Senado de la República.
Sesión Plenaria.
Domingo 30 de abril de 2017
    
    

Última actualización: Abril 2017
Última revisión: Abril 2017

Sesión Plenaria - Diario de los Debates
LXII
              Legislatura
1er
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DIARIO DE LOS DEBATES

DE LA CÁMARA DE SENADORES
DEL CONGRESO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS


AÑO I                       Primer Periodo Ordinario                       LXII Legislatura                       Sesión Núm. 38

Sesión Pública Ordinaria Celebrada
en la Ciudad de México, el 20 de Diciembre de 2012

SUMARIO                                              


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CAMARA DE DIPUTADOS


Remite:

- Minuta proyecto de Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

- Minuta proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 24 y 143, y se adiciona el artículo 143 Bis a la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable.

- Minuta proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversos artículos de la Ley de Aeropuertos.

- Oficios con los expedientes de los siguientes asuntos, para los efectos de lo dispuesto por el inciso d) del artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos:

• Minuta proyecto de Decreto que reforma el inciso a) de la fracción I del artículo 4 de la Ley de Asistencia Social.

• Minuta proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 31 de la Ley General de Turismo.

- Oficios con los que expresa su conformidad con los Acuerdos de la Cámara de Senadores que desechan los siguientes asuntos:

- Minuta proyecto de Decreto por el que se reforma la fracción III del artículo 112, las fracciones II y VIII del artículo 115, el artículo 307 y se adiciona una fracción IX al artículo 115 de la Ley General de Salud, remitido el 8 de marzo de 2011.

- Minuta proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Turismo, en materia de turismo de la salud, remitido el 24 de abril de 2012.
























PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA LOS ARTICULOS 6o., 73, 76, 78, 89, 105, 108, 110, 111, 116 Y 122 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.

(Dictamen de segunda lectura)

- Se le dispensa la segunda lectura y se aprueba el dictamen suscrito por las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Anticorrupción y Participación Ciudadana; de Gobernación; y de Estudios Legislativos, Primera. Para presentar el dictamen intervienen los CC. Senadores Raúl Cervantes Andrade, Pablo Escudero Morales, Raúl Gracia Guzmán y María Cristina Díaz Salazar.

Hacen el uso de la palabra los CC. Senadores Manuel Bartlett Díaz, Alejandro de Jesús Encinas Rodríguez, Laura Angélica Rojas Hernández, David Penchyna Grub, Angel Benjamín Robles Montoya, José María Martínez Martínez, Armando Ríos Piter, Javier Corral Jurado y Arturo Zamora Jiménez.

En la discusión en lo particular interviene el C. Senador Manuel Bartlett Díaz, quien presenta propuestas de modificación que no se admiten.

Se aprueba en lo general y en lo particular el proyecto de Decreto que reforma y adiciona los artículos 6o., 73, 76, 78, 89, 105, 108, 110, 111, 116 y 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se remite a la Cámara de Diputados.












PROPUESTAS

- De la C. Senadora Ana Gabriela Guevara Espinoza, a nombre del grupo parlamentario del PT, que contiene punto de Acuerdo por el que se exhorta a diversas dependencias y entidades gubernamentales respecto a la infancia migrante.

- De la C. Senadora Blanca María del Socorro Alcalá Ruiz, del grupo parlamentario del PRI, que contiene punto de Acuerdo por el que se crea la Comisión Bicamaral de Apoyo al Migrante.

- De la C. Senadora Mariana Gómez del Campo Gurza, a nombre propio y del C. Senador Pablo Escudero Morales, que contiene punto de Acuerdo por el que se exhorta a distintos organismos a informar e implementar acciones en relación a las violaciones sistemáticas a los derechos humanos en los reclusorios del Distrito Federal.

- Del C. Senador Angel Benjamín Robles Montoya, del grupo parlamentario del PRD, que contiene punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Suprema Corte de Justicia de la Nación a establecer elementos objetivos de selección para integrar quince ternas de candidatos a Magistrados de Salas Regionales del Tribunal Electoral de Poder Judicial de la Federación que serán propuestas a la Cámara de Senadores.

- De los CC. Senadores Raúl Aarón Pozos Lanz, Oscar Román Rosas González y Ninfa Salinas Sada, que contiene punto de Acuerdo por el que se exhorta al titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a no permitir a ninguna organización, ni pública ni privada, la explotación del banco de arena ubicado en la ensenada de Xpicob, en el municipio y estado de Campeche, debido al daño ecológico que ello representa para ese hábitat crítico y para el campamento tortuguero que ahí se ubica.

- De los CC. Senadores Adriana Dávila Fernández, Luisa María Calderón Hinojosa, Roberto Gil Zuarth, Javier Corral Jurado y Ernesto Ruffo Appel, del grupo parlamentario del PAN, que contiene punto de Acuerdo por el que se exhorta a diversas instancias del Poder Ejecutivo Federal, al Poder Judicial Federal, a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión y a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos para que lleven a cabo acciones de divulgación de datos de personas desaparecidas.

- De los CC. Senadores Angel Benjamín Robles Montoya y Zoé Robledo Aburto, del grupo parlamentario del PRD, que contiene punto de Acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo Federal a modificar las reglas de operación del Programa de Fomento Productivo del Café.

- De la C. Senadora Ana Gabriela Guevara Espinoza, a nombre del grupo parlamentario del PT, que contiene punto de Acuerdo por el que se exhorta al Secretario de Gobernación a informar sobre las investigaciones internas del Centro de Evaluación y Control de Confianza del Instituto Nacional de Migración, con motivo de las propias declaraciones del Secretario de Gobernación, respecto a la penetración del crimen organizado y la corrupción en el instituto, con el fin de desarrollar las acciones legislativas pertinentes para fortalecer al Instituto Nacional de Migración.

- De la C. Senadora Diva Hadamira Gastélum Bajo, del grupo parlamentario del PRI, que contiene punto de Acuerdo por el que se exhorta a los titulares de las Secretarías de Educación Pública y de Hacienda y Crédito Público a reconocer y reclasificar presupuestalmente a la Universidad de Occidente del estado Sinaloa como Universidad Pública Estatal.

- De la C. Senadora Diva Hadamira Gastélum Bajo, del grupo parlamentario del PRI, que contiene punto de Acuerdo por el que se exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal a suscribir el Convenio para la Protección de los Niños contra la Explotación y el Abuso Sexual, Convenio de Lanzarote.

- De la C. Senadora Iris Vianey Mendoza Mendoza, del grupo parlamentario del PRD, que contiene punto de Acuerdo por el que se solicita al Secretario de Comunicaciones y Transportes y al Director de la Comisión Federal de Electricidad informen sobre el avance del proceso de licitación de un par adicional de hilos de fibra obscura de la Comisión Federal de Electricidad durante el segundo semestre de 2012 y sobre el estado financiero de la empresa CFE TELECOM.

- Del C. Senador David Monreal Avila, del grupo parlamentario del PT, que contiene punto de Acuerdo sobre los sitios en nuestro país donde los migrantes, en su paso hacia los Estados Unidos, sufren de violaciones a sus derechos humanos.

- Del C. Senador José Ascención Orihuela Bárcenas, del grupo parlamentario del PRI, que contiene punto de Acuerdo por el que se exhorta a las Secretarías de Turismo y Economía del gobierno federal, así como al Fondo Nacional de Turismo, a impulsar una campaña permanente de promoción turística del estado de Michoacán de Ocampo.

- Del C. Senador Angel Benjamín Robles Montoya, del grupo parlamentario del PRD, que contiene punto de Acuerdo por el que se cita a comparecer al Secretario de Energía para dar un informe sobre las normas oficiales mexicanas en materia de seguridad industrial del sector de hidrocarburos, la supervisión de su debido cumplimento y las condiciones físicas y de seguridad de las instalaciones petroleras del país.

- De la C. Senadora Ana Gabriela Guevara Espinoza, del grupo parlamentario del PT, que contiene punto de Acuerdo para enviar un mensaje laudatorio a la Organización de las Naciones Unidas por emitir la primera resolución contra la mutilación genital femenina.

- De los CC. Senadores Itzel Sarahí Ríos de la Mora y Manuel Humberto Cota Jiménez, del grupo parlamentario del PRI, que contiene punto de Acuerdo por el que se solicita a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, al IMSS y a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social remitan el padrón de trabajadores agrícolas y/o jornaleros que cuentan con seguridad social y sin seguridad social.

- Del C. Senador Angel Benjamín Robles Montoya, del grupo parlamentario del PRD, que contiene punto de Acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo Federal a modificar las reglas de operación del programa Seguro Popular para que los jóvenes entre 18 y 25 años de edad puedan tener acceso a servicios de salud, aun cuando no estudien.

- De la C. Senadora Ana Gabriela Guevara Espinoza, del grupo parlamentario del PT, que contiene punto de Acuerdo por el que se exhorta al Instituto Nacional de Migración a atender las denuncias relacionadas con las oficinas de regularización migratoria de ese instituto en Tapachula, Chiapas.

- De la C. Senadora Mely Romero Celis, del grupo parlamentario del PRI, que contiene punto de Acuerdo por el que se solicita a la Secretaría de Gobernación información sobre los expedientes relativos al fideicomiso 2106 y 10230 que administra el Fondo de Apoyo Social para Ex Trabajadores Migratorios Mexicanos (1942-1964).

- Del C. Senador Fernando Yunes Márquez, del grupo parlamentario del PAN, que contiene punto de Acuerdo por el que se solicita al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública considerar la inclusión del municipio de Sayula de Alemán, del estado de Veracruz, en el Subsidio para la Seguridad Pública Municipal para el ejercicio fiscal de 2013.

- De la C. Senadora Luz María Beristain Navarrete, del grupo parlamentario del PRD, que contiene punto de Acuerdo por el que se exhorta al Secretario de Gobernación a integrar una mesa de diálogo en la que intervengan las personas titulares de las áreas de salud de diversos estados de la República, del gobierno federal y del Distrito Federal, para tratar el tema relativo a la problemática respecto a la titularidad del contrato colectivo del trabajo a favor del Sindicato Nacional Independiente de Trabajadores de Salud.

- De la C. Senadora Ana Gabriela Guevara Espinoza, del grupo parlamentario del PT, que contiene punto de Acuerdo para otorgar la Medalla Belisario Domínguez 2013 a los periodistas asesinados y desaparecidos durante la guerra al narcotráfico, en virtud de que la verdad se hiciera pública.

- Del C. Senador José Rosas Aispuro Torres, del grupo parlamentario del PAN, que contiene punto de Acuerdo por el que se exhorta a los congresos de los estados a legislar en materia de migración y a los ejecutivos de los 31 estados y del Distrito Federal a implementar programas de atención a las personas migrantes y crear los entes públicos para operar esos programas.

- De la C. Senadora Iris Vianey Mendoza Mendoza, del grupo parlamentario del PRD, que contiene punto de Acuerdo para exhortar a los titulares de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y del gobierno de Morelos para que se entable una mesa de diálogo y resolución con los pobladores y comuneros de Tepoztlán, inconformes con la obra del libramiento de la autopista La Pera-Oacalco.

- Del C. Senador David Monreal Avila, del grupo parlamentario del PT, que contiene punto de Acuerdo sobre los hechos ocurridos el 1 de diciembre de 2012 en la ciudad de México.

- De la C. Senadora Marcela Guerra Castillo, del grupo parlamentario del PRI, que contiene punto de Acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo Federal y al Secretario de Relaciones Exteriores a negociar con el gobierno de Estados Unidos de América una mayor asignación en el número de visas H2A para los trabajadores agrícolas mexicanos.

- De la C. Senadora Marcela Guerra Castillo, del grupo parlamentario del PRI, que contiene punto de Acuerdo por el que se exhorta a las autoridades mexicanas a proceder con todo rigor en la investigación de quienes defraudan a los solicitantes de visas de trabajo H2 expedidas por los Estados Unidos de América.

- Del C. Senador Mario Delgado Carrillo, del grupo parlamentario del PRD, que contiene punto de Acuerdo por el que el Senado de la República manifiesta su respaldo y apoyo a la propuesta encabezada por el Jefe de Gobierno del Distrito Federal para poner en marcha el programa denominado "Escudo Centro".

- Del C. Senador Angel Benjamín Robles Montoya, del grupo parlamentario del PRD, que contiene punto de Acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo Federal a remitir a esta Soberanía el memorándum de antecedentes de la Convención Iberoamericana de Derechos de los Jóvenes, adoptada por la Organización Iberoamericana de los Jóvenes el 11 de octubre de 2005.

- Del C. Senador David Monreal Avila, del grupo parlamentario del PT, que contiene punto de Acuerdo sobre los connacionales que regresan a México en las fiestas decembrinas.

- Del C. Senador Octavio Pedroza Gaitán, del grupo parlamentario del PAN, que contiene punto de Acuerdo por el que se exhorta al Congreso del Estado de San Luis Potosí a derogar la figura del arraigo del Código de Procedimientos Penales del estado de San Luis Potosí.

- Del C. Senador Raúl Morón Orozco, del grupo parlamentario del PRD, que contiene punto de Acuerdo por el que se exhorta al gobernador del estado de Michoacán en materia de la deuda pública autorizada por el congreso del estado, mediante los Decretos 18 y 22.

- Del C. Senador David Monreal Avila, del grupo parlamentario del PT, que contiene punto de Acuerdo por el que se exhorta al Poder Judicial, al Ejecutivo Federal y al Congreso de la Unión a organizar y llevar a cabo foros de debate públicos encaminados a elaborar una estrategia eficaz y eficiente para erradicar al crimen organizado.

- Del C. Senador René Juárez Cisneros, del grupo parlamentario del PRI, que contiene punto de Acuerdo para exhortar a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación a proporcionar asistencia técnica, orientación productiva y de comercialización a los productores de mango en el estado de Guerrero.

- De la C. Senadora Silvia Guadalupe Garza Galván, del grupo parlamentario del PAN, que contiene punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Junta de Gobierno y Administración del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa a realizar los estudios correspondientes y proponer la reforma del Reglamento del Tribunal, a efecto de crear una Sala Especializada en Juicios de Materia Ambiental.

- Del C. Senador David Monreal Avila, del grupo parlamentario del PT, que contiene punto de Acuerdo para erradicar el contrabando, la piratería y el mercado informal de los cigarrillos.

- De la C. Senadora María Lucero Saldaña Pérez, del grupo parlamentario del PRI, que contiene punto de Acuerdo por el que se solicita al Poder Ejecutivo Federal formular e implementar una política pública con perspectiva de género y medidas efectivas en favor de mujeres periodistas y comunicadoras en situación de riesgo, como consecuencia del ejercicio de la libertad de expresión y el periodismo.

- De la C. Senadora Mariana Gómez del Campo Gurza, a nombre propio y de las CC. Senadoras María del Pilar Ortega Martínez, Sonia Mendoza Díaz, Adriana Dávila Fernández y Laura Angélica Rojas Hernández, del grupo parlamentario del PAN, que contiene punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Gobernación, al Instituto Nacional de Migración, al Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia y a la Comisión Nacional de Derechos Humanos a implementar distintas acciones a fin de salvaguardar los derechos humanos de los migrantes.

- Del C. Senador Luis Sánchez Jiménez, del grupo parlamentario del PRD, que contiene punto de Acuerdo por el que se solicita a diversas autoridades investigar las actividades de la empresa Walmart México y Centroamérica.

- Del C. Senador David Monreal Avila, del grupo parlamentario del PT, que contiene punto de Acuerdo por el que se solicita a la Secretaría de Gobernación un informe sobre los permisos otorgados para la operación de casas de apuestas.

- Del C. Senador René Juárez Cisneros, del grupo parlamentario del PRI, que contiene punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y al gobierno del estado de Guerrero a crear un fondo donde participen empresarios y grupos financieros, con el objetivo de canalizar inversiones para las plantaciones de coco e infraestructura agroindustrial que permita fomentar el procesamiento de los diferentes productos derivados de este fruto.

- De la C. Senadora Ana Gabriela Guevara Espinoza, a nombre del grupo parlamentario del PT, que contiene punto de Acuerdo por el que se exhorta a iniciar diversas acciones a favor del migrante.

- Del C. Senador Jorge Luis Preciado Rodríguez, del grupo parlamentario del PAN, que contiene punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados para que en el proceso de análisis, discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2013, se consideren y destinen recursos para el rescate y realización del proyecto “Parque Metropolitano Arqueológico Recreativo La Campana”, ubicado en los municipios de Colima y Villa de Alvarez, en el estado de Colima.

- Del C. Senador Jorge Luis Preciado Rodríguez, del grupo parlamentario del PAN, que contiene punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados para que en el proceso de análisis, discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal del año 2013, se consideren y destinen recursos para el “Proyecto integral para reducir el impacto de la enfermedad del Dragón Amarillo”.

- De la Senadora María Elena Barrera Tapia, del grupo parlamentario del PVEM, que contiene punto de Acuerdo que exhorta a fortalecer los programas de modernización y tecnificación de unidades de riego y de conservación y rehabilitación de áreas de temporal.

- De la C. Senadora María Elena Barrera Tapia, del grupo parlamentario del PVEM, que contiene punto de Acuerdo por el que se exhorta a fortalecer los programas de recuperación de suelos degradados y de captación de agua.

- De las CC. Senadoras María del Rocío Pineda Gochi, Lisbeth Hernández Lecona, Mely Romero Celis y Angélica del Rosario Araujo Lara, del grupo parlamentario del PRI, que contiene punto de Acuerdo por el que se exhorta al Secretario de Comunicaciones y Transportes a informar sobre los criterios de asignación de los sitios de conectividad y la lista de los municipios y localidades que tendrán asignado el servicio dentro de las 4 partidas, derivado del fallo de la licitación de conectividad a internet a 10 mil sitios.

- Del C. Senador Luís Sánchez Jiménez, del grupo parlamentario del PRD, que contiene punto de Acuerdo por el que se constituye una comisión especial para investigar la actuación del Banco de México, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y la Procuraduría General de la República, respecto de hechos constitutivos de delito, lavado de dinero del crimen organizado, en el banco HSBC.

- Del C. Senador Carlos Alberto Puente Salas, del grupo parlamentario del PVEM, que contiene punto de Acuerdo por el que se solicita a la Secretaría de Gobernación, a través del Instituto Nacional de Migración, un informe sobre el programa piloto de repatriación de migrantes mexicanos procedentes de Estados Unidos al interior.

- De la C. Senadora Itzel Sarahí Ríos de la Mora, del grupo parlamentario del PRI, que contiene punto de Acuerdo sobre la problemática del uso de fuegos artificiales, la contaminación que provocan, el aumento de la tasa de accidentes producto de su quema y el empleo de las armas de fuego durante los festejos decembrinos.

- Del C. Senador Carlos Alberto Puente Salas, del grupo parlamentario del PVEM, que contiene punto de Acuerdo por el que se solicita a las autoridades de la CONAGUA y de la SEMARNAT realicen las inspecciones necesarias y rindan un informe acerca de las condiciones bajo las que operan empresas textiles en particular, sobre el manejo de sus aguas residuales y su toxicidad.

PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA EDUCATIVA


(Dictamen de primera lectura)

- Se da cuenta con el dictamen suscrito por las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Educación; y de Estudios Legislativos, Segunda.



 

PRESIDENCIA DEL C. SENADOR
JOSE ROSAS AISPURO TORRES

APERTURA

- El C. Presidente José Rosas Aispuro Torres: (11:48 horas) Solicito a la Secretaría informe a la Asamblea el resultado del cómputo de asistencia de las señoras y señores Senadores.

- La C. Secretaria Lilia Guadalupe Merodio Reza: Honorable Asamblea, conforme al registro de asistencia, se han acreditado 74 ciudadanos Senadores.

Por lo tanto, hay quórum, señor Presidente.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Se abre la sesión del jueves 20 de diciembre de 2012, correspondiente al primer periodo ordinario de sesiones del primer año de ejercicio constitucional de la LXII Legislatura.

El Orden del Día está disponible en el monitor de sus escaños, con lo cual se informa de los asuntos que corresponden a la agenda de hoy. El acta de la sesión anterior se encuentra publicada en la Gaceta del Senado de este día.

“ACTA DE LA SESION CELEBRADA EL MIERCOLES
DIECINUEVE DE DICIEMBRE DE DOS MIL DOCE

PRESIDE EL SENADOR
ERNESTO CORDERO ARROYO

 

En la ciudad de México, Distrito Federal,a las trece horas con cinco minutos del día miércoles diecinueve de diciembre de dos mil doce, encontrándose presentes ochenta y un ciudadanos Senadores, según relación anexa, la Presidencia declaró abierta la sesión.

(Lectura del Orden del Día)

La Secretaría dio por conocido el contenido del Orden del Día de la sesión de esta fecha, debido a la publicación en la Gaceta del Senado y a su difusión.

(Acta de la sesión anterior)

Se aprobó en votación económica el Acta de la Sesión del martes dieciocho de diciembre de 2012.

(Comunicaciones)

Se recibió de la Comisión de Comercio y Fomento Industrial, su Programa de Trabajo.- Quedó de enterado.

 

Se recibió de la Comisión de Derechos Humanos, su Programa de Trabajo.- Quedó de enterado.

 

Se recibió de la Comisión de Relaciones Exteriores, Organismos Internacionales, su Programa de Trabajo.- Quedó de enterado.

 

Se recibió de la Cámara de Diputados, proyecto de decreto que reforma el artículo 39 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias y de Estudios Legislativos.

(Iniciativas)

El Senador Aarón Irízar López, delGrupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el Artículo Tercero Transitorio del Decreto al artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos, Primera.

 

PRESIDE EL SENADOR
ENRIQUE BURGOS GARCÍA

(Dictámenes de Primera Lectura)

Se dio Primera Lectura a un dictamen de las Comisiones Unidas de Turismo y de Estudios Legislativos, Segunda, con proyecto de decreto por el que se adiciona un segundo párrafo al artículo 41 de la Ley General de Turismo.- Quedó de primera lectura.

 

Se dio Primera Lectura a un dictamen de las Comisiones Unidas de Educación y de Estudios Legislativos, con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 3º, 4º, 9º, 37, 65 y 66 de la Ley General de Educación y se adicionan la fracción IX bis al artículo 12 y la fracción VI bis al artículo 13, todosde la Ley General de Educación.- Quedó de primera lectura.

(Dictámenes a discusión)

Se sometió a consideración de la Asamblea un dictamen de las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos, Primera, con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Salud, en materia de salud mental.- Intervino la Senadora Maki Esther Ortiz Domínguez, Presidenta de la Comisión de Salud para presentar el dictamen. Fue aprobado por 92 votos en pro. Se remitió al Ejecutivo Federal.

 

Se sometió a consideración de la Asamblea un dictamen de las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos, con proyecto de decreto por el que se adicionan una fracción IX al artículo 6o. y una fracción VIII bis al artículo 7o. de la Ley General de Salud.- Intervino la Senadora Maki Esther Ortiz Domínguez, Presidenta de la Comisión de Salud para presentar el dictamen. Fue aprobado por 92 votos en pro. Se remitió al Ejecutivo Federal.

 

Se sometió a consideración de la Asamblea un dictamen de las Comisiones Unidas de Equidad y Género y de Estudios Legislativos, Primera, con proyecto de decreto que reforma los artículos 28y 29 de la Ley General de Acceso de las Mujeresa una Vida Libre de Violencia.- Sin discusión,fue aprobado por 85 votos en pro. Se remitió al Ejecutivo Federal.

 

Se sometió a consideración de la Asamblea un dictamen de las Comisiones Unidas de Seguridad Pública y de Estudios Legislativos, Segunda, con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo Tercero Transitorio del Decreto por el que se expide la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública.- Intervinieron los Senadores: Omar Fayad Meneses, Presidentede la Comisión de Educación para presentarel dictamen y para presentar propuestas de modificación; Fernando Yunes Márquez delPAN; Rabindranath Salazar Solorio del PRD; yMaría del Pilar Ortega Martínez del PAN. Las propuestas fueron aceptadas y se incorporaron al dictamen. El proyecto de decreto fue aprobado por 93 votos en pro, 1 en contra y 2 abstenciones. Se remitió a la Cámara de Diputados.

 

PRESIDE EL SENADOR
JOSÉ ROSAS AISPURO TORRES

(Dictamen de Primera Lectura)

Se dio Primera Lectura a un dictamen de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, de Anticorrupción y Participación Ciudadana, de Gobernación y de Estudios Legislativos, Primera, el con proyecto de decreto que reforma y adiciona los artículos 6, 73, 76, 78, 89, 105, 108, 110, 111, 116 y 122 constitucionales, en materia de transparencia.- Quedó de primera lectura.

(Dictámenes a discusión)

Se sometió a consideración de la Asamblea un dictamen de la Comisión de Derechos Humanos, con punto de acuerdo por el que se designa a la ciudadana Ninfa Delia Domínguez Leal como integrante del Consejo Consultivo de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.- Intervinieron los Senadores: Angélica de la Peña Gómez, Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, para presentar el dictamen; Pablo Escudero Morales del PVEM; y Layda Sansores San Román. Fue aprobado por 85 votos en pro y 1 en contra. La consejera rendirá su protesta en la siguiente sesión.

 

Se sometió a consideración de la Asamblea un dictamen de la Comisión de Derechos Humanos, con punto de acuerdo por el que se designa al ciudadano Sergio Jaime Rochín del Rincón, en sustitución de la Doctora Patricia Kurzcyn Villalobos y se ratifica al ciudadano Rafael Estrada Michel, como integrantes del Consejo Consultivo de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.- Intervino la Senadora Angélica de la Peña Gómez, Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, para presentar el dictamen. Fue aprobado por 99 votos en pro y 1 en contra. Los consejeros rendirán su protesta en la siguiente sesión.

 

PRESIDE EL SENADOR
LUIS SÁNCHEZ JIMÉNEZ

 

Se sometió a consideración de la Asambleaun dictamen de la Comisión de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, con punto de acuerdopor el que se declara "2013: Año de Belisario Domínguez".- Intervinieron los Senadores: Roberto Albores Gleason del PRI y Zoé Robledo Aburto del PRD. Fue aprobado en votación económica.

 

PRESIDE EL SENADOR
ENRIQUE BURGOS GARCÍA

(Dictamen de Primera Lectura)

Se dio Primera Lectura a un dictamen de lasComisiones Unidas de Fomento Económico, de Desarrollo Social y de Estudios Legislativos, Segunda, con proyecto de decreto que reforma los artículos Segundo, Tercero y Cuarto Transitoriosde la Ley de la Economía Social y Solidaria, Reglamentaria del párrafo séptimo del artículo 25 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en lo referente al sector social de la economía.- Quedó de primera lectura.

(Dictámenes a discusión)

Se sometieron a consideración de la Asamblea dos dictamen de la Comisión de Relaciones Exteriores, Organismos Internacionales, con puntos de acuerdo:

1) Por el que el Senado de la República se congratula por el sexagésimo séptimo aniversario de la admisión de México a la Organización de las Naciones Unidas, acontecido el 7 de noviembre de 2012.

2) Que exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal a remitir un informe de los avances que se tienen en los temas que conforman los Objetivos de Desarrollo del Milenio.

Fueron aprobados en votación económica.

 

Se sometió a consideración de la Asamblea un dictamen de las Comisiones de Atención a Grupos Vulnerables y Contra la Trata de Personas, con punto de acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a remitir un informe sobre los avances y resultadosen materia de refugios de mujeres en situaciónde violencia familiar, sexual o trata.- Intervino la Senadora Hilda Flores Escalera, Presidenta de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables para presentar el dictamen. Fue aprobado en votación económica.

 

PRESIDE EL SENADOR
LUIS SÁNCHEZ JIMÉNEZ

(Proposiciones)

El Senador Fernando Enrique Mayans Canabal, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó proposición con punto de acuerdo relativo a la situación del sector salud de Tabasco.- Fue considerado de urgente resolución. Intervino el Senador Adán López Hernández del PRD. Fue aprobado en votación económica.

(Proposiciones)

El Presidente de la Mesa Directiva dio turno a las siguientes proposiciones:

 

De la Senadora Lisbeth Hernández Lecona, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a la Cámara de Diputados a destinar recursos adicionales para dotar a los 33 ayuntamientos del estadode Morelos con una ambulancia debidamente equipada.- Se turnó a la Cámara de Diputados.

 

De la Senadora Silvia Guadalupe Garza Galván, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo que exhorta al titular del Gobierno del Distrito Federal a informar sobre el avance de la identificación de sitios potencialmente viables para la disposición final de residuos sólidos de la Ciudad de México ante la clausura simbólica del Relleno Sanitario Bordo Poniente.- Se turnó a la Comisión del Distrito Federal.

 

De la Senadora Silvia Guadalupe Garza Galván, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo que solicita a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales informe sobre el estado que guarda el desarrollo sostenible de las regiones montañosas en México, así como de los programas de política pública que la Administración Federal ejecuta en torno al tema y las instituciones que coadyuvan en su ejecución.- Se turnó a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

(Dictamen de Primera Lectura)

Se dio Primera Lectura a un dictamen de las Comisiones Unidas de Fomento Económico y de Estudios Legislativos, Segunda, con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 3º, 4º, 7 y 46 de la Ley de la Economía Social y Solidaria.- Quedó de primera lectura.

 

La Presidencia dio por concluida la sesión a las quince horas con cuarenta minutos y citó a la siguiente el jueves veinte de diciembre a las once horas.

 

Fin de la sesión.

LISTA DE ASISTENCIA DE LA SESION ANTERIOR



En consecuencia, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el acta.

- La C. Secretaria Merodio Reza: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el acta de la sesión anterior. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque se rechace, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobada el acta, señor Presidente.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Aprobada el acta.

Pasamos al siguiente asunto.




 

COMUNICACIONES

- La C. Secretaria Rosa Adriana Díaz Lizama: Se recibieron las siguientes comunicaciones:

Del Senador Javier Lozano Alarcón, Presidente de la Comisión de Comunicaciones y Transportes, con la que remite el programa de trabajo de la comisión.

Y de la Senadora Diva Hadamira Gastélum Bajo, con la que remite el informe de la reunión del Comité Ejecutivo de la Red de Mujeres de la Confederación Parlamentaria de las Américas, celebrada en la ciudad de México, el 30 de noviembre de 2012.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Esta Asamblea ha quedado debidamente enterada.

Pasamos al siguiente asunto.





 
CAMARA DE DIPUTADOS

Remite:

- Minuta proyecto de Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

- Minuta proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 24 y 143, y se adiciona el artículo 143 Bis a la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable.

- Minuta proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversos artículos de la Ley de Aeropuertos.

- Oficios con los expedientes de los siguientes asuntos, para los efectos de lo dispuesto por el inciso d) del artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos:

• Minuta proyecto de Decreto que reforma el inciso a) de la fracción I del artículo 4 de la Ley de Asistencia Social.

• Minuta proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 31 de la Ley General de Turismo.

- Oficios con los que expresa su conformidad con los Acuerdos de la Cámara de Senadores que desechan los siguientes asuntos:

- Minuta proyecto de Decreto por el que se reforma la fracción III del artículo 112, las fracciones II y VIII del artículo 115, el artículo 307 y se adiciona una fracción IX al artículo 115 de la Ley General de Salud, remitido el 8 de marzo de 2011.

- Minuta proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Turismo, en materia de turismo de la salud, remitido el 24 de abril de 2012.





 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETOPOR EL QUE SE ADICIONA UNA FRACCION XLII Y SE REFORMA LA FRACCION XLI AL ARTICULO 32 BIS DE LA LEY ORGANICA DE LA ADMINISTRACION PUBLICA FEDERAL

(Presentada por la C. Senadora Silvia Guadalupe Garza Galván, del grupo parlamentario del PAN)

- La C. Senadora Silvia Guadalupe Garza Galván: Muchas gracias, señor Presidente, con su permiso.

Diferentes estudios y especialistas en el tema han informado que nuestro país se ubica en una zona altamente susceptible y expuesta a sufrir diversos impactos ocasionados por el cambio climático, aunado a la situación geográfica se encuentran otros factores que incrementan la vulnerabilidad de nuestro país como: la desigualdad social, la falta de infraestructura, entre otros.

De acuerdo a la Estrategia Nacional de Cambio Climático:

La situación geográfica de México, las condiciones climáticas, orográficas e hidrológicas, entre otros factores; contribuyen a que nuestro país esté expuesto a eventos hidrometeorológicos que pueden llegar a situaciones de desastre y cuyos efectos se verán exacerbados por el cambio climático.

Los impactos adversos derivan de los huracanes, lluvias torrenciales, heladas, sequías, inundaciones, ondas de calor o de frío y oscilaciones extremas en la humedad de suelos y atmósfera.

Estos impactos frenan temporalmente, o incluso hacen retroceder, el desarrollo económico en las regiones afectadas.

El 96.98% del suelo del país es susceptible a afectaciones por al menos alguno de los procesos de degradación de suelos y las zonas áridas son altamente vulnerables a la desertificación.

Durante los últimos años se registró un incremento en la precipitación media anual en la zona noreste, un aumento en la frecuencia y la severidad de las sequías en el centro-norte del país; un aumento de depresiones tropicales en la región caribeña y del Golfo de México, así como una intensificación de la fuerza de los huracanes. La temporada de huracanes del año 2004 fue la tercera más activa desde 1950 y la temporada 2005 la más activa jamás registrada.

El cambio climático tendrá impactos adversos sobre las poblaciones y las actividades económicas. Se maneja mucha incertidumbre sobre la frecuencia, la intensidad y la distribución de los efectos.

Prácticamente no existe un solo sector de la economía, población o región de México que quede liberada de los impactos del cambio climático. Los riesgos son incrementales para la seguridad de los asentamientos humanos, la industria turística costera, la salud pública, la producción de alimentos, la disponibilidad y calidad del agua, la integridad de los ecosistemas, la infraestructura petrolera y de las generaciones y suministro de energía. Son prácticamente relevantes las afectaciones del ciclo hidrológico, ya que los cambios sobre los recursos hídricos afectarán a todos los sectores sociales y productivos. Los impactos serán entonces de carácter social, económico y ambiental y podrán adquirir dimensiones significativas al grado de frenar el desarrollo del país.

Algunos impactos previsibles del cambio climático en México, según la Estrategia Nacional del Cambio Climático, son:

Condiciones climáticas y recursos hídricos: modificación de los regímenes de precipitación, mayores frecuencias e intensidad de eventos hidrometeorológicos extremos e incremento de escurrimientos superficiales y deslizamientos en algunas regiones.

Ecosistemas, biodiversidad y sus servicios ambientales: modificación de las regiones ecológicas, migración de ecosistemas, transformación de hábitat a fases que excederán sus capacidades naturales de adaptación, extinción probable de bosques de conífera y de praderas de alta montaña y cambios importantes en al menos el 50 por ciento de los demás tipos de ecosistemas, reducción drástica de las zonas de distribución de otros bosques, de coníferas y de encinos, así como bosques mesófilos de montaña, mayor incidencia de incendios forestales, pérdida de humedales, disminución en la abundancia de la flora y fauna silvestre, invasión de especies exóticas y disminución de las capacidades de renovación de los servicios ambientales en los ecosistemas.

Zonas costeras: modificación en la distribución de especies marinas de interés comercial y la disponibilidad de recursos pesqueros por cambios de temperatura en las corrientes oceánicas, afectación de arrecifes coralinos, manglares, humedales, playas y zonas bajas por elevación del nivel del mar, región, riesgo de afectación, infraestructura costera, reducción del valor de los inmuebles e infraestructura urbana.

Degradación de tierras: incremento al deterioro, pérdida de suelos y avance de la desertificación en alrededor del 48 por ciento del territorio, incremento en la erosión hídrica y la incidencia de los declives de las zonas montañosas.

Agricultura y ganadería: disminución neta de la superficie apta para cultivar maíz de temporal y posible erosión agro-biodiversidad del maíz, reducción de los rendimientos del cultivo de maíz en algunas regiones, reducción de la superficie apta para la ganadería extensiva en el centro y norte del país, debido a mayor aridez, sequías más agudas y degradación de tierras.

Riesgo incremental de siniestros causados por eventos hidrometeorológicos extremos en zonas productivas: expansión de plagas y deterioro de los niveles de bienestar de la población rural.

Asentamientos humanos: riesgo incremental de daños a infraestructuras urbanas, a las personas y a sus bienes, magnificación de las islas de calor en las ciudades, riesgos incrementales de inundaciones y de sobrecarga en redes de alcantarillado y riesgo incremental en deslaves deslizamientos de tierra en zonas dependientes, entre otros.

Otro ejemplo claro de posibles impactos del cambio climático es el que nos presenta un estudio de la Universidad estadounidense de Princeton dirigido por Michel Oppenheimer, en el que señala que el cambio climático podrá provocar que los mexicanos emigren a Estados Unidos debido a que el aumento de las temperaturas afectará la producción agrícola. El calentamiento puede desencadenar el desplazamiento de entre 1.4 y 6.7 millones de mexicanos adultos.

Por lo anteriormente descrito, fue necesario que México creara su Ley General de Cambio Climático, por lo que en el año 2009 se inició un proceso desde el Legislativo para lograr establecer mediante esta ley la regulación y el fortalecimiento de acciones para la mitigación y adaptación.

Tras largas reuniones, discusiones, mesas de trabajo y foros con académicos, expertos, organizaciones no gubernamentales, sector privado, sociedad, gobierno y grupos parlamentarios se logró la aprobación de la Ley General de Cambio Climático publicada en el Diario Oficial de la Federación el 6 de junio de 2012 y con texto vigente a partir del 10 de octubre de 2012.

El resultado fue la integración de diversas propuestas presentadas por diferentes grupos parlamentarios sin que se perdiera el espíritu inicial de la iniciativa, el de definir políticas públicas de largo plazo para la mitigación y adaptación; cumplir con las obligaciones y compromisos internacionales del gobierno mexicano; crear instituciones tendientes a trabajar en medida de mitigación y adaptación para atender el fenómeno y sus consecuencias y establecer las bases de coordinación entre la Federación, las entidades federativas, los municipios y la sociedad en general.

En el tintero se quedaron las ideas de armonizar un buen número de leyes federales con el objeto de hacer cumplir los preceptos contenidos en la ley, por lo que, con el ánimo de iniciar este largo camino de adecuaciones y modificaciones, para que la problemática del cambio climático permee y sea parte de la cotidiana observancia en el desarrollo de los programas del gobierno federal, es que someto a la consideración de esta Soberanía la presente iniciativa con el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO

Se adiciona una fracción XLII y se reforma la fracción XLI al artículo 32 bis de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal para quedar como sigue:

Artículo 32 bis.- A la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, corresponde el despacho de los siguientes asuntos:

XLI. Elaborar y aplicar en coordinación con las Secretarías de Gobernación, de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación, Comunicaciones y Transportes, Desarrollo Social, Educación Pública, Energía, Hacienda y Crédito Público y Salud, las políticas públicas encaminadas al cumplimiento de las acciones de mitigación y adaptación que señala la Ley General del Cambio Climático.

XLII. Las demás que le atribuyan expresamente las leyes y reglamentos.

Transitorios

Unico.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Es cuanto, señor Presidente.

Iniciativa



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PRESIDENCIA DEL C. SENADOR
LUIS SANCHEZ JIMENEZ

- El C. Presidente Luis Sánchez Jiménez: Muchas gracias, Senadora Garza Galván. Túrnese a las Comisiones Unidas de Gobernación; y de Estudios Legislativos, Primera.

Compañeras Senadoras y Senadores, vamos ahora a desahogar un punto que se quedó ayer pendiente.

Tiene el uso de la palabra la Senadora Layda Sansores San Román, para presentar un punto de Acuerdo por el que se exhorta a los titulares de la Procuraduría General de la República y de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, a investigar y sancionar a los responsables de los hechos de violencia del pasado 1° de diciembre del año en curso.

- La C. Senadora Layda Sansores San Román: Señor Presidente, le pediría que fueran dos puntos de Acuerdo, si me da unos minutitos más nada más y de una vez desahogamos los dos puntos, porque están muy relacionados, porque el otro es sobre el artículo 362 que está relacionado con esto.

- El C. Presidente Sánchez Jiménez: Dentro de su tiempo, con todo gusto, Senadora Sansores San Román.




 

PROPUESTAS

- La C. Senadora Layda Sansores San Román: Pareciera que no tiene actualidad, pero sigue vigente, dado que están detenidos todavía 14 jóvenes, 13 muchachos y una chica que son inocentes.

Nosotros condenamos enérgicamente los hechos de vandalismo y de violencia que sucedieron el 1° de diciembre, creemos que México no lo merece.

Y el señor Mondragón en ese momento dijo una expresión, que era un atentado dirigido, y coincidimos con él que fue un atentado y que fue dirigido, pero no fue dirigido desde las aulas, esto fue dirigido desde las cavernas de las más altas esferas del poder.

Y este tipo de atentados, nos queda claro, implica una logística de punto fino, planeación, mucho dinero, tuvo métrica, tuvo tiempos y tuvo una enorme dosis de ruindad. Fue una jugada de triple play.

Tenía tres objetivos muy claros.

Uno, provocar al gobierno de Marcelo Ebrard y querer manchar a unos días de concluir su mandato un prestigio bien ganado.

Y terminaron por convertirlo en la mano represora del criminal que oculta la cara. Fue una mega trampa y parece ser que cayeron en ella.

Segundo, confrontar a la izquierda e intentar desprestigiarla en un principio que si esto había sido maquinado por el licenciado Andrés Manuel López Obrador, nada más lejos y creo que se han ido dilucidando los hechos.

Y otro objetivo, sin duda, era criminalizar la protesta e inhibir un movimiento legítimo de jóvenes, el Movimiento YoSoy132, que además para mí es la alborada en este país.

Y también, claro, poner una mordaza a los grupos de indignados que son miles y que cada día crece.

Y claro, en el fondo de la olla ya vemos hacia dónde tiran, a recuperar el Distrito Federal.

Estas incongruencias, mientras en el alcázar con la pluma se firma pacto de unidad con las dirigencias partidistas para aprobar aquí a vapor todas las iniciativas de ley; por el otro, con la macana se divide y se polariza a la sociedad.

En este punto de Acuerdo nosotros estamos exigiendo la liberación inmediata de todos los detenidos por estos hechos, porque a los vándalos la policía les hizo valla y después se dedicaron a cazar a inocentes.

Hay hechos inexplicables, y ustedes hagan un recuento, la PGR tenía bajo su responsabilidad el recinto de San Lázaro; cuando estábamos ahí en la toma de protesta se escuchaba toda esta inquietud, y que las bombas molotov, hablaban los periodistas, y palos y piedras, y como cosa de magia, cuando llegó Peña para ir a recoger la banda que había comprado, resulta que se esfumaron como por arte de magia, como decía un diario, todos los vándalos.

Y, ¿saben cuántos detenidos hubieron en San Lázaro? Ninguno.

La PGR se lavó las manitas, y a pesar de que salió hasta en un noticiero en la noche, en el momento en que detienen a 3, yo fui a la PGR, ninguno.

El señor Mondragón cuando declaró que era un atentado dirigido, tiene una obligación, él no es un ciudadano para que venga a quejarse como cualquier de los que están en la calle, ni siquiera, tal vez hasta nosotros podemos hacerlo. El tiene la obligación de investigar quién patrocinó, quién organizó, quién urdió en la penumbra esta trama perversa.

Y queremos que el señor Mondragón nos rinda cuentas, porque se tiene que investigar y castigar a los autores de este atentado, a los que les pagaron a esos vándalos, a los paramilitares o llamémosles civiles con cadenas; quiénes si no halcones con pantalón crema, ahí tenemos las fotos, ahí afuera, para que ustedes los distingan perfectamente, pantalón crema, camisa negra, guante negro, esto nos recuerda el 68, y cadenas que colgaban unos en el pecho, otros en el cuello, otros las traían en las manos.

Que se castigue también a los MP, que para variar, no castigan e inventan. Es claro que 8 de cada 10 casos no fueron sustentados.

Se pretende castigar excesos de jóvenes, pero qué con los excesos en el uso de la fuerza, en el hurto del dinero, cámaras, etcétera, de policías que violaron derechos humanos; y qué con los mandos policiacos que fueron incapaces de frenar el vandalismo, sí les hicieron valla y trataron de justificarse deteniendo inocentes.

Esos que ordenaron el uso de balas de goma, porque ahí en San Lázaro fue donde se dieron los hechos más sangrientos, el joven que perdió el ojo, Uriel, y Cuy que todavía permanece, no murió, pero ahí verán la foto todavía en estado de coma inducido, lo están tratando de despertar muy lentamente.

Nosotros estamos pidiendo en este punto de Acuerdo que se paguen los daños, los daños morales y materiales, está la familia, ¿cómo compran medicamentos?, boteando, pidiendo limosna, no se vale, el gobierno debería de hacerse cargo, lleva muchos días ya en la Cruz Roja.

Y creo que, pues si le tiembla la mano a Mancera para desistirse, que exhiba los videos, supuestamente está la constancia en el momento en que ellos cometieron los actos de vandalismo, no tienen ninguno, y gastaron 10 mil millones de pesos en cámaras; entonces, creemos que tenemos derecho a exigir.

Propuesta

PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA A LOS TITULARES DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA Y DE LA PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL A INVESTIGAR Y SANCIONAR A LOS RESPONSABLES DE LOS HECHOS DE VIOLENCIA DEL PASADO 1° DE DICIEMBRE DEL AÑO EN CURSO

“La que suscribe, Senadora Layda Sansores San Román, integrante del Partido Movimiento Ciudadano a la LXII legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento a lo dispuesto por los artículos 108 y 276 del Reglamento del Senado, someto a consideración del Pleno de esta soberanía la propuesta con puntos de Acuerdo, de urgente resolución, con base en las siguientes:

CONSIDERACIONES

El pasado 1º de diciembre se originaron hechos de violencia en diferentes puntos del Distrito Federal, y en diferentes puntos del País, ya por todos conocidos.

Es hecho notorio, que miembros de las fuerzas policiacas, algunos de ellos vestidos de civil, llevaron a cabo detenciones arbitrarias, sometimiento extremo en contra de la sociedad civil, utilización abusiva de la fuerza con dolo, teniendo como resultado detenciones de inocentes que de ninguna manera tenían que ver con los hechos, heridos graves algunos que tendrán lesiones permanentes, y otros casos en lo que pusieron en riesgo su vida. Tal es el caso de los innumerables ciudadanos que fueron “levantados” sin haber participado en ningún hecho de violencia, como consta en pruebas en numerosos videos que está conociendo la opinión pública. Como ejemplo, podemos mencionar uno donde se muestra a una persona de la tercera edad brutalmente golpeada por darles libros.

A esto hay que agregarle que la figura legal bajo la cual se pretende encuadrar los eventos del día 1 del mes y año en curso, se basa en el artículo 352 del Código Penal del Distrito Federal que resumen todo el accionar de los manifestantes bajo el tipo penal denominado de Alteración de la Paz Pública, que constituye un instrumento político tendiente a la criminalización de cualquier opositor u opositores políticos.

Es clara la violación de las fuerzas de seguridad del Estado, a los protocolos de acción y reacción ante hechos referidos, pues hubo un uso desproporcional y abusivo de la fuerza, ahora bien, en la incipiente democracia de nuestro País, sí se quiere terminar con la impunidad, lo que corresponde es que los responsables de éstos excesos de violencia desde la fuerza de seguridad, ya sean directos o sus altos mandos, reciban las sanciones que corresponden por las violaciones de los derechos humanos durante los hechos.

De igual manera, se violó el Estado de Derecho por parte de las autoridades al omitir cumplir con los principio pro hombre, que claramente se obliga al Estado a “prevenir, investigar y sancionar”. En los hechos concretos hubo infiltrados que actuaron bajo la complicidad policial, como queda demostrado en videos que son de público conocimiento. Se pretende además condenar a personas concretas sobre las cuales existen pruebas de que no estuvieron en los lugares donde la autoridad policiaca refiere que fueron detenidos en flagrancia. Hay publicaciones de prensa que refieren declaraciones que mencionan que algunos de los activistas cobraron $300,00 (trescientos pesos 00/100 m.n.) por participar en los desmanes, tales declaraciones requieren ser investigadas pues se incito a la violencia de manera irresponsable, es decir los autores intelectuales.

A lo anterior hay que sumar la campaña de linchamiento mediático en contra de los jóvenes, tendiente a inhibir cualquier protesta social a lo largo del sexenio que comienza. Dicho linchamiento puede contribuir a justificar condenas desmesuradas por hechos y daños determinados.

Ante la presencia de una acción deliberada, concertada y organizada que provoco caos, miedo y confusión, someto a consideración de esta soberanía los siguientes puntos de acuerdo:

PRIMERO. Condenamos y repudiamos, de forma enérgica, toda forma de violencia.

SEGUNDO. Exhortamos se investiguen, esclarezcan y castiguen a los autores intelectuales de la violencia.

TERCERO.- Exhortamos se INVESTIGUE Y SANCIONE a los mandos policiacos federales y locales, por el uso excesivo y abusivo de la fuerza,

CUARTO.- Exhortamos se INVESTIGUE Y SANCIONE la participación de infiltrados que actuaron bajo la complicidad de los mandos policiacos por el uso excesivo de la fuerza pública.

QUINTO. Exigimos se garantice el debido acceso a la justicia y al debido proceso de todas las personas detenidas el primero de diciembre por los hechos referidos, entre los que se encuentran 69 personas consignadas, 58 varones enviados al Reclusorio Norte y las 11 mujeres que fueron remitidas al Reclusorio de Santa Martha Acatitla por parte de las autoridades de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, pues hasta el momento se ha venido violando.

SEXTO.- Exhortamos al Procurador General de la República y al Procurador General de Justicia del Distrito Federal, para que sean enviados a ésta Soberanía, en forma inmediata, los videos correspondientes a los hechos violentos ocurridos el día primero de diciembre en el Distrito Federal.

SEPTIMO. Exhortamos se garantice la reparación del daño de las víctimas y de los lesionados.

México, Distrito Federal, a 6 de diciembre de 2012.

Sen. Layda Sansores San Román”.

Nosotros estamos pidiendo también en este otro punto de Acuerdo que se derogue, y éste es el exhorto a la Asamblea Legislativa, y quisiera que lo sometiera a urgente y obvia resolución si es posible, para que de inmediato se hiciera este exhorto a la Asamblea Legislativa a fin de que el artículo 362, que es una aberración y es anticonstitucional, sea derogado.

Se está castigando un delito que puede, no está exento un joven que es contagiado por el enojo de los que pagaron, es posible que haya arrojado hasta una piedra, que se castigue como daño a propiedad, pero no como un acto de terrorismo. Es más, se castiga con menor pena si tratas de derrocar al gobierno, que si tú rompes un vidrio, porque no se hace la imputación en forma individual, sino en forma general.

Este artículo debe ser derogado de inmediato, y creo que es de 1931, pero equivale a lo que era disolución social y esto sería criminalizar la protesta y la inconformidad.

Mancera inicia un gobierno, la ciudadanía espera muestre credenciales, llega con una votación histórica, acreditado como respetuoso de los derechos humanos y no sea que quiera cambiar de caballo a medio río.

Liberó a 56, más tiene presos a 13 y a Rita. No se puede judicializar lo que es político.

Mi mensaje al presidente del tribunal, personalmente atendió durante horas a legisladores, padres y abogados de los detenidos, se lo reconocemos y apreciamos el interés, y ojalá que se haga justicia.

Y a Peña, tan modosito en este tema, pues si habla de pacto tendrá que sustituir la represión por el diálogo y la fuerza por la política.

Y ya nada más para terminar, decirles que por nuestra parte nuestra protesta ha sido y será pacífica siempre. Quienes militamos en el Movimiento Ciudadano y tenemos a López Obrador como líder, tenemos muy claro que las espirales de la violencia, se sabe dónde empieza, pero no dónde termina.

¡Libertad para los detenidos!

Gracias.

Propuesta

PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA A LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL A ANALIZAR Y DEROGAR EL DELITO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 362 DEL CODIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL

“C. PRESIDENTE DE LA CAMARA DE SENADORES
DEL H. CONGRESO DE LA UNION
PRESENTE.

La suscrita, LAYDA SANSORES, Senadora de la República a la LXII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8 fracción II y 276 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración del Pleno de esta Soberanía la siguiente PROPOSICION CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL A ANALIZAR Y DEROGAR EL DELITO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 362 DEL CODIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

En diferentes eventos se han venido aplicando en claro perjuicio a los derechos políticos y humanos de los ciudadanos del Distrito Federal que hacen valer su derecho a la libre manifestación, el delito contenido en el artículo 362 del Código Penal del Distrito Federal, cuya competencia corresponde al Distrito Federal, denominado, “ATAQUES A LA PAZ PUBLICA, tal es el caso de los grupos identificados como “reggetoneros” o “skates”. Incluso, ya desde hace varios meses, Integrantes de Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) coinciden en señalar la política de criminalización institucional hacia las poblaciones juveniles que los asimila a “terroristas”. (marzo de 2012, Conferencia de prensa sobre “El uso desproporcionado del sistema penal contra las y los jóvenes”).

Lo anterior, en clara violación al artículo 1 y 9, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues lejos de proteger a la Ciudadanía de los “DELITOS CONTRA LA SEGURIDAD DE LAS INSTITUCIONES DEL DISTRITO FEDERAL”, lo que en realidad constituye es un instrumento político tendiente a la criminalización de cualquier opositor u opositores políticos, restringiendo, inhibiendo, el derecho de cualquier ciudadano para manifestarse y reunirse, prerrogativa que se encuentra debidamente garantizada universalmente.

En legislación del Distrito Federal, el tipo penal de Ataques a la Paz Pública se define:

ARTICULO 362. Se le impondrán de cinco a treinta años de prisión y suspensión de derechos políticos hasta por diez años, al que mediante la utilización de sustancias tóxicas, por incendio, inundación o violencia extrema, realice actos en contra de las personas, las cosas o servicios públicos, que perturben la paz pública o menoscaben la autoridad del Gobierno del Distrito Federal, o presionen a la autoridad para que tome una determinación.

Dicha acepción, coincide con la definición de tipo penal de Terrorismo contenida en el artículo 139 del Código Penal Federal.

Artículo 139.- Se impondrá pena de prisión de seis a cuarenta años y hasta mil doscientos días multa, sin perjuicio de las penas que correspondan por los delitos que resulten, al que utilizando sustancias tóxicas, armas químicas, biológicas o similares, material radioactivo o instrumentos que emitan radiaciones, explosivos o armas de fuego, o por incendio, inundación o por cualquier otro medio violento, realice actos en contra de las personas, las cosas o servicios públicos, que produzcan alarma, temor o terror en la población o en un grupo o sector de ella, para atentar contra la seguridad nacional o presionar a la autoridad para que tome una determinación.

Los elementos importantes que se deben resaltar de ambas definiciones, es que desde la perspectiva del derecho internacional, para considerar un acto como terrorista es fundamental atender el contexto y el propósito con el que se cometen esos actos, ya que son los elementos que permiten distinguir este delito de otros como pueden ser: daño en propiedad ajena, lesiones, robo, etcétera.

Del análisis del delito de “ataques a la paz pública”, resulta claro que utiliza “conceptos difusos”, en contra de lo que preceptúan los sistemas penales modernos, esto es, términos rígidos que no permitan mayor interpretación.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha referido que:

“...la elaboración de los tipos penales es preciso utilizar términos estrictos y unívocos, que acoten claramente las conductas punibles, dando pleno sentido al principio de legalidad penal...” (Caso Castillo Petruzzi vs. Perú, párr. 120).

Lo anterior implica, que el delito debe tener clara definición de la conducta incriminada, que fije sus elementos y permita deslindarla de conductas ilícitas sancionables con otras medidas; ya que la ambigüedad en la formulación de los tipos penales genera dudas y abre el campo al arbitrio de la autoridad, particularmente indeseable cuando se trata de establecer la responsabilidad penal de los individuos y sancionarla con penas que afectan severamente bienes fundamentales, como la libertad.

Por los videos, testimonios y fotografías de los hechos del 1 de diciembre hemos podido constatar que muchas de las 70 personas consignadas, fueron detenidas arbitrariamente, la mayoría estaba en un manifestación y ejerciendo su derecho a la libertad de manifestación y expresión. En este contexto el acusar de “ataques a la paz pública” -es decir, de terrorismo-, a las personas detenidas criminaliza la protesta social; y envía un mensaje negativo a la población.

El Estado en la aplicación del derecho penal no puede menoscabar la protección a los derechos humanos, en especial los derechos civiles y políticos recogidos en los instrumentos internacionales y en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

El poder público, no puede arremeter contra las personas, específicamente contra las inconformes, diferentes o disidentes, pretendiendo “uniformar” a la sociedad bajo un pensamiento único; porque cuando el derecho penal es utilizado para “castigar” de manera desproporcionada estas situaciones, estamos frente a un terrorismo de Estado.

Estamos en contra de la impunidad en todas su formas y queremos decirlo claramente y que quede así sentado, pero también de los castigos desproporcionados e injustos que en determinados casos pueden arruinarle la vida a una o a muchas personas.

El Artículo 362 del Código Penal del Distrito del Gobierno Federal no contribuye a encuadrar una conducta en una figura delictiva determinada, a la que le corresponda un pena concreta, sino que es de carácter subjetivo y que es posible de ser aplicado de manera tan arbitraria como a la autoridad política pudiera convenirle o antojársele.

Por lo anterior, se exhorta a la Asamblea de Representantes del Distrito Federal, para que en el ámbito de sus facultades se derogue del Código Penal para el Distrito Federal, el delito denominado “Ataques a la Paz Pública” del Título Vigésimo Séptico, Capítulo II, lo anterior, no significa que sea una carta abierta la impunidad, pues quien cometa algún ilícito tendrá que ser acusado, pero por un delito común y no utilizando un delito de carácter político, como es el de "ataques a la paz social".

Por lo anterior,

UNICO.- El Senado de la República, exhorta a la Asamblea de Representantes del Distrito Federal, para que en el ámbito de sus facultades se analice y derogue del Código Penal para el Distrito Federal, el delito denominado “Ataques a la Paz Pública” el Título Vigésimo Séptico, Capítulo II, por ser contraria a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se sugiere la revisión completa de dicho capitulo para contemplar su derogación.

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión, a 11 de diciembre de 2012.

Sen. Layda Sansores.- Sen. Alejandro Encinas Rodríguez.- Sen. Dolores Padierna Luna”.

- El C. Presidente Sánchez Jiménez: Se toma nota de los Senadores que se quieran adherir a las propuestas.

Para conocimiento de la Asamblea, la Senadora ha presentado dos puntos de Acuerdo en este momento, y ha solicitado se considere como urgente resolución, con fundamento en los artículos 109 y 110 del Reglamento. Consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si los anteriores asuntos se consideran de urgente resolución.

- La C. Secretaria Martha Palafox Gutiérrez: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si los anteriores asuntos se consideran de urgente resolución y se ponen a discusión de inmediato. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

No se consideran de urgente resolución, señor Presidente.

- El C. Presidente Sánchez Jiménez: Ambos puntos de Acuerdo se turnan a la Comisión del Distrito Federal.

Continuando con el apartado de iniciativas, tiene el uso de la tribuna la Senadora Mariana Gómez del Campo Gurza, del grupo parlamentario del PAN, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 81 constitucional.





 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETOPOR EL QUE SE REFORMA EL ARTICULO 81 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

(Presentada por la C. Senadora Mariana Gómez del Campo Gurza, del grupo parlamentario del PAN)

- La C. Senadora Mariana Gómez del Campo Gurza: Con su venia, señor Presidente.

Primero, quiero recordar que el ex Presidente de la República, Felipe Calderón, durante el mes de diciembre del año 2009 envió al Congreso de la Unión una propuesta de reforma política, en la que entre otros aspectos incluyó la propuesta de una segunda vuelta electoral para definir al Presidente de los Estados Unidos Mexicanos.

Por desgracia, esta propuesta terminó siendo excluida de la discusión general.

Lo que ocurrió meses después confirmó la necesidad de transformar y mejorar las reglas electorales para fortalecer nuestra democracia.

Volvimos a sufrir comicios plagados de críticas y de señalamientos que minan la legitimidad del ganador de la elección.

Lo más importante es que este daño a la legitimidad no sólo proviene del plano o de la opinión pública, sino que en gran medida está fomentado por el arreglo institucional.

Hoy en México, la Presidencia la gana quien tenga más votos, pero eso no quiere decir que necesariamente cuente con el respaldo de la mayoría de la población.

Esta situación se agrava cuando la diferencia porcentual entre el primero y el segundo lugar en las elecciones es cada vez más estrecha.

En 1976, esa diferencia rondaba el 87 por ciento; en 1988, el margen con el que ganó el ex Presidente Salinas, fue de 19.56 por ciento; en el 2006 tuvimos la contienda más competitiva de nuestra historia, donde la diferencia entre el primero y segundo lugar fue de apenas del 0.56 por ciento.

Y en 2012, vimos que la diferencia, que muchas casas encuestadoras señalaban que resultaría superior al 10 ó 15 por ciento, resultó en los hechos de 6.62 por ciento.

Es una realidad que en este proceso de consolidación democrática hemos construido instituciones sólidas y confiables como el Instituto Federal Electoral y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

Ahora más que nunca cada voto cuenta y se respeta, el problema que enfrentamos es, ¿cómo lograr que el gobierno tenga el respaldo de la población?, ¿cómo lograr que el Presidente cuente con la legitimidad que requiere su envestidura?, ¿cómo romper con esa dinámica poco deseable que hoy hace que el Presidente tenga el respaldo sólo de un tercio del electorado y sea una enorme mayoría la que no lo tuvo como la primera opción?

Fue en 1988 la última ocasión en que un Presidente contó con el respaldo del 50 por ciento del electorado. Desde entonces a la fecha ese porcentaje se redujo al 38 por ciento.

Estoy convencida de que es hora de hacer de nuestra democracia una democracia madura, una democracia moderna donde no volvamos al presidencialismo autoritario, sino que construyamos ya un presidencialismo de consenso.

La segunda vuelta electoral tiene múltiples ventajas, es considerada por los expertos en ingeniería institucional, como el politólogo Giovani Sartori, como el mejor sistema electoral.

Algunas de esas ventajas es, primero, la segunda vuelta garantiza que quién resulte electo no sea un perdedor, término que la ciencia política designa a la alternativa que perdería frente a todas las demás en competencias binarias, es decir, a la menos preferida en un enfrentamiento uno a uno, pero que, en cambio, en una elección múltiple puede resultar vencedora.

Segundo. La segunda vuelta permite que los electores revelen no sólo sus primeras preferencias, sino también sus segundas preferencias, y puedan votar por ambas en primera vuelta y en segunda vuelta, respectivamente, sin tener que descartar ninguna. Es decir, en primera vuelta el elector votará por su opción más deseada y en segunda vuelta podrá volverlo a hacer u optar por su segunda preferencia. Actualmente, sin segunda vuelta, suele ocurrir que el votante se encuentra ante el dilema del voto útil o estratégico, es decir, de votar no por su opción preferida, sino por su segunda preferencia con tal de evitar que gane el candidato que menos desea. De esta manera, con segunda vuelta el votante satisface plenamente su orden de preferencias, aumentando su libertad de elección y expresión y reduciendo su nivel de frustración política.

Tercero. La segunda vuelta fortalece el mandato del Presidente electo, que recibe el apoyo de la mayor parte del electorado, evitando polarizaciones o crisis de legitimidad democrática.

Cuarto. Este mecanismo propicia la negociación entre las distintas fuerzas políticas y la formación de alianzas electorales para la segunda vuelta, las cuales suelen traducirse en coaliciones legislativas de largo aliento que permitan la gobernabilidad y la construcción de mayorías parlamentarias.

Quinto. Favorece a posturas políticas más centradas, moderadas y cercanas al votante mediano. Las posturas más radicales y minorizadas, que ciertamente tienen derecho a existir en un régimen democrático y pluralista, encuentran su justa dimensión en la primera vuelta, mientras que en la segunda vuelta los dos candidatos finalistas acercarán sus propuestas al punto del espectro político en donde se encuentra la mayoría de la población.

Precisamente por estas ventajas que conlleva la implementación del sistema electoral de mayoría absoluta con segunda vuelta, éste ha sido adoptado por la gran mayoría de los países, aproximadamente el 67 por ciento de los países en los que el Presidente es electo directamente. Esto ocurre en Austria, Brasil, Chile, Francia, Polonia, y Rusia. En América Latina, por ejemplo, casi todos los países excepto México, Panamá, Paraguay y Honduras han abandonado el método de elección por mayoría simple y han adoptado sistemas electorales que contemplan mayorías absolutas u otros umbrales.

Por ejemplo, en Argentina hay segunda vuelta, si el primer lugar lo obtiene cuando menos el 40 por ciento de los votos y 10 puntos porcentuales de diferencia respecto al segundo.

En Costa Rica, en vez de exigir el 50 por ciento más 1, se estableció el 40 por ciento más 1 para evitar una segunda vuelta.

No importa tanto el esquema, lo relevante es que esta regla evita que se ponga en duda la legitimidad del candidato que resulte electo.

Por eso presento ante este Pleno esta iniciativa de reforma al artículo 81 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para establecer la segunda vuelta electoral para elegir al Presidente de la República.

En resumen, compañeras y compañeros Senadores, es fundamental que impulsemos las reformas que requiere nuestro sistema electoral, es hora de consolidar nuestra democracia haciendo más fuertes las instituciones mexicanas logrando al mismo tiempo que sean más eficaces siempre teniendo en cuenta que nuestras instituciones serán mejores si logramos que rindan más y mejores frutos a las y los mexicanos.

Es cuanto, señor Presidente.

Iniciativa

“CC. SECRETARIOS DE LA MESA DIRECTIVA
DE LA CAMARA DE SENADORES
DEL H. CONGRESO DE LA UNION
EN LA LXII LEGISLATURA.

La que suscribe, MARIANA GOMEZ DEL CAMPO GURZA, Senadora a la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos:71 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como por los artículos 8° fracción I, 164 numeral 1, 169,164 numeral 3, 171 y 172 del Reglamento del Senado de la República, someto a consideración de esta Soberanía, la presente: INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE REFORMA EL ARTICULO 81 DE LA CONSTITUCION POIÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, al tenor de la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

El ex presidente de la República Felipe de Jesús Calderón Hinojosa durante el mes de diciembre del año 2009 envió al Congreso de la Unión una propuesta de Reforma Política, en la que entre otros aspectos relevantes incluyó la propuesta de una segunda vuelta comicial para la elección del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos.

Por desgracia esta propuesta no fue incluida en la Reforma Política consensada durante la LXI Legislatura, por lo que los senadores delGrupo Parlamentario del Partido Acción Nacional hemos decidido retomarla con el propósito de impulsar propuestas que fortalezcan nuestra democracia y legitimen en mayor medida a las instituciones.

La República Mexicana a lo largo de estas últimas décadas ha vivido una profunda transformación democrática atribuida a movimientos y reclamos sociales que se tradujeron posteriormente en reformas electorales; la nación ha pasado durante el último cuarto de siglo de ser un sistema de partido hegemónico a uno con mayor dispersión de fuerzas políticas sin mayoría absoluta en el Congreso de la Unión y una creciente competencia en la arena electoral.

Las reformas electorales que ha vivido nuestro país han sido benéficas, actualmente contamos con un Instituto Electoral Federal independiente, con reglas claras, con Tribunales Electorales eficaces, con institutos electorales estatales cada vez más profesionales y con mecanismos que aseguran que la decisión tomada por los ciudadanos en las urnas sea respetada.Todo esto se ha traducido en elecciones más justas y transparentes.

Un hecho suficientemente ilustrativo es que en los últimos procesos electorales para elegir altitular del Poder Ejecutivo Federal, el margen de diferencia entre los contendientes cada vez ha sido más estrecho, lo que ha permitido que exista una verdadera competencia democrática por el acceso al poder público del Gobierno de la República.

En las últimas cuatro elecciones presidenciales hemos observado que la decisión de los electores ha propiciado un gobierno dividido, es decir, una situación tal que ningún partido ha alcanzado por sí solo en el Congreso de la Unión la mayoría absoluta, ni tampoco algún candidato a la presidencia obtuvo el respaldo de más de la mitad de la población que acudió a las urnas; además de ello, la diferencia porcentual entre el candidato ganador y el segundo lugar se ha reducido generando cuestionamientos políticos provocando dudas en la población acerca de la legitimadad de quienes resultan electos como Presidente de la República. Un dato revelador es que, desde hace 19 años, la mayoría de los electores ha votado por una opción diferente a la que ha resultado como la triunfadora.

En este sentido, lo estrecho de los resultados junto con la vigencia del principio de mayoría relativa incrementa el riesgo de cuestionamientos hacia la legitimidad; hoy en día, nuestro sistema reconoce como triunfador a quien cuente con tan sólo un sufragio más que el contendiente más próximo sin requerir que el ganador cuente con el respaldo popular mayoritario. Tal situación fomenta que el periodo postelectoral se encuentre dominado por la incertidumbre, el radicalismo y el encono social.

Actualmente, el pueblo de nuestro país paulatinamente comienza a acceder a una mayor cantidad de información y comienza a ser una sociedad que despierta ante una realidad política que exige compromiso y transparencia, es tiempo de terminar con las épocas de las dudas y los cuestionamientosque nacen a razón de la sombray la opacidad.

El respaldo popular mayoritario hacia eltitular del Poder Ejecutivo Federal, debiera ser la piedra angular querija a todos los gobiernos, para así contar con una debida legitimidad y una corresponsabilidad social irreprochable.

Por ello, la implementación de un sistema como la segunda vuelta electoral en la elección Presidencial en nuestro país puede ser un instrumento benéfico para generar mayor estabilidad política que incluso puede llegar a traducirse en acuerdos de índole parlamentaria.

Este sistema consiste en que una vez llevada a cabo la primera vuelta electoral en la que participan los candidatos postulados por los distintos partidos políticos; si ningún candidato obtuviese el cincuenta por ciento más uno de los votos emitidos, se efectuará una segunda vuelta electoral en la que sólo participan los dos candidatos que hayan obtenido el mayor número de votación popular, desplazando a los demás lugares de forma definitiva.

Así de esta forma, se avala que el candidato que obtenga el triunfo en la segunda vuelta electoral, cuente con el respaldo de la mayoría absoluta de los ciudadanos que votaron en la elección presidencial.

Es preciso tomar en cuenta la visión de especialistas en ingeniería institucional como el politólogo italiano Giovanni Sartori que distingue entre otras virtudes de este mecanismo electoral, las siguientes:

1) La segunda vuelta garantiza que quien resulte electo no sea un "perdedor Condorcet", término que en la ciencia política designa a la alternativa que perdería con todas las demás en competencias binarias, es decir, a la menos preferida en un enfrentamiento uno a uno pero que, en cambio, en una elección múltiple puede resultar vencedora.

2) La segunda vuelta permite que los electores revelen no sólo sus primeras preferencias sino también sus segundas preferencias, y puedan votar por ambas, en primera vuelta y en segunda vuelta respectivamente, sin tener que descartar ninguna. Es decir, en primera vuelta el elector votará por su opción más deseada y en segunda vuelta podrá volverlo a hacer (si su candidato está entre los finalistas) u optar por su segunda preferencia. Actualmente, sin segunda vuelta, suele ocurrir queel votante se encuentre ante el dilema del voto útil o estratégico, es decir, de votar no por su opción preferida, sino por su segunda preferencia con tal de evitar que gane el candidato que menos desea. De esta manera, con segunda vuelta el votante satisface plenamente su orden de preferencias, aumentando su libertad de elección y expresión y reduciendo su nivel de frustración política.

3) La segunda vuelta fortalece el mandato del Presidente electo, que recibe el apoyo de más de la mitad del electorado, evitando polarizaciones o crisis de legitimidad democrática. Este sistema puede reforzar la victoria de aquél que quedó en primer lugar en la primera vuelta electoral, elevando la legitimidad de su triunfo; o más importante aún, este sistema puede revertir el resultado de la primera vuelta, revelando que el sistema de mayoría relativa hubiera permitido la llegada al poder de un candidato impopular, opuesto a las preferencias de la mayoría absoluta de la población.

4) El balotaje propicia la negociación entre las distintas fuerzas políticas y la formación de alianzas electorales para la segunda vuelta, las cuales suelen traducirse en coaliciones legislativas de largo aliento que permitan la gobernabilidad y la construcción de mayorías parlamentarias. Es decir, los dos candidatos que pasan a la siguiente ronda pueden buscar el apoyo electoral de aquellas fuerzas que no consiguieron colarse a esta última fase; este apoyo meramente electoral puede traducirse en coaliciones estables en el Congreso que eviten la parálisis legislativa y faciliten la gobernabilidad, integrando intereses diversos en torno a una candidatura exitosa. Las coaliciones que pudieran surgir de dicho proceso son producto de negociaciones, que permitirían meter en la agenda del ganador temas y posturas de los partidos que no ganaron, pero que brindaron su apoyo en la segunda vuelta para conseguir el triunfo.

5) La segunda vuelta favorece a posturas políticas más centradas, moderadas y cercanas al votante mediano. Las posturas más radicales y minoritarias, que ciertamente tienen derecho a existir en un régimen democrático y pluralista, encuentran su justa dimensión en la primera vuelta, mientras que en la segunda vuelta los dos candidatos finalistas acercarán sus propuestas al punto del espectro político en donde se encuentra la mayoría de la población.

Precisamente por las ventajas que conlleva la implementación del sistema electoral de mayoría absoluta con segunda vuelta, éste ha sido adoptado por la gran mayoría (67%) de los países en los que el Presidente es electo directamente (Francia, Austria, Brasil, Rusia, Chile, Polonia, entre otros). En América Latina, por ejemplo, casi todos los países (excepto México, Panamá, Paraguay y Honduras) han abandonado el método de elección por mayoría simple y han adoptado sistemas electorales que contemplan mayorías absolutas u otros umbrales (del 40% por ejemplo) que evitan que se ponga en duda la legitimidad de aquel candidato que resulte electo.

Existe una vasta literatura académica que muestra que las instituciones que un país adopta tienen importantes implicaciones y consecuencias en la vida de los ciudadanos; el economista Douglas C. North define a las instituciones como "las limitaciones ideadas por el hombre que dan forma a la interacción humana." Así, las instituciones electorales definen, en gran medida, quién ocupa un cargo de elección popular, moldean las preferencias de los electores, determinan con qué nivel de legitimidad cuenta el candidato electo, y repercuten en la vida democrática de una nación. Por ello, es importante que en México se revise qué impacto están teniendo las instituciones que nos rigen y que se propongan alternativas para mejorar el desempeño de éstas.

En este caso, hemos visto que el sistema electoral de mayoría relativa ha consolidado la transparencia y los procesos que conllevan a que los votos realmente cuenten y definan a los ganadores, sin embargo, el aumento en la competencia y los cada vez más estrechos márgenes para definir al ganador hacen urgente una reforma de este tipo.

Acción Nacional siempre ha apostado por reformas que pongan a la vanguardia nuestro sistema electoral y el sistema de partidos, reformas que confeccionan los métodos político-electorales mexicanos desde el marco del control y contrapeso del poder y la legitimidad del gobierno en turno, comprendida a partir de la certidumbre y seguridad de los ciudadanos en el mismo.

En tal virtud, la inserción de la segunda vuelta electoral busca obtener un mayor grado de legitimidad y aprobación en entre la sociedad mexicana primordialmente cuando el resultado de la elección Presidencial se da encircunstancias de votación sumamente estrechas donde la confianza en la regla de la mayoría se ve considerablemente disminuida.

En mérito de lo antes expuesto, someto a la consideración de esta Soberanía la presente iniciativa con el siguiente proyecto de:

DECRETO

UNICO. Se reforma el artículo 81 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los siguientes términos:

Artículo 81.-….

Será electo Presidente por mayoría absoluta el candidato que obtenga la mitad más uno del total de los sufragios emitidos.

Si ningún candidato obtiene más de la mitad de los votos, se realizará una segunda votación en la que únicamente participarán los dos candidatos que hayan obtenido el mayor número de votos respecto del total de los sufragios emitidos. En este caso, será electo Presidente el que obtenga la mitad más uno de los sufragios válidamente emitidos.

La primera votación se celebrará el primer domingo de julio del año que corresponda. La segunda votación, en su caso, se realizará el segundo domingo de agosto, debiendo estar resueltas todas las impugnaciones que se hubiesen presentado respecto de la primera votación para elegir al Presidente de la República.

TRANSITORIOS

PRIMERO. El presente Decreto entra en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

SEGUNDO. El Congreso de la Unión adecuará la legislación electoral dentro del plazo de seis meses contados a partir de la entrada en vigor del presente Decreto.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, en la Ciudad de México, Distrito Federal, a 20 de diciembre de 2012.

Atentamente

Sen. Mariana Gómez del Campo Gurza”.

- El C. Presidente Sánchez Jiménez: Muchas gracias, Senadora Gómez del Campo.

Sonido en el escaño del Senador López Brito.

- El C. Senador Francisco Lopez Brito: (Desde su escaño) Para solicitarle respetuosamente a la Senadora proponente si me permite adherirme a su iniciativa.

Felicitándola por esta importante aportación que está haciendo a la legislación en materia electoral en México.

- El C. Presidente Sánchez Jiménez: Senador Hermosillo y Celada.

En el mismo sentido.

Sonido en el escaño de la Senadora Beristain Navarrete.

- La C. Senadora Luz María Beristain Navarrete: (Desde su escaño) Igual para solicitarle a la Senadora Mariana Gómez del Campo si puedo adherirme a su punto y felicitarla.

- El C. Presidente Sánchez Jiménez: Tome nota la Secretaría de las adiciones. Túrnese a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; y de Estudios Legislativos, Segunda.

Se concede el uso de la palabra a la Senadora Maki Esther Ortiz Domínguez, a nombre propio y de diversos Senadores de los grupos parlamentarios, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se crea la Ley de Reproducción Humana Asistida y reforma diversas disposiciones de la Ley General de Salud.





 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE CREA LALEY GENERAL DE REPRODUCCION HUMANA ASISTIDA Y REFORMA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE SALUD

(Presentada por la C. Senadora Maki Esther Ortiz Domínguez, a nombre propio y de diversos CC. Senadores de los grupos parlamentarios)

- La C. Senadora Maki Esther Ortiz Domínguez: Con su venia, señor Presidente.

Hace diez años presenté un tema parecido, por supuesto, se quedó congelado y a mí me dio mucho gusto venir a presentar a nombre propio y de 42 Senadores de diferentes bancadas, del PAN, del PRI, del PRD, del Verde, del PT y Movimiento Ciudadano, la iniciativa con proyecto de Decreto por la que se crea la Ley de Reproducción Humana Asistida.

El problema de la infertilidad y la esterilidad, desde un punto de vista epidemiológico, afecta entre un 10 a un 15 por ciento de la población mundial, esta condición está creciendo en todos los países, pero más en los industrializados. Uno de los factores que enfatiza el problema es la postergación de la maternidad que se da ya sea por motivos profesionales, laborales o sociales, entre otros. Actualmente las mujeres deciden tener su primer hijo a una edad en la que la fertilidad disminuye por causas biológicas.

De forma paralela dicha condición de salud enfatiza el estrés físico emocional y social en las parejas infértiles.

Cabe mencionar que otras de las causas son la endometriosis, el daño irreparable de las trompas de falopio, el síndrome de ovario poliquístico, la insulinorresistencia, la miomatosis uterina, por mencionar algunas; dichos padecimientos son atendidos al mismo tiempo como parte del tratamiento de la infertilidad misma. Por otra parte, la infertilidad en hombres principalmente se da por fallas testiculares, daños medulares traumáticos, paraplegia, alto consumo de tetrahidro cannabiol, entre otras.

A finales de la década de los 70’s, se dieron los primeros avances en materia de reproducción humana asistida y 8 años después se dio el nacimiento de la primera bebé creada in vitro, con ello se dieron nuevas posibilidades de solución a la infertilidad y la esterilidad para un amplio número de personas que son afectadas.

En Europa, desde la década de los 80´s se materializó tempranamente esta aspiración social, mediante la aprobación de diversas leyes de reproducción asistida. La aparición de las leyes en la materia aportaron al marco jurídico y al sector salud las herramientas suficientes para coadyuvar a disminuir los efectos de la infertilidad y la esterilidad en la población. Más allá de todo, se pretende reconocer la necesidad de establecer y consagrar parámetros legales.

Hoy en día, un número importante de parejas infértiles logra el embarazo mediante tratamientos de baja complejidad, ya sean médicos o quirúrgicos. Sin embargo, todavía un porcentaje significativo requiere de las modernas y sofisticadas técnicas y tecnologías de reproducción asistida.

México cuenta tanto con hospitales e institutos especializados como con especialistas reconocidos; sin embargo, en casi tres décadas de conocimiento en la materia no ha consagrado el tema en el marco normativo, mismo que es necesario para el desarrollo de esta disciplina para el incremento de la investigación en esta área para otorgar certeza jurídica para las parejas que requieren de este recurso médico, para establecer normas legales mínimas para el funcionamiento de los centros donde se realicen técnicas de fertilización humana asistida, entre otras.

Con base en los resultados de los tratamientos y los valores culturales de la sociedad mexicana, es que se considera viable el marco regulatorio integral en el cual han trabajado ampliamente un grupo de especialistas conformado por diversas asociaciones y sociedades médicas y científicas. Este proyecto de ley establece no sólo los marcos mínimos en los cuales se recogen los principales reconocidos por la bioética a nivel mundial, sino que también converge con las disposiciones de la Ley General de Salud vigente en nuestro país.

Este proyecto defiende al embrión y a su dignidad inherente además de que permite una salida que respete su valor intrínseco. Es preciso dar a conocer que es falso que sea necesario desechar embriones y que es igualmente falso que se generen embriones que estén destinados a morir.

La fecundación in vitro no produce efectos negativos en el embrión, además el útero de la mujer es capaz de acoger más de un embrión a la vez si es que éstos tienen la capacidad biológica de implantarse.

Cabe señalar que en esta ley se introducen importantes novedades de nivel internacional, donde se defiende claramente el concepto del embrión. Además se ajusta a las leyes internacionales en materia de genoma humano y a las correspondientes de bioética, se prohíben las prácticas eugenésicas y la selección por motivo de sexo, entre otras.

Con ello se consideran prácticas de reproducción asistida que aún no están establecidas en la Ley General de Salud y se amplía favorablemente el marco jurídico en la materia.

Debo hacer énfasis que con ello se pretende facultar a la autoridad sanitaria correspondiente, es el caso de la Secretaría de Salud, para autorizar la práctica de técnicas y tecnologías resultantes de una nueva disciplina científica, una vez constatada su evidencia científica y clínica.

Además, se incorporan en el proyecto un cúmulo de normas sobre las sanciones que son vitales para que la ley tenga la fuerza coercitiva que la importancia de sus normas exigen.

Finalmente, quiero agradecer a todos los compañeros Senadores y Senadoras de todos los grupos parlamentarios por aceptar firmar esta iniciativa que representa un gran avance en nuestro sistema de salud y en la medicina de nuestro país.

Hemos tardado mucho en tener este acuerdo entre los Senadores de todas las bancadas, muchísimos años que el país requiere que todas aquellas parejas infértiles tengan la posibilidad de utilizar técnicas modernas pero basadas en lineamientos y en conceptos científicos que les permitan tener los hijos que desean de una manera responsable y de una manera que les produzcan hijos saludables.

Muchísimas gracias.

(Aplausos)

Iniciativa

“Los que suscriben, Senadores Maki Esther Ortiz Domínguez; Ernesto Javier Cordero Arroyo; José Rosas Aispuro Torres; Jorge Luis Lavalle Maury; Fernando Torres Graciano; César Octavio Pedroza Gaitán; María del Pilar Ortega Martínez; Javier Corral Jurado; Salvador Vega Casillas; María Marcela Torres Peimbert; Daniel Gabriel Avila Ruiz; José María Martínez Martínez; Víctor Hermosillo y Celada; Adriana Dávila Fernández; Silvia Guadalupe Garza Galván; Ernesto Rufo Appel; Roberto Gil Zuarth; Francisco Domínguez Servién; Fernando Yunes Márquez; Sonia Mendoza Díaz; Francisco de Paula Búrquez Valenzuela; Raúl Gracia Guzmán; Carlos Mendoza Davis; Martín Orozco Sandoval; Francisco García Cabeza de Vaca; Francisco Salvador López Brito; Juan Carlos Romero Hicks; Héctor Larios Córdovaintegrantes del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional; Senadores Miguel Romo Medina, María Cristina Díaz Salazar; Manuel Cavazos Lerma,integrantes del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional; Senadores Fernando Enrique Mayans Canabal, Víctor Manuel Camacho Solís; Isidro Pedraza Chávez; Dolores Padierna Luna; Alejandro de Jesús Encinas Rodríguez; Adán Augusto López Hernández; Angélica de la Peña Gómez;integrantes del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática; Senadora María Elena Barrera Tapia, integrante del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México;Senadoras Martha Palafox Gutiérrez; Ana Gabriela Guevara Espinoza, integrantes del grupo parlamentario del Partido del Trabajo; Senadora Layda Sansores San Román, independiente, todos integrantes de la LXII Legislatura del H. Congreso de la Unión, en ejercicio de la facultad que nos confieren los artículos 71, fracción II, y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los artículos 8, numeral 1, fracción I, 164 y 169 del Reglamento del Senado de la República, sometemos a la consideración de esta Honorable Asamblea, la siguiente Iniciativa con proyecto de Decreto que crea la Ley de Reproducción Humana Asistida y reforma diversas disposiciones de la Ley General de Salud y que se fundamenta en la presente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

El derecho a la protección de la salud que poseen todos los mexicanos acorde con el párrafo cuarto del artículo 4° de nuestro máximo ordenamiento legal, el cual a su vez faculta, a través de la fracción XVI del artículo 73, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a emitir leyes sobre salubridad general en la República, por lo que es de competencia el tratar y legislar un tema tan importante como la Reproducción Humana Asistida.

El problema de la infertilidad y la esterilidad, desde un punto de vista epidemiológico, afecta entre un 10 a 15% de la población mundial, esta condición que además está creciendo en todos los países, lo cual se comprueba en cualquier sitio, pero sobre todo se vive en los países más industrializados. Esto es debido a múltiples factores, pero de entre ellos sobresale, por ser el principal, la postergación de la maternidad por diversos motivos, ya sean profesionales, laborales, sociales, etc., fenómeno común en cualquier sociedad sobre todo, en las más desarrolladas económicamente. Es decir, este problema se agrava, debido fundamentalmente a que la mujer hoy en día, ha decidido tener su primer hijo a una edad en la que naturalmente la fertilidad disminuye por causas biológicas.

Estas técnicas surgen derivadas de dos patologías: La infertilidad1 y la esterilidad, mismas que son un problema de índole mundial, en el contexto de la salud y particularmente en la biología de la reproducción humana, del que sin duda nuestro país no es ajeno. Es gracias a los adelantos de la medicina que un sin número de personas han podido realizar sus deseos de procrear una realidad logrando acceder a una parentalidad. Desde hace varios años, las técnicas de reproducción humana asistida se han venido implementando, tanto en instituciones privadas como públicas; sin embargo, en México éstas no cuentan con un marco legal adecuado que las regule.

Es por lo anterior, que la consulta médica por infertilidad es cada vez mayor y se ha convertido en un verdadero problema de salud pública, ya que paralelamente esta condición de salud genera, entre otras cosas, estrés físico, emocional y social en las parejas infértiles.

La infertilidad y la esterilidad, son además provocadas por distintas entidades patológicas con diferentes impactos y consecuencias en la salud como son, en la mujer, la endometriosis, daño irreparable de las trompas de Falopio, el síndrome de ovario poliquístico, la insulinorresistencia, la miomatosis uterina, etc; padecimientos que son tratados al mismo tiempo como parte del tratamiento de la infertilidad misma. En el hombre se trata principalmente de fallas testiculares que impiden una cantidad normal de espermatozoides, daños medulares traumáticos, paraplejía, alto consumo de tetra hidro cannabinol, etc.

La aparición de las técnicas de reproducción asistida a finales de la década de los 70 otorgó esperanzas a las parejas infértiles y con el nacimiento de la primera bebéin vitro en 1978, se abrieron nuevas posibilidades de solución al problema de la infertilidad y la esterilidad para un amplio número de personas aquejadas por las diferentes patologías que las provocan.

La novedad y utilidad de estas técnicas, aunadas al sentir de amplios sectores de la sociedad respecto de que se invadía un espacio de intimidad biológica de las parejas, provocaron que rápidamente en muchos países, sobre todo en aquellos donde se llevaban a cabo más procedimientos tecno-científicos de apoyo a la esterilidad e infertilidad y hubiera una mayor cultura en materia de derechos humanos, se tuviera la necesidad de abordar su regulación, tomando en consideración los aspectos sociales, éticos, biológicos, científicos, antropológicos y culturales de esta nueva tecnología médica.

En Europa desde la década de los 80 se materializó tempranamente esta aspiración social, mediante la aprobación de diversas leyes de reproducción asistida. Las leyes española, inglesa y francesa fueron de las primeras en promulgarse entre las legislaciones sobre esta materia en el ámbito europeo.

Más allá de las discusiones que en materia científica, filosófica, ética o religiosa se dan respecto de los límites que las técnicas de reproducción asistida pueden tener, sobre todo cuando se habla de la manipulación de los embriones, o del estatuto moral que como sociedad le debemos al fruto de la unión entre espermatozoides y óvulos humanos, aún en las sociedades con legislaciones más avanzadas, se reconoce la necesidad de establecer y consagrar límites legales a la manipulación de embriones humanos2.

Algunos investigadores han planteado la necesidad de utilizar los embriones “sobrantes” o crioconservados derivados de las técnicas de fertilización asistida para experimentación humana. Manifestando que esos embriones tempranos tienen la ventaja de que tienen gran capacidad de diferenciarse en otros tipos celulares, llamada pluripotencia, esto es tienen capacidad de formar células de muchos tipos de tejidos (cardiaco, neural, etc.). Pero estas células tienen varias desventajas: la primera es que aunque su uso aún está lejos de poder aplicar en ninguna patología, además de que desde el punto de vista bioético se ha objetado el uso de embriones, principalmente porque estos son ya propiamente individuos de nuestra especie. Nosotros proponemos que se protejan estos embriones, pues en la actualidad ya existen alternativas para el uso de células con gran pluripotencia sin necesidad de destruir embriones humanos.

Concretamente el Dr. Shinya Yamanaka3 creó en el año 2006 una técnica alternativa que denominó: Inducción de Células Pluripotentes o iPSc por sus siglas en inglés (Induced Pluripotent Stem Cells). Esta técnica consiste en obtener células de pacientes adultos e inducirles una regresión en su estado de diferenciación y regresarlas a células pluripotentes, con la misma capacidad de crear células de muchos tejidos. El Dr. Yamanaka recibió este año el premio Nobel de Medicina y Fisiología por la creación de éstas células iPS.

En ese sentido y con la implementación de la crioconservación, actualmente se estima que en nuestro país existen alrededor de 150,000 embriones congelados, cifra que crece exponencialmente cada año, mismos que se desconoce su destino incierto. Como alternativa existe ya la criopresevación de óvulos, en vez de embriones humanos, siguiendo el ejemplo de Alemania e Italia, donde se prohíbe la congelación de embriones y se tienen tasas de éxito por esta técnica similares a la criopreservación de embriones. Existe consenso unánime que la criopreservación de óvulos no presenta problema ni bioético ni legal4.

En ese sentido, este proyecto defiende al embrión y su dignidad inherente, a la vez que trata de impedir que la criopreservación de embriones se siga aumentando sin ningún control como había sucedido en nuestro país, resuelve en este sentido asimismo la situación de los embriones humanos, permitiendo una salida que respete el valor intrínseco que ellos tienen y a la vez no formar más innecesariamente.

Hoy en día, un número importante de parejas infértiles logra el embarazo mediante tratamientos de baja complejidad, ya sean médicos o quirúrgicos. Sin embargo, un porcentaje significativo requiere de las modernas y sofisticadas técnicas y tecnologías de Reproducción Asistida.

México es pionero en el ámbito latinoamericano en la introducción de estas técnicas, desde hace más de 25 años y cuenta tanto con hospitales e institutos especializados, así como con especialistas reconocidos, sin embargo en estas casi tres décadas no se ha logrado crear un marco normativo en el que se apoye el desarrollo de esta tecnología, el incremento de la investigación en esta área y que se otorgue certeza jurídica a las parejas que requieren de este recurso médico. Es importante establecer las normas legales mínimas para el funcionamiento de los centros donde se realizan técnicas de fertilización humana asistida.

Con base en los resultados de los tratamientos y los valores culturales de la sociedad mexicana, es que se considera viable el marco regulatorio integral en el cual han trabajado ampliamente un grupo de especialistas conformado por diversas asociaciones y sociedades médicas y científicas, instrumento legal confrontado y revisado con distintas legislaciones de diversos países así como con las normativas deontológicas de las sociedades científicas y de bioética a nivel nacional y mundial. Este proyecto de ley establece no sólo los marcos mínimos, en los cuales se recogen principios reconocidos por la bioética a nivel mundial, sino que también, converge con las disposiciones de la Ley General de Salud, vigente en nuestro país; al respecto, en aras de vigilar:la necesidad de consentimiento informado, el altruismo en las relaciones vinculadas a la donación de gametos, la irrestricta protección del embrión humano, incluyendo obviamente la prohibición de experimentar con ellos, producir solamente aquellos que serán para reproducción5.

Cabe señalar que la Ley General de Salud define al embrión y al feto. Al embrión como: al producto de la concepción a partir de ésta, y hasta el término de la duodécima semana gestacional, y al feto como: al producto de la concepción a partir de la decimotercera semana de edad gestacional, hasta la expulsión del seno materno.

Respecto de los riesgos a los que se somete una mujer y sus hijos en la multi-gestación y posteriormente a escisión embrionaria, así como de un consenso con bases científicas, se resuelve con la disposición de tres embriones que serán utilizados y no será criopreservado6. Así mismo se busca el mejor cuidado de la mujer7 dentro de los mejores estándares y con un consentimiento informado pleno y veraz.

Por último, se incorporan normas sobre las sanciones, cuestión vital para que la Ley tenga la fuerza obligatoria que la importancia de sus normas prohibitivas exige.

Las leyes de reproducción asistida han tenido avances en casi todos los países, sobre todo en la protección de la vida embrionaria y el destino de los embriones criopreservados, a la vez que establecer la limitación de producir un máximo de tres embriones con el objeto de reducir al menor riesgo posible para la salud de la mujer, que ha sido uno de los principales objetivos de las leyes modificadas.

Cabe señalar que en esta Ley se introducen importantes novedades a nivel internacional, se define claramente, el concepto de embrión. Además, adheridos a las leyes internacionales en materia de Genoma Humano y a las correspondientes de Bioética, se prohíben las prácticas eugenésicas y la selección por motivo de sexo, entre otras.

Así mismo, se analizan y norman todas las técnicas de reproducción asistida que pueden practicarse en la actualidad, las nuevas técnicas surgidas por los avances científicos carecían de una consideración expresa en las normas anteriores, específicamente en la Ley General de Salud.

Esta Ley sigue un criterio mucho más abierto al enumerar las técnicas que, según el estado de la ciencia y la práctica clínica, pueden realizarse hoy día. Además evita la adinamia normativa existente, ya que faculta a la autoridad sanitaria correspondiente, es decir a la Secretaría de Salud para autorizar, la práctica de las técnicas y tecnologías resultantes de una nueva disciplina científica; una vez constatada su evidencia científica y clínica.

Esta Ley, pretende reforzar el papel rector de la Secretaría de Salud, la cual debe emitir informes acerca de cuantos proyectos nuevos, sea necesarios para el desarrollo de nuevas técnicas, como investigación de carácter básica o aplicada, se puedan promover, pero al mismo tiempo, mantiene la autonomía y capacidad decisoria de la Comisión Nacional de Reproducción Asistida.

Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se crea la Ley General de Reproducción Humana Asistida, con el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO QUE CREA LA LEY GENERAL DE REPRODUCCION HUMANA ASISTIDA Y REFORMA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE SALUD.

ARTICULO PRIMERO.- Se crea la Ley General de Reproducción Humana Asistida, para quedar como sigue:

TITULO PRIMERO

DISPOSICIONES PREELIMINARES

CAPITULO I

DEL OBJETO DE LA LEY

Artículo 1.- La presente Ley tiene por objeto regular el acceso al Sistema Nacional de Salud, en materia de reproducción humana asistida, en términos del artículo 4º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y del artículo 5° de la Ley General de Salud, a fin de auxiliar a los problemas reproductivos del hombre y la mujer derivados de la esterilidad o infertilidad, así como proteger la vida, la salud y la dignidad humana en la fertilización asistida y en especial en la formación, implante y destino final del embrión.

Las disposiciones de esta Ley son de orden público, interés social y de observancia general en la República Mexicana.

Artículo 2.- La aplicación de esta Ley corresponde a la autoridad sanitaria en el ámbito de sus respectivas atribuciones, conforme a las disposiciones de la Ley General de Salud.

Artículo 3.- Son sujetos de esta Ley:

I. Hombres y mujeres con problemas de esterilidad o infertilidad;

II. Donadores de células germinales;

III. Mujeres receptoras de embrión;

IV. Centros autorizados; y

V. Bancos de células germinales.

Artículo 4.- Para promover y garantizar el acceso a los servicios públicos, privados y del sector social de reproducción humana asistida, se establecen como objetivos específicos de esta Ley, los siguientes:

I. Regular la investigación y aplicación de las técnicas biomédicas de reproducción humana asistida;

II. Regular la prestación de los servicios de salud en los establecimientos permitidos por la Ley; y

III. Establecer los procedimientos y requisitos que deberán cumplir los donadores, receptores, mujeres receptoras de embrión, los Centros autorizados y los Bancos.

Artículo 5.- Se prohíben las prácticas eugenésicas, la selección de embriones por cualquier motivo, incluyendo la selección de sexo y cualquier otra no prevista por esta Ley que atente contra la dignidad humana.

Artículo 6.- En ningún caso las células germinales ni los embriones a que se refiere esta Ley podrán trasladarse al exterior del territorio nacional.

Artículo 7.- Nadie puede ser obligado a efectuar, participar o someterse a técnicas de reproducción humana asistida.

CAPITULO II

DE LAS DEFINICIONES

Artículo 8.- Para los efectos de esta Ley se entiende por:

I. Bancos: Establecimientos públicos, privados y del sector social, autorizados por la Secretaría, dedicados a la crioconservación de células germinales humanas;

II. Células germinales: Células reproductoras humanas masculinas y femeninas capaces de dar origen a un embrión;

III. Centros autorizados: Establecimientos públicos, privados y del sector social, autorizados por la Secretaría, para realizar técnicas de reproducción humana asistida.

IV. COFEPRIS: Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios;

V. Comité: Comité de Reproducción Humana Asistida;

VI. Crioconservación o criopreservación: Técnica de preservación de células germinales humanas a bajas temperaturas para ser reutilizadas en una técnica de reproducción humana asistida, logrando su mínimo deterioro posible;

VII. Destino final de células germinales: Incineración, desintegración e inactivación de las células germinales, derivados y productos, en condiciones sanitarias permitidas por esta Ley, su Reglamento y demás disposiciones jurídicas aplicables;

VIII. Destino final de embriones: La inhumación y/o inactivación e inutilización de embriones humanos previamente criopreservados, en condiciones sanitarias permitidas por esta Ley, su Reglamento y demás disposiciones aplicables;

IX. Donadores: Hombre o mujer, mayores de dieciocho años de edad, que autorizan la utilización de sus células germinales y embriones;

X. Embrión: Producto de la fertilización a partir de ésta y hasta el término de la decimosegunda semana gestacional;

XI. Espermatozoide: Célula germinal humana masculina;

XII. Esterilidad: La enfermedad o condición que imposibilita al hombre o mujer en la capacidad de procrear un hijo, durante al menos doce meses sin utilización de ningún método contraceptivo;

XIII. Fertilización: Conjugación de la célula germinal humana femenina con la masculina con la consiguiente fusión de material genético;

XIV. Fertilización asistida: Fertilización lograda mediante el auxilio de técnicas de reproducción humana asistida;

XV. Fertilización heteróloga: Fertilización asistida realizada con células germinales provenientes de uno de los solicitantes y de un donador extraño a ellos.

XVI. Fertilización homóloga: Fertilización asistida realizada con células germinales provenientes de ambos solicitantes.

XVII. Feto: Producto del embrión a partir de la decimotercera semana gestacional hasta su expulsión del seno materno;

XVIII. Gameto: Célula sexual haploide de los organismos pluricelulares originadas por meiosis.

XIX. Infertilidad: Imposibilidad de lograr la concepción de forma natural después de un año de vida sexual activa con este propósito, sin utilización de métodos contraceptivos y diagnosticada por algún médico especialista en reproducción humana asistida, gineco-obstetricia o urología según sea el caso del sujeto que la padezca;

XX. Ley: Ley General de Reproducción Humana Asistida;

XXI. Mujer receptora de embrión: Mujer que permite y autoriza la utilización de su útero de manera gratuita para la implantación de embriones humanos ajenos con la finalidad de su gestación hasta el nacimiento del producto;

XXII. Ovulo: Célula germinal humana femenina;

XXIII. Receptores: Hombre o mujer que reciben células germinales o embriones propios o ajenos para someterse a una técnica de reproducción humana asistida;

XXIV. Registro Nacional: Registro Nacional de Reproducción Humana Asistida;

XXV. Reglamento: Reglamento de la Ley General de Reproducción Humana Asistida;

XXVI. Secretaría: Secretaría de Salud;

XXVII. Semen: Conjunto de espermatozoides y fluidos seminales producidos por el aparato genital masculino;

XXVIII. Técnicas de reproducción humana asistida: Todas aquellas técnicas biomédicas que conducen a facilitar o sustituir los procesos biológicos naturales que se desarrollan durante la fertilización humana, o para la implantación del embrión en el útero logrado mediante manipulación directa en el laboratorio.

Estas se clasifican en tres grupos, que son: la inseminación artificial (IA), la fecundación in vitro con transferencia de embriones (FIVTE), y la transferencia intratubárica de gametos (GIFT); y

XXIX. Utero: Organo muscular del sistema reproductor femenino donde se aloja y desarrolla el embrión durante la gestación.

TITULO SEGUNDO

CAPITULO UNICO

PROTECCION DEL EMBRION

Artículo 9.- Los embriones sólo pueden ser generados con el fin de la fertilización humana.

Artículo 10.- Queda prohibido:

I. Toda forma de comercialización de embriones. La prohibición se extiende a las células y a los tejidos embrionarios derivados de la fertilización;

II. Los implantes interespecíficos, ya sea con fines reproductivos o de investigación;

III. La escisión embrionaria precoz;

IV. La producción de híbridos o quimeras;

V. La producción y utilización de embriones con fines de experimentación;

VI. El implante simultáneo de embriones no provenientes de la misma pareja;

VII. La producción e implantación de más de tres embriones; y

VIII. La crioconservación o criopreservación de embriones.

Artículo 11.- Las intervenciones de terapia génica se permiten previa autorización de la Secretaría, siempre y cuando impliquen un beneficio para el embrión y que preliminarmente haya sido demostrada la utilidad de este procedimiento.

Artículo 12.- El o los embriones generados a través de alguna técnica de reproducción humana asistida deberán implantarse en el útero de la receptoradentro del plazo de 72 horas a partir de su producción. Si se excede de este término sin que se efectúe su implantación, ya sea por causas posteriores a la realización de la técnica de reproducción humana asistida o no sean utilizados, se les dará destino final.

Artículo 13.- Si antes del vencimiento del término a que se refiere el artículo anterior, alguno de los receptores renuncian al programa de fertilización asistida, se dará el destino final contemplado para los embriones, con arreglo a la presente Ley, su Reglamento y demás disposiciones jurídicas aplicables, garantizando en todo momento el anonimato recíproco entre los receptores, los donantes de células germinales y la mujer receptora de embrión, según sea el caso.

Artículo 14.- En ningún momento se puede solicitar el destino final de los embriones, ni su crioconservación.

TITULO TERCERO

DE LOS BANCOS DE CRIOCONSERVACION Y LOS CENTROS AUTORIZADOS

CAPITULO UNICO

BANCOS Y CENTROS AUTORIZADOS

SECCION I

DE LAS AUTORIZACIONES E INSPECCIONES

Artículo 15.- Para su funcionamiento, los Bancos y los Centros autorizados requieren licencia sanitaria y para obtenerla éstos deberán cumplir, al menos, con los siguientes requisitos:

I. Contar con el suficiente personal profesional médico y técnico capacitado, el cual deberá estar previamente certificado en términos de las disposiciones jurídicas aplicables;

II. Contar con las instalaciones, equipo, instrumental y demás insumos para la salud necesarios para su adecuado funcionamiento en términos de las disposiciones jurídicas aplicables;

III. Contar con un Comité Médico Interno de Especialistas certificados en términos de las disposiciones jurídicas aplicables;

IV. Contar con un responsable sanitario quien suscribirá los informes que se rindan ante la Secretaría en los plazos y formas establecidos en el Reglamento y demás disposiciones jurídicas aplicables;

V. Los demás requisitos previstos en esta Ley, su Reglamento y disposiciones jurídicas aplicables.

Artículo 16.- La Secretaría, al otorgar la licencia sanitaria a que se refiere el artículo anterior, deberá especificar los tratamientos y técnicas cuya aplicación se autoriza en cada caso, tendrá una vigencia de cinco años y podrá ser renovada, siempre y cuando los Bancos y los Centros autorizados acrediten el cumplimiento de los requisitos señalados en el artículo anterior, en caso contrario podrá ser revocada en cualquier momento.

Artículo 17.- Los Bancos y Centros autorizados deberán:

I. Dar todas las facilidades a las autoridades sanitarias competentes durante las visitas de verificación que se lleven a cabo con la finalidad de constatar el debido cumplimiento de los requisitos técnicos, sanitarios y legales;

II. Conservar en custodia copia certificada de los contratos celebrados entre los sujetos de la presente Ley, mismos que deben tener el carácter de confidenciales;

III. Solicitar al Registro Nacional información sobre los receptores, donadores y las mujeres receptoras de embrión, con la finalidad de proteger los derechos humanos y la dignidad de la vida humana respecto de la aplicación de las técnicas de reproducción humana asistida;

IV. Guardar estricta confidencialidad respecto a las identidades y demás información de los donadores, receptores y mujeres receptoras de embrión, misma que sólo se revelará en los casos que establezcan las disposiciones jurídicas aplicables, o lo ordene la autoridad judicial competente; y

V. Rendir informes anuales respecto a sus actividades a la Secretaría;

VI. Las demás que señalen esta Ley, su reglamento y demás disposiciones jurídicas aplicables.

SECCION II

DE LA CRIOCONSERVACION DE CELULAS GERMINALES

Artículo 18.- La utilización que podrá darse a las células germinales crioconservadas será en forma subsidiaria para:

  • Fertilización homóloga; y

II. Fertilización heteróloga;

Artículo 19.- El Comité Médico Interno de Especialistas, antes de realizar el procedimiento de fertilización asistida, llevará a cabo en los solicitantes la detección de enfermedades hereditarias graves, de aparición precoz y/o predisposición a enfermedades genéticas no susceptibles de tratamiento curativo postnatal, con la finalidad de realizar un diagnóstico previo a la fertilización, que consiste en analizar las posibles causas de una enfermedad genética, o bien la comprobación de que no la tienen. Dicha información deberá proporcionarse a los solicitantes, lo que se hará constar por escrito, a efecto de integrar debidamente el otorgamiento del consentimiento informado correspondiente.

Asimismo, establecerá los lineamientos correspondientes para que en una técnica de inducción ovulatoria la paciente produzca matemáticamente el porcentaje de óvulos necesarios para obtener como resultado un embarazo.

Artículo 20.- La autorización de la inducción ovulatoria se hará por escrito previo otorgamiento del consentimiento informado del o los solicitantes, que también obre por escrito, en el que conste la información proporcionada de forma clara, completa y veraz sobre la técnica a que se someterá, los posibles riesgos, consecuencias y probabilidades de éxito, incluyendo además las consideraciones biológicas, jurídicas, éticas y económicas relacionadas con el o los procedimientos.

Artículo 21.- En el caso de que en la aplicación de alguna de las técnicas de reproducción humana asistida sea necesario crioconservar células germinales derivado de un diagnóstico médico por parte del especialista tratante, la conservación se realizará durante 10 años, salvo pacto en contrario expresamente manifiesto en el contrato correspondiente.

Artículo 22.- Los receptores de células germinales manifestarán al Banco con treinta días naturales de anticipación al vencimiento del tiempo convenido en el contrato, la solicitud de prórroga del plazo de crioconservación, misma que no podrá exceder de cinco años, de lo contrario se les dará destino final en los términos de la presente Ley.

La crioconservación de semen se sujetará a las siguientes reglas:

I. Sólo podrá realizarse en los Bancos. Tratándose de semen de donante será crioconservado durante el tiempo que la Secretaría determine, atendiendo al avance de la ciencia. Tratándose de semen de usuarios podrá ser crioconservado durante la vida del depositante;

II. El semen crioconservado del donante podrá ser utilizado con fines de fertilización asistida sin que se exceda un máximo de tres nacidos vivos;

III. El semen crioconservado, tanto de donante como de usuario, no podrá utilizarse para la fertilización en otra mujer distinta a su cónyuge o concubina si la hubiere, sin el consentimiento por escrito del varón; y

IV. En el caso de fallecimiento del varón, salvo previo consentimiento expreso otorgado para tal efecto ante notario público, no podrá ser utilizado para la fertilización asistida de su cónyuge o concubina supérstite.

Artículo 23.- La movilización, conservación, manipulación, etiquetado, identificación mediante claves, y los costos asociados al manejo de células germinales o embriones según sea el caso, que se destinen a técnicas de reproducción humana asistida se ajustarán a lo que establezca la presente Ley, su Reglamento y demás disposiciones jurídicas aplicables.

Artículo 24.- Los Bancos deberán contar con una póliza de aseguramiento o instrumento jurídico equivalente que garantice la compensación económica a los depositantes usuarios en caso de que se produzca un accidente o siniestro que afecte a las células germinales crioconservados, para efectos de la reparación del daño.

TITULO CUARTO

DE LAS TECNICAS DE REPRODUCCION HUMANA ASISTIDA

CAPITULO I

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 25.-Las técnicas de reproducción humana asistida sólo podrán llevarse a cabo en los Centros autorizados que cuenten con licencia expedida para tal efecto por la autoridad sanitaria.

Las técnicas de reproducción humana asistida deberán reunir las condiciones de acreditación científica y clínica de conformidad con lo que determine la Secretaría, la presente Ley, su Reglamento y demás disposiciones jurídicas aplicables.

Artículo 26.- La información y asesoría sobre las técnicas de reproducción humana asistida deberán proporcionarse tanto a donadores como a receptores y mujeres receptoras de embrión según sea el caso, abarcando aspectos médicos, biológicos, jurídicos y éticos, así como a las consecuencias, riesgos, posibilidades de éxito y condiciones económicas del tratamiento en su caso.

Artículo 27.-Previo al inicio de la aplicación de alguna de las técnicas de reproducción humana asistida será necesario que el Centro autorizado compruebe ante el Registro Nacional que los solicitantes no tengan gametos crioconservados en algún otro Banco. En caso de comprobarse su existencia, y salvo que no exista algún impedimento previsto en esta Ley para disponer de ellos, no se podrá iniciar un nuevo tratamiento.

Artículo 28.- Tiene acceso a las técnicas de reproducción humana asistida el hombre o mujer que la haya solicitado a un Centro autorizado en términos de la presente Ley, su Reglamento y demás disposiciones jurídicas aplicables, con la condición de que en el momento de la fertilización:

I. Se encuentre vivo.

II. Haya otorgado su consentimiento expreso por escrito y no se encuentre revocado.

Artículo 29.- Previo al inicio de la aplicación de alguna de las técnicas de reproducción humana asistida, el personal de la salud de los Centros autorizados deberá:

I. Primeramente sugerir la alternativa de la adopción de un menor de edad;

II. Expedir constancia de que se han agotado todas posibilidades de tratamiento que pueda permitir la fertilización de forma natural;

III. Tomar en cuenta las circunstancias particulares de quien se someterá a estas técnicas, tales como su edad, su historial clínico, riesgos y las posibles causas de esterilidad o infertilidad;

IV. Elaborar un diagnóstico médico en el que se indique, si existiere, el bajo riesgo de padecer enfermedades genéticas, hereditarias o infecciosas transmisibles a la descendencia;

V. Elaborar un diagnóstico genotípico; y

VI. Recabar la constancia escrita y firmada por el o los solicitantes en la que asienten que otorgaron su consentimiento informado en términos de esta Ley.

Artículo 30.- Se podrán fertilizar un máximo de tres embriones de los cuales deben ser implantados no más de tres, evitando la generación de embriones supernumerarios, la gestación múltiple superior a tres embriones, así como la práctica de la reducción embrionaria.

Artículo 31.- Las técnicas de reproducción humana asistida a cargo del sector público de salud sólo podrán aplicarse cuando alguno de los solicitantes:

I. Se encuentre impedido para procrear por causas de esterilidad o infertilidad;

II. Tenga vigentes sus derechos de atención médica en la institución que les brinda el servicio; y

III. Cumpla con los demás requisitos establecidos en esta Ley, su Reglamento y demás disposiciones jurídicas aplicables.

Una vez nacido el producto del embarazo a través de cualquiera de las técnicas de la reproducción humana asistida, a las células germinales sobrantes se les dará destino final, de conformidad con los lineamientos que determine la Secretaría, esta Ley, su Reglamento y demás disposiciones jurídicas aplicables.

Artículo 32.- Para la aplicación de alguna técnica de reproducción humana asistida al cónyuge o concubino supérstite, se deberá contar con autorización expresa por escrito, clara y precisa del fallecido, otorgada previamente ante notario público y evaluada por la Comisión Nacional de Reproducción Asistida.

Artículo 33.- La aplicación de las técnicas de reproducción humana asistida solo podrá realizarse por el personal médico y de salud certificado, de conformidad con las disposiciones jurídicas aplicables a su ejercicio profesional.

Artículo 34.- Los Centros autorizados, previo a la aplicación de las técnicas de reproducción humana asistida, tienen la obligación de proporcionar a los solicitantes, en una entrevista con los médicos responsables, información suficiente, clara, oportuna y veraz sobre los aspectos médicos, genéticos, psicológicos, bioéticos y jurídicos de la técnica elegida, sobre el resultado favorable, los riesgos de peligro para la salud física y psíquica que eventualmente derivan para los solicitantes y para el que ha de nacer, y aún respecto a las condiciones en que podría encontrarse este último.

Si los Centros autorizados descartan médicamente la posibilidad de proceder a la fertilización asistida, se les debe proporcionar a los solicitantes la información suficiente, clara, oportuna y veraz, debidamente fundada, motivada y sustentada en la ciencia actual sobre este impedimento.

Las entrevistas informativas deberán efectuarse con los solicitantes, constando por escrito los participantes en la misma y lo establecido en el presente artículo. Así mismo, debe garantizarse el derecho a su intimidad.

CAPITULO II

DE LOS SUJETOS

SECCION I

DE LA DONACION DE CELULAS GERMINALES

Artículo 35.- Los Bancos están obligados a:

I. Rechazar la donación de células germinales de aquellas personas que no gocen de bienestar físico y mental; y

II. Guardar estricta confidencialidad respecto de la identidad de los donadores de células germinales a efecto de que los receptores no la conozcan en ningún momento, ya sea antes, durante o después de finalizar el procedimiento de donación.

La identidad de los donadores únicamente podrá ser revelada cuando exista previa resolución dictada por autoridad judicial.

Artículo 36.- La donación de células germinales será gratuita y confidencial en todo momento, y sólo podrá realizarse por donadores que cumplan los siguientes requisitos:

I. Mujer u hombre mayor de 18 años, con plena capacidad de ejercicio;

II. Otorgar consentimiento expreso por escrito de donación absoluta;

III. Gozar de bienestar físico y mental;

IV. Cumplir con las exigencias de un protocolo obligatorio de estudios que incluirá sus características genotípicas y psicológicas, así como las condiciones clínicas y determinaciones médicas necesarias para asegurar que los donadores no padecen enfermedades genéticas, hereditarias o infecciosas transmisibles a la descendencia; y

V. Desconocer la identidad de los receptores.

Artículo 37.- Para ser beneficiario de la donación de células germinales deberá actualizarse en los solicitantes uno o varios de los supuestos que a continuación se indican:

I. Mujeres con:

a) Falla ovárica o con reserva ovárica disminuida;

b) Función ovárica normal pero que cursen con anormalidades genéticas;

c) Pérdida gestacional recurrente;

d) Insuficiencia ovárica prematura;

e) Ausencia congénita de ovarios;

f) Antecedentes de ooforectomía;

g) Defectos o enfermedades genéticas que puedan ser heredadas a la descendencia si se usan sus óvulos; y

h) Cualquier otra anomalía que la ciencia y la medicina determinen como impedimento para procrear.

II. Hombres con:

a) Azoospermia;

b) Teratozoospermia y necrozoospermia totales;

c) Defectos o enfermedades genéticas que puedan ser heredadas a la descendencia si se usa su semen; y

d) Cualquier otra anomalía que la ciencia y la medicina determinen como impedimento para procrear.

Artículo 38.- El Comité Médico Interno de Especialistas del Banco podrá llevar a cabo la elección de los donadores sólo para efecto de constatar que no estará en riesgo la salud de los receptores ni del embrión.

SECCION II

MUJER RECEPTORA DE EMBRION

Artículo 39.- La mujer receptora de embrión permite y autoriza la utilización de su útero de forma gratuita para la implantación de embriones provenientes del hombre o mujer que han intentado procrear de forma natural y a través de técnicas de reproducción humana asistida sin éxito, con la finalidad de su gestación hasta el nacimiento del producto de la concepción.

La mujer receptora de embrión deberá:

I. Ser mayor de 18 años, con plena capacidad de ejercicio;

II. Otorgar consentimiento expreso por escrito, claro, preciso, absoluto y pleno ante notario público;

III. Gozar de bienestar físico y mental;

IV. Cumplir con las exigencias de un protocolo obligatorio de estudios para la gestación, así como las condiciones clínicas y determinaciones médicas necesarias para asegurar que no padece enfermedades genéticas, hereditarias o infecciosas transmisibles al producto de la gestación; y

V. Cumplir con los estudios médicos en los que se determine que a consecuencia de la gestación no sufrirá riesgos ni daños en su salud;

Artículo 40.- La mujer receptora de embrión tiene derecho a recibir la atención médica necesaria desde la realización de los estudios clínicos previos a la implantación del embrión y hasta seis meses posteriores al nacimiento del producto de la gestación, de conformidad a lo establecido en las disposiciones jurídicas aplicables.

Este derecho se extenderá hasta un año posterior al nacimiento del producto de la gestación o, en su caso, hasta la estabilización de una complicación médica derivada de la gestación.

La mujer receptora de embrión únicamente podrá permitir y autorizar el uso de su útero en un máximo de dos ocasiones hasta lograr la viabilidad del producto de la gestación, o tres en caso de que se produzca un aborto natural.

Artículo 41.- En ningún momento durante la gestación la mujer receptora de embrión podrá solicitar el aborto salvo que sobrevenga alguna causa médica que ponga en riesgo su vida.

SECCION III

DE LA FILIACION DE LOS HIJOS NACIDOS MEDIANTE TECNICAS DE REPRODUCCION HUMANA ASISTIDA

Artículo 42.-La filiación de los hijos e hijas nacidos mediante técnicas de reproducción humana asistida se ajustará a lo dispuesto en la legislación civil federal y estatal.

CAPITULO III

DE LOS CONTRATOS

SECCION I

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 43.- El presente Capítulo contempla reglas especiales para los contratos de:

I. Donación de células germinales, celebrado entre los donadores y los Bancos;

II. Depósito de células germinales;

III. Donación de células germinales, celebrado entre Banco y los receptores; y

IV. Recepción de embrión.

Artículo 44.- La autoridad sanitaria competente llevará un registro de todos los contratos a los que se refiere el presente Capítulo.

Artículo 45.- Cualquier conflicto derivado de la aplicación de estos contratos deberá ser resuelto por las autoridades judiciales competentes.

Artículo 46.- Cualquier persona podrá acceder a cualquiera de las técnicas de reproducción humana asistida reguladas en esta Ley, siempre que sea mayor de dieciocho años de edad, haya otorgado su consentimiento informado expreso por escrito, de manera clara, libre y consciente, y que después de un año, por razones biológicas, no hayan podido procrear.

SECCION II

DEL CONTRATO DE DONACION DE CELULAS GERMINALES

Artículo 47.- Toda persona que reúna condiciones de salud física y mental determinadas en esta Ley, sea mayor de edad y con plena capacidad de ejercicio puede donar en cualquier momento sus células germinales a un Banco.

Artículo 48.- La donación será gratuita, absoluta y plena. El contrato de donación deberá constar por escrito entre el donador y el Banco como intermediario o mandatario sin representación.

Artículo 49.- Los donadores deberán cumplir con las exigencias de un protocolo obligatorio de estudio de los donadores que incluirá sus características genotípicas y psicológicas, así como las condiciones clínicas y determinaciones analíticas necesarias para determinar que éstos no padecen enfermedades genéticas, hereditarias o infecciosas transmisibles a la descendencia y conforme a los requisitos que establezca el Reglamento y demás disposiciones jurídicas aplicables.

Artículo 50.- El Banco deberá garantizar al donador que los datos respecto a su identidad serán confidenciales y sólo se revelarán a las personas y en los casos que la propia ley y su reglamento prevé.

Artículo 51.- Antes de la formalización del contrato, el donador deberá ser informado acerca de las técnicas, los riesgos, los fines y consecuencias de la donación lo que deberá constar por escrito. El otorgamiento del consentimiento informado deberá obrar en el expediente.

Artículo 52.- El contrato de donación deberá contener los siguientes datos como mínimo:

I. Datos generales del donador;

II. Datos generales del Banco;

III. Certificado médico y resultados del estudio psicofísico que se refiera a las características clínicas y psicológicas del donador;

IV. Cláusula de estricta confidencialidad;

V. Cláusula en la que el donador renuncia expresamente a conocer el destino de la donación que dichas células germinales tengan;

VI. Los documentos por medio de los cuales el Banco informó al donador sobre los fines y consecuencias de la donación; y

VII. Demás requisitos que la presente Ley y las disposiciones jurídicas aplicables establezcan al respecto.

Artículo 53.- La donación sólo será revocable cuando el donador requiera para sí las células germinales donadas, siempre que en la fecha de la revocación aquéllas estén disponibles. A la revocación procederá la devolución de los gastos originados al Banco por parte del donador.

Artículo 54.- El número máximo autorizado de embriones, consecuencia de la fertilización con óvulos o espermatozoides de un mismo donador, no deberá ser superior a tres. A los efectos del mantenimiento efectivo de ese límite, los donadores deberán declarar en cada donación si han realizado otras previas, así como las condiciones de éstas, e indicar el momento y el Banco en el que se hubieran realizado dichas donaciones. La utilización de células germinales de un donante no se permitirá cuando resulte que el mismo donante ya ha hecho posible tres fertilizaciones asistidas con resultado favorable, lo anterior con el ánimo de prever futuros casos de consanguinidad.

Será responsabilidad del Banco comprobar de manera fehaciente la identidad de los donadores, así como las consecuencias de las donaciones anteriores. Si se acreditase que el número de éstas supera el límite establecido, se estará a lo previsto por el Capítulo IV de este Título. Dicha comprobación podrá hacerse mediante consulta de la inscripción correspondiente en el Registro Nacional.

SECCION III

CONTRATO DE DEPOSITO

Artículo 55.- Se considera contrato de depósito; aquel mediante el cual los receptores dejan en guarda y custodia al Banco células germinales con fines de reproducción.

Artículo 56.- El Banco será responsable de la crioconservación de las células germinales depositadas. En caso de su destrucción o inutilización, deberá indemnizar los daños causados a los Receptores. Igual consecuencia tendrá en caso de que el Banco destruya o extravíe los archivos correspondientes, o de que les asigne una denominación incorrecta.

SECCION IV

CONTRATO DE DONACION DE CELULAS GERMINALES ENTRE

EL BANCO Y LOS RECEPTORES

Artículo 57.- El contrato celebrado entre los Receptores y el Banco deberá contener los siguientes datos como mínimo:

I. Datos generales de los receptores;

II. Datos generales del establecimiento autorizado;

III. Cláusula de estricta confidencialidad;

IV. Cláusula en la que los receptores renuncien expresamente a conocer el origen de las células germinales aceptadas, y

V. Los demás requisitos que la presente Ley, su Reglamento y otras disposiciones jurídicas aplicables establezcan al respecto.

Artículo 58.- Para preservar las condiciones de anonimato de la donación, los Bancos estarán impedidos para revelar la identidad del donador de las células germinales, salvo en los casos en que así lo determine la autoridad judicial competente.

Artículo 59.- La crioconservación de las células germinales sobrantes de la práctica de la técnica de reproducción humana asistida, se ajustará a lo establecido en el artículo 22 de esta Ley.

SECCION V

CONTRATO DE RECEPCION DE EMBRION

Artículo 60.- El contrato de recepción de embrión es aquel suscrito entre la mujer que permite y autoriza la utilización de su útero de manera gratuita para la implantación de embriones ajenos con la finalidad de su gestación hasta el nacimiento del producto, y los solicitantes, en términos de lo establecido en la Sección II, Capítulo II del Título Cuarto de esta Ley.

Artículo 61.- La mujer receptora de embrión que acepte de modo gratuito la implantación y gestación de un embrión ajeno hasta el nacimiento del producto, reconocerá de forma escrita, clara, precisa, absoluta y plena en el contrato que para este efecto se celebre, la inexistencia de cualquier vínculo respecto del embrión.

Artículo 62.- Los solicitantes proporcionarán a la mujer receptora del embrión alimentos y medicamentos, así como gastos de atención médica que llegaré a necesitar en términos del artículo 40 de esta Ley.

Igualmente se le resarcirá a la mujer receptora de embrión por aquellos ingresos demostrables que, por motivo de la gestación y resultado de ésta, dejaré de percibir de conformidad con esta Ley, su Reglamento y demás disposiciones jurídicas aplicables.

Así mismo y en caso necesario, se cubrirán los gastos médicos y psicológicos que se puedan generar, derivados del parto y desprendimiento y entrega del producto de la gestación.

Los solicitantes estarán obligados a cubrir los gastos de un seguro de vida o instrumento jurídico similar para la mujer receptora de embrión, única y exclusivamente, para el supuesto de que ésta fallezca a consecuencia de una complicación médica derivada de la implantación, de la gestación del embrión implantado o del nacimiento del producto.

Artículo 63.- En el caso de incumplimiento de contrato por parte de los solicitantes por el cual dejen en estado de abandono a la mujer receptora de embrión en cualquier etapa de la gestación o después del nacimiento del producto en términos del artículo 40 de la presente Ley, ésta tendrá derecho a reclamar de aquellos los daños y perjuicios generados, de acuerdo a lo establecido en el Capítulo de Sanciones de esta Ley.

Por cuanto hace al producto de la gestación, se tendrá un depósito suficiente para su manutención y subsistencia hasta su mayoría de edad o, en su caso, su adopción para el supuesto de su abandono, de acuerdo con esta Ley, su Reglamento y demás disposiciones jurídicas aplicables.

CAPITULO IV

DE LA INVESTIGACION

Artículo 64.- Corresponderá a la Secretaría, en el ámbito de su competencia, la determinación del destino final de las células germinales, bajo los fundamentos de la bioética, o bien en el marco de los instrumentos internacionales que seanreconocidos por los Estados Unidos Mexicanos.

Artículo 65.- Las células germinales no fertilizadas podrán ser usadas para la investigación.

Queda prohibida la transferencia a mujeres de células germinales que previamente hayan sido destinadas a la investigación, así como su uso para originar embriones con fines de procreación.

Artículo 66.- En todos los casos la investigación de células germinales se realizará bajo el más estricto control sanitario de la Secretaría. Dicha información se remitirá a la misma Secretaría con el fin de mantener actualizado el registro correspondiente y se utilizarán únicamente células germinales que nunca hayan sido destinadas a técnicas de reproducción asistida.

Artículo 67.- En el Reglamento se determinarán las condiciones y requisitos específicos en los que se podrán utilizar las células germinales con fines de investigación de conformidad con lo prescrito por esta Ley y los ordenamientos aplicables.

TITULO QUINTO

DE LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD, SANCIONES ADMINISTRATIVAS, DELITOS Y EL RECURSO DE INCONFORMIDAD

CAPITULO I

DE LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD

Artículo 68.- Las autoridades competentes podrán dictar las medidas de seguridad, de conformidad con los preceptos de esta Ley y demás disposiciones jurídicas aplicables, sin perjuicio de las sanciones que en su caso correspondan.

Artículo 69.- Para los efectos de esta ley son competentes para ordenar o ejecutar las medidas de seguridad; la Secretaría y los gobiernos de las entidades federativas en el ámbito de sus respectivas competencias.

CAPITULO II

SANCIONES ADMINISTRATIVAS

Artículo 70.- Las violaciones a los preceptos de esta Ley, su Reglamento y demás disposiciones jurídicas aplicables que de ésta emanen, serán sancionadas administrativamente por las autoridades competentes, sin perjuicio de las penas que correspondan cuando resulten constitutivas de delitos.

El procedimiento para la imposición de sanciones deberá ajustarse a lo previsto para tal efecto en la Ley General de Salud, así como a la Ley Federal de Procedimiento Administrativo.

Artículo 71.- Las sanciones administrativas consistirán en:

I. Amonestación;

II. Amonestación con apercibimiento;

III. Multa;

IV. La clausura temporal o en su caso definitiva; y

V. Arresto hasta por treinta y seis horas.

Artículo 72.- En la imposición de las sanciones, las autoridades competentesfundarán y motivarán la resolución, tomando en cuenta:

I. Los daños que se hayan producido o puedan producirse en razón del manejo o distribución de las células germinales, que afecten a los donadores o receptores;

II. La gravedad de la infracción;

III. Las condiciones socioeconómicas del infractor,

IV. La reincidencia del infractor; y

V. El o los beneficios obtenidos por el infractor.

Artículo 73.- Se sancionará con multa de dos mil hasta diez mil veces el salario mínimo general diario vigente en la zona económica de que se trate, la violación de las disposiciones contenidas en los artículos 9, 10, 11, 12, 13 y 14 de esta Ley.

Artículo 74.- Se sancionará con multa de cien hasta mil veces el salario mínimo general diario vigente en la zona económica de que se trate, la violación de las disposiciones contenidas en los artículos 15 al 17 de esta Ley.

Artículo 75.- Se sancionará con multa de dos mil hasta cinco mil veces el salario mínimo general diario vigente en la zona económica de que se trate, la violación de las disposiciones contenidas en los artículos 18 al 24 de esta Ley.

Artículo 76.- Se sancionará con multa equivalente de seis mil hasta doce mil veces el salario mínimo general diario vigente en la zona económica de que se trate, la violación a lo dispuesto en los artículos 25 al 30 de esta Ley.

Artículo 77.- Cuando se reincida en alguno de los supuestos señalados en los artículos anteriores, se duplicará el monto de la multa que corresponda.

Artículo 78.- Se sancionará con multa equivalente de tres mil hasta seis mil veces el salario mínimo general diario vigente en la zona económica de que se trate, la violación a las obligaciones que emanen de cualquier artículo diferente a los anteriores.

Artículo 79.- La aplicación de las multas se realizará sin perjuicio de que las autoridades decreten las medidas de seguridad procedentes, hasta en tanto se subsanen las irregularidades.

Artículo 80.- Será procedente la clausura temporal o definitiva, parcial o total, según la gravedad de la infracción, cuando además de las multas que correspondan, no se cumpla con alguno o la totalidad de los requisitos establecidos en los artículos 15 al 24 de esta Ley, así como su Reglamento.

Artículo 81.- En los casos de clausura definitiva quedarán sin efecto las licencias sanitarias que, en su caso, se hubieren otorgado.

Artículo 82.- Las autoridades competentes sancionarán con arresto hasta por treinta y seis horas:

I. A la persona que entorpezca o se oponga al ejercicio de las funciones de las autoridades sanitarias, y

II. A la persona que en rebeldía se niegue a cumplir los requerimientos y disposiciones de las autoridades sanitarias, provocando con ello un peligro a la salud de las personas.

Sólo procederá esta sanción si previamente se dictó cualquier otra de las sanciones a que se refiere esta Ley, su Reglamento y demás disposiciones jurídicas aplicables.

Impuesto el arresto, se comunicará la resolución a la autoridad competente para que la ejecute.

Artículo 83.- Cuando de una verificación se observe la posible comisión de uno o varios delitos, las autoridades acudirán ante el Ministerio Público, a realizar la denuncia que corresponda, sin perjuicio de la aplicación de la sanción administrativa que proceda.

CAPITULO III

Delitos

Artículo 84.- A quien disponga de células germinales o embriones para fines distintos a lo previsto por esta Ley, se le impondrán de cinco a ocho años de prisión y de cien a setecientos días multa del salario mínimo general vigente en la zona económica de que se trate.

Artículo 85.- Al que sin autorización de las autoridades sanitarias competentes o contraviniendo los términos en que ésta haya sido concedida, importe, exporte, posea, aísle, cultive, transporte, almacene, distribuya, contamine, deseche o realice actos de fertilización con células germinales o embriones humanos, se le aplicará de tres a doce años de prisión y multa equivalente de doscientos a mil días de salario mínimo general vigente en la zona económica de que se trate.

Si el responsable es un profesional, técnico o auxiliar de las disciplinas para la salud, a la pena anterior se añadirá suspensión en el ejercicio de su profesión u oficio de cuatro a ocho años, y hasta seis años más en caso de reincidencia.

Artículo 86.- Se impondrán de seis a catorce años de prisión y multa por el equivalente de siete mil a quince mil días de salario mínimo general vigente en la zona económica de que se trate al que:

I. Ilícitamente obtenga, conserve, utilice, prepare o suministre células germinales;

II. Comercie o realice actos de simulación jurídica que tengan por objeto la intermediación onerosa de células germinales sin fertilizar o fertilizados;

III. Fertilice células germinales con cualquier fin distinto al de la procreación humana;

IV. Realice procedimientos de ingeniería genética con cualquier fin, excepto los terapéuticos;

V. Modifique artificialmente la información hereditaria de células germinales o embriones humanos;

VI. Utilice con el propósito de fertilización células germinales o embriones humanos con un genoma modificado artificialmente;

VII. Con finalidad distinta a la eliminación o disminución de enfermedades graves manipule genes humanos de manera que se altere el genotipo;

VIII. Asocie o implante células germinales humanas, con otros de especie diferente;

IX. Criopreserve o crioconserve embriones;

X. Extraiga de una mujer uno o varios embriones con el fin de transferirlo a otra mujer;

XI. Omita información o estudios previos para evitar lesionar los intereses de donadores o receptores por transmisión de enfermedades hereditarias;

XII. La producción y utilización de embriones con fines de experimentación;

XIII. El implante simultáneo de embriones no provenientes de la misma pareja;

XIV. La producción e implantación de más de tres embriones; y

XV. Contravenga en cualquier momento lo relativo a la confidencialidad.

Si intervinieran profesionales, técnicos o auxiliares de las disciplinas para la salud, se les aplicará, además suspensión de cinco a ocho años en el ejercicio profesional, técnico o auxiliar y hasta seis años más, en caso de reincidencia.

Artículo 87.- Al responsable o empleado de un establecimiento donde ocurra la sustracción de células germinales o embriones, que permita alguno de los actos a que se refieren las fracciones del artículo anterior o no procure impedirlos por los medios lícitos que tenga a su alcance, se le impondrán de cuatro a nueve años de prisión y multa por el equivalente de cuatro mil a diez mil días de salario mínimo general vigente en la zona económica de que se trate.

Artículo 88.- Al que sin consentimiento de una mujer mayor de dieciocho años o con el consentimiento de una menor de dieciocho años de edad o de una incapaz para comprender el significado del hecho o para resistirlo, realice en ella inseminación artificial, se le impondrán de cuatro a ocho años de prisión. Si la inseminación se realiza con violencia o de ella resulta un embarazo, se impondrán de cinco a quince años de prisión.

Artículo 89.- Al que implante a una mujer un embrión habiendo utilizado para ello un óvulo o espermatozoide de donadores no autorizados sin el consentimiento expreso de la receptora, del donador o con el consentimiento de una menor de dieciocho años de edad o de una incapaz para comprender el significado del hecho o para resistirlo, se le impondrá de seis a diez años de prisión. Si el delito se realiza con violencia o de ella resulta un embarazo, la pena aplicable será de seis a dieciocho años de prisión.

Si intervinieran profesionales, técnicos o auxiliares de las disciplinas para la salud, se les aplicará, además, suspensión de cuatro a seis años en el ejercicio profesional, técnico o auxiliar y hasta ocho años más en caso de reincidencia.

Artículo 90.- Si resultan hijos a consecuencia de la comisión de alguno de los delitos previstos en los artículos anteriores, la reparación del daño comprenderá además, el pago de alimentos para éstos y para la madre, en los términos que establezca la legislación de la materia.

Artículo 91.- Cuando entre el activo y el pasivo exista relación de matrimonio o concubinato, los delitos previstos en los artículos anteriores se perseguirán por querella de la parte ofendida.

Artículo 92.- De las diferentes infracciones será responsable su autor, salvo cuando el cumplimiento de las obligaciones previstas en esta ley corresponda a varias personas conjuntamente, caso en el que responderán de forma solidaria.

CAPITULO IV

DEL RECURSO DE INCONFORMIDAD

Artículo 93.- Contra la resolución que afecte en sus derechos a los particulares se podrá interponer el recurso de inconformidad en términos de lo establecido por el Capítulo IV del Título Décimo Octavo de la Ley General de Salud.

Artículo 94.- En la tramitación del recurso de inconformidad se aplicará supletoriamente la Ley Federal del Procedimiento Administrativo y el Código Federal de Procedimientos Civiles.

TITULO SEXTO

AUTORIDADES

CAPITULO I

DE LAS ATRIBUCIONES DE LA SECRETARIA

Artículo 95.- Corresponde a la Secretaría:

I. Garantizar el derecho de hombres y mujeres a la reproducción humana asistida en los términos de esta Ley;

II. Otorgar licencias sanitarias a los Bancos conforme al artículo 315 de la Ley General de Salud;

III. Revocar las licencias sanitarias a las que hace alusión la fracción anterior;

IV. Expedir los reglamentos, normas oficiales y demás disposiciones relativas a las técnicas de reproducción humana asistida;

V. Vigilar en el ámbito de sus atribuciones el cumplimiento de esta Ley, del Reglamento y demás disposiciones jurídicas aplicables;

VI. Fomentar una adecuada coordinación entre la Federación, las entidades federativas y los municipios, así como las instituciones de salud pública en materia de reproducción humana asistida;

VII. Promover la investigación en materia de reproducción humana asistida;

VIII. Fomentar la cultura de altruismo en materia de reproducción humana asistida;

IX. Impulsar la formación y actualización de acuerdos interinstitucionales de coordinación entre las diferentes instancias de gobierno, de manera que se beneficie y se promueva el derecho de mujeres y hombres en materia de reproducción humana asistida;

X. Formular políticas públicas en materia de reproducción humana asistida;

XI. Ejercer el control sanitario de las donaciones y aplicación de las técnicas de reproducción humana asistida;

XII. Brindar asesoría técnica y científica para la creación y funcionamiento de Bancos estatales y municipales, así como a las instituciones públicas y privadas y a las personas físicas o morales del sector social que forman parte del Sistema Nacional de Salud;

XIII. Autorizar la creación y funcionamiento de Bancos de competencia Federal, previa asesoría técnica, científica y legal;

XIV. Aplicar las políticas públicas establecidas por esta Secretaría en coordinación con los organismos y Bancos estatales y municipales;

XV. Coadyuvar con el Comité en las investigaciones biomédicas, y fomentar la realización de este tipo de investigaciones en los Bancos estatales y municipales, así como entre las instituciones privadas;

XVI. Realizar estadísticas en materia de reproducción humana asistida, con la información que le proporcionen los Bancos;

XVII. Suscribir convenios de colaboración con todo tipo de organismos públicos e instituciones privadas especializadas en materia de reproducción humana asistida; y

XVIII. Las demás que le asigne la Ley, su Reglamento y las disposiciones jurídicas que resulten aplicables.

CAPITULO II

DE LAS ATRIBUCIONES DEL COMITE DE REPRODUCCION HUMANA ASISTIDA

Artículo 96.- El Comité de Reproducción Humana Asistida dependerá de la Comisión Nacional de Bioética, que tendrá como funciones:

I. Coadyuvar con las autoridades correspondientes en la realización de investigaciones en materia de reproducción humana asistida;

II. Promover la protección de los derechos humanos inherentes a la reproducción humana asistida;

III. Realizar en coordinación con las autoridades sanitarias foros, cursos, conferencias y seminarios en materia de bioética relacionadas con la reproducción humana asistida;

IV. Difundir entre la sociedad y los profesionales, técnicos y auxiliares de la salud, el respeto a la dignidad y a la vida humana; y

V. Las demás que le asigne la Ley, su Reglamento y las disposiciones jurídicas aplicables.

Artículo 97.- El Comité de Reproducción Humana Asistida será presidido por el Comisionado Nacional de Bioética y contará con seis miembros más, quienes deberán acreditar su conocimiento y experiencia en temas de bioética y reproducción humana asistida, y se integrará con un representante de:

I. La Asociación Mexicana de Ginecología y Obstetricia;

II. La Universidad Nacional Autónoma de México;

III. El Instituto Politécnico Nacional;

IV. Asociaciones o sociedades de bioética de reconocido prestigio nacional;

V. Los Centros de Reproducción Humana Asistida; y

VI. Sociedades o asociaciones dedicadas a promover los derechos humanos en salud de reconocido prestigio nacional.

Artículo 98.- Los miembros del Comité de Reproducción Humana Asistida, no contarán con salario, ni ninguna otra prestación por su pertenencia a éste. La duración en funciones de cada uno de los miembros será por tres años, excepto por el Comisionado Nacional de Bioética que durará en funciones el tiempo que esté al frente de la Comisión Nacional de Bioética.

El Comité de Reproducción Humana Asistida sesionará cada tres meses, en el sitio que se acuerde por mayoría simple de los miembros, en caso de empate el Presidente tendrá voto de calidad.

El Comité podrá sesionar extraordinariamente cuando así lo amerite la importancia de algún caso o tema de su competencia.

Artículo 99.- En todos los casos que en cualquier Centro se solicite una técnica de reproducción humana asistida que requiera de una mujer receptora de embrión, el Comité de Reproducción Humana Asistida deberá conocer el caso en extenso y votar si ésta es aceptada. Los nombres reales de los cónyuges o concubinos ni el de la mujer receptora serán de absoluta confidencialidad.

Artículo 100.- El Comité de reproducción asistida deberá avalar la idoneidad ética de cada Centro y de los profesionales en salud que laboren en cada uno de ellos.

CAPITULO III

DE LAS ATRIBUCIONES DE LA COMISION FEDERAL PARA LA PROTECCION CONTRA RIESGOS SANITARIOS

Artículo 101.- Corresponde a la Comisión Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios:

I. Ejercer el control sanitario de las donaciones y aplicación de las técnicas de reproducción humana asistida;

II. Ejercer el control sanitario respecto de las condiciones sanitarias de los Bancos y centros autorizados;

III. Fomentar las acciones tendientes a promover la mejora continua de las condiciones sanitarias en materia de reproducción humana asistida;

IV. Expedir las licencias sanitarias que avalen las condiciones sanitarias de los Bancos y centros autorizados; y

V. Las demás que le asigne la Ley, su Reglamento y las disposiciones jurídicas aplicables.

CAPITULO IV

DEL REGISTRO NACIONAL DE REPRODUCCION HUMANA ASISTIDA

Artículo 102.- La autoridad administrativa en la materia de esta Ley será la Secretaría y contará con un Registro Nacional de Reproducción Humana Asistida, mismo que se encargará de la integración y actualización de la siguiente información:

I. Los datos de los receptores, de los donadores, de las mujeres receptoras de embrión y fecha de los procedimientos;

II. Los datos de los nacidos bajo estos procedimientos, con la más estricta confidencialidad;

III. La cantidad de células germinales crioconservados en cada Banco;

IV. La cantidad de donaciones de células germinales realizadas;

V. La cantidad de procedimientos a los que se ha sometido la mujer receptora de embrión;

VI. La cantidad de Bancos y Centros autorizados existentes en cada entidad federativa; y

VII. Las demás necesarias para el cumplimiento del objeto de la presente Ley y su Reglamento.

Artículo 103.- El Registro Nacional proporcionará a los Bancos y a los Centros autorizados la información relativa al receptor, donador y la mujer receptorade embrión, a fin de proteger los derechos humanos y la dignidad de la vida humana con respecto a las aplicaciones de las técnicas de reproducción humana asistida.

ARTICULO SEGUNDO: Se Reforman la fracción segunda del apartado A. del artículo 13 se reforma el segundo párrafo del artículo 18; se adiciona una fracción IV bis. 1. al artículo 3°; y se adiciona un artículo 67 Bis todos de la Ley General de Salud.

Artículo 3º. En los términos de esta ley, es materia de salubridad general:

I. a IV. ...

IV Bis 1. La regulación y el control sanitario de la reproducción humana asistida;

V. a XXVIII. …

Artículo 13. La competencia entre la Federación y las entidades federativas en materia de salubridad general quedará distribuida conforme a lo siguiente:

A. Corresponde al Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría de Salud:

I. …

II. En las materias enumeradas en las fracciones I, III, IV Bis. 1, XV Bis, XXI, XXII, XXIII, XXIV, XXV, XXVI y XXVII del artículo 3o. de esta Ley, organizar y operar los servicios respectivos y vigilar su funcionamiento por sí o en coordinación con dependencias y entidades del sector salud;

III. a X. …

B. …

C. …

Artículo 18.- …

La Secretaría de Salud propondrá la celebración de acuerdos de coordinación con los gobiernos de las entidades federativas para la participación de éstos en la prestación de los servicios a que se refieren las fracciones I, III, IV Bis. 1, XXI, XXII, XXIII, XXIV, XXV, XXVI y XXVII del artículo 3o. de esta Ley.

Artículo 67 Bis.- El estado garantizará el acceso a los servicios de salud reproductiva, incluyendo el acceso a la planificación familiar la prevención de enfermedades de transmisión sexual, los servicios obstétricos de emergencia.

La promoción del derecho a tomar decisiones relativas a la reproducción de manera libre, responsable e informada, sin sufrir discriminación, coacciones ni violencia es una de las bases de las políticas y programas de salud reproductiva.

Toda prestación de servicios de salud reproductiva requiere el consentimiento libre e informado.

ARTICULOS TRANSITORIOS

Artículo Primero.- El presente Decreto, entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Artículo Segundo.- El Ejecutivo Federal, deberá expedir la reglamentación de las disposiciones que resulten necesarias para el desarrollo y ejecución de esta Ley, en un plazo máximo de seis meses a partir de la entrada en vigor de la presente ley.

Artículo Tercero.- Las autoridades a que se refiere la presente Ley que no cuenten con los órganos y sistemas previstos, deberán crearlos y ponerlos en funcionamiento dentro de un plazo que no excederá de seis meses, contados a partir de la entrada en vigor de este ordenamiento, para lo cual realizarán las adecuaciones procedentes a sus reglamentos interiores, manuales de organización o disposiciones equivalentes.

Artículo Cuarto.- Dentro del plazo de ciento veinte días contados a partir de la entrada en vigor de esta Ley, todas las instituciones que brinden servicios y unidades autorizados de reproducción humana asistida comunicarán a las autoridades sanitarias el número total de embriones(óvulos fertilizados) humanos que mantengan crioconservados, procedentes de técnicas de reproducción, iniciados antes de la entrada en vigor de esta Ley, así como la información disponible sobre su estado y las condiciones en que fueron crioconservados.

Artículo Quinto.- La creación del Registro Nacional de Reproducción Humana Asistida estará sujeto a la asignación de los recursos presupuestales correspondientes.

Artículo Sexto.- Se crea el Comité de Reproducción Humana Asistida que será dependiente de la Comisión Nacional de Bioética.

Artículo Séptimo.- Se derogan todas las disposiciones que contravengan la presente Ley.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, a 20 de diciembre de 2012.

Suscriben

Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional: Sen. Maki Esther Ortiz Domínguez.- Sen. Ernesto Javier Cordero Arroyo.- Sen. José Rosas Aispuro Torres.- Sen. Jorge Luis Lavalle Maury.- Sen. Fernando Torres Graciano.- Sen. César Octavio Pedroza Gaitán.- Sen. María del Pilar Ortega Martínez.- Sen. Javier Corral Jurado.- Sen. Salvador Vega Casillas.- Sen. María Marcela TorresPeimbert.- Sen. Daniel Gabriel Avila Ruiz.- Sen. José María MartínezMartínez.- Sen. Víctor Hermosillo y Celada.- Sen. Adriana Dávila Fernández.- Sen. SilviaGuadalupe Garza Galván.- Sen. Ernesto Ruffo Appel.- Sen. Roberto Gil Zuarth.- Sen. Francisco Domínguez Servién.- Sen. Fernando Yunes Márquez.- Sen. Sonia Mendoza Díaz.- Sen. Francisco de Paula Búrquez Valenzuela.- Sen. Raúl Gracia Guzmán.- Sen. Carlos Mendoza Davis.- Sen. Martín Orozco Sandoval.- Sen. Francisco García Cabeza de Vaca.- Sen. Francisco Salvador López Brito.- Sen. Juan Carlos Romero Hicks.- Sen. Héctor Larios Córdova.

Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional: Sen. Miguel Romo Medina.- Sen. María Cristina Díaz Salazar.- Sen. Manuel Cavazos Lerma.

Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática: Sen. Fernando Enrique Mayans Canabal.- Sen. Víctor Manuel Camacho Solís.- Sen. Isidro Pedraza Chávez.- Sen. Dolores Padierna Luna.- Sen. Alejandro de Jesús Encinas Rodríguez.- Sen. Adán Augusto López Hernández.- Sen. Angélica de la Peña Gómez.

Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México: Sen. María Elena Barrera Tapia.

Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo: Sen. Martha Palafox Gutiérrez.- Sen. Ana Gabriela Guevara Espinoza.

Senadora Independiente: Sen. Layda Sansores San Román”.

- El C. Presidente Sánchez Jiménez: Gracias, Senadora Ortiz Domínguez. Túrnese a las Comisiones Unidas de Salud; y de Estudios Legislativos.


1 Información del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) señala que en México hay millón y medio de parejas que sufren de problemas de infertilidad.

2 SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA(Gran Sala) de la Unión Europea de 18 de octubre de 2011, contra Alemania, da protección al embrión en contra de patentes.

3 Takahashi K, Yamanaka S.Induction of pluripotent stem cells from mouse embryonic and adult fibroblast cultures by defined factors.Cell. 2006 Aug 25;126(4):663-76. Epub 2006 Aug 10.

4 Chen, Christopher. 1986. Pregnancy after Human Oocyte Cryopreservation. The Lancet. 327 (8486):884-886, Díaz DG, H. La, MC Rodríguez-Kari, M Reynoso, et al. 2010. Human Oocytes Cryopreservation: 5 Year Outcome of Human Oocyte cryopreservation with a Novel Slow-Freeze Protocol: 2005-2010. Fertility & Sterility. Supplement 2010. O-229. S67, y Fadini R, F Brambillasca, M Mignini Renzini, et al.. 2009. Human oocyte cryopreservation: comparison between slow and ultrarapid methods. Reproductive BioMedicine Online. 19(2):171-180.

5 Entre otras, la Declaración Sobre el Genoma Humano y los Derechos Humanos, adoptada el 11 de noviembre de 1997. Declaración Universal sobre Bioética y Derechos Humanos, etc.

6 Un reciente informe publicado por la Sociedad Europea de Reproducción Humana y Embriología dice que ahora las clínicas de fertilidad están dedicándose a transferir sólo un embrión durante un tratamiento, para reducir el número de nacimientos múltiples. Un análisis más detallado de los datos puede encontrarse en el artículo “Assisted reproductive technology in Europe, 2006”, en Human Reproduction, vol. 00, nº 0, pp. 1-12, 2010. Es el 10º informe anual de la ESHRE

7El Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales, Ratificada por México el 23 de marzo de 1981, y publicada en el D.O. el 12 de mayo de 1981.

PARTE III

Artículo 10

Los estados partes en el presente Pacto reconocen que:

1. Se debe concedera la familia, que es el elemento natural y fundamental de la sociedad, la más amplia protección y asistencia posibles, especialmente para su constitución (…).

2. Se debe conceder especial protección a las madres durante un periodo del tiempo razonable antes y después del parto.

Tiene ahora el uso de la tribuna el Senador Juan Carlos Romero Hicks, del grupo parlamentario del PAN, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto que reforma diversos artículos constitucionales, en materia educativa.





 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETOQUE REFORMA DIVERSOS ARTICULOS DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA EDUCATIVA

(Presentada por el C. Senador Juan Carlos Romero Hicks, del grupo parlamentario del PAN)

- El C. Senador Juan Carlos Romero Hicks: Con el permiso de la Presidencia, distinguidos compañeros del Senado.

Cuando uno escucha a los demás corre el riesgo de aprender, esta Cámara le ha propuesto respetuosamente a la Cámara de los Diputados desde la semana pasada el trabajar en conferencia el tema de las propuestas de reforma educativa. Por diversas circunstancias, hasta este momento no pudo procesarse así.

En previsión a ello, y a reserva de dictaminar la minuta que llega de la Cámara de Diputados y que se está turnando a las Comisiones Unidas de Educación; de Puntos Constitucionales; y Estudios Legislativos, a nombre del grupo parlamentario de Acción Nacional, estamos introduciendo una propuesta que recoge la parte del Ejecutivo Federal y mejora en algunos aspectos para tener aspectos de carácter más integrales.

Hace muchos años el Partido Acción Nacional ha impulsado una aprobación de reformas tendientes a la calidad educativa, las legislaturas anteriores ya conocieron y procesaron algunas de estas iniciativas. A nosotros lo que nos preocupa son tres puntos fundamentales.

Primero. La calidad como principio constitucional. Que coincide con la iniciativa del Senador Mario Delgado, introducida precisamente hace una semana a ese propósito, y que ha sido un clamor de la sociedad que quiere tener mayor participación y que a rango constitucional se tenga la calidad como un valor.

Segundo. El que podamos tener un Sistema Nacional de Evaluación y Servicio Profesional Docente. Si bien la iniciativa del Ejecutivo Federal la recoge, nosotros tenemos elementos adicionales para poder intentar perfeccionarla.

Y tercero. Está el reordenamiento de la relación laboral para ejercer la rectoría del Estado en el tema educativo, y esta parte que es muy sensible se debe de revisar con mucho cuidado.

Nosotros tenemos un inmenso aprecio y admiración por el magisterio de este país, he podido estar en regiones de mi entidad federativa, en Guanajuato, en la sierra, en la montaña, en el valle, en las comunidades más remotas, y aprecio el sacrificio que con polvo, sudor y lágrimas realizan los profesores de este país todos los días.

Sin embargo, es muy importante hablar con la verdad, y tenemos muchas simetrías en el tema de la calidad, y hay cuatro aspectos que a nosotros nos preocupan.

Primero. El régimen de permanencia, sin atentar contra derechos laborales, y creemos que la permanencia debe de ir ligada a la evaluación con desempeño y con consecuencias y que debe tener una formación continua y profesional.

Segundo. Consideramos que es muy importante el tema de llevar al Apartado B y su Ley Reglamentaria lo que ya vimos en la Ley Federal del Trabajo, como Ley Reglamentaria del Apartado A, democracia, transparencia y revisión de cuentas.

Tercero. Que se haga una revisión muy seria de las condiciones generales de trabajo, que desde 1946 el Estado mexicano fue entregando para confundir lo que es de la autoridad y lo que es un régimen contractual en buena perspectiva.

Y por último, que con todo respeto a las causas que puedan tener cuando no se procesan los paros a través de una huelga, como señalaría la ley de la materia, debe haber consecuencias porque no podemos atentar contra la educación de nuestros hijos. Estas modificaciones consideramos que son parte de una reforma más integral y lo que quieren hacer es enriquecer la discusión.

México espera tres cosas de nosotros: Resultados, resultados y más resultados, y al final del día tenemos derecho a muchas cosas pero no a fallar, esa es la iniciativa del Partido Acción Nacional, que queremos someter a su consideración para ir enriqueciendo como parte de un proceso.

La iniciativa que vamos a conocer al rato de la minuta de Diputados, no es una reforma integral, esa parte tendremos que verla con más calma; sin embargo, saludamos a todas las voces y queremos trabajar en este Senado de la República.

Es cuanto.

Iniciativa

“C. SEN. ERNESTO CORDERO ARROYO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
DEL SENADO DE LA REPUBLICA
PRESENTE.

Los suscritos Senadores de la República, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXII Legislatura al Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción II y 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los artículos 8, numeral 1, fracción I, 164, 169 y demás relativos del Reglamento del Senado de la República, sometemos a la consideración del Constituyente Permanente por su digno conducto, la siguiente Iniciativa con Proyecto de Decreto que reforma diversos artIculos de la ConstituciOn PolItica de los Estados Unidos Mexicanos en materia educativa. Lo anterior, al tenor de la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

La educación es un proceso de socialización y aprendizaje encaminado al desarrollo intelectual y ético de una persona; también se entiende por educación a la instrucción por medio de la acción docente.

Para el Partido Acción Nacional la educación debe ser el rostro del bien común, debe permitir el desarrollo permanente y constante de la persona humana. La educación debe llevar al pensamiento y a la acción. La educación va más allá del arte, la ciencia o las buenas costumbres. El proceso educativo debe formar integralmente a cada persona, para que pueda desarrollar sus valores, capacidades, talentos, aptitudes y habilidades.

Siempre hemos sostenido que es un deber irrenunciable del Estado, asegurar por igual el acceso a la educación, porque es el medio más eficaz para el perfeccionamiento y desarrollo constante de las personas y de las naciones. Asimismo, es un deber del Estado la democratización de los servicios educativos, para garantizar a todos el acceso a una educación de calidad, libre de facciones y de cualquier tipo de organización pseudo educativa.

Es necesario reconocer que en los últimos doce años, se dieron importantes avances en materia educativa. Con la finalidad de terminar con el rezago heredado por administraciones anteriores, se incrementó considerablemente el gasto promedio anual por alumno; también se aumentó la inversión federal para la construcción y mantenimiento de escuelas. En ese tenor, se incrementó la cobertura educativa desde el nivel preescolar hasta el nivel medio superior. Se estableció el programa ENLACE para contribuir al avance educativo de cada alumno, cada centro escolar y cada entidad federativa.

Para el Partido Acción Nacional la relación entre el maestro y el alumno es parte esencial del proceso educativo, por ello la sociedad y el Estado deben revalorar la dignidad de la labor magisterial. No obstante, es necesario que los maestros cuenten con una serie de conocimientos y habilidades que permitan impartir adecuadamente los contenidos de los planes y programas de estudio a sus alumnos.

México necesita que las futuras generaciones mejoren significativamente la calidad y cantidad de los conocimientos con que egresan de las escuelas del sistema educativo nacional. Ya no se puede tolerar que alumnos de secundaria no puedan realizar operaciones aritméticas sin ayuda de una calculadora o que no tengan noción de las reglas básicas de la ortografía.

Lamentablemente, los problemas que tienen los alumnos en muchas ocasiones son propiciados por la falta de conocimientos de los profesores o por la falta de técnicas pedagógicas adecuadas para impartir las asignaturas.

Históricamente el Partido Acción Nacional ha impulsado la aprobación de reformas tendientes a mejorar la calidad educativa y para evaluar a los docentes. Lamentablemente, tales reformas no fueron apoyadas por otros grupos parlamentarios, provocando que las mismas fueran desechadas o todavía se encuentren pendientes de dictamen en la Cámara de Diputados.

En el transcurso de las dos Legislaturas anteriores, los senadores del Partido Acción Nacional presentaron ante el Pleno de la Cámara, diversas iniciativas para impulsar reformas que permitieran establecer mecanismos de ingreso y promoción a la labor docente con base en la evaluación de conocimientos, habilidades, capacidades, destrezas y, en su caso, desempeño profesional frente a grupo. Prueba de ello, es la iniciativa presentada por María Teresa Ortuño Gurza, que fue aprobada por el Senado y continúa pendiente en la Cámara de Diputados. Si bien esta reforma es a nivel de ley secundaria, ilustra claramente que el tema ha sido prioritario para Acción Nacional.

Los senadores del Partido Acción Nacional nos hemos manifestado a favor de una reforma constitucional de fondo que transforme sustancialmente nuestro sistema educativo y garantice educación de calidad para todos los mexicanos. México no puede aceptar que una reforma en la que se juega el futuro de diferentes generaciones de ciudadanos se limite a modificaciones cosméticas. Así lo expresamos públicamente el pasado 18 de diciembre de 2012:

La educación está en el centro del potencial desarrollo personal y social de México. Su reforma para garantizar el acceso a una educación de calidad que haga efectivo el derecho humano a aprender, es una de las prioridades de Acción Nacional y su grupo parlamentario en el Senado de la República.

Por ello respaldamos que uno de los primeros frutos del Pacto por México sea la iniciativa de reforma constitucional en materia educativa que adiciona al artículo 3 y al 73, importantes conceptos para recuperar la rectoría del Estado en tan importante proceso y señala una base de lineamientos y directrices que deberá atender la legislación secundaria y las políticas públicas a cargo de los diferentes órdenes de gobierno.

Sin embargo y reconociendo el avance que se contiene en la iniciativa surgida de los acuerdos del Pacto por México, los senadores de Acción Nacional consideramos conveniente complementar y adicionar propuestas que han quedado fuera tanto de la iniciativa como del dictamen de las comisiones en la Cámara de los Diputados. Nuestro propósito es mejorar el contenido de la reforma y darle una mayor precisión al objetivo de la evaluación educativa, así como transparentar las relaciones entre el Estado y los trabajadores de la Educación.

Convencidos de que el Pacto por México es un referente básico para el trabajo legislativo, como piso y no como techo o límite, creemos también que ésta es la oportunidad para una reforma de mayor calado que concretice en los hechos las palabras que anunciaron una reforma educativa de fondo.

La propuesta del Grupo Parlamentario del PAN en el Senado de la República fortalece la iniciativa de reforma educativa con adiciones en tres ejes fundamentales:

1. Calidad como principio constitucional

Si bien la exposición de motivos hace referencia a la calidad en la educación, su texto normativo no recoge expresamente ese principio ni establece sus implicaciones institucionales y jurídicas en los distintos componentes de la educación. La reforma debe reconocer a la calidad como el principal instrumento para hacer efectivo el derecho humano a aprender. Asimismo, debe establecer expresamente las dimensiones de la obligación del Estado de garantizar la calidad en la educación, de modo de que no sólo comprenda un robusto, eficaz e integral sistema de evaluación que promueva la idoneidad de docentes y directivos, sino también las condiciones materiales en la educación.

La incorporación del criterio de calidad ha sido ampliamente demandada por los diversos sectores involucrados en la educación. A efecto de robustecer la cultura del diálogo y la construcción de acuerdos entre el Congreso y la sociedad civil, mediante la identificación y ejecución de actos coincidentes en beneficio del interés público, los grupos parlamentarios representados en el Congreso de la Unión han materializado esta preocupación, a través de la presentación formal de instrumentos legislativos, que enriquecen el proceso de transición cualitativa del Sistema Educativo Nacional. En ese tenor, el pasado 13 de diciembre de 2012, el Senador Mario Delgado Carrillo, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática,presentó laIniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 3º y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El instrumento fue suscrito por los Senadores Jorge Luis Lavalle Maury, Juan Carlos Romero Hicks, Mónica Arriola Gordillo, Fidel Demédicis Hidalgo, Javier Corral Jurado y María Marcela Torres Peimbert.

2. Sistema Nacional de Evaluación y Servicio Profesional Docente

La iniciativa acierta en crear un servicio profesional docente que ordene el ingreso, promoción y permanencia de los profesores, lo cual evitará que las plazas docentes respondan a lógicas corporativas. La iniciativa también atina en dar autonomía constitucional al Instituto Nacional de Evaluación Educativa, en la dirección que los gobiernos panistas han trazado en los últimos años. Sin embargo, la transformación de ese órgano constitucional autónomo está desligada de la estructura del artículo 3 de la Constitución y no se enmarca en un verdadero sistema nacional de evaluación educativa que, consideramos, debe estar reconocido a nivel constitucional y, en consecuencia, claramente definidos sus objetivos, los sujetos, los procedimientos, los incentivos y las consecuencias.

Por tal motivo, estamos convencidos que:

  • La Constitución debe crear expresamente el servicio profesional docente y, consecuencia, establecer que la evaluación docente es obligatoria;

b) La permanencia debe estar jurídicamente ligada a los resultados de la evaluación, y no sólo el ingreso y la promoción tal y como se plantea la iniciativa;

c) Los resultados de la evaluación educativa deben determinar las aportaciones económicas al servicio público de la educación, es decir, que la evaluación tenga implicaciones presupuestales;

d) Toda la información derivada de la evaluación docente y educativa debe estar invariablemente a disposición de cualquier persona;

e) La negativa de los docentes a someterse a evaluación debe traer como consecuencia la separación del servicio.

La transformación del Instituto Nacional de Evaluación Educativa en un órgano constitucional autónomo debe abrir la reflexión sobre articulación del modelo de evaluación respecto a la educación superior.

3. Reordenar las relaciones laborales para ejercer la rectoría del Estado en la educación

La creación a nivel constitucional del servicio profesional docente modifica sensiblemente las relaciones laborales entre el Estado y los trabajadores al servicio de la Educación. Sin embargo, deben darse pasos más firmes. En consecuencia, proponemos:

a) Incorporar el principio democrático en la elección de dirigentes sindicales, así como la trasparencia y rendición de cuentas a favor de los derechos de los trabajadores de la educación;

b) Establecer expresamente en la Constitución que la ley sancionará los paros, sin causa legal justificada, de labores docentes;

c) Fijar en el régimen transitorio un plazo para que la Secretaría de Educación Pública actualice y corrija las Condiciones Generales de Trabajo del personal docente, especialmente las comisiones sindicales con cargo al erario, que contravengan los principios del servicio profesional docente.

Por todo lo anteriormente expuesto, los suscritos Senadores del Partido Acción Nacional, presentamos a la consideración del Constituyente Permanente la siguientepropuesta de reformas y adiciones a los artículos 3º, 73 y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para incorporar una serie de principios que permitan: elevar la calidad de la educación; permitir que los padres de familia puedan opinar sobre los planes y programas de estudio; establecer las bases para la evaluación a los trabajadores de la educación y para facultar al Congreso de la Unión para participar en el aseguramiento del cumplimiento de los fines de la educación y su mejora continua.

En ese tenor, proponemos la adición de un tercer párrafo al artículo 3º para establecer que el Estado deberá garantizar la calidad en la educación obligatoria de manera que todos sus elementos garanticen el máximo logro de aprendizaje de los educandos.

Proponemos la adición del inciso d) al cuarto párrafo del artículo 3º, para establecer como objetivo de la educación pública la calidad, tomando como base el mejoramiento constante y el máximo logro académico de los estudiantes.

Se propone reformar la fracción III del artículo 3º para permitir que los padres de familia puedan opinar sobre los planes y programas de estudio de la educación preescolar, primaria, secundaria y normal para todo el país, en los términos que la legislación secundaria lo señale.

En la fracción III se propone establecer que el ingreso, permanencia y promoción de los docentes, asesores de apoyo técnico pedagógico, directivos o supervisores  en la educación básica y media superior que imparta el Estado, se llevarán a cabo mediante mecanismos de evaluación de carácter obligatorio, incluidos concursos de oposición,  conforme a los criterios, requisitos y procedimientos que establezca la ley. Proponemos que los procesos se rijan por los principios de transparencia, objetividad, legalidad, imparcialidad, mérito, igualdad de oportunidades y equidad de género. Se exceptúan de esta disposición a las universidades e instituciones autónomas.

Se propone que la formación, actualización, capacitación y superación profesional docente atienda las necesidades identificadas mediante las evaluaciones que realicen las autoridades educativas.

Proponemos la adición de la fracción IX del artículo 3º, para garantizar crear el Sistema Nacional de Evaluación Educativa. Se propone que la coordinación del Sistema esté a cargo del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, que será un organismo público autónomo, con personalidad jurídica y patrimonio propio. Se faculta al Instituto para evaluar el desempeño y resultados del Sistema Educativo Nacional en la educación obligatoria. Se establecen sus atribuciones; se crea una Junta de Gobierno para el Instituto y se establece el procedimiento para el nombramiento de sus integrantes, entre otros aspectos.

La reforma propuesta para la fracción XXV del artículo 73, tiene la finalidad de que el Congreso de la Unión asegurar el cumplimiento de los fines de la educación y su mejora continua en un marco de inclusión y diversidad.

Las modificaciones propuestas para el artículo 123 tienen dos objetivos principales. En primer lugar, pretenden salvaguardar los derechos laborales adquiridos de los trabajadores de la educación; así como sujetar a disposiciones de transparencia a los sindicatos.

PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

ARTICULO UNICO.- Se reforman: los incisos b) y c) del cuarto párrafo; la fracción III; las fracciones VII y VIII; del artículo 3º; la fracción XXV del artículo 73; la fracción IX del Apartado B del artículo 123. Se adicionan: un párrafo tercero, recorriéndose en su orden al actual párrafo tercero, para en lo sucesivo ser el cuarto párrafo; el inciso d) al cuarto párrafo; los párrafos segundo y tercero a la fracción III; la fracción IX; del artículo 3º; los párrafos segundo a quinto de la fracción X del Apartado B, del artículo 123, todos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para quedar como sigue:

Artículo 3º.-…

El Estado garantizará la calidad en la educación obligatoria de manera que los materiales y métodos educativos, la organización escolar, la infraestructura educativa y la idoneidad de los docentes y los directivos garanticen el máximo logro de aprendizaje de los educandos.

I y II -…

Además:

a)…

b) Será nacional, en cuanto -sin hostilidades ni exclusivismos- atenderá a la comprensión de nuestros problemas, al aprovechamiento de nuestros recursos, a la defensa de nuestra independencia política, al aseguramiento de nuestra independencia económica y a la continuidad y acrecentamiento de nuestra cultura;

c) Contribuirá a la mejor convivencia humana, a fin de fortalecer el aprecio y respeto por la diversidad cultural, la dignidad de la persona, la integridad  de la familia, la convicción del interés general de la sociedad, los ideales de fraternidad e igualdad de derechos de todos, evitando los privilegios de razas, de religión, de grupos, de sexos o de individuos, y

d) Será de calidad, con base en el mejoramiento constante y el máximo logro académico de los educandos.

III. Para dar pleno cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo y en la fracción II, el Ejecutivo Federal determinará los planes y programas de estudio de la educación preescolar, primaria, secundaria y normal para toda la República. Para tales efectos, el Ejecutivo Federal considerará la opinión de los gobiernos de las entidades federativas y del Distrito Federal, así como de los diversos sectores sociales involucrados en la educación, en especial los padres de familia,en los términos que la ley señale.

El ingreso, permanencia y promoción de los docentes, asesores de apoyo técnico pedagógico, directivos o supervisores en la educación básica y media superior que imparta el Estado, se llevarán a cabo mediante mecanismos de evaluación de carácter obligatorio, incluidos concursos de oposición, conforme a los criterios, requisitos y procedimientos que establezca la ley. Estos procesos se regirán por los principios de transparencia, objetividad, legalidad, imparcialidad, mérito, igualdad de oportunidades y equidad de género. Se exceptúan de esta disposición a las instituciones a las que se refiere la fracción VII de este artículo.

La formación, actualización, capacitación y superación profesional docente atenderá las necesidades identificadas mediante las evaluaciones que al efecto realicen las autoridades educativas.

IV.-…a VI.-…

VII. Las universidades y las demás instituciones de educación superior a las que la ley otorgue autonomía, tendrán la facultad y la responsabilidad de gobernarse a sí mismas; realizarán sus fines de educar, investigar y difundir la cultura de acuerdo con los principios de este artículo, respetando la libertad de cátedra e investigación y de libre examen y discusión de las ideas; determinarán sus planes y programas; fijarán los términos de ingreso, promoción y permanencia de su personal académico; y administrarán su patrimonio. Las relaciones laborales, tanto del personal académico como del administrativo, se normarán por el apartado A del artículo 123 de esta Constitución, en los términos y con las modalidades que establezca la Ley Federal del Trabajo conforme a las características propias de un trabajo especial, de manera que concuerden con la autonomía, la libertad de cátedra e investigación y los fines de las instituciones a que esta fracción se refiere;

VIII. El Congreso de la Unión, con el fin de unificar y coordinar la educación en toda la República, expedirá las leyes necesarias, destinadas a distribuir la función social educativa entre la Federación, los Estados y los Municipios, a fijar las aportaciones económicas correspondientes a ese servicio público y a señalar las sanciones aplicables a los funcionarios que no cumplan o no hagan cumplir las disposiciones relativas, lo mismo que a todos aquellos que las infrinjan, y

IX.- Para garantizar la prestación de servicios educativos de calidad, se crea el Sistema Nacional de Evaluación Educativa. La coordinación de dicho Sistema estará a cargo del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, que será un organismo público autónomo, con personalidad jurídica y patrimonio propio. Corresponderá al Instituto evaluar el desempeño y resultados del Sistema Educativo Nacional en la educación obligatoria.

Para ello deberá:

a) Recopilar, generar, sistematizar, administrar, analizar, interpretar y difundir información y conocimientos que contribuyan a evaluar los diferentes componentes del Sistema Educativo Nacional, así como el desempeño de los programas, políticas, instituciones y actores educativos;

b) Expedir los lineamientos a los que se sujetarán las autoridades educativas federal y locales para llevar a cabo las funciones de evaluación que les corresponden, y

c) Con base en su información, emitir directrices que sean relevantes para contribuir a las decisiones tendientes a mejorar la calidad de la educación y su equidad, como factor esencial en la búsqueda de la igualdad social.

Toda la información que genere el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación será pública, con excepción de la que disponga la ley de la materia.

Para el cumplimiento de estas disposiciones, el Instituto actuará bajo los principios y demás atribuciones que establezca la ley.

La Junta de Gobierno será el órgano de dirección del Instituto. Se integrará por cinco miembros designados por el Ejecutivo Federal, con la aprobación, dentro del plazo de treinta días naturales, de las dos terceras partes de los miembros presentes de la Cámara de Senadores o, durante los recesos de ésta, de la Comisión Permanente.

En caso de que en la votación no se reúna la mayoría requerida, el Ejecutivo Federal deberá someter a aprobación una nueva designación. Si respecto de esta segunda designación no existe pronunciamiento, la misma se entenderá aprobada, y si sometida a votación no se reúne la mayoría requerida, el Ejecutivo Federal designará directamente a otra persona.

Los integrantes de la Junta de Gobierno deberán ser personas con capacidad y experiencia en las materias de la competencia del Instituto y cumplir los requisitos que establezca la ley. Desempeñarán su encargo por períodos de siete años en forma escalonada y podrán ser reelectos por una sola ocasión. Los integrantes no podrán durar en su encargo más de doce años. En caso de falta absoluta de alguno de ellos, el sustituto será nombrado únicamente para concluir el periodo respectivo. Sólo podrán ser removidos por causa grave y serán sujetos de responsabilidad administrativa y penal en los términos del Título Cuarto de esta Constitución. Los miembros de la Junta de Gobierno no podrán desempeñar ningún otro empleo, cargo o comisión, con excepción de aquéllos en que actúen en representación del Instituto y de los no remunerados en actividades docentes, científicas, culturales o de beneficencia.

La Junta de Gobierno, de manera colegiada, nombrará a su Presidente, con voto mayoritario de tres de sus integrantes. El Presidente desempeñará su cargo por el tiempo que establezca la ley.

La ley establecerá los mecanismos y acciones necesarios que permitan al Instituto y a las autoridades educativas federal y locales una eficaz colaboración y coordinación para el mejor cumplimiento de sus respectivas funciones.

Artículo 73. El Congreso tiene facultad:

I.-…a XXIV.-…

XXV. Para establecer, organizar y sostener en toda la República escuelas rurales, elementales, superiores, secundarias y profesionales; de investigación científica, de bellas artes y de enseñanza técnica, escuelas prácticas de agricultura y de minería, de artes y oficios, museos, bibliotecas, observatorios y demás institutos concernientes a la cultura general de los habitantes de la nación y legislar en todo lo que se refiere a dichas instituciones; para legislar sobre vestigios o restos fósiles y sobre monumentos arqueológicos, artísticos e históricos, cuya conservación sea de interés nacional; así como para dictar las leyes encaminadas a distribuir convenientemente entre la Federación, los Estados y los Municipios el ejercicio de la función educativa y las aportaciones económicas correspondientes a ese servicio público, buscando unificar y coordinar la educación en toda la República, y para asegurar el cumplimiento de los fines de la educación y su mejora continua en un marco de inclusión y diversidad. Los Títulos que se expidan por los establecimientos de que se trata surtirán sus efectos en toda la República. Para legislar en materia de derechos de autor y otras figuras de la propiedad intelectual relacionadas con la misma;

XXVI.-…a XXX.-…

Artículo 123…

A…

I a XXXI…

B…

I a VIII…

IX. Los trabajadores sólo podrán ser suspendidos o cesados por causa justificada, en los términos que fije la ley. En el caso de los trabajadores de la educación, su permanencia se sujetará también a los criterios establecidos en el artículo 3º, fracción III, de esta Constitución.

X....

En el registro de los sindicatos se deberán observar los principios de legalidad, transparencia, certeza, gratuidad, inmediatez, imparcialidad y respeto a la libertad, autonomía y democracia sindical. La elección de las directivas deberá realizarse mediante voto libre, directo y secreto.

El contenido de los estatutos sindicales, contratos colectivos y reglamentos interiores de trabajo son información pública, los cuales deberán estar disponibles para consulta de cualquier persona, debidamente actualizados, a través de los sitios de Internet de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y de las Juntas Locales de Conciliación y Arbitraje, según corresponda.

En todo momento cualquier trabajador tendrá el derecho de solicitar información a la directiva, sobre la administración del patrimonio del sindicato. La rendición de cuentas del sindicato deberá incluir los recursos públicos recibidos, la situación de los ingresos por cuotas sindicales y otros bienes, así como su destino. Los estatutos del sindicato deberán contener época de presentación de cuentas y sanciones a sus directivos en caso de incumplimiento.

La ley establecerá las sanciones aplicables a los trabajadores que suspendan o paralicen, sin causa legal justificada, la prestación de servicios públicos a cargo de órganos, organismos o entidades en el ámbito de los Poderes de la Unión y del Gobierno del Distrito Federal;

XI a XIV…

TRANSITORIOS

Primero.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo.- En un plazo improrrogable de 90 días, el titular de la dependencia competente revisará, para efectos de actualización conforme a las bases y principios del servicio docente, las condiciones generales de trabajo a las que se refiere los artículos 43, 87 y siguientes y demás relativos de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado.

Tercero.-A fin de dar cumplimiento a las nuevas disposiciones establecidas en el artículo tercero constitucional, todo docente que actualmente esté en funciones deberá ser evaluado dentro del primer año a partir de la entrada en vigor de la presente Decreto. En caso de que la evaluación no arroje resultados satisfactorios, se establecerán los mecanismos de capacitación que sean necesarios para darle al docente la oportunidad de volver a ser evaluado hasta por dos ocasiones. Entre la primera evaluación y la tercera deberá mediar un plazo que no podrá ser superior a 24 meses.

Cuarto.- El Congreso de la Unión deberá expedir las leyes reglamentarias a la que se refiere la fracción IX del artículo 3º, así como las reformas a la Ley General de Educación correspondientes, a más tardar en un plazo de seis meses contado a partir de la fecha de publicación del presente Decreto.

Quinto.- En tanto el Congreso de la Unión expide la Ley Reglamentaria del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, el Instituto Nacional creado por este Decreto ejercerá sus atribuciones y competencia conforme al Decreto por el que se reforma el diverso por el que se crea el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, publicado en el Diario Oficial de la Federación del 16 de mayo de 2012, en lo que no se oponga al presente Decreto. Para estos efectos, las atribuciones previstas en dicho ordenamiento para el Órgano de Gobierno y la Junta Técnica serán ejercidas por la Junta de Gobierno del Instituto, y las de la Presidencia por el Presidente de la Junta de Gobierno.

Sexto.- El Ejecutivo Federal someterá a la aprobación del Senado de la República la designación de los miembros de la Junta de Gobierno del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, en un plazo máximo de sesenta días naturales a partir de la publicación de la Ley Reglamentaria  del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación.

Para asegurar la renovación escalonada de los integrantes, los primeros nombramientos se realizarán por los periodos siguientes:

  • Dos nombramientos por un periodo de cinco años;
  • Dos nombramientos por un periodo de seis años, y

III. Un nombramiento por un periodo de siete.

El Ejecutivo Federal deberá determinar el periodo que corresponda a cada uno de los miembros, al someter su designación a la aprobación de la Cámara de Senadores.

El primer Presidente de la Junta de Gobierno del Instituto durará en su encargo cuatro años.

Séptimo.- Los recursos materiales y financieros, así como los trabajadores adscritos al organismo descentralizado Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, pasan a formar parte del Instituto que se crea en los términos del presente Decreto.

Octavo.- Para el debido cumplimiento de lo dispuesto en el presente Decreto, el Congreso de la Unión y las autoridades competentes deberán prever al menos lo siguiente:

I. La creación de un Sistema de Información y Gestión Educativa. Para el efecto, en 2013 el Instituto Nacional de Estadística y Geografía coadyuvará con las autoridades competentes para realizar un censo de las escuelas, maestros y alumnos que conforman el sistema educativo nacional;

II. El uso de la evaluación del desempeño docente para dar mayor pertinencia y capacidades al sistema nacional de formación, actualización, capacitación y superación profesional para maestros, en el marco de la creación de un servicio profesional docente, y

III.- Las adecuaciones al marco jurídico y la expedición de las normas programáticas para:

a)Dotar de autonomía de gestión a las escuelas;

b)Establecer, en forma paulatina y conforme a la suficiencia presupuestaria, escuelas de tiempo completo con jornadas de entre 6 y 8 horas diarias, y

c)Prohibir, en las escuelas, la venta de alimentos que contravengan lo dispuesto en el tercer párrafo del artículo 4º de esta Constitución.

Noveno.- En un plazo improrrogable de 90 días, el Congreso de la Unión deberá modificar la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y Ley Federal de los de Trabajadores al Servicio del Estado, para reglamentar las obligaciones de los sindicatos con la transparencia y la rendición de cuentas y la democracia sindical, así como las sanciones derivadas de la suspensión de los servicios públicos a los que se refiere el presente decreto.

Salón de sesiones de la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión, a 20 de diciembre de 2012.

Atentamente”.

- El C. Presidente Sánchez Jiménez: Gracias, Senador Romero Hicks. Túrnese a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Educación; y de Estudios Legislativos, Segunda.

- El C. Senador Manuel Bartlett Díaz: (Desde su escaño) Señor Presidente.

- El C. Presidente Sánchez Jiménez: Sonido en el escaño del Senador Bartlett Díaz.

- El C. Senador Manuel Bartlett Díaz: (Desde su escaño) Quiero hacerle una pregunta al Senador Romero Hicks, después de haberlo escuchado con mucha atención y estando de acuerdo en muchas de las afirmaciones que hizo, y si leemos hoy en la prensa declaraciones del Senador Cordero Arroyo, en el sentido de que México requiere una reforma educativa de fondo y que no está de acuerdo con ésta, la reforma constitucional, yo le quiero preguntar, si su partido va a aprobar un dictamen que van a confeccionar ahorita mismo, que llegó a las nueve de la mañana y que se pretende presentar aquí sin ningún estudio, lo que sería un atentado contra el artículo 3o. constitucional que hiciéramos eso.

No sé, Senador Romero Hicks, si su partido va a impedir que se haga el fast track en una reforma ni más ni menos al artículo 3o. constitucional.

Muchas gracias.

- El C. Presidente Sánchez Jiménez: Senador Bartlett Díaz, el orador ya había concluido, ya está turnado el tema; sin embargo, ya le escuchó su pregunta y seguramente que habrá de conversar con usted. Gracias.

Se concede el uso de la tribuna al Senador Pablo Escudero Morales, del grupo parlamentario del PVEM, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 13 y 37 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos.





 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN LOS ARTICULOS 13 Y 37 DE LA LEY FEDERAL DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DE LOS SERVIDORES PUBLICOS

(Presentada por el C. Senador Pablo Escudero Morales, del grupo parlamentario del PVEM)

- Se da cuenta con la iniciativa y se turna a las Comisiones Unidas de Gobernación; y de Estudios Legislativos, Primera.





 

COMUNICACION

Informo a la Asamblea que la Comisión de Hacienda y Crédito Público remitió una comunicación con la que explica la ocurrencia de un error técnico en el texto del proyecto de Ley de Ingresos de la Federación que aprobamos el pasado 13 de diciembre. Como ustedes recuerdan, la Ley de Ingresos la aprobamos respaldando íntegramente lo que nos envió la Colegisladora, en consecuencia, el texto resultante que se envió al Ejecutivo Federal debía mantener los términos de lo aprobado en la Cámara de Origen, sin embargo, en la transcripción del dictamen en las comisiones se incurrió en la omisión de una parte de un párrafo en el artículo 1o. del proyecto.

Para corregir el error y asegurar que el texto de la Ley de Ingresos cubra el principio de certeza jurídica, solicita la comisión a esta Asamblea que autorice la aplicación de una fe de erratas que se enviará a la Secretaría de Gobernación para la publicación correspondiente. El texto de la fe de erratas está disponible en sus escaños para su conocimiento.

Solicito a la Secretaría consulte a la Asamblea, en votación económica, si autoriza que se aplique la fe de erratas para su remisión al Diario Oficial de la Federación.

- La C. Secretaria Merodio Reza: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se autoriza la aplicación de la fe de erratas que ya se refirió. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se autoriza la aplicación de la fe de erratas, señor Presidente.

- El C. Presidente Sánchez Jiménez: En consecuencia, se comunica al Ejecutivo Federal para su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

En otro apartado del Orden del Día, tenemos la primera lectura de un dictamen de las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, Organismos Internacionales; y de Justicia, con proyecto de Decreto por el que se aprueba la Convención de las Naciones Unidas sobre las Inmunidades Jurisdiccionales de los Estados y de sus Bienes.





 

CONVENCION DE LAS NACIONES UNIDAS SOBRE LAS INMUNIDADES JURISDICCIONALES DE LOS ESTADOS Y DE SUS BIENES, ADOPTADA POR LA ASAMBLEA GENERAL DE LAS NACIONES UNIDAS, EL 2 DE DICIEMBRE DE 2004

(Dictamen de primera lectura)



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Debido a que se encuentra publicado en la Gaceta del Senado de hoy y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 195 del Reglamento, queda de primera lectura.

Pasamos a la primera lectura de un dictamen de las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, Organismos Internacionales; y de Derechos Humanos, con proyecto de Decreto por el que se aprueba el Retiro de la Declaración Interpretativa Formulada por el gobierno de los Estados Unidos Mexicanos al depositar su instrumento de ratificación del Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la Participación de Niños en los Conflictos Armados.





 

RETIRO DE LA DECLARACION INTERPRETATIVA FORMULADA POR EL GOBIERNO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS AL DEPOSITAR SU INSTRUMENTO DE RATIFICACION DEL PROTOCOLO FACULTATIVO DE LA CONVENCION SOBRE LOS DERECHOS DEL NIÑO RELATIVO A LA PARTICIPACION DE NIÑOS EN LOS CONFLICTOS ARMADOS, ADOPTADO POR LA ASAMBLEA GENERAL DE LAS NACIONES UNIDAS, EL 25 DE MAYO DE 2000

(Dictamen de primera lectura)



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Debido a que se encuentra publicado en la Gaceta del Senado de hoy y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 195 del Reglamento, queda de primera lectura.

Tenemos la primera lectura de un dictamen de las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores; de Relaciones Exteriores, Europa; y de Hacienda y Crédito Público, con proyecto de Decreto por el que se aprueban las Enmiendas a los artículos 1 y 18 del Convenio Constitutivo del Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo.





 

ENMIENDAS A LOS ARTICULOS 1 Y 18 DEL CONVENIO CONSTITUTIVO DEL BANCO EUROPEO DE RECONSTRUCCION Y DESARROLLO (BERD), ADOPTADAS EN LONDRES, EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2011

(Dictamen de primera lectura)

“COMISIONES UNIDAS DE RELACIONES EXTERIORES;
RELACIONES EXTERIORES, EUROPA;
Y DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

H. ASAMBLEA:

Con fecha 30 de octubre de 2012, la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores de la LXII Legislatura, remitió oficio No. DGPL-1P1A.-1357, dando turno para dictaminar a las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores; Relaciones Exteriores, Europa; y Hacienda y Crédito Público con Proyecto de Decreto que Aprueba las Enmiendas a los artículos 1 y 18 del Convenio Constitutivo del Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo, aprobadas en la ciudad de Londres, Inglaterra, el 30 de septiembre de 2011.

Las comisiones dictaminadoras, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 76, fracción I y 89, fracción X, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 85, 86, 93, 94 y 103 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los artículos 113, 117, 135, fracción I, 174, 175, párrafo 1, 178, 182, 183, párrafos 1 y 2., 184, 186, 187, 190 y demás relativos aplicables del Reglamento del Senado de la República, las suscritas comisiones formulan el presente dictamen conforme a la siguiente:

METODOLOGIA

Para dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 190 del Reglamento del Senado de la República, las Comisiones Unidas presentan el siguiente dictamen en cinco apartados, a saber

l.- ANTECEDENTES: Se da constancia del inicio y desarrollo del proceso legislativo.

II.- OBJETO, DESCRIPCION DEL INSTRUMENTO: Donde sintetiza el alcance de la propuesta en estudio.

III.- CONSIDERACIONES: Expresa los motivos y fundamentos que sustentan la resolución de la Comisión Dictaminadora.

IV.- CONCLUSIONES y

V.- DECRETO

I.- ANTECEDENTES

1.- El 29 de mayo de 1990, en el marco de la Comisión de las Comunidades Europeas se adoptó, en París, Francia, el Convenio Constitutivo del Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo (BERD).

2.- El citado Convenio fue aprobado por la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión, el 15 de diciembre de 1990, según Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 14 de enero de 1991.

3.- El instrumento de ratificación de este Convenio fue firmado por el Ejecutivo de la Unión el 24 de enero de 1991 y depositado ante el Gobierno de la República Francesa el 21 de febrero del mismo año.

4.- El 3 de mayo de 2000, la Junta de Gobernadores del Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo, aprobó la admisión de Mongolia como país miembro.

5.- El 15 de marzo de 2005, fue aprobado por la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión, el Decreto que contiene la Enmienda al Artículo 1 del Convenio Constitutivo del Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo para incluir a Mongolia como país de operación, mismo que fuera publicado en el Diario Oficial de la Federación el 26 de abril de 2005.

6.- Mediante oficio número SEL/300/410/12, de fecha de 29 de octubre de 2012, el Subsecretario de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación, envió a los Secretarios de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, copias certificadas de las Enmiendas a los artículos 1 y 18 del Convenio Constitutivo del Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo, acompañado de un memorándum de antecedentes.

7.- En la sesión ordinaria del día 30 de octubre de 2012, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores, turnó a estas comisiones dictaminadoras dichas Enmiendas, para su estudio y dictamen correspondiente.

II.- OBJETO, DESCRIPCION DEL INSTRUMENTO Y TEXTO NORMATIVO

El BERD, cuya sede se encuentra en Londres, inició operaciones en 1991 con el objetivo de promover el desarrollo de la iniciativa privada en países de Europa Central y del Este y de la Comunidad de Estados Independientes (CEI), a fin de ayudar a dichos países en su transición hacia una economía de mercado.

Las principales acciones tomadas por el BERD en esos países, según el artículo 2 de este Convenio, consisten en lo siguiente:

a) Promover, a través de inversores privados u otros inversores interesados, la creación, mejora y ampliación de actividades productivas, competitivas y del sector privado, sobre todo de las pequeñas y medianas empresas;

b) Destinar a la consecución de su objetivo, capital tanto nacional como extranjero, así como una gestión experta;

c) Favorecer la inversión productiva, en sectores que incluyan el de servicios y el financiero y en infraestructuras relacionadas con éstos, que requieren inversiones para apoyar la iniciativa privada y empresarial y contribuir así a crear un ambiente competitivo y a aumentar tanto la productividad como el nivel de vida y las condiciones de trabajo;

d) Prestar asistencia técnica para la elaboración, financiamiento y puesta en marcha de proyectos pertinentes, ya sea de manera aislada o en el contexto de programas de inversión específicos;

e) Estimular e impulsar el desarrollo de mercado de capitales;

f) Brindar apoyo a aquellos proyectos sólidos y económicamente viables en los que participe más de un miembro beneficiario;

g) Fomentar, en todo el ámbito de sus actividades, un desarrollo sostenible y no perjudicial para el medio ambiente; y

h) Emprender cualquier otra actividad y prestar cualquier otro servicio que pueda favorecer las funciones mencionadas.

Los países que pueden ser miembros de este Banco son los países europeos, así como los países no europeos que sean miembros del Fondo Monetario Internacional, de ahí que nuestro país participe como accionista en el mismo.

A veintiún años de haber iniciado operaciones, según la información proporcionada a esta Dictaminadora, el BERD continúa impulsando reformas económicas, estructurales y sectoriales, incluyendo la descentralización, privatización y disolución de monopolios estatales, tomando en consideración las necesidades de los países de operación en sus diferentes períodos de transición. Actualmente, el BERD es el principal inversionista en la región y en cada uno de los 29 países en los que tiene operaciones, a través de los financiamientos que otorga y su cartera accionaria. Adicionalmente, moviliza una importante cantidad de inversión extranjera directa, así como financiamientos de mediano y largo plazo por parte de bancos comerciales y agencias oficiales de exportación.

Sus actividades específicas incluyen: el financiamiento de los proyectos de inversión de prácticamente cualquier rama del sector privado; el fortalecimiento de instituciones financieras, mediante financiamiento e inversión de los sistemas legales y algunos proyectos de infraestructura necesaria para apoyar la economía de mercado.

El BERD apoya el cofinanciamiento y la inversión extranjera directa en los sectores público y privado; ayuda a movilizar el capital interno y facilita la cooperación técnica en áreas relevantes.

Para impulsar la transición de los países de operación hacia una economía de mercado más eficiente y abierta, elBERD otorga créditos de mediano y largo plazo a proyectos de los sectores público y privado, participando también con capital accionario en algunos proyectos privados de inversión. De acuerdo con su Convenio Constitutivo, el BERD debe destinar al menos el 60% de sus recursos a proyectos desarrollados por el sector privado. Esta meta se ha alcanzado, ya que el 75% de su cartera de inversión está integrada por proyectos de inversión controlados por inversionistas privados locales o extranjeros.

El BERD no subsidia el costo de sus financiamientos o inversiones, su actividad se identifica del resto del mercado financiero por ofrecer plazos de amortización más largos o por participar en proyectos que representan oportunidades que otras entidades financieras no han visualizado.

Sin embargo, sus decisiones se basan en estrictos parámetros de viabilidad económica de cada uno de los proyectos y las tasas de interés ofrecidas presentan un nivel que refleja los riesgos tomados sin ningún tipo de apoyo preferencial.

El 30 de septiembre de 2011, la Junta de Gobernadores del BERD aprobó, de conformidad con el Artículo 56 del Convenio Constitutivo del Banco, mediante las Resoluciones 137 y 138, las Enmiendas a los artículos 1 y 18 del Convenio Constitutivo del Banco, a fin de proveer una extensión regional apropiada en el ámbito geográfico del mandato del BERD, con objeto de que el Banco pueda operar en países del sur y del este de la región mediterránea (Argelia, Egipto, Libia, Jordania, Marruecos y Túnez) y permitirle utilizar fondos especiales para operacionesen países potencialmente beneficiarios. México emitió su voto a favor y dicha modificación fue aprobada por la mayoría de la Junta de Gobernadores del BERD.

En virtud de lo anterior, el BERD remitió a los países miembros un “borrador de modificación” del Convenio Constitutivo del Banco, a fin de ampliar las operaciones del mismo Banco en los países del sur y del este de la región mediterránea, proceso que se observa consiste en cuatro fases:

1. Aprobación de la Junta de Directores por dos tercios;

2. Resolución de la Junta de Gobernadores por mayoría, y

3. Aceptación de todos los países miembros, y entrada en vigor tres meses después de que el Banco reciba la recepción de la última comunicación oficial delos países miembros.

La Enmienda aprobada en la Resolución 137 consiste en lo siguiente:

“Artículo 1

Objeto

Con su contribución al progreso y reconstrucción económicos, el Banco tiene por objeto favorecer la transición a una economía abierta de mercado y promover la iniciativa privada y empresarial en los países de Europa Central y del Este que suscriban y apliquen los principios de la democracia multipartidista, el pluralismo y la economía de mercado.

Sujeto a las mismas condiciones, el objeto del Banco también podrá llevarse a cabo en Mongolia y en los países miembros del sur y del este de la región mediterránea, cuando así lo determine el Banco, con el voto favorable de por lo menos dos terceras partes de los Gobernadores que representen por lo menos tres cuartas partes del total de derechos de voto de los miembros.

De acuerdo con esto, cualquier referencia en este Convenio y sus Anexos a “países de Europa Central y del Este” “país(es) miembro(s) beneficiario(s)” o “país(es) beneficiario(s)” se entenderá también a Mongolia y a cada uno de los países del sur y del este de la región mediterránea.”

Una vez realizado el estudio sobre la ampliación geográfica de las operaciones del Banco en el sur y el este de la región mediterránea, la Junta de Gobernadores aprobó una Enmienda al artículo 18 del Convenio Constitutivo del BERD, con el fin de permitir al Banco utilizar fondos especiales para operaciones en países potencialmente beneficiarios.

La Enmienda aprobada en la Resolución 138 es la siguiente:

“Artículo 18

Fondos Especiales

1. (I) El Banco podrá aceptar la gestión de aquellos fondos especiales que contribuyan al logro de sus objetivos y formen parte de sus funciones en los países beneficiarios y en países potencialmente beneficiarios. El total de los costos derivados de la gestión de los Fondos Especiales se imputará a dichos Fondos Especiales.

(II) Para efectos del subapartado (i), la Junta de Gobernadores podrá decidir, a petición de un miembro que no sea país beneficiario, que dicho miembro obtenga el estatus de país potencialmente beneficiario por un periodo limitado y bajo las condiciones que se consideren aconsejables. Tal decisión se adoptará con el voto favorable de por lo menos dos terceras partes de los Gobernadores que representen por lo menos tres cuartas partes del total de derechos de voto de los miembros.

(III) La decisión de permitir a un miembro obtener el estatus de país potencialmente beneficiario solamente puede adoptarse si dicho miembro es capaz de cumplir con los requisitos para obtener el estatus de país beneficiario. Tales requisitos se encuentran establecidos en el Artículo 1 de este Convenio, y se entenderán según su redacción en el momento en que se adopte tal decisión o en el momento en que entre en vigor una enmienda previamente aprobada por la Junta de Gobernadores al momento en que se adopte tal decisión.

(IV) Si un país potencialmente beneficiario no obtiene el estatus de país beneficiario al finalizar el periodo mencionado en el subapartado (ii), el Banco cesará inmediatamente todas las operaciones especiales en ese país, excepto aquéllas que incidan en la correcta realización, conservación y preservación de los activos del fondo especial, así como en el cumplimiento de las obligaciones que hayan surgido en relación con dicho Fondo.

2. Los fondos especiales que el Banco acepte podrán ser utilizados en los países beneficiarios y países potencialmente beneficiarios de cualquier manera y con arreglo a cualesquiera términos y condiciones que estén en consonancia con los objetivos y funciones del Banco, así como con las demás disposiciones aplicables del presente Convenio y con el acuerdo o acuerdos que regulen dichos Fondos.

3. El Banco adoptará las normas y reglamentos que se consideren necesarios para la constitución, gestión y utilización de cada uno de los Fondos Especiales. Dichas normas y reglamentos habrán de estar en consonancia con las disposiciones del presente Convenio, exceptuando aquéllas que sólo sean aplicables de manera expresa a las operaciones ordinarias del Banco.”

III.- CONSIDERACIONES

Dentro del proceso de globalización económica, los países han tenido que buscar mecanismos que les permitan incorporarse de forma adecuada a esta realidad internacional. Dentro de estos mecanismos se encuentra la creación del Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo, mediante el cual los países accionistas pretenden fortalecer a las economías de los países de Europa Central y del Este, apoyando el crecimiento de su sector privado, y su inclusión en las políticas de libre mercado.

Desde 1991, el BERD continúa impulsando reformas estructurales y sectoriales, cuyo objeto sea la descentralización y la privatización, así como la disolución de monopolios estatales, dando mayores oportunidades de crecimiento a la iniciativa privada de los países beneficiarios, pero tomando siempre en consideración las necesidades concretas de los mismos.

En este contexto, el BERD también propicia un importante flujo de capitales, permitiendo una mayor inversión extranjera directa, así como el otorgamiento de créditos de mediano y largo plazo en proyectos públicos y privados, pero siempre atendiendo a la viabilidad económica de los proyectos y operando bajo principios bancarios sanos.

Cuando México decidió participar como accionista de este Banco, lo hizo con la intención de diversificar nuestros horizontes de inversión y de comercio exterior, mediante la definición de oportunidades de negocios a través de licitaciones, co-inversiones, proyectos de inversión o exportación de productos mexicanos en países de Europa Central y del Este.

Por otra parte, estas comisiones dictaminadoras observan que, según datos proporcionados por la Secretaría de Relaciones Exteriores, el BERD opera bajo principios bancarios sanos y analiza los proyectos bajo una óptica comercial, es decir, los proyectos aprobados deben ser financiera y comercialmente viables. En algunas ocasiones, este organismo multilateral comparte los riesgos crediticios con otras entidades del sector privado, como los bancos comerciales y fondos de inversión, además de otros organismos multilaterales y agencias crediticias de exportación.

La membresía de México en el BERD otorga a nuestro país los beneficios siguientes:

• La oportunidad de diversificar nuestros mercados de comercio exterior y de inversión en Europa Central y del Este, así como en la CEI, la cual puede concretarse en oportunidades de negocios a través de licitaciones, co-inversiones, proyectos de inversión o exportaciones de productos mexicanos, entre otros.

• La presencia comercial en Europa Central y del Este favorece la diversificación de los mercados externos, lo cual favorecería la actividad mexicana en dichos mercados, complementando el Acuerdo de Asociación Económica, Concertación Política y Cooperación entre los Estados Unidos Mexicanos, por una Parte y la Comunidad Europea y sus Estados Miembros, por otra, y la Ampliación de la Unión Europea (UE), que abarca ocho países de operación del BERD.

• De 1993 al primer semestre de 1995, el BERD realizó inversiones por aproximadamente USD $1,540 millones en Cetes y Tesobonos, frente a los USD $10.5 millones que México ha invertido en acciones de capital del Banco (actualmente la inversión en estos instrumentos por parte del BERD es nula).

• Con la ampliación de la UE, las empresas mexicanas han tomado consciencia de la posición estratégica y los bajos costos de producción que representa Europa Central y del Este para acceder al mercado de la UE.

Los países del sur y del este de la región mediterránea enfrentan dificultades similares a las de otros países de operación del BERD, por ello, esta Comisión Dictaminadora observa que la Junta de Gobernadores del BERD ha considerado que el Banco podría ayudar con su experiencia a impulsar la transición de esa región hacia una economía de mercado.

IV.- CONCLUSIONES

Estas comisiones dictaminadoras estiman que la aprobación de las Enmiendas de los artículos 1 y 18 del Convenio Constitutivo del BERD, permitirán al mismo una extensión regional apropiada al ámbito geográfico de su mandato, con objeto de que el Banco pueda operar en países del sur y del este de la región mediterránea, asimismo, le permitirá utilizar fondos especiales para operaciones en países potencialmente beneficiarios.

Adicionalmente, estas dictaminadoras estiman pertinente destacar que el ingreso de los países del sur y del este de la región mediterránea al BERD y la consecuente Enmienda al Convenio Constitutivo sobre los fondos especiales, no genera enajenaciones presupuestales para México y amplía el ámbito de acción de los inversionistas mexicanos a través del Banco.

Finalmente, estas comisiones dictaminadoras hacen notar que la aprobación de esta Enmienda está acorde con nuestro orden jurídico, especialmente con los principios que en materia de política exterior dicta nuestro texto constitucional, específicamente con el de “la cooperación internacional para el desarrollo”, ya que es una muestra más de que nuestro país sigue siendo solidario con la comunidad internacional, en sus esfuerzos por lograr un desarrollo económico mundial.

Por lo anteriormente expuesto las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores; Relaciones Exteriores, Europa, y de Hacienda y Crédito Público, someten a la consideración y aprobacióndel Honorable Pleno de la Cámara de Senadores el siguiente:

V.- DECRETO

La Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, en ejercicio de la facultad que le concede el artículo 76 fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, decreta:

ARTICULO UNICO.- El Senado de la República aprueba las Enmiendas a los artículos 1 y 18 del Convenio Constitutivo del Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo (BERD), Adoptados en Londres, el treinta de septiembre de 2011.

Sala de comisiones del Senado de la República, a 19 de diciembre de 2012.

COMISION DERELACIONES EXTERIORES;
COMISION DE RELACIONES EXTERIORES, EUROPA;
COMISION DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO”.

Debido a que se encuentra publicado en la Gaceta del Senado de hoy y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 195 del Reglamento, queda de primera lectura.

Pasamos ahora a la primera lectura de un dictamen de las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores; de Relaciones Exteriores, Europa; y de Hacienda y Crédito Público, con proyecto de Decreto por el que se aprueba el Convenio entre México y Estonia para Evitar la Doble Imposición y Prevenir la Evasión Fiscal en Materia de Impuestos Sobre la Renta y su Protocolo.





 

CONVENIO ENTRE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y LA REPUBLICA DE ESTONIA PARA EVITAR LA DOBLE IMPOSICION Y PREVENIR LA EVASION FISCAL EN MATERIA DE IMPUESTOS SOBRE LA RENTA Y SU PROTOCOLO, HECHO EN LA CIUDAD DE MEXICO, EL 19 DE OCTUBRE DE 2012

(Dictamen de primera lectura)

“COMISIONES UNIDAS DE RELACIONES EXTERIORES;
DE RELACIONES EXTERIORES, ASIA-PACIFICO;
Y DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

H. ASAMBLEA:

Con fecha treinta de octubre de dos mil doce, a las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores; de Relaciones Exteriores, Europa; y de Hacienda y Crédito Público, les fue turnada para su estudio y elaboración del dictamen correspondiente, el Convenio entre los Estados Unidos Mexicanos y la República de Estonia para Evitar la Doble Imposición y Prevenir la Evasión Fiscal en Materia de Impuestos sobre la Renta y su Protocolo, hecho en la Ciudad de México, el diecinueve de octubre de dos mil doce.

Las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores; Relaciones Exteriores, Europa; y de Hacienda y Crédito Público, en uso de las facultades que les confiere el artículo 76 fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 85, 86 y 94 de la Ley Orgánica del Congreso General del los Estados Unidos Mexicanos, así como 182, 183, 186, 187, 188 y 190 del Reglamento del Senado de la República presentan a la consideración de los Senadores integrantes de esta Honorable Asamblea, las suscritas comisiones formulan el presente dictamen conforme a la siguiente:

METODOLOGIA

Para dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 190 del Reglamento del Senado de la República, las Comisiones Unidas presentan el siguiente dictamen en cinco apartados a saber:

I.- ANTECEDENTES. Se da constancia del inicio y desarrollo del proceso legislativo.

II.- DESCRIPCION DEL INSTRUMENTO. Contiene de manera detallada el contenido propio del Acuerdo.

III.- CONSIDERACIONES. Expresa los motivos y fundamentos que sustentan la resolución de las Comisiones Dictaminadoras.

IV.- CONCLUSIONES y

V.- DECRETO

I.- ANTECEDENTES

1.- El Convenio entre los Estados Unidos Mexicanos y la República de Estonia para Evitar la Doble Imposición y Prevenir la Evasión Fiscal en Materia de Impuestos sobre la Renta y su Protocolo, fue hecho en la Ciudad de México, el diecinueve de octubre de dos mil doce.

2.- Mediante oficio número SEL/300/406/12, de fecha veintinueve de octubre de dos mil doce, laSubsecretaria de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación, envió a los CC. Secretarios de la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión, copias certificadas del Convenio de referencia.

3.- En sesión ordinaria del treinta de octubre de dos mil doce, mediante oficio DGPL-1P1A.-1354, la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores turnó el instrumento internacional en comento a las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores; de Relaciones Exteriores, Europa, y de Hacienda y Crédito Público, para su análisis y elaboración del dictamen correspondiente.

II.- DESCRIPCION DEL INSTRUMENTO

El Convenio entre los Estados Unidos Mexicanos y la República de Estonia para Evitar la Doble Imposición y Prevenir la Evasión Fiscal en Materia de Impuestos sobre la Renta, está conformado por veintiocho artículos y un Protocolo que tienen por objeto ampliar el marco jurídico aplicable a las transacciones realizadas entre ambos países, a fin de eliminar la doble imposición en materia de impuestos sobre la renta federal y el impuesto empresarial a tasa única.

A grandes rasgos, se busca distribuir la potestad tributaria entre el país de la fuente y el deresidencia, con el fin de evitar que un mismo ingreso este sujeto a imposición en ambos países y, en caso de que los dos países puedan someter a imposición los ingresos, se pueda acreditar el impuesto pagado en el otro Estado Contratante. De esta forma se fomenta y da certidumbre jurídica a la inversión en ambos países.

El artículo 1, denominado “Ámbito Subjetivo”, establece que elConvenio se aplicará a las personas residentes de uno o de ambos Estados Contratantes.

El artículo 2, referente a los “Impuestos Comprendidos”, señala que el Convenio se aplicaráa los impuestos sobre la renta exigibles por cada uno de los Estados Contratantes, cualquiera que sea el sistema de su exacción; además, considera como impuestos sobre la renta a aquellos que gravan la totalidad de la renta o cualquier elemento de la misma, incluidos los impuestos sobre las ganancias derivadas de la enajenación de bienes muebles o inmuebles. Los impuestos existentes que se aplicaran en el Convenio son, en particular:

a) En Estonia:

i. El impuesto sobre la renta (denominado el “impuesto estonio”).

b) En México:

i. El impuesto sobre la renta federal;

ii. El impuesto empresarial a tasa única (denominados el “impuesto mexicano”).

El Convenio aplicará de igual forma a los impuestos de naturaleza idéntica o substancialmente similares que se establezcan con posterioridad a la fecha de la firma del Convenio ya aquellos que se añadan a los actuales o los sustituyan.

Las autoridades competentes de ambos Estados se comunicarán mutuamente las modificaciones significativas que se hayan introducido en sus respectivas legislaciones fiscales.

El artículo 3, relativo a las “Definiciones Generales”, establece lo que se entenderá para efectos del Convenio por: “Estado Contratante”, “persona”, “sociedad”, “empresa de un Estado contratante”, “tráfico internacional”, “negocio”, “autoridad competente” y “nacional”.

Cualquier término o expresión no definido tendrá, a menos que de su contexto se infiera una interpretación diferente, el significado que en ese momento le atribuya la legislación de ese Estado para los efectos de los impuestos que son objeto del Convenio, prevaleciendo el significado atribuido por la legislación fiscal de ese Estado sobre el significado otorgado a dicho término de conformidad con otras leyes de ese mismo Estado.

El artículo 4 define el término “Residente”, señalando que significa toda persona que, en virtud de la legislación de ese Estado, esté sujeta a imposición en el mismo por razón de su domicilio, residencia, sede de dirección, lugar de constitución o cualquier otro criterio de naturaleza análoga, incluyendo también a ese Estado, y a cualquier subdivisión política o entidad local del mismo.

Sin embargo, ese término no incluye a las personas que estén sujetas a imposición en ese Estado exclusivamente por las rentas procedentes de fuentes situadas en ese Estado.

Cuando en virtud de lo anterior, una persona física sea residente de ambos Estados Contratantes, su situación se resolverá de la siguiente manera:

a) La persona será considerada residente solamente del Estado donde tenga una vivienda permanente a su disposición; si tuviera una vivienda permanente a su disposición en ambos Estados contratantes, se considerará residente solamente del Estado con el que mantenga relaciones personales y económicas más estrechas (centro de intereses vitales);

b) Si no pudiera determinarse el Estado Contratante en el que dicha persona tiene su centro de intereses vitales o si no tuviera vivienda permanente a su disposición en ninguno de los Estados, se considerará residente solamente del Estado Contratante donde viva habitualmente;

c) Si viviera habitualmente en ambos Estados o no lo hiciera en ninguno de ellos, se considerará residente solamente del Estado Contratante del que sea nacional;

d) Si es nacional de ambos Estados o de ninguno de ellos, las autoridades competentes de los Estados Contratantes resolverán el caso de común acuerdo.

Cuando una persona moral sea residente de ambos Estados Contratantes, las autoridades competentes de los Estados Parte harán lo posible por resolver el caso mediante acuerdo mutuo y determinar la forma de aplicación del Convenio a dicha persona.

El artículo 5 define como “Establecimiento Permanente”, el lugar fijo de negocios mediante el cual una empresa realiza toda o parte de su actividad. El término establecimiento permanente comprende, en especial, una sede de dirección, una sucursal, una oficina, una fábrica, un taller, y una mina, un pozo de petróleo o de gas, una cantera o cualquier otro tipo de lugar de extracción de recursos naturales.

El término también comprende una obra o construcción, un proyecto de instalación o montaje, o las actividades de supervisión relacionadas con los mismos, pero sólo cuando dicha obra, proyecto o actividades continúen durante un período superior a seis meses; la prestación de servicios por una empresa, incluyendo los servicios de consultoría o administración, y la prestación de servicios profesionales por una persona física, u otras actividades de carácter independiente, cuando las actividades de esa naturaleza continúen por un periodo o periodos que en conjunto excedan ciento ochenta y tres días dentro de un periodo de doce meses.

El artículo 6 indica que las “Rentas Inmobiliarias” que un residente de un Estado Contratante obtenga de bienes inmuebles (incluidos los ingresos de explotaciones agrícolas o silvícolas) situados en el otro Estado Contratante, pueden someterse a imposición en ese otro Estado. La expresión “bienes inmuebles” tendrá el significado que se le atribuya en la legislación de cada Estado Contratante en el que los bienes en cuestión estén situados.

El artículo 7, relativo a los “Beneficios Empresariales”, estipula quelos beneficios de una empresa de un Estado Contratante sólo pueden someterse a imposición en ese Estado, a no ser que la empresa realice su actividad en el otro Estado Contratante por medio de un establecimiento permanente situado en él. Si la empresa realiza su actividad empresarial de dicha manera, los beneficios de la empresa pueden someterse a imposición en el otro Estado, pero sólo en la medida en que puedan atribuirse a ese establecimiento permanente.

El artículo 8, referente al “Tráfico Internacional”, establece que los beneficios obtenidos por un residente de un Estado Contratante procedentes de la explotación de buques o aeronaves en tráfico internacional, sólo pueden someterse a imposición en ese Estado.

El artículo 9 hace referencia a las “Empresas Asociadas” e indica que, cuando:

a) Una empresa de un Estado Contratante participe directa o indirectamente en la dirección, el control o elcapital de una empresa del otro Estado Contratante; o,

b) Las mismas personas participen directa o indirectamente en la dirección, el control o el capital de una empresa de un Estado Contratante y de una empresa del otro Estado Contratante,

En caso de que las dos empresas estén, en sus relaciones comerciales o financieras, unidas por condiciones aceptadas o impuestas que difieran de las que serían acordadas por empresas independientes, los beneficios que habrían sido obtenidos por una de las empresas de no existir dichas condiciones, y que de hecho no se han producido a causa de las mismas, podrán ser incluidos en los beneficios de esta empresa y ser sometidos a imposición en consecuencia.

Además, cuando un Estado Contratante incluya los beneficios sobre los cuales una empresa del otro Estado Contratante ha sido sometida a la imposición en ese otro Estado, y los beneficios así incluidos habrían sido obtenidos por la empresa en primer lugar, entonces ese otro Estado procederá a efectuar el ajuste correspondiente al monto del impuesto cobrado sobre esos beneficios.

El artículo 10 referente a los “Dividendos”, señala que aquellos que sean pagados por una sociedad residente de un Estado Contratante a un residente del otro Estado Contratante, pueden someterse a imposición en ese otro Estado.

El término “dividendos” comprende los rendimientos de las acciones u otros derechos, excepto los de crédito, que permitan participar en los beneficios, así como los ingresos de otros derechos corporativos y otros ingresos sujetos al mismo régimen fiscal que los rendimientos de las acciones, de conformidad con la legislación del Estado en que resida la sociedad que los distribuya.

El artículo 11, dedicado a los “Intereses”, señala que aquellos que sean procedentes de un Estado Contratante y pagados a un residente del otro Estado Contratante pueden someterse a imposición en ese otro Estado; sin embargo, dichos intereses también pueden someterse a imposición en el Estado Contratante del que procedan y de acuerdo con la legislación de ese Estado, pero si el beneficiario efectivo de los intereses es residente del otro Estado Contratante, el impuesto así exigido no puede exceder del:

a) 4.9% del importe bruto de los intereses pagados a bancos y fondos o esquemas de pensiones;

b) 10% del importe bruto de los intereses pagados en cualquier otro caso.

El artículo 12, en materia de “Regalías”, establece que aquellas que sean procedentes de un Estado Contratante y pagadas a un residente del otro Estado Contratante, pueden someterse a imposición en ese otro Estado.

Sin embargo, dichas regalías también pueden someterse a imposición en el Estado Contratante del que procedan y de acuerdo con la legislación de ese Estado, pero si el beneficiario efectivo de las regalías es residente del otro Estado contratante, el impuesto así exigido no podrá exceder del 10% del importe bruto de las regalías.

El término “regalías” hace referencia a los pagos de cualquier clase recibidos en consideración del uso, o la concesión de uso, de cualquier patente, marca, diseño o modelo, plano, fórmula o procedimiento secreto; el uso, o la concesión de uso, de cualquier equipo industrial, comercial o científico; el suministro de información relativa a experiencias industriales, comerciales o científicas, y el uso, o la concesión de uso, de cualquier derecho de autor sobre obras literarias, artísticas o científicas, incluidas las películas cinematográficas y películas o cintas para su difusión por televisión o radio.

El artículo 13, denominado “Ganancias de Capital”, establece que las ganancias que un residente de un Estado Contratante obtenga de la enajenación de los bienes inmuebles situados en el otro Estado Contratante pueden someterse a imposición de ese otro Estado Contratante.

El artículo 14, denominado “Ingresos Derivados del Empleo”, establece que los sueldos, salarios y otras remuneraciones similares obtenidos por un residente de un Estado Contratante en virtud de un empleo, sólo pueden someterse a imposición en ese Estado, a no ser que el empleo se ejerza en el otro Estado Contratante. Si el empleo se ejerce de esta forma, dicha remuneración obtenida del mismo, puede someterse a imposición en ese otro Estado.

El artículo 15, relativo a la “Participación de Consejeros”, establece que estas participaciones y otras remuneraciones similares, que un residente de un Estado Contratante obtenga como miembro de un consejo de administración o de cualquier otro órgano similar de una sociedad que sea residente del otro Estado Contratante, pueden someterse a imposición en ese otro Estado.

Por su parte, los artículos 16, 17, 18 y 19, determinan lo referente a los ingresos de los Artistas, Deportistas, Pensionados, Funcionarios Públicos y Estudiantes.

El artículo 20, hace referencia a “Otras Rentas”, y establece que los elementos de renta de un residente de un Estado Contratante, cualquiera que fuese su procedencia y que sean diferentes a los ya mencionados, podrán someterse a imposición solamente en ese Estado. Sin embargo, dichos elementos de renta, procedentes del otro Estado Contratante, también pueden someterse a imposición en ese otro Estado.

El artículo 21, en materia de “Métodos para Eliminar la Doble Imposición”, establece que México permitirá a sus residentes acreditar contra el impuesto mexicano:

a) El impuesto estonio pagado por ingresos provenientes de Estonia, por una cantidad que no exceda del impuesto exigible en México sobre dichas rentas; y,

b) En el caso de una sociedad propietaria de al menos el 10 % del capital de una sociedad residente de Estonia y de la cual la sociedad mencionada en primer lugar recibe dividendos, el impuesto estonio pagado por la sociedad que distribuye los mismos, respecto de los beneficios con cargo a los cuales se pagan los dividendos.

En el caso de un residente de Estonia, la doble imposición se evitará de la siguiente manera:

a) Cuando un residente de Estonia obtenga rentas que hayan estado sujetas a imposición en México, Estonia permitirá de conformidad con lo dispuesto por el inciso b), exentar dichas rentas de impuesto; y

b) Cuando un residente de Estonia obtenga rentas que puedan estar sujetas a imposición en México, Estonia permitirá una deducción del impuesto sobre la renta de ese residente en una cantidad equivalente al impuesto pagado en México, que no excederá la parte del impuesto, calculado antes del otorgamiento de la deducción, que sea atribuible a dichos elementos de renta obtenidos en México.

El artículo 22 establece el principio de “No Discriminación” y afirma que los nacionales de un Estado Contratante no serán sometidos en el otro Estado Contratante a ningún impuesto u obligación relativo al mismo, que no se exija o que sea más gravoso que aquellos a los que estén o puedan estar sujetos los nacionales de ese otro Estado que se encuentren en las mismas condiciones, en particular con respecto a la residencia. Esta disposición también se aplicará a las personas que no sean residentes de uno o de ambos Estados Contratantes.

El establecimiento permanente que una empresa de un Estado Contratante tenga en el otro Estado Contratante no será sometido a imposición en ese otro Estado de manera menos favorable que las empresas de ese otro estado que realicen las mismas actividades.

El artículo 23 se refiere al “Procedimiento de Acuerdo Mutuo”, que contempla que cuando una persona considere que las medidas adoptadas por uno o ambos Estados Contratantes implican o pueden implicar para ella una imposición que no sea acorde con las disposiciones del Convenio, con independencia de los recursos previstos por la delegación interna de estos Estados, podrá someter su caso a la autoridad competente del Estado Contratante del que sea nacional. El caso deberá ser presentado dentro de los 3 años siguientes a la primera notificación de la medida adoptada que implique una imposición no conforme a lo dispuesto a lo dispuesto por el Convenio.

El artículo 24 establece los lineamientos específicos en materia de “Intercambio de Información” y señala que las autoridades competentes de los Estados Contratantes intercambiarán información que sea relevante para aplicar lo dispuesto en el Convenio, o para la administración o cumplimiento de la legislación interna relativa a los impuestos de cualquier clase y naturaleza exigidos por los Estados Contratantes, en la medida en que dicha imposición no sea contraria al Convenio.

El artículo 25 se refiere a la “Asistencia en el Cobro de Impuestos” y establece que los Estados Contratantes se prestarán asistencia mutua en la recaudación de créditos fiscales. Las autoridades competentes de los Estados Contratantes podrán, mediante acuerdo mutuo, establecer la forma de aplicar este Artículo.

El término “Crédito Fiscal”, se refiere al monto debido respecto de impuestos de cualquier naturaleza y descripción exigidos por los Estados Contratantes o entidades locales, en la medida en que la imposición así exigida no sea contraria al Convenio o cualquier otro instrumento del que sean partes los Estados Contratantes, así como los intereses, multas administrativas y costos de recaudación o conservación relacionados con dicho monto.

Cuando un crédito fiscal de un Estado Contratante sea exigible de conformidad con la legislación de ese Estado y sea debido por una persona que, en ese momento y de conformidad con la legislación de ese Estado, no pueda impedir su cobro, dicho crédito fiscal, mediante solicitud de la autoridad competente de ese Estado deberá ser aceptado para efectos de cobro por la autoridad competente del otro Estado Contratante y deberá ser cobrado por ese otro Estado de conformidad con las disposiciones de su legislación interna aplicable a la ejecución y recaudación de sus propios impuestos como si el crédito fiscal fuera un crédito fiscal de ese otro Estado.

Cuando un crédito fiscal de un Estado Contratante sea un crédito respecto del cual ese Estado, de conformidad con su legislación interna, pueda adoptar medidas cautelares con el fin de garantizar su cobro, dicho crédito fiscal, mediante solicitud de la autoridad competente de ese Estado, deberá ser aceptado por la autoridad competente del otro Estado Contratante con el fin de adoptar las medidas cautelares necesarias. Ese otro Estado tomara medidas cautelares respecto de ese crédito fiscal, de conformidad con las disposiciones de su legislación interna, como si el crédito fiscal fuera de ese otro Estado.

El artículo 26 se avoca a los “Miembros de Misiones Diplomáticas y de Oficinas Consulares”, enfatizando que el Convenio no afectará los privilegios fiscales de los miembros de las mismas, de conformidad con los principios generales del derecho internacional o en virtud de las disposiciones de acuerdos especiales.

El artículo 27, define que el Convenio en estudio entrará en vigor 30 días después de la fecha de la última notificación entre los Estados Contratantes, y sus disposiciones surtirán efecto:

a) Respecto de los impuestos retenidos en la fuente, sobre las rentas pagadas o acreditadas, el o a partir del primero de enero del año calendario siguiente a aquel en que el Convenio entre en vigor;

b) Respecto de otros impuestos sobre la renta, por impuestos a cargo, en cualquier ejercicio fiscal que inicie el o a partir del primero de enero del año calendario siguiente a aquel en que el Convenio entre en vigor.

Finalmente, el artículo 28 señala que el Convenio permanecerá en vigor hasta que se dé por terminado por uno de los Estados Contratantes, dando aviso de la terminación con seis meses de antelación, al final de cualquier año calendario después del quinto año en el que el Convenio entró en vigor. En tal caso, el Convenio dejará de surtir sus efectos:

a) Respecto de los impuestos retenidos en la fuente, sobre las rentas pagadas o acreditadas, el o a partir del primero de enero del año calendario siguiente a aquel en que se realice la notificación de terminación;

b) Respecto de otros impuestos, sobre la renta, por impuestos a cargo, en cualquier ejercicio fiscal que inicie el o a partir del primero de enero del año calendario siguiente a aquel en que se realice la notificación de terminación.

En cuanto al Protocolo que forma parte integral del Convenio entre los Estados Unidos Mexicanos y la República de Estonia para Evitar la Doble Imposición y Prevenir la Evasión Fiscal en Materia de Impuestos sobre la Renta, las Partes acordaron incluir como partes integrales del mismo las siguientes disposiciones:

1. En relación con el Artículo 5:

a) Las autoridades competentes de los Estados Contratantes establecerán por acuerdo mutuo la forma de aplicación del inciso que excluye del término “establecimiento permanente” al mantenimiento de un lugar fijo de negocios con el único fin de realizar cualquier combinación de actividades mencionadas en los incisos a) al e) del mismo Artículo, siempre que el conjunto de la actividad del lugar fijo de negocios, conserve su carácter preparatorio o auxiliar.

b) En caso que, de conformidad con un acuerdo o convenio para evitar la doble tributación concluido con posterioridad a la fecha de forma del presente Convenio con un tercer país que sea miembro de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), Estonia acuerde incluir una disposición relativa a establecimiento permanente de aseguradoras, entonces dicha disposición será aplicable a partir de la fecha en la que dicho acuerdo o convenio entre en vigor.

2. En relación con el Artículo 6:

Se entiende que la expresión “bienes inmuebles” comprenderá cualquier derecho de reclamación respecto de bienes inmuebles.

3. En relación con el Artículo 8:

Se entiende que la transportación internacional no incluirá los beneficios derivados de la transportación terrestre.

4. En relación con el Artículo 12:

En caso de que, de conformidad con un acuerdo o convenio para evitar la doble tributación concluido con posterioridad a la fecha de firma del presente Convenio con un tercer país que sea miembro de la OCDE, México acuerde excluir del ámbito de aplicación del Artículo 12, el uso o derecho de uso de equipo industrial, comercial, científico, entonces dicha exclusión aplicará al presente Convenio a partir de la fecha en la que dicho acuerdo entre en vigor.

5. Las disposiciones del Convenio en comentario no impedirán que un Estado Contratante aplique sus disposiciones internas anti abuso, incluyendo las relativas a capitalización delgada y a sociedades extranjeras controladas (en el caso de México, regímenes fiscales preferentes).

III.- CONSIDERACIONES

La suscripción del Convenio entre los Estados Unidos Mexicanos y la República de Estonia para Evitar la Doble Imposición y Prevenir la Evasión Fiscal en materia de Impuestos sobre la Renta y su Protocolo, firmados el diecinueve de octubre de dos mil doce, forma parte de la estrategia del Estado mexicano para consolidar la amplia red de convenios fiscales que tiene celebrados nuestro país con distintas naciones del mundo, con el objetivo de eliminar la doble imposición, prevenir la evasión fiscal y mejorar la eficiencia tributaria.

En la perspectiva de los integrantes de estas Comisiones Dictaminadoras, la doble imposición deriva en una carga fiscal excesiva para los residentes de México y Estonia que inhibe la realización de operaciones financieras y promueve la evasión fiscal.

Por ello, la eliminación de la doble imposición en materia de impuesto sobre la renta y el establecimiento de un procedimiento de cooperación entre ambos países, sin duda dará mayor certidumbre y fomentará de manera significativa las inversiones entre México y Estonia.

El Convenio armonizará los sistemas fiscales de los dos países otorgando certeza y seguridad jurídica respecto del tratamiento fiscal aplicable a la inversión y al capital. Asimismo, el Convenio impedirá tratos fiscales discriminatorios sobre inversionistas de nacionalidad mexicana o estonia, además de establecer mecanismos para resolver de una forma amistosa los conflictos que puedan surgir de su aplicación e interpretación

Es importante señalar que ambos países establecieron relaciones diplomáticas y consulares por medio de un Tratado de Amistad suscrito en mil novecientos treinta y siete. Sin embargo, dicho convenio quedó sin efecto cuando Estonia fue invadida y anexada por la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS) en mil novecientos cuarenta. Una vez recuperada su independencia en agosto de mil novecientos noventa y uno, el Gobierno de Estonia solicitó el restablecimiento de relaciones diplomáticas bilaterales, las cuales fueron formalizadas el cinco de septiembre de mil novecientos noventa y uno, el cinco de noviembre de ese mismo año el gobierno mexicano decidió que su embajada en Finlandia fungiría como concurrente ante el gobierno de Estonia.

Por parte de Estonia, destaca la visita oficial que realizó en octubre de 1995 el entonces Presidente Lennart Meri, acompañado de una delegación de empresarios.

Asimismo, un par de años antes, en noviembre de mil novecientos noventa y tres, el Ministro de Relaciones Exteriores Trivimi Velliste, realizó una visita oficial a México. En esa ocasión se entrevistó con su homólogo mexicano y otros altos funcionarios gubernamentales, con quienes acordó impulsar y fortalecer las relaciones bilaterales en todos los ámbitos.

Destacan, asimismo, las visitas a nuestro país de la Canciller de Estonia Kristiina Ojuland para asistir a la Conferencia Internacional sobre la Financiación al Desarrollo en dos mil dos y del Primer Ministro Juhan Parts para participar en la III Cumbre América Latina y el Caribe-Unión Europea, en dos mil cuatro.

Por la parte mexicana, en septiembre de dos mil cinco, la Subsecretaria de Relaciones Exteriores, Embajadora Lourdes Aranda Bezaury, realizó una visita a Tallin, durante la cual sostuvo un encuentro con el Ministro de Asuntos Exteriores de ese país, Urmas Paet. En el marco de esas reuniones, se examinaron las alternativas para fortalecer la relación bilateral, la situación política en América Latina, así como las relaciones de México y Estonia con Rusia. Asimismo, la Embajadora Aranda se reunió con el Subsecretario para Asuntos Políticos del Ministerio de Asuntos Exteriores de Estonia Even Jürgenson, con quien suscribió el Convenio de Cooperación Educativa, Cultural y Deportiva.

Es importante señalar que aunado a lo anterior, Estonia es el vigésimo quinto socio comercial de México entre los países de la Unión Europea (25° comprador y 26° abastecedor) y el 92° a nivel mundial (99° comprador y 81° abastecedor). Méxicoes el 57º socio comercial de Estonia, siendo los principales socios de ese país: Finlandia, Rusia y Suecia.

Por todo lo anterior, los integrantes de estas Comisiones Dictaminadoras concluyen que el Convenio en estudio fomentará los negocios entre los dos países y proporcionará mayores y mejores herramientas para promover los niveles de rentabilidad de las inversiones que se realicen en cada uno de sus territorios, lo cual redundará en beneficio del bienestar económico de los ciudadanos tanto de Estonia como de México.

IV.- CONCLUSIONES

El Convenio entre los Estados Unidos Mexicanos y la República de Estonia para Evitar la Doble Imposición y Prevenir la Evasión Fiscal en materia de Impuestos sobre la Renta y su Protocolo, hecho en la Ciudad de México, el diecinueve de octubre de dos mil doce, permitirán a México contar con mayores y mejores instrumentos para hacer más eficiente la aplicación de nuestra legislación fiscal.

El intercambio de información y la cooperación bilateral constituyen hoy en día, herramientas indispensables para que el Estado mexicano pueda estar en condiciones de garantizar el cumplimiento de sus compromisos adquiridos internacionalmente, en materia de lucha contra la evasión de impuestos y, particularmente, del impuesto sobre la renta.

El instrumento en análisis, es resultado de la decisión de ambos países de evitar la doble imposición y lograr una mejor fiscalización en materia tributaria, mediante el intercambio de información en beneficio de los nacionales y residentes de ambos sujetos contratantes.

Los integrantes de las Comisiones Dictaminadoras, luego de un profundo análisis del instrumento internacional, consideramos que este Convenio amplía el marco jurídico aplicable a las transacciones realizadas entre ambos países, que generen ingresos sujetos a los impuestos sobre la renta, constituyendo de esta forma una herramienta especial que interactúa con la Ley del Impuesto Empresarial a Tasa Única, la Ley del Impuesto sobre la Renta, el Código Fiscal de la Federación y sus respectivos reglamentos.

Por lo anteriormente expuesto las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores; Relaciones Exteriores, Europa y de Hacienda y Crédito Público, someten a la consideración y aprobacióndel Honorable Pleno de la Cámara de Senadores el siguiente:

V.- DECRETO

La Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, en ejercicio de la facultad que le concede el artículo 76 fracción I de la ConstituciónPolítica de los Estados Unidos Mexicanos, decreta:

ARTICULO UNICO.- El Senado de la República aprueba el Convenio entre los Estados Unidos Mexicanos y la República de Estonia para Evitar la Doble Imposición y Prevenir la Evasión Fiscal en Materia de Impuestos Sobre la Renta y su Protocolo, hecho en la Ciudad de México, el diecinueve de octubre de dos mil doce.

Sala de comisiones del Senado de la República, a 19 de diciembre de 2012.

COMISION DE RELACIONES EXTERIORES
COMISION DE RELACIONES EXTERIORES, ASIA-PACIFICO
COMISION DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO”.

Debido a que el dictamen se encuentra publicado en la Gaceta del Senado del día de hoy y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 195 del Reglamento, queda de primera lectura.

Tenemos ahora la primera lectura de un dictamen de las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores; de Relaciones Exteriores, América Latina y El Caribe; y de Justicia, con proyecto de Decreto por el que se aprueba el Tratado sobre Asistencia Jurídica Mutua en Materia Penal entre el gobierno de México y el gobierno de la República Dominicana.





 

TRATADO SOBRE ASISTENCIA JURIDICA MUTUA EN MATERIA PENAL ENTRE EL GOBIERNO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y EL GOBIERNO DE LA REPUBLICA DOMINICANA, FIRMADO EN LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO, CAPITAL DE LA REPUBLICA DOMINICANA, EL 10 DE AGOSTO DE 2012

(Dictamen de primera lectura)

“COMISIONES UNIDAS DE RELACIONES EXTERIORES;
RELACIONES EXTERIORES, AMERICA LATINA;
Y EL CARIBE Y DE JUSTICIA

H. ASAMBLEA:

A las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores; Relaciones Exteriores, América Latina y El Caribe; y de Justicia de la LXII Legislatura del Senado de la República, fue turnado para su análisis y dictamen correspondiente al Tratado sobre Asistencia Jurídica mutua en Materia Penal entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de la República Dominicana, Firmado en la ciudad de Santo Domingo, capital de la República Dominicana, el diez de agosto de dos mil doce.

En atención a lo anterior, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 76 párrafo I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por lo dispuesto en los artículos 85, 86, 93, 94 y 103 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, por los artículos 177 numeral 1 y 2,178 numeral 3, 182 numerales 1 y 2, 187, 190 numeral 1, 188, 190 y 191 del Reglamento del Senado de la República, estas Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, Relaciones Exteriores, América Latina y el Caribe y de Justicia someten a la consideración de la Honorable Asamblea del Senado de la República, las suscritas comisiones formulan el presente dictamen conforme a la siguiente:

METODOLOGIA

Para dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 190 del Reglamento del Senado de la República, las Comisiones Unidas presentan el siguiente dictamen en cinco apartados, a saber

l.- ANTECEDENTES: Se da constancia del inicio y desarrollo del proceso legislativo.

II.- OBJETO, DESCRIPCION DEL INSTRUMENTO: Donde sintetiza el alcance de la propuesta en estudio.

III.- CONSIDERACIONES: Expresa los motivos y fundamentos que sustentan la resolución de la Comisión Dictaminadora.

IV.- CONCLUSIONES y

V.- DECRETO

I.- ANTECEDENTES

I.- El Lic. Rubén Alfonso Fernández Aceves, Subsecretario de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación, del Gobierno Federal, mediante el oficio N° SEL/300/409/12, de fecha 29 de octubre de 2012, remitió a los CC. Secretarios de la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión, elTratado sobre Asistencia Jurídica mutua en Materia Penal entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de la República Dominicana, a efecto de que dicho instrumento sea sometido a consideración de este Senado de la República, para los efectos precisados por la fracción I del artículo 76 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

II.- La Mesa Directiva del Senado de la República mediante oficio N° DGPL-1P1A.1360, de fecha 30 de octubre de 2012, turno a las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, Relaciones Exteriores, América Latina y el Caribe y de Justicia, el Tratado sobre Asistencia Jurídica mutua en Materia Penal entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de la República Dominicana, firmado en la ciudad de Santo Domingo, capital de la República Dominicana, el diez de agosto de dos mil doce, para su estudio, discusión y dictamen correspondiente, bajo los siguientes elementos:

II.- OBJETO, DESCRIPCION DEL INSTRUMENTO Y

EL TEXTO NORMATIVO

La evolución actual de la delincuencia, en particular de la organizada, ha tenido como resultado el impulso de la cooperación bilateral en materia de procuración de justicia, tomando como premisa que los delincuentes ya no operan en forma individual sino a través de organismos estructurados, permitiéndoles cometer actos ilícitos empleando, inclusive, las nuevas tecnologías de la información. Esto ha exigido a la comunidad internacional establecer mecanismos novedosos de asistencia jurídica que sean eficientes y expeditos.

Conscientes de que la forma más efectiva para combatir este tipo de conductas es por medio de acciones colectivas, como la cooperación internacional, México y la República Dominicana decidieron promover la celebración de un tratado en materia de asistencia jurídica en materia penal, que les permitiera fortalecer su cooperación para investigar y perseguir los delitos cometidos en sus respectivos territorios.

Durante la Visita de Estado que el Presidente Leonel Antonio Fernández Reyna realizó a nuestro país el 6 de diciembre de 2011, se presentó a las autoridades del país caribeño, el modelo de tratado sobre asistencia jurídica mutua en materia penal, elaborado conjuntamente entre la Procuraduría General de la República y la Secretaría de Relaciones Exteriores.

En junio de 2012 concluyeron las negociaciones del Tratado, que fue suscrito en la ciudad de Santo Domingo, Capital de la República Dominicana, el 10 de agosto de 2012. Los aspectos más significativos del Tratado son los siguientes:

• Las Partes podrán brindarse asistencia jurídica en materia penal para la investigación y persecución de los delitos, de conformidad con las disposiciones del Tratado y lo establecido en su respectiva legislación nacional. La asistencia comprenderá la notificación y entrega de documentos procesales; obtención de pruebas; entrega de documentos, objetos y medios de pruebas; intercambio de información; localización e identificación de personas y objetos; toma de declaraciones, testimonios e interrogatorios; desahogo de dictámenes periciales; ejecución de medidas cautelares sobre activos o bienes, tales como registro, aseguramiento u otras que restrinjan la posesión, propiedad o dominio de ganancias, productos y cualquier objeto relacionado con un delito; citación y traslado de testigos, víctimas y peritos para comparecer voluntariamente ante la autoridad competente de la Parte Requirente; traslado temporal de personas detenidas para comparecer en el territorio de la Parte Requirente dentro un proceso penal en calidad de testigos o víctimas o para otras actuaciones procesales, previamente determinadas en la solicitud de asistencia jurídica; y la autorización de la presencia de representantes de las autoridades competentes de la Parte Requirente, en calidad de observadores, durante la ejecución de una solicitud de asistencia jurídica.

• El Tratado no facultará a las autoridades de una de las Partes a ejercer, en el territorio de la otra, funciones cuya competencia esté exclusivamente reservada a esas autoridades, en términos de lo dispuesto en su ordenamiento jurídico interno; no se aplicará para la detención de personas con fines de extradición, ni para el otorgamiento de asistencia jurídica directa a terceros Estados.

• A solicitud de la Parte Requirente, se podrán ejecutar las medidas precautorias que resulten necesarias, con el fin de mantener el estado que guarde la situación de hecho y de derecho existente.

• El Tratado también incluye la posibilidad de que la solicitud de asistencia jurídica pueda ser denegada cuando su cumplimiento pudiera atentar contra la soberanía, la seguridad, el orden público u otros intereses esenciales de la Parte Requerida; el cumplimiento sea contrario a la legislación de la Parte Requerida, a sus obligaciones internacionales, o no se ajuste a las disposiciones del Tratado; se refiera a acciones por las cuales la persona sujeta a investigación o a proceso en la Parte Requirente ya fue sentenciada o absuelta por los mismos hechos en la Parte Requerida, o la acción penal haya prescrito; se refiera a delitos considerados por la Parte Requerida como políticos o por hechos conexos a delitos de esa naturaleza; existan motivos fundados por la Parte Requerida para creer que la solicitud de asistencia jurídica fue presentada con el fin de perseguir o castigar a una persona por motivos de raza, religión, nacionalidad u opiniones políticas, o que la situación de dicha persona pudiera resultar perjudicada por alguna de esas razones; o bien se refiera a un hecho penalmente sancionado con una pena prohibida por la legislación de la Parte Requerida. Sin embargo, en este caso, la Parte Requerida podrá conceder la asistencia si la Parte Requirente otorga las seguridades de que dicha pena no se impondrá o ejecutará.

• El Tratado consigna que se deberá mantener la confidencialidad de la solicitud de asistencia y las actuaciones relacionadas, por lo que el Estado Requirente no podrá utilizar ninguna información o prueba obtenida mediante este Tratado, para fines distintos a los declarados en la solicitud correspondiente, sin la previa autorización de la Parte Requerida.

• Establece la posibilidad de que la comparecencia de testigos o peritos que se encuentren en el territorio de la Parte Requerida, se efectúe mediante videoconferencia, en cuyo caso los costos respectivos serán reembolsados por la Parte Requirente a la Parte Requerida, posibilitando, además, el traslado temporal de personas detenidas para rendir declaración o para otras actuaciones procesales, excepto si la persona no expresa su consentimiento por escrito.

• Respecto de las ganancias y/o productos del delito prevé que las Partes las compartan.

• Indica que la Parte Requerida asumirá los gastos ordinarios que deriven del cumplimiento de las solicitudes de asistencia jurídica, excepto aquéllos relacionados con la comparecencia por videoconferencia, gastos y honorarios de peritos, o aquéllos relativos al envío y devolución de objetos, en cuyo caso, éstos serán asumidos por la Parte Requirente.

El Tratado sobre Asistencia Jurídica mutua en Materia Penal entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de la República Dominicana, está conformado por veintisiete artículos, a continuación se transcribe el contenido.

ARTICULO 1

Ámbito de Aplicación

1. Las Partes se prestarán, de conformidad con el presente Tratado y su respectiva legislación, asistencia jurídica mutua en materia penal para la investigación y persecución de los delitos.

2. El presente Tratado se extenderá a las investigaciones y procedimientos jurídicos sobre cualquier delito previsto en la legislación de las Partes.

3. La asistencia jurídica se prestará aun cuando los hechos que den lugar a las solicitudes de asistencia jurídica no sean considerados como delitos por la legislación de la Parte Requerida; excepto cuando las solicitudes se presenten para la ejecución de medidas precautorias en cuyo caso será necesario que el hecho que dé lugar a la solicitud también sea considerado como delito por la legislación de la Parte Requerida.

4. Asimismo, la asistencia jurídica se prestará cuando la solicitud se refiera a delitos relacionados con impuestos, derechos de aduana, control de cambios y otros de naturaleza fiscal.

5. El presente Tratado se aplicará a cualquier solicitud de asistencia jurídica presentada después del inicio de su entrada en vigor, inclusive si los hechos que dieron lugar a la petición tuvieron lugar antes de esa fecha.

ARTICULO 2

Alcances de la Asistencia Jurídica

La asistencia jurídica comprenderá:

a) la notificación y entrega de documentos procesales;

b) la obtención de pruebas;

c) la entrega de documentos, objetos y medios de pruebas;

d) el intercambio de información;

e) la localización e identificación de personas y objetos;

f) la toma de declaraciones, testimonios e interrogatorios;

g) el desahogo de dictámenes periciales;

h) la ejecución de medidas cautelares sobre activos o bienes, tales como registro, aseguramiento u otras que restrinjan la posesión, propiedad o dominio de ganancias, productos y cualquier objeto relacionado con un delito;

i) la citación y traslado de testigos, víctimas y peritos para comparecer voluntariamente ante la autoridad competente de la Parte Requirente;

j) el traslado temporal de personas detenidas para comparecer en el territorio de la Parte Requirente dentro de un proceso penal, en calidad detestigos o víctimas o para otras actuaciones procesales, previamente determinadas en la solicitud de asistencia jurídica;

k) la autorización de la presencia de representantes de las autoridades competentes de la Parte Requirente, como observadores, durante la ejecución de una solicitud de asistencia jurídica, y

l) cualquier otra forma de asistencia jurídica de conformidad con los fines del presente Tratado, que sea compatible con la legislación de la Parte Requerida.

ARTICULO 3

Restricciones de la Asistencia Jurídica

1. El presente Tratado no faculta a las autoridades de una de las Partes a ejercer, en el territorio de la Otra, funciones cuya competencia esté exclusivamente reservada a las autoridades de esa otra Parte de conformidad con su legislación, sin perjuicio de lo dispuesto en el Artículo 10.

2. Las disposiciones del presente Tratado no otorgan derecho alguno a favor de personas físicas o morales para la obtención, eliminación o exclusión de pruebas o a impedir el cumplimiento de una solicitud de asistencia jurídica.

3. El presente Tratado no será aplicable:

a) a la detención de personas con fines de extradición ni para la ejecución de solicitudes en esa materia;

b) a la ejecución de sentencias penales, incluido el traslado de personas sentenciadas, o

c) al otorgamiento de asistencia jurídica directa a terceros Estados.

ARTICULO 4

Autoridades Centrales

1. Para asegurar la debida cooperación entre las Partes en la prestación de la asistencia jurídica objeto del presente Tratado, se designan como Autoridades Centrales, por parte de los Estados Unidos Mexicanos, a la Procuraduría General de la República y por parte de la República Dominicana, a la Procuraduría General de la República Dominicana.

Las Partes se notificarán sin demora, por los canales diplomáticos, cualquier modificación de sus Autoridades Centrales y a sus ámbitos de competencia.

1. Las Autoridades Centrales de las Partes transmitirán y recibirán directamente las solicitudes de asistencia jurídica a que se refiere el presente Tratado, así como las respuestas a éstas.

2. La Autoridad Central de la Parte Requerida cumplirá las solicitudes de asistencia jurídica en forma expedita o las transmitirá para su ejecución a la autoridad competente, alentándola para el cumplimiento rápido y adecuado de las mismas.

3. Los documentos transmitidos de conformidad con el presente Tratado estarán dispensados de cualesquiera trámites de legalización o cualquier otra formalidad análoga.

ARTICULO 5

Medidas Precautorias

1. A solicitud escrita de la Parte Requirente, y en caso de que el procedimiento requerido en la solicitud de asistencia jurídica sea admisible de conformidad con la legislación de la Parte Requerida, ésta podrá ejecutar las medidas precautorias correspondientes, con el fin de mantener el estado que guarde la situación de hecho y de derecho existente protegiendo los intereses jurídicos amenazados, o para preservar las pruebas al respecto.

2. En casos urgentes, las medidas precautorias podrán ser ordenadas desde el anuncio de una solicitud de asistencia jurídica, siempre que se haya proporcionado la información suficiente que permita determinar que se han satisfecho las condiciones para ordenar medidas precautorias y, serán canceladas, si la Parte Requirente no formaliza la solicitud de asistencia jurídica dentro de los diez (10) días siguientes a su formulación.

ARTICULO 6

Trámite y Contenido de la Solicitud de Asistencia Jurídica

1. La solicitud de asistencia jurídica se formulará por escrito.

2. La Parte Requerida procederá inmediatamente a tramitar la solicitud de asistencia jurídica al recibirla por fax, correo electrónico o a través de cualquier otro medio de comunicación similar, debiendo transmitir la Parte Requirente la solicitud de manera formal dentro de los diez (10) días siguientes a su envío por los medios mencionados.

La Parte Requerida informará a la Parte Requirente los resultados de la ejecución de la solicitud de asistencia jurídica después de haberla recibido de manera formal. Sin embargo, si la Parte Requirente comprueba la urgencia de la asistencia jurídica, la falta de presentación formal de la solicitud de asistencia jurídica no será obstáculo para que la Parte Requerida notifique los resultados de la misma.

1. La solicitud de asistencia jurídica deberá contener:

a) el nombre de la Institución y de la autoridad competente que tiene a su cargo la investigación o el procedimiento penal del que derive la solicitud;

b) el propósito y la descripción de la asistencia jurídica solicitada;

c) la descripción de los hechos materia de investigación o procedimiento penal;

d) el texto de las disposiciones legales concernientes al tipo penal y, cuando sea necesario, la cuantía del daño causado;

e) el fundamento y descripción de cualquier procedimiento especial que la Parte Requirente desee que se practique al ejecutar la solicitud de asistencia jurídica, siempre y cuando éste no sea contrario a la legislación de la Parte Requerida;

f) el plazo dentro del cual la Parte Requirente considera más oportuno y/o conveniente que sea cumplida. No obstante, el plazo para dar cumplimiento a la solicitud de asistencia jurídica será establecido por las Autoridades Centrales, de conformidad con la legislación de la Parte Requerida;

g) la información necesaria o útil para la identificación y ubicación de las personas sujetas a investigación o proceso judicial;

h) el nombre completo, la fecha de nacimiento, el domicilio, así como el número de teléfono de las personas a ser notificadas y su relación con la investigación o proceso judicial en curso;

i) la ubicación y descripción del lugar a catear o inspeccionar;

j) la ubicación y descripción de los bienes o activos a asegurar o decomisar;

k) las preguntas a ser formuladas en el desahogo de las declaraciones, testimonios, interrogatorios o en los dictámenes periciales, en la Parte Requerida;

l) en su caso, la petición para que asistan representantes de las autoridades competentes de la Parte Requirente a la ejecución de la solicitud de asistencia jurídica, y

m) cualquier otra información que pueda ser de utilidad para la Parte Requerida en el cumplimiento de la solicitud de asistencia jurídica.

2. Si la Parte Requerida considera que la información contenida en la solicitud de asistencia jurídica no es suficiente para efectuarla, podrá solicitar información adicional.

ARTICULO 7

Denegación o Aplazamiento de la Asistencia Jurídica

1. La solicitud de asistencia jurídica podrá ser denegada cuando:

a) su cumplimiento pudiera atentar contra la soberanía, la seguridad, el orden público u otros intereses esenciales de la Parte Requerida;

b) el cumplimiento sea contrario a la legislación de la Parte Requerida,a sus obligaciones internacionales, o no se ajuste a las disposiciones del presente Tratado;

c) la solicitud de asistencia jurídica se refiera a acciones por las cuales la persona sujeta a investigación o a proceso en la Parte Requirente ya fue sentenciada o absuelta por los mismos hechos en la Parte Requerida o la acción penal haya prescrito;

d) la solicitud de asistencia jurídica se refiera a delitos considerados por la Parte Requerida como políticos o por hechos conexos a delitos de esa naturaleza. Para los fines de este inciso, un ataque intencional contra la integridad física de un Jefe de Estado o contra un miembro de su familia, no constituye delito político;

e) existan motivos fundados por la Parte Requerida para creer que la solicitud de asistencia jurídica se ha presentado con el fin de perseguir o castigar a una persona por motivo de raza, religión, nacionalidad u opiniones políticas, o que la situación de dicha persona pudiera resultar perjudicada por alguna de esas razones;

f) la solicitud de asistencia jurídica se refiera a un hecho penalmente sancionado con una pena prohibida por la legislación de la Parte Requerida. Sin embargo, la Parte Requerida podrá conceder la asistencia si la Parte Requirente le otorga las seguridades de que dicha pena no se impondrá o ejecutará, y

g) la solicitud de asistencia jurídica no reúna los requerimientos del presente Tratado.

2. El secreto bancario o tributario no podrá ser utilizado como argumento para negar la asistencia jurídica.

3. La Parte Requerida podrá denegar o aplazar el cumplimiento de la solicitud de asistencia jurídica cuando considere que su ejecución puede perjudicar u obstaculizar una investigación o procedimiento judicial en curso en su territorio.

4. Antes de denegar o aplazar la ejecución de una solicitud de asistencia jurídica, la Parte Requerida analizará la posibilidad de que ésta se conceda bajo las condiciones que considere necesarias. Si la Parte Requirente acepta la asistencia jurídica bajo tales condiciones, estará obligada a respetarlas.

5. Si la Parte Requerida decide denegar o aplazar la asistencia jurídica, lo informará a la Parte Requirente de manera inmediata, expresando los motivos de tal decisión.

ARTICULO 8

Confidencialidad y Limitaciones en el Empleo de la Información

1. La Parte Requerida asegurará la confidencialidad de la recepción de la solicitud de asistencia jurídica, su contenido y cualquier actuación emprendida conforme a la misma. Si para la ejecución de la solicitud de asistencia jurídica fuera necesario contravenir la confidencialidad, la Parte Requerida solicitará la autorización de la Parte Requirente mediante comunicación escrita. Para tales efectos, la Parte Requirente deberá informar los alcances de la confidencialidad que se invoca. Sin dicha autorización, la solicitud de asistencia jurídica no se ejecutará.

2. La Parte Requirente no utilizará ni divulgará ninguna información o prueba obtenida mediante el presente Tratado para fines distintos a los declarados en la solicitud de asistencia jurídica, sin previa autorización de la Parte Requerida.

3. En casos particulares, si la Parte Requirente necesitara divulgar y utilizar, total o parcialmente, la información o prueba para propósitos diferentes a los especificados, solicitará la autorización correspondiente a la Parte Requerida, la que podrá acceder o denegar, total o parcialmente, lo solicitado.

4. El uso de cualquier información o prueba que haya sido obtenida de conformidad con el presenteTratado y que tenga el carácter de pública en la Parte Requirente dentro de la investigación o el procedimiento descrito en la solicitud de asistencia jurídica, no estará sujeta a la restricción a que se refiere el numeral anterior.

ARTICULO 9

Ejecución de la Solicitud de Asistencia Jurídica

1. El cumplimiento de la solicitud de asistencia jurídica se llevará a cabo de conformidadcon la legislación de la Parte Requerida y de acuerdo con las disposiciones del presente Tratado. La solicitud de asistencia jurídica se ejecutará a la brevedad.

2. La Parte Requerida cumplirá la solicitud de asistencia jurídica de acuerdo con las formas y procedimientos especiales indicados en ella por la Parte Requirente, salvo cuando éstos sean incompatibles con la legislación de la Parte Requerida.

3. La Autoridad Central de la Parte Requerida remitirá oportunamente a la Autoridad Central de la Parte Requirente la información y las pruebas obtenidas como resultado de la ejecución de la solicitud de asistencia jurídica.

4. Cuando no sea posible cumplir con la solicitud de asistencia jurídica, en todo o en parte, la Autoridad Central de la Parte Requerida lo hará saber inmediatamente a la Autoridad Central de la Parte Requirente e informará las razones que impidan su cumplimiento.

ARTICULO 10

Participación de Representantes de la Parte Requirente

en la Ejecución de la Solicitud de Asistencia Jurídica

1. La Parte Requirente podrá solicitar a la Parte Requerida la presencia de representantes de sus autoridades competentes, como observadores, en la ejecución de la solicitud de asistencia jurídica, pudiendo requerir que en el desahogo de una prueba testimonial o pericial, sus representantes formulen preguntas por medio de la autoridad competente de la Parte Requerida.

2. La presencia y participación de representantes deberá estar previamente autorizada por la Parte Requerida, misma que informará con antelación a la Parte Requirente sobre la fecha, hora y lugar de la ejecución de la solicitud de asistencia jurídica.

3. La Parte Requirente remitirá la relación de los nombres, cargos y motivo de la presencia de sus representantes, con un plazo razonable de anticipación a la fecha de la ejecución de la solicitud de asistencia jurídica.

ARTICULO 11

Notificación de Actuaciones

1. Conforme a la solicitud de asistencia jurídica, la Autoridad Central de la Parte Requerida procederá, sin demora, a realizar o tramitar la notificación de documentos procesales.

2. Lasolicitudquetengaporobjetola notificación de actuaciones será transmitida con razonable anticipación a la fecha en que las actuaciones deban llevarse a cabo.

3. El cumplimiento de la solicitud de asistencia jurídica se acreditará por medio de un documento de entrega, fechado y firmado por el destinatario o por medio de una declaración de la autoridad competente de la Parte Requerida constatando el hecho, la fecha y la forma de notificación y entrega.

ARTICULO 12

Transmisión de Actuaciones

1. Cuando la solicitud de asistencia jurídica tenga por objeto la transmisión de actuaciones o documentos, la Parte Requerida tendrá la facultad de transmitir copias certificadas de los mismos, salvo que la Parte Requirente solicite los originales.

2. Los documentos y las actuaciones originales transmitidos a la Parte Requirente serán devueltos a la Parte Requerida tan pronto como sea posible, cuando esta última así lo solicite.

ARTICULO 13

Inmunidades, Derechos y Prerrogativas

1. Si la persona relacionada con la solicitud de asistencia jurídica invoca inmunidad, prerrogativa, derecho o incapacidad según la legislación de la Parte Requerida, esta invocación será resuelta por la autoridad competente de la Parte Requerida con anterioridad al cumplimiento de la solicitud de asistencia jurídica y comunicada a la Parte Requirente por medio de la Autoridad Central.

2. Si la persona invoca inmunidad, prerrogativa, derechos o incapacidad según la legislación de la Parte Requirente, tal invocación será informada por medio de las respectivas Autoridades Centrales, a fin de que las autoridades competentes de la Parte Requirente resuelvan al respecto.

ARTICULO 14

Obtención de Pruebas en la Parte Requerida

1. A solicitud de la Parte Requirente, la Parte Requerida respetará los trámites y procedimientos indicados expresamente por la Parte Requirente, salvo disposición contraria de este Tratado, siempre que éstos no sean contrarios a los principios fundamentales del derecho de la Parte Requerida.

2. Si la Parte Requirente desea que las personas a las que se vaya a tomar declaración lo hagan bajo juramento, lo indicará expresamente, y la Parte Requerida atenderá a ello si su legislación no se opone a tal efecto.

3. Si la Parte Requirente lo solicita expresamente, la Parte Requerida le comunicará la fecha y el lugar de cumplimiento de la solicitud de asistencia jurídica. Si la Parte Requerida lo autoriza, los funcionarios de la Parte Requirente mencionados en la solicitud podrán asistir a dicho cumplimiento. En la medida en que lo autorice la legislación de la Parte Requerida, los funcionarios de la Parte Requirente mencionados en la solicitud podrán interrogar a un testigo, probable responsable, parte ofendida o a un perito o pedir que se les interrogue.

4. La Parte Requerida podrá aplazar la entrega de los objetos, expedientes o documentos que se le pida trasladar si le son necesarios para un proceso y/o procedimiento penal en curso.

5. La Parte Requirente conservará los elementos probatorios y los originales de los expedientes y documentos transmitidos en cumplimiento de una solicitud de asistencia jurídica, salvo si la Parte Requerida pide que se le devuelvan.

ARTICULO 15

Localización e Identificación de Personas y Objetos

A solicitud de la Parte Requirente, las autoridades competentes de la Parte Requerida adoptarán todas las medidas contempladas en su legislación para la localización e identificación de personas y objetos mencionados en la solicitud de asistencia jurídica.

ARTICULO 16

Comparecencia de Personas en el Territorio de la Parte Requirente

1. Si la Parte Requirente solicita la comparecencia de una persona en calidad de testigo o perito que se encuentre en el territorio de la Parte Requerida, esta última procederá a su citación y traslado de conformidad con la solicitud de asistencia jurídica formulada.

2. La comparecencia de la persona, sólo podrá realizarse si ésta manifiesta su aceptación por escrito, no pudiendo ser objeto de medida de apremio o sanción alguna en caso de que no acepte.

3. La Parte Requerida comunicará por escrito la respuesta de la persona a la Parte Requirente y, en su caso, solicitará la comparecencia mediante citatorio, el cual deberá contener las siguientes excepciones o garantías en la Parte Requirente:

a) Ninguna persona sea cual fuere su nacionalidad, que se traslade al territorio de la Parte Requirente para colaborar en atención a una solicitud de asistencia jurídica, podrá ser procesada, detenida o sujeta a cualquier restricción de libertad personal en el territorio de esa Parte por causas previas a su traslado.

b) Ninguna persona estará obligada a declarar en actuaciones, ni a colaborar en investigaciones distintas de las actuaciones o investigaciones mencionadas en la citación.

4. Toda citación que la Parte Requerida notifique a la persona deberá mencionar las excepciones o garantías a que se refiere el numeral anterior y señalar que los gastos de traslado corresponden a la Parte Requirente, de conformidad con el Artículo 24 del presente Tratado.

ARTICULO 17

Traslado Temporal de Personas Detenidas

1. Toda persona que se encuentre detenida en el territorio de la Parte Requerida, cuya presencia sea necesaria para rendir declaración o para otras actuaciones procesales en la Parte Requirente, podrá ser trasladada temporalmente a dicha Parte, si la persona consiente por escrito y la Parte Requerida acepta el traslado y sus condiciones, previo acuerdo entre las Partes y de conformidad con su legislación.

2. El traslado podrá ser denegado en los casos siguientes:

a) Si la persona no expresa su consentimiento por escrito;

b) Si la presencia de la persona es necesaria para la continuación de un procedimiento en el territorio de la Parte Requerida;

c) Si el plazo de permanencia excede el término fijado para el cumplimiento de una sentencia privativa de libertad en la Parte Requerida, y

d) Si el traslado pone en peligro la salud, seguridad o vida de la persona.

3. La Parte Requirente custodiará y garantizará la protección de la persona trasladada mientras permanezca en su territorio.

En el caso de que las autoridades de la Parte Requerida levanten la medida restrictiva de libertad de la persona trasladada, la Parte Requirente deberá devolverlo de manera inmediata a la Parte Requerida.

4. El plazo de estadía de la persona detenida en el territorio de la Parte Requirente, será computado para los efectos de la ejecución de la pena impuesta en la Parte Requerida.

ARTICULO 18

Protección de Personas Citadas o Trasladadas a la Parte Requirente

Cuando sea necesario, la Parte Requirente asegurará la protección de las personas citadas o trasladadas a su territorio.

ARTICULO 19

Audiencia por Videoconferencia

1. La Parte Requirente podrá solicitar que la declaración de una persona que se encuentre en el territorio de la Parte Requerida, se realice mediante audiencia por videoconferencia.

2. La Parte Requerida autorizará la comparecencia por videoconferencia en la medida en que no se encuentre prohibida por su legislación, siempre y cuando se disponga de los medios técnicos y compatibles para su realización.

3. La comparecencia se llevará a cabo de conformidad con las siguientes reglas:

a) Tendrá lugar en presencia de la autoridad competente de la Parte Requerida pudiendo contar, en caso necesario, con un intérprete;

b) El interrogatorio será dirigido por la autoridad competente de la Parte Requirente, siguiendo las formalidades previstas para este tipo de diligencias en su legislación. No obstante, la autoridad competente de la Parte Requerida adoptará las medidas necesarias para que en el desarrollo de la comparecencia, se respeten las garantías individuales y procesales del declarante de conformidad con su legislación;

c) Las autoridades competentes de ambas Partes acordarán, si procede, medidas relativas a la protección de la persona que comparece de conformidad con la legislación de la Parte Requerida;

d) Al término de la comparecencia, la autoridad competente de la Parte Requerida levantará un acta, indicando la fecha y el lugar de la misma, la identidad del declarante, así como las identidades y calidades de las demás personas que hayan participado en la audiencia, debiendo remitir dicha acta a la Parte Requirente, y

e) Los costos de la conexión y utilización del equipo técnico, en caso de que deba pagarse por ello en el territorio de la Parte Requerida, el costo de la llamada internacional, el intérprete, así como los gastos de traslado y hospedajeenelterritoriodelaParteRequerida,seránreembolsados por laParteRequirentealaParteRequerida,amenosqueestaúltimarenuncie por escrito al reembolso referido, de manera total o parcial.

ARTICULO 20

Transmisión Espontánea de Medios de Prueba y de Información

1. Por conducto de las Autoridades Centrales, y dentro de los límites de su legislación, las autoridades judiciales o el Ministerio Público de cada Parte podrán, sin que hubiere sido presentada una solicitud en dicho sentido, intercambiar información y medios de prueba con respecto a los hechos penalmente sancionables recopilados durante el curso de su propia indagatoria, cuando estimen que esta transmisión es de tal naturaleza que permitiría a la otra Parte:

a) Presentar una solicitud de asistencia jurídica de conformidad con el presente Tratado;

b) Iniciar procedimientos penales, o

c) Facilitar el desarrollo de una investigación penal en curso.

2. La autoridad que proporcione la información podrá, de conformidad con su legislación, sujetar a determinadas condiciones la utilización de la misma por la autoridad destinataria. La autoridad destinataria está obligada a respetar dichas condiciones.

ARTICULO 21

Registro, Aseguramiento y Restricción del Dominio

1. La Parte Requerida intentará establecer, previa solicitud, si las ganancias, productos y cualquier objeto relacionado con un delito se encuentran en su jurisdicción e informará a la Parte Requirente sobre los resultados de sus indagaciones. En su solicitud, la Parte Requirente comunicará a la Parte Requerida los motivos en los que basa su presunción de que tales ganancias y/o productos pueden encontrarse dentro de su jurisdicción.

2. Si de conformidad con el numeral anterior, se encuentran las ganancias y/o productos que se sospecha proceden de un delito, la Parte Requerida adoptará las medidas necesarias autorizadas por su legislación para impedir que éstos sean objeto de transacciones, se transfieran o se cedan antes de que un tribunal de la Parte Requirente haya adoptado una decisión definitiva al respecto.

3. La Parte Requerida tramitará, de conformidad con su legislación, una solicitud de asistencia jurídica cuya finalidad sea restringir la posesión, propiedad o dominio de las ganancias y/o productos de un delito.

4. En la medida en que lo permita su legislación y previa solicitud de la Parte Requirente, la Parte Requerida deberá solicitar prioritariamente la restitución de la Parte Requirente de las ganancias, productos y cualquier objeto relacionado con los delitos, con miras en particular a indemnizar a las víctimas o restituirlos al propietario legítimo, sin perjuicio de los derechos de terceros de buena fe.

5. La entrega de las ganancias y/o productos se realizará previo acuerdo sobre la compartición de los productos del delito, de conformidad con la legislación de las Partes.

La compartición de las ganancias y/o productos se llevará a cabo a través de un acuerdo entre las Autoridades Centrales, el cual deberá realizarse antes de que cause ejecutoria la resolución que decida sobre la extinción del dominio y entrega de las ganancias y/o productos del delito.

6. La entrega se efectuará en los términos de la legislación de la Parte Requerida y será previa deducción de los gastos propios de su administración y el pago de contribuciones y gravámenes a que estuvieren sujetos.

7. Las ganancias y/o productos de un delito incluyen los instrumentos utilizados para cometer el ilícito.

ARTICULO 22

Mecanismos para Facilitar la Cooperación Jurídica en materia Penal

1. Las Partes cooperarán adicionalmente a través de las modalidades siguientes:

a) Intercambio de experiencias en materia de investigación criminal, terrorismo, corrupción, tráfico de personas, estupefacientes e insumos químicos, lavado de dinero, delincuencia organizada y delitos conexos, entre otros;

b) Intercambio de información sobre modificaciones introducidas a sus sistemas judiciales y nuevos criterios jurisprudenciales en las materias que abarcan el presente Instrumento, y

c) Capacitación y actualización de funcionarios encargados de la investigación y procesamiento penales.

2. Para la realización de las actividades y encuentros previstos en el presente Tratado, las Autoridades Centrales acordarán la metodología que se utilizará en cada uno de ellos, así como su duración y número de participantes.

ARTICULO 23

Transmisión de Sentencias y Certificados de Antecedentes Penales

1. La Parte Requerida presentará en casos especiales, en la medida en que sus autoridades competentes puedan obtenerlos, extractos de expedientes penales y/o documentos u objetos que sean necesarios en una investigación y/o procedimiento judicial, salvo aquellos documentos y objetos que contengan información que constituya secreto de Estado.

2. Cuando la Parte Requerida trasmita una sentencia penal, deberá proporcionar también las indicaciones relativas al procedimiento respectivo, en caso de haber sido solicitadas por la Parte Requirente.

3. Los certificados de antecedentes penales necesarios para la autoridad judicial de la Parte Requirente en un procedimiento penal, serán transmitidos a dicha Parte si en las mismas circunstancias podrían ser otorgados a las autoridades competentes de la Parte Requerida.

ARTICULO 24

Gastos

1. La Parte Requerida asumirá los gastos ordinarios del cumplimiento de solicitudes de asistencia jurídica, salvo los siguientes, que serán sufragados por la Parte Requirente:

a) Gastos relativos a la comparecencia por videoconferencia, conforme al Artículo 19 del presente Tratado, gastos concernientes al traslado de las personas a su territorio y de regreso, conforme al Artículo 16 del presente Tratado y a su estadía en territorio de la Parte Requirente, así como otros gastos personales relacionados con el cumplimiento de la asistencia jurídica;

b) Gastos y honorarios de peritos, y

c) Gastos relativos al envío y devolución de objetos trasladados del territorio de la Parte Requerida al territorio de la Parte Requirente.

2. Si en el curso del cumplimiento de la solicitud se identificara la necesidad de incurrir en gastosextraordinarios para responder a lamisma, las Partes se consultarán para determinarla condiciones en las que se podrá seguir cumpliendo.

ARTICULO 25

Otros Instrumentos de Cooperación

El presente Tratado no impedirá a las Partes prestarse otras formas de asistencia jurídica en virtud de acuerdos específicos, de entendimientos o de prácticas compartidas, de ser acordes con sus respectivas legislaciones y con los tratados internacionales que les sean aplicables.

ARTICULO 26

Consultas y Solución de Controversias

1. Las Autoridades Centrales de las Partes, a propuesta de una de ellas, celebrarán consultas en materia de interpretación o aplicación de las disposiciones del presente Tratado.

2. Cualquier controversia sobre la interpretación y la aplicación del presente Tratado será resuelta mediante consultas entre las Autoridades Centrales.

3. En caso de que éstas no lleguen a un acuerdo, la controversia será resuelta mediante consultas a través de los canales diplomáticos.

ARTICULO 27

Entrada en Vigor, Modificación y Terminación

1. Cada una de las Partes notificará a la Otra, por los canales diplomáticos, el cumplimiento de los procedimientos requeridos por su legislación para la entrada en vigor del presente Tratado. El presente Tratado entrará en vigor el primer día del segundo mes siguiente a la fecha de recepción de la última notificación, recibida por los canales diplomáticos.

2. Cualquiera de las Partes podrá dar por terminado el presente Tratado, en cualquier momento, mediante notificación escrita dirigida a la otra Parte, por los canales diplomáticos. En este caso, la terminación surtirá efectos el primer día del tercer mes siguiente a la fecha de la recepción de dicha notificación. No obstante, las solicitudes de asistencia jurídica que se hayan recibido antes de la fecha en la que surta efectos la terminación del presente Tratado se seguirán tramitando conforme a las disposiciones del mismo.

3. El presente Tratado podrá ser modificado por mutuo consentimiento de las Partes, formalizado a través de comunicaciones escritas. Dichas modificaciones entrarán en vigor de conformidad con el procedimiento establecido en el numeral 1 del presente Artículo.

Firmado en la ciudad de Santo Domingo, Capital de la República Dominicana, el diez (10) del mes de agosto del año dos mil doce (2012), en dos ejemplares originales en idioma español, siendo ambos textos igualmente auténticos.

En mérito de lo antes expuesto y tomando en cuenta que el METODO DE TRABAJO, ANALISIS, DISCUSION Y VALORACION, al Tratado sobre Asistencia Jurídica mutua en Materia Penal entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de la República Dominicana, el diez de agosto de dos mil doce,en el seno de estas comisiones unidas consistió en la discusión del presente dictamen al tenor delassiguientes:

III.- CONSIDERACIONES

PRIMERO.- Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 135 numeral 1, fracción II; 147 numeral 2, 150 numeral 3 y 186 numeral 2, del Reglamento del Senado de la República estas comisiones Unidas, son competentes para conocer, analizar y dictaminar el Tratado sobre Asistencia Jurídica mutua en Materia Penal entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de la República Dominicana, el diez de agosto de dos mil doce.

SEGUNDA.- México y la República Dominicana Establecieron relaciones diplomáticas en 1888, México mantuvo durante muchos años una relación discreta y formal, de tal manera que de 1890 a 1943, México y la República Dominicana suscribieron dos instrumentos bilaterales, uno consular (supresión de visas ordinarias) y otro de amistad, comercio y navegación.

Los periodos de inestabilidad política que siguieron al derrocamiento del régimen trujillista y la invasión estadounidense de abril de 1965, fueron factores que impidieron al gobierno de México impulsar la relación bilateral. Tanto en el derrocamiento del régimen constitucional de Juan Bosch en 1963, como durante los graves acontecimientos que se suscitaron con la intervención militar estadounidense en abril de 1965, México mantuvo una posición fundamentada en los principios de no intervención y autodeterminación.

Fue hasta septiembre de 1965, cuando Héctor García Godoy fue nombrado Presidente Provisional de la República Dominicana, cuando México reanudó los contactos diplomáticos con el gobierno dominicano.

TERCERA.- Actualmente, la relación entre México y la República Dominicana se encuentra en un nivel elevado de entendimiento, amistad, diálogo y colaboración recíproca y existe una importante coincidencia en los principales temas regionales y multilaterales. En 2009, México apoyó la inclusión Dominicana en el Mecanismo de Diálogo y Concertación de Tuxtla y en el Proyecto Mesoamérica, y durante los cuatro años de su gestión, el Presidente Leonel Fernández sostuvo cinco encuentros con el Presidente Felipe Calderón, el último de los cuales tuvo lugar durante la Visita de Estado que el Mandatario dominicano hizo a México, el 6 de diciembre de 2011.

Nuestro país ha reaccionado favorablemente a la solicitud de cooperación del gobierno dominicano, en áreas prioritarias para éste, como lo son seguridad, modernización de servicios públicos y fomento a la mediana y pequeña empresa.

CUARTA.- Que de aprobarse el Tratado, permitirá fortalecer el marco jurídico vigente entre México y la República Dominicana en materia de procuración de justicia, el cual además, se integra por los siguientes instrumentos:

• Convenio entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de la República Dominicana sobre Cooperación en Materia de Combate al Tráfico Ilícito, Abuso de Estupefacientes y Sustancias Sicotrópicas y Delitos Conexos, firmado en la Ciudad de México, el 18 de agosto de 1997, y aprobado por la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, el dieciséis de octubre de mil novecientos noventa y siete, según decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación del veintiséis de noviembre del propio año.

• La legislación mexicana que avala la implementación de este Tratado se conforma de: la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Código Penal Federal, el Código Federal de Procedimientos Penales, la Ley sobre la Celebración de Tratados, la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República y su Reglamento.

QUINTA.- Que el Tratado de mérito integra todos los elementos contenidos en otros instrumentos internacionales que México ha celebrado con otros Estados en esta materia, que han contribuido a hacer más eficiente la cooperación jurídica.

Visto lo anterior, si la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión tiene a bien aprobar el Tratado, el Ejecutivo Federal estará en posibilidad de notificar a las autoridades dominicanas que se ha cumplido con los requisitos exigidos por la legislación nacional, en los términos que refiere el Artículo 27, numeral 1, para su entrada en vigor.

IV.- CONCLUSIONES

Con base en el análisis de la información y constancias remitidas por la Secretaría Gobernación, estas Comisiones Unidas reconocen que el Tratado que nos ocupa satisface con las obligaciones y derechos que se consagran en ellas, conforme a la buena fe; reglas en las que se manifiesta un respeto a la soberanía nacional y a la seguridad de las relaciones internacionales, ajustándose a las normas imperativas del derecho internacional y desde luego, a las normas fundamentales de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

En consecuencia estas Comisiones Unidas estiman que es de aprobarse el Tratado sobre Asistencia Jurídica mutua en Materia Penal entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de la República Dominicana, firmado en la ciudad de Santo Domingo, capital de la República Dominicana, el diez de agosto de dos mil doce, sometiéndose a la consideración del Pleno de la Cámara de Senadores, para su aprobación, el siguiente:

V.- DECRETO

ARTICULO UNICO. Se aprueba el Tratado sobre Asistencia Jurídica mutua en Materia Penal entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de la República Dominicana, firmado en la ciudad de Santo Domingo, capital de la República Dominicana, el diez de agosto de dos mil doce.

Senado de la República, a 19 de diciembre de 2012.

Comisión de Relaciones Exteriores
Comisión de Relaciones Exteriores América Latina y el Caribe
Comisión de Justicia”.

Debido a que el dictamen se encuentra publicado en la Gaceta del Senado del día de hoy y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 195 del Reglamento, queda de primera lectura.

Tenemos la primera lectura de un dictamen de las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores; de Relaciones Exteriores, Asia-Pacífico; y de Hacienda y Crédito Público, con proyecto de Decreto por el que se aprueba el Acuerdo entre el gobierno México y el gobierno de la India sobre Asistencia Administrativa Mutua en Asuntos Aduaneros.





 

ACUERDO ENTRE EL GOBIERNO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y EL GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE LA INDIA SOBRE ASISTENCIA ADMINISTRATIVA MUTUA EN ASUNTOS ADUANEROS, FIRMADO EN NUEVA DELHI, EL 15 DE OCTUBRE DE 2012

(Dictamen de primera lectura)

“COMISIONES UNIDAS DE RELACIONES EXTERIORES;
DE RELACIONES EXTERIORES, ASIA-PACIFICO;
Y DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

H. ASAMBLEA:

Con fecha treinta de octubre de dos mil doce, a las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores; de Relaciones Exteriores, Asia-Pacífico; y de Hacienda y Crédito Público, lesfue turnada para su estudio y elaboración del dictamen correspondiente, el Acuerdo entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de la República de la India sobre Asistencia Administrativa Mutua en Asuntos Aduaneros, firmado en Nueva Delhi, el quince de octubre de dos mil doce.

Las comisiones dictaminadoras, en uso de las facultades que les confiere el artículo 76 fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; los artículos 4 y 5 de la Ley sobre la Celebración de Tratados; los artículos 3 y 9 de la Ley sobre Aprobación de Tratados Internacionales en Materia Económica; 85, 86 y 94 de la Ley Orgánica del Congreso General del los Estados Unidos Mexicanos, así como 182, 183, 186, 187, 188 y 190 del Reglamento del Senado de la República presentan a la consideración de los Senadores integrantes de esta Honorable Asamblea, las suscritas comisiones formulan el presente dictamen conforme a la siguiente:

METODOLOGIA

Para dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 190 del Reglamento del Senado de la República, las Comisiones Unidas presentan el siguiente dictamen en cinco apartados a saber:

I.- ANTECEDENTES. Se da constancia del inicio y desarrollo del proceso legislativo.

II.- DESCRIPCION DEL INSTRUMENTO. Contiene de manera detallada el contenido propio del Acuerdo.

III.- CONSIDERACIONES. Expresa los motivos y fundamentos que sustentan la resolución de las Comisiones Dictaminadoras.

IV.- CONCLUSIONES y

V.- DECRETO

I.- ANTECEDENTES

1.- Mediante oficio número SEL/300/408/12, de fecha veintinueve de octubre de dos mil doce, la Subsecretaria de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación, envió a los CC. Secretarios de la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión, copias certificadas del Acuerdo de referencia.

2.- En sesión ordinaria del treinta de octubre de dos mil doce, mediante oficios DGPL-1P1A.-1351, DGPL-1P1A.-1346 y DGPL-1P1A.-1353 Mesa Directiva de la Cámara de Senadores turnó el instrumento internacional en comento a las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores; de Relaciones Exteriores Asia-Pacífico, y de Hacienda y Crédito Público, para su análisis y elaboración del dictamen correspondiente.

II.- DESCRIPCION DEL INSTRUMENTO

El Acuerdo entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de la República de la India sobre Asistencia Administrativa Mutua en Asuntos Aduaneros está conformado por veintiséis artículos y está encaminado al desarrollo de actividades tendientes a la prestación de asistencia en diferentes materias técnicas, de operación y procedimiento. Dicha cooperación consiste, fundamentalmente, en el intercambio de información y documentación respecto de mercancías comercializadas entre ambos países, o bien sobre personas y las técnicas o métodos a través de los cuales las autoridades aduaneras han detectado delitos o presumen la comisión de los mismos.

El Acuerdo tiene el siguiente contenido:

El artículo 1 denominado “Definiciones”, establece lo que se entenderá por “Autoridad Aduanera”, “impuestos aduaneros”, “legislación aduanera”, “infracción aduanera”, “información”, “funcionario” “, “persona”, “aduanera requirente” y “autoridad aduanera requerida”.

El artículo 2 relativo al “Alcance del Acuerdo”, señala que las partes contratantes a través de sus autoridades aduaneras, deberán proporcionarse asistencia mutua de acuerdo a las disposiciones del Acuerdo, a fin de prevenir, investigar y reprimir las infracciones aduaneras.

La asistencia será proporcionada para determinar los impuestos aduaneros y otras contribuciones fiscales o cargos relacionados con la Legislación Aduanera y con el propósito de aplicar controles que sean competencia de la autoridad aduanera.

La asistencia deberá ser proporcionada para su uso en cualquier procedimiento por la autoridad aduanera requirente, incluyendo los procedimientos de clasificación, valoración y otras características relevantes, así como en procedimientos que involucren multas, sanciones y decomisos.

Por otra parte, cualquier acción llevada a cabo en el marco del Acuerdo, por alguna de las partes contratantes, deberá llevarse a cabo de conformidadcon la legislación nacional y las disposiciones administrativas de cada parte.

Asimismo, señala el citado artículo que ninguna disposición contenida en el Acuerdo podrá ser interpretada de tal manera que restrinja algún acuerdo o práctica de asistencia mutua y cooperación que se encuentre en vigor entre las partes contratantes.

Es importante señalar que la asistencia brindada en el marco del Acuerdo, no crean un derecho a favor de cualquier persona para obtener, suprimir o excluir cualquier prueba o impedir la ejecución de una solicitud de asistencia.

El artículo 3 denominado “Forma y contenido de las solicitudes de asistencia”, señala que estas deberán ser comunicadas directamente entre las autoridades aduaneras y deberán ser presentadas por escrito, a menos que las circunstancias así lo requieran, las solicitudes se podrán formular verbalmente, pero deberán ser confirmadas por escrito sin exceder un plazo de diez días.

El citado artículo señala la información que deberá incluir la solicitud, así como que ésta deberá formularse en un idioma aceptable para ambas autoridades aduaneras.Asimismo, permite que la solicitud que no contenga los requerimientos formales pueda ser corregida o complementada.

El artículo 4 denominado “Asistencia espontánea”, señala que cualquiera de las partes puede proporcionar asistencia por iniciativa propia en aquellos casos que pudieran representar daños considerables a la economía, salud y seguridad pública, incluyendo la seguridad de la cadena logística del comercio internacional u otros intereses de las partes.

El artículo 5 relativo a la “Comunicación de la información”, señala que las autoridades aduaneras deberán previa solicitud, proporcionarse toda la información que ayude a asegurar la correcta aplicación en los siguientes rubros:

a. La recaudación de aranceles aduaneros, impuestos, cuotas u otros cargos por la autoridad aduanera y en particular, la información que pueda ayudar a determinar el valor de los bienes para propósitos aduaneros y establecer su clasificación arancelaria.

b. La implementación de prohibiciones y restricciones a la importación y exportación.

c. La aplicación sobre reglas de origen relevantes.

El artículo en comento, señala también que si la autoridad aduanera no cuenta con la información solicitada deberá buscar la información de conformidad con la legislación vigente en su territorio y como si estuviera actuando por cuenta propia.

El artículo 6 denominado “Información especial”, señala que las autoridades aduaneras deberán informarse si los bienes importados al territorio de una de las partes han sido legalmente exportados desde el territorio de la otra parte y si los bienes exportados desde el territorio de una parte han sido legalmente importados desde el territorio de la otra parte.

El artículo 7 llamado “Información para la aplicación de la legislación aduanera”, señala que las autoridades aduaneras deberán proporcionarse información que ayude a asegurar la correcta aplicación de la legislación aduanera para prevenir, investigar y combatir las infracciones aduaneras, así como para garantizar la seguridad de la cadena logística de comercio internacional, el citado artículo señala qué tipo de información podrá incluir.

El artículo 8 relativo a la “Información relacionada con infracciones aduaneras”, señala que las autoridades se proporcionarán mutuamente información sobre actividades planeadas, en curso o consumadas que otorguen bases suficientes para creer que una infracción aduanera ha sido cometida o se cometerá en el territorio de la parte afectada.

El artículo 9 que se refiere a la “Información para la determinación de impuestos aduaneros”, señala que la autoridad aduanera requerida, deberá a solicitud y sin perjuicio proporcionar información para asistir a la autoridad aduanera requirente, que tenga razones para dudar sobre la veracidad o la certeza de una declaración, en apoyo a la correcta aplicación de la legislación aduanera o a la prevención de fraude aduanero.

El artículo 10 hace referencia al “Intercambio automático de información avanzada”, y a que las partes podrán intercambiar cualquier información relacionada con el Acuerdo, sobre una base automática.

El artículo 11 referente al “Canal para la asistencia”, señala que la asistencia deberá llevarse a cabo mediante la comunicación directa entre los funcionarios designados por los titulares de las autoridades aduaneras. En caso de que la autoridad aduanera no sea competente para dar cumplimiento a una solicitud, deberá remitirla de inmediato a la autoridad que sí lo sea.

El artículo 12 que regula lo relativo a los “Expedientes, documentos y otros materiales”, señala que los originales de estos documentos deberán requerirse solamente en aquellos casos en los que las copias sean insuficientes. A menos que la autoridad aduanera requirente solicite específicamente la presentación de originales o copias, cualquier información objeto de intercambio podrá ser remplazada por medios electrónicos producidos para el mismo propósito.

El artículo 13 denominado “Vigilancia de personas, bienes y medios de transporte”, señala que la autoridad aduanera requerida, deberá previa solicitud, mantener una vigilancia especial y proporcionar a la autoridad aduanera requirente, información sobre:

a) Bienes en transporte o en almacenaje que hayan sido utilizadas o se sospeche que lo hayan sido, para cometer infracciones aduaneras en el territorio de la autoridad aduanera requirente.

b) Medios de transporte que hayan sido utilizados o se sospeche que lo hayan sido para cometer infracciones aduaneras en el territorio de la autoridad aduanera requirente.

c) Personas que hayan cometido una infracción aduanera o que sean sospechosas de haberla cometido en el territorio de la autoridad aduanera requirente, particularmente aquellas que ingresen y salgan del territorio de la autoridad aduanera requirente.

d) Instalaciones en el territorio de la autoridad aduanera requerida identificadas por haber sido utilizadas o se sospeche que lo hayan sido para cometer una infracción aduanera en el territorio de la autoridad aduanera requirente.

El artículo 14 relativo a la “Notificación”, señala que la autoridad aduanera requerida deberá, a solicitud adoptar todas las medidas necesarias para notificar a una persona residente establecida en su territorio, sobre las decisionestomadas por la autoridad aduanera requirente, en aplicación de la legislación aduanera, concernientes a dicha persona que recaen en el ámbito de aplicación del Acuerdo.

El artículo 15 denominado “Expertos y testigos”, señala que la autoridad requerida a solicitud podrá autorizar a sus funcionarios a comparecer en procedimientos judiciales o administrativos en el territorio de la autoridad aduanera requirente, como expertos o testigos en asuntos relacionados con la aplicación de la legislación aduanera.

El artículo 16 relativo a la “Presencia de funcionarios en el territorio de la otra parte contratante”, señala que funcionarios especialmente designados por la autoridad aduanera requirente podrán, previa solicitud y con autorización de la autoridad aduanera requerida y sujetos a las condiciones que esta última pueda imponer, con la finalidad de investigar una infracción aduanera, examinar en las oficinas de la autoridad aduanera requerida, documentos y cualquier otra información relacionada con dicha infracción y estar presentes durante la investigación llevada a cabo por la autoridad aduanera requerida en su territorio, cuando sea relevante para la parte requirente y únicamente con papel consultivo.

El artículo 17 referente a la “Presencia de funcionarios de la autoridad aduanera requirente por invitación de la autoridad aduanera requerida”, señala que cuando la autoridad aduanera considere apropiado que un funcionario de la autoridad aduanera requirente se encuentre presente cuando se lleve a cabo la asistencia relativa a una solicitud, podrá invitar a la autoridad aduanera requirente a que participe, sujeta a los términos y condiciones que especifique la autoridad aduanera requerida.

El artículo 18 que establece los “Arreglos para las vistitas de los funcionarios”, señala que los funcionarios deberán en todo momento, ser capaces de acreditar, en un idioma aceptable para la autoridad aduanera requerida, su identidad y puesto que ocupa en su administración aduanera así como el rango oficial otorgado en el territorio de la autoridad aduanera requerida.

El artículo 19 denominado “Uso de la información”, señala que cualquier información comunicada bajo el Acuerdo deberá ser utilizada solamente por las autoridades aduaneras de las partes y únicamente con el propósito de asistencia administrativa.

El artículo 20, denominado de la “Confidencialidad y protección de la información”, señala que:

a) Cualquier información comunicada en el marco del Acuerdo deberá ser tratada como confidencial y gozará, de la misma protección y confidencialidad que se otorgue a dicha información de conformidad con las disposiciones legales y administrativas nacionales de la parte en donde es recibida.

b) Las autoridades aduaneras deberán informarse sobre cualquier modificación a sus respectivas leyes en materia de protección de datos que se realice con posterioridad a la entrada en vigor del Acuerdo.

c) Cualquier información recibida bajo la vigencia del Acuerdo, deberá ser utilizada únicamente por las autoridades aduaneras de las partes contratantes.

d) Ninguna disposición del Acuerdo impedirá el uso de la información o documentos obtenidos como pruebas en procedimientos instituidos ante las cortes o tribunales en relación con operaciones que violen la legislación aduanera.

e) La información obtenida deberá utilizarse únicamente para los propósitos del Acuerdo. Cuando una parte desee utilizar la información para otros fines, deberá obtener previamente el consentimiento por escrito de la autoridad aduanera que suministró la información.

f) El intercambio de datos personales entre las dos Partes no podrá iniciar hasta que las autoridades aduaneras lo hayan convenido y decidan que a la información recibida se le otorgue un nivel de protección en el territorio de la autoridad aduanera requerida.

El artículo 21 señala las “Excepciones para proporcionar la asistencia” en los casos en que la autoridad aduanera requerida considere que el cumplimiento de alguna solicitud pudiera afectar su soberanía, seguridad, políticas públicas u otros intereses nacionales esenciales, o perjudicar cualquier interés legítimo comercial o profesional, o entre en conflicto con su legislación nacional, la asistencia podrá negarse o sujetarse al cumplimiento de ciertas condiciones o requisitos.

En los casos en que la autoridad aduanera requirente realice una solicitud que ella misma no podría proporcionar si le fuera solicitada por la otra autoridad aduanera, esta deberá indicar tal circunstancia en su solicitud. El cumplimiento de dicha solicitud estará sujeto a la discrecionalidad de la autoridad aduanera requerida.

La autoridad aduanera requerida podrá diferir la asistencia en caso de que esta pudiera interferir con alguna investigación, juicio o procedimiento en curso. En tal caso, la autoridad aduanera requerida deberá consultar con la autoridad aduanera requirente para determinar si la asistencia puede ser proporcionada de conformidad con los términos y condiciones que la autoridad aduanera requerida establezca.

Cuando la asistencia sea negada o diferida, la autoridad aduanera requirente deberá ser notificada sin demora, dando a conocer las razones por las cuales se negó o pospuso dicha asistencia.

El artículo 22 denominado “Costos”, señala que las autoridades aduaneras deberán renunciar a cualquier reclamo de reembolso de los costos incurridos en la ejecución del Acuerdo, excepto por los gastos de viáticos pagados a expertos y testigos.

En caso de que sea necesario realizar gastos extraordinarios para la ejecución de una solicitud, las autoridades aduaneras deberán consultarse para determinar los términos y condiciones bajo los cuales dicha solicitud será ejecutada, así como la forma en que los costos deberán ser solventados.

El artículo 23 que se refiere a la “Aplicabilidad territorial”, señala que el Acuerdo será aplicable en el territorio de los Estados Unidos Mexicanos y en el territorio de la República de la India.

El artículo 24 denominado “Solución de controversias”, señala que cualquier asunto que surja de la aplicación o interpretación del Acuerdo deberá ser resuelto de común acuerdo entre las autoridades aduaneras de las partes contratantes.

El artículo 25 regula la “Revisión” y señala que las partes contratantes deberán reunirse con la finalidad de revisar el Acuerdo a petición o al término de cinco años posteriores a la entrada en vigor, a menos que se haya alcanzado el consenso de que dicha revisión no es necesaria.

El artículo 26 que establece la “Entrada en vigor y terminación”, señala que:

a) El Acuerdo entrará en vigor el primer día del segundo mes después de que las partes se hayan notificado por escrito, a través de la vía diplomática, que todos los requisitos legales internos ara su entrada en vigor han sido cumplidos.

b) El Acuerdo podrá ser modificado por las partes, según lo estimen necesario.

c) El Acuerdo tendrá vigencia indefinida pero cualquiera de las partes podrá darlo por terminado en cualquier momento, mediante notificación escrita a la otra parte, a través de los canales diplomáticos.

III.- CONSIDERACIONES

El Senado de la República es consciente de que el papel que juegan las aduanas dentro del contexto de globalización es prioritario para facilitar que la industria y los servicios nacionales puedan participar de manera efectiva en el mercado internacional, en condiciones similares a las de sus competidores.

En particular, los vínculos entre México y la India alcanzaron su nivel más alto con la Visita de Estado a ese país, del Presidente Felipe Calderón en septiembre de dos mil siete, así como con la visita a México de la Presidenta Pratibha Patil, en abril de dos mil ocho. En estas visitas se estableció y confirmó el compromiso mutuo de impulsar una asociación privilegiada entre ambos países, en cuyo marco se sumarían esfuerzos para incrementar la cooperación económica, la inversión y los intercambios comerciales, fortalecer la cooperación científica y tecnológica y estrechar los vínculos culturales, así como profundizar el diálogo en temas de la agenda multilateral.

Destacan también los encuentros del Presidente Calderón con el Primer Ministro Manmohan Singh en las Cumbres del G8-G5 celebradas en Heiligendamm, Alemania en junio de dos mil siete y Hokkaido, Japón en dos mil ocho, en los que se continuó avanzando en el diálogo sobre temas políticos, económicos y de cooperación bilateral. Ambos mandatarios se reunieron también en el marco de la cumbre del G20 en Seúl y Los Cabos.

En dos mil once, la India fue el dieciseisavosocio comercial de México a nivel mundial y el sexto en Asia-Pacífico. El intercambio comercial aumentó 40.8 % en el último año. La India es el noveno inversionista entre los países de Asia-Pacífico que materializaron inversiones en México.

En la III Reunión del Comité Conjunto de Cooperación Técnica y Científica en la Ciudad de México, en dos mil once, se evaluaron las acciones de cooperación efectuadas por ambas partes y se adquirió el compromiso de identificar áreas y mecanismos que fortalezcan la relación y eleven el nivel de la colaboración bilateral.

A partir de abril de dos mil cinco, las Autoridades Aduaneras de la India y de México, expresaron su interés en suscribir un Acuerdo de Cooperación y Asistencia Mutua en Materia Aduanera.

Durante la IV Reunión de la Comisión Binacional México-India, celebrada en Nueva Delhi en dos mil cinco, se ratificó la voluntad de ambos gobiernos por iniciar las negociaciones del Acuerdo que se someterá a su consideración.

IV.- CONCLUSIONES

Estas Comisiones dictaminadoras, consideran que las disposiciones del Acuerdo y su objeto están claramente encaminadas a la ejecución de acciones de colaboración mutua, entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de la República de la India, en estricto apego a la Ley Aduanera.

De conformidad con el análisis realizado por estas Comisiones dictaminadoras, el Acuerdo, en ningún supuesto, pone en riesgo la esfera jurídica de los particulares, toda vez que el actuar de las autoridades aduaneras se encuentra sujeto a la legislación de cada una de las Partes y no se establecen prerrogativas nuevas o distintas a las dispuestas en sus respectivas legislaciones.

Las Comisiones dictaminadoras consideramos de suma trascendencia que México fortalezca los esquemas de intercambio de información y estreche la colaboración con las autoridades aduaneras de los países con los que tenemos fuertes lazos económicos.

Por lo anteriormente expuesto las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores; Relaciones Exteriores, Asia-Pacífico, y de Hacienda y Crédito Público, someten a la consideración y aprobacióndel Honorable Pleno de la Cámara de Senadores el siguiente:

V.- DECRETO

La Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, en ejercicio de la facultad que le concedeel artículo 76 fracción I de la ConstituciónPolítica de los Estados Unidos Mexicanos, decreta:

ARTICULO UNICO.- El Senado de la República, aprueba el Acuerdo entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de la República de la India sobre Asistencia Administrativa Mutua en Asuntos Aduaneros, firmado en nueva Delhi el quince de octubre de dos mil doce.

Sala de comisiones del Senado de la República, a 19 de diciembre de 2012.

COMISION DE RELACIONES EXTERIORES
COMISION DE RELACIONES EXTERIORES, ASIA-PACIFICO
COMISION DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO”.

Debido a que el dictamen se encuentra publicado en la Gaceta del Senado de hoy y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 195 del Reglamento, queda de primera lectura.

Tenemos la primera lectura de un dictamen de las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores; de Relaciones Exteriores, Asia-Pacífico; y de Hacienda y Crédito Público, con proyecto de Decreto por el que se aprueba el Acuerdo entre el gobierno de México y el gobierno de Filipinas sobre Asistencia Administrativa Mutua en Asuntos Aduaneros.





 

ACUERDO ENTRE EL GOBIERNO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOSY EL GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE FILIPINAS SOBRE ASISTENCIA ADMINISTRATIVA MUTUA EN ASUNTOS ADUANEROS, FIRMADO EN LA CIUDAD DE MANILA, FILIPINAS, EL 31 DE AGOSTO DE 2012

(Dictamen de primera lectura)

“COMISIONES UNIDAS DE RELACIONES EXTERIORES;
DE RELACIONES EXTERIORES, ASIA-PACIFICO;
Y DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

H. ASAMBLEA:

Con fecha 30 de octubre de 2012, a las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores; Relaciones Exteriores, Asia-Pacífico; y de Hacienda y Crédito Público, lesfue turnado para su estudio y elaboración del dictamen correspondiente, el proyecto de Decreto sobre el Acuerdo entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y la República de Filipinas sobre Asistencia Administrativa Mutua en Asuntos Aduaneros, firmado en la ciudad de Manila, Filipinas, el treinta y uno de agosto de dos mil doce.

Las comisiones dictaminadoras, en uso de las facultades que les confiere el artículo 76 fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; los artículos 4 y 5 de la Ley sobre la Celebración de Tratados; los artículos 3 y 9 de la Ley sobre Aprobación de Tratados Internacionales en Materia Económica; 85, 86 y 94 de la Ley Orgánica del Congreso General del los Estados Unidos Mexicanos, así como 182, 183, 186, 187, 188 y 190 del Reglamento del Senado de la República presentan a la consideración de los Senadores integrantes de esta Honorable Asamblea, las suscritas comisiones formulan el presente dictamen conforme a la siguiente:

METODOLOGIA

Para dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 190 del Reglamento del Senado de la República, las Comisiones Unidas presentan el siguiente dictamen en cinco apartados, a saber

I.- ANTECEDENTES: Se da constancia del inicio y desarrollo del proceso legislativo.

II.- OBJETO, DESCRIPCION DEL INSTRUMENTO: Donde sintetiza el alcance de la propuesta en estudio.

III.- CONSIDERACIONES: Expresa los motivos y fundamentos que sustentan la resolución de la Comisión Dictaminadora.

IV.- CONCLUSIONES y

V.- DECRETO

I.- ANTECEDENTES

En sesión ordinaria del 30 de octubre de 2012, mediante oficios DGPL-1P1A.-1345, DGPL-1P1A.-1346 y DGPL-1P1A.- 1350 la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores turnó el instrumento internacional en comento a las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores; de Relaciones Exteriores, Asia-Pacífico, y de Hacienda y Crédito Público, para su análisis y elaboración del dictamen correspondiente.

El inicio de la negociación del Acuerdo Aduanero con la República de Filipinas fue el 16 de junio de 2010, el Administrador General de Aduanas transmitió a su homólogo de la República de Filipinas su interés en iniciar la negociación de un Acuerdo sobre Asistencia AdministrativaMutua e Intercambio de Información en Asuntos Aduaneros, con el propósito de complementar y hacer más eficaz su cooperación.

II.- OBJETO, DESCRIPCION DEL INSTRUMENTO Y

LO MAS RELEVANTE DEL TEXTO NORMATIVO

México es uno de los países que ha celebrado un mayor número de tratados de libre comercio en el mundo, lo que ha representado un notable desarrollo de su comercio exterior.

El papel de las aduanas en este contexto es prioritario para facilitar que la industria y los servicios nacionales puedan participar de manera efectiva en el mercado internacional, en condiciones similares a las de sus competidores. Para la Aduana de México es necesario el fortalecer los esquemas de intercambio de información y estrechar la colaboración con las autoridades aduaneras de los países con los que tenemos fuertes lazos económicos.

Con la suscripción de este Acuerdo se pretenden obtener los siguientes beneficios:

• Cooperación y asistencia mutua entre las autoridades aduaneras en asuntos relativos a la aplicación y ejecución de su Legislación Aduanera;

• Intercambio de información sobre las operaciones de comercio exterior;

• Cooperación entre las autoridades aduaneras para combatir las infracciones aduaneras, de conformidad con procedimientos legales mutuamente convenidos;

• Intercambio de información sobre embargos de mercancías y dinero, incluyendo métodos de detección y ocultamiento;

• Intercambio de información sobre violaciones a los derechos de propiedad intelectual que hayan sido detectados como resultado del ejercicio de las facultades de las autoridades aduaneras;

• Estar en posibilidad de verificar la certeza de una declaración de importación o exportación de mercancías, así como la determinación de impuestos aduaneros;

• Estar en posibilidad de utilizar la información y documentos recibidos de conformidad con el Acuerdo en procesos judiciales y administrativos; y

• La protección y trato confidencial de la información y los datos personales que las Partes reciban, de conformidad con lo dispuesto en su legislación nacional

El Acuerdo entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de la República de Filipinas sobre Asistencia Administrativa Mutua en Asuntos Aduaneros, está conformado por veinticinco artículos, y contiene diversas medidas para proteger la seguridad de la cadena logística de comercio internacional; la cooperación entre las autoridades aduaneras para combatir las infracciones aduaneras, de conformidad con procedimientos legales mutuamente convenidos; e intercambio de información sobre violaciones a los derechos de propiedad intelectual que hayan sido detectados como resultado del ejercicio de las facultades de las autoridades aduaneras y; la posibilidad de verificar la veracidad de una declaración de importación o exportación de mercancías, así como la determinación de impuestos aduaneros; entre otros objetivos.

El Acuerdo tiene el siguiente contenido:

Capítulo I. Disposiciones generales.

Capítulo II. Procedimientos generales de asistencia.

Capítulo III. Información.

Capítulo IV. Asistencia especial.

Capítulo V. Uso, confidencialidad y protección de la información.

Capítulo VI. Excepciones y costos.

Capítulo VII. Disposiciones finales.

El artículo 1, denominado “Definiciones”, establece lo que se entenderá por “Autoridad Aduanera”, “Impuestos Aduaneros”, “Legislación Aduanera”, “Infracción Aduanera”, “Información”, “Cadena Logística de Comercio Internacional”, “Funcionario”, “Persona”, “Datos Personales”, “Autoridad Aduanera Requirente”, “Autoridad Aduanera Requerida” y “Territorio”.

El artículo 2 relativo al “Alcance del Acuerdo”, señala que las partes contratantes a través de sus autoridades aduaneras, deberán proporcionarse asistencia mutua de acuerdo a las disposiciones del Acuerdo, a fin de prevenir, investigar y reprimir las infracciones aduaneras, así como para proteger la seguridad de la cadena logística de comercio internacional.

La asistencia deberá ser brindada por la parte contratante, por iniciativa propia o previa solicitud, con la finalidad de determinar los impuestos aduaneros y otras contribuciones o cargos relacionados con la Legislación Aduanera, con el propósito de aplicar controles que sean competencia de la autoridad aduanera.

Por otra parte, cualquier acción llevada a cabo en el marco del Acuerdo, por alguna de las partes contratantes, deberá llevarse a cabo de conformidadcon la legislación nacional y las disposiciones administrativas, dentro de los límites de competencia de la Autoridad Aduanera y de conformidad con los recursos económicos disponibles.

Asimismo, señala que ninguna disposición de este Acuerdo será interpretada de tal manera que pueda restringir un acuerdo o práctica de asistencia mutua y cooperación que se encuentre en vigor entre las partes contratantes.

Las disposiciones de este Acuerdo creerán a favor de ninguna persona para obtener, suprimir o excluir cualquier pruebao impedir la ejecución de una solicitud de asistencia

El artículo 3 denominado “Forma y Contenido de las Solicitudes de Asistencia”, señala que estas deberán ser comunicadas directamente entre las autoridades aduaneras. Cada Autoridad Aduanera designará un punto de contacto oficial para este propósito y deberá comunicar esta información y cualquier actualización a la otra Aduana.

Las solicitudes de asistencia formuladas en el marco de este Acuerdo, deberán presentarse por escrito o electrónicamente y deberán acompañarse de cualquier información o documentos considerados útiles para su ejecución.

El artículo 4 denominado “Asistencia Espontánea”, señala que la Autoridad Aduanera de cualquiera de las partescontratantes deberá, en la medida de lo posible, proporcionar asistencia por iniciativa propia y de manera expedita, en aquellos casos que pudieran presentar daños considerables a la economía, salud pública, seguridad pública, entre otros.

El artículo 5 denominado a la “Comunicación de la Información”, señala que las autoridades aduaneras deberán por iniciativa propia o previa solicitud, proporcionarse toda la información que ayude a asegurar la correcta aplicación en:

a. La recaudación de impuestos aduaneros por las autoridades aduaneras y, en particular, la información que pueda ayudar a determinar el valor de las mercancías para propósitos aduaneros y establecer su clasificación arancelaria.

b. La implementación de prohibiciones, restricciones y otros controles relacionados con la importación, exportación, turismo, mercancías y otros regímenes aduaneros.

c. La verificación del país de origen de las mercancías.

La información relacionada con derechos de propiedad intelectual, incluyendo derechos de autor, marcas registradas y patentes que estén protegidos por las partes, deberá ser usada únicamente para conocer los métodos y patrones utilizados en las operaciones de comercio exterior con la intención de transgredir tales derechos, y poder implementar acciones y medidas preventivas aduaneras.

El artículo 6 denominado “Información Especial”, señala que las autoridades aduaneras deberán informarse si los bienes importados al territorio de una de las partes han sido legalmente exportados desde el territorio de la otra parte y si los bienes exportados desde el territorio de una parte han sido legalmente importados al territorio de la otra parte.

El artículo 7 se refiere a la “Información para la Aplicación de la Legislación Aduanera”, señala que las autoridades aduaneras deberán proporcionarse información que ayude a asegurar la correcta aplicación de la legislación aduanera para prevenir, investigar y combatir las infracciones aduaneras, así como para asegurar la cadena logística de comercio internacional, el citado artículo señala qué tipo de información podrá incluir.

El artículo 8 relativo al “Intercambio de Información Aduanera”, establece que la información que haya sido procesada mediante análisis de riesgo y que pudiera resultar en algún tipo de alerta, deberá ser remitida y compartida entre las partes contratantes de manera expedita, a fin de que se tomen las medidas preventivas necesarias.

El artículo 9 que se refiere a la “Información Relacionada con Infracciones Aduaneras”, señala que deberá proporcionarse por iniciativa propia o previa solicitud información sobre actividades planeadas, en curso o consumadas que otorguen bases suficientes para creer que una infracción ha sido o será cometida en el territorio de la otra parte contratante.

El artículo 10 que se refiere a la “Información para la Determinación de Impuestos Aduaneros”, señala que previa solicitud, la autoridad aduanera deberá proporcionar información para asistir a la autoridad aduanera que lo requiera, y que tenga razones para dudar de la veracidad o la certeza de una declaración de mercancías, con la finalidad de apoyar la correcta aplicación de la legislación Aduanera o la prevención de infracciones Aduaneras.

El artículo 11 hace referencia al “Intercambio Automático y Avanzado de Información”, señala que las Autoridades Aduaneras podrán intercambiar la información a que se refiere este Acuerdo a través de medios electrónicos.

El artículo 12 relativo al “Intercambio Sistemático de Información” establece que las partes contratantes intercambiaran información de manera sistemática, enviando continuamente la información pertinente, a través de acuerdos específicos, siempre que sus respectivas legislaciones nacionales lo permitan.

El artículo 13denominado “Conducto de Asistencia” señala que la asistencia deberá llevarse a cabo mediante la comunicación directa entre los funcionarios designados por los titulares de las Autoridades Aduaneras. En caso de que la Autoridad Aduanera Requerida no sea la autoridad competente para cumplir con la solicitud, deberá notificarlo a la Autoridad Aduanera Requirente de manera expedita.

El artículo 14 relativo a Relativo a “Expedientes, Documentos y otros Materiales” establece que la Autoridad Aduanera requerida podrá proporcionar expedientes, documentos y otros materiales a través de medios electrónicos, a menos que la Autoridad Aduanera Requirente los solicite en copias simples, certificadas o autenticadas.

El artículo 15 denominado “Vigilancia de Mercancías y Medios de Transporte” señala que la Autoridad Aduanera Requerida deberá, previa solicitud, en la medida de sus posibilidades y de conformidad con su legislación nacional, mantener la vigilancia y proporcionar a la Autoridad Aduanera requirente información sobre:

a. mercancías en transporte o en almacenamiento que hayan sido utilizadas o se sospeche que lo hayan sido para cometer infracciones aduaneras en el territorio de la Autoridad Aduanera Requirente;

b. medios de transporte que hayan sido utilizados o se sospeche que lo hayan sido para cometer una Infracción Aduanera en el territorio de la Autoridad Aduanera Requirente, y

c. instalaciones en el territorio de la Autoridades Aduanera requerida identificadas por haber sido utilizadas o se sospeche que lo hayan sido para cometer una infracción Aduanera en el territorio de la Autoridad Aduanera Requirente.

La Autoridad Aduanera de cualquiera de las Partes Contratantes podrá mantener dicha vigilancia por cuenta propia si tiene razones para creer que las actividades planeadas, en curso o consumadas pueden constituir una infracción Aduanera en el territorio de la otra Parte.

El artículo 16 denominado “Presencia de Funcionarios en el Territorio de la otra Parte Contratante” establece que los Funcionarios especialmente designados por la Autoridad Aduanera Requirente podrán, previa solicitud, con autorización de la Autoridad Aduanera Requerida y sujeto a las condiciones que esta última pueda imponer, estar presentes durante la investigación llevada a cabo por la Autoridad Aduanera Requerida en su territorio, con la finalidad de investigar una infracción Aduanera, cuando sea relevante para la Autoridad Aduanera Requirente. Estos funcionarios tendrán únicamente un papel consultivo.

El artículo 17 relativo alos “Arreglos para la Visita de Funcionarios” señala que cuando los funcionarios de una Parte Contratante estén presentes en el territorio de la otra Parte Contratante de conformidad con los términos de este Acuerdo, deberán en todo momento ser capaces de acreditar, en un idioma aceptable para ambas Partes Contratantes, su identificación oficial y puesto otorgado por su Autoridad Aduanera, así como su rango oficial otorgado en el territorio de la Autoridad Aduanera Requerida.

Los funcionarios deberán, mientras se encuentren en el territorio de la otra Parte Contratante de conformidad con los términos de este Acuerdo, ser responsables de cualquier infracción que puedan cometer y gozarán, de conformidad con la legislación nacional de esa Parte Contratante, de la misma protección otorgada a sus funcionarios.

El artículo 18 denominado al “Uso de la Información” señala que la información, documentos y otros materiales obtenidos en el marco de este Acuerdo, deberán ser utilizados exclusivamente por las Autoridades Aduaneras de las Partes.

Contratantes, únicamente para el propósito de asistencia administrativa, según los términos establecidos en este Acuerdo. Sin embargo, se puede hacer una excepción si la información es necesaria en el contexto de procedimientos administrativos o judiciales.

El artículo 19 relativo a la “Confidencialidad y Protección de la Información” establece que cualquier información comunicada en el marco de este Acuerdo deberá ser tratada con carácter confidencial y gozará, por lo menos, de la misma protección y confidencialidad que sé otorgue a dicha información, de conformidad con las disposiciones legales y administrativas nacionales de la Parte Contratante que la recibe.

Las Autoridades Aduaneras deberán informarse sobre cualquier modificación a sus leyes en materia de protección de datos que se realice con posterioridad a la entrada en vigor de este Acuerdo. Cualquier información recibida de conformidad con este Acuerdo, deberá ser utilizada únicamente por las Autoridades Aduaneras de las Partes Contratantes, de conformidad con los términos establecidos en este Acuerdo

El artículo 20 denominado “Excepciones para Proporcionar la Asistencia” seña que en los casos en que la Autoridad Aduanera Requerida considere que el cumplimiento de alguna solicitud pudiera afectar su soberanía, seguridad, políticas públicas u otro interés nacional substantivo, o perjudicar cualquier interés legítimo comercial o profesional, o entre en conflicto con su legislación nacional, la asistencia podrá negarse o sujetarse al cumplimiento de ciertas condiciones o requisitos.

En los casos en que la Autoridad Aduanera Requirente formule una solicitud que ella misma no podría cumplir, deberá indicar tal circunstancia en la solicitud. El cumplimiento de dicha solicitud estará sujeto a la discreción de la Autoridad Aduanera Requerida.

La Autoridad Aduanera Requerida podrá diferir la asistencia en caso de que ésta pudiera interferir con alguna investigación, juicio o procedimiento en curso. En tal caso, la Autoridad Aduanera Requerida deberá consultar con la Autoridad Aduanera Requirente para determinar si la asistencia puede ser proporcionada de conformidad con los términos y condiciones que la Autoridad Aduanera Requerida establezca. Cuando la asistencia sea negada o diferida, la Autoridad Aduanera Requirente deberá ser notificada de manera expedita, dando a conocer las razones por las cuales se negó o difirió dicha asistencia.

El artículo 21 relativo a los “Costos” señala que las Autoridades Aduaneras renunciarán a cualquier reclamo de reembolso de los costos incurridos en la ejecución de este Acuerdo, excepto por los gastos pagados a expertos, así como los honorarios de los traductores e intérpretes, que no sean funcionarios gubernamentales.

Si se requiere efectuar gastos de naturaleza excepcional y extraordinarios para la ejecución de una solicitud, las Autoridades Aduaneras deberán consultarse para determinar los términos y condiciones de conformidad con los cuales dicha solicitud será ejecutada, así como la forma en que los costos deberán ser solventados.

El artículo 22 denominado “Aplicabilidad Territorial” establece que este Acuerdo será aplicable en el territorio de los Estados Unidos Mexicanos y en el territorio de la República de Filipinas.

El artículo 23 relativo a la “Solución de Controversias” establece que cualquier asunto derivado de la aplicación o interpretación de este Acuerdo deberá ser resuelto por mutuo consentimiento entre las Autoridades Aduaneras de las Partes Contratantes.

El artículo 24 denominado “Revisión” señala que las partes Contratantes deberán reunirse con la finalidad de revisar este Acuerdo a solicitud o al término de cinco años posteriores a la fecha de su entrada en vigor; a menos que hayan alcanzado el consenso de que dicha revisión no es necesaria y se lo notifiquen por escrito.

El artículo 25 relativo a la “Entrada en Vigor, Modificación y Terminación” establece quelas Partes Contratantes deberán notificarse, a través de intercambio de notas diplomáticas, que todos los procedimientos legales internos para la entrada en vigor de este Acuerdo han sido cumplidos. Este Acuerdo entrará en vigor treinta 30 días después de la fecha de recepción de la última notificación y podrá ser modificado por consentimiento mutuo entre las Partes Contratantes.

Este Acuerdo tendrá una vigencia indefinida, pero cualquiera de las Partes Contratantes podrá darlo por terminado en cualquier momento notificándolo por escrito, a través de la vía diplomática a la otra Parte Contratante. La terminación de este Acuerdo surtirá efecto tres meses después de la fecha de recepción de dicha notificación. La terminación de este Acuerdo no deberá afectar ninguna actividad de cooperación que se esté llevando a cabo con anterioridad a la fecha de terminación.

III.- CONSIDERACIONES

Las Comisiones dictaminadoras del Senado de la República están conscientes del papel que juegan las aduanas dentro del contexto de globalización y es prioritario para facilitar que la industria y los servicios nacionales puedan participar de manera efectiva en el mercado internacional, en condiciones similares a las de sus competidores.

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a través del Servicio de Administración Tributaria, elaboró el Plan de Modernización de Aduanas 2007-2012, en el que se establecen las herramientas articuladoras de los ejes de estado de derecho, seguridad y economía competitiva contemplados en el Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012.

En el Plan de Modernización se establecieron las líneas estratégicas de acción de la Administración General de Aduanas, en las que encontramos que, para fortalecer la seguridad es esencial establecer y optimizar los esquemas de intercambio de información y la estrecha colaboración con otras dependencias del gobierno, así como con las autoridades aduanales de otros países, para tener un comercio exterior seguro.

La Administración Central de Asuntos Internacionales solicitó a la Administración Central de Inteligencia Tributaria de Comercio Exterior, ambas del Servicio de Administración Tributaria, el valor total de las importaciones y exportaciones con Filipinas para el año inmediato anterior al que se pretendía iniciar la negociación del Acuerdo Aduanero, resultando las siguientes cifras:

Exportaciones de México

$608,122,074

Importaciones de México

$1,520,655,624

Derivado la relación comercial entre los Estados Unidos Mexicanos y la República de Filipinas, el intercambio de información para ambas autoridades aduaneras es de suma importancia para alcanzar diversos objetivos, entre los que se encuentra el mejorar la seguridad de la cadena logística del comercio exterior.

IV.- CONCLUSIONES

Con base en el análisis de la información y constancias remitidas por la Secretaría Gobernación, estas Comisiones dictaminadoras reconocen que el Acuerdo que nos ocupa satisface con las obligaciones y derechos que se consagran en ellas, conforme a la buena fe; reglas en las que se manifiesta un respeto a la soberanía nacional y a la seguridad de las relaciones internacionales, ajustándose a las normas imperativas del derecho internacional y desde luego, a las normas fundamentales de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Que estas Comisiones Dictaminadoras estiman que resulta importante que México fortalezca los esquemas de intercambio de información y estreche la colaboración con las autoridades aduaneras de los países con los que tenemos fuertes lazos económicos.

Por lo anteriormente expuesto las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores; Relaciones Exteriores, Asia-Pacífico, y de Hacienda y Crédito Público, someten a la consideración y aprobacióndel Honorable Pleno de la Cámara de Senadores el siguiente:

V.- DECRETO

La Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, en ejercicio de la facultad que le concede el artículo 76 fracción I de la ConstituciónPolítica de los Estados Unidos Mexicanos, decreta:

ARTICULO UNICO.- El Senado de la República, aprueba el Acuerdo entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de la República de Filipinas sobre Asistencia Administrativa Mutua en Asuntos Aduaneros firmado en la ciudad de Manila, Filipinas, el treinta y uno de agosto de dos mil doce.

Sala de comisiones del Senado de la República, 19 de diciembre de 2012.

COMISION DE RELACIONES EXTERIORES
COMISION DE RELACIONES EXTERIORES, ASIA-PACIFICO
COMISION DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO”.

Debido a que el dictamen se encuentra publicado en la Gaceta del Senado de hoy y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 195 de nuestro Reglamento, queda de primera lectura.

Pasamos a la primera lectura de un dictamen de las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores; de Relaciones Exteriores, Asia-Pacífico; y de Hacienda y Crédito Público, con proyecto de Decreto por el que se aprueba el Acuerdo entre el gobierno de México y el gobierno de China sobre Asistencia Administrativa Mutua en Asuntos Aduaneros.





 

ACUERDO ENTRE EL GOBIERNO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y EL GOBIERNO DE LA REPUBLICA POPULAR CHINA SOBRE ASISTENCIA ADMINISTRATIVA MUTUA EN ASUNTOS ADUANEROS, FIRMADO EN LA CIUDAD DE BEIJING, EL 3 DE SEPTIEMBRE DE 2012

(Dictamen de primera lectura)

“COMISIONES UNIDAS DE RELACIONES EXTERIORES;
DE RELACIONES EXTERIORES, ASIA-PACIFICO;
Y DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

H. ASAMBLEA:

Con fecha treinta de octubre de dos mil doce, a las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores; Relaciones Exteriores, Asia-Pacífico; y de Hacienda y Crédito Público, lesfue turnada para su estudio y elaboración del dictamen correspondiente, el Acuerdo entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de la República Popular China sobre Asistencia Administrativa Mutua en Asuntos Aduaneros, firmado en la ciudad de Beijing, el tres de septiembre de dos mil doce.

Las comisiones dictaminadoras, en uso de las facultades que les confiere el artículo 76 fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; los artículos 4 y 5 de la Ley sobre la Celebración de Tratados; los artículos 3 y 9 de la Ley sobre Aprobación de Tratados Internacionales en Materia Económica; 85, 86 y 94 de la Ley Orgánica del Congreso General del los Estados Unidos Mexicanos, así como 182, 183, 186, 187, 188 y 190 del Reglamento del Senado de la República presentan a la consideración de los Senadores integrantes de esta Honorable Asamblea, las suscritas comisiones formulan el presente dictamen conforme a la siguiente:

METODOLOGIA

Para dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 190 del Reglamento del Senado de la República, las Comisiones Unidas presentan el siguiente dictamen en cinco apartados a saber:

I.- ANTECEDENTES. Se da constancia del inicio y desarrollo del proceso legislativo.

II.- DESCRIPCION DEL INSTRUMENTO. Contiene de manera detallada el contenido propio del Acuerdo.

III.- CONSIDERACIONES. Expresa los motivos y fundamentos que sustentan la resolución de las Comisiones Dictaminadoras.

IV.- CONCLUSIONES y

V.- DECRETO

I.- ANTECEDENTES

1.- El Acuerdo entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de la República Popular China sobre Asistencia Administrativa Mutua en Asuntos Aduaneros, fue firmado en la ciudad de Beijing, el tres de septiembre de dos mil doce.

2.- Mediante oficio número SEL/300/405/12, de fecha veintinueve de octubre de dos mil doce, la Subsecretaria de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación, envió a los CC. Secretarios de la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión, copias certificadas del Convenio de referencia.

3.- En sesión ordinaria del treinta de octubre de dos mil doce, mediante oficios DGPL-1P1A.-1345, DGPL-1P1A.-1346 y DGPL-1P1A.-1347 la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores turnó el instrumento internacional en comento a las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores; de Relaciones Exteriores, Asia-Pacífico, y de Hacienda y Crédito Público, para su análisis y elaboración del dictamen correspondiente.

II.- DESCRIPCION DEL INSTRUMENTO

El Acuerdo entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de la República Popular China sobre Asistencia Administrativa Mutua en Asuntos Aduaneros, está conformado por veinticinco artículos y un anexo, y contiene diversas medidas para proteger la seguridad de la cadena logística de comercio internacional; facilitar la cooperación entre las autoridades aduaneras para combatir las infracciones aduaneras, de conformidad con procedimientos legales mutuamente convenidos; e intercambia información sobre violaciones a los derechos de propiedad intelectual que hayan sido detectados como resultado del ejercicio de las facultades de las autoridades aduaneras; y la posibilidad de verificar la veracidad de una declaración de importación o exportación de mercancías, así como la determinación de impuestos aduaneros, entre otros objetivos.

El Acuerdo contiene los siguientes Capítulos:

Capítulo I. Disposiciones generales.

Capítulo II. Procedimientos generales de asistencia.

Capítulo III. Información.

Capítulo IV. Asistencia especial.

Capítulo V. Uso, confidencialidad y protección de la información.

Capítulo VI. Excepciones y costos.

Capítulo VII. Disposiciones finales.

El artículo 1 denominado “Definiciones”, establece lo que se entenderá por “Autoridad Aduanera”, “impuestos aduaneros”, “legislación aduanera”, “infracción aduanera”, “información”, “cadena logística de comercio internacional”, “funcionario”, “persona”, “datos personales”, “autoridad aduanera requirente”, “autoridad aduanera requerida” y “territorio”.

El artículo 2 relativo al “Alcance del Acuerdo”, señala que las partes contratantes a través de sus autoridades aduaneras, deberán proporcionarse asistencia mutua de acuerdo a las disposiciones del Acuerdo, a fin de prevenir, investigar y reprimir las infracciones aduaneras, así como para proteger la seguridad de la cadena logística de comercio internacional.

La asistencia deberá ser brindada por la parte contratante, por iniciativa propia o previa solicitud, con la finalidad de determinar los impuestos aduaneros y otras contribuciones o cargos relacionados con la Legislación Aduanera, con el propósito de aplicar controles que sean competencia de la autoridad aduanera.

Por otra parte, cualquier acción llevada a cabo en el marco del Acuerdo, por alguna de las partes contratantes, deberá llevarse a cabo de conformidadcon la legislación nacional y las disposiciones administrativas de cada parte.

Asimismo, señala el citado artículo que ninguna disposición contenida en el Acuerdo podrá ser interpretada de tal manera que restrinja algún acuerdo o práctica de asistencia mutua y cooperación que se encuentre en vigor entre las partes contratantes.

Es importante señalar que la asistencia brindada en el marco del Acuerdo, no incluye la solicitud para arrestar a alguna persona o el cobro de impuestos aduaneros, cargos, multas o cualquier otra cantidad determinada por la autoridad aduanera de alguna de las partes.

El artículo 3 denominado “Forma y contenido de las solicitudes de asistencia”, señala que estas deberán ser comunicadas directamente entre las autoridades aduaneras y podrán ser presentadas por escrito o electrónicamente, a menos que por el carácter de la situación se requiera que esta se haga de manera verbal.

El citado artículo señala la información que deberá incluir la solicitud.

El artículo 4 denominado “Asistencia espontánea”, señala que cualquiera de las partes puede proporcionar asistencia por iniciativa propia en aquellos casos que pudieran presentar daño substancial a la economía, salud pública, seguridad pública, entre otros.

El artículo 5 relativo a la “Comunicación de la información”, señala que las autoridades aduaneras deberán por iniciativa propia o previa solicitud, proporcionarse toda la información que ayude a asegurar la correcta aplicación en los siguientes rubros:

a. La recaudación de impuestos aduaneros por las autoridades aduaneras y, en particular, la información que pueda ayudar a determinar el valor de las mercancías para propósitos aduaneros y establecer su clasificación arancelaria.

b. La implementación de prohibiciones, restricciones y otros controles relacionados con la importación, exportación, turismo, mercancías y otros regímenes aduaneros.

c. La verificación del país de origen de las mercancías.

La información relacionada con derechos de propiedad intelectual, incluyendo derechos de autor, marcas registradas y patentes que estén protegidos por las partes, deberá ser usada únicamente para conocer los métodos y patrones utilizados en las operaciones de comercio exterior con la intención de transgredir tales derechos, y poder implementar acciones y medidas preventivas aduaneras.

El artículo 6 denominado “Información especial”, señala que las autoridades aduaneras deberán informarse si los bienes importados al territorio de una de las partes han sido legalmente exportados desde el territorio de la otra parte y si los bienes exportados desde el territorio de una parte han sido legalmente importados al territorio de la otra parte.

El artículo 7 llamado “Información para la aplicación de la legislación aduanera”, señala que las autoridades aduaneras deberán proporcionarse información que ayude a asegurar la correcta aplicación de la legislación aduanera para prevenir, investigar y combatir las infracciones aduaneras, así como para asegurar la cadena logística de comercio internacional, el citado artículo señala qué tipo de información podrá incluir.

El artículo 8 relativo al “Intercambio de información aduanera”, establece que la información que haya sido procesada mediante análisis de riesgo y que pudiera resultar en algún tipo de alerta, deberá ser remitida y compartida entre las partes contratantes.

El artículo 9 que se refiere a la “Información relacionada con infracciones aduaneras”, señala que deberá proporcionarse información sobre actividades planeadas, en curso o consumadas que otorguen bases suficientes para creer que una infracción ha sido o será cometida en el territorio de la otra parte.

El artículo 10 que se refiere a la “Información para la determinación de impuestos aduaneros”, señala que previa solicitud, la autoridad aduanera deberá proporcionar información para asistir a la autoridad aduanera que lo requiera, y que tenga razones para dudar de la veracidad o la certeza de una declaración de mercancías, con la finalidad de apoyar la correcta aplicación de la legislación en la materia.

El artículo 11 hace referencia al “Intercambio automático y avanzado de información”, y a que las partes podrán intercambiar cualquier información a través de medios electrónicos.

El artículo 12 denominado “Intercambio sistemático de información”, señala que las autoridades aduaneras deberán intercambiar información de manera sistemática en el momento oportuno, a través del intercambio constante de los datos contenidos en los campos sugeridos por la Organización Mundial de Aduanas.

El artículo 13 referente al “Conducto de la asistencia”, señala que la asistencia deberá llevarse a cabo mediante la comunicación directa entre los funcionarios designados por los titulares de las autoridades aduaneras.

El artículo 14 que regula lo relativo a los “Expedientes, documentos y otros materiales”, señala que la autoridad aduanera requerida podrá proporcionar tales elementos a través de medios electrónicos.

El artículo 15 denominado “Vigilancia de mercancías y medios de transporte”, señala que la autoridad aduanera requerida, previa solicitud y de conformidad con su legislación nacional, deberá proporcionar a la autoridad aduanera requirente, información sobre:

a) Mercancías en transporte o en almacenaje que hayan sido utilizadas o se sospeche que lo hayan sido, para cometer infracciones aduaneras en el territorio de la autoridad aduanera requirente.

b) Medios de transporte que hayan sido utilizados o se sospeche que lo hayan sido para cometer una infracción Aduanera en el territorio de la autoridad aduanera requirente.

c) Instalaciones en el territorio de la autoridad aduanera requerida identificadas por haber sido utilizadas o se sospeche que lo hayan sido para cometer una infracción aduanera en el territorio de la autoridad aduanera requirente

El artículo 16 relativo a la “Presencia de funcionarios en el territorio de la otra parte contratante”, señala que funcionarios especialmente designados por la autoridad aduanera requirente podrán, previa solicitud y con autorización de la autoridad aduanera requerida y sujetos a las condiciones que esta última pueda imponer, con la finalidad de investigar una infracción aduanera, estar presentes durante la investigación llevada a cabo por la autoridad aduanera requerida en su territorio, cuando sea relevante para la parte requirente y únicamente con papel consultivo.

El artículo 17 denominado “Arreglos para la visita de funcionarios”, señala que cuando los funcionarios de una parte estén presentes en el territorio de la otra parte, deberán ser capaces de acreditar en un idioma aceptable su identificación oficial y puesto otorgado por su autoridad aduanera, además, serán responsables de cualquier infracción que puedan cometer y gozarán de la misma protección otorgada a sus funcionarios.

El artículo 18 que regula el “Uso de la información”, señala que tanto la misma, como de documentos obtenidos en el marco del Acuerdo, deberán ser utilizados exclusivamente por las autoridades aduaneras de las partes contratantes y únicamente con el propósito de asistencia administrativa; además, dicha información no será utilizada como prueba en procedimientos judiciales o administrativos, ni podrá ser transferida a otras autoridades.

El artículo 19 denominado de la “Confidencialidad y protección de la información”, señala que:

a) Cualquier información comunicada en el marco del Acuerdo deberá ser tratada como confidencial y gozará, de la misma protección y confidencialidad que se otorgue a dicha información de conformidad con las disposiciones legales y administrativas nacionales de la parte contratante que la recibe.

b) Las autoridades aduaneras deberán informarse sobre cualquier modificación a sus respectivas leyes en materia de protección de datos que se realice con posterioridad a la entrada en vigor del Acuerdo.

c) Cualquier información recibida bajo la vigencia del Acuerdo, deberá ser utilizada únicamente por las autoridades aduaneras de las partes contratantes.

El artículo 20 señala las “Excepciones para proporcionar la asistencia” en los casos en que la autoridad aduanera requerida considere que el cumplimiento de alguna solicitud pudiera afectar su soberanía, seguridad, políticas públicas u otro interés nacional sustantivo, o perjudicar cualquier interés legítimo comercial o profesional, o entre en conflicto con su legislación nacional, la asistencia podrá negarse o sujetarse al cumplimiento de ciertas condiciones o requisitos.

En los casos en que la autoridad aduanera requirente realice una solicitud que ella misma no podría cumplir, esta deberá indicar tal circunstancia en su solicitud. El cumplimiento de dicha solicitud estará sujeto a la discrecionalidad de la autoridad aduanera requerida.

La autoridad aduanera requerida podrá posponer la asistencia en caso de que esta pudiera interferir con alguna investigación, juicio o procedimiento en curso. En tal caso, la autoridad aduanera requerida deberá consultar con la autoridad aduanera requirente para determinar si la asistencia puede ser proporcionada de conformidad con los términos y condiciones que la autoridad aduanera requerida establezca.

Cuando la asistencia sea negada o pospuesta, la autoridad aduanera requirente deberá ser notificada sin demora, dando a conocer las razones por las cuales se negó o pospuso dicha asistencia.

El artículo 21 denominado “Costos”, señala que las autoridades aduaneras deberán renunciar a cualquier reclamo de reembolso de los costos incurridos en la ejecución del Acuerdo, excepto por los gastos pagados a expertos.

En caso de que sea necesario realizar gastos extraordinarios para la ejecución de una solicitud, las autoridades aduaneras deberán consultarse para determinar los términos y condiciones bajo los cuales dicha solicitud será ejecutada, así como la forma en que los costos deberán ser solventados.

El artículo 22 que se refiere a la “Aplicabilidad territorial”, señala que el Acuerdo será aplicable en el territorio de los Estados Unidos Mexicanos y en la República Popular China.

El artículo 23 denominado “Solución de controversias”, señala que cualquier asunto que surja de la aplicación o interpretación del Acuerdo deberá ser resuelto de común acuerdo entre las autoridades aduaneras de las partes contratantes.

El artículo 24 regula la “Revisión” y señala que las partes contratantes deberán reunirse con la finalidad de revisar el Acuerdo a petición o al término de cinco años posteriores a la entrada en vigor, a menos que se haya alcanzado el consenso de que dicha revisión no es necesaria.

El artículo 25 que establece la “Entrada en vigor, modificación y terminación”, señala que:

a) Las partes contratantes deberán notificarse, a través del intercambio de notas diplomáticas, que todos los procedimientos legales internos para la entrada en vigor del Acuerdo han sido cumplidos y que el Acuerdo entrará en vigor treinta días después de la fecha de recepción de la última notificación.

b) El Acuerdo podrá ser modificado por consentimiento mutuo entre las partes contratantes.

c) El Acuerdo tendrá una vigencia indefinida, pero cualquiera de las partes contratantes podrá darlo por terminado en cualquier momento notificándolo por escrito, a través de la vía diplomática a la otra parte contratante. Asimismo, la terminación del Acuerdo surtirá efecto tres meses después de la fecha de recepción de la notificación, sin que ello afecte ninguna actividad de cooperación que se esté llevando a cabo con anterioridad a la fecha de terminación.

Por su parte, el Anexo al Acuerdo entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de la República Popular China sobre Asistencia Administrativa Mutua en Asuntos Aduaneros, establece los campos sugeridos por la Organización Mundial de Aduanas, que tal como establece el artículo 12, deberán ser intercambiados entre las partes.

III.- CONSIDERACIONES

El Senado de la República es consciente de que el papel que juegan las aduanas dentro del contexto de globalización es prioritario para facilitar que la industria y los servicios nacionales puedan participar de manera efectiva en el mercado internacional, en condiciones similares a las de sus competidores.

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a través del Servicio de Administración Tributaria, elaboró el Plan de Modernización de Aduanas 2007 - 2012, en el que se establecen las herramientas articuladoras de los ejes de estado de derecho, seguridad y economía competitiva contemplados en el Plan Nacional de Desarrollo 2007 - 2012.

En el Plan de Modernización se establecieron las líneas estratégicas de acción de la Administración General de Aduanas, en las que encontramos que, para fortalecer la seguridad es esencial establecer y optimizar los esquemas de intercambio de información y la estrecha colaboración con otras dependencias del gobierno, así como con las autoridades aduanales de otros países, para tener un comercio exterior seguro.

Según los datos de la Subsecretaría de Comercio Exterior de la Secretaría de Economía, el valor total acumulado de las importaciones y exportaciones con China para el 2011, tiene como resultado las siguientes cifras:

Exportaciones de México a China

$5,965.1*

Importaciones de China a México

$52,248.0*

* Valor en millones de dólares norteamericanos.

Por lo que, como consecuencia de la importante relación comercial existente entre los Estados Unidos Mexicanos y la República Popular China, el intercambio de información para ambas autoridades aduaneras es de suma importancia para alcanzar diversos objetivos, entre los que se encuentra el combatir ilícitos aduaneros y el mejorar la seguridad de la cadena logística del comercio exterior.

En el año 2000, inició el intercambio de comunicaciones a efecto de abordar la negociación de un Acuerdo de Cooperación y Asistencia Mutua en Materia Aduanera, con el propósito de complementar y hacer más eficaz la cooperación, ampliando de esta manera las bases legales que reforzarán la colaboración entre las Autoridades Aduaneras de ambos países.

Como resultado de varios años de negociaciones que se mantuvieron con las Autoridades Aduaneras del Gobierno de China, en el marco de la V Reunión del Grupo de Alto Nivel México-China, llevada a cabo el tres y cuatro de marzo de dos mil once, en la Ciudad de México, se logró elpresente Acuerdo Aduanero.

IV.- CONCLUSIONES

Debido al significativo intercambio de mercancías que México tiene con China y su relevante relación comercial, la Administración General de Aduanas refuerza su compromiso con los sectores productivos nacionales a través del presente Acuerdo Aduanero, para que a través del intercambio de información y la asistencia mutua con las Autoridades Aduaneras chinas, se puedan combatir de manera más eficaz diversos ilícitos aduaneros como el contrabando, la subvaluación y la triangulación de mercancías.

Asimismo, debido a la eliminación total de las medidas de transición temporal aplicables a partir del 11 de diciembre de 2011 a la importación de mercancías originarias de China, se dejó de salvaguardar a la industria mexicana de importaciones en desigualdad de condiciones con el referido país asiático.

Las Comisiones dictaminadoras, consideramos de suma trascendencia que México fortalezca los esquemas de intercambio de información y estreche la colaboración con las autoridades aduaneras de los países con los que tenemos fuertes lazos económicos.

Por lo anteriormente expuesto las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, Relaciones Exteriores Asia-Pacífico, y de Hacienda y Crédito Público, someten a la consideración y aprobacióndel Honorable Pleno de la Cámara de Senadores el siguiente:

V.- DECRETO

La Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, en ejercicio de la facultad que le concedeel artículo 76 fracción I de la ConstituciónPolítica de los Estados Unidos Mexicanos, decreta:

ARTICULO UNICO.- El Senado de la República, aprueba el Acuerdo entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de la República Popular China sobre Asistencia Administrativa Mutua en Asuntos Aduaneros, firmado en la ciudad de Beijing, el tres de septiembre de dos mil doce.

Sala de comisiones del Senado de la República, a 19 de diciembre de 2012.

COMISION DE RELACIONES EXTERIORES
COMISION DE RELACIONES EXTERIORES, ASIA-PACIFICO
COMISION DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO”.

Debido a que el dictamen se encuentra publicado en la Gaceta del Senado del día de hoy y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 195 de nuestro Reglamento, queda de primera lectura.

Tenemos la primera lectura de un dictamen de las Comisiones Unidas de Educación; y de Estudios Legislativos, Primera, con proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 11 de la Ley General de la Infraestructura Física Educativa.





 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTICULO 11 DE LA LEY GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA

(Dictamen de primera lectura)

“COMISIONES UNIDAS DE EDUCACION;
Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, PRIMERA

H. ASAMBLEA:

A las Comisiones Unidas de Educación; y de Estudios Legislativos, Primera, con opinión de la Comisión de Ciencia y Tecnología,les fue turnada, para estudio y dictamen, la minuta proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 11 de la Ley General de la Infraestructura Física Educativa (LGIFE).

Con fundamento en lo dispuesto en el inciso e) del artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; los artículos 86 y 94 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y en los artículos 113, 117, 135, 150, 177, 178, 182, 190, 212 y 221 del Reglamento del Senado de la República, se somete a consideración del H. Pleno del Senado de la República el siguiente:

DICTAMEN

I. ANTECEDENTES

1. En sesión ordinaria celebrada el 29 de abril de 2010, el Diputado Rafael Pacchiano Alamán, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, presentó -ante el Pleno de la Cámara de Diputados-, iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 7o., 11, y la fracción XII del artículo 19 de la Ley General de la Infraestructura Física Educativa.

2. En esa misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados turnó la iniciativa a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos para su estudio y dictaminación.

3. Con fecha 31de marzo de 2011, el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó el dictamen correspondiente, con 342 votos a favor, cero en contra, y dos abstenciones. En consecuencia, la Mesa Directiva turnó la iniciativa a la Cámara de Senadores para los efectos del inciso A. del artículo 72 constitucional.

4. La Cámara de Senadores recibió la minuta el 05 de abril de 2011 y la presidencia de la Mesa Directiva, en uso de sus facultades legales y reglamentarias, ordenó su turno a las comisiones unidas de Educación y de Estudios Legislativos, Primera, con opinión de la Comisión de Ciencia y Tecnología, para su estudio y dictaminación.

II. CONTENIDO DE LA MINUTA

El expediente enviado por la colegisladora propone fijar, como requisito para la construcción de la infraestructura física educativa (INFE) del país, el aseguramiento de la aplicación de sistemas y tecnologías sustentables.

El cuerpo argumentativo de la reforma destaca que la existencia de una INFE en óptimas condiciones “es un elemento clave para lograr la impartición de una educación con calidad, además de que contribuye a superar los obstáculos que presenta el desarrollo del país”.

El texto explica que actualmente la tendencia internacional sobre la construcción de infraestructura física educativa se encuentra enfocada en el diseño y desarrollo de centros educativos para el aprendizaje que sean sustentables, con el objetivo de aprovechar las ventajas ambientales.

En opinión de la Cámara de Diputados, la cristalización de dicha tendencia resulta pertinente para el contexto mexicano, por lo que promueve la incorporación de su espíritu en la Ley General de la Infraestructura Física Educativa, mediante la reforma al artículo 11 de la misma. Sobre esta modificación, la colegisladora considera oportuno establecer que —en la planeación de los programas y proyectos para la construcción, equipamiento, mantenimiento, rehabilitación, reforzamiento, reconstrucción y habilitación de la INFE—, se asegurará la incorporación de sistemas y tecnologías sustentables, en tanto que elloconstituye una prioridad para “garantizar el aprovechamiento y uso eficiente de los recursos naturales”. Además, argumenta el expediente, la implementación de estas tecnologías fortalecerá las capacidades estratégicas de adaptación, mediante instrumentos institucionales, mejoras a infraestructuras y servicios, investigación y desarrollo tecnológico y, finalmente, contribuirá a mejorar las condiciones de vida y el enriquecimiento de la cultura del uso sustentable de los recursos naturales, lo que vigorizará el contenido de los preceptos ya establecidos en los artículos 7º y 19 de la misma Ley. El decreto remitido por la Cámara de Diputados establece:

PROYECTO DE DECRETO

LEY VIGENTE

Proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 16 y 19 de la Ley General de la Infraestructura Física Educativa

Artículo Único.Se reforma el artículo 11 de la Ley General de la Infraestructura Física Educativa, para quedar como sigue:

Artículo 11. En la planeación de los programas y proyectos para la construcción, equipamiento, mantenimiento, rehabilitación, reforzamiento, reconstrucción y habilitación de la INFE deberán cumplirse las disposiciones de la Ley Federal de las Personas con Discapacidad y las leyes en la materia de las entidades federativas. Asimismo, se atenderán las necesidades de las comunidades indígenas y las comunidades con escasa población o dispersa, se asegurará la aplicación de sistemas y tecnologías sustentables, y se tomarán en cuenta las condiciones climáticas y la probabilidad de contingencias ocasionadas por desastres naturales, tecnológicos o humanos, procurando la satisfacción de las necesidades individuales y sociales de la población.

Transitorios

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Artículo 11. En la planeación de los programas y proyectos para la construcción, equipamiento, mantenimiento, rehabilitación, reforzamiento, reconstrucción y habilitación de la INFE deberán cumplirse las disposiciones de la Ley Federal de las Personas con Discapacidad y las leyes en la materia de las entidades federativas. Asimismo, atenderá las necesidades de las comunidades indígenas y las comunidades con escasa población o dispersa, y tomará en cuenta las condiciones climáticas y la probabilidad de contingencias ocasionadas por desastres naturales, tecnológicos o humanos, procurando la satisfacción de las necesidades individuales y sociales de la población.

Tomado en consideración el contenido de la Minuta aprobada en la Cámara de Diputados, los integrantes de las comisiones unidas de Educación, y de Estudios Legislativos, Primera, con opinión de la Comisión de Ciencia y Tecnología, formulan las siguientes consideraciones respecto de los propósitos del dispositivo previsto para incorporar en la Ley General de la Infraestructura Física Educativa.

III. CONSIDERACIONES

a. Generales

PRIMERA.- Desde los inicios del siglo XX y hasta los primeros años de la primera década del siglo XXI, México atestiguó una vigorosa expansión de su sistema educativo, logrando la cobertura universal de la educación básica e incrementando de manera sostenida la matriculación a la educación media y superior. Este proceso vino acompañado de sustanciales incentivos presupuestales y esfuerzos de los tres órdenes de gobierno en materia de creación de infraestructura, lo que permitió contar con espacios físicos y recursos materiales acordes a la consistente expansión del sistema.

SEGUNDA.- Al igual que otros países del globo, México ha comenzado a transitar desde el ciclo concentrado en la ampliación de la cobertura a un ciclo que enfatiza el incremento de la calidad de la educación y la creación de factores de equilibrio y equidad social. Sobre dicho viraje, la Declaración Mundial sobre Educación para Todos, signada en 1990 en Jomtien, Tailandia, reconoció que “satisfacer las necesidades básicas de aprendizaje exige algo más que una renovación del compromiso con la educación básica en su estado actual. Lo que se requiere es una ‘visión ampliada’ que vaya más allá de los recursos actuales, las estructuras institucionales, los planes de estudios y los sistemas tradicionales de instrucción, tomando como base lo mejor de las prácticas en uso… Esta visión ampliada comprende tanto universalizar el acceso a la educación y fomentar la equidad; prestar atención prioritaria al aprendiza.je; ampliar los medios y el alcance de la educación básica, como mejorar el ambiente para el aprendizaje…” (artículo 2º).

TERCERA.- Bajo esta perspectiva, la evaluación de la calidad educativa no se limita a la medición del logro alcanzado por los alumnos en las pruebas de aprendizaje; tiene que ver también con qué tan favorables son los espacios escolares para generar ambientes físicos educativamente habitables; esto es: qué tanto ofrecen las condiciones mínimas de bienestar, confort, salud y seguridad física para que puedan dar lugar a procesos eficaces de enseñanza–aprendizaje. Los espacios educativos constituyen el punto de partida de los procesos de socialización. Cristalizar que tanto sus componentes interiores, exteriores y de equipamiento propicien la convivencia y permitan interactuar con el entorno redunda en la facilitación de los procesos de enseñanza-aprendizaje y aportan las condiciones para formar ciudadanos libres, críticos y capaces de erigirse como actores decisivos de su comunidad.

CUARTA.- En el año 2001, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) realizó el Seminario Internacional sobre Espacios Educativos de América Latina y el Caribe, celebrado en Veracruz, México, que dio como resultado la firma de la Declaratoria de Xalapa. En materia de infraestructura física,el documento resaltó dos aspectos fundamentales: por un lado, reconoció que “la existencia de inequidades en el mundo de hoy es un problema que arquitectos, educadores y comunidades organizadas deben resolver con acciones dirigidas a eliminar la segregación social de los espacios, dado que sólo la construcción de ambientes equitativos justifica la función social que profesionalmente hemos asumido”. Por otro lado, se estableció también que “los espacios educativos deben convertirse en elementos de integración comunitaria donde la participación social, los valores ambientales, éticos y de interacción, generen un sentido de pertenencia e identidad del cual nadie se autoexcluya ni sea excluido”. Derivado de ambas premisas se inauguró en América Latina una etapa que miró hacia la construcción de espacios educativos cuyo diseño y uso muevan a construir una historia progresivamente más humana, con el propósito de edificar o transformar el entorno en aldeas y ciudades educadoras.

QUINTA.- Los preceptos establecidos en Xalapa reiteraron los principios ya delineados un año antes, en 2000, en la Declaración de Santiago, donde se determinó que “Los espacios educativos tienen efectos privilegiados para la educación y por lo tanto, su programación, diseño, construcción, uso y mantenimiento trascienden la mera competencia administrativa, ya que son en sí mismos ocasión de aprendizaje de trabajo conjunto entre los agentes educativos, arquitectos y comunidad cuyo resultante produce desarrollo educativo y desata nuevas respuestas a las aspiraciones sociales y culturales de la localidad […] El diseño arquitectónico es capaz de hacer compatible la participación de la comunidad con el disfrute de los espacios, mejora la calidad de la educación, se convierte en símbolo de la comunidad y repercute en la identidad personal y colectiva”.

SEXTA.- A la “visión ampliada” propuesta por la UNESCO en la década de los 90 se añadió la rama que concibe un vínculo indisoluble entre los espacios educativos sustentables y la formación de ciudadanos. Además de mobiliario, equipo y uso de nuevas tecnologías para el proceso educativo, la aplicabilidad de estas innovadoras miradas requiere de una robustecida concepción de los espacios arquitectónicos educativos, que implica la visión de nuevos enfoques de diseño sustentable, a partir del cual se promueva el confort ambiental de los usuarios (confort acústico, lumínico, térmico, entre otros). En su texto Los espacios educativos, la sustentabilidad ambiental y la diversidad cultural1, los investigadores Juan Raymundo Mayorga, Alejandro Grajeda y José Antonio Soto destacan que la sustentabilidad de los espacios arquitectónicos educativos deberá estar encaminada a promover, por ejemplo, “el ahorro energético, el reúso y uso racional del agua, el manejo de desechos sólidos, etcétera. Asimismo, el diseño sustentable de los espacios educativos debe prever soluciones para la problemática particular de cada entorno ambiental como los que se presentan en las zonas urbanas con altos índices de contaminación atmosférica, o como los que se hacen presentes en zonas de alta vulnerabilidad a desastres naturales”.

SEPTIMA.-Tal como fue referido por la colegisladora, en 2005 la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) promovió una serie de reuniones periódicas para reflexionar sobre los elementos constitutivos de un marco conceptual que serviría de base para evaluar la calidad de las instalaciones educativas. Un resultado logrado de dichas reuniones es la noción de calidad del ambiente físico educativo. En este contexto avanzó también la iniciativa de establecer un marco de referencia que integrara los resultados de la investigación en torno a las condiciones que hacen habitables a los centros escolares, entendiéndose éstos como “aquellos cuyas instalaciones permiten la reproducción continua de los procesos eficaces de enseñanza–aprendizaje en un ambiente de compromiso con la mejora de dicha habitabilidad por parte de los usuarios2.

OCTAVA.- A efecto de consolidar los alcances del marco ideado en estas conferencias, la OCDE creó el Centro para Ambientes Efectivos de Aprendizaje (CELE, por sus siglas en inglés), instancia queanaliza cómo los ambientes de aprendizaje pueden apoyar lasnecesidades de la educación y de las comunidades. Para el Centro, la sustentabilidad en los espacios educativos se mide por "un fondo triple": las propuestas necesitan ser económicamente viables, socialmente equitativas y ambientalmente sólidas, elementos que deben coligarse mediante el diseño y la optimización de las sinergias entre ellas. Frente a un contexto ambiental y económico que está cambiando, también de deben asegurar que los edificios educativos tengan la capacidad de incorporar otras soluciones sustentables, de tecnologías renovables y de baja emisión de carbono para el futuro.

NOVENA.- Hasta antes de los instrumentos conceptuales establecidos por la OCDE (que derivaron en la noción de calidad del ambiente físico de las escuelas), los estudios se habían enfocado a aspectos parciales de lo que hoy sedenomina habitabilidad educativa de los centros escolares. Esta noción integra ocho dimensiones centrales: a) disponibilidad de instalaciones y equipamiento de la escuela; b) condiciones físicas de instalaciones y equipamiento; c) confort físico en el aula (ventilación, temperatura, control acústico, iluminación y mobiliario); d) espacio educativo (amplitud, versatilidad y apariencia estética); e) infraestructura y servicios en el vecindario; f) higiene y seguridad física en la escuela; g) accesibilidad de las instalaciones educativas, y h) sustentabilidad de la escuela.

DECIMA.- Sobre este última vertiente, tema central de la reforma promovida por la Cámara de Diputados, el doctor Juan Manuel Hernández Vázquez, de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), argumenta que, dado el creciente consenso sobre la emergencia ambiental, “es impostergable avanzar hacia una transformación cultural con racionalidad ecológica, y las escuelas tienen un valioso papel que cumplir como catalizadores centrales de dicho cambio. Urge que enseñen los principios de sustentabilidad a estudiantes y comunidades mediante pedagogías que generen experiencias significativas. Se trata de principios como la planeación y toma de decisiones con responsabilidad ambiental; uso eficiente y efectivo del agua, la energía y los recursos naturales en general; reciclado, administración de la basura y aprovechamiento de la luz natural; y uso de métodos y materiales sustentables en edificios y mobiliario”. 3

DECIMA PRIMERA.- Como resultado de los Seminarios Internacionales sobre "Evaluación de la calidad de los edificios educacionales", convocados por la OCDE entre 2005 y 2006, se estableció como eje de la política educativa que: “todos los individuos tienen derecho a una edificación educativa de calidad, que sea un espacio físico que dé soporte a múltiples y diversos programas y pedagogías de enseñanza y aprendizaje, incluyendo tecnológicas; un edificio que demuestre un funcionamiento y operación rentable y óptima; que respete y esté en armonía con el medio ambiente, y que promueva la participación social, brindando un espacio saludable, cómodo, estimulante, seguro y confiable”.4 En el marco de esta declaración, la OCDE pudo definir cinco principios de calidad, entre los que destaca el señalamiento de que los espacios educativos deben ser ambientalmente sustentables, mediante la planeación del espacio y el uso de sistemas sustentables.

DECIMA SEGUNDA.- Si bien la investigación de las dictaminadoras no arrojó investigaciones domésticas recientes sobre la implementación y efectividad de los modelos educativos basados en la práctica de la sustentabilidad, se localizaron diversos estudios internacionales que resaltan los efectos favorables que ha tenido dicha práctica en distintas localidades. En Francia, la Agencia del Ambiente y del Manejo de la Energía (ADEME, por sus siglas en francés), ha establecido 14 objetivos para el desarrollo de la denominada “arquitectura de alta calidadambiental”, dentro de la cual se han considerado especialmente a los edificios de vivienda y de servicios públicos, incluidas las escuelas. Las ciudades de California y Nueva York, en Estados Unidos, han dado pasos audaces en el establecimiento de estándares para calificar una escuela como de alto desempeño o “performance”. California ha implementado un programa de incentivos y colaboración paraescuelas calificadas como de alto desempeño (CHPS, The collaborative for high performance school), mientras Nueva York ha editado una “Guía para escuelas verdes” (Green school guide). Destaca, además, el caso de Inglaterra, donde seaprovechó la coyuntura del programa de renovación de la infraestructura escolar (School for the future) para plantear como prioridad la concepción de escuelassustentables.

DECIMA TERCERA.- En el ámbito latinoamericano destacan los programas de construcción de infraestructura educativa de Colombia y México. En el primer caso, en el marco de la denominada “Revolución Educativa” se llevó a cabo un trabajo de actualización de estándares normativos, lo que derivó en la publicación de la norma NTC 4595, que recoge una serie de imperativos relacionados con la comodidad acústica, visual y térmica al interior de los espacios educativos. México, a través del Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa (INIFED), ha desarrollado diversos mecanismos para que sus proyectos de construcción se rijan bajo parámetros de confort térmico, acústico y lumínico.

DECIMA CUARTA.- En octubre de 2012, el INIFED y la OCDE celebraron el XI Congreso Internacional sobre el Desarrollo de Espacios Educativos. Con la participación de cerca de 500 diseñadores, funcionarios federales, planificadores, investigadores y profesores de las 32 entidades federativas del país, se identificaron, entre otras, las siguientes líneas de acción:

• Fomentar la aplicación de sistemas innovadores sostenibles para los espacios educativos

- Identificar los efectos del cambio climático y sensibilizar a las comunidades regionales para hacer frente a su impacto.

- Promover el ahorro de energía y otros estilos de vida respetuosos del medio ambiente.

- Aplicar criterios bioclimáticos (orientación, radiación solar, ventilación, etcétera); incluyendo espacios que promueven el desarrollo personal junto con las nuevas tecnologías y el respeto a la cultura ambiental de las comunidades.

- Incluir redes hidrosanitarias en las nuevas instalaciones que permitan la conservación del agua.

- Utilizar dispositivos de ahorro de energía, paneles solares, sistemas automatización y de control así como energía eólica.

• Ambientes de aprendizaje de calidad:

- Las instalaciones eléctricas, hidrosanitarias, deben ser sustentables, los materiales deben cumplir con los requerimientos de calidad, durabilidad, sanidad y seguridad.

El Instituto precisa que el criterio que propone la sustentabilidad de los espacios educativos se refiere a que “las escuelas no solamente cuenten con la infraestructura mínima, sino que se observen parámetros de sustentabilidad cuya existencia evidentemente debe darse en proporción directa a las demandas de la comunidad”.

DECIMA QUINTA.- En opinión de las dictaminadoras, los esfuerzos que se realicen en el sentido de mejorar la calidad y equidad de la educación, incluidos los correspondientes a la construcción de espacios educativos, conllevan un desarrollo educativo que favorece a toda la población de manera continua y permanente. Bajo esta premisa, los integrantes de las comisiones de Educación, y de Estudios Legislativos, Primera, coinciden con los argumentos de la colegisladora, por lo que estiman la pertinencia de aprobar en sus términos el decreto que reforma el artículo 11 de la LGIFE. Para los integrantes de las comisiones, esta incorporación a la norma abonará a la creación de pautas institucionales con mayor pertinencia al desarrollo social y ambiental y, al mismo tiempo, resaltará la relevancia social de la educación.

Por las consideraciones que anteceden, y con fundamento en lo dispuesto en el inciso E. del artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; los artículos 86 y 94 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y en los artículos 113, 117, 135, 150, 177, 178, 182, 190, 212 y 221 del Reglamento del Senado de la República, las comisiones unidas de Educación y de Estudios Legislativos, Primera, con opinión de la Comisión de Ciencia y Tecnología, someten al H. Pleno de este Senado de la República el siguiente:

“PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTICULO 11 DE LA LEY GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA

Artículo Unico.Se reforma el artículo 11 de la Ley General de la Infraestructura Física Educativa, para quedar como sigue:

Artículo 11. En la planeación de los programas y proyectos para la construcción, equipamiento, mantenimiento, rehabilitación, reforzamiento, reconstrucción y habilitación de la INFE deberán cumplirse las disposiciones de la Ley Federal de las Personas con Discapacidad y las leyes en la materia de las entidades federativas. Asimismo, se atenderán las necesidades de las comunidades indígenas y las comunidades con escasa población o dispersa, se asegurará la aplicación de sistemas y tecnologías sustentables, y se tomarán en cuenta las condiciones climáticas y la probabilidad de contingencias ocasionadas por desastres naturales, tecnológicos o humanos, procurando la satisfacción de las necesidades individuales y sociales de la población.

TRANSITORIOS

Primero.- El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación”.

Salón de comisiones del Senado de la República, a 12 de diciembre de 2012.

COMISION DE EDUCACION

COMISION DE ESTUDIOS LEGISLATLIVOS, PRIMERA”.

Debido a que el dictamen se encuentra publicado en la Gaceta del Senado de hoy y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 195 de nuestro Reglamento, queda de primera lectura.


1 Mayorga Cervantes Juan Raymundo et al (2010). “Los espacios educativos, la sustentabilidad ambiental y la diversidad cultural”. En G. Miranda, Nicasio García y Héctor Ruiz (eds). Los límites de la irracionalidad. Construyendo miradas y alternativas sobre la sustentabilidad en las arenas de la diversidad cultural. Tomo I. México: EUMED.

2 Hernández Vázquez, Juan Manuel. (Junio de 2010). Habilidades educativas de las escuelas. Marco de referencia para el diseño de indicadores. Revista electrónica Sinéctica (en línea). Disponible en

: http://redalyc.uaemex.mx/src/inicio/ArtPdfRed.jsp?iCve=99815165003

3 Ídem.

4 "All individuals have a right to a quality educational facility, a physical space that supports multiple and diverse teaching and learning programmes and pedagogies, including current technologies; one that demonstrates optimal, cost-effective building performance and operation over time; one that respects and is in harmony with the environment; and one that encourages social participation, providing a healthy, comfortable, safe, secure and stimulating setting for its occupants."

Pasamos a la primera lectura de un dictamen de las Comisiones Unidas de Educación; y de Estudios Legislativos, Primera, con proyecto de Decreto por el que se reforman fracciones VI y VII del artículo 10 y se adiciona la fracción VIII al mismo artículo de la Ley General de Educación.





 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LAS FRACCIONES VI Y VII DEL ARTICULO 10 Y SE ADICIONA LA FRACCION VIII AL MISMO ARTICULO DE LA LEY GENERAL DE EDUCACION

(Dictamen de primera lectura)

“COMISIONES UNIDAS DE EDUCACION;
Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, PRIMERA

H. ASAMBLEA:

A las Comisiones Unidas de Educación; y de Estudios Legislativos, Primera de la LXI Legislatura de la Cámara de Senadores les fue turnada, para su estudio y dictamen, la Iniciativa con proyecto de Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Educación, en materia de infraestructura física educativa.

Con fundamento en el segundo párrafo del artículo 65 y en el primer párrafo del artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; en los artículos 86, 94, 116 y 122 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y en los artículos 113, 117, 135, 150, 177, 178, 182 y 190 del Reglamento del Senado de la República, las comisiones dictaminadoras someten a la consideración de esta Honorable Asamblea, el siguiente dictamen por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Educación, con base en los siguientes:

I. ANTECEDENTES

1. El 29 de noviembre del 2011 el Senador Adolfo Toledo Infanzón, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó -ante el Pleno de la Cámara de Senadores-, Iniciativa con proyecto de Decreto por la que se reforman y adicionan los artículos 10 y 11 de la Ley General de Educación. El Instrumento tiene por objeto incorporar la infraestructura física educativa al Sistema Educativo Nacional.

2. En esa misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores turnó la iniciativa en comento a las Comisiones Unidas de Educación; y de Estudios Legislativos, Primera para su estudio y la elaboración del dictamen correspondiente

3. Con fecha 27 de noviembre de 2012, la Comisión de Educación de la LXII Legislatura recibió oficio de la Mesa Directiva por el que, con base en el Acuerdo para dar cumplimiento al artículo 219 del Reglamento del Senado para la conclusión de los asuntos que no han recibido dictamen, se remite la relación de iniciativas presentadas por Senadores de las LX y LXI Legislaturas que se mantienen vigentes para que continúen su proceso de análisis y dictamen. En dicha lista se encuentra la iniciativa del Senador Toledo Infanzón, cuyo turno original fue reiterado.

II. DESCRIPCION DE LA INICIATIVA

El texto presentado por el Senador Toledo tiene el propósito de establecer la infraestructura física educativa como parte del Sistema Educativo Nacional (SEN).

El iniciante estima que las aulas y todas las instalaciones físicas destinadas al servicio educativo son un componente necesario y, de facto, parte del sistema educativo, por lo que el reconocimiento de su identidad habría de estar considerada en la ley reglamentaria del artículo tercero constitucional, mediante su incorporación al artículo 10 de la LGE.

A efecto de darle mayor solidez a dicha modificación, la iniciativa propone ampliar las funciones del Consejo Nacional Técnico de la Educación, y los correspondientes en las entidades Federativas, para realizar investigaciones sobre el diseño y adecuación de la infraestructura física educativa, mobiliario y equipos, y definición de los requerimientos en esta materia de acuerdo con los planes y programas educativos.

La propuesta normativa está planteada en los siguientes términos:

Propuesta normativa

Ley vigente

DECRETO

Artículo Único. Se reforman y adicionan los artículos 10 y 11 de la Ley General de Educación, para quedar como sigue:

Artículo 10. …

Constituyen el sistema educativo nacional:

I. … a VII. …

VIII. La infraestructura física educativa nacional.

Artículo 10. …

Constituyen al sistema educativo nacional:

I… a VIII. …

NO EXISTE

Artículo 11. …

I. … a III. …

IV. …

Las funciones de estos Consejos son:

a. Realizar investigaciones, estudios y análisis de carácter técnico-pedagógico acerca de planes y programas de estudio, contenidos, métodos materiales de estudio, materiales didácticos y de apoyo al proceso educativo, métodos e instrumentos de evaluación, diseño y adecuación de la infraestructura física educativa, mobiliario y equipos, y definición de los requerimientos en esta materia de acuerdo con los planes y programas educativos y, en general, de todos los elementos que integran el currículo de la educación básica y los factores que afectan la calidad de los servicios.

b. …

c. …

Artículo 11. …

I… a III …

IV…

Las funciones de estos Consejos son:

a. Realizar investigaciones, estudios y análisis de carácter técnico-pedagógico acerca de planes y programas de estudio, contenidos, métodos, materiales de estudio, materiales didácticos y de apoyo al proceso educativo, métodos e instrumentos de evaluación, diseño de espacios, mobiliario y equipos y, en general, de todos los elementos que integran el currículo de la educación básica y los factores que afectan la calidad de los servicios.

b. …

c. …

III. CONSIDERACIONES

A) GENERALES

PRIMERA.- El Sistema Educativo Nacional es una estructura organizacional compleja proyectada para lograr los fines de la educación. De acuerdo con el artículo 10 de Ley General de Educación (LGE), está integrado por los alumnos, docentes, autoridades educativas, planes, programas, métodos y materiales educativos, así como de otras instancias federales y de las entidades federativas. Son también parte del SEN las instituciones educativas del Estado mexicano, sus organismos descentralizados, las instituciones particulares que cuentan con autorización para impartir estudios en las entidades federativas y municipios, y las instituciones autónomas de educación superior.

SEGUNDA.- Permanentemente se profundiza en la comprensión del SEN, respecto de la evolución de su estructura, dimensiones y, sobre todo, de aquellos factores que inciden directamente en las dinámicas del mismo. Además de los agentes educativos referidos, la LGE prevé la incidencia de otros elementos como la participación de los padres de familia y de la sociedad en general, a través de los consejos escolares y de participación social, figuras que también tienen obligaciones para alcanzar los propósitos de la educación. Estos actores desempeñan tareas sustanciales en la orientación estratégica y en la consecución de los resultados previstos, tanto para el sistema en conjunto, como para los ámbitos escolares locales. Las interacciones de los agentes educativos, que configuran los procesos educativos a todos los niveles, son esenciales para el logro de los objetivos del SEN.

TERCERA.- En general, la calidad de los sistemas educativos resulta de la confluencia de múltiples dimensiones: contempla la relevancia y pertinencia de los objetivos y contenidos escolares; la eficacia interna y externa, el impacto, la equidad y la eficiencia. Esta última dimensión está vinculada a la necesidad de contar con recursos humanos y materiales suficientes, y hacer buen uso de ellos. Es así que elementos específicos de la calidad como la infraestructura y el equipamiento escolar -entre otros- dan soporte a la oferta educativa; es decir, a las condiciones configuradas desde el propio sistema para ampliar las oportunidades de aprendizaje de la población atendida.

CUARTA.- Desde una perspectiva sistémica, la infraestructura y los recursos escolares sonpieza fundamental de los insumos requeridos para llevar a cabo los procesos que tienen lugar en las instituciones escolares, lo que a su vez redunda en los productos e índices de calidad del sistema educativo. Ya en 2000, la Organización de las Nacionales Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO)-, gestó la Declaración de Santiago, donde se estableció que los espacios educativos tienen efectos privilegiados para la educación y por lo tanto, su programación, diseño, construcción, uso y mantenimiento trascienden la mera competencia administrativa, ya que son en sí mismos ocasión de aprendizaje de trabajo conjunto entre los agentes educativos, arquitectos y comunidad cuyo resultante produce desarrollo educativo y desata nuevas respuestas a las aspiraciones sociales y culturales de la localidad […]

QUINTA.- Sobre la premisa que vincula la calidad de los espacios escolares con el desempeño educativo, en febrero de 2012 la Auditoría Superior de la Federación (ASF) -en el marco del Informe Ejecutivo del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2010-, reveló un estudio realizado por el máximo órgano fiscalizador que correlacionó los resultados de la Prueba ENLACE con las condiciones de la infraestructura educativa. Según la ASF, los alumnos de primarias que tuvieron mejoras en su infraestructura entre 2008 y 2010 obtuvieron resultados superiores en 40.5 puntos porcentuales en español, y en 22.6 puntos en matemáticas, respecto de los alumnos cuya escuela no recibió atención. En secundaria, los resultados de los alumnos de las escuelas en las que se mejoró su infraestructura educativa fueron superiores en 6.6 puntos porcentuales en español y en 24.5 puntos en matemáticas, en relación con los alumnos cuya escuela no recibió atención.1

SEXTA.-En 2008, se expidió la Ley General de la Infraestructura Física Educativa (LGIFE), en cuya exposición de motivos se reconoce la necesidad de asegurar las mejores condiciones de la infraestructura física y del entorno de los estudiantes, considerando que los aspectos técnicos o tecnológicos de las edificaciones y el equipo que forman parte de la función educativa impactan en el aprovechamiento escolar de los estudiantes. La publicación de la LGIFE reiteró la vocación del Estado mexicano que desde 1944, con la creación del Comité Administrador del Programa Federal de Construcción de Escuelas (CAPFCE), reconoció plenamente la importancia del componente físico y de infraestructura en la concreción de objetivos educativos.

SEPTIMA.- De manera implícita, el artículo 4º de la LGIFE reconoce que los muebles e inmuebles destinados a la educación impartida por el Estado y los particulares con autorización o con reconocimiento de validez oficial de estudios son elementos intrínsecos del sistema educativo nacional:

Artículo 4. Por infraestructura física educativa se entiende los muebles e inmuebles destinados a la educación impartida por el Estado y los particulares con autorización o con reconocimiento de validez oficial de estudios, en el marco del sistema educativo nacional, en términos de la Ley General de Educación, así como a los servicios e instalaciones necesarios para su correcta operación.

OCTAVA.- Si, como se expresó en los considerandos primero y tercero, el SEN está constituido por una serie de elementos que inciden directamente en la calidad educativa, la infraestructura física educativa requiere, entonces, de reconocimiento pleno en la Ley que desdobla los componentes del Sistema bajo el que se hace efectivo el derecho a la educación en México.

NOVENA.- En opinión de las comisiones dictaminadoras, la incorporación de la infraestructura física educativa como elemento constitutivo del SENmaterializa el vínculo de la calidad educativa con los espacios que, en sí mismos, son ocasión de aprendizaje y escenario de la interacción del resto de los agentes educativos. Esta nueva composición organizativa detona el desarrollo educativo, desata nuevas respuestas a las aspiraciones sociales y culturales, y aporta las condiciones para formar ciudadanos libres, críticos y capaces de erigirse como actores decisivos de su comunidad.

DECIMA.- Con respecto a la reforma al artículo 11 de la LGE, las dictaminadoras estiman que tanto el Consejo Nacional Técnico de la Educación y los correspondientes en las entidades federativas son órganos consultivos de gestión exclusivamente pedagógica. Además, el contenido de dicha reforma duplicaría las atribuciones que la LGIFE le confiere al INIFED en materia de diseño de infraestructura física educativa, tal como lo establece la fracción XV del artículo 19 de la Ley:

Artículo 19. Son atribuciones del Instituto las siguientes:

I.-…a XIV.-…

XV. Desarrollar programas de investigación y desarrollo en materia de INFE de nuevos sistemas constructivos y proyectos arquitectónicos; diseño de mobiliario y equipo, así como la incorporación de técnicas y materiales de vanguardia y tradicionales, ecológicos, regionales, económicos y de seguridad, de acuerdo con las directrices de política educativa previstas en el artículo 7 de esta ley;

XVI.-…a XX.-…

Por las consideraciones que anteceden, y con fundamento en lo dispuesto en el inciso E. del artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; los artículos 86 y 94 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y en los artículos 113, 117, 135, 150, 177, 178, 182, 190, 212 y 221 del Reglamento del Senado de la República, las comisiones unidas de Educación, y de Estudios Legislativos, Primera, someten al H. Pleno de este Senado de la República el siguiente:

“PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA EL ARTICULO 10 DE LA LEY GENERAL DE EDUCACION

ARTICULO UNICO.- Se reforman las fracciones VI y VII del artículo 10; y se adiciona la fracción VIII al mismo artículo, todas de la Ley General de Educación, para quedar como sigue:

Artículo 10. …

Constituyen el sistema educativo nacional:

I. … a V. …

VI.- Las instituciones de los particulares, con autorización o con reconocimiento de validez oficial de estudios;

VII.- Las instituciones de educación superior a las que la ley otorga autonomía, y

VIII. La infraestructura física educativa.

TRANSITORIOS

Unico.- El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Salón de comisiones del Senado de la República, a 12 de diciembre de 2012.

COMISION DE EDUCACION

COMISION DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, PRIMERA”.

Debido a que el dictamen se encuentra publicado en la Gaceta del Senado del día de hoy y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 195 de nuestro Reglamento, queda de primera lectura.


1 ASF (2012). Auditoría de Desempeño. Infraestructura Física y Equipamiento de Escuelas de Educación Básica: 10-1-11L6M-07-1151, p. 12. http://www.asf.gob.mx/Trans/Informes/IR2010i/Grupos/Desarrollo_Social/2010_1151_a.pdf

Tenemos la primera lectura de un dictamen de las Comisiones Unidas de Gobernación; y de Estudios Legislativos, Primera, con proyecto de Decreto por el que se adiciona el artículo 18 de la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales.





 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA EL ARTICULO 18 DE LA LEY SOBRE EL ESCUDO, LA BANDERA Y EL HIMNO NACIONALES

(Dictamen de primera lectura)



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Debido a que se encuentra publicado en la Gaceta del Senado de hoy y con fundamento en el artículo 195 de nuestro Reglamento, queda de primera lectura.

Pasamos a la primera lectura de un dictamen de las Comisiones Unidas de Gobernación; y de Estudios Legislativos, Segunda, con proyecto de Decreto por el que se adiciona el artículo 47 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos.





 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA LA FRACCION XXI BIS AL ARTICULO 47 DE LA LEY FEDERAL DE RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PUBLICOS

(Dictamen de primera lectura)



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Debido a que el dictamen se encuentra publicado en la Gaceta del Senado del día de hoy y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 195 del Reglamento, queda primera lectura.

Por último, tenemos la primera lectura de 6 dictámenes de la Comisión de Gobernación, con proyectos de Decreto que conceden permisos para prestar servicios en representaciones diplomáticas en México y para aceptar y desempeñar el cargo de Cónsul Honorario en Chipre en Mérida.





 
PERMISOS PARA PRESTAR SERVICIOS Y PARA ACEPTAR Y DESEMPEÑAR EL CARGO DE CONSUL HONORARIO

(Dictámenes de primera lectura)

- Se da cuenta con los dictámenes suscritos por la Comisión de Gobernación.





 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN SEGUNDO PARRAFO AL ARTICULO 41 DE LA LEY GENERAL DE TURISMO

(Dictamen de segunda lectura)

“COMISIONES UNIDAS DE TURISMO;
Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, SEGUNDA

H. ASAMBLEA:

A las Comisiones Unidas de Turismo; y de Estudios Legislativos, Segunda de la Cámara de Senadores de la LXII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, les fue turnada para su estudio y dictamen la minuta con proyecto de Decreto por el que se adiciona un segundo párrafo al artículo 41 de la Ley General de Turismo.

Estas Comisiones Unidas que suscriben, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71 fracción II y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; de los artículos 85, 86, 94 y 103 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como los artículos 113, 117, 135, 162, 176, 177, 178, 182, 187, 188, 190, 192, 193 y 194 del Reglamento del Senado de la República, se abocaron al estudio y análisis de la minuta antes señalada, y conforme a las deliberaciones y al análisis que de la misma realizaron sus integrantes reunidos en pleno, presentan a la consideración de esta soberanía el presente dictamen, al tenor de la siguiente:

METODOLOGIA

I. En el capítulo de “ANTECEDENTES” se da constancia del trámite del proceso legislativo y de la recepción del turno para la elaboración del dictamen de la minuta referida.

II. En el capítulo correspondiente a “CONTENIDO DE LA MINUTA” se sintetiza el alcance de la propuesta de reforma bajo estudio.

III. En el capítulo de “CONSIDERACIONES” las Comisiones Unidas realizan el análisis técnico y jurídico pormenorizado de la reforma propuesta con el objeto de valorar su procedencia o realizar las modificaciones que para tal efecto resulten procedentes y mediante las cuales se sustenta el decreto propuesto.

IV. Finalmente en la sección relativa al texto normativo y régimen transitorio, se plantea el Decreto que adiciona un segundo párrafo al artículo 41 de la Ley General de Turismo.

ANTECEDENTES

I. El 21 de diciembre de 2011, la entonces Diputada Lizbeth García Coronado, presentó ante la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 41 de la Ley General de Turismo.

II. En esa misma fecha, la Mesa Directiva de la Comisión Permanente turnó dicha iniciativa a la Comisión de Turismo de la Cámara de Diputados, para su análisis y elaboración del dictamen correspondiente.

III. El 17 de abril de 2012, la Cámara de Diputados aprobó el Dictamen con proyecto de Decreto que adiciona un segundo párrafo al artículo 41 de la Ley General de Turismo, turnándolo a la Cámara de Senadores para sus efectos constitucionales.

IV. El 19 de abril de 2012, la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores informó al Pleno de la recepción de la minuta con proyecto de Decreto por el que se adiciona un segundo párrafo al artículo 41 de la Ley General de Turismo, remitida por la Cámara de Diputados, turnándola a las Comisiones Unidas de Turismo y Estudios Legislativos, Segunda para su estudio y elaboración del dictamen correspondiente.

CONTENIDO DE LA MINUTA

La minuta en cuestión propone adicionar un párrafo segundo al artículo 41 de la Ley General de Turismo, para efectos de establecer que se integrará al patrimonio del Consejo de Promoción Turística de México el porcentaje referido para la captación del Derecho de No Inmigrante establecido en la Ley Federal de Derechos, mismo que se destinará a la promoción turística del país.

El texto propuesto en la Minuta que se dictamina plantea la siguiente reforma:

Artículo 41. El Consejo de Promoción tendrá el patrimonio, atribuciones, estructura orgánica, órganos de dirección e integrantes de los mismos que se establezcan en su Estatuto Orgánico y se regirá por esta Ley, así como por la Ley Federal de Entidades Paraestatales.

Asimismo, se integrará al patrimonio del Consejo el porcentaje referido para la captación del derecho de no inmigrante establecido en la Ley Federal de Derechos.  Este porcentaje se destinará para la promoción turística del país.

El Consejo estará sectorizado, en el ámbito de la Secretaría. El titular del Consejo de Promoción será nombrado por el Presidente de la República.

CONSIDERACIONES

Los integrantes de estas Comisiones Unidas consideramos que el turismo es pieza fundamental para el desarrollo económico y social de México, debe ser un instrumento para el combate a la pobreza y deberá propiciar el desarrollo de las comunidades y regiones ubicadas a lo largo y ancho de nuestro país.

A fin de lograr lo anterior, el Estado Mexicano debe conducir el desarrollo turístico, mediante una buena planeación, una diversificación en la oferta de servicios, productos y destinos, una promoción estratégica que abarque, no solo a los mercados tradicionales, sino a los mercados nuevos y que tienen gran potencial para México, como los ubicados en los continentes europeo y asiático.

Ante la gran oferta turística mundial -que cada día se vuelve más competitiva- es fundamental promocionar integral y competitivamente a México, a través del trabajo conjunto de todos los actores que intervienen en la actividad turística, sólo así lograremos ubicarnos como uno de los principales destinos turísticos del mundo, provocando en consecuencia un aumento de divisas y por ende mayor desarrollo económico y social para nuestras regiones.

Para lograr lo anterior estas Comisiones Unidas consideran prioritaria la labor del Consejo de Promoción Turística de México, organismo encargado de planear, diseñar y coordinar las estrategias de promoción turística a nivel nacional e internacional, así como de promocionar los destinos y actividades que México ofrece.

De acuerdo con su Estatuto Orgánico, para cumplir con su objeto social, el Consejo de Promoción Turística de México cuenta con un patrimonio que se integra con:

I. Las aportaciones que realice el Gobierno Federal; dichas aportaciones serán propuestas por la Federación, por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público con base en las necesidades y razones que sean planteadas por la Secretaría de Turismo con el concurso del Consejo;

II. Las aportaciones que, en su caso, realicen los gobiernos estatales, municipales y del Distrito Federal, así como las entidades paraestatales;

III. Las aportaciones que efectúen los particulares;

IV. Los recursos que el propio Consejo genere, y

V.Los demás recursos que obtenga por cualquier otro título legal.

Por su parte, el Artículo 18-A de la Ley Federal de Derechos señala que de los ingresos que se obtienen por la recaudación del derecho establecido en la fracción I del artículo 8º de la misma ley, relativo a los derechos que pagan los extranjeros por la expedición del documento migratorio que acredita su condición de estancia como visitantes sin permiso para realizar actividades remuneradas que ingresen al país con fines turísticos, se destinará un 80% al Consejo de Promoción Turística de México para la promoción turística del país.

De acuerdo al Sexto Informe de Labores de la Secretaría de Turismo de enero a junio de 2012, el Consejo de Promoción Turística de México recibió 832.1 millones de pesos producto del “llamado” Derecho de No Inmigrante para la promoción turística, los que sumados a los 15.9 millones de pesos provenientes de otros recursos fiscales asignados, dan un total de 848 millones de pesos de inversión pública destinados a la promoción turística.

En 2011 los recursos del Consejo de Promoción Turística provenientes del Derecho de No Inmigrante fueron de 1,564 millones de pesos, contra 24.5 millones de pesos provenientes de otros recursos fiscales.

Como se puede apreciar el patrimonio mayoritario del Consejo de Promoción Turística de México proviene del impuesto a que hace referencia el artículo 8º de la Ley Federal de Derechos, pero como señala la Minuta en cuestión al abordar la forma en cómo se integra el patrimonio del Consejo de Promoción Turística de México, la Ley General de Turismo no hace la vinculación específica a los ingresos provenientes de la Ley Federal de Derechos.

En virtud de lo anterior la Colegisladora aprobó iniciativa que propone homologar en la Ley General de Turismo el destino que se otorga al Derecho de No Inmigrante en la Ley Federal de Derechos.

Estas Comisiones Unidas coindicen con la Colegisladora en afirmar que la reforma a la Ley General de Turismo es adecuada, toda vez que no se contrapone con otras leyes y que de manera específica, procura homologar los términos de tan importante ingreso dentro de la Ley General de Turismo, así como establecer la procedencia de los mismos.

No obstante lo anterior, las Comisiones Dictaminadoras consideran necesario modificar la redacción propuesta por la Colegisladora toda vez que aquélla hace referencia al “Derecho de No Inmigrante”, y que este concepto fue reformado con la entrada en vigor de la Ley de Migración y su Reglamento, por lo que se propone actualizar la redacción de la Minuta a los nuevos lineamientos en materia de migración.

Para clarificar lo anterior, estas Comisiones Unidas estiman necesario señalar que el 25 de mayo de 2011 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que se expide la Ley de Migración y se reforman, derogan y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Población, del Código Penal Federal, del Código Federal de Procedimientos Penales, de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, de la Ley de la Policía Federal, de la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público, de la Ley de Inversión Extranjera, y de la Ley General de Turismo, y que con dicho decreto se derogaron las calidades migratorias de No Inmigrante, Inmigrante e Inmigrado con las que los extranjeros se internaban y permanecían en nuestro país.

Bajo este contexto, la Ley Federal de Derechos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 12 de diciembre de 2011 adecuó los conceptos de las contribuciones previstas para el pago de derechos por servicios migratorios al nuevo marco jurídico migratorio.

Así, el artículo 8º de la Ley Federal de Derechos se reformó, y dejo de contemplar el pago del Derecho de No Inmigrante, para dar lugar al pago del derecho correspondiente a la expedición del documento migratorio que acredita la condición de estancia de los extranjeros y, en su caso, la regularización de su situación migratoria.

Estas Comisiones Unidas, destacan el hecho de que la reforma al artículo 8º de la ley en cuestión entró en vigor al iniciar la vigencia del Reglamento de la Ley de Migración, lo cual sucedió el 9 de noviembre del presente año.

En razón de lo mencionado estas Comisiones Legislativas, proponen la siguiente redacción:

TEXTO VIGENTE

 

TEXTO MINUTA

 

TEXTO PROPUESTO

Ley General de Turismo

 

Ley General de Turismo

 

Ley General de Turismo

Artículo 41. El Consejo de Promoción tendrá el patrimonio, atribuciones, estructura orgánica, órganos de dirección e integrantes de los mismos que se establezcan en su Estatuto Orgánico y se regirá por esta Ley, así como por la Ley Federal de Entidades Paraestatales.

El Consejo estará sectorizado, en el ámbito de la Secretaría. El titular del Consejo de Promoción será nombrado por el Presidente de la República.

 

Artículo 41. El Consejo de Promoción tendrá el patrimonio, atribuciones, estructura orgánica, órganos de dirección e integrantes de los mismos que se establezcan en su Estatuto Orgánico y se regirá por esta Ley, así como por la Ley Federal de Entidades Paraestatales.

Asimismo, se integrará al patrimonio del Consejo el porcentaje referido para la captación del derecho de no inmigrante establecido en la Ley Federal de Derechos. Este porcentaje se destinará para la promoción turística del país.

El Consejo estará sectorizado, en el ámbito de la Secretaría. El titular del Consejo de Promoción será nombrado por el Presidente de la República.

 

Artículo 41. El Consejo de Promoción tendrá el patrimonio, atribuciones, estructura orgánica, órganos

de dirección e integrantes de los mismos que se establezcan en su Estatuto Orgánico y se regirá por esta Ley, así como por la Ley Federal de Entidades Paraestatales.

Al patrimonio del Consejo de Promoción se integrará el porcentaje referido al derecho por la autorización de la condición de estancia a visitantes sin permiso para realizar actividades remuneradas que ingresen al país con fines turísticos, establecidoen la Ley Federal de Derechos. Este porcentaje se destinará para la promoción turística del país.

El Consejo estará sectorizado, en el ámbito de la Secretaría. El titular del Consejo de Promoción será nombrado por el Presidente de la República.

Por todas las consideraciones antes vertidas, los Senadores integrantes de las Comisiones Unidas de Turismo y Estudios Legislativos, Segunda que suscriben el presente dictamen, someten a consideración del Pleno del Senado de la República, para los efectos del inciso e) del Artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el siguiente proyecto de:

DECRETO

QUE ADICIONA UN SEGUNDO PARRAFO AL ARTICULO 41 DE LA LEY GENERAL DE TURISMO

Artículo Unico.- Se adiciona un segundo párrafo, al artículo 41 de la Ley General de Turismo, pasando el actual párrafo segundo a ser tercero, para quedar como sigue:

Artículo 41.

Al patrimonio del Consejo de Promoción se integrará el porcentaje referido al derecho por la autorización de la condición de estancia a visitantes sin permiso para realizar actividades remuneradas que ingresen al país con fines turísticos, establecido en la Ley Federal de Derechos. Este porcentaje se destinará para la promoción turística del país.

TRANSITORIO

Unico.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el Senado de la República, a 12 de diciembre de 2012.

COMISION DE TURISMO

COMISION DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, SEGUNDA”.

Debido a que el dictamen se encuentra publicado en la Gaceta del Senado de hoy, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se omite su lectura.

- La C. Secretaria Merodio Reza: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se omite la lectura del dictamen. Quienes estén porque se omita, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se omita, favor de no levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se omite la lectura, señor Presidente.

- El C. Presidente Sánchez Jiménez: Informo a la Asamblea que el dictamen que nos ocupa consta de un solo artículo, por lo que está a discusión en lo general y en lo particular en un solo acto.

Se concede el uso de la palabra al Senador Félix González Canto, para presentar el dictamen a nombre de las comisiones, en términos de lo dispuesto por el artículo 196 del Reglamento.

- El C. Senador Félix Arturo González Canto: Con su permiso, señor Presidente; compañeras y compañeros Senadores:

El turismo, está comprobado, genera ingresos, genera empleos y aporta a la economía de cualquier nación.

Los gobiernos de todos los países saben que el turismo brinda una importante oportunidad de crecimiento y desarrollo, saben que esta actividad permite elevar la calidad y el nivel de vida de sus habitantes, por lo que cada día los distintos gobiernos del mundo hacen esfuerzos enormes para que sus destinos turísticos se vuelvan más competitivos.

En 2011, México registró una cifra récord en llegadas de turistas nacionales e internacionales, un total de 168.1 millones de turistas nacionales y 23.4 millones de turistas internacionales visitaron los distintos destinos turísticos mexicanos.

Durante los primeros 6 meses de 2012, México recibió un total de 38 millones de visitantes internacionales, que dejaron una derrama económica de 6 mil 300 millones de dólares, esto representa un incremento del más del 6 por ciento comparado con 2011.

La Organización Mundial de Turismo pronostica que el sector turismo seguirá creciendo en los próximos años, haciéndose más fuerte y competitivo, por lo que es fundamental promocionar integral y competitivamente a México, hacerlo mediante una buena planeación, una diversificación en la oferta de servicios, productos y destinos y con una promoción estratégica que abarque no sólo los mercados tradicionales, sino a los mercados nuevos, y que tienen un gran potencial para México, como los ubicados en los continentes europeo y asiático.

Para lograr lo anterior, es fundamental la labor del Consejo de Promoción Turística de México, el cual realiza una labor prioritaria en la planeación, diseño y estrategia de la promoción de los diversos destinos de nuestro país a nivel nacional e internacional y que su principal fuente de recursos proviene del derecho que pagan los extranjeros que ingresan a México.

El dictamen que el día de hoy las Comisiones Unidas de Turismo; y de Estudios Legislativos, Segunda sometemos a su consideración, hace referencia precisamente a la integración del patrimonio del Consejo de Promoción Turística de México. Este dictamen proviene de una minuta turnada por la Colegisladora, que proponía establecer, en la Ley General de Turismo, que el porcentaje referido el Derecho de No Inmigrante establecido en la Ley Federal de Derechos se integraría al patrimonio del Consejo para la Promoción Turística.

Con esta propuesta, compañeras y compañeros Senadores, se homologaría en la Ley General de Turismo lo establecido en la Ley Federal de Derechos respecto a la procedencia y destino que se debe dar al anteriormente llamado “Derecho de No Inmigrante”.

Los Senadores integrantes de las comisiones unidas coincidimos con la Colegisladora en afirmar que la reforma a la Ley General de Turismo es adecuada, toda vez que no se contrapone con otras leyes.

No obstante lo anterior, proponemos modificar la redacción enviada, ya que hace referencia al Derecho de No Inmigrante, concepto que fue reformado con la entrada en vigor de la Ley de Inmigración y su Reglamento, por lo que en este dictamen actualizamos la redacción de la minuta a los nuevos lineamientos en materia de migración.

Para explicar más lo anterior, les comento que la Ley Federal de Derechos dejó de contemplar el pago del Derecho de No Inmigrante para dar lugar al pago del derecho correspondiente a la expedición del documento migratorio que acredita la condición de estancia de los extranjeros.

En virtud de lo anterior, actualizamos la propuesta remitida por la Colegisladora con el nuevo concepto de la Ley Federal de Derechos y con los derechos migratorios.

Por lo anteriormente expuesto, a nombre de las Comisiones Unidas de Turismo; y de Estudios Legislativos, solicito su voto a favor de este dictamen, el cual vincula 2 importantes ordenamientos y sin duda dará mayor certeza al sector turístico de nuestro país.

Es cuanto, señor Presidente, y muchas gracias, compañeros Senadores.

(Aplausos)

- El C. Presidente Sánchez Jiménez: Gracias, Senador González Canto.

En virtud de que no hay más oradores registrados ni artículos reservados para la discusión, ábrase el sistema electrónico de votación por 3 minutos para recoger la votación nominal en lo general y en lo particular del proyecto de Decreto. Háganse los avisos a que se refiere el artículo 58 del Reglamento para informar de la votación.

- El C. Senador Luis Miguel Barbosa Huerta: (Desde su escaño) Señor Presidente…

- El C. Presidente Sánchez Jiménez: Senador Barbosa Huerta, ¿para qué asunto?

- El C. Senador Luis Miguel Barbosa Huerta: (Desde su escaño) Si pudiera ser procedente, que ampliara usted el plazo para recibir votación y no estar en la condición de que el número de votos sufragados fueran insuficientes para continuar la sesión.

- El C. Presidente Sánchez Jiménez: Considerando que hay un número considerable de compañeras y compañeros Senadores que están reunidos en comisiones diversas en este momento, dejamos abierto el sistema de votación unos minutos más.

“VOTACIÓN

SENADORES EN PRO: 80

A TRAVÉS DEL SISTEMA ELECTRÓNICO: 73

 

AISPURO TORRES JOSÉ ROSAS

ALBORES GLEASON ROBERTO ARMANDO

AMADOR GAXIOLA DANIEL

ÁVILA RUIZ DANIEL GABRIEL

BARBOSA HUERTA MIGUEL

BARTLETT DÍAZ MANUEL

BERISTAIN NAVARRETE LUZ MARÍA

BLASQUEZ SALINAS MARCO A.

BURGOS GARCÍA ENRIQUE

BÚRQUEZ VALENZUELA FRANCISCO

CALDERÓN HINOJOSA LUISA MARÍA

CERVANTES ANDRADE RAÚL

CORDERO ARROYO ERNESTO

CUÉLLAR CISNEROS LORENA

CUEVAS BARRÓN GABRIELA

DE LA PEÑA GÓMEZ ANGÉLICA

DELGADO CARRILLO MARIO

DÍAZ LIZAMA ROSA ADRIANA

DOMÍNGUEZ SERVIÉN FRANCISCO

ESCUDERO MORALES PABLO

FERNÁNDEZ AGUIRRE BRAULIO M.

FLORES ESCALERA HILDA ESTHELA

FLORES RAMÍREZ JUAN GERARDO

GAMBOA PATRÓN EMILIO

GARCÍA CABEZA DE VACA FRANCISCO

GARZA GALVÁN SILVIA GUADALUPE

GIL ZUARTH ROBERTO

GÓMEZ DEL CAMPO GURZA MARIANA

GÓMEZ GONZÁLEZ ARELY

GONZÁLEZ CANTO FÉLIX

GONZÁLEZ CUEVAS ISAÍAS

GRACIA GUZMÁN RAÚL

GUERRA CASTILLO MARCELA

HERMOSILLO Y CELADA VÍCTOR

HERNÁNDEZ LECONA LISBETH

HERRERA ALE JUANA LETICIA

HERRERA ANZALDO ANA LILIA

IRIZAR LÓPEZ AARÓN

LAVALLE MAURY JORGE LUIS

LÓPEZ BRITO FRANCISCO S

LÓPEZ HDZ. ADÁN AUGUSTO

MARTÍNEZ MARTÍNEZ JOSÉ MARÍA

MAYANS CANABAL FERNANDO E.

MENDOZA DAVIS CARLOS

MENDOZA DÍAZ SONIA

MERODIO REZA LILIA GUADALUPE

NEYRA CHÁVEZ ARMANDO

ORIHUELA BÁRCENAS JOSÉ ASCENCIÓN

OROZCO SANDOVAL MARTÍN

PADIERNA LUNA DOLORES

PALAFOX GUTIÉRREZ MARTHA

PEDRAZA CHÁVEZ ISIDRO

PEDROZA GAITÁN CÉSAR OCTAVIO

PINEDA GOCHI MA. DEL ROCÍO

POZOS LANZ RAÚL AARÓN

RAMÍREZ HERNÁNDEZ SOFÍO

ROBLEDO ABURTO ZOÉ

ROBLES MONTOYA BENJAMÍN

ROJAS HERNÁNDEZ LAURA

ROMERO CELIS MELY

ROMERO HICKS JUAN CARLOS

ROMERO LAINAS ADOLFO

RUFFO APPEL ERNESTO

SALINAS SADA NINFA

SÁNCHEZ GARCÍA GERARDO

SÁNCHEZ JIMÉNEZ LUIS

SANSORES SAN ROMÁN LAYDA

TELLO CRISTERNA ALEJANDRO

TORRES GRACIANO FERNANDO

TORRES PEIMBERT MARCELA

YUNES LANDA HÉCTOR

YUNES ZORRILLA JOSÉ FRANCISCO

ZAMORA JIMÉNEZ ARTURO

FUERA DEL SISTEMA ELECTRÓNICO: 7

CORRAL JURADO JAVIER

LARIOS CÓRDOVA HÉCTOR

MAYANS CANABAL HUMBERTO

PENCHYNA GRUB DAVID

ROMERO DESCHAMPS CARLOS

ROMO MEDINA MIGUEL

SALDAÑA PÉREZ LUCERO

SENADORES EN CONTRA: 0

SENADORES EN ABSTENCIÓN: 0”

- La C. Secretaria Merodio Reza: Señor Presidente, conforme al registro en el sistema electrónico de votación, se emitieron 80 votos en pro y cero en contra.

- El C. Presidente Sánchez Jiménez: En consecuencia, queda aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de Decreto por el que se adiciona un segundo párrafo al artículo 41 de la Ley General de Turismo. Se devuelve con modificaciones a la Cámara de Diputados para los efectos de lo dispuesto por el inciso e) del artículo 72 constitucional.

Compañeras y compañeros Senadores, nuestro siguiente asunto de la agenda de hoy, es la toma de protesta de los Consejeros del Consejo Consultivo de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

Los dictámenes correspondientes fueron aprobados en la sesión de ayer, por lo que los Consejeros fueron convocados para este día, a fin de rendir su protesta constitucional.

En el salón contiguo a este recinto se encuentra la ciudadana Ninfa Delia Domínguez Leal y los ciudadanos Sergio Jaime Rochín del Rincón y Rafael Estrada Michel.

Por lo que solicito a los Senadores Diva Hadamira Gastélum Bajo, Adriana Dávila Fernández, Angélica de la Peña Gómez, Martha Palafox Gutiérrez, Mariana Gómez del Campo y Pablo Escudero Morales, los inviten a pasar al interior de este salón de sesiones y los acompañen durante el acto de su protesta.

(La comisión cumple)

- La C. Secretaria Merodio Reza: Favor de ponerse de pie.

(Todos de pie)





 

PROTESTA DE LEY

- El C. Presidente Sánchez Jiménez: Ciudadanos Ninfa Delia Domínguez Leal, Sergio Jaime Rochín del Rincón y Rafael Estrada Michel: ¿Protestan guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanen, y desempeñar leal y patrióticamente el cargo que se les ha conferido de Consejeros del Consejo Consultivo de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, mirando en todo por el bien y prosperidad de la Unión?

- Los CC. Ninfa Delia Domínguez Leal, Jaime Rochín del Rincón y Rafael Estrada Michel: Sí, protesto.

- El C. Presidente Sánchez Jiménez: Si así no lo hicieren, que la Nación se los demande.

¡Felicidades, señora y señores consejeros!

(Aplausos)

- El C. Presidente Sánchez Jiménez: Solicito a la comisión designada acompañe a la señora y señores consejeros a retirarse del salón cuando así lo deseen.

(La comisión cumple)

Tenemos ahora la segunda lectura de un dictamen de las Comisiones Unidas de Educación; y de Estudios Legislativos, con proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 3o., 4o., 9o., 37, 65 y 66 y se adicionan los artículos 12 y 13 de la Ley General de Educación.




 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTICULOS 3o., 4o., 9o., 37, 65 Y 66 DE LA LEY GENERAL DE EDUCACION Y SE ADICIONAN LA FRACCION IX BIS AL ARTICULO 12 Y LA FRACCION VI BIS AL ARTICULO 13 DE LA LEY GENERAL DE EDUCACION

(Dictamen de segunda lectura)

“COMISIONES UNIDAS DE EDUCACION;
Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS

H. ASAMBLEA:

A las Comisiones Unidas de Educación; y de Estudios Legislativos de la LXII Legislatura de la Cámara de Senadores les fue turnada, para su estudio y dictamen, la Iniciativa con proyecto de Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Educación, en materia de obligatoriedad de la educación media superior.

Con fundamento en el segundo párrafo del artículo 65 y en el primer párrafo del artículo 72de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; en los artículos 86, 94, 116 y 122 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y en los artículos 113, 117, 135, 150, 177, 178, 182 y 190 del Reglamento del Senado de la República, las comisiones dictaminadoras someten a la consideración de esta Honorable Asamblea, el siguiente dictamen por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Educación, con base en los siguientes:

I. ANTECEDENTES

1. El 15 de noviembre de 2012 los Senadores Blanca María del Socorro Alcalá Ruiz, Daniel Amador Gaxiola, Fidel Demédicis Hidalgo, Juan Gerardo Flores Ramírez, Víctor Hermosillo y Celada, Ismael Hernández Deras, Raúl Morón Orozco, Martha Palafox Gutiérrez, Claudia Artemiza Pavlovich, Raúl Aarón Pozos Lanz, Mely Romero Celis, Juan Carlos Romero Hicks y María Marcela Torres Peimbert, presentaron –ante el Pleno de la Cámara de Senadores-, Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones a la Ley General de Educación.

2. Por disposición de la Presidencia de la Mesa Directiva del Senado de la República, la iniciativa se turnó a las comisiones unidas de Educación, y de Estudios Legislativos.

II. CONTENIDO DE LA INICIATIVA

La iniciativa tiene por objeto establecer la obligación del Estado a impartir educación de tipo medio superior. Asimismo, señala que es responsabilidad de las autoridades educativas coordinar, integrar y operar un sistema de bachillerato a nivel nacional que establezca un marco curricular común para dicho nivel educativo, con respeto al federalismo, la autonomía universitaria y la diversidad educativa. Para tal fin modifica los artículos 3, 4, 9, 12, 13, 37, 65 y 66 de la Ley General de Educación. La propuesta normativa está planteada en los siguientes términos:

Propuesta normativa

Ley vigente

DECRETO

“ARTÍCULO ÚNICO.-Se reforman los artículos 3º, 4º, 9º, 37, 65 y 66 de la Ley General de Educación; y se adicionan la fracción IX bis al artículo 12, y la fracción VI bis al artículo 13, todos de la Ley General de Educación, para quedar como sigue:

Artículo 3o.- El Estado está obligado a prestar servicios educativos para que todala población pueda cursar la educación preescolar, la primaria, la secundaria y la media superior. Estos servicios se prestarán en el marco del federalismo y la concurrencia previstos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y conforme a la distribución de la función social educativa establecida en la presente Ley.

Artículo 3o.- El Estado está obligado a prestar servicios educativos para que toda la población pueda cursar la educación preescolar, la primaria y la secundaria. Estos servicios se prestarán en el marco del federalismo y la concurrencia previstos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y conforme a la distribución de la función social educativa establecida en la presente Ley.

Artículo 4o.-

Es obligación de los mexicanos hacer que sus hijas, hijos o pupilos menores de edad cursen la educación preescolar, la primaria, la secundaria y la media superior.

Artículo 4o.-

Es obligación de los mexicanos hacer que sus hijas, hijos o pupilos menores de edad cursen la educación preescolar, la primaria y la secundaria.

Artículo 9o.-Además de impartir la educación preescolar, la primaria, la secundaria y la media superior, el Estado promoverá y atenderá –directamente, mediante sus organismos descentralizados, a través de apoyos financieros, o bien, por cualquier otro medio- todos los tipos y modalidades educativos, incluida la educación inicial, especial y superior, necesarios para el desarrollo de la Nación, apoyará la investigación científica y tecnológica, y alentará el fortalecimiento y la difusión de la cultura nacional y universal.

Artículo 9o.- Además de impartir la educación preescolar, la primaria y la secundaria, el Estado promoverá y atenderá –directamente, mediante sus organismos descentralizados, a través de apoyos financieros, o bien, por cualquier otro medio- todos los tipos y modalidades educativos, incluida la educación inicial, especial, media superior y superior, necesarios para el desarrollo de la Nación, apoyará la investigación científica y tecnológica, y alentará el fortalecimiento y la difusión de la cultura nacional y universal.

Artículo 12.- Corresponden de manera exclusiva a la autoridad educativa federal las atribuciones siguientes:

I.- a IX.-…

IX Bis.- Coordinar un sistema de bachillerato a nivel nacional que establezca un marco curricular común para este tipo educativo, con respeto al federalismo, la autonomía universitaria y la diversidad educativa;

X.-… a XIV…

Artículo 12.- Corresponden de manera exclusiva a la autoridad educativa federal las atribuciones siguientes:

I.- a IX.-…

NO EXISTE

X.-… a XIV.-…

Artículo 13.- Corresponden de manera exclusiva a las autoridades educativas locales, en sus respectivas competencias, las atribuciones siguientes:

I. a la VI…

VI Bis.- Participar en la integración y operación de un sistema nacional de bachillerato que establezca un marco curricular común para la educación media superior, con respeto a la autonomía universitaria y la diversidad educativa;

VII. a IX.-…

Artículo 13.- Corresponden de manera exclusiva a las autoridades educativas locales, en sus respectivas competencias, las atribuciones siguientes:

I. a la VI…

NO EXISTE

VII. a IX.-…

Artículo 37.-

El tipo medio-superior comprende el nivel de bachillerato, los demás niveles equivalentes a éste, así como la educación profesional que no requiere bachillerato o sus equivalentes. Se organizará, bajo el principio de respeto a la diversidad, a través de un sistema que establezca un marco curricular común a nivel nacional y la revalidación y reconocimiento de estudios entre las opciones que ofrece este tipo educativo.

Artículo 37.-

El tipo medio-superior comprende el nivel de bachillerato, los demás niveles equivalentes a éste, así como la educación profesional que no requiere bachillerato o sus equivalentes.

Artículo 65.- Son derechos de quienes ejercen la patria potestad o la tutela:

I. Obtener inscripción en escuelas públicas para que sus hijas, hijos o pupilos menores de edad, que satisfagan los requisitos aplicables, reciban la educación preescolar, la primaria, la secundaria y la media superior.

II.-…a VII.-…

Artículo 65.- Son derechos de quienes ejercen la patria potestad o la tutela:

I. Obtener inscripción en escuelas públicas para que sus hijas, hijos o pupilos menores de edad, que satisfagan los requisitos aplicables, reciban la educación preescolar, la primaria y la secundaria.

II.-…a VII.-…

Artículo 66.- Son obligaciones de quienes ejercen la patria potestad o la tutela:

I.- Hacer que sus hijas, hijos o pupilos menores de edad, reciban la educación preescolar, la primaria, la secundaria y la media superior;

II.- a V.- …

Artículo 66.- Son obligaciones de quienes ejercen la patria potestad o la tutela:

I.- Hacer que sus hijas, hijos o pupilos menores de edad, reciban la educación preescolar, la primaria y la secundaria;

II.- a V.- …

TRANSITORIOS

Primero.-El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo.- La obligatoriedad del Estado de garantizar la educación media superior se realizará conforme lo disponen los artículos segundo y tercero transitorios del Decreto por el que se declara reformado el párrafo primero; el inciso c) de la fracción II y la fracción V del artículo 3º, y la fracción I del artículo 31 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Tercero.- Se derogan todas las disposiciones que contravengan al presente Decreto.”

 

IV.- CONSIDERACIONES

A) GENERALES

PRIMERA.-La Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948 postula que toda persona tiene derecho a la educación. Su artículo 26 señalaque la instrucción elemental debe ser obligatoria y gratuita y el acceso a los estudios superiores igual para todos, en función de los méritos establecidos. En México, la educación es parte de los derechos humanos reconocidos por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y la Ley General de Educación (LGE) establece que todos tienen las mismas oportunidades de recibir educación. El artículo 32 de este ordenamiento exige a las autoridades tomar medidas para asegurar condiciones que permitan el ejercicio pleno del derecho a la educación de cada individuo y una mayor equidad educativa, así como el logro de la efectiva igualdad de oportunidades de acceso y permanencia en la escuela.

SEGUNDA.- Con el propósito de avanzar en el ejercicio del derecho a la educación, el Estado mexicano se ha comprometido con la universalización de la cobertura del servicio educativo, estableciendo la obligatoriedad, primero, de la educación primaria (en 1917); de lasecundaria (en 1993); del preescolar (en 2002), y ahora de la educación media superior (2012). Sin embargo, es importante señalar que el pleno ejercicio de este derecho no se garantiza sólo asegurando la igualdad en las oportunidades de acceso al sistema educativo; su realización implica también el logro efectivo de los aprendizajes, que determina el currículo nacional, por parte de todos los estudiantes.

TERCERA.- El 9 de febrero de 2012 se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) la reforma constitucional que estableció las bases de la obligatoriedad de la Educación Media Superior (EMS). Los partidos políticos representados en el Congreso en la pasada Legislatura aprobaron, de manera unánime, que el Estado genere las condiciones para que ningún joven en edad de cursar el bachillerato se quede sin la oportunidad de continuar sus estudios. Este proceso reiteró la idea de que la conclusión de este tipo educativo constituye un piso necesario para revertir los índices de pobreza. De acuerdo con la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), quienes no concluyen la educación media “quedan expuestos a un alto grado de vulnerabilidad social, pues sus ingresos laborales tenderán a ser bajos y tendrán un elevado riesgo de transformarse en personas excluidas del desarrollo”.1

CUARTA.- Sobre el decreto por el que se reformaron los artículos 3° y 31 constitucionales cabe destacar, a manera de antecedentes del presente dictamen, los argumentos expresados en los dictámenes de las Cámaras de Senadores y de Diputados.

En el dictamen de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; y de Estudios Legislativos, con opinión de la Comisión de Educación de la Cámara de Senadores, resaltan las afirmaciones siguientes:

“...elevar a rango constitucional la obligatoriedad de la educación media superior contribuirá a la consolidación de la reforma integral en este nivel. Pues, se trata de un gran avance en materia educativa, que tendrá un impacto muy positivo en la sociedad”.

Sobre el Sistema Nacional de Bachillerato las Comisiones manifestaron que es “...una clara expresión del reconocimiento a la diversidad existente, mediante el establecimiento del marco curricular común y el perfil del egresado, que en su conjunto brindan cohesión y consistencia al sistema educativo en el tipo medio superior”.

“Este nivel debe construir una identidad, pero no destruir la indispensable diversidad. El ejercicio que lleva a cabo la Secretaría de Educación Pública para establecer el Sistema Nacional de Bachillerato (SNB) en un marco de diversidad resuelve bien este problema. Plantea un marco curricular común con competencias genéricas y disciplinares básicas nacionales que todo egresado del bachillerato debe dominar, al tiempo que establece lineamientos para que los estados, los subsistemas y los propios planteles concreten el marco curricular con competencias disciplinares extendidas y de formación para el trabajo. Son propósitos nacionales comunes que se pueden lograr por muy distintas vías según la realidad de cada escuela”.

Del Dictamen de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, y de Educación Pública y Servicios Educativos de la Cámara de Diputados resaltan las siguientes expresiones:

Los integrantes de estas Comisiones coincidieron “...en que el objeto de esta reforma constitucional, es fortalecer la garantía de acceso a la educación contenida en el artículo 3° de la Carta Magna y promover su debido cumplimiento al establecer la Educación Media Superior, como obligatoria”.

“La intención de mantener elementos comunes formativos que habían fundamentado la propuesta de la Cámara de Diputados, puede lograrse mediante el establecimiento de una base curricular común, complementándose con los elementos específicos definidos en cada modalidad, estas cuestiones habrán de precisarse en la Ley General de Educación y en los Acuerdos Secretariales correspondientes”.

Tal como fue referido, con la aprobación de ambas Cámaras, el proceso legislativo se concretó el 9 de febrero de 2012 con la publicación en el DOF del decreto por el que se declara reformado el párrafo primero; el inciso c) de la fracción II y la fracción V del artículo 3o., y la fracción I del artículo 31 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

QUINTA.- Los artículos segundo y cuarto transitorios del mencionado decreto textualmente disponen lo siguiente:

“Segundo. La obligatoriedad del Estado de garantizar la educación media superior, como deber del mismo de ofrecer un lugar para cursarla a quien teniendo la edad típica hubiera concluido la educación básica, se realizará de manera gradual y creciente a partir del ciclo escolar 2012-2013 y hasta lograr la cobertura total en sus diversas modalidades en el país a más tardar en el ciclo escolar 2021-2022,...”.

Cuarto. Dentro de los 180 días siguientes a la entrada en vigor del presente Decreto, el Congreso de la Unión y las legislaturas de los estados, deberán adecuar en el ámbito de sus respectivas competencias, la Ley General de Educación y demás disposiciones legales aplicables en la materia”.

Corresponde al Congreso de la Unión, en ejercicio de sus facultades constitucionales, establecer las adecuaciones necesarias y oportunas a la Ley General de Educación (LGE), que posibiliten un andamiaje normativo para la mejor operación de la Educación Media Superior, en un marco de corresponsabilidad entre los órdenes de gobierno.

SEXTA.- En este sentido, los ajustes normativos de la iniciativa están encauzados a que el mandato constitucional se cristalice, de acuerdo a las condiciones del entorno de las localidades, los municipios y los estados, y, sobre todo, que responda a la multiplicidad de intereses y de trayectorias de vida de los jóvenes en edad de cursar la educación media superior.

SEPTIMA.- La Ley General de Educación es una norma que establece la concurrencia facultativa de los órdenes Federal, Estatal y Municipal de gobierno y de los actores sociales involucrados en los servicios que en esta materia se brindan a través de las instituciones educativas, además de regular la intervención de los particulares con autorización o reconocimiento de validez oficial de estudios. Sus disposiciones definen qué elementos integran el Sistema Educativo Nacional y sus relaciones, la educación obligatoria, los fines y criterios de la educación pública, los mecanismos que habrán de garantizar el acceso de todos los mexicanos a la educación, los tipos y modalidades educativos, la evaluación en el sistema educativo, así como la responsabilidad sobre la elaboración de los planes y programas de estudio, entre otros aspectos.

OCTAVA.- Desde una perspectiva sistemática, la norma en análisis establece una serie de principios y reglas que permiten identificar el lugar que ocupan los elementos que integran el Sistema Educativo Nacional, entre ellos los tipos educativos bajo los que se articula el proceso de formación a lo largo de la vida escolar de los educandos. Dichas categorías han sido transformadas en el tiempo y han adquirido diferentes denominaciones de conformidad con los modelos pedagógicos que se persiguen y los perfiles de egreso esperados, además de identificar los niveles de educación que la Nación reconoce como servicios obligatorios para el Estado. Cuando, por ejemplo, la educación obligatoria abarcó el tercer grado de secundaria, ésta dejó la denominación de educación “media” para integrarse al concepto de educación básica, que constituye el nivel mínimo que el Estado debe garantizar a los mexicanos. Así, la ley publicada en 1993, en el artículo 37, estableció tres tipos educativos: la educación básica, que comprende tres años de preescolar, la primaria y la secundaria; la educación media superior, que comprende el bachillerato, los demás niveles equivalentes a éste, así como la educación profesional que no requiere bachillerato o sus equivalentes.; y la educación superior, que incluye los grados académicos de maestría y doctorado.

NOVENA.- Cabe señalar que, en términos comparativos, a diferencia de los dos tiposeducativos (básico y superior), la EMS históricamente ha tendido un perfil menos definido y se ha desarrollado de manera desorganizada. Así, a pesarde su masificación y de múltiples reformas a lo largo del siglo XX, hoy en día persisten problemas severos como la cobertura insuficiente, las altas tasas de deserción, la inequidad y el desafío que representa la calidad. En los últimos años la demanda por este nivel educativo se ha multiplicado exponencialmente, debido, por un lado, a la universalización de la educación básica en la segunda mitad del siglo XX; y, por el otro, al aumento del número de jóvenes en la cohorte demográfica con edad para cursar la educación media superior. Con el cambio de siglo, además, la EMS se ha convertido en un incentivo muy importante dentro de la definición de la estructura de oportunidades, las opciones de movilidad social y las trayectorias de vida futuras para los jóvenes. Las transformaciones económicas, las cohortes de edad y la estructura del empleo en nuestro tiempo han provocado en los últimos años un amplio debate sobre la educación media superior y la necesidad de que este nivel educativo responda mejor a las demandas de formación para la vida y el trabajo de las nuevas generaciones.

DECIMA.- Según datos de la Secretaría de Educación Pública, la matrícula de educación media superior creció a una tasa media anual de 3.3% en el periodo 2001-2011. Durante el ciclo escolar 2011-2012 el número de alumnos matriculados a este nivel educativo fue de 4.3 millones de estudiantes en la modalidad escolarizada, lo que representa 146.1 miles de jóvenes más que en el periodo anterior, y 15.8% más que en 2006. El 60.4% (2,618.9 miles) de la matrícula cursó estudios de bachillerato general; el 30.7% (1,331.2 miles) bachillerato tecnológico, y el 8.9% (383.5 miles) de los alumnos estudió en escuelas de profesional técnico. La matrícula atendida en media superior representa al 12.4% del total del Sistema Educativo Nacional. En el presente ciclo escolar se alcanzó una cobertura de 69.3% de la población de 16 a 18 años de edad; este porcentaje es superior en 2.6 puntos porcentuales en relación al ciclo 2010-2011 (66.7%) y 9.6 puntos más que en el ciclo escolar 2006-2007 (59.7%).

DECIMA PRIMERA.- Asimismo, el Panorama de la Educación 2012, elaborado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) destaca que en México la tasa de graduación en la educación media superior aumentó en 14 puntos porcentuales entre los años 2000 y 2010, cifra superior al crecimiento promedio de 8 puntos porcentuales de los países miembros de la OCDE. El estudio indica que el porcentaje de los mexicanos que han cursado la educación media superior y superior casi se ha duplicado en las últimas cinco décadas. Pese a los avances, explica el organismo, persiste el reto de aumentar el porcentaje de estudiantes que concluyen la educación media superior, que en 2010 sólo alcanzo el 47%. El texto subraya que tanto la Reforma Integral de la Educación Media Superior, adoptada desde 2008, y la reciente obligatoriedad de este nivel educativo, serán imprescindibles para que más jóvenes de 15 a 19 años asistan y se gradúen del bachillerato.

DECIMA SEGUNDA.- Sobre la pertinencia del marco curricular, conforme los países avanzan en la universalización de la educación media, tienden a reducir la segmentación y fragmentación de los currículos. En un estudio del investigador Aarón Benavot2 se muestra que en la mayoría de las regiones ha decrecido el porcentaje de países que ofertan programas vocacionales, técnicos o tecnológicos. Y aunque muchas naciones siguen ofreciendo alternativas orientadas al trabajo, éstas han dejado de estar asociadas directamente con un oficio en particular y ahora incorporan elementos de educación general. La discusión no se centra más en cómo impartir la educación vocacional, sino en incorporar elementos vocacionales básicos en la educación general, de manera que ofrezca una formación relevante, independientemente del destino de los egresados.

DECIMA TERCERA.- En México, los servicios educativos del tipo medio superior se ofertan mediante una multiplicidad considerable de subsistemas y en su impartición participa una cantidad importante de instancias normativas e instituciones.

En principio, la estructura organizativa de la educación media superior tiene seis distintos tipos de control administrativo y presupuestal.3

Los bachilleratos que dependen del gobierno federal pueden ser centralizados o descentralizados. Los primeros concentran a 20.3% de la matrícula nacional de EMS, mientras que los segundos tan sólo a 3.8%. Los bachilleratos federales son mayoritariamente de tipo tecnológico, pero también pueden encontrarse los modelos de bachillerato general y profesional técnico.

Los bachilleratos que dependen financieramente de las entidades federativas también pueden ser centralizados o descentralizados. Juntos concentran la mayor parte de la matrícula, pues del total de jóvenes que se encuentran inscritos en alguna

Institución de EMS en el país, 42% estudia en bachilleratos de dependencia estatal.

Los bachilleratos autónomos pueden estar adscritos a la Universidad Nacional Autónoma de México o a las universidades públicas estatales. A nivel nacional, 12.2% de la matrícula de EMS se concentra en este tipo de bachillerato.

Los bachilleratos subsidiados tienen un financiamiento mixto (público y particular). El subsidio puede provenir de dos fuentes: de la SEP o de las entidades federativas. Estos bachilleratos concentran solamente a 2.5% de la matrícula nacional de EMS.

Los bachilleratos que dependen financieramente de instancias particulares concentran a 17.2% de los estudiantes de EMS en México.

TABLA 1. PORCENTAJE DE ESCUELAS Y MATRICULA DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR SEGUN EL TIPO DE CONTROL ADMINISTRATIVO (2009-2012)

Control administrativo (opciones)

Escuelas (%)

Matricula (%)

Centralizadas del gobierno federal

7.9

20.3

Descentralizadas del gobierno federal Privadas

0.8

3.8

Descentralizadas de las entidades federativas

19.9

27.5

Centralizadas de las entidades federativas

23.8

14.8

Autónomas

5.4

12.2

Subsidiados (financiamiento mixto)

3.4

2.5

Privadas

35.3

17.2

No especificado

4.1

1.7

Fuente: INEE, cálculos con base en las Estadísticas continuas del formato 911 (inicio del ciclo escolar 2009/2010)

Por su parte, el gobierno federal ofrece varias opciones educativas que pueden agruparse en tres categorías:

a) Centralizadas de la Subsecretaría de Educación Media Superior, a través de cuatro Direcciones Generales que guardan correspondencia con sectores productivos del país: de Educación Tecnológica Industrial (DGETI), de Educación Tecnológica Agropecuaria (DGETA), de Educación en Ciencia y Tecnología del Mar (DGECyTM), y de Bachillerato (DGB).

b) Desconcentradas de la SEP, mediante el Instituto Nacional de Bellas Artes (INBA) y el Instituto Politécnico Nacional (IPN), y

c) Centralizadas de otras Secretarías u organismos federales, como la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la Procuraduría General de la República (PGR), y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE).

La siguiente tabla muestra la cantidad y pluralidad de instituciones que, bajo los controles administrativos mencionados, participa ofertando educación media superior. Aunque los datos corresponden al inicio del ciclo escolar 2009-2010, éstos permiten mostrar la distribución de escuelas y alumnos entre las distintas opciones. Por lo que se refiere a la duración de los programas, la mayoría de los planes de estudio se cursan en tres años, pero también los hay de dos años -como los bachilleratos de las Universidades Autónomas de Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí y Tamaulipas- y de cuatro, como algunos bachilleratos de arte. Los planes se organizan por cuatrimestres, semestres o años.4

TABLA 2. NUMERO DE ESCUELAS Y ALUMNOS EN LAS DISTINTAS OPCIONES DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR, SEGUN CONTROL ADMINISTRATIVO, 2009-2010

Control administrativo

Opciones

Escuelas (%)

Matrícula (%)

Centralizadas del gobierno federal

Centros de Estudios Tecnológicos

Industriales y de Servicios (CETIS)

306

222 376

Centros de Bachillerato Tecnológico y

de Servicios (CBTIS)

413

352 919

Centros de Bachillerato Tecnológico

Agropecuario (CBTA)

207

134 223

Centros de Bachillerato Tecnológico

Forestal (CBTF)

6

3 765

Centros de Estudios Tecnológicos del

Mar (Cetmar)

35

23 157

Centro de Estudios Tecnológicos de

Aguas Continentales (CETAC)

2

1 544

Centro de Estudios de Bachillerato

(CEB)

47

23 142

Colegio de Estudios Tecnológicos

(CET)

2

2 387

Centro de Estudios Científicos y

Tecnológicos (CECyT)

30

51 951

Instituto Nacional de Bellas Artes

(INBA)

23

3 048

 

Bachilleratos de la Sedena, Semar,

Sagarpa, PGR, ISSSTE

10

1 709

Preparatoria Federal Lázaro Cárdenas

(Tijuana, BC)

1

4 512

   

Descentralizadas del gobierno federal

Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (Conalep) en DF y Oaxaca

66

50 423

CETI (Guadalajara, Jal.)

3

4 056

Colegio de Bachilleres

40

100 009

Descentralizadas de las entidades federativas

Colegios de Estudios Científicos y Tecnológicos (CECyTE)

586

240 526

Colegio de Bachilleres (Cobach)

1 246

585 239

Colegio Nacional de Educación de educación profesional (CONALEP)

427

233 873

Educación Media Superior a Distancia (EMSAD)

536

61 622

Telebachillerato

2

47

Bachillerato Intercultural

6

1 142

Otros programas de

los gobiernos estatales

126

13 057

Centralizadas de las entidades federativas

Telebachillerato

1 697

154 609

Educación Media Superior a Distancia (EMSAD)

209

20 590

Bachillerato Integral Comunitario

32

2 955

Centro de Estudios Tecnológicos

43

4 640

Institutos estatales de Bellas Artes

1

408 836

Otros programas de los gobiernos estatales

1 512

15 011

Centralizadas de las entidades federativas

Preparatorias del gobierno del Distrito Federal

17

15 011

Autónomas

Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH)

8

45 185

Escuela Nacional Preparatoria (ENP)

18

50 526

Bachilleratos de las universidades autónomas

776

412 099

Privadas

Institutos Estatales de Bellas Artes

5 499

719 066

Subsidiados

Preparatorias Federales por Cooperación

146

59 553

Preparatorias Federales por Cooperación

238

41 170

Telebachilleratos por Cooperación

111

5 602

TOTAL

 

14 427

4 054 709

Fuente: INEE, con base en las Estadísticas continúas del formato 911 (inicio del ciclo escolar 2009/2010), DGPP-SEP

Si bien parece que existensimilitudes entre las categorías y opciones administradas por el gobierno federal y las que ofrecen las entidades federativas, lo cierto es que cada institución tiene disposiciones normativas propias y opera, al menos, un plan de estudios distinto; además, no hay vínculos y comunicación entre instituciones. La falta de compatibilidad entre opciones y la no coordinación entre instancias constituyen rasgos característicos de este tipo educativo.

DECIMA CUARTA.-Si bien el debate en torno a la pertinencia de otorgarle mayor solidez institucional a la Educación Media Superior ha sido reiteradamente abordado, en 2007 arrancó el proceso de cambio estructural más reciente en este materia, con laconcurrencia de cuatro grupos de actores: las autoridades educativas estatales, las autoridades educativas de las instituciones de Educación Superior, representadas a través de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES), el Poder Legislativo, y las autoridades educativas federales. En el marco de este proceso fue consensuada la Reforma Integral de la Educación Media Superior (RIEMS), apegada a los principios ya promovidos por el Programa Sectorial 2007-2012, y cuyo propósito fundamental consistió en impulsar la creación del Sistema Nacional de Bachillerato en un marco dediversidad (Diario Oficial de la Federación, 29 de septiembre de 2008). Esta Reforma concilia la necesidad de dotar al nivel de una identidad, orden, articulación y pertinencia, con la de contar con diversidad de modalidades y subsistemas. Tal como entonces fue explicado por las autoridades, la Reforma no propone un bachillerato único, ni un plan de estudios homogéneo, sino un marco de organización común que promueva la existencia de distintos tipos de bachillerato en donde la diversidad permita a cada institución adecuarse a las características de su entorno, a la realidad de su contexto y a las necesidades e intereses de los jóvenes que atiende.

DECIMA QUINTA.- Sin embargo, los esfuerzos institucionales para lograr una mayor articulación entre los distintos subsistemas de la Educación Media Superior, requieren ahora de concretarse, por el hecho de que este tipo educativo adquirió una dimensión constitucional nueva, que obliga a establecer cuanto antes una plataforma normativa que siente las bases generales para la coordinación de los prestadores de servicios educativos de Educación Media Superior de los distintos órdenes de gobierno y, de resultar pertinente, de las instituciones a las que la ley confiere autonomía y de los particulares con reconocimiento de validez oficial de estudios y, al mismo tiempo, un diseño normativo que armonice la ley secundaria con la norma suprema en términos de la ampliación del derecho fundamental a la educación.

DECIMA SEXTA.- El proyecto de Decreto presentado por las dictaminadoras no pretende crear una plataforma curricular única aplicable a todas las instituciones de Educación Media Superior, sino un mecanismo que posibilite un marco curricular común que defina un perfil de egreso de quien concluye exitosamente este tipo educativo y que, de manera transversal, permee los sistemas de bachillerato tecnológico, bachillerato general y bachillerato profesional técnico, con pleno respeto a sus características, modalidades y localidad.

B) DEL CONTENIDO DEL PROYECTO DE DECRETO

PRIMERA.- Las reformas a la Ley General de Educación presentadas por los Senadores iniciantes establecen las adecuaciones para cumplir con el decreto que establece la obligatoriedad de la educación media superior, con el propósito de hacer efectivo el derecho constitucional a recibir la educación de este tipo educativo. En opinión de las dictaminadoras, estas reformas son necesarias para el fortalecimiento institucional y para imprimir un avance eficaz en la ampliación de la cobertura educativa. De manera complementaria se introducen dispositivos jurídicos sobre la creación de un sistema de bachillerato a nivel nacional, además de establecer, en el marco del federalismo educativo, las atribuciones que de manera exclusiva corresponderán a la Federación y las que de manera concurrente tendrán las autoridades educativas ─federal y locales─. Estas reformas también se requieren para dotar al tipo educativo de una identidad, orden, articulación y pertinencia.

SEGUNDA.- Las dictaminadoras comparten la opiniónde los iniciantes de reconocer con mayor énfasis el tipo educativo correspondiente a la educación media superior, sobre todo, como un servicio que presta el Estado en distintos formatos y bajo diferentes circunstancias. La necesidad de su regulación obedece al impacto que en el plazo inmediato tendrá la estructura de la población en demanda de servicios educativos en este nivel, por lo que optimizar la estructura en operación, tanto Federal como estatal, constituye un reto normativo que es necesario asumir.

TERCERA.- Con base en esta reflexión, los integrantes de las comisiones unidas de Educación y de Estudios Legislativos se pronuncian por establecer la plataforma normativa que le dé viabilidad a la reforma constitucional que establece la obligatoriedad de la EMS, con el propósito de incluir los enunciados normativos que posibiliten una regulación general que introduzca el reconocimiento del tipo educativo como un sistema que favorezca una base general de conocimientos comunes para todas las instituciones de educación media superior y, al mismo tiempo, reconozca la diversidad de realidades sociales y culturales a las que deben responder los perfiles de egreso específicos, como son el bachillerato general, la educación tecnológica y la profesional técnica, entre otros.

CUARTA.- En este sentido se considera que además de la inclusión del concepto de educación media superior en los artículos 3º, 4º, 9º, 65 y 66 de la Ley, es necesario incluir, en el artículo 12, una nueva fracción IX bis, para conferirle a la autoridad educativa federal la facultad de integrar y operar un sistema de educación media superior a nivel nacional que establezca un marco curricular común para este nivel, con respeto al federalismo educativo, la autonomía universitaria y la diversidad. Asimismo, como extensión de la propuesta del artículo 12, se propone facultar a la autoridad educativa local para que, en el ámbito de sus competencias, participe en la integración y operación de dicho sistema. Finalmente en el artículo 37 se propone adicionar un texto al segundo párrafo para señalar que el sistema de educación media superior se integrará en un marco de diversidad, de respeto al federalismo educativo y se articule par la mejora de la calidad educativa en este tipo.

QUINTA.- Cabe subrayar que el proyecto de las dictaminadoras, tal como lo estipula la iniciativa que da origen al mismo, define como principios esenciales del marco curricular común al federalismo, a la autonomía universitaria y a la diversidad educativa, porque ese es precisamente el ambiente en el que han crecido los distintos subsistema de la Educación Media Superior: atendiendo necesidades locales, como servicio que prestan diferentes instituciones universitarias que gozan de autonomía y, en general, por la gran diversidad de opciones educativas bajo las que se fue cubriendo la demanda a nivel nacional.

Con base en los elementos expuestos, los integrantes de las comisiones unidas de Educación, y de Estudios Legislativos que suscriben el presente Dictamen, con las atribuciones que les otorgan los artículos 86 y 94 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 113, 117, 135, 150, 177, 178, 182 y 190 del Reglamento del Senado de la República, someten a consideración de esta H. Soberanía el siguiente:

“PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA LOS ARTICULOS 3°, 4°, 9º, 37, 65 Y 66; Y ADICIONA LOS ARTICULO 12 Y 13 DE LA LEY GENERAL DE EDUCACION

ARTICULO UNICO.-Se reforman los artículos 3º, 4º, 9º, 37, 65 y 66 de la Ley General de Educación; y se adicionan la fracción IX bis al artículo 12, y la fracción VI bis al artículo 13, todosde la Ley General de Educación, para quedar como sigue:

Artículo 3o.- El Estado está obligado a prestar servicios educativos para que toda la población pueda cursar la educación preescolar, la primaria, la secundariay la media superior. Estos servicios se prestarán en el marco del federalismo y la concurrencia previstos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y conforme a la distribución de la función social educativa establecida en la presente Ley.

Artículo 4o.-

Es obligación de los mexicanos hacer que sus hijas, hijos o pupilos menores de edad cursen la educación preescolar, la primaria, la secundaria y la media superior.

Artículo 9o.-Además de impartir la educación preescolar, la primaria, la secundaria y la media superior, el Estadopromoverá y atenderá -directamente, mediante sus organismos descentralizados, a través de apoyosfinancieros, o bien, por cualquier otro medio- todos los tipos y modalidades educativos, incluida laeducación inicial, especial y superior, necesarios para el desarrollo de la Nación, apoyarála investigación científica y tecnológica, y alentará el fortalecimiento y la difusión de la cultura nacional yuniversal.

Artículo 12.- Corresponden de manera exclusiva a la autoridad educativa federal las atribuciones siguientes:

I. a IX…

IX Bis.- Coordinar un sistema de educación media superior a nivel nacional que establezca un marco curricular común para este tipo educativo, con respeto al federalismo, la autonomía universitaria y la diversidad educativa;

X… a XIV…

Artículo 13.- Corresponden de manera exclusiva a las autoridades educativas locales, en sus respectivas competencias, las atribuciones siguientes:

I. a la VI…

VI Bis.- Participar en la integración y operación de un sistema nacional de educación media superior que establezca un marco curricular común para este tipo educativo, con respeto a la autonomía universitaria y la diversidad educativa;

VII. a IX.-…

Artículo 37.-

El tipo medio-superior comprende el nivel de bachillerato, los demás niveles equivalentes a éste, así como la educación profesional que no requiere bachillerato o sus equivalentes.Se organizará, bajo el principio de respeto a la diversidad, a través de un sistema que establezca un marco curricular común a nivel nacional y la revalidación y reconocimiento de estudios entre las opciones que ofrece este tipo educativo.

Artículo 65.- Son derechos de quienes ejercen la patria potestad o la tutela:

I.Obtener inscripción en escuelas públicas para que sus hijas, hijos o pupilos menores de edad, que satisfagan los requisitos aplicables, reciban la educación preescolar, la primaria, la secundaria y la media superior.

II.-…a VII.-…

Artículo 66.- Son obligaciones de quienes ejercen la patria potestad o la tutela:

I.- Hacer que sus hijas, hijos o pupilos menores de edad, reciban la educación preescolar, la primaria, la secundaria y la media superior;

II.- a V.- …

TRANSITORIOS

Primero.- El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo.- La obligatoriedad del Estado de garantizar la educación media superior se realizará conforme lo disponen los artículos segundo y tercero transitorios del Decreto por el que se declara reformado el párrafo primero; el inciso c) de la fracción II y la fracción V del artículo 3º, y la fracción I del artículo 31 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Tercero.- Se derogan todas las disposiciones que contravengan al presente Decreto.”

Salón de comisiones del Senado de la República, a 12 de diciembre de 2012.

COMISION DE EDUCACION

COMISION DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS”.

Debido a que el dictamen se encuentra publicado en la Gaceta del Senado de este día, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se omite su lectura.

- La C. Secretaria Merodio Reza: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se omite la lectura del dictamen. Quienes estén porque se omita, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se omita, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se omite la lectura, señor Presidente.

- El C. Presidente Sánchez Jiménez: En consecuencia, está a discusión en lo general.

Informo a la Asamblea que para la discusión en lo general de este dictamen, se han inscrito los siguientes Senadores: Benjamín Robles Montoya y Blanca Alcalá Ruiz.

En consecuencia, tiene el uso de la palabra el Senador Benjamín Robles Montoya, del grupo parlamentario del PRD.

- El C. Senador Angel Benjamín Robles Montoya: Gracias, señor Presidente.

Con el permiso del Presidente de la Mesa Directiva, de los más integrantes del Pleno y en ejercicio del derecho que me otorga la fracción VIII del artículo 199 del Reglamento del Senado, me permito abordar esta tribuna para razonar mi voto a favor de la aprobación del dictamen que se ha puesto a consideración de este Pleno parlamentario y mediante el cual se reforman y adicionan diversas disposiciones a la Ley General de Educación, en materia de la obligatoriedad de la educación media superior.

Como es de ustedes sabido, la reforma legislativa que en esta sesión se pretende aprobar, tiene su origen en la reforma constitucional del artículo 3o. publicado el pasado 9 de febrero de 2012 en el Diario Oficial de la Federación, por lo cual quedó establecido como derecho fundamental de todo mexicano el carácter obligatorio y, por ende, gratuito de la educación media superior, para que ningún joven en edad de cursar el bachillerato se quede sin la oportunidad de continuar sus estudios.

Este proceso de armonización legislativa que hoy se plasma en la ley, lo que la Constitución ya reconoce como derecho humano básico, reitera una vez más la idea de que el acceso a este tipo de educación constituye un piso necesario para revertir los efectos de pobreza, desigualdad, exclusión y marginación de muchas y muchos mexicanos que ante la falta de oportunidades para acceder al bachillerato se quedan en el rezago, emigran en busca del trabajo y mejores condiciones de vida; o peor aún, se suman a las filas de la delincuencia organizada, pues de acuerdo con la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, la CEPAL, quienes no concluyen la educación media superior quedan expuestos a un alto grado de vulnerabilidad social, reflejado en el bajo nivel de ingresos y en el alto grado de exclusión del desarrollo del que son objeto dentro de sus propias comunidades.

Es importante señalar que el pleno ejercicio de este derecho no se garantiza sólo asegurando la igualdad en las oportunidades de acceso al sistema educativo, su realización implica también el logro efectivo de la gratuidad para que los jóvenes que no tienen recursos puedan acceder a ella.

La importancia de este ciclo de estudios es indiscutible, porque de su calidad, suficiencia, oportunidad, pertinencia y, sobre todo, cobertura y prestación del servicio obligatorio por parte del Estado, depende la adecuada formación de las presentes y futuras generaciones de jóvenes que habrán de ingresar a la fuerza de trabajo, o continuarán educándose como profesionales y técnicos especializados para contribuir al desarrollo científico y tecnológico del país.

En los últimos años, la demanda por este nivel educativo se ha multiplicado exponencialmente, debido, por un lado, a la universalización de la educación básica en la segunda mitad del siglo XX y, por otro, al aumento del número de jóvenes en el índice demográfico con edad para cursar la educación media superior.

Con el cambio del siglo, además de la educación media superior, se ha convertido en un incentivo muy importante dentro de la definición de la estructura de oportunidades, las opciones de movilidad social y las trayectorias de vidas futuras para los jóvenes.

Según datos de la SEP, la matrícula de educación media superior creció a una tasa anual del 3.3 por ciento en el periodo 2010-2011.

Durante este ciclo escolar 2011-2012, el número de alumnos matriculados a este nivel educativo fue de 4.3 millones de estudiantes en la modalidad escolarizada, lo que representa 146 mil jóvenes atendidos más que en el periodo anterior.

Sin embargo, sigue siendo insuficiente si consideramos que la cobertura de este nivel educativo alcanza actualmente apenas el 69.3 por ciento de la población entre 16 y 18 años de edad.

Por otra parte, si consideramos que la finalidad esencial de la educación media superior es generar en el joven el desarrollo de una primera síntesis personal y social que le permita su acceso tanto a la educación superior como la comprensión de su sociedad y de su tiempo, así como su posible incorporación al trabajo productivo, podríamos entender por qué también en otros países del continente como Estados Unidos, Chile, Venezuela, Cuba, Brasil y Argentina, principalmente, se ha puesto énfasis en este nivel educativo como la verdadera columna vertebral del proceso formativo profesional en el sentido de que propicie en el bachiller la adopción de un sistema de valores propios, la participación crítica en la cultura de su tiempo, la adquisición de instrumentos metodológicos necesarios para su formación y su acceso al conocimiento científico, la consolidación de los distintos aspectos de su personalidad que permita desarrollar su capacidad de abstracción en términos de autoaprendizaje y su introducción a los aspectos aplicados a la ciencia en las instituciones que prevean la capacitación específica en el trabajo.

Compañeras y compañeros Senadores, el reto, sin embargo, seguirá quedando pendiente en esta importante reforma educativa, a hacer extensivo este derecho fundamental hasta la educación superior, pues es necesario enfatizar que el acceso gratuito a la educación superior y la obligatoriedad del Estado para garantizar este derecho representa, para muchos, la única oportunidad para que miles de jóvenes de escasos recursos de las zonas rurales y urbanas de nuestro país puedan acceder a un nivel de vida decoroso, distinto al que otros en similares condiciones no pudieron lograr y, sobre todo, representa una vía para defenderse de la injusticia social, la pobreza y la marginación en la que nos ha mantenido el poder económico neoliberal.

Estoy cierto, y con esto concluyo, señor Presidente, que la educación es y seguirá siendo el único camino verdadero de transformación social para recuperar el país seguro de justicia, de oportunidades que contribuya de forma más decisiva al desarrollo nacional, a partir de una formación profesional recibida en las instituciones educativas de nivel medio superior y superior gratuitas impulsadas por un Estado socialmente responsable.

Es cuanto, señor Presidente, muchas gracias por su tolerancia.

- El C. Presidente Sánchez Jiménez: Le agradezco, Senador Robles Montoya.

Se concede ahora el uso de la palabra a la Senadora Blanca Alcalá Ruiz, del grupo parlamentario del PRI, en pro del dictamen, hasta por cinco minutos.

- La C. Senadora Blanca María del Socorro Alcalá Ruiz: Gracias, señor Presidente; señoras y señores Senadores:

Quisiera primero reconocer al Presidente de la Comisión de Educación y al resto sus integrantes por haberme permitido impulsar esta iniciativa que sometemos a la aprobación de este Pleno.

Decirles que, sin duda, como aquí ya se ha señalado por quienes me han antecedido en el uso de la voz, se trata de un tema por demás importante.

Hablar de la educación, pero además hacerlo en relación con un sector de la población, como es el caso de los jóvenes, en donde definitivamente todas y todos necesitamos abordar y atender de manera puntual.

Sin duda, en este caso, algunos de los datos nos señalan que parte de la problemática que existe para la educación media superior en nuestro país, tiene que ver con que alrededor de 2 millones de jóvenes, entre los 16 y los 18 años de edad, hoy se encuentran fuera de la educación media superior.

En muchas de las ocasiones, resultado de la propia deserción escolar en la que a lo largo de la vida, sobre todo en la educación primaria, simplemente no concluyen la escuela.

En otras, derivado del costo de oportunidad en el que cientos y miles de jóvenes tienen que enfrentar para poder incorporarse al mercado informal laboral a edades tempranas.

En otras más, derivado también de la imposibilidad que tienen al poder incorporarse el propio sistema escolarizado.

Sin duda, también es importante reconocer los esfuerzos que a través de las distintas legislaturas se han venido realizando, sobre todo de manera reciente. En ello, destaco lo que implicó legislar para nuevamente asumir la responsabilidad del Estado mexicano para garantizar este nivel de educación entre los jóvenes mexicanos.

Sin embargo, compañeras y compañeros, me parece que todavía se necesita ir perfeccionando la norma.

Hoy por hoy encontramos que en el caso de la educación básica, a pesar de los esfuerzos locales que existen, éstos son dispersos, los planes y programas en los más de los 15 mil planteles pueden llegar a ser hasta 200 distintos, y en el momento en que un muchacho desea volver a incorporarse después de haberlo dejado, prácticamente resulta imposible.

Si bien es cierto que la norma programática autorizada por un lado prevé que hacia el 2022 puede, efectivamente, lograrse la cobertura total, necesitamos que a lo largo de estos años hagamos no solamente deseable, sino posible la propia incorporación que vayan teniendo en los distintos momentos y en las distintas regiones.

Por ello, la iniciativa que hoy ponemos a consideración de esta Soberanía y que aborda distintos artículos de la propia Ley General de Educación, los artículos 3o., 4o., 9o., 37, 65 y 67 buscan, primero, poder coordinar entre los distintos órdenes de gobierno, Federación y entidades federativas lo que implica la educación media superior.

Segundo, poder plantear un marco curricular común que permita, si bien es cierto, el respeto al federalismo, a la autonomía universitaria, a la diversidad educativa poder lograr un perfil del egresado de la educación media superior.

Y, por último, por supuesto lograr la integración y correspondencia entre todos los subsistemas que existen en nuestro país.

Atender a los jóvenes que cuando concluyan la educación media superior, estarán cumpliendo 18 años y habremos de tener entonces ciudadanos que puedan incorporarse al ejercicio pleno de los derechos en nuestro país.

Compañeras y compañeros Senadores, quiero simplemente distraer unos minutos de su atención los otros temas que, sin duda, son importantes en nuestra agenda legislativa, para pedir su voto a favor del dictamen que hoy está sometiendo la Comisión de Educación y, por supuesto, la Comisión de Estudios Legislativos, y que forma parte del esfuerzo que estoy segura, todas y cada uno de nosotros al recorrer los espacios de nuestras entidades en más de una ocasión nos encontramos con jóvenes que deseaban concluir el bachillerato, con escuelas que requerían ser atendidas y con el esfuerzo que demanda de todas y de todos para hacerlos una realidad.

Es cuanto señor Presidente, y confío en el voto mayoritario de esta Soberanía a la iniciativa que se presenta.

Muchas gracias.

(Aplausos)

- El C. Presidente Sánchez Jiménez: Muchas gracias, Senadora Alcalá Ruiz.

Se concede el uso de la tribuna al Senador Juan Carlos Romero Hicks, del grupo parlamentario del PAN, en pro del dictamen.

- El C. Senador Juan Carlos Romero Hicks: Con la venia de la Presidencia; distinguidos legisladores:

El 9 de febrero de este año se publicó en el Diario Oficial de la Federación la reforma constitucional que estableció las bases de la obligatoriedad de la educación media superior.

Los partidos políticos representados en el Congreso en la pasada legislatura, aprobaron de manera unánime que el Estado genere condiciones para que ningún joven en edad de cursar bachillerato se quede sin la oportunidad de continuar sus estudios, y más allá, debe ser una garantía para toda la población.

Corresponde entonces al Congreso de la Unión en ejercicio de sus facultades constitucionales establecer las adecuaciones necesarias y oportunas a la Ley General de Educación para trazar el andamiaje necesario y normativo para la operación de la educación media superior.

Esos ajustes a la iniciativa se han encausado y se han cristalizado. Lo que hoy presentamos a ustedes lo suscribió la Senadora Blanca Alcalá y la Comisión de Educación en el Pleno, y lo que estamos presentando a ustedes es un acuerdo unánime; unanimidad viene, etimológicamente, de ánima, de una sola alma y de una sola voluntad.

En los próximos años, dada la curva demográfica del país, el incremento principal se va a dar en la educación media superior y educación superior; porque en preescolar tenemos casi una atención de 87 por ciento, falta un año para llegar a 3 años completos y eso se resuelve muy pronto.

En educación primaria tenemos ya la garantía del 100 por ciento y en secundaria estamos al 97 por ciento.

Para cristalizar este acuerdo, y estamos hablando de la trayectoria de vidas y de jóvenes, se requiere la universalización de la educación básica y de la media superior.

¿Cuáles son las cifras que estamos enfrentando en los próximos años?

La matrícula de educación media superior ha crecido a una tasa media anual del 3.3 por ciento, en el periodo de 2010 a 2011 y en el ciclo escolar 2011-2012, el número de alumnos matriculados en este nivel fue de 4.3 millones de educandos en la modalidad escolarizada, lo que representa 146,100 jóvenes más que en el periodo anterior y 15.8 por ciento más que en 2006.

El 60.4 por ciento de la matrícula cursó estudios de bachillerato general, el 30.7 por ciento el bachillerato tecnológico y el 8.9 por ciento de alumnos estudió en escuelas de profesional técnico.

La matrícula atendida en media superior representa el 12.4 por ciento del total del sistema educativo nacional.

Es decir, 1 de cada 8 jóvenes está en media superior.

Actualmente estamos con una cobertura de cerca del 70 por ciento de la población para los jóvenes de 16 a 18 años de edad, y este punto hay que irlo atendiendo.

En evaluaciones externas de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, la OCDE, se ha destacado el gran esfuerzo del Estado mexicano para que la fuerza de graduación en media superior se haya incrementado en 14 puntos porcentajes de los años de 2000 a 2010.

Sin embargo, queda mucho por hacer, por eso lo que queremos nosotros hacer es la atención a este nivel en los próximos años.

Y cabe señalar que los restos que tenemos que construir, tienen que ver particularmente con cuatro aspectos, tenemos en este país poco más de 200 planes de estudios diferentes de bachillerato, 200 planes de estudio, tenemos que construir un sistema nacional de bachillerato que logre, primero, la integridad de una institución; segundo, que tenga un mejor orden; tercero, que articule mejor las cosas y, por último, que le dé un sentido de pertinencia.

El Constituyente estableció seis meses, que vencieron el 9 de agosto, para que en 180 días se legislara la parte secundaria y ya cuando entramos acá al Senado la teníamos pendiente.

Hoy lo que haríamos sería actualizar la obligación, ¿qué lograríamos? Articulación, identidad, un sistema de bachillerato extenso en lo nacional; y quiero aprovechar para agradecer a toda la Comisión de Educación y a los que hicieron el día de hoy esto posible, estaremos cumpliendo en la parte secundaria, ahora vendría toda la planeación de la cobertura, la calidad, la equidad y la pertinencia para que la población tenga el disfrute de esta obligación del Estado mexicano de garantizar educación preparatoria.

Es cuanto.

- El C. Presidente Sánchez Jiménez: Muchas gracias, Senador Romero Hicks.

Se concede el uso de la palabra al Senador Gerardo Flores Ramírez, del grupo parlamentario del PVEM.

- El C. Senador Juan Gerardo Flores Ramírez: Con su venia, señor Presidente.

El dictamen que sometemos a consideración de esta Asamblea, refleja el consenso y compromiso de todos los grupos parlamentarios, pues se trata de una iniciativa presentada por los integrantes de la Comisión de Educación en cumplimiento del plazo constitucional previsto en la reforma del 9 de febrero de este mismo año, mediante la cual se estableció la obligatoriedad constitucional de la educación media superior, evento al que el Presidente de la Comisión de Educación, el Senador Romero Hicks, ya hizo referencia en esta tribuna.

Los miembros de esta comisión hemos trabajado con compromiso y responsabilidad para mejorar el sistema educativo nacional, impulsando reformas de gran calado como la que hoy se somete a votación, con la finalidad de promover acciones positivas y afirmativas a favor de los jóvenes que se encuentran en este nivel educativo.

La iniciativa tiene por objeto establecer la obligación del Estado a impartir educación de tipo media superior.

Asimismo, señala que es responsabilidad de las autoridades educativas coordinar, integrar y operar un sistema de bachillerato a nivel nacional que establezca un marco curricular común para dicho nivel educativo con respeto al federalismo, la autonomía universitaria y la diversidad educativa.

Es claro que nuestro trabajo no ha concluido, el tema educativo aún tiene grandes desafíos qué atender. Por ello, el Partido Verde, conciente del compromiso y responsabilidad que representa el desafío de la transformación educativa, reitera con esta propuesta su compromiso para colaborar y ayudar a que avance en las medidas necesarias para enfrentar con mayor eficacia los problemas de deserción educativa en el nivel medio superior y especialmente para aquellos jóvenes que no han tenido la oportunidad de incorporarse a este nivel.

No podemos obviar lo alarmante que resulta aceptar que aproximadamente 200 mil jóvenes se encuentran fuera del sistema educativo nacional.

Tampoco podemos obviar las limitaciones de la oferta educativa para los jóvenes de entre 16 y 18 años, el rezago de la cobertura y la baja calidad de los resultados de la prueba PISA.

Estos aspectos confirman y evidencian que la situación de los jóvenes que no están incorporados al sistema escolar es todavía más crítica, respecto a las habilidades y competencias para la vida y el trabajo que logran desarrollar y, por tanto, la necesidad de contar con una educación de calidad para revertir los índices de pobreza, pues los alumnos que no cursan ese nivel quedan expuestos a un alto grado de vulnerabilidad social, ya que sus ingresos laborales tenderán a ser bajos y tendrán un elevado riesgo de transformarse en personas excluidas del desarrollo.

Esto pone en evidencia lo cuestionable que son los indicadores educativos en el nivel educativo que hoy nos ocupa, especialmente en términos de deserción y rezago, lo que hace necesario que el Estado genere las condiciones para que ningún joven en edad de cursar el bachillerato se quede sin oportunidad de continuar sus estudios.

El esfuerzo de esta Cámara consiste en proveer al sistema educativo nacional de las herramientas necesarias y útiles para que los estudiantes de este nivel puedan ejercer plenamente su derecho humano a la educación, el cual no se limita únicamente a ofrecer un lugar en las aulas, sino a proveer una educación de calidad, que permita a los alumnos la adquisición de herramientas útiles para que en un futuro les permita incorporarse dignamente al mercado laboral y así mejorar notoriamente su calidad de vida.

A su vez, estos avances se verán reflejados en el crecimiento económico de México, pues con estas acciones también se impulsa la generación de capital humano que se traducirá en crecimiento en el largo plazo.

Por esta razón, las reformas en esta materia, así como sus respectivas asignaciones presupuestales no pueden verse como gasto, sino como inversión.

Finalmente, debemos recordar que nuestra tarea como legisladores consiste en trabajar por el bienestar de nuestro país, razón por la que impulsar el rubro educativo permite dar cumplimiento a las necesidades y demandas de la ciudadanía.

Por lo anteriormente expuesto, el grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México votará a favor de este dictamen que constituye el complemento de la reforma constitucional impulsada unánimemente por la legislatura pasada y que estamos seguros que la que hoy integramos votará en el mismo sentido aprobando que la armonización de la legislación haga efectiva en la práctica una reforma de gran calado como esta.

Es cuanto, señor Presidente.

- El C. Presidente Sánchez Jiménez: Muchas gracias, Senador Flores Ramírez.

Pregunto a la Asamblea si hay alguna reserva en algún artículo. En virtud de que no hay más oradores registrados ni artículos reservados para la discusión, ábrase el sistema electrónico de votación por cinco minutos para recoger la votación nominal en lo general y en lo particular del proyecto de Decreto. Háganse los avisos a los que se refiere el artículo 58 del Reglamento para informar de la votación.

“VOTACIÓN

SENADORES EN PRO: 91

A TRAVÉS DEL SISTEMA ELECTRÓNICO: 86

AISPURO TORRES JOSÉ ROSAS

ALBORES GLEASON ROBERTO ARMANDO

ALCALÁ RUIZ BLANCA

AMADOR GAXIOLA DANIEL

ARAUJO LARA ANGÉLICA

ÁVILA RUIZ DANIEL GABRIEL

AYALA ALMEIDA JOEL

BARRALES MAGDALENO ALEJANDRA

BARRERA TAPIA MARÍA ELENA

BARTLETT DÍAZ MANUEL

BURGOS GARCÍA ENRIQUE

BÚRQUEZ VALENZUELA FRANCISCO

CALDERÓN HINOJOSA LUISA MARÍA

CERVANTES ANDRADE RAÚL

CORDERO ARROYO ERNESTO

CUÉLLAR CISNEROS LORENA

CUEVAS BARRÓN GABRIELA

DE LA PEÑA GÓMEZ ANGÉLICA

DÍAZ LIZAMA ROSA ADRIANA

DOMÍNGUEZ SERVIÉN FRANCISCO

ENCINAS RODRÍGUEZ ALEJANDRO

ESCUDERO MORALES PABLO

FERNÁNDEZ AGUIRRE BRAULIO M.

FLORES ESCALERA HILDA ESTHELA

FLORES RAMÍREZ JUAN GERARDO

FLORES SÁNCHEZ MARGARITA

GÁNDARA CAMOU ERNESTO

GARCÍA CABEZA DE VACA FRANCISCO

GARZA GALVÁN SILVIA GUADALUPE

GASTÉLUM BAJO DIVA

GIL ZUARTH ROBERTO

GÓMEZ DEL CAMPO GURZA MARIANA

GÓMEZ GONZÁLEZ ARELY

GONZÁLEZ CANTO FÉLIX

GONZÁLEZ CUEVAS ISAÍAS

GONZÁLEZ MARTÍNEZ JORGE EMILIO

GRACIA GUZMÁN RAÚL

GUERRA CASTILLO MARCELA

HERMOSILLO Y CELADA VÍCTOR

HERNÁNDEZ LECONA LISBETH

HERRERA ALE JUANA LETICIA

HERRERA ANZALDO ANA LILIA

IRIZAR LÓPEZ AARÓN

JUÁREZ CISNEROS RENÉ

LAVALLE MAURY JORGE LUIS

LÓPEZ BRITO FRANCISCO S

LÓPEZ HDZ. ADÁN AUGUSTO

MARTÍNEZ MARTÍNEZ JOSÉ MARÍA

MAYANS CANABAL FERNANDO E.

MENDOZA DAVIS CARLOS

MENDOZA DÍAZ SONIA

MERODIO REZA LILIA GUADALUPE

NEYRA CHÁVEZ ARMANDO

ORIHUELA BÁRCENAS JOSÉ ASCENCIÓN

OROZCO SANDOVAL MARTÍN

ORTIZ DOMÍNGUEZ MAKI ESTHER

PADIERNA LUNA DOLORES

PALAFOX GUTIÉRREZ MARTHA

PEDRAZA CHÁVEZ ISIDRO

PEDROZA GAITÁN CÉSAR OCTAVIO

PENCHYNA GRUB DAVID

PINEDA GOCHI MA. DEL ROCÍO

POZOS LANZ RAÚL AARÓN

PRECIADO RODRÍGUEZ JORGE LUIS

PUENTE SALAS CARLOS ALBERTO

RAMÍREZ HERNÁNDEZ SOFÍO

ROBLEDO ABURTO ZOÉ

ROBLES MONTOYA BENJAMÍN

ROJAS HERNÁNDEZ LAURA

ROMERO CELIS MELY

ROMERO DESCHAMPS CARLOS

ROMERO HICKS JUAN CARLOS

ROMERO LAINAS ADOLFO

ROSAS GONZÁLEZ ÓSCAR ROMÁN

RUFFO APPEL ERNESTO

SALAZAR FERNÁNDEZ LUIS F

SALAZAR SOLORIO RABINDRANATH

SALINAS SADA NINFA

SÁNCHEZ JIMÉNEZ LUIS

SANSORES SAN ROMÁN LAYDA

TELLO CRISTERNA ALEJANDRO

TORRES PEIMBERT MARCELA

VEGA CASILLAS SALVADOR

YUNES LANDA HÉCTOR

YUNES ZORRILLA JOSÉ FRANCISCO

ZAMORA JIMÉNEZ ARTURO

FUERA DEL SISTEMA ELECTRÓNICO: 5

CORRAL JURADO JAVIER

LARIOS CÓRDOVA HÉCTOR

MAYANS CANABAL HUMBERTO

ROMO MEDINA MIGUEL

SALDAÑA PÉREZ LUCERO

SENADORES EN CONTRA: 0

SENADORES EN ABSTENCIÓN: 0”

- La C. Secretaria Díaz Lizama: Señor Presidente, conforme al registro en el sistema electrónico, se emitieron 91 votos en pro y cero en contra.

PRESIDENCIA DEL C. SENADOR
JOSE ROSAS AISPURO TORRES

- El C. Presidente José Rosas Aispuro Torres: En consecuencia, está aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 3o., 4o., 9o., 37, 65 y 66 y se adicionan la fracción IX Bis al artículo 12 y la fracción VI Bis al artículo 13 de la Ley General de Educación. Se remite a la Cámara de Diputados para los efectos del artículo 72 constitucional.

Ahora tenemos la segunda lectura y discusión de un dictamen de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Anticorrupción y Participación Ciudadana; de Gobernación; y de Estudios Legislativos, Primera, con el proyecto de Decreto que reforma y adiciona diversos artículos constitucionales, en materia de transparencia.


1 CEPAL (2010). Panorama social de América Latina. Santiago de Chile: Naciones Unidas-CEPAL . http://www.eclac.org/publicaciones/xml/9/41799/PSE-panoramasocial2010.pdf

2 Benavot, Aarón (2006). “La diversificación en la educación secundaria: Currículos escolares desde la perspectiva comparada,” Profesorado: Revista de currículum y formación del profesorado 10 (1): 1-29. http://www.ugr.es/~recfpro/Rev101.html

3 INEE (2011). “La Educación Media Superior en México. Informe 2010-2011”. México: INEE, pp. 28-33

4 Ídem.





 
PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA LOS ARTICULOS 6o., 73, 76, 78, 89, 105, 108, 110, 111, 116 Y 122 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.
(Dictamen de segunda lectura)

- Se le dispensa la segunda lectura y se aprueba el dictamen suscrito por las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Anticorrupción y Participación Ciudadana; de Gobernación; y de Estudios Legislativos, Primera. Para presentar el dictamen intervienen los CC. Senadores Raúl Cervantes Andrade, Pablo Escudero Morales, Raúl Gracia Guzmán y María Cristina Díaz Salazar.

Hacen el uso de la palabra los CC. Senadores Manuel Bartlett Díaz, Alejandro de Jesús Encinas Rodríguez, Laura Angélica Rojas Hernández, David Penchyna Grub, Angel Benjamín Robles Montoya, José María Martínez Martínez, Armando Ríos Piter, Javier Corral Jurado y Arturo Zamora Jiménez.

En la discusión en lo particular interviene el C. Senador Manuel Bartlett Díaz, quien presenta propuestas de modificación que no se admiten.

Se aprueba en lo general y en lo particular el proyecto de Decreto que reforma y adiciona los artículos 6o., 73, 76, 78, 89, 105, 108, 110, 111, 116 y 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se remite a la Cámara de Diputados.





 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTICULOS 3o., 4o., 7o. Y 46 DE LA LEY DE LA ECONOMIA SOCIAL Y SOLIDARIA, REGLAMENTARIA DEL PARRAFO SEPTIMO DEL ARTICULO 25 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN LO REFERENTE AL SECTOR SOCIAL DE LA ECONOMIA

(Dictamen de segunda lectura)

“COMISIONES UNIDAS DE FOMENTO ECONOMICO;
Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, SEGUNDA

“H. ASAMBLEA:

A las Comisiones Unidas de Fomento Económico; y de Estudios Legislativos, Segunda, les fue turnada para su estudio y dictamen la Iniciativa:

1. De la Senadora Diva Hadamira Gastélum Bajo, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, por el que se reforman los artículos 4º, fracción VI, 7º Y 46 de la Ley de la Economía Social y Solidaria.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; los artículos 86 y 94 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y los artículos 117, 135, 150, 178, 182, 183, 184, 186, 187, 188, 190, 191 y 192 del Reglamento del Senado de la República, las Comisiones dictaminadoras someten a la consideración de esta Honorable Asamblea, el siguiente dictamen de las Comisiones Unidas de Fomento Económico y, Estudios Legislativos, Segunda, con motivo de las reformas propuestas a la Ley de la Economía Social y Solidaria, reglamentaria del artículo 25 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en lo referente a al sector social de la economía.

I. ANTECEDENTES

Primero. En sesión ordinaria celebrada por el Pleno de la H. Cámara de Senadores el 23 de octubre del 2012, la Senadora Diva Hadamira Gastélum Bajo, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LVII Legislatura del Congreso de la Unión, presentó iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones a la Ley de la Economía Social y Solidaria, Reglamentaria del Artículo 25 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en lo referente al sector social de la economía.

Segundo. Con la misma fecha, la Mesa Directiva de la H. Cámara de Senadores de la LXII Legislatura, dispuso que la Iniciativa de mérito fuera turnada a las comisiones unidas de Fomento Económico y, de Estudios Legislativos, Segunda, para su estudio y dictamen correspondiente.

Tercero. En sesión extraordinaria, celebraba el, los CC. Senadores integrantes de estas Comisiones Unidas analizaron el contenido de la citada Iniciativa, expresaron sus observaciones y comentarios a la misma, con las que se elaboró el presente dictamen.

II. PROCEDIMIENTO DE TRABAJO Y METODOLOGIA

Las comisiones unidas de Fomento Económico y de Estudios Legislativos, Segunda, encargadas del análisis y dictamen de la iniciativa en comento, desarrollaron los trabajos correspondientes conforme al procedimiento que a continuación se describe:

En el apartado denominado “ANTECEDENTES”, se detalla el trámite de inicio del proceso legislativo, así como de la recepción y turno para el dictamen de la iniciativa.

En el apartado “CONTENIDO DE LA INICIATIVA”, se exponen los objetivos de la iniciativa, y un resumen de su contenido, motivos y alcances.

En las “CONSIDERACIONES”, los integrantes de las comisiones dictaminadoras expresan los razonamientos y argumentos por cada una de las adiciones planteadas, con base en los cuales se sustenta el sentido del presente dictamen.

III. CONTENIDO DE LA INICIATIVA

El proyecto de Decreto en dictamen tiene por objeto reformar los artículos 4º, fracción VI, 7º y 46º de la Ley de la Economía Social y Solidaria, Reglamentaria del Artículo 25 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en lo referente al sector social de la economía, publicada en Diario Oficial de la Federación el 23 de mayo del 2012.

EXPOSICION DE MOTIVOS

La Senadora Gastélum Bajo señala en la Iniciativa que los apoyos a la creación, el desarrollo y la consolidación de proyectos productivos, comerciales y de servicios que algunos programas gubernamentales otorgan a las mujeres, se distinguen por ser iniciativas individuales o de grupos sociales. Esto se debe a que las mujeres buscan proyectos que les permita generar recursos para ellas y sus familias, pero también que éstos se adecuen a sus necesidades de atender a los hijos, su educación y la salud, así como la atención de los quehaceres del hogar.

Refiere que las mujeres son responsables en la medida en que no se comprometen a solicitar recursos más allá de lo que pueden pagar y del tiempo que pueden invertir al negocio; asimismo, de que los negocios dirigidos por mujeres tienen un porcentaje más alto de permanencia, y que las ganancias que obtienen de los mismos lo utilizan para la educación y alimentación de sus hijos, padres, hermanos y esposos, situación que fortalece el núcleo familiar y el tejido social.

La autora de la Iniciativa expone que la orientación de la Ley de la Economía Social y Solidaria, Reglamentaria del Artículo 25 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en lo referente al sector social de la economía, discrimina negativamente a las mujeres y contraviene los instrumentos internacionales signados por México en materia de derechos humanos, inclusión económica de grupos vulnerables y combate a la pobreza, tales como: La Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (CEDAW); La Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer; así como Los Objetivos del Desarrollo del Milenio de la Organización de las Naciones Unidas.

En ese sentido, la promovente señala con base en datos proporcionados por la Dirección General de Planeación y Evaluación del Fondo Nacional de Apoyos para Empresas en Solidaridad (FONAES), que durante en los últimos años los apoyos para abrir o ampliar un negocio de mujeres, un total 11,135 se destinaron a personas físicas o grupos sociales y únicamente 475 a empresas, con lo cual se evidencia que este sector presenta el mayor número de iniciativas.

En lo que refiere a personas con discapacidad, señala que en su mayoría son solicitudes de proyectos individuales o de grupos sociales en los que se integra un familiar. Esto se debe a que por la falta de infraestructura de accesibilidad para discapacitados y falta de una cultura de entendimiento del lenguaje de señas, lo cual dificulta la organización y coordinación para la conformación de proyectos productivos y/o cooperativas, lo cual, además, coadyuva a que a este sector de la sociedad en situación de vulnerabilidad no tengan las mismas oportunidades para un desarrollo integral.

De acuerdo con el FONAES, se otorgaron 1,041 apoyos para abrir o ampliar un negocio de personas con discapacidad, en comparación con 39 que se otorgaron a empresas; cifras que confirman la necesidad de seguir apoyando a las cooperativas de este sector de la sociedad, que únicamente buscan una oportunidad para salir adelante.

Derivado de lo anterior, la Senadora Gastélum Bajo expresa la urgente necesidad de reformar los artículos 4º, 7 y 46 de la Ley de Economía Social y Solidaria, Reglamentaria del Artículo 25 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en lo referente al sector social de la economía, a efecto de que las mujeres en sus condiciones específicas de acción afirmativa y las personas con discapacidad, sean susceptibles de apoyos del Instituto Nacional de Economía Social, aun cuando se trate de iniciativas individuales o a través de la constitución de un grupo de trabajo.

Ante tales argumentos y con objeto de garantizar el acceso en igualdad de oportunidades a las mujeres y personas con discapacidad a los apoyos del Instituto, la senadora del Partido Revolucionario Institucional propone lo siguiente:

LEY VIGENTE

Artículo 4o. El Sector Social de la Economía estará integrado por las siguientes formas de organización social:

I. Ejidos;

II. Comunidades;

III. Organizaciones de trabajadores;

IV. Sociedades Cooperativas;

V. Empresas que pertenezcan mayoritaria o exclusivamente a los trabajadores; y

VI. En general, de todas las formas de organización social para la producción, distribución y consumo de bienes y servicios socialmente necesarios.

Artículo 7o. Los Organismos del Sector legalmente constituidos podrán acogerse y disfrutar de los apoyos y estímulos que establece esta Ley, en estricta observancia de los valores, principios y prácticas señalados en los artículos 9, 10 y 11 de la misma.

Artículo 46. La Secretaría creará el Programa de Fomento a la Economía Social, cuyo objeto será atender iniciativas productivas del Sector mediante el apoyo a proyectos productivos, la constitución, desarrollo, consolidación y expansión de Organismos del Sector y la participación en esquemas de financiamiento social.

El Programa operará con recursos públicos asignados en el Presupuesto de Egresos de la Federación, así como los recursos derivados de los convenios que se establezcan con las Entidades Federativas y Municipios.

La operación del Programa se sujetará a las Reglas de Operación que al efecto emita la Secretaría.

LA INICIATIVA PROMOVIDA POR

LA SENADORA GASTELUM PREVÉ:

Artículo 4o. El Sector Social de la Economía estará integrado por las siguientes formas de organización social:

I. Ejidos;

II. Comunidades;

III. Organizaciones de trabajadores;

IV. Sociedades Cooperativas;

V. Empresas que pertenezcan mayoritaria o exclusivamente a los trabajadores; y

VI. Las mujeres y grupos vulnerables, en cualquier modalidad de organización que se adecue a sus necesidades específicas y;

VII. En general, de todas las formas de organización social para la producción, distribución y consumo de bienes y servicios socialmente necesarios.

Artículo 7o. Los Organismos del Sector legalmente constituidos podrán acogerse y disfrutar de los apoyos y estímulos que establece esta Ley, en estricta observancia de los valores, principios y prácticas señalados en los artículos 9, 10 y 11 de la misma, y como una acción afirmativa serán beneficiarios en los términos descritos en este artículo las iniciativas individuales o de grupos sociales presentadas por mujeres o grupos vulnerables de la población.

Artículo 46. La Secretaría creará el Programa de Fomento a la Economía Social, cuyo objeto será atender iniciativas productivas del Sector mediante el apoyo a proyectos productivos, la constitución, desarrollo, consolidación y expansión de Organismos del Sector y la participación en esquemas de financiamiento social. En tales apoyos deberán establecerse mecanismos que impulsen la participación de personas físicas y grupos sociales pertenecientes a grupos de mujeres y grupos vulnerables como personas con discapacidad, tales como personas con discapacidad, adultos mayores e indígenas.

El Programa operará con recursos públicos asignados en el Presupuesto de Egresos de la Federación, así como los recursos derivados de los convenios que se establezcan con las Entidades Federativas y Municipios.

La operación del Programa se sujetará a las Reglas de Operación que al efecto emita la Secretaría.

IV. CONSIDERACIONES DE LAS COMISIONES DICTAMINADORAS

Los integrantes de las Comisiones Unidas de Fomento Económico y, Estudios Legislativos, Segunda, consideramos, al igual que la Senadora promovente, que el Instituto Nacional de Economía Solidaria debe garantizar claramente, el acceso y la igualdad de oportunidades en la obtención de los apoyos contemplados en esta Ley, a las mujeres y grupos vulnerables, a efecto de que logren su autosuficiencia e integración a las actividades productivas; sin embargo, tal ajuste demanda precisarlo no sólo en el artículo 4º, sino también en el artículo 3º, el cual prevé lo que se entiende por Sector Social de la Economía.

De esta manera, para los artículos 3º y 4º se formula la siguiente propuesta de reformas:

Artículo 3º. El Sector Social de la Economía es el sector de la economía a que hace mención el párrafo primero y séptimo del Artículo 25 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual se integra por los individuos y el conjunto de organizaciones sociales en los términos que establece la presente Ley.

Artículo 4º. El Sector Social de la Economía estará integrado por los individuos y las siguientes formas de organización social:

I. Ejidos;

II. Comunidades;

III. Organizaciones de trabajadores;

IV. Sociedades Cooperativas;

V. Empresas que pertenezcan mayoritaria o exclusivamente a los trabajadores; y

VI. En general, todas las formas de organización social para la producción, distribución y consumo de bienes y servicios socialmente necesarios; así como todos los individuos provenientes de grupos vulnerables previstos en la Ley de Asistencia Social, la Ley General de Desarrollo Social, y la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, entre otras normas.

Con esta consideración, se estima que no sería necesario agregar una fracción VII al artículo 4º que nos ocupa, como lo propone la Senadora Diva Hadamira Gastélum Bajo.

Por lo que toca a la propuesta de reforma a los artículos 7º y 46º de la Ley de la Economía Social y Solidaria, de acuerdo con lo antes expuesto se propone lo siguiente:

Artículo 7o. Los individuos a que se refiere el artículo 4º de esta Ley, y Organismos del Sector legalmente constituidos podrán acogerse y disfrutar de los apoyos y estímulos que establece esta Ley, en estricta observancia de los valores, principios y prácticas señalados en los artículos 9, 10 y 11 de la misma.

Artículo 46. La Secretaría creará el Programa de Fomento a la Economía Social, cuyo objeto será atender iniciativas productivas del Sector mediante el apoyo a proyectos productivos, la constitución, desarrollo, consolidación y expansión de los individuos a que se refiere el artículo 4º de esta Ley, y Organismos del Sector legalmente constituidos y la participación en esquemas de financiamiento social.

El Programa operará con recursos públicos asignados en el Presupuesto …

En virtud de todo lo expuesto, los Senadores integrantes de las Comisiones Unidas de Fomento Económico y, de Estudios Legislativos, Segunda, que suscriben el presente Dictamen, con las atribuciones que les otorgan la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y el Reglamento del Senado, someten a consideración de esta Honorable Soberanía el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO

Unico. Se reforman los artículos 3º, 4º, Fracción VI, 7º y 46 de la Ley de la Economía Social y Solidaria, Reglamentaria del Artículo 25 de la Constitución Política de los estados Unidos Mexicanos, en lo referente al sector social de la economía, para quedar como sigue:

Artículo 3º. El Sector Social de la Economía es el sector de la economía a que hace mención el párrafo primero y séptimo del Artículo 25 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual se integra por los individuos y el conjunto de organizaciones sociales en los términos que establece la presente Ley.

Artículo 4º. El Sector Social de la Economía estará integrado por los individuos y las siguientes formas de organización social:

I. Ejidos;

II. Comunidades;

III. Organizaciones de trabajadores;

IV. Sociedades Cooperativas;

V. Empresas que pertenezcan mayoritaria o exclusivamente a los trabajadores; y

VI. En general, todas las formas de organización social para la producción, distribución y consumo de bienes y servicios socialmente necesarios; así como todos los individuos provenientes de grupos vulnerables previstos en la Ley de Asistencia Social, la Ley General de Desarrollo Social, y la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, entre otras normas.

Artículo 7o. Los individuos a que se refiere el artículo 4º de esta Ley, y Organismos del Sector legalmente constituidos podrán acogerse y disfrutar de los apoyos y estímulos que establece esta Ley, en estricta observancia de los valores, principios y prácticas señalados en los artículos 9, 10 y 11 de la misma.

Artículo 46. La Secretaría creará el Programa de Fomento a la Economía Social, cuyo objeto será atender iniciativas productivas del Sector mediante el apoyo a proyectos productivos, la constitución, desarrollo, consolidación y expansión de los individuos a que se refiere el artículo 4º de esta Ley, y Organismos del Sector legalmente constituidos y la participación en esquemas de financiamiento social.

El Programa operará con recursos públicos asignados en el Presupuesto de Egresos de la Federación, así como los recursos derivados de los convenios que se establezcan con las Entidades Federativas y Municipios.

La operación del Programa se sujetará a las Reglas de Operación que al efecto emita la Secretaría.

TRANSITORIO

UNICO. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el salón de Sesiones del Senado de la República, a 20 de diciembre de 2012.

COMISION DE FOMENTO ECONOMICO

COMISION DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, SEGUNDA”.

Debido a que el dictamen se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria de este día, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se omite su lectura.

- La C. Secretaria Díaz Lizama: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se omite la lectura del dictamen. Quienes estén porque se omita, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se omita, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se omite la lectura, señor Presidente.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias. En consecuencia, está a discusión el dictamen. A nombre de la comisión, se le concede el uso de la palabra al Senador Ascención Orihuela Bárcenas, desde su escaño.

- El C. Senador José Ascención Orihuela Bárcenas: (Desde su escaño) Gracias, señor Presidente.

Solamente para agradecer a los integrantes de las Comisiones de Desarrollo Social; de Estudios Legislativos, Segunda; y de Fomento Económico, su apoyo y la participación en la aprobación de dos dictámenes, señor Presidente, éste y uno que fue iniciativa de la Senadora Diva Hadamira, y que agradecemos porque habrá de permitir a las organizaciones sociales, tener un tiempo adecuado para tener registro en esta nueva acción del gobierno federal.

Darles las gracias y pedir su voto, su apoyo a toda esta Asamblea.

Muchas gracias, señor Presidente.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, Senador Ascención Orihuela Bárcenas.

En virtud de que no hay más oradores registrados en este dictamen, pido que se abra el sistema electrónico de votación por tres minutos para recoger la votación nominal en lo general y en lo particular del proyecto de Decreto. Háganse los avisos a que se refiere el artículo 58 de nuestro Reglamento para informar de la votación emitida.

“VOTACIÓN

SENADORES EN PRO: 104

A TRAVÉS DEL SISTEMA ELECTRÓNICO: 104

AISPURO TORRES JOSÉ ROSAS

ALBORES GLEASON ROBERTO ARMANDO

ALCALÁ RUIZ BLANCA

ÁLVAREZ GARCÍA IVONNE LILIANA

ARAUJO LARA ANGÉLICA

ÁVILA RUIZ DANIEL GABRIEL

AYALA ALMEIDA JOEL

BARRERA TAPIA MARÍA ELENA

BARROSO AGRAMONT RICARDO

BARTLETT DÍAZ MANUEL

BERISTAIN NAVARRETE LUZ MARÍA

BLASQUEZ SALINAS MARCO A.

BURGOS GARCÍA ENRIQUE

BÚRQUEZ VALENZUELA FRANCISCO

CALDERÓN HINOJOSA LUISA MARÍA

CAMACHO SOLÍS MANUEL

CASILLAS ROMERO JESÚS

CAVAZOS LERMA MANUEL

CERVANTES ANDRADE RAÚL

CHICO HERRERA MIGUEL ÁNGEL

CORDERO ARROYO ERNESTO

CORRAL JURADO JAVIER

CUÉLLAR CISNEROS LORENA

CUEVAS BARRÓN GABRIELA

DÁVILA FERNÁNDEZ ADRIANA

DE LA PEÑA GÓMEZ ANGÉLICA

DELGADO CARRILLO MARIO

DÍAZ LIZAMA ROSA ADRIANA

DÍAZ SALAZAR MARÍA CRISTINA

DOMÍNGUEZ SERVIÉN FRANCISCO

ENCINAS RODRÍGUEZ ALEJANDRO

ESCUDERO MORALES PABLO

FAYAD MENESES OMAR

FERNÁNDEZ AGUIRRE BRAULIO M.

FLORES ESCALERA HILDA ESTHELA

FLORES RAMÍREZ JUAN GERARDO

FLORES SÁNCHEZ MARGARITA

GÁNDARA CAMOU ERNESTO

GARCÍA CABEZA DE VACA FRANCISCO

GARZA GALVÁN SILVIA GUADALUPE

GIL ZUARTH ROBERTO

GÓMEZ DEL CAMPO GURZA MARIANA

GÓMEZ GONZÁLEZ ARELY

GONZÁLEZ CANTO FÉLIX

GONZÁLEZ CUEVAS ISAÍAS

GONZÁLEZ MARTÍNEZ JORGE EMILIO

GRACIA GUZMÁN RAÚL

GUERRA CASTILLO MARCELA

HERMOSILLO Y CELADA VÍCTOR

HERNÁNDEZ LECONA LISBETH

HERRERA ALE JUANA LETICIA

HERRERA ANZALDO ANA LILIA

IRIZAR LÓPEZ AARÓN

LARIOS CÓRDOVA HÉCTOR

LAVALLE MAURY JORGE LUIS

LÓPEZ BRITO FRANCISCO S

LÓPEZ HDZ. ADÁN AUGUSTO

MARTÍNEZ GARCÍA PATRICIO

MARTÍNEZ MARTÍNEZ JOSÉ MARÍA

MAYANS CANABAL FERNANDO E.

MAYANS CANABAL HUMBERTO

MENDOZA DAVIS CARLOS

MENDOZA DÍAZ SONIA

MENDOZA MENDOZA IRIS VIANEY

MERODIO REZA LILIA GUADALUPE

NEYRA CHÁVEZ ARMANDO

ORIHUELA BÁRCENAS JOSÉ ASCENCIÓN

OROZCO SANDOVAL MARTÍN

ORTEGA MARTÍNEZ MARÍA DEL PILAR

ORTIZ DOMÍNGUEZ MAKI ESTHER

ORTIZ GONZÁLEZ GRACIELA

PALAFOX GUTIÉRREZ MARTHA

PEDROZA GAITÁN CÉSAR OCTAVIO

PENCHYNA GRUB DAVID

PINEDA GOCHI MA. DEL ROCÍO

POZOS LANZ RAÚL AARÓN

PRECIADO RODRÍGUEZ JORGE LUIS

PUENTE SALAS CARLOS ALBERTO

RÍOS DE LA MORA ITZEL SARAHÍ

RÍOS PITER ARMANDO

ROBLEDO ABURTO ZOÉ

ROBLES MONTOYA BENJAMÍN

ROJAS HERNÁNDEZ LAURA

ROMERO CELIS MELY

ROMERO DESCHAMPS CARLOS

ROMERO HICKS JUAN CARLOS

ROMERO LAINAS ADOLFO

ROMO MEDINA MIGUEL

ROSAS GONZÁLEZ ÓSCAR ROMÁN

RUFFO APPEL ERNESTO

SALAZAR FERNÁNDEZ LUIS F

SALAZAR SOLORIO RABINDRANATH

SALDAÑA PÉREZ LUCERO

SÁNCHEZ JIMÉNEZ LUIS

SANSORES SAN ROMÁN LAYDA

TELLO CRISTERNA ALEJANDRO

TORRES CORZO TEÓFILO

TORRES GRACIANO FERNANDO

TORRES PEIMBERT MARCELA

VEGA CASILLAS SALVADOR

YUNES LANDA HÉCTOR

YUNES MÁRQUEZ FERNANDO

YUNES ZORRILLA JOSÉ FRANCISCO

ZAMORA JIMÉNEZ ARTURO

SENADORES EN CONTRA: 0

SENADORES EN ABSTENCIÓN: 0”

- La C. Secretaria Merodio Reza: Señor Presidente, conforme al registro en el sistema electrónico, se emitieron104 votos favor, cero en contra y cero abstenciones.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, señora Secretaria. En consecuencia, queda aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de Decreto por el que se reforman lo artículos 3o., 4o., 7o. y 46 de la Ley de Economía Social y Solidaria, Reglamentaria del párrafo séptimo del artículo 25 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en lo referente al Sector Social de la Economía. Remítase este Decreto a la Cámara de Diputados para los efectos del artículo 72 constitucional.

Pasamos a la segunda lectura de un dictamen de las Comisiones Unidas de Fomento Económico; de Desarrollo Social; y de Estudios Legislativos, Segunda, con proyecto de Decreto que reforma los Artículos Segundo, Tercero y Cuarto Transitorios de la Ley de Economía Social y Solidaria.





 

PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA LOS ARTICULOS SEGUNDO, TERCERO Y CUARTO TRANSITORIOS DE LA LEY DE LA ECONOMIA SOCIAL Y SOLIDARIA, REGLAMENTARIA DEL PARRAFO SEPTIMO DEL ARTICULO 25 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN LO REFERENTE AL SECTOR SOCIAL DE LA ECONOMIA

(Dictamen de segunda lectura)

“COMISIONES UNIDAS DE FOMENTO ECONOMICO;
DE DESARROLLO SOCIAL;
Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, SEGUNDA

“H. ASAMBLEA:

A las Comisiones Unidas de Fomento Económico; de Desarrollo Social; y de Estudios Legislativos, Segunda, les fue turnada para su estudio y dictamen la Iniciativa:

1. De los Senadores José Ascención Orihuela Bárcenas, Teófilo Torres Corzo, y de la Senadora Marcela Guerra Castillo, integrantes del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional; el Senador Ángel Benjamín Robles Montoya, integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática; y el Senador Fernando Herrera Avila, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, por el que se reforman los Artículos Segundo, Tercero y Cuarto Transitorios de la Ley de la Economía Social y Solidaria.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; los artículos 86 y 94 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y los artículos 117, 135, 150, 178, 182, 183, 184, 186, 187, 188, 190, 191 y 192 del Reglamento del Senado de la República, las Comisiones dictaminadoras someten a la consideración de esta Honorable Asamblea, el siguiente Dictamen de las Comisiones Unidas de Fomento Económico, de Desarrollo Social y, de Estudios Legislativos, Segunda, con motivo de las reformas propuestas a la Ley de la Economía Social y Solidaria, reglamentaria del artículo 25 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en lo referente a al sector social de la economía.

I. ANTECEDENTES

Primero. Con fecha 06 de noviembre de 2012, los senadores José Ascención Orihuela Bárcenas, Fernando Herrera Avila, Angel Benjamín Robles Montoya, Marcela Guerra Castillo y Teófilo Torres Corzo, presentaron Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforma los artículos Segundo, Tercero y Cuarto Transitorios de la Ley de la Economía Social y Solidaria, Reglamentaria del Artículo 25 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en lo referente al sector social de la economía.

Segundo. Con la misma fecha, la Mesa Directiva de la H. Cámara de Senadores de la LXII Legislatura, dispuso que la Iniciativa de mérito fuera turnada a las comisiones unidas de Fomento Económico, de Desarrollo Social y, de Estudios Legislativos, Segunda, para su análisis y dictamen correspondiente.

Tercero. En sesión extraordinaria, los CC. Senadores integrantes de estas comisiones unidas analizaron el contenido de la citada Iniciativa, expresaron sus observaciones y comentarios a la misma, con las que se elaboró el presente dictamen.

II. PROCEDIMIENTO DE TRABAJO Y METODOLOGIA

Las Comisiones Unidas de Fomento Económico; de Desarrollo Social; y de Estudios Legislativos, Segunda, encargadas del análisis y dictamen de la Iniciativa en comento, desarrollaron los trabajos evaluación de la propuesta conforme al procedimiento que a continuación se describe:

En el apartado denominado “ANTECEDENTES”, se detalla el trámite de inicio del proceso legislativo, así como de la recepción y turno para el dictamen de la iniciativa.

En el apartado “CONTENIDO DE LA INICIATIVA”, se exponen los objetivos de la iniciativa y un resumen de su contenido, motivos y alcances.

En el apartado de las “CONSIDERACIONES”, los integrantes de las comisiones dictaminadoras expresan los razonamientos y argumentos para cada una de las adiciones planteadas, con base en los cuales se sustenta el sentido del presente dictamen.

III. CONTENIDO DE LA INICIATIVA

El proyecto de Decreto en dictamen tiene por objeto modificar los artículos Segundo, Tercero y Cuarto Transitorios de la Ley de la Economía Social y Solidaria, Reglamentaria del Artículo 25 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en lo referente al sector social de la economía, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 23 de mayo de 2012, con la finalidad de prorrogar hasta el 23 de noviembre del 2013, algunas disposiciones establecidas en los Artículos Segundo, Tercero y Cuarto Transitorios de la Ley, relacionadas con el Instituto Nacional de la Economía Solidaria, cuya constitución como órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Economía, determino la propia Ley, y con el Registro Nacional de los Organismo del Sector.

EXPOSICION DE MOTIVOS

Los senadores señalan en la Iniciativa que la Ley de la Economía Social y Solidaria, prevé la creación del Instituto Nacional de la Economía Social cuyo objeto es instrumentar políticas públicas de fomento al sector social de la economía, con el fin de fortalecer y consolidar al sector como uno de los pilares de desarrollo económico del país, a través de la participación, capacitación, investigación, difusión y apoyo a proyectos productivos del sector.

Entre las funciones conferidas al Instituto se encuentran la de promover y apoyar la creación de Organismos del Sector y Organismos de Integración que constituyan y operen conforme a las Leyes que regulan sus materias específicas,así como establecer y mantener actualizado el Registro Nacional de los Organismos del Sector y propiciar condiciones favorables para el crecimiento y consolidación del mismo, mediante el establecimiento del Programa de Fomento a la Economía Social.

El Registro es el instrumento público encargado de la sistematización de la información, y aquellos Organismos del Sector y Organismos de Integración que deseen acogerse a los beneficios y prerrogativas de los programas a que se refiere la Ley, además de conformarse deberán solicitar su inscripción ante el Registro, conforme a las disposiciones marcadas en el Reglamento que al efecto se emita. Para tal fin, el Instituto será el responsable de integrar la información del Registro de manera económica, electrónica y simplificada, así como de su resguardo y actualización.

El tercero transitorio, primer párrafo, de la referida Ley, señala que el Instituto deberá quedar constituido, instalado y reglamentado en un plazo no mayor a ciento ochenta días naturales posteriores a la entrada en vigor de la Ley; asumiendo las funciones e integrándose con los recursos financieros, materiales y humanos que actualmente están asignados a la Coordinación General del Programa Nacional de Apoyo para las Empresas de Solidaridad (FONAES).

Para llevar a cabo la debida operación del Registro, se requiere desarrollar una aplicación informática, capacitar a los operadores del mismo, emitir los lineamientos del propio Registro, así como alimentar la base de datos con la información de las inscripciones, entre otras acciones; las cuales requieren mayor tiempo al estipulado en la Ley, por lo que es necesario extender el plazo lograr la implementación e inscripción al citado Registro.

Por todo lo anterior, es necesario reformar el primer párrafo del segundo transitorio de la Ley que otorga seis meses para la realización convocatorias, asambleas y Congreso constituyente del Sector; eventos cuya realización se propone ampliar con el objeto de que se lleven a cabo con pleno respeto a lo establecido por la Ley.

La ampliación del plazo referido permitiría que el Instituto ya se encuentre debidamente instalado, y por lo mismo, éste podría realizar dichos eventos, en lugar de las “delegaciones estatales” de la Secretaría de Economía, como se menciona actualmente en la Ley.

Asimismo, es necesario reformar el tercero transitorio, párrafo cuarto, de la Ley, para que se continúe aplicando el Acuerdo de Organización y Funcionamiento Interno FONAES, en tanto se modifica el Reglamento Interior de la Secretaría de Economía; pero como el Instituto contará con su propio Reglamento Interior, se agrega la referencia a este otro reglamento para evitar que se pudiera dejar sin efectos dicho Acuerdo cuando aún no estuviera completamente reglamentado el Instituto.

Finalmente, es necesario reformar el cuarto transitorio de la Ley el cual establece que las normas del Registro y del Programa deben expedirse en un plazo no mayor de ciento ochenta días naturales posteriores a su instalación. La propuesta sólo ampliará el plazo para expedir la normatividad del Registro, toda vez que como el proceso de Inscripción requiere de un tiempo adicional para que la mayor parte de los Organismos del Sector queden registrados, no sería adecuado exigirles este requisito en el año 2013, para proporcionarles los apoyos a que se refiere la Ley; facilitándoles así, registrarse durante todo 2013 para tener la posibilidad de acceder a los apoyos a partir del ejercicio fiscal 2014.

En congruencia con esto, se propone que las normas relativas al nuevo Programa se expidan durante el año 2013, como está previsto actualmente en la ley, pero que su vigencia inicie a partirdel ejercicio fiscal 2014; y por otra parte, con el objeto de no interrumpir el otorgamiento de apoyos al sector, se hace necesario prorrogar durante el ejercicio fiscal 2013 la vigencia del Acuerdo mediante el cual se dan a conocer las Reglas de Operación del Fondo Nacional de Apoyos para Empresas en Solidaridad (FONAES) para el ejercicio fiscal 2012, evitándose aplicar una doble normatividad en el mismo ejercicio fiscal.

LEY VIGENTE

TRANSITORIOS

SEGUNDO. La convocatoria y asuntos relativos a la celebración de las asambleas regionales de los Organismos del Sector, será efectuada por la Secretaría a través de sus delegaciones estatales en un plazo no mayor de seis meses después de la publicación de la presente Ley en el Diario Oficial de la Federación. Una vez realizadas las asambleas regionales, la Secretaría deberá convocar a la Instalación del Congreso Nacional.

TERCERO…

En tanto se modifique el Reglamento Interior de la Secretaria de Economía para la reglamentación del Instituto, se continuará aplicando el Reglamento vigente y Acuerdo que regula la organización y funcionamiento interno de la Coordinación General del Programa Nacional de Apoyo para las Empresas de Solidaridad, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de octubre de 2009, en lo que no se oponga a esta Ley; y, en lo no previsto, se estará a lo que resuelva la Secretaría.

CUARTO. Las normas que regulen al Registro y al Programa, respectivamente, deberán ser expedidas por la Secretaría en un plazo no mayor a ciento ochenta días naturales, posteriores a la fecha de su instalación.

LA INICIATIVA PROMOVIDA PREVE

TRANSITORIOS

SEGUNDO. La convocatoria y asuntos relativos a la celebración de las asambleas regionales de los Organismos del Sector, será efectuada por la Secretaría, a través del Instituto, en un plazo no mayor de dieciocho meses después de la publicación de la presente Ley en el Diario Oficial de la Federación. Una vez realizadas las asambleas regionales, la Secretaría, a través del Instituto, deberá convocar a la Instalación del Congreso Nacional.”

TERCERO…

En tanto se reforme el reglamento Interior de la Secretaría de Economía y se expida el Reglamento Interior del Instituto, se continuará aplicando el Acuerdo que regula la organización y el funcionamiento interno de la Coordinación General del Programa Nacional de Apoyo para las Empresas de Solidaridad, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de octubre de 2009, en lo que no se oponga a esta Ley; y en lo no previsto, se estará a lo que resuelva la Secretaría.

CUARTO. Las normas que regulen al Registro y al Programa, respectivamente, deberán ser expedidas por la Secretaría en un plazo no mayor a ciento ochenta días naturales, posteriores a la fecha de su instalación.

Las normas que regulen al Programa deberán ser expedidas por la Secretaría durante el año 2013 y entrarán en vigor a partir del ejercicio fiscal 2014, por lo que durante el ejercicio fiscal 2013 las solicitudes de apoyo que se presenten, se tramitarán hasta su conclusión conforme a las Reglas de Operación del Fondo Nacional de Apoyos para Empresas en Solidaridad (FONAES) para el ejercicio fiscal 2012, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 24 de Diciembre de 2011.

Para efectos de lo dispuesto en el artículo 37 de la Ley de la Economía Social y Solidaria, Reglamentaria del Párrafo Séptimo del artículo 25 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en lo referente al sector social de la economía, durante el ejercicio fiscal 2013, no será exigible la obligación de estar inscrito en el Registro de los Organismos del Sector única y exclusivamente en lo que se refiere a la solicitud y entrega de apoyos del Programa.”

IV. CONSIDERACIONES DE LAS COMISIONES DICTAMINADORAS

A. Los integrantes de las comisiones unidades coincidimos con los proponentes respecto a la problemática que plantea, plazo estipulado de seis meses contenido en el Artículo Segundo Transitorio (el cual vence el 19 de noviembre del presente), para que la Secretaría de Economía, a través de sus delegaciones estatales, hubiese efectuado y concluido las convocatorias, asambleas regionales y el Congreso Constituyente del sector.

Como se advierte, los plazos estipulados fueron insuficientes, toda vez que no se consideraron, en primera instancia, aspectos administrativos, y del desarrollo de aplicaciones informáticas, capacitación de operadores, lineamientos de operación, la promoción y difusión de las cambios realizados para informar a las organizaciones de beneficiarios, así como otras acciones que dificultan, en sus términos actuales, la estricta aplicación del artículo segundo transitorio.

Por ello, es prudente que se reforme el artículo en cuestión para ampliar el plazo de 180 a 540 días naturales (plazo que concluiría el 23 de noviembre de 2013)con el objetivo de que los organismos del sector puedan realizar sus asambleas y efectuar el Congreso para cumplir cabalmente con la disposición de la Ley y acceder a los apoyos del ejercicio fiscal 2014.

B. Con relación a la propuesta de reforma del párrafo cuarto del Artículo Tercero Transitorio, referente a que el Instituto opere aplicando el Acuerdo de Organización y Funcionamiento Interno del Fondo Nacional de Fondos para Empresas en Solidaridad, en tanto se modifica el Reglamento Interior de la Secretaría de Economía, y se crea el propio Reglamento del Instituto, las comisiones unidas consideran es viable realizar este trámite.

Esto resulta relevante porque define la temporalidad del marco normativo que actualmente rige la organización y funcionamiento de la Coordinación General del Programa Nacional de Apoyo para las Empresas de Solidaridad, a efecto de no dejar a una interpretación ambigua la aplicación del Reglamento Interior del Instituto Nacional de la Economía Social y Solidaria una vez que sea expedido.

C. Por lo que se refiere a la inclusión de dos párrafos al Artículo Cuarto Transitorio, con el objetivo de ampliar el plazo para expedir la normatividad del Programa que sustituirá, de acuerdo con la Ley, a las reglas del FONAES, a fin de que no afecte las normas relativas al nuevo Programa se expidan durante 2013, pero su vigencia inicie a partir del ejercicio fiscal 2014, las comisiones unidas la consideran procedente.

Cabe destacar que en este aspecto, las comisiones unidas consideramos pertinente adicionar al párrafo propuesto, lo siguiente:

Las normas que regulen al Programa deberán ser expedidas por la Secretaría durante el año 2013 y entrarán en vigor a partir del ejercicio fiscal 2014, por lo que durante el ejercicio fiscal 2013 las solicitudes de apoyo que se presenten, se tramitarán hasta su conclusión conforme a las Reglas de Operación del Fondo Nacional de Apoyos para Empresas en Solidaridad (FONAES) para el ejercicio fiscal 2012, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 24 de Diciembre de 2011, en lo que no se oponga a esta Ley; y en lo no previsto, la Secretaría expedirá los criterios aplicables transitoriamente para el ejercicio fiscal 2013.

D. Conlas reformas a los artículos transitorios Segundo, Tercero y Cuarto, se podrá construir en el tiempo adecuado un marco jurídico que permita realmente al Instituto operar cumpliendo adecuadamente sus objetivos, así como el Registro de los Organismos del Sector. En ese sentido, consideramos que es viable el tiempo que se está planteando la iniciativa, debido a que, en términos administrativos, las Reglas de Operación son las disposiciones a las cuales se sujetan determinados programas y fondos federales con el objeto de otorgar transparencia y asegurar la aplicación eficiente, eficaz, oportuna y equitativa de los recursos públicos asignados a los mismos, tal como lo establece la fracción XLV del artículo 2, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

Como se advirtió anteriormente y en concordancia con las modificaciones propuestas resulta oportuno que, una vez constituido y debidamente reglamentado, el Instituto Nacional de la Economía Social formulé los lineamientos que abran de normar la organización, operación y el ejercicio de los recursos destinados a las empresas sociales.

Las adecuaciones que se están proponiendo van a permitir que, una vez creado el Instituto Nacional de la Economía Social, se pueda generar la ruta crítica para llevar a cabo la instalación de la plataforma electrónica, para conocer el padrón de beneficiarios y, así empezar la definiciónde una auténtica política de Estado en la Promoción de los organismos que son parte de la economía social. Por todo lo anterior, los integrantes de estas comisiones consideran pertinente aprobar la iniciativa presentada, con el único propósito de fortalecer al Instituto.

Los Senadores integrantes de las Comisiones Unidas de Fomento Económico, de Desarrollo Social y, de Estudios Legislativos, Segunda, que suscriben el presente Dictamen, con las atribuciones que les otorgan la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y el Reglamento del Senado, someten a consideración de esta Honorable Soberanía el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO

PRIMERO.- Se reforma el primer párrafo del Segundo Transitorio, así como el cuarto párrafo del Tercero transitorio, de la Ley de la Economía Social y Solidaria, reglamentaria del párrafo séptimo del artículo 25 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en lo referente al sector social de la economía, para quedar como sigue:

TRANSITORIOS

SEGUNDO. La convocatoria y asuntos relativos a la celebración de las asambleas regionales de los Organismos del Sector, será efectuada por la Secretaría, a través del Instituto, en un plazo no mayor de dieciocho meses después de la publicación de la presente Ley en el Diario Oficial de la Federación. Una vez realizadas las asambleas regionales, la Secretaría, a través del Instituto, deberá convocar a la Instalación del Congreso Nacional.

TERCERO. El Instituto deberá quedar constituido, instalado y reglamentado en un plazo no mayor a ciento ochenta días naturales posteriores a la entrada en vigor de la presente Ley, asumiendo las funciones e integrándose con los recursos financieros, materiales y humanos que actualmente están asignados a la Coordinación General del Programa Nacional de Apoyo para las Empresas de Solidaridad.

En tanto se reforme el reglamento Interior de la Secretaría de Economía y se expida el Reglamento Interior del Instituto, se continuará aplicando el Acuerdo que regula la organización y el funcionamiento interno de la Coordinación General del Programa Nacional de Apoyo para las Empresas de Solidaridad, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de octubre de 2009, en lo que no se oponga a esta Ley; y en lo no previsto, se estará a lo que resuelva la Secretaría.

SEGUNDO.- Se reforma el primer párrafo del cuarto Transitorio para precisar la aplicación de las normas que regulan al Registro y al Programa, y se adiciona un segundo párrafo al mismo, de la Ley de la Economía Social y Solidaria, Reglamentaria del párrafo séptimo del artículo 25 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en lo referente al sector social de la economía, para quedar como sigue:

TRANSITORIO

CUARTO. Las normas que regulen al Registro deberán ser expedidas por la Secretaría en un plazo no mayor a ciento ochenta días naturales, posteriores a la fecha de su instalación.

Las normas que regulen al Programa deberán ser expedidas por la Secretaría durante el año 2013 y entrarán en vigor a partir del ejercicio fiscal 2014, por lo que durante el ejercicio fiscal 2013 las solicitudes de apoyo que se presenten, se tramitarán hasta su conclusión conforme a las Reglas de Operación del Fondo Nacional de Apoyos para Empresas en Solidaridad (FONAES) para el ejercicio fiscal 2012, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 24 de Diciembre de 2011, en lo que no se oponga a esta Ley; y en lo no previsto, la Secretaría expedirá los criterios aplicables transitoriamente para el ejercicio fiscal 2013.

Para efectos de lo dispuesto en el artículo 37 de la Ley de la Economía Social y Solidaria, Reglamentaria del Párrafo Séptimo del artículo 25 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en lo referente al sector social de la economía, durante el ejercicio fiscal 2013, no será exigible la obligación de estar inscrito en el Registro de los Organismos del Sector única y exclusivamente en lo que se refiere a la solicitud y entrega de apoyos del Programa.

TRANSITORIO

UNICO. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, a ______ de noviembre de 2012.

COMISION DE FOMENTO ECONOMICO

COMISION DE DESARROLLO SOCIAL

COMISION DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, SEGUNDA”.

Debido a que el dictamen se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria de este día, pido a la Secretaría que consulte a la Asamblea, en votación económica, si se omite su lectura.

- La C. Secretaria Merodio Reza: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se omite la lectura del dictamen. Quienes estén porque se omita, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se omita, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se omite la lectura, señor Presidente.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, señora Secretaria. En consecuencia, está a discusión este dictamen. En virtud de no haber oradores registrados ni artículos reservados para la discusión, ábrase el sistema electrónico de votación por tres minutos para recoger la votación nominal en lo general y en lo particular del proyecto de Decreto. Háganse los avisos a que se refiere el artículo 58 de nuestro Reglamento.

“VOTACIÓN

SENADORES EN PRO: 91

A TRAVÉS DEL SISTEMA ELECTRÓNICO: 86

AISPURO TORRES JOSÉ ROSAS

ALCALÁ RUIZ BLANCA

ÁLVAREZ GARCÍA IVONNE LILIANA

ARAUJO LARA ANGÉLICA

ÁVILA RUIZ DANIEL GABRIEL

AYALA ALMEIDA JOEL

BARRERA TAPIA MARÍA ELENA

BARROSO AGRAMONT RICARDO

BERISTAIN NAVARRETE LUZ MARÍA

BURGOS GARCÍA ENRIQUE

BÚRQUEZ VALENZUELA FRANCISCO

CALDERÓN HINOJOSA LUISA MARÍA

CAVAZOS LERMA MANUEL

CERVANTES ANDRADE RAÚL

CHICO HERRERA MIGUEL ÁNGEL

CORDERO ARROYO ERNESTO

CORRAL JURADO JAVIER

CUÉLLAR CISNEROS LORENA

CUEVAS BARRÓN GABRIELA

DÁVILA FERNÁNDEZ ADRIANA

DE LA PEÑA GÓMEZ ANGÉLICA

DÍAZ LIZAMA ROSA ADRIANA

DÍAZ SALAZAR MARÍA CRISTINA

DOMÍNGUEZ SERVIÉN FRANCISCO

ENCINAS RODRÍGUEZ ALEJANDRO

FAYAD MENESES OMAR

FERNÁNDEZ AGUIRRE BRAULIO M.

FLORES RAMÍREZ JUAN GERARDO

FLORES SÁNCHEZ MARGARITA

GARCÍA CABEZA DE VACA FRANCISCO

GARZA GALVÁN SILVIA GUADALUPE

GIL ZUARTH ROBERTO

GÓMEZ DEL CAMPO GURZA MARIANA

GONZÁLEZ CANTO FÉLIX

GONZÁLEZ CUEVAS ISAÍAS

GONZÁLEZ MARTÍNEZ JORGE EMILIO

GRACIA GUZMÁN RAÚL

GUERRA CASTILLO MARCELA

HERMOSILLO Y CELADA VÍCTOR

HERNÁNDEZ LECONA LISBETH

HERRERA ALE JUANA LETICIA

HERRERA ANZALDO ANA LILIA

IRIZAR LÓPEZ AARÓN

LARIOS CÓRDOVA HÉCTOR

LAVALLE MAURY JORGE LUIS

LÓPEZ HDZ. ADÁN AUGUSTO

MARTÍNEZ GARCÍA PATRICIO

MAYANS CANABAL FERNANDO E.

MAYANS CANABAL HUMBERTO

MENDOZA DAVIS CARLOS

MERODIO REZA LILIA GUADALUPE

NEYRA CHÁVEZ ARMANDO

ORIHUELA BÁRCENAS JOSÉ ASCENCIÓN

OROZCO SANDOVAL MARTÍN

ORTIZ DOMÍNGUEZ MAKI ESTHER

ORTIZ GONZÁLEZ GRACIELA

PALAFOX GUTIÉRREZ MARTHA

PEDROZA GAITÁN CÉSAR OCTAVIO

PENCHYNA GRUB DAVID

PINEDA GOCHI MA. DEL ROCÍO

POZOS LANZ RAÚL AARÓN

PRECIADO RODRÍGUEZ JORGE LUIS

PUENTE SALAS CARLOS ALBERTO

RÍOS DE LA MORA ITZEL SARAHÍ

RÍOS PITER ARMANDO

ROJAS HERNÁNDEZ LAURA

ROMERO DESCHAMPS CARLOS

ROMERO HICKS JUAN CARLOS

ROMERO LAINAS ADOLFO

ROMO MEDINA MIGUEL

ROSAS GONZÁLEZ ÓSCAR ROMÁN

RUFFO APPEL ERNESTO

SALAZAR FERNÁNDEZ LUIS F

SALAZAR SOLORIO RABINDRANATH

SALDAÑA PÉREZ LUCERO

SÁNCHEZ JIMÉNEZ LUIS

SANSORES SAN ROMÁN LAYDA

TELLO CRISTERNA ALEJANDRO

TORRES CORZO TEÓFILO

TORRES GRACIANO FERNANDO

TORRES PEIMBERT MARCELA

VEGA CASILLAS SALVADOR

YUNES LANDA HÉCTOR

YUNES MÁRQUEZ FERNANDO

YUNES ZORRILLA JOSÉ FRANCISCO

ZAMORA JIMÉNEZ ARTURO

FUERA DEL SISTEMA ELECTRÓNICO: 5

CAMACHO SOLÍS MANUEL

GÓMEZ GONZÁLEZ ARELY

ORTEGA MARTÍNEZ MARÍA DEL PILAR

PADIERNA LUNA DOLORES

ROBLES MONTOYA BENJAMÍN

SENADORES EN CONTRA: 0

SENADORES EN ABSTENCIÓN: 0”

- La C. Secretaria Merodio Reza: Señor Presidente, conforme al registro en el sistema electrónico, se omitieron 91 votos en pro y cero en contra.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, señora Secretaria. En consecuencia, está aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de Decreto que reforma los Artículos Segundo, Tercero y Cuarto Transitorios de la Ley de la Economía Social y Solidaria, Reglamentaria del párrafo séptimo del artículo 25 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en lo referente al Sector Social de la Economía. Se remite a la Cámara de Diputados para los efectos del artículo 72 de nuestra Constitución.

Tenemos la segunda lectura de un dictamen de las Comisiones Unidas de Salud; y de Estudios Legislativos, con proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 61 de la Ley General de Salud.





 

DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTICULO 61 DE LA LEY GENERAL DE SALUD

(Dictamen de segunda lectura)



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Debido a que el dictamen se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria de este día, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se omite su lectura.

- La C. Secretaria Merodio Reza: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se omite la lectura del dictamen. Quienes estén porque se omita, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se omita, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se omite la lectura, señor Presidente.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, señora Secretaria. En consecuencia, está a discusión este dictamen. Informo a la Asamblea que el dictamen que nos ocupa consta de un solo artículo, por lo que está a discusión en lo general y en lo particular en un solo acto.

Se le concede el uso de la palabra a la Senadora Maki Esther Ortiz Domínguez, para presentar el dictamen a nombre de las comisiones, en los términos del artículo 198 de nuestro Reglamento.

- La C. Senadora Maki Esther Ortiz Domínguez: Con su venia, señor Presidente.

A nombre de la Comisión de Salud, el presente dictamen que reforma al artículo 61 de nuestra Ley General de Salud, en materia de tamiz neonatal, es de suma trascendencia.

El objetivo del tamiz neonatal es detectar la existencia de una enfermedad o deficiencia congénita antes de que ésta se manifieste.

Dicho examen es practicado a los recién nacidos, y consiste en el análisis de unas gotas de sangre obtenidas al nacimiento del cordón umbilical o del talón del pie.

Dicho instrumento legislativo reforma a la ley en materia de salud con la finalidad de incluir como acciones prioritarias de la atención materno-infantil la aplicación del tamiz neonatal ampliado en todas las instituciones públicas y las privadas que abarca.

Este tamiz va a abarcar la revisión de retina y tamiz auditivo al prematuro; la detección temprana de trastornos de la salud visual y auditiva durante el desarrollo del niño, acciones para su diagnóstico en las escuelas públicas y en las privadas; la promoción y aplicación oportuna de la vacunación y la atención del niño y su vigilancia durante el crecimiento, desarrollo y promoción de la integración y del bienestar familiar.

Lo más importante de la presente reforma es que si son detectadas estas enfermedades se pueden controlar si se descubren a tiempo, de no hacerlo, pueden traer consecuencias como enfermedades del hígado, cataratas, problemas pulmonares, fibrosis quística y trastornos neuromusculares, cardiacos o muerte súbita.

Por eso es importante diagnosticarlos a tiempo, ya que se puede controlar con cambios en la alimentación o con la administración de medicamentos.

Es de reconocer que las comisiones dictaminadoras, en su momento, al realizar este dictamen a favor, velaron por la prevención de la salud para evitar en un futuro enfermedades que puedan deteriorar la calidad de vida de las personas.

Por ello, los invito a votar a favor en los términos en los que se presenta dicho dictamen.

Es cuanto, señor Presidente.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, Senadora Maki Esther Ortiz Domínguez.

Se le concede el uso de la palabra, para hablar sobre este asunto, a la Senadora Cristina Díaz Salazar, del grupo parlamentario del PRI.

- La C. Senadora María Cristina Díaz Salazar: Gracias, señor Presidente; señoras y señores Senadores:

Uno de cada mil recién nacidos, aparentemente normales, tienen en forma latente una enfermedad de consecuencias graves e irreversibles que no se manifiestan en el nacimiento, sino más tardíamente y que son causa de retraso mental y a veces de epilepsia, ceguera u otros trastornos graves que se manifestarán semanas o meses después.

Afortunadamente, hay la posibilidad de detectar estos padecimientos a tiempo, al nacimiento, cuando aún no se ha instalado el daño orgánico y esta detección se logra mediante el tamiz neonatal.

Los programas de tamiz neonatal constituyen una prioridad en la atención de los problemas de salud pública, pues desde hace más de cuatro décadas el tamizaje ha demostrado ser un procedimiento eficaz en un gran número de países desarrollados.

El tamiz neonatal es un examen que se realiza desde hace unos años en forma rutinaria a los recién nacidos y consiste en el análisis de unas gotas de sangre obtenidas al nacimiento del cordón umbilical o del talón del pie.

Recientemente, gracias a nuevos procedimientos se han extendido los beneficios de dichos estudios con el tamiz neonatal ampliado, haciendo posible diagnosticar más padecimientos.

La mayor parte de las enfermedades genéticas son reconocidas después de algunos meses o años ante síntomas y signos diversos que confunden el diagnóstico, algunas veces con crisis dolorosas, inexplicables trastornos psicomotores, incluso retraso mental; entonces, ya es demasiado tarde y los tratamientos disponibles sólo pueden detener la evolución o retrasar la agravación.

Estas enfermedades, aunque son poco frecuentes, se pueden controlar si se descubren a tiempo, de no hacerlo, las consecuencias pueden ser graves como enfermedades del hígado, cataratas, problemas pulmonares, fibrosis quística y trastornos neuromusculares, cardiacos o muerte súbita.

Por esto es importante diagnosticarlos a tiempo, ya que se pueden controlar con cambios en la alimentación o con la administración de medicamentos.

El objetivo del tamiz neonatal es detectar la existencia de una enfermedad o deficiencia congénita antes de que ésta se manifieste.

Los programas del tamiz neonatal deben ser aplicados a todos los recién nacidos para poder encontrar a los afectados.

El objetivo del tamiz neonatal es prevenir el retardo físico, el retardo mental o la muerte en los niños afectados.

Las complicaciones del bebé prematuro dependen en gran medida de los meses de gestación, de la inmadurez de los órganos y de las complicaciones derivadas de los tratamientos necesarios para salvar su vida.

Los bebés prematuros presentan gran riesgo de tener problemas visuales y auditivos. Dos problemas suelen ocurrir de forma muy precoz y cuanto antes se detecte podrán tener tratamiento satisfactorio.

La retinopatía del prematuro que se debe tratar durante los primeros 40 días de nacido para evitar la ceguera y la sordera neurosensorial que de no recibir tratamiento durante el primer año de vida puede tener graves consecuencias estando en riesgo la sordera o la ceguera del bebé.

Por lo expuesto, se somete a la consideración de esta Honorable Asamblea su voto a favor.

Quiero agradecer el apoyo a esta iniciativa que presenté desde la Cámara de Diputados.

Muchas gracias.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, Senadora Cristina Díaz Salazar.

Sonido en el escaño del Senador Mayans Canabal, ¿para qué asunto?

- El C. Senador Fernando Enrique Mayans Canabal: (Desde su escaño) Para argumentar el voto a favor.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Se le concede el uso de la palabra, hasta por cinco minutos.

- El C. Senador Fernando Enrique Mayans Canabal: Con su permiso, señor Presidente.

Bueno, a nombre del Partido de la Revolución Democrática, para argumentar nuestro voto a favor, de una gran labor que ha venido desarrollando la Comisión de Salud de este Senado, y más que nada, es saber que todos tengan conciencia de lo que significa el tamiz neonatal, que es una manera de tener ciudadanos sanos desde la adolescencia, la primera juventud. Y lo fundamental es que quiero dejar aquí en el Pleno del Senado un tema que va relacionado, que no es el tamiz neonatal como tal, pero sí la luxación congénita de cadera que tenemos 12 mil nacimientos al año, que esto conlleva un gasto económico y social importante.

De tal manera que quisiera yo dejarlo aquí en el Pleno para que vayamos poco a poco entrando en materia para poder tener una iniciativa al respecto, ya que a todos los recién nacidos, estamos proponiendo alrededor de los 4 meses de edad, se les pueda tomar una radiografía o en su caso un ultrasonido de la articulación de la cadera y poder diagnosticar a tiempo la luxación congénita de cadera. Hablamos de 12,000 nacimientos anuales, un niño que no esté detectado va a requerir de 3 ó 4 cirugías en su vida, va a requerir una prótesis y obviamente la invalidez que esto conlleva.

De tal manera que aplaudimos esta iniciativa del tamiz neonatal que ya se viene haciendo desde hace muchos años, y cada vez también se le van adicionando enfermedades que se pueden diagnosticar de manera muy temprana, desde la etapa neonatal, desde el nacimiento hasta los 28 días de edad, y por supuesto un ahorro, considerable, financiero en las economías del sector salud y de la propia familia que en algunos casos hasta en el 54 por ciento, que no es menor, tienen que costearlo de sus bolsillos.

Entonces, bueno, el PRD votará a favor de este dictamen y dejo en la mesa, para que lo vayan analizando, la luxación congénita de cadera.

Muchas gracias.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, Senador Fernando Mayans.

En virtud de que no hay más oradores registrados ni artículos reservados para la discusión, ábrase el sistema electrónico de votación por tres minutos para recoger la votación nominal en lo general y en lo particular del proyecto de Decreto. Háganse los avisos a que se refiere el artículo 58 de nuestro Reglamento.

“VOTACIÓN

SENADORES EN PRO: 83

A TRAVÉS DEL SISTEMA ELECTRÓNICO: 82

AISPURO TORRES JOSÉ ROSAS

ALBORES GLEASON ROBERTO ARMANDO

ALCALÁ RUIZ BLANCA

ÁVILA RUIZ DANIEL GABRIEL

AYALA ALMEIDA JOEL

BARRALES MAGDALENO ALEJANDRA

BARRERA TAPIA MARÍA ELENA

BARTLETT DÍAZ MANUEL

BERISTAIN NAVARRETE LUZ MARÍA

BLASQUEZ SALINAS MARCO A.

BURGOS GARCÍA ENRIQUE

BÚRQUEZ VALENZUELA FRANCISCO

CALDERÓN HINOJOSA LUISA MARÍA

CAMACHO SOLÍS MANUEL

CERVANTES ANDRADE RAÚL

CHICO HERRERA MIGUEL ÁNGEL

CORDERO ARROYO ERNESTO

CORRAL JURADO JAVIER

CUÉLLAR CISNEROS LORENA

DE LA PEÑA GÓMEZ ANGÉLICA

DELGADO CARRILLO MARIO

DEMEDICIS HIDALGO FIDEL

DÍAZ SALAZAR MARÍA CRISTINA

DOMÍNGUEZ SERVIÉN FRANCISCO

ENCINAS RODRÍGUEZ ALEJANDRO

ESCUDERO MORALES PABLO

FAYAD MENESES OMAR

FERNÁNDEZ AGUIRRE BRAULIO M.

FLORES RAMÍREZ JUAN GERARDO

FLORES SÁNCHEZ MARGARITA

GÁNDARA CAMOU ERNESTO

GARCÍA CABEZA DE VACA FRANCISCO

GIL ZUARTH ROBERTO

GÓMEZ DEL CAMPO GURZA MARIANA

GÓMEZ GONZÁLEZ ARELY

GONZÁLEZ CUEVAS ISAÍAS

GRACIA GUZMÁN RAÚL

HERMOSILLO Y CELADA VÍCTOR

IRIZAR LÓPEZ AARÓN

LARIOS CÓRDOVA HÉCTOR

LAVALLE MAURY JORGE LUIS

LÓPEZ BRITO FRANCISCO S

LÓPEZ HDZ. ADÁN AUGUSTO

MARTÍNEZ GARCÍA PATRICIO

MARTÍNEZ MARTÍNEZ JOSÉ MARÍA

MAYANS CANABAL FERNANDO E.

MAYANS CANABAL HUMBERTO

MENDOZA DAVIS CARLOS

MERODIO REZA LILIA GUADALUPE

NEYRA CHÁVEZ ARMANDO

ORIHUELA BÁRCENAS JOSÉ ASCENCIÓN

OROZCO SANDOVAL MARTÍN

ORTIZ DOMÍNGUEZ MAKI ESTHER

ORTIZ GONZÁLEZ GRACIELA

PALAFOX GUTIÉRREZ MARTHA

PEDROZA GAITÁN CÉSAR OCTAVIO

PENCHYNA GRUB DAVID

POZOS LANZ RAÚL AARÓN

PRECIADO RODRÍGUEZ JORGE LUIS

PUENTE SALAS CARLOS ALBERTO

RÍOS DE LA MORA ITZEL SARAHÍ

RÍOS PITER ARMANDO

ROBLES MONTOYA BENJAMÍN

ROMERO CELIS MELY

ROMERO HICKS JUAN CARLOS

ROMERO LAINAS ADOLFO

ROMO MEDINA MIGUEL

ROSAS GONZÁLEZ ÓSCAR ROMÁN

RUFFO APPEL ERNESTO

SALAZAR FERNÁNDEZ LUIS F

SALDAÑA PÉREZ LUCERO

SÁNCHEZ JIMÉNEZ LUIS

SANSORES SAN ROMÁN LAYDA

TELLO CRISTERNA ALEJANDRO

TORRES CORZO TEÓFILO

TORRES GRACIANO FERNANDO

TORRES PEIMBERT MARCELA

VEGA CASILLAS SALVADOR

YUNES LANDA HÉCTOR

YUNES MÁRQUEZ FERNANDO

YUNES ZORRILLA JOSÉ FRANCISCO

ZAMORA JIMÉNEZ ARTURO

FUERA DEL SISTEMA ELECTRÓNICO: 1

ROMERO DESCHAMPS CARLOS

SENADORES EN CONTRA: 0

SENADORES EN ABSTENCIÓN: 0”

- La C. Secretaria Merodio Reza: Señor Presidente, conforme al registro en el sistema electrónico, se omitieron 83 votos en pro y cero en contra.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, señora Secretaria. En consecuencia, queda aprobado en lo general y en lo particular el Decreto por el que se reforma el artículo 61 de la Ley General de Salud. Remítase al Ejecutivo Federal para los efectos del artículo 72 constitucional.

Tenemos la segunda lectura de un dictamen de las Comisiones Unidas de Salud; y de Estudios Legislativos, con proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Salud.





 
DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE SALUD

(Dictamen de segunda lectura)

- Se le dispensa la segunda lectura y se aprueba el dictamen suscrito por las Comisiones Unidas de Salud; y de Estudios Legislativos. Interviene al respecto la C. Senadora Maki Esther Ortiz Domínguez. Se remite al Ejecutivo Federal.





 
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ESTABLECE LAS CARACTERISTICAS DE UNA MONEDA CONMEMORATIVA DEL 150 ANIVERSARIO DEL NATALICIO Y CENTENARIO, ANIVERSARIO LUCTUOSO DE BELISARIO DOMINGUEZ PALENCIA

(Dictamen de primera lectura)

- Se da cuenta el dictamen suscrito por las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público; y de Estudios Legislativos, Segunda.





 
CONVENIO DE COOPERACION EN LOS CAMPOS DE LA EDUCACION, LA CULTURA, LA JUVENTUD, LA CULTURA FISICA Y EL DEPORTE ENTRE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y LA REPUBLICA DE CUBA, FIRMADO EN LA CIUDAD DE LA HABANA, CUBA, EL 10 DE ABRIL DE 2012

(Dictamen de primera lectura)

- Se da cuenta con el dictamen suscrito por las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, América Latina y El Caribe; y de Educación.





 
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE DEROGAN LOS NUMERALES 14 Y 15 DE LA FRACCION I DEL ARTICULO 194 DEL CODIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES

(Dictamen de primera lectura)

- Se da cuenta el dictamen suscrito por las Comisiones Unidas de Justicia; y de Estudios Legislativos, Primera.





 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCION XVII DEL ARTICULO 381 DEL CODIGO PENAL FEDERAL

(Dictamen de primera lectura)



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Consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si autoriza que estos dictámenes se incorporen a la agenda de este día para su trámite.

- La C. Secretaria Díaz Lizama: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si autoriza que se integren a los asuntos de hoy, los dictámenes referidos por la Presidencia. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se autoriza la incorporación de los cuatros dictámenes, señor Presidente.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias. Estos dictámenes están disponibles en sus escaños, por lo que solicito a la Secretaría consulte a la Asamblea, en votación económica, si autoriza que se omita la primera lectura de cada uno de ellos.

- La C. Secretaria Díaz Lizama: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si autoriza que se omita la primera lectura de los cuatro dictámenes. Quienes estén porque se omita, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se omita, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se autoriza, señor Presidente.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, señora Secretaria. Quedan de primera lectura.

Tenemos la discusión de dos dictámenes de la Comisión de Desarrollo Social, que contienen puntos de Acuerdo.

Solicito a la Secretaría dé lectura a los dictámenes.





 

COMISION DE DESARROLLO SOCIAL

(Dictamen a discusión)

- La C. Secretaria Díaz Lizama: Doy lectura al primer dictamen.



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COMISION DE DESARROLLO SOCIAL

(Dictamen a discusión)

- La C. Secretaria Díaz Lizama: Doy lectura al segundo dictamen.



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Es todo, señor Presidente.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, señora Secretaria. Están a discusión dichos dictámenes. No habiendo quien haga uso de la palabra, pido a la Secretaría que consulte a la Asamblea, en votación económica, si son de aprobarse dichos Acuerdos.

- La C. Secretaria Díaz Lizama: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si son de aprobarse los anteriores Acuerdos. Quienes estén porque se aprueben, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se aprueben, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobados los Acuerdos, señor Presidente.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, señora Secretaria. Aprobados los Acuerdos. Comuníquense.

Compañeras y compañeros Senadores, informo a ustedes que recibimos en la Mesa Directiva un Acuerdo suscrito por los integrantes de la Junta de Coordinación Política en relación con la integración de la Comisión Permanente.

Solicito a la Secretaría dé lectura al Acuerdo.





 
JUNTA DE COORDINACION POLITICA
- Se aprueba el Acuerdo de la Junta de Coordinación Política, en relación con la integración de la Comisión Permanente.





 

PROPUESTAS

En el apartado de proposiciones, se recibió de la Senadora Ana Gabriela Guevara Espinoza, a nombre del grupo parlamentario del PT, un punto de Acuerdo que exhorta a diversas dependencias y entidades gubernamentales respecto a la infancia migrante, mismo que se turna a la Comisión de Asuntos Migratorios.

PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA A DIVERSAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES GUBERNAMENTALES RESPECTO A LA INFANCIA MIGRANTE

“De los Senadora ANA GABRIELA GUEVARA, integrante de la LXII Legislatura de la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión, a nombre y representación del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8, fracción II; 76, fracción IX, 108, 276, y demás aplicables del Reglamento del Senado de la República, presento ante esta Honorable Asamblea, la siguiente PROPOSICION CON PUNTO DE ACUERDO PARA QUE EL SENADO DE LA REPUBLICA EXHORTE A DIVERSAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES GUBERNAMENTALES RESPECTO A LA INFANCIA MIGRANTE, de conformidad con las siguientes:

CONSIDERACIONES

1. Dentro de los grupos de vulnerabilidad extrema en los migrantes, las niñas son las personas que en estado de normalidad presentan un mayor rango de vulnerabilidad. Los delitos que percuten en las diásporas están cobrando mayor crudeza, voracidad e indolencia, sobre todo los de trata de personas, tráfico de órganos y reclutamientos forzosos para la prostitución.

2. Hay un grupo que conduce sus esfuerzos para inhibir los delitos y potencializar los cuidados que se deben a la infancia, sobre todo a las niñas en los penosos tránsitos migratorios. La Coalición Internacional contra la Detención tiene el propósito de sensibilizar a la sociedad mexicana sobre el daño físico, emocional y psicológico que sufre la niñez migrante cuando es detenida. La organización es una red de más de 250 agrupaciones que trabajan en más de 50 países en el tema de migración internacional y la detención de las y los migrantes sin documentos. Gisele Bonnici, quien funge como coordinadora para las Américas de la Coalición, informó que este mes, mediante diversas actividades, difundirán las condiciones en las que se encuentran las y los menores de edad en las estaciones migratorias y promoverán alternativas a la detención.

3. La coordinadora de la Coalición denunció que “México es uno de los países donde la detención infantil es más grave, junto con Estados Unidos, Israel y Malasia, Bonnici añadió que la detención de la niñez migrante no documentada va en aumento pese al impacto físico, psicológico y emocional que le implica a esta población. Cada año miles de niñas, niños y adolescentes son detenidos en condiciones semejantes a una prisión, “muchos de ellos sin la compañía de sus padres, sin acceso a un abogado, ni facilidades para comunicarse con sus familias”. Durante 2011 fueron detenidos 4 mil 172 menores de edad en su tránsito por México, casi todos provenientes de Centroamérica. Durante los primeros nueve meses de este año, las autoridades migratorias reportaron cerca de 5 mil detenciones de niños, niñas y adolescentes. Mientras que en EU el número de menores en esa circunstancia se elevó de más de 6 mil en 2011 a 10 mil durante el primer semestre de 2012. Bonnici estimó que dos terceras partes de la niñez en detención viajan sin la compañía de sus familiares. Añadió que las autoridades mexicanas no han afrontado de manera adecuada esta problemática, pues aunque la nueva Ley de Migración señala que las y los menores de edad deben ser referidos al Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) en lugar de las estaciones migratorias, la dependencia sólo recibe a los menores de 12 años de edad. De igual modo, la activista criticó que los oficiales de Protección a la Infancia carecen de capacitación y herramientas para atender a esta población, por lo que la iniciativa, implementada en la saliente administración, se queda en “una acción de buena voluntad que no resuelve el problema”. Para afrontar esta situación, la Coalición, junto con organizaciones nacionales como Sin Fronteras, llamó a firmar una solicitud a Alejandro Poiré, secretario de Gobernación; Gustavo Mohar, subsecretario de Población, Migración y Asuntos Religiosos de esa dependencia, y a Salvador Beltrán, comisionado del Instituto Nacional de Migración (INM), para que lleven a cabo alternativas a la detención.

4. Hemos observado el alto grado de organización de los grupos, las asociaciones y entidades no gubernamentales. El desarrollo de su discurso y su sapiencia jurídica los convierten en verdaderos promotores y gestores legislativos capaces de influir en las políticas públicas y en los procedimientos legislativos; por ello, esta representación asume y adopta el llamado que hace La Coalición Internacional contra la Detención y se sirve de sus observaciones para trasladarlas a ámbitos legislativos con diversas propuestas que seguramente serán escuchadas por la nueva administración que incluirá las propuestas de los entornos externos que se preocupan por la dignidad migrante.

Por todo lo anterior, sometemos a la consideración de esta Asamblea el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

UNO.- EL PLENO DEL SENADO DE LA REPUBLICA EXHORTA AL LICENCIADO ALEJANDRO POIRE, SECRETARIO DE GOBERNACION; GUSTAVO MOHAR, SUBSECRETARIO DE POBLACION, MIGRACION Y ASUNTOS RELIGIOSOS DE ESA DEPENDENCIA, Y A SALVADOR BELTRAN, COMISIONADO DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION A PROPONER, DESARROLLAR ALTERNATIVAS E INFORMAR A ESTA SOBERANIA SOBRE LA NATURALEZA DE LA DETENCION Y CANALIZACION DE LA INFANCIA MIGRANTE EN TRANSITO POR MEXICO Y A PRESENTAR OBSERVACIONES AL RESPECTO A ESTA SOBERANIA.

DOS.- EL PLENO DEL SENADO DE LA REPUBLICA EXHORTA AL LICENCIADO ARNULFO VALDIVIA MACHUCA, COOERINADOR PARA MIGRANTES DEL EQUIPO DE TRANSICION A RECIBIR LA INFORMACION QUE GENERE ESTE PUNTO DE ACUERDO A FAVOR DE DESARROLLAR POLITICAS PUBLICAS MENOS LESIVAS PARA LOS GRUPOS VULNERABLES EN EL EJERCICIO DE SUS RESPONSABILIDADES.

TRES.- EL PLENO DEL SENADO DE LA REPUBLICA EXHORTA A MARIA CECILIA LANDERRECHE GOMEZ MORIN, TITULAR DEL SISTEMA NACIONAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA A DISEÑAR Y PROPONER PROGRAMAS DE CAPACITACION Y HERRAMIENTAS DIRIGIDAS A LOS OFICIALES DE PROTECCION A LA INFANCIA QUE ATIENDEN A LA POBLACION MIGRANTE INFANTIL DADAS LAS OBSERVACIONES DE LA COALICION INTERNACIONAL CONTRA LA DETENCION.

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Senadores, a 29 de noviembre de 2012.

Atentamente

Sen. Ana Gabriela Guevara Espinoza”.

Se le concede el uso de la palabra a la Senadora Blanca María del Socorro Alcalá Ruiz, del grupo parlamentario del PRI, para presentar un punto de Acuerdo por el que se crea la Comisión Bicameral de Apoyo al Migrante.

- La C. Senadora Blanca María del Socorro Alcalá Ruiz: Gracias, señor Presidente.

Y en obvio también de lo amplio que ha sido esta sesión, y de que todavía se prolongará, simplemente quiero compartir con las compañeras y los compañeros Senadores, que en distintos momentos hemos escuchado la inquietud, la preocupación que se ha abordado en relación con el tema de los migrantes, de hecho, a través de distintas comisiones se viene atendiendo, por ello es que lo que hoy estoy presentado, es que se pueda analizar la posibilidad de crear una Comisión Bicameral que pueda atender este tema de manera integral, que haga propicia la participación de los distintos integrantes de otras comisiones y que además permita un trabajo permanente con la Cámara de Diputados.

Creo que el fenómeno migratorio es un fenómeno en el que definitivamente atraviesa en una gran etapa de particularidades, lo mismo tiene que ver con el asunto laboral, con el tema de seguridad, con el tema de derechos humanos, con el tema de la reclusión de los mexicanos, que en un momento dado están en distintas cárceles de la Unión América, y creo que por ello sería pertinente que en su oportunidad la Junta de Coordinación Política y todos los grupos parlamentarios pudiéramos buscar y diseñar una estrategia que pueda fortalecer el trabajo que de suyo, reconozco, vienen haciendo, desde la presidenta de la Comisión de Asuntos Migratorios, hasta quienes, también, a través de Asuntos Fronterizos lo realizan, pero mi exhorto es para que podamos ir diseñando una propuesta integral y que atraviese los más diversos temas que inciden en este tema.

Ojalá que pueda ser analizado de manera puntual.

Muchas gracias, señor Presidente.

(Aplausos)

Propuesta

PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE CREA LA COMISION BICAMARAL DE APOYO AL MIGRANTE

“La que suscribe, Blanca MarIa del Socorro AlcalA Ruiz, Senadora de la República de la LXII Legislatura integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 88 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos;artículo 114 numeral 3 del Reglamento del Senado de la República; y demás aplicables en las disposiciones someto a la consideración del Pleno de esta Soberanía el presente Punto de Acuerdo por el que se crea la ComisiOn Bicamaral de Apoyo al Migranteal tenor de las siguientes:

Consideraciones

El fenómeno migratorio entre México y Estados Unidos tiene una larga tradición histórica basada en diversos factores, entre ellos la vecindad geográfica, los estrechos lazos culturales y la creciente interdependencia económica, los cuales hacen inevitable la generación de grandes flujos de tránsito de personas entre ambos países.1

También el desplazamiento de personas es un fenómeno laboral, impulsado, principalmente, por la demanda y oferta de trabajadores mexicanos en varias decenas de municipalidades estadounidenses. Sin olvidar las causas como el aumento del desempleo, la pobreza extrema, la marginación, la falta de oportunidades y el crecimiento poblacional, que coadyuvan a que miles de mexicanos emigren todos los años en la búsqueda de un mínimo de bienestar.

Se estima que la población nacida en nuestro país que vive en los Estados Unidos alcanza 11.9 millones de personas. Sin embargo, si se incorporan en la contabilidad a los nacidos en el vecino país de origen mexicano es posible afirmar que en la nación estadounidense se encuentran cerca de 32 millones de hombres y mujeres de ascendencia mexicana.2

De 2002 a 2010, en promedio cada año, poco más de 450 mil mexicanos sin documentos legales intentaron emigrar a Estados Unidos. Sobresale el hecho de que Michoacán, Guanajuato y Jalisco son los estados con mayor flujo de migrantes. En 2010, una de cada tres personas que emigraron a Estados Unidos era originaria de estas entidades.

Entre las características de la población nacida en México que reside en los Estados Unidos destaca lo siguiente:

• En 2010 uno de cada cuatro migrantes fueron mujeres.

• El 70% de los migrantes son jóvenes y adultos entre los 15 y 44 años de edad.

• 6 millones son indocumentados

• 7.3 años es el grado promedio de escolaridad.

• 39% de los emigrantes labora en la construcción, 27% en el sector servicios y 24% en la agricultura.

• Los residentes mexicanos se concentran en unos cuantos estados (California, Texas, Illinois y Arizona), y en algunos condados y ciudades (Los Ángeles, Houston, Dallas, Chicago, San Antonio, San Francisco, Phoenix, Fresno, Sacramento y Tucson).

De acuerdo con el Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública de la Cámara de Diputados, en la última década, el número de mexicanos radicados en Estados Unidos se incrementó de 20.6 a 31.8 millones de personas; es decir, se registró un aumento del más del 50%. Las estadísticas evidencian que el fenómeno migratorio ha adquirido un poderoso estadio que difícilmente, en el corto y mediano plazo, tendrá una reducción considerable.3

El aumento de la migración irregular y la intensificación de los operativos de la frontera para evitar cruces ilegales, origina que los migrantes intenten transitar por lugares más peligrosos. Hoy día, varios centenares de mexicanos mueren todos los años en su intento por llegar a los Estados Unidos; además de que miles de personas son víctimas de organizaciones criminales y violaciones a sus derechos humanos por parte de oficiales migratorios nacionales y estadounidenses.

De acuerdo con el Instituto Nacional de Migración (INM) cada año se deportan en promedio 450 mil migrantes mexicanos. Lo más preocupante es que 2 de cada 10 personas repatriadas sufrió alguna violación a sus derechos humanos por parte de autoridades norteamericanas y mexicanas. En ese sentido, es importante señalar que entre 2000 y 2010 el INM fue la dependencia federal con mayor número de quejas por violación a los derechos humanos, con un total de 2,052 denuncias.4

Los abusos más comunes en las estaciones migratorias, son violencia psicológica, verbal y sexual, hacinamiento, racionamiento y mala calidad de la comida, discriminación, separación de su familia, ausencia de atención médica (incluso para aquellas que están embarazadas), condiciones insalubres, la falta de asistencia de los consulados y ausencia de intérpretes en su idioma.

Se encuentra ampliamente documentado que los mexicanos migrantes, en muchas ocasiones, son víctimas de maltrato, discriminación, persecución, xenofobia, segregación, violaciones sexuales, prostitución, trata de personas o incluso asesinatos.

La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), señala que los migrantes mexicanos originarios de la región sur de nuestro país tienen que pagar entre 2,500 y 4,000 dólares a los traficantes de personas (coyotes) para lograr cruzar la frontera. De éstos, 3 de cada 10 sufre algún tipo de robo, acoso, explotación o agresión física o psicológica.

Por su parte, el INM destaca que en 2010 más de 14 mil menores que emigraron para buscar oportunidades laborales o educativas, o simplemente que rehuyeron de sus familias por violencia, fueron interceptados por las autoridades estadounidenses. Desafortunadamente, durante su tránsito 7 de cada 100 niños y adolescentes detenidos fueron víctimas de abusos del personal migratorio y/o de organizaciones criminales.

La persecución policiaca ha provocado que la población carcelaria de origen mexicano vaya en aumento en los últimos años en Estados Unidos. Según estadísticas del Buró Federal de Prisiones, mientras que en 2005 sumaban 31,877 mexicanos en penitenciarias estadounidenses, para 2011 la cifra se elevó en 25%, alcanzando un total de 41,216 connacionales.

Destaca el hecho, que 3 de cada 10 mexicanos detenidos no ha recibido un juicio justo, y lo más alarmante, no cuenta con ningún apoyo de las autoridades mexicanas. Datos proporcionados por el Sistema Integral de Protección Consular de México, adscrito a la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), señala que durante 2011 nuestro país únicamente asistió a uno de cada seis mexicanos sujetos a juicios penales.

Human Rights Watch (HRW) con datos de la Oficina de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos, señala que el 60% de mexicanos y latinos que se presentaron ante los tribunales de inmigración no contaron con el asesoramiento de un abogado.

Aunado a lo anterior, los migrantes mexicanos enfrentan serios problemas laborales, de seguridad social y de protección a sus derechos humanos. Por mencionar algunas cifras, 6.5 millones de mexicanos no tienen acceso a los servicios de salud, a la seguridad social y a la educación; peor aún, se calcula que en los próximos tres años cerca de 12 millones de personas de ascendencia mexicana no podrán regularizar su situación migratoria, con lo cual perderán todos sus derechos.

El reporte Migración y salud: los hijos de migrantes mexicanos en Estados Unidos, realizado por el Consejo Nacional de Población (Conapo) y la Universidad de California, señala que más de 1.5 millones de hijos de inmigrantes mexicanos no tienen seguro médico y carecen de una cobertura médica privada y de acceso a programas públicos de salud, lo cual constituye la principal barrera para recibir atención médica oportuna.5

La creciente política antiinmigrante en algunos estados de la Unión Americana y el endurecimiento de las medidas del gobierno federal contra trabajadores mexicanos y sus familias, han generado leyes racistas, xenofóbicas y violatorias de los derechos humanos. A continuación se enuncian las propuestas de ley y legislaciones más controvertidas que tuvieron lugar entre los años 2010-2011.

• Arizona. La ley SB1070 de Arizona fue aprobada el 23 de abril de 2010; implica la acción más amplia y estricta contra la inmigración ilegal, ya que criminaliza a los inmigrantes sin documentos y considera sospechosos de crímenes a todos los que por su aspecto puedan parecer inmigrantes. El 28 de julio de 2010, 24 horas antes de su entrada en vigor, una juez ordenó la suspensión de las cláusulas más polémicas de la norma.

• Alabama. El 29 de septiembre de 2011 entró en vigor la ley HB56, que criminaliza a los migrantes que no tengan documentos legales y da autoridad a las escuelas a que verifiquen el estatus migratorio de sus alumnos. El 14 de octubre la Corte de Apelaciones del 11º Circuito suspendió temporalmente algunas partes.

• Georgia. El 15 de abril de 2011 se aprobó la norma HB87, que convierte en delito estatal el ser indocumentado y autoriza a los policías cuestionar a cualquiera sobre su estatus migratorio si existe “causa probable”. El 27 de junio de 2011, un juez federal emitió una medida cautelar contra la norma.

• Virginia. Legisladores republicanos impulsaban en 2011 varios proyectos de ley para combatir los intentos de los inmigrantes indocumentados de trabajar, estudiar o usar los servicios sociales, así como los que cometen delitos.

• Florida. En noviembre pasado, el Comité Judicial de la Cámara de Representantes de Florida proponía exigir que las compañías utilicen el programa federal E-Verify para confirmar el estatus legal de sus empleados antes de 2013, y de no hacerlo perderían sus licencias para operar. La propuesta también consideraba un delito menor ser inmigrante indocumentado en Florida y requiere a la policía la verificación del estatus migratorio de toda persona sólo si es arrestada por un crimen.

• Iowa. El año pasado fue aprobada en comisiones del Congreso local el proyecto de ley que obligaba a las agencias federales y locales de Iowa a investigar denuncias sobre empresas que contraten a inmigrantes indocumentados.

En los últimos años, nuestro país ha recibido el beneficio y ayuda de millones de mexicanos que viven, trabajan y residen en los Estados Unidos, quienes con su contribución, especialmente económica mediante el envío de remesas a sus familiares, contribuyen al desarrollo de sus regiones, a la estabilidad económica y el crecimiento del país.

Las transferencias de dinero que los migrantes mexicanos realizan desde Estados Unidos, constituyen, sin duda, uno de los beneficios económicos más evidentes. Para determinar la importancia actual de este fenómeno, tal como lo señala el Banco de México, en 2011 ingresaron a nuestro país 22.7 mil millones de dólares por concepto de remesas. Cinco estados recibieron el 40% del total de las remesas enviadas al territorio nacional. Michoacán, con el 9.8%; Guanajuato, con el 9.4%; Jalisco, con el 8.3%, Estado de México, con el 7.3%, y Puebla, con el 6.4%.

Sin embargo, su gran contribución al sostenimiento de sus familias y a la economía mexicana, no se ve reflejado en su seguridad social e integridad física. En la actualidad, es uno de los sectores más vulnerables y desprotegidos, el cual requiere de mayores apoyos para reducir los costos y riesgos del cruce de la frontera norte, pero también la protección a sus derechos humanos, laborales y sociales en Estados Unidos.

Enfrentamos, por desgracia, una migración que no es legal, ordenada, segura y digna para los mexicanos que se ven en la necesidad de trabajar o encontrar una mejor vida en el país del norte. Esto a pesar de que el gobierno federal y la mayoría de los estados fronterizos han realizado importantes esfuerzos para evitar que se violen sus derechos humanos o encuentren un tránsito seguro.

Los mexicanos que viven en el extranjero demandan del Estado y sus instituciones mayor atención y apoyo para sus comunidades, especialmente ante las autoridades estadounidenses, que se respeten sus derechos humanos y se defiendan sus garantías individuales previstas en los tratados internacionales.

Necesitamos contar oficinas consulares más eficientes y comprometidas en la prestación de servicios, apoyos y asistencia jurídica a los mexicanos. Los Poderes del Estado tenemos la urgencia de ser más enérgicos y que coadyuvemos con acciones a que no se realicen más detenciones ilegales o acciones racistas contra mexicanos; se suprima la vigilancia antiinmigrante que realizan grupos civiles; denunciemos ante organismos internacionales de derechos humanos los asesinatos y muertes violentas; trabajemos por eliminar la discriminación laboral, educativa o en los servicios de salud de los hijos de migrantes; auxiliemos a las madres que sufren violencia psicológica o física en sus centros de trabajo; se garanticen todos los derechos humanos de los mexicanos que se ven involucrados en repatriaciones voluntarias o forzadas, o las deportaciones sin respetar los debidos procedimientos; se deroguen las leyes racistas antiinmigrantes.

Ante la problemática antes señalada, el Senado de la República debe ser no sólo un actor en la conformación de una agenda en materia de política migratoria, sino promotor permanente de apoyos y la protección de los derechos humanos de los mexicanos radicados en Estados Unidos.

En el Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional consideramos que es fundamental la creación de un órgano especializado que no solamente impulse y dé seguimiento oportuno a las acciones legislativas y de política pública de atención a los migrantes, sino que también opine y participe en todas aquellas reformas legales para perfeccionar el marco jurídico federal. Lo anterior, con independencia de los temas sustantivos de la competencia de las Comisiones de Asuntos Fronterizos Norte, Asuntos Fronterizos Sur y la de Asuntos Migratorios.

La Cámara de Senadores en conjunto con la Cámara de Diputados deberán realizar los trabajos necesarios ya mencionados, a través de la creación de una Comisión Bicamaral coadyuve al reconocimiento de los derechos de humanos de los mexicanos en Estados Unidos vigile y fomente una auténtica política migratoria. El objetivo es encontrar alternativas y soluciones para disminuir los riesgos que atentan contra la vida y la integridad de los migrantes mexicanos, así como la discriminación, xenofobia, explotación y persecución.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración del Pleno de esta Soberanía Nacional el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

Primero.- Se exhorta respetuosamente a las Juntas de Coordinación Política de la Honorable Cámara de Diputados y Senadores para que, con fundamento en el artículo 88 de la Ley Orgánica del Congreso General se cree la Comisión Bicamaral de Apoyo al Migrante.

Segundo.- El objeto de la Comisión Bicamaral será emprender lo que se deriva de su denominación.

Tercero.- La Comisión Bicamaral estará integrada por los miembros que determine las Junta de Coordinación Política tanto de la Cámara de Senadores como la de Diputados y su presidencia será rotativa y recaerá alternadamente en un Senador y un Diputado.

Cuarto.- Para el cumplimiento de su objetivo, dicha Comisión Bicamaral podrá allegarse la información que considere pertinente; así como reunirse cuando lo considere necesario con las autoridades nacionales e internacionales responsables, organizaciones civiles, y desempeñar cualquier otra acción para el cumplimiento de su objetivo, en el ámbito de sus competencias.

Quinto.- La Comisión Bicamaral objeto del presente Punto de Acuerdo funcionará de conformidad con lo dispuesto por la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y demás disposiciones aplicables contando con la asignación de los recursos humanos, económicos y materiales necesarios para el adecuado desempeño de sus funciones.

Sexto.- La duración máxima de los trabajos que realice la Comisión Bicamaral será la que determinen los órganos de Gobierno de ambas Cámaras, sin perjuicio de que al cumplirse su objetivo para la cual fue creada, se extinga en forma anticipada.

Dado en la H. Cámara de Senadores, a 15 de noviembre de 2012.

Blanca María del Socorro Alcalá Ruiz

Senadora de la República”.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, Senadora Blanca Alcalá Ruiz. Túrnese a la Junta de Coordinación Política de ambas Cámaras del Congreso para su análisis.

- La C. Senadora Lorena Cuéllar Cisneros: (Desde su escaño) Pido la palabra, señor Presidente.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Sonido en el escaño de la Senadora Lorena Cuéllar, ¿para qué asunto?

- La C. Senadora Lorena Cuéllar Cisneros: (Desde su escaño) Para adherirme.

- El C. Presidente Aispuro Torres: ¿Para adherirse al punto de Acuerdo que ha presentado la Senadora Blanca Alcalá?

- La C. Senadora Lorena Cuéllar Cisneros: (Desde su escaño) Sí, señor Presidente.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Si no tiene inconveniente la Senadora Blanca Alcalá, se sumaría a su propuesta la Senadora Lorena Cuéllar, tome nota la Secretaría de ello; la Senadora Díaz Lizama igualmente se suma a este punto de Acuerdo y la Senadora Maki Ortiz Domínguez.

Se recibió de la Senadora Mariana Gómez del Campo, a nombre propio y del Senador Pablo Escudero Morales, un punto de Acuerdo que exhorta a distintos organismos a informar e implementar acciones en relación a las violaciones sistemáticas de los derechos humanos en los reclusorios del Distrito Federal, mismo que se turna a la Comisión del Distrito Federal.

PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA A DISTINTOS ORGANISMOS A INFORMAR E IMPLEMENTAR DIVERSAS ACCIONES EN RELACION A LAS VIOLACIONES SISTEMATICAS A LOS DERECHOS HUMANOS EN LOS RECLUSORIOS DEL DISTRITO FEDERAL

“SEN. ERNESTO JAVIER CORDERO ARROYO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
DE LA CAMARA DE SENADORES
DEL H. CONGRESO DE LA UNION

PRESENTE.

Los que suscriben, MARIANA GOMEZ DEL CAMPO GURZA y PABLO ESCUDERO MORALES, senadores a la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 8 numeral 1 fracción II y 276 del Reglamento del Senado de la República, sometemos a la consideración de esta soberanía la siguiente: PROPOSICION CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTAN A DISTINTOS ORGANISMOS A QUE INFORMEN AL SENADO DE LA REPUBLICA E IMPLEMENTEN DIVERSAS ACCIONES EN RELACION A LAS VIOLACIONES SISTEMATICAS A LOS DERECHOS HUMANOS EN LOS RECLUSORIOS DEL DISTRITO FEDERAL, al tenor de los siguientes:

ANTECEDENTES

1.- El pasado 18 de noviembre fue subido un video al portal de Internet denominado “YouTube”, en dónde internos del Reclusorio Preventivo Varonil Oriente del Distrito Federal, denuncian actos de corrupción por parte del personal que labora en ese centro de reclusión como son: existencia de teléfonos celulares al interior, renta de los mismos cobro o “cuota” durante el pase de lista de asistencia, así como la mala calidad en los alimentos que se les otorga.

2.- La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal emitió medidas precautorias al conocer la huelga de hambre que sostienen ocho internos del Reclusorio Oriente, de acuerdo al Boletín No. 431/2012 de fecha 18 de noviembre del presente año.

3.- El 20 de noviembre, la Subsecretaría del Sistema Penitenciario del Distrito Federal informó sobre la separación del cargo del Director del Reclusorio Preventivo Varonil Oriente del Distrito Federal, José Antonio Quintanar Rodríguez, así como la de los tres custodios que aparecen en el video.

CONSIDERANDOS

I.- Que con fundamento en el artículo 2 del Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito Federal y en el artículo 63 de la Ley de Ejecución de Sanciones Penales y Reinserción Social para el Distrito Federal, corresponde a la Subsecretaría de Sistema Penitenciario la organización, operación y administración de los reclusorios y centros de readaptación social para arrestados y procesados.

II.- Que el 17 de junio de 2011 fue publicada la Ley de Ejecución de Sanciones Penales y Reinserción Social para el Distrito Federal.

III.- Que la citada ley en su artículo 3 numeral VI establece el principio del respeto a la dignidad humana, en apego a los instrumentos internacionales sobre derechos humanos suscritos y ratificados por el Estado Mexicano.

IV.- Que el artículo 4° de dicha ley en el numeral IV establece como autoridades vinculadas a la Secretaría de Salud, Secretaría del Trabajo y Fomento al Empleo, la Secretaría de Desarrollo Social, de Educación y al Instituto del Deporte del Distrito Federal.

V.- Que en el informe que presenta la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), con motivo de la visita del Relator para México de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, presentado en el mes de septiembre de 2011, relativo a la figura de arraigo y la situación de las personas privadas de libertad, se refiere en el numeral VI a 6 recomendaciones emitidas por esa Comisión en las que se determinaron violaciones a los derechos humanos en el periodo comprendido entre 2010 y 2011

En consecuencia, se comete a consideración de esta Soberanía el presente PUNTO DE ACUERDO CON LAS SIGUIENTES RESOLUCIONES:

PRIMERO.- SE EXHORTA AL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL, PARA QUE GARANTICE LA INTEGRIDAD FISICA Y EL DERECHO A LA LIBRE EXPRESION DE LOS INTERNOS QUE REALIZARON LA DENUNCIA PUBLICA DIFUNDIDA A TRAVES DE INTERNET EL 18 DE NOVIEMBRE DEL PRESENTE AÑO.

SEGUNDO.- SE EXHORTA AL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL, PARA QUE A TRAVES DE LA SUBSECRETARIA DE SISTEMA PENITENCIARIO, REALICE UNA DEPURACION DE PERSONAL QUE LABORA EN LOS DIVERSOS CENTROS DE RECLUSION DEL DISTRITO FEDERAL CON BASE EN LA APLICACION DE EXAMENES DE CONTROL DE CONFIANZA.

TERCERO.- SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA COMISION NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS Y DEL DISTRITO FEDERAL PARA QUE DE MANERA COORDINADA REALICEN UNA INVESTIGACION SOBRE LOS HECHOS DENUNCIADOS Y SE HAGA EXTENSIVA A LOS DISTINTOS CENTROS DE RECLUSION VARONIL Y FEMENIL, A CARGO DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL.

CUARTO.- SE EXHORTA A LA SUBSECRETARIA DE SISTEMA PENITENCIARIO DEL DISTRITO FEDERAL A QUE INFORME A ESTA SOBERANIA, SOBRE LA ATENCION BRINDADA A LAS RECOMENDACIONES EMITIDAS POR LA COMISION DE DERECHOS HUMANOS DEL DISTRITO FEDERAL, POR VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS RELACIONADOS CON LA TORTURA, TRATOS CRUELES, INHUMANOS Y DEGRADANTES, VIOLACIONES A LOS DERECHOS DE LA SALUD, VIOLENCIA INSTITUCIONALIZADA DE GENERO Y DERECHO A LA SEGURIDAD JURIDICA, DESDE EL AÑO 2006 A LA FECHA.

QUINTO.- SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL PARA QUE EMITA UN INFORME SOBRE LOS PROGRAMAS QUE IMPLEMENTAN LAS SECRETARIAS DE SALUD, DEL TRABAJO Y FOMENTO AL EMPLEO, DESARROLLO SOCIAL, DE EDUCACION Y EL INSTITUTO DEL DEPORTE DEL DISTRITO FEDERAL, AL INTERIOR DE LOS CENTROS DE RECLUSION, DESDE EL AÑO 2006 A LA FECHA.

SEXTO.- SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL A EFECTO DE QUE BRINDEN LAS FACILIDADES A UNA COMISION DE SENADORES Y PERSONAL DE LA COMISION NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS PARA REALIZAR UNA VISITA AL RECLUSORIO VARONIL ORIENTE DEL DISTRITO FEDERAL.

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Senadores, a 22 de noviembre de 2012.

Atentamente

Sen. Mariana Gómez del Campo Gurza.- Sen. Pablo Escudero Morales”.

Se recibió del Senador Angel Benjamín Robles Montoya, del grupo parlamentario del PRD, un punto de Acuerdo que exhorta a la Suprema Corte de Justicia de la Nación a establecer elementos objetivos de selección para integrar 15 ternas de candidatos a Magistrados de Salas Regionales del Tribunal Electoral, que serán propuestas a la Cámara de Senadores, mismo que se turna a la Comisión de Justicia.

PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA A LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACION A ESTABLECER ELEMENTOS OBJETIVOS DE SELECCION PARA INTEGRAR QUINCE TERNAS DE CANDIDATOS A MAGISTRADOS DE SALAS REGIONALES DEL TRIBUNAL ELECTORAL DE PODER JUDICIAL DE LA FEDERACION QUE SERAN PROPUESTAS A LA CAMARA DE SENADORES

“SEN. ERNESTO JAVIER CORDERO ARROYO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
DE LA CAMARA DE SENADORES
DEL H. CONGRESO DE LA UNION

PRESENTE.

El que suscribe, Senador BenjamIn Robles Montoya, integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXII Legislatura del Senado de la República; de conformidad con lo establecido por los artículos 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 8, fracción II y 276, numeral 1, del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración del Pleno, proposición con punto de Acuerdo de urgente resolución con el objeto de exhortar respetuosamente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que establezca elementos objetivos de selección, para integrar quince ternas de candidatos a Magistrados de Salas Regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que serán propuestas a esta Cámara de Senadores.

Una de las más importantes reformas políticas que ha vivido nuestro país fue la de 1997, mediante ella se introdujeron en el sistema electoral, importantes instituciones que tenían por objeto asegurar que los procesos electorales se llevaran a cabo de manera adecuada.

Una de las grandes transformaciones que se han realizado el régimen democrático, ha sido la desaparición de los colegios electorales, por virtud de lo cual, las Cámaras del Congreso cedieron, a favor de un árbitro externo, la facultad de resolver los conflictos que se suscitaran en la elección de sus integrantes. Así, dio inicio la etapa de resolución, por la vía judicial, en lugar de política, de los conflictos derivados de los procesos electorales.

En principio esta facultad correspondió al Tribunal Federal Electoral, quien en términos del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, publicado el 15 de agosto de 1990, tenía atribuciones para resolver, entre otros casos, los juicios de inconformidad que se promoviera en contra de los resultados consignados en las actas de cómputo distrital o local, por las causas de nulidad previstas en la legislación electoral. No obstante, aun en este caso, los colegios electorales de cada una de las cámaras podían modificar las resoluciones emitidas por el Tribunal.

No obstante, la necesidad de contar con árbitros imparciales y objetivos que resolvieran los conflictos electorales apegados a estándares jurídicos y no políticos, dio paso a la conformación del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, como un organismo judicial especializado del Poder Judicial de la Federación en materia electoral, cuyas resoluciones se dictan con plenitud de jurisdicción, y las mismas resultan definitivas e inatacables lo que implica que no existe ninguna instancia que pueda revisar sus determinaciones.

Con el objeto de asegurar su imparcialidad e independencia, se dispuso que en la designación de los integrantes de dicho organismo dejara de tener injerencia el titular del Poder Ejecutivo, quien en su momento era el encargado de realizar las propuestas de los magistrados que conformaban el Tribunal Federal Electoral. Ahora la atribución de proponer a los funcionarios de éste ente público recaería en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quien haría la propuesta al Senado de la República.

¿Cuál fue el sentido de esta modificación? Que los magistrados que conformaran las distintas Salas del Tribunal Electoral fueran designados con base en criterios objetivos, como en los casos de los jueces y magistrados del Poder Judicial Federal; el sentido es la profesionalización de los funcionarios de la máxima autoridad en materia electoral.

Ahora bien, en este momento estamos en presencia de un evento de gran trascendencia para la vida democrática de nuestro país que, sin embargo, ha pasado relativamente desapercibido, en días pasados la Suprema Corte de Justicia de la Nación publicó el acuerdo 11/2012 por el que se determina el procedimiento para integrar quince ternas de candidatos a Magistrados de Salas Regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que serán propuestas a esta Soberanía.

Esta es la primera renovación de las Salas Regionales que se da en el marco de las nuevas atribuciones que les fueron conferidas por la reforma político-electoral de 2008. En efecto, no debe perderse de vista que en principio las Salas Regionales fueron concebidas como órganos temporales (sólo funcionaban durante los proceso electorales federales) con una competencia sumamente acotada; no obstante a partir de las modificaciones al régimen procesal electoral, se dotó a las Salas Regionales de un bagaje competencial novedoso, por virtud del cual, pueden resolver conflictos electorales derivados de procesos internos de elección de dirigentes de partidos políticos, procesos de selección de candidatos, impugnación de imposición de sanciones por parte de los órganos distritales del IFE, controversias suscitadas en las elecciones de diputados y senadores, diputados de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, diputados locales, integrantes de ayuntamientos.

Como se puede apreciar la elección de Magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, no es un tema menor. En sus manos está resolver una gran cantidad de los juicios de los que depende la estabilidad política de zonas muy importantes del territorio nacional.

Para el mes de marzo de 2013, habrá quince vacantes de Magistrado de Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Por ello, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicó el pasado lunes 3 de marzo, en el Diario Oficial de la Federación, el procedimiento para integrar quince ternas de candidatos a Magistrados de Salas Regionales.

En la convocatoria, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, no estableció cuáles serán los elementos de carácter objetivo o la evaluación específica que hará de todos los participantes, para en su momento seleccionar a unos candidatos y discriminar a otros, y conformar así, una lista de 90 candidatosy posteriormente integrar las ternas que enviará a la Cámara de Senadores.

La carrera judicial, ha sido una de las banderas que orgullosamente ha enarbolado el Poder Judicial Federal y más recientemente, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, al incorporar diversos cargos jurisdiccionales de carácter electoral a la carrera judicial federal.

Pero aún más importante, la Convocatoria emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación transgrede lo dispuesto en el artículo 213, en relación con el 106 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Esto es así, pues el citado numeral 213 establece que los Magistrados de las Salas Regionales deberán cumplir además de los requisitos previsto en dicho numeral, los contemplados en el 106.

En este sentido, el citado artículo dispone que la designación de los magistrados de circuito se realizará mediante concursos de oposición. En concordancia con esto, el artículo 114 de la mencionada ley orgánica, establece que los aspirantes a ocupar las vacantes de magistrados de circuito deberán presentar tres exámenes, uno de conocimientos teóricos, la resolución de un caso práctico y uno oral y público ante un sínodo.

Este mismo procedimiento, atendiendo al dictado de la norma debería seguir la Corte para la designación de magistrados regionales; sin embargo, extrañamente el acuerdo emitido por el máximo tribunal, no lo prevé de esta forma.

Es importante precisar, que la Suprema Corte deJusticia de la Nación, ya había determinado, en el año de 2008, en el procedimiento para la propuesta de 3 ternas para cubrir las vacantes que existían en ese momento en las Salas Regionales, realizar procesos de evaluación objetivos, mediante la práctica de exámenes (teóricos y prácticos); por tanto, resulta muy importante preguntarle al máximo tribunal constitucional, por qué desandó el camino, cuál es la justificación para no llevar a cabo un procedimiento apegado a estándares objetivos y transparentes, que privilegie el conocimiento de la materia electoral, y no los vínculos con algún grupo de poder o sector político.

Es importante decirlo, sería muy grave que desde la Suprema Corte se esté pavimentando el camino para el asalto del Tribunal Electoral por parte del poder, precisamente, el sentido de tener un procedimiento de selección en el que intervengan dos poderes, es que a través de la selección que haga la Corte se atempere el criterio político en la designación de funcionarios con tan alta responsabilidad.

Como lo mencionamos con anterioridad, la elección de los Magistrados de este órgano jurisdiccional, constitucionalmente es una responsabilidad compartida de esta Soberanía y la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Por lo anterior y por la relevancia de este proceso cuyos resultados en su momento tendremos que avalar, es que propongo este punto de acuerdo.

Finalmente, este punto de acuerdo es de urgente resolución, puesto que las Salas Regionales deben quedara integradas a más tardar el 7 de marzo del próximo años. En este sentido, si bien el proceso de selección ya ha iniciado, este se habrá de llevar a cabo en escasos dos meses, esto pues la Suprema Corte de Justicia de la Nación entra en periodo de receso a partir del próximo 14 de diciembre de 2012, y este órgano legislativo concluirá el periodo de sesiones en días próximos reanudándose hasta el mes de febrero, de ahí la necesidad de fijar, en estos momentos, cuál es la posición del Senado de la Republica a este respecto.

En razón de las causas expuestas, se somete a consideración de esta Honorable Asamblea el presente:

PUNTO DE ACUERDO CON PROPOSICION DE URGENTE RESOLUCION

UNICO: Se exhorta respetuosamente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación que en el procedimiento para integrar quince ternas de candidatos a Magistrados de Salas Regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que serán propuestas a la Cámara de Senadores, se realice mediante el establecimiento de estándares objetivos, como la realización de evaluaciones de carácter teórico y práctico que permitan acreditar las capacidades y competencias de los aspirantes para desempeñar el cargo.

México, D.F., a 11 de diciembre de 2012.

Atentamente

Sen. Angel Benjamín Robles Montoya”.

Se recibió de los Senadores Raúl Aarón Pozos Lanz, Oscar Román Rosas González y Ninfa Salinas Sada, un punto de Acuerdo que exhorta al titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a no permitir a ninguna organización, ni pública ni privada, la explotación del banco de arena ubicado en la ensenada Xpicob, en el municipio y estado de Campeche, debido al daño ecológico que ello representa para este hábitat crítico y para el campamento tortuguero que ahí se ubica, mismo que se turna a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA AL TITULAR DE LA SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES A NO PERMITIR A NINGUNA ORGANIZACION, NI PUBLICA NI PRIVADA, LA EXPLOTACION DEL BANCO DE ARENA UBICADO EN LA ENSENADA DE XPICOB, EN EL MUNICIPIO Y ESTADO DE CAMPECHE, DEBIDO AL DAÑO ECOLOGICO QUE ELLO REPRESENTA PARA ESE HABITAT CRITICO Y PARA EL CAMPAMENTO TORTUGUERO QUE AHI SE UBICA

“Los suscritos, RAUL AARON POZOS LANZ, OSCAR ROMAN ROSAS GONZALEZ y NINFA SALINAS SADA, Senadores de la República de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, integrantes de los grupos parlamentarios del Partido Revolucionario Institucional y del Partido Verde Ecologista de México, con fundamento en los artículos 8, numeral 1, fracción II y 276, numeral 1 del Reglamento del Senado de la República, someten a la consideración de esta Honorable Asamblea, la siguiente proposición con punto de Acuerdo por el que se exhorta al titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales del Gobierno Federal, para que con apego irrestricto al espíritu de la óptima protección, conservación y aprovechamiento de los recursos naturales del país, no se permita a ninguna organización, ni pública ni privada, la explotación del banco de arena ubicado en la ensenada de Xpicob, en el municipio y Estado de Campeche, debido al daño ecológico que ello representa para ese hábitat crítico y para el campamento tortuguero que ahí se ubica, a partir de las siguientes:

CONSIDERACIONES

La ensenada de Xpicob es una porción de mar, ubicada en las playas del poblado La Ensenada, a 15 km de la ciudad de Campeche y cuenta con una franja de mar de cerca de 500 metros en su parte más ancha. A pesar del pequeño espacio que ocupa, contiene no sólo una biodiversidad importante, incluyendo especies en peligro de extinción, sino también una población de pescadores y un esquema en donde se conjuga la naturaleza con el hombre de forma tal que se ha convertido en una unidad integral de aprovechamiento sustentable.

Hasta el momento, se han identificado 15 especies locales y 5 especies migratorias en algún estado de protección de acuerdo a la norma 059-SEMARNAT-2010; entre ellas destacan 3 tipos de tortugas marinas, 2 tipos de caballitos de mar, 1 tipo de cacerolita de mar ó cangrejo de mar, ó mex en idioma maya, 3 tipos de iguanas, 2 variedades de aves marinas locales, 2 especies de mangles, 3 tipos de orquídeas, así como 5 especies de aves marinas migratorias. De igual manera se han identificado 2 especies raras de peces marinos y una gran variedad de peces de ornato.

Contiene una diversidad de especies favorecedoras de captura de carbono, lo cual contribuye a reducir los efectos del cambio climático. Es un humedal marino que contiene arrecifes naturales y estructuras de regeneración de corales.

Ahí opera una unidad de maricultura y tiene un laboratorio de producción de crías de peces marinos. En Xpicob se están realizando estudios de investigación sobre la biodiversidad costera y marina de esta zona, sobre organismos empleados por la cultura maya, sobre arrecifes de corales, sobre la distribución de organismos marinos fijadores de carbono, así como estudios sobre las relaciones morfométricas de las tortugas marinas.

Se explotan más de 30 variedades de organismos marinos en forma comercial; existe un arrecife artificial y es sitio frecuente de pesca deportiva; contiene pastizales marinos y una variedad de algas.

Mucho más importante, la Ensenada de Xpicob contiene un campamento tortuguero donde se lleva a cabo la anidación de tortugas, así como una unidad de educación ambiental donde está establecida una organización no gubernamental que contribuye a la vigilancia y conservación de esta zona. Existe un pequeño poblado indígena marginado y en su zona federal marítimo terrestre se han identificado vestigios y estructuras mayas.

Una de las riquezas naturales de ese ecosistema es que la ensenada contiene un arenal atípico que por sus características es considerado como una rareza en términos ambientales.

El sitio ha servido durante décadas para la navegación, la recreación y el esparcimiento, la pesca y la maricultura. Por laimportancia que representa para la población que visita ese lugar, pero sobre todo por el valor que tiene para la conservación de fauna local, la ensenada cumple con los requisitos para ser considerada un hábitat crítico.

De acuerdo a la Ley General de Vida Silvestre, un hábitat crítico es un área específica terrestre o acuática, en la que ocurren procesos biológicos y físicos esenciales, ya sea para la supervivencia de especies en categoría de riesgo, ya sea para una especie, o para una de sus poblaciones, y que por tanto requieren manejo y protección especial. Son áreas que regularmente son utilizadas para alimentación, caza, forrajeo, descanso, crianza o reproducción, o rutas de migración.

Como puede apreciarse, la importancia que representan los arenales en la vastedad de los ecosistemas marinos del territorio nacional es enorme. La biodiversidad que habita en esos bancos arenosos y en su entorno es parte de la riqueza marina de todos los mexicanos.

La política nacional en materia del cuidado y preservación del medio ambiente no sacrifica la sustentabilidad por el progreso. Por el contrario, parte del principio de conservar el patrimonio nacional pero para contribuir al desarrollo nacional sustentable. Ello supone que tanto el criterio de beneficio económico de los particulares, como el del supuesto interés público que en ocasiones se esgrime, no pueden ser invocados si con ello se altera, se daña o se compromete la sustentabilidad de un ecosistema.

La ensenada de Xpicob ha sido cuna de un campamento tortuguero desde hace 15 años; ha servido para actividades de navegación, maricultura, pesca y la recreación. Cumple con un papel muy importante en un ecosistema que ahora se considera crítico y por ello, sería cuestionable que un criterio estrictamente económico, privado o público, guiarauna decisión que afectará no sólo a la fauna, sino a un ecosistema mucho más amplio y del que disfrutan miles de personas al año.

Quiero compartir, compañeras y compañeros legisladores, uno de los objetivos estratégicos de la SEMARNAT que aparece en el Programa Sectorial de Medio Ambiente y Recursos Naturales, 2007-2012, pues ese es el espíritu del punto de acuerdo que someto a su consideración el día de hoy. Esta Secretaría se ha comprometido y cito a “…conservar y aprovechar sustentablemente los ecosistemas, para frenar la erosión del capital natural, conservar el patrimonio nacional y generar ingresos y empleos en las zonas rurales en especial, y contribuir a la sustentabilidad ambiental del desarrollo nacional”.

Por todo lo anterior, someto a la consideración de esta Soberanía el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO.- Se exhorta al titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales del Gobierno de la República para que con apego estricto a la misión y los objetivos estratégicos de esa Secretaría, no se permita a ninguna organización, ni pública ni privada, la explotación del banco de arena ubicado en la ensenada de Xpicob, en el municipio y Estado de Campeche, debido al daño ecológico que ello representa para ese hábitat crítico y para el campamento tortuguero que ahí se ubica.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, a 15 de noviembre de 2012.

Sen. Ninfa Salinas Sada.- Sen. Oscar Román Rosas González.- Sen. Raúl Aarón PozosLanz”.

Se recibió de los Senadores Adriana Dávila Fernández, Luisa María Calderón Hinojosa, Roberto Gil Zuarth, Javier Corral Jurado y Ernesto Ruffo Appel, del grupo parlamentario del PAN, un punto de Acuerdo que exhorta a diversas instancias del Poder Ejecutivo Federal, al Poder Judicial Federal, a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión y a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, para que lleven a cabo acciones de divulgación de los datos de personas desaparecidas, mismo que se turna a la Comisión de Seguridad Pública.

PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA A DIVERSAS INSTANCIAS DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL, AL PODER JUDICIAL FEDERAL, A LA CAMARA DE DIPUTADOS DEL CONGRESO DE LA UNION Y A LA COMISION NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS PARA QUE LLEVEN A CABO ACCIONES DE DIVULGACION DE DATOS DE PERSONAS DESAPARECIDAS

“H. ASAMBLEA:

Los Senadores que suscriben, Adriana DAvila FernAndez, Luisa MarIa CalderOn Hinojosa, Roberto Gil Zuarth, Javier Corral Jurado y Ernesto Ruffo Appelintegrantes del grupo parlamentario del PAN, con fundamento en los artículos 8 numeral 1, 95 y 276 del Reglamento del Senado de la República, someten a consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente proposición con punto de Acuerdo de urgente resolución por el que se exhorta a diversas instancias del Poder Ejecutivo Federal, al Poder Judicial Federal, a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos para que lleven a cabo acciones de divulgación de datos de personas desaparecidas, con los siguientes:

CONSIDERACIONES

Actividades criminales como la trata de personas derivan en la desaparición de personas que son extraídas de su entorno social, afectando a madres, padres, hermanas y familias completas que viven esclavizadas en la incertidumbre que genera la pérdida de un ser querido.

De acuerdo a datos recabados a través del Sistema de Información Nacional de Personas Extraviadas y Fallecidas no identificadas, operado por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, de 2006 al 2011 se registraron 5 mil trescientos noventa y siete expedientes de personas extraviadas o ausentes.

Sin embargo, aún las cifras son demasiado confusas y sin una metodología estricta para tener un número aproximado que visualice la magnitud del problema de las personas ausentes o extraviadas.

En ese sentido, como respuesta a la preocupación de la sociedad, se hizo necesaria la creación de un marco jurídico que estableciera un registro nacional de personas desaparecidas o extraviadas, por lo que apenas en abril del año pasado, mediante la Ley del Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas, se creó tal registro, cuyo marco permite organizar y concentrar en una base de datos electrónica la información sobre personas extraviadas o desaparecidas. Además, contiene datos de aquellas personas que se encuentren en establecimientos de atención, resguardo, detención o internación y de las que se desconociesen sus datos de filiación, identificación y domicilio.

En consecuencia, el registro proporciona apoyo en las investigaciones para su búsqueda, localización o ubicación de su familia y lugar de residencia.

Igualmente, su operación está a cargo del Ejecutivo Federal por conducto de Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, y establece que existirá en el registro un apartado de consulta para el público general, disponiendo a su vez de espacios de buzón para recibir información que se proporcione por el público en general, respecto de personas extraviadas o desparecidas.

Cabe aclarar que aún no se cuenta con un informe oficial del aludido registro que genere cifras oficiales del mismo, pues conforme al Artículo 10 de la ley que lo crea, éste deberá ser presentado anualmente, por lo que dicho plazo se cumple con posterioridad al mes de abril del próximo año.

Sin embargo, a pesar de lo loable del registro, consideramos que la publicidad que tiene es limitada para la magnitud de sus finalidades, pues se encuentra únicamente a través de la página web, ya que su uso se circunscribe a las autoridades y público interesado en realizar la búsqueda.

Por ello, estimamos preciso buscar y diseñar estrategias que potencialicen dicho registro, acercando al público en general los datos e imágenes de aquellas personas que por alguna circunstancia se encuentran ausentes de sus hogares, involucrando a la sociedad civil a través de los productos de consumo, esto claro, con la colaboración de la iniciativa privada.

En ese sentido, una de las atribuciones de la Secretaría de Economía Federal es mantener un vínculo permanente con las cámaras empresariales y las respectivas confederaciones, las cuales aglutinan a empresas que producen y comercializan mercancías de consumo y circulación constante entre la población.

Además de las atribuciones previstas en la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, la Secretaría tiene a su cargo el establecimiento de mecanismos que permitan a las empresas con registro actualizado en el Sistema de Información Empresarial Mexicano, el acceso a programas gubernamentales orientados al desarrollo del comercio, servicios, el turismo o la industria. Por tanto, es indiscutible la constante interacción que tal Secretaría tiene con cámaras y confederaciones empresariales.

Por lo anterior consideramos que el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en coordinación con la Secretaría de Economía, puede diseñar una estrategia para involucrar a la iniciativa privada cuyos productos sean de circulación y consumo cotidiano en el público en general, a efecto de incorporar en ellos carteles de búsqueda que se basen en los datos previstos en el registro relativo a personas extraviadas y desaparecidas, y de esa forma potencializar la búsqueda de ellas ante el resto de la sociedad.

En adición a lo anterior, el Estado mexicano cuenta con los “Tiempos Oficiales” en las estaciones de radio y canales de televisión abierta para difundir sus mensajes a la población.

De esta manera, con base en el artículo 59 de la Ley Federal de Radio y Televisión, el gobierno federal tiene a su disposición 30 minutos diarios de transmisión gratuita en radio y canales de televisión abierta.

Además, los tres Poderes de la Unión, así como los órganos autónomos tienen a su disposición los “Tiempos Fiscales” cubiertos por las empresas de comunicación.

En tal caso, de conformidad con el artículo 21 del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación se realiza en proporción siguiente: 40% Poder Ejecutivo Federal; 30% al Poder Legislativo, tiempos que se distribuirán en partes iguales a la Cámara de Diputados y a la Cámara de Senadores; 10% al Poder Judicial, y 20% a los entes autónomos.

La vida y la libertad son valores que deben ser protegidos por cualquier medio. Por eso la televisión debe cumplir con la función social de contribuir al fortalecimiento al mejoramiento de las formas de convivencia humana, afirmando el respeto a los principios de la moral social, la dignidad humana y los vínculos familiares;

En tal virtud, el presente punto propone además, exhortar al Poder Ejecutivo Federal, al Poder Judicial de la Federación, a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos para que contribuyan a la localización de personas desaparecidas, destinando una parte de los tiempos oficiales en televisión para la divulgación de datos de personas desaparecidas. Asimismo, a través de este punto de Acuerdo, más que un exhorto se establece el compromiso del Senado de la República a destinar parte de sus tiempos oficiales al mismo propósito.

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de este H. Asamblea el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE RESOLUCION

PRIMERO.- El Senado de la República exhorta a la Secretaría de Economía para que, en coordinación con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en el marco del Sistema Nacional de Seguridad Pública, establezcan una estrategia que permita involucrar a empresas y sus respectivas cámaras y confederaciones, en la localización de personas extraviadas o desparecidas con el previo consentimiento de sus familiares. Lo anterior, a través de la inclusión de carteles de búsqueda en ciertos productos de consumo cotidiano con base en datos del Registro Nacional de Personas Extraviadas o Desaparecidas.

SEGUNDO.- El Senado de la República exhorta a titular del Ejecutivo Federal, a la Suprema Corte de Justicia de la Nación y a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos a que cedan una parte de los tiempos oficiales en televisión para la divulgación de datos de personas desaparecidas.

Tercero.- Se exhorta respetuosamente a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión para que destine parte de sus tiempos oficiales en televisión para la divulgación de datos de personas desaparecidas.

Cuarto.- La Cámara de Senadores destinara parte de sus tiempos oficiales en televisión para la divulgación de datos de personas desaparecidas.

Senado de la República, a 29 de noviembre de 2012.

Sen. Adriana Dávila Fernández.- Sen. Luisa María Calderón Hinojosa.- Sen. Roberto Gil Zuarth.- Sen. Javier Corral Jurado.- Sen. Ernesto Ruffo Appel”.

Se recibió de los Senadores Angel Benjamín Robles Montoya y Zoé Robledo Aburto, del grupo parlamentario del PRD, un punto de Acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a modificar las reglas de operación del Programa de Fomento Productivo del Café, mismo que se turna a la Comisión de Agricultura y Ganadería.

PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA AL EJECUTIVO FEDERAL A MODIFICAR LAS REGLAS DE OPERACION DEL PROGRAMA DE FOMENTO PRODUCTIVO DEL CAFE

“El que suscribe, Senador BenjamIn Robles Montoya integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXII Legislatura del Senado de la República; de conformidad con lo establecido por el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y en los artículos 8 fracción II y 276 numeral 1 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración del Pleno, proposición con punto de Acuerdo con base en las siguientes:

CONSIDERACIONES

El Programa llamado Fomento Productivo del Café actualmente ya no cumple los objetivos originales de beneficiar la producción,la calidad del café así como el fomento a la producción de cafés diferenciados para mercados de especialidad; aunque el programa Fomento Productivo del Café vigente considera a los productores bajo los criterios de productividad, superficie de café convencional y, superficie de café sustentable; en la práctica se resume a un concepto mal aplicado de productividad que solo toma en cuenta el rendimiento por hectárea, y no pondera adecuadamente la calidad del café y los servicios ambientales que presta el sistema de producción de café bajo sombra.

En el año 2011 el programa PROCAMPO PARA VIVIR MEJOR absorbió el Programa Fomento Productivo del Café, desvirtuando la naturaleza de impulso a la calidad y a la producción, para convertirse así, en un simple programa de apoyo asistencialista para los productores del grano.

La propuesta es de modificar las reglas de operación de dicho programa lo que beneficiaría directamente a pequeños productores del Sur Sureste. Para ello deberá contarse con un nuevo programa de fomento productivo que priorice acciones ligadas al mejoramiento ambiental como manejo de suelos, terraceo, barreras vivas, podas y manejo de sombra, que signifiquen además un aumento de la productividad, etc.

Con esto se reconocerían los beneficios ambientales que proporciona el cultivo de café bajo sombra, como la captura de carbono, producción de oxígeno, conservación de la biodiversidad, de los suelos, cuencas hidrológicas, etc.

Es importante mencionar que este programa (Fomento Productivo del Café) parte de una base de datos en donde se encuentra integrado un padrón nacional de cafetaleros productores llamado Sistema Informático de la Cafeticultura Nacional (SICN), sin embargo; los pequeños productores se han visto poco beneficiados al establecerse reglas de operación burocráticas que condicionan producción independientemente de la calidad en el producto, también complican el acceso a dicho programa el que para acceder a este beneficio se deban presentar en varias ocasiones ante las oficinas regionales o distritales de la SAGARPA más cercanas a su domicilio.

El número de trámites para la recepción de este recurso merman el impacto de los apoyos destinados, en virtud de que las condiciones de comunicación en la que se encuentran las comunidades cafetaleras hacen que los pequeños productores prefieran no asistir a realizar los trámites y a recibir sus apoyos ya que significa más el gasto de traslado y alimentación, que el monto del apoyo a recibir.

Lo anterior, significa una pérdida de recurso para los Estados cafetaleros de México y en particular del Sur Sureste.

Aunado a lo anterior; se deben plantear acciones positivas en torno a este Programa, ya que en Estados como Oaxaca las condiciones de orografía, de infraestructura, de comunicación y agroecológicas, son distintas a otros estados que cuentan con mayor infraestructura; por lo tanto una acción positiva directa a plantear es establecer una política compensatoria para los Estados del Sur Sureste que equilibre las desigualdades que la política actual al campo a generado al favorecer más a los estados del Centro y Norte del País.

El argumento es que, no se le puede exigir a un pequeño productor oaxaqueño o de guerrero un nivel de productividad equiparado a lo que se produce en otros Estados de la República como Veracruz o Chiapas por las condiciones descritas anteriormente;

Las metas fijadas a Estados en los que se asigne mayor recurso por acción positiva –como el Estado de Oaxaca-, deben ser en proporción de lo producido en lo anteriormente inmediato. Me explico:

El fomento del aumento de la producción debe ser a partir del reconocimiento de las condiciones actuales de rendimiento por hectárea (es decir la línea base de cada Estado)

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

Unico.- Se exhorta al titular del Poder Ejecutivo, instruya a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación a modificar las reglas de operación del Programa de Fomento Productivo del Café para establecer en las reglas de operación del programa en comento:

Que los recursos derivados del Programa Fomento Productivo del Café apoyen con un monto igual de 1500.00 pesos por hectárea, en función a las labores culturales que se realizan en el cafetal (podas, limpias, desombre) y al reconocimiento de los beneficios ambientales como el mejoramiento de suelos, captura de carbono, producción de oxígeno, conservación de la biodiversidad y de las cuencas hidrológicas, y además para acciones de mejoramiento de cafetales se deberá apoyar con 700.00 pesos adicionales a los que cuenten con un plan de trabajo para la introducción de un mínimo de 150 plantas por hectárea anuales.

Lo cual deberá ir acompañado de un programa de verificación, esto para dar certidumbre al programa.

Que el proceso de asignación de los apoyos sea de manera directa a partir de la certidumbre de apoyar a productores activos que registran en el Sistema Informático de la Cafeticultura Nacional (SICN).

De esta manera a través de una política pública compensatoria de acción positiva directa, se dotará de mayor recurso a los Estados del Sur Sureste propiciando un mayor equilibrio y trato justo a la cafeticultura.

Dado en el salón de sesiones da la Cámara de Senadores, a 8 de noviembre de 2012.

Sen. Angel Benjamín Robles Montoya”.

Se recibió de la Senadora Ana Gabriela Guevara, a nombre del grupo parlamentario del PT, un punto de Acuerdo que exhorta al Secretario de Gobernación a informar sobre las investigaciones internas del Centro de Evaluación y Control de Confianza del Instituto Nacional de Migración, con motivo de las propias declaraciones del Secretario de Gobernación, respecto a la penetración del crimen organizado y la corrupción en el instituto, con el fin de desarrollar las acciones legislativas pertinentes para fortalecer al Instituto Nacional de Migración, mismo que se turna a la Comisión de Asuntos Migratorios.

PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA AL SECRETARIO DE GOBERNACION A INFORMAR SOBRE LAS INVESTIGACIONES INTERNAS DEL CENTRO DE EVALUACION Y CONTROL DE CONFIANZA DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION, CON MOTIVO DE LAS PROPIAS DECLARACIONES DEL SECRETARIO DE GOBERNACION, RESPECTO A LA PENETRACION DEL CRIMEN ORGANIZADO Y LA CORRUPCION EN EL INSTITUTO, CON EL FIN DE DESARROLLAR LAS ACCIONES LEGISLATIVAS PERTINENTES PARA FORTALECER AL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION

“De los Senadora ANA GABRIELA GUEVARA, integrante de la LXII Legislatura de la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión, a nombre y representación del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8, fracción II; 76, fracción IX, 108, 276, y demás aplicables del Reglamento del Senado de la República, presento ante esta Honorable Asamblea, la siguiente PROPOSICION DE PUNTO DE ACUERDO, de urgente y obvia resolución. PARA QUE EL SENADO DE LA REPUBLICA EXHORTE AL SECRETARIO DE GOBERNACION, ALEJANDRO POIRE ROMERO A INFORMAR A ESTA SOBERANIA SOBRE LAS INVESTIGACIONES INTERNAS DEL CENTRO DE EVALUACION Y CONTROL DE CONFIANZA DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION, CON MOTIVO DE LAS PROPIAS DECLARACIONES DEL SECRETARIO DE GOBERNACION, RESPECTO A LA PENETRACION DEL CRIMEN ORGANIZADO Y LA CORRUPCION EN EL INSTITUTO CON EL FIN DE DESARROLLAR LAS ACCIONES LEGISLATIVAS PERTINENTES PARA FORTALECER AL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION, de conformidad con las siguientes:

CONSIDERACIONES

1.- Los medios de comunicación difundieron la nota de que Alejandro Poiré, secretario de gobernación, reconoció que el Instituto Nacional de Migración tuvo que ser depurado durante esta administración porque fue alcanzado por el brazo corruptor del crimen organizado. El Secretario aseguró que fueron despedidas 750 personas de la dependencia y se inhabilitó a 440 servidores públicos. “Hubo un incremento de la delincuencia organizada y esta delincuencia organizada no discriminó respecto a sus distintos ámbitos de acción y al poder corruptor que tenía sobre policías municipales, policías estatales, corporaciones federales y particularmente en materia migratoria y también enfrentamos esos problemas”, dijo. Explicó que a partir de que se descubrió esta filtración criminal, se creó un Centro de Evaluación de Control y Confianza con la que ya se ha logrado revisar a más del 60 por ciento de los trabajadores del Instituto entre mandos medios, superiores y los trabajadores que están contacto directo con migrantes mexicanos y centroamericanos. “El propio Instituto Nacional de Migración estaba siendo sometido al embate de la delincuencia, que estaba siendo sometido al embate de la corrupción y que teníamos que hacer una limpieza profunda”, enfatizó Poiré y añadió “hoy el Instituto Nacional de Migración tiene un Centro de Evaluación y Control de Confianza que está funcionando, que está depurando a los funcionarios que no deben estar ahí”.

2.- Esta nota informativa tiene unagran riqueza informativa que reconoce la vulnerabilidad de una institución federal, su absorción por la corrupción y sobre todo el esfuerzo de activar un Centro de Evaluación y Control de Confianza. Es nuestro interés, así como de todas las comisiones relacionadas con la migración, obtener una información sustantiva, tanto de la operación del Centro de Evaluación como de sus avances; es necesario que las comisiones pertinentes tengan en su poder la información que genera una institución que se sostiene por recursos públicos, que tiene viabilidad en los procesos parlamentarios sea puntual y continuamente comunicada al poder legislativo que tiene la obligación y responsabilidad suprema de observar los movimientos de las instituciones gubernamentales.

3.- La Secretaría de Gobernación es una entidad que tiene los insumos y los recursos para establecer evaluaciones transversales y profundas de sus órganos de gobierno. El Centro de Evaluación y Control de Confianza tiene el poder de establecer análisis de toda naturaleza en cuanto se refiere a la información que ha emitido sobre la presunta penetración de la corrupción y del crimen organizado. Por ello es urgente, ante el relevo inminente de funcionarios por la próxima generación de gobierno, que esta institución obtenga la información que se ha generado en los análisis sobre el Instituto de Migración específicamente y su declarado estado de vulnerabilidad. Es vital saber cómo, en dónde, porqué y quienes han sido doblegados por lo que se mencionó como “poder corruptor”. Es necesario establecer qué es lo que se encuentra institucionalmente débil en el Instituto de Migración, cuál es el corte de la investigación hasta ahora y cómo se podría fortalecer un Instituto de responsabilidad mayor como el de Migración.

Por todo lo anterior, sometemos a la consideración de esta Asamblea el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

Unico.- EL SENADO DE LA REPUBLICA EXHORTA AL SECRETARIO DE GOBERNACION ALEJANDRO POIRE ROMERO A INFORMAR A ESTA SOBERANIA SOBRE LAS INVESTIGACIONES INTERNAS DEL CENTRO DE EVALUACION Y CONTROL DE CONFIANZA DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION, CON MOTIVO DE LAS PROPIAS DECLARACIONES DEL SECRETARIO DE GOBERNACION, RESPECTO A LA PENETRACION DEL CRIMEN ORGANIZADO Y LA CORRUPCION EN EL INSTITUTO CON EL FIN DE DESARROLLAR LAS ACCIONES LEGISLATIVAS PERTINENTES PARA FORTALECER AL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION.

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Senadores, a 29 de noviembre de 2012.

Atentamente

Sen. Ana Gabriela Guevara”.

Se le concede el uso de la palabra a la Senadora Diva Hadamira Gastélum Bajo, del grupo parlamentario del PRI, para presentar un punto de Acuerdo que exhorta a los titulares de las Secretarías de Educación Pública y de Hacienda y Crédito Público, a reconocer y reclasificar presupuestalmente a la Universidad de Occidente del estado de Sinaloa, como Universidad Pública Estatal.

- La C. Senadora Diva Hadamira Gastélum Bajo: Gracias, señor Presidente.

Yo quisiera pedirle que me autorizara, hay dos puntos de Acuerdo ahí en el Orden del Día, hablar un poquito de los dos, para cubrir el trámite.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Se le concede el uso de la palabra, para que toque los dos puntos de Acuerdo que usted ha registrado para el día de hoy.

- La C. Senadora Diva Hadamira Gastélum Bajo: Bueno, el primero de ellos tiene que ver con la Universidad de Occidente, una universidad que se ha ganado a pulso el respeto en el estado de Sinaloa.

Una universidad, por cierto de la cual yo soy egresada, pero que ha pasado por una serie de problemas, para que le sea reconocida como una universidad pública.

La Universidad de Occidente tiene todos los requisitos que se requieren para tener esta categoría.

Nosotros sentimos que no se ha hecho una valoración exacta de lo que corresponde, no solamente a la matrícula, a la currícula que tiene la universidad, a los que han sido egresados de la misma y, sobre todo, el alcance que han tenido los egresados de esta universidad.

Por eso nosotros estamos proponiendo en este punto de Acuerdo, que por cierto le solicito, señor Presidente, lo incluya totalmente como ha sido presentado, dos asuntos al respecto.

Primero, que se le dé esa categoría, porque llena los requisitos que corresponden a una universidad pública.

Y segundo, después de ser reclasificada, que pueda estar dentro de la lista de universidades públicas, a las cuales se les proporcionan los recursos federales apropiados.

La Universidad de Occidente, a la fecha, solamente recibe un poco de recurso federal, y la carga de su manutención tiene que ver con los padres de familia y alumnos que participan en la misma.

Propuesta

PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA A LOS TITULARES DE LA SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA Y DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO A RECONOCER Y RECLASIFICAR PRESUPUESTALMENTE A LA UNIVERSIDAD DE OCCIDENTE DEL ESTADO SINALOA COMO UNIVERSIDAD PUBLICA ESTATAL

“La suscrita, Diva Hadamira GastElum Bajo, Senadora de la República de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 58 del Reglamento de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanosy los artículos 8, numeral 1, fracción II y 276 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta Asamblea la siguiente proposición con punto de Acuerdo, por el que se exhorta respetuosamente al titular de la Secretaria de Educación Pública y de Hacienda y Crédito Público para que reconozca y reclasifique presupuestalmente a la Universidad de Occidente del Estado Sinaloa como Universidad Pública Estatal al tenor de la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

La Universidad de Occidente (U de O), es una Institución vanguardista en la educación superior, formadora de personas activas que participan comprometidamente en la transformación social.

Su principal objetivo es fortalecerse comocentro educativo, mediante el cumplimiento de sus funciones como Institución de Educación Superior y la construcción de una institución educativa innovadora, acorde con lasexigencias de la sociedad sinaloense.

Esta Institución cuenta en la actualidad con unidades en las ciudades de Culiacán, Los Mochis, Guasave, El Fuerte, Guamúchil, Mazatlán, El Rosario y Escuinapa, con una matrícula aproximada de 9,518 alumnos correspondientes al presente ciclo escolar 2011-2012.

Desde el año 2005, la Universidad de Occidente solicitó a la Subsecretaría de Educación Superior de la Secretaría de Educación Pública del Gobierno Federal, el reconocimiento como Universidad Pública Estatal (UPE). Esta solicitud se ratificó en la reunión celebrada con la Doctora Sonia Reynaga Obregón, Directora de Educación Superior de la Secretaría de Educación Pública.

El 23 de agosto del año 2011, el Congreso del Estado de Sinaloa emitió un punto de Acuerdo exhortando al Gobierno Federal para que se le otorgara el reconocimiento como Universidad Pública Estatal.

Asimismo, el 20 de octubre de ese mismo año, la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, de manera unánime emitió y aprobó un Punto de Acuerdo enunciando lo siguiente:

Unico.- La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a la Secretaria de Educación Pública, para que apruebe el dictamen a la solicitud, debidamente requisitada y que obra en su poder, hecha por la Universidad de Occidente, donde se solicita se le otorgue el reconocimiento de universidad pública estatal, para que bajo este estatus sea favorecida en el Ejercicio Fiscal de 2012.

Acuerdo que fue publicado en la Gaceta Parlamentaria el día 24 del mismo mes y año, página 34, solicitud que fue remitida a la Secretaria de Educación Pública.

Derivado de su aprobación, sólo enviaron diversos oficios en respuesta del mismo:

I. Del Maestro Antonio Hernández Legaspi, titular de la Unidad de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación, dirigido a los Secretarios de la Cámara de Diputados, de fecha 12 de abril de 2012, por el que se enviaba copia del oficio suscrito por el Licenciado Gonzalo Altamirano Dimas.

II. Del Licenciado Gonzalo Altamirano Dimas, titular de Coordinación Ejecutiva, dirigido al Maestro Antonio Hernández Legaspi. De fecha 30 de marzo de 2012, por el que se remitió documentación y copia del oficio suscrito por el Dr. Rodolfo Tuiran, Subsecretario de Educación Superior.

III. Del Doctor Rodolfo Tuiran, mediante el cual se diopor enterado de la aprobación del citado punto de Acuerdo por la Cámara de Diputados, al respecto envió copia del oficio que se mandó en diciembre del 2011 al Licenciado Mario López Valdés, Gobernador del Estado de Sinaloa, mediante el cual la Dirección General de Educación Superior Universitaria solicitó cierta información y documentación de la Universidad de Occidente, para poder que se pudiera iniciar el análisis y aprobación del reconocimiento y reclasificación presupuestal de dicha Institución como Universidad Pública Estatal.

Al respecto envió un listado de todo lo que la Universidad debía entregar, lo solicitado por la Dirección fue lo siguiente:

• Decreto de creación.

I. Ley Orgánica, Reglamentos y Estatutos Vigentes (estatuto ele ingreso. promoción y permanencia del personal académico y administrativo: tabuladores del personal académico y administrativo; políticas de transparencia. equidad de género y apoyo a personas con discapacidad; políticas de becas, condonaciones, entre otros, para alumnos y profesores o familiares de personal).

II. Actas de consejo o máximo órgano de gobierno de 2009-2012.

III. Políticas de seguridad social y jubilación vigentes.

IV. Sindicatos y agrupaciones vigentes contrato colectivo vigente número de agremiados, número de licencias sindicales anuales y aportaciones patronales.

V. Organigrama general y por campus.

VI. Número de campus y sedes.

VII. Patrimonio universitario por sede y relación de escrituras por sedes.

VIII. Recursos financieros (subsidio ordinario de la federación 2000-2012.; subsidio ordinario del estado 2000·2012; ingresos propios 2000-2012; presupuesto anual ingreso-egreso 2000-2012; venta de servicios.

• Planta académica:

I. Número total de profesores por sede por año desde diciembre 2001 a diciembre 2012 (nombre. puesto, categoría, código, sa.ano. tipo de contrato, grado académico, edad, etcétera).

II. Tiempo de dedicación (profesores de tiempo completo medio tiempo. asignatura).

III. Número ele materias impartidas por cada uno por ciclo escolar y por sede 2000-2012.

IV. Distribución de tiempo y actividades académicas por cada uno por ciclo escolar.

V. Políticas de becas.

VI. Políticas de internacionalización (movilidad). Intercambios doble titulación, etcétera.

VII. Políticas para el otorgamiento de estimulas docentes.

VIII. Políticas sobre derecho de autor.

IX. Tabulador general de salarios.

X. Indicadores de productividad.

XI. Prestaciones propias (seguro médico, de vida, etcétera).

• Funcionarios

I. Número total ele funcionarios por sede y por y por año desde 2000 hasta diciembre de 2012 (nombre, código y salario).

II. Tipo de contrato.

III. Tiempo de dedicación (profesores de tiempo completo, medio tiempo, asignatura).

IV. Número ele materias impartidas por cada uno por Ciclo escolar y por sede de 2000 a 2012.

V. Distribución de tiempo y actividades académicas por cada uno por ciclo escolar.

VI. Indicadores de productividad.

• Alumnado

I. Reglamento de ingreso y permanencia (por tipo de programa licenciatura, técnico superior universitario y posgrado).

II. En caso de contar con internado, el número tola: ríe estudiantes en el Internado, políticas para tener la calidad de interno (ingresos y egresos del internado).

III. Número total de alumnos por sede, por semestre por programa por grupo, por nivel, por turno.

IV. Histórico evolución desde 2000-2012.

V. Políticas de movilidad.

VI. Políticas de titulación.

VII. Servicio social (número de horas y convenios para la prestación por nivel y carrera).

VIII. ¿Existe la figura de intercambio, semestre por movilidad, se pueden cursar materias aisladas siendo alumno de otra institución?

• Infraestructura

I. Número de sedes de infraestructura ele cada una desde 2006 hasta 2012 (edificación, planos, metros cuadrados ele construcción. número ele auras laboratorios, cubículos. bibliotecas, oficinas, etcétera).

II. Equipo por área (de laboratorio, mobiliario, cómputo, etcétera.)

• Recursos financieros

I. Total de recursos financieros desde 2006 hasta 2012 por origen: federal, estatal e ingresos propios.

II. Costo de nómina.

III. Gasto operativo.

IV.Gasto de internado (global).

V. Pasivos a la fecha (en caso de tenerlos).

VI. Relaciones contractuales

VII. Copia ele los convenios contractuales desde 2000 hasta 2012.

VIII. Enlistar prestaciones no reconocidas por la SEP con el monto aproximado de su costo.

• Vinculación

I. Convenios vigentes y activos.

II. Extensión.

III. Productos.

IV. Incubadoras.

V. Venta de servicios.

VI. Asistencia social, etcétera.

VII. Política para jubilados y pensionados.

Documentos que fueron entregados en tiempo y forma el 1° de febrero del presente año, mediante oficio dirigido a la Doctora Sonia Reynaga Obregón, Directora General de Educación Superior Universitaria, con copia adjunta para el Dr. Rodolfo Tuiran y el Licenciado Mario López Valdez. (Se anexa a la presente copia del mismo).

Sin embargo a pesar de que la Universidad tuvo a bien entregar y cumplir con todo lo solicitado hasta el día de hoy no se ha obtenido una respuesta favorable para la Institución, respecto del reconocimiento y reclasificación presupuestal como Universidad Pública Estatal.

Siendo menester señalar que la Secretaría de Educación Pública actualmente, cuenta con un Subsistema Público de Educación Superior clasificado en cuatro apartados:

1. Universidad Públicas Federales (UPF)

2. Universidades Públicas Estatales (UPE)

3. Universidades Tecnológicas (UT)

4. Universidades Públicas Estatales con Apoyo Solidario (UPEAS)

La mayoría de las Universidades ubicadas en las entidades federativas están clasificadas como Universidades Públicas Estatales, se encuentran dentro de los tres primeros apartados, es decir, como Universidades Públicas Estatales, Universidades Públicas Federales y Universidades Tecnológicas, cuyo subsidio es asumido en gran parte por el Gobierno Federal.

No obstante, algunas otras Universidades Públicas como es el caso de la Universidad de Occidente, clasificadas como Universidades Estatales con Apoyo Solidario (UPEAS), no gozan de la misma fortuna y reciben un subsidio menor en comparación con las clasificaciones de las otras universidades. Cuestión que indudablemente repercute de manera directa en el aprendizaje y desarrollo educativo de los jóvenes sinaloenses.

Cabe señalar que, el régimen de Universidades Estatales con Apoyo Solidario, implica un subsidio paritario con fondos federales y estatales. Es decir, un apoyo solidario anual, mediante la realización de convenios con los gobiernos estatales respectivos. Lo que implica que las UPEAS dependan jurídica y administrativamente de los Estados.

De un total de 23 universidades que se encuentran bajo esta clasificación, sólo 3 de ellas han solicitado ser reconocidas como Universidades Públicas Estatales, entre éstas, la U de O.

Por lo anterior, la presente proposición pretende que la Universidad de Occidente sea reconocida oficialmente como Universidad Pública Estatal y por ende se reclasifique presupuestalmente a dicha Institución.

De acuerdo con lo citado por la Ley General de Educación en su:

Artículo 9o.- Además de impartir la educación preescolar, la primaria y la secundaria, el Estado promoverá y atenderá –directamente, mediante sus organismos descentralizados, a través de apoyos financieros, o bien, por cualquier otro medio- todos los tipos y modalidades educativos, incluida la educación inicial, especial, media superior y superior, necesarios para el desarrollo de la Nación, apoyará la investigación científica y tecnológica, y alentará el fortalecimiento y la difusión de la cultura nacional y universal.

Así como lo establecido por el Plan Nacional de Desarrollo del actual Presidente de México el Lic. Felipe Calderón Hinojosa, unos de sus principales objetivos y directrices son:

OBJETIVO 9.-La calidad educativa comprende los rubros de cobertura, equidad, eficacia, eficiencia y pertinencia, criterios útiles para comprobar los avances del SEN (Sistema Educativo Nacional), pero también valiosos para “dar luz” sobre el desarrollo de los alumnos, los requerimientos de la sociedad así como las demandas del entorno internacional. El documento menciona que una educación de calidad es aquella que impulsa el desarrollo de capacidades y habilidades individuales, en lo intelectual, afectivo, artístico y deportivo, al mismo tiempo que se fomentan los valores para una convivencia social solidaria y se prepara para la competitividad y las exigencias del mundo del trabajo.

OBJETIVO 10.-Se deben reducir las desigualdades regionales y entre grupos sociales para las oportunidades educativas.

Invertir más en educación es imprescindible. No basta con tener una escuela cerca de la comunidad; se necesita un entorno económico y familiar favorable para ingresar y mantenerse en ella.

Por lo que el financiamiento que se otorga a la Educación Superior, no se debe considerar como gasto sino como una inversión.

La mejor inversión de un país es aquella que se hace en su gente; es la que forma a las personas desde la educación inicial hasta la educación terciaria; es una inversión económica y social que debe protegerse de los embates de las crisis recurrentes que sufrimos como país.

Si a la necesidad de incrementar el financiamiento para cubrir los rezagos existentes, para la creación de nuevas instituciones públicas de educación superior o para ampliar la capacidad de muchas de las que existen actualmente,(situación actual de la Universidad de Occidente)se agrega el fenómeno de la tendencia a aumentar los costos unitarios de la educación superior con mayor rapidez que los demás costos unitarios de la economía, se configura un escenario preocupante en el ámbito del financiamiento de este nivel educativo.

De lo anterior se desprende la necesidad de que la U de O cuente con los recursos necesarios para su funcionamiento eficaz, permitiéndole generar las condiciones propicias para enfrentar los retos anteriormente mencionados.

Sin dudapara la Universidad de Occidente el hecho de ser reclasificada, para pasar de Universidad Pública Estatal con Apoyo Solidario, a Universidad Pública Estatal, además de los múltiples beneficios institucionales que ello representa, estaría en condiciones de superar la situación de desventaja académica y financiera en la que actualmente se encuentra.

Siendo menester señalar que pese a que la Universidad ha cumplido con los requerimientos e información solicitada por la SEP y la SHCP, aún no se ha emitido el reconocimiento oficial y reclasificación presupuestal como Universidad Pública Estatal.

• PRINCIPALES BENEFICIOS AL RECONOCER Y RECLASIFICAR PRESUPUESTALMENTE A LA U DE O COMO UPE.

I. Tendría mayor oportunidad y acceso a los Programa Educativos que emita o genera la Secretaria de Educación Pública.

II. El subsidio federal ordinario que se reciba, se destinaría para cubrir el costo de la plantilla de trabajadores académicos, administrativos y de confianza, además de homologar y nivelar salarios y prestaciones a los del resto de universidades públicas.

III. Se incrementaría el número de plazas de tiempo completo para el personal académico con estudios de doctorado, lo cual representaría una plataforma institucional para el despegue académico de la U de O y la posibilidad de contar con el 100% de los programas académicos reconocidos como programas de calidad.

IV. Contaría con la oportunidad de participar en el Programa de Estímulo al Desempeño Académico, lo cual representa que el personal académico puede incrementar sus ingresos con base en su desempeño profesional y productividad laboral.

V. Permitiría un mayor desarrollo y apoyo económicoa la Comunidad estudiantil, a los padres de familia, disminuyendo por ende el gasto que implica sostener y pagar la Universidad de los jóvenes del Estado de Sinaloa.

VI. Se tendría acceso a fondos institucionales, lo cual permitiría resarcir el aspecto financiero, dando lugar a los recursos que correspondan, atender rezagos en el pago a proveedores, pago de impuestos y adeudos de diverso tipo.

Es imperante otorgar cuanto antes el reconocimiento y reclasificación presupuestal a la Universidad de Occidente como Universidad Pública Estatal, para efectos del Presupuestos de Egresos de la Federación del año 2013, permitiendo generar las condiciones necesarias para avanzar significativamente en el ámbito académico, institucional, profesional y económico de la Comunidad estudiantil, los padres de familia y los trabajadores sinaloenses de dicha Institución.

Por los argumentos vertidos con anterioridad, someto a la consideración de esta Honorable Soberanía la siguiente proposición con:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO.- Se exhorta respetuosamente al titular de la Secretaria de Educación Pública, para que apruebe la solicitud, debidamente requisitada y que obra en su poder, hecha por la Universidad de Occidente del Estado de Sinaloa, para ser reconocida oficialmente como Universidad Pública Estatal.

SEGUNDO.- Se exhorta respetuosamente a la Secretaria de Hacienda y Crédito Público para que reclasifique presupuestalmente a la Universidad de Occidente como Universidad Pública Estatal, para el ejercicio Fiscal del año 2013.

Dado en el salón de sesiones del H. Senado de la República, a 29 de noviembre de 2012.

Atentamente

Sen. Diva Hadamira Gastelúm Bajo”.

Por otro lado, estoy pidiendo la ratificación del Convenio de Lanzarote, que tiene que ver con el abuso y tráfico sexual de niñas y niños.

Creo que México requiere dar este paso, y es importante que así sea, se dé. Hace muy poco el Consejo de Europa hizo una evaluación sobre el Convenio de Lanzarote, y encontramos que la violación sexual, en el círculo de confianza de niños y niñas en el mundo, tiene que ver con un más del 95%.

Por eso creo que México debe de sumarse, debe ratificar este convenio y más aún, sumarse a una gran campaña que se ha generado, que se llama de cada cinco años, uno es violentado, en violencia sexual, en el círculo de confianza.

Sé que irá en positivo, porque tiene que ver con las nuevas generaciones de niñas y niños mexicanos.

Por su atención, muchas gracias.

(Aplausos)

Propuesta

PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA AL TITULAR DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL A SUSCRIBIR EL CONVENIO PARA LA PROTECCION DE LOS NIÑOS CONTRA LA EXPLOTACION Y EL ABUSO SEXUAL, CONVENIO DE LANZAROTE

“La suscrita, Diva Hadamira GastElum Bajo, Senadora de la República de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 58 del Reglamento de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanosy los artículos 8, numeral 1, fracción II y 276 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta Asamblea la siguiente proposición con punto de Acuerdo, por el que se exhorta respetuosamente al titular del Poder Ejecutivo Federal a suscribir el Convenio para la Protección de los Niños contra la Explotación y el Abuso Sexual, Convenio de Lanzarote, al tenor de la siguiente:

Exposición de Motivos

La explotación sexual y el abuso sexual infantil pueden ser considerados como la violación más severa a los derechos de los niños, debido a las repercusiones a corto y largo plazo en su salud física, desarrollo psicológico y bienestar psicosocial.

En la actualidad es preocupante ver que uno de cada 5 niños es víctima de violencia sexual por lo menos una vez en su vida. La policía, las autoridades judiciales, los servicios de salud, las organizaciones no gubernamentales (ONG´s), las asociaciones humanitarias y otros órganos, es sólo la punta del iceberg.

De acuerdo con un estudio realizado en 2006 por la Organización Mundial de la Salud (OMS), se estima que 150 millones de niños y 73 millones de niños menores de 18 años han experimentado relaciones sexuales forzadas u otras formas de violencia sexual.

Al respecto las estadísticas de la Organización Mundial del Trabajo (OIT), revelan que en el año 2000, alrededor de 1.8 millones de niños habían sido explotados sexualmente en los sectores de la prostitución y la pornografía. El UNICEF estima que al menos 2 millones de niños en el mundo caen en las garras de la industria del sexo cada año.

Los investigadores en la materia califican el abuso sexual a menores como cualquier participación de niños y adolescentes en actividades sexuales que son incapaces de comprender, resultando inapropiadas para su edad y etapa de desarrollo psicosexual, en las cuales se ven forzados a participar mediante la violencia o la seducción, o que transgreden los tabúes sociales con respecto a los roles que deben cumplir los miembros de la familia. 1

Los niños que han sufrido abuso requieren protección y atención particulares, dada sus características especiales, sustentadas en su enorme vulnerabilidad en términos de edad y, en ocasiones, origen étnico, discapacidad o estrato social, así como su dependencia de los adultos. La seguridad de los niños así como intereses deben tener un lugar destacado en los debates políticos y las decisiones que le conciernen a cada país.

Es preciso que para combatir la violencia sexual de forma efectiva cada Estado miembro identifique las legislaciones y disponga de recursos suficientes con el fin de abatir los factores de riesgo y cambiar la grave situación en la que hoy se ve inmersa la niñez del mundo y de forma particular en México.

Derivado de lo anterior a Nivel Internacional existen varios ordenamientos para laproteccióny procuración de los Derechos de los niños, algunos de ellos son:

• La Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño (1989), misma que enuncia:

Artículo 34.- Los Estados Partes se comprometen a proteger al niño contra todas las formas de explotación y abuso sexuales. Con este fin, los Estados Partes tomarán, en particular, todas las medidas de carácter nacional, bilateral y multilateral que sean necesarias para impedir:

a) La incitación o la coacción para que un niño se dedique a cualquier actividad sexual ilegal;

b) La explotación del niño en la prostitución u otras prácticas sexuales ilegales;

c) La explotación del niño en espectáculos o materiales pornográficos.

• El Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la venta de niños, la prostitución infantil y la utilización de niños en la pornografía (2000), mismo que complementa la Convención al criminalizar estos actos, incluyendo los caos de tentativa, de complicidad o de participaciones ellos.

• La Convención 182 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), referente a la Prohibición y la Acción Inmediata para la Eliminación de las Peores Formas de Trabajo Infantil (1999), misma que incluye lo siguiente:

Artículo 3ª.- A los efectos del presente Convenio, la expresión «las peores formas de trabajo infantil» abarca:

b) La utilización, el reclutamiento o la oferta de niños para la prostitución, la producción de pornografía o actuaciones pornográficas.

• Las declaraciones de los tres Congresos Mundiales contra la Explotación Sexual y Comercial de los Niños, realizadas en Estocolmo (1996), Yokohama (2001) y Río de Janeiro (2008).

Estas Declaraciones, así como la Agenda para la Acción contienen recomendaciones para penalizar la explotación sexual comercial de niños, sancionar penalmente a los perpetradores extra-territoriales.

También establecen las normas y procesos judiciales adaptados a los niños y refuerzan los derechos de las víctimas a la asistencia legal, social y médica. El compromiso Global de Yokohama, adoptado durante el Segundo Congreso Mundial, reafirma las recomendaciones hechas en Estocolmo.

Por último tenemos:

• La propuesta de una Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo sobre el Combate al abuso sexual, la explotación sexual de los niños y la pornografía infantil.

Por lo anterior la suscripción del Convenio para la Protección de los Niños contra la Explotación Sexual y el Abuso Sexual, Convenio de Lanzarote, resulta imperante.

Por lo que con su firma nuestro país daría un paso adelante en la prevención de delitos de naturaleza sexual. Garantiza la protección amplia y completa para los niños contra la explotación y el abuso sexual y por último se centra en los procedimientos judiciales contra los presuntos autores de estos crímenes.

El documento consolida las normas en la materia y se ocupa de las lagunas jurídicas en las normas de los países. Esta es la primera vez que un Tratado Internacional define y tipifica como delito el abuso sexual de los niños de una manera amplia, concisa y clara.

Asimismo, incluye acciones de prevención, medidas de protección para los niños víctimas, inclusión de cláusulas sobre nuevas formas de violencia, tales como la explotación de los niños usando las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) y señala como niños a todos los menores de 18 años.

Por último el citado Convenio introduce un sólido mecanismo de seguimiento con el objeto de garantizar la aplicación eficiente de estas disposiciones por las Partes y su efectivo cumplimiento.

PRINCIPALES PROPOSITOS DEL CONVENIO DE LANZAROTE:

1. Prevenir y combatir la explotación y el abuso sexual de los niños.

2. Proteger los derechos de los niños víctimas de la explotación y el abuso sexual.

3. Promover la cooperación nacional e internacional contra este fenómeno.

Por lo anterior y dado que en México no existe un Convenio que proteja y tipifique la explotación y el abuso sexual en niños y adolescentes, resulta imprescindible como un primer paso la suscripción del ya citado Convenio.

Al respecto debemos citar que México forma parte del Consejo de Europa, con una figura de observador, por lo que no necesita ninguna invitación para firmar este Convenio, en tanto que forma parte de los Estados que participaron en su elaboración.

Es importante señalar, que el Convenio comprende el abuso dentro del núcleo familiar de la víctima, su entorno social cercano, así como también aquellos actos cometidos con propósitos comerciales o con fines de lucro.

Lanormatividad Nacional que sería trastocada e impactada con la suscripción del mismo sería nuestra Constitución Mexicana, respecto de los derechos humanos de la niñez su garantía y protección, así como en general la Legislación Penal Federal y a su vez la Local, referente a los procedimientos, tipificación de los delitos y penalidades de los mismos.

A continuación se enlistan las categorías de conductas que enuncia en general el Convenio:

I. Abuso sexual

II. Prostitución Infantil

III. Pornografía Infantil

IV. Corrupción de niños y;

V. Proposiciones a niños con fines sexuales.

El objetivo principal de la suscripción del Convenio es que México cuente con una normatividad que le permita combatir la explotación y el abuso sexual de los niños, fenómeno social que ha incrementado considerablemente en la última década y que impide que la niñez de este país goce del pleno ejercicio de sus derechos humanos, consagrados en los ordenamientos Nacionales e Internacionales.

Siendo menester que una vez realizada dicha suscripción, nuestro país deberá implementar las políticas públicas necesarias para la prevención, atención y erradicación de la explotación y el abuso sexual de los niños, así como armonizar los ordenamientos pertinentes y fortalecer a las Instituciones que vigilan el cumplimiento, protección y desarrollo de los derechos humanos de la niñez de este país.

Con la aprobación de la presente proposición, sin duda, sentaremos un precedente en el combate y la erradicación de la explotación y el abuso sexual de los niños. Un sector social tan importante para México.

Por los argumentos vertidos con anterioridad, someto a la consideración de esta Honorable Soberanía la siguiente proposición con:

Punto de Acuerdo

unico. -Se solicita respetuosamente al titular del Poder Ejecutivo Federal para que suscriba el Convenio para la Protección de los Niños contra la Explotación y Abuso el Sexual, Convenio de Lanzarote.

Dado en el salón de sesiones del H. Senado de la República, a 11 de diciembre del 2012

Atentamente

Sen. Diva Hadamira Gastélum Bajo”.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, Senadora Diva Hadamira Gastélum Bajo. Túrnense estos puntos de Acuerdo, el primero a la Comisión de Educación; y el segundo a la Comisión de Relaciones Exteriores, Organismos Internacionales.

- El C. Senador Francisco Salvador López Brito: (Desde su escaño) Señor Presidente.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Sonido en el escaño del Senador Salvador López Brito, ¿para qué asunto?

- El C. Senador Francisco Salvador López Brito: (Desde su escaño) Para pedirle a la Senadora Diva Hadamira, si me permite adherirme a sus dos puntos de Acuerdo.

- El C. Presidente Aispuro Torres: ¿Senadora, acepta usted adhesión del Senador López Brito a su punto de Acuerdo?

- La C. Senadora Diva Hadamira Gastélum Bajo: Claro que sí.

- El C. Senador Francisco Salvador López Brito: (Desde su escaño) Coincidimos en la Universidad de Occidente de la cual, pues, nos consta cómo está la situación de ésta.

Y en el otro punto, en materia de derechos humanos, también, si me permite.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Pido a la Secretaría también que en igual sentido se tome la propuesta de la Senadora Maki Ortiz.

Se recibió de la Senadora Iris Vianey Mendoza Mendoza, del grupo parlamentario del PRD, un punto de Acuerdo que solicita al Secretario de Comunicaciones y Transportes y al Director General de la Comisión Federal de Electricidad informen sobre el avance del proceso de licitación de un par adicional de hilos de fibra oscura de la Comisión Federal de Electricidad, durante el segundo semestre de 2012 y sobre el estado financiero de la empresa CFE y TELECOM, mismo que se turna a la Comisión de Comunicaciones y Transportes.

PUNTO DE ACUERDO QUE SOLICITA AL SECRETARIO DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES Y AL DIRECTOR DE LA COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD INFORMEN SOBRE EL AVANCE DEL PROCESO DE LICITACION DE UN PAR ADICIONAL DE HILOS DE FIBRA OBSCURA DE LA COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD DURANTE EL SEGUNDO SEMESTRE DE 2012 Y SOBRE EL ESTADO FINANCIERO DE LA EMPRESA CFE TELECOM

“Senadora Iris Vianey Mendoza Mendoza, integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 8, numeral 1, fracción II, 276 y demás aplicables del Reglamento del Senado de la República, presento ante esta Soberanía, proposición con punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

La red de fibra óptica de la CFE comenzó a construirse en los años 90 del siglo XX, con el objetivo de aumentar la eficiencia en la gerencia y funcionamiento del Sistema Eléctrico Nacional. Esta red permite la operación en tiempo real del sistema, controla el suministro de energía de las centrales generadoras y las subestaciones, además de aumentar la seguridad de operación. Enlaza además los centros de atención a clientes y las oficinas comerciales. Es el principal medio de comunicación de los sistemas operativos, técnicos y administrativos fundamentales para el correcto funcionamiento del Sistema Eléctrico Nacional.

La red de fibra óptica está colocada dentro del “cable de guarda” de la red de transmisión. Según información de la CFE (CFE, 2009), esta red tiene una extensión superior a 26 mil kilómetros distribuida sobre todo el territorio nacional. En adición a lo anterior, CFE cuenta con 8 mil kilómetros de fibra óptica metropolitana. La red es indispensable para operar más de 49 mil kilómetros de líneas de transmisión y 46.5 mil de subtransmisión, 350 subestaciones de potencia, 156 centrales con 638 unidades generadoras y el Centro Nacional de Control de Energía.

Reconociendo que la capacidad excedente de su red de fibra óptica podría convertirse en una nueva vertiente de negocios, la CFE solicitó a la SCT un Título de Concesión de Operador de Redes Públicas de Telecomunicaciones, el cual le fue otorgado el 10 de noviembre de 2006 y que le permite ofrecer servicios de mayoreo de transporte de información.

CFE Telecom, la unidad de negocios responsable de la comercialización de los servicios de comunicaciones, comenzó operaciones el 2 de noviembre de 2007. Al día de hoy ofrece básicamente dos tipos de servicios, enlaces dedicados de 2 Mbps a 2.5 Gbps y acceso a sitios públicos de conexión.

Según la información disponible, la Coordinación de CFE Telecom ha celebrado 90 contratos con 54 empresas, con una red de 17,845 km, en 33 rutas y 71 localidades, lo que ha generado ingresos durante el último ejercicio por 248,859.4 miles de pesos, que divididos entre 4,304,907.0 miles de pesos de activos productivos, tiene un indicador de rentabilidad sobre dichos activos del 5.8% anual.

Oficialmente, CFE Telecom se ostenta como la “unidad de negocios” de CFE para la comercialización de los servicios de telecomunicaciones. Sin embargo, la creación misma de esta “subsidiaria”, según la visión de negocio que extraoficialmente manejan sus directivos, plantea una serie de interrogantes. La primera cuestión es evidente, bajo qué figura legal opera CFE Telecom.

Cabe puntualizar que esta empresa, creada dentro de otra empresa pública, maneja por su cuenta un cuantioso ancho de banda. No obstante, su manejo es totalmente opaco y discrecional. A la fecha no rinde cuentas (por sí misma o consolidada a través de CFE), por lo que no es posible conocer en detalle sus estados financieros o, cuando menos quiénes son sus clientes (más allá de la propaganda oficial), para saber con certeza cómo se administra y utiliza el ancho de banda bajo su custodia, patrimonio nacional.

La CFE y la SCT han justificado, desde los medios, la opacidad en el manejo de CFE Telecom "filtrando" notas donde aseguran que los objetivos de esta red son los de interconectar gratuitamente escuelas, centros de salud y en general, oficinas de Gobierno, objetivos son diametralmente opuestos al enfoque de negocios que oficialmente se da a CFE Telecom.

La inversión del Estado mexicano en el despliegue y operación de la red fue cuantiosa: sólo para el bienio 2006-2007 el gobierno federal autorizó a CFE una inversión extraordinaria de 30 mil millones de pesos, que fueron destinados a construir 33 rutas de fibra óptica. De 2005 a 2009 la inversión de capital para habilitar a CFE Telecom como operador de telecomunicaciones fue de 170 millones de dólares.

Conforme a la información proporcionada tanto por la SCT como por la CFE, es posible estimar que la población a la que llega la red de fibra óptica de la CFE es de aproximadamente 51.6 millones de personas (32.2 en la Ruta 1, 10.0 en la Ruta 2 y 9,4 en la Ruta 3). Por lo tanto, una utilización de esta red para la prestación de servicios de telecomunicaciones podría traer beneficios directos al 49.9% de los habitantes de México.

Asimismo, produciría beneficios indirectos al resto de la población, ya que acorta la distancia entre su localización física y una red de telecomunicaciones competitiva de última generación.

Basados en estudios realizados tanto por la SCT como por la CFE, que determinan que esta última requiere de un máximo de 6 hilos para su operación interna; mediante el convenio de colaboración del 16 de julio de 2009, el Secretario de Comunicaciones y Transportes acordó con el Director General de la Comisión Federal de Electricidad, la realización de la Licitación Pública para el Aprovechamiento Accesorio y Temporal de un par de hilos de Fibra Óptica, en rutas con capacidad disponible de la red de la CFE.

De conformidad con el citado convenio, la SCT efectuó la licitación pública para el otorgamiento del uso y aprovechamiento accesorio y temporal de un par de hilos de fibra óptica obscura (consistente en 19,469 km, integrados en 3 rutas: Pacífico, Centro y Golfo) y de prestación de servicios, de conformidad con los artículos 15 y 116 de la Ley General de Bienes Nacionales (LGBN) y 17 de las Normas para la Enajenación y el Aprovechamiento Compatible, de los Inmuebles de la Comisión Federal de Electricidad (las Normas), aprobadas mediante el acuerdo No. 76/2007 de la junta de Gobierno.

Sin embargo, más allá de buscar beneficio al interés de la nación, la forma en que fueron dirigidas las bases de la licitación, determinó que la adjudicación se convirtiera en un nuevo capítulo de la guerra entre entes dominantes por el control de las telecomunicaciones, para satisfacer intereses privados.

La Auditoría Superior de la Federación en su Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2010, determinó que la licitación del par de hilos de fibra óptica obscura de la CFE, que se llevó a cabo en 2010 y que se adjudicó al grupo GTAC, no garantizó las mejores condiciones para el Estado pues con ello, según la ASF, el organismo dejará de obtener en los 20 años que se concesionó la fibra, al menos 2 mil 450 millones de pesos por los servicios de telecomunicaciones que prestó en 2010 a empresas públicas y privadas.

Por su parte, la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos sugiere que el Gobierno debe evitar que nazca un monopolio al tener a una sola empresa dando este servicio. “Se debe tener cuidado en el diseño de la subasta para asegurarse que una sola empresa no surja teniendo dominancia en el mercado de banda ancha móvil. Para facilitar el desarrollo del mercado de banda ancha, el Gobierno debería subastar más fibra oscura de la CFE", indica la OCDE en el documento Revisión de la Política y Regulación de Telecomunicaciones en México.

En el informe preliminar de la OCDE sobre las telecomunicaciones en México se destaca que en caso de que no haya una licitación de fibra oscura podrían crearse monopolios en la provisión de banda ancha en el País. En el documento se precisa que es esencial que los hilos de fibra oscura sean licitados para nuevos operadores antes de que el consorcio consolide su posición en el mercado.

En efecto, la propuesta de licitación de un par de hilos de fibra oscura de la fibra de CFE generó una solución económicamente sub óptima. De manera equivoca, mediante ese procedimiento licitatorio, el Gobierno Federal no abordó de manera integral los problemas de competencia y cobertura.

Por la planeación y construcción de sus bases, el proceso de licitación generó un solo ganador. Este ganador ha pagado por el derecho de utilizar la fibra óptica de la CFE un monto que le dará una exclusividad, en la prestación de servicios de transmisión en las zonas cubiertas por esta red.

La racionalidad de un solo ganador se verá reflejada no sólo en la búsqueda de la captura de rentas económicas, sino que defenderá el statu quo que le permite extraerlas. Este statu quo es la actuación en un ambiente de escasez artificial: un mercado con características de duopolio.

El ganador utilizará toda la maquinaria económica y política a su disposición para contrarrestar la posible liberación de fibra adicional en el futuro. El hecho de haber obtenido la posibilidad de uso de la fibra oscura a través de un proceso licitatorio dará a este pequeño grupo de poder, aunque sea tácitamente, un derecho adquirido y que defenderá de manera total.

El proceso tal y como se planeó y desarrolló, por lo tanto, no sólo fortaleció monopolios ya existentes, sino que generó las condiciones para que se defienda el mantenimiento de una situación que es ineficiente económicamente. Estos grupos, al actuar racionalmente, estarán incentivados a actuar en dirección opuesta a los intereses públicos.

Al dar a conocer 10 acciones que llamó “acciones para el fortalecimiento de la banda ancha y las tecnologías de la información y comunicación”, el Secretario de Comunicaciones y Transportes, Dionisio Pérez-Jácome, ha anunciado la licitación de otro par adicional de hilos de fibra obscura de la CFE durante el segundo semestre de 2012.

Sin embargo, hasta el momento no se tiene mayor conocimiento del avance del procedimiento licitatorio. No se puede permitir que para sólo beneficiar a intereses privados, en la opacidad, se genere una licitación idéntica a la que derivó en la adjudicación al Grupo GTAC.

El Gobierno Federal tiene la obligación de estudiar a fondo la manera de cómo abordar la situación de falta de infraestructura de telecomunicaciones de nuestro país, considerando no sólo la dimensión de competencia sino también la dimensión de cobertura. El nuevo proceso de licitación debe ser sometido a un amplio debate público, involucrando a la sociedad en sus diversas formas, empresas, académicos, especialistas, usuarios de negocios y a la ciudadanía, en su carácter de usuarios y no usuarios. Soluciones parciales tales como la que está siendo propuesta, tienen el riesgo de comprometer el futuro. Estas soluciones no son deseables para nuestro país.

La nueva propuesta de licitación de un par de hilos de fibra oscura de la fibra de CFE vuelve a plantear una solución económicamente sub óptima. Existen otras alternativas de política pública que deben ser estudiadas, y en su caso, adoptadas, con argumentación sólida. En la nueva licitación, es importante contar con la explicación y la fundada decisión en un asunto que impactará a toda la sociedad mexicana por muchos añosen el futuro.

La exclusión digital conduce a un déficit en los insumos con los que la sociedad contribuye al proceso de producción. Este déficit representa un límite al crecimiento de la productividad; la desigualdad digital produce exclusión social al igual que crea ineficiencias. Por si solas, las fuerzas del mercado no son capaces de asegurar la reducción de la brecha digital.

Dadas las características de desarrollo de nuestro país, al decidir sobre el destino la fibra oscura de la CFE, debe contemplarse con seriedad un esquema que ha sido no sólo propuesto sino en vías de implementación en varias partes del mundo (más particularmente, Australia y Sudáfrica, e inclusive en estudio en Brasil).

El Estado, a través de una empresa de propiedad totalmente pública, podría diseñar y construir una red totalmente capilar, llegando a lugares tan aislados como considere importante. Una red de este tipo en México, suponiendo que es de interés conectar con fibra óptica a todas las cabeceras municipales, tendría una extensión de más de 60,000 kilómetros. Partiendo de que ya existen 20,000 kilómetros de la red de CFE, una estimación del costo de esta inversión sería de 800 millones de dólares.

El Estado debe gestionar la creación de esta empresa, transfiriendo parte de la red de la CFE, en el objetivo de llevar conectividad y banda ancha a todos los rincones del país, y en principio a todas las escuelas e instituciones de educación superior.

En vista de los argumentos anteriores, someto a consideración de esta Soberanía, el siguiente punto de Acuerdo:

Unico. La Cámara de Senadores requiere al Secretario de Comunicaciones y Transportes y al Director de la Comisión Federal de Electricidad, informen de inmediato:

a) Sobre el avance del proceso de licitación de un par adicional de hilos de fibra obscura de la CFE durante el segundo semestre de 2012, anunciado al dar a conocer las 10 acciones para el fortalecimiento de la banda ancha y las tecnologías de la información y comunicación.

b) Sobre el estado financiero de la empresa CFE Telecom, así como sobre todos los contratos celebrados por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y la Comisión Federal de Electricidad en materia de servicios de telecomunicaciones.

c) Si dentro del programa de fortalecimiento de la banda ancha y las tecnologías de la información y comunicación está contemplado reservar parte de la fibra óptica de la CFE para diseñar y construir una red estatal de telecomunicaciones que dé cobertura de banda ancha en todo el país.

Salón de sesiones de la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, a 8 de noviembre de 2012.

Sen. Iris Vianey Mendoza Mendoza”.

Se recibió del Senador David Monreal Avila, del grupo parlamentario del PT, un punto de Acuerdo sobre los sitios en nuestro país donde los migrantes, en su paso hacia los Estados Unidos, sufren de violaciones a sus derechos humanos, mismo que se turna a la Comisión de Asuntos Migratorios.

PUNTO DE ACUERDO SOBRE LOS SITIOS EN NUESTRO PAIS DONDE LOS MIGRANTES, EN SU PASO HACIA LOS ESTADOS UNIDOS, SUFREN DE VIOLACIONES A SUS DERECHOS HUMANOS

“DAVID MONREAL AVILA, integrante de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 8, fracción II, del Reglamento del Senado de la República, presento ante esta Honorable Asamblea, la siguiente proposición con punto de Acuerdo, al tenor de la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

La migración es un fenómeno social de gran trascendencia para nuestro país, sobre todo por los miles de migrantes y transmigrantes que recorren el territorio nacional para llegar, principalmente a los Estados Unidos de América.

La cobertura que han hecho medios nacionales e internacionales en México sobre la violación sistemática de los derechos humanos hacia el grupo poblacional en comento, ha dejado en evidencia esta problemática y presionado a las autoridades para que, públicamente, reconozcan que la política migratoria actual está rebasada y desfasada.1

Es cierto que se han puesto en marcha mecanismos legales para corregir la actual política migratoria; por ejemplo, la Ley sobre Refugiados y Protección Complementaria, así como la nueva Ley de Migración. De igual manera se ha depurado al Instituto Nacional de Migración (INM), y tanto el Poder Legislativo como el titular del Ejecutivo han hecho público y reafirmado su compromiso para velar por los derechos fundamentales de todas las personas que cruzan a lo largo y ancho nuestro territorio.

Sin embargo, no hay que fincar muchas ilusiones, ni poner esperanzas únicamente en estas acciones, ya que por sí solas no son la panacea para erradicar estos abusos inhumanos; aún queda mucho por hacer.

Como ejemplo de estos crueles y brutales hechos, tenemos la escalofriante matanza de los 72 migrantes centro y sudamericanos en San Fernando, Tamaulipas; el secuestro documentado por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), de 11 mil migrantes durante 2010; los incontables asesinatos, violaciones sexuales, asaltos y extorciones en el camino de los migrantes por diversas zonas del sur y norte del país.

La privación de la libertad de un importante número de migrantes en centros de detención migratoria -donde lamentablemente incluso son las propias autoridades las que reproducen los patrones delincuenciales en contra de este sector de la población-, así como las amenazas y agresiones contra los defensores de derechos humanos de este grupo vulnerable, son actos que reafirman y recuerdan la necesidad de seguir tomando medidas en contra de quienes vulneran y sobajan la dignidad y derechos de las personas que se internan en nuestro territorio.

Independientemente de la condición de indocumentado o no, migrante o transmigrante, el gobierno mexicano debe velar por la seguridad y la integridad de todas las personas. Ya que se trata de un mandato constitucional, una responsabilidad política y una obligación jurídica irrenunciable.

¿Hasta cuándo el Estado Mexicano va a reconocer y asumir su responsabilidad por permitir que los migrantes sean víctimas de delitos y graves violaciones con total impunidad?

Esta interrogante reviste una importancia especial, máxime si tomamos en cuenta que la CNDH a través de su “Informe Especial sobre Casos de Secuestro de Migrantes en México”, publicado en febrero de 2011, ha señalado que en tan sólo 16 Estados de la República Mexicana, se localizan 71 sitios donde las personas migrantes en tránsito, corren graves riesgos de ser víctimas de secuestros, maltratos, extorsiones, robos y ataques sexuales.

¿Y las autoridades qué están haciendo para evitar esta dramática situación?

Compañeras y compañeros legisladores, no rindamos pleitesía a la indiferencia. No dejemos que este asunto pase de noche y que siga durmiendo el sueño de los justos.

A continuación menciono, por Entidad Federativa, los lugares de mayor riesgo para los migrantes en su tránsito por nuestro país2:

- Baja California: Tecate y Tijuana.

- Coahuila: Saltillo, Piedras Negras y Acuña.

- Chiapas: Palenque, Arriaga, Tapachula, Pijijiapan, Salto de Agua Pichucalco, Juárez y Catazajá.

- Estado de México: Cuautitlán (concretamente la estación del tren suburbano denominada Lechería).

- Guanajuato: Celaya y Apaseo el Alto.

- Guerrero: Cuajinicuilapa e Iguala.

- Michoacán: Queréndaro, Cotija y Acuitzio.

- Nuevo León: Monterrey, Anáhuac, Zuazua, C. de los Flores, Sabinas Hidalgo, Parás, Marín, Dr. González, Cerralvo, Treviño, Cadereyta, Los Ramones, China y General Bravo.

- Oaxaca: Chahuites, Ixtepec, M. Romero, Tuxtepec y Zanatepec.

- Querétaro: P. Escobedo, El Marqués y San Juan del Río.

- Quintana Roo: Cancún.

- San Luis Potosí: Bocas (municipio de San Luis Potosí).

- Sonora: Santa Ana, Altar, Caborca y Saric.

- Tabasco: Tenosique, Balancán, Macuspana, Teapa y Huimanguillo.

- Tamaulipas: San Fernando, Nuevo Laredo, Reynosa, Río Bravo y Ciudad Victoria.

- Veracruz: Las Choapas, Agua Dulce, J. Carranza, S. de Alemán, Acayucan, Coatzacoalcos, Cosamaloapan, Tierra Blanca, Córdoba, Orizaba, Río Blanco y Camarón de Tejeda.

En la mayoría de los lugares anteriormente mencionados, la delincuencia organizada opera con total impunidad, y ello es lo que permite que las personas migrantes que anhelan alcanzar el sueño americano, antes deban vivir la pesadilla mexicana, de la cual, algunos ya no despiertan.

El gobierno, bajo ninguna circunstancia, puede ni debe permanecer ajeno e indolente ante esta grave problemática. El quedarse cruzado de brazos implicaría lo que en derecho internacional se conoce como “Responsabilidad de Estado”; ya que por complicidad u omisión las autoridades permiten tales violaciones a los migrantes.

Derivado de lo anterior, someto a consideración de esta Honorable Soberanía el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO.- Que esta soberanía exhorte respetuosamente, a los gobiernos de las entidades federativas y a las autoridades municipales donde se localizan los 71 sitios en los cuales las personas migrantes en tránsito por territorio mexicano corren graves riesgos de que se les vulneren sus derechos humanos, a que redoblen esfuerzos para evitar más conculcaciones a los derechos fundamentales de este sector poblacional.

SEGUNDO.- Que esta soberanía exhorte a la Secretaría de Seguridad Pública Federal, al Instituto Nacional de Migración y a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, a que trabajen conjuntamente en los 71 sitios donde las personas migrantes que se internan en nuestro país corren graves riesgos de ser víctimas sistemáticas de secuestros, maltratos, extorsiones, robos y ataques sexuales, con el objetivo de evitar más vejaciones a los derechos humanos de estas personas y que se sancionen a los responsables de tales actos.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, a 29 de noviembre de 2012”.

Se recibió del Senador José Ascención Orihuela Bárcenas, del grupo parlamentario del PRI, un punto de Acuerdo que exhorta a las Secretarías de Turismo y Economía del gobierno federal, así como al Fondo Nacional de Turismo, a impulsar una campaña permanente de promoción turística del estado de Michoacán de Ocampo, mismo que se turna a la Comisión de Turismo.

PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA A LAS SECRETARIAS DE TURISMO Y ECONOMIA DEL GOBIERNO FEDERAL, ASI COMO AL FONDO NACIONAL DE TURISMO, A IMPULSAR UNA CAMPAÑA PERMANENTE DE PROMOCION TURISTICA DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO

“El que suscribe, JosE AscenciOn Orihuela BArcenas, Senador de la República de la LXII Legislatura e integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 67 numeral 1 inciso b) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como en lo dispuesto por los artículos 8, numeral 1, fracción II, así como el 276 del Reglamento del Senado de la República, somete a la consideración del Pleno de esta Soberanía el presente punto de Acuerdo por el que se exhorta a las secretarías de Turismo y Economía del Gobierno Federal, así como al Fondo Nacional de Turismo, para que impulsen una campaña permanente de promoción turística del estado de Michoacán de Ocampo, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

Michoacán es un estado majestuoso con hermosos paisajes naturales y con gran calidez humana, además a través de la historia se ha caracterizado por conservar su estructura colonial, así como su riqueza cultural, su grandeza histórica, misma que podemos ver en cada uno de sus templos, iglesias y artesanías, asimismo, su grandeza queda de manifiesto en su exquisita gastronomía, música, danza y arte, en resumen, Michoacán es la mejor opción para vacacionar.

Michoacán cuenta con maravillas creadas por el hombre, asimismo,posee una incalculable belleza natural que atrae a miles de turistas de todo el mundo. La diversidad de su geografía y su excelente clima lo convierten en una región del país siempre viva y fértil en la que cada población tiene sus propios atractivospara ofrecer, prueba de ello es el asombroso fenómeno de la mariposa Monarca, que cada año visita tierras michoacanas después de realizar un viaje de más de 5 mil kilómetros.

Artesanía, historia, bellezas naturales, tradiciones milenarias, pequeños y pintorescos poblados envueltos en un misticismo sin igual, música, danza y arte, hacen merecido a Michoacán ser llamada, con toda justicia, “El Alma de México”.

Las atracciones son distintas según las regiones o zonas, abarcan opciones culturales, naturales, de relajación y descanso, turismo de aventura, turismo rural, arte, arquitectura y gastronomía.

Los michoacanos estamos plenamente orgullosos de ser un estado único en el país, lleno de tradiciones y atracciones, entre las que destacan: El primer conservatorio de América en el siglo XVIII, los teatros Ocampo y Morelos, los museos de Arte Contemporáneo y Arte Colonial, el Museo Casa Morelos, entre otros. Sobre todo tenemos el orgullo de que nuestra capital, Morelia, es considerada por la Organización de la Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), como patrimonio cultural de toda la humanidad.

Es oportuno mencionar algunas de los principales centros turísticos que Michoacán nos ofrece, en este sentido, tenemos las siguientes opciones:

• Basílica de Nuestra Señora de la Salud.

• Parque Nacional Barranca del Cupatitzio.

• Templo de las Monjas.

• Templo de la Cruz.

• Parroquia del Señor de la Piedad

• Museo de Artes Populares.

• Plaza Vasco de Quiroga.

• Catedral Inconclusa.

• Antigua Fábrica de San Pedro.

• Iglesia de San Pancho.

• Lago de Zirahuén.

• Santuario de la Mariposa Monarca.

• Tlalpujahua Pueblo Mágico Michoacán

Hablando de los aspectos culturales, Michoacán nos ofrece las siguientes alternativas:

• La Danza de los Viejitos.

• Los cuerudos de Apatzingán.

• Baile de la Tarima.

• Danza de los Tlahualiles.

• Danza de las Panaderas.

• Torito de Petate.

Asimismo, nuestro estado cuenta con 45 zonas arqueológicas, entre las que destacan: Tzintzuntzan, Tres Cerritos, Ihuatzio, Huandacareo, Cuitzeo, San Felipe de Los Alzati y Tingambato; así como pueblos con tradición en diversos puntos: la ribera del Lago de Pátzcuaro, la Meseta Purépecha, la Ciénaga de Zacapu, la Cañada de los Once Pueblos; y en el área costera : Coahuayana y Aquila.

Se pueden mencionar las decenas de festivales de cine, teatro, danza, música, literatura, tradiciones, los cuales atraen a miles de turistas todos los años.

Además, Michoacán también cuenta con gran variedad culinaria, ésta aporto de manera importante para que en Noviembre de 2010 la UNESCO declarara a la gastronomía de México Patrimonio Cultural de la Humanidad.

Dentro de la gama de platillos michoacanos, algunos tienen su origen en la época prehispánica y otros, son producto de una fusión de ingredientes, esencias y sazones locales y europeos. Cada una de las regiones con que cuenta Michoacán ofrece una variedad de sabores para deleitar a los visitantes, con platillos típicos de la región como son: Enchiladas placeras, carnitas, morisqueta, aporreadillo, chongos zamoranos, corundas también llamados tamales de ceniza, ates, uchepos, charales.

Hablar de Michoacán es hablar de historia y cultura, de héroes nacionales e independencia, de belleza arquitectónica y paisajes naturales, de turismo colonial y festividades nacionales.

Desafortunadamente con el incremento de la delincuencia, se ha desvirtuado la realidad social del estado, creando una falsa percepción de inseguridad, lo cierto es que tradicionalmente el sello particular de Michoacán ha sido la calidez y fraternidad de sus habitantes, cualidad que sigue vigente hasta nuestros días. Sin duda, cualquier momento del año es el idóneo para comprobar que se trata de una entidad pacífica y segura, como lo ha sido siempre.

Además, al detonar la actividad turística se dará un importante impulso en eldesarrollo y fortalecimiento de la micro, pequeña y mediana empresa con nuevos esquemas de financiamiento, asesoría técnica y simplificación administrativa para impulsar el crecimiento económico y la generación de empleos.

Lo anterior se traducirá en mejoras para nuestro estado y su población, principalmente, porque representa la oportunidad de promover la cultura michoacana como factor clave del desarrollo social y económico que contribuya al bienestar de las personas.

Por lo anteriormente expuesto, es que acudo a esta Honorable Asamblea a proponer el siguiente:

Punto de Acuerdo

Unico. Se exhorta respetuosamente al Gobierno Federal, a través de las secretarías de Turismo y Economía, así como del Fondo Nacional de Turismo, a establecer las medidas conducentes a efecto de realizar una campaña permanente de promoción del estado de Michoacán de Ocampo como un destino turístico seguro y familiar.

Dado en el salón de Plenos, a 4 de diciembre de 2012.

Sen. José Ascención Orihuela Bárcenas

Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional”.

Se recibió del Senador Angel Benjamín Robles Montoya, del grupo parlamentario del PRD, un punto de Acuerdo por el que cita a comparecer al Secretario de Energía, para dar un informe sobre las normas oficiales mexicanas en materia de seguridad industrial del sector de hidrocarburos, la supervisión de su debido cumplimiento y las condiciones físicas y de seguridad de las instalaciones petroleras del país, mismo que se turna a la Comisión de Energía.

PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE CITA A COMPARECER AL SECRETARIO DE ENERGIA PARA DAR UN INFORME SOBRE LAS NORMAS OFICIALES MEXICANAS EN MATERIA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL DEL SECTOR DE HIDROCARBUROS, LA SUPERVISIÓN DE SU DEBIDO CUMPLIMENTO Y LAS CONDICIONES FÍSICAS Y DE SEGURIDAD DE LAS INSTALACIONES PETROLERAS DEL PAIS



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Se recibió de la Senadora Ana Gabriela Guevara, del grupo parlamentario del PT, un punto de Acuerdo para enviar un mensaje laudatorio a la Organización de las Naciones Unidas por emitir la primera resolución contra la mutilación genital femenina, mismo que se turna a la Comisión de Derechos Humanos.

PUNTO DE ACUERDO PARA ENVIAR UN MENSAJE LAUDATORIO A LA ORGANIZACION DE LAS NACIONES UNIDAS POR EMITIR LA PRIMERA RESOLUCION CONTRA LA MUTILACION GENITAL FEMENINA



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Se recibió de los Senadores Itzel Sarahí Ríos de la Mora y Manuel Humberto Cota Jiménez, del grupo parlamentario del PRI, un punto de Acuerdo por el que se solicita a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, al IMSS y a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, remitan el padrón de trabajadores agrícolas y/o jornaleros que cuenten con seguridad social o los que no la contemplen, mismo que se turna a la Comisión de Agricultura y Ganadería.

PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE SOLICITA A LA SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACION, AL IMSS Y A LA SECRETARIA DEL TRABAJO Y PREVISION SOCIAL REMITAN EL PADRÓN DE TRABAJADORES AGRICOLAS Y/O JORNALEROS QUE CUENTAN CON SEGURIDAD SOCIAL Y SIN SEGURIDAD SOCIAL

“ITZEL SARAHI RIOS DE LA MORA y MANUEL HUMBERTO COTA JIMENEZ integrantes del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 8, numeral 1, fracción II, 276 y demás aplicables del Reglamento del Senado de la República, presentamos ante esta Soberanía proposición con punto de Acuerdo al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

En México se realizaron modificaciones y adiciones a la Ley del Seguro Social en los años de 1995 y 2005 respectivamente. Con ello se buscó proveer de Seguridad Social a la población jornalera agrícola del país, por considerarla como un sector vulnerable y carente de las mínimas prestaciones que por ser asalariados les corresponden.

A lo largo de estos dos períodos señalados no se obtuvieron los resultados esperados de incorporación.

Considerando las precarias condiciones de vida y trabajo de los Jornaleros Agrícolas y a sus Familias, son clasificados como uno de los grupos sociales más desprotegidos y por ende, más explotados en México. El Catálogo Nacional de Ocupaciones define a los trabajadores agrícolas como los que “realizan tareas relacionadas con la preparación de la tierra, siembra, reproducción, cuidado y cosecha o recolección de diversos productos agrícolas”.

Si partimos de que la inmensa mayoría de los trabajadores del campo son contratados como trabajadores eventuales, es posible deducir que casi en su totalidad esta población carece de un seguro social integral, más del 95% de los trabajadores agrícolas son considerados estacionales, no acumulan antigüedad, ni derechos laborales, ni reciben las prestaciones mínimas de Ley Federal del Trabajo ni de la seguridad social.

Los Trabajadores estacionales asegurados en el Instituto Mexicano del Seguro Social fueron en el año 2000, 183; en 2001, 527; para 2002, 813; en 2003, 153; pero en 2004 disminuyeron a 231; en 2005 aún más, a 230; y en 2006 aumentaron a 288.1

1. Estudios Censop (Indicadores Nacionales, Indicadores-Trabajo.

Los Jornaleros del campo laboran, por lo general, jornadas superiores a las máximas legales; reciben salarios, que pueden llegar a ser inferiores al mínimo, no disfrutan de beneficios de la seguridad social; la mano de obra infantil es una constante en los campos del cultivo; se enfrentan al incumplimiento de acuerdos pactados con los empleadores.

Por las características del trabajo del campo, cuyas cosechas se dan regularmente en determinadas épocas del año, más del 95 por ciento de los trabajadores son considerados estacionales, de tal manera que al marginar casi todos los derechos de la seguridad social a ésta población, prácticamente se dejaba por fuera a la totalidad de los trabajadores del campo del conjunto de prestaciones como jubilaciones, pensiones, derechos de incapacidad, protección por riesgos, etc., enumeradas en el régimen obligatorio del IMSS.

Es impostergable realizar un cambio para detener la monstruosa desigualdad, la pobreza, la inseguridad y la violencia en que viven los jornaleros agrícolas en el país y por supuesto los que laboran en el Estado de Colima y Nayarit; esto no solo es un tema de justicia, que en si mismo se justifica, sino también, no podemos dejar de lado que es un mandato constitucional.

El artículo cuarto Constitucional señala: toda persona tiene derecho a la protección de la salud. La ley definirá las bases y modalidades…; cómo podemos observar, este derecho es una obligación para el Estado aun sin embargo, en la actualidad existe un rezago considerable en cobertura como es el caso que nos ocupa.

Esta legislatura, consciente de los grandes rezagos existentes ha reformado la Ley Federal del Trabajo en el que se señala en el párrafo segundo del artículo 280 de la reforma citada que: El patrón llevará un registro especial de los trabajadores eventuales o de temporada… el párrafo segundo continúa: El patrón tendrá la obligación de remitir una copia de este registro al Instituto Mexicano del Seguro Social… todo esto dentro del capítulo considerado para “Los Trabajadores del Campo”

No debemos ignorar que el cumplimiento de los mandatos legales señalados en los párrafos anteriores, requerirán de dos factores fundamentales, el primero consiste en el otorgamiento de los recursos públicos suficientes, y el segundo se basa en el diseño de las políticas públicas que permitan lograr una transición adecuada en las reformas legales como la ya mencionada y las que serán necesarias que se realicen para alcanzar el fin del Estado.

De acuerdo a la ENJO (Encuesta Nacional de Jornaleros Agrícolas), existen en el país dos millones 40 mil 414 jornaleros agrícolas, quienes incorporados a los miembros de sus familias ascienden a más de nueve millones de personas en hogares jornaleros. El 40 por ciento de los jornaleros agrícolas provienen de población indígena.

Del total de jornaleros agrícolas, el porcentaje de la población migrante asciende a 434 mil 608 trabajadores, lo que representa el 21.3 por ciento de trabajadores migrantes.

Los resultados permiten conocer que existen actualmente 727 mil 527 niños, niñas y adolescentes dedicados al trabajo remunerado como jornaleros agrícolas (60 por ciento), al trabajo remunerado realizando otros oficios (10 por ciento) o al trabajo doméstico (30 por ciento).

De acuerdo a la ENJO, los jornaleros son predominantemente hombres (81 por ciento), frente al 19 por ciento de mujeres. De esta población el 57 por ciento se emplea en los cultivos de chile y tomate. La ENJO no nos muestra cuántos Jornaleros tienen Seguridad Social cubierta al 100%. La encuesta detalla que actualmente 90 por ciento de los jornaleros agrícolas carece de contrato formal; 48.3 de los jornaleros tiene ingreso de 3 salarios mínimos; 37 ganan dos salarios mínimos, y el 54. 8 por ciento de los jornaleros están expuestos a productos agroquímicos de forma cotidiana.

Los trabajadores del campo requieren una solución integral a la difícil situación en que se encuentran, sumando a las disposiciones normativas que regule su trabajo, acciones de gobierno que les permita acceder a los sistemas educativos, atención a la salud, servicios municipales, y en especial, respeto por aquellos otros mexicanos que en alguna ocasión hemos disfrutado de los productos agropecuarios que ponen a nuestra disposición con su trabajo.

Las actuales acciones no han sido suficientes y podríamos decir que han sido equivocadas. Por ello, es necesario emprender esfuerzos encaminados a corregir las fallas detectadas y crear el contexto para que estos sean cada vez menores.

Lo anterior se propone así, siendo que actualmente no contamos con un Padrón de Jornaleros Agrícolas que nos proporcione la información fehaciente para saber cuántos de ellos tienen Seguridad Social, para así dar certeza en el marco de una política nacional de cobertura total de Seguridad Social y de apoyo al campo Mexicano, particularmente considerando que a fines de este mes estará perdiendo vigencia el Decreto por el que se otorgan beneficios fiscales a los patrones y trabajadores eventuales del campo, expedido por el ejecutivo federal, lo que pondría en riesgo este derecho de los trabajadores en mención por lo que resulta de gran importancia y urgencia contar con dicha información, misma que nos permitirá actuar con la debida congruencia.

PUNTO DE ACUERDO

Primero.- El Senado de la República Solicita respetuosamente al titular de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, el padrón de jornaleros agrícolas y/o informe de los datos que permitan conocer el número, origen geográfico, entre otros, de jornaleros agrícolas de los Estados Unidos Mexicanos.

Segundo.- El Senado de la República Solicita respetuosamente al titular del IMSS, el padrón y/o información de los jornaleros agrícolas que hasta la fecha están dados de alta en dicha institución.

Dado en el salón de sesiones de la H. Cámara de Senadores, a 4 de diciembre de 2012.

Atentamente

Sen. Itzel Sarahí Ríos de la Mora.- Sen. Manuel Humberto Cota Jiménez”.

Se recibió del Senador Angel Benjamín Robles Montoya, del grupo parlamentario del PRD, un punto de Acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a modificar las reglas de operación del Programa “Seguro Popular” para que los jóvenes entre 18 y 25 años de edad puedan tener acceso a servicios de salud, aun cuando no estudien, mismo que se turna a la Comisión de Salud.

PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA AL EJECUTIVO FEDERAL A MODIFICAR LAS REGLAS DE OPERACION DEL PROGRAMA SEGURO POPULAR PARA QUE LOS JOVENES ENTRE 18 Y 25 AÑOS DE EDAD PUEDAN TENER ACCESO A SERVICIOS DE SALUD, AUN CUANDO NO ESTUDIEN

“SEN. ERNESTO JAVIER CORDERO ARROYO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
DE LA CAMARA DE SENADORES
H. CONGRESO DE LA UNION

PRESENTE.

El que suscribe, Angel BenjamIn Robles Montoya, Senador a la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los diversos 8 fracción II y 276 del Reglamento del Senado de la República, someto a consideración de esta soberanía proposición con Punto de Acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo Federal a que a través de la Secretaría de Salud a modificar las reglas de operación del programa Seguro Popular, para que los jóvenes entre 18 y 25 años de edad puedan tener acceso a servicios de salud aun cuando no estudien, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

La juventud es la etapa en la cual los individuos se incorporan a la actividad económica, inician su vida en pareja y empiezan su reproducción, lo que en términos de política pública implica el enorme desafío de garantizar la satisfacción de sus necesidades en materia de educación, empleo y salud, entre otros aspectos que permitan mejorar su calidad de vida y potencializar sus capacidades. Lo que en otras palabras significa aprovechar el bono demográfico para permitir que los jóvenes sean una pieza fundamental en la transformación del país.

Bajo estos principios, hoy en día estamos fallando en muchos aspectos que nos permitan aprovechar el que los jóvenes sean más de la cuarta parte de la población del país, pero uno que específicamente desde hace mucho tiempo hemos venido ignorando es el relacionado con el acceso a la Salud.

De acuerdo con las reglas de operación vigentes del Programa Seguro Popular, los jóvenes en el grupo de edad comprendido entre los 18 y 25 años que no estudian, no pueden ser beneficiarios del Seguro Popular.

Este candado en las reglas del Seguro Popular es sumamente grave ya que de acuerdo con información del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en el grupo de edad comprendido de los 18 a 25 años solamente el 25% de los jóvenes está estudiando y ya sabemos que esta situación obedece tanto a condiciones de pobreza que impiden financiar estudios universitarios, como a una escaza cobertura educativa para ese nivel.

Por el lado del empleo tampoco las cosas pintan bien, ya que de los 22 millones de jóvenes de 18 a 29 años que trabajan, sólo el 16% tiene servicio médico, lo que habla de la precariedad de sus condiciones.

Y sin embargo las necesidades de atención a los jóvenes en materia de salud son en verdad urgentes, solo por mencionar unas cifras hemos de señalar que de acuerdo con las estadísticas de mortalidad, fallecen poco más de 37 mil jóvenes cada año, de los nacimientos que igualmente cada año se registran en el país, por lo menos el 21%, es decir, poco más de 246 mil, corresponden a madres menores de 20 años y en materia de VIH-SIDA es entre los jóvenes de 15 a 19 años de edad donde se registra el mayor índice de contagio con el 31.1%.

Las necesidades de atención a la Salud de los jóvenes son sumamente apremiantes y no debemos coartarles este derecho bajo la condición de que estén estudiando o en ausencia de éste, asumiendo que el empleo otorgará este derecho.

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

Primero.- Se exhorta al titular del Poder Ejecutivo instruya a la Secretaría de Salud a que elimine el requisito de afiliación al Seguro Popular, el cual textualmente señala:

“Para el caso de familias con hijos de entre 18 y 25 años de edad se debe presentar constancia de estudios que acredite que se encuentran cursando estudios de educación media o superior”.

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Senadores, a 30 de octubre de 2012.

Suscribe

Sen. Angel Benjamín Robles Montoya”.

Se recibió de la Senadora Ana Gabriela Guevara, del grupo parlamentario del PT, un punto de Acuerdo que exhorta al Instituto Nacional de Migración a atender las denuncias relacionadas con las oficinas de regularización migratoria de este instituto en Tapachula, Chiapas, mismo que se turna a la Comisión de Asuntos Migratorios.

PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA AL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION A ATENDER LAS DENUNCIAS RELACIONADAS CON LAS OFICINAS DE REGULARIZACION MIGRATORIA DE ESE INSTITUTO EN TAPACHULA, CHIAPAS



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Se recibió de la Senadora Mely Romero Celis, del grupo parlamentario del PRI, un punto de Acuerdo por el que se solicita a la Secretaría de Gobernación informe sobre los expedientes relativos al fideicomiso 2106 y 10230 que administra el Fondo de Apoyo Social para Ex Trabajadores Migratorios Mexicanos 1942-1964, mismo que se turna a la Comisión de Gobernación.

PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE SOLICITA A LA SECRETARIA DE GOBERNACION INFORMACION SOBRE LOS EXPEDIENTES RELATIVOS AL FIDEICOMISO 2106 Y 10230 QUE ADMINISTRA EL FONDO DE APOYO SOCIAL PARA EX TRABAJADORES MIGRATORIOS MEXICANOS (1942-1964)

SEN. ERNESTO CORDERO ARROYO,
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
DE LA H. CAMARA DE SENADORES
DEL CONGRESO DE LA UNION
LXII LEGISLATURA

PRESENTE.

La suscrita, Mely Romero Celis, Senadora de la República de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en los dispuesto en los artículos 8, numeral 1 fracciones II, 108, 109 y 276, numerales 1 y 2 del Reglamento del Senado de la República, y en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de ésta Soberanía de urgente y obvia resolución la siguiente proposición con PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE SOLICITA A LA SECRETARIA DE GOBERNACION INFORMACION SOBRE LOS EXPEDIENTES RELATIVOS AL FIDEICOMISO 2106 Y 10230 QUE ADMINISTRA EL FONDO DE APOYO SOCIAL PARA EX TRABAJADORES MIGRATORIOS MEXICANOS (1942-1964), al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

1.- El tema migratorio ha sido y seguirá siendo un tema relevante en las relaciones de los Estados Unidos Mexicanos y los Estados Unidos de América, pues además de los factores geográficos naturales que nos hermanan, hay otros de carácter social que acrecentaron éste fenómeno. La Revolución Mexicana (1905-1910) sin duda fue el primer factor de atracción para la primera migración grande hacia Estados Unidos, un par décadas posteriores, en un acuerdo bilateral denominado “Programa Bracero” con vigencia de 1942 a 1964 se establecieron las bases para que miles de connacionales1 pudieran prestar sus servicios en el campo agrícola norteamericano y posteriormente en trabajos ferroviarios, debido al déficit de mano de obra en aquella vecina nación que sufría las consecuencias de las post guerra por su activa participación en la Segunda Guerra Mundial.

2.- Que con la finalidad de hacer justicia social a millones de trabajadores del Programa Bracero, a los cuales les fue retenido un 10% de sus ganancias, el Senado mexicano aprobó el 26 de abril de 2005 la Ley que crea el Fideicomiso que Administrará el Fondo de Apoyo Social para Ex Trabajadores Migratorios Mexicanos, cuyo objetivo es otorgar un apoyo social a los ex trabajadores migratorios mexicanos que hayan prestado sus servicios en los Estados Unidos de América durante los años de 1942 a 1964 o en su caso, a sus cónyuges o concubinas, hijos e hijas, o en caso de no existir los anteriores, sus legítimos herederos declarados en sentencia emitida por autoridad judicial competente que cumpla con los requisitos de Ley.

3.- Que al martes 30 de octubre de 2012, el mismo Senado de la República que creó la Ley para dar cumplimiento a los compatriotas que con grandes esfuerzos realizaron ahorros derivados de largas jornadas en el campo y en el sector ferroviario estadounidense, da cuenta de que miles de ellos siguen sin cobrar el apoyo correspondiente. El plazo perentorio de cinco años2 de vigencia se ha rebasado porque no ha logrado darse total cumplimiento a lo mandatado por Ley, por ello, es justo mencionar que en aras de agilizar el pago de ésta deuda con los braceros, el Congreso de la Unión aprobó en el año 2010 el decreto3 para otorgar en una sola exhibición la cantidad de 38 mil pesos mexicanos, luego de que la administración de Felipe Calderón pretendiera hacer “abonos” o “paguitos” temporales de cuatro mil pesos a los beneficiarios, algunos nonagenarios o, incluso a sus familiares porque han fenecido.

4.- Los ex trabajadores migratorios mexicanos que se acogieron al programa aquí citado, no solamente han sido vejados por el incumplimiento de pago sino han sido objeto en múltiples ocasiones de la ineficacia burocrática adscrita a la Secretaría de Gobernación, a través de la Unidad de Enlace Federal4 y de la Dirección General de Coordinación con Entidades Federativas5. Y es que desde el año 2005 en que se creó la Ley se han modificado en once ocasiones las reglas de operación para la entrega del apoyo.

La ubicación de las mesas receptoras para captar los documentos de los interesados en cada una de las entidades federativas han cambiado de domicilio en múltiples ocasiones. Al principio era en los domicilios de las Representaciones Estatales de la Secretaría de Gobernación, posteriormente se fijaron treinta y siete mesas receptoras con nuevos domicilios; en la siguiente convocatoria publicaron que cambiaron el domicilio de las mesas receptoras en Durango, Yucatán y Zacatecas, en una siguiente modificación aclaratoria señalan que también Michoacán y Baja California cambiaron y, finalmente, una última aclaración para decir que el de Michoacán siempre no cambió, sólo el de Baja California. Así se da cuenta en las diversas publicaciones en el Diario Oficial de la Federación con la rúbrica de la funcionaria de la Secretaría de Gobernación, María Dolores Hernández Villanueva, en su carácter de Secretaria de Actas del Comité Técnico6 del Fideicomiso.

5.- Que las listas de beneficiarios van en la cuadragésima sexta relación desde el año 2005, y se han hecho aclaraciones7 respecto a la duplicidad de nombres para la entrega del beneficio,por lo que volvieron a usar el mismo número de registro consecutivo pero cambiaron el folio y el nombre. La primera aclaración presentó estos cambios en siete beneficiarios, pero para la segunda, se da cuenta de doscientos treinta y siete correcciones.

La pregunta es ¿De qué tamaño es el desaseo del manejo de los expedientes y datos para la entrega de los apoyos? No lo sabemos, por eso nos motiva traer al Pleno de ésta Soberanía, requerir a la Secretaría de Gobernación rinda cuentas del estado que guardan los archivos de los trámites para cumplir con lo mandatado por la Ley en cita.

6.- Que uno de los principios del derecho es ofrecer justicia oportuna y expedita y esa es la principal carencia de lo beneficiarios del Fideicomiso, pues no se ha dado total cumplimiento por ausencia de recursos, sino por la ineficacia en la operación para la entrega de apoyos, que en su caso, deberán causar responsabilidades en contra de los servidores públicos que resulten responsables.

Un ejemplo del reconocimiento de lo aquí expuesto aconteció en septiembre pasado, cuando el delegado de la Secretaría de Gobernación en Durango, Héctor Jorge Parra Meléndez, declaró8 que podría ser la última lista publicada de beneficiarios de la actual administración, aunque reconoce que faltan miles para la entrega del apoyo correspondiente, debido a imprecisiones en los nombres, fechas de nacimiento o por cuestiones de “no haberse apuntado o de papeleo”.

No debemos dar carpetazo a éste asunto como parece pretender el titular del Poder Ejecutivo federal, quien en marzo de éste año declaró en Atitic, Jalisco durante la entrega de tarjetas BANSEFI: “…yo quiero pedirles una disculpa, perdón como presidente de México” por el retraso en el dinero que se les debía.

7.- Que la Comisión Especial de Seguimiento a los Fondos Aportados por los Ex Trabajadores Mexicanos Braceros de la Cámara de Diputados en la LXI Legislatura, acordó con la Secretaría de Gobernación que iniciaría nuevamente el pago para poco más de 108 mil beneficiarios éste año, previa difusión masiva en medios de comunicación para que la información llegue a los interesados, dado que primordialmente deben conocer de las múltiples “aclaraciones y listas de la SEGOB” por internet o en el peor de los casos por los denominados “coyotes”.

8.- Que para cumplir con la entrega del beneficio, los recursos aprobados por la Cámara de Diputados para el ejercicio fiscal 2012, ascienden a tres mil 816 millones 200 mil pesos9 destinado para el pago a 142 mil 680 ex braceros10

9.- Que de acuerdo a declaraciones en medios, de diversos legisladores de la LXI Legislatura, hay cerca de 40 mil beneficiarios que ya integran el padrón pero no están en las listas para el pago en 2012 debido a cuestiones burocráticas de la SEGOB y de BANSEFI por imprecisiones en los nombres y fechas de nacimiento.

Sin embargo, de acuerdo con el titular de la Dirección General de Coordinación con Entidades Federativas de la SEGOB, Alejandro Martínez Álvarez, BANSEFI dejará de operar el fideicomiso para pasar a manos del Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada (BANJÉRCITO) como nueva fiduciaria, a fin de entregar el apoyo a vías sus sucursales.

Esto es otro cambio justo al final de la presente administración y que requiere más que una disculpa, explicaciones firmes y claras sobre el trato que se está dando a los expedientes o “expedientillos” relacionados con el fideicomiso, pues son múltiples las denuncias sobre irregularidades en el manejo de los mismos, incluso se han señalado presuntas instrucciones en la Secretaría de Gobernación para “desaparecer” expedientes completos.

10.- Que el servidor público Rolando Alfonso Solís Obregón, en representación del titular de la Dirección General de Coordinación con Entidades Federativas ha declarado11 que a la fecha se tiene un avance del 73.53 por ciento en el pago del apoyo social a los ex braceros, con lo que se establece perfectamente que los supuestos de extinción del fideicomiso12 no se han cumplido, por lo que es indispensable en un ejercicio de justicia social con nuestros compatriotas, seguir operando el programa de devolución de ahorros a esos ciudadanos pero de manera eficaz y oportuna.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de ésta Soberanía, con carácter de urgente resolución, el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

UNICO.- Se solicita a la Secretaría de Gobernación envíe a ésta Soberanía en un plazo de 15 días naturales, la siguiente información:

a) El índice de los expedientes relacionados con todos los trámites realizados para dar cabal cumplimiento a la Ley que crea el Fideicomiso que Administrará el Fondo de Apoyo Social para Ex Trabajadores Migratorios Mexicanos, desde su creación en el año 2005 a la fecha en que se tenga por notificada la dependencia.

b) Las minutas y acuerdos firmados por los integrantes del Comité Técnico, señalado en el artículo 3º del Decreto por el que se crea el Fideicomiso que Administrará el Fondo de Apoyo Social para Ex Trabajadores Migratorios Mexicanos, desde la fecha de su creación hasta la fecha en que se tenga por notificada la dependencia.

c) Un informe técnico que contenga datos de los servidores públicos de mando medio y superior que realizaron actividades relacionadas con la operación del Fideicomiso para el Fondo de Apoyo Social para Ex Trabajadores Migratorios Mexicanos desde 2005 a la fecha en que se tenga por notificada la dependencia, señalando su cargo y actividades por estructura y por funciones con las fechas correspondientes.

d) Un informe que especifique la situación en que se encuentra el Fideicomiso para el Fondo de Apoyo Social para Ex Trabajadores Migratorios Mexicanos incluyendo los recursos públicos ejercidos, los remanentes y la cantidad de beneficiarios pendientes de otorgar el apoyo, señalando las razones y el porcentaje del cumplimiento que representan respecto del total.

e) Una relación con los medios en que se difundieron las diversas convocatorias con modificaciones y/o aclaraciones para recepción de documentos de los beneficiarios a fin de ser susceptibles de recibir el apoyo. Incluyendo medios de comunicación electrónica, prensa, uso de tiempos oficiales del Estado y cualquier otra que haya utilizado para que los interesados accedieran a solicitar el apoyo correspondiente.

f) Un informe técnico que especifique la problemática y áreas de oportunidad encontradas para dar cabal y total cumplimiento a la entrega de apoyos a los beneficiarios.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, a 13 de noviembre de 2012.

Suscribe

Sen. Mely Romero Celis”.

Se recibió del Senador Fernando Yunes Márquez, del grupo parlamentario del PAN, un punto de Acuerdo que solicita al Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, considerar la inclusión del municipio de Sayula de Alemán, del estado de Veracruz, en el subsidio para la seguridad pública municipal para el ejercicio fiscal 2013, mismo que se turna a la Comisión de Seguridad Pública.



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Se recibió de la Senadora Luz María Beristain Navarrete, del grupo parlamentario del PRD, un punto de Acuerdo que exhorta al Secretario de Gobernación a integrar una mesa de diálogo en la que intervengan las personas titulares de las áreas de salud de diversos estados de la República, del gobierno federal y del Distrito Federal, para tratar el tema relativo a la problemática respecto a la titularidad del contrato colectivo de trabajo a favor del Sindicato Nacional Independiente de Trabajadores de Salud, mismo que se turna a la Comisión de Trabajo y Previsión Social.

PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA AL SECRETARIO DE GOBERNACION A INTEGRAR UNA MESA DE DIALOGO EN LA QUE INTERVENGAN LAS PERSONAS TITULARES DE LAS AREAS DE SALUD DE DIVERSOS ESTADOS DE LA REPUBLICA, DEL GOBIERNO FEDERAL Y DEL DISTRITO FEDERAL, PARA TRATAR EL TEMA RELATIVO A LA PROBLEMATICA RESPECTO A LA TITULARIDAD DEL CONTRATO COLECTIVO DEL TRABAJO A FAVOR DEL SINDICATO NACIONAL INDEPENDIENTEDE TRABAJADORES DE SALUD

“Lasuscrita, Luz MarIa Beristain Navarrete, Senadora de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8, numeral 1, fracción II, 109, 110 y 276 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta Asamblea la siguiente proposición conpunto de Acuerdo, al tenor de la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

El Convenio 87 de la Organización Internacional del Trabajo, en su artículo 2ª establece que los (as) trabajadores (as) y los (as) empleadores (as), sin ninguna distinción y sin autorización previa, tienen el derecho de constituir las organizaciones que estimen convenientes, así como el de afiliarse a estas organizaciones, con la sola condición de observar los estatutos de las mismas. Asimismo, en su artículo 10 precisa que el término "organización" significa toda organización de trabajadores (as) o de empleadores (as) que tenga por objeto fomentar y defender los intereses de los (as) trabajadores (as) o de los empleadores (as). Siguiendo en el mismo contexto, el artículo 11 expresa claramente que todo Miembro de la Organización Internacional del Trabajo para el cual esté en vigor el presente Convenio se obliga a adoptar todas las medidas necesarias y apropiadas para garantizar a los trabajadores y a los empleadores el libre ejercicio del derecho de sindicación —el Convenio fue aprobado por el Senado de la República, el29 de diciembre de 1949; fue ratificado el 1º de abril de 1950 y entró en vigor para México, el 1º de abril de 1951—.

El artículo 123 apartado A, fracción XVI del mismo ordenamiento, dispone que tanto los (as) obreros como los (as) empresarios (as) tendrán derecho para coaligarse en defensa de sus respectivos intereses, formando sindicatos, asociaciones profesionales, etc. El mismo ordenamiento, en el apartado B, fracción X, establece que los (as) trabajadores (as) tendrán el derecho de asociarse para la defensa de sus intereses comunes.

Los artículos 354, 357 y 358 de la Ley Federal del Trabajo expresan el derecho de los (as) trabajadores (as) para asociarse y constituir sindicatos, sin contar o tener alguna autorización previa.

Para poder hacer uso de tal derecho de asociación a través de los sindicatos, los (as) trabajadores (as) deberán de cumplir con ciertos requisitos, así lo prevé el artículo 365 de la Ley Federal del Trabajo. Satisfechos los requisitos, indica el artículo 366 del la misma ley, que ninguna de las autoridades correspondientes podrá negarlo.

La libertad de asociación, la libertad sindical y la libertad de negociación colectiva son derechos fundamentales, que deberán ser garantizados de manera plena y efectiva por el Estado Mexicano.

No obstante lo anterior, muchos son los obstáculos a los que se han enfrentado diversos grupos u organizaciones de trabajadores (as), que dentro de sus lugares de trabajo han pretendido coaligarse para salvaguardar sus intereses ymejorar sus derechos laborales.

En el caso que nos ocupa, el Sindicato Independiente Nacional de Trabajadores de Salud se encuentra constituido con apego a derecho, con su respectiva toma de nota (5808) ante la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Su Secretario Generales el doctor Antonio Sánchez Arriaga. Las secciones integrantes de este Sindicato son: 1. Tabasco; 2. Michoacán;3. Durango; 4. Hidalgo; 5. Zacatecas; 6. Tuxtla Gutiérrez Chiapas; 7. Puebla; 8. Guerrero, 10. Yucatán. 12. Oaxaca. 13. San Cristóbal de las Casas, Chiapas, 15. La Costa Oaxaca, 17. Tuxtepec Oaxaca, 19. Xalapa, 33. Veracruz, Sección 14 Colima, Sección 16 San Martín Puebla, y Sección 59 Instituto Nacional de Pediatría, Hospital General de México y Servicios de Salud del Gobierno del Distrito Federal.

A pesar de cumplir con los requisitos necesarios para la formación y reconocimiento de dicho Sindicato, las autoridades estatales se niegan a ello, lo que ha motivado que no se dé solución a diversos problemas que enfrenta el Sindicato Nacional Independiente, como son:

1. Los Programas de Separación Voluntaria del Hospital General de México de los Servicios de Salud Pública de Xocongo, Xochimilco, Tláhuac, Hospital General Leñero y Jurisdicciones.

2. La reincorporación del Dr. Sánchez Arriaga a su plaza de Médico Especialista “C” en el Hospital General de México.

3. La reincorporación de trece personas despedidas del comité seccional de Tabasco.

4. La reincorporación de siete personas despedidas del Instituto de Ciencias Médicas y Nutrición Doctor Salvador Zubirán.

5. La regularización de los trabajadores de Tuxtla Gutiérrez Chiapas.

6. La solución de los problemas de jubilación, de otorgamientos de contratos indefinidos, interinatos, doscientos créditos hipotecarios especiales de FOVISSSTE, trescientas hojas de préstamos especiales y cuatrocientas hojas de préstamos ordinarios, plazas de base por jubilación para los hijos de los trabajadores de salud en los Estados de Tabasco, Michoacán, Durango, Hidalgo, Zacatecas, Chiapas, Puebla, Guerrero, Guanajuato y Distrito Federal, y la solución de los problemas de créditos en el archivo maestro, entre otros.

Cada uno de los problemas se actualizan en las diferentes secciones que integran al Sindicato Nacional independiente -en algunas de ellas, al parecer, se han dado agresiones verbales y físicas-, debido a la falta de respeto de los derechos fundamentales relativos a la libertad de asociación, la libertad sindical y la libertad de negociación colectiva.

Por lo antes expuesto y fundado, me permito someter a la aprobación del Pleno de la Cámara de Senadores la presente proposición con:

PUNTO DE ACUERDO

UNICO.- El H. Senado de la República exhorta respetuosamente al Secretario de Gobernación para que, con base en sus atribuciones legales -establecidas en los artículos 27, fracciones XIV y XVII de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo y 5º del Reglamento Interior de la Secretaría de Gobernación- convoque a una mesa de diálogo en la que intervengan representantes de las Secretarías de Salud de los Estados de Tabasco, Michoacán, Durango, Hidalgo, Zacatecas, Tuxtla Gutiérrez Chiapas; Puebla, Guerrero, Yucatán. Oaxaca. San Cristóbal de las Casas, Chiapas,La Costa Oaxaca, Tuxtepec Oaxaca, Xalapa, Veracruz; Colima, así como el Director del Instituto Nacional de Pediatría, el Director General del Hospital General de México, y los (as) Representantes de la Secretaría de Salud del Gobierno del Distrito Federal, con la finalidad de que cesen las presuntas agresiones de las que han sido objeto los (as) trabajadores (as) que no pertenecen al Sindicato Corporativo que representa Marco García Ayala y Joel Ayala Almeida, y se encuentre a través del diálogo y respeto a la legalidad una pronta solución a la problemática que se presenta en relación a la titularidad del contrato colectivo de trabajo al favor del Sindicato Nacional Independiente de los (as) Trabajadores (as) de Salud.

Dado en el salón de sesiones del H. Senado de la República, a 22 de noviembre de 2012.

Atentamente

Sen. Luz María Beristain Navarrete”.

Se recibió de la Senadora Ana Gabriela Guevara, del grupo parlamentario del PT, un punto de Acuerdo para otorgar la Medalla Belisario Domínguez 2013 a los periodistas asesinados y desaparecidos durante la guerra al narcotráfico, en virtud de que la verdad se hiciera pública, mismo que se turna a la Comisión de la Medalla Belisario Domínguez.

PUNTO DE ACUERDO PARA OTORGAR LA MEDALLA BELISARIO DOMINGUEZ 2013 A LOS PERIODISTAS ASESINADOS Y DESAPARECIDOS DURANTE LA GUERRA AL NARCOTRAFICO, EN VIRTUD DE QUE LA VERDAD SE HICIERA PUBLICA

“De los Senadora ANA GABRIELA GUEVARA, integrante de la LXII Legislatura de la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión, a nombre y representación del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8, fracción II; 76, fracción IX, 108, 276, y demás aplicables del Reglamento del Senado de la República, presento ante esta Honorable Asamblea, la siguiente PROPOSICION DE PUNTO DE ACUERDO PARA QUE EL SENADO ACUERDE CONSIDERAR EL OTORGAR LA MEDALLA BELISARIO DOMINGUEZ 2013, A LOS PERIODISTAS VICTIMAS Y DESAPARECIDOS EN CUMPLIMIENTO DE SU DEBER DURANTE LA LLAMADA “GUERRA CONTRA EL NARCOTRAFICO”, de conformidad con las siguientes:

CONSIDERACIONES

1.- El Senado de la República decidió turnan a la comisión respectiva un punto de acuerdo referente a las celebración, por parte de esta institución del primer centenario del fallecimiento del mártir chiapaneco Dr. Belisario Domínguez Palencia que se dará durante el año 2013.

2.- Como se mencionó en ese punto, esta propuesta se dirige a REIVINDICAR una parte intangible aunque mayúscula del Doctor Domínguez, que es la que se refiere al sentido de su vocación, de su valentía y de su irrestricto apego a la verdad antes de resguardar su propia seguridad

Dejando de lado su potencia opositora, su confrontación temeraria contra el poder, su tenacidad por expresar abiertamente su opinión sin importar la dimensión de la fuerza maquinal que cuestionaba, sin importar la reacción de toda la estructura que apoyaba al autócrata. Y sin importar los riesgos inmediatos que respiraba en esa época el país.

Al dejar de lado lo anterior, resta la profundidad filosófica de la relación del ser humano con la verdad. La verdad que está ahí y está desesperadamente oculta por quienes tienen pavor a las revelaciones. La verdad está ahí y está secuestrada por quienes viven de la mentira que ha sido conseguida con engaños, con farsas, con miedo, con ignorancia, con armas. La verdad está ahí y se encuentra rigurosamente vigilada por una enorme estructura de fantasías, de palabras vanas, de manipulaciones de altísimo costo cultural y financiero. La verdad que sigue ahí y quienes se atreven a emitirla, investigarla y describirla pagan consecuencias lamentables de toda naturaleza. Por eso México figura en una oprobiosa lista de impunidad y corrupción, porque falta mucho de la verdad; sin embargo, hay quienes sí se atreven a enunciarla y muchas veces su seguridad corre un destino trágico, como es el caso de los periodistas que han pagado con su vida el hecho de informar sobre la verdad.

3.- México tiene una enorme lista de periodistas asesinados y desaparecidos en los últimos años: Noventa y seis. Son ellas y ellos los que trataron con la verdad y ahora no están con nosotros; son ellos los herederos reales de la vocación de Belisario Domínguez; son ellos quienes fueron segados de su vida por su relación con la verdad.

4.- Por ello, este punto de acuerdo quiere refrendar realmente el espíritu del arrojo de Belisario Domínguez y que en el centenario de su asesinato, se reivindique a los periodistas asesinados y desaparecidos en la llamada “Guerra contra el narcotráfico” y se asiente históricamente en los documentos del Senado, su historia y su destino, mediante el otorgamiento, si así lo decide el Senado, de la Medalla Belisario Domínguez. Los periodistas asesinados y desaparecidos tienen todo el prestigio, legitimidad y valía para obtener esta presea cuyo espíritu es la relación del ser humano con la verdad y los riesgos que esto supone.

Por todo lo anterior, sometemos a la consideración de esta Asamblea, el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

UNICO.- El Senado de la República acuerda considerar la propuesta de otorgar la Medalla Belisario Domínguez Palencia 2013, a los periodistas asesinados y desaparecidos durante la Guerra al narcotráfico en virtud de que la verdad se hiciera pública.

Dado en el salón de sesiones a los 6 días del mes de DICIEMBRE de 2012.

Atentamente

Sen. Ana Gabriela Guevara”.

De un servidor, un punto de Acuerdo que exhorta a los congresos de los estados a legislar en materia de migración y a los ejecutivos de las 31 entidades y del Distrito Federal, a implementar un programa de atención a las personas migrantes y los entes públicos para operar dichos programas, mismo que se turna a la Comisión de Asuntos Migratorios.

PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA A LOS CONGRESOS DE LOS ESTADOS A LEGISLAR EN MATERIA DE MIGRACION Y A LOS EJECUTIVOS DE LOS 31 ESTADOS Y DEL DISTRITO FEDERAL A IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE ATENCION A LAS PERSONAS MIGRANTES Y CREAR LOS ENTES PUBLICOS PARA OPERAR ESOS PROGRAMAS

“SEN. ERNESTO JAVIER CORDERO ARROYO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
SENADO DE LA REPUBLICA
H. CONGRESO DE LA UNION

PRESENTE.

JOSE ROSAS AISPURO TORRES, Senador de la República, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, a nombre propio y con fundamento en lo que se establece en los artículos 8, numeral 1, fracción II; 108 y 276 del Reglamento del Senado de la República, someto a consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente: proposición con punto de Acuerdo por el que se exhorta a los Congreso de los Estados a Legislar en Materia de Migración; y a los Ejecutivos de los 31 estados y del Distrito Federal a Implementar Programas de Atención a las Personas Migrantes y Crear los Entes Públicos para Operar esos Programas, en base a las siguientes.

CONSIDERACIONES

México históricamente ha sido, como lo es aún, un país con una tradición migratoria y es famosa, en el mundo, la calidad de buenos anfitriones que tenemos los mexicanos con nuestros invitados; sin embargo, esto ocurre cuando hablamos de invitados, de turistas y en un extremo de la xenofobia, cuando los invitados son europeos, norteamericanos o que traen dinero para dejar.

La posición geográfica de nuestro territorio y ser el vecino pobre de la economía más grande del mundo, nos coloca como el país latinoamericano que expulsa más mano de obra barata, pero también por donde pasan más de cuatrocientos mil transmigrantes del sur del continente y migrantes que utilizan nuestras fronteras para ingresar a Estados Unidos; asimismo, como consecuencia de los anterior tenemos una gran afluencia de migrantes mexicanos retornados y, en menor medida, somos, como consecuencia de las políticas migratorias del vecino del norte, un país de destino, ya que las personas que no logran cruzar la frontera aún en contra de su voluntad se tiene que quedar en México.

A pesar de todo ello, aún ahora el Estado mexicano no cuenta con una política migratoria que atienda las necesidades de nuestros emigrantes y retornados, mucho menos, que atienda, las necesidades de los transmigrantes e inmigrantes que diariamente cruzan nuestro territorio nacional y los inmigrantes que, por alguna razón, deciden quedarse en nuestro país.

Todos conocemos las tragedias y los abusos que se han presentado en nuestro país; de los cuales, los más emblemáticos y vergonzosos fueron las fosas clandestinas de San Fernando, lugar donde fueron encontrados los cuerpos de migrantes indefensos que en su paso por México encontraron la muerte, sin que hasta hoy se haya hecho justicia.

Estos hechos más todos los que se presentan a diario a lo largo y ancho de la llamada ruta migrante nos ha valido en el mundo el mote de México “la Ruta del Terror”.

Esto ha sido a así, como consecuencia de la política que nuestro país viene implementando en materia migratoria la cual está concebida en un esquema de seguridad nacional, prioritario para los Estados Unidos. Y como buenos vecinos nos hemos dedicado a formar una barrera para los migrantes que tiene como única opción, para llegar a la frontera estadounidense, cruzar por nuestro país y en su pasó se encuentran con las mayores perversidades, abusos y desgracias que muchas veces terminan con la muerte, bien merecido el eslogan de publicidad de una película que aborda el tema y está en cartelera “Soñar el sueño americano es fácil, lo difícil es cruzar por México”; puesto a la medida de nuestra indolencia como nación y nuestra corrupción como Estado, la cual está costando muchas vidas humanas diariamente.

A pesar de todo y por increíble que parezca, no fue, sino, hasta el 25 de mayo de 2012 que nuestro país publicó la primera Ley de Migración de nuestra historia, casi dos años después de la primera masacre de San Fernando; sin embargo, por fin se sentó la primera piedra de lo que será la política migratoria del Estado mexicano.

Esta Ley tiene muchos defectos técnicos y de aplicación, como lo han hecho ver diversas Organizaciones de la Sociedad Civil; empero, es el primer paso para que México reconozca su obligación de salvaguardar la integridad de todas las personas que se encuentran o transitan por el territorio nacional, incluidas las personas migrantes en situación irregular; es lo menos que se debe hacer si nos vamos a tomar en serio el texto del artículo 1° de nuestra Constitución.

Los tiempos y las circunstancias actuales de la dinámica migratoria mundial y especialmente de los pueblos de América, exigen acciones rápidas y concretas, las personas requieren respuestas y la satisfacción de sus necesidades; lo migrantes, como los mexicanos, requieren que se les otorgue seguridad, servicios de salud, educación de calidad, una identidad; en resumen requieren, exigen y “tienen derecho a tener derechos”.

Entonces, los mexicanos requerimos de hacernos responsables de nuestros actos y omisiones como nación; es de festejarse la actitud los asambleístas del Distrito Federal cuando legislaron sobre la materia y aprobaron la Ley de Interculturalidad, Atención a Migrantes y Movilidad Humana, la cual contiene conceptos y elementos que atienden a criterios de caridad humana, sensibilidad política y social, responsabilidad gubernamental y un ánimo de garantizar y reconocer los derechos de las personas sin, como lo consigna el párrafo quinto del artículo 1° Constitucional, “discriminar por motivos como origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, la opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular menoscabar los derechos o libertades de las personas”; así, esta Ley tan progresista y garantista les otorga a los migrantes la calidad de huéspedes, por el sólo hecho de estar en el territorio del Distrito Federal.

Es momento de aprovechar la inercia, ya tenemos una Ley de Migración en el orden federal, ya tenemos un buen ejemplo de políticas sociales en varias Entidades Federativas y una Ley local en el Distrito Federal que puede marcarnos la pauta a seguir en materia legislativa; debemos, ahora, buscar que el tema migratorio se convierta en un tópico de políticas públicas del Estado mexicano en su conjunto, donde, como corresponde, participen todos y cada uno de los órdenes de gobierno y los poderes que cohabitan en el pacto federal.

En necesario que los ejecutivos de las Entidades Federativas y sus Congresos Estatales, así como el Gobierno y Asamblea Legislativa del Distrito Federal se sumen al esfuerzo para atender el creciente fenómeno migratorio, es urgente que se legisle en el tema y se implementen programas de atención a migrantes para garantizar, también en los estados, su seguridad, su integridad y su acceso a todos y cada uno de los servicios y beneficios que otorga el Estado mexicano en su conjunto.

Que sirvan de inspiración las palabras pronunciadas por el secretario general de la Organización de las Naciones Unidas el 18 de diciembre de 2011; con motivo de la conmemoración del día internacional de las personas migrantes, pronunció:

“Cuando se violan sus derechos, se los margina y excluye, los migrantes no pueden contribuir ni económica ni socialmente a las sociedades que han dejado atrás y tampoco a aquellas a las que llegan. Sin embargo, cuando se los apoya mediante políticas adecuadas y la protección de los derechos humanos, la migración puede ejercer una influencia beneficiosa en las personas, así como en los países de origen, tránsito y destino”.

Por todo lo anterior, en el marco de la conmemoración por el día internacional de las personas migrantes, someto a la consideración de esta Soberanía la siguiente Proposición con:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO.- El Senado de la República, exhorta, de manera respetuosa, a los ejecutivos de los treinta y un estados y del Gobierno del Distrito Federal para que implementen programas sociales a fin de atender las necesidades de las personas migrantes, connacionales y extranjeras.

SEGUNDO.- El Senado de la República, exhorta, de manera respetuosa, a los ejecutivos de los treinta y un estados y del Gobierno del Distrito Federal, para que tome las medidas necesarias a fin de crear los entes públicos para la atención de las necesidades de las personas migrantes, tanto connacionales como extranjeras.

TERCERO.- El Senado de la República, exhorta respetuosamente a los Congreso Locales de los treinta y un estados y a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal a fin de que legislen para adecuar sus marcos normativos a las exigencias que la dinámica del fenómeno migratorio reclama.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, a 18 de diciembre de 2012.

Atentamente

Sen. José Rosas Aispuro Torres”.

Se recibió de la Senadora Iris Vianey Mendoza Mendoza, del grupo parlamentario del PRD, un punto de Acuerdo para exhortar a los titulares de las Secretarías de Comunicaciones y Transportes y del gobierno de Morelos para que se entable una mesa de diálogo y resolución con los pobladores y comuneros de Tepoztlán, inconformes con la obra de libramiento de la autopista La Pera-Oacalco, mismo que se turna a la Comisión de Comunicaciones y Transportes.

PUNTO DE ACUERDO PARA EXHORTAR A LOS TITULARES DE LA SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES Y DEL GOBIERNO DE MORELOS PARA QUE SE ENTABLE UNA MESA DE DIALOGO Y RESOLUCION CON LOS POBLADORES Y COMUNEROS DE TEPOZTLAN, INCONFORMES CON LA OBRA DEL LIBRAMIENTO DE LA AUTOPISTA LA PERA-OACALCO

“Quien suscribe, Senadora Iris Vianey Mendoza Mendoza, integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 8, numeral 1, fracción II, 276 y demás aplicables del Reglamento del Senado de la República, presento ante esta Soberanía, proposición con punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

La Secretaria de Comunicaciones y Transportes ha licitado la ampliación a cuatro carriles del tramo La Pera-Oacalco, en el estado de Morelos. Con esta ampliación se propone resolver un grave cuello de botella en esta importante vía de comunicación entre el oriente de Morelos y el Distrito Federal.

La empresa ganadora de la licitación ha sido Tradeco, que al igual que las empresas propiedad del Sr. Cosme Mares en el sexenio del señor Vicente Fox, ha sido una de las empresas más favorecidas durante el feneciente sexenio de Felipe Calderón.

La obra tiene ya un importante desarrollo y su importancia en términos de vialidad es indiscutible.

Sin embargo, desde hace ya más de un año, comuneros y pobladores de Tepoztlán han manifestado su rechazo a esta obra dado el impacto ambiental que tendrá la tala de cientos de árbolesubicados en el tramo la Pera-Tepoztlán. En diversos foros e instancias han solicitado, inútilmente, un dialogo con las autoridades federales y el gobierno del estado de Morelos para plantear sus inquietudes y encontrar una solución.

Recientemente se realizó una consulta alentada, promovida y divulgada por el gobierno del estado y el gobierno municipal sin la participación de los comuneros y pobladores que cuestionan el carácter depredador del proyecto.

Además de la participación de menos del 10% de los ciudadanos del municipio en dicha consulta, no participaron oficialmente ni el Instituto Estatal Electoral, ni la Universidad Autónoma del Estado, como propagandísticamente ha divulgado el gobernador del estado. Si nos atenemos a los principios de democracia participativa que establece la Ley de Participación Ciudadana de la entidad, esta consulta está sustentada en bases ilegítimas.

Independientemente de esta maniobra propagandística, el hecho real es la negativa contundente de la SCT y del Gobernador del estado a escuchar a los ciudadanos opositores y buscar caminos de entendimiento y solución.

Ello, aunado a un conflicto agrario entre los comuneros de Tepoztlán y San Juan Tlacotenco que impide a la SCT pagar los terrenos usados para la ampliación en este tramo; terrenos que, por cierto, han sido tasados a precios ínfimos.

La situación de tensión en Tepoztlán es cada día mayor, lamentamos profundamente la ausencia de diálogo y concertación en este proceso.

Por lo anterior, nos permitimos presentar ante esta H. Soberanía la siguiente proposición con:

PUNTO DE ACUERDO

UNICO.- El Senado de la República, exhorta a los titulares de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y del Gobierno del Estado de Morelos, a establecer una Mesa de Diálogo y Resolución con los comuneros y pobladores de Tepoztlán inconformes con la obra para construir el libramiento de la Autopista La Pera-Oacalco.

Dado en el salón de Plenos del Senado, a 4 de diciembre de 2012.

Sen. Iris Vianey Mendoza Mendoza”.

Se recibió del Senador David Monreal Avila, del grupo parlamentario del PT, un punto de Acuerdo sobre los hechos ocurridos el 1° de diciembre de 2012 en la ciudad de México, mismo que se turna a la Comisión del Distrito Federal.

PUNTO DE ACUERDO SOBRE LOS HECHOS OCURRIDOS EL 1° DE DICIEMBRE DE 2012 EN LA CIUDAD DE MEXICO

“DAVID MONREAL AVILA, integrante de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 8, fracción II, del Reglamento del Senado de la República, presento ante esta Honorable Asamblea, la siguiente proposición con punto de Acuerdo, al tenor de la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

El primero de diciembre de cada seis años toma protesta, en el Palacio Legislativo de San Lázaro, el nuevo titular del Poder Ejecutivo Federal; sin embrago, el ciudadano que se ostenta como el nuevo Presidente de México, no logró una plena legitimación ante todos los ciudadanos.

Lo anterior se debe a que existió una evidente “inequidad” antes y durante la campaña electoral entre los candidatos a la Presidencia de la República Mexicana.

La flagrante inequidad que existió en el proceso electoral de 2012, se vio reflejada en las urnas, en donde el ganador fue quién erogó mayores recursos a su campaña.

Por tal razón un sector de la sociedad quedó inconforme con los resultados del proceso electoral celebrado el primero de julio de 2012, en donde el Instituto Federal Electoral (IFE) en contubernio con elTribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) validaron la elección y promulgaron a Enrique Peña Nieto como Presidente Electo de México.

Por tal razón Andrés Manuel López Obrador, llamó a la “desobediencia civil pacífica”, la cual puede ser entendida como:

Una acción de protesta colectiva, moralmente fundamentada, pública, ilegal, consiente y pacifica que, violando normas jurídicas concretas, busca producir un cambio parcial en las leyes, en las políticas o en las directrices de un gobierno.1

Sin embargo, con las acciones que llevó a cabo la administración federal, como poner un cerco alrededor de la Cámara de Diputados con policías federales custodiándola, se violó el artículo 6 Constitucional referente a la libertad de tránsito, así como el 11 que señala que nadie puede ser molestado en su persona, familia o domicilio.

Es decir, les restringieron algunas garantías individuales a los ciudadanos que tienen su vivienda en los alrededores del Palacio Legislativo de San Lázaro; no obstante, eso no fue lo peor.

Durante y posteriormente al acto protocolario del primero de diciembre existió un excesivo uso de la fuerza pública, hay diversos videos en las redes sociales2 que muestran a los uniformados realizar disparos con rifles de balas de goma, con lanza cartuchos de gases lacrimógenos, se nota también cómo arrojan piedras y objetos contra los manifestantes.

Así mismo en otros videos se muestran a grupos de personas vestidas de civil armados con palos y piedras del lado contrario de la valla metálica; es decir, del lado donde se encontraban los policías ¿Qué tenían que estar haciendo este grupo de personas del lado de la Cámara de Diputados?

Por otra parte existen testimonios de que algunos estudiantes fueron detenidos arbitrariamente, el saldo que dio la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal fue de 72 hombres y 20 mujeres detenidas, entre ellos 11 menores de edad y diversos establecimientos destruidos.3

La policía federal y la del Distrito Federal abusaron de la fuerza pública, así mismo se dieron detenciones arbitrarias de personas,4 particularmente no puedo permitir y tolerar la fuerza represiva por parte del Estado.

Vaya forma de iniciar el sexenio por parte de Enrique Peña Nieto, al más puro estilo del viejo PRI, por tal razón compañeros legisladores y legisladoras, no podemos consentir más abusos por parte de la autoridades.

Tristemente estos hechos sucedieron en el marco de la firma del “Pacto Por México”; el cual, en su apartado 1.5 menciona que México “requiere que el respeto, la promoción y la defensa de los derechos humanos sean una constante de su cultura… ”.

No obstante considero que se debe de enseñar con el ejemplo, por tal razón el objetivo del presente punto de acuerdo es el de solicitarle a los titulares de la Secretaría de Seguridad Publica Federal y del Distrito Federal, un informe detallado de la manera de actuar de sus elementos.

Así mismo solicitarle a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos a que intervenga, en la medida de sus facultades, a esclarecer presuntas violaciones a los derechos humanos durante los hechos ocurridos el primero de diciembre del presente año en el Centro de la Ciudad de México y en San Lázaro.

Quiero hacer hincapié, que condeno todos los hechos de violencia que se registraron el primero de diciembre en San Lázaro y en el Centro de la Ciudad de México, así como en diversos lugares del país donde salieron heridos ciudadanos y policías.

Con el presente punto de acuerdo se pretende velar por los derechos humanos de todos los ciudadanos que participaron en los sucesos ocurridos durante el pasado primero de diciembre.

Derivado de lo anterior, someto a consideración de esta Honorable Soberanía el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO.- Que esta Soberanía exhorte respetuosamente a los titulares de la Secretaria de Seguridad Pública Federal o encargado del despacho y del Distrito Federal, a que rindan un informe sobre los hechos ocurridos el pasado primero de diciembre de 2012, en él, deben informar qué hacían y porqué estaba un grupo de ciudadanos vestidos de civil, del lado de la valla de la Cámara de Diputados.

SEGUNDO.- Que esta Soberanía exhorte respetuosamente a la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal a rendir un informe sobre la cifra real de detenidos y heridos, durante los hechos ocurridos el pasado primero de diciembre de 2012. Así mismo, a que realice una profunda expedita e imparcial investigación sobre los hechos antes mencionados, y sobre la procedencia y actuación de diversos grupos que procedieron de manera concertada y uniformada.

TERCERO.- Que esta Soberanía exhorte respetuosamente a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos a que intervenga, en la medida de sus facultades,a esclarecer presuntas violaciones a los derechos humanos durante los eventos ocurridos el primero de diciembre de 2012.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, a 6 de diciembre de 2012.

Sen. David Monreal Avila”.

Se le concede el uso de la palabra a la Senadora Marcela Guerra Castillo, del grupo parlamentario del PRI, para presentar un punto de Acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal y al Secretario de Relaciones Exteriores a negociar con el gobierno de los Estados Unidos de América una mayor asignación en el número de visas H2A, para los trabajadores agrícolas mexicanos.

- La C. Senadora Marcela Guerra Castillo: Muchas gracias a la Presidencia y por supuesto a todos mis colegas Senadoras y Senadores. Estimadas Senadoras y Senadores.

Su servidora, integrante del grupo parlamentario del Revolucionario Institucional, someto a consideración del Pleno la presente proposición con punto de Acuerdo que tiene por objeto exhortar al titular del Poder Ejecutivo Federal, al licenciado Enrique Peña Nieto, a efecto de que instruya al titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores para que se realicen negociaciones diplomáticas con el gobierno de Estados Unidos de América para que se aumente el número de visas del programa H2A, que se destinan a trabajadores jornaleros mexicanos, basándose para ello en los siguientes argumentos:

El gobierno de los Estados Unidos de América, en el marco de su política migratoria y con base en las negociaciones de mano de obra que imponen sus ciclos productivos, especialmente en los estados agrícolas, estableció en la década de los años 80’s, la llamada visa H2A con el objetivo de promover y regular el ingreso temporal de trabajadores jornaleros extranjeros para contribuir al levantamiento de las cosechas en aquellas regiones en la que la fuerza laboral local no es suficiente.

Una característica importante de este tipo de visa, es que está sujeta a que se presente una solicitud específica de un productor o empresario americano, es decir, un empleador para que se le permita contratar a un número determinado de trabajadores extranjeros a través de una petición formal, para obtener así una certificación de trabajo del Departamento de Trabajo de los Estados Unidos y así recibir la aprobación de la petición mediante la forma 1-797 del Departamento de Seguridad Nacional, DHS.

La visa H2A no está limitada a un número determinado de trabajadores por año, a diferencia de las otras visas que están clasificadas como H2B, y que sólo se entrega a 66 mil trabajadores por año.

Existe entonces la posibilidad de ampliarla hasta por tres años, siempre y cuando el empleador justifique la necesidad de continuar empleándose y el costo de la visa y el transporte del jornalero corran por cuenta del empresario contratante y no del trabajador.

Independientemente de las necesidades del empleador, corresponde al Secretario del Departamento de Seguridad Nacional, determinar la elegibilidad de los beneficiarios que participan en el programa de la visa H2A.

Cada año se emite una lista de países elegibles la cual se anuncia en el registro federal y es válida por un año a partir de la fecha de su publicación.

No existe un número exclusivo de visas por este país beneficiario, ya que este responde a las decisiones sujetas a condiciones variables tanto de demanda por la parte del empleador como de condiciones propias de la producción agrícola y de las circunstancias del mercado laboral en Estados Unidos.

México siempre ha estado entre los países beneficiarios, ya que el 18 de enero de 2012 se dio a conocer la última lista de trabajadores jornaleros elegibles por país. Por lo que en enero del año entrante se publicará la lista de los países beneficiarios para el 2013.

Actualmente, los países elegibles son: Argentina, Australia, Barbados, Belice, Brasil, Bulgaria, Canadá, Chile, Costa Rica, Croacia, República Dominicana, Ecuador, El Salvador y, por supuesto, México, entre otros.

La selección de naciones beneficiadas por la aplicación del programa de las visas H2A constituye una prerrogativa soberana sobre el gobierno de Estados Unidos de América. Sin embargo, las circunstancias que caracterizan y determinan la estrecha relación existente entre México y Estados Unidos, que responden a factores especiales de veracidad, interrelación económica, intereses comunes y de amistad, explican y justifican la búsqueda por parte de México de mejores términos y condiciones en el ejercicio del programa de visa H2A.

Por lo anteriormente expuesto, solicito a esta Soberanía sea aprobado de urgente resolución mi siguiente punto de Acuerdo:

UNICO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente al titular del Ejecutivo Federal para que instruya al titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores para que por su conducto realice las negociaciones diplomáticas procedentes con el gobierno de Estados Unidos de América para que se aumente el número de visas del programa H2A que se destinan a trabajadores jornaleros mexicanos y para que al momento del otorgamiento haga público y con anticipación los ciclos agrícolas y los estados de la Unión Americana donde los requiera, a efecto de que nuestros connacionales puedan orientarse de acuerdo a sus intereses y destrezas.

Esperando que en caso de que sea procedente el aumento en el otorgamiento de visas, éste se puede ver reflejado en la lista que emitirá el Secretario del Departamento de Seguridad Nacional de los países beneficiarios que participarán en dicho programa para enero del 2013 y para los años subsecuentes, lo anterior atendiendo los factores de vecindad, interrelación económica, intereses comunes y amistad que existen entre ambas naciones.

Muchas gracias, señor Presidente; muchas gracias colegas.

Propuesta

PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA AL EJECUTIVO FEDERAL Y AL SECRETARIO DE RELACIONES EXTERIORES A NEGOCIAR CON EL GOBIERNO DE ESTADOS UNIDOS DE AMERICA UNA MAYOR ASIGNACION EN EL NUMERO DE VISAS H2A PARA LOS TRABAJADORES AGRICOLAS MEXICANOS.

“H. Asamblea:

La suscrita, Senadora Marcela Guerra Castillo integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXII Legislatura, confundamento en lo dispuesto por los artículos 8, numeral 1, fracciones II y X, 95, 103, numeral 2, fracción II, 108, 109, 276 y demás relativos y aplicables del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración del Pleno, la presente proposición con punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

El Gobierno de los Estados Unidos de América, en el marco de su política migratoria y con base en las necesidades de mano de obra que imponen sus ciclos productivos, especialmente en los estados agrícolas, estableció en la década de los 80 la llamada Visa H2A con objeto de promover y regular el ingreso temporal de trabajadores jornaleros extranjeros para contribuir al levantamiento de las cosechas en aquéllas regiones en las que la fuerza laboral local no es suficiente.

Una característica importante de este tipo de visa, es que está sujeta a que se presente una solicitud específica de un productor o empresario americano (empleador) para que se le permita contratar a un número determinado de trabajadores extranjeros, a través de una petición formal para obtener una Certificación de Trabajo del Departamento de Trabajo de los Estados Unidos, y así recibir la aprobación de la petición mediante la forma I-797 del Departamento de Seguridad Nacional (DHS).

La visa H2A no está limitada a un número determinado de trabajadores por año, (a diferencia de la Visa H2B que sólo se entrega a 66,000 trabajadores por año) y existe la posibilidad de ampliarla hasta por tres años, siempre y cuando, el empleador justifique la necesidad de continuar empleándolos. El costo de la visa y el transporte del jornalero corren por cuenta del empresario contratante y no del trabajador.

Independientemente de las necesidades del empleador, corresponde al Secretario del Departamento de Seguridad Nacional (Homeland Security) determinar la elegibilidad de los beneficiarios que participarán en el programa de la Visa H2A. Cada año se emite una lista de países elegibles, la cual se anuncia en el Registro Federal y es válida por un año a partir de la fecha de su publicación.

No existe un número exclusivo de visas por país beneficiario, ya que éste responde a decisiones sujetas a condiciones variables tanto de demanda por parte del empleador como de condiciones propias de la producción agrícola; y de las circunstancias del mercado laboral en Estados Unidos. México siempre ha estado entre los países beneficiarios.

El 18 de enero de 2012 se dio a conocer la última lista de trabajadores jornaleros elegibles por país, por lo que en enero del año entrante, se publicará la lista de los países beneficiarios para 2013. Actualmente los 58 países elegibles son: Argentina, Australia, Barbados, Belice, Brasil, Bulgaria, Canadá, Chile, Costa Rica, Croacia, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, España, Estonia, Etiopía, Islas Fitji, Guatemala, Haití, Honduras, Hungría, Islandia, Irlanda, Israel, Jamaica, Japón, Kiribati, Latvia, Lituania, Macedonia, México, Moldavia, Montenegro, Nauru, Países Bajos, Nicaragua, Nueva Zelanda, Noruega, Papúa Nueva Guinea, Perú, Filipinas, Polonia, Rumania, Samoa, Serbia, Eslovaquia, Eslovenia, Islas Salomón, Sudáfrica, Corea del Sur, Suiza, Tonga, Turquía, Tuvalú, Ucrania, Reino Unido, Uruguay y Vanuatu.

La selección de naciones beneficiadas por la aplicación del programa de las visas H2A constituye una prerrogativa soberana del gobierno de Estados Unidos de América. Sin embargo, las circunstancias que caracterizan y determinan la estrecha relación existente entre México y Estados Unidos, que responden a factores especiales de vecindad, interrelación económica, intereses comunes y amistad, explican y justifican la búsqueda por parte de México de mejores términos y condiciones en el ejercicio del programa de la Visa H2A.

Por lo anteriormente expuesto, solicito a esta Soberanía sea aprobado de urgente resolución el siguiente:

Punto de Acuerdo

UNICO.- El Senado de la República, exhorta respetuosamente al Titular del Poder Ejecutivo Federal, Licenciado Enrique Peña Nieto, para que instruya al Titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, para que por su conducto realice las negociaciones diplomáticas procedentes con el Gobierno de Estados Unidos de América, para que se aumente el número de visas del programa H2A que se destinan a trabajadores jornaleros mexicanos y para que al momento del otorgamiento, haga públicos y con anticipación los ciclos agrícolas y los Estados de la Unión Americana donde se les requiera, a efecto de que nuestros connacionales puedan orientarse de acuerdo a sus intereses y destrezas.

Esperando que en caso de que sea procedente el aumento en el otorgamiento de visas, este se pueda ver reflejado en la lista que emitirá el Secretario del Departamento de Seguridad Nacional, de los países beneficiarios que participarán en dicho programa para enero de 2013 y para los años subsecuentes, lo anterior atendiendo a los factores de vecindad, interrelación económica, intereses comunes y amistad que existen entre ambas naciones.

Salón de sesiones del Senado de la República, a11 de diciembre de 2012.

Suscribe

Sen. Marcela Guerra Castillo”.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, Senadora Guerra Castillo.

Tiene uso de otro punto de Acuerdo, si usted gusta desahogarlo, se le concede el uso de la palabra.

- La C. Senadora Marcela Guerra Castillo: Muchas gracias, señor Presidente.

Voy a leer el resolutivo, ya que una vez que estuve ya, pues enunciando en qué consisten las visas H2A, que son muy recurrentes, que son muy solicitadas por los connacionales.

Yo les quiero decir que estas visas han sido sujetas también a personajes, coloquialmente llamados “coyotes”, que han abusado de los connacionales, que han abusado de la necesidad de la gente y que se han dado a la tarea de defraudar a muchas personas que intentan establecer un procedimiento para la aplicación de esta visa H2A.

Por lo cual estamos solicitando que el Senado de la República exprese su preocupación por la venta de visas H2A que son totalmente ilegales, es decir, las personas que están vendiendo una visa están incurriendo en una ilegalidad, en un fraude, por lo cual tienen que pagar por ello.

Y estas visas que expide el gobierno de los Estados Unidos de América a jornaleros mexicanos por parte de supuestos reclutadores, intermediarios y empleadores de distintas entidades federativas en nuestro país, y para esto solicitamos la pronta intervención de las autoridades mexicanas correspondientes para que con el mayor rigor posible se aboquen a la investigación, a la persecución y en su momento a la incoacción del proceso penal de que estos responsables ya no estén haciendo de las suyas.

Estos pillos se dedican a defraudar, y en este caso es el gobierno el que debe de atender este asunto inmediatamente por los delitos de fraude, falsificación de documentos, uso de documentos falsos, extorsión, trata de personas y secuestro de quien muchas veces son víctimas de dicho sector vulnerable de nuestra nación.

El Senado de la República exhorta también al titular del Poder Ejecutivo Federal para que, por conducto de las autoridades correspondientes, se proceda a la difusión amplia, oportuna y efectiva, especialmente en las principales regiones del origen de los migrantes jornaleros, de la información sobre el procedimiento y las condiciones necesarias para la obtención de la visa H2A, que por cierto es gratuita, no cuesta, por lo tanto, todos estos personajes que tratan de beneficiarse de la gente deben de pagar por ello, es decir, de pagar frente a la ley.

La visa H2A se expide, como lo vuelvo a decir, por otra ocasión, por el gobierno de los Estados Unidos de América.

Que el Senado de la República realice un respetuoso exhorto al Presidente de México y al Presidente de los Estados Unidos, es decir, al licenciado Enrique Peña Nieto y al Presidente Barack Obama, a efecto de que ambos gobiernos inicien consultas para que cada uno haga por su parte lo siguiente: Para que el gobierno de México combata e investigue la expedición fraudulenta de las visas H2A en cualquier de sus dos modalidades, porque recordemos que es la visa H2A y también existe la visa H2B.

En cualquiera de sus dos modalidades informe ampliamente en las comunidades expulsoras que solamente son válidos los permisos emitidos en oficinas avaladas por consulados o en la propia Embajada de Estados Unidos de América, para que el gobierno de los Estados Unidos de América colabore y apoye en los 3 niveles de gobierno mexicanos, y para que se abran oficinas en las ciudades más importantes de las entidades federativas de origen de los trabajadores migrantes a nuestro país donde haya personal debidamente acreditado por las autoridades norteamericanas respectivas para la expedición de dichos permisos de trabajo.

Y una vez practicadas las consultas, se genere un censo laboral binacional donde se cruce información sobre las necesidades laborales de los Estados Unidos de América en determinados sectores como son hotelería, construcción, enfermería o los trabajadores agrícolas, con la oferta de trabajo mexicano para que cada potencial trabajador mexicano pueda escoger y saber a dónde va a trabajar.

Muchas gracias, yo creo que este es un punto de Acuerdo muy importante que tiene que ver con los derechos de nuestros connacionales, los derechos al trabajo y creo que la migración ordenada y legal es lo que queremos todos.

Muchas gracias.

Propuesta

PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA A LAS AUTORIDADES MEXICANAS A PROCEDER CON TODO RIGOR EN LA INVESTIGACION DE QUIENES DEFRAUDAN A LOS SOLICITANTES DE VISAS DE TRABAJO H2 EXPEDIDAS POR LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA

“H. ASAMBLEA:

La suscrita Senadora Marcela Guerra Castillo integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8, numeral 1, fracciones II y X, 95, 103, numeral 2, fracción II, 108, 109, 276 y demás relativos y aplicables del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración del Pleno, la presente proposición con punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

El Gobierno de los Estados Unidos de América creo las visas de la categoría H2 para regular el ingreso temporal a ese país de los trabajadores con o sin experiencia, no profesionales y sin un título académico.

Estas visas están sujetas a una petición codificada como I-129, por lo que se requiere que un empleador americano debe presentar una solicitud de empleo para sus trabajadores y obtener una Certificación de Trabajo que debe expedir el Departamento de Trabajo de los Estados Unidos y recibir la aprobación de la petición mediante la forma I-797 del Departamento de Seguridad Nacional (DHS).

Las visas de la categoría H2 como parte de un programa, se empezaron a implementar en los Estados Unidos de América a partir de 1943, con el propósito de favorecer el ingreso detrabajadores para cubrir, de manera específica, la falta de mano de obra en la industria de la caña de azúcar. El programa cambió significativamente en los años 80’s con la división de las visas H2 en dos categorías que permanecen hasta la actualidad y que son:

H2A. Destinadas a trabajadores agrícolas (jornaleros agrícolas) dedicados específicamente a la siembra y cosecha de plantaciones. Las visas H2A no están limitadas a un número determinado de trabajadores por año, pero cada visa individual tiene una duración de un año. El costo de la visa y el transporte del jornalero corresponden al empresario contratante y no al trabajador.

Con pocas excepciones, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (USCIS) sólo aprueba las peticiones de ciudadanos de los países designados por el Secretario del Department of Homeland Security como elegibles para participar en el programa H-2A y H-2B.

La nueva lista de países elegibles se anuncia en el Registro Federal y es válida por un año a partir de la fecha de publicación.

Los 58 países elegibles según la lista del 18 de enero de 2012 son: Argentina, Australia, Barbados, Belice, Brasil, Bulgaria, Canadá, Chile, Costa Rica, Croacia, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, España, Estonia, Etiopía, Islas Fitji, Guatemala, Haití, Honduras, Hungría, Islandia, Irlanda, Israel, Jamaica, Japón, Kiribati, Latvia, Lituania, Macedonia, México, Moldavia, Montenegro, Nauru, Países Bajos, Nicaragua, Nueva Zelanda, Noruega, Papua Nueva Guinea, Perú, Filipinas, Polonia, Rumania, Samoa, Serbia, Eslovaquia, Eslovenia, Islas Salomón, Sudáfrica, Corea del Sur, Suiza, Tonga, Turquía, Tuvalú, Ucrania, Reino Unido, Uruguay y Vanuatu, haciendo notar que los usuarios de esta visa son principalmente trabajadores mexicanos y centroamericanos.

H2B. Son dadas a trabajadores no-agrícolas dedicados a actividades varias, como son la jardinería, la construcción, bosques, empacar y cortar, personal para servicio de limpieza de hoteles, entre otras. Estas visas H2B están sujetas a un límite de 66,000 trabajadores por año fiscal determinado por el Congreso de los Estados Unidos y el solicitante debe pagar el costo de la visa cuando la petición sea aprobada.

Problemática Actual:

Diversas organizaciones civiles como Centro Independiente de Trabajadores Agrícolas, Dimensión Pastoral de la Movilidad Humana, Global Workers Justice Alliance y United Farm Workers, han denunciado, basándose en un estudio iniciado en 2010, la existencia de reiterados fraudes que padecen los jornaleros agrícolas mexicanos que pretenden obtener una Visa H2A para trabajar temporalmente en los Estados Unidos.

El estudio realizado por las organizaciones antes mencionadas, se llevó a cabo entre los trabajadores agrícolas de 135 comunidades mexicanas, ubicadas en los estados de Baja California, Guanajuato, Guerrero, Oaxaca, San Luis Potosí, Sonora y Veracruz. Conforme al resultado obtenido de las entrevistas realizadas aproximadamente el 42.6 por ciento de los entrevistados informaron haber tenido quepagar cantidades de dinero por recibir una oferta de trabajo u obtener el trabajo. En el 61 por ciento de los casos, los entrevistados reconocieron que tuvieron que pagar alguna cantidad de dinero por el transporte.

La principal causa de que aquellos que pretenden obtener una visa H2A sean engañados por supuestos reclutadores e intermediarios, se debe a la falta de información que existe sobre el mecanismo para poder obtener dicha visa y aldesconocimiento por parte de los trabajadores interesados en obtenerla, de que la misma no representa gasto alguno para ellos, sino que los gastos del trámite y el transporte deben ser cubiertos por los empresarios estadounidenses contratantes.

Esta práctica recurrente de defraudación cometido a los solicitantes de la visa H2A, afecta de manera especial a un sector vulnerable de la población y el ejercicio de sus Derechos Humanos, además de que contribuye al desarrollo de una situa