Senado de la República.
Sesión Plenaria.
Jueves 23 de marzo de 2017
    
    

Última actualización: Marzo 2017
Última revisión: Marzo 2017

Sesión Plenaria - Diario de los Debates
LXII
              Legislatura
1er
Año
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DIARIO DE LOS DEBATES

DE LA CÁMARA DE SENADORES
DEL CONGRESO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS


AÑO I                       Segundo Periodo Ordinario                       LXII Legislatura                       Sesión Núm. 1

Presidente de la Mesa Directiva
Sen. Ernesto Javier Cordero Arroyo

Sesión Pública Ordinaria Celebrada
en la Ciudad de México, el 05 de Febrero de 2013

SUMARIO                                              


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PRESIDENCIA DEL C. SENADOR
JOSE ROSAS AISPURO TORRES

APERTURA

- El C. Presidente José Rosas Aispuro Torres: (11:47) Solicito a la Secretaría informe a la Asamblea el resultado del cómputo de asistencia de las señoras y señores Senadores.

- La C. Secretaria Rosa Adriana Díaz Lizama: Honorable Asamblea, conforme al registro de asistencia, se han acreditado 89 ciudadanos Senadores y Senadoras.

En consecuencia, hay quórum, señor Presidente.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Se abre la sesión del día 5 de febrero de 2013, correspondiente al segundo periodo ordinario de sesiones del primer año de ejercicio constitucional de la LXII Legislatura.

- La C. Secretaria Díaz Lizama: Compañeros Senadores y Senadoras, les solicito ponerse de pie para la Declaratoria que hará el Presidente.

(Todos de pie)





 

DECLARATORIA

- El C. Presidente Aispuro Torres: En cumplimiento a lo que dispone el artículo 65 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la LXII Legislatura de la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, abre el segundo periodo de sesiones ordinarias del primer año de su ejercicio constitucional.

(Aplausos)

- La C. Secretaria Díaz Lizama: Favor de tomar asiento.

- El C. Presidente Aispuro Torres: La Secretaría comunicará por escrito al titular del Poder Ejecutivo Federal, al Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al Presidente de la Cámara de Diputados, a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal y a las legislaturas de los estados de la apertura del segundo periodo de sesiones ordinarias del primer año de ejercicio del Senado de la República.

El Orden del Día está disponible en el monitor de sus escaños, con lo cual se informa de los asuntos que corresponden a la agenda de hoy. El acta de la sesión vespertina del 20 de diciembre pasado, se encuentra publicada en la Gaceta del Senado de este día.

“ACTA DE LA SESION VESPERTINA CELEBRADA EL
JUEVES VEINTE DE DICIEMBRE DE DOS MIL DOCE

PRESIDE EL SENADOR
ERNESTO JAVIER CORDERO ARROYO

 

En la ciudad de México, Distrito Federal, a las veinte horas con veintinueve minutos del día veinte de diciembre dedos mil doce, encontrándose presentes ciento veintidós ciudadanos Senadores, según relación anexa, la Presidencia declaró abierta la sesión vespertina.

(Lectura del Orden del Día)

La Secretaría dio por conocido el contenido del Orden del Día de la sesión de esta fecha, debido a la publicación en la Gaceta del Senado y a su difusión.

(Acta de la sesión anterior)

Se aprobó en votación económica el Acta de la Sesión del jueves veinte de diciembre de 2012.

(Comunicaciones)

Se recibió de las Comisiones Unidas de Reforma Agrariay de Justicia, Acuerdo por el que se establece el procedimiento para la comparecencia y dictaminación de los candidatos presentados por el Ejecutivo Federal para el cargo de Magistrado en el Tribunal Superior Agrario.- Quedó de enterado.

(Dictamen a discusión)

Se sometió a consideración de la Asamblea un dictamende las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores y Relaciones Exteriores América Latina y el Caribe, con punto de acuerdo por el que se ratifica el nombramiento expedido a favor de la ciudadana BEATRIZ ELENA PAREDES RANGELcomo Embajadora Extraordinaria y Plenipotenciaria de los Estados Unidos Mexicanos ante la República Federativa del Brasil.- Intervino la Senadora Gabriela Cuevas Barrón, por las comisiones, para presentar el dictamen. Fue aprobado. La funcionaria rindió su protesta de ley.

 

Se sometió a consideración de la Asamblea un dictamen de lasComisiones Unidas de Puntos Constitucionales, de Educación y de Estudios Legislativos, Segunda, con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia educativa.- Para la presentación del dictamen a nombre de las comisiones, intervino el Senador Juan Carlos Romero Hicks. Para fijar la posición de los grupos parlamentarios, hicieron uso de la palabra los senadores: Manuel Bartlett Díaz del PT; Gerardo Flores Ramírez del PVEM; Raúl Morón Orozco del PRD; Javier Corral Jurado del PAN; Mely Romero Celis del PRI. Para la discusión en lo general, intervinieron los senadores: Lorena Cuéllar Cisneros del PRD.

PRESIDE EL SENADOR
JOSÉ ROSAS AISPURO TORRES

Intervinieron los senadores: Dolores Padierna Luna del PRD; Adán López Hernández del PRD; Fidel Demédicis Hidalgo del PRD; Mario Delgado Carrillodel PRD; Juan Carlos Romero Hicks del PAN. La Mesa Directiva informo de las reservas siguientes: SenadorFidel Demédicis Hidalgo, artículo 3, fracción tercera; Senador Armando Ríos Piter, artículo 3, fracción tercera; Senador Fernando Mayans Canabal, artículo 3, fracción novena, párrafo sexto y adición de un último párrafo al mismo artículo; Senador Manuel Bartlett Díaz, artículo 3, fracción novena, último párrafo; Senador Manuel Bartlett Díaz, artículo 73, fracción vigésima cuarta; Senador Armando Ríos Piter, Transitorio Segundo, fracción tercera, párrafo 3; Senador Manuel Bartlett Díaz, Transitorio Quinto, fracción tercera, incisos a y b; Senadora Martha Palafox Gutiérrez, adición de unafracción III al Artículo Quinto Transitorio. El proyecto de decreto fue aprobado en lo general por 113 votos en pro y 11 en contra y los artículos no reservados.

En la discusión en lo particular intervinieron los senadores: Fidel Demédicis Hidalgo del PRD presentó su reserva al artículo 3, no se admitió a discusión; el Senador Armando Ríos Piter del PRDpresentósu reserva al artículo 3, no se admitió a discusión; el SenadorFernando Mayans Canabalpresentó sus reservas al artículo 3,no se admitieron a discusión; el Senador Manuel Bartlett Díaz,presentó su reserva al artículo 3, no se admitió a discusión. El artículo 3 fue aprobado en los términos del dictamen por 96 votos en pro y 23 en contra.

El Senador Manuel Bartlett Díazpresentó su reserva al artículo 73, no se admitió a discusión. Fue aprobado en los términos del dictamen por 104 votos en pro y 14 en contra.

La Mesa Directiva informó que el Senador Armando Ríos Piterretiró su reserva al artículo Transitorio Segundo. El cual fue aprobado en los términos del dictamen por 103 votos en pro y 12 en contra.

El Senador Manuel Bartlett Díaz presentó su reserva al artículo Transitorio Quinto. No se admitió a discusión. La Senadora Martha Palafox Gutiérrez presentó una adición al Artículo Quinto Transitorio, fracción III, fue admitida a discusión y para referirse a ella, intervino el Senador Benjamín Robles Montoya del PRD. La propuesta de la Sen. Palafox se aprobó. El Artículo Quinto Transitorio modificado fue aprobado por 89 votos en pro y 23 en contra.

Se declaró aprobado el proyecto de decreto. Se devolvió a la Cámara de Diputados, para los efectos de la fracción e) del artículo 72 constitucional.

 

PRESIDE EL SENADOR
ERNESTO JAVIER CORDERO ARROYO

 

Se sometió a consideración de la Asamblea un dictamende las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos, Primera, con proyecto de decreto por el que se derogan los numerales 14 y 15 de la fracción I del artículo 194 del Código Federal de Procedimientos Penales.- Sin discusión, fue aprobado por 108 votos en pro y 2 abstenciones. Se remitió al Ejecutivo Federal.

 

Se sometió a consideración de la Asamblea un dictamende las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos, Primera, con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción XVII del artículo 381 del Código Penal Federal.- Sin discusión, fue aprobado por 100 votos en pro y 1 abstención. Se remitió al Ejecutivo Federal.

 

El Presidente de la Mesa Directiva emitió la declaratoria de clausura del Primer Periodo Ordinario de Sesiones del Primer Año de Ejercicio de la LXII Legislatura.

 

La Presidencia dio por concluida la sesión a las cero horas con cuarenta minutos.

 

Fin de la sesión”.



En consecuencia, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse la misma.

- La C. Secretaria Díaz Lizama: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba el acta de la sesión vespertina del 20 de diciembre de 2012. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque se rechace, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobada el acta, señor Presidente.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Pasamos al siguiente asunto.





 

MINUTO DE SILENCIO

Honorable Asamblea, respetuosamente solicito que, puestos de pie, guardemos un minuto de silencio en memoria de las personas fallecidas con motivo de los sucesos ocurridos en las instalaciones de Petróleos Mexicanos en el Distrito Federal, el pasado 31 de enero.

(Todos de pie guardan un minuto de silencio)

Gracias, señoras y señores Senadores.

Se informa a la Asamblea que en nuestro apartado de proposiciones está enlistado, en primer lugar, un punto de Acuerdo en relación con este tema que ha sido suscrito por los diversos grupos parlamentarios.

Informo a ustedes que en la reunión de la Mesa Directiva de esta mañana, se acordó la realización de una ronda de intervenciones de los grupos parlamentarios para referirse a la conmemoración de la promulgación de la Constitución Política de 1917.

En consecuencia, para referirse a este tema, se concede el uso de la palabra al Senador Manuel Bartlett Díaz, del grupo parlamentario del PT, hasta por cinco minutos.





 

INTERVENCIONES

- El C. Senador Manuel Bartlett Díaz: Con su permiso, señor Presidente; Senadoras y Senadores:

Nos congratulamos por esta sesión con la que damos inicio al segundo periodo ordinario de sesiones del Senado de la República.

Se nos invita a comentar sobre la Constitución de 1917 y sus reformas, para conmemorar su promulgación.

Desgraciadamente, como el PT no forma parte de la Santísima Trinidad, pues nos acabamos de enterar ahorita que había que disertar sobre la Constitución de la República.

Y lo voy a hacer, acudiendo simplemente al sentido común y a la experiencia que tenemos todos sobre nuestra Constitución.

La Constitución de 1917 es el pacto que une a los mexicanos, se dice en la teoría constitucional, cuando llegamos aquí, lo primero que hicimos fue protestar cumplir y hacer cumplir la Constitución de la República.

Y yo los invito en este nuevo periodo a que no se nos olvide esta protesta, porque las protestas son compromisos personales, morales, políticos, que luego se olvidan. Protestar cumplir con la Constitución es, primero, conocer esa Constitución, sus objetivos, su filosofía, lo que contiene y comprometernos con ella; y como trabajamos todos los días con nuevas leyes, decretos, tenemos que vigilar siempre que lo que votemos esté de acuerdo con la Constitución.

Y habrá que reconocer que independientemente de las violaciones ordinarias o los incumplimientos, la Constitución de 1917 ha sido violada profundamente en los últimos años.

Violada en su esencia. Estamos viviendo un régimen neoliberal que se va concretando en un reglamento aquí, en una ley por allá y que va maceando a la Constitución su contenido.

Miren ustedes, la Constitución de la República es producto de una revolución que costó un millón de muertos. Es un conjunto de principios, de ideas, de luchas que se plasman en un documento, que por primera vez en la historia del mundo, contiene garantías sociales y compromisos sociales profundos; derechos novedosos.

La gran Constitución que alumbró al mundo hacia una democracia social real. Antes que los intentos fallidos de las democracias comunistas que fracasaron.

Y lo que estamos viviendo hoy, y lo que se viene aprobando todos los días aquí, está en contra de la Constitución.

La Constitución de la República establece un régimen en donde el Estado tiene una responsabilidad social, en donde hay el mandato de una participación del Estado en la economía, en donde se establecen una serie de principios para proteger algo fundamental que es la justicia social en el país, y eso ya se borró.

Y si somos sinceros y nos preocupamos un poco de analizar lo que se está viviendo, estamos viviendo lo contrario de la Constitución: una violación de esencia a la Constitución.

El Estado ya no es responsable de la equidad social. Vivimos en una nación dividida en 50 millones de pobres. Se dice fácil, seguimos caminando tan tranquilos sin hacer absolutamente nada, sino todo lo contrario, aquí se aprobó hace unos días una reforma laboral que va en contra de todos esos principios, abiertamente.

Una reforma laboral empresarial que les quita a los trabajadores la posibilidad de defenderse de las situaciones por las que viven o por la lucha permanente. Una reforma laboral contraria al sentido esencial de la Constitución de la República que ordena el equilibrio de los factores de la producción.

Eso el Estado ya no lo tiene. Secretaría del Trabajo, cuya función es proteger a los empresarios y perseguir a los trabajadores.

Qué fue si no el fallo del SME, este último, en donde se hace un equilibrismo ahí para decir que la Compañía de Luz no es patrón sustituto cuando está realizando toda la materia de trabajo que tenía Luz y Fuerza y el Sindicato Mexicano de Electricistas. Una brutal violación.

Porque la esencia de la Constitución está traicionada y tenemos por encima de ella un régimen neoliberal que se maneja desde el poder para cambiar leyes, para establecer principios que son contrarios a ella.

La reforma al artículo 3o. constitucional fue verdaderamente una farsa, no estamos cumpliendo con la Constitución.

El régimen de energía que es un poco el eje que está planteando Peña Nieto para su justificación, la reforma energética.

Les quiero decir con toda franqueza que la reforma energética que se ha hecho, porque esta va, la segunda que ya se hizo en 2008, viola la Constitución, porque la Constitución reserva la generación, transmisión y distribución de la energía eléctrica para el servicio público al Estado y hoy más de la mitad de la generación de energía eléctrica la generan empresas extranjeras. Es la segunda venta nacional.

Y de esa segunda venta nacional ya más de la mitad se va al extranjero, quitándole recursos y además objetivos claros. La energía es un servicio público, no un negocio privado. Está en la Constitución clarísimamente. Y estamos tranquilos aquí con una Constitución violada en materia de energía eléctrica, pero sin la menor duda, y sigue en la Constitución ¿eh?

Y ya estamos planeando hacer una reforma energética para invitar al capital extranjero a sumarse a la explotación de petróleo en México.

Y lo ha hecho Peña Nieto en todo el mundo. No lo pueden ahí ocultar. Insisten: “No vamos a privatizar la energía en este país. No vamos a privatizar a PEMEX. La nación seguirá siendo dueña”.

No, pero el artículo 27 no dice eso. La explotación del petróleo en México está reservada al Estado y están invitando a las grandes trasnacionales, que es lo que falta, porque ya la reforma anterior, violando la Constitución, inventando palabras porque engañan, mienten, y entonces hay permisos y contratos de servicios múltiples cuando son verdaderamente ya concesiones que están prohibidas en la Constitución.

Allá vamos. Ya se nos dijo. ¿Va a venir una reforma constitucional o no?

No importa, la Constitución se viola porque está. Vayan ustedes a visitar en el sureste a las instalaciones petroleras, todas están manejadas por extranjeros. Eso no dice la Constitución. Y ahora ya estamos invitados todos y el pacto, el famoso pacto éste ya tiene ahí los grandes principios de lo que va a ser la competencia en materia de petróleo en México.

¿Cuál competencia?

Si en la Constitución de 1917 está establecido en el artículo 27, la que vamos a celebrar hoy, que solamente el Estado mexicano puede explotar. No, pues ya viene, porque eso no es privatizar. Porque además estas violaciones sistemáticas de la Constitución se hacen diciendo mentiras, engañando a la población, diciendo que no son concesiones en materia de electricidad, sino son permisos, apoderándose del lenguaje, transformando todo, cambiando las palabras, se viola la Constitución, la esencia y artículo por artículo.

Y si algo distingue este periodo es que ya nos dijeron que un partido por ahí ya le dieron instrucciones de que cambie sus principios y seguramente lo van a hacer, porque son muy buenos para la disciplina. Pero lo que ésta en juego es la Constitución de la República.

Y si no se respeta la Constitución, nosotros estamos realmente de sobra porque vamos aprobando una y otra y otra vez.

Lo que tenemos que hacer es reflexionar como legisladores. Alguien va a decir, es que esa Constitución, en su letra, ya no es contemporánea.

Muy bien.

Pero entonces hagamos un proceso de reforma constitucional de verdad. No engañando a la población, no diciendo mentiras.

Si los mexicanos ya no quieren que el petróleo siga siendo explotado, pues pregúntenselo, porque ninguno de los partidos que aquí están, ninguno, ninguno, ni el Partido Acción Nacional que hoy dice francamente que están a favor de la entrada de inversión privada a PEMEX, no lo propusieron así en su campaña, les hubiera ido todavía peor. Ya andaban mal, pues les hubiera ido peor.

El tiempo ha concluido. Me da mucha pena decir la verdad aquí en esta tribuna sin tener un texto. Pero como decía yo, los que no estamos en la Santísima Trinidad nos enteramos de muchas cosas a destiempo. Pero se los digo honestamente, honestamente piensen ser en lo que es la Constitución, un pacto que nos une y no un texto que no sirve más que para ser violado.

Muchas gracias.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, Senador Manuel Bartlett Díaz.

Se concede el uso de la palabra al Senador Juan Gerardo Flores Ramírez, del grupo parlamentario del PVEM.

- El C. Senador Juan Gerardo Flores Ramírez: Con su permiso, señor Presidente; compañeras y compañeros Senadores:

Hoy se cumplen 96 años de la promulgación de nuestra Carta Magna, cuya distinción social como primer documento constitucional de carácter social a nivel mundial no debe limitarse a un orgullo histórico, sino evolucionar y orientarse a la redefinición del Estado mexicano a fin de que nuestro país se consolide como la tierra justa, próspera y sustentable que un pueblo generoso como el mexicano merece.

La ciencia jurídica constituye un área del conocimiento en evolución que debe estar atenta a la dinámica social y adaptarse, por un lado, a la realidad que impera en nuestros días, y por otro, al devenir que se prevé para una nación.

El derecho constitucional no escapa de ello. Por ello, los legisladores que integramos el Congreso de la Unión debemos asumir con responsabilidad, pero sobre todo con sensibilidad, nuestras facultades legislativas y nuestra participación en el Constituyente Permanente.

Nuestra Carta Magna hoy más que nunca demuestra tener vida y prueba de ello lo constituyen las importantes reformas constitucionales aprobadas en los años recientes, gracias al trabajo, colaboración y voluntad demostrados por las distintas o las diferentes fuerzas políticas.

En materia de derechos humanos, se elevaron a rango constitucional los derechos fundamentales consagrados en los instrumentos internacionales en los que México es parte, poniéndose a disposición de cualquier persona los mecanismos legales necesarios para hacerlos valer.

Asimismo, hoy en día son reconocidos como tales el derecho a la alimentación y el derecho al agua. Esta última reforma promovida en la legislatura pasada por el grupo parlamentario al que me honro en pertenecer.

En materia de justicia, se han adoptado esquemas legales novedosos como las acciones colectivas y el derecho penal mexicano ha transitado hacia un sistema acusatorio, fortaleciéndose las garantías para quienes intervienen en él, desde imputados y víctimas, hasta autoridades policiacas, administrativas y judiciales. Y la recién aprobada reforma educativa que sin duda alguna representaba una materia pendiente y que permitirá que los niños y jóvenes mexicanos reciban la preparación adecuada para su desarrollo personal.

Gracias a esta reforma, México contará con un capital humano talentoso y capacitado para enfrentar los retos de una sociedad global cada vez más compleja y competitiva.

Asimismo, basta observar el Orden del Día publicado en la Gaceta Parlamentaria de la sesión del día de hoy, en la que figuran once reformas constitucionales promovidas por compañeras y compañeros Senadores que integramos la LXII Legislatura, cuya diversidad en materias y contenidos reflejan la preocupación, pero sobre todo la ocupación del Poder Legislativo Federal en la actualización del régimen constitucional mexicano en atención a las necesidades y legítimas demandas de nuestros representados.

De esta forma queda de manifiesto que a través de la historia, el Constituyente ha realizado diversas reformas a nuestra ley fundamental que sin duda han sido en beneficio de los mexicanos.

Sin embargo, existen temas pendientes y como parte de las reformas que requiere México para su desarrollo se encuentra la obligatoriedad de la educación superior, el fortalecimiento del reconocimiento de las comunidades indígenas, el derecho a la banda ancha, el combate a la corrupción mediante la creación de un sistema nacional, así como la autonomía del Instituto Federal de Acceso a la Información. Esta última, ya aprobada por el Senado de la República y pendiente en la Cámara de Diputados.

Ahora bien, compañeras y compañeros Senadores, justamente hoy que conmemoramos la promulgación de nuestra Constitución, resulta fundamental que hagamos un esfuerzo por mantener ésta como el instrumento que establece las normas fundamentales que rigen la vida de nuestros compatriotas y que establecen el marco de competencias de actuación de las instituciones que conforman el Estado mexicano; y evitemos caer en la tentación de incorporar en ésta no sólo principios, sino también disposiciones que por su naturaleza deben estar en la legislación secundaria.

Por lo anterior, este aniversario más de la Constitución de 1917, representa una oportunidad para reflexionar y asumir el compromiso de perfeccionar nuestra Carta Magna mediante las reformas y adiciones de las disposiciones legales que atiendan las demandas de libertad, igualdad, justicia, oportunidades y bienestar en general que la sociedad mexicana exige con razón.

En este sentido, los Senadores que integramos el grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México en esta Soberanía, manifestamos nuestro compromiso con el pueblo de México, reiterando nuestra disposición para promover y participar en el análisis y discusión de las reformas constitucionales que forman parte de la agenda legislativa de esta LXII Legislatura.

Por su atención, muchas gracias.

Es cuanto, señor Presidente.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Muchas gracias, Senador Juan Gerardo Flores Ramírez.

Para el mismo asunto, se le concede el uso de la palabra al Senador Raúl Morón Orozco, del grupo parlamentario del PRD.

- El C. Senador Raúl Morón Orozco: Compañeras y compañeros: Muy buenas tardes, los saludo a todos y a todas con mucho aprecio; con su permiso, compañeros de la Mesa.

Los mexicanos celebramos hoy el nonagésimo sexto aniversario de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917, la cual a pesar de haber sido una de las primeras constituciones sociales del siglo XX, mantiene su plena vigencia jurídica, política, social e ideológica como un ejemplo y bastión del constitucionalismo contemporáneo en todo el mundo.

El 5 de febrero de 1917 se promulgó el texto que había sido discutido y finalmente aprobado por los Diputados Constituyentes reunidos en Querétaro, por voluntad y mandato del pueblo de México, que vio en nuestra Carta Magna la posibilidad de transitar hacia un régimen de liberalismo social y político que plasmara en su articulado la ideología revolucionaria de ese grupo de pensadores liberales, entre los que participaron varios michoacanos, como Francisco J. Mújica, Jesús Romero Flores y José Silva Herrera, entre otros.

Los Constituyentes del 1917 fueron mexicanos excepcionales que dieron nueva dimensión a nuestras bases constitucionales, surgida de una revolución social motivada por defender el legítimo derecho de los mexicanos a la igualdad, la justicia, a la apertura de oportunidades de acceso y equidad para quienes menos tienen, derivado de las exigencias de una sociedad agraviada, sometida, marginada y excluida.

A los Constituyentes de 1824 les correspondió fundar las bases de un Estado libre y soberano. Al movimiento liberal de 1857, consolidar las libertades de todos los ciudadanos, pero a los promotores e ideólogos de la Carta Fundamental de 1917, les tocó el compromiso histórico de proclamar los derechos sociales para iniciar el proceso de transformación por el que tuvo que caminar nuestro país durante todo el siglo XX y hasta nuestros días.

La Constitución de 1917 abrió así sus puertas a la defensa de la dignidad humana y la vida social. Con nuestra norma fundamental comenzó no sólo en México, sino en el mundo, el constitucionalismo social. Esta es una gran aportación de nuestro país a la cultura jurídica internacional; esta es una idea del presente y es la respuesta a los grandes retos del futuro.

Muchos fueron los derechos humanos y fundamentales que la Constitución de 1917 otorgó a los mexicanos, pero entre todos ellos destacan: la libertad de expresión y de prensa; la educación pública y obligatoria; el reparto agrario de los grandes latifundios en la conformación de una nueva forma de propiedad social mediante ejidos y comunidades; el reconocimiento de los derechos laborales a una jornada máxima, a un salario justo, a la huelga y a la sindicalización; la democracia política; el respeto efectivo al voto libre y secreto y la no reelección de cargos públicos, entre otros que no obstante el avance que se ha venido dando en los últimos años en defensa y reconocimiento siguen siendo uno de los capítulos pendientes a cumplir plenamente, pues es sabido por todos, que las voces que desean manifestarse para elegir libremente a sus gobernantes y representantes sindicales, siguen apagándose con manipulación, corrupción y violencia.

Otro de los pilares fundamentales en la construcción de nuestro estado de derecho, que decanta uno de los principios ideados para defender las libertades del hombre y favorecer el correcto reparto del poder público, fue la división de poderes; en un Estado republicano y democrático como el que ratificó la Constitución del 1917, no tiene cabida la concentración excesiva del poder público, tampoco la intervención e injerencia de un poder sobre otro, pues rompería con la ética republicana el principio de equilibrio y la sana distribución del poder público propuestos.

Pero parece que eso no ha pasado de ser en México más que un paradigma ideológico, pues la práctica política, al menos en el último siglo, nos ha demostrado lo contrario.

Como mexicanos comprometidos con el desarrollo de nuestro país, éste día debe servir de marco de reflexión, para adquirir mayor significado, compromiso y determinación por la defensa de las instituciones jurídicas, políticas y sociales derivadas de la Constitución del 1917. Hoy, más que nunca, debemos ratificarle al pueblo de México que la única medida para servir a nuestra gente, es servirla con responsabilidad, patriotismo y congruencia, con memoria histórica, como legisladores no debemos olvidar que tenemos un compromiso moral con la sociedad que nos eligió y nos otorgó su voto de confianza para representarla, atendiendo sus necesidades e intereses; y uno de ellos, quizá el más importante, es defender y mantener las libertades, garantías sociales y derechos fundamentales consagrados para los mexicanos de esta era desde 1917.

El México de hoy es otro, muy diferente al de 1917, demográficamente hemos crecido transformando a la sociedad mayoritariamente rural en urbana, avanzamos en importantes desarrollos científicos y tecnológicos, sin embargo, hoy el escenario neoliberal y globalización en sus múltiples manifestaciones en la que nos encontramos regionalmente inmersos nos imponen nuevos retos constitucionales, siempre bajo un nuevo enfoque de participación democrática donde sea la población en su conjunto quienes decidan el destino del país y de sus gobernantes, y no la oligarquía donde sea la gente quien define a la política pública del desarrollo nacional, donde seamos capaces de reconocer en nuestro nuevo constitucionalismo un marco garantista pro persona que favorezca a los mexicanos en el reconocimiento internacional de sus derechos humanos por encima de los intereses internacionales de las grandes transnacionales y de los organismos financieros y económicos mundiales.

En nuestra Ley Fundamental de 1917 está claro nuestro proyecto nacional: libertad, democracia y justicia social. Nuestro proyecto nacional es la justicia social. La justicia social sigue siendo uno de los principales reclamos de muchos mexicanos, sin duda, ha habido esfuerzos en su cumplimiento, pero no se ha logrado reducir la brecha de desigualdad y de rezago social.

De igual forma, hay que fortalecer los valores de respeto y cumplimiento de los principios contenidos en la Constitución a través de la educación.

Los mexicanos del siglo XXI demandamos un nuevo proyecto educativo nacional que siente las bases de la redacción de un artículo 3o. más asequible a todos, de un artículo que haga posible no sólo la educación pública, sino que además garantice su obligatoriedad y gratuidad en todos los tipos y niveles educativos.

Los invito a que sigamos haciendo de nuestra Constitución el faro político, la referencia ideológica sobre la que debe de caminar el futuro de la nación. Nuestra Constitución debe seguir siendo el camino y la meta, medio y fin para hacer posible retomar el nacionalismo histórico que nos legaron nuestros héroes y que estamos comprometidos a legar a nuestras futuras generaciones.

Muchas gracias por su atención.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, Senador Raúl Morón Orozco.

Se le concede el uso de la palabra al Senador Javier Corral Jurado, del grupo parlamentario del PAN, para hablar también sobre la promulgación de nuestra Constitución.

- El C. Senador Javier Corral Jurado: Muchas gracias, señor Presidente; compañeras Senadoras y compañeros Senadores:

Quiero compartir algunas reflexiones en torno a la Constitución, pero también en torno a los retos que este Congreso Federal tiene frente a la Constitución; y compartir algunas de las propuestas que a lo largo de la historia Acción Nacional presentó para reformar a la Constitución de 1917, o lo que se conoció como la Constitución del ’17.

En estricto sentido, lo que se promulgó el 5 de febrero del 1917 en Querétaro, fue un conjunto de reformas constitucionales, no propiamente dicha una nueva Constitución, en la cadena del constitucionalismo mexicano, que inicia en 1824, que pasa a 1857; la del ’17 reproduce muchos de los artículos prácticamente de la Constitución del ’57, entre otros, los primeros y muy importantes ejes en materia de libertad de expresión, de libertad de información.

De 1917 a la fecha, la Constitución General de la República ha tenido más de 500 reformas, se han emitido, con el de la semana pasada que publicó en el Diario Oficial de la Federación la reforma educativa constitucional, 206 Decretos.

Hasta el 30 de noviembre de 2012, eran 203 Decretos publicados, con algo así como 524 reformas a la Constitución para incorporar el principio de laicidad.

La del ’17 ha sido una Constitución en reforma permanente, pero nunca con la intensidad y con la profundidad de las últimas dos décadas. Al reformismo constitucional del Congreso Federal lamentablemente no le ha seguido el mismo compromiso para reglamentarlo. Están aun pendientes más del 50 por ciento de las leyes reglamentarias o disposiciones reglamentarias derivadas de las reformas por mandato constitucional.

Incluso, en una de las, diría yo, reformas parteaguas, en materia de derechos humanos siguen pendientes las grandes reformas en la legislación secundaria para concretar los principios constitucionales plasmados en el artículo 1o. de la Constitución, en el artículo 4o. de la Constitución y en el artículo 29 constitucional.

Yo digo que este es uno de los principales retos que el Congreso mexicano tiene con relación a la Constitución. Decía Manuel González Hinojosa, uno de los legisladores de Acción Nacional, con vigorosa presencia en el Congreso mexicano, que no ganamos nada modificando leyes si no hay libertad democrática para hacerlas cumplir, y el legislador tiene el reto fundamental de concretar en la legislación secundaria los principios constitucionales, de lo contrario quedan en el limbo, quedan en la inaplicabilidad, quedan suspendidos los propósitos constitucionales de igualdad esencial ante la ley de respeto a los derechos humanos.

Este Congreso va a realizar su segundo periodo constitucional, cuando las reformas del ’17 cumplan cien años, hoy se cumple el aniversario 96, dentro de cuatro años estaremos celebrando el Centenario de la Constitución del ’17. ¿Cómo lo vamos a celebrar? ¿Qué vamos a celebrar? Pues una nueva Constitución, una nueva Constitución articulada, armónica, una Constitución que responda a una interpretación realmente sistemática para garantizar de manera responsable, moderna, la función de los nuevos derechos, y yo digo que esta legislatura está obligada a hacerlo, y está obligada a ir preparando una discusión, un debate nacional para un proyecto de nueva Constitución o de reforma integral a la Constitución.

No se trata de modificar la división de los poderes, pero sí de redistribuir funciones, facultades, recursos entre niveles de gobierno, entre Poderes de la Unión; incluso reconocer las nuevas facultades emergentes de política pública del Estado democrático, del Estado nacional.

El PAN contribuirá, como lo ha hecho a lo largo de los últimos 60 años en la vida del país, proponiendo reformas que hagan de la Constitución el instrumento fundamental de reconocimientos de derechos, de tutela de derechos, no sólo individuales sino sociales.

Desde 1943, el PAN ha propuesto reformas a la Constitución y ha hecho avanzar principios fundamentales en nuestra Carta Magna. Permítanme recordar como parte del impulso de Acción Nacional, en términos de las reformas constitucionales, al artículo 130 constitucional cuando atentaba contra la libertad de conciencia y cuando hemos logrado recuperar el respeto a la libre manifestación de las ideas, incluso en el ámbito religioso.

Al artículo 3o. de la Constitución que impedía la creación de una gran obra educativa, al artículo 115 para asegurar la autonomía municipal, por supuesto reconociendo que en aquel entonces el Presidente de la Madrid había recuperado parte de las iniciativas que el PAN había presentado en plataformas legislativas desde entonces.

En materia de reforma agraria para garantizar la propiedad familiar de los ejidatarios y el establecimiento del crédito agrícola, para impulsar medidas económicas que impidieran la escasez y la carestía, así como la garantía del salario justo en ámbito de la seguridad social y buscando la posibilidad de agremiación decorosa y útil, todavía lo seguimos insistiendo con motivo de la discusión de la reforma laboral.

Para definir la posición del Estado como rector, no como propietario de la economía; para la elaboración de verdaderos presupuestos en los que se ordenen de manera jerárquica las erogaciones públicas, para lograr una política fiscal justa y de crédito público dentro de la capacidad económica real del país.

Para obligar a la rendición de cuentas, así como la precisión y exigencia de responsabilidades; para impulsar, crear, fortalecer el derecho de acceso a la información pública gubernamental; para establecer una Ley del Servicio Civil que definiera y garantizara la posición de los empleos públicos, para impulsar diversas reformas al régimen electoral, que incluían un organismo autónomo calificador de las elecciones, como un organismo independiente que organizara las etapas de la contienda electoral.

Dentro de cuatro años la Constitución celebrará cien años, surge la pregunta con la que quiero cerrar esta intervención. ¿Es posible que en la recordación, y bajo las actuales condiciones políticas y económicas, se pueda producir una nueva Constitución para México? Al menos creo que será necesario una revisión y un debate público abierto, un ajuste de cuentas políticas, literalmente de saldos y deudas históricas con los postulados, con los postulados mismos de la Constitución, incluso una revisión de conceptos, de instituciones, de distribución de competencias que a la luz del desarrollo político, social y económico ya no libran la batalla del tiempo.

Pongo como ejemplo dos muy simples: La Auditoría Superior de la Federación es quizá la más antigua de las instituciones actuales, proveniente de la Constitución de 1824, por qué no hacerla órgano autónomo independiente como originariamente se proponía, el gran ente fiscalizador del ejercicio de la hacienda pública, o por qué no revisar la vigencia de la no reelección, en un sistema plural como el actual, si en materia legislativa con todo y que el postulado principal de la revolución era éste, aunado al sufragio efectivo, se mantuvo hasta mediados de la década de los 30’s, sobre todo la política debiera empeñarse por realizar un análisis objetivo, crítico y constructivo a la vez de nuestro pasado histórico y su legado a nuestros días.

Una evaluación sincera de, ¿qué nación somos? ¿Qué Constitución debemos tener al centenario de las reformas del ’17? ¿Qué nos falta para ser una auténtica República? ¿Qué tipo de democracia tenemos y cuál realmente queremos? ¿Qué debiéramos hacer para lograr que el sistema político sea representativo del pueblo soberano que titularon las constituciones de 1824, de 1857, de 1917?

Por su atención, muchas gracias.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, Senador Javier Corral Jurado.

Se le concede el uso de la palabra a la Senadora Lisbeth Hernández Lecona, del grupo parlamentario del PRI.

- La C. Senadora Lisbeth Hernández Lecona: “Se respetará escrupulosamente el espíritu liberal de dicha Constitución, a la que sólo se quiere pugnar de los defectos que ya tiene por contradicción u oscuridad de algunos de sus preceptos, ya por los huecos que hay en ella o por las reformas que con el deliberado propósito de desnaturalizar su espíritu original y democrático se le hicieron durante las dictaduras pasadas.

Para servir a la patria nunca sobra el que llega ni hace falta el que se va”. Venustiano Carranza.

La Constitución de 1917 es la ley fundamental del país y en ella se establece su organización política y social. Es la ley que define los derechos, libertades y deberes que tienen los integrantes de la nación. Es también la ley que regula los derechos y obligaciones que corresponden a los Poderes de la Unión y a los estados que integran la Federación.

El 5 de febrero de 1917, Venustiano Carranza promulgó la Constitución que actualmente nos rige, la cual entró en vigor el 1º de mayo del mismo año.

La Carta Magna de 1917 se inspiró en los ideales de libertad individual y democracia política heredados de la Constitución Liberal del año de 1857, que fue jurada el 5 de febrero del mismo año. En ella se consagró la igualdad de los ciudadanos ante la ley a través de la garantías individuales, se superó la intolerancia religiosa quedando implícita la libertad de cultos y se dio triunfo definitivo del sistema federal como paradigma de las organizaciones nacionales. No obstante, el reconocimiento de los derechos sociales habría de esperar hasta que la primera revolución social del siglo XX, la Revolución Mexicana, culminase con la promulgación de la primera Constitución del mundo que acuñó los derechos sociales.

Con esta nueva Carta nuestro país quedó instituido como una República democrática y federal. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos reconoce las libertades ciudadanas principales, como la de expresión, asociación, propiedad y tránsito; reconoce también derechos sociales tales como el derecho de huelga y organización de los trabajadores y los campesinos y el derecho a una educación gratuita y laica. Dio pleno dominio a la nación sobre el subsuelo y sus recursos naturales y sometió a la propiedad a las modalidades que dicte el interés público. Asimismo, garantiza los derechos políticos básicos de los ciudadanos como son el derecho al voto, la igualdad ante la ley y el derecho de amparo contra abusos de autoridad.

Por lo anteriormente expuesto, hoy enaltecemos desde esta tribuna que se haya promulgado tan importante documento, que es la norma suprema de nuestra nación, y que debemos, ante todo, como lo hemos protestado, respetar y defender la piedra angular que rige actualmente a nuestro país.

Compañeras Senadoras y compañeros Senadores, tenemos la gran oportunidad, como legisladores del Senado de la República, en aportar nuestros mejores talentos para trabajar a favor de nuestra Constitución, para México, para las mexicanas y para los mexicanos. Estoy segura que juntos podemos lograrlo.

Es cuanto, señor Presidente.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Muchas gracias, Senadora Lisbeth Hernández Lecona.

Pido a la Secretaría que pasemos al siguiente asunto.





 

COMUNICACIONES

- La C. Secretaria Iris Vianey Mendoza Mendoza: Se recibieron las siguientes comunicaciones:

Del Senador Isidro Pedraza Chávez, del grupo parlamentario del PRD, con la que remite el informe de su participación en la Primera Cumbre sobre Legislación de Cambio Climático, celebrada los días 14 y 15 de enero del año en curso, en Londres, Reino Unido.







 

Del Senador Fidel Demédicis Hidalgo, del grupo parlamentario del PRD, con la que remite los informes de su participación en el Foro de Presidentes y Presidentas de los Poderes Legislativos en Centroamérica y la Cuenca del Caribe en la Primera Asamblea Continental de la Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo y la Vía Campesina, celebradas del 16 al 21 de octubre de 2012, en Nicaragua.







 

Y una más del Senador Fidel Demédicis Hidalgo, en su calidad de Presidente de la Comisión de Desarrollo Rural, con la que remite el programa de trabajo de esta comisión.



- El C. Presidente Aispuro Torres: Esta Asamblea ha quedado debidamente enterada.





 

SECRETARIA DE GOBERNACION

Compañeras y compañeros Senadores, informo a ustedes que el pasado 30 de enero se recibió de la Comisión Permanente un oficio, con similar de la Secretaría de Gobernación, conteniendo solicitud de autorización para permitir la salida de elementos de la Armada de México fuera de los límites del país, para participar en una visita oficial a la Base Naval "ARC Bolívar" ubicada en el puerto de Cartagena de Indias, Colombia, del 7 al 9 de febrero de 2013. Este expediente se turnó inmediatamente a las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores; y de Marina para su análisis y dictamen.



Pasamos al siguiente asunto.





 

SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACION

- La C. Secretaria Mendoza Mendoza: Se recibió un oficio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con el que remite quince ternas de candidatos a Magistrados de las Salas Regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.



- El C. Presidente Aispuro Torres: Túrnese dicha documentación a la Comisión de Justicia para su análisis y dictamen.

Pasamos al siguiente asunto.





 

CAMARA DE DIPUTADOS

- La C. Secretaria Mendoza Mendoza: Se recibió un oficio de la Colegisladora, con el que remite la lista de Diputados que integran las delegaciones de esa Cámara ante el Parlamento Centroamericano, la Comisión Parlamentaria Mixta México-Unión Europea, la Unión Interparlamentaria, el Foro Asia-Pacífico y el Consejo de Europa.

“CAMARA DE DIPUTADOS

Mesa Directiva
LXII LEGISLATURA
OFICIO No. D. G. P. L. 62-II-8-0656

Secretarios de la
H. Cámara de Senadores
Presentes.

En sesión celebrada en esta fecha por la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, se dio cuenta con el oficio de la Junta de Coordinación Política por el que se comunica la lista de los diputados que integrarán las Delegaciones de esta Cámara de Diputados ante: El Parlamento Centroamericano (PARLACEN); la Comisión Parlamentaria Mixta México-Unión Europea; la Unión Interparlamentaria (UIP); el Foro Asía Pacifico; y el Consejo de Europa.

México, D.F., a 27 de diciembre de 2012.

Dip. Tanya Rellstab Carreto
Secretaria”.



- El C. Presidente Aispuro Torres: Esta Asamblea ha quedado debidamente enterada. Remítase copia de la documentación a la Junta de Coordinación Política.

Pasamos al siguiente asunto.





 

COMISION PERMANENTE

- La C. Secretaria Díaz Lizama: La Comisión Permanente remitió las siguientes iniciativas que se presentaron durante el receso que recién terminó:

Iniciativa con proyecto de Decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley del Seguro Social, presentada por la Senadora Diva Hadamira Gastélum Bajo, el 16 de enero de 2013.

“PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTICULOS 203 Y 204, SE ADICIONA EL 204 BIS Y SE DEROGA EL 213 DE LA LEY DEL SEGURO SOCIAL.

La que suscribe, Diva Hadamira Gastélum Bajo, Senadora de la República de la LXII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 8, numeral uno, fracción I, 164 y 169 del Reglamento del Senado de la República, somete a consideración de esta soberanía la presente iniciativa con proyecto de decreto, por el que se reforman los artículos 203 y 204, se adiciona el 204 Bis y se deroga el 213 de la Ley del Seguro Social.

Exposición de Motivos

El modelo de subrogación de guarderías impulsado desde 1995 por el Poder Ejecutivo contribuyó a resolver uno de los principales aspectos sociales, el empoderamiento de las mujeres en la vida laboral; representó una aportación valiosa y que además significó garantizar a los niños una nutrición adecuada, estimulación correcta tomando en cuenta su desarrollo emocional y favoreciendo así su proceso de socialización, para promover su aprendizaje y atender las necesidades básicas de los menores respecto a la higiene, el vestido, la alimentación y, por supuesto, su educación.

De acuerdo con estadísticas que reveló el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), hasta 2011 el sistema de guarderías benefició sólo a 194 mil 491 madres aseguradas y a 214 mil 816 niños inscritos en mil 566 unidades, en la modalidad de guarderías de prestación directa mediante los esquemas Madres IMSS y Ordinario y guarderías de prestación indirecta a través del esquema Vecinal Comunitario, Único y Guardería Integradora.

Por ello, el Sistema Indirecto del IMSS atiende a por lo menos niños de entre 40 y 43 días de nacidos a 4 años, lo que pertenece al rango de la educación inicial.

A través de sus casi mil 600 guarderías se generan cerca de 65 mil empleos directos, de los cuales 99 por ciento se compone de mujeres, que en muchos casos son jefas de familia, y de igual forma generan más de 20 mil empleos indirectos.

Su principal objetivo de creación fue satisfacer la gran demanda que había de esos espacios y así responder a la necesidad de las madres trabajadoras y respetar su derecho a la seguridad social en el país, como establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos:

Artículo 123, Apartados A, fracción XXIX y B, fracción XI, inciso C.

La seguridad social se organizará conforme a las siguientes bases mínimas:

C) Las mujeres durante el embarazo no realizarán trabajos que exijan un esfuerzo considerable y signifiquen un peligro para su salud en relación con la gestación; gozarán forzosamente de un mes de descanso antes de la fecha fijada aproximadamente para el parto y de otros dos después del mismo, debiendo percibir su salario íntegro y conservar su empleo y los derechos que hubieren adquirido por la relación de trabajo. En el periodo de lactancia tendrán dos descansos extraordinarios por día, de media hora cada uno, para alimentar a sus hijos. Además, disfrutarán de asistencia médica y obstétrica, de medicinas, de ayudas para la lactancia y del servicio de guarderías infantiles.

XXIX. Es de utilidad pública la Ley del Seguro Social, y ella comprenderá seguros de invalidez, de vejez, de vida, de cesación involuntaria del trabajo, de enfermedades y accidentes, de servicios de guardería y cualquier otro encaminado a la protección y bienestar de los trabajadores, campesinos, no asalariados y otros sectores sociales y sus familiares.

Por ende, también se encuentra establecido dicho derecho en la Ley Federal del Trabajo, por ser ésta reglamentaria de dicho artículo, que establece a la letra lo siguiente:

Artículo 171

Los servicios de guardería infantil se prestarán por el Instituto Mexicano del Seguro Social, de conformidad con su ley y disposiciones reglamentarias.
Finalmente está reconocido en la Ley del Seguro Social, capítulo VII, título segundo, secciones primera y tercera:

Artículo 11. El régimen obligatorio comprende los seguros de

...

V. Guarderías y prestaciones sociales.

Desafortunadamente, su concepción inicial fue modificada por los cambios que se hicieron a las políticas sociales en los últimos años y así se transitó del abaratamiento del sistema a la implantación de estándares de seguridad superiores a cualquier empresa, de una relación de equidad y respeto basada en el interés supremo de la niñez a una relación de incertidumbre jurídica e iniquidad.

En sus inicios, el esquema de guarderías indirectas se enmarcó en la Ley del Seguro Social a través de la subrogación, donde la responsabilidad de su funcionamiento era compartida, además de que los niños eran considerados seres humanos y se establecían los principios que debían titular dicha prestación.

En 2001, el sistema comenzó a debilitarse, menguando sus costos operativos, afectando directamente la atención de los usuarios, ya que para disminuir la cuota de servicio que el IMSS pagaba por la atención, acortaron las plantillas de personal, bajo los perfiles de puesto, hubo menor requerimiento de equipo y mobiliario y además disminuyó de 12 a 9 las horas de servicio, trayendo consigo que muchas madres dejaran de contar con el apoyo necesario para continuar el desempeño de sus actividades laborales.

En 2003, este servicio se encuadró en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, obligando a los funcionarios a considerar a los niños como piezas, además de convertir las empresas sociales en proveedores de un servicio en igualdad de circunstancias que si ofreciéramos el servicio de mantenimiento del instituto, por citar un ejemplo comparativo, que no debería ocurrir.

Eso ha impedido que prevalezca el interés superior de la niñez, teniendo únicamente un enfoque materialista, no humanitario y procurador del desarrollo y bienestar de los niños.

Ello dio comienzo al desmantelamiento de un esquema de gran calidad, teniendo como consecuencia los hechos acontecidos por el incendio de la Guardería ABC, de Hermosillo, Sonora, donde fallecieron 49 niños y 76 resultaron heridos, todos de entre 5 meses y 5 años de edad. El duelo debe ser redimido con un profundo reclamo al anterior gobierno federal por no haberse responsabilizado de sus tareas fundamentales como gobernantes.

Dicha estancia funcionaba en el modelo de subrogación por el IMSS. Sin embargo, a partir de lo sucedido, el instituto cambió de forma drástica los requerimientos referentes a seguridad, pidiendo estándares de primer mundo, que los prestadores con toda responsabilidad y compromiso que asumieron resolvieron cumplirlos e implantarlos con tal de seguir otorgándolo a los niños y a las madres de familia el servicio.

Actualmente, el servicio de guarderías ha crecido, no así la buena asistencia que el propio instituto debe prestar y observar en beneficio de la niñez de México y de sus familias, todo ello porque no ha cumplido el principal objetivo de su concepción inicial, que fue resguardar los derechos y procurar el bienestar de los niños que necesitan el servicio.

Debemos reconocer la importancia social de estas instancias infantiles, brindando una certeza jurídica, respecto a las normas de funcionamiento que deberán cumplir para seguir operando.

Es preciso reconocer los derechos laborales de quienes prestan dichos servicios en las guarderías. Debemos tomar en cuenta las condiciones contractuales para su funcionamiento y crear un ámbito de equilibrio entre el instituto y quienes se encargan de otorgar dicho servicio.

No es posible que al día de hoy se rescindan contratos laborales y cierren guarderías por el solo hecho de no poder regular adecuadamente y encuadrar el servicio de guarderías en la normativa adecuada y correcta para su regulación y funcionamiento.

Más que un servicio, esto representa el derecho laboral que tienen todas las madres y los padres de familia que trabajan en el país. Debe haber una responsabilidad compartida y certera de los derechos y las obligaciones para las partes que intervienen y hacen posible que se otorgue tan valiosa asistencia.
Por ello estoy convencida de que con el nuevo titular del Poder Ejecutivo federal, quien ha demostrado su compromiso con la niñez de México, se brindarán las oportunidades de cambio en las condiciones de funcionamiento y operatividad de las guarderías.

Como legisladores, tenemos el enorme y firme compromiso con la niñez del país, las familias y los empleados que gozan y prestan tan importante servicio en México de concretar el equilibrio que se necesita para que una prestación laboral tan importante como la de guarderías siga existiendo y colaborando con el desarrollo y bienestar social de los niños.

Porque el mejor medio para hacerlos buenas personas es proporcionar un ambiente de felicidad y cuidado someto a consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto

Unico. Se reforman los artículos 203 y 204, se adiciona el 204 Bis y se deroga el 213 de la Ley del Seguro Social, para quedar como sigue:

Artículo 203. Los servicios de guardería infantil deberán incluir el aseo, la alimentación, el cuidado de la salud, la educación y la recreación de los menores a que se refiere el artículo 201. Serán proporcionados por el instituto en los términos de la presente ley, la Ley General de Prestación del Servicio para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil y su reglamento, así como la Ley General de Educación, y todas las leyes de orden general en lo que correspondan, así como los reglamentos de guarderías ordinarias y subrogadas que deberán ser expedidos por el propio Consejo Técnico.

Artículo 204. El Instituto Mexicano del Seguro Social prestará los servicios de guarderías que se le han encomendado en cualquiera de las siguientes formas:

I. Directamente, o a través de su personal e instalaciones, las cuales deberán establecerse en zonas convenientemente localizadas con relación a los centros de trabajo y de casa habitación. Su operación se regirá por lo señalado en el presente capítulo y el reglamento de guarderías ordinarias.

II. Indirectamente, a través de la celebración de convenios con otros organismos públicos o particulares, para que mediante este esquema de subrogación presten los servicios de guardería, considerando la zona geográfica de que se trate.

Dicho servicio será otorgado siempre bajo la supervisión del instituto, por lo que su operación y funcionamiento estarán sujetos a lo dispuesto en el presente capítulo y el reglamento de guarderías subrogadas.

Artículo 204 Bis. Los convenios de subrogación que celebre el Instituto Mexicano del Seguro Social deberán garantizar el cumplimiento de lo establecido en el reglamento, que determinará lo siguiente:

I. Las características del servicio subrogado;

II. El conjunto de bienes y servicios que comprenderá la prestación, atendiendo a las necesidades de la permanencia, calidad y seguridad del mismo;

III. Plazo o plazos de los convenios;

IV. El método que se utilizará para calcular el pago que deba cubrirse al subrogatario, el que estará comprendido con al menos dos salarios mínimos vigentes en la República Mexicana como base para cada niño o niña que goce de dicha asistencia infantil.

También podrán celebrarse convenios de reversión de cuotas o subrogación de servicios con los patrones que tengan debidamente instaladas guarderías en sus empresas o establecimientos, siempre que reúnan los requisitos y las condiciones señalados en las disposiciones relativas a la materia, buscando que prevalezcan los derechos de la niñez.

Artículo 213.Se deroga.

Transitorio

Unico. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el salón de sesiones, a 16 de enero de 2013.
Senadora Diva Hadamira Gastélum Bajo”.





 

Iniciativa con proyecto de Decreto que reforma diversos artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, presentada por el Senador Armando Ríos Piter, el 23 de enero de 2013.







 

Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma y adiciona los artículos 180, 184 y 200 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, presentada por la Senadora Itzel Sarahí Ríos de la Mora, el 23 de enero de 2013.

“PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA Y ADICIONA LOS ARTICULOS 180, 184 Y 200 DEL CODIGO FEDERAL DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES.

Los suscritos senadores, Itzel Sarahí Ríos de la Mora y Arturo Zamora Jiménez, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXII Legislatura del Senado de la República del Congreso de la Unión, en ejercicio de la facultad que nos confieren los artículos 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y con fundamento en los artículos 8, numeral 1, fracción I; 164 numerales 1 y 2; 169 y 172 numeral 1, del Reglamento del Senado de la República, someten a la consideración del pleno de esta soberanía, el siguiente proyecto de decreto por el que se reforman el numeral 3 del artículo 180, se adiciona un inciso h) al artículo 184, se reforman los incisos a), d), h) e i) y, se adicionan los incisos j) y k), todos al numeral 1, del artículo 200, del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

Desde septiembre de 1992, el Instituto Federal Electoral (IFE) ha sido el encargado de emitir las credenciales para votar de los ciudadanos mexicanos; a la fecha ha emitido tres diferentes modelos de credencial para votar con fotografía.

El primero de ellos se emitió a partir del año 1992 hasta el 2001, misma que contaba en el anverso con los siguientes elementos de información, control y presentación: nombre del elector, domicilio, edad y sexo, folio nacional, clave de elector, identificación geoelectoral, año de registro y número de emisión y, fotografía instantánea. En cuanto a elementos de seguridad, esta credencial contenía imagen del padrón electoral, tramas visibles y escudos nacionales y las siglas IFE en tinta ultravioleta.

En el reverso con los siguientes elementos visibles de información, control y presentación: número identificador de 12 dígitos, leyendas, firma, espacios para el marcado del voto, huella del dedo pulgar, firma del secretario ejecutivo del IFE, código de barras unidimiensional y, en cuanto a elementos de seguridad: filtro infrarrojo en código de barras.

El segundo modelo de credencial para votar, con vigencia a partir del año 2002 a agosto de 2008, en el anverso, en cuanto a elementos de información, control y presentación, contiene los mismos que el primer modelo, con la excepción de que en este modelo la fotografía es digital, dejando de lado la instantánea. Respecto de los elementos de seguridad, se cambia la imagen de seguridad, misma que consistía en la imagen del padrón electoral por el logotipo del IFE; asimismo, se adicionan la microlínea personalizada y el nombre completo del ciudadano en tinta ultravioleta.

En el reverso, en cuanto a los elementos visibles de información, control y presentación, se cambia el número identificador a 13 dígitos; se cambia la huella del dedo pulgar por el dedo índice; se evoluciona a un código de barras bidimensional y, en cuanto a elementos de seguridad, respecto del anterior modelo se adiciona la microlínea personalizada.

El tercer modelo, el cual se empezó a emitir a partir de septiembre de 2008 a la fecha, en el anverso, en cuanto a elementos de información, control y presentación, contiene los mismos que el modelo anterior, con la salvedad que ahora se le adiciona el año de emisión y la vigencia. Respecto de los elementos de seguridad, en cuanto a la imagen de seguridad, se cambia el logotipo del IFE por un kinegrama y, se adicionan respecto del modelo anterior, la fotografía fantasma y la firma digitalizada.

En el reverso, en cuanto a los elementos visibles de información, control y presentación se contienen los mismos que el modelo anterior. Respecto a los elementos de seguridad, se cambia el filtro infrarrojo en código de barras se cambia por un código de barras bidimensional y cifrado, se continúa con la microlínea personalizada y se adiciona la fotografía del ciudadano en tinta ultravioleta.

Como nos podemos dar cuenta, sus características son similares entre sí y representan la evolución en la aplicación de nuevas tecnologías y la incorporación de elementos de mayor seguridad. Todo ello con el fin de garantizar la integridad de datos y evitar su falsificación.

Así, la credencial para votar ha sido un instrumento que no sólo ha servido a los ciudadanos mexicanos ejercer su derecho al voto, sino también es utilizado como un medio de identificación para cualquier trámite donde se requiera acreditar la personalidad con que se actúa; por lo tanto, es de gran utilidad en la vida diaria de las personas.

En este momento, ya sólo los últimos dos modelos de credencial son vigentes y válidos para ejercer el derecho al voto y como instrumento de identificación oficial, tal y como se estableció desde la emisión del primer modelo de credencial para votar con fotografía.

Dado el uso generalizado que se hace de este instrumento legal por los ciudadanos mexicanos, ahora surge la necesidad de que además de los elementos de información con que ahora cuenta la credencial para votar se le adicionen dos más, que consisten en que se indique: la manifestación de ser donador de órganos e incluir el tipo de sangre de la persona, así como suprimir lo relativo al domicilio para que éste quede encriptado en algún medio magnético, esto, toda vez que resulta necesario por razones de seguridad para el elector y protección de datos personales al momento de usar la citada credencial, además de que permitiría el espacio para incluir los otros dos datos que se señalan en este mismo párrafo, precisando que este punto relativo a la supresión del domicilio, ha sido materia de la iniciativa del senador Arturo Zamora Jiménez.

Estos nuevos elementos deberán tener el carácter de facultativos, a efecto de que el ciudadano libremente exprese su voluntad de que en su credencial para votar con fotografía, se incluyan o no los datos que esta iniciativa de reforma pretende adicionar al código de la materia comicial, en este sentido, la manifestación de ser donador de órganos e incluir el tipo de sangre de la persona, que se proponen formen parte de la credencial para votar es con el fin de contar con un modelo de credencial lo más acabado posible e identifique con mayor precisión a la persona; lo que indirectamente beneficiará al ciudadano dado que no necesitará exhibir cada vez que lo necesite análisis de laboratorio para acreditar su tipo de sangre, siendo que ahora sólo bastará con que exhiba su credencial.

Igualmente, respecto de la donación de órganos, al ser ya una conducta típica en la comunidad mexicana, resulta importante que se determine si una persona es donador de órganos o no, esto para fomentar la cultura de la donación de órganos y procurarle a las personas que lo necesitan una esperanza de vida, así como brindarle mayor seguridad a la persona que, de llegar a fallecer, sus órganos no serán indebidamente empleados.

En consecuencia, para lograr el objetivo, es que se propone reformar el artículo 200 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (Cofipe), donde se adicionen dos nuevos incisos al punto 1, del citado numeral, para que quede establecido en ley que los rubros de donador de órganos y tipo de sangre, formarán parte de la credencial para votar.
Si bien es cierto, que nos encontramos ante un problema de salud pública, y que buscamos garantizar la calidad de vida de la población nacional es menester de nosotros que teniendo en cuenta de las modificaciones ya autorizadas que se le han de realizar a la credencial para votar, expedida por el Instituto Federal Electoral, sea el momento para que este documento; no sólo sea un documento de acreditación oficial, sino a su vez, se convierta en un instrumento que pueda elevar las expectativas de vida ante un percance, fomente la cultura de donación de órganos y procure la continuidad de otras vidas, como a su vez, se convierta en un instrumento de certitud jurídica ante posibles afectaciones en nuestra esfera jurídica.

Es de destacar, que la presente iniciativa no generará la erogación de recursos extraordinarios, toda vez que se aprovechará la infraestructura ya creada para emisión de la credencial para votar y la sustitución de la misma para con los electores será de manera paulatina, es decir, cuando el ciudadano requiera la renovación de su credencial para votar, se le emitirá con el nuevo formato que se propone, lo que significa que no se generarán gastos adicionales y por el contrario, se fomentará en los mayores de dieciocho años la cultura de la donación de órganos.

Asimismo, es importante señalar que el Instituto Federal Electoral ha manifestado la intención de modificar y actualizar el formato de la credencial para votar, por lo que es una excelente oportunidad para incluir la información que se propone por medio de la presente iniciativa.

Es así, que el Instituto Federal Electoral aprobó el acuerdo general CG732/2012, el 21 de noviembre de 2012, por votación unánime de los consejeros electorales, para modificar el modelo de la credencial para votar, así como el acuerdo general CG733/2012, por el que se instruye a la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores, realice una valoración integral mediante un estudio técnico y jurídico que, entre otros elementos, incluya una encuesta probabilística con representatividad nacional para conocer la opinión de la ciudadanía, así como consultas a las entidades privadas y públicas relevantes, incluyendo aquéllas con las que el instituto haya celebrado convenios en materia registral y/o tengan algún vínculo con la credencial para votar, con el objeto de evaluar la viabilidad para la inclusión impresa o no, de los datos de la calle, número interior y exterior en el cuerpo de la credencial.

Por lo expuesto y fundado, me permito poner a la consideración de esta honorable asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto

Único. Se reforma el numeral 3 del artículo 180, se adiciona un inciso h) al artículo 184, se reforman los incisos A), D), H) E I) y, se adicionan los incisos J) y K), todos del numeral 1, del artículo 200, del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, para quedar como sigue:

Artículo 180

...

...

3. En todos los casos, al solicitar un trámite registral, el interesado deberá asentar su firma y huellas dactilares en el formato respectivo. Asimismo, en el supuesto de que el ciudadano elija, conforme a su libre albedrío, que en su credencial para votar con fotografía se incluyan, su decisión de ser donador de órganos así como su tipo de sangre, deberá llevar el resultado clínico que determina el grupo sanguíneo al que pertenece, el resultado en comento, deberá ser realizado por alguna de las dependencias del sector salud.

...

...

...
Artículo 184

...

h) El tipo de sangre, en el supuesto de que el ciudadano elija conforme a su libre elección, será proporcionado por los resultados del análisis clínico realizado por las instituciones de salud al momento de presentar la solicitud para la credencial para votar.

...

...

Artículo 200

1. ...

a) Entidad federativa, municipio y localidad que corresponden al domicilio, encriptado en medio magnético;

b) al c) ...

d) Domicilio, encriptado en medio magnético;

e) al g) ...

h) Clave de registro;

i) Clave Unica del Registro de Población;

j) Tipo de sangre conforme a su libre elección; y

k) La manifestación de ser donador de órganos, conforme el ciudadano así lo elija.

2. al 4. ...

Transitorio

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. El Instituto Federal Electoral, contará con un plazo de 90 días naturales contados a partir de la publicación del presente decreto para realizar lo conducente para el cumplimiento del mismo, debiéndose realizar la sustitución de la credencial para votar de manera paulatina, por las circunstancias que la normatividad lo señale.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 23 de enero de 2013.

Senadores: Itzel Sarahí Ríos de la Mora, Arturo Zamora Jiménez”.





 

Iniciativa con proyecto de Decreto que adiciona el artículo 77 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, presentada por el Senador Arturo Zamora Jiménez, el 23 de enero de 2013.

“PROYECTO DE DECRETO QUE ADICIONA EL ARTICULO 77 DE LA LEY FEDERAL DE PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD HACENDARIA.

El suscrito senador Arturo Zamora Jiménez, integrante del Grupo Parlamentario del PRI en la LXII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 8, numeral 1, fracción 1; 164, numeral 1; 169 y demás relativos del Reglamento del Senado de la República, somete a consideración de esta honorable asamblea la presente iniciativa con proyecto de Decreto que adiciona el artículo 77 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, al tenor de la siguiente:

Exposición de Motivos

La presentación del proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación ante la Cámara de Diputados, se encuentra determinada en el artículo 74 fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como una obligación del Presidente de la República.

Este documento es el lineamiento presentado en forma de anteproyecto a la Cámara de Diputados por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) con el objeto de programar el gasto de los recursos federales recaudados por medio de impuestos, derechos y aprovechamientos, y que se distribuye a los tres poderes de la Unión en sus tres niveles: federal, estatal y municipal.

En él se encuentran incluidos el conjunto de erogaciones que se proponen para el ejercicio presupuestal, y la Cámara de Diputados tiene la facultad para modificarlo, previo examen y discusión del mismo.

En este Decreto, como lo menciona el artículo 77 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, se encuentran incluidos una serie de programas mediante los cuales se otorgan subsidios, además de, programas que deberán sujetarse a Reglas de Operación.

La Cámara de Diputados en el Presupuesto de Egresos, señalará los programas, a través de los cuales se otorguen subsidios, que deberán sujetarse a reglas de operación con el objeto de asegurar que la aplicación de los recursos públicos se realice con eficiencia, eficacia, economía, honradez y transparencia. Asimismo, se señalarán en el Presupuesto de Egresos los criterios generales a los cuales se sujetarán las reglas de operación de los programas.

La Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria define en el artículo 2 fracción XLV a las Reglas de Operación como “las disposiciones a las cuales se sujetan determinados programas y fondos federales con el objeto de otorgar transparencia y asegurar la aplicación eficiente, eficaz, oportuna y equitativa de los recursos públicos asignados a los mismos.”

En el artículo 77 se establece que: “Las dependencias, las entidades a través de sus respectivas dependencias coordinadoras de sector o, en su caso, las entidades no coordinadas serán responsables de emitir las reglas de operación de los programas que inicien su operación en el ejercicio fiscal siguiente o, en su caso, las modificaciones a aquéllas que continúen vigentes, previa autorización presupuestaria de la Secretaría y dictamen de la Comisión Federal de Mejora Regulatoria...”

Una vez concluido el procedimiento establecido en dicho artículo, las dependencias o entidades responsables, publicarán en el Diario Oficial de la Federación las reglas de operación de programas nuevos, así como las modificaciones a las reglas de programas vigentes, a más tardar el 31 de diciembre anterior al ejercicio.

Asimismo se establece que las dependencias, o las entidades aún pueden modificar sus reglas de operación durante el ejercicio fiscal sujetándose al mismo procedimiento.

El párrafo final del artículo 77 establece que: “Las reglas de operación deberán ser simples y precisas con el objeto de facilitar la eficiencia y la eficacia en la aplicación de los recursos y en la operación de los programas.”

Es decir, en esta Ley se establece el mecanismo completo de la aprobación de las Reglas de Operación y se excluye, por completo, la intervención de la Cámara de Diputados en el proceso de elaboración de las mismas.

Desafortunadamente la aplicación de estos recursos ha sido complicada, y los únicos perjudicados han sido la población objetivo hacia quienes van dirigidos estos programas, pues muchas veces no se cumple con lo que se encuentra estipulado tanto en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación como en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, en lo que se refiere a criterios generales que habrán de contemplar las reglas de operación entre los que se destaca que sean simples y de fácil acceso; reducir al mínimo los gastos administrativos y de operación del programa respectivo, tomar en cuenta las características de las diferentes regiones socioeconómicas del país; considerar las características sociales, económicas y culturales de la población objetivo; que las aportaciones acordadas se realicen oportunamente y sean ejercidas de inmediato; promover una calendarización eficiente para el ejercicio de los recursos federales respectivos, e incluir criterios que aseguren transparencia en la distribución, aplicación y comprobación de recursos.

Estos criterios, establecidos en el Decreto de Presupuesto, quedan únicamente como buenos propósitos, los cuales debido a los excesivos requerimientos que se incluyen en dichas reglas de operación, no es posible alcanzar la transparencia, eficiencia, oportunidad y, sobre todo, no se alcanza la entrega efectiva y en tiempo de dichos recursos, estos retrasos o ineficiencias resultan sumamente perjudiciales para los beneficiarios quienes dependen, en muchos casos, de la entrega de estos apoyos.

Como conclusión las reglas de operación de dichos programas no son ni simples, ni precisas, como deberían de serlo.

Es debido a estas complicaciones que en la revisión de la ejecución del presupuesto, en muchas ocasiones se observan importantes subejercicios e incumplimientos en los objetivos trazados que afectan principalmente a los beneficiarios de los programas.

Es necesario mencionar que muchos de estos programas son destinados al combate a la pobreza, a la mejora de la competitividad del sector agropecuario, a la educación, etcétera, por lo cual resultan de vital importancia para la mayoría de la población.

Resultado de estas afirmaciones sobre la ineficiencia en la aplicación de los recursos, es la creciente cifra en el número de pobres que ha presentado en la última década nuestro país a pesar de que los recursos aprobados con objeto de disminuirla han ido en aumento.

De manera similar el presupuesto destinado al Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable, ha tenido, año con año, importantes incrementos al mismo, y los resultados que observamos al día de hoy es un índice de dependencia alimentaria que ha aumentado, lo cual significa que la relación de los alimentos que importamos y que consumimos en nuestra dieta diaria cada vez es mayor, o en otras palabras, la producción nacional ha ido disminuyendo lo cual se refleja en mayores índices de pobreza en la población del sector rural.

Con estos ejemplos, pretendemos señalar la ineficiencia en la aplicación de los recursos presupuestales, lo que en parte podemos explicar por la compleja estructura establecida en las Reglas de Operación.

La Cámara de Diputados, a través de sus comisiones ordinarias, se han constituido como la voz de las diversas organizaciones de ciudadanos, es así que los productores agropecuarios buscan a sus diputados que participan en las comisiones ordinarias que tienen relación con el sector agropecuario, las organizaciones de migrantes interactúan con los diputados de la comisión respectiva, etcétera, esto con objeto de emitir una opinión en lo que respecta a la elaboración de las Reglas de Operación de los diversos programas federales, es por esta razón que la Cámara de Diputados debería de tener una participación activa en la elaboración de las Reglas de Operación de los diversos programas sujetos a éstas.

Actualmente en el artículo 29, fracción II, del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2013 se establece que:

II. La Cámara de Diputados, a través de la comisión ordinaria que en razón de su competencia corresponda, emitirá opinión sobre’ las reglas de operación publicadas por el Ejecutivo Federal en los términos del artículo 77 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. Dicha opinión deberá fundarse y motivarse conforme a los criterios a que se refiere el último párrafo de dicho artículo.

En caso de que las comisiones ordinarias de la Cámara de Diputados no emitan su opinión a más tardar el31 de marzo, se entenderá como opinión favorable.

El Ejecutivo Federal, por conducto de la dependencia a cargo del programa sujeto a reglas de operación correspondiente, dará respuesta a la Cámara de Diputados en un plazo que no excederá de 30 días naturales posteriores a la recepción de la opinión respectiva, realizando las adecuaciones que procedan, y

...

Con esta disposición las comisiones ordinarias de la Cámara de Diputados participan en la elaboración de dichas reglas, sin embargo, el incluirlos en una Ley otorgaría mayor certidumbre y legitimidad a las mismas, además de hacerlas permanentes.

Esta disposición ha sido adicionada por los Diputados en los últimos dos Decretos de presupuesto de egresos para el año 2012 y 2013, ya que no habían sido incluidas en los proyectos originales presentados por el Ejecutivo, por lo cual se hace necesario incluirlos en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendarías.

La inclusión de esta disposición en esta ley coadyuvaría a la mayor participación de los beneficiarios de los programas sociales en la elaboración de los reglamentos que operan año con año.

Los diputados, a través de la cercanía y contacto permanente con sus representados y contando con el conocimiento de las condiciones que imperan en cada una de las regiones del país, puede aportar valiosos elementos para un mejor diseño de las reglas de operación para los programas sujetos a éstas.

Lo anterior pone de manifiesto la necesidad de una mayor vinculación entre el Ejecutivo y Legislativo para coadyuvar a la simplicidad y transparencia de las reglas de operación en aras de facilitar el acceso a los recursos aprobados por la Cámara de Diputados para el impulso de la economía y el combate a la pobreza.

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta soberanía el siguiente proyecto de

Decreto por el que se adiciona el artículo 77 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y se deroga la fracción II del artículo 29 del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2013

Primero: Se modifica el artículo 77 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, para quedar como sigue:

Artículo 77. Con el objeto de cumplir lo previsto en el segundo párrafo del artículo 1 de esta Ley, se señalarán en el Presupuesto de Egresos los programas a través de los cuales se otorguen subsidios y aquellos programas que deberán sujetarse a reglas de operación. La Cámara de Diputados en el Presupuesto de Egresos, podrá señalar los programas, a través de los cuales se otorguen subsidios, que deberán sujetarse a reglas de operación con el objeto de asegurar que la aplicación de los recursos públicos se realice con eficiencia, eficacia, economía, honradez y transparencia. Asimismo, se señalarán en el Presupuesto de Egresos los criterios generales a los cuales se sujetarán las reglas de operación de los programas.

Las dependencias, las entidades a través de sus respectivas dependencias coordinadoras de sector o, en su caso, las entidades no coordinadas serán responsables de emitir las reglas de operación de los programas que inicien su operación en el ejercicio fiscal siguiente o, en su caso, las modificaciones a aquéllas que continúen vigentes, previa autorización presupuestaria de la Secretaría y dictamen de la Comisión Federal de Mejora Regulatoria sujetándose al siguiente procedimiento:

I. Las dependencias, las entidades a través de sus respectivas dependencias coordinadoras de sector o, en su caso, las entidades no coordinadas deberán presentar a la Cámara de Diputados y a la Secretaría, a más tardar el 21 de noviembre, sus proyectos de reglas de operación, tanto de los programas que inicien su operación en el ejercicio fiscal siguiente, como las modificaciones a aquéllas que continúen vigentes.

Dichos proyectos deberán observar los criterios generales establecidos por la Secretaría y la Función Pública.

La Secretaría deberá emitir la autorización presupuestaria correspondiente en un plazo que no deberá exceder de 10 días hábiles contado a partir de la presentación de los proyectos de reglas de operación a que se refiere el párrafo anterior. La Secretaría sólo podrá emitir su autorización respecto al impacto presupuestario.

La Cámara de Diputados emitirá en el mismo periodo de tiempo las observaciones correspondientes, las cuales, en caso de no opinarse se entenderá como opinión favorable al proyecto.

II. ...

Segundo: Se deroga la fracción II) del artículo 29 del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2013.

Transitorios

Unico. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Sen. Arturo Zamora Jiménez”.





 

Iniciativa con proyecto de Decreto que reforma el Apartado B del artículo 102 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, presentada por la Senadora Angélica de la Peña Gómez, el 23 de enero de 2013.

“PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA EL APARTADO B DEL ARTICULO 102 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.

La suscrita, Angélica de la Peña Gómez, senadora de la República a la LXII Legislatura, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática y con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos vigente por lo que se refiere al funcionamiento de la Comisión Permanente, somete a la consideración del pleno de esta soberanía la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el Apartado B del artículo 102 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

El 10 de junio de 2011 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la reforma constitucional en materia de derechos humanos. Se trata, en la opinión de personas expertas, académicas y defensoras de los derechos humanos, de la reforma más importante y trascendente de nuestra historia constitucional; ya que viene a impactar la concepción y la defensa de los derechos fundamentales. Es sin duda, el cambio constitucional más importante del siglo porque representa un nuevo paradigma en el enfoque de los derechos humanos.

Con esta reforma se fortalece el estatus jurídico de los tratados internacionales en la materia y la interpretación pro persona, lo que sin duda dotará a las operadoras y los operadores del sistema de justicia y defensores de los derechos humanos de nuevos instrumentos jurídicos –uno de ellos, el control de convencionalidad– no sólo en los tribunales mexicanos sino también de aquellos que son de jurisdicción internacional.

La reforma incorpora principios del derecho internacional por lo que ahora todas las autoridades en el ámbito de sus atribuciones, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad.

En ese sentido, se incorpora la protección para los casos de asilo y refugio y se establecen de manera expresa una serie de derechos que de acuerdo a la Convención Americana de Derechos Humanos no pueden ser suspendidos ni restringidos bajo ninguna circunstancia en casos de excepción o suspensión y adicionalmente, se garantiza el derecho de audiencia de las personas extranjeras en caso de su expulsión del territorio nacional.

Para el caso de las atribuciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, CNDH, se le otorgan nuevas facultades para realizar investigaciones de violaciones graves a los derechos humanos y la de citar aquellos funcionarios o servidores públicos que no den cumplimiento a las recomendaciones de la CNDH, para que funden, motiven y hagan pública su negativa.

Como es de observarse, esta reforma por su dimensión y trascendencia trae aparejada la necesidad de un número importante de cambios y reformas que deben ser actualizadas y armonizadas para fortalecer la autonomía tanto de la CNDH como de su Consejo Consultivo.

Desde nuestra perspectiva, consideramos que la autonomía que hoy goza la CNDH debe fortalecerse en el propio texto de la Constitución, dado que, en el caso de las personas que integran el Consejo Consultivo aún existen lagunas que deben ser subsanadas. Una de ellas es no saber con certeza y exactitud la duración en su encargo de las y los integrantes del Consejo Consultivo, ya que únicamente se hace referencia que “durante el mes de octubre, serán sustituidos los dos consejeros de mayor antigüedad en el cargo, salvo que fuesen propuestos y ratificados para un segundo periodo”.

Otra de las ausencias es que no existe disposición expresa para los casos de ausencia, renuncia, fallecimiento o cualquier falta absoluta, de las y los integrantes del Consejo Consultivo.

Por tanto, la iniciativa que ponemos a la consideración de esta soberanía propone eliminar la laguna existente de no saber cuánto dura el periodo de una persona integrante del Consejo Consultivo. En este caso se propone una duración específica de cuatro años con posibilidades de ratificación para un segundo periodo y con ello fortalecer la propia autonomía con la que debe actuar dicho Consejo respecto del titular de la CNDH y determinar que será materia de la Ley establecer los mecanismos para los casos de falta absoluta de las y los integrantes del Consejo Consultivo.

Por lo expuesto, se somete a la consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de Decreto que reforma el Apartado B del artículo 102 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

Artículo Unico. Se reforman el párrafo sexto del Aparatado B del artículo 102 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 102.

A. ...

B. ...

...

...

...

...

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos tendrá un Consejo Consultivo integrado por diez consejeros que serán elegidos por el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes de la Cámara de Senadores o, en sus recesos, por la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, con la misma votación calificada. La ley determinará los procedimientos a seguir para la presentación de las propuestas por la propia Cámara, así como los mecanismos para las sustituciones en los casos de ausencia, renuncia, fallecimiento o cualquier falta absoluta, de las y los integrantes del Consejo Consultivo. El cargo en el Consejo será de cuatro años, con posibilidad de ratificación para un segundo periodo.

...

...

...

...

...

Transitorio

Unico. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Sede de la Comisión Permanente, a 23 de enero de 2013.

Sen. Angélica de la Peña Gómez”.





 

Iniciativa con proyecto de Decreto que reforma los artículos 17 Bis de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y un segundo y tercer párrafos al artículo 28 de la Ley General de Desarrollo Social, presentada por el Senador Juan Carlos Romero Hicks, el 23 de enero de 2013.

“PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA LOS ARTICULOS 17 BIS DE LA LEY ORGANICA DE LA ADMINISTRACION PUBLICA FEDERAL Y 28 DE LA LEY GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL.

Las y los suscritos, Adriana Dávila Fernández, Luisa María Calderón Hinojosa, Juan Carlos Romero Hicks, Silvia Guadalupe Garza Galván, Luis Fernando Salazar Fernández, Francisco de Paula Búrquez Valenzuela, Martín Orozco Sandoval, Jorge Luis Lavalle Maury, María del Pilar Ortega Martínez, Mariana Gómez del Campo Gurza, Laura Angélica Rojas Hernández, senadoras y senadores de la República pertenecientes a la LXII Legislatura al Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y el artículo 122 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a consideración del pleno la siguiente iniciativa con proyecto de decreto que adiciona un inciso e) a la fracción I del artículo 17 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, y un segundo y tercer párrafo al artículo 28 de la Ley General de Desarrollo Social, al tenor de la siguiente:

Exposición de Motivos

1. Los conceptos “representativo y democrático” previstos en el artículo 40 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos como una forma de gobierno de nuestra nación, están íntimamente vinculados entre sí, ya que la democracia es una forma de gobierno que se caracteriza por el hecho de que el pueblo o los ciudadanos pueden participar en la toma de decisiones con su voz y voto, directamente o a través de sus representantes, bajo la regla de la mayoría; mientras que el régimen representativo tiene lugar en virtud de que el gran número de ciudadanos hace imposible su reunión conjunta en una asamblea, por lo que se precisa que el pueblo elija a unos cuantos, cuya voluntad valga por la de ellos.

En tales términos, un aspecto fundamental que deben poseer las instituciones del estado, son condiciones democráticas que permitan gozar de circunstancias que por un lado optimicen la ejecución de aquellos programas previstos para erradicar la brecha económica en la población de escasos recursos, y por otro, eviten el uso de esos programas para fines distintos para los que originalmente fueron diseñados.

De esa manera, la democracia demanda un proceso consolidado basado, entre otras cosas, en un pulcro y eficiente desarrollo de los procesos electorales, en los que los mexicanos manifiesten su total libertad para votar por el partido o coalición que elijan, en un ambiente de seguridad y confianza de que las elecciones son: transparentes, limpias, legítimas y que se ha respetado el voto y éste no ha sido influido de forma anómala.

Lo anterior implica entonces que el funcionario público no debe tener más interés que el cumplir con su función conforme lo marca la ley, y que en su ejercicio se vea comprometido el principio de imparcialidad.

En relación a ello, suele ocurrir que como una “decisión de gobierno”, el titular del ejecutivo federal, local o municipal, nombre como titulares de áreas relacionadas con los fines del desarrollo social a personas que ejercieron un cargo de elección, a ex candidatos que en su momento no les favoreció el voto de los ciudadanos en comicios recientes o simplemente a dirigentes o ex dirigentes de partidos políticos, lo que lógicamente significa dar ese poder e investidura del estado para desarrollar tareas tan sensibles a aquellos que recientemente tuvieron aspiraciones distintas a las que se les encomiendan, y consecuentemente, significan un riesgo para la correcta utilización de recursos dirigidos a fines sociales.
La neutralidad y el profesionalismo de los servidores públicos pueden resultar comprometidos de diferentes maneras:

• Si se nombra o designa a personas con evidentes vínculos partidistas que resulten claramente inaceptables para un gobierno;

• Si se nombra a individuos que tengan compromisos evidentes con tendencias políticas particulares; y

• Si se reemplaza a los servidores públicos, en particular cuando hay un cambio de gobierno, sin existir una buena razón para dudar de su competencia y lealtad, sino simplemente para imponer la autoridad del gobierno.

En tal orden de ideas, resulta indispensable evitar la politización del servicio público, y en especial el ejercicio de recursos y programas públicos.

Ante esta situación, el gobierno tiene una doble responsabilidad. En primer lugar, asegurar que ningún servidor público se aproveche de su cargo para beneficiar o perjudicar a quienes participan como actores políticos en el proceso electoral; y en segundo lugar, garantizar que a ningún ciudadano se le condicione la entrega de los servicios y bienes públicos a los que tiene derecho, por cuestiones relacionadas con sus preferencias políticas, compromisos partidistas, o sus intenciones de voto o sus actividades electorales.

No obstante, esas medidas deben estar provistas de forma transversal a lo largo de la legislación, de tal manera que la misma forme parte de un régimen de condiciones incorporadas en varias de las atribuciones del estado, consecuentemente es recomendable encontrar dispersa a lo largo de la legislación una serie de medidas encaminadas a evitar la falta de mecanismos que, cuya ausencia propicie inequidad y uso de recursos públicos con fines distintos para los que son contemplados, esto a través de la ejecución de programas y la utilización de éstos con sesgos distintos al desarrollo social.

En tal sentido, los servidores públicos en tanto que son ciudadanos, tienen el derecho de ejercer su voto informado y razonado pero también la responsabilidad de cumplir con las obligaciones de la función pública, la cual impone el deber que los programas, las acciones de gobierno, el manejo de los recursos federales y sus funciones las realicen con legalidad, honradez, transparencia, lealtad, imparcialidad y eficiencia.

Con ese objeto, en las últimas legislaturas del Congreso de la Unión, han tenido lugar una serie de reformas relacionadas con el uso de los recursos públicos y la materia electoral, encaminadas entre otras cosas a evitar que los actores políticos y servidores públicos utilicen recursos públicos con el propósito que sean destinados para fines electorales.

Entre las más relevantes, destaca la reforma constitucional publicada en el Diario Oficial de la Federación el 13 de noviembre de 2007, la cual tuvo como intención lograr un sistema electoral más democrático y justo, teniendo como objetivo evitar que intereses ilegales o ilegítimos puedan influir en la vida de los partidos políticos además de impedir que actores ajenos al proceso electoral incidan en las campañas electorales y sus resultados a través de los medios de comunicación, y consecuentemente elevar a rango de norma constitucional las regulaciones a que debe sujetarse la propaganda gubernamental, de todo tipo, tanto época de campañas electorales como en periodos no electorales.

Por su parte en la materia de Desarrollo Social, desde los orígenes de la Ley General de Desarrollo Social, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 20 de enero de 2004, se han establecido una serie de medidas encaminadas a evitar que los programas sociales que la ley refiere sean utilizados de cualquier otra forma a la permitida por la ley, es de esa manera que actualmente el artículo 28 establece la prohibición para el uso distinto al permitido por la Ley.
2. La presente iniciativa tiene como propósito adicionar un inciso e) al artículo 17 Bis de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, que actualmente regula el régimen orgánico de las delegaciones pertenecientes a las dependencias y entidades de las Administración Pública Federal en las entidades federativas o en determinadas regiones.

De esa forma prevé los requisitos que deberán reunir los titulares de sus delegaciones, su vinculación a la Ley del Servicio Profesional de Carrera de la Administración Pública Federal, y las condiciones adicionales que deberán realizar tales delegaciones cuando la dependencia o entidad a las que pertenezcan ejecuten programas sujetos a reglas de operación cuyo fin sea la entrega de un beneficio social directamente a la población.

La adición propuesta tiene como objeto establecer como requisito adicional a los vigentes actualmente que cuando se trate aquellas delegaciones que ejecutan programas de índole social, el titular de la misma no debe haber desempeñado algún cargo de elección popular o haber sido candidato a éstos o dirigente de partido político en los tres años anteriores al día de su designación.

A su vez, dicha restricción tiene como propósito ser congruentes con el objeto de las disposiciones establecidas en los incisos c) y d) de la fracción III del mismo artículo 17 Bis, que es evitar el uso para fines distintos a los establecidos en el programa o la manipulación política del mismo.

3. En congruencia con la adición al artículo 17 Bis de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, se propone lo propio en el artículo 28 de la Ley General de Desarrollo Social, con el propósito de establecer aspectos a cumplir en el ejercicio de la política de desarrollo social en los diversos niveles de gobierno, y para ese fin se establece que la persona en quien recaiga la titularidad de las áreas de la administración pública municipal o estatal que desarrollen y ejecuten la aplicación de políticas y programas sociales, deberá contar con conocimientos y experiencia profesional en la materia de desarrollo social.

Además, no desempeñar o haber desempeñado cargos de elección ni haber sido registrado como candidato a ocupar alguno de éstos, o haber ocupado uno ejecutivo a nivel nacional, estatal o municipal de algún partido político en los tres años anteriores a la fecha de la designación.

En el caso de la federación y por la envergadura de responsabilidades, se prevé que esos requisitos deberán ser cubiertos por los titulares de las delegaciones que se establezcan en las entidades federativas y conforme se propone en el artículo 17 Bis de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.

Tales lineamientos que se plantean, deben ser vistos como un requerimiento del perfil y no como una restricción del acceso de ellos, pues como hemos mencionado, se trata de tener servidores públicos que se mantengan ajenos a intereses políticos, de partidos, o cualquier otro distinto al desarrollo social y la función pública, y en ese sentido, así como es preciso gozar de ciertos conocimientos sobre la materia, en este caso de desarrollo social, por tratarse de la necesidad de garantizar derechos sociales consagrados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, igualmente es necesario que la personas en quien recaiga tal nombramiento sea ajeno de forma inmediata a intereses distintos a los mencionados.

4. Es preciso hacer hincapié que igualmente se plantea un transitorio en el que se prevé que aquellos delegados que se encuadren en la hipótesis normativa materia del presente decreto cuyo nombramiento hubiera tenido lugar con anterioridad a la entrada en vigor del mismo, podrán continuar en sus cargos, lo anterior a efecto de evitar conculcar derechos adquiridos de tales servidores.

5. Esta no es la primera iniciativa que se presenta sobre la materia, pues anteriormente durante la LX legislatura esta soberanía aprobó el 15 de diciembre de 2009, un dictamen que contemplaba en conjunto propuestas que tenían como objeto el establecimiento de requisitos y restricciones para evitar el posible uso parcial de los recursos públicos destinados para el desarrollo social, siendo las siguientes:

• Iniciativa con proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley General de Desarrollo Social, la Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales y la Ley Federal del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, presentada en sesión en sesión ordinaria del 22 de abril de 2008 por el senador Graco Ramírez Garrido Abreu.

• Iniciativa que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley General de Desarrollo Social, presentada en sesión ordinaria del 4 de febrero de 2009, presentada por el senador Rogelio Rueda Sánchez.

• Iniciativa que reforma diversas disposiciones de la General de Desarrollo Social, presentada en la sesión del 8 de octubre de 2009 por las senadoras y senadores Beatriz Zavala Peniche, Gabriela Ruíz del Rincón, Sergio Álvarez Mata, Adrián Rivera Pérez y Jaime Rafael Díaz Ochoa, Emma Lucía Larios, Rosalía Peredo Aguilar, Ramón Galindo Noriega, Guillermo Tamborrel Suárez, Alfredo Rodríguez y Pacheco.

Es por lo anterior y la necesidad de anteponer la necesidad de salvaguardar los derechos sociales por encima de los derechos individuales, que someto a consideración del pleno la siguiente iniciativa con proyecto de Decreto que adiciona un inciso e) a la fracción I del artículo 17 Bis de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y un segundo y tercer párrafos al artículo 28 de la Ley General de Desarrollo Social.

Primero. Se adiciona el inciso e) a la fracción I del artículo 17 bis para quedar como sigue:

Artículo 17 Bis. Las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, conforme a lo previsto en los reglamentos interiores o sus ordenamientos legales de creación, respectivamente, podrán contar con delegaciones en las entidades federativas o, en su caso, en regiones geográficas que abarquen más de una entidad federativa, siempre y cuando sea indispensable para prestar servicios o realizar trámites en cumplimiento de los programas a su cargo y cuenten con recursos aprobados para dichos fines en sus respectivos presupuestos y observen lo siguiente:

I. Los titulares de las delegaciones serán designados por el Titular de la respectiva dependencia o entidad y tendrán las atribuciones que señalen sus reglamentos interiores o los ordenamientos legales de creación de las entidades paraestatales. Asimismo, deberán reunir por lo menos los siguientes requisitos:

a) a d) ...

e) Tratándose de aquellas dependencias en las cuales se ejecuten programas sociales conforme a la Ley General de Desarrollo Social, no haber desempeñado algún cargo de elección popular o haber sido candidato a éstos o haber ostentado cargo ejecutivo de dirección nacional, estatal o municipal de partido político alguno en los tres años anteriores al día de la designación.

II. y III...

Segundo. Se adiciona un segundo y tercer párrafo al artículo 28 de la Ley General de Desarrollo Social para quedar como sigue:

Artículo 28. La publicidad y la información relativa a los programas de desarrollo social deberán identificarse con el Escudo Nacional en los términos que establece la ley correspondiente e incluir la siguiente leyenda: “Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos al desarrollo social”.
La titularidad de las áreas que desarrollen y ejecuten la aplicación de las políticas y programas a que se refiere la presente ley, deberán cumplir con un perfil que garantice su imparcialidad, y tratándose del nivel federal tal requisito deberá ser observado igualmente en las delegaciones a las que refiere el artículo 17 bis de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.

Las personas en quien recaiga la titularidad del área aludida en el párrafo anterior, además de lo dispuesto en otras leyes, al momento de ser nombrados deberán cumplir al menos con los siguientes requisitos:

I. Contar con conocimientos y experiencia profesional relacionados con el sector que les permita el desempeño de sus funciones;

II. No desempeñar ni haber desempeñado cargo ejecutivo de dirección nacional, estatal o municipal de algún partido político, en los tres años inmediatos anteriores a la fecha del nombramiento en la entidad federativa de que se trate;

III. No haber desempeñado algún cargo de elección popular, ni haber sido registrado como candidato a cargo alguno de elección popular en los tres años inmediatos anteriores por la circunscripción de que se trate.

Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Los servidores públicos que a la entrada en vigor del presente Decreto, se encuentren dentro de la hipótesis normativa que él mismo prevé, podrán continuar desempeñando el cargo que ostentan conforme al nombramiento.

Salón de sesiones de la Comisión Permanente, México, Distrito Federal, a los 22 días de enero de dos mil trece.

Senadores: Adriana Dávila Fernández (rúbrica), Luisa María Calderón Hinojosa (rúbrica), Juan Carlos Romero Hicks (rúbrica), Silvia Guadalupe Garza Galván, Luis Fernando Salazar Fernández (rúbrica), Francisco de Paula Búrquez Valenzuela (rúbrica), Martín Orozco Sandoval (rúbrica), Jorge Luis Lavalle Maury (rúbrica), María del Pilar Ortega Martínez (rúbrica), Mariana Gómez del Campo Gurza (rúbrica), Laura Angélica Rojas Hernández (rúbrica)”.





 

Iniciativa con proyecto de Decreto que adiciona el artículo 23 Bis de la Ley de la Propiedad Industrial, presentada por la Senadora Martha Palafox Gutiérrez, el 23 de enero de 2013.

“PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA EL ARTICULO 23 BIS DE LA LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL.

La suscrita, senadora Martha Palafox Gutiérrez, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución General de la República, y 164 y 172 del Reglamento del Senado de la República, somete a consideración de esta honorable Comisión Permanente iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un artículo 23 Bis a la Ley de la Propiedad Industrial; bajo la siguiente:

Exposición de Motivos

Una de nuestras principales preocupaciones como legisladores y como políticos es el combate a la desigualdad social. Esta no sólo se ha agudizado en los últimos dos lustros, sino que ha polarizado a la sociedad entre aquellos que todo tienen y la mayoría que padecen segregación e injusticia. Combatir estas prácticas y procurar brindar a las familias mexicanas un mejor bienestar, incluido el acceso a medicamentos y los servicios de salud, son los objetivos de este proyecto.
México, desde las décadas de los 40 y 60 del siglo pasado, cuenta con dos instituciones que han sido muy importantes para brindar seguridad social a los trabajadores y sus familias, incluido el servicio y atención médica: el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado (ISSSTE). El IMSS, ISSSTE y la Secretaría de Salud han sido primordiales para procurar este servicio a toda la población, que la Ley General de Salud garantiza en el artículo 4o. de la Constitución.

Actualmente, de acuerdo al Instituto Nacional de Salud Pública, el mercado de los medicamentos en México es cercano a los 156 mil millones de pesos. Se ubica entre los principales mercados a nivel mundial y en el segundo lugar de Latinoamérica.

Este mercado está orientado básicamente al consumo interno. Es del grupo de mercados emergentes que registran mayor crecimiento, junto con algunos de los llamados BRIC (Brasil, China, India).

Casi 96 por ciento de los medicamentos consumidos en México están fuera de patente. Los también llamados innovadores o de patente representan 4.4 por ciento del volumen, pero en valor más de 20 por ciento, algo así como 32 mil millones de pesos. Los genéricos sin marca participan en el mercado con el 34.0 por ciento del volumen, y los genéricos con marca 20 por ciento; en valor 11.4 por ciento (17.8 mil millones de pesos) y 19.6 por ciento (30.6 mil millones de pesos) respectivamente. Otro segmento del mercado de medicamentos lo constituyen los biotecnológicos cuyo volumen es apenas de 0.6 por ciento, pero en valor supera 5 por ciento (8 mil millones de pesos).

México, con una población que casi llega a los 114 millones de habitantes, con cambios demográficos donde las enfermedades crónico-degenerativas aparecen como una transición epidemiológica con nuevos padecimientos, muchos de ellos propios del aumento de la edad, (cardiovasculares, diabetes mellitus, cáncer, hipertensión, otras como el dengue hemorrágico, el VIH-Sida, influenza, por mencionar algunas), estamos obligados a replantearnos la política de salud del estado, revisando nuestro marco jurídico para adecuarlo y modernizarlo.

México como integrante de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), ocupa, en los indicadores de educación y salud, uno de los últimos lugares de los países miembros. Con un gasto público en salud de poco más de 6 por ciento del producto interno bruto (PIB), nuestro país es de los más bajos, lo mismo que en términos per cápita, con apenas 198 dólares.

La población que no cuenta con acceso a los servicios de salud –de acuerdo a estimaciones del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval)– asciende a poco más de 68 millones de personas. De los casi 52 millones de pobres, 35 millones están fuera de algún programa de salud público o privado1. Con estimaciones del Instituto de Salud Pública y la Fundación Mexicana para la Salud, el financiamiento del sistema de salud proviene de los hogares, pero existen tres formas en que se cubren: impuesto federales, seguridad social y gasto de bolsillo. Este último el más significativo.

Como medio de financiamiento el gasto de bolsillo es insuficiente, ineficiente e inequitativo. En México el gasto público en salud representa 20 por ciento; 80 por ciento restante es gasto del consumidor, principalmente la población que no cuenta con seguridad social.

Desde 1991 y posterior a la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá en 1994, el régimen de la propiedad industrial en México cambió. Se abrió la posibilidad de patentar productos y procesos farmacéuticos que habían estado exentos de la figura de propiedad industrial.

Esta reforma significó otorgar una patente a los productos farmacéuticos por 20 años. Se ratificó en 1999 en la Asamblea Mundial de la Salud, donde se aprobó la resolución: Estrategia Revisada de Medicamentos, en el marco de la Organización Mundial de la Salud (OMS), donde los países miembros recibieron el mandato de “monitorear y acompañar las implicaciones para el sector farmacéutico y la salud pública de los acuerdos internacionales, incluidos los acuerdos comerciales” 2 .

En el periodo 2001-2003 hubo resoluciones relacionadas con el acceso a medicamentos, que incluyen cláusulas relativas a las implicaciones de este tipo de acuerdos comerciales, en especial el de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionadas con el Comercio (ADPIC) de la Organización Mundial de Comercio (OMC).

La visión comercial contemplada en ADPIC con relación a los medicamentos, al considerarlos como cualquier otro bien, tuvieron un impacto negativo en los países en desarrollo en el acceso a los medicamentos, por eso, el mismo tratado de ADPIC ahora es flexible, con la intención de que los países adecuen sus marcos jurídicos a las necesidades que les son propias.

En México y la gran mayoría de los países en desarrollo, la protección de patentes para el sector farmacéutico influye en una serie de distorsiones de este mercado; trae un efecto negativo para el acceso a los nuevos productos desarrollados por la industria farmacéutica y otorga ventajas a las empresas innovadoras, a través del establecimiento de patentes por 20 años, que les permite establecer precios elevados en el lanzamiento de productos.

Lo anterior significa que la tendencia actual en la innovación e investigación de nuevos medicamentos llevan a la concentración de sectores altamente lucrativos, sin importar las enfermedades y padecimientos de la mayoría de la población, que no les representa una atractiva rentabilidad financiera. Ejemplo de lo anterior es la nula investigación y desarrollo de nuevos fármacos que combatan enfermedades típicas de los países pobres. En México por ejemplo “existen enfermedades que no representan un mercado rentable para la industria, no obstante que desarrollar un nuevo tratamiento para ellas redundaría en ganancias en salud significativas para los pacientes que la padecen. Las enfermedades que en el ámbito internacional se han definido como desatendidas y que en México afectan a la población más pobre, como el paludismo y el dengue; y el caso de medicamentos dirigidos a enfermedades raras, de alto costo y prevalentes en poblaciones muy reducidas, conocidos como medicamentos “huérfanos”.3

Es en esta situación donde la rentabilidad y la ganancia juegan un papel imprescindible para las empresas trasnacionales, en los productos innovadores o de patente. No interesa, en primera instancia, combatir la enfermedad sino el negocio, por ello también se aplican mecanismos para prolongar una patente innecesariamente o descubrir nuevas bondades del medicamento; esto se ha convertido en una práctica casi cotidiana. Por eso las investigaciones en innovadores han disminuido.

Creo que es muy importante impulsar esta reforma a la Ley de la Propiedad Industrial que aseguren y garanticen el acceso de todos los medicamentos a la población. La patente de 20 años que se establece en el artículo 23 de la Ley de la Propiedad Industrial es inequitativa para la industria farmacéutica nacional, legitima el abuso en la fijación de altos precios para enfermedades que hoy por hoy, como las crónico-degenerativas, significan más de 50 por ciento de los decesos en nuestro país y más de 50 por ciento de la morbilidad hospitalaria.

La discrecionalidad y la falta de una aplicación estricta de nuestra legislación ha originado inequidad y molestia en la industria farmacéutica nacional por no ajustarse a los 20 años de la patente, utilizándose pretextos o artilugios para prologarla indefinidamente. Esto es conocido como “evergreening” (permutación).

Por ello es fundamental para la industria farmacéutica y para la política de salud pública en nuestro país explicitar en la Ley de la Propiedad Industrial que la duración es de 20 años de la patente de medicamentos y fármacos a partir de donde se presenta la primera solicitud. Es incongruente con los propios tratados del ADPIC el que en la práctica, los 20 años se cuenten a partir de que se presente la solicitud de la patente -como sucede en México- independientemente de que en otro país ya se esté explotando.
Por ello, como senadora de esta LXII Legislatura pongo a consideración de esta soberanía este proyecto de decreto para atenuar que se sigan encareciendo más los medicamentos, beneficiando a las trasnacionales farmacéuticas, afectando sensiblemente a la industria farmacéutica mexicana, cuyo producto principal son los denominados “genéricos” que ya han venido ganando mercado, en beneficio de la población más necesitada.

En esta iniciativa que se está proponiendo, se adiciona un nuevo artículo a la Ley de la Propiedad Industrial –el 23 Bis– referido exclusivamente a los medicamentos y fármacos. La finalidad de esta adición es establecer que la patente será de 20 años, contados a partir de donde se dio la primera vez. También se señala claramente que por ningún motivo podrán prolongarse las patentes farmacéuticas.

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a consideración del pleno de esta Comisión Permanente la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto

Artículo Unico. Se adiciona el artículo 23 Bis de la Ley de la Propiedad Industria para quedar como sigue:

Artículo 23 Bis. En el caso de sustancia o mezcla, a la que se refiere el artículo 221, fracciones I, II y III, de la Ley General de Salud, la patente será hasta por 20 años improrrogables, contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud de la primera prioridad o país, y estará sujeta al pago de la tarifa correspondiente. Por ningún motivo la patente podrá extenderse más allá del tiempo establecido en este artículo.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 23 de enero de 2013.

Sen. Martha Palafox Gutiérrez”.

1 Informe de Evaluación de la Política de Desarrollo Social 2012. p. 29.

2 Bermúdez, Jorge: Salud y Comercio. Propiedad Intelectual y Acceso a Medicamentos. Revista Foreig Affairs (en español) Vol. 6 No. 4 ITAM.

3 Propuesta de Política para el Sector Farmacéutico. Fundación Mexicana para la Salud. Primera edición 2011.





 

Iniciativa con proyecto de Decreto que reforma los artículos 16, 21, 76 y 109 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y expide la Ley Orgánica del Instituto Nacional Anticorrupción y de Control, presentada por el Senador José María Martínez Martínez, el 30 de enero de 2013.

“PROYECTO DE DECRETO POR LA QUE SE REFORMA LOS ARTICULOS 16, 21, 76 Y 109 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; Y SE EXPIDE LA LEY ORGANICA DEL INSTITUTO NACIONAL ANTICORRUPCION Y DE CONTROL.

José María Martínez Martínez, senador de la República en la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como por los artículos 8o., fracción I, 164, numeral 1, y 169 del Reglamento del Senado de la República sometemos a consideración de esta soberanía, la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por la que se reforma los artículos 16, 21, 76 y 109 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y se expide la Ley Orgánica del Instituto Nacional Anticorrupción y de Control, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

Dado que la corrupción en México opera de manera sistémica, institucional y estructural, el concepto se transforma en un multifacético y complejo sistema que permea diversas áreas de la sociedad. Las modalidades de la corrupción son, el tráfico de influencias, el contrabando, el soborno, el uso privado de bienes públicos y el premio a quien no lo merece. Se trata, como puede fácilmente apreciarse, de prácticas por todos conocidas, de formas de conducta familiares y en las que, de uno u otro modo, incurre la inmensa mayoría de la población. Lo que, sin embargo la gente resiente pero no comprende, es que la corrupción significa, de manera gradual, la destrucción de la vida institucional, el desprecio por el marco de legalidad y el triunfo de la ilegitimidad y de la inmoralidad. Una sociedad corrupta no puede ser sino una sociedad en estado de descomposición y, por consiguiente, tiene necesariamente que ser una sociedad injusta.

Dicho de otro modo: ningún mal se puede contener si previamente no se le comprende. Combatir la corrupción sin un diagnóstico claro, sin tener de ella una visión global y clara de sus múltiples manifestaciones, no se puede atacar certeramente el problema.

Es importante hacer consiente a la población de que de una u otra forma, tarde o temprano los daños engendrados por la corrupción repercute siempre en el individuo. Todo acto de corrupción tiene un precio, cuesta. Realizar un acto en el cual se agilicen los trámites es concebible pero tiene un precio.

Esto es un hecho: hay sociedades más corruptas unas que otras y no hay ninguna en la que la corrupción este totalmente ausente. En este sentido, hablar de un “estado ideal” o de un “estado perfecto” no es más que aludir a posibilidades lógicas, pero no a realidades.

En nuestro país, la explicación genuina de la corrupción que nos aqueja, el ciudadano mexicano es corrupto porque su sociedad (sus instituciones, sus hombres, su organización política y social, su vida cultural y académica, etc.) esta corrompida y porque, salvo en casos excepcionales, no se puede escapar sencillamente del medio ambiente.

México, como cualquier otro país, se pagan impuestos, pero es un hecho que además de pagar impuestos por nuestros salarios o ganancias o por lo que adquirimos o los servicios que utilizamos se tiene muy a menudo que pagar el “extra” de la corrupción: la propina, el adelanto, la prebenda, la mordida, la invitación, el regalito, la agilización del trámite, etc. Pero lo que empieza a ya no quedar en lo más mínimo claro, es si este impuesto no oficial que nos imponemos unos a otros no solo hace que las cosas o los servicios nos salgan finalmente más caros, sino que impide que las instituciones funcionen de manera normal. En este sentido, el diagnóstico es claro: en gran medida, el sistema general normativo no se armoniza con la realidad que vivimos, con los salarios por ejemplo. Esto nos obliga a vivir al margen de la Ley, lo cual debilita las instituciones y encarece la vida de manera sistemática.

La corrupción es un fenómeno sumamente complejo que afecta de manera significativa en el desarrollo de una nación, pero sobre todo del bienestar de la sociedad en general.

Las prácticas de corrupción que se presentan en un Estado se expanden desde el interior de la sociedad hasta el ejercicio de las funciones públicas, generando con ello una serie de repercusiones negativas cuyos efectos impactan en distintos ámbitos de la realidad nacional; ejemplo de ello es la capacidad que tiene el fenómeno de inhibir el desarrollo equitativo de la población; favorecer la consolidación de elites y burocracias políticas y económicas; afectar la credibilidad y legitimidad de los gobiernos, e impedir que los recursos públicos coadyuven al desarrollo y bienestar de la sociedad.

A este respecto, Transparencia Internacional documenta que en los países en desarrollo son, a menudo, los grupos de la sociedad más vulnerables los que acaban pagando por la existencia de corrupción, ya que son los que más necesitan de políticas públicas y servicios.

En la Encuesta Nacional de Corrupción y Buen Gobierno 2010, se identificaron 200 millones de actos de corrupción el uso de servicios públicos provistos por autoridades federales, estatales, municipales, así como concesiones y servicios administrados por particulares. Este instrumento hace mención de que una “mordida” costó a los hogares mexicanos un promedio de $165.00. Es decir, los hogares mexicanos destinaron 14% de su ingreso a este rubro. Para los hogares con ingresos de hasta un salario mínimo, este impuesto regresivo representó 33% de su ingreso.
México se ha comprometido a nivel internacional a tomar medidas para combatir la corrupción. Ha firmado y ratificado tres importantes convenciones anticorrupción: la Convención Interamericana contra la Corrupción de la Organización de los Estados Americanos (OEA), la Convención para Combatir el Cohecho de Servidores Públicos Extranjeros en Transacciones Comerciales Internacionales de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción (ONU), también conocida como la Convención de Mérida.

Estos instrumentos jurídicos establecen mecanismos para combatir diferentes dimensiones de la corrupción, además de que promueven y facilitan la cooperación entre los países. Entre las recomendaciones y los temas que aún están pendientes de atender por nuestro país se encuentran los siguientes:

• Cooperación y asistencia técnica entre autoridades federales y estatales para la efectiva implementación de la Convención.

• Fortalecer normas jurídicas y códigos de conducta con respecto a conflictos de intereses, preservación y uso adecuado de los recursos públicos.

• Fortalecer la verificación de las declaraciones de situación patrimonial.

• Fortalecer los mecanismos para el acceso a la información pública.

• Fortalecer los sistemas para la contratación de los funcionarios públicos en los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Federación.

• Fortalecer los sistemas para la adquisición de bienes y servicios por parte del Estado en los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Federación.

• Diseñar e implementar campañas de concientización en materia de transparencia, dirigidos a la ciudadanía y a quienes participen en actividades políticas.

• Participación de la sociedad civil en el diseño de políticas y en la gestión pública.

• Asistencia judicial recíproca y cooperación en materia de cumplimiento de la ley.

• Extradición y recuperación de activos.

• Fortalecer medidas para prevenir el blanqueo de dinero.

• Prevención de la corrupción mediante mejores normas contables y de auditoría.

• Establecer legislación, mecanismos e infraestructura en materia de protección a denunciantes, testigos, peritos y víctimas.

En los últimos diez años se han logrado importantes avances institucionales en materia de rendición de cuentas, entre los que destacan: la creación de la Auditoría Superior de la Federación; la publicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental; la creación del Instituto Federal de Acceso a la Información; la instauración del Servicio Profesional de Carrera; la suscripción de convenciones contra la corrupción; la independencia de los Órganos Internos de Control respecto de las dependencias y entidades controladas; la aplicación de programas de monitoreo ciudadano y testigos sociales, y el lanzamiento de los portales de obligaciones de transparencia.

Aunado a lo anterior, el Programa Nacional de Combate a la Corrupción y Fomento a la Transparencia y el Desarrollo Administrativo 2001-2006, se orientó a cambiar el enfoque correctivo de la fiscalización y el control para darle un carácter preventivo y de corresponsabilidad de la Administración Pública Federal en el combate a la corrupción. Además como parte de las reformas para garantizar los derechos ciudadanos respecto al acceso a la información y la rendición de cuentas, se amplió la aplicación de la transparencia como mecanismo de prevención y detección de irregularidades.

Asimismo, entre 2007 y 2008, se realizaron reformas relevantes para fortalecer la rendición de cuentas, como la reforma constitucional que reconoce el acceso a la información como un derecho fundamental, estableciendo principios y criterios que deben cumplir las instituciones públicas en todos los niveles de gobierno; la reforma hacendaria, entre otros aspectos establece la obligación de adoptar esquemas de evaluación del desempeño vinculados al presupuesto en todos los órdenes de gobierno; las reformas que amplían el alcance de la fiscalización de recursos públicos a todo ente público o privado, y la reforma en materia de seguridad y justicia.

Aún con estos cambios institucionales, la percepción de corrupción en nuestro país no ha variado, lo que refleja una falta de correlación entre las políticas emprendidas y la opinión pública, explicada en buena medida por las particularidades que adoptó el cambio democrático en nuestro país y los avances desiguales entre reformas estructurales, institucionales y desarrollo social y humano.

Con esta propuesta se replanteará la relación de la sociedad con el propio gobierno; se fortalecerá el estado de derecho, el principio de legalidad y combate a la corrupción, se suprimirá cualquier posibilidad de intervención partidista o política en la procuración de justicia que pueda afectar la imparcialidad.

A la propuesta de reforma Constitucional que crea un organismo autónomo, es necesario que paralelamente se proponga la ley que regule determinado organismo, es por ello que la presente iniciativa propone el establecimiento claro de las funciones y modo de operación del Instituto Nacional Anticorrupción y Control, que como órgano constitucional autónomo se encuentre conformado por ciudadanos.

Si bien en México se han dado avances institucionales importantes para la prevención y control de la corrupción el problema continua y en la opinión de la ciudadanía éste se incrementa cada vez más. Ello, se convierte en un impedimento para la legitimidad de la democracia social, pues, la corrupción se vuelve inseparable de la impunidad, y compromete la coexistencia civil en nuestro país.

La Creación del Instituto Nacional Anticorrupción y Control es una propuesta que en búsqueda de iniciativas estratégicas, generen un espacio para la prevención, desde la mejora administrativa como herramienta de control y combate de la corrupción.

La complejidad del combate a la corrupción muestra las dificultades de plantear soluciones y acciones que evidencien resultados concretos y esos resultados no son de corto plazo, ni se producen sin transformaciones importantes en torno a las instituciones, las políticas y la participación de la ciudadanía.

En la actualidad existe un debate sobre la manera en que debe combatirse la corrupción de manera efectiva, la disyuntiva se centra por una parte, en reconocer la importancia de la cultura de la legalidad como la vía para asegurar la transparencia y el Estado de derecho, ello se fundamenta en la solidez de las instituciones, su marco jurídico y las acciones en respuesta a la ciudadanía.

Por otro lado, se busca demostrar que el combate a la corrupción no es posible sin una cultura de la participación ciudadana efectiva y real, ello se fundamenta en el argumento de que las instituciones y las leyes por sí solas no producen el cambio hacia la transparencia, sino existe a la par una participación activa de la ciudadanía.

Conceptos como el de la captura del Estado o el Estado fallido evidencian que en muchos países en vías de desarrollo las leyes no se cumplen, generando una cultura de la impunidad que se basa en la indiferencia o debilidad de la ciudadanía, por lo tanto, no hay estrategia de combate a la corrupción que pueda ser efectiva sin una participación de la sociedad civil. Ello implica una estrategia de organización, formación, movilización e incidencia ciudadana, por ello la propuesta para la creación de un órgano de combate a la corrupción forzosamente debe implicar no solo la opinión sino al activa participación ciudadana.

El Banco Mundial define la participación ciudadana como un proceso a través del cual los actores influyen y participan del control sobre el desarrollo de iniciativas y las decisiones y los recursos que los afectan a ella. El concepto se refiere al espacio constituido por los ciudadanos a fin de trabajar cerca de sus autoridades en la formulación del proceso de tomas de decisiones en el proceso de la gestión pública.

La comprensión más global de cómo opera la corrupción y su complejidad, hacen más claro que es necesario un enfoque diferenciado, más integral y profundo para lograr resultados y avances en su combate. Ello debe apuntar no sólo al análisis de los resultados y costos sociales, sino también a las causas de la corrupción.

El enfoque administrativo de la corrupción es rebasado por un Estado integral, esto ha impactado y cambiado radicalmente la forma de diseñar y plantear el combate a la corrupción. Los esfuerzos de reducir corrupción se han movido del estrecho alcance de la capacidad de Gobierno (reformas hacia abajo) a un más amplio espectro que se orienta a las relaciones estructurales, tales como la relación del Estado con la empresa privada, el funcionamiento del sistema político, un sistema de rendición de cuentas con la sociedad civil, por lo tanto proyectos de reformas anticorrupción no son más dirigidas a una manifestación inmediata anticorrupción sino al conjunto complejo de relaciones. Es importante que esta coalición anticorrupción o frente moral, mantenga la autonomía del Gobierno y del sector económico empresarial. Su agenda y la incorporación de la ciudadanía es fundamental para el logro de avances en sus objetivos de combate a la corrupción.

La corrupción es un tema central en la agenda internacional del desarrollo. En México, el tema de la corrupción está mediatizado y requiere no una, sino varias intervenciones estratégicas que haga creíble y efectiva la lucha contra la corrupción y que evidencien un éxito o resultados positivos antes de que puedan surgir cuestionamientos.

Iniciativas recientes de cooperación internacional hacen más urgente la definición de políticas de transparencia en el uso de los recursos.

La debilidad en la respuesta del sistema de justicia y de los organismos contralores y de fiscalización, es que continúan siendo muy esporádicos, con avances, retrocesos y con la percepción de que la corrupción aumenta y que los esfuerzos por detenerla son insuficientes.

La corrupción se entrelaza con el crimen organizado, el narcotráfico, la pobreza y con la injusticia, creando un sentido de desesperanza enorme con vacíos y lagunas jurídicas, institucional y de compromiso de cómo enfrentarlos.

Por ello es necesario para la consolidación de un Estado de derecho con una sociedad donde predominan la moral, la ética y los principios democráticos, dentro de una nación libre de corrupción, con un sistema de vida digno para todos por medio de la implementación de políticas públicas y privadas que establezcan las bases institucionales necesarias para combatir la corrupción en todos los niveles y actividades de la sociedad.

Por ello, en aras de fortalecer la participación ciudadana y con la intención de que ésta se involucre en las decisiones que le conciernen, se propone que la conformación del Instituto sea de ciudadanos, a través de convocatoria abierta llevada a cabo por el Senado de la República.
En vista de las anteriores consideraciones, y con fundamento en lo dispuesto en el artículo 71 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 8 numeral 1, fracción I; 164 y 169 del Reglamento del Senado de la República, en cuanto a la facultad de presentar iniciativas; así como 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, respecto de la facultad específica para reformar el texto constitucional, someto a la consideración de esta asamblea el estudio, discusión y en su caso, aprobación del presente Proyecto Decreto que reforma la Constitución Política de los Estados Unidos sometemos a la consideración de esta soberanía el siguiente proyecto de

Decreto

Artículo Primero. Se modifican los párrafos quinto, sexto, octavo, décimo, décimo primero y décimo tercero del artículo 16, se modifican el primer, segundo y séptimo párrafo del artículo 21, y se adiciona una fracción XII al artículo 76, recorriendo en su numeración a la actual, para que quede como XIII; se modifica el artículo 109 fracción II y III, segundo y tercer párrafo y se adiciona un apartado A; todo lo anterior de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento.

Toda persona tiene derecho a la protección de sus datos personales, al acceso, rectificación y cancelación de los mismos, así como a manifestar su oposición, en los términos que fije la ley, la cual establecerá los supuestos de excepción a los principios que rijan el tratamiento de datos, por razones de seguridad nacional, disposiciones de orden público, seguridad y salud públicas o para proteger los derechos de terceros.

No podrá librarse orden de aprehensión sino por la autoridad judicial y sin que preceda denuncia o querella de un hecho que la ley señale como delito, sancionado con pena privativa de libertad y obren datos que establezcan que se ha cometido ese hecho y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión.

La autoridad que ejecute una orden judicial de aprehensión, deberá poner al inculpado a disposición del juez, sin dilación alguna y bajo su más estricta responsabilidad. La contravención a lo anterior será sancionada por la ley penal.

Cualquier persona puede detener al indiciado en el momento en que esté cometiendo un delito o inmediatamente después de haberlo cometido, poniéndolo sin demora a disposición de la autoridad más cercana y ésta con la misma prontitud, a la del Ministerio Público o a la Fiscalía Especial del Instituto Anticorrupción y de Control en caso de delitos cometidos por servidores públicos. Existirá un registro inmediato de la detención.

Sólo en casos urgentes, cuando se trate de delito grave así calificado por la ley y ante el riesgo fundado de que el indiciado pueda sustraerse a la acción de la justicia, siempre y cuando no se pueda ocurrir ante la autoridad judicial por razón de la hora, lugar o circunstancia, el Ministerio Público o la Fiscalía Especial del Instituto Anticorrupción y de Control en caso de delitos cometidos por servidores públicos podrán, bajo su responsabilidad, ordenar su detención, fundando y expresando los indicios que motiven su proceder.

En casos de urgencia o flagrancia, el juez que reciba la consignación del detenido deberá inmediatamente ratificar la detención o decretar la libertad con las reservas de ley.

La autoridad judicial, a petición del Ministerio Público o de la Fiscalía Especial del Instituto Anticorrupción y de Control en caso de delitos cometidos por servidores públicos y tratándose de delitos de delincuencia organizada, podrá decretar el arraigo de una persona, con las modalidades de lugar y tiempo que la ley señale, sin que pueda exceder de cuarenta días, siempre que sea necesario para el éxito de la investigación, la protección de personas o bienes jurídicos, o cuando exista riesgo fundado de que el inculpado se sustraiga a la acción de la justicia. Este plazo podrá prorrogarse, siempre y cuando el Ministerio Público o la Fiscalía Especial del Instituto Anticorrupción y de Control en caso de delitos cometidos por servidores públicos acrediten que subsisten las causas que le dieron origen. En todo caso, la duración total del arraigo no podrá exceder los ochenta días.

Por delincuencia organizada se entiende una organización de hecho de tres o más personas, para cometer delitos en forma permanente o reiterada, en los términos de la ley de la materia.

Ningún indiciado podrá ser retenido por el Ministerio Público o la Fiscalía Especial del Instituto Anticorrupción y de Control por más de cuarenta y ocho horas, plazo en que deberá ordenarse su libertad o ponérsele a disposición de la autoridad judicial; este plazo podrá duplicarse en aquellos casos que la ley prevea como delincuencia organizada. Todo abuso a lo anteriormente dispuesto será sancionado por la ley penal.

En toda orden de cateo, que sólo la autoridad judicial podrá expedir, a solicitud del Ministerio Público o la Fiscalía Especial del Instituto Anticorrupción y de Control , se expresará el lugar que ha de inspeccionarse, la persona o personas que hayan de aprehenderse y los objetos que se buscan, a lo que únicamente debe limitarse la diligencia, levantándose al concluirla, un acta circunstanciada, en presencia de dos testigos propuestos por el ocupante del lugar cateado o en su ausencia o negativa, por la autoridad que practique la diligencia.

Las comunicaciones privadas son inviolables. La ley sancionará penalmente cualquier acto que atente contra la libertad y privacía de las mismas, excepto cuando sean aportadas de forma voluntaria por alguno de los particulares que participen en ellas. El juez valorará el alcance de éstas, siempre y cuando contengan información relacionada con la comisión de un delito. En ningún caso se admitirán comunicaciones que violen el deber de confidencialidad que establezca la ley.

Exclusivamente la autoridad judicial federal, a petición de la autoridad federal que faculte la ley o del titular del Ministerio Público de la entidad federativa correspondiente o de la Fiscalía Especial del Instituto Anticorrupción y de Control, podrá autorizar la intervención de cualquier comunicación privada. Para ello, la autoridad competente deberá fundar y motivar las causas legales de la solicitud, expresando además, el tipo de intervención, los sujetos de la misma y su duración. La autoridad judicial federal no podrá otorgar estas autorizaciones cuando se trate de materias de carácter electoral, fiscal, mercantil, civil, laboral o administrativo, ni en el caso de las comunicaciones del detenido con su defensor.

Los Poderes Judiciales contarán con jueces de control que resolverán, en forma inmediata, y por cualquier medio, las solicitudes de medidas cautelares, providencias precautorias y técnicas de investigación de la autoridad, que requieran control judicial, garantizando los derechos de los indiciados y de las víctimas u ofendidos. Deberá existir un registro fehaciente de todas las comunicaciones entre jueces y Ministerio Público y demás autoridades competentes.

Las intervenciones autorizadas se ajustarán a los requisitos y límites previstos en las leyes. Los resultados de las intervenciones que no cumplan con éstos, carecerán de todo valor probatorio.

La autoridad administrativa podrá practicar visitas domiciliarias únicamente para cerciorarse de que se han cumplido los reglamentos sanitarios y de policía; y exigir la exhibición de los libros y papeles indispensables para comprobar que se han acatado las disposiciones fiscales, sujetándose en estos casos, a las leyes respectivas y a las formalidades prescritas para los cateos.

La correspondencia que bajo cubierta circule por las estafetas estará libre de todo registro, y su violación será penada por la ley.
En tiempo de paz ningún miembro del Ejército podrá alojarse en casa particular contra la voluntad del dueño, ni imponer prestación alguna. En tiempo de guerra los militares podrán exigir alojamiento, bagajes, alimentos y otras prestaciones, en los términos que establezca la ley marcial correspondiente.

Artículo 21. La investigación de los delitos corresponde al Ministerio Público, a la Fiscalía Especial del Instituto Nacional Anticorrupción y de Control y a las policías, las cuales actuarán bajo la conducción y mando de aquellas en ejercicio de esta función.

El ejercicio de la acción penal ante los tribunales corresponde al Ministerio Público y en su caso a la Fiscalía Especial del Instituto Nacional Anticorrupción y de Control. La ley determinará los casos en que los particulares podrán ejercer la acción penal ante autoridad judicial.

La imposición de las penas, su modificación y duración son propias y exclusivas de la autoridad judicial.

...

...

...

El Ministerio Público y la Fiscalía Especial del Instituto Nacional Anticorrupción y de Control podrán considerar criterios de oportunidad para el ejercicio de la acción penal, en los supuestos y condiciones que fije la ley.

...

...

...

Artículo 76. Son facultades exclusivas del Senado:

I. a XI. (...)

XII. Designar a los Consejeros del Instituto Nacional Anticorrupción y de Control, así como otorgar o negar su aprobación a las solicitudes de licencia o renuncia que le sometan dichos funcionarios;

XIII. Las demás que la misma Constitución le atribuya.

Artículo 109. El Congreso de la Unión y las Legislaturas de los Estados, dentro de los ámbitos de sus respectivas competencias, expedirán las leyes de responsabilidades de los servidores públicos y las demás normas conducentes a sancionar a quienes, teniendo este carácter, incurran en responsabilidad, de conformidad con las siguientes prevenciones:

I. Se impondrán, mediante juicio político, las sanciones indicadas en el artículo 110 a los servidores públicos señalados en el mismo precepto, cuando en el ejercicio de sus funciones incurran en actos u omisiones que redunden en perjuicio de los intereses públicos fundamentales o de su buen despacho.

No procede el juicio político por la mera expresión de ideas.

II. La comisión de delitos por parte de cualquier servidor público será investigada por la Fiscalía Especial del Instituto Nacional Anticorrupción y de Control en los términos de las leyes aplicables y perseguida y sancionada en los términos de la legislación penal; y
III. Se aplicarán sanciones administrativas a los servidores públicos por los actos u omisiones que afecten la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que deban observar en el desempeño de sus empleos, cargos o comisiones.

Los procedimientos para la aplicación de las sanciones mencionadas se desarrollarán autónomamente. El Instituto Nacional Anticorrupción y de Control será el competente para conocer de dichos procedimientos. No podrán imponerse dos veces por una sola conducta sanciones de la misma naturaleza.

Las leyes determinarán los casos y las circunstancias en los que se deba sancionar penalmente por causa de enriquecimiento ilícito a los servidores públicos que durante el tiempo de su encargo, o por motivos del mismo, por sí o por interpósita persona, aumenten substancialmente su patrimonio, adquieran bienes o se conduzcan como dueños sobre ellos, cuya procedencia lícita no pudiesen justificar. Las leyes penales sancionarán con el decomiso y con la privación de la propiedad de dichos bienes, además de las otras penas que correspondan. La Fiscalía Especial del Instituto Nacional Anticorrupción y de Control será la competente para conocer e investigar sobre estos casos, hasta el momento que determine el ejercicio de la acción penal y en su caso consigne ante el tribunal competente o, decida sobre el no ejercicio de la acción penal fundando y motivando su determinación.

Cualquier ciudadano, bajo su más estricta responsabilidad y mediante la presentación de elementos de prueba, podrá formular denuncia ante la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión respecto de las conductas a las que se refiere el presente artículo o en su caso ante la Fiscalía Especial del Instituto Nacional Anticorrupción y de Control.

Apartado A. Corresponde al Instituto Nacional Anticorrupción y de Control consolidar un gobierno honesto y confiable mediante la prevención y el combate de la corrupción, la vigilancia, seguimiento, control, inspección, evaluación y en su caso sanción de todos los servidores públicos de los poderes de la unión, así como de los órganos constitucionales autónomos y cualquier otra institución o persona que utilice, participe, aplique, maneje o administre recursos federales. Las resoluciones del Instituto serán definitivas, inatacables y vinculatorias.

También es facultad del Instituto el perfeccionamiento del desempeño de cualquier servidor público de los que se hace mención en el párrafo anterior; y la innovación de los procesos para hacer efectivo su actuar así como la investigación de los delitos cometidos por servidores públicos a través de la Fiscalía Especial a su cargo y en caso de ser procedente el ejercicio de la acción penal ante los tribunales correspondientes en los términos de la ley.

La Fiscalía Especial estará presidida por el Fiscal Superior que será nombrado por el Pleno del Consejo del Instituto Nacional Anticorrupción y de Control según lo establecido por la ley. Para ser Fiscal Superior se requiere: Ser ciudadano mexicano, tener cuando menos 35 años cumplidos el día de la designación; contar, con antigüedad mínima de diez años, con título profesional de licenciado en derecho; gozar de buena reputación y no haber sido condenado por delito doloso. Solo podrá ser removido en los términos del Título Cuarto de esta Constitución y no podrá desempeñar ningún otro empleo, cargo o comisión, con excepción de los no remunerados en instituciones docentes, científicas, culturales o de beneficencia.

El Instituto Nacional Anticorrupción y de Control será un órgano con autonomía operativa, presupuestaria y de decisión, personalidad jurídica y patrimonio propios. Estará presidido por un Consejo que será integrado por cinco Consejeros designados por las dos terceras partes de los integrantes de la Cámara de Senadores, o en sus recesos, por la Comisión Permanente con la misma votación calificada. Las propuestas se harán a través de convocatoria pública según como lo disponga la Ley.

El Instituto Nacional Anticorrupción y de Control resolverá sobre las quejas administrativas por responsabilidad de los servidores públicos y en su caso sancionará a los responsables en los términos de las leyes aplicables.
El Presidente del Consejo del Instituto Nacional Anticorrupción y de Control será nombrado por el Pleno del Consejo en los términos de la ley y será quien represente al Consejo. Deberá presentar anualmente a los Poderes de la Unión un informe de actividades. Al efecto comparecerá ante las Cámaras del Congreso en los términos que disponga la ley.

Para ser Consejero del Instituto Nacional Anticorrupción y de Control se requieren los mismos requisitos que para ser Procurador General de la República establecidos en el párrafo primero del inciso A del artículo 102 de esta Constitución Política.

Los Consejeros del Instituto Nacional Anticorrupción y de Control durarán siete años en su cargo, podrán ser reelectos una sola vez hasta por cuatro años más y solo podrán ser removidos en los términos del Título Cuarto de esta Constitución.

La Ley establecerá las bases para la organización y funcionamiento del Instituto Nacional Anticorrupción y de Control el cual deberá regirse por los principios de certeza, legalidad, objetividad, imparcialidad, eficiencia, profesionalismo, honradez, lealtad, disciplina y respeto a los derechos humanos.

Las legislaturas de las entidades federativas, en el ámbito de sus respectivas competencias, establecerán organismos autónomos de la misma naturaleza que el Instituto Nacional Anticorrupción y de Control.

Artículo Segundo. Se expide la Ley Orgánica del Instituto Nacional Anticorrupción y de Control bajo las siguientes bases:

Título I
Disposiciones Generales

Capítulo I
Disposiciones Generales

Artículo 1. Las disposiciones de esta Ley son de orden público, interés social y de observancia general en el territorio nacional.

Artículo 2. El Instituto Nacional Anticorrupción y de Control, en adelante Instituto, creado por mandato constitucional es un órgano de carácter permanente con autonomía técnica, operativa, presupuestaria y de decisión, personalidad jurídica y patrimonio propios, cuyo objetivo es consolidar un gobierno honesto y transparente mediante la vigilancia, seguimiento, control, inspección, evaluación y en su caso sanción de la función pública, así como la investigación de los delitos cometidos por servidores públicos y en caso de ser procedente ejercitar la acción penal ante los tribunales correspondientes en los términos de la ley.

Artículo 3. El Instituto ejercerá sus atribuciones respondiendo a la satisfacción del interés social y del bien común, a la transparencia y a la participación ciudadana.

La actuación de sus servidores se regirá por los principios de certeza, legalidad, objetividad, imparcialidad, eficiencia, profesionalismo, honradez, lealtad, disciplina y respeto a los derechos humanos.

Artículo 4. La presente Ley tiene como objeto organizar al Instituto Nacional Anticorrupción y de Control en términos de lo dispuesto por la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos y cumplir con el objetivo que le encomienda la Constitución Política al Instituto, consolidar un gobierno honesto y confiable mediante la prevención y el combate a la corrupción, la vigilancia, seguimiento, control, inspección, evaluación y en su caso sanción de la función pública, así como la mejora del desempeño de todo servidor público y la innovación de procesos para hacer efectivo su actuar, así como la investigación de los delitos correspondientes y en su caso el ejercicio de la acción penal.
Artículo 5. Son sujetos de esta Ley, los servidores públicos mencionados en el artículo 109 A. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y todas aquellas personas que manejen o apliquen recursos económicos federales.

Artículo 6. Todo servidor público tendrá las obligaciones previstas en la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, destinadas a salvaguardar la legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, disciplina y eficiencia que deben ser observadas en el desempeño de su empleo, cargo o comisión, y cuyo incumplimiento dará lugar al procedimiento y a las sanciones que correspondan según la Ley antes referida.

Artículo 7. El Instituto Nacional Anticorrupción y de Control se encargará de vigilar el cumplimiento de las obligaciones de los servidores públicos a que se refiere el artículo anterior.

Artículo 8. El Instituto será competente para aplicar la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos y determinará las sanciones o medidas correspondientes contempladas en la referida ley según sea el caso.

Artículo 9. Cualquier ciudadano podrá presentar quejas ante el Instituto por incumplimiento de las obligaciones de los servidores públicos, con las que se iniciará, en su caso, el procedimiento disciplinario correspondiente.

De la misma manera toda persona que tenga conocimiento de la comisión de un delito por uno o varios servidores públicos está obligada a denunciarlo ante la Fiscalía Especial de este Instituto.

Artículo 10. Las bases para el funcionamiento y la organización interna del Instituto serán establecidas además de esta Ley, en los ordenamientos legales conducentes y que al efecto se expidan.

Título II
De la Conformación del Instituto Nacional Anticorrupción y de Control

Capítulo I
Del Instituto Nacional Anticorrupción y de Control

Artículo 11. El Instituto depositario de la vigilancia, control y mejora continua de la administración pública, es responsable de la investigación e identificación e individualización, así como de la difusión de valores y principios de transparencia en el manejo de los recursos públicos.

Artículo 12. Para los efectos del artículo anterior el Instituto vigilará que la aplicación y manejo adecuado de los recursos públicos se ejecute con fundamento en los principios de honestidad, transparencia, participación, eficiencia, eficacia, legalidad, y rendición de cuentas consagrados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así mismo, investigará actos, hechos u omisiones que causen daño al patrimonio público.

Artículo 13. Para el cumplimiento de sus fines el Instituto contará con las siguientes atribuciones:

I. Formular programas y dirigir campañas contra la corrupción, así como diseñar un Plan Nacional de Prevención en materia de Anticorrupción, que será puesto en conocimiento de todas las autoridades del Estado. El plan se presentará hasta ciento veinte días después de haber iniciado sus actividades. Contendrá las políticas, objetivos, programas y acciones, orientadas a cumplir con este propósito;

II. Promover la participación y organización de la ciudadanía en la creación de una cultura de la legalidad y honestidad;

III. Conocer e investigar las denuncias de los delitos cometidos por los servidores públicos, que hayan sido presentadas a través de la Fiscalía especializada;
IV. Solicitar informes o documentos a cualquier institución pública o privada a fin de verificar los fundamentos de los casos que se investigan, constatar y pronunciarse sobre situaciones que impliquen conflictos de intereses o utilización indebida de información privilegiada relacionada con el patrimonio del Estado. Las autoridades, funcionarios públicos o administradores requeridos, deben suministrar la información en el plazo de veinte días. Toda solicitud o inspección deberá concretarse a los hechos y documentos relacionados con los casos que se investiga.

V. Imponer sanciones;

VI. Organizar el Sistema de Control y Evaluación Gubernamental; inspeccionar el ejercicio del gasto público federal y su congruencia con los presupuestos de egresos; coordinar, conjuntamente con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la evaluación que permita conocer los resultados de la aplicación de los recursos públicos federales, así como concertar con las dependencias y entidades de la administración pública federal;

VII. Expedir las normas que regulen los instrumentos y procedimientos de control de la Administración Pública Federal, para lo cual podrá requerir de las dependencias competentes, la expedición de normas complementarias para el ejercicio del control administrativo;

VIII. Vigilar el cumplimiento de las normas de control y la fiscalización de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal;

IX. Establecer las bases generales para la realización de auditorías en las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, así como realizar las auditorías que se requieran a las dependencias y entidades en sustitución o apoyo de sus propios órganos de control;

X. Vigilar el cumplimiento, por parte de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, de las disposiciones en materia de planeación, presupuesto, ingresos, financiamiento, inversión, deuda, patrimonio, fondos y valores;

XI. Organizar y coordinar el desarrollo administrativo integral en las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, a fin de que los recursos humanos, patrimoniales y los procedimientos técnicos de la misma, sean aprovechados y aplicados con criterios de eficiencia.

XII. Recibir y registrar las declaraciones patrimoniales que deban presentar los servidores públicos de la Administración Pública Federal, y verificar su contenido con las disposiciones aplicables; así como los contratos que celebren las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal;

XIII. Establecer normas, políticas y lineamientos en materia de adquisiciones, arrendamientos, desincorporación de activos, servicios y obras públicas de la Administración Pública Federal;

XIV. Formular y conducir la política general de la Administración Pública Federal para establecer acciones que propicien la transparencia en la gestión pública, la rendición de cuentas y el acceso por parte de los particulares a la información que aquélla genere, y

XV. Las demás que le encomienden expresamente las leyes y reglamentos.

Artículo 14. Para su funcionamiento el Instituto, contará con los siguientes órganos:

a) El Pleno;

b) La Presidencia del Consejo;

c) La Secretaría Ejecutiva;

d) La Comisión de Control y Mejora Administrativa;

e) La Fiscalía Especial, y

f) La Contraloría Interna del Instituto.
Capítulo II
Del Pleno de Consejeros y su Presidencia

Artículo 15. El pleno del Consejo se integrará por cinco consejeros, incluyendo al Presidente. Los consejeros deliberarán en forma colegiada y decidirán los asuntos por mayoría de votos, en caso de empate el Presidente tendrá voto de calidad.

Artículo 16. Los miembros del Consejo del Instituto serán elegidos por el Senado de la Republica, a propuesta en terna de la comisión correspondiente que para el efecto designe el Senado y bajo las bases que establezca la propia comisión. La designación deberá atender al principio de participación e inclusión ciudadana, y será con aprobación de las dos terceras partes de los miembros presentes, y en los recesos, por la Comisión Permanente, conforme a las mismas reglas.

Artículo 17. La comisión correspondiente, emitirá convocatoria pública abierta para recibir de las universidades del país, gremios profesionales legalmente reconocidos, Organizaciones No Gubernamentales en materia de transparencia y anticorrupción, y Organizaciones Nacionales de derechos humanos las propuestas de quienes deberán ocupar el cargo de consejeros.

Artículo 18. Una vez recibidas las propuestas, la Comisión encargada presentará dos ternas al pleno del Senado, con la finalidad de llevar a cabo la votación correspondiente, y en caso de no resultar la votación requerida, se llevará a cabo una segunda vuelta donde resultarán elegidos aquellos que cuenten con mayoría de votos.

Artículo 19. Los Consejeros del Instituto deberán reunir para su elección los siguientes requisitos:

I. Ser ciudadano mexicano por nacimiento y estar en pleno goce y ejercicio de sus derechos civiles y políticos;

II. Tener cumplidos treinta y cinco años el día de su elección;

III. Contar con experiencia en materia de transparencia, vigilancia, control o actividades afines reconocidas por las leyes mexicanas y los instrumentos jurídicos internacionales;

IV. No desempeñar, ni haber desempeñado cargo de dirección nacional o estatal, ni militar como activo o simpatizante en algún partido político en los últimos diez años anteriores a su designación;

V. No desempeñar ni haber desempeñado cargo de Secretario o Subsecretario de Estado, Procurador General de la República, Gobernador o procurador general de justicia de alguna entidad federativa o jefe de gobierno del Distrito Federal, en el año anterior a su elección;

VI. No haber sido condenado por delito intencional que amerite pena corporal de más de un año de prisión;

VII. Haber residido en el país durante los últimos cuatro años, salvo el caso de ausencia en servicio de la República por un tiempo menor de seis meses, y

VIII. Tener preferentemente actividades en organizaciones civiles en el impulso de transparencia y combate a la corrupción.

Artículo 20. Los consejeros del Instituto durarán en su encargo siete años, y podrán ser reelectos por una sola vez por un periodo de cuatro años.
Artículo 21. Las funciones de los Consejeros del Instituto son incompatibles con el desempeño de cualquier otro cargo, empleo o comisión de la Federación, los Estados, Municipios u órganos constitucionales, exceptuando las actividades académicas.

Artículo 22. Los Consejeros del Instituto no podrán ser detenidos ni sujetos a responsabilidad civil, penal o administrativa, por las opiniones y recomendaciones que formulen, o por los actos que realicen, en ejercicio de las funciones propias de sus cargos que les asigna esta ley.

Artículo 23. Los consejeros del Instituto podrán ser removidos de sus funciones y, en su caso, sujetos a responsabilidad, sólo por las causas y mediante los procedimientos establecidos por el Título Cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Artículo 24. Las sesiones del Pleno podrán ser ordinarias o extraordinarias. Y deberán de atender a las siguientes reglas:

I. Para la celebración de las sesiones ordinarias, el Secretario Ejecutivo notificará la convocatoria a cada Consejero con una antelación mínima de 48 horas.

II. Serán sesiones extraordinarias aquellas que convoque el Presidente con tal carácter debido a la urgencia de los asuntos a tratar.

III. Las convocatorias a sesiones ordinarias o extraordinarias deberán contener el lugar, la fecha y la hora para su celebración, así como el orden del día correspondiente.

Artículo 25. Al inicio de las sesiones, el Secretario Ejecutivo se cerciorará de que hayan sido satisfechos los requisitos de instalación. En consecuencia, el Presidente hará la declaratoria de apertura y someterá a la consideración de los Comisionados el orden del día, el cual sólo podrá ser modificado por votación mayoritaria de los Comisionados presentes.

Artículo 26. El Pleno conocerá de las excusas que tengan los Consejeros para deliberar, resolver y votar asuntos determinados. Los Comisionados deberán exponer los razonamientos que impidan su participación en la sesión en la cual hayan de discutirse esos asuntos.

Artículo 27. Cuando no pueda realizarse una sesión ordinaria o extraordinaria por falta de quórum, el Secretario Ejecutivo lo hará constar en el acta respectiva se convocará a una nueva sesión.

Artículo 28. Los asuntos contenidos en el orden del día serán considerados sucesivamente hasta ser agotados.

Artículo 29. En las sesiones participarán los Consejeros y el Secretario Ejecutivo, quien tendrá derecho a voz, pero no de voto.

Artículo 30. El Presidente dirigirá los debates sobre los asuntos que se traten, vigilará que se respete la libertad de expresión de los que tengan voz, y velará por que se mantenga el orden entre los asistentes a las sesiones.

Artículo 31- Las votaciones serán económicas salvo que, a solicitud de cualquiera de los consejeros, se determine que alguna votación sea nominal, en cuyo caso se hará constar en el acta el nombre y el sentido del voto de cada Consejero.

El Secretario Ejecutivo hará el cómputo de las votaciones y dará cuenta del resultado al Pleno.

Artículo 32 - El Secretario Ejecutivo levantará las actas de las sesiones, en las que se transcribirán o a las que se anexarán las resoluciones y los acuerdos que hayan sido aprobados. El proyecto de acta será sometido a la aprobación de los Consejeros y será firmado por los que hayan asistido a la sesión correspondiente.
Artículo 33. Las resoluciones y los acuerdos del Pleno se inscribirán en un registro público, que se pondrá a disposición del público en general por los medios electrónicos que se establezcan para tal efecto, además de ello el Pleno podrá determinar que éstos o extractos de los mismos se difundan en periódicos o publicaciones especializadas.

Artículo 34. El Consejero Presidente será elegido por todos los miembros de consejo, en votación, y por mayoría absoluta y durara en su encargo cuatro años, pudiendo ser reelegido para un periodo inmediato hasta de tres años más.

Artículo 35. El Consejero Presidente del Pleno tendrá las siguientes obligaciones:

I. Ejercer la representación legal del Instituto;

II. Dictar las medidas específicas que juzgue convenientes para el mejor desempeño de las funciones del Instituto;

III. Distribuir y delegar funciones en los términos del Reglamento Interno;

IV. Vigilar el cumplimiento de las resoluciones y los acuerdos del Pleno;

V. Proponer al Pleno el nombramiento del Secretario Ejecutivo;

VI. Proponer al Pleno el anteproyecto de presupuesto anual y su estructura programática y, una vez aprobado, remitirlo como proyecto a las autoridades competentes;

VII. Informar al Pleno sobre el ejercicio del presupuesto de la Comisión

VIII. Presentar anualmente, en representación del Instituto, a los Poderes de la Unión, un informe de actividades, en los términos de la Ley;

IX. Celebrar, en los términos de la legislación aplicable, acuerdos, bases de coordinación y convenios de colaboración con autoridades y organismos de control y combate a la corrupción, así como con instituciones académicas y asociaciones culturales, para el mejor cumplimiento de sus fines;

X. Convocar y conducir las sesiones del Pleno de Consejeros;

XI. Las demás que le señalen la presente Ley, el reglamento y otros ordenamientos legales.

Artículo 36. Los consejeros no podrán abstenerse de votar sino cuando tengan impedimento legal.

El consejero que disintiere de la mayoría podrá formular voto particular, el cual se insertará en el acta respectiva si fuere presentado dentro de los cinco días siguientes a la fecha del acuerdo.

Artículo 37. Son Atribuciones del Pleno de Consejeros las siguientes:

I. Aprobar o rechazar el proyecto de presupuesto anual que le presente el Presidente. En caso de aprobarlo presentarlo ante la cámara de Diputados para su inclusión en el Presupuesto de Egresos de la Federación;

II. Elegir al integrante del Consejo que tomará el cargo de Presidente;

III. Establecer las comisiones que considere pertinentes para el cumplimiento del objeto del Instituto y de la presente ley, y para el adecuado funcionamiento del Consejo, así como designar a los Consejeros que presidirán cada comisión;
IV. Formular los lineamientos generales a los que se sujetarán las actividades administrativas del Instituto, así como nombrar, dirigir y coordinar a los funcionarios y al personal bajo su autoridad;

V. Expedir los reglamentos o disposiciones legales necesarias que regulen todo lo no previsto en la presente ley a fin de cumplir con el objeto de la misma;

VI. Formular y difundir un Plan Nacional de Prevención y Combate a la Corrupción que contendrá las políticas públicas, objetivos, programas y acciones orientadas a crear una cultura de legalidad y honestidad dentro de las labores desempeñadas por servidores públicos;

VII. Resolver sobre quejas administrativas y responsabilidad de servidores públicos en los términos de lo dispuesto en el artículo 109 apartado A de la Constitución Política Mexicana;

VIII. Solicitar información y documentación de cualquier institución pública o privada que tenga relación con algún procedimiento de su competencia;

IX. Dictar las medidas que exijan el buen servicio, la legalidad y la disciplina en las oficinas en que desempeñen sus funciones los servidores públicos;

X. Observar y aplicar lo establecido en la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos;

XI. Imponer las sanciones correspondientes atendiendo a la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos y vigilar su cumplimiento;

XII. Dar vista inmediatamente a la Fiscalía Especial del Instituto en caso de que durante el trámite del procedimiento administrativo aparecieren indicios o presunción de la comisión de algún delito de los contemplados por esta Ley en los términos de las disposiciones legales aplicables;

XIII. Lograr una coordinación eficiente y continua con las distintas autoridades de los tres niveles de gobierno;

XIV. Promover entre los servidores públicos del Instituto y en general de cualquier servidor público una cultura de respeto a los derechos humanos;

XV. Atender las visitas, quejas y recomendaciones tanto de la Comisión Nacional de Derechos Humanos como de la Comisión Nacional de Derechos Humanos del Distrito federal y de las entidades federativas, conforme a los ordenamientos aplicables;

XVI. Coordinarse en el ámbito de su competencia con la Comisión Nacional de Derechos Humanos y de la Comisión Nacional de Derechos Humanos del Distrito federal y entidades federativas para promover el respeto de los Derechos Humanos en la procuración e impartición de justicia;

XVII. Diseñar el modelo orgánico, operativo y funcional para garantizar que la actuación de los servidores públicos del Instituto garantice el respeto a los derechos humanos, en concordancia con los instrumentos internacionales en la materia, de los que México sea parte;

XVIII. Implementar una capacitación permanente en materia de derechos humanos para el personal que labora en el Instituto.

XIX. Aprobar la organización y funcionamiento de la Contraloría Interna del Instituto;

XX. Las demás que establezcan las normas legales aplicables.
Capítulo III
De los Consejeros

Artículo 38. Los Consejeros tendrán las facultades siguientes:

I. Participar en las sesiones y votar libremente respecto de los asuntos de la competencia del Pleno;

II. Fungir como ponentes de los asuntos que les estén encomendados, y coordinar las comisiones de trabajo que se conformen para tal efecto;

III. Informar al Presidente sobre los asuntos a incluir en el orden del día de su competencia y que deba ser sometido ante él, o para que convoque a sesión para tratarlo, y

IV. Hacer solicitudes de la información y documentación que requieran.

Capítulo IV
Del Secretario Ejecutivo del Instituto

Artículo 39. El Secretario Ejecutivo del Instituto será propuesto por el Presidente y aprobado por la mayoría de votos del Pleno de Consejeros.

Artículo 40. Los requisitos para ser Secretario Ejecutivo, son los mismos que para ser Consejero del Instituto establecidos en el artículo 19 de la presente ley.

Artículo 41. Son atribuciones del Secretario Ejecutivo:

I. Auxiliar al Pleno y a su presidente en el ejercicio de sus atribuciones;

II. Preparar el orden del día de las sesiones del Pleno de Consejeros, declarar la existencia del quórum, dar fe de lo actuado en las sesiones, levantar el acta correspondiente y someterla a la aprobación del Pleno

III. Someter al acuerdo del Presidente los asuntos relativos a las sesiones del Pleno;

IV. Asistir a las sesiones;

V. Proveer al cumplimiento de las resoluciones y los acuerdos del Pleno;

VI. Proporcionar a los Consejeros la información, la documentación y el apoyo que requieran para el desempeño de sus funciones;

VII. Dar cuenta con los proyectos de dictamen de las Direcciones y comisiones del Instituto;

VIII. Firmar, junto con el presidente del Consejo, todos los acuerdos y resoluciones que emita el Pleno de Consejeros;

IX: Coordinar los actos necesarios para someter a la consideración del Presidente o del Comisionado ponente, los proyectos de resoluciones y de acuerdos que pongan fin a los procedimientos administrativos;

X. Expedir copias certificadas de las constancias que obren en los archivos de la Comisión, a instancia de parte interesada o por orden de la autoridad competente, para su exhibición y efectos consiguientes dentro de cualquier procedimiento, proceso o averiguación

XI. Organizar, operar y custodiar el registro público

XII. Proveer lo necesario para que se publiquen los acuerdos y resoluciones que pronuncie el Pleno de Consejeros;

XIII. Lo demás que le sea conferido por esta Ley, el Pleno o su Presidente.
Capítulo V
De la Comisión de Control y Mejora Administrativa

Artículo 42. La Comisión de Control y Mejora Administrativa deberá resolver los asuntos de vigilancia y control de las funciones y de los servidores públicos así como velar por el cumplimiento de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores; la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público; la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados; la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y demás leyes aplicables a la materia.

Artículo 43. La Comisión se integrará por dos Consejeros quienes serán designados, para un periodo de tres años, por el Pleno del Consejo y el Director General de Control Interno y Mejora Administrativa.

Artículo 44. El Director General de Control Interno y mejora Administrativa, será elegido por el Pleno del consejo a propuesta del Presiente, y deberá cubrir los requisitos establecidos en el artículo 19 de esta Ley.

Artículo 45. Corresponde a la Comisión de Control Interno y Mejora Administrativa, las siguientes funciones:

I. Someter a la consideración y aprobación del Pleno de Consejeros los proyectos de disposiciones, bases y reglas de carácter general, normas, lineamientos y políticas que se elaboren en el área de su responsabilidad;

II. Vigilar que se dé cumplimiento a los ordenamientos legales y a las disposiciones reglamentarias o administrativas en el despacho de los asuntos de su competencia;

III. Planear, programar, organizar, dirigir, controlar y evaluar las actividades de las unidades administrativas adscritas a su dirección;

IV. Substanciar y resolver los recursos o procedimientos administrativos que conforme a las disposiciones legales y reglamentarias les correspondan;

V. Formular los dictámenes, opiniones e informes que les sean solicitados por el Presidente y por los demás Comisionados;

VI. Preparar los proyectos de resoluciones y acuerdos relativos a las facultades que les correspondan, a efecto de que sean sometidos a la consideración del Pleno, y darles seguimiento una vez aprobados;

VII. La atención de trámites, consultas o peticiones que inicie cualquier interesado, que sean de su competencia, o en su caso, canalizarlos al área que corresponda;

VIII. Revisar los aspectos jurídicos de los convenios y contratos que deban suscribir el Instituto y hacer del conocimiento del Pleno las opiniones al respecto;

IX. Coordinar criterios para la resolución de los recursos administrativos de su competencia;

X. Emitir los acuerdos de admisión y desahogo de pruebas, acumulación y, en general, cualquier otro que requiera la substanciación de los recursos administrativos que corresponda conocer a la Dirección;

XI. Dar vista a los terceros interesados con los recursos o procedimientos interpuestos para que manifiesten lo que a su derecho convenga;

XII. Presentar al Secretario Ejecutivo las resoluciones que se hayan emitido para que sean aprobadas por el Pleno de Consejeros;
XIII. Las demás que las disposiciones legales y administrativas le confieran, así como las que le encomienden el Secretario Ejecutivo y el Pleno de Consejeros del Instituto.

Artículo 46. Para el cumplimiento de sus fines la Comisión de Control y mejora Administrativa, contara con las siguientes unidades, de las cuales tendrán director al frente de cada una:

a) Unidad de Control y auditoria;

b) Unidad de Responsabilidades Quejas y denuncias; y

c) Unidad de Situación Patrimonial.

Artículo 47. Corresponderá a la Unidad de Control y auditoria

I. Establecer criterios, así como metodologías o modelos en materia de control de la gestión gubernamental;

II. Proponer a la Comisión un programa anual de auditorías y visitas de inspección;

III. Realizar las auditorías o visitas de inspección que agendadas en el programa anual o las que ordene el Pleno, a fin de promover la eficacia en la gestión de los servidores públicos, propiciar la consecución de los objetivos contenidos en sus programas, así como detectar e inhibir prácticas de corrupción, estas deberán:

1. Verificar que sus actos se ajusten a lo establecido en las disposiciones legales aplicables;

2. Verificar el cumplimiento de las disposiciones legales, reglamentarias o administrativas en materia de sistemas de registro y contabilidad; contratación y remuneraciones al personal; contratación de adquisiciones, arrendamientos, servicios; conservación, uso, destino, afectación, enajenación, almacenamiento y baja de bienes muebles, inmuebles, derechos y demás activos y recursos materiales, así como en materia de sistemas y equipos informáticos, tecnológicos y de comunicación;

3. Verificar y evaluar los sistemas y equipos informáticos y de comunicaciones, así como la calidad, fiabilidad y seguridad de la información almacenada y procesada en los mismos, para opinar cerca del grado de eficiencia, eficacia y economía con que están siendo usados o administrados sus recursos de tecnología informática;

4. Verificar que su información financiera refleje en forma razonable su situación conforme a las normas contables, en términos de las disposiciones aplicables;

5. Proponer las acciones necesarias para el logro eficaz, eficiente y económico de sus metas y objetivos, así como para el mejoramiento de su control interno;

6. Verificar que sus operaciones sean congruentes con los procesos aprobados de planeación, programación y presupuesto;

7. Dar seguimiento a las observaciones determinadas en las auditorías o visitas;

8. Requerir la información y documentación que sea necesaria para cumplir sus funciones;

9. Emitir guías en materia de auditoría, para orientar y facilitar el desarrollo de las actividades correspondientes, y

10. Presentar al Pleno de Consejeros los informes de resultados de las auditorías y visitas de inspección, a fin de que se emitan las recomendaciones procedentes o se turnen a las autoridades competentes, cuando resulten presuntas responsabilidades.
Artículo 48. Corresponderá a la Unidad de Responsabilidades Quejas y denuncias:

I. Conocer de las quejas y denuncias que se formulen por el posible incumplimiento de las obligaciones de los servidores públicos, así como dar vista al Fiscal Especial del Instituto en caso de considerar la que exista posibilidad de que se haya cometido algún delito;

II. Tramitar, sustanciar y resolver los procedimientos disciplinarios e imponer las sanciones que correspondan;

III. Solicitar información y documentación necesaria para resolver los procedimientos;

IV. Levantar y suscribir las actas administrativas relativas al desahogo de las audiencias a que se refiere el ordenamiento legal en materia de responsabilidades, incluidas las correspondientes al desahogo de pruebas, así como las que deriven de las comparecencias que hagan los presuntos responsables en el procedimiento de investigación; emitir, asimismo, los acuerdos y llevar a cabo las actuaciones y diligencias que requiera la instrucción del procedimiento;

V. Elaborar los proyectos de resolución para la imposición de sanciones administrativas a servidores públicos por incumplimiento de sus obligaciones administrativas para ser presentadas ante el Pleno de Consejeros;

VI. Las demás que las disposiciones legales aplicables.

Artículo 49. Corresponderá a la Unidad de Situación Patrimonial el ejercicio de las siguientes atribuciones:

I. Coordinar la integración de un padrón de servidores públicos obligados a presentar declaración de situación patrimonial;

II. Llevar el registro de la situación patrimonial de los servidores públicos, recibiendo para ello las declaraciones respectivas;

III. Proponer, previa opinión del Plano de Consejeros, las normas y formatos conforme a los cuales los servidores públicos deberán declarar su situación patrimonial, así como los manuales e instructivos correspondientes;

IV. Coordinar las investigaciones que deriven de las aclaraciones que formulen los servidores públicos en relación con las incongruencias detectadas respecto de los bienes que integran el patrimonio de los servidores públicos de conformidad con la ley de la materia, así como imponer las sanciones que correspondan;

V. Resolver las inconformidades que presenten los servidores públicos en contra de las notificaciones que se les practiquen para comunicarles de incongruencias detectadas en las investigaciones o auditorías realizadas en relación con su patrimonio;

VI. Llevar los registros relativos a los servidores públicos y a los bienes a que se refiere el ordenamiento legal en materia de responsabilidades, así como coordinar la recepción, seguimiento y control de los obsequios, donativos o beneficios;

VII. Proponer la celebración de bases y convenios de coordinación en materia de situación patrimonial con las dependencias, las entidades, la Procuraduría y los organismos constitucionales autónomos, así como con los poderes legislativo y judicial y los gobiernos de las entidades federativas, con la participación que corresponda a los municipios;

VIII. Administrar la información de los sistemas informáticos que se requieran para el control y seguimiento de los asuntos de su competencia y el fortalecimiento de los enlaces institucionales;
IX. para el intercambio y suministro de información conforme a las disposiciones jurídicas establecidas al efecto;

X. Elaborar las normas y demás disposiciones en materia de responsabilidades y situación patrimonial, así como emitir criterios en esas materias para efectos internos de la Secretaría;

XI. Elaborar guías no vinculatorias en materia de situación patrimonial, para orientar y facilitar el desarrollo de las actividades correspondientes;

XII. Emitir la declaración prevista en el ordenamiento legal en materia de responsabilidades, cuando los servidores públicos no cumplan con su obligación de presentar declaración de situación patrimonial, en los términos del propio ordenamiento, y

XIII. Las demás que las disposiciones legales y administrativas le confieran y las que le encomiende el Pleno de Consejeros.

Título III
Capítulo IV
De la Fiscalía Especial del Instituto Nacional Anticorrupción y de Control

Artículo 50. La Fiscalía Especial, será el órgano del Instituto Nacional Anticorrupción y de Control, que por mandamiento constitucional, se encargará de la prevención, el combate, la investigación, y en su caso, el ejercicio de la acción penal cuando se trate de delitos relacionados con la corrupción y en los que estén involucrados servidores públicos.

Artículo 51. Al frente de la Fiscalía Especial estará el Fiscal Superior del Instituto Nacional Anticorrupción y de Control, quien presidirá la Fiscalía Especial y será designado por mayoría absoluta de votación de los integrantes del Pleno del Consejo del Instituto Nacional Anticorrupción y de Control. Solo podrá ser removido en los términos del Título Cuarto de esta Constitución y no podrá desempeñar ningún otro empleo, cargo o comisión, con excepción de los no remunerados en instituciones docentes, científicas, culturales o de beneficencia.

Artículo 52. El Fiscal Superior del Instituto Nacional Anticorrupción y de Control, intervendrá por sí o por conducto de agentes de la Fiscalía Especial, en el ejercicio de las atribuciones conferidas por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la presente ley y las demás disposiciones aplicables. Las resoluciones de ejercicio o no ejercicio de la acción penal, deberán ser revisadas y avaladas por la Comisión Especial de Delitos cometidos por Funcionarios Públicos, así mismo lo serán todas las que impliquen la privación de la libertad de los indiciados, y en caso de que por su importancia así lo amerite deberán ser avaladas por el Pleno del Consejo del Instituto Nacional Anticorrupción y de Control.

Artículo 53. Corresponde a la Fiscalía Especial del Instituto Nacional Anticorrupción y de Control investigar de los delitos del orden federal relacionados con la corrupción y cometidos por servidores públicos. El ejercicio de esta atribución comprende:

A. Durante la investigación:

I. Recibir denuncias o querellas sobre acciones u omisiones que puedan constituir algún delito relacionado con la corrupción o cometido por algún servidor público, así como ordenar a la policía que investigue la veracidad de los datos aportados mediante informaciones anónimas, en términos de las disposiciones aplicables;

II. Proveer lo legalmente conducente, por escrito y sin dilación alguna, cuando tenga conocimiento de la probable comisión de un delito de los de su competencia, de oficio, a fin de resolver lo conducente;
III. Requerir informes, documentos, opiniones y elementos de prueba en general a las dependencias y entidades de la administración pública de los tres órdenes de gobierno, y a otras autoridades, organismos públicos autónomos, incluso constitucionales, y personas que puedan suministrar elementos para el debido ejercicio de sus atribuciones.

IV. Practicar las diligencias necesarias para la acreditación del cuerpo del delito y la probable responsabilidad del indiciado en términos de lo dispuesto por el Código Federal de Procedimientos Penales, en coordinación con sus auxiliares y otras autoridades de los tres órdenes de gobierno, de conformidad con las disposiciones aplicables, los protocolos de actuación que se establezcan, y los convenios de colaboración e instrumentos que al efecto se celebren;

V. Ejercer la facultad de mando de las policías en la función de la investigación de los delitos, e instruirles respecto de las acciones que deban llevarse a cabo en la investigación del delito y de sus autores y partícipes, en términos de lo dispuesto en el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;

VI. Decretar la libertad provisional bajo caución del o los presuntos responsables cuando sea procedente;

VII. Llevar a cabo las acciones necesarias para solicitar las órdenes de aprehensión de los inculpados y la reparación del daño correspondientes;

VIII. Obtener elementos probatorios para la acreditación del cuerpo del delito y la probable responsabilidad del indiciado, así como solicitar a particulares su aportación voluntaria y, cuando se requiera de control judicial, solicitar al órgano jurisdiccional la autorización u orden correspondientes para su obtención;

IX. Tomar conocimiento de las detenciones que en flagrancia o caso urgente se lleven a cabo y que le deban ser notificadas, así como llevar un registro de las mismas y realizar las actualizaciones respectivas;

X. Llevar un registro con la identificación de las personas que intervengan en la cadena de custodia y de las autorizadas para reconocer y manejar los indicios, huellas o vestigios del hecho delictuoso, así como de los instrumentos, objetos o productos del delito;

X. Cerciorarse de que se han seguido los procedimientos para preservar los indicios, huellas o vestigios del hecho delictuoso, así como los instrumentos, objetos o productos del delito; asentar cualquier violación a las disposiciones para la recolección, el levantamiento, preservación y el traslado de los mismos, y dar vista a la autoridad competente para efectos de las responsabilidades a que hubiere lugar;

XII. Realizar el aseguramiento de bienes de conformidad con las disposiciones aplicables;

XIII. Ordenar a la policía que brinde protección a personas respecto de las cuales exista un riesgo objetivo para su vida o integridad corporal por su intervención en procedimientos penales del orden federal cometidos por servidores públicos y los contemplados en esta ley, de conformidad con los acuerdos que para tal efecto se emitan;

XIV. Restituir provisionalmente a la víctima u ofendido en el goce de sus derechos, en los términos de las disposiciones aplicables;

XV. Solicitar al órgano jurisdiccional la prisión preventiva de los indiciados en términos de las disposiciones legales aplicables;

XVI. Solicitar al órgano jurisdiccional las órdenes de cateo, la imposición del arraigo, la prohibición de abandonar una demarcación geográfica u otras medidas cautelares que resulten necesarias para asegurar el éxito de la investigación y evitar que el probable responsable se sustraiga de la acción de la justicia, la protección de personas o bienes jurídicos y el debido cumplimiento de la sentencia que se dicte;
XVII. Practicar las diligencias de cateo en términos de las disposiciones legales aplicables y de acuerdo con el mandamiento judicial correspondiente, para lo que podrá auxiliarse de la policía;

XVIII. Prestar apoyo a los particulares en la captación de las comunicaciones en las que éstos participen cuando los mismos lo soliciten para su aportación a la averiguación previa o al proceso penal;

XIX. En aquellos casos en que la ley lo permita, propiciar la conciliación de los intereses en conflicto, proponiendo vías de solución que logren la avenencia;

XX. Determinar la incompetencia y remitir el asunto a la autoridad que deba conocerlo así como la acumulación de las investigaciones cuando sea procedente;

XXI. Determinar el ejercicio de la acción penal o la reserva de la averiguación previa, conforme a las disposiciones aplicables;

XXII. Determinar el no ejercicio de la acción penal, cuando:

1. Los hechos de que conozca no sean constitutivos de delito;

2. Una vez agotadas todas las diligencias y los medios de prueba correspondientes, no se acredite el cuerpo del delito o la probable responsabilidad del indiciado;

3. La acción penal se hubiese extinguido en los términos de las normas aplicables;

4. De las diligencias practicadas se desprenda plenamente la existencia de una causa de exclusión del delito, en los términos que establecen las normas aplicables;

5. Resulte imposible la prueba de la existencia de los hechos constitutivos de delito por obstáculo material insuperable, y

6. En los demás casos que determinen las normas aplicables;

XXIII. Acordar el no ejercicio de la acción penal y notificarlo personalmente a denunciante o querellante y a la víctima u ofendido y

XXIV. Las demás que determinen las normas aplicables.

Artículo 54. Cuando la Fiscalía Especial tenga conocimiento por sí, por el Fiscal Superior, o por conducto de sus auxiliares de la probable comisión de un delito de los de su competencia cuya persecución dependa de querella o de cualquier otro acto equivalente, que deba formular alguna autoridad, lo comunicará por escrito y de inmediato a la autoridad competente, a fin de que resuelva con el debido conocimiento de los hechos lo que a sus facultades o atribuciones corresponda. Las autoridades harán saber por escrito a la Fiscalía Especial la determinación que adopten.

Artículo 55. En los casos de detenciones en delito flagrante, en los que la Fiscalía Especial inicie la investigación con detenido, deberá solicitar por escrito y de inmediato a la autoridad competente que presente la querella o cumpla el requisito equivalente, dentro del plazo de retención que establece el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Artículo 56. Todas las actuaciones practicadas por la Fiscalía Especial deberán de atender a los principios de pronta y expedita impartición de justicia y a las reglas para la práctica de diligencias previstas en el Código Federal de Procedimientos Penales, así como las disposiciones legales que se expidan al respecto.
Artículo 57. La Fiscalía Especial podrá intervenir en los procesos penales incluso después de ejercitada la acción penal, como coadyuvante el Ministerio Público adscrito al Tribunal que le toque conocer el asunto. También podrá impugnar las resoluciones dictadas por el Tribunal que considere le causen un agravio a la víctima del delito.

A. En materia de atención y seguridad a la víctima o el ofendido por algún delito de su competencia:

I. Proporcionar asesoría jurídica a la víctima u ofendido e informarle de los derechos que en su favor establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;

II. Recibir todas aquellas pruebas que presente la víctima u ofendido, que considere que ayuden a acreditar el cuerpo del delito de que se trate, la probable responsabilidad del indiciado y la procedencia y cuantificación por concepto de reparación del daño, fundando y motivando la recepción o negativa de las mismas;

III. Ordenar la práctica de las diligencias conducentes en la investigación que soliciten la víctima o el ofendido o, en su caso, fundar y motivar su negativa;

IV: Otorgar las facilidades para identificar al probable responsable y dictar todas las medidas necesarias para evitar que se ponga en peligro la integridad física y psicológica de la víctima u ofendido;

V. Informar a la víctima u ofendido que desee otorgar el perdón en los casos procedentes, el significado y trascendencia jurídica de dicho acto;

VI. Dictar las medidas necesarias y que estén a su alcance para que la víctima u ofendido reciba atención médica y psicológica de urgencia. Cuando el Fiscal Especial lo estime necesario, tomará las medidas conducentes para que la atención médica y psicológica se haga extensiva a otras personas;

VII. Solicitar a la autoridad judicial, en los casos en que sea procedente, la reparación del daño;

VIII. Solicitar a la autoridad judicial que el inculpado sea separado del domicilio de la víctima cuando se trate de delitos que pongan en peligro su integridad física o mental, así como otras medidas cautelares que sean procedentes;

IX. Solicitar a la autoridad judicial dicte providencias para la protección a las víctimas u ofendidos y sus familiares, así como a los bienes, posesiones y derechos de dichas víctimas u ofendidos, cuando existan datos que establezcan la posibilidad de que se cometan actos de intimidación o represalias por parte de los probables responsables o por terceros relacionados con los mismos;

X. Ejercer las acciones que las disposiciones normativas en materia de extinción de dominio de bienes prevean a favor o en beneficio de las víctimas y ofendidos;

XI. Promover la reserva de identidad y otros datos personales de la víctima u ofendido, cuando sean menores de edad; se trate de delitos de violación, secuestro o delincuencia organizada, y en los demás casos que se considere necesario para su protección, y

XII. Informar a la víctima o al ofendido menor de edad, que no está obligado a carearse con el inculpado cuando se trate de los delitos de violación o secuestro. En estos casos, las declaraciones respectivas se efectuarán conforme lo establezcan las disposiciones aplicables.

B. Intervenir en la extradición, entrega o traslado de indiciados, procesados o sentenciados, en los términos de las disposiciones aplicables, así como en el cumplimiento de los tratados internacionales en que los Estados Unidos Mexicanos sea parte;
C. Es obligatorio proporcionar los informes que solicite el Fiscal Especial del Instituto Anticorrupción y de Control. El incumplimiento a los requerimientos que formule el Fiscal Especial será causa de responsabilidad en términos de la legislación aplicable;

D. Promover la pronta, expedita y debida procuración e impartición de justicia.

E. Ejercitar la acción de extinción de dominio y las atribuciones que le corresponden en el procedimiento respectivo, de conformidad con la ley de la materia, y demás disposiciones aplicables;

F. Atender las solicitudes de información sobre el registro de detenidos;

H. Conformar el Sistema Nacional de Seguridad Pública e intervenir en las acciones de coordinación que le correspondan para cumplir los objetivos de la seguridad publica en términos de las disposiciones aplicables, y

I. Las demás que las leyes determinen.

Artículo 58. Corresponde a la Fiscalía Especial del Instituto Nacional Anticorrupción y de Control:

I. Participar en el Sistema Nacional de Seguridad Pública de conformidad con la ley de la materia y demás disposiciones aplicables.

En el ejercicio de esta atribución el Fiscal Superior deberá:

a) Participar en las instancias de coordinación que correspondan en el ámbito de competencia de la Fiscalía Especial, y dar cumplimiento a los acuerdos y resoluciones que se adopten en las mismas;

b) Ejercer las facultades que le confiere la ley por cuanto hace a la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia, y

c) Participar en los demás órganos del Sistema Nacional de Seguridad Pública;

II. Recabar, capturar, procesar, administrar y resguardar la información de los asuntos que conozca, utilizando dispositivos tecnológicos adecuados para alimentar las bases de datos correspondientes, de conformidad con lo dispuesto en las normas jurídicas aplicables y los acuerdos del Fiscal Superior, así como consultar, analizar y explotar la información sobre seguridad pública contenida en dichas bases de datos;

III. Instrumentar y aplicar mecanismos de coordinación con la Secretaría de Seguridad Pública y con otras instituciones de seguridad pública de las entidades federativas y de los municipios para la investigación de los delitos. En el ejercicio de esta función, las policías actuarán bajo la conducción y mando del Ministerio Público de la Federación;

IV. Establecer indicadores y procedimientos que sirvan para evaluar la actuación de la Fiscalía Especial del Instituto Anticorrupción y de Control con la participación ciudadana en los términos del reglamento de esta ley y de conformidad con las normas aplicables en materia del Sistema Nacional de Seguridad Pública, sin perjuicio de otros sistemas de evaluación que le sean aplicables;

V. Velar por el respeto de las garantías individuales y los derechos humanos en la esfera de su competencia. En el ejercicio de esta atribución la Procuraduría General de la República deberá:

a) Fomentar entre sus servidores públicos una cultura de respeto a las garantías individuales y los derechos humanos que ampara el orden jurídico mexicano y los tratados internacionales en que los Estados Unidos Mexicanos sea parte;
b) Atender las visitas, quejas, propuestas de conciliación y recomendaciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y de organismos internacionales de protección de derechos humanos cuya competencia haya sido reconocida por el Estado mexicano, conforme a las normas aplicables, y

c) Proporcionar información a la Comisión Nacional de Derechos Humanos cuando la solicite en ejercicio de sus funciones, siempre que no ponga en riesgo investigaciones en curso o la seguridad de personas;

d) Diseñar e implementar políticas públicas que tengan como finalidad la actuación respetuosa y garante de los derechos humanos, en concordancia con las normas e instrumentos internacionales en la materia en los que México sea parte.

VI. Participar en el Sistema Nacional de Planeación Democrática, en los términos que prevea la Ley de Planeación y demás disposiciones aplicables;

VII. Promover la celebración de tratados internacionales y acuerdos interinstitucionales en asuntos relacionados con sus atribuciones, así como vigilar su cumplimiento, en coordinación con la Secretaría de Relaciones Exteriores y las demás dependencias de la Administración Pública Federal involucradas;

VIII. Opinar y participar en los proyectos de iniciativas de ley o de reformas legislativas para la exacta observancia de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y que estén vinculadas con las materias de su competencia;

IX. Establecer medios de información sistemática y directa a la sociedad, para dar cuenta de sus actividades. En todo caso se reservará la información cuya divulgación pueda poner en riesgo las investigaciones que realice la Fiscalía Especial y mantendrá la confidencialidad de los datos personales, de conformidad con lo dispuesto por el Código Federal de Procedimientos Penales y demás normas aplicables;

X. Orientar a los particulares respecto de asuntos que presenten ante la Fiscalía Especial del Instituto Nacional Anticorrupción y de Control que no constituyan delitos de su competencia, sobre el trámite que legalmente corresponda al asunto de que se trate;

XI. Ofrecer y entregar recompensas en numerario, en un solo pago o en exhibiciones periódicas, a personas que aporten información útil relacionada con las investigaciones que realice, así como a aquéllas que colaboren en la localización y detención de probables responsables de la comisión de delitos, en los términos y condiciones que mediante acuerdo determine el Fiscal Superior;

XII. Celebrar acuerdos o convenios con instituciones públicas o privadas para garantizar a los inculpados, ofendidos, víctimas, denunciantes y testigos pertenecientes a los pueblos y comunidades indígenas, la disponibilidad de intérpretes y traductores;

XIII. Emitir disposiciones para la recolección, el levantamiento, la preservación y el traslado de indicios, huellas o vestigios del hecho delictuoso, y de los instrumentos, objetos o productos del delito, así como los procedimientos y protocolos para asegurar su integridad;

XIV. Convocar y realizar reuniones periódicas con las autoridades fiscales federales, quienes estarán obligadas a participar, cuando así se los solicite la Fiscalía Especial en las reuniones que al efecto se programen, para formularle sugerencias respecto de sus actividades, así como, de advertir o prevenir la comisión de cualquier acto ilegal en perjuicio de una persona o grupo de personas, o de proponerles se eviten perjuicios o se reparen los daños causados a éstos con su ilegal emisión, o por cualquier causa que la justifique. A tales reuniones podrán asistir, e intervenir, en compañía del personal de la Fiscalía Especial, los síndicos, y representantes de colegios profesionales, grupos organizados de consumidores, sindicatos, cámaras empresariales y sus confederaciones y, en general, de grupos de contribuyentes legalmente constituidos, quienes habrán de acreditarse oportunamente ante la Fiscalía Especial;
XV. Especializar a las y los agentes de la Fiscalía Especial, peritos, policías y en general al personal que atiende a víctimas de delitos, a través de programas y cursos permanentes en:

a) Derechos humanos y género;

b) La aplicación de la perspectiva de género en la debida diligencia, la conducción de investigaciones relacionadas con discriminación, violencia de género y feminicidios;

c) Incorporación de la perspectiva de género en los servicios periciales;

d) Eliminación de estereotipos sobre el rol social de las mujeres;

e) Los que se consideren pertinentes para la debida investigación de los delitos que son cometidos contra niñas y mujeres;

XVI. Crear un registro público sistemático de los delitos cometidos en contra de niñas y mujeres, por supuesto, los cometidos por servidores públicos, registro que deberá incluir la clasificación de los hechos de los que tenga conocimiento, lugar de ocurrencia y lugar de hallazgo de los cuerpos en caso de homicidio o feminicidio, características sociodemográficas de las víctimas y del sujeto activo, especificando su tipología, relación entre el sujeto activo y pasivo, móviles, diligencias básicas a realizar, así como las dificultades para la práctica de diligencias y determinaciones; los índices de incidencia y reincidencia, consignación, sanción y reparación del daño. Este registro se integrará a la estadística criminal y victimal para definir políticas en materia de prevención del delito, procuración y administración de justicia;

XVII. Elaborar y aplicar protocolos de investigación de delitos con perspectiva de género, primordialmente para la búsqueda inmediata de mujeres y niñas desaparecidas, para la investigación de los delitos de feminicidio, contra la libertad y normal desarrollo psicosexual, la trata de personas y la discriminación.

XVIII. Coordinarse con la autoridad encargada de la base nacional de información genética para remitir la información personal disponible de niñas y mujeres desaparecidas de que tenga conocimiento; la información genética y muestras celulares de los familiares de las personas desaparecidas que lo consientan; la información genética y muestras celulares provenientes de los cuerpos de cualquier mujer o niña no identificada.

XIX. Realizar las funciones que deriven de las disposiciones legales y reglamentarias aplicables respecto de la constitución y administración de fondos que le competan, y

XX. Las demás que prevean otras disposiciones legales.

Artículo 59. Son atribuciones indelegables del Fiscal Superior:

I. Comparecer ante cualquiera de las Cámaras del Congreso de la Unión en los casos y bajo las condiciones que establecen los artículos 69 y 93 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En esas comparecencias deberá reservarse la información que ponga en riesgo alguna investigación, aquélla que conforme a la ley se encuentre sujeta a reserva y los datos confidenciales en términos de las normas aplicables;

II. Celebrar convenios, bases, programas e instrumentos de coordinación con la Procuraduría General de la República, las instancias encargadas de la procuración de justicia de las entidades federativas y las demás dependencias y entidades de la Administración Pública Federal del Distrito Federal, de los Estados y Municipios de la República, organismos privados y en el ámbito de su competencia con instancias internacionales, instituciones educativas, públicas o privadas, así como personas físicas y morales de los diversos sectores sociales;

III. Concurrir en la integración y participar en las instancias de coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública, con las facultades que determina la ley de la materia;
IV. Celebrar acuerdos, bases de colaboración, convenios y demás instrumentos jurídicos con autoridades federales y con los gobiernos del Distrito Federal, de los estados integrantes de la Federación y municipios, organismos públicos autónomos, incluso constitucionales, así como con organizaciones de los sectores social y privado;

V. Crear consejos asesores y de apoyo que coadyuven en la solución de la problemática propia de las distintas actividades de la Fiscalía Especial, y

VI. Las demás que prevean otras disposiciones aplicables.

Artículo 60. Los servidores públicos que determine el reglamento de esta ley podrán emitir o suscribir instrumentos jurídicos, de acuerdo con sus atribuciones, que faciliten el funcionamiento y operación de la Fiscalía Especial el Instituto Nacional Anticorrupción y de Control, siempre que no sean de los previstos en el artículo anterior.

Capítulo II
Bases de Organización

Artículo 61. El Fiscal Superior ejercerá autoridad jerárquica sobre todo el personal de la Fiscalía Especial del Instituto Nacional Anticorrupción y de Control, pero su autoridad estará supeditada siempre al Consejo del Instituto Nacional Anticorrupción y de Control en los términos de esta Ley, así como las normas legales aplicables.

Artículo 62. El Fiscal Superior emitirá los acuerdos, circulares, instructivos, bases y demás normas administrativas necesarias que rijan la actuación de las unidades administrativas y órganos técnicos y administrativos, centrales y desconcentrados, de la Fiscalía Especial, así como de todos los servidores sobre los cuales ejerce autoridad jerárquica.

Artículo 63. Para el despacho de los asuntos que competen a la Fiscalía Especial, de conformidad con el presupuesto que se le asigne, conforme a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el presente ordenamiento y demás disposiciones aplicables la Fiscalía contará, además de su titular, con:

I. Subfiscales;

II. Oficial Mayor;

III. Coordinadores;

V. Titulares de unidades especializadas;

VI. Directores generales;

VII. Titulares de órganos desconcentrados;

X. Agentes de la Fiscalía Especial, agentes de la Policía, oficiales, y peritos, y

XI. Directores, subdirectores, subagregados, jefes de departamento, titulares de órganos y unidades técnicos y administrativos, centrales y desconcentrados, y demás servidores públicos que establezca el reglamento de esta ley y otras disposiciones aplicables.

Artículo 64. El reglamento de esta ley establecerá las unidades y órganos técnicos y administrativos, centrales y desconcentrados, de la Fiscalía Especial, así como sus atribuciones.

El Fiscal Superior, de conformidad con las disposiciones presupuestales, podrá crear unidades administrativas especializadas distintas a las previstas en el reglamento de esta ley, para la investigación y persecución de géneros de delitos y para el ejercicio de su función, de las policías y de los peritos, atendiendo a las necesidades del servicio, así como fiscalías especiales para el conocimiento, atención y persecución de delitos específicos que por su trascendencia, interés y características así lo ameriten.
Artículo 65. El Fiscal Superior, para la mejor organización y funcionamiento de la Fiscalía Especial, podrá delegar facultades, excepto aquellas que por disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la presente ley y demás ordenamientos aplicables, deban ser ejercidas por el Fiscal Superior. Asimismo, podrá adscribir orgánicamente las unidades y órganos técnicos, desconcentrados y administrativos que establezca el reglamento de esta ley y demás disposiciones aplicables.

Artículo 66. Los acuerdos por los cuales se disponga la creación de unidades administrativas especializadas, fiscalías especiales y órganos desconcentrados, se deleguen facultades o se adscriban los órganos y unidades, se publicarán en el Diario Oficial de la Federación.

Artículo 67. Para ser Fiscal Superior se requiere: Ser ciudadano mexicano, tener cuando menos 35 años cumplidos el día de la designación; contar, con antigüedad mínima de diez años, con título profesional de licenciado en derecho; gozar de buena reputación y no haber sido condenado por delito doloso.

Artículo 68. Los subsficales y Oficial Mayor serán nombrados y removidos por el Fiscal Superior.

Artículo 69. Para ser Subfiscal se deberá cumplir con los siguientes requisitos:

I. Ser ciudadano mexicano por nacimiento;

II. Tener cuando menos treinta años cumplidos el día de la designación;

III. Contar con título profesional de licenciado en derecho, con ejercicio profesional de cinco años;

IV. Gozar de buena reputación, y

V. No haber sido condenado por delito doloso.

Los Subfiscales, para suplir al Fiscal Superior, de conformidad con lo dispuesto en esta ley, deberán cumplir con los mismos requisitos que para éste se establecen en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

El Oficial Mayor deberá cumplir los requisitos que establezca el reglamento de esta ley.

Artículo 70. Los coordinadores, titulares de unidad y de órganos desconcentrados, directores generales y agregados deberán reunir los requisitos que se establezcan en el reglamento de esta ley y demás disposiciones aplicables, y serán designados y removidos por el Fiscal Superior del Instituto Nacional Anticorrupción y de Control.

Los demás servidores públicos serán nombrados y removidos en los términos del presente ordenamiento, su reglamento y demás disposiciones aplicables.

Capítulo III
De los Auxiliares del Fiscal Superior

Artículo 71. Son auxiliares del Fiscal Superior:

I. Directos:

a) Los oficiales;

b) La policía federal, en términos de lo dispuesto por el artículo 21 constitucional, y

c) Los servicios periciales.
II. Suplementarios:

a) Los agentes de las fiscalías especiales o homólogos y las policías del Distrito Federal, de los estados integrantes de la Federación y de los Municipios, así como los peritos de las instituciones de procuración de justicia de las entidades federativas, en términos de las disposiciones legales aplicables y los acuerdos respectivos;

b) El personal del Servicio Exterior Mexicano acreditado en el extranjero;

d) Los capitanes, patrones o encargados de naves o aeronaves nacionales, y

e) Los funcionarios de las entidades y dependencias de la Administración Pública Federal, en términos de las disposiciones aplicables.

El Fiscal Especial ordenará la actividad de los auxiliares suplementarios en lo que corresponda exclusivamente a las actuaciones que practiquen en su auxilio.

Artículo 72. Los oficiales auxiliarán a los agentes de la Fiscalía Especial de la Federación en el ejercicio de sus funciones, de conformidad con lo que establezcan el reglamento de esta ley y los acuerdos que emita el Fiscal Especial.

Para ser oficial se requiere:

a) Ser mexicano, en pleno ejercicio de sus derechos;

b) Acreditar que se han concluido estudios de educación medio-superior o equivalente;

c) Tener acreditado, en su caso, el Servicio Militar Nacional;

d) Aprobar el proceso de evaluación del Instituto, así como los cursos que se determinen conforme la presente ley y de las normas aplicables;

e) No estar sujeto a proceso penal;

f) No estar suspendido ni haber sido destituido o inhabilitado por resolución firme como servidor público, ni estar sujeto a procedimiento de responsabilidad administrativa federal o local, en los términos de las normas aplicables;

g) Ser de notoria buena conducta y no haber sido condenado por sentencia irrevocable como responsable de un delito doloso o culposo calificado como grave;

h) No hacer uso ilícito de sustancias psicotrópicas, estupefacientes u otras que produzcan efectos similares, ni padecer alcoholismo, e

i) Los demás requisitos que establezcan otras disposiciones aplicables.

Artículo 73. En la investigación de los delitos de la competencia de la Fiscalía Especial, las policías actuarán bajo la conducción y el mando del Fiscal Superior, en términos de lo dispuesto por el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las disposiciones aplicables y los protocolos de actuación que se establezcan al respecto.

Artículo 74. Los peritos actuarán bajo la autoridad y mando inmediato de la Fiscalía Especial, sin perjuicio de la autonomía técnica e independencia de criterio que les corresponde en el estudio de los asuntos que se sometan a su dictamen.
Artículo 75. El Ejecutivo Federal determinará las entidades paraestatales de la Administración Pública Federal que deban quedar sujetas a la coordinación de la Fiscalía Especial, en cuyo supuesto serán aplicables a ésta las disposiciones que para las dependencias coordinadoras de sector establecen la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, la Ley Federal de Entidades Paraestatales y demás ordenamientos que resulten aplicables.

Artículo 76. El Fiscal Superior o los servidores públicos en quienes delegue esta función, podrán autorizar al personal de la Fiscalía Especial para colaborar con la policía federal en el ejercicio de sus funciones de investigación para la prevención de los delitos conforme con el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y demás normas aplicables, así como auxiliar a otras autoridades que lo requieran en el desempeño de una o varias funciones, que sean compatibles con las que corresponden a la Fiscalía Especial.

Artículo 77. De conformidad con los artículos 21 y 119 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las normas aplicables en el marco del Sistema Nacional de Seguridad Pública, el Fiscal Superior acordará con las autoridades locales competentes de los tres órdenes de gobierno la forma en que deban desarrollarse las funciones de auxilio local a la Fiscalía Especial.

Sujetándose a las disposiciones constitucionales y legales aplicables, cuando los agentes de las Fiscalías Especiales del fuero común auxilien al Fiscal Superior, recibirán denuncias y querellas por delitos federales, practicarán las diligencias de investigación que sean urgentes, resolverán sobre la detención o libertad del inculpado, bajo caución o con las reservas de ley, y enviarán sin dilación alguna el expediente y el detenido a la Fiscalía Especial del Instituto Nacional Anticorrupción y de Control, siempre respetando el plazo máximo de retención previsto por el artículo 16 Constitucional.

Artículo 78. Los auxiliares del Fiscal Superior deberán, bajo su responsabilidad, dar aviso de inmediato a éste, en todos los casos sobre los asuntos en que intervengan con ese carácter, haciendo de su conocimiento los elementos que conozcan con motivo de su intervención.

Capítulo V
De la Contraloría Interna del Instituto

Artículo 79. La Contraloría Interna del Instituto queda adscrita directamente al Pleno de Consejeros y estará a cargo de un Contralor Interno designado por la mayoría de votos del Consejo.
El Contralor Interno tendrá además de las atribuciones que específicamente le confieran el Pleno de Consejeros.

Artículo 80. Corresponderá a la Contraloría Interna el ejercicio de las siguientes atribuciones:

I. Aplicar las normas fijadas por la ley de responsabilidades administrativas; fiscalización y evaluación; atención de quejas y denuncias, y responsabilidades e inconformidades;

II. Verificar que las actuaciones de la Secretaría y su órgano desconcentrado se apeguen a la ley, mediante el ejercicio de las siguientes acciones:

1. Programar, ordenar, instruir y realizar auditorías y revisiones de control a las unidades administrativas del Instituto y dar seguimiento a la atención de las recomendaciones y acciones de mejora que realice la propia Contraloría Interna;

2. Recibir quejas y denuncias por incumplimiento de las obligaciones o por inobservancia del Instituto; practicar las investigaciones correspondientes; acordar el inicio del procedimiento administrativo disciplinario y el cierre de la instrucción; fincar las responsabilidades e imponer las sanciones que correspondan y llevar a cabo, en su caso, las acciones que procedan, a fin de garantizar el cobro de las sanciones económicas que hayan sido impuestas;

3 Instruir y resolver el recurso de revocación que hagan valer los servidores públicos              del Instituto, respecto de las resoluciones por las que se impongan sanciones administrativas en       su contra, y dar seguimiento al cumplimiento de las resoluciones dictadas por los órganos jurisdiccionales;
4. Conocer previamente a la presentación de una inconformidad, las irregularidades que a juicio de los interesados se hayan cometido en los procedimientos de adjudicación de adquisiciones, arrendamientos y servicios, así como respecto de la obra pública que lleven a cabo el Instituto y su órgano desconcentrado, a efecto de que las mismas se corrijan cuando así proceda;

5. Resolver los recursos de revisión que se hagan valer en contra de las resoluciones dictadas por el Director General Adjunto de Responsabilidades e Inconformidades en las inconformidades que se promuevan en los términos previstos por la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y por la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, así como aquéllos otros que le correspondan en términos de las disposiciones legales aplicables, y

III. Requerir a las unidades del Instituto, así como a las dependencias, las entidades y la Procuraduría, información para cumplir con sus atribuciones, así como brindar la asesoría que le requieran en el ámbito de su competencia;

IV. Promover el establecimiento de acciones que coadyuven a mejorar la gestión de las unidades del Instituto, cuando derivado de la atención de los asuntos de su competencia así se determine; y

V. Las demás que las disposiciones legales y administrativas le confieran.

Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. La Federación, los Estados y el Distrito Federal, en sus respectivos ámbitos de competencia, deberán expedir las leyes homologas, en un término no mayor a seis meses después a partir de la entrada en vigor de este Decreto

Tercero. El Congreso de la Unión deberá destinar los recursos necesarios para el funcionamiento del Instituto Nacional Anticorrupción y de Control. Las partidas presupuestales para cumplir con lo anterior deberán ser contempladas en el presupuesto inmediato siguiente a la entrada en vigor del presente decreto y en los sucesivos.

Cuarto. El Instituto Nacional Anticorrupción y de Control deberá expedir las normas legales y/o reglamentos conducentes.

Quinto. El Congreso de la Unión deberá destinar los recursos en las partidas presupuestales correspondientes necesarios que el Instituto cuente con los recursos humanos y materiales suficientes para dar eficaz cumplimiento a las atribuciones conferidas en esta ley con la finalidad de cumplir con el objeto del Instituto.

Sexto. Todos los asuntos que con motivo de esta Ley ahora sean de competencia del las unidades de control de la Secretaria de Función Pública permanecerán en el último trámite que hubieren alcanzado hasta que las unidades administrativas que los tramiten se incorporen al Instituto, en casos de urgencia o sujetos a plazos improrrogables por ningún motivo se detendrá su trámite.

Séptimo. Los recursos humanos, materiales y presupuestales destinados a las dependencias que realicen funciones y/o atribuciones de las que esta ley le confiere al Instituto Nacional Anticorrupción y de Control pasarán al mismo.

Salón de Sesiones del H. Senado de la República a los 30 días del mes de enero de 2013.

Senador José María Martínez Martínez”.

Crf. Kaufmann D. y J. Jones G. Captura del Estado, corrupción e influencia en la transición, Instituto del Banco Mundial, División gobierno, regulación y finanzas, Grupo del sector público región de Europa y Asia Central y Banco europeo de reconstrucción y desarrollo. 2000

Cfr. Chomsky, Noam Estados fallidos. El abuso del poder y el ataque a la democracia, traducción de Gabriel Dols, Barcelona, Ediciones B, 2007

Cfr. Carother Civil Society. Washington, DC. (1999, 2005).

Cfr. María González de Asís Creando coaliciones para combatir la corrupción. IDIDE, The Word Bank. Washington. (2005).

Cfr. D. Kauffman La Gobernabilidad Importa. Washington. D.C. 2005





 

Iniciativa con proyecto de Decreto que reforma los artículos 94 y 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, presentada por la Senadora Mariana Gómez del Campo Gurza y por el Diputado Fernando Rodríguez Doval, el 30 de enero de 2013.

"PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN EL PARRAFO XII DEL ARTICULO 94, Y EL PRIMER PARRAFO Y LA FRACCION II DEL ARTICULO 127 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA DE REDUCCION DE LA TEMPORALIDAD DEL CARGO DE MINISTRO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACION Y REDUCCION DE LA REMUNERACION DE FUNCIONARIOS PUBLICOS QUE RECIBEN MAYORES SALARIOS QUE EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA.

Los que suscriben, Mariana Gómez del Campo Gurza, senadora, y Fernando Rodríguez Doval, diputado, ambos de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, y 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 8o., numeral 1, fracción I, 164, numeral 1, 169, 171, numeral 1, y 172 del Reglamento del Senado de la República, someten a consideración de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión la presente iniciativa con proyecto de decreto, por el que se reforman el párrafo XII del artículo 94, y el primer párrafo y la fracción II del artículo 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de reducción de la temporalidad del cargo de ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y reducción de la remuneración de funcionarios públicos que reciben mayores salarios que el presidente de la República, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

La Suprema Corte de Justicia de la Nación no ha logrado alcanzar niveles constantes y amplios de confianza por parte de la ciudadanía, la percepción social respecto al que hacer de la Corte tiene dos características 1) Cambia mucho a través del tiempo y 2) a partir de julio del 2007, el porcentaje de personas que tienen “mucha” confianza en la Corte ha sido mucho menor que el porcentaje de quienes afirman tener poca o nada de confianza.

La bibliografía académica en la materia, por lo menos la producida desde el ámbito del derecho, indica que los tribunales constitucionales que han alcanzado los mayores niveles de legitimidad han sido los que han logrado acertar en la definición de su papel en el delicado equilibrio de poderes de un régimen democrático.

Según Marian Ahumada, en su texto La jurisdicción constitucional en Europa. Bases teórica y políticas, España, Thomson-Civitas, 2007, página 31, la jurisdicción constitucional, tanto en Europa como en Estados Unidos, logró afianzar su legitimidad cuando “su potencial se puso al servicio de la defensa de los intereses sociales que no lograban representación en las asambleas, que quedaban sistemáticamente al margen de la agenda política”, es decir, se requiere una jurisdicción constitucional entendida como aliada de los grupos vulnerables y de la defensa de una sociedad verdaderamente pluralista y tolerante.

El control constitucional en Europa y Estados Unidos, desde mediados del siglo pasado y hasta la década de 1980, se concibió como un instrumento básico para la construcción de un piso común de derechos propios del estatus jurídico del ciudadano, los tribunales constitucionales que lograron desempeñar exitosamente esta tarea adquirieron, en palabras de Ahumada, “una popularidad hasta entonces desconocida” (ídem).

La Suprema Corte mexicana se ha quedado lejos de desempeñar este papel, pues su diseño no estuvo pensado para ese objetivo, ni tampoco los ministros han sabido utilizar estratégicamente su facultad de atracción para definir una agenda jurisdiccional que les permita construir una alianza con la ciudadanía.
Es decir, una hipótesis de por qué la Corte no alcanza a afianzar su legitimidad tiene que ver con que, a fin de cuentas, no ha logrado definir correctamente su papel en el proceso de consolidación de la democracia mexicana; es un tribunal que ha puesto demasiada atención a los conflictos políticos y a los litigios de la élite y ha relegado a un segundo plano los asuntos que de verdad importan a la mayoría de los ciudadanos.

La Suprema Corte es ya el árbitro último de muchos de los conflictos importantes entre poderes, como entre ciudadanos y autoridad, tan solo en 2009, al inicio del periodo de sesiones, el Pleno tenía en puerta una gran cantidad de asuntos que iban desde controversias constitucionales importantes, como la despenalización del aborto, amparos en materia fiscal y financiera, y la investigación del caso Oaxaca, a últimas fechas el pasado miércoles 23 de enero en el nuevo periodo de sesiones el caso de Florence Cassez.

Asimismo, la visibilidad mediática de la Corte ha ido en aumento de forma permanente, sus sentencias son cada vez más seguidas por los medios de comunicación, sin embargo, como institución, no ha logrado alcanzar los niveles de credibilidad deseable en un órgano de esta naturaleza, a decir de esto una encuesta rápida practicada por el periódico Reforma a la ciudadanía revelo que poco más el 80 por ciento de los encuestados desaprobó el fallo de la Corte en el caso del juicio de amparo promovido Florence Cassez, por considerarlo injusto para las víctimas.

Ahora bien, en México, de conformidad con lo establecido en el párrafo XII del artículo 94 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cargo de Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación dura 15 años, este es un esquema intermedio entre lo que sucede en Estados Unidos, Brasil, Argentina y Chile en donde el cargo es vitalicio frente a lo que sucede en Europa y la mayoría de los países de Latino América; en donde por ejemplo en Venezuela el cargo es por 12 años, en Uruguay y Panamá el cargo dura 10 años, mientras que España, Alemania, Ecuador y El Salvador el cargo es por nueve años, en tanto que en Colombia y Costa Rica es por 8 años, en Bolivia es por 6, en Guatemala y Paraguay es por 5; pero en casi ningún país como sucede en México el cargo tiene una duración tan amplia, revisemos la temporalidad que señala el texto constitucional de algunas de las naciones antes invocadas:

Argentina

Artículo 110. Los jueces de la Corte Suprema y de los tribunales inferiores de la nación conservarán sus empleos mientras dure su buena conducta, y recibirán por sus servicios una compensación que determinará la ley, y que no podrá ser disminuida en manera alguna mientras permaneciesen en sus funciones.

Bolivia

Artículo 183.

I. Las magistradas y los magistrados no podrán ser reelegidas ni reelegidos. Su periodo de mandato será de seis años.

II. Las magistradas y magistrados del Tribunal Supremo de Justicia cesarán en sus funciones por cumplimiento de mandato, sentencia ejecutoriada emergente de juicio de responsabilidades, renuncia, fallecimiento y demás causales previstas en la ley.

Brasil

Art. 95. (*) Os juízes gozam das seguintes garantias:

I. - vitaliciedade, que, no primeiro grau, só será adquirida após dois anos de exercício, dependendo a perda do cargo, nesse periodo, de deliberação do tribunal a que o juiz estiver vinculado e, nos demais casos, de sentença judicial transitada em julgado;

II. - inamovibilidade, salvo por motivo de interesse público, na forma do art. 93, VIII; III - irredutibilidade de vencimentos, observado, quanto à remuneração, o que dispõem os arts. 37, XI, 150, II, 153, III, e 153, § 2o., I.
Parágrafo único. Aos juízes é vedado:

I. - exercer, ainda que em disponibilidade, outro cargo ou função, salvo uma de magistério;

II. - receber, a qualquer título ou pretexto, custas ou participação em processo;

III. - dedicar-se a atividade político-partidária.

(*) Emenda constitucional número 19, de 1998

Chile

Artículo 77. Los jueces permanecerán en sus cargos durante su buen comportamiento; pero los inferiores desempeñarán su respectiva judicatura por el tiempo que determinen las leyes.

No obstante lo anterior, los jueces cesarán en sus funciones al cumplir 75 años de edad; o por renuncia o incapacidad legal sobreviniente o en caso de ser depuestos de sus destinos, por causa legalmente sentenciada. La norma relativa a la edad no regirá respecto al Presidente de la Corte Suprema, quien continuará en su cargo hasta el término de su periodo.

En todo caso, la Corte Suprema, por requerimiento del presidente de la República, a solicitud de parte interesada, o de oficio, podrá declarar que los jueces no han tenido buen comportamiento y, previo informe del inculpado y de la Corte de Apelaciones respectiva, en su caso, acordar su remoción por la mayoría del total de sus componentes. Estos acuerdos se comunicarán al Presidente de la República para su cumplimiento.

El presidente de la República, a propuesta o con acuerdo de la Corte Suprema, podrá autorizar permutas u ordenar el traslado de los jueces o demás funcionarios y empleados del Poder Judicial a otro cargo de igual categoría.

Colombia

Artículo 233. Los magistrados de la Corte Constitucional, de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo de Estado serán elegidos para un periodo de ocho años, no podrán ser reelegidos y permanecerán en el ejercicio de sus cargos mientras observen buena conducta, tengan rendimiento satisfactorio y no hayan llegado a la edad de retiro forzoso.

Costa Rica

Artículo 158. Los magistrados de la Corte Suprema de Justicia serán elegidos por un periodo de ocho años y por los votos de dos terceras partes de la totalidad de los miembros de la Asamblea Legislativa. En el desempeño de sus funciones, deberán actuar con eficiencia y se considerarán reelegidos para periodos iguales, salvo que en votación no menor de dos terceras partes de la totalidad de los miembros de la Asamblea Legislativa se acuerde lo contrario. Las vacantes serán llenadas para periodos completos de ocho años.

(Así reformado por ley número 8365, del 15 de julio de 2003.)

Ecuador

Artículo 182. La Corte Nacional de Justicia estará integrada por juezas y jueces en el número de veinte y uno, quienes se organizarán en salas especializadas, y serán designados para un periodo de nueve años; no podrán ser reelectos y se renovarán por tercios cada tres años.

Cesarán en sus cargos conforme a la ley. Las juezas y jueces de la Corte Nacional de Justicia elegirán de entre sus miembros a la presidenta o presidente, que representará a la Función Judicial y durará en sus funciones tres años.
En cada sala se elegirá un presidente para el periodo de un año. Existirán conjuezas y conjueces que formarán parte de la función judicial, quienes serán seleccionados con los mismos procesos y tendrán las mismas responsabilidades y el mismo régimen de incompatibilidades que sus titulares.

La Corte Nacional de Justicia tendrá jurisdicción en todo el territorio nacional y su sede estará en Quito.

El Salvador

Artículo 186. Se establece la carrera judicial. Los magistrados de la Corte Suprema de Justicia serán elegidos por la Asamblea Legislativa para un periodo de nueve años, podrán ser reelegidos y se renovarán por terceras partes cada tres años. Podrán ser destituidos por la Asamblea Legislativa por causas específicas, previamente establecidas por la ley.

Tanto para la elección como para la destitución deberá tomarse con el voto favorable de por lo menos los dos tercios de los diputados electos.

La elección de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, se hará de una lista de candidatos, que formará el Consejo Nacional de la Judicatura en los términos que determinará la ley, la mitad de la cual provendrá de los aportes de las entidades representativas de los abogados de El Salvador y donde deberán estar representados las más relevantes corrientes del pensamiento jurídico.

Los magistrados de las Cámaras de segunda instancia, los jueces de primera instancia y los jueces de paz integrados a la carrera judicial, gozarán de estabilidad en sus cargos. La ley deberá asegurar a los jueces protección para que ejerzan sus funciones con toda libertad, en forma imparcial y sin influencia alguna en los asuntos que conocen; y los medios que les garanticen una remuneración justa y un nivel de vida adecuado a la responsabilidad de sus cargos.

La ley regulará los requisitos y la forma de ingresos a la carrera judicial, las promociones, ascensos, traslados, sanciones disciplinarias a los funcionarios incluidos en ella y las demás cuestiones inherentes a dicha carrera.

Artículo 187. El Consejo Nacional de la Judicatura es una institución independiente, encargada de proponer candidatos para los cargos de Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, Magistrados de las Cámaras de Segunda Instancia, Jueces de Primera Instancia y Jueces de Paz. (1)

Será responsabilidad del Consejo Nacional de la Judicatura, la organización y funcionamiento de la Escuela de Capacitación Judicial, cuyo objeto es el de asegurar el mejoramiento en la formación profesional de los jueces y demás funcionarios judiciales. (1)

Los miembros del Consejo Nacional de la Judicatura serán elegidos y destituidos por la Asamblea Legislativa con el voto calificado de las dos terceras partes de los diputados electos. (10)

La ley determinará lo concerniente a esta materia. (1)

Guatemala

Artículo 208. Periodo de funciones de magistrados y jueces. Los magistrados, cualquiera que sea su categoría, y los jueces de primera instancia, durarán en sus funciones cinco años, pudiendo ser reelectos los primeros y nombrados nuevamente los segundos. Durante ese periodo no podrán ser removidos ni suspendidos, sino en los casos y con las formalidades que disponga la ley.
Honduras

Artículo 314. El periodo de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia será de siete (7) años a partir de la fecha en que presten la promesa de ley, pudiendo ser reelectos.

En caso de muerte, incapacidad que le impida el desempeño del cargo, sustitución por causas legales o de renuncia; el magistrado que llene la vacante, ocupará el cargo por el resto del periodo y será electo por el Congreso Nacional, por el voto favorable de las dos terceras partes de la totalidad de sus miembros. El sustituido será electo de los restantes candidatos propuestos por la Junta Nominadora al inicio del periodo.

* Modificado por decreto 262/2000 y ratificado por decreto 38/2001.

Nicaragua

Artículo 163. La Corte Suprema de Justicia estará integrada por dieciséis magistrados electos por la Asamblea Nacional, por un periodo de cinco años.

La Corte Suprema de Justicia se integrará en salas, cuya organización e integración se acordará entre los mismos magistrados, conforme lo estipula la ley de la materia. La Corte plena conocerá y resolverá lo recursos de inconstitucionalidad de la ley y los conflictos de competencias y constitucionalidad entre los poderes del Estado. La Asamblea Nacional nombrará por cada magistrado a un Conjuez. Estos conjueces serán llamados a integrar Corte plena o cualquiera de las salas, cuando se produjera ausencia, excusa, implicancia o recusación de cualquiera de los magistrados.

Los magistrados de la Corte Suprema de Justicia toman posesión de su cargo ante la Asamblea Nacional, previa promesa de ley y eligen de entre ellos a su presidente y vicepresidente por mayoría de votos para un periodo de un año, pudiendo ser reelectos (2).

Panamá

Artículo 203. La Corte Suprema de Justicia estará compuesta del número de magistrados que determine la ley, nombrados mediante acuerdo del Consejo de Gabinete, con sujeción a la aprobación del órgano legislativo, para un periodo de diez años.

La falta absoluta de un magistrado será cubierta mediante nuevo nombramiento para el resto del periodo respectivo. Cada magistrado tendrá un suplente nombrado en igual forma que el principal y para el mismo periodo, quien lo reemplazará en sus faltas, conforme a la ley.

Sólo podrán ser designados suplentes los funcionarios de carrera judicial de servicio en el órgano judicial. Cada dos años, se designarán dos magistrados, salvo en los casos en que por razón del número de magistrados que integren la Corte, se nombren más de dos o menos de dos magistrados.

Cuando se aumente el número de magistrados de la Corte, se harán los nombramientos necesarios para tal fin, y la ley respectiva dispondrá lo adecuado para mantener el principio de nombramientos escalonados.

No podrá ser nombrado magistrado de la Corte Suprema de Justicia

1. Quien esté ejerciendo o haya ejercido el cargo de diputado de la república o suplente de diputado durante el periodo constitucional en curso.

2. Quien esté ejerciendo o haya ejercido cargos de mando y jurisdicción en el órgano ejecutivo durante el periodo constitucional en curso. La ley dividirá la Corte en salas, formadas por tres magistrados permanentes cada una.
Paraguay

Artículo 252. De la inamovilidad de los magistrados

Los magistrados son inamovibles en cuanto al cargo, a la sede o al grado, durante el término para el cual fueron nombrados. No pueden ser trasladados ni ascendidos sin su consentimiento previo y expreso. Son designados por periodos de cinco años, a contar de su nombramiento.

Los magistrados que hubiesen sido confirmados por dos periodos siguientes al de su elección, adquieren la inamovilidad en el cargo hasta el límite de edad establecido para los miembros de la Corte Suprema de Justicia.

Artículo 261. De la remoción y cesación de los ministros de la Corte Suprema de Justicia
Los ministros de la Corte Suprema de Justicia sólo podrán ser removidos por juicio político. Cesarán en el cargo cumplida la edad de setenta y cinco años.

Uruguay

Artículo 237. Los miembros de la Suprema Corte de Justicia durarán diez años en sus cargos sin perjuicio de lo que dispone el artículo 250 y no podrán ser reelectos sin que medien cinco años entre su cese y la reelección.

Venezuela

Artículo 264. Los magistrados o magistradas del Tribunal Supremo de Justicia serán elegidos o elegidas por un único periodo de doce años. La ley determinará el procedimiento de elección. En todo caso, podrán postularse candidatos o candidatas ante el Comité de Postulaciones Judiciales, por iniciativa propia o por organizaciones vinculadas con la actividad jurídica. El Comité, oída la opinión de la comunidad, efectuará una preselección para su presentación al Poder Ciudadano, el cual efectuará una segunda preselección que será presentada a la Asamblea Nacional, la cual hará la selección definitiva.

Los ciudadanos y ciudadanas podrán ejercer fundadamente objeciones a cualquiera de los postulados o postuladas ante el Comité de Postulaciones Judiciales, o ante la Asamblea Nacional.

La experiencia comparada permite constatar las ventajas que tiene que el cargo de ministro sea temporal y no vitalicio, porque por ejemplo en los países en los que el cargo es vitalicio la Corte se mueve ideológicamente mucho más lento que las preferencias electorales de sus connacionales, en Europa y en Latinoamérica, los tribunales constitucionales se ajustan más rápido a dichos cambios, ello, hace que la falta de legitimidad democrática en los jueces constitucionales sea un problema menos acentuado en Europa y en los países Latinoamericanos que en las democracias que optaron por tener jueces constitucionales con duración en el cargo de forma vitalicia.

La segunda ventaja de los nombramientos temporales, sobre todo en el caso de nuestro país, es que mantiene abierto el debate sobre qué tipo de Corte necesitamos; el hecho de que, como señalamos, la Corte haya sido una institución que se diseñó e implantó en las postrimerías de una régimen autoritario, ha inhibido el debate que se dio en otro países respecto del sentido y significado de la jurisdicción constitucional en un régimen democrático, el hecho de que cada tres años existan dos vacantes para el puesto de ministro puede ir generando las condiciones para que se dé ese debate, poco a poco quizá, podremos perfilar de mejor manera el tipo de ministro que se requiere para emular las mejores prácticas de la jurisdicción constitucional en el mundo.

Y para conseguir tal fin, los proponentes estimamos que es necesario modernizar nuestra carta magna a fin de reducir la temporalidad de la duración del cargo de los ministros de la Corte, con objeto de conseguir que el pensamiento de nuestra Corte se modernice en aras de tener una impartición de justicia mucho más eficaz, sensible, más a fin a la ciudadanía y a las necesidades colectivas actuales, que atienda y resuelva conforme al interés público ciudadano legítimo y verdadero, en mérito de lo anterior creemos fielmente que un promedio de años prudente es el de nueve, pues se trata de un número impar y corresponde a una realidad mucho más adecuada y que permite que peerme el tiempo necesario para que fluya el nuevo pensamiento y las nuevas doctrinas constitucionales en la Corte, aunado a que sin duda esto ayudara en gran medida a fortalecer la visión de los ciudadanos sobre la Corte.

Por otro lado, un hecho que sin duda ha ocasionado que también exista cierto desdén ciudadano es el que los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación obtengan percepciones económicas tan onerosas, incluso mayores que las que percibe del presidente de la República; esto, pese a la disposición constitucional que lo prohíbe, derivado de una interpretación inadecuada y perniciosa de tal disposición, ya que el artículo 127 de la Carta Magna, reformado mediante decreto promulgado en agosto de 2009, donde se estableció una prohibición salarial a los servidores públicos de la federación, de los estados, del Distrito Federal y de los municipios, de sus entidades y dependencias, así como de sus administraciones paraestatales y paramunicipales, fideicomisos públicos, instituciones y organismos autónomos y cualquier otro ente público para ser remunerados con una percepción económica mayor que la que recibe el presidente de la República, en tal tenor y bajo un análisis perverso, al no precisar dicho artículo expresamente al Poder Judicial de la Federación y al Congreso de la Unión, se escapan de la prohibición algunos entes públicos y poderes de la unión, lo cual es inadecuado porque al señalar la norma que “ningún servidor público” podrá tener mayor compensación que la que recibe el presidente de la República, expresamente se genera una disposición prohibitiva extensiva a todo el servicio público relativo los tres poderes, puesto que los tres se integran por servidores públicos para su debido funcionamiento.

Sin embargo, esta disposición no ha sido interpretada del modo correcto, ya que por ejemplo en el decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2013, el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ganará 6 millones 118 mil 837 pesos al año, con lo que percibirá más que el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, en 2013; entre otros beneficios recibirá un “ estímulo del día de la madre” de mil pesos.

De acuerdo con el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2013, el resto de los ministros tendrá una remuneración anual de 4 millones 200 mil pesos.

Todos los integrantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación tendrán una “ayuda de anteojos”, de 3 mil 100 pesos, un aguinaldo de 335 mil pesos (con excepción del presidente, quien recibirá 494 mil pesos), así como un “pago por riesgo” de 906 mil 213 pesos.

El sueldo del presidente de México, Enrique Peña Nieto, será de 204 mil 310 pesos, mientras que los secretarios de Estado percibirían 198 mil 186, es decir, sólo 6 mil pesos menos que el titular del Ejecutivo, es decir, al año, Enrique Peña Nieto ganaría 2 millones 451 mil 720 pesos.

Para los consejeros del Instituto Federal Electoral se contempla un salario de 252 mil 801 pesos mensuales, lo que representa 3 millones 33 mil 612 pesos anuales, otra vez más que el presidente.

El presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos ganará 198 mil 629 pesos al mes, es decir, 2 millones 583 mil 548 pesos al año.

Otros salarios destacables son el del auditor superior de la Federación, quien recibiría 200 mil 473 pesos al mes y los consejeros del Consejo de la Judicatura Federal ganarán 4 millones 200 mil pesos al año; mientras, el magistrado presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación recibiría 6 millones 118 mil 837 pesos en 2013.

Para el salario de los diputados federales se efectuó un aumento mensual de 29 mil 921 pesos, que son 359 mil 52 más al año.

Mientras, los senadores ganarán 2 millones 57 mil 328, es decir, 171 mil 444 pesos al mes.

Uno de los asuntos que más indignan a la población está asociado con los ingresos extremadamente elevados y desproporcionados que con frecuencia los servidores públicos se asignan; el problema se agrava dado el enorme sacrificio que implica para los ciudadanos el cumplir con sus responsabilidades fiscales, por una parte, y por la otra, por la terrible situación económica en la que viven millones de mexicanos.
No puede ignorarse, además, el hecho de que la abrumadora mayoría de estos sueldos públicos, aún en los ámbitos locales y municipales, son sufragados cada día en mayor medida, con cargo a partidas que tienen su origen en fondos de la federación, recaudadas por mandato de este Congreso de la Unión; se trata, en efecto, de un gasto que es aplicado localmente, pero que su origen está determinado por esta soberanía, la cual es responsable de vigilar la adecuada aplicación de dichos recursos públicos y que no puede renunciar, de manera alguna, a propiciar su debida aplicación en todos los ámbitos; se trata de consagrar, en una norma eficaz y claramente vinculatoria, el compromiso de que la sobriedad republicana será garantizada en la erogación de las percepciones de todo servidor público.

La democracia se sustenta en el principio de representación, cuya expresión más simple es la que define al servidor público como mandatario y a los ciudadanos como mandantes. En esa virtud, todo servidor público, sea por elección o designación, tiene la obligación de vincular sus decisiones al marco constitucional y legal que rige el ejercicio de la función que le ha sido confiada, amén de la responsabilidad de actuar con apego a la ley y con sensibilidad y prudencia para que se aprovechen de manera eficiente los recursos de un país con rezagos como el nuestro.

Acción Nacional reconoce la necesidad de contar con servidores públicos competentes, profesionales y honestos, que accedan a su cargo mediante el voto popular o mediante o un proceso de nombramiento basado en criterios de honestidad, capacidad, eficiencia y transparencia. Para ello es imposible prescindir de una adecuada remuneración de los funcionarios públicos dentro de las posibilidades presupuestales del gobierno y en orden a la realidad socioeconómica nacional.

En razón de ello, Acción Nacional considera pertinente revisar el marco constitucional que sustenta tales remuneraciones de los servidores públicos, incluidas las de los legisladores, en forma tal que permita crear un justo y verdadero equilibrio entre la realidad económica que viven los gobernados, y el eficiente desempeño del cargo con la remuneración que reciben sus gobernantes.

Consideramos que el servicio público debe ser remunerado de manera tal que el Estado se asegure de que en el desempeño de los cargos públicos se cuente con ciudadanos que por su preparación, capacidad y honestidad, puedan desempeñar con eficacia y profesionalismo las responsabilidades que les han sido confiadas, al tiempo que, quien presta el servicio público, pueda obtener también un ingreso digno.

Por ello, nuestra intención no es sólo evitar que los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sean remunerados en mayor cantidad que el presidente de la República sino que sea remunerado mayormente ningún servidor público de ninguno de los tres Poderes de la Unión, sin que escape a tal prohibición bajo ningún concepto algún funcionario público.

En mérito de lo anterior proponemos adecuar el texto del artículo 127 con el objeto de establecer con claridad quienes estarán sujetos a esta disposición y con ello desarticular la perniciosa interpretación que se hace de tal disposición en perjuicio del erario y por ende de todos los mexicanos.

Por lo expuesto se somete a consideración de esta soberanía la presente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se reforman el párrafo XII del artículo 94, y el primer párrafo y la fracción II del artículo 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

Unico. Se reforman la fracción XII del artículo 94, y el primer párrafo y la fracción II del artículo 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 94. (...)

(...)
(...)

(...)

(...)

(...)

(...)

(...)

(...)

(...)

(...)

Los ministros de la Suprema Corte de Justicia durarán en su encargo nueve años, sólo podrán ser removidos del mismo en los términos del título cuarto de esta Constitución y, al vencimiento de su periodo, tendrán derecho a un haber por retiro.

(...)

Artículo 127. Los servidores públicos de la federación, del Poder Judicial de la Federación, de la Cámara de Diputados, de la Cámara de Senadores, de los estados, del Distrito Federal y de los municipios, de sus entidades y dependencias, así como de sus administraciones paraestatales y paramunicipales, fideicomisos públicos, instituciones y organismos autónomos, y cualquier otro ente público, recibirán una remuneración adecuada e irrenunciable por el desempeño de su función, empleo, cargo o comisión, que deberá ser proporcional a sus responsabilidades. Dicha remuneración será determinada anual y equitativamente en los presupuestos de egresos correspondientes, bajo las siguientes bases:

(...)

II. Ningún servidor público integrante de algún ente u órgano federal, estatal o del Distrito Federal, municipal o de algún órgano político administrativo, o de alguno de los poderes públicos de los señalados en el primer párrafo del presente artículo, podrá recibir remuneración, en términos de la fracción anterior, por el desempeño de su función, empleo, cargo o comisión, mayor a la establecida para el presidente de la República en el presupuesto correspondiente.

Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Se derogan todas las disposiciones normativas que se opongan al presente decreto.

Tercero. Las remuneraciones que en el actual ejercicio sean superiores a la máxima establecida en el presente decreto deberán ser ajustadas o disminuidas en los Presupuestos de Egresos correspondientes al ejercicio fiscal del año siguiente a aquel en que haya entrado en vigor el presente decreto.

Cuarto. Las remuneraciones adicionales a las nominales, tales como gratificaciones, premios, recompensas, bonos, estímulos, comisiones, compensaciones, y cualquier remuneración en dinero o especie, sólo se podrán mantener en la medida en que la remuneración total no exceda el máximo establecido en la base II del artículo 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión.- México, Distrito Federal, a 30 de enero de 2013.

Senadora Mariana Gómez del Campo Gurza

Diputado Fernando Rodríguez Doval”.





 

Iniciativa con proyecto de Decreto que reforma el artículo 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, presentada por la Senadora Mariana Gómez del Campo, el 30 de enero de 2013.

“Que reforma el artículo 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, suscrita por la senadora Mariana Gómez del Campo Gurza, del Grupo Parlamentario del PAN

La que suscribe, Mariana Gómez del Campo Gurza, senadora a la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, y 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como por los artículos 8o., numeral 1, fracción I, 164, numeral 1, 169, 171, numeral 1, y 172 del Reglamento del Senado de la República, somete a consideración de esta Comisión Permanente del Congreso de la Unión, la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona el artículo 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para incluir la participación de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal en el proceso de adición o reforma de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

El artículo 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece lo siguiente:

Artículo 135. La presente Constitución puede ser adicionada o reformada. Para que las adiciones o reformas lleguen a ser parte de la misma, se requiere que el Congreso de la Unión, por el voto de las dos terceras partes de los individuos presentes, acuerde las reformas o adiciones, y que éstas sean aprobadas por la mayoría de las legislaturas de los estados.

El Congreso de la Unión o la Comisión Permanente en su caso, harán el cómputo de los votos de las Legislaturas y la declaración de haber sido aprobadas las adiciones o reformas.

El citado artículo constitucional no contempla a la Asamblea del Distrito Federal dentro de las legislaturas que deben aprobar las reformas constitucionales, esto se traduce en la imposibilidad de que los ciudadanos del Distrito Federal tengan el derecho a ser considerados, a través de su órgano legislativo, en la adhesión o reforma de su carta magna.

1. Soberanía del pueblo

En el artículo 39 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se establece claramente que la soberanía nacional reside en el pueblo y que éste tiene en todo tiempo el inalienable derecho de alterar o modificar su forma de gobierno, en el citado ordenamiento “ ad literam” señala:

Artículo 39. La soberanía nacional reside esencial y originariamente en el pueblo. Todo poder público dimana del pueblo y se instituye para beneficio de éste. El pueblo tiene en todo tiempo el inalienable derecho de alterar o modificar la forma de su gobierno.

Para que esto fuera cierto, la población que reside en el Distrito Federal debiera tener el derecho de ejercer su soberanía a través de su órgano legislativo; Según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía para el Censo del año 2010, esta población asciende a 8,851,080 habitantes, de los cuales, según la organización electoral para las estadísticas de votantes del Instituto Federal Electoral, en la lista nominal de la capital existen 7,111,118 registrados, todas estas personas forman parte del pueblo soberano sin embargo no para las cuestiones relativas a reformar la Ley Suprema que los rige.

2. Igualdad de todos los mexicanos ante la ley

El artículo 1o. de nuestra Carta Magna en su párrafo quinto claramente prohíbe toda discriminación que tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas a saber a la letra señala lo siguiente.

Artículo 1o. ...

Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas...

Al tener voz y voto a través de sus legislaturas locales, los ciudadanos mexicanos que habitan en los treinta y un estados de la República tienen más derecho sobre las reformas a nuestra Constitución que los ciudadanos que habitan en el Distrito Federal. En la carta magna de todos los mexicanos no debe caber menosprecio por situación geográfica.

3. Asamblea Legislativa como órgano legislativo de una entidad federativa

La Constitución Política de los Estaos Unidos Mexicanos contempla al Distrito Federal como una entidad de la Federación. El artículo 43 establece lo siguiente:

Artículo 43. Las partes integrantes de la Federación son los Estados de Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Campeche, Coahuila de Zaragoza, Colima, Chiapas, Chihuahua, Durango, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, México, Michoacán, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán, Zacatecas y el Distrito Federal.

4. Doctrina

El doctor Miguel Carbonell, investigador del Instituto de Ciencias Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, al comentar el Artículo 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en el libro denominado; “Derechos del Pueblo Mexicano, México a través de sus Constituciones” expresa que la omisión del órgano legislativo del Distrito Federal “es incomprensible y no tiene justificación alguna.” El doctor Carbonell menciona que privar a la Asamblea del Distrito Federal de ser considerada para el proceso de reforma constitucional, no permite a los habitantes de la capital ser ciudadanos de pleno derecho.
Conclusiones

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se basa en los valores de soberanía popular e igualdad de todas las personas ante la ley, con los mismos derechos y obligaciones; Sin embargo, en su artículo 135 soslaya la participación de los ciudadanos del Distrito Federal al omitir a su órgano legislativo para reformar la Ley Suprema que nos rige.

El excluir a los casi 9 millones de habitantes del Distrito Federal de ejercer sus plenos derechos civiles, no va en línea con los valores plasmados en nuestra Constitución.

Radica en ello la fundamental importancia de reformar el artículo 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para que, en lugar de sólo contemplar la aprobación de la mayoría de las legislaturas de los estados, se integrare la participación de todos los órganos legislativos de las entidades federativas, incluyendo así a la Asamblea del Distrito Federal.

Esta propuesta es congruente con los avances en los derechos políticos de los habitantes del Distrito Federal que comenzaron en el año de 1997 cuando se permitió, por primera vez, elegir mediante el voto popular al Jefe de Gobierno capitalino; Así como a la Reforma Política y del Distrito Federal del año 1993 en el que se eleva a la Asamblea de Representantes como órgano de gobierno con facultades legislativas para la creación de leyes para el Distrito Federal dejando de ser meramente reglamentarias.

En mérito de lo antes expuesto, someto a la consideración de esta soberanía la presente iniciativa con el siguiente proyecto de

Decreto por el que se reforma y adiciona el artículo 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

Único. Se reforma el artículo 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 135. La presente Constitución puede ser adicionada o reformada. Para que las adiciones o reformas lleguen a ser parte de la misma, se requiere que el Congreso de la Unión, por el voto de las dos terceras partes de los individuos presentes, acuerde las reformas o adiciones, y que éstas sean aprobadas por la mayoría de los órganos legislativos de las entidades federativas.

El Congreso de la Unión o la Comisión Permanente en su caso, harán el cómputo de los votos de las Legislaturas de los Estados y la Asamblea Legislativa del Distrito Federal y la declaración de haber sido aprobadas las adiciones o reformas.

Transitorios

Unico. El presente decreto entrara en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, en la Ciudad de México, Distrito Federal, a los treinta días del mes de enero del año dos mil trece.

Senadora Mariana Gómez del Campo Gurza”.

- El C. Presidente Aispuro Torres: En consecuencia, esta Presidencia les informa que se complementarán los turnos de dichas iniciativas, se publicarán en la Gaceta y se remitirán a las comisiones correspondientes del Senado.

Informo a ustedes, señoras y señores Senadores, que los grupos parlamentarios entregaron una propuesta con punto de Acuerdo en relación con los sucesos ocurridos en la Torre de Petróleos Mexicanos, el jueves 31 de enero del presente año.

Solicito a la Secretaría dé lectura a dicho documento.





 

PROPUESTA

- La C. Secretaria Díaz Lizama: Doy lectura al punto de Acuerdo.



Es cuanto, señor Presidente.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Como lo han solicitado los proponentes y con fundamento en el artículo 109 y 110 de nuestro Reglamento, pido a la Secretaría que consulte a la Asamblea, en votación económica, si es de considerarse de urgente resolución el presente Acuerdo.

- La C. Secretaria Díaz Lizama: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si el anterior asunto se considera de urgente resolución y se pone a discusión de inmediato. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se considera de urgente resolución, señor Presidente.
- El C. Presidente Aispuro Torres: En consecuencia, está a discusión la propuesta.

En primer término, se le concede el uso de la palabra a la Senadora Alejandra Barrales Magdaleno, del grupo parlamentario del PRD, hasta por 5 minutos.

- La C. Senadora María Alejandra Barrales Magdaleno: Con su venia, señor Presidente; compañeras y compañeros Senadores:

En el grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, nos hemos pronunciado a favor de la creación de un grupo especial que nos permita darle seguimiento a estos lamentables acontecimientos.

Estamos convencidos que ningún gobierno, ningún territorio, ningún individuo está exento de los imponderables, entendiéndose estos imponderables como acontecimientos, los cuales no está dimensionado a totalidad a detalle este impacto.

Por eso nos parece muy importante, y los que estamos convencidos, marcar la diferencia, es cómo atiende, cómo estamos preparados cada gobierno, cada territorio y cada individuo para hacerle frente a estos imponderables.

En nuestro gobierno y en el Legislativo existen áreas que están determinadas a velar, a vigilar por la prevención de este tipo de incidentes.

Estamos hablando, en este caso, de la Secretaría de Trabajo, desde el gobierno federal; estamos hablando, en este caso, de la Comisión de Trabajo; de Seguridad Social también, de las diferentes Cámaras, del Senado, en este caso, y nos interesa por ello hacer este llamado y participar en la conformación de este grupo especial de seguimiento a estos acontecimientos.

A todos nos embarga la pena de los hechos ocurridos y que hoy son del conocimiento de todos, nos referimos a lo acontecido en la Torre de PEMEX, en el edifico B2, coincidimos con las voces que exigen, por supuesto, el esclarecimiento de lo ocurrido, una investigación profunda y, sobre todo, el seguimiento a las líneas de las diferentes hipótesis que se han planteado sobre el origen de este acontecimiento.

En ese sentido, no deben escatimarse recursos, no deben escatimarse esfuerzos, más aún cuando resulta indispensable para la sociedad, sobre todo para los deudos, conocer los detalles de estos acontecimientos.

Desafortunadamente en lo ocurrido apenas la semana pasada, nos trae, al menos, otros eventos fatídicos dentro de la misma paraestatal, lo cual nos pone en evidencia que está pasando algo; nos pone en evidencia que algo está fallando o al menos se está dejando de hacer lo necesario para evitar estas tragedias y sus impactos.

¿Cómo olvidar, por ejemplo, los casos como el de la explosión de un colector en Guadalajara, en el 1992?

Entre los accidentes que se han reportado debemos mencionar también el ocurrido en esta ciudad, el cual como parte de una explosión por acumulación de gases en el alcantarillado urbano provocó la muerte de 210 personas con casi 500 heridos.

El accidente ocurrido en 2007 en la plataforma Usumacinta con 21 fallecidos, más de 60 heridos e incluso desaparecidos, en donde además la Comisión Nacional de Derechos Humanos emitió una recomendación, responsabilizando a PEMEX por la falta de condiciones necesarias para garantizar la seguridad y la integridad física de los trabajadores.

Otro accidente de trágicas consecuencias fue la explosión de 2010, en la refinería de Cadereyta, en Nuevo León. Igualmente con víctimas mortales, además de heridos, en donde tan solo tres meses después se registró otro evento, en San Martín Texmelucan, estado de Puebla, con la muerte de 29 personas y 50 heridos.

Apenas el año pasado, en septiembre de 2012, se dio nuevamente otra explosión, con víctimas mortales, 29 trabajadores, entre empleados y subcontratados.

Finalmente, el acontecimiento lamentable registrado la semana pasada en la Torre de PEMEX, en el edificio B2, que hasta el momento reporta la pérdida de 37 vidas humanas, contabilizando más de 100 heridos.

Como vemos, los accidentes en estas instalaciones de PEMEX parecen ser, lamentablemente, una constante, donde lo más trágico es que siempre hay vidas, siempre hay víctimas mortales con graves consecuencias tanto para los deudos como para toda nuestra sociedad.

Tal pareciera que el desarrollo de esos trabajos, por parte de la paraestatal, están siempre en riesgo constante. Por eso está latente el riesgo de la vida de los trabajadores, además de la población en general.

La política en materia laboral parte del cuidado de las condiciones de los trabajadores, el respeto a sus derechos básicos que no son por demás una concesión del gobierno, sino un reconocimiento a muchas de las condiciones de desigualdad que se siguen presentando en la relación obrero-patronal.

Estos derechos están reconocidos en nuestra Constitución y en leyes secundarias, por eso nos interesa velar por su cumplimiento, por eso nos interesa revisar que todo esto se esté llevando a cabo.

Se nos dijo también y nos preocupa, que con esta pasada reforma laboral, íbamos a garantizar la seguridad de los trabajadores. Nos preocupa, porque también en este acontecimiento de la semana pasada en PEMEX, se reporta un número importante de trabajadores que no formaban parte de la paraestatal y que ofrecían su trabajo, como a partir de una outsourcing.

Es momento, por eso, de revisar a través de este grupo de trabajo las condiciones con las cuales se seguirá prestando el servicio a quienes están laborando en esta empresa.

Por lo tanto, solicitamos y nos pronunciamos a favor de la constitución, de la conformación de este grupo de trabajo.

Y, finalmente, queremos insistir en la importancia de darle seguimiento a estas medidas de seguridad, de manera muy especial para todos los trabajadores, para todas las personas que se nos ha informado regresan ya a laborar a las instalaciones de PEMEX.

Es cuanto, señor Presidente.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, Senadora Alejandra Barrales Magdaleno.

Se le concede el uso de la palabra al Senador Juan Gerardo Flores Ramírez, del grupo parlamentario del PVEM, hasta por cinco minutos.
- El C. Senador Juan Gerardo Flores Ramírez: Muchas gracias, señor Presidente; con su permiso, compañeras y compañeros Senadores:

Antes que todo, a nombre de los Senadores que integramos el grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista, quiero expresar nuestra solidaridad con los lesionados y con las familias de las personas que desafortunadamente perdieron la vida en los lamentables hechos ocurridos el pasado jueves 31 de enero en el edificio B2 del complejo administrativo de Petróleos Mexicanos, ubicado en esta ciudad.

También quiero expresar un amplio reconocimiento a la labor de las diferentes autoridades y organizaciones que atendieron oportunamente esta contingencia, desde el personal de la propia paraestatal, cuerpos de rescate y urgencias médicas, Ejército y Marina mexicanos, Procuraduría General de la República y Secretaría de Gobernación; en el caso del gobierno federal, la Secretaría de Seguridad Pública, Protección Civil y cuerpos de rescate y urgencias médicas del gobierno del Distrito Federal y Cruz Roja Mexicana.

El cuerpo de rescatistas Los Topos y demás vecinos y voluntarios que, como ha quedado en reiteradas ocasiones, en que la infortuna azota al pueblo de México, espontánea y desinteresadamente demuestran su espíritu de solidaridad y cooperación.

La labor y el apoyo de estos actores han sido invaluables para que este lamentable accidente no haya trascendido a consecuencias de mayor gravedad.

En este contexto, el grupo parlamentario del Partido Verde reconoce la actuación oportuna del Presidente Enrique Peña Nieto, quien no sólo se presentó en la zona del accidente, sino que visitó con mucho interés a cada uno de los lesionados y que ha dado cercano seguimiento a las labores de rescate, y ha girado instrucciones precisas en torno a los trabajos de investigación que se llevan a cabo por parte de las autoridades competentes, que por cierto, no han concluido.

Resulta destacable la actitud responsable de las autoridades correspondientes, principalmente de la Secretaría de Gobernación, a cargo de la coordinación de la labor emprendida por el gobierno federal y de la Procuraduría General de la República a cargo de la investigación de los hechos.

De manera específica, el grupo parlamentario del Partido Verde, quiere reconocer la invitación hecha por el Secretario de Gobernación, a efecto de que nosotros los legisladores podamos visitar la zona del accidente y podamos tener acceso de manera directa a una inspección visual, si así se le quiere llamar, pero para tener conocimiento de la actuación que llevan a cabo en este momento las autoridades.

El grupo parlamentario del Partido Verde celebra esa actitud de transparencia y le da la bienvenida.

Los Senadores del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, invitamos a los integrantes de esta Soberanía, a que colaboremos desde el ámbito de nuestras respectivas competencias, con el fin de redoblar esfuerzos en la labor que aún resta por hacer en relación con estos hechos, poniendo especial atención en las normas, estándares y demás criterios en materia de edificaciones, construcciones, seguridad laboral y protección civil.

Por su atención, muchas gracias.

Es cuanto, señor Presidente.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, Senador Juan Gerardo Flores Ramírez.

Se le concede el uso de la palabra a la Senadora Maki Esther Ortiz Domínguez, del grupo parlamentario del PAN.
- La C. Senadora Maki Esther Ortiz Domínguez: Con su venia, señor Presidente.

Los Senadores del Partido Acción Nacional lamentamos y nos solidarizamos con los lesionados y los familiares de los fallecidos, del terrible suceso del pasado jueves 31 de enero en las instalaciones del edificio B2 de la Torre de PEMEX, derivado de una explosión en donde hasta la fecha tenemos 37 personas fallecidas y más de 100 personas heridas.

Tragedia que nos ha llenado de tristeza nacionalmente y de preocupación.

Es inaudito que una empresa como Petróleos Mexicanos haya tenido en menos de cinco meses otro siniestro en sus instalaciones, que vuelve a dejar cientos de familias rodeadas de dolor.

Es necesario que como representantes del Senado de la República estemos al pendiente de los procedimientos de investigación que se están llevando a cabo, con la finalidad de esclarecer las razones por las cuales sucedió dicha catástrofe.

Es de vital importancia que la Secretaría de Salud siga señalando las acciones dirigidas a los afectados para garantizar la atención médica necesaria a las personas lesionadas y afectadas físicamente hoy, en el futuro.

Así como apoyar y mantener informadas con toda oportunidad a las familias de los fallecidos y lesionados sobre la ubicación y condiciones de sus familiares.

En el mismo sentido, es imperante que PEMEX, como lo ha venido reiterando, se haga cargo de los daños ocasionados a las personas que se encontraban en ese lugar y de las familias que resultaron afectadas con la muerte de seres queridos.

Asimismo, pedimos que informen no sólo sobre las acciones que están tomando en torno al siniestro, sino de aquellas que han de descartar futuros siniestros en cualquiera de sus instalaciones tanto administrativas como operativas.

Para el Partido Acción Nacional es fundamental que PEMEX garantice que los edificios aledaños o los edificios B1 y B2 den certeza y seguridad a la integridad de todas las personas que laboran en dicha institución.

Es imperativo que sepamos del resultado de los peritajes y que sea seguro para todos aquellos que vayan a trabajar en esas torres que no vaya a suceder otro accidente en estos próximos días, ya que el gas no tiene olor y no sabemos exactamente la fuente de dónde se produce y es muy necesario que sepamos que todas esas personas que diariamente acuden a su trabajo, incluyendo el director general, estén seguros y tengamos la certeza de que esto no se repita.

Finalmente, es importante para todos los Senadores continuar en la revisión y creación de normas que garanticen la integridad de los trabajadores en sus centros de labores.

Es cuanto, señor Presidente.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, Senadora Maki Esther Ortíz Domínguez.

Se le concede el uso de la palabra al Senador David Penchyna Grub, del grupo parlamentario del PRI.

- El C. Senador David Penchyna Grub: Gracias, señor Presidente; con su permiso compañeras y compañeros Senadores.

El pasado 31 de enero vivimos un acontecimiento lamentable y triste no sólo para la industria petrolera, sino para el país en general.

En primer lugar, a nombre del grupo parlamentario del PRI, quien ha signado este Acuerdo como todas las fuerzas políticas en este recinto, nos sumamos y expresamos nuestras más     sinceras condolencias a los familiares de las personas que lamentablemente fallecieron en este acontecimiento y, sobre todo, también les manifestamos nuestra solidaridad a los lesionados de los que esperamos su pronta recuperación.
Es preciso mencionar que las investigaciones del acontecimiento que fueron dadas a conocer el día de ayer por el Procurador General de la República, el director de la paraestatal, el Secretario de Gobernación, son investigaciones en curso. En ningún momento se ha dicho que se ha cerrado la investigación y nos manifestamos de la misma manera por dar seguimiento a la investigación de dichos hechos, manifestándonos de la forma más clara de estar por esclarecer todos y cada uno de los acontecimientos.

Al día de hoy, tenemos investigaciones serias. Vale decir que no sólo de la autoridad competente. La autoridad competente se ha visto asistida por expertos internacionales y por académicos reconocidos, peritos en materia de nuestra Universidad Nacional Autónoma de México y del Instituto Politécnico Nacional.

Estaremos atentos a que las investigaciones se lleven hasta sus últimas consecuencias.

Queremos estar ciertos de qué es lo que ocurrió para tomar las previsiones del caso y poder manifestarnos abiertamente ante los sucesos acontecidos, preocupantes y lamentables.

Expresamos también nuestra permanente atención y supervisión, como ha sido hasta hoy, de la atención integral tanto a los familiares de los fallecidos como de los lesionados que a partir de la figura del señor Presidente de la República han recibido la atención desde el primer minuto en que tan lamentable hecho se dio. Todos hemos sido testigos de que ha habido una labor coordinada para enfrentar un fenómeno que es de excepción, que es un caso fortuito y que nadie lo deseó para esta paraestatal y que nadie lo desea en ningún rincón de la patria.

También nos manifestamos a favor, como se ha signado en este punto de Acuerdo de urgente y obvia resolución, el que se construya una comisión que dé seguimiento a la evaluación y que también ponga atención a lo que ya se ha vertido aquí a diferentes acontecimientos fortuitos que han ocurrido en la paraestatal que podrán calificarse de muchos o de pocos si tenemos claro el número de millones de operaciones que todo el día una paraestatal tan importante como es Petróleos Mexicanos tiene día con día.

Hoy no es tiempo de especular, es tiempo de ser responsable y de poner atención a una investigación seria que está llevando a cabo el gobierno de la República. Es tiempo de solidarizarnos no sólo con la paraestatal sino con los que le dan vida a la paraestatal, que son las trabajadoras y los trabajadores de México que hacen de nuestra fuente energética una riqueza que es de todos los mexicanos.

Por eso mi partido, el Partido Revolucionario Institucional, me ha honrado con participar para expresar nuestras más serias condolencias, para estar expectantes y atentos al desarrollo de estos acontecimientos y nos sumamos a la preocupación de todas las fuerzas políticas con un alto sentido de responsabilidad para que la especulación no se dé y se transite sobre hechos y acontecimientos que las autoridades competentes están obligadas a darnos y que lo han venido resolviendo.

Por su atención, muchísimas gracias.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, Senador David Penchyna Grub.

Se le concede el uso de la palabra al Senador Benjamín Robles Montoya, del grupo parlamentario del PRD.

- El C. Senador Angel Benjamín Robles Montoya: Muchas gracia, señor Presidente; compañeras y compañeros:

Como uno de los proponentes de este punto de Acuerdo que qué bueno que se ha decidido sea analizado por este Pleno como de urgente resolución, quiero señalar algo que me parece muy importante.

Creo que estos son momentos de unidad.

Creo que todo cálculo político en relación a este tema debe ser eliminado.
No se vale tratar de sacar raja política de un tema tan delicado, hablando en contra o hablando a favor de lo que se ha venido haciendo.

Me parece que no es el momento de hacer señalamientos a lo que sería una eventual falta de seguridad. Lo que debe ocupar a este Senado de la República ante este lamentable acontecimiento, es darle atención no solamente a los heridos, sino de manera particular a los familiares, a los amigos de las víctimas, repito, de este suceso tan lamentable.

Eso fue lo que motivó a un servidor, dialogando con otros compañeros del grupo parlamentario del PRD, para subir a esta máxima tribuna de la nación este tema.

Qué bueno que hay ya el consenso de definir a un grupo plural de trabajo que coadyuve con las instancias correspondientes a las investigaciones.

Sólo quiero plantear, para no abundar más del tema que creo que ha sido suficientemente discutido, que esperamos que no se escatime ningún recurso para conocer la verdad de lo sucedido y que pueda ser una verdad conocida con prontitud. Para que de cara a la nación se sepa qué fue lo que sucedió y eventualmente corregir posibles casos que en un futuro nadie quiere que se presenten. Celebro la conformación del grupo plural.

Exhorto respetuosamente a todos los presentes, a las fuerzas políticas, al propio gobierno, no sacar raja política de un tema tan delicado y dedicado sí, a asistir a los familiares de las víctimas y a las personas que resultaron heridas de este triste y lamentable acontecimiento.

Es cuanto, señor Presidente.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, Senador Angel Benjamín Robles Montoya.

Se le concede el uso de la palabra al Senador Javier Lozano Alarcón, del grupo parlamentario del PAN.

- El C. Senador Javier Lozano Alarcón: Con su permiso, señor Presidente; compañeras y compañeros Senadores:

La propuesta que quiero hacer respecto de este punto de Acuerdo es muy concreta, ya lo anticipó mi compañera Maki Ortiz y también Alejandra Barrales hizo mención al respecto.

Esta hipótesis que nos planteó ayer el Procurador General de la República es de un accidente, muy parecido al que ocurre en las minas subterráneas de carbón, donde confluyen tres elementos o tres factores: acumulación en exceso de gas metano, una fuente de calor que todavía no sabemos cuál fue y luego la falta de ventilación.

Estos tres elementos son los que provocan típicamente los grandes accidentes en las minas subterráneas de carbón. Aquí tenemos, y no voy a poner en tela de juicio esta conclusión preliminar del Procurador Murillo Karam, pero lo que él mismo nos dijo ayer, es que no sabemos aún el origen de ese gas, de dónde vino en esas altas concentraciones a un edificio de oficinas; y si todavía están trabajando los peritos en determinar de dónde vino ese gas, cuál pudo haber sido la fuente de calor que provocó esta ignición.

Yo me pregunto, si de veras es prudente el que ya a partir de mañana vayan los trabajadores a esas instalaciones, no a los edificios B1 y B2, a todo el complejo donde están las oficinas administrativas de PEMEX.

Porque si no sabemos, insisto, miren, en una mina tienen los mecanismos para detectar cuando pasa del 1.5 por ciento de concentración del gas metano, porque no huele; pero si estamos viendo que esto fue lo que provocó el accidente; qué nos garantiza que en esa zona no vamos a tener, en estos próximos días, mientras no se detecte exactamente de dónde vino ese gas, un problema similar.
Entonces, la propuesta es muy concreta, que no regrese ningún trabajador al complejo administrativo de Petróleos Mexicanos a realizar sus labores hasta que no tengamos absoluta claridad de lo que pasó, porque no basta con decir, no fue atentado, fue un accidente; y si es verosímil, sí lo es ese tipo de accidentes, porque insisto, es como ocurre en las minas subterráneas de carbón.

El problema es que en las mimas de carbón sabemos perfectamente de dónde sale el gas metano y aquí no sabemos.

Entonces, por prudencia, por la cautela necesaria, con la precaución por una medida preventiva es que nosotros debemos recomendar, en este punto de Acuerdo, a las autoridades de Protección Civil que reconsidere la decisión de que mañana regresen a trabajar todos en la torre central de PEMEX.

No va a haber una nueva tragedia, porque, insisto, si no tenemos certeza del origen de ese gas metano y en esas cantidades que se acumularon, me parece imprudente dejar entrar a los trabajadores nuevamente el día de mañana.

Es cuanto, señor Presidente.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, Senador Javier Lozano Alarcón.

Senador Lozano, entiendo que está proponiendo modificar el documento que se ha leído, si es así, me gustaría que nos hiciese llegar la propuesta de modificación al documento que se dio lectura, y en ahorro de tiempo, le daríamos el uso de la palabra a la Senadora Blanca Alcalá Ruiz en espera de que usted nos haga llegar dicha propuesta para someterla a consideración del Pleno.

Se le concede el uso de la palabra a la Senadora Blanca Alcalá Ruiz, del grupo parlamentario del PRI.

- La C. Senadora Blanca Alcalá Ruiz: Muchas gracias, señor Presidente en funciones; compañeras y compañeros Senadores:

Sin duda, todos quienes participamos en esta sesión de trabajo, estamos profundamente consternados por lo ocurrido en días pasados.

El grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional también aquí ya ha manifestado su más amplia solidaridad a los familiares de las víctimas del lamentable accidente de las oficinas administrativas de Petróleos Mexicanos.

Reconocemos el dolor que ocasiona a muchas de las familias la muerte de sus seres queridos, que como ya sabemos, se trataba de trabajadoras y trabajadores que en muchos casos eran los proveedores de su familia.

Accidentes como el ocurrido el jueves pasado, nos hace reflexionar sobre la condición de riesgos y contingencias a las que está sujeta la sociedad mexicana.

Petróleos Mexicanos, como también aquí se ha señalado, es una empresa que por su naturaleza también está acostumbrada a manejar situaciones de riesgo y de contingencia, permanentemente está expuesta a situaciones de peligro, y durante años ha llevado también, hay que destacar, inversiones cuantiosas para garantizar la seguridad de sus trabajadores y de las instalaciones.

Tampoco podemos olvidar que ello es permanente en las políticas de la empresa.

Sin embargo, en esta ocasión, compañeras y compañeros, se trató también, hay que señalarlo, de un accidente imprevisible, en un lugar que en el contexto de la industria petrolera nacional no ofrecía un alto margen de vulnerabilidad. Sin duda, y estoy totalmente de acuerdo con lo que aquí se ha expresado, deben atenderse todos los protocolos de investigación sobre las causas de tan lamentable suceso.

Pero también coincido con lo expresado por mi compañero Senador Penchyna Grub en que la autoridad ha actuado de manera responsable, con un ingrediente adicional, el de la transparencia, que se ha mostrado con la participación de especialistas de diferentes instituciones, no solamente de México, sino de otros países. Por ello, me parece que lo que ha expresado aquí, quien me ha antecedido en el uso de la voz, tendremos que ser cuidadosos para que efectivamente le demos a la autoridad la responsabilidad de tomar las decisiones de en qué momento y bajo qué condiciones  los trabajadores están regresando a sus labores en las torres de las propias instalaciones administrativas.

Confiemos en ello, demos el seguimiento a través del grupo de trabajo, pero tengamos claridad de la competencia, el profesionalismo y la alta responsabilidad en cada una de las acciones que están tomando.

Reconocemos que hasta ahora se han atendido de manera diligente y respetuosa a los heridos, a los familiares y a las víctimas.

También destacar la coordinación que entre las autoridades del orden federal y del gobierno del Distrito Federal han manejado un lenguaje común e información similar con el único propósito de no generar ni expectativas falsas, ni hipótesis descabelladas.

Valoramos la invitación que ha hecho ya el Secretario de Gobernación para que los legisladores podamos acompañar el proceso de investigación de las causas del siniestro a través del grupo de trabajo que aquí se está proponiendo.

Tenemos la confianza, y en su oportunidad sabremos las causas definitivas del accidente de las instalaciones administrativas de PEMEX con base en información confiable, científica y basada en protocolos de Protección Civil.

Sin duda, y con esto quiero concluir, todos sabemos que somos una sociedad sujeta a riesgos y contingencias y no podemos permitir que esa condición de peligro para nuestra gente, lo ocurrido en la semana pasada nos obliga, compañeras y compañeros, a la acción, no solamente a la reflexión.

Por ello, es que el día de hoy los legisladores, me parece que estamos obligados a perfeccionar también las normas de protección civil en el ámbito federal e insistir a que se regularicen las disposiciones normativas locales para garantizar la seguridad de las personas, bienes y recursos con que cuenta nuestro país.

Les invito, por un lado, a que entre todos apoyemos el punto de Acuerdo que aquí se ha presentado y a que esperemos con mesura los trabajos que esté realizando el propio grupo que se conforme, y por otro lado a que nos demos la tarea en las distintas comisiones del Senado a revisar los protocolos que la legislación estatal, e inclusive en la municipal es necesario también poder tener con cuidado para evitar tragedias como la que ha ocurrido.

Es cuanto, señor Presidente, el grupo parlamentario del PRI se compromete a esta labor para que cada día contemos con disposiciones que nos brinden el bienestar y la seguridad que merecen las familias de México.

Muchas gracias.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, Senadora Blanca Alcalá Ruiz.

En consecuencia, pido a la Secretaría dé lectura a la propuesta presentada por el Senador Javier Lozano Alarcón para modificar el punto de Acuerdo, del cual se dio cuenta en su momento a la Asamblea.
- La C. Secretaria Díaz Lizama: En el resolutivo segundo se agregaría la propuesta del Senador Javier Lozano, que a la letra dice: “Para quienes regresen a laborar a partir del día 6 de los corrientes.”

Y doy lectura al resolutivo completo:

Segundo. El Senado de la República exhorta a Petróleos Mexicanos a realizar una revisión exhaustiva de sus protocolos de seguridad y protección civil en sus instalaciones operativas y administrativas, así como a realizar las adecuaciones necesarias en sus espacios y procesos, a fin de evitar que en el futuro se presenten siniestros como el ocurrido recientemente en la Torre de PEMEX y que de las acciones realizadas informen en su oportunidad a esta Soberanía; asimismo, exhorta a las autoridades competentes a determinar si existen responsabilidades humanas y, en su caso, sancionar las acciones u omisiones correspondientes y a garantizar que las torres de Petróleos Mexicanos sean un espacio seguro de trabajo para quienes regresen a laborar a partir del día 6 de los corrientes.

Es cuanto, señor Presidente.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Pido a la Secretaría que consulte a la Asamblea, en votación económica, si se admite a discusión dicha propuesta.

- La C. Secretaria Díaz Lizama: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se admite a discusión dicha propuesta. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se aprueba, señor Presidente.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Pido a la Secretaría que proceda a poner a consideración del Pleno el punto de Acuerdo con la modificación que hemos agregado al mismo.

- La C. Secretaria Díaz Lizama: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el punto de Acuerdo. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Se aprueba el punto de Acuerdo, señor Presidente.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Aprobada la propuesta. Comuníquese.

Honorable Asamblea, recibimos en esta Mesa Directiva el dictamen de las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores; y de Marina, con proyecto de Decreto que concede autorización al Presidente de los Estados Unidos Mexicanos para permitir que la Armada de México realice una visita oficial a la Base Naval “ARC Bolívar”, ubicada en Cartagena de Indias, Colombia, del 7 al 9 de febrero del presente año. En virtud de la cercanía de la fecha para el cumplimiento de las actividades antes mencionadas, la Mesa Directiva acordó incluir este asunto para su discusión y votación en la sesión de hoy.





 

DECRETO POR EL QUE SE AUTORIZA AL PRESIDENTE DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, LA SALIDA DE ELEMENTOS DE LA ARMADA DE MEXICO FUERA DE LOS LIMITES DEL PAIS, PARA PARTICIPAR EN UNA VISITA OFICIAL A LA BASE NAVAL "ARC BOLIVAR" UBICADA EN EL PUERTO DE CARTAGENA DE INDIAS, COLOMBIA, DEL 7 AL 9 DE FEBRERO DE 2013

(Dictamen de primera lectura)



Debido a que el dictamen está a disposición en sus escaños, solicito a la Secretaría consulte la Asamblea, en votación económica, si es de omitirse su primera lectura.

- La C. Secretaria Díaz Lizama: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si autoriza que se omita la primera lectura del dictamen. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se autoriza, señor Presidente.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Es de primera lectura. Pido a la Secretaría que consulte a la Asamblea, en votación economía, si autoriza que se dispense la segunda lectura del dictamen y se ponga de inmediato a discusión.

- La C. Secretaria Díaz Lizama: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si autoriza que se dispense la segunda lectura del anterior dictamen. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se dispensa la segunda lectura, señor Presidente.

- El C. Presidente Aispuro Torres: En consecuencia, está a discusión el dictamen.

Tiene el uso de la palabra la Senadora Gabriela Cuevas Barrón, para presentar el dictamen a nombre de las comisiones, en los términos del artículo 196 de nuestro Reglamento.

- La C. Senadora Gabriela Cuevas Barrón: Con su venia, señor Presidente.

A las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores; y de Marina, nos fue turnada la solicitud formulada por el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos a esta Soberanía, para que una unidad de superficie de la Armada de México participe en una visita oficial a la Base Naval “ARC Bolívar”, ubicada en Cartagena de Indias, Colombia del 7 al 9 de febrero de este año.

Al respecto de este tema, es de destacar que las Secretarías de la Defensa Nacional y de Marina, efectúan constantemente ejercicios de intercambio académico con otros Estados y comparten información sobre el desarrollo de procesos al interior de los cuerpos militares con países cuyos planteamientos de la administración militar han sido exitosos.

Por su parte, la Base Naval “ARC Bolívar”, representa la principal unidad de apoyo logístico de la Armada Nacional en el Caribe Colombiano y representa a su vez el eje de desarrollo y progreso para la ciudad de Cartagena de Indias.

En sus instalaciones operan importantes componentes de la Fuerza Naval del Caribe, tales como la Escuela de Buceo y Salvamento, primera en América Latina en desarrollar tecnologías en buceo y salvamento marítimo y pluvial, el cuerpo de guardacostas que entrega anualmente importantes resultados en los temas de rescate de personas en el mar, incautación de droga ilícitas, capturas de narcotraficantes y cierre de las rutas marítimas para la comercialización de alcaloide.

En la Base Naval “ARC Bolívar”, a donde se está solicitando una unidad de superficie de la Armada de México, trabajan más de cuatro mil 500 personas, muchos de ellos civiles que se desempeñan en distintos cargos, oficios y profesiones.

Dentro de su contratación indirecta, figuran tres mil 500 personas más. Con la visita oficial a la Base Naval “ARC Bolívar” se pretende continuar con el incremento de las capacidades operativas, logísticas y desarrollo tecnológico del personal de la Armada de México, mediante el intercambio de conceptos de capacitación y entrenamiento entre el Instituto Armado Mexicano y la Armada Nacional de Colombia, fortaleciendo así la participación y ejecución de operaciones nacionales e internacionales, así como la división de conocimientos técnicos, logísticos y operacionales, lo que permitirá a la Armada de México seguir cumpliendo cabalmente con sus actividades en el marco de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las leyes y los tratados internacionales en la materia de los que México forma parte.

Es cuanto.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, Senadora Gabriela Cuevas Barrón. No habiendo quien más haga uso de la palabra sobre este asunto, pido a la Secretaría que se hagan los avisos a que se refiere el artículo 58 de nuestro Reglamento para informar de la votación. Abrase el sistema electrónico de votación hasta por tres minutos para recoger la votación nominal del proyecto de Decreto.



- La C. Secretaria Díaz Lizama: Señor Presidente, conforme al registro en el sistema electrónico de votación, se emitieron 91 votos a favor y cero abstenciones.

- El C. Presidente Aispuro Torres: En consecuencia, queda aprobado en lo general y en lo particular el Decreto que concede autorización al Presidente de los Estados Unidos Mexicanos para permitir que la Armada de México realice una visita oficial a la Base Naval “ARC Bolívar” en Cartagena de Indias, Colombia, del 7 al 9 de febrero del año 2013. Comuníquese al Ejecutivo Federal.

En el apartado de iniciativas, se le concede el uso de la palabra a la Senadora Ivonne Liliana Alvarez García, con el aval del grupo parlamentario del Partido Revolucionarios Institucional, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones del Reglamento del Senado de la República.





 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DEL REGLAMENTO DEL SENADO DE LA REPUBLICA

(Presentada por la C. Senadora Ivonne Liliana Alvarez García, del grupo parlamentario del PRI, con aval de grupo)

- La C. Senadora Ivonne Liliana Alvarez García: Con su permiso, señor Presidente; compañeras y compañeros Senadores:

El 9 de agosto de 2012 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto que consagrara en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos la facultad que otorga al Ejecutivo Federal de presentar iniciativas de ley con carácter de preferentes.

La reforma al artículo 71 de la Carta Magna tiene el propósito de eficientar y agilizar la discusión y aprobación de temas de gran interés en la agenda política nacional o de temas estructurales para el Estado.

A la letra señala que:

“El día de la apertura de cada periodo ordinario de sesiones el Presidente de la República podrá presentar hasta dos iniciativas para trámite preferente, o señalar con tal carácter hasta dos que hubiere presentado en periodos anteriores, cuando estén pendientes de dictamen. Cada iniciativa deberá ser discutida y votada por el Pleno de la Cámara de su origen en un plazo máximo de treinta días naturales. Si no fuere así, la iniciativa, en sus términos y sin mayor trámite, será el primer asunto que deberá ser discutido y votado en la siguiente sesión del pleno. En caso de ser aprobado o modificado por la Cámara de su origen, el respectivo proyecto de ley o Decreto pasará de inmediato a la Cámara revisora, la cual deberá discutirlo y votarlo en el mismo plazo y bajo las condiciones antes señaladas.

No podrán tener carácter preferente las iniciativas de adición o reforma a esta Constitución”.

El procedimiento es el siguiente: Recibida la iniciativa en la Cámara de Origen, ésta deberá pronunciarse en un plazo máximo de treinta días naturales y, en caso de que no lo haga, la iniciativa del Ejecutivo, en sus términos y sin mayor trámite, será el primer asunto que deberá ser discutido y votado en la siguiente sesión ordinaria del Pleno.

En caso de ser aprobada o modificada por la Cámara de Origen, pasará de inmediato a la Cámara Revisora, la cual deberá discutirla y votarla en el mismo plazo y bajo las condiciones antes señaladas para la Cámara de Origen.

Ambas Cámaras ya tuvimos la experiencia de darle trámite a las iniciativas de carácter preferente, y sin duda alguna coincidimos en que es imperiosa la necesidad de reglamentar su procedimiento y que se cuente con un marco normativo que otorgue certidumbre al trámite legislativo que se dará, en su caso, a las iniciativas preferentes.

Por lo anterior, es prioritario iniciar el proceso legislativo para la adecuación y reforma del Reglamento del Senado de la República y se pueda atender con certeza jurídica a esta figura constitucional tal como ya lo ha hecho la Cámara de Diputados.

El trámite de las iniciativas con carácter preferente, cuya reglamentación se presenta como iniciativa, deberá retomar el sentido de temporalidad de la iniciativa preferente, el cómputo del plazo de treinta días establecido por la citada norma, se considerará como primer día aquel en que el Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Origen ordene el turno a la comisión o comisiones a las que corresponda formular el dictamen respectivo.

Dado el carácter prioritario de los proyectos de ley o Decreto, materia de la presente iniciativa, es importante que se establezca en el Reglamento de este Senado que el procedimiento legislativo, regulado en el artículo 72 constitucional, concluya en un plazo establecido, contados a partir de que la Cámara de Origen reciba la última minuta de la Cámara Revisora.
Finalmente, en el proyecto de Decreto se incluyen los artículos transitorios, que se limitan a fijar la entrada en vigor del mismo, la derogación de las disposiciones legales que se opongan a la reforma que en él se plantea y el trámite que se debe otorgar, en su caso, a las iniciativas preferentes ya presentadas por el titular del Poder Ejecutivo Federal, cuyo procedimiento legislativo no hubiere concluido a la fecha de entrada en vigor de la reforma propuesta.

Por lo anteriormente expuesto y fundado y a nombre de la fracción parlamentaria del PRI, me permito poner a la consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente iniciativa con:

Proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 2, 127, 179, 182, 183, 204 y 214 del Reglamento del Senado de la República, a fin de homologar lo establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos a nuestras normas internas de trámite legislativo.

Muchas gracias por su atención, y es cuanto, señor Presidente.

Iniciativa

“SEN. ERNESTO JAVIER CORDERO ARROYO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
CAMARA DE SENADORES
PRESENTE.

Las Senadoras y los Senadores integrantes del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 71 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 8 numeral 1 fracción I; 76 numeral 1 fracción I; 164, y 169 del Reglamento del Senado de la República, someten a la consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente “Iniciativa con Aval del Grupo”, el proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones del Reglamento del Senado de la República, al tenor de la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

El 9 de agosto de 2012 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto que consagra en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos el derecho para que los ciudadanos puedan ser votados para cargos de elección popular de manera independiente, para lo cual no tiene como requisito pertenecer algún partido político, en la boleta electoral se consideró esta opción al contar con un recuadro que señala el espacio para candidatos no registrados; ese Decreto también estableció el derecho a los ciudadanos de poder iniciar leyes ante el Congreso de la Unión; poder convocar consultas populares y poder votar en ellas; y le otorga la facultad al Ejecutivo Federal de presentar iniciativas de ley con carácter de preferentes.

Las iniciativas preferentes se establecieron en la reforma al artículo 71 de la Carta Magna con el propósito de eficientar y agilizar la discusión y aprobación de temas de gran interés en la agenda política nacional o temas estructurales para el Estado, ya sean de primera inclusión o algunas que de acuerdo a la coyuntura actual sean posibles y viables de volver a presentar, esta reforma quedó en los siguientes términos:

La Ley del Congreso determinará el trámite que deba darse a las iniciativas.

El día de la apertura de cada periodo ordinario de sesiones el presidente de la República podrá presentar hasta dos iniciativas para trámite preferente, o señalar con tal carácter hasta dos que hubiere presentado en periodos anteriores, cuando estén pendientes de dictamen. Cada iniciativa deberá ser discutida y votada por el pleno de la Cámara de su origen en un plazo máximo de 30 días naturales. Si no fuere así, la iniciativa, en sus términos y sin mayor trámite, será el primer asunto que deberá ser discutido y votado en la siguiente sesión del pleno. En caso de ser aprobado o modificado por la Cámara de su origen, el respectivo proyecto de ley o decreto pasará de inmediato a la Cámara revisora, la cual deberá discutirlo y votarlo en el mismo plazo y bajo las condiciones antes señaladas.

No podrán tener carácter preferente las iniciativas de adición o reforma a esta Constitución.
El antecedente de derecho comparado se remonta al sistema inglés de los siglos XI y XII, este modelo fue adoptado por el sistema norteamericano y en consecuencia por la mayoría de los países de Iberoamérica.

La figura del Proceso Legislativo Preferente, está debidamente legislada en Francia y Alemania, por su parte, en Iberoamérica lo observamos en Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Nicaragua, Paraguay y Uruguay, todos estos países acotaron los tiempos para la valoración y, en su caso, votación de una iniciativa presentada por el titular del Poder Ejecutivo.

Nuestro país ha incorporado esta figura a la Constitución implementando los mecanismos necesarios para que la colaboración entre los Poderes de la Unión y entre las fuerzas políticas, se lleve a cabo con eficiencia y agilidad en la práctica parlamentaria.

En este contexto, lo que se propone es la reglamentación que permita fortalecer dicha colaboración entre ambos poderes. Los tiempos modernos permiten la democratización de las instituciones y la práctica pacífica y respetuosa entre sus actores. Por ello cuando a consideración del Presidente de la República, se estime oportuno incluir dos iniciativas con carácter de preferentes de cuño resiente o pasado, por motivos de interés nacional que así lo justifique y que además queden resueltas en un plazo no mayor a treinta días, reglamentando su procedimiento se podrá agilizar este trámite con tiempos claros y planteamientos que no permitan ningún retraso en la ejecución de las iniciativas con tal carácter. Lo anterior, porque el Poder Ejecutivo, en esta nueva etapa de equilibrio de poderes, necesita contar con nuevos instrumentos constitucionales, legales y reglamentarios que le permitan gobernar eficazmente y darle la oportuna atención a las cuestiones de Estado más sensibles y apremiantes.

Esta facultad no limita en modo alguno el debido proceso parlamentario, al contrario, permite que entre ambos poderes den atención pronta y eficaz a los asuntos de interés general, aunado a lo anterior, el Congreso de la Unión a través de sus cámaras podrán considerar que las iniciativas con el carácter de preferente no son oportunas o se estima que no son necesarias ni urgentes, por lo que la aprobación, modificación o incluso el rechazo de tales iniciativas es perfectamente válido.

El trámite legislativo preferente procederá ante la solicitud que formule el Presidente de la República. Al respecto, conviene precisar que no se trata de un trato preferente respecto del contenido de los argumentos o del sentido de la votación; por el contrario, la preferencia consiste exclusivamente en la obligación del Congreso de pronunciarse sobre las iniciativas, como ya se ha referido, para aprobarlas en sus términos, modificarlas o rechazarlas.

El procedimiento es el siguiente: Recibida la iniciativa en la cámara de origen, ésta deberá pronunciarse en un plazo máximo de 30 días naturales y, en caso de que no lo haga, la iniciativa del Ejecutivo, en sus términos y sin mayor trámite, será el primer asunto que deberá ser discutido y votado en la siguiente sesión ordinaria del Pleno.

En caso de ser aprobada o modificada por la cámara de origen, pasará de inmediato a la cámara revisora, la cual deberá discutirla y votarla en el mismo plazo y bajo las condiciones antes señaladas para la cámara de origen.

Asimismo, la propuesta contempla la restricción de que no puedan ser objeto de este tratamiento preferencial las iniciativas que pretendan reformar o adicionar la Constitución Federal, ello debido a que tales iniciativas están sujetas a un procedimiento diverso al que siguen las relativas a la creación o reforma de las leyes.

La reforma permitirá la corresponsabilidad entre el Congreso de la Unión y el Presidente de la República, en la construcción de la democracia socialmente eficaz, simplificando el trámite legislativo de acciones gubernamentales y flexibilizando la discusión de temas prioritarios que requiere la Nación.

La Cámara de Diputados, ha hecho las modificaciones correspondientes y el 31 de diciembre de 2012, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, la reforma correspondiente al Reglamento de la colegisladora, en consecuencia, el Senado de la República con la presente iniciativa pretende estar en concordancia con la Cámara de Diputados y someter al Pleno la reforma al Reglamento del Senado de la República que reglamente el proceso legislativo de las iniciativas con carácter de preferentes.
Asimismo, el mandato imperativo contenido en el Artículo Segundo Transitorio del Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación, de fecha 9 de agosto de 2012, que determina, para el Congreso de la Unión, un plazo de un año para expedir la legislación relativa, por lo que además de estar en posibilidad de realizar las adecuaciones a la Ley Orgánica del Congreso, consideramos oportuno iniciar las reformas en primer término al Reglamento del Senado, en virtud de que en febrero próximo inicia otro periodo ordinario de sesiones y es factible la posibilidad que el Senado funja como Cámara de origen.

Ambas cámaras ya tuvimos la experiencia de darle trámite a las iniciativas de carácter preferente, y sin duda alguna coincidimos en que es imperiosa la necesidad de reglamentar su procedimiento, y que se cuente con un marco normativo que otorgue certidumbre al trámite legislativo que se dará, en su caso, a las iniciativas preferentes.

Para realizar las reformas correspondientes al Reglamento del Senado se deberá observar el mandato constitucional, cuando determina que la misma quede establecida en la “Ley del Congreso” (artículo 71 de la Constitución), y por la otra, lo dispuesto en el artículo 72 de la propia Constitución, relativo al procedimiento para la formación, derogación o reforma de las leyes o decretos.

Por lo anterior, es prioritario iniciar el proceso legislativo para la adecuación y reforma del Reglamento del Senado de la República a efecto de que lo enunciado en la Carta Magna con relación a la Iniciativa Preferente quede incorporado a nuestro Reglamento y que se esté en posibilidad de que el Senado pueda atender con certeza jurídica a esta figura.

El trámite de las Iniciativas con Carácter Preferente, cuya reglamentación se presenta como iniciativa deberá retomar el sentido de temporalidad de la iniciativa preferente, el cómputo del plazo de treinta días establecido por la citada norma, se considerará como primer día aquel en que el presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de origen ordene el turno a la comisión, o comisiones, a las que corresponda formular el dictamen respectivo.

Con lo expresado en el párrafo anterior se está en condiciones de establecer un criterio a la hora de computar el plazo antes referido, que sea, al mismo tiempo, acorde con la letra de la norma constitucional y con la naturaleza del proceso legislativo que da inicio con la presentación de las iniciativas de ley o decreto, y su turno a comisiones dictaminadoras; dejando claramente establecido que en modo alguno se le podrá dar el carácter de preferente cuando se trate de reformas constitucionales, toda vez que el tratamiento es completamente independiente al caso que nos ocupa.

Se propone establecer que en la elaboración, discusión y votación, en comisiones, de los dictámenes relativos a las iniciativas preferentes, una vez que las mismas sean turnadas a aquellas, serán aplicables las normas establecidas en el Reglamento del Senado; lo anterior, en virtud de que el sentido de la iniciativa preferente debe entenderse circunscrito al plazo obligatorio para emitir y aprobar el dictamen, y en la previsión de que si agotado ese plazo no hubiese sido formulado o aprobado en comisiones el respectivo dictamen, la iniciativa preferente, o la minuta respectiva, será sometida, en sus términos y sin mayor trámite, a discusión y votación en el Pleno de la Cámara correspondiente, en la sesión siguiente que tenga lugar una vez agotado dicho plazo.

La iniciativa original, o la minuta correspondiente, deberán ser consideradas como de “segunda lectura”, para ser discutidas y votadas, según sea el caso, como el primer asunto, en la sesión siguiente.

Se considera conveniente establecer que si una iniciativa objeto del trámite preferente fuese rechazada en su totalidad por la Cámara de origen, se observará lo dispuesto en el apartado G del artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, razón por la cual no podrá volverse a presentar en las sesiones del año.

Dada la urgencia que supone el estudio de los proyectos de ley o decreto con carácter preferente y a efecto de que el Senado de la República elabore sus dictámenes con celeridad, las comisiones dictaminadoras respectivas deberán sesionar, en tal caso, en conferencia, conforme a las disposiciones legales y reglamentarias que resulten aplicables.
Dado el carácter prioritario de los proyectos de ley o decreto, materia de la presente iniciativa, es importante que se establezca en el Reglamento del Senado que el procedimiento legislativo, regulado en el artículo 72 constitucional, concluya en un plazo no mayor a 30 días naturales, contados a partir de que la Cámara de origen reciba la última minuta de la Cámara revisora.

Finalmente, en el proyecto de decreto se incluyen los artículos transitorios, que se limitan a fijar la entrada en vigor del mismo; la derogación de las disposiciones legales que se opongan a la reforma que en él se plantea, y el trámite que se debe otorgar, en su caso, a las iniciativas preferentes ya presentadas por el Titular del Poder Ejecutivo Federal, cuyo procedimiento legislativo no hubiere concluido a la fecha de entrada en vigor de la reforma propuesta.

Por lo expuesto y fundado, me permito poner a la consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente Iniciativa con:

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN LOS ARTICULOS 2, 127, 179, 182, 183, 204, 214 DEL REGLAMENTO DEL SENADO DE LA REPUBLICA, EN MATERIA DE INICIATIVA PREFERENTE, PARA QUEDAR COMO SIGUE:

TITULO PRIMERO

CAPITULO UNICO
DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 2.

1. Para los efectos del presente Reglamento se entiende por:

Gaceta: …

Iniciativa preferente: Es la que presenta el Ejecutivo Federal en términos de lo señalado por el segundo párrafo del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;

Junta: …

CAPITULO SEGUNDO
DE SU INTEGRACION E INSTALACION

Artículo 127.

4. Las comisiones que conozcan de una iniciativa preferente durante el primer periodo de sesiones del primer año de la renovación de la Cámara, deberá instalarse como tiempo máximo en la segunda sesión ordinaria de la misma.

CAPITULO TERCERO
DEL TURNO A COMISIONES

Artículo 179.


4. En el caso de la iniciativa preferente, la Comisión deberá remitir su opinión a la dictaminadora, en un plazo máximo de diez días naturales, de lo contrario se entenderá su declinación.

CAPITULO CUARTO
DE LOS DICTAMENES

Artículo 182.

3. El Presidente de la Junta Directiva deberá hacer del conocimiento la propuesta de dictamen entre sus integrantes, con cinco días de anticipación a la reunión en que sea discutida y se vote. Tratándose de una iniciativa preferente se deberá hacer del conocimiento con un mínimo de veinticuatro horas previas a su discusión y votación.

Artículo 183.

3. Cuando se dictamine iniciativas preferentes se podrán incluir aquellas que sobre la misma materia hayan sido presentadas en la Cámara.

5. En el caso de las iniciativas preferentes se observará lo siguiente:

I. La comisión o comisiones deberán resolverlas dentro de un término máximo de treinta días naturales, contados a partir de la fecha en que fue turnada,

II. El plazo a que se refiere la fracción anterior será improrrogable,

III. Si transcurre el plazo, sin que se formule el dictamen, se tendrá por precluida la facultad de la comisión o comisiones para hacerlo, observando lo siguiente:

a) El Presidente deberá publicarla inmediatamente después de concluido el plazo para dictaminar.

b) La Mesa Directiva deberá incluirlas en el orden del día de la siguiente sesión del pleno para su discusión y votación.

c) La iniciativa preferente será discutida en sus términos y sin mayor trámite deberá ser el primer asunto que sea discutido y votado durante la sesión del pleno.

d) La discusión y votación sólo se abocará a la iniciativa preferente y deberá ser aprobada por mayoría absoluta, de lo contrario, se tendrá por desechada, en términos de lo dispuesto en el apartado G del artículo 72 de la Constitución.
f) El proyecto de Decreto materia de la iniciativa con carácter preferente aprobado por la Cámara será enviado de inmediato a la Cámara revisora en calidad de minuta, para los efectos del artículo 71 de la Constitución.

6. Cuando se trate de un proyecto de Decreto sobre iniciativas preferentes, se observará lo siguiente:

I. El Presidente turnará a la comisión o comisiones que corresponda, en cuanto se reciba y se dé cuenta de ésta al Pleno;

II. En el momento de anunciar el turno, el Presidente dará treinta días naturales a partir de la recepción formal del asunto, para que se presente el dictamen correspondiente;

III. El plazo a que se refiere la fracción anterior es improrrogable;

IV. Si transcurre el plazo, sin que se formule un dictamen, se tendrá por precluida la facultad de la comisión o comisiones para hacerlo, observando lo siguiente:

a) El Presidente deberá publicarla inmediatamente después de concluido el plazo para dictaminar.

b) La Mesa Directiva deberá incluirla en el orden del día de la siguiente sesión del pleno para su discusión y votación.

c) La minuta será discutida en sus términos y sin mayor trámite como el primer asunto que sea discutido y votado en la sesión del pleno.

7. La discusión y votación sólo se abocará a la iniciativa preferente y deberá ser aprobada por mayoría absoluta, de lo contrario, se tendrá por desechada en términos de lo dispuesto en el apartado G del artículo 72 de la Constitución

8.  Cuando se trate de una iniciativa o proyecto de decreto con trámite preferente, que no hubiera sido dictaminada por la o las comisiones responsables en el término de treinta días naturales, contados a partir de que la iniciativa sea presentada por el Ejecutivo Federal. En tal caso la iniciativa o proyecto de decreto deberá presentarse para su discusión y votación en sus términos y sin mayor trámite, en la siguiente sesión del pleno.

Artículo 204.

3. Las Comisiones a las que el pleno devuelva el dictamen para elaboración de uno nuevo, dispondrán de diez días para presentarlo nuevamente, salvo que se trate de una iniciativa preferente la cual deberá sujetarse al término constitucional de treinta días naturales para ser discutida y votada por el pleno de la cámara.

CAPITULO SEXTO
DE LOS PLAZOS PARA EMITIR DICTAMEN

Artículo 214.


4. La prórroga para emitir el dictamen tratándose de iniciativa o iniciativas con trámite preferente es improcedente.

5. El Presidente realizará una prevención a la comisión o comisiones, siete días naturales antes de que venza el plazo para dictaminar la iniciativa preferente, a través de una comunicación que deberá de publicarse en la Gaceta.

TRANSITORIOS

Artículo Primero. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Artículo Segundo. Se derogan todas las disposiciones legales que se opongan al presente decreto.

Salón de sesiones del Senado de la República, a 5 de febrero de 2013.

Atentamente

Sen. Gamboa Patrón Emilio.- Sen. Albores Gleason Roberto Armando.- Sen. Alcalá Ruiz Blanca María del Socorro.- Sen. Alvarez García Ivonne Liliana.- Sen. Amador Gaxiola Daniel.- Sen. Araujo Lara Angélica Del Rosario.- Sen. Ayala Almeida Joel.- Sen. Barroso Agramont Ricardo.- Sen. Burgos García Enrique.- Sen. Casillas Romero Jesús.- Sen. Cavazos Lerma Manuel.- Sen. Cervantes Andrade Raúl.- Sen. Chico Herrera Miguel Angel.- Sen. Cota Jiménez Manuel Humberto.- Sen. Díaz Salazar María Cristina.- Sen. Fayad Meneses Omar.- Sen. Fernández Aguirre Braulio Manuel.- Sen. Flores Escalera Hilda Esthela.- Sen. Flores Sánchez Margarita.- Sen. Gándara Camou Ernesto.- Sen. Gastélum Bajo Diva Hadamira.- Sen. Gómez González Arely.- Sen. González Canto Félix Arturo.- Sen. González Cuevas Isaías.- Sen. Guerra Castillo Marcela.- Sen. Hernández Deras Alfredo.- Sen. Hernández Lecona Lizbeth.- Sen. Herrera Ale Juana Leticia.- Sen. Herrera Anzaldo Ana Lilia.- Sen. Irizar López Aarón.- Sen. Juárez Cisneros René.- Sen. Patricio Martínez García.- Sen. Mayans Canabal Humberto Domingo.- Sen. Merodio Reza Lilia Guadalupe.- Sen. Neyra Chávez Armando.- Sen. Orihuela Bárcenas José Ascención.- Sen. Ortiz González Graciela.- Sen. Pavlovich Arellano Claudia Artemiza.- Sen. Penchyna Grub David.- Sen. Pérez Magaña Eviel.- Sen. Pineda Gochi María del Rocío.- Sen. Pozos Lanz Raúl Aarón.- Sen. Ríos de la Mora Itzel Sarahí.- Sen. Romero Celis Mely.- Sen. Romero Deschamps Carlos.- Sen. Romo Medina Miguel.- Sen. Rosas González Oscar Román.- Sen. Saldaña Pérez Lucero.- Sen. Sánchez García Gerardo.- Sen. Tello Cristerna Alejandro.- Sen. Torres Corzo Teófilo.- Sen. Yunes Landa Héctor.- Sen. Yunes Zorrilla José Francisco.- Sen. Zamora Jiménez Arturo”.

PRESIDENCIA DEL C. SENADOR
LUIS SANCHEZ JIMENEZ

- El C. Presidente Luis Sánchez Jiménez: Muchas gracias, Senadora Ivonne Alvarez. Túrnese a las Comisiones Unidas de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias; y de Estudios Legislativos.

Se recibió de los Senadores Roberto Gil Zuarth y Manuel Camacho Solís, una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se expide el Código Federal de Procedimientos Penales, que se turna a las Comisiones Unidas de Justicia; y de Estudios Legislativos.





 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE EL CODIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES

(Presentada por los CC. Senadores Roberto Gil Zuarth y Manuel Camacho Solís)

“CC. SECRETARIOS DE LA MESA DIRECTIVA
H. SENADO DE LA REPUBLICA
PRESENTE.

Roberto Gil Zuarth y Manuel Camacho SolIs, Senadores por la LXII Legislatura, integrantes de los grupos parlamentarios del Partido Acción Nacional y de la Revolución Democrática, y senadoras y senadores quienes suscribimos esta iniciativa, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción II y 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por el artículo 164, párrafos 1 y 2 del Reglamento del Senado, sometemos a la consideración de esta Asamblea la siguiente Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se expide el Codigo Federal de Procedimientos Penales bajo la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

I.- ANTECEDENTES

1. Con fecha 18 de diciembre de 2012, las Comisiones de Justicia y Seguridad Pública sostuvieron una reunión de trabajo con diversas Organizaciones de la Sociedad Civil con el objetivo de discutir las características y principios rectores que deben ser observados en la elaboración de un Código Federal de Procedimientos Penales que responda a la reforma constitucional en materia de justicia penal de junio de 2008.

2. Como resultado de dicha reunión, las Comisiones de Justicia y Seguridad Pública recibieron, de parte de las Organizaciones de la Sociedad Civil, una propuesta de proyecto de Código Federal de Procedimientos Penales que sirvió como base de la iniciativa que ahora se presenta.

3. La presente iniciativa se introduce como una nueva propuesta al debate que se está realizando en el Poder Legislativo sobre la configuración normativa a nivel secundario del nuevo sistema penal acusatorio, sin perjuicio de las propuestas que ya se encuentran en etapa de discusión en el propio Congreso. La dinámica de procesamiento legislativo que se busca implementar para este tema será la de recoger un espectro plural de iniciativas que contribuyan como insumo a la deliberación legislativa a realizarse en las Comisiones respectivas. Esta iniciativa se inscribe en este esquema.

4. Asimismo, la propuesta que ahora se presenta - así como aquellas que ya se encuentran en discusión- retoma las mejores prácticas legislativas internacionales, así como la experiencia de las entidades de la República que ya han transitado hacia un modelo penal de corte acusatorio. Su eje rector, desde luego, fue el estricto apego a la norma constitucional y a los principios que en ésta se plasman.

II.- JUSTIFICACION PARA UN NUEVO CODIGO FEDERAL DE
PROCEDIMIENTOS PENALES

1. Los problemas del sistema de justicia penal y las exigencias sociales:

a) El incremento de la inseguridad pública provocada por el delito y la impunidad propiciada por la falta de funcionalidad de los órganos encargados de investigar y perseguir el delito, de procurar y administrar justicia, son muestras de que todo el sistema de justicia penal y de seguridad pública se encuentra en crisis1; y ello es así, porque su manera de funcionar no ha podido ajustarse a las exigencias del estado democrático de derecho ni ha podido ser una respuesta adecuada a las expectativas de la sociedad, la cual por ello no sólo reclama mayor acceso a la justicia sino mayor calidad en la procuración e impartición de la misma y que garantice de manera más efectiva sus bienes jurídicos frente al delito.

b) El reconocimiento de la crisis del sistema penal ha hecho que en los últimos decenios haya sido objeto de constantes reformas, con la idea de que pueda cumplir de manera más eficaz su función y remediar la situación de inseguridad provocada por el delito. Sin embargo, es evidente que con tales medidas muy poco se ha logrado, tanto por la complejidad del fenómeno delictivo que se trata de enfrentar como por lo equívoco o poco consistente de las estrategias adoptadas para solucionarlo; además, porque dichas medidas han partido de una visión parcial y circunstancial de las cosas. De ahí que se insista en la necesidad de buscar mecanismos que no sólo actúen como acto reflejo de las presiones sociales, económicas y políticas, que se traducen únicamente en meros endurecimientos de las medidas represivas y en una constante expansión del sistema penal, que con frecuencia es utilizado como instrumento de abuso del poder en detrimento de los derechos de los ciudadanos, sino medidas o estrategias político-criminales más racionales que realmente resulten funcionales frente al delito y que efectivamente garanticen la protección de los bienes jurídicos más importantes para la vida ordenada en comunidad.

c) Por otra parte, no debe pasarse por alto que la realidad socioeconómica, política y cultural del país ha sido en los últimos tiempos objeto de profundos cambios, los que también motivan que el ordenamiento jurídico penal mexicano y todo su sistema penal se vean igualmente sometidos a modificaciones de fondo, para que dicho sistema se convierta en un instrumento más adecuado a las exigencias actuales e incluso sirva para impulsar el cambio social y el crecimiento económico. Asimismo, no podemos mantenernos ajenos a los movimientos que en materia de justicia penal se van dando en el mundo por influjo de los procesos de internacionalización y de globalización, ni sustraídos a las tendencias que desde fines del siglo XX se vienen manifestando en países de la región latinoamericana, sobre todo a raíz de sus procesos de democratización, para transformar sus sistemas de justicia penal, pues es necesario mantenernos a tono con dicho movimiento, que sin duda en cada país tiene sus propias motivaciones. Atento a esas tendencias, surge la necesidad de revisar y, en su caso, transformar nuestro sistema de justicia penal y procesal penal; lo que, por diversas razones, debe empezar con la legislación procesal penal. Precisamente a esa tendencia obedece la reforma constitucional de 2008.

d) Las reformas más importantes que en las últimas décadas se hicieron en México fueron a los Códigos Penales; pero, se ha constatado que, aún cuando se transforme de fondo y se logre una legislación penal sustantiva casi perfecta, ésta no logrará por sí misma su objetivo, ni el sistema de justicia penal funcionará mejor, si el sistema procesal penal se mantiene arraigado a los criterios tradicionales que hasta ahora lo han caracterizado y que han mostrado su poca funcionalidad. Por ello, se ha fortalecido la convicción de que la reforma más urgente que debe emprenderse, tanto en el plano formal como en el material, es la que tiene que ver con el sistema procesal penal, ya que de él depende la función que corresponde desarrollar al Ministerio Público y al órgano judicial, así como la forma y los límites en que cada uno debe desarrollar dicha función; pero, igualmente, la función y los alcances de la defensa y el rol de la víctima del delito. Es decir, por más que se modifique el Código Penal o la Ley Orgánica del Ministerio Público o del Poder Judicial, poco se logrará si el sistema procesal penal no se transforma, ya que todo seguirá aplicándose de acuerdo con el mismo sistema tradicional.

e) Al existir acuerdo sobre la necesidad del cambio al sistema procesal, correspondía ahora precisar el sentido que debía tener ese cambio y cuáles debían ser los criterios que lo orientaran. Por lo que, tomando en cuenta las recomendaciones de la ciencia procesal penal y la política criminal modernas, y las tendencias que observa la legislación comparada, habría que abandonar los sistemas procesales de corte inquisitivo o mixto y optar por el sistema procesal acusatorio, o predominantemente acusatorio, por ser el que más se ajusta a las exigencias del Estado democrático de derecho, ya que se sustenta en el reconocimiento y respeto de los derechos humanos y, por ello, reconoce límites a la potestad punitiva del Estado y a la intervención penal.

2. El movimiento de reforma procesal penal en México, su orientación y sus vinculaciones:

a) Por razón de lo anterior, desde principios del siglo XXI se inició el movimiento de reforma procesal penal en ese sentido, pues era claro que México no podía sustraerse a ese movimiento que se da en el contexto internacional. Por una parte, diferentes sectores sociales han hecho manifestaciones diversas en el sentido de transformar el sistema procesal penal en México, destacando la tendencia de fortalecer el sistema acusatorio y adoptar el juicio oral, entre otros mecanismos para hacer que el sistema de justicia penal sea más funcional. Esa idea se expresó también en el seno de la Conferencia Nacional de Procuradores de Justicia y de Presidentes de Tribunales Superiores de Justicia del país, así como en proyectos legislativos que desde el 2002 se fueron planteando por el entonces Secretario de Seguridad Pública federal, quien2 propuso reformas a la Constitución Política y la elaboración de un Código Penal y un Código de Procedimientos Penales únicos para toda la República, que sin duda tenían la pretensión de repercutir en el sistema procesal penal, pues sugería la implantación del juicio oral y que la víctima u ofendido del delito pudiese participar como parte activa en el proceso penal3; propuestas que finalmente se recogieron en las Iniciativas que el Grupo Parlamentario de Convergencia presentó en el mes de noviembre de 2003 a la Cámara de Diputados. La misma idea se vio en las recomendaciones que R. Giuliani hizo en 2003 al Gobierno del Distrito Federal, para enfrentar eficazmente el problema de la inseguridad capitalina4, entre las que destacaban las que tenían que ver con el cambio del sistema procesal penal y, sobre todo, con las funciones del Ministerio Público5. Esa misma inquietud se observa en la Convocatoria lanzada en 2003 por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para la Consulta Nacional sobre una Reforma Integral y Coherente del Sistema de Impartición de Justicia en el Estado Mexicano”, al reconocer que las diversas reformas llevadas a cabo en los últimos años en esta materia no han sido suficientes para responder a las necesidades actuales del país6.

b) Igualmente en esta misma tendencia se enmarca la Iniciativa Presidencial de 20047, en la que destaca la reforma que tiene que ver con la transformación del sistema procesal penal, para posibilitar una actuación más eficaz del Ministerio Público y de todo el sistema penal. En efecto, la Iniciativa propuso una reforma de fondo a todo el sistema de justicia penal y de seguridad pública, que se hizo sustentar en tres pilares:

1. Reestructurar orgánicamente las instituciones de seguridad pública;
2. Transformar el procedimiento penal; y
3. Profesionalizar la defensa penal.

Por lo que, comprendía reformas constitucionales y legales diversas, sobresaliendo los cambios que afectan al ámbito del sistema procesal penal. Para ello, propuso:

1) La adopción de un modelo procesal predominantemente acusatorio y el destierro de los rasgos inquisitivos que aún persisten, para garantizar la presunción de inocencia, juicios rápidos y equilibrados, orales, transparentes y públicos;

2) La transformación de la Procuraduría General de la República en una Fiscalía General de la Federación, con carácter de órgano constitucional autónomo, en la que los fiscales del Ministerio Público dirigirán la investigación de los delitos pero sin realizar funciones de investigación policial;

3) La unificación de las policías (Agencia Federal de Investigación, AFI, y Policía Federal Preventiva, PFP) para incrementar su capacidad de combate al delito, atribuyendo las tareas de investigación a la nueva Policía Federal, bajo la responsabilidad y mando de una Secretaría Interior, que sustituirá a la actual Secretaría de Seguridad Pública;

4) La elaboración de un Código Federal de Procedimientos Penales que, acorde con las reformas que se proponen a la Constitución, transforme estructuralmente el procedimiento penal, simplifique la averiguación previa, establezca el proceso penal acusatorio, oral y público y establezca mecanismos jurídicos para garantizar los derechos de las víctimas u ofendidos del delito, así como instrumentar medidas alternativas de solución de los conflictos, entre otros;

5) Una reforma a la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada, a efecto de hacer más eficaz el combate a los delincuentes de esta naturaleza;

6) El establecimiento de procesos de certificación y control sobre el trabajo de los abogados particulares, para propiciar la profesionalización de litigantes en materia penal;

7) La creación de una nueva Ley Federal de Ejecución de Sanciones Penales, para transparentar y eficientar el cumplimiento de las penas y medidas de seguridad, previéndose la supervisión por jueces especializados;

8) Una reforma en materia de justicia para menores infractores, desechándose la visión “paternalista” de los consejos actuales; entre otras.

c) Lo cierto es que esta propuesta, a pesar de ser amplia y de fondo, no fue discutida y dictaminada por el Congreso; lo que pudo obedecer a que los legisladores no estaban convencidos de ellas, ya sea por considerar que ellas no respondían a los reclamos y a las expectativas de la sociedad mexicana, o que no se ajustaban a las bases constitucionales, según exigencias de las democracias modernas, o simplemente porque no se tuvo la decisión de sacarla adelante. No hay duda que la Iniciativa contiene aciertos y desaciertos, luces y sombras, pero existía la duda de que, de haber sido aprobada en sus términos, los resultados habrían sido más negativos que positivos, sobre todo por ciertos contenidos que encerraba; por lo que, se sugería someterla a una revisión detenida y reorientarla desde la perspectiva de sus bases y de sus resultados. Sin embargo, la idea de transformar el sistema procesal penal y transitar hacia el sistema procesal predominantemente acusatorio era ya irreversible. Por ello, ante la existencia de ciertos obstáculos en el ámbito federal, fueron algunas Entidades Federativas las que tomaron la iniciativa de emprender reformas a su sistema procesal penal e implantar los juicios orales, como sucedió primeramente en los Estados de Nuevo León, Chihuahua, Estado de México, Oaxaca, Querétaro, Zacatecas, entre otros, ya sea de manera parcial o integral.

Asimismo, obedeciendo al mismo propósito, en el ámbito federal desde finales de 2006 empezaron a presentarse iniciativas diversas de reforma constitucional en el Congreso de la Unión; así, la presentada en la Cámara de Diputados en diciembre de 2006, que fue elaborada por organismos de la sociedad civil, como la Red Nacional a Favor de los Juicios Orales, pero que algunos legisladores hicieron suyo8; la presentada el 9 de marzo de 2007 ante el Senado de la República por el Presidente Calderón; la presentada por legisladores del PRD, PT y Convergencia en abril de 2007; la del PRD ante la Cámara de Diputados en octubre de 2007, entre otras. Luego de una intensa actividad legislativa que se observó durante 2007 y parte de 2008, en que se tuvo como propósito lograr, a partir de las distintas propuestas, una reforma de fondo al sistema de justicia penal y de seguridad pública en México, llegó finalmente el momento en que el Constituyente Permanente aprobó un importante y amplio paquete de reformas constitucionales en esta materia, que fueron publicadas en el Diario Oficial de la Federación del 18 de junio de 2008.

d) De acuerdo con lo anterior, las reformas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos aprobadas en junio de 2008, materialmente hablando, no tuvieron un origen único sino que fueron el producto de diversas propuestas provenientes tanto de legisladores como del propio Ejecutivo Federal; de todas ellas, las que sin duda ocuparon un lugar preponderante fueron las relativas al sistema procesal penal acusatorio y oral. De ahí que, si bien es el poder legislativo el que formalmente le dio origen, cuando se busca la paternidad de la reforma, ella puede ser atribuida a todos los que de alguna u otra manera intervinieron en su diseño, discusión y aprobación. Por ello, habrá que reconocer, en mayor o menor medida, la participación que en este proceso tuvieron distintos organismos académicos públicos (como INACIPE, IIJ-UNAM, ITAM, CIDE, entre otros) y de la propia sociedad civil (como RENACE, Red Nacional a favor de los Juicios Orales y el Debido Proceso, Academia Mexicana de Ciencias Penales, CEPOLCRIM, Asociación Nacional de Doctores en Derecho, Barra Mexicana Colegio de Abogados, entre otros); pero, asimismo, la participación de algunos organismos internacionales, como USAID, PRODERECHO, CEJA, Fundación Konrad Adenauer, entre otros. Y si bien la participación de cada uno de ellos se hizo desde sus propios enfoques y perspectivas, intereses y motivaciones, no hay duda que también hubo ciertos objetivos comunes que finalmente permitieron lograr el consenso suficiente para concentrar en un documento las variadas propuestas, aun cuando era evidente la dificultad de mantener la coherencia exigida en toda reforma constitucional.

3. La reforma constitucional de 2008 y la necesidad de implementarla de manera integral y coherente:

a) En efecto, en 008 la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos experimentó cambios importantes en el ámbito de la justicia penal y la seguridad pública, con el propósito de precisar las bases de lo que debe ser el sistema procesal penal que debe regir en nuestro país, para responder a las expectativas de la sociedad y a las exigencias del estado democrático de derecho. De ahí que, al precisarse las bases que habrán de orientar al sistema de justicia penal mexicano, ellas deben observarse tanto en el ámbito federal como en las entidades federativas. En términos sintéticos, las reformas pretenden responder a los siguientes grandes objetivos:

1) Atender las expectativas de la sociedad, que espera una efectiva protección de sus bienes jurídicos frente al delito. De ahí que, como sucede con toda propuesta de reforma, ésta también se sustenta en la idea de que con ella se garantizará de mejor manera la seguridad de los ciudadanos frente al delito, pues se espera enfrentar eficazmente a la delincuencia, a la impunidad y a la corrupción9; es decir, se prevé la existencia de un sistema más funcional y, por ende, eficaz.

2) Responder a las exigencias del Estado democrático de derecho, que es el tipo de Estado que consagra la Constitución; por lo que, siendo el sistema procesal penal sólo un medio o una vía para “hacer realidad los fines del derecho penal”, cuya misión principal es la protección de los bienes jurídicos más importantes de los individuos y de la colectividad frente al delito, es decir, frente a las afectaciones más graves provenientes de las conductas humanas, surge la necesidad de generar una legislación procesal penal que responda a esos objetivos. Por ello, la nueva legislación procesal penal debe prever los mecanismos necesarios y adecuados que permitan, por un lado, hacer efectivos los principios y garantías previstos en la Ley Fundamental, característicos del sistema procesal acusatorio; y, por el otro, hacer realidad los principios y garantías propios del derecho penal sustantivo o material de corte democrático y liberal, que igualmente tienen su base en la Constitución y que expresa o tácitamente se encuentran consagrados en los Códigos Penales10;

3) De esa manera, recuperar la credibilidad y legitimación que el sistema de justicia penal y sus instituciones han perdido, precisamente por los pocos rendimientos frente a sus objetivos.

Para lograr esos objetivos, se reforman 10 artículos de la Constitución que, a su vez, obedecen a los siguientes propósitos:

➢ Sentar las bases constitucionales para aplicar un nuevo modelo de justicia penal en el país;

➢ Fortalecer el sistema procesal acusatorio, superando los rasgos inquisitivos y precisando los principios fundamentales en que debe sustentarse;

➢ Implantar los juicios orales, para darle a los procesos mayor transparencia y se recupere la credibilidad del sistema penal;

➢ Ampliar los derechos del imputado y los derechos de la víctima o del ofendido del delito, así como precisar el rol de la víctima en el proceso;

➢ Prever el uso de mecanismos alternativos de solución de conflictos, así como la aplicación de criterios de oportunidad por el Ministerio Público;

➢ Elevar la capacidad de investigación, abatir la impunidad y dar certeza al procedimiento;

➢ Establecer nuevas formas y reglas de investigación de los delitos por parte del Ministerio Público y la policía de investigación, y precisar la relación que debe existir entre éstos;

➢ Prever la aplicación de la acción penal privada;

➢ Enfrentar el crimen organizado con todas las fortalezas del Estado;

➢ Revisar y actualizar el Sistema Nacional de Seguridad Pública;

➢ Certificar a los miembros de las corporaciones policíacas, para mejorar la calidad del servicio; entre otros.

b) De acuerdo con lo anterior, los aspectos más importantes de la reforma constitucional tienen que ver con el sistema procesal penal, en el que se determinan, a su vez, los alcances de las funciones que corresponden al ministerio público, al juzgador y a la defensa, así como del rol que corresponde a la víctima. Con la reforma al artículo 20 constitucional, que realmente se modifica en su totalidad, se precisa expresamente que el procesal penal será acusatorio y oral y, además, se señalan y describen los principios fundamentales en que dicho proceso debe sustentarse, así como se amplían los derechos de las víctimas y los victimarios. Y, al precisarse las bases del sistema procesal acusatorio, se generan consecuencias para la actuación del ministerio público y sus auxiliares, como se desprende del contenido de los artículos 16, 19, 21, 22 y 73, que igualmente se refieren a cuestiones procesales.

c) Ahora bien, no obstante que en el Congreso de la Unión existió cierto consenso sobre la necesidad de la reforma, debe reconocerse que también hubo algunos desacuerdos respecto de la forma de cómo alcanzar sus objetivos11. Por esa razón, y porque en las propuestas se notaron diferentes enfoques e intereses12, la reforma finalmente aprobada no mantiene la coherencia deseada, sino que en ella se observa la concurrencia de diversos criterios político-criminales; por lo que, al lado de muy importantes y valiosas reformas -como las del sistema procesal acusatorio- tienen que coexistir otras cuyo cuestionamiento o rechazo es muy justificable, como las que tienen que ver con medidas para la lucha contra la delincuencia organizada; y ello hace que, al momento de su implementación en la legislación secundaria, se ponga el mayor cuidado para lograr el mayor equilibrio posible.

Si se hace un balance objetivo de las distintas reformas, no puede negarse que prevalece la tendencia hacia una mayor observancia de los derechos humanos, no sólo del inculpado sino también de la víctima o del ofendido del delito, es decir, se privilegia un sistema penal equilibrado, en tanto que se plasman criterios y principios característicos del derecho penal de corte liberal y democrático. Por lo que hace a las medidas que tienen el propósito de responder a expectativas de enfrentar eficazmente la delincuencia y combatir la impunidad, aun cuando también respondan a exigencias sociales, no parecen tener la capacidad de garantizar ese objetivo13. De ahí que, uno de los grandes retos en el proceso de implementación de la reforma constitucional es lograr el equilibrio de esas diversas posiciones, es decir, compaginar unas con otras, atendiendo a las exigencias del estado democrático de derecho, que implica hacer compatible la tendencia que busca un sistema penal de garantías con la que sólo busca un sistema penal eficaz.

III.- NECESIDAD DE UNIFICAR O ARMONIZAR LA
LEGISLACION PROCESAL PENAL EN MEXICO

1. Necesidad de superar la dispersión de criterios legislativos:

a) Es claro que varios de los contenidos de las bases constitucionales son vistos desde diferentes perspectivas y, por ende, son objeto de diversos criterios de interpretación, que trae como consecuencia que cada uno de esos contenidos sea entendido y desarrollado de diferente manera en la legislación secundaria. Eso es precisamente lo que se observa en legislaciones procesales de Estados en que el proceso de implementación de la reforma se encuentra ya avanzado; por lo que, lejos de lograr uniformidad de criterios y una aplicación igualitaria de la ley, se está propiciando mayor dispersión de criterios y de formas de aplicar la ley penal.

Es cierto que algunos de esos Estados de la República, como Nuevo León, Chihuahua, Oaxaca, Morelos y Estado de México, entre otros, habían dado ya pasos importantes en la reforma a su sistema de justicia penal antes de ser aprobadas las reformas constitucionales que se publicaron en junio de 2008, mientras que otros empezaron a hacerlo inmediatamente después de la publicación. De ahí que, el hecho de no ajustarse cabalmente a las nuevas bases constitucionales, o que las hayan entendido de una determinada manera no compartida por otros, resulta justificable por no contarse con un criterio orientador. Por ello, se observa que entre ellos existe diversidad de criterios con relación a ciertos contenidos constitucionales y a los alcances de diversas instituciones que prevé la reforma, así como respecto del modelo procesal acusatorio y oral a seguir. Pero, lo propio se puede decir por lo que hace a las iniciativas de Código Federal de Procedimientos Penales que desde hace ya tiempo se encuentran en el Congreso14, incluyendo el enviado por el Ejecutivo Federal desde 2011, así como con relación al proyecto CONATRIB que se planteó como modelo para las entidades federativas.

b) Las diferencias que se observan van desde la estructura misma de los Códigos hasta la forma de concebir ciertas instituciones previstas en la Constitución. Esa dispersión de criterios legislativos se observa en torno a los siguientes aspectos:

➢ No hay claridad sobre la naturaleza y la función del proceso penal y su vinculación con el derecho penal sustantivo.

➢ Falta uniformidad de criterios sobre las etapas del procedimiento penal ordinario, sobre cuáles son y, por ende, cuándo empieza y cuándo termina cada una de ellas.

➢ Por razón de lo anterior, hay diversidad de criterios sobre los momentos procedimentales en que deben ser observados los derechos, principios y garantías procesales previstos en la Constitución.

➢ No hay equilibrio entre la fase de investigación y la del proceso, pues se le resta importancia a lo que tradicionalmente se conoce como averiguación previa o etapa de investigación de los delitos y, por lo mismo, casi no se prevé el uso de técnicas modernas de investigación, no obstante que ésta es la parte del procedimiento penal que mayormente tendrá que ver con las expectativas de la sociedad ante el problema de la delincuencia, la inseguridad y la impunidad.

c) No se observa una clara delimitación entre la acción penal pública y la acción penal privada, como tampoco hay uniformidad sobre los casos y las condiciones en que esta última debe proceder.

d) Falta igualmente uniformidad en torno a los casos y las condiciones en que debe proceder la aplicación de criterios de oportunidad o de mecanismos alternativos de solución de conflictos; observándose que, con tal de privilegiar la rapidez o la celeridad en los procedimientos, se abusa de dichos criterios o mecanismos.

e) No hay claridad sobre si la nueva categoría procesal auto de vinculación a proceso es diferente o no al tradicional auto de formal prisión y al auto de sujeción a proceso, y si sus requisitos son diferentes o no.

f) Tampoco hay claridad sobre los requisitos materiales para el ejercicio de la acción penal, la orden de aprehensión y el auto de vinculación a proceso (o de formal prisión), pues15 la mayoría sólo transcribe lo dispuesto por los artículos 16 y 19 constitucionales en lugar de desarrollarlo.

g) Igualmente falta consenso sobre si, de acuerdo con la reforma de 2008 al artículo 20 constitucional, procede o no la libertad provisional bajo caución, como un derecho del procesado para ciertos casos.

h) No obstante haber sido el establecimiento y la aplicación de los juicios orales la principal bandera que teóricamente se hizo valer para pugnar por el sistema procesal acusatorio, todo parece indicar que a dichos juicios orales en la práctica se les asigna una función secundaria, ya que la tendencia es no llegar a ellos. En las nuevas legislaciones procesales se da mayor importancia a las formas anticipadas de terminación del proceso; con lo que, los juicios orales pierden importancia, pues en lugar de constituir la regla, como lo prevé el artículo 20 constitucional, sólo son aplicados excepcionalmente, no obstante todo lo que con ellos se puede lograr16. Es decir, se privilegia la celeridad en la solución del conflicto en lugar de procesos en los que se puedan observar los derechos y garantías de los procesados y de las víctimas, tal como lo exige el sistema procesal acusatorio plasmado en la Constitución.

i) Con relación a los medios probatorios, se produce cierta confusión sobre los términos a utilizar (datos, medios, elementos de prueba), y si sólo puede hablarse de “prueba” cuando ésta haya sido desahogada en la audiencia de juicio y no antes.

j) No hay uniformidad respecto de los requisitos materiales de la sentencia condenatoria y de los presupuestos para la imposición de una pena, como tampoco los hay sobre los criterios para la individualización judicial de la pena;

k) Se observa diversidad de criterios sobre los medios de impugnación en el proceso penal acusatorio, cuáles deben ser y cuándo proceder;

l) Lo propio puede decirse con relación a los procedimientos penales especiales; entre otros.

Por razón de lo anterior, se considera que hubiese sido necesario, antes de aprobar cualquier legislación procesal penal, analizar y discutir ampliamente sobre estos aspectos importantes para que se uniformasen los criterios legislativos en torno a los alcances de los diversos contenidos de la reforma constitucional, y así garantizar que sus objetivos realmente se puedan alcanzar.

2. Necesidad de que el sistema procesal penal se sustente en criterios político-criminales propios del Estado democrático de derecho y satisfaga las expectativas de la sociedad:

a) Para consolidar un sistema de justicia penal que se ajuste a las exigencias del Estado democrático de Derecho, como lo sugiere la reforma constitucional de 2008, debe contarse con un moderno Código de Procedimientos Penales que se sustente en una serie de principios y criterios igualmente garantistas de corte democrático; los que, a su vez, deben corresponderse a los principios de corte liberal y democrático del Código Penal, para que los objetivos político- criminales del derecho penal realmente se alcancen. Para ello, deben desarrollarse con toda claridad en el Código de Procedimientos Penales los principios y criterios característicos del sistema procesal penal acusatorio que se encuentran diseñados en la Constitución, aplicando los mejores criterios de interpretación de los nuevos contenidos constitucionales para lograr un desarrollo coherente de los mismos y el mayor equilibrio con relación a la observancia de los derechos del inculpado y los que corresponden a la víctima del delito. En la propia legislación procesal penal se precisarán, también, las transformaciones que tanto orgánica como funcionalmente habrán de experimentar las diversas instituciones del sistema de justicia penal, como el Ministerio Público y sus auxiliares, el Poder Judicial y el órgano encargado de la ejecución penal, así como el papel que la víctima y el defensor deben jugar en el proceso penal.

b) Asimismo, la nueva legislación procesal penal debe responder a las expectativas actuales de la sociedad, que exige una más efectiva protección de sus bienes jurídicos frente al delito y que, en el ejercicio del poder penal, sus derechos se vean respetados. Por ello, además de atender el aspecto meramente garantista, que tiene que ver con los límites del poder penal y la garantía de protección de los derechos humanos de los actores del drama penal, que sin duda constituyen aspiraciones legítimas de la sociedad, la legislación procesal penal debe también atender las otras aspiraciones sociales, como es contar con un sistema penal que garantice de manera más efectiva sus bienes jurídicos frente al delito, que se combata eficazmente la delincuencia y la inseguridad pública provocada por ésta, y que se combata la impunidad y la corrupción, entre otros males; todo lo cual exige la existencia de un sistema de justicia penal realmente eficaz.

c) Lo anterior pone en alerta a quienes tienen la función de generar la legislación procesal penal, para que procuren dar origen a instituciones, estrategias o medidas más realistas y racionales, en lugar de proponer aquellas que resultan irrealizables o utópicas. Lo que quiere decir que, en el proceso de creación de las leyes procesales penales, se deben hacer a un lado los mitos y ubicarse más en la realidad, en la realidad nacional, pero concretamente en la realidad del sistema de justicia penal, para estar seguros sobre lo que a éste se le puede atribuir y exigir y sobre lo que no; esto es, sobre si el sistema penal está en condiciones o no de cumplir con lo que se le exige o se espera de él y, en su caso, establecer qué otras cosas aparte del sistema penal habrá que diseñar e implementar para que dicho sistema pueda cumplir con su objetivo. Y, todo ello, para evitar falsas expectativas y nuevos desencantos sociales, que a la postre pueden llevar a una mayor descrédito de la justicia penal.

Además, aun cuando se lograra la mejor legislación procesal penal, en este proceso de implementación habrá que ser menos ingenuos y no pensar que es suficiente con la generación de la legislación secundaria para alcanzar los objetivos de la reforma constitucional, o que con ella de manera automática se logrará la transformación y funcionalidad de todo el sistema de justicia penal. Si bien la legislación es fundamental y prioritaria, máxime si ella servirá de marco para orientar los pasos de los otros sectores del sistema penal, habrá que tomar en consideración las diversas implicaciones que una reforma legislativa tendrá en esos diversos ámbitos del sistema de justicia penal, sobre todo por lo que hace a sus aspectos prácticos. Por ello, la visión de la reforma debe ser integral, pero también debe ser coherente, ideológicamente hablando, e igualmente debe ir acompañada de otras medidas que la hagan viable, partiendo de la base de que el sistema penal es sólo uno de los diversos mecanismos político-criminales de que el estado dispone y que, por aparejar las consecuencias más drásticas, debe ser utilizado no como el recurso de prima ratio y mucho menos como el único recurso, sino como el recurso de última ratio.

d) Lo anterior exige, entonces, que para lograr los objetivos de la reforma constitucional, se requiere en primer lugar que los nuevos contenidos, su orientación filosófico-política y sus alcances, sean debidamente interpretados y desarrollados en la legislación procesal penal, atendiendo a sus motivaciones y a sus posibilidades en el contexto nacional. Es necesario, para ello, que en el diseño del nuevo Código de Procedimientos Penales, además de que éste esté acorde con los postulados de la Constitución Política, se tome en cuenta las realidades nacionales, para que así dicho instrumento jurídico sea también una respuesta a las expectativas de la sociedad mexicana.

3. Necesidad de que el sistema procesal penal acusatorio responda a las realidades nacionales:

a) El sistema procesal penal que se desarrolle en la nueva legislación, como se ha afirmado en el punto anterior, debe considerar la realidad socio-cultural, política, económica y jurídica de la nación mexicana y de cada una de las entidades federativas en particular, para que la reforma sea una respuesta a sus necesidades. Por ello, el modelo de sistema procesal penal y de juicio oral que se desarrolle en el Código de Procedimientos Penales debe ajustarse a las exigencias de esas realidades nacionales. Y de ahí que el legislador mexicano, lejos de sólo adoptar y trasplantar algún modelo procesal ajeno, que aun cuando en su lugar de origen haya resultado funcional pero que finalmente puede resultar extra-lógico en una realidad como la nuestra, debe esforzarse en auto-generar un modelo nacional, partiendo por supuesto de la base constitucional ya establecida, que sin duda tiene sus rasgos característicos que la diferencian de los de otros países de la región, con independencia de los rasgos que son comunes tanto a los países latinoamericanos como a los sistemas procesales de corte acusatorio.

Debe procurarse, entonces, que la reforma no se reduzca a un mero trasplante de modelos procesales externos, pues el hecho de que algunos de ellos hayan tenido éxito o hayan dado buenos resultados en otros lugares, no garantiza que lo tengan igualmente en una realidad distinta como la nuestra, máxime si no se hace siquiera el esfuerzo de superar algunos obstáculos y de generar mejores condiciones para que el sistema procesal sea funcional.

b) Lo anterior, por supuesto, no quiere decir que el legislador ignore las experiencias del derecho penal y procesal penal comparado, tanto del ámbito internacional como del nacional; por el contrario, él debe conocer las buenas prácticas y las condiciones necesarias para que ellas funcionen, así como los aspectos que no han resultado funcionales, para evitar caer en los mismos errores o problemas. Y lo propio debe suceder con los otros sectores del sistema de justicia penal que están involucrados en el proceso de implementación de la reforma constitucional.

IV.- ASPECTOS CARACTERISTICOS DE LA INICIATIVA

1. Objetivo de la iniciativa y su orientación político-criminal:

a) La iniciativa que aquí se presenta tiene la pretensión de responder a los señalamientos e inquietudes anteriores; al menos esa es la visión que tienen quienes participaron en su diseño y desarrollo, quienes reconocen de antemano que toda obra humana es perfectible y que, por tanto, ésta también lo es. Pero, igualmente debe reconocerse que en torno a estas cuestiones que tienen que ver con la política criminal y la justicia penal que debe funcionar en un determinado lugar, como en torno a otras muchas cuestiones, existen siempre diferentes puntos de vista o perspectivas, dependiendo del enfoque que se le dé a las cosas o del ángulo en que uno se encuentre en un determinado momento. Así sucede, por ejemplo, con los distintos actores del sistema de justicia penal (víctimas, ministerios públicos, jueces, inculpados, defensores), o con los que de alguna o de otra manera tienen que ver con dicho sistema (sociedad civil, defensores de derechos humanos, etc.), cuyos puntos de vista no siempre son coincidentes; es decir, se puede encontrar visiones diferentes tanto intra-sistémicas como extra-sistémicas, que exigen lograr cierta conciliación en este tipo de tareas, tanto por lo que hace al problema a enfrentar como con relación a la forma y los mecanismos para hacerlo.

Por otra parte, al elaborarse un proyecto de legislación procesal penal, hay quienes miran sus contenidos únicamente desde la perspectiva de su funcionalidad o eficacia, aún cuando ello pudiera implicar limitación de garantías o de derechos, sector en el que por lo general se ubica el punto de vista del órgano persecutor; otros, en cambio, los ven desde el ángulo exclusivo de los derechos humanos y de las garantías de los inculpados, para quienes el único sistema penal admisible es aquél que garantiza sin límites la protección de los derechos humanos de aquéllos, aún cuando dicho sistema no sirva para alcanzar los objetivos centrales que se le atribuyen, como es la protección de bienes jurídicos fundamentales de las víctimas frente al delito, que suele ser el ámbito que goza de mayor simpatía ante los excesos en que frecuentemente incurren las diferentes agencias del sistema. Es decir, se pueden encontrar posiciones férreamente garantistas y posiciones altamente funcionalistas o eficientistas; dentro de las primeras, a su vez, hay quienes le dan preponderancia a los derechos de los victimarios, olvidando o dándole poca importancia a los derechos de las víctimas, mientras que otros por oposición a ello se van al otro extremo, hablándose en ambos casos de cierto tipo de “hipergarantismo”. Por lo que, frente a estas posturas, existen también posiciones más racionales o más equitativas, que buscan el equilibrio entre ambos extremos, que procuran responder más a las exigencias de la realidad.

b) La presente iniciativa se sustenta en la idea de lograr el mayor equilibrio en torno a las distintas cuestiones planteadas, como el equilibrio entre garantismo y eficientismo, y entre los derechos de los victimarios y de las víctimas, sin caer en “hipergarantismos” utópicos o irrealizables, sino que procura construir un “garantismo realista y racional”, con el que se pueda mantener la confianza de la ciudadanía en el sistema de justicia penal; asimismo, equilibrio entre la investigación del delito y el proceso del inculpado, para evitar acusaciones sin sentido o sin sustento, que lo único que pueden propiciar es la fabricación de culpables y toda clase de atropellos o bien la impunidad de verdaderos culpables. Además, se busca generar un sistema procesal penal que se acomode a las realidades nacionales; por lo que, no desecha simplemente por desechar lo que hasta ahora ha caracterizado a nuestro sistema de justicia penal, pues considera que no todo lo anterior a la reforma constitucional es malo, antigarantista o ineficaz, sino que existen muchas cosas rescatables y reorientables, sobre todo si se atiende a nuestras tradiciones jurídicas, empezando con las bases constitucionales que han existido desde 1917 y que siguen orientando al sistema penal.

Pero, por otra parte, tampoco recepta mecanismos procesales sólo por el hecho de parecer novedosos, pues reconoce que las realidades de México son diferentes a los de otros países de la región latinoamericana y, con mayor razón, a los modelos de países anglosajones; por lo que, la iniciativa no pretende trasplantar sin más instituciones o estrategias político-criminales sólo porque en ellos han sido funcionales, sobre todo si esa funcionalidad obedece también a sus realidades socio-culturales, políticas y económicas, entre otras. El sistema que aquí se presenta es un sistema que, además de tratar de ajustarse a las realidades nacionales, procura responder a los reclamos de la sociedad mexicana y a las características del estado democrático de derecho, como formalmente es el Estado Mexicano. Pero, tampoco se desconoce que México ha suscrito diversos instrumentos internacionales, que tienen que ver con estrategias político-criminales para enfrentar a la delincuencia organizada y que también está obligado a observar; por lo que, tales instrumentos son igualmente considerados en la presente iniciativa, sobre todo para la investigación de los delitos.

c) Asimismo, ante las expectativas sociales de que los “juicios orales” deben ser la solución de muchos problemas que actualmente padece el sistema de justicia penal17, la iniciativa no los contempla para que sólo tengan una aplicación excepcional sino para que se apliquen al mayor número de casos, sobre todo a los más graves18. Con ello, se invierte el criterio que parece tener preferencia en las legislaciones procesales hasta ahora vigentes, que le da mayor importancia a las salidas alternas o a la aplicación de mecanismos alternativos de solución de controversias, como es el mecanismo de la “negociación”, que para algunos es la parte esencial del sistema procesal acusatorio, pues con ello se trata de evitar llegar al juicio oral.

La presente iniciativa no desconoce que el actual sistema penal se encuentra totalmente saturado y, por ello, resulta incapaz de atender al menos un porcentaje razonable de la enorme cantidad de problemas que se ha llevado a su ámbito de acción; pero rechaza la idea de construir, ante la oportunidad que proporcionan las bases constitucionales, un sistema procesal penal que de antemano reconoce su incapacidad para atender el mayor número de problemas penales que se le asignan, pues de otra manera no tendría sentido la reforma. Lo primero que habría que preguntarse, entonces, es si tiene sentido atribuirle al sistema penal un gran número de problemas sociales cuando de inicio se sabe que no los puede resolver. Sin embargo, si lo que se quiere con la aplicación de mecanismos alternos es despresurizar al actual sobresaturado sistema penal, entonces por qué no aprovechar la importante base que se introdujo en el artículo 17 constitucional, para diseñar y desarrollar todo un “sistema integral de justicia alternativa”, en el que se puedan aplicar los mecanismos alternativos de solución de conflictos y los criterios de la justicia restaurativa. Pero, para que dicho sistema pueda jugar un importante rol, se sugiere hacerlo de tal manera que de antemano un gran número de hechos menores sean llevados a ese ámbito, es decir, sacarlos del ámbito penal y darles el tratamiento propio de la justicia alternativa, dejando para el sistema de justicia penal únicamente los casos realmente graves; sólo así el sistema penal podrá desahogarse y estará en condiciones de cumplir con su importante misión.

Por otra parte, la sola idea de que los problemas tengan una solución rápida no debe ser motivo para olvidar la función que tienen las garantías y los derechos consagrados en el artículo 20 constitucional, como tampoco debe olvidarse que dicho artículo establece, a su vez, que “el proceso debe ser acusatorio y oral” y se regirá por una serie de principios fundamentales, ya que todo ello sólo puede hacerse realidad principalmente en el desarrollo del juicio oral.

d) Es evidente que lo anteriormente dicho, si es aceptado, no debe quedar sólo en la letra de la ley, es decir, no basta con el sólo generar la legislación procesal penal para que los objetivos constitucionales se alcancen por sí solos, sino que habrá que hacer muchas cosas más. Así como el Derecho penal material y los principios que lo rigen no pueden realizarse por sí mismos, sino que requieren de un procedimiento y ese procedimiento penal tiene que ser uno que garantice que todo individuo cuente con la defensa necesaria y adecuada y que no permita un ejercicio ilimitado o arbitrario del poder penal, igualmente estos y otros objetivos no se realizan por sí solos, sino que dependen del rol de los distintos actores procesales. Por ello, en la legislación que desarrolla el sistema procesal penal acusatorio deben quedar definidas y delimitadas con toda precisión las funciones que corresponden a cada uno de los sujetos principales que intervienen en la relación jurídica procesal penal, como son el ministerio público, el juzgador y el inculpado y su defensor, así como el rol que debe jugar la víctima del delito y su asesor jurídico.

Atendiendo a la trascendencia de la reforma constitucional de 2008, al elaborarse la presente iniciativa se procura establecer las bases y a los nuevos contenidos constitucionales la orientación y los alcances que efectiva y racionalmente se les quiso dar en una realidad como la nuestra; en otras palabras, trata de ajustarse a la Constitución Federal, para hacer efectivos sus importantes objetivos y, de esta suerte, contribuir a reducir, en la medida de lo posible, el espacio que tradicionalmente ha existido entre los preceptos constitucionales y la práctica procesal penal.

2. Búsqueda de la certeza y respeto de los derechos humanos:

a) El objetivo central del procedimiento penal en sus diversas etapas, según lo dispone la Constitución; por ello, tanto la etapa de investigación de los delitos como el proceso deben ser considerados no sólo como medios de lucha contra el crimen, para que los hechos denunciados se esclarezcan y el culpable no quede impune, sino también como medios para la búsqueda de la certeza y evitar las injusticias; precisamente porque la sociedad está tan interesada en que se castigue al culpable, como en que se absuelva al inocente19.

La búsqueda de la certeza de los hechos delictuosos y la determinación de los responsables no son incompatibles con el respeto de los derechos y de la dignidad del inculpado. Pero, por el contrario, el uso de la violencia física o moral no es ninguna garantía de certeza y puede conducir a la fabricación de culpables y a toda clase de atropellos. De ahí que, el juicio de reproche de la sociedad hacia el culpable debe llevarse a cabo por métodos irreprensibles, es decir, por medios irreprochables. Pues, es evidente que no se puede ni se debe combatir el crimen con otro crimen; lo antijurídico con la ilegalidad; ni la injusticia con otra injusticia.

b) Tampoco se considera válido argumentar que el respeto de los derechos humanos puede propiciar o agravar la impunidad, pues el respeto de los derechos humanos no se contrapone a que el órgano estatal sea eficaz. Si bien éste es uno de los más serios problemas de nuestro sistema de justicia penal, es obvio que el medio menos adecuado para combatirlo sea permitiendo autoritarismos y arbitrariedades, como lo demuestra la historia del proceso penal. La violación de derechos humanos podrá permitir a las autoridades investigadoras fabricar culpables con cierta facilidad, pero es evidente que con esto no se combate la impunidad, sino que se crea otra: la de esas autoridades; con ello no se contribuye a la lucha contra el crimen, sino a la pérdida de la legitimidad y confianza en las autoridades y en el propio sistema penal. El problema de la impunidad no se origina por el hecho de exigir observancia de los derechos humanos al órgano estatal; por tanto, combatir la impunidad no debe implicar reducción o inobservancia de tales derechos, sino una mayor atención en el mejoramiento de la calidad humana y técnica de quienes tienen la función de llevar a cabo las investigaciones de los delitos, superando los métodos de investigación y estableciendo sistemas eficaces para exigir responsabilidad a quienes incumplen con sus obligaciones. Pero, paradójicamente, es en la etapa de investigación de los delitos donde se ha observado menos apego a los derechos humanos y donde se dan los mayores porcentajes de impunidad.

Por ello, es clara la mayor atención que debe ponerse en la investigación de los delitos, no para desmantelarla o reducirle poderes al Ministerio Público sino para que ella se lleve a cabo con el más estricto respeto a los derechos humanos; pero, también con la mayor exigencia de combatir la impunidad, pues sólo de esa manera el sistema penal podrá ser considerado como uno de los instrumentos adecuados para lograr la tutela de los bienes jurídicos frente al delito20. De ahí que, en el nuevo sistema procesal penal que se desarrolla en el proyecto de CFPP se procura, por una parte, fortalecer la ideología que se introdujo desde la reforma de 1993 al artículo 20 de la Constitución, que estableció que las garantías del inculpado deben ser observadas no solamente en el proceso propiamente dicho sino también en la averiguación previa, es decir, desde la etapa de investigación de los delitos; pero, por otra, en el entendido de que ello no debe mermar la capacidad del Ministerio Público para cumplir con su función constitucional de investigar y perseguir los delitos de manera eficaz y atender los intereses de las víctimas21. En otras palabras, se le asigna a la etapa de investigación de los delitos la importancia que debe tener, sobre todo porque es la parte del procedimiento penal que mayormente tiene que ver con las expectativas de la sociedad, sobre todo de las víctimas, ante el problema de la delincuencia y de la inseguridad que actualmente prevalece.

c) Ahora bien, el apego a los derechos humanos exige que no sólo el proceso penal, propiamente dicho, sino también la investigación de los delitos se sometan plenamente al principio de legalidad, de tal modo que las actuaciones del Ministerio Público y de sus auxiliares (policías y peritos) se ajusten a las normas aplicables. Por lo que, sin menoscabo del margen necesario de discrecionalidad que requieren para lograr resultados efectivos, las investigaciones no deben ser motivo de arbitrariedades o atropellos, que muchas veces resultan tan lesivos o más que los delitos que se persiguen. Para lograr esta sujeción al principio de legalidad, es preciso, además, que el Ministerio Público asuma real y responsablemente su rol de ser el titular de la investigación y que someta a sus instrucciones y controles reales la actuación de la Policía Ministerial o de Investigación, para que ésta se vea igualmente sometida al principio de legalidad y observe ampliamente los derechos que corresponden al indiciado.

Pero, por otra parte, la observancia del principio de legalidad exige el mayor cuidado en la previsión de los criterios de oportunidad, cuya aplicación por el Ministerio Público ahora permite expresamente el artículo 21 constitucional, para no vulnerar aquel principio fundamental. Por ello, la presente iniciativa establece con bastante claridad los supuestos y las condiciones para la aplicación de criterios de oportunidad, para evitar que el Ministerio Público abuse de esta figura, sobre todo si se la combina con mecanismos alternativos como el de la negociación.

3. Fortalecimiento del papel de la víctima u ofendido:

Como se observará del contenido de la presente iniciativa, también ha sido propósito fundamental el de fortalecer los derechos de la víctima u ofendido del delito, quien pese a ser el titular del bien jurídico lesionado o puesto en peligro por el delito, o la persona que resiente directamente los efectos del delito, ha venido siendo marginado de la averiguación previa y del proceso, como si ningún interés legítimo tuviera que defender. Por ello, atendiendo al nuevo texto del apartado C del artículo 20 constitucional, se procura darle una intervención más amplia a la víctima, al ofendido y a su asesor legal, tanto en la etapa de investigación como durante el proceso, para que aporten directamente las pruebas, ya sea para el ejercicio de la acción penal o para la acreditación de los presupuestos necesarios para la imposición de una pena o medida de seguridad, así como para el aseguramiento o la restitución de sus derechos y el embargo precautorio para garantizar la reparación de los daños y perjuicios. Asimismo, se precisan los casos y las condiciones para que la víctima pueda acudir directamente ante la autoridad judicial para promover la acción penal; entre otras acciones.

V.- ESTRUCTURA DEL PROYECTO DE CODIGO FEDERAL
DE PROCEDIMIENTOS PENALES

El Código Federal de Procedimientos Penales que se propone a través de la presente iniciativa es la siguiente:

1. El Código Federal de Procedimientos Penales consta de tres Libros: a) Disposiciones Generales, b) Procedimiento Penal Ordinario, y c) Procedimientos Especiales.

2. El Libro Primero consta de cuatro Títulos. El Título Primero contiene la naturaleza, función y aplicación del Código de Procedimientos Penales. En el Título Segundo se establecen los principios, garantías y derechos procesales. El Título Tercero se refiere a los sujetos procesales y a los sujetos auxiliares dentro del procedimiento penal. Finalmente, el Título Cuarto hace referencia a los actos procesales.

3. El Libro Segundo consta de cinco Títulos. El Título Primero hace referencia a las disposiciones generales del procedimiento penal ordinario. El Título segundo se refiere a la investigación de los delitos. El Título Tercero establece las características de la acción penal, los criterios de oportunidad y los Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos. El Título Cuarto regula el proceso penal. Finalmente, el Título Quinto establece los medios de impugnación.

4. El Libro Tercero consta de dos Títulos. El Título Primero establece las disposiciones generales aplicables a los procedimientos especiales. El Título Segundo se refiere a los procedimientos especiales en particular.

5. Finalmente, el cuerpo normativo propuesto establece el régimen transitorio que deberá de regular la vacatio legis que resulte de la aprobación del presente Código, así como los actos legislativos que deberán de efectuarse a fin de armonizar las leyes afectadas por su expedición.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, los suscritos sometemos a consideración de esta Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO QUE EXPIDE EL CODIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES

CODIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES
LIBRO PRIMERO DISPOSICIONES GENERALES

TITULO PRIMERO
NATURALEZA, FUNCION Y APLICACION DE LA
LEGISLACION PROCESAL PENAL

CAPITULO I
NATURALEZA Y FUNCION DE LA LEY

Artículo 1. Naturaleza de la ley

El presente Código, como parte fundamental de la legislación que integra el sistema de justicia penal, es de orden público, de interés social y de observancia general y obligatoria para quienes tienen la función de aplicarlo y para quienes se someten a él.

Artículo 2. Función de la ley

El presente Código Federal de Procedimientos Penales tiene como función:

I. Desarrollar las bases y los principios del sistema procesal acusatorio y oral que prevé la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;

II. Desarrollar los derechos, principios y garantías de los inculpados y de las víctimas u ofendidos del delito previstos en la Constitución Política y en los instrumentos internacionales sobre la materia, para que sean efectiva y debidamente observados y aplicados en las respectivas etapas del procedimiento penal;

III. Establecer las medidas y mecanismos que aseguren a toda persona el acceso a la justicia, para resolver sus conflictos de carácter penal y que los daños causados por el delito sean reparados;

IV. Prever los mecanismos y técnicas de investigación que permitan esclarecer los hechos penalmente relevantes de que tenga conocimiento la autoridad, establecer quién los cometió o participó en su comisión y, en su caso, determinar si se procede o no en su contra, para procurar que el culpable no quede impune y se proteja al inocente;

V. Señalar los medios que permitan acreditar los elementos del delito de que se trate, así como acreditar si el procesado es culpable o no del mismo y, por ende, si se afirman o no los presupuestos necesarios para la imposición de una pena o de una medida de seguridad;

VI. Establecer los criterios que deberá observar el juzgador para la determinación, individualización, modificación y duración de la pena, de acuerdo con las reglas generales previstas en el Código Penal Federal;

VII. Señalar las atribuciones que corresponden a las autoridades competentes y los roles de los distintos actores que intervienen en el proceso penal, precisando los alcances o límites de sus respectivas intervenciones y garantizando los derechos que la Constitución Política consagra para cada uno de ellos;

VIII. Prever mecanismos alternativos de solución de conflictos penales, así como los supuestos y condiciones de su aplicación, permitiendo con ello que la procuración y la impartición de justicia penal sea expedita e imparcial y se realice dentro de los plazos y términos fijados por la Constitución, y

IX. Regular todas aquellas medidas que sean necesarias para hacer realidad los objetivos del sistema procesal penal, atendiendo a las bases establecidas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

CAPITULO SEGUNDO
AMBITOS DE APLICACION DE LA LEY PROCESAL PENAL

Artículo 3. Ambitos de aplicación espacial y material

Este Código se aplicará en toda la República Mexicana para los procedimientos penales que se desarrollen por los delitos que sean de la competencia de los tribunales federales; por lo que, establecerá las reglas que habrán de observarse en la investigación, persecución, juzgamiento y sanción de dichos delitos, con base en los principios, garantías y derechos consagrados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Asimismo, el Código se aplicará para los mecanismos alternativos que sean necesarios para la solución de conflictos penales, con la finalidad de posibilitar que las víctimas u ofendidos del delito obtengan pronta satisfacción de sus intereses afectados, señalando los casos y las condiciones en que dichos mecanismos se aplicarán.

Artículo 4. Aplicación extraterritorial

Este Código también se aplicará para la investigación, persecución, procesamiento o sanción de delitos federales cometidos:

I. En el extranjero y produzcan efectos en el territorio de la República;

II. En los consulados mexicanos o en contra de su personal, cuando no hubieren sido juzgados en el país en que se cometieron;

III. En el extranjero por mexicanos o contra mexicanos, si concurren los requisitos señalados por el Código Penal Federal, y

IV. En los demás casos establecidos por el Código Penal Federal.

Artículo 5. Ámbito de aplicación personal

Las disposiciones de este Código se aplicarán a todas las personas a partir de los dieciocho años de edad, que cometan o hayan participado en la comisión de delitos federales, con las salvedades previstas en otras leyes aplicables.

Artículo 6. Aplicación subsidiaria del Código

Igualmente, las disposiciones generales de este Código se aplicarán de manera subsidiaria, en lo conducente, en tanto otras leyes procesales hagan expresa referencia a ellas o cuando no contengan las disposiciones aplicables.

Artículo 7. Aplicación del Código por razón de conexidad

Las disposiciones de este Código también se aplicarán para la investigación, persecución, procesamiento o sanción de delitos del fuero común si ellos tienen conexidad con delitos federales por razón de concurso de delitos y el Ministerio Público de la Federación ejerce su facultad de atracción, en los términos de esta ley.

Artículo 8. Aplicación del Código en casos de jurisdicción concurrente

En los casos de jurisdicción concurrente con la local previstos por este Código u otras leyes federales, la aplicación de las disposiciones de este Código se hará sin menoscabo de lo dispuesto por el artículo 23 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

TITULO SEGUNDO
PRINCIPIOS, GARANTIAS Y DERECHOS PROCESALES

Artículo 9. Observancia de principios y garantías procesales

El desarrollo del procedimiento penal y la actuación de los sujetos procesales que en él intervienen, de acuerdo a sus respectivas atribuciones, se regirán por los principios y garantías procesales establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los Tratados y Convenios Internacionales suscritos por México, en este Código y en otras leyes penales federales aplicables.

La inobservancia de alguno de esos principios o garantías sólo podrá hacerse valer en beneficio de aquél a quien ampara, y hará responsable al que los desatienda, si con ello se afecta la libertad o se limitan los derechos del inculpado, de la víctima o del ofendido. La ley determinará las consecuencias que se derivan de la inobservancia de los principios y garantías a que se refiere este Código.

Artículo 10. Derechos del inculpado

El inculpado gozará de los derechos que le otorgan la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los Tratados y Convenios Internacionales suscritos por México y las leyes penales federales, incluyendo este Código, y podrá ejercerlos, según proceda, desde el momento en que se inicie una investigación en su contra o desde el momento en que se afecte o restrinja su libertad, hasta la terminación del procedimiento y la extinción de la pena o medida de seguridad.

El Ministerio Público de la Federación y el juzgador, en las distintas etapas del procedimiento en que tengan intervención, según sus respectivas atribuciones, cuidarán que el inculpado conozca los cargos que se le hacen, cuente con defensa adecuada y ejerza, de la manera más amplia, los derechos que la ley otorga, en los términos de este Código.

Las disposiciones de la ley que afecten la libertad del inculpado o limiten el ejercicio de sus derechos, se interpretarán restrictivamente.

Artículo 11. Derechos de la víctima y del ofendido

Asimismo, la víctima y el ofendido del delito gozarán de los derechos que les otorgan la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los Tratados y Convenios Internacionales suscritos por México y las leyes penales federales, incluyendo este Código, y podrán hacerlos valer desde el momento en que los hechos son puestos en conocimiento del Ministerio Público de la Federación hasta la terminación del procedimiento o hasta que sus intereses hubieren sido satisfechos.

El Ministerio Público de la Federación y el juzgador, en sus respectivas intervenciones, dictarán las medidas necesarias para la atención de los legítimos intereses y derechos de la víctima y del ofendido y sus derechohabientes, escuchando sus pretensiones y restituyéndoles, en su caso, en el ejercicio de los derechos y el disfrute de los bienes afectados por el delito, conforme a las previsiones de la ley. Igualmente, cuidarán de que cuenten con asesoría jurídica adecuada, así como atención médica de urgencia cuando lo requieran, en los términos de este Código.

TITULO TERCERO
SUJETOS PROCESALES Y SUJETOS AUXILIARES

Artículo 12. Sujetos del procedimiento penal

Son sujetos del procedimiento penal:

I. La víctima y el ofendido;

II. El inculpado;

III. El defensor;

IV. El Ministerio Público de la Federación;

V. El juez de control;

VI. El juez de la audiencia oral y de sentencia;

VII. El juez de ejecución de sentencias, y

VIII. Los sujetos auxiliares, así como otros a quienes este Código reconozca el carácter de sujeto.

CAPITULO I
LA VICTIMA Y EL OFENDIDO DEL DELITO Y SUS DERECHOS

Artículo 13. Víctima y ofendido directo del delito

Para los efectos de este Código, se considera víctima al sujeto sobre el que recae la conducta típica del inculpado, sea o no titular del bien jurídico, y ofendido al titular del bien jurídico lesionado o puesto en peligro por la acción u omisión prevista en la ley penal como delito; por lo que, en algunos casos estas caracterizaciones pueden recaer en el mismo sujeto.

El sujeto también podrá ser considerado víctima u ofendido, con independencia de que se identifique, aprehenda, enjuicie o condene al autor del delito, e independientemente de la relación que exista entre éste y aquéllos.

Artículo 14. Ofendidos indirectos

Se consideran ofendidos indirectos a los familiares de la víctima, así como a cualquier otra persona que tenga o haya tenido relación o convivencia con la misma, si han sufrido o se encuentran en situación de riesgo de sufrir algún daño por motivo de la comisión de algún delito.

Artículo 15. Derechos de la víctima y del ofendido

Con base en lo dispuesto en el artículo 20, apartado C) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en el presente Código, las víctimas o los ofendidos por la comisión de un delito tendrán, en la etapa de la investigación o en el proceso, según corresponda, los siguientes derechos:

I. A que el Ministerio Público Federal y sus auxiliares, y el juez, les faciliten el acceso a la justicia y les presten los servicios que constitucionalmente tienen encomendados, con legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad, profesionalismo, eficiencia y eficacia y con la máxima diligencia;

II. A que los servidores públicos del sistema de justicia penal los traten con la atención y respeto debido a su dignidad humana, absteniéndose de cualquier acto u omisión que cause la suspensión o deficiencia de dicho servicio, abuso o ejercicio indebido de la autoridad;

III. A que ningún servidor público por sí o por interpósita persona les soliciten, acepten o reciban, beneficios adicionales a las contraprestaciones comprobables que el Estado les otorga por el desempeño de su función;

IV. A que se les procure justicia de manera pronta, gratuita e imparcial respecto de sus denuncias o querellas, practicando todas las diligencias necesarias para integrar el procedimiento;

V. A recibir asesoría jurídica por parte del Ministerio Público Federal respecto de sus denuncias o querellas y, en su caso, a recibir servicio de intérpretes traductores cuando pertenezcan a un grupo étnico o pueblo indígena, no conozcan o no comprendan bien el idioma español, o padezcan alguna incapacidad que les impida oír o hablar. En todo caso, deberán ser informados claramente del significado y la trascendencia jurídica del perdón, en el caso de que deseen otorgarlo.

VI. A ser informados de los derechos que en su favor establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y este Código y, cuando lo soliciten, a ser informados del desarrollo del procedimiento penal en cada una de sus etapas;

VII. A presentar denuncia o querella por hechos probablemente constitutivos de delito y a que el Ministerio Público Federal las reciba; a ratificar la denuncia o querella, exhibiendo para ello identificación oficial u ofreciendo los testigos de identidad idóneos; a recibir en forma gratuita copia simple de su denuncia o querella ratificada debidamente o copia certificada cuando la solicite;

VIII. A contar con todas las facilidades para identificar al probable responsable de la comisión del delito;
IX. A coadyuvar con el Ministerio Público Federal tanto en la etapa de investigación como en el desarrollo del proceso. En el ejercicio de esta garantía, tendrán derecho a que se les reciban todos los datos o elementos de prueba con los que cuenten, conducentes a acreditar los requisitos necesarios para el ejercicio de la acción penal, los presupuestos necesarios para la imposición de la pena y la determinación del monto del daño y de su reparación, así como para que el Ministerio Público Federal y el juez integren dichos datos a los autos, y a ser informados sobre el estado y avance de la investigación del delito y del proceso, pudiendo acceder a los autos;

X. A intervenir en el juicio e interponer los recursos en los términos que prevea este Código.

Cuando el Ministerio Público Federal o juez consideren que no es necesario el desahogo de la diligencia, deberán fundar y motivar su negativa;

XI. A recibir, desde la comisión del delito, atención médica y psicológica de urgencia, así como a que se les preste protección frente a probables hostigamientos, amenazas o atentados en su contra o de sus familiares;

XII. A que se le repare el daño causado por el delito. En los casos en que sea procedente, el Ministerio Público Federal estará obligado a solicitar la reparación del daño, sin menoscabo de que la víctima o el ofendido lo puedan solicitar directamente, y el juzgador no podrá absolver al sentenciado de dicha reparación si ha emitido una sentencia condenatoria;

XIII. Al resguardo de su identidad y de otros datos personales en los siguientes casos: cuando sean menores de edad; cuando se trate de delitos de violación, secuestro o delincuencia organizada, y cuando a juicio del juzgador sea necesario para su protección, salvaguardando en todo caso los derechos de la defensa; El Ministerio Público Federal deberá garantizar la protección de víctimas, ofendidos, testigos y en general todas los sujetos que intervengan en la etapa de investigación o en el proceso. Los jueces deberán vigilar el buen cumplimiento de esta obligación;

XIV. A que se realice el reconocimiento o diligencia de identificación o confrontación en un lugar en el que no puedan ser vistos o identificados por el inculpado. En los casos de delitos que por su naturaleza así lo exijan, o en los que la víctima sea menor de edad, el Ministerio Público Federal o el Juez de oficio deberán acordar que la diligencia de confronta o identificación se efectúe en un lugar donde no puedan ser vistos o identificados por el inculpado;

XV. A que el interrogatorio que deba hacérseles se realice con respeto de su situación personal, derechos y dignidad; y, cuando sea necesario para su protección, el juez podrá en forma excepcional decretar que durante su intervención la diligencia se celebre a puerta cerrada;

XVI. A solicitar las medidas cautelares y providencias necesarias para la protección y restitución de sus derechos;

XVII. A impugnar ante autoridad judicial las omisiones del Ministerio Público Federal en la investigación de los delitos, así como las resoluciones de reserva, no ejercicio, desistimiento de la acción penal o suspensión del procedimiento cuando no esté satisfecha la reparación del daño;

XVIII. A ejercer acción penal en los casos y condiciones a que se refiere este Código; y

XIX. Los demás que señale este Código o alguna otra ley aplicable.

Para el ejercicio de sus derechos no es obligatorio que las víctimas o los ofendidos estén representados por un abogado o asesor jurídico; sin embargo, para intervenir en las audiencias respectivas tendrán que ser asistidos por un profesional del derecho debidamente autorizado. Si la víctima o el ofendido no contaren con medios suficientes para contratar un abogado a fin de intervenir en las audiencias, previa solicitud y comprobación sumaria de la necesidad, la autoridad les designará uno de oficio.
Artículo 16. Obligación de informar a la víctima u ofendido de sus derechos

El Ministerio Público Federal y el juzgador informarán a la víctima y al ofendido sobre sus derechos, cuando ellos realicen la denuncia o tengan intervención en el proceso. Asimismo, dictarán las medidas necesarias para la atención de los legítimos intereses y derechos de la víctima y del ofendido y sus derechohabientes, escuchando sus pretensiones y, en su caso, restituyéndoles en el ejercicio de los derechos y el disfrute de los bienes afectados por el delito, conforme a las previsiones de este Código. Igualmente, cuidarán de que cuenten con asesoría jurídica adecuada, así como atención médica de urgencia cuando lo requieran.

Artículo 17. Discrepancias entre la víctima, ofendido y su asesor legal

Cuando surjan discrepancias entre el ofendido o la víctima y su asesor legal, prevalecerá la decisión del ofendido, o de la víctima, en su caso, a no ser que exista mandamiento legal expreso en otro sentido.

CAPITULO II
EL INCULPADO Y SUS DERECHOS

Artículo 18. Concepto de inculpado

Tiene carácter genérico de inculpado la persona a quien se le imputa la comisión de un delito, ya sea como autor o como partícipe del mismo, tanto en la etapa de investigación como en el proceso. El inculpado es sujeto del procedimiento durante la etapa de investigación del delito y parte en el proceso penal.

No obstante lo previsto en el párrafo anterior, para los efectos de este Código también podrá utilizarse los siguientes términos, según la etapa del procedimiento de que se trate:

a) Denunciado.- Se entenderá por denunciado a la persona señalada por otra ante el Ministerio Público como participante en la comisión de un hecho que reviste caracteres de delito.

b) Indiciado.- Se entenderá por indiciado a la persona contra quien existe la sospecha de que cometió el hecho o participó en su comisión.

c) Imputado.- Se entenderá por imputado a la persona señalada por una autoridad de investigación como probable responsable de un hecho que la ley señala como delito, luego de la evaluación de la denuncia o de oficio. Tendrá dicha calidad desde la primera actuación del procedimiento dirigido en su contra y hasta que el Ministerio Publico lo acuse formalmente ante al juez de control. Pueden hacer la imputación el Ministerio Público Federal, la policía, y el acusador privado, en los casos que la ley autorice.

d) Acusado.- Se entenderá por acusado a la persona contra la cual se ha presentado acusación por el Ministerio Publico ante el juez de control y contra la que se ha dictado auto de vinculación a proceso, en cuyo caso también se le llamará procesado.

Asimismo, los inculpados podrán ser caracterizados como procesados, enjuiciados o sentenciados, según el caso.

Artículo 19. Derechos y garantías del inculpado

El inculpado tendrá, durante la etapa de investigación y el proceso, respectivamente, los siguientes derechos y garantías:

I. A ser informado tanto en el momento de su detención como en su comparecencia ante el Ministerio Público Federal o el juez, según proceda, de los hechos que se le imputan y del nombre del denunciante o querellante; de los derechos que le asisten y que le otorgan la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los Tratados y Convenios Internacionales suscritos por México, este Código y demás leyes penales federales aplicables; así como de los demás datos que requiera para su defensa;
II. A ser informado que puede guardar silencio y que todo lo que diga puede ser valorado probatoriamente en su perjuicio;

III. A declarar o abstenerse de hacerlo, si así lo desea. En caso de que esté detenido y decida declarar, lo hará asistido por su defensor y el Ministerio Público Federal ordenará que sea examinado por los médicos legistas antes y después de su declaración, para constatar si no ha sido objeto de violencia. En caso de comparecencia, igualmente se le hará saber su derecho a guardar silencio, el cual no podrá ser utilizado en su perjuicio. La confesión rendida sin la asistencia del defensor carecerá de todo valor probatorio;

IV. A no ser incomunicado, intimidado o torturado; toda incomunicación, intimidación o tortura será sancionada por la ley penal;

V. A contar en todo momento con una defensa adecuada por abogado al cual elegirá libremente. Si no quiere o no puede nombrar defensor después de haber sido requerido para hacerlo, la autoridad ministerial o judicial le designará desde luego un defensor público, en los términos de este Código;

VI. A ser asistido por su defensor cuando declare, y que aquél comparezca en todos los actos del proceso.

VII. A que se presuma su inocencia con relación al hecho que se le atribuye, mientras no se declare su culpabilidad mediante sentencia emitida por el juez de la causa;

VIII. A que sólo pueda ser puesto en prisión preventiva cuando el juez lo determine, a solicitud del Ministerio Público Federal, y siempre que éste acredite que otras medidas cautelares no son suficientes para garantizar la comparecencia del inculpado en el juicio, o en el desarrollo de la investigación, o para garantizar la protección de la víctima, de los testigos o de la comunidad, así como cuando el procesado esté siendo procesado o haya sido sentenciado previamente por la comisión de un delito doloso;

IX. A ser asistido por perito o traductor, cuando se acredite la necesidad de la medida. Cuando el inculpado fuere un indígena o extranjero, que no hable o no entienda suficientemente el idioma español, se le designará un intérprete que le hará saber los derechos a que se refiere este artículo. Si se tratare de un extranjero, la detención se comunicará de inmediato a la representación diplomática o consular que corresponda, para los efectos legales procedentes;

X. A comunicarse con las personas que solicite, utilizando el teléfono o cualquier otro medio de que se disponga, para permitir su localización;

XI. A que le sean facilitados los datos que solicite para su defensa y que consten en autos. El inculpado y su defensor tendrán acceso a los registros de la investigación cuando pretenda recibírsele declaración o entrevistarlo. Asimismo, antes de su primera comparecencia ante juez podrán consultar dichos registros, con la oportunidad debida para preparar la defensa. A partir de este momento no podrán mantenerse en reserva las actuaciones de la investigación, salvo los casos excepcionales expresamente señalados en la ley cuando ello sea imprescindible para salvaguardar el éxito de la investigación y siempre que sean oportunamente revelados para no afectar el derecho de defensa;

XII. A que se le reciban los testigos y los demás medios de prueba que ofrezca, concediéndosele el tiempo que la ley estime necesario para el efecto y auxiliándosele para obtener la comparecencia de las personas cuyo testimonio solicite, los cuales serán tomados en cuenta para dictar la resolución que corresponda;
XIII. A ser careado con los testigos que depongan en su contra, los que declararán en su presencia si estuviesen en el lugar del juicio, para que pueda hacerles todas las preguntas conducentes a su defensa;

XIV. A ser juzgado en audiencia pública por un juez o tribunal antes de cuatro meses si se tratare de delitos cuya pena máxima no exceda de dos años de prisión, y antes de un año si la pena excediere de ese tiempo, salvo que solicite mayor plazo para su defensa. La publicidad sólo podrá restringirse por razones de seguridad, protección de las víctimas, testigos y menores, cuando se ponga en riesgo la revelación de datos legalmente protegidos, o cuando el tribunal estime que existen razones fundadas para justificarlo, y

XV. A los demás que señale la Ley.

CAPITULO III
EL DEFENSOR

Artículo 20. Designación de defensor particular

El inculpado podrá designar al defensor particular que estime conveniente, así como de revocarle la designación y sustituirlo libremente por otro. El defensor particular designado deberá manifestar si acepta o no el cargo y, en caso afirmativo, protestar su leal desempeño.

Sólo podrán ser defensores, o representantes de las partes en las distintas etapas del procedimiento, los abogados autorizados por las leyes respectivas para ejercer la profesión. Para tal efecto, deberán consignar, en los escritos o actos en que figuren, la dependencia oficial que los avala y el número de registro de la cédula correspondiente; mientras no se cumpla con ese requisito las gestiones que realicen no se atenderán.

Cuando el inculpado designe a varios defensores, señalará cuál de ellos llevará la representación de todos; si no lo hace, la autoridad competente lo designará.

Artículo 21. Defensor común

Los inculpados en un mismo proceso penal podrán designar a un defensor común, siempre y cuando no existan intereses contrapuestos entre ellos a juicio del juez.

Artículo 22. Nombramiento del defensor público

Cuando el inculpado no quiera o no designe defensor particular, o asuma su propia defensa, el Ministerio Público Federal o el juzgador, en su caso, le nombrarán un defensor público que lleve la representación de la defensa.

Artículo 23. Permanencia y renuncia del defensor

El defensor designado en la etapa de investigación seguirá teniendo tal carácter en todas las instancias del proceso, mientras no se haga nuevo nombramiento.

En caso de que el defensor particular renuncie al cargo o el inculpado le revoque el nombramiento sin designar a otro, la autoridad correspondiente le designará de inmediato al defensor público, en los términos de este Código. El defensor que renuncia no podrá abandonar la defensa mientras su reemplazante no intervenga. No se podrá renunciar durante las audiencias ni una vez notificado del señalamiento de ellas, salvo por causa justificada.

Si el defensor abandona la defensa sin causa justificada o deja al inculpado sin asistencia técnica, se nombrará uno público y aquél no podrá ser nombrado nuevamente, sin menoscabo de la sanción que por ese hecho prevea la ley penal. La decisión se comunicará al inculpado, y se le instruirá sobre su derecho de designar otro defensor.
Cuando el abandono ocurra antes de iniciarse el juicio, podrá aplazarse su comienzo, por un plazo razonable a juicio del juez para la adecuada preparación de la defensa, considerando la complejidad del caso, las circunstancias del abandono, las posibilidades de aplazamiento y el fundamento de la solicitud del nuevo defensor.

Si el defensor designado por el inculpado no acepta o no se encuentra presente antes de iniciar la primera diligencia, el Ministerio Público Federal o el juzgador, en su caso, le nombrarán uno público, que entrará de inmediato al desempeño de su función, en tanto aquél comparece y acepta el cargo.

Artículo 24. Impedimento para ser defensor

A juicio de la autoridad competente, podrá no admitirse la intervención de un defensor en las diligencias, cuando él haya sido testigo del hecho o cuando fuere coinculpado de su defendido, sentenciado por el mismo hecho concreto, o inculpado de encubrimiento del hecho que se le atribuye a aquél. En estos casos el inculpado podrá designar nuevo defensor, y si no lo hiciere o no existiere otro defensor, se le designará uno público.

Artículo 25. Derechos del defensor

Son derechos del defensor:

I. Consultar el material probatorio tanto en la etapa de la investigación del delito como durante el proceso, así como obtener las copias y certificaciones que solicite sobre dicho material;

II. Comunicarse directa y personalmente con el inculpado, en todo momento, y que sus comunicaciones con aquél no sean interceptadas;

III. Ejercer plenamente la defensa del inculpado, y

IV. Los demás que señalen este Código y otras leyes aplicables.

Artículo 26. Obligaciones del defensor

Son obligaciones del defensor:

I. Asesorar al inculpado sobre la naturaleza y las consecuencias jurídicas de los hechos que se le imputan;

II. Estar presente e intervenir en la etapa de investigación, desde la formulación de la denuncia o la querella respectiva, y en todas las audiencias ante el juez de control y ante el juez del juicio, conforme a la naturaleza de las correspondientes diligencias;

III. Ofrecer y aportar las pruebas necesarias para la defensa del inculpado;

IV. Hacer valer aquellas circunstancias que en la etapa de investigación o en el proceso favorezcan la defensa del inculpado;

V. Formular las conclusiones en los términos y plazos previstos en este Código;

VI. Interponer los medios de impugnación necesarios para la defensa del inculpado;

VII. Promover todos aquellos actos procesales que sean necesarios para el desarrollo normal del proceso y el pronunciamiento de la sentencia, y

VIII. Los demás que señalen este Código y otras leyes aplicables.

Sólo con autorización expresa del inculpado podrá el defensor desistirse de los recursos y de las pruebas ofrecidas.
Artículo 27. Incumplimiento del defensor a sus obligaciones

Cuando la autoridad correspondiente notare que el defensor incumple alguna de las obligaciones señaladas en el artículo anterior, podrá imponerle una medida de apremio o, en su caso, denunciarlo al Ministerio Público Federal. Si el defensor fuere público, la autoridad deberá, además, hacerlo saber al superior de aquél, señalándole el incumplimiento en que el defensor hubiere incurrido. Lo anterior, sin menoscabo del derecho que pueda corresponder al inculpado para denunciar o reclamar la responsabilidad que, en su caso, resulte al defensor.

Artículo 28. Discrepancias entre el inculpado y su defensor

La intervención del defensor no menoscaba el derecho del inculpado de intervenir a formular peticiones y hacer observaciones por sí mismo.

Cuando surjan discrepancias entre el inculpado y su defensor, prevalecerá la decisión del inculpado, si ello no lo perjudica, a no ser que exista mandamiento legal expreso en otro sentido.

CAPITULO IV
EL MINISTERIO PUBLICO Y LA POLICIA FEDERALES

Artículo 29. Funciones del Ministerio Público y de la policías

La investigación de los delitos federales y de la responsabilidad de sus autores o partícipes compete al Ministerio Público y a las policías federales. En el ejercicio de esa función investigatoria que le atribuye el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la policía actuará siempre bajo la conducción y mando del Ministerio Público Federal.

Asimismo, corresponde al Ministerio Público Federal el ejercicio de la acción penal ante los tribunales, sin perjuicio de que también los particulares podrán hacerlo en los casos y con los requisitos que determine este Código. Para determinar el ejercicio de la acción penal el Ministerio Público Federal podrá aplicar criterios de oportunidad, en los supuestos y condiciones previstos en este Código.

Corresponde también al Ministerio Público Federal participar en el proceso penal, para sostener la acción penal y la acusación ante los tribunales, de acuerdo con las disposiciones legales aplicables.

Artículo 30. Atribuciones del Ministerio Público Federal en la etapa de investigación

En la etapa de investigación de los delitos corresponde al Ministerio Público Federal las siguientes atribuciones:

I. Recibir las denuncias y querellas que le presenten en forma oral o escrita sobre hechos que pueden constituir delito;

II. Iniciar la investigación correspondiente cuando así proceda; realizar u ordenar la recolección de indicios y medios de prueba que deberán servir para sus respectivas resoluciones y las del juez de control, así como los que podrán ser aportados al juicio para demostrar tanto el injusto penal como la culpabilidad de los inculpados; asimismo, investigar los datos aportados por el imputado o acusado y los solicitados por la defensa cuando sean posibles y razonables;

III. Conducir la actuación de la policía en la realización de la función investigatoria y ordenarle la práctica de los actos conducentes a recabar los datos necesarios que permitan establecer que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito y que existe la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión;

IV. Recabar los elementos necesarios que determinen el daño causado por el delito y la cuantificación del mismo para los efectos de su reparación;
V. Acordar la detención o retención de los indiciados cuando así proceda según el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;

VI. Conceder, cuando proceda, la libertad provisional bajo caución al inculpado;

VII. Solicitar a la autoridad jurisdiccional las medidas precautorias de arraigo del inculpado, o de aseguramiento o embargo de bienes, que resulten indispensables para el esclarecimiento de los hechos, así como las órdenes de cateo que procedan, en los términos de este Código, si se cumplen los requisitos que señala el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;

VIII. Promover el procedimiento de extinción de dominio de aquellos bienes que se encuentren en los supuestos señalados por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, recabando el material probatorio que será utilizado en dichos casos y en los términos de la ley aplicable;

IX. Dictar las medidas y providencias necesarias para proporcionar seguridad y auxilio a las víctimas del delito;

X. Asegurar o restituir al ofendido en sus derechos en los términos de este Código;

XI. Determinar la reserva de la investigación previa, el no ejercicio o desistimiento de la acción penal cuando así proceda legalmente, debiendo notificar al denunciante o querellante sobre dicha resolución para los efectos de los derechos que a ellos corresponda;

XII. Aplicar, cuando sea estrictamente necesario, criterios de oportunidad para el ejercicio de la acción penal, en los supuestos y condiciones que establezca este Código;

XIII. Promover la conciliación de las partes, así como la aplicación de otros mecanismos alternativos de solución del conflicto que ha sido objeto de la denuncia o querella, en los casos y condiciones previstos por la ley;

XIV. Vigilar que en toda investigación de los delitos se cumpla estrictamente con los derechos y garantías fundamentales reconocidos en la Constitución Política y en instrumentos jurídicos internacionales ratificados por México, y

XV. Las demás que señalen la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes aplicables.

Artículo 31. Facultades del Ministerio Público Federal en el ejercicio de la acción penal y durante el proceso

En el ejercicio de la acción penal y durante el proceso, según proceda, corresponde al Ministerio Público Federal:

I. Promover la iniciación del proceso, a través del ejercicio de la acción penal y la vinculación a proceso, y participar en él hasta la sentencia definitiva;

II. Poner a los detenidos a disposición de la autoridad competente conforme a las previsiones constitucionales aplicables;

III. Solicitar que el inculpado que se encuentra detenido y ha sido puesto a disposición del juez de control sea vinculado a proceso;

IV. Solicitar ante el juez de control las órdenes de aprehensión o de comparecencia que correspondan, las medidas precautorias que constitucionalmente procedan y que no haya solicitado durante la etapa de investigación, si se cumplen los requisitos para ello;
V. Ofrecer y aportar las pruebas que serán objeto de discusión y valoración en la fase del juicio, conducentes a comprobar la antijuridicidad del hecho y la culpabilidad del sujeto, como presupuestos necesarios para la imposición de la pena y la reparación del daño;

VI. Formular los argumentos, conclusiones, pretensiones y alegatos y, en su caso, solicitar la imposición de las penas o medidas de seguridad y la reparación del daño que procedan en los términos señalados por este Código;

VII. Solicitar al órgano jurisdiccional el sobreseimiento de la causa penal, cuando proceda;

VIII. Interponer los medios de impugnación que la ley concede y expresar los motivos de inconformidad correspondientes y, en general, hacer todas las promociones que sean conducentes a la terminación de los procesos, y

IX. Las demás que determine la ley.

Artículo 32. Fundamentación y motivación de los actos del Ministerio Público Federal

El Ministerio Público Federal deberá fundar y motivar sus determinaciones, requerimientos, peticiones y conclusiones, en los términos de este Código.

Artículo 33. Funciones de la policía de investigación

En el ejercicio de la función de investigación, las diligencias que desarrolle la policía, cualquiera que sea la dependencia a la que ésta pertenezca, las hará de acuerdo con las instrucciones del Ministerio Público Federal y se practicarán exclusivamente para los fines de esclarecer los hechos que constituyen el objeto de la investigación; asimismo, la policía llevará a cabo las citaciones, notificaciones y presentaciones que aquél le ordene.

La policía de investigación también ejecutará, bajo el control del Ministerio Público Federal, las órdenes de aprehensión, de comparecencia, de cateo y demás mandamientos que le ordene la autoridad judicial, en los términos que establece este Código.

Artículo 34. Funciones de la policía que requieren autorización del Ministerio Público

Los policías requerirán de autorización previa y expresa del Ministerio Público Federal que dirija la investigación y, por ende, deberán actuar bajo su control, cuando se trate de funciones de investigación que tengan relación con los siguientes casos:

I. Cuando sea necesario realizar búsqueda selectiva en las bases de datos, que implique el acceso a información confidencial, referida a la persona imputada o inclusive a la obtención de datos derivados del análisis cruzado de las mismas;

II. Cuando se trate de inspección corporal de una persona detenida en flagrancia, por orden de aprehensión o cuando sea presentada a una autoridad administrativa, con el objeto de verificar si la persona detenida no está armada o no porta objetos peligrosos en el momento de la detención;

III. Cuando exista la necesidad de inspección corporal, por tener el Ministerio Público Federal motivos fundados para creer que dentro del cuerpo de la persona imputada existen elementos materiales probatorios y evidencia física relacionados con la investigación. En esa inspección se designará a persona del mismo sexo y se observará toda clase de consideraciones compatibles con los derechos humanos;

IV. Cuando se trate de registro personal, si el Ministerio Público Federal tiene motivos fundados para inferir que alguna persona relacionada con la investigación que se realiza está en posesión de elementos materiales probatorios y evidencia física. En esta inspección igualmente se designará a persona del mismo sexo y se observará toda clase de consideraciones compatibles con los derechos humanos; si se tratare de persona imputada, ella deberá estar asistida por su defensor;
V. En caso de vigilancia de un domicilio, cuando el Ministerio Público Federal tuviere motivos fundados para inferir que dicho domicilio se utiliza para almacenar narcóticos o precursores químicos, o para ocultar explosivos, armas, municiones, sustancias para producirlos y, en general, los instrumentos de comisión de un delito o los bienes y efectos provenientes de su ejecución; en estos casos, el Ministerio

Público Federal ordenará a la policía vigilar esos lugares y las cosas, con el fin de conseguir información útil para la investigación. Si en el lapso máximo de un año no se obtuviere resultado alguno, se cancelará la orden de vigilancia, sin perjuicio de que posteriormente vuelva a expedirse si surgieren nuevos motivos. En la ejecución de la vigilancia se empleará cualquier medio técnico aconsejable, como tomar fotografías, filmar videos y, en general, realizar todas las actividades relacionadas que permitan recaudar información relevante a fin de identificar o individualizar a los autores o partícipes, las personas que lo frecuentan, los lugares adonde asiste y aspectos similares, siempre y cuando no se afecte la expectativa razonable de la intimidad del indiciada o de terceros. La información que se obtenga no podrá se utilizada para fines distintos a los de la investigación. Cuando concluya la investigación, el material que no guarde relación con los hechos investigados deberá destruirse, dejando constancia de ello en el expediente respectivo;

VI. En casos de entregas vigiladas de objetos cuya posesión, transporte, enajenación, compra, alquiler o simple detentación se encuentren prohibidos, sobre todo tratándose de armas, explosivos, municiones, moneda falsificada o narcóticos, cuando el Ministerio Público Federal tuviere motivos fundados para creer que la persona imputada dirige o interviene en alguna de esas conductas, o cuando sea informado por agente encubierto o de confianza de la existencia de una actividad criminal continua, o

VII. En casos de utilización de agentes encubiertos, cuando el Ministerio Público Federal tuviere motivos fundados para inferir que la persona investigada continúa desarrollando alguna actividad delictiva, siempre y cuando sea indispensable la medida para el éxito de la investigación.

Artículo 35. Funciones de la policía de investigación que no requieren autorización previa del Ministerio Público Federal

Los agentes de policía que realicen funciones de investigación podrán, sin que requieran autorización previa del Ministerio Público Federal, ejercer las siguientes atribuciones:

I. Recibir denuncias, querellas o informes de los cuales se infiera la posible comisión de un delito, siempre que se trate de casos de urgencia, debiendo sin demora hacerlo del conocimiento del Ministerio Público Federal para los efectos procedentes;

II. Preservar la escena del delito, delimitando las áreas y solicitar el apoyo a los servicios periciales (peritos y médicos forenses);

III. Practicar las medidas inmediatas orientadas a la identificación de quienes hayan cometido el delito o participado en su comisión;

IV. Trasladar a la víctima para la práctica de examen médico legal cuando sea necesario, informando de ello al Ministerio Público Federal;

V. Entrevistar a las personas que pudieran aportar algún dato o elemento para la investigación;

VI. Inspeccionar el lugar donde se cometió el delito u otros vinculados, cuando se les permita el acceso por el legitimado para ello u obtenga una autorización legal;

VII. Buscar y cotejar datos registrados en archivos magnéticos u otros similares de información de acceso público;
VIII. Cuidar que los rastros e instrumentos del delito sean conservados, protegiéndolos hasta la determinación que el Ministerio Público Federal dicte sobre un posible aseguramiento de los mismos;

IX. Preservar los documentos y todo elemento material que pueda servir a la investigación, cuando le esté permitido;

X. Hacer constar el estado de las personas, cosas y lugares, mediante inspecciones, planos, fotografías, video filmaciones, y demás operaciones que requiera la investigación;

XI. Recabar los datos que sirvan para la identificación del probable responsable, en los términos establecidos por este Código;

XII. Reunir toda la información de urgencia que para la investigación del delito pueda ser útil al Ministerio Público Federal, y

XIII. Las demás que sean necesarias para la protección de la investigación y que no impliquen actos de molestia.

Artículo 36. Certificación del policía y registro en el Sistema Nacional de Seguridad Pública

Para que un agente de la policía, perteneciente a las instituciones de seguridad pública o del Ministerio Publico, pueda desarrollar funciones de investigación de delitos, deberá estar debidamente certificado para ello y registrado en el Sistema Nacional de Seguridad Pública.

La certificación es el procedimiento que garantiza que una persona tiene los conocimientos y habilidades necesarios para desarrollar la función de investigación, de conformidad con los principios señalados en el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

La certificación a que se refiere este artículo será otorgada por las instituciones académicas legalmente autorizadas para ello.

Artículo 37. Auxiliares del Ministerio Público Federal

Serán auxiliares del Ministerio Público Federal las autoridades de procuración de justicia y de seguridad pública, federales o del orden común que, conforme a las atribuciones que les corresponda, puedan apoyarle en las tareas de investigación; por lo que, ellas deberán brindarle la colaboración que aquél les solicite en el ejercicio de sus facultades.

Los particulares que sean legítimamente requeridos tendrán la misma obligación de auxiliar al Ministerio Público Federal en el esclarecimiento de los hechos y de quien o quienes lo hayan cometido o hayan participado en su comisión.

Artículo 38. Deber de objetividad y de lealtad de los órganos investigadores

Durante las distintas etapas del procedimiento en que tenga intervención, el agente del Ministerio Público Federal y de la policía investigadora deben actuar con absoluta lealtad para el inculpado y su defensor, para la víctima o el ofendido y para los demás sujetos que intervienen en el procedimiento penal.

El deber de lealtad comprende:

I. El deber de información veraz sobre la investigación realizada y los conocimientos alcanzados durante ella, y

II. El deber de no ocultar a los que intervienen en el procedimiento penal elemento alguno que pudiera resultar favorable para la posición que ellos asumen, sobre todo cuando ha resuelto no incorporar alguno de esos elementos al proceso.
Por razón de lo anterior, la investigación debe ser objetiva y referirse tanto a los elementos de cargo como de descargo, procurando recoger con prontitud los elementos de convicción y actuando en todo momento conforme a un criterio objetivo, incluso con el fin de determinar el no ejercicio de la acción penal o el sobreseimiento si procede. Igualmente, en la audiencia de debate del juicio oral el órgano acusador puede concluir requiriendo la absolución o una condena más leve que aquélla que sugiere la acusación, cuando en esa audiencia surjan elementos que conduzcan a esa conclusión, de conformidad con las disposiciones de este Código.

En la etapa de investigación, el inculpado o su defensor, además de poder aportar datos de prueba para ello, podrán requerir al Ministerio Público Federal, si tienen razones para ello, medidas para verificar la inexistencia de un hecho punible o la existencia de circunstancias que excluyan el delito o que atenúen la culpabilidad de su autor o la punibilidad del mismo.

Artículo 39. Impedimentos, excusas y recusaciones

Los agentes del Ministerio Público Federal y de la policía de investigación deben excusarse de conocer los asuntos en que intervengan, cuando exista cualquiera de las causas de impedimento establecidos respecto de los jueces, salvo que el agente del Ministerio Público Federal hubiese intervenido en otro procedimiento seguido en contra del inculpado. La excusa será resuelta, en definitiva y sin demora, por el Procurador General de la República o el servidor público en quien él delegue esta facultad. Si los agentes del Ministerio Público Federal o de la policía no se excusan a pesar de tener algún impedimento, la víctima o el ofendido, el inculpado o su defensor podrán recusarlos con expresión de causa ante la misma autoridad competente, quien oyendo al agente recusado determinará si éste debe o no continuar interviniendo en el asunto de que se trate.

CAPITULO V
EL JUZGADOR

Artículo 40. Competencia de los órganos jurisdiccionales

Es facultad propia y exclusiva de la autoridad judicial la imposición de las penas, su duración y modificación, por los delitos del orden federal. En materia penal la jurisdicción corresponde a los órganos jurisdiccionales de la Federación instituidos conforme a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. La competencia en esta materia es improrrogable e irrenunciable, sin perjuicio de lo dispuesto por otras disposiciones de este Código.

Corresponde a los órganos jurisdiccionales de la Federación conocer de los delitos del orden federal, atendiendo a la pretensión planteada por el Ministerio Público Federal en el ejercicio de la acción penal. En consecuencia, a ellos corresponde resolver, con sujeción a las disposiciones de este Código y demás leyes aplicables, sobre la existencia o no del hecho ilícito y sobre la culpabilidad penal o inocencia del inculpado y, por ende, sobre la existencia o no de los presupuestos necesarios para la imposición de una pena, así como aplicar las penas y demás consecuencias que la ley previene. Asimismo, decidirán lo conducente acerca de la reparación de los daños y perjuicios causados por el delito, según las disposiciones legales aplicables.

Al dictar sus sentencias, los órganos jurisdiccionales tomarán en cuenta la naturaleza y características del hecho punible y la forma de intervención que en este tuvieron los inculpados, así como los diversos presupuestos para la imposición de la pena o medida de seguridad, en los términos del Código Penal Federal; asimismo, en el caso concreto, tomarán en cuenta las exigencias de justicia y las de protección y satisfacción de los legítimos intereses y derechos         de la víctima y del ofendido; para la individualización de la pena, se ajustarán también a las     reglas previstas en el Código Penal Federal. Sólo tendrá validez la sentencia dictada por juez competente.
Artículo 41. Órganos jurisdiccionales

Para los efectos de este Código, la jurisdicción en materia penal de la Federación comprende a los siguientes órganos jurisdiccionales:

I.- Los Jueces de control, que tendrán las siguientes atribuciones:

a) Resolver las solicitudes del Ministerio Público Federal sobre medidas cautelares, providencias precautorias y técnicas de investigación de la autoridad, que requieran control judicial, garantizando los derechos de los inculpados, de las víctimas u ofendidos y de la sociedad en su conjunto;

b) Revisar, inmediatamente después de recibida la puesta a disposición de un detenido, si la detención, o la retención ordenada por el Ministerio Público Federal, se realizó de acuerdo con lo previsto por el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en cuyo caso la ratificará, o decretará sin demora la libertad del inculpado si la detención o retención no se hizo en esos términos. En este último caso, el Ministerio Público Federal será legalmente responsable de su decisión aún y cuando cambie la situación jurídica del inculpado;

c) Conocer de la acción penal ejercida por el Ministerio Público Federal, o por el particular cuando ella proceda; dictar las órdenes de aprehensión o de comparecencia solicitada por aquél, si son procedentes; tomar declaración al inculpado y resolver su situación jurídica, dentro del plazo constitucional, a través del auto de vinculación a proceso o de libertad;

d) Preparar el juicio oral, y

e) Las demás que señale este Código.

II.- Los Jueces de juicio oral que, ya sea de manera colegiada o unitaria, tendrán como función:

a) Presidir y conducir la audiencia de debate del juicio oral;

b) Resolver sobre la culpabilidad o inocencia del procesado, y dictar la sentencia respectiva, que puede ser condenatoria, absolutoria o mixta;

c) Determinar e individualizar la pena o medida de seguridad que habrá de imponerse al sentenciado, y

d) Imponer la pena o medida de seguridad correspondiente, según la duración o la cuantía establecidas.

III.- Los Jueces de ejecución de sentencias, que se ocuparán de:

a) Vigilar que el cumplimiento de las penas y medidas de seguridad impuestas se realice en los términos de la sentencia ejecutoria y de acuerdo con lo previsto en la Ley de Ejecución de Sanciones Penales respectiva;

b) Velar que durante la ejecución de la pena se observen los derechos que la Constitución Política, las leyes penales y penitenciarias y los reglamentos le otorgan al sentenciado; Vigilar el respeto de las finalidades constitucionales y legales del sistema penitenciario, en los términos de la sentencia dictada por los jueces de juicio y de la ley de la materia;

c) Hacer las observaciones que estimen pertinentes a la autoridad responsable de la administración, así como promover, de oficio o a petición de parte, en los casos en que proceda, la aplicación de ley más favorable, o cualquier otro principio o beneficio a que se refiere este Código, el Código Penal o la Ley de Ejecución de Sanciones Penales, a favor del sentenciado.
Artículo 42. Competencia por razón del territorio

Los órganos jurisdiccionales de la Federación serán competentes para conocer de los delitos del orden federal en los términos que establezca esta ley. Asimismo, conocerán de los delitos del orden común que tengan conexidad con delitos federales.

Artículo 43. Competencia por conexidad

En el caso de concurso de delitos, los procesos se acumularán y los jueces federales serán competentes para conocer de ellos. En los casos de acumulación de procesos que conozca un mismo juez, no se excluye que las actuaciones puedan registrarse por separado, o que el debate se celebre en audiencias públicas sucesivas y continuas, si es conveniente para el desarrollo del proceso y no se afecta el derecho de defensa.

Artículo 44. Competencia por razones de seguridad

También será competente para conocer de un asunto, un juez federal distinto al del lugar de comisión del delito, si por razones de seguridad en las prisiones, atendiendo a las características del hecho imputado, a las circunstancias personales del inculpado y a otras que impidan garantizar el desarrollo adecuado del proceso, el Ministerio Público Federal considera necesario llevar el ejercicio de la acción penal ante otro juez.

Lo anterior es igualmente aplicable para los casos en que, por las mismas razones, la autoridad judicial de oficio, o a petición de parte, estime necesario trasladar a un procesado a algún otro centro de reclusión de mayor seguridad, en los que será competente el tribunal del lugar en que se ubica dicho centro.

Artículo 45. Competencia provisional

Cuando el Ministerio Público Federal hubiese ejercido la acción penal con detenido ante juez incompetente, y por las circunstancias del caso fuese imposible el inmediato traslado de aquel ante el que sea competente, dicho juez que recibió al detenido realizará los actos que sean necesarios para el debido cumplimiento de garantías previstas en el artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos hasta el auto de vinculación a proceso, inclusive las decisiones sobre libertad por detención irregular y libertad provisional, dictará aquél auto y pondrá el proceso y al procesado a disposición de quien deba conocer en definitiva. Será válido lo actuado por el juez incompetente en los términos de este artículo.

Artículo 46. Declaración de incompetencia

Salvo lo previsto en el artículo anterior, el juzgador podrá de oficio declararse incompetente para conocer de determinado asunto y ordenar su remisión al juzgador que considere competente, en cualquier momento del proceso. Las partes podrán promover las cuestiones de competencia por medio de la declinatoria o de la inhibitoria.

Artículo 47. Conflictos de competencia

Los problemas de competencia entre dos o más juzgadores federales se resolverán en los términos de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y demás leyes aplicables.

Ningún órgano jurisdiccional puede promover competencia a favor de su superior en grado.

Artículo 48. Excusas y recusaciones

Los magistrados, los jueces y los secretarios deben excusarse de conocer de los asuntos en que intervengan, cuando concurra alguna de las causas de impedimento que señala la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Si alguno de ellos no se excusa, a pesar de tener algún impedimento, las partes podrán recusarlo con expresión de causa.
CAPITULO VI
SUJETOS AUXILIARES

Artículo 49. Asistentes

Las partes podrán designar asistentes para que colaboren en sus respectivas tareas; por lo que, ellos podrán acudir a las audiencias para contribuir en las labores de aquéllas.

Artículo 50. Peritos o consultores técnicos

Si por las particularidades del caso alguna de las partes considera necesaria la asistencia de un especialista en una ciencia, arte o técnica, así lo planteará a la autoridad judicial. El perito o consultor técnico podrá acompañar en las audiencias a la parte con quien colabora, para apoyarla técnicamente sobre todo en los contrainterrogatorios de los expertos ofrecidos por las otras partes en el proceso.

TITULO CUARTO
ACTOS PROCESALES

CAPITULO I
DISPOSICIONES COMUNES

Artículo 51. Momento y lugar en que pueden practicarse las actuaciones

Las actuaciones del Ministerio Público Federal podrán practicarse a toda hora y aún en los días inhábiles, según las exigencias del caso, y en cada una de ellas se expresará la hora, día, mes y año en que se practiquen. Las actuaciones judiciales se practicarán en días y horas hábiles, en los términos de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; pero, cuando por su naturaleza o por disposición de la ley así se exija, podrán practicarse en días y horas diferentes. En los registros de actuación quedará constancia de la fecha y hora de la misma.

Las actuaciones del procedimiento se desarrollarán en la sede oficial de la autoridad que las presida o practique. Si por la naturaleza de aquéllas es necesario realizarlas en otro lugar, así se declarará y se expresarán los motivos que determinen la designación del lugar y se dejará constancia de ello. Las audiencias, vistas, debates y demás actos procesales serán celebrados en las instalaciones específicas del tribunal, según la circunscripción territorial en la que es competente. La inobservancia de estas disposiciones traerá como consecuencia la nulidad de la actuación, independientemente de la responsabilidad en que pueda incurrir el servidor público.

Artículo 52. Idioma

Las actuaciones deberán realizarse en idioma español, salvo cuando se trate de diligencias que se desahoguen en otros países y a cargo de instituciones o personas extranjeras en los que se hable otro idioma. Cuando se produzcan declaraciones o se aporten documentos en idiomas diferentes, aquéllas y éstos se registrarán y se hará la correspondiente interpretación o traducción al español, que constará en el registro que se levante con motivo de la diligencia.

Artículo 53. Nombramiento de traductor o intérprete y otros apoyos

Además de lo previsto en el artículo anterior, se observarán las disposiciones siguientes:

I. Cuando el inculpado, el ofendido, la víctima, el denunciante, los testigos o los peritos no hablen o no comprendan el idioma español, se le brindará la ayuda necesaria para que el acto se pueda desarrollar en este idioma;

II. Se deberá proveer traductor o intérprete, según corresponda, a las personas que ignoren el español, a quienes se les permita hacer uso de su propio idioma, así como a quienes tengan algún impedimento para darse a entender. El inculpado podrá nombrar traductor o intérprete de su confianza, por su cuenta; en ambos casos, ellos deberán comprender la terminología legal;
III. Si alguno de los que interviene en la actuación fuere mudo, se le harán oralmente las preguntas y las responderá por escrito; si fuere un sordomudo, las preguntas y respuestas serán escritas. Si dichas personas no supieren leer o escribir, se nombrará intérprete a un maestro de sordomudos o, a falta de él, a alguien que sepa comunicarse con el interrogado;

IV. Los documentos y las grabaciones en un idioma distinto del español deberán ser traducidos cuando sea necesario, y

V. En el caso de los miembros de grupos indígenas, que intervengan en una investigación o en un proceso, se les nombrará intérprete, aún cuando hablen el idioma español, si así lo solicitan.

Artículo 54. Intervención de fedatarios en las diligencias

Durante la investigación del delito el Ministerio Público Federal sólo gozará de fe pública en los casos expresamente determinados en este Código, pero sus actuaciones tendrán carácter de documentales públicas. En todas las diligencias que practique el juez de control, éste estará acompañado de un secretario o de testigos de asistencia, que darán fe de todo lo que en aquéllas pase; en caso contrario serán nulas.

Artículo 55. Forma y registro de las actuaciones

Las actuaciones en la etapa de la investigación del delito se asentarán en forma escrita en registros continuos, y no se emplearán abreviaturas. Los registros de investigación deberán levantarse con letra clara, por duplicado, ser autorizados y conservarse en sus respectivos archivos. El secretario los guardará con la seguridad debida, bajo su responsabilidad, hasta en tanto dé cuenta al juez de los documentos u objetos que presenten o aporten al proceso, remitiéndolos en su caso al depósito correspondiente.

Artículo 56. Forma de realizar las actuaciones

El proceso se desarrollará preponderantemente a través de audiencias o de actuaciones orales, con las salvedades que la propia ley señala. Cuando un acto procesal pueda realizarse por escrito u oralmente, se preferirá realizarlo oralmente, siempre y cuando ello no conlleve atraso a la sustanciación del proceso. Por ello, si las peticiones pueden esperar a la celebración de una audiencia oral, se presentarán y resolverán en ella. Los jueces no suspenderán las audiencias para que se presente por escrito las peticiones de las partes.

Las actuaciones, tanto en la etapa de investigación como en el proceso, se podrán documentar por escrito, por imágenes o sonidos, o por cualquier otro medio que garantice su reproducción. Se procurará en lo posible la captura de todos los actos procedimentales, utilizando los medios que proporciona la tecnología, los que deberán aplicarse para el control y seguimiento de los procedimientos penales. Cuando se pueda optar por la grabación de imágenes y sonidos, la diligencia se preservará de esa forma.

Artículo 57. Registro de las audiencias

Las audiencias se registrarán en videograbación o audiograbación, o cualquier medio apto a criterio del juez, para producir seguridad en las actuaciones e información que permitan garantizar su fidelidad, integridad, conservación, reproducción de su contenido y acceso a las mismas, a quienes de acuerdo a la ley tuvieren derecho a ello. Las partes y las autoridades que legalmente lo requieran podrán solicitar copia e informes de los registros. En todo caso, el juzgador conservará en el archivo copia certificada de las resoluciones que determinen la situación jurídica del inculpado, así como de las sentencias definitivas y de las que dicte el tribunal de segunda instancia al resolver algún recurso.

A cada promoción o petición recaerá resolución fundada y motivada en los términos y plazos establecidos por la ley, y, en caso de no existir éstos, dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes.
Artículo 58. Firma de las actas

Cada diligencia relacionada con la investigación del delito se asentará en registro por separado, que firmarán los que en ella hayan intervenido, sobre todo por la autoridad que practica la diligencia, al calce de la misma y en los márgenes de las páginas en que conste su intervención. Si alguien no supiere firmar, podrá hacerlo en su lugar otra persona, a su ruego. Si no quisieren o no pudieren firmar ni imprimir la huella digital, se hará constar el motivo. Si antes de que se pongan las firmas o huellas, los comparecientes hicieren modificaciones o rectificaciones, se hará constar inmediatamente esta circunstancia, expresándose los motivos que dicen tener.

Si por algún defecto, el acta que contiene la diligencia practicada deviene nula, el acto que se pretendía probar con ella podrá acreditarse por otros elementos válidos del mismo acto o de otros conexos.

Artículo 59. Promociones por escrito

En caso de promociones por escrito, ellas deberán ser firmadas por su autor o llevar su huella digital, pudiéndose ordenar su ratificación cuando se estime necesario, pero deberán ser siempre ratificadas si el que las hace no las firma por cualquier motivo.

Los secretarios deberán dar cuenta sin demora, con las promociones que se presenten, o en la audiencia de desahogo de pruebas.

Artículo 60. Pérdida y reposición del expediente

En caso de pérdida o destrucción de alguno de los registros de actuaciones, el Ministerio Público Federal o el tribunal en su caso, dispondrán, de oficio o a petición de parte, que el secretario certifique la preexistencia y falta posterior de los mismos, para que proceda inmediatamente a obtener copia del otro ejemplar.

Si se pierden o destruyen el original y el duplicado de los registros, el secretario los repondrá con las copias de los escritos o registros que los interesados presenten y con las copias certificadas que existan de ellos.

La reposición de algún registro de actuaciones se hará a costa del responsable, quien estará obligado a pagar los daños y perjuicios que se ocasionen, sin perjuicio de que el hecho se haga del conocimiento del Ministerio Público.

Artículo 61. Necesidad de rendir protesta

Cuando se requiera la prestación de protesta por alguno de los que intervienen en la diligencia, quien deba hacerlo prometerá conducirse con verdad, después de ser instruido sobre las penas con que la ley reprime la falsedad.

En caso de que tenga que designarse traductor o intérprete que asistan a quien deba intervenir en un procedimiento penal, ya sea como inculpado, ofendido, víctima, denunciante, testigo o perito o consultor técnico, y no hablen o no entiendan suficientemente el idioma español, o bien cuando la persona que participa en la diligencia fuere sorda o muda y, por ello, no pueda escuchar o entender lo que se dice o no puede manifestar de viva voz su declaración, tanto el traductor como el intérprete protestarán traducir o interpretar fielmente las preguntas y respuestas que deben transmitir.

CAPITULO II
AUDIENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES

Artículo 62. Publicidad de las audiencias

Las audiencias judiciales serán públicas y orales, salvo cuando la autoridad judicial determine que, por razones de orden, de seguridad o de moral, la audiencia tenga que llevarse a cabo a puerta cerrada.
Artículo 63. Desahogo de las audiencias

En las audiencias judiciales deberán concurrir el Ministerio Público Federal, el inculpado y su defensor, y el ofendido o la víctima, o su asesor legal en su caso. Cuando falte alguno de ellos, la autoridad judicial diferirá la audiencia, sin perjuicio de hacer uso de las correcciones y las medidas de apremio que juzgue pertinentes. Si quien falta es el defensor del inculpado o el asesor del ofendido, la autoridad judicial podrá designar en el acto un defensor público o un asesor legal público, según corresponda, para que intervengan en la audiencia.

En el supuesto de que el inculpado, el ofendido o la víctima no hablen o no entiendan suficientemente el idioma español, las audiencias en que deban participar sólo podrán llevarse a cabo si está presente el traductor correspondiente.

Antes y durante las audiencias, el inculpado podrá comunicarse con su defensor, pero no con el público. Si infringe esta disposición, el juzgador podrá imponerle una corrección disciplinaria. Si alguna persona del público se comunica o intenta comunicarse con el inculpado, será retirada de la audiencia y se le podrá imponer una corrección disciplinaria.

Toda persona que altere el orden en la audiencia será objeto de una corrección disciplinaria. En el proceso, la conservación del orden estará a cargo del juzgador que preside. Si se ausenta temporalmente, recaerá en otro juzgador, tratándose de órganos colegiados, o del secretario judicial, si se trata de órganos unitarios. Asimismo, el mando de la fuerza pública estará a cargo del servidor público que presida las audiencias.

Artículo 64. Intervención en la audiencia

En la audiencia judicial, el inculpado podrá defenderse por sí mismo o por medio de su defensor, particular o público. Si lo hace por sí mismo, deberá hallarse presente su defensor para asesorarlo. El Ministerio Público Federal podrá intervenir cuantas veces quisiere, y el inculpado o su defensor, así como el ofendido, la víctima y su asesor, podrán replicar en cada caso. El inculpado y su defensor podrán hacer uso de la palabra en último lugar; por lo que el juez que preside la audiencia preguntará siempre al inculpado, antes de cerrar el debate, si quiere hacer uso de la palabra, concediéndosela en caso afirmativo.

Artículo 65. Uso de medios tecnológicos en las audiencias

Todas las audiencias y diligencias a que se refiere este Código y se practiquen por parte del órgano investigador o del órgano jurisdiccional, deberán ser registradas por medios tecnológicos de reproducción disponibles, en los términos de lo dispuesto por el artículo 57.

Los medios utilizados para la grabación o reproducción se considerarán como parte de las actuaciones y se conservarán para efectos del conocimiento de otros órganos distintos que conozcan del mismo procedimiento, considerándose como parte de los autos.

Artículo 66. De las resoluciones judiciales

Las resoluciones que pueden dictar los jueces y tribunales, son:

a) Sentencias, si deciden en definitiva y ponen término el proceso;

b) Autos, si resuelven algún aspecto sustancial o incidental del proceso, y

c) Decretos, cuando ordenen actos de mero trámite.

Toda resolución judicial, con independencia de que se dé a conocer de manera pública y oral, deberá constar por escrito y estar fundada y motivada; expresará el lugar y fecha en que se dicte; se redactará en forma concisa, clara, precisa y congruente con la promoción o actuación procesal que la origine y contendrá la mención de la autoridad que resuelve. Los autos y las sentencias sin la debida fundamentación serán nulos.

Los actos procesales de órganos unipersonales deberán ser dictados y dados a conocer por su titular. En los órganos colegiados, los autos y las resoluciones de trámite serán dictados sólo por el ponente o presidente.

Para la validez de las sentencias y de los autos dictados por órganos jurisdiccionales de integración colegiada se requerirá, cuando menos, el voto de la mayoría de sus miembros. Si alguno de éstos no estuviere conforme con la resolución de la mayoría, lo podrá expresar sucintamente en voto particular, que se agregará a los autos y así se dará a conocer. La autoridad judicial no podrá modificar su resolución después de emitida.

Las sentencias que pongan fin a los procesos orales deberán ser explicadas en audiencia pública previa citación de las partes.

Artículo 67. Contenido y características de las sentencias

Las sentencias contendrán tanto requisitos formales como materiales, como son:

a) Los nombres y apellidos del inculpado, su sobrenombre si lo tuviere, el lugar de su nacimiento, su edad, estado civil, residencia o domicilio, ocupación, oficio o profesión, su pertenencia a un grupo étnico indígena, si fuese el caso, y si se encuentra o no en libertad;

b) Los antecedentes del caso, una relación sucinta de los hechos probados, su fundamentación fáctica, jurídica y probatoria a la luz de la sana crítica, las reglas de la lógica y la experiencia;

c) La fundamentación y motivación, sin que el juzgador tenga que transcribir los medios de prueba, y

d) La condena o absolución que proceda, y demás puntos resolutivos correspondientes.

Además, las sentencias deberán ser redactadas de forma clara y circunstanciada en modo, tiempo y lugar, con la indicación del valor otorgado a los medios de prueba desahogados durante la audiencia oral. También se expresará el modo como se interpretan las normas al caso concreto, y las razones y criterios jurídicos que revisten importancia, sin dejar de analizar los argumentos de las partes y la parte dispositiva.

En caso de sentencia condenatoria, se estará a lo previsto en el artículo 460 de este Código.

Artículo 68. Plazo para pronunciar resoluciones

Las resoluciones judiciales deberán dictarse dentro de los plazos y las salvedades que para cada una de ellas prevea este Código.

Los jueces y tribunales no podrán, bajo ningún pretexto, aplazar, demorar, omitir o negar la resolución de las cuestiones que legalmente hayan sido sometidas a su conocimiento. Sólo en casos de extrema complejidad el juez o el tribunal podrán retirarse a reflexionar o deliberar de manera privada, continua y aislada hasta emitir su resolución.

Cuando se trate de actuaciones escritas, las resoluciones se dictarán igualmente dentro de los plazos expresamente señalados en este Código; y si se trata de cuestiones que, por su naturaleza e importancia deban ser debatidas, requieran producción de prueba, o cuando la ley así lo disponga expresamente, se resolverán en audiencia.
Artículo 69. Aclaración y corrección de las resoluciones

En cualquier momento, el juez o tribunal podrán aclarar los términos oscuros, ambiguos o contradictorios en que estén emitidas las resoluciones escritas o podrán adicionar su contenido, si hubieran omitido resolver algún punto controversial, siempre que tales actos no impliquen una modificación de lo resuelto. Sin embargo, la aclaración o modificación ya no podrá realizarse cuando la resolución que se pretende aclarar haya sido impugnada. Si las partes solicitan la aclaración o la adición de los pronunciamientos, dicha solicitud suspenderá el término para interponer los recursos que procedan.

Los jueces y tribunales podrán corregir, en cualquier momento, de oficio o a solicitud de parte, los errores puramente materiales contenidos en sus actuaciones o resoluciones.

Artículo 70. Resolución firme

En cuanto no sean oportunamente recurridas, las resoluciones judiciales quedarán firmes y serán ejecutables, sin necesidad de declaración alguna. Contra la sentencia firme procede el recurso de apelación, de conformidad con lo dispuesto en este Código.

Artículo 71. Ejecución de las resoluciones

El juzgador dictará de oficio las resoluciones encaminadas a que la justicia sea pronta y expedita, en todo aquello que la ley no prohíba ni prevenga.

Las resoluciones se cumplirán o ejecutarán en sus términos, una vez practicadas las notificaciones que la ley ordena. La autoridad ejecutora informará a la autoridad que dictó la resolución, dentro de un plazo de diez días hábiles de notificada la resolución, respecto del cumplimiento que hubiese dado a ésta.

CAPITULO III
COMUNICACIONES PROCEDIMENTALES
SECCION PRIMERA NOTIFICACIONES Y OTRAS COMUNICACIONES

Artículo 72. Medios para hacer las comunicaciones

Las notificaciones, citaciones, emplazamientos y cualesquiera otros actos de comunicación a quienes participan en el procedimiento penal se harán personalmente, por cédula, por fax, por correo electrónico, o bien por otros medios que permitan dejar constancia de que han sido recibidas.

Para las notificaciones y demás comunicaciones personales, todas las personas que participen en el procedimiento penal deberán designar domicilio, número de fax, de teléfono y correo electrónico, e informarán los cambios que hagan de éstos, si los tienen. Si cambian de domicilio, fax, teléfono o correo electrónico sin dar aviso, o el manifestado resulta falso, las notificaciones se harán por estrado y la autoridad dispondrá que se proceda a la localización de la persona por medio de la policía.

Artículo 73. Lugar de las notificaciones

Las notificaciones personales se harán en el tribunal o en el domicilio designado y se dejará constancia de que el destinatario de la comunicación ha quedado enterado de ésta. Si no se encuentra al interesado en el domicilio indicado, se le dejará con cualquier persona que allí resida una cédula que contendrá, nombre del tribunal que la dicte, causa en la cual se dicta, transcripción en lo conducente de la resolución que se notifique, día y hora en que se hace dicha notificación y persona en poder de la cual se deja, expresándose, además, el motivo por el cuál no se hizo en persona al interesado. Si el que debe ser notificado se niega a recibir al actuario encargado de hacer la notificación, o las personas que residan en el domicilio se rehúsan a recibir la cédula, o no se encuentra nadie en el lugar, se fijará la cédula en la puerta de entrada de su domicilio.
Cuando no sea posible localizar al destinatario de la comunicación ni a ninguna persona que resida en el domicilio, la autoridad correspondiente resolverá si se publica una síntesis de aquélla en algún medio de difusión; en todo caso, tratándose de resolución jurisdiccional, dispondrá que se publique en estrados y en el órgano destinado a la publicidad de las resoluciones judiciales.

Artículo 74. Comunicación a servidores públicos

Las comunicaciones dirigidas a servidores públicos, civiles o militares, se cursarán por conducto de sus superiores jerárquicos, a no ser que el Ministerio Público Federal o el tribunal dispongan otra cosa tomando en cuenta las circunstancias del caso.

Artículo 75. Obligaciones del notificador

Los servidores públicos a quienes la ley encomiende hacer las notificaciones, las practicarán personalmente, asentando el día y hora en que se verifique, leyendo íntegra la resolución al notificarla; y, en caso de que la persona por notificarse no habla o no entiende suficientemente el idioma español, se asistirá de un traductor. Se le dará copia de la resolución al interesado, si la pidiere.

Cuando la notificación deba practicarse por medio de escrito, se leerá el contenido de la resolución y si el interesado lo solicita se le entregará una copia. En los demás casos, se practicará la notificación entregándole una copia de la resolución al interesado, con indicación del nombre del tribunal y el proceso a que se refiere.

Artículo 76. Notificación por teléfono u otro medio expedito

Cuando así lo haya solicitado alguna de las partes y, en caso de urgencia, podrá notificarse por teléfono o por cualquier otro medio de comunicación expedito similar. En este caso, se dejará constancia de la conversación y de quien recibió el mensaje.

Si la notificación es por medio de fax, correo electrónico o cualquier otro medio electrónico, se imprimirá la copia de envío y, recibido que sea, se agregará al registro.

Artículo 77. Notificación por edictos

En caso de que se ignore el lugar donde se encuentra la persona que deba ser notificada, la resolución se le hará saber por edictos, que se publicarán tres veces con un lapso de siete días entre cada publicación, por lo menos, en dos de los diarios de circulación generalizada nacional.

Artículo 78. Notificaciones por lista

Las notificaciones que no sean personales, se fijarán diariamente en la puerta del juzgado o tribunal, o se insertarán en un medio electrónico, en una lista de los asuntos acordados el día anterior, expresando el número del caso o expediente y el nombre del inculpado, y se asentará constancia de ese hecho en los registros respectivos. Las notificaciones realizadas en esta forma surtirán sus efectos por la simple publicación de la lista. Si alguno de los interesados desea que se le haga notificación personal, podrá concurrir al tribunal a más tardar al día siguiente de aquél en que se fije la lista y solicitarla de la autoridad judicial.

Artículo 79. Notificación de resoluciones judiciales

Las resoluciones judiciales contra las cuales proceda apelación se notificarán personalmente, por conducto de la autoridad judicial correspondiente. Las demás resoluciones se notificarán personalmente al Ministerio Público Federal, al inculpado y a su defensor, así como al ofendido, la víctima y a su asesor legal, salvo cuando el tribunal considere que debe guardarse sigilo para el buen desarrollo del procedimiento, caso en el cual sólo se notificará al Ministerio Público Federal, y se asentarán estas circunstancias en el registro respectivo.
Si el inculpado estuviere privado de la libertad, será notificado en el tribunal o en el lugar de su detención, según se resuelva.

El Ministerio Público Federal de la Federación deberá notificar personalmente al ofendido o a la víctima la resolución de no ejercicio de la acción penal.

Artículo 80. Notificación a defensores y asesores jurídicos

Cuando el inculpado tenga varios defensores, deberá notificarse al representante común, sin perjuicio de que otros acudan a la oficina correspondiente del Ministerio Público Federal o del tribunal para ser notificados. La misma disposición se aplicará a los asesores jurídicos del ofendido o la víctima del delito.

Artículo 81. Plazos para las notificaciones

Las notificaciones se harán dentro de los tres días siguientes a aquél en que se dicten las resoluciones que las motiven.

Las resoluciones judiciales deberán notificarse a quien corresponda, dentro de las veinticuatro horas después de ser dictadas, salvo que el juez o tribunal disponga un plazo menor, o cuando se trate de resoluciones que se toman en audiencia oral, en que la notificación se hará de manera personal a los intervinientes en el mismo momento en las instalaciones del tribunal; por lo que, las personas que asistan a la audiencia se tendrán por notificadas. Los plazos establecidos no obligarán sino a las personas debidamente notificadas.

Cuando la resolución entrañe una citación o un término para la práctica de una diligencia, se notificará personalmente con cuarenta y ocho horas de anticipación, cuando menos, al momento en que deba tener verificativo la actuación o audiencia respectiva. Lo anterior no es aplicable a las diligencias que se practiquen dentro del plazo a que se refiere el artículo 19 constitucional.

Artículo 82. Responsabilidad del notificador

El servidor público encargado de hacer la comunicación informará de su resultado a la autoridad que ordenó la diligencia. Si se probare que no se hizo una notificación ordenada, que se hizo en forma distinta a la prevista por este Código, o que falsamente se asentó como hecha la no ejecutada, el servidor público incurrirá en responsabilidad, se le impondrá la corrección disciplinaria correspondiente y se dará vista al Ministerio Público Federal.

Artículo 83. Nulidad de las notificaciones

Las comunicaciones hechas en contra de lo dispuesto en este Capítulo serán nulas; no obstante, si la persona que debe ser notificada se muestra sabedora de la providencia, se tendrá por hecha la notificación, sin perjuicio de aplicar, en lo conducente, lo previsto en el artículo anterior.

La notificación no surtirá efecto, si causa indefensión, cuando:

a) Haya existido error sobre la identidad de la persona notificada;

b) La resolución haya sido notificada en forma incompleta;

c) En la diligencia no conste la fecha o, en su caso, no conste la fecha de entrega de la copia;

d) Falte alguna de las firmas requeridas, o

e) Exista disconformidad entre el original y la copia recibida por el interesado.
Artículo 84. Obligación de acudir a una cita ministerial o judicial

Toda persona está obligada a comparecer ante el órgano jurisdiccional o el Ministerio Público Federal, cuando sea citada. Quedan exceptuados de esa obligación los servidores públicos a que se refiere el artículo 110 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las personas impedidas por enfermedad grave o por alguna otra imposibilidad.

Sin embargo, cuando haya que examinar a los servidores públicos señalados en el párrafo anterior, quien practique las o actuaciones se trasladará al domicilio u oficinas de dichas personas para tomarles su declaración o, si lo estima conveniente, solicitará de aquellos que la rindan por medio de oficio, sin perjuicio de que el interesado, si se le requiere y lo desea, comparezca personalmente.

Si la persona citada estuviere en imposibilidad para comparecer, la autoridad se trasladará al lugar en que se encuentre a recibirle su declaración.

Artículo 85. Forma de realizar las citaciones

Las citaciones podrán hacerse mediante oficio, correo certificado, telegrama, fax o teléfono, o por cualquier otro medio similar, sobre todo si a quien deba citarse ha manifestado expresamente su voluntad para que se le convoque por este conducto y ha proporcionado el número o la clave correspondientes, anotándose en todo caso la constancia respectiva en el registro de actuaciones. La autoridad encargada de hacer la cita se cerciorará, por los medios pertinentes, de que el destinatario recibió aquélla.

Artículo 86. Contenido de las citaciones

Las citaciones, según el medio utilizado, contendrán:

a) La designación de la autoridad ante la que deba presentarse el citado;

b) El nombre, apellido y domicilio del citado;

c) El día, hora y lugar en que debe comparecer;

d) Los datos de identificación del asunto que motiva la citación y el objeto de ella;

e) El medio de apremio que se empleará si no compareciere, y

f) La firma o la transcripción de la firma, en su caso, del servidor público que ordena la citación.

Además, en caso de citación por cédula, ésta se asentará en papel oficial y llevará el sello del juzgado o de la agencia del Ministerio Público Federal, debiéndose acompañar de un duplicado en el cual firmará el interesado o cualquiera otra persona que la reciba.

En caso de que la orden no se obedezca, la persona podrá ser conducida por la fuerza pública y pagar las costas que ocasione, salvo justa causa, sin perjuicio de la responsabilidad penal en que se pueda incurrir.

SECCION SEGUNDA
EXHORTOS, REQUISITORIAS Y OFICIOS DE COLABORACION

Artículo 87. Colaboración procesal

Los actos de colaboración entre el Ministerio Público Federal y el de alguna entidad federativa, incluyendo al del Distrito Federal, se sujetarán a lo previsto en el párrafo segundo del artículo 119 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como a las disposiciones contenidas en otras normas y convenios que se hallen de acuerdo con aquella. Cuando tenga que practicarse una diligencia o actuación fuera del territorio sobre el que ejerce su competencia el Ministerio Público Federal, se encomendará su cumplimiento a la Procuraduría de Justicia de la entidad correspondiente conforme al convenio de colaboración respectivo que al efecto exista. Lo mismo se hará para los casos de entrega de inculpados, procesados o sentenciados.
Artículo 88. Exhortos, requisitorias y oficios

Cuando tengan que practicarse diligencias fuera del ámbito territorial del juzgador federal que conozca del asunto, se encomendará su cumplimiento por medio de exhorto si la autoridad requerida es de la misma categoría que la requirente, o por medio de requisitoria si aquélla es inferior. La comunicación que deba hacerse a autoridades no judiciales se hará por medio de oficio. En caso de existir disposiciones específicas para la práctica de actos de colaboración procesal, se estará en lo dispuesto en ellas.

Artículo 89. Fe y crédito de las formas de colaboración

Los oficios de colaboración, los exhortos y las requisitorias que liberen, según el caso, el Ministerio Público Federal y las autoridades judiciales tendrán entera fe y crédito; por lo que deberán cumplimentarse, en todo lo que resulte aplicable al caso, siempre que llenen las condiciones fijadas por la Ley o por los convenios de colaboración, en su caso.

Artículo 90. Requisitos de los exhortos, requisitorias y oficios

Los exhortos y las requisitorias contendrán las inserciones necesarias, según la naturaleza y características de la actuación que haya de practicarse; llevarán el sello y los datos del tribunal requirente y estarán firmados por su titular y el secretario. Los oficios de colaboración contendrán los mismos requisitos, salvo la firma del secretario.

La autoridad requerida podrá diligenciar la solicitud que reciba, aunque carezca de alguna formalidad, cuando esta circunstancia no afecte su validez ni impida apreciar su naturaleza y características y su legalidad, con excepción de las órdenes de aprehensión y de cateo, las que deben llenar todas las formalidades.

Artículo 91. Empleo de los medios de comunicación

Cuando el Ministerio Publico o el juzgador lo estimen conveniente, podrán emplear fax, telefax, correo electrónico, teléfono o cualquier otro medio de comunicación para enviar, según el caso, oficios, exhortos o requisitorias, expresándose, con toda claridad, la actuación que ha de practicarse, el nombre del inculpado, si fuere posible, el delito de que se trate, el fundamento de la providencia y el aviso de que se mandará el oficio de colaboración, exhorto o requisitoria que ratifique el mensaje. La autoridad requirente deberá cerciorarse de que el requerido recibió la comunicación que se le dirigió y el receptor resolverá lo conducente, acreditando el origen de la petición y la urgencia del procedimiento.

Artículo 92. Plazo para el cumplimiento de exhortos y requisitorias

Los exhortos o requisitorias se proveerán dentro de las veinticuatro horas siguientes a su recepción y se despacharán dentro de los tres días siguientes, a no ser que las diligencias que se hayan de practicar exijan necesariamente mayor tiempo, en cuyo caso el juez fijará el que crea conveniente y lo notificará al requirente, indicando las razones existentes para la ampliación. Si el juzgador requerido estima que no es procedente la práctica del acto solicitado, lo hará saber al requirente, dentro de las veinticuatro horas siguientes a la recepción de la solicitud, con indicación expresa de las razones que tenga para abstenerse de darle cumplimiento.

Cuando un juzgador no pueda dar cumplimiento al exhorto o requisitoria, por hallarse en otra jurisdicción la persona o las cosas que sean objeto de la diligencia, lo remitirá al juzgador del lugar en que aquella o éstas se encuentren, y lo hará saber al exhortante o requirente dentro de las veinticuatro horas siguientes.

Si el juez exhortado o requerido estimare que no debe cumplimentarse el acto solicitado, por interesarse en ello su jurisdicción, o si tuviere dudas sobre este punto, oirá al Ministerio Público Federal y resolverá dentro de los tres días siguientes, promoviendo, en su caso, la competencia respectiva.

Artículo 93. Requisitoria y orden de aprehensión

Cuando se cumpla una orden de aprehensión, la autoridad requerida pondrá al detenido, sin dilación alguna, a disposición del juez que libró aquélla. Si no fuere posible poner al detenido inmediatamente a disposición del juez de control requirente, el requerido tomará la declaración al inculpado, decidirá sobre las medidas cautelares que se le soliciten, resolverá su situación jurídica conforme al artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y remitirá al detenido y las actuaciones, en su caso, a quien libró el exhorto, dentro de las veinticuatro horas siguientes a la determinación de fondo que adopte.

Artículo 94. Demora e incumplimiento del exhorto o requisitoria

Cuando se demore el cumplimiento de un exhorto o requisitoria, el requirente hará un recordatorio por medio de oficio. Si a pesar de éste continúa la demora, o el juzgador no da cumplimiento a la petición o lo devuelve por fundamentos o motivos que el requirente considera injustificados, éste podrá formular queja ante el superior de aquél, acompañando copia de la petición. La queja se resolverá, considerando lo que expongan las autoridades contendientes, dentro de los tres días siguientes, con audiencia del Ministerio Público Federal.

Artículo 95. Medios de impugnación

La resolución que dicte la autoridad requerida, ordenando o negando la práctica del acto solicitado, puede ser impugnada por alguno de los recursos que este Código establece, lo que se resolverá por el órgano jurisdiccional federal competente.

Artículo 96. Exhortos a tribunales extranjeros

Los exhortos a tribunales extranjeros se remitirán y tramitarán por la vía diplomática al lugar de su destino, previa aprobación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Las firmas de las autoridades que los expidan serán legalizadas por el presidente o el secretario general de acuerdos de aquélla, y la de estos servidores públicos por el Secretario de Relaciones Exteriores o por el servidor público que él designe. El exhorto podrá remitirse directamente y prescindir de las firmas, en sus casos, cuando la ley o la práctica del país al que se dirige el exhorto lo permitan, o exista reciprocidad.

En casos de urgencia podrán dirigirse comunicaciones a cualquier autoridad judicial o administrativa extranjera, anticipando el exhorto o la contestación a un requerimiento, sin perjuicio de que, con posterioridad, se formalice la gestión, según lo previsto en el párrafo anterior.

Artículo 97. Actuaciones en el extranjero

Podrá encomendarse la práctica de actuaciones en países extranjeros a los secretarios de Legaciones y a los agentes consulares de la República, por medio de oficio con las inserciones necesarias.

Artículo 98. Exhortos de tribunales extranjeros

Los exhortos que provengan de tribunales extranjeros deberán tener, además de los requisitos que indiquen las legislaciones respectivas y los Tratados Internacionales, la legalización que haga el representante autorizado para atender los asuntos de la República en el lugar donde sean expedidos.

CAPITULO IV
PLAZOS Y TERMINOS

Artículo 99. Obligatoriedad, improrrogabilidad y cómputo de los plazos
Los actos procesales serán cumplidos en los plazos establecidos en la ley. Los plazos legales son improrrogables y empezarán a correr desde el día siguiente a la fecha de la notificación, salvo los casos de excepción que expresamente señale este Código.
Los plazos se contarán por días hábiles, excepto los que por disposición legal deban computarse por horas, en que éstos se contarán de momento a momento a partir de aquél en que el inculpado quede a disposición del Ministerio Público Federal, cuando se trate de detención por caso flagrante o urgente o el inculpado se presente voluntariamente ante dicha autoridad. Lo mismo se hará cuando el inculpado quede físicamente a disposición del juzgador en un centro de reclusión, debiéndose hacer constar por escrito esta circunstancia.

Artículo 100. Términos

Los términos para la práctica de una actuación se fijarán por día y hora, y quien ordene la actuación deberá precisar en el mandamiento respectivo la fecha y hora correspondientes al acto que se realizará. La resolución que disponga un término se notificará cuando menos con cuarenta y ocho horas de anticipación al momento en que haya de celebrarse la actuación respectiva, salvo el caso de renuncia de las mismas.

Artículo 101. Plazos para la investigación del delito y el proceso

Los procedimientos penales deberán concluir en el menor tiempo posible. Por lo que toca a los plazos para la investigación del delito, se estará a las disposiciones que sobre el plazo para ejercer la acción penal o para resolver el archivo de la indagatoria prevén tanto la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos como el presente Código. En lo que respecta al proceso, la sentencia definitiva de primera instancia se dictará igualmente dentro de los plazos que señala la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el presente Código, atendiendo a la duración máxima de la pena que corresponda al delito.

Artículo 102. Ampliación de plazos

Los plazos para concluir la investigación del delito o el proceso se ampliarán cuando lo solicite el inculpado por convenirle para su defensa, según lo previsto en la fracción VIII, apartado B, del artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se entenderá que el inculpado requiere la ampliación cuando la pida fundadamente de manera expresa, o haga promociones que impliquen la extensión del plazo previsto por la ley. En este caso, el Ministerio Público Federal o el juzgador, según corresponda, harán notar al inculpado la consecuencia de dicha ampliación en lo que respecta a la duración del procedimiento respectivo. El plazo, por ello, sólo se ampliará en la medida indispensable para la realización de los actos de defensa que promueva el inculpado.

Si en los casos de investigaciones sin detenido, el retardo injustificado de su integración obedece a una omisión maliciosa o a la negligencia del Ministerio Público Federal, habrá responsabilidad de éste por demorar o entorpecer la procuración de justicia.

Artículo 103. Plazos para dictar resoluciones

Los autos que contengan resoluciones de mero trámite deberán dictarse dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes a la fecha en que se hizo la promoción o se produjo el acto que los motiva. Los demás autos se dictarán dentro de los tres días siguientes a aquél en que se haya presentado o producido la promoción o el acto, salvo que la ley disponga otra cosa.

Por lo que hace a las sentencias, atendiendo a lo previsto en el artículo 101, éstas se dictarán dentro de los términos señalados en las disposiciones específicas contenidas en este Código.

CAPITULO V
NULIDAD DE LAS ACTUACIONES

Artículo 104. Casos de nulidad

Las actuaciones serán nulas, cuando:

I. Se hayan realizado sin observancia de alguna de las formalidades esenciales que prevenga la ley, que impliquen violación de derechos y garantías de los participantes, salvo que el defecto haya sido saneado, independientemente del perjuicio que se pueda causar a cualquiera de ellos;
II. Se trate de pruebas obtenidas con violación de derechos fundamentales, o

III. La ley expresamente determine la nulidad.

Se entenderá que el acto se ha saneado cuando, no obstante la irregularidad, ha conseguido su fin respecto de todos los interesados. La convalidación no procederá cuando el acto irregular no modifique, de ninguna manera, el desarrollo del proceso ni perjudique la intervención de los interesados.

La nulidad no podrá ser invocada por quien dio lugar a ella. La nulidad de una actuación se reclamará por la parte que la promueva en la actuación subsecuente en que ésta deba intervenir, y se substanciará conforme al procedimiento previsto para los incidentes no especificados. Cuando se resuelva la nulidad del acto, serán igualmente nulas las actuaciones posteriores al acto anulado que se deriven precisamente de éste.

Artículo 105. Declaración de nulidad

Cuando no sea posible sanear o convalidar un acto, el juez deberá declarar su nulidad por auto fundado o señalar expresamente la nulidad del acto en la resolución respectiva, de oficio o a petición de parte. Al declarar la nulidad, el juez establecerá a cuáles actos alcanza la nulidad por su relación con el acto anulado y, si ello es posible, ordenará que se renueven o rectifiquen.

Las resoluciones judiciales que decidan sobre la nulidad invocada, serán apelables en efecto devolutivo.

CAPITULO VI
MEDIDAS DE APREMIO Y CORRECCIONES DISCIPLINARIAS

Artículo 106. Medidas de apremio

Para hacer cumplir sus determinaciones, el Ministerio Público Federal en la etapa de investigación del delito y el juzgador durante el proceso, pueden emplear las siguientes medidas de apremio:

I. Apercibimiento;

II. Multa de cinco a treinta días de salario mínimo vigente en el momento y lugar en que se realizó la conducta que motivó el apremio. Tratándose de jornaleros, trabajadores u obreros, la multa no deberá exceder de un día de salario, y en el caso de no asalariados la multa no excederá del equivalente a un día de ingreso;

III. Auxilio de la fuerza pública, y

IV. Arresto hasta por treinta y seis horas.

Artículo 107. Correcciones disciplinarias

Para mantener el orden y exigir el respeto debido a la autoridad y a los demás asistentes en las audiencias, el Ministerio Público o el juzgador, en su caso, podrán aplicar como correcciones las medidas disciplinarias señaladas en el artículo anterior.

Siempre que se altere el orden o se cometa una falta, el secretario respectivo deberá dar fe del hecho, antes de imponerse la corrección disciplinaria.

Artículo 108. Audiencia del interesado

Si la persona afectada por una medida de apremio o disciplinaria desea ser escuchada antes de la imposición de ésta, la autoridad le concederá la palabra. Una vez dictada la medida, podrá expresar su inconformidad por escrito o comparecencia al día siguiente hábil de que tenga conocimiento.

En vista de lo que exprese el interesado, el servidor público que hubiese impuesto el apremio o la corrección resolverá de inmediato. Esta resolución no será recurrible.
LIBRO SEGUNDO PROCEDIMIENTO PENAL ORDINARIO

TITULO PRIMERO
DISPOSICIONES GENERALES

CAPITULO I
OBJETO Y FUNCION DEL PROCEDIMIENTO PENAL

Artículo 109. Objeto y función del procedimiento penal

El procedimiento penal tiene por objeto asegurar a toda persona el acceso oportuno a la justicia para resolver sus conflictos de naturaleza penal, esclarecer si se ha cometido o no un hecho que la ley señala como delito y si el sujeto a quien se le imputa lo cometió o participó en su comisión. Asimismo, su función será determinar si se acredita o no la existencia de un injusto penal y la culpabilidad del sujeto, que son presupuestos necesarios para la imposición de una pena o medida de seguridad al sentenciado, así como establecer los criterios que serán observados por el juzgador para la individualización, modificación y duración de la pena, de acuerdo con las reglas previstas en el Código Penal Federal.

El procedimiento penal también tendrá la función de garantizar que a las víctimas u ofendidos del delito se les reparen los daños causados por éste, o se les garantice su reparación.

Para dar cumplimiento a lo previsto en los párrafos anteriores, este Código establecerá las reglas y los mecanismos que posibiliten que la procuración e impartición de la justicia penal se realice de manera expedita e imparcial, y que la ejecución de la pena cumpla su objetivo, en los plazos y términos fijados por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el presente Código, observando los principios y garantías establecidos en la propia Constitución y en instrumentos internacionales.

Artículo 110. Procedimiento penal y mecanismos alternativos

En los procedimientos de carácter penal, que son materia del presente Código, se procurará, también, aplicar mecanismos alternativos de solución de controversias, en los casos y términos establecidos por este Código y la ley de la materia, siempre y cuando tanto la víctima u ofendido como el inculpado conjuntamente participen en el procedimiento para la solución de las cuestiones derivadas del hecho delictivo.

CAPITULO II
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO PENAL

Artículo 111. Etapas del procedimiento penal

El procedimiento penal tendrá las siguientes etapas:

I. La de investigación del delito, que inicia con la denuncia o querella y concluye cuando el Ministerio Público formaliza su acusación ante la autoridad judicial y comprende, a su vez, las siguientes fases:

a) La de investigación preliminar, que va desde la recepción de la denuncia, querella o su equivalente por el Ministerio Público hasta que éste ejerce la acción penal ante el juez de control, y en la que deben recabarse los elementos probatorios necesarios y suficientes para la orden de aprehensión o de comparecencia, o para el auto de vinculación a proceso, según el caso, y

b) La de perfeccionamiento de la investigación, que se realiza bajo control judicial durante el proceso, la cual va desde que se dicta el auto de vinculación a proceso hasta el momento en que se formaliza la acusación (o imputación formal), y tiene por objeto aportar los elementos probatorios que sirvan para sustentar la acusación durante el proceso;
II. La del proceso, que inicia con la radicación del ejercicio de la acción penal y concluye con el dictado de la sentencia; tiene por objeto esclarecer los hechos motivo de la acusación y determinar la culpabilidad o inocencia de su autor o partícipe, así como procurar que el culpable no quede impune y los daños causados por el delito se reparen, y comprende las siguientes fases:

a) La de plazo constitucional, que va desde que el imputado queda a disposición del juez de control hasta el auto que resuelve sobre la vinculación a proceso y, en su caso, sobre la prisión preventiva;

b) La de preparación del juicio oral, que comprende desde la audiencia a que se refiere el artículo 376, pasando por la formalización de la acusación hasta el auto de apertura del juicio oral, y

c) La de juicio oral, que comprende desde el auto de apertura a juicio hasta la emisión de la sentencia que pone fin al proceso; y

III. La de ejecución de la sentencia condenatoria, que comprende la ejecución de las penas o medidas de seguridad; inicia una vez que la sentencia que la imponga ha causado ejecutoria y concluye al cumplirse la sanción impuesta, en los términos de la sentencia ejecutoria y de acuerdo con lo previsto en la Ley de Ejecución de Sanciones Penales respectiva.

Cada una de las resoluciones que se dicten en las distintas etapas del procedimiento podrá ser objeto de impugnación, en los términos previstos en este Código, sin que por ello las diligencias o actuaciones que generen para resolverlos sean consideradas una etapa más del procedimiento.

TITULO SEGUNDO
INVESTIGACION DE LOS DELITOS

CAPITULO I
CRITERIOS QUE RIGEN LA INVESTIGACION

Artículo 112. Objeto de la investigación

La investigación tiene por objeto reunir los elementos de prueba para el esclarecimiento de los hechos que la ley señala como delito y determinar si se dan los motivos y fundamentos necesarios para el ejercicio de la acción penal en contra de quien o quienes probablemente lo cometieron o participaron en su comisión y, en su caso, para iniciar el proceso penal en contra de ellos. Corresponde al Ministerio Público de la Federación desarrollar la investigación de los delitos, con el apoyo directo de la policía y de los servicios periciales, así como reunir los elementos de prueba que servirán de base a la acusación, en los términos previstos por este Código.

Asimismo, corresponde al Ministerio Público Federal y a los agentes de la policía procurar que no se acuse a quien es inocente del hecho que se le imputa, si en la investigación se determina que existe alguna circunstancia excluyente del delito que opera a favor del indiciado. Por ello, en la etapa de investigación del delito el inculpado o su defensor podrán requerir al Ministerio Público Federal que aplique las medidas conducentes para verificar la no existencia del hecho punible, o la presencia de circunstancias que excluyan o atenúen ese hecho o la culpabilidad del sujeto. Igualmente, corresponderá al Ministerio Público Federal ofrecer en etapas posteriores los medios probatorios que tendrán por objeto demostrar la culpabilidad del procesado, así como procurar que el culpable no quede impune y se garantice la reparación de los daños causados a la víctima, en los términos de este Código.

Artículo 113. Conducción de la investigación

La investigación de los delitos estará a cargo del Ministerio Público Federal y de la policía, la que en todo caso actuará bajo la conducción y mando de aquel. Asimismo, en el ejercicio de esta función el Ministerio Público Federal se auxiliará de los servicios periciales y de los cuerpos de seguridad pública federales.

Cuando se trate de delitos en los que se permita la acción penal de particulares, la investigación policíaca sólo se hará con orden expresa de la autoridad judicial, en los términos previstos por este Código.
Artículo 114. Criterios y principios que rigen la investigación

Las autoridades encargadas de desarrollar la investigación de los delitos se regirán por los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, imparcialidad, honradez y respeto a los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en este Código.

De acuerdo con lo previsto en el párrafo anterior, el esclarecimiento de los hechos por la autoridad investigadora, que consiste en reconstruir lo que sucedió a partir de la recolección de elementos probatorios, indicios, informaciones y pericias técnicas, ellos se obtendrán de manera objetiva, imparcial y legalmente permitida.

Artículo 115. Criterios para garantizar la legalidad y objetividad de las medidas precautorias y actos de molestia

Para garantizar la observancia de los principios de legalidad y de objetividad de la investigación, sobre todo cuando se trata de medidas precautorias o de actos de molestia, se atenderán los siguientes criterios:

a) Los agentes del Ministerio Público Federal y de la policía certificada que realicen actos de investigación deberán fundar y motivar sus resoluciones. La motivación es la explicación lógica de la vinculación entre la hipótesis normativa y los elementos o indicios de que se disponen para ordenar el acto de molestia;

b) El acto de molestia deberá ser proporcional entre lo que se busca lograr y los medios o instrumentos que se utilizan para lograr el fin legal que se propone, y

c) Los órganos investigadores deberán actuar de manera razonable cuando realicen actos de molestia en la esfera de las personas.

CAPITULO II
INICIACION DE LA INVESTIGACION

Artículo 116. Formas de iniciar la investigación de los delitos

La investigación de los delitos podrá iniciarse por la denuncia o la querella que reciba el Ministerio Público Federal, en forma oral o por escrito, de un hecho que puede constituir delito en los términos del Código Penal.

La Policía sólo podrá recibir denuncias sobre hechos que pueden constituir delito, cuando por las circunstancias del caso aquellas no puedan formularse directamente ante el Ministerio Público Federal; en estos casos la Policía informará de inmediato a aquél acerca de las mismas y de las diligencias que hubiese practicado, pudiendo continuar la investigación pero siempre bajo la conducción y el control del Ministerio Público Federal. Lo anterior es aplicable para todo tipo de policía que realice funciones de investigación de delitos.

Artículo 117. Iniciación por denuncia

La denuncia puede ser presentada por cualquier persona que tenga conocimiento de la comisión de un hecho posiblemente delictuoso que deba perseguirse de oficio. Una vez recibida la denuncia, el Ministerio Público Federal deberá proceder de oficio a la investigación de los hechos que pueden constituir delito. La investigación no podrá iniciarse de oficio cuando se trate de delitos en los que solamente se pueda proceder por querella de parte ofendida, o cuando la ley exija algún requisito previo, si éste no se ha cumplido.
Artículo 118. Deber de los particulares de denunciar

Toda persona que tenga conocimiento de la comisión de algún hecho posiblemente delictuoso que deba perseguirse de oficio, está obligada a denunciarlo ante el Ministerio Público Federal, trasmitiéndole todos los datos que tuviere para su conocimiento e iniciar el esclarecimiento de los hechos. En caso de urgencia, y a falta de Ministerio Público Federal en el lugar de los hechos, la enuncia podrá hacerse ante la autoridad más próxima, la que sin demora lo hará del conocimiento del Ministerio Público Federal que corresponda. Si la autoridad que conozca de la comisión de un delito que deba investigarse de oficio tuviere competencia para ello, iniciará sin tardanza la investigación; en caso contrario, pondrá el hecho inmediatamente en conocimiento de la autoridad competente. su conocimiento y continuar el esclarecimiento de los hechos

La denuncia no será obligatoria si se trata del tutor, curador, pupilo, cónyuge, concubina o concubinario del imputado, los parientes por consanguinidad o por afinidad en la línea recta ascendente o descendente sin limitación de grado y en la colateral por consanguinidad o afinidad, hasta el segundo grado inclusive; tampoco habrá obligación de denunciar si existen razones que hagan suponer que la persona corre el riesgo de ser perseguida penalmente, o cuando los hechos fueron conocidos bajo secreto profesional.

Artículo 119. Obligación del servidor público a denunciar

El servidor público que, con motivo y en el ejercicio de sus funciones, tenga conocimiento de la probable comisión de un delito perseguible de oficio, deberá denunciarlo sin demora. Si la persecución depende de la manifestación que corresponda a alguna autoridad, lo pondrá en conocimiento de su superior jerárquico, para que éste lo haga saber a la autoridad que deba formular la querella o el acto equivalente a ésta.

El servidor público que no cumpla con lo previsto en el párrafo anterior incurrirá en responsabilidad.

Artículo 120. Forma y contenido de la denuncia

La denuncia podrá formularse verbalmente o por escrito y deberá contener la identificación del denunciante, su domicilio, la narración circunstanciada del hecho, la indicación de quien o quienes lo habrían cometido o habrían participado en su comisión, y de las personas que lo hayan presenciado o que tengan noticia de él, todo en cuanto le constare al denunciante. Si la denuncia es escrita, será firmada por el denunciante; y si es verbal, se levantará un acta en presencia del denunciante, quien la firmará junto con el servidor público que la reciba; si el denunciante no pudiere firmar, lo hará un tercero a su ruego. En ambos casos se requerirá que el denunciante proteste producirse con verdad.

Artículo 121. Iniciación por querella o acto equivalente

Cuando para la persecución de un delito se requiera querella u otro acto equivalente, antes de iniciar la investigación el Ministerio Público Federal determinará si se ha formulado la querella o satisfecho el requisito de procedibilidad equivalente; en todo caso, para el ejercicio de la acción penal dicho requisito deberá estar satisfecho. La querella consiste en la manifestación expresa o tácita de la voluntad de la víctima u ofendido del delito, de que se lleve a cabo la investigación del hecho presumiblemente delictuoso y, en su caso, se ejerza la acción penal en contra de quien lo cometió o participó en su comisión, cuando la persecución dependa de esta instancia de parte. Corresponde al Código Penal o a la Ley penal especial señalar qué delitos se perseguirán por querella o por un acto equivalente.

Cuando el requisito de procedibilidad consista en la declaración de una autoridad, cualquiera que sea el nombre de dicha declaración, el Ministerio Público Federal solicitará a aquélla, por escrito, que le haga conocer en la misma forma la determinación que adopte sobre el particular, misma que deberá constar en el expediente.
ARTICULO 122. Querella por representante legal o por poder

Cuando se trate de menores de dieciséis años de edad o de incapaces, la querella se presentará por quien ejerza la patria potestad o la tutela o, a falta de éstos, por los hermanos mayores de dieciséis años o por sus legítimos representantes. En caso de discrepancia entre el menor ofendido y sus representantes legítimos sobre si debe presentarse la querella, decidirá la Procuraduría de la Defensa del Menor, la que también podrá formular la querella en representación de menores o incapaces cuando éstos carezcan de representantes legales y, en todo caso, tratándose de delitos cometidos en su contra por los propios representantes.

Para la presentación de la denuncia no se requiere apoderado. Pero la querella puede ser formulada por el ofendido, por sus representantes legales o por mandatario. La querella formulada en representación de personas físicas o jurídicas colectivas se admitirá cuando el apoderado tenga poder especial para formularla, sin que sean necesarios en este segundo caso acuerdo o calificación del consejo de administración o de la asamblea de socios o accionistas, poder especial para el caso determinado, ni instrucciones concretas del mandante.

ARTICULO 123. Forma y contenido de la querella

La querella podrá formularse verbalmente o por escrito. En este último caso, se requerirá que sea ratificada por el que la formule, quien proporcionará los datos que la autoridad considere oportuno solicitar. En ambos casos se requerirá que el querellante proteste producirse con verdad y se hará constar el nombre completo de él, quien pondrá su firma o huella digital y su domicilio.

El servidor público que reciba la querella o requerimiento por escrito, deberá, igual que con relación a la denuncia, asegurarse de la identidad de quien la presenta, así como de la identidad y legitimación de la autoridad que cubra el requisito de procedibilidad, y de la autenticidad de los documentos en que aparezca formulada la querella y en los que se apoyen ésta, el acto equivalente o la denuncia.

La querella y la denuncia se limitarán a describir los hechos, sin calificarlos ni clasificarlos legalmente, y se harán observando los requisitos exigidos para el ejercicio del derecho de petición. El funcionario que las reciba explicará a quienes las formulen el alcance del acto que realizan, así como las sanciones aplicables a quienes se producen con falsedad.

Artículo 124. Publicación de la denuncia o querella

Cuando alguna persona haga publicar la denuncia o querella, estará obligada a publicar también a su costa y en la misma forma utilizada para esa publicación, el acuerdo con el que concluya la investigación del delito, si así lo solicita quien en su contra se hubiesen formulado la denuncia o querella, sin perjuicio de la responsabilidad en que aquélla hubiese incurrido.

CAPITULO III
DESARROLLO DE LA INVESTIGACION

SECCION PRIMERA
DIRECCION DE LA INVESTIGACION Y CONTROL DE LA ACTUACION POLICIAL POR EL MINISTERIO PUBLICO FEDERAL

Artículo 125. Medidas inmediatas y criterios de actuación en la investigación

Inmediatamente que el Ministerio Público Federal tenga conocimiento, por denuncia, querella o acto equivalente, de la probable comisión de un delito, dictará todas las medidas y providencias necesarias, con el objeto de:

I.- Proporcionar seguridad y auxilio a las víctimas;

II.- Impedir que se pierdan, destruyan o alteren las huellas o vestigios del hecho delictuoso, los instrumentos o cosas objeto o efectos del mismo, es decir, adoptar las medidas necesarias para la cadena de custodia;
III.- Determinar qué personas fueron testigos del hecho; IV.- Evitar que el delito se siga cometiendo, y

IV.- En general, impedir que se dificulte la investigación, procediendo a la detención o retención de los probables participantes en la comisión del hecho delictivo en los casos de flagrancia.

Artículo 126. Levantamiento del acta o registro

Para los efectos del artículo anterior, el Ministerio Público Federal procederá a levantar el acta o hacer el registro correspondiente, en el que hará constar:

I.- La hora, fecha y modo en que se tenga conocimiento de la denuncia o querella;

II.- El nombre y datos de la persona que denunció o se querelló, así como lo expresado en su declaración y por el inculpado, si éste se encontrare presente;

III.- La descripción de lo que haya sido objeto de la inspección;

IV.- Los nombres y domicilio de los testigos que no se hayan podido examinar;

V.- El resultado de la observación de las particularidades que se hayan notado, a raíz de ocurridos los hechos, en las personas que en ellos intervengan;

VI.- Las medidas y providencias que se hayan tomado para la investigación de los hechos, así como los demás datos y circunstancias que se estime necesario hacer constar.

El Ministerio Público Federal también asentará todas las observaciones que acerca de las características del autor o partícipe hubiere recogido, ya sea en el momento de cometer el delito, ya durante la detención del probable responsable, o bien durante la práctica de las diligencias en que hubiere intervenido, incluyendo el grupo étnico indígena al que pertenece, en su caso. Si la investigación se realiza en contra de alguna persona que no habla o no entiende suficientemente el idioma español, se le nombrará un traductor desde el primer día de su detención, quien deberá asistirla en todos los actos procedimentales sucesivos en los que debe intervenir el inculpado y en la correcta comunicación que haya de tener con su defensor. El juez de control, en su caso, de oficio o a petición de parte, verificará que perdure ese canal de comunicación en el proceso; y si lo estimare prudente, podrá nombrar a un traductor que mejore dicha comunicación.

El Ministerio Público Federal deberá dejar constancia de las actuaciones que realice tan pronto tengan lugar, utilizando al efecto cualquier medio que permita garantizar la fidelidad e integridad de la información, así como el acceso a ella por quienes, de acuerdo a la ley, tuvieren derecho a exigirlo. Asimismo, llevará un registro en el que consten los acuerdos que dicte, así como los documentos relacionados con la investigación.

Artículo 127. Participación de la policía de investigación

En el ejercicio de la función de investigación, se contará con la participación de agentes de la policía que hayan sido previamente certificados para ello, quienes actuarán bajo la conducción y el mando directo del Ministerio Público Federal, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los artículos 30, III, 33, 34 y 113 de este Código.

De acuerdo con el párrafo anterior, los policías deberán acatar las órdenes que el Ministerio Público Federal les señale en el ejercicio de su función de conducir o dirigir funcionalmente la investigación de los delitos; asimismo, le informarán sobre los avances y resultados de las investigaciones que aquél les indique realizar para el esclarecimiento de los hechos.
Artículo 128. Dirección funcional de la investigación

La dirección funcional que el Ministerio Público Federal ejerce sobre la policía comprende tanto la dirección jurídica como la técnico operativa de la investigación.

a) La dirección jurídica implica la obtención de los elementos de prueba que determinen la existencia del hecho que la ley señala como delito y la probable participación del inculpado en su comisión, conforme a las exigencias del tipo penal del delito de que se trata.

b) La dirección técnico operativa consiste en determinar y supervisar las acciones, pericias o cualquier otra diligencia que se requieran para establecer la existencia del hecho delictivo y la probable participación del inculpado en su comisión, así como la manera en que se desarrollan los operativos policiales, siendo las acciones táctico-operativas responsabilidad del mando policial, el que en todo caso deberá consultar con el Ministerio Público Federal los elementos jurídicos y constitucionales involucrados.

Para ello, el Ministerio Público Federal deberá en cada caso convocar a los policías, peritos y demás aéreas requeridas, a reuniones de planeación y desarrollo de la investigación, en los términos de los artículos 133 y 134.

Artículo 129. Obligación de obedecer al Ministerio Público

La dirección funcional del Ministerio Público Federal sobre el policía asignado al caso es independiente de la dirección jerárquica que ejerce el mando policial. Por lo que, bajo ninguna circunstancia será excusa la orden del mando jerárquico para no acatar las instrucciones legales del Ministerio Público Federal. El policía investigador que desobedezca la orden del Ministerio Público Federal en ejercicio de esta función será sancionado en los términos de las leyes administrativas y penales aplicables.

Artículo 130. Obligación de informar al Ministerio Público

Cuando la policía tenga conocimiento de la existencia o probable comisión de un hecho que la ley señale como delito deberá informarlo inmediatamente al Ministerio Público Federal, para que éste ejerza sus atribuciones constitucionales. A partir de ese momento la policía deberá estar bajo la dirección funcional del Ministerio Público Federal si ella realiza funciones de investigación.

Cuando un agente de policía sea informado de la comisión de un delito, se trasladará inmediatamente al lugar de los hechos para comprobar su probable existencia y, en su caso, preservar la escena del delito. Dependiendo de la gravedad del hecho y de las necesidades de la intervención ministerial, lo informará al Ministerio Público Federal, el cual podrá ordenar a los agentes de policía certificados que realicen las primeras diligencias, pudiendo trasladarse personalmente a la escena del delito para tomar la conducción de la investigación.

Artículo 131. Obligación de cooperar con el Ministerio Público

Toda persona que haya tenido conocimiento de los hechos sujetos a investigación deberá colaborar con el Ministerio Público Federal en la aclaración de los mismos, salvo las excepciones previstas en este Código.

Artículo 132. Facultad de citación del Ministerio Publico

El Ministerio Público Federal que inicie una investigación podrá citar, para que declaren sobre los hechos que se averigüen, a las personas que por cualquier concepto participen en ellos o aparezca que tienen datos sobre los mismos. En el acta se hará constar quién mencionó a la persona que haya de citarse, o por qué motivo el funcionario que practica las diligencias estimó conveniente hacer la citación.
SECCION SEGUNDA
PLAN DE INVESTIGACIÓN

Artículo 133. El plan de investigación

Una vez que el Ministerio Público Federal tenga noticia de la comisión de un delito, deberá tener reuniones de coordinación con los agentes de policía certificados que ejerzan funciones de investigación así como con los peritos que sean necesarios, para fijar el plan a desarrollar que contemple las acciones necesarias para obtener los datos que establezcan que se ha cometido un hecho delictivo, determinar quiénes lo cometieron o participaron en su comisión, así como fijar las circunstancias de lugar, tiempo, modo u ocasión en que el hecho fue cometido, atendiendo a los rasgos característicos de éste.

Artículo 134. Aspectos del plan de investigación

El plan de investigación deberá considerar los siguientes aspectos:

a) La determinación de los objetivos de la investigación atendiendo a la naturaleza y características del hecho;

b) Las hipótesis delictivas que en torno al caso se establezcan;

c) El análisis y la estrategia básica de investigación;

d) El control de riesgo y el manejo de la crisis;

e) El control de manejo de la información;

f) Los criterios para evaluar la información;

g) La periodicidad de las reuniones del grupo en las fases críticas y para la continuación de las investigaciones;

h) La división de tareas y los procedimientos de control.

Para el desarrollo del plan de investigación, el Ministerio Público Federal ordenará la realización de todas las actividades que no impliquen restricción a los derechos fundamentales y que sean conducentes al esclarecimiento de los hechos, al descubrimiento de los elementos materiales probatorios y evidencia física, a la individualización de los probables autores y partícipes del delito, a la evaluación y cuantificación de los daños causados y a la asistencia y protección de los ofendidos y las víctimas. Los actos de investigación de campo y de estudio y análisis de laboratorio serán ejercidos directamente por la policía y los servicios periciales bajo la conducción y control del Ministerio Público Federal.

Artículo 135. Participantes en el plan de investigación

El plan de investigación del delito contará como mínimo con los siguientes elementos:

a) El agente del Ministerio Público Federal responsable del caso, quien coordinará la investigación y la actuación del equipo de trabajo;

b) Los agentes del Ministerio Público Federal y de policía de investigación, así como de los peritos asignados, dependiendo de la naturaleza y las características del caso;

c) Un representante de la Unidad de Investigación Financiera, si el caso lo requiere, que igualmente deberá actuar bajo la dirección del Ministerio Público Federal responsable, y

d) En caso de ser necesaria su intervención, también participará el mando policial responsable del operativo.

Si la complejidad del asunto lo amerita, el Ministerio Público Federal dispondrá la ampliación del equipo de investigación.
Artículo 136. Consecuencia en caso de desobediencia policial

Cuando un agente de la policía no acate las instrucciones del Ministerio Público Federal, éste podrá continuar las investigaciones por sí mismo o encomendar la continuación de las mismas a otras policías, sean federales, locales o municipales, con independencia de las sanciones a que haya lugar para el policía desobediente. En caso de que el Ministerio Público Federal encomienda la continuación de la investigación a otras policías, hará la correspondiente solicitud de colaboración a dichas autoridades.

Artículo 137. Coordinación con otras autoridades

El Ministerio Público Federal y las instituciones policiales deberán coordinarse entre sí y con otras instituciones que sean necesarias para desarrollar la investigación y, en su momento, ejercer la acción penal, atendiendo a los fines de la procuración de justicia y de la seguridad pública.

Artículo 138. Grupos de tareas especiales

Cuando por la particular complejidad de la investigación sea necesario conformar un grupo de tareas especiales, el Procurador General de la República o quien éste designe podrá autorizar al Ministerio Público Federal responsable de conducir la investigación que lo integre. El grupo de tareas especiales se integrará con los agentes del Ministerio Público Federal y miembros de la policía que se requieran, según el caso, quienes trabajarán de manera exclusiva en el desarrollo del programa de investigación correspondiente. Al grupo se podrá agregar miembros de las unidades de investigación financiera o grupos de inteligencia, si se requiere.

En estos casos, el Ministerio Público Federal, a partir de los datos obtenidos, deberá rendir periódicamente informes sobre los avances de la investigación al Procurador General de la República o a quien éste designe.

Artículo 139. Observancia de los principios rectores en la actuación

El Ministerio Público Federal responsable de la investigación deberá observar que la actuación de la policía se desarrolle conforme a los principios rectores y garantías que establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Si al examinar el informe de las labores realizadas por la policía y los hallazgos obtenidos en la investigación, se determina que las diligencias se han desarrollado con desconocimiento de dichos principios y garantías constitucionales, el Ministerio Público Federal, bajo su más estricta responsabilidad, dispondrá lo pertinente a los fines de la investigación, ordenará que esas actuaciones se reorienten e informará a las autoridades competentes de las irregularidades advertidas, para los efectos legales procedentes.

SECCION TERCERA
CADENA DE CUSTODIA

Artículo 140. Aplicación de la cadena de custodia

Con el fin de garantizar la autenticidad de los elementos probatorios y la evidencia física, la cadena de custodia se aplicará teniendo en cuenta los siguientes factores: identidad, estado original, condiciones de recolección, preservación, embalaje y envío; lugares y fechas de permanencia y los cambios que cada custodio haya realizado. Igualmente se registrará el nombre y la identificación de todas las personas que hayan estado en contacto con esos elementos.

La cadena de custodia se iniciará en el lugar donde se descubran, recaben o encuentren los elementos materiales probatorios y la evidencia física y finalizará por orden de autoridad competente.

Existirá un reglamento expedido por la institución que regule el diseño, aplicación y control del sistema de cadena de custodia, de acuerdo con los avances científicos, técnicos y artísticos.
Artículo 141. Responsables de la cadena de custodia

La aplicación de la cadena de custodia es responsabilidad de los servidores públicos que primeramente entren en contacto con los elementos materiales probatorios y la evidencia física. Los particulares que por razón de su trabajo o por el cumplimento de las funciones propias de su cargo, en especial el personal de los servicios de salud, que entren en contacto con elementos materiales probatorios y la evidencia física, son responsables de su recolección, preservación y entrega a la autoridad correspondiente.

El servidor público que hubiere embalado y rotulado el elemento material probatorio o la evidencia física tendrá la obligación de custodiarlo. Deberá trasladarlo al laboratorio correspondiente, donde lo entregará en la oficialía de partes o en la oficina que haga sus veces, bajo el recibo que figura en el formato de cadena de custodia.

El servidor público de la oficialía de partes o la que haga sus veces, sin pérdida de tiempo, bajo el recibo que figura en el formato de cadena de custodia, entregará el contenedor o depósito del elemental material probatorio o la evidencia física al perito que corresponda según la especialidad.

Artículo 142. Actuación del perito

El perito que reciba el contenedor dejará constancia del estado en que se encuentra y procederá a las investigaciones y análisis del elemento material probatorio y evidencia física, a la mayor brevedad posible, de modo que su informe pericial pueda ser oportunamente remitido al agente del Ministerio Público Federal encargado de la investigación.

Artículo 143. Responsabilidad de custodiar

Cada servidor público de los mencionados en los artículos anteriores será responsable de la custodia del contenedor y del elemento material durante el tiempo que esté en su poder, de modo que no pueda ser destruido, suplantado, alterado o deteriorado.

Artículo 144. Registro de macroelementos materiales probatorios

Los objetos de gran tamaño, como naves, aeronaves, vehículos automotores, máquinas, grúas y otros similares, después de ser examinados por peritos para recoger elementos materiales probatorios y la evidencia física que se hallen en ellos, se grabarán en videocinta o se fotografiarán en su totalidad y, especialmente, se registrarán del mismo modo los sitios en donde se hallaron huellas, rastros, microrrastros o semejantes, narcóticos, armas, explosivos o similares que puedan ser objeto o producto de delito. Estas fotografías y vídeos que sustituirán al elemento físico, serán utilizados en su lugar durante el juicio oral y público o en cualquier otro momento del procedimiento; se embalarán y rotularán y se conservará una muestra representativa suficiente para la elaboración de los dictámenes periciales que hayan de producirse en la etapa de investigación o en el proceso, según el caso.

Salvo lo previsto en este Código en relación con las medidas cautelares sobre bienes susceptibles de decomiso, o de extinción de dominio, o para el pago de la responsabilidad civil por el delito, los macroelementos materiales probatorios mencionados en este artículo, después de que sean examinados, fotografiados, grabados o filmados, serán devueltos al propietario, poseedor o al tenedor legítimo, según el caso, previa demostración de la calidad invocada, siempre y cuando no hayan sido medios eficaces para la comisión del delito.

El Ministerio Público Federal o, en su caso, los funcionarios de policía, deberán ordenar la destrucción de los materiales explosivos en el lugar del hallazgo, cuando las condiciones de seguridad lo exijan.
Artículo 145. Resguardo de remanentes

Los remanentes del elemento material analizado serán guardados en el almacén que en el laboratorio esté destinado para ese fin. Al almacenarlo será previamente identificado, de tal forma que en cualquier otro momento pueda ser recuperado para nuevas investigaciones o análisis o para su destrucción, cuando así lo disponga la autoridad judicial competente.

Cuando se tratare de otra clase de elementos, como moneda, documentos manuscritos, mecanografiados o de cualquier otra clase, o partes donde consten números seriales y otras semejantes, elaborado el informe pericial, continuarán bajo custodia.

Artículo 146. Revisión previa al recibo

Toda persona que deba recibir un elemento material probatorio y evidencia física, antes de hacerlo, revisará el recipiente que lo contiene y dejará constancia del estado en que se encuentre.

Artículo 147. Identificación

Toda persona que aparezca como embalador y rotulador, o que entrega o recibe el contenedor de elemento material probatorio y evidencia física, deberá identificarse con su nombre completo y apellidos, el número de su cédula de identificación y el cargo que desempeña; lo que deberá constar en el formato de cadena de custodia.

Artículo 148. Certificación

La policía y los peritos certificarán la cadena de custodia. La certificación es la afirmación de que el elemento hallado en el lugar, fecha y hora indicados en el rótulo, es el que fue recogido por la policía y que ha llegado al laboratorio y ha sido examinado por el perito o peritos. Además, que en todo momento ha estado custodiado.

CAPITULO IV
MEDIOS PROBATORIOS EN LA ETAPA DE INVESTIGACION

SECCION PRIMERA
DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 149. Aplicabilidad de las reglas de este capítulo

Las reglas contenidas en el presente capítulo serán aplicables a los medios o elementos probatorios que tengan que practicarse en la etapa de investigación de los delitos, para los efectos de las resoluciones que deban dictarse en dicha etapa, pero también podrán serlo para los efectos del proceso en todo lo que sea conducente y aplicable en los términos de este Código.

Las partes dispondrán de idénticas oportunidades para presentar o solicitar la práctica de pruebas que estimen favorables a sus intereses, así como para contradecir las aducidas por el contrario. Quien proponga los medios o elementos de prueba manifestará la finalidad que busca con ellos, relacionándolos con los puntos que pretende acreditar.

Artículo 150. Medios o elementos de prueba durante la investigación

Durante la investigación del delito, el Ministerio Público Federal se allegará de los medios o elementos de prueba adecuados para dar sustento al ejercicio o no de la acción penal, a las medidas cautelares, a la solicitud de orden de aprehensión y a la justificación de técnicas de investigación, los que deberá relacionar con los puntos que pretende acreditar. Para ello, el Ministerio Público Federal deberá también recibir, incorporar y proveer todos los elementos de prueba que ofrezcan o aporten el ofendido, la víctima o el inculpado. Además, en el ejercicio de su facultad investigatoria obtendrá o incorporará aquellos medios o elementos probatorios que los particulares no puedan por sí mismos producir.
Artículo 151. Oficialidad de los medios de prueba

Durante la etapa de investigación el Ministerio Público Federal se allegará, de oficio o a petición de los interesados, de los medios de prueba conducentes al esclarecimiento de los hechos y de la participación del inculpado en su comisión, así como de los que se requieran para resolver las demás cuestiones sujetas al conocimiento de las autoridades investigadoras.

Artículo 152. Objeto de la prueba

Durante la investigación del delito, pero también durante el proceso, sólo serán objeto de prueba los hechos imputados, tanto los constitutivos del delito y sus modalidades como los que lo excluyen o atenúan; las circunstancias que tienen que ver con las exigencias típicas sobre la calidad y participación de los sujetos, o las características del objeto sobre el que recayó la conducta y el monto de los daños y perjuicios causados al ofendido y a la víctima, así como los datos que sirvan para acreditar elementos subjetivos y normativos del tipo penal, en los términos del Código Penal Federal, y aquellos a través de los cuales se puede inferir la existencia o inexistencia de hechos y circunstancias anteriores.

El derecho positivo vigente no requiere prueba, salvo que se trate de derecho extranjero. Tampoco requieren prueba los tratados internacionales aplicables en la República, así como los hechos notorios y las costumbres observadas por la generalidad de la población. Esta circunstancia es también aplicable al proceso, donde el juzgador podrá invocarlos, aunque no hayan sido alegados por las partes.

Artículo 153. Elementos de prueba en etapas previas al juicio

Los elementos probatorios que presente el Ministerio Público Federal para sustentar la acción penal, las medidas cautelares, la solicitud de orden de aprehensión, la acreditación de los elementos materiales del auto de vinculación a proceso y la justificación de técnicas especiales de investigación, serán considerados pruebas para acreditar la motivación de la determinación del Ministerio Público Federal en dichos casos, así como la motivación de la decisión del juez de control en torno a las medidas cautelares, a los otros actos de molestia solicitados por el Ministerio Público Federal y al dictar el auto de vinculación a proceso o de plazo constitucional. Estos elementos deberán ser tomados en cuenta con ese carácter por los jueces de amparo, al resolver sobre actos que se dan en esas etapas del procedimiento.

Estos elementos de prueba no podrán ser introducidos directamente en el debate de juicio oral; pero, según su naturaleza, deberán ser reproducidos en el proceso penal para que tengan valor probatorio en aquel para los efectos de la sentencia. Para que esos elementos se consideren prueba anticipada, deberán reunir los mismos requisitos que este Código prevé para este tipo de prueba.

En casos de delincuencia organizada, las actuaciones realizadas en la fase de investigación podrán tener valor probatorio sólo cuando no puedan ser reproducidas en juicio, o que su reproducción implique riesgo fundado para testigos o víctimas del delito.

Artículo 154. Legalidad de la prueba y pruebas ilegales

La admisión, preparación, desahogo y valoración de los medios de prueba, se ajustarán a los requisitos y procedimientos legales establecidos en este Código para que tengan validez.

Aquellos medios de prueba que se obtengan con infracción de normas constitucionales o de prohibiciones consignadas en la ley, carecerán de validez y, por tanto, no podrán ser tomadas en cuenta por el juzgador para motivar las resoluciones que corresponden a la etapa de investigación o al proceso. Toda prueba obtenida con violación de derechos fundamentales será nula.
Artículo 155. Medios de prueba admisibles

De acuerdo con los objetivos de la investigación, y que al Ministerio Público Federal corresponde la carga de la prueba como órgano acusador, se admitirá como medio de prueba todo aquello que el propio Ministerio Público Federal recabe o que, como tal, se ofrezca por el ofendido, la víctima o el inculpado, siempre y cuando:

I. Haya sido legalmente obtenido;

II. Se refiera directa o indirectamente al objeto de la investigación y sea conducente al esclarecimiento de los hechos y de la probable participación del inculpado, y

III. No sea contrario a la moral o al derecho, a juicio de la autoridad competente.

Si el medio probatorio de que se trata no reúne estas condiciones, se desechará por la autoridad competente, la que, si lo estima necesario, podrá optar por algún otro medio de prueba establecer su autenticidad.

Artículo 156. Responsabilidad por medios de prueba ilegales

Si el Ministerio Público Federal, con motivo de sus funciones, tiene conocimiento de medios de prueba obtenidos ilegalmente, comunicará el hecho a su superior jerárquico para los efectos de la responsabilidad que corresponda.

Si en el proceso el juzgador tiene conocimiento de pruebas obtenidas ilegalmente, dispondrá que se de vista al Ministerio Público Federal para los efectos correspondientes.

SECCION SEGUNDA
MEDIOS PARTICULARES DE PRUEBA EN LA INVESTIGACION

Artículo 157. Confesión

La confesión es el reconocimiento que el inculpado hace ante la autoridad competente, de que ha tenido intervención en el hecho que se le imputa, ya sea como autor o como partícipe, y de que su participación consistió en haber realizado determinada conducta o utilizado determinado medio, dependiendo del hecho de que se trate. La confesión será rendida, en principio, únicamente ante el juez en el proceso; no obstante, si el inculpado lo desea, excepcionalmente puede también ser admitida la rendida ante el Ministerio Público Federal en la etapa de investigación. Pero, para que tenga valor probatorio, en ambos casos la confesión debe cumplir con los siguientes requisitos:

I. Que sea formulada sobre hechos propios;

II. Que sea hecha por persona no menor de dieciocho años, con plena conciencia y libertad, sin coacción ni violencia física o moral;

III. Que sea hecha en presencia de su defensor y que el inculpado esté debidamente enterado del procedimiento y de los derechos que la Constitución Política e instrumentos internacionales le otorgan, y

IV. Que esté corroborada por otros datos probatorios que la hagan verosímil, a juicio de la autoridad.

En estos casos, el Ministerio Público Federal le hará saber al inculpado que tiene derecho a declarar o a guardar silencio, así como a responder o no preguntas que le haga. El inculpado tendrá el derecho de estar asistido por su defensor en todos los interrogatorios que se le formulen. Cada pregunta deberá ser formulada en términos claros y precisos, procurando referirse a un solo hecho, salvo que se trate de hechos complejos. La confesión rendida sin la asistencia del defensor carecerá de todo valor probatorio.
De todo lo ocurrido en la diligencia de interrogatorio se dejará constancia en el acta, la cual, previa lectura, será firmada por el servidor público que haya desahogado la prueba, el secretario o los testigos de asistencia y las demás personas que hubieren intervenido. En los casos en que la autoridad lo estime necesario, se registrará por cualquier otro medio cada pregunta y la respuesta, con las palabras textuales que utilicen la autoridad y el inculpado.

Artículo 158. Inspección

Será materia de la inspección todo aquello que pueda ser directamente apreciado por la autoridad que conozca del asunto. La inspección debe ser practicada invariablemente, bajo pena de nulidad, con la asistencia del Ministerio Público Federal encargado de la investigación. Para su desahogo se fijará día, hora y lugar, y se citará oportunamente a quienes hayan de concurrir, los que podrán hacer las observaciones que estimen convenientes.

Si el Ministerio Público Federal lo considera necesario, se hará acompañar de testigos y asistir de peritos que dictaminarán según su competencia técnica. Cuando por la complejidad de la inspección haya necesidad de preparar el desahogo de ésta, el Ministerio Público Federal podrá ordenar a alguno de sus auxiliares que realice los trámites conducentes a preparar la materia de la diligencia, conforme a las normas aplicables.

Para la descripción de lo inspeccionado se emplearán, según el caso, dibujos, planos topográficos, fotografías ordinarias o métricas, moldeados o cualquier otro medio para reproducir las cosas, haciéndose constar en el acta cuál o cuáles de aquellos, en qué forma y con qué objeto se emplearon. La descripción se hará por escrito de todo lo que no hubiere sido posible efectuar por los medios anteriores, procurándose fijar con claridad los caracteres, señales o vestigios que el delito dejare, el instrumento o medio que probablemente se haya empleado y la forma en que se hubiere usado.

Al practicarse una inspección podrá interrogarse a las personas presentes, que puedan proporcionar algún dato útil para el esclarecimiento de los hechos.

Artículo 159. Reconstrucción de hechos

La reconstrucción de hechos consiste en la reproducción, tan exacta como sea posible, de sucesos relacionados con la materia de la investigación, y tendrá por objeto apreciar las declaraciones que se hayan rendido, los dictámenes periciales formulados y los demás elementos de prueba. Se podrá llevar a cabo, siempre que la naturaleza del delito y las pruebas rendidas así lo exijan, a juicio del servidor público que conozca del asunto, pudiéndose repetir la diligencia cuantas veces sea necesario.

La reconstrucción deberá practicarse precisamente a la hora y en el lugar donde se cometió el delito, cuando estas circunstancias tengan influencia en la determinación de los hechos que se reconstruyan; en caso contrario, podrá efectuarse en cualquier hora y lugar.

No se practicará la reconstrucción sin que hayan declarado las personas que hubieren intervenido en los hechos o que los hayan presenciado y deban tomar parte en ella. En el caso a que se refiere la primera parte del párrafo anterior, es necesario, además, que se haya llevado a cabo la simple inspección del lugar.

En la reconstrucción estarán presentes, si fuera posible y necesario, quienes declaren haber participado en los hechos delictivos y los que declaren como testigos presenciales. Cuando no asistiere alguno de los primeros, podrá comisionarse a otra persona para que ocupe su lugar, salvo que esa falta de asistencia haga inútil la práctica de la diligencia, en cuyo caso se diferirá. Asimismo se citará a los peritos que sean necesarios.

Cuando hubiere versiones distintas acerca de la forma en que ocurrieron los hechos, se practicarán, si fueren conducentes al esclarecimiento de los mismos, las reconstrucciones relativas a cada una de aquéllas; y, en caso de que sea necesaria la intervención de peritos, éstos dictaminarán sobre cuál de las versiones puede acercarse a la verdad.
Artículo 160. Dictamen pericial

El dictamen consiste en la opinión calificada de quien puede suministrar conocimientos especializados en asuntos correspondientes a la materia del procedimiento, que no se hallen al alcance de cualquier persona con mediana instrucción ni sean del conocimiento de la autoridad en virtud de su formación profesional. El dictamen de peritos se requerirá cuando sea necesaria la aportación de dichos conocimientos especiales para el esclarecimiento de hechos relevantes. Los peritos deberán ser citados en la misma forma que los testigos; reunirán, además, las propias condiciones de éstos y estarán sujetos a iguales causas de impedimento, siendo preferidos los que hablen el idioma español.

Los peritos deberán tener título oficial en la ciencia o arte a que se refiere el punto sobre el cual deben dictaminar, si la profesión o arte están legalmente reglamentados; en caso contrario, podrá nombrarse a peritos prácticos. También podrán ser nombrados peritos prácticos cuando no hubiere titulados en el lugar en que se siga la instrucción. El dictamen de peritos prácticos será corroborado por peritos titulados, cuando sea posible. Cuando el inculpado pertenezca a un grupo étnico indígena, podrán ser peritos prácticos personas que pertenezcan a dicho grupo étnico indígena.

Los dictámenes de carácter médico se rendirán por médicos legistas oficiales, sin perjuicio de que el Ministerio Público Federal disponga la intervención de otros facultativos. Los médicos de hospitales públicos se tienen por nombrados como peritos.

Los peritos realizarán todas las operaciones y experimentos que su ciencia, técnica, arte u oficio les sugieran, tomando en cuenta las características del punto sujeto a dictamen, así como los recursos e instrumentos disponibles para ello; emitirán por escrito su dictamen y lo ratificarán personalmente. Los peritos oficiales sólo ratificarán su dictamen cuando el Ministerio Público Federal lo estime necesario.

Artículo 161. Contenido del dictamen pericial

El dictamen pericial comprenderá, en cuanto fuere posible:

a) La descripción de la persona, cosa o hecho examinados, tal como hubieran sido hallados y observados;

b) Una relación detallada de las operaciones o experimentos que se practicaron y de los resultados obtenidos;

c) Las conclusiones que formulen los peritos, conforme a los principios de su ciencia, arte, técnica u oficio, con sus correspondientes sustentos, y

d) La fecha en que se practicaron las operaciones o experimentos y se emitió el dictamen.

Artículo 162. Actividad complementaria del peritaje

Podrá ordenarse la presentación o el aseguramiento de objetos o documentos, y la comparecencia de personas, si esto es necesario para efectuar las operaciones periciales. Se podrá requerir al inculpado, con las limitaciones previstas por este Código, y a otras personas, que confeccionen un cuerpo de escritura, graben su voz o lleven a cabo operaciones análogas. Cuando la operación sólo pueda ser ejecutada voluntariamente por la persona requerida y ella rehusare colaborar, se dejará constancia de su negativa y, de oficio, se llevarán a cabo las medidas necesarias tendentes a suplir esa falta de colaboración.

Lo que hubiese sido objeto de examen será conservado, en lo posible, de modo que el peritaje pueda repetirse. Si debiera destruirse o alterarse lo analizado o existieren discrepancias sobre el modo de conducir las operaciones, los peritos lo comunicarán al tribunal antes de proceder.
Artículo 163. Peritajes especiales

Cuando deban realizarse diferentes peritajes a personas agredidas sexualmente, deberá integrarse, en un plazo breve, un equipo interdisciplinario, con el fin de concentrar en una misma sesión las entrevistas que requiera el ofendido o la víctima. Antes de la entrevista, el equipo de profesionales deberá elaborar un protocolo y designará, cuando lo estime conveniente, a uno de sus miembros para que se encargue de plantear las preguntas. Salvo que exista un impedimento insuperable, en la misma sesión deberá realizarse el examen físico del ofendido o la víctima, respetando el pudor e intimidad de la persona. En el examen físico estará presente sólo ese personal esencial para realizarlo.

Artículo 164. Testigos

Toda persona que tenga conocimiento de los hechos objeto de la investigación tiene el deber de declarar como testigo, excepto en los casos determinados por la ley. La autoridad dispondrá que declaren las personas que puedan aportar testimonio en los términos de este precepto.

El Ministerio Público Federal proveerá lo necesario para entrevistar a las personas cuyo testimonio sea necesario, siempre que se encuentren en el lugar del procedimiento. Si el testigo que se hallare dentro del ámbito de competencia territorial del servidor público que practica la diligencia tuviere imposibilidad física para presentarse ante él, éste podrá trasladarse al lugar donde se encuentre el testigo para tomarle su declaración. Cuando algún testigo tuviere que ausentarse de la localidad donde se practican las actuaciones, se le podrá examinar desde luego, si fuere posible; en caso contrario, se solicitará, motivada y fundadamente, el arraigo domiciliario del testigo por el tiempo estrictamente indispensable para que rinda su declaración, que no excederá de cinco días. Si resultare que la solicitud fue infundada y por lo mismo indebido el arraigo, el testigo podrá exigir el pago de daños y perjuicios conforme a la ley.

Artículo 165. Personas no obligadas a declarar como testigos

No se obligará a declarar como testigos a:

a) Los ascendientes o descendientes consanguíneos o por adopción, del inculpado;

b) El cónyuge, concubina o concubinario y parientes colaterales por consanguinidad del inculpado hasta el tercer grado y por afinidad hasta el segundo, y

c) Los que estén ligados al inculpado por amor, respeto, gratitud o estrecha amistad.

Si las personas mencionadas, con excepción de quienes deban guardar secreto profesional, tuvieren voluntad de declarar, se les recibirá testimonio sin necesidad de tomarles protesta de decir verdad, haciéndose constar esta circunstancia.

Artículo 166. Registro y ratificación de la declaración de testigos

La declaración del testigo en la etapa de investigación deberá quedar registrada con claridad, con las mismas palabras empleadas por él. Si éste quisiera dictar o escribir su declaración, se le permitirá hacerlo. En todo caso, el declarante deberá expresar la razón de su dicho, indicando por qué y de qué manera sabe lo que ha declarado. Concluida la diligencia se leerá al testigo su declaración o la leerá él mismo si quiere, para que la ratifique o la enmiende, y será firmada por el testigo y su legal acompañante si lo tuviere.

Artículo 167. Falsedad en declaración de testigos

Si de lo actuado apareciera que algún testigo se ha producido con falsedad, y esa falsedad causa algún perjuicio al inculpado, al ofendido o a la víctima con relación a los hechos que se investigan, se mandará compulsar las constancias conducentes y, en su caso, se dará vista al Ministerio Público Federal para la investigación correspondiente de esa conducta. Lo anterior no será motivo para que se suspenda el procedimiento.
Artículo 168. Identificación y confrontación

Toda persona que identifique o se refiera a otra, lo hará de un modo claro y preciso, mencionando, si le fuere posible, el nombre, apellido, lugar de residencia, ocupación y demás circunstancias que puedan servir para identificarla; cuando ésta sea señalada en forma espontánea y directa, no habrá lugar de confrontación.

El Ministerio Público Federal procederá a la confrontación cuando el que declare no pueda dar noticia exacta de la persona a que se refiera, pero exprese que podrá reconocerla si se le presentare, o asegure conocer a una persona y haya motivos para sospechar que no la conoce. Lo anterior tendrá por objeto que el declarante reconozca a la persona sujeta a identificación, entre varias otras con aspecto y características semejantes, que se le presentarán para ese propósito.

Antes de la confrontación, el Ministerio Público Federal interrogará al declarante para que describa a la persona de que se trata. Después del interrogatorio, se pondrá a la vista del declarante, junto con otras personas de aspecto y características semejantes, a la que deba ser reconocida, quien elegirá el sitio en que quiera colocarse con relación a los que lo acompañen. En presencia de ellas, el declarante manifestará si allí se encuentra la persona a que haya hecho referencia y, en caso afirmativo, la señalará clara y precisamente, manifestando las diferencias o semejanzas que tuviere entre el estado actual y el que tenía en la época a la que se refirió en su declaración.

Cuando sea necesario reconocer a una persona que no estuviere en la diligencia ni pudiera ser presentada, podrá realizarse la identificación a través de fotografías o dibujos, si éstos los hubiere a disposición de la autoridad que conozca del asunto. Las fotografías o dibujos de personas se mostrarán, junto con otros relativos a personas con características semejantes, a quien debe efectuar el reconocimiento, observándose en lo conducente las disposiciones relativas a la confrontación.

Artículo 169. Prueba documental y obligación de exhibirla

Toda persona en cuyo poder se hallen cosas o documentos que puedan servir de medio de prueba, tiene la obligación de exhibirlos, cuando para ello sea requerida en forma por el Ministerio Público Federal durante la etapa de investigación, con las salvedades que establezcan las leyes.

Artículo 170. Cotejo de letras y firmas

Cuando se niegue o ponga en duda la autenticidad de un documento, podrá pedirse y decretarse el cotejo de letras y firmas, que se practicará por peritos. El cotejo del documento impugnado se hará con documentos indubitables o con lo que las partes de común acuerdo reconozcan como tales, o con aquellos cuya letra o firma haya sido reconocida judicialmente.

Artículo 171. Documentos públicos y privados

Se consideran documentos públicos los expedidos por servidores públicos en el ejercicio de las atribuciones que les confiere la ley y personas dotadas de fe pública, así como los expedidos en el extranjero conforme a la legislación correspondiente del país en que fueron formulados y según las reglas de reciprocidad. Documentos privados son aquellos que no reúnan las características mencionadas y deberán ser reconocidos en su contenido y firma por la persona a quien se le atribuyan.

Artículo 172. Los indicios

Los indicios son hechos conocidos de los que se infiere, lógicamente, la existencia de los hechos que se pretende acreditar. Para los efectos de las decisiones ministeriales, la autoridad apreciará el valor de los indicios, atendiendo a la naturaleza de los hechos y al enlace lógico y natural más o menos necesario que existe entre la verdad conocida y la que se busca.
CAPITULO V
DILIGENCIAS Y TECNICAS ESPECIALES DE INVESTIGACION

SECCION PRIMERA
MEDIOS Y DILIGENCIAS ESPECIALES DE INVESTIGACION

Artículo 173. Medios especiales de investigación

Además de lo previsto en las dos secciones anteriores, para los efectos de acreditar los requisitos para el ejercicio de la acción penal, el Ministerio Público Federal gozará de la acción más amplia para emplear los medios especiales de investigación que estime conducentes según su criterio, aunque no sean de los que menciona la ley, atendiendo a las características del delito de que se trate, siempre que estos medios no sean contrarios a derecho.

Artículo 174. Reglas para la investigación de delitos complejos

Son delitos complejos aquellos que por su naturaleza requieren procesos investigativos igualmente complejos y largos para buscar y adquirir los medios de prueba necesarios para demostrar sus elementos típicos y la probabilidad de que determinada persona lo cometió o participó en su comisión. Para los efectos de este Código, se consideran delitos complejos:

a) Los de delincuencia organizada y sus conexos, de conformidad con la ley de la materia;

b) Los cometidos en el extranjero o que requieren prueba procedente del extranjero;

c) Los delitos bancarios o financieros y las operaciones con recursos de procedencia ilícita;

d) Los de secuestro, trata de personas y pornografía infantil;

e) Los homicidios intencionales agravados, y

f) Todo otro delito en que el Ministerio Publico, o la víctima, justifique que se requiere mayor plazo para la investigación.

En estos casos se observarán las reglas señaladas en esta sección, atendiendo a la naturaleza y características de cada delito.

Artículo 175. Diligencias en caso de narcomenudeo

En los casos de delitos de narcomenudeo previstos en la Ley General de Salud, además de las diligencias necesarias y procedentes para acreditar los elementos del tipo penal, el Ministerio Público de la Federación que conduce la investigación podrá, bajo su más estricta responsabilidad, autorizar que agentes de la policía bajo su mando realicen de manera encubierta acciones de compra, adquisición o que reciban la transmisión material de algún narcótico, en las cantidades señaladas por dicha Ley, con el objeto de conocer quiénes son los que intervienen como autores o partícipes del comercio o suministro de narcóticos, así como para su detención y el aseguramiento de los narcóticos. En estos casos, se considerará que los agentes de la policía actúan en cumplimiento de un deber, siempre y cuando su actuación se apegue a los lineamientos y condiciones previamente establecidos.

El Ministerio Público de la Federación establecerá los lineamientos, términos, limitaciones, modalidades y condiciones a los que debe sujetarse el agente o agentes de la policía que realicen las acciones señaladas en el párrafo anterior.

Si las acciones a que se refieren los párrafos anteriores se realizan en alguna entidad federativa, el Ministerio Público de la Federación deberá dar aviso de la autorización al Ministerio Público de dicha entidad para que no se obstaculice la acción encubierta.

Artículo 176. Diligencias especiales en caso de delitos fiscales y financieros y lavado de dinero

Para determinar la existencia de un delito fiscal o de carácter financiero, o de cualquier otro que requiere contar con información del sistema financiero, incluyendo las operaciones con recursos de procedencia ilícita, además de las diligencias que resulten pertinentes, se procederá de la siguiente manera:

I. Los requerimientos de información o documentos relativos al sistema financiero, que formule el titular del Ministerio Público Federal o el servidor público en quien se delegue esta facultad, o la autoridad judicial en su caso, se harán directamente a las entidades que integran el sistema financiero, dando aviso a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, a la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, o a la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro y del Servicio de Administración Tributaria, según corresponda. En estos casos, las entidades que integran el sistema financiero tendrán la obligación de proporcionar la información o documentación que les sea fundada y motivadamente requerida.

II. Los requerimientos de información o documentos de naturaleza fiscal se harán por conducto de la unidad administrativa de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público que determine el titular de dicha Secretaría. Estos requerimientos deberán ser contestados en un plazo máximo de 4 días.

III. La información y documentos así obtenidos sólo podrán ser utilizados en la investigación y para efectos del proceso penal previamente indicados, debiéndose guardar la más estricta confidencialidad. Al servidor público que quebrante la reserva de las actuaciones o proporcione copia de ellas o de los documentos que obran en el expediente, se le sujetará al procedimiento de responsabilidad administrativa y penal, según corresponda.

Además de lo anterior, por lo que hace a las operaciones con recursos de procedencia ilícita, el Ministerio Público Federal encargado de la investigación observará lo previsto en la Ley Federal sobre Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita.

Artículo 177. Diligencias en caso de robo de fluidos

Para determinar la existencia del delito de robo de fluidos, a que se refiere el Código Penal Federal, cuando, sin previo contrato con una empresa de energía eléctrica, de gas, o de cualquier fluido, se encuentre conectada una instalación particular a las tuberías o a las líneas de la empresa respectiva, o a cualquier tubería o líneas particulares conectadas a las tuberías o líneas de dicha empresa, se practicará la inspección correspondiente con asistencia de peritos en la materia, en la que se harán constar estas circunstancias y se recabará el dictamen pericial que las describa; además, se precisará la naturaleza del fluido de que se trate y se cuantificará, en lo posible, la cantidad de fluido que haya sido consumido mediante la conexión de que se trate.

Para la comprobación de los delitos relacionados con la industria petrolera nacional y con el servicio público de energía eléctrica previstos en el Código Penal Federal, se presumirá la propiedad federal, salvo prueba en contrario. Para el acreditamiento de la propiedad federal, no se exigirá la presentación de factura o escritura pública o la inscripción en el registro público.

Artículo 178. Diligencias en caso de ataques a las vías de comunicación

Cuando tratándose del delito de ataques a las vías de comunicación no fuere posible practicar inspección porque, para evitar perjuicios al servicio público, haya sido necesario repararlas inmediatamente, se practicará inspección de las huellas u otros signos que constituyan posibles indicios de la existencia del hecho incriminado y de la antigüedad y extensión de la reparación, además de recabarse facturas u otros documentos relativos a ella y cualesquiera otros medios de prueba a los que se pueda tener acceso.
Artículo 179. Diligencias en caso de homicidio

En caso de homicidio, para identificar el cadáver y determinar la causa de la muerte, además de las diligencias procedentes:

I. Se inspeccionará el lugar de los hechos y se practicará la inspección del cadáver, describiéndosele minuciosamente; se embalará en cadáver y se recabará el dictamen de los peritos médicos, quienes practicarán la autopsia y expresarán con minuciosidad el estado que guarde el cadáver y las causas que originaron la muerte. Solamente podrá dejarse de practicar la autopsia cuando el Ministerio Público Federal o el Juez, en su caso, estimen que no es necesaria para determinar la causa de la muerte.

II. En el caso de que el cadáver hubiere sido sepultado, se procederá a exhumarlo si fuere necesario para los fines de la investigación y los restos serán trasladados al servicio médico forense, donde serán identificados y analizados para descubrir lo que motivó la exhumación.

III. Los cadáveres deberán ser siempre identificados por cualquier medio legal de prueba y, si esto no fuere posible, dentro de las doce horas siguientes a la que fueron recogidos se expondrán al público en el local destinado al efecto por un plazo de veinticuatro horas, a no ser que, según dictamen médico, tal exposición ponga en peligro la salubridad general. En caso de que los cadáveres no puedan ser identificados, deberán videograbarse o fotografiarse para llevar un registro. Cuando por cualquier circunstancia el rostro de los cadáveres se encuentre desfigurado y se haga difícil identificarlo, se hará su reconstitución, siempre que sea posible.

IV. Si a pesar de haberse tomado las providencias que señala la fracción anterior no se logra la identificación del cadáver, un ejemplar de las fotografías tomadas del mismo se agregarán al expediente de la investigación; se pondrán otros en lugares públicos, juntamente con todos los datos que puedan servir para que sea reconocido; y se exhortará a todos los que hayan conocido al occiso para que se presenten ante la autoridad exhortante a declarar sobre la identidad de aquél.

V. Los vestidos se describirán minuciosamente en el expediente y se conservarán en depósito seguro para que puedan ser presentados a los testigos de identidad.

VI. Los cadáveres, previa una minuciosa inspección y descripción hecha por el funcionario de la policía de investigación que practique las primeras diligencias y por un perito médico, podrán ser entregados por el Ministerio Público Federal a quienes los reclamen, debiendo éstos manifestar el lugar en que los cadáveres quedarán depositados a disposición de la autoridad competente y conducirlos al lugar destinado a la práctica de la autopsia, cuando proceda. Si hubiere temor de que el cadáver pueda ser ocultado o de que sufra alteraciones, no será entregado en tanto no se practique la autopsia o se resuelva que ésta no es necesaria. La necropsia no requiere ser repetida en el proceso.

VII. Cuando el cadáver no se encuentre, o por algún otro motivo no se pueda realizar la autopsia, bastará que los peritos, en vista de los datos que obren en el expediente, declaren motivadamente que la muerte fue resultado de las lesiones inferidas, en cuyo caso dicha declaración se hará también durante el proceso.

VIII. Cuando en el lugar de los hechos se hallaren partes de un cuerpo humano, restos óseos o de otra índole perteneciente a ser humano, se recogerán en el estado en que se encuentren, se embalarán técnicamente y serán trasladados al servicio médico forense respectivo para los exámenes que correspondan.

En caso de que el homicidio esté relacionado con la delincuencia organizada, se observarán también las reglas establecidas para ésta, con el objeto de determinar quiénes otros son miembros de la organización delictiva que participaron en aquél y qué otros delitos se cometieron.
Artículo 180. Reglas para fijar el tiempo de la investigación de delitos complejos

Para fijar el período de tiempo que se requiere para la investigación de los delitos complejos, se estará a las siguientes reglas:

a) Si la prueba debe venir del extranjero y el inculpado utilizó varias jurisdicciones para esconder su delito, el período será de dos años para una jurisdicción y de seis meses más para cada uno de los siguientes países;

b) Para los delitos de delincuencia organizada y los homicidios intencionales, se estará al tiempo que se requiere para la prescripción de la acción penal para este delito;

c) En todo otro caso, cuando la investigación sea sin detenido, el Ministerio Público Federal deberá valorar, además de las características del caso, los argumentos de la víctima, el ofendido y del inculpado, para fijar prudentemente el plazo necesario, cuyo máximo será de seis meses. Este plazo podrá ampliarse si la investigación lo sigue requiriendo hasta totalizar un máximo de dos años, después de los cuales el Ministerio Público Federal resolverá lo procedente. Si la investigación es con detenido, se observarán los plazos establecidos en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para los efectos del ejercicio de la acción penal, independientemente de que el Ministerio Público Federal pueda solicitarle al juez de control algún tiempo más para concluir la investigación; en cuyo caso, será el juez el que deberá valorar los argumentos tanto del órgano acusador como de la víctima u ofendido y del inculpado, para fijar prudentemente el plazo necesario para ello.

SECCION SEGUNDA
TECNICAS ESPECIALES DE INVESTIGACION

Artículo 181. Reglas generales sobre el uso de técnicas especiales de investigación

Para la investigación de los casos específicamente señalados en este Código, el titular del Ministerio Público Federal o el funcionario en quien delegue esta facultad podrá autorizar expresamente al agente encargado de llevarla a cabo la utilización de técnicas especiales de investigación, de conformidad con las siguientes reglas generales:

I. La autorización de técnicas especiales de investigación se hará mediante resolución fundada y motivada y hasta por un lapso de cuarenta y cinco días, susceptibles de ser prorrogados por dos veces más, salvo que existan elementos nuevos para justificar la prolongación de las medidas, pero sin que el plazo máximo exceda de un año.

II. Las técnicas especiales de investigación que pueden ser autorizadas por el titular del Ministerio Público Federal, dependiendo de las exigencias de cada delito, son: las entregas vigiladas de bienes, objetos o productos ilícitos, la vigilancia electrónica, las operaciones encubiertas y la infiltración de agentes.

III. Para los efectos de este Código, las técnicas especiales de investigación sólo podrán autorizarse cuando se trate de los siguientes delitos:

1. Delincuencia organizada, en sus diversas manifestaciones;
2. Desaparición forzada de personas;
3. Asalto en carretera o caminos;
4. Robo de hidrocarburos o de sus derivados;
5. Fraudes financieros;
6. Operaciones con recursos de procedencia ilícita relacionados con delincuencia organizada;
7. Tráfico de menores;
8. Corrupción de menores e incapaces;
9. Pornografía infantil;
10. Lenocinio y trata de personas;
11. Tráfico de armas;
12. Terrorismo, y
13. Sabotaje.

Cuando la ley así lo exija, será necesario contar con autorización de la autoridad judicial correspondiente para la utilización de técnicas especiales de investigación.
Artículo 182. Reglas para el uso de entregas vigiladas

Se podrá autorizar la entrega vigilada de bienes o productos ilícitos, con el objeto de investigar el delito relacionado con ellos e identificar a las personas involucradas en su comisión. La autorización deberá ser notificada al titular de la institución y deberá contener las circunstancias en que se autoriza y las modalidades de la substitución así como los responsables del operativo.

El Ministerio Público Federal, previa autorización del titular de la institución o de la persona que él autorice, podrá ordenar la realización de entregas vigiladas de objetos cuya posesión, transporte, enajenación, compra, alquiler o simple tenencia se encuentren prohibidos, como armas de fuego, explosivos, municiones, narcóticos, moneda falsificada, cuando él tuviere motivos fundados para creer que la persona imputada dirige o interviene en alguna de esas conductas. Se entiende como entrega vigilada el dejar que la mercancía se transporte en el territorio de la República o salga de él, bajo la vigilancia de una red de agentes de policía judicial especialmente entrenados.

En estas actividades está prohibido que el agente encubierto siembre en el inculpado la idea de la comisión del delito. Sólo está facultado para entregar por sí, o por interpósita persona, o facilitar la entrega del objeto de la transacción ilegal, a instancia o por iniciativa del inculpado. Asimismo, estará facultado para realizar vigilancia especial cuando se trate de operaciones cuyo origen provenga del exterior, según exigencias en materia de cooperación judicial internacional.

Una vez concluida la aplicación de la entrega vigilada, los resultados de la misma y en especial los elementos materiales probatorios y evidencias, deberán ser objeto de revisión por parte del juez de control, quien lo hará dentro de las treinta y seis horas siguientes con el fin de establecer su legalidad formal y material.

Artículo 183. Reglas para la aplicación de vigilancia y seguimiento electrónicos de personas y cosas

La vigilancia electrónica consiste en la incorporación de un dispositivo electrónico, con objeto de localizar a una persona o una cosa, o el seguimiento video-grabado de una persona, sin que ello implique la intervención de comunicaciones privadas, que requiere de autorización judicial; por lo que, ambas medidas deben estar claramente diferenciadas.

El Ministerio Público Federal, previa autorización del titular de la institución o de la persona que él autorice, podrá disponer que se someta a seguimiento pasivo, por tiempo determinado, por parte de la policía de investigación, siempre y cuando tuviere motivos fundados para inferir que la persona participa en la realización de actividades delictivas o que pudiere conducirlo a conseguir información útil para la investigación que lleva a cabo. Si en el lapso de un año no se obtuviere resultado alguno, se cancelará la orden de vigilancia, sin perjuicio de que vuelva a expedirse, si surgieren nuevos motivos.

En la ejecución de la vigilancia, se empleará cualquier medio que la técnica aconseje; por lo que, se podrán tomar fotografías, filmar videos y, en general, realizar todas las actividades relacionadas que permitan recabar información relevante a fin de identificar o individualizar a los autores o partícipes, las personas que lo frecuentan, los lugares adonde asisten y aspectos similares, cuidando de no afectar la esfera de la intimidad del indiciado o de terceros. En todo caso, el Ministerio Público Federal someterá a la consideración del juez de control la aplicación de la medida para determinar su legalidad formal y material, dentro de las treinta y seis horas siguientes a la expedición de la orden.

Lo propio procederá con relación a la vigilancia de cosas, si existen motivos fundados para inferir que un inmueble, nave, aeronave o cualquier otro vehículo o mueble se usa para almacenar narcóticos, precursores químicos, o para ocultar explosivos, armas, municiones, sustancias para producir explosivos y, en general, los instrumentos de comisión de un delito o los bienes y efectos provenientes de su ejecución.
Artículo 184. Reglas para el uso de operaciones y agentes encubiertos

La operación encubierta consiste en la posibilidad de que un agente de la policía pueda directamente observar la realización de ciertos delitos, conocer las formas de organización, operación, ámbitos de actuación e identidad de los miembros de grupos delictivos, para poder investigar o localizar a los autores o partícipes de los mismos.

La utilización de agentes para la realización de operaciones encubiertas podrá ser autorizada por el Procurador General de la República o por el servidor público que él faculte, cuando el Ministerio Público Federal tuviere motivos fundados para inferir que la persona indiciada en la investigación desarrolla o continúa desarrollando alguna actividad delictiva, siempre que resulte indispensable para el éxito de la investigación. Para ello, se contará con una unidad de agentes policiales especialmente entrenados para ello y los agentes autorizados estarán facultados para intervenir en el tráfico comercial, asumir obligaciones, ingresar y participar en reuniones en el lugar de trabajo o domicilio del inculpado y, si fuere necesario, adelantar transacciones con él. Igualmente, si el agente encubierto encuentra que en los lugares donde ha actuado existe información útil para los fines de la investigación, lo hará saber al Ministerio Público Federal para que éste disponga el desarrollo de una operación especial, por parte de la policía, para que se recoja la información y los elementos materiales probatorios y evidencia física hallados, en los términos de este Código y las disposiciones que para tal efecto se emitan.

Asimismo, en ciertos casos podrá disponerse que actúe como agente encubierto un particular que, sin modificar su identidad, sea de la confianza del inculpado o la adquiera para los efectos de la búsqueda y obtención de información relevante y de elementos materiales probatorios y evidencia física.

El uso de la técnica de la operación encubierta sólo se aplicará contra personas que hayan cometido el hecho que se investiga, el cual haya al menos alcanzado el grado de tentativa al momento de iniciarse la investigación. En estos casos, el Ministerio Público Federal podrá autorizar que el agente investigador no esté obligado a la denuncia inmediata de los hechos ilícitos y a la detención en flagrancia del inculpado, sino cuando termine la investigación. Esta técnica implica la posibilidad de que el agente encubierto pueda grabar sus propias conversaciones como participante, en los términos del artículo 16 de la Constitución. En caso de ser aportadas dichas conversaciones como prueba, el juez valorará el alcance de éstas, siempre y cuando contengan información relacionada con la comisión de un delito.

Durante la realización de los procedimientos encubiertos podrán utilizarse los medios técnicos de ayuda previstos en este Código. Y, para dar cumplimiento a lo antes dispuesto, se deberá adelantar la revisión de legalidad formal y material del procedimiento ante el juez de control dentro de las treinta y seis horas siguientes a la terminación de la operación encubierta, para lo cual se aplicarán, en lo que sea pertinente, las reglas previstas para los registros y allanamientos.

No obstante lo dispuesto en la fracción I del artículo 181, de que el uso de esta técnica especial de agentes encubiertos no podrá extenderse del período superior a un año, por razón de la complejidad del caso de que se trate dicho plazo podrá ser prorrogable por un año más, previa la debida justificación. Si vencido el plazo señalado no se hubiere obtenido el resultado buscado, la aplicación de esta técnica se cancelará, sin perjuicio de la realización del control de legalidad correspondiente.

Artículo 185. Reglas para la infiltración de agentes encubiertos en organizaciones delictivas

Cuando el Ministerio Público Federal tuviere motivos fundados, de acuerdo con los informes que posee, para inferir que el indiciado en la investigación que lleva a cabo pertenece o está relacionado con alguna organización delictiva, ordenará a la policía, en primer lugar, a que realice el análisis de aquella con el fin de conocer su estructura organizativa, quiénes son sus integrantes, cuáles son sus formas de operación y sus ámbitos de actuación. Después, ordenará la planificación, preparación y manejo de una operación, para que algún agente o agentes encubiertos se infiltren en ella con el fin de obtener información útil a la investigación que se realiza, de conformidad con lo establecido en el artículo anterior. En todo caso, será el Procurador General de la República o el servidor público en quien éste haya delegado dicha facultad, quien podrá autorizar a los investigadores, mediante resolución fundada y motivada, teniendo en cuenta los fines de la investigación, a actuar bajo identidad supuesta infiltrándose en el grupo delictivo.

El ejercicio y desarrollo de las actuaciones previstas en este artículo se ajustará también a lo previsto en la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada y a los presupuestos y limitaciones establecidos en los instrumentos internacionales respectivos signados por México.

SECCION TERCERA
INTERVENCION DE MEDIOS DE COMUNICCION PRIVADA

Artículo 186. Procedencia y requisitos de las intervenciones

Cuando en la investigación de algún delito relacionado con la delincuencia organizada o de algún otro delito calificado como grave por esta Ley, se considere necesaria la intervención de algún medio de comunicación privada y existan datos que establezcan que el imputado cometió o participó en la comisión del delito que se investiga, el Procurador General de la República o los servidores públicos a quienes delegue la facultad, lo solicitarán por escrito o por cualquier otro medio al juez competente, expresando el objeto y la necesidad de la intervención. Exclusivamente la autoridad judicial federal, a petición del Ministerio Público Federal competente podrá autorizar la intervención de cualquier comunicación privada. Para ello, la autoridad competente deberá fundar y motivar las causas legales de la solicitud, expresando, además, el tipo de intervención, los sujetos de la misma y su duración.

El juez de control deberá resolver la petición dentro de las doce horas siguientes a que fuera recibida la solicitud; si transcurrido este plazo el juez no resuelve sobre la solicitud, el Ministerio Público podrá ocurrir en queja en los términos de este Código, la que deberá resolverse dentro de las doce horas siguientes. La negativa a la petición no impide que el Ministerio Público pueda volver a solicitar la intervención de comunicación privada.

En ningún caso se podrá autorizar intervenciones cuando se trate de materias de carácter electoral, fiscal, mercantil, civil, laboral o administrativo, ni en el caso de las comunicaciones del detenido con su defensor.

Artículo 187. Contenido de las solicitudes de intervención

En las solicitudes de intervención de comunicaciones privadas, el Ministerio Público Federal competente deberá expresar el objeto y necesidad de la medida, los indicios que hagan presumir fundadamente que en el delito investigado participa algún miembro de la delincuencia organizada, así como los hechos, circunstancias, datos y demás elementos que se pretenda probar. Las solicitudes de intervención deberán señalar, además, la persona o personas que serán investigadas; la identificación del lugar o lugares donde se realizará; el tipo de comunicación privada a ser intervenida; su duración; el procedimiento y equipos para la intervención y, en su caso, la identificación de la persona a cuyo cargo está la prestación del servicio a través del cual se realiza la comunicación objeto de la intervención.

El tiempo de duración de la intervención incluyendo sus prórrogas no podrá exceder de seis meses. Después de dicho plazo, sólo podrán autorizarse nuevas intervenciones cuando el Ministerio Público Federal acredite nuevos elementos que así lo justifiquen.

Artículo 188. Contenido de la autorización judicial

En la autorización, el juez determinará las características de la intervención, sus modalidades, límites y, en su caso, ordenará a instituciones públicas o privadas, modos específicos de colaboración.
El juez podrá en cualquier momento, verificar que las intervenciones sean realizadas en los términos autorizados y, en caso de incumplimiento, podrá decretar su revocación parcial o total.

Las intervenciones realizadas sin las autorizaciones antes citadas o fuera de los términos en ellas ordenados, carecerán de valor probatorio, sin perjuicio de la responsabilidad administrativa o penal a que haya lugar.

Artículo 189. Comunicaciones que pueden ser objeto de intervención

Podrán ser objeto de intervención las comunicaciones privadas que se realicen de forma oral, escrita, por signos, señales o mediante el empleo de aparatos eléctricos, electrónicos, mecánicos, alámbricos o inalámbricos, sistemas o equipos informáticos, así como por cualquier otro medio o forma que permita la comunicación entre uno o varios emisores y uno o varios receptores.

La policía facultada para la ejecución de la intervención será responsable de que la misma se realice en los términos de la autorización judicial y podrá participar perito calificado en caso de ser necesario.

Para la intervención de comunicaciones privadas, sobre todo para delitos relacionados con la delincuencia organizada, se estará a lo dispuesto por la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada y la ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.

Artículo 190. Conversación grabada por particulares

Cuando alguno de los particulares que participen en una conversación privada aporte de forma voluntaria la grabación de la comunicación al Ministerio Público Federal, éste analizará su contenido y lo podrá aportar como parte de los elementos para probar el delito o la participación del inculpado en su comisión.

En su oportunidad, durante el proceso el juez valorará el alcance de dicha grabación, siempre y cuando contenga información relacionada con la comisión de un delito o la participación de una persona en su comisión. En ningún caso se admitirán comunicaciones que violen el deber de confidencialidad que establezca la ley.

Si el particular graba a otra persona por recomendación o sugerencia de la autoridad, la conversación grabada no podrá ser utilizada como elemento probatorio si esa persona incita o provoca el delito.

El particular que participe en una conversación y la grabe, también podrá aportarla directamente como prueba en los términos de este Código.

Artículo 191. Conocimiento de delito y de sujetos diversos

Cuando en la práctica de una intervención de comunicaciones privadas se tuviera conocimiento de la comisión de un delito diverso de aquéllos que motivan la medida, se hará constar esta circunstancia en el acta correspondiente y se hará saber a la autoridad competente. Toda actuación hecha en contravención a esta disposición carecerá de valor probatorio.

Si de la intervención de comunicaciones se advierta la necesidad de ampliar a otros sujetos o lugares la medida, el Ministerio Público Federal presentará al juez de control la solicitud respectiva.

Artículo 192. Registro de las intervenciones

Las intervenciones de comunicación privada deberán ser registradas por cualquier medio que no altere la fidelidad, autenticidad y contenido de las mismas, por la policía o por el perito técnico que intervenga, a efecto de que los registros puedan ser ofrecidos como medio de prueba en los términos que señala este Código.
De toda intervención se levantará registro por la policía, que contendrá las fechas de inicio y término de la intervención; un inventario pormenorizado de los documentos, objetos y los medios para la reproducción de sonidos o imágenes captadas durante la misma; de ser posible, la identificación de quienes hayan participado en las diligencias, así como los demás datos que considere relevantes para la investigación. Las cintas originales y el duplicado de cada una de ellas, se numerarán progresivamente y contendrán los datos necesarios para su identificación. Se guardarán en sobre sellado y se observarán las reglas relativas a la cadena de custodia.

Artículo 193. Conclusión de las intervenciones

Al concluir la intervención, la policía de manera inmediata informará al Ministerio Público sobre su desarrollo, así como de sus resultados y levantará el acta respectiva. A su vez, con la misma prontitud el Ministerio Público Federal lo informará al juez de control.

Artículo 194. Destrucción de las intervenciones ilegales

La destrucción será procedente cuando los medios para la reproducción de sonidos o imágenes o registros provengan de una intervención no autorizada o no se hubieran cumplido los términos de la autorización judicial respectiva.

En caso de no ejercicio de la acción penal y, una vez transcurrido el plazo legal para impugnarlo sin que ello suceda, o cuando haya quedado firme el no ejercicio de la acción penal o se hubiere decretado el sobreseimiento, los medios para la reproducción de sonidos o imágenes se pondrán a disposición del juez que autorizó la intervención, quien ordenará su destrucción ilícitas.

No se podrá hacer uso de la información que haya sido obtenida a través de intervenciones

Artículo 195. Colaboración con la autoridad en casos de intervención

Los concesionarios, permisionarios y demás titulares de los medios o sistemas susceptibles de intervención, deberán colaborar eficientemente con la autoridad competente para el desahogo de dichas diligencias, de conformidad con la normatividad aplicable y la orden judicial que así lo establezca. El incumplimiento a este mandato será sancionado conforme a las disposiciones penales aplicables.

CAPITULO VI
MEDIDAS CAUTELARES EN LA ETAPA DE INVESTIGACION

SECCION PRIMERA
DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 196. Criterios generales para las medidas cautelares

Las únicas medidas cautelares que se pueden aplicar en la etapa de la investigación de los delitos son las que expresamente prevé este Código. Su finalidad es asegurar la eficacia de la investigación, para que la obtención de las fuentes de prueba se realice de manera regular, garantizar que el inculpado no se sustraiga a la acción de la justicia, proteger a personas y bienes. Estas mismas medidas podrán ser aplicadas durante el proceso, en los casos y condiciones previstos en este Código.

Nadie puede ser sometido a medida cautelar si no es por orden del juez de control competente y con los elementos que la justifiquen en un auto motivado y fundado. Al determinar la medida cautelar el juez tendrá en cuenta la idoneidad de cada una de ellas en relación con la finalidad de la investigación, según la naturaleza y gravedad del delito y el peligro de evasión del inculpado u obstaculización de la justicia.

En ningún caso la medida cautelar podrá ser usada como medio para obtener la confesión del inculpado o como sanción penal anticipada.
Artículo 197. La privación de la libertad como último recurso

La privación de libertad sólo procederá como medida cautelar cuando las demás medidas sean insuficientes para asegurar la finalidad de la investigación o del proceso, garantizar la comparecencia del imputado, la protección de la víctima, de los testigos o de la comunidad.

Artículo 198. Revisión judicial de la medida

El juez deberá examinar periódicamente la forma en que se aplican las medidas cautelares, así como la necesidad de su mantenimiento, y cuando lo estime prudente las podrá sustituir por otras menos gravosas o cancelarlas si no cumplen con las condiciones establecidas. El inculpado podrá solicitar la revocación o sustitución de la medida cautelar, cuando hayan cambiado las circunstancias que la motivaron.

SECCION SEGUNDA
DETENCION Y RETENCION EN CASOS FLAGRANTES Y URGENTES

Artículo 199.Detención del indiciado en flagrancia

En los casos de delito flagrante, cualquier persona puede detener al indiciado, debiéndolo poner sin demora a disposición de la autoridad más cercana y ésta, con la misma prontitud, a la del Ministerio Público Federal.

Para los efectos de este Código, se entiende que la detención del indiciado es en flagrancia, cuando se realiza:

I. En el momento mismo en que el indiciado está cometiendo el delito, o

II. Inmediatamente después de haberlo cometido.

Se entenderá que la detención se realiza inmediatamente después de haberse cometido el delito, cuando:

a) El indiciado es perseguido materialmente sin interrupción y es detenido momentos después;

b) La persona es detenida momentos después de cometido el hecho, en virtud de voces de auxilio de quien lo presenció, o

c) La víctima, momentos después de cometido el hecho, señala al indiciado como autor o partícipe del mismo y es capturado con el objeto del delito, el instrumento con que supuestamente fue cometido, o existen indicios que hagan presumir fundadamente que momentos antes cometió el delito o participó en él.

Artículo 200. Detención de partícipes en casos flagrantes

También los partícipes del delito flagrante que no se encuentren en el lugar del hecho podrán ser detenidos en estas circunstancias, si ellos son señalados por los autores del mismo o por testigos inmediatamente después de ser detenidos en los términos descritos en el artículo anterior.

Artículo 201. Uso de la fuerza durante la detención

Si en los casos señalados en los dos artículos anteriores resulta necesario que el policía aprehensor utilice la fuerza durante la detención, ella deberá ser congruente y proporcional a las circunstancias específicas de la situación que enfrenta. En todo caso se estará a las reglas de la ley de la materia o a los protocolos respectivos sobre el uso de la fuerza. Todo abuso de la fuerza será sancionado penalmente.
Artículo 202. Detención del indiciado en caso urgente

En casos urgentes el Ministerio Público Federal podrá, bajo su más estricta responsabilidad, fundando y expresando los motivos de su proceder, ordenar la detención de un indiciado, siempre y cuando:

I. El delito que se atribuye al indiciado sea de aquellos considerados como grave por la ley, en los términos del artículo siguiente;

II. Exista riesgo fundado de que el indiciado pueda sustraerse a la acción de la justicia, y

III. Por razón de la hora, el lugar o cualquier otra circunstancia, no pueda acudir ante la autoridad judicial para solicitar y obtener la orden de aprehensión.

La detención en casos urgentes será ejecutada por la policía de investigación, y el Ministerio Público Federal encargado de la investigación hará constar que el indiciado queda en calidad de retenido, haciéndolo saber a éste y dejando constancia del acuerdo y de la notificación en el registro de la investigación que lleva a cabo. Por lo que hace al uso de la fuerza, es aplicable lo dispuesto en el artículo anterior.

Artículo 203. Delitos graves

Para los efectos previstos en este Código, sólo podrán ser considerados delitos graves, por afectar de manera importante bienes jurídicos fundamentales de los individuos y de la sociedad, los siguientes:

1. Delincuencia organizada, en sus diversas manifestaciones;
2. Homicidio doloso, simple o calificado;
3. Secuestro;
4. Extorsión agravada;
5. Desaparición forzada de personas;
6. Tortura;
7. Violación;
8. Asalto en carretera o caminos;
9. Robo calificado cometido con violencia;
10. Robo de vehículos o de autopartes;
11. Robo de hidrocarburos o de sus derivados;
12. Fraudes cometidos por fraccionadores;
13. Fraudes financieros;
14. Operaciones con recursos de procedencia ilícita relacionados con delincuencia organizada;
15. Tráfico de menores;
16. Corrupción de menores e incapaces;
17. Pornografía infantil;
18. Lenocinio y trata de personas;
19. Delitos contra el justo aprovechamiento de los recursos naturales;
20. Delitos contra el equilibrio ecológico, la protección del ambiente y la biodiversidad;
21. Genocidio;
22. Abuso de autoridad con violencia, incomunicación o tortura;
23. Evasión de presos agravada;
24. Acopio y tráfico de armas;
25. Traición a la patria;
26. Terrorismo;
27. Sabotaje, y
28. Violación de los derechos de humanidad.

También se considerará grave la tentativa de los delitos previstos en los numerales 1, 3, 4, 6, 7, 15, 18, 21, 24 y 26.
Artículo 204. Registro de la detención

Cuando el indiciado fuere detenido en caso flagrante o urgente, se procederá de inmediato en la forma siguiente:

I. El Ministerio Público Federal registrará la detención del indiciado, como lo señala el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de acuerdo con la información que el agente de policía le proporcione de manera inmediata, por cualquier medio de comunicación, sobre la detención que acaba de realizar. Para dichos efectos, el Ministerio Público de la Federación con su registro administrativo de detenciones para los detenidos que se encuentren a su disposición, sin perjuicio del Registro Administrativo de Detenciones del Centro Nacional de Información del Sistema Nacional de Seguridad Pública;

II. En dicho registro se hará constar:

a) Los datos generales del detenido;

b) Nombre de quien realizó la detención y, en su caso, el nombre y cargo de quien la haya ordenado;

c) El día, hora y lugar de la detención, así como el motivo y circunstancias de modo en que la detención se llevó a cabo;

III. Se le hará saber al detenido la imputación que existe en su contra y, en su caso, el nombre del denunciante o querellante, y

IV. Se le hará saber los derechos que le otorga la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en la etapa de investigación y, particularmente, los señalados en el artículo 19 de este Código.

A la información contenida en el registro sólo podrán tener acceso las autoridades competentes en materia de investigación de los delitos, para los fines que se prevean en los ordenamientos legales aplicables, y los imputados o su defensor, quienes sólo podrán utilizarlos en el ejercicio del derecho de defensa, para la rectificación de sus datos personales o para solicitar que se asiente en el mismo el resultado del procedimiento penal, en términos de las disposiciones aplicables. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos podrá acceder a la información contenida en el registro cuando medie queja, misma que seguirá teniendo carácter de confidencial y reservada.

Artículo 205. Traslado del detenido y respeto de sus derechos

Inmediatamente que el Ministerio Público Federal competente haya sido informado por el agente de policía de que una persona ha sido detenida en flagrancia o en caso urgente, le indicará a dicho agente el lugar al que el detenido deberá ser trasladado. El policía, a su vez, notificará al Ministerio Público Federal el tiempo aproximado del traslado. Durante el trayecto, desde el momento de la detención hasta la puesta a disposición ante la autoridad ministerial correspondiente, el policía que reportó la detención y sus superiores deberán respetar los derechos fundamentales del detenido, en los términos del artículo anterior. Lo propio se observará con relación al traslado del inculpado cuya retención haya sido decretada por el Ministerio Publico.

El Ministerio Público Federal correspondiente constatará que los derechos fundamentales del detenido o retenido no hayan sido violados. Si el agente de policía desobedeciere las órdenes del Ministerio Público Federal o no respetare los derechos del detenido o retenido, incurrirá en responsabilidad y se procederá en los términos que establezcan las leyes aplicables.

Artículo 206. Registro de comunicaciones

Existirá registro de todas las comunicaciones entre los agentes aprehensores y el Ministerio Público Federal, que podrá ser a través de grabaciones o cualquier otro medio de registro de voz e imagen.
Artículo 207. Retención, requisitos y duración

En los casos de detención por flagrancia o caso urgente, el Ministerio Público Federal verificará la legitimidad de la detención y decretará la retención del indiciado si están satisfechos los requisitos de procedibilidad y el delito merece pena privativa de libertad; en caso contrario, ordenará la libertad del detenido. Tampoco se retendrá al indiciado, cuando al delito le esté señalada pena alternativa. La retención no podrá durar más de cuarenta y ocho horas, contados a partir de que el indiciado fue puesto a su disposición; dicho plazo sólo podrá duplicarse en aquellos casos que la ley prevea como delincuencia organizada, en términos del artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

La violación a lo dispuesto en el párrafo anterior hará penalmente responsable a quien decrete la indebida retención y la persona deberá ser puesta de inmediato en libertad.

En el caso de que el Ministerio Público Federal decrete la retención, iniciará o continuará desde luego la investigación correspondiente del delito, si aún no lo ha hecho, para los efectos de determinar el ejercicio o no de la acción penal.

Artículo 208. Control de legalidad de la detención

Si el Ministerio Público Federal ejerce la acción penal, el juez de control que reciba la puesta a disposición de un detenido, en caso flagrante o urgente, deberá de inmediato calificar la legalidad de la detención y, en su caso, ratificarla o decretar la libertad del inculpado con las reservas de ley.

Artículo 209. Comparecencia voluntaria del inculpado y detención

Cuando el inculpado se presentare voluntariamente ante el Ministerio Público Federal, y procede que éste ordene su detención, se observará en lo conducente lo previsto en este Código; sobre todo, se le hará saber la imputación que existe en su contra y, en su caso, el nombre del denunciante o querellante, así como los derechos que le otorga la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en la etapa de investigación y, particularmente, los correspondientes señalados en el artículo 19 de este Código.

SECCION TERCERA
ARRAIGO, PROHIBICION DE ABANDONAR UN DETERMINADO LUGAR Y USO DE LOCALIZADORES ELECTRONICOS DURANTE LA ETAPA DE
INVESTIGACION

Artículo 210. Procedencia del arraigo domiciliario

Sólo en caso de que los plazos señalados en el artículo 207 sean insuficientes para concluir la investigación del delito y decidir sobre el ejercicio de la acción penal, la autoridad judicial podrá decretar el arraigo domiciliario del inculpado hasta por un máximo de cuarenta días, siempre y cuando:

I. Lo solicite el Ministerio Público Federal de manera fundada y motivada al juez de control;

II. La medida sea necesaria para alcanzar el objetivo de la investigación, para la protección de personas o de bienes jurídicos, o cuando exista riesgo fundado de que el inculpado se sustraiga a la acción de la justicia, y

III. Se trate de casos de delincuencia organizada, previstos tanto en el Código Penal Federal como en la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada.

El plazo señalado en el párrafo primero podrá prorrogarse hasta un máximo total de ochenta días, siempre y cuando el Ministerio Público Federal acredite que todavía subsisten las causas que le dieron origen y que aún es necesario mayor tiempo para concluir la investigación. Todo abuso a lo anteriormente dispuesto será sancionado por la ley penal.
Artículo 211. Procedencia de la prohibición de abandono de lugar

El juez de control podrá decretar la prohibición de abandonar un determinado lugar durante el desarrollo de la investigación del delito, hasta por el máximo de tiempo que dura el arraigo domiciliario del inculpado, como consecuencia necesaria de esta medida prevista en el artículo anterior, o decretarla como medida precautoria autónoma para los mismos casos o para otros delitos, y hasta por un tiempo máximo de cuarenta días, si ella es necesaria para alcanzar el objetivo de la investigación o de garantizar la protección de personas y de bienes jurídicos, tomando en cuenta las circunstancias del delito, del inculpado y de la víctima u ofendido, y siempre que el Ministerio Público Federal lo solicite de manera fundada y motivada.

Artículo 212. Uso de localizadores electrónicos

El juez de control podrá, para los mismos casos y fines por los que se autoriza el arraigo, decretar durante la etapa de investigación que, en lugar de arraigo o de otra medida cautelar que implique privación o restricción de la libertad, el Ministerio Público Federal coloque localizadores electrónicos al inculpado por un tiempo que no será mayor al que correspondería al arraigo y se sujetará a las disposiciones respectivas para el monitoreo electrónico a distancia.

La colocación de localizadores electrónicos se hará sin que medie violencia o lesión a la dignidad o integridad física del inculpado.

Esta medida cautelar también podrá aplicarse durante el proceso.

SECCION CUARTA
CATEO DOMICILIARIO

Artículo 213. Procedencia del cateo domiciliario

Cuando en la investigación del delito se estime necesaria la práctica de un cateo, el Ministerio Público Federal deberá acudir al juez de control competente a solicitar la diligencia, por escrito o por algún otro medio verificable, expresando su objeto y necesidad. Si la solicitud es procedente, el juez resolverá de inmediato, o en un plazo no mayor a 12 horas,

En toda orden de cateo, que sólo la autoridad judicial podrá expedir a solicitud del Ministerio Público Federal, se expresará la ubicación del lugar que ha de inspeccionarse, la persona o personas que han de localizarse o de aprehenderse, y los objetos que se buscan o han de asegurarse, a lo que únicamente debe limitarse la diligencia. Asimismo, se señalará el día y hora en que habrá de practicarse la diligencia, el nombre de la autoridad que la llevará a cabo y el del juez que la autoriza.

Para la práctica del cateo se estará a lo dispuesto por los artículos siguientes de éste Código.

Artículo 214. Requisitos mínimos para autorizar la práctica del cateo

Para decretar la práctica de un cateo se requerirá, al menos la existencia de indicios o datos que hagan presumir, fundadamente, que el inculpado a quien se trate de localizar o aprehender se encuentra en el lugar en que deba efectuarse la diligencia; o que se encuentran en él los objetos materia del delito, el instrumento del mismo, libros, papeles u otros objetos, que puedan servir para la comprobación del hecho que la ley señala como delito o del inculpado que lo cometió o participó en su comisión.

Artículo 215. Responsabilidad por abusos en la práctica del cateo

Queda prohibido ejercer violencia sobre las personas o sobre las cosas, o provocar daños de éstas, durante la práctica del cateo; asimismo, se prohíbe causar desórdenes innecesarios de las mismas. Todo abuso por parte de la autoridad que practica la diligencia de cateo, ya sea sobre las personas o sobre las cosas, será penalmente sancionado.
En caso de resultar necesario el uso de la fuerza pública durante la práctica del cateo, ella deberá ser congruente y proporcional a las circunstancias específicas de la situación que enfrenta. En todo caso se estará a las reglas de la ley de la materia o a los protocolos respectivos sobre el uso de la fuerza.

Artículo 216. Presencia de la autoridad judicial en la práctica del cateo

Las diligencias de cateo se practicarán en presencia de la autoridad judicial que las haya decretado o del servidor público que ésta designe del tribunal correspondiente, por los funcionarios o agentes ministeriales o de la policía, según se señalen en el mandamiento. Si alguna autoridad hubiere solicitado del Ministerio Público Federal la práctica del cateo, podrá asistir a la diligencia.

Al concluir el cateo se levantará un acta circunstanciada, en presencia de dos testigos propuestos por el ocupante del lugar cateado o, en su ausencia o negativa, por la autoridad judicial o ministerial que practique la diligencia. Si no se cumplen estos requisitos, la diligencia carecerá de todo valor probatorio, sin que sirva de excusa el consentimiento de los ocupantes del lugar.

Artículo 217. Horario para la práctica de los cateos

Los cateos domiciliarios solo podrán practicarse durante el día, de entre las seis y las diez y ocho horas, pero si concluido dicho tiempo no se ha terminado la diligencia, esta podrá continuarse hasta su conclusión.

Cuando la urgencia del caso lo requiera, la diligencia de cateo podrá practicarse a cualquier hora, debiendo expresarse esta circunstancia en el mandamiento judicial respectivo.

Artículo 218. Descubrimiento de un distinto delito o probable responsable durante el cateo

Toda diligencia de cateo se limitará a la comprobación del hecho que la motive, o a la localización o detención del inculpado que se busca, y de ningún modo se extenderá a indagar delitos en general o a detener a cualquier persona. Pero, si al practicarse un cateo resultare casualmente el descubrimiento de un delito distinto del que motivó la diligencia, se hará constar en el acta correspondiente, siempre que el delito descubierto sea de los que se persiguen de oficio.

Asimismo, si al practicar la diligencia casualmente se descubre la presencia de alguna persona contra la cual existe una orden de aprehensión, o aparecen datos que hagan presumir, fundadamente, que alguna de las personas, distinta a la que se trata de localizar o aprehender, se encuentra en el lugar, se procederá a su detención en los términos de la detención en casos flagrantes.

Artículo 219. Cateo en edificios públicos

Para la práctica de un cateo dentro de un edificio público, se dará aviso a la persona a cuyo cargo esté el edificio, para contar con la autorización correspondiente, con una hora por lo menos de anticipación, salvo que se trate de un caso de urgencia.

En caso de que la diligencia tenga que practicarse en la casa oficial de algún agente diplomático, el juez lo comunicará previamente a la Secretaría de Relaciones Exteriores para que determine lo procedente; mientras tanto, el juez de control tomará las providencias necesarias en el exterior de dicho domicilio.

Artículo 220. Inventario de bienes

Al practicarse un cateo se recogerán los instrumentos y objetos del delito, así como los libros, papeles o cualesquiera otras cosas que se encuentren, si fueren conducentes a los objetivos de la investigación o estuvieren relacionados con el nuevo delito en el caso previsto en el artículo 218. Se formará un inventario de los objetos que se recojan relacionados con el delito que motive el cateo y, en su caso, otro por separado con los que se relacionen con el nuevo delito.
Si el inculpado estuviere presente, se le mostrarán los objetos recogidos para que los reconozca y ponga en ellos su firma o rúbrica, si fueren susceptibles de ello; y si no supiere firmar, sus huellas digitales. En caso contrario, se unirá a ellos una tira de papel que se sellará en la juntura de los dos extremos y se invitará al inculpado a que firme o ponga sus huellas digitales. En ambos casos se hará constar esta circunstancia, así como si no pudiere firmar o poner sus huellas digitales, o se negare a ello.

SECCION QUINTA
ASEGURAMIENTO DE BIENES, INSTRUMENTOS, OBJETOS Y
PRODUCTOS DEL DELITO

Artículo 221. Finalidad del aseguramiento

Los instrumentos, objetos o productos del delito, así como los bienes en que existan huellas o pudieran tener relación con éste, serán asegurados a fin de que no se alteren, destruyan o desaparezcan y, en su caso, puedan ser objeto de decomiso. Será el Ministerio Público Federal el que, bajo su más estricta responsabilidad, deberá asegurar durante la investigación del delito todo bien del que tenga indicios de que es instrumento, objeto o producto del delito de conformidad con las reglas de la cadena de custodia previstas en este Código.

Las autoridades que actúen en auxilio del Ministerio Público Federal pondrán inmediatamente a disposición de éste los bienes a que se refiere el párrafo anterior, y aquél, al momento de recibir los bienes, resolverá sobre su aseguramiento.

El aseguramiento de bienes no implica que éstos entren al erario público federal. Por lo que, el Ministerio Público Federal no podrá disponer de ellos mientras no se resuelva judicialmente sobre los mismos, sino que se sujetará a lo establecido en este Código y en las disposiciones del Código Penal Federal.

El aseguramiento de bienes no será causa para el cierre o suspensión de actividades de empresas, negociaciones o establecimientos, en donde se encuentren los bienes objeto del aseguramiento, si las actividades que realizan son lícitas.

Artículo 222. Reglas a observar durante el aseguramiento

Al realizar el aseguramiento de bienes, los agentes del Ministerio Público Federal con el auxilio de la policía, o bien, los actuarios y demás funcionarios que designe la autoridad judicial para practicar la diligencia, según corresponda, deberán:

I. Levantar acta que incluya un inventario con la descripción y el estado en que se encuentren los bienes que se aseguren;

II. Identificar los bienes asegurados con sellos, marcas, cuños, fierros, señales u otros medios adecuados;

III. Proveer las medidas conducentes e inmediatas para evitar que los bienes asegurados se destruyan, alteren o desaparezcan;

IV. Solicitar que se haga constar el aseguramiento en los registros públicos que correspondan, de acuerdo con lo dispuesto por este Código, y

V. Una vez que hayan sido satisfechos los requisitos anteriores, poner los bienes a disposición de la autoridad competente para su administración, dentro de las setenta y dos horas siguientes, en la fecha y los lugares que previamente se acuerden con dicha autoridad, de conformidad con las disposiciones aplicables.

La autoridad que inicie el acto de aseguramiento está obligada a concluirlo en los términos previstos en esta sección.
Artículo 223. Reglas para el aseguramiento de productos

Los productos del delito serán asegurados obligatoriamente por el Ministerio Público Federal, de conformidad con las reglas siguientes:

a) Los productos directos, los frutos y otros aprovechamientos de los beneficios económicos del delito, serán asegurados para su decomiso. Cuando este no sea decretado por el juez será utilizado para subsanar el pago de la responsabilidad civil.

b) Cuando el producto del delito se haya convertido o transformado total o parcialmente en otros bienes, éstos serán objeto de medidas de aseguramiento y decomiso para los fines de esta ley.

c) Los ingresos, frutos, aprovechamientos u otros beneficios derivados del producto del delito y que se hayan convertido o mezclado, también serán objeto del aseguramiento y decomiso para los fines de esta ley.

d) Cuando el producto del delito haya sido mezclado con otros bienes que no sean ilícitos, podrán ser asegurados para ser decomisados o, en su caso, sujetos a responsabilidad civil del delito.

e) Si los bienes han sido ocultados, pero se puede calcular con certeza el monto del producto del delito, podrán asegurarse sustitutivamente bienes equivalentes al citado monto.

f) Estos bienes podrán estar a nombre de la persona procesada o de cualquier persona utilizada por aquella para la comisión o el ocultamiento de las actividades, o de quien se comporte como dueño.

g) Se dejarán siempre a salvo los derechos de terceros de buena fe, en los términos de la ley respectiva.

h) Toda donación o traslado de dominio que tenga por finalidad esconder u ocultar bienes que sean producto del delito, se tendrá por nula y no podrá constituir jamás prescripción adquisitiva de los bienes a favor de quien ha sido otorgada.

El juez de la causa podrá, a solicitud del Ministerio Público Federal, de la víctima o el ofendido, asegurar precautoriamente bienes para cubrir la responsabilidad civil derivada de los ilícitos a que se refiere esta ley.

A los frutos o rendimientos de los bienes durante el tiempo del aseguramiento, se les dará el mismo tratamiento que a los bienes asegurados que los generen.

Artículo 224. Aseguramiento de productos relacionados con delitos de propiedad intelectual y derechos de autor

Cuando se aseguren productos relacionados con delitos de propiedad intelectual y derechos de autor, el Ministerio Público Federal ordenará su destrucción, si procede, previa autorización o intervención de las autoridades correspondientes, debiendo antes fotografiarlos o videograbarlos, así como levantar un acta en la que se haga constar la naturaleza, cantidad o volumen y demás características de éstos, debiéndose recabar muestras del mismo para que obren en los registros de la investigación que al efecto se inicie.

Artículo 225. Aseguramiento de objetos de gran tamaño

Cuando se aseguren objetos de gran tamaño, como naves, aeronaves, vehículos automotores, máquinas, grúas y otros similares, después de ser examinados por peritos, para recoger indicios que se hallen en ellos, podrán ser grabados en videocinta o fotografiados en su totalidad; asimismo, se registrarán del mismo modo los sitios en donde se hallaren huellas, rastros, narcóticos, armas, explosivos o similares que puedan ser objeto o producto de delito. Las fotografías y vídeos podrán servir de indicio y ser utilizados durante el juicio o en cualquier otro momento del procedimiento; por lo que, se embalarán, rotularán y conservarán en la forma prevista en este Código.
Artículo 226. Aseguramiento de armas de fuego o explosivos

Cuando se aseguren armas de fuego o explosivos, la policía deberá informarlo de inmediato al Ministerio Público Federal, quien lo hará del conocimiento de la Secretaría de la Defensa Nacional, así como de las demás autoridades que establezcan las disposiciones legales aplicables, para los efectos que procedan.

Artículo 227. Aseguramiento de bienes o derechos relacionados con operaciones financieras

El Ministerio Público Federal podrá ordenar el aseguramiento y congelamiento de cuentas, títulos de crédito y, en general, cualquier bien o derecho relativos a operaciones que las instituciones financieras establecidas en el país celebren con sus clientes, cuando exista indicios de que dichas operaciones están relacionadas con la comisión del algún delito; en cuyo caso, dará aviso inmediato a la autoridad encargada de la administración de los bienes asegurados y a las autoridades competentes, quienes tomarán las medidas necesarias para evitar que los titulares respectivos realicen cualquier acto contrario al aseguramiento.

Artículo 228. Notificación del aseguramiento

El Ministerio Público Federal o la autoridad judicial que decreten el aseguramiento deberán notificar al interesado o a su representante legal dentro de los sesenta días naturales siguientes a su ejecución, entregando o poniendo a su disposición, según sea el caso, una copia certificada del acta a que se refiere la fracción I del artículo 222, para que manifieste lo que a su derecho convenga. En la notificación deberá apercibirse al interesado o a su representante legal, que de no manifestar lo que a su derecho convenga, en un término de noventa días naturales siguientes al de la notificación, los bienes causarán abandono a favor del Gobierno Federal.

En dicha notificación se apercibirá al interesado o a su representante legal para que no enajene o grave los bienes asegurados.

Artículo 229. Notificación de nuevos aseguramientos

Cuando los bienes que se aseguren hayan sido previamente embargados, intervenidos, secuestrados o asegurados, se notificará el nuevo aseguramiento a las autoridades que hayan ordenado dichos actos. Los bienes continuarán en custodia de quien se haya designado para ese fin, y a disposición de la autoridad judicial o del Ministerio Público Federal para los efectos del procedimiento penal correspondiente.

De levantarse el embargo, intervención, secuestro o aseguramiento previos, quien los tenga bajo su custodia los entregará a la autoridad competente para efectos de su administración.

Los bienes asegurados no podrán ser enajenados o gravados por sus propietarios, depositarios, interventores o administradores, durante el tiempo que dure el aseguramiento en el procedimiento penal, salvo los casos expresamente señalados por las disposiciones aplicables.

El aseguramiento no implica modificación alguna a los gravámenes existentes con anterioridad sobre los bienes.

Artículo 230. Aseguramiento de computadoras y otros bienes

Cuando existan motivos fundados, de acuerdo con los medios previstos en este Código, para inferir que la persona inculpada ha estado transmitiendo información útil para la investigación, durante su navegación por Internet u otros medios tecnológicos, que produzcan efectos similares, el juez de control, a solicitud del Ministerio Público Federal, autorizará como medida de investigación el aseguramiento de computadoras o servidores, así como disquetes y demás medios de almacenamiento físico que pudiesen haberse utilizado para transmitir la información, con la finalidad de que expertos en informática forense descubran, recojan, analicen y custodien la información que recuperen. La apertura de la información será solicitada al juez de control cuando se trate de comunicaciones privadas.

El aseguramiento de esos bienes se limitará exclusivamente al tiempo necesario para la captura de la información contenida en él; por lo que, una vez ello, se devolverán los equipos incautados. La información que se obtenga no podrá se utilizada para fines distintos a los de la investigación. Cuando concluya la investigación, el material que no guarde relación con los hechos investigados deberá destruirse dejando constancia en el expediente respectivo.

Artículo 231. Registro de bienes asegurados

Se hará constar en los registros públicos que correspondan, de conformidad con las disposiciones aplicables:

I.- El aseguramiento de bienes inmuebles, derechos reales, aeronaves, embarcaciones, empresas, negociaciones, establecimientos, acciones, partes sociales, títulos bursátiles y cualquier otro bien o derecho susceptible de registro o constancia, y

II.- El nombramiento del depositario, interventor o administrador, de los bienes a que se refiere la fracción anterior. El registro o su cancelación se realizarán sin más requisito que el oficio del Ministerio Público Federal o de la autoridad judicial.

Artículo 232. Administración de bienes asegurados

Los bienes asegurados durante la investigación del delito o el proceso, que puedan ser objeto de prueba, serán administrados de conformidad con la legislación aplicable. En este caso, los bienes asegurados serán administrados conforme a lo dispuesto por la Ley Federal para la Administración y Enajenación de Bienes del Sector Público, salvo aquéllos que constituyan indicios que deban ser utilizados durante el procedimiento, los cuales deberán ser resguardados en el almacén de indicios habilitado para tal efecto, de conformidad con las disposiciones aplicables o aquéllos que por su naturaleza, volumen o cantidad deban ser enviados al Servicio de Administración y Enajenación de Bienes. Tampoco será aplicable la disposición anterior, respecto de aquellos bienes que por su naturaleza deban ser entregados a otra autoridad.

Los inmuebles que se aseguren podrán quedar en posesión de su propietario, poseedor o de alguno de sus ocupantes, siempre y cuando no se afecte el interés social ni el orden público. Quienes queden en posesión de los inmuebles no podrán enajenar o gravar los inmuebles a su cargo, y en caso de que generen frutos o productos, estarán obligados en los términos de las leyes aplicables. En todo caso, se respetarán los derechos legítimos de terceros.

Tratándose de delitos culposos ocasionados con motivo del tránsito de vehículos, éstos se entregarán en depósito al conductor o a quien se legitime como su propietario o poseedor.

La moneda nacional o extranjera que se asegure, embargue o decomise, será administrada por el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes, quien deberá depositarla en la Tesorería de la Federación. Los términos y condiciones de esos depósitos serán determinados por la Tesorería de la Federación.

En caso de billetes o piezas metálicas que por tener marcas, señas u otras características, sea necesario conservar para fines de la investigación o del proceso, la autoridad judicial o el Ministerio Público Federal así lo indicará al Servicio de Administración y Enajenación de Bienes para que éste los guarde y conserve en el estado en que los reciba. En estos casos, los depósitos no devengarán intereses.
Las especies de flora y fauna de reserva ecológica que se aseguren, serán provistas de los cuidados necesarios y depositados en zoológicos, viveros o en instituciones análogas, considerando la opinión de la dependencia federal competente o institución de educación superior o de investigación científica.

Las obras de arte, arqueológicas o históricas que se aseguren, serán provistas de los cuidados necesarios y depositados en museos, centros o instituciones culturales públicos, considerando la opinión de la dependencia federal competente o institución de educación superior o de investigación científica.

Artículo 233. Aviso sobre aseguramiento de depósitos y títulos de crédito

La autoridad judicial o el Ministerio Público Federal que asegure depósitos, títulos de crédito y, en general, cualesquiera bienes o derechos relativos a operaciones, que las instituciones financieras establecidas en el país celebren con sus clientes, dará aviso inmediato a la autoridad encargada de la administración de los bienes asegurados y a las autoridades competentes, quienes tomarán las medidas necesarias para evitar que los titulares respectivos realicen cualquier acto contrario al aseguramiento.

Artículo 234. Devolución de bienes asegurados

La devolución de bienes asegurados procede en los casos siguientes:

I. Cuando en la etapa de investigación el Ministerio Público Federal resuelva el no ejercicio de la acción penal, la reserva, o se levante el aseguramiento, de conformidad con las disposiciones aplicables, y

II. Cuando durante el proceso la autoridad judicial no decrete el decomiso o levante el aseguramiento, de conformidad con las disposiciones aplicables.

Cuando proceda la devolución de bienes asegurados, éstos quedarán a disposición de quien acredite tener derecho a ellos. El Ministerio Público Federal o, en su caso, la autoridad judicial notificará su resolución al interesado o al representante legal dentro de los treinta días siguientes, para que en el plazo de tres meses a partir de la notificación se presente a recogerlos, bajo el apercibimiento que de no hacerlo los bienes causarán abandono a favor del Gobierno Federal.

Cuando se haya hecho constar el aseguramiento de los bienes en los registros públicos, el Ministerio Público Federal o la autoridad judicial ordenarán su cancelación.

La devolución de los bienes asegurados incluirá la entrega de los frutos que, en su caso, hubieren generado. La devolución de numerario comprenderá la entrega del principal y de sus rendimientos durante el tiempo en que haya sido administrado, a la tasa que cubra la Tesorería de la Federación por los depósitos a la vista que reciba.

El Servicio de Administración y Enajenación de Bienes, al devolver empresas, negociaciones o establecimientos, rendirá cuentas de la administración que hubiere realizado a la persona que tenga derecho a ello, y le entregará los documentos, objetos, numerario y, en general, todo aquello que haya comprendido la administración.

Previo a la recepción de los bienes por parte del interesado, se dará oportunidad a éste para que revise e inspeccione las condiciones en que se encuentren los mismos, a efecto de que verifique el inventario a que se refiere la Ley para la Administración y Enajenación de Bienes del Sector Público y, en su caso, se proceda conforme a lo establecido por la misma.

Cuando se determine por la autoridad competente la devolución de los bienes que hubieren sido previamente enajenados o exista la imposibilidad de devolverlos, dicha devolución se tendrá por cumplida entregando el valor de los bienes al realizarse el aseguramiento más los rendimientos correspondientes.
Artículo 235. Decomiso de bienes asegurados

La autoridad judicial, mediante sentencia en el proceso penal correspondiente, podrá decretar como pena el decomiso de bienes, con excepción de los que hayan causado abandono en los términos de este Código.

Artículo 236. Destino de recursos obtenidos por enajenación de bienes decomisados

Los recursos que se obtengan por la enajenación de los bienes decomisados en procesos penales, así como por la enajenación de sus frutos y productos, serán entregados, en partes iguales, al Poder Judicial de la Federación, a la Procuraduría General de la República y a la Secretaría de Salud del gobierno federal.

Los recursos que correspondan a la Secretaría de Salud deberán destinarse, preferentemente, a programas de prevención y rehabilitación de farmacodependientes.

SECCION SEXTA
MEDIDAS CAUTELARES A FAVOR DE LAS VÍCTIMAS Y OFENDIDOS

Artículo 237. Restitución inmediata de bienes

El Ministerio Público Federal, a solicitud del interesado, podrá:

I. Ordenar la restitución inmediata a la víctima de los bienes objeto del delito que hubieren sido recuperados, cuando sea clara y manifiesta su propiedad.

II. Autorizar a la víctima o al ofendido el uso y disfrute provisional de bienes que, habiendo sido adquiridos de buena fe, hubieran sido objeto del delito.

Artículo 238. Otras medidas cautelares a favor de la víctima y el ofendido durante la investigación

A solicitud fundada y motivada del Ministerio Público Federal, el juez de control podrá decretar en contra del inculpado una o más de las siguientes medidas cautelares a favor de la víctima y el ofendido:

I. Medidas cautelares personales:

a) El depósito de un menor;

b) La presentación periódica ante la autoridad que él designe;

c) La prohibición de salir sin autorización del país, de la localidad en la cual reside o del ámbito territorial que fije el tribunal;

d) La prohibición de concurrir a determinadas reuniones o lugares;

e) La prohibición de comunicarse con personas determinadas, siempre que no se afecte el derecho de defensa;

f) El abandono inmediato del hogar si se trata de violencia doméstica o intrafamiliar, o de delitos sexuales, cuando la víctima conviva con el inculpado;

g) La prohibición de despedir, trasladar de cargo o adoptar cualquier otra represalia en el centro de trabajo en contra de la denunciante del delito de acoso sexual;
h) La suspensión en el desempeño de su cargo, cuando el hecho por el cual se le acusa haya sido cometido prevaliéndose del cargo, y

II. Medidas cautelares reales:

a) El aseguramiento de bienes para reparar el daño causado por el delito o para impedir la realización de un delito en contra de una persona;

b) La prestación de una caución económica adecuada;

c) La anotación preventiva en el Registro Público, como garantía por ulteriores responsabilidades;

d) La inmovilización de cuentas bancarias y de certificados de acciones y títulos valores, y

e) El embargo o secuestro preventivo.

Estas medidas, que se pueden decretar durante la etapa de la investigación de los delitos, podrán también ser decretadas por el juez durante el proceso para proteger a la víctima o al ofendido cuando se justifique y serán revisables cuando no se requiera más la medida, o la víctima o el inculpado lo solicite.

Artículo 239. Suspensión y cancelación de registros obtenidos fraudulentamente

En cualquier momento y antes de presentarse la acusación, a petición del Ministerio Público Federal el juez de control dispondrá la suspensión del poder dispositivo de los bienes sujetos a registro, cuando existan motivos fundados para inferir que el título de propiedad fue obtenido fraudulentamente.

TITULO TERCERO
ACCION PENAL CRITERIOS DE OPORTUNIDAD Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS

Artículo 240. Determinaciones en la etapa de investigación

Durante la etapa de investigación del delito, el Ministerio Público Federal puede adoptar las siguientes determinaciones:

I. El ejercicio de la acción penal;

II. El no ejercicio de la acción penal y envío del asunto al archivo;

III. La reserva;

IV. La aplicación de criterios de oportunidad, o

V. La aplicación de mecanismos alternativos de solución de conflictos.

CAPITULO I
EJERCICIO DE LA ACCION PENAL

SECCION PRIMERA
DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 241. Titular de la acción penal

El ejercicio de la acción penal ante los tribunales corresponde al Ministerio Público Federal, salvo los casos en que la ley autoriza a los particulares a ejercer la acción penal privada de conformidad con lo establecido por este Código.

Artículo 242. Legalidad en el ejercicio de la acción penal

Tan pronto como aparezca de la investigación del delito que se han acreditado los requisitos a que se refiere el artículo 250, el Ministerio Público Federal ejercerá la acción penal ante el órgano jurisdiccional, motivando y fundando su determinación, y la autoridad judicial, a su vez, examinará dichos requisitos cuando sean presentados en la audiencia ante el juez de control.

Artículo 243. Contenido del escrito de puesta a disposición

En su escrito de puesta a disposición, el Ministerio Público Federal:

I. Expondrá sucintamente los hechos penalmente relevantes de que se trate, así como la probable intervención que el inculpado haya tenido en ellos;

II. Señalará los elementos de prueba en que se sustente su determinación, relacionando cada uno de ellos con los requisitos que se trata de acreditar;

III. Expresará las consideraciones que procedan sobre las características y personalidad del inculpado, la víctima o el ofendido;

IV. Señalará el monto de los daños y perjuicios causados, para los efectos de la reparación correspondiente, pidiendo para ello el aseguramiento precautorio de bienes;

V. Expondrá las razones que el juez de control tomará en cuenta para conceder o negar la medidas cautelares solicitadas y, en caso de prisión preventiva, para fijar el monto de la caución respectiva.

VI. Asimismo, señalará la filiación del inculpado, su domicilio o el lugar en el que pueda ser localizado, para los efectos procedentes, según si la puesta a disposición es con o sin detenido.

Artículo 244. No ejercicio de la acción penal

El Ministerio Público Federal no ejercerá la acción penal, cuando de la investigación del delito se determine plenamente que:

I. Los hechos no son constitutivos de delito, por no reunir los requisitos a que se refiere el artículo 250, o porque no se encuentran tipificados como delito en el Código Penal o en las leyes especiales;

II. El inculpado no tuvo intervención alguna en el hecho que se le imputa, y sólo por lo que respecta a él;

III. Existe una causa de exclusión del delito, o

IV. Se ha extinguido la acción penal.

Tampoco se ejercerá la acción penal, cuando resulte imposible la prueba de su existencia por obstáculo material insuperable.

En los casos previstos en este artículo, si el inculpado estuviere detenido, será puesto de inmediato en libertad.

La determinación de no ejercicio de la acción penal se notificará personalmente al denunciante o querellante y, en su caso, a su asesor legal, para que manifiesten lo que a su derecho convenga o para que interpongan el recurso que corresponda en los términos que establece la ley.
Artículo 245. Consideración de las causas de exclusión del delito y de extinción de la acción penal

De acuerdo con el artículo anterior, en la determinación de los requisitos para el ejercicio o no de la acción penal, el Ministerio Público Federal verificará, de oficio o a petición de parte, la existencia de alguna de las causas de exclusión del delito que tenga relación con esos requisitos procesales, así como de alguna causa de extinción de la pretensión punitiva, en los términos del Código Penal Federal. Si alguna de esas causas queda plenamente acreditada en la etapa de investigación, el Ministerio Público Federal se abstendrá de ejercer la acción penal y resolverá el archivo.

Si de las diligencias practicadas durante la investigación aparece que hay motivos fundados para considerar que el inculpado que se encuentra legalmente a disposición del Ministerio Público Federal es inimputable y requiere tratamiento, se ordenará su internación inmediata en un establecimiento público adecuado para su atención, en el cual, de ser procedente el ejercicio de la acción penal, se pondrá a disposición de la autoridad judicial para los efectos del procedimiento especial correspondiente y de la medida penal aplicable.

Si en la investigación del delito se determina plenamente que el sujeto al momento de cometer el hecho típico no tenía la capacidad de comprender el carácter ilícito de aquél o de conducirse de acuerdo con esa comprensión, en virtud de padecer trastorno mental transitorio que él no se provocó, pero se establece que ya no requiere de tratamiento, el Ministerio Público Federal lo pondrá en libertad y a disposición de quienes tengan la obligación de hacerse cargo de él, observando las disposiciones respectivas de este Código.

Artículo 246. Reserva o archivo temporal

Cuando, a juicio del agente del Ministerio Público Federal, de las diligencias practicadas no resulten elementos bastantes para sustentar el ejercicio de la acción penal y tampoco sea factible practicar por lo pronto otras diligencias, pero exista la posibilidad de hacerlo con posterioridad para proseguir y agotar la investigación, se acordará la reserva o archivo temporal del caso hasta que aparezcan esos datos que permitan determinar el ejercicio o no de la acción penal. La resolución de reserva se notificará personalmente al ofendido, a la víctima y a su asesor legal, dentro de los cinco días siguientes al en que aquella se emita, quienes podrán formular las observaciones y sugerencias que consideren procedentes, o impugnarla.

Los casos de investigación del delito en reserva serán revisadas periódicamente por el agente del Ministerio Público Federal encargado de la investigación, para ordenar su reanudación cuando ello sea posible, haciendo constar en los registros cada vez que se haga la revisión. En todo caso, la duración de la reserva o archivo temporal no excederá de la correspondiente a la prescripción de la acción penal del delito o delitos que se investiguen. Los agentes del Ministerio Público Federal auxiliares del Procurador estarán atentos a que lo anterior se cumpla, generándose responsabilidad para el Ministerio Público si la no reanudación de la investigación obedece a la simple inacción injustificada de él.

Artículo 247. Ejercicio de la acción penal y exigibilidad de reparación del daño

Al ejercer la acción penal, el Ministerio Público Federal deberá también señalar los              daños causados por el delito y su reparación que debe ser exigida al imputado, la que hará            valer de oficio ante el juez, sin menoscabo de que la víctima o el ofendido lo pueda solicitar directamente. Para tales efectos, al ejercer la acción penal el Ministerio Público Federal deberá señalar el monto estimado de los daños según los datos que hasta ese momento arroje la investigación.
Artículo 248. Impugnación de la determinación ministerial por la víctima o el ofendido

El denunciante, víctima u ofendido, podrán inconformarse ante el Procurador General de la República o el servidor público en quien se haya delegado esta función, en contra de las determinaciones del ministerio público sobre la abstención de investigar, el archivo temporal, el no ejercicio de la acción penal o sobre la aplicación de criterios de oportunidad, dentro del término de diez días contados a partir del día siguiente a su notificación, mediante escrito en el que se planteen los argumentos por los cuales consideran improcedente la determinación del Ministerio Público Federal o, en su caso, las diligencias que a su consideración el Ministerio Público omitió realizar y que pudieran haber determinado el ejercicio de la acción penal.

Para tal efecto, el Procurador General de la República o el servidor público en quien haya delegado dicha función, en coordinación con sus auxiliares, dentro del plazo de diez días hábiles analizarán los argumentos vertidos en el escrito de inconformidad con el objeto de examinar la procedencia de las determinaciones del Ministerio Público Federal sobre la abstención de investigar, el archivo temporal, el no ejercicio de la acción penal o sobre la aplicación de criterios de oportunidad.

Artículo 249. Control judicial de la determinación ministerial

Las resoluciones del Procurador General de la República o del servidor público en quien haya delegado dicha función, que confirmen las determinaciones del Ministerio Público Federal sobre abstención de investigar, la reserva o archivo temporal, el no ejercicio de la acción penal o sobre la aplicación de criterios de oportunidad, podrán ser impugnadas por la víctima o el ofendido ante el juez de control dentro de los cinco días posteriores a su notificación, en los términos previstos por este Código. El juez de control, dentro de los diez días siguientes de interpuesta la impugnación, convocará a una audiencia para decidir en definitiva, citando al efecto a la víctima u ofendido y a su asesor legal, al Ministerio Público Federal, al imputado y a su defensor, en la que se expondrán los motivos y fundamentos de las partes.

En caso de que la víctima u ofendido o sus asesores jurídicos no comparezcan a la audiencia, a pesar de haber sido debidamente citados, el juez de control declarará sin materia la impugnación y confirmará la resolución de abstención de investigar, de reserva o archivo temporal, de no ejercicio de la acción penal o sobre aplicación de criterios de oportunidad.

El juez podrá dejar sin efecto la resolución impugnada y ordenarle al Ministerio Público Federal reabrir la investigación o continuar con la persecución penal, sólo cuando considere que no se está en presencia de los supuestos que la ley establece para disponer alguna de las decisiones mencionadas en el párrafo anterior.

SECCION SEGUNDA
ACCION PENAL PUBLICA

Artículo 250. Requisitos para el ejercicio de la acción penal pública

El ejercicio de la acción penal pública se funda en la determinación del Ministerio Público Federal que, de conformidad con los elementos de la investigación, se ha acreditado la existencia de un hecho que la ley señala como delito y la probabilidad de que una persona determinada lo cometió o participó en su comisión.

Para la determinación de los alcances de cada uno de los requisitos materiales señalados en el párrafo anterior para el ejercicio de la acción penal, se estará a lo previsto en los artículos 276 y 304, relativos a los requisitos para la orden de aprehensión y el auto de vinculación a proceso.

Además, para que proceda el ejercicio de la acción penal el Ministerio Público Federal debe determinar que no esté plenamente comprobada, a favor del inculpado, alguna causa que excluya al delito o que extinga la pretensión punitiva, en los términos del Código Penal Federal.
Artículo 251. Ejercicio de la acción penal con detenido

Si el ejercicio de la acción penal es con detenido, se pondrá al inculpado a disposición del juez de control, el que radicará de inmediato el asunto. Para los efectos constitucionales y legales correspondientes, se entenderá que el inculpado queda a disposición del juzgador desde el momento en que el Ministerio Público Federal lo interne en el centro de reclusión o de salud correspondiente, sin perjuicio de que se le conceda o confirme la libertad provisional u otras medidas cautelares. El Ministerio Público Federal dejará constancia de que el detenido quedó a disposición de la autoridad judicial y entregará copia de ella al encargado del reclusorio o del centro de salud, quien asentará el día y la hora de la recepción, así como las condiciones en que ingresa al establecimiento; para ello, el médico del reclusorio o del centro de salud examinará de inmediato al presentado y hará constar, bajo su más estricta responsabilidad, el estado que guarda en el momento de su ingreso.

Asimismo, el Ministerio Público Federal pondrá a disposición del juzgador los instrumentos, objetos, productos y huellas del delito, que hubiese asegurado durante la investigación, con el inventario respectivo, para que aquél resuelva lo que estime pertinente, confirmando, revocando o modificando las decisiones que el Ministerio Público Federal hubiese adoptado previamente sobre esta materia.

Artículo 252. Ejercicio de la acción sin detenido

Si el ejercicio de la acción penal es sin detenido, en el mismo escrito se solicitará del órgano jurisdiccional la orden de aprehensión o de comparecencia de los probables responsables, según corresponda, la que se sujetará a las disposiciones relativas de este Código.

Artículo 253. Modificación o ampliación del ejercicio de la acción penal

Cuando el Ministerio Público Federal considere que deben modificarse los hechos por los que se realizó la puesta a disposición, y todavía no se ha ejecutado la orden de aprehensión o de comparecencia, lo hará saber al juzgador, modificando o ampliando para ello el ejercicio de la acción penal. Si la orden fue ejecutada, el Ministerio Público Federal formulará el pedimento de modificación o de ampliación correspondiente, del que se dará vista al inculpado cuando se le informe acerca de los cargos que se formulan en su contra, para que los conozca y pueda defenderse de ellos.

Con la salvedad de los casos anteriores, el Ministerio Público Federal no ejercerá acción penal en contra de una persona y por hechos ya comprendidos en alguna puesta a disposición formulada con anterioridad, cualquiera que hubiese sido la resolución judicial recaída sobre ella.

Artículo 254. Nulidad de actuaciones ministeriales

Una vez que el Ministerio Público Federal haya ejercido la acción penal, carecerá de validez cualquier diligencia que practique sobre los hechos materia de la acción penal, a menos que sea para continuar la investigación respecto de otros hechos o de otras personas y se haya dejado desglose de la investigación que originó la puesta a disposición.

SECCION TERCERA
ACCION PENAL PRIVADA

Artículo 255. Supuestos y condiciones en que procede la acción penal privada

El ejercicio de la acción penal por parte de un particular ante el juez penal competente sólo procederá en los casos siguientes:

I. En delitos perseguibles por querella necesaria de parte ofendida, cuya penalidad no sea privativa de la libertad, sea alternativa o no exceda de tres años de prisión, siempre y cuando la querella no haya sido presentada ante el Ministerio Público Federal. Consecuentemente, sólo quien tiene derecho a querellarse, o su legítimo representante, puede hacer uso de esta facultad directamente ante el juez. Asimismo, en estos casos la víctima o el ofendido, o su asesor legal, intervendrán activamente como parte en el proceso penal para los efectos de sostener la acusación, en los términos del procedimiento especial previsto en este Código;

II. En delitos perseguibles por querella que tengan pena privativa de la libertad si, habiendo la víctima o el ofendido presentado querella ante el Ministerio Público Federal, éste resuelve no ejercer la acción penal y acuerda archivar el caso o reservarlo por tiempo indeterminado, y

III. En delitos perseguibles por querella, cualquiera que sea la penalidad que tengan previstos, cuando el Ministerio Público no ejerza la acción penal después de pasados seis meses a partir de que se presentó la querella correspondiente, no obstante los requerimientos del querellante por considerar que se satisfacen los requisitos para el ejercicio de la acción penal pública.

En los supuestos de las fracciones II y III, si el querellante o su legítimo representante consideran que existen los requisitos para el ejercicio de la acción penal pública, no se requiere agotar el derecho de impugnar la resolución ministerial a que se refiere el artículo 248 sino que se podrá directamente acudir ante la autoridad judicial competente haciendo uso de ese derecho que le reconoce el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, aportando para ello copia de los registros de la investigación que le deberá proporcionar el Ministerio Público Federal, y será el juez de control quien determine si procede o no la acción del particular, de acuerdo al procedimiento que para estos casos prevé este Código.

Artículo 256. Improcedencia de la acción privada

La acción penal privada no podrá ejercerse cuando, en los casos señalados en el artículo anterior, el Ministerio Público Federal haya aplicado criterios de oportunidad o mecanismos alternos de solución del conflicto y la víctima o el ofendido hayan expresado su acuerdo, en los términos previstos por este Código.

Tampoco procederá la acción penal privada cuando exista alguna de las causas que impiden el ejercicio de la acción penal señaladas en el artículo 244 de este Código.

Artículo 257. Carga de la prueba en casos de acción privada

En los casos de acción privada, la carga de probar los requisitos a que se refieren los artículos 16 y 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para la orden de aprehensión o el auto de vinculación a proceso, corresponderá a quien la promueve, como parte acusadora que es.

Lo anterior es igualmente aplicable para probar la culpabilidad del procesado y para los efectos de la sentencia, salvo que en estos casos el Ministerio Público coadyuve con el particular. Por lo que, en igualdad procesal con quien sostiene la defensa, el acusador particular podrá aportar al juez todo elemento de prueba con que cuente e interponer los recursos que legalmente procedan.

Los elementos probatorios que deban sujetarse a la cadena de custodia de conformidad con las disposiciones aplicables, no podrán ofrecerse por los particulares, sino que en esos casos deberán presentarse por las autoridades competentes.

Artículo 258. Requisitos para el ejercicio de la acción penal privada

El ejercicio de la acción penal privada deberá presentarse por escrito ante el juez de control competente y contendrá los requisitos siguientes:

I. El nombre y la dirección del ofendido o la víctima, así como del inculpado;

II. La motivación, señalando los hechos que se consideran delictivos y los elementos probatorios que los acrediten y determinen la probabilidad de que el inculpado los cometió o participó en su comisión, así como los que acrediten los daños causados y su monto;
III. Los fundamentos de derecho en que se sustenta la acción;

IV. La petición que se formula, señalándolo con toda claridad y precisión, y

V. La firma del querellante o de su asesor legal, con poder especial que deberá acompañarse.

Si la víctima o el ofendido son una persona jurídica o ente colectivo, se indicará la razón y el domicilio social, así como el de su representante legal.

Artículo 259. Procedimiento para la acción privada

La acción penal promovida por un particular se desarrollará conforme al procedimiento especial previsto en los artículos 526 a 535 de este Código.

CAPITULO II
APLICACION DE CRITERIOS DE OPORTUNIDAD EN EL
EJERCICIO DE LA ACCION PENAL

SECCION PRIMERA
DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 260. Principio de legalidad y criterios de oportunidad

En el ejercicio de la acción penal el Ministerio Público Federal deberá observar siempre el principio de legalidad; por lo que, si en el caso concreto se reúnen los requisitos legales para ello, debe ejercer la acción penal correspondiente, para cumplir con los objetivos del proceso; en caso contrario, debe abstenerse de hacerlo. No obstante, por razones estrictamente de política criminal, en el ejercicio de esta potestad el Ministerio Público Federal podrá aplicar, de manera excepcional, criterios de oportunidad, para suspender el ejercicio de la acción penal o renunciar a su ejercicio, siempre y cuando se trate de los supuestos y se cumplan con las condiciones que fije este Código.

No se aplicarán criterios de oportunidad cuando se trate de delitos graves, de hechos que impliquen violaciones graves al derecho internacional humanitario, de crímenes de lesa humanidad, de genocidio o de terrorismo.

Artículo 261. Alcances de los criterios de oportunidad

De acuerdo con lo previsto en el artículo anterior, la aplicación de criterios de oportunidad puede consistir en:

I. Prescindir, total o parcialmente, de la persecución penal, o limitarla sólo a ciertos hechos o a determinadas personas que participaron en su realización, o

II. Aplicar mecanismos alternativos de solución de conflictos, en lugar de ejercer la acción penal, en los términos de las disposiciones previstas en este Código.

Artículo 262. Control de la decisión

La decisión del Ministerio Público Federal de aplicar un criterio de oportunidad deberá estar fundada y motivada, así como ser comunicada al Procurador General de la República o al Subprocurador que corresponda, a fin de que se revise que la misma se ajusta a los supuestos y condiciones previstos en este Código, así como a los lineamientos de política criminal y normas que rigen en la institución y a los intereses de la víctima.

En caso de ser autorizada la decisión de aplicar un criterio de oportunidad y, consecuentemente, de prescindir de la persecución penal, dicha decisión podrá ser impugnable por la víctima, el ofendido, o por el denunciante, en su caso, ante el juez de control dentro de los cinco días posteriores a la notificación. Presentada la impugnación, el juez convocará a una audiencia para resolver, en la que el impugnador y el Ministerio Público Federal podrán controvertir los medios de prueba y los argumentos aducidos por éste para sustentar el criterio. Si la decisión del juez declara de plano procedente la aplicación del criterio de oportunidad, contra esa resolución no procederá recurso alguno; en caso contrario, el Ministerio Público Federal deberá ejercer la acción penal si se encuentran satisfechos los requisitos para ello.

Artículo 263. Efectos del criterio de oportunidad

Si se aplica un criterio de oportunidad, se extinguirá la acción penal con respecto al autor o partícipe en cuyo beneficio se dispuso. Si la decisión se funda en la escasa significación del hecho, sus efectos se extenderán a todos los que reúnan las mismas condiciones. Igualmente sus efectos se extenderán a los demás autores o partícipes del hecho punible, si la decisión se basa en la falta de interés del Estado en la persecución del hecho o en la falta de interés de la víctima u ofendido en la reparación del daño causado por el hecho delictivo.

SECCION SEGUNDA
SUPUESTOS Y CONDICIONES PARA LA APLICACION DE CRITERIOS DE OPORTUNIDAD POR RENUNCIA A LA ACCION PENAL

Artículo 264. Supuestos de aplicación

El Ministerio Público Federal puede prescindir de la persecución penal, incluso de manera total, en los casos siguientes:

I. Cuando se trate de un delito que no tenga pena privativa de la libertad, que tenga pena alternativa o cuya penalidad máxima no exceda de tres años de prisión y se haya reparado los daños causados a la víctima o al ofendido, o cuando la afectación del bien jurídico sea de tan poca significación social, que la aplicación de medidas disciplinarias o administrativas sea suficiente para dar respuesta al conflicto penal;

II. Cuando se trate de delitos culposos no graves, siempre y cuando el inculpado no hubiere actuado en estado de ebriedad, bajo el influjo de estupefacientes, psicotrópicos o de cualquier otra sustancia que produzca efectos similares;

III. Cuando con motivo del delito cometido de manera culposa, el inculpado hubiese sufrido consecuencias graves en su persona, sean daños físicos o psicológicos, que hagan que la aplicación de una sanción resulte notoriamente innecesaria e irracional;

IV. Cuando el inculpado presente senilidad avanzada, padezca enfermedad grave e incurable avanzada, o precario estado de salud, que igualmente hagan innecesaria la aplicación de una sanción;

V. Cuando el inculpado colabore eficazmente con la justicia para evitar que continúe el delito o se cometan otros, o aporte información esencial para la desarticulación de bandas de delincuencia organizada o de asociación delictuosa relacionada con delitos graves o la detención de sus miembros. En este caso, la inmunidad podrá ser parcial o total, dependiendo de la eficacia de la colaboración o de la importancia de la información, a juicio del Ministerio Público Federal;

VI. Cuando el inculpado sirva como testigo principal de cargo contra otros participantes de mayor jerarquía de la organización delictiva o de la asociación delictuosa a la que pertenece, y su declaración en la investigación contra ellos se haga bajo inmunidad total o parcial. En este caso, los efectos de la aplicación del criterio de oportunidad serán revocados si la persona beneficiada con el mismo incumple con la obligación que la motivó;

VII. Cuando la persecución penal de un delito no grave comporte problemas sociales más significativos que los causados por el delito, siempre y cuando exista y se aplique una solución alternativa al conflicto penal adecuada a los intereses de la víctima u ofendido, y
VIII. En los demás casos previstos en este Código o en otras leyes.

En los casos de las fracciones III y IV, el Ministerio Público Federal deberá apoyarse en dictámenes periciales médicos, expresando con toda precisión las razones de su determinación. En el caso de la fracción VII, el criterio de oportunidad no se aplicará a los jefes, organizadores o promotores de los problemas sociales.

Artículo 265. Condiciones y requisitos para la aplicación de criterios de oportunidad

Con independencia de lo previsto en el artículo anterior, para la aplicación de criterios de oportunidad y otras facultades discrecionales previstas en este Código, el Ministerio Público Federal deberá sujetarse a las siguientes condiciones y requisitos:

I. Que dicha aplicación se haga sobre la base de razones político-criminales objetivas y sin discriminación; debiendo, para ello, valorar las pautas descritas en cada caso individual;

II. Que, en los casos en que se verifique un daño causado por el delito, éste debe ser previamente reparado en forma razonable, de suerte que se atienda los intereses reparatorios de la víctima o el ofendido, quienes deben estar conformes con la medida aplicada por el Ministerio Público Federal;

III. Que sea la primera vez en que el inculpado es sujeto de una investigación o que no haya sido sentenciado condenatoriamente con anterioridad, y que, por sus antecedentes personales o modo honesto de vivir, así como por la naturaleza, modalidades y móviles del delito, se presuma fundadamente que no volverá a delinquir, y

IV. Que el inculpado se obligue a no volver a delinquir, y que se abstenga de causar molestias al ofendido o a sus familiares, pues de lo contrario se procederá en su contra.

CAPITULO III
APLICACION DE MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS Y TERMINACION ANTICIPADA DEL PROCEDIMIENTO PENAL

Artículo 266. Mecanismos alternativos de solución de conflictos y a la persecución penal

Son mecanismos alternativos de solución de conflictos y de terminación anticipada del procedimiento penal que prevé este Código, aplicables preferentemente en la etapa de investigación, los siguientes:

I. La conciliación;

II. La mediación, y

III. El acuerdo reparatorio entre la víctima o el ofendido y el inculpado y su defensa, con la conformidad del Ministerio Público Federal.

La aplicación de mecanismos alternativos se privilegiará en los casos expresamente señalados por la ley y se regirá por las disposiciones generales y específicas previstas en este Código.

ARTICULO 267. La conciliación en delitos de querella o acto equivalente

El Ministerio Público Federal durante la etapa de investigación, o el Juez en cualquier momento del proceso, procurarán la conciliación del inculpado con la víctima o el ofendido del delito, siempre y cuando se trate de delitos perseguibles por querella, por declaratoria de perjuicio o cualquier acto equivalente a la querella.

La conciliación se regirá por los principios de voluntariedad de las partes, confidencialidad, flexibilidad, neutralidad, imparcialidad, equidad, legalidad y honestidad de las mismas.
Artículo 268. Desarrollo del procedimiento de conciliación

La conciliación en la etapa de investigación del delito se desarrollará en los términos siguientes:

I. Se llevará a cabo ante el Ministerio Público Federal que corresponda, o en un centro de conciliación o ante un conciliador reconocido como tal, en donde el inculpado y la víctima o el ofendido del delito deberán estar acompañados de sus representantes y manifestar su consentimiento de sujetarse al procedimiento de conciliación, debiendo constar por escrito el acuerdo a que se llegue, con la firma de los participantes. Cuando el Estado sea víctima del delito, será representado para estos efectos por el Ministerio Público Federal.

II. En el primer caso, el Ministerio Público Federal citará al querellante y al inculpado a una diligencia de conciliación, en la que los interesados presentarán sus propuestas; si hubiere acuerdo, el Ministerio Público Federal procederá a levantar un acta y archivar las diligencias; en caso contrario, ejercerá la acción penal correspondiente, si se reúnen los requisitos para ello, o continuará con la investigación, sin perjuicio de que las partes acudan al mecanismo de la mediación.

III. Si la audiencia de conciliación se realizare ante un centro o conciliador reconocidos como tales, el conciliador enviará copia del acta que así lo constate al Ministerio Público Federal, quien procederá al archivo de las diligencias si la conciliación fue exitosa o, en caso contrario, ejercerá la acción penal correspondiente, si fuere procedente, sin perjuicio de que las partes acudan al mecanismo de la mediación.

IV. La inasistencia injustificada del querellante a la diligencia de conciliación se entenderá en ambos casos como desistimiento de su pretensión. La del inculpado motivará el ejercicio de la acción penal, si fuere procedente. Si alguno de los citados fuere incapaz, concurrirá su representante legal.

V. En cualquier caso de conciliación, será necesario que la víctima o el ofendido del delito manifiesten que el interés afectado ha sido satisfecho en términos del acuerdo respectivo, lo que debe constar en el acta correspondiente.

VI. El procedimiento de conciliación en la etapa de investigación suspende las diligencias de investigación del delito de que se trate. La conciliación ante el juez en la etapa del proceso suspende la substanciación de éste, salvo que en ambos casos existan actuaciones urgentes e inaplazables y no constituyan actos de molestia para el inculpado.

VII. La suspensión no podrá durar más de treinta días naturales; transcurrido dicho plazo se estará a lo previsto en las fracciones II y III de este artículo. En caso de interrumpirse la conciliación, cualquiera de las partes puede solicitar la continuación del procedimiento penal.

Artículo 269. Mediación o acuerdo reparatorio

La mediación o acuerdo reparatorio entre el inculpado y la víctima o el ofendido del delito procederá:

I. En los casos de delitos imprudentes o culposos;

II. Tratándose de delitos patrimoniales cometidos entre particulares sin mediar violencia o intimidación;

III. Con relación a los delitos sancionados con penas de hasta cinco años de prisión, con penas alternativas o no privativas de libertad, y

IV. En los casos en que no se haya logrado la conciliación.

La mediación puede realizarse tanto en la etapa de investigación como en el proceso.
Artículo 270. Mediación antes del ejercicio de la acción penal

Durante la etapa de investigación, el inculpado y la víctima o el ofendido del delito podrán solicitar al Ministerio Público Federal la celebración de un trámite de mediación para que los daños causados por el delito se reparen. Si la mediación procede, el ofendido, la víctima o el inculpado podrán acudir en busca de un acuerdo total o parcial ante un abogado o notario debidamente autorizados para ello.

En caso de lograrse acuerdo total, se deberá hacer constar en un acta que las partes someterán a la consideración del Ministerio Público Federal, el que dentro del plazo de cinco días deberá pronunciarse sobre su procedencia y validez. Si transcurrido este plazo no ha recaído pronunciamiento del Ministerio Público Federal, se tendrá por aprobado el acuerdo reparatorio y producirá sus efectos.

Si el Ministerio Público Federal considera que el acuerdo es procedente y válido, o pasado el plazo señalado en el párrafo anterior dicha autoridad no se ha pronunciado, se ordenará el registro del acta correspondiente, así como la suspensión de la persecución penal en contra del inculpado por el plazo requerido para el cumplimiento del acuerdo reparatorio, durante el cual no correrá la prescripción de la acción penal.

Si el inculpado cumple con los compromisos contraídos en el acuerdo reparatorio, se extinguirá la acción penal y el Ministerio Público Federal, a solicitud de parte, dictará la resolución respectiva motivada y fundada declarándolo así. En caso contrario, a instancia de parte, el Ministerio Público Federal reanudará la persecución.

En el supuesto de que sólo se logre un acuerdo parcial, al igual que en el caso anterior el acta se registrará y la denuncia o querella, así como la acción penal en su caso, versarán únicamente sobre los hechos en los que no hubo avenimiento.

Artículo 271. Improcedencia de la mediación

La mediación no será aprobada cuando no se cumpla con lo previsto en los artículos anteriores o cuando las obligaciones de alguna de las partes resulten notoriamente desproporcionadas o se tenga motivos fundados para estimar que alguno de los participantes no está en condiciones de igualdad para negociar o ha actuado bajo coacción o amenaza.

Artículo 272. Acuerdo entre Ministerio Público y defensa para la conclusión anticipada de la persecución penal

Si durante la investigación del delito el inculpado admite su participación en la comisión de los hechos que se le imputan, el Ministerio Público Federal y la defensa, previa autorización expresa del inculpado, pueden acordar poner fin de manera anticipada a la persecución penal, siempre y cuando se cumplan las siguientes condiciones:

I. Que la aceptación del inculpado sobre su participación en la comisión de los hechos sea voluntaria y veraz;

II. Que existan otros medios de convicción que sirvan para corroborar la imputación y la aceptación del inculpado;

III. Que se le haya informado que la aceptación implica para él tanto beneficios como el abandono de su derecho a un juicio oral y público y que se somete a un proceso abreviado;

IV. Que se repare o garantice la reparación del daño causado por el delito;

V. Que se notifique al ofendido o a la víctima del delito y que éstos manifiesten su acuerdo u opinión al respecto, y

VI. Que el acuerdo se someta a la consideración del juez de control para su aprobación o rechazo.
Artículo 273. Aprobación o rechazo del acuerdo por el juez de control

El juez de control sólo aprobará el acuerdo si constata que se cumplen las condiciones señaladas en el artículo anterior.

Si el juez aprueba el acuerdo, citará a una audiencia en la que dictará sentencia inmediatamente bajo los términos acordados, siguiendo las reglas del procedimiento abreviado según lo previsto en el Capítulo I, Título Segundo del Libro Tercero.

Si el juez rechaza los resultados del acuerdo, porque no se cumplen las condiciones para ello, informará a las partes de su decisión fundada y motivada, y permitirá al inculpado que retire su aceptación de haber participado en la comisión del hecho que se le imputa, pero asegurándole que dicho reconocimiento sólo será usado en su contra si durante el proceso es corroborado con otros medios de prueba. De persistir el inculpado en aceptar los hechos imputados y se cumplen las condiciones antes señaladas, el juez abrirá el procedimiento abreviado para el análisis de los medios probatorios y resolver lo procedente. El rechazo del acuerdo por el juez no será causa de recusación.

Artículo 274. Efectos del acuerdo

Mediante el acuerdo de las partes se podrá prescindir parcialmente del ejercicio de la acción penal, o limitarla a alguno o algunos delitos o personas participantes en el hecho, o disminuir el grado de participación y la sanción penal, de acuerdo con lo que el inculpado acepte de los cargos que se le formulan. En caso de que entre el inculpado y su defensor exista discrepancia sobre los acuerdos, prevalecerá lo que decida el inculpado.

Si no se logra acuerdo, nada de lo que tuvo lugar durante las conversaciones puede ser objeto de prueba o usado en contra del inculpado en cualquier etapa del procedimiento penal.

Artículo 275. Confesión en caso de delito flagrante

Fuera de los casos a que se refiere este Capítulo, en todo otro caso en que el inculpado reconozca voluntariamente ante el Ministerio Público Federal que cometió o participó en la comisión del hecho penalmente relevante que se le imputa, se estará a las disposiciones que regulan el procedimiento abreviado, siempre y cuando:

I. Se trate de delito flagrante;

II. Existan otros medios de prueba que corroboren la imputación, y

III. El inculpado corrobore ante el juez de control lo expresado ante el Ministerio Público Federal sobre su participación en el hecho.

CAPITULO IV
ORDEN DE APREHENSION Y DE COMPARECENCIA

Artículo 276. Requisitos de la orden de aprehensión

En caso de que el ejercicio de la acción penal sea sin detenido, en el mismo escrito de puesta a disposición el Ministerio Público Federal solicitará al juez de control la orden de aprehensión del inculpado, y el juez la librará si se cumplen los requisitos que señala el párrafo segundo del artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que son:

I. Que preceda denuncia o querella de un hecho que la ley señale como delito;

II. Que el delito esté sancionado con pena privativa de libertad;
III. Que obren datos que establezcan que se ha cometido ese hecho que la ley señala como delito, y

IV. Que exista la probabilidad de que el inculpado lo cometió o participó en su comisión.

Para los efectos de la fracción III de este artículo, se entenderá por hecho que la ley señala como delito a la acción o la omisión descritas en el tipo penal del delito de que se trata, que lesiona o pone en peligro un bien jurídico tutelado por la norma penal y que reúne todos los elementos de dicho tipo penal, en términos de lo dispuesto por los artículos 305 y 306 de este Código.

Para los efectos de la fracción IV de este artículo, se entenderá que existe la probabilidad de que el inculpado cometió el hecho delictivo o participó en su comisión, cuando haya datos que sirvan para determinar que él intervino en la realización del hecho que se le imputa en alguna de las formas de autoría o participación señaladas por el Código Penal Federal. La acreditación de que el inculpado tuvo intervención en la realización del hecho, ya sea como autor o como partícipe, no prejuzga sobre su culpabilidad, pues ésta se determinará en el proceso.

Artículo 277. Tiempo para librar la orden de aprehensión

Cuando estén reunidos los requisitos señalados en el artículo anterior, el juez de control librará o negará la orden de aprehensión contra el inculpado dentro de las setenta y dos horas siguientes contadas a partir del momento en que se haya acordado la radicación. Si se trata de delito grave y así lo solicita el Ministerio Público Federal, la radicación se hará de inmediato y el juez ordenará o negará la aprehensión, fundada y motivadamente, dentro de las veinticuatro horas siguientes. Los mismos términos se aplicarán para el caso del cateo.

Si dentro de los plazos señalados en el párrafo anterior el juez no resuelve la radicación o la medida cautelar solicitada, el Ministerio Público Federal podrá interponer el recurso de queja ante el Tribunal de Circuito que corresponda.

Artículo 278. Proceder ante negativa de orden de aprehensión

Si el juez niega la orden de aprehensión, por considerar que no están reunidos los requisitos del artículo 16 constitucional, y la negativa no tiene efectos de sobreseimiento, el Ministerio Público Federal podrá promover pruebas ante el juez de control y solicitar de nuevo el mandamiento judicial. Por lo que, en ningún caso el juez devolverá al Ministerio Público Federal el expediente con el que éste ejerció la acción penal para que reanude la investigación del delito como autoridad investigadora.

Si después de transcurridos dos años, contados a partir de la negativa de la orden de aprehensión originalmente planteada, el Ministerio Público Federal no vuelve a solicitarla, el expediente de investigación se archivará definitivamente conforme a las normas aplicables al no ejercicio de la acción penal, sin menoscabo de la responsabilidad en que puede haber incurrido el Ministerio Público Federal por la omisión.

Artículo 279. Transmisión y ejecución de la orden de aprehensión en el territorio nacional

Toda orden de aprehensión dictada por el juez de control se transmitirá inmediatamente al agente del Ministerio Público Federal que intervenga en el proceso y se girará oficio al Procurador General de la República para su ejecución por la policía ministerial, con excepción de lo previsto en el artículo siguiente.

Las órdenes de aprehensión se podrán ejecutar en todo el territorio mexicano, independientemente del lugar en que se encuentre el juez que la dictó. En lo conducente, se observará lo previsto en la Ley Reglamentaria del artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Artículo 280. Notificación de la orden de aprehensión al propio inculpado

Una vez que el Ministerio Público Federal reciba la comunicación de la orden de aprehensión, y antes de que se envíe el oficio para su cumplimentación por la policía, podrá notificarla al propio inculpado para que personalmente comparezca a declarar ante el juez de control, si lo desea, siempre y cuando se cumplan las siguientes condiciones:

I. Que se trate de delitos cuya pena máxima de prisión no sea mayor de cinco años;

II. Que la comparecencia sea dentro de un plazo de diez días contados a partir de la fecha de la notificación, y

III. Que el inculpado no haya cometido con anterioridad algún delito doloso con pena mayor a tres años de prisión.

Si el inculpado comparece dentro del plazo señalado, el juez de control citará a las partes dentro de las setenta y dos horas siguientes a una audiencia, para los efectos de que el inculpado rinda su declaración preparatoria en los términos previstos en este Código. En este caso, el inculpado no podrá ser privado de su libertad con el argumento de cumplimentar la orden de aprehensión, salvo que exista el riesgo de que se sustraiga a la acción de la justicia y no haya otro medio cautelar para garantizar su comparecencia ante el juez.

En caso de que el inculpado manifieste su deseo de no comparecer, o no comparezca voluntariamente en el plazo señalado, el Ministerio Público Federal solicitará a la policía para que ejecute la orden.

Artículo 281. Orden de aprehensión de personas que están fuera del país

En aquellos casos en que la persona en contra de quien se libra orden de aprehensión se encontrare fuera del país, el trámite correspondiente se sujetará a la Ley y Tratados de Extradición Internacional.

Artículo 282. Aprehensión o reaprehensión en lugar sin acceso público

En el caso de que la persona en contra de quien se libre orden de aprehensión o reaprehensión se encontrare dentro de un lugar al que no se tuviese acceso público, el juez de control, a petición del Ministerio Público Federal, expedirá la orden de cateo para ese solo efecto.

Artículo 283. Aprehensión en servicios públicos

Cuando deba aprehenderse a un servidor público o a un particular que en ese momento esté prestando un servicio público, o esté encargado del manejo de fondos públicos, se tomarán las providencias necesarias para que no se interrumpa el servicio y se garantice la seguridad de los fondos públicos, así como para que aquél no se sustraiga a la acción de la justicia.

Si el servidor público en contra de quien se libra la orden de aprehensión tiene fuero o inmunidad, el Ministerio Público Federal adoptará las medidas necesarias para evitar que aquél se sustraiga a la acción de la justicia, sin alterar los efectos de aquélla.

En todo caso, la aprehensión de servidores públicos se comunicará a su superior jerárquico.

Artículo 284. Suspensión del procedimiento

Mientras la orden de aprehensión no sea ejecutada, o el inculpado no comparece ante el juez de control, éste suspenderá el procedimiento; en caso de que la falta de comparecencia sea injustificada, el juez suspenderá el inicio de la audiencia por un plazo de cuarenta y ocho horas bajo apercibimiento.
Artículo 285. Entrega del aprehendido a la autoridad judicial

Una vez ejecutada la orden de aprehensión, la autoridad que la haya llevado a cabo deberá poner al inculpado a disposición de su juez sin dilación alguna y bajo su más estricta responsabilidad, y le indicará que tiene derecho a nombrar su defensor. Para ello, se internará al aprehendido en el centro de reclusión correspondiente, informando de inmediato tanto al juez como al Ministerio Público Federal acerca del día y hora en que se ejecutó la orden, dejando constancia de ello. El encargado del centro de reclusión asentará en el documento relativo a la orden de aprehensión ejecutada, que le presente la policía, el día y hora de recibo del detenido. La contravención a lo anterior será sancionada por la ley penal.

Las personas que se encuentren internadas en centros de reclusión de alta seguridad, podrán ser trasladadas a otro centro, hospital, oficina o cualquier otro lugar, por razones de seguridad, debiéndose notificar al Ministerio Público Federal y al defensor.

Si quienes estuviesen detenidos o sujetos a prisión preventiva son miembros de la policía o de las Fuerzas Armadas Mexicanas, ellos deberán ser recluidos en prisiones especiales, si existieren; en su defecto, en las comunes. Lo anterior no será aplicable para los miembros de las Fuerzas Armadas Mexicanas que se encuentren en dicha situación, por estárseles siguiendo un proceso penal por la comisión de un delito en contra de la salud, en cualquiera de sus modalidades. No podrán considerarse prisiones especiales los cuarteles u oficinas.

Artículo 286. Orden de comparecencia

Cuando la pena del delito imputado no sea privativa de la libertad, o bien sea alternativa, y estuvieren reunidos los mismos requisitos que exige el artículo 16 constitucional, en los mismos términos del artículo 276 de este Código, a solicitud del Ministerio Público Federal en su escrito de puesta a disposición el juez de control librará orden de comparecencia en contra del inculpado para que pueda rendir su declaración en la audiencia de acusación y se resuelva sobre su situación jurídica.

La orden de comparecencia sólo podrá ejecutarse en horas hábiles para el despacho del tribunal que la expide. Si el servidor público que ejecuta una orden de comparecencia contraviene lo anterior, incurrirá en responsabilidad.

También en estos casos el Ministerio Público Federal podrá notificar al inculpado para que, si lo desea, comparezca voluntariamente ante el juez de control a rendir su declaración, en cuyo caso se estará a lo que prevé el artículo siguiente.

Si existe la posibilidad de que la persona se evada a la acción de la justicia, el juez podrá dictar la medida cautelar que corresponda, salvo que el inculpado o su defensor hayan comunicado oficialmente que la persona se presentará a la audiencia. Si después de notificado el inculpado no se presenta a la audiencia, el juez podrá girarle orden de presentación para que la policía lo ejecute, y la circunstancia de no presentarse como lo había comunicado será tomada en cuenta por el juez al resolver sobre las medidas cautelares.

Es aplicable lo dispuesto en el último párrafo del artículo 278, para el caso en que el juez niegue la orden de comparecencia.

Artículo 287. Comparecencia voluntaria del inculpado

En caso de que el inculpado, contra quien el Ministerio Público Federal ha solicitado orden de comparecencia, se presente voluntariamente ante la autoridad judicial para rendir declaración, quedará sin efecto la orden expedida en su contra. En este caso, el juez de control citará a las partes dentro de las setenta y dos horas siguientes a una audiencia, para los efectos de que el inculpado rinda su declaración si lo desea y se esté, en lo conducente, a lo dispuesto en el Capítulo siguiente.
TITULO CUARTO
EL PROCESO PENAL

CAPITULO I
PRINCIPIOS QUE RIGEN EL PROCESO PENAL

Artículo 288. Características y objeto del proceso

El proceso penal será acusatorio y oral, y tendrá por objeto esclarecer los hechos motivo de la acusación y determinar la culpabilidad o inocencia de su autor o partícipe; asimismo, tendrá por objeto proteger al inocente y procurar que el culpable no quede impune y que los daños causados por el delito se reparen.

Artículo 289. Principios generales del proceso

El proceso penal, que se inicia a partir de que el juez de control radica el asunto puesta a disposición por el Ministerio Público con el ejercicio de la acción penal y concluye con el dictado de la sentencia, se regirá por los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación, de acuerdo con los criterios siguientes:

I. Principio de publicidad. El juicio y las demás audiencias durante el proceso serán públicos. La publicidad sólo podrá restringirse en los casos de excepción que determine la ley, por razones de seguridad nacional, seguridad pública, protección de las víctimas, testigos y menores de edad, cuando se ponga en riesgo la revelación de datos legalmente protegidos, o cuando el juzgador estime que existen razones fundadas para justificarlo. El juez podrá, por ello, prohibir el ingreso con equipos de telefonía, grabación y video al recinto oficial; y en casos excepcionales él podrá resolver, aun de oficio, que la audiencia se desarrolle total o parcialmente a puertas cerradas, cuando:

a) Pueda afectarse el pudor, la integridad física o la intimidad de alguno de los que intervienen en la audiencia o de alguna persona citada para participar en ella;

b) Pueda afectarse gravemente el orden público o la seguridad del Estado;

c) Peligre un secreto oficial, particular, comercial o industrial cuya revelación indebida sea punible, o

d) Esté previsto específicamente en este Código o en otra ley, o el juez estime que existen razones fundadas para justificarlo.

II. Principio de contradicción y prohibición de comunicación ex parte. Las partes podrán conocer, controvertir o confrontar los medios de prueba, así como a oponerse a las peticiones y alegatos de la otra parte. En el juicio, la presentación de los argumentos y los elementos probatorios se desarrollará de manera pública, contradictoria y oral. Ningún juzgador podrá tratar asuntos que estén sujetos a proceso con cualquiera de las partes sin que esté presente la otra; por lo que, en todo momento respetará el principio de contradicción, con la salvedad de las excepciones que la propia Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y este Código establecen.

III. Principio de concentración. El desarrollo de la actividad procesal que produzca decisiones jurisdiccionales deberá concentrarse en audiencia, conforme a las disposiciones de este Código. La necesidad de que la prueba se forme ante el juez, para los efectos de la sentencia, obliga a que la actuación se concentre en una sola etapa; por lo que, en ella debe recaer toda la actividad procesal destinada a producir decisiones jurisdiccionales.

IV. Principio de continuidad. La actuación procesal, la práctica de pruebas y el debate argumentativo se deben realizar de manera continua, sucesiva y, preferentemente, en un mismo día o en días consecutivos hasta su conclusión, sin detrimento del derecho de defensa y de los fines del proceso. Lo anterior es aplicable tanto para las audiencias ante los jueces de control como para las que se realizan ante los jueces de juicio.
V. Principio de inmediación y de libre valoración de la prueba. Toda audiencia se desarrollará íntegramente en presencia del juez, sin que éste pueda delegar en ninguna persona la admisión, el desahogo y la valoración de las pruebas, la cual deberá realizarse de manera libre y lógica. Para los efectos de la sentencia sólo se considerarán pruebas aquellas que hayan sido desahogadas en la audiencia de juicio, aun cuando se hayan producido en etapas anteriores.

Artículo 290. Justicia pronta, completa e imparcial

Los tribunales emitirán sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. La imparcialidad implica, también, que el juicio se celebre ante un juez que no haya tenido participación previa en el conocimiento del caso.

Artículo 291. Otros principios procesales

Además de los principios señalados en los artículos anteriores, se observarán en el debido proceso penal los siguientes:

I. Principio de legalidad y criterios de oportunidad. El proceso penal se regirá fundamentalmente por el principio de legalidad; por lo que, el juzgador no podrá aplicar criterios de oportunidad en el ejercicio de su función. Además, el juzgador sólo podrá imponer pena o medida de seguridad que se encuentren previstas en una ley penal vigente al tiempo de realización de la conducta delictiva por la que se inició el proceso penal y siempre y cuando se acrediten los presupuestos que la ley establece para cada una de las consecuencias jurídicas. Asimismo, queda prohibida la aplicación retroactiva, analógica o por mayoría de razón de la ley penal, en perjuicio de persona alguna.

II. Igualdad procesal de las partes. Las partes tendrán igualdad procesal para sostener la acusación o la defensa, respectivamente.

III. Presunción de inocencia. En las distintas fases del procedimiento penal se presumirá la inocencia del inculpado, mientras no se declare su culpabilidad mediante sentencia emitida por el juez de la causa.

IV. Carga de la prueba de culpabilidad. La carga de la prueba para demostrar la culpabilidad del inculpado corresponde a la parte acusadora, quien lo hará conforme a las exigencias del tipo penal del delito de que se trate y a los requisitos materiales de la estructura de la culpabilidad, así como atendiendo a las reglas que establece este Código.

V. In dubio pro reo. En caso de duda, se aplicará la ley más favorable o el juez absolverá al procesado.

VI. Ne bis in idem. Nadie puede ser juzgado dos veces por los mismos hechos, ya sea que en el juicio se le absuelva o se le condene.

VII. Prueba prohibida. Cualquier prueba obtenida con violación de derechos fundamentales será nula.

VIII. Penas prohibidas. Quedan prohibidas las penas de muerte, de mutilación, de infamia, la marca, los azotes, los palos, el tormento de cualquier especie, la multa excesiva, la confiscación de bienes y cualesquiera otras penas inusitadas y trascendentales; el juez sólo podrá aplicar la pena o penas previstas para el delito de que se trate, dentro de los límites mínimo y máximo señalados por la ley penal.

IX. Racionalidad y proporcionalidad de las penas. Además de la idea de justicia, que deberá orientar la fijación de la pena, el juez aplicará criterios de racionalidad al imponerla, atendiendo a los fines de prevención general y especial que se le atribuye a aquélla. Asimismo, al individualizar la pena dentro de los límites mínimo y máximo que señala la ley penal, el juez procurará que ella sea proporcional al delito que sancione y al bien jurídico afectado, con base en la gravedad del ilícito y el grado de culpabilidad del autor o partícipe.

En toda pena de prisión que imponga una sentencia, se computará el tiempo de la detención en que el sentenciado hubiere estado privado de la libertad tanto en la etapa de investigación como en el proceso.
Artículo 292. La convicción del juez para la condena

El juez sólo condenará al procesado cuando tenga plena convicción de su culpabilidad. Existirá convicción de la culpabilidad del procesado, cuando el juez de sentencia constate en la audiencia de juicio que se ha acreditado plenamente que:

I. El procesado, al momento de la comisión del hecho, tuvo la capacidad de comprender el carácter ilícito de su conducta, así como la capacidad de determinarse a actuar de acuerdo con las exigencias de la norma penal;

II. Tuvo conocimiento de que el hecho que cometió, o en cuya comisión participó, es contrario al derecho, y que

III. De acuerdo con las circunstancias en que actuó, le era exigible una conducta distinta a la que realizó.

El requisito de la fracción I se tendrá por acreditado, cuando en el caso concreto no se haya comprobado que el inculpado padeciera algún trastorno mental, transitorio o permanente, o desarrollo intelectual retardado, que afectara dicha capacidad de comprensión o de motivación, en los términos que establece el Código Penal Federal.

El requisito de la fracción II se tendrá por comprobado, ya sea porque el inculpado haya declarado expresamente que conocía el carácter ilícito de su conducta, o bien porque no se acreditó que él hubiese estado en situación de error invencible respecto de la ilicitud de su conducta, es decir, que él hubiese desconocido la existencia de la ley o el alcance de la misma, o que hubiese creído que su conducta estaba justificada. Si se acredita que el error en que el sujeto se encontraba respecto de la ilicitud de la conducta era vencible, el juicio de reproche y la pena se verán disminuidos en los términos de lo previsto en el Código Penal Federal.

El requisito de la exigibilidad de otra conducta a que se refiere la fracción III se tendrá por acreditado, cuando se determine que, según las circunstancias fácticas en que el inculpado se encontraba al realizar la conducta antijurídica, él tuvo alternativas de acción, es decir, que pudo realizar una conducta distinta a la que realizó; por lo que, dicho requisito se excluirá, si se acredita que la afectación del bien jurídico que motivó el proceso se realizó por la necesidad de salvaguardar otro bien jurídico de igual valor, propio o ajeno, de un peligro real, actual o inminente, no ocasionado dolosamente por el agente; o que, por alguna otra circunstancia fáctica en que el inculpado se encontraba, no sea racionalmente exigible un comportamiento distinto al que realizó.

CAPITULO II

FASE DE PLAZO CONSTITUCIONAL:
ACUSACION PRELIMINAR, AUDIENCIA DE PLAZO CONSTITUCIONAL,
DECLARACION DEL INCULPADO Y AUTO DE VINCULACION A PROCESO

SECCION PRIMERA
ACUSACION PRELIMINAR O IMPUTACION FORMAL

Artículo 293. Presentación de la acusación preliminar

Al ejercer la acción penal ante el juez de control competente, el Ministerio Público Federal presentará el pliego de puesta a disposición respectivo, al que acompañará los diversos elementos probatorios legalmente obtenidos que sirven para sustentar su acusación preliminar en contra de persona determinada, a quien se presume que ha cometido un hecho que la ley señala como delito o que participó en su comisión.

En el caso de que el ejercicio de la acción penal sea con detenido, a la puesta a disposición se acompañará la persona que se pone a disposición del juez, para los efectos de lo previsto en el artículo 297.
Artículo 294. Contenido del pliego de acusación

El pliego de puesta a disposición y de acusación previa a que se refiere el artículo anterior, deberá contener:

I. Una descripción clara, circunstanciada y sucinta de los hechos que fueron objeto de la investigación, así como el señalamiento de las razones que llevaron al Ministerio Público Federal a considerarlos penalmente relevantes, incluyendo su calificación jurídica;

II. La determinación concreta de la o las personas que son acusadas, con su nombre, domicilio y demás datos que sirvan para identificarlas, señalando la conducta que cada una realizó, ya sea como autor o como partícipe;

III. La indicación de si el ejercicio de la acción penal se hace con o sin detenido y, en su caso, que el detenido se pone a disposición del juez;

IV. La solicitud de la orden de aprehensión o de comparecencia, o de cateo, según proceda, en caso depuestas a disposición sin detenido;

V. La indicación de quién o quiénes son las víctimas o los ofendidos de la conducta típica que se imputa al inculpado, incluyendo su nombre, domicilio y demás datos para identificarlos;

VI. La solicitud de la prisión preventiva, si ésta es procedente;

VII. La respectiva motivación y fundamentación de la acusación previa, o de las medidas cautelares, señalando los preceptos legales aplicables;

VIII. La relación de los bienes u objetos que, en su caso, hubiesen sido asegurados, para los efectos de su decomiso o de garantizar la reparación de los daños causados;

IX. La solicitud de pena que el Ministerio Público Federal considera habrá de imponerse y el monto estimado de los daños causados, para los efectos de su reparación;

X. El señalamiento de los medios de prueba que fueron recabados por el Ministerio Público Federal durante la investigación y que sirvieron para establecer la existencia del hecho que la ley señala como delito y la probabilidad de que el inculpado lo cometió o participó en su comisión, haciendo la relación entre aquellos medios y los requisitos materiales; asimismo, el señalamiento de los elementos de prueba que pueden resultar favorables al inculpado, y

XI. La indicación, en su caso, de los medios de prueba que el Ministerio Público Federal proponga que deben producirse en el juicio, lo que hará en documento anexo y se analizará por el juez de control en la etapa de preparación del juicio.

Artículo 295. Acusación por parte de un particular

Para los casos de delitos de acción pública en que se permita que un particular también pueda ejercer la acción penal y se convierta en acusador coadyuvante, se requerirán los mismos datos señalados en el artículo anterior, en lo que sea procedente. Si en esos casos la víctima o el ofendido como acusador particular lo requiere, el juez pondrá a su disposición los resultados de la investigación realizada por el Ministerio Público Federal y le concederá un plazo razonable para la práctica complementaria de actos tendientes a la obtención de medios probatorios.

Artículo 296. Admisibilidad de la acusación

El juez de control que reciba la acusación preliminar formulada por el Ministerio Público Federal, la radicará de inmediato si es con detenido, o dentro del término de cuarenta y ocho horas si es sin detenido, contado a partir de la puesta a disposición. En ambos casos el juez la analizará y la admitirá si reúne los requisitos establecidos en el artículo 294; en caso contrario, la rechazará.
En el caso de que el pliego de acusación contenga errores materiales o no incluya alguna circunstancia, podrá realizarse su corrección durante la audiencia, sin que ella sea considerada una ampliación de la misma, si no se modifica esencialmente la imputación ni se provoca indefensión.

Lo previsto en este artículo también se aplicará, en lo procedente, para los casos en que la acción sea promovida por un particular en los términos del artículo anterior.

Artículo 297. Examen de la legitimidad de la detención

Una vez radicada la puesta a disposición, si esta fue con detenido, el juez examinará la legitimidad de la detención en los términos del artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Si la detención no se ajustó a lo dispuesto por dicho precepto, el juez pondrá al detenido en inmediata libertad, sin perjuicio de que el Ministerio Público Federal solicite la orden de aprehensión si procede y continúe el procedimiento. En el análisis de la legitimidad de la detención, el juzgador considerará las disposiciones constitucionales relativas al tiempo que puede durar la detención ante el Ministerio Público Federal.

En el mismo auto de radicación, el juzgador confirmará o modificará, en su caso, las determinaciones que haya adoptado el Ministerio Público Federal en lo que corresponde a la intervención, asesoría jurídica y protección de los intereses y derechos de la víctima o del ofendido y dispondrá que dicho auto sea notificado al ofendido, a la víctima y a su asesor jurídico. Lo anterior, sin perjuicio de las determinaciones que deban dictarse en el curso del proceso y de las disposiciones que este ordenamiento contiene a propósito del procedimiento especial para la reparación de daños y perjuicios.

Artículo 298. Modificación de los hechos sobre los que se basa la acusación

Después de haberse formulado la acusación, ésta podrá ampliarse mediante la inclusión de un nuevo hecho que modifique la calificación jurídica o la pena, o resulte conexo; lo cual podrá hacerse hasta antes del inicio del juicio. Dentro de ese lapso de tiempo, el juez de control podrá concederle al Ministerio Público Federal un plazo razonable para que pueda recabar anticipadamente los elementos de prueba que ofrecerá en el juicio. En este caso, también se brindará al acusado un plazo razonable, a criterio del juez, para que prepare su defensa.

Artículo 299. Acusaciones alternativas y por hechos conexos

El Ministerio Público Federal podrá hacer valer pretensiones alternativas y, en su caso, también formular una distinta calificación jurídica de los hechos, siempre y cuando lo haga antes del auto de vinculación a proceso.

Asimismo, el Ministerio Público Federal podrá formular acusación por diversos hechos, siempre que sean conexos, y proponer la acumulación de diversas acusaciones por hechos conexos.

Artículo 300. Anexos al escrito de acusación

El Ministerio Público Federal podrá anexar a su pliego de acusación un escrito en el que enumerará los medios de prueba que pretende sean desahogados en el juicio oral, o los ofrecerá en la etapa de preparación del juicio, para acreditar la existencia del hecho antijurídico y la culpabilidad del sujeto, como presupuestos de la pena, así como para sustentar la determinación e individualización de la pena, conforme a lo dispuesto en este Código.

Artículo 301. Cuestiones de competencia

En el auto de radicación el juzgador analizará y resolverá su competencia para conocer del asunto. Si se estima incompetente y no hay detenido, turnará la causa al juez que considere competente, previa audiencia del Ministerio Público Federal. Si hay detenido y no es posible remitir inmediatamente al inculpado con el juzgador que deba conocer, dictará las resoluciones que no admiten demora y enviará la causa al tribunal competente, previa audiencia del inculpado y del Ministerio Público Federal. Las cuestiones de competencia que se susciten en esta etapa se resolverán conforme a lo previsto por este Código para los conflictos de competencia en general y, en su caso, de acuerdo con las leyes aplicables.
SECCION SEGUNDA
AUDIENCIA DE ACUSACION, DECLARACION DEL INCULPADO Y
AUTO DE VINCULACION A PROCESO

Artículo 302. Finalidad de la audiencia de acusación

Una vez que se haya radicado la puesta a disposición, si esta fue con detenido, el juez señalará fecha, hora y lugar para la celebración de la audiencia en que se formulará la acusación previa. En este caso, la audiencia de imputación formal o acusación provisional ante el juez de control tiene como finalidad:

I. Hacer del conocimiento del inculpado la imputación que existe en su contra, los que lo acusan y los testigos que declaran en su contra;

II. Hacerle saber los derechos y las garantías que le otorgan tanto la Constitución Política como otros ordenamientos jurídicos, así como las obligaciones a las que se halla sujeto;

III. Revisar las medidas cautelares aplicadas durante la etapa de investigación y resolver sobre la aplicación de nuevas medidas cautelares que procedan y garantizar el derecho a la defensa del inculpado;

IV. Tomar al inculpado su primera declaración judicial, si éste desea rendirla;

V. Determinar si existen bases suficientes para someter a juicio al inculpado, y

VI. Resolver la situación jurídica del inculpado, ya sea que se le vincule a proceso o que se le deje en libertad por falta de elementos para procesar.

En el mismo acto el Ministerio Público Federal entregará al inculpado copia del pliego de puesta a disposición, en la parte que le corresponde, y se le solicitará que designe a su abogado defensor para los efectos procedentes. Si el inculpado nombró defensor en la etapa de investigación, se tendrá a éste por designado en el proceso y deberá estar presente, salvo que el inculpado resuelva otra cosa.

Si la puesta a disposición es sin detenido, se procederá en los términos que establecen las disposiciones correspondientes del siguiente título de este Código.

Artículo 303. Principios que rigen la audiencia frente al juez de control

Como toda otra audiencia procesal, también la audiencia frente al juez de control se regirá por los principios de concentración, continuidad e inmediación, publicidad, contradicción e igualdad, en los términos señalados en el artículo 289. La publicidad y la contradicción se garantizan en audiencia posterior cuando se trate de medidas cautelarles como cateo, intercepción de comunicaciones privadas, autorización de técnicas de investigación, de orden de aprehensión, o cuando no se pueda localizar al sujeto que se hace acreedor a la misma o la urgencia lo requiera.

Artículo 304. Desarrollo de la audiencia de acusación

En los casos de acusación con detenido, la audiencia inicial se celebrará dentro de las veinticuatro horas después de haber puesto al imputado a disposición de la autoridad judicial. En esta audiencia, que será oral y presidida por el juez, deberán estar presentes el Ministerio Público Federal, el inculpado y su defensor; la falta de alguna de las partes procesales hará que la audiencia carezca de validez. También podrán participar en esta audiencia la víctima o el ofendido del delito o su asesor legal, aun cuando no se les haya notificado, y podrán opinar respecto de la medida cautelar que se adopte en contra del inculpado, pero deberán señalar domicilio para futuras notificaciones. Su inasistencia no suspenderá la audiencia ni la viciará de nulidad.
La audiencia pública comenzará con la presentación, ante el juez de control competente, que el Ministerio Público Federal deberá hacer de la acusación en contra del inculpado, exponiendo los fundamentos de la imputación. Para ello, el Ministerio Público Federal fijará los hechos que se imputan, esgrimiendo los argumentos que explican la acreditación de la existencia del hecho que la ley señala como delito y la probabilidad de que el inculpado lo cometió o participó en su comisión, en los términos de los artículos 250, 276 y 304.

Acto seguido, el juez procederá a informarle al inculpado en forma comprensible sobre los hechos y su calificación jurídica, y le preguntará si ha entendido la acusación que el Ministerio Público Federal hizo en su contra y el delito que le atribuye. Asimismo, le preguntará si ya cuenta con el asesoramiento de su defensor privado; si no lo ha designado, le indicará que tiene la opción de nombrarlo y, en su defecto, le designará uno público. Le informará al inculpado sobre su derecho de mantener silencio, pero también le preguntará si es su deseo declarar. Si es su voluntad declarar, se procederá a tomar dicha declaración, que el inculpado rendirá verbalmente. Si el inculpado decidiere no declarar, el juez respetará su voluntad y dejará constancia de ello.

Si fueren varios los inculpados por los mismos hechos, se les tomará declaración por separado, en una sola audiencia, debiendo el juez adoptar las medidas precautorias que procedan para evitar que se comuniquen entre sí antes de rendir declaración.

Artículo 305. Declaración del inculpado ante el juez de control

La declaración que rinda el inculpado ante el juez de control será oral; el Ministerio Público Federal y, en su caso, la víctima o el ofendido lo interrogarán sobre los hechos consignados, debiendo aquél dar respuestas a los interrogatorios, si ésta fuere su voluntad. Las preguntas que se le formulen deberán referirse a hechos propios, se harán en términos precisos y cada una abarcará un solo hecho, salvo cuando se trate de hechos complejos, en que, por la íntima relación que exista entre ellos, no pueda afirmarse o negarse uno sin afirmar o negar el otro. El juez dispondrá que los interrogatorios se hagan por su conducto, cuando lo estime necesario, y desechará las preguntas que a su juicio sean insidiosas o inconducentes. La resolución será impugnable a través de la reconsideración.

Durante la diligencia, el inculpado no podrá recibir consejo de persona alguna, salvo en lo que toca a las informaciones que deba darle el juzgador. El defensor podrá intervenir en la diligencia, asesorando al inculpado y objetando los términos de las preguntas y de la declaración, cuando en aquélla se afecten indebidamente los derechos del inculpado.

En caso de que el inculpado no declare o su defensor no haga ningún pronunciamiento sobre los hechos que el Ministerio Público Federal le imputa, no por ello esos hechos se entenderán aceptados.

Artículo 306. Careo del inculpado con testigos

El juez careará al inculpado con los testigos que depongan en su contra si se encontraren en el lugar de la audiencia y lo solicita el inculpado, para que éste y su defensor puedan hacerles todas las preguntas conducentes a su defensa.

Artículo 307. Ofrecimiento de pruebas durante la audiencia

Si el inculpado o su defensor ofrecen pruebas durante la audiencia, el juez resolverá sobre su admisión y, en su caso, se desahogarán en la misma audiencia, dependiendo de si se solicitó o no la ampliación del plazo a que se refiere el artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Desahogada la prueba, si la hubo, se le concederá la palabra en primer término al Ministerio Público Federal y luego al defensor del inculpado para que formulen los alegatos sobre la solicitud de vinculación a proceso.

En caso de que el inculpado o su defensor no hayan ofrecido pruebas, el juez resolverá sobre la situación jurídica del inculpado dentro del término de setenta y dos horas después de que éste fue puesto a su disposición.

Artículo 308. Prórroga del plazo constitucional

No obstante lo dispuesto en el artículo anterior, el juez le preguntará al inculpado después de haber declarado, si desea ejercer su derecho a solicitar la prórroga del plazo de setenta y dos horas para que se resuelva sobre su situación jurídica, ya sea que se le vincule a proceso o no. Si el inculpado o su defensor no solicitan la prórroga, se continuará con el desarrollo de la audiencia; se le dará la palabra a la defensa para que exponga los argumentos que considere pertinentes y, después de escuchar las réplicas de las partes si las hubiere, se resolverá dentro del plazo señalado en el artículo anterior sobre si se le vincula o no a proceso.

Si el inculpado o su defensor solicitan una prórroga para continuar la audiencia de plazo constitucional o de vinculación a proceso, esa prórroga puede ser hasta por setenta y dos horas más para que se aporten y desahoguen pruebas pertinentes para resolver sobre su situación jurídica. En la audiencia prorrogada, el inculpado deberá presentar sus medios de prueba, los que serán admisibles siempre que sean diversos a los mencionados en la audiencia por el Ministerio Público Federal, y se desahogarán en los mismos términos señalados en el artículo anterior.

Si el inculpado requiere del auxilio judicial para citar testigos o peritos a la audiencia de vinculación a proceso, deberá solicitarlo al menos con cuarenta y ocho horas de anticipación a la hora y fecha señaladas para la celebración de la audiencia prorrogada, para que se puedan desahogar en la misma audiencia.

Dentro de ese plazo prorrogado, el Ministerio Público Federal sólo podrá hacer las promociones correspondientes al interés social que representa en relación con los medios de prueba o alegatos que hubiese ofrecido el inculpado o su defensor. Esta regla se aplicará, también, a la víctima, al ofendido y a su asesor jurídico.

Artículo 309. Auto de vinculación a proceso y sus requisitos

Agotada la discusión, el juez resolverá, en la misma audiencia y dentro del plazo constitucional, sobre la vinculación o no del inculpado a proceso.

Dentro de las setenta y dos horas siguientes al momento en que el inculpado fue puesto a su disposición, o del plazo prorrogado, la autoridad judicial emitirá el auto de vinculación a proceso en contra del acusado, siempre y cuando se cumplan los requisitos siguientes:

I. Que se encuentre acreditada la existencia del hecho que la ley señala como delito, incluyendo las circunstancias de lugar, tiempo o modo de ejecución del mismo. Se entiende por hecho que la ley señala como delito a la acción o la omisión descritas en el tipo penal del delito de que se trata, que lesiona o pone en peligro un bien jurídico tutelado por la norma penal y que, además, reúne todos los elementos de dicho tipo penal;

II. Que exista la probabilidad de que el inculpado cometió el hecho penalmente relevante o participó en su comisión. Se entiende que existe la probabilidad de que el inculpado cometió el hecho delictivo o participó en su comisión, cuando haya datos que sirvan para determinar que él intervino en la realización del hecho que se le imputa en alguna de las formas de autoría o participación señaladas por el Código Penal Federal. La acreditación de que el inculpado tuvo intervención en la realización del hecho, ya sea como autor o como partícipe, no prejuzga sobre su culpabilidad, ya que para ésta son necesarios otros elementos que también deben ser acreditados, como lo señala el artículo 371, y

III. Que no esté plenamente comprobada, a favor del inculpado, alguna causa de exclusión del delito o que extinga la pretensión punitiva.

Los requisitos anteriores para el auto de vinculación a proceso, también se observarán para los casos en que el delito no merezca pena privativa de libertad, o tenga señalada pena alternativa. En esos casos, el juez dictará auto de vinculación a proceso contra el inculpado para el solo efecto de señalar el delito por el cual se ha de seguir el proceso.
Artículo 310. Criterios para determinar la existencia de los elementos del tipo penal

Para los efectos del requisito material del auto de vinculación a proceso a que se refiere la fracción I del artículo anterior, el juez de control deberá constatar la existencia de datos que acrediten los siguientes elementos típicos:

a) La existencia de un resultado típico, que consiste en la lesión de un bien jurídicamente protegido o, en su caso, que dicho bien ha sido al menos colocado en una situación de peligro;

b) Que el resultado producido sea atribuible a una determinada acción u omisión del inculpado, así como al o a los medios utilizados por él;

c) Que la acción o la omisión del inculpado han sido realizadas dolosa o culposamente, y

d) Que se cumple con los demás requisitos expresamente exigidos por el tipo penal de que se trate, que tienen que ver con calidades o características especiales en los sujetos activo o pasivo, en el objeto de la acción o en el medio utilizado, con elementos normativos o subjetivos específicos, o con circunstancias de lugar, tiempo o de cualquier otra índole, que son necesarios para la correcta tipificación de los hechos.

Artículo 311. Criterios para determinar la existencia del dolo o la culpa y otros elementos subjetivos del tipo penal

Para acreditar la existencia de la conducta dolosa o culposa a que se refiere el inciso c) del artículo anterior, el Ministerio Público Federal y el juez de control deberán, motivada y fundadamente, considerar lo siguiente:

I. Para determinar si la conducta atribuida al inculpado la realizó de manera dolosa:

a) Que el inculpado tuvo conocimiento de lo que hacía o, al menos, que previó como posible el resultado típico que se produjo;

b) Que, con base en ese conocimiento que tuvo del hecho, quiso realizarlo; o que, habiendo previsto el resultado como posible, aceptó la realización del hecho típico o no le importó que el resultado se produjera;

c) Que, de acuerdo con lo anterior, no quedó plenamente demostrado que al momento de realizar la conducta el inculpado se haya encontrado en una situación de error respecto de alguno de los elementos objetivos que integran la descripción legal, o que ese error fuese vencible, que pudiera excluir el dolo, en los términos del Código Penal Federal.

II. Para determinar si la conducta atribuida al inculpado fue realizada de manera culposa o imprudente:

a) Que el delito de que se trata admite la forma de realización culposa, en términos del Código Penal Federal;

b) Que el resultado producido era previsible en términos generales, y que en el caso concreto el inculpado previó su producción;

c) La mayor o menor facilidad de prever y evitar el resultado penalmente relevante que se produjo;

d) La actitud que el inculpado haya asumido ante la representación de la posible producción del resultado, para ver si confió en que no se produciría, o si no le importó que se produjera;

e) En qué consistió el deber de cuidado que al inculpado le era exigible cumplir, según las circunstancias que rodean al hecho y las condiciones personales del inculpado;
f) Si, de acuerdo con las circunstancias anteriores, podía o no el inculpado cumplir con el deber de cuidado, y si lo cumplió o no, y

g) Que, admitiendo el delito de que se trata la forma de realización culposa, el inculpado no se encontraba en una situación de error sobre alguno de los elementos objetivos del tipo penal, que pudiese excluir la existencia de la culpa.

III. En los casos en que, además del dolo, el tipo penal exija algún elemento subjetivo específico, como un especial ánimo, propósito, intención, finalidad o deseo, se deberá primeramente acreditar la existencia de la conducta dolosa y luego analizar si concurre o no dicho elemento específico, en el entendido de que la falta de éste hará que la conducta sea atípica.

Para los efectos de la acreditación de los requisitos materiales de carácter subjetivo, el Ministerio Público Federal y el juzgador, en sus respectivas resoluciones, se apoyarán en los medios probatorios conducentes, pero sobre todo en lo expresado en sus respectivas declaraciones por la víctima u ofendido, el inculpado y los testigos.

Los criterios anteriores para el auto de vinculación a proceso, también serán aplicables para determinar los requisitos de la orden de aprehensión a que se refiere el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como para los requisitos de la sentencia condenatoria, en que habrán de acreditarse plenamente todos los elementos del delito y, por ende, todos los presupuestos de la pena, en los términos del Código Penal.

Artículo 312. Auto de vinculación a proceso y procedencia de la prisión preventiva

El auto de vinculación a proceso, en los términos señalados en los artículos anteriores, excepcionalmente puede ir acompañado de prisión preventiva siempre y cuando:

I. El delito de que se trate merezca pena privativa de libertad;

II. La prisión preventiva haya sido solicitada por el Ministerio Público Federal;

III. Otras medidas cautelares no sean suficientes para garantizar la comparecencia del imputado en el juicio, el desarrollo de la investigación, la protección de la víctima, de los testigos o de la comunidad, así como cuando

IV. El imputado esté siendo procesado o haya sido sentenciado previamente por la comisión de un delito doloso.

Artículo 313. Reclasificación y fijación del delito por el que se seguirá el proceso

El auto de vinculación a proceso se dictará por el delito o delitos que hasta ese momento aparezcan acreditados, tomando en cuenta sólo los hechos materia de la puesta a disposición según la descripción típica legal correspondiente y la forma de participación del inculpado, aún cuando con ello se modifique la clasificación hecha en promociones o resoluciones anteriores.

El proceso se seguirá forzosamente por el hecho o hechos delictivos señalados en el auto de vinculación a proceso. Por lo que, no podrá cambiarse la clasificación típica hecha por el juez en el auto mencionado, o la que haga el Tribunal en apelación en contra de aquél. En consecuencia, la sentencia sólo se ocupará de estos delitos en los términos previstos por el párrafo quinto del artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

No obstante lo previsto en el párrafo anterior, si en la secuela de un proceso apareciere que se ha cometido un delito distinto del que se persigue, ese nuevo hecho deberá ser objeto de investigación separada, sin perjuicio de que con posterioridad pueda decretarse la acumulación, si fuere conducente.
Artículo 314. Notificación del auto a las partes y a la autoridad del centro de reclusión

El auto de vinculación a proceso se notificará de inmediato a las partes, en forma personal. Asimismo, cuando el auto de vinculación a proceso vaya acompañado de prisión preventiva, dicho auto así como la prórroga del plazo de setenta y dos horas, deberán notificarse a la autoridad responsable del establecimiento donde se encuentre detenido el inculpado, para los efectos a que se refiere el párrafo cuarto del artículo 19 constitucional. Si dicha autoridad no recibe copia del auto de vinculación a proceso y del que decreta la prisión preventiva, o de la solicitud de prórroga del plazo constitucional, lo hará saber sin demora al juzgador en el acto mismo de concluir el plazo; y si no recibe la constancia mencionada dentro de las tres horas siguientes a la conclusión del plazo, pondrá en libertad al detenido, debiendo informar del hecho a las autoridades mencionadas.

Al notificar el auto de vinculación a proceso, el juez de control citará a las partes a una audiencia, que se desarrollará en los términos que prevé el Capítulo IV del título cuarto relativo a la preparación del juicio.

Artículo 315. Impugnación del auto de vinculación a proceso y de prisión preventiva

El inculpado o su defensor tienen el derecho de impugnar el auto de vinculación a proceso, así como el auto que decreta la prisión preventiva, lo que harán en los términos previstos en el título relativo a los recursos o medios de impugnación de este Código.

Artículo 316. Auto de libertad por falta de elementos para procesar

Si dentro del término legal a que se refiere el artículo 309 no se encuentran satisfechos los requisitos señalados en el mismo precepto para el auto de vinculación a proceso, el juez dictará auto de libertad del inculpado por falta de elementos para procesar o auto de no sujeción a proceso, según corresponda, sin perjuicio de que por medios posteriores de prueba se actúe nuevamente en contra del inculpado. En estos casos no procederá el sobreseimiento hasta en tanto no prescriba la acción penal del delito o delitos de que se trate.

Si en el auto de libertad el juzgador declara que no existe delito, porque está acreditada alguna de las causas de exclusión del delito, o que se ha extinguido la pretensión punitiva, dicho auto tendrá todos los efectos de una sentencia absolutoria y el inculpado quedará en absoluta libertad.

Artículo 317. Impugnación del auto de libertad

El Ministerio Público Federal podrá impugnar la resolución de libertad por falta de elementos para procesar o promover nuevas pruebas y solicitar, en su caso, la reaprehensión o la presentación del inculpado. El ofendido por el delito, la víctima o su asesor jurídico, podrán impugnar la resolución de libertad por falta de elementos para procesar al inculpado, así como la resolución de sobreseimiento.

Si después de trascurrido un año desde que se dispuso la libertad, no se dicta nueva orden de aprehensión o de comparecencia, la libertad tendrá carácter definitivo.

El juez sólo podrá revocar la libertad de las personas vinculadas a proceso en los casos previstos por este Código.

Artículo 318. Aseguramiento o restitución al ofendido en sus derechos

El juzgador, una vez que haya dictado el auto de vinculación a proceso, podrá asegurar o restituir al ofendido en sus derechos.

Artículo 319. Solución alternativa

Si el auto de vinculación a proceso se dicta por delito perseguible mediante querella, el juzgador procurará la conciliación entre el inculpado, la víctima o el ofendido, o algún otro mecanismo alternativo de solución del conflicto, actuando por sí mismo o requiriendo la intervención de quien esté en condiciones de promover ese mecanismo, en los términos que para ellos prevea este Código. La conciliación se promoverá sin perjuicio de que el proceso continúe en los términos previstos por la ley, mientras no se otorgue el perdón al inculpado.
CAPITULO III
MEDIDAS CAUTELARES DURANTE EL PROCESO

SECCION PRIMERA
DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 320. Medidas cautelares en el proceso

Durante el proceso el Ministerio Público Federal podrá solicitar a la autoridad judicial la imposición de alguna de las medidas cautelares previstas en este Capítulo. En la audiencia de vinculación a proceso, el juez de control procederá a determinar, de manera provisional, si se debe aplicar una medida cautelar al inculpado. Si el juez determina que es innecesaria la medida, procederá conforme lo señala este Código.

Si el Ministerio Público Federal estima que es necesaria una medida cautelar, deberá exponer las razones que motivan su solicitud de la misma. Si se trata de una solicitud de prisión preventiva se estará a las reglas de ésta. Pero, en este caso el juez de control deberá resolver sobre la solicitud, inmediatamente después de decidir sobre la procedencia de la vinculación a proceso, ya que la prisión preventiva deberá resolverse dentro del mismo plazo para el auto de vinculación a proceso, garantizando los derechos del inculpado y los de la víctima y el ofendido y de la sociedad en su conjunto.

Artículo 321. Información necesaria para dictar medidas cautelares

El juez de control, para resolver lo conducente sobre la medida cautelar, deberá contar con la información necesaria y escuchará a las partes sobre este particular. Las partes podrán aportar prueba para esta decisión.

La información para decidir sobre la necesidad de imponer medidas cautelares la podrá obtener el juez de la propia oficina que al efecto se establezca para prestar esos servicios, de modo que el inculpado pueda cumplir con sus obligaciones procesales. Dicha oficina tiene como objetivo principal prevenir la aplicación innecesaria de la prisión preventiva durante el proceso; por lo que, procurará que se apliquen otras medidas cautelares.

Artículo 322. Principios rectores de las medidas cautelares

Los servidores públicos que deberán proporcionar la información para decidir sobre la necesidad de imponer medidas cautelares durante el proceso se regirán por los siguientes principios:

1. Imparcialidad. Al ser auxiliares del juez en la toma de decisiones sobre medidas cautelares y en la supervisión de los inculpados, ellos deben actuar sin inclinarse a favor o en contra de alguna de las partes;

2. Objetividad. Ellos también deben ser objetivos en la elaboración de sus reportes y sin discriminar a la persona por motivos de raza, religión, origen nacional o étnico, género, orientación sexual, condición social o por cualquier otro motivo;

3. Subsidiariedad. Ellos deben recomendar medidas menos restrictivas posibles, que sean razonables para asegurar que el inculpado cumpla con sus obligaciones procesales y que permitan proteger la seguridad de las víctimas, de los ofendidos, de testigos, de terceros, de la investigación y del proceso;

4. Confidencialidad. Ellos deben guardar reserva y abstenerse de proporcionar información a terceros ajenos al propósito del servicio, y

5. Proporcionalidad. No se deberá decretar una medida cautelar cuando ésta sea desproporcionada en relación con las circunstancias de comisión del hecho atribuido, la sanción aplicable y lo que se trata de prevenir.

El Poder Judicial de la Federación establecerá las medidas conducentes para garantizar que estos principios se observen, así como las consecuencias para el caso de incumplimiento.
Artículo 323. Características de las medidas cautelares

Las medidas cautelares en contra del inculpado son las exclusivamente autorizadas por este Código, tienen carácter excepcional y sólo pueden ser impuestas mediante resolución judicial fundada, motivada y debidamente documentada; se dictarán por el tiempo absolutamente indispensable y para garantizar la comparecencia del inculpado en las diversas audiencias, la protección de la víctima, del ofendido, de los testigos o de la comunidad, así como cuando el inculpado esté siendo procesado o haya sido condenado previamente por la comisión de un delito doloso.

La resolución judicial que imponga una medida cautelar o la rechace es modificable en cualquier estado del proceso. En todo caso, después de escuchar a las partes, el tribunal puede proceder de oficio cuando favorezca la libertad del inculpado.

Artículo 324. Tipos de medidas cautelares

A solicitud del Ministerio Público Federal, una vez decretada la vinculación a proceso, en la forma que establece este Código y después de escuchar a las partes en audiencia, el juez de control puede imponer al inculpado las siguientes medidas cautelares:

I. La presentación de una garantía económica suficiente en los términos del artículo 339;

II. La prohibición de salir del país, de la localidad en la cual reside o del ámbito territorial que fije el juez;

III. La prohibición de abandonar el propio domicilio o el de otra persona, con las modalidades que el juez disponga;

IV. La prohibición de concurrir a determinadas reuniones o de visitar ciertos lugares;

V. La prohibición de convivir o comunicarse con determinadas personas, siempre que no se afecte el derecho de defensa;

VI. La obligación de someterse al cuidado o vigilancia de una persona o institución determinada, que informe regularmente al juez;

VII. La separación inmediata del domicilio, cuando la víctima cohabite con el inculpado;

VIII. La obligación de presentarse periódicamente ante el juez o ante la autoridad que él designe; IX. La colocación de localizadores electrónicos;

X. La suspensión de derechos;

XI. El internamiento en centro de salud u hospital psiquiátrico, en los casos en que el estado de salud del inculpado así lo amerite, y

XII. La prisión preventiva, siempre y cuando se cumplan las condiciones señaladas en el artículo 328.

Artículo 325. Aplicación de medidas cautelares

Únicamente a solicitud del Ministerio Público Federal, el juez podrá imponer una sola de las medidas cautelares personales previstas en este Código, o combinar varias de ellas según lo exija el caso, y dictar las órdenes necesarias para garantizar su cumplimiento.

La prisión preventiva, que se aplicará en los términos de la siguiente sección, no podrá combinarse con otras medidas cautelares, salvo que se ordene la vigilancia especial del inculpado y la restricción de comunicaciones con terceros.
Artículo 326. Criterios que orientan al juez para resolver sobre medidas cautelares

En los casos de medidas cautelares durante el proceso, el juez de control resolverá con base en los siguientes criterios:

I. En los actos de cateo, intercepción de comunicaciones privadas y otros actos investigativos que invadan la esfera de derechos de las personas, deberá valorar de manera libre y lógica los argumentos y los elementos de prueba y otros indicios en los que se sustente la acusación, ponderando los derechos del inculpado que serán afectados con los derechos de la victima u ofendido y de la sociedad en su conjunto;

II. En la aplicación de medidas cautelares a favor de la víctima y el ofendido, se deberá analizar la afectación de los derechos del victimario ponderando con el daño posible que él puede causar;

III. En los actos de aplicación de medidas cautelares deberá, además de lo anterior, determinarse prudentemente una duración que será revisada cada tres meses;

IV. En los actos de control sobre el aseguramiento de bienes, que son instrumento, objeto o producto del delito, se deberá tener en cuenta, tanto la ponderación entre los derechos del inculpado y de la víctima u ofendido como el interés social de que esos bienes no sean utilizados en beneficio de los delincuentes y el principio general del derecho de que nadie debe enriquecerse del ilícito;

V. En los bienes asegurados a la delincuencia organizada se deberá tomar en cuenta el daño a las víctimas, a los ofendidos y el daño social que causa esta actividad delictiva;

VI. Para dictar el auto de vinculación a proceso sin medidas cautelares y, en consecuencia, permitir que las personas preparen la defensa, se deberá ponderar que existan suficientes elementos para acreditar los requisitos a que se refiere el artículo 304, que establezcan que el hecho que la ley señala como delito efectivamente sucedió y que exista la probabilidad de que el inculpado lo cometió o participó en su comisión; lo que exige establecer con certeza la identidad de la persona que es llevada a juicio, y

VII. Al determinar la prisión preventiva, según lo establece el artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se deberá valorar si los elementos presentados por el Ministerio Público Federal son suficientes para justificar esta medida de última ratio; por lo que, los jueces deberán ser estrictos en el cumplimiento de esos elementos. Además, en la revisión de la prisión preventiva se deberá analizar si existen circunstancias que la sigan justificando, y si los nuevos elementos que arroja la investigación durante la instrucción fortalecen o debilitan a la acusación y, por ende, a los elementos que sirvieron para probar no sólo la existencia del hecho típico y la probabilidad de que el inculpado lo cometió o participó en su comisión, sino que también servirán para acreditar plenamente en el juicio la culpabilidad del procesado y, consecuentemente, los diversos presupuestos de la pena.

Artículo 327. Revisión, sustitución, modificación y cancelación de las medidas

Las medidas cautelares son revisables en cualquier estado del proceso. Salvo lo dispuesto sobre la prisión preventiva, el juez, aun de oficio, después de escuchar a las partes en audiencia, podrá revisar, sustituir, modificar o cancelar las medidas cautelares personales y las circunstancias de su imposición, de conformidad con las reglas establecidas en este Código, cuando así se requiera por haber variado las condiciones que justificaron su imposición. Si la garantía prestada es de carácter real y es sustituida por otra, aquélla será cancelada y, en su caso, los bienes afectados serán devueltos.

Cuando se plantee la revisión de una medida cautelar personal privativa de la libertad y el juez de control no resuelva dentro de los plazos previstos en este Código, el inculpado podrá solicitar el pronto despacho y, si dentro de las cuarenta y ocho horas no obtiene resolución, procederá la libertad. Para hacerla efectiva, se solicitará al Tribunal competente para conocer del recurso de apelación, el cual de inmediato ordenará la libertad y dará vista al Consejo de la Judicatura Federal para que instruya el procedimiento disciplinario respectivo.
SECCION SEGUNDA
PRISIÓN PREVENTIVA

Artículo 328. Reglas que rigen a la prisión preventiva

Sólo por delito que merezca pena privativa de libertad habrá lugar a prisión preventiva. El sitio de ésta será distinto del que se destinare para la extinción de la pena de prisión y estarán completamente separados.

Sólo a solicitud del Ministerio Público Federal el juez ordenará la prisión preventiva, siempre y cuando otras medidas cautelares no sean suficientes para garantizar la comparecencia del imputado en el juicio, el desarrollo de la investigación, la protección de la víctima, de los testigos o de la comunidad, así como cuando el imputado esté siendo procesado o haya sido sentenciado previamente por la comisión de un delito doloso grave.

Artículo 329. Riesgo de evasión

Para los efectos de la prisión preventiva para garantizar la comparecencia del imputado, se presumirá que existe el riesgo de que el inculpado no se someterá al proceso, cuando obren datos de que él ha evadido con anterioridad la justicia o haya indicios de que piensa hacerlo. Para decidir acerca del riesgo de que el inculpado se evada de la justicia se tendrán en cuenta las siguientes circunstancias:

I. La existencia de antecedentes penales por hechos de la misma naturaleza o de mayor gravedad o de otros procesos pendientes;

II. Su arraigo en el país, determinado por el domicilio, residencia habitual, asiento de la familia, de sus negocios o trabajo y las facilidades para abandonar definitivamente el país o permanecer oculto. La falsedad, la falta de información o de actualización del domicilio del inculpado constituirá presunción de evasión de la justicia;

III. La magnitud del daño causado y la pena que podría imponerse, y

IV. El comportamiento del inculpado durante el proceso, o en otro anterior, en la medida que ello indique su voluntad de someterse o no al proceso penal.

Artículo 330. Riesgo de obstaculizar la investigación

Para decidir sobre el riesgo de que el inculpado obstaculizará el adecuado desarrollo de la búsqueda de la verdad, el juez tomará en cuenta, especialmente, la probabilidad fundada de que el acusado:

I. Destruirá, modificará, ocultará o falsificará elementos de prueba;

II. Influirá para que otros inculpados, testigos o peritos informen falsamente o se comporten de manera desleal o reticente, o inducirá a otros a realizar tales comportamientos, o

III. Influirá en los funcionarios o empleados del sistema de justicia, para que le concedan alguna ventaja indebida.

En todo caso, el motivo fundado sólo podrá servir de fundamento de la prisión preventiva mientras dura el proceso, o sea, hasta la conclusión del juicio.

Artículo 331. Riesgos para la víctima, testigos y comunidad

Por lo que hace a la necesidad de proteger a la víctima, a los testigos o a la comunidad, ella se establecerá a partir de la consideración de las específicas modalidades y circunstancias del hecho y de la personalidad del inculpado, de la que pueda derivarse la existencia del peligro concreto de que éste cometa delitos graves mediante el uso de armas u otros medios de intimidación o violencia personal o dirigidos contra el orden público o delitos de delincuencia organizada o de la misma clase de aquel por el que se le procesa, o de que el inculpado continuará la actividad delictiva.
Artículo 332. Prisión preventiva oficiosa

El juez sólo podrá ordenar oficiosamente la prisión preventiva, sin que ésta pueda ser sustituida por otra medida cautelar, si se trata de casos de delincuencia organizada, homicidio doloso, violación, secuestro, delitos cometidos con medios violentos, como armas y explosivos, así como de delitos graves de espionaje, rebelión, terrorismo, sabotaje, delitos contra la salud pública, o delitos de trata de personas, pornografía infantil y lenocinio de menores de edad, en los términos de la legislación penal aplicable.

Para que en los casos señalados en el párrafo anterior el juez de control pueda ordenar la prisión preventiva, se requiere que existan los requisitos del auto de vinculación a proceso a que se refiere el artículo 304; por lo que, no habrá prisión preventiva si no hay auto de vinculación a proceso.

Artículo 333. Duración máxima de la prisión preventiva

La duración de la prisión preventiva no podrá exceder del tiempo que como máximo de pena fije la ley al delito que motivare el proceso, y en ningún caso será superior a dos años, salvo que su prolongación se deba al ejercicio del derecho de defensa del imputado.

Si cumplido el término señalado en el párrafo anterior aún no se ha pronunciado sentencia, el imputado será puesto en libertad de inmediato mientras se sigue el proceso, sin que ello obste para imponer otras medidas cautelares para garantizar que el imputado no evada la acción de la justicia, o para garantizar la protección de la víctima, de los testigos o de la comunidad.

Artículo 334. Suspensión del plazo de la prisión preventiva

Los plazos de la prisión preventiva señalados en el artículo anterior se suspenderán por las mismas causas previstas por este Código de suspensión del proceso; por lo que, el plazo de la prisión preventiva se suspenderá en tanto el proceso mismo se encuentre suspendido. En estos casos el plazo no correrá mientras subsista alguna de esas causales.

Para los efectos del cumplimiento de la pena de prisión, el cómputo de la prisión preventiva será continuo.

Artículo 335. Sustitución de la prisión preventiva por reclusión domiciliaria

El juez de control puede sustituir la prisión preventiva por reclusión domiciliaria, entre otros casos, cuando se trate de:

I. Mujeres en los tres últimos meses de embarazo;

II. Madres durante la lactancia de sus hijos hasta los seis meses posteriores al nacimiento;

III. Personas mayores de setenta años de edad, o

IV. Personas afectadas por una enfermedad grave o en fase terminal debidamente comprobada.

En estos supuestos, el juez de control puede determinar que los inculpados estén sujetos a vigilancia de la autoridad competente, cuando las circunstancias lo exijan.

Artículo 336. Revisión de la prisión preventiva y domiciliaria

Las partes pueden solicitar al juez la revisión de la prisión preventiva o domiciliaria en cualquier momento, cuando estimen que ya no subsisten las circunstancias por las cuales se decretó, para lo cual deberán señalar las nuevas razones y los antecedentes de la investigación o pruebas en que se sustente la petición. El juez de control convocará a una audiencia, que deberá celebrarse dentro de las cuarenta y ocho horas contadas a partir de la presentación de la solicitud de revisión.

En la audiencia el juez, según el caso, ordenará su continuación, modificación o sustitución por otra medida. En caso de considerar la petición notoriamente improcedente la desechará de plano sin convocar a la audiencia.
SECCION TERCERA
LIBERTAD BAJO CAUCION ANTE EL JUEZ DE CONTROL

Artículo 337. Derecho a la libertad provisional bajo caución

Todo inculpado que haya sido privado de la libertad por la comisión de un delito que merezca pena de prisión tendrá derecho a ser puesto en libertad provisional bajo caución y el juez de control la concederá inmediatamente que aquél la solicite, en la misma audiencia de acusación preliminar, si se reúnen los siguientes requisitos:

I. Que el proceso que se le sigue no sea por delincuencia organizada, homicidio doloso, violación, secuestro, delitos cometidos con medios violentos, como armas y explosivos, así como delitos graves de espionaje, rebelión, terrorismo, sabotaje, delitos contra la salud pública, de trata de personas, pornografía infantil y lenocinio de menores de edad;

II. Que se garantice el monto de la caución fijada por el juez, con base en lo dispuesto en el artículo 339;

III. Que se otorgue la garantía de que no causará daño a la víctima del delito, a los testigos y a la comunidad en general, y

IV. Que se garantice que el inculpado no se sustraerá a la acción de la justicia y de que comparecerá en el juicio.

Artículo 338. Negación de la libertad provisional

El juez de control podrá negar la libertad provisional bajo caución, cuando:

I. Ella no sea suficiente para garantizar la comparecencia del inculpado;

II. Exista, en forma fundada y motivada, la sospecha de que, por razón de las circunstancias y características del delito cometido, la libertad del inculpado representa un riesgo para la víctima o el ofendido, para el testigo o para la sociedad. Para que dicho riesgo traiga como consecuencia la negación de la libertad provisional del inculpado, debe efectivamente representar, a juicio del juez, un peligro concreto para el ofendido, la víctima, el testigo o la sociedad, o

III. No se cumplan los requisitos señalados en el artículo anterior.

Si se negare la libertad caucional, podrá ser solicitada de nuevo y concederse por causas supervenientes si resulta procedente.

Artículo 339. Criterios para fijar el monto de la caución

El monto y la forma de la caución deberán ser asequibles para el inculpado, y se fijarán por el juez de control tomando en consideración:

I. Las circunstancias personales del inculpado, como sus antecedentes, su capacidad económica real y la posibilidad de cumplir con las obligaciones procesales a su cargo;

II. La naturaleza, circunstancias y modalidades del delito imputado, así como los daños y perjuicios causados al ofendido;

III. El monto de la multa que, en su caso, pueda imponerse al inculpado, tomando para ello en cuenta el término medio de la sanción pecuniaria aplicable, y
IV. La naturaleza de la garantía que se ofrezca.

En todo caso, la caución no excederá de la cantidad equivalente a la percepción durante dos años del salario mínimo general vigente en el Distrito Federal al momento de cometerse el delito. No obstante, la autoridad judicial, en virtud de la especial gravedad del delito y de las circunstancias personales del inculpado, de la víctima o del ofendido, podrá incrementar el monto de la caución hasta en un tanto más o, en su caso, hasta una cantidad equivalente al beneficio obtenido o los daños o perjuicios patrimoniales causados.

La autoridad judicial podrá modificar en todo tiempo el monto de la garantía otorgada cuando varíen los datos que sirvieron para fijarlo, observando siempre que sea asequible al inculpado.

Artículo 340. Naturaleza de la caución

La caución puede consistir en depósito, hipoteca, prenda, fianza o cualquier otro medio de garantía patrimonial que reconozca la ley y en los términos que ésta establezca. El inculpado podrá optar por cualquiera de esas garantías, y lo manifestará al solicitar la libertad. El monto debe ser el mismo, cualquiera que sea la naturaleza de la caución.

Artículo 341. Obligaciones del inculpado al obtener su libertad provisional

Al notificársele al inculpado el auto que le concede la libertad caucional, se le hará saber que contrae las siguientes obligaciones:

I. Presentarse a las audiencias ante el juzgador que conozca de su caso los días que se le señalen y cuantas veces sea citado o requerido;

II. Comunicar al juez de control los cambios de domicilio que tuviere y no ausentarse del lugar sin autorización de aquél, la que sólo podrá concederse por el tiempo que el juez considere necesario, para no afectar la debida marcha del proceso, y

III. Abstenerse de cometer algún delito o falta, y observar una conducta que permita el buen desarrollo del proceso y la seguridad de quienes intervienen en él.

También se le harán saber las causas de revocación de la libertad caucional. En la notificación se hará constar que se hicieron saber al inculpado las anteriores obligaciones y las causas de revocación.

Artículo 342. Obligaciones del fiador

Cuando un tercero haya garantizado la libertad provisional del inculpado, las órdenes para que comparezca éste se entenderán con aquél, quien está obligado a presentar al inculpado cuando se le requiera para ello. Si no pudiere presentarlo desde luego, el juez de control podrá otorgarle un plazo hasta de treinta días para que lo haga, sin perjuicio de librar orden de aprehensión o de reaprehensión cuando proceda. Si concluido el plazo concedido no se obtiene la comparecencia del inculpado, se ordenará su reaprehensión y se hará efectiva la garantía.

El fiador puede solicitar que se le releve de esta obligación, en cuyo caso la autoridad judicial indicará al inculpado que constituya nueva caución dentro de los quince días siguientes a la solicitud que aquél formule al juez, para que continúe en el disfrute de la libertad caucional; mientras tanto, la obligación de quien constituyó la primera garantía subsistirá. Si la nueva caución no se constituye, la autoridad judicial revocará la libertad provisional y dispondrá la aprehensión del inculpado, sin perjuicio de aplicar otra medida cautelar, y liberará al anterior fiador de su obligación.
Artículo 343. Revocación de la libertad provisional

La Ley determinará los casos en los cuales el juez podrá revocar la libertad de los individuos vinculados a proceso. La libertad bajo caución se revocará, cuando:

I. Se advierta que ésta no es procedente, en los términos de la legislación aplicable al momento de concederla;

II. Cese la garantía, sin que se ofrezca otra para sustituirla, o deje de ser suficiente o idónea para los fines que la ley previene;

III. Lo solicite el inculpado o la persona que otorgó la caución, salvo que se constituya oportunamente nueva garantía;

IV. Cause ejecutoria la sentencia dictada en el proceso en que se concedió la libertad;

V. No se cumpla con alguna de las obligaciones a que se refieren los artículos anteriores, siempre y cuando dicho incumplimiento sea grave a juicio del juzgador, o

VI. El inculpado cometa un nuevo delito que sea doloso y que la ley sancione con pena de prisión. En este caso, la revocación se dispondrá cuando se dicte auto de vinculación a proceso por el nuevo delito cometido.

Artículo 344. Efectos de la revocación

Al revocar la libertad provisional bajo caución, el juzgador ordenará, según proceda, aprehender o reaprehender al inculpado y hará efectiva la garantía, mediante procedimiento que promueva ante la autoridad fiscal. En estos casos, el importe de la caución se destinará al fondo para la reparación de daños y perjuicios causados a la víctima o al ofendido, así como al pago de la multa y, en su caso, en beneficio de la procuración o administración de justicia, en ese orden.

Artículo 345. Concesión de nueva libertad caucional

Cuando la libertad provisional haya sido revocada con motivo de haber incumplido el inculpado las obligaciones procesales a su cargo, quedará al arbitrio del juez volverle a conceder la libertad provisional, la que solo tendrá lugar si se exhibe caución bastante para garantizar su presentación personal durante el proceso y se cumple con los demás requisitos señalados en el artículo 337. En este caso serán aplicables las disposiciones previstas en este Capítulo.

Artículo 346. Devolución o cancelación de la caución

El juez de control ordenará la devolución del depósito o mandará cancelar la garantía, cuando:

I. El inculpado se presente voluntariamente a la audiencia ante el juez; II. Se decrete el sobreseimiento en el proceso o la libertad del inculpado; III. El inculpado sea absuelto, y

II. El inculpado se presente a cumplir la condena, salvo que haya sido condenado a la reparación del daño.

SECCION CUARTA
OTRAS FORMAS DE GARANTIZAR LA LIBERTAD ANTE EL
JUEZ DE CONTROL

Artículo 347. Libertad provisional bajo protesta

Se concederá al inculpado la libertad bajo protesta, sin necesidad de que otorgue garantía patrimonial, siempre que concurran las siguientes circunstancias:

I. Que el máximo de la pena señalada al delito que se le impute no exceda de cinco años de prisión;

II. Que no haya sido anteriormente condenado por sentencia firme por delito doloso;
III. Que tenga domicilio fijo y conocido en el lugar en donde se sigue o debe seguirse el proceso, o dentro de la jurisdicción del tribunal respectivo;

IV. Que tenga ocupación o medio honesto de vivir, y

V. Que no exista motivo para temer que se sustraiga a la acción de la justicia, tomando en cuenta las características del caso.

La protesta consiste en la promesa que el inculpado hace formalmente de presentarse ante la autoridad judicial que conoce del asunto cada vez que se le requiera, para la continuación del proceso, y de que cumplirá los deberes inherentes a la libertad provisional que se le otorga.

La libertad provisional bajo protesta se substanciará en la misma audiencia de acusación preliminar.

Artículo 348. Libertad bajo protesta y absoluta en segunda instancia

Será igualmente puesto en libertad bajo protesta el inculpado, sin necesidad de satisfacer los requisitos del artículo anterior, cuando cumpla la pena impuesta en primera instancia y esté pendiente el recurso de apelación interpuesto por el Ministerio Público Federal.

El inculpado será puesto en libertad absoluta, cuando cumpla la pena impuesta en la sentencia de primera instancia, estando pendiente sólo el recurso de apelación interpuesto por el propio inculpado o su defensor.

En ambos casos, la autoridad judicial acordará de oficio la libertad.

Artículo 349. Revocación de la libertad bajo protesta

La libertad bajo protesta del inculpado se revocará por las mismas causas que determinan la revocación de la libertad provisional bajo caución, en lo procedente, o cuando la autoridad judicial cuente con elementos suficientes que le permitan considerar, fundadamente, que el inculpado dejará de cumplir las obligaciones inherentes a la libertad concedida. En este caso, el inculpado podrá solicitar la libertad bajo caución.

Artículo 350. Libertad por desvanecimiento de datos

Procederá la libertad del inculpado en cualquier estado del proceso en que aparezca que se han desvanecido plenamente los datos probatorios que sirvieron para dictar el auto de vinculación a proceso, sin que hubiesen aparecido otros que acrediten los requisitos para dicho auto.

Para la substanciación de la libertad por desvanecimiento de datos se abrirá la audiencia respectiva, de oficio o a petición de alguna de las partes. En ambos casos el juzgador escuchará a las partes, para lo cual las citará a la audiencia, en la que se recibirán las pruebas y se escucharán los alegatos de aquéllas, y resolverá dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes a la conclusión de la audiencia.

Artículo 351. Efectos de la libertad por desvanecimiento de datos

La resolución que conceda la libertad por desvanecimiento de datos solicitada por el procesado tendrá los mismos efectos que el auto de libertad por falta de elementos para procesar, salvo que la libertad se decrete por el desvanecimiento de elementos del hecho típico, en cuyo caso tendrá efectos definitivos.

La solicitud del Ministerio Público Federal para que se conceda la libertad por desvanecimiento de datos implica petición de sobreseimiento; por lo que, se procederá conforme a lo previsto para la promoción respectiva, debiendo notificar dicha solicitud a la víctima u ofendido o a su asesor jurídico, para que manifiesten lo que a su derecho convenga.
SECCION QUINTA
ASEGURAMIENTO O EMBARGO PRECAUTORIO Y RESTITUCION AL
OFENDIDO EN SUS DERECHOS

Artículo 352. Aseguramiento y embargo precautorio

Dictado el auto de vinculación a proceso, el Ministerio Público Federal, la víctima y el ofendido o su legítimo representante, podrán solicitar al juez de control que decrete el aseguramiento o embargo precautorio sobre bienes del inculpado en los que pueda hacerse efectiva la reparación de daños y perjuicios. En caso de que esta medida se hubiese acordado en la etapa de investigación subsistirá en el proceso, salvo que el juzgador disponga otra cosa, tomando en cuenta si la medida es suficiente para los fines de la reparación.

El juzgador ordenará de oficio el embargo de los objetos de uso lícito con que se cometió el delito, si pertenecen al inculpado o al tercero obligado a la reparación de daños, sin perjuicio de considerar a éstos depositarios del bien asegurado, haciéndoles saber en tal caso las obligaciones inherentes a su condición. Se observará, en este caso, el procedimiento especial que al efecto se instaure.

Artículo 353. Levantamiento del embargo

El embargo se levantará cuando el inculpado u otra persona en su nombre otorguen caución bastante, en concepto del juzgador, para asegurar el pago de los daños y perjuicios causados.

El embargo también se levantará si se resuelve la libertad del inculpado por falta de elementos para procesar o por desvanecimiento de datos, o se dicta auto de sobreseimiento o sentencia absolutoria, o se absuelve de la reparación del daño a la persona en contra de la cual se decretó.

En caso de que la persona en contra de la cual se decretó el embargo haya garantizado el pago de la reparación del daño, la garantía le será devuelta si en el proceso penal correspondiente se dicta sentencia absolutoria, se decreta el sobreseimiento o se absuelve de la reparación del daño en su favor.

Artículo 354. Conversión del embargo precautorio en definitivo

El embargo precautorio se convertirá en definitivo cuando la sentencia que condene a reparar el daño a la persona en contra de la cual se decretó el primero cause ejecutoria, sin perjuicio de que el inculpado cumpla con su obligación de otra forma y se decrete el levantamiento del embargo.

Artículo 355. Aseguramiento y restitución de derechos al ofendido

El ofendido o su legítimo representante podrán solicitar al juez de control que dicte las providencias conducentes para asegurar sus derechos afectados por el delito, o para restituir a aquél en el ejercicio de los mismos y en el disfrute de sus bienes afectados, siempre que estén legalmente justificados y se otorgue, en su caso, caución bastante para garantizar el pago de los daños y perjuicios que pudieran ocasionarse a terceros o al propio inculpado. Si la promoción proviene del Ministerio Público Federal, no se exigirá esta garantía.

Si la solicitud de aseguramiento y restitución se hizo por el ofendido o su legítimo representante al Ministerio Público Federal durante la etapa de investigación, y dicha solicitud fue atendida a satisfacción de aquellos, no se volverá a plantear en el proceso.

CAPITULO IV
FORMAS DE TERMINACION ANTICIPADA DEL
PROCESO ORDINARIO Y JUSTICIA RESTAURATIVA

SECCION PRIMERA
DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 356. Terminación anticipada del proceso

Una vez iniciado el proceso penal, siempre y cuando no exista oposición del inculpado, se podrá decretar su terminación anticipada en los supuestos y bajo las modalidades que determine este Código.
Artículo 357. Reglas generales sobre justicia restaurativa

Por justicia restaurativa se entiende todo mecanismo a través del cual la víctima o el ofendido y el inculpado participan conjuntamente de forma activa en la resolución de cuestiones derivadas del delito en busca de un resultado restaurativo, con o sin la participación de un facilitador. Se entiende que el resultado es restaurativo, cuando el acuerdo encaminado a atender las necesidades y responsabilidades individuales y colectivas de las partes logra la reintegración de la víctima o del ofendido y del infractor en la comunidad en busca de la reparación, la restitución y el servicio a la comunidad.

Artículo 358. Principios de la justicia restaurativa

Los mecanismos de justicia restaurativa se regirán por los principios generales establecidos en el presente Código y, en particular, por las siguientes reglas:

I. Que exista consentimiento libre y voluntario de la víctima o el ofendido y el inculpado, de someter el conflicto a un proceso restaurativo. Tanto la víctima o el ofendido como el inculpado podrán retirar este consentimiento en cualquier momento de la actuación;

II. Que los acuerdos que se alcancen deberán contener obligaciones razonables y proporcionadas con el daño ocasionado con el delito;

III. Que la participación del inculpado no se utilizará como prueba de admisión de culpabilidad en procedimientos jurídicos ulteriores;

IV. Que el incumplimiento de un acuerdo tampoco será utilizado como fundamento para una condena o para la agravación de la pena;

V. En caso de que los haya, los facilitadores deben desempeñar sus funciones de manera imparcial y velarán porque la víctima o el ofendido y el inculpado actúen con mutuo respeto, y

VI. Que la víctima o el ofendido y el inculpado tendrán derecho a consultar a un abogado.

Artículo 359. Condiciones para hacer uso de programas de justicia restaurativa

Para que con relación a un determinado caso penal se pueda acudir a los programas de justicia restaurativa durante el proceso, el juez de control deberá:

I. Informar plenamente a la víctima o al ofendido y al inculpado de sus derechos, de la naturaleza y alcances del programa y de las posibles consecuencias de su adopción, y

II. Cerciorarse que no se haya coaccionado a la víctima o al ofendido ni al inculpado para que hayan aceptado participar en el programa de justicia restaurativa o para aceptar los resultados restaurativos, ni se los haya inducido a hacerlo por medios desleales.

Los programas de justicia restaurativa en el proceso se podrán realizar hasta antes de la apertura del juicio y únicamente de conformidad con las hipótesis y en los términos que establece este Código. Estas mismas condiciones se observarán por el Ministerio Público Federal cuando estos programas se apliquen en la etapa de investigación.

Artículo 360. Formas de terminación anticipada del proceso

Además de los mecanismos alternativos de solución de conflictos previstos en este Código, que podrán aplicarse desde la etapa de la investigación así como durante el proceso, también podrán aplicarse las siguientes formas de terminación anticipada del proceso ordinario:

I. El acuerdo reparatorio entre víctima e inculpado con aprobación del juez de control;
II. El acuerdo reparatorio entre el Ministerio Público Federal, el inculpado y la defensa, con la conformidad de la víctima o el ofendido;

III. La suspensión condicional del proceso;

IV. El procedimiento simplificado, y

V. El procedimiento abreviado.

Artículo 361. Seguimiento de las formas anticipadas

La autoridad competente dará seguimiento al cumplimiento de los acuerdos reparatorios, los procedimientos de suspensión condicional del proceso, el simplificado y el abreviado, para lo cual contará con una base de datos que será consultada por el Ministerio Público y la autoridad judicial antes de solicitar y conceder, respectivamente, alguna de las formas de terminación anticipada del proceso ordinario. La impresión oficial de los registros de la base de datos es indicio suficiente del antecedente, salvo prueba documental en contrario.

SECCION SEGUNDA
ACUERDO REPARATORIO ENTRE LA VICTIMA U OFENDIDO Y
EL INCULPADO Y SU DEFENSA

Artículo 362. Procedencia de los acuerdos reparatorios entre victima e inculpado en el proceso

Una vez iniciado el proceso penal, y siempre que se trate de los casos en que el presente Código autoriza la mediación en la etapa de investigación, el inculpado y su defensa y la víctima o el ofendido podrán solicitar al Ministerio Público Federal la celebración de un acuerdo reparatorio. Si dicho acuerdo se logra, total o parcialmente, y el Ministerio Público Federal también está de acuerdo, presentará el acta correspondiente ante el juez de control respectivo para que se pronuncie sobre su procedencia y validez.

Artículo 363. Validez y efectos del acuerdo

Para que el pacto entre la víctima o el ofendido y el inculpado y su defensa tenga sus efectos deberá ser aprobado por el juez de control. Los efectos del acuerdo son la solución del conflicto, al repararse o asegurarse la reparación de los daños causados por el delito, y la conclusión del proceso.

En caso de lograrse acuerdo total, se hará constar en un acta que las partes firmarán y con el Ministerio Público Federal someterán a la consideración del juez de control, quien dentro de los tres días siguientes deberá pronunciarse sobre su procedencia y validez. Si se considera que el acuerdo es procedente y válido, el juez ordenará de inmediato su registro, así como la suspensión del proceso por el plazo que las partes acuerden para el cumplimiento del acuerdo reparatorio, que no podrá exceder de tres meses. Si el inculpado cumple con los compromisos contraídos en el acuerdo reparatorio, el juez a instancia de parte decretará el sobreseimiento correspondiente del proceso; en caso contrario, a instancia del Ministerio Público Federal, lo reanudará.

En el supuesto de que sólo se logre un acuerdo parcial, el proceso podrá continuar únicamente por los hechos en los que no hubo avenimiento, si ellos son constitutivos de delito, pudiéndose aplicar las disposiciones que regulan el procedimiento abreviado.

Artículo 364. Rechazo del acuerdo reparatorio

El acuerdo reparatorio entre víctima e inculpado no será aprobado por el juez de control cuando las obligaciones de alguna de las partes resulten notoriamente desproporcionadas o se tenga motivos fundados para estimar que alguno de los participantes no está en condiciones de igualdad para negociar o ha actuado bajo coacción o amenaza.
SECCION TERCERA
ACUERDOS REPARATORIOS ENTRE EL MINISTERIO PUBLICO Y
EL INCULPADO Y SU DEFENSA

Artículo 365. Acuerdo por reconocimiento del inculpado de su participación en la comisión del delito

Una vez dictado el auto de vinculación a proceso, siempre que el inculpado admita su participación en la comisión de los hechos que se le imputan, por razones de economía procesal y en su beneficio, el Ministerio Público Federal y la defensa, previa autorización expresa del inculpado y con supervisión judicial, pueden entablar conversaciones en la búsqueda de un acuerdo que anticipadamente pueda ponerle fin al proceso. De todo ello debe notificarse al ofendido o a la víctima del delito, para que manifiesten su acuerdo u opinión al respecto.

Las conversaciones pueden tener lugar en cualquier etapa del proceso hasta antes de la apertura del juicio oral.

Artículo 366. Efectos del acuerdo por reconocimiento de participación

Mediante el acuerdo de las partes se podrá prescindir total o parcialmente de la persecución penal, limitarla a alguno o algunos delitos o personas participantes en el hecho, o disminuir el grado de participación y la sanción penal, de acuerdo con lo que el inculpado acepte de los cargos que se le formulan. En caso de que entre el inculpado y su defensor exista discrepancia sobre los acuerdos, prevalecerá lo que decida el inculpado.

Si no se logra acuerdo, nada de lo que tuvo lugar durante las conversaciones puede ser objeto de prueba o usado en contra del inculpado en ese proceso o en cualquier otro.

Artículo 367. Condiciones para la aprobación del acuerdo

De lograrse el acuerdo a que se refieren los dos artículos anteriores, éste será sometido a la consideración del juez de control para su aprobación o rechazo. El juez sólo aprobará el acuerdo, si constata que se cumplen las siguientes condiciones:

I. Que la aceptación del inculpado sobre su participación en la comisión de los hechos sea voluntaria y veraz;

II. Que existan otros medios de convicción que sirvan para corroborar la imputación y la aceptación del inculpado;

III. Que se le haya informado que la aceptación implica el abandono de su derecho a un juicio oral y público ordinario y que se somete a uno especial abreviado;

IV. Que se repare o garantice la reparación del daño causado por el delito, y

V. Que se notifique al ofendido o a la víctima del delito y que éstos manifiesten su acuerdo u opinión al respecto.

Si el juez aprueba el acuerdo, citará a audiencia e inmediatamente dictará sentencia bajo los términos acordados, siguiendo las reglas del procedimiento abreviado.

Cuando el Ministerio Público Federal solicite mantener el acuerdo bajo reserva, justificando tal solicitud en el propósito de no afectar otra investigación en curso, el juez podrá así ordenarlo fijando el plazo de la reserva o la condición que haya de cumplirse, conforme los términos establecidos en el acuerdo.
Artículo 368. Rechazo del acuerdo

Si el juez rechaza los resultados del acuerdo, porque no se cumplen las condiciones para ello, informará a las partes de su decisión fundada y motivada, y permitirá al inculpado que retire su aceptación de haber participado en la comisión del hecho que se le imputa, pero asegurándole que dicho reconocimiento sólo será usado en su contra si durante el proceso es corroborado con otros medios de prueba. De persistir el inculpado en aceptar los hechos imputados y se cumplen las condiciones antes señaladas, el juez abrirá el procedimiento abreviado para el análisis de los medios probatorios y resolver lo procedente. El rechazo del acuerdo por el juez no será causa de recusación.

Artículo 369. Acuerdo condicionado a la colaboración eficaz con la justicia

El acuerdo alcanzado mediante cualquiera de los procedimientos antes señalados podrá estar supeditado a una condición suspensiva, de cuyo cumplimiento dependerá su validez.

Si el compromiso asumido por el inculpado en el acuerdo consiste en colaborar con la justicia, adoptando el carácter de testigo contra otro u otros autores o partícipes, sean o no miembros de una organización delictiva, su declaración deberá ser veraz y, consecuentemente, su colaboración debe ser eficaz. En caso de falsedad de la declaración ofrecida o de una colaboración ineficaz, se producirá la ruptura del acuerdo y el inculpado no gozará del beneficio acordado con relación a los alcances de la persecución o a la pena por imponer; por lo que, el juez deberá sentenciar imponiendo la pena que estime adecuada a la aceptación de los hechos por el inculpado y a los medios probatorios aportados, tomando en cuenta, además, los criterios establecidos para la individualización judicial de la pena.

Artículo 370. Criterios para determinar el quantum de la pena en caso de admisión de haber participado en la comisión del hecho

Para los efectos de la sanción penal que se le impondrá al inculpado que acepte su participación en la comisión del delito que se le imputa y, además, coopera con la justicia en términos del artículo anterior, el juez la determinará de conformidad con las siguientes reglas:

I. Hasta un 66% de reducción en la pena que le corresponda si el inculpado acepta su responsabilidad en el momento de la detención y, además, coopera con el Ministerio Público Federal en la aclaración del hecho delictivo o de otros responsables de este u otros hechos delictivos que ha cometido o participado en su comisión. En este caso el inculpado deberá narrar los hechos y prestar ayuda eficaz para la persecución de los otros responsables del delito;

II. Hasta un 55% si lo hace en la audiencia de declaración preparatoria, en la que el juez de control le hace saber del hecho delictivo y de su participación en la comisión del mismo;

III. Hasta un 40 % si lo hace en la audiencia de preparación del juicio, cuando se están intercambiando pruebas;

IV. Hasta un 33 % si acepta íntegramente el material probatorio del Ministerio Público Federal y permite que dicho material sea incluido en el debate, aceptando el juicio abreviado. Esto, independientemente de su derecho a aportar pruebas y a contradecir las presentadas por el Ministerio Público Federal en el debate, y

V. Hasta un 33 % si la aceptación de su participación en la comisión del hecho la hace en la audiencia del juicio penal y en ella señala verazmente a los otros que participaron en la comisión del delito de que se trata.

Independientemente de las reglas anteriores, que rigen principalmente para la pena de prisión y de multa, el juez deberá establecer también el pago de la reparación del daño causado por el delito, oyendo a la víctima o al ofendido para determinar su monto y la manera en cómo cubrirla.
Artículo 371. Necesidad de acreditar la culpabilidad del que admite haber participado en la comisión del hecho

Para los efectos de la sanción penal que se le impondrá al que acepte haber participado en la comisión del hecho, el juez, además de analizar si los elementos que aportó la acusación son suficientes para acreditar la existencia del hecho que la ley califica de delito y que el inculpado lo cometió o participó en su comisión, deberá también analizar si existen elementos suficientes que determinen la plena culpabilidad penal del procesado, o si, por el contrario, existen elementos que sirven para acreditar su inocencia. Lo anterior, en virtud de que la sola aceptación del inculpado de que cometió el hecho o participó en su comisión, no prejuzga sobre su culpabilidad. Por lo que, en todo momento el juez deberá analizar también los diversos medios probatorios que pueden demostrar la posible inocencia del sujeto; y, si ésta se demuestra, aun cuando haya aceptado su participación en el hecho no se le impondrá pena alguna.

SECCION CUARTA
SUSPENSION CONDICIONAL DE LA ACUSACION PRELIMINAR Y DEL PROCESO

Artículo 372. Procedencia de la suspensión condicional

El Ministerio Público Federal, por una sola vez, podrá proponer al juez de control la suspensión condicional de la acusación preliminar y del proceso, siempre y cuando:

I. Se trate de delitos imprudentes o cuya pena máxima no exceda de tres años de prisión, y

II. El inculpado, sin condena previa por sentencia firme, admite en su declaración en la audiencia de plazo constitucional la veracidad de los hechos que se le imputan y manifiesta su conformidad con los términos de la acusación.

Artículo 373. Requisitos para la suspensión condicional

El juez de control, con base en la solicitud del inculpado y la propuesta presentada por el Ministerio Público Federal, podrá disponer mediante auto la suspensión condicional de la acusación preliminar, si se cumplen los siguientes requisitos:

I. Que el inculpado haya reparado el daño causado por el delito, o haya garantizado su reparación, conforme a la evaluación hecha por el Ministerio Público Federal;

II. Que la víctima o el ofendido del delito esté de acuerdo con la medida, y

III. Que la suspensión se decrete en un plazo no mayor a diez días posteriores al auto de vinculación a proceso.

En caso de falta de acuerdo respecto a la cuantificación de los daños y perjuicios causados, la suspensión sólo podrá otorgarse si, a criterio del juez, queda suficientemente garantizada la reparación; además, se deja abierta a la parte afectada la acción civil correspondiente, en los términos que establece este Código.

Artículo 374. Registro nacional de personas beneficiadas con la suspensión

Si el juez decreta la suspensión, la resolución y el nombre del inculpado serán inscritos en un registro nacional de personas beneficiadas con la suspensión condicional de la acusación provisional, a cargo del Ministerio Público Federal. Este registro será de uso exclusivo de esta institución y para el solo efecto de velar por el estricto cumplimiento de esta norma.
CAPITULO V
FASE DE PREPARACION DEL JUICIO

SECCION PRIMERA
AUDIENCIA DE OFRECIMIENTO Y PREPARACION DE PRUEBAS

Artículo 375. Objeto de la etapa de preparación del juicio

La fase de preparación del juicio tiene por objeto:

I. Que se precisen los hechos que serán materia del juicio oral;

II. Que las partes ofrezcan sus pruebas y precisen el objeto de las mismas; III. Que el juez de control determine sobre la admisión de las pruebas, y IV. Que se programe su desarrollo en la audiencia de debate.

Para el objetivo anterior, se entregará al inculpado, así como a la víctima o al ofendido, copia del auto de vinculación a proceso y del escrito de ofrecimiento de pruebas, haciendo constar que también se encuentran a su disposición los elementos probatorios acumulados durante la etapa de investigación.

Artículo 376. Citación a la audiencia de preparación del juicio

Una vez que el juez de control ha notificado a todas las partes la resolución de que el inculpado ha quedado vinculado a proceso, las citará a una audiencia, la que deberá tener lugar en un plazo de entre veinte y sesenta días, contados a partir de la notificación del auto de vinculación a proceso, tomando en cuenta si el procesado se encuentra privado de su libertad o no, salvo que haya razones que justifiquen que el juez acorte o prolongue dichos plazos, para iniciar la preparación del juicio.

Artículo 377. Ofrecimiento y admisión de pruebas

Durante el plazo señalado en el artículo anterior, el juez de control deberá admitir las pruebas que legalmente le ofrezcan las partes, con excepción de las pruebas supervenientes que podrán ser ofrecidas en cualquier momento del proceso. El juez determinará qué medios de prueba desahogados durante la etapa de investigación serán admitidos e incorporados al proceso para su desahogo en la audiencia de debate del juicio oral, en los términos de este Código y de lo previsto en el artículo 20, apartado A, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Las partes propondrán los peritos que consideren convenientes para acreditar los puntos que ellas determinen. El juez de control podrá determinar cuántos de ellos deben intervenir, según la importancia del caso y la complejidad de las cuestiones por plantear, atendiendo a los requerimientos de las partes. Al mismo tiempo, las partes fijarán con precisión los temas de la peritación y deberán acordar con los peritos designados el plazo dentro del cual presentarán los dictámenes. Antes de comenzar las operaciones periciales, se notificará, en su caso, al Ministerio Público Federal y a las partes el orden de practicarlas, salvo que sean sumamente urgentes o en extremo simples. Dentro del plazo que se establezca, cualquiera de las partes podrá proponer por su cuenta a otro perito para reemplazar al ya designado o para dictaminar conjuntamente con él, cuando por las circunstancias del caso resulte conveniente su participación por su experiencia o idoneidad especial. Serán causas de excusa y recusación de los expertos peritos, las establecidas para los jueces. En todo lo relativo a los traductores e intérpretes, regirán análogamente las disposiciones relativas.

El juzgador deberá tomar conocimiento directo del procesado, del ofendido, de la víctima y de las circunstancias del hecho, teniendo amplias facultades para allegarse, de oficio, las pruebas que estime necesarias.

Las partes pueden renunciar al período probatorio, si lo desean, haciendo constar los motivos de la renuncia, y el juez resolverá lo procedente.
Artículo 378. Inadmisibilidad de la prueba

Las partes podrán solicitar la inadmisibilidad de la prueba por razones de ilegalidad, impertinencia, inutilidad o repetitividad, lo que será resuelto por el juez de control en la misma audiencia. Si por circunstancias excepcionales la solicitud de inadmisibilidad es planteada durante el juicio, el juez que dirija el debate resolverá luego de oír a las partes.

Cualquier otra desavenencia de las partes sobre los medios de prueba aportados será comunicada al juez de control, quien la resolverá en la misma audiencia.

Artículo 379. Ofrecimiento de pruebas por el Ministerio Público en la etapa de preparación del juicio

En la etapa de preparación del juicio, el Ministerio Público Federal podrá ratificar el escrito presentado al momento de ejercer la acción penal con los medios de prueba ofrecidos para ser desahogados en la audiencia del debate, u ofrecer nuevos medios probatorios que tendrán por objeto acreditar la antijuridicidad del hecho y la culpabilidad del sujeto, como elementos del delito y presupuestos de la pena, así como sustentar la aplicación e individualización de la pena en el juicio oral; lo que hará en los términos siguientes:

I. Si el Ministerio Público Federal ofrece prueba de testigos, deberá presentar una lista de ellos, indicando nombre, apellidos, profesión y domicilio o residencia, así como la materia sobre la que habrán de versar sus declaraciones;

II. En caso de que el Ministerio Público Federal presente testimonios como prueba anticipada o de referencia, hará una lista de los que desea se incorporen al debate y aportará las razones y los registros correspondientes;

III. Si el Ministerio Público Federal ofrece prueba de peritos, deberá identificar al perito o peritos cuya comparecencia solicita, indicando sus títulos o calidades, y anexando los documentos que lo acrediten, así como un informe del perito sobre sus peritajes y conclusiones, y el objeto sobre el que recaerá su peritaje en el proceso. En ningún caso el citado informe del perito podrá sustituir su testimonio en el juicio oral;

IV. Si el Ministerio Público Federal ofrece prueba documental, especificará la fuente y adjuntará una copia del documento, y

V. Si ofrece prueba material deberá describirla y señalar su fuente. Al ofrecerse evidencia material sometida a custodia, deberán anexarse los documentos respectivos que acrediten, en su caso, la cadena de custodia.

El encargado de la custodia de los documentos, objetos y demás elementos de prueba deberá garantizar que éstos estén disponibles para su examen por las partes, desde el momento en que cada una de ellas los ofreció como elementos de prueba y hasta antes del juicio. Los elementos de carácter reservado serán examinados privadamente por el tribunal, y si son útiles para la averiguación de la verdad los incorporará al proceso, resguardando la reserva de ellos sin afectar el derecho de las partes a conocerlos.

Artículo 380. Intervención y ofrecimiento de pruebas por parte de la víctima o del ofendido en el proceso

La víctima o el ofendido, por sí o a través de su asesor legal, y hasta quince días antes de la fecha fijada para la audiencia de preparación del juicio, por escrito podrá:

I. Adherirse a la acusación del Ministerio Público Federal, constituyéndose en coadyuvante o acusador particular;

II. Señalar los vicios formales del auto de vinculación a proceso y requerir su corrección;

III. Ofrecer las pruebas que estime necesarias para sustentar la acusación, o

IV. Concretar sus pretensiones, ofrecer pruebas para el juicio oral y cuantificar el monto de los daños y perjuicios.
Si la víctima u ofendido se adhiere a la acusación formulada por el Ministerio Público, deberá realizar su gestión por escrito y le serán aplicables, en lo conducente, las formalidades previstas para la acusación del Ministerio Público; en dicho escrito ofrecerá las pruebas que pretenda se reciba en la audiencia de juicio.

La participación de la víctima o del ofendido como acusadores particulares o coadyuvantes no alterará las facultades concedidas por la ley al Ministerio Público Federal, ni le eximirá de sus responsabilidades.

La acusación y las observaciones de la víctima o del ofendido deberán ser notificadas dentro de las veinticuatro horas siguientes a las partes, para que se pronuncien sobre el particular dentro del plazo de setenta y dos horas de haber sido notificadas.

Si se trata de varias víctimas u ofendidos, ellos podrán nombrar un representante común, siempre que no exista conflicto de intereses.

Artículo 381. Intervención y ofrecimiento de pruebas por el inculpado y su defensor en la preparación del juicio

Dentro de los diez días siguientes de notificada la acusación o hasta la víspera del inicio de la audiencia de preparación del juicio, el inculpado y su defensor podrán, por escrito:

I. Señalar los vicios formales del auto de vinculación a proceso dictado en contra del inculpado y, si lo consideran pertinente, requerir su corrección;

II. Exponer los argumentos de defensa que consideren necesarios y señalar los medios de prueba que se producirán en la audiencia del debate;

III. Solicitar la acumulación o separación de acusaciones, si las hay;

IV. Deducir las cuestiones que versen sobre competencia, cosa juzgada, falta de requisitos de procedibilidad o extinción de la acción penal;

V. Ofrecer los medios de prueba relativos a su inocencia o a la atenuación de su responsabilidad, a la individualización de la pena o a la procedencia de sustitutivos de la pena de prisión o suspensión de la misma, si lo considera oportuno en este momento, y

VI. Proponer la suspensión del proceso a prueba, el procedimiento abreviado, la conciliación o algún otro mecanismo alternativo de solución de conflictos, si son procedentes.

En caso de que alguna de las cuestiones incidentales señaladas en la fracción IV no fueren deducidas para ser discutidas en la audiencia de preparación del juicio, ellas podrán ser planteadas en la audiencia de debate del juicio oral.

Asimismo, por razón de que los medios de prueba ofrecidos por el inculpado y su defensor tienen como finalidad la defensa de su interés, ellos podrán requerir al juez de control que autorice medidas para verificar la inexistencia del hecho punible o la existencia de circunstancias que excluyan o atenúen el delito, su culpabilidad o la punibilidad. Por lo que, si se tuviera la necesidad de entrevistar a una persona que puede aportar datos para ello pero que se niega a recibir al defensor, éste podrá solicitar al juez de control que autorice hacerlo, explicándole las razones que tornan necesaria la entrevista. El juez, en caso de admitirlo, ordenará la entrevista con la persona que interesa para la defensa, en el lugar y en el momento que, en principio, ella misma decida, o la citará al tribunal para que se desarrolle en su sede, con o sin su presencia. La solicitud del inculpado o su defensor se notificará a las partes dentro de las veinticuatro horas siguientes.
Artículo 382. Programación del orden de desahogo de la prueba

Una vez acordada la admisión de las pruebas propuestas por las partes, se procederá a programar el orden de su desahogo en la audiencia final, tomando en cuenta su naturaleza y las circunstancias del caso. Lo mismo se hará cuando no resulte conveniente la demora, considerando la buena marcha del proceso, a juicio del juzgador. En la programación se procurará que las pruebas a que se refiere este precepto se desahoguen, de ser posible, en una sola audiencia, en la que se contará con la presencia obligatoria de las partes.

Si una vez programado el orden para el desahogo de las pruebas sobreviene o se descubre algún nuevo elemento probatorio, el juez acordará su admisión y lo dará a conocer a las partes para que se manifiesten sobre él a más tardar tres días antes de la fecha de inicio del juicio.

Si alguna de las partes propone la práctica de exámenes de las cosas objeto del dictamen pericial, ella deberá hacerse al menos quince días antes del inicio del juicio y sus resultados remitidos inmediatamente al juez y a la contraparte. Si el dictamen es irreproducible por peligro de desaparición o alteración de la cosa sobre la que recae, se deberá practicar con presencia de la parte contraria, salvo que razones de urgencia lo impidan.

Artículo 383. Conclusión de la preparación del juicio

La preparación del juicio deberá realizarse en el menor tiempo posible, observando los plazos señalados en el artículo 376. Si el auto de vinculación a proceso se refiere a un delito que tiene señalada una pena máxima que no excede de cinco años de prisión, el tiempo de preparación del juicio concluirá antes de que transcurra un mes. Si la pena excediera de ese tiempo, concluirá dentro de dos meses.

Si el inculpado, en forma expresa y por escrito, renuncia a su derecho a ser juzgado dentro de los plazos constitucionales, a fin de ofrecer más pruebas para su desahogo, el juez podrá concederle el plazo que solicite, hasta un máximo de cuatro meses, pudiéndose prorrogar el tiempo estrictamente necesario para que se ofrezca y analice la aceptación de dicha probanza, dependiendo de la complejidad del caso y de la prueba, independientemente de que la prisión preventiva continúe durante la prórroga si ella fue impuesta.

Si antes de que transcurran los plazos a que se refieren los párrafos anteriores el juez de control estima que no existen diligencias por practicar, informará a las partes para los efectos de cerrar la etapa de preparación del juicio y les indicará que cuentan con cinco días para que manifiesten lo que a su derecho convenga.

SECCION SEGUNDA
AUDIENCIA DE PREPARACION DEL JUICIO

Artículo 384. Notificación para la audiencia

Transcurridos los plazos a que se refieren los artículos anteriores para que tenga lugar la audiencia de preparación del juicio, o renunciados los concedidos a las partes para que manifiesten lo que a su derecho convenga, el juez de control declarará cerrada la etapa de preparación del juicio mediante auto que se notificará a las partes para que preparen su participación en la citada audiencia, cuya fecha y hora de realización se señalará en la misma notificación.

Artículo 385. Desarrollo de la audiencia

La audiencia de preparación del juicio se desarrollará en forma pública y oral y estará invariablemente presidida por el juez de control, so pena de nulidad de las actuaciones; se desarrollará en forma ininterrumpida, salvo que resulte indispensable suspenderla, en cuyo caso el tribunal fundará y motivará la suspensión y procurará reanudar la audiencia al día siguiente de la suspensión acordada.

Artículo 386. Presencia de las partes en la audiencia

Para los efectos del artículo anterior, durante el desarrollo de la audiencia deberán estar presentes de manera ininterrumpida el Ministerio Público Federal y el defensor; salvo que se convierta en acusador particular, la presencia de la víctima y el ofendido en esta audiencia no es obligatoria, como tampoco lo es la del inculpado si está el defensor.

En caso de ausencia del defensor del inculpado, él será sustituido por un defensor público. Si falta el Ministerio Público Federal o el defensor público, el juez comunicará de inmediato a sus superiores para que los sustituya cuanto antes. La inasistencia del acusador particular no suspende el acto, aunque permite tener por desistida su acusación. La víctima, el ofendido o su asesor legal deberán ser convocados para que participen en la audiencia, cuando sea procedente la conciliación o algún otro medio alternativo de solución del conflicto y no se haya presentado acusación de particulares.

Artículo 387. Exposición de las partes de sus argumentos

Aunque conste previamente por escrito, al inicio de la audiencia el juez dispondrá:

I. Que cada parte haga una exposición sintética de sus argumentos;

II. Que el Ministerio Público Federal y la defensa enuncien la totalidad de las pruebas que ofrecen para la audiencia del juicio oral;

III. Que las partes manifiesten las observaciones que estimen pertinentes al procedimiento de obtención de elementos probatorios, y

IV. Que las partes manifiesten si tienen interés en llegar a ciertos acuerdos, en cuyo caso el Ministerio Público y la defensa manifestarán lo que corresponda.

Si el inculpado o su abogado defensor no ejercieron, por escrito, las facultades previstas en el artículo 381, el juez les otorgará la oportunidad de hacerlo verbalmente.

El tribunal evitará que en la audiencia se discutan cuestiones que son propias del juicio oral.

Artículo 388. Resolución de cuestiones previas

Si el inculpado plantea alguna de las cuestiones contenidas en la fracción IV del artículo 381, el juez de control abrirá debate sobre la cuestión planteada. Asimismo, de estimarlo pertinente, el juez podrá permitir durante la audiencia la presentación de los medios probatorios que estime relevantes, pero sólo para la decisión de las cuestiones planteadas, y resolverá de inmediato.

Si con relación a la extinción de la acción penal y a la cosa juzgada, el juez de control considera que los medios de prueba desahogados en la audiencia son suficientes para justificar su procedencia, decretará el sobreseimiento. En caso contrario, dejará la resolución de la cuestión planteada para la audiencia de debate del juicio oral.

Artículo 389. Debate acerca de las pruebas ofrecidas por las partes

Durante la audiencia de preparación del juicio cada parte podrá formular las solicitudes, observaciones y planteamientos que estime relevantes con relación a las pruebas ofrecidas por las demás, incluyendo la pruebas que provengan de actuaciones o diligencias que hayan sido declaradas nulas y aquellas que hayan sido obtenidas con inobservancia de garantías fundamentales. El juez de control se pronunciará respecto a los distintos argumentos.

Artículo 390. Admisión de medios probatorios anticipados

Por lo que hace a los medios de prueba practicados durante la etapa de investigación, que deban también desahogarse como pruebas anticipadas en el proceso, el juez de control analizará si se practicaron con arreglo a las disposiciones de este Código; asimismo, observará si no quedan desvirtuados por las pruebas que se presenten y desahoguen en el proceso; y, en caso de negarles valor probatorio, expondrá los motivos y las razones que le asisten.

Lo previsto en el párrafo anterior debe realizarse en el entendido de que, para los efectos de la sentencia, sólo tendrá valor probatorio aquello que haya sido oportunamente ofrecido y desahogado en la audiencia del juicio. Lo anterior no excluye que algunos de los medios de prueba desahogados durante la investigación y que tuvieron como objeto sustentar el ejercicio de la acción penal y el auto de vinculación a proceso, puedan ser admitidos en juicio por el juez, sobre todo si, por su naturaleza o por las circunstancias de los hechos que fueron objeto de investigación, era necesaria su práctica.

En todo caso, será la autoridad judicial la que determine si se admite o no el medio de prueba recabado y desahogado previamente por el Ministerio Público Federal, aun cuando se trate de un medio repetible, y será ella la que le dé el valor probatorio que corresponde para los efectos de sus respectivas resoluciones, como es la sentencia.

Artículo 391. Reproducción de prueba anticipada, videograbada o estenografiada

En el caso de que la prueba anticipada haya sido videograbada o estenografiada, al ser presentada durante la audiencia principal el juez podrá, de oficio o a petición de parte, determinar que se obvie su lectura o reproducción, aduciendo que las partes estuvieron presentes en el desahogo de la diligencia o que la lectura o reproducción alargaría innecesariamente el desarrollo de la audiencia, siempre y cuando no exista objeción fundada de alguna de las partes.

Artículo 392. Exclusión de pruebas de la audiencia de debate

El juez, luego de examinar las pruebas ofrecidas y escuchar a las partes que comparezcan a la audiencia, ordenará fundadamente que se excluyan de ser rendidas aquellas pruebas manifiestamente impertinentes y las que sólo tengan por objeto acreditar hechos públicos y notorios.

Si el juez de control estima que la aprobación de las pruebas testimonial y documental, en los mismos términos en que hayan sido ofrecidas, produciría efectos meramente dilatorios en la audiencia del debate, también dispondrá que la parte que las ofrece reduzca el número de testigos o de documentos, si con ellos desea acreditar los mismos hechos o circunstancias que no guardan pertinencia sustancial con la materia que se someterá a juicio.

Del mismo modo, el juez excluirá aquellas pruebas que provengan de actuaciones o diligencias que hayan sido declaradas nulas o que hayan sido obtenidas con inobservancia de garantías fundamentales. Asimismo, en los casos de delitos contra la libertad y el normal desarrollo psicosexual, el juez de control excluirá la prueba que pretenda rendirse sobre la conducta sexual anterior o posterior de la víctima, salvo que sea manifiestamente justificado su desahogo; en estos casos se adoptarán las medidas de protección adecuadas para la víctima.

Las demás pruebas que se hayan ofrecido serán admitidas por el juez de control al dictar el auto de apertura del juicio oral.

Artículo 393. Suspensión de la audiencia

Si antes de concluir la audiencia el juez de control comprueba que el inculpado no ha ofrecido oportunamente alguna prueba por causas no imputables a él, podrá suspender la audiencia hasta por un plazo de diez días para que aquél lo haga; en caso contrario, se estará a lo previsto en el artículo 384.
Artículo 394. Acuerdos probatorios

Si durante la audiencia de preparación del juicio las partes de manera conjunta solicitan al juez que dé por acreditados ciertos hechos, que no podrán ser discutidos en el juicio, como los que dieron sustento al primer requisito material para el auto de vinculación a proceso, el juez podrá autorizar dicho acuerdo, siempre y cuando lo considere justificado por existir elementos probatorios arrojados por la investigación, con los que se acredite la certeza del hecho que la ley señala como delito, y no exista oposición fundada de la víctima u ofendido del delito.

En estos casos, el juez de control indicará en el auto de apertura del juicio los hechos que se tengan por acreditados, a los cuales deberá estarse durante la audiencia del debate. Por lo que, el debate en el juicio oral se circunscribirá a la discusión de los elementos probatorios que tienen que ver con los otros elementos del delito o presupuestos de la pena, sobre todo para demostrar la culpabilidad o sostener la inocencia del procesado.

Asimismo, el juez podrá limitar los medios de prueba ofrecidos para demostrar un hecho, si ellos resultan manifiestamente repetitivos, o incluso podrá prescindir de la prueba cuando ésta sea ofrecida para acreditar un hecho notorio o cuando exista acuerdo en que determinados hechos o circunstancias sean considerados como probados.

Artículo 395. Acumulación o separación de acusaciones

Cuando el Ministerio Público Federal formule diversas acusaciones que el juez de control considere conveniente someter a una misma audiencia del debate, y siempre que ello no perjudique el derecho de defensa, podrá acumularlas y decretar la apertura de un solo juicio, si ellas están vinculadas por referirse a un mismo hecho, a un mismo inculpado o porque deben ser examinadas las mismas pruebas.

El juez podrá dictar autos de apertura del juicio separados, para distintos hechos o diferentes inculpados que estén comprendidos en una misma acusación, cuando, de ser conocida en una sola audiencia del debate, pudiera provocar graves dificultades en la organización o el desarrollo de la audiencia del debate o afectación del derecho de defensa, y siempre que ello no implique el riesgo de provocar decisiones contradictorias.

En caso de que alguna de las partes objete el auto dictado por el juez de control, ya sea de acumular o de separar los juicios, el juez decidirá la cuestión después de escuchar a las partes, tomando siempre en cuenta las reglas de la conexidad y los derechos de defensa, así como el desarrollo del proceso y las posibilidades de provocar decisiones contradictorias.

Artículo 396. Decisiones del juez al finalizar la audiencia de preparación del juicio

Finalizada la audiencia, el juez de control cerrará la etapa de preparación del juicio y tomará las siguientes decisiones:

I. Resolverá inmediatamente las cuestiones planteadas, salvo que por lo avanzado de la hora o lo complejo de los asuntos por resolver, difiera la solución hasta por cuarenta y ocho horas;

II. Analizará si, de acuerdo con lo que dio sustento al auto de vinculación a proceso y lo planteado por las partes en la etapa de preparación, hay base para el juicio o, en su caso, si corresponde sobreseer total o parcialmente el proceso;

III. Resolverá las excepciones planteadas y los anticipos de prueba que correspondan y se pronunciará sobre la separación o acumulación de juicios;

IV. Si las partes han llegado a algún acuerdo sobre la reparación del daño, ordenará lo necesario para ejecutar lo acordado;

V. Examinará la procedencia, ratificación, revocación o sustitución de las medidas cautelares, y

VI. Analizará si al término de la audiencia procedió o no el sobreseimiento, la aplicación de formas anticipadas de terminación del proceso o el procedimiento abreviado.
Artículo 397. Auto de apertura del juicio

Si al término de la audiencia se determina que no procedió alguna de las medidas señaladas en la fracción VI del artículo anterior, el juez de control dictará el auto de apertura del juicio, que deberá indicar:

I. El tribunal competente para conocer del caso en la audiencia de debate del juicio oral;

II. El o los casos penalmente relevantes que deberán ser objeto del juicio y las correcciones formales que se hubieren realizado en ellos;

III. Los hechos que se dieren por acreditados y los que serán objeto de prueba;

IV. Los inculpados que deberán ser sujetos del juicio;

V. Las pruebas que deberán producirse en el juicio y el orden en que serán desahogadas, y

VI. La indicación de quienes deban ser citados a la audiencia de debate, incluyendo los testigos y peritos.

CAPITULO VI
CRITERIOS PARA EL DESAHOGO Y VALORACION DE LAS
PRUEBAS EN EL JUICIO

SECCION PRIMERA
CRITERIOS GENERALES

Artículo 398. Objeto y medios de prueba

Sólo serán objeto de prueba en la fase de juicio oral los hechos penalmente relevantes por los que el inculpado fue vinculado a proceso y que consten en la causa en los términos del artículo 375, así como los otros elementos del delito o presupuestos de la pena, según lo dispuesto por el Código Penal Federal, que servirán de fundamento para una sentencia condenatoria o absolutoria.

Los medios de prueba lo serán toda aquella fuente de información que permita reconstruir los hechos delictivos, respetando las formalidades procedimentales previstas para cada una de ellas. Al ingresar dicha fuente de información al proceso como medio de prueba en una audiencia y desahogada bajo los principios de inmediatez y contradicción, servirá al juez como elemento de juicio para llegar a una conclusión cierta sobre el objeto que se trata de probar.

Para los efectos de la sentencia, sólo se podrá utilizar para fundar la decisión del tribunal competente la prueba producida y desahogada en la audiencia de juicio, salvo las excepciones advertidas en el presente Código, en los términos del auto de apertura del juicio.

Artículo 399. Libertad probatoria

Conforme a lo dispuesto en el artículo anterior, los hechos y las circunstancias de interés para la solución correcta del caso podrán probarse por cualquier medio de prueba permitido, según las características y demás exigencias del propio objeto de prueba, salvo prohibición expresa de la ley. Por lo que, el Ministerio Público Federal y los jueces tienen el deber de procurar por sí la averiguación de la verdad mediante los medios de prueba permitidos, cumpliendo estrictamente con los objetivos de la investigación y los fines del proceso penal.

Artículo 400. Prueba ilícita

Los elementos de prueba no tendrán valor si han sido obtenidos por un medio ilícito o si han sido incorporados al proceso contraviniendo las disposiciones de este Código. Por tal razón, no podrá utilizarse información obtenida mediante tortura, maltrato, coacción, amenaza, indebida intromisión en la intimidad del domicilio, la correspondencia, las comunicaciones, los papeles y los archivos privados, ni información obtenida por otro medio que menoscabe la voluntad o viole los derechos fundamentales de las personas, a menos que dicha información favorezca al inculpado y el juez le otorgue valor. Tampoco podrán ser apreciadas aquellas pruebas que sean la consecuencia directa de ellas, salvo si se ha podido obtener otra información lícita que arroje el mismo resultado.
Artículo 401. Validez de la prueba

Cualquier elemento probatorio que se presente ante el juez o tribunal será válido, mientras sea pertinente con relación al objeto que se trata de probar y no haya sido obtenido con violación a derechos fundamentales protegidos constitucional o convencionalmente. Una prueba es pertinente, cuando se refiere, directa o indirectamente, al objeto de la investigación o del proceso y es útil para descubrir la verdad.

El tribunal podrá limitar los medios de prueba ofrecidos para demostrar un hecho o una circunstancia, cuando resulten manifiestamente impertinentes, o bien puede prescindir de la prueba cuando esta sea ofrecida para acreditar un hecho notorio.

Artículo 402. Valoración de la prueba

El juez o el tribunal asignará el valor correspondiente a cada uno de los medios de prueba, con aplicación estricta de las reglas de la lógica, los conocimientos científicos y las máximas de la experiencia, a la luz de la sana crítica y de su libre convicción; consecuentemente, se excluye el criterio de la prueba tasada.

El juez o el tribunal deben justificar y fundamentar, adecuadamente, las razones por las cuales otorgan a un medio de prueba determinado valor y, con base en la apreciación conjunta, integral y armónica de toda la prueba, motivar qué elementos de prueba les permiten arribar al juicio de certeza sobre un determinado objeto. Asimismo, motivarán y fundamentarán el que hubiesen desestimado un elemento de prueba. La motivación de la decisión deberá dar valor a cada uno de los argumentos de derecho y de los elementos probatorios aducidos en el debate, siempre en consideración al objeto que se trata de probar.

SECCION SEGUNDA
PRUEBA TESTIMONIAL

Artículo 403. Deber de testificar

Salvo disposición en contrario, toda persona tendrá la obligación de concurrir al llamamiento judicial y de declarar la verdad de cuanto conozca y le sea preguntado; asimismo, no deberá ocultar hechos, circunstancias ni elementos, sin perjuicio de la facultad del juez para valorar el testimonio de acuerdo con las reglas de la sana crítica. El testigo no estará obligado a declarar sobre hechos que le puedan deparar responsabilidad penal.

Es aplicable lo previsto en el artículo 165, por lo que hace a las personas que no están obligadas a declarar y que, por ende, podrán abstenerse de hacerlo. Bajo pena de nulidad, deberá informarse a dichas personas de la facultad de abstención, antes de que rindan testimonio.

Artículo 404. Deber de guardar secreto y de testificar

Es inadmisible el testimonio de personas que, respecto del objeto de su declaración, tengan el deber de guardar un secreto particular, profesional u oficial, por su conocimiento en razón del propio estado, oficio o profesión, tales como los ministros religiosos, abogados y notarios, médicos, psicólogos, farmacéuticos, enfermeros y demás auxiliares de las ciencias médicas, así como los servidores públicos sobre secretos de Estado. Sin embargo, estas personas no podrán negar su testimonio cuando sean liberadas por el interesado del deber de guardar secreto. En caso de ser citadas, estas personas deberán comparecer y explicar el motivo del cual surge la obligación de guardar secreto y de abstenerse de declarar. Si el tribunal estima que el testigo invoca erróneamente la facultad de abstenerse o la reserva del secreto, ordenará su declaración mediante resolución fundada.
Artículo 405. Citación de testigos y medidas para hacerla cumplir

Para el examen de testigos se librará orden de citación, si bien el testigo puede presentarse espontáneamente a declarar. En los casos de urgencia podrán ser citados verbalmente o por teléfono, lo cual se hará constar. Si el testigo reside en un lugar lejano al asiento de la oficina judicial y carece de medios económicos para trasladarse, se dispondrá lo necesario para asegurar la comparecencia.

Tratándose de testigos que fueren empleados públicos o de una empresa del Estado, el organismo público o la empresa respectiva adoptará las medidas correspondientes, las que serán a su cargo si irrogaren gastos, para facilitar la comparecencia del testigo, sea que se encontrare en el país o en el extranjero.

Si el testigo no se presenta a la primera citación, se le hará comparecer por medio de la fuerza pública. Si, después de comparecer, se niega a declarar sin derecho a hacerlo, se dispondrá su arresto hasta por treinta y seis horas, al término de las cuales, si persiste en su actitud, se promoverá acción penal en su contra por el delito de desobediencia a un mandato legítimo de autoridad. Cuando exista el temor fundado de que el testigo se oculte o se fugue, el tribunal podrá ordenar su arraigo, el que durará el tiempo indispensable para recibir la declaración, sin exceder de veinticuatro horas. Mientras se gestiona la orden judicial, el Ministerio Público Federal podrá ordenar la detención del testigo por el plazo máximo de seis horas.

Artículo 406. Testigos residentes en el extranjero

Si el testigo se halla en el extranjero, se procederá conforme a las reglas nacionales o del derecho internacional para el auxilio judicial. Sin embargo, podrá requerirse la autorización del Estado en el cual se encuentre, para que sea interrogado por el representante consular, por un juez o por un representante del Ministerio Público Federal, según sea la fase del proceso y la naturaleza del acto de que se trate. Si se trata de una declaración que puede resultar acto definitivo e irreproducible, se seguirá el procedimiento previsto para la prueba anticipada.

Artículo 407. Excepciones a la obligación de comparecencia

No estarán obligados a concurrir al llamamiento judicial, aunque si deberán declarar desde el lugar donde se les facilite, previo señalamiento de la diligencia:

a) El Presidente de la República; los Secretarios de Estado de la Federación; los Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; los Magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación; el Procurador General de la República; el presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos; y los servidores públicos de la federación cuando así lo determine el juez.

b) El Procurador General de Justicia de los estados y del Distrito Federal; los magistrados de los poderes judiciales locales y del Distrito Federal, así como de los tribunales electorales, las comisiones estatales de derechos humanos y los demás servidores públicos de los estados y del Distrito Federal cuando así lo determine el juez;

c) Los extranjeros que gozaren en el país de inmunidad diplomática de conformidad a los tratados vigentes sobre la materia, y

d) Los que por enfermedad grave u otro impedimento calificado por el tribunal, se hallaren en imposibilidad de hacerlo.

Si las personas enumeradas en los incisos anteriores renunciaren a ese derecho, deberán prestar declaración conforme a las reglas generales. En caso contrario, su testimonio será trasmitido en el juicio por sistemas de reproducción a distancia. De no ser posible, el testimonio se grabará por cualquier medio y se reproducirá en el momento oportuno en el tribunal. Estos procedimientos especiales se llevarán a cabo sin afectar los principios de contradicción, inmediación y defensa.
Artículo 408. Forma de la declaración

Antes de comenzar la declaración, el testigo será instruido acerca de sus obligaciones y de las responsabilidades por su incumplimiento, prestará protesta o promesa de decir verdad con apercibimiento de los delitos que cometen los que declaran con falsedad y será interrogado sobre su nombre, apellido, estado civil, profesión, domicilio, vínculo de parentesco y de interés con las partes así como sobre cualquier otra circunstancia útil para apreciar su veracidad con relación a los hechos penalmente relevantes y demás objetos de prueba.

Artículo 409. Testimonios especiales

Cuando deba recibirse testimonio de personas agredidas sexualmente, sin perjuicio de la fase en que se encuentre el proceso, el juez o el tribunal podrán disponer su recepción en sesión cerrada y con el auxilio de familiares o peritos especializados en el tratamiento de esa problemática. La misma regla se aplicará cuando algún menor deba declarar por cualquier motivo. Esta forma de proceder no se aplicará para conculcar el derecho a la confrontación y la defensa.

Artículo 410. Protección de testigos

En casos de delitos graves y calificados, el juez o el tribunal podrá disponer medidas especiales destinadas a proteger la seguridad del testigo y garantizar su declaración. Dichas medidas durarán el tiempo que el tribunal disponga y podrán ser renovadas cuantas veces fuere necesario. De igual forma, el Ministerio Público Federal deberá adoptar medidas para conferir al testigo, antes o después de prestadas sus declaraciones, la debida protección.

En caso de que la protección a testigos se plantee en procesos por delincuencia organizada, se estará a lo previsto en la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada.

SECCION TERCERA
PRUEBA PERICIAL

Artículo 411. Designación de peritos

La designación de peritos deberá recaer en persona que posea título que la habilita en la materia relativa al punto sobre el cual dictaminará y que no esté inhibida para el ejercicio profesional, siempre que la ciencia, el arte o la técnica estén reglamentadas. En caso contrario, podrá nombrarse a peritos prácticos, cuyos dictámenes serán corroborados por peritos titulados, cuando sea posible.

Artículo 412. Excusa y recusación de peritos

Serán causas de excusa y recusación de los expertos peritos, las establecidas para los jueces.

Artículo 413. Peritajes dispuestos por las partes

Las partes en el proceso podrán ordenar la práctica de pericias, pero éstas sólo podrán incorporarse al debate si en la etapa de preparación de la prueba se hubieren seguido las reglas sobre prueba anticipada y quedando a salvo la posibilidad que tienen las partes de exigir la declaración del perito durante el debate. Asimismo, las partes podrán proponer, fundadamente, temas para el peritaje y objetar los admitidos o propuestos por otra de las partes.

Artículo 414. Peritaje dispuesto por la autoridad

La autoridad que haya dispuesto el peritaje comprobará si el mismo es o no acto definitivo e irreproducible, para lo cual determinará el procedimiento y resolverá las cuestiones que se planteen antes y durante las operaciones periciales. Los peritos practicarán el examen conjuntamente, cuando sea posible. Siempre que sea pertinente, las partes y sus consultores técnicos podrán presenciar la realización del peritaje y solicitar las aclaraciones que estimen convenientes. Si algún perito no cumple con su función, se procederá a sustituirlo.

No regirán las reglas de la prueba pericial para quien declare sobre hechos o circunstancias que conoció espontáneamente, aunque para informar utilice las aptitudes especiales que posee en una ciencia, arte o técnica. En este caso, regirán las reglas de la prueba testimonial.

Artículo 415. Traductores e intérpretes

En todo lo relativo a los traductores e intérpretes, regirán análogamente las disposiciones de este apartado.

SECCION CUARTA
OTROS MEDIOS DE PRUEBA

Artículo 416. Prueba documental

El tribunal y las partes podrán requerir a cualquier persona o entidad pública o privada informes y elementos sobre el hecho que es objeto del proceso, los que pueden estar contenidos en documentos, aunque estos carezcan de suscripción, incluyendo las publicaciones de prensa y toda pieza que sea aceptada generalmente como medio de convicción por la comunidad.

Artículo 417. Autenticidad de los documentos

Salvo prueba en contrario, serán auténticos los documentos públicos suscritos por quien tenga competencia para expedirlos o certificarlos.

La autenticidad e identificación de los documentos no comprendidos en el párrafo anterior, se probará por medio de:

a) Reconocimiento de la persona que lo ha elaborado, manuscrito, mecanografiado, impreso, firmado o producido;

b) Reconocimiento de la parte contra la cual se aduce;

c) Certificación expedida por la entidad certificadora de firmas digitales de personas físicas o morales, o

d) Informe de experto en la respectiva disciplina.

Si alguna de las partes exhibe un documento o lo incorpora en la audiencia para interrogar a testigos o peritos, deberá presentar el original, salvo que se trate de un documento público original, de uno cuyo original se hubiere extraviado o se encuentre en poder de uno de los que intervienen en el proceso, o son documentos voluminosos de los que sólo se requiere una parte o fracción de los mismos. Lo anterior no es óbice para aquellos casos en que resulte indispensable la presentación del original del documento para la realización de estudios técnicos especializados, o forme parte de la cadena de custodia.

Si se trata de documentos remitidos por una autoridad extranjera, en cumplimiento de petición de autoridad competente mexicana, basada en convenio bilateral o multilateral de cooperación judicial recíproca, ellos serán considerados auténticos a menos que se demuestre lo contrario.

Artículo 418. Otros medios de prueba

Además de los previstos en este Código, podrán utilizarse otros medios probatorios distintos, siempre y cuando sean pertinentes para los objetivos del proceso y no supriman las garantías y facultades de las personas, ni afecten el sistema de justicia. La forma de su incorporación al proceso se adecuará al medio de prueba más análogo a los previstos en este Código. Previa su incorporación al proceso, los objetos y otros elementos de convicción podrán ser exhibidos al inculpado, a los testigos y a los peritos, para que los reconozcan o informen sobre ellos.

SECCION QUINTA
INTEGRACION DEL TRIBUNAL PARA LA AUDIENCIA DE
DEBATE EN EL JUICIO ORAL

Artículo 419. Estructura del tribunal de juicio oral

El tribunal de juicio que conocerá de los casos de delincuencia organizada y de los demás delitos legalmente caracterizados como graves será colegiado, conformado por tres jueces, siendo uno de ellos el que lo presida. Para conocer de los delitos no graves el tribunal será unitario.

Ambos tribunales contarán tanto con el personal necesario como con la infraestructura adecuada para la gestión judicial y el buen desarrollo de las audiencias y la administración de la justicia.

Artículo 420. Juez de control y juez de juicio

Los jueces que hayan intervenido en el mismo caso en las etapas anteriores al juicio oral no podrán integrar el tribunal de juicio oral. Consecuentemente, el juez que intervenga en el juicio no podrá serlo el que conoció del caso previamente como juez de control.

CAPITULO VII
REGLAS Y PRINCIPIOS GENERALES QUE HABRAN DE
OBSERVARSE EN LA AUDIENCIA DE JUICIO ORAL

Artículo 421. Del juez de control al juez de juicio

El juez de control hará llegar el auto de apertura a juicio al tribunal competente, dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes a su notificación. Asimismo, pondrá a disposición del tribunal de la audiencia de debate las personas que estuvieran sometidas a prisión preventiva o a otras medidas cautelares personales, así como el registro de todo lo actuado.

Artículo 422. Inicio de la fase de juicio oral

Una vez radicado el proceso ante el tribunal de juicio oral, el juez que lo presida decretará la fecha para la celebración de la audiencia de debate, la que deberá tener lugar entre los quince y sesenta días naturales posteriores, contados a partir de la radicación del auto de apertura del juicio.

Si el inculpado se encuentra en libertad, deberá ser citado con por lo menos siete días de anticipación al comienzo de la audiencia. Si el inculpado que se halla en libertad, injustificadamente no comparece al juicio, el juez podrá ordenar, para asegurar su presencia en él, su presentación por la fuerza pública, e incluso variar las condiciones por las cuales goza de libertad e imponer alguna de las medidas cautelares previstas en este Código.

Artículo 423. Principios que rigen el juicio

El juicio es la etapa de decisión de las cuestiones esenciales del proceso, que se realizará sobre la base de la acusación y del auto de vinculación a proceso; se guiará por los principios de oralidad, inmediación, publicidad, continuidad, imparcialidad, contradicción, igualdad y concentración, en los términos de las disposiciones específicas siguientes:

I. (Oralidad). El debate será oral, tanto en lo relativo a los alegatos y argumentos de todos los que intervienen cuanto a las declaraciones, la recepción de las pruebas y, en general, a toda intervención de quienes participen en él. Las decisiones del juez y las resoluciones del tribunal serán dictadas verbalmente, con expresión de sus fundamentos y motivos cuando el caso lo requiera, quedando todos notificados por su emisión, pero su parte dispositiva constará luego en el acta del debate.

(Intérpretes). Quienes no puedan hablar o no lo puedan hacer en el idioma español, formularán sus preguntas o contestaciones por escrito o por medio de un intérprete, leyéndose o relatándose las preguntas o las contestaciones en la audiencia. Si el inculpado es sordo o no pueda entender el idioma español, será dotado de un intérprete para que le transmita el contenido de los actos del debate.

El principio de oralidad no excluye la posibilidad que durante el juicio puedan ser incorporados para su lectura:

a) Las pruebas que se hayan recibido de manera anticipada, sin perjuicio de que las partes o el tribunal exijan la comparecencia personal del testigo o perito, cuando sea posible;

b) La prueba documental, informes y certificaciones, y,

c) Las actas de las pruebas que se ordene practicar durante el juicio fuera de la sala de audiencias.

II. (Inmediación). La realización del debate en el juicio oral, la resolución de los incidentes y el desahogo de las pruebas se harán con la presencia ininterrumpida del juez o de los miembros del tribunal y de las demás partes en el proceso, de sus defensores y de sus representantes. El inculpado no podrá retirarse de la audiencia sin permiso del órgano jurisdiccional. Si después de su declaración rehúsa permanecer en la Sala, será custodiado en una habitación próxima y representado a todos los efectos por su defensor. Cuando sea necesaria su presencia en la audiencia, para la realización de actos particulares, será hecho comparecer.
(Reemplazo de defensor). Si el defensor no comparece al debate o se aleja de la audiencia, se considerará abandonada la defensa y se procederá a su reemplazo inmediato por un defensor público quien continuará hasta el final, salvo que el inculpado designe, de inmediato, otro defensor.

(Reemplazo de Ministerio Público). Si el Ministerio Público Federal no comparece al debate o se aleja de la audiencia, se procederá a su reemplazo inmediato, según los mecanismos propios de la institución, bajo apercibimiento de que si no se lo reemplaza en el acto se tendrá por retirada la acusación. El Ministerio Público Federal sustituto o el abogado defensor, podrán solicitar al tribunal que aplace el inicio de la audiencia por un plazo razonable para la adecuada preparación de su intervención en juicio. El tribunal resolverá, considerando la complejidad del caso, las circunstancias del abandono del Ministerio Público Federal y las posibilidades de aplazamiento.

(Abandono y desistimiento). Si el acusador particular o su representante, y el actor civil o su apoderado, no concurren al debate o se alejan de la audiencia, se tendrá por abandonadas las instancias correspondientes y desistidas sus respectivas acciones, sin perjuicio de que deban comparecer en calidad de testigos.

III. (Publicidad) El debate será público, pero la publicidad podrá restringirse en los casos de excepción señalados en este Código, en los que la audiencia será a puertas cerradas. En esos casos, la resolución del juez será fundada y constará en los registros del debate; desaparecida la causa, se hará ingresar nuevamente al público y quien presida el debate informará brevemente sobre el resultado esencial de los actos cumplidos a puertas cerradas, cuidando en lo posible de no afectar el bien protegido por la reserva. El juez podrá imponer a las partes el deber de guardar secreto sobre los hechos que presenciaron o conocieron, y así se hará constar en el registro del juicio.

IV. (Continuidad y suspensión) El debate continuará durante todas las audiencias consecutivas que fueren necesarias hasta su conclusión; se podrá suspender cuantas veces sea necesario, por un plazo total máximo de diez días. Quien presida el debate ordenará los aplazamientos diarios, indicando la hora en que continuará la audiencia. Será considerado un aplazamiento el descanso de fin de semana o el día feriado o de asueto, siempre que el debate continúe el día hábil siguiente.

Artículo 424. Causales de suspensión

La audiencia de juicio oral sólo podrá suspenderse por el plazo señalado en el artículo anterior, en los casos siguientes:

I. Para resolver una cuestión incidental que no pueda, por su naturaleza, resolverse inmediatamente;

II. Para practicar algún acto fuera de la sala de audiencias;

III. Cuando sea imposible o inconveniente continuar el debate porque no comparezcan testigos, peritos o intérpretes, cuya intervención sea indispensable, debiendo practicarse una nueva citación para que ellos comparezcan, incluso coactivamente, por intermedio de la fuerza pública;

IV. Cuando algún juez o cualquiera de las partes se enfermen a tal extremo que no puedan continuar interviniendo en el debate, a menos que puedan ser reemplazados inmediatamente o el tribunal se hubiere constituido, desde la iniciación del debate, con un número superior de jueces que el requerido para su integración, de manera que los suplentes pasen a integrar el tribunal y permitan la continuación del debate, o

V. Cuando el Ministerio Público Federal o el acusador particular lo requiera para ampliar la acusación, o el defensor lo solicite una vez ampliada la acusación, siempre que, por las características del caso, no se pueda continuar inmediatamente.

Excepcionalmente, cuando alguna catástrofe o algún hecho extraordinario tornen imposible su continuación, el juez podrá disponer la suspensión del debate, por resolución fundada, y anunciará el día y la hora en que continuará la audiencia; ello valdrá como citación para todas las partes que intervienen en el juicio. Antes de comenzar la nueva audiencia, quien la presida resumirá brevemente los actos cumplidos con anterioridad.
Artículo 425. Interrupción de la audiencia

Si la audiencia de juicio no se reanuda a más tardar diez días después de la suspensión, se considerará interrumpida y deberá ser iniciado de nuevo, so pena de nulidad. Las pruebas que hubieren sido desahogadas hasta ese momento en los términos previstos por este Código podrán ser incorporados en la nueva audiencia.

Artículo 426. Posibilidad de intervenir en otros debates

Los jueces y el Ministerio Público Federal podrán intervenir en otros debates durante el plazo de suspensión, salvo que el tribunal decida lo contrario, por resolución fundada, en razón de la complejidad del caso.

Artículo 427. Restricciones para el acceso y disciplina en la audiencia

El juez que preside el debate ejercerá el poder de disciplina en la audiencia y cuidará que se mantenga el buen orden y de exigir que se guarde el respeto y consideraciones debidas, corrigiendo en el acto las faltas que se cometieren, para lo cual podrá aplicar cualquiera de las medidas previstas en este Código.

Sin perjuicio de la publicidad, por razones de orden, higiene, decoro o eficacia del debate, se podrá ordenar el alejamiento de toda persona cuya presencia no sea necesaria. Se prohibirá el ingreso a miembros de las fuerzas armadas o de seguridad uniformados, salvo que cumplan funciones de vigilancia o custodia. Del mismo modo les está vedado el ingreso a la sala de audiencia a personas que porten distintivos gremiales o partidarios.

Los representantes de los medios de información que expresen su voluntad de presenciar la audiencia podrán hacerlo; pero la transmisión simultánea, oral o audiovisual, o la grabación con esos fines de la audiencia, requieren la autorización previa del tribunal. El tribunal señalará en cada caso las condiciones en que se ejerce el derecho a informar y puede prohibir, mediante auto fundado, la grabación, fotografía, edición o reproducción de la audiencia cuando puedan resultar afectados algunos de los intereses que intervienen en el juicio o cuando se limite el derecho del inculpado o de la víctima a un juicio imparcial y justo.

Artículo 428. Deberes de los asistentes

Quienes asistan a la audiencia deberán permanecer respetuosamente y en silencio mientras no estén autorizados para exponer o deban responder a las preguntas que se les formule. No podrán portar armas u otros elementos aptos para agredir, molestar u ofender, ni adoptar un comportamiento intimidatorio, provocativo, contrario al decoro, o para interrumpir el desarrollo de la audiencia, ni producir disturbios o manifestar de cualquier modo opiniones o sentimientos.

Artículo 429. Asistencia del acusado en la audiencia

El acusado asistirá a la audiencia libre en su persona y siempre acompañado de su defensor. El juez que presida la audiencia podrá disponer la vigilancia necesaria para impedir la fuga o actos de violencia por parte del acusado.

Si el acusado estuviere en libertad, bastará su citación para su presencia en el debate, en términos del artículo 422. Sin embargo, el tribunal podrá disponer, para asegurar la realización del debate o de un acto particular que lo integre, su conducción por la fuerza pública, e incluso su detención, con determinación del lugar en el que esta se cumplirá, cuando ella resulte imprescindible. Podrá también, cuando sea necesario, variar las condiciones bajo las cuales goza de libertad o imponer alguna medida cautelar personal no privativa de la libertad.
Artículo 430. Función del juez en el debate de juicio oral

En la audiencia de juicio oral el presidente del tribunal o juez dirigirá el debate, ordenará las lecturas pertinentes, hará las advertencias que correspondan, exigirá las ratificaciones solemnes y moderará la discusión; impedirá derivaciones impertinentes, o que no conduzcan al esclarecimiento de la verdad o no resulten admisibles, sin coartar por ello el ejercicio de la acusación penal ni la libertad de defensa.

El juez deberá corregir en el acto las faltas que se cometieren, para lo cual podrá aplicar cualquiera de las siguientes medidas:

a) Apercibimiento;

b) Multa de uno a veinticinco salarios mínimos;

c) Expulsión de la sala de audiencia;

d) Arresto hasta por treinta y seis horas; o

e) Desalojo público de la sala de audiencia.

Estas medidas podrán ser recurridas ante el superior jerárquico de la autoridad sancionadora en el término de tres días.

Si el infractor fuese jornalero, obrero o trabajador, no podrá ser sancionado con multa mayor del importe de su jornal o salario de un día. Tratándose de trabajadores no asalariados, la multa no excederá del equivalente a un día de su ingreso. Si el infractor fuere el Ministerio Público Federal, el inculpado, su defensor, la víctima, el ofendido o su representante, y fuere necesario expulsarlos de la sala de audiencia, se aplicarán las reglas conducentes para el caso de su ausencia. En caso de que, a pesar de las medidas adoptadas, no pueda restablecerse el orden, quien preside la audiencia la suspenderá hasta en tanto se encuentren reunidas las condiciones que permitan continuar con su curso normal. Si alguno de los intervinientes en el debate se queja por reposición de una disposición del presidente, decidirá el tribunal.

Artículo 431. Comisión de delitos durante la audiencia

Si durante la audiencia del debate se cometiere un delito, el juez ordenará levantar de inmediato un acta con las indicaciones pertinentes y, eventualmente, la detención del autor, a fin de que el Ministerio Público Federal proceda a la investigación. Para ello, el juez remitirá al Ministerio Público Federal copia del acta levantada y, en su caso, pondrá a su disposición al detenido.

Si durante el debate el tribunal tuviere conocimiento de la comisión de algún otro delito perseguible de oficio e imputable al acusado, remitirá los antecedentes al Ministerio Público Federal para los efectos legales procedentes.

Artículo 432. Grabación de la audiencia

La audiencia de debate del juicio oral será grabada en su totalidad y la grabación se deberá conservar como constancia de actuaciones a disposición de las partes y autoridades competentes. Mediante la grabación se podrá verificar la exactitud de lo sucedido en la audiencia y lo establecido en la sentencia sobre lo manifestado por los testigos y peritos, y cualquier incidencia suscitada en el juicio.
CAPITULO VIII
FASE DE DESARROLLO DEL JUICIO ORAL

SECCION PRIMERA
CUESTIONES PREVIAS

Artículo 433. Apertura de la audiencia

En el día y la hora fijados, el tribunal o el juez se constituirá en el lugar señalado para la audiencia de juicio oral. El juez que lo presida verificará la presencia de los demás jueces, si el tribunal es colegiado, así como del acusado y su abogado defensor, del Ministerio Público Federal, del acusador particular o de la víctima u ofendido del delito y su asesor jurídico si estuvieren, de los testigos, peritos o intérpretes que deban tomar parte en el debate y de la existencia de las cosas o medios de prueba que deban exhibirse en él, y declarará abierto el debate.

A continuación el juez señalará las acusaciones que deberán ser objeto del juicio contenidas en el auto de apertura del juicio y advertirá al acusado sobre la importancia y el significado de lo que va a ocurrir, atento a aquello que va a oír y concederá la palabra al Ministerio Público Federal y al acusador particular, o a la víctima u ofendido y a su asesor jurídico, si los hubiera, para que expongan oralmente y en forma breve y sumaria las posiciones planteadas en la formalización de la acusación; luego, concederá la palabra al defensor, para que, si lo desea, indique sintéticamente su posición respecto de los cargos formulados y los fundamentos en que basa su defensa.

Si fueren varios los acusados, el presidente podrá alejar de la sala de audiencia, incluso por pedido de alguno de los que intervienen en la audiencia, a los acusados que no declaren en ese momento, pero después de todas las declaraciones deberá informarles sumariamente sobre lo ocurrido durante la ausencia.

Artículo 434. Trámite de cuestiones incidentales

Si existen cuestiones incidentales, inmediatamente después de la exposición de las partes podrán ser planteadas, las que serán tratadas en un solo acto, a menos que el tribunal resuelva tratarlas sucesivamente o diferir alguna para la sentencia, según convenga al orden del debate. En la discusión de las cuestiones incidentales sólo se concederá la palabra por una única vez a quien las plantee y a los demás sujetos que intervienen en el proceso, quienes podrán pronunciarse a través del abogado que los defiende o asesora.

Artículo 435. División del debate

Si la acusación tuviere por objeto varios hechos punibles atribuidos a uno o más inculpados, el tribunal podrá disponer, incluso a pedido de alguna de las partes, que los debates sean llevados a cabo separadamente, pero en forma continua. El tribunal podrá disponer en este momento y de la misma manera, cuando resulte conveniente para resolver adecuadamente sobre la pena y para una mejor defensa del acusado, dividir un debate único, para tratar primero la cuestión acerca de la participación y de la culpabilidad del acusado y, posteriormente, la cuestión relativa a la determinación de la pena o medida de seguridad que corresponda.

Cuando la pena máxima que pudiere corresponder a los hechos punibles imputados, según la calificación jurídica del auto de vinculación a proceso o del auto de apertura del juicio, supere los diez años de privación de la libertad, la solicitud de división del debate único, formulada por el acusado o su defensor, obligarán al tribunal a proceder conforme al requerimiento. En estos casos, al culminar la primera parte del debate, el tribunal decidirá acerca de la cuestión de participación y culpabilidad. Si la decisión habilita la imposición de una pena o medida de seguridad, fijará día y hora para la prosecución del debate sobre esta última cuestión y resolver sobre la reparación del daño, en los términos previstos por este Código.
Artículo 436. Orden del debate

El tribunal recibirá la prueba relevante para la imposición de una pena o medida de seguridad sólo después de haber resuelto sobre la participación y culpabilidad del acusado, y no antes. Regirán, para la primera parte del debate, todas las reglas que regulan su desarrollo y, para la decisión interlocutoria sobre la culpabilidad, las que regulan la sentencia, salvo las referidas específicamente a la determinación de la pena o medida de seguridad y a su individualización. El debate sobre la pena comenzará con la recepción de la prueba que se hubiere ofrecido para determinarla y proseguirá de allí en adelante según las normas comunes.

La sentencia se integrará, después del debate sobre la pena, con el interlocutorio sobre la participación y la culpabilidad del acusado y la decisión sobre la pena o medida de seguridad aplicable. El plazo para recurrir la sentencia comenzará a partir de este último momento. Durante el debate, el tribunal puede organizar la audiencia conforme a las reglas que anteceden, de manera informal, sin necesidad de dictar la decisión interlocutoria sobre la participación y la culpabilidad.

Artículo 437. Ampliación de la acusación o de la calificación jurídica

Durante el debate, el acusador sólo podrá ampliar la acusación, por inclusión de un nuevo hecho o circunstancia que modifica el significado jurídico o la pena del mismo hecho objeto del debate, o que integra la continuación delictiva, cuando ellos no hubieren sido mencionados en el auto de vinculación a proceso o en el auto de apertura del juicio, siempre y cuando, a criterio del juez, ello no afecta el derecho de defensa. En tal caso, con relación a los nuevos hechos o circunstancias atribuidos, el presidente del debate dará inmediatamente al inculpado oportunidad de expresarse, en la forma prevista para su declaración en la audiencia de plazo constitucional, e informará a todos los que intervienen en el juicio sobre su derecho a pedir la suspensión del debate para ofrecer nuevas pruebas o preparar su intervención. Cuando este derecho sea ejercido, el tribunal suspenderá el debate por un plazo que fijará prudencialmente, conforme a la gravedad y complejidad de los nuevos elementos y a la necesidad de la defensa. Los nuevos hechos o circunstancias sobre los cuales verse la ampliación quedarán comprendidos en la imputación y serán detallados en el acta del debate.

Cuando la ampliación de la acusación verse solamente sobre un precepto penal distinto de los invocados en el auto de vinculación a proceso, incluida su ampliación, o en el auto de apertura del juicio, el juez que preside el debate advertirá al inculpado en la forma prevista en el párrafo anterior y el tribunal, si fuere necesario, concederá a los demás sujetos que intervienen el mismo derecho allí consignado. La nueva calificación jurídica constará en el acta o registro del debate, con indicación de los preceptos penales agregados, incluso si versaren sólo sobre la determinación de la pena o de una medida de seguridad, y quedará comprendida en la imputación.

En caso de que sólo se trate de simples errores materiales o la inclusión de alguna circunstancia que no modifica esencialmente la imputación ni provoca indefensión, se podrá realizar la corrección durante la audiencia, sin que sea considerada una ampliación de la acusación.

Artículo 438. Declaración y pronunciamiento del acusado

Después de la lectura de la acusación y resueltas las cuestiones incidentales, el juez identificará al acusado y le dará la oportunidad para que se pronuncie acerca de la acusación. Asimismo, el juez le advertirá que puede abstenerse de declarar, si así lo desea, sin que esa decisión, en ningún caso, provoque algún indicio en su contra, y que el debate continuará aun si él resuelve no pronunciarse sobre la acusación. Si el acusado resuelve declarar, el juez permitirá que él manifieste libremente cuanto tenga por conveniente decir sobre la acusación, para luego permitir el interrogatorio del defensor y de los acusadores. La formulación de preguntas seguirá en ese orden, finalizando con la intervención del juez que preside la audiencia.
Los miembros del tribunal podrán formular preguntas destinadas únicamente a aclarar sus manifestaciones. Cuando en la declaración o el interrogatorio se advierta que el acusado incurre en contradicciones respecto de declaraciones o escritos anteriores, en los cuales se hubiere observado las reglas pertinentes, se podrá ordenar la lectura de esas declaraciones o escritos, siempre que quien interroga ponga de manifiesto las contradicciones claramente, al tiempo de pedir su aclaración. En el curso del debate, el defensor puede dirigir al acusado preguntas destinadas a aclarar manifestaciones, quien decidirá libremente contestarlas.

El acusado no podrá alejarse de la sala de audiencia sin permiso del juez. Si después de su declaración rehúsa permanecer en la sala, será custodiado a una sala próxima y representado para todos los efectos por su defensor. Cuando sea necesaria su presencia en la audiencia para la realización de actos particulares, será hecho comparecer.

Artículo 439. Derechos del acusado durante el debate

En el curso del debate, el acusado tendrá derecho a solicitar la palabra para efectuar todas las declaraciones que considere pertinentes, incluso si antes se hubiere abstenido de declarar, siempre que se refieran al objeto del debate. El juez que preside impedirá cualquier divagación y, si el acusado persiste en ese comportamiento, podrá ordenar que sea alejado de la audiencia. El acusado podrá, durante el transcurso del debate, hablar libremente con su defensor, sin que por ello la audiencia se suspenda; no lo podrá hacer, en cambio, durante su declaración o antes de responder a preguntas que le sean formuladas; en este momento tampoco se admitirá sugerencia alguna o ademán ilustrativo.

Artículo 440. Conclusión anticipada del juicio

En el desarrollo de la audiencia de debate y hasta antes de que éste sea declarado cerrado, el tribunal puede decretar:

I. El sobreseimiento de la causa, si se acredita la existencia de una causa extintiva de la acción penal y, por ende, no es necesaria la celebración o conclusión del juicio para comprobarla;

II. Sentencia condenatoria, si el inculpado expresa su conformidad con relación a los hechos que se le atribuyen en la acusación y a los medios de prueba que sirven para sustentar su participación y su culpabilidad, o

III. Sentencia absolutoria, cuando se evidencie de inicio que los medios de prueba de cargo no demuestran los hechos que son objeto de la acusación.

Cualquiera de estas resoluciones podrá ser objeto de impugnación por la parte interesada, en los términos de este Código.

SECCION SEGUNDA
DESAHOGO DE LOS MEDIOS DE PRUEBA DURANTE EL DEBATE

Artículo 441.Recepción de prueba

Al término de la declaración del inculpado, se recibirán las pruebas propuestas por las partes para su desahogo en el orden indicado por estas, o en el orden fijado por el tribunal si las partes lo hubieran omitido.

Artículo 442. Reglas para proceder con testigos

Antes de comenzar la declaración del testigo, éste será instruido acerca de sus obligaciones y de las responsabilidades en caso de incumplimiento, prestará protesta o promesa de decir verdad y será interrogado sobre su identidad personal, su vínculo de parentesco e interés con las partes así como sobre cualquier otra circunstancia útil para apreciar su veracidad y valorar su testimonio. Asimismo, se observarán las reglas siguientes:

I. Los testigos serán interrogados uno después del otro, en el orden establecido por la parte que los haya propuesto. Primero serán interrogados los testigos de la acusación y luego los de la defensa.
II. Toda pregunta versará sobre hechos específicos.

III. En debates prolongados, el juez que preside puede disponer que las diversas personas citadas para incorporar información comparezcan en días distintos. Si resulta conveniente, el juez podrá disponer que los testigos, así como los peritos, presencien los actos del debate o alguno de ellos.

IV. Los intérpretes que sólo cumplan la misión de trasladar al acusado aquello que se manifieste en el debate, o a la audiencia aquello que manifieste el acusado, cuando éste no domine el idioma español o fuera ciego, sordo o mudo, permanecerán a su lado durante todo el debate.

V. Las personas que sean interrogadas deberán responder de viva voz, sin consultar notas ni documentos, con excepción de los peritos y agentes de policía y del Ministerio Público Federal. Después de declarar, el juez dispondrá si ellos continúan en la antesala o pueden retirarse, consultando para ello a los demás sujetos que intervienen.

VI. El juez moderará el interrogatorio, procurando que se conduzca sin presiones indebidas y sin ofender la dignidad del testigo.

Artículo 443. Realización del interrogatorio a testigos y peritos

Realizada su identificación y otorgada la protesta de conducirse con verdad, el juez que preside el debate concederá la palabra a la parte que propuso el testigo para que lo interrogue; luego, lo hará con las otras partes, respetándose siempre el orden asignado. En su interrogatorio, las partes que hayan propuesto a un testigo o perito no podrán formular preguntas sugestivas o que insinúen el sentido de la respuesta. Durante las repreguntas, las otras partes sí podrán confrontar al perito o testigo con sus propios dichos u otras versiones de los hechos presentados en el juicio de forma sugestiva.

Los testigos y peritos deberán ser interrogados personalmente y responderán directamente a las preguntas que les formulen las partes y el juez o demás miembros del tribunal. Su declaración personal no podrá ser sustituida por la lectura de los registros en que consten anteriores declaraciones o de otros documentos que las contuvieren.

A solicitud de alguna de las partes, el juez podrá autorizar un nuevo interrogatorio de los testigos o peritos que ya hayan declarado en la audiencia, con el propósito de introducir información relevante para la decisión del caso; por lo que, éstos deberán comparecer nuevamente para que sean interrogados por aquellas. Al perito se le podrá formular preguntas con el fin de proponerle hipótesis sobre el significado de su experticia pericial, a las que el perito deberá responder ateniéndose a la ciencia, la profesión y los hechos hipotéticos propuestos. Los peritos y testigos expresarán, en lo posible, la razón de ser de sus conocimientos e informaciones, y precisarán su origen, designando con la mayor precisión posible a los terceros de quienes, eventualmente, hubieren obtenido la información.

Las partes podrán plantear el recurso de revocación en contra de las decisiones del juez que limiten el interrogatorio, u objetar la formulación de preguntas capciosas, impertinentes o sugestivas, o que violen alguna otra de las reglas anteriormente señaladas. El juez, después de escuchar a las partes, decidirá si la objeción es fundada.

Los jueces podrán preguntar y repreguntar, únicamente cuando las partes omitan hacerlo sobre elementos fundamentales relacionados con el modo, tiempo, lugar y circunstancias del hecho, importantes para aclarar la existencia de la conducta imputada al acusado, incluyendo su forma de realización dolosa o culposa, para precisar tanto la tipicidad como la antijuridicidad de la misma y los requisitos de la culpabilidad del acusado para formularle el juicio de reproche.
Artículo 444. Incorporación al juicio de elementos probatorios que dieron sustento al auto de vinculación a proceso

Las declaraciones rendidas en la investigación del delito, las entrevistas y actuaciones de la policía de investigación, los actos del Ministerio Público Federal y los datos de prueba que, en su momento, hayan servido para dar fundamento al auto de vinculación al proceso y a las medidas cautelares, sólo tendrán valor probatorio para los efectos de la sentencia si fueron admitidos en la etapa de preparación del juicio, o se trata de actos realizados conforme al procedimiento de prueba anticipada.

Cuando las partes lo soliciten y el tribunal lo estime procedente, podrán ser incorporadas al juicio oral, previa lectura o reproducción de los mismos en su parte conducente:

a) La prueba documental o los informes de testigos, peritos o inculpados;

b) Las actas sobre declaraciones de sentenciados, que hayan participado en la comisión del hecho punible objeto del debate, rendidas de conformidad con las reglas pertinentes ante el juez, sin perjuicio de que ellos declaren en el debate;

c) Los dictámenes de peritos, siempre que hayan sido cumplidos conforme a las reglas de la prueba anticipada, sin perjuicio de la facultad de las partes o del juez de exigir la declaración del perito en el debate;

d) Las declaraciones o dictámenes producidos por comisión, exhorto, o informe, cuando el acto se haya producido o hecho constar por escrito, según una autorización legal, y el informante no pueda ser hecho comparecer al debate;

e) Las declaraciones que consten por escrito de testigos o peritos que hayan fallecido, estén ausentes del país o se ignore su residencia actual, siempre que esas declaraciones hayan sido recibidas conforme a las reglas de los actos definitivos e irreproducibles;

f) Las actas o dictámenes existentes por escrito, cuando todos los que intervienen en el juicio presten conformidad al ordenarse la recepción de la prueba o lo consientan durante el debate, con la aquiescencia del tribunal.

Artículo 445. Lectura para apoyar la memoria del interrogado en la audiencia de debate

Durante el interrogatorio al acusado, al testigo, a los agentes de policía o al perito, se les podrá leer parte o partes de sus declaraciones anteriores rendidas ante el Ministerio Público Federal o el juez de control, cuando fuere necesario para ayudar a la memoria del respectivo acusado o testigo, para demostrar o superar contradicciones o para solicitar las aclaraciones pertinentes. Igualmente, y con los mismos objetivos, se podrá leer durante la declaración de un perito partes del informe que él hubiere elaborado.

Artículo 446. Imposibilidad de asistencia de testigos y peritos

Cuando algún testigo o perito no pueda concurrir a la audiencia del debate por un impedimento justificado, serán examinados en el lugar donde ellos se hallen por el juez o por medio de exhorto a otro juez, según el caso, quien elaborará el acta correspondiente. En esa diligencia podrán participar las demás partes del debate.

El tribunal podrá decidir, en razón de la distancia, que las declaraciones testimoniales o los dictámenes de peritos sean recibidos en el lugar donde resida el testigo o el perito, por un juez comisionado y de la manera antes prevista, salvo cuando quien ofreció el medio de prueba anticipe todos los gastos necesarios para la comparecencia de la persona propuesta.

Artículo 447. Documentos y otros medios de prueba

Los documentos e informes serán leídos y exhibidos en el debate, con indicación de su origen. Serán presentados y analizados en el orden fijado por las partes, salvo que se requiera su incorporación durante el interrogatorio de testigos o peritos, para su reconocimiento e informar sobre ellos. Las grabaciones y elementos de prueba audiovisuales serán reproducidos en la audiencia, según su forma de reproducción habitual. El juez, a pedido de los interesados o por provocación de su parte, podrá prescindir de la lectura íntegra de documentos o informes escritos, o de la reproducción total de una grabación, para leer o reproducir parcialmente el documento o la grabación, en la parte pertinente.

Las cosas y otros elementos de convicción asegurados serán exhibidos en el debate. Si para conocer los hechos fuere necesario o conveniente una inspección o una reconstrucción, el tribunal podrá disponerlo, a pedido de alguno de los que intervienen en el debate o de oficio, y el juez ordenará las medidas necesarias para llevar a cabo el acto. Si el acto se debe realizar fuera del lugar de la audiencia, el juez deberá informar sumariamente las diligencias realizadas, cuando se regrese a la sala del debate, salvo que haya sido acompañado por los demás que intervienen en el debate.

Cuando se garantice debidamente la identidad de los deponentes, testigos o peritos, la videoconferencia u otras formas de comunicación que se produjeren con nuevas tecnologías, pueden ser utilizadas para la recepción y transmisión de prueba y la realización de actos y diligencias procesales.

Artículo 448. Información financiera

El juez puede requerir a las autoridades financieras competentes o a cualquier institución financiera, pública o privada, que produzca información acerca de transacciones financieras que estén en su poder y que tenga que ver con el proceso que se ventila, para esclarecer la verdad de los hechos. La orden judicial de información financiera sólo procede si ha sido solicitada de manera expresa y fundada por el Procurador General de la República o por quien él designe, y que no se haya podido obtener antes de iniciado el proceso.

Las normas del secreto bancario no impedirán la atención de la orden judicial, máxime si se trata de casos de delincuencia organizada. Salvo su uso para los fines del proceso, todas las personas que tengan acceso a esta información deberán guardar absoluta reserva de su contenido. Los funcionarios públicos que violen esta disposición podrán ser destituidos de sus cargos, sin perjuicio de las responsabilidades civiles y penales que correspondan.

Artículo 449. Prohibición de incorporar antecedentes procesales

No se podrá invocar, dar lectura ni incorporar como medio de prueba al debate ningún antecedente que tenga relación con la proposición, discusión, aceptación, procedencia, rechazo o revocación de una suspensión condicional del proceso, de un acuerdo de conciliación o mediación o la tramitación de un procedimiento abreviado.

Artículo 450. Recepción de nuevas pruebas

El tribunal podrá autorizar, a pedido de alguna de las partes en el juicio, la recepción de nuevos medios de prueba, si en el curso del debate resultan indispensables o manifiestamente útiles para esclarecer la verdad, siempre que la parte que la solicita justifique no haber sabido de su existencia con anterioridad o no hubiera sido posible prever su necesidad. De la misma manera, se podrá citar nuevamente a peritos y testigos que ya hayan declarado, si sus dictámenes o informaciones resultaren insuficientes o se necesitare aclaraciones o ampliaciones de los mismos.

SECCION TERCERA
CONCLUSIONES Y DELIBERACION

Artículo 451. Alegatos finales

Una vez concluido el desahogo de las pruebas, el juez concederá sucesivamente la palabra al Ministerio Público Federal, al defensor del procesado, a éste y, en su caso, a la víctima u ofendido del delito, para que, en ese orden, expresen sus alegatos finales, los que deberán circunscribirse a los hechos que fueron objeto del debate, a su significación jurídica y a las pruebas que se produjeron en el juicio. Dichos alegatos se formularán durante el tiempo que el juez les otorgue, según la naturaleza y complejidad de los hechos en examen y las cuestiones a resolver.

Seguidamente, se les otorgará la posibilidad de replicar y duplicar en el mismo orden. La réplica deberá limitarse a refutar los argumentos expresados por la contraparte.

Acto seguido, cada una de las partes deberá emitir sus conclusiones de manera verbal antes de cerrarse el debate.

Artículo 452. Conclusiones del Ministerio Público

En primer lugar formulará sus conclusiones el Ministerio Público Federal, quien hará una breve exposición de los hechos y de las circunstancias peculiares del procesado; formulará las consideraciones jurídicas pertinentes para fundar sus pretensiones, invocando las leyes y, en su caso, los instrumentos internacionales, así como la jurisprudencia y la doctrina penal aplicables. Señalará si, en su opinión, están o no acreditados todos y cada uno de los elementos del delito, destacando los que dan contenido al hecho típico y antijurídico y los que demuestran la culpabilidad del sujeto y, por ende, indicará si se acreditan o no los presupuestos de la pena o de la medida de seguridad. Para ello, analizará al mismo tiempo si opera o no alguna de las causas de exclusión del delito, en los términos del Código Penal, debiendo relacionar cada uno de los elementos del delito o de las causas de exclusión con los medios probatorios que los acrediten.

Si las conclusiones del Ministerio Público Federal fueren de inculpabilidad, total o parcialmente con relación a los hechos establecidos en el auto de vinculación a proceso o en el auto de apertura del juicio, o ellas se apartan de las evidencias que arrojan las pruebas desahogadas, o no incluyen algún delito probado en el proceso, deberá contar con la autorización del Procurador General de la República o del servidor público en quien éste haya delegado esa facultad. En caso contrario, el juez dará vista de ellas al Procurador General de la República, para que éste las confirme, modifique o revoque, en un plazo no mayor a cuarenta y ocho horas contadas a partir del momento en que se le haya dado vista. Si transcurrido dicho plazo no se recibe respuesta del Procurador, se entenderá que las conclusiones han sido confirmadas.

En caso de que el Ministerio Público Federal omita formular conclusiones, ello implicará incumplimiento de su función, así como abandono y desistimiento de la acusación; por lo que, en estos casos el juez entenderá que las conclusiones del Ministerio Público Federal son de inculpabilidad y el procesado, si se encontrare detenido, será puesto en inmediata libertad y se sobreseerá el proceso, sin perjuicio de que el tribunal lo pueda hacer saber, por el medio más expedito, al superior jerárquico de aquél, para los efectos a que se refiere la parte respectiva del párrafo anterior.

Artículo 453. Conclusiones de la víctima o el ofendido

La víctima o el ofendido podrán también, de manera directa o a través de su asesor jurídico, formular conclusiones con relación a los hechos respecto de los cuales han intervenido como acusador particular; y si omiten hacerlo, se entenderá que desisten de la acusación, con los efectos que ello trae consigo. Si la víctima y el ofendido, o su asesor jurídico, no tuvieron intervención como acusador particular en el debate, el juzgador les preguntará, en caso de estar presentes, si tienen algo que manifestar y, en su caso, les concederá la palabra.

Artículo 454. Conclusiones de la defensa

Por último, se otorgará la palabra al procesado y a su defensor para que manifiesten lo que consideren conveniente. Conocidas las conclusiones formuladas por el Ministerio Público Federal, el procesado y su defensor podrán darles respuesta y, a su vez, formular las conclusiones que crean procedentes; si el defensor no lo hace, el juez le aplicará una corrección disciplinaria por abandono injustificado de la defensa, con independencia de tener por formuladas las de inculpabilidad.

Artículo 455. Cierre del debate

Concluida la intervención del inculpado, quien en todo caso tendrá derecho a la última palabra en la audiencia, el juez declarará cerrado el debate.

Artículo 456. Deliberación de los jueces para la sentencia

Inmediatamente después de clausurado el debate, el juez, o los jueces según el caso, pasarán a deliberar en privado sobre la culpabilidad o inocencia del procesado, lo que harán de manera continua hasta emitir la resolución correspondiente, que comunicarán a los que intervinieron en el debate en una fecha previamente fijada. Asimismo, deliberarán, en su caso, sobre la determinación e individualización de la pena o medida de seguridad a imponer.

La deliberación no podrá durar más de cuarenta y ocho horas ni suspenderse, salvo por enfermedad grave del juez, en cuyo caso la suspensión no podrá ampliarse por más de diez días, luego de los cuales se deberá reemplazar al juez si la causa de la suspensión subsiste y realizar nuevamente la audiencia de debate o de alegatos finales, si las partes así lo solicitan. Si la complejidad del asunto o lo avanzado de la hora tornan necesario diferir la redacción de la sentencia, el juez en todo caso observará el plazo del que dispone para la terminación del proceso, conforme a lo previsto en la fracción VII, apartado B, del artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que se contará a partir del auto de vinculación a proceso.

En su deliberación, el juez apreciará los medios de prueba de forma integral, según su libre convicción, extrayendo los elementos de prueba de la totalidad del debate, conforme a las reglas de la lógica, los conocimientos científicos, la sana crítica y las máximas de la experiencia. En consecuencia, en su deliberación y en la resolución que dicte, el juez deberá valorar los argumentos y los medios de prueba desahogados, con base en esas reglas del proceso penal, de manera libre y lógica. Asimismo, al fundar y motivar su decisión, el juez observará los principios de in dubio pro reo y el non bis in idem, así como aquellos otros que en este caso entran en consideración.

SECCION CUARTA
SENTENCIA

Artículo 457. Redacción de la sentencia

La sentencia será siempre redactada por el juez o, si se trata de un tribunal colegiado, se designará a alguno de sus miembros para ello. En caso de ser colegiado el tribunal, los jueces resolverán por unanimidad o por mayoría de votos, pudiendo fundar separadamente sus conclusiones o en forma conjunta si estuvieren de acuerdo. El voto disidente será redactado por su autor. La sentencia señalará el nombre de su redactor.

Artículo 458. Sentido de la resolución de los jueces

La resolución que emitan los jueces después de su deliberación consistirá en declarar al procesado, ya se trate de autor o de partícipe del hecho antijurídico, culpable o no culpable y, consecuentemente, en condenarlo o absolverlo.
Si la sentencia es de condena, ésta no podrá sobrepasar los límites de la acusación expresada tanto en el auto de vinculación a proceso como en el auto de apertura a juicio y en las conclusiones del órgano acusador, salvo que favorezcan al acusado. En la sentencia de condena, el juez podrá dar al hecho una calificación jurídica distinta de aquella indicada en el auto de vinculación al proceso o en el auto de apertura a juicio, en tanto tenga congruencia con los hechos que fueron objeto del proceso, pero no podrá aplicar penas más graves que la gravedad del injusto y el grado de culpabilidad del procesado, ni éste puede ser sentenciado en virtud de un precepto penal con un contenido más grave que el invocado en los autos de vinculación a proceso, comprendida su ampliación, o de apertura a juicio, si previamente no fue advertido de la modificación posible del significado jurídico de la imputación o de la pena y la medida de seguridad.

Artículo 459. Contenido de la sentencia

La sentencia, que será escrita, contendrá los siguientes requisitos formales y materiales:

a) La mención del tribunal, el nombre del juez o de los jueces que lo integran y la fecha en que se dicta;

b) El nombre y apellidos del sentenciado y los demás datos que sirvan para determinar su identidad, incluyendo su pertenencia a un grupo étnico indígena, si fuese el caso, y si se encuentra o no en libertad, así como el nombre y cargo de los otros sujetos que intervienen en el proceso;

c) Una relación breve clara, precisa, circunstanciada y específica de los hechos delictivos que el tribunal tiene por probados y que son conducentes a los puntos resolutivos de la misma, así como una breve y sucinta descripción del contenido de la prueba antes de proceder a su valoración;

d) La fundamentación y motivación, que expliquen las razones para calificar jurídicamente los hechos y sus circunstancias, así como para fundar el fallo, sin que se tenga que transcribir los medios de prueba;

e) La parte resolutiva, que condena o absuelve al procesado por el o los delitos que se le imputó, con mención de las disposiciones legales aplicadas;

f) El voto de los jueces, con una exposición concisa de sus respectivos fundamentos de hecho y de derecho, y

g) La firma de los jueces.

Si alguno de los miembros del tribunal, en caso de ser éste colegiado, no pudiere suscribir la sentencia por impedimento ulterior a la deliberación y votación, se hará constar esta circunstancia, con resumen de la opinión del juez impedido en caso de no coincidir con las emitidas, y la sentencia valdrá sin esa firma.

Artículo 460. Sentencia condenatoria y los presupuestos de la pena

En caso de sentencia condenatoria, los jueces describirán, fundamentarán y motivarán todos y cada uno de los puntos resolutivos que se refieran a los elementos del delito que quedaron plenamente acreditados en el proceso y que servirán de presupuestos de la pena o de la medida de seguridad. En consecuencia, en la sentencia que al efecto se dicte, se establecerá que el procesado cometió el hecho penalmente relevante que se le imputó o que participó en su comisión, que no estuvo amparado por alguna causa de justificación y que es culpable del mismo.

De acuerdo con lo previsto en el párrafo anterior, en la determinación de los elementos del delito, incluyendo la culpabilidad del procesado, el juzgador constatará si operó o no a favor del inculpado alguna de las causas de exclusión del delito a que se refiere el Código Penal Federal, según la naturaleza de ellas y las características del caso que se analiza, debiendo relacionar cada uno de los elementos del delito o presupuestos de la pena o medida de seguridad con los medios probatorios que los acrediten, en los términos del artículo 452.

Artículo 461. Determinación e individualización de la pena

La sentencia condenatoria fijará las penas o medidas de seguridad que correspondan, incluyendo la reparación del daño, así como los datos conducentes a la individualización de las mismas en los términos del Código Penal y, en su caso, las sustitutivas de la pena impuesta y las obligaciones del sentenciado con motivo de su ejecución. La sentencia que condenare a una pena privativa de la libertad, además de establecer los límites de duración de la misma, fijará el tiempo de detención o prisión preventiva que deberá servir de base para su cumplimiento. Si se condena a pagar una multa, la sentencia fijará también el plazo dentro del cual ella debe ser pagada.

La sentencia condenatoria dispondrá también sobre el destino de los objetos asegurados que hayan sido objeto de conocimiento en el proceso, así como el decomiso de los instrumentos, objetos o productos del delito o su restitución, cuando fuere procedente.

Artículo 462. Pronunciamiento sobre la reparación del daño

Tanto en el caso de absolución como en el de condena el juez deberá pronunciarse sobre la reparación del daño que se haya hecho valer en el proceso. Si de la prueba producida no se puede establecer con certeza el monto del daño causado por el delito, y tampoco pueda ser valorado prudencialmente, el juez podrá establecerlo en abstracto para que se liquide en ejecución de sentencia conforme al procedimiento especial, siempre que se haya demostrado el daño y el deber de repararlo.

Artículo 463. Reparación del daño en casos de delincuencia organizada

Cuando se trate de delitos de delincuencia organizada, la sentencia que declare la culpabilidad de los procesados también declarará obligatoriamente la reparación del daño contra la propia organización delictiva y cada uno de sus miembros. Si de las constancias de autos se determina quién es la víctima y el daño que se le causó, se establecerán los montos en la misma sentencia. Si los montos no están acreditados, para la cuantificación de los daños se seguirá el procedimiento especial para la reparación de daños.

Si la sentencia no resuelve en estos casos sobre la reparación del daño, por no poderse determinar los montos del daño que se causó, para la cuantificación de los mismos, se estará a lo previsto en el artículo 541 de este Código.

Artículo 464. Sentencia absolutoria

Para dictar una sentencia absolutoria, bastará que el juez constate, con base en los medios probatorios desahogados y las conclusiones de las partes, que no se acreditó plenamente alguno de los elementos del delito objeto del proceso. Pero, la sentencia absolutoria no excluye la obligación de reparar el daño por parte del procesado, si éste fue hecho valer en el proceso y existen pruebas de que la conducta penalmente relevante del procesado lo causó y, además, no obran datos que prueben que dicha conducta esté justificada; es decir, para que exista la obligación penal de reparar el daño se requiere al menos una conducta antijurídica de parte del procesado.

Si la sentencia es absolutoria, el juez dispondrá en forma inmediata el levantamiento de las medidas cautelares que se hubieren decretado en contra del inculpado, y ordenará que se tome nota de este levantamiento en todo índice o registro público y policial en el que figuraren. También se ordenará la cancelación de las garantías de comparecencia y de reparación del daño que se hubieren otorgado, así como, en su caso, el levantamiento del aseguramiento de bienes únicamente por lo que hace al proceso en el que se resuelve.

Artículo 465. Comunicación de la sentencia

Una vez concluida la redacción de la sentencia, el juez o los jueces se constituirán nuevamente en la sala de la audiencia, después de ser convocados verbalmente todos los que intervienen en el debate, y el documento será leído y explicado a los presentes tan sólo en la parte resolutiva respecto a la absolución o a la condena del procesado y el juez relator informará, sintéticamente, los fundamentos de hecho y de derecho que motivaron la decisión.

La lectura y explicación valdrá en todo caso como notificación a las partes, para los efectos legales que consideren procedentes; y las que lo requieran verbalmente recibirán una copia de la sentencia, para que puedan conocer íntegramente su contenido. El original del documento se protocolizará.

Si vencidos los plazos constitucionalmente previstos para concluir el proceso el juez no ha dado lectura a la sentencia, se producirá la nulidad del juicio, no pudiéndose repetir su realización.

Artículo 466. Aclaración de sentencias

Después de comunicada la sentencia, las partes podrán solicitar al tribunal por una sola vez la aclaración de la sentencia definitiva, dentro de un plazo de tres días, contados desde su notificación. La parte que pida aclaración de sentencia expresará claramente el punto respecto del cual se pide la aclaración de la misma, indicando la contradicción, ambigüedad o deficiencia que la motiven.

De la solicitud respectiva el tribunal dará vista por tres días a las partes y las citarán a una audiencia para que expongan lo que estimen procedente en torno al punto que se pretenda aclarar. El tribunal resolverá en la misma audiencia si procede la aclaración de la sentencia y, en su caso, en qué sentido. Contra esta resolución no cabe recurso alguno.

También podrá el tribunal, de oficio, aclarar su sentencia, dentro de los tres días siguientes a la fecha en que la haya dictado.

En ningún caso se alterará, a pretexto de aclaración, el fondo de la sentencia. La resolución en que se aclare una sentencia se reputará parte integrante de ella, por lo que se agregará a la misma.

La solicitud de aclaración de la sentencia interrumpe el plazo señalado para la apelación de ésta. Por lo que, en este caso el plazo para la apelación contra la sentencia empezará a correr a partir del día siguiente de la notificación que se haga sobre la resolución que aclare la sentencia o disponga que no hay lugar a la aclaración solicitada.

Artículo 467. Ejecutoriedad de las sentencias

Las sentencias de primera instancia causan ejecutoria, cuando:

I. No admiten recurso alguno;

II. Sean consentidas expresamente por las partes y por el ofendido;

III. No se interpone recurso alguno contra ellas dentro del plazo que la ley señala para tal efecto;

IV. Haya desistimiento de dicho recurso; y

V. Se declare desierto el recurso interpuesto.

También causan ejecutoria las sentencias dictadas en segunda instancia.

Las sentencias se cumplirán o ejecutarán en sus términos, en tanto han sido notificadas como la ley ordena. La autoridad encargada de la ejecución informará al juzgador que dictó la sentencia, dentro de un plazo de diez días hábiles de notificada la resolución, respecto del cumplimiento que hubiese dado a ésta.
CAPITULO IX
EJECUCION DE SENTENCIAS
DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 468. Ejecución de sentencias

No se ejecutará pena o medida de seguridad alguna, sino después de que la sentencia que la imponga haya causado ejecutoria en los términos del artículo anterior. Para ello, el juez de sentencia remitirá a la autoridad competente las constancias necesarias de la sentencia para su ejecución.

Asimismo, de toda sentencia que imponga la pena de privación o inhabilitación de derechos o funciones, se enviará copia certificada al Consejo de la Judicatura Federal, a fin de que se lleve un registro de quienes se encuentren impedidos para ejercer tales derechos o funciones, el que a su vez se comunicará a las autoridades que se estimen pertinentes.

Artículo 469. Autoridades responsables de la ejecución de sentencias

Corresponderá a la autoridad administrativa organizar el sistema de ejecución de sanciones, y los jueces de ejecución velarán porque ésta se realice en los términos de la sentencia ejecutoria y de acuerdo con lo previsto en la Ley de Ejecución de Sanciones Penales respectiva.

Los jueces de ejecución de sentencias también vigilarán que, durante la ejecución de sanciones penales, se observen los derechos y garantías que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los Tratados y Convenios Internacionales suscritos por México, las leyes penales y penitenciarias y los reglamentos respectivos le otorgan al sentenciado, y harán las observaciones que estimen pertinentes a la autoridad responsable de la administración. Asimismo, en los casos en que proceda la aplicación de ley más favorable o de cualquier otro principio o beneficio a favor del sentenciado, de oficio o a petición de parte los jueces lo harán valer.

En el ejercicio de su respectiva función, el Ministerio Público Federal también podrá vigilar y promover lo conducente, a fin de que las sentencias sean estrictamente cumplidas, haciendo para tal efecto las gestiones procedentes ante le juez de ejecución o ante la autoridad administrativa, según corresponda.

Artículo 470. Organización del sistema penitenciario

La organización del sistema penitenciario se hará en los términos de la Ley de Ejecución de Sanciones Penales, de conformidad con las bases previstas en el artículo 18 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

La ley de ejecución penal a que se refiere el párrafo anterior se ocupará tanto de la ejecución de la pena de prisión y de aquellas otras penas o medidas de seguridad que impliquen restricción de la libertad personal y de sus sustitutivos, como de las penas y medidas de seguridad no restrictivas de la libertad.

Artículo 471. Remisión a la ley de ejecución penal

Todo lo relativo a la ejecución de las penas y medidas de seguridad se sujetará a lo que determine la ley de ejecución penal respectiva; por lo que, se remite a ella.

TITULO QUINTO
MEDIOS DE IMPUGNACION

CAPITULO I
DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 472. Condiciones para impugnar

Las resoluciones judiciales son impugnables sólo por los medios y en los casos expresamente establecidos en la ley, y siempre que causen agravio al recurrente. Con la salvedad de las reglas que rigen en materia de amparo, previstas en la ley respectiva, los medios de impugnación deben ser interpuestos en las condiciones de tiempo y forma que determine este Código.
El inculpado podrá impugnar una decisión judicial aunque haya contribuido a provocar el vicio, en los casos en que se lesionen disposiciones constitucionales o legales sobre su intervención, asistencia y representación.

Artículo 473. Objeto de las impugnaciones

Las impugnaciones, según el caso, tienen por objeto examinar si en la resolución recurrida no se aplicó la ley correspondiente o se aplicó inexactamente; si se violaron los principios reguladores de la valoración de la prueba, o si se alteraron los hechos.

Artículo 474. Sujetos legitimados para impugnar

Tienen derecho a impugnar las resoluciones, salvo disposición expresa de la ley, el inculpado y su defensor, el ofendido y la víctima o su legítimo representante, y el Ministerio Público Federal.

La víctima o el ofendido sólo podrán impugnar cuando se hayan constituido en acusadores particulares o cuando sean coadyuvantes del Ministerio Público Federal y únicamente por lo que respecta a puntos relevantes para el ejercicio de sus derechos relacionados con las decisiones sobre reparación de daños y perjuicios, así como para solicitar las medidas precautorias; pero, sólo podrán recurrir las decisiones que se producen en la audiencia de juicio si participaron en ella.

El Ministerio Público Federal sólo puede presentar recurso contra aquellas decisiones que sean contrarias a los objetivos de su función como titular de la acción penal pública; pero, cuando proceda en interés de la justicia, también puede recurrir a favor del inculpado. El acusador particular puede recurrir, además, aquellas decisiones que le causen perjuicio, independientemente de que lo haga el Ministerio Público Federal. Cuando la víctima y el ofendido no se hayan constituido como parte acusadora, podrán solicitar al Ministerio Público Federal para que interponga el recurso que sea pertinente, dentro de los plazos legales; si el Ministerio Público Federal no presenta la impugnación, informará por escrito en un plazo no mayor de veinticuatro horas la razón de su proceder al solicitante.

La segunda instancia tendrá lugar sólo a solicitud de parte legítima.

Quien está legitimado para impugnar lo está también para desistirse del recurso interpuesto. En ningún caso el defensor podrá interponer un medio de impugnación o el desistimiento respectivo en contra de la voluntad del inculpado; por lo que, en caso de discrepancia entre el inculpado y su defensor, prevalecerá la decisión del primero.

Artículo 475. Adhesión

Quien tenga derecho a recurrir podrá adherirse al recurso interpuesto por cualquiera de las partes, dentro de los tres días siguientes a que se le notificó la interposición del recurso, siempre y cuando cumpla con los demás requisitos formales de interposición. Sobre la adhesión se correrá traslado a las demás partes por tres días, antes de remitir las actuaciones al tribunal revisor.

Artículo 476. Motivos y fundamentos de la impugnación

Para que un recurso se considere procedente, es necesario que al interponerse se expresen los motivos y fundamentos que lo justifican por quien recurre. Los motivos, que no podrán variarse con posterioridad, comprenden la indicación precisa de la norma violada o inobservada por la resolución, así como de los defectos que afectaron la pretensión del recurrente o el perjuicio que le causa, y la solicitud de que la resolución impugnada sea modificada o anulada. Los fundamentos que sirven de sustento a la solicitud del recurrente podrán ampliarse o modificarse en la audiencia y, en todo caso, la autoridad que conozca del recurso podrá declarar favorable la pretensión o pretensiones del recurrente, aún con distinto fundamento.
Artículo 477. Medios de impugnación

Para los efectos de este Código, los medios de impugnación admisibles, según corresponda, son los siguientes:

a) Revocación;

b) Apelación;

c) Queja;

d) Nulidad de actuaciones y reposición del procedimiento;

e) Reconocimiento de inocencia del sentenciado y anulación de sentencia, y

f) Cualquier otro previsto en la ley.

Artículo 478. Admisibilidad del medio de impugnación

Cuando el inculpado manifieste su inconformidad al notificársele una resolución, deberá entenderse interpuesto el medio de impugnación que proceda. Si interpusiera un medio de impugnación que no fuera el procedente, se tendrá por interpuesto el que la ley señale como admisible.

Artículo 479. Inadmisibilidad o improcedencia del medio de impugnación

Cuando un medio de impugnación sea declarado inadmisible o improcedente, no podrá interponerse nuevamente el mismo aunque no haya vencido el plazo establecido por la ley para hacerlo.

Artículo 480. Competencia

El tribunal que conozca de un recurso sólo podrá pronunciarse sobre las solicitudes formuladas por los recurrentes, quedando prohibido extender el efecto de su decisión a cuestiones no planteadas por ellos o más allá de los límites de lo solicitado, a menos que se trate de un acto violatorio de derechos fundamentales.

El tribunal que conozca de la impugnación recibirá, de manera verbal o por escrito según proceda, los agravios que la parte o partes impugnantes consideren que les causa la resolución recurrida, así como las pruebas procedentes que propongan, y ordenará libremente las diligencias para mejor proveer que juzgue pertinentes.

Artículo 481. Plazos para resolver los recursos

Los recursos deberán quedar resueltos en el menor tiempo posible, dentro de los plazos que este Código establece. El superior en grado del tribunal cuidará de que los recursos contra las resoluciones previas a una sentencia de primera instancia sean resueltos antes de que se dicte dicha sentencia. Para ello tomará en cuenta la comunicación que le dirija el juez de la causa.

Artículo 482. Estudio de los motivos de inconformidad

El tribunal competente deberá analizar cada uno de los motivos de inconformidad expresados por el impugnador y resolver si son o no fundados cada uno de los agravios.

Cuando el recurrente sea el inculpado o su defensor, el juzgador deberá suplir total o parcialmente la ausencia de los motivos de inconformidad o subsanar los insuficientemente formulados, sin perjuicio de las sanciones que conforme a la ley procedan contra el defensor. Si la impugnación fuere interpuesta por el Ministerio Público Federal, la víctima, el ofendido o su asesor legal, el juzgador se limitará a analizar los motivos de inconformidad expresados por el recurrente y se ajustará a los agravios formulados por él.
Artículo 483. Resolución de la impugnación

La resolución que recaiga al substanciarse el recurso, en los términos previstos en el presente Título, puede ser la confirmación, revocación, anulación o modificación de la resolución recurrida, o la reposición del procedimiento, según corresponda. Para ello, el tribunal que conozca de la impugnación examinará los motivos y fundamentos de la resolución combatida, su conformidad con la ley aplicable, la apreciación que contenga acerca de los hechos a los que se refiere y la debida observancia, en su caso, de las normas relativas a la admisión y valoración de la prueba, así como el cumplimiento de las disposiciones relativas al desarrollo del procedimiento.

Cuando el tribunal que conozca de la impugnación revoque o anule la resolución combatida, deberá dictar la resolución que haya de sustituir a aquélla. Si se confirma la resolución impugnada, no habrá lugar a nueva resolución por parte de quien dictó la primera. Cuando la resolución se modifique, la autoridad que conoce de la impugnación señalará los puntos de la resolución que deben conservarse, indicará los que no deben subsistir y establecerá los nuevos términos de los restantes, en su caso; si resuelve que se reponga el procedimiento, porque se dio una violación a las normas y principios que rigen a este, precisará la parte del procedimiento que se debe reponer.

Artículo 484. Casos en que se prohíbe la modificación

Cuando la impugnación se interponga solamente por el inculpado o su defensor, o bien por el ofendido o su asesor legal, no podrá modificarse la resolución combatida en perjuicio del inculpado o del ofendido, según corresponda.

En ambos casos, el tribunal citará a las partes a una audiencia oral para que verbalmente expresen sus agravios, pudiendo resolverse el recurso en la misma audiencia, según el caso y el tipo de recurso de que se trate.

Artículo 485. Efectos de la admisión de la impugnación

La interposición de los medios de impugnación, según el caso, tendrá los siguientes efectos:

I. Suspensivo y devolutivo, en tanto que la resolución impugnada no se ejecuta mientras esté pendiente el fallo del recurso intentado, remitiéndose el conocimiento al superior en grado;

II. Suspensivo y retentivo, si la decisión corresponde al mismo órgano que dictó la resolución combatida, la cual no se ejecuta hasta que se resuelva el recurso;

III. Ejecutivo y devolutivo, si quien conoce es el superior en grado y la resolución impugnada se ejecuta de inmediato, sin perjuicio de la modificación que resulte al cabo del recurso interpuesto, y

IV. Extensivo, que se da cuando la impugnación se plantea en un proceso seguido contra varios inculpados; situación en la que el resultado del recurso interpuesto por uno de ellos, siendo favorable al mismo, beneficiará a los demás, a no ser que se base en motivos exclusivamente personales de quien combate la resolución. En este caso, resolverá quien conozca del medio de impugnación.

Las sentencias condenatorias son apelables en los efectos suspensivo y devolutivo. Las demás resoluciones lo son en efectos ejecutivo y devolutivo.

CAPITULO II
MEDIOS DE IMPUGNACION EN PARTICULAR

SECCION PRIMERA
REVOCACION

Artículo 486. Procedencia de la revocación

Procede el recurso de revocación en contra de resoluciones dictadas, en ambas instancias del proceso, sobre asuntos de mero trámite, a fin de que el mismo juez o tribunal que las dictó examine nuevamente la cuestión y dicte la resolución que corresponda.
Artículo 487.Trámite de la revocación

La revocación de las resoluciones pronunciadas durante audiencias orales deberá promoverse tan pronto se dictaren, o en el acto de su notificación. Se tramitará de manera verbal, escuchando a las demás partes, y de la misma manera se pronunciará el fallo.

La revocación de las resoluciones dictadas fuera de audiencia deberá interponerse por escrito, dentro de los tres días siguientes a la notificación de la resolución impugnada, en el que se deberán expresar los motivos por los cuales se solicita la revocación. El juez o tribunal se pronunciará de plano, pero podrá oír a las demás partes, si se hubiere deducido en un asunto cuya complejidad así lo ameritare.

Artículo 488. Resolución

Si el juez o tribunal estiman fundada la impugnación, sustituirán la resolución impugnada, total o parcialmente, por la que sea procedente. En caso contrario, la confirmarán.

SECCION SEGUNDA
APELACION

Artículo 489. Objetivo de la apelación

El recurso de apelación que las partes pueden interponer tiene por objeto examinar si en la resolución recurrida no se aplicó la ley correspondiente o se aplicó de manera inexacta, si se violaron los principios reguladores de la producción o valoración de la prueba, si se alteraron los hechos o no se fundó o motivó correctamente.

Artículo 490. Resoluciones apelables

Procede el recurso de apelación en contra de las siguientes resoluciones, dictadas por el juez de control o por el juez de juicio:

I. Los autos que resuelvan sobre competencias y recusaciones o algún incidente no especificado;

II. Los autos que concedan o nieguen cualquier tipo de libertad;

III. Los autos que niegan la orden de aprehensión o de comparecencia, o niegan la citación para la declaración preparatoria o de plazo constitucional;

IV. Los autos que nieguen el cateo, las medidas cautelares de carácter patrimonial o el arraigo del inculpado;

V. Los autos de vinculación a proceso y los de falta de elementos para procesar;

VI. los que resuelvan promociones relativas a la existencia del hecho que la ley señala como delito y a la probabilidad de que el sujeto lo cometió o participó en su comisión, así como los referentes a las causas extintivas de la pretensión punitiva;

VII. Los autos que decreten la prisión preventiva;

VIII. La negativa de abrir el procedimiento abreviado o de acción penal privada;

IX. Las resoluciones que nieguen la posibilidad de celebrar acuerdos reparatorios o algún otro mecanismo alternativo de solución de conflictos;

X. Los autos que decreten el sobreseimiento, con excepción de los casos en que no sea apelable la resolución;

XI. Los autos que nieguen o concedan la suspensión del procedimiento judicial, y los que concedan la acumulación o separación de procesos;

XII. Los autos que desechen medios de prueba, recursos o promociones, por considerar que son frívolos o improcedentes;
XIII. Las sentencias definitivas, incluyendo las que se dictan en el procedimiento abreviado, salvo aquellas que se dicten con relación a delitos que tengan una sanción no privativa de libertad o alternativa, o que autoricen la sustitución de la privativa de libertad, si el juez impuso dicha sustitución, y

XI. Las demás resoluciones que señale la ley.

De las resoluciones señaladas, son apelables sólo por el Ministerio Público Federal los autos en que se niegue la orden de aprehensión, reaprehensión o comparecencia, así como los que nieguen la prisión preventiva, el cateo o la autorización para intervenir cualquier comunicación privada y cualquier medida precautoria solicitada por el órgano persecutorio, sin perjuicio de la apelación que pueden interponer la víctima, el ofendido o su asesor jurídico cuando la medida se relacione con los intereses patrimoniales de aquél, o cuando intervienen como acusadores personales.

Cuando el ofendido o sus derechohabientes participen en el proceso en calidad de coadyuvantes, podrán apelar contra la sentencia en el caso de que afecte su interés jurídico.

Artículo 491. Forma y plazo para la interposición de la apelación

La apelación se interpondrá por la parte que se considere agraviada por la resolución que se impugna ante el juzgador que dictó la resolución impugnada, y podrá hacerse verbalmente en la audiencia respectiva o en el acto de notificación de ella, o por escrito dentro de los cinco días siguientes si se tratare de sentencia, o dentro de los tres días siguientes si se interpusiere en contra de un auto.

Al notificar a las partes la resolución recurrible, se les hará saber el plazo que la ley concede para interponer el recurso de apelación, lo cual se asentará en el proceso. La omisión de este requisito surte el efecto de duplicar el plazo legal para interponer el recurso, independientemente de la corrección disciplinaria que se aplicará al servidor público que haya incurrido en ello, que consistirá en multa de hasta veinte veces el salario mínimo vigente en la región.

Artículo 492. Momento para la expresión de agravios

El apelante expresará sus agravios contra la resolución apelada al momento de interponer el recurso o en la vista del asunto. A su escrito acompañará copias simples para que se corra traslado a las demás partes por idéntico plazo al señalado en el artículo anterior para su contestación.

Cuando el impugnante sea el Ministerio Público Federal, el ofendido, la víctima o su legítimo representante, y no expresen sus agravios en los momentos antes señalados, de oficio se declarará desierto el recurso. En este caso, si las actuaciones o constancia de éstas se encuentran ya en el tribunal de apelación, se devolverán enseguida al juzgado de primera instancia, a no ser que exista apelación del inculpado o su defensor.

Artículo 493. Admisión o desechamiento del recurso

Interpuesto el recurso de apelación, el juzgador deberá admitirla y señalar sus efectos en que lo hace, si la resolución impugnada es apelable y el recurrente está legitimado o tiene interés jurídico para hacerlo y, además, se hace en tiempo y forma; en caso contrario, lo desechará de plano. En el primer caso, el juzgador prevendrá al inculpado que designe persona de su confianza para que lo defienda en segunda instancia, apercibido de que si no lo hace se tendrá por designado al que hubiese intervenido en la primera y, en su defecto, al de oficio que el tribunal disponga.

Contra el auto que admita la apelación no procede recurso alguno. En contra del auto que deseche la interposición del recurso de apelación procederá el recurso de denegada apelación, que implica admitir y substanciar el recurso de apelación.
Artículo 494. Remisión de las actuaciones al tribunal de apelación

Admitido el recurso de apelación, el juez remitirá al tribunal de apelación las actuaciones o constancia de éstas, según resulte adecuado, tomando en cuenta la resolución que se combate, el señalamiento, en su caso, de la existencia de otros inculpados que no hubiesen apelado y los efectos en que admite el recurso. Asimismo, remitirá los documentos o informes que estime procedentes para los fines de la apelación. El envío deberá hacerse dentro de los cinco días siguientes a la admisión. La omisión de envío oportuno se sancionará con multa de hasta veinte veces el salario mínimo vigente en la región.

Si se producen adhesiones, el juez correrá traslado a las otras partes para que se conteste en el mismo plazo e inmediatamente remitirá las actuaciones al tribunal de alzada para que resuelva.

Artículo 495. Radicación del recurso

Recibidas la causa o las constancias respectivas, el magistrado de apelación dictará auto de radicación, en el que calificará la admisión y los efectos de la apelación, y notificará a las partes para que éstas, si así lo consideran, manifiesten por escrito lo que a sus intereses convenga y, en su caso, comparezcan al tribunal a presentar pruebas en un plazo de tres días.

El magistrado decidirá en definitiva, de oficio o a solicitud de cualquiera de las partes, sobre la admisión y los efectos del recurso. Si el tribunal de segunda instancia estima improcedente la admisión, así lo determinará en forma motivada y fundada y devolverá el expediente al inferior. Si el tribunal considera que se debe cambiar el efecto en que se admitió por el juzgador, así lo declarará y comunicará a éste, y continuará conociendo la substanciación del recurso. Si el tribunal de apelación contra el auto de vinculación a proceso advierte que el juez de control no tenía competencia, remitirá el expediente al juez competente, por conducto del juzgador incompetente, comunicando a éste que debe inhibirse. En todo caso se dará vista y se resolverá con audiencia de las partes.

Artículos 496. Substanciación del recurso en audiencia oral

Resuelto el punto a que se refiere el último párrafo del artículo anterior, el tribunal citará a las partes para la audiencia de vista oral, en la que el recurrente podrá exponer oralmente sus argumentos, y abrirá un plazo de cinco días para el ofrecimiento de pruebas que se desahogarán en aquélla. Son admisibles todas las pruebas que no se hubiesen rendido en primera instancia, si quien las ofrece acredita, a satisfacción del tribunal, que no tuvo conocimiento o acceso a ellas. La documental pública es admisible en todo momento, hasta antes de que se dicte sentencia, sin perjuicio de acreditar su autenticidad en forma especial, cuando fuese cuestionada.

En la audiencia oral se hará una relación del asunto y se dará lectura a las constancias que las partes y el tribunal señalen, y a continuación se calificarán las pruebas ofrecidas por las partes y se procederá, en su caso, a desahogarlas. Las partes podrán hacer uso de la palabra, sin que se admitan réplicas, siendo el inculpado el que haga uso de la palabra en último término. El tribunal dispondrá la práctica de otras diligencias probatorias que estime necesarias para mejor proveer.

Desahogadas las pruebas, el tribunal recibirá los agravios y escuchará los alegatos verbales de las partes, quienes también podrán presentarlos por escrito, en el orden que aquél determine. En la audiencia, el magistrado podrá interrogar a las partes sobre las cuestiones planteadas en el recurso o en su intervención. Una vez concluido el debate y declarado visto el asunto, dictará los puntos resolutivos de la sentencia, que será engrosada dentro de los tres días siguientes a la conclusión de la audiencia, o se reservará para dar a conocer su fallo en los cinco días posteriores a dicha conclusión, en fecha y hora que dará a conocer previamente, salvo que se trate de apelación contra auto de vinculación a proceso o sentencia definitiva, en cuyo caso dispondrá de diez días.

Artículo 497. Sentido de la resolución

El fallo del tribunal puede ser en el sentido de confirmar, revocar o modificar la resolución apelada.

Si solamente hubiere apelado el procesado o su defensor, no se podrá aumentar la pena impuesta en la sentencia recurrida ni modificar la resolución apelada en su perjuicio. Asimismo, si la resolución apelada fuere el auto de vinculación a proceso y el apelante fuere el inculpado o su defensor, queda prohibido cambiar la clasificación del delito en perjuicio del propio inculpado.

El tribunal sólo podrá cambiar la clasificación del delito tratándose de los mismos hechos y de apelación contra una orden de aprehensión, orden de comparecencia o de citación para declaración de plazo constitucional o preparatoria.

Si quienes apelaron fueron el ofendido o la víctima, el tribunal precisará en su resolución los derechos de éstos que, en su caso, deben quedar a salvo, no obstante el sentido de la resolución combatida, y concederá a aquéllos lo que legalmente les corresponda, tomando en cuenta la naturaleza civil de la reparación de daños y perjuicios.

SECCION TERCERA
QUEJA

Artículo 498. Procedencia del recurso

El recurso de queja procede contra el juzgador de primera instancia, por no realizar un acto procesal dentro del plazo señalado por este Código, o por no cumplir las formalidades o no despachar los asuntos de acuerdo a lo establecido en este Código. La queja procede, sin perjuicio de las otras consecuencias legales que tenga la omisión del juzgador.

La queja podrá interponerse por las partes en cualquier momento a partir de que se produce la situación que la motiva, y se interpondrá por escrito ante el tribunal competente en términos de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.

Artículo 499. Tramitación y resolución del recurso

El tribunal competente, en un plazo de cuarenta y ocho horas, le dará entrada al recurso y requerirá al Juez de Distrito cuya conducta omisiva haya dado lugar al recurso, para que rinda informe sobre el punto al que se refiere la queja dentro del plazo de tres días. La falta del informe establece la presunción de ser cierta la omisión atribuida y hará incurrir al juez en multa de diez a cien veces el salario mínimo vigente en el momento y lugar en que ocurrió la omisión.

Transcurrido el plazo a que se refiere el párrafo anterior, con el informe o sin él, el tribunal dictará la resolución que proceda. Si se estima fundado el recurso, el tribunal requerirá al juez para que cumpla inmediatamente las obligaciones determinadas en la ley, apercibiéndolo de la sanción que corresponde si no cumple y comunicará su resolución al Consejo de la Judicatura Federal.

SECCION CUARTA
NULIDAD DE ACTUACIONES

Artículo 500. Tramitación y efectos del recurso

La nulidad de una actuación se reclamará por la parte interesada en el acto o dentro de los tres días siguientes de la conclusión de aquélla. Se tramitará con efectos suspensivo y retentivo, y se substanciará en la forma de incidente, por separado y del modo siguiente:

Se dará vista de la promoción a las partes, para que contesten en el acto de la notificación o a más tardar dentro de los tres días siguientes. Si el juzgador lo creyere necesario o alguna de las partes lo pidiere, se abrirá un plazo de prueba que no exceda de tres días más, después de los cuales se citará para una audiencia que se verificará dentro de los tres días siguientes. Concurran o no las partes, el juzgador fallará desde luego el incidente, declarando nula o no la actuación. Estos incidentes no suspenderán el curso del procedimiento.

Si la actuación es declarada nula, quedarán igualmente invalidados los actos que deriven directamente de ella, y se repondrá como legalmente corresponda y se realizarán de nueva cuenta todos los actos anulados.

SECCION QUINTA
REPOSICION DEL PROCEDIMIENTO

Artículo 501. Objeto del recurso

El recurso de reposición del procedimiento implica invalidar la audiencia de debate