Senado de la República.
Sesión Plenaria.
Martes 23 de mayo de 2017
    
    

Última actualización: Abril 2017
Última revisión: Abril 2017

Sesión Plenaria - Diario de los Debates
LXII
              Legislatura
1er
Año
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DIARIO DE LOS DEBATES

DE LA CÁMARA DE SENADORES
DEL CONGRESO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS


AÑO I                       Segundo Periodo Ordinario                       LXII Legislatura                       Sesión Núm. 2

Presidente de la Mesa Directiva
Sen. Ernesto Javier Cordero Arroyo

Sesión Pública Ordinaria Celebrada
en la Ciudad de México, el 07 de Febrero de 2013

SUMARIO                                              


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SECRETARIA DE GOBERNACION

Remite:

- Oficio por el que informa que el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, licenciado Enrique Peña Nieto, se ausentará del territorio nacional del día 19 al 20 de febrero de 2013, a efecto de atender una invitación de la Presidenta de la República de Costa Rica para realizar una visita de Estado a ese país y participar en una Cumbre con Jefes de Estado y de Gobierno del Sistema de la Integración Centroamericana: oficio con el informe relativo a la participación del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, licenciado Enrique Peña Nieto, en la Primera Cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños y la Unión Europea los días 26 y 27 de enero de 2013 y en la Primera Cumbre de Jefas y Jefes de Estado y de Gobierno de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños el 27 y 28 de enero, en Santiago, República de Chile; así como los resultados de la Visita Oficial a la República Oriental del Uruguay el 28 de enero pasado.



CAMARA DE DIPUTADOS

Remite:

- Oficio con el proyecto de Declaratoria de aprobación del proyecto de Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia educativa. La Cámara de Senadores declara aprobado el DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTICULOS 3o. EN SUS FRACCIONES III, VII, VIII Y 73 FRACCION XXV, Y ADICIONANDO EL PARRAFO TERCERO UN INCISO D) AL PARRAFO SEGUNDO DE LA FRACCION II; Y UNA FRACCION IX AL ARTICULO 3o. DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. Se remite al Diario Oficial de la Federación para su publicación; Minuta proyecto de Decreto por el que se declara al año 2013 como "Año de la Libertad y la República"; Oficio por el que comunica la modificación en la integración de las delegaciones de dicha Cámara ante el Parlamento Latinoamericano, el Foro Parlamentario Asia-Pacífico y la Confederación Parlamentaria de las Américas.































 

PRESIDENCIA DEL C. SENADOR
ERNESTO JAVIER CORDERO ARROYO

APERTURA

- El C. Presidente Ernesto Javier Cordero Arroyo: (12:03) Solicito a la Secretaría informe a la Asamblea el resultado del cómputo de asistencia de los señores Senadores.

- La C. Secretaria Lilia Guadalupe Merodio Reza: Honorable Asamblea, conforme al registro de asistencia, se han acreditado 91 ciudadanos Senadores.

En consecuencia, hay quórum, señor Presidente.

- El C. Presidente Cordero Arroyo: Se abre la sesión del jueves 7 de febrero, correspondiente al segundo periodo ordinario de sesiones del primer año de ejercicio constitucional.

El Orden del Día está disponible en el monitor de sus escaños, con lo cual se informa de los asuntos que corresponden a la agenda de hoy. El acta de la sesión anterior se encuentra publicada en la Gaceta del Senado de este día.

“ACTA DE LA SESIÓN CELEBRADA EL MARTES
CINCO DE FEBRERO DE DOS MIL TRECE

PRESIDE EL SENADOR
JOSÉ ROSAS AISPURO TORRES

 

En la ciudad de México, Distrito Federal, a las once horas con cuarenta y siete minutos del día martes cinco de febrero de dos mil trece, encontrándose presentes ochenta y nueve ciudadanos Senadores, según relación anexa, la Presidencia declaró abierta la sesión.

 

(Lectura  del Orden del Día)

La Secretaría dio por conocido el contenido del Orden del Día de la sesión de esta fecha, debido a la publicación en la Gaceta del Senado y a su difusión.

(Acta de la sesión anterior)

 

El Presidente de la Mesa Directiva solicitó un minuto de silencio en memoria de las personas fallecidas con motivo de los sucesos ocurridos en las instalaciones de Petróleos Mexicanos, en el Distrito Federal, el pasado 31 de enero.

 

Para referirse a la Conmemoración de la Constitución de 1917, intervinieron los senadores.- Manuel Bartlett Díaz del PT; Juan Gerardo Flores Ramírez del PVEM; Raúl Morón Orozco del PRD; Javier Corral Jurado del PAN; y Lisbeth Hernández Lecona del PRI.

(Comunicaciones)

Se recibió del Senador Isidro Pedraza Chávez, Informe de su participación en la Primera Cumbre de GLOBE sobre Legislación de Cambio Climático, celebrada los días 14 y 15 de enero del año en curso, en Londres, Reino Unido.- Quedó de enterado.

 

Se recibió del Senador Fidel Demédicis Hidalgo, Informes de su participación en el Foro de Presidentes y Presidentas de los Poderes Legislativos en Centroamérica y la Cuenca del Caribe y en la Primera Asamblea Continental de la Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo y la Vía Campesina, celebradas del 16 al 21 de octubre de 2012, en Nicaragua.- Quedó de enterado.

 

Se recibió del Senador Fidel Demédicis Hidalgo, Presidente de la Comisión de Desarrollo Rural, Programa  de Trabajo de esa Comisión.- Quedó de enterado.

 

Se recibió de la Secretaría de Gobernación, solicitud de autorización para permitir la salida de elementos de la Armada de México fuera de los límites del país, para participar en una visita oficial a la Base Naval "ARC Bolívar" ubicada en el puerto de Cartagena de Indias, Colombia, del 7 al 9 de febrero de 2013.- El expediente se recibió de la Comisión Permanente el 30 de enero y la Mesa Directiva acordó que se turnara de manera directa a las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores y de Marina.

 

Se recibió de la Suprema Corte de Justicia de la Nación Comunicación con la que remite quince ternas de candidatos para Magistrados de las Salas Regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.- Se turnó a la Comisión de Justicia.

 

Se recibió de la Cámara de Diputados, la lista de diputados que integrarán las delegaciones de esa Cámara ante el Parlamento Centroamericano, la Comisión Parlamentaria Mixta México-Unión Europea, la Unión Interparlamentaria, el Foro Asia-Pacífico y el Consejo de Europa.- Quedó de enterado. Se remitió a la Junta de Coordinación Política.

 

Se recibieron de la Comisión Permanente las siguientes iniciativas:

Proyecto de Decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley del Seguro Social, presentado por la Senador Diva Hadamira Gastélum Bajo, el 16 de enero de 2013.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Seguridad Social y de Estudios Legislativos, Primera.

Proyecto de Decreto que reforma diversos artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, presentado por el Senador Armando Ríos Piter, el 23 de enero de 2013.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos, Segunda.

Proyecto de Decreto que se reforma y adiciona los artículos 180, 184, y 200 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, presentado por la Senadora Itzel Sarahí Ríos de la Mora, el 23 de enero de 2013.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Gobernación y de Estudios Legislativos, Primera.

Proyecto de Decreto que adiciona el artículo 77 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, presentado por el Senador Arturo Zamora Jiménez, el 23 de enero de 2013.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Estudios Legislativos, Segunda.

Proyecto de Decreto que reforma el Apartado B del artículo 102 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, presentado por la Senadora Angélica de la Peña Gómez, el 23 de enero de 2013.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, de Derechos Humanos y de Estudios Legislativos, Primera.
Proyecto de Decreto que reforma los artículos 17 Bis de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y 28 de la Ley General de Desarrollo Social, presentado por el Senador Juan Carlos Romero Hicks, el 23 de enero de 2013.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Gobernación, de Desarrollo Social y de Estudios Legislativos, Primera.

Proyecto de Decreto que adiciona el artículo 23 bis de la Ley de la Propiedad Industrial, presentado por la Senadora Martha Palafox Gutiérrez, el 23 de enero de 2013.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Comercio y Fomento Industrial, de Salud y de Estudios Legislativos.

Proyecto de Decreto que reforma los artículos 16, 21, 76 y 109 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y expide la Ley Orgánica del Instituto Nacional Anticorrupción y de Control, presentado por el Senador José María Martínez Martínez, el 30 de enero de 2013.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, de Anticorrupción y Participación Ciudadana y de Estudios Legislativos, Primera.

Proyecto de Decreto que reforma los artículos 94 y 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, presentado por la Senadora Mariana Gómez del Campo Gurza y por el Diputado Fernando Rodríguez Doval, el 30 de enero de 2013.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos, Segunda.

Proyecto de Decreto que reforma el artículo 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, presentado por la Senadora Mariana Gómez del Campo Gurza, el 30 de enero de 2013.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos, Primera.

(Proposiciones)

Los Grupos Parlamentarios presentaron una proposición con punto de Acuerdo en relación con los sucesos ocurridos en la Torre de Petróleos Mexicanos, el jueves 31 de enero de 2013.- Fue considerado de urgente resolución. Intervinieron los Senadores: Alejandra Barrales Magdaleno del PRD; Juan Gerardo Flores Ramírez del PVEM; Maki Esther Ortiz Domínguez del PAN; David Penchyna Grub del PRI; Ángel Benjamín Robles Montoya del PRD; Javier Lozano Alarcón del PAN, quien presentó propuesta de adición; y Blanca Alcalá Ruiz del PRI. La adición propuesta por el Senador Lozano fue aceptada. El punto de Acuerdo adicionado fue aprobado en votación económica. Posterior a su aprobación, diversos senadores presentaron una propuesta de adición de un resolutivo quinto, misma que fue aceptada y se integró al Acuerdo presentado.

(Dictamen de primera lectura)

Se dio Primera Lectura a un dictamen de las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores y de Marina, con proyecto de Decreto que concede autorización al Presidente de los Estados Unidos Mexicanos para permitir que la Armada de México realice una visita oficial a la Base Naval “ARC Bolívar”, ubicada en Cartagena de Indias, Colombia, del 7 al 9 de febrero de 2013, con una Patrulla Oceánica ARM “Guanajuato” (PO-153), acompañada de un helicóptero embarcado y 98 elementos de tripulación.- Con dispensa de segunda lectura. Para presentar el dictamen, intervino la Senadora Gabriela Cuevas Barrón. Fue aprobado en lo general y en lo particular por 91 votos en pro. Se remitió al Ejecutivo Federal.

(Iniciativas)

La Senadora Ivonne Liliana Álvarez García, a nombre de las Senadoras y los Senadores del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con aval de grupo, presentó proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones del Reglamento del Senado de la República.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias y de Estudios Legislativos.

 

PRESIDE EL SENADOR
LUIS SANCHEZ JIMENEZ

 

Los Senadores Roberto Gil Zuarth y Manuel Camacho Solís, remitieron iniciativa con proyecto de Decreto por el que se expide el Código Federal de Procedimientos Penales.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos.

 

El Senador Ángel Benjamín Robles Montoya, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó iniciativa con proyecto de Decreto por el que se adiciona un segundo párrafo a la fracción VIII del artículo 73 y se modifica el segundo párrafo de la fracción VIII del artículo 117 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos, Primera.

 

El Senador Angel Benjamín Robles Montoya, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó iniciativa con proyecto de Decreto por el que se crea la Ley Nacional de Responsabilidad Hacendaria y Deuda Pública para las Entidades Federativas y Municipios.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Estudios Legislativos, Primera.

 

El Senador Angel Benjamín Robles Montoya, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 2 y 9 de la Ley de Coordinación Fiscal.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Estudios Legislativos, Segunda.

 

El Senador Pablo Escudero Morales, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, remitió iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma y adiciona el artículo 100 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos, Segunda.

 

El Senador Carlos Alberto Puente Salas, a nombre de los Senadores Lilia Guadalupe Merodio Reza, Roberto Armando Albores Gleason y Daniel Gabriel Ávila Ruiz, integrantes de la Comisión de Juventud y Deporte, presentó iniciativa con proyecto de Decreto por el que se expide la Ley de Cultura Física y Deporte.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Juventud y Deporte y de Estudios Legislativos.

 

El Senador René Juárez Cisneros, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma y adiciona el artículo 34 de la Ley de Planeación.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Estudios Legislativos, Primera.

 

El Senador Francisco Búrquez Valenzuela, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma el párrafo segundo de la fracción primera del artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos, Segunda.

 

El Senador Alejandro Encinas Rodríguez, del grupo parlamentario de la Revolución Democrática, presentó iniciativa con proyecto de Decreto que reforma y adiciona diversos artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, de Comunicaciones y Transportes y de Estudios Legislativos, Primera.

(Dictámenes de primera lectura)

Se dio Primera Lectura a cuatro dictámenes de la Comisión de Gobernación, con proyectos de Decreto que conceden permisos para prestar servicios en representaciones diplomáticas en México, para aceptar y desempeñar los cargos de Cónsules honorarios y para aceptar y usar condecoraciones que otorgan gobiernos extranjeros.- Quedaron de primera lectura.

(Dictámenes a discusión)

Se sometió a consideración de la Asamblea un dictamen de la Comisión de Relaciones Exteriores, América Latina y el Caribe, con punto de Acuerdo por el que el Senado de la República se congratula por la decisión de la Secretaría de Relaciones Exteriores de la supresión del requisito de visado para los nacionales de Colombia y Perú, en el marco de la Alianza del Pacífico.- Fue aprobado en votación económica.

 

Se sometió a consideración de la Asamblea un dictamen de la Comisión de Agricultura y Ganadería, con punto de Acuerdo que exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal a reformar el artículo transitorio primero del Decreto por el que se otorgan beneficios fiscales a los patrones y trabajadores eventuales del campo, con el objeto de que se amplíe su vigencia hasta el 31 de diciembre de 2014.- Fue aprobado en votación económica.

 

Se sometió a consideración de la Asamblea un dictamen de la Comisión de Agricultura y Ganadería, con punto de Acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a restablecer y fortalecer el Programa Nacional del Cacao.- Fue aprobado en votación económica.

 

Se sometió a consideración de la Asamblea un dictamen de la Comisión de Seguridad Pública, con punto de Acuerdo que solicita al gobernador del estado de México un informe sobre las causas y el estado que guarda el conflicto de transporte público en el municipio de Chicoloapan, a partir de los hechos ocurridos los días 4, 5 y 6 de septiembre de 2012 en dicho lugar.- Fue aprobado en votación económica.

 

Se sometió a consideración de la Asamblea un dictamen de la Comisión de Seguridad Pública, con punto de Acuerdo que solicita al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública considerar la inclusión de los municipios de Etchnojoa, Huatabampo y Empalme del estado de Sonora, en el Subsidio para la Seguridad Pública Municipal para el ejercicio fiscal de 2013.- Fue aprobado en votación económica.

 

Se sometió a consideración de la Asamblea un dictamen de la Comisión de Seguridad Pública, con punto de Acuerdo que exhorta a las entidades federativas y a los municipios a ejercer en tiempo y forma los recursos federales distribuidos para seguridad y justicia.- Fue aprobado en votación económica.

 

Se sometió a consideración de la Asamblea un dictamen de la Comisión de Seguridad Pública, con punto de Acuerdo que exhorta a las legislaturas de las entidades federativas que aún no cuentan con una legislación encargada de regular el uso de la fuerza de las instituciones policiales, a legislar al respecto.- Fue aprobado en votación económica.

(Proposiciones)

El Senador Miguel Ángel Chico Herrera, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó proposición con punto de Acuerdo por el que el Senado de la República formaliza la plataforma democrática e incluyente que funcionará a través del foro permanente para la consulta, el análisis y la construcción del proyecto  de la Ley General de Partidos que establece el compromiso número 89 del “Pacto por México”.- Considerado de urgente resolución, fue aprobado en votación económica.

 

La Senadora Sonia Mendoza Díaz, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó proposición con punto de Acuerdo que exhorta a los titulares de las Secretarías de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación y de Economía a implementar acciones inmediatas que estabilicen los precios del azúcar en el mercado nacional.- Fue considerado de urgente resolución y puesto a discusión. Intervinieron los Senadores: Fidel Demédicis Hidalgo del PRD, quien presentó propuesta de adición; y Manuel Cota Jiménez del PRI a favor. La propuesta del Senador Demédicis fue aceptada. El Acuerdo adicionado fue aprobado.

 

El Senador Alejandro Encinas Rodríguez, a nombre del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó proposición con punto de Acuerdo por el que se cita a los Comisionados del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos a que comparezcan en una reunión de trabajo ante las Comisiones Unidas de Gobernación y de Anticorrupción y Participación Ciudadana.- Fue considerado de urgente resolución y puesto a discusión. Intervinieron los Senadores: Pablo Escudero Morales del PVEM, quien presentó propuesta de adición; Arely Gómez González del PRI a favor; y Marcela Torres Peimbert del PAN. La propuesta con los puntos de Acuerdo de consenso fue aprobado en votación económica.

(Acuerdo de la Junta de Coordinación Política)

Se recibió un Acuerdo de la Junta de Coordinación Política por el que se establece el Calendario de Sesiones para el Segundo Periodo Ordinario del Primer Año de Ejercicio de la LXII Legislatura.- Quedó de enterado. Se comunicó a la Cámara de Diputados.

 

El Presidente de la Mesa Directiva dio turno a los siguientes asuntos:

 

De la Senadora Lucero Saldaña Pérez, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo sobre la situación y acontecimientos recientes en el municipio de Olintla, en el estado de Puebla.- Se turnó a la Comisión de Energía.

 

Del Senador Pablo Escudero Morales, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con punto de Acuerdo que exhorta a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal y al Gobierno del Distrito Federal a que, a la mayor brevedad, reduzcan el costo por la expedición de copias simples, certificadas y versiones públicas de las solicitudes de transparencia.- Se turnó a la Comisión del Distrito Federal.

 

La Presidencia dio por concluida la sesión a las quince horas con cuarenta y cinco minutos y citó a la siguiente el jueves siete de febrero a las once horas”.

LISTA DE ASISTENCIA DE LA SESION ANTERIOR



En consecuencia, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba.

- La C. Secretaria Merodio Reza: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba el acta de la sesión anterior. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque se rechace, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobada el acta, señor Presidente.

- El C. Presidente Cordero Arroyo: Pasamos al siguiente asunto.





 

COMUNICACIONES

- La C. Secretaria Merodio Reza: Se recibieron las siguientes comunicaciones:

Del Senador Eviel Pérez Magaña, Presidente de la Comisión de Asuntos Indígenas, con la que remite el programa anual de trabajo de esa comisión.

Y del Senador Pablo Escudero Morales, Presidente de la Comisión Anticorrupción y Participación Ciudadana, por la que informa de la aprobación del programa de trabajo de esa comisión y de su disponibilidad en el micrositio de la misma.

- El C. Presidente Cordero Arroyo: Esta Asamblea ha quedado debidamente enterada.

Compañeros Senadores, informo a ustedes que la Mesa Directiva ha suscrito un Acuerdo relativo a la realización de una sesión solemne el próximo martes 12 de febrero de 2013, para recibir la visita del Presidente del Parlamento Europeo.

Solicito a la Secretaría dé lectura al Acuerdo.





 

MESA DIRECTIVA

- La C. Secretaria Merodio Reza: Doy lectura al Acuerdo.



- El C. Presidente Cordero Arroyo: En consecuencia, está a discusión el Acuerdo. Al no haber quien haga uso de la palabra, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el Acuerdo presentado.

- La C. Secretaria Merodio Reza: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el Acuerdo. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque se rechace, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobado el Acuerdo, señor Presidente.

- El C. Presidente Cordero Arroyo: Aprobado el Acuerdo para la realización de una sesión solemne el próximo 12 de febrero para recibir la visita del Presidente del Parlamento Europeo. Comuníquese a los Senadores de la realización de esta sesión solemne, extiéndase la invitación correspondiente al Presidente de la Cámara de Diputados y publíquese en la Gaceta del Senado.

Pasamos al siguiente asunto.





 

SECRETARIA DE GOBERNACION

- La C. Secretaria María Elena Barrera Tapia: Se recibió un oficio de la Secretaría de Gobernación, por el que se informa que el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, licenciado Enrique Peña Nieto, se ausentará del territorio nacional del 19 al 20 de febrero de 2013, a efecto de atender una invitación de la Presidenta de la República de Costa Rica para realizar una visita de Estado a ese país y participar en una Cumbre con Jefes de Estado y de Gobierno del Sistema de la Integración Centroamericana.



- El C. Presidente Cordero Arroyo: Esta Asamblea ha quedado debidamente enterada. Remítase copia de la documentación a las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores; y de Relaciones Exteriores, América Latina y El Caribe.

Pasamos al siguiente asunto.

- La C. Secretaria Barrera Tapia: También de la Secretaría de Gobernación, se recibió un oficio con el que se remite el informe relativo a la participación del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, licenciado Enrique Peña Nieto, en la Primera Cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños y la Unión Europea los días 26 y 27 de enero de 2013 y en la Primera Cumbre de Jefas y Jefes de Estado y de Gobierno de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños el 27 y 28 de enero, en Santiago, República de Chile; así como los resultados de la Visita Oficial a la República Oriental del Uruguay el 28 de enero pasado.



- El C. Presidente Cordero Arroyo: Esta Asamblea ha quedado debidamente enterada. Remítase copia de dicho informe a las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, y de Relaciones Exteriores, América Latina y El Caribe.

Pasamos al siguiente asunto.





 

GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL

- La C. Secretaria Barrera Tapia: Se recibió una invitación del gobierno del Distrito Federal para asistir a la ceremonia conmemorativa del 182 aniversario luctuoso del General Vicente Guerrero Saldaña, a realizarse el jueves 14 de febrero, en esta ciudad.

“SECRETARIA DE CULTURA
COORDINACION DE PATRIMONIO
HISTORICO, ARTISTICO V CULTURAL

Ciudad de México, a 24 de enero de 2013

CPHAC/148/2013

CC. SECRETARIOS DE LA HONORABLE
CAMARA DE SENADORES, LXIII LEGISLATURA
PRESENTE.

El Gobierno de la Ciudad de México a través de la Secretaría de Cultura, ha programado las ceremonias conmemorativas correspondientes al mes de febrero de las cuales anexo su descripción.

FECHA

HORA

CEREMONIA

LUGAR

Jueves 14

10:00 Horas

182 Aniversario Luctuoso del General Vicente Guerrero Saldaña

Jardín de San Fernando, ubicado en Av. Hidalgo y Eje Guerrero colonia Guerrero, Delegación Cuauhtémoc

Por lo anterior, me permito solicitar a ustedes los nombres de los legisladores que asistirán a los eventos de referencia en representación de la Honorable Cámara de Senadores. Apreciaré que, de ser posible, tuvieran a bien confirmamos a la brevedad su participación en dichos actos.

Al agradecer su gentil respuesta pongo a sus órdenes el teléfono 55 18 55 31 con Mario Alberto Corona Salazar, responsable del área de Cívica.

Sin otro particular, me es grato enviarle un cordial saludo.

Atentamente

Guadalupe Lozada León

Coordinadora”.

- El C. Presidente Cordero Arroyo: Para asistir a dicha ceremonia en representación de la Cámara de Senadores, se designa en comisión al Senador Mario Delgado Carrillo.

Pasamos al siguiente asunto.





 

COMISION PERMANENTE

- La C. Secretaria Barrera Tapia: Se recibió un oficio de la Comisión Permanente, con el que remite la iniciativa con el proyecto de Decreto que reforma los artículos 212 y 217 del Código Penal Federal, presentada por la Senadora Mariana Gómez del Campo Gurza, el 30 de enero de 2013.



- El C. Presidente Cordero Arroyo: Este asunto se remitió en su momento a la Comisión de Justicia, y para complementar su turno queda en las Comisiones Unidas de Justicia; y de Estudios Legislativos.

Pasamos al siguiente asunto.





 

CAMARA DE DIPUTADOS

- La C. Secretaria Merodio Reza: Se recibió de la Cámara de Diputados, el proyecto de declaratoria de aprobación del proyecto de Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia educativa.



- El C. Presidente Cordero Arroyo: Solicito a la Secretaría realice el escrutinio correspondiente, a efecto de dar fe de la mayoría de votos que aprueban el Decreto.

- La C. Secretaria Merodio Reza: Señor Presidente, se da fe de los votos aprobatorios de los Congresos Estatales de Aguascalientes, de Baja California, de Baja California Sur, de Campeche, de Chiapas, de Chihuahua, de Coahuila, de Colima, de Durango, de Guerrero, de Hidalgo, de Jalisco, del Estado de México, de Nayarit, de Puebla, de Querétaro, de Quintana Roo, de San Luis Potosí, de Sinaloa, de Tamaulipas, de Veracruz, de Yucatán y de Zacatecas al proyecto de Decreto en materia de reforma constitucional educativa.

En consecuencia, se han remitido 23 votos aprobatorios del proyecto de Decreto de referencia.

Es todo, señor Presidente.

- El C. Presidente Cordero Arroyo: Les solicito ponerse de pie, a efecto de dar solemnidad a la Declaratoria de Reforma Constitucional.

(Todos de pie)

A efecto de dar cumplimiento a lo que establece el artículo 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y una vez computados los votos aprobatorios de la mayoría de las legislaturas estatales, la Cámara de Senadores declara: se reforman los artículos 3o. en sus fracciones III, VII, VIII y 73 fracción XXV, y adicionando el párrafo tercero un inciso d) al párrafo segundo de la fracción II; y una fracción IX al artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se remite al Diario Oficial de la Federación para su publicación.

(Aplausos)

Pasamos al siguiente asunto.

- La C. Secretaria Merodio Reza: Se recibió de la Cámara de Diputados, una minuta proyecto de Decreto por el que se declara al año 2013 como "Año de la Libertad y la República".

- El C. Presidente Cordero Arroyo: Esta Asamblea ha quedado debidamente enterada.

En nuestro apartado de iniciativas, se concede el uso de la palabra al Senador Oscar Román Rosas González, del grupo parlamentario del PRI, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma la Ley General de Educación y la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.





 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTICULO 33, FRACCION VI DE LA LEY GENERAL DE EDUCACION; Y SE ADICIONA LA FRACCION VIII BIS AL ARTICULO 38 DE LA LEY ORGANICA DE LA ADMINISTRACION PUBLICA FEDERAL

(Presentada por el C. Senador Oscar Román Rosas González, del grupo parlamentario del PRI)

- El C. Senador Oscar Román Rosas González: Con su venia, señor Presidente; Senadoras y Senadores:

El siglo XXI está marcado por ensanchamiento de economías y sociedades más interdependientes, la globalización impone necesidades de información y conocimientos, de manera que quien no tenga acceso a ellos no podrá integrarse de manera satisfactoria a la llamada sociedad del conocimiento y por ende verá truncado su desarrollo.

En las últimas décadas, las tecnologías de la información y comunicación han avanzado a pasos agigantados; las telecomunicaciones, la informática y el Internet transforman de manera vertiginosa la interacción de las sociedades, impactando todos los campos de la vida humana y, por supuesto, han revolucionado la educación.

La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO, en su estudio realizado en 2004, “Las tecnologías de la información y la comunicación en la formación docente”, señala con claridad que con el advenimiento de las nuevas tecnologías, el énfasis de la profesión docente está cambiando desde un enfoque centrado en el profesor, hacia una formación centrada principalmente en el alumno dentro de un entorno interactivo de aprendizaje.

Por ello se vuelve inaplazable que los profesores y alumnos tengan acceso y a la utilización correcta de las tecnologías de la información y comunicación, lo que permitirá cerrar de manera exitosa el proceso de enseñanza–aprendizaje en la era de la sociedad del conocimiento.

El acceso universal a las tecnologías de la información y comunicación, con énfasis en el servicio de Internet, es tema central en las políticas públicas de telecomunicaciones y tecnología en gran parte del mundo. El objetivo es lograr que el cien por ciento de la población tenga accesibilidad y asequibilidad a Internet; a través de centros públicos o de manera individual por medio de los proveedores de servicio.

En un panorama internacional, la Unión Europea ha diseñado el paquete “Functional Internet Access”, o Acceso Funcional a Internet. En Australia, se habla de “Digital Data Service Obligation”, que equivale a un acceso universal a través de una red digital de servicios integrados.

Esto ha permitido que países como Islandia, Noruega y Suecia tengan una cobertura de Internet más amplia que los países miembros de la OCDE; 93.5 por ciento, 92 y 90 por ciento respectivamente.

Estados Unidos tiene un porcentaje de acceso a Internet del 76.2 por ciento, ante ello, el Presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, propuso al Congreso, en marzo de 2010, tratar el acceso a Internet de banda ancha como un derecho de los ciudadanos. El proyecto prevé una inversión de 5, 800 millones de euros en diez años, para lograr la cobertura al cien por ciento.

Respecto a nuestros similares latinoamericanos en 2009, Uruguay alcanzaba niveles de cobertura del 55.2 por ciento, Colombia del 45.5 por ciento Brasil del 39 por ciento, Chile del 34 por ciento, Perú del 31 por ciento, Venezuela 31 por ciento y Argentina con el 30 por ciento. México se encontraba por debajo de estos niveles de cobertura con un 26 por ciento de la población con acceso a Internet. Aunque esta situación no ha cambiado y dista mucho de ser la óptima.

Actualmente, México tiene una larga brecha por cerrar en cuanto al servicio y acceso a las tecnologías de la información y comunicación. Por lo que hace al Internet, sólo 40 de cada 100 mexicanos tienen acceso a esta importante herramienta.

La COFETEL y el INEGI señalan que ha habido un incremento considerable del acceso a Internet, aunque no se señalan con precisión las causas, de 2010 a 2012 los usuarios de Internet aumentaron significativamente de 34.8 millones a más de 45 millones de usuarios, de los cuales 22.4 millones acceden a la red desde su hogar y 22.6 millones acceden desde fuera de casa.

Asimismo, del total de usuarios, sólo el 50 por ciento se encuentra dentro de la Población Económicamente Activa, por lo que menos del 20 por ciento de la población puede pagar por este servicio.

En resumen, se puede decir que México no se encuentra mejor posicionado en el acceso a Internet que países latinoamericanos, nuestra cobertura es del 40 por ciento, indicándonos que el 60 por ciento de la población no tiene acceso a Internet. En ese sentido, se plantea hacer efectivo lo estipulado por el artículo 3o. constitucional, el cual señala: que toda la educación que imparte el Estado, será nacional evitando privilegios de razas, grupos o individuos sin exclusivismos, y sobre todo, se basará en los resultados del progreso científico; ya que los hechos, el acceso a las tecnologías de la información y comunicación fundamentales para el proceso educativo, y que son el resultado del progreso científico, aun no forman parte nodal de la política educativa en México.

Para ello, se propone reformar la Ley General de Educación en su artículo 33, fracción VI, y darle cabal cumplimiento a uno de los objetivos básicos de esta norma; equidad e igualdad en oportunidades de acceso a los servicios educativos.

Con la reforma al artículo 33, se establece que la autoridad educativa, además de implantar sistemas de educación a distancia, también tendrá la obligación de instrumentar programas que incentiven el uso de tecnologías de la información y comunicación como herramientas indispensables en los planes de estudios, desde el nivel básico hasta el nivel superior.

En esta responsabilidad la autoridad educativa federal podrá:

Coordinarse con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y dependencias competentes del gobierno federal, para recibir apoyo técnico, infraestructura y propuestas.

Celebrar convenios de participación y colaboración con sectores público, privado y social.

Crear las instancias jurídicas y administrativas necesarias para su instrumentación.

Asimismo, se propone adicionar la fracción VIII Bis al artículo 38 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, para otorgar a la Secretaría de Educación Pública la responsabilidad de crear e implementar programas de acceso universal a las tecnologías de la información y comunicación en todos los centros de enseñanza, desde el nivel básico hasta superior.

Con esta adición, se faculta a la Secretaría de Educación Pública para crear, organizar e implementar en todo el territorio nacional programas de acceso universal a las tecnologías de la información y comunicación en todos los centros de enseñanza desde el nivel básico hasta superior, en la esfera de su competencia.

Finalmente, mediante un transitorio se obliga a la autoridad educativa, para que al inicio de cada ejercicio fiscal, se emitan los lineamientos del Programa Nacional de Acceso Universal a las Tecnologías de la Información y Comunicación para el Mejoramiento de la Educación Pública.

Compañeros legisladores, de aprobarse esta reforma estaríamos dando un paso importantísimo para consolidar la educación del siglo XXI. El Estado estaría obligado a proporcionar a todos los estudiantes por igual el acceso a las tecnologías de la información y comunicación en sus centros educativos; Internet, telecomunicaciones e informática pasarían de ser complementos educativos a elementos indispensables para una educación de calidad.

Contribuiríamos a cerrar la brecha digital que nos separa de otros países, pero sobre todo que separa a la sociedad mexicana en los que tienen acceso y los que no lo tienen; entre los que pueden pagar por el servicio y los que no pueden pagarlo; los que tienen acceso a nuevas formas de comunicación e información que coadyuvan a desarrollar profesional y personal y los que simplemente forman parte de la segregación digital.

Con la aprobación de esta iniciativa, y acto seguido, con la instrumentación de los programas de acceso universal a las tecnologías de la información y comunicación por parte de las autoridades educativas, se estaría dando cobertura y acceso en más de 240 mil escuelas públicas y se beneficiaría directamente a 33 millones de jóvenes que se encuentran en su etapa formativa.

De esta manera, la cobertura de tecnologías de la información y comunicación, con énfasis en el Internet, llegaría al 66 por ciento de la población; tomaríamos en cuenta los 45 millones de usuarios que tiene registrados actualmente la COFETEL y 30 millones más que se sumarían con los programas de acceso universal implementados por las autoridades educativas.

Por su atención, muchas gracias.

(Aplausos)

Iniciativa

“El que suscribe, Senador Oscar Roman Rosas Gonzalez, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, a la LXII Legislatura de la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 71 fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como el 8º, numeral 1, fracción 1; 164, numeral 1; 169 y 172 del Reglamento del Senado de la República, someto a consideración de esta Soberanía la presente Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 33, fracción VI, de la Ley General de Educación; y se adiciona la fracción VIII Bis al artículo 38 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, al tenor de los siguientes:

MOTIVOS

En las últimas décadas el avance de las tecnologías de la información y comunicación (TICs) han avanzado a pasos agigantados; las telecomunicaciones, la informática y la Internet transforman de manera vertiginosa la interacción de las sociedades contemporáneas y su modus vivendi, impactando en todos los campos de la vida humana, desde la manera de comunicarse, hasta las más variadas actividades económicas y sociales, y por supuesto han revolucionado la educación.

Tal y como lo señala la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), en su estudio realizado en 2004, “Las tecnologías de la información y la comunicación en la formación docente”:

“Las tecnologías de la información y la comunicación (TICs) son un factor de vital importancia en la transformación de la nueva economía global y en los rápidos cambios que están tomando lugar en la sociedad. En la última década, las nuevas herramientas tecnológicas de la información y la comunicación han producido un cambio profundo en la manera en que los individuos se comunican e interactúan en el ámbito de los negocios, y han provocado cambios significativos en la industria, la agricultura, la medicina, el comercio, la ingeniería y otros campos. También tienen el potencial de transformar la naturaleza de la educación en cuanto a dónde y cómo se produce el proceso de aprendizaje, así como de introducir cambios en los roles de profesores y alumnos”.

En este estudio se destaca que con el advenimiento de las nuevas tecnologías, el énfasis de la profesión docente está cambiando desde un enfoque centrado en el profesor y basado en clases magistrales, hacia una formación centrada principalmente en el alumno dentro de un entorno interactivo de aprendizaje. El diseño e implementación de programas de capacitación docente que utilicen las TICs efectivamente es un elemento clave para lograr reformas educativas profundas y de amplio alcance.

De esta manera, las instituciones de educación docente deberán optar entre asumir un papel de liderazgo en la transformación de la educación, o bien quedar rezagadas en el camino del incesante cambio tecnológico. Para que la educación pueda explotar al máximo los beneficios de las TICs en el proceso de aprendizaje, es esencial que tanto los futuros docentes como los alumnos sepan utilizar adecuadamente estas herramientas.

Así, el acceso a las tecnologías de la información y comunicación por parte de los alumnos se vuelve una necesidad inaplazable, pues el acceso y utilización correcta de las mismas permitirá cerrar de manera exitosa el proceso de enseñanza-aprendizaje en la era de la sociedad del conocimiento.

La utilización de las TICs en un mundo globalizado adquiere mayor relevancia, ya que son un factor determinante en la competitividad de los países, puesto que un mayor acceso y cobertura de servicios detonan una sociedad más integrada y con mejores niveles de desarrollo.

Por ello, el acceso universal a las tecnologías de la información y comunicación, con énfasis en el servicio de Internet, se ha vuelto tema central en las políticas públicas de telecomunicaciones y tecnología en gran parte del mundo. El objetivo es lograr que el 100% de la población tenga accesibilidad y asequibilidad a Internet; a través de centros públicos o de manera individual por medio de los proveedores de servicios.

Sin embargo, las condiciones económicas de cada país son diferentes, ya que los países en vías de desarrollo, como México, el grueso de la población no cuenta con los recursos suficientes para contratar el servicio de Internet, y las posibilidades de conexión sin costo en lugares públicos y centros escolares, aún es insipiente.

EXPERIENCIAS INTERNACIONALES

En ese tenor, los países desarrollados han comenzado a redefinir las nociones de servicio universal para trascender de la telefonía básica hacia servicios convergentes, con énfasis en el acceso a Internet. Sobre este punto, la Unión Europea ha diseñado el paquete “Functional Internet Access (FIA)” o Acceso Funcional a Internet. En Australia, se habla de “Digital Data Service Obligation”, que equivale a un acceso universal a través de una red digital de servicios integrados.

Esto ha permitido que países como Islandia, Noruega y Suecia tengan la cobertura de Internet más amplia de los países miembros de la OCDE; 93.5%, 92.1% y 90.8, respectivamente.

Estados Unidos tiene un porcentaje de acceso a Internet del 76.2% de la población; 20% menos en comparación con los países escandinavos. Ante ello, el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, propuso al congreso -en marzo de 2010-, a través de la Comisión Federal de las Comunicaciones (FCC, por sus siglas en inglés) tratar el acceso a Internet de banda ancha como un derecho de los ciudadanos. El proyecto prevé una inversión de 5.800 millones de euros en 10 años, para lograr la cobertura al 100%.

Cabe destacar que los altos porcentajes de acceso a Internet en los países desarrollados son el resultado de constantes inversiones públicas en la materia y la participación de la iniciativa privada, como proveedores de servicio, incrementando la cobertura y reduciendo los costos de acceso.

Por su parte, los países en vías de desarrollo no sólo cuentan con limitaciones presupuestales a la hora de impulsar políticas que tienden a acercar el servicio y acceso a las TICs; las limitaciones técnicas y de infraestructura son también problemas que deben ser resueltos.

Para contrarrestar estos efectos, países como Brasil, Chile, Perú, Costa Rica y Bolivia, entre otros, han sido pioneros en la implementación de programas de acceso/servicio universal destinados a incrementar el acceso al teléfono e Internet en áreas rurales y sin servicio. Han puesto en práctica diversos mecanismos de financiamiento para llevar el servicio Internet a zonas rurales y marginadas, entre los que destacan:

• Financiamiento directo con cargo a los ingresos generales del gobierno;

• Contribuciones de los operadores de telecomunicaciones (por ejemplo, en proporción a sus ingresos provenientes de servicios específicos);

• El producto de las subastas de espectro;

• Pagos por licencias o concesiones;

• Un gravamen cobrado por cada línea de acceso instalada por los operadores de telecomunicaciones;

• Fondos procedentes de organismos de desarrollo internacional; y

• Subsidios fiscales a proveedores de servicios.

La implementación de estos programas de acceso o servicio universal a Internet han arrojado buenos resultados en países latinoamericanos. Por ejemplo, Uruguay alcanza niveles de cobertura del 55.2%, Colombia 45.5%, Brasil 39%, Chile 34%, Perú 31%, Venezuela 31% y Argentina 30%. México se encuentra por debajo de sus similares latinoamericanos con 26% de la población con acceso a Internet.

De esta manera, en el plano internacional el acceso universal a internet, debe ser entendido como una meta a conseguir, donde cada país defina las estrategias y su instrumentación para lograr la cobertura der servicio deseado.

Es importante citar dos casos en el terreno de la legislación, que resaltan por su capacidad imaginativa y propositiva para alcanzar la universalidad del Internet: Brasil, con la enmienda constitucional que pretende consagrar como un derecho social el acceso a Internet; y Panamá, que publicó en agosto de 2008 la Ley que promueve el servicio y acceso universal a las tecnologías de la información y las telecomunicaciones para el desarrollo.

El caso de Brasil

En la última década Brasil se ha consolidado como la economía más fuerte de América Latina, y de acuerdo con el banco mundial, la séptima economía del orbe. Actualmente cuenta con una población de más de 190 millones de habitantes, sin embargo sólo el 39% tiene acceso a Internet, inferior a la cobertura de su similares Colombia y Uruguay con 45.5% y 55.5%, respectivamente.

Para lograr el acceso universal, el Senador Rodrigo Rollemberg, del Partido Socialista Brasileño (PSB-DF) presentó en marzo de 2011 una propuesta de reforma a la Constitución brasileña, para plasmar el acceso a Internet como un derecho social. El objetivo es asegurar que el proveedor de este servicio sea el Estado, ya que el acceso a la información y la comunicación son esenciales para el desarrollo personal, intelectual y profesional de todos los ciudadanos.

Si se produce el cambio, el texto de la Constitución será el siguiente:

“Artículo 6, son derechos sociales la educación, salud, alimentación, trabajo, vivienda, ocio, acceso a la World Wide Web (Internet), la seguridad, el bienestar, la protección de la maternidad y la infancia, y la asistencia a las personas sin hogar en esta Constitución”.

La principal razón que llevó al Senador Rollenberg a proponer esta reforma, es porque ve dos clases de ciudadanos: los que tienen acceso a las vastas oportunidades que ofrecen las tecnologías de la información y la comunicación del siglo XXI y los que están aislados de la perspectiva más amplia del futuro educativo y profesional. “Todavía existe apartheid social, pero se puede evitar aboliendo el apartheid digital”.

El caso de Panamá

Si bien Panamá es un país pequeño, económica y territorialmente, no así en sus políticas públicas para cerrar la brecha digital existente en su población. Este país centroamericano cuenta con 3.4 millones de habitantes, de los cuales solamente el 15% tenía acceso a Internet entre 2007 y 2008.

El Gobierno de Panamá, publicó la Ley 59 “Que promueve el Servicio y Acceso Universal a la Tecnologías de la Información y de la Telecomunicaciones para el Desarrollo”, cuyo objetivo principal es la inclusión digital de la mayor cantidad de ciudadanos.

Con fundamento en dicha Ley, el Gobierno Panameño instrumentó en julio de 2009, el Programa Nacional de Acceso Universal a Internet, promoviendo gratuitamente la conectividad de los ciudadanos, en beneficio de las personas que por limitaciones económicas o geográficas no tienen servicio o acceso a Internet.

Este programa se instrumentó en dos fases, que concluyeron en 2010, con la instalación de más de 651 puntos de acceso a Internet gratuito en escuelas, institutos, universidades, dependencias públicas, mercados, parques, jardines, plazas comerciales, gimnasios, museos, bibliotecas, centros de concentración rural, terminales de transporte aéreo, terrestre y marítimo, y otros lugares públicos.

Los resultados del Programa Nacional de Acceso Universal a Internet, de acuerdo al 2º Informe del Gobierno Panameño, hapermitido el acceso gratuito a Internet inalámbrico a un total de 2.6 millones de habitantes, casi un 80% de la población estimada de Panamá.

PANORAMA NACIONAL

Actualmente, México tiene una larga brecha por cerrar en cuanto al servicio y acceso a las Tecnologías de la Información y Comunicación. Por lo que hace al Internet, la Comisión Federal de Telecomunicaciones (COFETEL), en su “Comparativo internacional 2009 de usuarios de internet por cada 100 habitantes”, nuestro país ocupa el último lugar de los países comparados.

Uruguay, Brasil, Chile, Perú, Venezuela y Argentina tienen una penetración de 55, 39, 34, 31 y 30 usuarios por cada 100 habitantes, respectivamente; países como Islandia, Noruega, Suecia y Dinamarca, tienen 90 usuarios por cada 100 habitantes. En el caso de México, sólo 26.3 de cada 100 ciudadanos tenía acceso a Internet:

Para el 2012, la propia COFETEL y el INEGI señalan que ha habido un incremento considerable en el acceso a Internet, aunque no se señala con precisión las causas, de 2010 a 2012 los usuarios de Internet aumentaron significativamente de 34.8 millones a más de 45 millones de usuarios; de los cuales 22.4 millones acceden a la red desde su hogar y 22.6 millones acceden fuera de casa.

Asimismo, del total de usuarios, sólo el 50% se encuentra dentro de la población económicamente activa, por lo que menos del 20% de la población puede pagar por el servicio.

En resumen, se puede decir que México no se encuentra mejor posicionado en el acceso a acceso a Internet que países latinoamericanos, nuestra cobertura es del 40%, indicándonos que el 60% de la población no tiene acceso a Internet.

Pese a esta realidad, el Gobierno Mexicano ha diseñado programas que promuevan la inclusión y utilización de las tecnologías de la información y comunicación en los diferentes procesos sociales. En el año 2002, creó el Sistema Nacional e-México, cuya tarea principal consiste en integrar y articular los distintos procesos de gobierno de diversas entidades y dependencias, de los operadores de redes de telecomunicaciones, y de las cámaras y asociaciones vinculadas a las TICs, con el fin de ampliar la cobertura de servicios básicos de educación, salud, economía, gobierno, ciencia y tecnología e industria a la población en general.

Los ejes rectores del Sistema Nacional e-México son conectividad y contenidos asociados a servicios. En cuanto a conectividad destacan Fondo de Cobertura Social de Telecomunicaciones y los Centros Comunitarios Digitales.

El Fondo de Cobertura Social de Telecomunicaciones, instrumentado por la SCT, convocó en los años 2005 y 2006 a licitaciones para otorgar apoyos económicos no recuperables y derechos de uso de bandas del espectro radioeléctrico para proporcionar accesos fijos inalámbricos a comunidades marginadas. La condición para otorgar las concesiones establecía la obligación de proporcionar servicio público de telefonía básica local y de larga distancia, a través de una caseta pública en aquéllas localidades de escasos recursos del medio rural y urbano con altos grados de marginación y que no contaran con servicios telefónicos.

Es importante mencionar que, el Fondo de Cobertura Social de Telecomunicaciones, se enfocó más en el servicio telefónico que propiamente al acceso de Internet en las diferentes localidades.

A la par, se crearon los Centros Comunitarios Digitales, que ofrecen servicios electrónicos a través del acceso a equipos de cómputo e Internet. Los Centros Comunitarios Digitales (mejor conocidos por sus siglas CCDs) son sitios de acceso público a Internet, localizados en todo el país, principalmente en escuelas, bibliotecas, centros de salud, oficinas de correos y edificios de gobierno.

En un CCDs, la población en general puede utilizar computadoras y otras herramientas tecnológicas, para estar mejor informada y comunicada con otras personas; para impulsar su desarrollo económico; y para el acceso a servicios públicos.

Los contenidos se dividen en educación, salud, economía y gobierno, de tal forma que, los ciudadanos al requerir un servicio o acceder a información, utilicen el Internet como elemento indispensable de su desarrollo y propicie la cultura de digitalización de la sociedad.

Así, México ha optado por la participación directa del Estado en la instalación de los Centros Digitales, y el otorgamiento de estímulos económicos y otorgamiento de derechos a los proveedores de servicio; lamentablemente la cobertura no es la esperada y el acceso no es universal.

OBJETIVO DE LA INICIATIVA

El acceso a las tecnologías de la información y comunicación, como el Internet, han dejado de ser solamente una fuente donde convergen audio, voz y datos en una amplia gama de matices que permiten a los usuarios comunicarse, informase y acercarse de elementos y herramientas que permiten elevar su conocimiento, para ser pieza fundamental de la educación de millones de jóvenes en su etapa formativa.

Si bien, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece en su artículo 3º que todos los individuos tienen derecho a recibir la educación que imparta el Estado, la cual será nacional evitando privilegios de razas, grupos o individuos sin exclusivismos, y sobre todo, se basará en los resultados del progreso científico; en los hechos, el acceso a las tecnologías de la información y comunicación fundamentales para el proceso educativo, y que son el resultado del progreso científico, aún no forman parte nodal de las políticas educativas.

Para ello, se propone reformar la Ley General de Educación en su artículo 33, Fracción VI, y darle cabal cumplimiento a uno de los objetivos básicos de esta norma; equidad e igualdad en oportunidades de acceso a los servicios educativos.

La reforma propuesta es la siguiente:

Artículo 33…

VI. Establecerán sistemas de educación a distancia y programas que incentiven el uso de tecnologías de la información y comunicación como herramientas indispensables en los planes de estudio, desde nivel básico hasta superior.

En esta responsabilidad la autoridad educativa federal podrá:

a) Coordinarse con la Secretaria de Comunicaciones y Transportes y dependencias competentes del Gobierno Federal, para recibir apoyo técnico, infraestructura y propuestas.

b) Celebrar convenios de participación y colaboración con los sectores público, privado y social.

c) Crear las instancias jurídicas y administrativas necesarias para su instrumentación.

Asimismo, se propone adicionar la fracción VIII bis al artículo 38 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, para otorgar a la Secretaría de Educación Pública la responsabilidad de crear e implementar programas de acceso universal a las tecnologías de la información y comunicación en todos los centros de enseñanza, desde nivel básico hasta superior.

La adición propuesta es la siguiente:

Artículo 38.- A la Secretaria de Educación Pública corresponde el despacho de los siguientes asuntos:

I. a la VIII…

VIII bis.- Crear, organizar e implementar en todo el territorio nacional programas de acceso universal a las tecnologías de la información y comunicación en todos los centros de enseñanza, desde nivel básico hasta superior, en la esfera de su competencia.

Compañeros legisladores, de aprobarse esta reforma, estaríamos dando un paso importantísimo para consolidar la educación del siglo XXI. El Estado estaría obligado a proporcionar a todos los estudiantes -por igual- el acceso a las tecnologías de la información y comunicación en sus centros educativos; Internet, telecomunicaciones e informática, pasaran de ser complementos educativos a elementos indispensables para una educación de calidad.

Contribuiríamos a cerrar la brecha digital que nos separa de otros países, pero sobre todo, que separa a la sociedad mexicana entre los que tienen acceso y los que no lo tienen; entre los que pueden pagar por el servicio y los que no pueden pagarlo; los que tienen acceso a nuevas formas de comunicación e información que coadyuvan al desarrollo profesional y personal y los que simplemente forman parte de la segregación digital.

No debemos permitir que el “Apartheid Digital” siga encontrando terreno fértil en nuestro país. Con la aprobación de esta iniciativa, y acto seguido, con la instrumentación de los programas de acceso universal a las tecnologías de la información y comunicación por parte de las autoridades educativas, se estaría dando cobertura y acceso en más de 240 mil escuelas públicas, y se beneficiaría directamente a 33 millones de jóvenes que se encuentran en su etapa formativa.

De esta manera, la cobertura de tecnologías de información y comunicación, con énfasis en Internet, llegaría al 66% de la población; si tomamos en cuenta los 45 millones de usuarios que tiene registrados actualmente la Cofetel y 30 millones más que se sumarían con los programas de acceso universal implementados por las autoridades educativas.

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta soberanía la presente iniciativa con proyecto de

Decreto que reforma el artículo 33, fracción VI, de la Ley General de Educación; y se adiciona la fracción VIII Bis al artículo 38 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, para que las autoridades educativas instrumenten programas de acceso a las tecnologías de la información y comunicación en los centros escolares.

Primero. Se reforma el artículo 33, fracción VI, de la ley General de Educación, para quedar como sigue:

Articulo 33.- Para cumplir con lo dispuesto en el artículo anterior, las autoridades educativas en el ámbito de sus respectivas competencias llevarán a cabo las actividades siguientes:

I.- a la V.-…

VI.- Establecerán sistemas de educación a distancia y programas que incentiven el uso de tecnologías de la información y comunicación como herramientas indispensables en los planes de estudio, desde nivel básico hasta superior.

En esta responsabilidad la autoridad educativa federal podrá:

a) Coordinarse con la Secretaria de Comunicaciones y Transportes y dependencias competentes del Gobierno Federal, para recibir apoyo técnico, infraestructura y propuestas.

b) Celebrar convenios de participación y colaboración con los sectores público, privado y social.

c) Crear las instancias jurídicas y administrativas necesarias para su instrumentación.

VII.-…

Segundo. Se adiciona la fracción VIII Bis al artículo 38 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, para quedar como sigue:

Artículo 38.- A la Secretaria de Educación Pública corresponde el despacho de los siguientes asuntos:

I. a la VIII…

VIII Bis.- Crear, organizar e implementar en todo el territorio nacional programas de acceso universal a las tecnologías de la información y comunicación en todos los centros de enseñanza, desde nivel básico hasta superior, en la esfera de su competencia.

IX.-…

TRANSITORIOS

Primero.-El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo.-La autoridad educativa federal emitirá, en un plazo máximo de 30 días, al inicio de cada ejercicio fiscal, los lineamientos que correspondan para instrumentar el Programa Nacional de Acceso Universal a las Tecnologías de la Información y Comunicación para el Mejoramiento de la Educación Pública.

Senado de la República, a 5 de febrero de 2013.

Sen. Oscar Román Rosas González”.

- El C. Presidente Cordero Arroyo: Gracias, Senador Rosas González. Túrnese a las Comisiones Unidas de Educación; y de Estudios Legislativos.

- El C. Senador Raúl Aarón Pozos Lanz: (Desde su escaño)Pido la palabra, señor Presidente.

- El C. Presidente Cordero Arroyo: Sonido en el escaño del Senador Pozos.

- El C. Senador Raúl Aarón Pozos Lanz: (Desde su escaño)Sólo para preguntarle al Senador si nos podemos sumar a su iniciativa.

- El C. Senador Oscar Román Rosas González: Por supuesto.

- El C. Presidente Cordero Arroyo: Los Senadores que deseen adherirse a la iniciativa, favor de levantar su mano. Pido a la Secretaría tome nota, por favor.

Tiene el uso de la palabra el Senador Carlos Mendoza Davis, para presentar a nombre del grupo parlamentario del PAN, una iniciativa con proyecto de Decreto que reforma diversos artículos constitucionales, en materia de deuda pública.





 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA DIVERSOS ARTICULOS DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA DE DEUDA PUBLICA

(Presentada el C. Senador Carlos Mendoza Davis, a nombre del grupo parlamentario del PAN)

- El C. Senador Carlos Mendoza Davis: Con su venia, señor Presidente; compañeros Senadores:

México demanda responsabilidad para una mejor gobernabilidad.

En el Partido Acción Nacional asumimos la tarea de hacer de la responsabilidad en el ejercicio de gobierno, cultura, que esa cultura llegue a todos los rincones del país y que la sociedad la asuma como la única forma admisible de gobernar.

En los últimos 12 años, es innegable que hubo avances importantes.

Tenemos un mejor sistema de rendición de cuentas a nivel federal, leyes e instituciones que avalan la transparencia, pesos y contrapesos constitucionales para garantizar que la era del despilfarro y de la bancarrota no volverá jamás.

Para ello, los mexicanos gozan hoy de niveles crecientes de bienestar.

Se ha ido la zozobra de la quiebra y se ha devuelto la certidumbre de que con esfuerzo y trabajo los mexicanos podemos formar un patrimonio.

Hay una nueva clase media mexicana, pero es cierto, hay procesos pendientes que resolver.

Lamentablemente, la responsabilidad federal no se ha compartido en lo local.

La eficiencia federal en el manejo de las finanzas públicas no ha encontrado eco en lo local.

A México le urge homogeneizar su democracia, porque la responsabilidad financiera no es solamente un tema macroeconómico, es un tema profundamente social.

El despilfarro de hoy, es la quiebra de mañana; la deuda de hoy, los impuestos de mañana; la frivolidad pública de hoy, la penuria social de mañana.

Los datos no mienten ni alertan. De acuerdo al análisis de la deuda pública de las entidades federativas y municipios publicado por la Auditoría Superior de la Federación, en agosto de 2012, el endeudamiento subnacional creció aceleradamente.

Entre 2006 y 2012, en tan solo 6 años, la deuda de los estados pasó de 160 a 406 mil millones de pesos, un crecimiento de 154 por ciento.

Como ejemplo emblemático de este lamentable fenómeno, tenemos el caso de Coahuila, que entre los años 2005 y 2012 vio su deuda crecer de 323 millones de pesos, a más de 36 mil millones, es decir, más de 8 mil 500 millones.

Pero el tema, lejos de resolverse, sigue incrementándose.

Entre el cierre de 2011 y el primer semestre de 2012, 18 entidades aumentaron el saldo de su deuda en 16 mil 838 millones de pesos.

En 6 estados se concentró más del 70 por ciento del aumento de la deuda durante el primer semestre de 2012.

Veracruz, Jalisco, Chihuahua, Nuevo León, Zacatecas y Michoacán, son los señalados.

Pero este inusitado incremento no sólo se vio reflejado en las haciendas estatales.
La Auditoría Superior de la Federación reportó que entre el cierre de 2011 y junio de 2012, en tan solo 6 meses, las deudas en municipios del país se incrementaron en 735 millones de pesos.

Esta realidad económica se acompaña por otra irresponsabilidad: la política.

El diseño constitucional mexicano ha mostrado sus deficiencias limitado por los abusos del poder de aquellos que no comprenden que la sociedad ya cambió y que el poder debe cambiar también.

Los años de mayor endeudamiento se registraron cuando los gobernadores en turno tenían mayoría en sus congresos y precisamente en los años donde se vivían procesos electorales.

Así, la dirección partidista superó a la condición de que los legisladores somos representantes de los ciudadanos y de nuestras entidades.

El crecimiento de las deudas pudo haber sido legal, pero no fue legítimo, mucho menos fue responsable, mucho menos fue ético.

Por ello, hoy elevamos a esta Soberanía una reforma de gran calado y amplio espectro que busca acotar la discrecionalidad y cerrar las puertas al abuso y a la superficialidad.

Proponemos garantizar que los equilibrios de los poderes funcionen, que las decisiones que implican el futuro de generaciones sean técnicas y fundadas.

Proponemos la sustitución del capricho por la eficiencia.

La reforma contempla el establecimiento de reglas de aplicación general en los 3 órdenes de gobierno que estructuren el uso ordenado, responsable y transparente de la deuda pública.

Debemos asegurarnos de que en las entidades y municipios al contraer este tipo de obligaciones, los recursos sean utilizados sólo y cabalmente hacia destino autorizado, inversiones productivas que generen ingresos al ente público contratante a fin de que no lo utilicen para pagar gasto corriente poniendo en riesgo no sólo sus finanzas, sino las del país entero.

Que sea el Congreso de la Unión quien establezca las reglas de prudencia y responsabilidad fiscal que regulen la deuda pública y que estas sean aplicables a los 3 órdenes de gobierno.

Es necesario establecer las bases sobre las cuales los entes públicos podrán contratar su deuda pública, evitando que cada entidad federativa tenga disposiciones, que por contener lagunas legales, permitan el uso irresponsable de esta herramienta financiera.

Proponemos establecer techo de endeudamiento para cada estado y municipio, que considere y nunca sea mayor a su capacidad de pago. Este techo, en ningún caso podrá ser generalizado, sino que deberá atender a las circunstancias, a la necesidad y proporcionalidad de cada entidad federativa y municipio.

Así, los estados habrán de conservar la facultad para aprobar su deuda pública, pero siempre ajustándose a nuevas reglas constitucionales y según lo establecido por el Congreso de la Unión.

Planteamos que las legislaturas locales puedan aprobar su deuda, incluyendo la emisión de bonos, sólo que planteamos que lo hagan mediante mayorías calificadas, es decir, dos terceras partes de los integrantes totales de cada legislatura aplicando la misma regla a proyectos de reestructuración o refinanciamiento de la misma.

Consideramos, además, necesario facultar a esta Soberanía, la Cámara de Senadores, como órgano de representación de las entidades federativas, para que conozca, supervise y, en su caso, objete por su monto, por su destino o condiciones de contratación, la deuda.

Que sea facultado el Senado para que en caso de que las entidades no cumplan con lo establecido en las leyes correspondientes, emita sus observaciones y sólo dando cumplimiento a éstas, la deuda pueda ser contratada.
Consideramos que el Senado conozca también los recursos que la Federación otorgue como apoyo extraordinario a los estados, a fin de poder emitir, previa la liberación de los mismos, una recomendación a la autoridad hacendaria, buscando certificar que estos no serán autorizados para cubrir obligaciones económicas, sobre todo, aquellas derivadas de la deuda pública; no al rescate con recursos fiscales.

En el tema de la transparencia y rendición de cuentas, se propone que en los informes de la cuenta pública de los tres órganos de gobierno, se incluyan los datos relacionados a la deuda pública, otorgando la facultad a la Cámara de Diputados para que por medio de la Auditoría Superior de la Federación, a quien se le otorgan facultades concurrentes con los órganos fiscalizadores de los congresos locales, para efectuar la revisión de la deuda que se hubiere contratado y, en su caso, se finquen las responsabilidades a que haya lugar.

Compañeros Senadores, tenemos una responsabilidad con el futuro del país, en el grupo parlamentario de Acción Nacional en el Senado, estamos conscientes del compromiso que asumimos con todos los mexicanos.

Es por eso que avalamos, y como grupo parlamentario proponemos esta iniciativa de deuda pública ante ésta la más alta tribuna del país.

La mejor forma de remediar los problemas es resolverlos de fondos y resolverlos a tiempo. No podemos aplazarlos más; y por eso Acción Nacional, y esta Soberanía, ya dio los primeros pasos al aprobar la iniciativa de contabilidad que propusiera el entonces Presidente Felipe Calderón para fomentar la transparencia en el ejercicio de recursos públicos y reducir la opacidad.

Ahora, damos el siguiente paso. Prohibir la discrecionalidad y castigar la irresponsabilidad. El PAN pugna por controles independientes, por más escrutinio público, por mejores prácticas de política pública.

Ese es el origen de nuestro partido y tal es nuestra convicción. Por eso circunscribimos en conjunto esta iniciativa los compañeros de bancada y la presentamos con el aval de nuestro grupo parlamentario, ratificando nuestro compromiso con la sociedad que nos eligió y a la que representamos.

Hoy, mediante esta reforma, tenemos la gran oportunidad de llenar los vacíos de ley que día a día ponen en peligro las finanzas de los ciudadanos.

México demanda reglas claras y unificadas que permitan y promuevan un manejo responsable de la deuda.

El dinero público es dinero de todos los mexicanos. Por lo tanto, que no quepa duda que la deuda pública de la Federación, estados y municipios, también es de todos.

Mandemos el mensaje a los mexicanos que en el Senado velamos por la prosperidad de la nación.

Reiteremos que estamos dispuestos a blindar nuestra preciada democracia que tanto trabajo nos ha costado construir.

Refrendemos nuestra voluntad, nuestra firmeza y nuestra responsabilidad para salvaguardar el interés público.

Compañeros, los invito a analizar a detalle la iniciativa, que solicito a nuestra Presidencia, incluya de manera íntegra en el Diario de los Debates.

Más aún, los invito a ser responsables en su encargo y atender el mandato de responsabilidad que nos otorgaron quienes nos eligieron para representarlos.

Los invito a votarla a favor. Frenemos hoy la fuga de oportunidades para mejorar a partir de mañana el futuro de nuestros hijos.

“México lo merece”.

Es cuanto, señor Presidente.

(Aplausos)

Iniciativa

VER DOCUMENTO

- El C. Presidente Cordero Arroyo: Muchas gracias, Senador Mendoza Davis.

- El C. Senador Armando Ríos Piter: (Desde su escaño) Señor Presidente…

- El C. Presidente Cordero Arroyo: Sonido en el escaño del Senador Ríos Piter.

- El C. Senador Armando Ríos Piter: (Desde su escaño) Señor Presidente, habiendo escuchado al Senador Carlos Mendoza Davis, hace dos semanas y media, todavía en el contexto de la Comisión Permanente, presenté junto con algunos compañeros del Partido de la Revolución Democrática, una iniciativa que toca temas similares, que tiene una visión de participación, especialmente en el Senado de la República, para buscar pesos y contrapesos en un tema tan importante y tan trascendente que, sin duda alguna, va a abrir el debate, no solamente de la deuda de los estados y municipios, sino el propio debate fiscal.

De tal manera, que yo le pediría al Senador Carlos Mendoza Davis, si me permite suscribir su iniciativa.

(Aplausos)

- El C. Presidente Cordero Arroyo: Muy bien, Senador Ríos Piter, así lo haremos.

- El C. Senador David Penchyna Grub: (Desde su escaño) Señor Presidente…

- El C. Presidente Cordero Arroyo: Sonido en el escaño del Senador Penchyna Grub.

- El C. Senador David Penchyna Grub: (Desde su escaño) Gracias, señor Presidente. Para saludar y felicitar la propuesta del Senador, y pedirle a usted, como Presidente de este Senado de la República, que el turno también se le dé a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para su opinión, nos parece que el tema por si solo lo amerita, y lo solicitamos respetuosamente.

- El C. Presidente Cordero Arroyo: Gracias, Senador Penchyna Grub.

Dado que es una modificación a la Constitución Política a los Estados Unidos Mexicanos,          esta Mesa considera pertinente dejar el turno y turnarse a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; y de Estudios Legislativos, Segunda.

- El C. Senador David Penchyna Grub: (Desde su escaño) Señor Presidente…

- El C. Presidente Cordero Arroyo: Sonido en el escaño del Senador Penchyna Grub.

- El C. Senador David Penchyna Grub: (Desde su escaño) Con todo respeto, señor Presidente, es una materia hacendaria, usted conoce perfectamente ese tema, es una reforma de carácter constitucional, reitero, nuestro saludo respetuoso y la felicitación a la presentación hecha hace unos minutos por el Senador.

Pero le reitero nuestra solicitud, de la bancada del Partido Revolucionario Institucional, que se turne para su opinión a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.   

Yo creo que la materia es ésa. Y precisamente la organización de las comisiones son para analizar los temas desde la materia a la que pertenecen.

Es una solicitud, le reitero, respetuosa, justamente aquí está el Senador, creo que es natural y creo que no, creo que ni siquiera guarde discusión, con todo respeto.

- El C. Presidente Cordero Arroyo: Gracias, Senador Penchyna Grub, aprecio su opinión.

Y si no hay inconveniente, turnaríamos este proyecto de Decreto a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; y de Estudios Legislativos, Segunda, con opinión de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, y si me permiten también, ampliaríamos el turno a la iniciativa que nos llegó de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, por la Permanente, del Senador Armando Ríos Piter. Daríamos también a su iniciativa la ampliación de opinión de la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

Doy la bienvenida a 152 estudiantes de la facultad de Derecho de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, que nos acompañan el día de hoy, invitados por nuestro compañero Senador Fidel Demédicis Hidalgo.

(Aplausos)

Tiene el uso de la palabra el Senador Fidel Demédicis Hidalgo, del grupo parlamentario del PRD, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto que reforma el artículo 116, en su fracción V de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.





 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA EL ARTICULO 116, FRACCION V DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

(Presentada por el C. Senador Fidel Demédicis Hidalgo, del grupo parlamentario del PRD)

- El C. Senador Fidel Demédicis Hidalgo: Con su venia, señor Presidente; compañeros Senadores y compañeras Senadoras:

Darle la bienvenida a estos jóvenes estudiantes de mi Alma Mater, la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, bienvenidos.

También un saludo y bienvenida a los Magistrados de los Tribunales de lo Contencioso Administrativo, Magistrado Alberto Loaiza Martínez, del estado de Baja California; los Magistrados del Distrito Federal, Rubén Minutti Zanatta, Estela Fuentes Jiménez y Francisco Javier Barba Lozano, quienes en representación de la comisión encargada de la reforma constitucional nos acompañan, bienvenidos.

La Asociación Nacional de Magistrados de lo Contencioso Administrativo, con apoyo de la Asociación Mexicana de Impartidores de Justicia A.C., han impulsado los trabajos que hoy constituyen la iniciativa de reforma al artículo 116 constitucional en su fracción V, a fin de dotar a los Tribunales de lo Contencioso Administrativo de las Entidades Federativas, la creación obligatoria de estos tribunales con la independencia funcional de sus juzgadores y la autonomía financiera e institucional, extendiendo a sus integrantes los derechos humanos y sus garantías jurisdiccionales para homologar a los juzgadores de los poderes judiciales locales.

Son vastos los antecedentes del desarrollo legislativo en materia del Poder Judicial.

En 1987, con las reformas a la Constitución Federal, se encaminaron al establecimiento de un Tribunal Constitucional y a una reforma capital para la impartición de justicia a nivel local.

Al generar la adición integral del sistema jurisdiccional nacional, induce el desarrollo y evolución de los sistemas jurisdiccionales estaduales a partir de garantías mínimas para su independencia y la autonomía de los juzgadores, atendiendo a las personas del justiciable, haciéndole válido sus derechos humanos y garantías de una jurisdicción pronta, completa e imparcial.

Sólo podremos aspirar a un sistema democrático constitucional y social fuerte si contamos con tribunales independientes, activos y comprometidos con la sociedad, para lo cual se requiere:

A. La carrera judicial. Debiéndose fijar las condiciones para el ingreso, formación y permanencia de los funcionarios judiciales.

B. Los requisitos necesarios para ocupar el cargo de magistrado, así como las características que esto deben tener, tales como conocimientos y experiencia aprobada, eficiencia y honorabilidad.

C. El derecho a recibir una remuneración adecuada que no podrá disminuirse durante su encargo.

D. La estabilidad o seguridad en el ejercicio del cargo, lo que implica la fijación de su encargo constitucional y la posibilidad de que sean ratificados al término del periodo para el que fueron designados.

La Constitución Federal, a la vez que prevé su existencia, dota a los tribunales de los contencioso administrativo de potestad jurisdiccional, al encomendarles la solución de controversias que se susciten entre la administración pública estatal y los particulares, dejando a las legislaturas de cada una de las entidades federativas establecer las normas para su organización, su funcionamiento, el procedimiento y los recursos contra sus resoluciones; sin embargo, ha omitido establecer las garantías jurisdiccionales de que deberán estar investidos sus integrantes para garantizar que la labor de impartir justicia en la materia sea acorde a lo establecido en el artículo 17 de la misma Norma Suprema.

Asimismo, según los criterios obtenidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los principios otorgados por el artículo 116 para la obtención de la independencia de los tribunales, resultan aplicables a los órganos jurisdiccionales pertenecientes a los poderes judiciales locales, misma que se aplican a los de la materia electoral.

También resultan indispensables para los órganos jurisdiccionales que conozcan de la materia administrativa, que sean parte de dichos poderes judiciales, razón por la cual para evitar la suspicacia argumentativa de que éstos últimos quieren un fundamento constitucional distinto, que es el artículo 116, fracción V, que genera la presente iniciativa de reforma constitucional.

Actualmente, se reconoce la autonomía de los tribunales de lo contencioso administrativo para dictar sus fallos, omitiendo establecer las bases para gozar de una autonomía total que les permita actuar ajenos a presiones y propósitos que no sean con impartir justicia en los términos previstos por el artículo 17 constitucional para todos los justiciables, razón y esencia del quehacer institucional nacional.

Recordemos que las obligaciones que el Estado mexicano ha contraído en el ámbito internacional, particularmente en lo que atañe a la materia de derechos humanos, impone la necesidad de que la justicia sea impartida por órganos autónomos, que se encuentre garantizada la independencia de sus juzgadores en relación con cualquier presión externa que pueda tener ingerencia en el sentido de la resolución. Tal es el caso de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, Pacto de San José, que en el punto 1 del artículo 8 en lo conducente establece:

Artículo 8. Garantías Judiciales.

1. Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, con anterioridad por la ley, en la sustentación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter.

De lo anteriormente señalado, debemos atender que la reforma constitucional en materia de derechos humanos del 10 de junio de 2011, es precisa en denominar al título y capítulo primero como parte dogmática de la Constitución Federal bajo los derechos humanos y sus garantías, dándole un mayor alcance de índole garantista a favor de los gobernados, lo que se refleja en iniciativa para su educación constitucional.

Por lo antes expuesto y fundado, someto a la consideración de esta Honorable Cámara de Senadores la siguiente iniciativa con proyecto de reforma del artículo 116, fracción V de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue.

Artículo 116, fracción V. Las constituciones y leyes de los estados instituirán tribunales de lo contencioso administrativo, dotados de plena autonomía presupuestal, en su régimen interior y para dictar sus fallos que tengan a su cargo dirimir las controversias que se susciten entre la administración pública local y los particulares, la ley establecerá las normas para su organización, funcionamiento, procedimiento y los recursos contra sus resoluciones. Para garantizar la independencia institucional y funcional, los juzgadores gozarán de los mismos derechos humanos y sus garantías jurisdiccionales que establece la fracción III del presente artículo.

Transitorios

Primero.- La presente reforma entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo.- Las legislaturas de los estados contarán con un año a partir de la vigencia del presente Decreto, para adecuar sus constituciones y leyes a la presente reforma.

Solicito sea incorporada la iniciativa íntegra en el Diario de los Debates.

Por su atención, muchas gracias.

(Aplausos)

Iniciativa

“SEN. ERNESTO CORDERO ARROYO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
CAMARA DE SENADORES DEL
H. CONGRESO DE LA UNION
PRESENTE:

Senador Fidel Demédicis Hidalgo, integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática de la LXII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, en ejercicio de la facultad que me otorga la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y con fundamento de lo dispuesto en el artículo 8, fracción 1, 164 numerales 1 Y 2, 169 y demás aplicables del reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta asamblea la iniciativa con proyecto de Decreto que reforma el artículo 116 fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al tenor de la siguiente:

I. EXPOSICION DE MOTIVOS

El pasado 21 de enero del 2013, recibí en mi oficina el oficio suscrito por el Magistrado Alberto Loaiza Martínez, del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Baja California, en su calidad de comisionado para la reforma del artículo 116 fracción V de la Constitución Política de los estados Unidos Mexicanos.

En su misiva me solicitaba que se incluyera en la agenda legislativa la reforma a los Tribunales de lo Contencioso Administrativo de los Estados, para lo cual, mencionó los siguientes antecedentes, sobresalientes para esta iniciativa:

1. La conformación de una comisión redactora de un anteproyecto de reforma Constitucional, por la Asociación Nacional de Magistrados de lo Contencioso Administrativo, llevada a cabo en la ciudad de Querétaro, Querétaro, el 22 de junio del 2007.

2. En sesión del 21 de septiembre del 2007, llevada a cabo en la ciudad de Toluca Estado de México, la Asociación aprobó el anteproyecto de reforma en los siguientes términos:

“Artículo 116…

I …

V.- Las Constituciones y leyes de los Estados instituirán Tribunales de lo Contencioso- Administrativo, dotados deplena autonomía para dictar sus fallos, presupuestal y en su régimen interior, que tengan a su cargo dirimir las controversias que se susciten entre la Administración Pública Estatal y los particulares, estableciendo las normas para su organización, su funcionamiento, el procedimiento y los recursos contra sus resoluciones.Para garantizar la independencia institucional y funcional, sus juzgadores gozarán de las mismas garantías jurisdiccionales que establece la fracción III del presente artículo.”

3. Durante la Segunda Asamblea General Ordinaria de la Asociación Mexicana de Impartidores de Justicia, A.C. (AMIJ) del 24 al 26 de octubre del 2007, en la ciudad de Mérida Yucatán, incluyo como conclusión:

“6.- Federalismo Judicial II.

En esta mesa los integrantes centraron su participación sobre temas relacionados con el diseño institucional, estructura y funcionamiento de los órganos impartidores de justicia, principalmente en aquellos que no pertenecen al poder judicial. Asimismo se rescataron las propuestas sobre codificaciones tipo para su implementación en otras áreas. Las conclusiones fueron las siguientes:

Presentar una propuesta de reforma al artículo 116 constitucional; en la que se establezcan modificaciones para dotar a los tribunales de lo contencioso administrativo de las entidades federativas de autonomía financiera e institucional, a partir del mandato establecido en el artículo 17 constitucional, esta propuesta de reforma contiene:

a) La creación obligatoria de los Tribunales de lo Contencioso Administrativos en las Entidades Federativas;

b) Su autonomía financiera e institucional y

c) La independencia funcional de sus juzgadores, extendiendo a sus integrantes las garantías jurisdiccionales que la Constitución Federal otorga en su artículo 116 fracción III, a los juzgadores de los poderes judiciales locales.

Creación de un grupo de trabajo para analizar y presentar estudios sobre mecanismos que garanticen la autonomía presupuestaria de los órganos impartidores de justicia.

Creación de un grupo de trabajo para diseñar los nuevos modelos de códigos tipo a partir de prácticas exitosa”

4. El proceso legislativo inconcluso por el cual se presentó iniciativa de reforma constitucional y que se publicó en la Gaceta del Senado número 155 del año 2007.

Conforme a lo anteriormente expresado, remitiéndonos a las fuentes ofrecidas de la iniciativa de reforma constitucional federal, que se contienen en la página electrónica, se atiende su vigencia y se actualizan en el entendido de atender los argumentos que justifican la reforma a efectuarse:

II. ANTECEDENTES

La Reforma Judicial en México no es un momento sino un proceso en marcha. Una de las etapas de este proceso se inicia en 1987con lasreformas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, encaminadas al establecimiento de un Tribunal Constitucional. Coincidentemente, en ese mismo año tiene lugar una reforma capital para la impartición de justicia a nivel local.

Este movimiento renovador partió de una visión integral del sistema jurisdiccional nacional, teniendo como uno de su fines el armonizar el desarrollo y evolución de los sistemas de administración de justicia locales, con el federal que es el más evolucionado, iniciando con el establecimiento de garantías mínimas para la independencia de los poderes judiciales y la autonomía de los juzgadores, en atención de la premisa fundamental de que el ordenamiento jurídico nacional es un sistema en el cual el eje central lo constituye el bienestar del individuo inserto en su vida social; y la organización de todas las instituciones estatales, incluidos los tribunales, debe contribuir al logro de este propósito.

Así el artículo 17 constitucional establece los cimientos para garantizar la homogeneidad de la calidad de la justicia en México. Este numeral consagra el derecho fundamental de acceso a la jurisdicción, al señalar las cualidades que todos los tribunales del País deben ostentar, a fin de que sean objetivamente aptos para cumplir con tan alto cometido, tales como: -independencia de sus órganos, -prontitud en sus procesos y resoluciones, -que se agoten las cuestiones planteadas, -imparcialidad para que se asegure el imperio del derecho, y -gratuidad para reafirmar nuestra vocación democrática.

La teleología del ejercicio reformador emprendido en 1987 tuvo como ejes torales, en su justificación, asegurar que los poderes judiciales de los estados impartan justicia de calidad similar, así como garantizar su independencia respecto de los Poderes Ejecutivos Locales.

Consecuentemente, en la reforma de la fracción IV del artículo 116 de la Constitución Federal, se dotó a los poderes judiciales de las entidades federativas que componen el Estado Federal Mexicano, de las bases para su fortalecimiento tales como:

A. La carrera judicial. Debiéndose fijar las condiciones para el ingreso, formación y permanencia de los funcionarios judiciales.

B. Los requisitos necesarios para ocupar el cargo de magistrado, así como las características que estos deben tener, tales como eficiencia, probidad y honorabilidad.

C. El derecho a recibir una remuneración adecuada, que no podrá disminuirse durante su encargo, y

D. La estabilidad o seguridad en el ejercicio del cargo, lo que implica la fijación de su duración y la posibilidad de que sean ratificados al término del periodo para el que fueron designados, a fin de que alcancen la inamovilidad en el modelo constitucional que adopte cada Entidad Federativa.

Por lo que corresponde a la garantía de estabilidad en el cargo recientemente se ha incorporado, mediante tesis jurisprudencial del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), la obligación del legislador ordinario de prever, para los casos en que el nombramiento de los juzgadores sea por tiempo determinado un haber de retiro. Ello da muestra de la constante búsqueda de las garantías óptimas para el juzgador, a fin de que pueda mantenerse alejado de cualquier presión externa y atender el reclamo social de un sistema de justicia íntegro.

Otro de los aspectos torales de la reforma de marzo de 1987, es el establecimiento constitucional de las bases y fundamentos para instituir los tribunales de lo contencioso administrativo de las entidades federativas, al establecerse en la fracción IV (actualmente V) del artículo 116, que “(…) V. las constituciones y leyes de los Estados podrán instituir tribunales de lo contencioso administrativo dotados de plena autonomía para dictar sus fallos, que tengan a su cargo dirimir las controversias que se susciten entre la Administración Pública Estatal y los particulares, estableciendo las normas para su organización, su funcionamiento, el procedimiento y los recursos contra sus resoluciones”. Con ello, el constituyente permanente esperaba detonar un sistema de impartición de justicia administrativa, a lo largo del territorio nacional.

Mientras que para los poderes judiciales locales la reforma tuvo como propósito su consolidación como tribunales independientes; en lo que corresponde a los tribunales de lo contencioso administrativo, la intención del constituyente permanente fue desarrollarlos.

III.- CONSECUENCIAS DE LA REFORMA DE MARZO DE 1987

Los principios establecidos en el artículo 116, fracción III, son de suma importancia porque constituyen garantías mínimas para la independencia de los tribunales. Gracias a estos mecanismos jurídicos y a su desarrollo por las legislaturas locales se logró acortar la brecha existente entre los tribunales de los poderes judiciales locales y el poder judicial federal.

Respecto de los tribunales de lo contencioso administrativo, con la reforma de la fracción IV se propició su creación y desarrollo. Actualmente la gran mayoría de las entidades federativas y el Distrito Federal cuentan con un órgano jurisdiccional que imparte justicia en materia administrativa.

IV.- SITUACION ACTUAL DE LOS TRIBUNALES DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS

La Constitución Federal, a la vez que prevé su existencia, dota a los tribunales de los contencioso administrativo de potestad jurisdiccional, al encomendarles la solución de controversias que se susciten entre la Administración Pública Estatal y los particulares, dejando a las legislaturas de cada una de las entidades federativas, establecer las normas para su organización, su funcionamiento, el procedimiento y los recursos contra sus resoluciones; sin embargo omite establecer las garantías jurisdiccionales de que deberán estar investidos sus integrantes, para garantizar que la labor de impartir justicia en la materia sea acorde a lo establecido en el artículo 17 de la misma Norma Suprema. Sobre este aspecto, la SCJN ha señalado que la Carta Magna deja en manos del legislador local el diseño de la integración y organización de la jurisdicción contenciosa-administrativa local, y que ante ello las garantías jurisdiccionales de los juzgadores que integren los tribunales de lo contencioso administrativo estatal, serán diseñadas por el legislador local.

Asimismo, según los criterios sostenidos por la SCJN, los principios otorgados por el artículo 116, que sirven para la obtención de la independencia de los tribunales, resultan aplicables a los órganos jurisdiccionales pertenecientes a los poderes judiciales locales; incluyendo a los tribunales electorales de los estados.

De lo anterior se deduce la existencia de un sistema de garantías jurisdiccionales y de autonomía institucional, establecida de manera taxativa para los poderes judiciales de los estados y también para los órganos jurisdiccionales que conozcan de la materia administrativa que sean parte de dichos poderes judiciales.

Por el contrario, según la propia SCJN, no resulta aplicable el régimen detallado y específico de protección a los juzgadores otorgado por el artículo 116, fracción III, cuando los tribunales contencioso administrativo no pertenecen al poder judicial.

Esto argumenta el máximo tribunal, tomando como base el que dichos tribunales tienen un fundamento constitucional distinto, que es el artículo 116, fracción V, en el cual no se ha dispuesto por el poder reformador un régimen específico para los integrantes de dichos órganos, quedando al legislativo de cada uno de los estados la previsión de las garantías jurisdiccionales que les son propias a los órganos que gozan de tal potestad.

Aunado a lo anterior, la Constitución Federal actualmente se limita a establecer únicamente la autonomía de los tribunales de lo contencioso administrativo para dictar sus fallos, omitiendo establecer las bases para gozar de una autonomía total, que les permita actuar ajenos a presiones y propósitos que no sean los de impartir justicia en los términos previstos por el artículo 17 constitucional.

Lo ausencia de bases constitucionales que permitan concebir un sistema de justicia especializada en materia administrativa, que cumpla con los postulados de impartición de justicia que la misma Norma Suprema establece, ha dado lugar a la existencia de diferentes modelos orgánicos de estos tribunales. Así, podemos encontrar una clasificación conforme a la adscripción a un Poder Estadual, o como organismo constitucional, señalando entre otros:

A) Adscritos al Poder Ejecutivo los Tribunales de: Estado de México, Guanajuato, Guerrero, Nuevo León, Oaxaca, Tamaulipas y Yucatán.

B) Adscritos al Poder Judicial como Tribunales de lo Contencioso Administrativo se encuentran en los estados de Aguascalientes, Coahuila, Hidalgo, Jalisco, Morelos, Veracruz y Zacatecas.

C) Como Salas del Poder Judicial en los estados de Baja California Sur, Campeche, Chiapas, Chihuahua, Quintana Roo y Tlaxcala.

D) Como órganos constitucionales autónomos en los estados de Baja California, Colima,Distrito Federal, Durango, Michoacán, Nayarit, Querétaro, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora y Tabasco.

En conclusión:

• Respecto de los órganos jurisdiccionales que imparten justicia en materia administrativa, en lo tocante al aspecto institucional, la Constitución Nacional no asegura la independencia en su funcionamiento, porque no garantiza su autonomía financiera. De hecho, es cuestionable si su mera existencia está garantizada, ya que únicamente se concreta a indicar que las constituciones y leyes de los estados “podrán” instituirlos y estarán dotados de plena autonomía para dictar sus fallos. Es diferente el tratamiento que da a los Tribunales Electorales en el propio artículo 116, fracción IV, al señalar que las constituciones y leyes de los estados garantizarán que aquellos gocen de autonomía en su funcionamiento e independencia en sus decisiones.

• No existe la estandarización de garantías judiciales para los tribunales administrativos.

• No existe uniformidad en el modelo de los órganos jurisdiccionales que imparten justicia en materia administrativa en México.

• Tampoco existe una calidad de justicia administrativa similar en todo el país.

V.- JUSTIFICACION DE LA PROPUESTA

El desideratum que la Constitución nacional impone como derecho fundamental de acceso a la justicia, es que los gobernados reciban una tutela jurisdiccional que, además de satisfacer los requisitos del artículo 17 de la Ley fundamental, sea de calidad similar en todas las materias y en todo el territorio nacional.

Aunado a lo anterior, las obligaciones que el Estado Mexicano ha contraído en el ámbito internacional, particularmente enlo que atañe a la materia de derechos humanos, impone la necesidad de que la justicia sea impartida por órganos autónomos, en los que se encuentre garantizada la independencia de sus juzgadores, en relación con cualquier presión externa que pueda tener injerencia en el sentido de la resolución. Tal es el caso de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José), que en el punto 1 de su artículo 8º, en lo conducente establece:

Artículo 8. Garantías Judiciales

1. Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter.

En ese tenor, queda claro que la independencia del órganojurisdiccional y sus integrantes, no sólo se constituye en una garantía de los juzgadores, sino, más aún, se establece como un derecho fundamental de los gobernados. Al ser un derecho fundamental el recibir justicia de un órgano jurisdiccional independiente, respecto de los tribunales contencioso-administrativos este atributo debe de establecerse en la Constitución Federal, a fin de que se constituya en un postulado que goce de la supremacía que le es propia a la Ley Fundamental.

Por ello se propone establecer la autonomía de los tribunales de lo contencioso administrativo, así como la independencia funcional e institucional de sus integrantes, pues estos son atributos indispensables para ejercer la actividad jurisdiccional acorde con las exigencias que impone un Estado Constitucional Democrático, como el nuestro.

Para lograr este alto cometido en la materia administrativa, es preciso que el Constituyente Permanente profundice la reforma de 1987, garantizando la existencia y la autonomía de los Tribunales de lo Contencioso Administrativo locales, mediante el establecimiento de lasbases para su organización en forma detallada y específica.

Es decir, la reforma constitucional al régimen de los tribunales administrativos debe garantizar la independencia, como una cualidad indispensable para asegurar que los jueces resuelvan los asuntos que se someten a su consideración con imparcialidad, y construir la independencia que típicamente involucra dos áreas, el aspecto institucional y el aspecto funcional de los juzgadores.

Por lo que corresponde a las figuras de independencia institucional y funcional que en el proyecto de reforma constitucional se propone, la doctrina dominante ha sido coincidente en señalar que la independencia institucional requiere de la ausencia de toda dependencia externa respecto de otros órganos del Estado en el ejercicio de la función jurisdiccional; y por lo que atañe a la independencia funcional, el respeto y la no intromisión de los particulares o de cualquier funcionario público en la toma de decisiones por parte de los únicos intérpretes de la ley, como es el caso de jueces y magistrados cuando conocen de litigios y controversias.

En relación al aspecto funcional, relativo a las garantías jurisdiccionales de los juzgadores, debe reconocerse que al igual que los Magistrados de los Tribunales Superiores de Justicia, los Magistrados de los Tribunales de lo Contencioso Administrativo son titulares de órganos jurisdiccionales de naturaleza terminal, por eso la reforma debe extender a éstos los principios que prevé para garantizar la independencia y autonomía de aquellos.

Es decir, para homogeneizar la calidad de la justicia impartida por los Tribunales de lo Contencioso Administrativo entre sí y en relación con el resto de los tribunales, así como para atender puntualmente el derecho fundamental de acceso a la justicia, resulta necesario que las garantías jurisdiccionales que la Constitución Nacional establece en el artículo 116,fracción III, para los poderes judiciales locales, se hagan extensivas a los juzgadores en materia contenciosa administrativa.

Este sistema de garantías, detalladas a nivel constitucional, ha demostrado funcionar para los poderes judiciales locales, logrando estrechar la brecha existente entre éstos y la administración de justicia federal. La consolidación de la reforma judicial no requiere necesariamente dela unidad de jurisdicción, sino de la equivalencia de los mecanismos de protección a la función jurisdiccional. La especialización por materiano es razón para que existan garantías distintas para juzgadores que realizan la misma función y cuyas resoluciones deben tener la misma calidad.

La propia SCJN ha recomendado la estandarización de las garantías judiciales para otros tribunales diversos a los poderes judiciales, como serían los tribunales administrativos. En el citado Libro Blanco de la Reforma Judicial, considera que uno de los aspectos fundamentales para determinar laconveniencia o no de la incorporación de los tribunales administrativos a los poderes judiciales, resulta ser el de las garantías jurisdiccionales, pues en caso de no gozar de garantías equiparables, existe una razón de peso para buscar la incorporación.

Por lo que hace al aspecto institucional, la Constitución además de reconocer la autonomía plena para fallar, debe reconocer también la autonomía financiera. La organización de un tribunal también es un mecanismo de protección para el justiciable. El texto constitucional deberá indicar que los tribunales de lo contencioso administrativo de los estados son autónomos en su funcionamiento, de esta manera se garantizará la independencia financiera y de gobierno.

Siendo los tribunales de lo contencioso administrativo los encargados de juzgar los actos de las autoridades estatales y municipales, que son autoridades con gran poder a nivel de cada entidad federativa, es imprescindible que la Constitución Nacional les fortalezca dotándoles de las máximas garantías jurisdiccionales para que así se haga efectiva, para los justiciables, los derechos humanos y las garantías de acceso a la jurisdicción pronta, completa e imparcial.

Por otra parte, en el proceso de Reforma Judicial, la SCJN está planteando la limitación del juicio de Amparo directo, implicando la necesidad de fortalecer a los órganos jurisdiccionales locales. En este contexto, la reforma que se propone es, además de impostergable,coherente con la Agenda para la Reforma Judicial Integral elaborada por la SCJN que propugna, para fortalecer a los tribunales, por estandarizar las garantías jurisdiccionales y por garantizar la autonomía financiera o presupuestal de todos los órganos que impartan justicia.

De lo anteriormente señalado debemos atender que la reforma constitucional en materia de derechos humanos, del 10 de junio del 2011, es precisa en denominar al título y capítulo primero como parte dogmática de la Constitución Federal bajo los derechos humanos y sus garantías, dándole un mayor alcance de índole garantista a favor de los gobernados, lo que se refleja en la iniciativa para su adecuación constitucional.

Por lo antes expuesto y fundado, someto a la consideración de esta H. Cámara de Senadores, la siguiente iniciativa con proyecto de reforma el artículo 116 fracción V de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, conforme a la siguiente:

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO

Unico.- Se reforma la fracción V del artículo 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 116. …

I a IV …

V. Las Constituciones y leyes de los Estados instituirán Tribunales de lo Contencioso- Administrativo, dotados de plena autonomía presupuestal, en su régimen interior y para dictar sus fallos que tengan a su cargo dirimir las controversias que se susciten entre la Administración Pública Local y los particulares, la Ley establecerá las normas para su organización, funcionamiento, procedimiento y los recursos contra sus resoluciones. Para garantizar la independencia institucional y funcional, sus juzgadores gozarán de los mismos derechos humanos y sus garantías jurisdiccionales que establece la fracción III del presente artículo;

VI …

TRANSITORIOS

PRIMERO.- La presente reforma entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

SEGUNDO.- Las legislaturas de los Estados contarán con un año a partir de la vigencia del presente decreto, para adecuar sus Constituciones y leyes a la presente reforma.

México, Distrito Federal, dado en el recinto oficial del Senado de la República, a 5 de febrero de 2013.

Suscribe

Sen. Fidel Demédicis Hidalgo”.

- El C. Presidente Cordero Arroyo: Gracias, Senador Fidel Demédicis. Túrnese a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; y de Estudios Legislativos, Primera.

1 http://www.amij.org.mx/site/asambleas/2/conclusiones.html

2 http://www.tribunalcontenciosobc.org/publicaciones/BOLETINES/boletin%20tribunal%20%2026%20.pdf

3 Suprema Corte de Justicia de la Nación, Libro Blanco de la Reforma Judicial. Una agenda para la justicia en México. México, 2006, Pág. 67.

4 Idem.

5 Ibidem, Pág. 72. Esta reforma aparece publicada en el Diario Oficial de la Federación de 17 de marzo de 1987.

6 Ibidem, Pág. 73.

7 Cámara de Diputados. Los Derechos del Pueblo Mexicano, tomo III. Editorial Miguel Ángel Porrúa, México, 1994, Pág. 593.

8 Ibidem, Pág. 595.

9 Ibidem, Pág. 596.

10 Como expresó el constituyente, otra finalidad de la reforma fue superar todo vestigio de caciquismo estatal en torno a la administración de justicia y cerrar las puertas a las arbitrariedades a que conduce el hecho de que los jueces estén supeditados en ocasiones a gobernantes o sujetos a caprichos de ámbito local. Ibidem, Pág. 613.

11 Poder Judicial de la Federación. Semanario Judicial de la Federación y su gaceta. Novena Época, t. XXIII, febrero de 2006, Pág. 1530.

12 TESIS JURISPRUDENCIAL Núm. 44/2007 (PLENO) ESTABILIDAD DE LOS MAGISTRADOS DE PODERES JUDICIALES LOCALES. PARÁMETROS PARA RESPETARLA, Y SU INDEPENDENCIA JUDICIAL EN LOS SISTEMAS DE NOMBRAMIENTO Y RATIFICACIÓN. Conforme al artículo 116, fracción III, antepenúltimo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los Estados gozan de autonomía para decidir sobre la integración y funcionamiento de sus Poderes Judiciales, lo que implica una amplia libertad de configuración de los sistemas de nombramiento y ratificación de los Magistrados que losintegran, siempre y cuando respeten la estabilidad en el cargo y aseguren la independencia judicial, lo que puede concretarse con los parámetros siguientes: a) Que se establezca un periodo razonable parael ejercicio del cargo, tomando en cuenta un solo periodo de ejercicio o uno de primer nombramiento y posterior ratificación, que garantice la estabilidad de los juzgadores en sus cargos, el cual puede ser variable atendiendo a la realidad de cada Estado; b) Que en caso de que el periodo no sea vitalicio, al final de éste pueda otorgarse un haber de retiro determinado por los propios Congresos Locales; c) Que la valoración sobre la duración de los periodos sólo pueda ser inconstitucional cuando sea manifiestamente incompatible con el desarrollo de la actividad jurisdiccional o cuando se advierta que a través de la limitación de los periodos pretende subyugarse al Poder Judicial; y d) Que los Magistrados no sean removidos sin causa justificada. Controversia constitucional 9/2004.- Poder Judicial del Estado de Jalisco.- 23 de octubre de 2006.- Unanimidad de diez votos, (Ausente: Juan Díaz Romero).- Ponente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia.- Secretaria: Mara Gómez Pérez. LICENCIADO JOSÉ JAVIER AGUILAR DOMÍNGUEZ, SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN,- C E R T I F I C A: - De conformidad con lo dispuesto por el Tribunal Pleno en sus sesiones privadas de diecinueve de septiembre de dos mil cinco y quince de enero de dos mil siete, se aprobó hoy, con el número 44/2007, la tesis jurisprudencial que antecede.- México, Distrito Federal, a nueve de mayo de dos mil siete.

13 Cámara de Diputados. Op. cit., Pág. 621.

14 Suprema Corte de Justicia de la Nación, Libro Blanco de la Reforma Judicial. Op. cit., Pág. 73.

15 López Ríos, Pedro. El perfil del servidor público en la justicia administrativa. Ponencia presentada al V Congreso Internacional de Justicia Administrativa, Querétaro, Querétaro, 21 de junio de 2007, Pág. 27.

16 Amparo en revisión 664/2003. Quejoso: Alberto Loaiza Martínez, Págs. 137 y 138.

17 TRIBUNALES ELECTORALES SI ESTOS FORMAN PARTE DEL PODER JUDICIAL DEBE DETERMINARSE EN LA CONSTITUCION LOCAL LA POSIBILIDAD DE LA RATIFICACION DE LOS MAGISTRADOS QUE LO INTEGRAN. Acción de Inconstitucionalidad 30/2001 y su acumulada 31/2001.

18 Amparo en revisión 664/2003. Op. cit., Quejoso: Alberto Loaiza Martínez, Págs. 137 y 138.

19 López Ríos, Pedro. Op. cit, Págs. 7 a 11.

20 Véanse al respecto las conclusiones de la Comisión de Estudios Legislativos de la Asociación Nacional de Magistrados de Tribunales de lo Contencioso Administrativo de los Estados Unidos Mexicanos publicadas en su Gaceta Informativa. México, 2007, Págs.89 y 90.

21 Aprobada por la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos el 22 de noviembre de 1969. Aprobada por el Senado el 18 de diciembre de 1980. Ratificada por México el 24 de marzo de 1981.

22 Suprema Corte de Justicia de la Nación, Libro Blanco de la Reforma Judicial. Op. cit., Pág. 36.

23 Al respecto, confrontar Armienta Calderón, Gonzalo. Teoría General del Proceso, Porrúa, México, D.F., 2003, Págs. 142-143.

24 Suprema Corte de Justicia de la Nación, Libro Blanco de la Reforma Judicial. Op. cit.,Pág. 245.

25 Kelsen considera que la organización en forma de tribunal de la autoridad que crea el derecho garantizando la independencia del órgano constituye una garantía de naturaleza preventiva que son aquellas que tienden advertir la realización de actos irregulares. Kelsen, Hans. La garantía Jurisdiccional de la Constitución (La Justicia Constitucional). UNAM, México, 2001, Págs. 34 y 35.

26 El Amparo Directo surge por la desconfianza a lo tribunales locales derivada de la falta de independencia de los juzgadores locales por la intromisión de los órganos políticos. Al respecto véase el trabajo de Manuel González Oropeza “La Jurisdicción del Amparo y la Independenciadel Juez Local” en: Ingeniería Judicial y Reforma del Estado,publicación deGudiño Pelayo, José de Jesús, Porrúa, México, 2003, Pág. 19.

27 Suprema Corte de Justicia de la Nación. Libro Blanco de la Reforma Judicial. Op. cit., Págs. 245 y 246.

Se le concede el uso de la palabra al Senador David Monreal Avila, del grupo parlamentario del PT, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 20 y 23 de la Ley para Regular las Sociedades de Información Crediticia.





 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN LOS ARTICULOS 20 Y 23 DE LA LEY PARA REGULAR LAS SOCIEDADES DE INFORMACION CREDITICIA

(Presentada por el C. Senador David Monreal Avila, del grupo parlamentario del PT)

- El C. Senador David Monreal Avila: Con su permiso, señor Presidente; Senadoras y Senadores:

Vengo a presentar una iniciativa con proyecto de Decreto que modifica dos artículos de la Ley para Regular las Sociedades de Información Crediticia, el 20 y el 23.

Como ustedes saben, el buró de crédito es una sociedad financiera encargada de registrar y administrar la información de los manejos crediticios de las personas físicas y morales.

Según datos de la CONDUSEF, los antecedentes de esta institución se remontan del año 1964 a 1995, desde entonces el Banco de México realizaba la operación y los registros de la información crediticia.

Sin embargo, en 1995, el aumento de los créditos puso a la vista la imperiosa necesidad de recurrir a las sociedades de información crediticia, y desde entonces, con la autorización de la Secretaría de Hacienda, Trans Union de México, S.A., y Dun & Bradstreet de México S.A., para Personas Morales y Personas Físicas, respectivamente, integraron un buró para registrar la información crediticia, el tan conocido para todos nosotros como Buró de Crédito.

Estas sociedades de información crediticia son reguladas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el Banco de México, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros.

El Buró de Crédito opera desde el momento que una persona física o moral solicita un crédito, cualquiera que éste sea, un crédito automotriz, un crédito hipotecario, tarjeta de crédito o el contrato de algún servicio de televisión por paga, de telefonía o ante cualquier empresa comercial o entidad financiera, todos estos denominados como usuarios; y el crédito autorizado por ellos, automáticamente registra al cliente en el Buró de Crédito.

Dicha información se almacena en una base de datos y comienza su historial crediticio.

Derivado de lo oportuno o mal manejo del crédito y del cumplimiento en los pagos y las obligaciones, se genera el historial con carácter positivo o negativo.

Actualmente, la ley contempla que las personas independientemente de la manera como manejan su crédito deben permanecer en los registros del Buró por 72 meses, es decir, 6 años.

Es oportuno reconsiderar este supuesto, ya que, existen personas físicas o morales que han hecho un correcto y oportuno cumplimiento en las obligaciones convenidas con los usuarios, por lo que es necesario reducir la temporalidad del registro de estas personas.

De esto se trata esta iniciativa que modifica los artículos 20 y 23 de la Ley para Regular las Sociedades de Información Crediticia.

Primero, ustedes sabían que hay en el país aproximadamente 140 millones de créditos, de los cuales los obtuvieron cerca de 60 millones de ciudadanos, algunas personas han solicitado 2 o más operaciones de crédito.

Ahora bien, en años anteriores se realizó un monitoreo de los que están inscritos en el Buró de Crédito y un 10 por ciento se encuentra en cartera vencida.

¿Qué quiere decir esto?

Que si un ciudadano adquiere un crédito para un carro, telefonía, televisión de paga, renta o casa, hipotecario; y lamentablemente pierde su trabajo como cualquier ciudadano que pudiera estar expuesto, y si en los siguientes 3 meses este trabajador no cumple con su obligación de pago mensual, lo boletinan, y entonces le ponen una bandera amarilla en la lista de buró de crédito, y este trabajador al tercer mes que no paga, ya aparece como no acceso al crédito.

En el cuarto mes, en esta misma hipótesis, supongamos que ese trabajador obtiene de nuevo su empleo o un nuevo empleo, y lo primero que hace es pagar lo que debe de estos 3 meses acumulados con sus intereses, y paga al cuarto y quinto mes.

Bueno, este trabajador que cubrió al cuarto mes, por el sólo hecho de estar boletinado, durará en el buró de crédito castigado 6 años a pesar de que pague.

Sólo en un mes fueron 130 mil personas las que cayeron en esta circunstancia que genera un retraso en la actividad económica y genera un problema serio de viabilidad que los ciudadanos vayan con prestamistas, vayan con usureros, porque ninguna otra institución de crédito les presta, a pesar de que hubieran cumplido al cuarto mes y hubieran pagado todo; tienen que aparecer en la lista de buró de crédito con 6 años de castigo.

Lo que planteo es, que si al cuarto o quinto mes este trabajador o cualquier ciudadano paga, y es acreedor a nuevos créditos sólo sean 12 meses o un año el que se le castigue porque esto es una sanción de fondo, en lugar de los 6 años que planteó el Buró de Crédito; sólo pueda registrar hasta por un año a los que por uno u otro problema no pagaron 3 meses seguido, pero que al cuarto, al quinto o al sexto que pagaron todas sus obligaciones deben de ser solamente castigados con un año.

Se trata pues, en esta iniciativa que estamos presentando, de reactivar y darle condición a este ciudadano que tiene buen comportamiento crediticio y que por alguna razón haya perdido su empleo, y ahora sea excluido de la oportunidad hasta de la televisión de paga, de la telefonía o de otro crédito que solicite para su propio desarrollo.

Es cuanto, señor Presidente.

Iniciativa

“DAVID MONREAL AVILA, Senador de la República, integrante de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 8, fracción I del Reglamento del Senado de la República, someto a consideración del Pleno de la Cámara de Senadores, la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN LOS ARTICULOS 20 Y 23 DE LA LEY PARA REGULAR LAS SOCIEDADES DE INFORMACION CREDITICIA, bajo la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

El Buró de Crédito es una sociedad financiera encargada de proporcionar los servicios de registrar y administrar la información de los manejos crediticios de las personas físicas y morales.

Según los datos de la CONDUSEF sus antecedentes se remontan a los años de 1964 a 1995 en los cuales el Banco de México realizaba la operación y los registros de la información crediticia. Sin embargo, en 1995 el aumento de los créditos pone a la vista la imperiosa necesidad de recurrir a las Sociedades de Información Crediticia (SIC).

Desde 1995 y con la autorización de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Trans Union de México, S. A. integró el buró para personas físicas; y en 1997, Dun & Bradstreet, S. A., para personas morales.

A pesar de que estas dos empresas son parte del buró de crédito, el mayor porcentaje se los llevan los bancos en México. Y no fue sino hasta 2005 que se conformó el Círculo de Crédito S.A de C.V. con accionistas como Grupo Elektra, Coppel, entre otros.

Las autoridades que regulan el Buró de Crédito son la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), el Banco de México (Banxico o B de M), la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), y la Comisión Nacional para la Protección y Defensa a los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF).

El Buró de Crédito opera desde el momento que una persona física o moral solicita un crédito automotriz, hipotecario, tarjeta de crédito, o el contrato de algún servicio de televisión por paga, o telefonía, ante cualquier empresa comercial o entidad financiera (denominados como Usuarios) y el crédito es autorizado. Automáticamente se registra el cliente en el Buró de Crédito, se almacena en su base de datos y comienza su historial.

Derivado del oportuno o mal manejo del crédito y del cumplimiento en los pagos y las obligaciones, se genera el historial con un carácter positivo o negativo.

Actualmente, la ley contempla que las personas independientemente de la manera como manejan su crédito deben permanecer en los registros del Buró por 72 meses.

Es oportuno reconsiderar este supuesto, ya que, existen personas físicas o morales que han hecho un correcto y oportuno cumplimiento en las obligaciones convenidas, por lo que, es necesario se reduzca a estas personas la temporalidad del registro.

Las cifras dadas por la Encuesta Nacional a los Clientes del Buró de Crédito del 2009 señalan que existían 140 millones de créditos, de los cuales 94 por ciento correspondían a las personas físicas y 6 por ciento a las personas morales.

Con respecto al Círculo de Crédito la base de datos indicó que se conformaba de 58.4 millones de créditos, de los cuales 36.3 millones eran de personas físicas. Aunque es necesario aclarar que más de la mitad de las personas que aparecen en el buró se debe a créditos financieros seguidos de los préstamos comerciales.

La reciente crisis económica del 2011 provocó el desempleo masivo de muchos trabajadores mexicanos, lo que ocasionó la falta de recursos para cumplir con algunas de sus obligaciones en tiempo y forma.

No es justo que los efectos de la crisis del país perjudiquen económica y moralmente al aparecer como morosos en el buró de crédito por 72 meses, cuando estas personas han hecho un esfuerzo para cubrir sus compromisos.

Esta plazo lo único que hace es afectar el crecimiento económico y el crediticio, a pesar de lo que dicen las Instituciones Financieras y el Gobierno.

Al permanecer tanto tiempo en el buró, las personas son orilladas a recurrir a prestamistas informales, y a ser objeto de abusos y a perder su patrimonio.

Es por lo anterior, que propongo en esta iniciativa la disminución del tiempo que deben guardar los historiales crediticios, las Sociedades de Información Crediticia, para el caso de personas que paguen sus adeudos, para así quedar en posibilidad de solicitar créditos de nueva cuenta, y no tener que esperar 6 años para ser sujetos de este tipo de préstamos.

En el Partido del Trabajo estamos comprometidos con las personas físicas y morales que cumplen cabalmente con sus obligaciones.

Por lo anterior, someto a la consideración del Pleno el siguiente proyecto de DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN LOS ARTICULO 20 Y 23 DE LA LEY PARA REGULAR LAS SOCIEDADES DE INFORMACION CREDITICIA.

UNICO.- Se reforman y adicionan los artículos 20 y 23 de la Ley Para Regular las Sociedades de Información Crediticia, para quedar como sigue:

ART. 20.- La base de datos de las Sociedades se integrará con la información sobre operaciones crediticias y otras de naturaleza análoga que le sea proporcionada por los Usuarios. Los Usuarios que entreguen dicha información a las Sociedades deberán hacerlo de manera completa y veraz; asimismo, estarán obligados a señalar expresamente la fecha de origen de los créditos que inscriban y la fecha del primer incumplimiento. Las Sociedades no deberán inscribir por ningún motivo, créditos cuya fecha de origen no sea especificado por los Usuarios, o cuando éste tenga una antigüedad en cartera vencida mayor a 72 meses.En el caso de aquellas personas físicas y morales con historiales crediticios que reflejen el cumplimiento de la obligación la temporalidad máxima que se conservarán será de doce meses. Lo anterior, de conformidad con lo establecido en los artículos 23 y 24 de esta ley.

(…)

Art. 23.- La Sociedades están obligadas a conservar los historiales crediticios que les sean proporcionados por los Usuarios, correspondientes a cualquier persona física o moral, al menos durante un plazo dedoce meses desde el cumplimiento de la obligación.

Las Sociedades deberán eliminar del historial crediticio del Cliente aquella información que refleje el cumplimiento de cualquier obligación, después de doce meses de haberse incorporado tal cumplimiento en dicho historial.

(…)

TRANSITORIO

UNICO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Senadores, a 7 de febrero de 2013.

Sen. David Monreal Avila”.

PRESIDENCIA DEL C. SENADOR
JOSE ROSAS AISPURO TORRES

- El C. Presidente José Rosas Aispuro Torres: Gracias, Senador David Monreal Avila. Se turna a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público; y de Estudios Legislativos, Segunda.

Se le concede el uso de la palabra al Senador Eviel Pérez Magaña, del grupo parlamentario del PRI, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma la Ley General de Sociedades Cooperativas y se adiciona la Ley de la Economía Social y Solidaria.




 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTICULO 93 DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES COOPERATIVAS Y SE ADICIONA LA FRACCION VII AL ARTICULO 8o. DE LA LEY DE LA ECONOMIA SOCIAL Y SOLIDARIA, REGLAMENTARIA DEL PARRAFO SEPTIMO DEL ARTICULO 25 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN LO REFERENTE AL SECTOR SOCIAL DE LA ECONOMIA

(Presentada por el C. Senador Eviel Pérez Magaña, del grupo parlamentario del PRI)

- El C. Senador Eviel Pérez Magaña: Gracias, señor Presidente.

¿Existen diferencias entre los pueblos y comunidades indígenas y el resto de los mexicanos?

¿Qué no son ellos los principales actores de la pobreza de nuestro país?

¿Qué no son la igualdad, la justicia y la libertad valores supremos que tenemos y debemos tener todos los mexicanos?

Yo sé que nadie escapa a la realidad indiscutible de que los recursos federales, estatales y municipales no siempre bajan a la población que más los necesita. Este es el caso que hoy nos ocupa, los pueblos y comunidades indígenas.

Todos sabemos que uno de los principales objetivos en la mayoría de las estrategias de desarrollo nacional e internacional, es la reducción de la pobreza, y ésta constituye motivo de preocupación esencial para los pueblos indígenas, pues en esto se presenta una desproporción en la representación que ellos tienen entre los pobres. Tan sólo el Banco Mundial estima que los pueblos indígenas constituyen aproximadamente el 5 por ciento de la población mundial, pero el 15 por ciento de los que viven en extrema pobreza.

Garantizar el desarrollo económico del país son los puntos medulares de la propuesta que hoy les pido reflexionar.

En el artículo 25 de nuestra Constitución, nos dice que corresponde al Estado mexicano la rectoría del desarrollo nacional pues sólo así se garantiza que sea integral y sustentable, que fortalezca la soberanía de la nación y su régimen democrático y que, mediante el fomento del crecimiento económico y el empleo y una más justa distribución del ingreso y la riqueza, permita el pleno ejercicio de la libertad y la dignidad de los pueblos indígenas, grupos y clases sociales.

Su objeto es el de establecer mecanismos para facilitar la organización y la expansión de la actividad económica del sector social de la economía y la responsabilidad del fomento e impulso por parte del Estado como un sistema eficaz que contribuya al desarrollo social y económico del país, a la generación de fuentes de trabajo digno, al fortalecimiento de la democracia.

El artículo 8o. enuncia como fines del sector social de la economía, promover el desarrollo integral del ser humano;contribuir al desarrollo socioeconómico del país, participando en la producción, distribución y consumo de bienes y servicios socialmente necesarios; facilitar a los asociados de los organismos del sector de la participación y acceso a la formación, el trabajo, la información, la gestión y, sobre todo, la distribución equitativa de los beneficios sin discriminación alguna.

En este sentido, es justo que se promueva la participación de los pueblos y comunidades indígenas en el desarrollo económico del país, pero además, con esta iniciativa se busca garantizar el desarrollo económico que les consagra la norma suprema en el artículo 2, al establecer a la Federación, los estados y los municipios la obligación de determinar las políticas necesarias para garantizar sus derechos, así como su desarrollo integral.

El Estado mexicano deberá de apoyar las actividades productivas y el desarrollo sustentable de las comunidades indígenas mediante acciones que permitan alcanzar la suficiencia de sus ingresos económicos, la aplicación de estímulos para las inversiones públicas y privadas que propicien la creación de empleos, la incorporación de tecnologías para incrementar su propia capacidad productiva, así como para asegurar el acceso equitativo a los sistemas de abasto y producción.

El punto de vista primordial para el Estado mexicano consiste en comprender que los pueblos indígenas son pueblos distintos con sus propias historias, territorios, estrategias de medios de vida, valores y creencias, por lo que tienen sus propias ideas con respecto a la pobreza y al bienestar.

Bajo este marco normativo sustento mi propuesta y planteo vincular el impulso y responsabilidad por parte del Estado para que las sociedades cooperativas se conformen y se mantengan, como un instrumento para el abatimiento de la pobreza extrema que se observa en la mayoría de comunidades indígenas.

En efecto, lo que propongo es que se incluya en la ley fomentar la participación de los pueblos y comunidades indígenas precisamente en la constitución de sociedades cooperativas.

Beneficiarios de los programas de la Secretaría de Economía que pueden encontrar en la figura de las sociedades cooperativas de producción, la vía idónea para el abatimiento a las condiciones de pobreza extrema en la que actualmente perviven.

De esta forma, se plantea elevar a rango de ley la inclusión como uno de los fines del sector de la economía social, fomentar la participación de pueblos y comunidades indígenas a través de la figura de sociedades cooperativas de producción.

Por eso, propongo en mi iniciativa adicionar la fracción VII al artículo 8o. de la Ley de la Economía Social y Solidaria, lo que conllevará a la creación de programas de fomento de sociedad cooperativas indígenas, para así mejorar el ingreso de los asociados y sus familias con el consecuente impacto en el bienestar de la comunidad, desde la prospectiva y el impulso económico de la Secretaría de Economía.

Propongo también reformar el artículo 93 de la Ley General de las Sociedades Cooperativas que obliga a los gobiernos federal, estatal y municipal y órganos políticos-administrativos del Distrito Federal, a apoyar, en el ámbito territorial a su cargo, el desarrollo del cooperativismo.

Demos el apoyo que merecen a los pueblos y comunidades indígenas, demos mayor impulso al fomento y creación de sociedades que permita su desarrollo.

No permitamos que continúen siendo parte de estas estadísticas de pobreza que hoy lastiman a nuestro país, trabajemos por México y por todos los mexicanos, pero, sin duda, sobre todo, por aquellos que han permanecido marginados a lo largo de la historia. Reivindiquémoslos ahora que más lo necesitan.

Muchas gracias, señor Presidente.

Iniciativa

“CC. PRESIDENTE Y SECRETARIOS
DE LA CAMARA DE SENADORES
DEL H. CONGRESO DE LA UNION
PRESENTES.

Eviel Pérez Magaña, Senador a la LXII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 8, fracción I, 76, fracción I, 164, numerales 1 y 2, 169 y 172 del Reglamento del Senado de la República, me permito someter a la consideración de esta H. Asamblea la siguiente Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 93 de la Ley General de Sociedades Cooperativas y se adiciona la fracción VII al artículo 8 de la Ley de la Economía Social y Solidaria, Reglamentaria del Párrafo Séptimo del Artículo 25 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en lo referente al sector social de la economía, con arreglo a la siguiente:

ExposiciOn de Motivos

La reducción de la pobreza es uno de los objetivos predominantes en la mayoría de las estrategias de desarrollo nacional e internacional, su reducción es motivo de preocupación esencial para los pueblos indígenas, pues en esto se presenta una desproporción en la representación que ellos tienen entre los pobres. El Banco Mundial estima que los pueblos indígenas constituyen aproximadamente el 5% de la población mundial, pero el 15% de los que viven en la pobreza.1

En esta tesitura al Estado mexicano corresponde la rectoría del desarrollo nacional pues sólo así se garantiza que sea integral y sustentable, que fortalezca la Soberanía de la Nación y su régimen democrático y que, mediante el fomento del crecimiento económico y el empleo y una más justa distribución del ingreso y la riqueza, permita el pleno ejercicio de la libertad y la dignidad de los individuos, grupos y clases sociales, cuya seguridad protege esta Constitución.

A este enunciado, que corresponde al artículo 25 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, siguen las atribuciones del Estado en materia económica, pues para ello, planeará, conducirá, coordinará y orientará la actividad económica nacional, y llevará al cabo la regulación y fomento de las actividades que demande el interés general en el marco de libertades que otorga la Constitución.

Pero el propio texto constitucional determina que si bien la rectoría económica corresponde al Estado, al desarrollo económico nacional concurrirán, con responsabilidad social, el sector público, el sector social y el sector privado.

En el párrafo séptimo de este precepto, remite a la ley establecer los mecanismos que faciliten laorganización y la expansión de la actividad económica del sector social: de los ejidos, organizaciones de trabajadores, cooperativas, comunidades, empresas que pertenezcan mayoritaria o exclusivamente a los trabajadores y, en general, de todas las formas de organización social para la producción, distribución y consumo de bienes y servicios socialmente necesarios.

Es así como el 23 de mayo de 2012, se publica en el Diario Oficial de la Federación, la Ley de la Economía Social y Solidaria, de su articulado es pertinente citar el artículo 1° que establece precisamente que esta ley es reglamentaria del párrafo séptimo del artículo 25 de la Constitución General, en lo concerniente al sector social de la economía; que es de orden público, interés social y de observancia general en todo el territorio nacional.

En su artículo 2° se define su objeto: establecer mecanismos para facilitar la organización y la expansión de la actividad económica del sector social de la economía y la responsabilidad del fomento e impulso por parte del Estado; definir las reglas de organización, promoción, fomento y fortalecimiento de este sector, como un sistema eficaz que contribuya al desarrollo social y económico del país, a la generación de fuentes de trabajo digno, al fortalecimiento de la democracia, a la equitativa distribución del ingreso y a la mayor generación de patrimonio social.

Los artículos 3 y 4 de esta ley determinan que el sector social se integra con un conjunto de organizaciones sociales dentro de los cuales y en lo conducente, destacan: ejidos, comunidades, sociedades cooperativas y en general, todas las formas de organización social para la producción, distribución y consumo de bienes y servicios socialmente necesarios.

El artículo 8 enuncia como fines del sector social de la economía, promover el desarrollo integral del ser humano;contribuir al desarrollo socioeconómico del país, participando en la producción, distribución y consumo de bienes y servicios socialmente necesarios; fomentar la educación y formación impulsando prácticas que consoliden una cultura solidaria, creativa y emprendedora; contribuir al ejercicio y perfeccionamiento de la democracia participativa; participar en el diseño de planes, programas y proyectos de desarrollo económico y social, en términos de la legislación aplicable; facilitar a los asociados de los organismos del sector la participación y acceso a la formación, el trabajo, la propiedad, la información, la gestión y distribución equitativa de beneficios sin discriminación alguna.

Es justo en ese sentido que se debe promover la participación de los pueblos y comunidades indígenas en desarrollo económico del país, pero además, con la iniciativa que se propone se busca garantizar el desarrollo económico que les consagra la norma suprema en el artículo 2, al establecer a la Federación, los Estados y los Municipios la obligación de determinar las políticas necesarias para garantizar sus derechos así como su desarrollo integral.

En este orden de ideas el Estado mexicano deberá de apoyar las actividades productivas y el desarrollo sustentable de las comunidades indignas mediante acciones que permitan alcanzar la suficiencia de sus ingresos económicos, la aplicación de estímulos para las inversiones públicas y privadas que propicien la creación de empleos, la incorporación de tecnologías para incrementar su propia capacidad productiva, así como para asegurar el acceso equitativo a los sistemas de abasto y producción.

Así mismo el Convenio 169 de la OIT que por disposición del artículo 133 de nuestra Constitución, se convirtió en ley suprema en toda la nación, establece que los gobiernos deberán de asumir la responsabilidad de desarrollar, con la participación de los pueblos interesados una acción coordinada y sistemática con miras a proteger sus derechos. Estasacciones han de incluir medidas que promuevan la plena efectividad de los derechos sociales, económicos y culturales, respetando su identidad social y cultural, sus usos y costumbres, tradiciones e instituciones.

El punto de vista primordial para el estado Mexicano consiste en comprender que los pueblos indígenas son pueblos distintos con sus propias historias, territorios, estrategias de medios de vida, valores y creencias, por lo que tienen sus propias ideas con respecto a la pobreza y al bienestar.

Bajo este marco normativo es que sustenta mi propuesta, pues separte de la figura de las sociedades cooperativas de productores, identificadas por la Ley de la materia, que es la Ley General de Sociedades Cooperativas, como “aquéllas cuyos miembros se asocien para trabajar en común en la producción de bienes y/o servicios, aportando su trabajo personal, físico o intelectual. Independientemente del tipo de producción a la que estén dedicadas, estas sociedades podrán almacenar, conservar, transportar y comercializar sus productos, actuando en los términos de esta Ley”

La Iniciativa plantea vincular el impulso y responsabilidad por parte del Estado para que las sociedades cooperativas se conformen y se mantengan, como un instrumento para el abatimiento de la pobreza extrema que se observa en la mayoría de comunidades indígenas.

En efecto, la Iniciativa que hoy presento a su distinguida consideración, plantea que dentro de los fines del sector social de la economía, se incluya fomentar la participación de los pueblos y comunidades indígenas precisamente en la constitución de sociedades cooperativas, pues estas organizaciones integran el sector social y como tales, son tienen la protección de la ley reglamentaria del 25 constitucional, cuando obliga al Estado a establecer mecanismos para facilitar la organización y la expansión de la actividad económica de este sector social; y a definir las reglas de organización, promoción, fomento y fortalecimiento del mismo sector.

En consonancia con esta propuesta, cabe tener presentes las atribuciones que la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal otorga a la Secretaría de Economía, dentro de las cuales, destaca: fomentar la organización y constitución de toda clase de sociedades cooperativas, cuyo objeto sea la producción industrial, la distribución o el consumo.

A nadie escapa la realidad indiscutible, de que los recursos federales y estatales, no siempre bajan a la población que más lo necesita, para el caso que hoy nos ocupa, potenciales beneficiarios de los programas de la Secretaría de Economía que pueden encontrar en la figura de las sociedades cooperativas de producción, la vía idónea para el abatimiento a las condiciones de pobreza extrema en la que actualmente perviven.

De esta forma, se plantea elevar a rango de Ley, la inclusión como uno de los fines del sector de la economía social fomentar la participación de pueblos y comunidades indígenas a través de la figura de sociedades cooperativas de producción.

Lo que conllevará a la creación de programas de fomento de sociedades cooperativas indígenas, para así mejorar el ingreso de los asociados y sus familias con el consecuente impacto en el bienestar de la comunidad, desde la prospectiva y el impulso económico de la Secretaría de Economía.

Por otra parte, se propone reformar el artículo 93 de la Ley General de Sociedades Cooperativas que obliga a los gobiernos federal, estatal, municipal y órganos político-administrativos del Distrito Federal a apoyar, en el ámbito territorial a su cargo y en la medida de sus posibilidades, al desarrollo del cooperativismo.

Con la finalidad de enfatizar el apoyo que debe brindarse a los pueblos y comunidades indígenas, es que se propone agregar a este único párrafo, que se de mayor impulso al fomento y creación de sociedades cooperativas integradas principalmente por indígenas

Por lo antes expuesto, someto a la consideración de esta Asamblea, el siguiente:

Proyecto de Decreto

Primero.- Se reforma el artículo 93 de la Ley General de Sociedades Cooperativas, para quedar como sigue:

Artículo 93.- Los gobiernos federal, estatal, municipal y los órganos político-administrativos del Distrito Federal, apoyarán, en el ámbito territorial a su cargo y en la medida de sus posibilidades, al desarrollo del cooperativismo, brindando mayor impulso al fomento y creación de sociedades cooperativas constituidas principalmente por indígenas.

Segundo.- Se adiciona la fracción VII al artículo 8o de la Ley de la Economía Social y Solidaria, Reglamentaria del párrafo séptimo del artículo 25 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en lo referente al Sector Social de la Economía, para quedar como sigue:

Artículo 8o. Son fines del Sector Social de la Economía:

I. a VI. …

VII.Fomentar la participación de los pueblos y comunidades indígenas en la constitución de sociedades cooperativas.

ArtIculos Transitorios

Primero. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el DOF.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, a 5 de febrero de 2013.

Sen. Eviel Pérez Magaña”.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, Senador Eviel Pérez Magaña. Se turna a las Comisiones Unidas de Fomento Económico; y de Estudios Legislativos, Primera.

1 Banco mundial: implementación de la directriz operativa 4.20 del Banco Mundial Concerniente a los pueblos indígenas, 2003

Se le concede el uso de la palabra a la Senadora Laura Angélica Rojas Hernández, del grupo parlamentario del PAN, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 76 y 78 de nuestra Constitución.





 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTICULOS 76 Y 78 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA DE PARTICIPACION DE MEXICO EN OPERACIONES DE MANTENIMIENTO DE LA PAZ Y AYUDA HUMANITARIA

(Presentada por la C. Senadora Laura Angélica Rojas Hernández, del grupo parlamentario del PAN)

- La C. Senadora Laura Angélica Rojas Hernández: Con su venia, señor Presidente; Honorable Asamblea:

Un país es capaz de progresar en la medida que tiene la inteligencia y la habilidad de entender los cambios globales y los nuevos desafíos que se presentan a su alrededor, por eso debemos trabajar por una globalización más humana donde no sólo se globalicen los mercados y los intercambios financieros, sino se globalice también la paz y la solidaridad entre los pueblos.

En este contexto, vale la pena recordar que entre los fines de la Organización de las Naciones Unidas están los de mantener la paz y la seguridad internacionales. Para realizar este propósito, las Naciones Unidas se proponen suprimir o prevenir las amenazas a la paz y los actos de agresión, mediante acción colectiva.

Ello sólo es posible colaborando en la construcción de un orden internacional más justo, con la participación activa de todos los países. Si queremos un mundo multipolar y no unipolar requerimos asumir nuestra responsabilidad como potencia emergente.

Los discursos de cooperación y solidaridad internacional deben traducirse en acciones concretas y efectivas que hagan realidad las buenas intenciones. Somos una aldea global en donde no podemos ser indiferentes a lo que ocurre en otras partes del mundo. Somos un sistema internacional donde lo que sucede en otro país también repercute en el nuestro de un modo u otro.

El peso económico, político y cultural de México nos exige como país una participación mucho más decidida en la arena internacional si es que queremos tener un peso en las decisiones globales que afectan al mundo y nos afectan a nosotros mismos. Otra opción sería ser simples espectadores convidados de piedra de las decisiones que otros toman en lugar de nosotros.

Por ello, el día de hoy los Senadores Fernando Yunes, Francisco Cabeza de Vaca, David Penchyna y una servidora, presentamos esta iniciativa de reforma constitucional en materia de participación de México en operaciones de mantenimiento de paz y ayuda humanitaria.

Nuestra Constitución contempla que será facultad exclusiva del Senado de la República autorizar al Ejecutivo Federal “para que pueda permitir la salida de tropas nacionales fuera de los límites del país, el paso de tropas extranjeras por el territorio nacional y la estación de escuadras de otra potencia, por más de un mes, en aguas mexicanas.

Para el Constituyente de 1917, dicho precepto atendía a la posibilidad de que México participara en alguna guerra y al principio de no intervención en que el Poder Legislativo servía como contrapeso ante la facultad unilateral del Poder Ejecutivo en el control de nuestras Fuerzas Armadas. Sin embargo, consideramos que la redacción actual del artículo 76, fracción III de la Constitución es imprecisa y permite generar interpretaciones diversas sobre la facultad del Senado para autorizar o no al Ejecutivo Federal la salida de tropas nacionales sin fines bélicos.

Las características del orden internacional se han modificado sustancialmente y nos enfrentamos a una realidad totalmente distinta, donde el uso de tropas y fuerzas armadas en general puede ser para actividades mucho más diversas que las de carácter bélico, y que resultan ser un punto fundamental de cooperación entre Estados en la preservación del orden internacional de la paz.

Una misión de paz puede formarse por solicitud de un Estado, de un conjunto de Estados miembros o por propuesta del Secretario General de la Organización de las Naciones Unidas o del Consejo de Seguridad. En todo caso, dichas operaciones son responsabilidad del Consejo y será éste, a través de una resolución, quien la establezca.

México ha tenido tres participaciones previas en operaciones de mantenimiento de paz entre 1947 y 1993, en dos con observadores militares y en una con policía civil.

Como miembro electo del Consejo de Seguridad durante el bienio 2009-2010, México colaboró con la paz mundial al delinear y aprobar el contenido de los mandatos de 15 operaciones de paz en el terreno.

Asimismo, también es importante resaltar las actividades de carácter eminentemente humanitario, donde México puede coadyuvar en la reconstrucción de zonas devastadas por desastres naturales, rescate de gente atrapada entre escombros tras un terremoto, la distribución de alimentos, ropa y otro tipo de donaciones, donde por la experiencia y preparación de nuestras Fuerzas Armadas en eventos con la dificultad y peligro que resultan de este tipo de desastres, pudieran ser de suma utilidad.

Desde nuestro punto de vista, la participación en operaciones de paz y la ayuda humanitaria no contravienen ningún principio constitucional, ya que estas acciones no afectan la soberanía de país alguno, porque requieren el consentimiento del Estado receptor, el mandato internacional y la coordinación interestatal.

La presente iniciativa tiene como objeto que México asuma congruentemente sus deberes internacionales en el mantenimiento de la paz y la ayuda humanitaria; la seguridad y justicia internacional.

Por ello, es necesario actualizar nuestro derecho interno acorde con las responsabilidades y compromisos que México ha asumido en el ámbito internacional, aunado a ello, la iniciativa permite que no haya vacíos legales que requieran una libre interpretación, que a la vez provoca tensiones estériles entre los Poderes Legislativo y Ejecutivo. Para ello se plantea expresamente que el Senado podría autorizar al Ejecutivo Federal para que pueda disponer la salida de activos, pertenecientes a la Fuerza Armada, permanentemente fuera de los límites del país, para actividades de instrucción, entrenamiento, visitas oficiales, de participación en operaciones de ayuda humanitaria o de mantenimiento de paz.

Compañeras Senadoras y Senadores, México es un actor respetado y reconocido entre la comunidad internacional, con peso creciente en los foros multilaterales; entonces, asumamos de manera cabal este liderazgo y sumémonos plenamente a los esfuerzos de mantenimiento de la paz y la seguridad internacional.

Muchas gracias.

(Aplausos)

Iniciativa

“CC. SECRETARIOS DE LA MESA DIRECTIVA
DE LA CAMARA DE SENADORES
DEL H. CONGRESO DE LA UNION
EN LA LXII LEGISLATURA
PRESENTES.

La suscrita, SEN. LAURA ANGELICA ROJAS HERNANDEZ, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXII Legislatura del Senado de la República del Congreso de la Unión, con fundamento en lo establecido en los artículos 71, fracción II y 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como por los artículos 8 numeral 1, fracción I; 164 numerales 1 y 2; 169 y 172 numeral 1, del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración del Constituyente Permanente, por conducto de esta Soberanía, el siguiente proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 76 y 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de participación de México en Operaciones de mantenimiento de la paz y ayuda humanitaria. Lo anterior, al tenor de la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

El Acta Constitutiva de 1824, estableció como facultad exclusiva del Congreso el permitir o no la salida de tropas nacionales fuera de los límites de la República; excepción que se hace en las Bases Orgánicas de la República de 1843.

Así mismo en la Tercera de las Siete Leyes Constitucionales de 1836, el artículo 44 dispuso que correspondía exclusivamente al Congreso conceder o negar la entrada de tropas extranjeras en el territorio de la República, así como la salida fuera del país de tropas nacionales.

Igualmente en la Constitución de 1917, se contempló en la fracción III del artículo 76, texto aún vigente, que será facultad exclusiva del Senado de la República autorizar al Ejecutivo Federal “para que pueda permitir la salida de tropas nacionales fuera de los límites del País, el paso de tropas extranjeras por el territorio nacional y la estación de escuadras de otra potencia, por más de un mes, en aguas mexicanas.”

Para el Constituyente de 1917, dicho precepto atendía a la posibilidad de que México participara en alguna guerra y al principio de no intervención en el que el Poder Legislativo servía como contrapeso ante la facultad unilateral del Poder Ejecutivo en el control de nuestras Fuerzas Armadas. Sin embargo, las características del orden internacional se han modificado sustancialmente y nos enfrentamos a una realidad totalmente distinta, donde el uso de tropas y fuerzas armadas en general puede ser para actividades mucho más diversas que las de carácter bélico, y que resultan ser un punto fundamental de cooperación entre Estados en la preservación del orden internacional de la paz.

Por otro lado, a partir de la fundación de la Organización de las Naciones Unidas en 1945, se inició un proceso de ordenamiento internacional diferente, cuyos objetivos van más allá de evitar la guerra entre las naciones. Entre los fines de las Naciones Unidas están, los de mantener la paz y la seguridad internacionales (Art. 1º (1), y Preámbulo, párrafo 6º). Para realizar este propósito, las Naciones Unidas se proponen suprimir o prevenir las amenazas a la paz y los actos de agresión, mediante acción colectiva.1

Bajo esta premisa surgen las Operaciones de Mantenimiento de la Paz (OMP) como un instrumento de Naciones Unidas para ayudar a países que viven o han salido de conflictos, a crear condiciones necesarias para alcanzar una paz duradera.2

Las condiciones mínimas para el despliegue de una OMP son:

• La existencia de una paz que mantener.

• Un mandato claro y realista.

• La aprobación de los miembros del Consejo de Seguridad.

• El consentimiento y cooperación del Estado receptor.

Una misión de paz puede formarse por solicitud de un Estado, de un conjunto de Estados miembros, o por propuesta del Secretario General de la Organización de las Naciones Unidas o del Consejo de Seguridad. En todo caso, dichas operaciones son responsabilidad del Consejo y será éste, a través de una resolución, quien la establezca.

México ha tenido 3 participaciones previas en OMP entre 1947 y 1993; en dos con observadores militares y en una con policía civil. Igualmente, brindó asesoría electoral en los comicios presidenciales de Timor Lester en 1999 y contribuyó con el Consejo Electoral de Haití en 2004.

Como miembro electo del Consejo de Seguridad durante el bienio 2009 – 2010, nuestro país colaboró al delinear y aprobar el contenido de los mandatos de 15 operaciones de paz en el terreno.

Es importante entender los beneficios que para México pueden resultar de su participación en las OMP, tal y como: Un mensaje claro del compromiso de nuestro país con los esfuerzos de paz auspiciados por las Naciones Unidas y fortalecer su imagen en el escenario geopolítico regional e internacional; sería una acción congruente con el peso específico de nuestro país en el escenario internacional y regional; se podrían intercambiar experiencias internacionales en la materia con países afines, lo cual abriría un frente de diálogo y concertación política con esas naciones y aportaría una experiencia profesional invaluable al personal desplegado; cambiaría la percepción de que México puede aportar recursos humanos y no sólo materiales a la causa de la paz; nos daría una posición más firme para participar en la toma de decisiones sobre asuntos relevantes relativos a todas las OMP; y ayudaría a mejorar la imagen pública del sector de procuración de justicia mexicano al documentar su trabajo en tareas de asistencia humanitaria y capacitación técnica.3

Por otro lado, también pueden generarse actividades de carácter eminentemente humanitario, donde México puede coadyuvar en la reconstrucción de zonas devastadas por desastres naturales, rescate de gente atrapada entre escombros tras un terremoto, la distribución de alimentos, ropa y otro tipo de donaciones, donde por la experiencia y preparación de nuestras Fuerzas Armadas en eventos con la dificultad y peligro que resultan de este tipo de desastres, pudieran ser de suma utilidad.

En los últimos años, el debate interno en torno a la participación de México en las OMP de la ONU, se ha centrado, en gran medida, en la disyuntiva de enviar o no soldados a dichas operaciones; sin embargo, dicha disyuntiva se ha visto muy limitada por la reiterativa controversia sobre si el enviar soldados a las OMP´s contravendría o no a los principios de política exterior, lo cual ha dejado de lado al estudio concienzudo de las capacidades (técnicas, tácticas y logísticas) de las Fuerzas Armadas Mexicanas que permitiría evaluar los costos y beneficios que representaría para el Estado Mexicano el envío de soldados a las OMP´s.4

Aun cuando México ha sido un actor relevante en el diseño y la orientación de la instrumentación de las OMP, así como en los temas de desarme, terrorismo y seguridad internacionales, ha tenido una participación acotada en las OMP, y las otras dimensiones de nuestra participación no han logrado proyectar de manera fehaciente el compromiso de México con la paz y la seguridad internacionales, su solidaridad con todos los pueblos del mundo y sus capacidades de oferta de cooperación internacional, en particular la orientada a atender situaciones de crisis.5

Resulta absurdo que el artículo 2 de la Ley del Servicio Exterior Mexicano, señale en su fracción VII, que corresponde al Servicio Exterior “Participar en todo esfuerzo regional o mundial que tienda al mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales, al mejoramiento de las relaciones entre los Estados y a promover y preservar un orden internacional justo y equitativo”, en tanto que la propia Carta Magna no contemple la normatividad que priorice la participación del Estado Mexicano, con los procedimientos expeditos que faciliten nuestra colaboración en actividades humanitarias y operaciones de mantenimiento de la paz.

La redacción actual del artículo 76, fracción III de la Constitución es imprecisa y permite generar interpretaciones diversas sobre la facultad del Senado para autorizar o no al Ejecutivo Federal la salida de tropas nacionales sin fines bélicos.

La presente iniciativa tiene como objeto que México asuma congruentemente sus deberes internacionales en el mantenimiento de la paz, la seguridad y justicia internacional y no sólo en lo retórico o financiero; es necesario actualizar nuestro derecho interno acorde con las responsabilidades y compromisos de México en el ámbito internacional.

Para ello se plantea expresamente que el Senado podrá autorizar al Ejecutivo Federal para que pueda disponer la salida de activos pertenecientes a la Fuerza Armada permanente fuera de los límites del País, para actividades de instrucción, entrenamiento, visitas oficiales, de participación en operaciones de ayuda humanitaria o de mantenimiento de paz.

Igualmente se debe modificar el concepto de “tropas” por el de Fuerzas Armadas, que resulta más amplio, al contemplar a los integrantes de Ejército, Fuerza Aérea y Armada.

Lo anterior sin menoscabo de que el Senado de la República conserve la facultad exclusiva de autorizar al Presidente para que pueda disponer la salida del territorio nacional de unidades pertenecientes a las Fuerzas Armadas Mexicanas para realizar acciones de carácter bélico y para permitir el paso de unidades militares extranjeras por el territorio nacional y la estancia de buques de guerra pertenecientes a otros países en aguas nacionales por más de un mes.

En la lógica de que debe ser un trámite célere, en los periodos de receso del Congreso de la Unión, la Comisión Permanente tendrá dentro de sus atribuciones, las que tiene en la materia el Senado durante los periodos de sesiones.

Finalmente, ante la necesidad de generar procesos claros y expeditos, es necesario expedir una ley reglamentaria que determinará los requisitos, limitaciones y conclusiones en que deberá desarrollarse la salida de tropas mexicanas, bajo cualquiera de los contextos supuestos en la fracción III del artículo 76 constitucional.

Por lo expuesto, presento a esta Soberanía el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTICULOS 76 Y 78 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA DE PARTICIPACION DE MEXICO EN OPERACIONES DE MANTENIMIENTO DE LA PAZ Y AYUDA HUMANITARIA.

ARTICULO UNICO.- Se reforma la fracción III del artículo 76 y se adiciona una fracción IX al artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo. 76.

I. a II.

III. Autorizar al Ejecutivo Federal para que pueda disponer la salida de activos pertenecientes a la Fuerza Armada permanente fuera de los límites del País, para actividades de instrucción, entrenamiento, visitas oficiales, de participación en operaciones de ayuda humanitaria o de mantenimiento de paz; así como el paso de tropas extranjeras por el territorio nacional y la estación de escuadras de otras potencias, por más de un mes, en aguas mexicanas.

En la ley reglamentaria que expida el Congreso de la Unión se determinará los requisitos, limitaciones y conclusiones en que deberá desarrollarse la salida de tropas mexicanas.

IV a XII. …

Artículo 78.

I a VIII. …

IX. Autorizar al Ejecutivo Federal para que pueda disponer la salida de activos pertenecientes a la Fuerza Armada permanente fuera de los límites del País, para su participación en operaciones de ayuda humanitaria o de mantenimiento de paz.

TRANSITORIOS

Artículo primero.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Artículo segundo.- El congreso de la Unión deberá expedir en un plazo no mayor a noventa días naturales la ley reglamentaria a que hace referencia la fracción III del artículo 76 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, a 7 de febrero de 2013.

Sen. Laura Angélica Rojas Hernández”.

1 Sepulveda César, Derecho Internacional, Ed. Porrúa, México 2004.

2 Secretaría de Relaciones Exteriores “Posible participación de México en Operaciones de Mantenimiento de la Paz de las Naciones Unidas”. México 2011.

3 IDEM.

4 Agundez Romero, V. I. 2006. La participación de México en las Operaciones de Mantenimiento de la Paz de Naciones Unidas. Tesis Licenciatura. Relaciones Internacionales. Departamento de Relaciones Internacionales y Ciencias Políticas, Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades, Universidad de las Américas Puebla.

5 Reyes, Guillermo, “La participación de México en misiones de paz de las Naciones Unidas”, Revista Mexicana de Política Exterior. México 2011.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, Senadora Rojas Hernández. Se turna a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; y de Estudios Legislativos, Primera, con opinión de la Comisión de Relaciones Exteriores, Organismos Internacionales.

Sonido, por favor, en el escaño de la Senadora Laura Rojas.

- La C. Senadora Laura Angélica Rojas Hernández: (Desde su escaño) Señor Presidente, sí quisiera yo insistir en que el turno para la Comisión de Relaciones Exteriores, Organismos Internacionales no sea sólo para opinión, es evidente que el contenido de esta iniciativa es materia de la comisión, nosotros trabajamos con organismos internacionales, y las operaciones de mantenimiento de paz se dan precisamente por un mandato del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Sí, mire, el criterio que ha tomado esta Directiva, es que en las reformas constitucionales, la comisión que corresponde al tema específico se esta pidiendo la participación de la comisión, solo con opinión y no para dictaminar, ese es el criterio que hemos adoptado, así se dio el turno hace un momento también en el caso de la iniciativa en materia constitucional, relativa a la cuestión de endeudamiento de los estados, y sólo a la Comisión de Hacienda y Crédito Público se le dio para su opinión y no para que dictaminara.

- La C. Senadora Laura Angélica Rojas Hernández: (Desde su escaño) Señor Presidente, respeto la decisión de la Mesa, solamente sí quiero que se deje constancia de esta petición, porque no ha sido el criterio en todos los casos.

En el caso de las iniciativas de transparencia, que se solicitó el turno a la Comisión Anticorrupción y Participación Ciudadana, de la cual soy parte, se otorgó el turno a la Comisión Anticorrupción y Participación Ciudadana, aun siendo una reforma constitucional, turnada a Estudios Legislativos, y lo mismo ha pasado con las iniciativas que buscan crear el órgano anticorrupción, es exactamente el mismo caso, y no se está aplicando el mismo criterio a esta iniciativa.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Esta Directiva toma en cuenta su inquietud, y con mucho gusto lo analizaremos, pero en este momento ese el turno que se le daría a esta iniciativa.

Sonido en el escaño del Senador Arturo Zamora.

- El C. Senador Arturo Zamora Jiménez: (Desde su escaño) Solamente para pedirle a la proponente, la Senadora Laura Rojas, si me permite que me sume a esta iniciativa, que es coincidente con algún trabajo que ya hemos estado haciendo al respecto.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Senadora Laura Rojas, ¿acepta usted la adhesión? Pido a la Secretaría que tome nota de ello e igualmente de los Senadores Patricio Martínez, Mariana Gómez del Campo, Víctor Hermosillo y Maki Esther Ortíz.

Compañeras y compañeros Senadores, informo que los integrantes de las Comisiones para la Igualdad de Género y de Derechos Humanos, así como los grupos parlamentarios, entregaron una propuesta con punto de Acuerdo relativo a las violaciones sexuales ocurridas en contra de seis mujeres españolas en el municipio de Acapulco, Guerrero, por lo que solicito a la Secretaría dé lectura al punto de Acuerdo.





 

PROPUESTA

- La C. Secretaria Merodio Reza: (Leyendo)

PUNTO DE ACUERDO RELATIVO A LAS VIOLACIONES SEXUALES OCURRIDAS EN CONTRA DE SEIS MUJERES ESPAÑOLAS EN EL MUNICIPIO DE ACAPULCO, GUERRERO

“C. PRESIDENTE DE LA CAMARA DE SENADORES
DEL H. CONGRESO DE LA UNION
PRESENTE.

Las y los integrantes de las Comisiones para la Igualdad de Género y de Derechos Humanos, del Senado de la República, LXII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 8, numeral 1, fracción II; artículo 87, numeral 5; y artículo 95 todos de Reglamento del Senado de la República, sometemos a la consideración del Pleno de esta Soberanía la siguiente PROPOSICION CON PUNTO DE ACUERDO RELATIVA A LAS VIOLACIONES SEXUALES OCURRIDAS EN CONTRA DE SEIS MUJERES ESPAÑOLAS EN EL MUNICIPIO DE ACAPULCO, GUERRERO, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece en su artículo primero que todas las personas gozarán de los derechos reconocidos en la misma y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección. Asimismo, se establece la obligación del Estado de prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos establecidos por la Ley.

De este modo, la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer “Convención Belem Do Para”, de la que el Estado mexicano es parte, señala en su exposición de motivos que la violencia contra la mujer es una violación a los derechos humanos y las libertades fundamentales, limitando total o parcialmente a la mujer en el reconocimiento, goce y ejercicio de tales derechos y libertades.

Por otro lado, la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia establece en su artículo primero la coordinación que debe existir entre la Federación, las entidades federativas, el Distrito Federal y los Municipios para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, así como los principios y modalidades para garantizar su acceso a una vida libre de violencia que favorezca su desarrollo y bienestar conforme a los principios de igualdad y no discriminación.

Las promoventes destacan que se debe hacer hincapié en que uno de los principios rectores reconocidos en la legislación nacional para el acceso de todas las mujeres a una vida libre de violencia es el respeto a la dignidad humana de las mujeres, de manera particular, la violencia sexual es considerada como uno de los actos que más degrada y daña el cuerpo y la sexualidad de la víctima, y que por tanto, atenta contra su libertad, dignidad e integridad física.

Asimismo, debe recordarse que el mismo ordenamiento establece que es obligación de las Entidades Federativas el impulsar reformas, en el ámbito de su competencia, para el cumplimiento de los objetivos de la Ley, estableciendo como agravantes los delitos contra la vida y la integridad cuando estos sean cometidos contra mujeres, por su condición de género.

De la misma manera, los Municipios tienen la obligación de instrumentar y articular, en concordancia con la política nacional y estatal, la política municipal orientada a prevenir, atender y erradicar la violencia contra las mujeres.

En este tenor, las y los integrantes de las Comisiones para la Igualdad de Género y de Derechos Humanos, lamentan profundamente los hechos ocurridos recientemente en el Municipio de Acapulco, Guerrero y expresan su más enérgica condena a la agresión a la que fueron sujetas seis mujeres de nacionalidad española, ya que dichos actos resultan indignantes, no sólo para las víctimas, sino también para toda la población que queda en estado de vulnerabilidad cada vez que este tipo de actos se cometen.

Las y los promoventes hacen hincapié en que la gravedad de este tipo de delitos trasciende a nacionalidades o clases sociales, y por lo anterior, no debe ser considerado como un hecho común, recordando que es derecho de toda persona y de toda mujer el tener una vida libre de violencia y el derecho a la protección de todos los derechos humanos establecidos en los distintos ordenamientos internacionales y nacionales. Asimismo, concuerdan en que a pesar de que el Presidente Municipal de Acapulco ya ofreció una disculpa pública por sus declaraciones, las y los promoventes consideran que la violencia contras las mujeres no puede ser minimizada, por lo anteriormente expuesto.

Ante lo expuesto y fundado, sometemos a la consideración de esta Honorable Asamblea, con carácter de urgente y obvia resolución, el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO.- El Senado de la República expresa su más enérgica condena ante la violación de la que fueron víctimas seis mujeres de nacionalidad española en el Estado de Guerrero; y exhorta a las autoridades competentes a que realicen las tareas de investigación y sanción de quienes resulten responsables; así como la reparación de las víctimas. De igual forma, solicita a las autoridades locales, estatales y federales que realicen las acciones conducentes a nivel nacional a efecto de prevenir, perseguir, castigar y reparar los delitos de violencia contra las mujeres de todas las edades, especialmente de aquellos que impliquen violencia sexual.

SEGUNDO.- El Senado de la República exhorta a los Congresos Estatales y a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, a efecto de que revisen los tipos penales y los códigos locales, en aras de avanzar hacia una armonización legal que sancione la violencia sexual contra las mujeres, de acuerdo a la gravedad de la conducta y de conformidad con los estándares contenidos en los instrumentos internacionales de los que el Estado mexicano forma parte.

TERCERO.- El Senado de la Repúblicaexhorta a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y a la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Guerrero, a que en estrecha coordinación, proporcionen la atención adecuada a las seis mujeres que fueron víctimas de los delitos de violencia sexual, y den seguimiento puntual a la actuación de las autoridades y al avance de las investigaciones.

CUARTO.- El Senado de la Repúblicaexhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores a que mantenga comunicación constante con las autoridades encargadas de la investigación a efecto de mantener informados a los gobiernos de España y de otros países del mundo sobre el curso de las mismas.

Senado de la República, México, D.F., a 7 de febrero de 2013.

Sen. Diva Hadamira Gastélum Bajo.- Sen. Angélica de la Peña Gómez.- Sen. Martha Elena García Gómez.- Sen. Rosa Adriana Díaz Lizama.- Sen. Ivonne Liliana Alvarez García.- Sen. María del Rocío Pineda Gochi.- Sen. María Lucero Saldaña Pérez.- Sen. Gabriela Cuevas Barrón.- Sen. Luz María Beristain Navarrete.- Sen. Mónica Tzasna Arriola Gordillo.- Sen. Miguel Romo Medina.- Sen. Adriana Dávila Fernández.- Sen. Layda Sansores San Román.- Sen. Arturo Zamora Jiménez.- Sen. Miguel Angel Chico Herrera.- Sen. Mariana Gómez del Campo.- Sen. Roberto Gil Zuarth.- Sen. Lorena Cuéllar Cisneros.- Sen. Pablo Escudero Morales”.

Es todo, señor Presidente.

- El C. Presidente Aispuro Torres: En consecuencia, este punto de Acuerdo ha sido solicitado conforme lo señalan los artículos 109 y 110 de nuestro Reglamento, por lo que pido a la Secretaría consulte a la Asamblea, en votación económica, si es de considerarse de urgente resolución el mismo.

- La C. Secretaria Merodio Reza: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si el anterior asunto se considera de urgente resolución y se pone a discusión de inmediato. Quienes estén por la afirmativa, favor de levanta la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levanta la mano.

(La Asamblea no asiente)

Señor Presidente, sí se considera de urgente resolución.

- El C. Presidente Aispuro Torres: En consecuencia, está a discusión la propuesta. Para hablar sobre este asunto, se le concede el uso de la palabra a la Senadora Claudia Pavlovich Arellano, del grupo parlamentario del PRI, hasta por cinco minutos.

- La C. Senadora Claudia Artemiza Pavlovich Arellano: Con el permiso de la Presidencia.

Vengo a hablar fuertemente sobre lo sucedido la madrugada del lunes 4 de febrero, un grupo de 10 personas armadas ingresaron a un bungalow ubicado sobre la carretera Barra Vieja, número 37, a un costado del Hotel Bambuddha, ahí se alojaban 13 turistas, entre los que se encontraban 6 mujeres de nacionalidad española, una mujer de nacionalidad mexicana y 6 hombres con nacionalidad española, todos ellos alrededor de 30 años de edad.

Los turistas, Senadoras y Senadores, estaban vacacionando, pensando que iban a pasar un tiempo agradable al lado de su pareja, de sus compañeros en la Playa Bonfil en el Puerto de Acapulco, uno de los principales centros turísticos de este país.

Según las declaraciones vertidas ante la Procuraduría de Justicia del Estado Guerrero, a cargo de Martha Elba Garzón Bernal, los 6 hombres españoles fueron amarrados con cables, mientras violaban a las 6 mujeres españolas y a la séptima mujer de origen mexicano, le realizaron tocamientos.

La Fiscal de Justicia del Estado de Guerrero y el Alcalde Luis Walton Aburto, han declarado que se realizan ya las investigaciones pertinentes para capturar a los responsables y señalaron que cuentan con el apoyo de efectivos de las fuerzas federales.

No podemos permitir que ese delito, que según se dice: va disminuyendo los delitos de origen de carácter sexual, sigue escondido en cifras que alegremente disminuyen, pues es sabido que por miedo al agresor, por pena con el entorno social o incluso por una baja autoestima pensando en que se lo merecían, las violaciones sexuales son un agravio a todos y a todas las personas que se cuenten con dignidad humana.

María de la Luz Estrada, Coordinadora del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, ha estimado que se cometen alrededor de 14 mil violaciones sexuales anualmente.

Lo acontecido el lunes 4 a las ciudadanas españolas y a la víctima mexicana no debe pasarse por alto, y mucho menos podemos aceptar declaraciones como la del Alcalde Luis Walton, quien en rueda de prensa aseguró que es muy lamentable lo que ha pasado, pero eso sucede en cualquier parte del mundo. Es lamentable que esta haya sido la postura de un servidor público ante un delito tan deleznable, pero también se reconoce y celebra que haya rectificado y ofrecido una disculpa por tal motivo.

Es oportuno mencionar que representantes diplomáticos y consulares de España en México han prestado asistencia a las ciudadanas españolas.

Sin embargo, el gobierno de España ha descartado pronunciarse al respecto, pues la oficina de información internacional dependiente del Ministerio de Asuntos Exteriores ha comunicado que el asunto se está tratando con la máxima discreción, pero eso sí, ya avisó en el portal Web de su gobierno.

Es por todo lo anterior que solicito, de la manera más atenta, dentro de los puntos contenidos, este asunto sea tratado de urgente y obvia resolución, y me pronuncio a favor de que sean esclarecidos estos sucesos en cuanto sea posible, lo más rápido, con una justicia pronta y expedita.

Muchísimas gracias.

(Aplausos)

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, Senadora Pavlovich Arellano.

Se le concede el uso de la palabra a la Senadora Mariana Gómez del Campo Gurza, del grupo parlamentario del PAN, hasta por 5 minutos.

- La C. Senadora Mariana Gómez del Campo Gurza: Con su venia, señor Presidente; compañeras y compañeros:

Tan lamentables y reprobables han sido los hechos de la violación de 6 mujeres turistas de nacionalidad española y el asalto a 14 turistas en Acapulco, Guerrero, como la insensibilidad y misoginia con la que reaccionó el alcalde de Acapulco Luis Walton. Recordarle que con lágrimas de cocodrilo no se gobierna.

El problema de la inseguridad comienza ahí, en desestimar las afectaciones que sufren los ciudadanos; en minimizar los hechos y en considerar que el respeto a los derechos humanos puede quedar en un segundo plano.

¿Qué positivo es que reaccionemos con indignación ante estos hechos para que no se repitan? Pero con esa misma fuerza tenemos que obligar a las autoridades locales a hacer su trabajo.

No podemos permitir que se sigan lavando las manos, que con sollozos los alcaldes sigan pidiendo ayuda a la Federación cuando no están cumpliendo con su obligación. Esas épocas de paternalismo deben quedar atrás.

Lo que estamos viendo en Guerrero debe alarmarnos por distintas razones.

No podemos permitir que quede impune este delito de violación porque lesiona gravemente la integridad de esas mujeres, además porque daña severamente la imagen, no sólo de Guerrero, sino de México en el exterior, pero tampoco queremos que surjan chivos expiatorios o que se haga una investigación al vapor.

Lo que necesitamos para evitar el deterioro en nuestra imagen frente al mundo, es una investigación seria, que lleve a encontrar y sancionar a los culpables con todo rigor.

Consideramos que es muy importante redoblar los esfuerzos que iniciaron en el sexenio anterior con el lanzamiento en octubre del año 2011 del Programa “Guerrero Seguro” que ha tenido logros destacados, pero que aún tiene un saldo pendiente, que es lograr que las autoridades locales hagan su parte. Ahí está la clave de su fortalecimiento.

Debemos evitar a toda costa que el estado de derecho se descomponga o se vulnere por falta de efectividad del gobierno estatal, que ha propiciado que surjan policías civiles o comunitarias a las que se ha llamado “Cuerpos de autodefensa armada”.

Este es, quizás, el factor más preocupante, porque puede contagiarse con facilidad a otros estados del país.

Desde el Poder Legislativo estamos obligados a hacer lo posible para que las autoridades cumplan con su función para garantizar la seguridad de las personas y su patrimonio.

Hay que evitar que la desesperación orille a muchos mexicanos a hacer justicia por su propia mano, porque eso entraña riesgos enormes en materia de violación a los derechos humanos y a la ruptura del estado de derecho.

México tiene leyes, urge que tengamos autoridades que las hagan cumplir.

Celebramos que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos haya iniciado una queja de oficio ante esta agresión y contribuya para dar certidumbre en la resolución de este caso.

Tanto las víctimas como el pueblo guerrerense esperan que se haga justicia y que vuelva la paz y la tranquilidad a un sitio emblemático del turismo nacional como lo es Acapulco.

No podemos permitir que vuelva a haber una sola mujer víctima más de violación en nuestro país, ni autoridades insensibles ante hechos como éste.

Es cuanto, señor Presidente.

(Aplausos)

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, Senadora Gómez del Campo Gurza.

Se le concede el uso de la palabra a la Senadora Angélica de la Peña Gómez, del grupo parlamentario del PRD, hasta por 5 minutos.

- La C. Senadora Angélica de la Peña Gómez: Con su venia, señor Presidente; señoras y señores Senadores:

Verdaderamente es preocupante que el Senado de la República, que junto con el resto de los congresos camerales, estemos preocupados permanentemente en perfeccionar las leyes para tipificar los delitos contra mujeres.

Que estemos permanentemente discutiendo reformas, incluso diseñando nuevas leyes, como la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, que ha sido aplaudida en muchísimos lugares del mundo, como una de las leyes trascendentales de México.

Y en la prensa extranjera, por ejemplo, se mencione que son las 11:30 de la mañana en México, y he puesto un cronograma en marcha. En el rato que he escrito este texto, más de 10 mujeres habrán sido violadas en este país. Una cada cuatro minutos, según datos de la Secretaría de Salud. De cuatro minutos en cuatro minutos surgen 131 mil 400 violaciones al año; 2,520 de lunes a domingo, 360 víctimas al día.

Y culmina este párrafo, la periodista Inés Santaeulalia, de El País, que la agresión sexual a un grupo de españolas la madrugada del pasado lunes en Acapulco, ha conmocionado, a un lado y otro del Atlántico, y ha posado la mirada escrutadora sobre las autoridades locales que prometen detenciones rápidas. En fin.

Otro periodista de El País, dice: el incidente es un mazazo para la recuperación de la industria turística de la ciudad más famosa por los clavadistas y ser el refugio en el pasado de las estrellas de Hollywood, pero amenazada desde hace muchos años por la violencia de la delincuencia organizada.

Los datos oficiales de ninguna manera reflejan la realidad. Si acaso significarán el cinco, máximo diez por ciento de mujeres que se atreven a denunciar una violación.

Esa es la realidad a lo largo y ancho del nuestro país.

Por ejemplo, la información remitida por los agentes del Ministerio Público al Sistema Nacional de Seguridad, nos mencionan que en el año pasado, en 2012, hubo en todo el país, 14 mil 050 denuncias, insisto, si acaso entre el cinco y el diez por ciento de lo que es la realidad.

Y otros delitos inscritos como estupro y otros delitos inscritos como otros delitos sexuales.

Este asunto, efectivamente nos ha conmocionado, ha impactado al estado de Guerrero, que viene, desde hace algunos años, intentando bajo un Programa de Guerrero Seguro, levantar la entidad y, sobre todo, garantizar que Acapulco pueda ser un lugar de recreo, de turistas nacionales y de turistas extranjeros.

E iba muy bien. Si ustedes buscan los datos de la ocupación hotelera en la vacación larga de diciembre al año nuevo, prácticamente tuvo el 100%, quiere decir que la política emprendida estaba dando buenos resultados. Incluso, en el fin de semana de estos hechos que estamos hoy ocupándonos en el Senado de la República, nos mencionan, este fin de semana largo, hubo entre 93, 94% de ocupación.

Es muy lamentable, pero no solamente sucede en Acapulco. Yo no sé si alguien le quede la menor duda, que la niña, es irrelevante si tiene 9 ó 12 años, del estado de Jalisco, atendida en Zapopan por un parto, alguien le quede duda que es producto de una violación.

O lo que están programando para este sábado a las 11 de la mañana en Bellas Artes, una organización que quiere convocar a un record para que se logren más de 600 mujeres a las que les dé tocamiento de “nalgas”, así de feo se oye.

Bueno, eso refleja que tenemos un problema estructural muy grave. De tal forma, que más allá de ocuparnos de un asunto emblemático que preocupa a todos y que tenemos que proteger a estas seis mujeres españolas, necesitamos ocuparnos de que haya política pública que realmente resuelva una relación distinta y se reconozca a las mujeres como sujeta de derechos y no como objetos sexuales.

Ese es el tema, señoras y señores.

Muchas gracias por su atención.

(Aplausos)

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, Senadora de la Peña Gómez.

Se le concede el uso de la palabra a la Senadora María Elena Barrera Tapia, del grupo parlamentario del PVEM, hasta por cinco minutos.

- La C. Senadora María Elena Barrera Tapia: Muchas gracias, señor Presidente; compañeras y compañeros legisladores:

Efectivamente, los hechos acontecidos este pasado lunes en que se vieron involucradas seis mujeres españolas, una mexicana y seis hombres más que les acompañaban, son reprobables.

Por lo que compartimos el dolor, en lo personal, en lo individual y de las familias de estas víctimas.

Por supuesto que se tiene que castigar a los culpables, sobre todo, porque se tiene una lucha para mantener, independientemente de la nacionalidad, independientemente de donde se realicen estos activos delictivos, debemos de encontrar, sobre todo, la respuesta para que los mecanismos que se establecen para detener y, por supuesto, sancionar a quienes los cometen, garanticen que no vuelva a suceder nunca más.

Este conjunto de acciones y medidas para proteger a las víctimas de la violencia sexual, por supuesto que es una obligación del Estado, no tan solo de garantizar a las mujeres su seguridad y el ejercicio pleno de los derechos humanos, sino que también de dar la atención para cada una de ellas cuando ocurre.

Tendremos que redoblar el esfuerzo para establecer acciones de prevención y, por supuesto, de aplicación de las sanciones de acuerdo a las leyes nacionales y a los tratados internacionales.

En específico, ahora, estamos hablando del estado de Guerrero, y estoy cierta, que este exhorto para que las autoridades municipales y estatales le den todo el tratamiento a las investigaciones y que le devuelvan la tranquilidad y la seguridad a ese estado.

Aún cuando ya se ha mencionado que se ha implementado el Programa Guerrero Seguro, efectivamente pareciera que estaba dando buenos resultados, sin embargo, estos últimos acontecimientos exhortan a que se haga un replanteamiento, tal vez, de la estrategia.

Tendremos todos que seguir trabajando para resarcir la imagen negativa que deja al mundo este tipo de acontecimientos.

Por ello, una vez más, nos pronunciamos porque este tipo de delitos, como lo es ya perseguido por oficio por la vía penal, también nos congratulamos que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos le dará un puntual seguimiento.

Vuelvo a insistir, las investigaciones deben de avanzar y por supuesto castigar a los culpables.

Ante estas circunstancias, debemos de tomar acciones contundentes y que estén apegadas a la ley, no tan sólo para garantizar la integridad física de los ciudadanos y de los visitantes que llegan a nuestro país, sino también para considerar este fenómeno con perspectiva de género y con un gran sentido social.

México sigue demandando una vida libre de violencia. Hagamos votos porque esto no nadamás quede en el papel, sino que realmente todos trabajemos para evitar seguir haciendo pronunciamientos a favor de los derechos humanos.

Muchísimas gracias.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, Senadora María Elena Barrera Tapia.

Se le concede el uso de la palabra a la Senadora Martha Palafox Gutiérrez, del grupo parlamentario del PT, hasta por cinco minutos.

- La C. Senadora Martha Palafox Gutiérrez: Con su permiso, señor Presidente; compañeras y compañeros Senadores:

El Partido del Trabajo lamenta profundamente lo ocurrido respecto a la violación de las turistas de nacionalidad española ocurrida en Acapulco, Guerrero.

Las turistas españolas se han regresado a su país, seguramente con un trauma físico y también espiritual y mental. Además de la vejación de que fueron objeto, creo que difícilmente podrán superar esta experiencia tan amarga y tan humillante que han sufrido.

Acapulco, Guerrero, es uno de los principales centros turísticos con los que cuenta nuestro país. Es la principal fuente de divisas que provienen del turismo mundial. Ahora, menguado desde el Decreto de la tristemente influenza que llevó a la quiebra a la industria restaurantera y hotelera. Sistemáticamente ha sido atacada por la delincuencia.

Y no solamente afecta al ahora caso que ha sucedido. Las turistas españolas se han regresado a su país. Seguramente vamos a tener repercusiones por ese hecho.

Aquí en nuestro país se ha quedado el morbo, la nota roja, pero en Acapulco, Guerrero, este hecho afecta también a los ciudadanos guerrerenses que se quedan sistemáticamente en el cierre de las empresas hoteleras y restauranteras sin empleo, a los empresarios que invierten sus recursos para mantener esta fuente de divisas, al desprestigio de nuestro país.

Lamentablemente hemos perdido la capacidad de asombro. Ya no se sabe si la ola de violencia que ejecutó también en una emboscada a un grupo de policías estatales, sea un ajuste de cuentas, una coincidencia o una injusticia, o sea una casualidad.

Cuando digo que podemos tener repercusiones es porque en España hay turistas mexicanos, hay trabajadores y también a veces han sido víctimas del racismo. Creo que esto tiene muchas connotaciones. Creo que es hora de que los ciudadanos hagamos algo. Es hora de sumar esfuerzos, de organizarnos, de ayudarnos, no para linchar, sino para perder el miedo y denunciar, para prevenir y buscar estrategias para que no caigamos más en manos de policías o de trabajadores vinculados al narcotráfico, de los que trabajan a sueldo de la delincuencia.

Es una obligación del gobierno federal, estatal y municipal dar con los culpables y dar un castigo ejemplar. No es cuestión de leyes, las leyes las tenemos, solamente hay que cumplirlas y para cumplirlas necesitamos la ciudadanía organizarnos, denunciar y participar, de otra manera seguiremos siendo víctimas de estos lamentables acontecimientos.

Es cuanto, muchas gracias.

(Aplausos)

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, Senadora Martha Palafox Gutiérrez.

Para hablar sobre este mismo asunto, ha solicitado hacer uso de la palabra el Senador Rabindranath Salazar Solorio, en su calidad de Presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, Europa, para lo cual se le concede hasta por cinco minutos.

- El C. Senador Rabindranath Salazar Solorio: Muchas gracias, con el permiso de la Mesa. Compañeras y compañeros Senadores:

Yo plantearía en este punto que pudieran ser incluidos algunos de los resolutivos de este punto de Acuerdo en el que ya se ha planteado por las compañeras Senadoras, yo creo que se puede enriquecer, ya que sin duda este tipo de acontecimientos son reprobados por la absoluta mayoría, más bien por todos los miembros de esta Cámara.

Resulta condenable la violencia contra la mujer en cualquiera de sus manifestaciones, porque constituye un obstáculo para el logro de la igualdad, el desarrollo y la paz en las sociedades y atenta contra la protección de los derechos y principios relativos a la igualdad, seguridad, libertad, integridad y dignidad de la mujer, consagrados en diversos instrumentos internacionales como lo son la Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer y la Declaración Universal de Derechos Humanos, entre otros.

Por lo anterior, condenamos enérgicamente las agresiones perpetradas contra un grupo de turistas y en especial las agresiones sexuales que sufrieron mujeres, en su mayoría de origen español.

En estos días, precisamente en el Parlamento Europeo, se discute el tema de la Eliminación y la Prevención de la Violencia contra la Mujeres y las Niñas.

De igual manera la Quincuagésima Séptima Sesión de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer, de la Organización de las Naciones Unidas, considera dentro de los temas relevantes a discutir, en el mes de marzo, el de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres y las Niñas, lo que el Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos no debe pasar desapercibido.

Por ello, esta Cámara de Senadores no es omisa en atención al tema, por lo que repudia y condena de manera categórica todo tipo de acto que se traduzca en violencia física, sexual o psicológica contra la mujer.

En específico, los hechos suscitados el día 4 de febrero del año en curso, en la zona turística de Acapulco, Guerrero, Punta Diamante, en la Playa Bonfil, en donde se registró un ataque perpetrado por un grupo de personas armadas y con los rostros cubiertos, mismos que asaltaron y atacaron sexualmente a seis mujeres de origen español y a una de origen mexicano, mientras amagaron, amordazaron y ataron con cables a seis hombres también de origen español, a quienes además sustrajeron sus pertenencias, valores y documentos de identificación.

Estos hechos denigran y ponen en contexto la alarmante situación de inseguridad que impera en diversos estados de nuestro país. Aunado a la gravedad por sí misma de los delitos perpetrados a que se ha hecho referencia, el que los ilícitos se hayan cometido en un emblemático destino turístico de nuestro país, como es Acapulco, y en la entidad federativa en la que está en operación el Programa Guerrero Seguro.

Por lo anterior, consideramos que estos hechos deben de ser investigados a cabalidad y sancionar a los responsables. Cabe señalar que la investigación se encuentra a cargo de la Subprocuraduría Especializada en Delitos Sexuales de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Guerrero.

Y en virtud de lo anterior, consideramos que la Procuraduría de Justicia del Estado debe de informar puntualmente sobre al avance de las investigaciones, además de que resulta pertinente que se informe a esta Soberanía sobre los resultados que ha dado hasta al momento el operativo denominado Guerrero Seguro.

Los penosos hechos aquí narrados tuvieron lugar a tan sólo unos días de haberse llevado a cabo en Madrid, España, del 30 de enero al 3 de febrero de este año, la Trigésima Tercera edición de la Feria Internacional de Turismo, donde nuestro país participó a través de la Secretaría de Turismo, por lo que estos hechos comprometen los convenios de colaboración que actualmente se negocian con aquel país para aumentar el turismo en México.

No menos importante resulta el hecho de que según los datos de la Confederación Nacional Turística, A.C., dados a conocer en México recientemente, México perdió tres lugares en el ranking internacional como destino turístico, al pasar del lugar décimo, al lugar décimo tercero como destino turístico del año 2011 al año 2012.

Por la trascendencia y repercusión del tema en comento, es necesario y oportuno exhortar a los tres niveles de gobierno para que de manera coordinada y eficiente afronten y entreguen resultados en lo referente al combate al crimen.

Adicionalmente, condenamos por supuesto las declaraciones del alcalde de Acapulco en las que se trató de minimizar hechos tan oprobiosos como los aquí narrados, ocurridos en su localidad.

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta Soberanía el siguiente punto de Acuerdo:

Primero. El Honorable Senado de la República condena firmemente los hechos perpetrados contra ciudadanos nacionales y extranjeros ocurridos el día 4 de febrero del año en curso, en “Playa Bonfil”, Punta Diamante, en la zona turística de Acapulco, estado de Guerrero.

Segundo. El Honorable Senado de la República exhorta a la Procuraduría General de Justicia del Estado de Guerrero para que informe sobre los avances y resultados que arrojen las investigaciones concernientes a los deleznables hechos consistentes en los ataques sexuales, asalto y robo perpetrados contra ciudadanos, en su mayoría de origen español, ocurridos el día 4 de febrero del año en curso en los bungalows de la “Playa Bonfil”, en Punta Diamante, en la zona turística del Puerto de Acapulco, estado de Guerrero.

Por lo atípico de los mismos, por la importancia e implicaciones que tiene este asunto en el contexto nacional e internacional, y en virtud de que estos hechos pueden tener conectividad con delitos federales.

Tercero. El Senado de la República exhorta al Poder Ejecutivo Federal, al Poder Ejecutivo del Estado de Guerrero y al municipio de Acapulco par que, de manera conjunta y coordinada y de acuerdo a sus respectivas competencias, implementen las medidas necesarias para evitar la vulneración a los derechos de las mujeres e informen sobre los resultados y, en su caso, sobre el reforzamiento y la reevaluación de la estrategia implementada en el programa denominado “Operación Guerrero Seguro”, aunado a la realización de todas las acciones necesarias para el esclarecimiento de los hechos y la rendición de un informe detallado sobre el seguimiento que se ha dado a los mismos.

Cuarto. El Senado de la República exhorta al Ejecutivo Federal, por conducto de las Secretarías de Turismo y Relaciones Exteriores, para que de manera conjunta evalúen y determinen los mecanismos diplomáticos idóneos para evitar posibles conflictos en las relaciones bilaterales México-España y de igual forma no se vea mermada la actividad turística en nuestro país.

Quinto. El Senado de la República reprueba las declaraciones que tienden a minimizar hechos tan reprobables como las expuestas por el alcalde de Acapulco, Luis Walton.

Es cuanto, señor Presidente.

PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE CONDENAN LOS HECHOS ILICITOS PERPETRADOS CONTRA TURISTAS, EN SU MAYORIA DE ORIGEN ESPAÑOL, EN ACAPULCO, ESTADO DE GUERRERO, CUYA INVESTIGACION ESTA A CARGO DE LA SUBPROCURADURIA DE JUSTICIA DE DICHA ENTIDAD FEDERATIVA

“SEN. ERNESTO CORDERO ARROYO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
DEL SENADO DE LA REPUBLICA
PRESENTE.

El que suscribe, SENADOR RABINDRANATH SALAZAR SOLORIO, integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 8, numeral 1, fracción II, y 276 del numeral 1 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración del Pleno de esta Soberanía la PROPOSICION CON PUNTO DE ACUERDO, DE URGENTE RESOLUCION, POR EL QUE CONDENAN LOS HECHOS ILICITOS PERPETRADOS CONTRA TURISTAS, EN SU MAYORIA DE ORIGEN ESPAÑOL, EN ACAPULCO, ESTADO DE GUERRERO, CUYA INVESTIGACION ESTA ACARGO DE LA SUBPROCURADURIA DE JUSTICIA DE DICHA ENTIDAD FEDERATIVA,CON BASE EN LAS SIGUIENTES:

CONSIDERACIONES

Resulta preocupantela violencia contra la mujer en cualquiera de sus manifestaciones, porque constituye un obstáculo para el logro de la igualdad, el desarrollo y la paz en las sociedades y atenta contra la protección de los derechos y principios relativos a la igualdad, seguridad, libertad, integridad y dignidad de la mujer, consagrados en diversos instrumentos internacionales como lo sonla Declaración sobre la eliminación de la violencia contra la mujer, la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, la Declaración Universal de Derechos Humanos, entre otros.

Por lo anterior, condenamos enérgicamente las agresiones perpetradas contra un grupo de turistas y, en especial, las agresiones sexuales que sufrieron mujeres, en su mayoría de origen español.

En estos días, en el Parlamento Europeo se discute, precisamente, el tema de “la eliminación y la prevención de la violencia contra las mujeres y las niñas”. De igual manera, la quincuagésima séptima (57ª) sesión de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), considera dentro de los temas relevantes a discutir, del 4 al 11 de marzo de este año, el de la “eliminación de la violencia contra las mujeres y las niñas”, lo que el Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos no debe pasar desapercibido.

Por ello, esta Cámara de Senadores, no es omisa en la atención al tema, por lo que repudia y condena de manera categórica todo tipo de acto que se traduzca en violencia física, sexual o psicológica contra la mujer. En específico, los hechos suscitados el día 4 de febrero del año en curso, en la zona turística de Acapulco, Guerrero, Punta Diamante, en Playa Bonfil; en donde se registró un ataque perpetrado por un grupo de personas armadas y con los rostros cubiertos, mismos que asaltaron y atacaron sexualmente a seis mujeres de origen español y una de origen mexicano, mientras amagaron, amordazaron y ataron con cables a seis hombres, también de origen español, a quienes, además, sustrajeron sus pertenencias, valores y documentos de identificación.

Estos hechos denigran y ponen en contexto la alarmante situación de inseguridad que impera en diversos estados de nuestro país, y aunado a la gravedad por sí misma de los delitos perpetrados, a que se ha hecho referencia, el que los ilícitos se hayan cometido en un emblemático destino turístico de nuestro país, como es Acapulco y en la entidad federativa en la que está en operación el Programa Guerrero Seguro.

Por lo anterior, consideramos que estos hechos deberán de ser investigados a cabalidad y sancionar a los responsables. Cabe señalar que la investigación se encuentra a cargo de la Subprocuraduría Especializada en Delitos Sexuales de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Guerrero, sin que hasta el momento se haya logrado la detención del grupo delictivo que perpetuo los actos.

En virtud de lo anterior, consideramos quela Procuraduría de Justicia del estado de Guerrero debe informar puntualmente sobre el avance de las investigaciones, además de que resulta pertinente que se informe a esta Soberanía sobre los resultados que ha dado hasta el momento el operativo denominado “Guerrero Seguro”.

Los penosos hechos aquí narrados tuvieron lugar a tan sólo unos días de haberse llevado a cabo en Madrid, España, del 30 de enero al 3 de febrero de este año, la trigésimo tercera (33ª) edición de la “Feria Internacional de Turismo (FITUR)”, donde nuestro país participó a través de la Secretaría de Turismo, por lo que estos hechos comprometen los convenios de colaboración que se actualmente se negocian con aquel país para aumentar el turismo en México.

No menos importante resulta el hecho de que, según datos de la Confederación Nacional Turística, A.C., dados a conocer recientemente, México perdió tres lugares en el ranking internacional como destino turístico, al pasar del lugar décimo al décimo tercero como destino turístico, del año 2011 al 2012, al haber recibido casi un uno por ciento menos turistas internacionales de los que recibió durante el año2011, lo que pone en riesgo la actividad turística de nuestro país, por las implicaciones económicas que ello conlleva.

Por la trascendencia y repercusiones que conllevan el tema en comento, es necesario y oportuno exhortar a los tres niveles de gobierno para que de manera coordinada y eficiente afronten y entreguen resultados en lo referente al combate al crimen.

Adicionalmente, condenamos las declaraciones del alcalde de Acapulco, Luis Walton, en las que trató de minimizar hechos tan oprobiosos como los aquí narrados, ocurridos en su localidad.

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta Soberanía el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO: El H. Senado de la República condena firmemente los hechos perpetrados contra ciudadanos nacionales y extranjerosocurridos en del día 4 de febrero del año en curso, en Playa Bonfil, Punta Diamante, en la zona turística de Acapulco, estado de Guerrero.

SEGUNDO: El H. Senado de la República exhorta a la Procuraduría de Justicia del estado de Guerrero para que informe sobre los avances y resultados que arrojen las investigaciones concernientes a los deleznables hechos consistentes en los ataques sexuales, asalto y robo perpetrados contra ciudadanos, en su mayoría de origen español, ocurridos en del día 4 de febrero del año en curso, en los bungalows de la Playa Bonfil, en Punta Diamante, en la zona turística del Puerto de Acapulco, estado de Guerrero, por lo atípico de los mismos, por la importancia e implicaciones que tiene este asunto en el contexto nacional e internacional, y en virtud de que estos hechos pueden tener conexidad con delitos federales donde esté implicada la delincuencia organizada.

TERCERO: El H. Senado de la República exhorta al Poder Ejecutivo Federal, al Poder Ejecutivo del estado de Guerrero y al Municipio de Acapulco para que, de manera conjunta y coordinada y de acuerdo a sus respectivas competencias, implementen las medidas necesarias para evitar la vulneración a los “derechos de las mujeres” e informen sobre los resultados y, en su caso, sobre el reforzamiento y revaluación de la estrategia implementada en el Programa denominado “Operación Guerrero Seguro”, aunado a la realización de todas las acciones necesarias para el esclarecimiento de los hechos y la rendición de un informe detallado sobre el seguimiento que se ha dado a los mismos.

CUARTO: El H. Senado de la República exhorta al Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretarías de Turismo y Relaciones Exteriores para que de manera conjunta evalúen y determinen los mecanismos diplomáticos idóneos para evitar posibles conflictos en las relaciones bilaterales México-España y de igual forma no se vea mermada la actividad turística en nuestro país.

QUINTO.- El H. Senado de la República reprueba las declaraciones que tiendan a minimizar hechos tan reprobables como los ocurridos, como las expuestas por el alcalde de Acapulco, Luis Walton.

Dado en salón de sesiones de la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión, a 7 de febrero de 2013.

Suscribe

Sen. Rabindranath Salazar Solorio”.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, Senador Salazar Solorio. Informo a la Asamblea que lo que se ha presentado no es un nuevo punto de Acuerdo, sino es una adición al que presentaron las Comisiones Unidas de Igualdad de Género; y de Derechos Humanos y, por lo tanto, habremos de preguntarle a esta Asamblea si acepta que se pueda someter a discusión, pero antes de ello, le concederemos el uso de la palabra a la Presidenta de la Comisión de Igualdad de Género, la Senadora Diva Hadamira, para hablar sobre el mismo asunto.

- La C. Senadora Diva Hadamira Gastélum Bajo: (Desde su escaño) Muchas gracias, señor Presidente, creo que el tema que nos ocupa es un tema muy delicado, pero que además, lejos dejará el término de decir que es un asunto cotidiano. La violencia en contra de las mujeres, y especialmente la violación sexual en contra de las mujeres, no puede ser un asunto normal, de una forma de vivir.

Creo que aquí se han dicho cosas muy valiosas, el propio punto de Acuerdo que suscribimos todas las integrantes de la Comisión de Igualdad de Género, así como de la Comisión de Derechos Humanos, refleja la preocupación que tenemos en esta Cámara de Senadores.

Pero, creo oportuno recalcar un asunto que es urgente atender, el tema de la armonización legislativa en el ámbito local. No es posible que la legislación en la materia no se hable en el mismo lenguaje en esta República Mexicana, mientras que en un estado, el abigeato es más castigado que la violación sexual en contra de una mujer, las sanciones son mínimas, pero además de eso, como aquí se ha dicho, es un asunto muy natural, esta Cámara de Senadores debe de pronunciarse por la homologación y armonización legislativa en el ámbito local. Estas se han dejado de lado, se ha hecho toda una reforma que tiene que ver con delitos sexuales, pero este tema en especial requiere una atención urgente.

No puede ser posible que las sanciones sigan oscilando, y que se obtenga la exención y la absolución solamente porque se considera un delito menor.

Nosotras, nosotros nos pronunciamos porque este Senado de la República, desde aquí, luchemos por la armonización legislativa de los 31 estados de la República y el Distrito Federal.

Muchas gracias, señor Presidente.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, Senadora Diva Hadamira.

Sonido en el escaño del Senador Salazar Solorio.

- El C. Senador Rabindranath Salazar Solorio: (Desde su escaño) Sí, antes, señor Presidente, considero sin duda un tema de la mayor relevancia, y yo plantearía, más bien, que se pudiera analizar el contenido de la propuesta que estamos presentando para que se pudiera agregar a la ya presentada por las Comisiones Unidas de Igualdad de Género; y de Derechos Humanos, en virtud de que hay algunos puntos que incluso son coincidentes, los que pudiéramos plantearlo para que se pueda enriquecer este punto, ya que creo que hay coincidencia prácticamente en la totalidad del documento.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Efectivamente, Senador Salazar Solorio, usted ha planteado ya esta propuesta a la Asamblea, por eso pido a la Asamblea que sea la que determine de si se puede adicionar al punto de Acuerdo que había presentado originalmente las Comisiones Unidas de Igualdad de Género; y de Derechos Humanos.

Pido a la Secretaría que consulte a la Asamblea, en votación económica, si se acepta a discusión.

- La C. Secretaria Merodio Reza: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se admite a discusión la propuesta de adición hecha por el Senador Rabindranath Salazar. Quienes estén porque se admita a discusión, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Quienes estén porque no se admita a discusión, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

No se admite a discusión, señor Presidente.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, señora Secretaria. Pido que consulte a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse la propuesta que han hecho las Comisiones Unidas de Igualdad de Género; y de Derechos Humanos.

- La C. Secretaria Merodio Reza: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse la propuesta. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobada la propuesta, señor Presidente.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, señora Secretaria. Aprobada. Comuníquese.

A continuación, tenemos la segunda lectura de un dictamen de las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, Organismos Internacionales; y de Derechos Humanos, con proyecto de Decreto por el que se aprueba el Retiro de la Declaración Interpretativa formulada por el gobierno de México al depositar su instrumento de ratificación del Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la Participación de Niños en los Conflictos Armados.





 

RETIRO DE LA DECLARACION INTERPRETATIVA FORMULADA POR EL GOBIERNO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS AL DEPOSITAR SU INSTRUMENTO DE RATIFICACION DEL PROTOCOLO FACULTATIVO DE LA CONVENCION SOBRE LOS DERECHOS DEL NIÑO RELATIVO A LA PARTICIPACION DE NIÑOS EN LOS CONFLICTOS ARMADOS, ADOPTADO POR LA ASAMBLEA GENERAL DE LAS NACIONES UNIDAS EL 25 DE MAYO DE 2000

(Dictamen de segunda lectura)



Informo a la Asamblea que a este dictamen se le dio primera lectura el 20 de diciembre de 2012. Debido a que el mismo se encuentra publicado en la Gaceta del Senado del día de hoy, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se omite su lectura.

- La C. Secretaria Merodio Reza: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se omite la lectura del dictamen. Quienes estén porque se omita, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se omita, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se omite la lectura, señor Presidente.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias. En consecuencia, está a discusión dicho dictamen. No habiendo quien haga uso de la palabra, pido que se hagan los avisos a que se refiere el artículo 58 de nuestro Reglamento para informar de la votación. Abrase el sistema electrónico de votación por tres minutos para recoger la votación nominal del proyecto de Decreto.



- La C. Secretaria Merodio Reza: Señor Presidente, conforme al registro en el sistema electrónico, se emitieron 91 votos en pro y cero en contra.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, señora Secretaria. En consecuencia, queda aprobado el Decreto que contiene el Retiro de la Declaración Interpretativa formulada por el gobierno de los Estados Unidos Mexicanos al depositar su instrumento de ratificación del Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la Participación de Niños en los Conflictos Armados, adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 25 de mayo de 2000. Remítase al Ejecutivo Federal para los efectos constitucionales.

Informo a la Asamblea que hay ocho votaciones más, para que podamos permanecer en este lugar.

Tenemos la segunda lectura de un dictamen de las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores; de Relaciones Exteriores, Europa; y de Hacienda y Crédito Público, con proyecto de Decreto por el que se aprueban las Enmiendas a los artículos 1 y 18 del Convenio Constitutivo del Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo.





 

ENMIENDAS A LOS ARTICULOS 1 Y 18 DEL CONVENIO CONSTITUTIVO DEL BANCO EUROPEO DE RECONSTRUCCION Y DESARROLLO (BERD), ADOPTADAS EN LONDRES, EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2011

(Dictamen de segunda lectura)

“COMISIONES UNIDAS DE RELACIONES EXTERIORES;
RELACIONES EXTERIORES, EUROPA,
Y DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

H. ASAMBLEA:

Con fecha 30 de octubre de 2012, la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores de la LXII Legislatura, remitió oficio No. DGPL-1P1A.-1357, dando turno para dictaminar a las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, Relaciones Exteriores Europa y Hacienda y Crédito Público con proyecto de Decreto que Aprueba las Enmiendas a los artículos 1 y 18 del Convenio Constitutivo del Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo, aprobadas en la ciudad de Londres, Inglaterra, el 30 de septiembre de 2011.

Las Comisiones dictaminadoras, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 76, fracción I y 89, fracción X, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 85, 86, 93, 94 y 103 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los artículos 113, 117, 135, fracción I, 174, 175, párrafo 1., 178, 182, 183, párrafos 1. y 2., 184, 186, 187, 190 y demás relativos aplicables del Reglamento del Senado de la República, las suscritas comisiones formulan el presente dictamen conforme a la siguiente:

METODOLOGIA

Para dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 190 del Reglamento del Senado de la República, las Comisiones Unidas presentan el siguiente dictamen en cinco apartados, a saber.

l.- ANTECEDENTES: Se da constancia del inicio y desarrollo del proceso legislativo.

II.- OBJETO, DESCRIPCIÓN DEL INSTRUMENTO: Donde sintetiza el alcance de la propuesta en estudio.

III.- CONSIDERACIONES: Expresa los motivos y fundamentos que sustentan la resolución de la Comisión Dictaminadora.

IV.- CONCLUSIONES y

V.- DECRETO

I.- ANTECEDENTES

1.- El 29 de mayo de 1990, en el marco de la Comisión de las Comunidades Europeas se adoptó, en París, Francia, el Convenio Constitutivo del Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo (BERD).

2.- El citado Convenio fue aprobado por la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión, el 15 de diciembre de 1990, según Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 14 de enero de 1991.

3.- El instrumento de ratificación de este Convenio fue firmado por el Ejecutivo de la Unión el 24 de enero de 1991 y depositado ante el Gobierno de la República Francesa el 21 de febrero del mismo año.

4.- El 3 de mayo de 2000, la Junta de Gobernadores del Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo, aprobó la admisión de Mongolia como país miembro.

5.- El 15 de marzo de 2005, fue aprobado por la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión, el Decreto que contiene la Enmienda al Artículo 1 del Convenio Constitutivo del Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo para incluir a Mongolia como país de operación, mismo que fuera publicado en el Diario Oficial de la Federación el 26 de abril de 2005.

6.- Mediante oficio número SEL/300/410/12, de fecha de 29 de octubre de 2012, el Subsecretario de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación, envió a los Secretarios de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, copias certificadas de las Enmiendas a los artículos 1 y 18 del Convenio Constitutivo del Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo, acompañado de un memorándum de antecedentes.

7.- En la sesión ordinaria del día 30 de octubre de 2012, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores, turnó a estas comisiones dictaminadoras dichas Enmiendas, para su estudio y dictamen correspondiente.

II.- OBJETO, DESCRIPCION DEL INSTRUMENTO Y TEXTO NORMATIVO

El BERD, cuya sede se encuentra en Londres, inició operaciones en 1991 con el objetivo de promover el desarrollo de la iniciativa privada en países de Europa Central y del Este y de la Comunidad de Estados Independientes (CEI), a fin de ayudar a dichos países en su transición hacia una economía de mercado.

Las principales acciones tomadas por el BERD en esos países, según el artículo 2 de este Convenio, consisten en lo siguiente:

a) Promover, a través de inversores privados u otros inversores interesados, la creación, mejora y ampliación de actividades productivas, competitivas y del sector privado, sobre todo de las pequeñas y medianas empresas;

b) Destinar a la consecución de su objetivo, capital tanto nacional como extranjero, así como una gestión experta;

c) Favorecer la inversión productiva, en sectores que incluyan el de servicios y el financiero y en infraestructuras relacionadas con éstos, que requieren inversiones para apoyar la iniciativa privada y empresarial y contribuir así a crear un ambiente competitivo y a aumentar tanto la productividad como el nivel de vida y las condiciones de trabajo;

d) Prestar asistencia técnica para la elaboración, financiamiento y puesta en marcha de proyectos pertinentes, ya sea de manera aislada o en el contexto de programas de inversión específicos;

e) Estimular e impulsar el desarrollo de mercado de capitales;

f) Brindar apoyo a aquellos proyectos sólidos y económicamente viables en los que participe más de un miembro beneficiario;

g) Fomentar, en todo el ámbito de sus actividades, un desarrollo sostenible y no perjudicial para el medio ambiente; y

h) Emprender cualquier otra actividad y prestar cualquier otro servicio que pueda favorecer las funciones mencionadas.

Los países que pueden ser miembros de este Banco son los países europeos, así como los países no europeos que sean miembros del Fondo Monetario Internacional, de ahí que nuestro país participe como accionista en el mismo.

A veintiún años de haber iniciado operaciones, según la información proporcionada a esta Dictaminadora, el BERD continúa impulsando reformas económicas, estructurales y sectoriales, incluyendo la descentralización, privatización y disolución de monopolios estatales, tomando en consideración las necesidades de los países de operación en sus diferentes períodos de transición. Actualmente, el BERD es el principal inversionista en la región y en cada uno de los 29 países en los que tiene operaciones, a través de los financiamientos que otorga y su cartera accionaria. Adicionalmente, moviliza una importante cantidad de inversión extranjera directa, así como financiamientos de mediano y largo plazo por parte de bancos comerciales y agencias oficiales de exportación.

Sus actividades específicas incluyen: el financiamiento de los proyectos de inversión de prácticamente cualquier rama del sector privado; el fortalecimiento de instituciones financieras, mediante financiamiento e inversión de los sistemas legales y algunos proyectos de infraestructura necesaria para apoyar la economía de mercado.

El BERD apoya el cofinanciamiento y la inversión extranjera directa en los sectores público y privado; ayuda a movilizar el capital interno y facilita la cooperación técnica en áreas relevantes.

Para impulsar la transición de los países de operación hacia una economía de mercado más eficiente y abierta, elBERD otorga créditos de mediano y largo plazo a proyectos de los sectores público y privado, participando también con capital accionario en algunos proyectos privados de inversión. De acuerdo con su Convenio Constitutivo, el BERD debe destinar al menos el 60% de sus recursos a proyectos desarrollados por el sector privado. Esta meta se ha alcanzado, ya que el 75% de su cartera de inversión está integrada por proyectos de inversión controlados por inversionistas privados locales o extranjeros.

El BERD no subsidia el costo de sus financiamientos o inversiones, su actividad se identifica del resto del mercado financiero por ofrecer plazos de amortización más largos o por participar en proyectos que representan oportunidades que otras entidades financieras no han visualizado.

Sin embargo, sus decisiones se basan en estrictos parámetros de viabilidad económica de cada uno de los proyectos y las tasas de interés ofrecidas presentan un nivel que refleja los riesgos tomados sin ningún tipo de apoyo preferencial.

El 30 de septiembre de 2011, la Junta de Gobernadores del BERD aprobó, de conformidad con el Artículo 56 del Convenio Constitutivo del Banco, mediante las Resoluciones 137 y 138, las Enmiendas a los artículos 1 y 18 del Convenio Constitutivo del Banco, a fin de proveer una extensión regional apropiada en el ámbito geográfico del mandato del BERD, con objeto de que el Banco pueda operar en países del sur y del este de la región mediterránea (Argelia, Egipto, Libia, Jordania, Marruecos y Túnez) y permitirle utilizar fondos especiales para operacionesen países potencialmente beneficiarios. México emitió su voto a favor y dicha modificación fue aprobada por la mayoría de la Junta de Gobernadores del BERD.

En virtud de lo anterior, el BERD remitió a los países miembros un “borrador de modificación” del Convenio Constitutivo del Banco, a fin de ampliar las operaciones del mismo Banco en los países del sur y del este de la región mediterránea, proceso que se observa consiste en cuatro fases:

1. Aprobación de la Junta de Directores por dos tercios;

2. Resolución de la Junta de Gobernadores por mayoría, y

3. Aceptación de todos los países miembros, y entrada en vigor tres meses después de que el Banco reciba la recepción de la última comunicación oficial delos países miembros.

La Enmienda aprobada en la Resolución 137 consiste en lo siguiente:

“Artículo 1

Objeto

Con su contribución al progreso y reconstrucción económicos, el Banco tiene por objeto favorecer la transición a una economía abierta de mercado y promover la iniciativa privada y empresarial en los países de Europa Central y del Este que suscriban y apliquen los principios de la democracia multipartidista, el pluralismo y la economía de mercado.

Sujeto a las mismas condiciones,el objeto del Banco también podrá llevarse a cabo en Mongoliay en los países miembros del sur y del este de la región mediterránea, cuando así lo determine el Banco, con el voto favorable de por lo menos dos terceras partes de los Gobernadores que representen por lo menos tres cuartas partes del total de derechos de voto de los miembros.

De acuerdo con esto, cualquier referencia en este Convenio y sus Anexos a “países de Europa Central y del Este” “país(es) miembro(s) beneficiario(s)” o “país(es) beneficiario(s)” se entenderá también a Mongolia y a cada uno de lospaíses del sur y del este de la región mediterránea.”

Una vez realizado el estudio sobre la ampliación geográfica de las operaciones del Bancoen el sury el este de la región mediterránea, laJunta de Gobernadoresaprobó una Enmienda al artículo18 del Convenio Constitutivo del BERD,con el fin depermitir al Bancoutilizar fondos especiales para operaciones en países potencialmente beneficiarios.

La Enmienda aprobada en la Resolución 138 es la siguiente:

“Artículo 18

Fondos Especiales

1. (I) El Banco podrá aceptar la gestión de aquellos fondos especiales que contribuyan al logro de sus objetivos y formen parte de sus funciones en los países beneficiarios y en países potencialmente beneficiarios. El total de los costos derivados de la gestión de los Fondos Especiales se imputará a dichos Fondos Especiales.

(II) Para efectos del subapartado (i), la Junta de Gobernadores podrá decidir, a petición de un miembro que no sea país beneficiario, que dicho miembro obtenga el estatus de país potencialmente beneficiario por un periodo limitado y bajo las condiciones que se consideren aconsejables. Tal decisión se adoptará con el voto favorable de por lo menos dos terceras partes de los Gobernadores que representen por lo menos tres cuartas partes del total de derechos de voto de los miembros.

(III) La decisión de permitir a un miembro obtener el estatus de país potencialmente beneficiario solamente puede adoptarse si dicho miembro es capaz de cumplir con los requisitos para obtener el estatus de país beneficiario. Tales requisitos se encuentran establecidos en el Artículo 1 de este Convenio, y se entenderán según su redacción en el momento en que se adopte tal decisión o en el momento en que entre en vigor una enmienda previamente aprobada por la Junta de Gobernadores al momento en que se adopte tal decisión.

(IV) Si un país potencialmente beneficiario no obtiene el estatus de país beneficiario al finalizar el periodo mencionado en el subapartado (ii), el Banco cesará inmediatamente todas las operaciones especiales en ese país, excepto aquéllas que incidan en la correcta realización, conservación y preservación de los activos del fondo especial, así como en el cumplimiento de las obligaciones que hayan surgido en relación con dicho Fondo.

2. Los fondos especiales que el Banco acepte podrán ser utilizados en los países beneficiarios y países potencialmente beneficiarios de cualquier manera y con arreglo a cualesquiera términos y condiciones que estén en consonancia con los objetivos y funciones del Banco, así como con las demás disposiciones aplicables del presente Convenio y con el acuerdo o acuerdos que regulen dichos Fondos.

3. El Banco adoptará las normas y reglamentos que se consideren necesarios para la constitución, gestión y utilización de cada uno de los Fondos Especiales. Dichas normas y reglamentos habrán de estar en consonancia con las disposiciones del presente Convenio, exceptuando aquéllas que sólo sean aplicables de manera expresa a las operaciones ordinarias del Banco.”

III.- CONSIDERACIONES

Dentro del proceso de globalización económica, los países han tenido que buscar mecanismos que les permitan incorporarse de forma adecuada a esta realidad internacional. Dentro de estos mecanismos se encuentra la creación del Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo, mediante el cual los países accionistas pretenden fortalecer a las economías de los países de Europa Central y del Este, apoyando el crecimiento de su sector privado, y su inclusión en las políticas de libre mercado.

Desde 1991, el BERD continúa impulsando reformas estructurales y sectoriales, cuyo objeto sea la descentralización y la privatización, así como la disolución de monopolios estatales, dando mayores oportunidades de crecimiento a la iniciativa privada de los países beneficiarios, pero tomando siempre en consideración las necesidades concretas de los mismos.

En este contexto, el BERD también propicia un importante flujo de capitales, permitiendo una mayor inversión extranjera directa, así como el otorgamiento de créditos de mediano y largo plazo en proyectos públicos y privados, pero siempre atendiendo a la viabilidad económica de los proyectos y operando bajo principios bancarios sanos.

Cuando México decidió participar como accionista de este Banco, lo hizo con la intención de diversificar nuestros horizontes de inversión y de comercio exterior, mediante la definición de oportunidades de negocios a través de licitaciones, co-inversiones, proyectos de inversión o exportación de productos mexicanos en países de Europa Central y del Este.

Por otra parte, estas comisiones dictaminadoras observan que, según datos proporcionados por la Secretaría de Relaciones Exteriores, el BERD opera bajo principios bancarios sanos y analiza los proyectos bajo una óptica comercial, es decir, los proyectos aprobados deben ser financiera y comercialmente viables. En algunas ocasiones, este organismo multilateral comparte los riesgos crediticios con otras entidades del sector privado, como los bancos comerciales y fondos de inversión, además de otros organismos multilaterales y agencias crediticias de exportación.

La membresía de México en el BERD otorga a nuestro país los beneficios siguientes:

• La oportunidad de diversificar nuestros mercados de comercio exterior y de inversión en Europa Central y del Este, así como en la CEI, la cual puede concretarse en oportunidades de negocios a través de licitaciones, co-inversiones, proyectos de inversión o exportaciones de productos mexicanos, entre otros.

• La presencia comercial en Europa Central y del Este favorece la diversificación de los mercados externos, lo cual favorecería la actividad mexicana en dichos mercados, complementando el Acuerdo de Asociación Económica, Concertación Política y Cooperación entre los Estados Unidos Mexicanos, por una Parte y la Comunidad Europea y sus Estados Miembros, por otra, y la Ampliación de la Unión Europea (UE), que abarca ocho países de operación del BERD.

• De 1993 al primer semestre de 1995, el BERD realizó inversiones por aproximadamente USD $1,540 millones en Cetes y Tesobonos, frente a los USD $10.5 millones que México ha invertido en acciones de capital del Banco (actualmente la inversión en estos instrumentos por parte del BERD es nula).

• Con la ampliación de la UE, las empresas mexicanas han tomado consciencia de la posición estratégica y los bajos costos de producción que representa Europa Central y del Este para acceder al mercado de la UE.

Los países del sur y del este de la región mediterránea enfrentan dificultades similares a las de otros países de operación del BERD, por ello, esta Comisión Dictaminadora observa que la Junta de Gobernadores del BERD ha considerado que el Banco podría ayudar con su experiencia a impulsar la transición de esa región hacia una economía de mercado.

IV.- CONCLUSIONES

Estas comisiones dictaminadoras estiman que la aprobación de las Enmiendas de los artículos 1 y 18 del Convenio Constitutivo del BERD, permitirán al mismo una extensión regional apropiada al ámbito geográfico de su mandato, con objeto de que el Banco pueda operar en países del sur y del este de la región mediterránea, asimismo, le permitirá utilizar fondos especiales para operaciones en países potencialmente beneficiarios.

Adicionalmente, estas dictaminadoras estiman pertinente destacar que el ingreso de los países del sur y del este de la región mediterránea al BERD y la consecuente Enmienda al Convenio Constitutivo sobre los fondos especiales, no genera enajenaciones presupuestales para México y amplía el ámbito de acción de los inversionistas mexicanos a través del Banco.

Finalmente, estas comisiones dictaminadoras hacen notar que la aprobación de esta Enmienda está acorde con nuestro orden jurídico, especialmente con los principios que en materia de política exterior dicta nuestro texto constitucional, específicamente con el de “la cooperación internacional para el desarrollo”, ya que es una muestra más de que nuestro país sigue siendo solidario con la comunidad internacional, en sus esfuerzos por lograr un desarrollo económico mundial.

Por lo anteriormente expuesto las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores; Relaciones Exteriores, Europa, y de Hacienda y Crédito Público, someten a la consideración y aprobacióndel Honorable Pleno de la Cámara de Senadores el siguiente:

V.- DECRETO

La Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, en ejercicio de la facultad que le concedeel artículo 76 fracción I de la ConstituciónPolítica de los Estados Unidos Mexicanos, decreta:

ARTICULO UNICO.- El Senado de la República aprueba las Enmiendas a los artículos 1 y 18 del Convenio Constitutivo del Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo (BERD), Adoptados en Londres, el treinta de septiembre de 2011.

Sala de comisiones del Senado de la República, a 19 de diciembre de 2012.

Suscriben este Dictamen las y los integrantes de la Comisión de Relaciones Exteriores de la LXII Legislatura de la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión”.

Este dictamen tuvo su primera lectura el 20 de diciembre de 2012. Debido a que se encuentra publicado en la Gaceta del Senado del día de hoy, pido a la Secretaría que consulte a la Asamblea, en votación económica, si es de omitirse su lectura.

- La C. Secretaria Barrera Tapia: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se omite la lectura del dictamen. Quienes estén porque se omita, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se omita, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se omite la lectura, señor Presidente.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, señora Secretaria. En consecuencia, está a discusión este dictamen. No habiendo quien haga uso de la palabra, pido a la Secretaría que se hagan los avisos a que se refiere el artículo 58 de nuestro Reglamento para informar de la votación. Abrase el sistema electrónico de votación por tres minutos para recoger la votación nominal del proyecto de Decreto.



- La C. Secretaria Barrera Tapia: Señor Presidente, conforme al registro en el sistema electrónico, se emitieron 89 votos en pro, cero en contra y 1 abstención.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, señora Secretaria. En consecuencia, queda aprobado el Decreto que contiene las Enmiendas a los Artículos 1 y 18 del Convenio Constitutivo del Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo, adoptadas en Londres, el 30 de septiembre de 2011. Remítase al Ejecutivo para sus efectos constitucionales.

Pasamos a la segunda lectura de un dictamen de las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores; de Relaciones Exteriores, Europa; y de Hacienda y Crédito Público, con proyecto de Decreto por el que se aprueba el Convenio entre México y Estonia para Evitar la Doble Imposición y Prevenir la Evasión Fiscal en materia de Impuesto Sobre la Renta y su Protocolo.





 

CONVENIO ENTRE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y LA REPUBLICA DE ESTONIA PARA EVITAR LA DOBLE IMPOSICION Y PREVENIR LA EVASION FISCAL EN MATERIA DE IMPUESTOS SOBRE LA RENTA Y SU PROTOCOLO, HECHO EN LA CIUDAD DE MEXICO, EL 19 DE OCTUBRE DE 2012

(Dictamen de segunda lectura)

“COMISIONES UNIDAS DE RELACIONES EXTERIORES;
RELACIONES EXTERIORES, EUROPA;
Y DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

H. ASAMBLEA:

Con fecha treinta de octubre de dos mil doce, a las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores; de Relaciones Exteriores, Europa, y de Hacienda y Crédito Público, les fue turnada para su estudio y elaboración del dictamen correspondiente, el Convenio entre los Estados Unidos Mexicanos y la República de Estonia para Evitar la Doble Imposición y Prevenir la Evasión Fiscal en Materia de Impuestos sobre la Renta y su Protocolo, hecho en la Ciudad de México, el diecinueve de octubre de dos mil doce.

Las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores; Relaciones Exteriores, Europa, y de Hacienda y Crédito Público, en uso de las facultades que les confiere el artículo 76 fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 85, 86 y 94 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como 182, 183, 186, 187, 188 y 190 del Reglamento del Senado de la República presentan a la consideración de los Senadores integrantes de esta Honorable Asamblea, las suscritas comisiones formulan el presente dictamen conforme a la siguiente:

METODOLOGIA

Para dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 190 del Reglamento del Senado de la República, las Comisiones Unidas presentan el siguiente dictamen en cinco apartados a saber:

I.- ANTECEDENTES. Se da constancia del inicio y desarrollo del proceso legislativo.

II.- DESCRIPCIÓN DEL INSTRUMENTO. Contiene de manera detallada el contenido propio del Acuerdo.

III.- CONSIDERACIONES. Expresa los motivos y fundamentos que sustentan la resolución de las Comisiones Dictaminadoras.

IV.- CONCLUSIONES y

V.- DECRETO

I.- ANTECEDENTES

1.- El Convenio entre los Estados Unidos Mexicanos y la República de Estonia para Evitar la Doble Imposición y Prevenir la Evasión Fiscal en Materia de Impuestos sobre la Renta y su Protocolo, fue hecho en la Ciudad de México, el diecinueve de octubre de dos mil doce.

2.- Mediante oficio número SEL/300/406/12, de fecha veintinueve de octubre de dos mil doce, laSubsecretaria de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación, envió a los CC. Secretarios de la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión, copias certificadas del Convenio de referencia.

3.- En sesión ordinaria del treinta de octubre de dos mil doce, mediante oficio DGPL-1P1A.-1354, la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores turnó el instrumento internacional en comento a las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores; de Relaciones Exteriores, Europa, y de Hacienda y Crédito Público, para su análisis y elaboración del dictamen correspondiente.

II.- DESCRIPCION DEL INSTRUMENTO

El Convenio entre los Estados Unidos Mexicanos y la República de Estonia para Evitar la Doble Imposición y Prevenir la Evasión Fiscal en Materia de Impuestos sobre la Renta, está conformado por veintiocho artículos y un Protocolo que tienen por objeto ampliar el marco jurídico aplicable a las transacciones realizadas entre ambos países, a fin de eliminar la doble imposición en materia de impuestos sobre la renta federal y el impuesto empresarial a tasa única.

A grandes rasgos, se busca distribuir la potestad tributaria entre el país de la fuente y el deresidencia, con el fin de evitar que un mismo ingreso este sujeto a imposición en ambos países y, en caso de que los dos países puedan someter a imposición los ingresos, se pueda acreditar el impuesto pagado en el otro Estado Contratante. De esta forma se fomenta y da certidumbre jurídica a la inversión en ambos países.

El artículo 1, denominado “Ámbito Subjetivo”, establece que elConvenio se aplicará a las personas residentes de uno o de ambos Estados Contratantes.

El artículo 2, referente a los “Impuestos Comprendidos”, señala que elConvenio se aplicaráa los impuestos sobre la renta exigibles por cada uno de los Estados Contratantes, cualquiera que sea el sistema de su exacción; además, considera como impuestos sobre la renta a aquellos que gravan la totalidad de la renta o cualquier elemento de la misma, incluidos los impuestos sobre las ganancias derivadas de la enajenación de bienes muebles o inmuebles. Los impuestos existentes que se aplicaran en el Convenio son, en particular:

a) En Estonia:

i. El impuesto sobre la renta (denominado el “impuesto estonio”).

b) En México:

i. El impuesto sobre la renta federal;

ii. El impuesto empresarial a tasa única (denominados el “impuesto mexicano”).

El Convenio aplicará de igual forma a los impuestos de naturaleza idéntica o substancialmente similares que se establezcan con posterioridad a la fecha de la firma del Convenio ya aquellos que se añadan a los actuales o los sustituyan.

Las autoridades competentes de ambos Estados se comunicarán mutuamente las modificaciones significativas que se hayan introducido en sus respectivas legislaciones fiscales.

El artículo 3, relativo a las “Definiciones Generales”, establece lo que se entenderá para efectos del Convenio por: “Estado Contratante”, “persona”, “sociedad”, “empresa de un Estado contratante”, “tráfico internacional”, “negocio”, “autoridad competente” y “nacional”.

Cualquier término o expresión no definido tendrá, a menos que de su contexto se infiera una interpretación diferente, el significado que en ese momento le atribuya la legislación de ese Estado para los efectos de los impuestos que son objeto del Convenio, prevaleciendo el significado atribuido por la legislación fiscal de ese Estado sobre el significado otorgado a dicho término de conformidad con otras leyes de ese mismo Estado.

El artículo 4 define el término “Residente”, señalando que significa toda persona que, en virtud de la legislación de ese Estado, esté sujeta a imposición en el mismo por razón de su domicilio, residencia, sede de dirección, lugar de constitución o cualquier otro criterio de naturaleza análoga, incluyendo también a ese Estado, y a cualquier subdivisión política o entidad local del mismo.

Sin embargo, ese término no incluye a las personas que estén sujetas a imposición en ese Estado exclusivamente por las rentas procedentes de fuentes situadas en ese Estado.

Cuando en virtud de lo anterior, una persona física sea residente de ambos Estados Contratantes, su situación se resolverá de la siguiente manera:

a) La persona será considerada residente solamente del Estado donde tenga una vivienda permanente a su disposición; si tuviera una vivienda permanente a su disposición en ambos Estados contratantes, se considerará residente solamente del Estado con el que mantenga relaciones personales y económicas más estrechas (centro de intereses vitales);

b) Si no pudiera determinarse el Estado Contratante en el que dicha persona tiene su centro de intereses vitales o si no tuviera vivienda permanente a su disposición en ninguno de los Estados, se considerará residente solamente del Estado Contratante donde viva habitualmente;

c) Si viviera habitualmente en ambos Estados o no lo hiciera en ninguno de ellos, se considerará residente solamente del Estado Contratante del que sea nacional;

d) Si es nacional de ambos Estados o de ninguno de ellos, las autoridades competentes de los Estados Contratantes resolverán el caso de común acuerdo.

Cuando una persona moral sea residente de ambos Estados Contratantes, las autoridades competentes de los Estados Parte harán lo posible por resolver el caso mediante acuerdo mutuo y determinar la forma de aplicación del Convenio a dicha persona.

El artículo 5define como “Establecimiento Permanente”, el lugar fijo de negocios mediante el cual una empresa realiza toda o parte de su actividad. El término establecimiento permanente comprende, en especial, una sede de dirección, una sucursal, una oficina, una fábrica, un taller, y una mina, un pozo de petróleo o de gas, una cantera o cualquier otro tipo de lugar de extracción de recursos naturales.

El término también comprende una obra o construcción, un proyecto de instalación o montaje, o las actividades de supervisión relacionadas con los mismos, pero sólo cuando dicha obra, proyecto o actividades continúen durante un período superior a seis meses; la prestación de servicios por una empresa, incluyendo los servicios de consultoría o administración, y la prestación de servicios profesionales por una persona física, u otras actividades de carácter independiente, cuando las actividades de esa naturaleza continúen por un periodo o periodos que en conjunto excedan ciento ochenta y tres días dentro de un periodo de doce meses.

El artículo 6 indica que las “Rentas Inmobiliarias” que un residente de un Estado Contratante obtenga de bienes inmuebles (incluidos los ingresos de explotaciones agrícolas o silvícolas) situados en el otro Estado Contratante, pueden someterse a imposición en ese otro Estado. La expresión “bienes inmuebles” tendrá el significado que se le atribuya en la legislación de cada Estado Contratante en el que los bienes en cuestión estén situados.

El artículo 7, relativo a los “Beneficios Empresariales”, estipula quelos beneficios de una empresa de un Estado Contratante sólo pueden someterse a imposición en ese Estado, a no ser que la empresa realice su actividad en el otro Estado Contratante por medio de un establecimiento permanente situado en él. Si la empresa realiza su actividad empresarial de dicha manera, los beneficios de la empresa pueden someterse a imposición en el otro Estado, pero sólo en la medida en que puedan atribuirse a ese establecimiento permanente.

El artículo 8, referente al “Tráfico Internacional”, establece que los beneficios obtenidos por un residente de un Estado Contratante procedentes de la explotación de buques o aeronaves en tráfico internacional, sólo pueden someterse a imposición en ese Estado.

El artículo 9 hace referencia a las “Empresas Asociadas” e indica que, cuando:

a) Una empresa de un Estado Contratante participe directa o indirectamente en la dirección, el control o elcapital de una empresa del otro Estado Contratante; o,

b) Las mismas personas participen directa o indirectamente en la dirección, el control o el capital de una empresa de un Estado Contratante y de una empresa del otro Estado Contratante,

En caso de que las dos empresas estén, en sus relaciones comerciales o financieras, unidas por condiciones aceptadas o impuestas que difieran de las que serían acordadas por empresas independientes, los beneficios que habrían sido obtenidos por una de las empresas de no existir dichas condiciones, y que de hecho no se han producido a causa de las mismas, podrán ser incluidos en los beneficios de esta empresa y ser sometidos a imposición en consecuencia.

Además, cuando un Estado Contratante incluya los beneficios sobre los cuales una empresa del otro Estado Contratante ha sido sometida a la imposición en ese otro Estado, y los beneficios así incluidos habrían sido obtenidos por la empresa en primer lugar, entonces ese otro Estado procederá a efectuar el ajuste correspondiente al monto del impuesto cobrado sobre esos beneficios.

El artículo 10 referente a los “Dividendos”, señala que aquellos que sean pagados por una sociedad residente de un Estado Contratante a un residente del otro Estado Contratante, pueden someterse a imposición en ese otro Estado.

El término “dividendos” comprende los rendimientos de las acciones u otros derechos, excepto los de crédito, que permitan participar en los beneficios, así como los ingresos de otros derechos corporativos y otros ingresos sujetos al mismo régimen fiscal que los rendimientos de las acciones, de conformidad con la legislación del Estado en que resida la sociedad que los distribuya.

El artículo 11, dedicado a los “Intereses”, señala que aquellos que sean procedentes de un Estado Contratante y pagados a un residente del otro Estado Contratante pueden someterse a imposición en ese otro Estado; sin embargo, dichos intereses también pueden someterse a imposición en el Estado Contratante del que procedan y de acuerdo con la legislación de ese Estado, pero si el beneficiario efectivo de los intereses es residente del otro Estado Contratante, el impuesto así exigido no puede exceder del:

a) 4.9% del importe bruto de los intereses pagados a bancos y fondos o esquemas de pensiones;

b) 10% del importe bruto de los intereses pagados en cualquier otro caso.

El artículo 12, en materia de “Regalías”, establece que aquellas que sean procedentes de un Estado Contratante y pagadas a un residente del otro Estado Contratante, pueden someterse a imposición en ese otro Estado.

Sin embargo, dichas regalías también pueden someterse a imposición en el Estado Contratante del que procedan y de acuerdo con la legislación de ese Estado, pero si el beneficiario efectivo de las regalías es residente del otro Estado contratante, el impuesto así exigido no podrá exceder del 10% del importe bruto de las regalías.

El término “regalías” hace referencia a los pagos de cualquier clase recibidos en consideración del uso, o la concesión de uso, de cualquier patente, marca, diseño o modelo, plano, fórmula o procedimiento secreto; el uso, o la concesión de uso, de cualquier equipo industrial, comercial o científico; el suministro de información relativa a experiencias industriales, comerciales o científicas, y el uso, o la concesión de uso, de cualquier derecho de autor sobre obras literarias, artísticas o científicas, incluidas las películas cinematográficas y películas o cintas para su difusión por televisión o radio.

El artículo 13, denominado “Ganancias de Capital”, establece que las ganancias que un residente de un Estado Contratante obtenga de la enajenación de los bienes inmuebles situados en el otro Estado Contratante pueden someterse a imposición de ese otro Estado Contratante.

El artículo 14, denominado “Ingresos Derivados del Empleo”, establece que los sueldos, salarios y otras remuneraciones similares obtenidos por un residente de un Estado Contratante en virtud de un empleo, sólo pueden someterse a imposición en ese Estado, a no ser que el empleo se ejerza en el otro Estado Contratante. Si el empleo se ejerce de esta forma, dicha remuneración obtenida del mismo, puede someterse a imposición en ese otro Estado.

El artículo 15, relativo a la “Participación de Consejeros”, establece que estas participaciones y otras remuneraciones similares, que un residente de un Estado Contratante obtenga como miembro de un consejo de administración o de cualquier otro órgano similar de una sociedad que sea residente del otro Estado Contratante, pueden someterse a imposición en ese otro Estado.

Por su parte, los artículos 16, 17, 18 y 19, determinan lo referente a los ingresos de los Artistas, Deportistas, Pensionados, Funcionarios Públicos y Estudiantes.

El artículo 20, hace referencia a “Otras Rentas”, y establece que los elementos de renta de un residente de un Estado Contratante, cualquiera que fuese su procedencia y que sean diferentes a los ya mencionados, podrán someterse a imposición solamente en ese Estado. Sin embargo, dichos elementos de renta, procedentes del otro Estado Contratante, también pueden someterse a imposición en ese otro Estado.

El artículo 21, en materia de “Métodos para Eliminar la Doble Imposición”, establece que México permitirá a sus residentes acreditar contra el impuesto mexicano:

a) El impuesto estonio pagado por ingresos provenientes de Estonia, por una cantidad que no exceda del impuesto exigible en México sobre dichas rentas; y,

b) En el caso de una sociedad propietaria de al menos el 10 % del capital de una sociedad residente de Estonia y de la cual la sociedad mencionada en primer lugar recibe dividendos, el impuesto estonio pagado por la sociedad que distribuye los mismos, respecto de los beneficios con cargo a los cuales se pagan los dividendos.

En el caso de un residente de Estonia, la doble imposición se evitará de la siguiente manera:

a) Cuando un residente de Estonia obtenga rentas que hayan estado sujetas a imposición en México, Estonia permitirá de conformidad con lo dispuesto por el inciso b), exentar dichas rentas de impuesto; y

b) Cuando un residente de Estonia obtenga rentas que puedan estar sujetas a imposición en México, Estonia permitirá una deducción del impuesto sobre la renta de ese residente en una cantidad equivalente al impuesto pagado en México, que no excederá la parte del impuesto, calculado antes del otorgamiento de la deducción, que sea atribuible a dichos elementos de renta obtenidos en México.

El artículo 22 establece el principio de “No Discriminación” y afirma que los nacionales de un Estado Contratante no serán sometidos en el otro Estado Contratante a ningún impuesto u obligación relativo al mismo, que no se exija o que sea más gravoso que aquellos a los que estén o puedan estar sujetos los nacionales de ese otro Estado que se encuentren en las mismas condiciones, en particular con respecto a la residencia. Esta disposición también se aplicará a las personas que no sean residentes de uno o de ambos Estados Contratantes.

El establecimiento permanente que una empresa de un Estado Contratante tenga en el otro Estado Contratante no será sometido a imposición en ese otro Estado de manera menos favorable que las empresas de ese otro estado que realicen las mismas actividades.

El artículo 23 se refiere al “Procedimiento de Acuerdo Mutuo”, que contempla que cuando una persona considere que las medidas adoptadas por uno o ambos Estados Contratantes implican o pueden implicar para ella una imposición que no sea acorde con las disposiciones del Convenio, con independencia de los recursos previstos por la delegación interna de estos Estados, podrá someter su caso a la autoridad competente del Estado Contratante del que sea nacional. El caso deberá ser presentado dentro de los 3 años siguientes a la primera notificación de la medida adoptada que implique una imposición no conforme a lo dispuesto a lo dispuesto por el Convenio.

El artículo 24 establece los lineamientos específicos en materia de “Intercambio de Información” y señala que las autoridades competentes de los Estados Contratantes intercambiarán información que sea relevante para aplicar lo dispuesto en el Convenio, o para la administración o cumplimiento de la legislación interna relativa a los impuestos de cualquier clase y naturaleza exigidos por los Estados Contratantes, en la medida en que dicha imposición no sea contraria al Convenio.

El artículo 25 se refiere a la “Asistencia en el Cobro de Impuestos” y establece que los Estados Contratantes se prestarán asistencia mutua en la recaudación de créditos fiscales. Las autoridades competentes de los Estados Contratantes podrán, mediante acuerdo mutuo, establecer la forma de aplicar este Artículo.

El término “Crédito Fiscal”, se refiere al monto debido respecto de impuestos de cualquier naturaleza y descripción exigidos por los Estados Contratantes o entidades locales, en la medida en que la imposición así exigida no sea contraria al Convenio o cualquier otro instrumento del que sean partes los Estados Contratantes, así como los intereses, multas administrativas y costos de recaudación o conservación relacionados con dicho monto.

Cuando un crédito fiscal de un Estado Contratante sea exigible de conformidad con la legislación de ese Estado y sea debido por una persona que, en ese momento y de conformidad con la legislación de ese Estado, no pueda impedir su cobro, dicho crédito fiscal, mediante solicitud de la autoridad competente de ese Estado deberá ser aceptado para efectos de cobro por la autoridad competente del otro Estado Contratante y deberá ser cobrado por ese otro Estado de conformidad con las disposiciones de su legislación interna aplicable a la ejecución y recaudación de sus propios impuestos como si el crédito fiscal fuera un crédito fiscal de ese otro Estado.

Cuando un crédito fiscal de un Estado Contratante sea un crédito respecto del cual ese Estado, de conformidad con su legislación interna, pueda adoptar medidas cautelares con el fin de garantizar su cobro, dicho crédito fiscal, mediante solicitud de la autoridad competente de ese Estado, deberá ser aceptado por la autoridad competente del otro Estado Contratante con el fin de adoptar las medidas cautelares necesarias. Ese otro Estado tomara medidas cautelares respecto de ese crédito fiscal, de conformidad con las disposiciones de su legislación interna, como si el crédito fiscal fuera de ese otro Estado.

El artículo 26 se avoca a los “Miembros de Misiones Diplomáticas y de Oficinas Consulares”, enfatizando que el Convenio no afectará los privilegios fiscales de los miembros de las mismas, de conformidad con los principios generales del derecho internacional o en virtud de las disposiciones de acuerdos especiales.

El artículo 27, define que el Convenio en estudio entrará en vigor 30 días después de la fecha de la última notificación entre los Estados Contratantes, y sus disposiciones surtirán efecto:

a) Respecto de los impuestos retenidos en la fuente, sobre las rentas pagadas o acreditadas, el o a partir del primero de enero del año calendario siguiente a aquel en que el Convenio entre en vigor;

b) Respecto de otros impuestos sobre la renta, por impuestos a cargo, en cualquier ejercicio fiscal que inicie el o a partir del primero de enero del año calendario siguiente a aquel en que el Convenio entre en vigor.

Finalmente, el artículo 28 señala que el Convenio permanecerá en vigor hasta que se dé por terminado por uno de los Estados Contratantes, dando aviso de la terminación con seis meses de antelación, al final de cualquier año calendario después del quinto año en el que el Convenio entró en vigor. En tal caso, el Convenio dejará de surtir sus efectos:

a) Respecto de los impuestos retenidos en la fuente, sobre las rentas pagadas o acreditadas, el o a partir del primero de enero del año calendario siguiente a aquel en que se realice la notificación de terminación;

b) Respecto de otros impuestos, sobre la renta, por impuestos a cargo, en cualquier ejercicio fiscal que inicie el o a partir del primero de enero del año calendario siguiente a aquel en que se realice la notificación de terminación.

En cuanto al Protocolo que forma parte integral del Convenio entre los Estados Unidos Mexicanos y la República de Estonia para Evitar la Doble Imposición y Prevenir la Evasión Fiscal en Materia de Impuestos sobre la Renta, las Partes acordaron incluir como partes integrales del mismo las siguientes disposiciones:

1. En relación con el Artículo 5:

a) Las autoridades competentes de los Estados Contratantes establecerán por acuerdo mutuo la forma de aplicación del inciso que excluye del término “establecimiento permanente” al mantenimiento de un lugar fijo de negocios con el único fin de realizar cualquier combinación de actividades mencionadas en los incisos a) al e) del mismo Artículo, siempre que el conjunto de la actividad del lugar fijo de negocios, conserve su carácter preparatorio o auxiliar.

b) En caso que, de conformidad con un acuerdo o convenio para evitar la doble tributación concluido con posterioridad a la fecha de forma del presente Convenio con un tercer país que sea miembro de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), Estonia acuerde incluir una disposición relativa a establecimiento permanente de aseguradoras, entonces dicha disposición será aplicable a partir de la fecha en la que dicho acuerdo o convenio entre en vigor.

2. En relación con el Artículo 6:

Se entiende que la expresión “bienes inmuebles” comprenderá cualquier derecho de reclamación respecto de bienes inmuebles.

3. En relación con el Artículo 8:

Se entiende que la transportación internacional no incluirá los beneficios derivados de la transportación terrestre.

4. En relación con el Artículo 12:

En caso de que, de conformidad con un acuerdo o convenio para evitar la doble tributación concluido con posterioridad a la fecha de firma del presente Convenio con un tercer país que sea miembro de la OCDE, México acuerde excluir del ámbito de aplicación del Artículo 12, el uso o derecho de uso de equipo industrial, comercial, científico, entonces dicha exclusión aplicará al presente Convenio a partir de la fecha en la que dicho acuerdo entre en vigor.

5. Las disposiciones del Convenio en comentario no impedirán que un Estado Contratante aplique sus disposiciones internas anti abuso, incluyendo las relativas a capitalización delgada y a sociedades extranjeras controladas (en el caso de México, regímenes fiscales preferentes).

III.- CONSIDERACIONES

La suscripción del Convenio entre los Estados Unidos Mexicanos y la República de Estonia para Evitar la Doble Imposición y Prevenir la Evasión Fiscal en materia de Impuestos sobre la Renta y su Protocolo, firmados el diecinueve de octubre de dos mil doce, forma parte de la estrategia del Estado mexicano para consolidar la amplia red de convenios fiscales que tiene celebrados nuestro país con distintas naciones del mundo, con el objetivo de eliminar la doble imposición, prevenir la evasión fiscal y mejorar la eficiencia tributaria.

En la perspectiva de los integrantes de estas Comisiones Dictaminadoras, la doble imposición deriva en una carga fiscal excesiva para los residentes de México y Estonia que inhibe la realización de operaciones financieras y promueve la evasión fiscal.

Por ello, la eliminación de la doble imposición en materia de impuesto sobre la renta y el establecimiento de un procedimiento de cooperación entre ambos países, sin duda dará mayor certidumbre y fomentará de manera significativa las inversiones entre México y Estonia.

El Convenio armonizará los sistemas fiscales de los dos países otorgando certeza y seguridad jurídica respecto del tratamiento fiscal aplicable a la inversión y al capital. Asimismo, el Convenio impedirá tratos fiscales discriminatorios sobre inversionistas de nacionalidad mexicana o estonia, además de establecer mecanismos pararesolver de una forma amistosa los conflictos que puedan surgir de su aplicación e interpretación

Es importante señalar que ambos países establecieron relaciones diplomáticas y consulares por medio de un Tratado de Amistad suscrito en mil novecientos treinta y siete. Sin embargo, dicho convenio quedó sin efecto cuando Estonia fue invadida y anexada por la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS) en mil novecientos cuarenta. Una vez recuperada su independencia en agosto de mil novecientos noventa y uno, el Gobierno de Estonia solicitó el restablecimiento de relaciones diplomáticas bilaterales, las cuales fueron formalizadas el cinco de septiembre de mil novecientos noventa y uno, el cinco de noviembre de ese mismo año el gobierno mexicano decidió que su embajada en Finlandia fungiría como concurrente ante el gobierno de Estonia.

Por parte de Estonia, destaca la visita oficial que realizó en octubre de 1995 el entonces Presidente Lennart Meri, acompañado de una delegación de empresarios.

Asimismo, un par de años antes, en noviembre de mil novecientos noventa y tres, el Ministro de Relaciones Exteriores Trivimi Velliste, realizó una visita oficial a México. En esa ocasión se entrevistó con su homólogo mexicano y otros altos funcionarios gubernamentales, con quienes acordó impulsar y fortalecer las relaciones bilaterales en todos los ámbitos.

Destacan, asimismo, las visitas a nuestro país de la Canciller de Estonia Kristiina Ojuland para asistir a la Conferencia Internacional sobre la Financiación al Desarrollo en dos mil dos y del Primer Ministro Juhan Parts para participar en la III Cumbre América Latina y el Caribe-Unión Europea, en dos mil cuatro.

Por la parte mexicana, en septiembre de dos mil cinco, la Subsecretaria de Relaciones Exteriores, Embajadora Lourdes Aranda Bezaury, realizó una visita a Tallin, durante la cual sostuvo un encuentro con el Ministro de Asuntos Exteriores de ese país, Urmas Paet. En el marco de esas reuniones, se examinaron las alternativas para fortalecer la relación bilateral, la situación política en América Latina, así como las relaciones de México y Estonia con Rusia. Asimismo, la Embajadora Aranda se reunió con el Subsecretario para Asuntos Políticos del Ministerio de Asuntos Exteriores de Estonia Even Jürgenson, con quien suscribió el Convenio de Cooperación Educativa, Cultural y Deportiva.

Es importante señalar que aunado a lo anterior, Estonia es el vigésimo quinto socio comercial de México entre los países de la Unión Europea (25° comprador y 26° abastecedor) y el 92° a nivel mundial (99° comprador y 81° abastecedor). Méxicoes el 57º socio comercial de Estonia, siendo los principales socios de ese país: Finlandia, Rusia y Suecia.

Por todo lo anterior, los integrantes de estas Comisiones Dictaminadoras concluyen que el Convenio en estudio fomentará los negocios entre los dos países y proporcionará mayores y mejores herramientas para promover los niveles de rentabilidad de las inversiones que se realicen en cada uno de sus territorios, lo cual redundará en beneficio del bienestar económico de los ciudadanos tanto de Estonia como de México.

IV.- CONCLUSIONES

El Convenio entre los Estados Unidos Mexicanos y la República de Estonia para Evitar la Doble Imposición y Prevenir la Evasión Fiscal en materia de Impuestos sobre la Renta y su Protocolo, hecho en la Ciudad de México, el diecinueve de octubre de dos mil doce, permitirán a México contar con mayores y mejores instrumentos para hacer más eficiente la aplicación de nuestra legislación fiscal.

El intercambio de información y la cooperación bilateral constituyen hoy en día, herramientas indispensables para que el Estado mexicano pueda estar en condiciones de garantizar el cumplimiento de sus compromisos adquiridos internacionalmente, en materia de lucha contra la evasión de impuestos y, particularmente, del impuesto sobre la renta.

El instrumento en análisis, es resultado de la decisión de ambos países de evitar la doble imposición y lograr una mejor fiscalización en materia tributaria, mediante el intercambio de información en beneficio de los nacionales y residentes de ambos sujetos contratantes.

Los integrantes de las Comisiones Dictaminadoras, luego de un profundo análisis del instrumento internacional, consideramos que este Convenio amplía el marco jurídico aplicable a las transacciones realizadas entre ambos países, que generen ingresos sujetos a los impuestos sobre la renta, constituyendo de esta forma una herramienta especial que interactúa con la Ley del Impuesto Empresarial a Tasa Única, la Ley del Impuesto sobre la Renta, el Código Fiscal de la Federación y sus respectivos reglamentos.

Por lo anteriormente expuesto las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores; Relaciones Exteriores, Europa y de Hacienda y Crédito Público, someten a la consideración y aprobacióndel Honorable Pleno de la Cámara de Senadores el siguiente:

V.- DECRETO

La Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, en ejercicio de la facultad que le concedeel artículo 76 fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, decreta:

ARTICULO UNICO.- El Senado de la República aprueba el Convenio entre los Estados Unidos Mexicanos y la República de Estonia para Evitar la Doble Imposición y Prevenir la Evasión Fiscal en materia de Impuestos sobre la Renta y su Protocolo, hecho en la Ciudad de México, el diecinueve de octubre de dos mil doce.

Sala de comisiones del Senado de la República, a 19 de diciembre de 2012”.

Este dictamen tuvo su primera lectura el 20 de diciembre de 2012. Debido a que el dictamen se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria del día de hoy, pido a la Secretaría que consulte a la Asamblea, en votación economía, si se omite su lectura.

- La C. Secretaria Barrera Tapia: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se omite la lectura del dictamen. Quienes estén porque se omita, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se omita, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se omite la lectura, señor Presidente.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, señora Secretaria. En consecuencia, está a discusión dicho dictamen. No habiendo quien haga uso de la palabra, pido a la Secretaría que se hagan los avisos a que se refiere el artículo 58 de nuestro Reglamento para informar de la votación. Abrase el sistema electrónico de votación por tres minutos para recoger la votación nominal del proyecto de Decreto.



- La C. Secretaria Barrera Tapia: Señor Presidente, de acuerdo al registro electrónico, se registran 91 votos en pro, cero en contra y 1 abstención.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, señora Secretaria. En consecuencia, queda aprobado el Decreto que contiene el Convenio entre los Estados Unidos Mexicanos y la República de Estonia para Evitar la Doble Imposición y Prevenir la Evasión Fiscal en materia de Impuestos Sobre la Renta y su Protocolo, hecho en la ciudad de México, el 19 de octubre de 2012. Se remite al Ejecutivo Federal para sus efectos constitucionales.

Tenemos la segunda lectura de un dictamen de las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores; de Relaciones Exteriores, América Latina y El Caribe; y de Justicia, con proyecto de Decreto por el que se aprueba el Tratado sobre Asistencia Jurídica Mutua en Materia Penal entre el gobierno de México y el gobierno de la República Dominicana.




 

TRATADO SOBRE ASISTENCIA JURIDICA MUTUA EN MATERIA PENAL ENTRE EL GOBIERNO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y EL GOBIERNO DE LA REPUBLICA DOMINICANA, FIRMADO EN LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO, CAPITAL DE LA REPUBLICA DOMINICANA, EL 10 DE AGOSTO DE 2012

(Dictamen de segunda lectura)

“COMISIONES UNIDAS DE RELACIONES EXTERIORES;
RELACIONES EXTERIORES, AMERICA LATINA Y EL CARIBE;
Y DE JUSTICIA

H.ASAMBLEA:

A las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, Relaciones Exteriores, América Latina y el Caribe y de Justicia, de la LXII Legislatura del Senado de la República, fue turnado para su análisis y dictamen correspondiente al Tratado sobre Asistencia Jurídica mutua en Materia Penal entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de la República Dominicana, Firmado en la ciudad de Santo Domingo, capital de la República Dominicana, el diez de agosto de dos mil doce.

En atención a lo anterior, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 76 párrafo I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por lo dispuesto en los artículos 85, 86, 93, 94 y 103 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, por los artículos 177 numeral 1 y 2, 178 numeral 3, 182 numerales 1 y 2, 187, 190 numeral 1, 188, 190 y 191 del Reglamento del Senado de la República, estas Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, Relaciones Exteriores, América Latina y el Caribe y de Justicia someten a la consideración de la Honorable Asamblea del Senado de la República, las suscritas comisiones formulan el presente dictamen conforme a la siguiente:

METODOLOGIA

Para dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 190 del Reglamento del Senado de la República, las Comisiones Unidas presentan el siguiente dictamen en cinco apartados, a saber

I.- ANTECEDENTES: Se da constancia del inicio y desarrollo del proceso legislativo.

II.- OBJETO, DESCRIPCIÓN DEL INSTRUMENTO: Donde sintetiza el alcance de la propuesta en estudio.

III.- CONSIDERACIONES: Expresa los motivos y fundamentos que sustentan la resolución de la Comisión Dictaminadora.

IV.- CONCLUSIONES y

V.- DECRETO

I.- ANTECEDENTES

I.- El Lic. Rubén Alfonso Fernández Aceves, Subsecretario de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación, del Gobierno Federal, mediante el oficio N° SEL/300/409/12, de fecha 29 de octubre de 2012, remitió a los CC. Secretarios de la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión, el Tratado sobre Asistencia Jurídica mutua en Materia Penal entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de la República Dominicana, a efecto de que dicho instrumento sea sometido a consideración de este Senado de la República, para los efectos precisados por la fracción I del artículo 76 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

II.- La Mesa Directiva del Senado de la República mediante oficio N° DGPL-1P1A.1360, de fecha 30 de octubre de 2012, turno a las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, Relaciones Exteriores, América Latina y el Caribe y de Justicia, el Tratado sobre Asistencia Jurídica mutua en Materia Penal entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de la República Dominicana, firmado en la ciudad de Santo Domingo, capital de la República Dominicana, el diez de agosto de dos mil doce, para su estudio, discusión y dictamen correspondiente, bajo los siguientes elementos:

II.- OBJETO, DESCRIPCION DEL INSTRUMENTO Y EL TEXTO NORMATIVO

La evolución actual de la delincuencia, en particular de la organizada, ha tenido como resultado el impulso de la cooperación bilateral en materia de procuración de justicia, tomando como premisa que los delincuentes ya no operan en forma individual sino a través de organismos estructurados, permitiéndoles cometer actos ilícitos empleando, inclusive, las nuevas tecnologías de la información. Esto ha exigido a la comunidad internacional establecer mecanismos novedosos de asistencia jurídica que sean eficientes y expeditos.

Conscientes de que la forma más efectiva para combatir este tipo de conductas es por medio de acciones colectivas, como la cooperación internacional, México y la República Dominicana decidieron promover la celebración de un tratado en materia de asistencia jurídica en materia penal, que les permitiera fortalecer su cooperación para investigar y perseguir los delitos cometidos en sus respectivos territorios.

Durante la Visita de Estado que el Presidente Leonel Antonio Fernández Reyna realizó a nuestro país el 6 de diciembre de 2011, se presentó a las autoridades del país caribeño, el modelo de tratado sobre asistencia jurídica mutua en materia penal, elaborada conjuntamente entre la Procuraduría General de la República y la Secretaría de Relaciones Exteriores.

En junio de 2012 concluyeron las negociaciones del Tratado, que fue suscrito en la ciudad de Santo Domingo, Capital de la República Dominicana, el 10 de agosto de 2012. Los aspectos más significativos del Tratado son los siguientes:

• Las Partes podrán brindarse asistencia jurídica en materia penal para la investigación y persecución de los delitos, de conformidad con las disposiciones del Tratado y lo establecido en su respectiva legislación nacional. La asistencia comprenderá la notificación y entrega de documentos procesales; obtención de pruebas; entrega de documentos, objetos y medios de pruebas; intercambio de información; localización e identificación de personas y objetos; toma de declaraciones, testimonios e interrogatorios; desahogo de dictámenes periciales; ejecución de medidas cautelares sobre activos o bienes, tales como registro, aseguramiento u otras que restrinjan la posesión, propiedad o dominio de ganancias, productos y cualquier objeto relacionado con un delito; citación y traslado de testigos, víctimas y peritos para comparecer voluntariamente ante la autoridad competente de la Parte Requirente; traslado temporal de personas detenidas para comparecer en el territorio de la Parte Requirente dentro un proceso penal en calidad de testigos o víctimas o para otras actuaciones procesales, previamente determinadas en la solicitud de asistencia jurídica; y la autorización de la presencia de representantes de las autoridades competentes de la Parte Requirente, en calidad de observadores, durante la ejecución de una solicitud de asistencia jurídica.

• El Tratado no facultará a las autoridades de una de las Partes a ejercer, en el territorio de la otra, funciones cuya competencia esté exclusivamente reservada a esas autoridades, en términos de lo dispuesto en su ordenamiento jurídico interno; no se aplicará para la detención de personas con fines de extradición, ni para el otorgamiento de asistencia jurídica directa a terceros Estados.

• A solicitud de la Parte Requirente, se podrán ejecutar las medidas precautorias que resulten necesarias, con el fin de mantener el estado que guarde la situación de hecho y de derecho existente.

• El Tratado también incluye la posibilidad de que la solicitud de asistencia jurídica pueda ser denegada cuando su cumplimiento pudiera atentar contra la soberanía, la seguridad, el orden público u otros intereses esenciales de la Parte Requerida; el cumplimiento sea contrario a la legislación de la Parte Requerida, a sus obligaciones internacionales, o no se ajuste a las disposiciones del Tratado; se refiera a acciones por las cuales la persona sujeta a investigación o a proceso en la Parte Requirente ya fue sentenciada o absuelta por los mismos hechos en la Parte Requerida, o la acción penal haya prescrito; se refiera a delitos considerados por la Parte Requerida como políticos o por hechos conexos a delitos de esa naturaleza; existan motivos fundados por la Parte Requerida para creer que la solicitud de asistencia jurídica fue presentada con el fin de perseguir o castigar a una persona por motivos de raza, religión, nacionalidad u opiniones políticas, o que la situación de dicha persona pudiera resultar perjudicada por alguna de esas razones; o bien se refiera a un hecho penalmente sancionado con una pena prohibida por la legislación de la Parte Requerida. Sin embargo, en este caso, la Parte Requerida podrá conceder la asistencia si la Parte Requirente otorga las seguridades de que dicha pena no se impondrá o ejecutará.

• El Tratado consigna que se deberá mantener la confidencialidad de la solicitud de asistencia y las actuaciones relacionadas, por lo que el Estado Requirente no podrá utilizar ninguna información o prueba obtenida mediante este Tratado, para fines distintos a los declarados en la solicitud correspondiente, sin la previa autorización de la Parte Requerida.

• Establece la posibilidad de que la comparecencia de testigos o peritos que se encuentren en el territorio de la Parte Requerida, se efectúe mediante videoconferencia, en cuyo caso los costos respectivos serán reembolsados por la Parte Requirente a la Parte Requerida, posibilitando, además, el traslado temporal de personas detenidas para rendir declaración o para otras actuaciones procesales, excepto si la persona no expresa su consentimiento por escrito.

• Respecto de las ganancias y/o productos del delito prevé que las Partes las compartan.

• Indica que la Parte Requerida asumirá los gastos ordinarios que deriven del cumplimiento de las solicitudes de asistencia jurídica, excepto aquéllos relacionados con la comparecencia por videoconferencia, gastos y honorarios de peritos, o aquéllos relativos al envío y devolución de objetos, en cuyo caso, éstos serán asumidos por la Parte Requirente.

El Tratado sobre Asistencia Jurídica mutua en Materia Penal entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de la República Dominicana, está conformado por veintisiete artículos, a continuación se transcribe el contenido.

ARTICULO 1

Ambito de Aplicación

1. Las Partes se prestarán, de conformidad con el presente Tratado y su respectiva legislación, asistencia jurídica mutua en materia penal para la investigación y persecución de los delitos.

2. El presente Tratado se extenderá a las investigaciones y procedimientos jurídicos sobre cualquier delito previsto en la legislación de las Partes.

3. La asistencia jurídica se prestará aun cuando los hechos que den lugar a las solicitudes de asistencia jurídica no sean considerados como delitos por la legislación de la Parte Requerida; excepto cuando las solicitudes se presenten para la ejecución de medidas precautorias en cuyo caso será necesario que el hecho que dé lugar a la solicitud también sea considerado como delito por la legislación de la Parte Requerida.

4. Asimismo, la asistencia jurídica se prestará cuando la solicitud se refiera a delitos relacionados con impuestos, derechos de aduana, control de cambios y otros de naturaleza fiscal.

5. El presente Tratado se aplicará a cualquier solicitud de asistencia jurídica presentada después del inicio de su entrada en vigor, inclusive si los hechos que dieron lugar a la petición tuvieron lugar antes de esa fecha.

ARTICULO 2

Alcances de la Asistencia Jurídica

La asistencia jurídica comprenderá:

a) la notificación y entrega de documentos procesales;

b) la obtención de pruebas;

c) la entrega de documentos, objetos y medios de pruebas;

d) el intercambio de información;

e) la localización e identificación de personas y objetos;

f) la toma de declaraciones, testimonios e interrogatorios;

g) el desahogo de dictámenes periciales;

h) la ejecución de medidas cautelares sobre activos o bienes, tales como registro, aseguramiento u otras que restrinjan la posesión, propiedad o dominio de ganancias, productos y cualquier objeto relacionado con un delito;

i) la citación y traslado de testigos, víctimas y peritos para comparecer voluntariamente ante la autoridad competente de la Parte Requirente;

j) el traslado temporal de personas detenidas para comparecer en el territorio de la Parte Requirente dentro de un proceso penal, en calidad de testigos o víctimas o para otras actuaciones procesales, previamente determinadas en la solicitud de asistencia jurídica;

k) la autorización de la presencia de representantes de las autoridades competentes de la Parte Requirente, como observadores, durante la ejecución de una solicitud de asistencia jurídica, y

l) cualquier otra forma de asistencia jurídica de conformidad con los fines del presente Tratado, que sea compatible con la legislación de la Parte Requerida.

ARTICULO 3

Restricciones de la Asistencia Jurídica

1. El presente Tratado no faculta a las autoridades de una de las Partes a ejercer, en el territorio de la Otra, funciones cuya competencia esté exclusivamente reservada a las autoridades de esa otra Parte de conformidad con su legislación, sin perjuicio de lo dispuesto en el Artículo 10.

2. Las disposiciones del presente Tratado no otorgan derecho alguno a favor de personas físicas o morales para la obtención, eliminación o exclusión de pruebas o a impedir el cumplimiento de una solicitud de asistencia jurídica.

3. El presente Tratado no será aplicable:

a) a la detención de personas con fines de extradición ni para la ejecución de solicitudes en esa materia;

b) a la ejecución de sentencias penales, incluido el traslado de personas sentenciadas, o

c) al otorgamiento de asistencia jurídica directa a terceros Estados.

ARTICULO 4

Autoridades Centrales

1. Para asegurar la debida cooperación entre las Partes en la prestación de la asistencia jurídica objeto del presente Tratado, se designan como Autoridades Centrales, por parte de los Estados Unidos Mexicanos, a la Procuraduría General de la República y por parte de la República Dominicana, a la Procuraduría General de la República Dominicana.

Las Partes se notificarán sin demora, por los canales diplomáticos, cualquier modificación de sus Autoridades Centrales y a sus ámbitos de competencia.

2. Las Autoridades Centrales de las Partes transmitirán y recibirán directamente las solicitudes de asistencia jurídica a que se refiere el presente Tratado, así como las respuestas a éstas.

3. La Autoridad Central de la Parte Requerida cumplirá las solicitudes de asistencia jurídica en forma expedita o las transmitirá para su ejecución a la autoridad competente, alentándola para el cumplimiento rápido y adecuado de las mismas.

4. Los documentos transmitidos de conformidad con el presente Tratado estarán dispensados de cualesquiera trámites de legalización o cualquier otra formalidad análoga.

ARTICULO 5

Medidas Precautorias

1. A solicitud escrita de la Parte Requirente, y en caso de que el procedimiento requerido en la solicitud de asistencia jurídica sea admisible de conformidad con la legislación de la Parte Requerida, ésta podrá ejecutar las medidas precautorias correspondientes, con el fin de mantener el estado que guarde la situación de hecho y de derecho existente protegiendo los intereses jurídicos amenazados, o para preservar las pruebas al respecto.

2. En casos urgentes, las medidas precautorias podrán ser ordenadas desde el anuncio de una solicitud de asistencia jurídica, siempre que se haya proporcionado la información suficiente que permita determinar que se han satisfecho las condiciones para ordenar medidas precautorias y, serán canceladas, si la Parte Requirente no formaliza la solicitud de asistencia jurídica dentro de los diez (10) días siguientes a su formulación.

ARTICULO 6

Trámite y Contenido de la Solicitud de Asistencia Jurídica

1. La solicitud de asistencia jurídica se formulará por escrito.

2. La Parte Requerida procederá inmediatamente a tramitar la solicitud de asistencia jurídica al recibirla por fax, correo electrónico o a través de cualquier otro medio de comunicación similar, debiendo transmitir la Parte Requirente la solicitud de manera formal dentro de los diez (10) días siguientes a su envío por los medios mencionados.

La Parte Requerida informará a la Parte Requirente los resultados de la ejecución de la solicitud de asistencia jurídica después de haberla recibido de manera formal. Sin embargo, si la Parte Requirente comprueba la urgencia de la asistencia jurídica, la falta de presentación formal de la solicitud de asistencia jurídica no será obstáculo para que la Parte Requerida notifique los resultados de la misma.

3. La solicitud de asistencia jurídica deberá contener:

a) el nombre de la Institución y de la autoridad competente que tiene a su cargo la investigación o el procedimiento penal del que derive la solicitud;

b) el propósito y la descripción de la asistencia jurídica solicitada;

c) la descripción de los hechos materia de investigación o procedimiento penal;

d) el texto de las disposiciones legales concernientes al tipo penal y, cuando sea necesario, la cuantía del daño causado;

e) el fundamento y descripción de cualquier procedimiento especial que la Parte Requirente desee que se practique al ejecutar la solicitud de asistencia jurídica, siempre y cuando éste no sea contrario a la legislación de la Parte Requerida;

f) el plazo dentro del cual la Parte Requirente considera más oportuno y/o conveniente que sea cumplida. No obstante, el plazo para dar cumplimiento a la solicitud de asistencia jurídica será establecido por las Autoridades Centrales, de conformidad con la legislación de la Parte Requerida;

g) la información necesaria o útil para la identificación y ubicación de las personas sujetas a investigación o proceso judicial;

h) el nombre completo, la fecha de nacimiento, el domicilio, así como el número de teléfono de las personas a ser notificadas y su relación con la investigación o proceso judicial en curso;

i) la ubicación y descripción del lugar a catear o inspeccionar;

j) la ubicación y descripción de los bienes o activos a asegurar o decomisar;

k) las preguntas a ser formuladas en el desahogo de las declaraciones, testimonios, interrogatorios o en los dictámenes periciales, en la Parte Requerida;

l) en su caso, la petición para que asistan representantes de las autoridades competentes de la Parte Requirente a la ejecución de la solicitud de asistencia jurídica, y

m) cualquier otra información que pueda ser de utilidad para la Parte Requerida en el cumplimiento de la solicitud de asistencia jurídica.

4. Si la Parte Requerida considera que la información contenida en la solicitud de asistencia jurídica no es suficiente para efectuarla, podrá solicitar información adicional.

ARTICULO 7

Denegación o Aplazamiento de la Asistencia Jurídica

1. La solicitud de asistencia jurídica podrá ser denegada cuando:

a) su cumplimiento pudiera atentar contra la soberanía, la seguridad, el orden público u otros intereses esenciales de la Parte Requerida;

b) el cumplimiento sea contrario a la legislación de la Parte Requerida, a sus obligaciones internacionales, o no se ajuste a las disposiciones del presente Tratado;

c) la solicitud de asistencia jurídica se refiera a acciones por las cuales la persona sujeta a investigación o a proceso en la Parte Requirente ya fue sentenciada o absuelta por los mismos hechos en la Parte Requerida o la acción penal haya prescrito;

d) la solicitud de asistencia jurídica se refiera a delitos considerados por la Parte Requerida como políticos o por hechos conexos a delitos de esa naturaleza. Para los fines de este inciso, un ataque intencional contra la integridad física de un Jefe de Estado o contra un miembro de su familia, no constituye delito político;

e) existan motivos fundados por la Parte Requerida para creer que la solicitud de asistencia jurídica se ha presentado con el fin de perseguir o castigar a una persona por motivo de raza, religión, nacionalidad u opiniones políticas, o que la situación de dicha persona pudiera resultar perjudicada por alguna de esas razones;

f) la solicitud de asistencia jurídica se refiera a un hecho penalmente sancionado con una pena prohibida por la legislación de la Parte Requerida. Sin embargo, la Parte Requerida podrá conceder la asistencia si la Parte Requirente le otorga las seguridades de que dicha pena no se impondrá o ejecutará, y

g) la solicitud de asistencia jurídica no reúna los requerimientos del presente Tratado.

2. El secreto bancario o tributario no podrá ser utilizado como argumento para negar la asistencia jurídica.

3. La Parte Requerida podrá denegar o aplazar el cumplimiento de la solicitud de asistencia jurídica cuando considere que su ejecución puede perjudicar u obstaculizar una investigación o procedimiento judicial en curso en su territorio.

4. Antes de denegar o aplazar la ejecución de una solicitud de asistencia jurídica, la Parte Requerida analizará la posibilidad de que ésta se conceda bajo las condiciones que considere necesarias. Si la Parte Requirente acepta la asistencia jurídica bajo tales condiciones, estará obligada a respetarlas.

5. Si la Parte Requerida decide denegar o aplazar la asistencia jurídica, lo informará a la Parte Requirente de manera inmediata, expresando los motivos de tal decisión.

ARTICULO 8

Confidencialidad y Limitaciones en el Empleo de la Información

1. La Parte Requerida asegurará la confidencialidad de la recepción de la solicitud de asistencia jurídica, su contenido y cualquier actuación emprendida conforme a la misma. Si para la ejecución de la solicitud de asistencia jurídica fuera necesario contravenir la confidencialidad, la Parte Requerida solicitará la autorización de la Parte Requirente mediante comunicación escrita. Para tales efectos, la Parte Requirente deberá informar los alcances de la confidencialidad que se invoca. Sin dicha autorización, la solicitud de asistencia jurídica no se ejecutará.

2. La Parte Requirente no utilizará ni divulgará ninguna información o prueba obtenida mediante el presente Tratado para fines distintos a los declarados en la solicitud de asistencia jurídica, sin previa autorización de la Parte Requerida.

3. En casos particulares, si la Parte Requirente necesitara divulgar y utilizar, total o parcialmente, la información o prueba para propósitos diferentes a los especificados, solicitará la autorización correspondiente a la Parte Requerida, la que podrá acceder o denegar, total o parcialmente, lo solicitado.

4. El uso de cualquier información o prueba que haya sido obtenida de conformidad con el presente Tratado y que tenga el carácter de pública en la Parte Requirente dentro de la investigación o el procedimiento descrito en la solicitud de asistencia jurídica, no estará sujeta a la restricción a que se refiere el numeral anterior.

ARTICULO 9

Ejecución de la Solicitud de Asistencia Jurídica

1. El cumplimiento de la solicitud de asistencia jurídica se llevará a cabo de conformidad con la legislación de la Parte Requerida y de acuerdo con las disposiciones del presente Tratado. La solicitud de asistencia jurídica se ejecutará a la brevedad.

2. La Parte Requerida cumplirá la solicitud de asistencia jurídica de acuerdo con las formas y procedimientos especiales indicados en ella por la Parte Requirente, salvo cuando éstos sean incompatibles con la legislación de la Parte Requerida.

3. La Autoridad Central de la Parte Requerida remitirá oportunamente a la Autoridad Central de la Parte Requirente la información y las pruebas obtenidas como resultado de la ejecución de la solicitud de asistencia jurídica.

4. Cuando no sea posible cumplir con la solicitud de asistencia jurídica, en todo o en parte, la Autoridad Central de la Parte Requerida lo hará saber inmediatamente a la Autoridad Central de la Parte Requirente e informará las razones que impidan su cumplimiento.

ARTICULO 10

Participación de Representantes de la Parte Requirente

en la Ejecución de la Solicitud de Asistencia Jurídica

1. La Parte Requirente podrá solicitar a la Parte Requerida la presencia de representantes de sus autoridades competentes, como observadores, en la ejecución de la solicitud de asistencia jurídica, pudiendo requerir que en el desahogo de una prueba testimonial o pericial, sus representantes formulen preguntas por medio de la autoridad competente de la Parte Requerida.

2. La presencia y participación de representantes deberá estar previamente autorizada por la Parte Requerida, misma que informará con antelación a la Parte Requirente sobre la fecha, hora y lugar de la ejecución de la solicitud de asistencia jurídica.

3. La Parte Requirente remitirá la relación de los nombres, cargos y motivo de la presencia de sus representantes, con un plazo razonable de anticipación a la fecha de la ejecución de la solicitud de asistencia jurídica.

ARTICULO 11

Notificación de Actuaciones

1. Conforme a la solicitud de asistencia jurídica, la Autoridad Central de la Parte Requerida procederá, sin demora, a realizar o tramitar la notificación de documentos procesales.

2. La solicitud que tenga por objeto la notificación de actuaciones será transmitida con razonable anticipación a la fecha en que las actuaciones deban llevarse a cabo.

3. El cumplimiento de la solicitud de asistencia jurídica se acreditará por medio de un documento de entrega, fechado y firmado por el destinatario o por medio de una declaración de la autoridad competente de la Parte Requerida constatando el hecho, la fecha y la forma de notificación y entrega.

ARTICULO 12

Transmisión de Actuaciones

1. Cuando la solicitud de asistencia jurídica tenga por objeto la transmisión de actuaciones o documentos, la Parte Requerida tendrá la facultad de transmitir copias certificadas de los mismos, salvo que la Parte Requirente solicite los originales.

2. Los documentos y las actuaciones originales transmitidos a la Parte Requirente serán devueltos a la Parte Requerida tan pronto como sea posible, cuando esta última así lo solicite.

ARTICULO 13

Inmunidades, Derechos y Prerrogativas

1. Si la persona relacionada con la solicitud de asistencia jurídica invoca inmunidad, prerrogativa, derecho o incapacidad según la legislación de la Parte Requerida, esta invocación será resuelta por la autoridad competente de la Parte Requerida con anterioridad al cumplimiento de la solicitud de asistencia jurídica y comunicada a la Parte Requirente por medio de la Autoridad Central.

2. Si la persona invoca inmunidad, prerrogativa, derechos o incapacidad según la legislación de la Parte Requirente, tal invocación será informada por medio de las respectivas Autoridades Centrales, a fin de que las autoridades competentes de la Parte Requirente resuelvan al respecto.

ARTICULO 14

Obtención de Pruebas en la Parte Requerida

1. A solicitud de la Parte Requirente, la Parte Requerida respetará los trámites y procedimientos indicados expresamente por la Parte Requirente, salvo disposición contraria de este Tratado, siempre que éstos no sean contrarios a los principios fundamentales del derecho de la Parte Requerida.

2. Si la Parte Requirente desea que las personas a las que se vaya a tomar declaración lo hagan bajo juramento, lo indicará expresamente, y la Parte Requerida atenderá a ello si su legislación no se opone a tal efecto.

3. Si la Parte Requirente lo solicita expresamente, la Parte Requerida le comunicará la fecha y el lugar de cumplimiento de la solicitud de asistencia jurídica. Si la Parte Requerida lo autoriza, los funcionarios de la Parte Requirente mencionados en la solicitud podrán asistir a dicho cumplimiento. En la medida en que lo autorice la legislación de la Parte Requerida, los funcionarios de la Parte Requirente mencionados en la solicitud podrán interrogar a un testigo, probable responsable, parte ofendida o a un perito o pedir que se les interrogue.

4. La Parte Requerida podrá aplazar la entrega de los objetos, expedientes o documentos que se le pida trasladar si le son necesarios para un proceso y/o procedimiento penal en curso.

5. La Parte Requirente conservará los elementos probatorios y los originales de los expedientes y documentos transmitidos en cumplimiento de una solicitud de asistencia jurídica, salvo si la Parte Requerida pide que se le devuelvan.

ARTICULO 15

Localización e Identificación de Personas y Objetos

A solicitud de la Parte Requirente, las autoridades competentes de la Parte Requerida adoptarán todas las medidas contempladas en su legislación para la localización e identificación de personas y objetos mencionados en la solicitud de asistencia jurídica.

ARTICULO 16

Comparecencia de Personas en el Territorio de la Parte Requirente

1. Si la Parte Requirente solicita la comparecencia de una persona en calidad de testigo o perito que se encuentre en el territorio de la Parte Requerida, esta última procederá a su citación y traslado de conformidad con la solicitud de asistencia jurídica formulada.

2. La comparecencia de la persona, sólo podrá realizarse si ésta manifiesta su aceptación por escrito, no pudiendo ser objeto de medida de apremio o sanción alguna en caso de que no acepte.

3. La Parte Requerida comunicará por escrito la respuesta de la persona a la Parte Requirente y, en su caso, solicitará la comparecencia mediante citatorio, el cual deberá contener las siguientes excepciones o garantías en la Parte Requirente:

a) Ninguna persona sea cual fuere su nacionalidad, que se traslade al territorio de la Parte Requirente para colaborar en atención a una solicitud de asistencia jurídica, podrá ser procesada, detenida o sujeta a cualquier restricción de libertad personal en el territorio de esa Parte por causas previas a su traslado.

b) Ninguna persona estará obligada a declarar en actuaciones, ni a colaborar en investigaciones distintas de las actuaciones o investigaciones mencionadas en la citación.

4. Toda citación que la Parte Requerida notifique a la persona deberá mencionar las excepciones o garantías a que se refiere el numeral anterior y señalar que los gastos de traslado corresponden a la Parte Requirente, de conformidad con el Artículo 24 del presente Tratado.

ARTICULO 17

Traslado Temporal de Personas Detenidas

1. Toda persona que se encuentre detenida en el territorio de la Parte Requerida, cuya presencia sea necesaria para rendir declaración o para otras actuaciones procesales en la Parte Requirente, podrá ser trasladada temporalmente a dicha Parte, si la persona consiente por escrito y la Parte Requerida acepta el traslado y sus condiciones, previo acuerdo entre las Partes y de conformidad con su legislación.

2. El traslado podrá ser denegado en los casos siguientes:

a) Si la persona no expresa su consentimiento por escrito;

b) Si la presencia de la persona es necesaria para la continuación de un procedimiento en el territorio de la Parte Requerida;

c) Si el plazo de permanencia excede el término fijado para el cumplimiento de una sentencia privativa de libertad en la Parte Requerida, y

d) Si el traslado pone en peligro la salud, seguridad o vida de la persona.

3. La Parte Requirente custodiará y garantizará la protección de la persona trasladada mientras permanezca en su territorio.

En el caso de que las autoridades de la Parte Requerida levanten la medida restrictiva de libertad de la persona trasladada, la Parte Requirente deberá devolverlo de manera inmediata a la Parte Requerida.

4. El plazo de estadía de la persona detenida en el territorio de la Parte Requirente, será computado para los efectos de la ejecución de la pena impuesta en la Parte Requerida.

ARTICULO 18

Protección de Personas Citadas o Trasladadas a la Parte Requirente

Cuando sea necesario, la Parte Requirente asegurará la protección de las personas citadas o trasladadas a su territorio.

ARTICULO 19

Audiencia por Videoconferencia

1. La Parte Requirente podrá solicitar que la declaración de una persona que se encuentre en el territorio de la Parte Requerida, se realice mediante audiencia por videoconferencia.

2. La Parte Requerida autorizará la comparecencia por videoconferencia en la medida en que no se encuentre prohibida por su legislación, siempre y cuando se disponga de los medios técnicos y compatibles para su realización.

3. La comparecencia se llevará a cabo de conformidad con las siguientes reglas:

a) Tendrá lugar en presencia de la autoridad competente de la Parte Requerida pudiendo contar, en caso necesario, con un intérprete;

b) El interrogatorio será dirigido por la autoridad competente de la Parte Requirente, siguiendo las formalidades previstas para este tipo de diligencias en su legislación. No obstante, la autoridad competente de la Parte Requerida adoptará las medidas necesarias para que en el desarrollo de la comparecencia, se respeten las garantías individuales y procesales del declarante de conformidad con su legislación;

c) Las autoridades competentes de ambas Partes acordarán, si procede, medidas relativas a la protección de la persona que comparece de conformidad con la legislación de la Parte Requerida;

d) Al término de la comparecencia, la autoridad competente de la Parte Requerida levantará un acta, indicando la fecha y el lugar de la misma, la identidad del declarante, así como las identidades y calidades de las demás personas que hayan participado en la audiencia, debiendo remitir dicha acta a la Parte Requirente, y

e) Los costos de la conexión y utilización del equipo técnico, en caso de que deba pagarse por ello en el territorio de la Parte Requerida, el costo de la llamada internacional, el intérprete, así como los gastos de traslado y hospedaje en el territorio de la Parte Requerida, serán reembolsados por la Parte Requirente a la Parte Requerida, a menos que esta última renuncie por escrito al reembolso referido, de manera total o parcial.

ARTICULO 20

Transmisión Espontánea de Medios de Prueba y de Información

1. Por conducto de las Autoridades Centrales, y dentro de los límites de su legislación, las autoridades judiciales o el Ministerio Público de cada Parte podrán, sin que hubiere sido presentada una solicitud en dicho sentido, intercambiar información y medios de prueba con respecto a los hechos penalmente sancionables recopilados durante el curso de su propia indagatoria, cuando estimen que esta transmisión es de tal naturaleza que permitiría a la otra Parte:

a) Presentar una solicitud de asistencia jurídica de conformidad con el presente Tratado;

b) Iniciar procedimientos penales, o

c) Facilitar el desarrollo de una investigación penal en curso.

2. La autoridad que proporcione la información podrá, de conformidad con su legislación, sujetar a determinadas condiciones la utilización de la misma por la autoridad destinataria. La autoridad destinataria está obligada a respetar dichas condiciones.

ARTICULO 21

Registro, Aseguramiento y Restricción del Dominio

1. La Parte Requerida intentará establecer, previa solicitud, si las ganancias, productos y cualquier objeto relacionado con un delito se encuentran en su jurisdicción e informará a la Parte Requirente sobre los resultados de sus indagaciones. En su solicitud, la Parte Requirente comunicará a la Parte Requerida los motivos en los que basa su presunción de que tales ganancias y/o productos pueden encontrarse dentro de su jurisdicción.

2. Si de conformidad con el numeral anterior, se encuentran las ganancias y/o productos que se sospecha proceden de un delito, la Parte Requerida adoptará las medidas necesarias autorizadas por su legislación para impedir que éstos sean objeto de transacciones, se transfieran o se cedan antes de que un tribunal de la Parte Requirente haya adoptado una decisión definitiva al respecto.

3. La Parte Requerida tramitará, de conformidad con su legislación, una solicitud de asistencia jurídica cuya finalidad sea restringir la posesión, propiedad o dominio de las ganancias y/o productos de un delito.

4. En la medida en que lo permita su legislación y previa solicitud de la Parte Requirente, la Parte Requerida deberá solicitar prioritariamente la restitución de la Parte Requirente de las ganancias, productos y cualquier objeto relacionado con los delitos, con miras en particular a indemnizar a las víctimas o restituirlos al propietario legítimo, sin perjuicio de los derechos de terceros de buena fe.

5. La entrega de las ganancias y/o productos se realizará previo acuerdo sobre la compartición de los productos del delito, de conformidad con la legislación de las Partes.

La compartición de las ganancias y/o productos se llevará a cabo a través de un acuerdo entre las Autoridades Centrales, el cual deberá realizarse antes de que cause ejecutoria la resolución que decida sobre la extinción del dominio y entrega de las ganancias y/o productos del delito.

6. La entrega se efectuará en los términos de la legislación de la Parte Requerida y será previa deducción de los gastos propios de su administración y el pago de contribuciones y gravámenes a que estuvieren sujetos.

7. Las ganancias y/o productos de un delito incluyen los instrumentos utilizados para cometer el ilícito.

ARTICULO 22

Mecanismos para Facilitar la Cooperación Jurídica en materia Penal

1. Las Partes cooperarán adicionalmente a través de las modalidades siguientes:

a) Intercambio de experiencias en materia de investigación criminal, terrorismo, corrupción, tráfico de personas, estupefacientes e insumos químicos, lavado de dinero, delincuencia organizada y delitos conexos, entre otros;

b) Intercambio de información sobre modificaciones introducidas a sus sistemas judiciales y nuevos criterios jurisprudenciales en las materias que abarcan el presente Instrumento, y

c) Capacitación y actualización de funcionarios encargados de la investigación y procesamiento penales.

2. Para la realización de las actividades y encuentros previstos en el presente Tratado, las Autoridades Centrales acordarán la metodología que se utilizará en cada uno de ellos, así como su duración y número de participantes.

ARTICULO 23

Transmisión de Sentencias y Certificados de Antecedentes Penales

1. La Parte Requerida presentará en casos especiales, en la medida en que sus autoridades competentes puedan obtenerlos, extractos de expedientes penales y/o documentos u objetos que sean necesarios en una investigación y/o procedimiento judicial, salvo aquellos documentos y objetos que contengan información que constituya secreto de Estado.

2. Cuando la Parte Requerida trasmita una sentencia penal, deberá proporcionar también las indicaciones relativas al procedimiento respectivo, en caso de haber sido solicitadas por la Parte Requirente.

3. Los certificados de antecedentes penales necesarios para la autoridad judicial de la Parte Requirente en un procedimiento penal, serán transmitidos a dicha Parte si en las mismas circunstancias podrían ser otorgados a las autoridades competentes de la Parte Requerida.

ARTICULO 24

Gastos

1. La Parte Requerida asumirá los gastos ordinarios del cumplimiento de solicitudes de asistencia jurídica, salvo los siguientes, que serán sufragados por la Parte Requirente:

a) Gastos relativos a la comparecencia por videoconferencia, conforme al Artículo 19 del presente Tratado, gastos concernientes al traslado de las personas a su territorio y de regreso, conforme al Artículo 16 del presente Tratado y a su estadía en territorio de la Parte Requirente, así como otros gastos personales relacionados con el cumplimiento de la asistencia jurídica;

b) Gastos y honorarios de peritos, y

c) Gastos relativos al envío y devolución de objetos trasladados del territorio de la Parte Requerida al territorio de la Parte Requirente.

2. Si en el curso del cumplimiento de la solicitud se identificara la necesidad de incurrir en gastos extraordinarios para responder a la misma, las Partes se consultarán para determinar las condiciones en las que se podrá seguir cumpliendo.

ARTICULO 25

Otros Instrumentos de Cooperación

El presente Tratado no impedirá a las Partes prestarse otras formas de asistencia jurídica en virtud de acuerdos específicos, de entendimientos o de prácticas compartidas, de ser acordes con sus respectivas legislaciones y con los tratados internacionales que les sean aplicables.

ARTICULO 26

Consultas y Solución de Controversias

1. Las Autoridades Centrales de las Partes, a propuesta de una de ellas, celebrarán consultas en materia de interpretación o aplicación de las disposiciones del presente Tratado.

2. Cualquier controversia sobre la interpretación y la aplicación del presente Tratado será resuelta mediante consultas entre las Autoridades Centrales.

3. En caso de que éstas no lleguen a un acuerdo, la controversia será resuelta mediante consultas a través de los canales diplomáticos.

ARTICULO 27

Entrada en Vigor, Modificación y Terminación

1. Cada una de las Partes notificará a la Otra, por los canales diplomáticos, el cumplimiento de los procedimientos requeridos por su legislación para la entrada en vigor del presente Tratado. El presente Tratado entrará en vigor el primer día del segundo mes siguiente a la fecha de recepción de la última notificación, recibida por los canales diplomáticos.

2. Cualquiera de las Partes podrá dar por terminado el presente Tratado, en cualquier momento, mediante notificación escrita dirigida a la otra Parte, por los canales diplomáticos. En este caso, la terminación surtirá efectos el primer día del tercer mes siguiente a la fecha de la recepción de dicha notificación. No obstante, las solicitudes de asistencia jurídica que se hayan recibido antes de la fecha en la que surta efectos la terminación del presente Tratado se seguirán tramitando conforme a las disposiciones del mismo.

3.- El presente Tratado podrá ser modificado por mutuo consentimiento de las Partes, formalizado a través de comunicaciones escritas. Dichas modificaciones entrarán en vigor de conformidad con el procedimiento establecido en el numeral 1 del presente Artículo.

Firmado en la ciudad de Santo Domingo, Capital de la República Dominicana, el diez (10) del mes de agosto del año dos mil doce (2012), en dos ejemplares originales en idioma español, siendo ambos textos igualmente auténticos.

En mérito de lo antes expuesto y tomando en cuenta que el METODO DE TRABAJO, ANALISIS, DISCUSION Y VALORACION, al Tratado sobre Asistencia Jurídica mutua en Materia Penal entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de la República Dominicana, el diez de agosto de dos mil doce, en el seno de estas comisiones unidas consistió en la discusión del presente dictamen al tenor de las siguientes:

III.- CONSIDERACIONES

PRIMERO.- Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 135 numeral 1, fracción II; 147 numeral 2, 150 numeral 3 y 186 numeral 2, del Reglamento del Senado de la República estas comisiones Unidas, son competentes para conocer, analizar y dictaminar el Tratado sobre Asistencia Jurídica mutua en Materia Penal entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de la República Dominicana, el diez de agosto de dos mil doce.

SEGUNDA.- México y la República Dominicana Establecieron relaciones diplomáticas en 1888, México mantuvo durante muchos años una relación discreta y formal, de tal manera que de 1890 a 1943, México y la República Dominicana suscribieron dos instrumentos bilaterales, uno consular (supresión de visas ordinarias) y otro de amistad, comercio y navegación.

Los periodos de inestabilidad política que siguieron al derrocamiento del régimen trujillista y la invasión estadounidense de abril de 1965, fueron factores que impidieron al gobierno de México impulsar la relación bilateral. Tanto en el derrocamiento del régimen constitucional de Juan Bosch en 1963, como durante los graves acontecimientos que se suscitaron con la intervención militar estadounidense en abril de 1965, México mantuvo una posición fundamentada en los principios de no intervención y autodeterminación.

Fue hasta septiembre de 1965, cuando Héctor García Godoy fue nombrado Presidente Provisional de la República Dominicana, cuando México reanudó los contactos diplomáticos con el gobierno dominicano.

TERCERA.- Actualmente, la relación entre México y la República Dominicana se encuentra en un nivel elevado de entendimiento, amistad, diálogo y colaboración recíproca y existe una importante coincidencia en los principales temas regionales y multilaterales. En 2009, México apoyó la inclusión Dominicana en el Mecanismo de Diálogo y Concertación de Tuxtla y en el Proyecto Mesoamérica, y durante los cuatro años de su gestión, el Presidente Leonel Fernández sostuvo cinco encuentros con el Presidente Felipe Calderón, el último de los cuales tuvo lugar durante la Visita de Estado que el Mandatario dominicano hizo a México, el 6 de diciembre de 2011.

Nuestro país ha reaccionado favorablemente a la solicitud de cooperación del gobierno dominicano, en áreas prioritarias para éste, como lo son seguridad, modernización de servicios públicos y fomento a la mediana y pequeña empresa.

CUARTA.- Que de aprobarse el Tratado, permitirá fortalecer el marco jurídico vigente entre México y la República Dominicana en materia de procuración de justicia, el cual además, se integra por los siguientes instrumentos:

• Convenio entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de la República Dominicana sobre Cooperación en Materia de Combate al Tráfico Ilícito, Abuso de Estupefacientes y Sustancias Sicotrópicas y Delitos Conexos, firmado en la Ciudad de México, el 18 de agosto de 1997, y aprobado por la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, el dieciséis de octubre de mil novecientos noventa y siete, según decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación del veintiséis de noviembre del propio año.

• La legislación mexicana que avala la implementación de este Tratado se conforma de: la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Código Penal Federal, el Código Federal de Procedimientos Penales, la Ley sobre la Celebración de Tratados, la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República y su Reglamento.

QUINTA.- Que el Tratado de mérito integra todos los elementos contenidos en otros instrumentos internacionales que México ha celebrado con otros Estados en esta materia, que han contribuido a hacer más eficiente la cooperación jurídica.

Visto lo anterior, si la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión tiene a bien aprobar el Tratado, el Ejecutivo Federal estará en posibilidad de notificar a las autoridades dominicanas que se ha cumplido con los requisitos exigidos por la legislación nacional, en los términos que refiere el Artículo 27, numeral 1, para su entrada en vigor.

IV.- CONCLUSIONES

Con base en el análisis de la información y constancias remitidas por la Secretaría Gobernación, estas Comisiones Unidas reconocen que el Tratado que nos ocupa satisface con las obligaciones y derechos que se consagran en ellas, conforme a la buena fe; reglas en las que se manifiesta un respeto a la soberanía nacional y a la seguridad de las relaciones internacionales, ajustándose a las normas imperativas del derecho internacional y desde luego, a las normas fundamentales de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

En consecuencia estas Comisiones Unidas estiman que es de aprobarse el Tratado sobre Asistencia Jurídica mutua en Materia Penal entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de la República Dominicana, firmado en la ciudad de Santo Domingo, capital de la República Dominicana, el diez de agosto de dos mil doce, sometiéndose a la consideración del Pleno de la Cámara de Senadores, para su aprobación, el siguiente:

V.- DECRETO

ARTICULO UNICO. Se aprueba el Tratado sobre Asistencia Jurídica mutua en Materia Penal entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de la República Dominicana, firmado en la ciudad de Santo Domingo, capital de la República Dominicana, el diez de agosto de dos mil doce.

Senado de la República, a 7 de febrero de 2013.

COMISION DE RELACIONES EXTERIORES

COMISION DE RELACIONES EXTERIORES, AMERICA LATINA Y EL CARIBE

COMISION DE JUSTICIA”.

Hago de su conocimiento que este dictamen tuvo su primera lectura el 20 de diciembre de 2012. Debido a que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria del día de hoy, pido a la Secretaría que consulte a la Asamblea, en votación económica, si es de omitirse su lectura.

- La C. Secretaria Barrera Tapia: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se omite la lectura del dictamen. Quienes estén porque se omita, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se omita, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se omite la lectura, señor Presidente.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, señora Secretaria. En consecuencia, está a discusión el presente dictamen. No habiendo quien haga uso de la palabra, pido a la Secretaría que se hagan los avisos a que se refiere el artículo 58 de nuestro Reglamento para informar de la votación. Abrase el sistema electrónico de votación por tres minutos para recoger la votación nominal del proyecto de Decreto.



- La C. Secretaria Merodio Reza: Señor Presidente, conforme al registro en el sistema electrónico, se emitieron 91 votos en pro y cero en contra.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, señora Secretaria. En consecuencia, queda aprobado el Decreto que contiene el Tratado sobre Asistencia Jurídica mutua en Materia Penal entre el gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el gobierno de la República Dominicana, firmado en la ciudad de Santo Domingo, capital de la República Dominicana, el 10 de agosto de 2012. Remítase al Ejecutivo Federal para sus efectos constitucionales.

Tenemos la segunda lectura de un dictamen de las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores; de Relaciones Exteriores, Asia-Pacífico; y de Hacienda y Crédito Público, con proyecto de Decreto por el que se aprueba el Acuerdo entre el gobierno de México y el gobierno de la República de la India sobre Asistencia Administrativa Mutua en Asuntos Aduaneros.





 

ACUERDO ENTRE EL GOBIERNO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y EL GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE LA INDIA SOBRE ASISTENCIA ADMINISTRATIVA MUTUA EN ASUNTOS ADUANEROS, FIRMADO EN NUEVA DELHI, EL 15 DE OCTUBRE DE 2012

(Dictamen de segunda lectura)

“COMISIONES UNIDAS DE RELACIONES EXTERIORES;
RELACIONES EXTERIORES, ASIA-PACIFICO, Y DE
HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

H. ASAMBLEA:

Con fecha treinta de octubre de dos mil doce, a las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores; de Relaciones Exteriores, Asia-Pacífico, y de Hacienda y Crédito Público, lesfue turnada para su estudio y elaboración del dictamen correspondiente, el Acuerdo entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de la República de la India sobre Asistencia Administrativa Mutua en Asuntos Aduaneros, firmado en Nueva Delhi, el quince de octubre de dos mil doce.

Las Comisiones dictaminadoras, en uso de las facultades que les confiere el artículo 76 fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; los artículos 4 y 5 de la Ley sobre la Celebración de Tratados; los artículos 3 y 9 de la Ley sobre Aprobación de Tratados Internacionales en Materia Económica; 85, 86 y 94 de la Ley Orgánica del Congreso General del los Estados Unidos Mexicanos, así como 182, 183, 186, 187, 188 y 190 del Reglamento del Senado de la República presentan a la consideración de los Senadores integrantes de esta Honorable Asamblea, las suscritas comisiones formulan el presente dictamen conforme a la siguiente:

METODOLOGIA

Para dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 190 del Reglamento del Senado de la República, las Comisiones Unidas presentan el siguiente dictamen en cinco apartados a saber:

I.- ANTECEDENTES. Se da constancia del inicio y desarrollo del proceso legislativo.

II.- DESCRIPCIÓN DEL INSTRUMENTO. Contiene de manera detallada el contenido propio del Acuerdo.

III.- CONSIDERACIONES. Expresa los motivos y fundamentos que sustentan la resolución de las Comisiones Dictaminadoras.

IV.- CONCLUSIONES y

V.- DECRETO

I.- ANTECEDENTES

1.- Mediante oficio número SEL/300/408/12, de fecha veintinueve de octubre de dos mil doce, la Subsecretaria de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación, envió a los CC. Secretarios de la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión, copias certificadas del Acuerdo de referencia.

2.- En sesión ordinaria del treinta de octubre de dos mil doce, mediante oficios DGPL-1P1A.-1351, DGPL-1P1A.-1346 y DGPL-1P1A.-1353 Mesa Directiva de la Cámara de Senadores turnó el instrumento internacional en comento a las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores; de Relaciones Exteriores Asia-Pacífico, y de Hacienda y Crédito Público, para su análisis y elaboración del dictamen correspondiente.

II.- DESCRIPCION DEL INSTRUMENTO

El Acuerdo entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de la República de la India sobre Asistencia Administrativa Mutua en Asuntos Aduaneros está conformado por veintiséis artículos y está encaminado al desarrollo de actividades tendientes a la prestación de asistencia en diferentes materias técnicas, de operación y procedimiento. Dicha cooperación consiste, fundamentalmente, en el intercambio de información y documentación respecto de mercancías comercializadas entre ambos países, o bien sobre personas y las técnicas o métodos a través de los cuales las autoridades aduaneras han detectado delitos o presumen la comisión de los mismos.

El Acuerdo tiene el siguiente contenido:

El artículo 1 denominado “Definiciones”, establece lo que se entenderá por “Autoridad Aduanera”, “impuestos aduaneros”, “legislación aduanera”, “infracción aduanera”, “información”, “funcionario”, “persona”, “aduanera requirente” y “autoridad aduanera requerida”.

El artículo 2 relativo al “Alcance del Acuerdo”, señala que las partes contratantes a través de sus autoridades aduaneras, deberán proporcionarse asistencia mutua de acuerdo a las disposiciones del Acuerdo, a fin de prevenir, investigar y reprimir las infracciones aduaneras.

La asistencia será proporcionada para determinar los impuestos aduaneros y otras contribuciones fiscales o cargos relacionados con la Legislación Aduanera y con el propósito de aplicar controles que sean competencia de la autoridad aduanera.

La asistencia deberá ser proporcionada para su uso en cualquier procedimiento por la autoridad aduanera requirente, incluyendo los procedimientos de clasificación, valoración y otras características relevantes, así como en procedimientos que involucren multas, sanciones y decomisos.

Por otra parte, cualquier acción llevada a cabo en el marco del Acuerdo, por alguna de las partes contratantes, deberá llevarse a cabo de conformidadcon la legislación nacional y las disposiciones administrativas de cada parte.

Asimismo, señala el citado artículo que ninguna disposición contenida en el Acuerdo podrá ser interpretada de tal manera que restrinja algún acuerdo o práctica de asistencia mutua y cooperación que se encuentre en vigor entre las partes contratantes.

Es importante señalar que la asistencia brindada en el marco del Acuerdo, no crean un derecho a favor de cualquier persona para obtener, suprimir o excluir cualquier prueba o impedir la ejecución de una solicitud de asistencia.

El artículo 3 denominado “Forma y contenido de las solicitudes de asistencia”, señala que estas deberán ser comunicadas directamente entre las autoridades aduaneras y deberán ser presentadas por escrito, a menos que las circunstancias así lo requieran, las solicitudes se podrán formular verbalmente, pero deberán ser confirmadas por escrito sin exceder un plazo de diez días.

El citado artículo señala la información que deberá incluir la solicitud, así como que ésta deberá formularse en un idioma aceptable para ambas autoridades aduaneras.Asimismo, permite que la solicitud que no contenga los requerimientos formales pueda ser corregida o complementada.

El artículo 4 denominado “Asistencia espontánea”, señala que cualquiera de las partes puede proporcionar asistencia por iniciativa propia en aquellos casos que pudieran representar daños considerables a la economía, salud y seguridad pública, incluyendo la seguridad de la cadena logística del comercio internacional u otros intereses de las partes.

El artículo 5 relativo a la “Comunicación de la información”, señala que las autoridades aduaneras deberán previa solicitud, proporcionarse toda la información que ayude a asegurar la correcta aplicación en los siguientes rubros:

a. La recaudación de aranceles aduaneros, impuestos, cuotas u otros cargos por la autoridad aduanera y en particular, la información que pueda ayudar a determinar el valor de los bienes para propósitos aduaneros y establecer su clasificación arancelaria.

b. La implementación de prohibiciones y restricciones a la importación y exportación.

c. La aplicación sobre reglas de origen relevantes.

El artículo en comento, señala también que si la autoridad aduanera no cuenta con la información solicitada deberá buscar la información de conformidad con la legislación vigente en su territorio y como si estuviera actuando por cuenta propia.

El artículo 6 denominado “Información especial”, señala que las autoridades aduaneras deberán informarse si los bienes importados al territorio de una de las partes han sido legalmente exportados desde el territorio de la otra parte y si los bienes exportados desde el territorio de una parte han sido legalmente importados desde el territorio de la otra parte.

El artículo 7 llamado “Información para la aplicación de la legislación aduanera”, señala que las autoridades aduaneras deberán proporcionarse información que ayude a asegurar la correcta aplicación de la legislación aduanera para prevenir, investigar y combatir las infracciones aduaneras, así como para garantizar la seguridad de la cadena logística de comercio internacional, el citado artículo señala qué tipo de información podrá incluir.

El artículo 8 relativo a la “Información relacionada con infracciones aduaneras”, señala que las autoridades se proporcionarán mutuamente información sobre actividades planeadas, en curso o consumadas que otorguen bases suficientes para creer que una infracción aduanera ha sido cometida o se cometerá en el territorio de la parte afectada.

El artículo 9 que se refiere a la “Información para la determinación de impuestos aduaneros”, señala que la autoridad aduanera requerida, deberá a solicitud y sin perjuicio proporcionar información para asistir a la autoridad aduanera requirente, que tenga razones para dudar sobre la veracidad o la certeza de una declaración, en apoyo a la correcta aplicación de la legislación aduanera o a la prevención de fraude aduanero.

El artículo 10 hace referencia al “Intercambio automático de información avanzada”, y a que las partes podrán intercambiar cualquier información relacionada con el Acuerdo, sobre una base automática.

El artículo 11 referente al “Canal para la asistencia”, señala que la asistencia deberá llevarse a cabo mediante la comunicación directa entre los funcionarios designados por los titulares de las autoridades aduaneras. En caso de que la autoridad aduanera no sea competente para dar cumplimiento a una solicitud, deberá remitirla de inmediato a la autoridad que sí lo sea.

El artículo 12 que regula lo relativo a los “Expedientes, documentos y otros materiales”, señala que los originales de estos documentos deberán requerirse solamente en aquellos casos enlos que las copias sean insuficientes. A menos que la autoridad aduanera requirente solicite específicamente la presentación de originales o copias, cualquier información objeto de intercambio podrá ser remplazada por medios electrónicos producidos para el mismo propósito.

El artículo 13 denominado “Vigilancia de personas, bienes y medios de transporte”, señala que la autoridad aduanera requerida, deberá previa solicitud, mantener una vigilancia especial y proporcionar a la autoridad aduanera requirente, información sobre:

a) Bienes en transporte o en almacenaje que hayan sido utilizadas o se sospeche que lo hayan sido, para cometer infracciones aduaneras en el territorio de la autoridad aduanera requirente.

b) Medios de transporte que hayan sido utilizados o se sospeche que lo hayan sido para cometer infracciones aduaneras en el territorio de la autoridad aduanera requirente.

c) Personas quehayan cometido una infracción aduanera o que sean sospechosas de haberla cometido en el territorio de la autoridad aduanera requirente, particularmente aquellas que ingresen y salgan del territorio de la autoridad aduanera requirente.

d) Instalaciones en el territorio de la autoridad aduanera requerida identificadas por haber sido utilizadas o se sospeche que lo hayan sido para cometer una infracción aduanera en el territorio de la autoridad aduanera requirente.

El artículo 14 relativo a la “Notificación”, señala que la autoridad aduanera requerida deberá, a solicitud adoptar todas las medidas necesarias para notificar a una persona residente establecida en su territorio, sobre las decisionestomadas por la autoridad aduanera requirente, en aplicación de la legislación aduanera, concernientes a dicha persona que recaen en el ámbito de aplicación del Acuerdo.

El artículo 15 denominado “Expertos y testigos”, señala que la autoridad requerida a solicitud podrá autorizar a sus funcionarios a comparecer en procedimientos judiciales o administrativos en el territorio de la autoridad aduanera requirente, como expertos o testigos en asuntos relacionados con la aplicación de la legislación aduanera.

El artículo 16 relativo a la “Presencia de funcionarios en el territorio de la otra parte contratante”, señala que funcionarios especialmente designados por la autoridad aduanera requirente podrán, previa solicitud y con autorización de la autoridad aduanera requerida y sujetos a las condiciones que esta última pueda imponer, con la finalidad de investigar una infracción aduanera, examinar en las oficinas de la autoridad aduanera requerida, documentos y cualquier otra información relacionada con dicha infracción y estar presentes durante la investigación llevada a cabo por la autoridad aduanera requerida en su territorio, cuando sea relevante para la parte requirente y únicamente con papel consultivo.

El artículo 17 referente a la “Presencia de funcionarios de la autoridad aduanera requirente por invitación de la autoridad aduanera requerida”, señala que cuando la autoridad aduanera considere apropiado que un funcionario de la autoridad aduanera requirente se encuentre presente cuando se lleve a cabo la asistencia relativa a una solicitud, podrá invitar a la autoridad aduanera requirente a que participe, sujeta a los términos y condiciones que especifique la autoridad aduanera requerida.

El artículo 18 que establece los “Arreglos para las vistitas de los funcionarios”, señala que los funcionarios deberán en todo momento, ser capaces de acreditar, en un idioma aceptable para la autoridad aduanera requerida, su identidad y puesto que ocupa en su administración aduanera así como el rango oficial otorgado en el territorio de la autoridad aduanera requerida.

El artículo 19 denominado “Uso de la información”, señala que cualquier información comunicada bajo el Acuerdo deberá ser utilizada solamente por las autoridades aduaneras de las partes y únicamente con el propósito de asistencia administrativa.

El artículo 20, denominado de la “Confidencialidad y protección de la información”, señala que:

a) Cualquier información comunicada en el marco del Acuerdo deberá ser tratada como confidencial y gozará, de la misma protección y confidencialidad que se otorgue a dicha información de conformidad con las disposiciones legales y administrativas nacionales de la parte en donde es recibida.

b) Las autoridades aduaneras deberán informarse sobre cualquier modificación a sus respectivas leyes en materia de protección de datos que se realice con posterioridad a la entrada en vigor del Acuerdo.

c) Cualquier información recibida bajo la vigencia del Acuerdo, deberá ser utilizada únicamente por las autoridades aduaneras de las partes contratantes.

d) Ninguna disposición del Acuerdo impedirá el uso de la información o documentos obtenidos como pruebas en procedimientos instituidos ante las cortes o tribunales en relación con operaciones que violen la legislación aduanera.

e) La información obtenida deberá utilizarse únicamente para los propósitos del Acuerdo. Cuando una parte desee utilizar la información para otros fines, deberá obtener previamente el consentimiento por escrito de la autoridad aduanera que suministró la información.

f) El intercambio de datos personales entre las dos Partes no podrá iniciar hasta que las autoridades aduaneras lo hayan convenido y decidan que a la información recibida se le otorgue un nivel de protección en el territorio de la autoridad aduanera requerida.

El artículo 21 señala las “Excepciones para proporcionar la asistencia” en los casos en que la autoridad aduanera requerida considere que el cumplimiento de alguna solicitud pudiera afectar su soberanía, seguridad, políticas públicas u otros intereses nacionales esenciales, o perjudicar cualquier interés legítimo comercial o profesional, o entre en conflicto con su legislación nacional, la asistencia podrá negarse o sujetarse al cumplimiento de ciertas condiciones o requisitos.

En los casos en que la autoridad aduanera requirente realice una solicitud que ella misma no podría proporcionar si le fuera solicitada por la otra autoridad aduanera, esta deberá indicar tal circunstancia en su solicitud. El cumplimiento de dicha solicitud estará sujeto a la discrecionalidad de la autoridad aduanera requerida.

La autoridad aduanera requerida podrá diferir la asistencia en caso de que esta pudiera interferir con alguna investigación, juicio o procedimiento en curso. En tal caso, la autoridad aduanera requerida deberá consultar con la autoridad aduanera requirente para determinar si la asistencia puede ser proporcionada de conformidad con los términos y condiciones que la autoridad aduanera requerida establezca.

Cuando la asistencia sea negada o diferida, la autoridad aduanera requirente deberá ser notificada sin demora, dando a conocer las razones por las cuales se negó o pospuso dicha asistencia.

El artículo 22 denominado “Costos”, señala que las autoridades aduaneras deberán renunciar a cualquier reclamo de reembolso de los costos incurridos en la ejecución del Acuerdo, excepto por los gastos de viáticos pagados a expertos y testigos.

En caso de que sea necesario realizar gastos extraordinarios para la ejecución de una solicitud, las autoridades aduaneras deberán consultarse para determinar los términos y condiciones bajo los cuales dicha solicitud será ejecutada, así como la forma en que los costos deberán ser solventados.

El artículo 23 que se refiere a la “Aplicabilidad territorial”, señala que el Acuerdo será aplicable en el territorio de los Estados Unidos Mexicanos y en el territorio de la República de la India.

El artículo 24 denominado “Solución de controversias”, señala que cualquier asunto que surja de la aplicación o interpretación del Acuerdo deberá ser resuelto de común acuerdo entre las autoridades aduaneras de las partes contratantes.

El artículo 25 regula la “Revisión” y señala que las partes contratantes deberán reunirse con la finalidad de revisar el Acuerdo a petición o al término de cinco años posteriores a la entrada en vigor, a menos que se haya alcanzado el consenso de que dicha revisión no es necesaria.

El artículo 26 que establece la “Entrada en vigor y terminación”, señala que:

a) El Acuerdo entrará en vigor el primer día del segundo mes después de que las partes se hayan notificado por escrito, a través de la vía diplomática, que todos los requisitos legales internos ara su entrada en vigor han sido cumplidos.

b) El Acuerdo podrá ser modificado por las partes, según lo estimen necesario.

c) El Acuerdo tendrá vigencia indefinida pero cualquiera de las partes podrá darlo por terminado en cualquier momento, mediante notificación escrita a la otra parte, a través de los canales diplomáticos.

III.- CONSIDERACIONES

El Senado de la República es consciente de que el papel que juegan las aduanas dentro del contexto de globalización es prioritario para facilitar que la industria y los servicios nacionales puedan participar de manera efectiva en el mercado internacional, en condiciones similares a las de sus competidores.

En particular, los vínculos entre México y la India alcanzaron su nivel más alto con la Visita de Estado a ese país, del Presidente Felipe Calderón en septiembre de dos mil siete, así como con la visita a México de la Presidenta Pratibha Patil, en abril de dos mil ocho. En estas visitas se estableció y confirmó el compromiso mutuo de impulsar una asociación privilegiada entre ambos países, en cuyo marco se sumarían esfuerzos para incrementar la cooperación económica, la inversión y los intercambios comerciales, fortalecer la cooperación científica y tecnológica y estrechar los vínculos culturales, así como profundizar el diálogo en temas de la agenda multilateral.

Destacan también los encuentros del Presidente Calderón con el Primer Ministro Manmohan Singh en las Cumbres del G8-G5 celebradas en Heiligendamm, Alemania en junio de dos mil siete y Hokkaido, Japón en dos mil ocho, en los que se continuó avanzando en el diálogo sobre temas políticos, económicos y de cooperación bilateral. Ambos mandatarios se reunieron también en el marco de la cumbre del G20 en Seúl y Los Cabos.

En dos mil once, la India fue el dieciseisavosocio comercial de México a nivel mundial y el sexto en Asia-Pacífico. El intercambio comercial aumentó 40.8 % en el último año. La India es el noveno inversionista entre los países de Asia-Pacífico que materializaron inversiones en México.

En la III Reunión del Comité Conjunto de Cooperación Técnica y Científica en la Ciudad de México, en dos mil once, se evaluaron las acciones de cooperación efectuadas por ambas partes y se adquirió el compromiso de identificar áreas y mecanismos que fortalezcan la relación y eleven el nivel de la colaboración bilateral.

A partir de abril de dos mil cinco, las Autoridades Aduaneras de la India y de México, expresaron su interés en suscribir un Acuerdo de Cooperación y Asistencia Mutua en Materia Aduanera.

Durante la IV Reunión de la Comisión Binacional México-India, celebrada en Nueva Delhi en dos mil cinco, se ratificó la voluntad de ambos gobiernos por iniciar las negociaciones del Acuerdo que se someterá a su consideración.

IV.- CONCLUSIONES

Estas Comisiones dictaminadoras, consideran que las disposiciones del Acuerdo y su objeto están claramente encaminadas a la ejecución de acciones de colaboración mutua, entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de la República de la India, en estricto apego a la Ley Aduanera.

De conformidad con el análisis realizado por estas Comisiones dictaminadoras, el Acuerdo, en ningún supuesto, pone en riesgo la esfera jurídica de los particulares, toda vez que el actuar de las autoridades aduaneras se encuentra sujeto a la legislación de cada una de las Partes y no se establecen prerrogativas nuevas o distintas a las dispuestas en sus respectivas legislaciones.

Las Comisiones dictaminadoras consideramos de suma trascendencia que México fortalezca los esquemas de intercambio de información y estreche la colaboración con las autoridades aduaneras de los países con los que tenemos fuertes lazos económicos.

Por lo anteriormente expuesto las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores; Relaciones Exteriores, Asia-Pacífico, y de Hacienda y Crédito Público, someten a la consideración y aprobacióndel Honorable Pleno de la Cámara de Senadores el siguiente:

V.- DECRETO

La Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, en ejercicio de la facultad que le concede el artículo 76 fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, decreta:

ARTICULO UNICO.- El Senado de la República, aprueba el Acuerdo entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de la República de la India sobre Asistencia Administrativa Mutua en Asuntos Aduaneros, firmado en nueva Delhi el quince de octubre de dos mil doce.

Sala de comisiones del Senado de la República, a 19 de diciembre de 2013”.

Informo a la Asamblea que este dictamen fue presentado para su primera lectura el 20 de diciembre de 2012. Debido a que se encuentra publicado en la Gaceta del Senado del día de hoy, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se omite su lectura.

- La C. Secretaria Barrera Tapia: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se omite la lectura del dictamen. Quienes estén porque se omita, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se omita, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se omite la lectura, señor Presidente.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, señora Secretaria. En consecuencia, está a discusión dicho dictamen. No habiendo quien haga uso de la palabra, pido a la Secretaría que se hagan los avisos a que se refiere el artículo 58 de nuestro Reglamento para informar de la votación. Abrase el sistema electrónico por 3 minutos para recoger la votación nominal del proyecto de Decreto.



- La C. Secretaria Barrera Tapia: Señor Presidente, conforme al registro en el sistema electrónico, se emitieron 94 votos en pro y cero en contra.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, señora Secretaria. En consecuencia, queda aprobado el Decreto que contiene el Acuerdo entre el gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el gobierno de la República de la India sobre Asistencia Administrativa Mutua en Asuntos Aduaneros, firmado en Nueva Delhi, el 15 de octubre de 2012. Remítase al Ejecutivo Federal para sus efectos constitucionales.

Pasamos a la segunda lectura de un dictamen de las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores; de Relaciones Exteriores, Asía-Pacífico; y de Hacienda y Crédito Público, con proyecto de Decreto por el que se aprueba el Acuerdo entre México y Filipinas sobre Asistencia Administrativa Mutua en Asuntos Aduaneros.





 

ACUERDO ENTRE EL GOBIERNO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y EL GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE FILIPINAS SOBRE ASISTENCIA ADMINISTRATIVA MUTUA EN ASUNTOS ADUANEROS, FIRMADO EN LA CIUDAD DE MANILA, FILIPINAS, EL 31 DE AGOSTO DE 2012

(Dictamen de segunda lectura)

“COMISIONES UNIDAS DE RELACIONES EXTERIORES;
RELACIONES EXTERIORES ASIA-PACIFICO;
Y DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

H. ASAMBLEA:

Con fecha 30 de octubre de 2012, a las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores; Relaciones Exteriores, Asia-Pacífico, y de Hacienda y Crédito Público, lesfue turnado para su estudio y elaboración del dictamen correspondiente, el proyecto de Decreto sobre el Acuerdo entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y la República de Filipinas sobre Asistencia Administrativa Mutua en Asuntos Aduaneros, firmado en la ciudad de Manila, Filipinas, el treinta y uno de agosto de dos mil doce.

Las Comisiones dictaminadoras, en uso de las facultades que les confiere el artículo 76 fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; los artículos 4 y 5 de la Ley sobre la Celebración de Tratados; los artículos 3 y 9 de la Ley sobre Aprobación de Tratados Internacionales en Materia Económica; 85, 86 y 94 de la Ley Orgánica del Congreso General del los Estados Unidos Mexicanos, así como 182, 183, 186, 187, 188 y 190 del Reglamento del Senado de la República presentan a la consideración de los Senadores integrantes de esta Honorable Asamblea, las suscritas comisiones formulan el presente dictamen conforme a la siguiente:

METODOLOGIA

Para dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 190 del Reglamento del Senado de la República, las Comisiones Unidas presentan el siguiente dictamen en cinco apartados, a saber

I.- ANTECEDENTES: Se da constancia del inicio y desarrollo del proceso legislativo.

II.- OBJETO, DESCRIPCIÓN DEL INSTRUMENTO: Donde sintetiza el alcance de la propuesta en estudio.

III.- CONSIDERACIONES: Expresa los motivos y fundamentos que sustentan la resolución de la Comisión Dictaminadora.

IV.- CONCLUSIONES y

V.- DECRETO

I.- ANTECEDENTES

En sesión ordinaria del 30 de octubre de 2012, mediante oficios DGPL-1P1A.-1345, DGPL-1P1A.-1346 y DGPL-1P1A.- 1350 la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores turnó el instrumento internacional en comento a las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores; de Relaciones Exteriores, Asia-Pacífico, y de Hacienda y Crédito Público, para su análisis y elaboración del dictamen correspondiente.

El inicio de la negociación del Acuerdo Aduanero con la República de Filipinas fue el 16 de junio de 2010, el Administrador General de Aduanas transmitió a su homólogo de la República de Filipinas su interés en iniciar la negociación de un Acuerdo sobre Asistencia AdministrativaMutua e Intercambio de Información en Asuntos Aduaneros, con el propósito de complementar y hacer más eficaz su cooperación.

II.- OBJETO, DESCRIPCIÓN DEL INSTRUMENTO Y LO MÁS RELEVANTE

DEL TEXTO NORMATIVO

México es uno de los países que ha celebrado un mayor número de tratados de libre comercio en el mundo, lo que ha representado un notable desarrollo de su comercio exterior.

El papel de las aduanas en este contexto es prioritario para facilitar que la industria y los servicios nacionales puedan participar de manera efectiva en el mercado internacional, en condiciones similares a las de sus competidores. Para la Aduana de México es necesario el fortalecer los esquemas de intercambio de información y estrechar la colaboración con las autoridades aduaneras de los países con los que tenemos fuertes lazos económicos.

Con la suscripción de este Acuerdo se pretenden obtener los siguientes beneficios:

• Cooperación y asistencia mutua entre las autoridades aduaneras en asuntos relativos a la aplicación y ejecución de su Legislación Aduanera;

• Intercambio de información sobre las operaciones de comercio exterior;

• Cooperación entre las autoridades aduaneras para combatir las infracciones aduaneras, de conformidad con procedimientos legales mutuamente convenidos;

• Intercambio de información sobre embargos de mercancías y dinero, incluyendo métodos de detección y ocultamiento;

• Intercambio de información sobre violaciones a los derechos de propiedad intelectual que hayan sido detectados como resultado del ejercicio de las facultades de las autoridades aduaneras;

• Estar en posibilidad de verificar la certeza de una declaración de importación o exportación de mercancías, así como la determinación de impuestos aduaneros;

• Estar en posibilidad de utilizar la información y documentos recibidos de conformidad con el Acuerdo en procesos judiciales y administrativos; y

• La protección y trato confidencial de la información y los datos personales que las Partes reciban, de conformidad con lo dispuesto en su legislación nacional.

El Acuerdo entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de la República de Filipinas sobre Asistencia Administrativa Mutua en Asuntos Aduaneros, está conformado por veinticinco artículos, y contiene diversas medidas para proteger la seguridad de la cadena logística de comercio internacional; la cooperación entre las autoridades aduaneras para combatir las infracciones aduaneras, de conformidad con procedimientos legales mutuamente convenidos; e intercambio de información sobre violaciones a los derechos de propiedad intelectual que hayan sido detectados como resultado del ejercicio de las facultades de las autoridades aduaneras y; la posibilidad de verificar la veracidad de una declaración de importación o exportación de mercancías, así como la determinación de impuestos aduaneros; entre otros objetivos.

El Acuerdo tiene el siguiente contenido:

Capítulo I. Disposiciones generales.

Capítulo II. Procedimientos generales de asistencia.

Capítulo III. Información.

Capítulo IV. Asistencia especial.

Capítulo V. Uso, confidencialidad y protección de la información.

Capítulo VI. Excepciones y costos.

Capítulo VII. Disposiciones finales.

El artículo 1, denominado “Definiciones”, establece lo que se entenderá por “Autoridad Aduanera”, “Impuestos Aduaneros”, “Legislación Aduanera”, “Infracción Aduanera”, “Información”, “Cadena Logística de Comercio Internacional”, “Funcionario”, “Persona”, “Datos Personales”, “Autoridad Aduanera Requirente”, “Autoridad Aduanera Requerida” y “Territorio”.

El artículo 2 relativo al “Alcance del Acuerdo”, señala que las partes contratantes a través de sus autoridades aduaneras, deberán proporcionarse asistencia mutua de acuerdo a las disposiciones del Acuerdo, a fin de prevenir, investigar y reprimir las infracciones aduaneras, así como para proteger la seguridad de la cadena logística de comercio internacional.

La asistencia deberá ser brindada por la parte contratante, por iniciativa propia o previa solicitud, con la finalidad de determinar los impuestos aduaneros y otras contribuciones o cargos relacionados con la Legislación Aduanera, con el propósito de aplicar controles que sean competencia de la autoridad aduanera.

Por otra parte, cualquier acción llevada a cabo en el marco del Acuerdo, por alguna de las partes contratantes, deberá llevarse a cabo de conformidadcon la legislación nacional y las disposiciones administrativas, dentro de los límites de competencia de la Autoridad Aduanera y de conformidad con los recursos económicos disponibles.

Asimismo, señala que ninguna disposición de este Acuerdo será interpretada de tal manera que pueda restringir un acuerdo o práctica de asistencia mutua y cooperación que se encuentre en vigor entre las partes contratantes.

Las disposiciones de este Acuerdo creerán a favor de ninguna persona para obtener, suprimir o excluir cualquier pruebao impedir la ejecución de una solicitud de asistencia

El artículo 3 denominado “Forma y Contenido de las Solicitudes de Asistencia”, señala que estas deberán ser comunicadas directamente entre las autoridades aduaneras. Cada Autoridad Aduanera designará un punto de contacto oficial para este propósito y deberá comunicar esta información y cualquier actualización a la otra Aduana.

Las solicitudes de asistencia formuladas en el marco de este Acuerdo, deberán presentarse por escrito o electrónicamente y deberán acompañarse de cualquier información o documentos considerados útiles para su ejecución.

El artículo 4 denominado “Asistencia Espontánea”, señala que la Autoridad Aduanera de cualquiera de las partes contratantes deberá, en la medida de lo posible, proporcionar asistencia por iniciativa propia y de manera expedita, en aquellos casos que pudieran presentar daños considerables a la economía, salud pública, seguridad pública, entre otros.

El artículo 5 denominado a la “Comunicación de la Información”, señala que las autoridades aduaneras deberán por iniciativa propia o previa solicitud, proporcionarse toda la información que ayude a asegurar la correcta aplicación en:

a. La recaudación de impuestos aduaneros por las autoridades aduaneras y, en particular, la información que pueda ayudar a determinar el valor de las mercancías para propósitos aduaneros y establecer su clasificación arancelaria.

b. La implementación de prohibiciones, restricciones y otros controles relacionados con la importación, exportación, turismo, mercancías y otros regímenes aduaneros.

c. La verificación del país de origen de las mercancías.

La información relacionada con derechos de propiedad intelectual, incluyendo derechos de autor, marcas registradas y patentes que estén protegidos por las partes, deberá ser usada únicamente para conocer los métodos y patrones utilizados en las operaciones de comercio exterior con la intención de transgredir tales derechos, y poder implementar acciones y medidas preventivas aduaneras.

El artículo 6 denominado “Información Especial”, señala que las autoridades aduaneras deberán informarse si los bienes importados al territorio de una de las partes han sido legalmente exportados desde el territorio de la otra parte y si los bienes exportados desde el territorio de una parte han sido legalmente importados al territorio de la otra parte.

El artículo 7 se refiere a la “Información para la Aplicación de la Legislación Aduanera”, señala que las autoridades aduaneras deberán proporcionarse información que ayude a asegurar la correcta aplicación de la legislación aduanera para prevenir, investigar y combatir las infracciones aduaneras, así como para asegurar la cadena logística de comercio internacional, el citado artículo señala qué tipo de información podrá incluir.

El artículo 8 relativo al “Intercambio de Información Aduanera”, establece que la información que haya sido procesada mediante análisis de riesgo y que pudiera resultar en algún tipo de alerta, deberá ser remitida y compartida entre las partes contratantes de manera expedita, a fin de que se tomen las medidas preventivas necesarias.

El artículo 9 que se refiere a la “Información Relacionada con Infracciones Aduaneras”, señala que deberá proporcionarse por iniciativa propia o previa solicitud información sobre actividades planeadas, en curso o consumadas que otorguen bases suficientes para creer que una infracción ha sido o será cometida en el territorio de la otra parte contratante.

El artículo 10 que se refiere a la “Información para la Determinación de Impuestos Aduaneros”, señala que previa solicitud, la autoridad aduanera deberá proporcionar información para asistir a la autoridad aduanera que lo requiera, y que tenga razones para dudar de la veracidad o la certeza de una declaración de mercancías, con la finalidad de apoyar la correcta aplicación de la legislación Aduanera o la prevención de infracciones Aduaneras.

El artículo 11 hace referencia al “Intercambio Automático y Avanzado de Información”, señala que las Autoridades Aduaneras podrán intercambiar la información a que se refiere este Acuerdo a través de medios electrónicos.

El artículo 12 relativo al “Intercambio Sistemático de Información” establece que las partes contratantes intercambiaran información de manera sistemática, enviando continuamente la información pertinente, a través de acuerdos específicos, siempre que sus respectivas legislaciones nacionales lo permitan.

El artículo 13denominado “Conducto de Asistencia” señala que la asistencia deberá llevarse a cabo mediante la comunicación directa entre los funcionarios designados por los titulares de las Autoridades Aduaneras. En caso de que la Autoridad Aduanera Requerida no sea la autoridad competente para cumplir con la solicitud, deberá notificarlo a la Autoridad Aduanera Requirente de manera expedita.

El artículo 14 relativo a Relativo a “Expedientes, Documentos y otros Materiales” establece que la Autoridad Aduanera requerida podrá proporcionar expedientes, documentos y otros materiales a través de medios electrónicos, a menos que la Autoridad Aduanera Requirente los solicite en copias simples, certificadas o autenticadas.

El artículo 15 denominado “Vigilancia de Mercancías y Medios de Transporte” señala que la Autoridad Aduanera Requerida deberá, previa solicitud, en la medida de sus posibilidades y de conformidad con su legislación nacional, mantener la vigilancia y proporcionar a la Autoridad Aduanera requirente información sobre:

a. mercancías en transporte o en almacenamiento que hayan sido utilizadas o se sospeche que lo hayan sido para cometer infracciones aduaneras en el territorio de la Autoridad Aduanera Requirente;

b. medios de transporte que hayan sido utilizados o se sospeche que lo hayan sido para cometer una Infracción Aduanera en el territorio de la Autoridad Aduanera Requirente, y

c. instalaciones en el territorio de la Autoridades Aduanera requerida identificadas por haber sido utilizadas o se sospeche que lo hayan sido para cometer una infracción Aduanera en el territorio de la Autoridad Aduanera Requirente.

La Autoridad Aduanera de cualquiera de las Partes Contratantes podrá mantener dicha vigilancia por cuenta propia si tiene razones para creer que las actividades planeadas, en curso o consumadas pueden constituir una infracción Aduanera en el territorio de la otra Parte.

El artículo 16 denominado “Presencia de Funcionarios en el Territorio de la otra Parte Contratante” establece que los Funcionarios especialmente designados por la Autoridad Aduanera Requirente podrán, previa solicitud, con autorización de la Autoridad Aduanera Requerida y sujeto a las condiciones que esta última pueda imponer, estar presentes durante la investigación llevada a cabo por la Autoridad Aduanera Requerida en su territorio, con la finalidad de investigar una infracción Aduanera, cuando sea relevante para la Autoridad Aduanera Requirente. Estos funcionarios tendrán únicamente un papel consultivo.

El artículo 17 relativo alos “Arreglos para la Visita de Funcionarios” señala que cuando los funcionarios de una Parte Contratante estén presentes en el territorio de la otra Parte Contratante de conformidad con los términos de este Acuerdo, deberán en todo momento ser capaces de acreditar, en un idioma aceptable para ambas Partes Contratantes, su identificación oficial y puesto otorgado por su Autoridad Aduanera, así como su rango oficial otorgado en el territorio de la Autoridad Aduanera Requerida.

Los funcionarios deberán, mientras se encuentren en el territorio de la otra Parte Contratante de conformidad con los términos de este Acuerdo, ser responsables de cualquier infracción que puedan cometer y gozarán, de conformidad con la legislación nacional de esa Parte Contratante, de la misma protección otorgada a sus funcionarios.

El artículo 18 denominado al “Uso de la Información” señala que la información, documentos y otros materiales obtenidos en el marco de este Acuerdo, deberán ser utilizados exclusivamente por las Autoridades Aduaneras de las Partes.

Contratantes, únicamente para el propósito de asistencia administrativa, según los términos establecidos en este Acuerdo. Sin embargo, se puede hacer una excepción si la información es necesaria en el contexto de procedimientos administrativos o judiciales.

El artículo 19 relativo a la “Confidencialidad y Protección de la Información” establece que cualquier información comunicada en el marco de este Acuerdo deberá ser tratada con carácter confidencial y gozará, por lo menos, de la misma protección y confidencialidad que sé otorgue a dicha información, de conformidad con las disposiciones legales y administrativas nacionales de la Parte Contratante que la recibe.

Las Autoridades Aduaneras deberán informarse sobre cualquier modificación a sus leyes en materia de protección de datos que se realice con posterioridad a la entrada en vigor de este Acuerdo. Cualquier información recibida de conformidad con este Acuerdo, deberá ser utilizada únicamente por las Autoridades Aduaneras de las Partes Contratantes, de conformidad con los términos establecidos en este Acuerdo

El artículo 20 denominado “Excepciones para Proporcionar la Asistencia” seña que en los casos en que la Autoridad Aduanera Requerida considere que el cumplimiento de alguna solicitud pudiera afectar su soberanía, seguridad, políticas públicas u otro interés nacional substantivo, o perjudicar cualquier interés legítimo comercial o profesional, o entre en conflicto con su legislación nacional, la asistencia podrá negarse o sujetarse al cumplimiento de ciertas condiciones o requisitos.

En los casos en que la Autoridad Aduanera Requirente formule una solicitud que ella misma no podría cumplir, deberá indicar tal circunstancia en la solicitud. El cumplimiento de dicha solicitud estará sujeto a la discreción de la Autoridad Aduanera Requerida.

La Autoridad Aduanera Requerida podrá diferir la asistencia en caso de que ésta pudiera interferir con alguna investigación, juicio o procedimiento en curso. En tal caso, la Autoridad Aduanera Requerida deberá consultar con la Autoridad Aduanera Requirente para determinar si la asistencia puede ser proporcionada de conformidad con los términos y condiciones que la Autoridad Aduanera Requerida establezca. Cuando la asistencia sea negada o diferida, la Autoridad Aduanera Requirente deberá ser notificada de manera expedita, dando a conocer las razones por las cuales se negó o difirió dicha asistencia.

El artículo 21 relativo a los “Costos” señala que las Autoridades Aduaneras renunciarán a cualquier reclamo de reembolso de los costos incurridos en la ejecución de este Acuerdo, excepto por los gastos pagados a expertos, así como los honorarios de los traductores e intérpretes, que no sean funcionarios gubernamentales.

Si se requiere efectuar gastos de naturaleza excepcional y extraordinarios para la ejecución de una solicitud, las Autoridades Aduaneras deberán consultarse para determinar los términos y condiciones de conformidad con los cuales dicha solicitud será ejecutada, así como la forma en que los costos deberán ser solventados.

El artículo 22 denominado “Aplicabilidad Territorial” establece que este Acuerdo será aplicable en el territorio de los Estados Unidos Mexicanos y en el territorio de la República de Filipinas.

El artículo 23 relativo a la “Solución de Controversias” establece que cualquier asunto derivado de la aplicación o interpretación de este Acuerdo deberá ser resuelto por mutuo consentimiento entre las Autoridades Aduaneras de las Partes Contratantes.

El artículo 24 denominado “Revisión” señala que las partes Contratantes deberán reunirse con la finalidad de revisar este Acuerdo a solicitud o al término de cinco años posteriores a la fecha de su entrada en vigor; a menos que hayan alcanzado el consenso de que dicha revisión no es necesaria y se lo notifiquen por escrito.

El artículo 25 relativo a la “Entrada en Vigor, Modificación y Terminación” establece quelas Partes Contratantes deberán notificarse, a través de intercambio de notas diplomáticas, que todos los procedimientos legales internos para la entrada en vigor de este Acuerdo han sido cumplidos. Este Acuerdo entrará en vigor treinta 30 días después de la fecha de recepción de la última notificación y podrá ser modificado por consentimiento mutuo entre las Partes Contratantes.

Este Acuerdo tendrá una vigencia indefinida, pero cualquiera de las Partes Contratantes podrá darlo por terminado en cualquier momento notificándolo por escrito, a través de la vía diplomática a la otra Parte Contratante. La terminación de este Acuerdo surtirá efecto tres meses después de la fecha de recepción de dicha notificación. La terminación de este Acuerdo no deberá afectar ninguna actividad de cooperación que se esté llevando a cabo con anterioridad a la fecha de terminación.

III.- CONSIDERACIONES

Las Comisiones dictaminadoras del Senado de la República están conscientes del papel que juegan las aduanas dentro del contexto de globalización y es prioritario para facilitar que la industria y los servicios nacionales puedan participar de manera efectiva en el mercado internacional, en condiciones similares a las de sus competidores.

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a través del Servicio de Administración Tributaria, elaboró el Plan de Modernización de Aduanas 2007-2012, en el que se establecen las herramientas articuladoras de los ejes de estado de derecho, seguridad y economía competitiva contemplados en el Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012.

En el Plan de Modernización se establecieron las líneas estratégicas de acción de la Administración General de Aduanas, en las que encontramos que, para fortalecer la seguridad es esencial establecer y optimizar los esquemas de intercambio de información y la estrecha colaboración con otras dependencias del gobierno, así como con las autoridades aduanales de otros países, para tener un comercio exterior seguro.

La Administración Central de Asuntos Internacionales solicitó a la Administración Central de Inteligencia Tributaria de Comercio Exterior, ambas del Servicio de Administración Tributaria, el valor total de las importaciones y exportaciones con Filipinas para el año inmediato anterior al que se pretendía iniciar la negociación del Acuerdo Aduanero, resultando las siguientes cifras:

Exportaciones de México

$608,122,074

Importaciones de México

$1,520,655,624

Derivado la relación comercial entre los Estados Unidos Mexicanos y la República de Filipinas, el intercambio de información para ambas autoridades aduaneras es de suma importancia para alcanzar diversos objetivos, entre los que se encuentra el mejorar la seguridad de la cadena logística del comercio exterior.

IV.- CONCLUSIONES

Con base en el análisis de la información y constancias remitidas por la Secretaría Gobernación, estas Comisiones dictaminadoras reconocen que el Acuerdo que nos ocupa satisface con las obligaciones y derechos que se consagran en ellas, conforme a la buena fe; reglas en las que se manifiesta un respeto a la soberanía nacional y a la seguridad de las relaciones internacionales, ajustándose a las normas imperativas del derecho internacional y desde luego, a las normas fundamentales de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Que estas Comisiones Dictaminadoras estiman que resulta importante que México fortalezca los esquemas de intercambio de información y estreche la colaboración con las autoridades aduaneras de los países con los que tenemos fuertes lazos económicos.

Por lo anteriormente expuesto las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores; Relaciones Exteriores, Asia-Pacífico, y de Hacienda y Crédito Público, someten a la consideración y aprobacióndel Honorable Pleno de la Cámara de Senadores el siguiente:

V.- DECRETO

La Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, en ejercicio de la facultad que le concede el artículo 76 fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Decreta:

ARTICULO UNICO.- El Senado de la República, aprueba el Acuerdo entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de la República de Filipinas sobre Asistencia Administrativa Mutua en Asuntos Aduaneros firmado en la ciudad de Manila, Filipinas, el treinta y uno de agosto de dos mil doce.

Sala de comisiones del Senado de la República, a 19 de diciembre de 2012”.

Este dictamen tuvo su primera lectura el 20 de diciembre de 2012. Debido a que dicho dictamen se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria de hoy, pido a la Secretaría que consulte a la Asamblea, en votación económica, si es de omitirse su lectura.

- La C. Secretaria Barrera Tapia: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se omite la lectura del dictamen. Quienes estén porque se omita, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se omita, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se omite la lectura, señor Presidente.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, señora Secretaria. En consecuencia, está a discusión dicho dictamen. No habiendo quien haga uso de la palabra, pido a la Secretaría que se hagan los avisos a que se refiere el artículo 58 de nuestro Reglamento para informar de la votación. Abrase el sistema electrónico de votación por tres minutos para recoger la votación nominal del proyecto de Decreto.



- La C. Secretaria Barrera Tapia: Señor Presidente, conforme al registro del sistema electrónico, se emitieron 90 votos en pro.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, señora Secretaria. En consecuencia, queda aprobado el Decreto que contiene el Acuerdo entre el gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el gobierno de la República de Filipinas sobre Asistencia Administrativa Mutua en Asuntos Aduaneros, firmado en la ciudad de Manila, Filipinas, el 31 de agosto de 2012. Remítase al Ejecutivo Federal para sus efectos constitucionales.

Pasamos a la segunda lectura de un dictamen de las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores; de Relaciones Exteriores, Asia-Pacífico; y de Hacienda y Crédito Público, con proyecto de Decreto por el que se aprueba el Acuerdo entre México y China sobre Asistencia Administrativa Mutua en Asuntos Aduaneros.





 

ACUERDO ENTRE EL GOBIERNO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y EL GOBIERNO DE LA REPUBLICA POPULAR CHINA SOBRE ASISTENCIA ADMINISTRATIVA MUTUA EN ASUNTOS ADUANEROS, FIRMADO EN LA CIUDAD DE BEIJING, EL 3 DE SEPTIEMBRE DE 2012

(Dictamen de segunda lectura)

“COMISIONES UNIDAS DE RELACIONES EXTERIORES;
RELACIONES EXTERIORES, ASIA-PACIFICO;
Y DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

H. ASAMBLEA:

Con fecha treinta de octubre de dos mil doce, a las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores; Relaciones Exteriores, Asia-Pacífico, y de Hacienda y Crédito Público, lesfue turnada para su estudio y elaboración del dictamen correspondiente, el Acuerdo entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de la República Popular China sobre Asistencia Administrativa Mutua en Asuntos Aduaneros, firmado en la ciudad de Beijing, el tres de septiembre de dos mil doce.

Las Comisiones dictaminadoras, en uso de las facultades que les confiere el artículo 76 fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; los artículos 4 y 5 de la Ley sobre la Celebración de Tratados; los artículos 3 y 9 de la Ley sobre Aprobación de Tratados Internacionales en Materia Económica; 85, 86 y 94 de la Ley Orgánica del Congreso General del los Estados Unidos Mexicanos, así como 182, 183, 186, 187, 188 y 190 del Reglamento del Senado de la República presentan a la consideración de los Senadores integrantes de esta Honorable Asamblea, las suscritas comisiones formulan el presente dictamen conforme a la siguiente:

METODOLOGIA

Para dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 190 del Reglamento del Senado de la República, las Comisiones Unidas presentan el siguiente dictamen en cinco apartados a saber:

I.- ANTECEDENTES. Se da constancia del inicio y desarrollo del proceso legislativo.

II.- DESCRIPCIÓN DEL INSTRUMENTO. Contiene de manera detallada el contenido propio del Acuerdo.

III.- CONSIDERACIONES. Expresa los motivos y fundamentos que sustentan la resolución de las Comisiones Dictaminadoras.

IV.- CONCLUSIONES y

V.- DECRETO

I.- ANTECEDENTES

1.- El Acuerdo entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de la República Popular China sobre Asistencia Administrativa Mutua en Asuntos Aduaneros,fue firmado en la ciudad de Beijing, el tres de septiembre de dos mil doce.

2.- Mediante oficio número SEL/300/405/12, de fecha veintinueve de octubre de dos mil doce, laSubsecretaria de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación, envió a los CC. Secretarios de la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión, copias certificadas del Convenio de referencia.

3.- En sesión ordinaria del treinta de octubre de dos mil doce, mediante oficios DGPL-1P1A.-1345, DGPL-1P1A.-1346 y DGPL-1P1A.-1347 la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores turnó el instrumento internacional en comento a las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores; de Relaciones Exteriores, Asia-Pacífico, y de Hacienda y Crédito Público, para su análisis y elaboración del dictamen correspondiente.

II.- DESCRIPCION DEL INSTRUMENTO

El Acuerdo entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de la República Popular China sobre Asistencia Administrativa Mutua en Asuntos Aduaneros, está conformado por veinticinco artículos y un anexo, y contiene diversas medidas para proteger la seguridad de la cadena logística de comercio internacional; facilitar la cooperación entre las autoridades aduaneras para combatir las infracciones aduaneras, de conformidad con procedimientos legales mutuamente convenidos; e intercambia información sobre violaciones a los derechos de propiedad intelectual que hayan sido detectados como resultado del ejercicio de las facultades de las autoridades aduaneras; y la posibilidad de verificar la veracidad de una declaración de importación o exportación de mercancías, así como la determinación de impuestos aduaneros, entre otros objetivos.

El Acuerdo contiene los siguientes Capítulos:

Capítulo I. Disposiciones generales.

Capítulo II. Procedimientos generales de asistencia.

Capítulo III. Información.

Capítulo IV. Asistencia especial.

Capítulo V. Uso, confidencialidad y protección de la información.

Capítulo VI. Excepciones y costos.

Capítulo VII. Disposiciones finales.

El artículo 1 denominado “Definiciones”, establece lo que se entenderá por “Autoridad Aduanera”, “impuestos aduaneros”, “legislación aduanera”, “infracción aduanera”, “información”, “cadena logística de comercio internacional”, “funcionario”, “persona”, “datos personales”, “autoridad aduanera requirente”, “autoridad aduanera requerida” y “territorio”.

El artículo 2 relativo al “Alcance del Acuerdo”, señala que las partes contratantes a través de sus autoridades aduaneras, deberán proporcionarse asistencia mutua de acuerdo a las disposiciones del Acuerdo, a fin de prevenir, investigar y reprimir las infracciones aduaneras, así como para proteger la seguridad de la cadena logística de comercio internacional.

La asistencia deberá ser brindada por la parte contratante, por iniciativa propia o previa solicitud, con la finalidad de determinar los impuestos aduaneros y otras contribuciones o cargos relacionados con la Legislación Aduanera, con el propósito de aplicar controles que sean competencia de la autoridad aduanera.

Por otra parte, cualquier acción llevada a cabo en el marco del Acuerdo, por alguna de las partes contratantes, deberá llevarse a cabo de conformidad con la legislación nacional y las disposiciones administrativas de cada parte.

Asimismo, señala el citado artículo que ninguna disposición contenida en el Acuerdo podrá ser interpretada de tal manera que restrinja algún acuerdo o práctica de asistencia mutua y cooperación que se encuentre en vigor entre las partes contratantes.

Es importante señalar que la asistencia brindada en el marco del Acuerdo, no incluye la solicitud para arrestar a alguna persona o el cobro de impuestos aduaneros, cargos, multas o cualquier otra cantidad determinada por la autoridad aduanera de alguna de las partes.

El artículo 3 denominado “Forma y contenido de las solicitudes de asistencia”, señala que estas deberán ser comunicadas directamente entre las autoridades aduaneras y podrán ser presentadas por escrito o electrónicamente, a menos que por el carácter de la situación se requiera que esta se haga de manera verbal.

El citado artículo señala la información que deberá incluir la solicitud.

El artículo 4 denominado “Asistencia espontánea”, señala que cualquiera de las partes puede proporcionar asistencia por iniciativa propia en aquellos casos que pudieran presentar daño substancial a la economía, salud pública, seguridad pública, entre otros.

El artículo 5 relativo a la “Comunicación de la información”, señala que las autoridades aduaneras deberán por iniciativa propia o previa solicitud, proporcionarse toda la información que ayude a asegurar la correcta aplicación en los siguientes rubros:

a. La recaudación de impuestos aduaneros por las autoridades aduaneras y, en particular, la información que pueda ayudar a determinar el valor de las mercancías para propósitos aduaneros y establecer su clasificación arancelaria.

b. La implementación de prohibiciones, restricciones y otros controles relacionados con la importación, exportación, turismo, mercancías y otros regímenes aduaneros.

c. La verificación del país de origen de las mercancías.

La información relacionada con derechos de propiedad intelectual, incluyendo derechos de autor, marcas registradas y patentes que estén protegidos por las partes, deberá ser usada únicamente para conocer los métodos y patrones utilizados en las operaciones de comercio exterior con la intención de transgredir tales derechos, y poder implementar acciones y medidas preventivas aduaneras.

El artículo 6 denominado “Información especial”, señala que las autoridades aduaneras deberán informarse si los bienes importados al territorio de una de las partes han sido legalmente exportados desde el territorio de la otra parte y si los bienes exportados desde el territorio de una parte han sido legalmente importados al territorio de la otra parte.

El artículo 7 llamado “Información para la aplicación de la legislación aduanera”, señala que las autoridades aduaneras deberán proporcionarse información que ayude a asegurar la correcta aplicación de la legislación aduanera para prevenir, investigar y combatir las infracciones aduaneras, así como para asegurar la cadena logística de comercio internacional, el citado artículo señala qué tipo de información podrá incluir.

El artículo 8 relativo al “Intercambio de información aduanera”, establece que la información que haya sido procesada mediante análisis de riesgo y que pudiera resultar en algún tipo de alerta, deberá ser remitida y compartida entre las partes contratantes.

El artículo 9 que se refiere a la “Información relacionada con infracciones aduaneras”, señala que deberá proporcionarse información sobre actividades planeadas, en curso o consumadas que otorguen bases suficientes para creer que una infracción ha sido o será cometida en el territorio de la otra parte.

El artículo 10 que se refiere a la “Información para la determinación de impuestos aduaneros”, señala que previa solicitud, la autoridad aduanera deberá proporcionar información para asistir a la autoridad aduanera que lo requiera, y que tenga razones para dudar de la veracidad o la certeza de una declaración de mercancías, con la finalidad de apoyar la correcta aplicación de la legislación en la materia.

El artículo 11 hace referencia al “Intercambio automático y avanzado de información”, y a que las partes podrán intercambiar cualquier información a través de medios electrónicos.

El artículo 12 denominado “Intercambio sistemático de información”, señala que las autoridades aduaneras deberán intercambiar información de manera sistemática en el momento oportuno, a través del intercambio constante de los datos contenidos en Ios campos sugeridos por la Organización Mundial de Aduanas.

El artículo 13 referente al “Conducto de la asistencia”, señala que la asistencia deberá llevarse a cabo mediante la comunicación directa entre los funcionarios designados por los titulares de las autoridades aduaneras.

El artículo 14 que regula lo relativo a los “Expedientes, documentos y otros materiales”, señala que la autoridad aduanera requerida podrá proporcionar tales elementos a través de medios electrónicos.

El artículo 15 denominado “Vigilancia de mercancías y medios de transporte”, señala que la autoridad aduanera requerida, previa solicitud y de conformidad con su legislación nacional, deberá proporcionar a la autoridad aduanera requirente, información sobre:

a) Mercancías en transporte o en almacenaje que hayan sido utilizadas o se sospeche que lo hayan sido, para cometer infracciones aduaneras en el territorio de la autoridad aduanera requirente.

b) Medios de transporte que hayan sido utilizados o se sospeche que lo hayan sido para cometer una infracción Aduanera en el territorio de la autoridad aduanera requirente.

c) Instalaciones en el territorio de la autoridad aduanera requerida identificadas pro haber sido utilizadas o se sospeche que lo hayan sido para cometer una infracción aduanera en el territorio de la autoridad aduanera requirente

El artículo 16 relativo a la “Presencia de funcionarios en el territorio de la otra parte contratante”, señala que funcionarios especialmente designados por la autoridad aduanera requirente podrán, previa solicitud y con autorización de la autoridad aduanera requerida y sujetos a las condiciones que esta última pueda imponer, con la finalidad de investigar una infracción aduanera, estar presentes durante la investigación llevada a cabo por la autoridad aduanera requerida en su territorio, cuando sea relevante para la parte requirente y únicamente con papel consultivo.

El artículo 17 denominado “Arreglos para la visita de funcionarios”, señala que cuando los funcionarios de una parte estén presentes en el territorio de la otra parte, deberán ser capaces de acreditar en un idioma aceptable su identificación oficial y puesto otorgado por su autoridad aduanera, además, serán responsables de cualquier infracción que puedan cometer y gozarán de la misma protección otorgada a sus funcionarios.

El artículo 18 que regula el “Uso de la información”, señala que tanto la misma, como de documentos obtenidos en el marco del Acuerdo, deberán ser utilizados exclusivamente por las autoridades aduaneras de las partes contratantes y únicamente con el propósito de asistencia administrativa; además, dicha información no será utilizada como prueba en procedimientos judiciales o administrativos, ni podrá ser transferida a otras autoridades.

El artículo 19 denominado de la “Confidencialidad y protección de la información”, señala que:

a) Cualquier información comunicada en el marco del Acuerdo deberá ser tratada como confidencial y gozará, de la misma protección y confidencialidad que se otorgue a dicha información de conformidad con las disposiciones legales y administrativas nacionales de la parte contratante que la recibe.

b) Las autoridades aduaneras deberán informarse sobre cualquier modificación a sus respectivas leyes en materia de protección de datos que se realice con posterioridad a la entrada en vigor del Acuerdo.

c) Cualquier información recibida bajo la vigencia del Acuerdo, deberá ser utilizada únicamente por las autoridades aduaneras de las partes contratantes.

El artículo 20 señala las “Excepciones para proporcionar la asistencia” en los casos en que la autoridad aduanera requerida considere que el cumplimiento de alguna solicitud pudiera afectar su soberanía, seguridad, políticas públicas u otro interés nacional sustantivo, o perjudicar cualquier interés legítimo comercial o profesional, o entre en conflicto con su legislación nacional, la asistencia podrá negarse o sujetarse al cumplimiento de ciertas condiciones o requisitos.

En los casos en que la autoridad aduanera requirente realice una solicitud que ella misma no podría cumplir, esta deberá indicar tal circunstancia en su solicitud. El cumplimiento de dicha solicitud estará sujeto a la discrecionalidad de la autoridad aduanera requerida.

La autoridad aduanera requerida podrá posponer la asistencia en caso de que esta pudiera interferir con alguna investigación, juicio o procedimiento en curso. En tal caso, la autoridad aduanera requerida deberá consultar con la autoridad aduanera requirente para determinar si la asistencia puede ser proporcionada de conformidad con los términos y condiciones que la autoridad aduanera requerida establezca.

Cuando la asistencia sea negada o pospuesta, la autoridad aduanera requirente deberá ser notificada sin demora, dando a conocer las razones por las cuales se negó o pospuso dicha asistencia.

El artículo 21 denominado “Costos”, señala que las autoridades aduaneras deberán renunciar a cualquier reclamo de reembolso de los costos incurridos en la ejecución del Acuerdo, excepto por los gastos pagados a expertos.

En caso de que sea necesario realizar gastos extraordinarios para la ejecución de una solicitud, las autoridades aduaneras deberán consultarse para determinar los términos y condiciones bajo los cuales dicha solicitud será ejecutada, así como la forma en que los costos deberán ser solventados.

El artículo 22 que se refiere a la “Aplicabilidad territorial”, señala que el Acuerdo será aplicable en el territorio de los Estados Unidos Mexicanos y en la República Popular China.

El artículo 23 denominado “Solución de controversias”, señala que cualquier asunto que surja de la aplicación o interpretación del Acuerdo deberá ser resuelto de común acuerdo entre las autoridades aduaneras de las partes contratantes.

El artículo 24 regula la “Revisión” y señala que las partes contratantes deberán reunirse con la finalidad de revisar el Acuerdo a petición o al término de cinco años posteriores a la entrada en vigor, a menos que se haya alcanzado el consenso de que dicha revisión no es necesaria.

El artículo 25 que establece la “Entrada en vigor, modificación y terminación”, señala que:

a) Las partes contratantes deberán notificarse, a través del intercambio de notas diplomáticas, que todos los procedimientos legales internos para la entrada en vigor del Acuerdo han sido cumplidos y que el Acuerdo entrará en vigor treinta días después de la fecha de recepción de la última notificación.

b) El Acuerdo podrá ser modificado por consentimiento mutuo entre las partes contratantes.

c) El Acuerdo tendrá una vigencia indefinida, pero cualquiera de las partes contratantes podrá darlo por terminado en cualquier momento notificándolo por escrito, a través de la vía diplomática a la otra parte contratante. Asimismo, la terminación del Acuerdo surtirá efecto tres meses después de la fecha de recepción de la notificación, sin que ello afecte ninguna actividad de cooperación que se esté llevando a cabo con anterioridad a la fecha de terminación.

Por su parte, el Anexo al Acuerdo entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de la República Popular China sobre Asistencia Administrativa Mutua en Asuntos Aduaneros, establece los campos sugeridos por la Organización Mundial de Aduanas, que tal como establece el artículo 12, deberán ser intercambiados entre las partes.

III.- CONSIDERACIONES

El Senado de la República es consciente de que el papel que juegan las aduanas dentro del contexto de globalización es prioritario para facilitar que la industria y los servicios nacionales puedan participar de manera efectiva en el mercado internacional, en condiciones similares a las de sus competidores.

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a través del Servicio de Administración Tributaria, elaboró el Plan de Modernización de Aduanas 2007 - 2012, en el que se establecen las herramientas articuladoras de los ejes de estado de derecho, seguridad y economía competitiva contemplados en el Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012.

En el Plan de Modernización se establecieron las líneas estratégicas de acción de la Administración General de Aduanas, en las que encontramos que, para fortalecer la seguridad es esencial establecer y optimizar los esquemas de intercambio de información y la estrecha colaboración con otras dependencias del gobierno, así como con las autoridades aduanales de otros países, para tener un comercio exterior seguro.

Según los datos de la Subsecretaría de Comercio Exterior de la Secretaría de Economía, el valor total acumulado de las importaciones y exportaciones con China para el 2011, tiene como resultado las siguientes cifras:

Exportaciones de México a China

$5,965.1*

Importaciones de China a México

$52,248.0*

*Valor en millones de dólares norteamericanos.

Por lo que, como consecuencia de la importante relación comercial existente entre los Estados Unidos Mexicanos y la República Popular China, el intercambio de información para ambas autoridades aduaneras es de suma importancia para alcanzar diversos objetivos, entre los que se encuentra el combatir ilícitos aduaneros y el mejorar la seguridad de la cadena logística del comercio exterior.

En el año 2000, inició el intercambio de comunicaciones a efecto de abordar la negociación de un Acuerdo de Cooperación y Asistencia Mutua en Materia Aduanera, con el propósito de complementar y hacer más eficaz la cooperación, ampliando de esta manera las bases legales que reforzarán la colaboración entre las Autoridades Aduaneras de ambos países.

Como resultado de varios años de negociaciones que se mantuvieron con las Autoridades Aduaneras del Gobierno de China, en el marco de la V Reunión del Grupo de Alto Nivel México – China, llevada a cabo el tres y cuatro de marzo de dos mil once, en la Ciudad de México, se logró elpresente Acuerdo Aduanero.

IV.- CONCLUSIONES

Debido al significativo intercambio de mercancías que México tiene con China y su relevante relación comercial, la Administración General de Aduanas refuerza su compromiso con los sectores productivos nacionales a través del presente Acuerdo Aduanero, para que a través del intercambio de información y la asistencia mutua con las Autoridades Aduaneras chinas, se puedan combatir de manera más eficaz diversos ilícitos aduaneros como el contrabando, la subvaluación y la triangulación de mercancías.

Asimismo, debido a la eliminación total de las medidas de transición temporal aplicables a partir del 11 de diciembre de 2011 a la importación de mercancías originarias de China, se dejó de salvaguardar a la industria mexicana de importaciones en desigualdad de condiciones con el referido país asiático.

Las Comisiones dictaminadoras, consideramos de suma trascendencia que México fortalezca los esquemas de intercambio de información y estreche la colaboración con las autoridades aduaneras de los países con los que tenemos fuertes lazos económicos.

Por lo anteriormente expuesto las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, Relaciones Exteriores Asia-Pacífico, y de Hacienda y Crédito Público, someten a la consideración y aprobacióndel Honorable Pleno de la Cámara de Senadores el siguiente:

V.- DECRETO

La Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, en ejercicio de la facultad que le concedeel artículo 76 fracción I de la ConstituciónPolítica de los Estados Unidos Mexicanos, decreta:

ARTICULO UNICO.- El Senado de la República, aprueba el Acuerdo entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de la República Popular China sobre Asistencia Administrativa Mutua en Asuntos Aduaneros, firmado en la ciudad de Beijing, el tres de septiembre de dos mil doce.

Sala de comisiones del Senado de la República, a 19 de diciembre de 2012.

COMISION DE RELACIONES EXTERIORES;

COMISION DE RELACIONES EXTERIORES, ASIA-PACIFICO;

COMISION DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO”.

Informo a ustedes que este dictamen fue presentado para su primera lectura el 20 de diciembre de 2012. Debido a que el mismo se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria de hoy, pido a la Secretaría que consulte a la Asamblea, en votación económica, si es de omitirse su lectura.

- La C. Secretaria Merodio Reza: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se omite la lectura del dictamen. Quienes estén porque se omita, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se omita, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se omite la lectura, señor Presidente.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, señora Secretaria. En consecuencia, está a discusión dicho dictamen. No habiendo quien haga uso de la palabra, pido a la Secretaría que se hagan los avisos a que se refiere el artículo 58 de nuestro Reglamento para informar de la votación. Abrase el sistema electrónico por tres minutos para recoger la votación nominal del proyecto de Decreto.



- La C. Secretaria Merodio Reza: Señor Presidente, conforme en el registro en el sistema electrónico, se emitieron 90 votos en pro y cero en contra.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, señora Secretaria. En consecuencia, queda aprobado el Decreto que contiene el Acuerdo entre el gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el gobierno de la República Popular China sobre Asistencia Administrativa Mutua en Asuntos Aduaneros, firmado en la ciudad de Beijing, el 3 de septiembre de 2012. Remítase al Ejecutivo Federal para sus efectos constitucionales.

Tenemos la segunda lectura de un dictamen de las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, América Latina y El Caribe; y de Educación, con proyecto de Decreto por el que se aprueba el Convenio de Cooperación en los Campos de la Educación, la Cultura, la Juventud, la Cultura Física y el Deporte entre México y Cuba.




 

CONVENIO DE COOPERACION EN LOS CAMPOS DE LA EDUCACION, LA CULTURA, LA JUVENTUD, LA CULTURA FISICA Y EL DEPORTE ENTRE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y LA REPUBLICA DE CUBA, FIRMADO EN LA CIUDAD DE LA HABANA, CUBA, EL 10 DE ABRIL DE 2012

(Dictamen de segunda lectura)



Informo a ustedes que este dictamen fue presentado para su primera lectura el 20 de diciembre de 2012. Debido a que el mismo se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria de hoy, pido a la Secretaría que consulte a la Asamblea, en votación económica, si es de omitirse su lectura.

- La C. Secretaria Barrera Tapia: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se omite la lectura del dictamen. Quienes estén porque se omita, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se omita, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se omite la lectura, señor Presidente.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, señora Secretaria. En consecuencia, está a discusión el presente dictamen. No habiendo quien haga uso de la palabra, pido a la Secretaría que se hagan los avisos a que se refiere el artículo 58 de nuestro Reglamento para informar de la votación. Abrase el sistema electrónico de votación por tres minutos para recoger la votación nominal del proyecto de Decreto.



- La C. Secretaria Barrera Tapia: Señor Presidente, conforme al registro en el sistema electrónico, se emitieron 98 votos en pro, cero en contra y 1 abstención.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Muchas gracias, señora Secretaria. En consecuencia, queda aprobado el Decreto que contiene el Convenio de Cooperación en los Campos de la Educación, la Cultura, la Juventud, la Cultura Física y el Deporte entre los Estados Unidos Mexicanos y la República de Cuba, firmado en la ciudad de La Habana, Cuba, el 10 de abril de 2012. Remítase al Ejecutivo Federal para los efectos constitucionales.

Tenemos la segunda lectura de un dictamen de las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público; y de Estudios Legislativos, Segunda, con proyecto de Decreto que establece las características de una moneda conmemorativa del 150 Aniversario del Natalicio y el Centenario, Aniversario Luctuoso de Belisario Domínguez Palencia.





 

PROYECTO DE DECRETO QUE ESTABLECE LAS CARACTERISTICAS DE UNA MONEDA CONMEMORATIVA DEL 150 ANIVERSARIO DEL NATALICIO Y EL CENTENARIO ANIVERSARIO LUCTUOSO DE BELISARIO DOMINGUEZ PALENCIA

(Dictamen de segunda lectura)



Informo a la Asamblea que este dictamen fue presentado para su primera lectura el 20 de diciembre de 2012. Debido a que el mismo se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria de hoy, pido a la Secretaría que consulte a la Asamblea, en votación económica, si se omite su lectura.

- La C. Secretaria Barrera Tapia: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se omite la lectura del dictamen. Quienes estén porque se omita, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se omita, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se omite la lectura, señor Presidente.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, señora Secretaria. En consecuencia, está a discusión dicho dictamen. No habiendo quien haga uso de la palabra, pido a la Secretaría que se hagan los avisos a que se refiere el artículo 58 de nuestro Reglamento para informar de la votación. Abrase el sistema electrónico de votación por tres minutos para recoger la votación nominal del proyecto de Decreto.

Agradecemos la presencia de 30 alumnos de la nueva generación de Acción Nacional que se encuentra aquí a invitación del Senador Presidente, Ernesto Cordero, gracias por su presencia.

(Aplausos)



- La C. Secretaria Barrera Tapia: Señor Presidente, conforme al registro en el sistema electrónico, se emitieron 92 votos en pro.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, señora Secretaria. En consecuencia, queda aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de Decreto que establece las características de una moneda conmemorativa del 150 Aniversario del Natalicio y Centenario Aniversario Luctuoso de Belisario Domínguez Palencia. Remítase a la Cámara de Diputados para los efectos del artículo 72 constitucional.

Tenemos la segunda lectura de cuatro dictámenes de la Comisión de Gobernación, con proyectos de Decreto que conceden permisos para prestar servicios en representaciones diplomáticas en México, para aceptar y desempeñar los cargos de cónsules honorarios y para aceptar y usar condecoraciones que otorgan gobiernos extranjeros.





 

PERMISOS PARA PRESTAR SERVICIOS, PARA ACEPTAR Y DESEMPEÑAR LOS CARGOS DE CONSULES HONORARIOS Y PARA ACEPTAR Y USAR CONDECORACIONES

(Dictámenes de segunda lectura)



Debido a que dichos dictámenes se encuentran publicados en la Gaceta Parlamentaria del día de hoy, pido a la Secretaría que consulte a la Asamblea, en votación económica, si se omite su lectura.

- La C. Secretaria Barrera Tapia: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se omite la lectura de los cuatro dictámenes de la Comisión de Gobernación. Quienes estén porque se omita, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se omita, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se omite la lectura, señor Presidente.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, señora Secretaria. En consecuencia, están a discusión dichos dictámenes. No habiendo quien haga uso de la palabra, pido a la Secretaría que haga los avisos a que se refiere el artículo 58 de nuestro Reglamento para informar de la votación. Abrase el sistema electrónico de votación por tres minutos para recoger la votación nominal del proyecto de Decreto de cada uno de estos dictámenes.



- La C. Secretaria Barrera Tapia: Señor Presidente, conforme al registro en el sistema electrónico, se emitieron 90 votos en pro y cero en contra.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, señora Secretaria. En consecuencia, están aprobados los Decretos que conceden permisos para prestar servicios en representaciones diplomáticas en México y para aceptar y desempeñar los cargos de cónsules honorarios. Se remiten al Ejecutivo Federal para sus efectos constitucionales.

Asimismo, está aprobado el proyecto de Decreto que concede permisos para aceptar y usar condecoraciones que otorgan gobiernos extranjeros. Remítase a la Cámara de Diputados para sus efectos constitucionales.

Pasamos la discusión de un dictamen de la Comisión Para la Igualdad de Género, con punto de Acuerdo que exhorta a fortalecer la perspectiva de género en la integración del Registro Federal de Electores.

Solicito a la Secretaría dé lectura al dictamen.





 

COMISION PARA LA IGUALDAD DE GENERO

(Dictamen a discusión)

- La C. Secretaria Barrera Tapia: (Leyendo)



Es todo, señor Presidente.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, pido a la Secretaría que consulte a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse dicho punto de Acuerdo.

- La C. Secretaria Barrera Tapia: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el anterior Acuerdo. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque se rechace, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Es aprobado, señor Presidente.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, señora Secretaría. Aprobado. Comuníquese.

A continuación, se le concede el uso de la palabra a la Senadora Hilda Esthela Flores Escalera, a nombre propio y de la Senadora Angélica del Rosario Araujo Lara, del grupo parlamentario del PRI, para presentar un punto de Acuerdo que exhorta a los congresos locales y a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal a diseñar y fortalecer los marcos jurídicos correspondientes que tengan como objetivo prevenir y eliminar la discriminación.





 

PROPUESTAS

- La C. Senadora Hilda Esthela Flores Escalera: Muy buenas tardes, Senadoras y Senadores:

Quiero compartirles que este punto de Acuerdo, además de la compañera Senadora Angélica Araujo, se suman y lo suscriben la Senadora Diva Gastélum, Margarita Flores, Ivonne Alvarez, Mely Romero, Claudia Pavlovich e Itzel Ríos.

"La discriminación niega el ejercicio igualitario de libertades, derechos y oportunidades a cualquier persona; la excluye y la pone en desventaja para desarrollar de forma plena su vida; la coloca, además, en una situación de vulnerabilidad. Esa desventaja sistemática, injusta e inmerecida, provoca que quienes la padecen sean cada vez más susceptibles a ver violados sus derechos en el futuro". Esto lo dice el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, CONAPRED.

En el año de 2003, con la publicación en el Diario Oficial de la Federación de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, el Estado mexicano comenzó legislativamente su camino hacia el reconocimiento y fomento del derecho a la no discriminación en todos los ámbitos y esferas de la vida.

Sin embargo, al día de hoy seguimos en pleno camino hacia ese reconocimiento con el fortalecimiento y creación de los marcos normativos que doten a las autoridades de los mecanismos para trabajar en la eliminación de la discriminación y contribuyan en el cambio de cultura que permita que todos nos veamos como iguales, pues en la actualidad y a nuestro pesar, el trato desigual continúa siendo una constante.

Prueba de ello, es el resultado de la Segunda Encuesta Nacional sobre Discriminación en México 2010, la ENADIS 2010, en donde se muestran las percepciones de la población en general respecto de la discriminación, así como en particular la de los siguientes grupos considerados como vulnerables en la Encuesta: niñas y niños, mujeres, jóvenes, personas adultas mayores, personas con discapacidad, diversidad sexual, minorías étnicas, minorías religiosas, personas migrantes y personas trabajadoras del hogar.

Asimismo, el Reporte sobre la Discriminación en México 2012 deja de manifiesto la gran cantidad de trabajo que falta por hacer y la importancia de que los tres órdenes de gobierno hagamos lo que nos corresponde para contar con las herramientas legales y programáticas que contribuyan a la erradicación de la discriminación en México.

Como se lee, en materia de no discriminación el Estado mexicano tiene muchos pendientes, principalmente en el área normativa, en donde de acuerdo a un estudio del CONAPRED nos encontramos con que no todas las entidades federativas han homologado su legislación en la materia e inclusive hay algunas que no cuentan con ley o disposición alguna.

Así, se tiene cuenta que a nivel estatal existen 15 cláusulas antidiscriminatorias constitucionales, 19 leyes antidiscriminatorias y se tipifica la discriminación en 14 Códigos Penales y en una ley en materia de personas indígenas, además de que como consecuencia de esta falta de ordenamientos a nivel local o de una legislación adecuada en la materia, hay entidades federativas que no cuentan con un organismo en la materia que coordine los esfuerzos y diseñe las estrategias antidiscriminatorias a nivel estatal.

Por todo ello, compañeras y compañeros, es necesario exhortar a los congresos locales, para que elaboren o fortalezcan los marcos jurídicos correspondientes en materia de prevención y eliminación de la discriminación, que contemple la creación de organismos especializados en la materia, en plena sintonía con el artículo 1o. constitucional y con la obligación que tenemos todos los legisladores de dotar a las autoridades y a los ciudadanos de las herramientas jurídicas idóneas para el respeto y disfrute íntegro de sus derechos.

Por lo anteriormente descrito y a nombre de mis compañeras Senadoras a quienes ya enuncié, y que por cierto incluyo también a la Senadora Lilia Merodio, los invitamos a que se sumen a este punto de Acuerdo que tiene como objetivo exhortar respetuosamente a los congresos locales y a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal para que fortalezcan y, en su caso, expidan el marco jurídico que tenga como objetivo prevenir y eliminar la discriminación, así como a las entidades federativas que no han modernizado sus mecanismos para prevenir y eliminar la discriminación, para que actualicen sus políticas públicas a través de la innovación de estrategias y creación de organismos en la materia.

Estimados legisladores, esperamos contar con su respaldo.

Muchísimas gracias, señor Presidente.

Propuesta

PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LOS CONGRESOS LOCALES Y A LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL A DISEÑAR Y FORTALECER LOS MARCOS JURIDICOS CORRESPONDIENTES QUE TENGAN COMO OBJETIVO PREVENIR Y ELIMINAR LA DISCRIMINACION, ASI COMO LA CREACION DE UN ORGANISMO EN LA MATERIA

“SEN. ERNESTO JAVIER CORDERO ARROYO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
CAMARA DE SENADORES
PRESENTE.

HILDA ESTHELA FLORES ESCALERA y ANGELICA DEL ROSARIO ARAUJO LARA, Senadoras de la República de la LXII Legislatura al Congreso de la Unión e integrantes del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto en el numeral 1, fracción II, del artículo 8, 276 y demás aplicables del Reglamento del Senado de la República, presentamos ante esta Soberanía, una proposición con punto de Acuerdo al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

“La discriminación niega el ejercicio igualitario de libertades, derechos y oportunidades a cualquier persona; la excluye y la pone en desventaja para desarrollar de forma plena su vida; la coloca, además, en una situación de alta vulnerabilidad. Esa desventaja sistemática, injusta e inmerecida, provoca que quienes la padecen sean cada vez más susceptibles a ver violados sus derechos en el futuro”1.

En el año de 2003, con la publicación en el Diario Oficial de la Federación de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, el Estado Mexicano comenzó legislativamente su camino hacia el reconocimiento y fomento del derecho a la “no discriminación” en todos los ámbitos y esferas de la vida.

Sin embargo, al día de hoy seguimos en pleno camino hacia ese reconocimiento con el fortalecimiento y creación de los marcos normativos que doten a las autoridades de los mecanismos para trabajar en la eliminación de la discriminación  y contribuyan en el cambio de cultura que permita que todos nos veamos como iguales, pues en la actualidad y a nuestro pesar, el trato desigual continúa siendo una constante.

Prueba de ello, es el resultado de la Segunda Encuesta Nacional sobre Discriminación en México 2010 (ENADIS 2010) en donde se muestran las percepciones de la población en general respecto de la discriminación, así como en particular la de los siguientes grupos considerados como vulnerables en la Encuesta: niñas y niños, mujeres, jóvenes, personas adultas mayores, personas con discapacidad, diversidad sexual, minorías étnicas, minorías religiosas, personas migrantes y personas trabajadoras del hogar.

Al respecto, datos arrojados de la encuesta realizada, señalan

• En cuanto a niñas y niños, 25 por ciento dijeron que en su casa los han golpeado.

• El 30 por ciento de las mujeres señalaron que piden permiso para votar.

• El 30 por ciento de los jóvenes consideran que la apariencia o la inexperiencia son los motivos por los que no fueron aceptados en un trabajo.

• El 40 por ciento de las personas adultas mayores piensan que la principal problemática es la dificultad de encontrar trabajo.

• Las personas con discapacidad señalan que sus principales problemas radican en el desempleo, la discriminación y el no ser autosuficientes.

• Las minorías étnicas mencionan como su principal problemática la discriminación, seguido de la pobreza y el desempleo.

• El 60 por ciento de las personas migrantes consideran que se respetan poco sus derechos en México.

Asimismo, el Reporte sobre la Discriminación en México 20122 deja de manifiesto la gran cantidad de trabajo que falta por hacer y la importancia de que los tres órdenes de gobierno hagamos lo que nos corresponde para contar con las herramientas legales y programáticas que contribuyan a la erradicación de la discriminación en México.

Dicho Reporte, señala entre otros, lo siguiente:

Materia Civil:

• Para beneficio de la población indígena y para efectos de ejercer sus derechos debería propiciarse que las oficinas del Registro Civil se acerquen a las poblaciones más alejadas. 

• Los juzgados civiles tendrían que beneficiarse de una legislación que les obligue a simplificar y agilizar los procedimientos de corrección y rectificación de datos, tanto en el registro como en la expedición de las actas de nacimiento. 

Materia Penal:

• Transitar hacia un modelo de respeto de derechos humanos de las personas en reclusión.

• Establecer controles estrictos de actuación del personal del sistema penitenciario y sancionar con severidad las conductas de extorsión hacia las personas privadas de su libertad.

• Establecer protocolos de actuación y capacitar a los ministerios públicos en caso de denuncias de violencia contra las mujeres.

Salud y Alimentación:

• Habría de promoverse un sistema de salud con capacidades suficientes, y sobre todo con especialización adecuada, para atender a la creciente población adulta mayor.

• La política de salud debe brindar a los niños y niñas con discapacidad, en condiciones que aseguren su dignidad, los servicios de salud necesarios por parte del Estado, de manera gratuita de ser posible.

• Establecer una política que mejore la distribución, el acceso y la adecuación de nutrientes para los distintos grupos étnicos.

Trabajo:

• Impulsar la ampliación de programas de regularización gradual de las personas que trabajan 

• Diseño, promoción y desarrollo de disposiciones legales, programas y servicios que apoyen las actividades de trabajo extradoméstico de las mujeres y hombres.

• Es necesario crear mecanismos de seguimiento y evaluación de las políticas antidiscriminatorias, así como índices de eficacia o cumplimiento de las leyes antidiscriminatorias.

Como se lee, en materia de no discriminación el Estado Mexicano tiene muchos pendientes, principalmente en el área normativa en donde de acuerdo a un estudio del CONAPRED nos encontramos con que no todas las entidades federativas han homologados su legislación en la materia e inclusive hay algunas que no cuentan con ley o disposición alguna en la materia, de acuerdo a lo siguiente:

Estados en los que se cuenta con cláusula antidiscriminatoria constitucional, ley antidiscriminatoria y tipificación del delito de discriminación3

1. Aguascalientes:
Cláusula constitucional antidiscriminatoria: no
Ley estatal antidiscriminatoria: si
Tipificación del delito de discriminación: si

2. Baja California
Cláusula constitucional antidiscriminatoria: no
Ley estatal antidiscriminatoria: no
Tipificación del delito de discriminación: no

3. Baja California Sur
Cláusula constitucional antidiscriminatoria: si
Ley estatal antidiscriminatoria: si
Tipificación del delito de discriminación: si

4. Campeche
Cláusula constitucional antidiscriminatoria: no
Ley estatal antidiscriminatoria: si
Tipificación del delito de discriminación: si

5. Coahuila
Cláusula constitucional antidiscriminatoria: si
Ley estatal antidiscriminatoria: si
Tipificación del delito de discriminación: si

6. Colima
Cláusula constitucional antidiscriminatoria: no
Ley estatal antidiscriminatoria: si
Tipificación del delito de discriminación: si

7. Chiapas
Cláusula constitucional antidiscriminatoria: si
Ley estatal antidiscriminatoria: si
Tipificación del delito de discriminación: si

8. Chihuahua
Cláusula constitucional antidiscriminatoria: si
Ley estatal antidiscriminatoria: si
Tipificación del delito de discriminación: no

9. Distrito Federal
Cláusula constitucional antidiscriminatoria: no
Ley estatal antidiscriminatoria: si
Tipificación del delito de discriminación: si

10. Durango
Cláusula constitucional antidiscriminatoria: si
Ley estatal antidiscriminatoria: si
Tipificación del delito de discriminación: si

11. Estado de México
Cláusula constitucional antidiscriminatoria: si
Ley estatal antidiscriminatoria: si
Tipificación del delito de discriminación: si

12. Guanajuato
Cláusula constitucional antidiscriminatoria: si
Ley estatal antidiscriminatoria: no
Tipificación del delito de discriminación: no

13. Guerrero
Cláusula constitucional antidiscriminatoria: no
Ley estatal antidiscriminatoria: si
Tipificación del delito de discriminación: no

14. Hidalgo
Cláusula constitucional antidiscriminatoria: si
Ley estatal antidiscriminatoria: si
Tipificación del delito de discriminación: no

15. Jalisco
Cláusula constitucional antidiscriminatoria: no
Ley estatal antidiscriminatoria: no
Tipificación del delito de discriminación: no

16. Michoacán
Cláusula constitucional antidiscriminatoria: si
Ley estatal antidiscriminatoria: si
Tipificación del delito de discriminación: no

17. Morelos
Cláusula constitucional antidiscriminatoria: si
Ley estatal antidiscriminatoria: no
Tipificación del delito de discriminación: no

18. Nayarit
Cláusula constitucional antidiscriminatoria: no
Ley estatal antidiscriminatoria: si
Tipificación del delito de discriminación: no

19. Nuevo León
Cláusula constitucional antidiscriminatoria: si
Ley estatal antidiscriminatoria: no
Tipificación del delito de discriminación: no

20. Oaxaca
Cláusula constitucional antidiscriminatoria: no
Ley estatal antidiscriminatoria: no
Tipificación del delito de discriminación: Si tipifica en la Ley de Derechos de los Pueblos y Comunidades Indígenas

21. Puebla
Cláusula constitucional antidiscriminatoria: si
Ley estatal antidiscriminatoria: no
Tipificación del delito de discriminación: no

22. Querétaro
Cláusula constitucional antidiscriminatoria: no
Ley estatal antidiscriminatoria: si
Tipificación del delito de discriminación: si

23. Quintana Roo
Cláusula constitucional antidiscriminatoria: si
Ley estatal antidiscriminatoria: no
Tipificación del delito de discriminación: si

24. San Luis Potosí
Cláusula constitucional antidiscriminatoria: si
Ley estatal antidiscriminatoria: si
Tipificación del delito de discriminación: no

25. Sinaloa
Cláusula constitucional antidiscriminatoria: no
Ley estatal antidiscriminatoria: no
Tipificación del delito de discriminación: no

26. Sonora
Cláusula constitucional antidiscriminatoria: no
Ley estatal antidiscriminatoria: no
Tipificación del delito de discriminación: no

27. Tabasco
Cláusula constitucional antidiscriminatoria: si
Ley estatal antidiscriminatoria: no
Tipificación del delito de discriminación: no

28. Tamaulipas
Cláusula constitucional antidiscriminatoria: no
Ley estatal antidiscriminatoria: si
Tipificación del delito de discriminación: no
29. Tlaxcala
Cláusula constitucional antidiscriminatoria: no
Ley estatal antidiscriminatoria: no
Tipificación del delito de discriminación: si

30. Veracruz
Cláusula constitucional antidiscriminatoria: no
Ley estatal antidiscriminatoria: no
Tipificación del delito de discriminación: si

31. Yucatán
Cláusula constitucional antidiscriminatoria: si
Ley estatal antidiscriminatoria: si
Tipificación del delito de discriminación: no

32. Zacatecas
Cláusula constitucional antidiscriminatoria: no
Ley estatal antidiscriminatoria: si
Tipificación del delito de discriminación: no

En total, a nivel estatal existen 15 cláusulas antidiscriminatorias constitucionales, 19 leyes antidiscriminatorias y se tipifica la discriminación en 14 Códigos Penales y en una ley en materia de personas indígenas, además de que como consecuencia de esta falta de ordenamientos a nivel local o de una legislación adecuada en la materia, hay entidades federativas que no cuentan con un organismo en la materia que coordine los esfuerzos y diseñe las estrategias antidiscriminatorias a nivel estatal.

Por todo ello, es necesario exhortar a los Congresos Locales y Asamblea Legislativa del Distrito Federal, para que elaboren o fortalezcan los marcos jurídicos correspondientes en materia de prevención y eliminación de la discriminación, que contemple la creación de organismos especializados en la materia, en plena sintonía con el Artículo 1° Constitucional  y con la obligación que tenemos todos los legisladores de dotar a las autoridades y a los ciudadanos de las herramientas jurídicas idóneas para el respeto y disfrute íntegro de sus derechos.

Por lo anteriormente descrito, y con fundamento en lo dispuesto en las disposiciones señaladas, someto a consideración el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO.- Se exhorta respetuosamente a los Congresos Locales y a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal para que fortalezcan y, en su caso, expidan el marco jurídico que tenga como objetivo prevenir y eliminar la discriminación, con la finalidad de perfeccionar el marco jurídico local en materia de igualdad, atendiendo al contenido del artículo 1°, párrafo quinto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

SEGUNDO.- Se exhorta respetuosamente a las entidades federativas que no han modernizado sus mecanismos para prevenir y eliminar la discriminación, a que actualicen sus políticas públicas a través de la innovación de estrategias y creación de organismos en la materia.

Salón de Sesiones de la H. Cámara de Senadores, a 5 de febrero de 2013.

Sen. Angélica del Rosario Araujo Lara.- Sen. Hilda Esthela Flores Escalera”.

1 Encuesta Nacional sobre Discriminación en México 2010 (ENADIS 2010), Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (CONAPRED), México Distrito Federal, junio 2011, p.p. 6.

2 RAPHAEL, de la Madrid Ricardo (Coord.), Reporte sobre la Discriminación en México 2012, Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (CONAPRED), México Distrito Federal, octubre 2012, p.p. 6.

3 Disponible en:
http://www.conapred.org.mx/index.php?contenido=pagina&id=505&id_opcion=650&op=650&id_opcion=651&op=651, consultado el 14 de enero de 2013.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, Senadora Hilda Esthela Flores Escalera. Túrnese este punto de Acuerdo a la Comisión de Derechos Humanos.





 

Se le concede el uso de la palabra a la Senadora María del Pilar Ortega Martínez, del grupo parlamentario del PAN, quien presentará un punto de Acuerdo para crear la comisión especial encargada de dar seguimiento al proceso de certificación de los integrantes de las instituciones de seguridad pública por parte de los Centros de Evaluación y Control de Confianza.

- La C. Senadora María del Pilar Ortega Martínez: Gracias. Con su permiso, señor Presidente; señoras y señores legisladores:

Como ustedes saben, la reforma constitucional en materia de seguridad y justicia de junio de 2008, establece y sube a nivel constitucional el Sistema Nacional de Seguridad Pública, y justamente uno de los componentes fundamentales de este sistema fue el establecimiento, también a nivel constitucional, de la obligatoriedad, de la certificación y registro de los elementos de seguridad pública, tanto policías como agentes del Ministerio Público.

El propio Constituyente fue muy enfático en señalar que esta certificación no solamente abarcaba la necesidad de que los elementos de la policía fueran registrados en el sistema, sino también que era necesario y fundamental que existieran certificaciones para que los elementos de la policía tuviesen las habilidades y conocimientos necesarios para desarrollar su función con apego irrestricto a los derechos humanos.

Es por ello que el propio Constituyente estableció una cláusula especial en el sentido de que ninguna persona podrá ingresar a las instituciones de seguridad pública si no ha sido debidamente certificado y registrado en el sistema. Derivado de esta reforma constitucional, la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública estableció las bases y los principios mediante las cuales se tendrían que realizar estas certificaciones y evaluaciones de control de confianza a fin de que los elementos de seguridad pública contaran con el perfil psicológico, ético, socioeconómico y médico necesario en el ingreso, en la promoción y en la permanencia.

Es por ello también que en la promulgación de la Ley General de Seguridad Pública, que también data de 2008, se estableció un artículo transitorio a efecto de que los elementos de la policía que a esa fecha ya formaban parte de las corporaciones en los tres órdenes de gobierno y sin hacer ningún distingo tuvieran un plazo de cuatro años para que los mismos fueran certificados y evaluados, ello con la finalidad de dar cumplimiento a que todas las policías de este país contaran con la certificación a que se refiere el artículo 21 constitucional.

Como también ustedes lo saben, ese plazo fenecía a principios de este año, en enero de 2013, pero por la reforma aprobada por este Congreso y que fue publicada el 28 de diciembre de 2012, se establece un plazo adicional, se amplía el plazo a efecto de que las entidades federativas puedan dar cumplimiento a las evaluaciones de control de confianza, dado que con las cifras que nos dio el Sistema Nacional de Seguridad Pública a diciembre de 2012, el avance en las evaluaciones es de aproximadamente el 50 por ciento.

Nosotros fuimos enfáticos al aprobar en el grupo parlamentario del PAN esta ampliación, pero señalamos la necesidad de que haya un puntual seguimiento a los procesos de evaluación y que no esperemos que en diez meses se esté pidiendo de nueva cuenta otra prórroga.

Por eso consideramos que es necesario dar seguimiento formal, permanente y continuo de esta Soberanía respecto de los procesos de certificación para que se cumplan los mismos en la prórroga que este Congreso ha establecido.

Por ello, el día de hoy estamos proponiendo la creación de una comisión especial de este Senado de la República, y por lo mismo estamos estableciendo como puntos petitorios dentro de este proyecto, este punto de Acuerdo, el exhortar a la Junta de Coordinación Política, proponga al Pleno de la Cámara de Senadores de la LXII Legislatura, la creación de esta comisión especial de seguimiento al proceso de certificación de los integrantes de las instituciones de seguridad pública.

Que esta comisión especial tenga por objeto dar seguimiento formal, permanente y continuo al proceso de certificación de los integrantes de las instituciones de seguridad pública, por parte de los Centros de Evaluación y Control de Confianza, a efecto de verificar el cumplimiento cabal del referido proceso de certificación en el plazo legalmente establecido por virtud de la reforma al Artículo Tercero Transitorio de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, solicitamos que esta comisión especial esté integrada por los miembros del Senado que así determine la Junta de Coordinación Política y que su duración, su temporalidad, también sea acordada por la Junta de Coordinación Política.

Es cuanto, señor Presidente.

Propuesta



- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, Senadora María del Pilar Ortega Martínez. Túrnese esta propuesta a la Junta de Coordinación Política.





 

Se recibió del Senador Angel Benjamín Robles Montoya, del grupo parlamentario del PRD, un punto de Acuerdo por el que se solicita a la Procuraduría General de la República un informe relativo al combate al lavado de dinero en México, mismo que se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE SOLICITA A LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA UN INFORME RELATIVO AL COMBATE AL LAVADO DE DINERO EN MEXICO

“El suscrito, Senador Angel Benjamín Robles Montoya, integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXII Legislatura del Senado de la República, con fundamento en los artículos 8, fracción II y 276 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta Soberanía la siguiente PROPOSICION CON PUNTO DE ACUERDO al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

El pasado 18 de enero, la Cámara de Diputados dio a conocer un estudio elaborado por su Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis, intitulado “Lavado de Dinero, Estudio Teórico Conceptual, Derecho Comparado, Tratados Internacionales y de la Nueva Ley en la Materia en México”. El estudio estima que el monto de lavado de dinero en nuestro país asciende a casi diez mil millones de dólares al año, lo que representa el 3.6% del Producto Interno Bruto.

Este dato llamó poderosamente la atención de la opinión pública y tuvo eco en medios de comunicación de todo el país, a pesar de que ya en el mes de octubre de 2012 la Secretaría de Hacienda y Crédito Público había señalado esa misma cifra como el monto anual de dinero que se lava en México.

Debemos recordar que el tema de lavado de dinero cobró relevancia durante el sexenio pasado, no tanto por los montos extraordinarios de dinero como por las críticas a la estrategia de combate a la delincuencia organizada que emprendió la anterior administración federal, que privilegió el uso de la fuerza dejando intactas las estructuras financieras y el poderío económico de las organizaciones criminales.

Es así como en estos últimos seis años, los mexicanos hemos conocido cifras y datos con los que nos hemos ido dando cuenta de la magnitud del problema del lavado de dinero y peor aún, del impacto que tienen los flujos de dinero ilícito en la economía de nuestro país.

Sobran ejemplos para ilustrar lo anterior. El Estudio Binacional de Bienes Ilícitos dado a conocer en junio de 2010, reveló que cada año ingresan a México entre 19 mil y 29 mil millones de dólares desde Estados Unidos, provenientes de actividades ilícitas.

Al respecto, la Asociación de Bancos de México señaló entonces que casi el 50% de ese dinero llega al sistema financiero mexicano de forma lícita. De igual manera, el entonces Embajador de Estados Unidos en México, Carlos Pascual, reconoció que entre el 75 y el 90% de ese dinero ingresa a territorio nacional en efectivo y que el 75% de las transacciones en la economía mexicana se realizan precisamente en efectivo.

Más recientemente, en los últimos días de enero de 2012, hace exactamente un año, un estudio dado a conocer por la firma Global Financial Integrity ubicó a México como la segunda economía con los mayores flujos financieros ilícitos, en una lista de 160 países.

Con estas cifras en mente, resulta importante recordar lo declarado en mayo de 2010 por el entonces titular de la Unidad Especializada en Investigación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y de Falsificación y Alteración de Moneda de la PGR, Irving Barrios, quien señaló que la Unidad a su cargo contaba en aquel momento con sólo 50 agentes ministeriales para atender las denuncias sobre los ilícitos de su competencia.

Lo anterior generó una serie de críticas, pues semejante declaración puso en evidencia que el combate al lavado de dinero no era una prioridad para la administración pasada, más aún si se tomaba en cuenta que dicha declaración provenía ni más ni menos que del propio responsable del área.

Sin duda la existencia de apenas 50 agentes ministeriales para combatir el lavado dinero contrastaba con los 45 mil soldados y 20 mil agentes federales desplegados en todo el territorio nacional para combatir a los cárteles de la droga.

Ante tal panorama, el 2 de marzo de 2012 fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el acuerdo A/049/12 de la Procuraduría General de la República por el que se Crea la Unidad Especializada en Análisis Financiero y se Establecen sus Facultades. Es necesario aclarar que dicho acuerdo no implicó la disolución de la Unidad Especializada en Investigación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y de Falsificación y Alteración de Moneda; por el contrario, entre las facultades de la naciente Unidad se encontraba la de proporcionar a aquélla información y diagnósticos en materia de análisis financiero y contable.

En otras palabras, no se sustituyó una Unidad por otra, sino que se estableció a ambas como instancias coordinadas y complementarias.

Unos meses después, en octubre del año pasado, se publicó la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, que constituiría el marco jurídico necesario para combatir de manera eficaz el flagelo del lavado de dinero, debilitando así las estructuras financieras de los grupos de delincuencia organizada.

Cabe señalar que a pesar de su publicación en octubre, esta ley entrará en vigor hasta el próximo mes de julio. 

Los mexicanos supusimos que con la creación de la Unidad Especializada en Análisis Financiero y la expedición de la Ley contra el lavado de dinero se fortalecería el esquema institucional para el combate a este flagelo; sin embargo el pasado 4 de diciembre, en el marco de su ratificación en el cargo, el Procurador General de la República, Jesús Murillo Karam, realizó una declaración que nos mostró con claridad la forma en la que la administración federal pasada centró su estrategia de combate a la delincuencia en el uso de la fuerza, dejando de lado el combate a las estructuras financieras de los cárteles, al asegurar que la PGR estaba desmantelada y que requería de un fortalecimiento para reforzar su imagen.

Ciertamente no es de extrañar el debilitamiento institucional que actualmente enfrenta la Procuraduría General de la República, ya que durante seis años atestiguamos la manera en que los esfuerzos y los recursos técnicos, materiales, humanos y financieros se centraron en la extinta Secretaría de Seguridad Pública, así como en las Fuerzas Armadas. Sin embargo, no por ello dejan de ser preocupantes los magros resultados que hasta ahora arroja el combate al lavado de dinero, ni las cifras estratosféricas de recursos ilícitos que son blanqueados en México. 

Por tal motivo, hoy surge nuevamente la necesidad de conocer la situación del combate al lavado de dinero en nuestro país, así como las condiciones y recursos materiales, humanos y técnicos con los que cuentan las instituciones e instancias encargadas del combate a este ilícito, en particular ahora que, según cifras dadas a conocer por un estudioso del tema como el Dr. Edgardo Buscaglia, el 79% de los sectores económicos en México están infiltrados por el narcotráfico, y los cárteles mexicanos tienen participaciones accionarias en esos sectores.

No perdemos de vista que el Procurador General de la República, desde su comparecencia ante Comisiones del Senado de la República para su ratificación en el cargo, se comprometió a presentar ante esta Soberanía un plan de trabajo en el término de 90 días. Estamos seguros de que el tema del lavado de dinero habrá de ocupar un lugar importante en dicho plan, sin embargo no por ello deja de ser relevante y urgente conocer los datos que arroja la labor de las instancias encargadas del combate al lavado de dinero en nuestro país. De ahí la necesidad de solicitar un informe a la Procuraduría General de la República acerca de la labor, recursos y resultados de sus unidades especializadas en la materia. 

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta Soberanía la siguiente:

PROPOSICION CON PUNTO DE ACUERDO

UNICO.- El Senado de la República solicita respetuosamente al titular de la Procuraduría General de la República, un informe detallado acerca de los siguientes rubros:

1. Las condiciones y recursos técnicos, materiales, financieros y humanos con que cuentan la Unidad Especializada en Investigación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y de Falsificación y Alteración de Moneda, y la Unidad Especializada en Análisis Financiero para el ejercicio de sus funciones.

2. Los resultados que ha arrojado la labor de la Unidad Especializada en Análisis Financiero desde su creación.

3. La estrategia que la actual administración federal habrá de implementar en materia de combate al lavado de dinero.

4. Los mecanismos de coordinación existentes y los que en lo sucesivo se contemple implementar con otras instancias, para la detección de operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, a 7 de febrero de 2013.

Sen. Angel Benjamín Robles Montoya”.





 

Se recibió del Senador Pablo Escudero Morales, del grupo parlamentario del PVEM, un punto de Acuerdo que solicita al gobierno del Distrito Federal que no realice erogación o pago alguno derivado de los actos ocurridos el 1º de diciembre de 2012 en el Centro Histórico, ya que se trata de recursos públicos, el cual se turna a la Comisión del Distrito Federal.







 

Se le concede el uso de la palabra al Senador Manuel Bartlett Díaz, del grupo parlamentario del PT, para presentar un punto de Acuerdo para que se realice una investigación exhaustiva respecto a la indebida e irregular aprobación del inciso a) de la fracción III del Artículo Quinto Transitorio del Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución, en materia educativa.

- El C. Senador Manuel Bartlett Díaz: Gracias, señor Presidente; compañeras y compañeros Senadores:

Nuestro grupo parlamentario planteó desde el 21 de diciembre de 2012 al Senador Ernesto Cordero, Presidente de la Mesa Directiva, nuestra inconformidad por lo acontecido en la sesión vespertina del 20 de diciembre de 2012, en relación con la reforma constitucional en materia educativa.

Consideramos que se violentó el procedimiento parlamentario y que ello puede derivar de la inconstitucionalidad de la reforma constitucional. Hicimos esta petición con un gran interés, porque incluso fue recogido al día siguiente este problema por la prensa nacional, y eso nos obligó a tener que hacer aclaraciones en tanto que se le estaba dando a esa, a la aprobación de una porción de esta reforma constitucional, una interpretación sesgada y contraria a los intereses del grupo parlamentario del Partido del Trabajo.

Los detalles están ampliamente descritos en la Gaceta Parlamentaria del día de hoy.

Los Senadores nunca conocimos por escrito, en violación al Reglamento, el texto final del dictamen que prepararon las comisiones unidas del Senado en torno a la reforma constitucional en materia educativa, solamente nos entregaron un texto, un dictamen que luego resultó ser, como lo indicaron, un predictamen.

Las comisiones unidas del Senado, sin deliberación, en la sesión formal en la que aprobaron este dictamen, no dieron a conocer a los integrantes de las comisiones que el dictamen no contenía un Artículo Quinto Transitorio, fracción III, inciso a) sobre la reforma educativa, en la sesión formal de las comisiones, y sin embargo no se discutió nada y se entregó a los integrantes de las comisiones ese texto al que me refiero; un texto que después consideraron, ya pasada la votación, que no era el texto aprobado por la comisión.

Ese texto se le entregó a la Senadora Martha Palafox, o sea, un dictamen que contenía el Artículo Quinto Transitorio, fracción III, inciso a), sobre la reforma educativa. Les recuerdo brevemente, es un artículo que impugnamos varias veces porque es una invitación a la privatización del financiamiento de las escuelas, en fin, un tema delicado.

Posteriormente, y según lo supimos al terminar la votación en el Pleno de la sesión vespertina del 20 de diciembre de 2012, los presidentes de las comisiones unidas lo eliminaron, después de la votación, se enteró al Pleno que habían eliminado ese Artículo Quinto Transitorio, una eliminación que de haberse realizado se hizo popularmente fuera de los trabajos formales de las comisiones unidas, sin deliberación alguna en las comisiones y en plena opacidad.

Como le comenté al Senador Ernesto Cordero en nuestra misiva, el 21 de diciembre de 2012, exactamente al día siguiente de esta aprobación, con el tiempo suficiente para haberlo aclarado, la Senadora Martha Palafox nunca fue informada ni notificada por las comisiones unidas sobre la supresión del Artículo Quinto Transitorio, por eso al no estar informada de la desaparición de ese artículo, porque se tenía en la mano el dictamen respectivo que lo contenía todavía, la Senadora Martha Palafox pidió e hizo una reserva para modificar el Artículo Quinto Transitorio de la reforma, para añadir siete palabras al texto normativo, que suponía existía, por el texto que teníamos en las manos.

Las siete palabras de modificación eran: que la petición de recursos de los directores de las escuelas solamente podían hacerse ante los órganos o gobiernos que corresponden. La Senadora Martha Palafox presentó su reserva al igual que otra que presentó su servidor sobre esa porción normativa, porque hasta entonces no teníamos el conocimiento de que esa norma ya no existía.

El Reglamento del Senado determina en su artículo 201, fracción I, que no puede haber reservas sobre artículos inexistentes, de acuerdo al artículo 20 del Reglamento del Senado de la República, los artículos que se reserven deben estar contenidos en el cuerpo del dictamen.

Sin embargo, la Secretaría de Servicios Parlamentarios, la Mesa Directiva, la Presidencia de la Mesa Directiva del Senado debieron haber rechazado la solicitud de la Senadora Martha Palafox y la mía propia, no era dable a través de una reserva modificar un artículo que ya no existía.

Las autoridades de la Mesa no lo hicieron y le dieron el trámite a la reserva de la Senadora Martha Palafox, según consta en la versión estenográfica, que presentó la reserva porque jamás tuvo noticia de esta supresión.

De manera irregular, los miembros del Senado en el Pleno no fuimos informados de las circunstancias en las que se encontraba el Artículo Quinto Transitorio mencionado, porque el artículo ya no existía en el dictamen, por eso se votó favorablemente la reserva.

Toda la discusión sobre el inciso a) de la fracción III del Artículo Quinto Transitorio de la reforma constitucional, fue ilegal porque el artículo ya no existía. La Mesa Directiva persistió en la ilegalidad y el PRI y el PAN, sumándose extrañamente porque había negado toda aceptación de todo lo que se planteó, el PRI y el PAN se sumaron a la ilegalidad en su deseo de aprobar confusa y apresuradamente una reforma constitucional de tal envergadura.

Recuerdo, es una reforma a la Constitución de la República en el artículo 3o.

Posteriormente a la votación, el Senador del PRD, Benjamín Robles Montoya, se refirió a la propuesta de la Senadora Martha Palafox, argumentando lo siguiente: “la verdad es que lo que acaba de plantearnos nuestra compañera Martha Palafox, lo digo con mucho respeto, viene a empeorar el dictamen que se presentó ante este Pleno, con el inciso éste derogado, es decir, si tanto le preocupa a la Senadora Martha Palafox el tema de que se vaya a creer que se está constitucionalizando el tema de las cuotas, eso lo habíamos visto el Senador, lo habíamos logrado ya en comisiones, estaba derogado”. Aunque es evidente que se trataba de una discusión irregular, pero no se dijo más; más aún el Presidente de la Mesa, como respuesta a una petición de aclaración que hizo el Senador Miguel Barbosa, Coordinador del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para que se clarificara el sentido de la votación, respondió textualmente lo siguiente: votar a favor de la propuesta es respaldar, efectivamente, que se adicione el transitorio que ha mencionado la Senadora, lo que ya era imposible porque no estaba en el texto del dictamen.

En consecuencia, señores Senadores, con esas violaciones al Reglamento, se aprobó un artículo que no existía. En la Constitución de la República se mandó como aprobado una parte que tenía su importancia y que no existía ya.

Desgraciadamente el PRD que planteó pasada la votación, si ese artículo ya no existía, pues no existía en el tema. Recuerdo que el Senador convocó a los presidentes de las comisiones unidas para que honrando su palabra reclamaran que esa votación era inadecuada, ilegal, porque ya no existía ese artículo.

Sin embargo, pese a esos llamados nunca aparecieron los señores presidentes convocados y se quedó el artículo en la Constitución de la República.

Esta es una grave falla que nosotros queremos insistir en que se conozca y que se determine la responsabilidad que existe para que estas cosas ocurran. Es decir, no se puede permitir que una reforma, ya no digamos una reforma cualquiera, ya no una reforma constitucional, pase por este manoseo y resulta que al no existir ya, finalmente sí existe. Y no obstante que el PRD alegó aquí que no existía y que le pidió a los presidentes de las comisiones que habían participado en la eliminación correcta de esa fracción, pues no pasó nada. Y qué es lo que ocurrió, que se envió directamente a su publicación. Y el día de ayer tuvimos el orgullo aquí de haber aprobado esa reforma blandengue del artículo 3o. constitucional que, como hemos dicho, no tiene ningún valor porque la evaluación ya existía.

Pero lo que no queremos que pase desapercibido y volvemos a insistir que, como le pedimos al Presidente de la Mesa, al Senador Ernesto Cordero, se averigüe qué pasó.

¿Dónde está la responsabilidad?

Porque si no, nos vamos a encontrar con que de repente se mete un papel por aquí, se anula algo y se vuelve a revivir después. Es una situación muy grave, insistimos de que debe de aclararse para que no ocurra más, y sobre todo, que aquí está la Senadora Martha Palafox, porque fue señalada, y por eso decía yo que en los medios de comunicación tuvimos que aclararlo, fue señalada como que había hecho una cosa extraña para revivir una fracción que ya no estaba, y así se entendió.

El PRI y el PAN aplaudieron, les digo, raro, porque cuántas veces se les preguntó si era aceptable la discusión a alguna de las reservas de esa reforma constitucional, lo negaron inmediatamente.

¡Ah, no! pero esa sí, esa sí la aprobaron con gran beneplácito. Fueron de los últimos actos de la sesión vespertina y se aprobó algo que no existía. De manera que es sumamente grave.

Y el que se haya señalado a la Senadora Martha Palafox de que revivió algo que estaba eliminado, con palabras que he trascrito de un Senador del PRD, es inaceptable, es inaceptable, por eso venimos hoy a decirlo, lo dijimos a la prensa al día siguiente, pero todavía quedan ahí señalamientos de ese tipo que no aceptamos.

Ese artículo, esa fracción no existió. Y el Senado de la República votó por incluir y revivir algo que estaba fuera, pero al manejar la discusión sin tener el dictamen, sin habernos movido por un dictamen que después apareció, que era un predictamen y no un dictamen.

Yo vuelvo a insistir, y lo hago ante el Pleno con todo interés, en primer lugar, porque las menciones que le han hecho a la Senadora Martha Palafox son falsas. Esa interpretación la rechazamos, y aunque haya pasado mucho tiempo, las vacaciones y todo, los asuntos no deben olvidarse; el Senado no puede aprobar en estas circunstancias o no puede correr el riesgo, que por estas premuras, recuerden ustedes, esa reforma al artículo 3o. constitucional llegó aquí a las nueve de la mañana y a las ocho ya la estaban dictaminando sin ninguna discusión. Es una vergüenza, y sobre todo, que ocurran estas cuestiones, y todavía pretendan atribuirle a una Senadora, que es una persona de una impecable conducta y de una gran seriedad, y de una posición ideológica perfectamente clara, que alteró ella un dictamen sumando algo que no existía.

Lo reprocho, lo señalo como un reproche. Y les pido a las Senadoras y Senadores que se percaten de estos asuntos, que no pase desapercibido porque hoy le pasa a uno, mañana les inventan a ustedes alguna cuestión que no exista.

Insisto al señor Presidente, requerimos una investigación a fondo y responsabilidades de quienes propiciaron este equívoco.

Por lo pronto, la Constitución ya tiene un cachirul ahí que no fue aprobado.

Muchas gracias.

Propuesta

PUNTO DE ACUERDO PARA QUE SE REALICE UNA INVESTIGACION EXHAUSTIVA RESPECTO A LA INDEBIDA E IRREGULAR APROBACION DEL INCISO A) DE LA FRACCION III DEL ARTICULO QUINTO TRANSITORIO DEL DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCION EN MATERIA EDUCATIVA, MISMO QUE FUE VOTADO POR EL PLENO DEL SENADO EN LA SESION VESPERTINA DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DE 2012



- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, Senador Manuel Bartlett Díaz. Este asunto se queda en poder de la Mesa Directiva, y desde luego, que cuando el Senador así lo considere, la Mesa Directiva está en la mejor disposición de poder explicar precisamente lo que sucedió ese día.

Tenemos la versión estenográfica del desarrollo de la sesión.

Tenemos la propuesta que hizo la Senadora Martha Palafox, la cual se hizo por escrito, se le dio lectura.

El Pleno aceptó, primero, a discusión, y después esa adición, o sea, efectivamente, como usted bien lo dice, no existía, pero el Pleno tiene la facultad de poder adicionar, en ese caso, no fue modificación, efectivamente, fue una adición, y tal como queda registrado en la Gaceta Parlamentaria, está debidamente llevado a cabo el procedimiento, tal y como lo señala nuestra propia normatividad interna, pero indudablemente que esta Mesa Directiva está en la mejor disposición de platicar con el Senador para aclarar este asunto, que no tenemos la menor duda que las cosas se hicieron conforme a derecho y que lo que se aprobó ese día fue lo que determinó el Pleno a propuesta de una compañera Senadora, y con gusto estamos en ese ánimo, en esa disposición, Senador.

- El C. Senador Manuel Bartlett Díaz: (Desde su escaño) Muchas gracias, señor Presidente. Esperamos que esto se aclare.

El Pleno votó algo que no existía. Aquí nos dicen que el Pleno puede espulgar lo que sea, el Pleno puede resolver, dentro de sus facultades, claro. ¿Verdad? Pero el Pleno no aprobó nada que estuviera aprobado, y no puede aprobar algo que no está, a no ser que diga el Pleno que se reincorpora algo que estaba afuera.

Se había quitado ya, y se dijo aquí, y se siguió adelante. Y no se tomó en cuenta que al día siguiente hubo interpretaciones en la prensa, acusando a la Senadora y de paso a todos nosotros, de que habíamos revivido algo contrario a los intereses del sistema educativo.

Por eso nosotros insistimos, tuvimos que aclararlo. Y quiero que se aclare aquí.

Porque ya nos mandaron un texto, y hay que hacerlo públicamente. Porque sí es un poco penoso que exista ya, por lo pronto, en el artículo 3o. constitucional, una fracción cachirula que se metió sin que nadie lo supiera.

Muchas gracias, señor Presidente.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Le agradezco mucho, Senador Manuel Bartlett. Y estamos en la mejor disposición de poderlo dialogar, y reiterar que esta Mesa Directiva está consciente de que las cosas se hicieron conforme a lo que señala nuestro Reglamento, pero indudablemente que estamos en ese ánimo de poder conversar con el Senador Manuel Bartlett Díaz.





 

Se le concede el uso de la palabra al Senador Fernando Enrique Mayans Canabal, a nombre de los integrantes de la Comisión de Seguridad Social, para presentar un punto de Acuerdo que exhorta al Poder Ejecutivo Federal a declarar la última semana de abril, como la Semana Nacional de la Seguridad Social.

- El C. Senador Fernando Enrique Mayans Canabal: Muchas gracias, señor Presidente, con su venia; compañeras y compañeros Senadores:

En nombre de todos mis compañeros integrantes de la Comisión de Seguridad Social, vengo a este Pleno con esta proposición con punto de Acuerdo relativo a la Semana Nacional de la Seguridad Social.
Los procesos crecientes de globalización y las crisis financieras internacionales de los años más recientes, han generado impacto negativo en las economías de los países, principalmente, han afectado sustancialmente las políticas sociales en prejuicio de los principios básicos de la seguridad social.

Considerada como una política esencial de Estado y reconocida a través de normas internacionales como un derecho inalienable e imprescriptible del ser humano, los países de América Latina han sostenido que la seguridad social debe de seguir pugnando por ser una herramienta de justicia social y de promoción de la dignidad humana; para ello, se hace imprescindible su rescate y su promoción entre la sociedad y las entidades e instituciones rectoras.

Es ante este panorama, como surge la Declaración de Guatemala, como una iniciativa del Centro Interamericano de Estudios de Seguridad Social, el CIESS, órgano de docencia, capacitación e investigación de la Conferencia Interamericana de la Seguridad Social, el CISS, con el propósito de que, por medio de programas educativos y con el involucramiento de las organizaciones internacionales en la materia y las propias instituciones de seguridad social, se difunda entre la sociedad en su conjunto, los principios y valores esenciales de la seguridad social.

Oficialmente la declaración fue presentada por la Asociación Internacional de la Seguridad Social, la Organización Internacional del Trabajo, la Organización Iberoamericana de Seguridad Social y el Centro Interamericano de Estudios de la Seguridad Social, el 3 de noviembre de 2009, en el marco de la Vigésima Quinta Asamblea de la Conferencia Interamericana de la Seguridad Social, realizada en la ciudad de Guatemala.

Este importante documento, aspira a atenuar el desconocimiento existente de los principios de la seguridad social, a través de un cambio cultural que sensibilice e involucre a las actuales y futuras generaciones en su conocimiento, por medio de la promoción de programas educativos regionales y nacionales.

Particularmente, destaca de la Declaración el exhorto que formula a los estados para declarar la última semana de abril de cada año, como la Semana de la Seguridad Social, en honor a que el 27 de abril de 1955 entró en vigor el Convenio 102, la norma mínima de la Organización Internacional del Trabajo y a los gobiernos a expresar su adhesión a ella, como muestra de una clara política de apoyo a las actividades que incrementan la cultura de la seguridad social.

Compañeras y compañeros Senadores, durante los días 22 y 23 de noviembre de 2012, Senadores integrantes de la Junta Directiva de la Comisión de Seguridad Social de este Senado de la República, participamos en la Segunda Reunión de Legisladores de Seguridad Social, celebrada en la ciudad de Buenos Aires, Argentina.

Como resultado de los trabajos de dicho encuentro, se enfatizó sobre la importancia que representa para los Estados el adherirse a la Declaración de Guatemala, y de que el conocimiento de los valores y principios de la seguridad social, constituye una herramienta de inversión en materia de seguridad social, que propiciará, a mediano y a largo plazo, cimentar una sociedad justa, equitativa y solidaria.

En el caso particular de México, no son menores los desafíos que enfrenta nuestro sistema de seguridad social y protección social, al pretender ser más eficiente y universal.

Un sistema que como reto principal, es brindar plena cobertura a sectores de la población que se encuentra hoy en día sin ningún tipo de prestación o beneficio propio de la seguridad social; requiere de una transformación profunda, que se debe generar a partir de un cambio cultural respecto al conocimiento y promoción de sus principios y valores.
De ahí que reafirmando su naturaleza como un derecho humano fundamental, se requieren impulsar acciones que reivindiquen sus principios y normas mínimas.

Hacia esa dirección estamos obligados a orientar nuestra función legislativa, considerando la importancia que tiene la educación, formación y cultura de la seguridad social en el desarrollo económico y social.

Por lo antes expuesto y con fundamento en los artículos 108, 109 y 110 del Reglamento del Senado de la República, pedimos los Senadores que suscribimos, que se someta a la consideración de esta Soberanía como de urgente resolución, el siguiente:

Punto de Acuerdo

Primero.- En un marco de respeto a la colaboración de los poderes, el Senado de la República exhorta al Poder Ejecutivo Federal, a fin de que se declare la última semana de abril, como la Semana Nacional de la Seguridad Social, en conmemoración de la entrada en vigor del Convenio 102 de la Organización Internacional del Trabajo, de fecha 27 de abril de 1955; instrumento que constituye la norma mínima y de mayor relevancia en la seguridad social.

Segundo.- En ese mismo tenor, se exhorta al Poder Ejecutivo para que a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, México se adhiera formalmente a la Declaración de Guatemala, con el objeto de que se convoque a las instituciones y dependencias de la seguridad social, a realizar acciones dirigidas a promover y fortalecer la cultura de la seguridad social.

Tercero.- El Senado de la República a través de la Comisión de Seguridad Social, con la colaboración del Centro Interamericano de Estudios de Seguridad Social, implementará un programa de actividades para celebrar la Semana Nacional de la Seguridad Social del 22 al 26 de abril de 2013.

Es cuanto, señor Presidente.

(Aplausos)

Propuesta

PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL PODER EJECUTIVO FEDERAL A DECLARAR LA ULTIMA SEMANA DE ABRIL COMO LA “SEMANA NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL”, EN CONMEMORACION DE LA ENTRADA EN VIGOR DEL CONVENIO 102 DE LA ORGANIZACION INTERNACIONAL DEL TRABAJO, DE FECHA 27 DE ABRIL DE 1955

“SEN. ERNESTO JAVIER CORDERO ARROYO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
DEL SENADO DE LA REPUBLICA
PRESENTE.

Las Senadoras y Senadores que suscribimos, integrantes de la Comisión de Seguridad Social del Senado de la República, en la Sexagésima Segunda Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 8, numeral 1, fracción II; 108 y 276 del Reglamento del Senado de la República, nos permitimos presentar a esta Soberanía, como de urgente y obvia resolución, la siguiente proposición con punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

Se ha reconocido en la esfera internacional, que en las últimas décadas la seguridad social ha sido objeto de diversos planteamientos, que han influido de manera importante en su propia ideología, funcionamiento y estructura.

Los procesos crecientes de globalización y las crisis financieras internacionales de los años más recientes, han generado un impacto negativo en las economías de los países, principalmente, han afectado sustancialmente las políticas sociales en perjuicio de los principios básicos de la seguridad social.

Considerada como una política esencial de Estado, y reconocida a través de normas internacionales como un derecho inalienable e imprescriptible del ser humano, los países de América Latina, han sostenido que la seguridad social debe seguir pugnando por ser una herramienta de justicia social y de promoción de la dignidad humana; para ello, se hace imprescindible su rescate y su promoción entre la sociedad y las entidades o instituciones rectoras.

Es ante este panorama, como surge la Declaración de Guatemala, como una iniciativa del Centro Interamericano de Estudios de Seguridad Social (CIESS), órgano de docencia, capacitación e investigación de la Conferencia Interamericana de Seguridad Social (CISS), con el propósito de que, por medio de programas educativos, y con el involucramiento de las organizaciones internacionales en la materia y las propias instituciones de seguridad social, se difunda entre la sociedad en su conjunto, los principios y valores esenciales de la seguridad social.

Oficialmente la Declaración fue presentada por la Asociación Internacional de la Seguridad Social (AISS), la Organización del Trabajo (OIT), la Organización Iberoamericana de Seguridad Social (OISS), y el Centro Interamericano de Estudios de Seguridad Social (CIESS), el 3 de noviembre de 2009, en el marco de la Vigésima Quinta Asamblea de la Conferencia Interamericana de Seguridad Social, realizada en la ciudad de Guatemala.

Este importante documento, aspira a atenuar el desconocimiento existente de los principios de la seguridad social, a través de un cambio cultural que sensibilice e involucre a las actuales y futuras generaciones en su conocimiento, por medio de la promoción de programas educativos regionales y nacionales.

Particularmente, destaca de la Declaración el exhorto que formula a los Estados para declarar la última semana de abril de cada año, como la Semana de la Seguridad Social, en honor a que el 27 de abril de 1955, entró en vigor el Convenio 102 (Norma Mínima) de la Organización Internacional del Trabajo, y a los gobiernos a expresar su adhesión a ella, como muestra de una clara política de apoyo a las actividades que incrementan la cultura de la seguridad social.

Compañeras y compañeros Senadores:

Durante los días 21, 22, y 23 de noviembre de 2012, Senadores integrantes de la Junta Directiva de la Comisión de Seguridad Social de este Senado de la República, participamos en la Segunda Reunión de Legisladores de Seguridad Social, celebrada en la ciudad de Buenos Aires, Argentina.

Como resultado de los trabajos de dicho encuentro, se enfatizó sobre la importancia que representa para los Estados el adherirse a la Declaración de Guatemala, y de que el conocimiento de los valores y principios de la seguridad social, constituye una herramienta de inversión en materia de seguridad social, que propiciará, a mediano y largo plazo, cimentar una sociedad justa, equitativa y solidaria.

En el caso particular de México, no son menores los desafíos que enfrenta nuestro sistema de seguridad y protección social, al pretender ser más eficiente y universal.

Un sistema cuyo reto principal, es brindar plena cobertura a sectores de la población que se encuentran hoy en día sin ningún tipo de prestación o servicio propio de la seguridad social; requiere de una transformación profunda, que se debe generar a partir de un cambio cultural respecto al conocimiento y promoción de los principios y valores de la seguridad social.

De ahí que reafirmando su naturaleza como un derecho humano fundamental, se requiere impulsar acciones que reivindiquen sus principios y normas mínimas.

Hacia esa dirección estamos obligados a orientar nuestra función legislativa, considerando la importancia que tienen la educación, formación y cultura de la seguridad social en el desarrollo económico y social.

Por lo antes expuesto, y con fundamento en los artículos 108, 109 y 110 del Reglamento del Senado de la República, pedimos se someta a la consideración de esta Soberanía, como de urgente y obvia resolución, los siguientes:

PUNTOS DE ACUERDO

PRIMERO.- En un marco de respeto a la colaboración de los Poderes, el Senado de la República exhorta al Poder Ejecutivo Federal, a fin de que se declare la última semana de abril, como la “Semana Nacional de la Seguridad Social”,en conmemoración de la entrada en vigor del Convenio 102 de la Organización Internacional del Trabajo, de fecha 27 de abril de 1955; instrumento que constituye la norma mínima y de mayor relevancia de la seguridad social.

SEGUNDO.- En ese mismo tenor, se exhorta al Poder Ejecutivo para que a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, México se adhiera formalmente a la “Declaración de Guatemala”, con el objeto de que se convoque a las instituciones y dependencias de la seguridad social, a realizar acciones dirigidas a promover y fortalecer la cultura de la seguridad social.

TERCERO.- El Senado de la República, a través de la Comisión de Seguridad Social, con la colaboración del Centro Interamericano de Estudios de Seguridad Social (CIESS), implementará un programa de eventos para celebrar la Semana Nacional de la Seguridad Social del 22 al 26 de abril de 2013.

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Senadores, a 5 de febrero de 2013”.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, Senador Fernando Enrique Mayans Canabal. Como lo ha solicitado el proponente, con base en los artículos 109 y 110 de nuestro Reglamento, pido a la Secretaría que consulte a la Asamblea, en votación económica, si es de considerarse de urgente resolución el anterior punto de Acuerdo.

- La C. Secretaria Barrera Tapia: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si el anterior asunto se considera de urgente resolución y se pone a discusión de inmediato. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se considera de urgente resolución, señor Presidente.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, señora Secretaria. En consecuencia, está a discusión dicha propuesta. Se le concede el uso de la palabra a la Senadora Maki Esther Ortiz Domínguez, para hablar a favor de este asunto.

- La C. Senadora Maki Esther Ortiz Domínguez: Con su venia, señor Presidente; compañeras y compañeros Senadores:

Uno de los objetivos primordiales de la Organización Internacional del Trabajo se enfoca en promover los derechos laborales a través de la elaboración de normas internacionales del trabajo que fomenten no sólo oportunidades de trabajo digno en condiciones óptimas para los trabajadores, sino que además se persigue la mejora continua de la protección social, tema que el día de hoy nos atañe.

México fue uno de los primeros países que reconoció en su Constitución, los derechos laborales como derechos sociales inherentes a todos los ciudadanos. Que en la actualidad lo vemos reflejado a través de los artículos 5 y 123 de nuestra Carta Magna y las leyes federales y locales, que de ella se deriva.

Este reconocimiento, promovido por el Constituyente de Querétaro en 1917, nos debe recordar la importancia de continuar en la creación y actualización de normas en dicha materia que conlleven acciones en torno a las condiciones dignas que los trabajadores deben tener en los diversos ámbitos de la economía de nuestro país.

En este mismo tenor, el Convenio 102 de la Organización Internacional del Trabajo es uno de los instrumentos internacionales más importantes en el reconocimiento a los derechos mínimos para los trabajadores en materia de seguridad social, con factores determinantes como la asistencia médica, las prestaciones monetarias de enfermedad, el desempleo de vejez, familiares de maternidad, entre otras.

Se facilitan las condiciones que en muchas ocasiones a los trabajadores por diversas situaciones se ven envueltos en ciertas disyuntivas.

Es por ello que hoy por hoy los integrantes de la Comisión de Seguridad Social, en consenso, hemos decidido trabajar desde el Poder Legislativo a favor de los derechos de los trabajadores y apoyamos este punto de Acuerdo.

Es cuanto, señor Presidente.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, Senadora Maki Ortiz.      No habiendo más quien haga uso de la palabra, pido a la Secretaría que consulte a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse dicha propuesta.

- La C. Secretaria Barrera Tapia: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse la propuesta presentada. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí es aprobada la propuesta, señor Presidente.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, señora Secretaria. Aprobada. Comuníquese.





 

Compañeras y compañeros Senadores, les informo que las demás iniciativas y proposiciones inscritas en la agenda de hoy, se turnarán a las comisiones respectivas. Los Senadores que deseen mantener inscritos su asunto, sólo deberán hacerlo del conocimiento de la Mesa Directiva o de la Secretaría Parlamentaria.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA Y ADICIONA EL NUMERAL 2 DEL ARTICULO 185 DEL REGLAMENTO DEL SENADO DE LA REPUBLICA

(Presentada la C. Senadora Lisbeth Hernández Lecona, del grupo parlamentario del PRI)

“La suscrita, Lisbeth Hernández Lecona, Senadora de la República de la LXII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, e integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como por los artículos 4 numeral 1, 8 numeral 1 fracción I, 164 numerales 1 y 2 y 169 del Reglamento del Senado de la República, someto a consideración de esta Honorable Soberanía, la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA Y ADICIONA EL NUMERAL 2 DEL ARTICULO 185 DEL REGLAMENTO DEL SENADO DE LA REPUBLICA, mismo que se hace al tenor de la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

La actividad legislativa implica un gran compromiso y responsabilidad por parte de cada uno de los diputados y senadores que integran el Congreso de la Unión conforme a lo dispuesto por el artículo 50 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como bien se desprende del texto de nuestra ley suprema, dicha actividad es la principal de quienes integran el Poder Legislativo, pues corresponde al mismo llevar a cabo el procedimiento legislativo, que con motivo de una iniciativa de ley o decreto que se presente, se discuta de acuerdo con lo establecido en la norma suprema y en la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y sus reglamentos respectivos.

La idea del ejercicio del poder a través de la función legislativa, se remonta a la época de John Locke, perfeccionada por Señor de la Brède y Barón de Montesquieu, quienes explican que dentro del poder público deben existir contrapesos mediante la división del mismo con facultades y funciones diferentes que permitan alcanzar los fines del Estado.

En nuestro país, es en la Constitución de 1857 donde Benito Pablo Juárez García incorpora las ideas inglesas de la integración de poderes, previendo la existencia de dos poderes el administrador y el parlamentario, pero no es sino hasta la entrada en vigor de la Constitución de 1917, donde se materializa un cuerpo legislativo unicameral, a parte del poder con funciones administrativas. Esto supone la existencia de la idea proveniente del constitucionalismo anglosajón que conocemos como “checks and balances”, o bien, controles y contrapesos en el referido poder público, habiendo por consecuencia un Ejecutivo un Legislativo y un Judicial, con competencias que determina nuestra constitución vigente y que se complementan a la vez que se limitan entre sí.

Como ya se ha referido, la función legislativa le corresponde tanto a la Cámara de Diputados como a la de Senadores, quienes se rigen a través de normas jurídicas que en su carácter secundario, derivan primordialmente de la práctica parlamentaria y que ahora conforman el hoy llamado derecho parlamentario, cuyo concepto incluye todos los aspectos relacionados con las funciones y organización interna de los parlamentos, asambleas, cámaras o congresos y cuya fuete primordial es la costumbre parlamentaria.

La mayor parte de las normas escritas derivan de la costumbre, es decir, de usos reiterados que adquieren el carácter vinculatorio, o bien, de prácticas, concebidas como actividades continuadas, mismas que se han incorporado al Reglamento del Senado de la República, el cual fundamenta su existencia en el artículo 3 de la Ley de Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 30 de diciembre de 2004.

El reglamento, es un “conjunto ordenado de reglas o preceptos que por autoridad competente se da para la ejecución de una ley o para el régimen de una corporación, una dependencia o un servicio”1, por lo que las distintas fuerzas políticas de la LX y la LXI Legislaturas del Senado de la República sumaron esfuerzos y conformaron su propio reglamento, con la intención de dar mayor certeza y mejorar la eficiencia en las tareas legislativas.

En dicho ordenamiento jurídico se prevé un Título Sexto relativo a las Comisiones y Comités del Senado de la República que se encuentran especializados por materias, cuyo trabajo se llevaba a cabo a través de diversas prácticas parlamentarias que se iban adecuando de conformidad con las necesidades de tales cuerpos colegiados, pero con la emisión de normas sistematizadas, se dota de dinamismo su trabajo, el cual versa en la dictaminación de las iniciativas de leyes o decretos que son presentados ante la Cámara Alta y que le son turnados por la Mesa Directiva del Pleno de forma vinculatoria.

La labor de las Comisiones y Comités resulta muy importante, pues en esta tarea se vierten las opiniones de expertos en las materias competencia del propio Senado o de las que le correspondan como Cámara Revisora, contribuyendo esto al adecuado sistema de división del ejercicio del poder. Aunado a ello y con el propósito de enriquecer el análisis y posteriormente la dictaminación a la que se hace referencia, el Reglamento del Senado de la República, reconoce la posibilidad de que las comisiones no vinculadas a la materia de análisis y dictamen, pueden participar en el proceso de dictaminación, emitiendo algún punto de vista técnico o especializado que contribuya a mejorar el dictamen.

Los artículos 179 y 180 del multicitado Reglamento del Senado de la República indican que el turno para efectos de opinión procede para solicitar a las comisiones ordinarias o especiales aporten puntos de vista a las dictaminadoras, cuando en las iniciativas o proyectos que éstas conozcan se aborden de manera indirecta asuntos de la competencia de aquéllas. El turno puede incluir el número de comisiones que se estima necesario y cuando lo consideren pertinente, cualquier comisión o senador puede aportar por escrito opiniones a las comisiones dictaminadoras. Las opiniones que emiten las comisiones requeridas al efecto o las que se presentan por decisión propia, no son vinculantes para el dictamen que se emita. Si la opinión no se presenta en tiempo y forma, se entiende que la opinante declina de su derecho a emitirla. Un dictamen no se supedita a la emisión de una opinión.

De lo anterior tenemos que en primer término, se encuentra regulada la figura del turno para opinión. En este sentido se faculta al Presidente de la Mesa Directiva para turnar a comisiones las iniciativas o proyectos para dictamen u opinión, cuyo efecto es solicitar a las comisiones ordinarias y especiales aporten puntos de vista a las dictaminadoras cuando en las iniciativas o proyectos que éstas conozcan se aborden de manera indirecta asuntos de la competencia de aquéllas, pudiéndose incluir el número de comisiones que se considere necesario y en segundo término, se regula la hipótesis de que cualquier otra comisión distinta a las dictaminadoras o a las opinantes o, incluso, cualquier legislador, pueda aportar por escrito opiniones a las dictaminadoras. Así mismo, el propio Reglamento determina el efecto no vinculante para el dictamen que se produzca de las opiniones que se lleguen a emitir, con lo que se reconoce la autonomía del dictamen respecto a la opinión, de tal manera que la opinión no condiciona ni la oportunidad ni la validez o eficacia de un dictamen.

No obstante lo anterior, los numerales en comento, no establecen el procedimiento para la discusión y aprobación de las opiniones, pues el texto del Reglamento del Senado de la República, solo trasciende a los requisitos del dictamen, al sentido del voto del dictamen, ya sea positivo, negativo e incluso la existencia de un voto particular y en general al procedimiento para su desahogo, limitándose a establecer que el plazo para emitir la opinión, cuando proceda, lo determinará la Junta Directiva de la comisión que coordina los trabajos correspondientes, en el método de trabajo que establezca para la dictaminación y de acuerdo con lo establecido por el artículo 185 del Reglamento del Senado de la República, omitiéndose situaciones que podrían suscitarse dentro del procedimiento para emitir una opinión, que si bien no es vinculante, debe considerarse el criterio de pluralidad existente en las comisiones.

Lo anterior significa que si existe consenso para una opinión ya sea que se emita en sentido positivo o negativo, sigue su curso remitiéndose a la dictaminadora dentro del plazo establecido o antes de que se elabore el dictamen, de lo contrario se pierde el derecho de emitir la misma; pero se encuentra desprovisto el caso de no existir consenso entre los miembros de la comisión respecto al sentido de la opinión, ya que ésta debe ser aprobada por la mayoría de los miembros de la comisión emisora de acuerdo con lo que establece el artículo 185 del Reglamento del Senado de la República, por lo que se considera importante establecer alguna regla que permita regular esta hipótesis y con ello agilizar las sesiones de las comisiones, cuando dentro de su orden del día se encuentre el asunto referente a la opinión formulada, en aras de mejor proveer la función legislativa, dentro de un sistema de controles y contrapesos.

Por lo antes expuesto y fundado, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO

ARTICULO UNICO. Se reforma y adiciona el numeral 2 del artículo 185 del Reglamento del Senado de la República, para quedar como sigue:

Artículo 185

1. …

2. La opinión es aprobada por la mayoría simple de los miembros de la comisión que la emite. En caso de no contar con dicha mayoría, se deberán realizar las adecuaciones conducentes, conforme a lo planteado por la mayor parte de los integrantes de la comisión emisora, en el momento en el que se desahoga el asunto, a efecto de remitirla en tiempo y forma a la comisión coordinadora de los trabajos dentro del procedimiento de dictaminación.

3. …

4. …

ARTICULO TRANSITORIO

UNICO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el Senado de la República, a 7 de febrero de 2013.

Sen. Lisbeth Hernández Lecona”.

1 LOPEZ Flores Raúl et Al, Coordinación. Estrategia y práctica parlamentaria en un Congreso plural. XXV Aniversario del Instituto Belisario Domínguez, Senado de la República, Primera Edición,  México 2011.





 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY PARA LA PROTECCION DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES

(Presentada por las CC. Senadoras Hilda Esthela Flores Escalera y Diva Hadamira Gastélum Bajo, del grupo parlamentario del PRI)

“SEN. ERNESTO JAVIER CORDERO ARROYO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
CAMARA DE SENADORES
PRESENTE.

HILDA ESTHELA FLORES ESCALERA y DIVA HADAMIRA GASTELUM BAJO, Senadoras de la República de la LXII Legislatura al Congreso de la Unión e integrantes del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en el Artículo 71, Fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los Artículos 8, 164 y 169 del Reglamento del Senado de la República, sometemos a consideración de esta Soberanía la presente INICIATIVA con Proyecto de Decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley para la ProtecciOn de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, de conformidad con la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

1.- El 12 de octubre de 2011 se publicaron en el Diario Oficial de la Federación reformas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos  en materia de derechos de niñas, niños y adolescentes.

Dicho Decreto señala lo siguiente:

Artículo Unico. Se reforman los párrafos sexto y séptimo del artículo 4o. y se adiciona la fracción XXIX-P al artículo 73, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 4o...

...

...

...

...

En todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos. Los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral. Este principio deberá guiar el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas dirigidas a la niñez.

Los ascendientes, tutores y custodios tienen la obligación de preservar y exigir el cumplimiento de estos derechos y principios.

...

...

Artículo 73. ...

I. a XXIX-O...

XXIX-P. Expedir leyes que establezcan la concurrencia de la Federación, los Estados, el Distrito Federal y los Municipios, en el ámbito de sus respectivas competencias, en materia de derechos de niñas, niños y adolescentes, velando en todo momento por el interés superior de los mismos y cumpliendo con los tratados internacionales de la materia, de los que México sea parte.

XXX...

Como se lee, esta reforma señala la actuación del Estado a favor de niñas, niños y adolescentes, mandatándose como punto rector que se deberá atender al principio del “interés superior de la niñez” sobre cualquier otro, el cual deberá guiar el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas dirigidas a la niñez, debiendo los ascendientes, tutores y custodios la obligación de preservar y exigir el cumplimiento de estos derechos y principios.

Asimismo, la adición al Artículo 73 Constitucional en su Fracción XXIX-P, faculta al Congreso de la Unión para expedir leyes que establezcan la concurrencia de la Federación, los Estados, el Distrito Federal y los Municipios, en el ámbito de sus respectivas competencias.

2.- La Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 29 de mayo de 2000, teniendo como antecedente la Convención sobre los Derechos del Niño y fundamento en el Artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Esta Ley, establece una serie de disposiciones de orden público, interés social y de observancia general en toda la República Mexicana, teniendo como objeto garantizar a niñas, niños y adolescentes la tutela y el respeto de los derechos fundamentales reconocidos en la Constitución, debiendo la Federación, el Distrito Federal, los estados y los municipios en el ámbito de su competencia, expedir las normas legales y tomar las medidas administrativas necesarias a efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto en ella.

Sin duda alguna, uno de las mayores aportaciones de esta Ley, fue establecimiento del principio del “interés superior de la infancia”, denominado así en su Artículo 3 y definido en el Artículo 4 que señala que las normas aplicables a niñas, niños y adolescentes, se entenderán dirigidas a procurarles, primordialmente, los cuidados y la asistencia que requieren para lograr un crecimiento y un desarrollo plenos dentro de un ambiente de bienestar familiar y social, dejando en claro que el ejercicio de los derechos de los adultos no podrá, en ningún momento, ni en ninguna circunstancia, condicionar el ejercicio de los derechos de niñas, niños y adolescentes.

Como se lee, el interés superior de la niñez contenido en la Constitución Federal y el interés superior de la infancia o interés superior del niño contenido en la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes responden al mismo fin, pues sin duda el principio contenido en la Constitución Federal fue retomado de la Ley General señalada y a su vez de la Convención Superior del Niño.

Por ello, es fundamental que como estrategia para dar certeza jurídica en la interpretación y aplicación de normas, más tratándose de legislación en materia de derechos de niñas, niños y adolescentes, el marco jurídico nacional guarde estrecha relación tanto de conceptos como de denominaciones y con ello evitar confusiones respecto al fin u objeto del “interés superior de la niñez” respecto de las demás formas en que se le conoce en las diversas leyes, homologándolo, por una cuestión de preeminencia jurídica, con lo establecido en la Carta Magna.

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los artículos citados en el proemio, se propone la siguiente:

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY PARA LA PROTECCION DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES.

ARTICULO UNICO: Se reforma la el apartado A del artículo 3, los artículos 4 y 24 y los apartados C y K del artículo 45, todos de la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, para quedar como siguen:

Artículo 3. La protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes, tiene como objetivo asegurarles un desarrollo pleno e integral, lo que implica la oportunidad de formarse física, mental, emocional, social y moralmente en condiciones de igualdad.

Son principios rectores de la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes:

A. El del interés superior de la niñez.

B a G

Artículo 4. De conformidad con el principio del interés superior de la niñez, las normas aplicables a niñas, niños y adolescentes, se entenderán dirigidas a procurarles, primordialmente, los cuidados y la asistencia que requieren para lograr un crecimiento y un desarrollo plenos dentro de un ambiente de bienestar familiar y social.


Artículo 24. Las autoridades establecerán las normas y los mecanismos necesarios a fin de que, siempre que una niña, un niño, una o un adolescente se vean privados de su familia de origen, se procure su reencuentro con ella. Asimismo, se tendrá como prioritaria la necesidad de que niñas, niños y adolescentes, cuyos padres estén separados tengan derecho a convivir o mantener relaciones personales y trato directo con ambos, salvo que de conformidad con la ley, la autoridad determine que ello es contrario al interés superior de la niñez.

Artículo 45. A fin de dar cumplimiento a lo establecido en el artículo anterior, las normas establecerán las bases para asegurar a niñas, niños y adolescentes, lo siguiente:

A y B…

C. Que la privación de la libertad sea aplicada siempre y cuando se haya comprobado que se infringió gravemente la ley penal y como último recurso, durante el periodo más breve posible, atendiendo al principio del interés superior de la niñez.

D a J…

K. Que quienes sean privados de su libertad tengan derecho a mantener contacto permanente y constante con su familia, con la cual podrá convivir, salvo en los casos que lo impida el interés superior de la niñez.

L…

TRANSITORIOS

UNICO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Salón de sesiones de la H. Cámara de Senadores, a 7 de febrero de 2013.

Sen. Diva Hadamira Gastélum Bajo.- Sen. Hilda Esthela Flores Escalera”.





 

PROPUESTAS

De la C. Senadora Diva Hadamira Gastélum Bajo, del grupo parlamentario del PRI, que contiene punto de Acuerdo por el que se exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal a expedir el Reglamento de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables.

PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL TITULAR DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL A EXPEDIR EL REGLAMENTO DE LA LEY GENERAL DE PESCA Y ACUACULTURA SUSTENTABLES

“La suscrita, Diva Hadamira Gastélum Bajo, Senadora de la República de la LXII Legislatura, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y en la fracción II del artículo 8, así como el artículo 276, ambos del Reglamento del Senado de la República, someto a consideración de esta Soberanía, la siguiente proposición con punto de Acuerdo de conformidad con las siguientes:

CONSIDERACIONES

1. Una de las principales actividades primarias con las que cuenta nuestro país son la pesca y la acuacultura, mismas que representan una importancia económica para México y que además son consideradas productoras de alimentos de alta calidad nutrimental para la población y generadora tanto de empleos como de divisas.

2. La pesca y la acuicultura contribuyen de manera esencial a la seguridad alimentaria mundial y al crecimiento económico. Los recursos pesqueros son consecuentemente críticos para la economía costera y de aguas interiores, estimándose que proporcionan trabajo e ingresos a un sector importante de la población.

3. Asimismo, la pesca es una actividad económica cuya continuidad se sustenta en los recursos naturales que puedan mantener una producción suficiente para cumplir con los objetivos económicos y sociales, considerando que la conservación del recurso es un requisito sine qua non para continuar con dicha actividad. Estas actividades tan complejas del sector primario, tienen gran influencia en los factores ambientales, económicos, culturales, sociales y políticos, ya que se creía a nivel  mundial que estos recursos eran inagotables, hasta que en los ochentas se presentó el colapso de pesquerías en diferentes regiones del mundo.

4. En este contexto, resulta necesaria la elaboración de una regulación justa y eficaz que tengan como objetivo el manejo sustentable de los recursos pesqueros para enfrentar la crisis que en nuestro país se pone de manifiesto con la disminución de capturas de la mayoría de las pesquerías, la falta de rentabilidad y eficiencia, conflictos sociales que día a día se agudizan, entre otros.

Sin duda, el sector pesquero nacional representa una verdadera oportunidad para superar los grandes retos económicos que aqueja a nuestros país, no sólo por la enorme riqueza que ofrecen nuestros extensos litorales, sino también por su potencialidad productiva, generadora de capitales y empleos permanentes.

5. Pese a ello, el sector vive un evidente retraso en su potencial económico, desarrollo y modernización, generando además de la poca productividad problemas sociales alternos que repercuten directamente en las comunidades pesqueras que en su mayoría se encuentran en una situación de subsistencia, pues sus embarcaciones son obsoletas, carecen de capacitación técnica y apoyos económicos suficientes. Además de requerir un ajuste equitativo de los precios de los combustoleos y energéticos básicos para su operatividad.

Es decir, se requiere de una verdadera política de estado para el sector pesquero nacional que proporcione elementos de coordinación entre los estados y municipios para impulsar, con eficacia, el desarrollo regional y con ello potencializar la actividad pesquera en el país.

6. Asimismo, se debe contar con los ordenamientos legales adecuados que permitan sacar el mayor provecho a nuestras riquezas naturales logrando el principio de sustentabilidad.

Al respecto podemos decir que se dio un gran avance con la aprobación y publicación de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables.

7. El proceso legislativo que acompañó la elaboración y aprobación de esta ley, que culmino el 19 de abril de 2007, estuvo precedida de un profundo debate en el que comulgaron diversas expresiones y puntos de vista. Fue un proceso intenso y de profundo análisis que resultó en una ley en la que si bien, no se satisfizo por completo a todas las partes interesadas, si representó un significativo avance en la regulación de la actividad pesquera nacional.

8. Este nuevo ordenamiento permitió la descentralización de funciones y facultades en materia de pesca permitiendo que los estados y municipios, administraran permisos de pesca, la rectoría de sus aguas dulces continentales, así como ejercer atribuciones de inspección y vigilancia además de participar en la planeación y ordenamiento de la actividad pesquera.

Sin embargo, aún y cuando establece reglas claras para que las autoridades de los tres niveles de gobierno colaboren en la administración eficaz del sector pesquero nacional y que sienta las bases jurídicas para que los estados y municipios se involucren directamente en la reglamentación local y la elaboración y firma de acuerdos con la Federación, no ha habido un cumplimiento estricto en lo dispuesto en su articulado.

9. Más aún, después de la entrada en vigor de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables el Ejecutivo Federal debió expedir el Reglamento correspondiente en el término de seis meses, tal como lo señala el Artículo Sexto Transitorio del ordenamiento en comento, que a la letra dice:

ARTICULO SEXTO.- El Reglamento de la presente Ley deberá ser expedido por el Presidente de la República dentro de los seis meses siguientes a la entrada en vigor Reglamento de la Ley de Pesca publicado en el Diario Oficial de la Federación el 29 de septiembre de 1999, en lo que no contravenga las disposiciones de esta Ley”.

Reglamento, que hasta el momento no ha sido expedido por la autoridad correspondiente, por lo que se encuentra vigente el Reglamento publicado el 29 de septiembre de 1999, el cual de ningún modo atiende la operación de las disposiciones de la Ley vigente.

10. A falta de una reglamentación acorde a la nueva ley, las autoridades del ramo de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA) a través de la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (CONAPESCA), del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (SENASICA) y del Instituto Nacional de Pesca (INAPESCA), iniciaron el pasado 2 de mayo de 2008 un proceso de consulta pública , en el que pusieron a la consideración y análisis de los actores involucrados el Anteproyecto de Reglamento de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables.

Se desarrollaron 4 Foros de Consulta Pública, con el objetivo de recoger inquietudes y opiniones del sector pesquero y acuícola que estarán sujetas para incluirse en el texto final del reglamento.

11. Las autoridades de CONAPESCA sostienen al respecto que a partir de este proceso se integraría un instrumento moderno e incluyente que contribuyera jurídicamente a regular de forma clara y completa a la ley; la consulta culminó el 18 de julio de ese mismo año. Sin embargo, a pesar de la misma no se ha expedido Reglamento alguno que soporte la operatividad de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentable vigente actualmente.

12. En otras palabras, al no existir reglamentación que otorgue competencias y responsabilidades, se carece de instrumentos indispensables para la aplicación y observancia de las disposiciones legales.

El gran esfuerzo que significó la construcción de consensos para aprobar esta Ley, se diluye por no contar con la reglamentación correspondiente, por lo que este Órgano Legislativo considera y exhorta al Ejecutivo Federal dé cumplimiento a lo prescrito en el Artículo Sexto Transitorio de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables, emitiendo el Reglamento que permita dar operatividad a las disposiciones que contiene dicha Ley.

13. En ese contexto, el objetivo de la presente Proposición es exhortar al Titular de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA), para que, atendiendo a lo dispuesto en el artículo 6 fracción III del Reglamento Interior de la SAGARPA mismo que establece la facultad indelegable del Secretario de formular y proponer al Ejecutivo Federal proyectos de reglamentos de los asuntos que sean de su competencia. Dicho articulo cita a la letra:

ARTICULO 6°. El Secretario del Despacho ejercerá directamente las siguientes facultades no delegables:

III. Formular y proponer al Presidente de los Estados Unidos Mexicanos los proyectos de iniciativas de leyes o decretos, así como los proyectos de reglamentos, Decretos, Acuerdos y órdenes sobre los asuntos competencia de la Secretaría y de las entidades del Sector Coordinado.

Por las consideraciones expuestas y fundadas con anterioridad, me permito someter a consideración del Pleno de esta H. Soberanía la siguiente proposición con:

Punto de Acuerdo

Unico.- Se exhorta respetuosamente al titular del Poder  Ejecutivo Federal para que, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo Sexto Transitorio de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables, expida a la brevedad el Reglamento de la misma.

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Senadores, a 5 de febrero de 2013.

Sen. Diva Hadamira Gastélum Bajo”.





 

De la C. Senadora Lisbeth Hernández Lecona, a nombre propio y de diversas CC. Senadoras del grupo parlamentario del PRI, que contiene punto de Acuerdo que exhorta a los titulares de las Secretarías de Gobernación y de Comunicaciones y Transportes a informar los actos ejecutados por la persona moral denominada Sociedad Anónima de Capital Variable Pullman de Morelos.

“DE LAS SENADORAS LISBETH HERNANDEZ LECONA, ANGELICA DEL ROSARIO ARAUJO LARA, HILDA ESTHELA FLORES ESCALERA,  JUANA LETICIA HERRERA ALE, LILIA GUADALUPE MERODIO REZA, MA. DEL ROCIO PINEDA GOCHI, MARGARITA FLORES SANCHEZ Y MELY ROMERO CELIS, INTEGRANTES DE LA FRACCION PARLAMENTARIA DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR LOS ARTICULOS 8, FRACCION II, 76, FRACCIÓN IX, 276 Y DEMAS RELATIVOS Y APLICABLES DEL REGLAMENTO DEL SENADO DE LA REPÚBLICA, ME PERMITO PRESENTAR ANTE ÉSTA HONORABLE ASAMBLEA, PROPOSICION CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE: EL SENADO DE LA REPUBLICA, EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA A LOS TITULARES DE LAS SECRETARIAS DE GOBERNACION Y COMUNICACIONES Y TRANSPORTES, PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SU COMPETENCIA, INFORMEN A ESTA SOBERANIA LOS ACTOS EJECUTADOS POR LA PERSONA MORAL DENOMINADA SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE PULLMAN DE MORELOS, EN BASE A LAS SIGUIENTES:

CONSIDERACIONES

Indudablemente, las medidas preventivas en todos los casos, son instrumentos básicos que como personas deben promover, sea en nuestra familia como en el trabajo, y en general en nuestro diario vivir dentro de la sociedad en la que nos desenvolvemos, consideramos que no es una tarea que le constriña únicamente a las autoridades, la prevención del delito por ejemplo, es un mecanismo eficiente que debe implementarse en todos los niveles y en las áreas donde se desarrolla el ser humano.

Por ejemplo, el avocarnos a la prevención del delito podemos considerarlo como una acción indispensable que trae consigo una conducta adelantada para evitar un accidente, siniestro, asalto o delito.

Por definición la palabra prevención significa: medidas y acciones dispuestas con anticipación con el fin de evitar o impedir que se presente un fenómeno peligroso para reducir sus efectos sobre la población. Esto aunado a la definición jurídica de la palabra delito que se precisa como: una conducta, acción u omisión típica (tipificada por la ley), antijurídica (contraria a Derecho), culpable y punible.

Supone una conducta infraccional del Derecho penal, es decir, una acción u omisión tipificada  y penada por la ley. Por consiguiente, “Prevención del delito” no es más que tomar medidas y realizar acciones para evitar una conducta o un comportamiento que puedan dañar o convertir a la población en sujetos o víctimas de un ilícito. La prevención del delito encierra dos aspectos importantes:

- Prevenir que el individuo realice conductas delictivas o ilícitas.

- Evitar que las personas sean sujetas o víctimas de algún delito.

Aunado a lo anterior, el objetivo  preponderante del presente Punto de Acuerdo está encaminado a los actos que desarrolla en particular la empresa denominada Pullman de Morelos, una persona moral que presta sus servicios de transportes  a la ciudadanía y que en materia de prevención del delito es imprescindible que fortalezca sus acciones que en coordinación con las autoridades correspondientes tienen programado en este rubro, a fin de lograrlo mediante la aplicación de mecanismos coordinados entre los diferentes sectores de la sociedad.

Todo esto con la finalidad de reducir los índices delictivos en el estado y crear una cultura de prevención del delito. Ahora bien, también es requisito ineludible que dichas acciones que se ejecutan en las terminales de dicha empresa y en general en todas y cada una de sus unidades de transporte, debe prevalecer el respeto, cuidado y protección de los derechos de los pasajeros, garantías consagradas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es decir; los instrumentos preventivos que se realizan en las terminales sea cual cualquiera, al abordar los autobuses deben hacerse sin menoscabo de los pasajeros y del conocimiento de quienes utilizan dicho medio de transporte, ya que, es un derecho y garantía constitucional tener noción de lo que son objeto, siempre y cuando no se conculquen ni transgredan sus derechos humanos, protegiendo su integridad, no sólo de los adultos, sino especialmente de los niños, mujeres y ancianos, ya que son los más desprotegidos y muchas de las ocasiones los más lesionados por su estado de vulnerabilidad.

Concomitantemente a lo anterior, no se persigue por ningún motivo ni bajo ninguna circunstancia que se soslayen las medidas preventivas implementadas por dicha empresa para la prevención de delitos, ya que es para beneficio de la sociedad, sino más bien, que se informe a toda la población que utilizan dichas unidades sea en transporte público como privado y particularmente en terminales de autobuses a través de carteles, trípticos, circulares, prensa escrita, radio o  televisión lo que han de realizar, como lo son:

a).- Tomas de fotografía

b)   Tomas de Video (grabaciones)

c).-  A dónde se dirige dicha información y para qué se realiza.

Lo anterior, a fin de que, los pasajeros tengan el conocimiento de que lo que se hace no es para vulnerar sus derechos ni mucho menos para dar pauta o que se piense que dicha información o datos es otorgada  a grupos delictivos y al mismo tiempo, tengan la certeza y plena seguridad de que todo se hace por prevención y para bienestar de todos.

Es un hecho notorio para ésta Cámara de Senadores como para toda la población mexicana que, han existido eventos en los que, la información que es propia de la autoridad y que se tiene como de secrecía o de carácter privado, ya la han dispuesto grupos delictivos o es localizada en lugares conocidos donde la delincuencia es fructífera y eso es lo que precisamente queremos evitar, para ello, hacemos éste llamado al titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y de Gobernación para que investiguen e indaguen, los actos realizados por dicha persona moral denominada Pullman de Morelos, y de ser necesario de todas y cada uno de las empresas de autotransportes en nuestro país, a fin de que, no se vulneren ni restrinjan los derechos y garantías de las personas que utilizan dicha medio de transporte y ante todo, al aplicarse dichas medidas preventivas del delito como las revisiones físicas y de las maletas y/o equipaje de los usuarios, tomas de video y/o fotografía, grabaciones y otras que se ejecutan,  sean fortalecidas y mejoradas, y en caso de que no se realicen de forma eficiente y eficaz, en coordinación con las autoridades competentes, se subsanen los vicios que imperan y  se protejan siempre y en todo momento los derechos humanos y garantías constitucionales de los pasajeros.

CONCLUSIONES

El propósito que debe prevalecer es que, al realizarse esos actos de revisión en cada uno de los pasajeros por parte del personal de seguridad pública y privada o bien, del personal administrativo de la persona moral denominada Pullman de Morelos, se hagan no de forma periódica sino constante, durante toda la jornada laboral, en todas sus unidades y corridas que realiza diariamente la empresa multicitada, fortaleciendo y mejorando sus actuaciones y coadyuvando en todo momento con los cuerpos policiacos y autoridades respectivas, asimismo, dichas revisiones que se efectúan en las personas que abordan las unidades de autobuses y de sus pertenencias, deben hacerse respetando en todo sus derechos humanos y sus garantías constitucionales, sin agresiones por ninguna autoridad ni personal de dicha persona moral, ante todo, buscando la seguridad y protección de los pasajeros y cuidando en todo que la población tenga conocimiento del porqué de las revisiones, tomas de fotografía, video o grabaciones, es decir, publicitar e informar dichas acciones, haciéndolas patentes a través de los medios e instrumentos conducentes por parte de Pullman de Morelos.

POR LO ANTERIORMENTE EXPUESTO, SOMETEMOS A CONSIDERACIÓN DEL PLENO LEGISLATIVO DE LA CÁMARA DE SENADORES, LA SIGUIENTE PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO:

PRIMERO: EL SENADO DE LA REPUBLICA, EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA A LOS TITULARES DE LAS SECRETARÍAS DE GOBERNACION Y DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES, PARA QUE EN EL AMBITO DE SU COMPETENCIA, INFORMEN A ESTA SOBERANIA LOS ACTOS EJECUTADOS POR LA PERSONA MORAL DENOMINADA SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE PULLMAN DE MORELOS, RESPECTO DE LOS SIGUIENTES ACTOS:

- 1.- Si existe disposición oficial para tomar fotografía y video a los pasajeros que utilizan ese medio de transporte de la empresa antes citada.

- 2.- Que informen si existen bases de datos respecto de las tomas de dichas fotografías y videos a los pasajeros:

a).- Donde las almacenan.

b).-Hacia donde van.

c).-Quien es el que las resguarda.

d).- Si es mensual, trimestral, semestral o anual.

- 3.- En caso de existir disposición oficial para la prevención de delitos, que informen porque no se realizan esos actos desde el inicio de apertura de actividades en los transportes de Pullman de Morelos, hasta la conclusión de sus laborales diarias.

 SEGUNDO: EL SENADO DE LA REPUBLICA EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA A LOS TITULARES DE LAS SECRETARIAS DE GOBERNACION Y DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES, PARA QUE DENTRO DE SUS ATRIBUCIONES Y COMPETENCIA, INSTEN A LA PERSONA MORAL DENOMINADA SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE PULLMAN DE MORELOS, PARA QUE FORTALEZCAN SUS MEDIDAS PREVENTIVAS PARA LA PREVENCION DEL DELITO EN COORDINACION CON LAS AUTORIDADES COMPETENTES, A FIN DE BRINDAR MAYOR SEGURIDAD A SUS PASAJEROS, RESPETANDO ANTE TODO SUS DERECHOS HUMANOS Y GARANTÍAS CONSTITUCIONALES.

DADO EN EL SALON DE SESIONES DE LA H. CAMARA DE SENADORES, A LOS CINCO DIAS DEL MES DE FEBRERO DE DOS MIL DOCE.

ATENTAMENTE

Lisbeth Hernández Lecona, Angélica del Rosario Araujo Lara, Hilda Esthela Flores Escalera, Juana Leticia Herrera Ale, Lilia Guadalupe Merodio Reza, Ma. del Rocío Pineda Gochi, Margarita Flores Sánchez, Mely Romero Celis”.





 

EFEMERIDE

De la C. Senadora Martha Elena García Gómez, del grupo parlamentario del PAN, para referirse a la conmemoración del Día Escolar de la No Violencia y la Paz.

CONMEMORACION DEL DIA ESCOLAR DE LA NO VIOLENCIA Y LA PAZ

30 DE ENERO

“Con su venía señor Presidente:

Desde 1964, para conmemorar la muerte de Gandhi, se celebra el 30 de enero el Día Escolar de la No Violencia y la Paz, reconocido por la UNESCO en 1993. Fecha que nos hace recordar la necesidad de la educación para la tolerancia, la solidaridad, el respeto a los Derechos Humanos, la no violencia y la paz.

De acuerdo con el Censo de Población y Vivienda 2010 y la Encuesta Nacional sobre Discriminación 2010, en México tenemos alrededor de 35 millones de niños y niñas menores de 14 años; compañeras y compañeros, estamos hablando de más del 30 por ciento de nuestra población total.

Otra cifra fundamental que merece especial atención, habla de que el 25 por ciento de los niños y niñas dicen que han sido insultados o insultadas, el 91 por ciento reportan haber sido avergonzados o avergonzadas, y el 86 por ciento dicen que han sido golpeados o golpeadas en el espacio escolar.

Si revisamos la distribución por sexo vemos que las niñas son mayormente afectadas, sujetas de discriminación, desigualdad y violencia con respecto a los niños.

Ante este panorama nacional, se hace necesario adquirir compromisos y responsabilidades que como legisladoras y legisladores, nos obligan a hacer frente a las demandas de nuestra infancia.

En este marco, surge la necesidad de ofrecer a las nuevas generaciones un entorno en el cual, se practique en las instituciones educativas una cultura de paz y que la resolución de conflictos se logre a través del diálogo y la práctica de valores tales como la tolerancia, la confianza mutua, la justicia, el respeto y la igualdad.

Si bien es cierto, que para promover la práctica de la paz al interior de las escuelas, se hace necesaria la creación de programas educativos, que promuevan la convivencia pacífica como alternativa a la no violencia y al ejercicio pleno de los Derechos Humanos de la Infancia y la Adolescencia, entre el alumnado, entre compañeros y compañeras y en cada uno de los  docentes que imparten clases en las escuelas, también es cierto que el Estado, como representante de la Nación, debe asumir sus compromisos y responsabilidades con la infancia. 

Hoy en México, este compromiso debe ser fundamental para contribuir a un ambiente escolar y familiar óptimo para el desarrollo de las niñas, los niños y los adolescentes y fortalecer el interés superior de la niñez, la igualdad sustantiva entre las niñas y niños y la no violencia inmersos en nuestro marco jurídico nacional y a luz de la Convención sobre de los Derechos del Niño ratificada desde 1990 por el Estado Mexicano.

Estoy segura de que no hay recetas únicas para diseñar leyes o políticas públicas, este es un proceso más bien flexible y depende de la suma de voluntades que cada quien desde la trinchera en la que se encuentre, quiera aportar.
Compañeras y Compañeros legisladores:

Esta conmemoración, debe acogerse como una buena oportunidad, para que desde el Poder Legislativo, nos comprometamos con la infancia y la adolescencia, y tracemos una estrategia común a partir del diálogo y el consenso desde la perspectiva de la infancia, con la finalidad de que cuando una niña, niño o adolescente vea mermada su capacidad para ejercer sus derechos humanos, el Estado Mexicano responda en su defensa, no sólo por los compromisos adquiridos en el marco jurídico nacional e internacional, sino porque la protección de los derechos de la infancia y la adolescencia es responsabilidad de todas y todos los que esperamos tener un México mejor, un México sin violencia.

Es cuanto,

Muchas Gracias”.





 

CITA

Se cita a la siguiente sesión que tendrá lugar el próximo martes 12 de febrero a las 11:00 horas.

(Se levantó la sesión a las 15:43 horas)

Directorio

DIARIO DE LOS DEBATES

de la Cámara de Senadores del Congreso
de los Estados Unidos Mexicanos

Director: Lic Arturo Domínguez Sarmiento

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