Senado de la República.
Sesión Plenaria.
Sabado 24 de junio de 2017
    
    

Última actualización: Junio 2017
Última revisión: Junio 2017

Sesión Plenaria - Diario de los Debates
LXII
              Legislatura
1er
Año
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DIARIO DE LOS DEBATES

DE LA CÁMARA DE SENADORES
DEL CONGRESO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS


AÑO I                       Segundo Periodo Ordinario                       LXII Legislatura                       Sesión Núm. 3

Presidente de la Mesa Directiva
Sen. Ernesto Javier Cordero Arroyo

Sesión Pública Ordinaria Celebrada
en la Ciudad de México, el 12 de Febrero de 2013

SUMARIO                                              


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SECRETARIA DE GOBERNACION

Remite:

- Oficio con propuesta de nombramientos de Empleados Superiores de Hacienda:

• Marcela Andrade Martínez, como titular de la Unidad de Coordinación con Entidades Federativas de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

• Oscar Molina Chie, como Administrador General de Grandes Contribuyentes del Servicio de Administración Tributaria.

• José Genaro Ernesto Luna Vargas, como Administrador General de Auditoría Fiscal Federal del Servicio de Administración Tributaria.

• Jaime Eusebio Flores Carrasco, como Administrador General Jurídico del Servicio de Administración Tributaria.

• Alejandro Chacón Domínguez, como Administrador General de Aduanas del Servicio de Administración Tributaria.

- Oficio con el informe semestral sobre el avance y estado que guarda el proceso de liquidación de Ferrocarriles Nacionales de México, correspondiente al periodo de julio-diciembre de 2012.



































 

PRESIDENCIA DEL C. SENADOR
ERNESTO JAVIER CORDERO ARROYO

APERTURA

- El C. Presidente Ernesto Javier Cordero Arroyo: (11:10 horas) Solicito a la Secretaría informe a la Asamblea el resultado del cómputo de asistencia de los señores Senadores.

- La C. Secretaria Rosa Adriana Díaz Lizama: Honorable Asamblea, conforme al registro de asistencia, se han acreditado 74 ciudadanos Senadores y Senadoras.

En consecuencia, hay quórum, señor Presidente.

- El C. Presidente Cordero Arroyo: Se abre la sesión del martes 12 de febrero correspondiente al segundo periodo ordinario de sesiones del primer año de ejercicio de la LXII Legislatura.

El Orden del Día está disponible en el monitor de sus escaños, con lo cual se informa de los asuntos que corresponden a la agenda de hoy. El acta de la sesión anterior se encuentra publicada en la Gaceta del Senado de este día.

“ACTA DE LA SESIÓN CELEBRADA EL JUEVES
SIETE DE FEBRERO DE DOS MIL TRECE

PRESIDE EL SENADOR
ERNESTO CORDERO ARROYO

 

En la ciudad de México, Distrito Federal, a las doce horas con tres minutos del día jueves siete de febrero de dos mil trece, encontrándose presentes noventa y un ciudadanos Senadores, según relación anexa, la Presidencia declaró abierta la sesión.

(Lectura  del Orden del Día)

La Secretaría dio por conocido el contenido del Orden del Día de la sesión de esta fecha, debido a la publicación en la Gaceta del Senado y a su difusión.

(Acta de la sesión anterior)

(Comunicaciones)

Se recibió del Senador Eviel Pérez Magaña, Presidente de la Comisión de Asuntos Indígenas, Programa Anual de Trabajo de esa Comisión.- Quedó de enterado.

 

Se recibió del Senador Pablo Escudero Morales, Presidente de la Comisión Anticorrupción y Participación Ciudadana, Programa de Trabajo de esa Comisión y de su disponibilidad en el micrositio de la misma.- Quedó de enterado.

(Acuerdo de la Mesa Directiva)

Se sometió a consideración de la Asamblea un Acuerdo de la Mesa Directiva relativo a la realización de una sesión solemne, el martes 12 de febrero de 2013, para recibir la visita del Presidente del Parlamento Europeo.- Fue aprobado en votación económica.

 

Se recibió de la Secretaría de Gobernación, oficio por el que informa que el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, Licenciado Enrique Peña Nieto, se ausentará del territorio nacional del 19 al 20 de febrero de 2013 a efecto de atender una invitación de la Presidenta de la República de Costa Rica para realizar una visita de Estado a ese país y participar en una Cumbre con Jefes de Estado y de Gobierno del Sistema de la Integración Centroamericana.- Quedó de enterado. Se remitió a las Comisiones de Relaciones Exteriores y de Relaciones Exteriores, América Latina y el Caribe.

 

Se recibió de la Secretaría de Gobernación, el Informe relativo a la participación del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, Licenciado Enrique Peña Nieto, en la Primera Cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños y la Unión Europea, los días 26 y 27 de enero de 2013 y en la Primera Cumbre de Jefas y Jefes de Estado y de Gobierno de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños el 27 y 28 de enero, en Santiago, República de Chile; así como los resultados de la visita oficial a la República Oriental del Uruguay el 28 de enero pasado.- Quedó de enterado.        Se remitió a las Comisiones de Relaciones Exteriores y de Relaciones Exteriores, América Latina y el Caribe.

 

Se recibió del Gobierno del Distrito Federal, invitación para asistir a la ceremonia conmemorativa del 182 aniversario luctuoso del General Vicente Guerrero Saldaña, a realizarse el jueves 14 de febrero, en esta ciudad.- Se designó en comisión al Senador Mario Delgado Carrillo.

 

Se recibió de la Comisión Permanente, oficio con el que remite el proyecto de Decreto que reforma los artículos 212 y 217 del Código Penal Federal, presentado por la Senadora Mariana Gómez del Campo Gurza, el 30 de enero de 2013.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos.

 

Se recibió de la Cámara de Diputados, el proyecto de Declaratoria de aprobación del proyecto de Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución        Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia educativa.- La Mesa Directiva realizó el escrutinio de los votos aprobatorios de 23 congresos estatales e hizo la declaratoria de aprobación. Se remitió al Diario Oficial de la Federación para su publicación.

 

Se recibió de la Cámara de Diputados, proyecto de Decreto por el que se declara al año 2013 como "Año de la Libertad y la República".- Se turnó a las Comisiones Unidas de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias y de Estudios Legislativos.

 

Se recibió de la Cámara de Diputados, oficio por el que comunica la modificación en la integración de las delegaciones de dicha Cámara ante el Parlamento Latinoamericano, el Foro Parlamentario Asia-Pacífico y la Confederación Parlamentaria de las Américas.- Quedó de enterado.

(Iniciativas)

El Senador Óscar Román Rosas González, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 33, fracción VI, de la Ley General de Educación; y se adiciona la fracción VIII Bis al artículo 38 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Educación y de Estudios Legislativos.

 

El Senador Carlos Mendoza Davis y del Senador Ernesto Cordero Arroyo, a nombre propio y de los integrantes del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con aval de Grupo, presentó iniciativa con proyecto de Decreto que reforma diversos artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de deuda pública.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos, Segunda, con opinión de la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

 

El Senador Fidel Demédicis Hidalgo, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó iniciativa con proyecto de Decreto que reforma el artículo 116, fracción iii de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos, Primera.

 

El Senador David Monreal Ávila, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, presentó iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 20 y 23 de la Ley para regular las Sociedades de Información Crediticia.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Estudios Legislativos, Segunda.

 

PRESIDE EL SENADOR
JOSE ROSAS AISPURO TORRES

 

El Senador Eviel Pérez Magaña, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 93 de la Ley General de Sociedades Cooperativas y se adiciona la fracción VII al artículo 8 de la Ley de la Economía Social y Solidaria, Reglamentaria del párrafo séptimo del artículo 25 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en lo referente al sector social de la economía.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Fomento Económico y de Estudios Legislativos, Primera.

 

La Senadora Laura Angélica Rojas Hernández, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 76 y 78 de  la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de participación de México en Operaciones de mantenimiento de la paz y ayuda humanitaria.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos, Primera, con opinión de la Comisión de Relaciones Exteriores, Organismos Internacionales.

(Proposiciones)

Las Senadoras y los Senadores integrantes de las Comisiones para la Igualdad de Género y de Derechos Humanos y de los Grupos Parlamentarios, presentaron proposición con punto de Acuerdo relativo a las violaciones sexuales ocurridas en contra de seis mujeres españolas en el municipio de Acapulco, Guerrero.- La Secretaría de la Mesa Directiva dio lectura al punto de Acuerdo. Considerado de urgente resolución, fue puesto a discusión. Intervinieron los Senadores: Claudia Artemiza Pavlovich Arellano del PRI; Mariana Gómez del Campo Gurza del PAN; Angélica de la Peña Gómez del PRD; María Elena Barrera Tapia del PVEM; Martha Palafox Gutiérrez del PT; y Rabindranath Salazar Solorio, Presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, Europa, quien presentó propuesta de adición. La propuesta de adición del Senador Salazar no se admitió a discusión. El punto de Acuerdo fue aprobado en votación económica.

(Dictámenes a discusión)

Se sometió a consideración de la Asamblea un dictamen de las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, Organismos Internacionales y de Derechos Humanos, con proyecto de Decreto por el que se aprueba el Retiro de la Declaración Interpretativa formulada por el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos al depositar su instrumento de ratificación del Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la Participación de Niños en los Conflictos Armados, adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas el veinticinco de mayo de dos mil.- Sin discusión, fue aprobado por 91 votos en pro. Se remitió al Ejecutivo Federal.

 

Se sometió consideración de la Asamblea un dictamen de las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, de Relaciones Exteriores, Europa y Hacienda y Crédito Público, con proyecto de Decreto por el que se aprueban las Enmiendas a los artículos 1 y 18 del  Convenio Constitutivo del Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo (BERD), adoptadas en Londres, el treinta de septiembre de 2011.- Sin discusión, fue aprobado por 89 votos en pro y 1 abstención. Se remitió al Ejecutivo Federal.

 

Se sometió a consideración de la Asamblea un dictamen de las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, de Relaciones Exteriores, Europa y de Hacienda y Crédito Público, con proyecto de Decreto por el que se aprueba el Convenio entre los Estados Unidos Mexicanos y la República de Estonia para Evitar la Doble Imposición y Prevenir la Evasión Fiscal en materia de Impuestos sobre la Renta y su Protocolo, hecho en la Ciudad de México, el diecinueve de octubre de dos mil doce.- Sin discusión, fue aprobado por 91 votos en pro y 1 abstención. Se remitió al Ejecutivo Federal.

 

Se sometió a consideración de la Asamblea un dictamen de las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, de Relaciones Exteriores, América Latina y el Caribe y de Justicia, con proyecto de Decreto por el que se aprueba el Tratado sobre Asistencia Jurídica Mutua en Materia Penal entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de la República Dominicana, firmado en la ciudad de Santo Domingo, capital de la República Dominicana, el diez de agosto de dos mil doce.- Sin discusión, fue aprobado por 91 votos en pro. Se remitió al Ejecutivo Federal.

 

Se sometió a consideración de la Asamblea un dictamen de las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, de Relaciones Exteriores, Asia-Pacífico y de Hacienda y Crédito Público, con proyecto de Decreto por el que se aprueba el Acuerdo entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de la República de la India sobre Asistencia Administrativa Mutua en Asuntos Aduaneros, firmado en nueva Delhi           el quince de octubre de dos mil doce.- Sin discusión, fue aprobado por 94 votos en pro. Se remitió al Ejecutivo Federal.

 

Se sometió a consideración de la Asamblea un dictamen de las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, de Relaciones Exteriores, Asia-Pacífico y de Hacienda y Crédito Público, con proyecto de Decreto por el que se aprueba el Acuerdo entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de la República de Filipinas sobre Asistencia Administrativa Mutua en Asuntos Aduaneros firmado en la ciudad de Manila, Filipinas, el treinta y uno de agosto de dos mil doce.- Sin discusión, fue aprobado por 90 votos en pro. Se remitió al Ejecutivo Federal.

 

Se sometió a consideración de la Asamblea un dictamen de las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, de Relaciones Exteriores, Asia-Pacífico y de Hacienda y Crédito Público, con proyecto de Decreto por el que se aprueba el Acuerdo entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de la República Popular China  sobre Asistencia Administrativa Mutua en Asuntos Aduaneros, firmado en la ciudad de Beijing, el tres de septiembre de dos mil doce.- Sin discusión, fue aprobado por 90 votos en pro. Se remitió al Ejecutivo Federal.

 

Se sometió a consideración de la Asamblea un dictamen de las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, América Latina y el Caribe y de Educación, con proyecto de Decreto por el que se aprueba el Convenio de Cooperación en los Campos de la Educación, la Cultura, la Juventud, la Cultura Física y el Deporte entre los Estados Unidos Mexicanos y la República de Cuba, firmado en la ciudad de La Habana, Cuba, el diez de abril de dos mil doce.- Sin discusión, fue aprobado por 98 votos en pro y 1 abstención. Se remitió al Ejecutivo Federal.

 

Se sometió a consideración de la Asamblea un dictamen de las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Estudios Legislativos, Segunda, con proyecto de Decreto que establece las características de una moneda conmemorativa del 150 aniversario del natalicio y el centenario aniversario luctuoso de Belisario Domínguez Palencia.- Sin discusión, fue aprobado por 92 votos en pro. Se remitió a la Cámara de Diputados.

 

Se sometieron a consideración de la Asamblea cuatro dictámenes de la Comisión de Gobernación, con proyectos de Decreto que conceden permisos para prestar servicios en representaciones diplomáticas en México, para aceptar y desempeñar los cargos de Cónsules honorarios y para aceptar y usar condecoraciones que otorgan gobiernos extranjeros.- Sin discusión, fueron aprobados por 90 votos en pro. Se remitieron al Ejecutivo Federal y a la Cámara de Diputados.

 

Se sometió a consideración de la Asamblea un dictamen de la Comisión para la Igualdad de Género, con punto de Acuerdo que exhorta a fortalecer la perspectiva de género en la integración del Registro Federal de Electores.- Sin discusión, fue aprobado en votación económica.

(Proposiciones)

La Senadora Hilda Esthela Flores Escalera, a nombre propio y de la Senadora Angélica del Rosario Araujo Lara, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó proposición con punto de Acuerdo que exhorta a los congresos locales y a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal a diseñar y fortalecer los   marcos jurídicos correspondientes que tengan como objetivo prevenir y eliminar la discriminación, así como la creación de un organismo en la materia.- Se turnó a la Comisión de Derechos Humanos.

 

La Senadora María del Pilar Ortega Martínez, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó proposición con punto de Acuerdo para crear la comisión especial encargada de dar seguimiento al proceso de certificación de los integrantes de las instituciones de seguridad pública por parte de los Centros de Evaluación y Control de Confianza.- Se turnó a la Junta de Coordinación Política.

 

El Senador Ángel Benjamín Robles Montoya, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, remitió proposición con punto de Acuerdo por el que se solicita a la Procuraduría General de la República un informe relativo al combate al lavado de dinero en México.- Se turnó a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

 

El Senador Pablo Escudero Morales, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, remitió proposición con punto de Acuerdo que solicita al Gobierno del Distrito Federal que no realice erogación o pago alguno derivados de los actos ocurridos el 1 de diciembre de 2012 en el Centro Histórico, ya que se trata de recursos públicos.- Se turnó a la Comisión del Distrito Federal.

 

El Senador Manuel Bartlett Díaz, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, presentó proposición con punto de Acuerdo para que se realice una investigación exhaustiva respecto a la indebida e irregular aprobación del inciso a) de la fracción iii del Artículo Quinto Transitorio del Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución en materia educativa, mismo que fue votado por el Pleno del Senado en la sesión vespertina del día 20 de diciembre de 2012.- Quedó en poder de la Mesa Directiva.

 

El Senador Fernando Enrique Mayans Canabal, a nombre de las Senadoras y Senadores integrantes  de la Comisión de Seguridad Social, presentó proposición con punto de Acuerdo que exhorta al Poder Ejecutivo Federal a declarar la última semana de abril como la “Semana Nacional de la Seguridad Social”, en conmemoración de la entrada en vigor del Convenio 102 de la Organización Internacional del Trabajo, de fecha 27 de abril de 1955.- Considerado de urgente resolución, fue puesto a discusión. Intervino la Senadora Maki Esther Ortiz Domínguez del PAN a favor. Fue aprobado en votación económica.

(Efeméride)

La Senadora Martha Elena García Gómez, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, remitió efeméride con relación a la conmemoración del Día Escolar de la no violencia y la paz.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

El Presidente de la Mesa Directiva dio turno a los siguientes asuntos:

 

De la Senadora Lisbeth Hernández Lecona, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con proyecto de Decreto por el que se reforma y adiciona el numeral 2 del artículo 185 del Reglamento del Senado de la República.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias y de Estudios Legislativos.

 

De las Senadoras Hilda Esthela Flores Escalera y Diva Hadamira Gastélum Bajo, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con proyecto de Decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Atención a Grupos Vulnerables y de Estudios Legislativos, Segunda.

 

De la Senadora Diva Hadamira Gastélum Bajo, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo que exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal a expedir el Reglamento de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentable.- Se turnó a la Comisión de Pesca.

 

De la Senadora Lisbeth Hernández Lecona, a nombre propio y de diversas Senadoras del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo que exhorta a los titulares de las Secretarías de Gobernación y de Comunicaciones y Transportes a informarlos actos ejecutados por la persona moral denominada Sociedad Anónima de Capital Variable Pullman de Morelos.- Se turnó a la Comisión de Comunicaciones y Transportes.

 

La Presidencia dio por concluida la sesión a las quince horas con cuarenta y tres minutos y citó a la siguiente el martes doce de febrero a las once horas”.

LISTA DE ASISTENCIA DE LA SESION ANTERIOR



En consecuencia, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba.

- La C. Secretaria Díaz Lizama: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba el acta de la sesión anterior. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque se rechace, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobada el acta, señor Presidente.

- El C. Presidente Cordero Arroyo: Compañeros Senadores, informo a ustedes que la Mesa Directiva, en su reunión de esta mañana, suscribió un Acuerdo para constituir el Consejo Consultivo de Diplomacia Parlamentaria.

Solicito a la Secretaría dé lectura al Acuerdo.





 

MESA DIRECTIVA

- La C. Secretaria Díaz Lizama: Doy lectura al Acuerdo:



Es cuanto, señor Presidente.

- El C. Presidente Cordero Arroyo: En consecuencia, está a discusión el Acuerdo. No habiendo quien haga uso de la palabra, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el Acuerdo presentado.

- La C. Secretaria Díaz Lizama: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el Acuerdo. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque se rechace, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobado el Acuerdo, señor Presidente.

- El C. Presidente Cordero Arroyo: Aprobado el Acuerdo para constituir el Consejo Consultivo de Diplomacia Parlamentaria. Comuníquese.

Pasamos al siguiente asunto.





 

COMUNICACIONES

- La C. Secretaria Díaz Lizama: Se recibió una comunicación de la Directiva de la Comisión de Justicia, con la que remite Acuerdo por el que se aprueba la convocatoria y metodología para la celebración de audiencias públicas respecto de las iniciativas presentadas para la expedición del nuevo Código de Procedimientos Penales.



PRESIDENCIA DEL C. SENADOR
JOSE ROSAS AISPURO TORRES

- El C. Presidente José Rosas Aispuro Torres: Esta Asamblea ha quedado debidamente enterada.

Pasamos al siguiente asunto.





 

COMISION BICAMARAL DEL CANAL DE TELEVISION

- La C. Secretaria Díaz Lizama: Se recibió un oficio de la Comisión Bicameral del Canal de Televisión, por el que informa que el pasado 6 de febrero se llevó a cabo su sesión de instalación y se eligió a los integrantes de su mesa directiva.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Esta Asamblea ha quedado debidamente enterada.

Pasamos al siguiente asunto.





 

SECRETARIA DE GOBERNACION

- La C. Secretaria Díaz Lizama: Se recibió un oficio de la Secretaría de Gobernación, con el que remite propuesta de nombramientos de Empleados Superiores de Hacienda, a favor de los ciudadanos:

  • Marcela Andrade Martínez, como titular de la Unidad de Coordinación con Entidades Federativas de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
  • Oscar Molina Chie, como Administración General de Grandes Contribuyentes del Servicio de Administración Tributaria.
  • José Genaro Ernesto Luna Vargas, como Administrador General de Auditoría Fiscal Federal del Servicio de Administración Tributaria.
  • Jaime Eusebio Flores Carrasco, como Administrador General Jurídico del Servicio de Administración Tributaria.
  • Alejandro Chacón Domínguez, como Administrador General de Aduanas del Servicio de Administración Tributaria.

"SECRETARIA DE GOBERNACION

SUBSECRETARIA DE ENLACE LEGISLATIVO
UNIDAD DE ENLACE LEGISLATIVO

Oficio No. SEL/300/079/13
México, D.F., 11 de febrero de 2013

CC. SECRETARIOS DE LA CAMARA DE SENADORES
DEL H. CONGRESO DE LA UNION
PRESENTES

Por este conducto y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 76, fracción II y 89, fracciones II y III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que confieren al Titular del Ejecutivo Federal la facultad para nombrar a los Empleados Superiores de Hacienda, con la ratificación de ese Órgano Legislativo, el Presidente de la República, Lic. Enrique Peña Nieto, ha tenido a bien nombrar a:

  • Marcela Andrade Martínez, como Titular de la Unidad de Coordinación con Entidades Federativas de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público;
  • Oscar Molina Chie, como Administrador General de Grandes Contribuyentes del Servicio de Administración Tributaria;
  • José Genaro Ernesto Luna Vargas, como Administrador General de Auditoría Fiscal Federal del Servicio de Administración Tributaria;
  • Jaime Eusebio Flores Carrasco, como Administrador General Jurídico del Servicio de Administración Tributaria, y
  • Alejandro Chacón Domínguez, como Administrador General de Aduanas del Servicio de Administración Tributaria.

Por lo anterior, me permito remitir la propuesta original signada por el Titular del Ejecutivo Federal, así como los datos curriculares de los interesados.

Sinotroparticular,aprovecho la ocasión para reiterarle la seguridad de mi consideración distinguida

El Subsecretario

LIC.FELIPE SOLIS ACERO"
"PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
DEL SENADO DE LA REPÚBLICA.
PRESENTE.

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público tiene entre sus atribuciones la formulación e instrumentación de la política de coordinación en materia de ingresos, gastos y deuda de la Federación con las entidades federativas y los municipios.

Por su parte, el Servicio de Administración Tributaria, órgano desconcentrado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, tiene la responsabilidad de aplicar la legislación fiscal y aduanera con el fin de que las personas físicas y morales contribuyan de manera proporcional y equitativa al gasto público, así como de fiscalizar a los contribuyentes con el propósito de que cumplan con las disposiciones tributarias y aduaneras, entre otras facultades.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 76, fracción II y 89, fracciones II y III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, corresponde al Presidente de la República nombrar, con aprobación del Senado, a los empleados superiores de Hacienda.

Para el cumplimiento de las atribuciones encomendadas al Servicio de Administración Tributaria se requiere que los servidores públicos encargados de la determinación y recaudación de los ingresos fiscales, así como del control de la entrada y salida de mercancías de la República Mexicana, se encuentren plenamente capacitados y cuenten con la experiencia y profesionalismo necesarios para el desempeño de tan relevantes funciones.

Por lo anterior, me permito someter a la aprobación de la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión los nombramientos correspondientes a los servidores públicos del Servicio de Administración Tributaria considerados empleados superiores de Hacienda, que a continuación se detallan

• Oscar Molina Chie, como Administrador General de Grandes Contribuyentes.

Es Licenciado en Derecho por la Universidad Iberoamericana y Maestro en Derecho Comercial Internacional por la University of Kent at Canterbury. Cuenta con amplia experiencia en materia fiscal, toda vez que ha prestado sus servicios en despachos de prestigio internacional tales como KPGM México y Chevez Ruiz Zamarripa y Cía., S.C.

Asimismo, en el sector público se ha desempeñado como Administrador Central de lo Contencioso de Grandes Contribuyentes en la Administración General de Grandes Contribuyentes del Servicio de Administración Tributaria y actualmente como Subprocurador Fiscal Federal de Amparos de la Procuraduría Fiscal de la Federación.

• José Genaro Ernesto Luna Vargas, como Administrador General de Auditoría
Fiscal Federal.

Es Actuario por la Universidad Nacional Autónoma de México. Ha desarrollado su carrera profesional en el ámbito fiscal y cuenta con probada experiencia en el sector público, toda vez que ha desempeñado diversos cargos en el Servicio de Administración Tributaria, como los de Administrador Local de Asistencia al Contribuyente de Xalapa y de Oriente del Distrito Federal, Administrador Estatal en Guerrero y Administrador Regional de Recaudación Golfo-Pacífico, entre otros.

Hasta enero del presente ocupó el cargo de Director General de Recaudación de la Subsecretaría de Ingresos en la Secretaría de Finanzas del Estado de México.

• Jaime Eusebio Flores Carrasco, como Administrador General Jurídico.

Es Licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Puebla y Maestro en Derecho Fiscal por la Universidad Humanitas, además de haber cursado diversos diplomados y seminarios en materia tributaria. Cuenta con experiencia en el ámbito contencioso-fiscal, toda vez que desde 1992 su carrera profesional se ha desarrollado en la Administración General Jurídica del Servicio de Administración Tributaria, en donde destaca su participación como Administrador Central de lo Contencioso desde el año 2006 a la fecha

• Alejandro Chacón Domínguez, como Administrador General de Aduanas.

Es Licenciado en Economía por el Instituto Tecnológico Autónomo de México y Maestro en Administración Pública por la Harvard University. En el sector público prestó sus servicios dentro del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C. con los cargos de Asesor del Director de Ingeniería Financiera y Coordinador de Asesores del Director Ejecutivo de Banca de Inversión.

Asimismo, en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes se desempeñó como Coordinador de Asesores del Secretario y desde 2008 a la fecha como Coordinador General de Puertos y Marina Mercante.

En relación con el ejercicio de facultades inherentes a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, uno de los factores esenciales para el fortalecimiento del Federalismo ha sido la distribución de recursos públicos mediante la aplicación de la Ley de Coordinación Fiscal, aprobada en 1978. Para la ejecución eficaz de esta ley dicha secretaría, a través de la Unidad de Coordinación con Entidades Federativas, ha fungido como enlace de la Federación con las entidades federativas y los municipios, para la formulación e instrumentación de la política de coordinación en materia de ingresos, gastos y deuda.

Considerando la relevancia de las funciones encomendadas a dicha unidad administrativa, he decidido someter a la aprobación de esa Soberanía el nombramiento de Marcela Andrade Martínez como Titular de la Unidad de Coordinación con Entidades Federativas de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, quien es Contadora Pública por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey y Maestra en Finanzas por la misma institución.

Cuenta con amplia experiencia en el sector de riesgos financieros, pues ha ocupado diversos cargos en calificadoras financieras de carácter internacional, tales como Fitch México, S.A. de C.V. y Evercore Partners, S. de R.L., donde actualmente presta sus servicios como Subdirectora de Finanzas Públicas, fungiendo como asesora financiera de estados y municipios para mejorar la gestión del ingreso y gasto público, así como estructuradora de financiamientos bancarios y bursátiles.

Como se podrá corroborar con la documentación que se anexa al presente, las designaciones que he realizado están orientadas por criterios de capacidad, probidad y experiencia, por lo que estoy cierto que de contar con la aprobación del Senado de la República, las personas designadas buscarán siempre el mejor cumplimiento de sus atribuciones en beneficio del país.

Reitero a usted, ciudadano Presidente, las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.

México, Distrito Federal, aonce de febrero de dos miltrece.

EL PRESIDENTE DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

ENRIQUE PEÑA NIETO"

- El C. Presidente Aispuro Torres: Túrnese dicha documentación a la Comisión de Hacienda y Crédito Público para su análisis y dictamen correspondiente.

Pasamos al siguiente asunto.

- La C. Secretaria Díaz Lizama: También de la Secretaría de Gobernación se recibió un oficio con el que remite el informe semestral sobre el avance y estado que guarda el proceso de liquidación de Ferrocarriles Nacionales de México, correspondiente al periodo julio-diciembre de 2012.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Remítase dicha información a la Comisión de Comunicaciones y Transportes.

Pasamos al siguiente asunto.





 

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

- La C. Secretaria Díaz Lizama: Se recibió del Instituto Mexicano del Seguro Social su informe sobre la composición y situación financiera de las inversiones correspondiente al tercer trimestre de 2012.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Remítase copia del informe referido a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público; y de Seguridad Social.

Pasamos al siguiente asunto.





 

CAMARA DE DIPUTADOS

- La C. Secretaria Díaz Lizama: Se recibió un Acuerdo de la Cámara de Diputados por el que expresa al Congreso de los Estados Unidos de Norteamérica su simpatía por la posibilidad de una reforma migratoria integral.

“CAMARA DE DIPUTADOS

MESA DIRECTIVA
LXII LEGISLATURA
OFICIO NO. D.G.P.L. 62-II-8-0941

C. SECRETARIOS DE LA
CAMARA DE SENADORES
PRESENTES.

En sesión celebrada en esta fecha la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, aprobó el Acuerdo que a continuación se transcribe:

“Primero.- La Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, expresa al Congreso de los Estados Unidos de Norteamérica, su simpatía por la posibilidad de una reforma migratoria integral que, sin duda mejoraría la relación entre México y Estados Unidos. Como ha dicho el Presidente Barak Obama, “millones de indocumentados que viven en las sombras”, podrían acceder a mejores salarios; se fortalecería el consumo en Estados Unidos; impulsarían el crecimiento económico, y enviarían más remesas a sus familiares en México. Segundo.- El Pleno de la Cámara de Diputados acuerda también manifestar su deseo de que dicha reforma, ya sea que considere otorgar permisos de trabajo y residencia, o la ciudadanía, a los 11 millones de indocumentados (de los cuales cerca de 7 se calcula que son mexicanos), les reconozca y proteja sus derechos laborales; el derecho fundamental a la reunificación familiar; y se terminen las deportaciones de quienes aportan tanto y en tantos ámbitos a Estados Unidos y a México. Tercero.- Esta Soberanía acuerda plantearle a nuestros homólogos del Congreso Norteamericano que en un diálogo respetuoso, se avance en una agenda bilateral para construir una gobernanza regional, que incluya a Canadá, a Centroamérica, a México y a los Estados Unidos, a partir de propuestas para garantizar el pleno respeto a los derechos humanos; para regular el flujo migratorio, y garantizar la seguridad de los ciudadanos y ciudadanas del hemisferio norte, fortaleciendo además elcrecimiento económico y buscando la prosperidad de América del Norte.Cuarto.- Esta Cámara de Diputados acuerda concretar una interlocución específica sobre este gran tema con congresistas norteamericanos, tanto del Senado como de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, en un marco de respeto, sustancial para fortalecer una relación entre México y Estados Unidos mutuamente beneficiosa, y los derechos de los migrantes de la región”.

Lo que comunicamos a ustedes, para los efectos a que haya lugar.

México, D. F., a 7 de febrero de 2013.

Dip. Javier Orozco Gómez

Secretario”.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Esta Asamblea ha quedado debidamente enterada.

En el apartado de iniciativas, se le concede el uso de la palabra al Senador José Francisco Yunes Zorrilla, para presentar a nombre propio y del Senador Emilio Gamboa Patrón y de los Senadores de los grupos parlamentarios del PRI y del PVEM, los siguientes asuntos:

Un proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 73 y 117 de nuestra Constitución.

Y un proyecto de Decreto por el que se expide la Ley de Disciplina Financiera de las entidades federativas y los municipios, y se reforma la Ley de Coordinación Fiscal y la Ley General de Deuda Pública.





 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETOPOR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTICULOS 73, FRACCION VIII Y 117 FRACCION VIII Y SE ADICIONA EL ARTICULO 73 CON LA FRACCION VI DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

(Presentada por el C. Senador José Francisco Yunes Zorrilla, a nombre propio y del C. Senador Emilio Gamboa Patrón, con aval de los grupos parlamentarios del PRI y del PVEM)

- El C. Senador José Francisco Yunes Zorrilla: Muchas gracias, muy buenas tardes. Con el permiso del señor Presidente:

Destacando la presencia de las Senadoras y de los Senadores de esta legislatura, acudo a esta tribuna, con mucho aprecio y mucho respeto, para presentar dos iniciativas.

Dos iniciativas, en conjunto con el Senador Emilio Gamboa, Coordinador del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional; de mis compañeros integrantes del grupo y también de los señores Senadores integrantes del Partido Verde Ecologista de México, a quienes agradecemos su confianza y su respaldo.

Dos iniciativas consecuentes con la expresión histórica que acompaña y respalda al Partido Revolucionario Institucional.

Aquélla que tiene que ver con los principios federales, de total y completo respeto al federalismo; con la expresión histórica que recoge nuestro grupo parlamentario y que tiene que ver con el uso responsable de las finanzas públicas, con la expresión histórica que implica el utilizar todos los instrumentos políticos y financieros al servicio de la población.

Por eso es que en el marco del Pacto por México consideramos de suma importancia tomar medidas que ayuden a las entidades federativas y a los municipios a evitar problemas de solvencia financiera, que repercuta en el bienestar y en el desarrollo del país.

Los Senadores del Partido Revolucionario Institucional y los Senadores del Partido Verde Ecologista de México, somos sensibles a las preocupaciones de estados y municipios, y refrendamos nuestro compromiso con la consolidación de una estructura de finanzas públicas sanas.

Ambas iniciativas que se presentan tienen por objeto establecer un nuevo marco jurídico para el manejo sostenible de las finanzas públicas, incluyendo el uso responsable y moderado del endeudamiento público para financiar el desarrollo.

A raíz de la problemática que se ha identificado en los niveles de endeudamiento público de algunas entidades federativas y de algunos municipios, resulta impostergable atender la misma con un enfoque integral, es decir, no sólo atender la coyuntura que prevalece en estos momentos, sino realizar una reforma de fondo que atienda dicha problemática de manera definitiva.

De esta manera, no sólo es necesario establecer nuevas reglas para la contratación del endeudamiento público, sino un nuevo marco jurídico que permita buscar equiparar en los tres órdenes de gobierno el manejo de las finanzas públicas en su conjunto y el uso responsable del endeudamiento como instrumento para financiar el desarrollo.

Con una visión integral se propone, primero, la adición a la fracción VI del artículo 73 y reformar el artículo 117, fracción VIII de la Constitución, para facultar al Congreso de la Unión para legislar en materia de responsabilidad hacendaria y de coordinación fiscal, incluyendo en las leyes que se expidan en dichas materias principios presupuestarios de deuda pública y de transparencia aplicables a la Federación, los estados y los municipios, así como en el Distrito Federal y sus demarcaciones territoriales, creando así un nuevo esquema de endeudamiento público para los estados y los municipios.

No se pretende, de forma alguna, que la regulación presupuestaria de deuda pública y transparencia se vuelva materia federal, sino que el Congreso de la Unión establezca los principios generales aplicables a dichas materias en todos los órdenes de gobierno para lograr los objetivos descritos, pero que sean éstos los responsables de aplicar dichos principios conforme a la legislación local que establezcan en el marco de la regulación nacional.

Iniciativa

“Ernesto Javier Cordero Arroyo,
Presidente de la Mesa Directiva
de la Cámara de Senadores.
Presente.

Los que suscriben, Senador Emilio Gamboa Patrón, Senador José Francisco Yunes Zorrilla con aval de las y los senadores de los grupos parlamentarios del Partido Revolucionario Institucional y del Partido Verde Ecologista de México integrantes de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 71, fracción II, y 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como lo dispuesto por los artículos 58 numeral 1 fracción I; 163 y 164 del Reglamento del Senado de la República, sometemos a consideración de esta Soberanía la presente iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 73, fracción VIII y 117, fracción VIII, y se adiciona el artículo 73, con la fracción VI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con base en las consideraciones de la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

Los mexicanos reclaman una actuación eficaz y eficiente de sus autoridades. En este sentido, demandan que los gobiernos cumplan los resultados ofrecidos y que hagan un uso responsable y transparente de los recursos que tienen a su disposición.

Para lograr lo anterior y generar las condiciones para que el bienestar de la población se incremente de manera sostenida en el mediano y largo plazo, es condición indispensable, entre otras medidas, que los gobiernos actúen de manera responsable en el manejo de sus finanzas públicas. En este sentido, el crecimiento económico sostenible que permita a los mexicanos mejorar su nivel de vida, debe fundarse en un manejo adecuado y disciplinado de la hacienda pública por parte de los tres órdenes de gobierno.

Si bien el manejo responsable de las finanzas públicas no genera, por sí solo, las condiciones suficientes para lograr el crecimiento económico sostenible, sí es un fundamento elemental para lograr ese objetivo. No es justificable generar el bienestar de la población de manera efímera a costa de sufrir en el mediano plazo los costos por un manejo inadecuado de las finanzas públicas.

La presente iniciativa de reforma a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, misma que se presenta de manera conjunta con la iniciativa con proyecto de Decreto por el que se expide la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, se reforma el artículo 9 de la Ley de Coordinación Fiscal, así como se reforma el artículo 4, fracción I y se adicionan el Capítulo IX y los artículos 31 a 36 de la Ley General de Deuda Pública, tiene como finalidad establecer una política nacional en materia de responsabilidad hacendaria y de disciplina financiera, que siente las bases para que los tres órdenes de gobierno se rijan por los mismos principios generales en el manejo de sus finanzas públicas, desde luego reconociendo las diferencias existentes en las haciendas públicas de éstos.

Cabe destacar que esta iniciativa se vuelve apremiante dado el considerable incremento del saldo de la deuda pública que han presentado las finanzas públicas de las entidades federativas en los últimos años. El monto de las obligaciones de deuda se ha duplicado entre el cierre de diciembre de 2008 y septiembre de 2012, de acuerdo al registro de deuda de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Este ritmo de endeudamiento acelerado, es reflejo de que en este periodo las haciendas estatales y municipales recurrieron a la contratación de empréstitos a un ritmo insostenible.

Dicha problemática proviene de una discrepancia entre el nivel de ingresos recibidos por las arcas estatales y las erogaciones realizadas por las mismas. El gasto corriente de las entidades federativas, dedicado a cubrir las erogaciones por concepto de servicios personales, materiales y suministros, servicios generales y transferencias, se ha elevado 17.9% real acumulado entre 2008 y 2010. Por otro lado, el gasto total de las entidades federativas se ha elevado en términos reales y acumulados en 17.7% en el mismo período.

El crecimiento de la deuda no es reflejo de un desequilibrio estructural de las finanzas locales y se encuentra focalizado en entidades particulares con conductas de endeudamiento acelerado, y por ende con vulnerabilidad en sus finanzas públicas. Siete Entidades concentraron el 63.9% del incremento en el monto total de la deuda de las entidades entre 2008 y el tercer trimestre del 2012.

En los términos descritos, los legisladores que suscribimos la presente iniciativa, en el marco del Pacto por México, consideramos de suma importancia tomar medidas que ayuden a las entidades federativas y a los municipios a evitar problemas de solvencia financiera que repercutan en el bienestar y desarrollo de la Nación.

Por lo anterior, la presente iniciativa de reforma constitucional propone:

• A través de la adición de la fracción VI del artículo 73 de la Constitución se faculta al Congreso de la Unión para legislar en materia de responsabilidad hacendaria y de coordinación fiscal, incluyendo en las leyes que se expidan en dichas materias, principios presupuestarios, de deuda pública y de transparencia, aplicables a la Federación, los Estados y Municipios, así como en el Distrito Federal y sus demarcaciones territoriales.

Lo anterior, con el fin de buscar homologar la regulación de las finanzas públicas y lograr su adecuada coordinación en los tres órdenes de gobierno. Al respecto, cabe destacar que no se pretende de forma alguna que la regulación presupuestaria, de deuda pública y transparencia se vuelva materia federal, sino que el Congreso de la Unión establezca los principios generales aplicables a dichas materias en todos los órdenes de gobierno para lograr los objetivos descritos, pero que sean éstos los responsables de aplicar dichos principios conforme a la legislación local que establezcan en el marco de la regulación nacional.

Cabe destacar que el establecimiento de principios de disciplina financiera y responsabilidad hacendaria a nivel nacional serán, de aprobarse esta reforma por el Constituyente Permanente, la condición necesaria para que los Estados y Municipios puedan acceder al nuevo esquema de endeudamiento público que a continuación se explica, el cual brindará a dichos órdenes de gobierno un esquema que les permita acceder al financiamiento de su desarrollo de manera responsable y a menores costos, lo cual redundará de manera positiva en la sostenibilidad de sus finanzas públicas.

Finalmente, cabe aclarar que la legislación en materia de responsabilidad hacendaria para la Federación, continuará siendo la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria mientras que, para las Entidades Federativas y Municipios, se propone que sea la nueva ley que se incluye en la iniciativa que se presenta de manera conjunta con la presente iniciativa: “Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios”. Lo anterior, reconociendo los efectos positivos que ha generado la primera ley citada a nivel federal, pero asumiendo que dicha ley no puede ser aplicable a las Entidades Federativas y los Municipios dadas las diferencias de sus finanzas públicas con la Federal. La regulación detallada de las materias presupuestaria, de deuda y de transparencia se dejarán a nivel local, por medio de la regulación que emitan las Legislaturas locales; sin embargo, en todo momento deberán ajustarse al marco de los principios establecidos en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios.

• La reforma propuesta a los artículos 73, fracción VIII, y 117, fracción VIII, tiene por objeto introducir un nuevo esquema de endeudamiento público para los Estados y Municipios, el cual se expone a continuación de manera general y, con mayor detalle, en la iniciativa con proyecto de Decreto por el que se expide la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios y se reforman las leyes General de Deuda Pública y de Coordinación Fiscal, la cual se presenta de manera conjunta con la presente iniciativa de reforma constitucional.

El nuevo esquema propuesto de endeudamiento para los Estados y Municipios, denominado Deuda Estatal Garantizada tiene por objeto, por un lado, apoyar a dichos órdenes de gobierno a obtener mejores condiciones de financiamiento y, por el otro, garantizar que dichos órdenes de gobierno utilicen el financiamiento de manera prudente y en un marco de disciplina financiera.

En este orden de ideas se propone facultar al Gobierno Federal a respaldar el endeudamiento de dichos órdenes de gobierno que se contrate bajo la modalidad de Deuda Estatal Garantizada.

Para acceder a este esquema, los Estados y Municipios, con la aprobación de la Legislatura local, tendrán que suscribir convenios con la Federación para obligarse a alcanzar objetivos de responsabilidad hacendaria, con metas específicas e indicadores para medir su grado de cumplimiento. En este sentido, además de los principios generales de responsabilidad hacendaria establecidos en la ley que reglamente la fracción VI del artículo 73 constitucional, las Entidades Federativas y los Municipios podrán pactar medidas adicionales para mejorar el manejo de sus finanzas públicas y que les permita contar con la garantía del Gobierno Federal en la contratación de financiamiento.

Así, el esquema de Deuda Estatal Garantizada fortalecerá las finanzas públicas de las Entidades Federativas y los Municipios al permitirles reducir sensiblemente los costos del financiamiento y al fortalecer el manejo de sus finanzas públicas a través de las metas establecidas en los convenios citados.

Para lograr el establecimiento del esquema propuesto es necesario reformar los artículos constitucionales citados para facultar al Congreso de la Unión a incluir en la Ley General de Deuda Pública la regulación relativa a la Deuda Estatal Garantizada, para establecer en la Ley de Coordinación Fiscal las modalidades bajo las cuales las Entidades Federativas y los Municipios podrán afectar sus respectivas participaciones para cubrir los empréstitos y obligaciones que contraigan para hacer viable el esquema, así como para facultar al Ejecutivo Federal a otorgar la garantía correspondiente.

Por otro lado, es importante subrayar que, en el caso del Distrito Federal, no se le incluye en el esquema de Deuda Estatal Garantizada derivado del esquema específico con el que cuenta para la contratación de su endeudamiento.

Finalmente, se realizan precisiones técnicas en las disposiciones citadas en el presente apartado, acordes con las operaciones que se llevan a cabo y con la terminología empleada en la actualidad, con el objeto de incluir el refinanciamiento y reestructura de las obligaciones. Así mismo se prevé expresamente la prohibición para los Estados y Municipios para contraer empréstitos u obligaciones para financiar su gasto corriente, entendido como aquél que no tiene como contrapartida la creación de un activo, incluyendo de manera enunciativa, el gasto en servicios personales, materiales y suministros y los servicios generales, así como las transferencias, asignaciones y subsidios. Se considera de particular importancia esta última precisión para robustecer el objetivo central de la presente iniciativa de garantizar la disciplina financiera y el uso responsable del endeudamiento.

El presente proyecto de reforma, así como las propuestas de regulación secundaria que se presentan a consideración de esta Soberanía, sin duda fomentarán la disciplina financiera, incluyendo el uso responsable del endeudamiento público, y brindarán a los Estados y Municipios un mecanismo eficiente para acceder a éste a costos más bajos. Por ello, estamos convencidos que la reforma planteada, de aprobarse por el Constituyente Permanente, fortalecerá las finanzas públicas de dichos órdenes de gobierno, lo cual repercutirá positivamente en la calidad de vida de sus ciudadanos al sentar las bases para un crecimiento económico sostenible de mediano y largo plazo.

De conformidad con lo anteriormente expuesto, se propone la discusión y, en su caso, aprobación del siguiente proyecto de:

 DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTICULOS 73, FRACCION VIII Y 117, FRACCION VIII, Y SE ADICIONA EL ARTICULO 73, CON LA FRACCION VI, DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.

Artículo Unico.- Se reforman los artículos 73, fracción VIII y 117, fracción VIII, y se adiciona el artículo 73, con la fracción VI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

“Artículo 73.- (…)

I. a V. (…)

VI.Para expedir leyes en materia de responsabilidad hacendaria y de coordinación fiscal, incluyendo principios presupuestarios, de deuda pública y de transparencia para lograr un manejo sostenible de las finanzas públicas en la Federación, los Estados y Municipios, así como en el Distrito Federal y sus demarcaciones territoriales;

VII.(…)

VIII. En materia de deuda pública, para:

1o. Dar bases sobre las cuales el Ejecutivo pueda celebrar empréstitos y otorgar garantías sobre el crédito de la Nación, para aprobar esos mismos empréstitos y para reconocer y mandar pagar la deuda nacional. Ningún empréstito podrá celebrarse sino para la ejecución de obras que produzcan un incremento en los ingresos públicos o, en términos de la ley de la materia, los que se realicen con propósitos de regulación monetaria; las operaciones de refinanciamiento o reestructura de deuda; así como los que se contraten durante alguna emergencia declarada por el Presidente de la República en los términos del artículo 29;

2o. Aprobar anualmente los montos de endeudamiento que deberán incluirse en la ley de ingresos, que en su caso requiera el Gobierno del Distrito Federal y las entidades de su sector público, conforme a las bases de la ley correspondiente. El Ejecutivo Federal informará anualmente al Congreso de la Unión sobre el ejercicio de dicha deuda a cuyo efecto el Jefe de Gobierno del Distrito Federal le hará llegar el informe que sobre el ejercicio de los recursos correspondientes hubiere realizado. El Jefe de Gobierno del Distrito Federal informará igualmente a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, al rendir la cuenta pública;

3o. Establecer las modalidades bajo las cuales los Estados, el Distrito Federal y los Municipios podrán afectar sus respectivas participaciones para cubrir los empréstitos y obligaciones que contraigan.

IX. a XXX. (…)

Artículo 117. (…)

I. a VII. (…)

VIII. (…)

Los Estados y Municipios no podrán contraer obligaciones o empréstitos sino cuando se destinen a inversiones públicas productivas y su refinanciamiento o reestructura, inclusive los que contraigan organismos descentralizados y empresas públicas y, en el caso de los Estados, adicionalmente para otorgar garantías respecto al endeudamiento de los Municipios, conforme a las bases que establezcan las legislaturas en una ley y por los conceptos y hasta por los montos que las mismas fijen anualmente en los respectivos presupuestos. Asimismo, deberán observar lo establecido en las leyes a que se refiere el artículo 73 fracción VI de esta Constitución. Los ejecutivos informarán de su ejercicio al rendir la cuenta pública.

Los Estados y Municipios no podrán contraer obligaciones ni empréstitos para financiar su gasto corriente.

IX. (…)

(…)”

 

TRANSITORIO

 

Unico.- El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Senadores, a 12 de febrero de 2013.

Sen. Emilio Gamboa Patrón.- Sen. José Francisco Yunes Zorrilla.-Sen. Roberto Armando Albores.- Sen. Blanca María Alcalá Ruiz.- Sen. Ivonne Liliana Alvarez García.- Sen. Daniel Amador Gaxiola.- Sen. Angélica del Rosario Araujo Lara.- Sen. Joel Ayala Almeida.- Sen. Ricardo Barroso Agramont.- Sen. Enrique Burgos García.- Sen. Manuel Cavazos Lerma.- Sen. Jesús Casillas Romero.- Sen. Raúl Cervantes Andrade.- Sen. Miguel Angel Chico Herrera.- Sen. Manuel Humberto Cota Jiménez.- Sen. María Cristina Díaz Salazar.- Sen. Omar Fayad Meneses.- Sen. Braulio Manuel Fernández Aguirre.- Sen. Hilda Esthela Flores Escalera.- Sen. Margarita Flores Sánchez.- Sen. Ernesto Gándara Camou.- Sen. Diva Hadamira Gastelum Bajo.- Sen. Arely Gómez González.- Sen. Félix Arturo González Canto.- Sen. Isaías González Cuevas.- Sen. Marcela Guerra Castillo.- Sen. Ismael Hernández Deras.- Sen. Lisbeth Hernández Lecona.- Sen. Juana Leticia Herrera Ale.- Sen. Ana Lilia Herrera Anzaldo.- Sen. Aarón Irizar López.- Sen. René Juárez Cisneros.- Sen. Patricio Martínez García.- Sen. Humberto Domingo Mayans Canabal.- Sen. Lilia Guadalupe Merodio Reza.- Sen. Armando Neyra Chávez.- Sen. José Ascención Orihuela Bárcenas.- Sen. Graciela Ortiz González.- Sen. Claudia Artemiza Pavlovich Arellano.- Sen. David Penchyna Grub.- Sen. Eviel Pérez Magaña.- Sen. María del Rocío Pineda Gochi.- Sen. Raúl Aarón Pozos Lanz.- Sen. Mely Romero Celis.- Sen. Itzel Sarahí Ríos de la Mora.- Sen. Carlos Romero Deschamps.- Sen. Miguel Romo Medina.- Sen. Oscar Román Rosas González.- Sen. María Lucero Saldaña Pérez.- Sen. Gerardo Sánchez García.- Sen. Alejandro Tello Cristerna.- Sen. Teófilo Torres Corzo.- Sen. Héctor Yunes Landa.- Sen. Arturo Zamora Jiménez.- Sen. Jorge Emilio González Martínez.- Sen. María Elena Barrera Tapia.- Sen. Pablo Escudero Morales.- Sen. Juan Gerardo Flores Ramírez.- Sen. Luis Armando Melgar Bravo.- Sen. Carlos Alberto Puente Salas.- Sen. Ninfa Salinas Sada”.





 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y LOS MUNICIPIOS; SE REFORMA EL ARTICULO 9o. DE LA LEY DE COORDINACION FISCAL, ASI COMO SE REFORMA EL ARTICULO 4o., FRACCION I Y SE ADICIONA EL CAPITULO IX Y LOS ARTICULOS 31 A 36 DE LA LEY GENERAL DE DEUDA PUBLICA

(Presentada por el C. Senador José Francisco Yunes Zorrilla, a nombre propio y del C. Senador Emilio Gamboa Patrón, con aval de los grupos parlamentarios del PRI y del PVEM)

En segundo término, se propone una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se expide la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios y se reforman la Ley General de Deuda Pública y la Ley de Coordinación Fiscal.

El objetivo de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios, es establecer los principios generales que deberán observar las entidades federativas y los municipios para asegurar un manejo sostenible de sus finanzas públicas.

La nueva ley tiene tres ejes rectores.

Uno.- El equilibrio presupuestal, exceptuando los casos de inversión y desastres naturales en los cuales se tendrá un periodo límite para volver al equilibrio.

Segundo.- Un uso prudente de deuda sujetando la afectación de participaciones a un límite que depende de sus ingresos disponibles.

Tercero.- Un esquema de incentivos en la implementación de la deuda estatal garantizada que promueva el ordenamiento de las finanzas pública a través de convenios con medidas específicas para cada entidad.

En este sentido, se proponen principios generales en materia presupuestaria de endeudamiento y de transparencia que se apliquen de manera homóloga en dichos órdenes de gobierno con algunas diferencias en la aplicación de dichos principios en los municipios, en el reconocimiento de la diferencia del manejo de las finanzas públicas y en el desarrollo institucional de dicho orden institucional.

Compañeras y compañeros Senadores:

El grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, cumple al presentar esta iniciativa con el compromiso suscrito de tiempo atrás en materia de deuda pública, de manejo responsable de las finanzas públicas, de apego a los principios de transparencia y de rendición de cuentas.

El Partido Revolucionario Institucional, con representación en esta Cámara de Senadores, se suma a la preocupación de los distintos Senadores, de los distintos grupos parlamentarios para hacer de la deuda pública un instrumento que financie desarrollo y que explique el crecimiento de los municipios en términos de su administración y de su respuesta en términos de su compromiso social frente a la gente.

Queda a disposición de la Mesa Directiva de esta Cámara esta iniciativa propuesta por el Senador Emilio Gamboa.

Iniciativa



- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, Senador José Francisco Yunes Zorrilla.

Sonido en el escaño del Senador Miguel Barbosa, ¿para qué asunto?

- El C. Senador Luis Miguel Gerónimo Barbosa Huerta: (Desde su escaño) Para propósitos de la presentación de esta iniciativa del Senador Yunes Zorrilla y del Senador Emilio Gamboa.

El tema de deuda, estados y municipios es un tema que interesa de manera muy especial al Senado de la República.

Ya hay iniciativas de Senadores del PRD, la presentada por Armando Ríos Pitter y por Benjamín Robles; y propuestas de punto de Acuerdo desde la Comisión Permanente del receso anterior.

Ya hay iniciativas del Partido Acción Nacional y hoy se presenta la relativa al Partido Revolucionario Institucional.
Eso acredita el interés del Senado sobre el tema de deuda, estados y municipios. Hay condiciones para que acá en el Senado se construya una propuesta común.

Hay condiciones y este es un ejemplo de cómo el Senado puede tomar temas del interés nacional, de que sea en un órgano del Congreso de la Unión donde se construyan estas propuestas.

Por tanto, expreso la voluntad del grupo parlamentario del PRD para entablar de inmediato negociaciones con todos los grupos parlamentarios y poder construir una propuesta común.

Felicito a la bancada del PRI por la propuesta presentada en esta sesión.

Felicito a la bancada del PAN por la propuesta presentada la semana anterior.

Y desde luego felicito a los Senadores del PRD que presentaron su propuesta y han hecho suyo este tema.

La solicitud es también para que se turne a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, además la de Puntos Constitucionales. Porque en la lógica del proceso legislativo, aún cuando primero tendrá que haber reforma constitucional, paralelamente se tendrá que estar construyendo las reformas a las leyes secundarias, a éstas que hoy forman parte de la iniciativa.

Entonces, el exhorto es a las bancadas para que podamos instalar de inmediato la negociación que nos conduzca a la construcción de una propuesta.

De verdad, mis felicitaciones a todos ustedes. Gracias.

(Aplausos)

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, Senador Miguel Barbosa.

Con gusto tomamos en cuenta la inquietud que usted ha presentado.

Sonido en el escaño del Senador Francisco Domínguez, ¿para qué asunto?

- El C. Senador Francisco Domínguez Servién: (Desde su escaño) Señor Presidente, para sumarnos a la propuesta del Senador Miguel Barbosa, del PRD. Y festejar la iniciativa de reforma constitucional de deuda, estados y municipios, que la semana pasada presentara el Senador Carlos Mendoza y cierto que el Senador Ríos Pitter mandó su propuesta en la Comisión Permanente, y hoy lo hace el Presidente de la Comisión de Hacienda, del Partido Revolucionario Institucional, y aceptar de parte del grupo parlamentario del PAN, que empecemos de inmediato un tema trascendente para los estados y municipios de este país.

Es cuanto, señor Presidente.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, Senador Francisco Domínguez, desde luego se turnará esta iniciativa a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Estudios Legislativos, Segunda, y también con vista a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, tal y como se hizo en las iniciativas que se presentaran en sesiones anteriores.

El proyecto de Ley de Disciplina Financiera y reformas a otras leyes en la materia, se turnará a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público; y de Estudios Legislativos, Primera.

 





 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETOQUE REFORMA EL ARTICULO 26 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

(Presentada por la C. Senadora Adriana Dávila Fernández, a nombre propio y del C. Senador Ernesto Javier Cordero Arroyo y de los integrantes del grupo parlamentario del PAN, con aval de grupo)

- La C. Senadora Adriana Dávila Fernández: Gracias, señor Presidente:

Efectivamente, estoy aquí para presentar a nombre propio, del Senador Ernesto Cordero y del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, una iniciativa para dar autonomía al Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social.

México es un país que por muchos años ha luchado por establecer y consolidar un sistema de gobierno democrático y libre de pobreza, son muchos los retos que debemos enfrentar.

Los mexicanos con mucho esfuerzo y perseverancia nos hemos dado instituciones fuertes y autónomas que nos han permitido dar paso firme en su democratización.

Así superamos el régimen autoritario y centralista que gobernó durante décadas.

Así, además de reformas transcendentales, como la de seguridad y justicia de 2008 o la de derechos humanos de 2011, también se ha fortalecido la desconcentración del poder mediante la separación de poderes, propia de las grandes democracias.

Los titulares de los poderes ejecutivos federal, estatales y municipales no pueden ser juez y parte en la evaluación de programas y políticas públicas.

Lo anterior implica que las distintas funciones estatales no corresponden a un solo sujeto, sino que se dividen entre los distintos Poderes de la Unión.

De esta manera, se ha fortalecido el control del poder mediante la creación de organismos autónomos cuyo objetivo principal es la rendición de cuentas de los otros poderes.

Así, la democracia se extiende con base en un sistema de control de las actividades del Poder Ejecutivo, quien de ninguna manera debe actuar de forma arbitraria y desmedida.

Estos organismos autónomos tienen como punto toral su autonomía jerárquica al no depender directamente de ninguno de los otros poderes. Es decir, deben ser independientes, no estar sometidos a ningún poder en la toma de decisiones que debe ser, insisto, autónoma y con base en elementos indicadores y criterios.

Por eso, el uso de recursos económicos para combatir la pobreza debe ser evaluada por un ente autónomo al Ejecutivo; debe tener indicadores claros, sin sesgos ni tintes políticos.

Sin lugar a dudas, la pobreza debe ser combatida con todos los medios que el Estado tiene a su disposición.

Es inadmisible que en México existan seres humanos sometidos a la falta de alimentación, vivienda, educación, asistencia sanitaria o el acceso al agua potable.

La lucha contra la pobreza debe estar bien enfocada y no prestarse a la obtención de beneficios para quienes manejan programas de desarrollo social. Por eso, resulta indispensable contar con un organismo autónomo que evalúe las políticas públicas en la materia y que mida la pobreza de forma objetiva.

Si la política social busca ser un mecanismo para generar condiciones de equidad social mediante la inversión del Estado para eliminar la pobreza, entonces las políticas sociales implementadas por el Ejecutivo Federal y los ejecutivos estatales tienen que ser real y eficientemente evaluadas por un órgano ajeno a dicho poder que garantice su independencia respecto de cualquier otro poder constituido.

El CONEVAL ha enfocado su valor en el diseño de capacidades técnicas para generar datos objetivos sobre la aplicación de la política social y la medición de la pobreza y que ambos casos sean de utilidad para mejorar la toma de decisiones en la materia.

El artículo 85 de la Ley General de Desarrollo Social dispone que la administración del CONEVAL esté a cargo de un Comité Directivo presidido por el Secretario de Desarrollo Social, quien es nombrado directamente por el Presidente de la República.

Por tanto, el CONEVAL se encuentra subordinado en la voluntad del Ejecutivo Federal debido a que su administrador y su órgano operativo son nombrados por él.

De tal manera que están sujetas a las circunstancias políticas y voluntad del Presidente careciendo de autonomía para sus decisiones y funciones.

Con la presente iniciativa pretendemos evitar que las evaluaciones hechas por el CONEVAL carezcan de unilateralidad y discrecionalidad. En consecuencia, se generarán mejores políticas, que sean coherentes y responsables ante el problema de la pobreza que aqueja a México.

La presente iniciativa tiene por objeto dotar de autonomía constitucional al CONEVAL y que cuente con independencia suficiente para cumplir con sus objetivos convirtiéndose en una institución digna de credibilidad y rigor técnico que contribuya a la mejora de la política de desarrollo social.

En tal virtud, se propone cambiar el contenido del Apartado B del artículo 26 de la Constitución, para cambiar la denominación del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social por el de la Comisión Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social que será un organismo constitucional autónomo público con autonomía de gestión y presupuestaria, personalidad jurídica y patrimonios propios.

Este organismo tendrá a su cargo la evaluación de la política de desarrollo social mediante la revisión periódica del cumplimiento del objetivo social de los programas, metas y acciones de los programas de desarrollo social para corregirlos, modificarlos, adicionarlos o reorientarlos.

Los miembros de este organismo serán elegidos por el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes de la Cámara de Senadores.

También es importante señalar que las legislaturas de las entidades federativas, en el ámbito de sus respectivas competencias, establecerán organismos con autonomía constitucional para la evaluación de la política de desarrollo social estatal y municipal.

De esta manera, en Acción Nacional seguiremos trabajando por la defensa de nuestra democracia y por la consolidación de una sociedad moderna carente de pobreza y como un desarrollo constante.

Con la presente propuesta, el grupo parlamentario del Partido Acción Nacional da pasos firmes hacia el cumplimiento de su agenda legislativa para el presente periodo ordinario consistente en brindar autonomía constitucional al Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, así como establecer en los demás niveles de gobierno de existencia, mecanismos que evalúen de forma independiente y objetiva las políticas públicas en materia de desarrollo social, lo que sin duda brindará un mejor andamiaje en la evolución y diseño efectivo de éstas.

Muchísimas gracias por su atención.

Es cuanto, señor Presidente.

Iniciativa

“Ernesto Cordero Arroyo y Adriana Dávila Fernández, Senadores de la República, a nombre propio y de los integrantes del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional pertenecientes a la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 71, fracción II y 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el artículo 8 fracción I, 164, numerales 1 y 3, 169 y 172 del Reglamento del Senado de la República, presentamos a esta Honorable Asamblea con carácter de Iniciativa con aval de grupo, la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 26 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al tenor de la siguiente:

ExposiciOn demotivos

1. Separación de poderes

México es un país que por muchos años, ha luchado por establecer y consolidar un sistema de gobierno democrático.

Durante los últimos años, nuestro país dio pasos firmes en su democratización superando al régimen autoritario y centralista que gobernó durante décadas.

Así, además de reformas trascendentales, como la de seguridad y justicia de 2008 o la de Derechos Humanos de 2011, también se ha fortalecido la desconcentración del poder mediante la separación de poderes, propia de las grandes democracias.

La separación de poderes, implica que las funciones estatales como la administración, la jurisdicción y la legislación no correspondan a un solo sujeto, sino que se dividen en distintos sujetos que hoy denominamos Poder Ejecutivo, Poder Judicial y Poder Legislativo.

Al respecto, vale la pena citar al destacado Carl Schmitt quien señala lo siguiente:

El principio de distribución encuentra su expresión en una serie de derechos llamados fundamentales o de libertad; el principio de organización está contenido en la doctrina de la llamada división de poderes, es decir, distinción de diversas ramas para ejercer el Poder público, con lo que viene al caso la distinción entre legislación, gobierno (administración) y administración de justicia; división y distinción que tiene por finalidad lograr frenos y controles recíprocos de esos poderes.1

Lo anterior implica que en la separación de poderes la titularidad de cada una de las funciones del Estado es confiada a un órgano público distinto, aunque no actúan de forma aislada. Por ello, al Poder Ejecutivo le corresponde la administración, al legislativo la reproducción del sistema jurídico y al judicial la impartición de la justicia.

Congruente con lo anterior, el artículo 40de nuestra Constitución refiere que es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una República representativa, democrática, laica, federal; asimismo, el artículo 41 dispone que el pueblo de México es soberano por medio de los Poderes de la Unión.

A su vez, el artículo 49 establece que el Supremo Poder de la Federación se divide para su ejercicio en Legislativo, Ejecutivo y Judicial y que no podrán reunirse dos o más de estos Poderes en una sola persona o corporación, ni depositarse el Legislativo en un individuo.

En consecuencia, la democracia en México debe ser construida a partir de la inclusión de los derechos humanos en la Constitución, así como de la separación de poderes como uno de los principios que caracterizan el Estado de derecho moderno y que permite establecer un sistema de pesos y contrapesos en el que cada uno de los Poderes vigila la función de los otros.

No obstante, nuestro sistema de división de poderes ha evolucionado precisamente para fortalecer el control del poder mediante la creación de organismos autónomos cuyo objetivo principal es la rendición de cuentas de los otros poderes. Al respecto John Akcerman refiere lo siguiente:

Una de las manifestaciones más destacadas del avance de la reforma del Estado ha sido la proliferación de organismos autónomos pro-rendición de cuentas. Estos organismos son instituciones públicas en las cuales se delega la operación de elementos más relevantes podemos señalar los organismos independientes, entidades de fiscalización superior, ombudsmen y “defensores del pueblo”. En los sistemas presidenciales, estos organismos independientes han contribuido a que la división de poderes se extienda más allá de la estructura tripartita tradicional de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial.2

De esta manera la democracia se extiende con base en un sistema de control de las actividades del Poder Ejecutivo, quien de ninguna manera podrá actuar de forma arbitraria y desmedida.

2. Organismos autónomos

En la actualidad la división de poderes no se restringe a la existencia de tres poderes. La realidad democrática de nuestro país derivada de los últimos 12 años, se sustenta en la conformación de un cuarto poder basado en la existencia de organismos con autonomía constitucional. Ejemplos de lo anterior son los siguientes:

a) Banco de México.

b) Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

c) Instituto Federal Electoral.

d) Instituto Nacional de Estadística y Geografía.

Estos organismos autónomos tienen como punto toral su autonomía jerárquica, es decir, no dependen directamente de ninguno de los otros poderes. Por tanto, cuentan con patrimonio propio, por ende también son financieramente autónomos.

De esta manera, los avances en la democratización de México durante la última década es evidente; sin embargo, la democracia sólo puede reproducirse con base en más democracia.

Hoy, la pobreza es una situación que impide a la gente el acceso a los recursos que le permitan satisfacer sus necesidades físicas y psíquicas básicas humanas. Derivado de esto, las personas son sometidas a la falta de alimentación, vivienda, educación, asistencia sanitaria o el acceso al agua potable.

Sin lugar a dudas, nuestra labor desde el Congreso de la Unión debe estar enfocada a luchar contra la pobreza hasta su extinción.

Esta lucha debe estar bien enfocada y no prestarse a la obtención de beneficios para quienes manejan programas de desarrollo social. Por eso, resulta indispensable contar con un organismo autónomo que evalúe las políticas públicas en la materia y que mida la pobreza de forma objetiva.

En tales condiciones, si la política social busca ser un mecanismo para generar condiciones de equidad social mediante la inversión del Estado en la persona para mejorar su calidad de vida y productividad con el propósito de alcanzar el bien común, es necesario que las políticas sociales implementadas por el Ejecutivo Federal sean real y eficientemente evaluadas por un órgano ajeno a dicho poder que garantice su independencia respecto de cualquier otro poder constituido.

3. Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social

El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) fue creado mediante decreto presidencial del 24 de agosto de 2005 como un organismo público descentralizado de la Administración Pública Federal, con autonomía y capacidad técnica para generar información objetiva sobre la situación de la política social y la medición de la pobreza en México.

Sus esfuerzos se han enfocado en el diseño capacidades técnicas para generar datos objetivos sobre la aplicación de la política social y la medición de la pobreza y que ambos casos sean de utilidad para mejorar la toma de decisiones en la materia.

En ese sentido, el CONEVAL tiene como funciones principales:

a) Normar y coordinar la evaluación de la Política Nacional de Desarrollo Social y las políticas, programas y acciones que ejecuten las dependencias públicas.

b) Establecer los lineamientos y criterios para la definición, identificación y medición de la pobreza, garantizando la transparencia, objetividad y rigor técnico en dicha actividad.

En relación con lo anterior, la Ley General de Desarrollo Social establece como atribuciones del CONEVAL, emitir los lineamientos y criterios para la definición, identificación y medición de la pobreza utilizando la información que genere el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática.

De conformidad con el artículo 8 de la citada legislación, El CONEVAL está integrado de la siguiente forma:

a) El titular de la Secretaría de Desarrollo Social, o la persona que éste designe;

b) Seis investigadores académicos, que sean o hayan sido miembros del Sistema Nacional de Investigadores, con amplia experiencia en la materia y que colaboren en instituciones de educación superior y de investigación inscritas en el Padrón de Excelencia del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, y

c) Un Secretario Ejecutivo designado por el Ejecutivo Federal.

En adición a lo anterior, el artículo 85 dispone que la administración del CONEVAL esté a cargo de un Comité Directivo, presidido por el Secretario de Desarrollo Social quien es nombrado directamente por el Presidente de la República.

Por tanto, el CONEVAL se encuentra subordinado al Ejecutivo Federal porque su administrador y su órgano operativo, Secretario Ejecutivo, son nombrados por él. Esto implica que están sujetos a las circunstancias políticas y voluntad del Presidente, careciendo de autonomía para sus decisiones y funciones.

El combate a la pobreza es un asunto medular en el desarrollo de México y no puede estar sometido a la voluntad de uno solo de los Poderes de la Unión. Tampoco, es admisible que el organismo encargado de evaluar las políticas de desarrollo social sea parte del mismo Ejecutivo.

Resulta de gran importancia que el CONEVAL sea un organismo autónomo para que sus funciones sirvan como un verdadero contrapeso de la actividad del Ejecutivo. En ese sentido, es urgente que el organismo evaluador en cita actúe de forma objetiva garantizando transparencia y rendición de cuentas por parte de la administración pública.

Así, se evitará que las evaluaciones hechas por el CONEVAL, así como las decisiones asumidas por el titular del Ejecutivo carezcan de unilateralidad y discrecionalidad. En consecuencia se generarán mejores políticas, que sean coherentes y responsables ante el problema de la pobreza que aqueja a México.

Es por eso, que la presente iniciativa tiene por objeto dotar de autonomía constitucional al CONEVAL y cuente con la independencia suficiente para cumplir con sus objetivos convirtiéndose en una institución digna de credibilidad y rigor técnico que contribuya a la mejora de la política de desarrollo social.

En tal virtud, se propone cambiar el contenido del apartado B del artículo 26 de la Constitución para cambiar la denominación del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social por el deComisión Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social que será un organismo constitucional autónomo público con autonomía de gestión y presupuestaria, personalidad jurídica y patrimonio propios.3

Este organismo tendrá a su cargo la evaluación de la política de desarrollo social mediante la revisión periódica del cumplimiento del objetivo social de los programas, metas y acciones de los programas de desarrollo social, para corregirlos, modificarlos, adicionarlos, reorientarlos o suspenderlos total o parcialmente.

Tendrá un Consejo Consultivo integrado por nueve Consejeros que deberán ser ciudadanos mexicanos de reconocido prestigio en los sectores privado y social, así como de los ámbitos académico, profesional, científico y cultural con experiencia mínimo de diez años en el ámbito del desarrollo social y que no pertenezcan a algún partido político o hayan sido candidatos a ocupar un cargo de público de elección popular.

Tales consejeros, serán elegidos por el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes de la Cámara de Senadores. Cada dos años serán substituidos los dos consejeros de mayor antigüedad en el cargo, salvo que fuesen propuestos y ratificados para un segundo período.

El Presidente de la Comisión Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, quien lo será también del Consejo Consultivo, será elegido en los mismos términos del párrafo anterior. Durará en su encargo cinco años, podrá ser reelecto por una sola vez.

Cabe destacar que esta transformación, no causaría un gasto adicional dentro del presupuesto de egresos, sino simplemente una reorientación de éste, pues conforme al Presupuesto de Egresos de la Federación para 2013, el actual consejo nacional tienen programado como gasto la cantidad de $ 251,657,6644 (doscientos cincuenta y un mil millones, seiscientos cincuenta y sietemil, seiscientos sesenta y cuatro pesos 00/100), previstos como un organismo público descentralizado sectorizado a la Secretaría de Desarrollo Social (Ramo 20) por lo que, para su primer año de ejercicio su el presupuesto simplemente sería reorientado al nuevo órgano constitucional autónomo.

Es importante señalar que las legislaturas de las entidades federativas, en el ámbito de sus respectivas competencias, establecerán organismos con autonomía constitucional para la evaluación de la Política de Desarrollo Social estatal y municipal, los cuales harán la revisión periódica del cumplimiento del objetivo social de los programas, metas y acciones de los programas de desarrollo social, para corregirlos, modificarlos, adicionarlos, reorientarlos o suspenderlos total o parcialmente.

De esta manera, en Acción Nacional seguiremos trabajando por la defensa de nuestra democracia y por la consolidación de una sociedad moderna.

Por lo expuesto, sometemos a la consideración del Pleno del Senado de la República la siguiente iniciativa con:

PROYECTO DEDECRETO

Unico. Se adiciona un párrafo para quedar como apartado B recorriéndose el texto actual para quedar como C, ambos del artículo 26 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Artículo 26

A. …

B.La ley organizará a la Comisión Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social que será un organismo constitucional autónomo público con autonomía de gestión y presupuestaria, personalidad jurídica y patrimonio propios.

Incumbe a la Comisión Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social la evaluación de la Política de Desarrollo Social a nivel federal mediante la revisión periódica del cumplimiento del objetivo social de los programas, metas y acciones de los programas de desarrollo social, para corregirlos, modificarlos, adicionarlos, reorientarlos o suspenderlos total o parcialmente.

La Comisión Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social tendrá un Consejo Consultivo integrado por un Presidente y nueve Consejeros que deberán ser ciudadanos mexicanos de reconocido prestigio en los sectores privado y social, así como de los ámbitos académico, profesional, científico y cultural con experiencia mínimo de diez años en el ámbito del desarrollo social y que no pertenezcan a algún partido político o hayan sido candidatos a ocupar un cargo de público de elección popular. Serán elegidos, de entre una terna, por el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes de la Cámara de Senadores. La ley determinará los procedimientos a seguir para la presentación de las propuestas por la propia Cámara. Cada cuatro años serán substituidos los dos consejeros de mayor antigüedad en el cargo, salvo que fuesen propuestos y ratificados para un segundo período.

El Presidente de la Comisión Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, quien lo será también del Consejo Consultivo, será elegido en los mismos términos del párrafo anterior. Durará en su encargo cinco años, podrá ser reelecto por una sola vez y sólo podrá ser removido de sus funciones en los términos del Título Cuarto de esta Constitución.

El Presidente de la ComisiónNacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social presentará anualmente a los Poderes de la Unión un informe de actividades. Al efecto comparecerá ante las Cámaras del Congreso en los términos que disponga la ley.

Los servidores públicos que laboren en la Comisión serán removidos en los casos y términos que señale la ley correspondiente.

Las legislaturas de las entidades federativas, en el ámbito de sus respectivas competencias, establecerán organismos con autonomía constitucional para la evaluación de la Política de Desarrollo Social estatal y municipal, los cuales harán la revisión periódica del cumplimiento del objetivo social de los programas, metas y acciones de los programas de desarrollo social, para corregirlos, modificarlos, adicionarlos, reorientarlos o suspenderlos total o parcialmente.

C . El Estado contará con un Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica cuyos datos serán considerados oficiales. Para la Federación, estados, Distrito Federal y municipios, los datos contenidos en el Sistema serán de uso obligatorio en los términos que establezca la ley.

La responsabilidad de normar y coordinar dicho Sistema estará a cargo de un organismo con autonomía técnica y de gestión, personalidad jurídica y patrimonio propios, con las facultades necesarias para regular la captación, procesamiento y publicación de la información que se genere y proveer a su observancia.

El organismo tendrá una Junta de Gobierno integrada por cinco miembros, uno de los cuales fungirá como Presidente de ésta y del propio organismo; serán designados por el Presidente de la República con la aprobación de la Cámara de Senadores.

La ley establecerá las bases de organización y funcionamiento del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica, de acuerdo con los principios de accesibilidad a la información, transparencia, objetividad e independencia; los requisitos que deberán cumplir los miembros de la Junta de Gobierno, la duración y escalonamiento de su encargo.

Los miembros de la Junta de Gobierno sólo podrán ser removidos por causa grave y no podrán tener ningún otro empleo, cargo o comisión, con excepción de los no remunerados en instituciones docentes, científicas, culturales o de beneficencia; y estarán sujetos a lo dispuesto por el Título Cuarto de esta Constitución.

Transitorios

Primero.- El presente Decreto entrara en vigor al día siguiente de su publicación.

Segundo.- Al momento de la entrada en vigor del presente decreto, el titular del Ejecutivo Federal derogará el decreto de creación del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social.

Tercero.-El personal que preste sus servicios en la Comisión Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social se regirá por las disposiciones del apartado B del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado. Dicho personal quedará incorporado al régimen del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.

Cuarto.El Ejecutivo federal hará las adecuaciones presupuestarias necesarias para que le sean asignados o transferidos a la Comisión Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, los recursos presupuestales que corresponden al Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social.

Quinto.- En un plazo máximo de sesenta días naturales contados a partir de la publicación del presente decreto, la Cámara de Senadores procederá a integrar el Consejo Consultivo, por única vez, conforme a las siguientes bases:

b) Elegirá al Presidente, cuyo mandato concluirá en los términos propuestos en el apartado B del artículo 26 del presente decreto;

c) Los seis miembros actuales del Consejo Directivo se mantendrán en funciones.

d) Elegirá tres nuevos miembros del Consejo consultivo que terminaran su periodo el 30 de octubre de 2014, 2017 y 2019. En cada caso, dos serán de los seis que se mantuvieron en funciones con mayor antigüedad y uno más de los tres elegidos con la entrada en vigor del presente decreto, con posibilidad de ser reelectos por única vez.

En caso de que la antigüedad de los consejeros sea la misma, el Senado determinará el procedimiento para determinar el orden de los funcionarios que serán sustituidos.

Sexto. El Congreso de la Unión tendrá seis meses a partir de la publicación del presente decreto para expedir la Ley Orgánica de la Comisión Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social. Mientras tanto, ejercerá sus atribuciones y competencias conforme a lo dispuesto por el presente Decreto y la ley reglamentaria vigente hasta dicha expedición.

Senado de la República, a 12 de febrero del 2013.

Sen. Ernesto Javier Cordero Arroyo.- Sen. Luisa María Calderón Hinojosa.- Sen. Adriana Dávila Fernández.- Sen. José Rosas Aispuro Torres.- Sen. Daniel Gabriel Avila Ruiz.- Sen. Javier Corral Jurado.- Sen. Francisco de Paula Búrquez Valenzuela.- Sen. Gabriela Cuevas Barrón.- Sen. Rosa Adriana Díaz Lizama.- Sen. Francisco Domínguez Servién.- Sen. Francisco García Cabeza de Vaca.- Sen. Martha Elena García Gómez.- Sen. Silvia Guadalupe Garza Galván.- Sen. Roberto Gil Zuarth.- Sen. Mariana Gómez del Campo Gurza.- Sen. Raúl Gracia Guzmán.- Sen. Víctor Hermosillo y Celada.- Sen. Fernando Herrera Avila.- Sen. Héctor Larios Córdova.- Sen. Jorge Luis Lavalle Maury.- Sen. Francisco Salvador López Brito.- Sen. Javier Lozano Alarcón.- Sen. José María Martínez Martínez.- Sen. Carlos Mendoza Davis.- Sen. Sonia Mendoza Díaz.- Sen. Martín Orozco Sandoval.- Sen. María del Pilar Ortega Martínez.- Sen. Maki Esther Ortiz Domínguez.- Sen. César Octavio Pedroza Gaitán.- Sen. Jorge Luis Preciado Rodríguez.- Sen. Laura Angélica Rojas Hernández.- Sen. Juan Carlos Romero Hicks.- Sen. Ernesto Ruffo Appel.- Sen. Luis Fernando Salazar Fernández.- Sen. Fernando Torres Graciano.- Sen. María Marcela Torres Peimbert.- Sen. Salvador Vega Casillas.- Sen. Fernando Yunes Márquez”.

- El C. Presidente Senador Aispuro Torres: Gracias, Senadora Adriana Dávila Fernández. Se turna a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; y de Estudios Legislativos, Primera.

Se le concede el uso de la palabra al Senador Luis Sánchez Jiménez, del grupo parlamentario del PRD, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se modifica el artículo 6o. constitucional.

1 Schmitt, Carl, Teoría de la Constitución, España, Alianza Editorial, Sexta reimpresión, 2009, p. 137.

2 Ackerman, John, Organismos Autónomos y Democracia: El Caso de México, Siglo XXI Editores – Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, 2007, p. 17 y 18.

3 El contenido del apartado A del artículo 26 constitucional hace referencia a que el Estado organizará un sistema de planeación democrática del desarrollo nacional que imprima solidez, dinamismo, permanencia y equidad al crecimiento de la economía para la independencia y la democratización política, social y cultural de la Nación. Además, refiere que habrá un plan nacional de desarrollo al que se sujetarán obligatoriamente los programas de la Administración Pública Federal.

4 Fuente: http://www.apartados.hacienda.gob.mx/presupuesto/temas/ppef/2013/temas/tomos/20/r20_vqz_afpefe.pdf





 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETOPOR EL QUE SE MODIFICA EL ARTICULO 6o. DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

(Presentada por el C. Senador Luis Sánchez Jiménez, del grupo parlamentario del PRD)

- El C. Senador Sánchez Jiménez: Muchas gracias, señor Presidente; compañeras Senadoras y compañeros Senadores:

La reforma al artículo 6o. constitucional que hoy presentamos, trasciende a las libertades clásicas o derechos humanos de primera generación, la libertad de expresión, el derecho a la información y la constitucionalización de la opinión pública forman las potestades con mayor grado de evolución en nuestro siglo.

Nuestro objetivo, consolidar el derecho a la información, robustecer el derecho de todos y todas a recibir información, a investigarla y, sobre todo, a opinar en los asuntos que son de carácter público del interés de la República.

Pretendemos acabar con la anquilosada Ley de Imprenta y dar paso a una nueva ley que tenga por objeto ampliar la libertad de expresión y proteger a la opinión pública.

Con los cambios sugeridos el día de hoy, nos comprometemos con los trabajadores de los medios de comunicación a instituir los derechos del secreto profesional y la cláusula de conciencia, que nadie pueda ser separado de su trabajo por opiniones vertidas.

Consolidar el derecho de periodistas y ciudadanos para que en el espacio público todos tengan la máxima libertad de acotar a los Poderes del Estado y los monopolios de opinión. Nuestro objetivo es la ciudadanización plena de la política.

En la democracia es indispensable evaluar el desempeño de todas las instituciones públicas o privadas, del gobierno, de las empresas, de los sindicatos, de las organizaciones sociales, de los partidos políticos, de la prensa y de los medios de comunicación, de la economía, de los sistemas sociales y de todos los asuntos de interés social, ésta es la nueva cara de la democracia.

Por eso, proponemos que la publicidad comercial, social y política que se difunda en los medios de comunicación, radio, televisión, prensa, Internet o cualquier otro de carácter público, esté sujeta al interés público en cuanto a la veracidad del objeto, hechos, calidad y particularidades del producto que se promocione.

Queremos que se combatan todas las formas de publicidad encubierta o publicidad integrada que tengan por objeto confundir o vulnerar el derecho a la información.

Para nosotros, como ciudadanos, es importante saber de todos los asuntos públicos y más cuando éstos transitan por el espacio público o por espectros radioeléctricos, aéreos o del subsuelo, así como bandas anchas que pertenecen a la nación.

Nuestra propuesta de reforma considera como sujetos obligados a informar a los particulares que realicen actividades relacionadas con la prestación de un servicio público, que realicen actividades económicas derivadas de la explotación concesionada de bienes de la nación o la producción, almacenamiento y distribución de alimentos.

El artículo 6o. de la Constitución fue reformado en 1975 para dar cabida al derecho a la información; las consecuentes reformas, entre las que debe incluirse la votada en este Senado de la República en el pasado periodo ordinario de sesiones, especificaron y dotaron de reglamentación legal e institucional al derecho a la información pública.

Sin embargo, el derecho a la información y su correlativo la libertad de expresión, no se agotan en el ámbito de los órganos del Estado.

Sobre la abrogación de la Ley de Imprenta, quedarán abolidos todos los delitos consecuencia de la manifestación de ideas, la censura y la mordaza del Estado y de las corporaciones privadas.

La sociedad de la información es un hecho, el siglo XXI se muestra ante todos en las autopistas de la información, demandando trasformar nuestra noción tradicional de comunicación unidireccional del siglo XX por el diálogo multitudinario y multidireccional. Por eso, no sólo defendemos al representante de un medio de comunicación, sino también a su audiencia.

Aquí introducimos la figura del defensor de la audiencia frente a los medios de radio, televisión, prensa e Internet. Entendiendo por audiencia a los ciudadanos que auditan los contenidos mediante la réplica y el derecho a la información veraz, ponderada y diversa.

Buscamos defender a los que se comunican con otros a través de las redes sociales, reconociendo que la red es el paradigma de las nuevas formas de comunicación e información, ya no es posible la comunicación unidireccional, es ya multidireccional.

Por eso, es necesario que la Constitución reconozca la influencia de las estructuras de información en la concepción del derecho a la información. Es preciso entender e impulsar el desarrollo tecnológico a fin de eliminar la brecha digital en la que hoy vive México, por eso promovemos el acceso libre a Internet y al desarrollo tecnológico de la comunicación facilitando la libre actuación de las redes sociales.

Senadoras y Senadores, la iniciativa que hoy presentamos es indispensable, previa a una reforma en materia de telecomunicaciones, a la par de legislar en competencias, en terceras cadenas, en sanciones, en instituciones de telecomunicaciones debemos garantizar el espacio público para el poder ciudadano.

Nuestra propuesta de adicionar el Apartado C, se presenta acorde a la reforma al artículo 6o. constitucional aprobada en este Senado de la República y que se encuentra en tránsito de discusión y aprobación en la Cámara de Diputados y las legislaturas de los estados, de tal forma que al terminar el paso de aquella por el Constituyente Permanente y de aceptarse la que aquí presentamos, el nuevo artículo 6o. constaría de tres apartados el A, el B y éste, el C.

En esta reforma el ciudadano deja de ser un espectador ante los monopolios y reclama su participación en el espacio público. Por tanto, la propuesta de reforma constitucional que presentamos a ustedes, tiene por objeto que el Estado mexicano actúe como garante de la libre circulación de informaciones para que los mexicanos conozcamos lo que ocurre en la realidad nacional y así se pueda formar una opinión sobre ella.

Por el engrandecimiento de la Patria y sus hijos, ahora vulnerables en la era digital.

Muchas gracias, compañeras y compañeros.

Iniciativa

“CC. Secretarias de la Mesa Directiva
del Senado de la República
del Congreso de la Unión
Presentes.

Luis Sanchez Jiménez Senador del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática ante la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 71 fracción II y 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y los artículos 8, numeral 1, fracción I, 164 y 169, del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta Soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se modifica el artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Exposición de Motivos

Entre las libertades clásicas o derechos humanos de primera generación, la libertad de expresión constituye la potestad con mayor grado de evolución. Su particularidad deviene del desarrollo que durante el siglo XX tuvieron los medios de comunicación masiva: medios escritos, la radio y la televisión, el uso y dominio del espacio aéreo y la internet.

La nueva realidad modificó la percepción individualista de la libertad de expresión, transformándola en un instrumento de interés colectivo.Marcó así, la constitución de la esfera pública como el espacio en el que la diversidad de voces se hace factible y posible, con ello la conformación de la opinión pública y la ciudadanización plena de la política.

Hoy el libre tránsito de la información es un contenido esencial no sólo en la eficacia de los derechos humanos, sino del ejercicio del poder político, particularmente en la noción de democracia.

Sin el respeto pleno a la libertad de expresión, constituida por derecho a indagar, recibir e impartir información e ideas, resulta imposible el perfeccionamiento de la democracia y la construcción de ciudadanía.

La opinión pública y la crítica, en la vida de las sociedades modernas, son el pilar que sostiene a la democracia. A partir de ellas el ciudadano adopta el carácter de sujeto activo con derechos en la práctica de un libre flujo de información e ideas para incidir en la toma de decisiones.

Resulta vital entender que la democracia implica antes que nada transparencia y opinión pública. Una sociedad con derecho a escudriñar y a informarse de lo que acontece en el espacio público y a debatir abiertamente sobre lo que ocurre en él.

Evaluar el desempeño de todas las instituciones, públicas o privadas, del gobierno, de las empresas, de los sindicatos, de las organizaciones sociales, de los partidos políticos, de la prensa y de los medios de comunicación, de la economía, de los sistemas sociales y de todos los asuntos de interés social es la nueva cara de la democracia. La construcción del debate abierto e informado, piedra de toque de la nueva modernidad.

Por tanto, el derecho a la información y la crítica se transforman eninstrumentos de conducción democrática de las instituciones y sirven para combatir la corrupción, los actos indebidos del gobierno, las arbitrariedades de los consorcios con poder económico, el abuso de los prestadores de servicios y un sin número de prácticas sociales que atentan contra el libre desarrollo de la Nación.

Todos los ciudadanos, en lo individual y en lo colectivo, los periodistas, investigadores, científicos, artistas, las organizaciones no gubernamentales y demás colectivos usanel derecho de acceder y propagar la información para exponer crudamente la realidad. La opinión pública como instrumento de la democracia plena.

El artículo 6to de la Constitución fue reformado en 1975 para dar cabida al derecho a la información; las consecuentes reformas, entre las que debe incluirse la votada en este Senado de la República en el pasado período ordinario de sesiones, especificaron y dotaron de reglamentación legal e institucional al derecho a la información pública.

Sin embargo, el derecho a la información y su correlativo la libertad de expresión, no se agotan en el ámbito de los órganos del Estado. Es vital constitucionalizar a la opinión pública y a la esfera pública en donde se desarrolla, a fin de garantizar la verdadera y efectiva libertad de expresión que no se sujeta a los intereses y restricciones de fuerzas reales de poder o grupos de presión.

El régimen de opinión pública, que con la reforma al artículo 6 de la Constitución pretendemos instituir, será el puntal para generar en México un real Sistema Democrático de Gobierno. Se trata de legitimar y legalizar a la opinión pública como criterio y punto de referencia para el control constitucional del poder social, económico y político de los medios de comunicación masiva y de las instituciones públicas.

El derecho a la información como un hecho de orden público a partir de la regulación de las relaciones entre la sociedad, el poder político y medios masivos de comunicación.

Lejana y opuesta a la restrictiva y penal Ley de imprenta, la propuesta de reforma constitucional que presentamos tiene por objeto ampliar la libertad de expresión y proteger a la opinión pública.

Así, quedan abolidos todos los delitos consecuencia de la manifestación de ideas, la censura y la mordaza del Estado y de las corporaciones privadas, para constituir la más amplia libertad tanto a la expresión de los ciudadanos en lo individual y en lo colectivo como la de periodistas, científicos, artistas, académicos, organizaciones sociales, trabajadores, consumidores y toda aquella persona que haga uso de la expresión pública de sus ideas.

La sociedad de la información es un hecho, el siglo XXI se muestra ante todos en las autopistas de la información, demandando trasformar nuestra noción tradicional de comunicación unidireccional del siglo XX por el diálogo multitudinario y multidireccional. Internet es el paradigma de las nuevas formas de comunicación e información.

Es necesario que la Constitución reconozca la influencia de las estructuras de la información en la concepción del derecho a la información. Entender e impulsar al desarrollo tecnológico a fin de eliminar la brecha digital en la que hoy vive México.

Desde la instauración del derecho a la información como derecho humano fundamental el 14 de diciembre de 1946 y a partir de la Conferencia de las Naciones Unidad sobre Libertad de Información del23 de marzo 1948, el desarrollo y la extensión de los temas de la comunicación se amplían en todos los espacios sociales y actividades humanas.

México estará fuera de la realidad temporal y material de la comunidad internacional, si no nos atrevemos a constitucionalizar la obtención y transmisión de la información, el derecho de rectificación, la libertad de información, el derecho de las personas a tener a su disposición diversas fuentes de información, el derecho de réplica, el derecho a saber y buscar libremente la verdad, el derecho de buscar, recibir y difundir informaciones.

Por tanto, la propuesta de reforma constitucional que presentamos a ustedes, tiene por objeto que el Estado mexicano actúe como garante de la libre circulación de informaciones para que los mexicanos conozcamos lo que ocurre en la realidad nacional y así se pueda formar una opinión sobre ella.

Democratizar la información, constituyendo el deber de los medios de información de estar al servicio de sociedad, sin que los intereses públicos o privados puedan impedir la existencia de diversas fuentes de información o privar al individuo de su libre acceso a ellas.

Así, esta propuesta recoge conceptos claves que se derivan del artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos: recepción de la información, investigación de la información, difusión de la información, derechos del ejercicio profesional de los periodistas (Secreto profesional, cláusula de conciencia, derechos de autor del trabajo periodístico, derecho de réplica), además de ampliar el marco de protección de los consumidores frente, los productores, distribuidores y comercializadores de alimentos, y los prestadores servicios particularmente cuando estos tengan concesiones otorgadas por el Estado.

Nuestra propuesta se presenta acorde a la reforma al 6to constitucional aprobada en este Senado de la República y que se encuentra en tránsito de discusión y aprobación por la Cámara de Diputados y la Legislaturas de los Estados, de tal forma que al terminar el paso de aquella por el Constituyente Permanente y de aceptarse la que aquí presentamos, el nuevo artículo 6to constaría de tres apartados A, B y C.

El nuevo apartado C que aquí proponemos consta de ocho fracciones cuyo objeto es constituir las bases conforme a las cuales la Ley Federal que al efecto expida el congreso de la Unión deberá garantizar el derecho a no ser molestado, discriminado o censurado a causa de las opiniones o del derecho a investigar, recibir informaciones, opiniones y difundirlas por cualquier medio de expresión: el derecho a la opinión pública.

Resalta la definición que de opinión pública proponemos en la fracción IV, “como la acción comunicativa mediante la cual los ciudadanos se expresan, critican, proponen, deliberan, consideran o fijan posiciones plurales y diversas respecto de los asuntos nacionales, de la República y de las instituciones privadas en el espacio público”

Se trata de hacer posible que la diversidad y pluralidad de las fuentes y canales de expresión eviten cualquier intento de crear monopolios de opinión pública.

De igual forma es de destacarse las prohibiciones constitucionales a la tipificación de delitos por conductas referidas al ejercicio de lalibertad de expresión, la opinión pública o el derecho a informarse.

Como ya está establecido en el artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, proponemos establecer como derecho constitucional de los periodistas la clausula de conciencia y el secreto profesional, además de establecerse la prohibición de ser separado del empleo en razón de opiniones o expresiones públicas o privadas.

En la fracción X buscamos no sólo garantizar el libre acceso a internet sino el compromiso de eliminar la brecha digital. Hacer de la banda ancha universal un asunto del derecho a la información.

En la fracción XI se instituye la figura de defensor de la audiencia, entendiendo a la audiencia como la ciudadanía que verifica los contenidos y tiene capacidad de réplica y derecho a información veraz, ponderada y diversa.

En la fracción XII establecemos la prohibición de la publicidad encubierta para evitar fraude a la audiencia o violaciones al derecho a la información en sus vertientes política, económica y social.

Esta reforma tiene como propósito convocar a la discusión política y parlamentaria sobre un tema en el que hemos sido omisos. Hacer que desde este Senado de la Repúblicase convoque a la sociedad civil a debatir el tipo de regulación garantista de la libertad de expresión, del derecho a la información social y de la opinión pública que hoy demanda México.

En consideración a lo anterior, presento el siguiente:

PROYECTO DEDECRETO

Artículo único.- Se adiciona un apartado C al artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para quedar como sigue:

Artículo 6o. La manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial…

A.-

B.-

C.- Nadie puede ser molestado, discriminado o censurado a causa de sus opiniones o de su derecho a investigar, recibir informaciones, opiniones y difundirlas por cualquier medio de expresión. Para garantizar este derecho el Congreso de la Unión expedirá una ley de carácter federal conforme a las siguientes bases:

I. Será de orden público el espacio en el que la opinión pública se genera, difunde, divulga y propaga en la vida social de la Nación o en los medios de comunicación social tales como periódicos, revistas, radio, televisión, internet y cualquier otro que tenga por objeto comunicar.

II. Garantizará el derecho a la discusión pública y libre de los asuntos relacionados con la Federación, los Estados, los Municipios, los Organos autónomos del Estado y cualquier institución pública o privada.

III. Determinará el procedimiento para hacer valer el derecho de réplica a que se refiere el primer párrafo de este artículo.

IV. Definirá a la opinión pública como laacción comunicativa mediante la cual los ciudadanos se expresan, critican, proponen, deliberan, consideran o fijan posiciones plurales y diversas respecto de los asuntos nacionales, de la República y de las instituciones privadas en el espacio público

V. Garantizará la diversidad y pluralidad de las fuentes y canales de expresión a fin de evitar cualquier intento de formación de monopolios de opinión pública en los términos del artículo 28 de esta Constitución y de su ley reglamentaria en la materia.

VI. Determinará de manera explícita lo que deba entenderse por ataque a la moral y a la dignidad de las personas, derechos de tercero, y perturbación el orden público, estableciendo las acciones administrativas o civiles que correspondan al incumplimientode lo establecido en el primer párrafo de este artículo.

VII. Queda prohibido el establecimiento de delitos derivados del ejercicio de las libertades de expresión e información.

VIII. Queda prohibida la censura previa, interferencia o presión directa o indirecta sobre cualquier expresión, opinión o información difundida a través de cualquier medio de comunicación oral, escrito, artístico, científico, visual o electrónico.

IX. Establecerá los derechos del ejercicio profesional del periodismo, tales como el secreto profesional y la cláusula de conciencia. Nadie podrá ser separado de su empleo en razón de sus opiniones o expresiones públicas o privadas.

X. Garantizará la libre circulación de informaciones para que las personas conozcan los hechos y puedan formarse una opinión sobre ellos.

XI. Garantizará el acceso libre a internet y al desarrollo tecnológico de la comunicación, facilitando la libre actuación de las redes sociales.

XII. Creará un defensor de la audiencia frente a los medios, radio, televisión, prensa e internet. Entendiendo por audiencia a los ciudadanos que auditan los contenidos mediante la réplica y el derecho a la información veraz, ponderada y diversa.

XIII. La publicidad comercial, social o política que se difunda en los medios de comunicación, radio, televisión, prensa, internet o cualquier otro de carácter público, estará sujeta al interés público en cuanto a la veracidad del objeto, hechos, calidad y particularidades del producto que se promocione. Se combatirán todas las formas de publicidad encubierta o publicidad integrada que tengan por objeto confundir o vulnerar el derecho a la información.

XIV. Considerará como sujetos obligados a informar, a los particulares que realicen actividades relacionadas con la prestación de un servicio público, que realicen actividades económicas derivadas de la explotación concesionada de bienes de la nación ola producción, almacenamiento y distribución de alimentos.

XV. En la interpretación de la Ley deberá prevalecer el principio de máxima publicidad.

XVI. La aplicación de la Ley estará a cargo del instituto a que se refiere el apartado B de este artículo.

TRANSITORIO

Unico.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, en la Ciudad de México Distrito Federal, a 12 de febrero de 2013.

Atentamente

Sen. Luis Sánchez Jiménez”.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, Senador Luis Sánchez Jiménez. Se turna a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; y de Estudios Legislativos, Primera.

Se le concede el uso de la palabra a la Senadora Mónica Arriola Gordillo, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley de Coordinación Fiscal.





 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE COORDINACION FISCAL

(Presentada por la C. Senadora Mónica Tzasna Arriola Gordillo, del Partido Nueva Alianza)

- La C. Senadora Mónica Tzasna Arriola Gordillo: Compañeras y compañeros Senadores:

El federalismo fiscal garantiza una mayor equidad en el tratamiento de subsidios y participaciones, con objeto de equilibrar las limitaciones de los gobiernos locales, de aprovechar las ventajas de esos gobiernos y de que ciertos servicios y bienes públicos estén presentes sin importar la capacidad de pago de las regiones. De ahí la importancia de que el conjunto federado colabore tanto en la conformación como en la participación de recursos del Estado.

Las entidades miembros de la Federación no han logrado transformar sus instituciones políticas y jurídicas, ni diseñado reformas administrativas que impulsen su autonomía, dependiendo de la autorización de recursos para enfrentar las necesidades de sus municipios y localidades. Por ello, debe entenderse que en un sistema federado las partes son las que dan fortaleza a su existencia y desarrollo, éstas no son meras divisiones administrativas, puesto que constitucionalmente se les reconoce personalidad jurídica propia y autonomía.

Habiendo señalado lo anterior, en primer término, me gustaría recordar la manera en que el Estado federal mexicano tuvo su origen, ya que siempre podemos encontrar la razón de ser de las cosas y posiblemente las soluciones a los problemas que lo rodean estudiando a profundidad su formación y fuente, ésta no es ni será la excepción.

El Estado mexicano era un territorio sólidamente centralizado que tuvo una desagregación provincial a diferencia de otros países que llevaron a cabo el proceso de federalismo por un método de agregación. Jurídicamente esto afectó exponencialmente a los gobiernos estatales en cuanto a sus facultades, autonomía y principalmente a sus constituciones locales, siempre supeditadas a la federal. Incluso las atribuciones que les son otorgadas están avasalladas a la amplificación que tengan las facultades otorgadas por la Constitución General a los funcionarios federales.

Por lo anterior, debemos de pasar de un federalismo orgánico a un federalismo cooperativo en donde la designación de facultades se vea repartida, integral y equilibradamente, de manera que podamos dotar de verdadera autonomía a las localidades, como lo expresa nuestra Carta Magna.

En materia fiscal, los recursos económicos están inequitativamente distribuidos, en donde sólo uno de los tres niveles de gobierno se ve beneficiado con la mayor parte del caudal y, por lo tanto, el municipio, siendo piedra angular tanto en el sistema económico, político y de la añorada democracia, se ve limitado en su accionar.

Con el fenómeno de la globalización, permeando la vida cotidiana tanto de entidades como de municipios, resulta inexorable la obligación como legisladores de repensar y, consecuentemente, de replantear la determinación de competencias para que las unidades individuales que conforman el todo se vean fortalecidas, de manera que las personas que las habitan puedan percibir una fuerte economía no sólo en sentido macroeconómico.

Como ya se ha dicho, la razón del federalismo que tenemos el día de hoy tiene razones históricas, sin embargo, es momento de hacer una nueva historia en aras del bienestar colectivo y especialmente del equilibrio de las localidades más marginadas, tal es el caso de los municipios de Aldama y San Juan Cancuc, en Chiapas, por citar solo algunos.

Es necesario este cambio para poder conseguir los objetivos y fines que como Estado y gobierno están obligados a proporcionar a sus habitantes, debemos de entender y asumir que todo ordenamiento es perfectible, sobre todo cuando los cambios globales afectan nuestro territorio, romper paradigmas es nuestro deber y también nuestra necesidad.

En el Sistema Tributario Mexicano la facultad impositiva sólo se reconoce a la Federación y a los estados, el municipio carece de potestad fiscal; si bien el artículo 115 constitucional enumera los servicios que presta el municipio, estos tienen derecho a recibir los ingresos sobre propiedad inmobiliaria y los servicios públicos que por ley se le atribuyen, pero no puede establecer impuestos por sí solo, éstos se determinan por la legislatura local.

Como Senadora de la República, estoy convencida que las haciendas públicas de los municipios en nuestro país, actualmente se encuentran imposibilitadas para atender oportunamente la demanda social de bienes y servicios públicos que garanticen un óptimo desarrollo; por ello, es necesario aumentar las participaciones y las aportaciones que se destinan al municipio, para avanzar en la construcción de un sistema fiscal que no vulnere el sistema federal.

Los municipios se ven sobre limitados debido a su carencia atributiva para establecer impuestos y se atienen a lo que la entidad federativa determina en la materia, lo que margina su maniobrar para poder cumplir con los propósitos colectivos que les debe a sus pobladores.

Si bien se debe de tener un respeto irrestricto para evitar la doble tributación, también se debe eficientar la distribución de los ingresos fiscales, de manera que las entidades y los municipios tengan la capacidad suficiente para cumplir con los fines que condicionan su existencia.

Las modificaciones que se pretenden llevar a cabo con esta iniciativa resultan un cambio contundente en el combate al desequilibrio social y a la distribución inequitativa, promoviendo el desarrollo económico y social de los estados y municipios, siempre en atento apego a la normativa correspondiente y sin menoscabar las facultades federales.

Nueva Alianza promueve la libertad, la igualdad y la dignidad, principios que únicamente pueden ser alcanzados con un reparto adecuado de los recursos económicos entre los niveles de gobierno para que cada uno pueda emplearlos en las materias que más los afectan.

Unicamente con un reparto justo y equitativo podrá eliminarse la marginación que afecta a diversos estados y específicamente a muchos de los municipios del país. Nuestro partido comprende que únicamente con el desarrollo social, cultural y económico podemos, tanto mujeres como hombres, construir un futuro plausible, el escenario sólo puede ser viable cuando entidades proveen las suficiencias con los recursos necesarios para hacerlo.

Si bien es cierto que más recursos no es sinónimo de eficiencia, el ejercicio responsable de los mismos sí lo es para el bien común.

Por lo anterior, la propuesta de reforma de diversos artículos que se propone a la Ley de Coordinación Fiscal, pretenden fortalecer el acceso de los municipios a las participaciones federales con la finalidad de que éstos cuenten con los recursos necesarios para crear la infraestructura de la tecnologías de información y comunicación necesarias para aumentar sus capacidades de captación y administración de recursos en el ámbito municipal; de este modo reafirmamos nuestro compromiso con las más y los más necesitados, atacando una de las contrariedades más profusas que afectan la realidad económica de entidades y municipios y, por lo tanto, directamente a las personas que lo transigen.

Asimismo, pugnamos por políticas de desarrollo regional compartido que incentiven el impulso de lo local, así como la creación de condiciones de equidad entre zonas rurales y urbanas dentro de un mismo estado, reconociendo la importancia de la concurrencia de esfuerzos entre los tres órdenes de gobierno.

Combatimos enérgicamente los niveles indignantes e inaceptables hacia todas las formas de expresión de la pobreza en México, como alguna vez un gran precursor de la paz y la equidad social, por todos conocido, hizo notar: No hay verdadera paz si no viene acompañada de equidad, verdad, justicia y solidaridad.

Por su atención, muchas gracias.

(Aplausos)

Iniciativa



PRESIDENCIA DEL C. SENADOR
ENRIQUE BURGOS GARCIA

- El C. Presidente Enrique Burgos García: Muchas gracias, Senadora Arriola Gordillo. Se turna a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público; y de Estudios Legislativos, Primera.

Senador Lavalle Maury, ¿con qué propósito?

- El C. Senador Jorge Luis Lavalle Maury: (Desde su escaño) Solicitarle a la Senadora si me permite adherirme a su iniciativa.

Muchísimas gracias.

- El C. Presidente Burgos García: Se toma nota.

Tiene ahora el uso de la palabra el Senador Humberto Domingo Mayans Canabal, a nombre propio y del Senador Aarón Irízar López, del grupo parlamentario del PRI, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto que adiciona la fracción XXIX-R al artículo 73 constitucional.





 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETOQUE ADICIONA LA FRACCION XXIX-R AL ARTICULO 73 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

(Presentada por el C. Senador Humberto Domingo Mayans Canabal, a nombre propio y del C. Senador Aarón Irízar López, del grupo parlamentario del PRI)

- El C. Senador Humberto Domingo Mayans Canabal: Con su permiso, señor Presidente de la Mesa Directiva:

He solicitado el uso de la palabra para someter, a mi nombre y de manera conjunta con el Senador Aarón Irízar López, una iniciativa de Decreto que adiciona la fracción XXIX-R al artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para facultar al Congreso de la Unión a expedir leyes que establezcan las bases de coordinación y la concurrencia de la Federación, los estados, el Distrito Federal y los municipios en el ámbito de sus respectivas competencias para regular la explotación, uso, aprovechamiento, distribución, control, preservación y calidad de las aguas nacionales en los términos del artículo 4o. y 27 de nuestra Constitución.

Amigas y amigos Senadores, a nadie escapa la necesidad imperiosa en esta etapa histórica que vive nuestro país de impulsar un renovado federalismo, que en medio de la mundialización de la economía y de la globalización galopante que vivimos, fortalezca a las entidades federativas y a los municipios, y con ello a nuestra Federación, a nuestra nación.

Como lo señalan diversos autores, entre otros los mexicanos Jorge Carpizo y Fernando Serrano Migallón, en el sistema federal el poder está organizado de tal manera que existe el incentivo de la cooperación funcional, y es ahí donde las entidades desarrollan una doble función, nacional y local, con derechos y obligaciones constitucionalmente delimitados.

Este impulso tendrá que venir, a diferencia de lo sucedido históricamente en nuestro país, de las regiones hacia el centro, fortaleciendo con ello el estado nacional en su conjunto.

Carlos Fuentes señalaba, el gran escritor mexicano, que no hay globalidad que valga sin localidad que cuente. Son muchos los temas importantes que tenemos que revisar en los tres órdenes de gobierno, pues cada autoridad debe contar con poderes claramente definidos expresados en normas, para el ejercicio de su competencia, con la finalidad de impulsar el desarrollo nacional, particularmente en materias vitales para el progreso y el bienestar de México.

Por eso, hoy el tema que ponemos a la consideración de esta Soberanía es el aprovechamiento y administración de las aguas nacionales que consideramos de vital importancia y de seguridad nacional.

En México, la regla es que por principio las aguas subterráneas y superficiales son nacionales, el origen de ello proviene de un proceso centralizador que inicia desde 1888 con la Ley de Vías Generales de Comunicación, que continuó con la Ley sobre Aprovechamientos de Agua de Jurisdicción Federal de 1910, se abrió camino en la Constitución de 1917 y posteriormente con la Ley sobre Irrigación con Aguas Federales de 1926, la Ley de Aguas de Propiedad Federal de 1929, la Ley Federal de Aguas de 1972, la Ley de Aguas Nacionales de 1992 y las reformas y adiciones a ésta en 2004.

Múltiples son las consecuencias de la carencia de una política integral y nacional sobre el manejo del agua. Hoy todavía padecemos centralización en el manejo y administración del agua: obstáculos técnicos y administrativos para la explotación sustentable; señalamientos de corrupción en la obtención de concesiones y transmisiones de derechos; disputa por el recurso y de las tierras colindantes; burocratización en los apoyos para atender desastres; lentitud y parcialidad en la construcción de la infraestructura hidroagrícola y muchas más que han generado conflictos y enfrentamientos sociales, ocasionando una creciente competencia por el agua que ha limitado el bienestar social y el desarrollo económico en diversas regiones; el agua, sabemos todos, es un bien estratégico escaso, no renovable, por eso, desde nuestro punto de vista, a este Senado le corresponde democratizar el aprovechamiento de las aguas nacionales, o sea, abrir la puerta al federalismo hídrico para optimizar su aprovechamiento en bien de toda la sociedad mexicana y de los tres órdenes de gobierno.

Lo señalamos porque el aprovechamiento de este recurso presenta una desigual distribución, según la CONAGUA, la zona con mayor cantidad de agua es el sureste, el cual concentra el 68 por ciento, constituyendo tan sólo en el estado de Tabasco, la séptima reserva mundial de agua, en el centro del país la situación es de escasez, teniendo en la ciudad de México una de las reservas más bajas del país y en el norte encontramos ya grandes extensiones en proceso acelerado de desertificación.

Dentro de este lamentable panorama, entre el 50 por ciento del agua se desperdicia por la mala calidad de la red abastecedora, se calcula que hay 11 millones de mexicanos de más de 114 que hoy somos que no tienen acceso a este líquido y 24 millones no tienen acceso a sistema de alcantarillado.

Entre los años 2000 y 2005, la disponibilidad por habitante disminuyó de 4 mil 841 metros cúbicos por año a 4 mil 573 metros cúbicos por año, y las proyecciones del Consejo Nacional de Población indican que, para el año 2030, la disponibilidad media de agua por habitantes se reducirá a 3 mil 705 metros cúbicos por año.

Esa crítica situación nos demanda acciones contundentes para preservar la cantidad y la calidad de las aguas nacionales, actualizando en primera instancia el marco legal, pues en algunos casos existen concurrencias y competencias parciales en los diferentes órdenes de gobierno que inhiben la coordinación, generan incertidumbre y reducen el beneficio social, económico y ambiental que se pueden lograr en diferentes cuentas del país; en el texto del artículo 73 de la Constitución Federal se observa cómo la colaboración y el establecimiento de atribuciones específicas entre Federación, entidades y municipios, se han reducido en la expedición de leyes federales en materias como educación, salud, seguridad pública, asentamientos humanos, protección al ambiente y equilibrio ecológico y turismo, entre otras, pero no en un tema tan importante y vital como el manejo de los recursos hídricos del país.

Lo señalamos porque consideramos que, para que una ley general pueda expedirse, debe existir una disposición constitucional que determine la concurrencia y que faculte al Congreso para emitirla.

La actual Ley de Aguas Nacionales, Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional, es una norma acotada, pues regula sólo las atribuciones del Ejecutivo Federal y de sus dependencias, confinando a los gobiernos estatales y municipales a participar dentro de los consejos de cuenca, opinando y coordinándose con la autoridad federal, sin perder facultades expresas, por ejemplo sobre disponibilidad y aprovechamiento de los recursos hídricos, programas e inversiones, entre otras importantes materias; la carencia de atribuciones expresas ha obligado a que las autoridades locales realicen sistemáticamente gestiones y exhortos a la Federación para la solución de controversias jurídicas, mantenimiento de infraestructuras, atención a desastres naturales, construcción de infraestructura hidroagrícola y solución de conflictos sociales, relacionados con el aprovechamiento y manejo del agua, que ponen en riesgo, en muchos casos, la gobernabilidad en las entidades federativas por las exigencias ciudadanas a resolver tales problemas. Frente a las nuevas condiciones globales producidas por el cambio climático, los fenómenos meteorológicos y la creciente demanda y escasez de este vital líquido, se vuelve inexcusable una nueva estrategia nacional para mejorar el desarrollo técnico, administrativo, financiero y jurídico del sector agua en México, invirtiendo en el proceso hasta ahora acontecido.

Por eso consideramos importante esta propuesta de reforma constitucional que nos permita transitar de una atribución exclusiva de la Federación a la consolidación corresponsable de los tres órdenes de gobierno y de un nuevo manejo hídrico, tal como lo señaló el Presidente Enrique Peña Nieto en su campaña política, y se estableció en el Pacto por México en los compromisos 50, 51 y 52.

Por lo antes expuesto, presentamos conjuntamente con el Senador Aarón Irízar López, esta iniciativa para adicionar la fracción XXIX-R al artículo 73 de la Constitución, con la finalidad de establecer la base constitucional que otorgue facultades al Congreso de la Unión para legislar en la materia; posteriormente, será necesario reflexionar y trabajar sobre la conveniencia de expedir una Ley General de Aguas Nacionales que defina una nueva política hidrológica en el país.

La propuesta la establecemos en los siguientes términos a saber:

Artículo 73.- El Congreso tiene la facultad para:

XXIX-R.- Expedir leyes que establezcan las bases de coordinación y la concurrencia de la Federación, los estados, el Distrito Federal y los municipios, en el ámbito de sus respectivas competencias, para regular la explotación, uso, aprovechamiento, control, preservación y calidad de las aguas nacionales en los términos de los artículos 4o. y 27 de la Constitución.

Amigas y amigos Senadores, les solicito amablemente su apoyo para la aprobación de esta iniciativa de suma importancia para el desarrollo y el bienestar nacional.

Señor Presidente, le solicito respetuosamente se turne también para su opinión a la Comisión de Recursos Hidráulicos.

Muchas gracias, muy agradecido, señor Presidente.

Iniciativa



- El C. Presidente Burgos García: Muchas gracias, Senador Humberto Mayans. Se turna a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; y de Estudios Legislativos, Segunda, con opinión de la Comisión de Recursos Hidráulicos.

Tiene ahora el uso de la tribuna la Senadora Silvia Guadalupe Garza Galván, del grupo parlamentario del PAN, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se adiciona un párrafo al artículo 87 Bis 2 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.





 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN PARRAFO AL ARTICULO 87 BIS 2 DE LA LEY GENERAL DEL EQUILIBRIO ECOLOGICO Y LA PROTECCION AL AMBIENTE

(Presentada por la C. Senadora Silvia Guadalupe Garza Galván, del grupo parlamentario del PAN)

- La. C. Senadora Silvia Guadalupe Garza Galván: Muchas gracias, señor Presidente; compañeras y compañeros Senadores:

Le solicito que la presente iniciativa sea integrada tal cual al Diario de los Debates.

Me presento ante este Pleno a proponer adicionar un párrafo al artículo 87 Bis 2 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.

El objeto es crear un mandato expreso a la SEMARNAT, para que como autoridad federal en la materia elabore la Norma Oficial Mexicana que determine los principios básicos del concepto trato digno y respetuoso.

La problemática es que actualmente la justicia penal se aplica con todo su peso en aquellos poseedores de animales de vida silvestre que no cuentan con la legal procedencia.

Sin embargo, en México hay problemas graves de falta de trato digno y respetuoso de ejemplares en algunos circos, zoológicos, unidades de manejo, comercios, colecciones privadas y mascotas.

Si bien es cierto que ya existen dentro de la ley enunciados que tratan de conceptualizar lo que debe de observarse en el cautiverio de un ejemplar de vida silvestre en condiciones de respeto y dignidad, también es cierto que ante litigios penales o administrativos, esta figura no cuenta con mayores elementos que lo ya inscrito en esta iniciativa.

El trato digno y respetuoso parece ser bien entendido en la ley como una obligación de los ciudadanos mexicanos para proveer de respeto y bienestar a las especies, sin embargo, en la práctica, las autoridades encargadas de normar y procurar justicia ambiental como lo son la PGR, la SEMARNAT, la PROFEPA, las Secretarías y Procuradurías Ambientales, jueces y magistrados, no cuentan con una referencia expresa sobre acciones humanas específicas que conducen a los ejemplares de vida silvestre en cautiverio a llevar una vida digna y de respeto bajo condiciones que eviten o disminuyan la tensión, el sufrimiento, el traumatismo y el dolor, teniendo en cuenta sus características, tal y como lo indica la Ley General de Vida Silvestre.

No resulta suficiente la sola denominación de respeto y dignidad, ya que se trata de conceptos subjetivos que cada individuo puede entender de la manera que mejor le parezca, sienta o favorezca.

Como ejemplo tenemos que, hasta hoy, la causa legal más robusta que no se pone a discusión cuando una autoridad decomisa un ejemplar de la vida silvestre, es la falta de legal procedencia, sin que el tema de trato digno y respetuoso sea una premisa fundamental para sancionar a los gobernados por un cautiverio en condiciones indignas para los animales, lo cual genera una mala conducta social hacia estos seres vivos, ya que la problemática real y constante sobre el cautiverio e inadecuadas condiciones, es sobre todo de aquellos ejemplos que son adquiridos por los particulares en calidad de mascotas y que por sus características biológicas y de crecimiento con el paso del tiempo no son debidamente dotados de los diversos insumos que logren llevarlos a una calidad de vida que les permita desarrollarse como seres vivos.

Así es como se solicita que a través de la inscripción de este mandato, la SEMARNAT, a través de los expertos en la materia a los que deberá convocar y escuchar, deberá crear el lineamiento legal lo más específico posible para al menos, los grandes grupos o especies animales sujetos al cautiverio y, por supuesto, el Senado de la República apoyará en todo lo posible a esta tarea, que tal como lo marca la Ley de Metrología y Normalización, deberá ser revisada y actualizada al menos cada 5 años.

Por lo anterior, propongo el siguiente:

Proyecto de Decreto

Se adiciona un segundo párrafo al artículo 87 Bis de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente para que dar como sigue:

Artículo 87 Bis 2.- El gobierno federal, los gobiernos de los estados, del Distrito Federal y de los municipios, en el ámbito de sus respectivas competencias, regularán el trato digno y respetuoso que deberá darse a los animales.

Corresponde al gobierno federal expedir la Norma Oficial Mexicana que determine los principios básicos de trato digno y respetuoso previstos por la ley, así como vigilar su cumplimiento.

TRANSITORIOS

UNICO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación y la expedición de la Norma Oficial Mexicana deberá expedirse por la Secretaría a más tardar dentro de los 6 meses siguientes contados a partir de la entrada en vigor de la presente ley.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República en el mes de febrero de 2013.

Es cuanto, señor Presidente.

(Aplausos)

Iniciativa

“SEN. ERNESTO JAVIER CORDERO AROYO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
DE LA CAMARA DE SENADORES
EN LA LXII LEGISLATURA
PRESENTE.

La que suscribe, SILVIA GUADALUPE GARZA GALVAN, Senadora de la LXII Legislatura del Senado de la República, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto por los artículos:71 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como por los artículos 8° fracción I, 164 numeral 1, 169, 164 numeral 3, 171 y 172 del Reglamento del Senado de la República, someto a consideración de esta Soberanía, la presente: INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN PARRAFO AL ARTICULO 87 BIS 2, DE LA LEY GENERAL DEL EQUILIBRIO ECOLOGICO Y LA PROTECCION AL AMBIENTE, EN MATERIA DE TRATO DIGNO Y RESPETUOSO DE LOS EJEMPLARES DE FAUNA SILVESTRE.; al tenor de la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

Un país, una civilización se puede juzgar por la forma en que trata a sus animales. Mahatma Gandhi, (1869-1948) político y pensador indio.

La crueldad hacia los animales en general (domésticos y silvestres) es un tema que debemos atender y es obligación de todos nosotros entender que la dignidad animal es el reflejo de nuestra educación y cultura. México es el cuarto país megadiverso a nivel mundial, la convivencia con la fauna es un asunto cotidiano que debe reforzar nuestro vínculo y respeto hacia los animales.

Aunado a la riqueza con la que cuenta nuestro país, el Comercio Internacional de vida silvestre, bajo esquemas legales y por medio de convenios, es un mecanismo de abastecimiento de fauna silvestre con fines de exhibición, posesión, comercialización y en ocasiones de experimentación científica, que provocan que cada vez más mexicanos tengan bajo su responsabilidad el cuidado y atención a la fauna silvestre, generalmente bajo las siguientes figuras:

• Circos

• Zoológicos

• Unidades de Manejo (UMA)

• Comercios

• Colecciones privadas

• Mascotas

La presente iniciativa tiene objeto definido y es el trato digno y respetuoso de la fauna silvestre, ya que existen antecedentes muy acertados en la legislación vigente Federal y en algunos Estados de la República Mexicana, sobre el trato que debe darse a los animales de compañía y aquellos destinados al consumo humano, lo cual no quiere decir que México tenga un excelente trato hacia la vida animal en general, por el contrario, las acciones legales cada vez son más rígidas por los abusos cometidos por muchas personas que ya sea por ignorancia, maldad, enfermedad o tradición, dan un trato inadecuado a la fauna doméstica y de consumo.

Un ejemplo reciente y de fuerte gran trascendencia social, es que el mes de diciembre del 2012, en el Distrito Federal, la Asamblea Legislativa incorporó al Código Penal delitos por maltrato y crueldad hacia los animales no humanos, incorporando éste último concepto de animales no humanos, como señal de respeto hacia aquellos seres vivos que no pueden articular palabra pero que no por ello pierden el valor y respeto a su vida.

Existen diversos estudios en sociología y psiquiatría, que determinan que el comportamiento de crueldad hacia los animales se asocia directamente a la violencia de los seres humanos hacia su propia especie, que es una señal de alarma de la violencia social1; por lo anterior, resultaimportanteque las acciones punitivas a favor de la vida y bienestar animal, se expidan pero sobre todo, que se cumplan.

La Sociedad Mundial para la Protección Animal (WSPA por sus siglas en inglés) promulgó la Declaración Universal sobre Bienestar Animal (DUBA), que se puede identificar como un documento base que define a los animales como seres vivos capaces de sentir y sufrir e incluye los principios básicos para crear una actitud de responsabilidad consiente individual hacia ellos; tal declaración fue apoyada por la organización Mundial de Sanidad Animal (OIE por sus siglas en inglés) en 2007.

Sin embargo, la iniciativa que corresponde, no debe confundirse con el bienestar animal, que se define internacionalmente como aquella responsabilidad que tenemos los seres humanos de proveer las condiciones necesarias a los animales en cautiveriopara minimizar su estrés, sufrimiento y optima condición de vida.

La iniciativa corresponde a la necesidad de generar un marco regulatorio que defina específicamente que es el trato digno y respetuoso de un animal, ya referido en los siguientes preceptos legales de aplicación federal:

LEY GENERAL DEL EQUILIBRIO ECOLOGICO Y LA PROTECCION

AL AMBIENTE

CAPITULO III

Flora y Fauna Silvestre

Denominación del Capítulo reformada DOF 13-12-1996

ARTICULO 87 BIS 2.- El Gobierno Federal, los gobiernos de los Estados, del Distrito Federal y de los Municipios, en el ámbito de sus respectivas competencias, regularán el trato digno y respetuoso que deberá darse a los animales.

LEY GENERAL DE VIDA SILVESTRE

TITULO V

DISPOSICIONES COMUNES PARA LA CONSERVACION Y EL

APROVECHAMIENTO SUSTENTABLE DE LA VIDA SILVESTRE

CAPITULO VI

TRATO DIGNO Y RESPETUOSO A LA FAUNA SILVESTRE

Artículo 29.Los Municipios, las Entidades Federativas y la Federación, adoptarán las medidas de trato digno y respetuoso para evitar o disminuir la tensión, sufrimiento, traumatismo y dolor que se pudiera ocasionar a los ejemplares de fauna silvestre durante su aprovechamiento, traslado, exhibición, cuarentena, entrenamiento, comercialización y sacrificio.

Artículo 30.El aprovechamiento de la fauna silvestre se llevará a cabo de manera que se eviten o disminuyan los daños a la fauna silvestre mencionados en el artículo anterior. Queda estrictamente prohibido todo acto de crueldad en contra de la fauna silvestre, en los términos de esta Ley y las normas que de ella deriven.

Artículo 31.Cuando se realice traslado de ejemplares vivos de fauna silvestre, éste se deberá efectuar bajo condiciones que eviten o disminuyan la tensión, sufrimiento, traumatismo y dolor, teniendo en cuenta sus características.

Artículo 32.La exhibición de ejemplares vivos de fauna silvestre deberá realizarse de forma que se eviten o disminuyan la tensión, sufrimiento, traumatismo y dolor que pudiera ocasionárseles.

Artículo 33.Cuando de conformidad con las disposiciones en la materia deba someterse a cuarentena a cualquier ejemplar de la fauna silvestre, se adoptarán las medidas para mantenerlos en condiciones adecuadas de acuerdo a sus necesidades.

Artículo 34.Durante el entrenamiento de ejemplares de la fauna silvestre se deberá evitar o disminuir la tensión, sufrimiento, traumatismo y dolor de los mismos, a través de métodos e instrumentos de entrenamiento que sean adecuados para ese efecto.

Artículo 35.Durante los procesos de comercialización de ejemplares de la fauna silvestre se deberá evitar o disminuir la tensión, sufrimiento, traumatismo y dolor de los mismos, mediante el uso de métodos e instrumentos de manejo apropiados.

Artículo 36.La tensión, sufrimiento, traumatismo y dolor de los ejemplares de fauna silvestre deberá evitarse o disminuirse en los casos de sacrificio de éstos, mediante la utilización de los métodos físicos o químicos adecuados.

Artículo 37.El reglamento y las normas oficiales mexicanas sobre la materia establecerán las medidas necesarias para efecto de lo establecido en el presente capítulo.

TITULO VIII

MEDIDAS DE CONTROL Y DE SEGURIDAD,

INFRACCIONES Y SANCIONES

CAPITULO IV

MEDIDAS DE SEGURIDAD

Artículo 119. El aseguramiento precautorio procederá cuando:

I. No se demuestre la legal procedencia de los ejemplares, partes y derivados de la vida silvestre de que se trate.

II. No se cuente con la autorización necesaria para realizar actividades relacionadas con la vida silvestre o éstas se realicen en contravención a la autorización otorgada, o en su caso, al plan de manejo aprobado.

III. Hayan sido internadas al país pretendan ser exportadas sin cumplir con las disposiciones aplicables.

IV. Se trate de ejemplares, partes o derivados de vida silvestre aprovechados en contravención a las disposiciones de esta Ley y las que de ella se deriven.

V. Exista un riesgo inminente de daño o deterioro grave a la vida silvestre o de su hábitat de no llevarse a cabo esta medida.

VI. Existan signos evidentes de alteración de documentos o de la información contenida en los documentos mediante los cuales se pretenda demostrar la legal posesión de los ejemplares, productos o subproductos de vida silvestre de que se trate.

VII. Existan faltas respecto al trato digno y respetuoso, conforme a lo estipulado en la presente Ley.

Como se observa, el trato digno y respetuoso parece ser bien entendido en la ley como una obligación de los ciudadanos mexicanos para proveer de respeto y bienestar a las especies, sin embargo, en la práctica, las autoridades encargadas de normar y procurar justicia ambiental como lo son la Procuraduría General de la República (PGR), Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA), Secretarías y Procuradurías Ambientales Estatales, Jueces y Magistrados, no cuentan con una referencia expresa sobre acciones humanas específicas que conducen a los ejemplares de vida silvestre en cautiverio a llevar una vida digna y de respeto bajo condiciones que eviten o disminuyan la tensión, sufrimiento, traumatismo y dolor, teniendo en cuenta sus características, tal como lo indica la Ley General de Vida Silvestre.

No resulta suficiente la sola denominación de respeto y dignidad, ya que se trata de conceptos subjetivos que cada individuo puede entender de la manera que mejor le parezca, sienta o favorezca.

Como ejemplo tenemos que, hasta hoy la causa legal más robusta y que no se pone a discusión, cuando una autoridad decomisa un ejemplar de vida silvestre, es la falta de legal procedencia, sin que el tema de trato digno y respetuoso sea una premisa fundamental para sancionar a los gobernados por un cautiverio en condiciones indignas para los animales, lo cual genera una mala cultura social hacia éstos seres vivos ya que la problemática real y constante sobre el cautiverio en inadecuadas condiciones, es sobre todo de aquellos ejemplares que son adquiridos por los particulares en calidad de mascotas y que por sus características biológicas y de crecimiento con el paso del tiempo, no son debidamente dotados de los diversos insumos que logren llevarlos a una calidad de vida que les permita desarrollarse como seres vivos.

Como referencia podemos anotar lo siguiente, tan solo en la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente tenemos los siguientes datos de recurrencia2:

Año

Total de denuncias ciudadanas recibidas

Porcentaje de denuncias correspondientes a fauna silvestre

Número de inspecciones en materia de fauna

Número de inspecciones por denuncia en materia de fauna

2009

8,154

17 %

2,680

2,023

2010

7,347

13 %

2,551

1,921

2011

6,734

10.5

2,230

1,600

De este número de denuncias que detonaron en materia de fauna silvestre y derivaron en un acto de inspección, en su mayoría, aunque no existe un indicador oficial, se denuncian las malas condiciones de los ejemplares de vida silvestre que se encuentran en cautiverio en casas, condominios, zoológicos, circos, etc.

Las autoridades, por lo general agotan en un principio la verificación de los ejemplares sobre sus facturas o notas de remisión, marcaje y en su caso, tasa de aprovechamiento y demás requisitos que la Ley prevé para poder asegurarse de que se trata de un ejemplar extraído de su hábitat de forma legal, sin embargo, el problema sobre las condiciones de los ejemplares persiste aún cuando sean legales.

Es importante impulsar desde esta Cámara de Senadores, la creación de la normatividad adecuada para que el concepto de “trato digno y respetuoso” sea lo contundentemente firme, suficiente e indiscutible para lograr que ante una decisión ante tribunales o autoridades revisoras, no se aprecie éste como un hecho mínimo y que los ejemplares se vean como objetos inanimados que pueden existir sin condiciones adecuadas por el solo hecho de ser legales.

Sucede y de forma frecuente, que los procedimientos administrativos y penales iniciados por las instancias competentes, se vuelven litigios de años, ya que los propietarios de ejemplares de vida silvestre, fuera de toda racional conciencia, luchan por poseer animales pese a sus malas condiciones, y ante la ausencia de un concepto general sobre las condiciones de dignidad y respeto de cada ejemplar atendiendo su tamaño, especie, longevidad, alimentación y demás particularidades, el poder judicial carece de elementos de convicción y referencia para confirmar las resoluciones.

Un claro ejemplo es el caso del Restaurante Pepes, Jaguar Kindom, en Cancún, Quintana Roo, que después de un Huracán pierde la mayor parte de sus instalaciones y que alojaba en cuartos de concreto techado a 9 felinos, en condiciones antihigiénicas, pésima alimentacióny nula asistencia médica a ejemplares que tenían 50% menos de su peso ideal. En el año 2011 la PGR y la PROFEPA aseguraron precautoriamente a los animales y el litigio continúa, ya que para su poseedor, era suficiente y bastante el acondicionamiento que dichos ejemplares mantenían, aún cuando éstos evidentemente no contaban con los elementos de trato digno y respetuoso hacia su especie.

Tenemos casos como el de una hembra de Chimpancé llamada Cocó, cuyo poseedor la hizo trabajar hasta 12 horas diarias tomándose fotografías con turistas en la Quinta Avenida de Playa del Carmen; de éste caso hay una declaración pública de fecha 17 de noviembre de 2011, del entonces Procurador Federal de Protección al Ambiente Hernando Guerrero que señala: “… y tenemos el caso de una chimpancé cocó, que tenía ya una relación muy estrecha con la persona que la explotaba, porque lo que hacía es usarla para fotografías, y tenían una relación más allá de lo que puedo decir en este medio...” La Chimpancé fue rescatada en el año 2010 y readaptada a los hábitos propios de su especie, pero el litigio continúa y no por falta de legal procedencia.

De este mismo tema, la exhibición y contacto con turistas de guacamayas, cacatúas, cachorros de jaguar, tigre, león, serpientes, para fotografías y recuerdos, si bien es una actividad lícita, debe ser regulada específicamente sobre el trato que deben tener, ya que las condiciones de estrés y la edad tan temprana de los ejemplares resulta ser una falta total de respeto y dignidad a la vida animal.

Estos conceptos son tan complejos por su subjetividad, que la Ley General de Vida Silvestre, si bien es cierto, emite algunos criterios básicos, no alcanzó a cubrir las acciones específicas del trato que debe otorgarse a los ejemplares encautiverio, y el Reglamento de dicha Ley no abona nada en el tema, por lo que se debe ordenarse expresamente por la Ley, la creación de una disposición legal o norma específica y consensada con los principales actores de opinión sobre el tema (académicos, expertos, organizaciones, etc.) para generar un lineamiento que dé certidumbre y certeza a los órganos procuradores de justicia.

Por todo lo anterior, se propone el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO

Se adiciona un segundo párrafo al artículo 87 Bis de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente para quedar como sigue:

LEY GENERAL DEL EQUILIBRIO ECOLOGICO Y LA PROTECCION

AL AMBIENTE

CAPITULO III

Flora y Fauna Silvestre

Denominación del Capítulo reformada DOF 13-12-1996

ARTICULO 87 BIS 2.- El Gobierno Federal, los gobiernos de los Estados, del Distrito Federal y de los Municipios, en el ámbito de sus respectivas competencias, regularán el trato digno y respetuoso que deberá darse a los animales.

Corresponde al Gobierno Federal expedir la norma oficial mexicana que determine los principios básicos de trato digno y respetuoso previsto por esta Ley, así como vigilar su cumplimiento.

TRANSITORIOS

UNICO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación y la expedición de la Norma Oficial Mexicana deberá expedirse por la Secretaría a más tardar dentro de los seis meses siguientes contados a partir de la entrada en vigor de la presente Ley.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, a 5 de febrero de 2013.

Atentamente

Sen. Silvia Guadalupe Garza Galván”.

- El C. Presidente Burgos García: Muchas gracias, Senadora Garza Galván. Se turna a las Comisiones Unidas de Medio Ambiente y Recursos Naturales; y de Estudios Legislativos, y como lo ha solicitado, se inserta esta iniciativa íntegramente en el Diario de los Debates. Tome nota la Secretaría de las adiciones.

¿Está de acuerdo, Senadora Garza Galván, en adicionar?

- La C. Senadora Silvia Guadalupe Garza Galván: (Desde su escaño)Por supuesto que sí, señor Presidente.

- El C. Presidente Burgos García: Muchas gracias.

Tiene el uso de la tribuna la Senadora Dolores Padierna Luna, a nombre del grupo parlamentario del PRD, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto que adiciona el artículo 64-A a la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

1Luis Rojas Marcos, España. 2007.

2Informe Anual de la PROFEPA 2009, 2010 y 2011.





 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETOQUE ADICIONA EL ARTICULO 64-A A LA LEY FEDERAL DE PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD HACENDARIA

(Presentada por la C. Senadora Dolores Padierna Luna, a nombre del grupo parlamentario del PRD)

- La C. Senadora Dolores Padierna Luna: Gracias, señor Presidente; Mesa Directiva.

Quisiera presentar una iniciativa con proyecto de Decreto que contiene la propuesta de adicionar el artículo 64-A a la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, bajo la siguiente:

Quisiera, primero, decirles que esta iniciativa la firma: el Coordinador del PRD, Miguel Angel Barbosa; los Senadores Isidro Pedraza; Adolfo Romero Lainas y, la de la voz, con el aval del grupo parlamentario.

EXPOSICION DE MOTIVOS

Las remuneraciones de los funcionarios públicos del gobierno federal se establecen anualmente en el Presupuesto de Egresos de la Federación, sin que exista una normatividad específica para determinar su monto. Hasta 2009, las percepciones de los funcionarios públicos, además de no estar reguladas, adolecían de transparencia, ya que no era obligatorio publicarlas.

En agosto de 2009, se hicieron reformas a la Constitución para transparentar las percepciones de los servidores públicos, de los tres Poderes de la Unión y de los tres órdenes de gobierno, así como establecer como tope máximo a las percepciones de los servidores públicos el asignado al Presidente de la República, el asignado a él.

En la fracción VI del artículo 127 de la Constitución se establece que: “El Congreso de la Unión, las legislaturas de los estados y la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, en el ámbito de sus competencias, expedirán las leyes para hacer efectivo el contenido del presente artículo y las disposiciones constitucionales relativas, y para sancionar penal y administrativamente las conductas que impliquen el incumplimiento o la elusión por simulación de lo establecido en este artículo”.

A la fecha, no se ha establecido la legislación que haga efectivo el mandato constitucional, ya que la remuneración del Presidente de la República se establece de manera discrecional en el Presupuesto de Egresos de la Federación, sin que exista un criterio para su determinación. Simplemente se aplica un porcentaje de incremento al aprobado el año anterior.

Al no establecerse un criterio específico para determinar la remuneración del Presidente de la República, ésta se ha mantenido en niveles muy elevados en comparación con los prevalecientes para la mayoría de los mexicanos. En el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2013, se establece como remuneración bruta total para el Presidente de la República, la cantidad de 4 millones 210 mil 186 pesos anuales, lo que equivale a 183 salarios mínimos generales promedio de las tres áreas geográficas para las que se determina dichos salarios mínimos.

La remuneración del Presidente de la República, y como consecuencia de ésta, la de los altos funcionarios, son inequitativas en relación con las de la mayoría de los mexicanos. El salario diario promedio de la población ocupada al tercer trimestre de 2012 era de 184 pesos, equivalente a 3 salarios mínimos, cantidades inaceptablemente inferiores a los 183 salarios mínimos que se pagan al Presidente de la República con el dinero de todos los mexicanos.

En la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares, levantada por el INEGI en 2010, se consigna que el ingreso promedio del 10 por ciento de los hogares de mayores ingresos, (decil X) fue de 484 mil 458 pesos anuales. En ese año, las remuneraciones del Presidente de la República ascendieron a 4 millones 13 mil 103 pesos, 8.3 veces más que el promedio del ingreso del 10 por ciento de las familias más ricas del país, lo que ubica al Presidente de la República en situación de privilegio dentro del grupo de población más favorecido.

No sólo el Presidente está en esta condición de privilegio, ya que la estructura salarial de los funcionarios de mayor nivel del sector público, tienen también elevadas remuneraciones. Así por ejemplo, las remuneraciones de los directores generales oscilan entre el 42 y el 91 por ciento de las del Presidente de la República; es decir, equivalen a entre 77 y 166 salarios mínimos. Por encima de los directores generales están también jefes de unidad, oficiales mayores, subsecretarios y secretarios de Estado.

Mientras los ingresos de los altos funcionarios públicos se mantienen en niveles que los ubican en condiciones de privilegio, los de la mayoría de los trabajadores y trabajadoras se deterioran constantemente. Entre 2005 y 2012, el número de trabajadores con ingresos insuficientes para satisfacer sus necesidades básicas se incrementó 20 por ciento.

La percepción neta, percepción bruta menos los impuestos, mensual del Presidente de la República es de 254 mil 65 pesos, cantidad suficiente para comprar 107 canastas alimentarias y no alimentarias, establecidas por el CONEVAL.

Frente a este panorama tenemos que no ha habido una respuesta solidaria de los altos funcionarios públicos a la precaria situación en la que se encuentra una gran parte de la población, que por lo menos reconozca su condición de privilegio adecuando sus percepciones a niveles menos inequitativos. Por ello, se propone adicionar a la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria el artículo 64-A, en el que se establezca que el tope máximo de la remuneración del Presidente de la República sea equivalente a 100 salarios mínimos.

Al establecer el tope salarial del Presidente de la República en 100 salarios mínimos, no sólo impactará positivamente al Ejecutivo Federal, ya que como lo marca la Constitución, se señalaría también a los tres Poderes de la Unión y a los tres órdenes de gobierno. Además que se ajustarían automáticamente en función de los salarios mínimos.

De conformidad a lo anteriormente expuesto, me permito someter a consideración de esta Soberanía, la siguiente iniciativa con proyecto de Decreto por el que se adiciona el artículo 64-A a la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

Artículo Unico.- Se adiciona el artículo 64-A a la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, para quedar como sigue:

Artículo 64-A.- La remuneración bruta total, que se asigne anualmente al Presidente de la República, en el Presupuesto de Egresos de la Federación, no podrá exceder al equivalente de 100 salarios mínimos del Area Geográfica A. Para la asignación de las remuneraciones de los demás servidores públicos, se observará lo establecido en el artículo 127 de la Constitución.

Señor Presidente, muchas gracias.

Iniciativa

“SEN. ERNESTO CORDERO ARROYO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
DE LA CAMARA DE SENADORES
DEL H. CONGRESO DE LA UNION
PRESENTE.

La suscrita, Senadora Dolores Padierna Luna a nombre del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, LXII Legislatura de la Cámara de Senadores, con base en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y con fundamento en los artículos 164 numerales 1 y 3, 169 numerales 1 y 4, 172 numerales 1 y 2 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de la Asamblea la siguiente Iniciativa con Proyecto de Decreto que contiene propuesta de adición del Artículo 64-A a la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, bajo la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

Las remuneraciones de los funcionarios públicos del Gobierno Federal se establecen anualmente en el Presupuesto de Egresos de la Federación, sin que exista una normatividad específica para determinar su monto. Hasta 2009, las percepciones de los funcionarios públicos, además de no estar reguladas, adolecían de transparencia, ya que no era obligatorio publicarlas.

En agosto de 2009 se hicieron reformas a la Constitución para transparentar las percepciones de los servidores públicos de los poderes de la unión y de los tres órdenes de gobierno, así como establecer como tope máximo a las percepciones de los servidores públicos el asignado al Presidente de la República.

En la fracción VI del Artículo 127 de la Constitución se establece que: “El Congreso de la Unión, las Legislaturas de los Estados y la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, en el ámbito de sus competencias, expedirán las leyes para hacer efectivo el contenido del presente artículo y las disposiciones constitucionales relativas, y para sancionar penal y administrativamente las conductas que impliquen el incumplimiento o la elusión por simulación de lo establecido en este artículo”.

A la fecha, no se ha establecido la legislación que haga efectivo el mandato constitucional, ya que la remuneración del Presidente de la República se establece de manera discrecional en el Presupuesto de Egresos de la Federación, sin que exista un criterio para su determinación. Simplemente se aplica un porcentaje de incremento al aprobado el año anterior.

Al no establecerse un criterio específico para determinar la remuneración del Presidente la República, ésta se ha mantenido en niveles muy elevados en comparación con los prevalecientes para la mayoría de los mexicanos. En el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2013, se establece como remuneración bruta total para el Presidente de la República, la cantidad de 4 millones 210 mil 186 pesos anuales, lo que equivale a 183 salarios mínimos generales promedio de las tres áreas geográficas para las que se determina dichos salarios mínimos.

La remuneración del Presidente de la República, y como consecuencia de ésta, la de los altos funcionarios públicos, son inequitativas en relación con las de la mayoría de los mexicanos. El salario diario promedio de la población ocupada al tercer trimestre de 2012 era de 184 pesos1, equivalentes a 3 salarios mínimos. En 2012, el salario medio de cotización de los trabajadores asegurados por el IMSS fue de 260 pesos diarios2, equivalentes a 4.3 salarios mínimos, cantidades inaceptablemente inferiores a los 183 salarios mínimos que se pagan al Presidente de la República, con el dinero de todos los mexicanos.

En la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares, levantada por el INEGI en 2010, se consigna que el ingreso promedio del 10% de los hogares de mayores ingresos (decil X) fue de 484,458 pesos anuales. En ese año las remuneraciones del Presidente de la República ascendieron a 4 millones 13 mil 103 pesos, 8.3 veces más que el promedio del ingreso del 10% de las familias más ricas del país, lo que ubica al Presidente de la República en situación de privilegio dentro del grupo de población más favorecido.

No sólo el Presidente está en esta condición de privilegio, ya que la estructura salarial de los funcionarios de mayor nivel del sector público, tienen también elevadas remuneraciones. Así por ejemplo, las remuneraciones de los directores generales oscilan entre el 42% y el 91% de las del Presidente de la República; es decir, equivalen a entre 77 y 166 salarios mínimos. Por encima de los directores generales están jefes de unidad, oficiales mayores, subsecretarios y secretarios de estado.

Mientras los ingresos de los altos funcionarios públicos se mantienen en niveles que los ubican en condiciones de privilegio, los de la mayoría de los trabajadores se deterioran constantemente. Entre 2005 y 2012, el número de trabajadores con ingresos insuficientes para satisfacer sus necesidades básicas se incrementó 20%3.

La percepción neta (percepción bruta menos impuestos) mensual del Presidente de la República es de 254,065 pesos, cantidad suficiente para comprar 107 canastas alimentarias y no alimentarias, establecidas por el Consejo Nacional de Evaluación (CONEVAL) para medir las líneas de bienestar de la población4. Según el propio CONEVAL, en 2010 había 21.2 millones de mexicanos que percibían ingresos insuficientes para cubrir sus necesidades básicas de alimentación; es decir, que estaban en situación de pobreza alimentaria y 36.5 millones adicionales no tenían ingresos suficientes para satisfacer sus necesidades básicas totales; es decir que estaban en situación de pobreza de patrimonio5. La situación de esta gran cantidad de mexicanos contrasta con la de privilegio de los altos funcionarios públicos que reciben ingresos para comprar más de 100 canastas básicas.

Frente a este panorama tenemos que no ha habido una respuesta solidaria de los altos funcionarios públicos a la precaria situación en que se encuentra una gran parte de la población, que por lo menos reconozca su condición de privilegio adecuando sus percepciones a niveles menos inequitativas. Por ello se propone adicionar a la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria el Artículo 64-A en el que se establezca que el tope máximo de la remuneración del Presidente de la República sea equivalente a 100 salarios mínimos.

Al establecer el tope salarial del Presidente de la República en 100 salarios mínimos, no sólo impactaría positivamente al Ejecutivo Federal sino a los tres poderes de la unión y a los tres órdenes de gobierno. Además que se ajustarían automáticamente en función de los salarios mínimos.

De conformidad con lo anteriormente expuesto, me permito someter a consideración de esta Soberanía la presente iniciativa con:

PROYECTO DE DECRETO

Por el que se adiciona el Artículo 64-A a la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria:

ARTICULO UNICO.- Se adiciona el Artículo 64-A a la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, para quedar como sigue:

Artículo 64-A.- La remuneración bruta total, que se asigne anualmente al Presidente de la República, en el Presupuesto de Egresos de la Federación, no podrá exceder al equivalente a cien salarios mínimos del Área Geográfica “A”. Para la asignación de las remuneraciones de los demás servidores públicos se observará lo establecido en el Artículo 127 de la Constitución.

Salón desesiones de la Cámara de Senadores, a 12 de febrero de 2013.

Atentamente

Sen. Dolores Padierna Luna”.

- El C. Presidente Burgos García: Muchas gracias, Senadora Dolores Padierna. Se turna a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público; y de Estudios Legislativos, Segunda.

Tiene el uso de la tribuna la Senadora Ninfa Salinas Sada, del grupo parlamentario del PVEM, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.

1 INEGI. Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo

2 STPS. Estadísticas del Sector

3 CONEVAL. Índice de Tendencia Laboral de la Pobreza al II Trimestre de 2012

4 El costo mensual de la canasta básica alimentaria y no alimentaria que estima el CONEVAL es de $2,379, equivalentes a 1.2 salarios mínimos.

5 CONEVAL. Pobreza por ingresos 2010





 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETOPOR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY ORGANICA DE LA ADMINISTRACION PUBLICA FEDERAL

(Presentada por la C. Senadora Ninfa Salinas Sada, del grupo parlamentario del PVEM)

- La C. Senadora Ninfa Salinas Sada: Con su venia, señor Presidente; Honorable Asamblea:

México posee 11 mil kilómetros de litorales y costas, y la actividad pesquera se ha convertido en una de las más importantes en nuestro país.

Esta enorme línea costera y la gran biodiversidad marina, fueron, en su momento, percepción de que los recursos marinos son inagotables y los podemos seguir explotando sin consecuencia alguna.

Este concepto de recursos ilimitados, permeó durante décadas sobre los bosques, sobre la vida silvestre, tanto en las especies sujetas a pesca como las especies sujetas a propósitos comerciales.

Todavía en el año 2003, se mencionaba que el océano era capaz de producir más proteínas animales de lo que podría consumir la población humana; varias veces mayor de la que ahora existe.

Así que, solo a diez años nadie podría sostener esto. Los hechos demuestran que las especies pesqueras se encuentran al límite de la sobreexplotación y que los mares y los océanos son incapaces de soportar las tasas de explotación que le hemos impuesto en todo el mundo, no sólo en México.

Los informes más recientes de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, dejan ver que de las 441 especies utilizadas para la pesca en el mundo, el 52% se encuentra explotada en su máximo nivel; sin posibilidades de expansión futura y con riesgo de declinar por mal manejo; el 20% se encuentra medianamente explotado y el 17% sobreexplotado.

Así que, realmente, la tasa de recuperación es prácticamente inviable.

Estos datos son contundentes y hay que atenderlos.

En México, la situación no es mucho mejor. Evaluaciones realizadas por el Instituto Nacional de Pesca, para el periodo 1994-2000, señalan que el 85% de las pesquerías mexicanas ya están a su máximo nivel sostenible o en deterioro total y así que sólo el 15% tiene potencial de desarrollo. Si analizamos la Carta Nacional Pesquera de los años 2000 al 2012, encontramos que para el litoral Pacífico, han pasado de un status de máximo rendimiento sostenible, a deterioro total las pesquerías de róbalo, de pez vela, de cayo de hacha en Baja California Sur y la almenada chocolata, en zonas de Baja California.

Para el litoral del Golfo de México, tenemos la misma situación para el huachinango, para el pargo, para la lisa, la almeja en Veracruz, así como los langostinos del Río Papaloapan y Pantepec; de igual forma en el Pacífico y en el Golfo de México y el Caribe, comenzaron en deterioro continuo, con este status las pesquerías de camarón rosado, camarón rojo, camarón de roca y los caracoles rosado y blanco.

Así es que, como vemos, las especies mexicanas se encuentran en deterioro constante y continuo y debemos de atender este problema.

Encontramos que además este problema tiene una incidencia en la crisis pesquera del país. El primer problema es que las artes de pesca no son selectivas y son altamente destructivas. Esto ha tenido como consecuencia que se capturen incidentalmente especies no objetivo, es decir, especies que no están sujetas al comercio y que se descartan muertas al mar.

Así es que, se pierde no sólo el potencial de la especie, sino que nuestra capacidad de reproducirla y nuestra capacidad de comerciar con ellas.

Como es el caso de la vaquita, las tortugas y algunas otras que se encuentran en peligro de extinción.

Las redes de arrastre, por ejemplo, que devastan todo el fondo marino, se han comparado con la deforestación de nuestros bosques, perdiéndose no sólo las especies, sino también los servicios ambientales.

Estos datos, por sí solos, nos permiten ver que no se han tomado las medidas necesarias para evitar las francas caídas de capturas de las especies pesqueras, ni de un abordaje adecuado que evite la pesca incidental a nivel tan grande, aún dentro de las áreas protegidas.

Nos resulta evidente que algo se está haciendo mal, que no se está haciendo con respecto a conservar y no se está teniendo un balance adecuado entre el mar y sus recursos.

Se deben incorporar nuevos conocimientos científicos al desarrollo sustentable de las pesquerías para tener un desarrollo ambiental y, sobre todo, un desarrollo económico de largo plazo para nuestro país.

Nos resulta claro que las especies de peces comerciales, llámese tiburón, atún, peces de escama, no son objeto de una producción controlada como es la ganadería o la producción avícola. Estos tipos de producción se dan en espacios o actividades de manejo intensivo, controlado por el ser humano, en donde incluimos la cría y la reproducción y por eso las podemos explotar.

Pero no sucede lo mismo con las especies pesqueras. Sencillamente no tenemos el control sobre la crianza y no tenemos el control sobre la reproducción, porque resulta que el océano no es un espacio controlado, como la tierra firme.

No podemos hacer parcelas ni establecer límites. El océano, sin duda, es indivisible. Creo que no se los tengo que explicar yo, los organismos microscópicos, los pastos marinos, los arrecifes, los peces, los depredadores, todos coexisten en un cierto frágil balance y en un cierto equilibrio.

Así es que, entender esta compleja cadena, se conoce como el enfoque ecosistémico. La pesca es la captura de especies que se dan de forma natural en el medio silvestre; y es una extracción de vida silvestre de su medio natural.

Así es que son organismos que de forma natural nacen en el mar, se crean en el mar y son removidos de su medio.

Por esta razón, creo que debe de implementarse una ciencia mucho más moderna, con una visión mucho más amplia y con un criterio mucho más congruente que nos permita, primero que nada, la productividad de largo plazo y la sobrevivencia de las especies, por obvias razones, porque si no hay especies, no tenemos productividad y no tenemos el desarrollo económico adecuado para nuestros pescadores.

Por esta razón, vengo a esta Soberanía para presentar esta iniciativa con proyecto de Decreto para reformar la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, con el objeto de reformar los artículos 32 Bis y 35 de la misma, para transferir, como lo tenía originalmente, atribuciones de pesca a la hoy Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

De la lógica que aquí les expongo, se deduce que al haber llevado la administración de las pesquerías al sector productivo de SAGARPA en el año 2000, no se han mostrado beneficios sobre las especies pesqueras ni sobre las especies capturadas incidentalmente.

Pero, sobre todo, no se ha mostrado beneficio en el nivel de vida de los pescadores ribereños, que ven cómo año tras año se agotan sus recursos pesqueros y que generan una ansiedad y una confusión terrible.

Es por esto que las actividades pesqueras no deben realizarse sobre una base de una visión puramente productiva, sino que deben de ser considerados dentro del principio precautorio, dentro de la externalidad y el enfoque ecosistémico.

Repito, para que tengan el recurso en el largo plazo y que sostengan su productividad debe de haber un balance entre el cuidado del medio ambiente y el cuidado de sus recursos.

Por tanto, no puede manejarse desde dos dependencias diversas, sino bajo una visión de integralidad y sustentabilidad.

Finalmente, someto esta iniciativa para devolver el sector pesca al sector ambiental, con lo que estaríamos dando un primer paso para el ordenamiento marino y su biodiversidad, lo cual nos permitirá un mejor manejo de mediano y largo plazo y contemplar medidas más congruentes y verdaderamente sostenibles para el desarrollo y conservación de nuestro país.

Muchas gracias.

(Aplausos)

Iniciativa

“SENADO DE LA REPUBLICA
LXII LEGISLATURA
PRESENTE.

LA SUSCRITA, SENADORANINFA SALINAS SADA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MEXICO, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 164 DEL REGLAMENTO DEL SENADO DE LA REPUBLICA, SOMETO A LA CONSIDERACION DEL PLENO DEL SENADO DE LA REPUBLICA, LA SIGUIENTE,INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY ORGANICA DE LA ADMINISTRACION PUBLICA FEDERAL, CON BASE EN LA SIGUIENTE:

EXPOSICION DE MOTIVOS

México está situado entre dos grandes océanos y en su territorio hacen frontera dos regiones biogeográficas, lo que contribuye a que presente una gran biodiversidad, tanto en su parte terrestre comoen sus aguas marítimas. Además, nuestro país destaca entre los países del mundo por laextensión de sus litorales, ya que cuenta con 11 mil 592.76 kilómetros de cordón en su parte continental, sin considerar los litorales insulares. El Mar Territorial, que es el espacio marino adyacente a las costas del país, con una anchura máxima de doce millas náuticas (22.2 kilómetros), sobre el que se ejerce a plenitud su soberanía, incluyendo el lecho y subsuelo del mar, así como el espacio aéreo suprayacente; cuya superficie es de 209 mil kilómetros cuadrados (sin incluir el mar territorial insular).

La Zona Económica Exclusiva (ZEE), es la franja situada fuera del mar territorial y adyacente, con una anchura máxima de 200 millas náuticas, contadas a partir de la línea base del mar territorial. El Estado ejerce derechos jurisdiccionales para los fines de exploración, explotación económica de la zona y sus recursos; así como la preservación del medio marino.

La pesca como actividad del sector productivo primario requiere de un conocimiento con una visión ecosistémica de los recursos pesqueros con el objeto de poder llevar a cabo un manejo sustentable.

En este sentido no es extraño que se hayan generado diversos documentos técnicos y científicos que tratan sobre el estado de las pesquerías en México, siendo la preocupación general el decremento de las capturas de algunos recursos objetivo, la mención cada vez más generalizada del deterioro de las pesquerías en el contexto mundial, y por lo mismo las pesquerías nacionales,, así como sobre el efecto negativo de la pesca en los ecosistemas, todo esto dentro del marco de referencia de los acuerdos internacionales para la pesca responsable , el enfoque precautorio para lograr una pesca sustentable;

De acuerdo a los informes más recientes de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), de las 441 especies usadas en pesca mundial, el 20% se encuentra medianamente explotada, el 52% se encuentra explotada en su máximo nivel, sin posibilidades de expansión futura y con riesgo de declinar por mal manejo; el 17% se encuentra sobre explotado, el 7% ya está agotado, y sólo un 1% muestra cierta recuperación, y sólo el 2% no está explorado1.

Este estado de las capturas marinasse debe a la combinación de varios factores que afectan la productividad de los stocks, entre ellos la sobre pesca, la pesca no regulada y no reportada, los artes de pesca no selectivos,y por tanto destructivos, así como la sobrepesca de ejemplares juveniles.

La Organización de las Naciones Unidas, en sus reuniones sobre Océanos y el Derecho del Mar, reporta también que el 85% del total de la pesca mundial se realiza en las aguas jurisdiccionales, por lo que pone el acento en las acciones que los diversos países deben tomar en sus aguas jurisdiccionales, para evitar el agotamiento de los recursos pesqueros.2

Las aguas jurisdiccionales son aquellas en las que México ejerce su jurisdicción y soberanía, y comprenden las aguas interiores, el mar territorial, y la zona contigua de pesca exclusiva. Por tanto, cuenta con poco más de once mil kilómetros de litorales, tres millones de kilómetros cuadrados de Zona Económica Exclusiva, más de dos millones novecientas mil hectáreas de aguas interiores y trescientos cincuenta y ocho mil kilómetros cuadrados de plataforma continental, así como aguas interiores. Todo esto hace de México un país ideal para la pesca y la acuacultura.

Sin embargo, y debido a la pesca irracional, a pesar de que ocupamos el cuarto lugar dentro del continente en producto interno bruto producido por esta actividad, el deterioro y amenaza para algunas pesquerías es evidente.

En las pesquerías de México la mayor parte de las poblaciones de especies marinas se han reducido, la productividad comercial de los océanos está en su nivel más bajo, con un 15% de las pesquerías más importantes en estado de sobreexplotación, 75% en su máximo nivel de aprovechamiento sustentable, y un pequeño porcentaje en vías de recuperación.

Evaluaciones realizadas por el INAPESCA para el periodo de 1994 a 2000 señalan que el 85% de las pesquerías se encontraban en su máximo sostenible o en deterioro y sólo un 15% tenían potencial de desarrollo. La Carta Nacional Pesquera del 2000 establece un referente sobre nuestra realidad nacional en cuanto al estatus de los recursos pesqueros y acuícolas. Casi 65% de las pesquerías marinas están al máximo sustentable y 23% muestran indicios de sobreexplotación. Sólo un 12% de las pesquerías en operación podrían crecer en cuanto a captura.3

Esto se comprueba al analizar el esfuerzo pesquero para las diferentes pesquerías del país y al comparar los volúmenes de la producción pesquera, en peso vivo, del periodo 1980-2006, y advertir que, a excepción de los años 1997 y 2003 no se ha logrado superar el promedio de captura de 1.56 millones de toneladas.

Debemos mencionar que, en términos de volumen de captura los datos oficiales registran que, mientras para 1940 el volumen de captura total en peso vivo fue de 70,519 toneladas, para el año 2004 fue de 1,325,135 toneladas.

Este dato por sí sólo habla de la enorme actividad pesquera y explotación de los recursosque es necesario conservar y ordenar para lograr su utilización por las generaciones futuras. El ritmo de crecimiento, para este período, fue de 1,800 por ciento, sin tomar en cuenta que para los años 1940 a 1970 está incluida en los datos la captura por flotas extranjeras, y descargadas en puertos internacionales.

Los últimos datos registrados por la CONAPESCA para el período de enero a julio del 2007, se observó un aumento ligero en el desembarque de sardina, pero una disminución en la captura de túnidos (atún, barrilete y bonito), y en términos de científicos:

“En términos globales, se advierte que las tendencias de las pesquerías mexicanas siguen el mismo patrón que las pesquerías mundiales, donde la mayor parte de los recursos son plenamente explotados o sobreexplotados. También es de destacarse que en el caso de México el número de las pesquerías con potencial de desarrollo decreció del 2002 al 2004, mientras que las pesquerías plenamente desarrolladas aumentaron en la misma proporción para el mismo periodo.”4

Es importante señalar el aumento del número de barcos pesqueros y mejoras en la tecnología. La flota actual mundial es dos veces mayorque la que existía en 1970. El número de pescadores en el mundo creció en la misma proporción en ese periodo. Este aumento ha resultado en sobreexplotación, la captura en niveles superiores a los que las especies explotadas pueden renovar su población, lo que resulta en reducir su capacidad de producción (y, por lo tanto, también la captura).

Actualmente, al menos 75% de los recursos pesqueros mundiales son explotados a su máximo permisible ofrancamente sobreexplotados.5

La actual Administración Pública Federal cuenta con dos organismos encargados de la gestión de los recursos pesqueros: el Instituto Nacional de la Pesca (INP), y la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (CONAPESCA), ambos dependientes de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación. No obstante, esta estructura administrativa no siempre fue así.

La creación, en 1994, de una Secretaría de Estado encargada del diseño y aplicación de la política ambiental, así como del fortalecimiento y cumplimiento de las leyes y normas en la materia, todo ello con un enfoque integral, marcó un cambio en la planeación de la gestión de los recursos hidráulicos, forestales, de suelos, pesqueros y del medio ambiente.

El sector pesquero, como muchos otros, fue incorporado a esta nueva dependencia de la Administración Pública Federal. Ello obedeció a la urgente necesidad de enfrentar el reto de reorientar los recursos pesqueros y acuícolas armonizando su conservación, explotación sustentable y fomento productivo.

En ese sentido, la política pesquera de la entonces Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca se orientó a fomentar la pesca responsable y lograr el ordenamiento pesquero, ello para estar en posibilidad de recuperar las especies que presentaban signos de deterioro y las que ya estaban sobre explotadas, así como alentar el desarrollo de aquellas que mostraban potencial para el consumo. Fue en este año que surge la publicación de la Primera Carta Nacional Pesquera, que funciona como unprimer acercamiento al estudio de las especies y poblaciones, de forma coordinada y sistemática, documento que es aún regularmente publicado.

Sin embargo en el año 2000, con la nueva administración el sector pesquero se derivó bajo la injerencia de la nueva Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural y Pesca (SAGARPA), pasando así del sector de conservación de recursos naturales a un sector productivo, lo cual se justificaba lógicamente con la intención de mejorar la producción pesquera y de alimentación en base a proteínaproveniente del mar que es de alta calidad.

Al principio de dicha administración, la Subsecretaría de Pesca fue reducida a una comisión, la Comisión Nacional de Pesca y Acuacultura (CONAPESCA). Actualmente, las ahora Subdelegaciones de Pesca están integradas a las Delegaciones de la SAGARPA. Es decir, las oficinas de atención regional de la pesca dejan de estar bajo la coordinación del órgano encargado de atender la pesca en el país.

El Instituto Nacional de la Pesca sufrió una severa reducción de personal de investigación (de cerca de 400 investigadores y técnicos en el 2000 a menos de 257 en el 2004), a pesar de que en la nueva Ley General se le dan más atribuciones.6

Las políticas gubernamentales de la administración pesquera nacional han ido encaminadas al fomento y/o “promoción” y a la liberalización, tendido a incrementar o eficientizar la infraestructura o los procesos de captura, procesamiento o comercialización.

El uso de artes de pesca de alto impacto puede dañar ecosistemas vulnerables como son las zonas de algas marinas, corales de profundidad y otros hábitat críticos, provocando la erradicación de estos ambientes únicos, de importancia para el reclutamiento de numerosas especies tanto comerciales como no comerciales. Que estos impactos pueden ser tan dañinos, que se han comparado los efectos de los arrastres en el fondo marino con los efectos que puede tener la deforestación en los bosques.7

Al cabo de dos periodos de administración se ha visto que el objetivo primario de conservar se ha ido perdiendo paulatinamente, y que los recursos pesqueros se contemplan y manejan de forma muy diferente a lo que verdaderamente son: recursos naturales, que además son estratégicos para el país.

Por otra parte, existen vicios jurídicos, y contradicciones en la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, ya que, a pesar de que formalmente se otorga a la SAGARPA la regulación y ordenación de la pesca, y de igual forma, el organismo encargado de la pesca que es la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (CONAPESCA) , así como alInstituto Nacional de la Pesca (INP), pasan a formar parte de la SAGARPA, en realidad y de acuerdo a la misma Ley la SEMARNATsigue teniendo atribuciones legales en asuntos de pesca, tal y como lo demuestran las fracciones II, IV, V, XIX,del Artículo 32 bis de dicho ordenamiento:

Artículo 32 Bis.- A la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, corresponde el despacho de los siguientes asuntos:

I. Fomentar la protección, restauración y conservación de los ecosistemas y recursos naturales y bienes y servicios ambientales, con el fin de propiciar su aprovechamiento y desarrollo sustentable;

II. Formular y conducir la política nacional en materia de recursos naturales, siempre que no estén encomendados expresamente a otra dependencia; así como en materia de ecología, saneamiento ambiental, agua, regulación ambiental del desarrollo urbano y de la actividad pesquera, con la participación que corresponda a otras dependencias y entidades;

III. Administrar y regular el uso y promover el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales que correspondan a la Federación, con excepción del petróleo y todos los carburos de hidrógenos líquidos, sólidos y gaseosos, así como minerales radioactivos;

IV. Establecer, con la participación que corresponda a otras dependencias y a las autoridades estatales y municipales, normas oficiales mexicanas sobre la preservación y restauración de la calidad del medio ambiente; sobre los ecosistemas naturales; sobre el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales y de la flora y fauna silvestre, terrestre y acuática; sobre descargas de aguas residuales, y en materia minera; y sobre materiales peligrosos y residuos sólidos y peligrosos;

V. Vigilar y estimular, en coordinación con las autoridades federales, estatales y municipales, el cumplimiento de las leyes, normas oficiales mexicanas y programas relacionados con recursos naturales, medio ambiente, aguas, bosques, flora y fauna silvestre, terrestre y acuática, y pesca; y demás materias competencia de la Secretaría, así como, en su caso, imponer las sanciones procedentes;

XIX. Proponer, y en su caso resolver sobre el establecimiento y levantamiento de vedas forestales, de caza y pesca, de conformidad con la legislación aplicable, y establecer el calendario cinegético y el de aves canoras y de ornato;

Al mismo tiempo se le otorgan facultadas la al nueva Secretaria (SAGARPA):

Artículo 35.- A la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pescay Alimentación corresponde el despacho de los siguientes asuntos:

XXI. Fomentar la actividad pesquera a través de una entidad pública que tendrá a su cargo las siguientes atribuciones:

a) Realizar directamente y autorizar conforme a la ley, lo referente a acuacultura; así como establecer viveros, criaderos y reservas de especies acuáticas;

b) Promover, fomentar y asesorar técnicamente la producción, industrialización y comercialización de los productos pesqueros en todos sus aspectos, en coordinación con las dependencias competentes;

c) Estudiar, proyectar, construir y conservar las obras de infraestructura pesquera y de acuacultura que requiere el desarrollo del sector pesquero, con la participación de las autoridades estatales, municipales o de particulares;

d) Proponer a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación la expedición de las normas oficiales mexicanas que correspondan al sector pesquero;

e) Regular la formación y organización de la flota pesquera, así como las artes de pesca, proponiendo al efecto, a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, las normas oficiales mexicanas que correspondan;

f) Promover la creación de las zonas portuarias, así como su conservación y mantenimiento;

g) Promover, en coordinación con la Secretaría de Economía, el consumo humano de productos pesqueros, asegurar el abasto y la distribución de dichos productos y de materia prima a la industria nacional; y

XXII. Los demás que expresamente le atribuyan las leyes y reglamentos;

Lo anterior demuestra que las facultades recaenen dos secretarias, lo cual puede provocar serios conflictos que repercutan en la conservación tanto de los recursos pesqueros, como de las especies asociadas y no objetivo, es decir en un aprovechamiento sustentable.

Un hecho que no debe soslayarse es que, todas las especies, ya sean de flora o fauna, que se encuentran en alguna categoría de riesgo, es decir, enlistadas en la NOM 059 -SEMARNAT- 2010,Protección Ambiental de Especies nativas de México de flora y fauna silvestres- categorías de riesgo y especificaciones para su inclusión, exclusión, o cambio. Lista de especies en riesgo, se encuentran bajola administración y tutela de la Ley General de Vida Silvestre, y por tanto de la SEMARNAT,tal y como se define en su Artículo primero, párrafo segundo:

“El aprovechamiento sustentable de los recursosforestales maderables y no maderables, y de las especies cuyo medio de vida total sea el aguaserá regulado por las leyes forestal y de pesca respectivamente, salvo que se trate de especies o poblaciones en riesgo”.

En dichas categorías de riesgo encontramos a todos los mamíferos marinos, es decir, ballenas, delfines, lobos marinos y manatíes, además de todas las especies de tortugas marinas. También se encuentran especies de peces como son el tiburón ballena, totoaba, tiburón blanco, tiburón peregrino, varias especies endémicas de pulpos, como el de Tepic; almeja pismo; o incluso varias especies de carpas.

Resulta, por decir lo menos, incongruente que una dependencia se encargue del manejo productivo y otra de la conservación en un medio cuyas propiedades especiales lo hacen particularmente indivisible. Nos referimos al medio marino

El medio acuático,en especial el marino tiene características por las que el enfoque eco sistémico es indispensable, ya que es un hábitat que nos es poco visible, con una gran interrelación entre las especies, en unmedio y hábitat indisoluble y no fragmentable.

Con estas características tan especialesno se puede hacer una división artificial en el manejode los ecosistemas acuáticos ymarinos en especialdebido a queson tan complejos y frágiles a las diversas condiciones climáticas y a las acciones antropogénicas, incluidas las productivas

Tanto la primera Carta Nacional Pesquera publicada el 28 de agosto del 2000, por la todavía SEMARNAP, como la última versión, publicada el 15 de marzo del 2004 mencionan la innegable acción directa o indirecta entre los diversos procesos ecológicos y las potenciales afectaciones que dichas interacciones pueden provocar entre los diferentes elementos de un ecosistema, e incluso entre ecosistemas distantes en tiempo y espacio8

Las actividades pesqueras se llevan a cabo en ambientes silvestres en los cuales las especies juegan un papel en el ecosistema y su disminución por la sobreexplotación puede ocasionar lo que se conoce como efectos cascada produciendo la pérdida de bienes y servicios ambientales, lo que genera un alto impacto económico y de seguridad en las sociedades costeras.

Tales impactos pueden tener pérdidas hasta 10 veces mayores que el valor mismo de la pesca, en la pérdida de otros servicios ambientales como es el la protección de la zona costera de los arrecifes de coral9 que protegen las zonas costeras contra tormentas y huracanes.10

Se ha demostrado que la protección de una porción suficiente de estos ecosistemas a la pesca y a otras actividades extractivas permite no sólo la recuperación de especies de interés comercial sino las funciones del ecosistema y acelera la recuperación de especies claves,como son los corales.11

De acuerdo a la Unión Mundial para la Naturaleza (IUCN por sus siglas en inglés) el enfoque eco sistémico debe ser:“Una estrategia para la gestión integrada de los recursos naturales, orientada a mantener, restaurar los sistemas naturales, sus funciones y valores, de tal manera que se promuevan la conservación y el usos sostenible de los recursos”12

Es en este sentido que las principales recomendaciones de la FAO emitidas en los últimos años y que consisten en abordar el enfoque precautorio, así como el enfoque eco sistémico no pueden ser plenamente ejecutados desde el sector meramente productivo, enfocado en la especie.

Se ha demostrado que si se siguen exclusivamente los criterios de manejo pesquero para determinar la cuota máxima sostenible y las decisiones sobre estos recursos de uso público, siguen sin implementar acciones de protección que integren el papel que juegan las especies como centro de la cadena trófica,lo quepuede tener un efecto catastrófico en toda la biodiversidad marina13 .

Es por esto que las especies marinas no deben ser vistas exclusivamente como potenciales a ser explotadas, sino que debe entenderse el papel que juegan en los ecosistemas, en la provisión de bienes y servicios y ambientales y que las decisiones sobre su explotación deben considerar esta integración de una manera holística,multidisciplinaria, y sustentable.

Además, aún en el supuesto de que las especies estuvieran siendo aprovechadas a su máximo rendimiento sostenible, sin llegar al estatus de deterioro, no es suficiente para tener una pesca sustentable, como lo manifiesta en varios de sus preceptos el Código de Conducta para la Pesca Responsable. Este instrumento deja en claro que para que las actividades pesqueras sean sustentables no basta que se garantice la continuidad biológica de las especies que sustentan las capturas, sino que también se debe de garantizar la preservación de las especies que no son de interés pesquero y la viabilidad de los ecosistemas.

De tal manera que creemos que el hecho de que sector pesquero esté adscrito a la SAGARPA es inadecuado. Por su naturaleza, esta secretaría no es la idónea para cuidar los recursos naturales renovables, ni los ecosistemas en que estos habitan. Simplemente la SAGARPA no es la instancia adecuada para administrar las zonas costeras y las actividades que dependen de la misma.

La pesca depende de la zona costera; según datos de la FAO más del 80% de las capturas efectuadas en el mar se basan en peces que habitan la costa; y varias pesquerías de altamar explotan las poblaciones de peces que pasan parte de su vida en aguas del litoral, por ejemplo, en un criadero o zona de alimentación. Las poblaciones de peces dependen también de la productividad primaria de la zona costera como parte de la trama trófica.

De hecho en nuestro país la pesca ribereña que se realiza a poca distancia de la costa es responsable del 65% de la producción destinada al consumo humano directo. El 85% de los pescadores del país se dedican a esta actividad que genera además el 80% del valor económico de la producción pesquera nacional.

Es así que las actividades pesqueras no deben realizarse sobre la base de una visión puramente productiva, sino que deben ser considerados el Principio Precautorio, la externalidad y el enfoque eco sistémico. Por tanto no puede manejarse desde dos dependencias con visión diversa, sino bajo una visión de integralidad, conservación y sustentabilidad.

Por lo anterior, consideramos necesario, urgente e indispensable que las dependencias encargadas del sector pesquero sean devueltas al sectorde medio ambiente, tal y como sucedió en el periodo 1994-2000, y sea la Secretaría de Medio Ambiente la encargada de la ordenaciónpesquera a la luz de todos los principios y ordenamientos legales ya existentes.

Esta modificación es particularmente importante, ya que desde la perspectiva del artículo10 de la propia Ley Orgánica de la Administración Pública Federal que independiza totalmente a las dependencias, lo que favorece la disociación entre producción y conservación :

Artículo 10.- Las Secretarías de Estado y los Departamentos Administrativos tendrán igual rango, y entre ellos no habrá, por lo tanto, preeminencia alguna.

El devolver la administración pesquera a la Secretaria de Medio Ambiente, con las dos dependencias que se encargan de ella, como son CONAPESCA y el Instituto Nacional de la Pesca, se lograría una mayor armonía entre el manejo productivo y el uso sustentable, tanto de especies objetivo como de aquellas especies que se encuentran en categorías de riesgo.

Por otra parte, se lograría un mejor control de las actividades pesqueras en áreas naturales protegidas que se encuentran bajo la tutela de la hoy Secretaria de Medio Ambiente, y Recursos Naturales

De acuerdo a la propia FAO, a medio y largo plazo, el mayor desafío al cual debe enfrentarse la pesca marina es una ordenación mejor y más responsable de las poblaciones. Esta ordenación exige una regulación de la producción con un enfoque precautorio de forma que no se aplique a las poblaciones que se intentan pescar un esfuerzo excesivo que provoque la sobre pesca. Además, la ordenación del ecosistema, que tiene en cuenta el impacto de la pesca en las poblaciones que no son objeto de la pesca, es cada vez más común y añadirá una complicación más al proceso de ordenación.

Es también importante que se centre más la atención en el papel de la pesca en el ecosistema, la manera en que éste afecta a la actividad pesquera y la relación entre los usos alternativos y el valor de los ecosistemas.

Finalmente, aunque no menos importante, es hacer la aclaración de que esta iniciativa ha sido elaborada también pensando en los probables impactos económicos. Nuestros estudios en el Partido Verde Ecologista de México han demostrado que asignar CONAPESCA y el Instituto a la SEMARNAT no generaría impacto presupuestario, si se preservan las mismas funciones, y se considera que se dispone de los recursos materiales, presupuestales yhumanos con las cuales cuentan ambas oficinas.

Por lo anterior la presente Iniciativa propone reincorporar la administración en materia pesquera a la Secretaría de Medio Ambiente, con lo que pasaría a ser la Secretaria de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca, de acuerdo con el siguiente

Proyecto de Decreto por el que se Reforman Diversas disposiciones de la Ley Orgánica de La Administración Pública Federal

Artículo Unico.- Se REFORMAN el artículo 26; el primer párrafo, el primer párrafo y las fracciones II, III del artículo 32 Bis, y el primer párrafo del artículo 35; se ADICIONAN las fraccionesXXXI del artículo 32 Bis; y se DEROGA la fracción XXI del artículo 35, todos ellos de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, para quedar como sigue:

Artículo 26.- Para el despacho de los asuntos del orden administrativo, el Poder Ejecutivo de la Unión contará con las siguientes dependencias:

Secretaría de Gobernación

Secretaría de Relaciones Exteriores

Secretaría de la Defensa Nacional

Secretaría de Marina

Secretaría de Seguridad Pública

Secretaría de Hacienda y Crédito Público

Secretaría de Desarrollo Social

Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca

Secretaría de Energía

Secretaría de Economía

Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural y Alimentación

Secretaría de Comunicaciones y Transportes

Secretaría de la Función Pública

Secretaría de Educación Pública

Secretaría de Salud

Secretaría del Trabajo y Previsión Social

Secretaría de la Reforma Agraria

Secretaría de Turismo

Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal

Artículo 32 Bis.- A la Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca, corresponde el despacho de los siguientes asuntos:

I. …

II. Formular y conducir la política nacional en materia de recursos naturales, incluyendo los pesqueros, siempre que no estén encomendados expresamente a otra dependencia; así como en materia de ecología, saneamiento ambiental, agua, regulación ambiental del desarrollo urbano y de la actividad pesquera, con la participación que corresponda a otras dependencias y entidades;

La política nacional, en materia de recursos naturalesse dictará de acuerdo a los enfoques precautorio y eco sistémico

III. Administrar y regular el uso y promover el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales que correspondan a la Federación, lo que incluye a los recursos pesqueros, con excepción del petróleo y todos los carburos de hidrógenos líquidos, sólidos y gaseosos, así como minerales radioactivos;

IV a XXX.-…

XXXI.-Fomentar, regular y ordenar la actividad pesquera a través de una entidad pública que tendrá a su cargo las siguientes atribuciones:

a) Realizar directamente y autorizar conforme a la ley, lo referente a maricultura y acuacultura; así como establecer viveros, criaderos y reservas de especies acuáticas;

b) Promover, fomentar y asesorar técnicamente la producción, industrialización y comercialización de los productos pesqueros en todos sus aspectos, en coordinación con las dependencias competentes;

c) Estudiar, proyectar, construir y conservar las obras de infraestructura pesquera y de acuacultura que requiere el desarrollo del sector pesquero, con la participación de las autoridades estatales, municipales o de particulares;

d) Proponer a la Secretaría Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pescala expedición de las normas oficiales mexicanas que correspondan al sector pesquero;

e) Regular la formación y organización de la flota pesquera, así como el esfuerzo pesquero y las artes de pesca, proponiendo al efecto, a la Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca, las normas oficiales mexicanas que correspondan;

f) Promover la creación de las zonas portuarias, así como su conservación y mantenimiento;

g) Promover, en coordinación con la Secretaría de Economía, el consumo humano de productos pesqueros, asegurar el abasto y la distribución de dichos productos y de materia prima a la industria nacional; y

XXXII. Los demás que expresamente le atribuyan las leyes y reglamentos;

Artículo 35.- A la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural y Alimentación corresponde el despacho de los siguientes asuntos:

I. ...a XX. ...

XXI. (Se deroga).

XXII. ...

TRANSITORIOS

Primero. El presente Decreto entrará en vigor a los 180 días siguientes a su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Se derogan las disposiciones contempladas en la legislación sectorial que contravengan al presente Decreto.

Tercero. El Ejecutivo Federal destinará a la Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca,con base en el presupuesto aprobado por el Congreso de la Unión los recursos suficientes para que lleven a cabo las disposiciones estipuladas en esta ley.

Cuarto. La Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca modificará su Reglamento Interior, dentro del plazo de 90 días contados a partir de la entrada en vigor del Presente Decreto.

Quinto. La Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca, elaborará, publicará y mantendrá actualizada la Carta Nacional Pesquera.

Dado en el Senado de la República a 12 de febrero del 2013.

Sen. Ninfa Salinas Sada”.

- El C. Presidente Burgos García: Gracias, Senadora Salinas Sada.

Senador Ríos Piter.

- El C. Senador Armando Ríos Piter: (Desde su escaño) Preguntarle a la Senadora si me permite adherirme a su iniciativa.

- El C. Presidente Burgos García: Tome nota la Secretaría de las solicitudes de adhesión.

¿Para qué asunto?, Senador López Brito.

- El C. Senador Francisco Salvador López Brito: (Desde su escaño) Solicitando, con mucho respeto, que esta iniciativa sea también turnada a la Comisión de Pesca, considerando que, bueno, ya estuvo el sector pesquero y acuícola del país bajo la administración de la SEMARNAT. Ahorita está en el área de la SAGARPA. Consideramos que esto debe de analizarse y le estoy pidiendo el turno también para la Comisión de Pesca.

- El C. Presidente Burgos García: Sí, Senador López Brito. Dado que están cubiertos los anteriores, se le turna a la Comisión de Pesca para opinión. Muchas gracias.

Compañeras y compañeros Senadores:

Se abre ahora un receso a nuestra sesión ordinaria para dar paso a la sesión solemne en la que recibiremos la visita del Diputado Martin Schulz, Presidente del Parlamento Europeo.

Una vez terminada ésta, reanudaremos la sesión ordinaria con los asuntos que ya están incorporados en el Orden del Día.

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 56, fracción III del Reglamento del Senado, se abre la sesión solemne para recibir la visita del diputado Martin Schulz, Presidente del Parlamento Europeo.

A fin de introducirlo al salón de sesiones, esta Presidencia designa a los Senadores Marcela Guerra Castillo, Luis Fernando Salazar Fernández, Rabindranath Salazar Solorio, Juan Gerardo Flores Ramírez y David Monreal Avila, para que cumplan con su encomienda.

(La comisión cumple)

(Receso)

(Se reanuda la sesión)

PRESIDENCIA DEL C. SENADOR
ERNESTO JAVIER CORDERO ARROYO

El C. Presidente Ernesto Javier Cordero Arroyo: Pasamos a la discusión y votación de los dictámenes inscritos en el Orden del Día.

Tenemos la segunda lectura de un dictamen de las Comisiones Unidas de Educación; y de Estudios Legislativos, Primera, con proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 11 de la Ley General de la Infraestructura Física Educativa.

1 FAO. Review of the state of World marine fishery resources. FAO Technical Guides paper 457. 2005. Rome

2United Nations General Assembly. Oceans and the Law of the Sea. Report of the Secrertary General. March 12, 2007. UN

3 http://www.inapesca.gob.mx/RNIIPA/PNICTPA.pdf

4 Arreguín-Sánchez, Francisco. “Pesquerías de México”. En: Guzmán Amaya, Patricia. Fuentes Castellanos, Dilio Fernán (Coordinadores). “Pesca, acuacultura e investigación en México”, Cámara de Diputados, Comisión de Pesca, Centro de Estudios para el Desarrollo Rural Sustentable y la Soberanía Alimentaria, 1ª edic,. México, 2006.

5 José Ignacio Fernández Méndez. Nuevos requerimientos institucionales para lograr una administración pesquera sustentable en México pag 303-372 en “Temas Selectos de Medio Ambiente” Ninfa Salinas Sada y Yolanda Alaniz. Coordinadoras. México. 2010

6Temas Selectos de Medio Ambiente. Cámara de Diputados. Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

7 5 Watling, L. and E.A. Norse, Disturbance of the Seabed by Mobile Fishing Gear: A Comparison to Forest Clearcutting. Conservation Biology, 1998. 12(6): p. 1180-1197.

8 Carta Nacional Pesquera. 28 de agosto del 2000. p 2

9 1 Costanza, R., et al., The value of the world´s ecosystem services and the natural capital. Nature, 1997. 387: p. 253-260.

10 2 Jackson, J.B.C., et al., Historical overfishing and the recent collapse of coastal ecosystems. Science, 2001. 293: p. 629 - 637.

11 3 Mumby, P.J., et al., Trophic cascade facilitates coral recruitment in a marine reserve. Proceedings of the National Academy of Sciences, 2007. 104(20): p. 8362-8367.

12UNEP/PNUMA, CBD/CDB, 2000, 2004; Smith & Maltby, 2003; Andrade y Navarrete, 2004. Disponible en: http://www.sur.iucn.org/

134. Smith, A.D.M., et al., Impacts of Fishing Low-Trophic Level Species on Marine Ecosystems.Science, 2011. 333(6046): p. 1147-1150.





 

DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTICULO 11 DE LA LEY GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA

(Dictamen de segunda lectura)

“COMISIONES UNIDAS DE EDUCACION;
Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, PRIMERA

H. ASAMBLEA:

A las comisiones unidas de Educación y de Estudios Legislativos, Primera, con opinión de la Comisión de Ciencia y Tecnología,les fue turnada, para estudio y dictamen, la minuta proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 11 de la Ley General de la Infraestructura Física Educativa (LGIFE).

Con fundamento en lo dispuesto en el inciso E. del artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; los artículos 86 y 94 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y en los artículos 113, 117, 135, 150, 177, 178, 182, 190, 212 y 221 del Reglamento del Senado de la República, se somete a consideración del H. Pleno del Senado de la República el siguiente:

DICTAMEN

I. ANTECEDENTES

1. En sesión ordinaria celebrada el 29 de abril de 2010, el Diputado Rafael Pacchiano Alamán, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, presentó -ante el Pleno de la Cámara de Diputados-, iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 7o., 11, y la fracción XII del artículo 19 de la Ley General de la Infraestructura Física Educativa.

2. En esa misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados turnó la iniciativa a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos para su estudio y dictaminación.

3. Con fecha 31de marzo de 2011, el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó el dictamen correspondiente, con 342 votos a favor, cero en contra, y dos abstenciones. En consecuencia, la Mesa Directiva turnó la iniciativa a la Cámara de Senadores para los efectos del inciso A. del artículo 72 constitucional.

4. La Cámara de Senadores recibió la minuta el 5 de abril de 2011 y la presidencia de la Mesa Directiva, en uso de sus facultades legales y reglamentarias, ordenó su turno a las comisiones unidas de Educación y de Estudios Legislativos, Primera, con opinión de la Comisión de Ciencia y Tecnología, para su estudio y dictaminación.

II. CONTENIDO DE LA MINUTA

El expediente enviado por la colegisladora propone fijar, como requisito para la construcción de la infraestructura física educativa (INFE) del país, el aseguramiento de la aplicación de sistemas y tecnologías sustentables.

El cuerpo argumentativo de la reforma destaca que la existencia de una INFE en óptimas condiciones “es un elemento clave para lograr la impartición de una educación con calidad, además de que contribuye a superar los obstáculos que presenta el desarrollo del país”.

El texto explica que actualmente la tendencia internacional sobre la construcción de infraestructura física educativa se encuentra enfocada en el diseño y desarrollo de centros educativos para el aprendizaje que sean sustentables, con el objetivo de aprovechar las ventajas ambientales.

En opinión de la Cámara de Diputados, la cristalización de dicha tendencia resulta pertinente para el contexto mexicano, por lo que promueve la incorporación de su espíritu en la Ley General de la Infraestructura Física Educativa, mediante la reforma al artículo 11 de la misma. Sobre esta modificación, la colegisladora considera oportuno establecer que -en la planeación de los programas y proyectos para la construcción, equipamiento, mantenimiento, rehabilitación, reforzamiento, reconstrucción y habilitación de la INFE-, se asegurará la incorporación de sistemas y tecnologías sustentables, en tanto que ello constituye una prioridad para “garantizar el aprovechamiento y uso eficiente de los recursos naturales”. Además, argumenta el expediente, la implementación de estas tecnologías fortalecerá las capacidades estratégicas de adaptación, mediante instrumentos institucionales, mejoras a infraestructuras y servicios, investigación y desarrollo tecnológico y, finalmente, contribuirá a mejorar las condiciones de vida y el enriquecimiento de la cultura del uso sustentable de los recursos naturales, lo que vigorizará el contenido de los preceptos ya establecidos en los artículos 7º y 19 de la misma Ley. El decreto remitido por la Cámara de Diputados establece:

PROYECTO DE DECRETO

LEY VIGENTE

Proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 16 y 19 de la Ley General de la Infraestructura Física Educativa

Artículo Unico.Se reforma el artículo 11 de la Ley General de la Infraestructura Física Educativa, para quedar como sigue:

Artículo 11. En la planeación de los programas y proyectos para la construcción, equipamiento, mantenimiento, rehabilitación, reforzamiento, reconstrucción y habilitación de la INFE deberán cumplirse las disposiciones de la Ley Federal de las Personas con Discapacidad y las leyes en la materia de las entidades federativas. Asimismo, se atenderán las necesidades de las comunidades indígenas y las comunidades con escasa población o dispersa, se asegurarála aplicación de sistemas y tecnologías sustentables, y se tomarán en cuenta las condiciones climáticas y la probabilidad de contingencias ocasionadas por desastres naturales, tecnológicos o humanos, procurando la satisfacción de las necesidades individuales y sociales de la población.

TRANSITORIOS

Unico. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Artículo 11. En la planeación de los programas y proyectos para la construcción, equipamiento, mantenimiento, rehabilitación, reforzamiento, reconstrucción y habilitación de la INFE deberán cumplirse las disposiciones de la Ley Federal de las Personas con Discapacidad y las leyes enla materia de las entidades federativas. Asimismo, atenderá las necesidades de las comunidades indígenas y las comunidades con escasa población o dispersa, y tomará en cuenta las condiciones climáticas y la probabilidad de contingencias ocasionadas por desastres naturales, tecnológicos o humanos, procurando la satisfacción de las necesidades individuales y sociales de la población.

Tomado en consideración el contenido de la Minuta aprobada en la Cámara de Diputados, los integrantes de las comisiones unidas de Educación, y de Estudios Legislativos, Primera, con opinión de la Comisión de Ciencia y Tecnología, formulan las siguientes consideraciones respecto de los propósitos del dispositivo previsto para incorporar en la Ley General de la Infraestructura Física Educativa.

III. CONSIDERACIONES

a. Generales

PRIMERA.- Desde los inicios del siglo XX y hasta los primeros años de la primera década del siglo XXI, México atestiguó una vigorosa expansión de su sistema educativo, logrando la cobertura universal de la educación básica e incrementando de manera sostenida la matriculación a la educación media y superior. Este proceso vino acompañado de sustanciales incentivos presupuestales y esfuerzos de los tres órdenes de gobierno en materia de creación de infraestructura, lo que permitió contar con espacios físicos y recursos materiales acordes a la consistente expansión del sistema.

SEGUNDA.- Al igual que otros países del globo, México ha comenzado a transitar desde el ciclo concentrado en la ampliación de la cobertura a un ciclo que enfatiza el incremento de la calidad de la educación y la creación de factores de equilibrio y equidad social. Sobre dicho viraje, la Declaración Mundial sobre Educación para Todos, signada en 1990 en Jomtien, Tailandia, reconoció que “satisfacer las necesidades básicas de aprendizaje exige algo más que una renovación del compromiso con la educación básica en su estado actual. Lo que se requiere es una ‘visión ampliada’ que vaya más allá de los recursos actuales, las estructuras institucionales, los planes de estudios y los sistemas tradicionales de instrucción, tomando como base lo mejor de las prácticas en uso… Esta visión ampliada comprende tanto universalizar el acceso a la educación y fomentar la equidad; prestar atención prioritaria al aprendiza.je; ampliar los medios y el alcance de la educación básica, como mejorar el ambiente para el aprendizaje…” (artículo 2º).

TERCERA.- Bajo esta perspectiva, la evaluación de la calidad educativa no se limita a la medición del logro alcanzado por los alumnos en las pruebas de aprendizaje; tiene que ver también con qué tan favorables son los espacios escolares para generar ambientes físicos educativamente habitables; esto es: qué tanto ofrecen las condiciones mínimas de bienestar, confort, salud y seguridad física para que puedan dar lugar a procesos eficaces de enseñanza-aprendizaje. Los espacios educativos constituyen el punto de partida de los procesos de socialización. Cristalizar que tanto sus componentes interiores, exteriores y de equipamiento propicien la convivencia y permitan interactuar con el entorno redunda en la facilitación de los procesos de enseñanza-aprendizaje y aportan las condiciones para formar ciudadanos libres, críticos y capaces de erigirse como actores decisivos de su comunidad.

CUARTA.- En el año 2001, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) realizó el Seminario Internacional sobre Espacios Educativos de América Latina y el Caribe, celebrado en Veracruz, México, que dio como resultado la firma de la Declaratoria de Xalapa. En materia de infraestructura física,el documento resaltó dos aspectos fundamentales: por un lado, reconoció que “la existencia de inequidades en el mundo de hoy es un problema que arquitectos, educadores y comunidades organizadas deben resolver con acciones dirigidas a eliminar la segregación social de los espacios, dado que sólo la construcción de ambientes equitativos justifica la función social que profesionalmente hemos asumido”. Por otro lado, se estableció también que “los espacios educativos deben convertirse en elementos de integración comunitaria donde la participación social, los valores ambientales, éticos y de interacción, generen un sentido de pertenencia e identidad del cual nadie se autoexcluya ni sea excluido”. Derivado de ambas premisas se inauguró en América Latina una etapa que miró hacia la construcción de espacios educativos cuyo diseño y uso muevan a construir una historia progresivamente más humana, con el propósito de edificar o transformar el entorno en aldeas y ciudades educadoras.

QUINTA.- Los preceptos establecidos en Xalapa reiteraron los principios ya delineados un año antes, en 2000, en la Declaración de Santiago, donde se determinó que “Los espacios educativos tienen efectos privilegiados para la educación y por lo tanto, su programación, diseño, construcción, uso y mantenimiento trascienden la mera competencia administrativa, ya que son en sí mismos ocasión de aprendizaje de trabajo conjunto entre los agentes educativos, arquitectos y comunidad cuyo resultante produce desarrollo educativo y desata nuevas respuestas a las aspiraciones sociales y culturales de la localidad […] El diseño arquitectónico es capaz de hacer compatible la participación de la comunidad con el disfrute de los espacios, mejora la calidad de la educación, se convierte en símbolo de la comunidad y repercute en la identidad personal y colectiva”.

SEXTA.- A la “visión ampliada” propuesta por la UNESCO en la década de los 90 se añadió la rama que concibe un vínculo indisoluble entre los espacios educativos sustentables y la formación de ciudadanos. Además de mobiliario, equipo y uso de nuevas tecnologías para el proceso educativo, la aplicabilidad de estas innovadoras miradas requiere de una robustecida concepción de los espacios arquitectónicos educativos, que implica la visión de nuevos enfoques de diseño sustentable, a partir del cual se promueva el confort ambiental de los usuarios (confort acústico, lumínico, térmico, entre otros). En su texto Los espacios educativos, la sustentabilidad ambiental y la diversidad cultural1., los investigadores Juan Raymundo Mayorga, Alejandro Grajeda y José Antonio Soto destacan que la sustentabilidad de los espacios arquitectónicos educativos deberá estar encaminada a promover, por ejemplo, “el ahorro energético, el reúso y uso racional del agua, el manejo de desechos sólidos, etcétera. Asimismo, el diseño sustentable de los espacios educativos debe prever soluciones para la problemática particular de cada entorno ambiental como los que se presentan en las zonas urbanas con altos índices de contaminación atmosférica, o como los que se hacen presentes en zonas de alta vulnerabilidad a desastres naturales”.

SEPTIMA.-Tal como fue referido por la colegisladora, en 2005 la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) promovió una serie de reuniones periódicas para reflexionar sobre los elementos constitutivos de un marco conceptual que serviría de base para evaluar la calidad de las instalaciones educativas. Un resultado logrado de dichas reuniones es la noción de calidad del ambiente físico educativo. En este contexto avanzó también la iniciativa de establecer un marco de referencia que integrara los resultados de la investigación en torno a las condiciones que hacen habitables a los centros escolares, entendiéndose éstos como “aquellos cuyas instalaciones permiten la reproducción continua de los procesos eficaces de enseñanza-aprendizaje en un ambiente de compromiso con la mejora de dicha habitabilidad por parte de los usuarios2.

OCTAVA.- A efecto de consolidar los alcances del marco ideado en estas conferencias, la OCDE creó el Centro para Ambientes Efectivos de Aprendizaje (CELE, por sus siglas en inglés), instancia queanaliza cómo los ambientes de aprendizaje pueden apoyar lasnecesidades de la educación y de las comunidades. Para el Centro, la sustentabilidad en los espacios educativos se mide por "un fondo triple": las propuestas necesitan ser económicamente viables, socialmente equitativas y ambientalmente sólidas, elementos que deben coligarse mediante el diseño y la optimización de las sinergias entre ellas. Frente a un contexto ambiental y económico que está cambiando, también de deben asegurar que los edificios educativos tengan la capacidad de incorporar otras soluciones sustentables, de tecnologías renovables y de baja emisión de carbono para el futuro.

NOVENA.- Hasta antes de los instrumentos conceptuales establecidos por la OCDE (que derivaron en la noción de calidad del ambiente físico de las escuelas), los estudios se habían enfocado a aspectos parciales de lo que hoy se denomina habitabilidad educativa de los centros escolares. Esta noción integra ocho dimensiones centrales: a) disponibilidad de instalaciones y equipamiento de la escuela; b) condiciones físicas de instalaciones y equipamiento; c) confort físico en el aula (ventilación, temperatura, control acústico, iluminación y mobiliario); d) espacio educativo (amplitud, versatilidad y apariencia estética); e) infraestructura y servicios en el vecindario; f) higiene y seguridad física en la escuela; g) accesibilidad de las instalaciones educativas, y h) sustentabilidad de la escuela.

DECIMA.- Sobre este última vertiente, tema central de la reforma promovida por la Cámara de Diputados, el doctor Juan Manuel Hernández Vázquez, de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), argumenta que, dado el creciente consenso sobre la emergencia ambiental, “es impostergable avanzar hacia una transformación cultural con racionalidad ecológica, y las escuelas tienen un valioso papel que cumplir como catalizadores centrales de dicho cambio. Urge que enseñen los principios de sustentabilidad a estudiantes y comunidades mediante pedagogías que generen experiencias significativas. Se trata de principios como la planeación y toma de decisiones con responsabilidad ambiental; uso eficiente y efectivo del agua, la energía y los recursos naturales en general; reciclado, administración de la basura y aprovechamiento de la luz natural; y uso de métodos y materiales sustentables en edificios y mobiliario”. 3

DECIMA PRIMERA.- Como resultado de los Seminarios Internacionales sobre “Evaluación de la calidad de los edificios educacionales”, convocados por la OCDE entre 2005 y 2006, se estableció como eje de la política educativa que: “todos los individuos tienen derecho a una edificación educativa de calidad, que sea un espacio físico que dé soporte a múltiples y diversos programas y pedagogías de enseñanza y aprendizaje, incluyendo tecnológicas; un edificio que demuestre un funcionamiento y operación rentable y óptima; que respete y esté en armonía con el medio ambiente, y que promueva la participación social, brindando un espacio saludable, cómodo, estimulante, seguro y confiable”.4 En el marco de esta declaración, la OCDE pudo definir cinco principios de calidad, entre los que destaca el señalamiento de que los espacios educativos deben ser ambientalmente sustentables, mediante la planeación del espacioy el uso de sistemas sustentables.

DECIMA SEGUNDA.- Si bien la investigación de las dictaminadoras no arrojó investigaciones domésticas recientes sobre la implementación y efectividad de los modelos educativos basados en la práctica de la sustentabilidad, se localizaron diversos estudios internacionales que resaltan los efectos favorables que ha tenido dicha práctica en distintas localidades. En Francia, la Agencia del Ambiente y del Manejo de la Energía (ADEME, por sus siglas en francés), ha establecido 14 objetivos para el desarrollo de la denominada “arquitectura de alta calidadambiental”, dentro de la cual se han considerado especialmente a los edificios de vivienda y de servicios públicos, incluidas las escuelas. Las ciudades de California y Nueva York, en Estados Unidos, han dado pasos audaces en el establecimiento de estándares para calificar una escuela como de alto desempeño o “performance”. California ha implementado un programa de incentivos y colaboración para escuelas calificadas como de alto desempeño (CHPS, The collaborative for high performance school), mientras Nueva York ha editado una “Guía para escuelas verdes” (Green school guide). Destaca, además, el caso de Inglaterra, donde se aprovechó la coyuntura del programa de renovación de la infraestructura escolar (School for the future) para plantear como prioridad la concepción de escuelassustentables.

DECIMA TERCERA.- En el ámbito latinoamericano destacan los programas de construcción de infraestructura educativa de Colombia y México. En el primer caso, en el marco de la denominada “Revolución Educativa” se llevó a cabo un trabajo de actualización de estándares normativos, lo que derivó en la publicación de la norma NTC 4595, que recoge una serie de imperativos relacionados con la comodidad acústica, visual y térmica al interiorde los espacios educativos. México, a través del Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa (INIFED), ha desarrollado diversos mecanismos para que sus proyectos de construcción se rijan bajo parámetros de confort térmico, acústico y lumínico.

DECIMA CUARTA.- En octubre de 2012, el INIFED y la OCDE celebraron el XI Congreso Internacional sobre el Desarrollo de Espacios Educativos. Con la participación de cerca de 500 diseñadores, funcionarios federales, planificadores, investigadores y profesores de las 32 entidades federativas del país, se identificaron, entre otras, las siguientes líneas de acción:

• Fomentar la aplicación de sistemas innovadores sostenibles para los espacios educativos

° Identificar los efectos del cambio climático y sensibilizar a las comunidades regionales para hacer frente a su impacto.

° Promover el ahorro de energía y otros estilos de vida respetuosos del medio ambiente.

° Aplicar criterios bioclimáticos (orientación, radiación solar, ventilación, etcétera); incluyendo espacios que promueven el desarrollo personal junto con las nuevas tecnologías y el respeto a la cultura ambiental de las comunidades.

° Incluir redes hidrosanitarias en las nuevas instalaciones que permitan la conservación del agua.

° Utilizar dispositivos de ahorro de energía, paneles solares, sistemas automatización y de control así como energía eólica.

• Ambientes de aprendizaje de calidad:

° Las instalaciones eléctricas, hidrosanitarias, deben ser sustentables, los materiales deben cumplir con los requerimientos de calidad, durabilidad, sanidad y seguridad.

El Instituto precisa que el criterio que propone la sustentabilidad de los espacios educativos se refiere a que “las escuelas no solamente cuenten con la infraestructura mínima, sino que se observen parámetros de sustentabilidad cuya existencia evidentemente debe darse en proporción directa a las demandas de la comunidad”.

DECIMA QUINTA.- En opinión de las dictaminadoras, los esfuerzos que se realicen en el sentido de mejorar la calidad y equidad de la educación, incluidos los correspondientes a la construcción de espacios educativos, conllevan un desarrollo educativo que favorece a toda la población de manera continua y permanente. Bajo esta premisa, los integrantes de las comisiones de Educación, y de Estudios Legislativos, Primera, coinciden con los argumentos de la colegisladora, por lo que estiman la pertinencia de aprobar en sus términos el decreto que reforma el artículo 11 de la LGIFE. Para los integrantes de las comisiones, esta incorporación a la norma abonará a la creación de pautas institucionales con mayor pertinencia al desarrollo social y ambiental y, al mismo tiempo, resaltará la relevancia social de la educación.

Por las consideraciones que anteceden, y con fundamento en lo dispuesto en el inciso E. del artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; los artículos 86 y 94 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y en los artículos 113, 117, 135, 150, 177, 178, 182, 190, 212 y 221 del Reglamento del Senado de la República, las comisiones unidas de Educación y de Estudios Legislativos, Primera, con opinión de la Comisión de Ciencia y Tecnología, someten al H. Pleno de este Senado de la República el siguiente:

PROYECTO DE DECRETOPOR EL QUE SE REFORMA

EL ARTICULO 11 DE LA LEY GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA.

Artículo Unico.Se reforma el artículo 11 de la Ley General de la Infraestructura Física Educativa, para quedar como sigue:

Artículo 11. En la planeación de los programas y proyectos para la construcción, equipamiento, mantenimiento, rehabilitación, reforzamiento, reconstrucción y habilitación de la INFE deberán cumplirse las disposiciones de la Ley Federal de las Personas con Discapacidad y las leyes en la materia de las entidades federativas. Asimismo, se atenderán las necesidades de las comunidades indígenas y las comunidades con escasa población o dispersa, se asegurará la aplicación de sistemas y tecnologías sustentables, y se tomarán en cuenta las condiciones climáticas y la probabilidad de contingencias ocasionadas por desastres naturales, tecnológicos o humanos, procurando la satisfacción de las necesidades individuales y sociales de la población.

TRANSITORIOS

Primero.- El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación”.

Salón de comisiones del Senado de la República, a 12 de diciembre de 2012.

COMISION DE EDUCACION

COMISION DE ESTUDIOS LEGISLATLIVOS, PRIMERA”.

Informo a la Asamblea que a este dictamen se le dio primera lectura el pasado 20 de diciembre de 2012. Debido a que se encuentra publicado en la Gaceta del Senado del día de hoy, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se omite su lectura.

- La C. Secretaria Martha Palafox Gutiérrez: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se omite la lectura del dictamen. Quienes estén porque se omita, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se omita, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se omite la lectura, señor Presidente.

- El C. Presidente Cordero Arroyo: Informo a la Asamblea que el dictamen que nos ocupa consta de un solo artículo, por lo que está a discusión en lo general y en lo particular en un solo acto. Al no haber oradores registrados, háganse los avisos a que se refiere el artículo 58 del Reglamento para informar de la votación. Abrase el sistema electrónico de votación por tres minutos para recoger la votación nominal del proyecto de Decreto.



- La C. Secretaria Palafox Gutiérrez: Señor Presidente, se emitieron 90 votos en pro y cero en contra.

PRESIDENCIA DEL C. SENADOR
ENRIQUE BURGOS GARCIA

- El C. Presidente Enrique Burgos García: Muchas Gracias. En consecuencia, queda aprobado en lo general y en lo particular el Decreto por el que se reforma el artículo 11 de la Ley General de la Infraestructura Física Educativa. Se remite al Ejecutivo Federal para los efectos del artículo 72 constitucional.

Pasamos a la segunda lectura de un dictamen de las Comisiones Unidas de Educación; y de Estudios Legislativos, Primera, con proyecto de Decreto por el que se reforman las fracciones VI y VII del artículo 10 y se adiciona la fracción VIII del mismo artículo de la Ley General de Educación.

1 Mayorga Cervantes Juan Raymundo et al (2010). “Los espacios educativos, la sustentabilidad ambiental y la diversidad cultural”. En G. Miranda, Nicasio García y Héctor Ruiz (eds). Los límites de la irracionalidad. Construyendo miradas y alternativas sobre la sustentabilidad en las arenas de la diversidad cultural. Tomo I. México: EUMED.

2 Hernández Vázquez, Juan Manuel. (Junio de 2010). Habilidades educativas de las escuelas. Marco de referencia para el diseño de indicadores. Revista electrónica Sinéctica (en línea). Disponible en:

http://redalyc.uaemex.mx/src/inicio/ArtPdfRed.jsp?iCve=99815165003

3 Ídem.

4 “All individuals have a right to a quality educational facility, a physical space that supports multiple and diverse teaching and learning programmes and pedagogies, including current technologies; one that demonstrates optimal, cost-effective building performance and operation over time; one that respects and is in harmony with the environment; and one that encourages social participation, providing a healthy, comfortable, safe, secure and stimulating setting for its occupants”.





 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LAS FRACCIONES VI Y VII DEL ARTICULO 10 Y SE ADICIONA LA FRACCION VIII AL MISMO ARTICULO DE LA LEY GENERAL DE EDUCACION

(Dictamen de segunda lectura)

“COMISIONES UNIDAS DE EDUCACION;
Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, PRIMERA

H. ASAMBLEA:

A las comisiones unidas de Educación y de Estudios Legislativos, Primera, de la LXI Legislatura de la Cámara de Senadores les fue turnada, para su estudio y dictamen, la iniciativa con proyecto de Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Educación, en materia de infraestructura física educativa.

Con fundamento en el segundo párrafo del artículo 65 y en el primer párrafo del artículo 72de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; en los artículos 86, 94, 116 y 122 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y en los artículos 113, 117, 135, 150, 177, 178, 182 y 190 del Reglamento del Senado de la República, las comisiones dictaminadoras someten a la consideración de esta Honorable Asamblea, el siguiente dictamen por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Educación, con base en los siguientes:

I. ANTECEDENTES

1. El 29 de noviembre del 2011 el Senador Adolfo Toledo Infanzón, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó -ante el Pleno de la Cámara de Senadores-, iniciativa con proyecto de Decreto por la que se reforman y adicionan los artículos 10 y 11 de la Ley General de Educación. El Instrumento tiene por objeto incorporar la infraestructura física educativa al Sistema Educativo Nacional.

2. En esa misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores turnó la iniciativa en comento a las Comisiones Unidas de Educación, y de Estudios Legislativos, Primera para su estudio y la elaboración del dictamen correspondiente

3. Con fecha 27 de noviembre de 2012, la Comisión de Educación de la LXII Legislatura recibió oficio de la Mesa Directiva por el que, con base en el Acuerdo para dar cumplimiento al artículo 219 del Reglamento del Senado para la conclusión de los asuntos que no han recibido dictamen, se remite la relación de iniciativas presentadas por Senadores de las LX y LXI Legislaturas que se mantienen vigentes para que continúen su proceso de análisis y dictamen. En dicha lista se encuentra la iniciativa del Senador Toledo Infanzón, cuyo turno original fue reiterado.

II. DESCRIPCION DE LA INICIATIVA

El texto presentado por el Senador Toledo tiene el propósito de establecer la infraestructura física educativa como parte del Sistema Educativo Nacional (SEN).

El iniciante estima que las aulas y todas las instalaciones físicas destinadas al servicio educativo son un componente necesario y, de facto, parte del sistema educativo, por lo que el reconocimiento de su identidad habría de estar considerada en la ley reglamentaria del artículo tercero constitucional, mediante su incorporación al artículo 10 de la LGE.

A efecto de darle mayor solidez a dicha modificación, la iniciativa propone ampliar las funciones del Consejo Nacional Técnico de la Educación, y los correspondientes en las entidades Federativas, para realizar investigaciones sobre eldiseño y adecuación de la infraestructura física educativa, mobiliario y equipos,y definición de los requerimientos en esta materia de acuerdo con los planes y programas educativos.

La propuesta normativa está planteada en los siguientes términos:

Propuesta normativa

Ley vigente

DECRETO

Artículo Unico. Se reforman y adicionan los artículos 10 y 11 de la Ley General de Educación, para quedar como sigue:

Artículo 10.

Constituyen el sistema educativo nacional:

I. … a VII. …

VIII. La infraestructura física educativa nacional.

Artículo 10.

Constituyen al sistema educativo nacional:

I… a VIII. …

NO EXISTE

Artículo 11.

I. … a III. …

IV. …

Las funciones de estos Consejos son:

a. Realizar investigaciones, estudios y análisis de carácter técnico-pedagógico acerca de planes y programas de estudio, contenidos, métodos materiales de estudio, materiales didácticos y de apoyo al proceso educativo, métodos e instrumentos de evaluación, diseño y adecuación de la infraestructura física educativa, mobiliario y equipos, y definición de los requerimientos en esta materia de acuerdo con los planes y programas educativos y, en general, de todos los elementos que integran el currículo de la educación básica y los factores que afectan la calidad de los servicios.

b. …

c. …

Artículo 11. …

I… a III …

IV…

Las funciones de estos Consejos son:

a. Realizar investigaciones, estudios y análisis de carácter técnico-pedagógico acerca de planes y programas de estudio, contenidos, métodos, materiales de estudio, materiales didácticos y de apoyo al proceso educativo, métodos e instrumentos de evaluación, diseño de espacios, mobiliario y equipos y, en general, de todos los elementos que integran el currículo de la educación básica y los factores que afectan la calidad de los servicios.

b. …

c. …

III. CONSIDERACIONES

A) GENERALES:

PRIMERA.- El Sistema Educativo Nacional es una estructura organizacional compleja proyectada para lograr los fines de la educación. De acuerdo con el artículo 10 de Ley General de Educación (LGE), está integrado por los alumnos, docentes, autoridades educativas, planes, programas, métodos y materiales educativos, así como de otras instancias federales y de las entidades federativas. Son también parte del SEN las instituciones educativas del Estado mexicano, sus organismos descentralizados, las instituciones particulares que cuentan con autorización para impartir estudios en las entidades federativas y municipios, y las instituciones autónomas de educación superior.

SEGUNDA.- Permanentemente se profundiza en la comprensión del SEN, respecto de la evolución de su estructura, dimensiones y, sobre todo, de aquellos factores que inciden directamente en las dinámicas del mismo. Además de los agentes educativos referidos, la LGE prevé la incidencia de otros elementos como la participación de los padres de familia y de la sociedad en general, a través de los consejos escolares y de participación social, figurasque también tienen obligaciones para alcanzar los propósitos de la educación. Estos actores desempeñan tareas sustanciales en la orientación estratégica y en la consecución de los resultados previstos, tanto para el sistema en conjunto, como para los ámbitos escolares locales. Las interacciones de los agentes educativos, que configuran los procesos educativos a todos los niveles, son esenciales para el logro de los objetivos del SEN.

TERCERA.- En general, la calidad de los sistemas educativos resulta de la confluencia de múltiples dimensiones: contemplala relevancia y pertinencia de los objetivos y contenidos escolares; la eficacia interna y externa, el impacto, la equidad y la eficiencia. Esta última dimensión está vinculada a la necesidad de contar con recursos humanos y materiales suficientes, y hacer buen uso de ellos. Es así que elementos específicos de la calidad como la infraestructura y el equipamiento escolar -entre otros- dan soporte a la oferta educativa; es decir, a las condiciones configuradas desde el propio sistema para ampliar las oportunidades de aprendizaje de la población atendida.

CUARTA.- Desde una perspectiva sistémica, la infraestructura y los recursos escolares son pieza fundamental de los insumos requeridos para llevar a cabo los procesos que tienen lugar en las instituciones escolares, lo que a su vez redunda en los productos e índices de calidad del sistema educativo. Ya en 2000, la Organización de las Nacionales Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO)-, gestó la Declaración de Santiago, donde se estableció que los espacios educativos tienen efectos privilegiados para la educación y por lo tanto, su programación, diseño, construcción, uso y mantenimiento trascienden la mera competencia administrativa, ya que son en sí mismos ocasión de aprendizaje de trabajo conjunto entre los agentes educativos, arquitectos y comunidad cuyo resultante produce desarrollo educativo y desata nuevas respuestas a las aspiraciones sociales y culturales de la localidad […]

QUINTA.- Sobre la premisa que vincula la calidad de los espacios escolares con el desempeño educativo, en febrero de 2012 la Auditoría Superior de la Federación (ASF) -en el marco del Informe Ejecutivo del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2010-, reveló un estudio realizado por el máximo órgano fiscalizador que correlacionó los resultados de la Prueba ENLACE con las condiciones de la infraestructura educativa. Según la ASF, los alumnos de primarias que tuvieron mejoras en su infraestructura entre 2008 y 2010 obtuvieron resultados superiores en 40.5 puntos porcentuales en español, y en 22.6 puntos en matemáticas, respecto de los alumnos cuya escuela no recibió atención. En secundaria, los resultados de los alumnos de las escuelas en las que se mejoró su infraestructura educativa fueron superiores en 6.6 puntos porcentuales en español y en 24.5 puntos en matemáticas, en relación con los alumnos cuya escuela no recibió atención.1

SEXTA.-En 2008, se expidió la Ley General de la Infraestructura Física Educativa (LGIFE), en cuya exposición de motivos se reconoce la necesidad de asegurar las mejores condiciones de la infraestructura física y del entorno de los estudiantes, considerando que los aspectos técnicos o tecnológicos de las edificaciones y el equipo que forman parte de la función educativa impactan en el aprovechamiento escolar de los estudiantes. La publicación de la LGIFE reiteró la vocación del Estado mexicano que desde 1944, con la creación del Comité Administrador del Programa Federal de Construcción de Escuelas (CAPFCE), reconoció plenamente la importancia del componente físico y de infraestructura en la concreción de objetivos educativos.

SEPTIMA.- De manera implícita, el artículo 4º de la LGIFE reconoce que los muebles e inmuebles destinados a la educación impartida por el Estado y los particulares con autorización o con reconocimiento de validez oficial de estudios son elementos intrínsecos del sistema educativo nacional:

Artículo 4. Por infraestructura física educativa se entiende los muebles e inmuebles destinados a la educación impartida por el Estado y los particulares con autorización o con reconocimiento de validez oficial de estudios, en el marco del sistema educativo nacional, en términos de la Ley General de Educación, así como a los servicios e instalaciones necesarios para su correcta operación.

OCTAVA.- Si, como se expresó en los considerandos primero y tercero, el SEN está constituido por una serie de elementos que inciden directamente en la calidad educativa, la infraestructura física educativa requiere, entonces, de reconocimiento pleno en la Ley que desdobla los componentes del Sistema bajo el que se hace efectivo el derecho a la educación en México.

NOVENA.- En opinión de las comisiones dictaminadoras, la incorporación de la infraestructura física educativa como elemento constitutivo del SENmaterializa el vínculo de la calidad educativa con los espacios que, en sí mismos, son ocasión de aprendizaje y escenario de la interacción del resto de los agentes educativos. Esta nueva composición organizativa detona el desarrollo educativo, desata nuevas respuestas a las aspiraciones sociales y culturales, y aporta las condiciones para formar ciudadanos libres, críticos y capaces de erigirse como actores decisivos de su comunidad.

DECIMA.- Con respecto a la reforma al artículo 11 de la LGE, las dictaminadoras estiman que tanto elConsejo Nacional Técnico de la Educación y los correspondientes en las entidades federativas son órganos consultivos de gestión exclusivamente pedagógica. Además, el contenido de dicha reforma duplicaría las atribuciones que la LGIFE le confiere al INIFED en materia de diseño de infraestructura física educativa, tal como lo establece la fracción XV del artículo 19 de la Ley:

Artículo 19. Son atribuciones del Instituto las siguientes:

I.-…a XIV.-…

XV.Desarrollar programas de investigación y desarrollo en materia de INFE de nuevos sistemas constructivos y proyectos arquitectónicos; diseño de mobiliario y equipo, así como la incorporación de técnicas y materiales de vanguardia y tradicionales, ecológicos, regionales, económicos y de seguridad, de acuerdo con las directrices de política educativa previstas en el artículo 7 de esta ley;

XVI.-…a XX.-…

Por las consideraciones que anteceden, y con fundamento en lo dispuesto en el inciso E. del artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; los artículos 86 y 94 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y en los artículos 113, 117, 135, 150, 177, 178, 182, 190, 212 y 221 del Reglamento del Senado de la República, las comisiones unidas de Educación, y de Estudios Legislativos, Primera, someten al H. Pleno de este Senado de la República el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA EL ARTICULO 10 DE LA LEY GENERAL DE EDUCACION.

ARTICULO UNICO.- Se reforman las fracciones VI y VII del artículo 10; y se adiciona la fracción VIII al mismo artículo, todas de la Ley General de Educación, para quedar como sigue:

Artículo 10.

Constituyen el sistema educativo nacional:

I. … a V. …

VI.-Las instituciones de los particulares, con autorización o con reconocimiento de validez oficial de estudios;

VII.-Las instituciones de educación superior a las que la ley otorga autonomía, y

VIII. La infraestructura física educativa.

TRANSITORIOS

Unico.- El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Salón de comisiones del Senado de la República, a 12 de diciembre de 2012.

COMISION DE EDUCACION

COMISION DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, PRIMERA”.

Informo a ustedes que este dictamen tuvo su primera lectura el pasado 20 de diciembre de 2012. Debido a que este dictamen se encuentra publicado en la Gaceta del Senado de este día, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se omite su lectura.

- La C. Secretaria Palafox Gutiérrez: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se omite la lectura del dictamen. Quienes estén porque se omita, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se omita, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se omite la lectura, señor Presidente.

- El C. Presidente Burgos García: Muchas gracias. Informo a la Asamblea que el dictamen que nos ocupa consta de un solo artículo, por lo que está a discusión en lo general y en lo particular en un solo acto. No habiendo quien haga uso de la palabra, háganse los avisos a que se refiere el artículo 58 del Reglamento para informar de la votación. Abrase el sistema electrónico de votación por tres minutos para recoger la votación nominal del proyecto de Decreto.



- La C. Secretaria Díaz Lizama: Señor Presidente, conforme al registro en el sistema electrónico, se emitieron 88 votos en pro y cero en contra.

- El C. Presidente Burgos García: Muchas gracias. En consecuencia, queda aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de Decreto por el que se reforman las fracciones VI y VII del artículo 10 y se adiciona la fracción VIII al mismo artículo de la Ley General de Educación. Se remite a la Cámara de Diputados para los efectos del artículo 72 constitucional.

Tenemos la segunda lectura de un dictamen de las Comisiones Unidas de Gobernación; y de Estudios Legislativos, Segunda, con proyecto de Decreto por el que se adiciona la fracción XXI Bis al artículo 47 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos.

1 ASF (2012). Auditoría de Desempeño. Infraestructura Física y Equipamiento de Escuelas de Educación Básica: 10-1-11L6M-07-1151, p. 12.- http://www.asf.gob.mx/Trans/Informes/IR2010i/Grupos/Desarrollo_Social/2010_1151_a.pdf





 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA LA FRACCION XXI BIS AL ARTICULO 47 DE LA LEY FEDERAL DE RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PUBLICOS

(Dictamen de segunda lectura)



Informo a esta Asamblea que a este dictamen se le dio primera lectura el pasado 20 de diciembre de 2012. Debido a que se encuentra publicado en la Gaceta del Senado del día de hoy, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se omite su lectura.

- La C. Secretaria Palafox Gutiérrez: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se omite la lectura del dictamen. Quienes estén porque se omita, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se omita, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se omite la lectura, señor Presidente.

- El C. Presidente Burgos García: Muchas gracias. Tiene el uso de la tribuna la Senadora Angélica de la Peña Gómez, del grupo parlamentario del PRD.

- La C. Senadora Angélica de la Peña Gómez: Muchas gracias, señor Presidente; señoras y señores Senadores:

Quiero expresar mi beneplácito por el trabajo riguroso que realizaron las comisiones que hoy nos presentan este dictamen.

Si bien en la iniciativa que presentamos contenía algunas otras reformas, creo que el trabajo escrupuloso que hicieron tanto la Comisión de Gobernación como la Comisión de Estudios Legislativos, Segunda, permiten que el día de hoy estemos aprobando una reforma a la ley que permita, en el caso de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos, a que atiendan las recomendaciones que emite la Comisión Nacional de los Derechos Humanos o bien, que expliquen por qué no atienden, por qué hay omisión.

La autoridad o servidor público de que se trate deberá fundar, motivar y hacer pública su negativa y atender los llamados de la Cámara de Senadores, o en sus recesos por la Comisión Permanente, a comparecer ante dichos órganos legislativos a que expliquen el motivo de su negativa.

Es importante recordar que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos determinará, previa consulta con los órganos legislativos, si la fundamentación o motivación por la autoridad o por el servidor público que se hubiere negado a aceptar o cumplir las recomendaciones emitidas son suficientes, hará saber, circunstancia por escrito, a la propia autoridad o servidor público, o en su caso, a sus superiores jerárquicos para los efectos que ya enuncié.

Asimismo, las autoridades o servidores públicos a quienes se les hubiese notificado la insuficiencia de la fundamentación o motivación de la negativa informarán, según precepto inscrito en la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, dentro de los 15 días hábiles siguientes a la notificación del escrito referido en el inciso que antecede y que acabo de leer, si persisten, o en la posición de no aceptar o de no cumplir tal recomendación.

Por lo tanto, la comisión podrá denunciar ante el Ministerio Público o la autoridad administrativa que corresponda a los servidores públicos señalados en la recomendación como responsables.

De tal forma, que es muy importante que el día de hoy estemos votando este proyecto de Decreto que reforma la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, en su artículo 47, para agregar una fracción XXI Bis.

Es cuanto.

Muchas gracias por su atención.

(Aplausos)

- El C. Presidente Burgos García: Muchas gracias, Senadora Angélica de la Peña.

No habiendo más participaciones, háganse los avisos a que se refiere el artículo 58 del Reglamento para informar de la votación. Abrase el sistema electrónico de votación por 3 minutos para recoger la votación nominal del proyecto de Decreto.



- La C. Secretaria Palafox Gutiérrez: Señor Presidente, conforme al registro en el sistema electrónico, se emitieron 94 votos en pro y cero en contra.

- El C. Presidente Burgos García: Muchas gracias. En consecuencia, queda aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de Decreto por el que se adiciona la fracción XXI Bis al artículo 47 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos. Se remite a la Cámara de Diputados para los efectos del artículo 72 constitucional.

Compañeros Senadores, me permito informarles a ustedes que a petición de los grupos parlamentarios, el dictamen con proyecto de Decreto por el que se aprueba la Convención de las Naciones Unidas sobre las Inmunidades Jurisdiccionales de los Estados y de sus Bienes, se retiró del Orden del Día.

Tenemos la segunda lectura de seis dictámenes de la Comisión de Gobernación, con proyectos de Decreto que conceden permisos para prestar servicios en representaciones diplomáticas en México, y para aceptar y desempeñar el cargo de Cónsul Honorario de Chipre en Mérida, con circunscripción consular en el estado de Yucatán.





 

PERMISOS PARA PRESTAR SERVICIOS Y PARA ACEPTAR Y DESEMPEÑAR EL CARGO DE CONSUL HONORARIO

(Dictámenes de segunda lectura)



Hago de su conocimiento que estos dictámenes tuvieron su primera lectura el pasado 20 de diciembre de 2012. Debido a que se encuentran publicados en la Gaceta del Senado de este día, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se omite su lectura.

- La C. Secretaria Palafox Gutiérrez: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se omite la lectura de los seis dictámenes de la Comisión de Gobernación. Quienes estén porque se omita, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se omita, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se omite la lectura, señor Presidente.

- El C. Presidente Burgos García: Muchas gracias. No habiendo oradores registrados, háganse los avisos a que se refiere el artículo 58 del Reglamento para informar de la votación. Abrase el sistema electrónico de votación por 3 minutos para recoger la votación nominal de los seis proyectos de Decreto.



- La C. Secretaria Palafox Gutiérrez: Señor Presidente, conforme al registro en el sistema electrónico, se recibieron 85 votos a favor y cero en contra.

- El C. Presidente Burgos García: Muchas gracias. Por tanto, quedan aprobados los Decretos que conceden permisos para prestar servicios en representaciones diplomáticas en México, y para aceptar y desempeñar el cargo de Cónsul Honorario de Chipre, en Mérida, con circunscripción consular en el estado de Yucatán. Se remiten al Ejecutivo Federal para sus efectos constitucionales.

Me permito informar a la Asamblea que se recibió un oficio de la Secretaría de Gobernación, con la solicitud del licenciado Enrique Peña Nieto, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, para que se le conceda permiso para aceptar y usar la condecoración que le confiere el gobierno de la República de Costa Rica.

Solicito a la Secretaría dé lectura a la comunicación.





 

SECRETARIA DE GOBERNACION

- La C. Secretaria Díaz Lizama: (Leyendo)



Es cuanto, señor Presidente.

- El C. Presidente Burgos García: Muchas gracias. En virtud de la proximidad de la fecha para la visita de Estado en donde se impondría esta condecoración y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 87, 108, 109 y 110 del Reglamento del Senado, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si el asunto se considera de urgente resolución y se pone a discusión de inmediato.

- La C. Secretaria Díaz Lizama: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si el anterior asunto se considera de urgente resolución y se pone a discusión de inmediato. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se considera de urgente resolución, señor Presidente.

- El C. Presidente Burgos García: Muchas gracias. En consecuencia, queda a discusión el siguiente proyecto de Decreto:

Unico.- El Congreso de la Unión concede permiso al licenciado Enrique Peña Nieto, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, para que pueda aceptar y usar la condecoración de la Orden Nacional Juan Mora Fernández, en grado de Gran Cruz Placa de Oro, que le confiere el gobierno de la República de Costa Rica.

No habiendo oradores registrados, ábrase el sistema electrónico de votación por tres minutos para recoger la votación nominal del proyecto de Decreto. Háganse los avisos a que se refiere el artículo 58 del Reglamento para informar de la votación.



- La C. Secretaria Palafox Gutiérrez: Señor Presidente, conforme al registro en el sistema electrónico, se emitieron 89 votos en pro y cero en contra.

- El C. Presidente Burgos García: Muchas gracias. Aprobado el proyecto de Decreto que concede permiso al licenciado Enrique Peña Nieto, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, para que pueda aceptar y usar la condecoración de la Orden Nacional Juan Mora Fernández, en grado de Gran Cruz Placa de Oro, que le confiere el gobierno de la República de Costa Rica. Se remite a la Cámara de Diputados para los efectos constitucionales.

Pasamos al siguiente asunto.

Tiene el uso de la tribuna la Senadora Diva Hadamira Gastélum Bajo, del grupo parlamentario del PRI, para presentar un punto de Acuerdo por el que se establece el día 27 de febrero como el Día Nacional por la Inclusión Laboral.





 

PROPUESTAS

- La C. Senadora Diva Hadamira Gastélum Bajo: Con su permiso, señor Presidente.

Vengo a presentar un punto de Acuerdo a nombre mío y de mis compañeras, con el propósito de establecer el Día Nacional por la Inclusión Laboral.

Pido a la Presidencia pueda recoger íntegramente este punto de Acuerdo que tiene una serie de exposiciones de motivos que reflejan la necesidad de visibilizar una fecha con la importancia que tiene el tema.

Ustedes recodarán que México en el año 2000, estableció y firmó los Objetivos de Desarrollo del Milenio. Y uno de los objetivos del milenio, consideramos uno de los de mayor importancia, es la igualdad laboral.

El antecedente que tenemos en nuestro país es grave por la falta de posibilidad de empleo que tienen sectores importantes de la sociedad.

Y si hablamos de mujeres, pudiéramos hablar que ha sido un gran debate el tema de cómo la mujer accede al empleo, la manera de cómo se selecciona, cómo se le otorga la posibilidad de empleo, a qué nivel se le otorga y los sueldos que a igual empleo no es igual salario en relación al otro género.

Pero si nos vamos al tema de la discapacidad, aún es mayor el problema de sectores minoritarios, como el de discapacidad, de sexoservidoras, de otros grupos que también han padecido el problema de la inclusión laboral.

Nosotros consideramos que no es suficiente que México suscriba los Objetivos de Desarrollo del Milenio, sino que cumpla con dichos objetivos del desarrollo que no ha logrado.

Por eso, señor Presidente, he presentado este punto de Acuerdo de urgente resolución, a propósito de que se pueda establecer el 27 de febrero como el Día Nacional de la Inclusión Laboral, como una muestra clara de nuestro país a cumplir con estos objetivos y con un testimonio de todavía la discriminación que se tiene en materia laboral, sin alcanzar la igualdad que tanto hemos pregonado.

Por eso, este punto de Acuerdo dice de la manera siguiente.

Se establece el Día 27 de febrero como el Día Nacional por la Inclusión Laboral, a efecto de reconocer la modernidad de la legislación mexicana.

En cuanto a las oportunidades laborales, así como reconocer que todos y cada uno de los mexicanos, sin importar el origen étnico, género, enfermedad, preferencia sexual y demás circunstancias que pudieran situarlo en situación de vulnerabilidad, sea el impedimento para tener acceso a un trabajo digno y/o decente, respetando en todo momento los derechos humanos y así poder seguir con el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, suscritos por nuestro país.

Es todo, señor Presidente.

Propuesta

DE ACUERDO POR EL QUE SE ESTABLECE EL DIA 27 DE FEBRERO COMO EL DIA NACIONAL POR LA INCLUSION LABORAL

“La suscrita, Diva Hadamira Gastélum Bajo, Senadora de la República a la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8, numeral 1, fracción II, 109, 110 y 276 del Reglamento del Senado de la República, somete a la consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente proposición con punto de Acuerdo, con el carácter de urgente y obvia resolución, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

1. En el año dos mil, se establecieron y firmaron los Objetivos de Desarrollo del Milenio, se enuncian ocho puntos que trazan como meta para su concreción el año 2015, considerando dentro de sus valores fundamentales, la IGUALDAD, otorgando con ello la posibilidad de que toda nación pudiera beneficiarse del desarrollo, concediendo los mismos derechos y oportunidades a hombres y mujeres.

2. De entre las metas planteadas para México, la marcada con el numeral 1.B “Lograr empleo pleno, productivo y trabajo decente para todos, incluyendo mujeres y jóvenes” es prioridad para el Gobierno de la República y también para nosotros, que como representantes de esta sociedad que nos ha confiado dicha tarea al favorecernos con su voto tenemos en nuestras manos la oportunidad pero también obligación, de adecuar el marco legal a la realidad tanto nacional como global; es por ello que en meses pasados, dentro de la REFORMA LABORAL aprobada por este constituyente, se define al TRABAJO DIGNO O DECENTE como aquel “en el que se respete plenamente la dignidad humana del trabajador; no existe discriminación por origen étnico o nacional, género, edad, discapacidad, condición social, condiciones de salud, religión, condición migratoria, opiniones, preferencias sexuales o estado civil; se tiene acceso a la seguridad social y se percibe un salario remunerador …”, conceptualización que no se había concebido hasta ahora dentro del marco legal en materia laboral, pero que sin embargo ya se encontraba formalizada por la Organización Internacional de Trabajo desde el año 1999.

México, con la señalada reforma laboral, da un nuevo paso a la modernidad y deja de lado el anquilosamiento de que había sido objeto en dicha materia desde que se publicara la Ley Federal del Trabajo, esfuerzo que ha de significar para los trabajadores, la dignificación de las relaciones laborales, el respeto irrestricto a los derechos humanos y la TOTAL INCLUSION de todos los sectores de la población en la vida productiva de esta gran Nación.

3. Por otro lado, durante la XXII Cumbre Iberoamericana de Cádiz, se ha declarado al año 2013 como el “Año Iberoamericano para la inclusión en el mercado laboral de las personas con discapacidad”, asimismo, naciones como Costa Rica ya han presentado y puesto en marcha proyectos tendientes a la inclusión de los diversos sectores de la población en la vida productiva de dicho país; México, otra representante y líder moral de Latinoamérica, para recuperar ese liderazgo que a la fecha se ha perdido, tiene en sus manos la oportunidad de no solo presentar un proyecto nacional de inclusión para personas con discapacidad, sino adecuar sus normas y proyecto de desarrollo al tenor de la reciente modificación a la normatividad laboral, que en su artículo segundo puntualiza la no existencia de discriminación ya por origen étnico, nacional, de género, edad, discapacidad, condición social, condición de salud, religión, condición migratoria, opiniones, preferencia sexual, estado civil; disposición modernista que abarca a todos y cada uno de los sectores potencialmente vulnerables, que por tradición han sido excluidos de la igualdad laboral.

4. De acuerdo a los números obtenidos por la más reciente Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, del cien por ciento de la población ocupada, las mujeres representan el 38.1%, de este universo, tres de cada una sufren o han sufrido algún incidente de violencia laboral.

5. Tratándose de personas con capacidades diferentes, 5´739,270 mexicanos padecen alguna discapacidad, ya sea física o mental, de las cuales 93.2% se encuentran dentro de los márgenes de la población en edad de trabajar y sólo el 29.9% de ellas se encuentran empleadas. Al respecto y en relación con la equidad de género, de cada 100 mexicanos con discapacidad con alguna ocupación o empleo, 68 son hombres y solo 32 mujeres.

Es decir, aún dentro de la población que padece algún tipo de discapacidad, las mujeres se encuentran en franca vulnerabilidad y probable violencia por cuestiones de género.

6. Dentro del rubro de discriminación por padecimiento de enfermedades, de acuerdo a números proporcionados por la Red Nacional de Vinculación Laboral, entre 2009 y el tercer cuatrimestre de 2012 se atendieron a 56,524 personas en situación de vulnerabilidad, de las cuales, 26,366 fueron mujeres; resaltando que se atendió a 171 personas con VIH de las cuales, fue posible colocar sólo a 55.

7. De lo anterior se desprende que si bien es cierto se han tomado medidas para incentivar la colocación de personas en situación de vulnerabilidad, tal es el caso de la Norma Mexicana para la Igualdad Laboral con número de registro NMX-R-25-SCFI-2009, que reconoce e incentiva a las empresas que adecuan sus estándares laborales de igualdad y no discriminación, fortalecen la previsión social,sin embargo dichos esfuerzos han sido insuficientes y aún hace falta camino por recorrer.

8. Es necesario adecuar y llevar a cabo acciones tendientes a cumplir lo establecido por la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos en su artículo primero que prohíbe en México, toda discriminación que atente contra la dignidad humana.

9. Así mismo se debe dar cumplimiento a lo señalado por el Convenio 111 de la Organización Mundial del Trabajo, respecto de la Discriminación en materia de Empleo y ocupación.

Mismo que establece la obligación de formular y llevar a cabo políticas que promuevan, en apego a las políticas nacionales, la igualdad de oportunidades y de trato en materia de empleo y ocupación.

10. Por ello que en el marco del cumplimiento estricto al texto constitucional, a la reforma laboral modernista aprobada por este constituyente y la obligación moral del cumplimiento a los objetivos de desarrollo del milenio, el proyecto de INCLUSION laboral deberá abordar no solo a las mujeres, personas con discapacidad o enfermedad; sino también ser incluyente con aquellas personas adultas mayores, por demás descuidadas respecto de las relaciones laborales; las personas que por malas decisiones en su pasado purgaron alguna pena corpórea sujetos a las sanciones penales del marco jurídico mexicano, pero que sin embargo ya han pagado las mismas y se encuentran en estado de preliberación o reclusión, a quienes tales antecedentes les coartan las posibilidades de emplearse y que por tal circunstancia, podrían recaer en acciones que les lleven a repetir tales errores por falta de oportunidades; a los jornaleros agrícolas que no tienen protección laboral y que dentro de las medidas adoptadas por el Ejecutivo Federal, se pretende revalorizar dicha actividad, proporcionando un marco legal proteccionista de tal sector de la población potencialmente vulnerable.

11. Tales acciones y proyectos por parte del Ejecutivo, deben ser divulgadas y reconocidas no solo por los actores políticos, sino por los actores sociales.

Deben ser reforzadas y apoyadas por el constituyente para que en el marco de la sinergia que representa el ejercicio del poder, se fortalezcan las relaciones laborales, se establezcan las mejores condiciones para los trabajadores, dignificando así dicha labor.

Siendo imperante que nuestro país puntualice en materia de INCLUSION LABORAL en el ámbito Internacional, por lo que solicito a esta H. Soberanía su aprobación a la siguiente proposición con:

PUNTO DE ACUERDO

ARTICULO UNICO.- Se establece el día 27 de febrero como el Día Nacional por la Inclusión Laboral a efecto de reconocer la modernidad de la legislación mexicana en cuanto a las oportunidades laborales, así como reconocer que todos y cada uno de los mexicanos, sin importar el origen étnico, género, enfermedad, preferencia sexual y demás circunstancias que pudieran situarlo en situación de vulnerabilidad, sean impedimento para tener acceso a un trabajo digno y/o decente, respetando en todo momento los derechos humanos y así poder seguir con el cumplimiento a los Objetivos de Desarrollo del Milenio de nuestro país.

Dado en el salón de sesiones de la H. Cámara de Senadores, a 12 de febrero de 2013.

Sen. Diva Hadamira Gastélum Bajo”.

- El C. Presidente Burgos García: Muchas gracias, Senadora Gastélum Bajo.

Sonido en el escaño del Senador Orihuela Bárcenas.

- El C. Senador José Ascención Orihuela Bárcenas: (Desde su escaño) Preguntarle a la Senadora si me permite sumarme a su propuesta.

- El C. Presidente Burgos García: Tome nota la Secretaría de las solicitudes para adherirse a la propuesta.

Como lo ha solicitado la Senadora Diva Gastélum y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 109 y 110 del Reglamento, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si el anterior asunto se considera de urgente resolución.

- La C. Secretaria Palafox Gutiérrez: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si el anterior asunto se considera de urgente resolución. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Se admite a discusión, señor Presidente.

- El C. Presidente Burgos García: Muchas gracias. En consecuencia, está a discusión. Tiene el uso de la tribuna la Senadora Angélica de la Peña.

- La C. Senadora Angélica de la Peña Gómez: Gracias, señor Presidente.

Sólo para apoyar la propuesta que hace la Senadora Diva Hadamira Gastélum, Presidenta de la Comisión Para la Igualdad de Género, creo que está tocando uno de los temas relevantes que debiéramos atender con mayor puntualidad, aunque están inscritos fundamentalmente al ámbito de los compromisos de los gobiernos tanto federal como de las entidades federativas y municipios, respecto al cumplimiento de los ocho Objetivos de Desarrollo del Milenio.

Los otros Objetivos de Desarrollo del Milenio, que como ustedes saben, tienen metas concretas hacia complementar ciertos tantos por cientos en la inclusión de personas que se encuentran en situación de riesgo, de desatención o de marginalidad.

Y me parece que ciertamente en todo el mundo no vamos a poder cumplir con las metas que están inscritas al cumplimiento de estos ocho objetivos al 2015.

Ya se discute en Naciones Unidas hacer un replanteamiento respecto de estas metas porque tenemos un gran déficit en todo el mundo, y en el caso de México creo que es muy relevante la propuesta que está haciendo la Senadora Gastélum Bajo porque nos permite en un día específico, con el carácter que ella planteó, que podamos hacer una revisión puntual de las políticas, de las acciones gubernamentales que permitan efectivamente la resolución de la discriminación y por supuesto la inclusión de las mujeres y de los hombres en esta persecución de la igualdad entre los géneros para el ámbito laboral, como parte indispensable del desarrollo humano y del proyecto de vida que tienen cada una de las personas.

De tal forma que apoyo la propuesta de la Senadora Gastélum Bajo. Y espero que todos y todas en esta plenaria podamos hacer lo conducente en ese sentido.

Muchas gracias por su atención.

- El C. Presidente Burgos García: Muchas gracias, Senadora Angélica de la Peña.

Tiene la palabra el Senador Lozano Alarcón.

- El C. Senador Javier Lozano Alarcón: Muchas gracias, señor Presidente.

Bueno, pues yo también me quiero sumar a esta propuesta que hace nuestra compañera Senadora Hadamira Gastélum para que declaremos el 27 de febrero como el Día Nacional por la Inclusión Laboral.

Es muy importante recordar que recientemente al aprobar las reformas y adiciones a la Ley Federal del Trabajo, agregamos no solamente un artículo, sino una serie de artículos vinculados como lo que llamamos el trabajo decente, y que este es un término acotado a nivel internacional por la propia Organización Internacional del Trabajo, y ese trabajo decente, precisamente de lo que habla, entre otras consideraciones, es de la necesidad de la inclusión de los grupos vulnerables al mercado de trabajo, con dignidad, sin discriminación, en condiciones de seguridad e higiene en los centros de trabajo y todo aquello que debe rodear al trabajo dentro de la economía formal.

De tal manera que, el declarar el 27 de febrero como el Día Nacional por la Inclusión Laboral, debe ser también motivo de una conciencia colectiva constante, permanente de que se deben hacer todos los esfuerzos que sean necesarios, porque las personas con discapacidad, los menores de edad, las señoras en condiciones de precariedad por su situación social o personal tengan un trato digno, adecuado para hacer el trabajo, para ascender y para permanecer en el trabajo; nuestros jornaleros agrícolas, los trabajadores domésticos, todos estos grupos, que, insisto, les tenemos que llamar vulnerables, porque esa es condición de vulnerabilidad y de fragilidad.

De tal manera que felicito a la Senadora Diva Gastélum por esta propuesta, y yo estoy seguro que todos nos vamos a sumar para apoyarla, pero, insisto, que no solamente sea un día en el que recordemos que ahí están los grupos vulnerables y que les hacemos un súper homenaje por quedar bien, pero que en realidad en la práctica no estamos avanzando gran cosa.

Que desde las Normas Oficiales Mexicanas todas las disposiciones administrativas reglamentarias, legales y constitucionales, tengamos siempre presente la importancia de atender con la dignidad humana que requieren los trabajadores y trabajadoras en condiciones de vulnerabilidad para que la inclusión laboral sea precisamente una condición de vida constante, permanente de nosotros como legisladores, pero en general de todo nuestro país.

Muchísimas gracias.

  • El C. Presidente Burgos García: Gracias, Senador Lozano Alarcón.

Senadora Angélica de la Peña, desde su escaño.

- La C. Senadora Angélica de la Peña Gómez: (Desde su escaño) Gracias, señor Presidente, ¿me permite hacer una observación? No tuvo desperdicio su intervención, pero quisiera que usted pudiera acotar cuando se refiere al trabajo de personas menores de edad, que se está refiriendo a quienes simplemente pueden hacerlo legalmente; entonces, yo creo que sería importante que lo acotáramos, para que en el Diario de los Debates no quedara que los menores de edad tienen derecho al trabajo y hay que darles mejores condiciones de trabajo. Yo creo que sería pertinente que usted lo afirmara.

- El C. Senador Javier Lozano Alarcón: Tiene usted toda la razón, y de hecho, qué bueno que incluso la reforma a la Ley Federal del Trabajo acordamos ya tipificar como delito el trabajo de los menores de 14 años, fuera del círculo familiar. Tiene usted toda la razón, y sí quisiera que en el Diario de los Debates quede esta precisión que nos hace la recomendación la Senadora.

Muchísimas gracias.

- El C. Presidente Burgos García: Muchas gracias. No habiendo más oradores registrados, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse la propuesta presentada por la Senadora Gastélum Bajo.

- La C. Secretaria Palafox Gutiérrez: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse la propuesta presentada. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobada la propuesta, señor Presidente.

- El C. Presidente Burgos García: Aprobada la propuesta. Comuníquese.





 

Tiene el uso de la tribuna el Senador Fernando Herrera Avila, del grupo parlamentario del PAN, para presentar un punto de Acuerdo por el que solicita la comparecencia de la titular de la Secretaría de Desarrollo Social.

- El C. Senador Fernando Herrera Avila: Gracias. Compañeras y compañeros Senadores:

Como sabemos, en fechas recientes la actual administración federal anunció la implementación de la Cruzada Nacional contra el Hambre, siendo su objetivo declarado atender a las personas en condición de pobreza extrema y con carencia en el acceso a la alimentación.

En el Partido Acción Nacional estamos plenamente convencidos de que la atención prioritaria que el Estado mexicano debe asignar es al combate a la pobreza, tan cierto es que durante los gobiernos del PAN hubo un incremento sin precedentes en el presupuesto y población atendida por los programa sociales.

Sin embargo, a pesar de la importancia que tienen iniciativas como la Cruzada Nacional contra el Hambre, en el PAN estamos sumamente preocupados por el diseño de dicho programa, el cual da muestras claras de opacidad y de asistencialismo.

En primer lugar, no sabemos por qué se seleccionaron esos 400 municipios.

En la referida cruzada se señalan 400 municipios como supuestamente prioritarios. Cabe decir que previamente la Cámara de Diputados en la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación del 2013, definió 1,088 municipios como prioritarios para la ejecución de los diferentes programas de la SEDESOL.

Todos estos 1,088 municipios son clasificados de alta o muy alta marginación; mientras que entre los 400 municipios de la Cruzada Nacional contra el Hambre se incluyeron municipios de baja o muy baja marginación.

Es decir, siguiendo criterios, objetivos de prioridad, no queda clara la inclusión de la totalidad de los referidos 400 municipios en el programa.

Por ponerles un ejemplo, el municipio de Saltillo y de Torreón en Coahuila, en orden progresivo está en el número 2,400, 2,600 aproximadamente, y sin embargo, están incluidos en estos 400 municipios que contempla el Decreto de la Cruzada Nacional contra el Hambre.

Este ejemplo es uno de los muchos que se han venido repitiendo en cada uno de los estados y que de manera reiterada llaman la atención para pedir una explicación al respecto.

En un ejercicio elemental de transparencia, es necesario que se nos expliquen los criterios utilizados para seleccionar los 400 municipios, pareciera que otras variables, distintas a la pobreza, han guiado dicha selección de municipios, y desde luego queremos conocer dichos criterios que se han utilizado.

Un segundo elemento de duda se refiere a las acciones que realizan las diferentes dependencias federales y gobiernos locales involucrados en la Cruzada Nacional contra el Hambre.

En el Decreto que da origen a la referida Cruzada Nacional contra el Hambre, se menciona que participan Secretarías de Estado, pero no explica las acciones específicas que implementará cada una de ellas; tampoco se nos ha informado si esta participación implicará modificaciones en el diseño de los programas ya existentes y en la aplicación del presupuesto ya aprobado en la Cámara de Diputados.

Además, no se nos ha explicado, si en caso de que el gobierno federal llegue a acuerdos con los gobiernos de las entidades federativas, si habrá mecanismos de transparencia y rendición de cuentas y, en su caso, la Cámara de Diputados si pudiera revisar estas cuentas y, desde luego, los resultados.

Una tercera fuente de duda se refiere a los mecanismos de evaluación.

En los gobiernos del PAN, los programas sociales se caracterizaron por ser evaluados y sus resultados publicados para conocimiento de la sociedad y los expertos.

Además, las evaluaciones eran coordinadas por el CONEVAL y efectuadas estas evaluaciones por expertos y académicos independientes, todo ello de acuerdo con las mejores prácticas internacionales.

Cualquier esfuerzo por combatir el hambre es loable, pero que sea creíble y no mera demagogia.

Es necesario que estos esfuerzos sean evaluables, es fundamental que el gobierno federal nos muestre en el sistema de indicadores los avances puntuales que seguirá la cruzada para medir sus resultados, que en su caso justificarían su continuidad y crecimiento.

Finalmente, preocupa sobremanera el tema del padrón de beneficiarios de este nuevo programa, simple y llanamente no conocemos el padrón de beneficiarios que se utilizará. Actualmente ya existe un padrón público de beneficiarios relativo a todos los programas de desarrollo social.

Por todo lo anterior, compañeras y compañeros Senadores, en el resolutivo de punto de Acuerdo que proponemos pedimos que el Senado de la República exhorte respetuosamente a la titular de la Secretaría de Desarrollo Social, para que comparezca ante esta Soberanía, en comisiones, y exponga el diseño de la Cruzada Nacional contra el Hambre y los criterios con los que fueron seleccionados los 400 municipios beneficiados.

Es cuanto. Muchas gracias.

(Aplausos)

Propuesta

PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SOLICITA LA COMPARECENCIA DE LA TITULAR DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL

“SEN. ERNESTO CORDERO ARROYO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
DE LA H. CAMARA DE SENADORES
PRESENTE.

El suscrito, Senador Fernando Herrera Avila integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXII Legislatura, de conformidad con lo previstoen el numeral 1 fracción II del artículo 8, 108 y 276 del Reglamento del Senado de la República, somete a consideración de esta Soberanía la siguiente proposición con punto de Acuerdo de urgente resoluciónpor el que solicita la comparecencia ante esta Soberanía de la titular de la Secretaría de Desarrollo Social, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

Ante lo expuesto y fundado, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea el siguiente:

Punto de acuerdo

Unico.- El Senado de la República exhorta respetuosamente a la titular de la Secretaría de Desarrollo Social,para que comparezca ante esta soberanía y exponga el Sistema Nacional para la cruzada contra el hambre y los criterios con los que fueron seleccionados los 400 municipios que integran lacruzada contra el hambre, mismos que enlistan en el anexo “A” del citado decreto.

Senado de la Republica, a 12 de febrero de 2013.

Suscribe

Sen. Fernando Herrera Avila”.

PRESIDENCIA DEL C. SENADOR
LUIS SANCHEZ JIMENEZ

- El C. Presidente Luis Sánchez Jiménez: Muchas gracias, Senador Herrera Avila. Como ha sido solicitado y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 109 y 110 de nuestro Reglamento, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si el anterior asunto se considera de urgente resolución.

- La C. Secretaria Palafox Gutiérrez: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si el anterior asunto se considera de urgente resolución y se pone a discusión de inmediato. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

No se considera de urgente resolución.

- El C. Presidente Sánchez Jiménez: Les recuerdo que esta votación es de dos terceras partes para aceptar la urgente resolución. Túrnese a la Comisión de Desarrollo Social.

- La C. Senadora Mariana Gómez del Campo Gurza: (Desde su escaño) Señor Presidente.

- El C. Presidente Sánchez Jiménez: Dígame, Senadora Mariana Gómez del Campo.

- La C. Senadora Mariana Gómez del Campo Gurza: (Desde su escaño) Le solicito votación nominal porque no quedó claro en el punto de Acuerdo anterior, si es usted tan amable.

Gracias.

- El C. Presidente Sánchez Jiménez: A juicio de esta Presidencia, es que no se reúne el requisito de dos terceras partes en la votación, coincidente con la afirmación que hace nuestra Secretaria, por eso es que damos turno a la comisión, Senadora.





 

Tiene la palabra el Senador Angel Benjamín Robles Montoya, a nombre propio y de los Senadores Marcela Guerra Castillo, Juan Carlos Romero Hicks, Ana Gabriela Guevara Espinoza y Víctor Hermosillo y Celada, para presentar un punto de Acuerdo en relación con la reforma migratoria en los Estados Unidos de Norteamérica.

- El C. Senador Angel Benjamín Robles Montoya: Gracias, señor Presidente. Buenas tardes, compañeras y compañeros Senadores:

He solicitado el uso de la palabra para abordar un tema que es, desde mi punto de vista, de fundamental interés para este Pleno del Senado de la República. Tiene que ver con facultades exclusivas otorgadas en la Constitución a esta Cámara de Senadores, me refiero a un pronunciamiento en relación a medidas que se están discutiendo en el Congreso de los Estados Unidos de América respecto al tema de la reforma migratoria.

Quiero subrayar, como lo ha planteado ya el Presidente de la Mesa Directiva, que suscribimos este punto de Acuerdo Senadores de varios grupos parlamentarios, además de un servidor del PRD, está la compañera Senadora Marcela Guerra, del PRI; Juan Carlos Romero, del PAN; Ana Gabriela Guevara, del PT; y Víctor Hermosillo, del PAN.

Planteamos que el Senado de la República debe hacer un pronunciamiento a manera de punto de Acuerdo referido a la reforma migratoria integral en los Estados Unidos. Proponemos que en ese punto de Acuerdo, podamos establecer el beneplácito del Senado mexicano y hacer un amplio reconocimiento al Congreso de los Estados Unidos de América y al propio Presidente Obama por este paso que nos parece fundamental, que atiende a una realidad en los Estados Unidos y que involucra, sin duda alguna, a muchas mexicanas y mexicanos que han tenido que cruzar la frontera para buscar oportunidades en los Estados Unidos.

Proponemos, por supuesto, también en el punto de Acuerdo de referencia, subrayar lo que para nosotros es un tema fundamental, que debe sujetarse cualquier tipo de acciones que se emprendan desde los Estados Unidos en esta materia con apego a los derechos humanos de nuestros connacionales. El hecho de que estén viviendo y trabajando en los Estados Unidos no hace que se nos olvide que debemos de estar también propugnando por el respeto a sus derechos humanos.

Déjenme ir por partes en referencia a este punto de Acuerdo. Repito, constituye lo que nosotros vemos como una realidad en los Estados Unidos. Recientemente 4 Senadores demócratas, 4 Senadores republicanos presentaron conjuntamente una propuesta de reforma migratoria que también fue avalada por el Presidente Obama de los Estados Unidos, en ella se plantean varios temas, y yo solamente abordaré algunos que para nosotros revisten singular interés, porque plantea, entre otras cosas, en que debe buscarse que el sistema migratorio de los Estados Unidos se humanice con el propósito de reunificar a las familias de los inmigrantes.

Nos parece que ese es un propósito que es fundamental, también que hemos propugnado en nuestro país para que así sea con los mexicanos, repito, que han cruzado la frontera. Plantea, por supuesto, el tema de que, uno de los objetivos fundamentales es que se pueda otorgar la residencia para obtener la ciudadanía de estos mexicanos y de estos indocumentados de muchas partes del planeta.

Se plantea algo que para nosotros es fundamental, que se les pueda otorgar este estatus provisional de residencia y de empleo, y no importa que vayan a tener que esperar cinco años, a mí me parece que en la lucha que están dando muchos de nuestros paisanos allá, sumados a estos once millones de indocumentados, es una lucha que empieza a ver una luz al final del túnel.

Quiero subrayar que para nuestro país es importante. Hay que reconocer que los migrantes mexicanos que trabajan y que residen en los Estados Unidos también están contribuyendo de manera muy importante a esa economía, y por eso es que este Senado también tiene la oportunidad de involucrarse en este tema.

Los mexicanos que están trabajando allá han logrado una contribución al Producto Interno Bruto de 1994 al 2010. Han visto cómo se ha cuadruplicado gracias al esfuerzo de muchos de nuestros paisanos.

En el 2010, el aporte del trabajo a la economía, del trabajo de los indocumentados mexicanos a la economía estadounidense ascendió a la cifra nada despreciable de 586 mil millones de dólares, esa cifra equivale al 4% del Producto Interno Bruto de los Estados Unidos, al 38% del Producto Interno Bruto mexicano y representa, para anotar la importancia de lo que estamos hablando, al 76% de la inversión extranjera directa captada en nuestro país.

Esa es la importancia del tema que se está empezando a discutir y que nos parece, así lo hemos planteado Senadoras y Senadores de distintos grupos parlamentarios, que es oportuno este pronunciamiento del Senado de la República en función a dos planteamientos que quiero acotar. Lo que planteamos es que el Senado felicite y exprese un amplio reconocimiento al Congreso de los Estados Unidos de América y al Presidente Barack Obama, por este gran paso hacia una reforma migratoria integral que permita el establecimiento de un sistema de inmigración legal consecuente de la herencia como nación de leyes y como países migrantes.

Y un segundo punto en este Acuerdo, es de que se exhorta respetuosamente al Congreso de los Estados Unidos de América a concretar esta importante reforma migratoria a la brevedad posible, alcanzando acuerdos en beneficio, por supuesto, del pueblo americano, pero también de los millones de inmigrantes residentes en esa nación.

Y asimismo, para que ambas partes que integran el proyecto de reforma se sujeten en todo momento al libre ejercicio de los derechos humanos de los inmigrantes indocumentados, al respeto de los derechos laborales y al reforzamiento de la seguridad fronteriza, que la misma sea implementada respetando en todo momento la relación bilateral.

Estos son dos puntos de Acuerdo que proponemos al Pleno, creo que es muy importante que el Senado de la República haga un pronunciamiento en un tema de tanta importancia no solamente para Estados Unidos, por su realidad, sino también para México, por la gran cantidad de mexicanas y de mexicanos que viven y que trabajan en los Estados Unidos.

Es cuanto, señor Presidente.

(Aplausos)

Propuesta



- El C. Presidente Sánchez Jiménez: Gracias, Senador Robles Montoya. Túrnese a la Comisión de Relaciones Exteriores, América del Norte.





 

Se concede el uso de la tribuna al Senador David Monreal Avila, del grupo parlamentario del PT, para presentar un punto de Acuerdo que exhorta a la Procuraduría General de la República y a sus homólogas estatales a realizar de manera oportuna, expedita, exhaustiva e imparcial, investigaciones sobre las denuncias de desapariciones de personas recibidas en sus dependencias.

- El C. Senador David Monreal Avila: Con su permiso, señor Presidente; Senadoras y Senadores:

Hago uso de la tribuna para tocar un tema muy delicado, y me refiero a las desapariciones, en muchos casos forzadas de mujeres, niñas, jóvenes y hombres de quienes se desconoce su ubicación y paradero.

Sin lugar a dudas, dicha práctica se intensificó de manera alarmante en el sexenio anterior. Lamentablemente son las secuelas que dejó la fracasada estrategia implementada para combatir el crimen organizado.

Los operativos empleados para erradicar las redes del narcotráfico por parte de las instituciones encargadas de velar por la seguridad nacional no funcionaron, es más, en ocasiones dichos operativos terminaron con detenciones de personas inocentes.

Es absurdo negar la inexistencia de estas desapariciones, todo lo contrario, se ha generado un incremento en ellas y esto se debe en gran medida a que no hay una coacción jurídica y efectiva para evitar que las autoridades incurran en tan lamentable práctica.

Tan solo en la anterior administración federal, en cinco años las desapariciones de personas aumentaron en más de un 300 por ciento, apareciendo entre otros como autores de esta práctica inhumana, el Ejército y la Marina, es decir, las instituciones encargadas de la seguridad nacional son las propias responsables de las desapariciones forzadas y violaciones a los derechos humanos en muchos de los casos.

El diario estadounidense “The Washington Post”, señaló que aproximadamente 25 mil personas se encuentran registras en calidad de desaparecidas, según documentos de la Procuraduría General de la República.

Por otra parte, el Centro de Investigación y Capacitación Propuesta Cívica A.C., publicó en su portal de Internet, una base de datos que revela que un poco más de 20 mil personas se encuentran reportadas como desaparecidas.

No obstante, la cifra puede ser mayor, ya que existen muchos casos de desapariciones que no son denunciadas ante las autoridades por temor a represalias o simplemente por desconfianza en las dependencias de seguridad pública, y lo que es más lamentable, no existe una cifra oficial sobre el número exacto de personas que se encuentran desparecidas.

Lo anterior trae como consecuencia que familiares de las víctimas tengan que realizar sus propias búsquedas e investigaciones sobre el paradero de sus parientes, poniéndose también en una situación de riesgo ante el crimen organizado o autoridades corruptas, esto es: padres, madres, hermanas, hermanos e hijos, se convierten y adquieren el papel de investigadores, función que en teoría, sólo en teoría, las instituciones destinadas para tal efecto tendrían que realizar, algo que es verdaderamente triste y que además se está volviendo una práctica común en nuestro país.

Esta realidad contradice severamente lo estipulado en la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, pues establece en su artículo 12 que cada Estado parte velará porque toda persona que alegue que alguien que ha sido sometido a una desaparición forzada tenga derecho a denunciar los hechos ante las autoridades competentes, quienes examinarán rápida e imparcialmente la denuncia y, en su caso, procederán sin demora a realizar una investigación exhaustiva e imparcial.

Compañeras y compañeros legisladores, no debemos seguir guardando silencio ante un malestar tan grave como es la desaparición de personas; el dolor y el sufrimiento que esta práctica provoca en sus familiares es indescriptible, esta terrible patología demuestra la ineficiencia por parte del Estado mexicano para salvaguardar y proteger la vida de sus ciudadanos; por tal razón, el primordial objetivo del presente punto de Acuerdo es solicitar al gobierno federal elabore una base de datos exhaustiva y precisa de las personas desparecidas, la cual, entre otros datos, deberá de contener información de vital importancia para su pronta localización.

Pues como señala Human Rights Watch, la información contenida en el ADN es una herramienta indispensable para la búsqueda de estas personas a nivel nacional. Por ejemplo, podrían compararse los datos con los registros de hospitales, morgues, cárceles y cruces fronterizos.

Tan solo la inclusión de este elemento en la base de datos brindará valiosa información para identificar a una gran cantidad de personas de quienes se desconoce tanto su identidad como su paradero; información esencial que permitirá paulatinamente difundir ante los familiares de desaparecidos y víctimas del narcotráfico su situación.

Adicionalmente generará certidumbre entre los familiares de las personas desaparecidas, promoviendo la denuncia de estos hechos y un aumento de confianza en que efectivamente conocerán el paradero de sus familiares desaparecidos.

Asimismo, vengo a esta tribuna para exhortar respetuosamente a la Procuraduría General de la República y a sus homólogas estatales para que realicen de manera oportuna, expedita, exhaustiva e imparcial investigaciones sobre todas las denuncias de desapariciones de personas recibidas en sus dependencias.

Y finalmente, solicitar a la Secretaría de Gobernación, a la Secretaría de la Defensa Nacional y a la Secretaría de Marina, un informe pormenorizado en la que se detallen las acciones que emprenderán, a fin de eliminar la práctica de desapariciones de personas.

Muchas gracias.

Propuesta

PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LA PROCURADURIA GENERALDELA REPUBLICA Y A SUS HOMOLOGAS ESTATALES A REALIZAR DE MANERAOPORTUNA, EXPEDITA, EXHAUSTIVA E IMPARCIAL INVESTIGACIONES SOBRE TODAS LAS DENUNCIAS DE DESAPARICIONES DE PERSONAS RECIBIDAS EN SUS DEPENDENCIAS

“Senador DAVID MONREAL AVILA, integrante del grupo parlamentario del Partido del Trabajo en la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 8, fracción II del Reglamento del Senado de la República, presento ante esta Honorable Soberanía, la presente proposición con punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

La estrategia para combatir al crimen organizado, implementada durante el sexenio pasado, trajo consigo una gran cantidad de desaciertos; uno de ellos, las constantes desapariciones humanas.

La desaparición, en muchos casos forzada,1 de personas y jóvenes se intensificó en el sexenio pasado y aún en el actual continua, lo que deja en claro que la estrategia implementada para combatir el crimen organizado fue un verdadero fracaso, sacar al ejército a patrullar a las calles trajo consigo un efecto contrario al esperado.

Los operativos realizados por las instituciones encargadas de velar por la seguridad nacional suelen terminar con detenciones de personas, en ocasiones, inocentes. No se puede negar la existencia de dichas desapariciones, es más, se ha generado un incremento en ellas y esto se debe, en gran medida, a que no existe alguna coacción jurídica para evitar que las autoridades incurran en tan lamentable práctica.

En el sexenio de Calderón, las desapariciones de personas aumentaron en más de 300 por ciento2 y fueron señalados como autores de esta práctica desleal e inhumana el ejército y la marina; es decir, las instituciones encargadas de la seguridad nacional son las responsables de las violaciones a los derechos humanos.

En días pasados se dio a conocer en los medios de comunicación la existencia de datos en las que se revela que hay entre 20 y 25 mil personas desaparecidas. El diario estadounidense Washington Post señaló que aproximadamente 25,276 personas se encuentran registradas en calidad de desaparecidas, según documentos de la Procuraduría General de la República (PGR).3

Por otra parte, el Centro de Investigación y Capacitación Propuesta Cívica A. C., publicó en su portal de internet, una base de datos que revela que 20,851 personas se encuentran reportadas como desaparecidas.4

Asimismo, en el semanario Proceso, se publicó un artículo que señala la existencia de una base de datos elaborada por la PGR en colaboración con las 32 Procuradurías estatales, el informe se encuentra actualizado hasta febrero de 2012 y en él, existen 20,851 casos de personas desaparecidas; sin embargo, en el informe presentado el 17 de julio la cifra se incrementó hasta los 25,276 personas desaparecidas. 5

No obstante, la cifra puede ser mayor, ya que existen muchos casos de desapariciones que no son denunciadas a las autoridades por temor a represalias o simplemente porque no confían en las dependencias de seguridad pública; asimismo, no existe una cifra oficial sobre el número exacto de personas que se encuentran desaparecidas.

Pareciera que durante la pasada administración la Procuraduría General de la República y sus homólogas estatales no investigaron a fondo las desapariciones, lo cual se ve reflejado en el aumento considerable de tan lamentable práctica inhumana.

Lo que conlleva a que los familiares de las víctimas tengan que realizar sus propias investigaciones sobre el paradero de sus parientes; es decir, realizan la función de las instituciones destinadas para tal efecto, algo que tristemente se está volviendo común en nuestro país.

Lo anterior contradice severamente lo estipulado en la Convención Internacional Para la Protección de todas las Personas Contra las Desapariciones Forzadas, pues estable en su artículo 12 que:

Cada Estado Parte velará por que toda persona que alegue que alguien ha sido sometido a desaparición forzada tenga derecho a denunciar los hechos ante las autoridades competentes, quienes examinarán rápida e imparcialmente la denuncia y, en su caso, procederán sin demora a realizar una investigación exhaustiva e imparcial.

Por si esto fuera poco, en el informe “Ni Seguridad, Ni Derechos. Ejecuciones, desapariciones y tortura en la guerra contra el narcotráfico de México”; realizado por Human Rights Watch, se documentó 39 casos en los cuales hay evidencias que sugieren fuertemente, que miembros de las fuerzas de seguridad u otros funcionarios públicos participaron en desapariciones forzadas.6

No podemos seguir guardando silencio ante un malestar tan grave como es la desaparición de personas, ya que el dolor y el sufrimiento que esta práctica provoca a sus familiares es indescriptible.

Lo anterior es una terrible patología que demuestra la ineficiencia por parte del Estado mexicano para salvaguardar y proteger la vida de su población.

Por tal razón, el primordial objetivo del presente punto de acuerdo es solicitarle al Gobierno Federal que realice una base de datos exhaustiva y precisa de las personas desaparecidas; la cual, entre otros datos, deberá contener información de vital importancia para su pronta localización, como es el ácido desoxirribonucleico (ADN) de sus familiares consanguíneos.

Pues como señala Human Rights Watch, “la información contenida en el ADN es una herramienta indispensable para la búsqueda de estas personas a nivel nacional. Por ejemplo, podrían compararse los datos con los registros de hospitales, morgues, cárceles y cruces fronterizos”. 7

No podemos tolerar que las desapariciones sigan en aumento y menos, debido a que el gobierno mexicano ha realizado una pobre disposición para erradicar dicho fenómeno, prueba de ello es que no se atienden las recomendaciones realizadas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos u organismos internacionales.

Derivado de lo anterior, someto a consideración de esta Honorable Soberanía el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO.- Que esta Soberanía exhorte respetuosamente a la Procuraduría General de la República y a sus homólogas estatales a realizar de manera oportuna; expedita, exhaustiva e imparcial investigaciones sobre todas las denuncias de desapariciones de personas recibidas en sus dependencias.

SEGUNDO.- Que esta Soberanía solicite respetuosamente a los titulares de la Secretaría de Gobernación, de la Secretaría de la Defensa Nacional y de la Secretaría de Marina un informe pormenorizado en la que se detallen las acciones que emprenderán a fin de eliminar la práctica de desapariciones de personas.

TERCERO.- Que esta Soberanía exhorte respetuosamente al titular del Poder Ejecutivo Federal, para que a través de la Secretaría de Gobernación y en colaboración con las 31 entidades federativas y el Distrito Federal elaboren una base de datos exhaustiva y precisa de las personas desaparecidas, dicho registro deberá contener información del ácido desoxirribonucleico (ADN) de sus familiares consanguíneos.

Salón de sesiones de la Cámara de Senadores, a 12 de febrero de 2013”.

- El C. Presidente Sánchez Jiménez: Gracias, Senador Monreal Avila. Túrnese a la Comisión de Justicia.

Senador Escudero Morales, dígame.

- El C. Senador Pablo Escudero Morales: (Desde su escaño) Preguntarle al orador si me permite suscribir el punto, y más aun sugerirle toda vez que es de turno a comisión, que una vez que se discuta el dictamen ahí, que se incluya la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, porque tiene una buena base de datos, creo que se debe de articular en este punto de Acuerdo.

Es cuanto, gracias.

- El C. Presidente Sánchez Jiménez: Se concede el turno a la Comisión de Derechos Humanos, tomamos nota de su apoyo, gracias.





 

Se recibió de la Senadora Layda Sansores San Román, un punto de Acuerdo por el que se solicita al titular del Ejecutivo Federal a abstenerse del otorgamiento de los permisos para la siembra comercial del maíz transgénico en México, mismo que se turna a la Comisión de Agricultura y Ganadería.







 

Se concede el uso de la tribuna al Senador René Juárez Cisneros, del grupo parlamentario del PRI, para presentar un punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Economía a realizar un estudio de factibilidad para instalar una central de abastos en la región de tierra caliente en el estado de Guerrero.

- El C. Senador René Juárez Cisneros: Muchas gracias, señor Presidente; compañeras y compañeros Senadores:

Es un asunto local, pero que para nosotros los guerrerenses y para quienes habitan en la región de tierra caliente de Guerrero, es fundamental y agradezco, de antemano, su atención.

En Guerrero, más de 800 mil gentes viven precisamente de las actividades del campo, somos un estado productor de okra, jamaica, limón, muy importantes, y exportadores de limón y mango, los productores de la región de tierra caliente perviven y comparten la problemática que en general en estados con rezago social como Guerrero enfrentan nuestras hermanas y hermanos, productores en el campo, el intermediarismo y en el caso específico de la tierra caliente, los productos vienen al D.F., a la central de abastos y luego regresan para el consumo a la gente de la región con el impacto en el precio que eso conlleva.

Los créditos son insuficientes y no se tiene una adecuada organización empresarial, lo que limita la posibilidad de que puedan comercializar con éxito sus productos.

Se trata de que se articule eficientemente la acción del gobierno federal y estatal con los productores de esa región.

La región de tierra caliente que colinda con el Estado de México y Michoacán, destaca porque es la región con mayor capacidad productiva, con mayor posibilidad de desarrollo en la producción de productos agrícolas, tiene la infraestructura más amplia y más consolidada del estado en materia hidráulica, dispone de una adecuada comunicación y tiene una cercanía relativa con centros de comercialización.

Sin embargo, nos damos cuenta que no obstante estas ventajas para el acopio, la distribución y la comercialización de productos agropecuarios, no se dispone de una central de abastos en esta región que hoy enfrenta problemas sociales muy importantes en materia de violencia, de confrontación, de desarticulación, de muchas familias que están buscando salir de esta zona para encontrar opciones, y me parece que es importante mirar hacia el aspecto productivo y darle a nuestras paisanas y paisanos la posibilidad de que se arraiguen en su zona y que tengan la posibilidad de vivir con dignidad y aprovechar las ventajas que la región tiene.

Por eso este punto de Acuerdo que hoy pongo a su consideración es muy sencillo y muy elemental, pero de gran significado para la gente de la tierra caliente, exhortar a la Secretaría de Economía a que de inmediato, a la brevedad posible, realice un estudio de factibilidad para instalar una central de abastos en la región de tierra caliente, con el objeto de impulsar la cadena de valor de los productos agroalimentarios producidos en el estado y facilitar su abasto eficiente y costeable para los productores de esta zona.

Por su atención, muchas gracias.

Es cuanto, señor Presidente.

Propuesta

PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LA SECRETARIA DE ECONOMIA A REALIZAR UN ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA INSTALAR UNA CENTRAL DE ABASTOS EN LA REGION DE TIERRA CALIENTE EN EL ESTADO DE GUERRERO

“El que suscribe, Senador René Juárez Cisneros, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXII Legislatura del H. Congreso de la Unión, en ejercicio de la facultad que me confieren los artículos 8 fracción II y 276 del Reglamento del Senado de la República, sometemos a la consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente proposición con punto de Acuerdo que se fundamenta en la siguiente:

Exposición de motivos

En el Estado de Guerrero la producción agrícola se compone de productos básicos como arroz, frijol y maíz; cultivos alimenticios como el jitomate, tomate de cáscara, okra, chile verde, cártamo, garbanzo blanco, soya, camote, chile seco y pápalo; dentro de los productos agroindustriales están el café, el estropajo, la jamaica y la caña de azúcar, las oleaginosas comprenden el ajonjolí y el cacahuate, y entre los productos forrajeros se destacael sorgo.

Entrela actividad frutícola destaca el cultivo del melón, la papaya, la sandía, el mango, el plátano, el tamarindo y los cítricos.

Según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), el Estado de Guerrero ha sido líder de producción de okra, jamaica y limón, mientras que el mango y el melón, se encuentran entre los primeros lugares de producción nacional.

No obstante que la producción de estos y otros productos es competente, y representan un buen potencial de crecimiento, los productores comparten una problemática común en la comercialización:

• El elevado intermediarismo que aprovecha la descapitalización de los productores.

• La mayor parte de la producción es transportada para comercializarse en la Central de Abastos de la Ciudad de México para luego regresar al Estado de Guerrero.

• El consumo local de estos productos es escaso.

• Se da el caso de que en el Estado de Guerrero se consumen estos mismos productos pero importados de países como Sudán y Senegal (en el caso de la jamaica), Ecuador y otros países (en el caso de mango).

Además, los productores padecen por:

• Créditos limitados, insuficientes y poco oportunos, aunados a una elevada cartera vencida.

• Insuficiente y deficiente infraestructura de acopio y almacenamiento.

• Limitada o nula cultura empresarial y organizacional, con marcado predominio del individualismo.

Aunque existen varios sistemas producto establecidos por la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA), su organización es escasa y son muy pocos los que gozan de apoyos reales como transferencia de tecnología, instalación de centros de acopio, asistencia fitosanitaria y de comercialización, para eficientar la cadena de producción agrícola.

En suma, lo que explica el bajo desarrollo productivo de las cadenas productivas agroalimentarias en la entidad, es la falta de una política eficaz y de desarrollo comercial entre productores y autoridades federales y estatales.

Como vemos, es necesario articular de manera eficiente las acciones de los gobiernos federal y estatal con las de los productores agrícolas, con el objeto de tener un efecto decisivo en las condiciones de producción, comercialización, industrialización y exportación, que permita que se explote el gran potencial existente, al tiempo de acompañarlos en el desarrollo de su trabajo para integrar cadenas productivas, centros de acopio y distribución para lograr mayor productividad en sus actividades.

Se trata de diseñar una política de comercialización y abasto congruente que le permita al productor varias opciones para colocar su cosecha y mejorar sus expectativas económicas. Asimismo, es necesario diseñar una política agroindustrial como una alternativa importante de comercialización de la producción.

En el Estado de Guerrero, la región de Tierra Caliente se destaca por su gran actividad agrícola y tiene el mayor número de exportaciones de productos, principalmente de melón y mango. El desarrollo económico de esta zona se basa en la agricultura y cuenta con tierras propicias para la producción de frutas a gran escala.

Lo anterior, debido a su favorable ubicación geográfica y sus afluentes que nutren las llanuras de gran extensión y de escasa altura sobre el nivel del mar.

La región de Tierra Caliente es una de las principales zonas productoras en la entidad, con un gran potencial de desarrollo económico que hace factible la construcción de una central de abastos.

La ubicación geográfica de la región de Tierra Caliente puede tener un gran impacto en el acopio, distribución y comercialización de productos agropecuarios de la entidad guerrerense. Por ello, consideramos que sería de gran utilidad la construcción de una central de abastos en esta región, ya que su colindancia con los estados de México y Michoacán, permiten grandes expectativas para lograr que el sector agropecuario sea detonador decomplejos agroindustriales bien desarrollados.

El establecimiento de una central de abastos en esta región de Guerrero, atraería empresas empacadoras, de logística y comercialización, agroindustrias y otras con servicios relacionados. Estas actividades concentrarían muchos productos y sus derivados para impulsar el intercambio comercial entre entidades y regiones.

En este sentido, sabemos que el abasto de productos agropecuarios constituye un factor fundamental en los niveles de acceso, disponibilidad y consumo de alimentos de la población. Su relevancia también radica en las interrelaciones que guarda con la problemática del sector agropecuario, el transporte, la infraestructura de acopio y distribución física de alimentos, así como los programas y estrategias alimentarias encaminados a fortalecer las condiciones nutricionales de la población.

Por lo anterior, consideramos que es necesario que el Gobierno federal a través de la Secretaría de Economía apoye a los productores regionales realizandoun estudio de factibilidad para instalar una central de abastos mediante elPrograma de Competitividad en Logística y Centrales de Abasto (Prologyca), para impulsar la cadena de valor de los productos agroalimentarios en el Estado de Guerrero y facilitar su abasto eficiente y costeable para la población.

Prologyca tiene como objetivo principal, impulsar la reconversión de centrales de abasto en modernos y eficientes centros logísticos que repercutan favorablemente en la cadena de valor de los productos agroalimentarios y faciliten su abasto a la población en las mejores condiciones. Dicho programa se desarrolla en cinco líneas estratégicas: 1. Desarrollar o reconvertir la infraestructura considerando el elemento logístico, de manera que permita que las centrales de abasto operen eficientemente; 2. Impulsar mejoras en el proceso de distribución de los productos agroalimentarios; 3. Promover el desarrollo de la cadena de frío, de tal manera que permita prolongar la vida útil de los productos; 4. Impulsar el desarrollo de los canales minoristas tradicionales, clientes naturales de las centrales de abasto; y 5. Promover el desarrollo de la capacidad empresarial y organizacional de los mayoristas, fomentando un cambio cultural y organizacional.

Con esta acción se obtendrán diversos beneficios: creación de empleos directos e indirectos; reducción de tiempos de movilización de las mercancías; eficientar la logística y los servicios ligados a las transacciones comerciales; una adecuada conectividad para el suministro y reexpedición de productos y recuperar su vocación mayorista; impulsar mejoras en el proceso de distribución de los productos agroalimentarios, vinculando el sector mayorista con el sector productivo para que desde el origen se atiendan los requerimientos del mercado y se propicie la integración de cadenas de valor; apoyar la modernización para fortalecer su participación en el abasto, de tal manera que permita transferir los beneficios a los consumidores finales.

Asimismo, es fundamental solicitar al Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (Banobras), que coordine esfuerzos con el Gobierno del Estado de Guerrero para constituir el Fideicomiso Central de Abastos de la Región de Tierra Caliente.

Asimismo, que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes destine recursos del Programa de Proyectos de Infraestructura Económica de Carreteras Alimentadoras y Caminos y Rurales y del Programa de Empleo Temporal, para apoyar la construcción de puentes y caminos rurales, a fin de facilitar el transporte de suministros, maquinaria y enseres para la siembra, la cosecha y la comercialización de productos agrícolas de las poblaciones de productores agrícolas de los municipios de la región de Tierra Caliente en el Estado de Guerrero.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, me permito someter a esta Soberanía la siguiente proposición con:

Puntos de Acuerdo

Primero.- El Senado de la República, exhorta a la Secretaría de Economía a través del Programa de Competitividad en Logística y Centrales de Abasto (Prologyca), a realizar un estudio de factibilidad para instalar una central de abastos en la región de Tierra Caliente en el Estado de Guerrero, e informar de los resultados del mismo al Senado de la República.

Segundo.- El Senado de la República, exhorta al Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (Banobras) a coordinar esfuerzos con el Gobierno del Estado de Guerrero para constituir el Fideicomiso Central de Abastos de la Región de Tierra Caliente.

Tercero.- El Senado de la República exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) a participar con recursos del Programa de Proyectos de Infraestructura Económica de Carreteras Alimentadoras y Caminos y Rurales y del Programa de Empleo Temporal, para apoyar la construcción de puentes y caminos rurales, a fin de facilitar el transporte de suministros, maquinaria y enseres para la siembra, la cosecha y la comercialización de productos agrícolas de las poblaciones de productores agrícolas de los municipios de la región de Tierra Caliente en el Estado de Guerrero.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, a 7 de febrero de 2013.

Suscribe

Sen. René Juárez Cisneros”.

- El C. Presidente Sánchez Jiménez: Gracias, Senador Juárez Cisneros. Túrnese a la Comisión de Comercio y Fomento Industrial.

Senador Ríos Piter, dígame.

- El C. Senador Armando Ríos Piter: (Desde su escaño)Preguntarle al Senador René Juárez, si me permite sumarme a su punto de Acuerdo.

- El C. Presidente Sánchez Jiménez: Acepta su apoyo. Gracias.





 

Tiene el uso de la tribuna la Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama, del grupo parlamentario del PAN, para presentar un punto de Acuerdo que exhorta a los titulares de las dependencias de la Administración Pública Federal para que tomen en cuenta ciertas cualidades en las personas que vayan a ser designadas como delegados.

- La C. Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: Con el permiso del señor Presidente de la Mesa Directiva, me permito someter a esta Soberanía el siguiente punto de Acuerdo:

Sabemos que el pasado 1º de diciembre de 2012 tomó protesta el nuevo titular del Ejecutivo, por tanto, la transmisión de ese Poder Ejecutivo en nuestro país, normalmente conlleva el cambio de la titularidad de las dependencias enumerado en el artículo 26 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.

Asimismo, cuando se produce el cambio de los titulares ya anunciado, éstos a su vez realizan el cambio de los funcionarios que encabezan las delegaciones en cada entidad federativa.

Resulta obvio que las delegaciones de las entidades son una pieza fundamental en el alcance de los objetivos del Estado a través del Poder Ejecutivo, en su nivel federal, pues al ser nivel geopolítico de más cercanía a la ciudadanía, es aquel en el que se refleja y se contempla la tropicalización de los problemas y en su conjunción con la operación de programas.

En ese sentido, se destaca la importancia de las cualidades, características, así como las capacidades de quienes ocupan la titularidad de cada una de las delegaciones.

Es de destacar que la responsabilidad adquirida por el servidor público genera legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia del desempeño de sus funciones, lo cual debe ser en todo momento aprovechado por la administración pública.

Asimismo, es importante hacer notar que la falta de permanencia transexenal de titulares de delegaciones con experiencia, capacidad, conocimiento y perfil, por dar prevalencia a un criterio subjetivo, político, muchas veces de beneficio partidista, por qué no decirlo así, desnaturaliza los fines, alcances y propósitos del Estado, que resulta ser el mejoramiento de las condiciones de vida del pueblo, pero sobre todo el bien común de la colectividad reflejado en la individualidad.

Ahora bien, no se omite ni pasa desapercibido el concepto de gobernabilidad de que requiere echar mano un gobierno para poder llevar a cabo sus planes de acción y la consecución de sus metas; sin embargo, esta pretendida gobernabilidad no puede ser el escaparate que permita el amiguismo, la politización, el tráfico de influencias ni el pago de favores políticos materializados en el nombramiento de titulares de las delegaciones de la Administración Pública Federal.

Es así que, en torno al funcionamiento de las delegaciones, el nombramiento de sus titulares y del personal que las integra, así como al ejercicio de las atribuciones, previsiones y recursos aprobados, en ocasión de la transición gubernamental que se vive en nuestro país y ante el eminente riesgo de partidización y politización electoral en la designación de estos puestos públicos, es que se propone exhortar al titular del Poder Ejecutivo Federal y a los responsables de sus dependencias observar los puntos siguientes:

  • Tomar en cuenta la preparación académica, experiencia en el desempeño del cargo, análisis de existencia de expedientes de responsabilidad como efectos de probidad en el cargo, así como tiempo en el cargo público.
  • Analizar la eficiencia y la eficacia en el cumplimiento de los objetivos de las políticas públicas que en su caso tenga bajo su responsabilidad la dependencia respecto del titular que pretenda ser removido; tomando en cuenta las características de los problemas regionales, estatales o de la jurisdicción territorial que tengan a su cargo.
  • Evitar el nombramiento de titulares en base a la improvisación, el influyentismo y la evidente relación partidista respecto del gobierno federal.
  • Previo a la remoción del titular que hoy en día se encuentra en funciones, realizar una auscultación del nombramiento con los principales sectores sociales en quienes recaiga el beneficio de la actividad pública.

Por todo lo anterior expuesto, es que someto a la consideración de este Senado de la República el siguiente punto de Acuerdo:

Unico.- Con pleno respeto a la autodeterminación del Poder Ejecutivo Federal y a la división de poderes, el Senado de la República exhorta a los titulares de las dependencias de la Administración Pública Federal, a efecto de que antes de emitir nombramientos a favor de personas que no hayan desempeñado el cargo de titular de delegaciones de la Administración Pública Federal con anterioridad, sean ponderadas entre el funcionario pretendido a sustituir y el pretendido sustituto, las siguientes características: probidad, capacidad, experiencia, preparación académica, formación curricular y continuidad en el cargo.

Amigos, por ser esto de urgente resolución y con la facultad que me confiere este Senado, solicito a la Mesa Directiva se someta a votación y sea de urgente resolución en este momento.

Es cuanto.

(Aplausos)

Propuesta

PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LOS TITULARES DE LAS DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA FEDERAL PARA QUE TOMENEN CUENTA CIERTAS CUALIDADES EN LAS PERSONAS QUE VAYAN A SER DESIGNADAS COMO DELEGADOS

“C. SEN. PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
DE LA CAMARA DE SENADORES
DEL H. CONGRESO DE LA UNION
PRESENTE.

La suscrita, Rosa Adriana Díaz Lizama Senadora a la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, perteneciente al grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en los artículos 8 numeral 1 fracción II, 108 y 276 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta Soberanía la siguiente, somete a consideración de esta Soberanía la siguiente:

PROPOSICION CON PUNTO DE ACUERDO

Al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

El pasado Primero de Diciembre de 2012, tal como lo marca la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su numeral 83, el titular del Poder Ejecutivo Federal tomó posesión del cargo para desempeñarse en el cargo, para el período comprendido del año 2012 al año 2018.

La Transmisión del Poder Ejecutivo en nuestro país, normalmente conlleva el cambio de la titularidad de las dependencias enumeradas en el artículo 26 de Ley Orgánica de la Administración Pública Federal así como de aquellas otras Secretarías de Estado que se encuentran contempladas dentro del denominado “gabinete ampliado” y de aquellas establecidas en el artículo tres de la ley mencionada en este párrafo.

Asimismo, cuando se produce el cambio de los titulares ya enunciados, estos a su vez realizan el cambio de los funcionarios que encabezan de las delegaciones de que habla el artículo 17 Bis de la pluricitada norma.

Así, resulta obvio que las delegaciones de las entidades de la Administración Pública Federal resultan una pieza fundamental en el alcance de los objetivos del Estado a través del Poder Ejecutivo en su nivel Federal, pues al ser el nivel geopolítico de más cercanía a la ciudadanía, es aquel en el que se refleja y se concentra la “tropicalización” de los problemas y su conjunción con la operación de los programas.

En este sentido, es que destaca la importancia en las cualidades, características, así como las capacidades de quienes ocupan la titularidad de cada una de estas delegaciones.

Lo anterior es así, puesto que en nada beneficia a la eficiencia en el desempeño y utilización de los recursos públicos, el riesgo de perder el conocimiento y la experiencia alcanzada por quienes con regularidad han ocupado el puesto; por tanto es inminente que cuando por un criterio subjetivo se decide la separación del cargo del anterior titular para poner en él a personas que o bien no han tenido la experiencia de quien resulta depuesto, o acaso resultan afines a intereses políticos, o peor aún, particulares.

De igual forma, es de destacar que la responsabilidad adquirida por el servidor público genera legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad, y eficiencia en el desempeño de sus funciones, lo cual debe ser en todo momento aprovechado por la Administración Pública.

Asimismo es importante hacer notar, que la falta de permanencia transexenal de titulares de delegaciones, con experiencia, capacidad, conocimiento y perfil, por dar prevalencia a un criterio subjetivo - político de beneficio partidista electoral, desnaturaliza los fines, alcances y propósitos del Estado, que resulta ser el mejoramiento de las condiciones de la vida del pueblo, pero sobre todo el bien común de la colectividad reflejado en la individualidad.

Ahora bien, no se omite ni pasa desapercibido el concepto de “gobernabilidad” de que requiere echar mano un gobierno para poder llevar a cabo sus planes de acción y la consecución de sus metas; mas sin embargo, esta pretendida “gobernabilidad” no puede ser el escaparate que permita el amiguismo, la politización, el tráfico de influencias ni el pago de favores políticos materializados en el nombramiento de titulares de delegaciones de la administración pública federal.

Es así que, en torno al funcionamiento de las delegaciones federales, el nombramiento de sus titulares y del personal que las integran, así como al ejercicio de atribuciones, previsiones y recursos aprobados, en ocasión de la transición gubernamental que se vive en nuestro país, y ante el eminente riesgo de partidización y politización electoral en la designación de estos puestos públicos, es que se propone exhortar al titular del Poder Ejecutivo Federal y a los responsables de sus dependencias a observar los puntos siguientes:

1. Tomar en cuenta la preparación académica, experiencia en el desempeño del cargo, análisis de existencia de expedientes de responsabilidad como efecto de probidad en el cargo, así como tiempo en el cargo público de designación.

2. Analizar la eficiencia y la eficacia en el cumplimiento de los objetivos de las políticas públicas que, en su caso, tenga bajo su responsabilidad la dependencia, respecto del titular que pretenda ser removido; tomando en cuenta las características de los problemas regionales, estatales o de la jurisdicción territorial que tengan a su cargo.

3. Evitar el nombramiento de titulares en base la improvisación, el influyentismo y la evidente relación partidista en respecto del gobierno federal.

4. Previo a la remoción del titular de una delegación de dependencia federal, realizar auscultación del nombramiento con los principales sectores sociales en quienes recaiga el beneficio de la actividad pública.

Por todo lo anteriormente expuesto, es que se somete a la consideración de la Asamblea el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

UNICO.- Con pleno respeto a la autodeterminación del Poder Ejecutivo Federal, y a la división de poderes, el Senado de la República exhortaa los titulares de las dependencias de la Administración Pública Federal, a efecto que antes de emitir nombramientos en favor de personas que no hayan desempeñado el cargo de titular de delegaciones de la Administración Pública Federal con anterioridad, sean ponderadas entre el funcionario pretendido a sustituir y el pretendido sustituto, las siguientes características:

1. Probidad,

2. Capacidad,

3. Experiencia,

4. Preparación Académica,

5. Formación Curricular, y

6. Continuidad en el Cargo

Cámara de Senadores, a 12 de febrero de 2013.

Sen. Rosa Adriana Díaz Lizama”.

- El C. Presidente Sánchez Jiménez: Como ha sido solicitado y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 109 y 110 del Reglamento, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si el anterior asunto se considera de urgente resolución.

- La C. Secretaria Palafox Gutiérrez: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si el anterior asunto se considera de urgente resolución y se pone a discusión de inmediato. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

No se considera de urgente resolución, señor Presidente.

- El C. Presidente Sánchez Jiménez: Gracias, señora Secretaria. Túrnese a la Comisión de Gobernación.





 

Tiene el uso de la tribuna el Senador Fidel Demédicis Hidalgo, del grupo parlamentario del PRD, para presentar un punto de Acuerdo por el que se solicita la cancelación de los permisos de siembra de maíz transgénico y la implementación de un programa emergente para fomentar la producción nacional de maíz en nuestro país.

- El C. Senador Fidel Demédicis Hidalgo: Con su venia, señor Presidente; compañeras y compañeros Senadores:

Como es del conocimiento público, en México existen 28 millones de mexicanos en condiciones de pobreza alimentaria, esto es, 25 por ciento de la población del país, uno de cada cuatro mexicanos. Resulta inaceptable, pero lo que es inusitado es que 20 millones de mexicanos, o sea, el 80 por ciento de la población con hambre vive en el campo, ahí donde se producen los alimentos, ahí donde deberíamos de tener garantizada la seguridad alimentaria.

En días pasados, en el estado de Sinaloa se reportaron pérdidas en la producción de maíz producto de una helada atípica, afortunadamente menor a la de 2011. Al finalizar el ciclo pasado, los Estados Unidos debido a una fuerte sequía, cerraron con una pérdida de 45 millones de toneladas en su producción de maíz, más del doble de nuestra producción nacional, junto con ello justamente con la aprobación al acuerdo para atender el precipicio fiscal, el Congreso de ese país aprobó en su punto 12: “prolongar la estructura de apoyos y subsidios a la producción agrícola” lo que significa seguir subsidiando la producción de etanol y jarabe de alta fructuosa a partir del maíz, lo que podría traer como consecuencia que se reduzca la disponibilidad del maíz en el mercado mundial, de donde nosotros dependemos e importamos 13 millones de toneladas, y que haya desabasto o que se consiga a precios de mercado bajo especulación. O bien, que solo nos envíen alta fructosa nuestros vecinos y socios del norte castigando más los precios de nuestra caña de azúcar.

Dentro de los principales compromisos de campaña del licenciado Enrique Peña Nieto, está el relativo a disminuir las importaciones de maíz y fríjol a partir de fomentar la producción nacional. Desafortunadamente en la recientemente avisada Cruzada Nacional contra el Hambre, no se hizo mención alguna de cómo se lograría fomentar la producción nacional para reducir nuestra dependencia del extranjero, estimada por la Auditoría Superior de la Federación en un 42 por ciento de lo que consumimos.

El viernes 25 de enero del año en curso, el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática nos informó que tan solo en 10 años las importaciones de maíz se han multiplicado en 400 por ciento, fenómeno que se replica con las importaciones de fríjol. Es patente que la política ejercida en las décadas pasadas de importar alimentos y no producirlos es muy nociva, esto pone en riesgo la seguridad nacional y compromete nuestra soberanía, si quieres poner a un pueblo de rodillas limítale o quítale la comida, esta práctica ha producido millones de mexicanos en extrema pobreza, la ampliación de la franja de pobreza alimentaria y la injustificable inanición por hambre, la aniquilación del sistema productivo local desde las pequeñas extensiones territoriales, la potencial pérdida absoluta de las semillas autóctonas y de los sistemas más básicos de producción incluyendo los de autoconsumo.

En este escenario existen voces que señalan que la solución es autorizar la siembra de maíz transgénico, a sabiendas que como nos lo han demostrado varios científicos, entre otros, Antonio Turrent, Presidente de la Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad; la bióloga Alma Piñeyro, candidata a doctora en el Instituto de Ecología de la UNAM, señalaron que el maíz transgénico no produce más, tampoco reduce costos, pues usa más agroquímicos y sí agrede nuestra biodiversidad e incrementa nuestra dependencia alimentaria y económica, así como tecnológica.

Diversas organizaciones campesinas e indígenas han señalado puntualmente los problemas de este tipo de producción, demandando la cancelación de los permisos para la siembra de semilla transgénica en nuestro país.

Está documentado que el maíz es el principal alimento de México, que nos otorga el 39 por ciento de las proteínas y el 53 por ciento de las calorías necesarias para nuestra actividad cotidiana y nuestra sobrevivencia, aunado a la tradición de semillas nativas que han acompañado el desarrollo histórico de los pueblos de México y Mesoamérica.

Nuestra vocación agrícola milenaria debe dar prioridad al desarrollo de semillas nativas, generando la investigación y tecnología que permita desarrollarlas, atendiendo la diversidad de cultivos, el empleo de fertilizantes orgánicos, la implementación de una reserva estratégica de granos a favor de una verdadera soberanía alimentaria de México; no sobra decir que contamos con instituciones universitarias de vanguardia que han quedado al margen, por una errónea política de masificar las importaciones.

Las semillas nativas constituyen un patrimonio de la humanidad contra las semillas transgénicas que son patentes de la inversión privada, y ante su uso, son más los problemas que las soluciones que ofrece, ya que incluso puede generar la judicialización del campo, involucrando el pago de litigios por el pago que resulte con las mezclas que se den con el maíz nativo, incluso porqueen México no se exige un etiquetado de las semillas, por lo cual, es imposible distinguir si el maíz transgénico está siendo mezclado o sembrado junto con maíz nativo, siendo así que las variedades transgénicas están sujetas a derecho de patente, entonces aquellos agricultores que tengan en sus maíces nativos transgenes, pueden eventualmente ser demandados por infracción de patentes.

Solicito respetuosamente, por lo anterior, someter a esta Soberanía el siguiente punto de Acuerdo:

Primero.- El Senado de la República exhorta al Secretario de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA), a que cancelen los permisos autorizados por la administración federal anterior para la siembra comercial del maíz transgénico por poner esto en riesgo a nuestra biodiversidad y a nuestra base alimentaria.

Segundo.- El Senado de la República exhorta al Secretario de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA), elabore un plan nacional para el fomentoa la producción social del maíz y fríjol para reducir la dependencia alimentaria de estos productos.

Por su atención, muchas gracias.

(Aplausos)

Propuesta

PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE SOLICITA A LA SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACION LA CANCELACION DE LOS PERMISOS DE SIEMBRA DE MAIZ TRANSGENICO Y LA IMPLEMENTACION DE UN PROGRAMA EMERGENTE PARA FOMENTAR LA PRODUCCION NACIONAL DE MAIZ EN NUESTRO PAIS

“SEN. ERNESTO CORDERO ARROYO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
CAMARA DE SENADORES
PRESENTE.

El que suscribe, Senador FIDEL DEMEDICIS HIDALGO, integrante de la LXII Legislatura de la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión, integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8, fracción II; 76, fracción IX, 108, 276, y demás aplicables del Reglamento del Senado de la República, presento ante esta Honorable Asamblea, el siguiente punto de Acuerdo mediante el que se solicita a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA) la cancelación de los permisos de siembra de maíz transgénico y la implementación de un programa emergente para fomentar la producción nacional de maíz en nuestro país, bajo las siguientes:

CONSIDERACIONES

Como es del conocimiento público en México existen 28 millones de mexicanos en condiciones de pobreza alimentaria, esto es 25% de la población del país, es decir, uno de cada cuatro mexicanos. Resulta inaceptable, pero lo que es inusitado es que 20 millones de mexicanos o sea el 80% de la población con hambre vive en el campo, ahí donde se producen los alimentos, ahí donde deberíamos de tener garantizada la seguridad alimentaria.

La semana pasada en el estado de Sinaloa se reportaron pérdidas en la producción de maíz producto de una helada atípica, afortunadamente menora la del 2011. Al finalizar el ciclo pasado, los estados Unidos debido a una fuerte sequía, cerraron con una pérdida de 45 millones de toneladas en su producción de maíz (más del doble de nuestra producción nacional), junto con ello justamente con la aprobación al acuerdo para atender el precipicio fiscal, el Congreso de ese país aprobó en su punto 12: “prolongar la estructura de apoyos y subsidios a la producción agrícola” lo que significa seguir subsidiando la producción de etanol y jarabe de alta fructuosa a partir del maíz, lo que podría traer como consecuencia que se reduzca la disponibilidad del maíz en el mercado mundial, (de donde nosotros dependemos e importamos 13 millones de toneladas), y que haya desabasto, o que se consiga a precios de mercado bajo especulación. O bien, que solo nos envíen alta fructosa nuestros vecinos y socios del norte castigando más los precios de nuestra caña de azúcar.

Dentro de los principales compromisos de campaña del Lic. Enrique Peña Nieto está el relativo a disminuir las importaciones de maíz y frijol a partir de fomentar la producción nacional. Desafortunadamente en la recientemente avisada Cruzada Nacional contra el Hambre no se hizo mención alguna de cómo se lograría fomentar la producción nacional para reducir nuestra dependencia del extranjero, estimada por la Auditoria Superior de la Federación en un 42% de lo que consumimos.

El viernes 25 de enero del año en curso, el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática nos informó que tan solo en 10 años las importaciones de maíz se han multiplicado en 400%, fenómeno que se replica con las importaciones de frijol. Es patente que la política ejercida en las décadas pasadas de importar alimentos y no producirlos es muy nociva, esto pone en riesgo la seguridad nacional y compromete nuestra soberanía, si quieres poner a un pueblo de rodillas limítale o quítale la comida, esta práctica ha producido millones de mexicanos en extrema pobreza, la ampliación de la franja de pobreza alimentaria, y la injustificable inanición por hambre, la aniquilación del sistema productivo local desde las pequeñas extensiones territoriales, la potencial pérdida absoluta de las semillas autóctonas y de los sistemas más básicos de producción incluyendo los de autoconsumo.

En este escenario existen voces que señalan que la solución es autorizar la siembra de maíz transgénico, a sabiendas que como nos lo han demostrado varios científicos, entre otros, Antonio Turrent, presidente de la Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad (UCCS), La bióloga Alma Pineyro, candidata a doctora en el Instituto de Ecología de la UNAM, señalaron que el maíz transgénico no produce más, tampoco reduce costos pues usa más agroquímicos y si agrede nuestra biodiversidad e incrementa nuestra dependencia alimentaria y económica, así como tecnológica.

Diversas organizaciones campesinas e indígenas, han señalado puntualmente los problemas de este tipo de producción, demandando la cancelación de los permisos para la siembra de semilla transgénica en nuestro país.

Está documentado que el maíz es el principal alimento de México, que nos otorga el 39% de las proteínas y el 53% de las calorías necesarias para nuestra actividad cotidiana y nuestra sobrevivencia. Aunado a la tradición de semillas nativas que han acompañado el desarrollo histórico de los pueblos de México y Mesoamérica.

Nuestra vocación agrícola milenaria, debe dar prioridad al desarrollo de semillas nativas, generando la investigación y tecnología que permita desarrollarlas, atendiendo la diversidad de cultivos, el empleo de fertilizantes orgánicos, la implementación de una reserva estratégica de granos a favor de una verdadera la soberanía alimentaria de México; no sobra decir que contamos con instituciones universitarias de vanguardia que han quedado al margen, por una errónea política de masificar las importaciones.

Las semillas nativas, constituyen un patrimonio de la humanidad, contra las semillas transgénicas que son patentes de la inversión privada, y ante su uso, son más los problemas que las soluciones que ofrece, ya que incluso puede generar la judicialización del campo, involucrando el pago de litigios por el pago que resulte con las mezclas que se den con el maíz nativo, incluso porque en México no se exige un etiquetado de las semillas, por lo cual, es imposible distinguir si el maíz transgénico está siendo mezclado o sembrado junto con maíz nativo, siendo así que las variedades transgénicas están sujetas a derecho de patente entonces aquellos agricultores que tengan en sus maíces nativos transgenes, pueden eventualmente ser demandados por infracción de patentes.

Solicito respetuosamente que este punto de acuerdo por las condiciones que el caso amerita, sea consultando a la Asamblea, a efecto de que se apruebe como asunto de urgente u obvia resolución, para ser discutido y en su caso aprobado por el Pleno en esta misma sesión.

Por lo anterior, me permito someter a esta Soberanía el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO: EL SENADO DE LA REPUBLICA EXHORTA AL SECRETARIO DE AGRICULTURA, GANADERIA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACION (SAGARPA) A QUE CANCELEN LOS PERMISOS AUTORIZADOS POR LA ADMINISTRACION FEDERAL ANTERIOR PARA LA SIEMBRA COMERCIAL DE MAIZ TRANSGENICO POR PONER ESTO EN RIESGO A NUESTRA BIODIVERSIDAD Y NUESTRA BASE ALIMENTARIA.

SEGUNDO: EL SENADO DE LA REPUBLICA EXHORTA AL SECRETARIO DE AGRICULTURA, GANADERIA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACION (SAGARPA) ELABORE UN PLAN NACIONAL PARA EL FOMENTO A LA PRODUCCION SOCIAL DEL MAIZ Y FRIJOL PARA REDUCIR LA DEPENDENCIA ALIMENTARIA DE ESTOS PRODUCTOS.

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Senadores, a 5 de febrero de 2013.

Suscribe

Sen. Fidel Demédicis Hidalgo”.

- El C. Presidente Sánchez Jiménez: Gracias, Senador Demédicis Hidalgo. Túrnese a las Comisiones Unidas de Agricultura y Ganadería; y de Desarrollo Rural.

Compañeras y compañeros Senadores, informo a ustedes que el Senador René Juárez Cisneros, del grupo parlamentario del PRI, presentó una solicitud de excitativa en relación con el proyecto de Decreto por el que reforman diversas disposiciones constitucionales en materia de desarrollo metropolitano. Por lo que esta Presidencia emite atenta excitativa a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Desarrollo Municipal; y de Estudios Legislativos, a fin de que presenten el dictamen que corresponda.





 

EXCITATIVA

"EXCITATIVA DEL SENADOR RENE JUAREZ CISNEROS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL EN LA LXII LEGISLATURA DEL H. CONGRESO DE LA UNION, EN RELACION CON LA MINUTA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCION POLOTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS EN MATERIA DE DESARROLLO METROPOLITANO, TURNADA A LAS COMISIONES DE PUNTOS CONSTITUCIONALES, DESARROLLO MUNICIPAL Y ESTUDIOS LEGISLATIVOS.

C. SENADOR ERNESTO CORDERO ARROYO,
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
DE LA CAMARA DE SENADORES
DEL H. CONGRESO DE LA UNION.

El que suscribe, René Juárez Cisneros, Senador de la República por el Estado de Guerrero, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXII Legislatura del H. Congreso de la Unión y, con fundamento en los artículos 67, numeral 1, inciso g) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los artículos 8, numeral 1, fracción III; 214, numeral 3 y 216, del Reglamento del Senado de la República, solicito a esta Presidencia excite a las comisiones de Puntos Constitucionales, Desarrollo Municipal y Estudios Legislativos, para que emitan el dictamen correspondiente a la Minuta con Proyecto de Decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desarrollo metropolitano, con base en las siguientes

CONSIDERACIONES

1.- El día 27 de abril de 2011, la Comisión de Puntos Constitucionales con opinión de las Comisiones de Vivienda, de Desarrollo Metropolitano, de Desarrollo Social, y del Distrito Federal, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39 y 45, numeral 6, incisos e) y f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 80, 81, 82, 83, 84, 85, 173, 174 y demás relativos del Reglamento de la Cámara de Diputados, sometió a consideración del Pleno el dictamen que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desarrollo metropolitano.

2.- En esa misma fecha, la Cámara de Diputados aprobó por mayoría de 329 votos a favor dicho dictamen, solicitando la Mesa Directiva se diera turno a la Cámara de Senadores para sus efectos constitucionales.

3.- El 28 de abril de 2011, el Senado de la República dio entrada a la Minuta con Proyecto de Decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de desarrollo metropolitano, la cual, de acuerdo al proceso legislativo, fue turnada por la Mesa Directiva a las comisiones de Puntos Constitucionales, Desarrollo Municipal y Estudios Legislativos, para su estudio y dictamen.

4.- Dicha Minuta busca incorporar en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el principio de la función social de la propiedad y el reconocimiento del fenómeno metropolitano. En dicha propuesta, se plantea que el desarrollo nacional debe conseguirse de forma equilibrada y sustentable en las diferentes regiones del país.

Asimismo, se busca que la planeación además de democrática será participativa, integral y de largo plazo. En la Minuta se plantea que en el Plan Nacional de Desarrollo (PND) se deberá impulsar el ordenamiento territorial productivo, equitativo y sustentable.

Además, se establece el derecho de la Nación de imponer a la propiedad privada modalidades de interés público, siempre preservando su función social e incluyendo el desarrollo sustentable y el ordenamiento del territorio.

5.- Por otro lado, las reformas recientes a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal otorgan nuevas facultades a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU), para lograr una nueva institucionalidad para el ordenamiento de la propiedad, la promoción de infraestructura, el desarrollo regional, metropolitano y de centros de población, así como la promoción de la vivienda.

6.- La SEDATU tendrá como tarea fundamental, coordinar con las autoridades estatales y municipales la planeación y el ordenamiento del territorio nacional para su máximo aprovechamiento.

7.- Asimismo, tiene encomendada la planeación, el ordenamiento y el desarrollo territorial, y establecer la debida planeación en lo que se refiere a la distribución y ordenación territorial de los centros de población bajo criterios de desarrollo sustentable, en forma coordinada con otras dependencias, entidades y órdenes de gobierno.

8.- Con las nuevas atribuciones de la SEDATU, esta dependencia buscará facilitar las acciones de coordinación de los entes públicos responsables de la planeación urbana y metropolitana en las entidades federativas y municipios, respecto a la planeación regional del desarrollo.

9.- De igual forma, instrumentará políticas armónicas de desarrollo de vivienda, que preserven el sentido de debido crecimiento con base en el desarrollo metropolitano y sustentable.

10.- A partir de las recientes modificaciones al Artículo 41 la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, la SEDATU estará facultada para impulsar la política integral de planeación territorial y apoyar programas de modernización de los registros públicos de propiedad y aporte diagnósticos y estudios al Consejo Nacional de Población en materia de crecimiento demográfico y su control territorial.

11.- Estas facultades tienen como objetivo propiciar condiciones de armonía y orden en el desarrollo territorial del país para su óptimo aprovechamiento, la generación de bienestar y condiciones de vida digna en todos sus ámbitos: rural y urbano; ejidos y comunidades; centros de población, ciudades y zonas metropolitanas, así como el desarrollo regional mediante la promoción de infraestructura y el fomento a la vivienda.

12.- La SEDATU tendrá como misión elaborar el Plan Nacional de Desarrollo Urbano que generará un rediseño institucional que permitirá una mayor regulación para las 56 zonas metropolitanas del catálogo de la Comisión SEDESOL, INEGI Y CONAPO.

13.- Los argumentos expuestos nos hacen ver la necesidad de contar con un marco constitucional para el logro de las tareas que tendrá encomendadas la nueva Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano en materia en materia de desarrollo metropolitano y regional.

Con base en lo anterior, se solicita respetuosamente a la Mesa Directiva de trámite a la siguiente:

EXCITATIVA

Unico.- La Mesa Directiva del Senado de la República excita a las comisiones  de Puntos Constitucionales, Desarrollo Municipal y Estudios Legislativos, para que emitan el dictamen correspondiente a la Minuta con Proyecto de Decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desarrollo metropolitano.

Salón de Sesiones del Senado de la República, a los 12 días del mes de febrero del 2013.

 

Atentamente

Sen. Rene Juarez Cisneros".

Les informo que las demás iniciativas y proposiciones inscritas en la agenda de hoy se turnarán a comisiones. Las y los Senadores que deseen mantener inscrito su asunto, sólo deben de hacerlo del conocimiento de la Mesa Directiva o de la Secretaría Parlamentaria.





 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL INCISO C) DEL NUMERAL 2 DEL ARTICULO 85 DE LA LEY ORGANICA DEL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

(Presentada por el C. Senador Arturo Zamora Jiménez, del grupo parlamentario del PRI)

“El que suscribe, ARTURO ZAMORA JIMENEZ, Senador de la LXII Legislatura del Congreso de las Unión por el grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, en ejercicio de la facultad conferida en la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y de los artículos 8, numeral 1, fracción I, 164 y 169 del Reglamento del Senado de la República, someto a consideración del Pleno de la Cámara de Senadores INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA EL  INCISO C DEL NUMERAL 2 DEL ARTICULO 85 DE LA LEY ORGANICA DEL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, con base en la siguiente:

Exposicion de Motivos

El propósito de esta reforma es corregir un problema de concordancia de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

El viernes 3 de septiembre de 1999, cuando se publicó la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos su artículo 85, numeral 2, inciso c, remitía al último párrafo (ahora tercer párrafo) del artículo 93 de la Constitución.

Actualmente la disposición dice así:

CAPITULO QUINTO
De las Comisiones

ARTICULO 85.

1. La Cámara de Senadores contará con el número de comisiones ordinarias y especiales que requiera para el cumplimiento de sus funciones.

2. Las comisiones serán:

a. Ordinarias: analizan y dictaminan las iniciativas de ley o decreto que les sean turnadas, así como los asuntos del ramo o área de su competencia;

b. Jurisdiccional: interviene en los términos de ley, en los procedimientos de responsabilidad de servidores públicos;

c. De investigación: las que se creen en los términos del párrafo final1 del artículo 93 constitucional.

Y el entonces último párrafo, ahora tercer párrafo, del artículo 93 constitucional, dice:

“Las Cámaras, a pedido de una cuarta parte de sus miembros, tratándose de los Diputados, y de la mitad, si se trata de los senadores, tienen la facultad de integrar comisiones para investigar el funcionamiento de dichos organismos descentralizados y empresas de participación estatal mayoritaria. Los resultados de las investigaciones se harán del conocimiento del Ejecutivo Federal”.

Sin embargo, el viernes 15 de agosto de 2008 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la reforma que adicionó los párrafos cuarto y quinto al artículo 93 de Constitución Política, que a la letra establecen:

Las Cámaras podrán requerir información o documentación a los titulares de las dependencias y entidades del gobierno federal, mediante pregunta por escrito, la cual deberá ser respondida en un término no mayor a 15 días naturales a partir de su recepción.

El ejercicio de estas atribuciones se realizará de conformidad con la Ley del Congreso y sus reglamentos”.

La reforma constitucional citada modificó sustancialmente el sentido de la remisión que originalmente fue planteada por el Legislador, lo cual hace que el artículo 85 de la Ley Orgánica del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos al último párrafo del artículo 93 constitucional, cause confusión, puesto que la remisión original fue al tercer párrafo y ahora se refiere al quinto párrafo, por lo que no se cumple con la finalidad de dicha norma.

Por ello someto a consideración de esta Soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de:

DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL INCISO C DEL NUMERAL 2 DEL ARTICULO 85 DE LA LEY ORGANICA DEL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.

Artículo 85.

1. …

2. …

a. …

b. …

c. De investigación: las que se creen en los términos del tercer párrafo del artículo 93 constitucional.

Unico.- Se reforma el inciso c del numeral 2 del artículo 85 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos para quedar como sigue:

TRANSITORIO

Unico. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Senadores, a 5 de febrero de 2013.

Sen. Arturo Zamora Jiménez
Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional”.

1 El subrayado es nuestro





 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA EL PARRAFO TERCERO DEL ARTICULO 1069 DEL CODIGO DE COMERCIO

(Presentada por el C. Senador Arturo Zamora Jiménez, del grupo parlamentario del PRI)

“ARTURO ZAMORA JIMENEZ, Senador a la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, integrante del grupo parlamentario del PRI en el Senado de la República, en ejercicio de la facultad que me confiere el artículo 71 Fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y de conformidad con lo dispuesto por los artículos 8º Numeral 1 fracción I, 164 y 169 del Reglamento de la Cámara de Senadores, someto a la consideración de esta Soberanía Iniciativa con Proyecto de Decreto por el cual se adiciona el artIculo 1069 del COdigo de Comercio, con base en la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

Las garantías procesales son un elemento fundamental de la parte dogmática de nuestra Constitución, ya que disponen los derechos mínimos de toda persona que acude ante un órgano jurisdiccional a solicitar justicia. Los principios y normas ahí contenidos deben ser objeto de observancia estricta por todas las autoridades jurisdiccionales y es obligación del legislador remover todo obstáculo normativo que dificulten su aplicación.

Numerosas reformas legales se han sucedido con la finalidad de hacer efectiva la garantía procesal contenida en el artículo 17 párrafo segundo de la norma fundamental, que dispone “Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las costas judiciales.”

No obstante, la lentitud procesal ha sido uno de los principales reclamos históricos de la sociedad. Los órganos jurisdiccionales han argumentado la falta de recursos materiales y humanos para justificar el incumplimiento de los tiempos procesales, pero en muchas ocasiones la dificultad deviene de la propia norma procesal, que impide el desarrollo de un proceso más ágil debido a formalidades que en ocasiones pueden resultar excesivas.

De tal suerte, resulta necesario eliminar las trabas normativas para que los ciudadanos puedan hacer efectivo su derecho de acceder a una impartición de justicia pronta y expedita. La reforma que se propone tiene como finalidad propiciar una mayor inmediatez, sencillez y expeditud en las audiencias judiciales y así dar cumplimiento al mandato de artículo 17 Constitucional.

Es usual que en cualquier proceso jurisdiccional las partes soliciten la asistencia de profesional del derecho que les asesore en el asunto de que se trate y les represente ante las autoridades jurisdiccionales. No obstante, la interpretación de la norma sobre los alcances de dicha representación puede ser causa de afectación los principios constitucionales ya comentados.

Por lo que se refiere al ofrecimiento y desahogo de pruebas dentro del proceso mercantil, según está estructurado nuestro sistema procesal, aunque la prueba confesional se ofrece con un pliego de posiciones, muchas veces se hace necesario formular nuevos cuestionamientos, ya sea porque las preguntas fueron descalificadas por las autoridades jurisdiccionales o porque de las mismas respuestas surjan nuevas preguntas.

Al respecto, el artículo 1069 del Código de Comercio en su tercer párrafo establece:

“Las partes podrán autorizar para oír notificaciones en su nombre, a una o varias personas con capacidad legal, quienes quedarán facultadas para interponer los recursos que procedan, ofrecer e intervenir en el desahogo de pruebas, alegar en las audiencias, pedir se dicte sentencia para evitar la consumación del término de caducidad por inactividad procesal y realizar cualquier acto que resulte ser necesario para la defensa de los derechos del autorizante, pero no podrá substituir o delegar dichas facultades en un tercero. Las personas autorizadas conforme a                  la primera parte de este párrafo, deberán acreditar encontrarse legalmente autorizadas para ejercer la profesión de abogado o licenciado en Derecho, debiendo proporcionar los datos correspondientes en el escrito en que se otorgue dicha autorización y mostrar la cédula profesional o carta de pasante para la práctica de la abogacía en las diligencias de prueba en que intervengan, en el entendido que el autorizado que no cumpla con lo anterior, perderá la facultad a que se refiere este artículo en perjuicio de la parte que lo hubiere designado, y únicamente tendrá las que se indican en el penúltimo párrafo de este artículo.”

En su momento hubo tribunales que sostenían que, sobre la base de las expresiones “ofrecer e intervenir en el desahogo de pruebas” y “y realizar cualquier acto que resulte ser necesario para la defensa de los derechos del autorizante”, podía desprenderse que los autorizados de las partes, cuando fueran abogados, podían hacer preguntas durante las audiencias.

Sin embargo, por otro lado hubieron otras autoridades que sostuvieron que el hacer preguntas (articular posiciones) era una cuestión que requería mandato especial, por lo que de no haber un poder notariado del que se desprendiera una autorización expresa, el abogado no podía formular preguntas al que estaba respondiendo una confesional.

Con el fin de unificar criterio, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia dirimió la cuestión al resolver la contradicción de tesis número 155/2006. Para llegar a su resolución, la Primera Sala interpretó el Código de Comercio de manera armónica con la legislación civil y llegó a la conclusión de que de la redacción del artículo 1069 no se derivaban suficientes facultades para que el autorizado de las partes pudiera articular o absolver posiciones, llegando a la siguiente jurisprudencia por unificación.

AUTORIZADO PARA OIR NOTIFICACIONES EN TERMINOS DEL ARTICULO 1069 DEL CODIGO DE COMERCIO. REQUIERE MANDATO EXPRESO PARA ABSOLVER O ARTICULAR POSICIONES EN NOMBRE DE SU AUTORIZANTE.

La expresión "ofrecer e intervenir en el desahogo de pruebas" contenida en el tercer párrafo del artículo 1069 del Código de Comercio se refiere al acto de allegar a la causa los instrumentos con los que la parte de que se trate acredite o pretenda acreditar las aseveraciones vertidas en su demanda o en su contestación, así como realizar todo tipo de actos procesales necesarios para su preparación, mas no a la facultad para absolver o articular posiciones, ya que por disposición expresa de los artículos 1214, segundo párrafo, 1215 y 1217 del citado Código, para ello se requiere un mandato especial. En efecto, la prueba confesional se rige por la naturaleza que le otorga la mencionada codificación mercantil, de ahí que para su desahogo no debe considerarse que la autorización para oír notificaciones prevista en el referido numeral 1069 sea para articular o absolver posiciones, es decir, para que alguien pueda generar o producir una confesión, requiere que su autorizante haya insertado expresamente en el poder respectivo la delegación específica de tal facultad, o bien una cláusula especial en la que lo autorice para esos efectos, con base en la interpretación sistemática de los artículos señalados, en relación con los numerales 2554, 2555 y 2587 del Código Civil Federal, de aplicación supletoria en la materia.

De conformidad con lo anterior, dichas preguntas deben ser realizadas directamente por la parte en el juicio y excepcionalmente, cuando hay un poder para ello, pueden realizarlas los abogados de esta parte.

Debido a esta interpretación, con mucha frecuencia los abogados que ofrecieron la prueba confesional, tienen que solicitar a su cliente que se presente al juzgado el día de la audiencia, en caso de que fuera necesario preguntarle más cosas a quién se ha de hacer confesar, lo que implica el desgaste de las partes. En ocasiones, incluso las obliga a desplazarse de una población a otra para acudir a las audiencias, en razón de la competencia territorial de las autoridades jurisdiccionales.

A este respecto cabe destacar que cuando una de las partes en juicio pone el asunto en manos de un profesional del derecho, es en gran medida con la intención de delegar el pleito en su autorizado, confiando en sus capacidades técnicas, a fin de continuar con sus actividades ordinarias con las menores perturbaciones posibles.

Por tal motivo, no obstante los razonamientos técnico jurídicos de la Corte, consideramos deseable que con el fin de agilizar el desahogo de las audiencias y evitar a los justiciables (personas que están en proceso) traslados innecesarios a tribunales, sería conveniente que se incluyera la posibilidad de que la representación que les brinda su abogado fuese completa, otorgándole a este las facultades para desahogar dichas audiencias de manera integral, favoreciendo de este modo la expeditez y la economía procesal.

Por tal motivo, consideramos necesario adicionar el párrafo segundo del artículo 1069 del Código de Comercio a fin de que la autorización de la partes en favor de su abogado para que intervenga en juicio en su nombre, incluya la posibilidad de absolver posiciones por hechos propios, formular posiciones, preguntar y repreguntar a testigos e interrogar peritos.

Por otra parte, de los argumentos vertidos por la Primera Sala en la contradicción de tesis citada, observamos que también podría darse la interpretación de que se requiriera o un poder especial o la presencia de la parte para preguntar y repreguntar testigos. Por ello siguiendo el principio que reza que donde existe la misma razón debe existir la misma solución, nos permitiríamos también proponer que los autorizados también se encontraran facultados por razón de su designación para preguntar y repreguntar a testigos.

En virtud de lo anterior, me permito someter a consideración de esta Soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de:

Decreto por el que se adiciona el párrafo tercero del  artículo 1069 del Código de Comercio.

Unico.- Se reforma el tercer párrafo del artículo 1069 del Código de Comercio para quedar como sigue:

Artículo 1069.- (…)

Las partes podrán autorizar para oír notificaciones en su nombre, a una o varias personas con capacidad legal, quienes quedarán facultadas para interponer los recursos que procedan, ofrecer e intervenir en el desahogo de pruebas, incluyendo absolver posiciones por hechos propios, formular posiciones, preguntar y repreguntar a testigos e interrogar peritos, alegar en las audiencias, pedir se dicte sentencia para evitar la consumación del término de caducidad por inactividad procesal y realizar cualquier acto que resulte ser necesario para la defensa de los derechos del autorizante, pero no podrá substituir o delegar dichas facultades en un tercero. Las personas autorizadas conforme a la primera parte de este párrafo, deberán acreditar encontrarse legalmente autorizadas para ejercer la profesión de abogado o licenciado en Derecho, debiendo proporcionar los datos correspondientes en el escrito en que se otorgue dicha autorización y mostrar la cédula profesional o carta de pasante para la práctica de la abogacía en las diligencias de prueba en que intervengan, en el entendido que el autorizado que no cumpla con lo anterior, perderá la facultad a que se refiere este artículo en perjuicio de la parte que lo hubiere designado, y únicamente tendrá las que se indican en el penúltimo párrafo de este artículo. Las personas autorizadas en los términos de este artículo, serán responsables de los daños y perjuicios que causen ante el que los autorice, de acuerdo a las disposiciones aplicables del Código Civil Federal, relativas al mandato y las demás conexas. Los autorizados podrán renunciar a dicha calidad, mediante escrito presentado al tribunal, haciendo saber las causas de la renuncia. Los tribunales llevarán un libro de registro de cédulas profesionales de abogados, en donde podrán registrarse los profesionistas autorizados. Las partes podrán designar personas solamente autorizadas para oír notificaciones e imponerse de los autos, a cualquiera con capacidad legal, quien no gozará de las demás facultades a que se refieren los párrafos anteriores. El juez al acordar lo relativo a la autorización a que se refiere este artículo deberá expresar con toda claridad el alcance con el que se reconoce la autorización otorgada.

(…)

TRANSITORIOS

UNICO. El Presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, a 12 de febrero de 2013.

Atentamente

Sen. Arturo Zamora Jiménez”.





 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN PARRAFO TERCERO AL ARTICULO 212, RECORRIENDO EL PARRAFO SUBSECUENTE DE LA LEY GENERAL DE SALUD

(Presentada por el C. Senador José Francisco Yunes Zorrilla, del grupo parlamentario del PRI)







 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO PARA MODIFICAR DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE PRODUCTOS ORGANICOS

(Presentada por las CC. Senadoras Hilda Esthela Flores Escalera, Angélica del Rosario Araujo Lara, Juana Leticia Herrera Ale, Lisbeth Hernández Lecona, Margarita Flores Sánchez, Lilia Guadalupe Merodio Reza, Diva Hadamira Gastélum Bajo, Claudia Artemiza Pavlovich Arellano, Itzel Sarahí Ríos de la Mora, Mely Romero Celis e Ivonne Liliana Alvarez García, del grupo parlamentario del PRI)

“SEN. ERNESTO JAVIER CORDERO ARROYO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
CaMARA DE SENADORES
PRESENTE.

HILDA ESTHELA FLORES ESCALERA, ANGELICA DEL ROSARIO ARAUJO LARA, JUANA LETICIA HERRERA ALE, LISBETH HERNANDEZ LECONA, MARGARITA FLORES SANCHEZ, LILIA GUADALUPE MERODIO REZA, DIVA HADAMIRA GASTELUM BAJO, CLAUDIA ARTEMIZA PAVLOVICH ARELLANO, ITZEL SARAHI RIOS DE LA MORA, MELY ROMERO CELIS e IVONNE LILIANA ALVAREZ GARCIA, integrantes del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 8, numeral 1 fracción I y 164, numeral 2 del Reglamento del Senado de la República, presentamos ante esta Soberanía, una iniciativa con proyecto de Decreto para modificar diversas disposiciones de la Ley de Productos Orgánicos, al tenor de la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

La justicia social se refiere a aquellos lineamientos, principios y bases que la sociedad acepta como válidos o correctos y se ponen en marcha dentro del mismo tejido social para su desarrollo y cohesión.

Los conceptos de justicia y equidad social, son llevados constantemente a disposiciones legales, en función de la importancia que representa el hecho de que cada iniciativa o propuesta legislativa, se sostenga en un pilar de tal trascendencia, que tenga como fin promover la calidad de vida de las personas en su conjunto y promover que las mismas se desarrollen de manera equilibrada y proactiva.

Para que una población pueda fortalecerse mediante el desarrollo y la prosperidad, deben impulsarse elementos esenciales, tales como la economía, la protección del medio ambiente, la educación, la salud, la cultura y la debida atención a las necesidades sociales. Esto en función de que hoy en día, trabajar en pro del beneficio social constituye una obligación de todo Estado que, al contar con normativa clara y precisa implemente las políticas y programas que busquen ese mismo fin de beneficio colectivo.

El pilar constitucional previsto en el artículo 4° que establece que toda persona tiene derecho a la alimentación nutritiva, suficiente y de calidad, tiene relación directa con los temas objeto del presente documento. El derecho a una alimentación adecuada, va de la mano con la justicia y equidad social y, por ende, debe cumplirse bajo la ejecución de acciones que tengan como objetivos comunes el bienestar y desarrollo óptimo de las personas y comunidades.

Tomando en consideración la relación tan estrecha que existe entre los conceptos justicia y equidad social con los derechos humanos, en el caso que nos ocupa, con el derecho a la alimentación, además debe existir normativa de carácter secundario eficaz y aplicable, en la que se encuentren los criterios, lineamientos y herramientas para que la autoridad -Poder Ejecutivo en sus distintos órdenes- pueda llevar a cabo las acciones necesarias e implementar las políticas y programas que cumplan con dicho fin.

Existe una amplia gama de leyes y ordenamientos que regulan el derecho a la alimentación de las personas que se encuentren dentro del país. Este tema tiene directa relación con la producción orgánica de alimentos. La Ley de Productos Orgánicos1, establece una serie de objetivos, entre los cuales destacan el fomento a las actividades relacionadas con la producción orgánica, el respeto a los principios de protección al medio ambiente y de justicia social, así como la promoción de estas actividades en aquellas regiones que, por su riqueza natural y situación económica, sean de beneficio para la sociedad.

Sabemos que lograr una adecuada alimentación en todas y todos los mexicanos, no es tarea sencilla;  al contrario, implica enfrentarnos a diversos problemas y aspectos negativos como la falta de ingresos y la carente información que nos permita saber cuáles opciones son las más saludables para nuestra ingesta alimenticia diaria. Si aunado a este segundo aspecto -el relativo a la información alimenticia- sumáramos la posibilidad de ingerir alimentos naturales y puros, que para su crecimiento o producción no han sufrido la presencia de tóxicos pesticidas, hormonas, antibióticos o cualesquier otra sustancia que ponga en riesgo su calidad alimenticia, estaríamos fortaleciendo aún más la posibilidad de que nuestras familias contaran con una mejor alimentación y, en consecuencia más salud y capacidad para su desarrollo integral.

Frente a ello y a la gran demanda alimenticia que requiere nuestro país, dadas sus condiciones demográficas, sociales y económicas, consideramos altamente positivo contar con una normativa que regule la producción de alimentos bajo el esquema natural u orgánico. Sin embargo, la producción de alimentos orgánicos mexicanos, se va a otros países para su comercialización y, por lo tanto, las y los mexicanos perdemos posibilidades de acceder a los mismos.

La producción orgánica en México2 es una actividad que va en crecimiento, ya que ha aumentado en un 20 por ciento los últimos diez años. Sin embargo, más del 80 por ciento de la misma, es de exportación. Entre los productos orgánicos mexicanos que más destacan está el café, el aguacate, las hortalizas y las hierbas de olor.

La Ley de Productos Orgánicos, establece la creación y funcionamiento de diversos instrumentos que permitan la promoción y regulación clara de las actividades relacionadas con la producción orgánica, tales como la creación del Consejo Nacional de Productos Orgánicos, que funciona como órgano de consulta de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación del Gobierno Federal; el Sistema de Control y Certificación de Productos Orgánicos, que integra los lineamientos para la organización, operación y evaluación de la producción orgánica en el país, entre otros.

Sin embargo, proponemos diversas modificaciones formales al texto de la ley citada, en aras de construir los puentes que permitirían dar un mayor acceso a estos productos a las y los mexicanos, adoptando para tal efecto, un mayor fortalecimiento a los objetivos que la ley persigue, la ampliación al campo de coordinación en las acciones que pueden implementar las autoridades federales, incluyendo para tal efecto a los estados y municipios, y adecuar el campo de atribuciones de la SAGARPA. Todo lo anterior, dentro de un marco de respeto a la biodiversidad del país y tendiente a mejorar la economía de las y los mexicanos.

Por ello, la iniciativa con proyecto de decreto que el día de hoy, se propone a consideración de esta Honorable Asamblea Legislativa, incluye la modificación y/o adición de diversas disposiciones en los artículos 1°, 6°, 7°, 24 y 39 de la ley multicitada, a fin de establecer mayores acciones que fortalezcan la actividad de producción orgánica y procurar el acceso de los mismos a la población mexicana, principalmente a aquella que requiere mayor atención en cuanto a la cantidad y calidad de alimentos que ingiere.

Por lo anteriormente descrito, se presenta para su estudio, análisis, discusión y, en su caso, aprobación, la presente iniciativa con:

PROYECTO DE DECRETO

UNICO. Se modifican la fracción III del artículo 1°, las fracciones I, II y VI del artículo 6°, el artículo 7° y las fracciones III y IV del artículo 39 y se adicionan un segundo párrafo al artículo 24 y la fracción V al artículo 39 a la Ley de Productos Orgánicos para quedar como sigue

Artículo 1.- …

I. y II. …

III. Promover que en los métodos de producción orgánica se incorporen elementos que contribuyan a que este sector se desarrolle sustentado en el principio de justicia social, permitiendo en ese sentido, un mayor acceso de los productos orgánicos a la población mexicana, principalmente a los sectores vulnerables y marginados del país;

IV. a VIII. …

Artículo 6.- …

I. Proponer acciones para impulsar el desarrollo de la producción orgánica, priorizando la calidad de vida de las personas cuyas actividades se relacionen con la misma;

II. Coordinar y dar seguimiento a las actividades de fomento y desarrollo integral en materia de productos orgánicos, que permitan contribuir a la mejora de los factores económicos, sociales y de salud en el país;

III. a V. …

VI. Fomentar la Certificación orgánica así como la promoción de los productos orgánicos en los mercados nacional e internacional, así como implementar los mecanismos que permitan un mayor acceso a dichos productos dentro del mercado nacional.

VII. a XIII. …

Artículo 7.- La Secretaría se coordinará con las Dependencias de la Administración Pública Federal, así como con los gobiernos de las entidades federativas y los municipios, para que, en el ámbito de sus respectivas competencias, se logre el cumplimiento del objeto del presente ordenamiento.

Artículo 24.- ….

La Secretaría, previa opinión del Consejo implementará las medidas que incentiven la producción orgánica, a fin de ampliar el acceso a los productos y alimentos que cuenten con la certificación orgánica a la población, principalmente a los sectores más vulnerables y marginados del país.

Artículo 39.- …

I. y II. …

III. Proporcionar una alternativa sustentable a los sistemas de producción de los pequeños productores, cooperativistas, ejidatarios y comuneros;

IV. Obtener un mayor valor en el mercado o acceder a nuevos mercados constituyendo una alternativa sostenible de los productores a través de la reconversión hacia la producción orgánica, y

V. Garantizar la seguridad alimentaria de la población, la conservación de los ecosistemas, la justicia y la equidad social.

TRANSITORIOS

PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Salón de sesiones de la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, a 12 de febrero de 2013.

Sen. Hilda Esthela Flores Escalera.- Sen. Angélica del Rosario Araujo Lara.- Sen. Juana Leticia Herrera Ale.- Sen. Lisbeth Hernández Lecona.- Sen. Margarita Flores Sánchez.- Sen. Lilia Guadalupe Merodio Reza.- Sen. Diva Hadamira Gastélum Bajo.- Sen. Claudia Artemiza Pavlovich Arellano.- Sen. Itzel Sarahí Ríos de la Mora.- Sen. Mely Romero Celis.- Sen. Ivonne Liliana Alvarez García”.

1 Ley publicada en el Diario Oficial de la Federación el 7 de febrero de 2006.

2 Sitio Oficial del Consejo Nacional de Productos Orgánicos de la SAGARPA http://www.cnpo.org.mx/objetivos.htm





 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO PARA MODIFICAR DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y DE LA LEY GENERAL DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA

(Presentada por las CC. Senadoras Hilda Esthela Flores Escalera, Angélica del Rosario Araujo Lara, Juana Leticia Herrera Ale, Lisbeth Hernández Lecona, Margarita Flores Sánchez, Lilia Guadalupe Merodio Reza, Diva Hadamira Gastélum Bajo, Claudia Artemiza Pavlovich Arellano, Itzel Sarahí Ríos de la Mora, Mely Romero Celis e Ivonne Liliana Alvarez García, del grupo parlamentario del PRI)

“SEN. ERNESTO JAVIER CORDERO ARROYO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
CAMARA DE SENADORES
PRESENTE.

HILDA ESTHELA FLORES ESCALERA, ANGELICA DEL ROSARIO ARAUJO LARA, JUANA LETICIA HERRERA ALE, LISBETH HERNANDEZ LECONA, MARGARITA FLORES SANCHEZ, LILIA GUADALUPE MERODIO REZA, DIVA HADAMIRA GASTELUM BAJO, CLAUDIA ARTEMIZA PAVLOVICH ARELLANO, ITZEL SARAHI RIOS DE LA MORA, MELY ROMERO CELIS e IVONNE LILIANA ALVAREZ GARCIA, Senadoras  integrantes del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 8, numeral 1 fracción I y 164, numeral 2 del Reglamento del Senado de la República, presentamos ante esta Soberanía, una iniciativa con proyecto de decreto para modificar diversas disposiciones de la Ley de Obras PUblicas y Servicios Relacionados con las Mismas y de la Ley General de Infraestructura FIsica Educativa al tenor de la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

Hoy en día según datos de la Organización Mundial de la Salud, alrededor de 650 millones de personas en el mundo, es decir aproximadamente el 10 por ciento de la población mundial total, sufren diversas formas de discapacidad. Conforme a números del INEGI1 en México, 5 millones 739 mil 270 personas, alrededor del 5.1 por ciento de la población nacional, se enfrentan a algún tipo de discapacidad. De ellas, un importante número de personas tienen problemas de movilidad y desplazamiento.   

Si tomamos en consideración a los familiares inmediatos, el número de personas afectadas directa o indirectamente por alguna discriminación se potencializa. Esto toma relevancia ya que las discapacidades son un factor que contribuye a la pobreza, a un acceso limitado a la educación, a la salud, a la exclusión y la discriminación de las personas con discapacidad como para sus familias. 

El estado mexicano ha reconocido la inviolabilidad de la dignidad del ser humano y desde el marco constitucional ha establecido los mecanismos para garantizar el respeto y protección de esa dignidad. La Constitución Federal nos obliga establecer las condiciones necesarias para bridar el acceso a derechos y oportunidades a quienes por razón de su condición han sido excluidos. 

La capacidad de una sociedad para integrar a los grupos vulnerables a las oportunidades de desarrollo que tiene el resto de la población, evalúa el nivel de desarrollo de esa sociedad; esto es, alcanzar un nivel en donde exista una igualdad de trato e igualdad de oportunidades que les permita ejercer plenamente sus Derechos Humanos. 

En este contexto se aprobó y público la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad2, cuya premisa fundamental es la concepción de la discapacidad no como una enfermedad o disminución de capacidades, sino como un problema social. Es la sociedad la que impone barreras, limitantes y obstáculos a las personas con discapacidad, por lo que está en la misma sociedad la eliminación de estas barreras con la firme convicción de que estas personas aportan a la sociedad en igual medida que el resto de la población, respetando y reconociendo la diferencia. 

Como Senadoras de la Republica, reconocemos que la importancia de atender las necesidades de las personas con discapacidad, no quiere decir que se les confieran derechos especiales, significa que se reconocen las condiciones sociales, económicas y culturales que originan la situación de indefensión en que se encuentran. Esto es Justicia.   

Tenemos la clara visión que desde el Congreso de la Unión, se tiene que construir el andamiaje jurídico necesario para que, bajo los principios de inclusión y accesibilidad, se garantice a las personas con discapacidad, el derecho a vivir con dignidad, sentar las bases que permita el desarrollo pleno de sus potencialidades, de dotar de espacios físicos en donde puedan transitar con normalidad.

No podemos hablar que el acceso a la educación, a la salud, a la recreación y a la cultura, en fin, a los servicios públicos que brinda el estado, está garantizado a personas con discapacidad, si los edificios públicos donde se ofrece el servicio no cuentan ni siquiera con las adecuaciones mínimas para que puedan llegar a la puerta a solicitar estos servicios.   

Las obras públicas y los espacios de infraestructura educativa que se realizan con recursos del erario, deben de contener y contemplar lo necesario para que, las personas con discapacidad, puedan trasladarse y tener acceso a los servicios que se prestan, educación de calidad o esparcimiento.  

El objeto de la presente iniciativa con proyecto de decreto, es establecer un mecanismo eficaz para garantizar:

• La obligatoriedad de dependencias y entidades de la administración pública federal, entidades federativas y municipios que realicen obra pública con fondo total o parcial de recursos federales a que incluyan criterios de accesibilidad universal a personas con discapacidad garantizando su acceso a espacios públicos.

• La obligatoriedad de que en la construcción de espacios físicos destinados a la educación se contemplen estos criterios de accesibilidad universal para personas con discapacidad.

• Así como también la obligatoriedad de ir reduciendo las barreras arquitectónicas de edificios públicos, de acceso al público y de la infraestructura física educativa a través de la implementación de ajustes razonables.

Por lo anteriormente descrito, y con fundamento en lo dispuesto en las disposiciones señaladas, sometemos a consideración de este Honorable Pleno, la siguiente iniciativa con proyecto de:

DECRETO

PRIMERO. Se modifican el artículo 7 y la fracción I del artículo 17 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas, para quedar como sigue:

Artículo 7. Las obras públicas y servicios relacionados con las mismas que se realicen con cargo total o parcial a recursos federales, deberán garantizar criterios de accesibilidad universal a personas con discapacidad. Entendiendo por accesibilidad, las medidas pertinentes para asegurar el acceso de las personas con discapacidad, en igualdad de condiciones que las demás, a servicios e instalaciones abiertas al público o de uso público, tanto en zonas urbanas como rurales.

Los proyectos ejecutivos, arquitectónicos y de ingeniería que se realicen para la ejecución de una obra deberán contemplar dichas medidas de accesibilidad.

Asimismo, cuando los trabajos tengan por objeto la ampliación, adecuación, remodelación, conservación, mantenimiento o modificación de obra pública, cuando así lo permita la misma, se deberán considerar los ajustes razonables, entendiendo por estos las modificaciones y adaptaciones necesarias para garantizar a las personas con discapacidad el acceso físico y desplazamiento adecuado.

Artículo 17. …..

I. Lo dispuesto por la Ley General de Asentamientos Humanos; la ley General para la Inclusión de personas con Discapacidad y los criterios que en base a ella se emitan;

II. y III. ….

SEGUNDO. Se modifican el primer párrafo del artículo 6 y el artículo 11 de la Ley General de Infraestructura Física Educativa, para quedar como sigue:

Artículo 6. Para el cumplimiento de esta Ley se estará a lo dispuesto en los tratados internacionales en la materia suscritos por el Ejecutivo Federal y ratificados por el Senado de la República, la Ley General de Educación, Ley General de Inclusión para Personas con Discapacidad, la Ley General de Bienes Nacionales, la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, así como aquellas que se refieran a la materia de obra pública, adquisiciones, arrendamientos y servicios relacionados con la misma y las demás disposiciones legales aplicables.

… .

Artículo 11. En la planeación de los programas y proyectos para la construcción, equipamiento, mantenimiento, rehabilitación, reforzamiento, reconstrucción y habilitación de la INFE deberán cumplirse las disposiciones de la Ley General de Inclusión para Personas con Discapacidad, y las leyes en la materia de las entidades federativas, especialmente respecto a garantizar accesibilidad universal a personas con discapacidad y realizar ajustes razonables a las barreras arquitectónicas que representen los espacios de la INFE. Asimismo, atenderá las necesidades de las comunidades indígenas y las comunidades con escasa población o dispersa, y tomará en cuenta las condiciones climáticas y la probabilidad de contingencias ocasionadas por desastres naturales, tecnológicos o humanos, procurando la satisfacción de las necesidades individuales y sociales de la población.

TRANSITORIOS

UNICO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Salón de sesiones de la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, a 12 de febrero de 2013.

Sen. Hilda Esthela Flores Escalera.- Sen. Angélica del Rosario Araujo Lara.- Sen. Juana Leticia Herrera Ale.- Sen. Lisbeth Hernández Lecona.- Sen. Margarita Flores Sánchez.- Sen. Lilia Guadalupe Merodio Reza.- Sen. Diva Hadamira Gastélum Bajo.- Sen. Claudia Artemiza Pavlovich Arellano.- Sen. Itzel Sarahí Ríos de la Mora.- Sen. Mely Romero Celis.- Sen. Ivonne Liliana Alvarez García”.

1 Censo de Población y Vivienda 2010.

2 Diario Oficial de la Federación 30 de mayo de 2011.





 

PROPUESTAS

De las CC. Senadoras Angélica Araujo Lara, Margarita Flores Sánchez, María del Rocío Pineda Gochi, Lisbeth Hernández Lecona, Mely Romero Celis, Hilda Esthela Flores Escalera y Lilia Guadalupe Merodio Reza, del grupo parlamentario del PRI, que contiene punto de Acuerdo en relación al abatimiento del analfabetismo y el rezago educativo. Se turna a la Comisión de Educación.







 

Del C. Senador Zoé Robledo Aburto, del grupo parlamentario del PRD, que contiene punto de Acuerdo por el que se exhorta a las Secretarías de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación; así como a la Comisión Nacional Forestal y a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente informar sobre las acciones y medidas a implementar en la reserva de la biósfera “El Triunfo” tras los incendios que ha sufrido. Se turna a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LAS SECRETARIAS DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES Y DE AGRICULTURA, GANADERIA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACION; ASI COMO A LA COMISION NACIONAL FORESTAL Y A LA PROCURADURIA FEDERAL DE PROTECCION AL AMBIENTE INFORMAR SOBRE LAS ACCIONES Y MEDIDAS A IMPLEMENTAR EN LA RESERVA DE LA BIOSFERA “EL TRIUNFO” TRAS LOS INCENDIOS QUE HA SUFRIDO

“SEN. ERNESTO JAVIER CORDERO ARROYO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
DEL H. SENADO DE LA REPUBLICA
PRESENTE.

El suscrito, Senador ZOE ROBLEDO ABURTO, integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, en esta LXII Legislatura del H. Congreso de la Unión y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8, numeral 1, fracción II y 276, numeral 1, del Reglamento del Senado de la República, así como 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos someto a la consideración  del Pleno, la presente proposición con PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA A LAS SECRETARIAS DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES; Y AGRICULTURA, GANADERIA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACION; ASI COMO A LA COMISION NACIONAL FORESTAL; Y A LA PROCURADURIA FEDERAL DE PROTECCION AL AMBIENTE, INFORMAR SOBRE LAS ACCIONES Y MEDIDAS A IMPLEMENTAR EN LA RESERVA DE LA BIOSFERA “EL TRIUNFO” TRAS LOS INCENDIOS QUE HA SUFRIDO, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

México es uno de los 10 países con mayor biodiversidad en todo el mundo. Una de las reservas más valiosas de nuestro país es la Reserva de la Biosfera,  “El Triunfo”, ubicada sobre la Sierra Madre en el estado de Chiapas, aproximadamente a 180 Km. al sureste de Tuxtla Gutiérrez y que llega hasta la cuenca del Río Novillero, en su vertiente hacia el océano Pacífico.

Esta reserva de 119,177 hectáreas, es considerada una zona biogeográfica de gran importancia, tanto a nivel nacional como mundial, ya que reúne diferentes climas, ecosistemas y grupos de suelos, además de una gran diversidad de flora y fauna, en una superficie relativamente pequeña.

Asimismo, es un refugio para varias especies amenazadas, como lo son el quetzal, el pavón, el zopilote rey,  la salamandra del cerro, el jaguar, el venado temazte, el ocelote, la salamandra del cerro, el yaguarundí, el pajuil, la tangara azul y muchas otras.

Por si fuera poco, su “Bosque de Niebla” (mesófilo de montaña), es un fenómeno biogeográfico sumamente raro, ya que tiene la mayor biodiversidad por unidad de área, así como la mayor capacidad de obtención de agua por la condensación de la niebla (de ahí su nombre). Esta característica es fundamental ya que, a pesar de que ha perdido el 90% de su superficie, permite que se recarguen los mantos acuíferos y los ríos que nutren al Grijalva, que a la vez permite el funcionamiento de las presas de La Angostura, Chicoasén y Mal Paso que aportan gran parte de la energía hidroeléctrica para servicio de todo el país.

No obstante lo anterior, “El Triunfo” como muchos otros ecosistemas, especialmente de la entidad chiapaneca, es vulnerable a los embates sociales y naturales como: asentamientos irregulares, tala ilegal, tormentas, huracanes e incendios forestales.

Precisamente, en lo que va del año, la Comisión Nacional Forestal, ha registrado diez incendios en Chiapas que han afectado directa o indirectamente a la reserva. Lo grave de la situación, es que la mayor parte de los incendios han sido ocasionados por las quemas agropecuarias que se realizan sin atender los lineamientos prescritos por la NOM-015-SEMARNAT/SAGARPA-2007, así como la insuficiente coordinación entre autoridades cuando el incendio se genera en zonas aledañas a la Reserva de la Biosfera, incluyendo las reservas estatales.

Por las razones anteriormente expuestas, se somete al Pleno la siguiente proposición con:

PUNTO DE ACUERDO

UNICO.- Se exhorta respetuosamente a las Secretarías de Medio Ambiente y Recursos Naturales; y Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación; así como a la Comisión Nacional Forestal y a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, para que informen a esta H. Cámara de Senadores sobre cuáles programas implementarán, desde sus respectivos ámbitos de competencia, para aminorar el impacto sufrido por la reserva de la Biósfera “El Triunfo” tras los recientes incendios, así como las medidas preventivas que se adoptarán para evitar futuros daños.

Dado en el salón de sesiones del H. Senado de la República, a 7 de febrero de 2013.

Atentamente

Sen. Zoé Robledo Aburto”.

La efeméride inscrita en el Orden del Día, se integrará al Diario de los Debates.





 

EFEMERIDE

Del C. Senador Fernando Yunes Márquez, del grupo parlamentario del PAN, para referirse a la conmemoración del aniversario de la Fuerza Aérea Mexicana.







 

CITA

Se cita a la siguiente sesión del próximo jueves 14 de febrero a las 11:00 horas.

(Se levantó la sesión a las 14:54 horas)

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