y por cuánto se utilizarán estos recursos, que son propiedad de la nación.

Por ello es importante conocer cuáles estados y municipios se han visto beneficiados con estas medidas fiscales y por qué montos. Igualmente es relevante que se trate de corregir el fondo del problema recaudatorio y financiero de las entidades federativas que medidas paliativas como ésta no resuelven y si pudieran generar estímulos inocuos.

Por lo anteriormente argumentado, se somete a la consideración de esta Cámara de Senadores la siguiente proposición con punto de Acuerdo:

Primero. El Senado de la República solicita respetuosamente a los titulares de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y del Sistema de Administración Tributaria, informen a esta Soberanía cuáles entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal, han sido beneficiados con la exención del Impuesto Sobre la Renta de 2008 a 2012 y a qué montos equivalen. Así como aquellas que serán beneficiados durante 2013 y 2014.

Segundo. El Senado de la República solicita respetuosamente a los titulares de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y del Sistema de Administración Tributaria, a enviar a esta Soberanía en un término de 90 días naturales, una estrategia conjunta con las autoridades de entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal, a efecto de generar una recaudación efectiva del Impuesto Sobre la Renta que sea puntualmente transferida a la Federación, evitando condonaciones futuras del mismo.

Tercero. El Senado de la República exhorta respetuosamente a los gobiernos de las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal, a que implementen medidas para mejorar su recaudación fiscal y otras fuentes de ingresos propios, así como la transparencia en el ejercicio de los recursos públicos.

Muchas gracias.

Propuesta

PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LOS TITULARES DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO Y DEL SISTEMA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA A INFORMAR CUALES ENTIDADES FEDERATIVAS, MUNICIPIOS Y DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL HAN SIDO BENEFICIADOS CON LA EXENCION DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE 2008 A 2012 Y POR QUE MONTOS; ASI COMO A LOS GOBIERNOS LOCALES, A QUE IMPLEMENTEN MEDIDAS PARA MEJORAR SU RECAUDACION FISCAL Y OTRAS FUENTES DE INGRESOS PROPIOS, CON TOTAL TRANSPARENCIA

“LAURA ANGELICA ROJAS HERNANDEZ, Senadora de la República de la LXII Legislatura al Congreso de la Unión e integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y los artículos 58, 60, 171, 175, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estado Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta Asamblea la presente proposición con punto de Acuerdo, que exhorta a que los titulares de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y del Sistema de Administración Tributaria, informen cuáles entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal, han sido beneficiados con la exención del Impuesto Sobre la Renta de 2008 a 2012 y por qué montos; así como a los gobiernos locales, a que implemente medidas para mejorar su recaudación fiscal y otras fuentes de ingresos propios, con total transparencia, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

De acuerdo a la Ley del Impuesto sobre la Renta (LISR), las personas físicas y morales, están obligadas al pago del impuesto sobre la renta en los siguientes casos: Las residentes en México, respecto de todos sus ingresos cualquiera que sea la ubicación de la fuente de riqueza de donde procedan; Los residentes en el extranjero que tengan un establecimiento permanente en el país, respecto de los ingresos atribuibles a dicho establecimiento permanente; Los residentes en el extranjero, respecto de los ingresos procedentes de fuentes de riqueza situadas en territorio nacional, cuando no tengan un establecimiento permanente en el país, o cuando teniéndolo, dichos ingresos no sean atribuibles a éste.

El Impuesto Sobre la Renta (ISR) se denomina así, porque grava la utilidad obtenida producto de realizar una actividad, es decir, en un sentido muy amplio le llama renta a la Utilidad que se obtenga. Este gravamen se aplica en cada ejercicio y se deben realizar pagos provisionales mensuales a cuenta del impuesto anual.

El Capítulo II de la LISR refiere los casos, características y requisitos en que los contribuyentes podrán efectuar deducciones a este impuesto. Se trata de un impuesto federal, fundamental para las finanzas nacionales, cuyas excepciones deben garantizar el trato equitativo entre los contribuyentes, sin menguar la recaudación correspondiente.

No se debe olvidar que el 28 de mayo de 2003, la Suprema Corte de Justicia declaró inconstitucional el texto de la fracción XI del artículo 109 de la Ley del ISR, derivado de una reforma de 2002, que establecía la posibilidad de una exención ilimitada a los trabajadores al servicio de la Federación y de los Estados respecto de los ingresos que obtengan por concepto de gratificaciones, aguinaldo y prima vacacional, pues genera un trato desigual y privilegiado a los trabajadores de la Federación y de las entidades federativas que estén sujetos a condiciones generales de trabajo, respecto de los demás trabajadores del país, no obstante que se encuentran en la misma condición tributaria.

No obstante este criterio de interpretación constitucional, toda vez que un importante número de estados tenían fuertes adeudos fiscales, en 2007, el Congreso de la Unión autorizó al Ejecutivo Federal el “diseño de un programa para la regularización” del ISR retenido por los estados y municipios a sus trabajadores.

Así, mediante Decreto se otorgaron diversos beneficios fiscales en materia del ISR, de derechos y de aprovechamientos, publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 5 de diciembre de 2008, que indicaba que el Gobierno Federal otorgó beneficios fiscales a las Entidades Federativas, Municipios y sus Organismos descentralizados como una medida para corregir y lograr una solución definitiva e integral a la situación fiscal en relación con el entero del ISR a cargo de sus trabajadores, así como para la regularización de los adeudos que tuviera la Federación con los entes citados.

En concreto, se otorgaron las siguientes prerrogativas:

a) La condonación del total de sus adeudos fiscales correspondientes a los años de 2005 y anteriores.

b) Un estímulo fiscal -una condonación simulada- sobre el ISR de sus trabajadores, en montos equivalentes al 60% para 2009, al 30% para 2010 y al 10% para 2011.

c) Otra condonación adicional, también total, sobre los adeudos fiscales de los años de 2006 al 2008, cuando ellos regularizaran su situación por los ejercicios del 2009 al 2011.1

Dicha condonación de hasta 60% del ISR que ya estaba estipulada desde 2008, se hizo extensiva hasta 2014 en la aprobación del paquete económico 2013. Es decir, la Ley de Ingresos de la Federación para 2013 establece una prorroga a los beneficios concedidos desde 2008, lo que implica una exención a los estados y municipios el ISR retenido a sus trabajadores, con efectos del ejercicio fiscal de 2012 y anteriores, condicionados solamente estar al corriente en los enteros correspondientes a diciembre de 2012.

Cabe señalar que gobernadores de diversos estados, como Zacatecas, Chiapas y Michoacán confirmaron esta amnistía por parte de la Federación y aceptaron que alivia las finanzas públicas de las entidades en aprietos por sus finanzas.2

El caso es que este Congreso aprobó la condonación del ISR para estados y municipios. A la letra el último párrafo del artículo 9 de la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2013 señala: “Las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal, incluyendo sus organismos descentralizados y autónomos que se hubieran adherido al “Decreto por el que se otorgan diversos beneficios fiscales en materia del impuesto sobre la renta, de derechos y aprovechamientos”, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 5 de diciembre de 2008, se les extenderá el beneficio referido en el artículo segundo, fracción I de dicho Decreto, hasta el ejercicio fiscal de 2012 y anteriores, siempre y cuando se encuentren al corriente en los enteros correspondientes al mes de diciembre de 2012. Dichos órdenes de gobierno, en lugar de aplicar los porcentajes establecidos en el artículo segundo, fracción II del mencionado Decreto, podrán aplicar el 60 por ciento para el año 2013 y el 30 por ciento para el año 2014.”

Sin embargo, algunos especialistas en derecho fiscal como el Dr. Luis M. Pérez de Acha, consideran que este beneficio otorgado a los estados es inconstitucional, “pues se trata de una prerrogativa que, en vías de hecho, equivale al otorgamiento de una exención total del ISR sobre los salarios de la burocracia local y al restablecimiento de una exención sobre gratificaciones, aguinaldo y prima vacacional declarada inconstitucional por la Suprema Corte. Esta dadivosidad es ultrajante para los contribuyentes cumplidos de México.”

El Dr. Mauricio Merino Huerta del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) refiere además que “no existe una base de datos perfectamente confiable de cuánto está dejando de ganar el país, sólo porque los gobiernos estatales no quieren rendir cuentas”. Es decir, además de lo cuestionable de la medida, es opaca y no permite determinar para qué y por cuánto se utilizarán estos recursos, que son propiedad de la Nación.

Sin minimizar las dificultades en la recaudación que en el orden federal todavía existen, es importante reconocer que los principales problemas se encuentran en las entidades federativas y municipios. En estos ámbitos existen todavía niveles insuficientes de recaudación, opacidad, uso incierto de las transferencias federales que reciben, además del mal manejo de la deuda pública.

En este contexto, además de una probable inconstitucionalidad, el acto de condonar los adeudos fiscales que gobiernos locales tienen con el Servicio de Administración Tributaria (SAT) no hace otra cosa que reforzar los incentivos perversos para seguir usando los recursos públicos de manera irresponsable y con falta de transferencia. De igual manera, genera en ciertos gobernantes un sentido patrimonialista del dinero público. Sin embargo, debe tenerse en cuenta que el ISR que recaudan los estados y municipios, es un ingreso federal y, por lo tanto, no forma parte de su patrimonio, sino de la Federación.

Por lo anterior, si bien los tecnicismos legales no lo denominan así, se trata de facto de deuda de los estados y municipios, pues es dinero que si bien ellos deben retener, es propiedad de la Federación y en tanto no sean transferidos, son pasivos que debería contabilizarse dentro de los informes de deuda pública.

Por ello, es importante conocer cuáles estados y municipios se han visto beneficiados con estas medidas fiscales y por qué montos. Igualmente es relevante que se trate de corregir el fondo del problema recaudatorio y financiero de las entidades federativas, que medidas paliativas como ésta no resuelven y si pudieran generar estímulos inicuos.

Por lo anteriormente argumentado, se somete a la consideración de esta H. Cámara de Senadores, la siguiente proposición con:

PUNTO DE ACUERDO

Primero.- El Senado de la República solicita respetuosamente a los titulares de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y del Sistema de Administración Tributaria, informen a esta Soberanía cuáles entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal, han sido beneficiados con la exención del Impuesto Sobre la Renta de 2008 a 2012 y a qué montos equivalen, así como aquellos que serán beneficiados durante 2013 y 2014.

Segundo.- El Senado de la República solicita respetuosamente a los titulares de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y del Sistema de Administración Tributaria, a enviar a esta Soberanía en un término de noventa días naturales, una estrategia conjunta con las autoridades de entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal, a efecto de generar una recaudación efectiva del Impuesto sobre la Renta, que sea puntualmente transferida a la federación, evitando condonaciones futuras del mismo.

Tercero.- El Senado de la República exhorta respetuosamente a los gobiernos de las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal, a que implementen medidas para mejorar su recaudación fiscal y otras fuentes de ingresos propios, así como la transparencia en el ejercicio de los recursos públicos.

Salón de sesiones de la Cámara de Senadores, a 14 de febrero de 2013.

Sen. Laura Angélica Rojas Hernández”.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, Senadora Laura Angélica Rojas Hernández. Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

1 Pérez de Acha Luis M. “¿Es constitucional la condonación del ISR a Estados y Municipios?” México D.F. 2012.

2 http://www.elfinanciero.com.mx/indicadores/2969-el-verdadero-rescate-perdonan-isr-a-estados.html





 

Se le concede el uso de la palabra al Senador Marco Antonio Blásquez Salinas, del grupo parlamentario del PT, para presentar un punto de Acuerdo por el que se solicita a diversas autoridades ejerzan sus facultades para garantizar la seguridad al periódico “El Siglo de Torreón”.

- El C. Senador Marco Antonio Blásquez Salinas: Muchas gracias, señor Presidente. Con el permiso de mi coordinador, licenciado Manuel Bartlett y de la Asamblea.

El 7 de febrero del año en curso fueron privados de su libertad 5 colaboradores del diario “El Siglo de Torreón”, esto ocurrió en dicha ciudad de Coahuila. Un grupo criminal los capturó en puntos distintos de la ciudad. Permanecieron cautivos aproximadamente de las 9:30 de la noche a las 3:00 de la mañana del día siguiente. No es la primera vez que tanto trabajadores como el propio medio de comunicación son blancos de ataques de la delincuencia organizada.

Quiero establecer que desde un principio esta Soberanía estuvo pendiente de este asunto a través de la Comisión Especial para dar seguimiento a las agresiones contra Periodistas y Medios de Comunicación, el Senado de la República estableció contacto tanto con el medio de difusión como con las autoridades correspondientes de aquel estado.

Quiero decirles que a la fecha hay 17 detenidos, en este estado, acusados de haber atentado contra este medio de difusión, y tanto las autoridades, el medio de difusión y la comisión a mi cargo, hemos estado en cumplimiento y seguimiento de las acciones.

Es importante destacar que partidos políticos, periodistas y directivos de medios de comunicación coincidieron en el valor que la libertad de expresión tiene para la vida democrática de la nación, así se manifestó esto durante la instalación de esta comisión, que me honro en presidir, en días pasados.

En consecuencia, es imperativo que las autoridades encargadas de la seguridad pública cumplan con la ley y tomen acciones adicionales para contener la ola de ataques que se han dado en este estado contra el periódico "El Siglo de Torreón". Es menester que la intervención de los cuerpos de seguridad deje de tener carácter reactivo, esto es, sólo cuando se registra un ataque acuden a las instalaciones y pasar a un método preventivo en el cual la protección a los medios de comunicación se encuentre entre las prioridades de las consignas o instrucciones que se giran a la totalidad de las fuerzas de seguridad desplegadas en cada turno.
Por todo lo anterior, y por economía parlamentaria, me sirvo presentar la siguiente proposición con punto de Acuerdo, bajo moción de urgente resolución.

Se exhorta al Secretario de Gobernación con la finalidad de que en el seno del Consejo Nacional de Seguridad Pública se acuerde tomar medidas para brindar un esquema de prevención de delitos, así como de investigación para prevenir delitos que permitan elevar el nivel de seguridad de los medios de comunicación en toda la República.

Se formula respetuosamente una excitativa a las Comisiones Unidas de Justicia; de Estudios Legislativos; y de Derechos Humanos para que a la brevedad posible se sirvan dictaminar:

1. La presentada por la Senadora María Elena Orantes López del 2011, que otorga facultades a la Procuraduría General de la República para investigar los delitos cometidos contra periodistas.

Dicha iniciativa se encuentra en estudio en las Comisiones Unidas de Justicia; y de Estudios Legislativos, Primera.

2. La presentada por las Senadoras Angélica de la Peña Gómez, Omar Fayad Meneses, Roberto Gil Zuarth, María Cristina Díaz Salazar y Miguel Romo Medina el pasado 27 de noviembre de 2012, para reformar diversos ordenamientos y establecer criterios para que el Ministerio Público Federal pueda ejercer la facultad de atracción para investigar y perseguir delitos contra periodistas. Pendiente en las Comisiones Unidas de Justicia; de Derechos Humanos; y de Estudios Legislativos, con opinión de la Comisión de Gobernación.

Es cuanto, señor Presidente.

Propuesta

PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE SOLICITA A DIVERSAS AUTORIDADES EJERZAN SUS FACULTADES PARA GARANTIZAR LA SEGURIDAD DEL PERIODICO EL SIGLO DE TORREON

“C. PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
DEL SENADO DE LA REPUBLICA
PRESENTE.

El Senador Marco Antonio BlAsquez Salinas, integrante del grupo parlamentario del Partido del Trabajo en la LXII Legislatura, en ejercicio de la facultad que le confieren los artículos 8 numeral 1 fracción II, 108, 109 y 276 del Reglamento del Senado de la República, somete a consideración de esta asamblea la siguiente proposición con punto de Acuerdo con moción de urgente resolución por el que se solicita a diversas autoridades ejerzan sus facultades para garantizar la seguridad del periódico diario El Siglo de Torreón, con base en las siguientes,

Consideraciones

El 7 de febrero del año en curso fueron privados de su libertad cinco colaboradores del diario El Siglo de Torreón, en dicha ciudad del estado de Coahuila. Un grupo criminal los capturó en puntos distintos de la ciudad. Permanecieron cautivos aproximadamente de las 21:30 a las 3:00 horas del día siguiente. No es la primera vez que tanto trabajadores como el propio medio de comunicación son blanco de ataques de la delincuencia. El periódico informó que por seguridad de víctimas y trabajadores no difundirá detalles sobre el hecho.

Ante tales acontecimientos, los medios de comunicación que celebraron el Acuerdo para la Cobertura Informativa de la Violencia alertaron sobre una escalada de agresiones contra los medios de comunicación y los periodistas. El Observatorio de los Procesos de Comunicación Pública de la Violencia formuló la convocatoria siguiente:

“Hacemos un llamado al presidente Enrique Peña Nieto para restituir las condiciones para el libre ejercicio de nuestra labor como una prioridad de su administración”.
“Los medios de comunicación exigimos que el Congreso de la Unión cumpla con su obligación de reglamentar la reforma constitucional al artículo 73 que permite que la Federación conozca de delitos contra periodistas, personas o instalaciones que afecten el derecho a la información. El plazo marcado por la ley para esta tarea venció el pasado diciembre”.

En México es inviolable la libertad de escribir y publicar escritos sobre cualquier materia, pues así lo consagra el artículo 7° constitucional. En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, de acuerdo al Artículo 1° de la propia Carta Magna. El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos establece en su artículo 7. 2 lo siguiente:

“Toda persona tiene derecho a la libertad de expresión; este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección”.

En el sistema inter-americano de protección de derechos humanos contamos con la Convención Americana de Derechos Humanos que dispone lo siguiente:

Artículo 13. Libertad de Pensamiento y de Expresión

1. Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión. Este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección.

De conformidad con el Artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos la seguridad pública es una función a cargo de los tres órdenes de gobierno. El artículo 7°, fracción XVI de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública establece que las Instituciones de Seguridad Pública de la Federación, el Distrito Federal, los Estados y los Municipios, en el ámbito de su competencia deberán coordinarse pararealizar las acciones que sean necesarias para incrementar la eficacia en el cumplimiento de los fines de la Seguridad Pública. Cabe mencionar que dichas acciones son adicionales a las contempladas originariamente en dicho ordenamiento. De ahí que al resultar insuficiente el esquema de coordinación adoptado hasta la fecha, resulta obligado implementar acciones específicas relacionadas de manera inmediata y directa con las agresiones a periodistas y medios de comunicación del país en general y al Siglo de Torreón en particular.

Es importante destacar que partidos políticos, periodistas y directivos de medios de comunicación coincidieron en el valor que la libertad de expresión tiene para la vida democrática de la Nación, pues así lo manifestaron en la ceremonia de instalación de la Comisión de Seguimiento a Agresiones contra Periodistas y Medios de Comunicación que el suscrito tiene el privilegio de presidir en la misma Cámara de Senadores.

En consecuencia, es imperativo que las autoridades encargadas de la seguridad pública cumplan con la ley y tomen acciones adicionales para contener la ola de ataques contra El Siglo de Torreón en el ámbito de la prevención de la delincuencia. Se requiere que el Consejo Nacional de Seguridad Pública elabore y tenga a disposición de los Consejos en las entidades federativas y en el Distrito Federal un Protocolo basado principalmente en esquemas de prevención situacional del delito para elevar el nivel de seguridad de los medios de comunicación principalmente en los lugares donde la violencia es extrema. Dicho protocolo debe ser la referencia a partir de la cual en los Estados y el Distrito Federal se pueda mejorar e implementar de inmediato un sistema permanente de prevención de agresiones a dichos medios. El sistema se caracterizaría por el uso de tecnología principalmente cámaras en las inmediaciones y telecomunicaciones de las redacciones a los centros de comando de las autoridades de seguridad pública. Es menester que la intervención de los cuerpos de seguridad deje de tener carácter reactivo: sólo cuando se registra un ataque acuden a las instalaciones y pasar a un método preventivo en el cual la protección a los medios de comunicación se encuentre entre las prioridades de las consignas o instrucciones que se giran a la totalidad de las fuerzas de seguridad desplegadas en cada turno.

De igual modo, en función del tipo de delitos de que se trata es necesario que el Congreso de la Unión avance en su trabajo legislativo en torno a reglamentar la reforma al Artículo 73 de la Ley Fundamental que permite que la Procuraduría General de la República conozca de delitos contra periodistas: de ahí que resulta obligado hacer una excitativa a las Comisiones correspondientes con la finalidad de que aceleren su dictamen.

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración del Pleno de esta Honorable Asamblea, bajo moción de urgente resolución la siguiente proposición con:

PUNTOS DE ACUERDO

Primero. Se exhorta respetuosamente al Secretario de Gobernación en términos del artículo 27, fracción XIII bis de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal se sirva poner a consideración de las autoridades responsables de la seguridad pública de Coahuila el que juntos adopten acciones adicionales para garantizar la vida, integridad corporal y libertades en particular la de expresión de las personas que colaboran en El Siglo de Torreón, conforme al artículo 7°, fracción XVI de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Segundo. Con fundamento en los preceptos invocados en el punto anterior, se exhorta al Secretario de Gobernación con la finalidad de que en el seno del Consejo Nacional de Seguridad Pública se acuerde tomar medidas para brindar un esquema de prevención situacional de delitos así como de investigación para prevenir delitos que permita elevar el nivel de seguridad de los medios de comunicación en la república.

Tercero. Se formula respetuosamente excitativa a las Comisiones Unidas de Justicia, y de Estudios Legislativos, y Derechos Humanos para que a la brevedad posible se sirvan dictaminar:

1. La presentada por la Senadora María Elena Orantes López del 2011, que otorga facultades a la Procuraduría General de la República para investigar los delitos cometidos contra periodistas.

Dicha iniciativa se encuentra en estudio en las Comisiones Unidas de Justicia; y de Estudios Legislativos, Primera.

2. La presentada por los Senadores Angélica de la Peña, Omar Fayad Meneses, Roberto Gil Zuarth, María Cristina Díaz Salazar y Miguel Romo Medina, el 27 de Noviembre de 2012, para reformar diversos ordenamientos y establecer  criterios para que el Ministerio Público Federal pueda ejercer la facultad de atracción para investigar y perseguir delitos contra periodistas.

Pendiente en las  Comisiones Unidas de Justicia, Derechos Humanos y de Estudios Legislativos, con opinión de la Comisión de Gobernación.

México, Distrito Federal, a 19 de febrero de 2013.

Sen. Marco Antonio Blásquez Salinas”.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, Senador Marco Antonio Blásquez Salinas. Túrnese a la Comisión de Seguridad Pública.





 

Se le concede el uso de la palabra al Senador Armando Ríos Piter, a nombre propio y del Senador René Juárez Cisneros, para presentar un punto de Acuerdo que exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal y a los presidentes de los partidos políticos firmantes a que el turismo sea incorporado al Pacto por México.

- El C. Senador Armando Ríos Piter: Sí, señor Presidente, con la intención también de plantear una corrección al punto de Acuerdo, en la idea de que sea a los partidos políticos representados en este Pleno, de tal manera que sea un llamado por parte de un servidor a que tengamos, tanto el titular del Ejecutivo Federal como a los partidos políticos que están representados aquí en el Senado de la República, a que el turismo sea incorporado de manera estratégica al Pacto por México.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Con gusto, Senador, pido a la Secretaría que tome nota de la propuesta que está haciendo el Senador Armando Ríos Piter, con gusto.

- El C. Senador Armando Ríos Piter: Y me permito, señor Presidente, compartir con ustedes distintas reflexiones que tienen que ver precisamente con este punto de Acuerdo.

Cuando se presentó el Pacto por México, se planteó que sería un esquema en el cual se pudiera pensar en áreas de trascendencia estratégica para el país; en áreas que generan un crecimiento, desarrollo y una visualización de un México que a través del consenso de las fuerzas políticas pudiera tener un nuevo momento.

Y lo que me preocupó al revisar ese documento, y espero que les haya preocupado a varios compañeros y compañeras, es que el turismo, uno de los principales temas en los cuales este país tiene un enorme potencial, desde la belleza de Mazatlán, hasta la hospitalidad de las iglesias en Puebla, pasando por Oaxaca y la Guelaguetza, encontrando en cada punto de nuestro territorio nacional un enorme motivo de nuestra mexicanidad, de orgullo de lo que somos y orgullo de la energía, de la historia, de la trascendencia, de la cultura, de lo que significa nuestro país en su conjunto, pues el turismo no se ve reflejado en ese documento.

El turismo no existe en ninguna línea de ese documento y, compañeras y compañeros, lo que es preocupante es que una de las principales plataformas de desarrollo que podemos tener los mexicanos, seguimos viéndolo como un tema secundario, como un tema terciario, como un tema que crece, crece, pero no tiene una visión estratégica para su desempeño y para encontrar en el turismo un planteamiento que nos garantice obviamente nuevas fuentes de crecimiento.

Algunos datos, 8 por ciento del empleo a nivel mundial y casi 10 ó 12 por ciento aquí en nuestro país lo genera el turismo. Hoy el turismo está convocado, dada la caída de nuestra presencia de hidrocarburos, dada la caída que hoy significan las remesas, a ser el número uno en los próximos 30 años como generador de divisas.

Entonces, la pregunta es, y se la hago a la gente de Michoacán, se la hago a la gente de Teotihuacan y de las pirámides que hoy son motivo de orgullo y de presencia en el mundo, ¿por qué no reflejar esta visión de manera puntual?, ¿por qué no garantizar que el Pacto por México tenga una serie de planteamientos estratégicos y propositivos en materia de turismo?

Es por eso que yo me permito solicitar a esta Soberanía, para que sea analizado en la Comisión de Turismo, queremos un planteamiento integral, que hoy no nos quedemos solamente en una presencia mediática del Presidente Peña Nieto hablando del turismo, sino que hagamos aquí un verdadero pacto entre las 32 entidades federativas que están aquí representadas, para garantizar que en Los Cabos, en Baja California Sur, sea punta de lanza nuevamente, garantizar que tengamos la oportunidad de que en Yucatán sea la plataforma de despegue y crecimiento que está convocado a ser en sus haciendas, para que tengamos en esa parte tan linda de Jalisco, donde colinda Nayarit, la oportunidad de generar desarrollo, de generar empleo y de generar crecimiento.

Este punto de Acuerdo, compañeras y compañeros, ofrece siete puntos específicos, modificar la arquitectura institucional para que ésta sea eficiente y competitiva, garantizar la renovación del producto turístico y volverlo verdaderamente competitivo, garantizar la promoción turística eficaz y rentable y que generemos en la discusión fiscal que vienen instrumentos suficientes para que la promoción sea potente no solamente en el mercado interno, sino en el mercado internacional, incorporando este turismo al Pacto garantizamos una visión de turismo alternativo, que no nos quedemos solamente con los destinos que tenemos, sino que podamos darle amplitud con el desarrollo rural, con el desarrollo compartido, con el desarrollo ecológico.

Es por eso, compañeras y compañeros, que pongo a ustedes a consideración, porque si veo los rostros de cada Senador y Senadora que está orgulloso de su territorio y del estado que representa, es porque en el turismo podemos encontrar un nuevo espacio de acuerdo y un nuevo espacio de energía para el desarrollo del país.

Es cuanto, compañeras y compañeros.

Propuesta



- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, Senador Armando Ríos Piter. Túrnese a la Comisión de Turismo.

Sonido en el escaño de la Senadora Iris Vianey, ¿para qué asunto?

- La C. Senadora Iris Vianey Mendoza Mendoza: (Desde su escaño) Gracias. Para sumarme al punto de Acuerdo del Senador Ríos Piter, y para sugerirle, por eso pedí la palabra cuando estaba aún en tribuna, que este punto de Acuerdo sea dirigido al Consejo Rector del Pacto por México, que es a quien debemos dirigirlo de manera específica, no a los partidos políticos ni al gobierno federal, sino al Consejo Rector, donde hoy contamos con la posibilidad de tener voces adentro, tenemos a la Senadora Alejandra Barrales y la Senadora Díaz Lizama.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, Senadora Iris Vianey.

Sonido en el escaño del Senador Arturo Zamora.

- El C. Senador Arturo Zamora Jiménez: (Desde su escaño) Sí, para los mismos efectos de la Senadora Iris Vianey, ya hay un acuerdo donde existe un Consejo Rector, me parece que tenemos que dirigir esa comunicación, en su momento, al Consejo Rector, y el grupo parlamentario del PRI también hace la manifestación pública de que estamos completamente de acuerdo con esta propuesta del Senador Ríos Piter.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Con gusto, Senador Arturo Zamora.

Sonido en el escaño del Senador Carlos Mendoza.

- El C. Senador Carlos Mendoza Davis: (Desde su escaño) Solicitarle al Senador Ríos Piter sea tan amable de incluirnos y aceptarnos en su punto de Acuerdo.

Consulto al Senador si acepta la adhesión del Senador Carlos Mendoza. El Senador Ernesto Ruffo también está pidiendo adherirse, con gusto. Pido a la Secretaría que tome nota de ello.

Sonido en el escaño de la Senadora Blanca Alcalá.

- La C. Senadora Blanca María del Socorro Alcalá Ruiz: (Desde su escaño) Gracias, señor Presidente, por supuesto reconocer el tema que el Senador Ríos Piter ha puesto sobre la mesa y como ya se ha manifestado por parte del grupo parlamentario del PRI, seguramente todos estaremos a favor de esta propuesta.

Señalar que me parecen convenientes las aseveraciones que hace la Senadora Iris Vianey, de que se a dirigido a los integrantes del Consejo Rector, más aún aprovechando la presencia de diversos legisladores de esta legislatura.

Gracias.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Con gusto, Senadora Blanca Alcalá.

Sonido en el escaño del Senador Armando Ríos Piter.

- El C. Senador Armando Ríos Piter: (Desde su escaño) Por supuesto, señor Presidente, además de agradecer la adhesión de varios compañeros y compañeras Senadoras, pues que se hagan las modificaciones, a mí lo que me interesa, desde Acapulco y desde el estado de Guerrero, y obviamente desde nuestras 32 entidades federativas, es que el turismo sea una prioridad, más allá del discurso, que sea en los hechos que haya presupuesto y que nos ponga a la vanguardia y que vuelva a darle el turismo esa posición a México en el mundo y que nos vuelva a hacer motivo de orgullo.

Gracias, señor Presidente.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, Senador Ríos Piter.

Senadora Luisa María Calderón, sonido en su escaño.

- La C. Senadora Luisa María Calderón Hinojosa: (Desde su escaño) Gracias, señor Presidente, para sumarme, si me lo permite el Senador Ríos Piter y decirle que Michoacán también tiene mucho turismo.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, Senadora Luisa María Calderón.

Sonido en el escaño del Senador Javier Lozano.

- El C. Senador Javier Lozano Alarcón: (Desde su escaño) Sugerirle que alguien le avise a la Secretaria de Turismo, Ruiz Massieu, que este tema se está acordando y aprobando aquí en el Senado de la República, porque me acaba de decir hace unos minutos en twitter, que el Acuerdo Nacional por el Turismo y todo el tema del turismo viene en el Pacto por México, entonces, que alguien le avise que no está el tema y que hoy estamos aprobando que se incluya en el Pacto por México.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Con todo gusto, Senador Lozano Alarcón. Pido que este documento se turne también al Consejo Rector del Pacto por México y desde luego se envíe también el comunicado a la propia Secretaría de Turismo.

Sonido en el escaño del Senador Arturo Zamora.

- El C. Senador Arturo Zamora Jiménez: (Desde su escaño) Solamente para la corrección del turno, tenemos entendido que ya en un principio la Mesa Directiva lo había turnado a una comisión, y si es así, entonces que la comisión en su momento determine los términos en que se tenga que resolver en lo que nosotros coincidimos completamente, todos estamos coincidiendo.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, Senador Zamora Jiménez. Sí, efectivamente, sería turnado a la Comisión de Turismo.

Sonido en el escaño del Senador Armando Ríos Piter.

- El C. Senador Armando Ríos Piter: (Desde su escaño) Sí, señor Presidente, atendiendo lo que dice el Senador Zamora Jiménez, también hice una corrección al inicio de mi lectura, en la cual la propuesta la hice también a los partidos políticos representados en este Senado de la República, de tal manera que lo que yo no quisiera es que este Senado, siendo que hay varias manifestaciones a favor, y entendiendo que es un tema que es de una altísima prioridad, no solamente lo mandara a la comisión ejecutiva del Pacto por México, sino que también vaya a la Comisión de Turismo.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, Senador Ríos Piter. Con gusto, entonces rectificamos nada más el turno, sería a la Comisión de Turismo, desde luego, y que la misma le haga llegar al Consejo Rector este documento.

Por acuerdo de esta Mesa Directiva, en virtud de que no todos los grupos parlamentarios tienen pendientes puntos de Acuerdo, vamos a iniciar una nueva ronda de iniciativas, y para ello, se le concede el uso de la palabra al Senador Eviel Pérez Magaña, del grupo parlamentario del PRI, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se adiciona una fracción al artículo 36 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.





 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UNA FRACCION AL ARTICULO 36 DE LA LEY ORGANICA DE LA ADMINISTRACION PUBLICA FEDERAL

(Presentada por el C. Senador Eviel Pérez Magaña, del grupo parlamentario del PRI)

- El C. Senador Eviel Pérez Magaña: Gracias, señor Presidente.

Tenemos la red de redes, red global, redes interconectadas o Internet, como es conocida mundialmente.

De cualquier forma, hablar de Internet es reconocer y abordar una fuente de información inagotable. La red permite nuestro acceso a las culturas de toda la orbe, nos acerca a una ilimitada gama de conocimientos, datos, cifras y opciones; su uso adecuado permite a los pequeños productores, aquellos productores lejanos del país, a acceder a los mercados internacionales que antes les eran negados y vetados muchas veces.

A los estudiantes que viven en las comunidades más alejadas les brinda fuentes de conocimiento antes inaccesibles. En una década, las tecnologías de la información transformaron el quehacer humano y hoy en día no imaginamos nuestra actividad cotidiana sin el uso de las redes, buscadores, portales, blogs, correos electrónicos, mensajería instantánea, entre otras aplicaciones.

Desde un punto de vista normativo, el acceso a los diferentes medios de información, como un derecho humano, es reconocido internacionalmente por la Declaración Universal de los Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, estas declaraciones enmarcan la libertad de opinión y de expresión, pero, además, el derecho a investigar, a acceder, buscar, recibir y difundir información e ideas por cualquier medio de expresión. Preguntémonos si es pertinente el acceso a Internet. Preguntémonos si el acceso a Internet es un derecho, si es válido hablar del derecho al Internet o, visto desde otro ángulo, es sólo un instrumento en el ejercicio de los derechos a la información y a la libre expresión, entre otros.

Frank La Reu, Relator Especial de la ONU, recientemente invitado al Senado, señala a Internet no como un derecho en sí, sino como un medio facilitador para impulsar el desarrollo económico, social y político, así como para contribuir al progreso de la humanidad en su conjunto.

Compartiendo esta última opinión, tenemos clara la pertinencia de garantizar normativamente el acceso a Internet como una herramienta básica para la realización o perfeccionamiento de estos derechos fundamentales a los que podemos sumar el acceso a la salud, el acceso a la cultura y a la educación.

Hablando de cifras, sabemos que en 2012 el INEGI informó que el 32.2% de los hogares de este país cuenta con una computadora, representando un incremento de 8.9% con respecto al 2011. Asimismo, el 26% de los hogares contaba con una conexión a Internet mostrando un crecimiento del 13.4% respecto al 2011.

Pese a estos incrementos porcentuales, es limitado el acceso a estas tecnologías, sobre todo en las zonas rurales e indígenas, dado que su bajo desarrollo tecnológico se encuentra ligado a la pobreza, lo que les impide aprovechar nuevas maneras de aprender, crecer y realizar actividades económicas. Con ellos es nuestro mayor compromiso.

Por otra parte, a nivel internacional, cifras y datos de la OCDE revelan que en México solamente el 0.5% de la población tiene acceso a Internet inalámbrico de alta velocidad, siendo este servicio de nivel más bajo entre los países miembros de la organización. Los datos anteriores son una clara muestra del rezago que el país sufre en términos de acceso a nuevas tecnologías de la información y comunicación. Esta situación hace evidente las barreras que debemos remover para gozar cabalmente el acceso a estas tecnologías.

Es inadmisible que únicamente el 31% de los mexicanos tenga acceso a Internet en plena economía del conocimiento y en un momento en que el que más de 25 millones de personas a nivel mundial están conectadas a Internet. En este sentido, es necesario que el Estado mexicano se comprometa con los gobernados y su derecho a estar informados.

Por todo lo expuesto y partiendo de la obligación que tiene el Estado de crear normas jurídicas y políticas públicas que permitan la consecuencia y desarrollo de nuestros derechos, me permito someter a la consideración de todos y cada uno de ustedes, compañeros, este proyecto de Decreto para adicionar una fracción más al artículo 36 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, que enumera las atribuciones de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, dicha fracción es la siguiente:

II.- Formular y conducir políticas y programas que permitan acceder a la población a una conexión a Internet gratuita, fiable, accesible y de alta velocidad.

¿Por qué esta Secretaría?

Porque a ella corresponde, en los términos generales de acuerdo con esta ley, formular y conducir las políticas y programas para el desarrollo del transporte de las comunicaciones de acuerdo a las necesidades del país, y en el caso concreto le corresponde conducir la administración de los servicios federales, de comunicación, de comunicaciones eléctricas y electrónicas, así como el servicio público de procedimientos remoto de datos.

Esta iniciativa no abunda en especificaciones técnicas, pues en su redacción permite su adecuación con nuestra evolución social, económica y tecnológica. Atentamente solicito que mi iniciativa se inserte íntegramente en el Diario de los Debates.

Compañeras y compañeros, garantizar que nuestra gente y México pueda conectarse a Internet no es una decisión tecnológica o técnica, es un compromiso con el acceso de todos los mexicanos a los mercados internacionales, a la educación, a su preparación para la economía de conocimiento, es un compromiso con el acceso a la cultura y el acceso a la información.
Representa la oportunidad histórica de facilitar a todos nuevas herramientas que coadyuven con el combate a la pobreza, es un compromiso real, posible y legítimo con el futuro del México que queremos.

Muchas gracias.

(Aplausos)

Iniciativa



- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, Senador Eviel Pérez Magaña. Túrnese a las Comisiones Unidas de Gobernación; y de Estudios Legislativos, Primera.

Se le concede el uso de la palabra a la Senadora Martha Elena García Gómez, del grupo parlamentario del PAN, para presentar un punto de Acuerdo que exhorta al gobierno del estado de Jalisco a brindar atención inmediata a la niña que dio a luz el pasado 27 de enero en el Hospital General de Occidente en Zapopan, Jalisco.





 

PROPUESTAS

- La C. Senadora Martha Elena García Gómez: Con su permiso, señor Presidente.

El pasado 27 de enero pasado una niña dio a luz a un bebé, vía cesárea, en el Hospital General de Occidente en Zapopan, Jalisco, conocido como Hospital Regional de Zoquipan.

La autoridad de salud del estado ha manifestado que se desconoce la edad exacta de la niña, ya que fue registrada extemporáneamente por sus padres en noviembre de 2011, sin embargo, hay indicios de que su edad aproximada es de 12 años.

Entre los instrumentos internacionales de los que México es parte, sobresale la Convención sobre los Derechos del Niño, que señala que se deben de adoptar todas las medidas para proteger a las niñas y los niños contra toda forma de perjuicio o abuso físico o mental, descuido o trato negligente, malos tratos o explotación, incluido el abuso sexual.

Nuestro marco constitucional establece en su artículo 4o. que todas las niñas y los niños tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral, así como obligación de que el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas dirigidas a la niñez y adolescencia sean conforme al principio de interés superior de la niñez.

En el caso que nos ocupa es preocupante, en primera instancia que el registro de la niña se diera en el 2011, al respecto la UNICEF en México señala que el registro de un niño desde el nacimiento resulta indispensable para que pueda acceder a todos sus derechos, como el derecho a la educación y a la salud.

Resulta alarmante que la menor fuese registrada extemporáneamente, de esto se desprende la posibilidad de que la niña no asiste a la escuela y de que no goza plenamente de sus derechos.

En ese sentido surge otra preocupación, pues las autoridades no garantizaron la integridad física y psicológica de la niña, ya que a pesar de que se tiene conocimiento de que la menor fue abusada sexualmente en su casa, y que este hecho puede volver a repetirse, fue entregada a sus padres y le fue puesto un anticonceptivo.

La semana pasada la procuraduría estatal informó de la detención del padrastro quien confesó ser el responsable de este lamentable hecho; se desprende una transgresión a los derechos de la niña, una situación que con urgencia debe de ser atendida por las autoridades competentes del estado de Jalisco, es fundamental prevenir estos sucesos, todos los órdenes de gobierno deben de poner especial atención para diseñar e implementar políticas públicas para prevenir el embarazo en niñas y adolescentes en México, toda vez que esto ha venido en aumento.

El Consejo Nacional de Población indica que más del 27 por ciento de los embarazos en México corresponden a adolescentes. Las y los Senadores tenemos una responsabilidad con las niñas mexicanas, es por ello que es importante dar puntual seguimiento a la atención que se le dé a la menor y a su hijo, además de brindar el apoyo necesario en aras de que se respeten sus derechos.

Por lo expuesto, someto a consideración del Pleno de la Honorable Cámara de Senadores, los siguientes puntos de Acuerdo:

Primero. Se exhorta respetuosamente al gobierno del Estado de Jalisco para que, a través de las autoridades de procuración de justicia, de salud y demás competentes en la entidad, brinden atención inmediata a la niña que dio a luz el pasado 27 de enero en el hospital ya referido, con la finalidad de garantizar su integridad física y psicológica y el pleno respeto de sus derechos a la alimentación, salud, educación, y a todos aquellos consagrados en la Convención sobre los Derechos del Niño y demás instrumentos internacionales suscritos y ratificados por nuestro país.

Segundo. Se exhorta respetuosamente al gobierno de Jalisco para que a través de las autoridades de procuración de justicia, de salud y demás competentes en la entidad, brinden atención inmediata al hijo de la niña, con el objeto de que se garanticen y protejan sus derechos a la alimentación y aquellos consagrados en la Convención sobre los Derechos del Niño y demás instrumentos internacionales suscritos y ratificados por nuestro país.

Tercero. Se exhorta respetuosamente a las autoridades de procuración de justicia del estado de Jalisco a realizar una investigación exhaustiva para sancionar al o los responsables respecto al caso de la niña que dio a luz este pasado 27 de enero.

Cuarto. Se exhorta al gobierno federal, a los gobiernos de las entidades federativas y del Distrito Federal a que diseñen e implementen políticas públicas orientadas a la prevención del embarazo de niñas y adolescentes.

Es cuanto, señor Presidente.

(Aplausos)

Propuesta

PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA AL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO A BRINDAR ATENCION INMEDIATA A LA NIÑA QUE DIO A LUZ EL PASADO 27 DE ENERO EN EL HOSPITAL GENERAL DE OCCIDENTE EN ZAPOPAN, JALISCO.

“Sen. Ernesto Cordero Arroyo
Presidente de la Mesa Directiva
de la CAmara de Senadores
del H. Congreso de la UniOn
Presente.

La que suscribe, Martha Elena García Gómez, Senadora del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8, numeral 1, fracción II, y 276 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración del Pleno de esta Soberanía, la siguiente proposición con punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

El 27 de enero pasado una niña de nueve años de edad, dio a luz a un bebé vía cesárea, en el Hospital General de Occidente en Zapopan, Jalisco, conocido como Hospital Regional  de Zoquipan.

La autoridad de salud del estado ha manifestado que se desconoce la edad exacta de la niña, ya que fue registrada extemporáneamente por sus padres en noviembre de 2011.

El titular de la Secretaría de Salud en Jalisco, José Antonio Muñoz Serrano, mencionó que el informe de psicología revela que la pequeña dio cuenta a sus padres cuando tenía tres meses de gravidez y lo preocupante es que no hubo ninguna denuncia.

En ese sentido, también comentó que con base a los hechos y a la posibilidad de que se repitan, los especialistas del hospital recomendaron a la madre de la niña autorizar el uso de un anticonceptivo.
La Procuraduría estatal ha reportado que se están realizando las investigaciones correspondientes para encontrar al responsable, toda vez, que la menor declaró que el padre de su hijo tiene 17 años de edad, sin embargo, la semana pasada la autoridad informó la ampliación de su investigación al padrastro de la niña, como probable responsable.

Al respecto cabe hacer mención, que entre los instrumentos internacionales de los que México es parte sobresale la Convención sobre los Derechos del Niño (CDN), la cual fue aprobada por la Asamblea General de la ONU en 1989. Nuestro país la ratificó en 1990, por lo que se comprometió a cumplir con sus postulados y a adoptar las medidas pertinentes para hacer efectivos los derechos establecidos en ella. Esta Convención señala que se deben de adoptar todas las medidas para proteger a las niñas y a los niños, contra toda forma de perjuicio o abuso físico o mental, descuido o trato negligente, malos tratos o explotación, incluido el abuso sexual.

Nuestro marco constitucional establece en su artículo 4, que todas las niñas y los niños tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación, y sano esparcimiento para su desarrollo integral; así como, obligación de que el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas dirigidas a la niñez y adolescencia sean conforme el principio de Interés Superior de la Niñez.

En el caso que nos ocupa, es preocupante en primera instancia que el registro de la niña se diera en el 2011, al respecto la Unicef en México señala que:

En México viven 12.7 millones de niñas y niños entre 0 y 5 años, pero sólo el 80.8 por ciento son registrados antes del primer año de edad, (registro oportuno); mientras que 1 de cada 5 niños y niñas es registrado después de  cumplir el año. El registro de un niño desde el nacimiento resulta indispensable para que pueda acceder a todos sus derechos, como el derecho a la educación y a la salud.

Resulta alarmante que la menor fuese registrada extemporáneamente, de esto se desprende la posibilidad de que la niña no asiste a la escuela, y de que no goza plenamente de sus derechos.

Por otro lado, la legislación penal del estado de Jalisco contempla pena de cárcel para “quien tenga cúpula o cópula equiparada, con una persona menor de edad o en una persona que no tenga capacidad de comprender el significado de las cosas o de resistir el hecho”. Si la víctima es menor de quince años, la sanción es de 12 a 20 años de prisión (Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Jalisco, artículo 142 M, fracción III).

En ese sentido, surge otra preocupación, pues las autoridades del estado no garantizaron la integridad física y psicológica de la niña, ya que a pesar de la sospecha de que la menor fue violentada sexualmente en su hogar, y que este hecho puede volver a repetirse, fue entregada a sus padres y le fue puesto un anticonceptivo.

De este lamentable hecho se desprende una transgresión a los derechos de la niña, situación que con urgencia debe ser atendida por las autoridades competentes del estado de Jalisco.

Por otro lado, es importante la prevención de estos sucesos. Todos los órdenes de gobierno deben poner especial atención a que se diseñen e implementen políticas públicas para prevenir el embarazo en niñas y adolescentes en México, toda vez que esto ha venido en aumento, prueba de ello, son los datos que arroja el Consejo Nacional de Población que indicó que cada año en México, cerca de un millón de embarazos corresponden a madres adolescentes lo que equivale al 27.6 por ciento del total.

Las y los Senadores tenemos una responsabilidad con la niñez mexicana, es por ello, que es importante dar puntual seguimiento a la atención que se le dé a la menor y a su hijo, además de brindar el apoyo necesario en aras de que se respeten sus derechos.
Por lo expuesto, de conformidad con los artículos 8, numeral 1, fracción II,  y 276 del Reglamento del Senado de la República, someto a consideración del Pleno de la Honorable Cámara de Senadores la siguiente propuesta con:

PUNTOS DE ACUERDO

PRIMERO.- Se exhorta respetuosamente al Gobierno del Estado de Jalisco, para que a través de las autoridades de Procuración de Justicia, de Salud y demás competentes en la entidad, brinden atención inmediata a la niña que dio a luz el pasado 27 de enero en el Hospital General de Occidente en Zapopan, Jalisco, con la finalidad de garantizar su integridad física y psicológica, y el pleno respeto de sus derechos a la alimentación, salud, educación, y a todos aquellos consagrados en la Convención sobre los Derechos del Niño, y demás instrumentos Internacionales suscritos y ratificados por nuestro país.

SEGUNDO.- Se exhorta respetuosamente al Gobierno del Estado de Jalisco, para que a través de las autoridades de Procuración de Justicia, de Salud y demás competentes en la entidad, brinden atención inmediata al hijo de la niña, con el objeto de que se garantice y protejan sus derechos a la alimentación, salud, educación, y a todos aquellos consagrados en la Convención sobre los Derechos del Niño, y demás instrumentos Internacionales suscritos y ratificados por nuestro país.

TERCERO.- Se exhorta respetuosamente a las autoridades de Procuración de Justicia del estado de Jalisco, a realizar una investigación exhaustiva para hallar y sancionar al o los responsables respecto al caso de la niña que dio a luz el pasado 27 de enero en el Hospital General de Occidente en Zapopan.

CUARTO.- Se exhorta al Gobierno Federal, a los Gobiernos de las entidades federativas  y del Distrito Federal, a que diseñen e implementen políticas públicas orientadas a la prevención del embarazo de niñas y adolescentes.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, a 14 de febrero de 2013.

Sen. Martha Elena García Gómez”.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, Senadora Martha Elena García Gómez.

Sonido en el escaño del Senador José María Martínez, ¿para qué asunto?

- El C. Senador José María Martínez Martínez: (Desde su escaño) Sólo para pedir que si por su conducto pudiese preguntarle a la Senadora proponente si me permite adherirme a su punto de Acuerdo.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Senadora Martha Elena García, ¿acepta la adhesión de los Senadores José María Martínez, Silvia Garza, Jesús Casillas, Hilda Flores, Marcela Torres, Maki Esther Ortiz y Angélica de la Peña? Pido a la Secretaría que tome nota de quienes han manifestado sumarse a este punto de Acuerdo, el cual pido que se turne a la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables.





 

Se le concede el uso de la palabra a la Senadora Silvia Guadalupe Garza Galván, a nombre propio y del Senador Ernesto Ruffo Appel y del grupo parlamentario del PAN, para presentar un punto de Acuerdo que exhorta al titular de la Secretaría de Gobernación a conformar un grupo de trabajo que dé seguimiento a las tareas pendientes de atender la tragedia sufrida en la Mina Pasta de Conchos, ubicada en el municipio de San Juan de Sabinas, en el estado de Coahuila.

- La C. Senadora Silvia Guadalupe Garza Galván: Sí, muchas gracias, señor Presidente; compañeras y compañeros Senadores:

También quiero decirle que la Senadora Angélica de la Peña se une a este punto.

El 19 de febrero del 2006, en la Mina Pasta de Conchos de San Juan de Sabinas, se dio inicio a un capítulo oscuro en la historia moderna de México, una probable explosión que las autoridades aun no han determinado oficialmente su origen, se llevó la vida de 65 trabajadores y también se llevó la tranquilidad de 65 familias que no volverán a ver a esos hombres que con esfuerzo y jornadas arduas e inhumanas llevaban al menos un salario mínimo a sus hogares.

63 cuerpos aún se encuentran en la mina, tras dos meses de búsqueda la cual culminó en abril de 2006 y dio paso a la promesa de las autoridades y la empresa por recuperar a los mineros que perdieron la vida.

Ha sido muy controversial este lamentable hecho, desde que las investigaciones arrojaban datos contradictorios, por ejemplo, la empresa estableció en los peritajes de riesgo que se había formado una bolsa de gas, misma que se calentó y provocó la explosión, sin embargo, de los dos cuerpos recuperados las autopsias indican que la muerte fue provocada por asfixia; por su parte, la Secretaría del Trabajo, a través de un peritaje del Servicio Geológico Mexicano, también expone dos hipótesis sobre las causas que originaron el evento, la cual sólo se podrá saber si en algún momento es factible ingresar a la mina.

Las autoridades contaban con actas de inspección del mes de diciembre de 2005, las cuales referían fallas en el sistema eléctrico y de ventilación.

A partir de entonces, México no puede presumir las condiciones de trabajadores en las minas, está más bien visto y demostrado que existen riesgos, salarios mínimos no comparables con el esfuerzo físico y las jornadas exhaustivas, contrataciones de menores, en fin, un sinnúmero de condiciones que en suma convierten esta actividad en un foco rojo en materia laboral y de seguridad social.

Es preocupante saber que Grupo México, una de las empresas más importantes dentro de la minería de nuestro país, haya tenido este lamentable suceso, ya que pone en duda las condiciones de seguridad que imperan en minas de menores capitales o en los llamados pocitos, que son una realidad en el estado de Coahuila.

Nuestra cultura, nuestras tradiciones son una característica que no distingue del resto del mundo adorar a nuestros muertos, el ofrecerles un velorio y un funeral en el cual el cuerpo sin vida de nuestros seres queridos es motivo de reuniones familiares y amigos para despedirse de los restos mortales, y llevarse el recuerdo en paz de quien en vida fue parte de nuestra historia, por ello es justo exigir que las autoridades y los responsables de la mina terminen por atender a los deudos.

En 2009, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social publicó el informe de las acciones realizadas por la Secretaría, relacionadas con el accidente en la Mina Pasta de Conchos, el cual destaca como estrategia para atender dicho accidente, el Presidente de la República, Felipe Calderón Hinojosa, instruyó a las entidades del gobierno federal a instrumentar cinco grandes líneas de acción:

Primero.- Privilegiar las labores de rescate de los cuerpos de los mineros aún atrapados en la mina, hasta donde sea técnica y humanamente posible.

Segundo.- Otorgar la debida atención a los familiares de las víctimas en cuanto a sus legítimas demandas y al pago puntual de las indemnizaciones que correspondan.

Tercero.- Comunicar, en su oportunidad, las causas que originaron la explosión en el referido centro de trabajo.

Cuarto.- Determinar y sancionar las responsabilidades en que hubieren incurrido las empresas, particulares y servidores públicos involucrados.

Quinto.- Revisar la normatividad que rige la seguridad en el trabajo minero y los procesos de inspección, para evitar nuevos accidentes.

De este informe, que cubre las principales demandas sociales y legales, se evidencian avances sustanciales, sin embargo, es un hecho que el evento Pasta de Conchos no ha podido revertir las condiciones de las minas de carbón en México.

Cada día se abren más frentes de los llamados “pocitos” al margen de la ley; se continúan contratando menores, se subcontrata a los trabajadores para evadir impuestos y pagos de seguridad social, las jornadas laborales son mal remuneradas.

Por otra parte, los inspectores de las dependencias de gobierno, tanto de la Secretaría del Trabajo como del Instituto Mexicano del Seguro Social, no son suficientes para realizar las revisiones o supervisiones correspondientes, aun cuando se incrementó un 60% del personal de inspección; se creó una Comisión Consultiva Estatal; una Subcomisión Consultiva.

La Secretaría de la Función Pública destituyó a cuatro servidores públicos; se creó una Norma Oficial Mexicana, NOM-032-STPS-2008, seguridad para minas subterráneas de carbón que desde marzo de 2009 entró en vigor y corresponde a que la Secretaría vigilará el cumplimiento de dicha norma que contribuya a lograr mejoras importantes en las condiciones de seguridad en los centros de trabajo de la industria minera del país.

La suma de esfuerzos y también de omisiones debe ser acopiada, revisada, analizada y evaluada para atender de forma integral la problemática que aún duele a México.

Es importante destacar que Coahuila, según la Secretaría de Economía, en el panorama minero destaca que somos productores de carbón, hierro, celestita, sulfato de sodio, sulfato de magnesio, dolomita, antimonio, bismuto y cadmio, ocupando el primer lugar en el país.

Que la muerte de estos mineros no sea en vano, y legalmente tenemos una deuda con las familias de todos los trabajadores de la industria minera de México.

Es justo el año pasado, cuando el entonces Presidente de México, licenciado Felipe Calderón Hinojosa, en su iniciativa preferente de la Ley Federal del Trabajo incluyó puntos clave para la seguridad de los trabajadores de las minas, los cuales fueron mutilados por la Cámara de Diputados.

Todo lo anterior implica un mayor compromiso de todos por cerrar este capítulo en el cual ya existen consecuencias irreparables, pero que nada quede por hacerse y que no exista omisión de ninguna de las partes.

Por lo antes expuesto, se propone el siguiente punto de Acuerdo:

PRIMERO: El Senado de la República exhorta respetuosamente al titular de la Secretaría de Gobernación a que se conforme un grupo de trabajo que dé seguimiento a las tareas pendientes de atender de la tragedia ocurrida en la Mina Pasta de Conchos, ubicada en el municipio de San Juan de Sabinas, en Coahuila.

SEGUNDO: El Senado de la República exhorta respetuosamente al titular de la Secretaría de Gobernación a que dicha comisión evaluadora y de seguimiento se integre por representantes del gobierno federal, del gobierno local y municipal, legisladores, representantes legales de la empresa y una representación de los deudos.

TERCERO.- Se solicita respetuosamente a la Comisión de Trabajo y Previsión Social de esta Cámara de Senadores, para que se retomen aquellos puntos incluidos en la iniciativa preferente de la Ley Federal del Trabajo que incluyen las condiciones de seguridad de los trabajadores de las minas de carbón verticales llamadas “pocitos”, mismos que fueron omitidos por la Cámara de Diputados.

Es cuanto, señor Presidente.

(Aplausos)

Propuesta

PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA AL TITULAR DE LA SECRETARIA DE GOBERNACION A CONFORMAR UN GRUPO DE TRABAJO QUE DE SEGUIMIENTO A LAS TAREAS PENDIENTES DE ATENDER DE LA TRAGEDIA OCURRIDA EN LA MINA PASTA DE CONCHOS, UBICADA EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS, COAHUILA

“SEN. ERNESTO JAVIER CORDERO ARROYO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
DE LA CAMARA DE SENADORES
PRESENTE.

Los que suscriben, SILVIA GUADALUPE GARZA GALVAN y ERNESTO RUFFO APPEL, Senadores de la República integrantes del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, de conformidad con lo previsto por los artículos 8 numeral 1, fracción II; 108 y 276 numeral 1 y demás aplicables del Reglamento del Senado de la República, sometemos con el carácter de URGENTE Y OBVIA RESOLUCION a consideración de esta Soberanía la siguiente proposición con punto de Acuerdo en el cual, SE EXHORTA AL TITULAR DE LA SECRETARIA DE GOBERNACION A QUE SE CONFORME UN GRUPO DE TRABAJO QUE DE SEGUIMIENTO A LAS TAREAS PENDIENTES DE ATENDER DE LA TRAGEDIA OCURRIDA EN LA MINA PASTA DE CONCHOS, UBICADA EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS, COAHUILA, al tenor de los siguientes:

ANTECEDENTES

El 19 de febrero de 2006, en la Mina 8 de Pasta de Conchos en San Juan de Sabinas, Coahuila, dio inicio un capítulo obscuro en la historia moderna de México; una probable explosión que las autoridades aún no han determinado oficialmente su origen, se llevó la vida de 65 trabajadores y también se llevó la tranquilidad de 65 familias que no volverán a ver a esos hombres que con esfuerzo y jornadas arduas e inhumanas, llevaban al menos un salario mínimo a sus hogares.

63 cuerpos aún se encuentran en la mina, tras dos meses de búsqueda  la cual culminó en abril del 2006 y dio paso a la promesa de las autoridades y la empresa por recuperar a los mineros que perdieron la vida, ello no se ha olvidado.

Ha sido muy controversial este lamentable hecho, desde que las investigaciones arrojaban datos contradictorios, por ejemplo, la empresa estableció en los peritajes de riesgo que se había formado una bolsa de gas, misma que se calentó y provocó la explosión, sin embargo, de los dos cuerpos recuperados, las autopsias indican que la muerte fue provocada por asfixia. Por su parte la STPS a través de un peritaje del Servicio Geológico Mexicano también expone dos hipótesis sobre las causas que originaron el evento, lo cual solo se podrá saber si en algún momento es factible ingresar a la mina.

Las autoridades contaban con actas de inspección del mes de diciembre del 2005, las cuales referían fallas en el sistema eléctrico y de ventilación.

A partir de entonces, México no puede presumir las condiciones del trabajador de minas, está más que visto y demostrado que existe riesgo, salarios mínimos no comparables con el esfuerzo físico y las jornadas exhaustivas, contratación de menores… en fin… un sinnúmero de condicionantes que en suma convierten esta actividad como un foco rojo en materia laboral y de seguridad social.

Es preocupante saber que Grupo México, una de las empresas más importantes dentro de la minería en nuestro país, haya tenido este lamentable suceso, ya que pone en duda las condiciones de seguridad que imperan en minas de menores capitales o en los llamados pocitos, que son una realidad en el Estado de Coahuila.

Nuestra cultura, nuestras tradiciones, son una característica que nos distingue del resto del mundo, adorar a nuestros muertos, el ofrecerles un velorio y funeral en el cual el cuerpo sin vida de nuestros seres queridos, es motivo de reunión de familiares y amigos para despedirse de los restos mortales y llevarse el recuerdo en paz de quien en vida fue parte de nuestra historia; por ello, es justo exigir que las autoridades y los responsables de la mina hagan un esfuerzo por recuperar a los 63 mineros que aún continúan en la Mina 8 de la Unidad Pasta de Conchos.

CONSIDERACIONES

En febrero de 2009, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social publicó el “Informe de las Acciones Realizadas por la STPS Relacionadas con el Accidente en la Mina Pasta de Conchos” el cual destaca:

“…Como estrategia para atender dicho accidente, el Presidente de la República, Felipe Calderón Hinojosa, instruyó a las entidades del Gobierno Federal instrumentar cinco grandes líneas de acción…:

1.- Privilegiar las labores de rescate de los cuerpos de los mineros aún atrapados en la mina, hasta donde sea técnica y humanamente posible.

2.- Otorgar la debida atención a los familiares de las víctimas, en cuanto a sus legítimas demandas y al pago puntual de las indemnizaciones que correspondan.

3.- Comunicar, en su oportunidad, las causas que originaron la explosión en el referido centro de trabajo.

4.- Determinar y sancionar las responsabilidades en que hubieren incurrido las empresas, particulares y servidores públicos involucrados.

5.- Revisar la normatividad que rige la seguridad en el trabajo minero y los procesos de inspección, para evitar nuevos accidentes.

De este informe, que cubre las principales demandas sociales y legales, se evidencian avances sustanciales, sin embargo es un hecho que el evento Pasta de Conchos NO ha podido revertir las condiciones de las minas de carbón en México; cada día se abren más frentes de los llamados “pocitos” al margen de la Ley; se continúan contratando menores, se subcontrata a los trabajadores para evadir impuestos y pagos de seguridad social; las jornadas laborales son mal remuneradas; por otra parte, los inspectores de las dependencias de gobierno (STPS e IMSS) no son suficientes para realizar las revisiones o supervisiones correspondientes, aún cuando se incrementó en 60% de personal de inspección; se creó una Comisión Consultiva Estatal; una Subcomisión Consultiva; la Secretaría de la Función Púbica destituyó a cuatro servidores públicos; se creó una Norma Oficial Mexicana,NOM-032-STPS-2008, Seguridad para minas subterráneas de carbón que desde marzo del 2009 entra en vigor y  corresponde a la STPS vigilar su cumplimiento, dicha norma contribuye a lograr mejoras importantes en las condiciones de seguridad en los centros de trabajo de la industria minera del país.

Las familias afectadas han acudido a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en repetidas ocasiones, para lo cual se han expedido al menos dos documentos de recomendaciones, y han conformado una organización denominada “Familia Pasta de Conchos”, la cual es apoyada por la “Pastoral Laboral” que depende del Obispo de Saltillo.

La suma de esfuerzos y también de omisiones debe ser acopiada, revisada, analizada y evaluada, para poder atender de forma integral el problema que aún duele a México. Según lo dispuesto por la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, en su artículo 27, fracción X, corresponde a la Secretaría de Gobernación “…favorecer las condiciones que permitan la construcción de acuerdos políticos y consensos sociales para que, en los términos de la Constitución y de las leyes, se mantengan las condiciones de unidad nacional, cohesión social, fortalecimiento de las instituciones de gobierno y gobernabilidad democrática…”, por lo que se solicitará la intervención de ésta Secretaría.

Finalmente es importante destacar que Coahuila, según la Secretaría de Economía, en un documento expedido en agosto de 2011 “Panorama Minero del Estado de Coahuila”, establece el potencial minero del Estado “…El estado de Coahuila participó en el año 2010 con el 5.86% de la producción minera nacional, ocupando el primer lugar en la producción de carbón, hierro, celestita, sulfato de sodio, sulfato de magnesio, dolomita, antimonio, bismuto y cadmio; segundo lugar en barita, fluorita y sílice; tercer lugar en bentonita, caliza y rocas dimensionables y en menor proporción yeso, calcita, plata, arena, grava, sal y arcillas…”.

Lo anterior implica un mayor compromiso de todos por cerrar este capítulo, en el cual ya existen consecuencias irreparables, pero que nada quede por hacerse y que no exista omisión de ninguna de las partes.

Por lo antes expuesto propongo el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO: El Senado de la República exhorta respetuosamente al titular de de la Secretaría de Gobernación a que se conforme un Grupo de Trabajo que de seguimiento a las tareas pendientes de atender de la tragedia ocurrida en la Mina Pasta de Conchos, ubicada en el  Municipio de San Juan de Sabinas, Coahuila, con el objeto de atender las demandas de las familias afectadas.

SEGUNDO: El Senado de la República exhorta respetuosamente al titular de de la Secretaría de Gobernación a que dicha Comisión Evaluadora y de Seguimiento se integre por representantes del Gobierno Federal, Gobierno Local y Municipal, Legisladores, Representantes Legales de la Empresa y una representación de los deudos.

Salón de sesiones de la Cámara de Senadores, a 19 de febrero de 2013.

Atentamente

Sen. Silvia Guadalupe Garza Galván.- Sen. Ernesto Ruffo Appel”.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, Senadora Silva Garza Galván. Túrnese a la Comisión de Trabajo y Previsión Social.





 

Se le concede el uso de la palabra al Senador Zoé Robledo Aburto, del grupo parlamentario del PRD, para presentar un punto de Acuerdo que exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal a informar sobre la inseguridad de la frontera sur.

- El C. Senador Zoé Robledo Aburto: Con su venia, señor Presidente; compañeras y compañeros legisladores:

Me parece que la sesión del día de hoy ha sido muestra, muy específica y evidente, del tema que vengo a poner a su consideración.

Hoy que se ha hablado del sur del país, se hablaba hace un rato, con mucho orgullo, por sus contribuciones y su gran patrimonio turístico; se ha hecho también en materia de los grandes desafíos que existen en el sur por la pobreza, la marginación y el hambre.

Sin embargo, me parece que se ha convertido en una situación aceptable por parte de nuestras autoridades, que en materia de seguridad las necesidades de la frontera sur queden siempre relegadas por privilegiar las relaciones bilaterales entre México y Estados Unidos.

Esto ha sido un error sistemático por parte del gobierno mexicano. La frontera sur significa mucho para nuestro país, significa flujos migratorios, significa un enorme potencial en materia comercial.

Hoy, es cierto, hay que admitir que gracias al fortalecimiento de la inteligencia en el combate a la delincuencia y la coordinación entre autoridades federales, estatales y municipales, junto con el gobierno de Guatemala, las autoridades mexicanas han tenido algunos éxitos a la hora de aprehender y detener a presuntos contrabandistas, a traficantes de drogas, de armamentos, de vehículos, incluso, a quienes se dedican a esa terrible y tan baja actividad del tráfico de personas.

Sin embargo, la situación a últimas fechas se ha ido tornando cada vez más grave y cada vez más preocupante.

Entre diciembre del año pasado y lo que va del 2013, se han registrado 54 homicidios dolosos vinculados con estas actividades criminales.

Según la propia secretaría general de gobierno del estado de Chiapas, todas las indagatorias apuntan a que la vinculación es, obviamente, con la delincuencia organizada, ya que todos los asesinatos han estado relacionados al aseguramiento de cargamentos de droga procedentes de Guatemala con supuesto destino a los Estados Unidos.

A pesar de todos los esfuerzos, las mercancías también que entran de contrabando por esa frontera, y que se hace a través del Río Suchiate, en pequeñas cantidades en lo que se conoce como “contrabando hormiga”, tiene una lógica verdaderamente simple y una lógica que sonaría de lo más elemental y que sin embargo no se atiende.

En la frontera sur, en la parte que corresponde a Chiapas, hay 8 pasos legales, hay 8 pasos con presencia de las autoridades.

Sin embargo, existen 54 pasos ilegales por donde entran cargamentos de distinto tonelaje y más de 300 pasos peatonales donde entran cualquier tipo de mercancías.

Estas actividades no sólo afectan en materia de seguridad, no sólo afectan al entorno, sino que además aumentan el ambulantaje y perjudican las actividades económicas de muchos municipios, lo mismo de nuestro lado de la frontera, que del lado guatemalteco.

Incluso, bueno, hay fuentes de la VII Región Militar de la Secretaría de la Defensa Nacional, con sede en Tuxtla, Gutiérrez, que afirman que las organizaciones criminales, y en particular los Zetas, ya controlan por completo el contrabando de la región gracias al pago de cuotas, a la corrupción de autoridades y a otros elementos que han logrado que extiendan su influencia a través de regiones de Chiapas, Guatemala y Belice.

Compañeros Senadores:

La evidencia está de sobra. El Teniente Steven Borrás hace algún tiempo escribió un capítulo completo para la Grand Corporation, sobre los territorios ingobernables de todo el país, y puso como ejemplo, justamente, el de la frontera entre Chiapas y Guatemala a partir de la ausencia de instituciones de Estado, carencia de infraestructura física adecuada, resistencia cultural y social, la presencia de redes criminales y grupos armados y la falta de control fronterizo eficaz y fácil acceso a armas.

Por eso, compañeros, y además ahora que estamos a punto de asistir con la representación del Senado de la República a la Asamblea Plenaria del Parlamento Centroamericano en la ciudad de Guatemala, es que me parece muy pertinente y urgente presentar este punto de Acuerdo con los siguientes puntos resolutivos:

Primero.- Exhortar al gobierno federal para que a través de la Secretaría de Gobernación, de la Secretaría de Relaciones Exteriores, la Secretaría de la Defensa Nacional y la Procuraduría General de la República, instrumenten de inmediato políticas necesarias a fin de que las medidas de seguridad en la frontera sur de los Estados Unidos Mexicanos sean garantizadas en un ámbito de respeto a la soberanía nacional, los derechos y las libertades fundamentales de las personas.

Segundo.- Se solicita al Ejecutivo Federal que las autoridades competentes, en particular la Secretaría de Gobernación, la Secretaría de Relaciones Exteriores, la Secretaría de la Defensa Nacional y la Procuraduría General de la República, informen de manera pormenorizada y en breve plazo a esta Honorable Cámara de Senadores, sobre la situación actual de la seguridad fronteriza en el sur de nuestro país.

Compañeros Senadores y compañeras Senadoras, creo que en la víspera de empezar en Estados Unidos a discutirse una reforma migratoria, en el momento en el que estamos viendo sobre nuevas estrategias de seguridad, es la hora que entendamos que la seguridad en la frontera sur es un asunto de seguridad nacional.

Por eso, los convocamos a que volvamos la mirada nuevamente al sur y que esta relación inequitativa por parte de nuestras autoridades a la hora de atender los asuntos de ambas fronteras, llegue a un fin en un plazo corto de tiempo.

Es cuanto, señor Presidente.

Propuesta

PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL EJECUTIVO FEDERAL A INFORMAR SOBRE LA SEGURIDAD DE LA FRONTERA SUR

“SEN. ERNESTO JAVIER CORDERO ARROYO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
DEL H. SENADO DE LA REPUBLICA
PRESENTE.

El suscrito, Senador ZOE ROBLEDO ABURTO, integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, en esta LXII Legislatura del H. Congreso de la Unión y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8, numeral 1, fracción II y 276, numeral 1, del Reglamento del Senado de la República, así como 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos someto a la consideración del Pleno, la presente proposición con PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA AL EJECUTIVO FEDERAL, PARA QUE A TRAVES DE LAS DEPENDENCIAS CORRESPONDIENTES INFORME SOBRE LA SEGURIDAD DE LA FRONTERA SUR, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

Es necesario recordar que las necesidades de la frontera Sur de México son un tema opacado por la agenda de la frontera Norte, principalmente porque la relevancia política y económica que el Gobierno Federal reconoce en las relaciones bilaterales México-Estados Unidos es un punto central de la agenda nacional.

Sin embargo, la frontera Sur significa para México altos flujos migratorios y comerciales, provenientes de diversos países centroamericanos. Un detonante importante de esta comunicación constante es la necesidad de alcanzar un mayor beneficio económico y la búsqueda de atravesar México para llegar a Estados Unidos.

Gracias al fortalecimiento de la inteligencia en el combate a la delincuencia, la coordinación entre autoridades federales, estatales y municipales así como con el gobierno de Guatemala, la implementación de acciones preventivas, así como la profesionalización de los servidores públicos encargados de la seguridad han permitido a las autoridades mexicanas lograr el aseguramiento de armas, drogas y personas en esta región del país.

El Ejército Mexicano, en un operativo terrestre, el 18 de diciembre de 2012, localizó y aseguró en una pista de aterrizaje de Ocosingo, Chiapas, una aeronave cuyo cargamento incluía 18 paquetes que contenían un total de 406.05 kilogramos de cocaína. Derivado de este evento, fueron detenidos 8 individuos y se aseguró un arma corta, 400 litros de turbosina, tres vehículos así como la mencionada aeronave.

El día 1 de febrero del 2013, personal militar, tras recibir una denuncia ciudadana, procedió a establecer un Puesto Militar de Seguridad en el municipio de Maravilla Tenejapa, Chiapas, en donde al revisar un camión de volteo localizó un doble fondo en la parte inferior de la caja del automotor, en el que se encontraban ocultas 55 armas de fuego de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas. Por este hecho, las tropas detuvieron al conductor del vehículo y a su acompañante, quienes fueron puestos a disposición de las autoridades correspondientes, con el armamento y vehículo asegurados. 

Sin embargo, a pesar de todos esos esfuerzos, la mercancía de contrabando que ingresa al país, en su mayoría, en pequeñas cantidades (contrabando hormiga), a través del río Suchiate sin ningún tipo de control aduanal, acapara el mercado en unos 30 municipios de Chiapas. Ropa, calzado, legumbres, ganado, autopartes, electrodomésticos y piratería, entre otros productos, entran diariamente al país por esa región.

El Ayuntamiento de Tapachula, reconoció que existen alrededor de 3 mil 500 comerciantes ambulantes, lo que perjudica las actividades de los comerciantes establecidos y pone en peligro la vida e integridad de las personas que cruzan la frontera a través de rutas inseguras.

Más aún, según reportan investigaciones periodísticas, fuentes de la VII Región Militar de la Secretaría de la Defensa Nacional, con sede en Tuxtla Gutiérrez, afirman que la organización criminal de Los Zetas es la responsable de las redes de contrabando de mercancías, combustible e incluso personas en la frontera gracias al pago de cuotas y a la corrupción con autoridades, extendiendo su influencia a través de regiones de Chiapas, Guatemala y Belice.

Esta situación es por demás alarmante porque, de confirmarse, revelaría que en la frontera Sur todavía prevalece la violencia, el abuso, la inseguridad y la marginación.
Por las razones anteriormente expuestas, se somete al Pleno la siguiente proposición con:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO.- Se exhorta respetuosamente al gobierno federal para que a través de la Secretaría de Gobernación, la Secretaría de Relaciones Exteriores, la Secretaría de la Defensa Nacional y la Procuraduría General de la República, instrumente las políticas necesarias a fin de que las medidas de seguridad en la frontera sur de los Estados Unidos Mexicanos sean garantizadas en un ámbito de respeto a la soberanía nacional, los derechos y las libertades fundamentales de las personas.

SEGUNDO.- Se solicita al Ejecutivo Federal que las autoridades competentes, en particular la Secretaría de Gobernación, la Secretaría de Relaciones Exteriores, la Secretaría de la Defensa Nacional y la Procuraduría General de la República, informen pormenorizadamente y en breve plazo a esta H. Cámara de Senadores, sobre la situación actual de la seguridad fronteriza en el sur de nuestro país.

TERCERO.- Se considere este punto de Acuerdo de urgente u obvia resolución.

Dado en el salón de sesiones del H. Senado de la República, a 19 de febrero de 2013.

Atentamente

Sen. Zoé Robledo Aburto”.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, Senador Zoé Robledo Aburto. Túrnese a la Comisión de Seguridad Pública; y a la Comisión de Asuntos Fronterizos Sur.

- La C. Senadora Ana Gabriela Guevara Espinoza: (Desde su escaño) Señor Presidente.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Senadora Guevara Espinoza, ¿para qué asunto?

  - La C. Senadora Ana Gabriela Guevara Espinoza: (Desde su escaño) Si me permite el Senador Zoé Robledo suscribirme a su punto y hacer un comentario. Solamente acotar, que sería muy importante, relacionado con lo que mencionó el Senador Zoé Gracias.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Con mucho gusto, tomamos nota de ello, gracias, Senadora Guevara Espinoza.





 

Se le concede el uso de la palabra al Senador Mario Delgado Carrillo, del grupo parlamentario del PRD, para presentar un punto de Acuerdo que solicita a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores información sobre los créditos contratados con instituciones de crédito por parte de entidades federativas y municipios.

- El C. Senador Mario Delgado Carrillo: Muchas gracias, señor Presidente; compañeras y compañeros Senadores:

El pasado 23 de enero la Comisión Permanente del Congreso de la Unión autorizó un exhorto a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores para que nos informara, de una vez por todas, a cuánto ascienden los créditos que tiene contratada la banca comercial con entidades federativas y municipios.

La fecha que se planteaba para que informara al Congreso de la Unión la Comisión Nacional Bancaria, era el 6 de febrero.

El 6 de febrero recibimos como respuesta que no se le puede informar al Congreso cuántos créditos, en qué condiciones, a qué plazos, con qué garantías, qué estados, qué municipios y con qué instituciones, que el Congreso de la Unión no lo puede saber porque los protege el secreto bancario.

Esta historia ya la vivimos. Hoy nos enteramos que la Secretaría de Hacienda, al corte, al día de ayer, son 436 mil millones de pesos el monto a que asciende la deuda de estados y municipios.

Estamos recibiendo la información a cuenta gotas. Y la información que da Hacienda, es estrictamente de aquella deuda donde están comprometidas las participaciones federales.

¿Qué es lo que pedía el Congreso?

¿Qué es lo que pidieron todos los partidos el pasado 23 de enero?

Pues que informe, además, de los créditos de corto plazo, créditos quirografarios, cadenas productivas, pago a proveedores, toda esa deuda de corto plazo que no está oficialmente reconocida, pero que ahí está y que sabemos que es un monto importante; pero que no se ha querido decir cuánto es.

¿Qué se le pedía a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores?

Pues que pidiera un consolidado a todos los bancos y que nos dijera cuáles son los créditos que tienen con estados y municipios.

Pedíamos una cosa muy sencilla, que la deuda pública fuera pública. Y nos responden con el secreto bancario.

¿Quién se acuerda del FOBAPROA?

El primer debate del FOBAPROA, era si se podía o no conocer el monto del rescate bancario.

Fue una lucha muy dolorosa para nuestro país, y ahí sigue el FOBAPROA, por cierto, con más de 800 mil millones de pesos de pasivo, que año con año se siguen sirviendo de los intereses que aprueba el Congreso de la Unión. Parece que no aprendimos la lección.

Hoy insistimos en que de una vez por todas sepamos de qué tamaño es el problema y en qué condiciones, por una sencilla razón, porque en este Senado hay varias iniciativas que ya se han presentado, inclusive, una del propio gobierno de la República donde busca solucionar esta problemática.

Pues necesitamos saber dónde estamos parados, en qué condiciones, qué plazos, qué abusos se han cometido, pero necesitamos saberlo ya, no en información a cuenta gotas, donde cada vez nos enteramos de que más estados y más municipios entran en problemas de pago.

En diciembre pasado hubo un ejercicio de adelanto de participaciones federales, completamente discrecional, por parte de la Secretaría de Hacienda.

Y no sabemos, en ese ejercicio, cuántos estados y municipios evitaron caer en falta en sus pagos con los bancos.

Entonces, una iniciativa del Senador Alejandro Encinas, Zoé Robledo, Rabindranath Salazar, Benjamín Robles, pues queremos insistir, compañeras y compañeros, pues no se debe ocultar esto. Mejor de una vez sepamos dónde están esos créditos, quién los otorgó y a cuánto ascienden.

Porque lo que se está pidiendo es que se vuelva deuda pública. Es otra vez la misma historia.

Creo que no se gana nada con que nos refugiemos, que se refugie la autoridad en el secreto bancario para no dar información.

Es ilegítimo y además, pues es pretender tapar el sol con un dedo. Tarde o temprano se va a conocer el monto de esa deuda.
Es preferible que lo sepamos de una vez, que sepamos dónde estamos parados, cuál es el tamaño del problema y podamos resolverlo con las distintas iniciativas que aquí se han planteado.

En resumen, una cuestión muy sencilla. Pedimos que la deuda pública sea pública.

Muchas gracias.

(Aplausos)

Propuesta

PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE SOLICITA A LA COMISION NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES INFORMACION SOBRE LOS CREDITOS CONTRATADOS CON INSTITUCIONES DE CREDITO POR PARTE DE ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

“El suscrito, Senador de la LXII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 8, numeral 1, fracción II y 276, numerales 1 y 2, y demás disposiciones aplicables del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta H. Asamblea, la siguiente PROPOSICION CON PUNTO DE ACUERDO, al tenor de los siguientes:

CONSIDERACIONES

Con fecha 16 de enero de 2013 presenté ante el Pleno de la Comisión Permanente una proposición con punto de Acuerdo por el que se solicita a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, información sobre créditos contratados con estados y municipios.

La proposición buscaba contar con un informe completo, detallado y actualizado sobre las operaciones crediticias de largo y corto plazo que han realizado con estados y municipios y, en ambos casos, sus organismos descentralizados, qué porcentaje representan esos créditos de sus operaciones totales, qué características de tasa y plazo contienen, garantías, y el nivel de reservas constituidas para cada uno de estos créditos, a fin de que la citada comisión nacional pudiera rendir dicho informe al Congreso de la Unión.

En ese entonces se consideró que proporcionar mayor información sobre la deuda y las obligaciones contingentes de los estados y los municipios contribuiría a mejorar la transparencia y la rendición de cuentas y a vigilar la sostenibilidad de las finanzas públicas.

La proposición fue turnada a la Tercera Comisión -Hacienda y Crédito Público Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas-, de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, LXII Legislatura, misma que lo dictaminó en sentido positivo. Entre los elementos considerados para la dictaminación está el que:

• Actualmente no se cuenta con información pública completa y detallada de la deuda de las entidades federativas y municipios, ya que sólo se reporta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) la deuda de largo plazo, no así la de corto plazo y de los pasivos pensionarios como los pagos pendientes a proveedores y préstamos quirografarios.

• El Gobierno Federal estima que el monto de la deuda de corto plazo excede en 10 por ciento sus cálculos de la deuda total.

• Además, no se conoce con claridad el monto y el tipo de la deuda, la calidad de las garantías, el destino de los créditos y con qué instituciones se contratan los créditos. Tampoco se conocen las características de los créditos vigentes, tasa y plazo, los niveles de reservas constituidas para cada uno de esos créditos y la totalidad de las evaluaciones y calificaciones de riesgo para determinar los créditos que otorgan dichas instituciones.

La Comisión permanente aprobó el punto de acuerdo a fin de que el 6 de febrero, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores hiciera entrega de la información, al tenor siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

Primero.La Comisión Permanente del Congreso de la Unión en pleno respeto al ámbito de sus facultades exhorta respetuosamente a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores a que solicite de forma inmediata a todas las instituciones de crédito autorizadas en el país un informe completo, detallado y actualizado sobre las operaciones crediticias de largo y corto plazo que han realizado con estados y municipios y, en ambos casos, sus organismos descentralizados, qué porcentaje representan esos créditos de sus operaciones totales, qué características de tasa y plazo contienen, garantías, y el nivel de reservas constituidas para cada uno de estos créditos, a fin de que la citada comisión pueda rendir dicho informe al Congreso de la Unión, como plazo máximo el día 6 de febrero de 2013.”

El 6 de febrero, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores respondió mediante oficio 210-27424/20013, signado por los titulares de la Vicepresidencia Jurídica y de la Vicepresidencia Técnica que la información y la documentación relativa a las operaciones y servicios crediticios  tiene el carácter de confidencial, por lo que las instituciones de crédito en protección del derecho a la privacidad de sus clientes y usuarios en ningún caso podrán dar noticias  o información de los depósitos, operaciones o servicios, sino al depositante, deudor, titular, beneficiario, fideicomitente fideicomisario, comitente o mandante, a sus representantes legales o quienes tengan otorgado poder para disponer de la cuenta o para intervenir en la operación o servicio. La Comisión también señala, con base en la Ley de Instituciones de Crédito, la excepción de esa secrecía cuando la información la solicita la autoridad judicial, así como la posible responsabilidad administrativa, civil o penal del servidor público que quebrante la reserva.

Ley de Instituciones de Crédito

Artículo 117.- La información y documentación relativa a las operaciones y servicios a que se refiere el artículo 46 de la presente Ley, tendrá carácter confidencial, por lo que las instituciones de crédito, en protección del derecho a la privacidad de sus clientes y usuarios que en este artículo se establece, en ningún caso podrán dar noticias o información de los depósitos, operaciones o servicios, incluyendo los previstos en la fracción XV del citado artículo 46, sino al depositante, deudor, titular, beneficiario, fideicomitente, fideicomisario, comitente o mandante, a sus representantes legales o a quienes tengan otorgado poder para disponer de la cuenta o para intervenir en la operación o servicio.

Como excepción a lo dispuesto por el párrafo anterior, las instituciones de crédito estarán obligadas a dar las noticias o información a que se refiere dicho párrafo, cuando lo solicite la autoridad judicial en virtud de providencia dictada en juicio en el que el titular o, en su caso, el fideicomitente, fideicomisario, fiduciario, comitente, comisionista, mandante o mandatario sea parte o acusado. Para los efectos del presente párrafo, la autoridad judicial podrá formular su solicitud directamente a la institución de crédito, o a través de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores

La Comisión Nacional Bancaria y de Valores señala en añadidura que por normatividad, las instituciones de crédito se encuentran obligadas a remitir a la Comisión, así como a publicar, sus estados financieros. Además, de acuerdo con la Ley de la Comisión, ésta se encuentra facultada para elaborar y publicar estadísticas relativas a las entidades y mercados financieros y publicar en su página de internet información sobre las operaciones crediticias incluidas aquellas celebradas con estados y municipios, los cuales no tienen carácter confidencial por reflejar datos agregados.

En resumen, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores establece que se encuentra impedida legalmente para cumplimentar el requerimiento realizado por la Comisión Permanente, en los términos formulados.
Hace apenas unos meses, en la discusión de la reforma de contabilidad gubernamental, se avanzó legalmente a fin de que todos los niveles de gobierno rindan cuentas de la información del gasto público. Hoy mismo en el Congreso de la Unión estamos frente a un debate nacional sobre las reformas legales necesarias en materia de fortalecimiento de la transparencia.

Hay que considerar que la información que se solicita tiene como finalidad conocer la situación real de la deuda y con datos que den plena certeza de las condiciones financieras actuales.

La H. Comisión Permanente aprobó el Punto de Acuerdo para conocer el monto y las condiciones de los créditos contratados por los gobiernos municipales y estatales con las instituciones de crédito, entre otros elementos, cconsiderando el interés nacional de acceder y saber de esa información y que todos podamos hacer un balance de la situación actual de la deuda en estados y municipios.

Retomando el nivel y la importancia de la discusión parlamentaria próxima sobre la responsabilidad de las finanzas públicas, el Senado debe contar con esa información que es relevante para su labor legislativa.

Por ello, solicitamos a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, órgano desconcentrado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en un ánimo y ejercicio de conciliación de los distintos valores en un estado de derecho, proporcione la información a que se refiere el punto de acuerdo.

Hoy, la información de las deudas de estados y municipios debe ser, precisamente eso, pública y no reservada.

Por todo lo anterior, a fin de contar con información relevante para la toma de decisiones que conciernen al público, como lo es la deuda de las entidades de gobierno, sometemos a la consideración de esta H. Asamblea, la siguiente Proposición con:

PUNTO DE ACUERDO

UNICO. El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores a que proporcione de forma inmediata a esta Soberanía un informe específico de las operaciones crediticias que han realizado las instituciones de crédito autorizadas en el país con estados y municipios y, en ambos casos, sus organismos descentralizados, que contenga como mínimo: monto de las operaciones por estado y municipio, desagregadas por corto y largo plazo; garantías otorgadas por estados y municipios; instituciones de crédito que participan con esas operaciones, desagregadas por estado y por municipios; total de operaciones crediticias, desagradas por institución de crédito y qué porcentaje representa de su respectiva cartera; características de tasa y plazo, y el nivel de reservas constituidas para cada uno de estos créditos, que permita al Senado contar con información relevante para el desarrollo de su función parlamentaria.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, a 19 de febrero de 2013.

Suscribe

Sen. Mario Delgado Carrillo”.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, Senador Mario Delgado Carrillo. Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.





 

Se le concede el uso de la palabra a la Senadora Luisa María Calderón Hinojosa, del grupo parlamentario del PAN, para presentar un punto de Acuerdo por el que se solicita la creación de un grupo de trabajo plural de legisladores y legisladoras que conozca, diagnostique y presente a esta Soberanía una propuesta legislativa que recupere la certidumbre en las instituciones de seguridad del Estado mexicano.

- La C. Senadora Luisa María Calderón Hinojosa: Con su permiso, señor Presidente.

Bueno, todos estamos preocupados por la aparición de guardias de autodefensa. Sabemos que desde la reforma del 2000, que permite o reconoce el derecho de los pueblos indígenas a su cultura y a sus formas de organización, hay algunas entidades que tienen sus propias policías comunitarias. Entendemos que Guerrero, por ejemplo, tiene policía comunitaria, que tiene 17 años que está avalada, que es selecta por sus comunidades tradicionales, que recurre a sus formas tradicionales de toma de decisiones.

Pero también es cierto que a partir de este año han comenzado a surgir estas policías o grupos de autodefensa que están fuera de la ley, que bajo el pretexto de que hay libertad protegida por el artículo 2o. constitucional, han ido surgiendo y esto nos preocupa a todos porque pareciera que se desborda, que hay falta de gobernabilidad en el estado de Michoacán, que es mi tierra, hay cerca de 19 pueblos que ya han formado sus policías de autodefensa.

En este órgano legislativo, en el Congreso de la Unión, nuestra obligación es construir, modificar, proponer leyes que refuercen las instituciones y que les den certidumbre a todas las ciudadanas y a todos los ciudadanos.

Lo que estamos viviendo es incertidumbre, nos preocupa, le damos un lenguaje doble. A veces aceptamos en el discurso y a veces rechazamos y descalificamos la aparición de estas policías de autodefensa.

Recordemos que no sólo hay pueblos indígenas en la zona de Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, que también por ahí transitan o son zonas de tránsito de la delincuencia organizada y trafican droga.

Que ahí también en nuestra historia reciente han aparecido grupos beligerantes que se han declarado frente al Estado mexicano y que desconocen al Estado mexicano.

No es un tema fácil y es hora de que nos pongamos a escucharnos.

La propuesta que aquí presento, señor Presidente, compañeros legisladores, es que hagamos un grupo de trabajo que escuche, es hora de que escuchemos.

Yo celebro, por ejemplo, que ayer la CONAGO haya aceptado la construcción de la Policía Unica. Qué pena que no nos escuchamos hace tres años, sólo por preferencias políticas perdimos la oportunidad de mejorar la certidumbre y de acercarnos a un estado de derecho que nos proteja más.

Yo espero que nos escuchemos hoy, que entendamos que estamos viviendo un problema que nos provoca incertidumbre. Que a propósito de ciertas reglas, otros grupos aprovechan y que no es un tema ni de PAN ni de PRI ni de PRD, ni de pueblos indígenas, sino es un tema de tránsito que tenemos que atender.

Así que, señor Presidente, frente a estos argumentos que he expuesto, propongo el siguiente punto de Acuerdo:

Unico.- Se solicita a la Junta de Coordinación Política conformar un grupo de trabajo plural de legisladoras y legisladores que conozca, diagnostique y presente a esta Soberanía una propuesta legislativa que recupere la certidumbre en las instituciones de seguridad del Estado mexicano, a propósito del reciente surgimiento de los denominados grupos de autodefensa al amparo del artículo 2o. de la Constitución Política de los Estados Mexicanos, y firmada por la de la voz.

Es cuanto, señor Presidente. Gracias.

(Aplausos)

Propuesta

PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE SOLICITA LA CREACION DE UN GRUPO DE TRABAJO PLURAL DE LEGISLADORAS Y LEGISLADORES QUE CONOZCA, DIAGNOSTIQUE Y PRESENTE A ESTA SOBERANIA UNA PROPUESTA LEGISLATIVA QUE RECUPERE LA CERTIDUMBRE EN LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD DEL ESTADO MEXICANO

“SEN. ERNESTO CORDERO ARROYO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
DE LA H. CAMARA DE SENADORES
PRESENTE.

La suscrita, Senadora Luisa María de Guadalupe Calderón Hinojosa integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXII Legislatura, de conformidad con lo previsto  en el numeral 1 fracción II del artículo 8 y 276 del Reglamento del Senado de la República, somete a consideración de esta Soberanía la siguiente proposición con punto de Acuerdo por la que se solicita a la Junta de Coordinación Política la creación de un grupo de trabajo  plural de legisladoras y legisladores que conozca, diagnostique y presente a esta Soberanía una propuesta legislativa que recupere la certidumbre en las instituciones de Seguridad del Estado Mexicano, a propósito del reciente surgimiento de los denominados grupos de autodefensa:

CONSIDERACIONES

En México a partir de la Reforma constitucional en materia de derechos de los pueblos indígenas, se reconocen sus formas de organización que son aquéllas o parte de las que tenían antes de iniciar la colonización.

La reforma reconoce su derecho a decidir sus formas internas de convivencia y organización social, económica, política y cultural.

Aplicar sus propios sistemas normativos en la regulación y resolución de sus conflictos internos, sujetándose a los principios generales de esta Constitución, esto es, los derechos humanos.

Por otro lado, en las regiones donde se ha expresado recientemente la creación de grupos de autodefensa, también reconocemos en los últimos 60 años, la existencia de grupos beligerantes o armados que en algunos casos han desconocido al Estado mexicano.

Lo mismo, en algunas de esas zonas la incidencia de la Delincuencia Organizada ha perturbado de manera significativa la vida de los pueblos en los últimos años.

Ahora bien, el reconocimiento al derecho que tienen los pueblos indígenas a su cultura y su organización se plasmó en la Constitución tratando de reconocer que el valor de lo comunitario es su prioridad.

Por ello, el surgimiento de una policía comunitaria en cuya base está la aprobación aval y supervisión de las autoridades indígenas y de su población, les ha permitido mantener su existencia durante ya 17 años. La forma en que se elige la autoridad, lo incentivos que tienen para la reeducación de los integrantes de sus pueblos que delinquen, la transparencia con la que toman decisiones, les ha ido legitimando durante este tiempo dentro y fuera de sus comunidades.

De cualquier manera, en el derecho positivo, existe la certidumbre para los ciudadanos de qué reglas han de cumplir y qué autoridades les han de juzgar, brindando certidumbre a nuestra comunidad.

Hoy vivimos transformaciones en la vida de los pueblos y en especial, a partir de la incidencia del crimen organizado que de facto pone bajo su control a pueblos enteros, a quienes impone candidatos, adoctrina, sanciona, violenta.

Frente a estos agravios ante los que la autoridad local no presta atención en el mejor de los casos porque algunas veces también a la autoridad someten, los propios integrantes de las comunidades han decidido imponer de nuevo sus reglas y su organización para proteger su integridad y la de su familia.

Sin embargo, dado la permisibilidad o aceptación de este tipo de policías comunitarias de pueblos indígenas, por -lo menos 19 en el Estado de Michoacán,- otros grupos han decidido y anunciado que seguirán su ejemplo por lo que se organizarán para brindar seguridad a sus comunidades,  pero también es menester mencionar que este tipo de organizaciones corren el riesgo de ser algunos grupos del crimen organizado los que impulsen la creación de este tipo de policías, en alguna zona para su propia protección e impunidad. 

Por otro lado, hay investigadores que, sin sesgo partidista dan seguimiento a la vida de los pueblos y tratan de explicar porqué surgen estos tipos de movimientos. Escuchar su conocimiento y su aportación nos llevaría a reflexionar y vislumbrar líneas de solución institucional, a ellos como a nosotros, les interesa un conocimiento objetivo que permita comprender qué necesidad es la que mueve a los pueblos a organizarse fuera de las instituciones.

Uno de ellos es Ma. Teresa Sierra, quien estudia las policías comunitarias de Guerrero y de quienes dice: “la policía comunitaria adquiere una mayor relevancia y es una muestra de la posibilidad de encontrar salidas a la delincuencia, enfrentar la inseguridad y construir apuestas políticas por la paz cuando se cuenta con la fuerza de lo colectivo y de las identidades culturales para construir tejido social.”

Estos antecedentes, nos obligan en el Poder Legislativo, en especial a este Senado de la República en este momento a escuchar a las partes, a especialistas, académicos, e integrantes de las policías comunitarias, así como de los pueblos y comunidades indígenas, para tener un diagnóstico claro, entender qué hay detrás del surgimiento de estas policías comunitarias y proponer figuras institucionales que resuelvan la participación ciudadana.

También que valoremos la pertinencia, siempre salvaguardando el estado de Derecho para mantener el orden y la paz, de construir una propuesta legislativa que abra la puerta a nuevos mecanismos de colaboración como la conformación de órganos de vigilancia ciudadana, que nos permita resolver esa demanda de protección, de orden, de certidumbre para las comunidades y los pueblos, indígenas y no indígenas.

Con lo anterior, no pretendemos que el Estado ceda su obligación de proporcionar seguridad, de cuidar el patrimonio y otros bienes jurídicos tutelados de la ciudadanía, más bien, queremos fortalecer esa obligación en corresponsabilidad ciudadana.

Ante lo expuesto y fundado, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

Unico.- Se solicita a la Junta de Coordinación Política conformar un grupo de trabajo plural de legisladoras y legisladores que conozca, diagnostique y presente a esta Soberanía una propuesta legislativa que recupere la certidumbre en las instituciones de Seguridad del Estado Mexicano,a propósito del reciente surgimiento de los denominados grupos de autodefensa al amparo del artículo 2º  de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Senado de la República, a 19 de febrero de 2013.

Suscribe

Sen. Luisa María Calderón Hinojosa”.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, Senadora Luisa María Calderón Hinojosa. Túrnese a la Junta de Coordinación Política.

Sonido en el escaño del Senador Octavio Pedroza, ¿para qué asunto?

- El C. Senador César Octavio Pedroza Gaitán:(Desde su escaño) Gracias, señor Presidente. Para solicitarle respetuosamente que consulte a la preopinante si permite que me pudiera adherir a su proposición.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Senadora Luisa María Calderón, ¿acepta la incorporación? Igualmente las compañeras y compañeros Senadores que están manifestando el interés por sumarse a este punto de Acuerdo. Pido a la Secretaría que tome nota de ello.





 

Se le concede el uso de la palabra al Senador Jorge Luis Lavalle Maury, a nombre propio y de diversos Senadores del grupo parlamentario del PAN, para presentar un punto de Acuerdo que exhorta al Instituto Nacional para la Educación de los Adultos a realizar convenios con las universidades públicas del país en relación al servicio social.

 - El C. Senador Jorge Luis Lavalle Maury: Gracias, señor Presidente.

Este punto de Acuerdo que vengo a presentar lo suscribimos, además del de la voz, la Senadora Luisa María Calderón Hinojosa, así como los Senadores Luis Fernando Salazar y Francisco Domínguez Servién, a quienes les agradezco mucho su apoyo.

Compañeros, sin duda en nuestro país requerimos desarrollar programas de acción social que motiven a nuestros jóvenes a involucrarse en el trabajo social y comunitario.

En materia de cultura y educación, una de las labores que producen mayor satisfacción es la alfabetización.

El beneficio que recibe el educando es evidente, pero la experiencia que vive quien enseña a una persona adulta a leer y a escribir o la motiva a seguir aprendiendo por sí sola, o a concluir, en dado caso, su educación básica, es relativamente invaluable.

En ese sentido, el servicio social que deben de cumplir los jóvenes al concluir sus estudios profesionales brinda una muy buena oportunidad para promover el trabajo comunitario y combatir frontalmente el rezago educativo.

El servicio social tiene al menos dos propósitos fundamentales:

El primero, es vincular al estudiante con su entorno social; y el segundo, consiste en que el nuevo profesionista devuelva en forma de acción social los beneficios económicos y la infraestructura que éste recibió durante su preparación académica.

Esta disposición se encuentra en nuestra Constitución y tiene un fuerte espíritu democrático social. Sin embargo, en los últimos años ha sido la esencia de este precepto, pues las universidades en su legítimo y valioso propósito de facilitar la llegada de los estudiantes a instituciones o empresas, donde éstos pueden adquirir experiencia que les valga para obtener su primer empleo, ha generado una disminución en la acción social que debería implicar el cumplimiento de este servicio.

Antonio Caso dijo alguna vez: “Impartir la cultura con fondos del Estado, sólo puede justificarse si el profesional va a devolver más tarde en forma de acción social los beneficios que recibió por medio de su cultura”.

No obstante lo anterior, el Observatorio Laboral de la Secretaría del Trabajo, señala que estos principios no son parte de las convicciones de los prestadores de servicio social, ya que el 72 por ciento de los jóvenes prefieren hacerlo en instituciones de gobierno o empresas privadas; el 16  por ciento en universidades o centros de educación; y hoy en día sólo el 10 por ciento en organizaciones sociales o comunitarias.

El servicio social no es sólo la adquisición de aptitudes laborales o un requisito para obtener un título profesional, es una retribución que los estudiantes hacen al Estado mexicano a través de una acción social.

Por ello, con el ánimo de rescatar los principios originales del servicio social y fomentar el trabajo comunitario y la retribución por parte de los jóvenes profesionistas hacia el Estado mexicano, proponemos que esta disposición pueda acreditarse a través de la alfabetización de cierto número de personas y no solamente por horas de trabajo como hasta ahora está establecido.

Es muy importante difundir y motivar entre los estudiantes el valor y el significado real que tiene el servicio social. Tenemos que explicarles que no es un simple requisito, sino que es una etapa de su educación que los vincula con la realidad donde ejercerán su profesión y además que deben de aprovechar esta oportunidad para transmitir de la mejor manera posible la cultura y los conocimientos que adquirieron a través de su formación, todo esto con la finalidad de contribuir al desarrollo humano de nuestra sociedad.

En materia de alfabetización requerimos sumar esfuerzos y qué mejor que hacerlo con la energía de los jóvenes estudiantes, donde además tendrán la satisfacción de participar como agentes de cambio en su comunidad, en su sociedad y también por su país.

Al día de hoy, según el INEGI, contamos con 32 millones de mexicanos que no han concluido su educación básica, de los cuales, 6 millones no saben ni leer ni escribir, 10 millones no han concluido su primaria y 16 millones más no han estudiado la secundaria.

Por lo anterior, esta medida que estamos proponiendo podría ejecutarse a través de la celebración de convenios entre las instituciones de educación superior y el INEA, para que los prestadores de servicio social se incorporen a la impartición de los programas de educación para adultos.

El INEA, en coordinación con las instituciones de educación superior, podría certificar el número de adultos alfabetizados por los servidores sociales para que éstos cumplan con su retribución hacia la sociedad por la infraestructura que les aportó el Estado.

Por todo lo anteriormente expuesto y fundado, propongo a consideración de esta Soberanía el siguiente punto de Acuerdo:

Unico.- La Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Instituto Nacional de Educación para los Adultos y a las universidades, escuelas e instituciones de educación superior estatales, federales y autónomos a celebrar los convenios necesarios para que en sus respectivos lineamientos concernientes al servicio social se incluya una modalidad mediante la cual los estudiantes puedan dar cumplimiento a este requisito a través de la alfabetización de un determinado número de personas que se ha establecido y certificado conforme a la planeación, objetivos y reglas de operación del mismo INEA.

Es cuanto, señor Presidente, muchas gracias.

Propuesta

PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL INSTITUTO NACIONAL PARA LA EDUCACION DE LOS ADULTOS A REALIZAR CONVENIOS CON LAS UNIVERSIDADES PUBLICAS DEL PAIS EN RELACION AL SERVICIO SOCIAL

“SEN. ERNESTO CORDERO ARROYO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
DEL SENADO DE LA REPUBLICA
PRESENTE.

Los que suscriben, Senadores JORGE LUIS LAVALLE MAURY, LUISA MARIA CALDERON HINOJOSA, FRANCISCO DOMINGUEZ SERIVEN y LUIS FERNANDO SALAZAR FERNANDEZ, integrantes del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 8, Numeral 1, Fracción II; y, el artículo 276 del Numeral 1 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración del Pleno de esta Soberanía, LA PROPOSICION CON PUNTO DE ACUERDO POR LA QUE SE EXHORTA AL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION PARA LA EDUCACION DE LOS ADULTOS A REALIZAR CONVENIOS CON LAS UNIVERSIDADES PUBLICAS DEL PAIS EN RELACION AL SERVICIO SOCIAL, con base en las siguientes:

CONSIDERACIONES

El Servicio Social que tienen que llevar a cabo los estudiantes mexicanos de educación superior para poder obtener un título profesional, tiene al menos dos propósitos fundamentales que son: 1) vincular al estudiante con su entorno social, y 2) devolver en forma de acción social, los beneficios económicos y de infraestructura que el estudiante  recibió durante su preparación académica.

El origen de esta disposición, data de mediados del siglo pasado cuando se implementó en México el actual sistema de educación superior, mismo que tuvo una clara orientación social y que desde entonces, fue impartido en su mayoría por universidades públicas.

En el Artículo quinto de nuestra Carta Magna, se mencionan los servicios profesionales de índole social [que] serán obligatorios y retribuidos en los términos de la ley y con las excepciones que ésta señale.

La Ley Reglamentaria del Artículo 5 Constitucional, Relativa al Distrito Federal y la Ley General de Educación, establecen que para que el Estado mexicano otorgue un título profesional a cualquier estudiante beneficiado por el Servicio Público de educación, será necesario que este cumpla con el Servicio Social.

Bajo este criterio, las instituciones de educación superior tienen la posibilidad de establecer un reglamento que norme los mecanismos y lineamientos del servicio social que habrán de cumplir sus estudiantes para obtener un título profesional. 

El espíritu de este conjunto de disposiciones, es que en México el ejercicio de cualquier profesión no puede estar desvinculado de la realidad social del país.

Según palabras de Antonio Caso:

Una universidad sustentada en gran parte con dinero del pueblo, no debe ni puede crear profesionales para el sólo provecho de los individuos que reciben esta educación; impartir la cultura con fondos del Estado, sólo puede justificarse si el profesional va a devolver más tarde, en forma de acción social, los beneficios que recibió por medio de su cultura.

Sin embargo, al día de hoy la mayoría de los estudiantes no cumplen con el servicio social bajo tales premisas, sino que lo vislumbran como un requisito que tienen que cumplir para obtener su título profesional o, como una oportunidad para incorporarse al mercado laboral.

De acuerdo a cifras del Observatorio Laboral de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, el 36.7% de los estudiantes prefieren hacer su servicio social en dependencias del gobierno; el 35% en empresas privadas; el 17.5% en universidades o centros de organización y sólo el 10.7% en organizaciones sociales y comunitarias.

Parte de la causa de esta tendencia, que evidentemente se desvía del objetivo propio del servicio social, se debe a la orientación que las universidades han hecho de esta obligación ciudadana. Al día de hoy existe una cierta confusión del precepto constitucional que establece el Servicio Social, con las prácticas profesionales o estadías prácticas, las cuales tienen una finalidad distinta.

Estos programas implantados por las universidades no sólo públicas sino también privadas, pretenden que los recién egresados o próximos a egresar, adquieran, conocimientos prácticos en la ejecución de actividades relacionadas con su quehacer profesional.
No obstante, esto que es del todo favorable y productivo para la formación de profesionistas, no debe sustituir el cumplimiento de un servicio social por parte del aspirante a un título profesional, de acuerdo a lo establecido en nuestra Constitución.

El servicio social, no es ni la adquisición de aptitudes laborales ni sólo un requisito para obtener un título profesional. El servicio social es una retribución que los estudiantes de instituciones públicas hacen al estado mexicano a través de una acción social.

De tal manera que es importante promover en las universidades el establecimiento de programas de servicio social a través de los cuales, los estudiantes lo acrediten bajo el espíritu del Artículo 5 constitucional, sin afectar las acciones que estén dirigidas a la obtención de experiencia profesional de los estudiantes en sus posibles centros de trabajo.

Diversos estudios de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES) revelan sustantivas conclusiones al respecto. Estos aseguran que una de las principales problemáticas que enfrenta el servicio social, es que de acuerdo a la comunicación implementada por las universidades, así como los programas que se ofrecen a los alumnos para su acreditación, están enfocados al cumplimiento del trámite administrativo y no a la acción social que debe implicar el cumplimiento de este.

Del mismo modo, la ANUIES identifica la poca coincidencia geográfica entre los centros de estudios superiores y las zonas donde podría desarrollarse un trabajo comunitario. En la mayoría de los casos, las instituciones de educación superior se localizan en entornos urbanos, y los trabajos sociales en los cuales se podría aprovechar el servicio social de los egresados, se encuentran en zonas rurales que por lo general, están alejadas de los prestadores del servicio social.

Esta circunstancia provoca que en los estudiantes exista poca disposición para cambiar de residencia mientras realizan su servicio social, lo que ha derivado en que los jóvenes prefieran hacerlo en instituciones o empresas que en ocasiones, a pesar de no corresponder con su perfil profesional, les muestran comodidades como flexibilidad de horarios, cercanía a su domicilio o realización de tareas sencillas.

Consecuentemente, resulta importante reorientar el destino de las energías y conocimientos de los prestadores del servicio social hacia tareas que cumplan con el espíritu de la disposición del Artículo 5 Constitucional, diseñando programas atractivos para los estudiantes y a la vez sean difundidos por las instituciones correspondientes, por el valor de su contenido social.

De hacerlo así, además de relacionar al futro profesionista con su entorno social, la sociedad podrá recibir importantes beneficios que pueden repercutir incluso en el desarrollo del país.

En ese sentido, en México requerimos mayores esfuerzos en materia de alfabetización. De la población de 15 años o más, que en concordancia con el INEGI es de cerca de 78 millones y medio de personas, el 41% presentan un rezago educativo, es decir alrededor de 32 millones de mexicanos no cuentan con la educación básica.

Para dimensionar este fenómeno, bastará decir que la población mexicana que no cuenta con la educación básica equivale aproximadamente al número total de habitantes que suman en conjunto las demarcaciones del Estado de México, el Distrito Federal, Puebla, Morelos y Tlaxcala.

De ese universo de 32 millones de personas, 5 millones 394 mil son analfabetas, 10 millones no han concluido la primaria y 16 millones más, no han terminado la secundaria.

Sin embargo, los esfuerzos que se han llevado a cabo a través del Instituto Nacional de Educación para los Adultos (INEA), han dado importantes frutos toda vez que en los últimos 40 años se ha disminuido significativamente el porcentaje de población analfabeta.
En 1970 la cuarta parte de nuestros ciudadanos  de 15 años o más eran analfabetas, para 1990 se redujo la tasa al 12.4%; en el año 2000 a 9.5% y para 2010 a 6.9%. De tal manera que las acciones emprendidas por el INEA han sido productivas, no obstante se debe avanzar hacia la erradicación total del analfabetismo en nuestro país.

En este contexto, resulta significativa la afirmación hecha por el Proyecto Regional de Indicadores Educativos de la Cumbre de las Américas, en el sentido de que:

La educación primaria o básica es esencial para cualquier desarrollo de aprendizaje a lo largo de la vida. La exitosa conclusión de este nivel de educación es indudablemente la puerta de entrada a la educación en general, y por lo tanto un factor esencial para el desarrollo humano. Asegurar que todos los ciudadanos accedan a niveles mínimos de educación, aumenta significativamente la probabilidad del desarrollo para los países de la región en todos los sentidos. El acceso y la permanencia en la educación básica de calidad, no significan solamente una necesidad, sino que son un derecho humano.

Por ello, con el ánimo de redirigir el sentido propio de la acción social que implica el Servicio Social y de fomentar el trabajo comunitario y social en México en materia de educación, en este Punto de Acuerdo se propone que el servicio social pueda acreditarse a través de la alfabetización de cierto número de personas, y no sólo como se tiene hasta ahora establecido que es a través del cumplimiento de ciertas actividades durante determinadas horas.

Esta medida podría ejecutarse a través de la celebración de convenios entre las Instituciones de Educación Superior y el INEA, para que los prestadores de servicio social se incorporen a la impartición de los Programas de educación para los adultos.

Actualmente egresan de las universidades e institutitos de educación pública superior al año, alrededor de 300 mil estudiantes que son prestadores de servicio social, y que podrían encargarse de que adultos rezagados aprendan a leer y escribir o a terminar su educación básica.

Con esta acción se estaría propiciando al menos un doble  beneficio. El primero de ellos consiste en el combate frontal que se le haría al rezago educativo que padece nuestro país y el segundo, que sería el de ofrecer un programa de servicio social que implicaría un trabajo comunitario y de beneficio social para el país, tal y como fue diseñado originalmente.

De 2000 a 2010, la tasa de estudiantes que egresan de las universidades e instituciones de educación superior promedió un aumento del 5.3%, y el de analfabetas disminuyó alrededor del 3%, lo cual indica una tendencia que implica que con el paso del tiempo, el número de egresados se incrementa y el de rezagados decrece.

De suerte que si estimamos que de los 300 mil egresados y potenciales alfabetizadores, al menos el 50% de estos, es decir 150 mil, eligieran esta modalidad para cumplir con su servicio social, y en el supuesto de que se les asignaran 10 adultos rezagados para cumplir con su servicio social, en un año se alfabetizarían cerca de un millón y medio de mexicanos, sólo bajo el esquema del servicio social.

No obstante, estas cantidades se sumarían a los más de 2 millones de educandos que al día de hoy tiene registrados el INEA. Es decir, se incrementaría en más del 50% la atención a esta problemática nacional, lo cual implicaría reducir a la mitad el plazo de tiempo que actualmente el sistema de educación para los adultos tiene contemplado para alcanzar sus metas de alfabetización. Acorde con lo anterior  puede afirmarse que de adoptarse esta propuesta, en el mediano y largo plazos, podría disminuirse significativamente el analfabetismo en México.

El INEA en coordinación con las instituciones de educación superior, podría certificar el número de adultos alfabetizados por los servidores sociales para que estos pudieran liberar su servicio social, de acuerdo a lo que establecieran sus respectivas universidades al respecto.
También, a través de esta medida los jóvenes se inclinarían por llevar a cabo su servicio social mediante la alfabetización, en virtud de que este programa les ofrecería una cierta flexibilidad de horarios, toda vez que el parámetro para acreditar el servicio social sería por el número de personas y no por el cumplimiento de horas. De esta forma, los estudiantes podrían cumplir con un servicio social con contenido comunitario bajo condiciones, que según los estudios ya mencionados de la ANUIES, les resultan atractivas, como sería las de cumplir con este requisito en pocas horas del día.

En concordancia con lo anterior, La Evaluación de Impacto del Modelo Educación Para la Vida y el Trabajo, refiere que el 77% de las sesiones de alfabetización tienen una duración de no más de ciento veinte minutos, lo cual al 88% de los educandos les pareció suficiente para desarrollar sus respectivas actividades de aprendizaje. Mismas que tienen una duración aproximada de 6 meses, dependiendo de la habilidad del asesor y de la disponibilidad del educando, lo cual implicaría en términos efectivos de horas para el servicio social de aproximadamente la mitad de lo que se requiere bajo el esquema hasta ahora establecido.

Una acción de esta índole es positiva para nuestra sociedad, a la vez que los beneficiaros de los servicios de educación pública estarían retribuyendo al Estado mediante una acción social, una mínima parte de su formación profesional y con el cumplimiento de su servicio social contribuirían significativamente al desarrollo humano de nuestro país.

Además de todo lo anterior, esta medida atendería a lo establecido en el párrafo Cuarto del Artículo 44 de la Ley General de Educación, el cual establece que

Quienes participen voluntariamente brindando asesoría en tareas relativas a esta educación [la educación para adultos] tendrán derecho, en su caso, a que se les acredite como servicio social.

De tal suerte que de adoptar esta acción, se daría cumplimiento a lo señalado en este ordenamiento de manera coordinada y estratégica lo cual, por un lado permitiría redirigir el sentido del servicio social, y por otro atender una problemática social que aqueja a nuestro país y que sin duda, es menester atender con todos los medios posibles que estén a nuestro alcance. 

Por todo lo anteriormente expuesto y fundado, pongo a consideración de esta Soberanía el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

UNICO.- La Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente al Instituto Nacional de Educación para los Adultos y a las Universidades, Escuelas e Institutos de Educación Superior Estatales, Federales y Autónomos, a celebrar los convenios necesarios para que en sus respectivos lineamientos concernientes al Servicio Social, se incluya una modalidad mediante la cual los estudiantes puedan dar cumplimiento a este requisito, a través de la alfabetización de un determinado número de personas, que sea establecido y certificado conforme a la planeación, objetivos y Reglas de Operación del INEA.

Dado en el salón de Plenos de la H. Cámara de Senadores, a 7 de febrero de 2013.

Sen. Jorge Luis Lavalle Maury.- Sen. Luisa María Calderón Hinojosa.- Sen. Francisco Domínguez Servién.- Sen. Luis Fernando Salazar Fernández”.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, Senador Jorge Luis Lavalle Maury. Túrnese a la Comisión de Educación.





 

Se le concede el uso de la palabra a la Senadora Hilda Estela Flores Escalera para presentar, a nombre propio y de diversas Senadoras del grupo parlamentario del PRI, una iniciativa con proyecto de Decreto para modificar diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO

(Presentada por la C. Senadora Hilda Esthela Flores Escalera, a nombre propio y de las CC. Senadoras María Cristina Díaz Salazar, Angélica del Rosario Araujo Lara, Juana Leticia Herrera Ale, Lisbeth Hernández Lecona, Margarita Flores Sánchez, Lilia Guadalupe Merodio Reza, Diva Hadamira Gastélum Bajo, Claudia Artemiza Pavlovich Arellano, Itzel Sarahí Ríos de la Mora, Mely Romero Celis e Ivonne Liliana Alvarez García, del grupo parlamentario del PRI)

- La C. Senadora Hilda Esthela Flores Escalera: Muchas gracias, señor Presidente; Senadoras y Senadores:

El trabajo doméstico constituye una de las actividades más antiguas y se encuentra asociada a la esclavitud, colonialismo y demás formas de servidumbre.

Conforme al dato del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI, al cuarto trimestre de 2010 había un poco más de 2 millones de trabajadores domésticos en México. De éstos, 9 de cada 10 son mujeres; casi el 60 por ciento pertenecen a un estrato socioeconómico medio-bajo; y el 64 por ciento tiene apenas una instrucción primaria o inferior.

De acuerdo con datos de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, al segundo trimestre del 2011 las trabajadoras domésticas son las que menos ganan respecto a las demás ocupaciones, de tal forma que 3 de cada 4 mujeres en esta actividad obtienen un ingreso no mayor a 2 salarios mínimos, lo cual las sitúa en el primer sitio con los menores ingresos.

Estas personas son empleadas para llevar a cabo funciones de limpieza y cuidado de carácter doméstico que en muchos de los casos es subestimado, pues no reciben los beneficios, prestaciones y derechos.

Por su parte, la Encuesta Nacional sobre Discriminación en México, ENADIS 2010, resultados sobre trabajadoras domésticas hacen visibles algunos aspectos fundamentales que enfrentan las trabajadoras domésticas en nuestro país.

La referida encuesta señala que la gran mayoría de las trabajadoras domésticas no cuentan con prestaciones. Un escaso segmento de esta población ubicado entre el 6.8 y 1 por ciento cuenta con algún tipo de prestación. Sólo el 5.2 por ciento goza de vacaciones, y un mínimo 1.1 por ciento refiere que obtiene prima vacacional.

La Ley Federal del Trabajo establece que: “Los trabajadores domésticos son aquellos que prestan los servicios de aseo, asistencia y demás propios o inherentes al hogar de una persona o familia...”.

Su reconocimiento dentro del Derecho Laboral Mexicano ha significado sin duda una evolución normativa, conceptual e institucional que parte del reconocimiento de que el trabajo no es una realidad homogénea, sino que se presenta bajo muy diversas formas.

Esta ley en el Capítulo XIII reconoce algunos de los derechos laborales de las personas que realizan trabajo del hogar remunerado. Sin embargo, aún no está armonizado con los derechos que establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los instrumentos internacionales en la materia.

Sin embargo, el trabajo doméstico combina factores de riesgo que permiten la reproducción de prácticas discriminatorias como la violación al derecho al descanso, a la privacidad y a las prestaciones que ofrecen en otros empleos, negándoseles derechos fundamentales, lo cual contradice lo establecido en el artículo 123 constitucional y en los instrumentos internacionales relacionados.

El objeto de esta iniciativa es reconocer que el trabajo que desempeñan las trabajadoras domésticas es necesario para el desarrollo de la vida productiva y económica del país y de las familias, por lo que deben tener derechos formalmente reconocidos y respetados.
Por ello, dependemos de la voluntad y decisión de establecer las modificaciones legislativas que permitan garantizar dicha igualdad y cumplimiento.

En este sentido, proponemos una serie de modificaciones y adecuaciones a la Ley Federal del Trabajo en el apartado específico del trabajo doméstico que establece o prioriza las siguientes vertientes:

1. El cuidado de promover el trabajo doméstico o trabajo del hogar, como una actividad merecedora de un trato digno y de observación estricta a los derechos que se deriven del mismo.

Para lo cual se sustituye la denominación de trabajo doméstico por la de trabajo del hogar, pues aquella es considerada como una expresión anacrónica con una connotación de pertenencia de la trabajadora o trabajador al hogar como si se tratara de un objeto de su propiedad.

2. El cumplimiento a las prestaciones de carácter social que como todos los empleos, debe garantizarse.

En este sentido, se establece que el trabajador tendrá derecho a su inscripción en un régimen de seguridad social.

Senadoras y Senadores, es impostergable el reconocimiento de la contribución social y económica de las y los trabajadores del hogar y el respeto de su dignidad y capacidades.

Por lo que les invitamos, las que proponemos esta iniciativa, a que se sumen y nos apoyen a reforzar el marco jurídico laboral brindando reconocimiento y dotando de mayor protección a sus derechos.

Muchísimas gracias a todas y a todos por su atención, y quiero pedirle al señor Presidente que sea tan amable de incluir en esta iniciativa como proponente también a la Senadora Lucero Saldaña, que así me lo ha expresado.

Muchísimas gracias.

Iniciativa

“HILDA ESTHELA FLORES ESCALERA, CRISTINA DIAZ SALAZAR, ANGELICA DEL ROSARIO ARAUJO LARA, JUANA LETICIA HERRERA ALE, LISBETH HERNANDEZ LECONA, MARGARITA FLORES SANCHEZ, LILIA GUADALUPE MERODIO REZA, DIVA HADAMIRA GASTELUM BAJO, CLAUDIA ARTEMIZA PAVLOVICH ARELLANO, ITZEL SARAHI RIOS DE LA MORA, MELY ROMERO CELIS e IVONNE LILIANA ALVAREZ GARCIA, integrantes del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos  Mexicanos, 8 en su numeral 1 fracción I y 164, numeral 2 del Reglamento del Senado de la República, presentamos ante esta Soberanía la iniciativa con proyecto de Decreto para modificar diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo, al tenor de la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

El derecho del trabajo, traducido en la libertad de acceder a una actividad productiva y de carácter remunerado, debe garantizarse bajo los más estrictos parámetros y lineamientos de protección, que permitan la igualdad de oportunidades y el respeto a la dignidad humana.

El trabajo del hogar  puede llevarse a cabo bajo dos vertientes: la labor que realiza quien funge como propietario o copropietario del hogar (generalmente lo realizan mujeres y se les denomina amas de casa) y la llevada a cabo por alguna persona que se ha contratado exclusivamente para dicho fin, a cambio de una retribución económica denominada sueldo o salario.

El trabajo doméstico constituye una de las actividades más antiguas para las mujeres principalmente y se encuentra asociada a la esclavitud, colonialismo y demás formas de servidumbre. Son distintos factores los que han influido para que un número considerable de personas se encuentren actualmente empleadas bajo este esquema, entre las que se encuentran la demanda de la mujer por acceder a un trabajo y a una remuneración, el envejecimiento de las sociedades, la posibilidad de armonizar la vida laboral con la vida dentro del hogar, entre otras.

Conforme a datos del  Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), al cuarto trimestre de 2010, había un poco más de 2 millones de trabajadoras domésticas en México. De éstas, 9 de cada 10 son mujeres -por lo que será recurrente que se refiera en esta exposición a las “trabajadoras del hogar”-. Casi el 60% pertenecen a un estrato socioeconómico medio-bajo y el 64% tiene apenas una instrucción primaria o inferior.

De acuerdo con datos de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, al segundo trimestre de 2011, las trabajadoras domésticas son las que menos ganan respecto a las demás ocupaciones, de tal forma que 3 de cada 4 mujeres en esta actividad obtienen un ingreso no mayor a 2 salarios mínimos (lo cual las sitúa en el primer sitio con los menores ingresos).

Estas personas son empleadas para llevar a cabo funciones de limpieza y cuidado de carácter doméstico que en muchos de los casos es subestimado, pues quienes se dedican al mismo, no reciben los beneficios, prestaciones y derechos que ampara o debiera amparar la ley. En muchos lugares aún es invisible el empleo doméstico, y quienes contratan personal para realizar estas funciones, se ven beneficiados con las omisiones que la legislación laboral aún presenta.

La Ley Federal del Trabajo establece que los trabajadores domésticos son aquellos que prestan los servicios de aseo, asistencia y demás propios o inherentes al hogar de una persona o familia. Su reconocimiento dentro del derecho laboral mexicano ha significado, sin duda, una evolución normativa, conceptual e institucional que parte del reconocimiento de que el trabajo no es una realidad homogénea, sino que se presenta bajo muy diversas formas. 

Esta Ley, en el Capítulo XIII reconoce algunos de los derechos laborales de las personas que realizan trabajo del hogar remunerado; sin embargo, aún no está armonizada con los derechos que establece la Constitución Política de los Estados Mexicanos y los instrumentos internacionales en la materia.

La Declaración de la Organización Federal del Trabajo sobre los Principios y Derechos Fundamentales en el Trabajo, establece la prohibición de la discriminación en materia de empleo y ocupación. Además, el derecho a la no discriminación es uno de los derechos humanos laborales, porque su violación tiene como consecuencia, además de la violación a la dignidad de las personas, la restricción del derecho a la igualdad de oportunidades.

El trabajo doméstico combina factores de riesgo que permiten la reproducción de prácticas discriminatorias, en las cuales las trabajadoras ocupan una posición más desventajosa. La naturaleza del trabajo doméstico es poco visible porque se desarrolla en el ámbito privado de los hogares y propicia la violación del derecho al descanso, a la privacidad, a tener horario definido, contrato y las prestaciones que ofrecen en otros empleos. Lo que expone a las trabajadoras domésticas a un trato desigual, injusto o inmerecido.1

La discriminación contra este sector se agrava en razón del origen étnico, la nacionalidad, el sexo, la edad, la condición social o económica, las condiciones de salud, el embarazo, la lengua o el idioma. Pero también se les discrimina en el reconocimiento y garantía de sus derechos, pues en la legislación laboral se les niegan y restringen derechos fundamentales, lo cual contradice lo establecido en el artículo 123 constitucional y en los instrumentos internacionales relacionados.

La Encuesta Nacional sobre Discriminación en México (ENADIS) 2010. Resultados sobre trabajadoras domésticas hace visibles algunos aspectos fundamentales que enfrentan las trabajadoras domésticas en nuestro país; en ello, evidencia la necesidad de tomar medidas y crear herramientas para el reconocimiento de los derechos fundamentales y de acceso a un trabajo decente para este grupo de la población, con el objetivo de garantizar el reconocimiento igualitario, que es la base del trato justo e incluyente que nuestra legislación demanda.

De acuerdo con la referida encuesta, la gran mayoría de las trabajadoras domésticas no cuenta con prestaciones. Un escaso segmento de esta población, ubicado entre 6.8 y 1%, cuenta con algún tipo de prestación. Sólo 5.2% goza de vacaciones, y un mínimo 1.1% refiere que obtiene prima vacacional.

En cuanto a los derechos laborales de las trabajadoras domésticas, la encuesta arroja que los rezagos más fuertes se encuentran, de acuerdo con los porcentajes, en primer lugar la falta de seguro médico (87%), seguido de no tener vacaciones (61%), no poder ir a la escuela (57.9%), no recibir aguinaldo (46.5%), no tener horarios fijos (44.7%).

La gran mayoría de las trabajadoras domésticas carece de contrato escrito y los acuerdos con los empleadores y empleadoras son de palabra, y al no quedar determinadas por escrito las condiciones de trabajo, las trabajadoras del hogar están sujetas a una concepción subjetiva sobre sus funciones.

El objeto de esta iniciativa es reconocer que el trabajo que desempeñan las trabajadoras domésticas  es necesario para el desarrollo de la vida productiva y económica del país y de las familias, y que como trabajadoras, deben tener derechos formalmente reconocidos y respetados en la práctica.

Es nuestro compromiso como legisladores, buscar que nuestro país cuente con una normativa adecuada e incluyente que observe las disposiciones y criterios internacionales que protejan y promuevan la igualdad de derechos y condiciones para cualquier empleo o trabajo. Para ello, dependemos de la voluntad y decisión de establecer las modificaciones legislativas que permitan garantizar dicha igualdad y cumplimiento.

En ese sentido, proponemos una serie de modificaciones y adecuaciones a la Ley Federal del Trabajo en el apartado específico del trabajo doméstico, que establece o prioriza las siguientes vertientes:

a) El cuidado de promover el trabajo doméstico, o trabajo del hogar como una actividad merecedora de un trato digno y de observación estricta a los derechos que se deriven del mismo.

Para lo cual se sustituye la denominación de “trabajo doméstico” por la de “trabajo del hogar”, pues aquella es considerada como una expresión anacrónica con una connotación de pertenencia de la trabajadora al hogar, como si se tratara de un objeto de su propiedad.

b) El cumplimiento a las prestaciones de carácter social que como todos los empleos debe garantizarse.

En este sentido se establece que el trabajador tendrá derecho a su inscripción en un régimen de seguridad social.

En virtud de ello, se proponen las siguientes reformas:

De acuerdo a la ENADIS 2010, la denominación correcta para referirnos a quienes realizan trabajo doméstico es “trabajadores del hogar”, pues el vocablo doméstico, en culturas como la nuestra, se refiere a animales adiestrados para vivir en hogares, y en general se ha utilizado de manera despectiva e insultante para referirse a personas que realizan este loable trabajo2.

Por esa razón, se reforman el artículo 49, la fracción VI del artículo 127, el artículo 146, la Denominación del Capítulo XIII del Título VI y los artículos 331, 332, 333, 334, 336, fracción I y III del artículo 337, 340, 342 y 998 de la Ley Federal de Trabajo.

Asimismo, como otro de los grandes aportes de la Iniciativa, en el artículo 338 actualmente se contemplan una serie de hipótesis en casos de que el trabajador doméstico se enfermara fuera de su área de trabajo, sin embargo está ley elimina esa obligación del patrón y se promueve que el trabajador del hogar esté inscrito a un régimen de seguridad social con la finalidad de que tenga acceso a los servicios de salud y, dependiendo el caso, demás prestaciones como el fondo de vivienda y para el retiro.
En lo que corresponde al artículo 340, la Ley Federal del Trabajo establece como una de las obligaciones del trabajador doméstico, el guardar al patrón, a su familia y a las personas que concurran al hogar donde prestan sus servicios, consideración y respeto; sin embargo, esta disposición en su fracción I contiene aspectos valorativos que pueden poner en desventaja clara al trabajador del hogar, pues aduciendo una falta de respeto o de consideración, bastando únicamente la palabra del patrón, se podía ejercer acción en la vía laboral en contra del trabajador; por ejemplo, para justificar un despido, proponiendo su eliminación. Así, en este artículo se propone establecer que el trabajador tendrá la obligación de cuidar y cumplir con los fines para los que fue contratado.

Finalmente, en lo que corresponde al artículo 998, se propone ampliar su alcance para que la sanción correspondiente que es equivalente de 50 a 250 veces el salario mínimo general, se imponga no solo cuando el patrón no facilite al trabajador del hogar que carezca de instrucción, la asistencia a una escuela primaria, sino cuando se incumplan cualquiera de las disposiciones relativas a su trabajo.

Senadoras y Senadores, es impostergable el reconocimiento de la contribución social y económica de las trabajadoras del hogar y el respeto de su dignidad y capacidades. 

Por lo anteriormente descrito, y con fundamento en lo dispuesto en las disposiciones señaladas, someto a consideración de esta Soberanía, para su análisis, estudio, revisión y, aprobación, en su caso, de la siguiente iniciativa con proyecto de:

DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO RELATIVAS A LOS TRABAJADORES DEL HOGAR.

Artículo Unico.- Se reforman el artículo 49, la fracción VI del artículo 127, el artículo 146, la denominación del Capítulo XIII del Título Sexto, los artículos 331, 332, 333, 334, 336, la fracción I  y III del artículo 337, los artículos 338, 340, 342 y 998, todos de la Ley Federal del Trabajo para quedar como sigue:

Artículo 49.- El patrón quedará eximido de la obligación de reinstalar al trabajador, mediante el pago de las indemnizaciones que se determinan en el artículo 50 en los casos siguientes:

I a III...

IV. En el servicio del hogar; y

V...

Artículo 127.- El derecho de los trabajadores a participar en el reparto de utilidades se ajustará a las normas siguientes

I a V...

VI. Los trabajadores del hogar no participarán en el reparto de utilidades; y

VII…

Artículo 146.- Los patrones no estarán obligados a pagar las aportaciones a que se refiere el Artículo 136 de esta Ley por lo que toca a los trabajadores del hogar.

CAPITULO XIII
TRABAJADORES DEL HOGAR

Artículo 331.-Trabajadores del hogar son quienes realizan actividades de aseo, asistencia y otras relacionadas con las necesidades del hogar.

Artículo 332.- No son trabajadores del hogar y en consecuencia quedan sujetos a las disposiciones generales o particulares de esta Ley:

I y II.- …

Artículo 333. Los trabajadores del hogar que habitan en donde prestan sus servicios deberán disfrutar de un descanso mínimo diario nocturno de nueve horas consecutivas, además de un descanso mínimo diario de tres horas entre las actividades matutinas y vespertinas.

Artículo 334.- Salvo lo expresamente pactado, la retribución del trabajador del hogar comprende, además del pago en efectivo, los alimentos y la habitación. Para los efectos de esta Ley, los alimentos y habitación se estimarán equivalentes al 50% del salario que se pague en efectivo.

Artículo 336. Los trabajadores del hogar tienen derecho a un descanso semanal de día y medio ininterrumpido, preferiblemente en sábado y domingo.

Artículo 337.-

I. Guardar consideración al trabajador del hogar, absteniéndose de todo mal trato de palabra o de obra;

II…

III. El patrón deberá cooperar para la instrucción general del trabajador del hogar, de conformidad con las normas que dicten las autoridades correspondientes.

Artículo 338.- El trabajador tendrá derecho a su inscripción en un régimen de seguridad social.

Artículo 340.- El trabajador del hogar tiene la obligación de cuidar y conservar el menaje de la casa, así como cumplir con los fines para los que fue contratado.

Artículo 342. El trabajador del hogar podrá dar por terminada en cualquier tiempo la relación de trabajo, dando aviso al empleador, con quince días de anticipación.

Artículo 998.-Al patrón que incumpla cualquiera de las disposiciones relativas a las personas trabajadoras del hogar se impondrá multa por el equivalente de50 a 250 veces el salario mínimo general.

TRANSITORIOS

UNICO. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Salón de sesiones de la H. Cámara de Senadores, a 19 de febrero de 2013.

Sen. Hilda Esthela Flores Escalera.- Sen. María Cristina Díaz Salazar.- Sen. Angélica del Rosario Araujo Lara.- Sen. Juana Leticia Herrera Ale.- Sen. Lisbeth Hernández Lecona.- Sen. Margarita Flores Sánchez.- Sen. Lilia Guadalupe Merodio Reza.- Sen. Diva Hadamira Gastélum Bajo.- Sen. Claudia Artemiza Pavlovich Arellano.- Sen. Itzel Sarahí Ríos de la Mora.- Sen. Mely Romero Celis.- Sen. Ivonne Liliana Alvarez García”.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, Senadora Hilda Esthela Flores Escalera. Con gusto se incluye a la Senadora Lucero Saldaña Pérez como proponente de esta iniciativa conjuntamente con la Senadora Hilda Esthela. Túrnese a las Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión Social; y de Estudios Legislativos, Primera.

Sonido en el escaño de la Senadora Blanca Alcalá.

- La C. Senadora Blanca Alcalá Ruiz: (Desde su escaño) Bien, para sumarme a la iniciativa que han propuesto mis compañeras, señor Presidente.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Con gusto, pido a la Secretaría que tome nota de ello y se suman la Senadora Ortega Martínez y la Senadora Luisa María Calderón.

1 Encuesta Nacional sobre Discriminación en México, 2010. Resultados sobre trabajadoras domésticas. Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación.

2Ibídem.





 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA EL ARTICULO 102 DEL CODIGO DE JUSTICIA MILITAR

(Presentada por la C. Senadora Diva Hadamira Gastélum Bajo, del grupo parlamentario del PRI)

- La C. Senadora Diva Hadamira Gastélum Bajo: Con su permiso, señor Presidente.

Están enlistados dos asuntos, y comentaré muy rápidamente los dos, uno que tiene que ver con una reforma al artículo 102 del Código de Justicia Militar, en materia de presunción de inocencia.

Como ustedes saben, la reforma en materia de derechos humanos hizo una serie de modificaciones por lo que tenemos que iniciar también la modificación a las leyes secundarias. Y uno de los temas que nos ocupa en este artículo es la presunción de inocencia en el principio relativo que contiene de manera implícita la Constitución.

Esta modificación que estamos proponiendo es la siguiente:

Artículo Unico.- Se reforma el artículo 102 del Código de Justicia Militar, para quedar como sigue:

Artículo 102.- La presunción de inocencia existe, salvo prueba en contrario:

El Ministerio Público acreditará el cuerpo del delito de que se trate y la probable responsabilidad del indiciado, conforme a los artículos 78, 49 y 80 del presente Código.

Se entenderá por cuerpo del delito al conjunto de los elementos objetivos o externos que constituyen la materialidad del hecho que la ley señala como delito, así como los normativos, en el caso de que la descripción típica lo requiera.

Iniciativa

“H. ASAMBLEA:

La suscrita, DIVA HADAMIRA GASTELUM BAJO Senadora de la República de la LXII Legislatura, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en los artículos 71 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 135 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 8, fracción I, 164 numerales 1 y 2, y 169 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de este Pleno, la iniciativa con proyecto de Decretoque reforma el artículo 102 del Código de Justicia Militar en materia de presunción de inocencia, de conformidad con la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

La reforma de junio de 2011, al Título Primero, Capítulo Primero y otros artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos, es una de las más importantes del constitucionalismo mexicano, en ella se plasman principios fundamentales que fortalecen la esfera de jurídica de las personas y el proceso evolutivo de los derechos humanos en México.

Los cambios realizados a la Carta Magna se centran en los artículos: 1, 3, 11, 15, 18, 29, 33, 89, 97, 102 y 105 y los nuevos contenidos consisten principalmente en:1

a) Otorgar supremacía a los derechos humanos en el máximo ordenamiento jurídico mexicano.

b) Integrar el concepto de derechos humanos y sus garantías en la Carta Magna, así como reconocer plenamente la universalidad, progresividad e indivisibilidad, de estos derechos.

c) Disponer que el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos.

d) Establecer que la Constitución y la ley deben de regirse por el principio pro persona, es decir que la interpretación de estos derechos debe en todo momento de beneficiar a la persona humana.

e) Disponer que los tratados internacionales sean fuente directa de derechos en la Constitución.

f) Consagrar también que la educación que imparta el Estado debe estar basada en el fomento y respeto a los derechos humanos.

g) Establecer los casos de asilo político y refugio tratándose de causas de tipo humanitario y señala que la política exterior se basa en el respeto irrestricto a los derechos humanos.

h) Obligar al sistema penitenciario a organizarse con fundamento en el respeto a los derechos humanos.

i) Disponer un catálogo de derechos que no podrán suspenderse o restringirse en casos de excepción.

j) Disponer las base del debido proceso para hacer salir del país a personas extranjeras y agrega el respeto a la protección y promoción de los derechos humanos.

k) Eliminar la facultad de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para investigar violaciones graves a garantías individuales.

l) Otorgar la competencia a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos para conocer de asuntos laborales.

m) Posibilitar que la Cámara de Senadores cite a funcionarios que rechazan recomendaciones para comparecer y explicar sus negativas.

n) Facultar a la CNDH para investigar violaciones graves a derechos humanos y amplía las facultades de la Comisión para interponer controversias constitucionales contra tratados internacionales que limiten derechos humanos y de materias que les sean propias.2

Sin embargo, ese gran esfuerzo que evoluciona el marco jurídico constitucional en la materia, es insuficiente por la necesidad de armonizarlo con las leyes secundarias o reglamentarias del sistema jurídico mexicano que corresponda, y establecer las estructuras de disposiciones e incentivos que garanticen los mandatos logrados en la importante reforma de mérito.

En su régimen transitorio del decreto, también se disponen la creación de diversas leyes que por su complejidad merecen de la atención y la convergencia de los actores políticos, sociales y de la comunidad científica. Su importancia reviste en que son garantía de derechos, así como generadoras políticas, programas e instrumentos para el desempeño institucional en materia de derechos humanos.

No basta con el reconocimiento que diversos actores de la sociedad mexicana han realizado a la reforma de mérito, ni los esfuerzos de los legisladores de los diferentes grupos parlamentarios representados en las cámaras del Congreso de la Unión y los congreso locales, por casi un lustro de intensas negociaciones políticas, simplemente la reforma constitucional es “insuficiente” por la gran cantidad de normas jurídicas pendiente de armonizar con el sistema de derechos humanos, en el ámbito internacional e interno.
“Por ello, el reconocimiento constitucional de los derechos es solo un primer paso –relevante pero insuficiente- para que el constitucionalismo de los derechos sea un rasgo distintivo de un Estado determinado. Sin políticas públicas y mecanismos de garantía que conviertan a los derechos en una realidad, el constitucionalismo no pasa de ser una buena idea.”3

Efectivamente, el primer paso está dado, sin embargo, no obstante de ello, es imprescindible reconocer también que el proceso de armonización posterior a la reforma constitucional en materia de derechos humanos es complejo y representa un gran reto para el Congreso, por lo que la revisión de normas debe ser gradual, sistemático e integral en los diferentes ámbitos de la legislación mexicana.

No se puede pretender agotar los temas de la legislación consecuentes a la reforma constitucional de junio de 2011, pero si trabajar con la convicción de realizarlos de manera permanente y lo más pronto posible. Cada uno de ellos necesita de la consulta a los órganos del Estado y de los organismos nacionales e internacionales en la materia.

Para lograr los fines de la concordancia con los instrumentos internacionales firmados y ratificados con el Estado mexicano, es también imprescindible voltear al las actividades que realiza la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el desempeños de sus funciones constitucionales.

Tal es el caso de los procesos jurisdiccionales que tiene en su competencia y responsabilidad. Un ejemplo de ello, es el Amparo en Revisión 566/2012, en el que se determina, que los efectos derivados del Artículo 102 del Código Militar dañan la esfera jurídica de las personas que se encuentran bajo éste régimen vigente.

Según la Corte en el Amparo de referencia, en actos, que se desprendieron de la interpretación y aplicación del Código de la justicia militar, se concluyó la inconstitucionalidad del Artículo 102, por la razón de que al ser aplicado, se viola el derecho a la presunción de inocencia del inculpado. Hecho que vale la pena decir, no es propio de la justicia militar, sino también de la civil, a pesar de que en la letra de la ley se salvaguarda el principio de mérito.

A ese respecto, es importante analizar que en sesión de 14 de noviembre de 2012, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), resolvió el amparo en revisión 566/2012, y a propuesta del Ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, se determinó:4

“(…) que el artículo 102 del Código de Justicia Militar, el cual prevé que en los delitos del orden militar, la intención delictuosa se presume salvo prueba en contrario, viola el principio de presunción de inocencia, en su vertiente de regla de tratamiento, ya que permite presumir la intencionalidad de un delito durante todo el proceso penal, lo que implica una equiparación entre imputado y culpable, aun antes del dictado de una sentencia, en la cual se respeten todas las garantías judiciales.

Lo anterior se traduce en que a priori se establece que la realización de la conducta cuestionada se realizó con el ánimo de violar la ley, y sobre esta base hace factible emitir tanto el auto de formal prisión como la sentencia condenatoria con apoyo en esa presunción, si es que el procesado no logra desvirtuarla.

Por otra parte, dicho artículo viola también el principio de presunción de inocencia, en su vertiente de regla probatoria, toda vez que permite eximir al Ministerio Público de su tarea de aportar pruebas que demuestren la intencionalidad en la comisión del delito, lo cual contraviene de igual manera, al principio acusatorio que impera en materia penal, ya que en él le corresponde al Ministerio Público buscar y presentar las pruebas que acrediten la responsabilidad de los inculpados.

En calidad de consecuencia, el citado precepto permite que el juez de la causa emita el auto de plazo constitucional y aun la sentencia correspondiente, sin relacionar medio de convicción alguno que lo lleven a concluir que es probable o que existe la plena intencionalidad que se le imputa al procesado, según el caso, siendo que sólo debe analizar si las pruebas que el imputado aporta al proceso son o no suficientes para destruir la presunción.

En el caso, un juez militar dictó auto de formal prisión en contra de un Comandante de Guardia en una unidad de la Secretaría de Marina, por su probable responsabilidad en el delito de infracción de deberes comunes, ya que omitió anotar en la libreta del parte de novedades un hecho que supuestamente ocurrió al cumplir su guardia. Inconforme promovió amparo, cuestionando, en lo que aquí interesa, el referido artículo del Código Militar. Al concederle el amparo el juez de Distrito, las autoridades competentes recurren en revisión.

La Primera Sala al considerar inconstitucional el multicitado artículo, y conceder el amparo al quejoso, señaló que los miembros del Ejército, Armada y Fuerza Aérea, cuentan con el derecho de presunción de inocencia dentro del proceso penal que se instaure en su contra, en términos del citado Código.

Los ministros remarcaron que de acuerdo con el artículo 123, apartado B, fracción XIII, constitucional, los militares se regirán por sus propias leyes, de tal suerte que sus condiciones laborales y de disciplina son diversas a las que rigen a los civiles, sin embargo, agregaron, esta condición no puede llevar al extremo de considerar que carecen de un derecho fundamental como lo es la presunción de su inocencia dentro de un procedimiento penal, instaurado por la propia justicia militar.”

A efecto de lo anterior, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, atendió la importancia del significado y los consecuencias de una violación a un derecho fundamental, que vulnera la integridad y la dignidad de un ser humano, a pesar de que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establezca que los militares de regirán por su propias leyes.

Uno de los hechos que fija precedente en la decisión de la Sala, es precisamente la interpretación sistemática de la Carta Magna, en la que se consideraron la aplicación de otros principios esenciales como lo es la presunción de inocencia que se establece en las garantías de seguridad jurídica de los procesados, así como el principio pro homine, entre otros.

Al respecto, la Constitución Política, en su artículo primero establece que “Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia.”

No obstante la propia interpretación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en materia de presunción de inocencia, ha dejado precedente importante al fijar que el principio de mérito se encuentra implícito en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por lo que se cita.5

PRESUNCION DE INOCENCIA. EL PRINCIPIO RELATIVO SE CONTIENE DE MANERA IMPLICITA EN LA CONSTITUCION FEDERAL. De la interpretación armónica y sistemática de los artículos 14. párrafo segundo, 16, párrafo primero, 19, párrafo primero, 21, párrafo primero y 102, apartado A, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se desprenden, por una parte, el principio del debido proceso legal que implica que al inculpado se le reconozca el derecho a su libertad y que el Estado solo podrá privarlos del mismo cuando, existiendo suficientes elementos incriminatorios y seguido un proceso penal en su contra en el que se respeten las formalidades esenciales del procedimiento, las garantías de audiencia y la de ofrecer pruebas para desvirtuar la imputación correspondiente, el juez pronuncie sentencia definitiva declarándolo culpable; y por otra, el principio acusatorio, mediante el cual corresponde al Ministerio Público la función persecutoria de los delitos y la obligación(carga) de buscar y presentar las pruebas que acrediten la existencia de éstos, tal y como se desprende de lo dispuesto en el artículo 19, párrafo primero, particularmente cuando previene que el auto de formal prisión deberá expresar “los datos que arroje la averiguación previa, los que deben ser bastantes para comprobar el cuerpo del delito y hacer probable la responsabilidad del acusado”; en el artículo 21, al disponer que “la investigación y persecución de los delitos incumbe al Ministerio Público”; así como en el artículo 102, al disponer que corresponde al Ministerio Público de la Federación la persecución de todos los delitos del orden federal correspondiéndole “buscar y presentar las pruebas que acrediten la responsabilidad de éstos”. En ese tenor, debe estimarse que los principios constitucionales del debido proceso legal y el acusatorio resguardan en forma implícita el diverso principio de presunción de inocencia, dando lugar a que el gobernador no esté obligado a probar la licitud de su conducta cuando se le imputa la comisión de un delito, en tanto que el acusado no tiene la carga de probar su inocencia, puesto que el sistema previsto por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos le reconoce, a priori, tal estado, al disponer expresamente que es al Ministerio Público a quien incumbe probar los elementos constitutivos del delito y la culpabilidad del imputado.

El principio de presunción de inocencia también es materia de derecho internacional de los derechos humanos. En concordancia, se establece en los principales instrumentos internacionales que ha firmado y ratificado el Estado mexicano, tal y como lo es:

El Artículo 11. 1. de la Declaración Universal de los Derechos Humanos que establece que “Toda persona acusada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad, conforme a la ley y en juicio público en el que se le hayan asegurado todas las garantías necesarias para su defensa.”

El Artículo 14. 2. del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos que establece que: “Toda persona acusada de un delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad conforme a la ley.”

El Artículo 8.2. de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos (Pacto de San José) que establece que: Toda persona inculpada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se establezca legalmente su culpabilidad. Durante el proceso, toda persona tiene derecho, en plena igualdad, a las siguientes garantías mínimas: (…)”

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 71 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 135 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 8, fracción I, 164 numerales 1 y 2, y 169 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de este Pleno, el siguiente:

Proyecto de Decreto que reforma el artIculo 102 del COdigo de Justicia Militar en materia de presunciOn de inocencia.

Artículo Unico. Se reforma el Artículo 102 del Código de Justicia Militar para quedar como sigue:

Artículo 102.- La presunción de inocencia existe, salvo prueba en contrario.

El Ministerio Público acreditará el cuerpo del delito de que se trate y la probable responsabilidad del indiciado, conforme a los artículos 78, 49 y 80 del presente Código.

Se entenderá por cuerpo del delito al conjunto de los elementos objetivos o externos que constituyen la materialidad del hecho que la ley señale como delito, así como los normativos, en el caso de que la descripción típica lo requiera.

La probable responsabilidad del indiciado se tendrá por acreditada cuando, de los medios probatorios existentes, se deduzca su participación en el delito, la comisión dolosa o culposa del mismo y no exista acreditada a favor del indiciado alguna causa de licitud o alguna excluyente de culpabilidad.

El cuerpo del delito de que se trate y la probable responsabilidad se acreditarán por cualquier medio probatorio que señale la ley.

Pleno de la Cámara de Senadores, a 14 de febrero de 2013.

Sen. Diva Hadamira Gastélum Bajo”.

ANEXO

Texto Vigente

Texto Propuesto

 

Artículo 102.- La intención delictuosa se presume, salvo prueba en contrario.

La presunción de que un delito es intencional no quedará destruida, aunque el acusado pruebe alguna de las siguientes circunstancias:

I.- Que no se propuso ofender a determinada persona, si tuvo en general la intención de causar daño;

II.- que no se propuso causar el daño que resultó, si éste fue consecuencia necesaria y notoria del hecho u omisión en que consistió el delito, o si el inculpado previó o pudo preveer esa consecuencia, por ser efecto ordinario del hecho u omisión y estar al alcance del común de las gentes, o si se resolvió a violar la ley, cualquiera que fuese el resultado;

III.- que ignoraba la ley;

IV.- que creía que ésta era injusta, o moralmente lícito violarla;

V.- que creía legítimo el fin que se propuso;

VI.- que erró sobre la persona o cosa en que quiso cometer el delito, y

VII.- que obró con consentimiento del ofendido, salvo el caso en que el perdón o el consentimiento extinguen la acción penal.

 

Artículo 102.- La presunción de inocencia existe, salvo prueba en contrario.

El Ministerio Público acreditará el cuerpo del delito de que se trate y la probable responsabilidad del indiciado conforme a los artículos 78, 49 y 80 del presente Código.

Se entenderá por cuerpo del delito al conjunto de los elementos objetivos o externos que constituyen la materialidad del hecho que la ley señale como delito, así como los normativos, en el caso de que la descripción típica lo requiera.

La probable responsabilidad del indiciado se tendrá por acreditada cuando, de los medios probatorios existentes, se deduzca su participación en el delito, la comisión dolosa o culposa del mismo y no exista acreditada a favor del indiciado alguna causa de licitud o alguna excluyente de culpabilidad.

El cuerpo del delito de que se trate y la probable responsabilidad se acreditarán por cualquier medio probatorio que señale la ley.

1Diario Oficial de la Federación, DECRETO por el que se modifica la denominación del Capítulo I del Título Primero y reforma diversos artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, documento PDF, [en línea], México, primera sección, 10 de junio de 2011, dirección URL:
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/dof/CPEUM_ref_194_10jun11.pdf [Consulta: 6 de abril de 2012], pp. 2 y 3.

2 Badillo Moreno, Gonzalo, México en su democratización, los desafíos del derecho al saber sobre el pasado. Tesis de Maestría en Derecho Constitucional, Universidad Latina de América, 2012. p. 49.

3 Carbonell Sánchez, Miguel, y Salazar Ugarte, Pedro, (coordinadores), La reforma constitucional de derechos humanos, un nuevo paradigma, México, Instituto de Investigaciones Jurídica UNAM,  2011,  p. VII-VIII.

4 Poder Judicial de la Federación, México, documento en PDF, [en línea], dirección URL: http://www.poderjudicialags.gob.mx/servicios/criterios/resoluciones/SCJN%2014%20NOV%202012.pdf [consulta: 5 de febrero de 2012], pp. 1-2.

5 Tesis Aislada, Novena Epoca, Tomo II, Penal, P.R. SCJN. Fuente: Apéndice, Instancia: Pleno. (Actualización 2002), Tesis: 34. Página 133.





 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DEL SEGURO SOCIAL

(Presentada por la C. Senadora Diva Hadamira Gastélum Bajo, del grupo parlamentario del PRI)

De igual manera, quiero hacer mención a la reforma que estamos presentando para el tema de trabajadores del campo, de manera estacional.

Uno de los problemas más serios que tenemos en materia laboral, es cómo ha faltado el reconocimiento de sus derechos en materia de seguridad social a los trabajadores del campo, jornaleros agrícolas o trabajadores estacionales del campo.

Esta iniciativa, señor Presiente, y lo estoy pidiendo, si se contempla íntegramente, porque tiene varios apartados, y solamente me referiré al tema de la reforma que estamos proponiendo que es la siguiente:

Esta iniciativa quiere, por ejemplo, simplificar el cumplimiento de las obligaciones patronales y favorecer la ampliación de la cobertura de la seguridad social en el campo mexicano, y reconocer las condiciones del trabajo en el campo para la determinación de las cuotas obrero-patronales y permitir a los jornaleros el goce de una pensión al finalizar sus actividades laborales por el tiempo equivalente de cualquier otro trabajar.

Es cómo se ha venido discriminando a los trabajadores del campo, proteger los empleos y promover la mejora en las condiciones de cada trabajador estacional en el campo, fortaleciendo la seguridad social y promoviendo la inversión privada, asimismo, incrementar la demanda laboral en el cada vez más abandonado campo mexicano, al mejorarse radicalmente y de forma sostenible.

Y por último, promover la reinversión del capital privado en las actividades primarias al establecer un régimen de aportación y corresponsabilidad de los patrones y del Estado, sin que este último delegue su obligación de prestar servicio de salud a toda la población, y en particular a las zonas de mayor marginación de nuestro país.

Por su atención, muchas gracias.

Iniciativa

H. ASAMBLEA:

La que suscribe, Diva Hadamira Gastélum Bajo, Senadora de la LXII Legislatura del Congreso de las Unión por el grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, en ejercicio de la facultad conferida en la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y de los artículos 8, numeral 1, fracción I, 164 y 169 del Reglamento del de la República, someto a consideración del pleno de la Cámara de Senadores la presente iniciativa con proyecto de Decreto que reforma diversos artículo de la Ley del Seguro Social con la finalidad de fortalecer el derecho de seguridad social de las y los trabajadores estacionales, al tenor de la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

Con la promulgación de la Constitución Política de 1917, el Estado mexicano se distinguió por ser la primera en reconocer a nivel constitucional las garantías y los derechos de las clases trabajadora y campesina, constituyéndose de esta forma en el primer Estado Social de Derecho, el cual enarbola como valores fundamentales la igualdad y la justicia social.

En efecto, nuestra Constitución, en su artículo 123 y, posteriormente, la Ley Federal del Trabajo, establecieron los derechos fundamentales de los trabajadores con el objeto de lograr el equilibrio entre los factores de la producción y una distribución más justa de la riqueza. Además, con la finalidad de garantizar el bienestar de la clase trabajadora y sus familias, se estableció su derecho a gozar de seguridad social, creándose para tal efecto el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

Sin embargo, a más de un siglo de nuestra gesta Revolucionaria, el derecho al trabajo y los beneficios de la seguridad social no han llegado a todos los trabajadores, ya que han quedado excluidos los trabajadores más desprotegidos y vulnerables del país, los trabajadores del campo.

La Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo levantada en el año 2012 por el INEGI, revela que en nuestro país existen 6.5 millones de trabajadores en el sector agropecuario, localizados en zonas no urbanas.1 De este universo, 1,727.349 personas trabajan por su cuenta explotando su parcela, es decir, practican la agricultura de subsistencia, y 2,653,711 personas declararon haber percibido un ingreso por un trabajo remunerado con un patrón, cifra mayor en aproximadamente 400,000 personas respecto de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo de 2007.

Sin embargo, según datos de la encuesta de 2007, el 84 por ciento de los trabajadores del sector declaró haber trabajado menos de 48 horas a la semana, mientras que el otro 16 por ciento, declaró haber laborado semanas completas, lo que es un claro indicador de que en el sector agropecuario el trabajo no es permanente y la demanda de fuerza laboral se da en forma estacional.

Esto está determinado porque en las actividades agropecuarias el trabajo va en relación a la duración de los ciclos productivos, que no se extienden, en promedio, más allá de 27 semanas al año. El trabajo, por tanto, es intermitente y está sujeto a los requerimientos del cultivo y a las condiciones climáticas, por lo que es de una alta demanda laboral al final del ciclo (con la recolección de las cosechas), pero el resto del año no hay labores que desempeñar. Asimismo, existe una alta rotación patronal, ya que los trabajadores llegan a prestar su fuerza laboral a diversos patrones en un mismo periodo de 27 semanas, incluso a diversos patrones en una misma semana.

Este tipo de trabajo, es prestado por trabajadores conocidos como “jornaleros agrícolas”, quienes se caracterizan por ser personas con un alto grado de marginación que, ante la falta de oportunidades en sus lugares de origen, se ven obligados a trasladarse a los Estados en los que se encuentra concentrada la producción agrícola, para laborar en los campos.

Datos del “Programa de Atención a Jornaleros Agrícolas” (en adelante “PAJA”) de la Secretaría de Desarrollo Social muestran que se trata de un universo de, al menos, 3.3 millones de personas, de los cuales al menos 1.2 millones son migrantes.

Esta población está conformada en un 42.6 por ciento por mujeres, un 57.4 por ciento por hombres, y cerca del 40 por ciento de la población total son menores de 15 años. Asimismo, el 40 por ciento de esta población pertenece a algún grupo indígena; por su número, destacan mixtecos (42.7 por ciento), nahuas (23.6 por ciento) y zapotecos (12.4 por ciento), el resto se distribuye en 16 grupos diferentes.

Cabe señalar además, que el 29 por ciento de los jornaleros de 15 años y más es analfabeto. Poco más de la mitad de los jornaleros (55.6 por ciento) migra en grupos familiares y cerca del 61.1 por ciento de los hijos de familias jornaleras de entre 4 y 14 años de edad no asiste a la escuela; 12 por ciento no cuenta con acta de nacimiento y casi el 90 por ciento no tiene cartilla militar. Las mujeres jornaleras reciben mínima atención médica durante su embarazo, y casi la mitad de ellas carece por completo de ésta.

Estos datos, sumados al hecho de que en muchos casos se ven involucrados en relaciones laborales informales, prestaciones de seguridad social inexistentes en muchas regiones del país, y la incorporación de los menores al trabajo, la mayoría de las veces con la anuencia de los padres, para obtener un mayor ingreso familiar, son una muestra del grado de marginalidad y pobreza de este sector de la sociedad.

Cabe mencionar que los programas de gobierno que se han desarrollado para atenderlos son apenas un paliativo, ya que para el desarrollo de muchos de estos programas no se toman en cuenta ni las diferencias regionales del país ni la diversidad cultural del campesinado mexicano, ni la característica propia de las actividades agropecuarias que son de carácter aleatorias. Asimismo, no representan una solución de fondo a las necesidades de esta clase de trabajadores, la cual únicamente podrá provenir de las reformas legislativas que garanticen el goce de los derechos que en estos momentos sólo tienen en papel.

En efecto, hasta ahora el Estado ha mostrado su incapacidad para hacer efectiva la garantía constitucional inherente al derecho al trabajo durante todo el año para los trabajadores estacionales del campo. Para ellos, que tienen trabajo cuando mucho durante 27 semanas, el resto del año esta garantía se convierte en letra muerta, y con ello también el derecho a la seguridad social.

Es importante señalar que en esta Legislatura ya dimos los primeros pasos para la protección de los jornaleros agrícolas al discutir y aprobar la reforma laboral. Efectivamente, a la iniciativa de reforma laboral que presentó el Presidente de la República el pasado 1º de septiembre de 2012, los diputados y senadores del Partido Revolucionario Institucional propusimos y aprobamos modificaciones a fin de reconocer a los trabajadores estaciones del campo en los siguientes términos:

Ley Federal del Trabajo

“Artículo 279. Trabajadores del campo son los que ejecutan las labores propias de las explotaciones agrícolas, ganaderas, acuícolas, forestales o mixtas, al servicio de un patrón

Los trabajadores del campo pueden ser permanentes, eventuales o estacionales.”

“Artículo 279. Los trabajadores estacionales del campo o jornaleros son aquellas personas físicas que son contratadas para laborar en explotaciones agrícolas, ganaderas, forestales, acuícolas o mixtas, únicamente en determinadas épocas del año, para realizar actividades relacionadas o que van desde la preparación de la tierra, hasta la preparación de los productos para su primera enajenación, ya sea que sean producidos a cielo abierto, en invernadero o de alguna otra manera protegidos, sin que se afecte su estado natural; así como otras de análoga naturaleza agrícola, ganadera, forestal, acuícola o mixta. Puede ser contratada por uno o más patrones durante un año, por períodos que en ningún caso podrán ser superiores a veintisiete semanas por cada patrón.

No se considerarán trabajadores estacionales del campo, los que laboren en empresas agrícolas, ganaderas, forestales, acuícolas o mixtas que adquieran productos del campo, para realizar actividades de empaque, reempaque, exposición, venta o para su transformación a través de algún proceso que modifique su estado natural.”

Sin embargo, aún queda pendiente modificar la Ley del Seguro Social a efecto de ajustar sus disposiciones a la reforma de la Ley Federal del Trabajo y garantizar el derecho a la seguridad social de los trabajadores estacionales del campo.

Al respecto, cabe mencionar que, del total de la población ocupada en el sector agropecuario, para el año 2006 los afiliados al Instituto Mexicano del Seguro Social (en adelante “IMSS”) sumaban únicamente 456 mil trabajadores. Es decir, el 93 por ciento de los 6.5 millones de trabajadores del campo estaban excluidos de la cobertura de la seguridad social.

En el caso de los jornaleros agrícolas afiliados las cifras son aún más alarmantes, ya que para el año 2006, los trabajadores eventuales del campo afiliados sumaban apenas 140,000 personas. Cifra que no ha aumentado significativamente en los últimos años, toda vez que el IMSS reportó que para el año 2011 el número de afiliados era de apenas 147,909. Si se toma en cuenta que el número de jornaleros agrícolas puede llegar a los 3.3 millones de personas, están excluidos de la seguridad social más del 97 por ciento de estos trabajadores.

Cabe señalar que la seguridad social en el campo está concentrada principalmente en los estados de Sinaloa, Sonora, Baja California y Baja California Sur, que aportan el 89% de las cuotas de origen agrícola al IMSS. El otro 11% proviene de la agricultura del resto de los 28 estados del país, a pesar de que en el Noroeste sólo se cultiva el 9% de los 22 millones de hectáreas; trabajan apenas el 12% de los jornaleros y se genera el 14.5% del PIB agrícola nacional. En tanto que en las otras regiones del país, donde reciben sus salarios 2.0 millones de trabajadores del campo, importantes sectores de la agricultura no contribuyen a la seguridad social.
Esto pone de manifiesto que son los trabajadores del campo una de las clases más desprotegidas del país, los cuales, junto con sus familias, alcanzan la cantidad aproximada de 10.5 millones de mexicanos a los que la seguridad social, con sus limitantes, no ha podido otorgarles los beneficios que les corresponden, principalmente en los Estados del Sureste.

La falta de afiliación en el IMSS es ocasionada por una gran diversidad de factores, dentro de los que cabe mencionar el alto costo que representa para los patrones del campo cubrir las aportaciones de seguridad social de sus trabajadores, la alta rotación de los trabajadores y el enorme burocratismo que impone el Instituto para que las patrones agrícolas puedan cumplir con sus obligaciones.

Sin embargo, un factor esencial es la naturaleza estacional del trabajo del campo lo que, aunado a los costos de inscripción en el IMSS, hacen incosteable para los empleadores la afiliación de sus trabajadores a dicho Instituto. En efecto, como lo señala la propia encuesta, el trabajo en el sector agropecuario es predominantemente estacional, con una proporción muy baja de trabajadores de planta. El trabajo, por tanto, es intermitente, volátil y siempre sujeto a los requerimientos del cultivo y a las condiciones climáticas.

Esto queda de manifiesto en los propios datos publicados por el IMSS, los cuales muestran el comportamiento marcadamente estacional del trabajo del campo, toda vez que el mayor número de trabajadores no permanentes se alcanza en el mes de marzo y el menor registro se presenta alrededor del mes de julio de cada año.

El alto costo que representa la seguridad social para el campo y la complejidad administrativa que impone la ley vigente, son los principales obstáculos para que un mayor número de patrones se registren y un mayor número de jornaleros sean afiliados. En los últimos 10 años, el costo de la seguridad social al campo se ha incrementado 10 veces, afectando seriamente la economía de los productores que ya cotizan, lo que ha desincentivado la afiliación de más trabajadores. Las propias cifras del IMSS confirman que a mayor costo, menor afiliación.

El Instituto Mexicano del Seguro Social, es una extraordinaria institución, pero su accionar es fundamentalmente urbano. En efecto, en las ciudades con un solo cotizante el IMSS se obliga a prestar atención a toda la familia hasta que los hijos terminan su educación universitaria y se incorporan a la fuerza de trabajo. En cambio, en el campo la incorporación de la familia a la fuerza de trabajo ocurre desde los 16 años y en una sola familia puede haber más de 3 cotizantes.

A diferencia de las ciudades, en el campo la actividad es estacional y por tanto el tiempo de exposición al riesgo no supera las 27 semanas al año. Más del 80% de las actividades son manuales y el contacto con máquinas y herramientas es mínimo en comparación con la industria y los servicios. Las altas primas por riesgos de trabajo, con que son tasadas las actividades agropecuarias, inciden en el costo de la seguridad social lo que en los hechos termina ahuyentando la afiliación.

Asimismo, los trabajadores afiliados en ningún momento logran laborar el número de semanas consecutivas suficientes para recibir la protección de la seguridad social. Por ejemplo, el artículo 102 vigente de la Ley del Seguro Social, establece que la trabajadora, para obtener el derecho a recibir su seguro por maternidad, debe cotizar al menos 30 semanas durante los últimos doce meses, cuando las trabajadoras jornaleras laboran, a lo sumo, 27 semanas al año.

Sin embargo, el caso más dramático es el de los seguros del ramo de cesantía en edad avanzada y vejez, en donde se establece que un asegurado para poder obtener el derecho a recibir una pensión, debe acreditar haber laborado al menos 1,250 semanas. Si un trabajador urbano, que labora las 52 semanas al año, le toma 24 años en obtener su derecho a recibir una pensión, a un trabajador estacional del campo, que labora 27 semanas al año, le toma al menos 46 años en cumplir con el número de semanas solicitados.

Por ello resulta inaceptable que el actual modelo de la Ley del Seguro Social y el IMSS, pretendan trasladar el modelo urbano de altos costos de seguridad social a los trabajadores estacionales del campo, ya que en las ciudades los obreros trabajan todo el año y en el campo cuando mucho seis meses. De ahí que sea inequitativo pretender cobrar las mismas contribuciones que pagan los patrones y trabajadores de las ciudades a los que hacen producir la tierra, así como exigir que los jornaleros cubran el mismo número de semanas para obtener el derecho a recibir las prestaciones que otorga la Ley del Seguro Social.

La iniciativa que se propone, parte del principio indiscutible de que para que los trabajadores estacionales del campo tengan acceso a todos los beneficios de la seguridad social, primero tienen que estar afiliados.

Lo anterior sólo podrá lograrse si se toma en consideración que la actividad económica del sector primario está condicionada por múltiples factores tanto ambientales, como sociológicos y económicos, por lo que la actividad del campo no puede estar gravada en la misma forma que lo está la actividad urbana.

La forma de cotizar debe ser diferenciada en tanto que el trabajador del campo sólo puede laborar durante medio año en el mejor de los casos. Sin embargo, las necesidades de salud, cuidado de sus hijos, jubilación y retiro para los trabajadores eventuales y estacionales del campo son las mismas que para los trabajadores urbanos. Un sistema de cotización justo debe considerar esta circunstancia para garantizar el acceso de los trabajadores del campo a los seguros y beneficios de la seguridad social.

Por otra parte, la infraestructura de Guarderías y Clínicas para la atención de jornaleros y madres trabajadoras en el campo, es insuficiente para los incrementos en la demanda estacional que generan los jornaleros.

Apenas el 1% de las guarderías del IMSS están en el campo, y los esquemas de subrogación establecidos en las reglas de operación aprobadas por el Consejo Técnico, no fomentan el interés de los patrones en este esquema ya que el establecimiento del pago por los costos en los que incurrieron brindando estancia infantil a los hijos e hijas de los trabajadores, queda a la discrecionalidad del Instituto.

La capacidad del IMSS para prestar los servicios médicos en general, se ha deteriorado. Los indicadores de camas y consultorios por cada mil derechohabientes han caído más del 30% en los últimos 15 años, en tanto que la población asegurada, esencialmente urbana, ha crecido un 26%.

La expectativa de que la demanda de servicios de los trabajadores estacionales del campo afiliados y sus familias, sea cubierta apropiadamente por el IMSS, está cada día más lejana y esa carga está siendo subsanada gradualmente por algunos patrones bajo su propio costo.

En razón de lo anterior, para garantizar la seguridad social en el campo, la participación del gobierno es indispensable e irremplazable, pero debe ser soportada por la participación activa de los patrones del campo, sin que el gobierno delegue sus obligaciones constitucionales. En ese sentido, se debe garantizar la reversión del costo institucional de los servicios prestados por el patrón en subrogación de las obligaciones del Estado.

Por ello, resulta impostergable modificar diversos artículos de la Ley del Seguro Social, a fin de que se reconozca la modalidad del trabajo que desarrollan los trabajadores estacionales en el campo, ampliando sus formas de acceso a la seguridad social.

Es el momento de hacer del campo mexicano el detonante del crecimiento y soporte del país y, para ello, se deben garantizar las mejores condiciones a sus principales recursos humanos, que son los trabajadores estacionales.

En ese sentido, como lo muestran las cifras del INEGI, si bien el sector agropecuario había sido el único que había mostrado un crecimiento constante desde la crisis económica de 2008 (ya que en el año 2009 el Producto Interno Agropecuario creció 1.8 por ciento mientras el Producto Interno Bruto Nacional sufrió una caída del 6.5 por ciento, en el año 2010 el PIB Agropecuario subió 5.7 mientras que el PIB Nacional creció 5.5 por ciento), en el año 2011 el PIB Agropecuario sufrió una caída del 0.6 por ciento, a pesar de que el PIB Nacional creció 3.9 por ciento.

Por ello es necesario adoptar las medidas legislativas necesarias para fortalecer dicho sector y garantizar la creación y mantenimiento de las plazas laborales existentes.

La iniciativa que ahora se propone busca no solo proteger los empleos, sino promover la mejora en las condiciones de cada trabajador estacional en el campo, fortaleciendo la seguridad social, y promoviendo la inversión privada.

La iniciativa que ahora se propone logra dicho objetivo, considerando que:

1. Se incrementa la demanda laboral en el cada vez más abandonado campo mexicano al mejorarse, radicalmente y de forma sostenible:

a. La determinación de las aportaciones de cuotas obrero-patronales con un factor benéfico para el trabajador y accesible al patrón, y

b. La vigencia del derecho a la seguridad social, aún en las temporadas en que no se encuentre laborando.

2. Se promueve la reinversión del capital privado en las actividades primarias al establecer un régimen de aportación y corresponsabilidad de los patrones y el Estado, sin que éste último delegue su obligación de prestar servicios de salud a toda la población y, en particular, a la de las zonas de mayor marginación en nuestro país.

Para lograr lo anterior, es necesario establecer los mecanismos que garanticen:

• El acceso a la seguridad social al mayor número de trabajadores estacionales del campo.

• La distinción entre trabajador estacional y eventual del campo, y de estos con los trabajadores eventuales de las zonas urbanas, tal como se logró con la reforma laboral.

• Un registro del trabajador estacional del campo, a fin de garantizar su protección desde el inicio de sus labores.

• La atención médica durante todo el año a pesar de haber laborado de forma intermitente durante el mismo.

• El cumplimiento del pago de las cuotas obrero-patronales, en la justa proporción que requiere una actividad intermitente como la que realizan los trabajadores estacionales del campo.

• La corresponsabilidad del Estado y los patrones en el otorgamiento material y humano de la seguridad social en aquellos lugares en que el Instituto Mexicano del Seguro Social no pueda garantizar una inversión permanente ante una demanda volátil.

• La retribución justa por concepto de reversión del costo institucional a los patrones que cumplan con su obligación solidaria de otorgar seguridad social.

• La disminución del número de semanas que un trabajador debe cotizar para poder acceder a los seguros y beneficios de la seguridad social.

El régimen vigente para los trabajadores del campo no contempla las peculiaridades que tiene un trabajador estacional, por lo que es necesario modificar el marco normativo actual, para brindar la seguridad social que requieren, además de la creación de un sistema de participación rentable, compartida y de amplio espectro para los jornaleros y patrones.

El nuevo régimen debe considerar la cobertura de los servicios y demandas aun cuando no se encuentren laborando en determinado periodo del año, pero se encuentren inscritos y hayan cotizado como trabajadores estacionales. Esto beneficiaría además a sus dependientes económicos. De ahí la necesidad de que la clase trabajadora estacional del campo tenga los mismos derechos que el resto de los trabajadores del campo.

Por otra parte, para solucionar el problema de la falta de atención médica, es necesario reconocer una nueva modalidad del trabajo en el campo, que refleje las características especiales del tipo de trabajo desarrollado.

La seguridad social es una corresponsabilidad entre Estado, patrones y trabajadores; sin embargo, esta responsabilidad debe ser regulada por un sistema de normas que garantice la sustentabilidad de la seguridad social a lo largo del tiempo.

A los trabajadores estacionales se les brindarían los beneficios de los seguros que presta el IMSS para el resto de los trabajadores, pero con un diseño tal que tanto Estado como patrones puedan sufragar en forma responsable y duradera, con la modificación de los factores para determinar las cuotas obrero-patronales.

Ahora bien, es una realidad que el IMSS, debido a su restricción presupuestal, tiene una cobertura limitada a nivel nacional de todos los seguros que ofrece, y esto es más notorio en el campo. A pesar del crecimiento en infraestructura para la prestación de servicios relativos a los seguros de ley, la misma se procura llevar a cabo donde existe una demanda más constante, regular o creciente, concentrándose de esta manera en zonas urbanas.

Para modificar esta situación, se propone rediseñar el esquema de subrogación. De esta forma, en beneficio de los trabajadores que laboran en áreas en las que no se prestan los servicios básicos de seguridad social, se pretende establecer un régimen de incentivos a los patrones para la creación de servicios básicos de seguridad social: atención médica, maternidad y guarderías.

En todo caso, el régimen de subrogación establece que el patrón deberá recibir por concepto de reversión o contraprestación, al menos, el costo institucional que al IMSS hubiera representado la prestación del servicio a fin de garantizar la participación y la no simulación de los patrones.

Por otra parte, en la presente iniciativa se propone que, en materia de riesgos de trabajo, se establezca la cobertura al patrón y una fórmula de cálculo de la prima que redunda en la posibilidad del empleador de aportar al fondo de este seguro la tasa de la Clase I de 0.54355 del salario base de cotización, considerando que los riesgos en las actividades agropecuarias son mínimos, dada la alta proporción de actividades manuales y que la exposición al riesgo va en función del ciclo productivo que dura en promedio 27 semanas al año.

Cabe señalar que hoy día la agricultura está clasificada entre las actividades de la Clase III y la prima media de riesgos de trabajo que le corresponde es la de 2.59840 por ciento. Esta prima es comparable a la que tienen actividades como la fabricación de substancias químicas e industriales, resinas sintéticas, elaboración de pinturas, jabones, detergentes, fabricación de lavadoras, estufas, refrigeradores, alambres y cables de energía eléctrica, azulejos, por mencionar sólo algunas. Todas ellas son actividades en donde predomina el trabajo de planta y donde las fórmulas actuariales de los artículos 35, 36 y 37 del Reglamento, consideran un periodo de exposición al riesgo de 300 días laborables al año, por lo que no son actividades equiparables o equivalentes a las labores propias del campo.

Por ello, esta es una de las principales causas que provocan el bajo índice de afiliación de los trabajadores del campo al IMSS. En ese sentido, al ser mayor el costo de una prima en este nivel de riesgo, se desalienta la inscripción de los trabajadores que, en el caso de la agricultura, están expuestos a un grado de riesgo que es mucho menor al que están expuestos trabajadores del sector de la transformación. Por tanto, en atención a que las labores del campo son actividades predominantemente manuales, en las que la exposición a máquinas y herramientas es menor que en ciertas áreas de la industria, y en las que la exposición al riesgo no es permanente, sino estacional y dura en promedio 27 semanas al año (equivalente a 155 días laborables en promedio, considerando el factor de 5.76 días laborables por semana al año), no se justifica la clase que actualmente tienen asignada conforme al artículo 73 de la ley vigente y por tanto, se propone que la prima de riesgos de trabajo para las actividades primarias sea la que le corresponde a la Clase I, de cero punto cinco por ciento sobre el Salario Base de Cotización.

Por otra parte, con la finalidad de facilitar el pago de las cuotas obrero-patronales, se propone el establecimiento de un salario de referencia, que brindará seguridad tanto a patrones como a trabajadores. Al respecto, es de señalarse que el salario de referencia que se propone, es el mismo que el Ejecutivo determinó y estableció en el “Decreto por el que se otorgan beneficios fiscales a los patrones y trabajadores eventuales del campo”, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 24 de julio de 2007, y cuya vigencia se ha extendido mediante Decretos publicados en el Diario Oficial de la Federación los días 24 de enero de 2008, 30 de diciembre de 2008 y 28 de Diciembre de 2010.

Al respecto, es de señalarse que no se propone que el Estado destine recursos demagógica e irresponsablemente con medidas paternalistas que no dan una solución de fondo, sino que garantice sólidamente el cumplimiento de su obligación constitucional de otorgar seguridad social a los más desprotegidos.

Finalmente, la presente iniciativa propone la creación de Formatos de Autorización para la Atención Médica, los cuales serán expedidos por el IMSS y entregados por los patrones a sus trabajadores, con la finalidad de evitar que se les niegue atención médica por no encontrarse actualizados los registros de afiliación del propio Instituto.

Son muchas las razones que se han considerado para plantear la propuesta que ahora se somete a la consideración de esta Soberanía, sin embargo, todas parten del hecho de que el Estado mexicano no ha podido garantizar a los trabajadores estacionales del campo el derecho constitucional inherentes a la seguridad social y a la estabilidad laboral.

La Iniciativa que proponemos busca replantear los modelos que ya se quisieron instrumentar en esta materia, pero que han probado su ineficiencia. Es necesario, simplificar el cumplimiento de las obligaciones patronales, favorecer la ampliación de la cobertura de la seguridad social en el campo mexicano, reconocer las condiciones del trabajo en el campo para la determinación de las cuotas obrero-patronales; y permitir a los jornaleros el goce de una pensión al finalizar sus actividades laborales por el tiempo equivalente de cualquier otro trabajador.

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y de los artículos 8, numeral 1, fracción I, 164 y 169 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de éste Honorable Pleno el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DEL SEGURO SOCIAL.

ARTICULO UNICO. Se reforman los artículos 5-A en sus fracciones XVIII y XIX, 12 en su fracción I, 15 en su fracción I, 102 en su fracción I, 122, 154 en su párrafo segundo, 162 en su primer párrafo, 237, 237-A, 237-B en sus fracciones II y III, 237-C, 237-D y 287; y se adicionan una fracción XX al artículo 5-A, un tercer párrafo al artículo 9 recorriéndose el vigente, un párrafo a los artículos 16, 28 y 73, un párrafo tercero al artículo 154 recorriéndose los subsecuentes, un segundo párrafo al artículo 162 recorriéndose el subsecuente, un segundo párrafo al artículo 212, un segundo párrafo al artículo 240, y los artículos 237-E y 237-F en su totalidad, todos de la Ley del Seguro Social, para quedar como sigue:

Artículo 5 A. Para los efectos de esta Ley, se entiende por: ….

XVIII. Salarios o salario: la retribución que la Ley Federal del Trabajo define como tal. Para efectos de esta ley, el salario base de cotización se integra por los pagos hechos en efectivo por cuota diaria, gratificaciones, percepciones, alimentación, habitación, primas, comisiones, prestaciones en especie y cualquiera otra cantidad o prestación que se entregue al trabajador por su trabajo, con excepción de los conceptos previstos en el artículo 27 de la ley;

XIX. Trabajador estacional del campo: personas física que es contratada para laborar en explotaciones agrícolas, ganaderas, forestales, acuícolas o mixtas, únicamente en determinadas épocas del año, para realizar actividades relacionadas o que van desde la preparación de la tierra, hasta la preparación de los productos para su primera enajenación, ya sea que sean producidos a cielo abierto, en invernadero o de alguna otra manera protegidos, sin que se afecte su estado natural; así como otras de análoga naturaleza agrícola, ganadera, forestal, acuícola o mixta. Puede ser contratada por uno o más patrones durante un año, por períodos que en ningún caso podrán ser superiores a veintisiete semanas por cada patrón.

El trabajador estacional del campo que labore en forma continua por un periodo mayor a veintisiete semanas para un patrón, tiene a su favor la presunción de ser considerado trabajador permanente.

Los trabajadores estacionales del campo accederán a la seguridad social en los términos y formas que establezca la presente Ley. Los criterios de cotización, el cálculo de las semanas laboradas y la forma de registro, presentación de movimientos y pago de cuotas correspondientes, se ajustarán a lo previsto en esta Ley y el reglamento respectivo.

No se considerarán trabajadores estacionales del campo, los que laboren en empresas agrícolas, ganaderas, forestales, acuícolas o mixtas que adquieran productos del campo, para realizar actividades de empaque, reempaque, exposición, venta o para su transformación a través de algún proceso que modifique su estado natural; y,

XX. Salario de referencia: El importe estimado como ingreso promedio diario de los trabajadores estacionales del campo, el cual se calcula de conformidad con lo establecido en el Artículo 237-D de la presente Ley.

Artículo 9. ….

Por lo que se refiere a empresas agrícolas, ganaderas, forestales, acuícolas o mixtas y, en general, a los patrones de trabajadores del campo, se estará específicamente a lo señalado en el Código Civil Federal para lo relacionado con siniestros, caso fortuito y fuerza mayor, así como a la regulación relativa a desastres naturales; éstos supuestos son una excluyente para el pago de las cuotas de los trabajadores permanente, eventuales y estacionales del campo, de conformidad con las reglas generales del Instituto y le corresponde al Consejo Técnico aplicar estas reglas.

Artículo 12. Son sujetos de aseguramiento del régimen obligatorio:

I. Las personas que de conformidad con los artículos 20 y 21 de la Ley Federal del Trabajo, presten, en forma permanente, eventual o estacional, a otras de carácter físico o moral o unidades económicas sin personalidad jurídica, un servicio remunerado, personal y subordinado, cualquiera que sea el acto que le dé origen y cualquiera que sea la personalidad jurídica o la naturaleza económica del patrón aun cuando éste, en virtud de alguna ley especial, esté exento del pago de contribuciones;

Artículo 15. Los Patrones están obligados a:

I. Registrarse e inscribir a sus trabajadores en el Instituto, comunicar sus altas y bajas, las modificaciones de su salario y los demás datos, dentro de plazos no mayores de cinco días hábiles, salvo tratándose de patrones de trabajadores estacionales del campo, en cuyo caso los plazos serán los establecidos en el artículo 237, fracción IV, de esta Ley.

II a IX ...

Artículo 16.

I. ...

II. ...

Para los efectos del párrafo primero del presente artículo, no se contabilizarán los trabajadores estacionales del campo.

Artículo 28. Los asegurados se inscribirán con el salario base de cotización que perciban en el momento de su afiliación, estableciéndose como límite superior el equivalente a veinticinco veces el salario mínimo general que rija en el Distrito Federal y como límite inferior el salario mínimo general del área geográfica respectiva.

El salario base de cotización de los trabajadores estacionales del campo, se ajustará a las disposiciones del Capítulo X del Título Segundo de la presente Ley y los reglamentos correspondientes.

Artículo 73. …

……(Tabla)

……

La prima de riesgos de trabajo para los patrones con actividades agropecuarias que contraten trabajadores estacionales del campo, será la correspondiente a la Clase I de 0.54355 por ciento sobre el Salario Base de Cotización y no estará sujeta a lo que señala el artículo 74.

Artículo 102. …

I. Que haya cubierto por lo menos treinta cotizaciones semanales en el periodo de doce meses anteriores a la fecha en que debiera comenzar el pago del subsidio, salvo que se trate de una trabajadora eventual del campo, caso en el cual deberán estar cubiertas por lo menos doce semanas de cotización en ese mismo periodo;

II. …

Artículo 122. Para gozar de las prestaciones del ramo de invalidez se requiere que al declararse ésta, el asegurado tenga acreditado el pago de doscientas cincuenta semanas de cotización, a menos que el asegurado siempre se hubiese desempeñado como trabajador estacional del campo, caso en el que bastará que tenga acreditado el pago de setenta y cinco semanas de cotización.

En el caso que el dictamen respectivo determine el setenta y cinco por ciento o más de invalidez, sólo se requerirá que tenga acreditadas ciento cincuenta semanas de cotización, salvo que se trate de un trabajador estacional del campo, caso en el cual bastará tener cubiertas setenta y cinco semanas de cotización.

Artículo 154. ……

Para gozar de las prestaciones de este ramo se requiere que el asegurado tenga reconocidas ante el Instituto un mínimo de mil doscientas cincuenta cotizaciones semanales. Cuando el asegurado se haya desempeñado durante toda su vida laboral como trabajador estacional del campo, solo requerirá haber cubierto, al menos, seiscientas veinticinco semanas de cotización para gozar de las prestaciones correspondientes a este ramo.

El Instituto al momento de resolver sobre el otorgamiento de esta prestación, verificará la calidad de trabajador estacional del campo del derechohabiente.

….

….

Artículo 162. Para tener derecho al goce de las prestaciones del seguro de vejez, se requiere que el asegurado haya cumplido sesenta y cinco años de edad y tenga reconocidas por el Instituto un mínimo de mil doscientas cincuenta cotizaciones semanales. En caso que el asegurado se hubiere desempeñado durante toda su vida laboral como trabajador estacional del campo, para gozar de las prestaciones del seguro de vejez deberá haber cumplido sesenta y cinco años de edad y tener reconocidas seiscientas veinticinco semanas de cotización por lo menos.

El Instituto al momento de resolver sobre el otorgamiento de esta prestación, verificará la calidad de trabajador estacional del campo del derechohabiente.

Artículo 212. Los patrones cubrirán íntegramente la prima para el financiamiento de las prestaciones de este capítulo, esto independientemente que tengan o no trabajadores de los señalados en el artículo 201 a su servicio.

Tratándose de los patrones de trabajadores del campo, la obligación establecida en la fracción XIII del artículo 283 de la Ley Federal del Trabajo, se cumplirá mediante el pago de la prima establecida en el artículo 211 de la presente Ley.

Artículo 237. Los trabajadores asalariados de carácter permanente, eventual y estacional en actividades del campo, se comprenden en el artículo 12, fracción I, de esta ley y accederán a la seguridad social en los términos y formas que establezca la misma, conforme a las modalidades que para el efecto establezcan la presente ley y los reglamentos que correspondan.

Los trabajadores estacionales del campo y sus patrones se sujetarán a las siguientes modalidades:

I. El Estado cubrirá las prestaciones en dinero y en especie, así como los gastos administrativos del seguro de enfermedades y maternidad.

II. Los patrones cubrirán en términos de la presente Ley las cuotas para los seguros de Riesgo de Trabajo, Guarderías y Prestaciones Sociales, Invalidez y Vida; Retiro, Cesantía en Edad Avanzada y Vejez.

III. Las cuotas patronales se calcularán con base en el salario de referencia establecido en los artículos 5-A, fracción XX, y 237-D de la presente Ley.

IV. Para el registro, presentación de movimientos, pago de cuotas y obtención de beneficios fiscales, los patrones deberán:

a) Registrarse en el Instituto dentro de un plazo no mayor a diez días hábiles, contados a partir de la fecha de inicio de sus actividades.

b) Presentar mensualmente ante el Instituto la relación de movimientos afiliatorios en un plazo no mayor a ocho días hábiles posteriores al mes de que se trate.

El Instituto brindará la atención correspondiente a los trabajadores que aún no hubiesen sido registrados, dentro del plazo a que se refiere el párrafo anterior, previa acreditación de los mismos de su calidad de trabajadores estacionales del campo mediante el Formato de Autorización para Atención Médica para Trabajadores del Campo (AMTC) emitido por el Instituto y expedido por el patrón de conformidad con lo establecido en el Artículo 237-F de la presente Ley.

c) Pagar las cuotas correspondientes dentro de los diecisiete días hábiles del mes siguiente al de la presentación de la relación de trabajadores a que se refiere el inciso anterior.

V. Las demás que establezcan los reglamentos que correspondan.

Artículo 237-A. En aquellos lugares donde el Instituto no cuente con instalaciones, éstas sean insuficientes en función de la oferta y la demanda estacional de servicios o no pueda atender a los trabajadores del campo por razones de distancia, especialidad médica u oportunidad para prestar los servicios de salud y guarderías que tiene encomendados, eximirá al patrón y a los trabajadores del campo de las contraprestaciones correspondientes; sin embargo, cuando los patrones, así como las organizaciones de los trabajadores, otorguen por su cuenta las prestaciones de enfermedades y maternidad, así como las de guarderías que le corresponden al Instituto, estos podrán celebrar convenios con el Instituto en el que se incluya la compensación por los costos incurridos en la prestación de tales servicios.

Dichos convenios se celebrarán de conformidad con las reglas de carácter general que para tal efecto expida el Consejo Técnico, pero el pago por las prestaciones a que se refiere el párrafo anterior, no podrán ser inferiores al costo por servicio equivalente que represente al Instituto, brindar la atención en la unidad más próxima.

En todo caso, los patrones del campo y las organizaciones a que se refiere este artículo estarán obligados a proporcionar al Instituto los informes y estadísticas que éste les exigiere y a sujetarse a las instrucciones, normas técnicas, inspecciones y vigilancia prescritas por el propio Instituto, en los términos de las reglas de carácter general que con respecto a los servicios médicos y de guarderías expida el Consejo Técnico. Dichas instrucciones, normas técnicas, inspecciones y vigilancia deberán ser acordes a las circunstancias en que desarrolle su actividad el patrón del campo, dentro del medio rural en que se desenvuelve en virtud de que, de no poder dar el servicio el Instituto, éste no podrá exigir más de lo que pueda otorgar.

Artículo 237-B.-

I...

II. Comunicarán altas, bajas y reingresos de sus trabajadores así como las modificaciones de su salario y los demás datos, en los términos y dentro de los plazos que establece la presente Ley y el reglamento correspondiente; y,

III. Expedirán y entregarán, constancia de los días laborados y de salarios totales devengados, de acuerdo a lo que establezcan la presente Ley y los reglamentos respectivos.

Artículo 237-C.- Los patrones del campo podrán excluir, independientemente de lo establecido en el artículo 27 de esta Ley como integrante del salario base de cotización o de referencia, según el caso, los pagos adicionales que realicen por concepto de productividad, hasta por el veinte por ciento del salario base de cotización o de referencia, según el caso, observando lo dispuesto en el artículo 29, fracción III de esta Ley. Para que el concepto de productividad mencionado en este artículo, se excluya como integrante del salario base de cotización, deberá estar debidamente registrado en la contabilidad del patrón.

Artículo 237-D. Los patrones del campo que contraten trabajadores estacionales del campo, podrán efectuar la inscripción y el pago de las cuotas obrero patronales con el salario que resulte de aplicar el factor de 1.68, sobre el salario mínimo diario general vigente del área geográfica que corresponda, siempre y cuando el salario base de cotización sea superior a 1.68 veces el salario mínimo general. En caso contrario, la incorporación y pago de las cuotas obrero patronales, se hará con base en el salario real percibido por el trabajador.

El salario resultante de aplicar el factor de 1.68 al salario mínimo diario general vigente, se actualizará anualmente en base a los incrementos porcentuales que determine la Comisión Nacional de Salarios Mínimos para cada una de las zonas económicas determinadas.

Artículo 237-E. Para el cumplimiento de los servicios de salud, el Instituto expedirá los formatos de Autorización para Atención Médica para Trabajadores del Campo (AMTC), mismos que obtendrá el patrón del campo sin costo alguno al inicio de cada ciclo agrícola o al principio del año, según prefiera.

Cuando alguno de los trabajadores del campo requiera servicios médicos, deberá de obtener del patrón uno de los formatos firmados, conservando el patrón del campo el talón del mismo para futuras revisiones del Instituto. El derechohabiente entregará el formato AMTC en la Unidad de Medicina Familiar del IMSS Régimen Obligatorio o en la Unidad de Medicina Rural del IMSS Oportunidades que corresponda, a fin de acceder a los servicios médicos. Los formatos serán de vigencia anual, intransferibles, inalienables y personales.

El patrón que requiera más formatos durante el ciclo agrícola que corresponda o durante el año, deberá solicitarlo por escrito a la Subdelegación que le corresponda, a fin de que ésta pueda proporcionarle formatos adicionales, previa comprobación del uso total de los que se le hubieren entregado, conforme a los informes mensuales proporcionados por el mismo patrón del campo.

Los formatos que no hayan sido utilizados al término del año calendario, deberán ser devueltos al Instituto y podrán ser canjeados por los del siguiente año calendario.

El patrón del campo y los trabajadores estacionales del campo a quienes se les otorguen, serán responsables del correcto uso de los formatos AMTC que hayan recibido.

En caso de que se propicie u obtenga algún beneficio indebido, con motivo de la utilización del formato AMTC, el patrón o trabajador estacional del campo, estarán sujetos a lo establecido en el artículo 314 de la Ley.

Los patrones del campo deberán informar, después de cada ciclo agrícola o anualmente para los dedicados a actividades ganaderas, al Instituto en la subdelegación correspondiente, por escrito y bajo protesta de decir verdad, sobre los formatos usados en el año anterior, indicando el nombre del trabajador a quien se le haya proporcionado cada formato, el número de folio del formato y la fecha de entrega del formato. Asimismo, deberá indicar sobre los formatos usados, si corresponden a una enfermedad o a un accidente de trabajo.

Artículo 237-F. Es obligación de las personas físicas o morales que adquieran cultivos en pie, así como explotaciones ganaderas, acuícolas o forestales, respecto a los cuales se requiera el empleo de trabajadores estacionales o eventuales del campo para culminar el ciclo productivo, registrarse y registrar a sus trabajadores ante el Instituto a más tardar tres días hábiles posteriores a la fecha en que tales actos ocurran.

El instituto deberá proveer de los medios técnicos para facilitar y vigilar el cumplimiento expedito de la presente obligación.

Artículo 240. ……

Los trabajadores estacionales del campo y sus familias disfrutarán de manera gratuita de las prestaciones aludidas en el párrafo anterior en los períodos en que permanezcan desempleados, siempre y cuando acrediten que en los doce meses anteriores, cubrieron ante el Instituto por lo menos veintisiete semanas de cotización como asegurados, en los términos del reglamento respectivo.

Artículo 287. Las cuotas, los capitales constitutivos, su actualización y los recargos, las multas impuestas en los términos de esta Ley, los gastos realizados por el Instituto por inscripciones improcedentes y los que tenga derecho a exigir de las personas no derechohabientes, tienen el carácter de crédito fiscal. Quedan exceptuados de ser embargados, así como ser sustraídos, o inmovilizados los bienes materiales de producción agropecuaria, las cuentas bancarias destinadas a tales operaciones y los predios y terrenos en que se realicen o empaquen los cultivos o produzcan los animales; se exceptúa lo anterior si los adeudos al Instituto superan el setenta por ciento del valor de avalúo del predio o predios rústicos donde se llevan a cabo tales labores.

ARTICULOS TRANSITORIOS

Primero. El presente Decreto entrará en vigor a los treinta días naturales siguientes al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Los patrones de trabajadores estacionales del campo que a la entrada en vigor del presente Decreto no estén al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones con el Instituto, podrán hacerlo en la forma y términos establecidos en el artículo 237, fracción IV, inciso a), de la Ley del Seguro Social, sobre la base de 1.05 salarios mínimos como Salario Base de Cotización y con las actualizaciones y recargos que correspondan. No se impondrán multas o algún otro tipo de sanción a los patrones que se acojan a lo dispuesto en el presente Artículo Transitorio.

Tercero. El Director del Instituto del Seguro Social y los titulares de las direcciones, secretarías, unidades, órganos y coordinaciones, así como de sus delegaciones estatales, serán responsables por el incumplimiento de sus obligaciones en el otorgamiento de los servicios y prestaciones que deberán proporcionar a los trabajadores estacionales del campo en los términos del presente Decreto, y conforme lo dispuesto por el artículo 8 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos.

Cámara de Senadores, a 14 de febrero de 2013.

Sen. Diva Hadamira Gastélum Bajo”.

1 La “Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo 2012”, elaborada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), señala  que el número de trabajadores del sector agropecuario asciende a 6, 580,206.

PRESIDENCIA DEL C. SENADOR
ERNESTO JAVIER CORDERO ARROYO

- El C. Presidente Ernesto Javier Cordero Arroyo: Gracias, Senadora Gastélum Bajo. Túrnese a las Comisiones Unidas de Justicia; y de Estudios Legislativos, el proyecto de reformas al Código de Justicia Militar.

El proyecto de Decreto que reforma a diversos artículos de la Ley del Seguro Social, se turna a la Cámara de Diputados.

Compañeros Senadores, informo a ustedes que el Senador Armando Ríos Piter, del grupo parlamentario del PRD, presentó una solicitud de excitativa en relación con el proyecto que Decreto por el que se adiciona un último párrafo al artículo 4o. y se reforma la fracción XXIX-J del artículo 73 constitucional, por lo que esta Presidencia emite atenta excitativa a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; y de Estudios Legislativos, a fin de que presenten el dictamen que corresponda.





 

EXCITATIVA

“El que suscribe, ARMANDO RIOS PITER, Senador de la República de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo establecido por el Artículo 67, inciso g) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y el artículo 21, fracción XVI, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, solicito a la Presidencia de la Mesa Directiva del Senado de la República para que respetuosamente excite a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos a que presenten el dictamen al proyecto de decreto por el que se adiciona un último párrafo al artículo 4o. y se reforma la fracción XXIX-J del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

PRIMERO. El 29 de abril de 2010, los Diputados José Francisco Javier Landero Gutiérrez, Sixto Alfonso Zetina Soto, César Daniel González Madruga, Juan José Cuevas García, del grupo parlamentario del PAN; Nely Edith Miranda Herrera, Sandra Méndez Hernández, Salvador Caro Cabrera del grupo parlamentario del PRI; Carlos Torres Piña del grupo parlamentario del PRD, y Juan Carlos Natale López del grupo parlamentario del PVEM, suscribieron una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 4 y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la cual se turnó a la Comisión de Puntos Constitucionales, para análisis y elaboración del dictamen correspondiente.

SEGUNDO. El 1 de marzo de 2012, el pleno de la Cámara de Diputados aprobó en lo general y en lo particular el dictamen de la Comisión de Puntos Constitucionales con proyecto de decreto que adiciona un último párrafo al artículo 4o. y reforma la fracción XXIX-J del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, turnándolo en la misma fecha a la Cámara de Senadores para su discusión y votación.

TERCERO. El 6 de marzo de 2012, la Cámara de Senadores recibió la minuta del dictamen con el proyecto de Decreto y la turnó a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos.

CUARTO. El 4 de octubre de 2012, la Cámara de Diputados recibió de la Diputada Crystal Tovar Aragón, del Grupo Parlamentario del PRD, una Proposición con Punto de Acuerdo para exhortar al Senado de la República a dictaminar el proyecto de Decreto de referencia, la cual fue presentada de urgente y obvia resolución, y aprobada el mismo día.

QUINTO. El 9 de octubre de 2012 la Cámara de Senadores recibió Oficio de la Cámara de Diputados con el que se remitió el punto de acuerdo de la Dip. Crystal Tovar Aragón, en el que exhorta al Senado de la República a dictaminar el proyecto en comento, el cual turnó a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos.

SEXTO. La minuta que se encuentra en proceso legislativo dentro de las Comisiones Unidas antes citadas, tiene como objetivo reconocer en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos el derecho de las personas jóvenes a su desarrollo integral, mediante la protección de sus derechos humanos y garantías individuales, mediante la adición al último párrafo del Artículo 4º. Constitucional.

SEPTIMO. A ello, se suma la reforma a la fracción XXIX-J del artículo 73 de la propia Constitución mexicana en la que se faculta al Congreso de la Unión para legislar en materia de juventud, con el objeto de que el Poder Legislativo, pueda expedir las leyes necesarias que determinen la concurrencia entre la Federación, los Estados, el Distrito Federal y los Municipios.

OCTAVO. Al considerar que actualmente no existe un marco jurídico que garantice el desarrollo integral de los jóvenes, como Senador de la República, y anteriormente como Diputado Federal, uno de mis objetivos es lograr impulsar leyes que beneficien a la juventud, de ahí la importancia de contar con las facultades expresas para legislar en la materia.

NOVENO. El pasado proceso electoral denotó la falta de políticas públicas y de un marco legislativo dirigido a la juventud; es por ello que el Senado de la República está obligado a responder a través de su quehacer parlamentario y concluir el dictamen al Proyecto que permitiría la posibilidad de instrumentar leyes en beneficio del sector juvenil.

DECIMO. Diversas iniciativas sobre juventud, se encuentran detenidas al no tener el Congreso la facultad de legislar en la materia; de ahí la importancia de que se cumpla el proceso legislativo de dictamen del proyecto de Decreto por el que se adiciona un último párrafo al Artículo 4º. Y se reforma la fracción XXIX-J del 7 Constitucional.

En virtud de lo anterior y con fundamento en el Artículo 67, inciso g) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y el artículo 21, fracción XVI, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, el Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores, por lo que con fundamento en los artículos invocados, me permito solicitar de la manera más atenta a la Presidencia de la Mesa Directiva de esta H. Cámara de Senadores el siguiente:

PUNTO RESOLUTIVO

UNICO.- En el debido ejercicio de las atribuciones que le confiere el artículo 21 fracción XVI del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y demás disposiciones aplicables solicito a la Mesa Directiva del Senado de la República tenga a bien excitar a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos a que presenten el dictamen al proyecto de decreto por el que se adiciona un último párrafo al artículo 4o. y se reforma la fracción XXIX-J del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Dado en el salón de sesiones en el Senado de la República, a 19 de febrero de 2013.

Atentamente

Sen. Armando Ríos Piter”.

Solicito a la Secretaría dé cuenta con los asuntos que se turnarán a comisiones directamente.

- La C. Secretaria Palafox Gutiérrez: Informo a la Asamblea los asuntos que se turnarán a comisiones de forma directa:





 

Del Senador Arturo Zamora Jiménez, una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 29 y se adiciona el artículo 29 Bis de la Ley General de Salud, que se turna a las Comisiones Unidas de Salud; y de Estudios Legislativos.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTICULO 29 Y SE ADICIONA EL ARTICULO 29 BIS DE LA LEY GENERAL DE SALUD

(Presentada por el C. Senador Arturo Zamora Jiménez, del grupo parlamentario del PRI)

“ARTURO ZAMORA JIMENEZ, Senador de la República para la LXII Legislatura del Congreso de la Unión e integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en el artículo 71 Fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y de conformidad con lo dispuesto por los artículos 8º Numeral 1 fracción I, 164 1 y 169 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta Soberanía la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL CUAL SE REFORMA EL ARTICULO 29 Y SE ADICIONA EL 29 BIS DE LA LEY GENERAL DE SALUD, con base en la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

El derecho a la salud está garantizado en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en el párrafo tercero del artículo 4to que a la letra dice: Toda persona tiene derecho a la protección de la salud. La Ley definirá las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y establecerá la concurrencia de la Federación y las entidades federativas en materia de salubridad general, conforme a lo que dispone la fracción XVI del artículo 73 de esta Constitución.

La Ley General de Salud en el artículo 77 Bis 1 mandata que la protección social en salud es un mecanismo por el cual el Estado garantizará el acceso efectivo, oportuno, de calidad, sin desembolso al momento de utilización y sin discriminación a los servicios médico-quirúrgicos, farmacéuticos y hospitalarios que satisfagan de manera integral las necesidades de salud, mediante la combinación de intervenciones de promoción de la salud, prevención, diagnóstico, tratamiento y de rehabilitación, seleccionadas en forma prioritaria según criterios de seguridad, eficacia, costo, efectividad, adherencia a normas éticas profesionales y aceptabilidad social.

El artículo 23 de la misma Ley señala que los servicios de salud son todas aquellas acciones realizadas en beneficio del individuo y de la sociedad en general, dirigidas a proteger, promover y restaurar la salud de la persona y de la colectividad.

Las autoridades sanitarias deben propiciar reducir la desigualdad existente entre la población y contribuir a superar la pobreza garantizando el derecho constitucional de los mexicanos para acceder a los servicios de salud. Cabe señalar, que de acuerdo a la Ley General de Salud las autoridades sanitarias son: el Presidente de la República, el Consejo de Salubridad General, la Secretaría de Salud y los gobiernos de las entidades federativas. El Consejo de Salubridad General (CSG) está integrado por el Secretario de Salud y los presidentes de la Academia Nacional de Medicina y de la Academia Mexicana de Cirugía. La competencia del CSG se circunscribe a la asesoría y opinión del más alto nivel en la ejecución de la política pública en materia de salud, mientras que a la Secretaría de Salud le corresponde la coordinación del Sistema Nacional de Salud.1

El Sistema Nacional de Salud está constituido por las dependencias y entidades de la Administración Pública, tanto federal como local, y las personas físicas y morales de los sectores social y privado, que presten servicios de salud, así como por los mecanismos de coordinación de acciones, y tiene por objeto dar cumplimiento al derecho a la protección de la salud.

De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud señala un sistema de salud abarca todas las actividades cuya finalidad principal es promover, restablecer o mantener la salud de la población.

El medio más utilizado por los pacientes para restablecer la salud son los medicamentos, por lo que el acceso a los mismos constituye un importante factor que garantiza el derecho a la salud.

Desabasto de medicamentos2

De acuerdo a la Unidad de Evaluación y Control de la Comisión de Vigilancia de Auditoría Superior de la Federación el desabasto de medicamentos sigue siendo un problema en las regiones marginadas y en las zonas rurales. La falta de acceso oportuno y suficiente a medicamentos puede absorber más de la mitad del ingreso mensual de las familias, teniendo un impacto negativo en su calidad de vida.

México es el segundo país con mayor gasto en medicamentos en relación al gasto total en salud de acuerdo con la OCDE. Asimismo, señala que México invierte 250 dólares per cápita en medicamentos, monto muy superior al de Chile, por ejemplo, cuyo modelo de salud preventivo le permite invertir únicamente 135 dólares per cápita; contrario a los Estados Unidos, cuyo modelo reactivo propicia un gasto de 997 dólares per cápita.

No obstante, en 2011 el 45% de las recetas no se surtieron de manera completa en los Centros de Salud (donde se atiende la mayor parte de la población rural), de acuerdo con el Instituto Nacional de Salud Pública.

En lo que respecta a la distribución regional de surtimiento de recetas, el Instituto Nacional de Salud Pública señala que, durante 2011, en la mitad de las entidades del país la proporción de recetas surtidas completamente fue de apenas 46%; en siete entidades se reporta que el surtimiento nulo de recetas es casi de 20 por cada 100; y en 13 entidades el surtimiento parcial de recetas es en promedio de 34 recetas por cada 100.

En 2010, el 48% del gasto de tratamientos y medicinas en México fue de bolsillo, es decir, las familias pagaron 5 mil 138 pesos anuales de su dinero aunque tuvieran seguridad social.

Recomendaciones de la Auditoría Superior de la Federación

La Auditoría Superior de la Federación en la revisión sobre Adquisición de Medicamentos y Productos Farmacéuticos al Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán3 recomendó que:

- Se valore la pertinencia de establecer lineamientos a fin de que las instituciones de Salud, antes de sus adquisiciones de medicamentos consulten entre ellas los precios ofertados por los proveedores y definir "precios de referencia", para propiciar las mejores condiciones de precio para el estado.

- Se fortalezca los mecanismos de supervisión y control a fin de que, en lo sucesivo, determine en forma eficiente sus necesidades e identifique de manera oportuna las claves con sobreexistencias y desabasto, con objeto de evitar claves de lento y nulo movimiento y compras emergentes, y de contar con el abasto suficiente para atender la demanda.

- Se fortalezca los mecanismos de supervisión y control, con objeto de agilizar las acciones a efecto de que los medicamentos de lento y nulo movimiento tengan una utilidad para el bienestar de los derechohabientes.

La Auditoría Superior de la Federación en la revisión del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud concluye y recomienda4 que:

- La elevada proporción del gasto destinado a los conceptos de servicios personales y gastos operativos fueron factores que afectaron la carencia de medicamentos en los centros de salud y en su compra, ya que a nivel nacional sólo se destinó poco más del 3.0% del gasto total; otro factor que agravó dicha situación fue la inadecuada planeación, adquisición manejo y control de las medicinas.

- Establecer políticas o procedimientos para verificar que antes de adquirir medicamentos, se determine su existencia en los almacenes, bodegas de concentración o farmacias, con el propósito de promover su movilización y uso inmediato, y así poder evitar su caducidad, aumentar su rotación y disminuir su lento o nulo movimiento.

- En la mayoría de los centros de salud no existe un adecuado control de los medicamentos que reciben y de los que entregan a los pacientes, además de que al no disponer de estudios que generen una relación de los medicamentos con mayor demanda, da lugar a la existencia de medicinas obsoletas o a problemas de escasez.

En virtud de lo anterior, me permito someter a consideración de esta Soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de:

Decreto por el cual se reforma el artículo 29 y se adiciona el 29 bis de la Ley General de Salud.

Primero. Se reforma el artículo 29 y se adiciona el 29 bis de la Ley General De Salud para quedar como sigue:

Artículo 29.- Del Cuadro Básico de Insumos del Sector Salud, la Secretaría de Salud determinará la lista de medicamentos y otros insumos esenciales para la salud, y garantizará su existencia permanente y disponibilidad a la población que los requiera, en coordinación con las autoridades competentes.

La Secretaría de Salud procurará propiciar las mejores condiciones de precio en la adquisición de medicamentos para el Estado. Asimismo, realizará diagnósticos de demanda y gestión de medicamento a nivel regional para mejorar la planeación, adquisición, manejo y control de medicinas y evitar su caducidad, aumentar su rotación y disminuir su lento o nulo movimiento.

Artículo 29 bis.- La Secretaría de Salud establecerá metas e indicadores relacionados con el artículo anterior, y monitoreará y dará seguimiento a los mismos. Integrará un informe anual con los resultados obtenidos, así como las mejoras susceptibles de realizar que se entregará a las Comisiones de Salud del Congreso. El informe respectivo se publicará en la página web de la Secretaría de Salud.

TRANSITORIO

UNICO.- El Presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, a 19 de febrero de 2013.

Sen. Arturo Zamora Jiménez

Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional”.

1Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública, "Políticas públicas y gestión gubernamental de la administración vigente", en Salud [Actualización: 19 de junio de 2006], en www.diputados.gob.mx/cesop/

2Unidad de Evaluación y Control de la CVASF, “Análisis del Desarrollo Social en México 2011” Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, México, diciembre de 2012.

3Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2010, Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 10‐1‐12NCG‐02‐0862.

4 Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2009,  Marco de Referencia Ramo General 33. Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud.





 

PROPUESTAS

De la Senadora Gabriela Cuevas Barrón, del grupo parlamentario del PAN, que contiene punto de Acuerdo por el que se exhorta al titular del Ejecutivo Federal, a rendir un informe sobre los avances logrados y los temas abordados en la última ronda de negociación del Acuerdo de Asociación Transpacífico, mismo que se turna la Comisión de Comercio y Fomento Industrial.







 

De la Senadora Gabriela Cuevas Barrón, del grupo parlamentario del PAN, que contiene punto de Acuerdo por el que se solicita al Ejecutivo Federal informe los alcances de los acuerdos en materia arancelaria concertados por los presidentes de los países que integran la Alianza del Pacífico, el 27 de enero de 2013, mismo que se turna a la Comisión de Comercio y Fomento Industrial.

PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE SOLICITA AL EJECUTIVO FEDERAL INFORME LOS ALCANCES DE LOS ACUERDOS EN MATERIA ARANCELARIA CONCERTADOS POR LOS PRESIDENTES DE LOS PAISES QUE INTEGRAN LA ALIANZA DEL PACIFICO, EL 27 DE ENERO DE 2013

“SEN. ERNESTO CORDERO ARROYO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
DEL SENADO DE LA REPUBLICA
PRESENTE.

Gabriela Cuevas Barron, Senadora de la República de la LXII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8, numeral 1, Fracción II, 108, 109 y 276, numeral 1, del Reglamento del Senado de la República, y demás disposiciones aplicables, someto a la consideración de esta H. Asamblea, con carácter de urgente resolución, la siguiente proposición con punto de Acuerdo por el que el Senado de la República solicita al Ejecutivo Federal informe los alcances de los acuerdos en materia arancelaria concertados por los presidentes de los países que integran la Alianza del Pacífico, el 27 de enero de 2013.

CONSIDERACIONES

El 6 de junio de 2012 los Jefes de Estado de Chile, Colombia, Perú y México se reunieron en Antofagasta, Chile, en donde suscribieron la Declaración Presidencial de Paranal, así como el Acuerdo Marco con el fin de suscribir un tratado constitutivo fundacional de la Alianza del Pacífico.

El 15 de noviembre pasado, en sesión Ordinaria, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 76 fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Senado de la República aprobó el Acuerdo Marco de la Alianza del Pacífico, al aprobar el dictamen presentado por las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, Relaciones Exteriores América Latina y el Caribe y de Comercio y Fomento Industrial.

El Decreto que aprobó el Acuerdo Marco de la Alianza del Pacífico fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el 30 de Noviembre siguiente.

El Acuerdo Marco de la Alianza del Pacífico constituye un logro diplomático de gran relevancia para México, representando una oportunidad de crecimiento para las exportaciones mexicanas, así como una oportunidad de estrechar la cooperación y los lazos comerciales con los países integrantes del Tratado, en beneficio de nuestras economías y de los ciudadanos de las naciones participantes en el Tratado.

El pasado 27 de enero conocimos por los medios de información que durante una reunión de la Alianza del Pacífico, en Santiago de Chile, los presidentes de México, Chile, Colombia y Perú, acordaron eliminar los aranceles del 100% de los bienes que se intercambian en la región antes del 31 de marzo de este año, aunque el 90% tendrá una desgravación inmediata y el 10% restante operará con un calendario más extenso por tratarse de temas “más sensibles”. Además, se dijo que en los próximos meses se negociará un acuerdo de libre movilidad de inversiones entre los países de la Alianza del Pacífico.

Las facultades constitucionales del Senado de la República, consagradas en la fracción I del artículo 76 constitucional obligan a esta soberanía no sólo a analizar la política exterior desarrollada por el Ejecutivo Federal, sino además, a aprobar los tratados internacionales y convenciones diplomáticas que el Ejecutivo, así como su decisión de terminar, denunciar, suspender, modificar, enmendar, retirar reservas y formular declaraciones interpretativas sobre los mismos.
En el caso que nos ocupa, es imprescindible que esta Soberanía conozca los detalles de los acuerdos alcanzados por el Ejecutivo Federal en el marco del Acuerdo de la Alianza del Pacífico, el 27 de enero pasado.

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de esta H. Asamblea la siguiente proposición con:

PUNTO DE ACUERDO

UNICO. El Senado de la República solicita respetuosamente al Ejecutivo Federal informe a esta soberanía los alcances de los acuerdos en materia arancelaria concertados por los presidentes de los países que integran la Alianza del Pacífico, el 27 de enero de 2013.

Ciudad de México, a 7 de febrero del 2013.

Sen. Gabriela Cuevas Barrón”.





 

De la Senadora Ana Gabriela Guevara Espinoza, a nombre y representación del grupo parlamentario del PT, que contiene punto de Acuerdo por el que se exhorta al Comisionado del Instituto Nacional de Migración a ejecutar acciones a favor de una diáspora digna, mismo que se turna a la Comisión de Asuntos Migratorios.

PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL COMISIONADO DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION A EJECUTAR ACCIONES A FAVOR DE UNA DIASPORA DIGNA

“De la Senadora ANA GABRIELA GUEVARA, integrante de la LXII Legislatura de la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión, a nombre y representación del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8, fracción II; 76, fracción IX, 108, 276, y demás aplicables del Reglamento del Senado de la República, presento ante esta Honorable Asamblea, la siguiente PROPOSICION DE PUNTO DE ACUERDO PARA QUE EL SENADO DE LA REPUBLICA EXHORTE AL COMISIONADO DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION, LICENCIADO ARDELIO VARGAS FOSADO A EJECUTAR ACCIONES A FAVOR DE UNA DIASPORA DIGNA, de conformidad con las siguientes:

CONSIDERACIONES

1.- Es conocido por esta institución la condición a las que se exponen, las personas que deciden migrar en busca de trabajo, seguridad, alimentos o casa en un país considerado expulsor, en todos los análisis académicos, como el nuestro.. También es conocido que nuestro país es puente para millones de centroamericanos que deciden realizar una hazaña al atravesar el territorio para llegar a los Estados Unidos.

2.- Una vez más, se da una denuncia concreta que circula en los medios de información: El Movimiento Migrante Mesoamericano advirtió que la ruta migratoria en México experimenta una situación de emergencia debido a que los grupos criminales organizados aumentaron su nivel de agresividad. Estas insistentes denuncias no son atendidas y las organizaciones reiteran, legítimamente, en ser escuchadas; por ello se señaló que, por ejemplo, en Veracruz los delincuentes se reorganizaron y cobran a extranjeros cuotas de hasta 100 dólares para permitirles abordar el tren que atraviesa el municipio de Tierra Blanca. Esos ferrocarriles llegan a transportar unos 700 indocumentados de Centroamérica, entre quienes se mezclan informantes de bandas delictivas. En otra parte de las notas se acusa que en Tenosique, Tabasco, la ruta está "tomada" por el crimen organizado, lo que genera tensión en el ambiente y miedo por alguna acción inesperada de gran magnitud, reportaron los activistas.
El comunicado del Movimiento Migrante Mesoamericano enfatiza que “el aparato de seguridad del Estado mexicano que realice operativos para limpiar la ruta migrante de conocidos y solapados criminales” y añade: “los migrantes y sus defensores están en peligro real e inmediato, sufriendo las terribles consecuencias del desinterés oficial. No se puede esperar y se debe prevenir que se dé una masacre más para lograr que la autoridad reaccione, el Gobierno mexicano debe actuar de inmediato”, sostuvo el movimiento en un comunicado. “Las muertes, secuestros, desapariciones forzadas y el tráfico de migrantes son posibles durante su travesía gracias a la un sistema de complicidades. Por la ruta migrante, las comunidades y albergues son testigos y saben quiénes son y dónde están los delincuentes, pero la complicidad de las autoridades se descubre cuando a las denuncias no les dan trámite o peor aún, cuando se atreven, acusan a las propias víctimas del delito denunciado", enfatizó el Movimiento. Uno de los inmuebles más afectados por la violencia fue el albergue San José de Huehuetoca, Estado de México, donde el año pasado se detectó la acción de un grupo de tratantes ligados a pandillas y delincuentes organizados. “Estas advertencias corresponden con denuncias que se han estado reiterando enérgicamente durante la última mitad del año pasado, en el sentido de que se observa un incremento desmesurado de la violencia y en las agresiones a defensores sin que la autoridad haya dado señales de actuar”, reprocharon. El Movimiento Migrante Mesoamericano asegura que los indocumentados que van a EU están en riesgo ante el crimen organizado en puntos:

1.- En Tenosique, Tabasco, la ruta está "tomada" por el crimen organizado, lo que genera tensión y miedo en el ambiente.

2.- Veracruz los delincuentes cobran a los migrantes cuotas de hasta 100 dólares para permitirles abordar el tren.

3.- El albergue San José de Huehuetoca, Estado de México fue atacado por hombres armados, lo que provocó el cierre de las instalaciones.

Por todo lo anterior, sometemos a la consideración de esta Asamblea el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

UNO.- EL PLENO DE LA COMISION PERMANENTE DEL CONGRESO DE LA UNION, EXHORTA AL COMISIONADO DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION, LICENCIADO ARDELIO VARGAS FOSADO, A IMPULSAR UN OPERATIVO PERMANENTE Y ESPECIALIZADO EN LOS PUNTOS SIGUIENTES, QUE SE HAN CONVERTIDO EN COTO DE CAZA DE MIGRANTES POR EL CRIMEN ORGANIZADO: TENOSIQUE, TABASCO, VERACRUZ EN DONDE LOS DELINCUENTES COBRAN A LOS MIGRANTES CUOTAS DE HASTA 100 DOLARES PARA PERMITIRLES ABORDAR EL TREN Y EN EL ALBERGUE SAN JOSE DE HUEHUETOCA, ESTADO DE MEXICO.

DOS.- EL PLENO DE LA COMISION PERMANENTE DEL CONGRESO DE LA UNION, EXHORTA AL COMISIONADO DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION, LICENCIADO ARDELIO VARGAS FOSADO A ARTICULAR ESFUERZOS CON LAS DEPENDENCIAS RESPONSABLES DEL GOBIERNO FEDERAL, LOS GOBIERNOS ESTATALES Y MUNICIPALES PARA QUE LAS RUTAS DE MIGRACION TRANSITADAS Y CONOCIDAS POR LOS SISTEMAS DE INFORMACION, TENGAN UN MINIMO DE SEGURIDAD Y MONITOREO A FAVOR DE UNA DIASPORA DIGNA.

Cámara de Senadores, a 7 de febrero de 2013.

Atentamente

Sen. Ana Gabriela Guevara”.





 

De la Senadora Ana Gabriela Guevara Espinoza, a nombre propio y en representación del grupo parlamentario del PT, que contiene punto de Acuerdo por el que se exhorta a las Comisiones de Asuntos Migratorios del Senado de la República y de la Cámara de Diputados a convocar a reuniones de trabajo para realizar los cambios legislativos urgentes en materia de migración, mismo que se turna a la Comisión de Asuntos Migratorios.

PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LAS COMISIONES DE ASUNTOS MIGRATORIOS DEL SENADO DE LA REPUBLICA Y DE LA CAMARA DE DIPUTADOS A CONVOCAR A REUNIONES DE TRABAJO PARA REALIZAR LOS CAMBIOS LEGISLATIVOS URGENTES EN MATERIAS DE MIGRACION

“De la Senadora ANA GABRIELA GUEVARA, integrante de la LXII Legislatura de la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión, a nombre y representación del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8, fracción II; 76, fracción IX, 108, 276, y demás aplicables del Reglamento del Senado de la República, presento ante esta Honorable Asamblea, la siguiente PROPOSICION DE PUNTO DE ACUERDO PARA QUE LA COMISION PERMANENTE EXHORTE A LAS COMISIONES DE ASUNTOS MIGRATORIOS DEL SENADO DE LA REPUBLICA Y DE LA CAMARA DE DIPUTADOS A CONVOCAR A REUNIONES DE TRABAJO PARA REALIZAR LOS CAMBIOS LEGISLATIVOS URGENTES EN MATERIA DE MIGRACION; Y DOS, CONVOCAR AL COMISIONADO DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION, LICENCIADO ARDELIO VARGAS FOSADO PARA PARTICIPAR EN REUNIONES DE TRABAJO LEGISLATIVO, CON LAS COMISIONES LEGISLATIVAS SENATORIALES Y DE LA CAMARA DE DIPUTADOS PARA REALIZAR LA PROPUESTA DE CAMBIOS CONSTITUCIONALES EN MATERIA DE MIGRACION, de conformidad con las siguientes:

CONSIDERACIONES

1.- Para cualquier entidad, institución, estudioso o interesado en el tema de la migración mexicana interna, externa y de paso, es ya materia conocida la condición extremadamente negativa de las migrantes y los migrantes; son conocidas las causas, la infestación del crimen organizado en las rutas de tránsito migrante, la corrupción de muchas de las autoridades encargadas de la gobernabilidad de la migración y la debilidad de las instituciones erigidas para atender esta movilidad vulnerable.

2.- El 18 de enero del presente, durante el primer mensaje del recién delegado, el Licenciado Ardelio Vargas Fosado, Comisionado del Instituto Nacional de Migración emitió dos convocatorias; una que se debe plantear de manera urgente, pero responsable, una amplia reforma migratoria acorde a una nueva realidad basada en el servicio y la atención al migrante; y dos el resaltar que tomará el compromiso del presidente Enrique Peña Nieto en materia de derechos humanos.

3.- Tanto el Senado de la República como la H. Cámara de Diputados, poseen instancias que tienen la facultad de producir y legalizar demandas ciudadanas y de quienes viven la experiencia de la diáspora migrante. Ante ello, se han acumulado argumentaciones y estudios suficientes para realizar los cambios constitucionales en la materia regulatoria migrante. Hay suficiente capital de propuestas y análisis que sustentarán los cambios y, se reconoce, los representantes populares están dispuestos a aprovechar esa llamada de urgencia, para impulsar los cambios que están latentes en la conciencia de interesados y de los grupos organizados de la migración a la legislación vigente. Para ello es necesario a recurrir a las vías del diálogo común y a las construcciones que plantea la teoría de la gobernanza, es decir, las construcciones colectivas.

Por todo lo anterior, sometemos a la consideración de esta Asamblea el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

UNO.- EL PLENO DE LA COMISION PERMANENTE DEL CONGRESO DE LA UNION, EXHORTA A LAS COMISIONES DE DERECHOS HUMANOS, DE ASUNTOS MIGRATORIOS Y DE TODAS AQUELLAS COMISIONES QUE TENGAN ALGUNA ARTICULACION O TRANSVERSALIDAD LEGISLATIVA, TANTO DEL SENADO DE LA REPUBLICA COMO DE LA H. CAMARA DE DIPUTADOS, PARA REALIZAR UNA CONVOCATORIA A UNA RONDA DE SESIONES DE TRABAJO EN DONDE, EN CASO DE ACEPTAR LA INVITACION, PARTICIPE EL COMISIONADO DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION, LICENCIADO ARDELIO VARGAS FOSADO CON EL FIN DE CONSTRUIR ACUERDOS PARA REALIZAR URGENTEMENTE LA PROPUESTA DE CAMBIOS CONSTITUCIONALES COMO ASI LO ENUNCIO EL COMISIONADO, EN MATERIA DE MIGRACION A FAVOR DE UNA DIASPORA DIGNA.

DOS.- EL PLENO DE LA COMISION PERMANENTE DEL CONGRESO DE LA UNION, EXHORTA AL COMISIONADO DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION, LICENCIADO ARDELIO VARGAS FOSADO, A ASISTIR A UNA RONDA DE SESIONES DE TRABAJO CON GRUPOS DE TRABAJO LEGISLATIVO DE LA CAMARA DE SENADORES Y DE DIPUTADOS CON EL FIN DE CONSTRUIR ACUERDOS PARA REALIZAR URGENTEMENTE LA PROPUESTA DE CAMBIOS CONSTITUCIONALES EN MATERIA DE MIGRACION A FAVOR DE UNA DIASPORA DIGNA.

Cámara de Senadores, a 7 de febrero de 2013.

Atentamente

Sen. Ana Gabriela Guevara”.





 

De la Senadora Ana Gabriela Guevara Espinoza, a nombre propio y en representación del grupo parlamentario del PT, que contiene punto de Acuerdo por el que se exhorta al Subsecretario de Educación Media Superior de la Secretaría de Educación Pública a impulsar el Acuerdo Secretarial 656, mediante el cual se establece, en forma independiente, el área Disciplinar de Humanidades en el que se consideran las disciplinas de ética, lógica, estética y filosofía como básicas y obligatorias en la enseñanza, mismo que se turna a la Comisión de Educación.

PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL SUBSECRETARIO DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR DE LA SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA A IMPULSAR EL ACUERDO SECRETARIAL 656, MEDIANTE EL CUAL SE ESTABLECE, EN FORMA INDEPENDIENTE, EL AREA DISCIPLINAR DE HUMANIDADES EN EL QUE SE CONSIDERAN LAS DISCIPLINAS DE ETICA, LOGICA, ESTETICA Y FILOSOFIA COMO BASICAS Y OBLIGATORIAS EN LA ENSEÑANZA

“De la Senadora ANA GABRIELA GUEVARA, integrante de la LXII Legislatura de la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión, a nombre y representación del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8, fracción II; 76, fracción IX, 108, 276, y demás aplicables del Reglamento del Senado de la República, presento ante esta Honorable Asamblea, la siguiente PROPOSICION DE PUNTO DE ACUERDO PARA QUE EL SENADO DE LA REPUBLICA EXHORTE AL DOCTOR RODOLFO TUIRAN GUTIERREZ, SUBSECRETARIO DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR, DE LA SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA, A IMPULSAR EL ACUERDO SECRETARIAL 656, MEDIANTE EL CUAL SE ESTABLECE, EN FORMA INDEPENDIENTE, EL AREA DISCIPLINAR DE HUMANIDADES EN EL QUE SE CONSIDERAN LAS DISCIPLINAS DE ETICA, LOGICA, ESTETICA Y FILOSOFIA COMO BASICAS Y OBLIGATORIAS EN LA ENSEÑANZA, de conformidad con las siguientes:

CONSIDERACIONES

1.- Dado que es irrebatible que la enseñanza filosófica genera una conducta ética, es imprescindible, para cualquier desarrollo disciplinario, oficio, trabajo, negocio o actividad, en una sociedad que cada vez exige más una regulación democrática, que la formación escolar, incluida la temprana, posea el desarrollo de habilidades, metodologías y cuestionamientos filosóficos. Por otro lado es incuestionable que una enseñanza filosófica alienta la curiosidad, el análisis, la construcción de argumentaciones y las clarividencias racionales, el uso de métodos, todo ello favorable para poseer dotes de conducta de probidad social, humanidad en la toma de decisiones, pensamiento complejo. De hecho la enseñanza de la filosofía ya se practica en otros países desde la educación temprana y ha sido un éxito pedagógico que ha trastocado positivamente la educación contemporánea que requiere una fundamentación de valores radical entre ellos los democráticos y de derechos humanos.
2.- Recordemos que se han dado sucesos preocupantes respecto a intenciones de eliminar curricularmente materias relacionadas con la enseñanza filosófica y ante ello la comunidad filosófica se ha pronunciado en contra.

3.- Producto de su activismo y en continuidad con él se hizo pública una misiva, a la que nos adherimos, que suscribe: “el 20 de noviembre de 2012 se publicó el Acuerdo 656 mediante el cual se establece, en forma independiente, el área disciplinar de humanidades en el que se consideran las disciplinas de ética, lógica, estética y filosofía como básicas y obligatorias. Sin embargo aún no se han modificado los planes y programas de estudio en los sistemas (tanto dependientes directamente de la SEP, los Estados o las Universidades) desde que en 2008 se hicieron drásticos cambios ante la decisión de eliminar tanto al área como a las disciplinas. Por tanto, la comunidad de académicos coordinadores reunidos en torno al Observatorio Filosófico de México solicitan: “se informe a las autoridades correspondientes de la necesidad de realizar estos cambios en el sentido señalado en el mencionado Acuerdo secretarial. Algunos ejemplos son los siguientes: la indebida sustitución de las disciplinas filosóficas por otras que tienen otros nombres como los de “Construcción de la ciudadanía” o “Formación humana” en el Colegio de Bachilleres o los de “identidad y filosofía de vida” o “reflexión ética” que se imparten en las preparatorias de Jalisco dependientes de la Universidad de Guadalajara, cuyos contenidos son limitados y atienden más a aspectos emocionales que a una reflexión filosófica. A ello se agrega, en el último caso, que los programas no fueron realizados por profesionales de la filosofía, hecho que nos parece muy grave. De igual manera, los cursos de filosofía deben ser incluidos en los sistemas de enseñanza media superior impartidos a distancia”.

Ellos reiteran la proposición de que “se establezcan formalmente criterios para que sea profesionales de filosofía los que preferentemente impartan los cursos de su especialidad. El hecho de que los cursos de filosofía se impartan por personas que no están formadas en esas disciplinas ha tenido efectos nocivos y ha constituido una grave distorsión de su enseñanza y solicitan a la Subsecretaria de Educación Media Superior, en específico al Doctor Rodolfo Tuirán Gutiérrez, Subsecretario de Educación Media Superior y por su conducto, a todas las instituciones de enseñanza media superior, para que se recurra a las instancias de profesionales de filosofía para que sea a través de estas instancias (Asociaciones ampliamente reconocidas); Escuelas, Facultades, Departamentos e Institutos) que se diseñen los planes de estudios, materiales didácticos, formación y actualización de profesores. 

Los firmantes son: coordinadores del Observatorio Filosófico de México:

Mtro. Gabriel Vargas Lozano (DF-UAM-I)

Dr. José Alfredo Torres (FFYL-UNAM)

Dr. Guillermo Hurtado (IIF-UNAM)

Lic. Lic. Ausencio Pérez, (Presidente de Asociación Mexicana de profesores de filosofía de Educación Media Superior. Ixtli);

Lic. Virginia Sánchez Rivera (Presidenta de la Academia Mexicano de lógica).

Lic. Francisco Concha Leal (Colegio de Bachilleres);

Lic. Dante Martínez Bello (CCH-UNAM)

Lic. Pedro Corzo Corea (IEMS-DF)

Dr. Mario Teodoro Ramírez. Presidente de la Asociación Filosófica de México, A.C.

Dr. Roberto Hernández Oramas (Presidente de la COAPEHUM)

Mtro. Juan Carlos Ayala. (Presidente del Círculo Mexicano de Profesores de Filosofía)

Dra. Lilia Oliver, Presidenta de la Red Nacional de Escuelas y Facultades de Filosofía, Letras y Humanidades.
Dr. Raúl Trejo. Presidente de la Asociación Filosófica del Sureste

Dr. Cuauthémoc Mayorga Madrigal (Coordinador de la Maestría en filosofía de la U de G)

Dra. María del Carmen García Aguilar (Coordinadora del Centro de Estudios de género. Facultad de F y L. BUAP)

Dra. Célida Godina (Posgrado de la Fac. de F y L. BUAP)

Lic. Lucía Agraz (Observatorio Filosófico de Morelos)

Lic. Francisco Javier García Carpio (Observatorio Filosófico de Guanajuato)

Dr. Ramón Espinosa (UFL-UAG);

Dra. Carmen Trueba (UAM-I)

Mtra. Sylvia Jaime (UANL)

Mtro. Clemente Castañeda Valencia (Presidente de la Asociación Filosófica de Guadalajara)

Mtro. Eduardo Sarmiento (UAM-I);

Dr. Ángel Alonso (CCH-UNAM); 

Dr. Alberto Saladino (FH-UAEM)

Dr. Juan Monroy (FH-UAEM) y

Lic. Alfonso Vázquez Salazar (Fac. F y L. UNAM)

Por todo lo anterior, sometemos a la consideración de esta Asamblea el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

UNICO.- EL SENADO DE LA REPUBLICA EXHORTA AL DOCTOR RODOLFO TUIRAN GUTIERREZ, SUBSECRETARIO DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR, DE LA SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA, A IMPULSAR EL ACUERDO SECRETARIAL 656, MEDIANTE EL CUAL SE ESTABLECE, EN FORMA INDEPENDIENTE, EL AREA DISCIPLINAR DE HUMANIDADES EN EL QUE SE CONSIDERAN LAS DISCIPLINAS DE ETICA, LOGICA, ESTETICA Y FILOSOFIA COMO BASICAS Y OBLIGATORIAS EN LA ENSEÑANZA PLANES Y PROGRAMAS DE ESTUDIO EN LOS SISTEMAS TANTO DEPENDIENTES DIRECTAMENTE DE LA SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA, LOS ESTADOS O LAS UNIVERSIDADES.

Cámara de Senadores, a 7 de febrero de 2013.

Atentamente

Sen. Ana Gabriela Guevara”.





 

Del Senador Adán Augusto López Hernández, del grupo parlamentario del PRD y Presidente de la Comisión de Población y Desarrollo, que contiene punto de Acuerdo por el que se exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal a realizar los nombramientos de las Vicepresidencias de Información Demográfica y Social; y de Información Económica y Financiera de la Junta de Gobierno del Instituto Nacional de Estadística y Geografía que se encuentran vacantes, mismo que se turna a la Comisión de Población y Desarrollo.

PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL TITULAR DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL A REALIZAR LOS NOMBRAMIENTOS DE LAS VICEPRESIDENCIAS DE INFORMACION DEMOGRAFICA Y SOCIAL; Y DE INFORMACION ECONOMICA Y FINANCIERA DE LA JUNTA DE GOBIERNO DEL INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA Y GEOGRAFIA QUE SE ENCUENTRAN VACANTES

“El que suscribe, Senador AdAn Augusto LOpez HernAndez, integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática y Presidente de la Comisión de Población y Desarrollo de la Sexagésima Segunda Legislatura de la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8º, numeral 1, fracción II, 76, 276 y demás relativos y aplicables del Reglamento del Senado, me permito presentar al Pleno de esta Honorable Asamblea, la siguiente proposición como punto de Acuerdo, bajo las siguientes:

CONSIDERACIONES

PRIMERA. El 11 de marzo de 2008 fue publicada la nueva Ley del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica que abrogó la anterior Ley de Información Estadística y Geográfica y todo el ordenamiento vigente hasta esa fecha en la que se establece entre otras Normas el nombramiento y el periodo de duración en el cargo de los miembros de la Junta de Gobierno, a saber:

“Artículo 67.- La Junta de Gobierno es el órgano superior de dirección del Instituto, y estará integrada por cinco miembros designados por el Presidente de la República con la aprobación de la Cámara de Senadores o, en los recesos de esta última, de la Comisión Permanente.

De entre los miembros de la Junta de Gobierno, el Ejecutivo Federal nombrará al Presidente del Instituto, quien presidirá el citado órgano colegiado. El resto de los miembros de la Junta de Gobierno actuarán como vicepresidentes de la misma.”

“Transitorio SEGUNDO.- La designación de los primeros integrantes de la Junta de Gobierno del Instituto se realizará en los términos previstos en la presente Ley, dentro de los 90 días naturales siguientes a la publicación de la misma en el Diario Oficial de la Federación.

El periodo del primer Presidente del Instituto vencerá el 31 de diciembre de 2009. Los periodos de los primeros vicepresidentes de la Junta de Gobierno vencerán los días 31 de diciembre de 2008, 2010, 2012 y 2014, respectivamente, debiendo señalar el Ejecutivo Federal cuál de los citados periodos corresponde a cada miembro de la Junta de Gobierno.”

SEGUNDA. Actualmente la Junta de Gobierno viene sesionando con tres de sus cinco integrantes estando vacantes las Vicepresidencias de Información Demográfica y Social; y de Información Económica y Financiera.

TERCERA. En virtud y de acuerdo a la legislación vigente que rige la vida institucional del INEGI las vacantes antes enunciadas debieron haber sido cubiertas desde el 1º de enero del presente año a efecto de iniciar el procedimiento marcado por la Ley que a la letra dice: “Los periodos de los vicepresidentes de la Junta de Gobierno serán escalonados, sucediéndose cada dos años e iniciándose el primero de enero del primer, tercer y quinto año del periodo del Ejecutivo Federal.”…

Por lo anterior, me permito someter a la consideración del Pleno de esta Soberanía el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

UNICO. La Honorable Cámara de Senadores exhorta al Titular del Poder Ejecutivo federal para que en ejercicio de sus atribuciones Constitucionales y en apego a la Ley del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica realice los nombramientos de los ciudadanos vicepresidentes de Información Demográfica y Social; y de Información Económica y Financiera de la Junta de Gobierno del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). Con el nombramiento de estas vicepresidencias se recupera la normalidad institucional del funcionamiento del Instituto.

Dado en el Senado de la República, a 12 de febrero de 2013.

Suscribe

Sen. Adán Augusto López Hernández”.





 

Del Senador Adán Augusto López Hernández, del grupo parlamentario del PRD, que contiene punto de Acuerdo por el que se solicita un informe a la Secretaría de Gobernación sobre las medidas que se están instrumentando para prevenir el secuestro y la desaparición de migrantes en tránsito por México, mismo que se turna a la Comisión de Asuntos Migratorios.

PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE SOLICITA UN INFORME A LA SECRETARIA DE GOBERNACION SOBRE LAS MEDIDAS QUE SE ESTAN INSTRUMENTANDO PARA PREVENIR EL SECUESTRO Y LA DESAPARICION DE MIGRANTES EN TRANSITO POR MEXICO

“C. SEN. ERNESTO JAVIER CORDERO ARROYO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
DE LA CAMARA DE SENADORES
H. CONGRESO DE LA UNION
PRESENTE.

El suscrito, Senador AdAn Augusto LOpez HernAndez, integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 8, numeral 1, fracción II y 276, numerales 1 y 2, y demás disposiciones aplicables del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente proposición con punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

Defensores de los Derechos Humanos de los Migrantes, colaboradores de los diversos albergues para migrantes en México y organismos no gubernamentales internacionales han exigido a las autoridades mexicanas que realicen operativos para impedir que el crimen organizado siga amenazando y violentando a las personas que transitan por el país para llegar a los Estados Unidos.

Son varios los llamados de atención los que han recibido las autoridades mexicanas para garantizar la protección y defensa de los migrantes, lo que se ha reflejado en una exigencia de los defensores de derechos humanos de los mismos para terminar con la impunidad en los casos de desaparición, secuestro y vejaciones en los que lamentablemente se ven involucrados, desde hace tiempo. Dichos pronunciamientos se han visto fortalecidos en virtud del término de administración de Felipe Calderón y la transición en el cambio de gobierno del Ejecutivo Federal.

En octubre de 2012, en el marco del arranque de la caravana “Liberando la esperanza”, integrada por decenas de familiares de indocumentados centroamericanos desaparecidos en tierras mexicanas, la organización Amnistía Internacional indicó que tras el suceso ocurrido en San Fernando, Tamaulipas donde se generó la masacre de 72 personas, el gobierno Mexicano se comprometió a “tomar medidas efectivas para que los abusos contra ese sector fueran adecuadamente investigados y los responsables llevados a la justicia”, además de “establecer la identidad de los migrantes asesinados en México”.1

Sin embargo, la citada organización internacional considera que a pesar de las promesas realizadas en ese momento, las cuales se integraron en un plan para “prevenir los secuestros y asesinatos de migrantes”, hasta esa fecha no se contaba con resultados concretos a favor de la verdad y la justicia para los migrantes víctimas de secuestro.

En este sentido, es importante destacar que Amnistía Internacional ha sido insistente en que pese a las denuncias, tanto de organizaciones civiles como de la propia Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), por desapariciones forzadas, incluidas las de migrantes, “la gran mayoría no ha sido investigada de forma debida, lo que ha obstaculizado el acceso a la justicia y determinar la posible participación de funcionarios del Estado”.

En la misma lógica se ubica un comunicado, del Movimiento Migrante Mesoamericano (MMM), con fecha 15 de enero de 2013, el cual señala que en la ruta migratoria se vive una situación de emergencia debido al crecimiento de la violencia por parte del crimen organizado, denunciando el cobro que estas bandas realizan a los migrantes por el derecho de subirse al tren, así como las amenazas a los albergues o casas del migrante.2
De acuerdo con información del Observatorio Frontera Sur de México, dicho Movimiento ha exigido que las autoridades competentes del aparato de seguridad del Estado Mexicano “Limpien la ruta de migrantes conocidos y solapados criminales”, refiriendo que hay sobradas advertencias y denuncias que solo reflejan que los migrantes y sus defensores están en peligro real e inmediato y sufriendo las terribles consecuencias del desinterés oficial, por lo que no se puede esperar y se debe prevenir que se dé una masacre más para lograr que la autoridad reaccione”. 3

Todavía más reciente, encontramos el Informe Mundial 2013 de la Organización Internacional “Human Rights Watch” el cual indica, en el apartado de México que: cientos de miles de migrantes indocumentados cruzan el territorio de México cada año, y durante el trayecto muchos de ellos sufren graves abusos por parte de la delincuencia organizada, autoridades migratorias y miembros de las fuerzas de seguridad, como desapariciones y agresiones físicas y sexuales. El documento de esta organización, refiere que según datos de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, cerca de 22 000 migrantes son secuestrados cada año, en muchos casos con el objeto de obtener pagos de sus familiares. Asimismo señalan que las autoridades no han adoptado medidas adecuadas para proteger a los migrantes, ni para investigar y juzgar a quienes cometen abusos contra ellos y que son muy pocos los casos en que las autoridades migratorias informan a los migrantes sobre sus derechos. 4

Al respecto, es importante mencionar que, con fecha 15 de diciembre de 2012, el Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI) instruyó a la Secretaría de la Función Pública informar el número de servidores del Instituto Nacional de Migración (INM) sancionados por violar derechos humanos, de 2010 a julio de 2012; de acuerdo con un comunicado del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI), un particular solicitó los documentos respecto al número de personas que trabajan o han laborado en una estación migratoria y que han sido sancionadas por cometer alguna violación a las garantías individuales de los migrantes alojados.

En su respuesta, la Secretaria de la Función Pública declaró la inexistencia de la información, argumentando que, después de una búsqueda en su Dirección General de Responsabilidades y Situación Patrimonial y en el Órgano Interno de Control (OIC) del Instituto Nacional de Migración, no localizó procedimientos de responsabilidad administrativa en los que se hubiere sancionado a servidores públicos, adscritos a alguna estación migratoria, por violaciones cometidas a los derechos humanos de los migrantes.

Sin embargo, ante esta contestación, el solicitante presentó un recurso de revisión ante el IFAI, el cual fue turnado a la ponencia de la comisionada Sigrid Arzt, quien concluyó que existen elementos convincentes para determinar que la Función Pública cuenta con los datos, basándose en las recomendaciones que la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) ha emitido en contra de funcionarios del Instituto Nacional de Migración en los últimos años.

Así, ante la omisión y la falta de claridad en la política de protección a los derechos humanos de los migrantes, los defensores de los mismos y ante el inminente llamado de atención de organismos y organizaciones internacionales al respecto, solicito a esta soberanía se apruebe el presente:

Punto de Acuerdo

UNICO. El Senado de la República exhorta respetuosamente al titular de la Secretaría de Gobernación a que remita un informe detallado a esta Soberanía sobre las medidas que se están instrumentando para prevenir el secuestro y la desaparición de migrantes en tránsito por México, el plan de acción para proteger a los migrantes y a los defensores de derechos humanos de éste grupo vulnerable y el estatus que guardan las investigaciones sobre violaciones a derechos humanos en donde se han visto involucrados funcionarios del Instituto Nacional de Migración.

Dado en el Recinto Legislativo de la Cámara de Senadores, a 19 de febrero de 2013.

Suscribe

Sen. Adán Augusto López Hernández”.

1Exige Amnistía a Calderón castigar abusos contra migrantes” , consultado en: http://www.proceso.com.mx/?p=322683

2 Movimiento Migrante Mesoamericano, consultado en: http://www.movimientomigrantemesoamericano.org/archives/1816/13-01-14_mmm_comunicado_alerta_maxima-3

3Observatorio Frontera Sur de México, consultado en:
http://fronterasurmx.org/2013/01/15/alerta-maxima-crisis-en-la-ruta-migratoria/

4 Informe Mundial 2013 Human Rights Watch, consultado en:
http://www.hrw.org/es/world-report-2013/informe-mundial-mexico





 

Del Senador Adán Augusto López Hernández, del grupo parlamentario del PRD, que contiene punto de Acuerdo por el que se solicita al Director General de Petróleos Mexicanos y al Director de Pemex Refinación la información completa sobre la asociación y/o coinversión que mantiene la paraestatal con la compañía Mexicana de Lubricantes, mismo que se turna a la Comisión de Energía.

PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE SOLICITA AL DIRECTOR GENERAL DE PETROLEOS MEXICANOS Y AL DIRECTOR DE PEMEX REFINACION LA INFORMACION COMPLETA SOBRE LA ASOCIACION Y/O COINVERSION QUE MANTIENE LA PARAESTATAL CON LA COMPAÑIA MEXICANA DE LUBRICANTES

“C. SEN. ERNESTO JAVIER CORDERO ARROYO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
DE LA CAMARA DE SENADORES
LXII LEGISLATURA
PRESENTE.

El suscrito, Senador Adán Augusto López Hernández, integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, en uso de las facultades que me confieren los artículos 8, fracción II, 108, 109 y 276 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración del Pleno de esta Honorable Cámara de Senadores la presente proposición con punto de Acuerdo para solicitar al Director General de Petróleos Mexicanos y al Director de Pemex Refinación la información completa sobre la asociación y/o coinversión que mantiene la paraestatal con la compañía Mexicana de Lubricantes (Mex Lub), así como también exponga los acuerdos a los que se llego el año pasado 2012, con la empresa Impulsora Jalisciense, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

Dado que la compañía Mexicana de Lubricantes se constituyó el 19 de enero de 1993 en un contrato de coinversión con Petróleos Mexicanos que fue firmado por el entonces Director de Pemex Refinación Fernando Manzanilla Sevilla, y el administrador único de Impulsora Jalisciense. Pemex Refinación adquirió 147 mil acciones de la serie B de la empresa, por una suscripción total de 176 millones 204 mil pesos; mientras que 153 mil acciones de la serie A, por un monto de 183 millones 396 mil pesos, estuvieron a cargo del otro socio.

Durante esta asociación o coinversión que se mantuvo por 19 años con Mexicana de Lubricantes (MexLub), PEMEX mantuvo el 49 por ciento de las acciones, sin embargo la paraestatal en clara evidencia quedó al margen de toda decisión y no obtuvo un solo peso de ganancia, ya que Mex Lub nunca reportó a la paraestatal ganancia alguna. Sino al contrario las pérdidas ascendieron alrededor de 40 mil millones de pesos.

El contrato de coinversión establecía que Pemex tendría acceso irrestricto a los libros, registros, archivos e instalaciones de la empresa durante horas y días hábiles a fin de inspeccionar, fotocopiar y examinar los mismos; esto no ocurrió así. Sin embargo, sí se le obligó a incluir en sus contratos de franquicia con las gasolineras una estipulación en virtud de la cual, éstas deben comprar únicamente aceites y grasas de Mexlub. Mexicana de Lubricantes, a la fecha inaugural, debía comprometerse al pago de 508 millones 400 mil pesos por equipo, maquinaria y derecho de usos de marcas a Petróleos Mexicanos, más el impuesto al valor agregado.

Asimismo, informar periódicamente sobre el desarrollo del negocio, de manera enunciativa , bajo los principios de rendición de cuentas y transparencia; presentar oportunamente todas las declaraciones fiscales y pagar el gravamen correspondiente; notificar por escrito la existencia de cualquier litigio, arbitraje o procedimiento que pudiera afectar sustancial y adversamente sus operaciones comerciales o posición financiera.
El otorgamiento de préstamos y garantías a través de fianzas o avales; hipotecas sobre cualquiera de sus bienes o activos; contratos para la adquisición o arrendamiento de inmuebles, equipos, servicios o gastos; la celebración, modificación o terminación de cualquier contrato de Mexlub con Impulsora Jalisciense; y el allanamiento, desistimiento o transacción de arbitraje judicial, debía consentirse por el organismo público del gobierno federal. Sin embargo, desde la creación de Mexlub, el 19 de enero de 1993, ha actuado con libertad absoluta.

A pesar de las irregularidades en que incurrió Mexlub, y que significan pérdidas económicas para Petróleos Mexicanos, la subsidiaria Pemex Refinación decidió iniciar una “nueva relación” comercial con la empresa.

En el boletín 48/2012 del 21 de agosto, titulado “Se reúne el Consejo de Administración de Pemex Refinación”, la paraestatal da cuenta de los acuerdos aprobados en la sesión, entre los que destacan: “reiniciar las sesiones periódicas del Consejo de Administración de Mexicana de Lubricantes, revisar y aprobar los estados financieros que estén pendientes, determinar el cobro de dividendos para recuperar capital y realizar la apertura del mercado de lubricantes en las estaciones de servicio.

Es preocupante que la compañía Mex Lub al cierre del ejercicio financiero del 2012 haya duplicado los pasivos que tenía hace apenas 6 meses. El incremento en este pasivo a corto plazo es de 288.1 millones de pesos.

En virtud de las anteriores consideraciones, someto a la deferencia de esta Honorable Asamblea la siguiente proposición con:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO.- Se solicita a la Dirección general de PEMEX y la Dirección de Pemex Refinación envíen un informe detallado del término o finiquito de la coinversión con Mexicana de Lubricantes al Senado de la República, con el propósito de valorar esta asociación que presenta resultados negativos para la paraestatal.

SEGUNDO.- Que el Consejo de Administración de Petróleos Mexicanos proporcione información sobre la aprobación de la nueva relación comercial que se pretende reiniciar con mexicana de Lubricantes.

TERCERO.- Que el comité de auditoría del Consejo de Administración de Pemex proporcione al Senado de la República el análisis donde este revisó y aprobó el endeudamiento de Mex Lub.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, a 19 de febrero de 2013.

Suscribe

Sen. Adán Augusto López Hernández”.

Es todo, señor Presidente.

- El C. Presidente Cordero Arroyo: Gracias, Senadora Secretaría. Esta Presidencia ratifica los turnos que ha dado la Secretaría.

Compañeros Senadores, informo a ustedes que los integrantes de la Mesa Directiva y de la Junta de Coordinación Política suscribimos esta mañana un Acuerdo para la realización de una sesión solemne en conmemoración del Día del Ejército.

Solicito a la Secretaría dé lectura a dicho acuerdo.





 

ACUERDO

- La C. Secretaria Barrera Tapia: (Leyendo)



Es cuanto, señor Presidente.

- El C. Presidente Cordero Arroyo: Gracias, señora Secretaría. Está a discusión. No habiendo oradores, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el Acuerdo presentado.

- La C. Secretaria Barrera Tapia: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el anterior Acuerdo. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se aprueba el Acuerdo, señor Presidente.

- El C. Presidente Cordero Arroyo: Aprobado el Acuerdo para la realización de una sesión solemne el jueves 21 de febrero en conmemoración del Día del Ejército. Remítanse las comunicaciones e invitaciones que correspondan.





 

Informo a la Asamblea que las demás iniciativas y proposiciones inscritas en la agenda de hoy, se turnarán a comisiones. Las y los Senadores que deseen mantener inscrito su asunto, sólo deben de hacerlo del conocimiento de la Mesa Directiva o de la Secretaría Parlamentaria.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE SALUD

(Presentada por los CC. Senadores María Cristina Díaz Salazar, Miguel Romo Medina, Braulio Manuel Fernández Aguirre, Armando Neyra Chávez, Hilda Esthela Flores Escalera y Martha Elena Barrera Tapia)

“Los que suscriben, Cristina Díaz Salazar, Miguel Romo Medina, Braulio M. Fernández Aguirre, Armando Neyra Chávez, Hilda Esthela Flores Escalera y Martha Elena Barrera Tapia, Senadores de la República de la LXII Legislatura del H. Congreso de la Unión, integrantes del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional y del Partido Verde Ecologista de México, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 8, numeral 1, fracción 1; 164, numeral 1; 169 y demás relativos del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea la presente; INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE SALUD, RELATIVO A LA OBJECION DE CONCIENCIA MEDICA, lo anterior de acuerdo a la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

OBJECION DE CONCIENCIA: Un principio común que caracteriza a lo “humano” es la diversidad. Diversidad que se traduce en una pluralidad de opiniones y formas de pensar y manifestarse respecto de una infinidad de situaciones que se presentan cotidianamente en toda sociedad. Esta ideología diversa y plural, propia y natural de lo humano comprende todo una gama de creencias y sentimientos subjetivos que conforman el ser interno de toda persona y que algunos llaman “conciencia”.

Ahora bien, la palabra: “objeción”, del verbo, “objetar”; que acepta como sinónimos: “refutar”, “discrepar” o bien “negar”. De acuerdo al lingüista Marín Alonso, es: “(...) la razón que se propone o la dificultad que se presenta en contrario de una opinión o designio, o para impugnar una proposición.
De lo anterior y del significado lexicológico de ambos términos: “objeción” y “conciencia”; se puede construir una idea general de la expresión: “objeción de conciencia”, en el siguiente sentido: Es el juicio reflexivo, de valores morales, por medio del cual una persona distingue desde su intimidad, desde su interior, lo positivo y negativo; es decir, el bien del mal, lo correcto y lo incorrecto, lo honesto o deshonesto, la conducta ética y moral, de la conducta sin ética e inmoral.

En este contexto ideológico, el pensamiento contemporáneo llama objeción de conciencia a la negación de determinada persona de acatar una conducta ordenada por la ley, mandato o instrucción, argumentando motivos de conciencia.

La objeción de conciencia no persigue la modificación de la ley o de una determinada política institucional, sólo la falta de cumplimiento excepcional de una obligación por parte del objetor.

Para el caso que nos ocupa, los médicos la pueden invocar con base a imperativos deontológicos, principios éticos o bioéticos que rigen su profesión, los cuales existen desde hace más de 2500 años.

De conformidad con nuestro marco normativo, la Constitución1 reconoce la libertad individual, de pensamiento e ideas, de ejercer la profesión o trabajo que le acomode, siendo lícito y que su ejercicio sólo podrá vedarse por determinación judicial, cuando se ataquen los derechos de tercero, o por resolución gubernativa, dictada en los términos que marque la ley, cuando se ofendan los derechos de la sociedad. Así mismo, tiene el derecho a la libertad de profesar un culto religioso, siempre y cuando estas manifestaciones no afecten la moral, derecho de tercero o derive en un delito.

Doctrinalmente es la actitud o creencia de carácter ético filosófico o religioso que impide a una persona desarrollar una actividad determinada, que se traduce en la decisión personal, frente a normas jurídicas específicas, de no acatarlas, sin perjuicio del respeto a la normativa general que rige a la sociedad de que se trate.

Por lo que corresponde al derecho a la protección de la salud, es propio citar que la Ley General de Salud en su numeral 2 establece las finalidades de dicho derecho, mismas que busca entre otras: El bienestar físico y mental de la persona, para contribuir al ejercicio pleno de sus capacidades, la prolongación y mejoramiento de la calidad de la vida humana, la protección y el acrecentamiento de los valores que coadyuven a la creación, conservación y disfrute de condiciones de salud que contribuyan al desarrollo social y la extensión de actitudes solidarias y responsables de la población en la preservación, conservación, mejoramiento y restauración de la salud.

Y los servicios de salud2, son todas aquellas acciones realizadas en beneficio del individuo y de la sociedad en general, dirigidas a proteger, promover y restaurar la salud de la persona y de la colectividad. Así mismo, se entiende por atención médica3 el conjunto de servicios que se proporcionan al individuo, con el fin de proteger, promover y restaurar su salud.

Mismas bases que también reconocen diversos instrumentos legales y deontológicos en el actuar médico y que se armonizan con la objeción de conciencia.

Ahora bien, hay 2 elementos fundamentales que no debemos perder de vista en la objeción de conciencia:

• “El médico tiene el derecho a la objeción de conciencia, por razones éticas o morales, y
• Siempre que tal comportamiento no ponga en peligro la vida del paciente o sea susceptible de interpretarse como ajena a la beneficencia y responsabilidad ética de su profesión”.

También hay que tener cuidado que muchas de las objeciones que hacen los profesionales, son falsas y otras son encubiertas, en cuanto no se realizan por convicción sino que se esconden en este derecho para quitarse problemas, o escudar su impericia o ignorancia. Se llega a acusar a los profesionales que realizan tales objeciones en detrimento de la profesión médica.4

Hay que recordad que la libertad de conciencia es un valor en sí mismo, y por tanto una regla de conducta, y no una de excepción a las reglas. Se precisa, por tanto, encontrar una regulación jurídica que garantice la mayor protección posible a la libertad de pensamiento y conciencia; libertad de la que emana el derecho de objeción sin violar derechos de terceros, misma que habrá de estar debidamente justificada.

De tal suerte, la objeción de conciencia debe atender a principios en donde no se ponga en riesgo o atente contra la salud, la vida o integridad personal de un tercero, no sea un caso de emergencia, no sea una acción discriminatoria o dilatoria y en general no se vincule a la comisión de un delito grave o de lesa humanidad o atente contra las garantías del ser humano.

Otro elemento dentro del actuar de los profesionales de la salud es el deber de aplicar conocimientos basados en la evidencia científica y principios éticos, tal y como se constata en la Ley General de Salud 41 Bis, 51, 77 bis 1, 77 bis 29, 100, 102, el artículo 14 del Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Investigación para la Salud, el artículo 9 del Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Prestación de Servicios de Atención Medica y el artículo 103 del Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Protección Social en Salud.

Así mismo, esta acción de objeción de conciencia se encuentra establecido en el numeral 29 del Código de Bioética para el Personal de Salud, numeral 32 del Código de Conducta para el Personal de Salud SSA. 2001,el artículo 17 del Código de Etica para Enfermeras, elaborado por la Comisión Interinstitucional de Enfermería, la CONAMED en la Carta de Derechos Generales de los Médicos y la Carta de Derechos Generales de los Pacientes, hace referencia a dicha prerrogativa.

A nivel internacional reconoce la libertad de conciencia, entre otros: el artículo 18 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el artículo 12 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el artículo 18 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.

También varios instrumentos deontológicos y de ética médica lo refieren, entre otros, el Juramento Hipocrático, el Código de Thomas Percival, la Declaración de Lisboa de la Asociación Médica Mundial sobre los Derechos del Paciente y la Declaración de Helsinki de la Asociación Médica Mundial.

En este sentido, los principios deontológicos y éticos que rige la medicina, se deben armonizar con la evidencia científica, donde se debe regir la medicina y su práctica. Fundamento de la praxis profesional, y consecuentemente del consentimiento informado para que el paciente tome su determinación con la verdad actual que en ese momento rige la ciencia y bajo las formas más adecuadas. En caso de no dar una información veraz y completa, conforme lo establece la ciencia médica, se estaría cayendo en la malpraxis profesional; trayendo como consecuencia una responsabilidad médica por “error, impericia, imprudencia y/o negligencia”.

Ahora bien, estas bases científicas con su debida actualización, se pueden dar a través de instituciones serias, que avalen dichos conocimientos y que para el caso de los médicos, sería por sus grupos colegiados y asociaciones por la especialidad que ejercen, para estar vigentes.
Por lo anterior y toda vez que el actuar médico de los profesionales de la salud se conduzca por los causes de la evidencia científica y los principios éticos, el primer punto a tratar, es conocer rigurosamente la ciencia de su tiempo; saber en profundidad qué es el proceso biológico natural que está alterado, o dañado, en el enfermo. Conocer el porqué y el cómo de las acciones con que cuenta para restaurar la normalidad. Saberlo en profundidad no es solo saber con precisión y detalle los mecanismos implicados en el proceso de respirar, digerir, etc.; es saber su sentido natural en la unidad del organismo de cada uno, haciéndolo funcional normal, o incluso mejor de lo que funcionó, siempre como parte de un cuerpo humano. En segundo término, cuando la intervención se sitúa en la línea de lo humano, no basta sólo con valorar consecuencias secundarias o daños colaterales, sino dar un juicio de razón del porqué se plantea ese tipo de intervención, de las alternativas y de las formas adecuadas.

Significa en algunos casos a renunciar a curar; tomar el falso atajo de sustituir un tratamiento curativo por una intervención invasiva; visto en la perspectiva profunda se trata de un engaño en el arte de curar y de paliar el sufrimiento cuando la enfermedad ya no es curable. En este sentido y en auxilio de ese actuar correcto, entra la deontología, la ética y la bioética, mismos que tienen sustento en diferentes instrumentos avalados por instituciones nacionales e internacionales que convergen en el mismo sentido.

La medida de este nivel de racionalidad (la racionalidad científica) es objetiva y tiene validez universal a diferencia de lo que se puede dar con la de conciencia. El metro de medida es universal: adecuado o no a la corrección del proceso alterado y bien hecho o mal hecho técnicamente. Tiene patrón de medida objetivo y neutro en cuanto universalmente valido. En este sentido, se requiere primero conocer la dimensión propiamente humana del hecho biológico concreto. No es igual tratar un problema que tiene que ver con el filtrar del riñón, que con el funcionamiento de la corteza cerebral, o con la transmisión de la vida. Sólo así es posible saber que es lo que hace realmente al intervenir en tal proceso con el fin de curar o paliar la disfunción, sin olvidar la parte humana de aliviar.

Justamente, el juicio ético acerca de la intervención en la vida de un hombre requiere poner en relación el proceso en que se interviene con su sentido humano. Es preciso conocer cómo implica, como afecta o beneficia a la persona. La capacidad de establecer esa relación, el significado humano en cada acto concreto, es la racionalidad ética: es la racionalidad exigible al arte de la medicina. La medida de cómo se ha establecido tal relación tampoco es arbitraria o caprichosa.

Por lo anterior es un deber del profesional de dar razón de sus objeciones, como se ha indicado, una normativa que crea conflicto al profesional, entre el deber de cumplirla y el deber de seguir su conciencia. Aquí entra en juego el deber de todo profesional competente de dar las “razones de ciencia” que tiene para oponerse a cumplir la normativa, sea cual sea su ideología y religión. Una normativa obligatoria tiene que aprobar, al menos, el examen del nivel de racionalidad científica sea demostrado y que para el derecho es un elemento ponderable y después armonizarlo con “principios éticos o bioéticos” reconocidos por instrumentos deontológicos, éticos y bioéticos, avalados por instituciones, asociaciones, colegios o academias serias y vigentes.

En resumen, el sentido y fin de las profesiones sanitarias es evidentemente prevenir enfermedades, curar y aliviar los sufrimientos derivados de ellas. En la percepción y cambio social de nuestra cultura van apareciendo derechos (a la salud, al hijo, al hijo sano, a destruir la vida no deseada o que ya no es útil, a realizar actos fútiles o altamente invasivos cuando ya no son necesarios, etc.). Algunas de estas prestaciones están despenalizadas por ley, y otras están siendo incluidas en normativas para el profesional sanitario. La solución ante el carácter de obligatorias con que empiezan a presentarse tales prestaciones para estos derechos, debiendo también el profesional sanitario poder acudir a ejercer el derecho de objeción de conciencia, actualizándose el principio Kantiano: “El hombre es un fin en si mismo y no un medio para un fin”.
En esta tesitura se tienen que marcar causes seguros y armónicos entre derechos, mismos que deben tener límites, tal y como lo aprobó el pleno de la Asamblea del Consejo de Europa5 el 7 de octubre, resolución en la que defiende y promueve explícitamente el derecho a la objeción de conciencia de los profesionales sanitarios.

“Es de destacar que en una gran mayoría de los Estados miembros del Consejo de Europa, la práctica de la objeción de conciencia está regulada adecuadamente. Existe un marco político y legal comprensible y claro que determina la práctica de la objeción de conciencia de los profesionales sanitarios a la vez que se asegura que el acceso a los servicios médicos legales sea respetado, protegido y proporcionado a su debido tiempo. El texto final del Consejo de Europa se ha preocupado por dejar claro que ambos derechos deben quedar asegurados y para ello invita a todos los Estados miembros a que desarrollen las regulaciones correspondientes al respecto con el fin de:

• Garantizar el derecho a la objeción de conciencia en relación con la participación en el proceso en cuestión.

• Asegurar que los pacientes están informados de cualquier objeción en un tiempo adecuado y que son remitidos a otro profesional de la salud.

• Asegurar que los pacientes reciben el tratamiento adecuado, especialmente en casos de emergencia.

Se enfatiza que el médico es un profesional de la ciencia y ética, que no puede ser reducido a un mero instrumento de la voluntad del paciente, ya que al igual que éste, es una persona libre y responsable con un singular acervo de valores que norman su vida.”

Esta iniciativa, va orientada a dignificar al ser humano, permitiéndole aspirar a la consecución plena de los derechos establecidos en nuestra Constitución.

Los profesionales de la salud, deberán defender la vida, la salud, la economía, los intereses y la dignidad de la persona, vedando las maniobras u operaciones y tratamientos innecesarios, controvertidos o experimentales no autorizados, o que contravengan la práctica médica aceptada y los estándares éticos y bioéticos que rigen su profesión, mismos que al no estar acordes con su vocación podrá invocar la objeción de conciencia, en cuyo caso lo deberá hacer del conocimiento de sus superiores y pacientes, teniendo como límites el proporcionará atención de urgencia a todo paciente, cuando esté en peligro su vida, un órgano o una función, sin distingo ni discriminación de cualquier tipo, con el propósito de estabilizar sus condiciones clínicas para que pueda recibir el tratamiento definitivo donde corresponda.

Por lo anteriormente expuesto y fundado que sometemos a la consideración de esta Soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de Decreto que adiciona los artículos 83 Bis, 83 Bis 1, y 83 Bis 2, a la Ley General de Salud, en materia de objeción de conciencia., para quedar como sigue:

PROYECTO DE DECRETO

Artículo Unico: SE ADICIONAN los artículos 83 Bis, 83 Bis 1, y 83 Bis 2, a la Ley General de Salud, para quedar como sigue:

Artículo 83 Bis. Los prestadores de servicios de salud del Sistema Nacional de Salud podrán hacer valer su derecho a la objeción de conciencia conforme a sus convicciones ideológicas, cuando dentro de sus actividades existan prácticas que sean contrarias a su libertad de conciencia y de conformidad con la ciencia médica vigente, y algún instrumento deontológico, ético o bioético, siempre y cuando no sea caso de urgencia o pueda llevar al deterioro de la salud del paciente, debiendo informar a las autoridades de la institución donde presta sus servicios, su calidad de objetor de conciencia, así como eventualmente a los usuarios a su cargo.

Será obligación de las instituciones públicas de salud garantizar la oportuna prestación de los servicios y la permanente disponibilidad de personal no objetor de conciencia.

Artículo 83 Bis 1. Para hacer valer la objeción de conciencia se deberá cumplir con los siguientes requisitos:

I. Esté respaldada en un imperativo de ética médica o bioética;

II. Esté sustentada en la ciencia y medicina vigente, dicho sustento se encuentre respaldado por bibliografía valida y vigente;

III. Es a título personal, por ello, no pude ni debe ser invocada por terceros, y

IV. Las demás que establezca la normatividad jurídica aplicable.

Artículo 83 Bis 2.- Toda controversias que tengan como base de acción la objeción de conciencia, será turnada y resuelta por el comité hospitalario de bioética de cada institución.

No será causa de sanción, aquella conducta en la que una persona haga valer la objeción de conciencia dentro de su empleo, cargo o comisión, en los términos establecido por la ley.

TRANSITORIOS

ARTICULO PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

ARTICULO SEGUNDO. La Secretaría de Salud, en atención de sus atribuciones, en un plazo máximo de seis meses deberá expedir la reglamentación de las disposiciones que resulten necesarias para el desarrollo y ejecución del presente decreto.

ARTICULO TERCERO. Se derogan todas aquellas disposiciones que contravengan el presente Decreto.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, a 14 de febrero de 2013.

Sen. María Cristina Díaz Salazar”.





 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE SALUD, RELATIVO A LOS CUIDADOS PALIATIVOS

(Presentada por la C. Senadora María Cristina Díaz Salazar, del grupo parlamentario del PRI)







 

PROPUESTAS

De la C. Senadora Martha Elena García Gómez, del grupo parlamentario del PAN, que contiene punto de Acuerdo por el que se exhorta a los congresos de los estados y a la Asamblea del Distrito Federal a legislar y dar cabal cumplimiento con las disposiciones de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, así como lo dispuesto en la fracción I Bis del artículo 15 de la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, para incorporar en sus presupuestos de egresos, la asignación de recursos para el cumplimiento de la política local en materia de igualdad.

PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LOS CONGRESOS DE LOS ESTADOS Y A LA ASAMBLEA DEL DISTRITO FEDERAL A LEGISLAR Y DAR CABAL CUMPLIMIENTO CON LAS DISPOSICIONES DE LA LEY FEDERAL DE PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD HACENDARIA, ASI COMO LO DISPUESTO EN LA FRACCION I BIS DEL ARTICULO 15 DE LA LEY GENERAL PARA LA IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES, PARA INCORPORAR EN SUS PRESUPUESTOS DE EGRESOS, LA ASIGNACION DE RECURSOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA POLITICA LOCAL EN MATERIA DE IGUALDAD

“SEN. ERNESTO CORDERO ARROYO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
DE LA CAMARA DE SENADORES
DEL H. CONGRESO DE LA UNION
PRESENTE.

La que suscribe, Martha Elena GarcIa GOmez, Senadora integrante del grupo parlamentario de Acción Nacional de la LXII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8, numeral 1, fracción II, y 276 del Reglamento del Senado de la República, somete a la consideración del Pleno de esta Soberanía, la siguiente proposición con punto de Acuerdo, por el que se exhorta respetuosamente a los Congresos de los Estados y a la Asamblea del Distrito Federal, a legislar y dar cabal cumplimiento con las disposiciones de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, así como lo dispuesto en la fracción I Bis del artículo 15 de la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, para incorporar en sus presupuestos de egresos, la asignación de recursos para el cumplimiento de la política local en materia de igualdad, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

La igualdad entre mujeres y hombres, ha evolucionado a partir de las diversas acciones a favor de ella, su inclusión y reconocimiento en el artículo 4º constitucional, la creación de la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, las reformas a la Ley General de Planeación, para incluir la igualdad de género en la planeación nacional del país, así como las reformas a la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria en la materia y el Presupuesto Etiquetado para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, entre otras acciones, representan un parte aguas en el camino para su reconocimiento y aplicación a nivel federal.

Hoy es común hablar de la igualdad de trato, de la igualdad de oportunidades y establecer como objetivos claros de un Estado, el logro de la igualdad sustantiva o la paridad. No obstante, cualquiera que sea el camino que las autoridades estatales elijan para lograr la igualdad sustantiva y efectiva entre mujeres y hombres debe encontrar su interpretación a partir del ejercicio pleno de la ciudadanía y la democracia, que además se refleja en muchos de los más recientes tratados, pactos y convenciones del Derecho Internacional y de Derechos Humanos, así como en la legislación de alcance nacional.

Mirar con perspectiva de género, ha puesto de manifiesto que en la sociedad, somos desigualmente iguales, para referirnos al hecho de que la igualdad establecida en las legislaciones no genera por su mera enunciación, condiciones equivalentes entre las y los ciudadanos para acceder a los derechos y prerrogativas que les garanticen el ejercicio pleno de la ciudanía.
Desde la plataforma de Acción de Beijing, se plantea, la revisión, adopción y mantenimiento de políticas macroeconómicas y estrategias de desarrollo que aborden las necesidades de las mujeres en situación de pobreza, así como la reestructuración de la asignación del gasto público para la promoción de oportunidades económicas de las mujeres, el acceso equitativo a los recursos productivos, y la atención de sus necesidades básicas sociales, educativas y de salud, particularmente de aquellas en situación de pobreza.

Para el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD, 2010), un presupuesto sensible al género incorpora el entendimiento de cómo la distribución de recursos afecta las oportunidades de mujeres y hombres, y el diseño de asignaciones presupuestales que reduzcan la brecha de desigualdad atribuible a la condición de género. Lo anterior, implica maximizar el empoderamiento económico y político de las mujeres incluida la toma de decisiones presupuestales; un mayor involucramiento de actores sociales en la formulación de políticas públicas; un monitoreo exhaustivo del impacto del presupuesto en las condiciones de mujeres y hombres; y por tanto, el diseño de presupuestos efectivos en la reducción de desigualdades, la dotación de capacidades productivas, y la promoción del crecimiento económico nacional y el desarrollo humano.

En este sentido, como resultado de los compromisos alcanzados en la Plataforma de Acción de Beijing, México es uno de los cuarenta países del mundo que realizan ejercicios presupuestarios con perspectiva de género. A partir de 1997-2000 la Comisión de Equidad de Género durante la LVII Legislatura se dan los primeros pasos para la etiquetación de recursos en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal de 1999. Es durante el periodo 2000-2003 que la Comisión de Equidad de Género de la LVIII Legislatura, definió algunas líneas de acción legislativa en materia presupuestal y hasta la LIX Legislatura (2003-2006) que se da un paso definitivo en materia de presupuestos etiquetados, al concretarse un incremento al gasto etiquetado para programas dirigidos a mujeres o destinados a promover la equidad de género.

Durante la LX Legislatura (2006-2009), se crea un anexo específico para visibilizar el gasto etiquetado para las Mujeres y la Igualdad de Género; esta acción constituyó una mayor desagregación de la información y permitió conocer las asignaciones de cada uno de los programas bajo la perspectiva de género, así como responder a diversas demandas de la sociedad civil, para facilitar a las mujeres mexicanas la identificación de los programas con recursos que contribuyeran al logro de la Igualdad entre Mujeres y Hombres. Además se incluye en el decreto de presupuesto el artículo 25, en el que se establecieron una serie de normativas para que los programas federales incorporaran la perspectiva de género y se generaran indicadores que permitieran la evaluación desde esta perspectiva.

En este sentido, el análisis y discusión de presupuesto etiquetado ha servido para crear canales de comunicación y redes estratégicas entre el Poder Ejecutivo Federal, a través de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público y el Instituto Nacional de las Mujeres y el Poder Legislativo, a través de la Comisión de Equidad y Género. No obstante, la creación del anexo que refiere el gasto especifico para la igualdad entre mujeres y hombres y el mandato jurídico que desde la perspectiva de género, se ha incluido en el decreto de presupuesto, ambos han constituido un avance importante para la fiscalización, la transparencia de recursos y la rendición cuentas dirigidas a la ciudadanía.

Para la LXI Legislatura (2009-2012), a partir de las diversas acciones en materia de presupuesto, se establece la etiquetación de recursos dirigidos a la igualdad de género con aumentos progresivos, año con año y se incluye la obligación de las dependencias de la Administración Pública Federal de respetar el mandato jurídico que establece el decreto de presupuesto a partir de un artículo transitorio que puntualiza que la asignación y distribución de los montos autorizados en los programas contenidos en el anexo 10, no deberán modificarse durante el ejercicio fiscal 2010, y las dependencias y entidades responsables de su ejecución y coordinación no podrán destinar dichos montos a actividades diferentes a las establecidas por la Cámara de Diputados, y es a partir de esta legislatura que se logran los acuerdos políticos para la reforma a la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, la cual entre otras cuestiones establece criterios para la irreductibilidad de los recursos asignados para la igualdad entre mujeres y hombres.
En este sentido, el 19 de enero de 2012 se publica la reforma a la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, con la finalidad de incluir una metodología de mediano plazo para la determinación de las cuotas y porcentajes que del presupuesto de los programas presupuestarios y/o unidades responsables son utilizados en la integración de los anexos transversales, que brinde seguridad jurídica a las y los beneficiarios de los programas presupuestarios y las inversiones o ambas cuenten, a partir del criterio de irreductibilidad presupuestal. Asimismo, se fortalece la transparencia y la rendición de cuentas de la gestión pública, con lo que se permite conocer el estado que guarda el ejercicio de los recursos que asignan en los anexos transversales (como el de Igualdad entre Mujeres y Hombres, entre otros).

Además, se incluye la reforma al segundo párrafo del artículo 85 de la citada ley, la cual establece la obligación de las entidades federativas para informar sobre la incidencia del ejercicio, destino y resultado de los recursos de los Fondos de Aportaciones Federales a que se refiere el capítulo V de la Ley Federal de Coordinación Fiscal, de manera diferenciada entre mujeres y hombres. Ante la necesidad de avanzar en la consolidación de un presupuesto que integre la perspectiva de género, se incluyen reformas para diferenciar las previsiones de gasto para mujeres y hombres, la violencia de género y cualquier tipo de discriminación y la obligación de incluir información desagregada por sexo en las evaluaciones y en los resultados con base en indicadores (Artículos 27 fracción III, 28 fracción V, 110 fracción V y 111).

En este marco, el presupuesto para la igualdad entre mujeres y hombres a nivel federal ha tenido como objetivos fundamentales el reconocimiento de las diversas necesidades, derechos y obligaciones que tienen las mujeres y los hombres dentro de la sociedad y consecuentemente la etiquetación de recursos que contribuyan a brindar la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres. No obstante, los esfuerzos que legisladoras y legisladores han tenido para el fortalecimiento del Presupuesto de Egresos de la Federación, no se ha logrado transversalizar la perspectiva de género. Por ello, es necesario evolucionar para incluir las diversas contribuciones que las mujeres y los hombres deben tener en la producción de bienes y servicios y en la distribución de los recursos, en virtud de que el presupuesto público expresa la estrategia del gobierno, sus prioridades y la orientación de su política económica y social.

En este sentido, resulta necesario que las entidades federativas y del Distrito Federal, establezcan un compromiso real para contribuir de manera efectiva a remediar la discriminación y la desigualdad y promuevan el uso efectivo de sus recursos públicos, así como dar cabal cumplimiento a lo establecido en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y lo dispuesto en la fracción I Bis del artículo 15 de la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, para incorporar en sus presupuestos de egresos, la asignación de recursos para el cumplimiento de la política local en materia de igualdad.

Algunas entidades federativas tales como Sinaloa, Nuevo León, Oaxaca y recientemente Veracruz, han implementado estrategias de etiquetación en sus presupuestos públicos. Asimismo, el Distrito Federal promulgó la Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente la cual observa el principio de transversalidad en su presupuesto público. No obstante, es necesario considerar que los presupuestos públicos no son neutrales al género y que todo gasto público tiene un impacto diferenciado en los hombres y en las mujeres. Además de la información presupuestaria permite dar seguimiento, hacer evaluaciones, crear mecanismos de rendición de cuentas, impulsar el desarrollo, mejorar las condiciones de vida de la población y avanzar hacia la igualdad sustantiva y efectiva entre mujeres y hombres.

El pasado 20 de diciembre las y los integrantes de la Comisión de Equidad, Género y Familia del Congreso del estado de Veracruz, realizaron un esfuerzo significativo para incluir un anexo en el presupuesto público del estado, en el cual se visibilizan 58 programas sociales que contribuyeran a la igualdad de género.

Dentro de sus consideraciones, establece en la fracción VI que “el gobierno estatal está comprometido a fomentar una auténtica cultura de la igualdad de género, que permita eliminar cualquier discriminación por motivos de género y garantizar la igualdad para que los hombres y mujeres ejerzan sus derechos por igual…”
De esta manera, se establece un presupuesto metodológicamente basado en resultados, y en el que establece la obligación de las dependencias y entidades de incorporar a la población beneficiaria desagregada por sexo, población urbana y rural, asó como por su condición de rezago social. Así como de ejecutar acciones necesarias para promover y lograr la transversalidad, la igualdad y la equidad de género hacia el interior de las unidades responsables.

Y finalmente, señala que el Ejecutivo estatal impulsará la perspectiva de género de manera gradual y progresiva tomando como base el anexo 1 “Proyecto de Listado de programas con Perspectiva de Género”, y los recursos presupuestales en materia de igualdad se sujetarán al sistema de evaluación, expedido por la Secretaría de Finanzas y Planeación.

Compañeras y Compañeros Senadores, es evidente que el gasto público, como se ha mencionado es uno de los instrumentos que el Estado utiliza para tratar de garantizar la igualdad entre mujeres y hombres, es por ello, que la forma en cómo se distribuye debe responder a las necesidades de la población a la que va dirigido.

Por las consideraciones antes expuestas y de conformidad con los artículos 8, numeral 1, fracción II, y 276 del Reglamento del Senado de la República, someto a consideración y aprobación del Pleno de la Honorable Cámara de Senadores el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

Primero. El Senado de la República, se congratula y felicita al Congreso del estado de Veracruz, por la reciente inclusión de un anexo para la igualdad de género, en su presupuesto para el ejercicio fiscal 2013.

Segundo. El Senado de la República, exhorta respetuosamente a los Congresos de los Estados y a la Asamblea del Distrito Federal, a legislar y dar cabal cumplimiento con las disposiciones de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, así como lo dispuesto en la fracción I Bis del artículo 15 de la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, para incorporar en sus presupuestos de egresos, la asignación de recursos para el cumplimiento de la política local en materia de igualdad.

Dado en el salón de Sesiones del Senado de la República, a 12 de febrero de 2013.

Sen. Martha Elena García Gómez”.





 

De la C. Senadora Martha Elena García Gómez, del grupo parlamentario del PAN, que contiene punto de Acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo Federal a llevar a cabo un programa compensatorio con recursos específicos, a fin de que, a la brevedad, se apoye a las comunidades indígenas y localidades aisladas en el estado de Nayarit con rezagos educativos y problemáticas de cobertura y calidad de la infraestructura física educativa.

PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL EJECUTIVO FEDERAL A LLEVAR A CABO UN PROGRAMA COMPENSATORIO CON RECURSOS ESPECIFICOS, A FIN DE QUE, A LA BREVEDAD, SE APOYE A LAS COMUNIDADES INDIGENAS Y LOCALIDADES AISLADAS EN EL ESTADO DE NAYARIT CON REZAGOS EDUCATIVOS Y PROBLEMATICAS DE COBERTURA Y CALIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA

“SEN. ERNESTO CORDERO ARROYO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
DE LA CAMARA DE SENADORES
DEL H. CONGRESO DE LA UNION
PRESENTE.

La que suscribe, Martha Elena GarcIa GOmez, Senadora del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8, numeral 1, fracción II, y 276 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración del Pleno de esta Soberanía, la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

El Nayar, Ruíz, y la Yesca, son algunos de los municipios que conforman la sierra de Nayarit. Diversas comunidades indígenas habitan estos municipios, por citar un ejemplo, en el municipio el Nayar se concentran dos etnias representativas, los huicholes y los coras.

Asimismo se encuentra el municipio de Huajicori, en el cual habitan las etnias Tepehuanes y Mexicaneras, sin dejar de mencionar que en el municipio de Ruíz existen algunas localidades totalmente indígenas.

Desafortunadamente dichas comunidades alejadas de la urbanización, históricamente se han visto desatendidas en diferentes aspectos, uno de ellos el educativo.

La carencia de equidad en la educación para estas regiones ha sido constante, y han sido insuficientes los esfuerzos que las autoridades estatales han realizado para mejorar las oportunidades de acceso a una calidad educativa.

En el informe de Rezago Educativo de 20101, se desprende que el porcentaje de rezago educativo total del estado de Nayarit al 2010 es de 40%.

Cabe mencionar que en el informe de Rezago Educativo de 20002, se advierte que desde ese entonces el municipio de Huajicori presenta un rezago alto, ya que el porcentaje de población de 15 años y más en rezago educativo es de (72.5%).

La situación se agrava con los dos municipios de Nayarit con un grado extremo de rezago: La Yesca (83.1%) y Del Nayar (90.3%).

En el informe de Rezago Educativo de 2010 se observa que los mismos municipios continúan con un alto porcentaje de rezago; Huajicori (54.9%), La Yesca (68.2%), y Del Nayar (74.8%).

Además de los datos anteriores, el Director de la Organización no Gubernamental Mexicanos Primero, David Calderón, y recientes publicaciones3 con reportes sobre la situación de las escuelas de la Sierra de Nayarit, aluden por mencionar un caso, las condiciones precarias de la primaria la Ciénega, ubicada en el municipio la Yesca, Nayarit.

En esta escuela las condiciones son tan alarmantes que los niños realizan manualidades en el suelo a falta de pupitres. Además se menciona que no hay muebles del servicio sanitario. Con respecto a la Secundaria se encuentra sin techo una de las aulas, lo que trae como consecuencia que las clases se lleven a cabo en la intemperie.

Resulta preocupante que estas comunidades prioritariamente indígenas sufran de graves carencias que no han sido solventadas con el paso de los años.

En ese sentido, la Ley General de Educación establece en su Capítulo III, “De la Equidad de la Educación”, artículo 32, que las Autoridades educativas tomarán medidas tendientes a establecer condiciones que permitan el ejercicio pleno del derecho a la educación de cada individuo, una mayor equidad educativa, así como el logro de la efectiva igualdad en oportunidades de acceso y permanencia en los servicios educativos.
Dichas medidas estarán dirigidas, de manera preferente, a los grupos y regiones con mayor rezago educativo o que enfrentan condiciones económicas y sociales de desventaja en términos de lo dispuesto en los artículos 7o. y 8o. de esta Ley.

De la misma manera el artículo 33, fracción I, de la Ley referida señala lo siguiente:

Artículo 33.- Para cumplir con lo dispuesto en el artículo anterior, las autoridades educativas en el ámbito de sus respectivas competencias llevarán a cabo las actividades siguientes:

I. Atenderán de manera especial las escuelas en que, por estar en localidades aisladas, zonas urbanas marginadas o comunidades indígenas, sea considerablemente mayor la posibilidad de atrasos o deserciones, mediante la asignación de elementos de mejor calidad, para enfrentar los problemas educativos de dichas localidades;

Es así que las autoridades deben de brindar atención prioritaria a aquellas escuelas que se encuentran en regiones indígenas y zonas aisladas, situación que en el caso de las comunidades de Nayarit no se ha dado; son los espacios educativos más olvidados de la entidad.

Por otro lado, la Ley General de la Infraestructura Física Educativa, señala la prioridad que se debe dar a las necesidades de las comunidades indígenas y las comunidades con escasa población o dispersa, en la planeación de los programas y proyectos para la construcción, equipamiento, mantenimiento, rehabilitación, reforzamiento, reconstrucción y habilitación de la infraestructura educativa (Artículo 11).

Además, dicha Ley menciona también que las autoridades en la materia establecerán acciones para atender a los grupos y regiones con mayor rezago educativo según parámetros estatales y nacionales, mediante la creación de programas compensatorios tendentes a ampliar la cobertura y calidad de la infraestructura física educativa (Artículo 10).

En el mismo sentido, la Ley General de Educación en su artículo 34, refiere que el Ejecutivo Federal llevará a cabo programas compensatorios para apoyar con recursos a los gobiernos de las entidades federativas con mayor rezago educativo.

La situación precaria de las instituciones educativas en las regiones indígenas y alejadas en Nayarit requiere de una solución apremiante. Las y los Legisladores tenemos una responsabilidad social con la niñez, sobre todo, cuando se trata de su educación.

En el mundo, el reto de una educación de calidad es un reto prioritario, es así que en septiembre de 2000 en la Cumbre del Milenio, se acordaron los objetivos de desarrollo del Milenio que incorporan como una meta específica relacionada con la infancia, el logro de la educación básica universal para el 2015.

La UNICEF en México, señala como uno de sus diez puntos estratégicos para la infancia, garantizar una educación de calidad para los casi 40 millones de niños y adolescentes en el país, con especial atención a aquellos con alguna discapacidad.

No podemos dejar pasar más tiempo, los informes reflejan que la desigualdad y la falta de acceso a la educación de las regiones mencionadas no han sido atendidas, puntualmente el caso de Nayarit, refleja tristemente las condiciones de miseria en las cuales las y los niños reciben educación.

Este exhorto es por la niñez, los conmino a recorrer las escuelas de estas regiones, la pobreza y desatención por parte de las autoridades son evidentes, es por ello, que se solicita al Ejecutivo que a la brevedad intervenga para resolver esta problemática de rezago educativo que permea primordialmente en las comunidades indígenas en Nayarit.
Por lo expuesto, de conformidad con los artículos 8, numeral 1, fracción II, y 276 del Reglamento del Senado de la República, someto a consideración del Pleno de la Honorable Cámara de Senadores la siguiente propuesta con:

PUNTO DE ACUERDO

UNICO.- Se exhorta al Ejecutivo Federal a llevar a cabo un programa compensatorio con recursos específicos, con la finalidad de que a la brevedad se apoye a las comunidades indígenas y localidades aisladas en el estado de Nayarit con rezagos educativos, y problemáticas de cobertura y calidad de la infraestructura física educativa.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, a 19 de febrero de 2013.

Sen. Martha Elena García Gómez”.

Las efemérides inscritas en nuestro Orden del Día se integrarán al Diario de los Debates.





 

EFEMERIDES

Del C. Senador Angel Benjamín Robles Montoya, del grupo parlamentario del PRD, para referirse al aniversario luctuoso de Vicente Guerrero.

“Aniversario luctuoso de Vicente Guerrero. 14 de febrero 1931.
“La Patria Es primero”

El 14 de febrero de 1931 fue fusilado en Cuilapam de Guerrero, Oaxaca el General Vicente Guerrero, segundo Presidente de la República Mexicana e indiscutible héroe de la patria por su participación en la independencia de nuestro país.

Luego de que fallecieran Matamoros, Galeana y Morelos a fines de 1815, momento en que habían sido destruidos los principales ejércitos insurgentes, Vicente Guerrero tomó la dirigencia del movimiento nacional independentista; sin embargo, las circunstancias que enfrentó fueron difíciles, pero después de cinco años de ardua labor logró el apoyo de sectores hasta entonces enemigos de la Independencia Nacional como Don Agustín de Iturbide quien debió aliarse a las fuerzas independentistas, consumándose así la independencia de México en el mes de septiembre de 1821.

Recordemos que la fuerza y el coraje de Don Vicente Guerrero fue más allá de la consumación de la independencia, pues a pesar de haberse logrado, fue capaz de oponerse con arma en mano a la coronación de Iturbide como emperador; apoyando en 1824 la firma de la Constitución Federal y al Primer Presidente de la República Guadalupe Victoria. En 1928 asume la Presidencia de la República, gobernando unos pocos meses a causa de la traición de un vulgar aventurero italiano, quien lo entregó a la muerte bajo engaños.

Hoy es un día de luto solemne para la nación: Nuestra bandera nacional se encuentra izada a media asta. Esta nación no puede dejar de pasar por alto el aniversario luctuoso de uno de los más grandes hombres mexicanos.

Vicente Guerrero exclamó la heroíca frase: “La Patria Es primero”; la cita textual completa es: “Señores, este es mi padre, ha venido a ofrecerme el perdón de los españoles y un trabajo como general español. Yo siempre lo he respetado, pero la Patria Es primero”.
Que retumben estas palabras en todo el pueblo de México y que las nuevas generaciones no olviden jamás el compromiso de un hombre que antepuso el amor de su padre por encima del futuro de la nación mexicana.

Comprometámonos nosotros, como legisladores y asumamos el papel que debemos desempeñar dentro de este recinto legislativo; reafirmemos pues el deber de defender los máximos principios de la independencia de México sin traicionar a la nación; sin ambigüedades y acciones de entreguismo.

Brindemos hoy, nuestro respeto absoluto a las letras de oro plasmadas en este recinto legislativo con la frase del General Vicente Guerrero: La Patria Es primero.

Es cuanto”.





 

Del C. Senador Angel Benjamín Robles Montoya, del grupo parlamentario del PRD, para referirse a la conmemoración del Día del Ejército Mexicano.

“Efeméride
19 de febrero Día del Ejército Mexicano

Con la venia de la Mesa Directiva; compañeras y compañeros legisladores:

La historia militar en nuestro país data desde antes de la época de la Conquista.

En la época prehispánica se distinguió ferozmente el Ejercito Mexica, mismo que extendió la fuerza del pueblo Azteca hasta parte importante de Centro América.

Posteriormente, el Ejército Español logro aniquilar nuestra estructura militar y tuvieron que transcurrir trescientos años de sometimiento hasta que en 1810 fue creado el Ejercito Insurgente bajo la firme convicción de ideas libertarias al mando de Don Miguel Hidalgo y Costilla.

Al tenor de los grandes ánimos de independencia, se conforma el Ejército Trigarante, el cual hizo su entrada triunfal a la ciudad de México el 27 de septiembre de 1821.

El Ejército Conservador surge a partir del derrocamiento de Agustín de Iturbide y finalmente se da paso al Ejército Liberal, mismo que combatió al mando de ciudadanos nacionalistas el 5 de mayo de 1862 en contra del Ejército Francés.

Fue el General Don Porfirio Díaz quien dentro de su mandato constituyó un Ejército Federal con organización, adiestramiento y tecnología de época.

Sin embargo, a partir del Plan de Guadalupe impulsado por Venustiano Carranza, el 19 de febrero de 1913, se emite el decreto por medio del cual se creaba el Ejército Constitucionalista, del cual surge nuestro actual Ejército Mexicano.

Finalmente, hasta el 22 de marzo de 1950 se emitió decreto presidencial para conmemorar a nuestro instituto armado el día 19 de febrero.

El fin único e inquebrantable de nuestro Ejército es defender el territorio en contra de agentes externos que amenacen la estabilidad y la seguridad de la población.

El Ejército Mexicano además de salvaguardar la defensa y soberanía de la nación, también auxilia a la población civil en momentos de necesidades a causa de fenómenos naturales o públicos, apoyando en el orden, auxilio y reconstrucción de zonas afectadas.

El pueblo mexicano debe sentirse orgulloso de mantener un Ejército sólido y profesional.
El Ejército Mexicano, es una institución respetable y apreciada por los mexicanos en épocas de desastre y ayuda humanitaria; sin embargo se ha visto agraviado a causa del cáncer de la corrupción. Además, dentro de los saldos de la denominada “Guerra en contra del crimen organizado” resultaron centenares de enfrentamientos estériles y muertes innecesarias que únicamente ahondaron el sentimiento de tragedia entre la sociedad mexicana.

En el Partido de la Revolución Democrática estamos dispuestos a impulsar el prestigio y respeto de las Fuerzas Armadas para que continúen siendo garantes de la integridad del territorio y la defensa de la soberanía. Continuamos propugnando las líneas de una plataforma electoral en la que se estableció que gradualmente, se retiraría el Ejército y la Marina del combate al narcotráfico y no se les utilizaría más para resolver conflictos de orden social o para suplir la incapacidad del gobierno civil, mucho menos para reprimir a un pueblo.

Es cuanto.

Referencias:
http://www.sedena.gob.mx
Plataforma Electoral del Movimiento Progresista”.





 

CITA

Se cita a la siguiente sesión el próximo jueves 21 de febrero a las 13:30 horas, y a sesión solemne ese mismo día a las 18:45 horas.

(Se levantó la sesión a las 16:07 horas)

Directorio

DIARIO DE LOS DEBATES

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