Senado de la República.
Sesión Plenaria.
Martes 25 de julio de 2017
    
    

Última actualización: Junio 2017
Última revisión: Junio 2017

Sesión Plenaria - Diario de los Debates
LXII
              Legislatura
1er
Año
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DIARIO DE LOS DEBATES

DE LA CÁMARA DE SENADORES
DEL CONGRESO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS


AÑO I                       Segundo Periodo Ordinario                       LXII Legislatura                       Sesión Núm. 5

Presidente de la Mesa Directiva
Sen. Ernesto Javier Cordero Arroyo

Sesión Pública Ordinaria Celebrada
en la Ciudad de México, el 14 de Febrero de 2013

SUMARIO                                              


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CAMARA DE DIPUTADOS

Remite:

- Minuta proyecto de Decreto por el que se expide la Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, de la Ley Reglamentaria de las fracciones I y II del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, para los efectos de lo dispuesto por el inciso e) del artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; Oficio con el Calendario para el segundo periodo de sesiones ordinarias del primer año de ejercicio de la LXII Legislatura; Oficio con el Acuerdo por el que se designa a los Diputados que integrarán la Junta Directiva de la Comisión Bicameral de Seguridad Nacional.


















- Del C. Senador Francisco Domínguez Servién, a nombre propio y de los CC. Senadores Luis Fernando Salazar Fernández, Luisa María Calderón Hinojosa y Fernando Herrera Avila, del grupo parlamentario del PAN, que contiene punto de Acuerdo por el que se exhorta al titular del Consejo Nacional de Evaluación de la Política Social a comparecer ante el Senado de la República para que proporcione su opinión técnica sobre la implementación de la Cruzada Nacional Contra el Hambre; asimismo, se solicita la creación de una comisión especial por parte del Senado de la República para dar seguimiento al Sistema Nacional para la Cruzada Contra el Hambre. Intervienen al respecto los CC. Senadores Lorena Cuéllar Cisneros, Jorge Luis Preciado Rodríguez y Blanca María del Socorro Alcalá Ruiz. Se aprueba.












 

PRESIDENCIA DEL C. SENADOR
ERNESTO JAVIER CORDERO ARROYO

APERTURA

- El C. Presidente Ernesto Javier Cordero Arroyo: (11:55 Horas) Solicito a la Secretaría informe a la Asamblea el resultado del cómputo de asistencia de los señores Senadores.

- La C. Secretaria Iris Vianey Mendoza Mendoza: Honorable Asamblea, conforme al registro electrónico, se han acreditado 67 ciudadanos Senadores.

En consecuencia, hay quórum, señor Presidente.

- El C. Presidente Cordero Arroyo: Se abre la sesión del jueves 14 de febrero correspondiente al segundo periodo ordinario de sesiones del primer año de ejercicio. El Orden del Día está disponible en el monitor de sus escaños, con lo cual se informa de los asuntos que corresponden a la agenda de hoy. El acta de la sesión anterior se encuentra publicada en la Gaceta del Senado de este día.

“ACTA DE LA SESION CELEBRADA EL MARTES
DOCE DE FEBRERO DE DOS MIL TRECE

PRESIDE EL SENADOR
ERNESTO CORDERO ARROYO

 

En la ciudad de México, Distrito Federal, a las once horas con diez minutos del día martes doce de febrero de dos mil trece, encontrándose presentes setenta y cuatro ciudadanos Senadores, según relación anexa, la Presidencia declaró abierta la sesión.

(Lectura del Orden del Día)

La Secretaría dio por conocido el contenido del Orden del Día de la sesión de esta fecha, debido a la publicación en la Gaceta del Senado y a su difusión.

(Acta de la sesión anterior)

(Acuerdo de la Mesa Directiva)

Se sometió a consideración de la Asamblea un Acuerdo de la Mesa Directiva para constituir el Consejo Consultivo de Diplomacia Parlamentaria.- Fue aprobado en votación económica.

(Comunicaciones)

Se recibió de la Junta Directiva de la Comisión de Justicia, Acuerdo por el que se aprueba la convocatoria y metodología para la celebración de audiencias públicas respecto de las iniciativas presentadas para    la expedición del nuevo Código de Procedimientos Penales.- Quedó de enterado.

 

Se recibió la Comisión Bicamaral del Canal de Televisión del Congreso de la Unión, oficio por el que informa que el pasado 6 de febrero se llevó a cabo la sesión de instalación y se eligió a los integrantes de su Mesa Directiva.- Quedó de enterado.

 

PRESIDE EL SENADOR
JOSE ROSAS AISPURO TORRES

 

Se recibió de la Secretaría de Gobernación, propuesta de nombramientos de empleados superiores de Hacienda: Marcela Andrade Martínez, como titular de la Unidad de Coordinación con Entidades Federativas de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; Oscar Molina Chie, como Administración General de Grandes Contribuyentes del Servicio de Administración Tributaria; José Genaro Ernesto Luna Vargas, como Administrador General de Auditoría Fiscal Federal del Servicio de Administración Tributaria; Jaime Eusebio Flores Carrasco, como Administrador General Jurídico del Servicio de Administración Tributaria; y Alejandro Chacón Domínguez, como Administrador General de Aduanas del Servicio de Administración Tributaria.- Se turnó a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

 

Se recibió de la Secretaría de Gobernación, Informe semestral sobre el avance y estado que guarda el proceso de liquidación de Ferrocarriles Nacionales de México, correspondiente al periodo de julio-diciembre de 2012.- Se remitió a la Comisión de Comunicaciones y Transportes.

 

Se recibió del Instituto Mexicano del Seguro Social, Informe sobre la composición y situación financiera de las inversiones de dicho Instituto, correspondiente al tercer trimestre de 2012.- Se remitió copia a las Comisiones de Hacienda y Crédito Público y de Seguridad Social.

 

Se recibió de la Cámara de Diputados, Acuerdo por el que expresa al Congreso de los Estados Unidos de Norteamérica su simpatía por la posibilidad de una reforma migratoria integral.- Quedó de enterado.

(Iniciativas)

El Senador José Francisco Yunes Zorrilla, a nombre propio y del Senador Emilio Gamboa Patrón y de Senadores de los Grupos Parlamentarios de los Partidos Revolucionario Institucional y Verde Ecologista de México, presentó iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 73, fracción VIII y 117 fracción VIII y se adiciona el artículo 73 con la fracción VI de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos, Segunda, con opinión de la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

 

El Senador José Francisco Yunes Zorrilla, a nombre propio y del Senador Emilio Gamboa Patrón y de Senadores de los Grupos Parlamentarios de los Partidos Revolucionario Institucional y Verde Ecologista de México, presentó iniciativa con proyecto de Decreto por el que se expide la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios; se reforma el artículo 9 de la Ley de Coordinación Fiscal, así como se reforma el artículo 4o., fracción I y se adiciona el Capítulo IX y los artículos 31 a 36 de la Ley General de Deuda Pública.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Estudios Legislativos, Primera.

Los Senadores Miguel Barbosa Huerta del PRD y Francisco Domínguez Servién del PAN, hicieron uso de la palabra para referirse a las iniciativas.

 

La Senadora Adriana Dávila Fernández, a nombre propio y del Senador Ernesto Cordero Arroyo y de los Senadores integrantes del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con aval de grupo, presentó iniciativa con proyecto de Decreto que reforma el artículo 26 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos, Primera.

 

El Senador Luis Sánchez Jiménez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó iniciativa con proyecto de Decreto por el que se modifica el artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos, Primera.

 

La Senadora Mónica T. Arriola Gordillo, presentó iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley de Coordinación Fiscal.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Estudios Legislativos, Primera.

 

PRESIDE EL SENADOR
ENRIQUE BURGOS GARCIA

 

El Senador Humberto Domingo Mayans Canabal, a nombre propio y del Senador Aarón Irízar López, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó iniciativa con proyecto de Decreto que adiciona la fracción XXIX-R al artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos, Segunda, con opinión de la Comisión de Recursos Hidráulicos.

 

La Senadora Silvia Guadalupe Garza Galván, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó iniciativa con proyecto de Decreto por el que se adiciona un párrafo al artículo 87 bis 2 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de Estudios Legislativos.

 

La Senadora Dolores Padierna Luna, a nombre del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con aval de Grupo, presentó iniciativa con proyecto de Decreto que adiciona el artículo 64-A a la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Estudios Legislativos, Segunda.

 

La Senadora Ninfa Salinas Sada, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, presentó iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Gobernación, de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de Estudios Legislativos, Segunda, con opinión de la Comisión de Pesca.

 

PRESIDE EL SENADOR
ERNESTO CORDERO ARROYO

 

El Presidente de la Mesa Directiva Decreto un receso a efecto de llevar a cabo Sesión Solemne para recibir la visita del Presidente del Parlamento Europeo.

 

(RECESO)

 

PRESIDE EL SENADOR
ERNESTO CORDERO ARROYO

 

Después de concluida la Sesión Solemne, se reanudó la Sesión Ordinaria del martes 12 de febrero de 2013.

 

Se sometió a consideración de la Asamblea un dictamen de las Comisiones Unidas de Educación y de Estudios Legislativos, Primera, con proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 11 de la Ley General de la Infraestructura Física Educativa.- Sin discusión, fue aprobado por 90 votos en pro. Se remitió al Ejecutivo Federal.

 

 PRESIDE EL SENADOR
ENRIQUE BURGOS GARCIA

 

Se sometió a consideración de la Asamblea un dictamen de las Comisiones Unidas de Educación y de Estudios Legislativos, Primera, con proyecto de Decreto por el que se reforman las fracciones VI y VII del artículo 10 y se adiciona la fracción VIII al mismo artículo de la Ley General de Educación.- Sin discusión, fue aprobado por 88 votos en pro. Se remitió a la Cámara de Diputados.
Se sometió a consideración de la Asamblea un dictamen de las Comisiones Unidas de Educación y de Estudios Legislativos, Primera, con proyecto de Decreto por el que se reforman las fracciones VI y VII del artículo 10 y se adiciona la fracción VIII al mismo artículo de la Ley General de Educación.- Sin discusión, fue aprobado por 88 votos en pro. Se remitió a la Cámara de Diputados.

 

Se sometió a consideración de la Asamblea un dictamen de las Comisiones Unidas de Gobernación y de Estudios Legislativos, Segunda, con proyecto de Decreto por el que se adiciona la fracción XXI bis al artículo 47 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos.- Intervino la Senadora Angélica de la Peña Gómez del PRD. Fue aprobado por 94 votos en pro. Se remitió a la Cámara de Diputados.

 

Se sometieron a consideración de la Asamblea seis dictámenes de la Comisión de Gobernación, con proyectos de Decreto que conceden permisos para prestar servicios en representaciones diplomáticas en México y para aceptar y desempeñar el cargo de Cónsul Honorario de Chipre en Mérida, con circunscripción consular en el estado de Yucatán.- Sin discusión, fueron aprobados por 85 votos en pro. Se remitieron al Ejecutivo Federal.

(Comunicación)

Se recibió de la Secretaría de la Secretaría de Gobernación, solicitud de permiso para que el Licenciado Enrique Peña Nieto, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, pueda aceptar y usar la condecoración que le confiere el Gobierno de la República de Costa Rica.- Con dispensa de trámites, sin discusión, fue aprobado por 89 votos en pro. Se remitió a la Cámara de Diputados.

(Proposiciones)

La Senadora Diva Hadamira Gastélum Bajo, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó proposición con punto de Acuerdo por el que se establece el día 27 de febrero como el día nacional por la inclusión laboral.- Considerado de urgente resolución, fue puesto a discusión. Intervinieron los Senadores: Angélica de la Peña Gómez del PRD en pro y Javier Lozano Alarcón del PAN en pro. Fue aprobado en votación económica.

 

El Senador Fernando Herrera Ávila, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó proposición con punto de Acuerdo por el que solicita la comparecencia de la titular de la Secretaría de Desarrollo Social.- Se turnó a la Comisión de Desarrollo Social.

 

PRESIDE EL SENADOR
LUIS SANCHEZ JIMENEZ

 

El Senador Ángel Benjamín Robles Montoya, a nombre propio y de los Senadores Marcela Guerra Castillo, Juan Carlos Romero Hicks, Ana Gabriela Guevara Espinoza y Víctor Hermosillo y Celada, presentó proposición con punto de Acuerdo por el que el Senado de la República, con pleno respeto a la soberanía del pueblo y gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica, felicita al Congreso de esa nación y al Presidente Barack Obama por el gran paso hacia una reforma migratoria amplia, incluyente y respetuosa de los derechos humanos de los migrantes residentes en esa nación.- Se turnó a la Comisión de Relaciones Exteriores, América del Norte.

 

El Senador David Monreal Ávila, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, presentó proposición con punto de Acuerdo que exhorta a la Procuraduría General de la República y a sus homólogas estatales a realizar de manera oportuna, expedita, exhaustiva e imparcial investigaciones sobre todas las denuncias de desapariciones de personas recibidas en sus dependencias.- Se turnó a las Comisiones de Justicia y de Derechos Humanos.

 

La Senadora Layda Sansores San Román, remitió proposición con punto de Acuerdo por el que se solicita al titular del Ejecutivo Federal abstenerse del otorgamiento de los permisos para la siembra comercial del maíz transgénico en México.- Se turnó a la Comisión de Agricultura y Ganadería.

 

El Senador René Juárez Cisneros, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó proposición con punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Economía a realizar un estudio de factibilidad para instalar una central de abastos en la región de tierra caliente en el estado de Guerrero.- Se turnó a la Comisión de Comercio y Fomento Industrial.

 

La Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó proposición con punto de Acuerdo que exhorta a los titulares de las dependencias de la Administración Pública Federal para que tomen en cuenta ciertas cualidades en las personas que vayan a ser designadas como delegados.- Se turnó a la Comisión de Gobernación.

 

El Senador Fidel Demédicis Hidalgo, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó proposición con punto de Acuerdo por el que se solicita a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación la cancelación de los permisos de siembra de maíz transgénico y la implementación de un programa emergente para fomentar la producción nacional de maíz en nuestro país.- Se turnó a las Comisiones de Agricultura y Ganadería y de Desarrollo Rural.

(Excitativa)

El Senador René Juárez Cisneros, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, remitió solicitud de excitativa con relación al proyecto de Decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desarrollo metropolitano.- La Presidencia emitió excitativa a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, de Desarrollo Municipal y Estudios Legislativos.

 

El Presidente de la Mesa Directiva dio turno a los siguientes asuntos:

 

De las Senadoras Hilda Esthela Flores Escalera, Angélica del Rosario Araujo Lara, Juana Leticia Herrera Ale, Lisbeth Hernández Lecona, Margarita Flores Sánchez, Lilia Guadalupe Merodio Reza, Diva Hadamira Gastélum Bajo, Claudia Artemiza Pavlovich Arellano, Itzel Sarahí Ríos de La Mora, Mely Romero Celis e Ivonne Liliana Alvarez García, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, iniciativa con proyecto de Decreto para modificar diversas disposiciones de la Ley de Producción Orgánica.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Agricultura y Ganadería y de Estudios Legislativos, Primera.

 

De las Senadoras Hilda Esthela Flores Escalera, Angélica del Rosario Araujo Lara, Juana Leticia Herrera Ale, Lisbeth Hernández Lecona, Margarita Flores Sánchez, Lilia Guadalupe Merodio Reza, Diva Hadamira Gastélum Bajo, Claudia Artemiza Pavlovich Arellano, Itzel Sarahí Ríos de la Mora, Mely Romero Celis e Ivonne Liliana Álvarez García y del Sen. Braulio Fernández Aguirre, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, iniciativa con proyecto de Decreto para modificar diversas disposiciones de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y de la Ley General de Infraestructura Física Educativa.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Atención a Grupos Vulnerables y de Estudios Legislativos, Segunda.

 

Del Senador José Francisco Yunes Zorrilla, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con proyecto de Decreto por el que se adiciona un párrafo tercero al artículo 212, recorriendo el párrafo subsecuente de la Ley General de Salud.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos, Segunda, con opinión de la Comisión de Desarrollo Rural.

 

Del Senador Arturo Zamora Jiménez, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, iniciativa con proyecto de Decreto por el que se adiciona el párrafo tercero del artículo 1069 del Código de Comercio.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Comercio y Fomento Industrial y de Estudios Legislativos.

 

Del Senador Arturo Zamora Jiménez, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con proyecto de Decreto que reforma el inciso c. del numeral 2 del artículo 85 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias y de Estudios Legislativos, Segunda.

 

De las Senadoras Angélica Araujo Lara, Margarita Flores Sánchez, María del Rocío Pineda Gochi, Lisbeth Hernández Lecona, Mely Romero Celis, Hilda Esthela Flores Escalera y Lilia Guadalupe Merodio Reza, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, proposición con punto de Acuerdo en relación al abatimiento del analfabetismo y el rezago educativo.- Se turnó a la Comisión de Educación.

 

Del Senador Zoé Robledo Aburto, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, proposición con punto de Acuerdo que exhorta a las Secretarías de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación; así como a la Comisión Nacional Forestal y a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente informar sobre las acciones y medidas a implementar en la reserva de la biósfera “El Triunfo” tras los incendios que ha sufrido.- Se turnó a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

 

El grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, remitió efeméride para referirse a la conmemoración del Día de la Fuerza Aérea Mexicana.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

El Senador Fernando Yunes Márquez, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, remitió efeméride para referirse a la conmemoración del aniversario de la Fuerza Aérea Mexicana.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

La Presidencia dio por concluida la sesión a las catorce horas con cincuenta y cuatro minutos y citó a la siguiente el jueves catorce de febrero a las once horas.

LISTA DE ASISTENCIA DE LA SESION ANTERIOR



En consecuencia, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba el acta de la sesión anterior.

- La C. Secretaria Mendoza Mendoza: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba el acta de la sesión anterior. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar su mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se apruebe, favor de levantar su mano.

(La Asamblea no asiente)

Se aprueba, señor Presidente.

- El C. Presidente Cordero Arroyo: Pasamos al siguiente asunto.





 

COMUNICACIONES

- La C. Secretaria Mendoza Mendoza: Se recibió una comunicación de la Comisión de Seguridad Pública, por la que informa que el punto de Acuerdo sobre el combate a la inseguridad en el estado de Coahuila, que ha sido turnado el 18 de septiembre del 2012, ha quedado sin materia.

"COMISION DE SEGURIDAD PUBLICA

Senado de la República a 5 de febrero de 2013

CSP/LXII/P/090/2013

SEN. ERNESTO CORDERO ARROYO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
DEL SENADO DE LA REPÚBLICA
Presente

En virtud de la publicación del Plan Estatal y Regional Laguna Seguro, que contempla el combate a la inseguridad en el estado de Coahuila, el martes 29 de enero por el Gobierno estatal en coordinación con el Gobierno federal, solicito a usted, con fundamento en el artículo 205 numeral 2 del Reglamento del Senado de la República, retirar el dictamen de esta Comisión de Segundad Pública, del Punto de acuerdo que exhorta al gobernador del estado de Coahuila para que implemente un plan emergente para combatir la inseguridad y la creciente ola de homicidios y secuestros en el estado, publicado para ser votado y discutido el día de hoy en el Pleno, por haber quedado sin materia, dado que es un asunto presentado y dictaminado, así como enviado a la Mesa Directiva el pasado año.

Sin otro particular y agradeciendo la atención, aprovecho la ocasión para reiterarle las seguridades de mi más alta y distinguida consideración

Atentamente

Sen. Omar Fayad Meneses,Presidente.-Sen. Francisco Yunes Márquez.- Secretario.-Sen. Iris Vianey Mendoza Mendoza,Secretaria.

- El C. Presidente Cordero Arroyo: Esta Presidencia instruye a la Secretaría Parlamentaria descargar el asunto de su registro, darlo por concluido e informar a los promoventes.

Pasamos al siguiente asunto.

- La C. Secretaria Mendoza Mendoza: Se recibieron también las siguientes comunicaciones:

De la Senadora Ana Gabriela Guevara Espinoza, Presidenta de la Comisión de Asuntos Migratorios, con la que remite el plan anual de trabajo de dicha comisión.

Del Senador Teófilo Torres Corzo, del grupo parlamentario del PRI, con la que remite el informe de actividades de la delegación del Congreso mexicano que participó en la 21a. Reunión Anual del Foro Parlamentario Asia-Pacífico, celebrado en Vladivostok, Rusia, del 27 al 31 de enero pasado.

- El C. Presidente Cordero Arroyo: Esta Asamblea ha quedado debidamente enterada.

Pasamos al siguiente asunto.




 

BANCO DE MEXICO

- La C. Secretaria Mendoza Mendoza: Se recibió del Banco de México, el informe sobre la inflación correspondiente al periodo octubre-diciembre de 2012.

- El C. Presidente Cordero Arroyo: Remítase copia de este documento a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

Pasamos al siguiente asunto.





 

GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL

- La C. Secretaria Mendoza Mendoza: Se recibió una invitación del gobierno del Distrito Federal para asistir a las siguientes ceremonias conmemorativas:

Del Centenario de la Decena Trágica, de Francisco I. Madero y José María Pino Suárez, a realizarse el viernes 22 de febrero.

Y del 73 aniversario del Día de la Bandera, a realizarse el domingo 24 de febrero, ambas en esta ciudad.

“SECRETARIA DE CULTURA
COORDINACION DE PATRIMONIO
HISTORICO, ARTISTICO V CULTURAL

Ciudad de México, a 24 de enero de 2013

CPHAC/148/2013

Asunto: Oficio de invitación

CC. SECRETARIOS DE LA HONORABLE
CAMARA DE SENADORES
LXIII LEGISLATURA
PRESENTE.

El Gobierno de la Ciudad de México a través de la Secretaría de Cultura, ha programado las ceremonias conmemorativas correspondientes al mes de febrero de las cuales anexo su descripción.

FECHA

HORA

CEREMONIA

LUGAR

Viernes 22

10:00 Horas

Centenario de la Decena Trágica de Francisco I. Madero y José María Pino Suárez

Biblioteca de México José Vasconcelos, ubicada en Tolsá #4, Colonia Centro Ciudadela, Delegación Cuauhtémoc

Domingo 24

10:00 Horas

73 Aniversario del Día de la Bandera

Columna de la Independencia, ubicada en paseo de la Reforma y Río Tiber, Delegación Cuauhtémoc

Por lo anterior, me permito solicitar a ustedes los nombres de los legisladores que asistirán a los eventos de referencia en representación de la Honorable Cámara de Senadores. Apreciaré que, de ser posible, tuvieran a bien confirmamos a la brevedad su participación en dichos actos.

Al agradecer su gentil respuesta pongo a sus órdenes el teléfono 55 18 55 31 con Mario Alberto Corona Salazar, responsable del área de Cívica.

Sin otro particular, me es grato enviarle un cordial saludo.

Atentamente

Guadalupe Lozada León

Coordinadora”.

- El C. Presidente Cordero Arroyo: Para asistir en representación del Senado, se designa al Senador Zoé Robledo Aburto, para la ceremonia del Centenario de la Decena Trágica de Francisco I. Madero y José María Pino Suárez; y al Senador Fidel Demédicis Hidalgo, a la Ceremonia del aniversario del Día de la Bandera.

Pasamos al siguiente asunto.





 

CAMARA DE DIPUTADOS

- La C. Secretaria Mendoza Mendoza: Se recibió de la Cámara de Diputados, un oficio con el que se remite minuta proyecto de Decreto por el que se expide la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, de la Ley Reglamentaria de las fracciones I y II del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, para los efectos de lo dispuesto por el inciso e) del artículo 72 constitucional.



- El C. Presidente Cordero Arroyo: Esta Asamblea ha quedado debidamente enterada. Remítase copia de ambos documentos a la Junta de Coordinación Política.





 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTICULO 4o. Y SE ADICIONA UN ARTICULO 25 BIS A LA LEY GENERAL DE PESCA Y ACUACULTURA SUSTENTABLES

(Presentada por la C. Senadora Diva Hadamira Gastélum Bajo, del grupo parlamentario del PRI)

- La C. Senadora Diva Hadamira Gastélum Bajo: Muchas gracias, señor Presidente.

Presento esta iniciativa con proyecto de Decreto que reforma varias fracciones de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentable. A nombre mío y de mis compañeras, quiero tocar un punto que considero de la mayor importancia.

La acuacultura es una de las principales alternativas con la que se cuenta en el sector pesquero, los datos que arroja son muy interesantes, la riqueza que genera, los productos que se cultivan. Sin embargo, en Latinoamérica, así como en México, no ha sido tomada en cuenta en la dimensión que tiene esta actividad.

Presento esta iniciativa y pido a la Presidencia la pueda pasar de manera total, como aquí la he presentado, porque partiríamos del objeto que tiene la iniciativa. Nosotros estamos proponiendo que el tema maricultura, que es un derivado de la acuacultura, pueda establecerse en toda su dimensión en la ley.

La maricultura se contempla y considera como una actividad productiva que puede convertirse en un distintivo geográfico. México tiene grandes ventajas potenciales: el clima, su litoral, los cultivos que se tienen de la misma, y entonces esta iniciativa que estamos presentando se basa en que generaría, además de la riqueza, una calidad de nutrición, tendríamos un beneficio socio-económico y además es totalmente sustentable.

Aquí se reforman varias fracciones, especialmente el artículo 25 Bis, y se agrega una serie de conceptos novedosos que es importante se llamen a las cosas por su nombre.

Por ejemplo, acuacultura epicontinental, aptitud acuícola, el área de reserva para la maricultura, los arrecifes y así alrededor de 17 nuevos conceptos.

La propuesta es muy clara. Nosotros consideramos que ya es hora que la maricultura, como un derivado de la acuacultura, sea reconocida como también fuente de riqueza para este país; que el cultivo de especies que ha dado riquezas se norme, se legisle, se fomente e impulse una de las actividades más importantes y que en México, con todo este caudal de riqueza que tiene, no hemos puesto especial atención a esta actividad tan importante.

Es todo, señor Presidente.

Iniciativa

“La que suscribe, Diva Hadamira Gastelum Bajo, Senadora de la República, con fundamento en lo establecido en los artículo 71 Fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 8 numeral uno, fracción I, 164 y 169 del Reglamento del Senado de la República, someto a consideración de esta Soberanía la presente Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforman las fracciones III a la XLVII y la L y LI, adicionAndose once fracciones y recorriEndose las subsecuentes del artIculo 4°, asI mismo se adiciona un artIculo 25 Bis, a la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables, con la finalidad de incluir el fomento de la Maricultura en el sector pesquero y acuícola de México, al tenor de la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

Actualmente la República Mexicana cuenta con 11,592 kilómetros de costas, de los cuales 8,475 corresponden al Litoral del Pacífico y 3,117 al Golfo de México, Mar Caribe e Islas; su plataforma continental es de aproximadamente 394,603 km², siendo mayor en el Golfo de México.

Una de las principales actividades primarias con las que cuenta nuestro país es la pesca, de la cual se obtienen alimentos de calidad para su comercialización. A esta actividad se suma una no tan renombrada pero que tiene un gran potencial económico en el litoral del país, esta actividad es la acuacultura marina o Maricultra.Hoy en día en la actividad pesquera se emplean aproximadamente 293 mil 803 pescadores que se dedican a la pesca y la acuacultura de manera directa, y de manera indirecta dependen alrededor de 1.5 millones de personas. Si bien la cifra es menor comparada con el universo de la población económicamente activa, no deja de tener relevancia por lo que hace al aporte de las actividades pesqueras y acuícolas en términos de la producción de alimentos y de generación de empleos y divisas en México y el mundo.

La acuacultura es una de las alternativas para el sector pesquero, la que puede generar mayores recursos, dentro de zonas marinasque cuenten con aptitud o potencial acuícola, para las comunidades pesqueras en México. La producción acuícola juega un papel cada vez más importante en la alimentación de nuestro país y es parte fundamental de la política nacional. La acuacultura tiene el suficiente potencial para poder realizar una significativa contribución a la producción de alimentos, atendiendo de manera efectiva, la demanda de la población, lo que no ha sucedió con la Maricultura, debido a que aún no se ha dado el apoyo y enfoque a su funcionamiento y operación.

Debido a que el desarrollo de esta actividad se intensifica en el país, dado el interés de inversionistas, se requiere de una renovación que permita producir nuevas especies y crear nuevos sistemas y prácticas de producción siendo la acuacultura marina o maricultura, una alternativa para producir alimentos de alta calidad dentro de nuestras zonas marinas con aptitud de maricultura.

La maricultura se define como una subclasificación de la acuacultura, tomando en cuenta el medio en donde se desarrolla, en este caso, se hace referencia al cultivo acuícola desarrollado en un medio marino.

El cultivo de peces exclusivamente marinos a nivel mundial está alcanzando una importancia cada vez más relevante; cultivándose especies de alto valor económico y en altas producciones, en países como Japón, Corea, Noruega, España, Gran Bretaña y Chile, por citar solo algunos de ellos. Estas producciones, se unen a la engorda de especies como el atún azul en instalaciones denominadas “ranchos marinos” y que se incluyen dentro de la actividad de Maricultura.

Esta se presenta entonces como una actividad productiva, misma que brinda importantes beneficios, tales como:

I. Calidad de Nutrición: Es indiscutible que la obesidad representa, hoy en día, uno de los mayores problemas de salud pública en nuestro país. La mayor ingesta de alimentos refinados con altos porcentajes de grasas, con un aporte calórico excesivo, junto con el sedentarismo característico de nuestro medio, ha hecho de la obesidad un grave problema.

Se sabe que la obesidad se asocia a una mayor prevalencia de enfermedades como las cardiovasculares, diabetes tipo II y problemas osteoarticulaciones entre otras.México gasta el 15% del presupuesto total de salud, solo en enfermos de diabetes. La salud pública es también un asunto de seguridad nacional y es una causa de fuertes crisis económicas en los países desarrollados.

Las dietas ricas en pescado se asocia con la reducción de contraer enfermedades como Alzheimer, enfermedades cardiacas, arterosclerosis e incrementa los niveles cognitivos.

II. Socio-económicos: Durante el largo período que se extiende de 1911 a 1992 se entregaron a los campesinos más de 100 millones de hectáreas de tierras, equivalentes a la mitad del territorio de México y cerca de las dos terceras partes de la propiedad rústica total del país. Según las Resoluciones Presidenciales de dotación de tierras, se establecieron unos 30,000 ejidos y comunidades que incluyeron 3.1 millones de jefes de familia.

Este reparto fue señalado en las reformas de 1992, con las modificaciones hechas al artículo 27 de la Constitución Mexicana, en la que se estableció que ya no hay más tierra que repartir y que debe iniciarse el ordenamiento de las mismas.

El reparto de tierras y sus proyectos, han sido prioritarios para la política del país, y es más que obvio que ésta política agrarista ha relegado al sector pequero y acuícola, así como el aprovechamiento de mares y costas.

El 60% del territorio nacional es mar, sin embargo su uso y aprovechamiento sobre todo en la generación de alimento es sumamente limitado. Los mares y costas de México, son una parte fundamental del territorio mexicano para la seguridad, soberanía y el desarrollo sustentable del país.

Estas regiones poseen una gran riqueza natural, que debe ser conservada y gestionada de manera sustentable, utilizando la mejor y mayor información científica y tecnológica disponible, y promoviendo su desarrollo dirigido al bienestar de sus poblaciones, el arraigo de las nuevas generaciones, así como para brindarles a las generaciones futuras la posibilidad de usarlas y aprovecharlas con un mejor sentido de responsabilidad y equidad.

Se prevé que para el año 2025 el 75% de la población mundial podría habitar en las zonas costeras y se visualiza que la población mundial se duplicará en menos de un siglo, alcanzando unos 10, 000 millones de habitantes.

De acuerdo con las cifras de las Naciones Unidas un 75% de ellos, con la tasa máxima de crecimiento, ocuparán una franja estrecha de unos 60 km de ancho a lo largo del litoral de los continentes, lo que pone de manifiesto que la repercusión de las actividades humanas, cada vez será mayor en el ecosistema mundial más productivos: las zonas someras de aguas marinas y salobres.

La explotación de los recursos costeros y de su hábitat, está en función del tamaño de la población humana y de su grado de desarrollo socioeconómico. Ante este nuevo escenario la acuacultura y en específico la maricultura, podría llegar a ser generadora de empleos, que ha de jugar un papel fundamental en el futuro de estas poblaciones como garante de la calidad de los productos pesqueros y que además, ha de hacerlo realizando la actividad desde un punto de vista económico viable, socialmente justo y ambientalmente sustentable.

La práctica de la maricultura deberá ser llevada a cabo como una componente integral del desarrollo, contribuyendo hacia el bienestar sustentable para el sector social, promoviendo el desarrollo humano y potenciando la seguridad social, y con una gran probabilidad de ser un punto de impulso para la mejora de la calidad de vida, planteando un mejor uso y conservación de los recursos naturales.

III. Ambiental: No se puede basar la proveeduría de proteína animal para la alimentación, solamente en la producción agropecuaria, se debe también producir proteína de primera calidad como la de pescados y mariscos con un menor impacto ambiental.

La Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) explica que actualmente el sector ganadero usa el 30% de la superficie terrestre del planeta en pastizales y un 33% de la superficie cultivable para producir forraje, lo cual es responsable del 9% del dióxido de carbono (CO2). La ganadería también es responsable del 37% de todo el metano producido, originado en su mayor parte en el sistema digestivo de los rumiantes.

Pero el porcentaje es más elevado cuando se incluyen los gases con efecto invernadero, y más peligrosos como el óxido nitroso, que procede del estiércol y es 296 veces más perjudicial que el CO2.

En un mundo inmerso en una vertiginosa escalada de cambios de todo tipo, es necesario adoptar una mentalidad flexible también en relación con la producción de alimentos.

Por lo que la maricultura no es sólo un complemento de la actividad de la pesca, o una actividad de reconversión de ciertos sectores: es la ganadería acuícola con mayor proyección a futuro, que tiene a su favor la disposición de los mares que ocupa el 70% de la superficie del planeta tierra (muy poco utilizada hasta el momento), la cual no requiere del consumo de agua dulce y utiliza animales con una mejor eficiencia en su conversión alimenticia, a diferencia de los vertebrados terrestres. Esto último significa que un organismo acuático, producen más carne por kilo de alimento, que la que produce un vertebrado terrestre.

Se considera que casi el 30% de las poblaciones de peces están sobreexplotadas, alrededor del 57% se encuentran totalmente explotadas o cerca de su producción máxima sostenible y únicamente el 13% no están todavía en ese nivel

Es menester destacar que desde el año 1992, la sobre pesca (que es la acción de pescar más allá de los límites a los cuales los cardúmenes de peces pueden recuperarse a través de la reproducción natural), se ha convertido en una de las mayores preocupaciones en el mundo industrializado así como en los países en desarrollo.

En el ambiente marino, la degradación de los ecosistemas y la sobreexplotación, son las principales causas de la declinación de las poblaciones de organismos marinos.

A lo anterior se une la falta de planeación y manejo inadecuado de las regiones marino-costeras. En este sentido, la conservación de los recursos pesqueros depende de un sistema integral en el cual coexistan diferentes factores contextuales, los cuales pueden englobarse en varias dimensiones, tales como: la económica, ecológica social y tecnológica.

La maricultura entonces representaría para nuestro país no solo poder producir, sino también comercializar más productos acuícolas, mediante una producción redituable y sustentable para México y sus especies marinas.

La maricultura es una alternativa de producción de alimento de calidad, es una actividad importante a desarrollar en los mares del país, la cual debe ser estratégicamente planeada para generar crecimiento y riqueza en las zonas costeras y marítimas del país.

El Código de Conducta para la Pesca Responsable de la FAO, hace el reconocimiento implícito de la Gobernanza en la acuacultura, y subraya lo siguiente:

Artículo 9.1.1:

Se exige a los Estados establecer, mantener y desarrollar un marco jurídico y administrativo adecuado que facilite el desarrollo de una acuicultura responsable», incluyendo especialmente a la Maricultura, dado el importante potencial del uso de los océanos y las aguas costeras a inicios de este milenio.

La cuestión pendiente en este ámbito es que, a diferencia de la pesca, los actuales principios aplicables del derecho internacional público y las disposiciones de los tratados internacionales proporcionan poca orientación sobre la realización de las operaciones de la Maricultura, aun cuando los expertos coinciden, en que la mayor parte de la expansión futura de la acuicultura se producirá en los mares y océanos, sin duda más mar adentro, tal vez incluso en alta mar.

La actividad acuícola ha tenido una tasa de crecimiento promedio anual del 9% desde principios de los años 80’s. Se considera que la producción de la maricultura del mundo, responden solo al 3% de los volúmenes totales producidos en peces (sin contar moluscos y algas), pero en Latino América representa un 0,02% del total producido.

Si la demanda de peces de mar es cada vez mayor en los mercados ¿Por qué es prácticamente inexistente su producción en la región de América Latina?

Según la Organización de las Naciones Unidas la población mundial alcanzará 9,000 millones de habitantes en 2050 y los alimentos serán escasos.

Además, la Organización Mundial de la Salud fomenta el consumo del pescado, y sugiere que una persona debe comer al menos 26.4 libras (11.95 kg) de esta carne al año. Estas perspectivas convierten a la maricultura en un negocio con gran potencial.

En el 2011, la pesca de captura y la acuicultura mundial suministraron un total de 154 millones de toneladas de pescado y mariscos, de los cuales se 130.8 toneladas se destinaron al consumo humano.

El examen mundial de la pesca reveló que el comercio de pescado constituye una fuente notable de ingresos en divisas. Genera además empleo y fortalece la seguridad alimentaria.

Se puede afirmar que, en Latino América hasta ahora, la maricultura no ha sido tomada en consideración como sector en su globalidad y se desconoce en su totalidad por los Países, el importante papel que puede desempeñar en los ámbitos económico y social, una vez que se disfrutara concretamente de toda su potencialidad. Ésta implicaría un desarrollo representativo en el sector pesquero y acuícola de aquellas naciones que decidieran fomentar y aplicar la Maricultura en sus mares.

A ello se suma el hecho de que muchos de los países del área, carecen de normas administrativas y jurídicas para el desarrollo de esta actividad.

Bajo esta tesitura México no es la excepción, pues aun no contempla y considera a la maricultura como una actividad productiva que puede convertirse en un distintivo geográfico rentable, ofreciendo elementos competitivos a diferentes sectores del país, particularmente al pesquero, que indiscutiblemente, sobrevive el siglo XXI en condiciones poco favorables.

México tiene grandes ventajas potenciales para tener un buen desarrollo de la maricultura debido a su amplia zona costera, diversidad de especies de alto valor comercial, diversidad de climas, y mercados, locales, regionales y nacionales para los pescados y mariscos que sean producidos por esta actividad.

Pese a ello la maricultura en nuestro país es pequeña y no crece como lo ha sucedido en los últimos años en otros países, como Chile, España, Noruega, Australia y recientemente Ecuador, por mencionar algunos que desde hace algunos años, comenzaron a implementar en sus ordenamientos jurídicos, la práctica y fomento de la Maricultura como un método de producción de recursos pesqueros y no solo de su explotación como lo hace la actividad pesquera. Una de las razones más importantes es el poco y favorable ambiente jurídico que se ha otorgado a esta actividad productiva, además de la falta de visión y estrategia para promover su desarrollo sostenible en nuestros mares nacionales.

El hecho de que la extracción de pesca natural se mantenga y no registre un crecimiento progresivo, preocupa. Ante ello, muchos países han visto en la maricultura la oportunidad para fomentar los recursos marinos que requiere el mercado. Además, representa una de las soluciones más efectivas para garantizar la soberanía alimenticia y la sostenibilidad de sus mares.

Actualmente la maricultura en nuestro país ha sido una actividad productiva poco fomentada y desarrollada, por lo que al ser una actividad relativamente novedosa en nuestro país, ésta no puede demostrar sus beneficios y es más fácil exagerar sus riesgos.

En contraste, no hay una tradición de propiedad privada en los mares, o flora y fauna marina de nuestro país. Muchos ciudadanos se oponen al uso privado exclusivo o derecho de explotación de las costas, el agua olas poblaciones de organismos marinos. La tradición de que los organismos y aguas marinos sean recursos públicos impone una carga adicional al desarrollo de la acuacultura. Antes de que se pueda comenzar a detonar seriamente la actividad productiva (y no extractiva) de la maricultura en el país, se debe considerar la creación de nuevos mecanismos para su desarrollo dando certeza jurídica y legal de uso de la zona para la actividad en aguas marinas.

Los esfuerzos para implementar regímenes de administración para pesquerías, como las cuotas individuales de pesca, enfrentan la misma resistencia filosófica.

Sin embargo, conforme los regímenes vayan siendo implementados, la actitud pública podría cambiar al ser más evidentes la lógica económica y las ventajas de los derechos exclusivos de uso de las aguas. El mismo proceso podría ocurrir con la maricultura, pero probablemente tomará tiempo lograrlo.

Para poder cambiar esta situación en nuestra zona costera y mares con aptitud para la maricultura, es necesario establecer una estrategia de integración de la actividad dentro de estas zonas, de forma tal que promueva el desarrollo sostenible, la equidad y la capacidad de recuperación de los sistemas socio-ecológicos interconectados.

Esto logrará consolidarla Maricultura a los ordenamientos de nuestro país, debido a que el principal objetivo de la maricultura es aprovechar de manera inteligente los recursos potenciales disponibles en las zonas costeras.

Por lo anterior, es preocupante el aun vacío normativo para la maricultura que posee nuestro país en su actual Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables(LGPAS), publicada el 24 de julio del 2007 en el Diario Oficial de la Federación.

Por lo que pese a que la LGPAS en su Capítulo IV, Artículo 119 BIS, fracción V, hace mención de las instalaciones que serán inspeccionadas por la autoridad, entre ellas las establecidas en zonas de producción por Maricultura, este término no se define en la LGPAS, mucho menos se incluye la forma en que las autoridades deberán fomentar la actividad en los mares mexicanos, solo alude a que se trata de una actividad de producción.

Siendo menester que se enuncie dentro del ordenamiento en comento cual es el concepto de la Maricultura, así como delimitar el apoyo que otorgaran las autoridades para su fomento y desarrollo.

En ese tenor propongo reformar el Artículo Cuarto, referente a las definiciones empleadas en el sector pesquero y acuícola por la LGPAS, con el fin de incorporar aquellos que sean aplicables en la materia tales como: Acuacultura Epicontinental, Aptitud Acuícola, Área de reserva para la Maricultura, Distrito de Maricultura, Lonja Acuícola y Pesquera, Maricultura, entre otros, las cuales son necesarias para conocer los conceptos que serán empleados dentro de esta actividad.

Así mismo se propone adicionar un artículo 25 Bis, otorgando un soporte jurídico para el fomento y desarrollo de la actividad de Maricultura en las zonas costeras de México.

Teniendo como resultado que aquellos sectores que estén interesados en operar el fomento de esta actividad y la hagan una realidad, tendrán la certeza jurídica a su inversión, lo cual podrá generar y significar también una fuente de empleos, un desarrollo económico viable en las zonas con aptitud de maricultura en el litoral, servicios y riqueza en diferentes comunidades pesqueras del país, disminuyendo los incides de desarraigo, migración y pobreza, cambiándolos por un desarrollo social y calidad de vida para las familias de estas zonas.

Por los argumentos vertidos con anterioridad, someto a consideración de ésta H. Soberanía la siguiente iniciativa con:

PROYECTO DE DECRETO

UNICO.-Se reforman las fracciones III a la XLVII y la L y LI, adicionándose once fracciones y recorriéndose las subsecuentes del artículo 4°, así mismo se adiciona un artículo 25 Bis, a la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables, con la finalidad de incluir el fomento de la Maricultura en el sector pesquero y acuícola de México, para quedar como sigue:

TEXTO VIGENTE

PROPUESTA DE REFORMA

ARTÍCULO 4°.- Para los efectos de esta Ley, se entiende por:

I. Acuacultura: Es el conjunto de actividades dirigidas a la reproducción controlada, preengorda y engorda de especies de la fauna y flora realizadas en instalaciones ubicadas en aguas dulces, marinas o salobres, por medio de técnicas de cría o cultivo, que sean susceptibles de explotación comercial, ornamental o recreativa;

II. Acuacultura comercial: Es la que se realiza con el propósito de obtener beneficios económicos;

III. Acuacultura de fomento: Es la que tiene como propósito el estudio, la investigación científicay la experimentación en cuerpos de agua de jurisdicción federal, orientada al desarrollo de biotecnologías o a la incorporación de algún tipo de innovación tecnológica, así como la adopción o transferencia de tecnología, en alguna etapa del cultivo de especies de la flora y fauna, cuyo medio de vida total o parcial sea el agua;

IV. Acuacultura didáctica: Es la que se realiza con fines de capacitación y enseñanza de las personas que en cualquier forma intervengan en la acuacultura en cuerpos de agua de jurisdicción federal;

V. Arte de pesca: Es el instrumento, equipoo estructura con que se realiza la captura o extracción de especies de flora y fauna acuáticas;

VI. Aviso de arribo: Es el documento en el que se reporta a la autoridad competente los volúmenes de captura obtenidos por especie durante una jornada o viaje de pesca;

VII. Aviso de cosecha: Es el documento en el que se reporta a la autoridad competente la producción obtenida en unidades de producción acuícolas;

VIII. Aviso de producción: Es el documento en el que se reporta a la autoridad competente, la producción obtenida en laboratorios acuícolas;

IX. Aviso de recolección: Es el documento en el que se reporta a la autoridad competente el número de organismos colectados del medio natural, al amparo de un permiso;

X. Aviso de siembra: Es el documento en el que se reporta a la autoridad competente las especies a cultivar, la cantidad de organismos, las fechas de siembra y las medidas sanitarias aplicadas previamente al cultivo;

XI. Barco-fábrica: Es la embarcación pesquera autopropulsada que disponga de equipos para la industrialización de la materia prima resultado de su captura y/o de las capturas realizadas por otras embarcaciones;

XII. Bitácora de pesca: Es el documento de registro y control del quehacer pesquero a bordo de una embarcación, por medio del cual la autoridad competente recibe del pescador el reporte de la actividad que se le ha concesionado o permitido;

XIII. Captura incidental: La extracción de cualquier especie no comprendida en la concesión o permiso respectivo, ocurrida de manera fortuita;

XIV. Certificado de sanidad acuícola: Documento oficial expedido por el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria, o a través de laboratorios acreditados y aprobados en los términos de esta Ley y de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, en el que se hace constar que las especies acuícolas o las instalaciones en las que se producen se encuentran libres de patógenos causantes de enfermedades;

XV. Concesión: Es el Título que en ejercicio de sus facultades otorga la Secretaría, a personas físicas o morales para llevar a cabo la pesca comercial de los recursos de la flora y fauna acuáticas en aguas de jurisdicción nacional, así como para la acuacultura, durante un periodo determinado en función de los resultados que prevean los estudios técnicos, económicos y sociales que presente el solicitante, de la naturaleza de las actividades a realizar, de la cuantía de las inversiones necesarias para ello y de su recuperación económica;

XVI. Cuarentena: El tiempo que determine la autoridad competente para mantener en observación los organismos acuáticos, para determinar su calidad sanitaria, mediante normas oficiales mexicanas u otras regulaciones que emita el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria;

XVII. Embarcación menor: Unidad de pesca con o sin motor fuera de borda y con eslora máxima total de 10.5 metros; con o sin sistema de conservación de la captura a base de hielo y con una autonomía de 3 días como máximo;

XVIII. Embarcación pesquera: Es toda construcción de cualquier forma o tamaño, que se utilice para la realización de actividades de pesca, capaz de mantenerse a flote o surcar la superficie de las aguas;

XIX. Esfuerzo pesquero: El número de individuos, embarcaciones o artes de pesca, que son aplicados en la captura o extracción de una o varias especies en una zona y periodo determinados;

XX. Guía de pesca: Es el documento que ampara el transporte por vía terrestre, marítima o aérea de productos pesqueros vivos, frescos, enhielados o congelados, provenientes de la acuacultura o de la pesca;

XXI. INAPESCA: Instituto Nacional de Pesca, órgano público descentralizado sectorizado con la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación.

XXII. Inocuidad: Es la garantía de que el consumo de los recursos pesqueros y acuícolas no cause daño en la salud de los consumidores;

XXIII. Introducción de especies: Actividad que se refiere a aquellas especies que no se distribuyen naturalmente existentes en el cuerpo de agua en el que se pretenden introducir;

XXIV. Normas: Las normas expedidas de conformidad con la Ley Federal sobre Metrología y Normalización y esta Ley;

XXV. Ordenamiento pesquero: Conjunto de instrumentos cuyo objeto es regular y administrar las actividades pesqueras, induciendo el aprovechamiento sustentable de los recursos pesqueros y acuícolas, basado en la disponibilidad de los recursos pesqueros, información histórica de niveles de extracción, usos y potencialidades de desarrollo de actividades, capacidad pesquera o acuícola, puntos de referencia para el manejo de las pesquerías y en forma congruente con el ordenamiento ecológico del territorio;

XXVI. Permiso: Es el documento que otorga la Secretaría, a las personas físicas o morales, para llevar a cabo las actividades de pesca y acuacultura que se señalan en la presente Ley;

XXVII. Pesca: Es el acto de extraer, capturar o recolectar, por cualquier método o procedimiento, especies biológicas o elementos biogénicos, cuyo medio de vida total, parcial o temporal, sea el agua;

XXVIII. Pesca Comercial: La captura y extracción que se efectúa con propósitos de beneficio económico;

XXIX. Pesca deportivo-recreativa: La que se practica con fines de esparcimiento o recreación con las artes de pesca previamente autorizadas por esta Ley, reglamentos y las normas oficiales vigentes;

XXX. Pesca didáctica: Es la que realizan las instituciones de educación, reconocidas oficialmente, para llevar a cabo sus programas de capacitación y enseñanza;

XXXI. Pesca de consumo doméstico: Es la captura y extracción que se efectúa sin propósito de lucro y con el único objeto de obtener alimento para quien la realice y de sus dependientes, por tanto no podrá ser objeto de comercialización;

XXXII. Pesca de fomento: Es la que se realiza con fines de investigación, exploración, experimentación, conservación, evaluación de los recursos acuáticos, creación, mantenimiento y reposición de colecciones científicas y desarrollo de nuevas tecnologías;

XXXIII. Pesquería: Conjunto de sistemas de producción pesquera, que comprenden en todo o en parte las fases sucesivas de la actividad pesquera como actividad económica, y que pueden comprender la captura, el manejo y el procesamiento de un recurso o grupo de recursos afines y cuyos medios de producción, estructura organizativa y relaciones de producción ocurren en un ámbito geográfico y temporal definido;

XXXIV. Pesquería en recuperación: Es aquella pesquería que se encuentra en deterioro y sujeta a un conjunto de medidas con el propósito de su recuperación;

XXXV. Pesquería sobreexplotada: Es la pesquería que se encuentra explotada por encima de su límite de recuperación;

XXXVI. Plan de manejo pesquero: El conjunto de acciones encaminadas al desarrollo de la actividad pesquera de forma equilibrada, integral y sustentable; basadas en el conocimiento actualizado de los aspectos biológicos, ecológicos, pesqueros, ambientales, económicos, culturales y sociales que se tengan de ella;

XXXVII. Procesamiento Primario: Proceso basado exclusivamente en la conservación del producto por la acción del frío, enhielado y congelado, y que no se le aplican métodos de cocción o calor en ninguna forma, incluyendo actividades de empacado, eviscerado, descabezado, fileteado o desangrado;

XXXVIII. Recursos Acuícolas: Las especies acuáticas susceptibles de cultivo, sus productos y subproductos;

XXXIX. Recursos Pesqueros: Las especies acuáticas, sus productos y subproductos, obtenidos mediante su cultivo o extracción o captura, en su estado natural;

XL. Registro: El Registro Nacional de Pesca y Acuacultura;

XLI. Repoblación: Es el acto de introducir organismos acuáticos vivos nativos en cualquiera de los estados de su ciclo de vida, en cuerpos de agua de jurisdicción federal con fines de mantener, recuperar o incrementar las poblaciones naturales pesqueras;

XLII. Sanidad acuícola: Es el conjunto de prácticas y medidas establecidas en normas oficiales, encaminadas a la prevención, diagnóstico y control de las plagas, y enfermedades que afectan a dichas especies;

XLIII. Secretaría: La Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, a través de la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca, con excepción de aquellos casos en los que sea a través de SENASICA;

XLIV. SEMARNAT: La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales;

XLV. SENASICA: El Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria;

XLVI. Unidad de manejo acuícola: Se integra con las áreas comprendidas en una zona delimitada, en la que se establece un conjunto de unidades de producción con una infraestructura básica y las instalaciones necesarias para su operación y funcionamiento compartido, operada de forma común;

XLVII. Veda: Es el acto administrativo por el que se prohíbe llevar a cabo la pesca en un periodo o zona específica establecido mediante acuerdos o normas oficiales, con el fin de resguardar los procesos de reproducción y reclutamiento de una especie;

L. Zona de escasa prevalencia: Área geográfica determinada en donde se presenta una frecuencia mínima de casos recientes de una enfermedad o plaga de especies acuáticas vivas, en una especie y periodo específicos;

LI. Zona de Refugio: Las áreas delimitadas en las aguas de jurisdicción federal, con la finalidad primordial de conservar y contribuir, natural o artificialmente, al desarrollo de los recursos pesqueros con motivo de su reproducción, crecimiento o reclutamiento, así como preservar y proteger el ambiente que lo rodea.

ARTICULO 4º …..

I.-II……

III. Acuacultura Epicontinental:Es el término utilizado para diferenciar entre la actividad acuícola realizada en aguas sobre la superficie de los continentes, de las que se realizan fuera de esté. Lo anterior teniendo en cuenta que las aguas donde se realizan las actividades acuícolas dentro del continente no son exclusivamente dulces.

IV. Acuacultura de fomento: Es la que tiene como propósito el estudio, la investigación científica y la experimentación en cuerpos de agua de jurisdicción federal, orientada al desarrollo de biotecnologías o a la incorporación de algún tipo de innovación tecnológica, así como la adopción o transferencia de tecnología, en alguna etapa del cultivo de especies de la flora y fauna, cuyo medio de vida total o parcial sea el agua;

V. Acuacultura didáctica: Es la que se realiza con fines de capacitación y enseñanza de las personas que en cualquier forma intervengan en la acuacultura en cuerpos de agua de jurisdicción federal;

VI. Aptitud Acuícola: Es el conjunto de características, físico-químicas, de infraestructura y socio-económicas, que debe reunir un cuerpo de agua epicontinental o marino, que le permitan ser determinada como área idónea para desarrollar la actividad acuícola.

VII. Área de reserva para la Maricultura: Es aquella que cuenta con aptitud para que se desarrolle la maricultura, la cual es reservada para realizar esta actividad y sus servicios de forma sustentable.

VIII. Arrecife Marino Artificial: Son las estructuras hechas con diferentes tipos de materiales inertes y duraderos, de formas distintas, con las que se construyen módulos artificiales, los que son sumergidos, acondicionados e instalados en el fondo marino, con la finalidad de imitar algunas características de los arrecifes naturales, al atraer y concentrar diversos grupos de especies de flora y fauna marina, proveyéndolos de un hábitat y refugio. Estas estructuras presentan una forma de desarrollar una economía en equilibrio con la naturaleza.

IX. Arte de pesca: Es el instrumento, equipo o estructura con que se realiza la captura o extracción de especies de flora y fauna acuáticas;

X. Aviso de arribo: Es el documento en el que se reporta a la autoridad competente los volúmenes de captura obtenidos por especie durante una jornada o viaje de pesca;

XI. Aviso de cosecha: Es el documento en el que se reporta a la autoridad competente la producción obtenida en unidades de producción acuícolas;

XII. Aviso de producción: Es el documento en el que se reporta a la autoridad competente, la producción obtenida en laboratorios acuícolas;

XIII. Aviso de recolección: Es el documento en el que se reporta a la autoridad competente el número de organismos colectados del medio natural, al amparo de un permiso;

XIV. Aviso de siembra: Es el documento en el que se reporta a la autoridad competente las especies a cultivar, la cantidad de organismos, las fechas de siembra y las medidas sanitarias aplicadas previamente al cultivo;

XV. Barco-fábrica:Es la embarcación pesquera autopropulsada que disponga de equipos para la industrialización de la materia prima resultado de su captura y/o de las capturas realizadas por otras embarcaciones;

XVI. Bitácora de pesca: Es el documento de registro y control del quehacer pesquero a bordo de una embarcación, por medio del cual la autoridad competente recibe del pescador el reporte de la actividad que se le ha concesionado o permitido;

XVII. Captura incidental: La extracción de cualquier especie no comprendida en la concesión o permiso respectivo, ocurrida de manera fortuita;

XVIII. Certificado de sanidad acuícola: Documento oficial expedido por el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidady Calidad Agroalimentaria, o a través de laboratorios acreditados y aprobados en los términos de esta Ley y de laLey Federal sobre Metrología y Normalización, en el que se hace constar que las especies acuícolas o las instalaciones en las que se producen se encuentran libres de patógenos causantes de enfermedades;

XIX. Concesión: Es el Título que en ejercicio de sus facultades otorga la Secretaría, a personas físicas o morales para llevar a cabo la pesca comercial de los recursos de la flora y fauna acuáticas en aguas de jurisdicción nacional, así como para la acuacultura, durante un periodo determinado en función de los resultados que prevean los estudios técnicos, económicos y sociales que presente el solicitante, de la naturaleza de las actividades a realizar, de la cuantía de las inversiones necesarias para ello y de su recuperación económica;

XX. Cuarentena: El tiempo que determine la autoridad competente para mantener en observación los organismos acuáticos, para determinar su calidad sanitaria, mediante normas oficiales mexicanas u otras regulaciones que emita el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria;

XXI. Distrito de Maricultura:Es elárea o polígono definido con fines administrativos, donde se llevan a cabo diferentes actividades de la maricultura.

XXII. Embarcación menor: Unidad de pesca con o sin motor fuera de borda y con eslora máxima total de 10.5 metros; con o sin sistema de conservación de la captura a base de hielo y con una autonomía de 3 días como máximo;

XXIII. Embarcación pesquera: Es toda construcción de cualquier forma o tamaño, que se utilice para la realización de actividades de pesca, capaz de mantenerse a flote o surcar la superficie de las aguas;

XXIV. Esfuerzo pesquero: El número de individuos, embarcaciones o artes de pesca, que son aplicados en la captura o extracción de una o varias especies en una zona y periodo determinados;

XXV. Guía de pesca: Es el documento que ampara el transporte por vía terrestre, marítima o aérea de productos pesqueros vivos, frescos, enhielados o congelados, provenientes de la acuacultura o de la pesca;

XXVI. INAPESCA: Instituto Nacional de Pesca, órgano público descentralizado sectorizado con la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación.

XXVII. Inocuidad: Es la garantía de que el consumo de los recursos pesqueros y acuícolas no cause daño en la salud de los consumidores;

XXVIII. Introducción de especies: Actividad que se refiere a aquellas especies que no se distribuyen naturalmente existentes en el cuerpo de agua en el que se pretenden introducir;

XXIX. Lonja Acuícola y Pesquera:Es lainfraestructura donde se comercializan los productos acuícolas y pesqueros al mayoreo. Esta infraestructura cuenta también con el equipamiento adecuado y áreas de almacenaje de alimento, bodegas de frio, planta procesadora de producto para dar un valor agregado al producto, entre otros.

XXX. Maricultura: Se denomina así, a la acuacultura que involucra el cultivo de especies de la fauna y flora desarrollado en cuerpos de agua marina, dentro de estructuras fijas o flotantes diseñadas específicamente para este medio.

XXXI. Normas: Las normas expedidas de conformidad con la Ley Federal sobre Metrología y Normalización y esta Ley;

XXXII. Ordenamiento Acuícola: Es el instrumento de planeación y regulación del crecimiento ordenado de la actividad acuícola nacional, en áreas con aptitud o potencial para desarrollarla, en forma congruente con los ordenamientos territorial y ecológico marino y costero. El ordenamiento acuícola debe de considerar los aspectos biológicos, ecológicos, tecnológicos, ambientales, económicos, culturales y sociales para generar una actividad competitiva y sustentable.

XXXIII. Ordenamiento pesquero: Conjunto de instrumentos cuyo objeto es regular y administrar las actividades pesqueras, induciendo el aprovechamiento sustentable de los recursos pesqueros y acuícolas, basado en la disponibilidad de los recursos pesqueros, información histórica de niveles de extracción,usos y potencialidades de desarrollo de actividades, capacidad pesquera o acuícola, puntos de referencia para el manejo de las pesquerías y en forma congruente con el ordenamiento ecológico del territorio;

XXXIV. Permiso: Es el documento que otorga la Secretaría, a las personas físicas o morales, para llevar a cabo las actividades de pesca y acuacultura que se señalan en la presente Ley;

XXXV. Pesca: Es el acto de extraer, capturar o recolectar, por cualquier método o procedimiento, especies biológicas o elementos biogénicos, cuyo medio de vida total, parcial o temporal, sea el agua;

XXXVI. Pesca Comercial: La captura y extracción que se efectúa con propósitos de beneficio económico;

XXXVII. Pesca deportivo-recreativa: La que se practica con fines de esparcimiento o recreación con las artes de pesca previamente autorizadas por esta Ley, reglamentos y las normas oficiales vigentes;

XXXVIII. Pesca didáctica: Es la que realizan las instituciones de educación, reconocidas oficialmente, para llevar a cabo sus programas de capacitación y enseñanza;

XXXIX. Pesca de consumo doméstico: Es la captura y extracción que se efectúa sin propósito de lucro y con el único objeto de obtener alimento para quien la realice y de sus dependientes, por tanto no podrá ser objeto de comercialización;

XL. Pesca de fomento: Es la que se realiza con fines de investigación, exploración, experimentación, conservación, evaluación de los recursos acuáticos, creación, mantenimiento y reposición de colecciones científicas y desarrollo de nuevas tecnologías;

XLI. Pesquería: Conjunto de sistemas de producción pesquera, que comprenden en todo o en parte las fases sucesivas de la actividad pesquera como actividad económica, y que pueden comprender la captura, el manejo y el procesamiento de un recurso o grupo de recursos afines y cuyos medios de producción,

XLII. Pesquería Acuacultural: Se refiere a la actividad pesquera que captura organismos provenientes de la producción acuícola, mismos que generalmente son utilizados para repoblar o ser sembrados en algún cuerpo de agua.

XLIII. Pesquería en recuperación: Es aquella pesquería que se encuentra en deterioro y sujeta a un conjunto de medidas con el propósito de su recuperación;

XLIV. Pesquería sobreexplotada: Es la pesquería que se encuentra explotada por encima de su límite de recuperación;

XLV. Plan de manejo pesquero: El conjunto de acciones encaminadas al desarrollo de la actividad pesquera de forma equilibrada, integral y sustentable; basadas en el conocimiento actualizado de los aspectos biológicos, ecológicos, pesqueros, ambientales, económicos, culturales y sociales que se tengan de ella;

XLVI. Planes de desarrollo de la Maricultura:Son los instrumentos guía para lograr el desarrollo de una maricultura rentable y sustentable, en los que se debe plasmar de modo sistemático las metas establecidas, las acciones programadas con estrategias viables, y teniendo en cuenta la inversión de carácter operativo en plazos previstos.

XLVII. Procesamiento Primario: Proceso basado exclusivamente en la conservación del producto por la acción del frío, enhielado y congelado, y que no se le aplican métodos de cocción o calor en ninguna forma, incluyendo actividades de empacado, eviscerado, descabezado, fileteado o desangrado;

XLVIII. Recursos Acuícolas: Las especies acuáticas susceptibles de cultivo, sus productos y subproductos;

XLIX. Recursos Pesqueros: Las especies acuáticas, sus productos y subproductos, obtenidos mediante su cultivo o extracción o captura, en su estado natural;

L. Registro: El Registro Nacional de Pesca y Acuacultura;

LI. Repoblación: Es el acto de introducir organismos acuáticos vivos nativos en cualquiera de los estados de su ciclo de vida, en cuerpos de agua de jurisdicción federal con fines de mantener, recuperar o incrementar las poblaciones naturales pesqueras;

LII. Sanidad acuícola: Es el conjunto de prácticas y medidas establecidas en normas oficiales, encaminadas a la prevención, diagnóstico y control de las plagas, y enfermedades que afectan a dichas especies;

LIII. Secretaría: La Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, a través de la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca, con excepción de aquellos casos en los que sea a través de SENASICA;

LIV. SEMARNAT: La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales;

LV. SENASICA: El Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria;

LVI. Unidades de capacitación y adiestramiento en Maricultura (UNICAM): Son las Unidades de capacitación en las que se transmitenlas técnicas e innovaciones en temas de maricultura, con el propósito de ser adoptadas por los interesados en desarrollar la actividad de forma eficiente.

LVII. Unidad de manejo acuícola: Se integra con las áreas comprendidas en una zona delimitada, en la que se establece un conjunto de unidades de producción con una infraestructura básica y las instalaciones necesarias para su operación y funcionamiento compartido, operada de forma común;

LVIII. Veda: Es el acto administrativo por el que se prohíbe llevar a cabo la pesca en un periodo o zona específica establecido mediante acuerdos o normas oficiales, con el fin de resguardar los procesos de reproducción y reclutamiento de una especie;

LIX. Zona de escasa prevalencia: Área geográfica determinada en donde se presenta una frecuencia mínima de casos recientes de una enfermedad o plaga de especies acuáticas vivas, en una especie y periodo específicos;

LX. Zona de Refugio: Las áreas delimitadas en las aguas de jurisdicción federal, con la finalidad primordial de conservar y contribuir, natural o artificialmente, al desarrollo de los recursos pesqueros con motivo de su reproducción, crecimiento o reclutamiento, así como preservar y proteger el ambiente que lo rodea.

TEXTO VIGENTE

PROPUESTA DE REFORMA

TÍTULO CUARTO

DEL FOMENTO A LA PESCA Y A LA ACUACULTURA

CAPÍTULO I

DEL FOMENTO

TÍTULO CUARTO

DEL FOMENTO A LA PESCA Y A LA ACUACULTURA

CAPÍTULO I

DEL FOMENTO

ARTICULO 25 BIS En materia de Maricultura, la Secretaría fomentará la práctica y desarrollo de esta actividad, para lo cual, en coordinación con las dependencias y entidades competentes y con los sectores interesados deberá realizar lo siguiente:

I. Promoverá la formulación de los planes estatales para el desarrollo de la maricultura en las 17 Entidades Federativas que cuenten con litoral.

II. Identificará y definirá las zonas litorales que tengan áreas con aptitud para desarrollar la maricultura.

III. Fomentará la actividad de maricultura en sus diversas modalidades en las diferentes secciones de la columna de agua: Superficial con estructuras flotantes (jaulas flotantes, líneas madre, etc.); Media columna de agua (estructuras sumergibles); Bentónicos con estructuras de fondo (jalas en fondos, arrecifes marinos artificiales, etc.); así como cultivos itinerantes.

IV. Establecerá distritos de Maricultura para el manejo administrativo y ambiental de las zonas con aptitud de maricultura.

V. Otorgará las concesiones, permisos y licencias, mediante la actuación de las entidades Federativas que cuenten con los Planes de Desarrollo de la Maricultura y dentro de las áreas identificadas con aptitud para desarrollo de esta actividad, a personas físicas y morales que cuentan con el cumplimiento de los requisitos de ordenamiento y conservación de los recursos.

VI. Fomentará el desarrollo de infraestructura vinculada a la cadena de valor, como Lonjas acuícolas y pesqueras, laboratorios de producción de cría y Unidades de Capacitación y Adiestramiento en Maricultura (UNICAM).

TRANSITORIO

UNICO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el salón de sesiones de la H. Cámara de Senadores, a 7 de febrero de 2013.

Sen. Diva Hadamira Gastélum Bajo”.

- El C. Presidente Cordero Arroyo: Muchas gracias, Senadora Gastélum Bajo. Se turna a las Comisiones Unidas de Pesca; y de Estudios Legislativos.

Tiene ahora la palabra el Senador José Rosas Aispuro Torres, a nombre propio y del Senador Roberto Gil Zuarth, del grupo parlamentario del PAN, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto que adiciona diversas disposiciones de los artículos 17 y 20 constitucionales.

1 Organización Mundial de la Salud. (2011).

2http://www.fao.org/docrep/field/003/AB472S/AB472S00.htm. Reunión Técnica de Planificación, desarrollo y producción de recursos pesqueros y acuícolas.

3 Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación. (2012).

4Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación. (2012).

5http://www.fao.org/docrep/field/003/AB472S/AB472S00.htm. Reunión Técnica de Planificación, desarrollo y producción de recursos pesqueros y acuícolas.

6http://pcti.mx/articulos/item/maricultura-oportunidad-de-conversion-sustentable-para-la-pesca-riberena





 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LOS ARTICULOS 17 Y 20 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

(Presentada por el C. Senador José Rosas Aispuro Torres, a nombre propio y del C. Senador Roberto Gil Zuarth, del grupo parlamentario del PAN)

- El C. Senador José Rosas Aispuro Torres: Con su permiso, señor Presidente; compañeras y compañeros Senadores:

Informo a ustedes que en virtud de que el Senador Roberto Gil Zuarth, Presidente de la Comisión de Justicia, se encuentra en este momento presidiendo dicha comisión, en la comparecencia de los aspirantes a Magistrados Electorales de las Salas Regionales, es que hoy no se encuentra aquí con nosotros.

Por ello, a nombre del Senador Roberto Gil Zuarth y del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, vengo a presentar una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se adicionan diversas disposiciones de nuestra Constitución en sus artículos 17 y 20.

Primero. La reforma constitucional del 19 de junio de 2008 ha implicado revolucionar la concepción de todo proceso penal y construir un nuevo sistema de justicia a partir de un paradigma distinto.

Significa dejar atrás cualquier resabio inquisitivo y edificar nuevos procedimientos a través de normas garantistas que, efectivamente, refuercen el Estado de derecho.

Para transitar un sistema de justicia penal de tal característica, se concedió un plazo de 8 años; no obstante, a 3 años de que concluya el término constitucional, los avances han sido tan escasos como irregulares.

De acuerdo con la secretaría técnica para la implementación de la reforma penal, sólo 3 estados: Chihuahua, Estado de México y Morelos, operan totalmente con el nuevo sistema, sin que lo anterior implique que han terminado su proceso de implementación.

7 entidades más operan en un sistema mixto y las restantes se encuentran en etapas diversas de planeación.

En el plano federal, no se cuenta siquiera con un Código de Procedimientos Penales que pueda actuar en consecuencia a lo que se acordó en esta reforma constitucional en materia penal.

Ahora bien, entre aquellas entidades donde ya se han implementado nuevos Códigos de Procedimientos Penales, se observan importantes diferencias que van desde la estructura misma de los códigos hasta la forma de concebir ciertas instituciones previstas en la Constitución. Tal dispersión de criterios legislativos se observa en torno a aspectos esenciales del procedimiento, la función misma del proceso penal y su vinculación con el derecho penal sustantivo, las etapas del procedimiento, los derechos, principios y garantías procesales, la acción penal privada, medios de impugnación, los criterios de oportunidad o los mecanismos alternativos de solución de conflictos, entre otros muchos.

Las distorsiones y brechas normativas que se observan entre las entidades federativas ponen sobre relieve, por un lado, que en la actualidad existen diferencias procedimentales que impactan en la calidad de la justicia que recibe la ciudadanía y, por otro, que la ausencia de una pauta nacional ha provocado que la interpretación e implementación del modelo acusatorio, en general, quede a discreción de las autoridades locales.

De ahí que resulte tan necesaria e impostergable una norma constitucional que faculte al Congreso de la Unión para emitir una ley nacional en materia de procedimientos penales.

Por ello, no implica modificar el arreglo jurisdiccional existente. Es decir, se dejan a salvolas facultades, tanto de la Federación como de las entidades, para legislar en materia sustantiva penal y, desde luego, para sustanciar los procedimientos que recaigan en sus respectivas jurisdicciones.

¿Eso qué quiere decir? Que la propuesta es que reformemos sólo la parte adjetiva, no la parte sustantiva, o sea, el Código Penal, quedan a salvo los derechos que cada una de las legislaturas considere en esta materia.

Sin embargo, lo anterior, aunque indispensable, no es suficiente. La finalidad de la reforma de 2008, de implementar un sistema acusatorio, propone minimizar el uso del aparato penal introduciendo fórmulas que acentúan la prevención y no el carácter retributivo de la pena. En ese ánimo, el sistema acusatorio construye un catálogo de soluciones no jurisdiccionales, también conocidas como Mecanismos Alternativos de Resolución de Controversias, cuyo propósito es hacer del juicio penal un último recurso.

Tal catálogo de soluciones no jurisdiccionales fue concebido para consolidarse como uno de los principales factores de descongestión de los sistemas de administración de justicia penal.

Ello supone acelerar la administración de justicia, contar con mayores recursos para un menor número de casos, la posibilidad de mejorar la calidad de las investigaciones, aumentar el número de sentencias condenatorias, entre otros.

Prueba de lo anterior es que, en la mayoría de los países con sistemas reformados, entre el 60 y 90 por ciento de los casos se resuelven por estos mecanismos.

El caso más exitoso en Latinoamérica es Chile, en donde algunas de las regiones registran que apenas un 3 por ciento de los casos derivan en juicio oral. Y de manera correlativa, sus tasas de impunidad para delitos graves no sobrepasan el 20 por ciento.

Los mecanismos no jurisdiccionales representan, entonces, herramientas de igual relevancia que aquellas que sí lo son, de ahí la necesidad de contar con una legislación homogénea en la materia que garantice que la efectividad y la calidad de la procuración de justicia sea la misma, independientemente del lugar o jurisdicción donde esta se provea.

Es por tanto, que esta iniciativa propone que el Código Nacional de Procedimientos Penales reglamente los mecanismos de resolución de controversias establecidos en el artículo 17 constitucional, dejando a salvo las facultades, tanto de la Federación como de las entidades, para legislar el catálogo de delitos que puedan ser susceptibles de resolverse por estas vías y, desde luego, para sustanciar los procedimientos que recaigan en sus respectivas jurisdicciones.

Será a través de esta reforma constitucional que el Estado mexicano podrá garantizar a los ciudadanos que la calidad de la justicia que reciben o la fuerza del Estado para hacer valerlas normas no dependerá de una azarosa circunstancia como lo es hoy en cada una de las entidades federativas por no haber criterios uniformes para sustanciar los procedimientos de carácter penal.

Por ello, compañeras y compañeros Senadores, dejo este documento, al cual pido que se le registre íntegramente para que se turne a las comisiones respectivas, y les pedimos, a nombre de nuestro compañero Senador Roberto Gil Zuarth, y del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, su respaldo, su apoyo para que tengamos una justicia más ágil, una justicia que realmente esté a la altura de lo que hoy están demandando los ciudadanos.

Por su atención, muchas gracias.

(Aplausos)

Iniciativa



PRESIDENCIA DEL C. SENADOR
ENRIQUE BURGOS GARCIA

- El C. Presidente Enrique Burgos García: Muchas gracias, Senador Aispuro Torres. Se turna a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; y de Estudios Legislativos, Primera.

Tiene el uso de la tribuna el Senador Angel Benjamín Robles Montoya, del grupo parlamentario del PRD, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 7o. de la Ley sobre la Celebración de Tratados.

- El C. Senador Angel Benjamín Robles Montoya: Gracias, señor Presidente.

Tengo incorporado en el Orden del Día una iniciativa, que le quiero pedir que se mande directamente a comisiones.

- El C. Presidente Burgos García: Sí, Senador Robles Montoya, estaré al pendiente. Tiene el uso de la voz.





 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTICULO 7o. DE LA LEY SOBRE LA CELEBRACION DE TRATADOS

(Presentada por el C. Senador Angel Benjamín Robles Montoya, del grupo parlamentario del PRD)

- El C. Senador Angel Benjamín Robles Montoya: Muchísimas gracias, señor Presidente; compañeras y compañeros Senadores:

Lo que hoy vengo a plantearles, compañeras y compañeros, es la reforma al artículo 7o. de la Ley sobre la Celebración de Tratados para incorporar la obligación de que todo acuerdo interinstitucional suscrito por las dependencias y organismos descentralizados de la Administración Pública Federal, estatal y municipal, además de ser notificado a la Secretaría de Relaciones Exteriores, quede sujeta a la ratificación del Senado en los términos de la fracción I del artículo 76 de nuestra Carta Magna, que es, como todos sabemos, el artículo que permite facilitar la aprobación de estos tratados internacionales.

¿A qué me refiero?

Para la celebración de los tratados internacionales, se necesita un acuerdo entre los Estados con sujetos de derecho internacional. Mediante este acuerdo se asumen obligaciones internacionales que les permiten alcanzar varias metas. En los últimos años, debido a las múltiples integraciones internacionales, entre otros factores, los Estados se han visto envueltos en una creciente celebración de tratados, mismos que han sido suscritos de manera cada vez más intensa.

Sin embargo, creo que es importante que lo reconozcamos, hay un incumplimiento en las obligaciones internacionales que ellos mismos han generado.

Este constante y progresivo crecimiento de tratados internacionales celebrados, y por ende exigibles a los Estados, se debe a que hoy en día existen procedimientos simplificados para la conclusión de tratados en general. Tal es el ejemplo del crecimiento de instrumentos internacionales que se ha venido dando, por ejemplo, en América Latina.

Tradicionalmente la celebración de tratados se daba a través de un proceso complejo de formación de voluntad del Estado, que trataba de articular el consenso de los poderes internos, con la manifestación internacional. Antiguamente, compañeras y compañeros, ustedes lo saben bien, se exigía la necesaria participación de los poderes públicos, del Poder Legislativo, en el caso mexicano del Senado de la República, conjuntamente con el Ejecutivo, no sólo para la celebración sino para la conclusión de los tratados. Con esto se aseguraba que en el plano interno existiese un acuerdo de fuerzas políticas respaldadas jurídicamente para que el Estado pudiese asumir obligaciones internacionales; así, necesariamente, el Estado garantizaría su cumplimiento y consentimiento de querer obligarse.

Los tratados internacionales, compañeras y compañeros, celebrados con la participación de ambos poderes, el Legislativo y el Ejecutivo, se denominan genéricamente solemnes, lo saben ustedes muy bien, los cuales debían cumplir o deben cumplir las formalidades exigidas en el derecho interno de cada Estado. En este procedimiento, lo sabemos todos también, existe pues una aprobación previa del Poder Legislativo, en este caso el Senado, lo cual es necesario para la formación de la voluntad del Estado, dentro del procedimiento de la celebración del tratado.

Pero debido, como lo quiero explicar, al involucramiento internacional que tuvieron los Estados durante el siglo XX, se tuvo la necesidad de adoptar procedimientos para celebrar tratados de manera más rápida y de manera más simple, además en algunos supuestos, el Poder Ejecutivo era componente para contraer obligaciones internacionales sin la aprobación previa del Poder Legislativo. Así es como surge lo que la autora Méndez Chang denomina los tratados en forma simplificada, o lo que en algunos países se conoce como acuerdos ejecutivos.

Cabe mencionar que la diferencia entre los tratados solemnes y los tratados en forma simplificada, consiste precisamente en la simplificación de las formalidades internas de cada país. Es decir, y lo quiero subrayar, que la simplificación sólo se refiere al tipo de procedimiento que adopta el Estado para obligarse internacionalmente, pero de ninguna manera alude a la extensión del documento ni mucho menos a la materia de que se trate dicho instrumento. Este procedimiento busca precisamente la agilización del proceso de celebración de tratados, suprimiendo solemnidades y participación de órganos que trunquen la rápida vinculación internacional del Estado.

Lo anterior nos indica que el Poder Ejecutivo no tiene ningún límite o restricción para contraer ciertas obligaciones internacionales, esto es, sin la aprobación de ningún órgano, en particular del Poder Legislativo, del Senado de la República; de tal manera, que no se contará con una evaluación y con el control por parte del Poder Legislativo, sobre la adecuación de éstas en el marco constitucional y legal interno.

Esto que académicamente se conoce como tratados en forma simplificada, que no necesitan ser ratificados por el Senado de la República, es decir, sin ningún control de tipo político, ni mucho menos jurídico, encuentran en la normatividad vigente de nuestro país el nombre de Acuerdo Interinstitucional.

Estos Acuerdos, compañeras y compañeros, quedan definidos en el artículo 2o. de la Ley sobre la Celebración de Tratados, de la siguiente manera:

Artículo 2o.- Para los efectos de la presente ley se entenderá por

II. "Acuerdo Interinstitucional" el convenio regido por el derecho internacional público, celebrado por escrito entre cualquier dependencia u organismo descentralizado de la Administración Pública Federal, Estatal o Municipal y uno o varios órganos gubernamentales extranjeros u organizaciones internacionales, cualesquiera que sea su denominación, sea que derive o no de un tratado previamente aprobado.

Esto, en otras palabras, me permite decirles que, en el ámbito material de los Acuerdos Interinstitucionales deberá circunscribirse exclusivamente a las atribuciones propias de las dependencias y organismos descentralizados de los niveles de gobierno mencionados en donde se suscriben estos documentos.

El hecho, compañeras y compañeros, de que los Acuerdos Interinstitucionales no estén sujetos a la ratificación del Senado de la República, consciente, desde mi punto de vista, en los hechos, que el Ejecutivo cuenta con una prerrogativa anticonstitucional. De esta manera, el gobierno de México podría estar signando Acuerdos Interinstitucionales de carácter internacional sin el debido control político.

Y para todos es sabido, que la principal carencia del Pacto por México, se da, precisamente, en el rubro de la política exterior. Que no ha sido incluida.

Debido a esto, compañeras y compañeros Senadores, así como por todo lo que he venido exponiendo, resulta, desde nuestro punto de vista, de la mayor relevancia, otorgarle al Senado de la República la facultad de ratificar como cualquier otro acuerdo o tratado internacional los llamados Acuerdos Interinstitucionales de carácter internacional.

Es por ello que propongo modificar el artículo 7o. de la Ley sobre la Celebración de Tratados, añadiendo un párrafo, que diga:

“Su aprobación quedará sujeta a la ratificación del Senado de la República, en los términos de la fracción I del artículo 76”. Y me refiero, por supuesto, a los mencionados Acuerdos Interinstitucionales.

Es cuanto, señor Presidente.

Iniciativa

“C. PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
DE LA CAMARA DE SENADORES
DEL H. CONGRESO DE LA UNION
PRESENTE.

El suscrito, Angel Benjamín Robles Montoya, Senador de la República en la LXII Legislatura del H. Congreso de la Unión, integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71 fracción II, 72 y 73 fracción XXVIII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 164 numerales 1, 2 y 3 del Reglamento del Senado de la República; someto a la consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artIculo 7 de la Ley Sobre la CelebraciOn de Tratados, de conformidad con la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

Para la celebración de tratados internacionales, se necesita un acuerdo entre los Estados con sujetos de Derecho Internacional. Mediante este acuerdo se asumen obligaciones internacionales que les permiten alcanzar varias metas. En los últimos años, debido a las integraciones internacionales, entre otros factores, los Estados se han visto envueltos en una creciente celebración de tratados, mismos que han sido suscritos. Sin embargo, hay un incumplimiento de las obligaciones internacionales que ellos mismos han generado.

Este constante y progresivo crecimiento de tratados internacionales celebrados, y por ende exigibles a los Estados, se debe a que hoy en día existen procedimientos simplificados parala conclusión de tratados en general. Tal es el ejemplo del crecimiento de instrumentos internacionales que se ha venido dando en toda América Latina.

La autora Elvira Méndez Chang, quien en los últimos años se ha dedicado al estudio de los medios de control y a la simplificación de procedimientos para la celebración de tratados internacionales, indica que tradicionalmente la celebración de tratados se daba a través de un proceso complejo de formación de voluntad del Estado que trataba de articular el consenso de los poderes internos con la manifestación internacional. Antiguamente se exigía la necesaria participación de los poderes públicos Legislativo (en el caso mexicano del Senado de la República) y Ejecutivo, no sólo para la celebración sino para la conclusión de tratados. Con esto se aseguraba que en el plano interno existía un acuerdo de fuerzas políticas respaldadas jurídicamente para que el Estado pudiera sumir obligaciones internacionales, así necesariamente el Estado garantizaría su cumplimiento y consentimiento de querer obligarse.

Para Méndez Chang1, los tratados celebrados con la participación de ambos poderes, Legislativo y Ejecutivo, se denominaban genéricamente solemnes, los cuales debían cumplir las formalidades exigidas en el derecho interno de cada Estado. En este procedimiento existía pues, una aprobación previa del Poder Legislativo (Senado), lo cual era necesario para la formación de la voluntad del Estado, dentro del procedimiento de celebración del tratado. Sin embargo, afirmamos que esta aprobación previa se aproximaba mas no resultaba ser un auténtico control de la constitucionalidad ni de legalidad de las obligaciones que serían contraídas a nivel internacional, sino más bien debe considerarse un auténtico control político en el cual de forma legislativa se revisaba que el tratado estuviese de acuerdo con la constitución, sin embargo este procedimiento, debido a todo el debate político y los vaivenes de los actores también políticos, era considerado lento para lograr los acuerdos en contexto de constante cambio. Además, al considerar sólo al Senado de la República y no la Cámara de Diputados en donde se supone se encuentra representado el pueblo, era y sigue siendo solo un control político inadecuado, ineficaz y carente de legitimidad. Siendo así tampoco dicho procedimiento era garante sobre el cumplimiento de las obligaciones internacionales contraídas por el Estado.

Debido al involucramiento internacional que tuvieron los Estados durante el siglo XX, se tuvo la necesidad de adoptar procedimientos para celebrar tratados de manera más rápida y simple, además en algunos supuestos, el Poder Ejecutivo era competente para contraer obligaciones internacionales sin la aprobación previa del Poder Legislativo.2 Así es como surge lo que Méndez Chang, denomina los tratados en forma simplificada, o lo en algunos países se conoce como acuerdos ejecutivos.

En este punto cabe la observación de que la diferencia entre los llamados tratados solemnes y los tratados en forma simplificada consiste precisamente en la simplificación de las formalidades internas de cada país.3 Es decir, que la simplificación sólo se refiere al tipo procedimiento que se adopta el Estado para obligarse internacionalmente, pero de ninguna manera alude a la extensión del documento ni mucho menos a la materia de que se trate dicho instrumento. Este procedimiento, busca precisamente la agilización del proceso de celebración de tratados, suprimiendo solemnidades y la participación de órganos, que trunquen la rápida vinculación internacional del Estado.

En nuestro país es lamentable decir que en lo que se refiere a la discusión sobre la jerarquía de los tratados, los de forma simplificada no adquieren ninguna diferencia en cuanto a los celebrados de forma solemne, esto quiere decir que en México, sea cual sea la forma de celebrar tratados, todos adquieren la Jerarquía general de todos los tratados.

Todo lo anterior nos indica que prácticamente el Poder Ejecutivo no tiene ningún límite o restricción para contraer obligaciones internacional sin la aprobación previa de ningún órgano, en particular del Poder Legislativo (Senado); de tal manera, que “no se contará con una evaluación y control por parte del Poder Legislativo sobre la adecuación de éstas al marco constitucional y legal interno”.4

Esto, que académicamente se conoce como tratados en forma simplificada, que no necesitan ser ratificados por el senado de la República, es decir, sin ningún control de tipo político, mucho menos jurídico, encuentran en la normatividad vigente de nuestro país el nombre de “Acuerdo Interinstitucional”.

Estos “Acuerdos” quedan definidos, en el Artículo 2º de la Ley sobre la Celebración de Tratados, de la siguiente manera:

Artículo 2o.- Para los efectos de la presente Ley se entenderá por:

II.- “Acuerdo Interinstitucional”: el convenio regido por el derecho internacional público, celebrado por escrito entre cualquier dependencia u organismo descentralizado de la Administración Pública Federal, Estatal o Municipal y uno o varios órganos gubernamentales extranjeros u organizaciones internacionales, cualquiera que sea su denominación, sea que derive o no de un tratado previamente aprobado.

El ámbito material de los acuerdos interinstitucionales deberá circunscribirse exclusivamente a las atribuciones propias de las dependencias y organismos descentralizados de los niveles de gobierno mencionados que los suscriben.

El hecho de que los Acuerdos Interinstitucionales no estén sujetos a la ratificación del Senado de la República, consiente, en los hechos, que el Ejecutivo cuente con una prerrogativa anticonstitucional. De esta manera, el Gobierno de México podría estar signando acuerdos interinstitucionales de carácter internacional sin el debido control político.

Es decir, el hecho de que un instrumento internacional lleve el nombre de acuerdo, en lugar de tratado, puede ocasionar un conflicto entre los poderes de la Unión.

Es en vista de esto, y por lo anteriormente expuesto, que se pone a consideración de esta Soberanía la siguiente iniciativa con:

PROYECTO DE DECRETO

Artículo Unico.- Se reforma el artículo 7º de la Ley Sobre la Celebración de Tratados, para quedar como sigue:

Artículo 7o.- Las dependencias y organismos descentralizados de la Administración Pública Federal, Estatal o Municipal deberán mantener informada a la Secretaría de Relaciones Exteriores acerca de cualquier acuerdo interinstitucional que pretendan celebrar con otros órganos gubernamentales extranjeros u organizaciones internacionales. Su aprobación quedará sujeta a la ratificación del Senado de la República, en los términos de la fracción I del artículo 76.

TRANSITORIOS

Unico.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Senadores, a 12 de febrero de 2013.

Atentamente

Sen. AngelBenjamín Robles Montoya”.

Notas:

• Méndez Chang, Elvira, “El control parlamentario de las atribuciones del Presidente en la celebración de los Convenios Ejecutivos Internacionales, Lima, Fondo Editorial de la Pontíficia Universidad Católica del Perú.

• Granda Becerra, Ana María, Acuerdos simplificados en la Constitución Política del Perú en materia exclusiva competencia del Presidente de la República,. Lima,: tesis para optar el título de abogado en la Pontifica Universidad Católica del Perú, 1992.

• Laura Jennifer Estrello “La Reestructuración del Control de la Constitucionalidad de los Tratados Internacionales en México”.

- El C. Presidente Burgos García: Muchas gracias, Senador Robles Montoya. El proyecto de reformas a la Ley sobre la Celebración de Tratados se turna a las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores; y de Estudios Legislativos, Segunda.

Y por lo que hace al proyecto de reformas al artículo 123 constitucional, se turna a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; y de Estudios Legislativos, Primera.

1 Méndez Chang, Elvira, “El control parlamentario de las atribuciones del Presidente en la celebración de los Convenios Ejecutivos Internacionales, Lima, Fondo Editorial de la Pontificia Universidad Católica del Perú, 1999, p. 19

2 Según la Convención de Viena sobre Derecho de los tratados de 1969, en su artículo 11 y 12 que se refieren a las distintas formas de manifestar el consentimiento del Estado en obligarse por un tratado.

3 Granda Becerra, Ana María, Acuerdos simplificados en la Constitución Política del Perú en materia exclusiva competencia del Presidente de la República. Lima: tesis para optar el título de abogado en la Pontifica Universidad Católica del Perú, 1992, p. 26-27, citada por Méndez Chang, Elvira, Op. cit., p.6

4 Méndez Chang, Elvira, Op cit. p.7





 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL APARTADO A, FRACCION V Y EL APARTADO B, FRACCION XI, INCISO C) DEL ARTICULO 123 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

(Presentada por el C. Senador Angel Benjamín Robles Montoya, del grupo parlamentario del PRD)

“C. PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
DE LA CAMARA DE SENADORES
DEL H. CONGRESO DE LA UNION
PRESENTE.

El suscrito, ANGEL BENJAMIN ROBLES MONTOYA, Senador de la República en la LXII Legislatura del H. Congreso de la Unión, integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71 fracción II, 72 y 73 fracción XXVIII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 164 numerales 1, 2 y 3 del Reglamento del Senado de la República; someto a la consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL APARTADO A FRACCION V Y APARTADO B FRACCION XI INCISO C DEL ARTICULO 123 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS,de conformidad con la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

La maternidad y la paternidad son instituciones jurídicas fundamentales para el desarrollo integral de los menores.La legislación, los tratados internacionales y los criterios jurisprudenciales han evolucionado en los últimos años para generar condiciones de igualdad respecto de las obligaciones y derechos de ambos padres.

Hoy en día es cada vez más frecuente que las mujeres se incorporen al mercado laboral para contribuir al sostenimiento familiar, lo que ha generado un cambio de paradigmas respecto al rol que tiene las mujeres y los hombres en la sociedad y en el hogar, concretamente en la convivencia y educación con los hijos.

En nuestro país, tradicionalmente se había asignado a la madre el rol del cuidado de los hijos; sin embargo, esta actividad ha dejado de ser una actividad eminentemente femenina para convertirse en una actividad compartida entre ambos progenitores.

Según datos de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) elaborada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), 41.8% de las mujeres de 14 años y más, forman parte de la Población Económicamente Activa (PEA). Además, alrededor de 95.9% combina las actividades laborales con los quehaceres del hogar.

En este sentido, el convenio 1561 de la Organización Internacional del Trabajo sobre la igualdad de oportunidades y de trato entre trabajadores y trabajadoras: trabajadores con responsabilidades familiares, el cual es sus artículos 1.1 y 3.1, señala lo siguiente:

Artículo 1

1. El presente Convenio se aplica a los trabajadores y a las trabajadoras con responsabilidades hacia los hijos a su cargo, cuando tales responsabilidades limiten sus posibilidades de prepararse para la actividad económica y de ingresar, participar y progresar en ella.

Artículo 3

1. Con miras a crear la igualdad efectiva de oportunidades y de trato entre trabajadores y trabajadoras, cada miembro deberá incluir entre los objetivos de su política nacional el de permitir que las personas con responsabilidades familiares que desempeñen o deseen desempeñar un empleo, ejerzan su derecho a hacerlo sin ser objeto de discriminación y, en la medida de lo posible, sin conflicto entre sus responsabilidades familiares y profesionales.

Esta nueva realidad social hace necesario que la figura paterna participe más activamente en el cuidado y en la educación de los hijos. En particular, al momento del nacimiento, pues es en este momento cuando se hace más apremiante el cuidado de los hijos y la ayuda que pueda brindar el padre a su cónyuge es fundamental en dicha etapa. Por ello, esta iniciativa pretende elevar a rango constitucional las licencias de paternidad.

La incorporación de las licencias de paternidad en la legislación de nuestro país es prácticamente nueva en relación con otros países. Finlandia, Islandia, Dinamarca, Suecia y Noruega son los más aventajados en políticas sociales, con medidas que fomentan la igualdad entre padre y madre y facilitan la conciliación laboral y familiar.

Son de destacarse los casos de Suecia y Noruega. En el primero de ellos, los permisos de maternidad y paternidadson de480 días (16 meses) compartidos entre padre y madre percibiendo el 80% de sueldo, hasta los 390 días. El padre tiene la obligación de tomarse al menos 60 días más 10 días laborables a partir del nacimiento.

Por lo que hace a Noruega, este otorga 392 días (56 semanas) al 80 por ciento o 322 días (46 semanas) al cien por ciento. El padre tiene derecho a 70 días de ayuda (10 semanas) percibiendo el cien por ciento de su salario. La madre está obligada a tomarse 21 días antes del parto y 42 días después del parto, el resto puede compartirse con el padre.

En este contexto, en nuestro país recientemente se reformó la Ley Federal del Trabajo para incorporar dicha figura, otorgándose diez días con goce de sueldo al padre trabajador.

Antes de esta reforma algunas instituciones ya habían otorgado este beneficio a sus trabajadores, tal es el caso de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al Instituto Nacional de las Mujeres, la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

En este sentido, la iniciativa que hoy pongo a su consideración, es acorde con los tratados internacionales que tutelan la igualdad entre mujeres y hombres, así como con los tratados internacionales que protegen los derechos de la niñez como la Convención de los Derechos de los Niños adoptada en Nueva York y en particular, el artículo 11 de la Convención Sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer que aprobó la ONU en 1979 que señala que mujeres y hombres tienen derecho a igual salario, prestaciones y capacitación y que los Estados se comprometen a alentar que padres y madres compartan las responsabilidades familiares suministrando los servicios sociales de apoyo necesarios.

Lo anterior, fortalece la igualdad y la equidad de género, y contribuye a que exista una distribución equitativa de las tareas del hogar; lo que se traduce en una mejor calidad de vida para los padres y para los menores.

Otra realidad que ha olvidado la legislación es ¿qué ocurre si la madre falleciera durante el parto? ¿Qué protección brinda la legislación en estos casos a los menores para su cuidado? Vale la pena, hacernos estos cuestionamientos, sobre todo si tomamos en cuenta que la tasa de mortalidad de las madres durante el parto sigue siendo alta en nuestro país. Por ello, no basta con incorporar a rango constitucional las licencias de paternidad, sino que es necesario ampliar el margen de las licencias de paternidad en caso de que la madre fallezca.

En efecto, si la madre fallece durante el parto, los padres trabajadores se encuentran frente a una situación de total desamparo e injusticia, más allá del dolor de haber perdido al ser querido, ahora se cierne una responsabilidad que, materialmente no están en posibilidad de cumplir, la de hacerse cargo del recién nacido. De ahí inicia un largo peregrinar del padre trabajador en busca de familiares que le ayuden a cumplir con sus obligaciones, esto ante la imposibilidad jurídica de obtener una licencia que se encuentra concebida exclusivamente para las madres.

Es por ello, que pongo a consideración de este Soberanía que se incluya en la constitución que los padres trabajadores gocen íntegramente de la licencia que por maternidad le hubiera correspondido a la madre trabajadora en aquellos casos en los que ésta fallezca durante el parto, o que se encuentre imposibilitada para el cuidado del menor.

Por lo anteriormente expuesto, se propone a esta Soberanía la siguiente:

Iniciativa con proyecto de Decreto por que se reforma el apartado A, fracción V y el apartado B, fracción XI, inciso c del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos, presentada por el Senador Ángel Benjamín Robles Montoya, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Primero.- Se reforma el apartado A, fracción V del artículo 123 constitucional para quedar como sigue:

Artículo 123.

A…

I…

II…

III…

IV…

V. Las mujeres durante el embarazo no realizarán trabajos que exijan un esfuerzo considerable y signifiquen un peligro para la salud en relación con la gestación; gozarán forzosamente de un descanso de seis semanas anteriores a la fecha fijada aproximadamente para el parto y seis semanas posteriores al mismo, debiendo percibir su salario íntegro y conservar su empleo y los derechos que hubieren adquirido por la relación de trabajo. En el período de lactancia tendrán dos descansos extraordinarios por día, de media hora cada uno para alimentar a sus hijos.

Los hombres trabajadores gozarán de una licencia de paternidad obligatoria por quince días, con goce de sueldo, por el nacimiento de sus hijos o por la adopción de un infante; debiendo reintegrarse a su puesto de trabajo en las mismas condiciones en que lo venía desempeñando.

En el caso de que la madre falleciera durante el parto o se encuentre incapacitada para el cuidado del menor, el hombre trabajador gozará de una licencia de paternidad con goce de sueldo durante los 60 días posteriores al nacimiento del menor, debiendo reintegrarse a su puesto de trabajo, en las mismas condiciones en que lo venía desempeñando.

Segundo.- Se reforma el apartado B, fracción XI, inciso c del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 123.

B...

I…

II…

III…

IV…

V…

VI…

VII…

VIII...

IX…

X…

XI…

a)…

b)…

c).Las mujeres durante el embarazo no realizarán trabajos que exijan un esfuerzo considerable y signifiquen un peligro para la salud en relación con la gestación; gozarán forzosamente de un mes de descanso antes de la fecha fijada aproximadamente para el parto y otros dos después del mismo, debiendo percibir su salario íntegro y conservar su empleo y los derechos que hubieren adquirido por la relación de trabajo. En el período de lactancia tendrán dos descansos extraordinarios por día, de media hora cada uno para alimentar a sus hijos. Además disfrutarán de asistencia médica y obstétrica, de medicinas, de ayudas para la lactancia y el servicio de guarderías infantiles.

Los hombres trabajadores gozarán de una licencia de paternidad obligatoria por quince días, con goce de sueldo, por el nacimiento de sus hijos o por la adopción de un infante; debiendo reintegrarse a su puesto de trabajo, en las mismas condiciones en que lo venía desempeñando.

En el caso de que la madre falleciera durante el parto o se encuentre incapacitada para el cuidado del menor, el hombre trabajador gozará de una licencia de paternidad con goce de sueldo durante los 60 días posteriores al nacimiento del menor, debiendo reintegrarse a su puesto de trabajo, en las mismas condiciones en que lo venía desempeñando.

TRANSITORIOS

Unico.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Senadores, a 12 de febrero de 2013.

Sen. Angel Benjamín Robles Montoya”.

Se recibió de los Senadores María Elena Barrera Tapia, Miguel Romo Medina, Braulio Fernández Aguirre, Cristina Díaz Salazar, Armando Neyra Chávez e Hilda Flores Escalera, una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 73 de la Ley General de Salud, mismo que se turna a las Comisiones Unidas de Salud; y de Estudios Legislativos.

1 Desafortunadamente México no ha ratificado este Convenio.





 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LAS FRACCIONES I Y VIII Y SE ADICIONA LA FRACCION V AL ARTICULO 73 DE LA LEY GENERAL DE SALUD

(Presentada por los CC. Senadores María Elena Barrera Tapia, Miguel Romo Medina, Braulio Manuel Fernández Aguirre, María Cristina Díaz Salazar, Armando Neyra Chávez e Hilda Esthela Flores Escalera)

“SENADO DE LA REPUBLICA
LXII LEGISLATURA
PRESENTE.

Los suscritos, Senadores y Senadoras MARIA ELENA BARRERA TAPIA, integrante del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México; MIGUEL ROMO MEDINA, BRAULIO MANUEL FERNANDEZ AGUIRRE, MARIA CRISTINA DIAZ SALAZAR, ARMANDO NEYRA CHAVEZ, HILDA ESTHELA FLORES ESCALERA, integrantes del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, y de conformidad con los artículos 8, numeral 1, fracción I y 164 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración del Pleno, la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCION I Y VIII (QUEDANDO COMO FRACCION IX); SE ADICIONA LA FRACCION V, RECORRIENDOSE EN SU ORDEN LOS SUBSECUENTES DEL ARTICULO 73 DE LA LEY GENERAL DE SALUD, con base en la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

El mantener una salud óptima durante el mayor tiempo posible y llegar a una vejez con menos padecimientos y mayores beneficios, es una de las prioridades para una mejor calidad de vida en los seres humanos. Los avances en la ciencia han brindado esperanza en la población y se han logrado diagnosticar y curar enfermedades desconocidas desde hace aproximadamente cincuenta años.

A través de la historia el Constituyente, ha realizado reformas en beneficio de la ciudadanía mexicana, una de ellas es el derecho a la salud, así lo establece el párrafo cuarto del artículo 4° Constitucional, a saber:

Toda persona tiene derecho a la protección de la salud. La Ley definirá las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y establecerá la concurrencia de la Federación y las entidades federativas en materia de salubridad general, conforme a lo que dispone la fracción XVI del artículo 73 de esta Constitución.”1

Con ello se puede apreciar que el Estado mexicano, cuenta con las bases y modalidades para los servicios de salud de los mexicanos. Sin embargo, falta hacer un especial énfasis de prevención en la detección de grupos en la población que se encuentren en riesgo de sufrir trastornos mentales, con la finalidad de proteger y ayudar a los menores y a la juventud de México.

Asimismo, en nuestro país existe la protección del interés superior de la niñez2 que se encuentra plasmado, en el párrafo octavo del precepto constitucional antes mencionado, donde se establece que:

“En todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos. Los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral. Este principio deberá guiar el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas dirigidas a la niñez.”3

Los menores de edad son un sector de la población con más vulnerabilidad, por ello la importancia de que existan reformas que busquen proteger este sector y sobre todo en el aspecto de la salud, ya que los menores y jóvenes son el futuro y desarrollo del país.

En ese orden de ideas, actualmente la Ley General de Salud en la fracción I, del artículo 2, manifiesta que la finalidad de la protección de la salud tiene dentro de sus prioridades el bienestar físico y mental de la persona, para contribuir al ejercicio pleno de sus capacidades. Por lo que es importante establecer políticas públicas que puedan brindar una prevención y diagnóstico de todo tipo de enfermedades, y para el caso que nos ocupa no sólo las físicas sino mentales.

Al respecto la Organización Mundial de la Salud (OMS), establece los conceptos siguientes:

La salud “es un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades”4 y la salud mental “un estado de bienestar en el cual el individuo es consciente de sus propias capacidades, puede afrontar las tensiones normales de la vida, puede trabajar de forma productiva y fructífera y es capaz de hacer una contribución a su comunidad.5 Es trascendental que la juventud y la niñez cuente con actividades educativas, socioculturales y recreativas con carácter nacional y permanente que contribuyan a la salud mental y beneficie a los mexicanos, con un buen desarrollo sano en los niños y jóvenes del país, ello contribuirá a una mejor capacidad de desarrollo en la vida diaria de la sociedad.

Cabe resaltar que entre las diez principales enfermedades considerando mortalidad prematura y días vividos sin salud se encuentran tres tipos de enfermedades mentales, como lo son la depresión mayor, esquizofrenia y trastorno obsesivo compulsivo, las que son catalogadas como graves por los profesionales de la salud. Lo que genera que las personas que padecen estos padecimientos no puedan interactuar normalmente con el medio que los rodea.6

En este sentido, la depresión es una de las causas de discapacidad en el mundo. La OMS estima que la depresión ocupará el segundo lugar en 2020 como discapacidad mundial, después de las enfermedades cardiovasculares. Es una enfermedad común, seria y compleja que afecta aproximadamente 121 millones de personas en el mundo.7

Dentro de las pocas estadísticas que existen en el país se determina que en México una de cada 10 personas padece depresión y solo uno de cada cuatro personas que la padecen y reciben tratamiento. Asimismo, un 28.6% de la población presenta alguna vez en la vida, uno o más de los 23 trastornos mentales contenidos en la Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE); 13.9% los ha presentado en el último año y 5.8% en el último mes.8

No hay una edad determinada en la cual se inicie cualquier tipo de enfermedad mental, la que puede manifestarse en cualquier periodo evolutivo de la persona. Aunque las enfermedades mentales no tengan una cura total, pueden tener una recuperación, por medio de la cual puede mejorar la calidad de vida. Los tratamientos pueden ser con psicoterapia y medicación. Además de grupos de ayuda y servicios comunitarios.

En nuestro país, el Secretariado Técnico del Consejo Nacional de Salud Mental tiene a su cargo la elaboración e instrumentación de los programas específicos de prevención y atención de los trastornos mentales y rehabilitación psicosocial; supervisando y evaluando los servicios de salud en los diferentes niveles de atención e impulsando el establecimiento de redes asistenciales cuyo objetivo radica en la rehabilitación y reinserción social, además de proponer la actualización y desarrollo de disposiciones jurídicas en la materia.

En el Sexto Informe de Labores de la Secretaría de Salud se indica que en el periodo de septiembre de 2011 a agosto de 2012 se dieron avances en las estructuras de primer nivel del Programa Nacional de Salud Mental: Modelo Miguel Hidalgo9 en diferentes entidades de la república, en tal sentido se cuenta con 47 Unidades de Especialidades Médicas (UNEMES), Centro Integral de Salud Mental (CISAMES) de las cuales 40 están en operación mientras que las siete restantes están construidas pero sin operar.

Actualmente se impulsa la emisión del Anteproyecto de NOM-025-SSA2-201210 para la Prestación de Servicios de Salud en Unidades de Atención Integral Hospitalaria Médico-Psiquiátrica. Asimismo, la Secretaría de Salud impulsa reuniones nacionales de líderes en atención hospitalaria de salud mental, con la finalidad de sensibilizar a los trabajadores de la salud mental y convertirlos en facilitadores y promotores del respeto de los derechos humanos de los usuarios de los hospitales psiquiátricos.

Con la participación de 23 hospitales psiquiátricos11 ubicados en 18 entidades federativas, en 2012 se realizó la primera fase de la aplicación de la Encuesta Nacional de Salud Mental, obteniéndose un total de mil 289 cuestionarios donde se destacan datos relevantes respecto de tres grupos vulnerables de población dentro de dichos hospitales, correspondiendo 46.4% a mujeres y 54.6% a hombres.

Es de destacar que en el Centro Integral de Salud Mental que depende de este Consejo Nacional de Salud Mental está la Clínica de Autismo, única de este tipo en el Gobierno Federal y que durante el periodo de septiembre de 2011 a agosto de 2012 otorgó un total de 17 mil 743 consultas y organizó una caminata en el Bosque de Tlalpan en la que participaron 300 niños y padres celebrando el Día Mundial del Autismo con el objetivo de sensibilizar al país sobre dicho padecimiento.

Asimismo, en 2012 se canalizaron recursos presupuestales a los gobiernos de las entidades federativas por un monto de 9 millones 148 mil pesos, para apoyar los programas de Invierno Sin Frío y Rehabilitación Psicosocial en los Hospitales Psiquiátricos y Villas de Transición Hospitalaria en todo el país.12

Se distribuyó en todas las entidades federativas el Programa Nacional de Salud Mental: Modelo Miguel Hidalgo 2012-201813, así como los Lineamientos para la Aplicación de la Sujeción Temporal en Unidades de Atención Hospitalaria Médico-Psiquiátrica y se concluyeron las Cédulas de Acreditación de Hospitales Psiquiátricos y de Centros Integrales de Salud Mental, las que se distribuyeron a todos hospitales psiquiátricos, villas de transición hospitalaria y UNEMES-CISAME de todas las entidades federativas, exhortándolos a realizar la certificación, como una estrategia para obtener mayores recursos.

A pesar de estos avances, en México las políticas y programas de salud mental para niños y adolescentes no ha tenido el impacto esperado, toda vez que los sistemas de atención están fragmentados, son ineficaces, costosos e inaccesibles. La OMS insiste además en que se tome en cuenta siempre que la etapa de desarrollo en que se encuentra el niño cuando se expone al riesgo o al evento traumático puede influir en la vulnerabilidad, el modo de manifestación del trastorno mental, así como en la manera en que se deba planear el tratamiento.

De acuerdo con la OMS, los trastornos depresivos comienzan en edades tempranas y tienen como principales factores de riesgo el género (es dos o tres veces más común en las mujeres), la pobreza, el bajo nivel educativo, la exposición a la violencia y las enfermedades crónicas.

La salud mental de la infancia y la adolescencia es una preocupación primordial en el desarrollo de programas de prevención e intervención en todo el mundo, hoy en día nos encontramos con situaciones por demás preocupantes como:

• El suicidio es la tercera causa de muerte entre los adolescentes.

• Los trastornos depresivos tienen inicio en la adolescencia.

• El 20% de niños y jóvenes padecen trastornos mentales o son víctimas de violencia física o sexual.

• Los trastornos conductuales de la infancia se perpetúan a lo largo de la vida de las personas, manifestándose en la edad adulta en el consumo de drogas, la delincuencia y conducta antisocial.

Ante esta situación, es necesario resaltar la importancia de realizar intervenciones tempranas e integrales, con el propósito de brindar a nuestros niños y jóvenes ambientes saludables que les permitan fortalecer su autoestima, al interior de sus familias y sus comunidades.

Las razones de esto se derivan de las recomendaciones que la OMS realiza sobre los beneficios de la intervención temprana en el tratamiento de trastornos mentales, como son:

• Que los programas de prevención y atención de salud mental en los menores tienen un mayor impacto cuando están vinculados a instituciones escolares y comunitarias.

• Que dichas intervenciones tienen siempre un impacto positivo en la calidad de vida de los niños y previene discapacidades en la edad adulta.

• Que el incremento de inversiones en la Salud Mental de los individuos tiene impacto en las familias, permitiendo disminuir costos soportados por los sistemas públicos de salud y costos asociados a la seguridad integral de las personas.

A su vez, la Organización Panamericana de la Salud (OPS) recomienda que los programas de salud mental dirigidos a niños y jóvenes deben tener las siguientes características:

• Mantener un equilibrio entre promoción de la salud, prevención de los trastornos y tratamiento psiquiátrico y psicológico de quienes presentan el trastorno mental.

• Priorizar intervenciones en las primeras etapas del desarrollo.

• Promover servicios de tratamiento ambulatorio, insertos en la comunidad y servicios de primer nivel de atención a la salud.

• Utilizar el enfoque de riesgo para los niños y adolescentes en condiciones de riesgo.

• Capacitar a profesionales que trabajan con menores de edad para promover factores de protección, reducir los riesgos y detectar tempranamente los problemas psicológicos.

• Reducir la violencia en el entorno escolar.

• Capacitar personal no especializado para atender en lo posible, los trastornos mentales leves.

• Difundir las mejores prácticas y el tratamiento basado en la evidencia científica.

Por estas razones, la presente iniciativa tiene por objeto contribuir a la promoción de la salud mental y la prevención de los trastornos mentales y del comportamiento en la infancia y la juventud.

Se busca generar las condiciones para que se dé importancia, espacios profesionales y recursos suficientes para promover la salud mental de los menores de edad, así como para darles la atención adecuada cuando se encuentren en riesgo de presentar trastornos mentales y del comportamiento.

Para tal efecto, se debe considerar que la Ley General de Salud ya contiene diversas referencias a la salud mental:

• El artículo 3º fracción VI indica que la salud mental es materia de salubridad general.

• El artículo 6º fracción IV señala que el sistema nacional de salud tiene entre sus objetivos dar impulso al crecimiento físico y mental de la niñez.

• El artículo 27 fracción VI menciona que los servicios referentes a la salud mental se consideran servicios básicos de salud.

Adicionalmente, el Capítulo VII del Título Tercero de la Ley se refiere específicamente a la Salud mental y abarca los artículos 72 a 77, los cuales contienen disposiciones relativas a la promoción de la salud mental, prevención y tratamiento de los trastornos mentales, así como derechos de las personas con trastornos mentales y del comportamiento.

Sin embargo, la mayor parte de estas disposiciones están dirigidas a la población en general, sin tomar en cuenta que la prevención y tratamiento de los trastornos mentales en la infancia y la juventud requiere medidas especiales, diferentes a las empleadas en los tratamientos para adultos.

Por ello, hace falta promover la detección de los grupos poblacionales en riesgo de sufrir trastornos mentales y del comportamiento, preferentemente de la infancia y de la juventud, así como promover el carácter nacional y permanente de actividades educativas, socioculturales y recreativas con que contribuyan a la salud mental de la infancia y de la juventud.

Estas medidas permitirán detectar y brindar tratamiento oportuno a las alteraciones de la conducta en niños y jóvenes. De no atenderse, dichas alteraciones pueden convertirse en trastornos mentales que pueden agravarse en la edad adulta, requiriendo tratamientos más complejos, algunos de forma permanente.

Al respectoen el Partido Verde estamos preocupados por este problema de salud pública, ya que debemos considerar el prevenir en la población infantil y adolescente las alteraciones que se puedan convertir en trastornos mentales.

En atención a lo anteriormente expuesto, sometemos a consideración de este Honorable Pleno la siguiente:

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCION I Y VIII (QUEDANDO COMO FRACCION IX); SE ADICIONA LA FRACCION V, RECORRIENDOSE EN SU ORDEN LOS SUBSECUENTES DEL ARTICULO 73 DE LA LEY GENERAL DE SALUD.

UNICO. Se reforma la fracción I y VIII (quedando como fracción IX); se adiciona la fracción V, recorriéndose en su orden los subsecuentes del artículo 73 de la Ley General de Salud, para quedar como sigue:

Artículo 73. …

I. El desarrollo de actividades educativas, socioculturales y recreativas con carácter nacional y permanente que contribuyan a la salud mental, preferentemente de la infancia y de la juventud;

II. a IV. …

V. La detección de los grupos poblacionales en riesgo de sufrir trastornos mentales y del comportamiento, preferentemente de la infancia y de la juventud;

VI. La implementación estratégica y gradual de servicios de salud mental en establecimientos de la red del Sistema Nacional de Salud, que permita abatir la brecha de atención;

VII. La investigación multidisciplinaria en materia de salud mental;

VIII. La participación de observadores externos para vigilar el pleno respeto de los derechos humanos de las personas con trastornos mentales y del comportamiento, que son atendidas en los establecimientos de la red del Sistema Nacional de Salud, y

IX. Las demás acciones que directa o indirectamente contribuyan al fomento de la salud mental de la población.

TRANSITORIO

UNICO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el recinto del Senado de la República, a 14 de febrero de 2013.

Por el Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México: Sen. María Elena Barrera Tapia.

Por el Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional: Sen. Miguel Romo Medina.- Sen. Braulio Manuel Fernández Aguirre.- Sen. María Cristina Díaz Salazar.- Sen. Armando Neyra Chávez.- Sen. Hilda Esthela Flores Escalera”.

Tiene el uso de la tribuna el Senador René Juárez Cisneros, del grupo parlamentario del PRI, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversos artículos de la Ley de Vivienda.

1Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/cpeum.htm

2 Con la reciente reforma Constitucionalpublicado el 12 de octubre de 2011 en el Diario Oficial de la Federación.

3 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/cpeum.htm

4 Constitución de la Organización Mundial de la Salud, http://apps.who.int/gb/bd/PDF/bd47/SP/constitucion-sp.pdf

5 Organización Mundial de la Salud, http://www.who.int/features/qa/62/es/index.html

6 Organización Mundial de la Salud, http://www.who.int/es/

7Paquete informativo de sensibilización internacional de la Federación Mundial de la Salud Mental. Perspectivas internacionales sobre la depresión. 2010.

8 Secretaría de Salud. 2003. Encuesta Nacional de Epidemiología Psiquiátrica. Esta encuesta se aplicó en población representativa de 18 a 65 años. No existe información sobre la prevalencia de trastornos mentales en menores de edad.

9 Consejo Nacional de Salud Mental, www.consame.salud.gob.mx

10 Secretaria de Gobernación, http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5277384&fecha=13/11/2012

11 Secretaria de Salud, http://portal.salud.gob.mx/

12 Informe de Rendición de Cuentas de la Administración Pública Federal 2006-2012. Secretaría de Salud. Página 629.

13Consejo Nacional de Salud Mental, www.consame.salud.gob.mx





 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSOS ARTICULOS DE LA LEY DE VIVIENDA

(Presentada por el C. Senador René Juárez Cisneros, del grupo parlamentario del PRI)

- El C. Senador René Juárez Cisneros: Gracias, señor Presidente; compañeras y compañeros Senadores:

Pongo a consideración de esta Asamblea la presente iniciativa con proyecto de Decreto que reforma y adiciona diversos artículos de la Ley de Vivienda.

Expongo algunos aspectos sustantivos de la misma en el entendido de que ha sido publicada en la Gaceta Parlamentaria de este día.

Hoy día, todos sabemos que la mayoría de nuestras ciudades presentan un crecimiento desordenado y anárquico.

Las políticas públicas en materia de vivienda demandan una visión integral de desarrollo urbano que permita orden y racionalidad en el uso y destino el suelo.

Atribución que por cierto hoy día tiene la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, y que trataré de esbozar, en función de estas nuevas responsabilidades, el alcance de esta iniciativa.

En materia de adquisición, regulación y ordenamiento del suelo urbano, las instancias responsables con frecuencia no se ajustan a las disposiciones reglamentarias contempladas en la Ley General de Asentamientos Humanos y la Ley de Vivienda.

En esta materia existe especulación y múltiples irregularidades en adquisición de la reserva territorial.

La presente iniciativa de reformas y adiciones a diversos artículos de la Ley de Vivienda tiene como propósito:

Primero. Incorporar una visión del desarrollo regional en la definición de las políticas públicas para la ordenación del territorio y el equipamiento urbano.

Segundo. Promueve la coordinación interinstitucional de los tres órdenes de gobierno y los particulares para dar racionalidad al desarrollo urbano.

Tercero. Estructura y da orden a la participación social en los centros urbanos y comunidades rurales para mejorar la calidad de sus viviendas.

Cuarto. Busca racionalizar y complementar la participación de los tres órdenes de gobierno en la asignación de recursos públicos en materia de desarrollo urbano y vivienda.

Quinto. Pretende que la nueva Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano se convierta en los hechos en el eje articulador de las estrategias enfocadas a elevar la calidad de vida de la población, lograr un desarrollo urbano sustentable, alinear acciones institucionales en materia de creación de reserva territorial en el financiamiento y en la reducción del rezago de vivienda.

Compañeras y compañeros Senadores, reconocer la importancia del enfoque regional de la planificación, el ordenamiento del territorio y el desarrollo urbano para poder atender de manera integral, participativa y con visión de largo plazo el crecimiento de los centros urbanos, es un llamado para que desde el Congreso logremos impactar la legislación en esta materia, con el propósito de alcanzar la consecución de los objetivos que aquí he intentado explicarles en esta oportunidad.

La visión regional que tiene que mirarse para la planificación del desarrollo urbano es fundamental que se invierta el proceso, que surja precisamente desde el territorio, desde los propios municipios, comunidades y centros urbanos y barrios, el planeamiento que en su momento la nueva Secretaría ahora creada pueda encausar, regular, orientar con éxito y con eficacia.

Por eso he querido plantear esta iniciativa y mucho agradezco a ustedes su atención y aprovecho, hoy 14 de febrero, para expresarles a las Senadoras y Senadores mi respeto, mi afecto, mi amistad perenne.

Es cuanto, señor Presidente.

Gracias amigas y amigos Senadores.

Iniciativa

“El suscrito, Rene Juarez Cisneros, Senador de la República en la LXII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los artículos 8, numeral 1, fracción I, 164 y 169 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta Asamblea, la siguiente Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversos artículos de la Ley de Vivienda, al tenor de la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

Hoy en día la mayoría de nuestras ciudades presentan un crecimiento desordenado lo que nos ha conducido a centros urbanos disfuncionales e insustentables que han generado cinturones de miseria y marginación.

Los programas de vivienda y las políticas públicas para el desarrollo habitacional no han contribuido suficientemente a elevar la calidad de vida de los ciudadanos, mucho menos, ha permitido planear de manera adecuada la vivienda rural en las zonas más marginadas de nuestro país.

En materia de suelo, el desempeño de las autoridades federales ha sido deficiente y no ha cumplido con las atribuciones y responsabilidades expresas que le confieren las leyes General de Asentamientos Humanos y de Vivienda. En esta materia existe especulación y múltiples irregularidades en la adquisición de tierras.

En nuestro país no existe una política integral de suelo urbano y reservas territoriales que eviten la especulación de inmuebles y los procesos de expansión anárquica de las ciudades, lo que ha ocasionado el incumplimiento de los planes o programas del desarrollo urbano.

Algunos elementos del modelo de producción habitacional empiezan a mostrar insuficiencias y rezagos que pueden significar serios obstáculos para la consolidación y el crecimiento de nuestro país.

Es por ello que el componente del desarrollo regional es fundamental para planificar el ordenamiento del territorio y el desarrollo urbano, así como para la dotación de infraestructura, equipamiento y servicios básicos necesarios que deben acompañar a las viviendas, así como regular un mercado que presenta acaparamiento y especulación.

De ahí la necesidad de que tanto los planes de urbanismo y los programas de vivienda, deban de ser diseñados a partir de componentes que contemplen el ordenamiento y gobernabilidad del territorio.

Es claro que se debe fortalecer y vincular la planeación del desarrollo urbano y la promoción de la vivienda rural, vinculando los esfuerzos federales con los locales y los municipales, a fin de de coordinar acciones que permitan el apoyo mutuo y la interdependencia presupuestal para el impulso del desarrollo regional.

Se requiere urgentemente compartir las visiones desde lo regional y fomentar la capacidad de gestión de las entidades estatales y de los municipios en la atención y ordenación de las zonas metropolitanas.

Cabe mencionar que existen 56 zonas metropolitanas en nuestro país que concentran a más de la mitad de la población y generan el 71% del producto interno bruto del país (PIB), mientras que existen comunidades aisladas y marginadas del desarrollo nacional donde se concentra prácticamente la otra mitad de la población. Esto nos habla de las grandes disparidades en la planificación del desarrollo y la falta de oportunidades de millones de personas en nuestro país.

El crecimiento ordenado de las ciudades bajo una visión regional y de sustentabilidad debe ser un elemento integrador en el Plan Nacional de Desarrollo Urbano que contemple a esas 56 zonas metropolitanas en el país. De ahí la necesidad de articular la acción institucional en materia de vivienda con los sectores público y privado, con el propósito de generar sinergias positivas que incentiven el desarrollo regional, la inversión en infraestructura y el impulso productivo que promueva la equidad territorial, con el fin de integrar y planificar mejor los recursos de diversos programas sectoriales.

Esta integración intergubernamental e interestatal en los asuntos del desarrollo urbano, la infraestructura, el suelo y la vivienda, no solo se presenta como condición para superar obstáculos que ya están a la vista para asegurar la continuidad de la producción habitacional, sino como una gran oportunidad de fortalecer el ordenamiento integral de nuestras ciudades, el mejoramiento de la calidad de vida de sus habitantes y detonar el desarrollo regional en nuestro país.

De ahí la necesidad de mejorar el diseño institucional de la organización administrativa encargada de la vivienda, a fin de sentar las bases para aspirar a un desarrollo nacional más equitativo, que integre entre sí a los centros de población más desarrollados con los centros de desarrollo productivo, considerando también a los de menor desarrollo, para corregir las disparidades regionales y las inequidades sociales derivadas de un desordenado crecimiento de las zonas urbanas.

Se trata como vemos, de empatar los programas federales, estatales y municipales en su formulación y conducción para la promoción y coordinación en materia de infraestructura básica para los centros de población, bajo criterios de desarrollo regional, ordenamiento territorial, planeación urbana y vivienda sustentable, procurando el aprovechamiento y explotación racional de los recursos naturales y el respeto al medio ambiente, a través los siguientes elementos:

a).- Facilitar mecanismos de información y elaboración de estudios sobre las necesidades, inventario, modalidades y características de la vivienda;

b).- Impulsar una estrategia incluyente para incrementar el impacto social de los recursos fiscales que promueva programas de vivienda a partir de laplaneación para el desarrollo regional y la ordenación urbana y territorial, y

c).- Promover mecanismos de coordinación y planeación que permitan identificar las prioridades comunes para cada región, al tiempo de conjuntar recursos para financiar proyectos que detonen los programas de vivienda.

De lograr establecer vínculos intergubernamentales para el desarrollo urbano y la ordenación del territorio, con esquemas de vivienda que respondan aconvenios de asistencia técnica e intercambio de información generada desde las propias regiones, podremos lograr la institucionalización de los planes urbanos y de vivienda y, por ende, el del desarrollo regional.

No es posible concebir el desarrollo nacional sin un desarrollo urbano y de infraestructura adecuados, que permita el diseño de proyectos integrales y productivos a nivel de las regiones, de ahí la necesidad de revertir el progresivo abandono y una reducción persistente de la presencia del Gobierno Federal en los temas cruciales del desarrollo urbano y de la construcción de la infraestructura básica de las ciudades.

Por lo anteriormente expuesto y, en ejercicio de las facultades constitucionales que me confiere la fracción II del Artículo 71 de nuestra ley fundamental, así como por los artículos 8, numeral 1, fracción I, 164 y 169 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente:

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE ADICIONA Y REFORMA DIVERSOS ARTICULOS DE LA LEY DE VIVIENDA.

Artículo único.-Se adiciona el tercer párrafo del Artículo 1; se adicionan las nuevas fracciones X, XI y XII al Artículo 6; se adiciona la fracción III de la base A y la fracción VII de la base B del Artículo 17; se reforma la fracción VII del Artículo 22 y la fracción XI del Artículo 33; se adicionan las nuevas fracciones XII y XIII al Artículo 38, recorriéndose la subsiguiente en su orden; y, se adiciona el Artículo 46, todos de la Ley de Vivienda, para quedar como sigue:

Artículo 1. …

La política nacional y los programas, así como el conjunto de instrumentos y apoyos que señala este ordenamiento, conducirán el desarrollo y promoción de las actividades de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal en materia de vivienda, su coordinación con los gobiernos de las entidades federativas y municipios, y la concertación con los sectores social y privado,a fin de sentar las bases para aspirar a un desarrollo nacional más equitativo, que integre entre sí a los centros de población más desarrollados con los centros de desarrollo productivo, considerando también a los de menor desarrollo, para corregir las disparidades regionales y las inequidades sociales derivadas de un desordenado crecimiento de las zonas urbanas.

Artículo 6. …

I. a IX. …

X. Establecer esquemas y mecanismos institucionales de coordinación intergubernamental e interestatal en las zonas urbanas para hacer viable la convivencia en esos espacios que exhiben la diversidad social, política y cultural de la nación.

XI. Proveer esquemas que permitan la participación de las comunidades de las diversas regiones del país, principalmente las situadas en zonas en alta y muy alta marginación con la finalidad del mejoramiento continuo de sus viviendas e infraestructura pública.

XII. Vigilar la correcta aplicación de los indicadores de marginación para atender el direccionamiento de los programas federales, estatales y municipales en materia de vivienda.

Artículo 17. …

A. …

I. a II. …

III. Convenir programas y acciones de suelo y vivienda con el Gobierno Federal, conlos gobiernos de las entidades federativas y de los municipios; bajo criterios de desarrollo regional, ordenamiento territorial, planeación urbana y vivienda sustentable, procurando el aprovechamiento y explotación racional de los recursos naturales y el respeto al medio ambiente.

IV. a VI. …

B. …

I. a VI. …

VII. Coordinar acciones en materia de suelo y vivienda con otros municipios, bajo criterios de desarrollo regional, ordenamiento territorial, planeación urbana y vivienda sustentable, procurando el aprovechamiento y explotación racional de los recursos naturales y el respeto al medio ambiente.

Artículo 22. …

I. a VI. …

VII. El Titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano;

VIII. …

Artículo 33. …

I. a X. …

XI. Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano.

Artículo 38. …

I. a XI. …

XII. Impulsar estrategias incluyentes para incrementar el impacto social de los recursos fiscales, con el objetivo de promover programas de vivienda a partir de la planeación para el desarrollo regional y la ordenación urbana y territorial;

XIII. Promover mecanismos de coordinación y planeación que permitan identificar las prioridades comunes para la región y conjuntar recursos para financiar proyectos que detonen los programas de vivienda y del desarrollo regional, y

XIV. …

Artículo 46.- Los gobiernos de las entidades federativas y de los municipios, las organizaciones de los sectores social y privado, así como las instituciones de educación superior y de investigación, proporcionarán la información correspondiente en el marco de los acuerdos y convenios que al efecto se celebren con la Comisión,en la que se deberá tomar en cuenta las prioridades comunes para la región y la conjunción de recursos para financiar proyectos que detonen el desarrollo de la vivienda.

TRANSITORIOS

Unico.-El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, a 12 de febrero de 2013.

Suscribe

Sen. René Juárez Cisneros”.

- El C. Presidente Burgos García: Muchas gracias, Senador Juárez Cisneros. Se turna a las Comisiones Unidas de Vivienda; y de Estudios Legislativos, Primera.

Tiene uso de la tribuna la Senadora Silvia Guadalupe Garza Galván, del grupo parlamentario del PAN, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se modifica y adicionan dos párrafos del artículo 27 de la Ley General de Vida Silvestre.





 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE MODIFICA Y ADICIONAN DOS PARRAFOS DEL ARTICULO 27 DE LA LEY GENERAL DE VIDA SILVESTRE, EN MATERIA DE EJEMPLARES Y POBLACIONES EXOTICAS PELIGROSAS

(Presentada por la C. Senadora Silvia Guadalupe Garza Galván, del grupo parlamentario del PAN)

- La C. Senadora Silvia Guadalupe Garza Galván: Muchas gracias, con su permiso, señor Presidente; compañeras y compañeros Senadores:

Pido que la presente iniciativa se integre tal cual.

En México, la comercialización de la vida silvestre se encuentra regulada y legalizada por normatividad ambiental nacional y tratados internacionales, como es el denominado CITES, Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestre, que es un acuerdo internacional concertado entre 175 países y que tiene por finalidad velar por que el comercio internacional de especímenes animales y plantas silvestres no constituye una amenaza para su supervivencia.

De esta forma llegan a nuestro país especies animales denominadas exóticas que bajo un nuevo sistema de manejo y control, no representa ningún riesgo ni a la especie, ejemplar y al ser humano; sin embargo, tenemos una problemática derivada de la posesión de fauna exótica que por sus características biológicas, fisiológicas y anatómicas, durante su desarrollo presentan modificaciones físicas y de comportamiento que ponen en riesgo a los posesionarios, propietarios y cualquier persona, como es el caso de las serpientes y los grandes felinos.

El ejemplo más representativo de esta problemática es el de los grandes felinos, tigres y leones, para los cuales existen criadores en México, autorizados por la SEMARNAT, bajo lineamientos legales, generalmente cumplidos por los particulares, pero que provocan problemáticas graves al momento de ser vendidos a personas que no cuentan con la capacidad económica o la infraestructura para soportar su vida adulta.

La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales tiene a su cargo seis centros de refugio para la vida silvestre denominados, CIVS.

Estos sitios son lugares de estancia temporal y no permanente de la fauna silvestre decomisada o asegurada por las autoridades y también se da albergue a ejemplares que lo particulares ya no pueden sostener en sus domicilios, situación muy común que se presente. Posteriormente, la Secretaría busca opciones de alojo permanente a estos animales que por lo general no llegan en buenas condiciones, presentando huellas de maltrato físico, desnutrición, etcétera.

Basta con visitar estos centros para percatarse de que no poseen condiciones en las instalaciones, personal y presupuesto, suficiente para hacerse cargo de todos aquellos felinos que en edad adulta se convierten en un problema social.

Un cachorro de tigre o de león aproximadamente están en el mercado de entre 10 mil a 30 mil pesos, y cuesta mantenerlo, en un promedio de 150 a 250 kilos, aproximadamente 430 mil pesos por año.

Ahora bien, no se trata de prohibir, se trata de regular y de prevenir, tenemos casos muy lamentables en los cuales la falta de cuidado, responsabilidad y recursos económicos, han provocado verdaderas tragedias. Los felinos aun cuando su estado de impronta sea muy avanzado, no dejan ni perderán sus instintos animales; en nuestro país y en el mundo entero se presentan casos de muertes humanas de gran impacto; nada menos que el pasado 2 de febrero, el domador de felinos del Circo Suárez en plena función en un municipio de Sonora, fue atacado mortalmente por un tigre entrenado, ejemplar que evidentemente se encontraba en estado de estrés por hacinamiento o encierro, y por el sólo hecho de ser una especie exótica, de ninguna manera puede ser liberado ante un evento de esta naturaleza, porque en México no existe un hábitat natural para ello, por lo que su futuro hoy es incierto y provisionalmente las autoridades federales lo han depositado en un zoológico estatal que tendrá que erogar una buena parte de su presupuesto para su manutención; existen desgraciadamente muchos ejemplos como este.

Es así como nace la presente iniciativa, en primer término, con carácter preventivo en materia de protección civil; en segundo, con la mira de establecer las mejores condiciones a estas especies exóticas por naturaleza peligrosas, sin tratar de prohibir su legal posesión, ya que podría fomentarse la ilegalidad o el tráfico de especies, sino de tratar de desmotivar o desincentivar la posesión de estos ejemplares de felinos como espectáculos, mascotas o animales de compañía; y en tercer término, se está salvaguardando el erario público, ya que los recursos destinados a los zoológicos y unidades de manejo públicos, se ven fuertemente mermados cuando reciben ejemplares de estas características.

Por lo anterior, se propone el siguiente proyecto de Decreto.

Se modifica y adicionan dos párrafos al artículo 27 de la Ley General de Vida Silvestre para quedar como sigue.

“Artículo 27. El manejo de ejemplares y poblaciones exóticos sólo se podrá llevar a cabo en condiciones de confinamiento que garanticen la seguridad de la sociedad civil y la dignidad y respeto hacia los ejemplares,...

Aquellos ejemplares de especies que por su naturaleza, ante un inadecuado manejo o evento que ponga en riesgo a la población civil, deberán ser reubicadas por la Secretaría, debiendo el propietario, poseedor o responsable, asumir los gastos de traslado y manutención durante la vida del ejemplar.

Las personas que posean alguno o algunos ejemplares referidos en el párrafo anterior, como mascotas o animal de compañía, deberán de contar con autorización expresa de la Secretaría.

TRANSITORIOS

UNICO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación”.

Es cuanto, señor Presidente.

Iniciativa



- El C. Presidente Burgos García: Muchas gracias, Senadora Garza Galván. Se turna a las Comisiones Unidas de Medio Ambiente y Recursos Naturales; y de Estudios Legislativos, Segunda, e insértese íntegramente el texto de la propuesta en el Diario de los Debates.

Tiene ahora el uso de la tribuna el Senador Mario Delgado Carrillo, del grupo parlamentario del PRD, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones constitucionales.





 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DELA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS,EN MATERIA DE EQUILIBRIO PRESUPUESTAL Y SUSTENTABILIDAD FINANCIERA A CARGO DE TODOS LOS ORDENES DE GOBIERNO

(Presentada por el C. Senador Mario Delgado Carrillo, del grupo parlamentario del PRD)

- El C. Senador Mario Delgado Carrillo: Gracias, buenos días, Senadores, Senadoras, muchas gracias, señor Presidente, y con su venia, para presentar una propuesta en relación a la problemática que está viviendo nuestro país respecto a las deudas de estados y municipios.

Es una iniciativa que parte sobre todo de respetar el espíritu federalista y también a partir de la experiencia que ha tenido la ciudad de México en esta materia.

Tenemos que enfrentar esta problemática teniendo muy claro cuál es el origen de la misma.

No podemos plantear iniciativas o pretender resolver este problema fijándonos nada más en aquellos casos de excesos, como el caso de Coahuila, como el caso de Chiapas, como el caso de Jalisco.

Tenemos que ser un poquito más cuidadosos y preguntarnos, ¿por qué de repente, de 4 años para acá, la deuda en los estados y municipios se duplicó?

Independientemente de que represente o no un peligro sistémico para nuestra economía, porque representa apenas el 3 por ciento del PIB, de lo que conocemos y lo que está hasta el momento registrado.

El problema de fondo es la fragilidad fiscal en la que están muchos estados y municipios, que a partir de la crisis de 2009 no han podido recuperar en términos reales el monto de participaciones federales, y que la crisis de ese año, de 2009 en específico, tuvieron que enfrentarlo con muchas dificultades, y si bien a nivel nacional los indicadores macroeconómicos ya se recuperaron, las finanzas de estados y municipios siguen sin poder hacerlo.

Y los mecanismos que había, que pudiera haber de apoyo, aplican nada más para un año; sin embargo, tienen ellos esa problemática todavía vigente y tienen que endeudarse por necesidad, han recurrido a ese tipo de financiamiento porque no han podido reducir su gasto operativo, la mayoría de este comprometido más de un 80 por ciento y su dependencia de las participaciones federales es más del 85 por ciento.

¿Cuáles son los márgenes de ajuste, de flexibilidad que tienen estados y municipios ante una crisis?

Prácticamente cero, ninguno, por su alta dependencia de los ingresos por participaciones y aportaciones, son dependientes de esos recursos, si de repente caen por el ciclo económico por una crisis un 30 por ciento, pues no tienen ninguna posibilidad de ajuste.

¿Qué hacemos, cómo enfrentamos esta problemática?

Alguien dice, pues que el Senado autorice las deudas de los estados, alguien más dice que sea la Secretaría de Hacienda que autorice el endeudamiento.

¿Y el federalismo qué?

Para qué se eligen entonces a gobernadores y a presidentes municipales, lo que necesitamos es construir una responsabilidad fiscal y una sustentabilidad financiera del país para su sano desarrollo, para su sano financiamiento a partir de la participación de todos, y que tengamos finanzas sanas con todos sus componentes, finanzas sanas en los estados y en los municipios y entonces sí, en las finanzas nacionales, pero tiene que ser una corresponsabilidad, tiene que ser una responsabilidad compartida. Actualmente ya hay una ley federal en esta materia, pero esos principios no han bajado hacia los estados y municipios, y ahora vemos uno de sus tantos efectos: el sobreendeudamiento de algunos.

¿Qué tenemos que hacer? Que esos principios bajen a estados y municipios.

¿Qué tenemos que hacer? Darle al Congreso la posibilidad de legislar en esa materia, de hacer una ley general de responsabilidad y sustentabilidad financiera para lo cual hay que modificar el artículo 73 constitucional y construyamos, entonces sí, finanzas sanas a partir de tener finanzas sanas en todo el país.

¿Por qué han fallado los controles? ¿Por qué ha habido casos de abusos? Porque falta transparencia, porque se autorizan en los congresos de los estados montos y no proyectos; porque no se autorizan en los congresos cuando se otorgan garantías, ya sean participaciones, ya sean terrenos, cualquier cosa que comprometa el patrimonio de estados y municipios.

¿Qué hay que hacer, entonces?

Obligar a que los congresos estatales que en una amplia mayoría, con dos terceras partes, aprueben proyectos y no montos, proyectos de financiamiento, proyectos de desarrollo que estén vinculados con su plan de desarrollo; con una tasa de rentabilidad social probada, y que además, los congresos estatales autoricen las garantías en caso de que se estén dando garantías que no sea una sorpresa después, que a la hora de tramitar, de ejecutar este financiamiento se comprometa el patrimonio futuro de varias generaciones como ha ocurrido ya en algunos estados.

Es decir, tenemos que ir construyendo los balances, los contrapesos en los estados, en los municipios, porque lo que queremos es tener estados, gobiernos que tengan responsabilidad, que gasten con responsabilidad, que tengan también el compromiso de mejorar permanentemente las finanzas de los estados.

Ese es el enfoque que tiene esta iniciativa.

También, sancionar a aquellos que estén jugando a que le presto al Estado, porque alguien va a venir a rescatarle.

También hay que decirlo, hay corresponsabilidad de las instituciones financieras, de las instituciones bancarias y tenemos que poner sanciones muy claras.

Si el Congreso no autoriza los créditos, el crédito es nulo, y la pérdida es contra la institución financiera y, por supuesto, ponemos responsabilidad penal para los funcionarios de las instituciones bancarias que en complicidad con funcionarios hayan defraudado.

También tenemos para que sea integral dar en el artículo constitucional, en el 35, si una de las obligaciones de los ciudadanos es aportar, es contribuir al fisco, pues del mismo tamaño debe ser el derecho de los ciudadanos a enterarse de cómo se están gastando esos recursos; debe quedar al mismo nivel constitucional.

También tenemos que ser realistas, hay muchos municipios, hay muchos estados que si no les hubieran adelantado participaciones en diciembre, actualmente estarían ya en una situación de no pago en sus deudas.

Hay que hacer programas de apoyo donde participe BANOBRAS, hay que revivir a BANOBRAS, que vuelva a ser el agente financiero preferente del gobierno, de los gobiernos estatales y municipales para que apoye en la debilidad fiscal en que actualmente se encuentran; que hagan programas conjuntos, que les ayuden a refinanciar sus deudas y, en el caso de los estados que participe directamente la Secretaría de Hacienda.

Algo de lo que no se habla mucho, es de que también hay una serie de actores que han participado en esta materia. Agentes estructuradores, gestores de crédito que tienen comisiones muy altas, poco transparentes y además que se cargan al monto de la deuda. ¿Quiénes son estos agentes? Tienen que estar registrados en la Comisión Nacional Bancaria, y tienen que ser publicados, tienen que ser autorizados por la Comisión Nacional Bancaria, y además se tiene que hacer público el cobro que están haciendo por cualquier gestión para un crédito, para una entidad federativa.

Necesitamos transparencia en el monto de la deuda también, tenemos que modificar la Ley de Contabilidad para ahí en un capítulo, expresamente, establecer el Registro Nacional de Deuda que estará integrado por la deuda de la Federación, por la deuda de los estados, de los municipios, pero además que tengamos el dato de la Banca de Desarrollo y de las instituciones de crédito de manera directa.

Por eso se modifica la Ley de Instituciones de Crédito, para que tengan la obligación de reportar todos los créditos que tengan con los gobiernos subnacionales, y de esta manera tengamos las dos fuentes de información, quién está pidiendo y quién está prestando y reduzcamos prácticamente a cero la posibilidad de ocultar o manipular.

Me llama la atención que en la Comisión Permanente, la Comisión aprobó pedirle a la Comisión Nacional Bancaria un reporte de todos los créditos que tenía la banca comercial contratada con los gobiernos estatales y municipales, y respondieron que no lo pueden entregar debido al secreto fiduciario.

Decimos ahora que es el 3 por ciento del PIB la deuda de estados y municipios. Si sumamos las deudas de corto plazo, a los quirografarios, otras obligaciones que no sabemos cuántas son, no sabemos a cuánto va a llegar, y ahora le responden al Congreso que no lo pueden saber debido al secreto fiduciario, hay que modificar la Ley de Instituciones de Crédito para que esto no vuelva a pasar y que las deudas públicas sean efectivamente públicas.

Hay otras leyes que modificamos, por ejemplo: La Ley de Contabilidad Gubernamental, que ya lo mencionamos, para tener el Registro Nacional de Deuda; la Ley General de Deuda Pública, para ponerle la obligación a la Secretaría de Hacienda ha de tener este registro; la Ley de Coordinación Fiscal, para qué, para establecer el Consejo Nacional de Equilibrio Presupuestal y Sustentabilidad Financiera, que es transformar el Consejo de Estabilidad, que ya existe, para que participen estados y para que participen municipios, y para que definamos, entre todos, que el equilibrio presupuestal y sustentabilidad financiera tenga que ver con los ciclos económicos de nuestra economía, que no tengamos a rajatabla una regla que a través de los ciclos económicos se puede convertir en una camisa de fuerza para la economía.

Debemos calcular a partir de cuál es el PIB potencial de nuestro país y determinar cuánta deuda podemos tener, y en qué tiempos a partir de los ciclos económicos para facilitar, incluso, que podamos salir de recesiones como la que tuvimos en 2009.

Se modifica la Ley de Instituciones de Crédito, ya lo mencionamos también; la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, para establecer ciertas obligaciones de la Secretaría de Hacienda y la Ley Orgánica del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, para obligar a BANOBRAS a que sea el agente financiero del sector público en nuestro país, para que apoye a los estados y a los municipios que por sus condiciones no pueden salir adelante.

Y por último, evidentemente tiene que haber sanciones, si no esto no va a funcionar, y hay sanciones penales para aquellos funcionarios públicos, que sabiendo que no pueden pagar contraten un crédito o que oculten información con la corresponsabilidad correspondiente de las instituciones de crédito.

De tal manera que con esta serie de leyes que se modifiquen, lo que pretendemos es que no “satanicemos” la deuda pública y la regresemos a lo que es, y con esto termino, señor Presidente, que la deuda de nuestro país sea una variable determinada por las necesidades de desarrollo que tenemos.

Debemos lograr que nuestro país tenga un financiamiento sano de su desarrollo, de impulso a nuestra economía, al crecimiento económico con equidad, de eso se trata, y además si lo logramos entre todos, estados, municipios y federación, sin duda que vamos a tener un país económicamente fuerte y no como tenemos actualmente con balances, con desequilibrios muy serios.

Muchísimas gracias.

(Aplausos)

Iniciativa

“MARIO DELGADO CARRILLO,Senador integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática a la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 71, fracción II, 72, 73, fracción XXV y 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 8, numeral 1, fracción I, 163, fracción I, 164, 169, 171 y 172 del Reglamento del Senado de la República, me permito someter a consideración de esta Soberanía la presente iniciativa, misma que se presenta en conjunto con la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSOS ORDENAMIENTOS LEGALES EN MATERIA DE EQUILIBRIO PRESUPUESTAL Y SUSTENTABILIDAD FINANCIERA A CARGO DE TODOS LOS ORDENES DE GOBIERNO, como reglamentación secundaria de las disposiciones superiores que resultan de la presente, de conformidad a la siguiente:

Exposición de Motivos

I. Sistema actual de coordinación fiscal.

El mecanismo hacendario de nuestro país, tiene su origen en el pacto de coordinación fiscal, cuyos antecedentes se remontan a 1947 y a la primera Ley de Coordinación Fiscal en 19771, con los subsecuentes cambios en los años 90 y recientemente en 2008.

Es un acuerdo en el cual los estados y municipios ceden la potestad del cobro de los más importantes impuestos al gobierno federal, y la federación regresa estos recursos a las entidades federativas a través de participaciones y aportaciones.

Con este esquema, del total de los ingresos de las unidades sub-nacionales, en 2010, el 86%2 provenía de recursos que devuelve el gobierno federal. El 51% estaba representado por las aportaciones (ramo 33), que son recursos etiquetados en fondos para el desarrollo social: educación básica, salud, infraestructura social, fortalecimiento municipal, entre otros. Las participaciones para los estados y municipios (ramo 28) representaban el 35% de sus ingresos. Estos son recursos cuyo espíritu es reponer lo que las unidades sub-nacionales aportan a la federación y son de libre disposición.

El resto de la estructura de los ingresos de las entidades federativas para 2010 estaba formada por ingresos propios. El 5% de impuestos, 3% de derechos, 3% de otros ingresos, 2% de aprovechamientos, 1% de productos y 0% de contribuciones especiales. Lo anterior quiere decir que sólo el 14% de los ingresos provenía de ingresos propios. Por tanto, la recaudación como proporción del gasto total de los estados y municipios, con excepción del Distrito Federal, no llega en promedio al 20%. En muchos municipios ni siquiera llega al 5%.

Bajo este marco, no hay incentivos para que las unidades sub-nacionales recauden más y mejor, ni para que éstas asignen eficientemente el gasto. Aún más, la rendición de cuentas a la ciudadanía sobre el origen de cada peso recaudado y su destino de gasto no existe en este esquema –cuando más se informa sobre su administración-.

El sistema fiscal actual, donde se transfiere autoridad y facultades hacendarias de los estados y municipios al gobierno federal, ha provocado una alta dependencia hacia la federación, su recaudación y los criterios establecidos para la distribución de los ingresos.

II. Impacto de la crisis de 1994-1995 en las finanzas de estados y municipios.

Durante 1995 las finanzas públicas federales y estatales se vieron afectadas por el menor dinamismo de la actividad económica y las pérdidas sufridas por muchas empresas a raíz de la devaluación.La economía mexicana experimentó una caída real de -6.2%3 cuando el contexto económico mundial era favorable, tanto que la economía estadounidense se encontraba en franca expansión. De tal suerte que de acuerdo al Fondo Monetario Internacional (FMI), durante el desarrollo de nuestra crisis, la economía mundial creció a una tasa promedio de 3.3%.

Lo anterior repercutió en menores ingresos tributarios, en particular los referidos a la tributación directa, y la Recaudación Federal Participable cayó 22% real4.

Como consecuencia de los efectos de la crisis, se convirtió en prioridad para las entidades federativas fortalecer sus haciendas públicas sin perjudicar a las finanzas de la federación, fomentando al mismo tiempo la descentralización y el desarrollo regional. El Congreso de la Unión aprobó que a partir de abril de 1995, la tasa general del Impuesto al Valor Agregado (IVA) se elevara al 15%, manteniendo la tasa de 10% en la región fronteriza.

Adicionalmente, a finales de 1995, con base en los trabajos del Sistema Nacional de Coordinación Fiscal (SNCF), se presentó la iniciativa para modificar la Ley de Coordinación Fiscal a efecto de:

• Incrementar los recursos del Fondo General de Participaciones (FGP), al aumentar su proporción de la Recaudación Federal Participable (RFP) de un 18.51% a un 20%.

• Otorgar el 100% de la recaudación del Impuesto sobre tenencia o uso de vehículos (ISTUV) a las entidades federativas como incentivo, a partir del ejercicio fiscal 2007, correspondiendo el 20% a sus municipios.

• Proporcionar a las entidades la facultad de legislar en ámbitos que anteriormente eran potestad exclusiva de la federación y se les asignan porcentajes importantes en materia del IEPS de bebidas alcohólicas, cerveza y tabacos.

Como se puede advertir, se avanzó en la modificación y administración de la bolsa de recursos a repartir, pero escasamente sobre el fortalecimiento auténtico de las finanzas públicas.

III. Evolución de las finanzas sub-nacionales y crisis de 2008-2009.

En los últimos años, sobre todo a partir de la crisis de 2008-2009, las variables de las finanzas públicas sub-nacionales han tenido una evolución negativa y no se ve una perspectiva de ajuste y estabilización en el mediano plazo. Las cifras demuestran que la recuperación de las finanzas nacionales no necesariamente ha contribuido al mismo efecto en los estados y municipios.

Dada la reciente crisis financiera mundial, la economía del país creció al 1.3% en 2008 y se colapsó en un menos 6% en 2009, a pesar de las estimaciones del gobierno federal de una tasa de crecimiento del PIB del 3% 5 para ese año. Ante este escenario, con las medidas tomadas por la federación, las finanzas públicas nacionales han podido recuperarse en lo general. Para 2010 la economía creció al 5.5% y para el 2011 al 3.9%6. Sin embargo, la crisis ha tenido un impacto distinto y más grave en las finanzas públicas locales, que se agravó con el tratamiento de la crisis por parte del gobierno federal.

Los efectos de la crisis se reflejaron, entre otros hechos relevantes, en la disminución de la actividad económica, del empleo, y de la recaudación de impuestos. En 2009 la disminución de la Recaudación Federal Participable (RFP) fue de 105 mil millones de pesos7 con respecto a lo estimado en ese año. En noviembre de 2012, cuando se suponía que se haría patente la recuperación, la RFP se encontraba aún 0.8% por debajo de su nivel de 2008.

Hay que destacar los efectos del ejercicio fiscal de 2009: las participaciones federales tuvieron una reducción nominal de casi 55 mil millones8 de pesos respecto de lo estimado en la Ley de Ingresos de la Federación. Ese hueco se trató de compensar con la operación del Fondo de Estabilización de Ingresos de Entidades Federativas (FEIEF), formado con reservas petroleras desde 2007. Este fondo aportó sólo 44,981.0 mdp9 para mitigar el desajuste, 12,113.6 mdp fueron recursos del FEIEF y 32,867.4 mdpproducto del esquema de potenciación aplicado. Este hecho dejó particularmente endebles a las entidades federativas que por necesidad tomaron créditos de corto plazo para resolver su dinámica de gasto corriente y hacer frente a sus compromisos. Además, evidencia, como lo han identificado organismos internacionales, que se debe revisar y en su caso eliminar los límites puestos a esos fondos, pues el ahorro generado ha demostrado ser insuficiente para hacer frente a los ciclos económicos internacionales y con ello mantener en el tiempo una mejor administración.

En 2009 la deuda comienza a crecer vertiginosamente: las entidades federativas enfrentaron la carencia con un endeudamiento 49.1 mil mdp mayor con respecto a 200810.

La fragilidad y el desequilibrio de las finanzas públicas sub-nacionales se evidencian ante la ausencia de un marco de objetivos, parámetros, incentivos e instrumentos para la responsabilidad hacendaria y el buen manejo presupuestal en los estados y municipios.

Los datos son un buen reflejo de ello:

Ya se mencionó la estructura de los ingresos de las entidades federativas para 2010. Además, durante los últimos años se advierte un aumento sostenido del gasto operativo (gasto corriente más transferencias y subsidios) con respecto al gasto total. El gasto operativo de los estados y municipios representó el 72.1% en 2006, el 79.6% en 2009 y el 85.2% en 201111. Un gasto operativo muy grande implica riesgos para la flexibilidad financiera de las entidades pues existe una componente inercial e irreductible.

Al mismo tiempo que se reducen los ingresos propios y aumenta el gasto, se ha notado una reducción sostenida del gasto de inversión con respecto al gasto total. La participación del gasto en inversión con respecto al gasto total de los estados y municipios pasó de ser del 28.7% en 2006, al 24.6% en 2008 y 14.3% en 2010, hasta llegar al 10.4% en 201112, coincidiendo con la época de mayor uso de endeudamiento, tanto de corto, como de largo plazo. Dado el carácter inercial e incremental del presupuesto destinado al gasto operativo, la capacidad de los estados y municipios para aumentar su gasto en inversión depende de su acceso al financiamiento.

Actualmente, no se cuenta con información pública completa y detallada de la deuda de las entidades federativas y municipios ya que sólo se reporta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público la deuda de largo plazo que afecta garantías de participaciones, no así la de corto plazo y de los pasivos pensionarios y los pagos pendientes a proveedores y préstamos quirografarios.

Los préstamos bancarios con plazos menores a un año son utilizados por los estados para conseguir liquidez inmediata, cubrir los flujos, y cubrir algunos faltantes en sus presupuestos; en muchos casos no son reportados en su totalidad a las autoridades, ni se necesita la autorización de los Congresos locales. El Gobierno Federal estima que el monto de la deuda de corto plazo excede en 10% sus cálculos de la deuda total13. Por su parte, los pasivos de los sistemas de pensiones estatales representan un 12% del PIB.14

No obstante que la deuda pública de las entidades federativas y municipios registrada ante la SHCP (deuda de largo plazo) no es tan alta en términos relativos al PIB (2.7% a junio y 3% a septiembre de 2012), representó el 11% del presupuesto de egresos de la federación en 2012 y se duplicó en los últimos 4 años, al pasar de 203,070 millones de pesos en diciembre de 2008 a 404,409 millones en junio de 2012 y a 406,764 millones de pesos en septiembre de 201215. En ese sentido, la deuda como porcentaje del PIB aumentó 1 punto porcentual de 2008 (1.7%) a 2012 (2.7%).

Con un afán comparativo, es importante señalar que la deuda de las entidades federativas y municipios representa más del 76% del presupuesto educativo en 2012, o bien, más de la mitad de los pasivos del IPAB, que ascendían a 808,265 millones de pesos en septiembre de 2012 (5.14 % del PIB), según datos del IPAB, e implica que cada mexicano debe pagar más de tres mil 500 pesos para saldar esa deuda.

La deuda se paga a través de ingresos propios, aportaciones y participaciones federales. Los primeros son muy reducidos y las segundas -principal fuente de ingresos de los gobiernos- tienen destino asignado. Por tanto, quedan las participaciones federales, que se han convertido en la principal garantía de los créditos y de las que dependen las entidades federativas y municipios. Para 2008 la deuda representaba el 50.7% de las participaciones y para junio de 2012 ya alcanzaba el 80.1%, según los datos de la SHCP. Este hecho preocupa porque en los últimos 4 años las entidades federativas se han enfrentado a una reducción en la RFP y de las participaciones y aportaciones federales.

Aunado a lo anterior, la modificación de la mecánica de distribución de participaciones que entró en vigor en 2008, también impactó las participaciones federales que reciben las entidades federativas. Para el periodo enero-noviembre de 2012, 19 entidades federativas contaron con un monto menor de recursos por dicho concepto en términos reales respecto al 2008. El impacto negativo de las nuevas fórmulas está altamente concentrado en unas pocas entidades federativas (Distrito Federal, Tabasco, Sonora) y el ingreso está también concentrado en sólo unas cuantas (Estado de México, Guanajuato, Puebla), sin que existan mecanismos para compensar, por lo menos parcialmente, este efecto.

Del saldo total de la deuda pública (406,764.6 millones de pesos a septiembre 2012), 357,133.2 millones de pesos corresponden a las entidades federativas (88%) y 49,631.1 millones a los municipios (12%). Las entidades federativas con mayor incremento absoluto en su endeudamiento de 2008 al tercer trimestre de 2012 son Coahuila, Veracruz, Nuevo León, Jalisco, Chihuahua, Quintana Roo y Michoacán16. La mayor exposición de deuda (% PIB estatal) está en Coahuila, Nayarit, Quintana Roo, Chiapas y Veracruz17.

Aunque la deuda es relativamente pequeña en los municipios (0.3% de PIB vs. 2.7% de PIB de las entidades federativas), ésta creció más en los últimos 7 años (19.2% promedio anual vs 11.8% de las entidades federativas, pesos reales) y está muy concentrada ya que 2.3% de los municipios endeudados (22) representan el 50% de la deuda total municipal. Los municipios más endeudados al 2º trimestre de 2012 son Guadalajara, Monterrey, Zapopan, Tijuana y Benito Juárez y la deuda municipal con mayor exposición se sitúa en: Tonalá, Cuernavaca, Benito Juárez, Tlaquepaque y Tlajomulco18.

En el caso municipal, se advierte que la deuda si bien no es muy extensa, pues está concentrada en pocos municipios, sí es muy intensa, dado el nivel de endeudamiento que han asumido algunos municipios cuya importancia metropolitana, regional, y nacional no se puede desconocer.

Uno de los puntos que causa mayor preocupación a las calificadoras es la proliferación de la deuda contraída por los estados y municipios con la banca comercial. Del total de la deuda a septiembre 2012, 246,103.4 mdp (60%) eran de la banca comercial, 87,953.8 mdp de la banca de desarrollo (21%) y 58,612.3 mdp (14%) de emisiones bursátiles19. En 2006, del total de la deuda el 45% era de la banca comercial y el 36% de la banca de desarrollo20.

Entre los estados deudores de la banca de desarrollo resaltan Tlaxcala, con el 100.0% de sus adeudos; Chiapas, 68.6%; Baja California, 60.6%, y Colima, 55.9%21. Los estados con menor proporción de sus deuda en manos de la banca de desarrollo son: Hidalgo (0.5%), Querétaro (1.4%), y Estado de México (3,4%)22.

Las calificadoras también han manifestado que el sobreendeudamiento no es aún un problema sistémico, sino focalizado en algunos estados con deudas muy altas. Fitch Ratings señala que el sobreendeudamiento de los gobiernos locales en México es un fenómeno aislado ya que el 63% del incremento en la deuda pública se concentra en 7 estados y los 4 casos de impago registrados en 2012 fueron municipios. Moody’s suscribe esta postura pero señala que es preocupante que la deuda de algunos estados ya esté por encima del 30% de sus ingresos.

Por su parte, el principal foco de atención del análisis para Standard and Poor´s y Moody’s se centra en el crecimiento de la deuda pública de los gobiernos locales, especialmente durante los últimos 4 años, en los que pasó de 203,100 mdp a 404,400 mdp. El crecimiento desmedido de la deuda de los estados puede deteriorar su capacidad de pago.

Tanto para Moody’s como para Fitch Ratings los financiamientos a corto plazo representan el principal riesgo para la capacidad de pago de los gobiernos locales. No están respaldados por transferencias federales y el manejo de los créditos es poco transparente. Además, resulta preocupante la tendencia a la baja en el gasto público en inversión, desde 2006, y el incremento en el gasto corriente. En este contexto, Moody’s señala que es necesario poner especial atención en la implementación de medidas de racionalización y planeación del gasto en los gobiernos estatales y municipales.

IV. Federalismo fiscal: arreglo que genera dependencia y fragilidad en las finanzas sub-nacionales.

Las crisis económicas y financieras de 1994-1995 y 2008-2009 han puesto de manifiesto las carencias del andamiaje de las finanzas públicas en México y su fragilidad a nivel estatal y municipal.

La crisis de 1994-1995 resaltó las insuficiencias del esquema de coordinación fiscal entidades federativas-federación. Las medidas tomadas significaron recursos adicionales para los estados y municipios, pero la evidencia de la falta de un marco de responsabilidad hacendaria a nivel sub-nacional quedó latente desde entonces.

De la misma manera, la crisis de 2008-2009 ha dejado en estado de alarma a los estados y municipios. Las variables financieras así lo muestran. La crisis ha acreditado la vulnerabilidad en la que se encuentran las entidades federativas ante la dependencia de la recaudación federal y las participaciones en ingresos federales y la fragilidad de sus finanzas públicas, no sólo por esta atadura, sino también por los pocos instrumentos que tienen para la responsabilidad hacendaria en el corto y largo plazo.

Es en este marco donde se debe situar y entender el problema presente de la deuda pública de las entidades federativas.

V. Crisis de deuda pública en estados y municipios: un problema multifactorial.

Es verdad que el crecimiento acelerado de la deuda pública sub-nacional en los últimos años tiene su motivación en el impacto que ha tenido la crisis de 2008-2009 en las finanzas públicas, pero también existen otros factores que explican el fenómeno.

Se debe identificar que las unidades sub-nacionales recurrieron al endeudamiento como respuesta a una necesidad, ante el impacto de la crisis económica, y porque el pacto fiscal está agotado y dependen de los ingresos trasferidos por el gobierno federal.

Deben reconocerse los abusos cometidos por algunos gobernadores y presidentes municipales que han endeudado a sus entidades por varias generaciones, sin que haya obra pública o acciones que lo justifiquen. También la falta de contrapesos reales a los Congresos Locales que impide el control adecuado y la rendición de cuentas a nivel local.

La regulación en materia de deuda pública es insuficiente e imprecisa y no existe una política de sanciones eficaz. Tener un sistema de corresponsabilidad y, en caso de irregularidad, de sanciones, es un imperativo para la regulación de las relaciones entre las instituciones de crédito y las instituciones gubernamentales.

Además, ni la Constitución ni las leyes secundarias establecen con claridad qué es inversión pública productiva, lo que ha propiciado que, la deuda sea utilizada para financiar rubros como el gasto corriente.

Los abusos de algunas instituciones de crédito que ha prestado de manera abusiva, apostando a que el gobierno federal pague las cuentas, también debe ubicarse como un hecho. La banca comercial es corresponsable en el incremento de la deuda sub-nacional, pues ha aprobado préstamos a sabiendas de que los ingresos de muchos estados y municipios no los soportarían. De la misma manera, la concentración de su cartera de créditos en algunos estados y municipios también ha sido un elemento de riesgo. Una política de reducción del riesgo, de regulación eficaz y de sanciones es importante aquí.

La falta de participación y responsabilidad de la banca de desarrollo, en especial BANOBRAS, como actor auxiliador de las entidades gubernamentales, es un factor presente.

La falta de transparencia y asimetrías de la información también es una realidad. No se mantiene informada a la ciudadanía sobre el uso del dinero público, ni se aclara en qué se van a gastar los préstamos y cómo se va a beneficiar a la comunidad. Hoy no se conoce el riesgo que toma el mercado de crédito cuando apoya vía empréstitos a las finanzas públicas de las entidades federativas y municipios, ni tampoco existe difusión sobre los criterios que usan las entidades de crédito y las calificadoras para evaluar a los estados y municipios. La información básica, como el monto de los créditos, tasas, plazos, reservas y carteras, es aún opaca. Queda por afirmarse el derecho de los ciudadanos a conocer con claridad esta información.

De la misma manera se identifica que los estados y municipios no hacen su parte generando más ingresos, recortando gastos o impulsando la inversión de acuerdo a sus atribuciones. En ese sentido, se hay que avanzar en un marco para las buenas finanzas públicas, la responsabilidad hacendaria y el equilibrio presupuestal a nivel local.

Debemos dirigirnos hacia las buenas prácticas para las finanzas públicas sub-nacionales, que indique metas y estados hacendarios responsables, y también hacia un esquema integral de corresponsabilidad de los actores involucrados que permita planes estabilización de las finanzas en el mediano plazo y en su caso reestructuraciones o correcciones.

Lograr el equilibrio presupuestal y sustentabilidad financiera en los estados y municipios, es imperativo. Por ello, se debe legislar para que en caso de otra crisis los estados y municipios no se queden solos, ni tengan que volver a endeudarse, y no caer en el impulso de querer intervenir desde el nivel federal la responsabilidad de los estados y municipios y su autonomía

Abordar estos factores, puede dar una salida de raíz al problema de la deuda y devolverle su connotación positiva, para que pueda y deba ser utilizada para la inversión que permita la infraestructura para el desarrollo y la competitividad, y en ese sentido evitar su satanización.

VI. Del equilibrio presupuestal a la sustentabilidad financiera.

Aunque la discusión sobre las reformas al pacto de coordinación fiscal pueda ser abordada en el futuro mediato, y con ello corregir la relación actual, resulta imperante y factible incidir en lo inmediato, en los cambios constitucionales y legales necesarios para que las unidades sub-nacionales pueden articular sus finanzas públicas a través de un marco de responsabilidad hacendaria y equilibrio presupuestal nacional.

Al mismo tiempo, es también importante tener un esquema para que en el mediano y largo plazo se logre la sustentabilidad financiera. Así, se irían construyendo los cimientos para tener pronto una ley general en la materia.

No puede haber finanzas públicas nacionales sanas, si no hay finanzas públicas sanas en los estados y municipios, y en México no existe un concepto nacional de equilibrio presupuestal y responsabilidad hacendaria. La ley existente es de carácter e incidencia federal y aunque todos los estados cuentan con una ley de presupuesto, sólo algunos refieren expresamente la responsabilidad hacendaria.

Se deben advertir tres etapas en el ciclo hacendario en el país.

1) responsabilidad hacendaria federal de 2006.

2) equilibrio presupuestal de todos los órdenes de gobierno que buscamos alcanzar en el futuro inmediato a partir de esta fecha, y

3) sustentabilidad financiera nacional con equidad, a lograr en los próximos años.

La Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria de 2006 de aplicación al orden federal de gobierno, ha servido para mantener el balance fiscal en las cuentas nacionales, con sus particularidades en la definición del déficit público. Sin embargo, estos criterios de balances y equilibrios presupuestales no han sido transmitidos a los tres órdenes de gobierno, porque no hay ninguna obligación o regulación para los estados y municipios. El resultado está a la vista: cuentas nacionales equilibradas y desequilibrios considerables a nivel local, que por su origen estructural pueden llegar a representar un riesgo de alcance nacional.

Fortaleza hacia afuera, debilidad hacia dentro. Esa es la imagen de las finanzas públicas en México cuando se las ve desde la responsabilidad hacendaria actual.

La fragilidad de las finanzas públicas sub-nacionales, ante la falta de incentivos e instrumentos para su adecuado desempeño, puede modificarse hoy para bien a través un marco común que indique los objetivos, parámetros y prácticas para la conducción de los elementos que lleven al equilibrio presupuestal. Por tanto, se requiere adicionar, desde la Constitución, el concepto de equilibrio presupuestal, que establece el equilibrio en las cuentas públicas y explica el estado en el que se encuentran las cuentas en el momento actual.

Además, y como evolución para la responsable dirección de las finanzas públicas nacionales, es necesario avanzar en los próximos años hacia el concepto de sustentabilidad financiera. De la misma manera, dado que no existe este concepto a nivel nacional, se requiere definir desde la Constitución. Este concepto establece la capacidad para financiar los compromisos de gasto presentes y futuros dentro de parámetros establecidos en la responsabilidad financiera y explica el estado en el que se encuentran las cuentas a lo largo del tiempo, y lo más, importante, reconociendo ciclos económicos que impactan al conjunto de la economía nacional.

La sustentabilidad financiera se refiere a la financiación equitativa para el desarrollo, donde se logra un equilibrio presupuestal en el largo plazo y a partir de las circunstancias de los ciclos económicos. En ese sentido, se reconocen períodos donde se puede tener un margen mayor para el déficit, como por ejemplo en épocas de crisis, para luego lograr la estabilización. Es en otras palabras, una responsabilidad hacendaria ampliada y con visión de largo plazo. Por ello, cuando se busca limitar la deuda pública, bajo el argumento de responsabilidad hacendaria en sentido restrictivo, lo que se puede lograr es un resultado equivocado, pues puede aparecer el control, la contracción y el encarecimiento.

Es importante mencionar que no basta con tener un simple equilibrio presupuestal cuando éste no genera o conduce a un fortalecimiento de la capacidad del estado para enfrentar sus responsabilidades para el beneficio directo a las personas. La Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria tiene mecanismos, aun incipientes, de apoyo en caso de crisis y no establece obligaciones hacia la sustentabilidad financiera. Esta ley ha sido insuficiente porque, por un lado, no es un esquema que necesariamente se replica a nivel nacional, y, por otro, porque los mecanismos de ajuste establecidos para las participaciones a las entidades federativas, ante una caída en los ingresos públicos, tienen una perspectiva reactiva, limitada y anual. En los hechos hay ocasiones en que los estados y municipios tardan varios ejercicios fiscales en recuperarse del impacto de una crisis. Hoy mismo no se han recuperado del golpe de 2009.

Por tanto, el contar con un marco común de conceptos y reglas generales no sólo para el equilibrio presupuestal, sino sobre todo para la sustentabilidad financiera, resulta imperante. Tomándolo como referencia, cada gobierno estatal, con la aprobación de su congreso, podrá establecer metas, montos, garantías, programas de ajuste, planes económicos y financieros, de manera libre y autónoma para gastar mejor, incrementar los ingresos, contraer créditos sanamente para proyectos de inversión con alto impacto social para la competitividad, en armonía con los criterios nacionales.

Siguiendo este orden de ideas, la ley de ingresos y el presupuesto de egresos de los estados y municipios, debería elaborarse con base en objetivos y parámetros cuantificables de política económica, con indicadores de desempeño, objetivos, estrategias y metas. De la misma manera, las proyecciones y los resultados de las finanzas públicas en las unidades sub-nacionales deberían abarcar periodos de mediano y largo plazo. Así la eliminación del déficit presupuestario podría programarse en el tiempo preparándonos para los ciclos económicos financieros. En el plazo mediato y en el largo, el equilibrio presupuestal podrá llegar sin forzar a raja tabla una camisa de fuerza de límites establecidos a priori, impuestos más que corresponsables.

Envueltos en un marco de sustentabilidad financiera y transparencia de la información, los actores involucrados, como lo son el gobierno federal, el congreso local, la banca de desarrollo, las instituciones de crédito y las entidades federativas, podrán trabajar juntos en un esquema de corresponsabilidad que permita planear y prevenir escenarios y que acompañe a los casos problemáticos en la reestructuración, corrección y estabilización de la armonía financiera.

La sustentabilidad financiera implica entonces corresponsabilidad en la generación de los ingresos, créditos en las mejores condiciones del mercado, con riesgos transparentes y definición transparente del destino de la deuda. Así, la entidad federativa que siga los criterios nacionales equilibrio presupuestal y sustentabilidad financiera, estará en mejores condiciones de acompañamiento de los demás actores para lograr un mejor resultado a la ciudadanía, que es la que más nos importa.

En este enfoque, lo que prevalece es el respeto a la autonomía y libertad de los estados y municipios para tomar sus decisiones particulares en materia de finanzas públicas, siguiendo las reglas generales nacionales de sustentabilidad financiera. Por tanto, de ninguna manera se propone limitar o controlar su responsabilidad en el manejo de sus variables desde el gobierno federal o el congreso.

Se trata de defender la idea de municipios y entidades federativas responsables de sus propias decisiones. Si avanzáramos en otra dirección, retrocederíamos varios años en el camino.

VII. Análisis de la Auditoría Superior de la Federación.

Para la Auditoría Superior de la Federación las causas del endeudamiento y su crecimiento vertiginoso son múltiples y, entre ellas, las de carácter estructural comprenden las siguientes:

• Elevada dependencia de los recursos de origen federal y debilidad de los ingresos obtenidos de la recaudación propia;

• Limitadas facultades y capacidades recaudatorias de los gobiernos de las entidades federativas y municipios;

• Política de gasto local con déficit presupuestario y primario crecientes;

• Regulación débil, insuficiente e imprecisa de la deuda pública; y

• Opacidad y casi nula rendición de cuentas sobre el ejercicio de los recursos obtenidos mediante financiamiento, especialmente de los municipios.

En el crecimiento de la deuda local también han influido la mayor oferta y las nuevas opciones para obtener financiamiento con garantía y fuente de pago en las participaciones fiscales, principalmente. De acuerdo al análisis realizado por la Auditoría Superior de la Federación, 2009 y 2010 son los ejercicios en los que las deudas públicas de los estados tuvieron mayor crecimiento.

La ASF ha señalado (Análisis de la Deuda Pública de las Entidades Federativas y Municipios, 2000-Marzo 2011. julio 2011), lo siguiente:

• 2009 y 2010 años fueron críticos para la deuda. la ASF señala que los años 2009 y 2010 fueron críticos para el proceso de la deuda pública estatal y municipal. La deuda conjunta adquirida entre 2009 y 2010 equivale a más de la tercera parte (35.5%) del saldo de la deuda pública local acumulado hasta 2010, así como al 54.9% del saldo registrado al cierre de 2008.

• Bajan transferencias federales y se incrementa la deuda. Al analizar la deuda en el marco del gasto federalizado total, en 2009, éste disminuyó 95.3 mmdp respecto de 2008, pero la caída se compensó con un endeudamiento de 49.1 mmdp y con 45.0 mmdp del FEIEF.

• Deuda para cubrir deuda. Se observa que algunos estados registran un superávit primario, lo cual implica que tienen déficit y lo cubren con financiamiento, o que la nueva deuda adquirida se destina a refinanciar vencimientos próximos y no se reduce el saldo acumulado.

• Deuda como porcentaje del PIB no es representativa. Aunque en el ámbito nacional el saldo de la deuda registrada al cierre de 2010 equivale a 2.5% del PIB de las entidades federativas, no es el indicador más adecuado para establecer la solvencia y la sostenibilidad del gasto y de la deuda pública.

• Factores de endeudamiento. El mayor endeudamiento aprobado por las legislaturas locales tiene varias causas, entre las que resaltan la disminución de los ingresos causada por la reciente crisis financiera internacional y el déficit público que requiere ser financiado. En el proceso de crecimiento de la deuda influyó también la ampliación de la oferta de financiamiento en la banca comercial y las oportunidades para la emisión de certificados bursátiles.

• Riesgo moral. Se debe tener en cuenta el riesgo moral de que las finanzas públicas locales no se conduzcan con prudencia, debido a que tienen la expectativa de que el Gobierno Federal -Legislativo y Ejecutivo- tendría que apoyar a los gobiernos locales con recursos en caso de que la falta de liquidez e insolvencia se materializara y se requiriera anular las graves consecuencias que se generarían a la economía del país.

• Cambios requeridos.

◦ Fortalecer los ingresos propios de los gobiernos locales, elevar la calidad del gasto y recuperar el equilibrio presupuestario.

◦ Reformar el federalismo hacendario.

◦ Regular el financiamiento y su destino.

VIII. Recomendaciones de la OCDE.

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo (OCDE) recomendó a México poner límites a los niveles de endeudamiento de los estados y municipios. Lo anterior se incluye en el documento “México: Mejores Políticas para un Desarrollo Incluyente”, mismo que forma parte de la serie “Mejores Políticas”.

Para la OCDE hay que garantizar la disciplina fiscal a nivel estatal y municipal. Menciona que la asimetría que existe entre las transferencias federales y los ingresos por impuestos propios aún puede dar lugar a restricciones presupuestales “laxas” y a riesgo moral. El gobierno federal debe promover la aplicación de reglas fiscales prudentes en el nivel sub-nacional.

Adicionalmente, la organización sostiene que la recaudación de ingresos propios de los gobiernos estatales en México es tan mala, que coloca al país entre los más bajos del índice.

Por lo anterior, la OCDE menciona que proporcionar mayor información sobre la deuda y las obligaciones contingentes de los estados y los municipios contribuiría a mejorar la transparencia y la rendición de cuentas, y a vigilar la sostenibilidad (salud) de las finanzas públicas.

Recomendaciones clave de la OCDE:

• Atender la volatilidad de la producción, mejorando aún más el marco de la política fiscal y creando fondos para amortiguar las fluctuaciones fiscales, lo que podría lograrse con grandes beneficios mediante una regla de equilibrio presupuestal estructural.

• Presentar la contabilidad gubernamental conforme a los estándares de cuentas nacionales, identificando claramente ingresos transitorios y evitando reportar operaciones de financiamiento como ingreso, para aumentar la comparabilidad y facilitar la aplicación de una regla fiscal estructural.

• Fomentar la aplicación de límites prudentes al endeudamiento a nivel estatal y municipal y colaborar con los estados para realizar la transición de los sistemas de pensiones de beneficios definidos a los de contribuciones definidas en cuentas individuales.

• Diseñar un proceso presupuestario multianual, el cual se centre en el desempeño y la eficacia del gasto y en los resultados del sector público.

• Fomentar la eficiencia del gobierno, profesionalizando el servicio público, tomando medidas para mejorar la calidad del gasto y ampliando las iniciativas de transparencia y de gobierno abierto.

• Garantizar un gasto más estratégico a través de mejores mecanismos de adquisiciones públicas, apoyándose en la planeación, la recopilación de datos con fines de evaluación y una fuerza laboral especializada en cada una de las instituciones públicas.

• Medir la satisfacción de los ciudadanos con las herramientas existentes de gobierno electrónico para impulsar un gobierno abierto, a fin de alinear mejor la oferta y la demanda y explorar las opciones para crear servicios compartidos entre distintos órdenes de gobierno.

En 2012, la OCDE señala en Getting It Right. Una Agenda Estratégica para las Reformas en México, que las finanzas públicas nacionales son sanas, pero no facilitan un flujo de financiamiento suficiente para las políticas sociales y las políticas promotoras del crecimiento.

En específico, la OCDE señala que “Cinco años han pasado desde la irrupción de la crisis económica y financiera más grande de las últimas décadas y seguimos padeciendo un escenario de alto riesgo, incluyendo el precipicio fiscal en los Estados Unidos y las agendas financieras, fiscales e institucionales no resueltas en Europa. La mayoría de los países de la OCDE sigue padeciendo los efectos negativos de la crisis, debilitados por varias de sus secuelas, como una deuda pública elevada, un crecimiento mediocre o incluso negativo, niveles de desempleo sin precedentes y sistemas bancarios frágiles. El debilitamiento de la confianza se añade a este escenario a la baja.”

IX. Marco jurídico de la deuda nacional y sub-nacional.

En materia de deuda hay que distinguir la mecánica de distribución actual de competencias de la deuda estatal y la deuda federal, así como tener especial cuidado con la soberanía estatal.

De acuerdo con el régimen federal que rige en México, las facultades que no se reserve la Federación, corresponde su ejercicio a las entidades federativas.Al respecto, en materia de deuda, el actual artículo 73 de la Constitución Federal establece:

Artículo 73. El Congreso tiene facultad:

VIII. Para dar bases sobre las cuales el Ejecutivo pueda celebrar empréstitos sobre el crédito de la Nación, para aprobar esos mismos empréstitos y para reconocer y mandar pagar la deuda nacional. Ningún empréstito podrá celebrarse sino para la ejecución de obras que directamente produzcan un incremento en los ingresos públicos, salvo los que se realicen con propósitos de regulación monetaria, las operaciones de conversión y los que se contraten durante alguna emergencia declarada por el Presidente de la República en los términos del artículo 29. Asimismo, aprobar anualmente los montos de endeudamiento que deberán incluirse en la ley de ingresos, que en su caso requiera el Gobierno del Distrito Federal y las entidades de su sector público, conforme a las bases de la ley correspondiente.

El Ejecutivo Federal informará anualmente al Congreso de la Unión sobre el ejercicio de dicha deuda a cuyo efecto el Jefe del Distrito Federal le hará llegar el informe que sobre el ejercicio de los recursos correspondientes hubiere realizado. El Jefe del Distrito Federal informará igualmente a la Asamblea de Representantes del Distrito Federal, al rendir la cuenta pública;

...

Como se observa, la Federación conserva la facultad de establecer bases para la regulación, contratación y pago de la deuda nacional, pero no se reservó facultad alguna en materia de deuda sub-nacional, salvo lo dispuesto en el artículo 117 constitucional. La Constitución, al reservarse facultades de empréstitos, también estableció prohibiciones a las entidades federativas y a los municipios. En el artículo 117, fracción VIII, de la Constitución se establece lo que no pueden hacer las entidades federativas y municipios en materia de deuda:

Artículo 117. Los Estados no pueden, en ningún caso:

I. …

VIII.Contraer directa o indirectamente obligaciones o empréstitos con gobiernos de otras naciones, con sociedades o particulares extranjeros, o cuando deban pagarse en moneda extranjera o fuera del territorio nacional.

Los Estados y los Municipios no podrán contraer obligaciones o empréstitos sino cuando se destinen a inversiones públicas productivas, inclusive los que contraigan organismos descentralizados y empresas públicas, conforme a las bases que establezcan las legislaturas en una ley y por los conceptos y hasta por los montos que las mismas fijen anualmente en los respectivos presupuestos. Los ejecutivos informarán de su ejercicio al rendir la cuenta pública.

...

Por su parte, las leyes estatales establecen de manera general que los empréstitos o créditos contratados por los gobiernos estatales o municipales deberán destinarse a inversiones públicas productivas, aunque este concepto no define sus condiciones de aplicación, es decir, es un concepto de textura demasiado abierta.

Debido a las repercusiones que tiene el exceso de endeudamiento en las finanzas públicas estatales y municipales, y a la posibilidad de insolvencia financiera, algunas legislaturas locales han dispuesto en sus leyes límites al endeudamiento, asociados en algunos casos con sus ingresos disponibles, en otros son equivalentes a un porcentaje de su presupuesto, o a las participaciones en ingresos federales. Otros límites sólo aplican a los municipios y para el financiamiento de corto plazo.

Hoy no tenemos claro cuál ha sido el impacto de esas medidas de limitación desde la sede legislativa, pero tomando en cuenta los datos actuales que evidencian el crecimiento de la deuda desde 2009, se puede inferir que no son del todo benéficos.

De acuerdo con el Instituto para el Desarrollo Técnico de las Haciendas Públicas (INDETEC), las operaciones de endeudamiento de las entidades federativas y los municipios representan actos soberanos que competen a éstos, por lo que su deuda pública es considerada deuda directa de las entidades federativas y de ninguna manera representa deuda contingente para el ejecutivo federal.

Las entidades federativas (salvo el Distrito Federal) pueden contraer empréstitos y su contratación se sujeta a la reserva de ley, a lo que dispongan sus leyes estatales.

En ese escenario, la convivencia de las facultades de la federación y de las entidades federativas debe ser una prioridad. Respetar las facultades de las entidades federativas, a la vez que se da un impulso a la contratación y administración de la deuda de manera responsable. Hoy es tiempo de impulsar, de acompañar a las entidades federativas y los municipios. No de restringir, de dejarlos solos.

X. Principios y medidas que propone esta iniciativa de ley.

Ante el diagnóstico de un modelo de relación fiscal que muestra signos de agotamiento y la evolución de las variables de las finanzas públicas sub-nacionales, en especial la deuda, después de la crisis de 2008-2009, y con el reconocimiento de conductas inadecuadas de funcionarios públicos, abusos de algunas de las instituciones de crédito, legislación insuficiente, la falta de dinamismo de la banca de desarrollo, la carencia de transparencia en la información, y finalmente la ausencia de un marco general, que lleve a las entidades federativas al equilibrio presupuestal y a la sustentabilidad financiera, con el enfoque de corresponsabilidades de los actores públicos y privados involucrados, en esta iniciativa de ley ponen de manifiesto los siguientes principios:

1. La deuda pública no debe ser satanizada. La deuda es la posibilidad de financiar proyectos que impacten el desarrollo de los estados y de los municipios del país. De no existir los empréstitos las comunidades tendrían que esperar años para concretar obras y proyectos necesarios. Por ello, la deuda debe manejarse responsablemente y sin desviarse de este objetivo.

2. La salud de las finanzas públicas del país debe ser corresponsabilidad de los tres niveles de gobierno. No hay finanzas públicas sanas nacionales si las finanzas de estados y municipios están en condiciones precarias. Deben establecerse en el texto constitucional los principios de equilibrio presupuestal y sustentabilidad financiera, como obligación de los tres niveles de gobierno, no sólo de estados y municipios. El objeto es lograr un financiamiento sano y desarrollo económico con equidad, capaz de reaccionar anticipadamente en la medida de lo posible ante los ciclos económicos nacionales e internacionales.

3. Debe respetarse la soberanía estataly la autonomía municipal. Los congresos locales deben mantener la facultad de decidir sobre los montos de financiamiento, la autorización de los proyectos y afectación de garantías. Además, el otorgamiento de garantías que comprometan ingresos (federales o locales) o patrimonio de estados y municipios en la contratación de financiamientos deberá ser autorizado por los congresos estatales, facultad que deberá acompañarse con la ejecución de programas económicos que adopten los estados y municipios en un periodo de mediano y largo plazo, para lograr el equilibrio presupuestal y sustentabilidad financiera. En ese sentido, no debe permitirse limitar las participaciones en garantías, ni que el Congreso tenga injerencia en el límite de la deuda de las entidades federativas. El respeto a la autonomía de los estados y municipios, es decir, la defensa del regionalismo y del municipalismo, es una bandera de la izquierda.

4. La deuda debe financiar el desarrollo. La deuda pública sólo podrá tener como finalidad el financiamiento de proyectos de infraestructura que permitan mejorar o ampliar la cobertura de los servicios públicos. Para el otorgamiento de los créditos deberá detallarse el destino de los recursos. Bajo ninguna modalidad podrá financiarse directa o indirectamente el gasto operativo.

5. Derecho del público a conocer la deuda. La Ley General de Contabilidad Gubernamental deberá contemplar el registro de todas las deudas que se generen a nivel federal, estatal y municipal y estará disponible al público. Dicha información contemplará tasas, plazos, montos, garantías, acreedores, mecanismos y calendario de pago, entre otros. Los bancos tendrán la obligación de reportar, a través de la CNBV, todos los créditos contratados con los tres niveles de gobierno y de los agentes que participen en su estructuración. Se impondrán sanciones a quienes no cumplan con el registro.

6. Nulidad de las operaciones que no se autoricen por los Congresos. Los créditos que consideren el otorgamiento de garantías contratados sin la autorización de los Congresos locales serán nulos y la pérdida ira en contra de la institución financiera que los otorgó. Se tomará en cuenta también la concentración de los riesgos de la banca en las entidades federativas.

7. Deberá reactivarse la banca de desarrollo como agente preferente del sector público. BANOBRAS debe hacer accesible el financiamiento a los estados y municipios que cumplan con el equilibrio presupuestal y la sustentabilidad financiera, para sus proyectos de inversión. Además, deberá auxiliar a los municipios que, por su condición de fragilidad financiera, no tengan la posibilidad de acceder a la banca comercial.

8. Derecho a que gobierno rinda cuentas de lo que se aporta vía impuestos. Se incorpora el derecho del ciudadano a exigir cuentas a sus gobernantes para que se le informe de cómo se administraron los recursos aportados al presupuesto público vía impuestos. Hoy el ciudadano tiene obligación constitucional de pagar impuestos, pero no tiene el correlativo derecho a que le rindan cuentas claras.

9. Organo nacional de coordinación financiera. Se creará la Comisión Nacional de Equilibrio Presupuestal y Sustentabilidad Financiera que estará integrada por autoridades y representantes de la federación, estados y municipios. Su finalidad será establecer criterios para una evaluación adecuada del potencial y de los riesgos y elaborará criterios y medidas para reaccionar anticipadamente ante los ciclos económicos y evaluará planes de mediano y largo plazo para reactivar el equilibrio presupuestal en estados y municipios.

10. Fortalecer las finanzas públicas de estados y municipios. En la discusión de la reforma fiscal se revisará la potestad de estados y municipios para aumentar y fortalecer sus ingresos logrando el equilibrio presupuestal y la sustentabilidad financiera.

11. Apoyo inmediato a la liquidez. BANOBRAS establecerá un plan emergente para estados y municipios con problemas de liquidez, que les permita cumplir con las obligaciones de pago de menos de 90 días, siempre que éstos presenten un programa de ajuste de sustentabilidad financiera.

12. Reestructuración de los créditos con participación de la banca. La SHCP impulsará la reestructuración de deudas que cumplan con las siguientes condiciones: haber sido autorizadas por los congresos, tener como garantías las participaciones federales, y contar con un claro destino del financiamiento. También se exigirá un plan de reequilibrio financiero a quienes pretendan la reestructuración.

13. Registro de estructuradores y gestores crediticios. Todos aquellos agentes (personas físicas o morales) que participen en cualquier operación crediticia, con pago de sus servicios, deberán estar registrados ante la CNBV. En ningún caso el costo de dichos servicios formará parte de la operación de deuda. La CNBV deberá de emitir los lineamientos dentro de los siguientes 90 días naturales posteriores a la reforma.

14. Sanciones a quienes actúen con irresponsabilidad financiera. Los funcionarios públicos que hagan un manejo indebido de los recursos federales, locales y aquellos provenientes de empréstitos, además de las sanciones penales y administrativas consideradas en la normatividad, podrán ser sujetos de juicio político.

El objetivo central de la iniciativa es construir una sustentabilidad financiera de manera corresponsable, porque si intentamos limitar el financiamiento mantendríamos, como se ha hecho en los últimos años, la fragilidad y precariedad de las finanzas públicas de estados y municipios.

No podemos continuar con un modelo que vuelva a impactar a las finanzas sub-nacionales, mucho menos apostar a una estrategia de desarrollo que dependa de variables políticas, como en el caso del Distrito Federal. Queremos gobiernos responsables, cercanos a la gente, federales, estatales y municipales, de la Ciudad de México y sus demarcaciones territoriales, que ejerciten con base en la ley los recursos que se aportan, que logren su destino para mejorar la calidad de vida, y que rindan cuentas a la ciudadanía de cada peso ejercido.

Por las razones, consideraciones y elementos de información señalados, proponemos a esta H. Asamblea la siguiente:

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN LOS ARTICULOS 25, 35, 73, 79, 89, 108, 110, 115, 116, y 117 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA DE EQUILIBRIO PRESUPUESTAL Y SUSTENTABILIDAD FINANCIERA.

ARTICULO UNICO: Se reforman y adicionan los artículos 25, 35, 73, 79, 89 108, 110, 115, 116 y 117 de la CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS para quedar como sigue:

Artículo 25. Corresponde al Estado la rectoría del desarrollo nacional para garantizar que éste sea integral y sustentable, que fortalezca la Soberanía de la Nación y su régimen democrático y que, mediante el fomento del crecimiento económico y el empleo y una más justa distribución del ingreso y la riqueza, permita el pleno ejercicio de la libertad y la dignidad de los individuos, grupos y clases sociales, cuya seguridad protege esta Constitución.

El Estado planeará, conducirá, coordinará y orientará la actividad económica nacional, y llevará al cabo la regulación y fomento de las actividades que demande el interés general en el marco de libertades que otorga esta Constitución.

El Estado procurará y garantizará el equilibrio presupuestal y la sustentabilidad financiera mediante el reconocimiento del impacto en la economía de los ciclos económicos internacionales y de los riesgos relevantes para las finanzas públicas.

Artículo 35. Son derechos del ciudadano:

I. a VIII. …

IX. Que le rindan cuenta del ejercicio responsable de los recursos que aporta para contribuir a los gastos públicos, conforme a los requisitos, condiciones y términos que determine la legislación.

Artículo 73. El Congreso tiene facultad:

I. a XXIX- Q …

XXIX-R. Para establecer las bases sobre el equilibrio presupuestal y la sustentabilidad financiera a desarrollarse en toda la República en la que concurrirán obligatoriamente en corresponsabilidad la Federación, las Entidades Federativas y los Municipios que contribuya al desarrollo económico con equidad de la Nación mediante el reconocimiento del impacto en la economía de los ciclos económicos internacionales y de los riesgos relevantes para las finanzas públicas, para lo cual se establecerán medidas de política fiscal; previsión, financiamiento y eliminación del déficit presupuestario; eficiencia del gasto; planes y periodos de ajuste en función de la expectativa de ingresos y de los criterios de política económica, y participación del Ejecutivo Federal y del Congreso de la Unión en esas medidas. Asimismo, señalará las previsiones para que el equilibrio presupuestal y la sustentabilidad financiera se incorporen al Plan Nacional de Desarrollo y los planes estatales y municipales y permitan la rendición de cuentas y la transparencia, así como las sanciones aplicables a los funcionarios que no cumplan o no hagan cumplir las disposiciones relativas, lo mismo que a todos aquellos que las infrinjan, en adición a las facultades que a cada orden de gobierno corresponde en materia de ingresos, egresos y recursos de financiamiento, contabilidad y fiscalización.

XXX. …

Artículo 79. ...

Esta entidad de fiscalización superior de la Federación tendrá a su cargo:

I. Fiscalizar en forma posterior los ingresos, egresos y empréstitos; el manejo, la custodia y la aplicación de fondos y recursos de los Poderes de la Unión y de los entes públicos federales, así como realizar auditorías sobre el desempeño en el cumplimiento de los objetivos contenidos en los programas federales, a través de los informes que se rendirán en los términos que disponga la Ley.

...

II a IV. ...

Artículo 89. ...

I. a XVI. ...

XVII. Procurar con el Congreso de la Unión por el equilibrio presupuestal y la sustentabilidad financiera, mediante el reconocimiento del impacto en la economía de los ciclos económicos internacionales y de los riesgos relevantes para las finanzas públicas.

XVIII. a XX. ...

Artículo 108. ...

Los Gobernadores de los Estados, los Diputados a las Legislaturas Locales, los Magistrados de los Tribunales Superiores de Justicia Locales y, en su caso, los miembros de los Consejos de las Judicaturas Locales, serán responsables por violaciones a esta Constitución y a las leyes federales, así como por el manejo indebido de fondos, recursos federales, locales y empréstitos.

...

Artículo 110. …

Los Gobernadores de los Estados, Diputados Locales, Magistrados de los Tribunales Superiores de Justicia Locales y, en su caso, los miembros de los Consejos de las Judicaturas Locales, sólo podrán ser sujetos de juicio político en los términos de este título por violaciones graves a esta Constitución y a las leyes federales que de ella emanen, así como por el manejo indebido de fondos, recursos federales, locales y empréstitos, pero en este caso la resolución será únicamente declarativa y se comunicará a las Legislaturas Locales para que, en ejercicio de sus atribuciones, procedan como corresponda.

Artículo 115. Los Estados adoptarán, para su régimen interior, la forma de gobierno republicano, representativo, popular, teniendo como base de su división territorial y de su organización política y administrativa el Municipio Libre, conforme a las bases siguientes:

I. …

II. Los municipios estarán investidos de personalidad jurídica y manejarán su patrimonio conforme a la ley, con equilibrio presupuestal y sustentabilidad financiera.

III. …

IV. Los municipios administrarán libremente su hacienda, la cual se formará de los rendimientos de los bienes que les pertenezcan, así como de las contribuciones y otros ingresos que las legislaturas establezcan a su favor, y en todo caso:

a) …

b) …

c) …

Las legislaturas de los Estados aprobarán las leyes de ingresos de los municipios, que incluirán, previa autorización de los ayuntamientos, los empréstitos, revisarán y fiscalizarán sus cuentas públicas, y que cumplan con el régimen de equilibrio presupuestal y sustentabilidad financiera a que se refiere el artículo 73, fracción XXIX-R de esta Constitución. Los municipios deberán rendir cuentas y trasparentar la información referida en los términos que se establezcan en las leyes correspondientes.

Artículo 116. ....

I. …

II. …

Corresponde a las legislaturas de los Estados la aprobación anual del presupuesto de egresos correspondiente. Al señalar las remuneraciones de servidores públicos deberán sujetarse a las bases previstas en el artículo 127 de esta Constitución. Los Estados cumplirán con el equilibrio presupuestal y sustentabilidad financiera a que se refiere el artículo 73, fracción XXIX-R de esta Constitución. De igual forma, deberán rendir cuentas y trasparentar la información de la deuda estatal y de sus municipios, en los términos que dispongan las leyes.

Las legislaturas de los estados contarán con entidades estatales de fiscalización, las cuales serán órganos con autonomía técnica y de gestión en el ejercicio de sus atribuciones y para decidir sobre su organización interna, funcionamiento y resoluciones, en los términos que dispongan sus leyes. La función de fiscalización se desarrollará conforme a los principios de posterioridad, anualidad, legalidad, imparcialidad y confiabilidad. Asimismo, deberán dar seguimiento, auditar y vigilar las acciones desarrolladas por los estados y municipios en materia de fondos, recursos federales, locales y empréstitos, incluyendo la fiscalización de los financiamientos con base en el proyecto y el análisis costo-beneficio que sirvió de base para su autorización y contratación, y en el incumplimiento deberá estarse a lo establecido en el artículo 110.

Artículo 117. Los Estados no pueden, en ningún caso:

I. a VII. …

VIII. Contraer directa o indirectamente obligaciones o empréstitos con gobiernos de otras naciones, con sociedades o particulares extranjeros, o cuando deban pagarse en moneda extranjera o fuera del territorio nacional.

Los Estados y los Municipios no podrán contraer obligaciones o empréstitos sino cuando se destinen a inversiones productivas, inclusive los que contraigan organismos descentralizados y empresas públicas, conforme a las bases que establezcan las legislaturas en una ley y por los conceptos y hasta por los montos que las mismas fijen anualmente en los respectivos presupuestos. Los ejecutivos informarán de su ejercicio al rendir la cuenta pública.

La inversión productiva es aquella dirigida a contribuir al mantenimiento o incremento de infraestructura social para la prestación eficiente de los servicios públicos. En ningún caso, se podrá destinar recurso alguno a gasto corriente, en caso de ser así, se estará a lo dispuesto en el artículo 110 de esta Constitución.

No se podrá limitar en forma alguna la facultad de los Estados y Municipios para financiarse siempre que atienda a los principios de equilibrio presupuestal y sustentabilidad financiera, previstos en el artículo 73, fracción XXIX-R de esta Constitución.

Los Congresos Locales, mediante las dos terceras partes de sus integrantes, deberán autorizar en las mejores condiciones la contratación de cada uno de los empréstitos, siempre que se presente el proyecto respectivo con su análisis costo-beneficio, los montos a financiar y, en su caso, el otorgamiento de garantías ya sea de ingresos federales o locales, así como las obligaciones de corto plazo o cualquier otra con independencia de su denominación, contraída por éstos o sus órganos autónomos o entidades de su sector paraestatal. En dicha autorización se deberá indicar, como mínimo, tasa, plazo, obligación de pago que se pretende contraer, monto total a pagar, calendario de pagos, fuente de garantía, mecanismos de pago, destino específico y detallado de los recursos para la realización de inversión productiva.

No se reconocerán obligaciones adquiridas con entidades bancarias, bursátiles, mercantiles o de cualquier naturaleza civil o comercial, física o moral, sin la respectiva autorización del Congreso Local.

Los Ejecutivos informarán a los Congresos Locales de la ejecución del proyecto de inversión productiva, la cartera y evolución de las obligaciones y garantías autorizadas, incluyendo los financiamientos municipales, en los términos que las leyes establezcan.

En el ejercicio de los principios de equilibrio presupuestal y sustentabilidad financiera a que se refiere el artículo artículo 73, fracción XXIX-R, los Estados y Municipios ejercerán una estrategia de mediano y largo plazo para respetar su capacidad de pago y fortalecer sus finanzas públicas. En las leyes federales y estatales se establecerán esos criterios, incluidos aquellos relativos a la corresponsabilidad obligatoria entre los distintos órdenes de gobierno.

IX. …

TRANSITORIOS

PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor a partir del día siguiente al de su publicación.

SEGUNDO.- Publíquese en el Diario Oficial Federal para su debida observancia.

TERCERO.- Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente Decreto.

CUARTO.- Los estados y municipios ajustarán sus leyes de deuda, sus códigos penales locales y demás leyes aplicables a fin de adecuar sus disposiciones a lo que se establece en el presente Decreto.

Asimismo, los Congresos locales autorizarán los planes de disciplina, ajuste y saneamiento económico-financiero en el mediano y largo plazo, en pleno respeto a las previsiones generales de este decreto previstas en el artículo 73, fracción XXIX-R.

Los Ejecutivos Locales y los ayuntamientos informarán trimestralmente de sus avances.

QUINTO.- En la presentación y discusión de la reforma hacendaria, se analizarán las modificaciones constitucionales al régimen de exención fiscal de la propiedad inmobiliaria que actualmente soportan los municipios, incluyendo al Distrito Federal, a fin de fortalecer sus potestades tributarias y sus finanzas públicas.

SEXTO.- Dentro del análisis, discusión y en su caso, aprobación, de la reforma hacendaria, se hará una revisión pormenorizada de la potestad tributaria de las entidades federativas para establecer contribuciones a la tenencia vehicular a fin de fortalecer la capacidad para contar con recursos que se destinen a la inversión en transporte público.

SEPTIMO.- Dentro del análisis, discusión y en su caso, aprobación, de la reforma hacendaria, se hará una revisión de la participación de las entidades federativas en los ingresos provenientes de los impuestos al consumo y al ingreso.

OCTAVO.- Con fundamento en el artículo 65 de la Ley de Instituciones de Crédito, aquellas entidades federativas y municipios que antes de la entrada en vigor del presente Decreto hayan realizado operaciones de crédito, autorizadas por sus congresos locales y por las que se hayan otorgado garantías, y siempre que hayan registrado el proyecto correspondiente, por las que se encuentren en impago o estimen que hay dificultad próxima para su pago o presenten o se presuman circunstancias financieras adversas o diferentes de aquellas consideradas en el momento del análisis original para su otorgamiento, podrán acceder a las modificaciones de los contratos de crédito o la reestructura que se acuerde con las instituciones de crédito con el objetivo de proteger los intereses del público, sin menoscabo de realizar el refinanciamiento conforme a las disposiciones y acuerdos con las instituciones bancarias. En corresponsabilidad, esos órdenes de gobierno deberán presentar y ejecutar, con la autorización del Congreso Local, los planes de disciplina, ajuste y saneamiento económico-financiero en el mediano y largo plazo a que se refiere el artículo cuarto transitorio del presente decreto, para alcanzar el fin de Equilibrio Presupuestal y Sustentabilidad Financiera. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores auxiliarán, supervisarán y vigilarán las acciones de reestructura de los créditos y se coordinarán con las autoridades locales para el seguimiento de los planes referidos e informarán trimestralmente al Congreso de la Unión sobre los avances alcanzados.

NOVENO.- Aquellos Estados y municipios con problemas de liquidez, podrán reconocer y registrar conforme a la normatividad aplicable, dentro de los 15 días naturales siguientes a la entrada en vigor del presente Decreto, los financiamientos de corto plazo o cualquier otra obligación de pago a 90 días, que a esa fecha, por hecho o por derecho, no se haya registrado, a fin de reconocer esas obligaciones de pago como deuda y proceder, en su caso, de acuerdo con la legislación mercantil y bancaria, a refinanciarlas. El Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos será responsable de conducir, operar y dar seguimiento el proceso de apoyo a la liquidez de esos órdenes de gobierno.

DECIMO.-La Comisión Nacional Bancaria y de Valores deberá emitir lineamientos, dentro de los 90 días naturales siguientes a la publicación del presente Decreto, a fin de registrar, autorizar y transparentar el ejercicio de aquellas personas físicas y morales que actúen como estructuradores de crédito o, en el sentido más amplio, como gestores crediticios, de entidades federativas y municipios. Dicha información se actualizará cada trimestre y será pública, incluyendo los costos percibidos por sus servicios. Además, en dichos lineamientos se establecerá la prohibición expresa de que los costos por esos servicios, directos o indirectos, expresos o tácitos, presentes o futuros, e independientemente de su denominación o formalización, se incorporen bajo concepto alguno al monto a financiar.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, a 14 de febrero de 2013.

Sen. Mario Delgado Carrillo”.

- El C. Presidente Burgos García: Muchas gracias, Senador Mario Delgado Carrillo. El proyecto de reformas constitucionales, se turna a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; y de Estudios Legislativos, Segunda.

Y por lo que hace al proyecto de reformas a diversos ordenamientos legales, se turna a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público; y de Estudios Legislativos, Primera.

1 Arturo Núñez Jiménez, Características y Antecedentes del Sistema Nacional de Coordinación Fiscal en México.

http://www.juridicas.unam.mx/publica/librev/rev/gac/cont/4/fip/fip8.pdf

2 INEGI

3 Banxico

4 SHCP

5 Criterios Generales de Política Económica 2009. SHCP.

6 Banxico

7 SHCP

8Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la H. Cámara de Diputados

9Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la H. Cámara de Diputados

10 ASF

11 Fitch

12 Fitch

13CNN Expansión, abril, 2011

14 IMCO

15 SHCP

16 Fitch

17 SHCP

18 SHCP

19 SHCP

20 ASF

21 ASF

22 ASF





 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSOS ORDENAMIENTOS LEGALES, EN MATERIA DE EQUILIBRIO PRESUPUESTAL Y SUSTENTABILIDAD FINANCIERA A CARGO DE TODOS LOS ORDENES DE GOBIERNO

(Presentada por el C. Senador Mario Delgado Carrillo, del grupo parlamentario del PRD)

“MARIO DELGADO CARRILLO,Senador integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática a la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 71, fracción II, 72, 73, fracción XXV y 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 8, numeral 1, fracción I, 163, fracción I, 164, 169, 171 y 172 del Reglamento del Senado de la República, me permito someter a consideración de esta Soberanía la presente iniciativa, misma que se presenta en conjunto con la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES CONSTITUCIONALES EN MATERIA DE EQUILIBRIO PRESUPUESTAL Y SUSTENTABILIDAD FINANCIERA A CARGO DE TODOS LOS ÓRDENES DE GOBIERNO, siendo la presente una consecuente reglamentación de las disposiciones superiores que en ella se contienen, de conformidad a la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

La presente iniciativa reglamenta las disposiciones constitucionales contenidas en la diversa CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES CONSTITUCIONALES EN MATERIA DE EQUILIBRIO PRESUPUESTAL Y SUSTENTABILIDAD FINANCIERA A CARGO DE TODOS LOS ÓRDENES DE GOBIERNO. Por medio de ambas propuestas se pretende la actualización del modelo actual de finanzas públicas de todos los órdenes de gobierno, en búsqueda, en primer lugar, del equilibrio presupuestal, y en segundo lugar y en el largo plazo de la sustentabilidad financiera, con base en el diagnóstico del agotamiento del pacto fiscal, la asimetría de información, la necesidad de que todos los actores financieros actúen en corresponsabilidad, así como la evolución de las variables de las finanzas públicas sub-nacionales, especialmente la deuda pública de entidades federativas y municipios, en atención al diagnóstico y bajo los principios y medidas descritos a plenitud en el referido instrumento legislativo.

En esta iniciativa de ley se proponen las siguientes medidas puntuales en los rubros que se indican:

En materia de transparencia y asimetrías de la información en materia de finanzas públicas y en el mercado de crédito

1. Derecho constitucional a la rendición de cuentas del gasto público.

2. Un Registro Nacional de la Deuda, a cargo de SHCP con información de la federación, Estados y municipios, con base en los criterios que ya se contienen en la ley general de contabilidad gubernamental. Asimismo, se incorporará la información de los créditos otorgados por los bancos y los agentes estructuradores.

3. Informe de la banca a la CNBV sobre los créditos a cualquier plazo y tasas, otorgados a los estados y municipios, en formato homologado. no se podrá oponer secreto bancario para el reporte permanente de esta información.

4. Los bancos deberán verificar para otorgar créditos que los estados y municipios cuenten con la autorización de los Congresos locales para su contratación.

5. Los estados y municipios deben hacer pública la fuente de pago del crédito contratado y las condiciones de contratación: tasa, plazo, calendario de pagos, entre otros.

En materia de sustentabilidad financiera se proponen medidas en sus componentes de ingresos, gastos, deuda, inversión productiva y banca de desarrollo

6. Respetar y mantener la autonomía presupuestaria de los estados y municipios.

7. Proponer un concepto más demarcado de inversión productiva.

8. Congresos locales autoricen todo tipo de deuda, los montos, proyectos y garantías de estados y municipios y no reconocer créditos que no sean por ellos autorizados.

9. Prohibir que la deuda se destine a gasto corriente.

10. Los estados y municipios deben garantizar, de inicio en la autorización del congreso, que los empréstitos se destinarán a inversión productiva.

11. Definir el destino de los créditos y que esa información sirva para su fiscalización.

12. La Auditoría Superior de la Federación fiscalizará ingresos, egresos y empréstitos de todos los órdenes de gobierno.

13. Incentivar y facilitar los mecanismos de mercado, incluyendo los bonos de deuda, para la inversión a largo plazo.

14. Incentivar el otorgamiento de créditos por parte de la banca de desarrollo a municipios que cumplan con los principios de equilibrio presupuestal y sustentabilidad financiera.

15. Lograr que los estados y municipios que hoy no tienen acceso al crédito, lo tengan y alcancen mejores condiciones en su contratación con el apoyo de la banca de desarrollo

16. Impulsar que BANOBRAS sea el estructurador y agente financiero preferente de estados y municipios.

En materia de corresponsabilidad de los actores involucrados se propone un esquema integral que permita planear y prevenir escenarios, y presente rutas de acompañamiento

17. Obligar, mediante ley, a todos los órdenes de gobierno al equilibrio presupuestal y sustentabilidad financiera. El equilibrio presupuestal busca la armonía en las cuentas públicas, mientras que la sustentabilidad financiera busca la capacidad de financiar los compromisos de gasto presentes y futuros dentro del margen de la propia responsabilidad financiera. Hay que reconocer ciclos, ejecutar planes económicos financieros y atender casos excepcionales, incluso los motivados por causas de fuerza mayor.

18. Contar con una Comisión Nacional de Equilibrio Presupuestal y Sustentabilidad Financiera en el que participen corresponsablemente la federación, estados y municipios para alcanzar los fines de la responsabilidad financiera, en plena cooperación y con ánimo de alcanzar todos el equilibrio y reconociendo el impacto que tienen los ciclos económicos nacionales e internacionales en la economía del país.

19. Los estados y municipios deberán ejecutar un plan de reequilibrio presupuestal de mediano y largo plazo.

20. Que el Congreso de la Unión pueda dar seguimiento a la ejecución del plan y podrá ser revisado permanentemente para realizar ajustes en caso de ser necesario. De manera corresponsable, el Ejecutivo Federal procurará los principios de equilibrio presupuestal y sustentabilidad financiera. Como autoridades federales, deberán estar atentos a los ciclos económicos.

21. Revisar la potestad tributaria de los municipios para que puedan tener mayores ingresos por el impuesto predial, tenencia vehicular y participar de los ingresos federales con el objeto de fortalecer sus finanzas públicas.

22. Prever mecanismos para atender los problemas de liquidez de los estados y municipios y en corresponsabilidad ejecutar el plan de reequilibrio.

23. Acudir a la normatividad bancaria a fin de reestructurar en debido orden aquellos créditos que a la fecha, no sean sostenibles o se prevea que en futuro inmediato existe riesgo de impago, proceso al que se le dará seguimiento a través de la autoridad competente. Habrá, en corresponsabilidad, exigencia de un plan de reequilibrio financiero.

En materia de responsabilidades y sanciones ante deficiencias en el cumplimiento normativo y/o irregularidades

24. Hacer corresponsable a los consejos de administración de las instituciones financieras del otorgamiento de créditos a gobierno.

25. Los bancos deberán tener especial cuidado para identificar a todas las entidades de la Administración Pública local y municipal para considerarlas un solo sujeto de crédito y evitar abusos de entidades que se endeudan de más, a través de organismos paraestatales ad hoc.

26. Anular las operaciones que se otorguen indebidamente a estados y municipios y las pérdidas resultantes que las absorba directamente el banco y nunca el contribuyente, a través del IPAB.

27. Sanciones en el código penal a representantes gubernamentales y de los bancos que falseen u oculten información para la contratación de créditos; a los que no paguen un empréstito sin causa justificada; a quienes no reestructuren el crédito para no caer en condiciones de impago. Serán corresponsables de estas acciones ilegales los representantes de las instituciones de crédito.

28. Juicio político a funcionarios públicos que abusen de su capacidad de endeudamiento o contraten créditos de manera ilegal.

Por las razones, consideraciones y elementos de información señalados, proponemos a esta H. Asamblea la siguiente:

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN LOS ARTICULOS 4, 43 BIS, 43 TER Y 85 DE LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL; 5º DE LA LEY GENERAL DE DEUDA PUBLICA; 16 Y 16 BIS DE LA LEY DE COORDINACION FISCAL; 73, 73 BIS, 97, 106, 106 BIS y 117 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO; 10 BIS DE LA LEY PARA LA TRANSPARENCIA Y ORDENAMIENTO DE LOS SERVICIOS FINANCIEROS; 31 DE LA LEY ORGANICA DE LA ADMINISTRACION PUBLICA FEDERAL; 3 Y 6 DE LA LEY ORGANICADEL BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS y 217 DEL CODIGO PENAL FEDERAL; EN MATERIA DE EQUILIBRIO PRESUPUESTAL Y SUSTENTABILIDAD FINANCIERA.

ARTICULO PRIMERO: Se reforman los artículos 4º, recorriéndose algunas de sus fracciones y 85, y se adiciona un CAPITULO IV Del Registro Nacional de Deuda al TITULO TERCERO de la Contabilidad Gubernamental, que contempla los artículos 43 Bis y 43 Ter de la LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL para quedar como sigue:

Artículo 4.- Para efectos de esta Ley se entenderá por:

I a la XXVII. ...

XXVIII. Registro Nacional: Registro Nacional de Deuda que estará a cargo de la Secretaría de Hacienda y que contendrá información de la deuda de la federación, entidades federativas, municipios, y en todos los casos de sus órganos autónomos y del sector paraestatal, la que proporcione la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, en términos del artículo 106 BIS de la Ley de Instituciones de Crédito y aquella vinculada con las personas físicas y morales que actúen como estructuradores de crédito definidos en los lineamientos que emita la citada Comisión.

XXIX. Secretaría de Hacienda: la Secretaría de Hacienda y Crédito Público del Gobierno Federal;

XXX. Sistema: el sistema de contabilidad gubernamental que cada ente público utiliza como instrumento de la administración financiera gubernamental.

TITULO TERCERO

De la Contabilidad Gubernamental

CAPITULO IV

Del Registro Nacional de Deuda

Artículo 43 Bis.- La Secretaría de Hacienda deberá establecer y mantener actualizado el Registro Nacional. A fin de facilitar el acceso a su información, desarrollará un sistema o portal único que permita al público libremente acceder a toda la información generada. Asimismo, se encargará de supervisar que los estados, municipios y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores entreguen la información en la forma y términos establecidos en los lineamientos que para tal efecto se emitan, En caso de incumplimiento de cualquiera de los sujetos referidos se estará a lo dispuesto en el Título Sexto de esta ley.

Las secretarías de finanzas o equivalentes en los Estados serán responsables de concentrar, procesar y remitir a la Secretaría de Hacienda, la información de deuda de la entidad federativa y de sus municipios.

La Comisión Nacional Bancaria y de Valores será responsable de concentrar, procesar y remitir a la Secretaría de Hacienda, la información referida en el último párrafo del artículo 106 BIS de la Ley de Instituciones de Crédito, así como la vinculada con las personas físicas y morales que actúen como estructuradores de crédito definidos en los lineamientos que emita la citada Comisión.

Artículo 43 Ter.- Toda la información del Registro Nacional será pública, por lo que no se podrá oponer secreto bancario, fiduciario, bursátil o cualquier otro para su difusión, y contendrá, cuando menos los conceptos, partidas y rubros que se señalan en el artículo 61, fracción I, inciso b) de esta Ley y se actualizará con la periodicidad que refieren los artículos 51 y 56 del presente ordenamiento.

El Consejo aprobará los formatos estandarizados a través de los cuales deberá entregarse la información y establecerá los lineamientos generales que permitan al público su adecuada y eficiente consulta, y podrá coordinarse con la Comisión Nacional Bancaria y de Valores a fin de establecer mecanismos para mejorar la calidad, la oportunidad y la confiabilidad de la información reportada.

Artículo 85.- Se sancionará administrativamente a los servidores públicos en los términos de la legislación en materia de responsabilidades administrativas aplicables en cualquiera de los siguientes supuestos:

I. Cuando omitan realizar los registros de la contabilidad y de la deuda de los entes públicos, así como la difusión de la información financiera en los términos a que se refiere la presente Ley;

II. a V. ...

ARTICULO SEGUNDO: Se reforma el artículo 5º de la LEY GENERAL DE DEUDA PÚBLICA para quedar como sigue:

Artículo 5º.- La Secretaría de Hacienda y Crédito Público tendrá además las siguientes facultades:

I. a IV. …

V.- Llevar el registro de la deuda del sector público federal y del Distrito Federal, en los términos que señala la Ley General de Contabilidad Gubernamental.

ARTICULO TERCERO: Se reforma el artículo 16 y se adiciona el artículo 16 BIS de la LEY DE COORDINACION FISCAL para quedar como sigue:

Artículo 16.- El Gobierno Federal, por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y los gobiernos de las entidades, por medio de su órgano hacendario, participarán en el desarrollo, vigilancia y perfeccionamiento del Sistema Nacional de Coordinación Fiscal, a través de:

I.- La Comisión Nacional de Equilibrio Presupuestal y Sustentabilidad Financiera.

II. La Reunión Nacional de Funcionarios Fiscales.

III.- La Comisión Permanente de Funcionarios Fiscales.

IV.- El Instituto para el Desarrollo Técnico de las Haciendas Públicas (INDETEC).

V.- La Junta de Coordinación Fiscal.

Artículo 16 Bis. Se crea la Comisión Nacional de Equilibrio Presupuestal y Sustentabilidad Financiera como órgano de coordinación institucional entre la Federación, las Entidades Federativas y los municipios cuyo objeto es emitir directrices para que los órdenes de gobierno responsables cumplan con los principios previstos en el artículo 73, fracción XXIX-R de la Constitución, que estará integrada por:

I. El titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que lo presidirá;

II. El titular de la Subsecretaría de Ingresos,

III. El Gobernador del Banco de México.

IV. El titular de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.

V. El titular de la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, 

VI. El titular de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro,

VII. El titular del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario;

VIII. El titular del Banco Nacional de Obras y Servicios.

IX. Representantes de seis entidades federativas, mismas que estarán representadas por las que entre ellas al efecto elijan, las cuales actuarán a través del titular de su órgano hacendario;

X. Representantes de tres municipios, mismos que estarán representados por las que entre ellas al efecto elijan, las cuales actuarán a través del titular de su órgano hacendario;

XI. El titular de la Auditoría Superior de la Federación, quien concurrirá con voz y sin voto.

Serán facultades de la Comisión Nacional de Equilibrio Presupuestal y Sustentabilidad Financiera:

I. Elaborar reportes periódicos que permitan identificar y, en su caso, reaccionar anticipadamente a los ciclos económicos internacionales y futuras crisis financieras.

II. Elaborar informes anuales que evalúen el impacto de los ciclos económicos nacionales e internacionales en la economía y los riesgos relevantes en las finanzas y hacerlos llegar al Congreso de la Unión y a los Congresos Estatales con anterioridad suficiente a la discusión y aprobación de los presupuestos de ingresos y de egresos respectivos.

III. Comunicar y proponer directrices en materia inversión productiva con carácter indicativo a las autoridades competentes de los órdenes de gobierno.

IV. Proponer a los órdenes de gobierno esquemas de financiamiento a largo plazo, a través de los instrumentos del mercado de valores u otros, que incrementen la inversión productiva, incluyendo la emisión de bonos de deuda.

V. Proponer los mecanismos de acompañamiento y corresponsabilidad que deberá impulsar la Federación, para el fortalecimiento de las finanzas de los estados y municipios y aquellos que corresponda a esos órdenes de gobierno.

VI. Evaluar los planes económicos-financieros de mediano y largo plazo a cargo de estados y municipios que permitan la corrección de las desviaciones detectadas en el equilibrio presupuestal y sustentabilidad financiera y comunicarlos a las autoridades estatales y municipales correspondientes para que determinen las medidas correspondientes a seguir.

VII. Las demás que sean necesarias para el cumplimiento de sus fines.

ARTICULO CUARTO: Se reforman y adicionan los artículos 73, 73 BIS, 97, 106, 106 BIS y 117 de la LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO para quedar como sigue:

Artículo 73.-

(…)

VII. ...

Asimismo, se considerará una operación con personas relacionadas aquélla que se realice a través de cualquier persona o fideicomiso, cuando la contraparte y fuente de pago de dicha operación dependa de una de las personas relacionadas a que se refiere este artículo. Cuando se celebren operaciones crediticias con entidades federativas y municipios, las instituciones deberán tener especial cuidado en verificar los antecedentes crediticios de sus órganos autónomos o entidades del sector paraestatal y considerarlos como una sola entidad para los fines de calificación, reservas, garantías y demás conducentes, según lo dispuesto en esta Ley y los lineamientos de la Comisión.

Artículo 73 Bis.- ...

Las operaciones con personas relacionadas cuyo importe en su conjunto no exceda de dos millones de Unidades de Inversión o el uno por ciento de la parte básica del capital neto de la institución, el que sea mayor, a otorgarse en favor de una misma persona física o moral o grupo de personas físicas o morales que por sus nexos patrimoniales o de responsabilidad, constituyan riesgos comunes para una institución de crédito, no requerirán de la aprobación del consejo de administración, sin embargo, deberán hacerse de su conocimiento y poner a su disposición toda la información relativa a las mismas. La aprobación del Consejo de Administración es inexcusable en el supuesto de operaciones a que se refiere el artículo 73, tercer párrafo de esta Ley.

El consejo de administración de las instituciones podrá delegar sus facultades a un comité de consejeros, cuya función será exclusivamente la aprobación de operaciones con personas relacionadas, en aquellas operaciones donde el importe no exceda de seis millones de Unidades de Inversión o el cinco por ciento de la parte básica del capital neto. Dicho comité se integrará por un mínimo de cuatro y un máximo de siete consejeros, de los cuales, por lo menos, una tercera parte deberán ser consejeros independientes, en términos de lo dispuesto en el artículo 22 de la presente Ley. La delegación no será aplicable a las operaciones a que se refiere el artículo 73, tercer párrafo de esta Ley.

...

...

...

...

No se considerarán operaciones con personas relacionadas, las celebradas con:

a) El Instituto para la Protección al Ahorro Bancario;

b) ...

Artículo 97.- Las instituciones de crédito deberán presentar la información y documentación que, en el ámbito de sus respectivas competencias, tengan obligación por ley de entregar o les soliciten la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el Banco de México, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros y el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario, dentro de los plazos y a través de los medios que las mismas establezcan.

...

La información a que se refiere este artículo sólo podrá solicitarse y proporcionarse o entregarse para cumplir una obligación legal, en ejercicio de las atribuciones conferidas conforme a las disposiciones aplicables.

Artículo 106.- A las instituciones de crédito les estará prohibido:

I. ... a la XVI.

XVII. Otorgar créditos o préstamos con garantía de:

a) ...

b) ...

c) ....

...

Queda prohibido otorgar créditos a entidades federativas y municipios que no hayan recibido autorización del proyecto o del monto a financiar o que otorguen garantía sin la debida autorización de sus Congresos Locales, en términos de las disposiciones jurídicas aplicables.

XVIII a XXI. …

Artículo 106 Bis.- Los actos jurídicos que se celebren en contravención a lo establecido por esta Ley o por las disposiciones que de ella emanen, así como a las condiciones que, en lo particular, se señalen en las autorizaciones que se emitan para que se organicen y operen instituciones de banca múltiple con tal carácter y en los demás actos administrativos, darán lugar a la imposición de las sanciones administrativas y penales que correspondan, sin que dichas contravenciones produzcan la nulidad de los actos, en protección de terceros de buena fe, salvo los actos u operaciones realizados con el gobierno federal, las entidades federativas o los municipios, y en esos casos también con sus órganos autónomos o entidades del sector paraestatal, cuando no hayan recibido autorización del proyecto o del monto a financiar o que otorguen garantía sin la debida autorización de sus Congresos Locales, en términos de las disposiciones jurídicas aplicables, o aquellos en los que esta Ley establezca expresamente lo contrario.

Queda prohibido transferir, compensar o registrar las pérdidas que resulten por dichos actos u operaciones, quedando las instituciones obligadas a absorberlas conforme a lo dispuesto en la Ley.

Todas las instituciones de crédito quedan obligadas a informar periódicamente a la Comisión de las operaciones crediticias que celebren con Federación, Entidades Federativas y municipios, incluidos sus órganos autónomos y entidades del sector paraestatal, de conformidad con los lineamientos que determine la propia Comisión.

Artículo 117.- ...

...

...

I. a la IX. ...

...

...

...

...

...

Tampoco existirá violación al secreto a que se refiere este artículo, tratándose de la entrega de la información referida en el último párrafo del artículo 106 Bis de la presente Ley.

Los documentos y los datos que proporcionen las instituciones de crédito como consecuencia de las excepciones al primer párrafo del presente artículo, sólo podrán ser utilizados en las actuaciones que correspondan en términos de ley y, respecto de aquéllos, se deberá observar la más estricta confidencialidad, aun cuando el servidor público de que se trate se separe del servicio. Al servidor público que indebidamente quebrante la reserva de las actuaciones, proporcione copia de las mismas o de los documentos con ellas relacionados, o que de cualquier otra forma revele información en ellos contenida, quedará sujeto a las responsabilidades administrativas, civiles o penales correspondientes.

Las instituciones de crédito deberán dar contestación a los requerimientos que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores les formule en virtud de las peticiones de las autoridades indicadas en este artículo, dentro de los plazos que la misma determine. La propia Comisión podrá sancionar a las instituciones de crédito que no cumplan con los plazos y condiciones que se establezca, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 108 al 110 de la presente Ley.

La Comisión emitirá disposiciones de carácter general en las que establezca los requisitos que deberán reunir las solicitudes o requerimientos de información que formulen las autoridades a que se refieren las fracciones I a IX de este artículo, a efecto de que las instituciones de crédito requeridas estén en aptitud de identificar, localizar y aportar las noticias o información solicitadas.

ARTICULO QUINTO: Se reforma el artículo 10 bis de la LEY PARA LA TRANSPARENCIA Y ORDENAMIENTO DE LOS SERVICIOS FINANCIEROS, para quedar como sigue:

Artículo 10 Bis. Las Entidades que otorguen créditos, préstamo o financiamiento de cualquier tipo, incluidos los masivamente celebrados a personas incapaces por minoría de edad en términos de la legislación común y a entidades federativas y municipios, incluidos sus órganos autónomos y entidades de su sector paraestatal cuando con esas operaciones se ponga en riesgo su capacidad de pago, independientemente de la nulidad de dichos actos, se harán acreedoras a las sanciones que establece la presente Ley.

ARTICULO SEXTO: Se reforma el artículo 31 de la LEY ORGAANICA DE LA ADMINISTRACION PUBLICA FEDERAL para quedar como sigue;

Artículo 31.- A la Secretaría de Hacienda y Crédito Público corresponde el despacho de los siguientes asuntos:

I. a IV. …

V.- Manejar la deuda pública de la federación y del Gobierno del Distrito Federal; así como registrarla conforme a las previsiones de las leyes aplicables.

VI. a XXXIV. …

ARTICULO SEPTIMO: Se reforman los artículos 3º y 6º de la LEY ORGANICA DEL BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS para quedar como sigue:

Artículo 3o.- El Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, como institución de banca de desarrollo, tendrá́ por objeto financiar o refinanciar proyectos de inversión pública o privada en infraestructura y servicios públicos, así́ como coadyuvar al fortalecimiento institucional de los gobiernos Federal, estatales y municipales, con el propósito de contribuir al desarrollo sustentable del país. Asimismo, impulsará esquemas de financiamiento y otorgamiento de líneas de crédito flexibles a entidades federativas y municipios que actúen con equilibrio presupuestal y sustentabilidad financiera, en términos de las disposiciones jurídicas aplicables. 

Articulo 6º .- …

I. a VII. …

VIII. Otorgar financiamiento competitivo a las entidades federativas y municipios que cumplan con el principio de equilibrio presupuestal y sustentabilidad financiera establecida en el artículo 73, fracción XXIX-R constitucional, a fin de mejorar la infraestructura o realizar una prestación eficiente de los servicios públicos. Para lo anterior, en los casos conducentes, previo registro del proyecto de inversión productiva ante la autoridad competente, acompañado de sus análisis costo-beneficio, tomará en cuenta las variables de reducción del gasto corriente y de incremento de ingresos, el cumplimiento de metas y objetivos de conformidad con el presupuesto basado en resultados, el contar con situación fiscal regular en el pago de contribuciones a las que estén obligados,entre otros aspectos que contribuyan al equilibrio presupuestal y sustentabilidad financiera.

El Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos apoyará a aquellos municipios que por sus actuales características, circunstancias y condiciones financieras limitadas no puedan cumplir con las variables anteriores, así como los requisitos de situaciones financiera, auditoría externa, calificaciones previas y demás establecidos por las instituciones financieras para ser sujetos crediticios.

ARTICULO OCTAVO: Se reforman las fracciones I, inciso D) y III del artículo 217 del CODIGO PENAL FEDERAL, para quedar como sigue:

Artículo 217.- Comete el delito de uso indebido de atribuciones y facultades:

I.- ...

A) ...

B) ...

C) ...

D) Otorgue, realice o contrate obras públicas, deuda, adquisiciones, arrendamientos, enajenaciones de bienes o servicios, o colocaciones de fondos y valores con recursos económicos públicos. Se entiende que el servidor público otorga, realiza o contrata indebidamente deuda cuando formalice operaciones de crédito que de acuerdo a las mejores prácticas financieras, en el momento de la suscripción o en tiempo posterior, pueden causar en el mediano o largo plazo un desequilibrio a las finanzas públicas o causen un daño o perjuicio estimable en dinero a la Hacienda Pública o bien se abstenga dolosamente de difundir, revelar o poner a disposición del público o de quienes participen directa o indirectamente en una gestión de operación crediticia, información disponible y relevante que sea necesaria para la toma de decisiones financieras. También se incluye a quienes con el propósito de obtener un crédito, proporcionen a una institución financiera datos falsos sobre la situación financiera de una institución o entidad. También al servidor público que teniendo obligación de pagar un crédito no pague y como consecuencia resulte un perjuicio a la hacienda pública.

II.- ...

III.- El servidor público que teniendo a su cargo fondos públicos, cuentas, inversiones, les dé a sabiendas, una aplicación pública distinta de aquella a que estuvieren destinados o hiciere un pago ilegal.

También al servidor público que, aunque no haya formalizado las operaciones de crédito y tenga conocimiento de que las finanzas públicas presentan un desequilibrio y aquellas pueden causar o ya lo hayan causado un daño o perjuicio estimable en dinero a la Hacienda Pública, de acuerdo a los informes, reportes o auditorías de la autoridad fiscalizadora correspondiente, no realice las acciones para reestructurar dichos créditos y las operaciones de pago o bien realice pagos a pesar de que el mismo aumente el desequilibrio de las finanzas públicas.

Serán responsables solidarios, y serán sancionados con las mismas penas previstas en este artículo, aquellos funcionarios, empleados o comisionistas de terceros intermediarios o de estructuradores, despachos, agentes financieros o cualquier otro que participe directa o indirectamente en la solicitud y/o trámite para el otorgamiento del crédito, y conozcan la falsedad de los datos sobre la situación financiera del acreditado, o que directa o indirectamente alteren o sustituyan la información mencionada, para ocultar los datos reales sobre dicha situación. También se equipara a los consejeros, funcionarios, empleados de una institución de crédito o quienes intervengan directamente en la autorización o realización de operaciones, a sabiendas de que éstas darían como resultado o fueron causante directo de uno o más de los efectos a que se refiere la fracción I de este artículo.

Lo anterior, con independencia del fincamiento de la responsabilidad de orden civil o administrativa que corresponda.

En los supuestos a que se refieren las fracciones I, inciso d) y III de este artículo, los servidores públicos no se considerarán responsables cuando hayan optado por la alternativa más adecuada, a su leal saber y entender, o los posibles efectos no hayan sido previsibles, en ambos casos, con base en la información disponible al momento de la decisión, así como cuando sean causahabientes del pago y hayan iniciado o esté en trámite el proceso de reestructura o el pago sea excusable debido a una obligación preferente de interés general u orden público o por orden de autoridad judicial.

Al que cometa el delito a que se refiere el presente artículo, se le impondrán de seis meses a doce años de prisión, de cien a trescientos días multa, y destitución e inhabilitación de seis meses a doce años para desempeñar otro empleo, cargo o comisión públicos.

TRANSITORIOS

PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor a partir del día siguiente al de su publicación.

SEGUNDO.- Publíquese en el Diario Oficial Federal para su debida observancia.

TERCERO.- Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente Decreto.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, a 14 de febrero de 2013.

Sen. Mario Delgado Carrillo”.

Compañeros Senadores, informo a ustedes que el dictamen de las Comisiones Unidas Para la Igualdad de Género; y de Estudios Legislativos, Primera, en materia de lactancia, inscrito para su primera lectura en la sesión de hoy, se retiró del Orden del Día por no haberse entregado debidamente firmada.

Pasamos ahora a la discusión de un dictamen de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, con punto de Acuerdo por el que se aprueba el nombramiento del ciudadano Javier Eduardo Guzmán Calafell, como miembro de la Junta de Gobierno del Banco de México.

Pido a la Secretaría dé lectura al dictamen.





 

NOMBRAMIENTO COMO MIEMBRO DE LA JUNTA DE GOBIERNO DEL BANCO DE MEXICO

(Dictamen a discusión)

- La C. Secretaria Lilia Guadalupe Merodio Reza: Doy lectura al dictamen.

“COMISION DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

H. ASAMBLEA:

Con fecha 26 de diciembre de 2012, fue turnado a laComisiónde Hacienda y Crédito Público, el oficio suscrito por el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, Lic. Enrique Peña Nieto, mediante el cual somete a la aprobación de la Cámara de Senadores, en los términos de los artículos 28, séptimo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y38de la Ley del Banco de México, la propuesta del C. Javier Eduardo Guzmán Calafell, como miembro de la Junta de Gobierno del Banco de México.

Esta Comisión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 28, séptimo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 38 , 39, 40 y 41 de la Ley del Banco de México; 113, 117, 174, 177, párrafo 2;229, 230, fracción III;232, 239, párrafo1, inciso ll;241, 242, 243 y 245 del Reglamento del Senado de la República, se abocó al análisis de la propuesta antes señalada, y conforme a las deliberaciones que del mismo realizaron sus integrantes reunidos en Pleno, presentan a la consideración de esta Honorable Asamblea, el presente:

DICTAMEN

I. ANTECEDENTES

1. Con fecha 20 de diciembre de 2012, el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, Lic. Enrique Peña Nieto, presentó oficio mediante el cual somete a la aprobación de la Cámara de Senadores, en los términos de los artículos 28, séptimo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 38 de la Ley del Banco de México, la propuesta del ciudadano Javier Eduardo Guzmán Calafell, como miembro de la Junta de Gobierno del Banco de México.

2. Mediante Oficio No. DGPL– 1P1A.-4114, de fecha 26 de diciembre de 2012, la Mesa Directiva delSenado de la República, turnó la propuesta antes citada a laComisiónde Hacienda y Crédito Público, para su estudio y dictamen correspondiente.

3. En sesión ordinaria, los CC. Senadores integrantes de la Comisión deHacienda y Crédito Público,realizaron diversos trabajos a efecto de revisar el contenido de la citada propuesta, expresar sus observaciones y comentarios a las mismas, e integrar el presente dictamen.

II. ANALISIS DE LA PROPUESTA DE NOMBRAMIENTO

En la propuesta del Ejecutivo Federal, materia del presente dictamen, se expone entre otros aspectos, lo siguiente:

El Banco de México nació en 1925 como sociedad mercantil de participación mayoritaria del Gobierno Federal, en 1982 se transformó en un organismo público descentralizado de la Administración Pública Federal y a partir de 1993, su configuración corresponde a la de un organismo dotado de autonomía constitucional para el ejercicio de sus funciones.

La autonomía del banco central, descansa en una autogestión desvinculada de toda influencia o presión proveniente de los Poderes del Estado, comprendiendo el manejo independiente de la política monetaria, la gestión propia y su autonomía presupuestal.

El Banco de México tiene como finalidad principal, proveer a la economía mexicana de circulante para facilitar las transacciones diarias y como objetivo prioritario procurar la estabilidad del poder adquisitivo de la moneda y el abatimiento de la inflación. Además, otras dos finalidades del organismo son promover el desarrollo del sistema financiero, así como propiciar el correcto funcionamiento de los sistemas de pago; finalidades todas, íntimamente ligadas para consolidar una economía sana y eficiente.

Derivado de lo anterior, se comenta que en atención a las altas finalidades encomendadas a la institución, resulta indispensable que los integrantes de la Junta de Gobierno del Banco de México, sean personas con reconocida competencia en materia monetaria y que hayan ocupado cargos de alto nivel en el sistema financiero mexicano o en las dependencias, organismos o instituciones que ejerzan funciones de autoridad en materia financiera, entre otros requisitos.

Como es de su conocimiento, el pasado 31 de diciembre de 2012, concluyó el periodo del C. Guillermo Güemez García, como miembro de la Junta de Gobierno del Banco de México, lo que hace necesario que una vez más, bajo un mecanismo de colaboración, los Poderes Ejecutivo y Legislativo determinen la integración de la instancia superior de decisión del Banco Central, por lo que se pone a consideraciónde este H. Senado de la República, lapropuesta de nombramiento.

III. CONSIDERACIONES DE LA COMISION

PRIMERA. De conformidad en lo dispuesto por los artículos 28, séptimo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 38, 39, 40 y 41 de la Ley del Banco de México; 113, 117, 174, 177, párrafo 2; 229, 230, fracción III;232, 239, párrafo1, inciso ll;241, 242, 243 y 245 del Reglamento del Senado de la República, esta Comisión resulta competente para dictaminar la propuesta de nombramiento descrita en el apartado de antecedentes del presente instrumento.

SEGUNDA. Esta ComisiónDictaminadoraestimónecesario prestaratención al presente nombramiento, en virtud de que la Institución a la que es propuesto, tiene comoobjetivo prioritario el deprocurar la estabilidad del poder adquisitivo de la moneda nacional, así como promover el sano desarrollo del sistema financiero y propiciar el buen funcionamiento de los sistemas de pagos.

TERCERA. Esta Comisión que Dictamina, realizó un exhaustivo análisis del expediente personal del ciudadano Javier Eduardo Guzmán Calafell, a efecto de verificar que la designación para sermiembro de la Junta de Gobierno del Banco de México, cumplacon los requisitos que señala elartículo 39, del cual sedesprende que reúne elrequisito de nacionalidad, edad requeriday que a la fecha se encuentra en pleno goce de sus derechos civiles y políticos.

La formación académica: es Licenciado en Economía, con mención honorífica enla Universidad Nacional Autónoma de México, 1973-1976, graduadocomo el mejor estudiante de la generación; Maestría en Economía, en la Universidad de Lovaina, Bélgica, 1977-1979, graduado con distinción; Maestría en Economía, en la Universidad de Yale, 1979-1980,graduadocon el mejor promedio.

En el ámbito académico, el C. Javier Eduardo Guzmán Calafell, se ha desempeñado como Profesor de Economía y Finanzas Internacionales, y en las Maestrías de Economía Administrativa y en Administración de Empresas, en el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, Campus Ciudad de México.

En su desarrollo profesional desde 2010 a la fecha, fungió comoDirector General del Centro de Estudios Monetarios Latinoamericanos; se ha desempeñadoen elFondo Monetario Internacional, comoAsesor, Director Ejecutivo Alterno y Director Ejecutivo por: Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, España y Venezuela; y en elBanco de México, como Director de Relaciones Externas y Director de Asuntos Internacionales.

Fue Director Ejecutivo Alterno por México en el Banco de Desarrollo del Caribe; Miembro del Grupo de trabajo constituidopor el Fondo Monetario Internacional para estudiar la medición de los flujos internacionales de capital; Alterno del Gobernador del Banco de México en la Junta de Gobierno del CEMLA; Grupo de los 20; Foro Económico Asia-Pacifico (APEC) y Grupo de los 24.

Fue Asesor del Dr. Ernesto Zedillo, en el Grupo de Alto Nivel sobre el Financiamiento para el Desarrollo constituido por el Secretario General de la ONU, como apoyo en la Reunión Intergubernamental de Monterrey sobre el Financiamiento para el Desarrollo; Alterno del Gobernador del Banco de México en la Comisión de Notables para el Estudio de la Sostenibilidaddel Financiamiento del Fondo Monetario Internacional a Largo Plazo.

Asimismo, fue Asesor del Gobernador del Banco de México: en el Consejo de Administración del Banco de Pagos Internacionales (BIS); en el Grupo de Buen Gobierno de Banca Central del Banco de Pagos Internacionales (BIS): y en el Comité de Reforma de la Estructura del Gobierno del FMI.

Ha participado como Miembro del Consejo Consultivo de la Escuela de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad Panamericana.

En la edición de Libros destacan entre sus publicaciones: Editor/ Coordinador; APEC: “Improving the Allocation of Domestic Saving for Economic Development”, 2003;G-20 “ Institution Building in the Financial Sector” ( with Jüergen Stark , Deutsche Bundesbank), 2005; G-20 “Economic Growth” (with Monde Mnyande, South African Reserve Bank, and He Jianxiong, The People¨s Bank of China), 2006; G-20 Competition in the Financial Sector” ( with Miranda S. Goeltom, Bank Indonesia). 2008; CEMLA/SEANCEN: The Implementation of Monetary Policy: Lessons from the Crisis and Challengers for Coming Years (with A:G: Karunasena, The SEACEN Centre) 2012.

Autor de artículos en las áreas de comercio y finanzas internacionales, deuda externa, fugas de capital, políticas monetaria y cambiaria, y organismos internacionales, entre otras.

IDIOMAS: Español, Inglés y Francés.

De lo anterior, se verificó que el designado satisface ampliamente el requisito de reconocida competencia en materia monetaria, así como el de haber ocupado, por lo menos durante cinco años, cargos de alto nivel en el sistema financiero mexicano o en las dependencias, organismos o instituciones que ejerzan funciones de autoridad en materia financiera.

En conclusión, esta Comisión que Dictamina, considera que los antecedentes académicos y profesionales del ciudadano Javier Eduardo Guzmán Calafell, lo acreditan como uno de los economistas más destacados de país y, por tanto, cuenta con el perfil idóneo para desempeñar el cargo para el cual ha sido propuesto por el Presidente de la República.

CUARTA. Con el objeto de que esta Comisión que Dictamina evaluara integralmente las características y el perfil del ciudadano, en cuanto a su capacidad técnica y profesional, solvencia moral, honestidad y, en general, sí cumplió adecuadamente las cualidades para el nombramiento propuesto, por lo que se le citó a comparecer ante esta Comisión el 13 de febrero de 2013.

En dicha comparecencia, los integrantes de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, reunidos en Pleno, deliberaron y resolvieron que el ciudadano Javier Eduardo Guzmán Calafell,reúne y satisface el perfil adecuado para ser aprobado como Miembro de la Junta de Gobierno del Banco de México, por un periodo de ocho años.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, esta Comisión que suscribe, se permite someter a la consideración de esta Honorable Asamblea, la aprobación delsiguiente:

ACUERDO

PRIMERO. Se aprueba el nombramiento propuesto por el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, del ciudadano Javier Eduardo Guzmán Calafell, como Miembro de la Junta de Gobierno del Banco de México, por un periodo de ocho años.

SEGUNDO. Tómese la protesta de Ley al Ciudadano citado en el resolutivoanterior, a efecto de que esté en aptitud de desempeñar el cargo de Miembro de la Junta de Gobierno del Banco de México, en los términos expuestos.

Dado en la sala de comisiones del Senado de la República, a 13 de febrero de 2013.

COMISION DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO”.

Es todo, señor Presidente.

- El C. Presidente Burgos García: En consecuencia, está a discusión.

Tiene el uso de la palabra la Senadora Dolores Padierna Luna, para presentar su voto particular.

- La C. Senadora Dolores Padierna Luna: Gracias. Señoras y señores Senadores:

Estamos por votar la elección del Subgobernador del Banco de México, la persona propuesta por el Ejecutivo es una persona muy calificada, muy capaz que tiene todas las cartas de presentación positivas.

Nosotros no estamos calificando a la persona, pero sirva esta como oportunidad para reflexionar en relación a la política monetaria que está en nuestro país.

Desde 1993 se estableció en la Ley del Banco de México que esta tendría la finalidad de desarrollar cuatro funciones principales de política monetaria: proveer a la economía de moneda nacional; mantener la estabilidad de la moneda, es decir, el control de la inflación; atender el sano desarrollo del sistema financiero y propiciar un buen funcionamiento del sistema de pagos.

El único objetivo al que se abocan las autoridades del Banco Central es el control de la inflación, con el argumento de que una baja inflación permite un mayor crecimiento económico, pero esta tesis en México no se sostiene. Desde 1993 a 2012 hubo una inflación promedio de 9.8%, pero la economía creció tan sólo 2.5% promedio anual.

Y en el periodo donde hemos tenido la más baja inflación, que fue del 2000 al 2012, la inflación se redujo a 4.5% promedio anual y la economía tuvo apenas un crecimiento de 1.9%. No es verdad entonces que una baja inflación genere mayor crecimiento de la economía.

El candidato a Subgobernador en su comparecencia de ayer comentó que el control de la inflación era una condición necesaria, pero no suficiente para lograr el crecimiento económico y que se requería que el Poder Legislativo aprobara las reformas estructurales.

Sin embargo, lo mismo se dijo cuando se le otorgó la autonomía al Banco de México y se procedió a las reformas estructurales, en aquel entonces era privatizar, y se privatizaron mil 200 empresas del Estado causando una enorme pérdida al patrimonio nacional y nunca se han alcanzado los niveles de crecimiento aceptables, ni siquiera para generar los empleos que necesita nuestra sociedad.

En relación al sistema financiero, que debe de procurar la asignación eficiente de los recursos entre ahorradores y demandantes de crédito, un sistema financiero sano requiere, entre otros, de intermediarios eficaces y solventes, de mercados eficientes y completos y un marco legal que establezca claramente los derechos y obligaciones de las partes involucradas.

Con el fin de alentar el sano desarrollo en el sistema financiero y proteger los intereses del público en general, el Banco de México debería de realizar un seguimiento permanente a las instituciones que lo integran, promover reformas de legislación vigente, emitir regulaciones en concordancia con las leyes respectivas, pero el Banco de México no ha logrado una asignación eficiente de los recursos, el sistema financiero mexicano se caracteriza por la existencia de instituciones que persiguen como objetivo fundamental la generación de enormes utilidades para sus propietarios, mayormente extranjeros, dejando en un segundo lugar el de apoyar el desarrollo económico del país.

El financiamiento otorgado por la banca al sector no bancario, antes de 1994, era de 38% del Producto Interno Bruto. En 2012 apenas alcanzó el 21% del Producto Interno Bruto.

Las enormes ganancias de la banca privada se deben a inversiones especulativas, a los enormes márgenes de intermediación y al cobro de elevadas comisiones; está constituido, en relación al sistema de pagos, por un conjunto de instrumentos, procedimientos y normas para transferir recursos financieros entre sus participantes.

Dichos sistemas son indispensables para que el sistema financiero funcione eficientemente. Algunos de ellos son especialmente críticos, ya que si su diseño no es adecuado pueden magnificar la transmisión de problemas de liquidez de un participante a los demás y perturbar la estabilidad del sistema financiero.

Por estas razones, uno de los objetivo del Banco Central de México debiera ser propiciar el buen funcionamiento de los sistemas de pagos en el país. Las medidas que ha aplicado el Banco de México en relación con el sistema de pagos no ha propiciado una equidad entre los participantes, ya que han beneficiado principalmente a los intermediarios financieros a través de cobros desproporcionados, por ejemplo, de comisiones a los usuarios.

En síntesis, las políticas aplicadas por el Banco de México no han contribuido al desarrollo económico, a la generación de empleos, y sólo han obedecido a los lineamientos impuestos por los organismos financieros internacionales que, como ya se demostró recientemente en la crisis financiera mundial que prevalece desde 2008, no son adecuados. Por ello, se requiere de cambios sustanciales en la operación y políticas del Banco de México, para lograrlo se necesitan modificaciones en su marco legal y a la integración de su Junta de Gobierno con funcionarios que tengan una visión progresista y adecuada a las características y necesidades del país, y no que se limiten a obedecer ciegamente y dogmáticamente a los mandatos de los organismos financieros internacionales.

Por tales razones, mi voto será en abstención en el nombramiento del ciudadano Javier Eduardo Guzmán Calafell, no por él en sí mismo, que es una persona preparada y calificada, nuestro señalamiento es hacia la política monetaria seguida por el Banco Central.

Muchas gracias por su atención.

- El C. Presidente Burgos García: Muchas gracias, Senadora Dolores Padierna.

Abrase el sistema electrónico de votación por tres minutos para recoger la votación nominal. Háganse los avisos a que se refiere el artículo 58 del Reglamento para informar de la votación.



- La C. Secretaria Merodio Reza: Señor Presidente, conforme al registro en el sistema electrónico de votación, se emitieron 81 votos en pro, cero en contra y 10 abstenciones.

PRESIDENCIA DEL C. SENADOR
ERNESTO JAVIER CORDERO ARROYO

- El C. Presidente Ernesto Javier Cordero Arroyo: Aprobado el punto de Acuerdo. En consecuencia, se ratifica el nombramiento del ciudadano Javier Eduardo Guzmán Calafell, como miembro de la Junta de Gobierno del Banco de México por un periodo de 8 años. Comuníquese.

En el salón contiguo a este recinto, se encuentra el ciudadano Guzmán Calafell, por lo que solicito a los Senadores Alejandro Tello Cristerna, Carlos Mendoza Davis, Dolores Padierna Luna, Luis Armando Melgar Bravo y David Monreal Avila, lo inviten a pasar al interior de este salón de sesiones y lo acompañen durante el acto de su protesta.

(La comisión cumple)

La C. Secretaría Merodio Reza: Compañeros Senadores, les suplico ponerse de pie, por favor.

(Todos de pie)

El C. Presidente Cordero Arroyo: Ciudadano Javier Eduardo Guzmán Calafell: ¿Protesta guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanen y desempeñar leal y patrióticamente el cargo que se le ha conferido de miembro de la Junta de Gobierno del Banco de México, mirando en todo por el bien y la prosperidad de la Unión?

- El C. Javier Eduardo Guzmán Calafell: ¡Sí, protesto!

- El C. Presidente Cordero Arroyo: Si así no lo hiciere, que la Nación se lo demande.

¡Muchas felicidades!

A nombre del Senado de la República, le deseo mucho éxito en su encargo.

Solicito a la comisión designada acompañe al señor Guzmán Calafell, cuando él lo desee, a retirarse del salón.

¡Muchas felicidades!

PRESIDENCIA DEL C. SENADOR
LUIS SANCHEZ JIMENEZ

- El C. Presidente Luis Sánchez Jiménez: Pasamos a la discusión de un dictamen de la Comisión Para la Igualdad de Género, con punto de Acuerdo por el que se exhorta a diseñar una estrategia con perspectiva de género y con presupuesto etiquetado, que contemple las desigualdades y obstáculos a las que se enfrentan las mujeres jefas de familia y las que son víctimas de violencia familiar.

Solicito a la Secretaría dé lectura al dictamen.





 

COMISION PARA LA IGUALDAD DE GENERO

(Dictamen a discusión)

- La C. Secretaria Merodio Reza: Doy lectura al dictamen.



Es todo, señor Presidente.

- El C. Presidente Sánchez Jiménez: En consecuencia, está a discusión. En virtud de no haberse anotado oradores, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el anterior Acuerdo.

- La C. Secretaria Merodio Reza: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el anterior Acuerdo. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque se rechace, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobado, señor Presidente.

- El C. Presidente Sánchez Jiménez: Aprobado el Acuerdo. Comuníquese.

Pasamos a la discusión de otro dictamen de la Comisión Para la Igualdad de Género, con punto de Acuerdo por el que se solicita formular e implementar una política pública con perspectiva de género y medidas efectivas a favor de las mujeres periodistas y comunicadoras en situación de riesgo.

Solicito a la Secretaría dé lectura al dictamen.





 

COMISION PARA LA IGUALDAD DE GENERO

(Dictamen a discusión)

- La C. Secretaria Merodio Reza: Doy lectura al dictamen.



Es todo, señor Presidente.

- El C. Presidente Sánchez Jiménez: En consecuencia, está a discusión. No habiéndose registrado oradores, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el anterior Acuerdo.

- La C. Secretaria Merodio Reza: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el anterior Acuerdo. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque se rechace, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobado, señor Presidente.

- El C. Presidente Sánchez Jiménez: Aprobado el Acuerdo. Comuníquese.

Señoras y señores Senadores, informo a ustedes que los Coordinadores de los grupos parlamentarios han suscrito un punto de Acuerdo para que el Senado de la República conforme una comisión especial de trabajo que coadyuve y exponga ante el Senado de los Estados Unidos de América la conveniencia para ambas naciones con respecto a los migrantes irregulares en aquel país.

Solicito a la Secretará dé lectura al mismo.





 

PROPUESTAS

- La C. Secretaria Merodio Reza: (Leyendo)

PUNTO DE ACUERDO PARA QUE EL SENADO DE LA REPUBLICA CONFORME UNA COMISION ESPECIAL DE TRABAJO QUE COADYUVE Y EXPONGA ANTE EL SENADO DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA LA CONVENIENCIA PARA AMBAS NACIONES EN CASO DE QUE SE APRUEBE UNA REFORMA A LA LEY DE INMIGRACION, MEDIANTE LA CUAL SE REGULARICE LA SITUACION MIGRATORIA DE LOS MIGRANTES IRREGULARES EN AQUEL PAIS

“SEN. ERNESTO CORDERO ARROYO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
SENADO DE LA REPUBLICA
H. CONGRESO DE LA UNION
PRESENTE.

JOSE ROSAS AISPURO TORRES, senador de la República, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, a nombre propio y con fundamento en lo que establecen los artículos 8, numeral 1, fracción II; 108 276 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente:

Proposición con punto de Acuerdo para que el Senado de la República conforme una Comisión Especial de Trabajo que coadyuve y exponga ante el Senado de los Estados Unidos de América la conveniencia para ambas naciones en caso de que se apruebe una reforma, a la Ley de Inmigración, mediante la cual se regularice la situación migratoria de los migrantes irregulares en aquel país, en base a las siguientes:

CONSIDERACIONES

México, tradicionalmente e históricamente ha sido un país de origen de migrantes, desde el inicio del siglo XX hemos expulsado mano de obra, principalmente a los Estado Unidos de América.

No es un secreto que la migración de mexicanos al otro lado de la frontera comenzó inmediatamente después de que nuestro país perdiera los territorios de la Alta California, Nuevo México y Texas; así, desde ese histórico momento, muchos mexicanos decidieron cambiar su nacionalidad para no perder sus propiedades.

La nación estadounidense, se ha dedicado a crecer y desarrollarse desde el momento mismo de su independencia y mientras ellos atendían sus conflictos bélicos en todo el mundo, siempre requirieron de mano de obra extranjera para que realizara el trabajo de construir la infraestructura y producir los alimentos que los estadounidenses estaban demandando, mientras México, como ahora, siempre ha necesitado de trabajo y alimentos para su gente.

La migración de mexicanos a los Estados Unidos se distingue por un factor de mutua conveniencia, ellos requieren de mano de obra y nosotros de empleos para nuestra población; si analizamos las oleadas de mexicanos con destino a Norteamérica, vemos que la segunda gran migración de connacionales ocurrió durante los primeros treinta años del siglos XX, en este periodo se trasladaron, aproximadamente, 750 mil mexicanos a construir las redes ferroviarias y a producir alimentos en los campos agrícolas de Estados Unidos.

Entre los años de 1930 a 1941, el fenómeno migratorio se revirtió, tan sólo 50 mil mexicanos ingresaron a territorio estadounidense, mientras, se calcula que fueron deportados medio millón.

Con la Segunda Guerra Mundial, se incrementa la demanda de mano de obra en los Estados Unidos y es cuando se implementa el programa “Bracero”, el cual se mantiene vigente de 1942 a 1964; se trató de un programa bilateral donde, de nuevo, México aportó la mano de obra barata que mantuvo a flote la economía del vecino del norte, mano de obra que produjo los alimentos que la nación norteamericana requería. En este periodo, se estima, ingresaron a los Estados Unidos cinco millones de mexicano de forma legal.

Cuando Estados Unidos decide, de manera unilateral, suspender el programa “Bracero”, inicia un nuevo periodo de migración indocumentada que se mantiene de 1965 a 1986; durante este periodo llegaron a territorio estadounidense, aproximadamente, 5.7 millones de mexicanos de manera irregular.

Actualmente, nos encontramos en la quinta etapa de la migración de mexicanos a los estados Unidos, la cual inició luego de la amnistía derivada de la Ley de Reforma y Control de Inmigración, este periodo se ha destacado por vaivenes en la relación migratoria, donde hemos visto de todo, desde: tráfico de personas, redadas, leyes estatales xenofóbicas, deportaciones masivas, entre otros. Sin embargo, la migración de mexicanos se ha mantenido, siguen cruzando la frontera con destino al vecino del norte, aproximadamente 390 mil mexicanos al año.

A partir del año 2006, los migrantes hispanohablantes salieron a las calles de las principales ciudades estadounidenses como: Chicago, Nueva York, Los Ángeles; hicieron sentir su presencia y la necesidad de una nueva Ley que les permitiera regularizar su situación migratoria en aquel país. A esto sobrevino una de las épocas más desalentadoras para los mexicanos que viven de manera irregular en Estados Unidos, una agresiva política de deportaciones que incluyó violación a los derechos humanos de más de un millón de mexicanos que fueron deportados sólo en los últimos cuatro años.

Sin embargo, en este inicio de año diversas voces de la clase política estadounidense se han manifestado a favor de dignificar y reconocer el papel de los migrantes que viven irregularmente en aquel país, esto, a través de una reforma al sistema de inmigración de aquel país, la cual tiene como objetivo principal otorgar la ciudadanía, la seguridad fronteriza, trabajadores temporales y un sistema de verificación de empleo; el impulso a estos temas los están dando un grupo de senadores tanto demócratas como republicanos como son: Chuck Schumer, Dick Durbin, Robert Menéndez, Michael Bennet, John McCain, Lindsey Graham, Marco Rubio y Jeff Flake.

El tema no es menor, si consideramos que en la actualidad se calcula que 30.7 millones de personas de origen mexicano viven en los Estados Unidos, de los cuales casi doce millones son nacidos en México; entonces los mexicanos migrantes deben ser una prioridad para el Estado mexicano.

El Senado de la República con base en sus facultades constitucionales, en materia de política exterior, debiera estar atento a los procesos legislativos que en el vecino país del norte se están discutiendo en este momento, ya que de ello depende el futuro y el bienestar de millones de migrantes mexicanos que viven allá y de sus familias que aún están aquí.

Por todo lo anterior, someto a la consideración de este Soberanía la siguiente proposición con:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO.- El Senado de la República creará una Comisión de Trabajo para analizar la necesidad de buscar una audiencia con los senadores que están impulsando la reforma migratoria en los Estados Unidos y fijar una agenda de temas que por su relevancia es conveniente que se incluyan en la mencionada reforma.

SEGUNDO.- Esta Comisión de Trabajo impulsará la creación de una mesa de diálogo con el Senado de los Estados Unidos América a fin de exponer, de manera concreta, la importancia de que dentro de la reforma migratoria se contemple y reconozcan los derechos humanos de las personas migrantes, tanto irregulares como regulares.

TERCERO.- Independientemente de los temas que la Comisión de Trabajo acuerde impulsar en la mesa de diálogo con los senadores estadounidenses, deberá considerar como mínimo los temas siguientes:

a) La necesidad de lograr una regularización migratoria amplia para todos los mexicanos que ya viven en el territorio estadounidense;

b) La urgencia de que los derechos civiles les sean reconocidos a los migrantes mexicanos que viven en los Estados Unidos y, por ende, sus derechos humanos.

c) La conveniencia de que la reforma contenga esquemas de colaboración entre los gobiernos de México y Estados Unidos para generar programas binacionales de contratación de trabajadores mexicanos de forma temporal y para actividades específicas.

d) Que se considere la conveniencia de que Estados Unidos otorgue visas humanitarias, con ciertos requisitos, para facilitar la unidad familiar.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, a 14 de febrero de 2013.

Atentamente

Sen. José Rosas Aispuro Torres”.

Es todo, señor Presidente.

- El C. Presidente Sánchez Jiménez: Senadora Graciela Ortiz.

- La C. Senadora Graciela Ortiz González: (Desde su escaño) Sí, señor Presidente, solamente para expresar nuestra adición a este punto de Acuerdo. Solicitar, si así lo acepta el proponente, la adición de un cuarto resolutivo a fin de que la Junta de Coordinación Política del Senado proponga al Pleno la integración de los Senadores para que participen en dicho grupo y procurando con esto la participación de todos los grupos parlamentarios.

Nosotros coincidimos en el propósito de contar con una instancia que dé seguimiento a la situación legal de los migrantes irregulares que existen en aquel país y, por lo tanto, saludamos con mucho beneplácito esta propuesta, solicitando se tome en cuenta la propuesta nuestra de hacerle esa adición de un cuarto punto al resolutivo.

- El C. Presidente Sánchez Jiménez: Gracias, Senadora Ortiz. Vamos, primero, a consultar a la Asamblea si es que acepta a discusión el punto. Posterior, si usted gusta, le damos la palabra y participa. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 109 y 110 del Reglamento, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si el anterior asunto se considera de urgente resolución.

- La C. Secretaria Merodio Reza: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si el anterior asunto se considera de urgente resolución y se pone a discusión de inmediato. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se considera de urgente resolución, señor Presidente.

- El C. Presidente Sánchez Jiménez: En consecuencia, está a discusión la propuesta. Para hablar sobre este asunto, se concede el uso de la palabra a la Senadora Graciela Ortiz González, del grupo parlamentario del PRI.

- La C. Senadora Graciela Ortiz González: (Desde su escaño) Gracias, señor Presidente.

Solamente ratificando nuestra petición. La solicitud ya firmada obra en manos de la Secretaría.

- El C. Presidente Sánchez Jiménez: Muchas gracias, Senadora Ortiz.

Se concede el uso de la tribuna al Senador José Rosas Aispuro, para hablar sobre el tema.

- El C. Senador José Rosas Aispuro Torres: Gracias, señor Presidente; compañeras y compañeros Senadores:

Comentar que hoy México tiene la posibilidad de que se concrete en los Estados Unidos una reforma migratoria que por tanto tiempo se ha venido difiriendo, y nos parece que hoy las circunstancias del inicio de un nuevo gobierno, de un nuevo mandato del Presidente Obama en los Estados Unidos, y el comentario de 8 Senadores de los Estados Unidos, en el sentido de estar dispuestos a presentar una reforma migratoria, y lo ha dicho claramente el Presidente Obama: “Que si los Senadores no lo hacen, lo hará el propio Ejecutivo”, y creo que eso debe de ser una razón que nos debemos de congraciar los mexicanos, porque esto nos daría la pauta para que podamos trabajar de manera conjunta con los Senadores de los Estados Unidos, en donde se pueda, en esa propuesta, se contemplen las preocupaciones, las inquietudes de nuestros connacionales. Y por eso hemos presentado un punto de Acuerdo, el cual ha sido aceptado por todos los grupos parlamentarios, para que se pueda conformar una comisión de trabajo del Senado Mexicano para que se reúna a la mayor brevedad posible con los Senadores de los Estados Unidos; y además de felicitarlos por esa intención de presentar esta reforma migratoria, decirles, cuáles son los aspectos que más nos preocupa a los mexicanos para que se atienda a nuestros connacionales.

Además de que esta reforma migratoria pueda contemplar la regularización migratoria de un número muy importante de connacionales, y no sólo de mexicanos, sino de los hermanos de Centroamérica y Sudamérica, y donde México debe de conservar ese liderazgo.

Por esto estamos moralmente obligados a encabezar esta lucha y a reunirnos con los Senadores de los Estados Unidos para que antes de que se haga la propuesta formal, en una reunión de trabajo, se les pueda hacer ver cuáles son nuestras preocupaciones.

Y compartir también, como lo ha comentado ya la Senadora Graciela Ortiz, desde luego que aceptamos que se pueda incluir un cuarto punto en este punto de Acuerdo, para que se pueda someter a la consideración del Pleno, por parte de la Junta de Coordinación Política, esa comisión que vaya a representar al Senado mexicano y, desde luego, los intereses de los mexicanos que viven en los Estados Unidos y de muchas familias que no han encontrado otra forma de poder subsistir, sino sólo a través del cruce de la frontera para buscar una mejor calidad de vida que permita que sus familias puedan salir adelante.

Desde luego que sumamos este esfuerzo, al que han comentado ya nuestras compañeras, y creo que es el momento oportuno, no desaprovechemos esta oportunidad histórica en la que tanto el Presidente de los Estados Unidos, como una parte de los integrantes del Senado, han manifestado su interés por presentar esa iniciativa.

Tomémosle la palabra, pero aportemos, no sólo lo felicitemos por esa decisión, sino también digámosle qué es a lo que los mexicanos nos preocupa, y estoy seguro que ahora sí podrá hacerse realidad esa reforma migratoria que se ha demorado por tanto tiempo y que lamentablemente afecta a nuestros connacionales en los Estados Unidos.

Por eso, les reitero, pues, la petición para que apoyemos en los términos que está la propuesta con la adición que ha hecho nuestra compañera Senadora Graciela Ortiz.

Muchísimas gracias.

(Aplausos)

- El C. Presidente Sánchez Jiménez: Gracias, Senador Rosas Aispuro.

Para hablar sobre este tema, se concede el uso de la tribuna al Senador Benjamín Robles, del grupo parlamentario del PRD.

- El C. Senador Angel Benjamín Robles Montoya: Muchas gracias, señor Presidente.

El grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, por supuesto que saluda esta propuesta. Y la saluda por razones obvias, pero que es importante subrayar.

Lo decíamos hace unos días cuando tocábamos en esta máxima tribuna de la nación, el tema que hoy estamos discutiendo de una u otra forma, esa reforma migratoria que aplaudimos, que debe preocuparnos porque hay que garantizar que se dé en un ejercicio claro del respeto a los derechos humanos de nuestros connacionales que han decidido vivir y trabajar en los Estados Unidos.

Anotaba yo una serie de datos. De los once millones de indocumentados que están trabajando en Estados Unidos, hay expertos que plantean que son, seguramente, por lo menos ocho millones los de origen mexicano.

Y esto ratifica la importancia no solamente de aplaudir la iniciativa, de crear esta comisión especial, sino de buscar que de manera inmediata pasemos a aplicarnos como Senado de la República para interactuar con los colegas del Congreso de los Estados Unidos, a efecto de que conjuntamente con muchos de los mexicanos ya organizados en la Unión Americana podamos empujar esas medidas.

Sí creo que es importante felicitar, porque honor a quien honor merece, es una reforma anhelada, buscada desde hace muchos años, pero por supuesto que también hay que pasar a los hechos.

Y el grupo parlamentario del PRD, sin ninguna excusa ni pretexto, se suma a esta iniciativa. Felicita, por supuesto, a la compañera Senadora Graciela Ortiz y nos sumamos de lleno, señor Presidente, a esta iniciativa.

El grupo parlamentario del PRD siempre estará en la defensa de nuestros connacionales. Y por supuesto que estamos deseosos de participar en esta comisión especial.

Es cuanto, señor Presidente.

- El C. Presidente Sánchez Jiménez: Gracias, Senador Robles Montoya.

- La C. Senadora Graciela Ortiz González: (Desde su escaño) Señor Presidente.

- El C. Presidente Sánchez Jiménez: Senadora Ortiz.

Sonido en el escaño de la Senadora Ortiz González.

- La C. Senadora Graciela Ortiz González: (Desde su escaño) No hubo retiro. Solamente la solicitud de que se manejara como grupo y no como comisión.

- El C. Presidente Sánchez Jiménez: Correcto. Gracias.

Pido a la Secretaría dé lectura a la nueva propuesta de redacción.

- La C. Secretaria Merodio Reza: (Leyendo)



Esta será la redacción, como quedaría.

- El C. Presidente Sánchez Jiménez: En consecuencia, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse la presente propuesta.

- La C. Secretaria Merodio Reza: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse la propuesta presentada. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque se rechace, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobada la propuesta, señor Presidente.

- El C. Presidente Sánchez Jiménez: Aprobada la propuesta. Comuníquese.





 

Informo a la Asamblea, que los grupos parlamentarios han suscrito un punto de Acuerdo, por el que el Senado de la República reconoce la importancia de la I Cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, realizada en Santiago de Chile, los días 26 y 27 de enero de 2013.

Solicito a la Secretaría dé lectura al mismo.

- La C. Secretaria Merodio Reza: (Leyendo)



Es todo, señor Presidente.

- El C. Presidente Sánchez Jiménez: Dado que existen modificaciones al publicado en la Gaceta del Senado, solicito apoyo parlamentario, vuélvase a publicar con estas modificaciones.

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 109 y 110 del Reglamento, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si el anterior asunto se considera de urgente resolución.

- La C. Secretaria Merodio Reza: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si el anterior asunto se considera de urgente resolución y se pone a discusión de inmediato. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se considera de urgente resolución, señor Presidente.

El C. Presidente Sánchez Jiménez: Está a discusión la propuesta. Para hablar sobre este asunto, se concede el uso de la palabra a la Senadora Dolores Padierna Luna, del grupo parlamentario del PRD.

- La C. Senadora Dolores Padierna Luna: Gracias, señor Presidente.

Este punto es sumamente importante porque México, Chile y Colombia, en toda América Latina, fueron especialmente reconocidos en la Cumbre de la CELAC por ser países vinculados más al eje de los Estados Unidos y tuvo mucho mérito el que aceptaron formar parte de este organismo que ahora preside Cuba y que está fuera de la OEA.

La CELAC es la primera ocasión en que los 33 países al sur del Río Bravo se articulan en una propuesta socioeconómica y política con una perspectiva de cooperación y de complementariedad.

Los días 27 y 28 de enero de 2013, se efectúo en Santiago de Chile la I Cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, en la que se inició una nueva etapa en la integración de América Latina y El Caribe, sueño de quienes han impulsado la independencia y la autodeterminación de nuestros pueblos.

Cabe recordar que la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños fue concertada en Brasil en 2008 y en México en 2010 por las presidencias de la región, concibiéndose como un espacio de unidad de los Estados nación, habiéndose formalizado en Venezuela en 2011 como un territorio de paz, de unión y de integración efectiva y real.

En esta ocasión, el Presidente de Venezuela, Hugo Chávez, señaló: “Es la primera ocasión que los 33 países al sur del Río Bravo se articulan en una propuesta de cooperación económica, social y política”.

En esa misma ocasión, el Presidente de Cuba, Raúl Castro, afirmó que la CELAC es nuestra obra más preciada, simbólicamente consolida el concepto de una región unida y soberana, comprometida con un destino común. Es un instrumento estratégico para aunar voluntades, respetar la diversidad, resolver diferencias, cooperar por el bien de nuestros pueblos y solidarizarnos los unos con los otros.

Llegar tan lejos ha costado esfuerzos, sangre, sacrificios. Es la unidad en torno a la soberanía, el desarrollo y la justicia. Ahí radica nuestra fuerza y de ello depende también la prosperidad de los pueblos de esta vasta y rica región.

La Cumbre de Santiago de Chile de enero pasado estuvo precedida por la Cumbre entre la CELAC y la Unión Europea que se realizó los días 26 y 27 de enero, con la participación de numerosas jefaturas de Estado y de gobierno de ambas regiones.

Luego se dio paso a la Cumbre de la CELAC, misma que acordó, entre otros, los siguientes puntos centrales.

Reconocemos el mérito de los presidentes latinoamericanos que encabezaron la iniciativa de crear la CELAC:Hugo Chávez, Néstor Kirchner, Luis Ignacio Lula da Silva, Felipe Calderón Hinojosa, Evo Morales, Leonel Fernández y Rafael Correa.

Destacamos que la puesta en funcionamiento de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños constituye un hito en la historia de América Latina y El Caribe al agrupar a 33 países de la región en un mecanismo de diálogo y concertación para avanzar en un proceso de integración política, económica, social y cultural, logrando la unidad en la diversidad.

Otro punto que acordó la CELAC dice: “Expresamos nuestra más profunda y fraterna solidaridad con el pueblo venezolano y su Presidente Hugo Chávez Frías, a quien deseamos la más pronta y completa recuperación”.

Otro: “Reafirmamos que la democracia y el desarrollo sostenible y el respeto a todos los derechos humanos, civiles, políticos, económicos, sociales y culturales, en su carácter universal, indivisible e interdependiente, incluido el derecho al desarrollo, están íntimamente relacionados y se refuerzan mutuamente. Expresamos nuestra más profunda preocupación por la situación de Colombia y se celebra el proceso de diálogo que se lleva a cabo entre el gobierno de Colombia y las FARC, destinado a poner fin al conflicto interno que ha afectado el desarrollo de esa nación y hacemos votos por el éxito que esa iniciativa conduzca a alcanzar un acuerdo por el bien del pueblo colombiano.

Reafirmamos la importancia de tener una voz regional fuerte e incluyente que permita reflejar el creciente peso de las economías emergentes en el desarrollo y la economía global.

Destacamos el carácter latinoamericano y caribeño de Puerto Rico y rechazamos las certificaciones unilaterales e ilegítimas que hacen algunos países desarrollados, en particular las referidas al terrorismo, narcotráfico y trata de personas.

Enfatizamos la necesidad de continuar con un proceso de reforma a la agricultura, acordado en la Ronda de Uruguay y recogido en el mandato agrícola de Doha.

Se nombra a Ecuador para acoger la Presidencia Pro Tempore de la CELAC del año 2015 y la celebración de la IV Cumbre.”

El Presidente de Chile, Sebastián Piñeira, dijo que había llegado el momento de pasar de los dichos a los hechos y alcanzar una verdadera integración de América Latina y llamó a enfrentar con solidez los desafíos del futuro.

Enrique Peña Nieto, a nombre de México, señaló en esa Cumbre de Jefes de Estado y de gobierno, que queremos ser un país que se integre más a la región latinoamericana de la que somos parte.

Queremos asumir los mecanismos de mayor cooperación e intercambio con nuestros pueblos hermanos para realmente establecer las vías para un mayor desarrollo de la región.

Agregó Peña Nieto: “Las Naciones Latinoamericanas y Caribeñas se han distinguido por su estabilidad y crecimiento económico y esta región proyecta ser parte de la solución global a la situación que se vive en el mundo”.

En la CELAC podemos consolidarnos como un bloque sólido, fuerte y de mayor justicia para nuestros pueblos.

Consolidar esa unidad permitirá a Latinoamérica ser más competitiva frente a otros bloques económicos, expresó Peña Nieto en la postura oficial de México.

Y ante la toma de la Presidencia Pro Tempore, donde se nombró al Presidente Raúl Casto de Cuba, el Presidente mexicano expresó: “Estaremos vinculados en solidez y en apoyo al Jefe del Estado cubano para lograr mayor integración y desarrollo”.

Por lo anteriormente expuesto, saludamos que el Senado de la República pueda aprobar el siguiente punto de Acuerdo.

“Unico.- El Senado de la República reconoce la importancia de la I Cumbre de la CELAC realizada en Santiago de Chile los días 26 y 27 de enero de 2013, apoya sus resoluciones y solicita atentamente a la Secretaría de Relaciones Exteriores hacer llegar a los gobiernos integrantes de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) nuestros mejores deseos de éxito y compromiso de apoyo a sus logros.”

Este punto de Acuerdo lo firman el Senador Arturo Zamora, por el PRI; la Senadora Gabriela Cuevas, del PAN; y su servidora, con el aval del grupo parlamentario del PRD.

Es cuanto, señor Presidente.

- El C. Presidente Sánchez Jiménez: Gracias, Senadora Dolores Padierna.

Para hablar sobre el mismo asunto, se concede el uso de la palabra al Senador Teófilo Torres Corzo, del grupo parlamentario del PRI.

- El C. Senador Teófilo Torres Corzo: Compañeras y compañeros Senadores:

El grupo parlamentario del PRI en el Senado de la República, se suma al reconocimiento sobre la I Cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños.

Siempre hemos expresado en todos los foros la necesidad de profundizar la integración regional con América Latina y El Caribe, estableciendo compromisos, haciendo pactos efectivos para promocionar el desarrollo de nuestros pueblos.

La CELAC, que surgió como una iniciativa de México y de Brasil, es el esfuerzo de integración más importante de nuestro continente.

Lo que busca darle forma y cohesión a las estrategias de regionalismo a pesar de nuestras diferencias.

Reconocer la importancia de esta I Cumbre es reconocer que la integridad es importante en cada país y que debemos todos integrarnos en una vía que le permita a México tener una mayor inserción en el escenario internacional, con el objeto de extender y fortalecer nuestras capacidades de desarrollo a largo plazo.

Ello también es un paso decisivo en la búsqueda por mejorar la calidad de vida de nuestra gente para consolidar la paz y la estabilidad política en nuestra región.

Fuera de este recinto legislativo, compañeras y compañeros Senadores, existen millones de mexicanos que están esperando tener mejores oportunidades de vida.

Fuera de este recinto legislativo, existen millones de hombres y mujeres que están esperando la posibilidad de tener más y mejores empleos.

Esto representa la posibilidad que México siga teniendo, a través de la integración con otros países, la posibilidad de generar riqueza y generar empleos que mucha falta hacen a los mexicanos.

La CELAC no es para México una Cumbre más, es el proyecto estratégico que resulta necesario en estos tiempos en donde la constante son los procesos globalizadores. Nos permitirá construir con una voz común las necesidades regionales, que se escuchen nuestras necesidades con mayor fuerza en el mundo; que nos ubiquen en el camino para llevar a cabo la promoción a escala global del desarrollo y la cooperación de los países que la integran.

Es decir, la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños no son sólo una plataforma para potenciar el regionalismo latinoamericano, son también constituidos para lograr la concertación y la cooperación internacional con el claro objetivo de posicionar a México.

América Latina y El Caribe es importante para nosotros, porque somos un actor político con un peso específico. América Latina y El Caribe, conjuntamente, poseemos un capital político-diplomático de la mayor importancia, contamos con una vasta fuente de recursos naturales, una población joven y pujante, con economías que están empezando a despuntar de manera destacada, haciendo contrapesos al desgaste que están teniendo las economías desarrolladas.

Por todo ello, estamos ante una oportunidad histórica para que la ansiada integración latinoamericana sea una realidad a mediano plazo.

La fracción parlamentaria del Partido Revolucionaria Institucional, se suma a las declaraciones de nuestro Presidente Peña Nieto en esa Cumbre. Estimamos que México es un país importante, y México está enseñando al mundo que queremos recibir las inversiones y hacer negocios con ellos.

México tiene hoy las manos abiertas para recibir a todos los países del mundo para hacer con ellos no solamente negocios, hacer intercambios culturales, educativos y de diversa índole.

La importancia que los 33 países miembros le otorgaron a la CELAC son, sin duda, un destino importante, y esto será determinante para desarrollar y consolidar el nuevo papel que nuestra región necesita en un contexto internacional.

Por otra parte, nos sumamos también a la propuesta de la Senadora Dolores Padierna, de hacer un reconocimiento, como ella lo señaló, porque es importante que este país esté abierto al mundo.

Cuando estuvimos hace poco en Vladivostok, en Rusia, al terminar mi intervención, dije: “México señala que más cabe en una mano abierta, que en un puño cerrado.”

Hoy México tiene las manos abiertas para recibir al mundo para tener las mejores relaciones con todos y cada uno de los países.

Bienvenida esta reunión de la CELAC y el Partido Revolucionario Institucional se suma a esta felicitación.

Es todo, señor Presidente.

- El C. Presidente Sánchez Jiménez: Muchas gracias, Senador Torres Corzo.

Para hablar sobre el mismo tema, se concede el uso de la tribuna al Senador Gerardo Flores Ramírez, del grupo parlamentario del PVEM.

- El C. Senador Juan Gerardo Flores Ramírez: Con su permiso, señor Presidente; compañeras y compañeros Senadores:

A nombre del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, acudo a esta tribuna para manifestar nuestro apoyo, en primer lugar, al punto de Acuerdo por el cual se reconoce la importancia de la Cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, (CELAC), y por otro, para manifestar nuestro apoyo al gobierno federal mexicano como participante de esta primera Cumbre.

En el Partido Verde concordamos con las palabras expresadas por el Presidente Enrique Peña Nieto en esta Cumbre, con las que señaló la convicción de nuestro país para integrarse mayormente a la región de América Latina y El Caribe.

América Latina tiene mucho que dar a México, y México tiene mucho que dar a América Latina. La CELAC es un órgano excelente donde se pueden intercambiar experiencias que nos afectan, tales como: la pobreza, la inseguridad y la violencia.

De esta forma, todos los miembros pueden tener una retroalimentación para poder hacer frente de manera exitosa a estos problemas.

La política exterior mexicana es proactiva, por ello resulta obligado seguir participando enérgicamente en el fortalecimiento de este foro que agrupa a 33 países, que juntos representan un peso más grande y una mayor injerencia en la toma de decisiones globales.

Si bien es cierto que durante algunos años se ha destacado la aparente estabilidad de las economías de los países de la región latinoamericana, debemos estar conscientes que nuestra región tiene frente a sí un enorme desafío. Y tiene frente a sí un enorme desafío en virtud de la recuperación por la que atraviesa o por la que empieza a transitar el Continente Europeo, por la recuperación que empieza a mostrar también la economía de los Estados Unidos, y es en este contexto en donde es importante valorar la aparente estabilidad a la que me referí.

Y digo aparente, porque si bien es cierto que en años recientes el conjunto de países latinoamericanos se han destacado por tener tasas de crecimiento positivas, por tener niveles de inflación relativamente controlados, en últimas fechas estamos empezando a observar una aparente desviación de esa estabilidad, tal es el caso de Venezuela, que la semana pasada devaluó su moneda en cerca del 46 por ciento, y el caso también de la economía Argentina que se ha caracterizado, en los meses recientes, también por la adopción de una serie de políticas económicas erráticas, que incluso le han merecido ya una crítica sustantiva por parte del Fondo Monetario Internacional quien le ha reconvenido para que corrija, incluso, la transparencia de sus estadísticas económicas.

Por ello, en nuestros países debemos trabajar en construir un mayor clima de unidad para de esta manera convertir a América Latina en un bloque sólido con mayor competitividad para hacer frente a los desafíos en el contexto internacional.

México, un país que se ha caracterizado por la adopción de políticas económicas sanas en los últimos años, debe contribuir, debe jugar un papel protagónico en este esfuerzo de integración. Por ello, a nivel nacional, y para continuar con esta visión que se tiene de nuestro país, los tres órdenes de gobierno debemos impulsar a través del consenso político las reformas necesarias que permitan acelerar la transformación y el desarrollo de nuestro país.

Recordemos que el gobierno federal ha fijado cinco grandes objetivos para lograrlo, un México en paz y tranquilidad a través de una estrategia nacional para reducir la violencia, un México incluyente combatiendo la pobreza y cerrando la brecha de la desigualdad social, una educación de mayor calidad para todos, un México que alcance prosperidad mediante la generación de mayor riqueza y un México que vuelva a ser protagonista en el concierto de las naciones.

Para lograr estos objetivos, México está obligado a continuar siendo una economía abierta, promotora del comercio mundial y garante de las inversiones nacionales y extranjeras, dando certidumbre jurídica a los proyectos de inversión que se realicen en nuestro país.

Reconocemos que para América Latina y El Caribe es fundamental diversificar las exportaciones por encima de la coyuntura. Existen mercados que representan una oportunidad de negocios para los empresarios latinoamericanos, oportunidades que comienzan con el diálogo y el trabajo desempeñado en esta y las posteriores cumbres.

Justamente el proceso de recuperación por el que transitarán las economías europeas, al que me refería hace un instante, representan una oportunidad inmejorable para fortalecer la integración de Latinoamérica y El Caribe, con el Continente Europeo.

Por ello, el grupo parlamentario del Partido Verde coincide en la propuesta de reconocer la importancia de la Cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, y como legisladores nos sumamos al reconocimiento por la labor emprendida en esta Cumbre y deseamos mucho éxito al trabajo emprendido y a las tareas que en el futuro se desarrollarán.

Es cuanto, señor Presidente.

- El C. Presidente Sánchez Jiménez: Muchas gracias, Senador Flores Ramírez. Concluida la ronda de oradores, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse la propuesta presentada.

- La C. Secretaria Merodio Reza: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse la propuesta presentada. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobada la propuesta, señor Presidente.

PRESIDENCIA DEL C. SENADOR
JOSE ROSAS AISPURO TORRES

- El C. Presidente José Rosas Aispuro Torres: Aprobada la propuesta. Comuníquese.





 

Se le concede el uso de la palabra al Senador Miguel Romo Medina, del grupo parlamentario del PRI, para presentar un punto de Acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a declarar la última semana de septiembre como la Semana Nacional para Prevenir el Suicidio.

- El C. Senador Miguel Romo Medina: Con su permiso, señor Presidente; compañeras y compañeros Senadores:

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, el suicidio hace referencia a todos aquellos actos individuales y deliberados que causan a sí mismo una lesión o daño que invariablemente concluye con la muerte.

Anualmente en el mundo, se registran más de un millón de suicidios, encontrándose este fenómeno entre las tres primeras causas de muerte en las personas de 15 a 44 años de edad.

El suicido y las tentativas suicidas son provocadas por múltiples factores, entre los que se destacan: la violencia familiar, la ruptura de relaciones de pareja, el abuso del alcohol y estupefacientes, la pobreza extrema, el desempleo, problemas jurídicos o laborales, por sólo mencionar algunos.

Información difundida por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, a través del documento “Suicidios de los Estados Unidos Mexicanos”, señala que durante el año 2009 se consumaron 5,190 suicidios. En promedio, cada dos horas una persona se quita la vida y por cada persona que se suicida se producen 177 intentos fallidos, los cuales, entre otras cosas, generan lesiones, hospitalizaciones y traumas emocionales.

En México la situación es crítica, ya que ocupamos el cuarto lugar en la lista de los países con los índices más altos de suicidios en América Latina, sólo por debajo de Argentina, Brasil y Colombia.

A pesar de que todos los años se registran más de 5 mil muertes por suicidio, este fenómeno no es considerado como un problema de salud pública, sin duda alguna es urgente redoblar esfuerzos que estén orientados hacia la prevención y el adecuado manejo de este terrible problema, pues se debe de considerar que en México cerca del 80 por ciento de las personas que se suicidan o manifiestan alguna tendencia suicida, emiten diversas señales a familiares, amigos y maestros y, sobre todo, muestras claras en su actitud para quitarse la vida.

Ante la gravedad de la problemática, la Organización Mundial de la Salud decretó el 10 de septiembre como el Día Internacional de la Prevención del Suicidio, con la intención de llamar la atención de la población sobre el problema y exhortar a los gobiernos a adoptar medidas para reducir los índices de mortalidad por esta causa.

El grupo parlamentario del PRI en el Senado de la República, estamos convencidos de que es impostergable decretar la Semana Nacional para la Prevención del Suicidio, a efecto de lograr colocar este fenómeno en la opinión pública para que a su vez se abran espacios de diálogo, difusión, capacitación y no se retrase el reconocimiento del carácter prioritario de este tema como una política apremiante de la salud pública y la educación.

El objetivo de instrumentar la Semana Nacional para la Prevención del Suicidio, es valorizar y difundir los programas gestionados desde el Estado en cuatro ámbitos fundamentales:

1.- Desde la red hospitalaria, que compone el Sistema Nacional de Salud, con el objeto de que cada unidad médica despliegue una campaña para la detección y la atención de potenciales actos suicidas.

2.- Desde el Sistema Educativo, debido a que la escuela es considerada como el ámbito más propicio para llegar a la población y realizar acciones de prevención y combate a la problemática del suicidio.

3.- Desde una campaña en los centros de trabajo a efecto de proporcionar información a todos los trabajadores, administrativos y directivos sobre la oportuna atención de los actos de suicidio.

4.- Desde los medios masivos de comunicación, para sensibilizar a las familias, y en general a todos los mexicanos sobre las principales señales que muestra un suicida, para que de esa manera saber qué hacer y a dónde acudir en caso de que el problema sea detectado.

El suicidio es un tema sobre el cual debemos de reflexionar todos los mexicanos, reconociendo que la prevención efectiva no sólo reducirá el número de vidas perdidas, sino también impactarla de manera favorable en los daños emocionales y económicos que se producen en las familias de nuestra sociedad.

Por lo anteriormente expuesto, es que acudo a esta Honorable Asamblea para proponer los siguientes acuerdos y solicitar su apoyo e interés en este tema central de nuestra sociedad:

Primero.- Se exhorta respetuosamente al Ejecutivo Federal a declarar la última semana de septiembre como la Semana Nacional para Prevenir el Suicidio.

Segundo.- En el marco de la Semana Nacional para Prevenir el Suicidio, las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, en sus respectivos ámbitos de competencia y coordinados por la Secretaría de Salud, en colaboración con las organizaciones de la sociedad civil y los medios de comunicación, desarrollarán las acciones necesarias para la celebración de una campaña nacional para la prevención del suicidio.

Tercero.- En el marco de la Semana Nacional para Prevenir el Suicidio, se invita respetuosamente a los gobiernos de los estados de la República y del Distrito Federal, a través de sus Secretarías de Salud, a realizar acciones encaminadas hacia la prevención del suicidio.

Muchas gracias por su atención. Gracias a la Presidencia.

Propuesta



- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, Senador Miguel Romo Medina.

- El C. Senador Fernando Enrique Mayans Canabal: (Desde su escaño) Señor Presidente.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Sonido en el escaño del Senador Fernando Mayans, ¿para qué asunto?

- El C. Senador Fernando Enrique Mayans Canabal: (Desde su escaño) Preguntarle al Senador Romo Medina si me permite sumarme a su punto de Acuerdo.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Pido a la Secretaría que tome nota de los Senadores que desean suscribir la propuesta que ha hecho el Senador Miguel Romo Medina. Túrnese este punto de Acuerdo a la Comisión de Salud para su análisis y dictamen correspondiente.





 

Se le concede el uso de la palabra al Senador Francisco Domínguez Servién, para presentar, a nombre propio y de los Senadores Luis Fernando Salazar Fernández, Luisa María Calderón Hinojosa y Fernando Herrera Avila, del grupo parlamentario del PAN, un punto de Acuerdo que exhorta al titular del Consejo Nacional de Evaluación de la Política Social a comparecer ante el Senado para que proporcione su opinión técnica sobre la implementación de la Cruzada Nacional contra el Hambre.

- El C. Senador Francisco Domínguez Servién: Gracias, señor Presidente; compañeras y compañeros Senadores:

A nombre de mis compañeros, los Senadores Fernando Salazar, Luisa María Calderón Hinojosa y de Fernando Herrera Avila, pongo a su consideración el siguiente punto de Acuerdo:

El problema de la pobreza en nuestro país ha sido combatido por décadas con múltiples programas mediante una política social que en los últimos años ha dado resultados positivos. Dicha política se ha institucionalizado, transparentado y al mismo tiempo se evalúa y se da cuentas a la sociedad.

El pasado 22 de enero del año en curso, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto que establece el Sistema Nacional para la Cruzada Nacional contra el Hambre.

De acuerdo con el mismo Decreto, la Cruzada Nacional contra el Hambre tiene tres objetivos, que a grandes rasgos son: 1) acabar con el hambre, cero hambre, se dijo; 2) erradicar la desnutrición infantil; 3) la producción de los alimentos y el ingreso de los campesinos y pequeños productores agrícolas; 4) minimizar las pérdidas de la producción en cosechas; 5) promover la participación comunitaria para la erradicación del hambre.

Es claro que en México una de las prioridades básicas es combatir la pobreza que sufren desgraciadamente millones de mexicanos. De acuerdo con datos del CONEVAL tenemos 11.7 millones de mexicanos en pobreza extrema.

A pesar de lo anterior, como también lo reconoce el CONEVAL en el documento “Informe de la Evaluación de la Política de Desarrollo Social en México 2012,cabe destacar que la pobreza no se expandió en la misma magnitud con la que se redujo el Producto Interno Bruto en el 2009, debido a que el gobierno anterior incrementó las coberturas básicas de educación, acceso a los servicios de salud, calidad y espacios de la vivienda, servicios básicos en vivienda y seguridad social.

Sin duda, los esfuerzos previos a la política social han tenido un mayor efecto positivo en la población con ingresos bajos, debido a programas y acciones que han sido progresivos.

En este contexto, quiero comentarles que la Cruzada Nacional contra el Hambre del gobierno federal preocupa por la falta de transparencia para informar sobre los criterios de selección de beneficiarios y sobre los mecanismos de evaluación de impacto, así como un diseño que pareciera ser de corte corporativista.

En primer lugar, no queda claro el criterio de inclusión de 400 municipios al programa, puesto que su selección no parece tener una relación clara con otros ejercicios para identificar zonas prioritarias. Por ejemplo, la Secretaría de Desarrollo Social en conjunto con lo contemplado en el Presupuesto de Egresos de 2013, aprobado por la Cámara de Diputados, con recomendación previa de la Secretaría de Desarrollo Social y el CONEVAL, declaran 2,104 zonas de atención prioritaria, rurales y urbanas, comprendidas en 1,835 municipios; dos, en el documento Prioridades de Desarrollo Social para el Plan Nacional de Desarrollo, publicado en el 2013, el CONEVAL recomienda que en la elaboración del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, se efectúen acciones específicas en 190 municipios.

De acuerdo con lo que se clasifica en los informes y estudios realizados por el CONEVAL, existen tres formas de definir, y esto le pediríamos a la Secretaría y a la Secretaria de Desarrollo Social y al Secretario de la SAGARPA que nos expliquen y nos digan cuáles son sus criterios para definir la pobreza.

Según el CONEVAL, uno de ellos es criterio de pobreza extrema; dos, criterio de incidencia en pobreza extrema y tres, criterio de carencia alimentaria.

Si se aplicara este criterio se incluirían 204 municipios, de los 400 municipios propuestos enla Cruzada Nacional contra el Hambre, por lo que 160 municipios con estos criterios quedan totalmente excluidos. Otro criterio es pobreza extrema, y ahí se incluirían 234 municipios de los 400, con los cuales quedarían 178 fuera.

Si analizamos estado por estado, vemos que en Querétaro la Cruzada Nacional contra el Hambre entró en la capital del estado y San Juan del Río, no un municipio con pobreza extrema como Pinal de Amoles o el municipio de Amealco de Bonfil.

En Aguascalientes entra solamente la capital del estado y quedan municipios en pobreza extrema, por un lado.

En Coahuila entra Torreón y Saltillo, y quedan afuera los municipios con los criterios de pobreza. De igual manera, en Puebla entra la capital de otros catorce municipios dejando afuera municipios como San Martín Texmelucan; y en Nuevo León entra la capital del estado y dejando fuera a Guadalupe y Apodaca.

Sin embargo, cifras del CONEVAL dicen que San Francisco, Oaxaca y Zirándaro, Guerrero, tampoco fueron incluidos en esta cruzada, así que yo le pediría, por el tiempo, que sea integrado totalmente en el Diario de los Debates, señor Presidente, y como punto de Acuerdo pido que se exhorte respetuosamente al titular del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social a que comparezca en la Comisión de Gobernación, que proporcione su opinión técnica sobre el diseño de la Cruzada Nacional contra el Hambre, incluyendo el diagnóstico sobre lo que debería partir la selección de los 400 municipios en que se implementarán los mecanismos que deberían aplicar y para su impacto sea correctamente evaluado.

Segundo.- Se instale una comisión especial por parte del Senado de la República para dar seguimiento y vigilancia al Sistema Nacional de la Cruzada contra el Hambre.

Gracias, señor Presidente.

Propuesta

PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA AL TITULAR DEL CONSEJO NACIONAL DE EVALUACION DE LA POLITICA SOCIAL A COMPARECER ANTE EL SENADO DE LA REPUBLICA PARA QUE PROPORCIONE SU OPINION TECNICA SOBRE LA IMPLEMENTACION DE LA CRUZADA NACIONAL CONTRA EL HAMBRE; ASIMISMO, SE SOLICITA LA CREACION DE UNA COMISION ESPECIAL POR PARTE DEL SENADO DE LA REPUBLICA PARA DAR SEGUIMIENTO AL SISTEMA NACIONAL PARA LA CRUZADA CONTRA EL HAMBRE

“SEN. ERNESTO JAVIER CORDERO ARROYO
C. PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
DEL SENADO DE LA REPUBLICA
PRESENTE.

Los suscritos, Senadores FRANCISCO DOMINGUEZ SERVIEN,LUIS FERNANDO SALAZAR FERNANDEZ,LUISA MARIA CALDERON HINOJOSA y FERNANDO HERRERA AVILA integrantes del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional en esta LXII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 276 del Reglamento del Senado de la República sometemos a consideración de esta Soberanía, la presente proposición conpuntos de Acuerdo de Urgente Resolución que exhorta al Titular del Consejo Nacional de Evaluación de la Política Social a que comparezca ante el Senado de la República, para que proporcione su opinión técnica sobre la implementación de la Cruzada Nacional Contra el Hambre; asimismo se solicita la creación de una Comisión Especial por parte del Senado de la República para dar seguimiento al Sistema Nacional para La Cruzada contra el Hambre,al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

El problema de la pobreza en nuestro país ha sido combatido por décadas con múltiples programas mediante una política social que en los últimos años ha dado resultados positivos. Dicha política se ha institucionalizado, transparentado, y al mismo tiempo se evalúa y se da cuentas a la sociedad.

El Banco Mundial apoya actualmente a 16 programas similares al de Oportunidades en 12 países,gracias al éxito de su implementación y resultados,mismo que comenzó en el gobierno de Vicente Fox y que se perfeccionó en la administración de Felipe Calderón; además de que más de 80 millones de personas en extrema pobreza en países de América Latina son atendidos por programas sociales basados en el modelo de Oportunidades creado en México.

El pasado 22 de enero del año en curso, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el “Decreto que establece el Sistema Nacional para la Cruzada Nacional Contra el Hambre”, que se definió como “una estrategia de inclusión y bienestar social que se implementará a partir de un proceso participativo de amplioalcance, cuyo propósito es conjuntar esfuerzos y recursos de la Federación, las entidades federativas y los municipios, así como de los sectores público, social y privado y de organismos e instituciones internacionales”.

De acuerdo con el mismo decreto, la Cruzada Nacional Contra el Hambre tiene tres objetivos, que a grande rasgos son: 1) acabar con el hambre (cero hambre); 2) erradicar la desnutrición infantil; 3) aumentar la producción de alimentos y el ingreso de los campesinos y pequeños productores agrícolas; 4) minimizar las pérdidas en la producción de cosechas; y 5) promover la participación comunitaria para la erradicación del hambre. Asimismo, en el artículo Tercero del referido Decreto, se establece que la Cruzada Nacional Contra el Hambre se implementará en una primera etapa, en 400 municipios seleccionados con base en la incidencia de pobreza extrema.

Es claro que en México una de las prioridades básicas es combatir la pobreza que sufren millones de mexicanos. De acuerdo con datos del Consejo Nacional de Evaluación de la Política Social (CONEVAL), en 2010 había 52 millones de personas en condición de pobreza, es decir, el 46.2% de la población mexicana. Además, había 11.7 millones de mexicanos en pobreza extrema, que equivalía al 10.4% de la población. Es importante reconocer que, como lo indica el CONEVAL, el número de personas en condición de pobreza se incrementó en 2010 con respecto a 2008.

Sin embargo, hay que entender las causas de este incremento. Primordialmente se debió al impacto de la crisis económica internacional de 2008 y 2009, que no fue provocado por las políticas económicas de la anterior Administración, sino que se trató de un fenómeno experimentado a nivel mundial. Como resultado de ello, hubo aumentos en el número de personas con carencia en el acceso a la alimentación y en la población con ingresos bajos entre 2008 y 2010.

A pesar de lo anterior, como también lo reconoce el CONEVAL en el documento “Informe de la Evaluación de la Política de Desarrollo Social en México 2012”,1 cabe destacar que la pobreza no se expandió en la misma magnitud que la reducción del producto interno bruto en 2009, debido a que el Gobierno anterior incrementó las coberturas básicas de educación, acceso a los servicios de salud, calidad y espacios de la vivienda, los servicios básicos en las viviendas y la seguridad social. Así, a pesar de la crisis, el número promedio de carencias de la población en pobreza disminuyó de 2.7 a 2.5 y la pobreza extrema se mantuvo en 11.7 millones de personas entre 2008 y 2010.

Sin duda, los esfuerzos previos de la política social han tenido un mayor efecto positivo en la población con ingresos bajos, debido a que los programas y acciones que han sido progresivos y a que ha habido incremento importante en la cobertura de los servicios básicos, por lo que las brechas sociales se han cerrado.

En este contexto, la Cruzada Nacional Contra el Hambre del presidente Enrique Peña Nieto preocupa por la falta de transparencia para informar sobre los criterios de selección de beneficiarios y sobre los mecanismos de evaluación de impacto, así como un diseño que pareciera ser de corte corporativista.

En primer lugar, no queda claro el criterio de inclusión de los 400 municipios al programa, puesto que su selección no parece tener una relación clara con otros ejercicios para identificar zonas prioritarias de atención. Por ejemplo, la Secretaría de Desarrollo social en conjunto con lo contemplado en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2013, aprobado por la Cámara de Diputados, con recomendación previa de la Secretaría de Desarrollo social y el CONEVAL, se declararon 2,104 zonas de atención prioritaria, rurales y urbanas, comprendidas en 1,835 municipios.2 Además, en el documento “Prioridades de Desarrollo Social para el Plan Nacional de Desarrollo”,3 publicado en enero de 2013, el CONEVAL recomienda que en elaboración del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, se efectúen acciones específicas en los 190 municipios en los que se concentra la mitad de la población en situación de pobreza extrema. En particular, señala que debería enfatizarse la implementación de programas dirigidos a superar las carencias sociales que presentan mayor nivel en estos municipios.

De acuerdo con la forma en que ha sido clasificada la información en los estudios realizados porel CONEVAL, existen 3 formas de definir cuáles son los municipios de pobreza: 1) criterio de pobreza extrema; b) criterio de incidencia en pobreza extrema; y c) criterio de carencia alimentaria.

Si se aplica el criterio de pobreza extrema se incluirían 240 de los 400 municipios propuestos en la Cruzada Nacional Contra por el Hambre, por lo que 160 municipios serían excluidos. Utilizando el criterio de incidencia en pobreza extrema, se incluirían 234 de los 400 municipios propuestos y 166 municipios quedarían fuera. Si se aplica el criterio de carencia alimentaria se incluirían 178 de los 400 municipios, por lo que 222 municipios no serían incluidos.

El artículo 3º del Decreto tiene una redacción ambigua y que se presta a interpretar el término de “pobreza” con los 3 criterios antes planteados. Sin contar que aún en el caso en que se refiriera a alguno de los supuestos planteados, es evidente la inconsistencia en el sentido de deja fuera de las acciones de la Cruzada a más del 40% de los municipios planteados, en todos los casos.

Pero si analizamos cada entidad federativa, también encontraríamos criterios contradictorios poco claro sobre la selección de los municipios seleccionados.

En el caso del Estado de Querétaro, los municipios beneficiarios de la Cruzada Nacional Contra el Hambre son Querétaro y San Juan del Río, que cuentan con el 3.3% y 4.8%, respectivamente, de su población en condición de pobreza extrema, mientras que en carencia por acceso a la alimentación el porcentaje asciende a 18% y 22.5%, respectivamente. Sin embargo, el programa para erradicar el hambre excluye al municipio de Amealco de Bonfil, el cual cuenta con el 25.4% de su población en pobreza extrema y al 33.0% en carencia de acceso a la alimentación. Es importante señalar que en Amealco de Bonfil, la población en pobreza extrema, excluida de la atención de la Cruzada asciende a 18,508 habitantes, mientras que la población en pobreza extrema en San Juan del Río es de tan solo 11,590 habitantes.

En el estado de Aguascalientes, el único municipio incluido en la Cruzada Nacional Contra el Hambre es la capital del estado, que tiene el 2.3% de su población en condición de pobreza extrema y el 17.7% en carencia por acceso a la alimentación. En contraste, el municipio de El Llano fue excluido de recibir los apoyos de la Cruzada, a pesar de ser el municipio con el mayor porcentaje de personas que se encuentran en pobreza extrema y con carencia de acceso a la alimentación al contar, respectivamente, con el 9.5% y el 39.2% de su población en estas condiciones. La exclusión se repite para los casos de los municipios de Rincón de Romos y Asientos, los cuales son el segundo lugar en porcentaje de población en condición de pobreza extrema con el 9.2% y porcentaje de población con carencia de acceso a la alimentación con el 31.7%, respectivamente.

En cuanto a Yucatán, los municipios de Mérida y Tahdziú fueron incluidos la Cruzada Nacional Contra el Hambre, y cuentan con el 3.3% y 56.5% de su población en condición de pobreza extrema, respectivamente. A su vez, el porcentaje de su población con carencia de acceso de alimentación asciende a 18.0% y 52.3%, respectivamente. A pesar de los elevados porcentajes del municipio de Tahdziú, la población que será atendida asciende a 2,775; en contraste, el municipio de Homún, el cual tiene una población en pobreza extrema y con carencia de acceso a alimentación de 2,778 no contará con los apoyos del programa. Una vez más, no queda claro el mecanismo por el cual se eligieron los municipios beneficiarios.

En el caso de Coahuila, se incorporaron a la Cruzada Nacional Contra el Hambre a los municipios de Torreón y Saltillo, los cuales al ser los más grandes tienen a la mayor cantidad de personas en condición de pobreza extrema y de carencia de acceso a la alimentación. Sin embargo, en este estado no se incluyó ningún criterio de porcentajes. Así, en Torreón y Saltillo los porcentajes de población en pobreza extrema son 2.9% y 2.2%, respectivamente; pero no se incluyeron a municipios como Viesca y General Cepeda de 12.6 y 11.7%, respectivamente.

A nivel poblacional, Saltillo por una parte es el municipio que menos marginación tiene en el Estado ya que ocupael lugar 38 de 38 y 2 mil 436 a nivel nacional y Torreón, en el puesto 37 de Coahuila y el 2 mil 433 del país, según el Consejo Nacional de Población.

La capital del estado y la cabecera de La Laguna están considerados entre los 400 municipios con mayor incidencia de pobreza extrema y con un número elevado de personas en esta condición según la denominada Cruzada contra el hambre a pesar que el Consejo Nacional de Población los considera con un nivel de marginación muy baja.

De esta manera quedan fuera de la primera etapa los cinco municipios con mayor marginación en dicha entidad, -en un nivel medio según la Conapo- Ocampo, Viesca, Jiménez, General Cepeda y Candela, considerados desde 2007 para ser rescatados por programas estatales como Cero Marginación.

En Dichas localidades coahuilenses, el nivel de marginación supera el 20 por ciento de la población total.

Por su parte, en Puebla se incluyeron 14 municipios. Una vez más el criterio de selección no parece coherente pues se incluyen arbitrariamente municipios con mucha población, y por tanto con cierta cantidad de personas en condición de pobreza, y municipios pequeños con un porcentaje alto de pobres. Así, entre los municipios grandes se incluyen la capital Puebla, Tehuacán, San Andrés de Cholula y Atlixco, pero se excluye a San Martín Texmelucan. De hecho,San Martín Texmelucan tiene más población y mayor porcentaje de personas en condición de carencia alimentaria que Cholula y Atlixco.

En cuanto a Nuevo León, el único municipio incluido fue el de Monterrey, donde se ubica la capital del estado. El municipio cuenta con 20,804 habitantes en pobreza extrema lo que representa el 1.8% de su población en esta condición y 189,977 habitantes con carencia de acceso a la alimentación, cifra que representa el 16.3%. Por otro lado, los municipios de Guadalupe, Apodaca y General Escobedo, fueron excluidos del programa y cuentan con 7,091, 6,201 y 7,811 habitantes en condición de pobreza extrema, respectivamente. Por su parte, las personas con carencia de acceso a la alimentación ascienden a 104,692, 74,669 y 71,295, respectivamente; lo que significa que poco más de un cuarto de millón de habitantes (250,656) dejarán de ser atendidos por la Cruzada.

Otro ejemplo es el municipio de Batopilas, en Chihuahua, que tiene 7 mil 844 habitantes en extrema pobreza y 4 mil 150 con carencia alimentaria, lo que representa 55.4 y 29.3% de su población total, respectivamente. No obstante las cifras, no fue incluido en la primera etapa de la Cruzada contra el Hambre.

De igual forma Baja California, el único estado donde habrá elección para gobernador este año además de alcaldes y diputados federales. Ahí, fueron incluidos los municipios más grandes de la entidad como Tijuana, Ensenada y Mexicali que juntos representan el 85% de la población.

Sin embargo, cifras del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social indican que sólo el 3.5% de la población vive en extrema pobreza.

En tanto, municipios como San Francisco Tlapancingo, Oaxaca, donde el 56.1% de la población vive en pobreza extrema, y Zirándaro, Guerrero, con 57.4%, tampoco fueron incluidos en la Cruzada.

En Chihuahua, otros municipios de la Sierra Tarahumara no incluidos en el programa antihambre son Urique, con 9 mil 43 pobres extremos (43.1%) y 6 mil 38 con carencia alimentaria (28.8%), y Balleza, con 8 mil 237 personas en pobreza extrema (40.2%) y 8 mil 320 carente de alimentación (40.6%).

Así entonces, aunque el propósito de la Cruzada Nacional contra el Hambre es supuestamente atender a 7.4 millones de mexicanos de 400 municipios del país que viven en condiciones de pobreza extrema y carencia alimentaria, existen sospechas fundadas de que el plan del gobierno federal se enfoca en las ciudades que serán las más disputadas en los comicios que se llevarán a cabo el próximo 7 de julio en 14 entidades.

Una investigación del diarioReforma revela que los partidos políticos pondrán su atención en al menos 40 municipios -varios de ellos considerados en la Cruzada- basados en número de pobladores, su alto poder adquisitivo, zonas industriales y comerciales y su relevancia política o turística.

El diario enlista a Aguascalientes, Puebla, Mexicali, Durango, Torreón, Saltillo, Mexicali, Oaxaca, Fresnillo, Culiacán, Coatzacoalcos, Veracruz, Reynosa, Matamoros y Chihuahua, todos ellos incluidos en el programa referido.

Resulta claro entonces quelos esfuerzos por acabar por la pobreza y el hambre que viven más de 20 millones de mexicanos se concentraran en los mayores centros urbanos del país.

No estamos en desacuerdo con la Cruzada contra el Hambre, todo lo contrario, en Acción Nacional estamos comprometidos en abatir el dolor que sienten miles de madres mexicanas que aun en nuestros tiempos envían a sus hijas e hijos a las escuelas con apenas un sorbo de café en el estómago o que viven la vida entera con déficit de talla y peso, condenándolos a una vida con menos oportunidades, sin embargo, solicitamos que sea dirigida a las poblaciones que efectivamente tienen mayor marginación en la entidad para evitar la sospecha que se tiene de que dicho sistema se encuentra dirigido a las poblaciones con mayor rentabilidad electoral.

Lo anterior no representa poca cosa, puesto que es de todos conocido que los programas sociales en múltiples ocasiones han sido utilizados con fines electorales de la forma mas ruin, aprovechándose de la necesidad de alimentación y desarrollo de las personas, por lo que de igual manera es totalmente necesario un sistema de blindaje contra éste tipo de prácticas para garantizar su legalidad y legítima causa.

Por otra parte, la Cruzada Nacional Contra el Hambre causa serias dudas en cuanto a su diseño, forma de implementación y evaluación. Durante los Gobiernos del PAN, la política social tuvo una expansión sin precedentes en su cobertura y en los recursos aplicados para ello. Esta política social del PAN se caracterizó por ser responsable, profesional, observante de las mejores prácticas internacionales y ejemplo para otros países. En este sentido, se fortaleció el Programa de Desarrollo Humano Oportunidades, y se crearon el Seguro Popular, el Programa de Apoyo Alimentario (PAL), la Estrategia 100x100, el Proyecto Estratégico para la Seguridad Alimentaria (PESA), el Programa Tu Casa y el Programa 70 y Más.

Es cierto que algunos programas sociales de los Gobiernos del PAN iniciaron como programas pilotos, lo que permitió que fueran verificadas su factibilidad operativa y evaluados sus efectos, y posteriormente convertidos en políticas públicas. Por su parte, en el Decreto que dio origen a la Cruzada Nacional Contra el Hambre no se indican mecanismos de evaluación de impacto del programa, lo que debería ser determinante para decidir si el programa debe expandirse o incluso continuar existiendo.

También debe señalarse el fundamental papel que el CONEVAL ha jugado en el mejoramiento de la política social en México. La tarea que realiza relativa a la medición de pobreza y la publicación de resultados constituye un ejercicio de transparencia y rendición de cuentas invaluable, de tal manera que una de las principales contribuciones de este ejercicio de medición es orientar la política de desarrollo social de los tres órdenes de gobierno.

En este sentido, consideramos que el CONEVAL está en una posición privilegiada para ofrecer a la sociedad su opinión informada y objetiva sobre las mejores prácticas en materia de política social. Por ello, sería fundamental invitar al Senado de la República a las autoridades del CONEVAL para que ofrezcan sus puntos de vista sobre el diseño de la Cruzada Nacional contra el Hambre, incluyendo su diagnóstico, cobertura geográfica y en servicios, y manera en que sería evaluada.

Además de lo anterior, según el Decreto por medio del cual se lanzó dicho programa, el mismo se conforma de una Comisión Intersecretarial, Acuerdos Integrales para el desarrollo incluyente con las entidades federativas y municipios, un Consejo Nacional y los Comités Comunitarios integrados por los beneficiarios, de lo que se desprendela total exclusión del Poder Legislativo que debieraservir como órgano de seguimiento y contrapeso al poder ejecutivo que implementa dicho programa, aun cuando se supone que el Consejo Nacional de la Cruzada contra el Hambre es una instancia incluyente, de acuerdo a lo establecido en el artículo Décimo del decreto mencionado, lo que establece la necesidad de un consejo por parte de ésta Soberanía que vigile y de seguimiento al programa lanzado desde el gobierno federal.

Por todo lo expuesto y fundado, someto a la consideración de esta Asamblea la siguiente proposición con:

PUNTOS DE ACUERDO

PRIMERO. Se exhorta respetuosamente al titular del Consejo Nacional de Evaluación de la Política Social a que comparezca en el Senado de la República para que proporcione su opinión técnica sobre el diseño de la Cruzada Nacional Contra el Hambre, incluyendo el diagnóstico sobre el que debería partir, la seleccionar de los 400 municipios en que se implementará y los mecanismos que se deberían aplicar para que su impacto sea correctamente evaluado.

SEGUNDO.- Se instale una Comisión Especial por parte del Senado de la República para dar seguimiento y vigilancia al Sistema Nacional de la Cruzada contra el Hambre.

Salón de sesiones de la Cámara de Senadores, a 14 de febrero de 2013.

Atentamente

Sen. Francisco Domínguez Servién.- Sen. Luis Fernando Salazar Fernández.- Sen. Luisa María Calderón Hinojosa”.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, Senador Francisco Domínguez Servién.

Sonido en el escaño del Senador Arturo Zamora.

- El C. Senador Arturo Zamora Jiménez: (Desde su escaño)Gracias, señor Presidente, solamente para plantear que nosotros, como grupo político aquí en el Senado, respaldamos las políticas públicas del Presidente de la República en materia de combate a la pobreza, lo estamos haciendo, sin duda alguna, también con acciones legislativas, y por esa razón, en virtud de que se trata de información técnica la que se está solicitando para que pueda comparecer el titular del CONEVAL a la comisión correspondiente, estamos completamente con este punto y le pedimos al Senador proponente, Francisco Domínguez, si permite que nos sumemos al mismo.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Senador Francisco Domínguez, ¿acepta usted la adhesión del Senador Arturo Zamora?

Sonido en el escaño del Senador Francisco Domínguez.

- El C. Senador Francisco Domínguez Servién: (Desde su escaño)Por supuesto, señor Presidente, le agradezco la suma del Vicecoordinador del grupo parlamentario del PRI, el Senador Arturo Zamora.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Sonido en el escaño del Senador López Brito.

- El C. Senador Francisco Salvador López Brito: (Desde su escaño) Para sumarme también a este punto de Acuerdo y a esta preocupación, ya que en el estado de Sinaloa los tres municipios con más alto nivel de marginación y de hambre, que son Choix, Badiraguato y Cosalá, quedaron fuera de este programa.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Esta Presidencia toma nota de ello.

Sonido en el escaño de la Senadora Dolores Padierna.

- La C. Senadora Dolores Padierna Luna: (Desde su escaño) Para adherirnos como grupo parlamentario del PRD a la propuesta del Senador Francisco Domínguez, tan sólo señalar que en el Distrito Federal hay una política social desde hace muchos años y aquí se incluyeron cuatro delegaciones del Distrito Federal, le aseguro que ahí no se están muriendo de hambre.

Muchas gracias.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Senadora Lorena Cuéllar, ¿para qué asunto?

- La C. Senadora Lorena Cuéllar Cisneros: (Desde su escaño) Para sumarme totalmente y vamos a hacer un análisis profundo de esta situación.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, Senadora Lorena Cuéllar, nada más comento que la versión del Senador Arturo Zamora es a nombre del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

¿Para qué asunto, Senadora Layda Sansores?

- La C. Senadora Layda Sansores San Román: (Desde su escaño)Igualmente me sumo y quiero expresar mi protesta porque en el estado de Campeche, de igual manera, nuevamente se tomaron en cuenta los tres municipios que justamente tienen mayores posibilidades, dentro de un margen de insuficiencia en la distribución de la riqueza, pero son justamente los que tienen mayor número de votos y excluyeron a los municipios más pobres de la tierra, a Calkiní y a Hopelchén.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, Senadora Layda Sansores.

Sonido en el escaño de la Senadora Blanca Alcalá.

- La C. Senadora Blanca María del Socorro Alcalá Ruiz: (Desde su escaño)Gracias, señor Presidente. Sin duda, también para adherirme a esta propuesta, porque será muy saludable que al interior de este Senado de la República tengamos claridad en los criterios, me parece que resulta también desafortunado que disipemos juicios cuando finalmente el tema de la pobreza hoy es un problema multidimensional, que lo mismo atañe a la pobreza urbana y muchas de las ciudades más importantes del país, como por supuesto aquellos municipios que se encuentran en condiciones de marginación o población indígena y que están a lo largo y lo ancho de todo el territorio.

Creo que en esa tesitura, el grupo parlamentario del PRI tendremos una gran aceptación a esta y a otras reuniones a las que podrán darse análisis objetivos al respecto.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, Senadora Blanca Alcalá. Como lo ha pedido el propio proponente y en base a los artículos 109 y 110 de nuestro Reglamento, pido a la Secretaría que consulte a la Asamblea, en votación económica, si es de considerarse de urgente resolución.

- La C. Secretaria Mendoza Mendoza: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si el anterior asunto se considera de urgente resolución y se pone a discusión de inmediato. Quienes estén a favor, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén en contra, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Se considera de urgente resolución, señor Presidente.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, señora Secretaria. Para hablar sobre este asunto, se le concede el uso de la palabra a la Senadora Lorena Cuéllar, del grupo parlamentario del PRD, hasta por cinco minutos.

- La C. Senadora Lorena Cuéllar Cisneros: Gracias, señor Presidente.

Bueno, pues pido la inclusión a la Comisión de Desarrollo Social, por ser también de nuestra incumbencia, y es común que cuando un gobierno nacional asume su responsabilidad, pretende impulsar real o simuladamente aquellas estrategias paradigmáticas.

Designo único, con las que al menos en teoría ganó la mayoría de la voluntad ciudadana.

También es común que de inmediato surjan diversas opiniones que van desde el regocijo incondicional hasta la crítica más extrema, pasando por las reflexiones moderadas.

Eso ha sucedido, ni más ni menos con el impulso de la estrategia denominada Cruzada Nacional contra el Hambre, que aparentemente pretende erradicar el hambre y la mala nutrición de casi 8 millones de mexicanos.

La principal interrogante es si se trata de un concepto filantrópico que procede de aquí a la eternidad como resultado del eterno retorno de la miseria, es decir, combatir el hambre y la desnutrición no necesariamente significa que se ataquen sus causas. Esa es la esencia, esa es la cuestión.

Ciertamente, resulta crucial la condición histórico-cultural concreta en la que pretende cumplirse el compromiso real o ficticio, y en el caso de México, después de los experimentos o aventuras de PRONASOL, PROGRESA y OPORTUNIDADES, por todos lados, aún en las filas de entusiastas prevalecen el escepticismo y la desconfianza extrema, y no es para menos, pues los fenómenos de la pobreza y la indigencia en nuestro país, a diferencia de otras naciones latinoamericanas, se han modificado sustancialmente, tal y como lo señalan lacerantemente las estadísticas y los análisis del último estudio del CEPAL entre otros documentos de la misma importancia y magnitud.

Obviamente la pregunta obligada es, una vez más, por qué en México no se avanza en la resolución del problema, si hace años que se enviste y se blinda por recursos públicos más o menos cuantiosos, ciertamente en el entorno genéticamente perverso del sistema económico político-mexicano signado por la inteligencia, la ineficiencia, la ineficacia, la corrupción y la manipulación social, política y electoral.

La estrategia de la Cruzada Nacional contra el Hambre no requiere para nada la recuperación de la capacidad adquisitiva del miserable salario que ganan millones de mexicanos, y que se ha desgastado constante y descomunalmente en las últimas 3 décadas. De manera que el actual salario mínimo real promedio equivale a la tercera parte del salario que teníamos en 1982.

Actualmente, casi el 10 por ciento de la población no recibe ningún salario; casi el 15 por ciento gana hasta un salario mínimo y alrededor del 25 por ciento gana desde 1 hasta 2 salarios mínimos, es decir, casi la mitad de los mexicanos gana una miseria. De manera que les es imposible adquirir la canasta básica que tiene un costo cercano a los mil pesos mensuales.

Por supuesto, la Cruzada no se compromete a frenar el constante aumento de los precios de los productos básicos, sobre todo de los alimentos.

Hoy se requieren 22.55 horas de trabajo para acceder a la canasta básica alimentaria, cuando en los años 80´s se requerían sólo 4.53 horas.

La Cruzada tampoco se refiere, ni por asomo, a recuperar y generar los empleos formales que se requieren, ni se compromete a mejorar las prestaciones laborales de los mexicanos.

La Cruzada también se le olvida señalar que la reciente reforma laboral precariza el empleo y las condiciones de trabajo.

De ninguna manera se compromete a reducir la cada vez mayor concentración de la riqueza, de manera tal, que actualmente las personas de primer nivel de ingresos obtienen el 1.6 por ciento de la riqueza, mientras las del décimo nivel obtienen el 36 por ciento.

Por supuesto, la Cruzada tampoco se refiere a incrementar el Producto Interno Bruto promedio por persona que pasó de 3.28 a principios de los años 80´s, a -2.1 en el 2012; mucho menos se compromete, por lo tanto, a reducir una pobreza que actualmente es mayor porcentualmente a la que existía en 1982.

Es decir, si no existen estos compromisos que debieran ser los verdaderamente importantes, evidentemente la pobreza no sólo seguirá existiendo, sino que incluso podría afirmarse que crecerá de manera significativa.

Seguirá habiendo millones de hambrientos, por lo tanto, puedo afirmar, sin duda alguna, que la Cruzada Nacional contra el Hambre no es otra cosa que un vulgar placebo para que la gente crea: “Que las penas con pan son buenas”.

Eso sí, con dinero insuficiente para lograr su falso propósito, pero suficiente para pretender manipular electoralmente a los potenciales beneficiarios y consolidar las aspiraciones políticas de los funcionarios públicos que administran los programas sociales.

En el comunicado que les hice en la mañana a los medios de comunicación, también se dio prueba fehaciente de todos los datos que aquí podemos presentar.

Es cuanto, señor Presidente.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, Senadora Lorena Cuéllar.

Informo a ustedes que la comparencia, a solicitud de la Senadora Lorena Cuéllar y de la aceptación del proponente, el Senador Francisco Domínguez, se sometería a consideración que la comparecencia fuese ante las Comisiones de Gobernación; y de Desarrollo Social.

Tiene el uso de la palabra el Senador Jorge Luis Preciado Rodríguez.

- El C. Senador Jorge Luis Preciado Rodríguez: Con su permiso, señor Presidente.

Miren, dicen: “Que no hay que hacer cosas buenas que parezcan malas”.

Y como decía Don Jesús Reyes Heroles: “En política, todo aquello que parece, es”. Y en ese programa, particularmente, parece una réplica de un programa que fue muy exitoso, que implementó Carlos Salinas de Gortari, que fue el Programa Solidaridad, y fue exitoso porque en 1991, el Partido Revolucionario Institucional recuperó las posiciones en las que había sido derrotado 3 años antes en 1988. Entonces, el programa sí fue deficiente, pero electoralmente hablando no.

Entonces, sí nos llama la atención, que ahora con la llegada del nuevo gobierno, de buena fe se esté proponiendo esa Cruzada Nacional contra el Hambre, pero se esté incluyendo, y no porque estemos en desacuerdo que se incluya, qué bueno, ojalá pudieran participar todos los municipios del país, pero curiosamente se están incluyendo municipios importantes de los que en este año tenemos elecciones el 7 de julio; y curiosamente se está excluyendo a aquellos municipios cuyo margen de pobreza es lacerante, pero que desafortunadamente no tienen elecciones durante el año 2013.

Entonces, creo que sí es importante que exista esa comparecencia para ver cuáles fueron los criterios que se tomaron para separar o excluir a municipios de alta marginación y sumar a municipios que tienen elecciones en este año.

Creo que sí es muy importante que se lleve a cabo esa comparencia, y que el Senado, a partir de esa comparecencia, pues tome también las medidas de sugerir qué municipios se deben de incorporar y qué municipios, pues no podrían participar en esta ocasión.

Hay que cuidar también que los programas que desarrolla el gobierno federal, hay de 2 tipos: el asistencialista puro, es decir, en el que se le regala algo a la familia, a la persona, como una despensa, como un poncho, como un apoyo económico mensual que le resuelve el problema por una semana, pero no resuelve el problema en el mediano y largo plazo.

Entonces, tenemos que revisar, que si está bien un paliativo como el que se pretende dar para atender algunos municipios, pues que se dé, pero que también vaya acompañado de una política pública que permita que esa familia, que esa persona pueda iniciar algún proyecto productivo, que le permita en el corto, mediano y largo plazo resolver el problema de fondo, que es el problema de la falta de alimentación, de la falta de, ahora le llaman, tiene un nombre elegante, le llaman: “la pobreza”, cuando no se tienen cosas, cuando ni siquiera hemos resuelto la pobreza, cuando no se tiene que comer.

Entonces, me quiero sumar y pedir el voto a favor de la propuesta que hizo el Senador Domínguez Servién, que han secundado otros compañeros, y precisamente porque creo que ya debemos dejar de lado los programas asistencialistas y entrarle a resolver el problema de fondo de manera derecha, de manera clara y sin ningún tinte electoral de ningún partido.

(Aplausos)

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, Senador Jorge Luis Preciado.

Se le concede el uso de la palabra a la Senadora Blanca Alcalá, del grupo parlamentario del PRI.

- La C. Senadora Blanca María del Socorro Alcalá Ruiz: Gracias, señor Presidente; compañeras y compañeros:

He escuchado con enorme atención quienes me han antecedido en el uso de la voz.

Comparto, y lo hace mi grupo parlamentario, la totalidad de sus preocupaciones por los temas de la pobreza y de la desigualdad en nuestro país.

Me desconcierta, que no obstante hace algunos días integrantes de la Comisión de Desarrollo Social tuvimos una reunión de trabajo con la titular del ramo, en donde se nos señalaron algunas de las razones por las cuales se había hecho una selección de los municipios, que hoy forman parte del Decreto, hoy vengamos a señalar que simplemente a evaluar y a concluir, cuando finalmente se trata de un programa que apenas inicia.

Hago votos porque, efectivamente, el punto de Acuerdo que hoy se está sometiendo a esta Soberanía permita aclarar cuáles son los alcances en materia de política social y de un programa que tiene objetivos específicos.

Quienes conocen, y seguramente aquí habrá expertos en la materia, y si no, poder traer a colación a quienes sean expertos en la materia, sabemos que el tema de la pobreza es multidimencional, que son muchas las variables que intervienen para poderlo erradicar, que no se pueden resolver, ni con políticas asistenciales, que no es el caso, ni mucho menos con medidas de corto plazo.

A lo largo de todos estos años hemos visto que se han aplicado por distintos gobiernos. Hoy nos toca evaluar cuáles son los alcances, como en su momento nos tocará evaluar cuáles son los resultados de una estrategia que está iniciando y que tenemos que reconocer.

Me desconcierta todavía más, que quienes hemos gobernado distintas capitales, indistintamente de que no estén en la sierra o en muchos de los lugares al interior del país, sabemos que existe pobreza urbana y es una de las razones por las que se han incorporado lo mismo diversas localidades de interiores de los estados de la República, como varias de las capitales de estas entidades.

Por ello, señor Presidente, a mí me parece que sería conveniente que en la propia Comisión de Desarrollo Social y con la asistencia del resto de los integrantes, se haga el desahogo que hoy se ha pedido.

Y si rogaría a todos los asistentes, con el respeto que merece el ser mis compañeros de esta Soberanía, que no nos anticipemos a hacer conclusiones cuando un programa está apenas iniciando.

Creo que en todas las políticas públicas se requiere profesionalismo, se requiere sensatez, el pueblo lo demanda y es nuestra responsabilidad así hacerlo.

Muchas gracias.

(Aplausos)

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, Senadora Blanca Alcalá Ruiz.

- El C. Senador Francisco Domínguez Servién: (Desde su escaño) Señor Presidente.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Sonido en el escaño del Senador Francisco Domínguez, ¿para qué asunto?

- El C. Senador Francisco Domínguez Servién: (Desde su escaño) Nada más, señor Presidente, para aceptar, a petición del Senador Fernando Herrera, que venga la Secretaria de Desarrollo Social a comparecer a la comisión. Y hoy con este apoyo y aprobación del CONEVAL, tomaremos lo que bien dijo la Senadora Blanca Alcalá, que nos expliquen correctamente, para saber si está correcto como han aplicado estos 400 municipios.

Y sabiendo, igual que la Senadora, fui alcalde, reconozco que hay pobreza urbana en las capitales de los estados; pero nunca como en los municipios rurales o serranos, donde nada más se come una vez al día, y no fueron incluidos en esta Cruzada Nacional contra el Hambre.

Es cuanto.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, Senador Francisco Domínguez. Esta Presidencia toma cuenta de ello, y efectivamente habíamos comentado que la comparecencia sería ante las Comisiones de Gobernación y de Desarrollo Social, a propuesta de la Senadora Lorena Cuéllar y con la aceptación del proponente, el Senador Francisco Domínguez.

No habiendo quien haga más uso de la palabra, pido a la Secretaría que consulte a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse dicho punto de Acuerdo.

- La C. Secretaria Mendoza Mendoza: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el anterior Acuerdo. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se aprueba la propuesta, señor Presidente.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, señora Secretaria. Aprobada. Comuníquese.





 

Se le concede el uso de la palabra a la Senadora Lorena Cuéllar Cisneros, del grupo parlamentario del PRD, para presentar un punto de Acuerdo que exhorta al titular del Poder Ejecutivo, a rectificar en el proceso de nombramiento de los delegados estatales de la Secretaría de Desarrollo Social.

- La C. Senadora Lorena Cuéllar Cisneros: Con su permiso, señor Presidente.

El inicio del presente año viene acompañado de una serie de diagnósticos en materia social, hechos tanto por instituciones nacionales como internacionales que arrojan cifras por demás preocupante para el país.

De acuerdo con la Comisión Económica para América Latina y El Caribe, CEPAL, para este año, la población en México que vive por debajo de la línea de pobreza y la indigencia, es mayor que la que el promedio registra América Latina y El Caribe. Esto representa 40.7 millones de mexicanos por debajo de la línea de pobreza, 14.9 millones en la indigencia. Por otra parte, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, OCDE, señaló que la tasa de pobreza en el país es la más alta entre los países que integran a este organismo.

Finalmente, el Secretario Ejecutivo del CONEVAL, en una conferencia llevada a cabo en la SEDESOL, señalaba como principales problemas en la pauperización de condiciones de las personas en situaciones de vulnerabilidad, tanto el bajo crecimiento económico como la generación de empleos.

Este escenario nos da un diagnóstico general de los problemas que enfrenta nuestro país en materia social y que apuntan hacia la necesidad de acciones coordinadas entre poderes y niveles de gobierno. En ese sentido, el mismo funcionario del CONEVAL señalaba como necesidades en la construcción de la agenda del nuevo gobierno, mejorar la calidad de los programas de protección social, promover mayor coordinación entre dependencias federales y estatales y crear instrumentos eficaces dirigidos a la población vulnerable en áreas urbanas.

Estas condiciones exigen el fortalecimiento de la política social de Estado, que si bien atiende a la revisión estructural de nuestro modelo de desarrollo y el diseño institucional, también incluye a los funcionarios responsables de conducir la política de desarrollo social.

Aquí nace la inquietud de esta propuesta, en el marco del nombramiento de once delegados estatales de la SEDESOL, el pasado 2 de febrero. Al revisar con detenimiento el perfil de estos funcionarios podemos ver que varios de ellos han ostentado cargos de dirigencia partidista a nivel local o nacional.

Tal es el caso de la delegada nombrada en la entidad de Tlaxcala, que si bien es una persona reconocida y digna de respeto, queda claro que no cumple con un perfil profesional deseado para las tareas que en materia de política social anhela Tlaxcala, sino más bien, se le ve como un buen cuadro político que seguramente buscará promover sus aspiraciones políticas desde esa posición.

Creemos que si bien estos funcionarios puedan cumplir profesionalmente con las tareas que les acaban de ser encomendadas, hacemos este exhorto con la finalidad de que esa dependencia sea más cuidadosa para que este tipo de situaciones no sean reiterativas.

Es importante agregar las palabras de la Secretaria de Desarrollo Social en la presentación de la Cruzada Nacional contra el Hambre, al señalar, que ésta “no es un maratón de distribución de comida o de reparto de despensas”, es decir, no queremos un retroceso en la manera de ejecutar una labor tan noble, como lo es la política social.

Un gobierno que se precie de ser democrático, no puede cooptar los espacios de decisión estratégica para usarlos de manera clientelar al servicio de sus intereses políticos.

Por lo anterior, someto a la consideración de esta Soberanía la presente proposición con punto de Acuerdo:

UNICO.- El Senado de la República exhorta de manera respetuosa al titular del Poder Ejecutivo Federal, para que por medio de la Secretaría de Desarrollo Social, en el uso de sus atribuciones, rectifique en el proceso de nombramiento de los delegados de esta dependencia en las entidades federativas, con la finalidad de que prevalezca el perfil profesional y evite que se encuentren asociados a algún partido político.

Es cuanto, señor Presidente.

Propuesta

PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTAAL TITULAR DEL PODER EJECUTIVO A QUE, POR MEDIO DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL, RECTIFIQUE EN EL PROCESO DE NOMBRAMIENTO DE LOS DELEGADOS ESTATALES DE ESA DEPENDENCIA

“La suscrita, Senadora, Lorena Cuéllar Cisneros, integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXII Legislatura de la H. Cámara de Senadores, perteneciente, en ejercicio de la facultad que me confieren los artículos 8, numeral 1, fracción II, y 276, fracción 1 y 2 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta Soberanía la siguiente PROPOSICION CON PUNTO DE ACUERDOPOR EL QUE SE EXHORTAAL TITULAR DEL PODER EJECUTIVO PARA QUE POR MEDIO DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL RECTIFIQUE EN EL PROCESO DE NOMBRAMIENTO DE LOS DELEGADOS ESTATALES DE ESA DEPENDENCIA, bajo la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

El inicio del presente año viene acompañado de una serie de diagnósticos en materia social hechos tanto por instituciones nacionales como internacionales que arrojan cifras por demás preocupantes para el país.

De acuerdo con la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, (CEPAL), para este año, la población en México que vive por debajo de la línea de pobreza y la indigencia es mayor que la que en promedio registran América Latina y el Caribe. Esto representa 40.7 millones de mexicanos por debajo de la línea de pobreza 14.9 millones en la indigencia. Por otra parte, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, (OCDE), señaló que la tasa de pobreza en el país es la más alta entre los países que integran a este organismo.

Finalmente, el Secretario Ejecutivo del CONEVAL, en una conferencia llevada a cabo en la Sedesol, señalaba como principales problemas en la pauperización de condiciones de las personas en situación de vulnerabilidad, tanto el bajo crecimiento económico, como la generación de empleos.

Este escenario nos da un diagnóstico general de los problemas que enfrenta nuestro país en materia social y que apuntan hacia la necesidad de acciones coordinadas entre poderes y niveles de gobierno. En ese sentido, el mismo funcionario de Coneval señalaba como necesidades en la construcción de la agenda del nuevo gobierno, “…mejorar la calidad de los programas de protección social, promover mayor coordinación entre dependencias federales y estatales, y crear instrumentos eficaces dirigidos a la población vulnerable en áreas urbanas…”.

Estas condiciones exigen el fortalecimiento de la política social de Estado, que si bien atiende a la revisión estructural de nuestro modelo de desarrollo y el diseño institucional, también incluye a los funcionarios responsables de conducir la Política de Desarrollo Social.

Aquí nace la inquietud de esta propuesta, en el marco del nombramiento de 11 Delegados Estatales de la Sedesol, el pasado 2 de febrero. Al revisar con detenimiento el perfil de estos funcionarios podemos ver que varios de ellos han ostentado cargos de dirigencia partidista a nivel local o nacional.

Tal es el caso de la Delegada nombrada en la entidad de Tlaxcala, que si bien es una persona reconocida y digna de respeto, queda claro que no cumple con un perfil profesional deseado para las tareas que en materia de Política Social anhela Tlaxcala, sino más bien se le ve como un buen “cuadro político” que seguramente buscará promover sus aspiraciones políticas desde esa posición.

Creemos que si bien estos funcionarios pueden cumplir profesionalmente con las tareas que les acaban de ser encomendadas, hacemos este exhorto con la finalidad de que esta dependencia sea más cuidadosa para que este tipo de situaciones no sean reiterativas.

Es importante agregar las palabras de la Secretaria de Desarrollo Social en la presentación de la Cruzada Nacional Contra el Hambre al señalar que esta “…no es un maratón de distribución de comida o reparto de despensas..”, es decir, no queremos un retroceso en la manera de ejecutar una labor tan noble como lo es la política social.

Un gobierno que se precie de ser democrático, no puede cooptar los espacios de decisión estratégica para usarlos de manera clientelar al servicio de sus intereses políticos.

Por lo anterior, someto a la consideración de esta Soberanía la presente propuesta con:

PUNTO DE ACUERDO

UNICO.-El Senado de la República exhorta de manera respetuosa al Titular del Poder Ejecutivo Federal para que, por medio de la Secretaría de Desarrollo Social, en el uso de sus atribuciones rectifique en el proceso de nombramiento de los Delegados Estatales de esta dependencia con la finalidad de que prevalezca el perfil profesional y evite los que se encuentren asociados a algún partido político.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, a 7 de febrero de 2013”.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, Senadora Lorena Cuéllar Cisneros. Túrnese a la Comisión de Desarrollo Social.





 

Se le concede el uso de la palabra al Senador Pablo Escudero Morales, del grupo parlamentario del PVEM, para presentar un punto de Acuerdo que exhorta al gobierno del Distrito Federal a realizar las gestiones necesarias que prevengan la constante actualización de los portales de transparencia y el cumplimiento de las obligaciones relativas a la información pública de oficio impuestas por la ley de la materia, en las dependencias y entidades a su cargo.

- El C. Senador Pablo Escudero Morales: Gracias, señor Presidente.

La tercera evaluación de diagnóstico 2012, que fue presentada por la Dirección de Evaluación y Estudios del Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal, señala que los entes obligados incrementaron su nivel de cumplimiento.

Sin duda, esto parecería una buena noticia. Aunque algunos de ellos lo han aumentado, algunos otros han disminuido dramáticamente.

Creo que es justo también hablar de aquellos que han hecho un gran esfuerzo y lo han aumentado. Ese es el caso del Poder Judicial Local del Distrito Federal, con 95.5 puntos, en una escala de 1 a 100.

Los órganos autónomos, con una calificación del 95 por ciento y el propio Legislativo del D.F. con una calificación de 80.

Mientras el Ejecutivo local del Distrito Federal, encontramos calificaciones con estándares muy bajos de cumplimiento a la Ley de Transparencia.

Este documento destacó que los entes públicos que presentan menor cumplimiento son algunos fideicomisos, como el fideicomiso del Complejo Ambiental Xochimilco, el Consejo Económico Social y el Instituto para la Atención y la Prevención de las Adicciones.

También señaló cuáles eran los rubros opacos, los rubros en donde no se estaban rindiendo cuentas: adjudicaciones, invitaciones, licitaciones, así como también las recomendaciones que le fueron emitidas por la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, esto presume una opacidad focalizada en estas áreas de riesgo. Igualmente se detectó que al inicio de la administración del Distrito Federal algunas de las dependencias no actualizaron sus portales de Internet en materia de transparencia.

Desde octubre del año pasado el gobierno del Distrito Federal dejó de actualizar su portal de Internet con la información diaria que hacía del comportamiento de los ingresos y egresos de la ciudad.

A mayor detalle, estos fideicomisos que no están rindiendo cuentas, como el fideicomiso público del Complejo Ambiental Xochimilco, tiene una calificación de .6 sobre 100; el Consejo Económico una calificación de 2.6 sobre 100; el Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación, 17 sobre 100; la autoridad, el espacio público, 35 sobre 100. Así como el Fondo para el Desarrollo Social del Distrito Federal, 55 sobre 100.

Con la falta de actualización de la información obligatoria en los portales de transparencia, así como su cumplimiento parcial, se vulnera de manera importante el derecho al acceso a la información pública.

Es por ello que hacemos este exhorto respetuoso al gobierno del Distrito Federal para que actualice toda su información para que rinda cuentas y para que atienda a la ciudadanía.

Es cuanto, señor Presidente.

Propuesta



- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, Senador Pablo Escudero Morales. Túrnese este punto de Acuerdo a la Comisión del Distrito Federal.





 

Se concede el uso de la palabra a la Senadora Mónica Arriola Gordillo, para presentar un punto de Acuerdo que exhorta a tomar las medidas necesarias para el control y erradicación de la plaga de la Roya en las zonas cafetaleras de la República Mexicana y, en específico, en el estado de Chiapas.

- La C. Senadora Mónica Tzasna Arriola Gordillo: Con la venia de la Presidencia; compañeras y compañeros legisladores:

Al pueblo de México, a mis hermanos de Chiapas.

El campo mexicano debe ser una de las piedras angulares que promueva el desarrollo económico y social del país.

No necesito recordarles la magnitud de la importancia del campo para México, pero sí debo de hacer resonancia en los factores que acongojan actualmente a este sector y las implicaciones que devienen de esto.

Las dificultades y complicaciones que enfrenta el campo son de particular preocupación debido al componente fortuito de las condiciones en las que se lleva a cabo la labor: el clima, la riqueza del suelo, la extensión y otros factores son elementos aleatorios que no son controlables por el trabajo y el esfuerzo humano.

Estas condiciones adversas son generadas por factores externos que si bien pueden ser estudiados para ser prevenidos, los cambios pueden llegar a ser súbitos, repentinos y bruscos.

Actualmente se cultiva café en alrededor de 12 estados de la República y 398 municipios, contando Chiapas con el primer lugar a nivel nacional.

La mayor parte de los productores, hasta un 66 por ciento, son ejidatarios pertenecientes a etnias indígenas, lo que convierte a este cultivo en uno de carácter social.

El cultivo del café se caracteriza por realizarse en regiones de difícil acceso, teniendo profundos rezagos en infraestructura básica y con población en condiciones de extrema pobreza.

Los estados de Chiapas, Veracruz, Puebla, Oaxaca e Hidalgo, representan aproximadamente el 94 por ciento de la producción nacional del café.

Debo subrayar la importancia de este cultivo para el estado de Chiapas, ya que censos llevados a cabo indican que la superficie sembrada con café en esa entidad representa alrededor del 30 por ciento nacional, siendo cultivada por 80 mil productores que representan más del 26 por ciento nacional.

Adicionalmente, Chiapas es el estado con la principal producción de café orgánico, lo cual ubica a México entre los primeros lugares de producción a nivel global de este tipo especializado de café.

Quiero llamar la atención sobre los problemas que enfrenta el campo mexicano productor de café. Por un lado, tenemos los factores climatológicos que aún con las propiedades y recursos naturales con los que dispone nuestro país, lo afectan de manera cardinal.

El cultivo del café es particularmente sensible a las cambiantes condiciones en el ambiente. Además de los avatares climatológicos existen diversos elementos causales que provocan prejuicios contra el campo, como es la carencia de la infraestructura idónea para la realización de la actividad, tratados comerciales oportunos o inoportunos y desigualdad de competencia por subsidios.

Aunado a lo anterior, existe el grave contratiempo de las plagas que causan la desestabilización de todo el proceso productivo del campo, amancillando la generación de producto para la supervivencia de las familias dependientes de esta actividad.

Lamentablemente, una de estas calamidades ha venido a poner en una seria crisis al sector de la cafeticultura, especialmente en el estado de Chiapas.

La plaga de la Roya afecta las hojas de los cafetos provocando la caída de las mismas, lacerando la productividad y el rendimiento de la planta por la rebaja en la cantidad y calidad de producción.

En la región de la costa y en la fronteriza los cultivos localizados sobre los 800 metros sobre el nivel del mar reportan ya pérdidas hasta de un 40 por ciento, aunque el panorama se agrava si se contabilizan las 13 regiones cafetaleras de Chiapas que con 88 municipios conforman el 75 por ciento de los dedicados a la producción.

Los productores nos han compartido que la crisis no se solucionará si la SAGARPA sigue regalando bombas y bolsas de fertilizantes, sin promover un programa efectivo de combate a la Roya.

A principios de este mes, el Presidente de Guatemala, Otto Pérez Molina, decretó emergencia nacional por esta plaga, autorizando utilizar 40 millones de dólares para la mitigación generada por la misma y su afectación a las plantaciones de café.

Este ejemplo tan cercano nos da muestra de la magnitud del problema y las medidas que deben de adoptarse para mitigar estos efectos.

Es indispensable que en nuestro país se tomen igualmente las medidas necesarias para apoyar el cultivo del café contra esta amenaza.

Es menester que el gobierno federal, en coadyuvancia con el gobierno estatal y las secretarías correspondientes, actúen de manera pronta para hacer frente a este flagelo quepuede afectar severamente a la población que depende directa e indirectamente del cultivo y la cadena productiva del café en el país, especialmente a los sectores marginados de nuestra sociedad.

Nueva Alianza tiene como uno de los ejes fundamentales de su plataforma el desarrollo sustentable y el apoyo a los grupos más necesitados. Así es que, como Senadora de la República es mi deber hacer un compromiso apoyando a los habitantes de los municipios más necesitados y comprometidos al desarrollo sustentable a través de la región y gestión de recursos.

Es momento de que juntos demostremos esta convicción apoyando a los productores de café, tanto en el mejoramiento de sus cadenas productivas como efectuando acciones sustanciales en la prevención, control y mitigación de factores dañinos en los procesos de producción.

Pongo a consideración de esta Soberanía diversos puntos por los que solicitamos respetuosamente a los órganos antes citados a que lleven a cabo acciones específicas como son:

* Decretar y promover una declaración de estado de emergencia en las zonas cafetaleras del país afectadas y el riesgo debido a la plaga de la Roya.

* Emitir un acuerdo por el que se establezcan las medias fitosanitarias necesarias para el control de esta plaga y el fortalecimiento del cultivo de café en las zonas sur y sureste del país.

* Establecer lineamientos para fomentar las actividades de sanidad, inocuidad y calidad de cultivo del café, reduciendo los riesgos que implica la plaga de la Roya a favor de los productores, consumidores e industria cafetalera.

* La constitución de un órgano que integre a la sociedad civil para darle seguimiento a las medidas que se tomen.

* La entrega de recursos en tiempo y forma de acuerdo a la calendarización de actividades del ciclo cafetalero.

* La gestión inmediata de recursos para mejorar las cadenas productivas de café en el estado de Chiapas, a fin de instalar viveros de cafetos resistentes a la plaga de la Roya, así como para el establecimiento de diversos programas tendientes a apoyar a los productores e incrementar su valor agregado.

* Dar seguimiento a los programas que se establezcan con este fin y la instalación de brigadas médicas para los jornaleros guatemaltecos y mexicanos para la prevención de posibles brotes epidémicos.

* Que se atienda la demanda de la urgente actualización del padrón de hectáreas dedicadas a este cultivo.

* Que la inversión en el sector sea de modo tripartita y que quede asentado en las reglas de operación.

* Que se garantice que la Asociación Mexicana de la Cadena Productiva del Café (AMECAFE) cuente con la capacidad de coadyuvar con los organismos y autoridades correspondientes contando con la colaboración y asistencia de las mismas, para que el desarrollo y fomento del café de Chiapas tenga real autonomía en la operatividad de los recursos para los diversos programas cafetaleros.

* Que en la renovación del cultivo se capacite y dé prioridad a los jóvenes de la misma región y se establezca una reconversión de cultivos.

* Y la creación de programas análogos a los establecidos por las Naciones Unidas como cero hambre, entre otros.

Amigas y amigos legisladores, la sociedad chiapaneca, México y la sociedad cafeticultora se los agradecerán.

Pongo a su consideración el punto de Acuerdo de urgente resolución.

Por su atención, muchas gracias.

Propuesta



- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, Senadora Mónica Arriola Gordillo. Como lo está solicitando la propia Senadora, pido a la Secretaría que consulte a la Asamblea, en votación económica, si es de considerarse de urgente resolución.

Sonido en el escaño del Senador Roberto Gil.

- El C. Senador Roberto Gil Zuarth: (Desde su escaño) Para adherirme a la proposición, señor Presidente.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Pido a la Secretaría que tome nota de ello, igualmente el Senador Roberto Albores y el Senador Jorge Luis Lavalle, como no.

Pido a la Secretaría que continúe con el proceso de la consulta a la Asamblea.

- La C. Secretaria Merodio Reza: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si el anterior asunto se considera de urgente resolución y se pone a discusión de inmediato. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se considera de urgente resolución, señor Presidente.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, señora Secretaria. En consecuencia, está a discusión dicho punto de Acuerdo. Tiene la palabra el Senador Benjamín Robles para hablar sobre este asunto, hasta por 5 minutos.

- El C. Senador Angel Benjamín Robles Montoya: Muchas gracias, señor Presidente.

He solicitado el uso de la palabra en función de un compromiso con el compañero Senador Zoé Robledo, que por las tareas propias del cargo, hoy no se encuentra en el Pleno, pero por supuesto que está tan preocupado en el asunto que quiero informarle a las compañeras y compañeros Senadores que en la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, él ya presentó un punto muy similar al que ha hecho alusión hoy nuestra compañera Mónica Arriola, y también por supuesto lo hago como un compromiso con los cafetaleros de Chiapas y del estado de Oaxaca.

Compañeras y compañeros, como les decía, el pasado 30 de enero el Senador Zoé Robledo, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión la proposición con punto de Acuerdo que exhorta a las dependencias involucradas del Ejecutivo Federal para implementar medidas y programas para combatir en forma definitiva la infección del hongo de la Roya Naranja que afecta a la producción de café en el estado de Chiapas.

En este punto de Acuerdo, coincidente con el que hoy presenta nuestra compañera Mónica Arriola, del Partido Nueva Alianza, el Senador Zoé Robledo expone la amenaza que significa el hongo de la roya naranja para la producción del café nacional, y particularmente para Chiapas como gran productor de café en nuestro país, en función de los 2 millones 380 mil quintales que representan pues ni más ni menos que el 65 por ciento de la producción nacional.

Los cafeticultores chiapanecos tienen años conviviendo con este hongo, nos recuerda el Senador Zoé Robledo, afrontando las pérdidas económicas que esto conlleva.

Sin embargo, en este año sus efectos se han extendido y se han maximizado, por lo que se prevé que habrá pérdidas importantes en la producción de café.

Lo mismo sucede en otras entidades como Oaxaca, que evidentemente requieren del apoyo gubernamental para salir adelante.

En ese contexto, compañeras y compañeros, es válido afirmar que a pesar de las medidas tomadas por los agricultores, de no controlarse la plaga podrían verse afectados los cultivos de Oaxaca, Tabasco, Veracruz, razón por la cual deben tomarse medidas preventivas y correctivas para combatir la Roya Naranja.

La forma de combatir este problema en definitiva, es promover la siembra de nuevas variedades resistentes al hongo como lo proponen ambos puntos de Acuerdo, el de la compañera Mónica Arriola y el que presentó Zoé Robledo en la Comisión Permanente.

Por ese motivo, convendría incorporar al menos el siguiente punto de Acuerdo expuesto en la proposición del Senador Zoé Robledo, presentada ante la Comisión Permanente, y a la cual por supuesto, señor Presidente, me estoy sumando; el punto de Acuerdo que queremos adicionar a lo que ha propuesto la Senadora Mónica Arriola es:

“UNICO.- Se exhorta respetuosamente a las dependencias del Ejecutivo Federal para que informen al Senado acerca de los programas implementados, su avance y las listas de beneficiarios de los mismos”.

Esa es la propuesta adicional que presento en nombre del Senador Zoé Robledo, señor Presidente.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, Senador Benjamín Robles.

Para el mismo asunto, se le concede el uso de la palabra al Senador Manuel Cota, quien hablará a favor de este punto de Acuerdo.

- El C. Senador Manuel Humberto Cota Jiménez: Gracias, señor Presidente.

En mi calidad de Presidente de la Comisión de Agricultura, quiero expresar mi adhesión al punto de Acuerdo de la Senadora Mónica Arriola, indudablemente que lo que se ha expuesto son los temas centrales del campo mexicano, el cambio climático ha venido trayendo aparejado a esa circunstancia, los temas fitosanitarios de los diferentes productos en México.

Apenas el día de ayer en la Comisión de Agricultura hemos desahogado en conferencia con los Diputados un tema central de los cítricos en México como es el HLB, que es el “Dragón Amarillo”. Lo hemos hecho en una circunstancia sin precedente, Diputados y Senadores, porque indudablemente que nos suman estos puntos nuestro esfuerzo y nuestra obligación.

El día de ayer hemos tomado los acuerdos pertinentes junto con el SENASICA para que como el día de hoy, como usted lo propone, se destinen los recursos, pero igualmente como se menciona, se establezcan los programas preventivos, que no acontezca el hecho y posteriormente salga más caro, por ello la prevención es fundamental.

Lo que usted ha propuesto en relación a la Roya, es un gran problema del café, las plagas y la plaga fundamental de la comercialización es otro de los graves problemas.

Por ello, la adhesión a este punto considerando que son 130 millones de dólares la pérdida de la afectación en más de 120 mil productores de café, esto del sector social y también del sector privado.

Tan sólo en el estado de Chiapas, los cuales, como usted bien lo dice, se han visto afectados por un nuevo tipo de Roya y por las bajas en los precios internacionales del café. Hoy los cafeticultores, que en la forma ordinaria venían batallándole con la comercialización, dado que los precios se cotizan en la Bolsa de Chicago, hoy este nuevo problema al cual tenemos que sumarnos todos nosotros.

El impacto no es menor, si tomamos en consideración que uno de cada tres municipios de Chiapas sustenta su economía en el café, los productores afectados con la plaga de la Roya, consideran una merma en su producción de cuando menos el 50 por ciento, muy grave, esto sin considerar que el precio internacional del café ha venido a la baja considerablemente.

Apenas en noviembre del año pasado se detectaron los brotes del hongo en Chiapas, y este afecta ya a varios estados en el país, de acuerdo a lo que el propio SENASICA el día de ayer nos había informado, ya hay más de cerca de ocho mil hectáreas afectadas, la plaga es más agresiva que la anterior y es proveniente de Honduras y de Colombia.

El tema de la Roya del café va más allá de la grave situación en la que se encuentran los productores del mismo, se ubica en la situación alarmante en virtud de que los cafetales forman parte del equilibrio ecológico de la Sierra Madre; y la primera solución a la vista, por parte de los productores, es tratar los cafetales y reconvertir sus cultivos, lo que dañaría de manera drástica el ecosistema chiapaneco.

Dado lo anterior, lo reitero, me sumo a esta proposición y lo hago con el aval de mi grupo parlamentario, para que de esta manera, a favor de que sea esta de urgente resolución, más aún la petición a esta Asamblea, que en la Comisión de Agricultura y Ganadería estamos trabajando para establecer dentro de los mecanismos del programa, el de prevención y manejo de riesgos del programa especial concurrente, la declaratoria de emergencia por contingencia sanitaria en el sector agropecuario, y de estar así en condiciones de ejercer recursos emergentes para atender las contingencias y resarcir los daños a los productores.

Reitero, estamos trabajando ya en el proyecto para establecer las declaratorias de emergencia, por razones fitosanitarias como una circunstancia de situación nacional. Por ello me sumo a este punto que la Senadora Mónica Arriola ha expuesto en esta tribuna.

Gracias a todos ustedes.

(Aplausos)

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, Senador Manuel Cota Jiménez.

Saludamos a 20 alumnos de la Universidad de Guanajuato que se encuentran hoy presentes, invitados por el Senador Gerardo Sánchez García. Bienvenidos, alumnos de la Universidad de Guanajuato.

(Aplausos)

Pido a la Secretaría que consulte a la Asamblea, en votación económica, si es de aceptarse la adición que ha hecho el Senador Benjamín Robles.

- La C. Secretaria Merodio Reza: Queda como a continuación dice:

“UNICO. Se exhorta respetuosamente al Ejecutivo Federal para que informe al Senado, a través de sus dependencias involucradas, acerca de los programas implementados, su avance y las listas de beneficiarios de los mismos”.

Consulto a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse la adición presentada...

- El C. Presidente Aispuro Torres: Sonido en el escaño del Senador Benjamín Robles, ¿para qué asunto?

- El C. Senador Angel Benjamín Robles Montoya: (Desde su escaño) Precisar el punto de Acuerdo porque la idea es solicitar directamente a las dependencias la información, no a través del titular del Ejecutivo.

- La C. Secretaria Merodio Reza: Así está escrito, así está su propuesta, Senador. Se leyó tal cual la presentó.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Si desea modificarla, le pediríamos que lo haga por escrito para que se quede en los términos que la presentó por escrito.

Adelante, continúe la Secretaría con la consulta a la Asamblea.

- La C. Secretaria Merodio Reza: Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Solicito ahora a quienes estén por la afirmativa para que se apruebe el punto de Acuerdo de la Senadora Mónica Arriola, en conjunto con la propuesta del Senador Benjamín Robles Montoya. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se aprueba la propuesta, señor Presidente.

- El C. Presidente Rosas Aispuro: Gracias, señora Secretaria. Aprobada. Comuníquese.





 

Se recibió del C. Senador David Monreal Avila, del grupo parlamentario del PT, un punto de Acuerdo por el que se exhorta al Instituto Federal Electoral a informar de las investigaciones, análisis y procedimientos utilizados por parte de su Consejo General para resolver como infundado el resolutivo al proyecto de resolución por no comprobarse la aplicación del gasto en el caso conocido como MONEX. Se turna a la Comisión de Gobernación.

PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL A INFORMAR DE LAS INVESTIGACIONES, ANALISIS Y PROCEDIMIENTOS UTILIZADOS POR PARTE DE SU CONSEJO GENERAL PARA RESOLVER COMO INFUNDADO EL RESOLUTIVO AL PROYECTO DE RESOLUCION POR NO COMPROBARSE LA APLICACION DEL GASTO EN EL CASO CONOCIDO COMO MONEX

DAVID MONREAL AVILA, integrante del grupo parlamentario del Partido del Trabajo en la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 8, fracción II del Reglamento del Senado de la República, presento ante esta Honorable Soberanía, la presente proposición con punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

Una vez más se presentaron inequidades en la arena electoral. La resolución del 23 de enero del presente año, acordada por el Consejo General del Instituto Federal Electoral, corrobora, lamentablemente, como una institución encargada de forjar el buen desarrollo de la vida democrática del país, desacredita su función al resolver de una forma tan arbitraria, paradójica y contradictoria un caso de tan alta relevancia.

Esta inequidad se suma a la impune compra de votos y al rebase del tope de los gastos de campaña por parte de la Coalición Compromiso por México, aunado a la inequidad en la cobertura por la mayor parte de los medios informativos de comunicación a favor de dicha coalición.

De nueva cuenta, era evidente la ilicitud perpetrada por el Partido Revolucionario Institucional; no se comprobó de ninguna manera el destino y la aplicación de recursos en el uso y entrega de estos a través de diversas tarjetas de prepago, las cuales se utilizaron para fines político-electorales en los pasados comicios.

Es inverosímil que se haya declarado infundado sancionar al PRI, a pesar de que este instituto político de manera deplorable trató de acreditar el destino de esos recursos únicamente con contratos, que son documentales privadas, las cuales no concordaron con las documentales públicas que el IFE tenía, es decir, los informes de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) respecto al destino de esos recursos.

Mientras el PRI trató de comprobar el destino y aplicación de los recursos mediante contratos privados, la CNBV demostró que realmente la aplicación de los recursos se dirigió en otro sentido.

El IFE no quiso dar el justo valor probatorio a los informes vertidos por la CNBV, la cual demostró que el dinero contenido en las tarjetas de prepago Monex, no aplicaron y destinaron a los fines que mentirosamente inventó el PRI.

Diversos Consejeros Electorales del Instituto Federal Electoral votaron para que no se sancionara al Partido Revolucionario Institucional. Lo anterior, a pesar de que este partido político no comprobó fehacientemente el destino y la aplicación del gasto, derivado de la distribución de recursos a través de las tarjetas de prepago "Monex Recompensas”.

Con dicha resolución, el Revolucionario Institucional logró evadir una multa de 75 millones de pesos que, efectivamente, si promovían cuatro Consejeros Electorales; con base en esto, se comprueba que el caso Monex, si existió, pero fue legal.

Esta afirmación conlleva a valor y cuestionar la imparcialidad, legalidad y objetividad de los Consejeros Electorales, en particular, a la oportuna manera en que se decidió el desempate de la votación para declarar o no fundada la sanción al PRI.

Nocivo resulta ser que, un ente que se jacta de ser imparcial, permita que uno de sus Consejeros Electorales vote y decida categóricamente el sentido de un asunto de la relevancia que nos ocupa. No se ponderó su situación de amistad con algunas personas aludidas en el caso y su antecedente como Secretario General del PRI, sin lugar a dudas, se le debió exhortar para que se excusara en el asunto del Monexgate.

Pareciere ridículo que cuando se vislumbraba la posibilidad de sancionar al PRI, no se alcanzaron los votos suficientes, simplemente apareció un Consejero para cargar la balanza a favor de la ilegalidad, la parcialidad y la falta de objetividad.

Inverosímil resulta que una misma autoridad considere que efectivamente no se comprobó el destino de los recursos y se actualizó una flagrante violación a la ley electoral; mientras que esa misma autoridad, declaró que si fue posible acreditar el destino de los recursos.

Las pruebas comprobaron la transgresión a la normativa comicial, quedó de manifiesto que la Coalición Compromiso por México no logró demostrar fehacientemente cómo y en qué destinó los recursos derivados de la entrega de tarjetas de prepago.

El claro despilfarro de recursos por parte del PRI en el proceso electoral 2011-2012 para hacerse de manera ilegitima de la presidencia de la República, no fue suficiente. La presencia de inequidad persiste, a pesar de la gran cantidad de pruebas aportadas a fin de sancionar ejemplarmente al PRI no resultaron suficientes.

Es notoria y lamentable la cadena de ilícitos que existió en torno al caso Monex; pero es más asombrosa la impunidad que gozan los que perpetraron dicha ilegalidad.

Estos actos de corrupción ejecutados durante las campañas electorales, deben ser enfrentados desde su prevención por medio de la rendición de cuentas y la transparencia por parte de los partidos políticos.

Por tal razón, realizó un enérgico llamado a la Unidad de Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos para que realice el trabajo que le fue encomendado bajo los cinco principios fundamentales del IFE y que redoble esfuerzos a fin que sean castigadas las conductas ilegales que se llevaron a cabo en el pasado proceso electoral.

Es imperante conocer el origen, el destino y la aplicación de los recursos utilizados en las campañas electorales, en nuestro deber como legisladores no podemos permitir que se quiera legitimar una elección a partir de la ilegalidad.

Derivado de lo anterior, someto a consideración de esta honorable Soberanía el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente al Instituto Federal Electoral para que informe a esta Soberanía, de manera detalla y completa, las investigaciones, análisis y procedimientos utilizados por parte de su Consejo General para resolver como infundado el Resolutivo al Proyecto de Resolución por no comprobarse la aplicación del gasto en el caso conocido como MONEX, y no aplicar una individualización de la sanción equivalente a 150 por ciento del monto implicado.

SEGUNDO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Unidad de Inteligencia Financiera, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, el Servicio de Administración Tributaria y la Unidad de Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos del IFE, presenten ante esta Soberanía un informe con los resultados de las investigaciones efectuadas en torno a las denuncias presentadas en el proceso electoral 2012 para la Presidencia de la República; además un informe de los resultados alcanzados por las vistas remitidas por el Instituto Federal Electoral a cada uno de estos organismos.

Cámara de Senadores, a 7 de febrero de 2013.

Sen. David Monreal Avila”.





 

Se recibió el C. Senador Francisco Salvador López Brito, del grupo parlamentario del PAN, un punto de Acuerdo por el que se exhorta a la SAGARPA a incentivar la creación y fortalecimiento de los agrupamientos empresariales agroindustriales en toda la República Mexicana. Se turna a la Comisión de Comercio y Fomento Industrial.

PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL TITULAR DE LA SAGARPA A INCENTIVAR LA CREACION Y FORTALECIMIENTO DE LOS AGRUPAMIENTOS EMPRESARIALES AGROINDUSTRIALES EN TODA LA REPUBLICA MEXICANA

“SEN. ERNESTO JAVIER CORDERO ARROYO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
DE LA CAMARA DE SENADORES
LXII LEGISLATURA
PRESENTE.

FRANCISCO SALVADOR LOPEZ BRITO, Senador integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el Artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y en la fracción II del artículo 8, así como el artículo 276, ambos del Reglamento del Senado de la República, presento a consideración de esta Honorable Asamblea la proposición con punto de Acuerdo en el que se exhorta ala Secretaría de Economía y a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación para que en usos de sus facultades incentiven la creación y fortalecimiento de los agrupamientos empresariales (clusters) agroindustriales en toda la República Mexicana.

CONSIDERACIONES

Un cluster (o agrupamiento empresarial) es un concepto nacido a principios de la década de los años noventa como una herramienta para el análisis de aquellos factores que permiten a una industria específica incorporar nuevos eslabones en su cadena productiva, los factores que determinan el uso de nuevas tecnologías en sus procesos, y los factores determinantes de la generación de actividades de aglomeración.

Para más precisión un agrupamiento empresarial (cluster) consiste en un grupo de empresas de la misma actividad que tienen una estrategia común, que se vinculan con los sectores soporte y mantienen entre sí lazos de proveeduría y prestación de servicios, las cuales están organizadas en redes verticales y horizontales con el propósito de elevar sus niveles de productividad, competitividad y rentabilidad.

La experiencia internacional ha demostrado que las economías locales que se desarrollan bajo el concepto de agrupamientos empresariales (clusters) han incrementado notablemente su competitividad en los mercados internacionales.

Es importante considerar que la competitividad que genera un clusters desde el punto de vista del desarrollo regional debe verse como un proceso que implica, además de la innovación tecnológica, la innovación gerencial y organizacional, y que si bien todo esto se desarrolla en el interior de las empresas, es decir a nivel microeconómico, el hecho es que los efectos de este proceso tienen un gran impacto en las economías locales.

Los beneficios de los agrupamientos empresariales es que logran una visión compartida de todos los agentes económicos involucrados, generan mayor derrama económica en la región o zona de influencia, prestigio de la región al elaborar el producto con mejor calidad.

Otras son, que tienen una respuesta rápida a los cambios de la industria, fortalecen las cadenas productivas, aprovecha las vocaciones productivas regionales, estableciendo una planeación estratégica de mediano y largo plazos, eleva los niveles de competitividad de las empresas mediante su integración en las cadenas productivas.

Además generan economías de escala en las actividades en grupo y logran la especialización de las empresas en los productos, procesos y maquinaria relacionada a la actividad.

Se recomienda el proceso de agruparse por clusters, para mejorar el encausamiento de los esfuerzos de las partes que lo constituyen, porque permiten capitalizar las relaciones económicas entre sectores industriales específicos y porque proveen los medios para ayudar a definir la estrategia de desarrollo económico de una región además, las cadenas productivas más exitosas suelen estar concentradas regionalmente.

La formación de un grupo de empresas atrae factores productivos en condiciones favorables de calidad y precio, lo que refuerza la competitividad del agrupamiento.

La industria del agro es la actividad económica que comprende la producción, industrialización y comercialización de productos agrarios pecuarios, forestales y biológicos. Esta rama de industrias se divide en dos categorías, alimentaria y no alimentaria, la primera se encarga de la transformación de los productos de la agricultura, ganadería, riqueza forestal y pesca, en productos de elaboración para el consumo alimenticio, en esta transformación se incluye los procesos de selección de calidad, clasificación (por tamaño), embalaje-empaque y almacenamiento de la producción agrícola, a pesar que no haya transformación en si y también las transformaciones posteriores de los productos y subproductos obtenidos de la primera transformación de la materia prima agrícola. La rama no-alimentaria es la encargada de la parte de transformación de estos productos que sirven como materias primas, utilizando sus recursos naturales para realizar diferentes productos industriales.

Hay regiones especializadas en la producción de ciertos artículos para el mercado nacional o para mercados externos y a partir de esta especialización se han desarrollado clusters o conglomerados, que han dado un impulso al desarrollo regional.

El desarrollo regional se ha dado de una manera desigual entre las 32 entidades que conforman la república mexicana, tan solo 3 de ellas concentraron casi el 40% del Producto Interno Bruto en 2002.

En México, los primeros esfuerzos se iniciaron en 1997 en la Secretaría de Economía (entonces Secretaría de Comercio y Fomento Industrial). Ahora en todo el país se conoce la estrategia y la mayoría de los gobiernos estatales están incorporándola en sus planes de desarrollo.

Se han realizado esfuerzos por conformar clusters en los más importantes estados del país, algunos se han realizado de una manera más planeada, como los clusters tecnológicos de Jalisco y Tijuana, otros han iniciado como simples agrupaciones de empresas de un mismos giro, en las que las relaciones entre ellas se fueron dando paulatinamente y el apoyo gubernamental empezó posteriormente a su creación, tal como el clusters vitivinícola de Baja California.

Existen casos exitosos e interesantes modelos de agrupamientos empresariales, promovidos y fortalecidos por los gobiernos de los estados, la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA) y Nacional Financiera (NAFIN), tales son los casos del “Tecno-Parque Hortícola Fidesur- Sandia” en el estado de Nuevo León y el “Cluster Agroindustrial de Nayarit”.

En el caso del Tecno-parque citado logro combinar y potenciar el uso de Tecnología para la producción hortícola en localidades marginadas mediante mecanismos innovadores de coordinación público-privados, y con ello impulso la vertiente social y empresarial, con lo que se creó empresarios organizados de diversas comunidades, así como se le dio la oportunidad a jóvenes recién egresados de la Facultad de Agronomía de la Universidad Autónoma de Nuevo León de participar en el proyecto.

Lo anterior,se traduce en empleos bien remunerados que cambian las expectativas de vida de pobladores de una región con una alta demanda de oportunidades, los cuales producen cultivos de alta rentabilidad en forma exitosa.

Hay muchas cosas que faltan por hacer en este país, es nuestra responsabilidad como legisladoresincentivar la creación de mejores condiciones de vida para todas las personas, siendo una de las formas la promoción y creación de agrupamientos empresariales (clusters) que ayuden a mejorar la calidad de vida de los pequeños y medianos empresarios en México.

Por lo anteriormente planteado, me permito someter a esta Honorable Soberanía el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

UNICO.- Se exhorta a la Secretaría de Economía y a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación; para que en uso de sus facultades incentiven la creación y fortalecimiento de agrupamientos empresariales (clusters) Agroindustriales en México que permitan avanzar en el desarrollo económico de las diversas regiones.

México, D.F. a 7 de febrero de 2013.

Atentamente

Sen. Francisco Salvador López Brito”.





 

Se recibió del C. Senador Francisco Salvador López Brito, del grupo parlamentario del PAN, un punto de Acuerdo por el que se exhorta al titular de la SAGARPA a emitir el Decreto por el que se integre la Junta de Gobierno del Instituto Nacional de Pesca y realice las atribuciones conferidas a la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables como órgano público descentralizado, en beneficio del sector pesquero y acuícola del país. Se turna a la Comisión de Pesca.

PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL TITULAR DE LA SAGARPA A EMITIR EL DECRETO POR EL QUE SE INTEGRE LA JUNTA DE GOBIERNO DEL INSTITUTO NACIONAL DE PESCA Y REALICE LAS ATRIBUCIONES CONFERIDAS A LA LEY GENERAL DE PESCA Y ACUACULTURA SUSTENTABLES COMO ORGANO PUBLICO DESCENTRALIZADO, EN BENEFICIO DEL SECTOR PESQUERO Y ACUICOLA DEL PAIS

"SEN. ERNESTO CORDERO ARROYO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
DEL SENADO DE LA REPUBLICA
PRESENTE.

FRANCISCO SALVADOR LOPEZ BRITO, Senador integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y en la fracción II del artículo 8, así como el artículo 276, ambos del Reglamento del Senado de la República, presento a consideración de esta Honorable Asamblea la proposición con punto de Acuerdo en el que se exhorta al titular de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA) para que emita el Decreto mediante el cual se integre la Junta de Gobierno del Instituto Nacional de Pesca (INAPESCA) y realice las atribuciones conferidas a la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables como órgano público descentralizado, en beneficio del sector pesquero y acuícola del país. Lo anterior de acuerdo a las siguientes:

CONSIDERACIONES

Desde 1962, México cuenta con un organismo responsable de la investigación pesquera, primero se denominó Instituto Nacional de Investigaciones Biológico Pesqueras (INIBP), el cual aportó conocimientos básicos en materia de biología, distribución y abundancia de los recursos marinos y dulce-acuícolas del país.

En 1971, el INIBP se transformó en el actual Instituto Nacional de Pesca (INAPESCA), y ha venido a satisfacer la demanda de apoyo técnico y científico del sector, así como por la necesidad del Estado de promover el desarrollo pesquero y preservación de los recursos acuáticos sobre bases racionales y científicas.

Desde su fundación, ha sido el órgano asesor científico del Ejecutivo Federal, responsable de proporcionar asesoría científica y tecnológica para el desarrollo pesquero y acuícola del país, con metas y objetivos precisos para coadyuvar en la identificación y resolución de los problemas de las pesquerías del país, mediante el sustento técnico-científico, así como en la toma y aplicación de las decisiones correspondientes.

Las aportaciones de las investigaciones realizados por el INAPESCA han sidofundamentales para conocer los recursos pequeros susceptibles de captura, sus aspectos biológicos y sus composición, entre otros parámetros esenciales para sus existencia y aprovechamiento. De esta manera, se establecieron medidas de manejo y administración de las pesquerías comerciales.

De acuerdo con la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables, el Institutotiene la responsabilidad de coordinar y orientar la investigación científica y tecnológica en materia de pesca y acuacultura, así como el desarrollo, innovación y transferencia tecnológica que requiera el sector pesquero y acuícola nacional.

Para el cumplimiento de su objetivo el INAPESCA, en términos del Artículo 29 de la legislación en referencia, tiene entre otras, las siguientes facultades:

I. Coordinar y orientar la investigación científica y tecnológica en materia de pesca y acuacultura, así como el desarrollo, innovación y transferencia tecnológica.

II. Elaborar Planes de Manejo de las actividades pesqueras y acuícolas.

III. Elaborar y actualizar la Carta Nacional Pesquera y la Carta Nacional Acuícola.

IV. Emitir Opiniones y Dictámenes de carácter técnico y científico para la administración y conservación de los recursos.

V. Formular estudios para el ordenamiento de la actividad pesquera y acuícola.

VI. Coordinar la formulación e integración del Programa Nacional de Investigación Científica Tecnológica en Pesca y Acuacultura.

VII. Coordinar la Red Nacional de Información e Investigación en Pesca y Acuacultura.

VIII. Difundir sus actividades y los resultados de sus investigaciones.

Entre las atribuciones conferidas al INAPESCA, destaca la elaboración de la Carta Nacional Pesquera (CNP), debido a quecontiene un diagnóstico y evaluación integral de la actividad pesquera y acuícola, así como de los indicadores sobre la disponibilidad y conservación de los recursos pesqueros y acuícolas, en aguas de jurisdicción federal, los cuales resultan vinculantes para la autoridad pesquera en la adopción e implementación de instrumentos y medidas administrativas que el manejo específico de cada pesquería requiera.

Resulta esencial en el quehacer del Instituto la elaboración y desarrollo de programas de investigación pesquera y acuícola en temas relativos a la sobreexplotación de especies, deterioro ambiental, contaminación, descartes pesqueros y sobresfuerzo pesquero.

Con la expedición la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables (LGPAS, D.O.F. 24/07/2007)1, este instituto fue designado como “el órgano administrativo del Gobierno Federal encargado de coordinar y orientar la investigación científica y tecnológica en materia de pesca y acuacultura, así como el desarrollo, innovación y transferencia de tecnología que requiera el sector pesquero y acuícola.

No obstante a la modificación de estatus jurídico, al carecer de personalidad jurídica y de patrimonio propio, en la práctica el INAPESCA enfrentó problemas por no poder administrar un presupuesto, necesidades de contar con mejor infraestructura, así como la carencia de recursos humanos que obstaculizaron la operación eficiente del Instituto.

Para dar solución a la problemática antes planteada, fue aprobado el decreto por el que se reformaron los artículos 4, 8 y 29 de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables (D.O.F. 07/06/12)2, mediante el cual el INAPESCA se transformó de un organismo desconcentrado a un órgano público descentralizado sectorizado a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA).

La descentralización del INAPESCA tuvo por objetivo que el instituto adquiriera mayor autonomía, dotándolo a su vez de personalidad jurídica y patrimonio propio;así no estaría sujeto a una administración de sus recursos por parte de la Secretaría del Ramo y podría recibir financiamiento mediante esquemas de participación interinstitucional con los sectores público y privado.

Cabe mencionar que en términos del Artículo 90 de la Constitución Política de los Estados Unidos, la administración pública para desempeñar sus funciones se divide en centralizada y paraestatal.

Mientras que los Artículos 3 y 45 de la ley Orgánica de la Administración Pública Federal establecen que los organismos descentralizados forman parte de la administración paraestatal y podrán crearse por ley o decreto del Congreso de la Unión o del Ejecutivo Federal; se dispone que tendrán personalidad jurídica y patrimonio propios, cualquiera que sea la estructura legal que adopten.

Según el Artículo 14 de la Ley Federal de Las Entidades Paraestatales, son organismos descentralizados las personas jurídicas creadas conforme a lo dispuesto por la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y cuyo objeto sea:

I. La realización de actividades correspondientes a las áreas estratégicas o prioritarias;

II. La prestación de un servicio público o social; o

III. La obtención o aplicación de recursos para fines de asistencia o seguridad social.

Respecto al órgano de gobierno de los entes descentralizados, el Artículo 17 de la Ley citada establece que estará a cargo de un Organo de Gobierno que podrá ser una Junta de Gobierno o su equivalente y un Director General.

Cabe enfatizar que desde el pasado 8 de junio de 2012 cuando surtió efecto el decreto mediante el cual el Instituto Nacional de Pesca se transforma en un organismo descentralizado, la Secretaría del Ramo a la cual está sectorizado, en este caso la de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación ha incumplido en su función de integrar de manera completa al órgano de Gobierno del INAPESCA, ya que sólo designó a un Director General, por lo que queda pendiente de nombrar a los integrantes de la Junta Directiva o su equivalente.

En ese sentido, el Artículo 18 de la referida legislación señala que el Organo de Gobierno estará integrado por no menos de cinco ni más de quince miembros propietarios y de sus respectivos suplentes. Será presidido por el titular de la Coordinadora de Sector o por la persona que éste designe.

El cargo de miembro del Organo de Gobierno será estrictamente personal y no podrá desempeñarse por medio de representantes.

De igual forma, el Artículo 19 de la Ley Federal de Las Entidades Paraestatales establece que en ningún caso podrán ser miembros del Organo de Gobierno:

I. El Director General del Organismo de que se trate. Se exceptúan de esta prohibición aquellos casos de los organismos a que se refiere el artículo 5o. de esta Ley;

II. Los cónyuges y las personas que tengan parentesco por consanguinidad o afinidad hasta el cuarto grado o civil con cualquiera de los miembros del Organo de Gobierno o con el Director General;

III. Las personas que tengan litigios pendientes con el organismo de que se trate;

IV. Las personas sentenciadas por delitos patrimoniales, las inhabilitadas para ejercer el comercio o para desempeñar un empleo, cargo o comisión en el servicio público; y

V. Los diputados y senadores al H. Congreso de la Unión en los términos del artículo 62 Constitucional.

La legislación secundaria en referencia, dispone en su precepto vigésimo, que el Órgano de Gobierno se reunirá con la periodicidad que se señale en el Estatuto orgánico sin que pueda ser menor de 4 veces al año. De la misma forma, sesionará válidamente con la asistencia de por lo menos la mitad más uno de sus miembros y siempre que la mayoría de los asistentes sean representantes de la Administración Pública Federal.

Las resoluciones se tomarán por mayoría de los miembros presentes teniendo el Presidente voto de calidad para el caso de empate

Es lamentable que el hecho de que el INAPESCA no cuente con un Organo de Gobierno y seafecte su administración y toma de decisiones.

Por otra parte y por si fuese poco, el Ejecutivo Federal tiene pendiente publicar el Reglamento de Funcionamiento y operación del Instituto, por lo que en la actualidad se está operando de manera irregular y se requiere de manera urgente se establezcan las funciones y bases de coordinación entre los diversos entes adheridos a la estructura del Instituto Nacional de Pesca.

Si queremos que en México se realice una mayor investigación pesquera y acuícola y se innove tecnológicamente, necesitamos que el INAPESCA resuelva sus problemas de índole administrativo y jurídicos para que se pueda concentrar en conocer de qué manera cambian los recursos acuáticos, sus características biológicas, distribución, composición y las afectaciones que tienen en el medio ambiente donde se desarrollan, ya que éstas últimas se reflejan considerablemente en las capturas.

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta Honorable Soberanía el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO.- El Senado de la República hace un respetuoso exhorto al Titular de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación para que emita el Decreto mediante el cual se debe integrar la Junta de Gobierno del Instituto Nacional de Pesca, para que realice sus atribuciones que le confieren la actual Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables como órgano público descentralizado, en beneficio del sector pesquero y acuícola del país.

SEGUNDO.- El Senado de la República exhorta al Poder Ejecutivo Federal para que emita las reglas de funcionamiento y operación del Instituto Nacional de Pesca como organismo público descentralizado sectorizado a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación.

H. Cámara de Senadores, a 7 de febrero de 2013.

Atentamente

Sen. Francisco Salvador López Brito”.





 

Se recibió del C. Senador Francisco Salvador López Brito, del grupo parlamentario del PAN, un punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación y a la Comisión Nacional de Acuacultura a fortalecer la actividad acuícola nacional y poder atender la demanda del mercado nacional, así como intensificar acciones que estimulen el consumo de pescados y mariscos. Se turna a la Comisión de Pesca.

PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LA SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACION Y LA COMISION NACIONAL DE ACUACULTURA A FORTALECER LA ACTIVIDAD ACUICOLA NACIONAL Y PODER ATENDER LA DEMANDA DEL MERCADO NACIONAL, ASI COMO INTENSIFICAR ACCIONES QUE ESTIMULEN EL CONSUMO DE PESCADOS Y MARISCOS

“SEN. ERNESTO JAVIER CORDERO ARROYO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
DE LA CAMARA DE SENADORES
LXII LEGISLATURA
PRESENTE.

FRANCISCO SALVADOR LOPEZ BRITO, Senador integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el Artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y en la fracción II del artículo 8, así como el artículo 276, ambos del Reglamento del Senado de la República, presento a consideración de esta Honorable Asamblea la proposición con punto de Acuerdo de urgente y obvia resolución mediante el cual se exhorta a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA) y la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (CONAPESCA) para que se fortalezca la actividad acuícola nacional y pueda atender la demanda del mercado nacional, así como intensifiquen acciones que estimulen el consumo de pescados y mariscos.

EXPOSICION DE MOTIVOS

Son muchos los beneficios de consumir pescados y mariscos todo el año, y no solo en cuaresma que ayer dio inicio, en principio por los altos valores nutricionalesque el producto contiene y pudiera mejorar substancialmente la dieta del mexicano, reduciendo entre otros el índice de obesidad de la población, y por otro lado generar una activación del sector pesquero nacional que actualmente necesita, con un consecuente crecimiento de la economía.

Después de 20 años de un proyecto de investigación de universidades estadounidenses1, se llegó a la conclusión que el consumo de pescados y mariscos está asociado con beneficios que incluyen buena salud coronaria en adultos y mejoras en el desarrollo cognitivo y visual en infantes y niños, debido a que contienen proteína de alta calidad, ácidos grasos poliinsaturados omega‐3 eicosapentaenoico (EPA) y docosahexaenoico (DHA) beneficiosos para el corazón.

Derivado de la tradición religiosa de cuaresma, las ventas de pescados y mariscos crecen hasta en un 60 por ciento, incrementándose su consumo, lo cual con una campaña dirigida a los consumidores a lo largo del año éstas pudieran permanecer en niveles aceptables.

En un sondeo realizado en el 2010 por la Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO), para conocer hábitos de consumo de pescados y mariscos en cuaresma y semana santa, se encontró que el 35 por ciento de los entrevistados adquiría los productos en autoservicios, una cantidad similar en mercados y tianguis; un 14% compró en la central de abasto; un 11% en pescaderías y finalmente, un 5% los consumió en restaurantes.

De la misma manera, el 77 por ciento de los entrevistados adquirió estos productos frescos; el 11% congelados; 6% enlatados; 6 por ciento preparados o cocinados y 1% secos.

Cabe mencionar que el 42 por ciento de los participantes en el sondeo de PROFECO dicen consumir pescados y mariscos porque les gustan; un 33 por ciento por el hecho de respetar la cuaresma; un 13% por su valor nutritivo y en un 12% por su precio.

El nicho de oportunidad para los pescadores nacionales es que existe un 42 por ciento de las personas entrevistadas que disfrutan y consumen pescados y mariscosen cualquier época, por lo que el reto sería hacer accesible el producto a un precio razonable en todo el año.

Hay una barrera que tienen los consumidores mexicanos, respecto a que los pescados y mariscos son caros, en algunos casos les asiste la razón. Lo anterior, debido a que compran más las especies conocidas, que no son las más económicas, tales como camarón, mojarra, pulpo y atún; sin embargo, no adquieren por desconocimiento o porque no saben cómo preparar el calamar, la carpa, el cazón y la sardina, por mencionar algunos.

A diferencia de otros países, México no es un país que se caracterice por el consumo de productos pesqueros y mariscos, ya que según el Consejo Mexicano de Promoción de Productos Pesqueros y Acuícolas de la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (Conapesca), el consumo per cápita en los últimos años ha sido de aproximadamente 10.5 Kilogramos, muy por debajo del promedio internacional del consumo per cápita aparente que asciendea los 17 kilogramos.

En comparación con otros países, de Asia, Europa, América del Norte y América Central, es poco menos de la mitad lo que consume la población mexicana, es decir no alcanzamos el 50% de consumo de pescados y productos pesqueros per cápita que otras naciones consumen, e incluso de países de América con menor extensión territorial que el nuestro, como Perú con aproximadamente 25 kilogramos al año.

Reflejo del consumo nacional de pescados y mariscos, se cuenta sólo con dos centros en la Ciudad de México (La Viga) y en Guadalajara, (Zapopan).

Se requiere de mayor presencia en todo el sistema de distribución, mercados, supermercados y tiendas especializadas, así como la realización de campañas de inducción a su consumo, debido a que éste es muy bajo,ya que se estima que sólo el 2.5% del gasto en “alimentos y bebidas” se destina al consumo de mariscos y pescados.

A nivel mundial el pescado y los productos pesqueros se encuentran entre los principales productos alimenticios de mayor comercialización a nivel mundial, con un volumen de tendencia creciente en las exportaciones mundiales en los países en desarrollo.

En nuestro país, el sector pesquero nacional desempeña una función fundamental en la seguridad alimentaria no sólo para los pescadores ribereños e industriales que dependen directamente de la pesca para obtener alimentos, ingresos y servicios, sino también para los consumidores de la población nacional que se benefician de una excelente fuente de proteínas de origen animal de gran calidad.

Según datos oficiales, la producción promedio de los últimos diez años es de 1.4 millones de toneladas de producción pesquera la que se obtiene, contando los volúmenes que aporta la acuacultura y maricultura. De ello, según el Anuario Estadístico Pesquero de 2011, se exportó 371 mil 491 toneladasy en contrapartida, se importaron 215 mil 299 toneladas.

Respecto a la producción acuícola, esta actividad presenta una tasa de crecimiento promedio de 3.44%. Para el año 2011, su volumen es de 15.83% de la producción pesquera nacional. En esta actividad, tenemos como principal especie acuícola al Camarón con una participación de 42%, equivalente a 110 mil toneladas.

Como se puede observar, de manera oficial se cuenta con un balance positivorespecto a la balanza comercial de pescados y mariscos; sin embargo, para poderle hacer frente a la introducción de especies para el consumo provenientes de otras latitudes, México necesita crecer más sus volúmenes de producción de sus pesquerías con el desarrollo de más acuacultura, y poder así satisfacer tanto al consumo nacional y el internacional.

En los supermercados se puede encontrar a la venta el pescado denominado “basa”, muy similar al bagre o “chiuil”, pero de cultivo,así como el llamado “blanco del Nilo” que pueden ser mojarras o tilapias, congelado y empacado para su comercialización en filetes individuales por una cantidad de 80 pesos en la presentación de un kilo.

Según la CONAPESCA, en el 2011 se importaron 41 mil 95 toneladas de “basa”, mientras que de tilapia se importaron 48 mil 731 toneladas, con un valor en conjunto de 109 mil 727 dólares, recurso que se pudo haber quedado en México si nuestras autoridades tuviesen una visión a largo plazo que hubiera desarrollado el potencial que tiene la acuacultura en México, con el correspondiente desarrollo económico y el desarrollo del nivel de vida de las comunidades rurales de alta marginación,aptas para esta actividad,así como de sus habitantes mexicanos y no asiáticos, que son quienes se llevan las divisas.

Por otro lado, dentro de la Cruzada Nacionalcontra el Hambre que promueve el Gobierno Federal debe considerar la incorporación de los pescados y mariscos en la dieta de los mexicanos, para mejorar su salud, lo cual traería un gran beneficio para el sector pesquero y acuícola con la comercialización de sus productos, alentando a la creación de empleo y desarrollo de las comunidades pesqueras.

Otro aspecto a considerar, es que aun cuando ya inició la temporada de cuaresma, en los medios de comunicación no se ha detectado una campaña de promoción de pescados y mariscos por parte de las autoridades pesqueras federales, a pesar de la importancia que significa ello para el país.

Cabe mencionar, que se reconoce la existencia de campañas de promoción al consumo de pescados y mariscos, con recursos muy escasos, por lo que bien le vendría a México y a sus pescadores una acción decidida del Gobierno Federal como aquella que muchos recordamos por su jingle exitoso: chun tachún, tachún, vamos a comer atún, dirigida a apoyar a una pesquería específica que sufrió de un embargo comercial por parte de los Estados Unidos.

Ante la problemática antes expuesta, se somete a la consideración de esta Honorable Asamblea, de urgente y obvia resolución el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

Primero. Se hace un respetuoso exhorto a los titulares de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA) y de la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (CONAPESCA) para que en su política pública de fomento se fortalezca a la actividad acuícola nacional para atender la demanda del mercado nacional.

Segundo. Se hace un respetuoso exhorto a los titulares de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA) y de la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (CONAPESCA) a intensificar sus programas de difusión, mediante campañas de publicidad en los medios masivos de comunicación para el consumo de pescados y Mariscos.

Tercero. Se hace un respetuoso exhorto a los titulares de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA) y de la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (CONAPESCA) a establecer programas permanentes que fomenten el consumo de productos pesqueros y acuícolas a nivel nacional.

México, D.F., a 14 de febrero de 2013.

Atentamente

Sen. Francisco Salvador López Brito”.

Se recibió del C. Senador Francisco Salvador López Brito, del grupo parlamentario del PAN, efeméride en relación con el Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer.





 

Se recibió del C. Senador Juan Gerardo Flores Ramírez, del grupo parlamentario del PVEM, un punto de Acuerdo por el que se solicita a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y al Servicio Postal Mexicano que rindan un informe sobre la situación financiera que guarda el Servicio Postal Mexicano y lleven a cabo una revisión de las políticas tarifarias para clientes corporativos, a fin de eliminar la transferencia de recursos de los contribuyentes a este tipo de clientes. Se turna a la Comisión de Comunicaciones y Transportes.

PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE SOLICITA A LA SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES Y AL SERVICIO POSTAL MEXICANO QUE RINDAN UN INFORME SOBRE LA SITUACION FINANCIERA QUE GUARDA EL SERVICIO POSTAL MEXICANO Y LLEVEN A CABO UNA REVISION DE LAS POLITICAS TARIFARIAS PARA CLIENTES CORPORATIVOS, A FIN DE ELIMINAR LA TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE LOS CONTRIBUYENTES A ESTE TIPO DE CLIENTES

“SENADO DE LA REPUBLICA
LXII LEGISLATURA.

El que suscribe, Senador Juan Gerardo Flores RamIrez integrante del grupo parlamentario Verde Ecologista de México en el Senado de la República, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 8, numeral 1, fracción II y 276, numeral 1 del Reglamento del Senado de la República, someto a consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente PROPOSICION CON PUNTO DE ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE SOLICITA A LA SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES, Y AL SERVICIO POSTAL MEXICANO, RINDAN UN INFORME DETALLADO SOBRE LA SITUACION FINANCIERA QUE GUARDA EL SERVICIO POSTAL MEXICANO Y LLEVEN A CABO UNA REVISIÓN DE LAS POLITICAS TARIFARIAS PARA CLIENTES CORPORATIVOS A FIN DE ELIMINAR LA TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE LOS CONTRIBUYENTES A ESTE TIPO DE CLIENTES.

Lo anterior con base en las siguientes:

CONSIDERACIONES

En la última década, el Servicio Postal Mexicano ha operado con números rojos. Sus ingresos de operación prácticamente son los mismos que en el último año de la Administración del Presidente Fox, es decir, alrededor de 2,894 millones de pesos, mientras que sus gastos de operación han alcanzado desde entonces, aproximadamente los $4,000 millones de pesos anuales.
Se estima que el monto total del subsidio económico que el Servicio Postal Mexicano recibió durante la pasada Administración es de aproximadamente $11,000 millones de pesos. Naturalmente, la canalización de dicho subsidio encuentra justificación en la obligación ante la Unión Postal Universal (UPU) de garantizar un Servicio Postal Universal (SPU), el cual se entiende como “servicios postales básicos que el Estado se obliga a garantizar a todos los habitantes de su territorio, en forma permanente, con calidad determinada, a precios asequibles”.1

Conforme al artículo 28 de nuestra Carta Magna, el servicio de correos es considerado un área estratégica, fundamentalmente por tratarse de un servicio cuyo objetivo es atender una necesidad de comunicación de toda la población, es decir, se trata de un servicio universal. No obstante, conforme a las estadísticas de manejo de correspondencia del Servicio Postal Mexicano, puede afirmarse que hoy en día tiene un carácter primordialmente comercial, pues el llamado correo social apenas llega a representar el 3 por ciento del volumen total de correspondencia que se maneja.

En virtud de lo anterior, las transferencias que anualmente recibe el Servicio Postal Mexicano del erario para cubrir el déficit de operación de esta institución, es en los hechos un subsidio del enorme volumen de correspondencia de carácter comercial o corporativa que maneja en forma anual este organismo.

En este contexto, puede afirmarse que este subsidio beneficia de manera preponderante a los clientes importantes del Servicio Postal Mexicano. Por ejemplo, empresas como Telmex y Banamex se benefician, en el caso de en un producto de carta corporativa, de una tarifa por envío de $1.90 más el IVA correspondiente, mientras que la tarifa que enfrentan los particulares es de $6.50 más el IVA.

De acuerdo con lo que se observa a nivel internacional, en países desarrollados el margen de descuento en la tarifa corporativa por volumen, con respecto a la tarifa de los usuarios individuales, se ubica en alrededor de 15 por ciento; en México el margen de descuento que el Servicio Postal Mexicano otorga a clientes como Telmex y Banamex es del 70 por ciento sobre la tarifa que se ofrece a usuarios individuales, o visto de otra forma, un mexicano común y corriente que envía su correspondencia a través del Servicio Postal Mexicano paga en promedio 3.4 veces más que lo que pagan estas dos empresas por cada sobre de correspondencia.

Esto significa que desafortunadamente, los recursos de los contribuyentes están siendo utilizados de manera ineficiente, pues se destinan a subsidiar la entrega de correspondencia de personas morales, no sólo con fines de lucro, sino que además destacan por su alta rentabilidad financiera; de tal manera, al canalizar de manera ineficiente este tipo de subsidio, evidentemente se priva de recursos a otros programas cuya utilidad social puede ser mucho más alta.

Si a esta situación agregamos que en siete años las tarifas corporativas de este servicio no sólo no se han incrementado, sino que incluso se tiene conocimiento que el Servicio Postal Mexicano ha ofrecido a sus clientes corporativos tarifas de hasta $1.86 más el IVA correspondiente por carta o sobre, se pone de manifiesto la necesidad de reenfocar la estrategia del Servicio Postal Mexicano, para que, entre otros aspectos, considere un ajuste de las tarifas corporativas que permita mejorar el perfil de ingresos de este organismo y así disminuir la carga que el trato favorable a clientes comerciales o corporativos ha venido representando para los contribuyentes.

En este esfuerzo para reenfocar la estrategia del Servicio Postal Mexicano, también es necesario mejorar la transparencia respecto a la política de tarifas para clientes comerciales o corporativos, así como respecto del manejo de volúmenes, en lo individual, para grandes clientes comerciales.

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a consideración de esta Soberanía la siguiente proposición con:

PUNTO DE ACUERDO

UNICO: Se exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para que remita a esta soberanía un informe detallado sobre la situación financiera que guarda el Servicio Postal Mexicano, y que junto con este organismo, lleven a cabo una revisión de las políticas tarifarias para clientes corporativos, a fin de eliminar o disminuir en forma sensible los requerimientos sistemáticos de transferencias por parte del erario, así como para que implementen un sistema de reporte de información sobre tarifas corporativas y manejo de volúmenes de cada uno de los grandes clientes corporativos, a efecto mejorar la transparencia en la información sobre la operación del Servicio Postal Mexicano.

Salón de sesiones de la H. Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, a 14 de febrero de 2013.

Sen. Juan Gerardo Flores Ramírez”.

1 La definición  del Servicio Postal Universal se encuentra contenida en la resolución C 103/1999, misma que fue aprobada por la XXII Congreso de la UPU en 1999.





 

EFEMERIDE

“SENADOR ERNESTO CORDERO ARROYO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
LXII LEGISLATURA
SENADO DE LA REPUBLICA
PRESENTE.

Compañeras y compañeros senadores, el pasado 04 de febrero se conmemoró el DIA MUNDIAL DE LUCHA CONTRA EL CANCER, establecido por la Organización Mundial de la Salud, como una oportunidad para elevar colectivamente nuestras voces y mejorar el conocimiento general sobre el cáncer.

Este año, 2013, el lema de la OMS es: "El cáncer - ¿Sabías que?" con el fin de disipar los mitos y concepciones erróneas sobre el cáncer, como son:

1.- El cáncer es una enfermedad de los países desarrollados, ricos y envejecidos. FALSO, lo cierto es que también se presenta en países subdesarrollados y lamentablemente, en estos países se diagnostica en estadios avanzados. En México, se encuentra entre las 10 principales causa de enfermedad y muerte. Desafortunadamente, más de 70 por ciento de los pacientes llega en etapas avanzadas de la enfermedad por una falta de educación y de cultura para el cuidado de la salud.

2.- El cáncer es una sentencia de muerte. FALSO, lo cierto es que la detección oportuna y diagnóstico temprano está asociado a un tratamiento curativo. Hay maneras probadas para prevenir y curar muchos tipos de cáncer. La sobrevivencia es de 70 por ciento entre pacientes con cáncer en USA, mientras que en Latinoamérica es apenas de 30 por ciento, desafortunadamente. Razón por la cual debemos insistir en promover una cultura de cuidado de la salud, una detección y diagnostico en estadios iniciales de la enfermedad.

3.- Estoy destinado a tener cáncer, FALSO, lo cierto es que la herencia es un factor de riesgo asociado muy rara vez al desarrollo de determinados canceres. El cáncer es un problema de salud y con mucha frecuencia se asocia a factores de riesgo de estilos de vida insanos. La OMS llama a los gobiernos a promover la vigilancia de algunos factores de riesgo como son: El consumo de tabaco, el uso nocivo del alcohol, una dieta alta en grasas, sal y carbohidratos refinados y baja en fibras, vegetales y verduras.

El cáncer es una de las principales enfermedades que causa la muerte en todo el mundo; en 2008 causó 7,6 millones de defunciones, 13% del total. Cada año se diagnostican 13 millones de nuevos casos de cáncer y cada año mueren más de 7.6 millones por la enfermedad, 66% de esas muerte ocurren en países en desarrollo. En México, la morbi-mortalidad es de 150 mil nuevos casos y alrededor de 70 mil muertes anuales

Para el Dr. Alejandro Mohar, director del Instituto Nacional de Cancerología más de 30% se puede curar, siempre y cuando se trate a tiempo, otro 30% se puede prevenir dejando de fumar, beber en exceso y tener un alto consumo de grasas, así como haciendo ejercicio y variando nuestra dieta equilibrando carbohidratos, carnes, frutas y verduras.

Sin embargo en México, la lucha contra el padecimiento se ve afectada por la falta de personal capacitado, no concretar los centros oncológicos estatales y, algo desafortunado, la demora en operación de aparatos costosos y especializados, como lo ha reportado la Auditoria Superior de la Federación en estados como Chiapas, Yucatán, Oaxaca, Veracruz y Tamaulipas.

Incluso más dramático, la desaparición de aparatos costosos y especializados como en Oaxaca, que de acuerdo con la Procuraduría General de la República, según consta en el expediente PGR/OAX/OAX/V/161/2011, se investiga la desaparición del equipo integral de radioterapia con acelerador lineal que costó 118 millones 860 mil pesos y que fue adquirido para atender los cánceres de mama y cervico-uterino, principales causas de muerte entre las mujeres de esa entidad.

Hay siete estados que carecen de centros oncológicos: Baja California, Zacatecas, Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala, Morelos y Quintana Roo.

Es necesario resaltar que durante el sexenio pasado, a manera de ejemplo, se realizaron mastografías masivas e itinerantes para detección oportuna de cáncer de mama.

Pero atendiendo al llamado de la OMS, primero terminemos con los mitos sobre el Cáncer, con una campaña masiva, objetiva y verdadera sobre esta enfermedad.

Aquí quiero reconocer el paso adelante de nuestras senadoras, que contribuyen a la desmitificación del cáncer de mama con su video promocional en salud “Tócate”. Muy bien y Felicitaciones, ciudadanas senadoras.

También quiero externarles mi beneplácito porque la Secretaria de Salud en Sinaloa y el Hospitalito de Culiacán, como el pueblo cariñosamente llama al Hospital Pediátrico de Sinaloa, desde ayer lunes once y hasta el próximo viernes celebran la Semana Nacional del Niño con Cáncer, pero esta celebración no se circunscribe a lo académico-clínico, también se extiende a la avenida Álvaro Obregón en Culiacán, una de las avenidas céntricas y muy concurridas por la población, para hacerlas participes y observadoras de que las niñas y niños con esta enfermedad, nos conmueve hondamente y debemos avocarnos al cuidado esmerado de su salud.

Es cuanto.

H. Cámara de Senadores, a 5 febrero 2013.

Atentamente

Sen. Francisco Salvador López Brito”.





 

PROPUESTA

Se le concede el uso de la palabra a la Senadora Angélica Araujo Lara, para presentar, a nombre propio y de diversas Senadoras del grupo parlamentario del PRI, un punto de Acuerdo por el que el Senado de la República saluda con beneplácito la Política Nacional de Vivienda presentada por el titular del Poder Ejecutivo Federal.

- La C. Senadora Angélica Araujo Lara: Gracias, señor Presidente. Con su permiso.

A nombre propio y de las Senadoras y Senadores de mi grupo parlamentario, quisiera someter al Pleno del Senado la siguiente proposición con punto de Acuerdo:

El pasado lunes 11 de febrero del presente año, el Presidente de la República, licenciado Enrique Peña Nieto, presentó a la nación la Política Nacional de Vivienda que desarrollará durante su administración. Se trata de un modelo enfocado a promover el desarrollo ordenado y sustentable del sector, a mejorar y regularizar la vivienda urbana, así como a construir y mejorar la vivienda rural. Estas tareas estarán a cargo de la recientemente creada Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, SEDATU, instancia coordinadora de la política de vivienda en nuestro país.

Esta estrategia, de acuerdo a lo expresado por el Presidente, contempla para este año impulsar más de un millón de acciones de lotificación, construcción, ampliación y mejora de hogares, tanto en el campo como en las ciudades. De estas, más de 500 mil corresponderán a nuevas construcciones.

Esta política nacional en materia de vivienda se sustenta en cuatro estrategias.

1. Lograr una mayor y mejor coordinación interinstitucional. La alineación de programas y acciones en materia de tierra de financiamiento y de vivienda, como elemento esencial para el éxito y la viabilidad del sector.

2. Transitar hacia un modelo de desarrollo urbano sustentable e inteligente.

3. Reducir de manera responsable el rezago existente que al día de hoy está cerca de nueve millones de familias que no tienen una vivienda.

4. Procurar vivienda digna para todos los mexicanos, impulsando mayores acciones de crédito y subsidios para su mejoramiento y ampliación, tanto en el medio urbano como en el rural. Se habrán de realizar más de 320 mil acciones de mejoramiento de vivienda, 97 mil de las cuales serán de vivienda rural.

Se instrumentará un nuevo mecanismo de seguridad social enfocado a proporcionar vivienda nueva a policías, tanto federales, estatales y municipales, como reconocimiento a su papel para garantizar la seguridad de todos los mexicanos.

La SEDATU coordinará con los organismos nacionales de vivienda una estrategia para que todas las viviendas que sean financiadas o subsidiadas por el Estado cuenten al menos con dos recámaras y que sean de espacios amplios para las familias mexicanas. Además, se asegurará que el desarrollo urbano se dé en condiciones de equilibrio con el sector rural, con respecto al medio ambiente y a nuestros recursos naturales.

De aquí que el Senado de la República, consideramos, debe sumarse a esta estrategia que busca impulsar un desarrollo social, acabar con las desigualdades que conculcan el derecho a una vivienda digna, es un esfuerzo al cual debemos unirnos.

Por eso, como Senadoras y Senadores en nuestro ámbito de competencia, debemos de estar atentos a lo que de nosotros demanda el país para lograr que las políticas públicas encaminadas al desarrollo social, humano y personal de los mexicanos sean una realidad, participemos de los esfuerzos en materia de vivienda y contribuyamos a que esos 9 millones de familias vean garantizado su derecho a contar con una vivienda digna.

Por esta razón y con estas consideraciones y reconociendo esta necesidad, es que sometemos a consideración de esta Honorable Asamblea el siguiente punto de Acuerdo:

Unico.- Este Senado de la República saluda con beneplácito la Política Nacional de Vivienda presentada por el titular del Poder Ejecutivo Federal y se suma a este esfuerzo por un crecimiento urbano, ordenado y sostenible que permita a todos los mexicanos acceder a una vivienda digna y decorosa.

Solicito pueda ser considerado de urgente resolución.

Muchas gracias, señor Presidente.

Gracias, Senadores.

Propuesta

PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE EL SENADO DE LA REPUBLICA SALUDA CON BENEPLACITO LA POLITICA NACIONAL DE VIVIENDA PRESENTADA POR EL TITULAR DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL Y SE SUMA A ESTE ESFUERZO POR UN CRECIMIENTO URBANO ORDENADO QUE PERMITA A LOS MEXICANOS ACCEDER A UNA VIVIENDA DIGNA Y DECOROSA

“Las suscritas, ANGELICA ARAUJO LARA, IVONNE LILIANA ALVAREZ GARCIA, HILDA ESTHELA FLORES ESCALERA, MARGARITA FLORES SANCHEZ, LISBETH HERNANDEZ LECONA, JUANA LETICIA HERRERA ALE, LILIA GUADALUPE MERODIO REZA, MARIA DEL ROCIO PINEDA GOCHI Y MELY ROMERO CELIS, Senadoras integrantes del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en esta LXII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 276 del Reglamento del Senado de la República, nos permitimos someter al Pleno del Senado de la República, la siguiente proposición con punto de Acuerdo al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

El derecho constitucional a una vivienda diga y decorosa, consagrado en el artículo 4° constitucional es hoy letra muerta para millones de mexicanos.

El 11 de febrero de 2013, el Presidente de la República, Lic. Enrique Peña Nieto, presentó a la Nación la Política Nacional de Vivienda que desarrollará durante su administración. Se trata de un modelo enfocado a promover el desarrollo ordenado y sustentable del sector; a mejorar y regularizar la vivienda urbana, así como a construir y mejorar la vivienda rural. Estas tareas estarán a cargo de la recientemente creada Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU), instancia coordinadora de la política de vivienda en nuestro país.

Esta estrategia, de acuerdo a lo expresado por el Presidente de la República, contempla para 2013 impulsar más de un millón de acciones de lotificación, construcción, ampliación y mejora de hogares, tanto en el campo como en las ciudades. De este millón de acciones, más de 500 mil corresponderán a nuevas construcciones.

La Política Nacional en materia de vivienda se sustenta en cuatro estrategias:

1. Lograr una mayor y mejor coordinación interinstitucional. La alineación de programas y acciones en materia de tierra, financiamiento y vivienda, como elemento esencial para el éxito y viabilidad del sector.

2. Transitar hacia un modelo de desarrollo urbano sustentable e inteligente.

3. Reducir de manera responsable el rezago existente que el día de hoy es de nueve millones de casas aproximadamente.

4. Procurar vivienda digna para todos los mexicanos, impulsando mayores acciones de crédito y subsidio para su mejoramiento y ampliación, tanto en el medio urbano como en el rural. Se habrán de realizar más de 320 mil acciones de mejoramiento a la vivienda, 97 mil de las cuales atenderán la vivienda rural.

De manera particular, se fortalecerá el papel de la banca privada en el otorgamiento de créditos para la vivienda. Se instrumentará un nuevo mecanismo de seguridad social, enfocado a proporcionar vivienda nueva a policías -tanto federales como estatales y municipales- como reconocimiento a su papel en garantizar la seguridad de los mexicanos.

La SEDATU coordinará con los organismos nacionales de vivienda una estrategia para que toda vivienda popular financiada o subsidiada por el Estado, cuente al menos con dos recámaras, con espacios amplios para las familias mexicanas. Además, se asegurará que el desarrollo urbano se dé en condiciones de equilibrio con el sector rural, con respeto al medio ambiente y a nuestros recursos naturales.

Esta estrategia contempla un periodo de transición de hasta 24 meses para que la industria del desarrollo de vivienda pueda realizar los ajustes requeridos para el impulso de esta nueva política.

El Senado de la República debe sumarse a esta estrategia que busca impulsar el desarrollo social y acabar con las desigualdades que conculcan el derecho a una vivienda digna. Es un esfuerzo que debe unirnos.

Por eso, como Senadoras y Senadores, en nuestro ámbito de competencia, debemos estar atentos a lo que de nosotros demande el país para lograr que las políticas públicas encaminadas al desarrollo social, humano y personal de los mexicanos sean una realidad. Participemos de los esfuerzos en materia de vivienda y contribuyamos a que esos 9 millones de familias vean garantizado su derecho a contar con una vivienda digna y decorosa.

Es en razón de estas consideraciones, y del reconocimiento de la necesidad de que esta política cumpla su meta en beneficio de México que sometemos a la consideración de esta H. asamblea el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

UNICO: El Senado de la República saluda con beneplácito la Política Nacional de vivienda presentada por el titular del Poder Ejecutivo Federal y se suma a este esfuerzo por un crecimiento urbano ordenado que permita a los mexicanos acceder a una vivienda digna y decorosa.

Salón de sesiones del Senado de la República, D.F., a 14 de febrero de 2013.

Atentamente

Sen. Angélica Araujo Lara.- Sen. Ivonne Alvarez García.- Sen. Hilda Flores Escalera.- Sen. Margarita Flores Sánchez.- Sen. Lisbeth Hernández Lecona.- Sen. Juana Leticia Herrera Ale.- Sen. Lilia Merodio Reza.- Sen. María del Rocío Pineda Gochi.- Sen. Mely Romero Celis”.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, Senadora Angélica Araujo Lara. Como lo está proponiendo la propia Senadora, pido a la Secretaría que consulte a la Asamblea, en votación económica, si se considera de urgente resolución.

- La C. Secretaria Merodio Reza: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si el anterior asunto se considera de urgente resolución y se pone a discusión de inmediato. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se considera de urgente resolución, señor Presidente.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, señora Secretaria. En consecuencia, está a discusión dicho punto de Acuerdo. Tiene la palabra el Senador Víctor Hermosillo para hablar sobre este asunto, hasta por cinco minutos.

- El C. Senador Víctor Hermosillo y Celada: Con su permiso. Trataré de ser breve.

El programa de vivienda que ha presentado la actual administración, es un pliego de ideas nada más, no está aterrizado, es necesario que se aterrice y que se diga ya las cosas que se van a hacer, hasta ahorita fueron declaraciones.

Se ve que todavía en nuestro país existe un rezago importante en vivienda, un rezago que en las pasadas dos administraciones afortunadamente se bajó muchísimo porque era enorme hace 12 años, y más de 7 millones de acciones de vivienda se hicieron en ese tiempo. Sí, falta todavía mucho que hacer en vivienda, sobre todo ya que se ha hecho mucho por los mexicanos que tienen INFONAVIT, FOVISSSTE o ISSSTE, pero todavía quedan muchos que no tienen ninguno de estos servicios y tienen necesidad de vivienda.

El chiste es ver la manera de cómo se les puede dotar de vivienda y que puedan también, digamos, de alguna manera pagar, porque los que tienen un servicio como el INFONAVIT es un ahorro que tienen, mismo que después sirve para que tengan su vivienda, o sea, ya se ha avanzado mucho en vivienda.

Ahorita el INFONAVIT es una institución que tiene solidez, es una institución que tiene una cartera muy controlada y así debemos, por toda circunstancia, de mantenerlo. Entonces aquí lo que falta es el programa ya aterrizado, porque hasta ahorita lo que se ha presentado son puras buenas intenciones.

Estamos de acuerdo en que siga un proyecto fuerte de vivienda, que se hagan, como se dice, las acciones que se están pensando. Y otra cosa también preocupante es que estas declaraciones que se hicieron tristemente hacen la situación de que a las empresas constructoras les dieron una gran incertidumbre, de alguna manera también hay que decir que las empresas constructoras que se dedican a la vivienda seguirán trabajando intensamente.

Y esa incertidumbre fue una reacción que provocó la baja de sus acciones en la bolsa, que es muy peligroso, porque la mayoría de los vivientistas se tienen que financiar para poder hacerle frente a las casas. Entonces, es muy peligroso que se le dé incertidumbre al sector vivienda porque puede tener descalabros financieros muy importantes, es un sector que ha trabajado con seriedad por el bien de México, es un sector que le da al pueblo de México una buena vivienda y es un sector que es gran empleador.

No se nos olvide, la vivienda es un gran empleador en el país no nada más de mano de obra, sino también de materiales. Entonces, hay que estar con mucha prudencia para que precisamente no existan estas incertidumbres que pueden causar un problema grave de un colapso a los vivientistas.

Muchas gracias.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, Senador Víctor Hermosillo.

Para el mismo asunto, se le concede el uso de la palabra al Senador Francisco García Cabeza de Vaca.

- El C. Senador Francisco Javier García Cabeza de Vaca: Con su venia, señor Presidente; compañeras y compañeros Senadores:

Si bien es cierto, ya se dio a conocer el plan precisamente de vivienda que está ofreciendo el gobierno federal, también es cierto que hay algunas inconsistencias. De entrada, no se habla de uno de los grandes problemas que se tienen en nuestro país, que es precisamente un área que le compete a esta nueva Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, es el tema de asentamientos irregulares.

Este ha sido un problema que venimos arrastrando durante décadas, pero que al final del día el problema está ahí, está latente. Les recuerdo que cerca del 52% del territorio de las ciudades son áreas agrarias, son áreas comunales, ejidos, y donde éstos, a través de los años, se han permitido precisamente asentamientos irregulares, y eso se debe precisamente a que ayuntamientos, administraciones de una manera irresponsable han permitido que familias se establezcan ahí.

Difícilmente se va a poder llegar a construir el número de viviendas que se desea o que se requiere en nuestro país si no podemos resolver el problema de asentamientos irregulares. Les puedo prácticamente asegurar que no hay un municipio en este país que esté libre de asentamientos irregulares.

También se habla de la posibilidad de la vivienda vertical con la finalidad de que los ayuntamientos puedan dar mejores servicios, sin embargo, se va a presentar un problema, que es precisamente la necesidad de tierra. ¿Cómo se va a hacer para resolver este problema a través de la adquisición de reservas territoriales?

Tampoco se ha plasmado en este programa, y muchos pueden decir, bueno, vamos a hacer vivienda vertical, vamos a buscar meter y construir vivienda en las áreas urbanas. Sin embargo, los dueños de esta tierra son particulares, ellos son los que en un momento dado estarán poniendo los precios de esta tierra. Y es de todos sabido que la vivienda social no puede dispararse el precio del costo de la tierra porque sería simplemente inviable la construcción de vivienda social.

Entonces, pareciera ser que esto, como bien lo dijo el Senador que me antecedió, es un catálogo de buenas voluntades, se quiere construir un número de vivienda importante; sin embargo, no nos dicen cómo van a resolver el grave problema que se tiene hoy en día con la tierra, con los asentamientos irregulares.

Aquí pediríamos al Ejecutivo Federal, en este caso al nuevo titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, que nos explique, cómo va a poder, en un momento dado, resolver el problema que se vive en muchos estados de nuestro país, especialmente aquellas localidades que no cuentan ni siquiera con suficiente tierra para la construcción de vivienda.

Es cuanto, señor Presidente.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, Senador Francisco García Cabeza de Vaca. No habiendo más quien haga uso de la palabra en este asunto, pido a la Secretaría que consulte a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el mismo.

- La C. Secretaria Merodio Reza: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse la propuesta presentada por la Senadora Angélica Araujo. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí es aprobada la propuesta, señor Presidente.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Aprobada. Comuníquese.

¿Para qué asunto, Senador Fernando Herrera?

- El C. Senador Fernando Herrera Avila: (Desde su escaño) Es evidente que no contó con la aprobación de las dos terceras partes de este Pleno, de tal suerte, que yo le pido que nuevamente se verifique la votación, porque es más que evidente que no existen esas dos terceras partes.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Informo a ustedes que en este caso es mayoría simple. Ya se dispensaron los trámites, ahorita estamos sólo en la votación, dos terceras partes era en la etapa anterior. Ahorita sólo es para aprobación.

Lo que pasa es que ese trámite ya no es en el que estamos ahorita, ese trámite ya lo habíamos concluido y ahorita estamos en la votación de la propuesta, ya con dos votos en contra se aprobó.

Sonido en el escaño del Senador Preciado Rodríguez, ¿para qué asunto?

- El C. Senador Jorge Luis Preciado Rodríguez: (Desde su escaño) De acuerdo con el Reglamento, cuando alguno de los Senadores tiene duda sobre el resultado de la votación, que es el periodo en el que estamos, puede solicitar que se rectifique, entonces, independientemente que es mayoría simple lo que se necesita o absoluta, es más de la mitad de los presentes, si alguien tiene duda sobre el resultado de la votación, puede solicitarle a la Presidencia, y la debe conceder, de que se vuelva a tomar la votación y nada más para verificar que estamos en lo correcto.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Pido a la Secretaría que, a petición del Senador Jorge Luis Preciado, vuelva a consultar a la Asamblea, si es de aprobarse dicho punto de Acuerdo.

- La C. Secretaria Merodio Reza: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse la propuesta presentada. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobada la propuesta, señor Presidente.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Aprobada. Comuníquese.

Sonido en el escaño del Senador Fernando Herrera.

- El C. Senador Fernando Herrera Avila: (Desde su escaño) Que se abra el sistema electrónico de votación, yo conté diez votos a favor exclusivamente de la promoción que se hizo, de tal suerte que fueron más los que votaron por la negativa.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Pido a la Secretaría que dé cuenta de las condiciones en las que se dio la votación a juicio de esta Presidencia e indudablemente que sí había una mayoría.

Sonido en el escaño del Senador Roberto Gil.

- El C. Senador Roberto Gil Zuarth: (Desde su escaño) Señor Presidente, es muy sencillo, el Reglamento establece: que cuando cinco Senadores presentan la solicitud para que la votación se tome a partir del sistema electrónico de votación, la Presidencia debe proceder en ese sentido, hay cinco Senadores que están pidiendo la votación nominal y le ruego proceder en ese sentido.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Lo que pasa es que esa etapa procesal ya la concluimos, ahorita estamos sólo en la votación.

¿Para qué asunto, Senador Preciado Rodríguez?

- El C. Senador Jorge Luis Preciado Rodríguez (Desde su escaño) Si puede leer el punto de Acuerdo en el momento que se está votando.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Quiero informar a usted que esa etapa ya se había concluido, se informó, pero a petición suya, pido a la Secretaría que lea el documento, lo que estamos votando, nuevamente.

- La C. Secretaria Merodio Reza: Punto de Acuerdo.

“UNICO.- El Senado de la República saluda con beneplácito la Política Nacional de Vivienda presentada por el titular del Ejecutivo Federal y se suma a este esfuerzo por un crecimiento urbano, ordenado, que permita a los mexicanos acceder a una vivienda digna y decorosa”.

Es todo, señor Presidente.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, señora Secretaria. Aprobado. Comuníquese.

Quiero informar a esta Asamblea que se votó oportunamente, se ha votado ya prácticamente en tres ocasiones, para que no haya duda, pido a la Secretaría que se abra el sistema electrónico de votación.

A ver, esta Presidencia, es decir, en todas las votaciones hemos permitido que los compañeros que se encuentran en el recinto puedan bajar a votar. Entonces, si hay Senadores que siguen votando, seguirá abierto; si ya no hay Senadores que estén votando, pido a la Secretaría que se cierre el sistema electrónico.

- El C. Senador Humberto Domingo Mayans Canabal: (Desde su escaño) No está registrando el voto en mi sistema. Entonces, mi voto es a favor.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Pido a la Secretaría que lo auxilien, o si no, que tomen nota del sentido del voto del Senador.

Pido a la Secretaría que, en virtud de que ya no hay Senadoras y Senadores votando, que se cierre el sistema electrónico de votación.

- El C. Senador Francisco Domínguez Servién: (Desde su escaño) Pido la palabra, señor Presidente.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Sí, Senador Francisco Domínguez.

- El C. Senador Francisco Domínguez Servién: (Desde su escaño) Señor Presidente, en virtud que está a la vista, yo le pediría, y si me adelanto que, habiendo o no quórum, se cierre la sesión.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Sí, en virtud de que el resultado de la votación no da para que exista quórum, si algún Senador de los presentes no ha podido registrar su voto, pedimos…

- El C. Senador Luis Miguel Gerónimo Barbosa Huerta: (Desde su escaño) Pido la palabra, señor Presidente.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Senador Barbosa Huerta.

Sonido en el escaño del Senador Barbosa Huerta, ¿para qué asunto?

- El C. Senador Luis Miguel Gerónimo Barbosa Huerta: (Desde su escaño) Si me permiten las Senadoras y Senadores. No estamos haciendo lo correcto ¡eh!

Estar construyendo un escenario de caos para resolver un asunto, que yo no le veo la importancia, y exhibir al Senado como un conjunto de mexicanas y mexicanos que jugamos a las estrategias sin razón de ser.

De verdad, no conseguimos nada concluyendo la sesión por falta de quórum. Es una reflexión, no se concluye ni se obtiene nada.

Así que más allá de cumplir el Reglamento, que por cierto se estiró, se estiró, se estiró y se estiró para llegar a esto, yo les pediría la reflexión, con mucho respeto, con mucho respeto, la reflexión, que no estamos provocando ningún resultado positivo con esto.

(Aplausos)

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, Senador Miguel Barbosa.

- El C. Senador Francisco Domínguez Servién: (Desde su escaño) Señor Presidente.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Sí, Senador Francisco Domínguez.

- El C. Senador Francisco Domínguez Servién: (Desde su escaño) En abono al Coordinador del PRD, y sosteniendo la seriedad que ha mantenido este Senado de la República, el grupo parlamentario del PAN propone que el punto a discusión se vaya a comisión y seguimos con la sesión, si están de acuerdo.

- El C. Senador Emilio Gamboa Patrón: (Desde su escaño) Pido la palabra, señor Presidente.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Sonido en el escaño del Senador Emilio Gamboa.

- El C. Senador Emilio Gamboa Patrón: (Desde su escaño) Señor Presidente, yo creo que estamos dando, de verdad, otra vez un acto muy bochornoso en el Senado de la República.

Este Senado se ha caracterizado por su trabajo, por su seriedad, por su profesionalismo y volvemos a discutir temas que verdaderamente no cambian el rumbo del país.

Yo creo que usted debe cumplir como Presidente de la Mesa Directiva.

Usted aprobó ya este punto de Acuerdo. Y si no hay quórum, ¿cómo quieren que aceptemos, los del Partido Revolucionario Institucional, que se acepte y se vaya a comisión, si no hay quórum?

Me parece que tenemos que actuar con seriedad y estar apegado al Reglamento del Senado de la República.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, Senador Emilio Gamboa.

Quiero decirles, compañeras y compañeros Senadores, que esta Presidencia ha sido tolerante, pero que en virtud de que esa tolerancia genera distorsiones en el desarrollo de la propia responsabilidad de esta Cámara, actuaremos estrictamente apegados al Reglamento, esto nos orilla a que todos nos sujetemos a ello y cuando la palabra se pida fuera de lugar, cuando no esté sujeto al Reglamento, actuaremos estrictamente respetando el Reglamento.

Si queremos respeto entre nosotros, primero tenemos que empezar por el respeto al Reglamento.





 

CITA

Por lo tanto, en virtud de que no hubo el quórum suficiente, se levanta la sesión y se cita para la que tendrá lugar el próximo martes 19 de febrero a las 11:00 horas.

(Se levantó la sesión a las 15:45 horas)

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