Senado de la República.
Sesión Plenaria.
Jueves 17 de agosto de 2017
    
    

Última actualización: Junio 2017
Última revisión: Junio 2017

Diario de los Debates
LXII
              Legislatura
1er
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DIARIO DE LOS DEBATES

DE LA CÁMARA DE SENADORES
DEL CONGRESO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS


AÑO I                       Primer Periodo Ordinario                       LXII Legislatura                       Sesión Núm. 35


Sesión Pública Ordinaria Celebrada
en la Ciudad de México, el 13 de Diciembre de 2012

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PRESIDENCIA DEL C. SENADOR
ERNESTO JAVIER CORDERO ARROYO

APERTURA

- El C. Presidente Ernesto Javier Cordero Arroyo: (12:05 horas) Solicito a la Secretaría informe a la Asamblea el resultado del cómputo de asistencia de los señores Senadores.

- La C. Secretaria Rosa Adriana Díaz Lizama: Honorable Asamblea, conforme al registro de asistencia, se han acreditado 92 ciudadanos Senadores.

En consecuencia, hay quórum, señor Presidente.

- El C. Presidente Cordero Arroyo: Se abre la sesión del jueves 13 de diciembre de 2012, correspondiente al primer periodo ordinario de sesiones del primer año de ejercicio de la LXII Legislatura.

El Orden del Día está disponible en el monitor de sus escaños, con lo cual se informa de los asuntos que corresponden a la agenda de hoy. El acta de la sesión anterior se encuentra publicada en la Gaceta del Senado de este día.

“ACTA DE LA SESION CELEBRADA EL MARTES
ONCE DE DICIEMBRE DE DOS MIL DOCE

PRESIDE EL SENADOR
ERNESTO CORDERO ARROYO

 

En la ciudad de México, Distrito Federal, a las once horas con cincuenta y seis minutos del día martes once de diciembre de dos mil doce, encontrándose presentes setenta y ocho ciudadanos Senadores, según relación anexa, la Presidencia declaró abierta la sesión.

(Lectura del Orden del Día)

La Secretaría dio por conocido el contenido del Orden del Día de la sesión de esta fecha, debido a la publicación en la Gaceta del Senado y a su difusión.

(Acta de la sesión anterior)

Se aprobó en votación económica el Acta de la Sesión del jueves seis de diciembre de 2012.

(Comunicaciones)

Se recibió de la Comisión de Energía, recepción de la respuesta al punto de Acuerdo sobre seguridad industrial, por parte de Petróleos Mexicanos.- Quedó de enterado. Se instruyó a la Secretaría Parlamentaria descargar el asunto de sus registros y darlo por concluido.

 

Se recibió de la Senadora Martha Elena García Gómez, oficio por el que informa que el 29 de noviembre del año en curso quedó instalada la Comisión Especial de la Niñez y la Adolescencia.- Quedó de enterado.

 

Se recibió de la Senadora Arely Gómez González, oficio por el que informa que el 29 de noviembre del año en curso quedó instalado el Comité de Garantía de Acceso y Trasparencia de la Información.- Quedó de enterado.

 

Se recibió de la Cámara de Diputados, Acuerdo por el que se integran las representaciones de Diputados que participarán en las Comisiones Bicamarales de Seguridad Nacional, del Canal de Televisión y del Sistema de Bibliotecas del Congreso de la Unión.- Se remitió a la Junta de Coordinación Política y a los Senadores integrantes de dichas comisiones bicamarales.

 

Se recibió del Senador José Francisco YunesZorrilla, a nombre propio y de los integrantes del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, iniciativa con proyecto de Decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley para regular las Actividades de las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo, así como los artículos Primero y Tercero Transitorios del Artículo Primero del Decreto por el que se expide la Ley para regular las Actividades de las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo y se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley General de Sociedades Cooperativas, de la Ley de Ahorro y Crédito Popular, de la Ley de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y de la Ley de Institucionesde Crédito.- Se turnó a las Comisiones Unidasde Hacienda y Crédito Público y de Estudios Legislativos, Primera.

(Comisión de Administración)

Se sometió a consideración de la Asamblea, Proyecto de Presupuesto de Dietas, Honorarios, Sueldos y Gastos de la Cámara de Senadores para el mes de diciembre de 2012.- Fue aprobado en votación económica.

(Dictámenes de Primera Lectura)

Se dio Primera Lectura a un dictamen de las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores y de Defensa Nacional, con proyecto de Decreto por el que se concede autorización al ciudadano Presidente de los Estados Unidos Mexicanos para permitir que once elementos del Ejército Mexicano puedan salir del territorio nacional para cooperar en la construcción de un tramo carretero en el Puente Fronterizo Binacional Santa Elena en Corazal, Belice, con las autoridades de ese país.- Con dispensa de segunda lectura y sin discusión fue aprobado por 95 votos en pro. Se remitió al Ejecutivo Federal.

 

Se dio Primera Lectura a cinco dictámenes dela Comisión de Gobernación, con proyectos de Decreto que conceden permisos para aceptar y usar condecoraciones que otorgan gobiernos extranjeros.- Con dispensa de segunda lectura y sin discusión fueron aprobados por 92 votos en pro. Se remitieron a la Cámara de Diputados.

(Dictámenes a discusión)

Se sometió a consideración de la Asamblea, un dictamen de las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, Europa y de Hacienda y Crédito Público, con proyecto de Decreto por el que se aprueba el Convenio entre los Estados Unidos Mexicanos y la República de Letonia para Evitar la Doble Imposición y Prevenir la Evasión Fiscal en Materia de Impuestos sobre la Renta y su Protocolo, hecho en Washington, D.C., el veinte de abril de dos mil doce.- Fue aprobado por 97 votos en pro. Se remitió al Ejecutivo Federal.

 

Se sometió a consideración de la Asamblea, un dictamen de las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, Asia-Pacífico y de Hacienda y Crédito Público, con proyecto de Decreto por el que se aprueba el Acuerdo entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno del Estado de Qatar para Evitar la Doble Imposición y Prevenir la Evasión Fiscal en Materia de Impuestos sobre la Renta, firmado en la Ciudad de México, el catorce de mayo de dos mil doce.- Fue aprobado por 102 votos en pro. Se remitió al Ejecutivo Federal.

 

Se sometió a consideración de la Asamblea, un dictamen de las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, Asia-Pacífico y de Hacienda y Crédito Público, con proyecto de Decreto por el que se aprueba el Acuerdo entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de la Región de Administración Especial de Hong Kong de la República Popular China para evitar la Doble Imposición y Prevenir la Evasión Fiscal en Materia de Impuestos sobre la Renta, firmado en Los Cabos, Baja California Sur, México, el dieciocho de junio de dos mil doce.- Fue aprobado por 104 votos en pro. Se remitió al Ejecutivo Federal.

 

El Presidente de la Mesa directiva informó que el Senador Raúl Cervantes Andrade retiró las reservas al artículo 27 fracción XVI y último párrafo, presentadas el pasado 6 de diciembre. En consecuencia, se sometió a votación el artículo en los términos del dictamen, el cual fue aprobado por 58 votos en pro, 2 en contra y 38 abstenciones, a petición expresa del Senador Enrique Burgos García se incluyó su voto en abstención. Se declaró aprobado en lo general y enlo particular el proyecto de Decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.-Se devolvió a la Cámara de Diputados, para los efectos de la fracción e) del artículo 72 constitucional.

 

Se sometieron a consideración de la Asamblea, dos dictámenes de la Comisión de Seguridad Social, con puntos de Acuerdo:

1) Por el que se remite al titular del Ejecutivo y al Congreso del Estado de Tlaxcala la proposición que exhorta a presentar a la brevedad la iniciativa de reforma a la Ley de Pensiones Civiles de ese Estado.- Fue aprobado en votación económica.

2) Que exhorta a la Dirección General del ISSSTE a incluir en el Programa de Construcción, Ampliación y Remodelación de Unidades Médicas y Administrativas del instituto la construcción y equipamiento deun hospital de alta especialidad en la ciudad de Hermosillo, Sonora; y para que en su Programa de Obra Pública 2013 se asignen los recursos presupuestales para la rehabilitación y ampliación del Hospital General ISSSTE “Dr. Fernando Ocaranza”.- Fue aprobado en votación económica.

 

Se sometió a consideración de la Asamblea, un dictamen de las Comisiones Unidas de Juventud y Deporte y de Estudios Legislativos, Primera, con punto de Acuerdo por el que se aprueba Acuerdo de la Cámara de Diputados de fecha 25 de abril de 2012, por el que se desecha el proyecto de Decreto que reformaba la fracción I del artículo 3 de la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud.- Fue aprobado en votación económica. La Mesa Directiva instruyó dar por totalmente concluido el asunto.

(Iniciativas)

La Senadora Hilda Esthela Flores Escalera, delgrupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad y de la Ley General de Educación.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Atención a Grupos Vulnerables y de Estudios Legislativos, Segunda.

 

PRESIDE EL SENADOR
ENRIQUE BURGOS GARCIA

 

De la Senadora Mariana Gómez del Campo Gurza, a nombre propio y de diversos senadores, con aval del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó iniciativa con proyecto de Decreto por el que se crea la Ley General de Convivencia, Prevencióny Atención del Acoso Escolar.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Educación y de Estudios Legislativos.

 

La Senadora Iris Vianey Mendoza Mendoza, delgrupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó iniciativa con proyecto de Decreto por el que se expide la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión; y se reforman los artículos 27, fracción XXI; 36, fracción III y 38, fracción XXX bis de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; se deroga el artículo 9, fracción III de la Ley de Vías Generales de Comunicación; y se derogan las fracciones I y III del artículo 144 de la Ley Federal del Derecho de Autor.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Comunicaciones y Transportes, de Radio, Televisión y Cinematografía y de Estudios Legislativos.

 

El Senador Juan Gerardo Flores Ramírez, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, presentó iniciativa con proyecto de Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Reglamentaria del artículo 27 constitucional en el Ramo del Petróleo, de la Ley de Petróleos Mexicanos, de la Ley de la Comisión Nacional de Hidrocarburos, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y de la Ley de la Comisión Reguladora de Energía.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Energía y de Estudios Legislativos, Segunda.

 

El Senador Eviel Pérez Magaña, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 52; 53, en su segundo párrafo; el primer párrafo y la fracción IV del artículo 54; el primer párrafo del artículo 56; el primer párrafo del artículo 63; y se deroga el segundo párrafo del artículo 56, todos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos, Primera.

 

La Senadora Marcela Torres Peimbert, a nombre propio y de los Senadores Gabriela Cuevas Barrón, Juan Carlos Romero Hicks, Francisco Salvador López Brito, Martín Orozco Sandoval, Luz María Beristáin Navarrete, Mario Delgado Carrillo, Sofío Ramírez Hernández, Javier Corral Jurado, Ernesto Ruffo Appel, Benjamín Robles Montoya, Jorge Luis Preciado Rodríguez, Víctor Hermosillo y Celada y Dolores Padierna Luna, presentó iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones a la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios.- Se turnó a la Cámara de Diputados.

 

El Senador Mario Delgado Carrillo, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó iniciativa con proyecto de Decreto por el que se expide la Ley General para la Promoción de la Convivencia Libre de Violencia en el Entorno Escolar y se reforman las fracciones IX y X del artículo 75 de la Ley General de Educación y el inciso D) del artículo 32 de la Ley para la Protección de Niñas, Niños y Adolescentes y se adiciona el artículo 149 Quater del Código Penal Federal.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Educación y de Estudios Legislativos.

 

El Senador Carlos Puente Salas, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, presentó iniciativa con proyecto de Decreto por el que se adiciona la fracción xxi Bis del artículo 27 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y se crea la Ley Federal de Clasificación de Videojuegos.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Gobernación y de Estudios Legislativos, Primera.

 

El Senador Manuel H. Cota Jiménez, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó iniciativa con proyecto de Decreto que reforma el segundo párrafo del artículo 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos, Segunda.

 

La Senadora Maki Esther Ortiz Domínguez, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, remitió iniciativa con proyecto de Decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley General para el Control del Tabaco.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Comercio y Fomento Industrial y de Estudios Legislativos, Segunda.

 

El Senador Francisco García Cabeza de Vaca, a nombre propio y de Senadores de diversos Grupos Parlamentarios, presentó iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Asentamientos Humanos y del Código Penal Federal.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Desarrollo Urbano y Ordenación Territorial y de Estudios Legislativos.

 

El Senador Armando Ríos Piter, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 8 de la Ley Federal de Derechos.- Se turnó a la Cámara de Diputados.

 

El Senador Pablo Escudero Morales, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, presentó iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma y adiciona el octavo párrafo del artículo 16de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos, Primera.

 

El Senador Alejandro Tello Cristerna, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó iniciativa con proyecto de Decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias y de Estudios Legislativos.

 

La Senadora Luisa María Calderón Hinojosa, a nombre propio y de los Senadores Víctor Hermosilloy Celada y Fernando Herrera Ávila, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó iniciativa con proyecto de Decreto por el quese reforman y adicionan diversos artículos dela Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos, Primera.

 

La Senadora Angélica de la Peña Gómez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma y adiciona el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos, Segunda.

 

El Presidente de la Mesa Directiva dio turno a las siguientes proposiciones:

 

Del Senador José Rosas Aispuro Torres, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de Acuerdo que exhorta a la Cámara de Diputados a que en el Presupuesto para el ejercicio fiscal 2013 destine mayores recursos para la operación del programa de FONHAPO denominado Fondo Nacional de Garantías para la Vivienda Popular; y a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que modifique los esquemas de participación de financieros públicos y privados en la operación del programa mencionado.- Se turnó a la Cámara de Diputados el primer resolutivo y a la Comisión de Hacienda y Crédito Público del Senado el segundo de ellos.

 

Del Senador Adolfo Romero Lainas, a nombre propio y de diversos Senadores, con punto de Acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal y a la Cámara de Diputados a incluir en el Presupuesto de Egresos de la Federación para 2013 un incremento en el presupuesto asignado para la construcción de infraestructura hospitalaria, para la contratación de recursos humanos médicos, afines y administrativos; y para el abasto de medicamentos que permitan lograr los objetivos del sistema de protección social en Salud "Seguro Popular" en el estado de Oaxaca.- Se turnó a la Cámara de Diputados.

 

De los Senadores integrantes de la Comisión de Defensa Nacional, con punto de Acuerdo que exhorta a la Cámara de Diputados para que en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para 2013 se asignen recursos para la adquisición de parque vehicular y aeronaves para la Secretaría de Defensa Nacional.- Se turnó a la Cámara de Diputados.

 

De los Senadores Francisco Búrquez Valenzuela, Víctor Hermosillo y Celada, Isaías González Cuevas, Adolfo Romero Lainas y Lorena Cuéllar Cisneros, con punto de Acuerdo que exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a que en el proceso de análisis, discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2013 considere y destine mayores recursos en relación a lo asignado en el presupuesto del año 2012, a la CONAVI, particularmente al Programa de Esquemas de Financiamiento y Subsidio Federal para Vivienda “Ésta es tu casa”, que permita dar continuidad y fortalecer el acceso a la vivienda de la población de menores ingresos.- Se turnó a la Cámara de Diputados.

 

De la Senadora Angélica de la Peña Gómez, delgrupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de Acuerdo que exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados para asignar una partida presupuestal a la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal para la creación del espacio educativo interactivo denominado “Tú tienes derechos”.- Se turnó a la Cámara de Diputados.

 

De la Senadora Martha Elena García Gómez, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de Acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federala diseñar una estrategia con perspectiva de géneroy con presupuesto etiquetado, que contemple las desigualdades y obstáculos a las que se enfrentan las mujeres jefas de familia y las que son víctimas de violencia intrafamiliar; y exhorta a las Comisiones de Equidad y Género y de Presupuesto y Cuenta Pública de la Honorable Cámara de Diputados a asignar en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para 2013 la etiquetación de recursos para la vivienda de mujeres jefas de familia y las que son víctima de violencia intrafamiliar.- Se turnó a la Comisión de Equidad y Género del Senado el primer resolutivo y a la Cámara de Diputados el segundo de ellos.

 

Del Senador Fidel Demédicis Hidalgo, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de Acuerdo que exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a que en el proceso de análisis, discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2013 incorpore a los recursos presupuestales asignados en el Programa 11 del Programa Especial Concurrente del Sector Rural en el Programa del Derecho a la Alimentación un recurso específico para atender el abasto de huevo en bien de la población que menos tiene en el país.- Se turnó a la Cámara de Diputados.

 

De la Senadora Adriana Dávila Fernández, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de Acuerdo que exhorta a la Cámara de Diputados y al congreso del estado de Tlaxcala para que en sus respectivos Presupuestos de Egresos para 2013 asignen recursos para la debida aplicación del Plan Sexenal contra la Trata de Personas en Tlaxcala, por parte del Consejo Estatal contra la Trata de Personas.- Se turnó a la Cámara de Diputados el primer resolutivo y a la Comisión contra la Trata de Personas del Senado el segundo de éstos.

 

Del Senador Benjamín Robles Montoya, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de Acuerdo que exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados para que en el proceso de análisis, discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2013 se asigne una ampliación presupuestal para la creación del fondo de desarrollo del sur-sureste (fonsur), como partedel ramo general 23 “Provisiones Salariales y Económicas”.- Se turnó a la Cámara de Diputados.

 

Del Senador Sofío Ramírez Hernández, delgrupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de Acuerdo que exhorta a la Cámara de Diputados a contemplar en el proyecto de Presupuesto de Egresos para 2013 una partida presupuestal para el saneamiento y rescate de la laguna de Tuxpan, en Iguala, Guerrero.- Se turnó a la Cámara de Diputados el primer resolutivo y a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales del Senado el segundo de éstos.

 

Del Senador Sofío Ramírez Hernández, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de Acuerdo que exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal a instruir a los titulares de las diversas Secretarías a realizar las acciones pertinentes para dar cumplimiento a los compromisos que hizo con los guerrerenses.- Se turnó a la Cámara de Diputados el primer resolutivo y a la Comisión de Turismo del Senado el segundo de éstos.

 

Del Senador Isidro Pedraza Chávez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de Acuerdo relativo al Decreto emitido por el ex presidente de la República por el que se modifica la tarifa de la Ley de Impuestos Generales de Importación y Exportación y diversos relacionados con la materia.- Se turnó a la Comisión de Comercio y Fomento Industrial los resolutivos primero, segundo, tercero y quinto y a la Cámara de Diputados el cuarto de ellos.

 

Del Senador Isidro Pedraza Chávez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de Acuerdo con relación a la operatividad del componente Conservación y Uso Sustentable de Suelo y Agua en el Distrito Federal.- Se turnó a la Comisión del Distrito Federal los resolutivos primero y segundo y a la Cámara de Diputados el tercero de ellos.

 

Del Senador Isidro Pedraza Chávez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de Acuerdo que exhorta a la Cámara de Diputados a que en el marco del análisis, discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación 2013 se aseguren recursos económicos para diversos proyectos de infraestructura a realizarse en el municipio de Ixmiquilpan, Estado de Hidalgo.- Se turnó a la Cámara de Diputados.

 

De la Senadora Mónica T. Arriola Gordillo, con punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Salud a intervenir con relación a la política del CENSIDA sobre el suministro de medicamentos para combatir el VIH/SIDA.- Se turnó a la Comisión de Salud.

 

Del Senador Ernesto Ruffo Appel, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de Acuerdo que exhorta al titular del Poder Ejecutivo de la Federación a liberar a la CONAPESCA los recursos que le fueron retenidos por el orden de los 307.9 millones de pesos del presente ejercicio fiscal.- Se turnó a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

 

De la Senadora Luz María Beristáin Navarrete, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de Acuerdo que exhortaal Director General de los Servicios Educativos Integrados al estado de México a autorizar la disminución en el cobro de cuotas para aquellas escuelas particulares registradas en el seiem, así como para proceder a la regularización o el cierre definitivo de escuelas que no cumplen con las condiciones legales y educativas básicas requeridas por la normatividad vigente.- Se turnó a la Comisión de Educación.

 

De la Senadora Gabriela Cuevas Barrón, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de Acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a implementar políticas públicas que incidan de manera efectiva en la prevención y erradicación del fenómeno del suicidio entre los niños y jóvenes.- Se turnó a la Comisión de Juventud y Deporte.

 

Del Senador José Rosas Aispuro Torres, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de Acuerdo que exhorta al Ejecutivo del estado de Durango, a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y a la Comisión Federal de Electricidad a celebrar convenio de colaboración a fin de beneficiar a la población duranguense con tarifas de consumo de energía eléctrica preferenciales en este próximo periodo invernal y los subsecuentes.- Se turnó a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

 

Del Senador Francisco Javier García Cabeza de Vaca, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de Acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a atender y dar solución a la problemática de la ganadería de exportación en Tamaulipas.- Se turnó a la Comisión de Agricultura y Ganadería.

 

De la Senadora Angélica de la Peña Gómez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaríade Salud a verificar el cumplimiento cabal de lanorma oficial mexicana nom-010-ssa2-2010, parala prevención y control de la infección por virus dela inmunodeficiencia humana por parte todos los componentes del Sistema Nacional de Salud.- Se turnó a la Comisión de Salud.

 

De la Senadora Silvia Guadalupe Garza Galván, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de Acuerdo que exhorta al titular de la Comisión Nacional del Agua y a los gobernadores de los estados de Coahuila y de Durango a generar las políticas públicas integrales que garanticen a la población de la Comarca Lagunera el contar con la disponibilidad de agua potable libre de arsénico.- Se turnó a la Comisión de Recursos Hidráulicos.

 

PRESIDE EL SENADOR
ERNESTO CORDERO ARROYO

(Dictámenes de Primera Lectura)

Se dio Primera Lectura a un dictamen de las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Estudios Legislativos, Primera, con proyecto de Decreto por el que se expide la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas y se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley sobre el Contrato de Seguro.- Quedó de primera lectura.

 

Se dio Primera Lectura a un dictamen de las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Estudios Legislativos, Primera, con proyecto de Decreto que reforma la Ley para regular las Actividades de las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo y se reforman los artículos Primero y Tercero de los artículos Transitorios del Decreto por el que se expide la Ley para regular las Actividades de las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo y se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley General de Sociedades Cooperativas, de la Ley de Ahorro y Crédito Popular, de la Ley de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y de la Ley de Instituciones de Crédito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 13 de agosto de 2009.- Con dispensa de segunda lectura. El Senador Francisco Yunes Zorrilla, Presidente de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, presentó el dictamen a nombre delas comisiones. Para la discusión en lo general, intervinieron los Senadores: Armando Ríos Piter del PRD y David Penchyna Grub del PRI. Fue aprobado en lo general y en lo particular por 84 votos en pro. Se remitió a la Cámara de Diputados.

 

El Senador Óscar Román Rosas González, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó proposición con punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a modificar las reglas de operación del Fondo Regional para incrementar el número de entidades federativas beneficiadas, mejorar el método de distribución y quelas entidades participan con equidad en la asignacióndel mismo.- Fue considerado de urgente resolución. Intervino el Senador Jorge Luis Lavalle Maury del PAN. Fue aprobado en votación económica.

 

La Presidencia dio por concluida la sesión a las dieciséis horas con dos minutos y citó a la siguiente el jueves trece de diciembre a las once horas”.

LISTA DE ASISTENCIA DE LA SESION ANTERIOR



En consecuencia, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba.

- La C. Secretaria Díaz Lizama: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba el acta de la sesión anterior. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobada el acta, señor Presidente.

- El C. Presidente Cordero Arroyo: Pasamos al siguiente asunto.






COMUNICACIONES

- La C. Secretaria Díaz Lizama: Se recibió una comunicación de la Senadora Margarita Flores Sánchez, Presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores, Africa, con la que remite el programa de trabajo de la comisión.

- El C. Presidente Cordero Arroyo: Esta Asamblea ha quedado debidamente enterada.

Pasamos al siguiente asunto.






SECRETARIA DE GOBERNACION

- La C. Secretaria Díaz Lizama: Se recibió un oficio de la Secretaría de Gobernación con solicitud de permiso, a que se refiere el artículo 37 constitucional, para que el ciudadano Juan Manuel Corrales Calvo pueda aceptar y usar la condecoración que le otorga el gobierno del Reino de España.

“SECRETARIA DE GOBERNACION
SUBSECRETARIA DE ENLACE LEGISLATIVO
UNIDAD DE ENLACE LEGISLATIVO

Oficio No. SEL/UEL/311/3359/12
México, D.F., 12 de diciembre de 2012

CC. SECRETARIOS DE LA CAMARA DE SENADORES
DEL H. CONGRESO DE LA UNION
PRESENTES.

Por este conducto me permito hacer de su conocimiento que mediante oficio número PRO-17076, el Emb. Alfredo Pérez Bravo, Director General de Protocolo de la Secretaría de Relaciones Exteriores, solicita se tramite ante el H. Congreso de la Unión, el permiso a que se refiere la Fracción III, Apartado C), del Artículo 37 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para que el C. Juan Manuel Corrales Calvo, pueda aceptar y usar la Condecoración de la Orden de Isabel La Católica, en grado de Cruz de Oficial, que le otorga el Gobierno del Reino de España.

Por lo anterior, me permito anexar para la integración al expediente respectivo, original de la solicitud del interesado dirigida al H. Congreso de la Unión para la obtención del permiso respectivo, copia certificada de la Carta de Naturalización Mexicana, así como copias simples de su curriculum vitae, identificación oficial y de la notificación en la que se comunica la intención de otorgarle la Condecoración de referencia.

Sin otro particular, reciban un cordial saludo

Atentamente
El Titular de la Unidad

Mtro. Antonio Hernández Legaspi”.

- El C. Presidente Cordero Arroyo: Túrnese a la Comisión de Gobernación para su análisis y dictamen correspondiente.





CAMARA DE DIPUTADOS

Remite:

- Oficio con la minuta proyecto de Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2013.

- Oficio por el que informa la aprobación del nombramiento del Contador Público Alfredo Wong Castañeda como Contralor Interno de la Cámara de Diputados.

- Oficio por el que informa la elección del C. Diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra como Presidente de la Mesa Directiva y de la C. Diputada Patricia Elena Retamoza Vega como Primer Vicepresidenta.

- Oficio con el punto de Acuerdo del C. Diputado Agustín Miguel Alonso Raya, por el que se exhorta al Senado de la República a dictaminar el proyecto de Decreto que adiciona un segundo párrafo al Artículo Décimo Octavo Transitorio de la Ley del Seguro Social.






CONTRALORIA INTERNA

- La C. Secretaria Díaz Lizama: Se recibió de la Contraloría Interna de la Cámara de Senadores, el informe ejecutivo semestral de Auditoría del Ejercicio Presupuestal de la propia Cámara, correspondiente al periodo enero-junio 2012.

- El C. Presidente Burgos García: Esta Asamblea ha quedado debidamente enterada. Se remite copia de la documentación a la Comisión de Administración. El informe queda en poder de la Secretaría para consulta de los ciudadanos Senadores y se pondrá a consideración de la Asamblea en la siguiente sesión.

Compañeros Senadores, informo a ustedes que el Senado de la República recibió la notificación de una sentencia dictada por el Juez IV Distrito, con la que ordena dejar insubsistente el procedimiento y dictamen de la no ratificación como Magistrado Unitario de los Tribunales Agrarios del C. Aldo Saúl Muñoz López, aprobado el 9 de noviembre de 2009.

En consecuencia, la Mesa Directiva suscribió un Acuerdo.

Solicito a la Secretaría dé lectura al Acuerdo.






MESA DIRECTIVA

- La C. Secretaria Iris Vianey Mendoza Mendoza: (Leyendo)





Es cuanto, señor Presidente.

- El C. Presidente Burgos García: En consecuencia, está a discusión el Acuerdo. Por no haber participaciones inscritas, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el Acuerdo presentado.

- La C. Secretaria Mendoza Mendoza: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el Acuerdo. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar su mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar su mano.

(La Asamblea no asiente)

Se aprueba, señor Presidente.

- El C. Presidente Burgos García: Aprobado el Acuerdo. Comuníquese.

Honorable Asamblea, les informo que los integrantes de la Mesa Directiva suscribimos un Acuerdo por el que se solicita a la Cámara de Diputados prevenga a la Comisión de Puntos Constitucionales, a dictaminar la minuta con proyecto de Decreto que adiciona la fracción XXIX-Q al artículo 73 constitucional.

Solicito a la Secretaría dé lectura al Acuerdo.

- La C. Secretaria Mendoza Mendoza: Doy lectura al Acuerdo.





Es cuanto, señor Presidente.

- El C. Presidente Burgos García: En consecuencia, está a discusión. No hay oradores inscritos, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el Acuerdo presentado.

- La C. Secretaria Mendoza Mendoza: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el Acuerdo. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Se aprueba el Acuerdo, señor Presidente.

- El C. Presidente Burgos García: Aprobado el Acuerdo. Comuníquese.

En el apartado de iniciativas, tiene el uso de la tribuna la Senadora Blanca Alcalá Ruiz, del grupo parlamentario del PRI, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto que reforma el segundo párrafo del artículo 4o. constitucional.





INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETOQUE REFORMA EL SEGUNDO PARRAFO DEL ARTICULO 4o. DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

(Presentada por la C. Senadora Blanca María del Socorro Alcalá Ruiz, del grupo parlamentario del PRI)

- La C. Senadora Blanca María del Socorro Alcalá Ruiz: Con su permiso, señor Presidente; compañeras y compañeros Senadores:

A lo largo de este primer periodo de sesiones he seguido con atención la presentación de diversas iniciativas de compañeras Senadoras en favor de la situación de las mujeres.

Del mismo modo, he escuchado los pronunciamientos de los coordinadores de todos los grupos parlamentarios expresando su respaldo para lograr la igualdad plena de las mujeres en nuestro país.

Es evidente, sin embargo, que en las últimas décadas se han registrado importantes avances que también contrastan con los rezagos que aún persisten.

Por ello, considero que es necesario multiplicar los esfuerzos legales e institucionales como una condición necesaria para lograr revertir la situación que desafortunadamente aún persiste en millones de mujeres en México.

Una serie de reflexiones que a continuación comparto con quienes están en este Pleno, quiero enlistar, y que dieron origen a la iniciativa que hoy pongo a su consideración.

La primera es precisamente detenerme en la ciencia misma del Estado mexicano y la democracia.

Es un hecho, compañeras y compañeros, que la democracia es un régimen que se funda en la participación de los ciudadanos, en las decisiones de gobierno, sin distinciones ni restricciones de ningún tipo, salvo las que dispongan la ley. Una de las fortalezas de la democracia reside precisamente en la posibilidad de que mujeres y hombres, en una condición equitativa de libertades, derechos y oportunidades, puedan reflejar y realizar sus aspiraciones con base en el desempeño de su talento personal. Esta condición de igualdad en nuestro país, desafortunadamente, aún se desarrolla con limitaciones, como resultado de la desigualdad y de la discriminación de la exclusión social, circunstancias que inciden en el desarrollo individual de las personas pero que, de manera particular, se acentúa con mayor severidad en las mujeres.

En ocasiones es resultado de la repetición inexplicable de pautas culturales que en el fondo revelan la actitud irreflexiva sobre la importancia que para la sociedad debe tener el respeto e impulso a las mujeres en todos los ámbitos de la vida personal.

No reconocer y respetar la dignidad de la mujer en cualquier plano de la vida social impide que más de la mitad del talento del que dispone el país y su capacidad productiva, se limite a una sola visión uniforme y unívoca.

Asimismo, la exclusión de las mujeres de los cargos de influencia en la vida pública, priva a la sociedad de una perspectiva de Estado basada en una visión de género que no puede ser sustituida por ninguna clase de enfoque o política pública.

Así podría yo señalar, en esta oportunidad, diversas estadísticas que lo mismo en el ámbito económico que laboral dan cuenta que las mujeres siguen sin tener una condición plena de desarrollo y de igualdad.

Les invito a que, por ejemplo, revisen los datos del Global World Development Report de 2011, en donde señala que si lográramos incorporar a las mujeres hasta en un 16 por ciento, podría incrementarse la participación económica de los países.

Del mismo modo, en esta Soberanía hoy tenemos un mayor número de compañeras que están participando. Lo mismo ocurre en la Cámara de Diputados. Sin embargo, sigue siendo sujeto a diversas circunstancias y distintas coyunturas.

Por ello, compañeras y compañeros, hoy estoy sometiendo a consideración de este Pleno, se pueda hacer una reforma al artículo 4o. constitucional para que de esta manera podamos señalar que: La mujer y el hombre, no el varón sino el hombre, son iguales ante la ley, y que el Estado garantice la igualdad en términos sustantivos en lo político, económico y cultural.

La historia reciente nos ha señalado que no es suficiente con que estemos señalando simplemente la igualdad jurídica, cuando en la realidad, insisto, persisten todavía muchas condiciones de exclusión y de desigualdad que necesitamos poder avanzar.

Por ello, el texto que someto a consideración de este Pleno se configura como una norma de principio, como un enunciado que orienta la toma de decisiones hacia un propósito de igualdad sustantiva en lo político, en lo económico, en lo social y en lo cultural.

Señoras y señores legisladores:

Al tiempo de reconocer el trabajo que compañeras como la Senadora Diva Gastélum, dirigente de las mujeres, como compañeras de otros grupos parlamentarios, se han referido al tema de las mujeres; me parece que la igualdad sustantiva debe ser considerada como una igualdad real y objetiva en términos materiales, porque la exclusión de la mujeres priva a la sociedad de una perspectiva de Estado, basada en una visión de género que no puede ser sustituida por ninguna clase de enfoque o política pública.

Les invito a que mujeres y hombres de esta legislatura podamos aquí poder hacer realidad lo que muchas veces en las leyes simplemente queda como un enunciado.

Solicito, señor Presidente, que el texto íntegro de la iniciativa sea incorporada al Diario de los Debates. Y les invito a todas y a todos a que podamos hacer una reflexión detallada y puntual sobre estos temas que implican a las mujeres.

Muchas gracias.

Iniciativa

“BLANCAMARIA DEL SOCORRO ALCALA RUIZ, SENADORA DE LA REPUBLICA POR EL ESTADO DE PUEBLA E INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO EN LA FRACCION II DEL ARTICULO 72 CONSTITUCIONAL Y EN LA FRACCION I DEL NUMERAL 1 DEL ARTICULO 8° Y LOS NUMERALES 1 Y 2 DEL ARTICULO 164 DEL REGLAMENTO DEL SENADO DE LA REPUBLICA, SOMETO A CONSIDERACION DEL PLENO DE LA CAMARA DE SENADORES INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA EL SEGUNDO PARRAFO DEL ARTICULO 4° DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS,CON BASE EN LA SIGUIENTE:

EXPOSICION DE MOTIVOS

El 31 de diciembre de 1974 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Reforma Constitucional que estableció el principio de la igualdad ante la ley del varón y la mujer. Dicha propuesta tuvo como objetivo compaginar los derechos de las mexicanas y los mexicanos con la Declaración Universal de los Derechos Humanos proclamada en 1948 por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, adoptado en 1966, cuyo artículo 3° establece:

“Los Estados parte en el presente Pacto se comprometen a asegurar a los hombres y a las mujeres igual títulos y a gozar de todos los derechos económicos, sociales y culturales enunciados en el presente Pacto.”

La reforma constitucional iniciada por el titular del Ejecutivo, se propuso “…elevar la calidad de vida de sus hombres y mujeres de igual manera y formar en la conciencia de cada mexicano el sentido pleno de su responsabilidad histórica frente a la existencia cotidiana…” En ese sentido consideraba que las mujeres debían ser “factor determinante, para alcanzar junto con los varones la máxima capacidad para la aplicación de su inteligencia y la previsión racional del porvenir.”

La reforma entró en vigor en el contexto del Año Internacional de la Mujer, en 1975, y formó parte de un conjunto de modificaciones constitucionales que incluyeron, además, el establecimiento del derecho de las personas a decidir de manera libre, responsable e informada sobre el número y espaciamiento de sus hijos; la protección legal de la organización y el desarrollo de la familia; la igualdad de la condición de los varones con las mujeres respecto de la adquisición de la nacionalidad de sus consortes y algunos aspectos en relación con el trabajo durante el periodo de embarazo.

En el dictamen con el que se aprobó la reforma constitucional en la Cámara de Diputados se señala expresamente que: “…el esquema de dependencia y dominación, que todavía caracteriza en alto grado las relaciones entre la mujer y el hombre, no será erradicado con meros instrumentos legales. Es necesario, también que una y otro sean capaces de sacudirse las viejas estructuras mentales que hacen posible esta injusta situación”.

Desde la promulgación de la igualdad del varón y la mujer ante la ley, las mexicanas y mexicanos hemos promovido y transitado paulatinamente a un universo jurídico de reconocimiento de derechos sustantivos que tiene como centro a la mujer, con la finalidad de estructurar un entramado normativo cuyo propósito es dotar de sentido el contenido del artículo 4° constitucional, a través de conferir y reconocer a las mexicanas, respecto de los hombres, una igualdad que vaya más allá de la sola legalidad.

El tema de la igualdad de género, la equidad en el trato, la participación de las mismas oportunidades en la vida pública y privada y el acceso a un ingreso parejo por un trabajo equivalente, constituyen elementos sobre la desigualdad entre hombres y mujeres que ha permeado el debate sobre las formas de una democracia efectiva y la concepción propia de la justicia.

La democracia es un régimen de gobierno que se funda en la participación e involucramiento de la ciudadanía en las decisiones de gobierno, sin distinciones ni restricciones de ningún tipo. Una de sus fortalezas reside precisamente en la posibilidad de que mujeres y hombres, en una condición equitativa de libertades, derechos y oportunidades, puedan reflejar y realizar sus aspiraciones con base en su desempeño y talento personal. Esta situación se desarrolla en nuestro país con limitaciones como resultado de la desigualdad, la discriminación y la exclusión social, característica de nuestra sociedad, circunstancias que inciden en el desarrollo individual de las personas pero que, de manera particular, se acentúa con mayor severidad en las mujeres, muchas veces, por la repetición inexplicable de pautas culturales que en el fondo revelan la actitud irreflexiva sobre la importancia que para la sociedad tiene el respeto e impulso a las mujeres en todos los ámbitos de la vida personal.

No obstante, en nuestro país existen voces legitimadas que, desde la sociedad civil y desde los ámbitos públicos de gobierno, incluido el Congreso de la Unión, han promovido y difundido la necesidad de llevar el discurso de la igualdad de género a todos los planos de la vida social, más allá de la sola información de las desigualdades e injusticias, como un discurso articulado con capacidad de repercutir no únicamente en el ejercicio público de gobierno, la justicia y la legislación, sino también en el ámbito individual, familiar, escolar y laboral, entre otros, para establecer condiciones propicias de respeto, desarrollo y reconocimiento de la dignidad de la mujer.

México ha mostrado una actitud receptiva en el debate internacional sobre las condiciones del desarrollo de la mujer en el mundo y, derivado de ello, ha creado espacios institucionales y políticas públicas, todavía insuficientes, en correspondencia con las condiciones de desigualdad y discriminación de que son objeto las mujeres en el territorio nacional. Desde la conferencia de Beijing (1995) y la conferencia de Beijing +5 (2000) se han adquirido y refrendado compromisos específicos para solucionar problemas relacionados con las materias de pobreza, educación y capacitación, salud, violencia, conflictos armados, economía y empleo, acceso a la toma de decisiones en el ámbito público del poder y decisiones, mecanismos institucionales para el adelanto de las mujeres y derechos humanos, además de programas especiales para la atención de niñas y personas con discapacidad.

Especial mención merece la aprobación, en marzo de1981, de la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en ingles) en el cual nuestro país se compromete a adoptar una serie de medidas institucionales y legales para erradicar la discriminación de género. Asimismo, la ratificación por el Senado de la República en el año de 2002, del Protocolo Facultativo de la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, implica la asunción de la vigilancia multilateral de los propósitos de la CEDAW, a través de mecanismos institucionales, informes y visitas, más allá de la expresión de la voluntad de realizar acciones en contra de la discriminación de las mujeres. En aquella ocasión el dictamen del Senado señaló que "El espíritu de la Convención es que los Estados Parte promuevan…medidas correctivas que equiparen y pongan en situación de igualdad a hombres y a mujeres. En este sentido, la Convención constituye un reconocimiento por parte de los Estados de que ellos son los responsables primeros de eliminar todos aquellos obstáculos políticos, económicos, sociales e, incluso, culturales que discriminan o violentan los derechos de las mujeres."

A partir del año 2000, se inicia una reflexión más intensa a propósito de la equidad de género tanto en la esfera social como en los poderes públicos. De hecho, en ese año surge una iniciativa de 120 organizaciones de la sociedad civil que, en colaboración con 319 candidatas entonces de diferentes partidos políticos a cargos de elección popular, se determinó establecer una agenda sobre distintos aspectos a desarrollar en materia de políticas públicas y de legislación bajo una perspectiva de género. De entre los temas destacaron: presupuesto público e institucionalización del enfoque de género, derecho a una vida libre de violencia, políticas sociales, respeto a los derechos sexuales y reproductivos, participación política y participación ciudadana, establecimiento de comisiones de equidad y género en el Congreso de la Unión, defensa del estado laico, derecho a la no discriminación, distribución equitativa de las responsabilidades familiares, fortalecimiento del federalismo, derecho a la libre expresión y a la información, trabajo y seguimiento de compromisos internacionales derivados de convenciones ratificadas por nuestro país.

La reflexión sobre la igualdad de derechos y oportunidades de mujeres y hombres llevó al Congreso de la Unión a concretar una serie de disposiciones normativas que han impactado de manera directa y transversal el orden jurídico nacional. El establecimiento, en el año 2000, de la Comisión de Equidad y Género en ambas cámaras del Congreso de la Unión creó un espacio serio de discusión y atención que hizo posible en un plazo inmediato el estudio y aprobación de la creación del Instituto Nacional de la Mujeres (enero de 2001), organismo responsable de promover y fomentar las condiciones que posibiliten la no discriminación, la igualdad de oportunidades y de trato entre los géneros; el ejercicio pleno de todos los derechos de las mujeres y su participación equitativa en la vida política, cultural, económica y social del país.

En el año de 2001, en el contexto de la reforma constitucional en materia de derechos y cultura indígena (DOF del 14 de agosto de 2001), se incorporó al artículo 1° del texto constitucional la prohibición de toda forma de discriminación motivada, entre otros aspectos, por la condición de género, es decir, el rechazo al trato diferenciado por razones de género y que, en las democracias modernas, se ha erigido en un valor significativo en virtud de su correspondencia con otros principios, tales como la libertad y la igualdad. La prohibición de la discriminación como un precepto constitucional, estableció las bases para que, más tarde, se promulgara la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación (DOF del 11 de junio de 2003), cuyo texto define a la discriminación como “toda distinción, exclusión o restricción que, basada en el origen étnico o nacional, sexo, edad, discapacidad, condición social o económica, condiciones de salud, embarazo, lengua, religión, opiniones, preferencias sexuales, estado civil o cualquier otra, tenga por efecto impedir o anular el reconocimiento o el ejercicio de los derechos y la igualdad real de oportunidades de las personas (artículo 4°)”. Esta ley regula por primera ocasión acciones positivas y compensatorias para garantizar la igualdad de oportunidades, en particular de la mujer. Sin embargo, los artículos 11 y 12 sólo hacen referencia a actividades gubernamentales relacionadas con el ejercicio de los derechos relativos a la educación, la salud y la información.

El 13 de febrero de 2003, el Senado de la República aprobó el Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente mujeres y niños, que complementa a la Convención de las Naciones Unidas contra la delincuencia organizada (DOF del 27 de noviembre de 2003), instrumento internacional que establece disposiciones para enfocar de manera especial la protección de la mujer y los niños respecto del ilícito trasnacional de trata de personas. El documento ratificado prevé, además, la ayuda a las víctimas y la cooperación multinacional en el combate de la delincuencia organizada. Cabe destacar que, en correspondencia a los postulados del protocolo, ambas cámaras del Congreso de la Unión establecieron tipos penales específicos para castigar las conductas asociadas a esta práctica ilegal.

A iniciativa de Senadores de la República, en abril de 2005 se aprobó el proyecto de decreto que expide la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres que, una vez concluida su discusión en Cámara de la Diputados, se publica en el Diario oficial de la Federación el 2 de agosto de 2009. La ley establece una plataforma jurídica para garantizar una igualdad sustantiva en los ámbitos público y privado con la intensión de promover el empoderamiento de las mujeres, a través de instrumentos de política pública a cargo de los tres órdenes de gobierno, como son, el Sistema Nacional para la Igualdad de las Mujeres y Hombres y el Programa Nacional para la Igualdad entre Mujeres y Hombres. Especial mención merece el señalamiento expreso de que la Política Nacional en la materia fomentará la participación y representación política equilibrada entre hombres y mujeres (fracción III del artículo 17), propuesta que se desarrolla más adelante (en el artículo 36) bajo los siguientes mecanismos:

I. Favorecer el trabajo parlamentario con la perspectiva de género;

II. Garantizar que la educación en todos sus niveles se realice en el marco de la igualdad entre mujeres y hombres y se cree conciencia de la necesidad de eliminar toda forma de discriminación;

III. Evaluar por medio del área competente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, la participación equilibrada entre mujeres y hombres en los cargos de elección popular;

IV. Promover participación y representación equilibrada entre mujeres y hombres dentro de las estructuras de los partidos políticos;

V. Fomentar la participación equitativa de mujeres y hombres en altos cargos públicos;

VI. Desarrollar y actualizar estadísticas desagregadas por sexo, sobre puestos decisorios y cargos directivos en los sectores público, privado y de la sociedad civil, y

VII. Fomentar la participación equilibrada y sin discriminación de mujeres y hombres en los procesos de selección, contratación y ascensos en el servicio civil de carrera de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial.

En febrero de 2007 se publica en el Diario Oficial el decreto que expide la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia como resultado de una discusión simultánea en ambas cámaras del Congreso de la Unión, a partir de dos propuestas con estructuras normativas diferentes. La nueva ley recoge diversas temáticas y compromisos adquiridos por nuestro país en relación con los tratados internacionales, protocolos y acuerdos orientados a garantizar la vida, la integridad y la dignidad de las mujeres en contra de actos de violencia en cualquiera de sus manifestaciones, física, psicológica, sexual, patrimonial o económica, además de que la ley se concibió a partir de un diagnóstico respecto del incremento de los índices de violencia en contra de mujeres registrados en diferentes entidades federativas del país.

La instrumentos relacionados expresan la voluntad de la sociedad mexicana por avanzar en los temas de la equidad de género desde la promulgación de la adhesión del Estado mexicano a la CEDAW, propuestas que han conducido al logro de un enfoque de género en temas de política y administración pública, tales como, el incremento presupuestal a los programas de salud reproductiva y para el combate al cáncer cérvico-uterino y mamario; los programas Mujer y Salud y Arranque Parejo en la Vida, así como apoyos para mujeres con VIH SIDA y la asignación presupuestal para refugios de mujeres víctimas de violencia y el desarrollo de proyectos productivos encabezados por mujeres. Sin duda, un tema de la mayor relevancia es el establecimiento de un anexo especial en el Presupuesto de Egresos de la Federación a partir del ejercicio fiscal de 2008, en el que se detallan las asignaciones que el gobierno Federal destinará al tema de la igualdad de género, especificando la dependencia y el programa que ejercerá el gasto público. Aunque debe precisarse que, de acuerdo con información analítica elaborada por la organización social Equidad de Género: ciudadanía, trabajo y familia, A.C., este presupuesto representó solamente el 0.48 por ciento del total programado para 2011 (14 mil 916.5 millones de pesos). Destaca también el debate que incorporó recientemente en la Ley Federal del Trabajo la prohibición expresa de cualquier clase de examen de ingravidez o el despido o negación del empleo por motivos de embarazo, discapacidad y edad, que constituyen reivindicaciones promovidas por las mujeres desde legislaturas atrás.

No obstante el avance en el ámbito legislativo y en políticas públicas, la implantación de los principios de la igualdad y de la equidad de género no se expresan de manera contundente en los planos de la vida social y privada. Aún constituyen un tema de agenda pública nacional la igualdad sustantiva y efectiva, la participación de las mismas oportunidades y el acceso a un ingreso parejo por un trabajo equivalente. De hecho, en términos de empoderamiento de la mujer de la vida pública, los resultados no son del todo visibles.

Es evidente que en las naciones bajo un régimen democrático, el desarrollo económico no necesariamente implica una mayor equidad de género, sin embargo, se ha demostrado que un factor que puede contribuir al incremento de hasta un 16 por ciento de la productividad de la economía, lo constituye la asunción de políticas públicas tendientes a incorporar a la mujer a la economía en igualdad de condiciones que los hombres (Global world development report de 2011, Banco Mundial). Asimismo, la incorporación de las mujeres al mercado laboral, no necesariamente se realiza en condiciones de justicia en cuanto a las percepciones por un mismo trabajo y, aunque se ha reducido en muchos países la brecha de responsabilidad entre mujeres y hombres que trabajan, esto no necesariamente se expresa en términos de una distribución equitativa del ingreso. En el informe referido del Banco Mundial se señala que, en el sector de la economía estructurada de México, una mujer gana 80 centavos de dólar por cada dólar que obtiene un hombre y, de conformidad con los índices del Producto Interno Bruto Nacional, nuestro país muestra un menor crecimiento que el conjunto de naciones de América Latina, en donde la mujer tiene una mayor participación en la economía.

Esta situación también se reproduce en el terreno del ejercicio de los derechos políticos. Si bien, alrededor de 136 países han incorporado en sus textos constitucionales el tema de la equidad de género y ampliado el universo de derechos sobre patrimonio, herencias y matrimonio en condiciones de mayor justicia, esta situación no se ha expresado en términos de la representación política. En las economías más desarrolladas es de tomar en cuenta el incremento en el número mujeres que participan en posiciones de toma de decisiones de la vida pública y privada, sin que ello signifique que se haya alcanzado la paridad o que este último sea un propósito en sí mismo.

Es de destacarse que durante la legislatura LVI del Congreso de la Unión, se llevó a cabo un amplio debate en relación con los temas del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, que dio pie a una importante reforma que modificó gran parte de su articulado. Uno de los artículos transitorios de aquel decreto, publicado el 22 de noviembre de 1996, estableció por vez primera en la legislación mexicana la denominada cuota de género con el siguiente texto: Los partidos políticos nacionales considerarán en sus estatutos que las candidaturas por ambos principios a diputados y senadores, no excedan del 70% para un mismo género. Asimismo promoverán la mayor participación política de las mujeres. Más tarde, el contenido del artículo vigésimo segundo transitorio fue incorporado el Código en el artículo 175-A y fueron desarrollados otros temas en relación con la cuota de género en los artículos 175-B y 175-C. A partir de los nuevos enunciados, los partidos políticos deberían registrar fórmulas en segmentos de tres candidaturas que incluyeran una de género distinto cada vez.

El Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales fue abrogado por un nuevo código electoral publicado el 14 de enero de 2008 con el propósito encauzar con mayor énfasis la pluralidad política característica de nuestro país. En el código electoral renovado la denominada cuota de género quedó regulada en el inciso s) del numeral 1 del artículo 38 y en el artículo 219. Por una parte, se establece la obligación de los partidos políticos garantizar la equidad y procurar la paridad de los géneros en sus órganos de dirección y en las candidaturas a cargos de elección popular y, por la otra, se modifica el porcentaje de la cuota de género en el registro de fórmulas a cargo de la autoridad electoral, las cuales se integran con al menos el cuarenta por ciento de candidatos propietarios de un mismo sexo, procurando llegar a la paridad y, a partir de entonces, presentarse por segmentos de cinco candidaturas; cada lista tendrá dos candidaturas de género distinto, de manera alternada. En cualquier caso, se exceptúan de esta disposición las candidaturas de mayoría relativa resultado de un proceso de elección democrático, conforme a los estatutos de cada partido.

El establecimiento de disposiciones para la participación de personas de distinto sexo en el ejercicio público del poder es una tendencia que ha avanzado desde los años noventa. Argentina, en 1991, promulgó su Ley de Cuotas, bajo la cual por lo menos el 30% de los candidatos de partidos políticos con posibilidades de ganar fueran mujeres; 18 provincias de esa nación aprobaron leyes de cuotas similares. Bangladesh introdujo un sistema de cuotas que logró incrementar la participación de mujeres en puestos directivos, del 7.1% en 1987 a 19.6% en 1991. En Estados Unidos de Norteamérica se han adoptado medidas de acción afirmativa para impulsar la participación de mujeres y minorías étnicas tanto en el servicio civil como en la asignación de recursos públicos. En Finlandia la Ley de Igualdad (Equality Act) obliga a los gobiernos locales y al federal a que por lo menos el 40% de sus funcionarios sean mujeres. El gobierno del país propuso una modificación para incluir en la ley todos los órganos de decisión tales como comités o consejos consultivos, dentro entidades gubernamentales, instituciones y empresas privadas. En Israel se adoptó el sistema de cuotas en la Sección 18A de la Ley de Corporaciones Gubernamentales, además, la Ley de Servicio Civil obliga a la representación apropiada de los dos sexos. Noruega constituye un ejemplo de esta tendencia, pues sus leyes de Igualdad de Géneros y de Gobierno Local, obligan a que exista un 40% de representación de mujeres en entidades públicas, comités oficiales y consejos. El servicio diplomático estableció la misma cuota para los puestos ejecutivos. En Perú la Ley de Cuotas obliga a que las mujeres ocupen por lo menos un 25% de las candidaturas. En Sueciael parlamento adoptó desde 1988 un programa de tres años para incrementar la participación de mujeres en puestos de decisión, que se aplicó en varias etapas, presentando al Parlamento un informe estadístico sobre la participación de mujeres, con base en el cual se establecieron las cuotas a alcanzar en periodos específicos. Otros países cuyos sistemas democráticos no son muy sólidos, como Tanzania, Uganda y Zimbabwe también han legislado para incrementar la presencia de la mujer en los cargos públicos.

En México debe señalarse que la ampliación de los derechos políticos de la mujer, desde el derecho al voto en 1953 hasta la cuota de género en el COFIPE, no ha significado un incremento sustantivo en relación con su participación en cargos públicos. De conformidad con datos históricos de la representación política se puede señalar lo siguiente: hasta ahora el Poder ejecutivo ha sido presidido por hombres y sólo en seis ocasiones mujeres han sido postuladas a elecciones presidenciales, además de que únicamente seis mujeres han presidido el gobierno de alguna entidad federativa. Información generada por el Instituto Nacional de Geografía e Informática, INEGI, señala lo siguiente en la relación mujeres y ejercicio público de gobierno:

• De acuerdo con los resultados de la Encuesta Nacional de Gobierno, Seguridad Pública y Justicia Municipal de2009, sólo 129 de 2,438 municipios estaban gobernados por una mujer

• En el poder legislativo federal, desde 1953 a septiembre de 2011, ha habido 202 senadoras y 1,068 senadores, 1,109 diputadas y 6 mil 334 diputados y, esto significa que a lo largo de estos 59 años las mujeres han ocupado 15% del total de curules en el Congreso. En diciembre de 2012, la LXII Legislatura se integraba por 33% de mujeres en el Senado y 36.8% en la Cámara de Diputados.

• De los mil 137 diputados, que en febrero de 2011 integraban los congresos de los estados y la Asamblea del Distrito Federal, 23.7% son mujeres. El congreso local con mayor proporción de mujeres es Quintana Roo con 40%, mientras que el de menor proporción es Aguascalientes con 7.4 por ciento.

• A nivel municipal, en el mismo año, de los 2 mil 543 síndicos registrados a nivel nacional, 357 eran mujeres (14 por ciento); mientras que de los 17 mil 336 regidores que integraban estos mismos gobiernos, 4 mil 757 (27.4%) eran mujeres.

• Al igual que en los otros poderes, la participación de las mujeres en el Poder Judicial es muy reducida: de los 11 magistrados que integran la Suprema Corte de Justicia, sólo dos son mujeres. En el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, sólo una de siete magistrados es mujer y ninguna forma parte del grupo de seis consejeros que, en noviembre de 2012, integraban el Consejo de la Judicatura.

• En lo que corresponde a los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito así como a los Juzgados de Distrito, de cada diez puestos de ministros, magistrados y jueces, solo dos son ocupados por mujeres.

Lo anterior sin olvidar que en el país hay más de 2 millones seiscientos mil mujeres más que hombres y, de acuerdo a los datos de la Encuesta Nacional de Educación y Empleo del segundo trimestre de 2010, uno de cada cuatro hogares (25.5%) es encabezado por una mujer.

No obstante que México se suscribió a la CEDAW en 1981, la demás legislación en torno a la dignidad de la mujer, la igualdad de oportunidades en la vida privada y pública y el acceso a un ingreso parejo, es relativamente reciente para evaluar si realmente ha tenido una repercusión real o ha sido insuficiente. Es evidente que la mujer ha conquistado espacios en la vida educativa y económica, aunque insuficientes conforme a su potencial, capacidad y talento; hoy día más niñas que niños terminan primaria y secundaria y existen más mujeres que trabajan por cuenta propia que hombres. Sin embargo, no es factible afirmar que este avance haya sido producto por una legislación que básicamente ha generado acciones afirmativas gubernamentales, aunque haya incidido en alguna forma.

Debe señalarse que, paralelamente a la normatividad en favor de la equidad de mujeres y hombres y contra la violencia de género, se ha desarrollado un avance significativo en materia del respeto y vigencia de los derechos humanos. Es así como las recientes modificaciones a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos ha redimensionado el tema de la mujer, pues ahora todos los tratados internacionales en la materia han adquirido la condición de ley suprema y las autoridades de los poderes públicos quedan obligadas a promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad.

El concepto de igualdad sustantiva que se propone incorporar al texto constitucional debe enfocarse como una reformulación de la igualdad del varón y la mujer señalada en el artículo cuarto. Se trata de un concepto cuyo propósito es establecer bases para que esa igualdad no se circunscriba a una condición de idénticos derechos de manera formal, al margen de una condición social real y objetiva que genera diferencias de muy diverso orden y que, de manera justificada y razonable, hace necesaria la inclusión de derechos especiales; no es una igualdad sólo jurídica la que se busca, sino real y objetiva en términos materiales.

Debe tenerse presente que el diseño normativo de la presenta reforma constitucional en materia de igualdad sustantiva entre mujeres y hombres, sintetiza aspiraciones legítimas respecto de la aplicación real y objetiva de los distintos instrumentos para combatir la discriminación, avanzar hacia la igualdad y erradicar la violencia de género.

La igualdad sustantiva es un tema de la igualdad en el contexto democrático, que debe desarrollarse y cobrar sentido también en la legislación secundaria, tal como lo prevé Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres en su artículo primero, con independencia de si esta formulación jurídica requiere de una mayor desarrollo a cargo del legislador. En todo caso, la reformulación del concepto de igualdad que prevé la constitución en el párrafo segundo del artículo cuarto, debe ampliarse en su concepción, a fin de que haga referencia a una igualdad real y efectiva en términos materiales entre mujeres y hombres, además de abandonar el concepto de varón, cuyo significado ha perdido vigencia a lo largo del tiempo con la universalización de los derechos ciudadanos.

La propuesta de incorporar el principio de igualdad sustantiva al artículo 4° constitucional, no busca establecer un principio de paridad en los aspectos de la vida pública y privada de la sociedad mexicana, porque eso sería contrario al fomento del talento, la valoración de la trayectoria profesional y el reconocimiento a la experiencia. Más bien, se trata de incorporar un criterio que posibilite a entender la necesidad de incorporar a más mujeres en las decisiones de mayor relevancia nacional y de hacer extensivo el criterio todos los ámbitos de la vida nacional. El texto de propuesta normativa se configura como una norma de principio, es decir, como un enunciado que orienta la toma de decisiones hacia un propósito. La propuesta fija un principio a seguir denominado igualdad sustantiva en lo político, económico, social y cultural, cuya aplicación atiende un criterio simultáneo de equidad e inclusión de géneros, dado que la igualdad sustantiva no es necesariamente una igualdad paritaria o sólo jurídica y formal, sino real y objetiva en términos materiales, porque la exclusión de las mujeres de los cargos de influencia en la vida pública, priva a la sociedad de una perspectiva de Estado basada en una visión de género que no puede ser sustituida por ninguna clase de enfoque o política pública.

Con base en las anteriores consideraciones y con fundamento en la fracción II del artículo 72 constitucional y en la fracción i del numeral 1 del artículo 8° y los numerales 1 y 2 del artículo 164 del Reglamento del Senado de la República, someto a consideración del pleno de la cámara de senadores el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA EL SEGUNDO PARRAFO DEL ARTICULO 4° DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.

ARTICULO UNICO.- Se reforma el párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para quedar como sigue:

Artículo 4o. … (derogado)

La mujer y el hombre son iguales ante la ley. El Estado garantizará esa igualdad en términos sustantivos en lo político, económico, social y cultural. La ley protegerá la organización y el desarrollo de la familia.

… (Diez párrafos)

TRANSITORIO

UNICO.- El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

México, D.F. a 11 de diciembre de 2012.

Sen. Blanca María del Socorro Alcalá Ruiz”.

- El C. Presidente Burgos García: Muchas gracias, Senadora Alcalá Ruiz. Como lo solicita, se hace la inserción íntegra del documento y se turna a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; y de Estudios Legislativos, Segunda.

Tiene el uso de la tribuna el Senador Octavio Pedroza Gaitán, del grupo parlamentario del PAN, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Cambio Climático.






INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETOPOR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE CAMBIO CLIMATICO

(Presentada por el C. Senador César Octavio Pedroza Gaitán, del grupo parlamentario del PAN)

- El C. Senador César Octavio Pedroza Gaitán: Con su anuencia, señor Presidente; Senadoras y Senadores de la República:

La responsabilidad de la presente generación, la nuestra, será recordada por nuestros descendientes como aquella de mujeres y hombres que tuvo en sus manos la posibilidad de evitar el deterioro de su entorno y no se atrevió a hacerlo.

Me resisto a ser parte de la generación que provocó el inicio de la degradación de nuestro medio ambiente y no tuvo el valor de tomar decisiones para evitarlo.

En nuestro país, el sector del autotransporte contribuye con al menos el 20 por ciento de las emisiones de gases de efecto invernadero.

De acuerdo a cifras presentadas en junio de este año por el Instituto de Políticas para el Transporte y el Desarrollo, en la mayor parte de las ciudades de nuestro país se destina en promedio el 23 por ciento de los recursos federales que les son asignados en políticas y acciones de movilidad urbana. Lamentablemente, de estas millonarias inversiones más del 76 por ciento se destina a infraestructura vial que fomenta el uso del automóvil particular, dejando menos del 20 por ciento para alentar el uso del transporte colectivo, el mejoramiento de los espacios públicos, la infraestructura para transportes alternativos y para la seguridad peatonal. Apenas el 3 por ciento de los recursos federales para movilidad urbana se destinan para fomentar la movilidad no motorizada.

La tasa de crecimiento del uso del automóvil alcanza el 6 por ciento anual. Por lo que para el 2030, de continuar con esta tendencia, circularán en las ciudades de nuestro país alrededor de 70 millones de automóviles, 390 por ciento respecto al presente año.

Cuatro son los factores propulsores del uso del automóvil particular.

Primero, los falsos bajos costos del uso de los autos particulares, producto de los subsidios a los combustibles fósiles y la utilización de espacios públicos para estacionamientos, el crecimiento de infraestructura vial diseñada ex profeso para automóviles y la dispersión horizontal de las ciudades, lo que obliga a grandes desplazamientos.

La escasa o nula política del estímulo al transporte público y de transportación alternativa para desalentar el uso del automóvil individual o particular.

En síntesis, las consecuencias de la errónea planeación de políticas públicas en materia de autotransporte provocan, primero, efectos en el cambio climático o contaminación global.

El 23 por ciento de las emisiones de los gases de efecto invernadero son producidas por el sector del autotransporte y de éste el 93 por ciento corresponde a vehículos automotores de pasajeros.

La contaminación local, el uso indiscriminado de los automóviles particulares no sólo es responsable de las emisiones de gases efecto invernadero, sino también de la polución que provoca el bióxido de azufre, el óxido de nitrógeno, el monóxido de carbono, el ozono y compuestos orgánicos volátiles que afectan seriamente la salud de los seres humanos.

Tercera, el consumo irresponsable de nuestros recursos naturales no revocables, el 95 por ciento de las gasolinas que se consumen en México son en el autotransporte.

Para el año 2030 se estima que se consumirán en nuestro país 100 mil millones de litros anuales de gasolina.

Efectos económicos.

La política de subsidios a las gasolinas es sumamente costosa y genera enormes presiones a las finanzas públicas.

De enero a octubre de este año, se ha subsidiado por más de 183 mil 500 millones de pesos, equivalentes a más del 1 por ciento del Producto Interno Bruto del país, además de ser esto una política injusta y regresiva, en virtud de que favorece a quienes más consumen, es decir, a los sectores pudientes; es una política que atenta contra la sustentabilidad ambiental, ya que tienen efecto de aumentar artificialmente el consumo de los combustibles contaminantes.

Esta iniciativa pretende modificar el paradigma de la movilidad en las ciudades mexicanas hacia una movilidad más sustentable. La iniciativa plantea eliminar de manera progresiva la política de los subsidios a los combustibles. Se plantea que de los recursos no utilizados, el 50 por ciento se destine al Fondo para el Cambio Climático, y de éste se canalice el 40 por ciento a proyectos para el desarrollo de sistemas de transporte público en los gobiernos municipales.

Por economía parlamentaria, me permito sintéticamente citar las modificaciones y adiciones propuestas a la Ley General de Cambio Climático.

Proyecto de Decreto

UNICO.- Se reforma la fracción XII del artículo 33, los incisos a) y c) de la fracción II del artículo 34 y la fracción I del artículo 81; y se adiciona el segundo párrafo al inciso b) y el inciso h) a la fracción II del artículo 34, el segundo párrafo al artículo 36 y el segundo párrafo al artículo 82, todo de la Ley General de Cambio Climático.

Solicito, señor Presidente, sea incluido el texto íntegro de la iniciativa en comento en el Diario de los Debates, al tiempo de pedirle respetuosamente se turne esta iniciativa a la Comisión de Cambio Climático para su respectiva opinión.

Por su atención, muchas gracias.

Es cuanto, señor Presidente.

Iniciativa

“CC. Secretarios de la Mesa Directiva de la
Cámara de Senadores de la LXII Legislatura
Presentes:

El suscrito, Octavio Pedroza Gaitán, Senador de la República del grupo parlamentariodel Partido Acción Nacionalde la LXII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, en un ejercicio de la facultad otorgada por la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de conformidad con lo previsto por el artículo 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General; así como por los artículos 8 fracción I; numerales 1 y 2 del artículo 164 y 169, todos del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta Soberanía, la siguiente iniciativa con proyecto de Decreto que reforma y adiciona algunas disposiciones de la Ley General de Cambio Climático, de acuerdo con la siguiente:

Exposición de motivos

En México, como a nivel mundial, el Sector Transporte es una de las principales fuentes de emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI). De acuerdo con el Programa Especial de Cambio Climático (PECC) en 2006, este sector representó el 20% del total nacional de emisiones de GEI, principalmente en la modalidad de autotransporte, que causó veinticinco veces más toneladas de CO2 o su equivalente, que el transporte aéreo; cincuenta y seis veces más que el marítimo; y setenta y cinco veces más que el ferroviario.1

En junio del presente año, el Instituto de Políticas para el Transporte y el Desarrollo (ITDP)2 en México realizó un estudio diagnóstico de los recursos federales que han sido destinados a promover el transporte público, la infraestructura vial y la seguridad peatonal de la población de las principales zonas metropolitanas del país. Los resultados de este diagnóstico muestran que las ciudades destinan en promedio cerca del 23% de los recursos federales a políticas de movilidad urbana. Lamentablemente, estas grandes inversiones se han dirigido de manera inequitativa, pues en promedio el 76.2% de los recursos se destinan a obras viales que fomentan el uso del automóvil particular, dejando menos del 20% en inversiones al transporte público, mejoramiento del espacio público, infraestructura ciclista y seguridad peatonal. El estudio destaca que estos últimos dos rubros, que comprenden la movilidad urbana no motorizada, se han beneficiado únicamente del 3.1% de los recursos analizados.3

Evolución de la problemática

En 1950, la población urbana de México representaba el 42.6% de la población total. Esta cifra aumentó en 2010 a un 77.8% de la población total. Este aceleramiento en la urbanización del país está directamente relacionado al incremento en la propiedad de automóviles y su uso desmedido.4

En México no se cuenta con estadísticas históricas oficiales que midan como Kilómetros-Vehículo Recorridos (KVR) la intensidad del uso del automóvil, sin embargo, el ITDP generó una aproximación de esta medida, integrando información previamente dispersa o incompleta en la materia. Esta estimación indica que se pasó de recorrer 106 millones KVR en 1990 a 339 millones KVR, es decir, la cifra se triplicó en un periodo de tan solo veinte años.5

Cada año el uso del automóvil aumenta en un 6.4% en las ciudades mexicanas. De continuar esta tendencia en 2030 habrá incrementado un 350% en relación al 2009, es decir que habrán 70 millones de vehículos privados en el país.6

La organización trabaja con autoridades locales y nacionales, con el objetivo de promover soluciones de transporte que reduzcan las emisiones de gases de efecto invernadero, la contaminación ambiental, la pobreza, los tiempos de traslado, los accidentes de tráfico y, con ello, mejorar el desarrollo económico y la calidad de vida en las ciudades en donde tenemos presencia.

Existen cuatro factores que se han identificado como propulsores del uso del automóvil. En primer lugar los falsos bajos costos del uso del automóvil, gracias a los subsidios a la gasolina y a la utilización de espacios públicos como estacionamiento, así como a la nula regulación nacional del estado que deben mantener los vehículos y las emisiones permitidas por cada uno. Una segunda cuestión que incentiva el uso del auto es la oferta de infraestructura para los automóviles, como más y mejores vialidades y estacionamientos. En tercer lugar se encuentra la dispersión horizontal de las ciudades que obligan a las personas a desplazarse en automóvil para realizar sus actividades cotidianas. Por último, al aumento del parque vehicular, con restringidas opciones de transporte público o no motorizado y a patrones de desarrollo urbano diseñados para el automóvil, generando una dependencia de su uso.

Situación actual

El monto total anual de 2011, de los fondos federales transferidos a los estados y municipios que fueron destinados al transporte fue de 11,347 millones de pesos. Esta cantidad se destinó a 3,089 proyectos, de los cuales, el 77% favorecen la movilidad en automóvil particular y únicamente el 3% se destina a mejorar o aumentar la infraestructura peatonal. De acuerdo a cifras del ITDP, únicamente el 30% de la población en México utiliza el automóvil particular como medio principal de transporte, y tan solo el 20% de los viajes se realizan en esta modalidad de transporte. Claramente la utilización de los recursos no está siendo equitativa ni democrática, pues favorece únicamente a una parte muy pequeña de la población.7

Contrario a la creencia de que el problema de tráfico se resuelve con la construcción de nuevas vialidades, estas obras lo único que hacen es inducir un aumento del tráfico en el pequeño y largo plazo. Según el Programa de las Naciones para el Medio Ambiente, el aumento de vialidades no está relacionado con una disminución en el traslado en diversas ciudades del mundo. A este fenómeno se le conoce como “tránsito inducido” y se refiere al nuevo y creciente tránsito de vehículos que generan las nuevas vialidades.

Aparte de la expansión de las vialidades, es preocupante el subsidio a la gasolina. Cabe destacar que el 95% del consumo de gasolina en México se destina al autotransporte.

En la actualidad, de acuerdo a la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, existe de facto una recaudación negativa que implica financiar mayores consumos de combustibles fósiles. Es decir, en lugar de tener un impuesto, se tiene un subsidio.

Esta política de subsidios a los combustibles fósiles es sumamente costosa y cada año implica presiones a las finanzas públicas. Por ejemplo, para octubre de este año, en el informe de las finanzas y deuda pública, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público reportó que el subsidio a la gasolina ascendió a 15,382 millones de pesos, cifra 10.3% mayor al mismo mes del año anterior. Así, en el acumulado de enero a octubre de 2012, se subsidiaron 183,583 millones de pesos, monto que rebasó la estimación de 172,000 millones de pesos para todo 2012. Debe notarse que dicha cifra creció 41.1% en comparación al cierre de octubre del 2011, representa casi el doble de los ingresos petroleros que se obtuvieron únicamente en octubre pasado y equivale a un poco más de 1% del producto interno bruto (PIB). De acuerdo a un estudio de John Scott, del Centro de Investigación y Docencia Económicas, en 2008 el subsidio a los energéticos representó el 3.3% del PIB y el 18% del gasto público programable.

En adición a su carga fiscal, este subsidio tiene otros dos aspectos negativos: por un lado, es una medida injusta, puesto que favorece a los más ricos sobre los más pobres, es decir, es regresiva; y por el otro, es una política contraria a la sostenibilidad ambiental, pues tiene el efecto de aumentar artificialmente el consumo de combustible contaminante, lo que empeora la calidad del medio ambiente.

En cuanto a la regresividad de los subsidios, estudios muestran que un hogar que pertenece al 10% más rico recibe por subsidio de gasolina y diesel 20 veces más de lo que obtuvo un hogar del 10% más pobre. En otros términos, el 30% de la población que más gana concentra más del 50% del subsidio, mientras que el 30% que menos gana recibe alrededor del 10% de este apoyo.

Por su incidencia y monto, los subsidios energéticos cancelan y revierten los efectos positivos que pueden alcanzar las políticas de gasto focalizado del Gobierno Federal, como el Programa Oportunidades y el Seguro Popular. De acuerdo con John Scott; los subsidios energéticos en 2008 representaron el 30% del gasto en desarrollo social, más que todo el gasto público en salud y 10 veces el presupuesto de Oportunidades, el principal programa contra la pobreza en México.

Consecuencias

Como consecuencia de la mala planeación urbana y el círculo de dependencia del automóvil proveniente de la misma, las ciudades mexicanas enfrentan severos problemas producto del uso desmedido del automóvil.

Las externalidades que genera el uso desmedido del automóvil son muy diversas y de gran gravedad. Con externalidades se hace referencia a los costos reales que la sociedad paga, en este caso, por la mala orientación de las políticas públicas en materia de transporte. A continuación se describen de manera más específica algunas de estas externalidades o consecuencias.

A. Cambio climático

El 23% de las emisiones de GEI a nivel global corresponde al consumo de energía en el Sector Transporte. El 45% de esas emisiones proviene de vehículos para pasajeros. En México, este sector constituye la segunda fuente principal de emisión de GEI, con un 20% de las emisiones totales de GEI, del cual el 93% corresponde a vehículos automotores de pasajeros.

Como fue señaló anteriormente, los subsidios a los combustibles, al mantener artificialmente bajos los precios yalentar con ello una mayor demanda, limitan la capacidad de México para transitar a un desarrollo sustentable, debido a que las emisiones generadas por la quema del combustible degradan la calidad del aire en las ciudades y se asocian con el calentamiento global.

Los compromisos internacionales y ahora nacionales del Estado Mexicano en materia de cambio climático hacen que resulte más crítico que nunca la implementación de políticas públicas eficientes en materia de transporte, que se dirijan verdaderamente a mitigar de manera significativa las emisiones de GEI.

B. Contaminación local

Los GEI no son los únicos contaminantes que producen los automóviles. Los vehículos automotores son también los principales generadores de contaminantes criterio que resultan en graves daños a la salud en zonas urbanas y conurbadas. Entre estos contaminantes se encuentran  las partículas suspendidas, bióxido de azufre, monóxido de carbono, óxido de nitrógeno, compuestos orgánicos volátiles y ozono.

C. Consumo de recursos naturales

Ya se mencionó también que el 95% de la gasolina que se consume en México se destina al autotransporte. Durante 2002 se consumieron 32 mil millones de litros de gasolina, y las estimaciones indican que para 2030 esta cifra alcance los 100 mil millones de litros.

D. Contaminación acústica

El 80% de los ruidos con niveles sonoros entre 55 y 65 decibeles (dB) proviene de los vehículos automotores, tanto de los cláxones como del roce natural de los neumáticos con el asfalto y los arranques necesarios por los semáforos y el tránsito. Las estimaciones indican que son 300 millones de personas en el mundo las que están expuestas a ruidos de este tipo y de este nivel.

E. Efectos económicos

El aumento del parque vehicular ha impactado de manera negativa a la economía nacional de varias maneras. La más notoria es la necesidad de importar gasolina, su importación representó el principal producto importado por México en 2010 con un 4% del total de las importaciones. Durante este mismo año se erogaron 76,693 millones de pesos por concepto de subsidio a la gasolina. Para compensar la eliminación del impuesto a la tenencia de vehículos se erogaron 21,067.9 millones de pesos también en 2010.

La pérdida de tiempo en el tráfico se refleja en pérdidas económicas individuales y colectivas. De acuerdo al estudio de IBM “Índice de malestar por viajes traslado hogar-trabajo”, a consecuencia del tránsito, el 56% de los automovilistas en la Ciudad de México se han visto perjudicados en su desempeño laboral o escolar; el 42% ha tenido que cancelar viajes de trabajo; y el 43% considera que ha afectado su salud. Esto ocasionó que la Ciudad de México pasara a ser en 2011 la ciudad con mayor malestar causado por el tráfico.8

F. Efectos en la salud

El sedentarismo ocasionado por los patrones de movilidad motorizada y los grandes tiempos de traslado de los mexicanos contribuyen de manera directa al problema de obesidad, uno de los problemas de salud pública más grandes del país en la actualidad. En los automovilistas aumentan los niveles de estrés, esto puede ocasionar problemas de salud mayores, llegando incluso a caer en el peligro de un paro cardiaco.

Los accidentes viales ocasionan cada año 1.2 millones de muertes y 50 millones de personas más resultan con un trauma o una discapacidad. Los accidentes de tránsito generan costos anuales de 518 mil millones de dólares. En México estos accidentes constituyen la sexta causa de muerte, con 24 mil muertes al año. El gasto nacional por este motivo es de 126 mil millones de pesos anuales, equivalente al 1.3% del PIB.

El uso desmedido del automóvil también resulta en la fractura del tejido social. Esto se debe a que se le destina una cantidad excesiva de espacio público a las vialidades pensadas en el vehículo automotor, lo cual afecta las interacciones sociales, reduciendo el número de amistades e imposibilitando el disfrute de la comunidad en que se habita.

II. ALCANCE DE LA INICIATIVA

Como un excelente primer paso para reducir las emisiones del Sector Transporte, la Ley General de Cambio Climático establece que las dependencias y entidades de la administración pública federal, las Entidades Federativas y los Municipios, en el ámbito de su competencia, deberán promover la inversión en el transporte no motorizado y en transporte público, sin embargo, no se hace mención alguna acerca de la proporción en la que se deberá de invertir en estos proyectos.

Lo anterior deja abierta la posibilidad a que la inversión en proyectos sustentables y que reducen efectivamente las emisiones de GEI siga siendo mínima en comparación a la inversión que se realiza en proyectos dañinos que fomentan el uso del automóvil y que se ha comprobado que únicamente agravan el problema.

Dado que únicamente el 30% de la población utiliza el automóvil privado como medio de transporte, y el 70% restante utiliza el transporte público o no motorizado, resulta incoherente e injusto que se le invierta más a proyectos contaminantes y costosos que favorecen a la menor cantidad de la población.

III. CONTENIDO DE LA REFORMA

En nuestro grupo parlamentario estamos convencidos de que para lograr las metas aspiracionales del país manifestadas a nivel internacional en la Conferencia de las Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, y establecidas en la Ley General de Cambio Climático, será necesario realizar un esfuerzo conjunto en todos los niveles de gobierno para implementar las medidas de adaptación y mitigación del cambio climático.

Asimismo, este esfuerzo conjunto implica modificar el paradigma de la movilidad en las ciudades mexicanas, hacia una movilidad más sustentable y con menos emisiones de carbono que a la vez beneficie a la mayoría de la población. Esta modificación implica tomar medidas para desincentivar el uso indiscriminado del automóvil y orientar los recursos destinados al transporte a mejorar de manera crítica los sistemas de transporte público, al mismo tiempo que se crea infraestructura que promueva el transporte no motorizado, como es el peatonal y el ciclista.

Los beneficios que traerá el nuevo paradigma de la movilidad van más allá del alcance de las metas en materia de cambio climático, convirtiendo a las ciudades mexicanas en ciudades más sustentables y, por ende, más competitivas a nivel internacional.

Por otro lado, la construcción de la presente propuesta da seguimiento a algunas acciones que implementó el anterior gobierno como: la política de deslizamientos semanales en el precio de los combustibles para eliminar los subsidios a las gasolinas y el Diesel, iniciada en 2008.

De igual manera se concibe con el mismo espíritu que establece Plataforma PAN 2012-2018, donde sepropone eliminar gradualmente los subsidios a los energéticos. Igualmente bajo los acuerdos del Pacto por México, donde se acuerda la revisión integral a la política de subsidios y a los regímenes especiales, para establecer unsistema eficaz, transparente y progresivo.

En particular, la iniciativa plantea que las dependencias y entidades de la administración pública federal, las Entidades Federativas y Municipios, en el ámbito de su competencia, deberán considerar en sus inversiones la proporción de ciudadanos que utilizan el transporte público, el privado y medios alternos de transporte, viendo siempre por desincentivar el uso indiscriminado del automóvil privado e incentivar la utilización del transporte no motorizado.

A su vez propone instaurar la eliminación gradual de los subsidios a los combustibles fósiles que se utilizan en el sector transporte, con reducciones de 35% para 2015, 70% a 2020 y finalmente 100% a 2025. Para hacer uso adecuado los recursos no utilizado por la eliminación del subsidio se plantea que el 50% de se destine al Fondo para el Cambio Climático, mismo que designará 40% a proyectos para el desarrollo de sistemas de transporte público de pasajeros eficiente y sustentable, así como de movilidad no motorizada, 40% a proyectos para el desarrollo y uso de fuentes renovables de energía y, el 20% a proyectos de eficiencia y ahorro energético, proyectos que deberán ser efectuados por los municipios.

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en las disposiciones invocadas en el proemio, sometemos a la consideración del Pleno de la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión el presente

PROYECTO DE DECRETO

UNICO.- Se reforman: la fracción XII del artículo 33, los incisos a) y b) de la fracción II del artículo 34, y la fracción I del artículo 81; y se adicionan: el segundo párrafo al inciso b) y el inciso h) a la fracción II del artículo 34, el segundo párrafo al artículo 36 y el segundo párrafo al artículo 82; todo de la Ley General de Cambio Climático, para quedar como sigue:

Artículo 33. (...):

I. a XI. (…)

XII. Desincentivar el uso del automóvil particular, mediante la promoción y la inversión en elincremento del transporte público, masivo y con altos estándares de eficiencia, privilegiando la sustitución de combustibles fósiles y el desarrollo de sistemas de transporte sustentable urbano y suburbano, público y privado;

XIII. a XVI. (…)

Artículo 34. (…)

I. (…)

II. (...):

a) Invertir y promover la inversiónen la construcción de ciclovías o infraestructura de transporte no motorizado, así como la implementación de reglamentos de tránsito que promuevan el uso de la bicicleta.

b) Diseñar, implementar, invertir y promover la inversión en sistemas de transporte público integrales, y programas de movilidad sustentable en las zonas urbanas o conurbadas para disminuir los tiempos de traslado, el uso de automóviles particulares, los costos de transporte, el consumo energético, la incidencia de enfermedades respiratorias y aumentar la competitividad de la economía regional.

La inversión que se destine para el cumplimiento de lo anterior, deberá considerar la proporción de la población que en las zonas de inversión utiliza actualmente estos medios de transporte en comparación al automóvil particular. Siempre se buscará incentivar la movilidad no motorizada en sustitución de la construcción de obras que promueven el uso del automóvil particular.

c) a g)…

h) Eliminar gradualmente los subsidios a los combustibles fósiles que se utilizan en el sector transporte, para alcanzar una reducción del 35% en el monto de los subsidios en el año 2015, 70% en el 2020 y 100% en el 2025.

III. a VI. (…)

Artículo 36. (…)

El 50% de los recursos no utilizados por la eliminación de los subsidios a los combustibles fósiles a los que se hace referencia en el inciso h) de la fracción II del artículo 34, se destinará al Fondo. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público deberá señalar esta asignación de recursos en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación del Ejercicio Fiscal que corresponda.

Artículo 81. (…)

I.Los recursos anuales que, en su caso, señale el Presupuesto de Egresos de la Federación y aportaciones de otros fondos públicos,incluyendo a los que se hace referencia en el artículo 36 de la presente Ley;

Artículo 82. (…)

I a VIII. (…)

De los recursos asignados al Fondo, relativos a la disminución de los subsidios fósiles, a los que se hace referencia en el segundo párrafo del artículo 36, el Fondo deberá destinar 40% a proyectos para el desarrollo de sistemas de transporte público de pasajeros eficientes y sustentables, así como de movilidad no motorizada; 40% a proyectos para el desarrollo y uso de fuentes renovables de energía y 20% a proyectos relacionados con eficiencia y ahorro energético. Estos proyectos deberán ser efectuados por los municipios.

ARTICULO TRANSITORIO

Unico. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, a 13 de diciembre de 2012.

Sen. Octavio Pedroza Gaitán”.

- El C. Presidente Burgos García: Muchas gracias, Senador Pedroza Gaitán. Como lo solicita, se hará la inserción íntegra de su texto para que se publique. Se turna a las Comisiones Unidas de Medio Ambiente y Recursos Naturales; y de Estudios Legislativa, Primera, y a la de Cambio Climático para su opinión.

Sonido en el escaño del Senador Salazar Solorio.

- El C. Senador Rabindranath Salazar Solorio: (Desde su escaño) Esto es sólo para solicitarle amablemente, señor Senador, si nos permite adherirnos a su iniciativa, creemos que es muy importante, y por supuesto en apoyo.

- El C. Presidente Burgos García: ¿Acepta?, muchas gracias, tomamos nota de la adhesión.


1 Programa Especial de Cambio Climático (2009).

2 El Instituto de Políticas para el Transporte y el Desarrollo (ITDP por sus siglas en inglés), fundado en 1985, es un organismo internacional sin fines de lucro que promueve el transporte sustentable y equitativo a nivel global.

3 Garduño Arredondo, Javier. (2012). Diagnóstico de fondos federales para transporte y accesibilidad urbana. ITDP, México.

4 Medina, Salvador. (2012). Transformando la movilidad urbana en México. Hacia ciudades accesibles con menor uso del automóvil. México: Instituto de Políticas para el Transporte y el Desarrollo.

5 Ibid3

6 Ibid3

7 Ibid2

8 IBM. (2011). Frustration Rising: IBM 2011 Commuter Pain Survey.

http://www-03.ibm.com/press/us/en/presskit/35314.wss

Tiene el uso de la tribuna el Senador Jorge Luis Preciado Rodríguez, del grupo parlamentario del PAN, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 220 de la Ley General de Salud.






INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETOPOR EL QUE SE REFORMA EL ARTICULO 220 DE LA LEY GENERAL DE SALUD

(Presentada por el C. Senador Jorge Luis Preciado Rodríguez, del grupo parlamentario del PAN)

- El C. Senador Jorge Luis Preciado Rodríguez: Gracias, señor Presidente.

Miren, yo no los quiero entretener mucho porque sé que es un día muy atareado, están llegando las reformas fast track de todos lados, y bueno, yo les quiero compartir.

Estamos presentando una reforma al artículo 220 de la Ley de Salud, en que básicamente contiene una pequeña modificación, pero creo que es una modificación muy sustancial.

En México y en el mundo, principalmente en nuestro país, la principal causa de muerte entre jóvenes de 15 años y 30 años son los accidentes vehiculares relacionados con el alcohol.

Cada año se registran en nuestro país aproximadamente unas 30 mil muertes, de hecho, en la tasa de natalidad, en el estudio que hicimos y que viene en la Gaceta, el nacimiento de hombres y mujeres es similar, es casi igual, pero a partir de los 30 años el porcentaje de mujeres es mayor al de hombres, y cuando revisamos este punto nos dimos cuenta que era precisamente por la cantidad de jóvenes, hombres y mujeres, pero más jóvenes hombres, varones que fallecen entre esas edades.

Este año que va terminando se están registrando 25,230 muertes de jóvenes en accidentes relacionados con el consumo del alcohol, y en el país los accidentes relacionados con el consumo del alcohol va en aumento, en primer lugar.

En segundo lugar, las muertes relacionadas con el consumo del alcohol también van en aumento, y los costos millonarios, las pérdidas por esos accidentes han crecido de manera exponencial. Pero además la edad para consumir alcohol ha ido disminuyendo.

Hace aproximadamente 10 años, la etapa en que las personas comenzaban a consumir alcohol era aproximadamente de 19 años; ha ido disminuyendo de tal forma que al día de hoy la edad en la que se inicia a consumir alcohol está aproximadamente alrededor entre 12 y 13 años.

Lo que estamos planteando en esta iniciativa es que se modifique la Ley de Salud para establecer que la venta de bebidas alcohólicas sólo sea posible a personas mayores de 21 años.

Que la venta de alcohol sólo se haga a personas que han cumplido los 21 años, es una medida extrema, pero es una medida que han adoptado varios países y que ha permitido que las muertes en accidentes relacionados con el alcohol disminuya de manera importante.

Creo que ya es hora de que los Senadores de la República, ya es hora de que el Congreso de la Unión haga algo para evitar estas muertes que sí son evitables.

Decía don Manuel Gómez Morín, fundador de Acción Nacional (PAN), en el mundo existen dos tipos de males, el mal inevitable en el que los humanos no podemos intervenir como los huracanes, los temblores y que causa muertes, y que obviamente esas no las puede evitar absolutamente nadie.

Pero hay un mal que sí podemos evitar, es un mal que un ser humano le hace a otro ser humano, y creo que este mal que tenemos en este momento, donde suman 30 mil muertes por año de jóvenes que se accidentan, las podemos evitar.

Nada más de pensar que en este fin de año la cantidad de jóvenes que van a morir por esta misma causa, nos lleva a pensar que es viable, que es posible, que es necesario que hagamos algo, y que hagamos una modificación al artículo 220 de la Ley General de Salud para que la venta de alcohol a jóvenes, sólo pueda hacerse después de los 21 años.

Esa es la propuesta que estamos haciendo en este Senado, ojalá y las Comisiones de Salud y de Estudios Legislativos nos la den positiva, pero además, esperamos que cada uno de los Senadores se conscientice con este problema, que hagamos algo de una vez por todas para resolverlo.

Muchísimas gracias.

Iniciativa



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- El C. Presidente Burgos García: Gracias, Senador Preciado Rodríguez. Senador Hermosillo y Celada, ¿con qué propósito?

- El C. Senador Víctor Hermosillo y Celada: (Desde su escaño) Para adherirme a esta propuesta, por favor.

- El C. Presidente Burgos García: Tomamos nota de todas las adhesiones. Se turna a las Comisiones Unidas de Salud; y de Estudios Legislativos, Segunda.

Se recibió del Senador Martín Orozco Sandoval, del grupo parlamentario del PAN, una iniciativa con proyecto de Decreto que reforma los artículos 14 y 15 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, así como el artículo 8 de la Ley del Impuesto Empresarial a Tasa Unica. Se turna a la Cámara de Diputados.






INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETOQUE REFORMA LOS ARTICULOS 14, EN SU FRACCION II Y EL 15 EN SU FRACCION II DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA, ASI COMO EL ARTICULO 8, NOVENO PARRAFO DE LA LEY DEL IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA

(Presentada por el C. Senador Martín Orozco Sandoval, del grupo parlamentario del PAN)



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Tiene el uso de la tribuna el Senador Benjamín Robles Montoya, del grupo parlamentario del PRD, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se derogan diversos artículos de la Ley Federal del Trabajo.






INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETOPOR EL QUE SE DEROGAN LOS ARTICULOS 91, 92, 93, 561 Y LA FRACCION III DEL ARTICULO 557 DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO

(Presentada por el C. Senador Angel Benjamín Robles Montoya, del grupo parlamentario del PRD)

- El C. Senador Benjamín Robles Montoya: Muchísimas gracias, señor Presidente; compañeras y compañero Senadores:

En los artículos 91, 92 y 93 de la Ley Federal del Trabajo, se describe el hecho de que los salarios mínimos tanto generales como profesionales deben tener aplicación dentro de cierta extensión territorial para las distintas ramas de la actividad económica o para profesiones, oficios o trabajos especiales.

Respecto de las atribuciones de la Dirección Técnica de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos en el artículo 561 de la Ley Federal del Trabajo, se señala que dicha dirección deberá realizar los estudios técnicos necesarios y apropiados para determinar la división de la República Mexicana en áreas geográficas, además de presentar un dictamen al Consejo de Representantes de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos proponiendo la división de la República en esas áreas geográficas, así como la integración de las mismas, siempre que existan circunstancias que lo justifiquen.

En contraparte, tenemos que en la fracción III del artículo 557 de la misma ley, se señala que es deber del Consejo de Representantes de esta Comisión Nacional de los Salarios Mínimos, conocer el dictamen formulado por la Comisión Técnica y dictar resolución en la que determinen o modifiquen las áreas geográficas en las que regirán los salarios mínimos y que dicha resolución deberá publicarse en el Diario Oficial de la Federación.

Precisamente en la última resolución de este consejo que revisa los salarios mínimos generales y profesionales vigentes desde el 1º de enero de 2012 y establece los que habrán de regir a partir del 27 de noviembre de 2012, se determinó que las tres áreas geográficas que tradicionalmente se habían venido manejando se convertirían únicamente en dos, para ello se igualaron los sueldos de la anterior área B al mismo nivel de la A, y la anterior se denomina ahora área B, pero los montos de los salarios mínimos generales y profesionales no tuvieron modificación alguna respecto de lo asignado en la antigua área C en la resolución publicada en el Diario Oficial de la Federación del día 19 de diciembre de 2011.

Los argumentos que ha planteado la Dirección Técnica para fusionar las antiguas áreas A y B, dejando en las mismas condiciones al área geográfica C, han omitido el hecho de que es precisamente esta área geográfica donde el costo de los alimentos resulta ser el más caro, ya que es donde se tienen menos desarrolladas las cadenas de valor alimentaria, de esta forma, en las zonas donde los salarios mínimos generales y profesionales son más bajos, es donde más caro cuesta llevar alimentos de primea necesidad a la mesa debido a los altos costos de producción, el mal estado y poco desarrollo de las vías de comunicación, así como a la insuficiente presencia de infraestructura de abasto, comercialización y logística de distribución.

La cadena de valor alimentaria, amigas y amigos Senadores, se compone, como todos sabemos, por cinco fases: producción primaria, acopio-comercialización, industrialización, distribución y consumo.

Y esto me permite decirles que las pérdidas que se tienen a lo largo de la cadena de valor alimentaria desde la fase de producción hasta la fase de consumo, debido precisamente a las deficiencias existentes en el sistema de acopio y distribución de alimentos en las zonas más atrasadas de México, es en promedio del 17 por ciento del total producido, con el terrible agravante de que el incremento promedio en el precio de los productos para la fase de consumo final es 4 veces el valor que se pagó en la fase de producción. Es decir, los alimentos que se consumen en las zonas más atrasadas de México incrementan en promedio su costo cuatro veces respecto al costo de producción.

Hasta la fecha, compañeras y compañeros Senadores, el factor del grado de desarrollo de las cadenas de valor alimentario no ha sido considerado por la Dirección Técnica de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos, por ello, es urgente desaparecer la actual zona geográfica B fusionándola con la zona A, desapareciendo así el concepto de las zonas geográficas en la determinación de los salarios mínimos, esto posibilitaría el poder contar con mayores recursos para comprar alimentos de primera necesidad precisamente en los lugares donde es más caro ponerlos al alcance de los consumidores.

Por todo ello, por lo que he expuesto, me permito proponer a esta Soberanía una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se derogan los artículos 91, 92, 95, 561 y la fracción III del artículo 557 de la Ley Federal del Trabajo, con el propósito de eliminar las zonas geográficas en la determinación de los salarios mínimos, con lo que vamos a ayudar a una gran cantidad de mexicanas y mexicanos en este país.

Es cuanto, señor Presidente.

Iniciativa

“C. PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
DE LA CAMARA DE SENADORES
DEL H. CONGRESO DE LA UNION
PRESENTE.

El suscrito, ANGEL BENJAMIN ROBLES MONTOYA, Senador de la República de la LXII Legislatura del H. Congreso de la Unión, integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 71 fracción II, 72 y 73 fracción XXVIII, todos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 164 numerales 1, 2 y 3 del Reglamento del Senado de la República; somete a la consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de Decreto por el que se derogan los artículos 91, 92, 93, 561 y el numeral III del artículo 557 de la Ley Federal del Trabajo con el propósito de eliminar las zonas geográficas en la determinación de los salarios mínimos.

EXPOSICION DE MOTIVOS

En los artículos 91, 92 y 93 de la Ley Federal del Trabajo, se describe el hecho de que los salarios mínimos tanto generales como profesionales deben tener aplicación dentro de una cierta extensión territorial para las distintas ramas de actividad económica o para profesiones, oficios o trabajos especiales.

Respecto de las atribuciones de la Dirección Técnica de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos en el artículo 561 de la Ley Federal del Trabajo se señala que dicha Dirección deberá realizar los estudios técnicos necesarios y apropiados para determinar la división de la República en áreas geográficas, formular un dictamen y proponerlo al Consejo de Representantes de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos y que de igual forma deberá proponer al Consejo de Representantes modificaciones a la División de la República en áreas geográficas y a la integración de las mismas; siempre que existan circunstancias que lo justifiquen.

En contraparte, tenemos que el numeral III del artículo 557 de la misma Ley Federal del Trabajo, señala que es deber del Consejo de Representantes de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos, conocer el dictamen formulado por la Dirección Técnica y dictar resolución en la que se determinen o modifiquen las áreas geográficas en las que regirán los salarios mínimos y que dicha resolución deberá publicarse en el Diario Oficial de la Federación.

Precisamente en la última resolución del Honorable Consejo de Representantes de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos que revisa los salarios mínimos generales y profesionales vigentes desde el 1o. de enero de 2012 y establece los que habrán de regir a partir del 27 de noviembre de 2012, se determinó que las tres áreas geográficas que tradicionalmente se había venido manejando se convirtieran en únicamente dos, para ello se igualaron los sueldos de la anterior área B al mismo nivel de la A, y la anterior área C se denomina ahora área B, pero los montos de los salarios mínimos general y profesionales no tuvieron modificación alguna respecto de lo asignado a la antigua área C en la resolución publicada en el Diario Oficial de la Federación el 19 de diciembre de 2011.

Dentro de los considerados de la resolución del 27 de noviembre se menciona como justificantes para la fusión de las antiguas áreas A y B en una sola como que durante el lapso transcurrido de 24 años, de marzo de 1988 a la fecha, los municipios que integraban el área geográfica B habían registrado un proceso de transformación que los ubicaba en condiciones económicas relativamente similares, y en varios casos incluso superiores, a las de municipios que pertenecían al área geográfica A, por ser municipios con vocación industrial y de servicios, en los que el avance tecnológico y administrativo ha llevado a diversas actividades productivas a ser altamente competitivas a nivel internacional; o por ser municipios que albergan puertos marítimos en los que se concentran porcentajes significativos del tráfico comercial internacional del país; o bien por ser municipios petroleros en los que se generan altos ingresos laborales derivados de las ocupaciones que esta actividad requiere. Estos municipios se caracterizan por demandar, en buena medida, mano de obra con competencias laborales especializadas y en las que los costos de vida han avanzado a la par de los municipios del área geográfica A.

Los argumentos que ha planteado la Dirección Técnica para fusionar las antiguas áreas A y B, dejando en las mismas condiciones a la antigua área geográfica C, han omitido el hecho de que es precisamente en esta área geográfica donde el costo de los alimentos resulta ser el más caro, ya que es donde se tienen menos desarrolladas las cadenas de valor alimentaria, de esta forma en las zonas donde los salarios mínimos generales y profesionales son más bajos, es donde más caro cuesta llevar alimentos de primera necesidad a la mesa debido a los altos costos de producción, el mal estado y poco desarrollo de las vías de comunicación, así como la insuficiente presencia de infraestructura de abasto, comercialización y logística de distribución.

La cadena de valor alimentaria se compone de 5 fases: producción primaria, acopio-comercialización, industrialización, distribución y consumo.

Las causas principales de las mermas y pérdidas en la fase de producción primaria a lo largo de todo el país son por cosechas con madurez no adecuada, manipulación descuidada y no preselección de frutos.

En la fase de acopio-comercialización las pérdidas son por preselección deficiente, sistemas de descarga inadecuados, insuficiente control de temperatura, transporte inadecuado. El promedio de la producción que se pierde en esta fase en las zonas de mayor atraso del país de acuerdo con el Sistema de Información de Mercados y con el Sistema de Información Agroalimentaria y Pesquera es del 8%, casi el doble del resto del país y en esta fase el incremento en el precio del producto hace que se doble el valor respecto del precio de producción primaria.

En la fase de industrialización las mermas obedecen a manipulación inadecuada, sobre estiba, inexistencia de redes de frío, no manejo de lotes y deficiente control de existencias. La producción promedio que se pierde en esta fase es del 1%.

En la fase de distribución las pérdidas se deben a: corta vida de anaquel por madurez inadecuada, productos maltratados y un deficiente control de existencias. A lo largo de esta fase la producción promedio que se pierde en distribuidores mayoristas es del 4% y a nivel de distribuidor minorista es del 5%, para esta fase el costo de los productos se incrementa en promedio a una vez el precio de la producción primaria.

Finalmente, en la fase de consumo las mermas se deben a: sobre madurez de los productos, producto maltratado o producto en mal estado. Durante la fase de consumo la producción que se pierde es del 1%, finalmente tenemos que nuevamente el costo de los productos se incrementa en promedio una vez el precio de la producción primaria.

En resumen, las pérdidas que se tienen a lo largo de la cadena de valor alimentario desde la fase de producción hasta la fase de consumo, debida a las deficiencias existentes en el sistema de acopio y distribución de alimentos en las zonas más atrasadas de México es en promedio del 17% del total producido, con el terrible agravante de que el incremento promedio en el precio de los productos para la fase de consumo final es de 4 veces el valor que se pagó en la fase de producción. Es decir, los alimentos que se consumen en las zonas más atrasadas de México incrementan en promedio su costo 4 veces respecto del costo de producción.

Hasta la fecha el factor del grado de desarrollo de las cadenas de valor alimentario no ha sido considerado por la Dirección Técnica de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos, por ello, es urgente desaparecer la actual zona geográfica B fusionándola con la zona A, desapareciendo así el concepto de zonas geográficas en la determinación de los salarios mínimos, esto a su vez posibilitara que se pueda contar con mayores recursos que permitan comprar alimentos de primera necesidad precisamente en los lugares donde es más caro ponerlos al alcance de los consumidores.

Por lo anteriormente expuesto, se propone a esta Soberanía la siguiente:

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE DEROGAN LOS ARTICULOS 91, 92, 93, 561 Y EL NUMERAL III DEL ARTICULO 557 DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO CON EL PROPOSITO DE ELIMINAR LAS ZONAS GEOGRAFICAS EN LA DETERMINACION DE LOS SALARIOS MINIMOS.

ARTICULO PRIMERO.- Se derogan los artículos 91, 92, 93, 561 y el numeral III del artículo 557 de la Ley Federal del Trabajo.

TRANSITORIOS

PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Senadores, a 6 de diciembre de 2012.

Suscribe

Sen. Angel Benjamín Robles Montoya”.

- El C. Presidente Burgos García: Muchas gracias, Senador Robles Montoya. Se turna a las Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión Social; y de Estudios Legislativos, Primera.

Tiene el uso de la tribuna el Senador Pablo Escudero Morales, del grupo parlamentario del PVEM, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 17 Bis y 40 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos.





INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETOPOR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN LOS ARTICULOS 17 BIS Y 40 DE LA LEY FEDERAL DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DE LOS SERVIDORES PUBLICOS

(Presentada por el C. Senador Pablo Escudero Morales, del grupo parlamentario del PVEM)

- El C. Senador Pablo Escudero Morales: (Desde su escaño)Gracias, señor Presidente, derivado de las cosas tan importantes que tenemos hoy en la sesión, quisiera pedirle que mi posicionamiento se registrara en el Diario de los Debates y dejar el turno. Gracias.

Iniciativa

“El suscrito, Pablo Escudero Morales, Senador de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y, los artículos 8 numeral 1, fracción I; 164, numeral 1; y, 169 del Reglamento del Senado de la República,someto a consideración de esta Soberanía la siguiente iniciativa con propuesta de Decreto por el que se REFORMAN Y ADICIONAN LOS ARTICULOS 17 BIS Y 40, DE LA LEY FEDERAL DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DE LOS SERVIDORES PUBLICOS; A EFECTO DE ELIMINAR LA POSIBILIDAD DE ABSTENERSE DE INICIAR EL DESAHOGO DEL PROCEDIMIENTO DE RESPONSABILIDADES; AUN CUANDO SE DETERMINE NO IMPONER SANCION Y SE REGISTREN LAS ABSTENCIONES DE SANCION EN EL SISTEMA PREVISTO EN LA LEY, con la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

El ejercicio de la función pública, ha evolucionado de forma muy dinámica, lo que ha hecho necesario implementar sistemas de regulación a los contextos jurídicos en que se desarrolla en nuestro país, con la finalidad de mejorar las actividades públicas realizadas; ante estas circunstancias, se han presentado un sin número modificaciones al marco regulatorio, que en algunos casos han derivado en lagunas y otras veces en ineficiencias o abusos.

Es así, que al normar la función que desempeñan los servidores públicos, se ha generado la necesidad de crear regulaciones específicas, estableciendo sus parámetros de acción y los valores fundamentales; sin soslayar las bases para sancionar a quienes incumplen con los fines y valores esenciales de la labor pública.

En la Constitución promulgada el 5 de febrero de 1917 por el entonces Presidente Venustiano Carranza, estableció originalmente en su contenido un Titulo IV, relativo a “Las Bases de la Responsabilidad de los Funcionarios Públicos”, sin incluir a los demás empleados de la Federación o quiénes ejercen recursos económicos públicos; sin embargo, de forma originaria en ningún artículo (del 108 al 114) se refirió expresamente a las responsabilidades de carácter administrativo o disciplinario, pues se reguló fundamentalmente lo relativo a los delitos comunes y a los delitos oficiales de los Funcionarios Públicos, y se hacía mención de las faltas u omisiones oficiales, las cuales podían identificarse como las Responsabilidades Administrativas.

Así pues, su artículo 108 dispuso:

“Los Senadores y los Diputados al Congreso de la Unión, los Magistrados de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los Secretarios del Despacho y el Procurador General de la República son responsables por los delitos comunes que cometan durante el tiempo de su encargo y por los delitos, faltas u omisiones en que incurran en el ejercicio del mismo; Los Gobernadores de los Estados y los Diputados a las Legislaturas Locales son responsables por violaciones a la Constitución y Leyes Federales; El Presidente de la República, durante el tiempo de su encargo, sólo podrá ser acusado por traición a la patria y delitos graves del orden común”.

Es así que las responsabilidades que se establecían en este precepto normativo, sólo se enfocaron a la materia punitiva, ocupándose sólo de los Funcionarios Públicos, y omitiendo las responsabilidades administrativas en que pudieran incurrir.

Y fue hasta el 28 de diciembre de 1982 cuando se transformó todo el texto del Título Cuarto, para establecer un sistema integral de responsabilidades de los Servidores Públicos de la Federación; en tal tesitura se ha podido observar cierto desinterés por el estudio de la responsabilidad administrativa en nuestro país, puesni en la constitución del 1857, ni el de 1917 la establecieron de manera clara y precisa reglas o normas para la imposición de medidas disciplinarias y en este contexto, en el ejercicio de la función pública se dejó principalmente al Derecho Laboral.

Derivado de ello, y ya con un enfoque mayormente enfocado a la responsabilidad administrativa, el 13 de marzo de 2002, fue publicada en el Diario Oficial de la Federación la “Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos” la cual tiene vigencia en materia federal, y de forma separada se conservó vigente la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, en lo relativo al juicio político y declaración de procedencia.

En el contexto de esta norma, la responsabilidad administrativa da lugar a un procedimiento de Responsabilidades Administrativas, a través del cual se sanciona a cualquier persona que teniendo la calidad de servidor público o ejerza recursos económicos públicos, en el desempeño y cumplimiento de sus funciones y obligaciones, haga o deje de hacer lo que la ley le exige; que desempeñe esas funciones, deberes y obligaciones sin apegarse a los principios de legalidad, imparcialidad, honradez, lealtad y eficiencia, básicos en el ejercicio de la función pública; para ello, se deben llevar a cabo investigaciones sobre las quejas o denuncias que se presenten, o derivado de las auditorías, respecto de las conductas de los servidores públicos que pudieran constituir incumplimientos a las normas y deberes de los servidores públicos.

Para ello, el artículo 8 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, precisa las obligaciones a cargo de los servidores públicos, cuyo incumplimiento dará lugar al procedimiento administrativo de responsabilidades y a las sanciones que corresponden.

Con el fin de dar cumplimiento a los principios constitucionales y legales, se integra durante la etapa de investigación, la información que reúne los elementos que permitirán determinar la presunción de responsabilidad administrativa; en cuyo caso, se determina turnar el expediente a las áreas competente para que inicien el procedimiento administrativo disciplinario, y de este modo el servidor público involucrado sea citado personalmente a comparecer, haciéndole saber los actos u omisiones que se le imputen, a efecto de que ejerza su derecho de audiencia y ofrezca las pruebas que a sus intereses convengan; las que una vez desahogadas se debe resolverá dentro de los cuarenta y cinco días hábiles siguientes sobre la inexistencia de responsabilidad o se impondrá al infractor las sanciones administrativas correspondientes y le notificará la resolución en un plazo no mayor de diez días hábiles; observando en todo caso las formalidades propias que el procedimiento exige.

En tanto, la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos establece 5 tipos desanciones para los servidores públicos cuando estos cometan alguna falta administrativa, y son:

• Amonestación privada o pública1,

• Suspensión del empleo, cargo o comisión2;

• Destitución del puesto3,

• Sanción económica4, e

• Inhabilitación temporal para desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio público5,

La naturaleza de estas sanciones, es administrativa y no de carácter penal o judicial, en tanto que son impuestas por órganos administrativos y siguiendo un procedimiento de la misma naturaleza.

Ahora bien, en tanto se trata de sanciones administrativas, pertenecen al derecho disciplinario; es decir, de aquel conjunto de normas que regulan las obligaciones y deberes del servidor público, la tipificación de conductas constitutivas de faltas disciplinarias, las sanciones correspondientes a la comisión de dichas faltas y el procedimiento necesario para imponer tales sanciones, así como también el ejercicio de la potestad disciplinaria de la administración.

Es así, que de sus características se describen:

1. El sujeto pasivo del derecho disciplinario, debe tener la condición especial, de servidor público o aplicar recursos económicos públicos6.

2. La autoridad competente para sancionar es la administración pública.

3. Debe seguirse un procedimiento disciplinario para aplicar la sanción.

4. Deben ser conductas antijurídicas, las que dan lugar a la aplicación de una sanción.

5. El derecho disciplinario tiene como finalidad preservar el buen funcionamiento de la administración, como instrumento del logro del bien común.

Particularmente éste último punto es de gran relevancia para la propuesta que se formula, toda vez que la finalidad de la sanción disciplinaria, es la de preservar el buen funcionamiento de la administración, y en el caso particular incluso el combate de la corrupción7. Es de relevancia toda vez que su función no es punible, sino la de reencauzar a los servidores públicos que se han alejado de los principios normativos y los propios de esa función.

En ese contexto, las sanciones disciplinarias, tienen como finalidad, dos aspectos:

a) Cumplir funciones de prevención general, frente al resto de los funcionarios, por el efecto disuasivo que la sanción ejerce frente al resto de los servidores públicos; y,

b) También de prevención especial consistente en evitar la repetición de la falta por parte de quien la cometió, lo que tiene lugar por el escarmiento resultante de la aplicación de la sanción.

Y se caracterizan por lo siguiente:

I. Son impuestas únicamente a los servidores públicos, comprendiendo toda la escala jerárquica, por violación a las normas que regulan el ejercicio de la función pública, para preservar la vigencia de los valores fundamentales de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia; y,

II. Se aplican internamente a la administración, en cuanto que únicamente se imponen a servidores públicos8.

Por ello, se constituye en un instrumento de autotutela, en la que internamente la administración impone la disciplina a sus servidores, y con ello, logra mantener la marcha regular y continua de los servicios públicos, “lo que no se obtendría si fuera menester recurrir a otros poderes públicos, como el judicial, por ejemplo, para mantener la disciplina administrativa.”9

En consecuencia podemos concluir que la potestad sancionadora de la Administración se divide por una parte en la disciplinaria que consiste en la facultad de imponer sanciones a los funcionarios y responsables de faltas cometidas en el ejercicio de sus cargos y tiene por tanto carácter interno. Y la segunda, por potestades sancionadoras alusivas a la facultad de la Administración de imponer correcciones a los administrados por los actos contrarios a lo ordenado y tiene por tanto carácter externo.

Así, los principios en que se basa la potestad sancionadora de la Administración, en cuanto son comunes a toda actividad del Estado como autoridad, conforme a los principios constitucionales independientemente el órgano que la ejerza; son:

Principio de legalidad.- según el cual se exigen una atribución expresa por la Ley de la esta potestad.

Irretroactividad.- según el cual a los hechos hay que aplicar las disposiciones vigentes en el momento de ocurrir los mismos, nunca posteriores a la acción u omisión sancionable en su perjuicio.

Proporcionalidad.- en tanto que existe una prohibición de sanciones administrativas que impliquen privación de libertad y la Administración guardará adecuación entre la gravedad del hecho infractor y la sanción, considerando en especial los criterios de intencionalidad o reiteración, naturaleza de los perjuicios y reincidencia.

Prescripción.- Las leyes deben fijar los plazos de prescripción de las infracciones y sanciones administrativas, pues no pueden ser eternas o permanentes.

Concurrencia de sanciones.- Unos mismos hechos no pueden ser sancionados a la vez por sanción administrativa y penal10.

En tal contexto, para la imposición de las sanciones, la propia Ley Federal de Responsabilidades, en su Artículo 14 establece la valoración de elementos, para que, una vez determinada la responsabilidad, se gradúe la imposición de la sanción que proceda, siendo éstos los siguientes:

La gravedad de la responsabilidad en que se incurre y la conveniencia de suprimir prácticas que infrinjan las disposiciones de la Ley o las que se dicten con base en ella;

Las circunstancias socioeconómicas del servidor público;

El nivel jerárquico y los antecedentes del infractor, entre ellos la antigüedad en el servicio;

Las condiciones exteriores y los medios de ejecución;

La reincidencia en el incumplimiento de obligaciones, y

El monto del beneficio, lucro, daño o perjuicio derivado del incumplimiento de las obligaciones.

Es de resaltar que la gravedad de la responsabilidad, durante muchos años no estaba determinada expresamente dentro de la Ley; por lo tanto, quedaba al criterio de la autoridad sancionadora determinarla en cada caso; sin embargo, actualmente podemos considerar que dicho elemento queda constreñido a los casos de incumplimiento previstos en el Artículo 8 fracciones VIII, X a XIV, XVI, XIX, XXII y XXIII de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos.

Reviste singular importancia el hecho de que el presunto responsable confiese su responsabilidad por el incumplimiento de su obligaciones funcionales, en cuyo caso, la ley establece un procedimiento sumario, con reducción de la sanción económica de dos tercios de la sanción económica aplicable, si fuera procedente la misma.

Ahora bien, como se puede observar del texto de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos previene la imposición de sanciones administrativas derivadas del incumplimiento de las obligaciones que el servicio público determina y se aleja de sus principios básicos; lo cual sucede una vez desahogado el procedimiento administrativo disciplinario y se acreditada su responsabilidad administrativa.

Otro punto relevante, es que la propia norma establece la posibilidad de la disminución de la sanción económica, considerando como atenuante la confesión.

Ahora bien, el 28 de mayo de 2009, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, la incorporación del artículo 17 Bis de la Ley, que establece fundamentalmente la abstención del inicio del procedimiento, como de la imposición de la sanción, en los términos siguientes:

“ARTICULO 17 Bis. La Secretaría, el contralor interno o el titular del área de responsabilidades podrán abstenerse de iniciar el procedimiento disciplinario previsto en el artículo 21 de esta Ley o de imponer sanciones administrativas a un servidor público, cuando de las investigaciones o revisiones practicadas adviertan que se actualiza la siguiente hipótesis:

Que por una sola vez, por un mismo hecho y en un período de un año, la actuación del servidor público, en la atención, trámite o resolución de asuntos a su cargo, está referida a una cuestión de criterio o arbitrio opinable o debatible, en la que válidamente puedan sustentarse diversas soluciones, siempre que la conducta o abstención no constituya una desviación a la legalidad y obren constancias de los elementos que tomó en cuenta el servidor público en la decisión que adoptó, o que el acto u omisión fue corregido o subsanado de manera espontánea por el servidor público o implique error manifiesto y en cualquiera de estos supuestos, los efectos que, en su caso, se hubieren producido, desaparecieron o se hayan resarcido”.

De este modo, se observa en la norma de responsabilidades se insertó la posibilidad de abstenerse de dos hechos elementales en materia de responsabilidades de los servidores públicos:

1. Abstenerse de iniciar el procedimiento disciplinario previsto en el artículo 21 de esta Ley; y,

2. Abstenerse de imponer sanciones administrativas a un servidor público.

Siempre que en ambos casos, las investigaciones o revisiones practicadas adviertan que “por una sola vez, por un mismo hecho y en un período de un año, la actuación del servidor público, en la atención, trámite o resolución de asuntos a su cargo, está referida a una cuestión de criterio o arbitrio opinable o debatible, en la que válidamente puedan sustentarse diversas soluciones, siempre que la conducta o abstención no constituya una desviación a la legalidad y obren constancias de los elementos que tomó en cuenta el servidor público en la decisión que adoptó, o que el acto u omisión fue corregido o subsanado de manera espontánea por el servidor público o implique error manifiesto y en cualquiera de estos supuestos, los efectos que, en su caso, se hubieren producido, desaparecieron o se hayan resarcido”.

Es pues, que en términos llanos, se determinó la posibilidad de que el responsable de una violación normativa o a los principios de la Ley, no sea sancionado, bajo condiciones particulares y especiales, siempre que esto esté sujeto a los presupuestos normativos para ello.

Bajo esa premisa, resulta inadecuado que se establezca el primer mecanismo de abstención del inicio y desahogo del procedimiento administrativo de responsabilidades, toda vez que en el contenido de las hipótesis aplicativas para la excepción (abstención), se componen de lo siguiente:

Que de las investigaciones se advierta que:

1. Por una sola vez, por un mismo hecho y en un período de un año, la actuación del servidor público, en la atención, trámite o resolución de asuntos a su cargo, está referida a una cuestión de criterio o arbitrio opinable o debatible, que válidamente puedan sustentarse diversas soluciones;

Que la conducta o abstención no constituya una desviación a la legalidad;

Que obren constancias de los elementos que tomó en cuenta el servidor público en la decisión que adoptó; o

2. Que el acto u omisión fue corregido o subsanado de manera espontánea por el servidor público o implique error manifiesto y

3. En estos supuestos, que los efectos, que se hubieren producido, ya hayan desaparecido o se hayan resarcido”.

De tales premisas, resulta inadecuado y contradictorio jurídicamente que se hable de la abstención del inicio del procedimiento administrativo de responsabilidades, no obstante que mediante una investigación previa desarrollada se haya resuelto la presunción de elementos probablemente constitutivos de responsabilidad administrativa, resultando por demás inconguente pretender la consecuencia prevista en un supuesto normativo, sin que éste último se actualice, pues es necesario que primero se acrediten las circunstancias que presumieron que, aunque existe desviación normativa sancionable, es procedente abstenerse de aplicarla.

Es así indispensable, primero que se declare la existencia de la violación normativa, mediante el desarrollo del procedimiento establecido en la ley de la materia y se actualicen los supuestos normativos tanto de la sancionabilidad, como de la opción de la excepción (abstención), para así poderse abstener de sancionarle; por lo que es claro que siempre se debe determinar primero la existencia de responsabilidad administrativa, y no por defecto determinar la abstención.

En efecto, resulta incluso contrario contra el principio de presunción de inocencia, que se declare la abstención de iniciar el procedimiento disciplinario; porque para iniciarlo, se debe presumir la existencia de responsabilidad administrativa -sin que esta haya sido acreditada- por lo que consecuentemente y bajo una simple óptica jurídica, el hablar de una abstención de sanción, tendría necesariamente que implicar, que una vez desahogado el procedimiento administrativo, se resolvió la responsabilidad del servidor público pero se determinó procedente no sancionarlo al reunirse los elementos previstos por el artículo 17 bis cuya actualización se cubre bajo las condiciones de:

1.- OCASION, MISMO HECHO Y TEMPORALIDAD.Que por una sola vez, por un mismo hecho y en un periodo de un año…”.

2.- NATURALEZA DE LOS ACTOS U OMISIONES (SUPUESTOS).

a) “…la actuación del servidor público, en la atención, trámite o resolución de asuntos a su cargo, está referida a una cuestión de criterio o arbitrio opinable o debatible, en la que válidamente puedan sustentarse diversas soluciones, siempre que la conducta o abstención no constituya una desviación a la legalidad y obren constancias de los elementos que tomo en cuenta el servidor público en la decisión que adoptó” o

b) “…que el acto u omisión fue corregido o subsanado de manera espontánea por el servidor público…” o

c) “…implique error manifiesto…“

3.- RESARCIMIENTO.…y en cualquiera de estos supuestos, los efectos que, en su caso, se hubieren producido, desaparecieron o se haya resarcido.

Los cuales, de presentarse, permiten la aplicación de la figura de la abstención de sanción establecida en el artículo 17 Bis de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos destacando que, en el caso del identificado con el número 2, que contempla tres SUPUESTOS, basta con que se actualice uno de ellos ya que son optativos al encontrarse separados con la disyunción “o” que, de acuerdo con el Diccionario de la Real Academia Española de la Lengua, denota la alternativa entre dos o más ideas.

En tales términos, se estima que una vez valoradas las circunstancias que llevaron al incumplimiento de la norma, en conjunto con los elementos que establece el artículo 14 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, se valore en los términos anteriormente expuestos la posibilidad de abstenerse para aplicar una sanción, pero nunca antes de haber desahogado en sus términos el procedimiento disciplinario previsto en el artículo 21 de la citada ley.

Luego entonces, se estima procedente eliminar del texto del artículo 17 Bis de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, la posibilidad de abstenerse de iniciar el procedimiento disciplinario previsto en el artículo 21 de esta ley; pues en todos los casos se debe desahogar dicho procedimiento y sólo después de concluido el mismo, y una vez determinada la violación normativa y en consecuencia la existencia de responsabilidad administrativa, se proceda a formular la abstención de sanción, valorando las circunstancias legales previstas en los artículos 14 y 17 bis.

Adicionalmente a ello, es indispensable que se modifique y adicione el contenido del segundo párrafo del artículo 40 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, a fin de que se registre en el sistema previsto en dicho dispositivo, con el efecto de cumplir con uno de los requisitos establecidos en el mismo artículo 17 bis, consistente en que el hecho sea por una sola vez y en el mismo año; pues sólo en esos términos se asegura que se cuente con la información que permita validar el cumplimiento de esta regla.

Lo anterior con el fin de que dichas abstenciones obren públicamente y en consecuencia dicha circunstancia pueda ser considerada por la autoridad sancionadora, al momento de determinar la abstención de imposición, ya que en la actualidad al no contar con dicha herramienta, la búsqueda de antecedentes de abstenciones de sanción, se circunscribe exclusivamente a la base de datos de la propia autoridad y no se hace extensiva hacia todas las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, lo que podría ocasionar que una autoridad sancionadora distinta a aquella que otorgó el beneficio, fuera desconocedora de dicha circunstancia y en su caso pudiera beneficiar nuevamente al mismo servidor público en caso de verse involucrado en un nuevo procedimiento administrativo de responsabilidades.

Atendiendo a estos principios, se propone la modificación y adición a los artículos 17 bis y 40 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, eliminando en el primero de los dispositivos señalados la frase “podrán abstenerse de iniciar el procedimiento disciplinario previsto en el artículo 21 de esta Ley”. Y en el caso del artículo 40, incorporando “la abstención de sanción”; para quedar como sigue:

“ARTICULO 17 Bis. La Secretaría, el contralor interno o el titular del área de responsabilidades podrán abstenerse de imponer sanciones administrativas a un servidor público, cuando de las investigaciones o revisiones practicadas adviertan que se actualiza la siguiente hipótesis:

Que por una sola vez, por un mismo hecho y en un período de un año, la actuación del servidor público, en la atención, trámite o resolución de asuntos a su cargo, está referida a una cuestión de criterio o arbitrio opinable o debatible, en la que válidamente puedan sustentarse diversas soluciones, siempre que la conducta o abstención no constituya una desviación a la legalidad y obren constancias de los elementos que tomó en cuenta el servidor público en la decisión que adoptó, o que el acto u omisión fue corregido o subsanado de manera espontánea por el servidor público o implique error manifiesto y en cualquiera de estos supuestos, los efectos que, en su caso, se hubieren producido, desaparecieron o se hayan resarcido”.

“ARTICULO 40.- La Secretaría llevará un registro de servidores públicos, el cual tendrá el carácter de público.

En el registro se inscribirán los datos curriculares de los servidores públicos obligados a presentar declaración de situación patrimonial, sus funciones, ingresos y reconocimientos con motivo de sus empleos, cargos o comisiones; la información relativa a su situación patrimonial, en lo referente a sus ingresos del último año, bienes muebles e inmuebles, inversiones financieras y adeudos, así como en su caso los procedimientos administrativos instaurados, la abstención de sanción, las sanciones impuestas aaquellos y en su caso las resoluciones por las que se dejen sin efectos estas últimas”.

Por lo antes expuesto y fundado, someto a consideración de ésta H. Asamblea, el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO

ARTICULO UNICO.- Se reforman y adicionan los artículos 17 bis y 40, de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, para quedar como sigue:

“ARTICULO 17 Bis. La Secretaría, el contralor interno o el titular del área de responsabilidades podrán abstenerse de imponer sanciones administrativas a un servidor público, cuando de las investigaciones o revisiones practicadas adviertan que se actualiza la siguiente hipótesis:

…”

ARTICULO 40.-

En el registro se inscribirán los datos curriculares de los servidores públicos obligados a presentar declaración de situación patrimonial, sus funciones, ingresos y reconocimientos con motivo de sus empleos, cargos o comisiones; la información relativa a su situación patrimonial, en lo referente a sus ingresos del último año, bienes muebles e inmuebles, inversiones financieras y adeudos, así como en su caso los procedimientos administrativos instaurados, las abstenciones de sanción dictadas, las sanciones impuestas a aquellos y en su caso las resoluciones por las que se dejen sin efectos estas últimas”.

TRANSITORIO

ARTICULO UNICO.-El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en la sede del H. Senado de la República, a 13 de diciembre de 2012.

Sen. Pablo Escudero Morales”.

(Posicionamiento del C. Senador Pablo Escudero Morales)

“Con su permiso Sr. Presidente:

Por conducto de un procedimiento administrativo de Responsabilidades, se sanciona a los servidores públicos, en el desempeño y cumplimiento de sus funciones y obligaciones, que hagan o dejen de hacer lo que la ley le exige o sin apegarse a los principios de legalidad, imparcialidad, honradez, lealtad y eficiencia.

Con el fin de dar cumplimiento a los principios constitucionales y legales, se integra la información que reúne elementos que permiten presumir la responsabilidad administrativa; en cuyo caso, es citado el servidor público a comparecer, haciéndole saber los actos u omisiones que se le imputen, a efecto de que ejerza su derecho de audiencia y ofrezca las pruebas que a sus intereses convengan; y una vez desahogadas, se resolverá sobre la inexistencia de responsabilidad o se impondrá al infractor las sanciones administrativas correspondientes; observando en todo caso las formalidades propias que el procedimiento exige.

La Ley Federal de Responsabilidades Administrativas establece 5 tipos de sanciones:

1. Amonestación privada o pública,

2. Suspensión del empleo, cargo o comisión;

3. Destitución del puesto,

4. Sanción económica, e

5. Inhabilitación temporal para desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio público.

En tanto se trata de sanciones administrativas, pertenecen al derecho disciplinario; es decir, a aquel conjunto de normas que regula las obligaciones y deberes del servidor público, la tipificación de conductas constitutivas de faltas disciplinarias, las sanciones correspondientes a la comisión de dichas faltas y el procedimiento necesario para imponer tales sanciones, así como también el ejercicio de la potestad disciplinaria de la administración; constituyéndose en un instrumento de auto-tutela, en la que internamente la administración impone la disciplina a sus servidores, y con ello, logra mantener la marcha regular y continua de los servicios públicos.

En tal contexto, para la imposición de las sanciones, la propia Ley Federal de Responsabilidades, en su artículo 14 establece la valoración de elementos, para que, determinada la responsabilidad, se gradúe su imposición.

El 28 de mayo de 2009, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, la incorporación del artículo 17 Bis de la Ley, que establece la abstención del inicio del procedimiento, o la imposición de la sanción.

Bajo esa premisa, resulta inadecuado que se establezca la abstención del inicio y desahogo del procedimiento de responsabilidades; puesto que es necesario que primero se acrediten las circunstancias que presumieron que, aunque existe desviación normativa sancionable, es procedente abstenerse de aplicarla. Siendo indispensable, primero declarar la existencia de la violación normativa, mediante el desarrollo del procedimiento y una vez que se actualicen los los supuestos normativos tanto de la sancionabilidad, como de la opción de la excepción es decir de la abstención, proceder a ello; por lo que es claro que siempre se debe determinar primero la existencia de responsabilidad administrativa, y no por defecto determinar la abstención; ya que incluso es contrario al principio de presunción de inocencia, que se declare la abstención de iniciar el procedimiento disciplinario.

Por ello, una vez valoradas las circunstancias que llevaron al incumplimiento de la norma, en conjunto con los elementos que establece el artículo 14 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, se debe valorar la posibilidad de abstenerse para aplicar una sanción, pero nunca antes de haber desahogado en sus términos el procedimiento disciplinario previsto en el artículo 21 de la citada ley.

Luego entonces, se estima procedente eliminar parte del texto del artículo 17 Bis de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos; pues en todos los casos se debe desahogar dicho procedimiento y sólo después de concluido el mismo, y una vez determinada la violación normativa y en consecuencia la existencia de responsabilidad administrativa, se proceda a formular la abstención de sanción, valorando las circunstancias legales previstas en los artículos 14 y 17 bis.

Adicionalmente a ello, es indispensable que se adicione el contenido del segundo párrafo del artículo 40 de la Ley Federal de Responsabilidades, a fin de que se registre en el sistema previsto en dicho dispositivo”.

- El C. Presidente Burgos García: Con mucho gusto. Se turna a las Comisiones Unidas de Gobernación; y de Estudios Legislativos, Segunda.


1Entendiendo ésta como una corrección disciplinaria en materia de procedimientos, la cual se impone con el propósito de prevenir a los autores de las faltas de disciplina para que se abstengan de la realización de conductas contrarias al desarrollo del procedimiento. La esencia de esta sanción es hacer conciencia en el infractor, de su conducta ilícita;

2Sin que dicha suspensión pueda ser por un período no menor de tres días ni mayor a un año.

3Sanción que ha dado lugar a grandes controversias, especialmente porque se considera que cuando es impuesta por la autoridad administrativa, se están lesionando los derechos de los trabajadores, pues la única competente para resolver la conclusión de una relación de trabajo es la autoridad laboral.

4La imposición de las sanciones económicas proceden por el incumplimiento de las obligaciones establecidas en el Artículo 8 de la Ley Federal de responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos; que derivado de dicho incumplimiento se produzcan beneficios o lucro, o se causen daños o perjuicios; la sanción podrá ser hasta de tres tantos de los beneficios o lucro obtenido o de los daños o perjuicios causados; y, en ningún caso esta podrá ser menor o igual al monto de los beneficios o lucro obtenidos o de los daños o perjuicios causados.

5 En este último caso, el tiempo de la inhabilitación dependerá del daño o perjuicio causado y en su caso elbeneficio o lucro obtenido por el servidor público pudiendo ser la sanción desde 6 meses hasta 20 años, ello según la existencia o no de beneficio o lucro alguno para el servidor público y conforme al monto de este, hipótesis prevista también para las conductas graves de los servidores públicos.

6Este último caso, especial referido por la Constitución y por la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos.

7Tomando como concepto de corrupción, de la Convención Interamericana Contra La Corrupción

8DELGADILLO GUTIÉRREZ, Luis Humberto y LUCERO ESPINOSA Manuel, Compendio de Derecho Administrativo, Segundo Curso, Tercera edición, Porrúa, S.A. de C.V., México, 2004, p. 225

9VARAS C, Guillermo, Derecho Administrativo, citado por GÓMEZ PAVAJEAU, Carlos Arturo, Dogmática del Derecho Disciplinario, 2a., edición aumentada, Universidad Externado de Colombia, julio 2002, p. 143.

10Para poder hablar de concurrencia de sanciones debe existir identidad de sujetos, hechos y fundamento.

Tiene el uso de la tribuna la Senadora Marcela Guerra Castillo, del grupo parlamentario del PRI, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se adiciona un artículo 233 Bis al Código Penal Federal.






INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETOPOR EL QUE SE ADICIONA UN ARTICULO 233 BIS AL CODIGO PENAL FEDERAL

(Presentada por la C. Senadora Marcela Guerra Castillo, del grupo parlamentario del PRI)

- La C. Senadora Marcela Guerra Castillo: Muchas gracias, señor Presidente, compañeras, compañeros:

Esta iniciativa que hoy vengo a presentar, pretende incluir un tipo penal que sancione a la persona o personas que se beneficien económicamente por los actos y hechos jurídicos que resulten falsos cuando hubiesen sido protestados de decir verdad en un instrumento público ante el fedatario y formulen también declaraciones falsas o hayan resultado culpables por investigaciones relacionadas en materia de delincuencia organizada, delitos contra la salud, secuestro, extorsión, amenazas, lavado de dinero o terrorismo.

Asimismo, se sanciona el hecho de hacer constar en instrumentos públicos la creación, transmisión, modificación o extinción de derechos reales sobre inmuebles, a sabiendas de que la persona o personas que intervienen en dichos actos jurídicos, hayan resultado culpables por investigaciones relacionadas con los delitos que ya han quedad precisados, por los motivos que expongo a consideración.

Los hechos o actos jurídicos para que trasciendan, o para tener reconocimiento legal, deben de ser consignados en documentos, que ilustren sobre algún hecho pudiendo ser este de carácter histórico o en el que se hacen constar datos fidedignos o susceptibles de ser empleados como tales para aprobar algo.

El Código Federal de Procedimientos Civiles en sus artículos 129 y 130, establecen que se consideran documentos públicos, aquellos cuya formación está encomendada por la ley, dentro de los límites de su competencia, a un funcionario público revestido de la fe pública, y los expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, por lo que en la calidad de públicos se demuestra por la existencia regular, sobre los documentos, de los sellos, firmas u otros signos exteriores que prevengan las leyes, por ello, los documentos expedidos por autoridades de la Federación, de los estados, del Distrito Federal y territorios o de los municipios, harán fe en los juicios civiles del ámbito federal, sin necesidad de ser legalizados.

Por otro lado, el artículo 133 del citado código sustantivo civil, señala que son documentos privados, aquellos que no reúnan las condiciones establecidas para los documentos públicos.

Por el otro lado, el artículo 202 del mismo código, establece que los documentos públicos hacen prueba plena de los hechos legalmente afirmados por la autoridad de que aquéllos que procedan y que cuando en ellos se contiendan declaraciones de verdad o manifestaciones de hechos de particulares, sólo prueban plenamente que ante la autoridad que los expidió, se hicieron tales declaraciones o manifestaciones, sin que prueben la verdad de lo declarado o manifestado.

Es por ello, que todo Fedatario Público como también lo pueden llegar a hacer las Autoridades Administrativas, los Jueces, Secretarios de Acuerdos, Secretarios Notificadores y Ejecutores, Ministerios Públicos, cónsules, jueces del Registro Civil, jueces cívicos, síndicos municipales, entre otros, tienen una gran responsabilidad, ya que de acuerdo a determinadas circunstancias, deben de tener la certeza de que el acto o hecho jurídico del cual dan fe, es verdadero y comprobable por medio de evidencias que el mismo debe de poseer, apoyándose en las diversas leyes que norman tanto la formalidad que deben de revestir los actos o hechos jurídicos, como las que norman su actuar profesional que debe ser honesto y regirse por principios y valores que no den pie al temor o a la ambición.

Por tal motivo, se debe de tener mucho cuidado en que dichos funcionarios y autorizados para ejercer la Fe Pública, se conduzcan con total apego a derecho, de forma recta y honorable, ya que de lo contrario se pone en riesgo la seguridad jurídica de cualquier persona que intervenga en un acto o en un hecho jurídico, toda vez que los mismos generan o traen aparejados consecuencias o efectos jurídicos.

En los últimos años, la delincuencia organizada dentro de las diversas comisiones de ilícitos que realiza, ha ideado cada día nuevas formas y maneras de beneficiarse económicamente de gente inocente, y ha llegado a utilizar a diversos fedatarios públicos, como son los notarios públicos, corredores públicos y autoridades con Fe Pública en todos los niveles de gobierno, que bajo amenaza de muerte o de causarles un daño en sus personas o a sus familiares o dependientes o incluso en contubernio con ellos, dan fe de actos o hechos que afectan patrimonialmente a la gente y que les causan perjuicios en sus derechos personales o reales, tal es el caso cuando los delincuentes obligan a alguien a vender una propiedad sin recibir el pago correspondiente, cuando obligan a alguien a reconocer una deuda que no existe o cumplir una obligación de pago de dinero en exceso, o a ceder incluso derechos sobre bienes muebles e inmuebles, entre otros.

Al suscitarse los abusos que han quedado ya mencionados, no solo se perjudican los derechos personales y patrimoniales de las personas, sino que también se vulneran la certeza y la seguridad jurídica de los actos y hechos jurídicos, rompiendo el propósito de la Fe Pública como medio para evitar interpretaciones contrarias o conflictos en la generación cotidiana de actividades contractuales, convencionales y comerciales que requieren de formalidad, de reconocimiento o cumplimiento jurídicos.

En México, las garantías individuales consagradas en nuestra Constitución, obligan al Estado a garantizar que todo gobernado debe de tener la certeza de que su persona, sus papeles, su familia, sus posesiones y sus derechos deberán de ser respetados por la autoridad, es por ello, que la fe pública llega a ser una garantía brindada por el Estado, de que los hechos que interesan al derecho son verdaderos o auténticos, es decir, una verdad legal.

No hay que pasar por alto que las aseveraciones de la existencia y efectos de los hechos o actos jurídicos muchas veces pueden ser falseados o alterados en perjuicio de alguna persona beneficiando a otra que se puede valer del engaño, de la mentira, de la violencia para afectar la voluntad de dicha persona, es por esto que se reitera que a los particulares con autorización del Estado y las autoridades que están facultadas para dar fe pública, deben de ejercerla para dar seguridad jurídica y con imparcialidad, por lo que deben de ser conocedores del derecho y auxiliadores y orientadores del mismo.

Es de hacer notar que el tipo legal que se pretende incluir en el Código Penal Federal materia de la presente iniciativa, fue diseñado por la suscrita, por la de la voz, tomando en cuenta los argumentos brindados por los representantes del Colegio Nacional de la Correduría Pública Mexicana, A.C., quienes se mostraron muy participativos y brindaron su respaldo a la presente propuesta, y que también nos hemos reunido con algunos representantes de la Asociación Nacional del Notariado Público A.C., para escuchar también la postura de dicho gremio.

En mérito de lo anterior, es que se presenta esta iniciativa con el propósito de complementar y abundar en los efectos precisados en este proyecto de Decreto.

Desde este momento, se solicita que la presente iniciativa sea turnada a las mismas comisiones legislativas encargadas de dictaminar la iniciativa que ha quedado precisada y que lo son las Comisiones Unidas de Justicia; y de Estudios Legislativos, para que al emitir su dictamen se tomen en cuenta los elementos de estas dos iniciativas, porque anteriormente habíamos presentado una en este tenor que había estado un poco inconsistente, pero ésta va a venir a complementar la anterior.

PROYECTO DE DECRETO

ARTICULO UNICO. Se adiciona un artículo 233 Bis al Capítulo II del Título Décimo Segundo del Código Penal Federal, para quedar como sigue:

Capítulo II

Delitos de abogados, patrones y litigantes.

Artículo 233 Bis.-Sin perjuicio de lo dispuesto por la legalización correspondiente en materia de lavado de dinero y prevención de ilícitos, se aumentarán en una mitad las penas a que se refiere este capítulo en cada caso concreto, cuando la persona o personas que se beneficien económicamente por los actos y hechos jurídicos que resulten falsos hubieran sido protestados de decir verdad en instrumento público ante fedatario, y formulen declaraciones falsas o hayan resultado culpables por investigaciones relacionadas en materia de delincuencia organizada, en materia de delitos contra la salud, en secuestro, extorsión, amenazas, lavado de dinero o terrorismo.

Las penas señaladas en el presente capítulo también se duplicarán, si en los instrumentos públicos se hace constar la creación, transmisión, modificación o extinción de derechos reales sobre inmuebles, a sabiendas de que la persona o personas que intervienen en dichos actos jurídicos, hayan resultado culpables por investigaciones relacionadas en materia de delincuencia organizada, delitos contra la salud, secuestro, extorsión, amenazas y lavado de dinero o terrorismo.

UNICO. Este presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación.

Iniciativa

“La suscrita, Marcela Guerra Castillo, Senadora de la República de la LXII Legislatura del H. Congreso de la Unión, e integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como por los artículos 8 numeral 1 fracción I, 164 y 169 del Reglamento del Senado de la República, someto a consideración de esta H. Soberanía, la iniciativa con proyecto de Decreto por el que se adiciona un artículo 233 Bis al Código Penal Federal, mismo que se hace al tenor siguiente:

ExposiciOn de motivos

La mayoría de las personas cuando pensamos en la palabra Fe, la asociamos con aquello en lo que creemos, o en algo que damos por cierto y enmarca un concepto positivo de algo, de igual forma, lo concebimos como algo que nos da confianza, algo que damos por cierto o algo que implica convicción.

Se puede establecer que existen varios tipos de Fe, pero generalmente relacionamos este concepto con la fe religiosa, la fe legal, la fe pública y la fe humana, siendo esta la que se deriva de las afirmaciones hechas por el hombre.También se cataloga a la fe de algo, partiendo de quien o quienes la emiten, pudiendo ser una autoridad religiosa, una autoridad jurisdiccional o aquella que se deriva de la autorización dada por el Estado a un particular.

Los hechos o actos jurídicos para que trasciendan, o para tener reconocimiento legal, deben de ser consignados en documentos, que sirven para ilustrar acerca de algún hecho pudiendo ser este de carácter histórico, o en el que se hacen constar datos fidedignos o susceptibles de ser empleados como tales para probar algo.

Los documentos pueden considerarse como auténticos cuando están autorizados o legalizados y estaremos en presencia de un documento privado, cuando este es elaborado por particulares para reconocer, obligar o comprometer un acto o un hecho y es autorizado por las partes interesadas, pero no por un funcionario competente, estos tipos de documentos hacen prueba contra la persona que lo escribe, mientras que un documento se considera como público, cuando es autorizado por un funcionario para ello competente y acredita los actos o hechos que refiere, así como la fecha en que fueron elaborados.

El Código Federal de Procedimientos Civiles en sus artículos 129 y 130, establecen que se consideran documentos públicos, a aquellos cuya formación está encomendada por la ley, dentro de los límites de su competencia, a un funcionario público revestido de la fe pública, y los expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, por lo que la calidad de públicos, se demuestra por la existencia regular, sobre los documentos, de los sellos, firmas u otros signos exteriores que prevengan las leyes, por ello, los documentos expedidos por autoridades de la Federación, de los Estados, del Distrito Federal y Territorios o de los Municipios, harán fe en los juicios civiles del ámbito federal, sin necesidad de ser legalizados.

Por otro lado, el artículo 133 del citado código sustantivo civil, señala que son documentos privados, aquellos que no reúnan las condiciones establecidas para los documentos públicos.

Por otro lado, el artículo 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, establece que los documentos públicos hacen prueba plena de los hechos legalmente afirmados por la autoridad de que aquéllos procedan y que cuando en ellos se contienen declaraciones de verdad o manifestaciones de hechos de particulares, sólo prueban plenamente que ante la autoridad que los expidió, se hicieron tales declaraciones o manifestaciones, sin que prueben la verdadde lo declarado o manifestado.

Como hemos podido establecer, la Fe Pública es un atributo dado por el Estado a determinados funcionarios o a particulares con una autorización determinada (Notarios y Corredores Públicos, Escribanos, etc.), a efecto de que garanticen que un acto o hecho es cierto para que surta efectos legales, por lo que se considera que el documento que los consigna y que fue autorizado por ellos, hace prueba plena.

Es por ello, que todo Fedatario Público como también lo pueden llegar a hacer Las Autoridades Administrativas, los Jueces, Secretarios de Acuerdos, Secretarios Notificadores y Ejecutores, Ministerios Públicos, cónsules, jueces del Registro Civil, jueces cívicos, síndicos municipales, entre otros tiene una gran responsabilidad, ya que de acuerdo a determinadas circunstancias, deben tener la certeza de que el acto o hecho jurídico del cual dan fe, es verdadero y comprobable por medio de evidencias que el mismo debe poseer, apoyándose en las diversas leyes que norman tanto la formalidad que deben de revestir los actos o hechos jurídicos, como las que norman su actuar profesional que debe ser honesto y regirse por principios y valores que no den pie al temor o a la ambición.

Por tal motivo, se debe de tener mucho cuidado de que dichos funcionarios y autorizados para ejercer la Fe Pública, se conduzcan con total apego a derecho, de forma recta y honorable, ya que de lo contrario, se pone en riesgo la seguridad jurídica de cualquier persona que intervenga en un acto o en un hecho jurídico, toda vez que los mismos generan o traen aparejados consecuencias o efectos jurídicos.

En los últimos años, la delincuencia organizada dentro de las diversas comisiones de ilícitos que realiza, ha ideado cada día nuevas formas y maneras de beneficiarse económicamente de gente inocente, y ha llegado a utilizar a diversos fedatarios públicos, (Notarios Públicos, Corredores Públicos, Autoridades con Fe Pública, etc.) que bajo amenaza de muerte o de causarles un daño en sus personas o a sus familiares o dependientes o incluso en contubernio con ellos, dan fe de actos o hechos que afectan patrimonialmente a la gente, o que les causan perjuicios en sus derechos personales o reales, tal es el caso de cuando obligan a alguien a vender una propiedad sin recibir el pago correspondiente, cuando obligan a alguien a reconocer una deuda que no existe o cumplir una obligación de pago de dinero en exceso, o a ceder derechos sobre bienes muebles e inmuebles, entre otros.

Al suscitarse los abusos que han quedado mencionados en el párrafo que antecede, no solo se perjudican los derechos personales y patrimoniales de las personas, sino que también se vulneran la certeza y seguridad jurídica de los actos y hechos jurídicos, rompiendo el propósito de la Fe Pública como medio para evitar interpretaciones contrarias o conflictos en la generación cotidiana de actividades contractuales, convencionales y comerciales que requieren de formalidad, reconocimiento o cumplimiento jurídicos.

En México, las garantías individuales consignadas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, obligan al Estado a garantizar que todo gobernado debe de tener la certeza de que su persona, sus papeles, su familia, sus posesiones y sus derechos deberán de ser respetados por la Autoridad, es por ello, que la fe pública llegar a ser una garantía, brindad por el Estado, de que los hechos que interesan al derecho son verdaderos o auténticos, ya que en la convivencia social diaria, existen una serie de hechos y de actos que tienen relevancia jurídica que aunque no sean presenciados por la colectividad, deben de ser creídos y aceptados como verdad legal.

No hay que pasar por alto, que las aseveraciones de la existencia y efectos de los hechos o actos jurídicos muchas veces pueden ser falseados o alterados para perjuicio de alguna persona beneficiando a otra que se puede valer del engaño, de la mentira o de la violencia para afectar la voluntad de dicha persona, es por esto que se reitera que los particulares con autorización del Estado y las Autoridades que están facultadas para dar fe pública, deben ejercerla para dar seguridad jurídica y con imparcialidad, por lo que deben de ser conocedores del derecho y auxiliadores y orientadores del mismo.

Es de hacer notar que el dispositivo legal que se pretende incluir en el Código Penal Federal materia de la presente iniciativa, fue diseñado por la suscrita tomando en cuenta los argumentos brindados por los representantes del Colegio Nacional de Correduría Pública Mexicana, A.C., quienes se mostraron muy participativos y brindaron su respaldo a la presente propuesta, y que también me reuní con algunos representantes de la Asociación Nacional del Notariado Mexicano, A.C., para escuchar la postura de dicho gremio.

En mérito de lo anterior, es que se presenta esta iniciativa con el propósito de complementar y abundar en los efectos precisados en el proyecto de decreto por el que se adiciona un Artículo 233 Bis al Código Penal Federal y que reforma el inciso 17 de la Fracción I del artículo 194 del Código Federal de Procedimientos Penales, que presente durante la LXII Legislatura del Senado de la República en la Sesión Ordinaria del 16 de octubre del 2012.

Desde este momento, se solicita que la presente iniciativa sea turnada a las mismas comisiones legislativas encargadas de dictaminar la iniciativa que ha quedado precisada y que lo son, las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos, para que al emitir su dictamen, se tomen en cuenta los elementos de las dos iniciativas para integrarlos en un solo dispositivo legal que recoja los elementos más benéficos de ambas propuestas legislativas, siendo en esencia el sancionara la persona o personas que se beneficien económicamente por los actos y hechos jurídicos que resulten falsos cuando hubieren sido protestados de decir verdad en instrumento público ante fedatario, y formulen declaraciones falsas o hayan resultado culpables por investigaciones relacionadas en materia de delincuencia organizada, delitos contra la salud, secuestro, extorsión, amenazas, lavado de dinero o terrorismo.

Asimismo, se sanciona el hecho de hacer constar en instrumentos públicos, la creación, transmisión, modificación o extinción de derechos reales sobre inmuebles, a sabiendas de que la persona o personas que intervienen en dichos actos jurídicos, hayan resultado culpables por investigaciones relacionadas en materia de delincuencia organizada, delitos contra la salud, secuestro, extorsión, amenazas, lavado de dinero o terrorismo.

Por lo antes expuesto y fundado, someto a la consideración de esta H. Asamblea el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO

ARTICULO UNICO. Se adiciona un artículo 233 Bis al Capítulo II del Título Décimo Segundo del Código Penal Federal, para quedar como sigue:

CAPITULO II

Delitos de abogados, patronos y litigantes

Artículo 231.- …

Artículo 232.- …

Artículo 233.- …

Artículo 233 Bis.-Sin perjuicio de lo dispuesto por la legislación correspondiente en materia de lavado de dinero y prevención de ilícitos, se aumentarán en una mitad las penas a que se refiere este capítulo en cada caso en concreto, cuando la persona o personas que se beneficien económicamente por los actos y hechos jurídicos que resulten falsos hubieren sido protestados de decir verdad en instrumento público ante fedatario, y formulen declaraciones falsas o hayan resultado culpables por investigaciones relacionadas en materia de delincuencia organizada, delitos contra la salud, secuestro, extorsión, amenazas, lavado de dinero o terrorismo.

Las penas señaladas en el presente capítulo también se duplicarán, si en los instrumentos públicos se hace constar la creación, transmisión, modificación o extinción de derechos reales sobre inmuebles, a sabiendas de que la persona o personas que intervienen en dichos actos jurídicos, hayan resultado culpables por investigaciones relacionadas en materia de delincuencia organizada, delitos contra la salud, secuestro, extorsión, amenazas, lavado de dinero o terrorismo.

ARTICULO TRANSITORIO

UNICO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el Senado de la República, a 13 de diciembre de 2012.

Sen. Marcela Guerra Castillo”.

- El C. Presidente Burgos García: Muchas gracias, Senadora Guerra Castillo. Como lo solicitó, se turna a las Comisiones Unidas de Justicia; y de Estudios Legislativos.

Tiene el uso de la tribuna el Senador Fidel Demédicis Hidalgo, del grupo parlamentario del PRD, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto que reforma la fracción I del artículo 116 constitucional.






INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETOQUE REFORMA Y DEROGA DISPOSICIONES DE LA FRACCION I DEL ARTICULO 116 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

(Presentada por el C. Senador Fidel Demédicis Hidalgo, del grupo parlamentario del PRD)

- El C. Senador Fidel Demédicis Hidalgo: Con su venia, señor Presidente; compañeros Senadores y compañeras Senadoras:

Las instituciones democráticas son la garantía de la paz social, el desarrollo económico y cultural de los pueblos, particularmente en esta época contemporánea se han llevado a cabo transformaciones sustanciales en materia política, mismas que se publicaron en el Diario Oficial de la Federación el 9 de agosto de este año 2012.

En este sentido, es necesario revisar las figuras constitucionales, homologando en las entidades como integrantes de la Federación las disposiciones que han funcionado y dan certeza a la democracia; la no reelección como principio político es una herencia de las diversas épocas de la historia patria, que actualmente garantizaría una mayor participación política y se limitaría la tentación del retorno de viejos esquemas de caudillismo.

Perfeccionar nuestro marco jurídico es una constante que siempre debemos observar todos los legisladores, para elaborar leyes más justas que beneficien integralmente a nuestro país y por consecuencia a las entidades federativas que representamos.

Dentro de este contexto, podemos observar que en diversas ocasiones se ha reformado el artículo 83 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, cuyo texto original sentenciaba que el Presidente de la República Constitucional nunca podrá ser reelecto, atendemos que el Diputado Constituyente Machorro Narváez justificó su dictamen al señalar las circunstancias históricas donde el General Porfirio Díaz y su compadre, el general González González se alternaron la Presidencia de la República.

Las primeras reformas generaron modelos permisivos de reelección no inmediata, como fueron las reformas del 22 de enero de 1927 y del 24 de enero de 1928 publicadas en el Diario Oficial de la Federación y, finalmente, el cambio de paradigma regresando al sentido original, además incluye a los que hayan ocupado el cargo como presidente interino o sustituto, evitando cualquier reelección desde el 29 de abril de 1933.

El tema es claro en el ámbito federal, el artículo 83 dispone: “Artículo 83. El Presidente entrará a ejercer su encargo el 1° de diciembre y durará en él seis años. El ciudadano que haya desempeñado el cargo de Presidente de la República, electo popularmente, o con el carácter de interino o substituto, o asuma provisionalmente la titularidad del Poder Ejecutivo, en ningún caso y por ningún motivo podrá volver a desempeñar ese puesto."

No obstante lo anterior, en el artículo 116 de nuestra misma Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se sigue enunciando que los gobernadores interinos, sustitutos, provisionales o el que supla las faltas temporales sí podrán ocupar nuevamente ese cargo siempre que no sea para el periodo inmediato, circunstancia superada en el ámbito federal desde 1933.

Como podemos observar, existe una gran disparidad de desigualdad en el ejercicio del Poder Ejecutivo Federal contra lo estadual, en estos ordenamientos por lo que se señala el artículo 83 para el titular del Ejecutivo Federal, no se ve reflejado en lo que señala el artículo 116 para los titulares de los poderes ejecutivos de las entidades de la República.

No debemos ignorar que el sistema republicano federal se compone de entidades federativas que son libres y soberanas, para la organización de su régimen interno de gobierno, con la única limitación de que ese régimen no contraríe los principios establecidos por nuestra carta fundamental.

El principio de no reelección deberá ser absoluto también para el ciudadano que haya desempeñado el cargo de gobernador sin tomar en cuenta la forma de designación, lo que permitirá ser congruente con este principio, que ha sido una fortaleza del sistema político mexicano, en la época contemporánea al transitar sexenio tras sexenio con la transmisión de poderes, además con la inclusión de la alternancia política.

El ciudadano al desempeñar el cargo de gobernador por segunda ocasión, obstaculiza el proceso de renovación de los integrantes de un gobierno al impedir desempeñar el cargo a nuevas generaciones, con nuevas ideas, considerando que la problemática que afecta a las entidades federativas es compleja y para afrontarla con éxito requiere de nuevos enfoques y nuevas acciones que trae consigo un cambio generacional. Con lo que se asegura también la existencia del fenómeno de la capilaridad política que permite el ascenso de nuevos cuadros a los cargos de responsabilidad pública.

La posibilidad de que los gobernadores interinos, provisionales, sustitutos o de cualquier otra denominación, de ser gobernadores no para el periodo inmediato, pero si para uno posterior, genera la acción de una posible reelección lo que contraviene a nuestro sistema político vigente y a la democracia que debe prevalecer en la designación y elección de los altos cargos, como es el caso de los gobernadores de los Estados.

La equidad en la postulación y elección del cargo de gobernador, debe ser uno de los principios fundamentales que tendrán que observarse en las elecciones correspondientes, considerando que el ciudadano que tuvo la oportunidad histórica de desempeñar el citado cargo, sin considerar el procedimiento de designación, al participar en la elección para volver a ocuparlo, constituye una ventaja comparativa y el proceso electoral seria parcial en perjuicio de quienes por primera vez pretendan desempeñar el cargo de gobernador, vulnerando el principio de equidad que caracteriza a los principios democráticos.

La reforma propuesta es acorde con la reciente reforma política aprobada por el Congreso de la Unión y la mayoría de los congresos de los estados, la cual reafirma la no reelección absoluta en el más alto cargo de elección popular a nivel federal, vigente en nuestra carta fundamental, pretendiéndose aplicar este principio en el caso del ciudadano que haya desempeñado el cargo de gobernador, sin considerar la forma de designación, tomando en cuenta que es el más alto cargo de elección popular a nivel de entidad federativa.

Por los motivos expuestos y con fundamento en los artículos mencionados, se somete a la Honorable Asamblea la iniciativa con proyecto de Decreto que reforma el artículo 116, fracción I, tercer párrafo y deroga el párrafo cuarto y los subsecuentes incisos A) e inciso B) de la fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, referente al impedimento a los gobernadores de las entidades federativas de la República Mexicana, para volver a ocupar ese mismo cargo en cualquier modalidad.

Por lo anteriormente expuesto y fundamentado sometemos a esta Soberanía la presente:

INICIATIVA QUE REFORMA EL PARRAFO TERCERO DE LA FRACCION I Y DEROGA LOS PARRAFOS CUARTO Y LOS SUBSECUENTES INCISOS A) E INCISO B) DE LA FRACCION I DEL ARTICULO 116 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.

Artículo único.- Se reforma el párrafo tercero de la fracción I y deroga el párrafo cuarto, y los subsecuentes incisos A) e inciso B) de la fracción I del artículo 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 116…

Los gobernadores de los estados, cuyo origen sea la elección popular, la designación de sustituto constitucional o para concluir el periodo en caso de falta absoluta del constitucional, quien haya fungido como interino, provisional o que como ciudadano haya suplido las faltas temporales del gobernador, o como encargado de despacho, aun cuando se tenga distinta denominación, en ningún caso y por ningún motivo podrán volver a ocupar el cargo.

TRANSITORIOS

Primero.- La presente reforma entrará en vigor el día siguiente a su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo.- Las legislaturas de los estados en un término de un año a partir de la vigencia, realizarán las adecuaciones a su normatividad para aplicarse en el siguiente proceso electoral del sufragio a gobernador constitucional del estado.

México, Distrito Federal, dado en el recinto oficial del Senado de la República a los 6 días del mes de diciembre de 2012.

Solicito sea agregada de manera íntegra la iniciativa en el Diario de los Debates.

Por su atención, muchas gracias.

(Aplausos)

Iniciativa

“PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
CAMARA DE SENADORES
H. CONGRESO DE LA UNION
PRESENTE.

SENADOR FIDEL DEMEDICIS HIDALGO, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCION DEMOCRATICA DE LA LXII LEGISLATURA DEL HONORABLE CONGRESO DE LA UNION, EN EJERCICIO DE LA FACULTAD QUE ME OTORGA LA FRACCION II DEL ARTICULO 71 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, Y CON FUNDAMENTO DE LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 8, FRACCION 1, 164 NUMERALES 1 Y 2, 169 Y DEMAS APLICABLES DEL REGLAMENTO DEL SENADO DE LA REPUBLICA, SOMETO A LA CONSIDERACION DE ESTA ASAMBLEA LA INICIATIVA QUE REFORMA Y DEROGA DISPOSICIONES DE LA FRACCION I DEL ARTICULO 116 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, AL TENOR DEL SIGUIENTE:

EXPOSICION DE MOTIVOS

Las instituciones democráticas son la garantía de la paz social, el desarrollo económico y cultural de los pueblos; particularmente en esta época contemporánea se han llevado a cabo transformaciones substanciales en materia política mismas que se publicaron el Diario Oficial de la Federación el nueve de agosto del esta año 2012.

En este sentido es necesario revisar las figuras constitucionales, homologando en las Entidades Federativas integrantes de la Federación las disposiciones que han funcionado y dan certeza a la democracia; la no re-elección como principio político es una herencia de las diversas épocas de la historia patria, que actualmente garantizaría una mayor participación política, y se limitarían viejos esquemas de caudillismo.

La realidad nacional, nos obliga a todos los legisladores a acelerar la marcha, para que el estado mexicano, este acorde a los principios que le han dado vida y no perder la capacidad de respuesta que los ciudadanos nos demandan para seguir teniendo viabilidad como sociedad libre y democrática.

Perfeccionar nuestro marco jurídico es una constante que siempre debemos observar todos los legisladores, para elaborar leyes más justas que beneficien integralmente a nuestro país y por consecuencia a las entidades federativas que representamos.

Dentro de este contexto, podemos observar que en diversas ocasiones se ha reformado el artículo 83 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, donde ha transitado de modelos permisivos de reelección no inmediata, como fueron las reformas del 22 de enero de 1927 y del 24 de enero de 1928 publicadas en el Diario Oficial de la Federación, y el cambio de paradigma para evitar cualquier reelección desde el 29 de abril de 1933 y que se conservó en la reciente reforma del 9 de agosto de esta anualidad.

El tema es claro en el ámbito federal, el artículo 83 dispone: “Artículo 83. El Presidente entrará a ejercer su encargo el 1o. de diciembre y durará en él seis años. El ciudadano que haya desempeñado el cargo de Presidente de la República, electo popularmente, o con el carácter de interino o substituto, o asuma provisionalmente la titularidad del Ejecutivo Federal, en ningún caso y por ningún motivo podrá volver a desempeñar ese puesto”.

No obstante lo anterior, en el artículo 116 de nuestra misma Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se sigue enunciando que los gobernadores interinos, sustitutos, provisionales o el que supla las faltas temporales sí podrá ocupar nuevamente ese cargo siempre que no sea para el periodo inmediato, circunstancia superada en el ámbito federal desde 1933.

Como podemos observar, existe una gran disparidad en estos ordenamientos, porque lo que se señala en una parte del artículo 83 para el titular del ejecutivo federal, no se ve reflejada en lo que señala el artículo 116 para los titulares de los poderes ejecutivos de las Entidades de la República.

En la doctrina de la ciencia política ha señalado que “en la democracia el Derecho Político es la igualdad”; concepto que prevalece al constituirse en factor indispensable para la convivencia armónica de la sociedad, al observar el régimen de partidos políticos, el pluralismo ideológico y la alternancia de diferentes corrientes en los diversos niveles de gobierno, contemplando entre otros los principios de imparcialidad, equidad y objetividad que rigen los órganos electorales.

No debemos ignorar que el sistema republicano federal, se compone de entidades federativas que son libres y soberanas, para la organización de su régimen interno de gobierno, con la única limitación de que ese régimen no contraríe los principios establecidos por nuestra Carta Fundamental.

El principio de no reelección deberá ser absoluto también para el ciudadano, que haya desempeñado el cargo de gobernador sin tomar en cuenta la forma de designación, lo que permitirá ser congruente con este principio, que ha sido una fortaleza del sistema político mexicano, en la época contemporánea al transitar sexenio tras sexenio con la trasmisión de poderes, además con la inclusión de la alternancia política.

El ciudadano al desempeñar el cargo de gobernador por segunda ocasión, obstaculiza el proceso de renovación de los integrantes de un gobierno al impedir desempeñar el cargo a nuevas generaciones, con nuevas ideas, considerando que la problemática que afecta a las entidades federativas es compleja y para afrontarla con éxito requiere de nuevos enfoques y nuevas acciones que trae consigo en cambio generacional. Con lo que se asegura también la existencia del fenómeno de la capilaridad política que permite el ascenso de nuevos cuadros a los cargos de responsabilidad pública.

La posibilidad de que los gobernadores interinos, provisionales, sustitutos o de cualquier otra denominación, de ser gobernadores no para el periodo inmediato, pero si para uno posterior, genera la acción de una posible reelección lo que contraviene a nuestro sistema político vigente y a la democracia que debe prevalecer en la designación y elección de los altos cargos, como es el caso de los gobernadores de los Estados.

La equidad en la postulación y elección del cargo de Gobernador, debe ser uno de los principios fundamentales que tendrán que observarse en las elecciones correspondientes, considerando que el ciudadano que tuvo la oportunidad histórica de desempeñar el citado cargo, sin considerar el procedimiento de designación; al participar en la elección para volver a ocuparlo, constituye una ventaja comparativa y el proceso electoral seria parcial en perjuicio de quienes por primera vez pretendan desempeñar el cargo de gobernador, vulnerando el principio de equidad que caracteriza a los principios democráticos.

La reforma propuesta es acorde con la reciente reforma política aprobada por el congreso de la unión y la mayoría de los congresos de los estados la cual reafirma la no reelección absoluta en el más alto cargo de elección popular a nivel federal, vigente en nuestra carta fundamental, pretendiéndose aplicar este principio en el caso del ciudadano que haya desempeñado el cargo de Gobernador, sin considerar la forma de designación, tomando en cuenta que es el más alto cargo de elección popular a nivel entidad federativa.

Por los motivos expuestos, y con fundamento en los artículos mencionados, se somete a la honorable Asamblea la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 116, fracción I, tercer párrafo y deroga el párrafo cuarto y los subsecuentes incisos A) e inciso B) de la fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, referente al impedimento a los gobernadores de las entidades federativas de la República Mexicana, para volver a ocupar ese mismo cargo en cualquier modalidad.

Por lo anteriormente expuesto y fundamentado, sometemos a esta Soberanía la presente:

INICIATIVA QUE REFORMA EL PARRAFO TERCERO DE LA FRACCION I Y DEROGA LOS PARRAFOS CUARTO, ,Y LOS SUBSECUENTES INCISOS A) E INCISO B) DE LA FRACCION I, DEL ARTICULO 116 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.

Artículo único.- Se reforma el párrafo tercero de la fracción I y deroga el párrafo cuarto, y los subsecuentes incisos A) e inciso B) de la fracción I, del artículo 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicano, para quedar como sigue:

Artículo 116 …

I. …

Los gobernadores de los Estados, cuyo origen sea la elección popular, la designación de sustituto constitucional o para concluir el periodo en caso de falta absoluta del constitucional, quien haya fungido como Interino, provisional, o que como ciudadano haya suplido las faltas temporales del gobernador, o como encargado de despacho, aún cuando se tenga distinta denominación, en ningún caso y por ningún motivo podrán volver a ocupar el cargo.

[ Nunca…] SE DEROGA

[ A)…] SE DEROGA

[ B)…] SE DEROGA

II …

TRANSITORIOS

Primero.- La presente reforma entrará en vigor el día siguiente a su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo.- Las Legislaturas de los Estados en un término de un año a partir de la vigencia, realizarán las adecuaciones a su normatividad para aplicarse en el siguiente proceso electoral del sufragio a Gobernador Constitucional del Estado.

México, Distrito Federal, dado en el recinto oficial del Senado de la República, a 6 de diciembre de 2012.

Atentamente

Sen. Fidel Demédicis Hidalgo”.

- El C. Presidente Burgos García: Gracias, Senador Demédicis Hidalgo. Como lo solicita, se hará la inserción íntegra de su iniciativa en el Diario de los Debates. Se turna a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; y Estudios Legislativos, Segunda.

Se recibió de los Senadores Arturo Zamora Jiménez y José Ascención Orihuela, del grupo parlamentario del PRI, una iniciativa con proyecto de Decreto que reforma y adiciona el artículo 1o.- A de la Ley del Impuesto al Valor Agregado y adiciona los artículos 29 y 123 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta. Se turna a la Cámara de Diputados.






INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETOQUE REFORMA Y ADICIONA EL ARTICULO 1o.-A DE LA LEY DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO Y ADICIONA LOS ARTICULOS 29 Y 123 DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA

(Presentada por los CC. Senadores Arturo Zamora Jiménez y José Ascención Orihuela Bárcenas, del grupo parlamentario del PRI)

“Los que suscribimos, Arturo Zamora Jiménez y José Ascención Orihuela Bárcenas Senadores de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión por el grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, en ejercicio del derecho a que se refiere el artículo 71, Fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 8, numeral 1, fracción I, y 169 del Reglamento del Senado de la República, sometemos a consideración del pleno de la Cámara de Senadores la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA EL ARTICULO 1o.-A DE LA LEY DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, Y ADICIONA LOS ARTICULOS 29 Y 123 DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA, con base en la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos impone a sus nacionales una serie de obligaciones, entre las que se encuentra la de contribuir para los gastos públicos de la federación, del Distrito Federal, de los estados y de los municipios en que residan, de la manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes, según lo previsto en la fracción IV del artículo 31 de nuestra Carta Magna.

El Diccionario Jurídico Mexicano define la contribución como un ingreso fiscal ordinario del estado que tiene por objeto cubrir sus gastos públicos. A su vez, el Código Fiscal de la Federación establece:

Artículo 2o. Las contribuciones se clasifican en impuestos, aportaciones de seguridad social, contribuciones de mejoras y derechos, las que se definen de la siguiente manera:

I. Impuestos son las contribuciones establecidas en ley que deben pagar las personas físicas y morales que se encuentran en la situación jurídica o de hecho prevista por la misma y que sean distintas de las señaladas en las fracciones II, III y IV de este artículo.

Tradicionalmente se distingue entre los impuestos directos, que se aplican en función directa a la capacidad contributiva, esto es, gravan el ingreso o la riqueza; y los impuestos indirectos, que se aplican al intercambio de determinados bienes y gravan el consumo.

En nuestro país el ingreso es gravado principalmente por conducto del Impuesto Sobre la Renta, en tanto que el consumo es gravado mediante el impuesto al valor agregado (IVA), estando obligados al pago de este impuesto, las personas físicas y las morales que, en territorio nacional, realicen los actos o actividades siguientes:

I. Enajenación de bienes.

II. Prestación de servicios independientes.

III. Otorgamiento del uso o goce temporal de bienes.

IV. Importación bienes o servicios.

No obstante, en diversas ocasiones se han impuesto cargas tributarias o implementado estímulos fiscales con la finalidad de orientar los sectores de la actividad económica o desalentar actividades o conductas que se consideran nocivas, en ejercicio de la rectoría del estado en materia económica que dispone el artículo 25 constitucional:

Artículo 25. Corresponde al Estado la rectoría del desarrollo nacional para garantizar que éste sea integral y sustentable, que fortalezca la soberanía de la nación y su régimen democrático y que, mediante el fomento del crecimiento económico y el empleo y una más justa distribución del ingreso y la riqueza, permita el pleno ejercicio de la libertad y la dignidad de los individuos, grupos y clases sociales, cuya seguridad protege esta Constitución.

La materia ambiental en años reciente ha cobrado una gran relevancia en la implementación de medidas que promuevan el desarrollo sustentable a favor del medio ambiente. En este sentido, la fracción I del artículo 21 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA) dispone:

Artículo 21. La federación, los estados y el Distrito Federal, en el ámbito de sus respectivas competencias, diseñarán, desarrollarán y aplicarán instrumentos económicos que incentiven el cumplimiento de los objetivos de la política ambiental, y mediante los cuales se buscará:

I.Promover un cambio en la conducta de las personas que realicen actividades industriales, comerciales y de servicios, de tal manera que sus intereses sean compatibles con los intereses colectivos de protección ambiental y de desarrollo sustentable;

II. a V. ...

A su vez, el artículo 22 de ese mismo ordenamiento establece:

Artículo 22.Se consideran instrumentos económicos los mecanismos normativos y administrativos de carácter fiscal, financiero o de mercado, mediante los cuales las personas asumen los beneficios y costos ambientales que generen sus actividades económicas, incentivándolas a realizar acciones que favorezcan el ambiente.

Se consideran instrumentos económicos de carácter fiscal, los estímulos fiscales que incentiven el cumplimiento de los objetivos de la política ambiental. En ningún caso, estos instrumentos se establecerán con fines exclusivamente recaudatorios.

De conformidad con lo anterior, resulta de suma importancia favorecer el desarrollo de actividades económicas que a la vez de promover el desarrollo en esta materia resulten amigables con el ambiente, tal como lo es el reciclaje y reutilización de desperdicios, desechos, residuos entre, otros.

En el territorio nacional se han desarrollado campañas de gran envergadura para fomentar la separación de residuos que permitan una mayor capacidad de reciclaje y reutilización de los mismos. No obstante, estos programas únicamente han tenido como destinatario al consumidor final, sin otorgar las facilidades necesarias para que la compra, industrialización y reutilización de estos materiales resulte viable económicamente para aquellos empresarios interesados en invertir en este sector.

Cabe señalar que por su propia naturaleza, el acopio y compra de estos materiales de reuso se realiza en la mayoría de los casos con quienes de manera directa llevan a cabo la tarea de separar los desechos para identificar aquellos susceptibles de reciclaje, por lo que resulta materialmente imposible obligar a estos pequeños “proveedores” a cumplir con las obligaciones fiscales.

Ante esta dificultad, anteriormente el industrializador o comercializador que adquiría los productos del sector primario emitía una “autofactura” para deducir sus adquisiciones. Para hacerla válida tenía que presentar un aviso y unos meses más tarde, capturar toda la información de estos documentos en un programa

No obstante, la SHCP eliminó este esquema de autofacturación para imponer uno en el que el industrializador es el encargado de realizar el registro de su proveedor de bienes producto de actividades primarias, en el que el industrializador, aprovechando que ya tiene contacto con el productor, captura los datos de éste en un programa de cómputo proporcionado por el SAT y solicita la inscripción del productor al RFC.

El mismo industrializador contrata los servicios de un proveedor autorizado de comprobantes fiscales digitales o facturación electrónica y con el RFC del productor, al momento de adquirir sus productos solicita la emisión de una factura electrónica.

Sin embargo, en el caso de los desechos reciclados, se trata de proveedores que muy difícilmente podrían aportar los requisitos que la ley señala para ese efecto, por muy flexibles que parezcan. En este sentido, implementar nuevamente un esquema de autofactura para esta actividad, que permita estimular esta actividad con el doble beneficio que aporta:

• La protección al ambiente resultado del retiro de materiales reutilizables que a falta de esta actividad terminarían contaminando el medio o saturando los rellenos sanitarios;

• El estímulo de una actividad económica que incluye a la cadena de acopiadores de materiales reutilizables-industrialización-reutilización

Para tales efectos se propone que todas las personas físicas y morales que adquieran desperdicios y productos de reciclaje puedan adquirir sin comprobación de origen o bien por autofactura, hasta 340,000 salarios mínimos vigentes en el Distrito Federal (que equivalen actualmente a 20,338,300 pesos) en compras de primera mano al año.

Se trata de incrementar el reciclaje y por ende la captación de impuestos y la generación de empleos lícitos, así como el aumento de la fiscalización, ya que la implementación de una carga tributaria elevada conlleva un alto riesgo de evasión, por la facilidad con que se realiza la enajenación de estos productos y la dificultad para detectar este tipo de operaciones.

Asimismo, se facilitaría este tipo de operaciones ya que las personas que compran de primera mano los materiales de reuso no tienen la posibilidad de tener una estructura administrativa para sobrellevar sus obligaciones fiscales.

En virtud de lo anterior, me permito someter a consideración de esta Soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de:

Decreto por virtud del cual se reforma y adiciona el artículo 1-A de la Ley del Impuesto al Valor Agregado y se adicionan los artículos 29 y 123 de la Ley del Impuesto sobre la Renta

Primero. Se reforma y adiciona el artículo 1-A de la Ley del Impuesto al Valor Agregado para quedar como sigue:

Artículo 1-A. Están obligados a efectuar la retención del impuesto que se les traslade, los contribuyentes que se ubiquen en alguno de los siguientes supuestos:

I. ...

II. Sean personas morales que

a)...

b) Se deroga.

c) y d)...

III. y IV. ...

V. Sean personas físicas o morales que adquieran:

a) Desperdicios, desechos, residuos, materiales para reutilizar, reciclar o reusar, relaminar o trefilar, productos procedentes del reciclaje como metálicos usados, chatarra ferrosa, no ferrosa y los materiales usados cartón, papel, plástico, vidrio, baterías automotrices y de cualquier otro uso, unidades de poder, sebo y hueso;

b) Los materiales usados anteriores que sean procesados para ser comercializados como materia prima alterna y todos los materiales producto del reciclaje y lo que la Ley Aduanera considere como desperdicio;

c) Metales usados cuando exista un contrato de maquila y se compre lingote;

d) Materiales que sean exportados conforme a fracciones arancelarias que la Ley de los Impuestos Generales de Importación y de Exportación considere como desperdicios o desechos.

...

...

...

...

Segundo.Se adiciona una fracción XII al artículo 29 y una fracción VIII al artículo 123 de la Ley del Impuesto sobre la Renta para quedar como sigue:

Artículo 29.Los contribuyentes podrán efectuar las deducciones siguientes:

I. a XI. ...

XII. La adquisición de desperdicios y sus productos como compra de primera mano por autofactura hasta por un monto equivalente a 340,000 salarios mínimos vigentes en el Distrito Federal al año.

...

Artículo 123.Las personas físicas que obtengan ingresos por actividades empresariales o servicios profesionales, podrán efectuar las deducciones siguientes:

I. a VII. ...

VIII. La adquisición de desperdicios y sus productos como compra de primera mano por autofactura hasta por un monto equivalente a 340,000 salarios mínimos vigentes en el Distrito Federal al año.

...

TRANSITORIO

UNICO.-El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

México, Distrito Federal, a 13 de diciembre de 2012.

Atentamente

Sen. Arturo Zamora Jiménez.- Sen. José Ascención Orihuela Bárcenas”.

Se recibió del Senador Martín Orozco Sandoval, del grupo parlamentario del PAN, una iniciativa con proyecto de Decreto que reforma los artículos 31 y 42 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta. Se turna a la Cámara de Diputados.






INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETOPOR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTICULOS 31 FRACCION III Y 42 FRACCION II, PRIMER PARRAFO DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA

(Presentada por el C. Senador Martín Orozco Sandoval, del grupo parlamentario del PAN)



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Tiene el uso de la tribuna la Senadora Iris Vianey Mendoza Mendoza, del grupo parlamentario del PRD, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 16, 17, 19 y 20 constitucionales.






INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETOPOR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN LOS ARTICULOS 16, 17, 19 Y 20 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

(Presentada por la C. Senadora Iris Vianey Mendoza Mendoza, del grupo parlamentario del PRD)

- La C. Senadora Iris Vianey Mendoza Mendoza: Gracias, señor Presidente; compañeras y compañeros Senadores:

La administración de la justicia penal en nuestro país sigue siendo una fuente de violación sistemática de los derechos fundamentales reconocidos en nuestra Constitución y en los tratados internacionales en materia de derechos humanos.

En nuestro sistema penal, los procesos no cumplen con cabalidad las formalidades esenciales y en el procedimiento, se administra la imposición de las penas recurriendo, en la mayoría de los casos y como regla, al encarcelamiento preventivo de personas inocentes.

Ante la presión social por mejorar la impartición de justicia y dar mayor seguridad pública, el 18 de junio de 2008 fue publicado el Decreto por el que se reformaron diversos artículos de nuestra Constitución, en materia de justicia penal, que ya todos conocemos y que indudablemente debemos destacar grandes avances por la reforma.

No obstante, también se introdujeron elementos que constituyen un grave riesgo contra el principio de presunción de inocencia y contra los derechos del imputado a la defensa.

Con notoria violación a garantías que conforman el debido proceso legal y creando un hecho de un régimen especial, conserva vicios y rasgos inquisitivos para procesar a las personas señaladas como probables responsables de delitos considerados de delincuencia organizada.

Otro de los grandes retrocesos de la reforma consiste en la eliminación del concepto de cuerpo del delito, reduciéndose obviamente los requisitos para su integración, al igual que la exigencia de datos necesarios para hacer probable la responsabilidad del indiciado, lo que indudablemente permitirá, y ha permitido en bastantes ocasiones, el girar órdenes de aprehensión y autos de vinculación a proceso sin pruebas idóneas y sin pruebas suficientes, como lo hemos visto en los últimos años.

Como consecuencia, nuestra propuesta de reforma, en esta ocasión, tiene como objeto que se contribuya a la transformación de los componentes fundamentales de la estructura de la administración de justicia penal en sentido amplio, en 5 rubros que proyectamos reformar una propuesta legislativa, reforzando:

Primero.- El principio de presunción de inocencia.

Segundo.- Extraer del orden constitucional la figura del arraigo.

Tercero.- Instaurar la responsabilidad patrimonial del Estado por detenciones indebidas y establecer mayores requisitos para la procedencia de los cateos.

En lo que tiene que ver con reforzar el principio de presunción de inocencia. Si bien la reforma constitucional de 2008 incorporó la presunción de inocencia, este principio quedó, desde nuestro punto de vista, gravemente disminuido con la desaparición del requisito que se exigía anteriormente al acreditar el cuerpo del delito y la presunta responsabilidad para que un juez librara una orden de aprehensión o decretara auto de vinculación a proceso.

Por ello, conforme a la iniciativa, se proyecta reforzar este principio adicionando el artículo 16 y 19 de la Constitución, para establecer que sólo podrá librarse una orden de aprehensión o decretarse un auto de vinculación a proceso cuando existan datos que acrediten el cuerpo del delito y que hagan probable la responsabilidad del indiciado.

Asimismo, se adiciona el Apartado B, fracción I del artículo 20 de la Constitución General de la República, para instituir que nadie está obligado a probar su inocencia.

En lo que tiene que ver con extraer del orden constitucional la figura del arraigo. Una vez que el arraigo se constitucionalizó, y a unos cuantos años de su aplicación, los resultados no son mejores en el combate de la delincuencia organizada. La figura se ha hecho propicia para abusos policiales y militares contra la población, y esto lo hemos venido viendo en los últimos meses y años, donde se arraiga a personas, y una vez, después del daño moral se les da sólo una disculpa y estamos recurriendo cada vez más a quejas, tanto de derechos humanos como daño moral, y en el patrimonio de cada una de estas personas.

El arraigo es una figura reconocida en nuestro orden jurídico que va en contravía de los estándares internacionales y de las recomendaciones de distintos mecanismos internacionales, a la cual consideran como una forma de detención arbitraria que proporciona violaciones a los derechos humanos, así como actos de tortura y otros tantos crueles, inhumanos y degradantes de abuso de poder y de abuso de la fuerza de las instituciones.

Como consecuencia, en cuanto a una forma disfrazada de prisión y sin las garantías de ésta, en la iniciativa que presentamos se propone derogar el párrafo octavo del artículo 16 de la Constitución, a efecto de extraer de nuestro orden constitucional la figura del arraigo.

También es importante acotar el valor probatorio de los testigos protegidos. En esta iniciativa nuestra, consideramos que el uso de los testigos colaboradores con elementos probatorios debe acotarse al máximo, por cuanto que respecto a ellos nunca existen suficientes garantías para evitar la inducción.

Los dichos de estos testigos, por lo regular, acaban convirtiéndose en comentarios irrelevantes o distorsionados, lo que es peor, al final, con mucha probabilidad toda prueba falsa o inducida termina por anularse o dejar de tener valor en el proceso. Sin embargo, el testimonio de los testigos colaboradores y que fueron inducidos, acaban por incriminar a terceros que desafortunadamente pierden su libertad a causa de un proceso penal en su contra y salen libres hasta que se haya demostrado su inocencia y que el juez haya dictado una resolución a su favor.

En esa tesitura, nuestra propuesta legislativa proyecta reformar el párrafo tercero del artículo 16 y el primer párrafo del artículo 19 de nuestra Constitución, a efecto de establecer que para fundar y motivar una orden de aprehensión y un auto de vinculación a proceso, la sola declaración de testigos colaboradores nunca será suficiente para acreditar el cuerpo del delito y la probable responsabilidad del indiciado.

Asimismo, estamos proponiendo adicionar la fracción V al artículo 19 de nuestra Constitución, para establecer que las declaraciones de los testigos colaboradores, sin elementos de convicción que las corroboren, no serán suficientes para establecer la culpabilidad del procesado.

En cuanto a instaurar la responsabilidad patrimonial del Estado por detenciones indebidas, consideramos fundamental que el Estado se haga responsable por el daño causado. En este sentido, una forma de desestimular la práctica de las detenciones indebidas o arbitrarias por parte de las autoridades puede darse a partir de establecer esta responsabilidad en nuestra legislación.

Y proponemos adicionar el párrafo segundo al artículo 17 constitucional para instituir: “Que los daños causados por error judicial, tengan que ser reparados”.

Así como de la administración de justicia, darán derecho a una indemnización a cargo del Estado conforme a la ley.

Asimismo, toda privación de la libertad contra lo dispuesto en la Constitución y en la ley obligará al Estado a indemnizar a las personas lesionadas en los términos que esta propia ley establezca.

Para concluir, por último, establecer mayores requisitos para la procedencia en los cateos.

Finalmente, esta iniciativa plantea que es necesaria la autorización de autoridad judicial para catear edificios, establecimientos y sedes públicas, considerando que en el ámbito del domicilio, para un funcionario público, debe extenderse también a los edificios, establecimientos y sedes públicas donde se realizan sus funciones.

Asimismo, se instituye que la violación a un domicilio constituye a un delito grave de conformidad con lo que establezca la ley penal.

Esta propuesta legislativa, tiene como punto de partida que los edificios, sedes y establecimientos públicos también deben considerarse como extensiones del domicilio de un funcionario público, ya que en estos lugares realiza y desempeña periódicamente sus funciones.

Ponemos a consideración la presente iniciativa con la intención de salvaguardar los derechos humanos y reforzar los derechos constitucionales de las y los mexicanos.

Muchas gracias.

Iniciativa

“Senadora Iris Vianey Mendoza Mendoza, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática de la LXII Legislatura, en ejercicio de la facultad que me otorga la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos, y con fundamento en lo dispuesto en los artículos 8, fracción I, 164, 169 y demás aplicables del Reglamento del Senado de la República, presento ante esta Cámara de Senadores iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona los párrafos tercero y décimo primero y deroga el párrafo octavo del artículo 16; reforma y adiciona el segundo párrafo del artículo 17; reforma y adiciona el párrafo primero del artículo 19; reforma y adiciona las fracciones I, II, III, V y IX del artículo 20, todos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al tenor de la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS:

En un Estado democrático de derecho, los encargados de procurar justicia y los que la administran deben cumplir con los principios y las garantías previstos en normas nacionales e internacionales de derechos humanos. El Estado de derecho exige el cumplimiento de reglas y procedimientos establecidos por la ley para la aplicación de la justicia.

Sin embargo, la administración de la justicia penal en nuestro país sigue siendo una fuente de violación sistemática de los derechos fundamentales reconocidos en nuestra Constitución y en los tratados signados por México.

La violación sistemática de los derechos humanos es uno de los problemas más graves de nuestro sistema de impartición de justicia, especialmente si tenemos en cuenta las consecuencias concretas que producen las prácticas arbitrarias e injustas de los órganos de administración de la justicia penal.

Al mismo tiempo, la administración de la justicia penal resulta incapaz de atender las necesidades sociales mínimas que se supone debe satisfacer: dar respuesta a todos o gran parte de los de los casos incorporados al sistema; dar respuesta a los delitos más graves; dar respuesta a las nuevas formas de criminalidad; satisfacer los intereses legítimos de quienes han resultado víctimas del delito; brindar soluciones alternativas a la sanción penal o la pena alternativa de la libertad.

En nuestro sistema penal, los procesos no cumplen cabalidad con las formalidades esenciales del procedimiento que exige nuestro texto constitucional para imponer una sentencia condenatoria. La garantía de juicio previo, reconocida en las disposiciones constitucionales y en los tratados internacionales de derechos humanos, es una garantía fundamental que exige la realización de un juicio penal con ciertas características. La exigencia de juicio previo comprende la realización de un juicio oral, público, contradictorio y continuo, ante un juez imparcial, que posibilite el ejercicio efectivo del derecho de defensa y cuyo resultado debe ser una sentencia fundada exclusivamente en los elementos de prueba válidamente incorporados durante el procedimiento. Por este motivo, no cualquier modelo de juicio satisface la exigencia de juicio previo impuesta constitucionalmente.

Sin el cumplimiento de la garantía constitucional penal de previo juicio, como lo afirma Zaffaroni, el proceso se ha transformado en algo similar a un recurso de revisión contra el auto de vinculación a proceso que opera, en la práctica, como verdadera sentencia.

Nuestro sistema de administración de justicia penal, asimismo, afecta la imparcialidad del juzgador, al confundir las funciones acusatorias y decisorias. Es preciso destacar que uno de los aspectos fundamentales del sistema acusatorio consiste en la distinción entre persecución técnica y eficiente de los delitos y mantener la imparcialidad de los jueces en los casos sometidos a su conocimiento. En este sentido, resulta obvio que no se requiere sólo una modificación del procedimiento penal vigente sino, antes bien, el abandono del modelo de justicia penal vigente y la adopción de otro modelo, cualitativamente distinto.

Toda reforma legal en la materia debe estar dirigida a transformar los componentes fundamentales de la estructura de la administración de justicia penal en sentido amplio. La unidad político-criminal entre derecho penal sustantivo y formal, derecho penitenciario y otras ramas jurídicas requiere, ineludiblemente, la adecuación de todas ellas a las exigencias propias del nuevo modelo de justicia penal que se pretende instaurar.

En la búsqueda de este objetivo, actualmente transitamos hacia la instrumentación de un modelo de procedimiento penal con características marcadamente acusatorias. Ello, porque la experiencia del derecho comparado demuestra de modo inequívoco la imposibilidad del sistema inquisitivo para garantizar en un grado aceptable el respeto de los derechos humanos de las personas. La opción viable si pretendemos establecer un procedimiento penal que no vulnere las exigencias mínimas del Estado de derecho, consiste en la transformación de las prácticas de la justicia penal a través de la realización de los principios derivados del sistema acusatorio. Es sólo a través de un enjuiciamiento penal estructurado sobre estas bases que resultará posible organizar una política de persecución penal respetuosa de los derechos humanos.

Los elementos de este modelo procesal son un requisito indispensable de dos garantías fundamentales cuyo cumplimiento, hasta hoy, no hemos logrado consolidar: el principio de presunción de inocencia, por una parte, y la exigencia de imparcialidad, por la otra.

Se administra la imposición del castigo recurriendo, en la mayoría de los casos y como regla, al encarcelamiento preventivo de personas inocentes. Ello demuestra que la justicia penal utiliza el encierro preventivo como adelanto de pena e impone sanciones penales vulnerando el principio de inocencia, principio que es fundamental del Estado de derecho.

El abuso del encarcelamiento preventivo en nuestro sistema de justicia penal vulnera en forma grave el principio de presunción de inocencia. La justicia penal no respeta, hasta hoy, el principio de inocencia pues en la práctica no se cumple con todos los requisitos que regulan la privación de la libertad de carácter procesal. A pesar de que se reconocen teóricamente estas exigencias (excepcionalidad, fines procesales, proporcionalidad, provisionalidad, control judicial, mérito sustantivo, etcétera), en la práctica los jueces no cumplen con su obligación de proteger al imputado y verificar la existencia de todos y cada uno de los presupuestos que autorizan el uso legítimo del encarcelamiento preventivo. Esto, a pesar de que la libertad personal goza de la protección establecida en nuestra Constitución y en los instrumentos internacionales contra las detenciones ilegales y respecto a control judicial de toda privación de libertad.

Esta ineficacia fáctica para que los jueces intervengan efectivamente como garantes del derecho a la libertad de toda persona, deriva del incumplimiento de la exigencia de que toda cuestión referida a la privación de la libertad sea sometida previamente a control judicial por parte de un tribunal imparcial. Sólo satisfecha esta condición el juzgador estará en condiciones que le permitan actuar como instancia de control de la legalidad de la legalidad de la detención cautelar de personas que gozan del estado jurídico de inocencia.

De esta manera, la prisión preventiva en México es indebida, exorbitada, injusta y costosa. Es indebida porque contradice los principios constitucionales y del derecho internacional; es exorbitada porque la autoridad la utiliza extensa e indiscriminadamente: aproximadamente la mitad de las personas señaladas como “probables responsables” son encarceladas.

Además, la prisión preventiva es una realidad en expansión: el número de personas encarceladas a pesar de no ser aún sentenciadas va en aumento desde hace diez años.

A más de indebida, exorbitante e injusta, la prisión preventiva impone altos costos humanos, sociales y económicos. Las condiciones en las que se sufre la prisión en México son inhumanas. La saturación de las cárceles provoca hacinamiento, autogobierno, violencia e insalubridad; además, de los altos costos familiares y económicos que se derivan de la privación de la libertad. Mientras subsistan estas condiciones, el derecho a la readaptación social es impensable.

Existe consenso en la deficiencia del sistema de justicia penal que hoy tenemos y en la urgencia de modernizarlo. La investigación del delito es deficiente. Según un estudio del CIDE, el 50% de los asuntos penales son robos menores en que se detuvo al inculpado en flagrancia, por lo que no fue necesaria ninguna investigación.

La justicia penal es lenta. Según un estudio del Consejo de la Judicatura Federal, el promedio para desahogar una causa penal, del inicio del proceso a la sentencia, es de casi 300 días.

La justicia penal no inspira confianza a la ciudadanía. Según un estudio del Instituto Ciudadano de Estudios Sobre la Inseguridad, el 77% de las víctimas no denuncia los delitos por pensar que es una pérdida de tiempo o por desconfianza en la autoridad.

Ante la presión social por mejor impartición de justicia y mayor seguridad pública, reformas legislativas al marco legal ha propiciado que el derecho fundamental a la libertad y a no ser privado de ella hasta que no se emita un fallo judicial que le señala como responsable, se restrinja sensiblemente.

La relación entre seguridad y garantías constitucionales, constituye el eje alrededor del cual gira la polémica sobre la modernización y expansión del Derecho penal vinculado a fenómenos político-criminales de Derecho penal simbólico, de neopunitivismo y reducción drástica de garantías individuales que dan origen a un Derecho penal de exclusión ante la ineficacia del Derecho penal tradicional para hacer frente a la delincuencia.

Las constantes modificaciones al marco jurídico mexicano han traído como consecuencia una reducción en la protección de los derechos humanos a través del adelgazamiento de las garantías previstas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; se incorporaron figuras tales como el arraigo, la denuncia anónima, el régimen de excepción para la delincuencia organizada o bien el endurecimiento de las penas que son un reflejo de esta orientación que se pretende justificar bajo el falso dilema de seguridad pública versus derechos humanos, cuando más bien el sistema de justicia penal debe reforzarse por medio de la protección de los derechos humanos.

Nuestro sistema penal mexicano ha optado por las nociones de “delitos graves” y “peligrosidad”. La gravedad y el peligro o amenaza social quedan como conceptos jurídicos indeterminados o cajas vacías que se llenan con la coyuntura del momento. La exigencia social y la impotencia de las autoridades ante el crimen han hecho que el legislador amplíe los supuestos legales en los que se da la “gravedad” y la “peligrosidad”.

También se observa que en la mayoría de las veces la tendencia de la reforma se limita sólo en endurecer las medidas penales existentes, ya sea incrementando las figuras delictivas o bien aumentando las penas; pero, es evidente que ello no necesariamente ha traído como efecto una mayor protección de los bienes jurídicos de los individuos y de la colectividad frente al delito.

La consecuencia lógica de lo anterior ha sido la pérdida de credibilidad y de legitimación del sistema penal y de seguridad pública.

En este contexto, el 18 de junio de 2008 fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que se reforman los artículos 16, 17, 18, 19, 20, 21 y 22; las fracciones XXI y XXIII del artículo 73; la fracción VII del artículo 115 y la fracción XIII del apartado B del artículo 123, todos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Mediante la reforma constitucional, que pretende ser integral y de fondo, el procedimiento penal transita del procedimiento semi-inquisitorio al acusatorio y oral, cuyos principios (publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación) recoge el artículo 20 constitucional.

Indudablemente que deben destacarse grandes avances por la reforma: nuevo proceso acusatorio y oral; principios procesales modernos y democráticos; derechos del imputado mejor definidos; derechos del ofendido y de las víctimas acrecentados; incorporación de los jueces de control y de sentencia; mecanismos alternos para la solución de controversias; mejoramiento del sistema de defensoría pública; atenuación del monopolio de la acción penal del Ministerio Público, con criterios de oportunidad y acción privada.

No obstante, también introdujo elementos que constituyen un grave riesgo contra el principio de presunción de inocencia y contra los derechos del imputado a la defensa, también contra las garantías a un juicio previo a la pena y a no auto incriminarse, a saber: el arraigo; el descenso del estándar probatorio para la orden de aprehensión y en el ahora llamado auto de vinculación a proceso; los poderes todavía excesivos del Ministerio Público, sin haberse pronunciado sobre su tan necesaria autonomía; la ambigüedad respecto de la prisión preventiva y la desaparición de la libertad provisional bajo caución; la duración de los procesos penales que se mantiene dentro de los mismos parámetros; el régimen establecido para la delincuencia organizada, que de excepcional puede expandirse en el proceso penal.

En esa reforma constitucional coexisten dos tendencias político-criminales, una de las cuales atiende mayormente exigencias de contención del poder para garantizar la protección de derechos humanos y la otra que atiende principalmente necesidades prácticas de seguridad frente al delito.

Es cierto que vivimos en un momento de tremenda tensión y violencia a causa de la delincuencia cada vez más especializada y letal, pero esto no implica que el Derecho penal renuncie y desvíe su fin esencial que es proteger el Estado de derecho.

El Derecho penal dentro de un Estado de derecho tiene que respetar siempre los derechos fundamentales de toda persona, la dignidad humana no puede pender del reconocimiento estatal, de lo contrario estaríamos ante un Derecho penal de autor en el que se relativizan los derechos humanos para un grupo de sujetos. La dignidad humana y la libertad individual imponen igualdad para todos los individuos sin excepciones.

Sin embargo, sin atender los principios de inmediatez, publicidad e igualdad procesal, y violando los derechos del imputado a la defensa, a un juicio previo a la pena y a no autoincriminarse, la reforma constitucional de 2008 crea un procedimiento abreviado conforme al cual, si el imputado reconoce su participación en el delito y existen medios de convicción, el juez citará a audiencia de sentencia. La Constitución deja que la ley establezca los beneficios que se podrán otorgar al inculpado cuando acepte su responsabilidad, pero no menciona, ni expresa tácitamente, la posibilidad de que las partes efectúen negociaciones o lleguen a acuerdos.

También, con notoria violación de la garantías que conforman el debido proceso legal, y creando de hecho un régimen especial, conserva vicios y rasgos inquisitivos para procesar a las personas señaladas como probables responsables de delitos considerados de delincuencia organizada. Esto es, se reducen las garantías que la reforma da al resto de las personas en el nuevo sistema y se mantienen prebendas de validez a las investigaciones deficientes, concediendo ventajas al ministerio público. Las personas acusadas de delincuencia organizada sufrirán en todos los casos, por disposición constitucional, prisión preventiva; podrán estar en centros especiales de reclusión (aunque estén lejos del lugar donde vive su familia y abogados); se le podrá dar valor probatorio a diligencias realizadas por el ministerio público durante la investigación y se pueden introducir al proceso pruebas no sancionadas en una audiencia de juicio oral; así mismo, los inculpados podrán estar sin acusación formal, arraigados hasta por 80 días, se les puede ocultar la identidad de sus acusadores, así como prohibir careos con sus denunciantes o testigos.

Otro de los grades de retrocesos de la reforma consiste en la eliminación del concepto de “cuerpo del delito”, reduciéndose obviamente los requisitos para su integración, al igual que la exigencia de datos necesarios para hacer probable la responsabilidad del indiciado, lo que indudablemente permitirá ordenes de aprehensión y autos de vinculación a proceso sin pruebas idóneas y suficientes.

Sin lugar a dudas que el espíritu del legislador en la reforma constitucional de 2008 estuvo orientado a atender tanto la protección de los bienes jurídicos individuales y colectivos frente al delito como la protección de los derechos humanos frente al ejercicio del poder penal estatal. Por lo que, lejos de pretender generar un sistema que sólo atendiera alguno de esos aspectos, buscó organizar un sistema de justicia penal equilibrado y funcional, es decir, que lograra compaginar la idea del garantismo con la idea del eficientismo del sistema, tomando en cuenta tanto las exigencias sociales como las del estado democrático de derecho.

Como consecuencia, si su aplicación práctica ha provocado un insalvable desequilibrio entre necesidad de seguridad ciudadana frente al delito y la exigencia de contención del poder para garantizar la protección de derechos humanos, incuestionablemente que resulta apremiante corregir legislativamente determinados instrumentos de política criminal propuestos en la reforma constitucional de 2008, para que se constituyan no sólo en respuesta suficiente ante la criminalidad, sino que además contribuyan a que el proceso penal cumpla eficazmente con sus fines y al mismo tiempo respete las garantías procesales que se tutelan tanto en las normas constitucionales como en los tratados internacionales, con el fin de que su eficacia no sea a costa del sacrificio del derecho a la libertad y de la presunción de inocencia.

En esta línea, y en el objetivo que contribuya a transformar los componentes fundamentales de la estructura de la administración de justicia penal en sentido amplio, cinco rubros proyecta reformar la presente propuesta legislativa: reforzar el principio de presunción de inocencia; extraer del orden constitucional la figura del arraigo; acotar el valor probatorio de los testigos protegidos; instaurar la responsabilidad patrimonial del estado por detenciones indebidas, y establecer mayores requisitos para la procedencia de los cateos.

Reforzar el principio de presunción de inocencia. Si bien la reforma constitucional del 2008 incorporó la presunción de inocencia, este principio quedó gravemente disminuido con la desaparición del requisito que se le exigía anteriormente al Ministerio Público de acreditar el cuerpo del delito y la presunta responsabilidad para que un juez librara una orden de aprehensión o decretara un auto de vinculación a proceso.

De esta forma, la reforma constitucional cumplió con la obligación internacional adquirida ya hace algunos años por el Estado mexicano, de reconocer en el texto constitucional la presunción de inocencia, pero dejó sin contenido dicho principio al haber eliminado la acreditación del cuerpo del delito y la probable responsabilidad del indiciado.

Por ello, conforme a la iniciativa, se proyecta reforzar el principio, proponiendo, que a la par del reconocimiento de la presunción de inocencia, se adicionen los artículos 16 y 19 de la Constitución para establecer que sólo podrá librarse una orden de aprehensión o decretarse un auto de vinculación a proceso cuando existan datos que acrediten el cuerpo del delito y que hagan probable la responsabilidad del indiciado.

Así mismo, se adicione el Apartado B, fracción I, del artículo 20 de la Constitución General de la República, para estatuir que nadie está obligado a probar su inocencia.

Extraer del orden constitucional la figura del arraigo. Una vez que el arraigo se constitucionalizó, y a unos cuantos años de su plena aplicación, los resultados no son mejores en el combate a la delincuencia organizada. La figura se ha hecho propicia para abusos policiales y militares contra la población.

El arraigo es una figura reconocida en nuestro orden jurídico que van en contravía de los estándares internacionales y de las recomendaciones que distintos mecanismos internacionales, a la cual consideran como una forma de detención arbitraria que propicia violaciones a los derechos humanos como actos de tortura y de otros tratos crueles, inhumanos o degradantes.

Asimismo, el arraigo establece un sistema de excepciones a los derechos constitucionales y de los derechos humanos reconocidos en instrumentos internacionales, que abre una puerta a la arbitrariedad y la flexibilización de las garantías individuales consagradas por la Constitución.

Como consecuencia, en cuanto una forma disfrazada de prisión y sin las garantías de esta, en la iniciativa que presentamos se propone derogar el párrafo octavo del artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a efecto de extraer del orden constitucional la figura del arraigo.

Acotar el valor probatorio de los testigos protegidos. El uso de testigos colaboradores como elementos probatorios debe acotarse al máximo, por cuanto que respecto a ellos nunca existen suficientes garantías para evitar la inducción.

Los dichos de estos testigos, por lo regular, acaban convirtiéndose en comentarios irrelevantes, o distorsionados; lo que es peor, al final, con mucha probabilidad toda prueba falsa o inducida termina por anularse o deja de tener valor en el proceso. Sin embargo, el testimonio de los testigos colaboradores –y que fueron inducidos- acaban por incriminar a terceros que desafortunadamente pueden perder su libertad a causa de un proceso penal en su contra, y salir libres, hasta que haya demostrado su inocencia y el juez haya dictado una resolución a su favor.

Las cifras oficiales demuestran la ineficacia del uso de estos declarantes anónimos: estadísticas del Consejo de la Judicatura Federal (CJF) referentes al periodo 2007-2008 –las cuales se pueden consultar en el informe anual de labores del Poder Judicial Federal (PJF) que corresponde a ese ciclo– indican que menos de uno por ciento de los testimonios rendidos en una averiguación previa por los testigos protegidos han sido suficientes para demostrar la culpabilidad de un supuesto criminal ante un juez.

En esta tesitura, nuestra propuesta legislativa proyecta reformar el párrafo tercero del artículo 16 y el primer párrafo del artículo 19 de la Constitución a efecto de establecer que para fundar y motivar una orden de aprehensión y un auto de vinculación a proceso, la sola declaración de testigos colaboradores nunca será suficiente para acreditar el cuerpo del delito y la probable responsabilidad del indiciado.

Asimismo, adicionar la fracción V del artículo 20 de nuestra Norma Suprema para estatuir que las declaraciones de testigos colaboradores, sin elementos de convicción que las corroboren, no serán suficientes para establecer la culpabilidad del procesado.

Instaurar la responsabilidad patrimonial del estado por detenciones indebidas. Una forma de “desestimular” la práctica de las detenciones indebidas o arbitrarias por parte de las autoridades puede darse a partir del establecimiento de una responsabilidad patrimonial a cargo del Estado.

Se justifica por ello que el tema de la responsabilidad del Estado al administrar justicia y procurar seguridad pública sea desarrollado de manera particular y específica en la legislación.

De lo que trata es de que la víctima del error judicial o de una detención arbitraria no deba soportar un daño irreparable proveniente del ejercicio de una de las funciones del Estado, sin obtener la indemnización correspondiente, a lo que debe agregarse que es difícil comprender cómo se puede bregar por el respeto a la justicia sobre la base de postular el mantenimiento de errores con fuerza de verdad legal.

Por tanto, nuestra propuesta legislativa proyecta adicionar el segundo párrafo del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para estatuir que los daños causados por error judicial, así como los que sean consecuencia del funcionamiento anormal de la Administración de Justicia, darán derecho a una indemnización a cargo del Estado, conforme a la ley. Asimismo, todaprivación de libertad contra lo dispuesto en la Constitución y en la ley obligará al Estado a indemnizar a la persona así lesionada en los términos que la propia ley establezca.

Establecer mayores requisitos para la procedencia de los cateos. Finalmente, la iniciativa plantea que es necesaria la autorización de la autoridad judicial para catear edificios, establecimientos o sedes públicas, considerando que el ámbito del de domicilio para un funcionario público debe extenderse también a edificios, establecimientos y sedes públicas donde realiza sus funciones.

Asimismo, se estatuye que la violación al domicilio constituye un delito grave de conformidad con lo que establezca la ley penal.

Esta propuesta legislativa tiene como punto de partida que los edificios, sedes y establecimientos públicos también deben considerarse como extensión del domicilio de un funcionario público, ya que en esos lugares realiza el desempeño primordialmente sus funciones.

Extensión del domicilio para toda clase de empleados públicos, cualquiera sea la importancia de su menester; y en cuanto a que la constitución de este domicilio se produce a partir del momento en que el funcionario toma posesión del cargo respectivo y a que debe extender su eficacia a todas las relaciones jurídicas, siendo idóneo incluso para determinar la competencia de los jueces y para practicar las notificaciones que deban hacerse a la persona del funcionario.

1.- PRINCIPIO DE PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. La presunción de inocencia se encuentra reconocida en el artículo 20, Aparatado B, fracción I, de la Constitución General de la República, estableciendo como derecho de toda persona imputada, “a que se presuma su inocencia mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por el juez de la causa”.

Como postulado cardinal de nuestro ordenamiento jurídico, no admite excepción alguna e impone como obligación la práctica de un debido proceso, de acuerdo con los procedimientos que la Constitución y la ley consagran para desvirtuar su alcance.

Etimológicamente se entiende por presumir, suponer algo por indiscutible aunque no se encuentre probado. La presunción consiste en un juicio lógico del constituyente o del legislador, por virtud del cual, considera como cierto un hecho con fundamento en las reglas o máximas de la experiencia que indican el modo normal como el mismo sucede. La presunción se convierte en una guía para la valoración de las pruebas, de tal manera que las mismas deben demostrar la incertidumbre en el hecho presunto o en el hecho presumido.

La presunción de inocencia en nuestro ordenamiento jurídico adquiere el rango de derecho fundamental, por virtud del cual, el acusado no está obligado a presentar prueba alguna que demuestre su inocencia y por el contrario ordena a las autoridades judiciales competentes la demostración de la culpabilidad del agente. Este derecho acompaña al acusado desde el inicio de la acción penal hasta el fallo o veredicto definitivo y firme de culpabilidad, y exige para ser desvirtuada la convicción o certeza, más allá de una duda razonable, basada en el material probatorio que establezca los elementos del delito y la conexión del mismo con el acusado. Esto es así, porque ante la duda en la realización del hecho y en la culpabilidad del agente, se debe aplicar el principio del in dubio pro reo, según el cual toda duda debe resolverse en favor del acusado.

La Declaración Universal de los Derechos Humanos en su artículo 11º, reafirma el carácter fundamental de la presunción de inocencia, por virtud del cual: “Toda persona acusada de un delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad, conforme a la ley y en juicio público en el que se hayan asegurado todas las garantías necesarias para su defensa“.

Igualmente la Convención Americana sobre Derechos Humanos o Pacto de San José, estatuye “Toda persona inculpada del delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se establezca legalmente su culpabilidad” (artículo 8º).

En este orden, la presunción de inocencia constituye un derecho universalmente aceptado y recientemente incorporado explícitamente en la Constitución mexicana. Supone que toda persona vinculada con una conducta ilícita debe ser considerada inocente hasta en tanto se declare su responsabilidad por una autoridad jurisdiccional.

La “presunción de inocencia como garantía fundamental sobre la cual se erige el proceso penal de corte liberal, sostiene que el fundamento del ius puniendi del Estado se basa en el anhelo de los hombres por tener un sistema equitativo de justicia que proteja los derechos fundamentales del individuo frente a la arbitrariedad y el despotismo de la autoridad que ha existido a lo largo de la historia; prerrogativas que adquieren significado jurídico y político a partir de la Revolución Francesa y el pensamiento predominante del movimiento de la Ilustración del siglo XVIII de los que derivaron los conceptos de Estado con poder limitado y de Derecho como instrumento de defensa de los valores primigenios de la sociedad frente a las violaciones graves de los mismos bajo el imperio de la de ley. De esta manera, se propone prescindir del Estado totalitario en el que pueden restringirse al máximo los derechos fundamentales del individuo”.1

El principio de inocencia, como Derecho Público, se halla como una condición sine qua non de los regímenes auténticamente democráticos. Es sin duda, el instrumento de defensa más importante de los ciudadanos frente a los actos de los órganos de impartición de justicia. Ello implica la aplicación del debido proceso penal que requiere la observancia de las garantías previstas en las leyes fundamentales e instrumentos internacionales, en los que la presunción de inocencia junto con los principios jurídico-penales de legitimidad, culpabilidad, principio de acto, irretroactividad, exacta aplicación de la ley, litis cerrada, defensa adecuada y non bis in idem, constituyen un sistema de justicia propio de un Estado democrático de Derecho, que limitan al ejercicio del poder punitivo del Estado.

La presunción de inocencia obliga al legislador a limitar la posibilidad de prisión preventiva a aquellos casos verdaderamente graves, en los que la persona ha sido detenida supone un riesgo cierto y objetivo para la comunidad.

Si bien la reforma constitucional incorporó en el texto de la fracción primera, apartado B, del artículo 20 de nuestra Carta Magna a la presunción de inocencia, este principio quedó gravemente disminuido con la desaparición del requisito que se exigía anteriormente de acreditar el cuerpo del delito y la presunta responsabilidad para que un juez librara una orden de aprehensión o decretara un auto de vinculación a proceso. Los reformados artículos 14 y 16 constitucionales ahora simplemente exigen que existan "datos que establezcan que se ha cometido ese hecho y exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión".

De esta forma, la reforma constitucional cumplió con la obligación internacional adquirida ya hace algunos años por el Estado mexicano, de reconocer en el texto constitucional la presunción de inocencia, pero dejó sin contenido dicho principio al haber eliminado la acreditación del cuerpo del delito y la probable responsabilidad del indiciado.

El artículo 16 constitucional contempla los elementos necesarios para librar orden de aprehensión, que antes de la reforma, habían sido los mismos requeridos para el ejercicio de la acción penal (luego proyectados al auto de procesamiento o formal prisión). En este campo, la Constitución aludía a prueba sobre el cuerpo del delito o los elementos del tipo penal, así como en torno a la probable responsabilidad penal del indiciado. Esta exigencia implicaba, por supuesto, una garantía de los ciudadanos en general, no de los delincuentes.

El texto vigente del artículo 16 maneja el punto en otros términos. Se requiere que la denuncia o querella versen sobre "un hecho que la ley señale como delito" y "obren datos que establezcan que se ha cometido ese hecho (¿cuerpo del delito? ¿elementos del tipo penal? ¿más que eso? ¿menos que eso?) y que exista probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión". Además de esta ambigüedad, es particularmente preocupante la "flexibilización" en el ejercicio de la acción y en la providencia de aprehensión. Se ha reducido el llamado "estándar" probatorio, aduciendo que el verdadero juicio se sigue ante el juez, no ante el Ministerio Público, y que la convicción conducente a la absolución o a la condena se debe producir en el juez con base en las pruebas desahogadas en el proceso -también es cierto-, por lo que ya no será necesario cargar al Ministerio Público con fatigas probatorias excesivas. Aquí hay un error que despoja de garantías y genera inseguridad. El hecho de que el verdadero juicio se siga ante el tribunal no elimina, por sí mismo, la necesidad de que la consignación (ejercicio de acción) tenga sólido fundamento probatorio.

El mismo artículo 16 contiene una caracterización (¿tipo penal? ¿núcleo del futuro tipo legal?) respecto de la delincuencia organizada; caracterización sumamente vaga, general, fuera de lugar en un texto constitucional, que ha motivado reproches. Con apoyo en esa descripción se ha abierto la puerta de muy amplias e indiscriminadas persecuciones penales. No ha sido la intención, manifiesta el legislador. Pero el riesgo se halla a la vista.

Por tanto, conforme a la iniciativa se proyecta reforzar el principio, proponiendo, que a la par del reconocimiento de la presunción de inocencia, se adicionen los artículos 16 y 19 de la Constitución para establecer que sólo podrá librarse una orden de aprehensión o decretarse un auto de vinculación a proceso cuando existan datos que acrediten el cuerpo del delito y que hagan probable la responsabilidad del indiciado.

Así mismo, se adiciona el Apartado B, fracción I, de la Constitución General de la República, para estatuir que nadie está obligado a probar su inocencia.

2.- ARRAIGO. La incorporación del arraigo en la Constitución es un claro retroceso. Esta forma de detención preventiva ha sido definida como arbitraria por órganos internacionales de derechos humanos tales como el Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias y el Comité contra la Tortura, los que a su vez han recomendado su eliminación. El hecho de limitar el uso del arraigo a casos de delincuencia organizada no cambia su naturaleza ni el hecho de ser considerada una violación seria a los derechos humanos.

La ambigüedad con la que se ha definido “delincuencia organizada” y su régimen especial facilita la afectación de uno de los principios esenciales del derecho penal en un régimen constitucional moderno, como es el principio de legalidad especialmente en lo relacionado a la certeza de la ley. La definición de esta categoría en la reforma, es mucho más amplia que la definición contenida en la Convención contra el Crimen Organizado Transnacional (Convención de Palermo) y deja abierta además la posibilidad de su ulterior ampliación a través de la legislación secundaria.

El concepto de “delincuencia organizada” incluido en la reforma implica un proceso judicial con garantías limitadas, lo que entre otros aspectos deja un amplio margen para que el Ministerio Público valore las pruebas recabadas dentro de la investigación, sin que necesariamente deba repetirlas ante el Juez durante el proceso judicial. Este régimen deja abierto el riesgo de que se mantenga el desacreditado sistema actual, a través del cual se han cometido serias violaciones a los derechos humanos.

El arraigo encuentra sus orígenes en el derecho romano, y en principio, fue de naturaleza fue eminentemente civil, y en la época moderna dicha institución se trasladó a la materia penal.

“En la legislación actual se le considera como una medida precautoria dictada por el juzgador, a petición de parte, cuando hubiere temor de que se ausente u oculte la persona contra quien deba entablarse o se haya entablado una demanda. Tiene por objeto o finalidad impedir que el arraigado abandone el lugar del juicio sin dejar un apoderado que pueda contestar la demanda, seguir el proceso y responder a la sentencia que se dicte”.2

Esta medida se encuentra prevista en el artículo 133 bis del Código Federal de Procedimientos Penales (CFPP), así como en diversos códigos de procedimientos penales de las entidades federativas, así como en el artículo 12 de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada (LFCDO).

Así, el artículo 133 Bis del CFPP, establece:

“La autoridad judicial podrá, a petición del Ministerio Público, decretar el arraigo domiciliario del indiciado tratándose de delitos graves, siempre que sea necesario para el éxito de la investigación, la protección de personas o bienes jurídicos o cuando exista riesgo fundado de que el inculpado se sustraiga a la acción de la justicia. Corresponderá al Ministerio Público y a sus auxiliares vigilar que el mandato de la autoridad judicial sea debidamente cumplido.

El arraigo domiciliario se prolongará por el tiempo estrictamente indispensable, no debiendo exceder de cuarenta días.

El afectado podrá solicitar que el arraigo quede sin efecto, cuando considere que las causas que le dieron origen han desaparecido. En este supuesto, la autoridad judicial escuchará al Ministerio Público y al afectado, y resolverá si debe o no mantenerse”.

Por otro lado, el artículo 12 de la LFCDO señala:

“El Juez podrá dictar el arraigo, a solicitud del Ministerio Público de la Federación, en los casos previstos en el artículo 2o. de esta Ley y con las modalidades de lugar, tiempo, forma y medios de realización señalados en la solicitud, siempre que sea necesario para el éxito de la investigación, para la protección de personas, de bienes jurídicos o cuando exista riesgo fundado de que el inculpado se sustraiga a la acción de la justicia, sin que esta medida pueda exceder de cuarenta días y se realice con la vigilancia de la autoridad, la que ejercerá el Ministerio Público de la Federación y la Policía que se encuentre bajo su conducción y mando inmediato en la investigación.

La duración del arraigo podrá prolongarse siempre y cuando el Ministerio Público acredite que subsisten las causas que le dieron origen, sin que la duración total de esta medida precautoria exceda de ochenta días”.

En este sentido, antes de la reforma penal de 2008, en la que se sentó la base constitucional del arraigo, esta figura resultó cuestionada por académicos, litigantes y organizaciones defensores de derechos humanos, por la recurrencia de la fiscalía para integrar las investigaciones con laxitud.

Antes de la reforma constitucional, se criticaba el uso del arraigo en virtud de que se violentaba la garantía de libertad personal, por lo que el sujeto arraigado recurría al poder judicial para obtener un amparo, alegando la inconstitucionalidad, y posibilitando al detenido a obtener su inmediata libertad.

El criterio de inconstitucionalidad del arraigo fue sostenido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la acción de inconstitucionalidad 20/2003. Diputados integrantes de la Sexagésima Legislatura del Congreso del Estado de Chihuahua. 19 de septiembre de 2005 y por mayoría de votos.

En los razonamientos del Alto Tribunal, se señaló que para poder restringir la libertad debían establecerse condiciones y supuestos en la Carta Magna para que la figura del arraigo no contrariara el texto fundamental.

En tal virtud, y evidenciada la inconstitucionalidad del arraigo, el Ejecutivo Federal envío en marzo de 2007 la iniciativa de reforma para sentar la base constitucional de la medida cautelar en cuestión. En la Exposición de Motivos de dicha iniciativa, el Ejecutivo señaló que en virtud de que la Suprema Corte de Justicia había declarado inconstitucional la figura del arraigo a través de la acción de inconstitucional 20/2003, y toda vez que la sociedad se encontraba insatisfecha con el sistema de justicia penal al ser benevolentes en las medidas aplicadas en contra de la Delincuencia Organizada, por lo que se permitía que la investigación se dilatara o truncara por la ausencia de la figura del arraigo al poder ser combatida por la vía del amparo.

Así mismo, la iniciativa presidencial explicaba que la necesidad de elevar a rango constitucional la figura del arraigo era una de las medias que constituyen actos de autoridad tendientes a proteger o restituir los derechos de las víctimas, salvaguardar el interés social y a garantizar la continuación de los procedimientos, sin necesidad de concluir todo el proceso penal para llevar una restitución a la sociedad. Con ello, se cumplía con la esencia de dos principios: “el peligro de la demora” y “la apariencia del buen derecho”. Todo esto con el fin de dar respuesta oportuna a la sociedad en la investigación y persecución de los delitos.

Asimismo, se señaló en la exposición de motivos, que con la reforma constitucional se lograría un equilibrio entre las nuevas medidas cautelares en la investigación, restrictivas de los derechos fundamentales, con la necesidad de proteger a la sociedad, a las víctimas u ofendidos, al posibilitar una investigación expedita, pero siempre en un marco de estricta legalidad.

La propuesta presidencial pretendía que: a) sólo lo podría dictar el juez, quien determinara la modalidad de sus ejecución, salvo en el caos de la delincuencia organizada en que se podrá dictarse por el Ministerio Público con posterior revisión de la autoridad judicial; b) establecer del tiempo máximo de duración; c) precisar los fines del arraigo, para limitar la discrecionalidad al permitirse únicamente cuando se compruebe la necesidad de la medida para proteger a las personas o bienes jurídicos, para la continuación de la investigación o si existieran datos de riesgo fundado de sustracción del inculpado a la acción de la justicia y será sancionado al arbitrio de la autoridad judicial, y d) se limitaba su uso a delitos graves o de delincuencia organizada, y solamente en el último caso, podría duplicarse la duración del arraigo.

Después del debate en las cámaras legislativas está reforma fue aprobada y remitida a las legislaturas locales para su sanción: Dicha reforma fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008.

Fue en el artículo 16 constitucional donde que quedó sentada la base del arraigo de la manera siguiente:

“La autoridad judicial, a petición del Ministerio Público y tratándose de delincuencia organizada podrá decretar el arraigo de una persona, con las modalidades de lugar y tiempo que señale la ley, sin que pueda exceder de cuarenta días, siempre que sea necesario para el éxito de la investigación, la protección de una persona o bienes jurídicos, o cuando exista riesgo fundado que el inculpado se sustraiga a la acción de la justicia. Este plazo podrá prorrogarse, siempre y cuando el Ministerio Público acredite que subsisten las causas que dieron origen. En todo caso, la duración del arraigo no podrá exceder los ochenta días…”

Así, a través de la base constitucional del arraigo se pretendió: evitar el abuso de la fiscalía de la figura al constreñirla a los casos de delincuencia organizada; estableciendo formalidades para su aplicación e instaurando controles judiciales.

De acuerdo, al artículo 16 constitucional, el arraigo solo puede solicitarse por el fiscal cuando se trata de delincuencia organizada, y siempre que sea necesario para: a) el éxito de la investigación; b) la protección de personas o bienes jurídicos y c) cuando existe riesgo fundado que el inculpado se sustraiga de la acción de la justicia.

Como resultado de la reforma constitucional, en diciembre de 2008 se habilitaron siete juzgados federales especializados en arraigo, cateos e intervención de comunicaciones.

Estos juzgados especiales tienen una intensa actividad ante la constante solicitud de los fiscales federales. Por ejemplo, de acuerdo al Informe del Consejo de la Judicatura Federal de 2009 –que comprende del 15 de noviembre de 2008 al 12 de noviembre de 2009- se presentaron un total de 3 mil 458 solicitudes para cateos, arraigos e intervenciones de comunicaciones. Lo interesante resulta que dichos tribunales concedieron la procedencia de la solicitud por un total 3 mil 124 ocasiones, 35 fueron concedidas parcialmente, 286 fueron negadas, 3 se declararon sin materia y otras 6 aún se encuentran en estudio.3

Al hacer un análisis sobre las anteriores cifras se puede apreciar que poco menos en el 92 por ciento de los casos el Poder Judicial Federación cedió a la solicitud de los fiscales para catear, arraigar e intervenir comunicaciones privadas. Existe pues, una marcada proclividad de los jueces para obsequiar resoluciones favorables a las solicitudes de los fiscales.

Una vez que el arraigo se constitucionalizó, y a unos cuantos años de su plena aplicación los resultados no son mejores en el combate a la delincuencia organizada. La figura se hizo propicia para abusos policiales y militares contra la población.

El arraigo forma parte de una serie de medidas que van en contravía de los estándares internacionales y de las recomendaciones que distintos mecanismos internacionales han hecho sobre la utilización de esta figura4, a la cual consideran como una forma de detención arbitraria que propicia violaciones a los derechos humanos como actos de tortura y de otros tratos crueles, inhumanos o degradantes.

Recordemos que ya en el informe del Comité Contra la Tortura de las Naciones Unidas, correspondiente al 37° período de sesiones, del 6 a 24 de noviembre de 2006, (CAT/C/MEX/CO/4, del 6 de febrero de 2007) señaló:

“15. Al Comité le preocupa la figura del ‘arraigo penal’ que, según la información recibida, se habría convertido en una forma de detención preventiva con el uso de casas de seguridad (casas de arraigo) custodiadas por policías judiciales y agentes del Ministerio Público, donde se pueden detener indiciados durante 30 días —hasta 90 días en algunos Estados— mientras se lleva a cabo la investigación para recabar evidencia, incluyendo interrogatorios. Aun cuando el Comité toma nota con satisfacción de la decisión adoptada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en septiembre de 2005 en la que se declara inconstitucional la figura del arraigo penal, le preocupa sin embargo que la decisión judicial se refiere únicamente al Código Penal del Estado de Chihuahua y carecería de eficacia vinculante para los tribunales de otros Estados.

El Estado Parte debe, a la luz de la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, garantizar que la figura del arraigo desaparezca tanto en la legislación como en la práctica, a nivel federal así como a nivel estatal”

Asimismo, la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal al hacer un examen de la reforma constitucional de 2008, “consideró que con la reforma en cuestión se estaría creando un sistema de excepción de justicia, porque se pretende dar un giro a lo que reviste la investigación del delito y se intenta contar con el aval constitucional a efecto de arraigar a un individuo primero y después investigar si hay delito y si resulta responsable del mismo”.5

Así, de la constitucionalización del arraigo han derivado tres preocupaciones fundamentales: a) el plazo prolongado de arraigo; b) la incomunicación de la persona detenida y c) el desconocimiento de los lugares de arraigo. Todo ello genera una situación de vulnerabilidad e indefensión para la persona detenida.

En este sentido, el Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias de la ONU afirma que “la institución del arraigo es en realidad una forma de detención preventiva de carácter arbitrario en razón de la insuficiencia del control jurisdiccional y de la ejecución de la medida en lugares que, si bien no son secretos, sí son ‘discretos’”6. Por lo anterior, el Grupo de Trabajo apuntó, entre otras cosas, a la necesidad de promover el cumplimiento de las recomendaciones de los órganos de Derechos Humanos en la materia, entre las que está “garantizar que la figura del arraigo desaparezca tanto en la legislación como en la práctica, a nivel federal así como a nivel estatal”7

Asimismo, las recomendaciones de la Organización de las Naciones Unidas en materia de Derechos Humanos (2009), instaron al Estado Mexicano a tomar medidas efectivas para poner fin a la práctica del arraigo tan pronto como sea posible, así como para prohibir y prevenir malos tratos y actos de tortura, en particular los cometidos en las prisiones por las fuerzas de seguridad; asegurar la rápida, efectiva e imparcial investigación de éstos casos y combatir la impunidad frente a estos crímenes.

Además de las potenciales violaciones a derechos humanos que pudieran resultar de la aplicación del arraigo en delitos vinculados con la delincuencia organizada, existen por lo menos dos dimensiones en que esta medida cautelar puede resultar altamente lesiva a las libertades de las personas que habitan en México.

En lo tocante a los derechos de libertad personal y de tránsito, el arraigo es, per se, violatorio de los artículos 2º, 7º y 9º del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos que garantizan derecho a la integridad y seguridad personales:

Artículo 2

1. Cada uno de los Estados Partes en el presente Pacto se compromete a respetar y a garantizar a todos los individuos que se encuentren en su territorio y estén sujetos a su jurisdicción los derechos reconocidos en el presente Pacto, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social.

2. Cada Estado Parte se compromete a adoptar, con arreglo a sus procedimientos constitucionales y a las disposiciones del presente Pacto, las medidas oportunas para dictar las disposiciones legislativas o de otro carácter que fueren necesarias para hacer efectivos los derechos reconocidos en el presente Pacto y que no estuviesen ya garantizados por disposiciones legislativas o de otro carácter.

3. Cada uno de los Estados Partes en el presente Pacto se compromete a garantizar que:

a) Toda persona cuyos derechos o libertades reconocidos en el presente Pacto hayan sido violados podrá interponer un recurso efectivo, aun cuando tal violación hubiera sido cometida por personas que actuaban en ejercicio de sus funciones oficiales;

b) La autoridad competente, judicial, administrativa o legislativa, o cualquiera otra autoridad competente prevista por el sistema legal del Estado, decidirá sobre los derechos de toda persona que interponga tal recurso, y desarrollará las posibilidades de recurso judicial;

c) Las autoridades competentes cumplirán toda decisión en que se haya estimado procedente el recurso.

Artículo 7

Nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. En particular, nadie será sometido sin su libre consentimiento a experimentos médicos o científicos.

Artículo 9

1. Todo individuo tiene derecho a la libertad y a la seguridad personales. Nadie podrá ser sometido a detención o prisión arbitrarias. Nadie podrá ser privado de su libertad, salvo por las causas fijadas por ley y con arreglo al procedimiento establecido en ésta.

2. Toda persona detenida será informada, en el momento de su detención, de las razones de la misma, y notificada, sin demora, de la acusación formulada contra ella.

3. Toda persona detenida o presa a causa de una infracción penal será llevada sin demora ante un juez u otro funcionario autorizado por la ley para ejercer funciones judiciales, y tendrá derecho a ser juzgada dentro de un plazo razonable o a ser puesta en libertad. La prisión preventiva de las personas que hayan de ser juzgadas no debe ser la regla general, pero su libertad podrá estar subordinada a garantías que aseguren la comparecencia del acusado en el acto del juicio, o en cualquier momento de las diligencias procesales y, en su caso, para la ejecución del fallo.

4. Toda persona que sea privada de libertad en virtud de detención o prisión tendrá derecho a recurrir ante un tribunal, a fin de que éste decida a la brevedad posible sobre la legalidad de su prisión y ordene su libertad si la prisión fuera ilegal.

5. Toda persona que haya sido ilegalmente detenida o presa, tendrá el derecho efectivo a obtener reparación.

Con relación al derecho de debido proceso, el arraigo es violatorio de los artículos 2, 9, 14.1 y 14.3., en cuanto que Sobre ello, el Pacto precisa:

Artículo 2

1. Cada uno de los Estados Partes en el presente Pacto se compromete a respetar y a garantizar a todos los individuos que se encuentren en su territorio y estén sujetos a su jurisdicción los derechos reconocidos en el presente Pacto, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social.

2. Cada Estado Parte se compromete a adoptar, con arreglo a sus procedimientos constitucionales y a las disposiciones del presente Pacto, las medidas oportunas para dictar las disposiciones legislativas o de otro carácter que fueren necesarias para hacer efectivos los derechos reconocidos en el presente Pacto y que no estuviesen ya garantizados por disposiciones legislativas o de otro carácter.

3. Cada uno de los Estados Partes en el presente Pacto se compromete a garantizar que:

a) Toda persona cuyos derechos o libertades reconocidos en el presente Pacto hayan sido violados podrá interponer un recurso efectivo, aun cuando tal violación hubiera sido cometida por personas que actuaban en ejercicio de sus funciones oficiales;

b) La autoridad competente, judicial, administrativa o legislativa, o cualquiera otra autoridad competente prevista por el sistema legal del Estado, decidirá sobre los derechos de toda persona que interponga tal recurso, y desarrollará las posibilidades de recurso judicial;

c) Las autoridades competentes cumplirán toda decisión en que se haya estimado procedente el recurso.

Artículo 9

1. Todo individuo tiene derecho a la libertad y a la seguridad personales. Nadie podrá ser sometido a detención o prisión arbitrarias. Nadie podrá ser privado de su libertad, salvo por las causas fijadas por ley y con arreglo al procedimiento establecido en ésta.

2. Toda persona detenida será informada, en el momento de su detención, de las razones de la misma, y notificada, sin demora, de la acusación formulada contra ella.

3. Toda persona detenida o presa a causa de una infracción penal será llevada sin demora ante un juez u otro funcionario autorizado por la ley para ejercer funciones judiciales, y tendrá derecho a ser juzgada dentro de un plazo razonable o a ser puesta en libertad. La prisión preventiva de las personas que hayan de ser juzgadas no debe ser la regla general, pero su libertad podrá estar subordinada a garantías que aseguren la comparecencia del acusado en el acto del juicio, o en cualquier momento de las diligencias procesales y, en su caso, para la ejecución del fallo.

4. Toda persona que sea privada de libertad en virtud de detención o prisión tendrá derecho a recurrir ante un tribunal, a fin de que éste decida a la brevedad posible sobre la legalidad de su prisión y ordene su libertad si la prisión fuera ilegal.

5. Toda persona que haya sido ilegalmente detenida o presa, tendrá el derecho efectivo a obtener reparación.

Artículo 14

1. Todas las personas son iguales ante los tribunales y cortes de justicia. Toda persona tendrá derecho a ser oída públicamente y con las debidas garantías por un tribunal competente, independiente e imparcial, establecido por la ley, en la substanciación de cualquier acusación de carácter penal formulada contra ella o para la determinación de sus derechos u obligaciones de carácter civil. La prensa y el público podrán ser excluidos de la totalidad o parte de los juicios por consideraciones de moral, orden público o seguridad nacional en una sociedad democrática, o cuando lo exija el interés de la vida privada de las partes o, en la medida estrictamente necesaria en opinión del tribunal, cuando por circunstancias especiales del asunto la publicidad pudiera perjudicar a los intereses de la justicia; pero toda sentencia en materia penal o contenciosa será pública, excepto en los casos en que el interés de menores de edad exija lo contrario, o en las acusaciones referentes a pleitos matrimoniales o a la tutela de menores.

3. Durante el proceso, toda persona acusada de un delito tendrá derecho, en plena igualdad, a las siguientes garantías mínimas:

a) A ser informada sin demora, en un idioma que comprenda y en forma detallada, de la naturaleza y causas de la acusación formulada contra ella;

b) A disponer del tiempo y de los medios adecuados para la preparación de su defensa y a comunicarse con un defensor de su elección;

c) A ser juzgado sin dilaciones indebidas;

d) A hallarse presente en el proceso y a defenderse personalmente o ser asistida por un defensor de su elección; a ser informada, si no tuviera defensor, del derecho que le asiste a tenerlo, y, siempre que el interés de la justicia lo exija, a que se le nombre defensor de oficio, gratuitamente, si careciere de medios suficientes para pagarlo;

e) A interrogar o hacer interrogar a los testigos de cargo y a obtener la comparecencia de los testigos de descargo y que éstos sean interrogados en las mismas condiciones que los testigos de cargo;

f) A ser asistida gratuitamente por un intérprete, si no comprende o no habla el idioma empleado en el tribunal;

g) A no ser obligada a declarar contra sí misma ni a confesarse culpable.

También, por lo que hace al derecho de presunción de inocencia, el arraigo es violatorio del artículo 14.2 de dicho Pacto que establece:

Artículo 14.

2. Toda persona acusada de un delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad conforme a la ley.

Por todo ello, podemos concluir que la reforma de 2008 que contempló la constitucionalidad del arraigo, establece un sistema de excepciones a los derechos constitucionales y de los derechos humanos reconocidos en instrumentos internacionales, que abre una puerta a la arbitrariedad y la flexibilización de las garantías individuales consagradas por la Constitución.

Como consecuencia, en cuanto una forma disfrazada de prisión y sin las garantías de esta, en la presente iniciativa se propone derogar el párrafo octavo del artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a efecto de extraer del orden constitucional la figura del arraigo.

3.- Testigos protegidos. En el Diario Oficial de la Federación del 7 de noviembre de 1996, se publicó el decreto que contiene la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada que tiene por “objeto establecer reglas para la investigación, persecución, procesamiento, sanción y ejecución de las penas, por los delitos cometidos por algún miembro de la delincuencia organizada”8.

En dicha Ley, se establece un Capítulo denominado VII, “De la colaboración en la persecución de la delincuencia organizada”. En tal capítulo, se instituye la figura de los testigos mal llamados protegidos, ya que legalmente son colaboradores o colaborantes.

Los testigos colaboradores son personas que conocen la actividad de la organización porque han participado de manera directa en las actividades ilícitas de la organización o facilitaron de alguna manera sus actividades y que a cambio de su testimonio para desmantelar efectivamente a la organización o para perseguir a sus miembros, o bien para capturar a los fugitivos, obtiene un beneficio que consiste en la reducción de la pena que normalmente le correspondería.

Artículo 35.- El miembro de la delincuencia organizada que preste ayuda eficaz para la investigación y persecución de otros miembros de la misma, podrá recibir los beneficios siguientes:

I. Cuando no exista averiguación previa en su contra, los elementos de prueba que aporte o se deriven de la averiguación previa iniciada por su colaboración, no serán tomados en cuenta en su contra. Este beneficio sólo podrá otorgarse en una ocasión respecto de la misma persona;

II. Cuando exista una averiguación previa en la que el colaborador esté implicado y éste aporte indicios para la consignación de otros miembros de la delincuencia organizada, la pena que le correspondería por los delitos por él cometidos, podrá ser reducida hasta en dos terceras partes;

III. Cuando durante el proceso penal, el indiciado aporte pruebas ciertas, suficientes para sentenciar a otros miembros de la delincuencia organizada con funciones de administración, dirección o supervisión, la pena que le correspondería por los delitos por los que se le juzga, podrá reducirse hasta en una mitad, y

IV. Cuando un sentenciado aporte pruebas ciertas, suficientemente valoradas por el juez, para sentenciar a otros miembros de la delincuencia organizada con funciones de administración, dirección o supervisión, podrá otorgársele la remisión parcial de la pena, hasta en dos terceras partes de la privativa de libertad impuesta.

En la imposición de las penas, así como en el otorgamiento de los beneficios a que se refiere este artículo, el juez tomará en cuenta además de lo que establecen los artículos 51 y 52 del Código Penal para el Distrito Federal en Materia de Fuero Común, y para toda la República en Materia de Fuero Federal, la gravedad de los delitos cometidos por el colaborador. En los casos de la fracción IV de este artículo, la autoridad competente tomará en cuenta la gravedad de los delitos cometidos por el colaborador y las disposiciones que establezca la legislación sobre ejecución de penas y medidas de seguridad.

En México, esta figura ha causado innumerables controversias e incluso algunos juristas han subrayado que no existen en algunos países como España. Al respecto, sobre la figura de los llamados “testigos protegidos”, el Dr. Juventino Castro y Castro, ex ministro de la Suprema Corte, reflexiona:

“Entiendo sus creadores, a sus inspiradores. Con tal de facilitar la investigación penal que sólo está alcance de los bien preparados o bien para acortar un esfuerzo así facilitar la tarea, resulta muy cómodo (aparentemente a cualquier precio) que una persona, quizá un procesado o un condenado, o finalmente quien eventualmente pudiere ser procesado, acepte declarar contra otra, que está siendo investigada, inculpándola de un cargo que el acusador público no está en posibilidad de demostrar, o que quizá le costaría mucho esfuerzo o mucho ingenio; todo lo cual proporciona una salida falsa al legitimar a testigos que aprovechan la oportunidad para, a su vez, obtener un beneficio personal, aunque ello represente falsear o manipular la verdad de un proceso penal al que el acusador público le desea fijar un cierto e interesado sentido” 9

Ahora bien de acuerdo al artículo 21 de la Constitución Federal señala:

Artículo 21. Lainvestigación de los delitos corresponde al Ministerio Público y a las policías, las cuales actuarán bajo la conducción y mando de aquél en el ejercicio de esta función.

El ejercicio…

La imposición de las penas, su modificación y duración son propias y exclusivas de la autoridad judicial.

Compete a la autoridad administrativa…

Si el infractor…

Tratándose…

El Ministerio Público podrá considerar criterios de oportunidad para el ejercicio de la acción penal, en los supuestos y condiciones que fije la ley.

El Ejecutivo Federal…

La seguridad pública…

Las instituciones de seguridad pública serán…

a)…

b)...

c)…

d)…

e)…

Esto es: primero, que la imposición de las penas es propia y exclusiva de la autoridad judicial, y segundo, que la investigación y persecución de los delitos incumbe al Ministerio Público.

En tal sentido, nadie puede ser sometido a una pena o absuelto de ella, sino por un juez; nadie puede ser investigado y acusado, sino por el acusador público; nadie puede ser enjuiciado, sino dentro de un proceso penal jurisdiccionalmente competente.

Si esto es: los delincuentes obtienen un beneficio en la reducción de las penas por en tanto aportan elementos e información para consignar a otros miembros de la delincuencia organizada. La negociación que de los delincuentes se realiza con el Ministerio Público, quien acuerda la reducción de la pena, cuestión que resulta contrario a lo que establece el artículo 21 de la Constitución Federal, pues sólo autoridad judicial es la autoridad competente para imponer penas.

Por otra parte, el uso de testigos colaboradores es severamente cuestionado por el uso que se hace de este elemento como prueba: no hay suficientes garantías posibles para evitar la inducción, y por otra parte, los dichos de tales testigos, que no las declaraciones, fuera de contexto, también sirven para integrar casos.

Cualquier ley de protección a quienes denuncian corrupción, y eso lo saben los especialistas, una vez que los antecedentes demuestran incontestablemente las aseveraciones del fiscal o defensa, la prueba recae sobre el empleador, obligado a demostrar que si no se hubiera realizado la actividad protegida, de todos modos se habría adoptado la misma medida por razones lícitas e independientes. Es decir, por otras vías.

Quien hace uso de este recurso está obligado a presentar pruebas claras y convincentes para cumplir el requisito de la carga de la prueba. Esto no ha sido la práctica recurrente por parte del Ministerio Público. Por ello, constantemente los casos se le caen, y los indiciados pasan a la categoría de un cada vez más numeroso grupo de ciudadanos inculpados injustamente.

Los dichos de estos testigos, por lo regular, acaban convirtiéndose en comentarios irrelevantes, o distorsionados, lo que es peor. Al final, con mucha probabilidad toda prueba falsa o inducida termina por anularse o deja de tener valor en el proceso. Sin embargo, el testimonio de los testigos colaboradores -y que fueron inducidos- acaban por incriminar a terceros que desafortunadamente pueden perder su libertad a causa de un proceso penal en su contra, y salir libres, hasta que haya demostrado su inocencia y el juez haya dictado una resolución a su favor.

“Las cifras oficiales demuestran la ineficacia del uso de estos declarantes anónimos: estadísticas del Consejo de la Judicatura Federal (CJF) referentes al periodo 2007-2008 -las cuales se pueden consultar en el informe anual de labores del Poder Judicial Federal (PJF) que corresponde a ese ciclo- indican que menos de uno por ciento de los testimonios rendidos en una averiguación previa por los testigos protegidos han sido suficientes para demostrar la culpabilidad de un supuesto criminal ante un juez.”10

Así, en los casos de criminalidad de alto impacto –como el secuestro o el narcotráfico- la PGR publicita ante los medios de comunicación al momento de realizarse un arresto como supuestas victorias del gobierno federal contra la delincuencia organizada, terminan varios años después en un fallo judicial de libertad por desvanecimiento de pruebas.

Es cierto, la PGR se ha valido de los llamados colaborantes para justificar su ineficiencia en sus labores de investigación y persecución del delito.

Muchas de las acciones penales ejercidas por El Ministerio Público terminan por desvanecerse ante los tribunales, básicamente porque el principal sustento de los fiscales antidrogas son declaraciones de testigos que no demuestran su idoneidad, no ratifican sus dichos ante el juez o simplemente no se presentan a comparecer en el juicio, ya sea porque abandonaron el sistema de testigos protegidos o porque fueron ejecutados.

Si los fiscales europeos, por citar un caso, conociesen la manera como arman sus procesos sus homónimos mexicanos, seguramente se asombrarían. Porque la Corte Europea exige ante todo que dichos testigos no sean manipulados.

Asimismo, en los Estados Unidos los testimonios solo se admiten en los juzgados cuando, los hechos invariablemente, les constatan directamente a los testigos.

En congruencia, la presente iniciativa proyecta reformar el párrafo tercero del artículo 16 de la Constitución a efecto de establecer que para fundar y motivar una orden de aprehensión, la sola declaración de testigos colaboradores nunca será suficiente para acreditar el cuerpo del delito y la probable responsabilidad del indiciado.

Asimismo, adicionar la fracción V del artículo 20 de nuestra Norma Suprema para estatuir que las declaraciones de testigos colaboradores, sin elementos de convicción que las corroboren, no serán suficientes para establecer la culpabilidad del procesado.

4.- Responsabilidad patrimonial DEL ESTADO por detenciones indebidas. Como lo señala el Doctor Miguel Carbonell, en México son frecuentes las detenciones arbitrarias y las violaciones de los derechos fundamentales de las personas detenidas mientras se encuentran a disposición policial. Las detenciones arbitrarias violan no solamente el artículo 16 constitucional por cuanto que se ubican fuera de cualquier supuesto normativo para privar de la libertad a una persona, sino también el artículo 11 de la propia carta magna que prevé la libertad de tránsito.

Es común que en las carreteras mexicanas o en algunas ciudades se ubiquen los llamados “retenes”, que son puestos de inspección y revisión en los que las autoridades militares o civiles (ya sean policías federales o locales, de tránsito o ministeriales) detienen un vehículo particular o de transporte público, hacen descender a sus tripulantes y revisan el interior del vehículo llegando incluso hasta el extremo de practicar revisiones corporales a las personas.

El asunto es de tal gravedad que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos ha tenido que dedicar una Recomendación General al tema de la práctica de las detenciones arbitrarias. En su Recomendación, la CNDH precisa que “las detenciones arbitrarias constituyen una práctica común de los agentes de la Policía Judicial y de los elementos que integran los diversos cuerpos policiacos”; también se señala que “la práctica recurrente de las quejas que se reciben consiste en que los agraviados fueron detenidos por dichos agentes, cuando estos últimos efectuaban recorridos de “revisión y vigilancia rutinarios” en aras de salvaguardar la seguridad pública y detectar la comisión de algún ilícito, o bien porque habían recibido en la guardia de agentes denuncias “anónimas”, siendo que al atenderlas, “casualmente”, los agraviados fueron encontrados en “actitud sospechosa” y “marcado nerviosismo”, además de que, en todos los casos, los elementos de la Policía Judicial dijeron haber solicitado a los agraviados que se les permitiera efectuarles una “revisión de rutina”, quienes accedieron de “manera voluntaria”.

Una forma de “desestimular” la práctica de las detenciones indebidas o arbitrarias por parte de las autoridades puede darse a partir del establecimiento de una responsabilidad patrimonial a cargo del Estado. Se trataría de que cualquier persona que fuera víctima de una detención arbitraria recibiera una indemnización económica, con independencia de las responsabilidades penales, administrativas o civiles a que se hiciera acreedora la persona que llevó a cabo la detención indebidamente.

El Estado de derecho debe caracterizarse, fundamentalmente, por el sometimiento del propio Estado a la legalidad, lo que trae aparejada su responsabilidad por los daños que produzca.

No obstante, esta concepción ha reconocido una zona de resistencia y que pretende ser de exclusión: precisamente la referida a los daños causados al procurar y administrar justicia o en actividades de seguridad pública.

Es paradójico que sea justamente en los ámbitos de la administración de justicia y procuración de seguridad pública donde se sustraiga al Estado del sometimiento al derecho respecto a los daños que origina, consagrándose prácticamente la irresponsabilidad o una responsabilidad estatal muy limitada por su actividad.

Pero más incomprensible todavía resulta que, en estos supuestos, se niegue la posibilidad de obtener resarcimiento por los daños causados con el argumento de que deben ser soportados en nombre precisamente de la justicia o de la seguridad pública.

En el derecho privado, si una persona causa daño a otra y ese daño se causa con dolo o culpa, hace nacer la obligación de indemnizar y genera para el que lo causa responsabilidad. Pero resulta muy forzado que se deba recurrir a esta normativa de derecho privado para regular la responsabilidad que se puede generar cuando es el propio Estado el que provoca el daño o perjuicio.

El Estado en el ejercicio de su función de administrar justicia debe garantizar la integridad de la justicia que él mismo administra, y ello sólo se logra mediante el cumplimiento estricto de los principios que consagran el debido proceso legal, entre otros. Por esto puede afirmarse que el Estado causa daño cuando ha infringido las normas que consagran dichos principios, debiendo en consecuencia responder por su actuar.

Se justifica por ello que el tema de la responsabilidad del Estado al administrar justicia y procurar seguridad pública sea desarrollado de manera particular y específica en la legislación. De lo que trata es de que la víctima del error judicial o de una detención arbitraria no deba soportar un daño irreparable proveniente del ejercicio de una de las funciones del Estado, sin obtener la indemnización correspondiente, a lo que debe agregarse que es difícil comprender cómo se puede bregar por el respeto a la justicia sobre la base de postular el mantenimiento de errores con fuerza de verdad legal.

El Derecho Internacional de los Derechos Humanos ha abordado con puntualidad el tema:

El artículo 5º. 5 de la Convención Europea de Salvaguardia de los Derechos del Hombre y de las Libertades Fundamentales prescribe: "Toda persona víctima de un arresto o de una detención, en condiciones contrarias a las disposiciones del presente artículo, tiene derecho a una reparación".

El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, de 1966, reafirma similar principio, en los siguientes términos: "Toda persona que haya sido ilegalmente detenida o presa, tendrá el derecho efectivo a obtener reparación" (artículo 9º.5). Complementa esta formulación el artículo 14, Nº 6, que señala: "Cuando una sentencia condenatoria firme haya sido ulteriormente revocada, o el condenado haya sido indultado por haberse producido o descubierto un hecho plenamente probatorio de la comisión de un error judicial, la persona que haya sufrido una pena como resultado de tal sentencia, deberá ser indemnizada, conforme a la ley, a menos que se demuestre que le es imputable en todo o en parte el no haberse revelado oportunamente el hecho desconocido".

La Convención Americana de Derechos Humanos o Pacto de San José de Costa Rica, de 1969, prescribe en su artículo 10º: "Toda persona tiene derecho a ser indemnizada conforme a la ley en caso de haber sido condenada en sentencia firme por error judicial".

En este sentido, en la iniciativa que se somete a consideración de esta soberanía, se proyecta adicionar el segundo párrafo del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para estatuir que los daños causados por error judicial, así como los que sean consecuencia del funcionamiento anormal de la Administración de Justicia, darán derecho a una indemnización a cargo del Estado, conforme a la ley. Asimismo, todaprivación de libertad contra lo dispuesto en la Constitución y en la ley obligará al Estado a indemnizar a la persona así lesionada en los términos que la propia ley establezca.

5.- Cateos. Para establecer los derechos a salvaguardar, es preciso empezar por definir lo que constitucionalmente se entiende por domicilio. Para el Derecho Constitucional domicilio es la morada destinada a la habitación y al desenvolvimiento de la libertad personal en lo concerniente a la vida privada, ya sea cerrada o abierta parcialmente, móvil o inmóvil, de uso permanente o transitorio.

En este sentido, son tres los elementos que configuran el domicilio constitucional: a) El elemento físico o material, es decir, el espacio en el que la persona vive y en la que puede permitirse comportamientos que los usos sociales no siempre admiten; b) El elemento psicológico, esto es, la intención de habitar el lugar como morada, aun cuando no reúna las condiciones normales para ello. La habitación no exige que sea continua. Cualquier recinto sirve de morada en tanto los individuos que la ocupan lo hacen con dicho ánimo; y c) El elemento autoprotector, la exclusión de los terceros de la propia morada.

El concepto de “domicilio” no se restringe a aquel espacio físico donde una persona fija su residencia habitual, tal cual lo del Código Civil Federal, sino, debe extenderse a todo lugar o espacio en el que la persona pueda desarrollar su vida privada, excluyendo cualquier libre acceso de terceros. Siendo esto así, domicilio puede constituirlo un auto, una caverna, y cualquier otro espacio a la cual se le agregue el elemento de la intención de morada y exclusión de terceros.

Es así que, bajo estos presupuestos, surge el derecho a la inviolabilidad del domicilio, como un derecho del titular para repeler intervenciones no consentidas sobre el espacio físico donde se desarrolla la vida privada y familiar. Sin embargo, este derecho, como cualquier otro derecho fundamental no es absoluto. Así, la excepción al derecho materia de comentario, expresamente previsto en la Constitución, es, la autorización de quien lo habita, mandato judicial, flagrante delito o muy grave peligro de su perpetración y motivo de sanidad o de grave riesgo.

La garantía de la inviolabilidad no se limita al ingreso físico y directo al domicilio, sino también comprende aquellas violaciones mediante el empleo de aparatos mecánicos, electrónicos u otros análogos, como lo podría ser cualquier tipo de vigilancia electrónica sin la autorización respectiva, y esto se entiende así, pues el derecho a la inviolabilidad de domicilio es un derecho de naturaleza instrumental, porque coadyuva a la protección de otros derechos fundamentales, como el derecho de propiedad y, principalmente, el derecho a la intimidad. La vida íntima, que emana de la persona y que corresponde a su esfera privada, libre de parámetros sociales, desarrollada en el espacio físico que comprende el domicilio, es materia de protección del derecho a la inviolabilidad del domicilio.

En cuanto a su reconocimiento en los tratados internacionales: artículo 11º de la Declaración Universal de Derechos Humanos: "Nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia, ni de ataques a su honra o a su reputación. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra tales injerencias o ataques". Artículo 11.2 de la Convención Americana de Derechos Humanos: “Nadie puede ser objeto de injerencias arbitrarias o abusivas en su vida privada, en la de su familia, en su domicilio o en su correspondencia, ni de ataques ilegales a su honra o reputación“. Y artículo 17.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos: "(...) Nadie será objeto de injerencias arbitrarias o ilegales en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia, ni de ataques ilegales a su honra y reputación".

Por su parte el artículo 16 de nuestra Carta Magna expone "que nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones sino en virtud de mandamiento escrito de autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento".

Dicho artículo también establece la inviolabilidad del domicilio, así como la inviolabilidad de las comunicaciones privadas y de la correspondencia.

Resulta fundamental exponer que la protección de la vida privada frente a actos de las autoridades se encuentra debidamente instituida en el primer párrafo del artículo 16 constitucional, al establecer que para que una injerencia de la autoridad en nuestra intimidad sea válida, ésta deberá provenir de una orden de una autoridad facultada por la propia ley para realizar dicha intervención plasmada por escrito, la cual deberá estar debidamente razonada y justificada además de estar prevista en una ley el acto de molestia en cuestión. Así, se considera pertinente de establecer requisitos adicionales para que juez autorice la orden de cateo.

Recordemos que justamente la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, tras la detención de los funcionarios michoacanos, acreditó, en su Recomendación del 30 de octubre de 2009, las graves irregularidades de los cateos para aprehender a dichos servidores públicos:

“Los servidores públicos que participaron en los cateos referidos además de que inobservaron el contenido del artículo constitucional en cita, transgredieron diversos instrumentos internacionales celebrados y ratificados por nuestro país en términos del artículo 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dentro de los que destacan los artículos 12 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; V y IX, de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; 17, puntos 1 y 2, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 8 y 11. 2, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 3, del Código de Conducta para Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley, los cuales establecen que ninguna persona podrá ser objeto de injerencias arbitrarias o abusivas en su vida privada, en la de su familia o en su domicilio".

"Por lo anterior, esta Comisión Nacional estima que la conducta desplegada por los elementos de la entonces denominada Policía Federal Preventiva, quienes se introdujeron ilegalmente en los domicilios de los señores Citlalli Fernández González, Gabriel Mariano Gaona y Lorenzo Rosales Mendoza, pudiera encuadrarse en la hipótesis típica prevista en el artículo 225, fracción XVIII, del Código Penal Federal”.

En razón de ello, esta propuesta legislativa plantea que es necesaria la autorización de la autoridad judicial para catear edificios, establecimientos o sedes públicas, considerando que el ámbito del de domicilio para un funcionario público debe extenderse también a edificios, establecimientos y sedes públicas donde realiza sus funciones.

Del mismo modo se estatuye que la violación al domicilio constituye un delito grave de conformidad con lo que establezca la ley penal.

Sin duda, para que la integridad de la persona aparezca o surja en su pureza, es absolutamente indispensable la seguridad personal, la inviolabilidad del domicilio y la inviolabilidad de la correspondencia y comunicaciones, pues de lo contrario, la integridad del ser humano no podrá ser respetada. Estos derechos, tendrán pues, su raíz, según esta postura, en la libertad personal, que a su vez entronca con la dignidad de la persona.

Así, se entiende al domicilio como una prolongación espacial de la personalidad, dado que es éste un ámbito en el cual el individuo puede hacer lo que desee, sin ser molestado ni observado.

Esta justificación de la inviolabilidad del domicilio en la libertad y seguridad personales, tiene en el presente una reinterpretación, que no ha de limitarse al sentido clásico de libertad opuesta a la privación de ella, o de seguridad, como derecho a confiar en la protección que significael domicilio frente a los abusos del poder político, sino que ha de ser interpretada en un sentido amplio y global. De esta forma, la libertad como bien jurídico protegido por el derecho a la inviolabilidad del domicilio, hay que entenderla como la autonomía o independencia de las personas para desarrollar en él, sin cortapisas, ni públicas ni privadas, sus actividades vitales.

De ahí que el concepto del domicilio tiene una connotación más amplia de la que se prevé en el derecho positivo mexicano. En tal sentido, esta propuesta legislativa tiene como punto de partida que los edificios, sedes y establecimientos públicos también deben considerarse como extensión del domicilio de un funcionario público, ya que en esos lugares realiza el desempeño primordialmente sus funciones.

Extensión del domicilio para toda clase de empleados públicos, cualquiera sea la importancia de su menester; y cuanto a que la constitución de este domicilio se produce a partir del momento en que el funcionario toma posesión del cargo respectivo y en cuanto a que debe extender su eficacia a todas las relaciones jurídicas, incluso es idóneo para determinar la competencia de los jueces y para practicar las notificaciones que deban hacerse a la persona del funcionario.

Esta tesis ya se encuentra reconocida en otras legislaciones, como el Código Civil peruano que señala:

ARTICULO 38. Los funcionarios públicos están domiciliados en el lugar donde ejercen sus funciones, sin perjuicio, en su caso, de lo dispuesto en el artículo 33.

Asimismo, el artículo 90 del Código Civil Argentino prevé:

Artículo 90. El domicilio legal es el lugar donde la ley presume, sin admitir prueba en contra, que una persona reside de una manera permanente para el ejercicio de sus derechos y cumplimiento de sus obligaciones, aunque de hecho no esté allí presente, y así: 1ro. Los funcionarios públicos, eclesiásticos o seculares, tienen su domicilio en el lugar en que deben llenar sus funciones, no siendo éstas temporarias, periódicas, o de simple comisión; 2do. Los militares en servicio activo tienen su domicilio en el lugar en que se hallen prestando aquél, si no manifestasen intención en contrario, por algún establecimiento permanente, o asiento principal de sus negocios en otro lugar; 3ro. El domicilio de las corporaciones, establecimientos y asociaciones autorizadas por las leyes o por el Gobierno, es el lugar donde está situada su dirección o administración, si en sus estatutos o en la autorización que se les dio, no tuviesen un domicilio señalado; 4to. Las compañías que tengan muchos establecimientos o sucursales, tienen su domicilio especial en el lugar de dichos establecimientos, para sólo la ejecución de las obligaciones allí contraídas por los agentes locales de la sociedad; 5to. Los transeúntes o las personas de ejercicio ambulante, como los que no tuviesen domicilio conocido, lo tienen en el lugar de su residencia actual; 6to. Los incapaces tienen el domicilio de sus representantes; 7mo. El domicilio que tenía el difunto determina el lugar en que se abre su sucesión; 8vo. Los mayores de edad que sirven, o trabajan, o que están agregados en casa de otros, tienen el domicilio de la persona a quien sirven, o para quien trabajan, siempre que residan en la misma casa, o en habitaciones accesorias, con excepción de la mujer casada, que, como obrera doméstica, habita otra casa que la de su marido; 9no. Derogado por la ley 23.515.

En vista de las anteriores consideraciones, y con fundamento en lo dispuesto en el artículo 71 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta soberanía la siguiente:

Iniciativa con Proyecto de Decreto que reforma y adiciona los párrafos tercero y décimo primero y deroga el párrafo octavo del artículo 16; reforma y adiciona el segundo párrafo del artículo 17; reforma y adiciona las fracciones I, II, III, V y IX del artículo 20, todos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Artículo Primero. Se reforman y adicionan los párrafos tercero y décimo primero y se deroga el párrafo octavo del artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 16. . . .

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No podrá librarse orden de aprehensión sino por la autoridad judicial y sin que preceda denuncia o querella de un hecho que la ley señale como delito, sancionado con pena privativa de libertad y existan datos que acrediten el cuerpo del delito y hagan probable la responsabilidad del indiciado. La sola declaración de testigos colaboradores es insuficiente para acreditar el cuerpo del delito y la resunta responsabilidad del indiciado.

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(Se deroga)

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En toda orden de cateo, que sólo la autoridad judicial podrá expedir, a solicitud del Ministerio Público, se expresará el lugar que ha de inspeccionarse, la persona o personas que hayan de aprehenderse, los indicios de la presunta responsabilidad en la comisión de un delitoy los objetos que se buscan, a lo que únicamente debe limitarse la diligencia, levantándose al concluirla, un acta circunstanciada, en presencia de dos testigos propuestos por el ocupante del lugar cateado o en su ausencia o negativa, por la autoridad que practique la diligencia. Es necesaria la autorización de la autoridad judicial para catear edificios, establecimientos o sedes públicas. La violación al domicilio constituye un delito grave de conformidad con lo que establezca la ley penal.

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Artículo Segundo. Se reforma y adiciona el segundo párrafo del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 17. . .

Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las costas judiciales. Los daños causados por error judicial, así como los que sean consecuencia del funcionamiento anormal de la Administración de Justicia, darán derecho a una indemnización a cargo del Estado, conforme a la ley. Asimismo, toda privación de libertad contra lo dispuesto en la Constitución y en la ley obligará al Estado a indemnizar a la persona así lesionada en los términos que la propia legislación establezca.

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Artículo Tercero. Se reforma y adiciona el párrafo primero del artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 19. Ninguna detención ante autoridad judicial podrá exceder del plazo de setenta y dos horas, a partir de que el indiciado sea puesto a su disposición, sin que se justifique con un auto de vinculación a proceso en el que se expresará: el delito que se impute al acusado; el lugar, tiempo y circunstancias de ejecución, así como los datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. Datos de que deberán ser suficientes para acreditarel cuerpo del delito y hacer probable la responsabilidad del indiciado. La sola declaración de testigos colaboradores es insuficiente para acreditar el cuerpo del delito y la resunta responsabilidad del indiciado.

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Artículo Cuarto. Se adicionan y reforman las fracciones I, II, III, V y IX del artículo 20 de la Constitucional Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 20. . . .

A.- . . .

I a X . . .

B.- De los derechos de toda persona imputada:

I.- A que se presuma su inocencia mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por el juez de la causa. Nadie está obligado a probar su inocencia;

II. A declarar o a guardar silencio. Desde el momento de su detención se le harán saber los motivos de la misma y su derecho a guardar silencio, el cual no podrá ser utilizado en su perjuicio. Queda prohibida y será sancionada por la ley penal, toda incomunicación, intimidación o tortura. La confesión rendida sin la asistencia del defensor o ante autoridad distinta a la judicial carecerá de todo valor probatorio;

III. A que se le informe, tanto en el momento de su detención como en su comparecencia ante el Ministerio Público o el juez, los hechos que se le imputan y los derechos que le asisten. Tratándose de delincuencia organizada, la autoridad judicial podrá autorizar que se mantenga en reserva el nombre y datos del acusador. La autoridad proveerá de medios adecuados para que el inculpado establezca comunicación con su defensor o abogado al momento de su detención.

Laley establecerá beneficios a favor del inculpado, procesado o sentenciado que preste ayuda eficaz para la investigación y persecución de delitos en materia de delincuencia organizada. La sola declaración de éstos no será suficiente para establecer la culpabilidad del procesado.

IV.- . . .

V.- . . .

En delincuencia organizada, las actuaciones realizadas en la fase de investigación podrán tener valor probatorio, cuando no puedan ser reproducidas en juicio o exista riesgo para testigos o víctimas. Lo anterior sin perjuicio del derecho del inculpado de objetarlas o impugnarlas y aportar pruebas en contra. Las declaraciones de testigos colaboradores, sin elementos de convicción que las corroboren, no serán suficientes para establecer la culpabilidad del procesado.

VI a VIII . . .

IX.- . . .

La prisión preventiva no podrá exceder del tiempo que como máximo de pena fije la ley al delito que motivare el proceso y en ningún caso será superior a dos años, salvo que su prolongación se deba al ejercicio del derecho de defensa del imputado. Si cumplido este término no se ha pronunciado sentencia, el imputado será puesto en libertad de inmediato mientras se sigue el proceso, sin que ello obste para imponer otras medidas cautelares. Toda privación de libertad contra lo dispuesto en la Constitución y en la ley obligará al Estado a indemnizar a la persona así lesionada en los términos que la propia legislación establezca.

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C.- . . .

I a VII . . .

Transitorios

Único. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Sede del Senado de la República a los veintiséis días del mes de noviembre de dos mil doce.

Sen. Iris Vianey Mendoza Mendoza”.

- El C. Presidente Burgos García: Gracias, Senadora Vianey Mendoza. Se turna a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; y Estudios Legislativos, Segunda.


1 http://www.reformapenal.inacipe.gob.mx/pdf/Numero8(3aepoca)/01AguilarLopezSP.pdf. “La Presunción de Inocencia”. Miguel Angel Aguilar López.

2 Diccionario Jurídico Mexicano .UNAM/Instituto de Investigaciones Jurídicas –Porrúa 1997 p. 218.

3 Informa Anual 2009 del Consejo de la Judicatura Federal. Movimiento Estadístico de Medidas Precautorias en los Juzgados de Distrito Penales especializados en Cateos, Arraigos e Intervención de Comunicaciones.

4 Informe del Grupo de Trabajo sobre las Detenciones Arbitrarias (2002) E/CN.4/2003/8/Add.3, párr. 50 (criticando el arraigo); Comité contra la Tortura (2006), Recomendaciones CAT/C/MEX/CO/4, párr. 15 (recomendando que desaparezca el arraigo).

5 Boletín de prensa 258/2007. Advierte CDHDF sobre riesgos en la aplicación de la reforma al Sistema de Justicia de 2008.

6Informe del Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria. México (2002) E/CN.4/2003/8/Add.3, párrafo 50

7Conclusiones y recomendaciones del Comité contra la Tortura (2007). CAT/C/MEX/CO/4

8 Artículo 1 de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada.

9 http://www.scjn.gob.mx/SiteCollectionDocuments/PortalSCJN/RecJur/BibliotecaDigitalSCJN/CDAAC-BIB-O-833-11-07-Disco6/OnceVoces/Once%20voces%20(2).pdf, “Los testigos protegidos” del Dr. Juventino Castro y Castro. Ensayo preparado en ocasión del Homenaje del Dr. Pedro Zorrilla Martínez, abril de 2000.

10 http://www.jornada.unam.mx/2009/12/14/index.php?section=politica&article=003n1pol

Tiene el uso de la tribuna el Senador José Rosas Aispuro Torres, del grupo parlamentario del PAN, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto que reforma el primer párrafo del artículo 162 de la Ley del Seguro Social.






INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETOPOR EL QUE SE REFORMA EL PRIMER PARRAFO DEL ARTICULO 162 DE LA LEY DEL SEGURO SOCIAL

(Presentada por el C. Senador José Rosas Aispuro Torres, del grupo parlamentario del PAN)

- El C. Senador José Rosas Aispuro Torres: Con su venia, señor Presidente; compañeras y compañeros Senadores:

Vengo a presentar una iniciativa que pretende reformar el primero párrafo del artículo 162 de la Ley del Seguro Social.

El trabajo, indudablemente, es la actividad, la acción que más dignifica al hombre, porque esto le permite contar con los recursos para poder tener acceso a los satisfactores que requiere él y su familia.

Por ello, el trabajo tendrá que ser una actividad que permita, que no sólo el trabajador tenga esa remuneración durante su vida laboral, durante su vida productiva, sino que el trabajador, una vez que ha cumplido con esa responsabilidad, requiere una certidumbre de que al final de su vida productiva debe de contar con una pensión, con una jubilación que le permita tener una vejez mucho más digna; y que el objetivo de haber trabajado durante tantos años, tiene que buscar al final, reitero, de su vida productiva, ese objetivo.

Hoy en día, qué problema se presenta, sobre todo en las personas que no tienen un trabajo permanente.

Hay quienes cumplen con la cotización de las 1,250 semanas que señala Ley del Seguro Social para tener derecho a una jubilación.

¿Pero qué es lo que sucede? Que en las interrupciones laborales que se dan, puede tener ya las semanas cotizadas, pero no ha cumplido los 65 años de edad que contempla la ley para tener derecho a esa jubilación; 65 años edad y, obviamente, las mínimas 1,250 semanas de cotización ante el Seguro Social.

La propuesta que venimos hacer, lo que busca es que, quienes habiendo ya logrado las 1,250 semanas cotizadas ante el Seguro Social y no hayan cumplido todavía los 65 años, cuando llegue a cumplir estos 65 años, no lo obliguemos a que tenga que trabajar un año más, porque hoy en día, hay muchas personas que teniendo esos 65 y las semanas de cotización, en virtud de que el mercado laboral es difícil, es crítico y, sobre todo, para las personas de una edad más avanzada. Si para los jóvenes es difícil, mucho más es para quienes tienen ya arriba de 60 años, y eso hace nugatorio el derecho que tiene a contar con una pensión, con una jubilación digna.

Por eso, la propuesta que vengo a hacer, es que las personas que cumpliendo 65 años tengan derecho a esa pensión o a esa jubilación, si han cotizado ya las 1,250 semanas. Y que no tengamos que obligar a que tenga que trabajar un año más. Porque al no encontrar trabajo, a esa edad, a los 65 años, reitero, hace nugatorio ese derecho constitucional que tienen los trabajadores de contar con una pensión, con una jubilación.

Por ello, mi propuesta concreta es modificar el primer párrafo del artículo 162 para quedar como sigue:

Artículo 162. Para tener derecho al goce de las prestaciones del seguro de vejez, se requerirá que el asegurado haya cumplido 1,250 semanas de cotización y 65 años de edad, independientemente de si al momento de cumplir los requisitos anteriores, está laborando, está en activo o no.

De esta manera, vamos a ayudar a muchas personas que entregaron toda una vida y que por alguna circunstancia, al final de la misma, no tienen una estabilidad laboral, les podamos garantizar que ese derecho que tienen a contar con una jubilación sea real, la hagan efectiva a los 65 años, estén, reitero, trabajando o no.

Esa es la propuesta, compañeras y compañeros Senadores.

Pido su apoyo en las comisiones para poder sacar adelante esta demanda, que es de muchas personas, que a diario están buscando un trabajo para poder lograr tener la posibilidad de contar con esa jubilación, que ya se ganaron durante toda su vida laboral.

Muchas gracias.

(Aplausos)

Iniciativa

“C. SEN. ERNESTO CORDERO ARROYO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
DE LA CAMARA DE SENADORES
DEL H. CONGRESO DE LA UNION
PRESENTE.

El Suscrito, JOSE ROSAS AISPURO TORRES, Senador de la República, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional en esta LXII Legislatura del H. Congreso de la Unión, en ejercicio de la facultad que me confiere el artículo 71 fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y con las atribuciones que me otorga los artículos 8, numeral 1, fracción I, y 164, y 169, del Reglamento del Senado de la República, me permito someter a la consideración del Pleno de la Cámara Senadores, la presente Iniciativa con proyecto de Decreto que reforma el primer párrafo del artículo 162 de la Ley del Seguro Social, con fundamento en la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

Se dice que “el trabajo dignifica al hombre”; el trabajo es la actividad que otorga a los ciudadanos la capacidad económica para satisfacer sus necesidades básicas y las de su familia.

El Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española define la palabra trabajar como: “Tener una ocupación remunerada en una empresa, una institución”; sin duda, todos tenemos una noción clara del significado del trabajo y la trascendencia que, en nuestra vida diaria, tiene. Desde nuestra época de infancia soñamos con crecer para desempeñar alguna actividad profesional que nos diera la posibilidad de ganar dinero, hacernos de bienes muebles y/o inmuebles, y tener la oportunidad de que durante nuestra vida productiva podamos garantizar una vejes digna y de ser posible desahogada en lo que a necesidades económicas se refiere.

Uno de los medios para lograr el último de los objetivos planteados –garantizarnos una vejes digna y desahogada en lo que a dinero se refiere- es la pensión que el Estado tiene la obligación de otorgarnos al final de nuestra vida productiva.

Entonces, todos aspiramos a, que al final de nuestra vida productiva, hacernos acreedores a una pensión para hacerle frente a las necesidades y vicisitudes que nos acompañarán en nuestra edad provecta.

La esperanza de vida a nivel mundial se ha incrementado en las últimas décadas; ello ha llevado a que las políticas de jubilación y cesantía se modifiquen y la edad de jubilación se haya incrementado, sobre todo en las economías poderosas; quién no recuerda los hechos violentos que se presentaron en Francia cuando se anunció el retraso de la edad de jubilación de 60 a 62 años para los trabajadores en activo, cuando su esperanza de vida es de alrededor de 81 años.

En nuestro país la esperanza de vida es de 76 años de manera general; sin embargo, es necesario tener 65 años de vida cumplidos y haber cotizado al menos mil doscientas semanas en el Seguro Social, a pesar de que la realidad laboral de las personas de más de sesenta años, en nuestro país, es poco menos que deprimente y las oportunidades laborales prácticamente no existen para este sector de nuestra población.

La dinámica laboral y la alta competencia por los espacios de trabajo en nuestro país ha traído como consecuencia que: los salarios sean cada vez menos remunerativos y que los requisitos para la contratación de personas apuesten por trabajadores jóvenes; en detrimento de las personas de edades maduras.

En nuestra sociedad hay muchas personas que ya han cumplido los sesenta y cinco años de edad, lo cual prácticamente los deja sin ninguna posibilidad de encontrar un espacio laboral; sin embargo, aún no han podido tramitar su pensión porque les falta una, dos, tres, diez o veinte semanas de cotización para cubrir el requisito de las mil doscientas cincuenta cotizaciones semanales o al momento de cubrir los requisitos exigidos el trabajador no está en activo y debe retomar su actividad laboral para aspirar a que se le proporcione lo que ya se ganó con años de esfuerzo; incluso muchos jubilados mexicanos fallecen sin nunca haber podido gozar de esa pensión a la que tenían derecho. Ante estos hechos, nuestra sociedad debe mostrar sensibilidad, respeto y consideración con nuestros ex empleados.

Por ello, propongo una reforma al artículo 162 de la Ley del Seguro Social para que habiendo cumplido los 65 años de edad tengan derecho a su pensión completa aunque al momento de iniciar los trámites de su pensión estén o no cotizando; esto da como resultado que los trabajadores que hayan cumplido 65 años de edad y ya puedan acreditar que han cubierto las semanas de cotización que exige la Ley, puedan, sin más requisitos, tramitar y obtener su pensión completa.

Nuestros viejos tiene derecho a un pensión, a un trato digno y a que sus días de vejes sean llevaderos y humanos.

Por todo lo antes mencionado, pongo a consideración la siguiente iniciativa con:

PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA EL ARTICULO 162 DE LA LEY DEL SEGURO SOCIAL.

Artículo Unico: Se reforma el primer párrafo del artículo 162 de la Ley del Seguro Social, para quedar como sigue:

Artículo 162. Para tener derecho al goce de las prestaciones del seguro de vejez, se requiere que el asegurado haya cumplido sesenta y cinco años de edad y tenga reconocidas por el Instituto un mínimo de mil doscientas cincuenta cotizaciones semanales; independientemente de que, al momento cumplir los requisitos anteriores, el trabajador esté en activo o no.

En caso que el asegurado tenga sesenta y cinco años o más y no reúna las semanas de cotización señaladas en el párrafo precedente, podrá retirar el saldo de su cuenta individual en una sola exhibición o seguir cotizando hasta cubrir las semanas necesarias para que opere su pensión. Si el asegurado tiene cotizadas un mínimo de setecientas cincuenta semanas tendrá derecho a las prestaciones en especie del seguro de enfermedades y maternidad, en los términos del capítulo IV de este Título.

TRANSITORIOS

UNICO: El presente Decreto entrará en vigor al siguiente día de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, a 13 de diciembre de 2012.

Atentamente

Sen. Jose Rosas Aispuro Torres”.

- El C. Presidente Burgos García: Muchas gracias, Senador Rosas Aispuro.

- El C. Senador Fidel Demédicis Hidalgo: (Desde su escaño) Señor Presidente.

- El C. Presidente Burgos García: ¿Con qué propósito, Senador Demédicis Hidalgo?

- El C. Senador Fidel Demédicis Hidalgo: (Desde su escaño) Solamente para pedirle al ciudadano Senador Aispuro Torres, si me permite que me sume a su iniciativa.

- El C. Presidente Burgos García: Aprobado. Tomamos nota de las adhesiones que se están formulando. Se turna a las Comisiones Unidas de Seguridad Social; y Estudios Legislativos.

Tiene uso de la tribuna el Senador Benjamín Robles Montoya, del grupo parlamentario del PRD, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto que reforma el artículo 31 de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica.






INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETOPOR EL QUE SE REFORMA EL ARTICULO 31 DE LA LEY DEL SERVICIO PUBLICO DE ENERGIA ELECTRICA

(Presentada por el C. Senador Angel Benjamín Robles Montoya, del grupo parlamentario del PRD)

- El C. Senador Angel Benjamín Robles Montoya: Gracias, señor Presidente; compañeras y compañeros Senadores:

En México, un elemento más de la homogenización impuesta a nuestras marcadas diferencias, lo representan las tarifas del servicio de energía eléctrica.

Dichas tarifas hacen tabula rasa del territorio, del clima, de los municipios, de la población y, sobre todo, del mapa productivo eléctrico nacional y de su respectivo consumo. Lo hacen, al no diferenciar en ningún modo la diversidad mexicana. Lo digo, porque somos testigos, hoy en día, de una especie de dictadura de las tarifas eléctricas.

El principio tarifario de que quien consume más paga más, en ningún momento toma en cuenta las demarcaciones productoras de la energía, con la consecuente falta de solidaridad para los pueblos y comunidades que desarrollan su vida cotidiana y ancestral en dichos territorios.

La mayoría de las poblaciones en zonas productoras de energía sufren ambientes hostiles, tanto climáticos como burocráticos.

Coinciden dichas demarcaciones con un promedio de temperatura de 30°C al año. Que sólo puede mitigarse con la ayuda de tecnología, a través de aparatos que les representan un mayor consumo eléctrico y por lo que históricamente han solicitado un trato tarifario diferenciado de la Comisión Federal de Electricidad.

Lo mismo en definir las demarcaciones del sureste, como Oaxaca, como Chiapas, Campeche, Michoacán, Tabasco, Veracruz o Guerrero, que del norte del país, como Baja California, Chihuahua, Coahuila, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora o Guanajuato.

La falta de diferenciación tarifaria en el país llega a rayar incluso en lo absurdo, como la situación, y lo digo sólo por citar un ejemplo, del municipio de Acatlán de Pérez Figueroa, Oaxaca, cuyo honorable ayuntamiento ha tenido que desocupar las instalaciones del Palacio Municipal por el hostigamiento de la CFE, que les ha cortado la luz, por supuestos adeudos históricos.

La insensibilidad de la Comisión Federal de Electricidad le impide considerar que una docena de municipios mazatecos y chinantecos de la Cuenca del Papaloapan, entre los que sobresale Acatlán, albergan en sus demarcaciones, y sus 70 mil hectáreas, dos presas, la Miguel Alemán y la Miguel de la Madrid, con sus dos respectivas hidroeléctricas: Cerro de Oro y Temascal, con 400 megawats instalados de energía limpia.

Dicho aporte de los municipios, no se corresponde con el trato hostil que la CFE le propina a nuestros pueblos y comunidades ni mucho menos a la célula básica de nuestro sistema federal, como lo es el municipio, tampoco cuando son productores de fluido eléctrico. Lo digo con mucha claridad, esto es un despropósito.

Este tipo de injusticias son las que debemos erradicar, señor Presidente, Senadoras y Senadores, son las que tenemos que erradicar en el Senado de la República. Es nuestra obligación moral y nuestra responsabilidad política.

Por eso digo, compañeras y compañeros Senadores, que a nadie escapa que el Estado mexicano ha sido omiso en retribuirle a las circunscripciones productoras de energía y a su población las tarifas eléctricas bajas que merece como compensación a su aporte nacional.

Más aún, dicha compensación resulta necesaria en demarcaciones con temperaturas de 30 grados centígrados en promedio anual, y que continuarán requiriendo de más electricidad para hacer más habitable su entorno familiar, su entorno laboral y social.

Territorios productores de la energía que mueve a México coinciden con aquellos de temperaturas extremadamente cálidas, la gran mayoría en el sur de nuestra nación, donde indebidamente también se encuentra la población con la mayor pobreza económica del país. La explotación de recursos naturales sin beneficios locales directos, las condiciones agrestes de orden climático extremo y la pobreza sin igual, no deben seguir siendo el destino de los pueblos y comunidades del sur poseedores del switch del sistema eléctrico nacional.

Este Senado debe impulsar demandas históricas de la población mexicana de dichas demarcaciones que sólo reivindican sus derechos bajo el principio ético de que quien aporta más debe recibir más.

La iniciativa que se presenta establece una fórmula que bien podríamos denominar de 30’s, para reimpulsar el desarrollo de los pueblos y las comunidades que aportan el fluido eléctrico que irriga las venas productivas de México, al establecer descuentos tarifarios del 30 por ciento en las demarcaciones que alberguen instalaciones generadoras de energía, sumado con otro 30 por ciento a aquellas poblaciones que sufren los embates del clima con temperaturas promedio anuales superiores al 30 por ciento.

En síntesis, la presente iniciativa busca establecer las condiciones justas que aseguren un entorno de desarrollo económico, social, político, cultural y ambiental, a través del cual podamos devolverle a los pueblos y a las comunidades los beneficios de las ventajas comparativas que le han sido naturalmente dadas, para que con un auténtico federalismo, las tarifas eléctricas compensatorias y preferenciales sean un mecanismo resarcitorio de la deuda que el Estado mexicano tiene con ellos.

Por lo anteriormente expuesto, señor Presidente, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea la iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma, con la adición de un tercer párrafo, el artículo 31 de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, para quedar como sigue.

Artículo 31, tercer párrafo que se añade.

Bajo el mismo procedimiento, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público fijará tarifa de compensación que será del 30 por ciento para la electricidad en los municipios generadores de energía eléctrica de cualquier tipo y carácter, sea convencional o por aprovechamiento de fuentes renovables, producida por empresa pública, privada o social. Establecerá también, y en suma a la anterior, una tarifa preferente del orden del 30 por ciento para las demarcaciones con temperaturas anuales promedio de 30 grados centígrados, ubicados en dichos territorios productores de energía.

Por el apoyo, compañeras y compañeros, a la presente iniciativa, así como con el espíritu reivindicativo de los pueblos y comunidades del corredor energético que mueve a México, les doy muchas gracias por su atención y por ese apoyo.

Es cuanto, señor Presidente.

Iniciativa

“C. PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
DE LA CAMARA DE SENADORES
DEL H. CONGRESO DE LA UNION
PRESENTE.

Quien suscribe, Senador de la República Ángel Benjamín Robles Montoya, integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXII Legislatura, con fundamento en los artículos 71 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 164 fracciones I y II, y 169 del Reglamento del Senado de la República, somete a consideración de esta asamblea la presente iniciativa con proyecto de Decreto, que reforma el artículo 31 de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, al tenor de la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

En México, un elemento más de homogenización inversa de nuestras marcadas diferencias nacionales lo representan, sin duda, las tarifas del servicio de energía eléctrica.

Dichas tarifas hacen tabula rasa del territorio, del clima, del desarrollo regional, de las entidades federativas, de los municipios, de la población y, sobre todo, del mapa productivo eléctrico nacional y el de su respectivo consumo. Al no diferenciar en ningún modo la a todas luces visible diversidad mexicana, somos testigos de una especie de dictadura de las tarifas eléctricas en nuestro país.

El principio tarifario de que quien consume más paga más, en ningún momento ha tomado en cuenta a los lugares de producción de la energía, con la consecuente insolidaridad para con los pueblos y comunidades que desarrollan su vida cotidiana y de antaño en dichas demarcaciones.

Desde hace al menos tres lustros y respecto de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, innumerables Iniciativas de Reforma, Puntos de Acuerdo, Excitativas y Posicionamientos se han presentado en el H. Congreso de la Unión y, en especial, en la Cámara de Senadores. Pocas si no es que ninguna han tenido éxito para hacer más justas, asequibles y, en términos generales, más humanas por diferenciadas las tarifas eléctricas que paga la población mexicana.

Los diversos planteamientos de las y los legisladores han señalado la necesidad de diferenciar las tarifas eléctricas, lo mismo para incrementar la dinámica económica del país, para darle competitividad a las regiones, que para mitigar la carga de los más pobres, donde sobresalen nuestros pueblos originarios, sobre los que se sustenta, según preceptúa el artículo 2º constitucional, nuestra Nación mexicana, única e indivisible.

La presente Iniciativa con Proyecto de Decreto retoma lo anterior, pero también hace hincapié en la necesidad de una diferenciación preferencial de las tarifas en términos climáticos, así como por la necesidad de tarifas compensatorias en demarcaciones que son sede de la infraestructura productiva de energía eléctrica del país.

A nadie escapa que el Estado Mexicano ha sido omiso en retribuirle a las circunscripciones territoriales productoras de energía y a su población las tarifas eléctricas bajas que merece como compensación a su gran aportación al desarrollo nacional.

Más aún, dicha compensación resulta necesaria ante aquellos grupos poblacionales que habitan en dichas zonas productoras de energía eléctrica y que se ubican en territorios con climas extremos, señaladamente, aquellos que desarrollan su vida en demarcaciones con temperaturas de 30ºC en promedio anual y que han requerido, requieren y continuarán requiriendo de más electricidad para hacer más habitable su entorno familiar, laboral y social.

Territorios productores de la energía que mueve a México coinciden con aquellos de temperaturas extremadamente cálidas, la gran mayoría en el Sur de nuestra nación donde, indebidamente también se encuentra la población con la mayor pobreza económica del país. La explotación de los recursos naturales sin beneficios locales directos, las condiciones agrestes de orden climático extremo y la pobreza sin igual no deben seguir siendo el destino de los pueblos y comunidades del Sur poseedores del switch del sistema eléctrico nacional.

La presente iniciativa debe ser impulsada por este Senado de la República, tribuna máxima de los sentimientos de la nación, haciendo escuchar las demandas históricas de la población mexicana de dichas demarcaciones que sólo reivindican sus derechos bajo el principio ético de que quien aporta más debe recibir más.

Es impostergable diseñar e implementar una política energética que genere desarrollo social y económico de forma justa, solidaria y compensatoria para nuestros pueblos originarios, genuinos herederos de la riqueza del país, nuestros hermanos indígenas y demás pueblos y comunidades asentados en los corredores energéticos de la nación.

La iniciativa que se presenta establece una fórmula que bien podríamos denominar de ‘treintas’, para reimpulsar el desarrollo de los pueblos y comunidades productores del fluido eléctrico que irriga las venas del país, al establecer descuentos tarifarios del 30% en las demarcaciones territoriales que alberguen instalaciones generadoras de energía; sumado con otro 30% a aquellas poblaciones que sufren los embates del clima con temperaturas promedio anuales del 30ºC.

Tanto la fórmula, como la iniciativa, pretenden un acto de justicia distributiva, económica, social y ambiental, cuyo objetivo es también romper esta inercia perversa de desarrollo nacional a costa de los más pobres y desprotegidos pero que, paradójicamente, cuentan con recursos naturales suficientes para su desarrollo integral y en automático.

Hasta hoy, el desarrollo del centro y norte del país se sustenta en la marginación de los beneficios y ventajas comparativas de las entidades del sur; a la población proveedora de recursos les es impuesto un trato injusto, con tarifas eléctricas iguales a las de las demás zonas del país y sin atisbo de resarcimiento, propiciando la desigualdad social que persiste lamentablemente en más de la mitad de nuestra república.

Continuar con la actual política tarifaria de energía eléctrica es alentar la permanencia de la transferencia de las ventajas comparativas del Sur a las otras regiones, sin ningún beneficio directo y sustrayéndolos del desarrollo a ellas emparejado, marginando a los herederos y guardianes de los recursos más valiosos del país.

En síntesis, la presente Iniciativa busca establecer las condiciones justas que aseguren un entorno de desarrollo económico, social, político, cultural y ambiental a través de devolverle a los pueblos y comunidades los beneficios de las ventajas comparativas que le han sido naturalmente dadas, para que con un auténtico federalismo, las tarifas eléctricas compensatorias y preferenciales sean un mecanismo resarcitorio de la deuda histórica que el Estado Mexicano tiene con el Sur de la Nación.

FUNDAMENTO LEGAL

Por lo anteriormente expuesto y fundado en lo dispuesto por el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y los artículos 164 fracciones I y II, y 169 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta honorable asamblea la siguiente:

Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 31 de la Ley de Servicio Público de Energía Eléctrica.

Artículo Unico. Se adiciona un tercer párrafo al artículo 31 de la Ley de Servicio Público de Energía Eléctrica, para quedar como sigue:

Artículo 31. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con la participación de las Secretarías de Energía y de Economía y a propuesta de la Comisión Federal de Electricidad, fijará las tarifas, su ajuste o reestructuración, de manera que tienda a cubrir las necesidades financieras y las de ampliación del servicio público, y el racional consumo de energía.

Asimismo, y a través del procedimiento señalado, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público podrá fijar tarifas especiales en horas de demanda máxima, demanda mínima o una combinación de ambas.

Bajo el mismo procedimiento, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público fijará tarifa de compensación que serán del treinta por ciento para la electricidad en los municipios generadores de energía eléctrica de cualquier tipo y carácter, sea convencional o por aprovechamiento de fuentes renovables; producida por empresa pública, privada o social. Establecerá también, y en suma a la anterior, una tarifa preferente del orden del treinta por ciento para las demarcaciones con temperaturas anuales promedio de 30ºC, ubicados en dichos territorios productores de energía.

TRANSITORIOS

Primero.- El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo.- Se derogan y abrogan todas las disposiciones que se opongan al presente Decreto.

Dado en la sede del Senado de la República del H. Congreso de la Unión, a 11 de diciembre de 2012.

Sen. Angel Benjamín Robles Montoya”.

PRESIDENCIA DEL C. SENADOR
JOSE ROSAS AISPURO TORRES

- El C. Presidente José Rosas Aispuro Torres: Muchas gracias, Senador Robles Montoya. Se turna a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público; y de Estudios Legislativos, Primera.

Se recibió del Senador Benjamín Robles Montoya, del grupo parlamentario del PRD, una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 26, 72 y 76 de la Ley General de Desarrollo Social. Se turna a las Comisiones Unidas de Desarrollo Social; y de Estudios Legislativos.






INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETOPOR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN LOS ARTICULOS 26, 72 Y 76 DE LA LEY GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL

(Presentada por el C. Senador Angel Benjamín Robles Montoya, del grupo parlamentario del PRD)

“C. PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
DE LA CAMARA DE SENADORES
DEL H. CONGRESO DE LA UNION
PRESENTE.

El suscrito, Benjamín Robles Montoya, Senador de la República a la LXII Legislatura del H. Congreso de la Unión, integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 71 fracción II, 72 y 73 fracción XXVIII, todos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; Artículo 164 numerales 1, 2 y 3 del Reglamento del Senado de la República; somete a la consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de Decreto por el que sereforman y adicionan los Artículos 26, 72 y 74 de la Ley General de Desarrollo Social, de conformidad con lo siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

La opacidad en el manejo de los programas sociales es un problema que repercute de manera grave y directa en la capacidad del Estado Mexicano para garantizar el pleno ejercicio de los derechos sociales de los mexicanos, consagrados en la Carta Magna del país.

Es a partir de la discrecionalidad en el manejo de los recursos públicos,de la nula existencia de mecanismos de transparencia y rendición de cuentas, que se consolidan las condiciones necesarias para que impere la corrupción y el uso político o partidista en la aplicación de los programas sociales.

Los derechos sociales son derechos plenamente exigibles y conllevan obligaciones específicas para los estados, entre ellas la protección del contenido mínimo de cada uno de ellos. El Constitucionalismo Social, del cual México es referente mundial, a partir de la Constitución de 1917, claramente establece que los derechos sociales de los mexicanos no responden a visiones programáticas o plataformas políticas; esto es, no pueden estar sujetos al arbitrio de la administración en turno, ni ser objeto de cálculo político alguno. Los derechos sociales son, ante todo, y así lo avala la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, preceptos de carácter normativo.

De igual modo, México ha suscrito diverso instrumentos internacionales sobre la materia, siendo el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales el más significativo. En su Observación General No. 3 (14/12/90), el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales señaló que los derechos económicos, sociales y culturales incluyen obligaciones de acción y de resultado, concluyendo que si bien los derechos civiles y políticos están previstos en otro tratado internacional, las obligaciones a las que están sujetos los estados son muy similares.

Lo anterior significa que los derechos sociales también desencadenan obligaciones con efectos inmediatos, como garantizar los derechos sin ningún tipo de discriminación y adoptar las medidas necesarias (legislativas, administrativas, etc.) para satisfacer el contenido normativo de tal derecho.

Con la finalidad de garantizar estos derechos, el Estado Mexicano, a lo largo de varias décadas, ha ido adecuando su diseño institucional con la clara finalidad de establecer las dependencias y programas que de mejor manera contribuyan a garantizar el tutelaje de los mismos.

De esta manera, tenemos que el 29 de diciembre de 1976, publicadas en el Diario Oficial de la Federación, se presentaron las modificaciones a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal por medio de las cuales se creaba la Secretaría de Asentamientos Humanos y Obras Públicas (SAHOP), contando, como principales atribuciones, con las siguientes:

a) Desarrollo urbano y asentamientos humanos.

b) Problema ecológico de la vivienda.

Seis años después, en diciembre de 1982, se creaba la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología (Sedue), cuya atribución primordial era la de: “atender de manera integral los problemas de vivienda, desarrollo urbano y ecología”.

Diez años más tarde, en mayo de 1992, se publican las modificaciones a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal que fusionan a la Sedue y a la Secretaría de Programación y Presupuesto (SPP) -que manejaba el Programa nacional de Solidaridad (Pronasol)-, para crear la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL).

El objetivo primordial de esta nueva Secretaría era el combate a la pobreza extrema entre campesinos, indígenas y colonos de zonas urbano-marginadas. Estadependencia basó su estrategia de combate a la pobreza, en un principio, en el programa de Solidaridad, buscando establecer una nueva relación entre Estado y sociedad. Entre sus principales atribuciones aún se encuentran:

a) La descentralización de algunas decisiones importantes y recursos a estados y municipios (federalización).

b) La creación de espacios comunitarios útiles para el combate a la pobreza.

Todo esto sirve para ilustrar como, a pesar de que ha existido una evolución del diseño institucional en materia de desarrollo social, culminando con el actual enfoqueprogramático, no es sino hasta el 20 de enero de 2004, a partir de la publicación de la Ley General de Desarrollo Social, que se institucionaliza un criterio guía insoslayable.

La Ley General de Desarrollo Social estipula, en la fracción II del Artículo 1, como objeto de la misma, lo siguiente:

Artículo 1.- La presente Ley es de orden público e interés social y de observancia general en todo el territorio nacional, y tiene por objeto:

I. …

II. Señalar las obligaciones del Gobierno, establecerlas instituciones responsables del desarrollo social y definir los principios y lineamientos generales a los que debe sujetarse la Política Nacional de Desarrollo Social;

De esta manera, con la publicación de esta Ley, se asegura la existencia de un marco normativo que cumpla con diversos tratados internacionales, así como con la ineludible responsabilidad del Estado en este rubro.

Sin embargo, y en esto radica el espíritu de esta iniciativa, a pesar de que se ha avanzado en materia de transparencia y rendición de cuentas, y en el establecimiento deun Sistema Nacional de Desarrollo Social en el que participen los gobiernos municipales, de las entidades federativas y el federal, aún vemos como el flujo de los recursos se ve obstaculizado por diversas carencias normativas, impidiendo que el esfuerzo presupuestal del Estado llegue a la población meta, y sin contribuir de manera efectiva a la erradicación de la pobreza.

De acuerdo al Informe de Evaluación de la Política de Desarrollo Social en México 2012, presentado por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), de los 273 programas sociales existentes, en 25 no se tiene información disponible para determinar el gasto y el tipo de apoyo que se da, mientras que en 131 se entregó más de un tipo de apoyo.

El reporte señala que el gobierno federal invirtió el año pasado 730 mil 581 millones de pesos en la aplicación de 273 programas sociales, pero a pesar de la creación de más apoyos, no se ha logrado reducir el nivel de pobreza, que afecta a 46% de la población.

“Posiblemente varios programas pueden resolver problemas concretos de la población, pero debido a que no siempre se cuenta con información clara y transparente sobre los resultados, habrá que analizar la posibilidad de un uso político de los mismos”, menciona el documento.

Las conclusiones del Índice de Desempeño de los Programas Públicos Federales 2012 (INDEP), realizado por Gestión Social y Cooperación (Gesoc), son aún más alarmantes. Según este estudio, de los 163 programas sociales operados por el Gobierno federal que fueron analizados, 74 registran problemas graves de opacidad.

Los programas menos transparentes, que Gesoc denomina como la “caja negra” del gasto social, significan el 38% de los casi 400 mil millones de pesos presupuestados para esos apoyos sociales.

De acuerdo con el INDEP 2012, sólo 16 programas sociales, de los 163 evaluados, alcanzaron calificación de "óptimos".

En las entidades federativas la situación es aún más grave, pues la información para su estudio es casi nula. En Tlaxcala y Aguascalientes, por mencionar sólo dos casos, no existe registro sobre el uso o destino de los programas sociales.

Es cierto quela reforma a la Ley General de Contabilidad Gubernamental, destinada a transparentar y armonizar la información financiera relativa a la aplicación de recursos públicos en los distintos órdenes de gobierno, representa un avance significativo toda vez que fortalece las tareas de planeación, ejecución, control, evaluación y fiscalización. 

Sin embargo, no basta con tener información que sea comparable, que sea homogénea en los ingresos y en los gastos, si esa información no tiene consecuencias, si no se fortalece la rendición de cuentas a partir de la información que vamos a tener ahora.

En vista de lo anterior, resulta evidente la necesidad de contar con vínculos de carácter jurídico que obliguen a las dependencias encargadas de ejercer el gasto de desarrollo social, de los tres órdenes de gobierno, a cumplir con los preceptos y lineamientos contenidos en la Ley General de Desarrollo Social. De otra manera, continuaremos bajo esta lógica de acción donde miles de millones de pesos del erario, lejos de contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de los más necesitados, son desviados con fines políticos o partidistas.

Por lo anteriormente expuesto, se pone a consideración de esta Soberanía la siguiente:

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN LOS ARTICULOS 26, 72 Y 74 DE LA LEY GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL.

Artículo único.- Se reforman y adicionan los Artículos 26, 72 y 74 de la Ley General de Desarrollo Social, para quedar como sigue:

Artículo 26. El Gobierno Federal deberá elaborar y publicar en el Diario Oficial de la Federación las reglas de operación de los programas de desarrollo social incluidos en el Presupuesto de Egresos de la Federación, así como la metodología, normatividad, calendarización y las asignaciones correspondientes a las entidades federativas. Por su parte, los gobiernos de las entidades federativas deberán elaborar y publicar, en sus respectivos periódicos oficiales, las reglas de operación de los programas o acciones de desarrollo social estatales, así como su metodología, normatividad, calendarización y la distribución a los municipios de los recursos federales.

Se sancionará administrativamente a los servidorespúblicos en los términos de la legislación en materia de responsabilidades administrativas aplicables a los funcionarios que incumplan con la obligación de difundir la información anteriormente referida.

Artículo 72. La evaluación de la Política de Desarrollo Social estará a cargo del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, que podrá realizarla por sí mismo o a través de uno o varios organismos independientes del ejecutor del programa, y tiene por objeto, revisar periódicamente el cumplimiento del objetivo social de los programas, metas y acciones de la Política de Desarrollo Social, para corregirlos, modificarlos, adicionarlos, reorientarlos o suspenderlos total o parcialmente.

En caso de encontrar altos niveles de opacidad en un programa público, que limite la capacidad del Consejo para evaluar las reglas de operación, la calidad de su diseño, el cumplimiento de sus metas o la cobertura de su población potencialmente beneficiaria, este Consejo deberá recomendar su inmediata suspensión.

Artículo 74. Para la evaluación de resultados, los programas sociales de manera invariable deberán incluir los indicadores de resultados, gestión y servicios para medir su cobertura, calidad e impacto. Las dependencias del Ejecutivo Federal, estatales o municipales, ejecutoras de los programas a evaluar, proporcionarán toda la información y las facilidades necesarias para la realización de la evaluación.

Se sancionará administrativamente a los servidores públicos en los términos de la legislación en materia de responsabilidades administrativas aplicables a los funcionarios que incumplan con la obligación de proporcionar información anteriormente referida.

TRANSITORIOS

PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el sesión de Plenos de la Cámara de Senadores, a 6 de diciembre de 2012.

Sen. Angel Benjamín Robles Montoya”.

Tiene el uso de la tribuna el Senador Jorge Luis Preciado Rodríguez, del grupo parlamentario del PAN, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman diversos artículos de la Ley General para el Control del Tabaco.






INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETOPOR EL QUE SE REFORMAN DIVERSOS ARTICULOS DE LA LEY GENERAL PARA EL CONTROL DEL TABACO

(Presentada por el C. Senador Jorge Luis Preciado Rodríguez, del grupo parlamentario del PAN)

- El C. Senador Jorge Luis Preciado Rodríguez: Con su permiso, señor Presidente. Compañeras Senadoras y Senadores.

En México tenemos un problema muy serio. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) en el 2011, a nivel mundial cada año mueren aproximadamente 6 millones de personas a consecuencia del tabaco. De éstas, 600 mil eran fumadoras expuestas al humo del tabaco. Las estadísticas dicen que la mitad de los fumadores morirá a causa de su adicción.

En México, el número total de muertes anuales atribuidas al tabaquismo por enfermedades asociadas, es de más de 53 mil, lo que equivale a que 147 mexicanos mueren diariamente por enfermedades causadas por el tabaco, lo que convierte a esta adicción en un grave problema de salud.

De acuerdo con los cálculos basados en informes del INEGI, en México, los fumadores, incluidos los menores de 18 años, consumen 550 millones de cigarrillos diariamente.

La edad crítica de inicio para el consumo diario del tabaco es entre 15 y 17 años. Y más del 24 por ciento de la población fumadora inició antes de cumplir los 15 años.

Un punto en el que coinciden tantas investigaciones como la industria tabacalera es que cuanto más se retrasa la edad del inicio del consumo del tabaco, menos probabilidades hay de que la persona se convierta en fumador; razón por la cual muchas de las campañas de las tabacaleras se orientaron a fomentar el consumo en jóvenes con lo que garantiza un cliente inclusive de por vida y hasta su muerte.

En consecuencia de lo antes expuesto, como legisladores no podemos ser indiferentes ante esta realidad. Por todo esto, esta iniciativa propone aumentar la edad de adquisición o promoción del tabaco a 21 años. De esta manera, logrando disminuir significativamente la posibilidad de promoción abierta y claramente dirigida a la población más joven así como aumentar la edad de acceso a la comercialización del tabaco, realizamos acciones responsables y conscientes encaminadas a la prevención y al retraso del consumo del mismo.

El problema es que en México todos los días disminuye la edad para consumir tabaco. Hoy los jóvenes están iniciando desde los 12 años de edad y a partir de los 18 ya se les puede vender legalmente cualquier cajetilla de cigarros.

Nuestra intención, como es en la mayoría de los países desarrollados, es que la edad para que lo puedan comprar suba a los 21 años y de esta manera retrasamos por lo menos 3 años la posibilidad de que lo puedan adquirir y con ello la posibilidad que puedan iniciarse en un vicio tan peligroso y tan delicado como el tabaco.

Por ello, al reformar el artículo 5, queda de la siguiente manera: La presente ley tiene las siguientes finalidades:

V. Instituir medidas para reducir el consumo del tabaco, particularmente en los menores de 21 años de edad...”.

Artículo 15. Quien comercie, venda, distribuya o suministre productos del tabaco tendrá las siguientes obligaciones:

I. Mantener un anuncio situado al interior del establecimiento con la leyenda sobre la prohibición del comercio, venta, distribución o suministro a menores de 21 años de edad.

II. Exigir a la persona que se presenta a adquirir productos del tabaco que acredite ser mayor de 21 años de edad con identificación oficial con fotografía, sin la cual no podrá realizarse lo anterior.

Artículo 17. Se prohíben las siguientes actividades.

  • El comercio, distribución, donación, regalo, venta y suministro de productos del tabaco a menores de 21 años de edad.

Artículo 23. Segundo párrafo.

La publicidad de promoción de productos del tabaco, únicamente será dirigida a mayores de 21 años de edad, a través de revistas para adultos, comunicación personal por correo o dentro del establecimiento de acceso exclusiva para aquellos.

La industria, los propietarios y/o los administradores de establecimientos donde se realice la publicidad o promoción de los productos deberán demostrar la mayoría de los 21 años de edad de los destinatarios de la misma.

Por su atención, muchísimas gracias.

Iniciativa

“C. SEN. ERNESTO CORDERO ARROYO
PRESIDENTE DE LA CAMARA DE SENADORES
DEL H. CONGRESO DE LA UNION
PRESENTE.

El que suscribe, JORGE LUIS PRECIADO RODRIGUEZ Senador integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional a la LXII Legislatura de la cámara de Senadores, con base en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y con fundamento en los artículos 164 numerales 1 y 3, 169 numerales 1 y 4, 172 numerales 1 y 2 del Reglamento del Senado de la República, se somete a la consideración de la Asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 5, fracción V; se reforma el artículo 15, fracción I y II; se reforma el artículo 17, fracción I y III; se reforma el segundo y tercer párrafo, del artículo 23; todos de la Ley General para el Control del Tabaco, de conformidad con la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

SEGUN LA ORGANIZACION MUNDIAL DE LA SALUD (OMS, 2011A), A NIVEL MUNDIAL CADA AÑO MUEREN APROXIMADAMENTE 6 MILLONES DE PERSONAS A CONSECUENCIA DEL TABACO, DE ESTAS, 600 MIL ERAN NO FUMADORAS EXPUESTAS AL HUMO DEL TABACO. LAS ESTADISTICAS DICEN QUE LA MITAD DE LOS FUMADORES MORIRA A CAUSA DE SU ADICCION AL TABACO.

En México, el número total de muertes anuales atribuibles al tabaquismo por enfermedades asociadas, es de más de 53 mil, lo que equivale a que 147 mexicanos mueren diariamente por enfermedades causadas por el tabaco lo que convierte a esta adicción en un grave problema de salud pública.

De acuerdo con cálculos basados en informes del INEGI, en México los fumadores, incluidos los menores de 18 años, consumen 550 millones de cigarrillos diariamente.

La edad crítica de inicio para el consumo diario del tabaco es entre los 15 y 17 años. Y más del 24%de la población fumadora inició antes de cumplir los 15 años de edad.

Un punto en el que coinciden tanto las investigaciones como la industria tabacalera es que cuanto más se retrasa la edad del inicio del consumo del tabaco, menos probabilidad hay de que la persona se convierta en fumador; razón por la cual, muchas de las campañas de las tabacaleras se orientaron a fomentar el consumo en jóvenes con lo que se garantiza un cliente, incluso, de por vida.

En consecuencia de lo antes expuesto, como legisladores no podemos ser indiferentes ante esta realidad. Por todo esto, esta iniciativa propone aumentar la edad de adquisición o promoción del tabaco a 21 años. De esta manera logrando disminuir significativamente las posibilidades de promoción abierta y claramente dirigida a la población más joven, así como, aumentar la edad de acceso a la comercialización del tabaco, realizamos acciones responsables y conscientes encaminadas a la prevención y retraso del consumo del mismo.

Se propone reformar el artículo 5, fracción V, que señala lo siguiente:

“Artículo 5. La presente Ley tiene las siguientes finalidades:

[…]

V.Instituir medidas para reducir el consumo de tabaco, particularmente en los menores;

[…]”

La fracción que se desea reformar, favorecerá la reducción de consumo de productos del tabaco en menores de 21 años de edad.

Por otro lado, se propone modificar el artículo 15, en sus fracciones I y II que señala lo siguiente:

“Artículo 15. Quien comercie, venda, distribuya o suministre productos del tabaco tendrá las siguientes obligaciones:

I. Mantener un anuncio situado al interior del establecimiento con las leyendas sobre la prohibición de comercio, venta, distribución o suministro a menores;

II. Exigir a la persona que se presente a adquirir productos del tabaco que acredite su mayoría de edad con identificación oficial con fotografía, sin la cual no podrá realizarse lo anterior;

[…]”

Esta iniciativa propone dar a conocer como requisito indispensable la acreditación de mayoría de 21 años de edad, para realizar actividades de compra de cualquier producto del tabaco.

En seguida se propone reformar el artículo 17, en sus fracciones I y III que actualmente señala:

“Artículo 17. Se prohíben las siguientes actividades:

  • El comercio, distribución, donación, regalo, venta y suministro de productos del tabaco a menores de edad;

[…]

II. Emplear a menores de edad en actividades de comercio, producción, distribución, suministro y venta de estos productos.”

Esta iniciativa propone reformar que la edad necesaria para tener acceso a productos del tabaco, para actividades de comercio, suministro, producción o distribución sea mínimo de 21 años.

Por otro lado se propone modificar el segundo y tercer párrafo del artículo 23 que señala lo siguiente:

“Artículo 23. Queda prohibido realizar toda forma de patrocinio, como medio para posicionar los elementos de la marca de cualquier producto del tabaco o que fomente la compra y el consumo de productos del tabaco por parte de la población.

La publicidad y promoción de productos del tabaco únicamente será dirigida a mayores de edad a través de revistas para adultos, comunicación personal por correo o dentro de establecimientos de acceso exclusivo para aquéllos.

La industria, los propietarios y/o administradores de establecimientos donde se realice publicidad o promoción de estos productos deberán demostrar la mayoría de edad de los destinatarios de la misma.”

Con esta iniciativa se regulará la publicidad y promoción de productos del tabaco en lugares donde los destinatarios acrediten ser mayores de 21 años de edad.

PROYECTO DE DECRETO

Por el que se reforman los artículos 5, 15, 17 y 23, todos de la Ley General para el Control del Tabaco.

Artículo Único.-Se reforma la fracción V, del artículo 5; se reforma la fracción I, del artículo 15; se reforma la fracción II, del artículo 15; se reforma la fracción I, del artículo 17; se reforma la fracción III, del artículo 17; se reforma el segundo párrafo, del artículo 23;se reforma el tercer párrafo, del artículo 23; todos de la Ley General para el Control del Tabaco.

“Artículo 5. La presente Ley tiene las siguientes finalidades:

I. […]

II. […]

III. […]

IV. […]

V. Instituir medidas para reducir el consumo de tabaco, particularmente en los menores de 21 años de edad;

VI. […]

VII. […]

VIII. […]

IX. […]

“Artículo 15. Quien comercie, venda, distribuya o suministre productos del tabaco tendrá las siguientes obligaciones:

I. Mantener un anuncio situado al interior del establecimiento con las leyendas sobre la prohibición de comercio, venta, distribución o suministro a menores de 21 años de edad;

II. Exigir a la persona que se presente a adquirir productos del tabaco que acredite ser mayor de 21 años de edad con identificación oficial con fotografía, sin la cual no podrá realizarse lo anterior;

III. […]

IV. […]”

“Artículo 17. Se prohíben las siguientes actividades:

I. El comercio, distribución, donación, regalo, venta y suministro de productos del tabaco a menores de 21 años de edad;

II. […]

III. Emplear a menores de 21 años de edad en actividades de comercio, producción, distribución, suministro y venta de estos productos.”

“Artículo 23. Queda prohibido realizar toda forma de patrocinio, como medio para posicionar los elementos de la marca de cualquier producto del tabaco o que fomente la compra y el consumo de productos del tabaco por parte de la población.

La publicidad y promoción de productos del tabaco únicamente será dirigida a mayores de 21 años de edad a través de revistas para adultos, comunicación personal por correo o dentro de establecimientos de acceso exclusivo para aquéllos.

La industria, los propietarios y/o administradores de establecimientos donde se realice publicidad o promoción de estos productos deberán demostrar la mayoría de los 21 años de edad de los destinatarios de la misma.”

TRANSITORIOS

UNICO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el salón de sesiones del Pleno del Senado de la República, a 13 de diciembre de 2012.

Atentamente

Sen. Jorge Luis Preciado Rodriguez”.

PRESIDENCIA DEL C. SENADOR
ENRIQUE BURGOS GARCIA

- El C. Presidente Burgos García: Muchas gracias, Senador Preciado Rodríguez. Se turna a las Comisiones Unidas de Comercio y Fomento Industrial; y de Estudios Legislativos, Segunda.

Se recibió del Senador Sofío Ramírez Hernández, del grupo parlamentario del PRD, una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se adiciona un Capítulo III BIS al Título Tercero de la Ley General de Turismo. Se turna a las Comisiones Unidas de Turismo; y de Estudios Legislativos, Primera.






INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETOPOR EL QUE SE ADICIONA UN CAPITULO III BIS AL TITULO TERCERO DE LA LEY GENERAL DE TURISMO

(Presentada por el C. Senador Sofío Ramírez Hernández, del grupo parlamentario del PRD)

“El suscrito, Sofío Ramírez Hernández, Senador del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 8, fracción I, 164, párrafos 1 y 2, 169, 172, párrafo 1, del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de la Asamblea la siguiente Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se adiciona un Capitulo III Bis al Titulo Tercero de la Ley General de Turismo referente al Turismo Rural Sustentable, bajo la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

El campo mexicano viene arrastrando viejos problemas y al mismo tiempo enfrenta el desafío de la globalización, que implica la expansión de los espacios económicos, culturales y de información, donde las fronteras nacionales se vuelven relativas y aparecen nuevas formas de producir, de consumir, de comerciar, de comunicarse y de organizar el trabajo, por mencionar algunos de los cambios que, para las familias campesinas, representan fenómenos complejos y situaciones inéditas.

Como resultado de la apertura comercial, las condiciones necesarias para participar competitivamente se han polarizado, la agricultura comercial y de exportación se ha fortalecido mientras que la agricultura de autoconsumo y la producción de alimentos básicos se ha deteriorado.

La política agraria que se ha impulsado en México durante las últimas décadas ha provocado el incremento de la pobreza en la población rural. Hoy, mil 251 municipios mexicanos están clasificados con muy alta y alta marginación.

El desequilibrio socioeconómico provoca que los campesinos migren en busca de oportunidades a las grandes ciudades o al extranjero, donde generalmente viven en condiciones precarias, muchas veces inaceptables para cualquier ser humano, dejando tras de sí una familia desintegrada y comunidades semipobladas.

En un país donde existen 52 millones de personas en extrema pobreza,de los cuales el 60 por ciento se encuentra en el campo1, se vuelve obligación buscar una alternativa de ingresos no agrícolas con el fin de impulsar el desarrollo de las zonas rurales. Es en este escenario donde las actividades turísticas representan un catalizador de las economías regionales.

El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en las consideraciones que emite sobre el sector rural de América Latina ha enfatizado la importancia del Empleo Rural No Agrícola. El sector turismo es una oportunidad de desarrollo hasta ahora desaprovechada.

El turismo rural sustentable comprende todas las actividades turísticas desarrolladas por actores locales con el propósito de mejorar la calidad de vida de las poblaciones rurales. México es un país con poco desarrollo de esta actividad y paradójicamente uno de los que cuenta con mayor riqueza cultural e histórica.

Según datos de la Secretaría de Turismo, México recibió cerca de 190 millones de turistas durante el 2011. Si el turismo rural captara el 5% del gasto turístico nacional, el turismo rural se convertiría en la cuarta actividad en orden de importancia dentro del sector agropecuario.

La demanda de mano de obra que genera la oferta de servicios en el campo, sea la producción artesanal de alimentos o la atención de turistas, es generalmente mucho mayor que las actividades agropecuarias tradicionales.

El turismo rural asigna valor a los recursos locales, es decir, a los activos que se encuentran en manos de pequeños productores, en su mayoría en áreas ejidales organizados en cooperativas o asociaciones comunales. La posibilidad de ofertar un servicio turístico al mercado partiendo de las potencialidades endógenas es lo que permitiría dinamizar la economía local.

Como ejemplo, una ruta gastronómica genera empleos vinculados a la instalación de una oficina de informes, transportes, estancia y consumo de productos de la región tales como alimentos y artesanías locales. Esta nueva relación productor-turista-consumidor genera condiciones adecuadas para implementar estrategias de calidad entre los productores primarios, los que anteriormente estaban muy alejados en la cadena de distribución de los consumidores finales.

A partir de la puesta en valor turístico de los productos y actividades agropecuarias, se logra ampliar las actividades turísticas y diversificar e incrementar los ingresos del sector rural y turístico. Por otro lado, al existir un nuevo recurso, se ofrecen nuevos atractivos para que el turista elija ese destino y/o amplíe su estadía en la localidad.

Este tipo de turismo surge como política de desarrollo en la década de los setentas en Europa. En Francia las políticas públicas de apoyo al turismo rural favorecieron múltiples actividades entre las cuales, destacan las pequeñas haciendas agrícolas que recibieron un crédito complementario. En Austria las disposiciones legales para el agroturismo fijan el número de puestos para dormir en un máximo de 10 haciendas y utilizan personal perteneciente a la hacienda. En Alemania se habla de vacaciones en haciendas agrícolas, y es una alternativa para las familias ante las dificultades en el campo. En Dinamarca, el turismo rural se concentra en el alquiler de departamentos donde los turistas pueden cocinar para ellos mismos y el alquiler de una habitación con pensión completa o media pensión. También brinda la posibilidad de realizar otras actividades: pesca, ciclismo, tenis, equitación y natación. Holanda basa su turismo rural en los agro-camping. En Bélgica existen tres formas de turismo en el campo: alojamiento en la hacienda, habitación en la hacienda para el hospedaje incluida la comida y el agro-camping. En Portugal, el turismo en el ambiente rural presenta cuatro modalidades: turismo organizado por el agricultor, agroturismo, turismo rural, y zonas turísticas de caza.

La planeación de esta actividad en nuestro país ha pasado por diferentes etapas. Durante la década de los setentas se inició la construcción de los primeros hoteles ejidales, se generaron fideicomisos para poder integrar las tierras ejidales y comunales al turismo, donde los ejidatarios tenían un papel importante en la toma de decisiones y manejo de estos complejos turísticos.

El Fondo Nacional de Apoyo a Empresas Sociales (FONAES) fue el pionero real del turismo rural en México y durante los años noventas apoyó en forma directa a once Estados de la república, la mayoría de ellos con elevados índices de población indígena con un alto grado de pobreza. Este tipo de turismo generó, 769 empleos permanentes y 1,040 temporales en un total de 30 proyectos.2

La promoción del turismo rural en México actualmente se da en dos vertientes, la primera es a través de la inversión del gobierno federal en programas de desarrollo turístico de carácter general, en el cual involucra de manera marginal al turismo rural. En 2005 el gobierno federal transfirió a los gobiernos de los Estados un monto de $14.548.666 dólares. El 54,9 por ciento se destinó a infraestructura y equipamiento; 25,5 por ciento para el mejoramiento de la imagen urbana y señalización en diversos destinos; 12,4 por ciento para sistemas de información y 7,2 por ciento para el Programa de Pueblos Mágicos.3

La segunda vertiente se basa en los inmuebles de las antiguas haciendas porfirianas, las que han iniciado la operación con grandes presupuestos de remodelación y rescate de las antiguas propiedades. En esta vertiente también se busca la incorporación de zonas con potencial turístico, como pueden ser los ejidos y diversas comunidades rurales que cuentan con algunos recursos para invertir, aunque sea de manera modesta.

En el 2004, el gobierno mexicano invirtió 33 mil millones de pesos, donde el 5,4 por ciento se destinó para apoyar la elaboración y el desarrollo de proyectos eco turísticos en áreas naturales protegidas y 1,8 millones de dólares apoyaron 39 propuestas. En este mismo año el gobierno invirtió 1,6 millones de dólares para impulsar el ecoturismo a través del desarrollo de la infraestructura y equipamiento en sistemas de comunicación, señalización y módulos de información entre otros servicios. En el 2005 se programó realizar 24 diagnósticos estatales, con un presupuesto de 200 mil dólares4

Estos datos revelan que el turismo rural en México es incipiente y por consiguiente marginal, que recibe pocos apoyos económicos en comparación con el turismo de los grandes centros.

El turismo rural se puede desarrollar con base en la diversidad biológica, variedad de ecosistemas, flora y fauna endémica, así como en la cultura de grupos étnicos autóctonos. México cuenta con 127 Áreas Naturales Protegidas declaradas y 57 grupos étnicos, en donde es factible desarrollar el ecoturismo, turismo de aventura, etnoturismo, turismo rural, cinegético, náutico y deportivo, apegados a programas de manejo y conservación

Un gran número de municipios rurales en nuestro país reúnen todas las condiciones para favorecer el desarrollo económico y social a través del Turismo Rural, inclusive en las zonas menos favorecidas, asegurando a los visitantes una experiencia única, vivencial y participativa, además de incentivar una mejor utilización y valoración del patrimonio natural, cultural y arquitectónico. Un ejemplo de esto es el Estado de Guerrero, donde se puede practicar caminatas, canotaje, ciclismo, descenso en río, eco arqueología, escalada en roca, excursionismo, espeleología, montañismo, rappel, surfing, vuelo en parapente, presenciar migración animal en la zona de la montaña, observar aves de temporada y formaciones geológicas y volcánicas, además de visitar comunidades nahuas, mixtecas y tlapanecas.

Específicamente se busca desarrollar el potencial turístico de los pueblos indígenas. El crecimiento del turismo rural significa una importante fuente de ingresos para pequeñas localidades cuya principal forma de vida ha sido la agricultura, propiciando el acercamiento entre el visitante y la comunidad.

En la medida en que el turismo rural sustentable se convierta en el sector que logre la redistribución de ingresos y beneficios generados entre la mayor cantidad de actores locales, funcionará como un mecanismo de inclusión y eje generador del desarrollo de economías regionales.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO

ARTICULO UNICO. Se adiciona un Capítulo III Bis al Título Tercero de laLey General de Turismo referente al Turismo Rural Sustentable,para quedar como sigue:

CAPITULO III BIS

DEL TURISMO RURAL SUSTENTABLE

Artículo 17 Bis 1. La Secretaría impulsará y promoverá el turismo rural sustentable, el cual comprende todas las actividades turísticas desarrolladas sustentablemente por actores locales, con el propósito de mejorar la calidad de vida de las poblaciones rurales.

Las dependencias de la Administración Pública Federal, en coordinación con los gobiernos locales y municipales, impulsarán acciones para la promoción, fomento y desarrollo del turismo rural sustentable, a fin de contribuir junto con los habitantes de las comunidades en el aprovechamiento de los recursos naturales como eje estratégico complementario para el desarrollo local integral.

Artículo 17 Bis 2. La Secretaría, en coordinación con la Secretaría de Desarrollo Social, los gobiernos locales y municipales, diseñarán y ejecutarán los programas necesarios para el estímulo de iniciativas relativas al turismo rural sustentable que promuevan la generación de empleo, valoricen y respeten la cultura y cumplan las normas y regulaciones ambientales.

Artículo 17 Bis 3. La Secretaría elaborará la normativa que establezca los procedimientos de registro y clasificación de los servicios de turismo rural sustentable tomando en cuenta la legislación de áreas protegidas.

Artículo 17 Bis. 4 Los establecimientos que presten servicios de turismo rural, deberán inscribirse obligatoriamente en el Registro Nacional de Turismo para obtener la autorización que les permita operar en dicha modalidad. Así mismo, el Registro Nacional de Turismo clasificará los establecimientos según el tipo de actividades de acuerdo a las siguientes modalidades:

1. Agroturismo;

2. Ecoturismo;

3. Talleres Gastronómicos;

4. Turismo de Aventura;

5. Turismo Cultural;

6. Turismo Deportivo;

7. Turismo Educativo;

8. Turismo Étnico y vivencial;

9. Turismo y Eventos;

10. Turismo de Naturaleza;

11. Turismo Religioso;

12. Turismo Salud;

13. Turismo Técnico Científico;

14. Turismo Rural Comunitario;

15. Turismo Vivencial;

16. Vivencias Místicas; y

17. Posadas Rurales

Artículo 17 Bis 5. La prestación de los servicios turísticos rurales se realizará respetando las características del espacio y de sus valores sociales y medioambientales.

Artículo 17 Bis 6. Los prestadores de servicios turísticos rurales deberán implementar las medidas necesarias con el fin de promover la educación ambiental de las personas usuarias, alcanzando el equilibrio entre el disfrute de los recursos turísticos y la conservación y mejora del medio rural.

La misma obligación tendrán las autoridades respecto de los templos, centros ceremoniales y lugares sagrados con afluencia turística.

Artículo 17 Bis 7. La Secretaría, con la participación de las distintas dependencias y entidades promoverá la suscripción de acuerdos con prestadores de servicios turísticos para el cumplimiento de los objetivos de este capítulo.

Las instituciones, dependencias y entidades del sector público del Ejecutivo Federal, de los Estados, Municipios y del Distrito Federal, promoverán entre sus trabajadores el turismo rural sustentable.

TRANSITORIO

Unico.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Salón de sesiones de la Cámara de Senadores, a 11 de diciembre de 2012.

Suscribe

Sen. Sofío Ramírez Hernández”.


1Informe Latinoamericano sobre Pobreza y Desigualdad 2011

2De la Torre, Gerardo (1999) Turismo de aventura en la Tarahumara. México, SEDESOL –FONAES.

3Amaya, Carlos M. (2005). “Desafíos y oportunidades del turismo rural en México”

4Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (2005) Acciones de gobierno para el desarrollo integral de los pueblos indígenas (Informe 2003-2004).

Tiene el uso de la palabra la Senadora Mariana Gómez del Campo Gurza, del grupo parlamentario del PAN, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se adiciona el Estatuto de Gobierno del Distrito Federal.






INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETOPOR EL QUE SE ADICIONA LA SECCION IV, CON LOS ARTICULOS 75 BIS Y 75 TER DEL CAPITULO II DEL ESTATUTO DE GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL

(Presentada por la C. Senadora Mariana Gómez del Campo Gurza, del grupo parlamentario del PAN)

- La C. Senadora Mariana Gómez del Campo Gurza: Con su venia, señor Presidente.

Bueno, esta iniciativa que estoy presentando el día de hoy, tiene que ver con los hechos ocurridos el sábado 1° de diciembre, en los que una vez más constatamos, aquí en la ciudad de México, que hay diferentes grupos de manifestantes que se disfrazan de manifestantes legítimos y que rebasan esta delicada línea de la libertad de expresión, y se aprovechan de ese derecho para cometer algunos actos vandálicos.

Podríamos poner aquí algunos ejemplos del Distrito Federal, cuando se llevaron a cabo las manifestaciones del SME en las que se toleraron que se llegara a tales excesos como el incendio de vehículos, la toma de oficinas del gobierno federal y, por supuesto, el daño al patrimonio de la ciudad.

Al final del día, todos estos actos generan impunidad y desafortunadamente se ha hecho poco al respecto.

Y quisiera también señalar que es importante que todos tengamos en cuenta de lo que implica necesariamente en algunos casos hacer uso de la fuerza pública, cuando así se requiera, siempre y cuando no se afecten y no se dejen de respetar los derechos humanos.

Quiero, y recordando el 1° de diciembre, hace unas semanas, quiero compartirles que desafortunadamente hubo grandes pérdidas para la ciudad, pérdidas económicas mayores a los 1,127 millones de pesos; esto no lo decimos los Senadores de Acción Nacional, lo dice la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de la Ciudad de México, la CANACO.

Y bueno, hoy en día, desafortunadamente pues no hay culpable, no termina siendo culpable por parte de los desmanes que puedan ocurrir, el mismo gobierno, y estamos hoy pues presentando una iniciativa para reformar concretamente el Estatuto de Gobierno del Distrito Federal con el objetivo de dotar de naturaleza jurídica a la Ley de Responsabilidad Patrimonial que ya existe, pero de manera inacabada, y simultáneamente se establezca la obligación de las autoridades de convertirse en responsables directos de los daños causados por marchas y manifestaciones violentas.

Esta iniciativa lo que pretende es adicionar la Sección IV, con los artículos 75 Bis y 75 Ter al Capítulo II del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal.

Estamos muy conscientes, los Senadores del PAN, que con esta iniciativa no solamente no vamos a resolver el problema de las manifestaciones que se dan en el Distrito Federal de manera desordenada, estamos muy conscientes de que tenemos que reformar la legislación local, y también, por supuesto, la Constitución para poder encontrar el equilibrio entre libertad de expresión y libertad de tránsito.

Ya en su momento presentaremos también una iniciativa de ley para seguir insistiendo en la necesidad de legislar las marchas, manifestaciones, plantones, bloqueos y mítines en el Distrito Federal, y yo espero que en este Senado sea visto con buenos ojos, porque se han presentado diversas iniciativas a lo largo de los años tanto en la Asamblea Legislativa como en la Cámara de Diputados, como en el Senado de la República, y pareciera que estamos esperando a que ocurran cosas peores en el Distrito Federal, pareciera que estamos esperando a que haya muertes para poder tomar cartas en el asunto de la necesidad de legislar al respecto.

Es cuanto, señor Presidente.

Iniciativa

“CC. SECRETARIOSDE LA MESA DIRECTIVA
DE LA CAMARA DE SENADORES
DEL H. CONGRESO DE LA UNION
EN LA LXII LEGISLATURA
PRESENTE.

La que suscribe, MARIANA GOMEZ DEL CAMPO GURZA, Senadora a la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, y con aval del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto por los artículos:71 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como por los artículos 8° fracción I, 164 numeral 1, 169, 164 numeral 3, 171 y 172 del Reglamento del Senado de la República, sometemos a consideración de esta Soberanía, la presente: INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA LA SECCION IV, CON LOS ARTICULOS 75 BIS Y 75 TER DEL CAPITULO II, DEL ESTATUTO DE GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL; al tenor dela siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

No fue sino hasta el siglo pasado que se instituyó el deber del Estado de responder por los daños causados por sus funcionarios con motivo de su actividad irregular, en ejercicio de sus atribuciones, pero para hacerla efectiva se requería que el causante de la lesión patrimonial fuera declarado responsable y no tuviera bienes, o teniéndolos que no fueran suficientes para resarcir el daño reclamado; es decir, era un sistema de responsabilidad subsidiaria y subjetiva.

Mediante decreto publicado el día 10 de enero del año 1994 entraron en vigor un reforma alos artículos 1927 y 1928 del Código Civil y una adición al artículo 77 bis de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos.

En el artículo 1927 en comento quedó ceñida la responsabilidad directa de los entes de la administración pública, con la calidad de solidaria, por los daños y perjuicios que sus servidores causaran en ejercicio de sus funciones como consecuencia de ilícitos dolosos, sino seguiría siendo subsidiaria.

Por otro lado, el artículo 77 bis de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, actual artículo 33 de la ley de mérito, estipuló la reclamación de los particulares que sufrieran daños y perjuicios como resultado de una actividad ilegal de un algún servidor público.

Mediante la adición del segundo párrafo del artículo 113 de la Constitución Federal, publicada en el Diario Oficial de la Federación el día doce de junio del año dos mil dos,quedó disuelta porun lado, la bifurcaciónde“la responsabilidad objetiva y responsabilidad subjetiva” y, por el otro, el de “la responsabilidad subsidiaria y responsabilidad directa” en que se debatía la doctrina de aquella época.

En el orden federal, eldía31 de diciembre del año 2004, mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación,fue dada a conocer la ley reglamentaria del segundo párrafo del artículo 113 Constitucional, la denominada “Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado”, que entró en vigor el primero de enero del año 2005 y tuvo por objeto de conformidad con su primer artículofijar las bases y procedimientos para reconocer el derecho a la indemnización a quienes, sin obligación jurídica de soportarlo, sufran daños en cualquiera de sus bienes y derechos como consecuencia de la actividad administrativa irregular del Estado.

Con la entrada en vigor del citado cuerpo de leyes se derogó el artículo 33 y el último párrafo del artículo 34 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, así como el artículo 1927 del Código Civil Federal.

Este nuevo ordenamiento sentaron las bases y procedimientos para indemnizar a quien sufra daños por la actividad administrativa irregular del Estado, es decirestablece la responsabilidad objetiva y directa.

Continuando con la línea cronológica de antecedentes legales la responsabilidad patrimonial del nuestro país, mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación, del día 14 de junio del año 2002, se reformó el Título Cuarto y se adicionó el párrafo segundo al artículo 113 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

“Artículo 113. … La responsabilidad del Estado por daños que, con motivo de su actividad administrativa irregular, cause en los bienes o derechos de los particulares, será objetiva y directa. Los particulares tendrán derecho a una indemnización conforme a las bases, límites y procedimientos que establezcan las leyes”.

Ahora bien, existen dos clases de responsabilidad del Estado Mexicano; LARESPONSABILIDAD OBJETIVA Y LA RESPONSABILIDAD DIRECTA.

En el primer caso, es decir por cuanto hace a la RESPONSABILIDAD OBJETIVA, se puede afirmar que lo que determina la obligación es la realización deldaño, imputable al Estado y no la motivación subjetiva del ente de la administración pública por impericia, falta de cuidado, ilicitud o culpa.

En tal virtud el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, señaló la distinción entre la responsabilidad objetiva y la responsabilidad subjetiva mediante la tesis de jurisprudencia43/2088que “ad literam” se cita:

“RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO. DIFERENCIA ENTRE RESPONSABILIDAD OBJETIVA Y SUBJETIVA. La adición al artículo 113 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 14 de junio de 2002, tuvo por objeto establecer la responsabilidad patrimonial del Estado por los daños causados en los bienes y derechos de los ciudadanos, otorgándole las características de directa y objetiva. La diferencia entre la responsabilidad objetiva y la subjetiva radica en que mientras ésta implica negligencia, dolo o intencionalidad en la realización del daño, aquélla se apoya en la teoría del riesgo, donde hay ausencia de intencionalidad dolosa. Por otra parte, del contenido del proceso legislativo que dio origen a la adición indicada, se advierte que en un primer momento el Constituyente consideró la posibilidad de implantar un sistema de responsabilidad patrimonial objetiva amplia, que implicaba que bastaba la existencia de cualquier daño en los bienes o en los derechos de los particulares, para que procediera la indemnización correspondiente, pero posteriormente decidió restringir esa primera amplitud a fin de centrar la calidad objetiva de la responsabilidad patrimonial del Estado a los actos realizados de manera irregular, debiendo entender que la misma está desvinculada sustancialmente de la negligencia, dolo o intencionalidad, propios de la responsabilidad subjetiva e indirecta, regulada por las disposiciones del derecho civil. Así, cuando el artículo 113 constitucional alude a que la responsabilidad patrimonial objetiva del Estado surge si éste causa un daño al particular “con motivo de su actividad administrativa irregular”, abandona toda intención de contemplar los daños causados por la actividad regular del Estado, así como cualquier elemento vinculado con el dolo en la actuación del servidor público, a fin de centrarse en los actos propios de la administración que son realizados de manera anormal o ilegal, es decir, sin atender a las condiciones normativas o a los parámetros creados por la propia administración.”

Por su parte, la RESPONSABILIDAD DIRECTA del estado asume que los entes públicos son “órganos” propios, integrantes de la estructura estatal, de modo, que cualquier conducta o actuación de dichos órganos que causen un daño le resulta llanamente imputable al propio estado.

Se dice que es directa debido a que el particular tiene la posibilidad demandar o solicitar la indemnización directamente al Estado sin necesidad de recurrirprimariamente en contra del funcionario a quien pudiera imputarse el daño en lo particular.

En este sentido, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha definido qué es lo que se entiende por responsabilidad directa y objetiva, tal como lo traduce en la siguiente tesis de jurisprudencia que “ad literam” señala:

“RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO OBJETIVA Y DIRECTA. SU SIGNIFICADO EN TERMINOS DEL SEGUNDO PARRAFO DEL ARTICULO 113 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. Del segundo párrafo del numeral citado se advierte el establecimiento a nivel constitucional de la figura de la responsabilidad del Estado por los daños que con motivo de su actividad administrativa irregular cause a los particulares en sus bienes o derechos, la cual será objetiva y directa; y el derecho de los particulares a recibir una indemnización conforme a las bases, límites y procedimientos que establezcan las leyes. A la luz del proceso legislativo de la adición al artículo 113 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se advierte que la responsabilidad directa” significa que cuando en el ejercicio de sus funciones el Estado genere daños a los particulares en sus bienes o derechos, éstos podrán demandarla directamente, sin tener que demostrar la ilicitud o el dolo del servidor que causó el daño reclamado, sino únicamente la irregularidad de su actuación, y sin tener que demandar previamente a dicho servidor; mientras que la responsabilidad objetiva” es aquella en la que el particular no tiene el deber de soportar los daños patrimoniales causados por una actividad irregular del Estado, entendida ésta como los actos de la administración realizados de manera ilegal o anormal, es decir, sin atender a las condiciones normativas o a los parámetros creados por la propia administración.”

Empero lo anterior, es importante precisar qué se define por “actividad irregular del estado” y en este sentidotomando en cuenta lo que sustentó la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la acción de inconstitucionalidad 4/2004, donde concluyó que se actualizará la responsabilidad patrimonial del Estado por su actividad irregular, cuando se actualizan los siguientes supuestos:

a) La existencia de un daño, el cual se encuentra definido, en términos del artículo 2108 del Código Civil, como: “La pérdida o menoscabo sufrido en el patrimonio por la falta de cumplimiento de una obligación”.

Desde luego, el concepto de daño debe entenderse con todas sus notas características, a saber, que sea efectivo, evaluable económicamente e individualizado con relación a una o varias personas.

b) Que sea imputable a la Administración Pública, por ser efecto de su actividad administrativa irregular.

c) El nexo causal entre uno y otro, es decir, que la causa del daño sea la actividad de la Administración Pública o, en su acepción más amplia, del Estado.

Ahora bien, en el caso que ocupa a la presente iniciativa, es preciso señalar que el Distrito Federal ya cuenta con un ordenamiento que regula la Responsabilidad Patrimonial del Distrito Federal, sin embargo, su soporte legal resulta inacabado y es insuficiente para abarcar la responsabilidad de las autoridades en todos los ámbitos de la vida pública.

El soporte legal de la Responsabilidad Patrimonial del Estado es incipiente, en virtud de que no existe condicionamiento legal o mandato alguno para que la Ley de Responsabilidad Patrimonial del Distrito Federal tenga que permanecer vigente o expedida, ya queesta carece de un sustento mayor que obligue o mandate su expedición, motivo por el cual podría ser abrogada sin consecuencias jurídicas, dejando a los habitantes del Distrito Federal en un completo estado de desprotección.

Es por ello que considero necesario que la naturaleza jurídica de la legislación en comento sea considerada desde el Estatuto de Gobierno del Distrito Federal, a fin de garantizar la existencia y vigencia de esta normatividad que resulta de suma importancia y enaltece la función pública en los valores más álgidos de compromiso con la ciudadanía, haciendo ver que los recursos públicos pueden y deben ser utilizados para el bienestar de la población.

Por otro lado, la Ley de Responsabilidad Patrimonial del Distrito Federal, sólo contempla el resarcimiento del daño, cuando exista una actividad irregular por parte de algún agente del Estado, sin que tome en consideración la salvaguarda y reparación del patrimonio de los ciudadanos en manifestaciones, marchas, mítines, plantones, tumultos y agrupación masiva de personas, así como en su actuar regular, esto último porque sólo se habla de que será responsable el Gobierno del Distritocuando con motivo de su “actividad administrativa irregular” se cause un menoscabo en el patrimonio de algún ciudadano, abandonando toda intensión de contemplar los daños ocasionados por la actividad regular del Estado; así como cualquier conducta relacionada con el dolo o la ilegalidad en la actuación del funcionario público.

En este sentido el objeto material de la presente iniciativa consiste encrear la sección IV con dos artículos (75 Bis y 75 Ter) dentro del Capítulo II delEstatuto de Gobierno del Distrito Federal, mediante los cuales se establezca por un lado, la naturaleza jurídica de laresponsabilidad patrimonial del Gobierno del Distrito Federal, y por el otro, laresponsabilidad que el precitado Gobierno del Distrito Federal tiene, en la salvaguarda y reparación del patrimonio de los ciudadanos cuando se susciten manifestaciones, marchas, mítines, plantones, tumultos y agrupación masiva de personas, así como en su actuar, regular, doloso e ilegal por parte de los servidores públicos.

En mérito de lo antes expuesto, someto a la consideración de esta soberanía la presente iniciativa con el siguiente proyecto de:

DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA LA SECCION IV, CON LOS ARTICULOS 75 BIS Y 75 TER DEL CAPITULO II, DEL ESTATUTO DE GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL:

UNICO. Se adiciona la Sección IV, con los artículos 75 BIS y 75 TER del Capítulo II, del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal, en los siguientes términos:

SECCION IV

DE LA RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL
DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL

75 BIS.- El Gobierno del Distrito Federal es patrimonialmente responsable con motivo de su actividad administrativa, regular e irregular, así como por la actuación dolosa e ilegal de sus servidores públicos en ejercicio de sus funciones, encomiendas y atribuciones.

La responsabilidad patrimonial a cargo del Gobierno del Distrito Federal es objetiva y directa y la indemnización deberá ajustarse a los términos y condiciones señalados en la Ley de Responsabilidad Patrimonial del Distrito Federal y en las demás disposiciones legales a que la misma hace referencia.

La responsabilidad patrimonial deberá extenderse a entidades, dependencias, órganos político administrativos, órganos autónomos y a los actos materialmente administrativos de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal, de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Distrito Federal y Tribunal Electoral del Distrito Federal.

75 TER.- El Gobierno del Distrito Federal es patrimonialmente responsable porlos daños sufridos por particulares, personas físicas o morales con motivo de cualquier desorden público ocasionado por manifestaciones, marchas, mítines, plantones, tumultos, algomeraciones y/o agrupación masiva de personas.

TRANSITORIOS

UNICO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, en la Ciudad de México, Distrito Federal, a 4 de diciembre de 2012.

Atentamente

Sen. Mariana Gómez del Campo Gurza”.

- El C. Presidente Burgos García: Muchas gracias, Senadora Gómez del Campo Gurza. Se turna a las Comisiones Unidas del Distrito Federal; y de Estudios Legislativos. Se toma nota de las adhesiones de diversos Senadores.

Tiene el uso de la tribuna el Senador Mario Delgado Carrillo, del grupo parlamentario del PRD, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto que reforma los artículos 3o. y 73 de la Constitución.






INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETOPOR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTICULOS 3o. Y 73 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

(Presentada por el C. Senador Mario Delgado Carrillo, del grupo parlamentario del PRD)

- El C. Senador Mario Delgado Carrillo: Gracias, señor Presidente, con su venia.

En días pasados vimos con mucho agrado que dentro del Pacto por México se abordó el tema de reforma educativa, que desde el punto de vista de la izquierda, es la reforma estructural más importante que necesita nuestro país.

En el ánimo de enriquecer este debate, de clarificar lo que se está planteando en esa iniciativa, presentamos un grupo de Senadores y Senadoras, una iniciativa de ley el día de hoy.

¿Para comprometernos con qué?

Con la calidad en la educación. Debe quedar claro en el artículo 3o. constitucional que el Estado debe garantizar una educación de calidad.

Desde nuestro punto de vista, no basta que tengamos una exposición de motivos muy bien desarrollada, muy bonita, donde se describen las ventajas y el compromiso que debe haber respecto de la calidad educativa y que finalmente no quede dentro del texto constitucional dentro del artículo 3o, porque nos parece que sería una reforma cosmética, en la que al final del día no se tuviera la fuerza suficiente para cambiar el sistema educativo nacional y de eso es de lo que se trata, de eso es de lo que estamos hablando.

Por eso, el día de hoy presentamos esta iniciativa que busca incorporar en el artículo 3o. constitucional, que el Estado garantizará la calidad en la educación, también definir a qué nos referimos cuando hablamos de calidad, y la calidad tiene que ver o tiene que ser en base al mejoramiento constante y en el máximo logro académico de los alumnos y de las alumnas.

De manera muy acertada, la reforma del Pacto por México plantea el tema por la evaluación, nuestro sistema educativo no puede ser mejor si no lo evaluamos a todo en su conjunto, el desempeño académico, a todo, a los maestros, a la infraestructura educativa, y qué bueno que se proponga un Instituto Nacional que se le dé autonomía y que además sus miembros sean aprobados por el Senado de la República.

Pero no sólo necesitamos una institución, necesitamos un sistema nacional de evaluación educativa para asegurar precisamente el derecho a recibir educación de calidad.

Por eso proponemos que exista este Sistema Nacional de Evaluación Educativa que combinado con las reformas que se están haciendo al Instituto Nacional de Evaluación Educativa, podamos tener no sólo una institución, sino un sistema en su conjunto.

Que la coordinación de dicho sistema esté a cargo de ese organismo con autonomía técnica y de gestión, personalidad jurídica y patrimonio propios, con las facultades necesarias para recopilar, generar, sistematizar, administrar, analizar, interpretar y difundir información y conocimientos que contribuyan a evaluar los diferentes componentes del Sistema Educativo Nacional, así como el desempeño de los programas, políticas e instituciones y actores educativos.

También nos parece insuficiente que hablemos del sistema profesional docente en un artículo transitorio, debe quedar el sistema provisional de docente establecido en la Constitución, dentro del artículo 3o., para que tenga la suficiente fuerza que estamos proponiendo y que pueda basarse este sistema en la mejora constante de las competencias profesionales, el desempeño del SNTE, de los maestros, que se rija por los principios de transparencia, objetividad, legalidad, imparcialidad, mérito, igualdad de oportunidades y equidad de género, que el sistema establezca los criterios de ingreso, permanencia, promoción, evaluación, estímulos y retiro de la carrera magisterial, que las plazas de docentes, director y supervisores del Sistema Educativo Nacional también sea ocupados por concurso de selección en los términos que establezca la ley y además que sean abierto a las personas sin discriminación alguna con motivo de lugar, de origen, residencia, campo de estudio o cualquier otra que atente contra sus derechos .

También es muy importante establecer dentro del artículo 73, fracción XXV, que las aportaciones económicas correspondientes al servicio de educación básica en la Federación, estados y municipios, sea haga con base en la evaluación de los diferentes componentes del Sistema Educativo Nacional, es decir, que fijemos las bases de una vez a nivel constitucional para que empecemos a cambiar la forma del financiamiento de la educación básica que actualmente tiene a la mayoría de las entidades federativas prácticamente quebradas, porque la descentralización ocurrida a principios de los 90’s se hizo en base a unas fórmulas cuya actualización ha sido insuficiente para que las entidades tengan los recursos necesarios para atender los retos de sus sistemas educativos.

Pero hay que incorporar nuevos criterios, no sólo el inercial, no sólo el de la nómina que se tenía a principios de los 90’s, sino que vayamos premiando el desempeño y vayamos, a partir de los indicadores de este sistema que se está proponiendo, detectando las insuficiencias para tener estándares de calidad aceptable.

Esos son los conceptos que desde nuestro punto de vista deben quedar en el artículo 3o. constitucional, clarificar que el derecho a la educación es una educación de calidad, también que esa calidad se basa en el mejoramiento constante y en el máximo logro académico.

También que el Sistema Nacional de Evaluación quede a nivel constitucional y hablemos de un sistema, no nada más de un instituto y sus características.

Y que además, el sistema profesional docente también quede en la constitución con sus principales características, que introduzcamos también ya el criterio de los diferentes componentes del Sistema de Evaluación Educativo Nacional para el tema del financiamiento, obviamente tendrá que venir una reforma posterior y también que propongamos para darle la fuerza de rectoría al Estado en materia educativa, que las comisiones mixtas que existen actualmente pues sean nada más específicamente para los temas laborales del magisterio.

También estamos proponiendo en esta ley, que el Congreso de la Unión, en un plazo no mayor a un año contado a partir de la publicación del presente Decreto, apruebe las modificaciones que sean necesarias al marco jurídico para contar con disposiciones sobre infraestructura educativa a cargo de la Federación, las entidades federativas y municipios. Para dicho fin, las Comisiones de Educación del Senado de la República y de la Cámara de Diputados podrán solicitar a la Secretaría de Educación Pública y a la secretaría de las entidades federativas, diagnósticos e informes para alcanzar tal fin, si no tenemos escuelas dignas no va a mejorar la calidad de la educación.

Quisiera también dejar muy en claro que lo que busca esta iniciativa, es contribuir a enriquecer el debate, no obstruir una iniciativa que al parecer está siendo recibida en muy buenos términos en la Comisión de Educación en la Cámara de Diputados, sino que reafirmemos, que contribuyamos a que esos objetivos que se están persiguiendo en materia de calidad, en materia de servicio profesional docente, en materia de evaluación, queden lo suficientemente fuertes en la legislación a partir del texto constitucional y que de ahí se puedan hacer los cambios que nuestro país necesita en materia educativa.

Para el grupo parlamentario del PRD, sin duda que estamos hablando de la reforma más importante para nuestro país, como dice el escritor Fernando Savater, sabemos que si bien la educación no resuelve todo, sabemos muy bien que sin la educación no vamos a resolver nada.

Es cuanto, señor Presidente.

Iniciativa

“SEN. ERNESTO CORDERO ARROYO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
CAMARA DE SENADORES
H. CONGRESO DE LA UNION.

EL SUSCRITO, SENADOR INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCION DEMOCRATICA A LA LXII LEGISLATURA DEL CONGRESO DE LA UNION, CON FUNDAMENTO EN LOS ARTICULOS 71, FRACCION II, 73, FRACCION XXV Y 78, FRACCION III, DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, 8 FRACCION I, 164, 169, 171 Y 172 DEL REGLAMENTO DEL SENADO DE LA REPUBLICA, ME PERMITO PRESENTAR A ESTA HONORABLE CAMARA DE SENADORES LA PRESENTE INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL SE REFORMA EL ARTCIULO 3° CONSTITUCIONAL EN MATERIA DE CALIDAD EDUCATIVA, EVALUACION EDUCATIVA Y SERVICIO PROFESIONAL DOCENTE, DE CONFORMIDAD CON LA SIGUIENTE:

EXPOSICION DE MOTIVOS

Toda sociedad tiene la capacidad de aumentar su potencial de desarrollo económico y social a través de la educación. Con ella, los individuos conocen sus capacidades intelectuales, artísticas y deportivas; reciben información que los estimula a desarrollar sus aptitudes y habilidades al máximo, permitiéndoles conocer el lenguaje de la ciencia, la técnica y el arte. Se hacen parte de una sociedad al conocer su historia, leyes, tradiciones y costumbres. Gracias a la educación se forma una nación y se educa a sus miembros. La importancia personal y social de la educación es fundamental.

Este es el momento para que los legisladores impulsemos reformas para el mejoramiento efectivo de la calidad educativa en todos sus niveles y ámbitos.

Estas reformas deben ser detonantes de políticas públicas para dotar a las alumnos y a los alumnos de este país de mayores oportunidades para elevar su nivel de vida a partir del acceso y permanencia de los estudiantes en las escuelas, la calidad y la cobertura del sistema educativo nacional y su incorporación permanente en la economía del conocimiento y al campo laboral.

1. Calidad educativa.

El Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 establece que la evaluación es una herramienta para mejorar la calidad de la educación. Asimismo, deja asentado el propósito central de fortalecer la evaluación como un instrumento para la rendición de cuentas, que a su vez ofrezca evidencias para sustentar la toma de decisiones para mejorar la calidad de la educación que el país necesita y merece.

La educación nacional requiere de acciones y apoyos para mejorar sustantivamente su calidad y equidad, toda vez que se ha logrado un incremento significativo en la cobertura de la escolaridad obligatoria, que ahora incluye además de la educación básica en sus tres niveles de preescolar, primaria y secundaria a la educación media superior; el desafío es lograr un proceso integral de mejora de su calidad y para ello es necesaria la participación comprometida de todas las áreas del sector educativo.

Por ello, se propone incorporar este criterio como fundamento de la educación en el país. Esta decisión fundamental impacta positivamente en el ejercicio del derecho humano a la educación a la vez que se constituye como una garantía institucional para los integrantes de la comunidad educativa, indisponible al propio Estado y a los particulares, análoga a garantías ya previstas en la propia constitución, como la gratuidad de la educación, la autonomía universitaria, la laicidad de la educación, entre otras. Como tal, esta propuesta añade un núcleo básico del contenido esencial del derecho humano a la educación en México. Algo que hace mucha falta para tomar más en serio el derecho a la educación.

Además, esta propuesta aumenta la exigibilidad del derecho a la educación, de carácter eminentemente social, es decir, como un derecho a, a) exigir ciertas condiciones al Estado b) que sean mínimas a lo largo del tiempo y c) que permanentemente tiendan al progreso de los titulares de derechos, específicamente por parte de los integrantes del sistema educativo nacional, en lo principal los padres de familia y los propios estudiantes. Se trata de los criterios de exigibilidad, de contenido mínimo y de progresividad, como unas de las notas características de los derechos humanos, en especial, los de contenido social y económico.

En el documento “¿Qué pasa con la calidad de la Educación en México? Diagnóstico y propuestas desde la sociedad civil” de la Coalición Ciudadana por la Educación, se señala que:

“Los resultados de tres pruebas estandarizadas e independientes entre sí(EXCALE, ENLACE y PISA) coinciden en que un porcentaje importante de estudiantes en México no está aprendiendo los contenidos mínimos para desarrollar sus capacidadesintelectuales. Por ejemplo, en 2006 en la prueba PISA, aplicada a estudiantes de 15 añospor la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), México seubicó en el último lugar de los miembros de la OCDE y en el lugar 48 de 57 países enuna muestra ampliada, según la escala para dominio de las ciencias. A esto se sumanproblemas serios de acceso de los jóvenes a educación media superior y superior(el40% de los jóvenes entre 16 y 18 años no asiste a la escuela); de rezago educativo (haycasi 6 millones de personas mayores de 15 años que no saben leer ni escribir y el 44%de la población adulta no terminó su educación básica); las desigualdades existentes alinterior del sistema educativo (la escolaridad promedio en regiones indígenas es de 1 año y medio en comparación de 8 años a nivel nacional); y la dificultad en la sociedadpara comprender la magnitud del problema (el 60% de los padres de familia estásatisfecho con la educación que reciben sus hijos).

Para la Coalición, hay tres factores que explican la baja calidad de la educación en el país:

a) El primero se refiere a la presencia de desigualdades económicas. Lo que quiere decir que la mayoría de las alumnas y de los alumnos que desertan provienen de los sectores socio-económicos más bajos.

b) El segundo es la falta de infraestructura escolar adecuada con serias deficiencias.

c) El tercero reside en las relaciones corruptas e inequitativas dentro del sistema educacional.

Esta propuesta busca avanzar para ir superando los efectos negativos de cada uno de estos factores. Superar que la ausencia de recursos sea un obstáculo o impedimento para ejercer efectivamente el derecho a la educación; incrementar y mantener el nivel de la infraestructura educativa como componente esencial del desarrollo de la función educativa, y generar un nuevo modelo de gestión de interacción sistémica de todos los elementos del sistema educativo, instrumentando medidas en torno al logro de la calidad, la evaluación para el mejoramiento constante y el sostenimiento de un nuevo sistema docente, con base en el respeto de los principios de objetividad, la racionalidad, la eficiencia, la transparencia y la rendición de cuentas.

2. Evaluación educativa.

El 8 de agosto de 2002 se publicó el decreto por el que se reforma el diverso por el que se crea el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación. Dicho decreto se reformó y fue firmado por el presidente Felipe Calderón el 16 de mayo de 2012, dejando asentado el propósito central de fortalecer la evaluación como un instrumento para la rendición de cuentas, que a su vez ofrezca evidencias para sustentar la toma de decisiones para mejorar la calidad de la educación que el país necesita y merece. El desafío es lograr un proceso integral de mejora de su calidad y para ello es necesaria la participación comprometida de todas las áreas del sector educativo.

Menciona también que es atribución exclusiva de la autoridad educativa federal evaluar al Sistema Educativo Nacional y fijar los lineamientos generales de la evaluación que las autoridades locales deban realizar.

Hoy el Instituto es una institución que ofrece a las autoridades educativas federales y locales, así como a la sociedad mexicana, aportaciones técnicas de información y conocimiento que apoyan la toma de decisiones para mejorar la calidad de la educación.

Debemos dar un paso fundamental en materia de evaluación educativa. Hay que dar pasos importantes para evaluar al Sistema Educativo Nacional y fijar los lineamientos generales de la evaluación que las autoridades locales deban realizar.

Se propone la creación de un Sistema Nacional de Evaluación Educativa que avaluará preescolar, primaria, secundaria y bachillerato. Además contribuirá a la evaluación inicial y continua de los maestros, la educación de los adultos, educación especial y la enseñanza indígena. Con esta reforma, respondemos a la exigencia ciudadana de contar con un organismo nacional de evaluación autónomo e independiente, que actúe con transparencia, objetividad, veracidad y confiablidad.

La experiencia internacional muestra que las instancias de evaluación educativa se orientan a tres objetivos centrales: generar información confiable, lograr una percepción de confianza entre usuarios y asegurar la socialización de la información entre los actores educativos, políticos y sociales.

Por ello, es importante incorporar la fracción IX del artículo 3° constitucional, con la finalidad de crear el Sistema Nacional de Evaluación Educativa, y a partir de esta precondición, dar paso a su constitución orgánica como Instituto Nacional de Evaluación de la Educación. Es una cuestión metodológica razonable considerando la relación de medios/fines. Es el Instituto el que formaliza al Sistema, y es el Sistema el que dota de atributos al Instituto.

También se sugiere definir a) las características del órgano que estará a cargo del sistema, b) las facultades que tendría y c) la finalidad de dichas facultades.

Además, es importante para la transparencia y rendición de cuentas que toda información concerniente a las evaluaciones se den a conocer a la ciudadanía.

Como complemento, en el artículo 73 constitucional se propone añadir el principio de que las aportaciones económicas correspondientes al servicio público de educación se harán con base en la evaluación de los diferentes componentes del Sistema Educativo Nacional, así como el desempeño de los programas, políticas, instituciones y actores educativos, buscando unificar y coordinar la educación en toda la República.

3. Servicio profesional Docente

El Programa Nacional de Carrera Magisterial inició formalmente en enero de 1993 como un sistema de promoción en 5 niveles de estímulos “A”, “B”, “C”, “D” y “E”, en donde el docente puede acceder a niveles superiores de estímulo, sin que exista la necesidad de cambiar de actividad.

Para que las maestras y los maestros que decidan participar voluntariamente en el programa puedan avanzar en los distintos niveles, es necesario que la evaluación global sea altamente satisfactoria, conforme a lo establecido en los lineamientos generales. En el programa Participan docentes de educación básica: preescolar, primaria y secundaria.

En Carrera Magisterial actualmente están incorporados 774 mil del universo de un millón 200 mil maestros de Educación Básica a nivel nacional. 

Es importante señalar que la inscripción es voluntaria, y para determinar si se ingresa o se puede promover, el profesor debe cumplir con una serie de requisitos.

Según un análisis de la organización “Educación Debate” el programa es costoso: si dividimos el monto entre el número de docentes de educación básica (el estimado oficial; recordar que no sé sabe dónde está el maestro), se podría entregar un bono anual de 50 mil pesos a cada uno. Si sumamos el tiempo y los gastos que implica a los propios maestros participar, se trata de una inversión social intensiva en capital.

El sistema de evaluación considera seis factores que alcanzan un total de 100 puntos, pero tienen un peso diferente: antigüedad (10), grado académico (16), preparación profesional (28), actualización y superación profesional (17), desempeño profesional (10) y aprovechamiento escolar (20). Conviene profundizar en la manera como se evalúan los cuatro últimos factores señalados.1

La preparación profesional se evalúa mediante un examen diseñado y aplicado por la Secretaría de Educación Pública (SEP). Éste se elabora a partir de un Banco Nacional de Reactivos conformado por la misma SEP, que se actualiza con base en talleres que se llevan a cabo en todas las entidades del país.

La evaluación del desempeño profesional se refiere al conjunto de acciones que realizan los docentes en el ejercicio de sus funciones. El desempeño se sistematiza en cuatro aspectos: planeación de los procesos de enseñanza-aprendizaje; desarrollo de los mismos; participación en el funcionamiento de la escuela, y participación en la interacción escuela-comunidad. La evaluación del desempeño profesional de cada uno de las y los profesores está a cargo del Órgano de Evaluación Escolar, constituido en cada plantel por todos los profesores del consejo técnico escolar o su equivalente, y un representante sindical; lo preside el director del plantel. Se realiza en tres momentos del año escolar.

La evaluación del aprovechamiento escolar se refiere a los aprendizajes que los alumnos han obtenido en el grado o asignatura que imparte ese docente en concreto. Para esto se aplica un examen a los alumnos de cada maestro participante, a partir de un instrumento elaborado por la SEP, que se basa en los planes y programas de estudio y en los libros de texto correspondientes.

Tanto la SEP como el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación deben asumir la responsabilidad de ampliar la información pública respecto del papel que la carrera magisterial está cumpliendo en el logro de sus objetivos. Se ha puesto en marcha un complejo y costoso sistema de evaluación de los profesores, y conviene precisar qué formas adopta en los planteles escolares y, sobre todo, qué efectos está produciendo.

Toda carrera profesional, como lo es la carrera magisterial debe incluir los criterios a los que se debe sujetar la selección, el ingreso, la promoción, el reconocimiento, el estímulo y la permanencia en el servicio.

La evaluación debe determinar la permanencia de un servidor público en el servicio. Asimismo es necesario establecer de manera explícita el Servicio Profesional Docente a nivel constitucional.

Por lo anterior, con fundamento en los artículos 71, fracción II, 73, fracción XXV y 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 8 fracción I, 164, 169, 171 y 172 del Reglamento del Senado de la República, se somete a consideración de la Honorable Cámara de Senadores la siguiente:

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DEL ARTICULO 3° CONSTITUCIONAL EN MATERIA DE CALIDAD EDUCATIVA, EVALUACION EDUCATIVA Y SERVICIO PROFESIONAL DOCENTE.

ARTICULO UNICO. Se reforma el artículo 3° constitucional, adicionando un tercer párrafo, un inciso d) a la fracción II, una nueva fracción IX; y se modifica el Artículo 73 constitucional, fracción XXV, para quedar de la siguiente manera:

Artículo 3o.- ...

...

Todo individuo tiene derecho a recibir educación de calidad como la mejor garantía de efectividad de ese derecho. El Estado garantizará la calidad en laeducación obligatoria de manera que losmateriales y métodos educativos, laorganización escolar, la infraestructura educativa, y la idoneidadde los docentes y los directivosgaranticen el máximo logro deaprendizaje de las alumnas y alumnos.

I. ...

II. ...

a). ...

b). ...

c). ...

d) Será de calidad con base en el mejoramiento constante y el máximo logro académico de las alumnas y alumnos.

III. ...

IV. ...

V. ...

VI. ...

a). ...

b). ...

VII. ...

VIII. ...

IX. Para asegurar el derecho a recibir educación de calidad, tanto la que imparta el Estado como los particulares, se crea el Sistema Nacional de Evaluación Educativa.

La coordinación de dicho Sistema estará a cargo de un organismo con autonomía técnica y de gestión, personalidad jurídica y patrimonio propios, con las facultades necesarias para recopilar, generar, sistematizar, administrar, analizar, interpretar y difundir información y conocimientos que contribuyan a evaluar los diferentes componentes del Sistema Educativo Nacional, así como el desempeño de los programas, políticas, instituciones y actores educativos.

La ley establecerá las bases de organización y funcionamiento del Sistema Nacional de Evaluación Educativa, de acuerdo con los principios de independencia, objetividad, transparencia, accesibilidad, inclusión, oportunidad, pertinencia y equidad.

Toda la información que genere el Sistema Nacional de Evaluación Educativa será pública, con excepción de la que disponga la ley de la materia.

La Ley también establecerá el Sistema Profesional Docente, que deberá basarse en la mejora constante de las competencias profesionales y el desempeño docente de los maestros. Se regirá por los principios de transparencia, objetividad, legalidad, imparcialidad, mérito, igualdad de oportunidades y equidad de género. El sistema establecerá los criterios de ingreso, permanencia, promoción, evaluación, estímulos y retiro de la carrera magisterial. Las plazas de docentes, directores y supervisores del sistema educativo nacional serán ocupadas por concurso de selección en los términos que establezca la ley y serán abiertos a las personas sin discriminación alguna con motivo de lugar de origen,residencia o campo de estudio, o cualquier otra que atente contra sus derechos.

Artículo 73. …

I. a XXIV. ...

XXV.Para establecer, organizar y sostener en toda la República escuelas rurales, elementales, superiores, secundarias y profesionales; de investigación científica, de bellas artes y de enseñanza técnica, escuelas prácticas de agricultura y de minería, de artes y oficios, museos, bibliotecas, observatorios y demás institutos concernientes a la cultura general de los habitantes de la nación y legislar en todo lo que se refiere a dichas instituciones; para legislar sobre vestigios o restos fósiles y sobre monumentos arqueológicos, artísticos e históricos, cuya conservación sea de interés nacional; así como para dictar las leyes encaminadas a distribuir convenientemente entre la Federación, los Estados y los Municipios el ejercicio de la función educativa y las aportaciones económicas correspondientes a ese servicio público con base en la evaluación de los diferentes componentes del Sistema Educativo Nacional, así como el desempeño de los programas, políticas, instituciones y actores educativos, buscando unificar y coordinar la educación en toda la República. Los Títulos que se expidan por los establecimientos de que se trata surtirán sus efectos en toda la República. Para legislar en materia de derechos de autor y otras figuras de la propiedad intelectual relacionadas con la misma.

XXVI. a XXX. …

TRANSITORIOS

PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

SEGUNDO. A partir de la entrada en vigor del decreto, quedarán sin efecto todas las comisiones mixtas a nivel federal y estatal que no aborden prestaciones específicas laborales del magisterio.

TERCERO. A fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 3° constitucional en materia de calidad educativa, todos los docentes, directivos, asesores técnico pedagógicos y supervisores que ocupen, de hecho o por derecho, con algún tipo de plaza, deberán presentar y realizar la evaluación, según la convocatoria que emita la autoridad federal, dentro del plazo máximo de 3 meses contados a partir de la entrada en vigor del presente decreto. En caso de omisión, la autoridad correspondiente les notificará por los medios legales que en caso de no comprobar causa justificada por tal omisión dentro de un plazo de 15 días posteriores a la notificación, quedan separados de sus cargos. Cuando el resultado de la evaluación no sea satisfactorio para acreditar las competencias profesionales, los docentes, directivos y supervisores podrán volver a realizar la evaluación en los términos, condiciones y modalidades que la ley establezca. En caso de que el nuevo resultado de la evaluación no sea satisfactorio se procederá a la separación del cargo.

CUARTO. El Congreso de la Unión, en un plazo no mayor a un año, contado a partir de la publicación del presente Decreto, aprobará las modificaciones que sean necesarias al marco jurídico para contar con disposiciones jurídicas sobre infraestructura educativa a cargo de la Federación, las entidades federativas y municipios. Para dicho fin, las Comisiones de Educación del Senado de la República y de la Cámara de Diputados podrán solicitar a la Secretaría de Educación Pública y a las secretarías de las entidades federativas, diagnósticos e informes para alcanzar tal fin.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, a 13 de diciembre de 2012.

Suscriben”.

- El C. Presidente Burgos García: Muchas gracias, Senador Delgado Carrillo. Se turna a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; y de Estudios Legislativos, Segunda.

Senador Lavalle, ¿con qué propósito?

- El C. Senador Jorge Luis Lavalle Maury: (Desde su escaño)Sólo pedirle al Senador si me permite adherirme a su iniciativa.

- El C. Presidente Burgos García: Se toma nota de las solicitudes de adhesión. Tome la Secretaría nota.

Sonido en el escaño del Senador Romero Hicks.

- El C. Senador Juan Carlos Romero Hicks: (Desde su escaño)Señor Presidente, para solicitar varias cosas, primero, que se turne a la Comisión de Educación adicionalmente para dictamen, y segundo, pedirle al Senador proponente si me permite también suscribir la iniciativa.

- El C. Presidente Burgos García: Se toma nota, Senador.

Sonido en el escaño de la Senadora Mónica Arriola.

- La C. Senadora Mónica Arriola Gordillo: (Desde su escaño) Con el mismo propósito de adherirme a la iniciativa del Senador, si me permite.

- El C. Presidente Burgos García: Se toma nota, igual que el Senador Demédicis. Gracias.

Sonido en el escaño del Senador Romero Hicks.

- El C. Senador Juan Carlos Romero Hicks: (Desde su escaño) Su turno a la Comisión de Educación, por favor.

- El C. Presidente Burgos García: Ampliamos el turno a la Comisión de Educación.


1 http://www.observatorio.org/comunicados/comun014.html

En otro apartado de nuestra agenda, tenemos la primera lectura de un dictamen de las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores; de Relaciones Exteriores, América Latina y El Caribe; y de Comercio y Fomento Industrial, con proyecto de Decreto por el que se aprueba el Protocolo Modificatorio al Tratado de Libre Comercio entre México y Uruguay.






PROTOCOLO MODIFICATORIO AL TRATADO DE LIBRE COMERCIO ENTRE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y LA REPUBLICA ORIENTAL DE URUGUAY, FIRMADO EN LA CIUDAD DE SANTA CRUZ DE LA SIERRA, BOLIVIA, EL 15 DE NOVIEMBRE DE 2003, SUSCRITO SIMULTANEAMENTE EN LA CIUDAD DE MEXICO Y EN MONTEVIDEO EL 1º DE OCTUBRE DE 2012

(Dictamen de primera lectura)

“COMISIONES UNIDAS DE RELACIONES EXTERIORES;
RELACIONES EXTERIORES, AM”RICA LATINA Y EL CARIBE;
Y DE COMERCIO Y FOMENTO INDUSTRIAL

SENADO DE LA REPUBLICA
DE LA LXII LEGISLATURA
DEL H. CONGRESO DE LA UNION
PRESENTE.

A las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, Relaciones Exteriores, América Latina y el Caribe y de Comercio y Fomento Industrial, de la LXII Legislatura del Senado de la República, fue turnado para su análisis y dictamen correspondiente el Protocolo Modificatorio al Tratado de Libre Comercio entre los Estados Unidos Mexicanos y la República Oriental del Uruguay, firmado en la Ciudad de Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, el quince de noviembre de dos mil tres, suscrito simultáneamente en la Ciudad de México y en Montevideo el primero de octubre de dos mil doce.

En atención a lo anterior, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 76 párrafo I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por lo dispuesto en los artículos 85, 86, 93, 94 y 103 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, por los artículos 177 numeral 1 y 2,178 numeral 3, 182 numerales 1 y 2, 187, 190 numeral 1, 188, 190 y 191 del Reglamento del Senado de la República, estas Comisiones de Unidas de Relaciones Exteriores, Relaciones Exteriores, América Latina y el Caribe y de Comercio y Fomento Industrial someten a la consideración de la Honorable Asamblea del Senado de la República, el dictamen que en comento al tenor de los siguientes:

ANTECEDENTES

I.- El Lic. Rubén Alfonso Fernández Aceves, Subsecretario de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación, del Gobierno Federal, mediante el oficio N° SEL/300/399/12, de fecha 17 de octubre de 2012, remitió a los CC. Secretarios de la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión, el Protocolo Modificatorio al Tratado de Libre Comercio entre los Estados Unidos Mexicanos y la República Oriental de Uruguay, firmado en la Ciudad de Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, el quince de noviembre de dos mil tres, suscrito simultáneamente en la Ciudad de México y en Montevideo el primero de octubre de dos mil doce, a efecto de que dicho instrumento sea sometido a consideración de este Senado de la República, para los efectos precisados por la fracción I del artículo 76 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

II.- La Mesa Directiva del Senado de la República mediante oficio N° DGPL-1P1A.1085, de fecha 18 de octubre de 2012, turno a las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, Relaciones Exteriores, América Latina y el Caribe y de Comercio y Fomento Industrial, el Protocolo Modificatorio al Tratado de Libre Comercio entre los Estados Unidos Mexicanos y la República Oriental de Uruguay, firmado en la Ciudad de Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, el quince de noviembre de dos mil tres, suscrito simultáneamente en la Ciudad de México y en Montevideo el primero de octubre de dos mil doce, para su estudio, discusión y dictamen correspondiente.

III.- Estas comisiones unidas, previa convocatoria realizada en términos reglamentarios atinentes, se reunieron a las 17:00 horas del día once de diciembre del año dos mil doce, en las salas 3 y 4, P.B. del Hemiciclo delSenado de la República, ubicado en Av.Paseo de la Reforma número 135, Colonia Tabacalera, Delegación Cuauhtémoc, C.P 06030,con la finalidad de dictaminar el referido instrumento internacional, en términos de lo precisado por el artículo 190 numeral 1, bajo los siguientes elementos:

OBJETO Y DESCRIPCION DEL PROYECTO

1.- El Protocolo tiene por objeto:

(i) el establecimiento de un cupo recíproco de leche en polvo libre de arancel para sustituir el tratamiento arancelario actual que otorgaba el 100% de preferencia arancelaria sujeto a previo aviso;

(ii) La modificación de la regla de origen específica para la lanolina, y

(iii) La inclusión de disposiciones sobre acumulaciónde origen ampliada.

2.- El Protocolo Modificatorio está compuesto de un texto básico de cinco artículos y cuatro anexos de Modificaciones: ANEXO 1 Anexo 3-03(4) Lista de Excepciones; ANEXO 2 Anexo 3-10 Medidas a las importaciones y exportaciones, ANEXO 3 Anexo 4-03 Reglas de Origen Específicas; ANEXO 4 Artículo 4-19 Acumulación de Origen Ampliada del Tratado de Libre Comercio.

En el Artículo 1 se modifica la Sección A- Lista de productos de México y la Sección B- Lista de productos de Uruguay del Anexo 3-03(4) “Lista de Excepciones” del Tratado, como se establece en el Anexo 1 del Protocolo.

En el Artículo 2 se modifica la Sección A- Medidas de México del Anexo 3-10 “Medidas a las importaciones y exportaciones” del Tratado, como se establece en el Anexo 2 del Protocolo.

En el Artículo 3 se modifica la Sección B- Reglas de origen específicas del Anexo 4-03 “Reglas de origen específicas” del Tratado, como se establece en el Anexo 3 del Protocolo.

En el Artículo 4 se adiciona un Artículo 4-19 al Tratado, como se establece en el Anexo 4 del Protocolo.

En el Artículo 5 se establece que el Protocolo entrará en vigor treinta (30) días después de la fecha de recepción de la última comunicación por escrito, a través de la vía diplomática, en que las Partes se hayan notificado la conclusión de sus respectivos procedimientos legales internos para tal efecto.

Dicho Artículo señala que al entrar en vigor el Protocolo, las modificaciones y adiciones previstas en el mismo constituirán parte integral del Tratado, de conformidad con lo dispuesto en su Artículo 20-02. Asimismo, prevé que el Protocolo continuará en vigor mientras el Tratado esté vigente.

3.- Derivado de las recomendaciones formuladas por la Comisión Administradora del Tratado mediante las Decisiones 1, 2 y 3, las partes dentro del protocolo en comento acordaron lo siguiente:

PARTE I

ACCESO A MERCADO

Artículo 1

Se modifica la Sección A- Lista de productos de México y la Sección B- Lista de productos de Uruguay del Anexo 3-03(4) “Lista de Excepciones” del Tratado, como se establece en el Anexo 1 del presente Protocolo.

Artículo 2

Se modifica la Sección A- Medidas de México del Anexo 3-10 “Medidas a las importaciones y exportaciones” del Tratado, como se establece en el Anexo 2 del presente Protocolo.

PARTE II

REGLAS DE ORIGEN

Artículo 3

Se modifica la Sección B- Reglas de origen específicas del Anexo 4-03 “Reglas de origen específicas” del Tratado, como se establece en el Anexo 3 del presente Protocolo.

Artículo 4

Se adiciona un Artículo 4-19 al Tratado, como se establece en el Anexo 4 del presente Protocolo.

PARTE III

ENTRADA EN VIGOR

Artículo 5

El presente Protocolo entrará en vigor treinta (30) días después de la fecha de recepción de la última comunicación por escrito, a través de la vía diplomática, en que las Partes se hayan notificado la conclusión de sus respectivos procedimientos legales internos para tal efecto.

ANEXO 1

Anexo 3-03(4)

Lista de Excepciones

Sección A- Lista de productos de México

Partida

Descripción

Observación

Preferencia Arancelaria

Porcentual

0402

Leche y nata (crema), concentradas o con adición de azúcar u otro edulcorante.

Leche en polvo o pastillas.

100% de preferencia arancelaria a un cupo agregado anual de 5,000 tons. para las fracciones de las subpartidas 0402.10 y 0402.21.

Dicho cupo se incrementará en 500 tons. anuales, sólo si el monto del año anterior se utilizó en al menos un 80%.

El cupo dejará de crecer una vez que se alcancen las 11,000 tons./año.

Fuera del cupo 0%.

Sección B- Lista de productos de Uruguay

Partida Nomenclatura Común del Mercosur (N.C.M.)

2002

Texto

Observaciones

Preferencia Porcentual

0402

Leche y nata (crema), concentradas o con adición de azúcar u otro edulcorante.

Leche en polvo o pastillas. Incluso entera, descremada o desnatada (en polvos o en gránulos).

100% de preferencia arancelaria a un cupo agregado anual de 5,000 tons. para las fracciones de las subpartidas 0402.10 y 0402.21.

Dicho cupo se incrementará en 500 tons. anuales, sólo si el monto del año anterior se utilizó en al menos un 80%.

El cupo dejará de crecer una vez que se alcancen las 11,000 tons./año.

Fuera de cupo 0%.

ANEXO 2

Anexo 3-10

Medidas a las importaciones y exportaciones

Sección A- Medidas de México

Anexo

BIENES SUJETOS A PERMISO PREVIO DE IMPORTACIÓN

Se eliminan las siguientes fracciones:

FRACCION

0402.10.01

0402.21.01

ANEXO 3

Anexo 4-03

Reglas de origen específicas

Sección B - Reglas de origen específicas

1. Eliminar la regla de origen aplicable a la partida 15.01 a 15.22 y reemplazarla con las siguientes reglas:

15.01-15.04 Un cambio a la partida 15.01 a 15.04 de cualquier otro capítulo, excepto del capítulo 1, 2, 3 ó 12.

15.05 Un cambio a la partida 15.05 de cualquier otra partida; o no se requiere cambio de clasificación arancelaria a la partida 15.05, cumpliendo con un contenido regional no menor a:

a) 50%, cuando se utilice el método de valor de transacción; o

b) 40%, cuando se utilice el método de costo neto.

15.06-15.22 Un cambio a la partida 15.06 a 15.22 de cualquier otro capítulo, excepto del capítulo 1, 2, 3 ó 12.

ANEXO 4

Artículo 4-19: Acumulación de Origen Ampliada.

1.1. Cuando cada Parte haya suscrito un acuerdo comercial con un país no Parte, de conformidad con las disposiciones de la Organización Mundial del Comercio, y para propósitos de determinar si un bien es originario bajo este Tratado, un material que sea producido en el territorio de dicho país no Parte será considerado como si fuese producido en el territorio de una o ambas Partes si cumple con las condiciones que las Partes establezcan de acuerdo con los siguientes párrafos.

2. 2. Cada Parte acordará condiciones equivalentes o recíprocas a las señaladas en este artículo con el país no Parte, con el fin de que los materiales de una o ambas Partes sean considerados originarios bajo los acuerdos comerciales establecidos con un país no Parte.

3.3. Las Partes podrán establecer las condiciones que consideren necesarias para la aplicación de este artículo, entre ellas, las relativas a los requisitos de origen a ser aplicados.

4.4. Las disposiciones de este artículo únicamente aplicarán a los bienes y materiales incorporados en el Programa de Desgravación.

5.5. La Comisión Administradora acordará los bienes, los países participantes y las condiciones señaladas en este artículo.

En mérito de lo antes expuesto y tomando en cuenta que el METODO DE TRABAJO, ANÁLISIS, DISCUSION Y VALORACION, del Protocolo Modificatorio al Tratado de Libre Comercio entre los Estados Unidos Mexicanos y la República Oriental de Uruguay, firmado en la Ciudad de Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, el quince de noviembre de dos mil tres, suscrito simultáneamente en la Ciudad de México y en Montevideo el primero de octubre de dos mil doce,en el seno de estas comisiones unidas consistió en la discusión del presente dictamen al tenor delassiguientes:

CONSIDERACIONES

PRIMERO.-Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 135 numeral 1, fracción II; 147 numeral 2, 150 numeral 3 y 186 numeral 2, estas comisiones Unidas, son competentespara conocer, analizar y dictaminar el Protocolo Modificatorio al Tratado de Libre Comercio entre los Estados Unidos Mexicanos y la República Oriental de Uruguay, firmado en la Ciudad de Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, el quince de noviembre de dos mil tres, suscrito simultáneamente en la Ciudad de México y en Montevideo el primero de octubre de dos mil doce

SEGUNDO.- Estas dictaminadoras estiman que resulta importante destacar que el 15 de noviembre de 2003 se suscribió el Tratado de Libre Comercio entre los Estados Unidos Mexicanos y la República Oriental del Uruguay, mismo que fue aprobado por el Senado de la República el 28 de abril de 2004 y publicado en el Diario Oficial de la Federación el 14 de julio del mismo año.

El Artículo 20-02 del citado tratado permite a las partes acordar modificaciones o adiciones al instrumento en comento, las cuales entrarán en vigor una vez que se aprueben según los procedimientos jurídicos correspondientes de cada parte y constituirán parte integral del mismo.

El contenido del Protocolo en comento fue acordado en el marco de la IV Reunión de la Comisión Administradora del Tratado, celebrada el 9 de mayo de 2012, entre México y Uruguay con la finalidad de fortalecer el comercio bilateral.

TERCERO.- Para estas dictaminadoras cobra relevancia, la importancia que representa dicho instrumento, en virtud de que Uruguay es el primer país miembro del Mercosur con el cual México ha logrado concretar un tratado de libre comercio.

Esto lo convierte en un socio estratégico para seguir avanzando en la profundización del comercio con dicho bloque económico.

Asimismo, esta profundización forma parte de la estrategia de negociaciones comerciales internacionales que México ha implementado para diversificar exportaciones y fortalecer los vínculos de integración con América Latina.

De acuerdo con los datos del Fondo Monetario Internacional, en el año 2011 Uruguay fue la segunda economía más dinámica del Mercosur, después de Argentina, al registrar una tasa de 5.7% de crecimiento del PIB.

En las previsiones para 2012, se mantiene la misma situación con una tasa de 3.5%, en ese sentido, dicho país es un mercado dinámico y una ventana de oportunidad para la diversificación de nuestras exportaciones.

México es para Uruguay el quinto destino de sus exportaciones y el cuarto proveedor entre los países de América Latina.

Durante la vigencia del TLC con Uruguay (2004-2011)1, el comercio bilateral se ha multiplicado por cuatro veces al pasar de 136 millones de dólares a 548 millones de dólares. En este mismo período, las exportaciones mexicanas crecieron casi 700% pasando de 34 millones de dólares a 271 millones de dólares, mientras que las importaciones han aumentado 174% de 101 millones de dólares a 277 millones de dólares. Uruguay es para México su décimo sexto socio comercial entre los países de América Latina. Asimismo, las importaciones totales de Uruguay en el año 2011 ascendieron aproximadamente a 10,000 millones de dólares, donde México sólo le vendió el 2.7%

Los principales productos exportados de México a Uruguay son vehículos ligeros de turismo para el transporte de personas; monitores y proyectores con pantalla plana; tractores de rueda con toma de fuerza para acoplamiento de implementos agrícolas; vehículos ligeros para el transporte de mercancías; combinación de refrigerador y congelador con puertas exteriores separadas; entre otros.

Los principales productos importados de México desde Uruguay son las demás mezclas de sustancias odoríferas; quesos y requesón, duros o semiduros con un contenido de materias grasas inferior al 40%; preparaciones alimenticias; los demás sueros de mantequilla, leche y nata; arroz; entre otros.

Durante el primer semestre de 2012, las ventas mexicanas al país sudamericano se incrementaron en 11.2% respecto al mismo periodo de 2011, registrando 140 millones de dólares.

Asimismo, en términos de inversión extranjera directa, los flujos de capital provenientes de Uruguay en México alcanzan los 117 millones de dólares en el periodo 1999-2012.

Por su parte la inversión de México en Uruguay asciende a 200 millones de dólares.

Ante la reciente crisis internacional, Uruguay representa un mercado dinámico y una ventana de oportunidad para diversificar las exportaciones mexicanas. Actualmente, el 79% de nuestras exportaciones se concentran en el mercado estadounidense.

La mejor manera de superar los retos económicos que enfrenta el mundo es precisamente seguir impulsando el intercambio comercial entre los países mediante la optimización de la red existente de acuerdos comerciales.

La optimización de la red de acuerdos comerciales permite contar, por una parte, con insumos a precios y calidades competitivas y, por la otra, tener más opciones de consumo.

El éxito exportador del país ha sido viable en gran medida por la posibilidad de tener acceso a insumos a precio y calidad mundial.

Esto ha fortalecido la plataforma exportadora, asimismo, la apertura comercial ofrece al consumidor mayores opciones de compra.

CUARTO.- Estas dictaminadoras estiman que este instrumento internacional promueve el acceso de los productos mexicanos a los mercados internacionales, contribuye a la diversificación de los mismos y fomenta la integración de la economía mexicana con la cosmopolita y contribuye a elevar la competitividad del País de conformidad con lo dispuesto en el artículo 3 de la Ley Sobre Aprobación de Tratados Internacionales en Materia Económica.

El objetivo anterior resulta congruente con una prioridad estratégica de nuestra nación, la cuál ha sido fortalecer la relación comercial con América Latina, a fin de responder con efectividad a los procesos de regionalización que están ocurriendo con el resto del mundo.

Por otra parte, al estrechar lazos con América Latina, los productos y servicios mexicanos tienen mayores posibilidades de acceso por ser un destino natural por cultura, geografía, estilos y necesidades de consumo, así como niveles similares de desarrollo económico.

QUINTO.- Que tomando encuenta que en materia de acceso a mercados, los Estados Unidos Mexicanos y la República Oriental del Uruguay acordaron el establecimiento de un cupo recíproco de leche en polvo, para sustituir el tratamiento arancelario actual establecido en el tratado que otorgaba 100% de preferencia arancelaria sujeto a permiso previo, por el esquema siguiente:

Un cupo anual agregado de 5,000 toneladas libre de arancel (100% de preferencia) que se incrementará en 500 toneladas anuales, sólo si el monto del año anterior se utilizó en al menos un 80%.

El cupo dejará de crecer una vez que se alcancen las 11,000 toneladas anuales. La administración de dicho cupo estará a cargo del país importador. Sobre los montos que excedan el cupo aplicará el arancel de NMF (actualmente de 63%).

Este nuevo esquema ofrece mayor certidumbre a los agentes económicos que el anterior, pues las importaciones preferenciales desde Uruguay podrán realizarse con reglas claras, incluso en los mismos términos que se realizan las importaciones al amparo de nuestros compromisos en la OMC, lo cual no sucedía en el pasado, ya que los requerimientos para la emisión del permiso previos eran poco claros y prácticamente imposibles de solventar.

Siendo México un país deficitario en la producción de leche en polvo, el resultado de esta negociación permitirá a nuestro país abastecerse de este insumo fundamental para la producción de derivados lácteos.

Cabe señalar que la producción de leche en México se incrementó 1.5% en el último año, pasando de 10,549 millones de litros a 10,680 millones de litros.

No obstante, México sigue siendo deficitario en la producción de leche en polvo.

En virtud de lo anterior, el abasto de leche en México se complementa con las importaciones a través del cupo de 80,000 toneladas que México otorga bajo la Organización Mundial del Comercio (OMC), las que ingresan libres de arancel desde Estados Unidos en el marco del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, y aquellas al amparo de un cupo recíproco de leche en polvo2 negociado con Colombia en el marco del Tratado de Libre Comercio que México tiene suscrito con ese país.

Dado que la administración del cupo negociado con Uruguay está a cargo del país importador, la industria, si fuera el caso, puede continuar con los esquemas de asignación que se tienen con el cupo de OMC.

SEXTO.- Para estas dictaminadoras es de suma relevancia el hecho de que se acordó modificar la regla de origen específica para la lanolina e incluir disposiciones sobre acumulación de origen ampliada.

Toda vez que la modificación a la regla de origen específica tiene por objeto:

(I) otorgar mayor flexibilidad para que las empresas reestructuren sus procesos de elaboración;

(II) mejorar la competitividad y eficienciamediante el acceso a distintas fuentes de proveeduría, y

(III) aprovechar las ventajas de costos disponibles a nivel internacional, para que nuestras exportaciones no paguen arancel en Uruguay.

No pasa por inadvertido para estas dictaminadoras que actualmente la lanolina se tiene que elaborar a partir de grasa de lana originaria de México o Uruguay, cuya producción ya no existe o está disminuyendo en la región.

La balanza comercial de México respecto a la grasa de lana, desde el año 2005 ha presentado un saldo deficitario creciente, mismo que en el año 2011 ascendió a 4 millones de dólares, como se muestra en el gráfico siguiente.

Las importaciones de grasas de lana de México aumentaron 70% al pasar de 3.2 millones de dólares en 2005 a 5.4 millones de dólares en 2011.

Balanza Comercial de México de grasas de lana

(Valores en Miles de dólares)



Fuente: Secretaría de Economía con datos del Banco de México

Ahora bien tomando en cuenta que derivado del proceso de consultas que se llevaron a cabo con el sector privado, y que manifestaron su anuencia en la modificación de dicha regla de origen fueron:

(I) la Asociación Nacional de la Industria Química (ANIQ), y

(II) la Cámara Nacional de la Industria de Productos Cosméticos (CANIPEC).

Por su parte, quienes informaron que no tienen productores de lanolina o grasas de lana entre sus asociados fueron:

(I) la Asociación Nacional de Industriales de Aceites y Mantecas Comestibles (ANIAME),

(II) la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (CANACINTRA), y

(III) la Cámara Nacional de la Industria Farmacéutica (CANIFARMA).

Por lo que es de estimarse que no se genera una lesión o daño a los sectores productivos involucrados.

SEPTIMO.-Para estas dictaminadoras resulta desuma importancia la adición al Capítulo IV (Régimen de Origen) de un artículo 4-19 “Acumulaciónde Origen Ampliada” en donde se establece la posibilidad de que las partes puedan acumular materiales y/o procesos productivos con socios comerciales en común.

Las condiciones para la aplicación de esta disposición, entre las que se incluyen países participantes y productos a ser incluidos serán establecidas a futuro.

Las disposiciones sobre acumulación de origen vigentes en el Tratado (Artículo 4-08) permiten reconocer como originarios únicamente los materiales de México y Uruguay, así como los procesos realizados en sus territorios.

La incorporación de las disposiciones sobre acumulación de origen ampliada crean la posibilidad de que México y Uruguay puedan establecer en el futuro, las condiciones que permitan reconocer como originarios a los materiales de un socio comercial en común.

Entre los beneficios a obtenerse una vez que pueda darse la acumulación de origen con terceros, destacan:

(I) mayores oportunidades de exportación para las industrias de ambas Partes;

(II) mejora en las condiciones de acceso al abastecimiento de materiales,

(III) y la integración regional con socios comerciales comunes, con quienes se buscaría fortalecer las cadenas de valor regionales.

Lo anterior facilita que las empresas mexicanas produzcan de manera más eficiente y competitiva.

México incorporó por primera vez en 2008 una cláusula de este tipo en los tratados de libre comercio celebrados entre México y Costa Rica, Nicaragua y El Salvador, Guatemala y Honduras3, a fin de permitir un tratamiento recíproco para los materiales textiles de Estados Unidos, derivado de una cláusula de acumulación de origen establecida en el Tratado de Libre Comercio entre los Estados Unidos, la República Dominicana y los países de Centroamérica (Acumulación CAFTA).

A través de la Acumulación CAFTA se permite que un productor de prendas de vestir centroamericano pueda utilizar materiales textiles de origen mexicano en su proceso productivo y obtener una preferencia arancelaria al exportar a Estados Unidos y viceversa.

Entre el año 2008 y 2011 el uso de los cupos otorgados por Estados Unidos a los materiales textiles mexicanos se ha incrementado de 2 millones de metros cuadrados equivalentes (MCE) a más de 18 millones de MCE.

Cabe destacar que en el Protocolo Modificatorio al Tratado de Libre Comercio entre los Estados Unidos Mexicanos, la República de Colombia y la República de Venezuela, firmado en la Ciudad de Cartagena de Indias, Colombia, el trece de junio de mil novecientos noventa y cuatro, firmado simultáneamente en la Ciudad de México y en Bogotá D.C., el once de junio de dos mil diez5, el Acuerdo de Integración Comercial entre los Estados Unidos Mexicanos y la República del Perú6, y el Tratado de Libre Comercio entre los Estados Unidos Mexicanos y las Repúblicas de Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua7, se estableció un artículo sobre acumulación de origen ampliada, similar al acordado con Uruguay, que prevé a futuro la posibilidad de que las Partes acuerden las condiciones para su aplicación con socios comunes.

OCTAVO.- En mérito de lo anteriormente expuesto, estas comisiones estiman queel protocolo en comento, dota de un mayor dinamismo al Tratado de Libre Comercio entre los Estados Unidos Mexicanos y la República Oriental del Uruguay, coadyuva a facilitar el intercambio comercial entre las partes, permitiendo una mayor flexibilidad para que las empresas de cada nación reestructuren sus procesos de manufactura y mejoraran la competitividad y eficiencia productiva con relación a insumos, cuya producción ya no existe o está disminuyendo en los Estados Unidos Mexicanos o en la República Oriental del Uruguay.

Así en esta tesitura con el instrumento e comentó se permite ampliar las oportunidades de exportación para las industrias de ambas partes, a través de un mecanismo que fomente la integración regional con socios comerciales comunes y que mejore las condiciones de acceso al abastecimiento de materiales.

CONCLUSIONES

Con base en el análisis de la información y constancias remitidas por la Secretaría Gobernación, estas Comisiones Unidas reconocen que el Protocolo Modificatorio que nos ocupa, satisface con las obligaciones y derechos que se consagran en ellas, conforme a la buena fe; reglas en las que se manifiesta un respeto a la soberanía nacional y a la seguridad de las relaciones internacionales, ajustándose a las normas imperativas del derecho internacional y desde luego, a las normas fundamentales de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en consecuencia estas Comisiones Unidas estiman, que es de aprobarse la ratificación del Protocolo Modificatorio al Tratado de Libre Comercio entre los Estados Unidos Mexicanos y la República Oriental de Uruguay, firmado en la Ciudad de Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, el quince de noviembre de dos mil tres, suscrito simultáneamente en la Ciudad de México y en Montevideo el primero de octubre de dos mil doce, sometiéndose a la consideración del Pleno de la Cámara de Senadores, para su aprobación, el siguiente:

DECRETO

ARTICULO UNICO. Se aprueba el Protocolo Modificatorio al Tratado de Libre Comercio entre los Estados Unidos Mexicanos y la República Oriental de Uruguay, firmado en la Ciudad de Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, el quince de noviembre de dos mil tres, suscrito simultáneamente en la Ciudad de México y en Montevideo el primero de octubre de dos mil doce.

Senado de la República, a 13 de diciembre de 2012.

Suscriben este Dictamen las y los integrantes de la Comisión de Relaciones Exteriores de la LXII Legislatura de la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión”.

En virtud de que se encuentra publicado en la Gaceta de este día y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 195 del Reglamento, queda de primera lectura.


3 (i) Decreto Promulgatorio del Protocolo por el que se adicionan disposiciones en materia de acumulación textil al Tratado de Libre Comercio entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de la República de Nicaragua, suscrito en la ciudad de Managua, el dieciocho de diciembre de mil novecientos noventa y siete, firmado en la Ciudad de Managua, Nicaragua el 12 de abril de 2007, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 14 de agosto de 2008.

(ii) Decreto Promulgatorio del Protocolo por el que se adicionan disposiciones en materia de acumulación textil al Tratado de Libre Comercio entre los Estados Unidos Mexicanos y las Repúblicas de El Salvador, Guatemala y Honduras, suscrito en la Ciudad de México, el veintinueve de junio de dos mil, firmado el dieciséis de abril de dos mil siete, publicado en el Diario Oficial de la Federaciónel 14 de agosto de 2008.

(iii) Decreto Promulgatorio del Protocolo por el que se adicionan disposiciones en materia de acumulación textil al Tratado de Libre Comercio entre los Estados Unidos Mexicanos y la República de Costa Rica, suscrito en la Ciudad de México, el cinco de abril de mil novecientos noventa y cuatro, firmado en la Ciudad de México el doce de abril de dos mil siete, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 31 de diciembre de 2008.

5 Decreto Promulgatorio del Protocolo Modificatorio al Tratado de Libre Comercio entre los Estados Unidos Mexicanos, la República de Colombia y la República de Venezuela, firmado en la Ciudad de Cartagena de Indias, Colombia el trece de junio de mil novecientos noventa y cuatro, firmado simultáneamente en la Ciudad de México y en Bogotá D.C., el once de junio de dos mil diez, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 27 de julio de 2011.

6 Decreto Promulgatorio del Acuerdo de Integración Comercial entre los Estados Unidos Mexicanos y la República del Perú, suscrito en la ciudad de Lima, Perú, el seis de abril de dos mil once, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 30 de enero de 2012.

7 Decreto por el que se aprueba el Tratado de Libre Comercio entre los Estados Unidos Mexicanos y las Repúblicas de Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua, firmado en San Salvador, El Salvador, el veintidós de noviembre de dos mil once, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 9 de enero de 2012.

1 Secretaría de Economía con datos del Banco de México.

2 El cupo para este año es de 4,950 toneladas.

Pasamos a la primera lectura de un dictamen de las Comisiones Unidas de Defensa Nacional; de Marina; y de Estudios Legislativos, Segunda, con proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 89 de la Ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas.






PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTICULO 89 DE LA LEY DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL PARA LAS FUERZAS ARMADAS MEXICANAS

(Dictamen de primera lectura)

“COMISIONES UNIDAS DE DEFENSA NACIONAL;
MARINA; Y ESTUDIOS LEGISLATIVOS, SEGUNDA

H. ASAMBLEA:

A las Comisiones Unidas de Defensa Nacional, Marina y Estudios Legislativos, Segunda, les fue turnada para su estudio y dictamen, el proyecto de Decreto por el que se Reforma el artículo 89 de la Ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas,enviado por la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión.

De conformidad con lo dispuesto por el inciso a) del Artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; los Artículos 85, 86, 89, y 94 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como los Artículos 113 numeral 2, 117 numeral 1, 135 numeral 1, 182, 186, 188, 190 y demás aplicables del Reglamento del Senado de la República y habiendo analizado el contenido del proyecto de mérito, estas Comisiones someten a la consideración de los integrantes de esta Honorable Asamblea el presente Dictamen, al tenor de la siguiente:

METODOLOGIA

Las Comisiones Unidas encargadas del análisis y dictamen del proyecto de Decreto en comento, desarrollaron los trabajos correspondientes conforme al procedimiento que a continuación se describe:

En el apartado denominado “ANTECEDENTES”, se da constancia del trámite legislativo, así como de la recepción y turno para el dictamen del proyecto de Decreto.

En el apartado denominado “CONTENIDO DE LA MINUTA”, se hace un resumen de los objetivos de la propuesta de reforma de la Colegisladora.

En el apartado denominado “CONSIDERACIONES”, los integrantes de las Comisiones Dictaminadoras expresan los razonamientos y argumentos con base en los cuales se sustenta el sentido del presente Dictamen.

I. ANTECEDENTES

Durante la sesión ordinaria de la Cámara de Diputados del 27 de abril de 2010, el Diputado Arturo Zamora Jiménez, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentóla iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el Artículo 89 de la Ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas, la cual fue turnada a la Comisión de Defensa Nacional para su estudio y dictamen.

En sesión ordinaria del 23 de noviembre de 2011 fue aprobado en lo general y en lo particular por 288 votos por el pleno de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión el Dictamen de la iniciativa y remitido a la Cámara de Senadores para los efectos Constitucionales.

Con fecha del 29 de noviembre de 2011, en sesión ordinaria del Senado de la República, se recibió de la Cámara de Diputados el proyecto de Decreto por el que se Reforma el párrafo del Artículo 89 de la Ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas.

En esa misma fecha la Mesa Directiva dispuso que se turnara a las Comisiones Unidas de Defensa Nacional y de Estudios Legislativos, Segunda.

Posteriormente, mediante el oficio DGPL-1P3A.-2857 de fecha 1 de diciembre de 2011, la Mesa Directiva modificó el turno para quedar a las Comisiones Unidas de Defensa Nacional; Marina; y Estudios Legislativos, Segunda, para su análisis y dictamen.

Las Comisiones Unidas que suscriben, realizaron diversos trabajos con el propósito de analizar el contenido del proyecto de Decreto enviado por la colegisladora, con el propósito de elaborar y discutir el presente Dictamen, mismo que en este acto se somete a consideración de esta Soberanía, en los términos que aquí se expresan.

II. CONTENIDO

Señala la Colegisladora que el proyecto de Decreto tiene como objetivo dar precisión y claridad al Artículo 89 de la Ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas, en lo que respecta a las operaciones aritméticas que deben realizarse para el cálculo de la suma asegurada correspondiente al pago del Seguro Colectivo de Retiro (SECORE); con la propuesta se pretende:

Evitar una posible afectación a las finanzas del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas (ISSFAM), que de ocurrir ésta se perjudicaría a un número considerable de derechohabientes y beneficiarios, pues el ISSFAM no podría hacer frente a las erogaciones resultantes del cálculo para la suma asegurada, en los términos de lo previsto en el texto vigente del Artículo 89 que se analiza.

Brindar mayor certeza jurídica a los militares retirados beneficiados por el Seguro Colectivo de Retiro, porque a partir de una redacción precisa, podrán realizar el cálculo real de la suma asegurada que les deberá ser entregada;

Dar certeza jurídica también al ISSFAM, al evitar interpretaciones incorrectas que pudieran dar lugar a procedimientos administrativos innecesarios, relativos a la aclaración respecto al cálculo de las sumas aseguradas.

Para lograr lo anterior, la Colegisladora propone realizar las siguientes modificaciones al texto normativo:

Ley Vigente

Proyecto de la Colegisladora

Artículo 89. La suma asegurada se calculará conforme a las reglas siguientes:

Su cuantía será equivalente a lo que resulte de multiplicar el haber y sobrehaber mensual mínimo vigente para las Fuerzas Armadas a que tengan derecho los militares conforme a la última jerarquía en que hayan aportado la prima por el factor que corresponda, según los años de servicios efectivos prestados al momento de producirse la baja del activo y alta en situación de retiro, de acuerdo con la tabla siguiente:

Artículo 89. …

Su cuantía será equivalente a lo que resulte de la suma del haber y sobrehaber mensual mínimo vigente para las Fuerzas Armadas a que tengan derecho los militares conforme a la última jerarquía en que hayan aportado la prima, multiplicado por el factor que corresponda, según los años de servicios efectivos prestados al momento de producirse la baja del activo y alta en situación de retiro, de acuerdo con la tabla siguiente:

III. CONSIDERACIONES

PRIMERA. Las Comisiones Unidas de Defensa Nacional, Marina, y Estudios Legislativos, Segunda, como instancias legislativas del Senado de la República, son competentes para atender la presente Iniciativa que reforma la Ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas, en virtud de que la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos en su Artículo 86 y del Reglamento del Senado, en su Artículo 117 numeral 2, establecen que las Comisiones Ordinarias tendrán a su cargo las cuestiones relacionadas con la materia propia de su denominación y conjuntamente con la de Estudios Legislativos, Segunda, el análisis y dictamen de las Iniciativas de Leyes y Decretos.

SEGUNDA. El surgimiento de la previsión social constituye un avance significativo en materia de protección de derechos de las personas, ya que se concibe al individuo como integrante de una comunidad, que requiere protección mediante prestaciones financiadas con aportaciones de fuentes compartidas, bajo los principios de responsabilidad y solidaridad.

En el caso de nuestro país, el derecho a la seguridad social es una garantía constitucional y las leyes que regulan y protegen este derecho son de orden público y de interés social.

Por cuanto hace a las Fuerzas Armadas Mexicanas, el marco regulador de los derechos de orden social se encuentra en la Ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas, correspondiéndole al Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas aplicar dicha Ley y apuntalar los derechos relativos al bienestar social del personal del Ejército, Armada y Fuerza Aérea Mexicanos.

Entre los derechos de seguridad social que se contemplan en la Ley del ISSFAM, se encuentra el Seguro Colectivo de Retiro (SECORE), beneficio regulado en los Artículos 85 al 99 de dicha Ley.

El Artículo 87 de la Ley en comento, establece las características que deben cubrir los destinatarios de esta prestación social:

Artículo 87. La suma asegurada se otorgará por una sola vez a los militares que causen baja del activo y alta en situación de retiro con derecho a percibir haber de retiro o a sus beneficiarios en los casos siguientes:

I. A quienes soliciten su retiro y hayan cumplido 20 o más años de servicios efectivos prestados;

II. A quienes por haber cumplido la edad límite en el grado que ostenten, de conformidad con esta Ley, pasen a situación de retiro y hayan cumplido 20 o más años de servicios efectivos prestados;

III. A los militares incapacitados en actos dentro del servicio o como consecuencia de ellos en primera o segunda categoría, de conformidad con las tablas contenidas en el artículo 226 de esta Ley, sin tomar en cuenta los años de servicios efectivos prestados; en su caso, dicha suma asegurada será pagada a la persona legalmente acreditada por el militar;

IV. A los beneficiarios de los militares que fallezcan en actos dentro del servicio o como consecuencia de ellos, sin tomar en cuenta los años de servicios efectivos prestados;

V. A los militares incapacitados en actos fuera del servicio en primera o segunda categoría, de conformidad con las tablas contenidas en el artículo 226 de esta Ley, y que hayan cumplido 20 o más años de servicios efectivos prestados; en su caso, dicha suma asegurada será pagada a la persona legalmente acreditada por el militar, y

VI. A los beneficiarios de los militares que fallezcan en actos fuera del servicio y hayan cumplido 20 o más años de servicios efectivos prestados.

TERCERA. Por su parte el Artículo 89 de la Ley, establece la fórmula para calcular la “suma asegurada” que será otorgada al beneficiario, de acuerdo con lo siguiente:

Artículo 89. La suma asegurada se calculará conforme a las reglas siguientes:

Su cuantía será equivalente a lo que resulte de multiplicar el haber y sobrehaber mensual mínimo vigente para las Fuerzas Armadas a que tengan derecho los militares conforme a la última jerarquía en que hayan aportado la prima por el factor que corresponda, según los años de servicios efectivos prestados al momento de producirse la baja del activo y alta en situación de retiro, de acuerdo con la tabla siguiente:

Años de Servicios

Factor (meses)

20

16

21

17

22

18

23

19

24

20

25

21

26

22

27

23

28

24

29

25

30

27

31

28

32

29

33

30

34

31

35

32

36

34

37

35

38

36

39

37

40

40

41

41

42

42

43

43

44

44

45

45

46

46

47

47

48

48

49

49

50 o más

50

A los militares que se incapaciten en actos del servicio o como consecuencia de ellos en primera o segunda categoría, de conformidad con las tablas contenidas en el artículo 226 de esta Ley; así como a los beneficiarios de los militares que fallezcan en actos del servicio o como consecuencia de ellos, se les cubrirá como suma asegurada el equivalente a 50 meses del haber y sobrehaber mínimo vigente de su grado para las Fuerzas Armadas, independientemente de sus años de servicios efectivos prestados.

A los militares que cuenten con menos de 20 años de servicios, que se incapaciten en actos del servicio o como consecuencia de ellos, en tercera categoría, de conformidad con las tablas contenidas en el artículo 226 de esta Ley, se les cubrirá como suma asegurada el equivalente a 16 meses del haber y sobrehaber mínimo vigente de su grado para las Fuerzas Armadas, independientemente de sus años de servicios efectivos prestados.

Como puede observarse y coincidiendo con las consideraciones de la Colegisladora, se observa que en efecto, la literalidad del referido numeral señala que el cálculo del pago del Seguro Colectivo de Retiro se debe hacer "a lo que resulte de multiplicar el haber y sobrehaber mensual mínimo vigente para las Fuerzas Armadas a que tengan derecho los militares" y el resultado “por el factor que corresponda (…)”.

No obstante lo anterior, y con la finalidad de no afectar al patrimonio público, el ISSFAM calcula la suma asegurada, utilizando la suma del haber y sobrehaber y el resultado multiplicado por el factor que corresponda de acuerdo a los años de servicios efectivos prestados por el militar.

Atendiendo los razonamientos contenidos en la reforma propuesta por la Cámara de Diputados, y de acuerdo con la interpretación gramatical del Artículo 89 en revisión, las que Dictaminan coinciden en que la acción de multiplicar los componentes del cálculo provocaría un impacto considerable a las finanzas del ISSFAM, poniendo en riesgo la operatividad y el otorgamiento de otras prestaciones sociales previstas en la Ley.

Como se comprueba en la Iniciativa que avala la Colegisladora, con un solo caso en el que se pretendiera aplicar la literalidad de dicho Artículo, se generaría una afectación considerable al presupuesto del ISSFAM y se obtendrían montos que no guardan proporción respecto a las aportaciones destinadas al SECORE.

CUARTA. Estas Comisiones observan que el propósito de reformar el Artículo 89, es únicamente actualizar el texto normativo referido a la forma de calcular la prima asegurada en el marco del SECORE y con ello evitar interpretaciones y resultados diferentes a los técnicamente programados; esto sin afectar o cambiar las condiciones para ser sujeto del beneficio, y sin agregar o eliminar a posibles destinatarios del seguro.

QUINTA. Las Comisiones Dictaminadoras consideran que esta Reforma se fundamenta en la propia esencia del Poder Legislativo, que consiste en la responsabilidad de crear leyes, pero también en mantenerlas vigentes para que cumplan con su objetivo principal.

En el caso que nos ocupa, nos enfrentamos a una disposición jurídica obsoleta, que requiere de su actualización para su exacta aplicación, en beneficio de la seguridad jurídica de los beneficiarios del SECORE, así como de su estricto cumplimiento por parte de la institución pública.

En este sentido, estas Comisiones, retoman los argumentos validados por la Cámara de Diputados, al considerar que con la reforma propuesta se otorga certeza jurídica, tanto a los beneficiarios del SECORE, como al Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas, como un principio fundamental de la norma, la cual debe ser clara, comprensible, y de congruencia entre su estructura gramatical y su funcionamiento.

En conclusión, las que dictaminan consideran de aprobarse la reforma al Artículo 89 en revisión, con la finalidad de dar precisión, claridad y vigencia a la misma, sustituyendo el término aritmético de “multiplicar” por “sumar” y precisar que el resultado será multiplicado por el factor contemplado en la tabla contenida en el Artículo que se analiza.

En virtud de lo anteriormente expuesto y fundado, para los efectos de lo dispuesto por el inciso a) del Artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las Comisiones Unidas de Defensa Nacional; Marina; y Estudios Legislativos, Segunda, emiten el siguiente:

DECRETO

UNICO.- SE REFORMA EL ARTICULO 89 DE LA LEY DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL PARA LAS FUERZAS ARMADAS MEXICANAS, PARA QUEDAR COMO SIGUE:

Artículo 89.- …

Su cuantía será equivalente a lo que resulte de la suma del haber y sobrehaber mensual mínimo vigente para las Fuerzas Armadas a que tengan derecho los militares conforme a la última jerarquía en que hayan aportado la prima, multiplicado por el factor que corresponda, según los años de servicios efectivos prestados al momento de producirse la baja del activo y alta en situación de retiro, de acuerdo con la tabla siguiente:

Años de servicios

(…)

Factor (meses)

(…)

TRANSITORIOS

UNICO.- El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su Publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, en la Ciudad de México, Distrito Federal, 13 de diciembre de 2012.

COMISION DE DEFENSA NACIONAL

COMISION DE MARINA

COMISION DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, SEGUNDA”.

Debido a que se encuentra publicado en la Gaceta del Senado de hoy y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 195 del Reglamento, queda de primera lectura.

- El C. Senador Fernando Yunes Márquez: (Desde su escaño) Señor Presidente.

- El C. Presidente Burgos García: Senador Yunes Márquez, ¿con qué propósito?

- El C. Senador Fernando Yunes Márquez: (Desde su escaño) Para solicitar a la Presidencia si este dictamen pudiera obviarse la primera lectura debido a que representa gran importancia para las Fuerzas Armadas en su conjunto, y sería muy importante que lo pudiéramos aprobar, si así lo consideran los demás Senadores.

Es cuanto.

- El C. Presidente Burgos García: Sí, Senador Yunes Márquez, con mucho gusto tomamos nota y lo pondremos a consideración. Muchas gracias.

Tenemos la primera lectura de un dictamen de las Comisiones Unidas de Defensa Nacional; y de Estudios Legislativos, que contiene proyecto de Decreto por el que se adiciona un artículo 83 Quintus a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos.






PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN ARTICULO 83 QUINTUS A LA LEY FEDERAL DE ARMAS DE FUEGO Y EXPLOSIVOS

(Dictamen de primera lectura)

“COMISIONES UNIDAS DE DEFENSA NACIONAL;
Y ESTUDIOS LEGISLATIVOS

H. ASAMBLEA:

A las Comisiones Unidas de Defensa Nacional y de Estudios Legislativos, les fue turnada para su estudio y dictamen, la iniciativa con proyecto de Decreto que adiciona un artículo 83 Quintus a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, presentada por el Senador Arturo Zamora Jiménez, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Con fundamento en las facultades que les confiere el artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; los artículos 86, 89, 94 y demás relativos a la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como los artículos 182, 183, 186, 188, 190 y demás aplicables del Reglamento del Senado de la República; y habiendo analizado el contenido de la Iniciativa en comento, estas Comisiones someten a la consideración de los integrantes de esta Honorable Asamblea el presente Dictamen al tenor de lo siguiente:

METODOLOGIA

Las Comisiones Unidas encargadas del análisis y dictamen de la iniciativa que se ocupa, desarrollaron los trabajos correspondientes conforme al procedimiento que a continuación se describe:

En el apartado denominado “ANTECEDENTES”, se da constancia del trámite deinicio del proceso legislativo, así como de la recepción y turno para el dictamen de la iniciativa.

En el apartado “CONTENIDO DE LA INICIATIVA”, se exponen los objetivos y se hace una descripción de la iniciativa en la que se resume su contenido, motivos y alcances.

En el apartado “CONSIDERACIONES”, los integrantes de las comisiones dictaminadoras expresan los razonamientos y argumentos con base en los cuales se sustenta el sentido del presente dictamen.

ANTECEDENTES

I. La iniciativa con proyecto de Decreto por el que se adiciona un artículo 83 Quintus a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, fue presentada por el Senador Arturo Zamora Jiménez a la Mesa Directiva del Senado de la República el 25 de octubre del 2012.

II. En la sesión de la Cámara de Senadores del 25 de octubre del 2012, la Mesa Directiva del Senado de la República, acordó turnarla a las Comisiones Unidas de Defensa Nacional y de Estudios Legislativos, para su estudio y dictamen correspondiente.

III. Estas Comisiones realizaron el análisis de la iniciativa de mérito con el fin de estar en condiciones de elaborar un proyecto de dictamen y discutirlo, mismo que en este acto se somete a consideración de esta Soberanía, en los términos que aquí se expresan.

CONTENIDO DE LA INICIATIVA

En la presente iniciativa, se expone que en los últimos años la capacidad de fuego de la delincuencia organizada se ha incrementado de manera considerable, con lo que desafían el monopolio del estado en el uso de la fuerza pública.

Asimismo, se expone que la delincuencia organizada ha hecho acopio de importantes cantidades de armas de fuego exclusivas del Ejército, Armada o Fuerza Aérea, cartuchos para dichas armas y de un elemento indispensable y fundamental: cargadores.

Los cargadores son dispositivos impulsores y de almacenamiento de municiones para armas cortas o largas. Además, son un elemento indispensable y estratégico al momento de un enfrentamiento.

La iniciativa propone que las personas que poseen cargadores de cartuchos para armas de fuego y explosivos de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea sean sancionados con prisión de dos a seis años y de veinticinco a cien días multa.

CONSIDERACIONES.

PRIMERA. Las Comisiones Unidas de Defensa Nacional y de Estudios Legislativos, como instancias legislativas del Senado de la República, son competentes para atender la presente iniciativa, en virtud de que la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 86 y del Reglamento del Senado, en su artículo 117 numeral 2, establecen que las Comisiones Ordinarias tendrán a su cargo las cuestiones relacionadas con la materia propia de su denominación y conjuntamente con la de Estudios Legislativos, el análisis y dictamen de las iniciativas de Leyes o Decretos.

SEGUNDA. La Ley de Armas de Fuego y Explosivos establece cuáles son las armas permitidas y cuáles son las que están reservadas al uso exclusivo de las Fuerzas Armadas. Asimismo establece sanciones para quienes sin permiso porten armas o cartuchos de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea.

En ese sentido, los integrantes de las Comisiones Dictaminadoras, reconocen que la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos es el instrumento jurídico que regula la posesión de armas de fuego en territorio nacional, así como las actividades comerciales e industriales que se realizan con armas, municiones, explosivos, artificios y sustancias químicas, incluyendo la importación, exportación, transportación y almacenamiento de todo tipo de material regulado.

TERCERA. El Senador proponente señala que en los últimos años la capacidad de fuego de la delincuencia organizada se ha incrementado de manera considerable, con lo que desafían el monopolio del estado en el uso de la fuerza pública.

Asimismo, señala que para cometer este desafío han hecho acopio de importantes cantidades de armas de fuego exclusivos del Ejército, Armada o Fuerza Aérea, cartuchos de armas y cargadores, siendo estos últimos los que carecen de regulación y sanción en el caso de que alguien los posee.

CUARTA. El Senador proponente señala que según el documento “Logros de la Secretaría de la Defensa Nacional”, publicado en julio del 2012, en la pasada administración federal, esta dependencia aseguró 12 millones 100 mil cartuchos de diferentes calibres, pero no se da cuenta de la cantidad de cargadores asegurados.

Por su parte, la Secretaría de Seguridad Pública Federal en el documento “Informe de Rendición de Cuentas 2006-2012 de la Policía Federal”, menciona que del 2007 al 2011 lograron asegurar 33 mil 374 cargadores y 1 millón 642 mil 158 cartuchos.

QUINTA. A partir de los argumentos anteriores, estas Comisiones consideran aprobar en sentido positivo el presente Dictamen, debido a que de esta forma, el marco normativo sigue actualizándose a la realidad que vive nuestro país. Es así, que el nuevo ordenamiento jurídico que se aprueba, castigará no sólo a quien porte sin permiso armas y cartuchos de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea, sino también a quien posea cargadores de cartuchos.

En virtud de lo anteriormente expuesto y fundado, para los efectos de lo dispuesto por el inciso a) del Artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las Comisiones Unidas de Defensa Nacional y Estudios Legislativos, emiten el siguiente:

DECRETO

UNICO. SE ADICIONA UN ARTICULO 83 QUINTUS A LA LEY FEDERAL DE ARMAS DE FUEGO Y EXPLOSIVOS, PARA QUEDAR COMO SIGUE:

Artículo 83 Quintus: Al que posea cargadores de cartuchos para armas de fuego de uso exclusivos del Ejército, Armada y Fuerza Aérea se le sancionará con prisión de dos a seis años y de veinticinco a cien días multa.

TRANSITORIOS

UNICO.- El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su Publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, en la Ciudad de México, Distrito Federal, 13 de diciembre de 2012.

COMISION DE DEFENSA NACIONAL
COMISION DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS”.

En virtud de que se encuentra publicado en la Gaceta del Senado de este día y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 195 del Reglamento, queda de primera lectura.

Distinguida Asamblea, informo a ustedes que en el transcurso de la sesión recibiremos el dictamen de las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público; y de Estudios Legislativos, Segunda, con el proyecto de Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2013, una vez que contemos con el documento lo presentaremos para su trámite.

Pasamos ahora a la discusión de un dictamen de las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público; y de Estudios Legislativos, Primera, con proyecto de Decreto por el que se expide la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas y se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley sobre el Contrato de Seguro.





PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y DE FIANZAS Y SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY SOBRE EL CONTRATO DE SEGURO

(Dictamen de segunda lectura)

- Se le dispensa la segunda lectura y se aprueba el dictamen suscrito por las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público; y de Estudios Legislativos, Primera. Para presentar el dictamen a nombre de las Comisiones, interviene al respecto el C. Senador José Francisco Yunes Zorrilla.

Para fijar la posición de sus grupos parlamentarios intervienen los CC. Senadores Manuel Bartlett Díaz, Dolores Padierna Luna, Luis Armando Melgar Bravo, Carlos Mendoza Davis y Alejandro Tello Cristerna.

Las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público; y de Estudios Legislativos, Primera, remiten propuesta de modificación a las disposiciones transitorias del proyecto de Decreto. Se aprueba.

Se aprueba en lo general y en lo particular el proyecto de Decreto por el que se expide la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas y se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley sobre Contrato de Seguro. Se remite a la Cámara de Diputados para los efectos del artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.






RATIFICACION DE GRADOS MILITARES

(Dictamen a discusión)

- La C. Secretaria Díaz Lizama: Doy lectura al dictamen.

“COMISION DE DEFENSA NACIONAL

H. ASAMBLEA:

A la Comisión de Defensa Nacional de la Cámara de Senadores, le fue turnado por la Mesa Directiva para estudio y elaboración del Dictamen correspondiente, 1 propuesta de ascenso al grado de Coronel de Fuerza Aérea Piloto Aviador del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos conferido por el Ejecutivo Federal.

Con fundamento en el artículo 76 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; los artículos 86 y 94 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y los artículos 229, 230 numeral 1, fracción III, 232, 239 numeral 1 fracción VI, 240 numeral 1, 241 numeral 2, 242, y 243 del Reglamento del Senado, la Comisión de Defensa Nacional somete a consideración de esta Honorable Asamblea el presente dictamen, de conformidad con la siguiente:

METODOLOGIA

Para el análisis del expediente que contiene el acuerdo por el que se ratifica el nombramiento al grado de Coronel de Fuerza Aérea Piloto Aviador, en términos del artículo 89 fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y los artículos 3, 7, 8, 9 fracción VI, 3234 de la Ley de Ascensos y Recompensas del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, enviado por el Ejecutivo Federal a este Órgano Legislativo, y de conformidad a lo dispuesto por el artículo 76 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los Senadores integrantes de la Comisión de Defensa Nacional llevaron a cabo su trabajo conforme al procedimiento que a continuación se describe:

1.- Se estableció un apartado denominado “ANTECEDENTES”, en el que se

da constancia del trámite de inicio del proceso legislativo, del recibo y turno de las documentales relativas al expediente del Teniente Coronel de Fuerza Aérea Piloto Aviador, el C. Gerardo Bagatella Minutti y su respectivo nombramiento.

2.- En el apartado denominado “ANALISIS Y EVALUACION DE LAS PROPUESTAS DE ASCENSO AL GRADO DE CORONEL DE FUERZA AEREA PILOTO AVIADOR” los miembros de la Comisión de Defensa Nacional expresan los argumentos de valoración de la propuesta en estudio.

I.- ANTECEDENTES

1. En la sesión ordinaria del 4 de diciembre del presente año, el Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría de Gobernación, mediante oficio No. DGPL-1P1A.-2824 presentó al Pleno de esta Honorable Cámara de Senadores, la ratificación del nombramiento para ascenso al grado de Coronel de Fuerza Aérea Piloto Aviador del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, otorgado en términos de lo dispuesto por el artículo 89 fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y los artículos 3, 7, 8, 9 fracción VI, 3234 de la Ley de Ascensos y Recompensas del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos.

2. En esa misma fecha, la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores, turnó a la Comisión de Defensa Nacional para estudio y dictamen, el expediente personales y la hoja de servicios del C. Gerardo Bagatella Minutti propuesto para los efectos a que se refiere la fracción II del artículo 76 de la Constitución General de la República.

II.- ANALISIS Y EVALUACION DE LAS PROPUESTAS DE

ASCENSO AL GRADO DE CORONEL DE FUERZ AEREA PILOTO AVIADOR

PRIMERO.- El Senado de la República, de conformidad con lo dispuesto por la fracción II, del artículo 76 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, tiene la facultad exclusiva de ratificar los nombramientos de coroneles y demás jefes superiores del Ejército, Armada y Fuerza Aérea Nacionales, que el Ejecutivo Federal envía, en los términos que la ley disponga.

SEGUNDO.- Es facultad del Ejecutivo Federal, “nombrar con aprobación del Senado, los coroneles y demás oficiales superiores del Ejército, Armada yFuerza Aérea Nacionales", tal como lo dispone el artículo 89 fracción IV, de nuestra Carta Magna.

Esta facultad del Presidente de la República se encuentra limitada por el Senado de la República al sujetar tal nombramiento a su aprobación; por ello, se establecen dos requisitos que implican un sistema de corresponsabilidad respecto a los ascensos del personal de las fuerzas armadas, de tal manera que para que un militar ascienda al rango inmediato superior, se tiene que cumplir con lo siguiente:

1) Que previo análisis del expediente personal del militar interesado el Presidente de la República, otorgue el nombramiento, y

2) Que previo estudio de los antecedentes contenidos en el expediente del militar interesado, el Senado ratifique dicho nombramiento.

CUARTO.- El ascenso al grado que ocupa el presente dictamen, se confiere por el Ejecutivo Federal, atendiendo preferentemente al mérito, aptitud, competencia profesional y conducta militar y civil.

En ningún caso se confieren ascensos al personal del Ejército Mexicano en los siguientes supuestos:

1. Que estén haciendo uso de licencia ilimitada, especial o por edad límite.

2. Retirados en Activo.

3. Sujetos a procesos, prófugos o cumpliendo sentencia condenatoria en el orden penal.

4. Haber estado sujeto a proceso en el que se haya retirado la acción penal dentro del último año de su antigüedad.

5. Haber alcanzado la edad límite que señala la ley de la materia

6. Encontrarse en trámite de retiro potestativo

QUINTO.- El ascenso de grado constituye un reconocimiento a toda una vida profesional dedicada en forma exclusiva y permanente al servicio de las armas para la preservación de la Seguridad Nacional, la defensa exterior y coadyuvar a la seguridad interior del país.

SEXTO.- Para el efecto de dar cumplimiento al mandato constitucional relativo a la ratificación de grado, la Comisión de Defensa Nacional delSenado de la República, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 240 numeral 1, procedió al estudio del expediente del militar a quien le fue otorgado el grado, en donde consta que cumple con los requisitos señalados por la Ley de Ascensos y Recompensas del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, así como su Reglamento.

Del análisis detallado de los documentos contenidos en el expediente base del presente Dictamen, mismo que se acompañan al citado nombramiento, se aportan suficientes elementos de juicio a esta Comisión Dictaminadora, para afirmar que el militar a quien se le confiere el nombramiento de Coronel de Fuerza Aérea Piloto Aviador del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, cuenta con los requisitos establecidos por la Lay de Ascensos y Recompensas del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos. Asimismo, cuenta con todas las aptitudes, la capacidad técnica y profesional, así como el valor civil y militar para ser ratificado en el grado. De igual forma, se deduce que cuenta con la trayectoria suficiente, y el alto grado de responsabilidad que se requiere, ya que ha ocupado diversos cargos en el Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, tal como se acredita en el expediente y que es objeto del análisis por parte de esta Comisión.

De esta forma, se concluye que el Teniente Coronel de Fuerza Aérea Piloto Aviador, Guillermo Bagatella Minutti, reúne los requisitos legales establecidos en los ordenamientos vigentes y cuenta con los méritos suficientes para ostentar el grado que se le ha conferido y el cual se encuentra sujeto a ratificación.

Por otra parte, con el objeto de estar en condiciones de emitir un Dictamen debidamente fundado y motivado, los integrantes de la Comisión que suscriben, advierten que desde su ingreso al Servicio Activo del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, el interesado fue ascendido de manera gradual de acuerdo a lo establecido por las leyes y reglamentos; de igual manera en su oportunidad le fueron conferidas las Condecoraciones correspondientes por los tiempos de servicio requeridos para ello.

SEPTIMO.- Esta Comisión Dictaminadora considera innecesaria la comparecencia del militar seleccionado para ascenso, conforme lo establecido por el artículo 242 numeral 1 del Reglamento del Senado, por considerar que de los documentos recibidos anteriormente señalados, existen suficientes elementos de juicio para la elaboración del Dictamen que en derecho procede.

Por lo anteriormente expuesto, los Senadores integrantes de la Comisión de Defensa Nacional, dando cumplimiento a lo que establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley Orgánica del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, así como el Reglamento del Senado de la República, y habiendo analizado el expediente y la hoja de servicio del C. Guillermo Bagatella Minutti propuesto para ascenso al grado de Coronel de Fuerza Aérea Piloto Aviador, someten a consideración del Pleno el siguiente dictamen que contiene proyecto de:

DECRETO

UNICO.- La Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, en ejercicio de la facultad que le concede el artículo 76 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, acuerda ratificar el nombramiento en el grado de Coronel de Fuerza Aérea Piloto Aviador que el Ejecutivo Federal expidió a favor de:

1. GUILLERMO BAGATELLA MINUTTI

Dado en el salón de sesiones de la H. Cámara de Senadores, a 6 de diciembre de 2012.

COMISION DE DEFENSA NACIONAL”.

Es todo, señor Presidente.

- El C. Presidente Cordero Arroyo: En consecuencia, está a discusión el dictamen. No habiendo oradores registrados, ábrase el sistema electrónico de votación por tres minutos para recoger la votación nominal. Háganse los avisos a que se refiere el artículo 58 del Reglamento para informar de la votación.







- La C. Secretaria Díaz Lizama: Señor Presidente, conforme al registro en el sistema electrónico de votación, se emitieron 107 votos en pro, cero en contra y 2 abstenciones.

PRESIDENCIA DEL C. SENADOR
JOSE ROSAS AISPURO TORRES

- El C. Presidente José Rosas Aispuro Torres: Aprobado el punto de Acuerdo. En consecuencia, se ratifica el nombramiento en el grado de Coronel de Fuerza Aérea Piloto Aviador expedido al ciudadano Guillermo Bagatella Minutti. Comuníquese el mismo.

Pasamos a la discusión de dos dictámenes de la Comisión de Justicia que contienen puntos de Acuerdo.

Solicito a la Secretaría dé lectura a los dictámenes.






COMISION DE JUSTICIA

(Dictamen a discusión)

- La C. Secretaria Díaz Lizama: Doy lectura al primer dictamen.



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COMISION DE JUSTICIA

(Dictamen a discusión)

- La C. Secretaria Díaz Lizama: Doy lectura al segundo dictamen.



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jb_Dic%20Justicia-Penal%20de%20Cieneguillas_Página_13

Es todo, señor Presidente.

PRESIDENCIA DEL C. SENADOR
ERNESTO JAVIER CORDERO ARROYO

- El C. Presidente Ernesto Javier Cordero Arroyo: En consecuencia, están a discusión. No habiendo oradores registrados, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si son de aprobarse los anteriores Acuerdos.

- La C. Secretaria Díaz Lizama: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si son de aprobarse los Acuerdos. Quienes estén porque se aprueben, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se aprueben, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobados, señor Presidente.

- El C. Presidente Cordero Arroyo: Aprobados los Acuerdos. Comuníquense.

Honorable Asamblea, recibimos en esta Mesa Directiva el dictamen de las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público; y de Estudios Legislativos, Segunda, con proyecto de Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2013.





PROYECTO DE LEY DE INGRESOS DE LA FEDERACION PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2013

(Dictamen de primera lectura)

- Se da cuenta, se le dispensa la segunda lectura y se aprueba el dictamen suscrito por las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público; y de Estudios Legislativos, Segunda. Para presentar el dictamen interviene al respecto el C. Senador José Francisco Yunes Zorrilla.

Para fijar la posición de sus grupos parlamentarios intervienen los CC. Senadores Manuel Bartlett Díaz, Luis Armando Melgar Bravo, Armando Ríos Piter, Carlos Mendoza Davis y David Penchyna Grub.

En la discusión en lo general hacen el uso de la palabra los CC. Senadores Mónica Tzasna Arriola Gordillo; Marco Antonio Blásquez Salinas; Héctor Larios Córdova; Mario Delgado Carrillo; Javier Corral Jurado; José Francisco Yunes Zorrilla; Jorge Luis Preciado Rodríguez; Fidel Demédicis Hidalgo; Manuel Bartlett Díaz; Francisco Domínguez Servién; Alejandro de Jesús Encinas Rodríguez; Manuel Cavazos Lerma y Roberto Gil Zuarth.

En la discusión en lo particular intervienen los CC. Senadores Dolores Padierna Luna, quien presenta propuestas de modificación a los artículos 21, Artículo Tercero Transitorio que no se admiten y al Artículo Quinto Transitorio que no se aprueba. Intervienen sobre el Artículo Quinto Transitorio los CC. Senadores Blanca María del Socorro Alcalá Ruiz, Mariana Gómez del Campo Gurza, Luis Armando Melgar Bravo, Francisco Domínguez Servién y Martín Orozco Sandoval.

Fidel Demédicis Hidalgo, quien presenta propuestas de modificación al artículo 21 que no se admite.

Se aprueba en lo general y en lo particular la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2013. Se remite al Ejecutivo Federal para los efectos del artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.






PROPUESTAS

Del Senador René Juárez Cisneros, un punto de Acuerdo que exhorta a destinar mayores recursos al programa de rehabilitación, modernización y equipamiento de distritos de riego en el país, mismo que se turna el primer resolutivo a la Cámara de Diputados, y el segundo a la Comisión de Recursos Hidráulicos del Senado.

PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA A LA CAMARA DE DIPUTADOS A QUE EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACION PARA 2013 SE DESTINEN MAYORES RECURSOS AL PROGRAMA DE REHABILITACION, MODERNIZACION Y EQUIPAMIENTO DE DISTRITOS DE RIEGO EN EL PAIS; ASIMISMO, EXHORTA A LA COMISION NACIONAL DEL AGUA PARA QUE CON DICHOS RECURSOS REALICE LAS ACCIONES NECESARIAS PARA CONCLUIR LA CONSTRUCCION HIDROAGRICOLA EN EL DISTRITO DE RIEGO 057 (AMUCO-CUTZAMALA DE PINZON), EN EL ESTADO DE GUERRERO

“Quien suscribe, RENE JUAREZ CISNEROS, Senador de la República a la LXII Legislatura, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 8, fracción II, y 276 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea, la presente proposición con punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

La superficie de los Distritos de Riego del país alcanza alrededor de 3.4 millones de hectáreas, cuya importancia desde el punto de vista económico y social se sustenta en el volumen de producción que en esas áreas se obtiene, generando de esta manera recursos alimenticios, así como insumos para la industria y la exportación de productos agropecuarios.

De acuerdo a la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), se estima que aproximadamente el 90% de la superficie de los Distritos de Riego del país dependen del agua procedente de presas de almacenamiento y derivadoras, asociadas con sistemas, generalmente complejos de canales de distribución principales, secundarios y terciarios, sistemas de drenaje principales, caminos y otras obras de infraestructura complementaria.

La CONAGUA define a la agricultura de riego en nuestro país como de bajo nivel tecnológico y descapitalizada, calificando a los productores carentes de una cultura de riego. Refiere también, que no hay conciencia para el uso eficiente de los recursos productivos de agua, suelos, infraestructura hidráulica, maquinaria y agroquímicos. Es decir, no se modernizan. Pero más que culpar a los campesinos y pequeños productores agrícolas, este diagnóstico en nuestra consideración es el resultado de las políticas truncas en materia de desarrollo rural; asociadas a las estrategias neoliberales de retiro estatal de los apoyos a la agricultura, de abandono delos productores ante la apertura de mercados, la presencia del coyotaje en los procesos de comercialización, entre otros factores.

Por lo anterior, la modernización y la conservación de estas áreas de riego con ayuda del equipamiento resultan de fundamental importancia, pues en estas condiciones los sistemas de riego no pueden garantizar la adecuada operación y por tanto el suministro de agua para riego no puede obtenerse con la oportunidad ni la cantidad que los cultivos requieren, afectando de esta manera la capacidad productiva de las áreas de riego.

Cabe mencionar que existen programas federales destinados a mejorar la infraestructura hidráulica de los distritos de riego, tal es el caso del Programa Rehabilitación, Modernización y Equipamiento de Distritos de Riego, a cargo de la propia CONAGUA, cuyo objetivo es utilizar de manera más eficiente el recurso agua, desde la red de conducción y distribución hasta la parcela, mediante acciones de rehabilitación y modernización de la infraestructura concesionada en los distritos de riego y tecnificación del riego y contribuir a incrementar la productividad agrícola y mejorar la economía de la población rural. Sin embargo, los recursos que se aplican son insuficientes para cumplir con sus objetivos, de ahí nuestro exhorto para que se le incrementen los montos presupuestales.

Por otra parte, mencionaré el caso de mi estado, Guerrero. Ahí, el consumo mayor de agua se realiza en el sector agropecuario con el 94% del agua controlada, principalmente en el riego agrícola. El aprovechamiento en este uso se estima que es de un 45% de eficiencia, lo que significa que más de la mitad del agua destinada al riego no se aprovecha para tal fin y retorna a los cauces naturales, después de haber pasado por una infraestructura deficiente en presas de almacenamiento y canales.

En el estado, se localiza el Distrito de Riego 057 “Amuco-Cutzamala”. Se ubica en la zona centro sur de la República Mexicana; y se encuentra en la cuenca media y baja del Río Balsas. Pertenece a la Región Hidrológica No. 18, conocida como "Tierra Caliente"; su extensión comprende los Municipios de Pungarabato, Coyuca de Catalán, Arcelia, Ajuchitlán, Cutzamala, Tlalchapa, San Miguel Totolapan, Tlapehuala y Zirándaro, en el estado de Guerrero.

De acuerdo a las Estadísticas Agrícolas de los Distritos de Riego. Año Agrícola 2008/2009, en el Distrito de Riego 057, existen 4 mil 655 usuarios que riegan 10 mil 507 hectáreas; de éstos, 3 mil 786 son ejidatarios y 869 privados. Cabe mencionar que de la superficie regada, 7 mil 605 hectáreas son por gravedad de las presas y 354 por gravedad de derivación.

El Distrito de Riego 057, se caracteriza porque en él se cultivan diversos productos, destacando el Maíz Grano, que en el ciclo otoño-invierno de dicho año agrícola se sembró en 3 mil 603 hectáreas y en el primavera-verano en 1 mil 458; Sorgo Forrajero Verde, en 582 hectáreas y 353 respectivamente; melón, en 354 y 310 en los mismos ciclos; arroz, en 268 hectáreas en el ciclo otoño-invierno, entre otros. Por su parte, los cultivos perennes se siembran en 3 mil 667 hectáreas, destacando el mango, que se siembra en 1 mil 944 hectáreas.

Es de señalar que el Distrito de Riego 057 es el más grande del estado y presenta la mayor infraestructura; sin embargo, tiene problemas y deficiencias. Una de ellas es que la construcción de esta obra se inició a partir de la década de los sesenta y quedaron inconclusas y subutilizadas; de ahí la necesidad del apoyo financiero para terminar la infraestructura en tan relevante Distrito de Riego.

Por otra parte, en el Distrito de Riego 057 se requiere elaborar un diagnóstico para elevar la producción agrícola y mejorar las tierras con cobertura de riego de la región, máxime en aquellas que se encuentran ociosas o sub-aprovechadas, a efecto de resolver las carencias con apoyos técnicos, crediticios, organizacionales, de conservación y rehabilitación de la infraestructura, con la finalidad de mejorar su aprovechamiento y dotar de mejores alternativas de producción en sus cultivos.

La justa demanda de los productores de la región de la Tierra Caliente del estado de Guerrero beneficiaría a 10 mil hectáreas de tierras de primera calidad; así como a una importante superficie de terrenos de primera y segunda clase agrológicamente; de lo que se beneficiarán a 2 mil familias campesinas, ganaderos y pequeños propietarios que habitan en 40 ejidos.

No obsta señalar que el concluir con la infraestructura de tan importante distrito de riego, tiene además su justificación en que existen tres presas de almacenamiento en la región: la Vicente Guerrero, la Andrés Figueroa y la de El Gallo; así como las presas derivadotas de Amuco y Hermenegildo Galeana, con lo cual consideramos se cuenta con la disponibilidad suficiente para hacer frente a su ampliación y aprovechamiento.

Además, existe otra agricultura que no se beneficia de la infraestructura hidroagrícola, aquella que se realiza en pequeñas unidades de riego. Son producciones de campesinos que aprovechan escurrimientos de agua y espacios en torno a ríos y barrancas, donde producen una gran variedad de frutas y hortalizas que abastecen a los mercados locales y regionales. Aquí la inversión pública ha sido nula o mínima en comparación con las grandes obras.

Como sabemos, la CONAGUA cuenta con la Gerencia de Distritos de Riego, que es la instancia responsable de emitir directrices para la administración, operación, conservación, rehabilitación, modernización y tecnificación de los distritos de riego; de ahí nuestra solicitud para que la dependencia federal concluya la obra que, sin duda, beneficiará a un sector importante de campesinos guerrerenses.

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración del Pleno de esta Honorable Asamblea el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

Primero.- La Cámara de Senadores exhorta a la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, a fin de que en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2013, se destinen mayores recursos al Programa de Rehabilitación, Modernización y Equipamiento de Distritos de Riego en el país.

Segundo.- Esta Soberanía exhorta a la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), para que con los recursos aprobados en el Presupuesto de Egresos de la Federación, realice las acciones necesarias para concluir la construcción hidroagrícola en el Distrito de Riego 057 (Amuco-Cutzamala de Pinzón), en el estado de Guerrero.

Dado en la Cámara de Senadores, a 13 de diciembre de 2012.

Atentamente

Sen. René Juárez Cisneros”.

Del Senador Héctor Yunes Landa, un punto de Acuerdo que exhorta asignar los recursos requeridos a través del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología para la ejecución del proyecto de ampliación y modernización de la infraestructura científica y tecnológica del Instituto de Ecología, AC, mismo que se turna a la Cámara de Diputados.

PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA A LA COMISION DE PRESUPUESTO Y CUENTA PUBLICA DE LA CAMARA DE DIPUTADOS A ASIGNAR LOS RECURSOS REQUERIDOS A TRAVES DEL CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGIA PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO DE AMPLIACION Y MODERNIZACION DE LA INFRAESTRUCTURA CIENTIFICA Y TECNOLOGICA DEL INSTITUTO DE ECOLOGIA, A.C.

“El suscrito, Héctor Yunes Landa Senador de la República en la LXII Legislatura, integrante de grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 8, fracción II, y 276, del Reglamentodel Senado de la República, someto a la consideración de este Pleno la siguiente proposición con punto de Acuerdo:

EXPOSICION DE MOTIVOS

Debido al interés y a la necesidad por desarrollar la investigación sobre el uso de los recursos naturales y la conservación de la biodiversidad de México, se crea el Instituto de Ecología (INECOL), con el fin contar con los estudios básicos y las respuestas científicamente instituidas para resolver los problemas ecológicos derivados del uso de las riquezas ecológicas.

Con el establecimiento del Instituto se han permitido reunir un importante cúmulo de experiencias e ideas, que buscan apoyar con bases firmes la implementación de estrategias y mecanismos adecuados para impulsar el desarrollo del país, evitando al máximo la afectación del medio ambiente y de la riqueza biológica de los ecosistemas que influyen de manera directa en la calidad de vida y el bienestar de la población.

Es importante señalar que el INECOL, es un organismo público que se encarga de producir conocimiento científico, desarrollar tecnologías, así como generar y preparar profesionistas en materia de ecología y biodiversidad, de forma responsable, sobre el aprovechamiento de recursos naturales, procurando la conservación del patrimonio natural, induciendo el desarrollo social y económico del país.

En este sentido, el proyecto de ampliación y modernización se centra principalmente en la Infraestructura Científica y Tecnológica del INECOL en la Ciudad de Xalapa del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, lo cual le permitirá al instituto posicionarse entre los principales centros científicos a nivel nacional y mundial.

Con ello, se pretende desarrollar las capacidades para establecer soluciones yhacer frente a las necesidades de los diferentes sectores de la región, especialmente las vinculadas a los temas ambientales y agropecuarios, invirtiendo en la generación de infraestructura para la investigación científica y tecnológica, para la formación de nuevos equipos científicos y para la productividad vinculada a la investigación

En este orden de ideas, es necesario generar el proceso de modernización integral del Instituto, ya que debido a su importancia, requiere tener acceso a altos niveles de investigación científica, por lo cual debe contar con una infraestructura altamente especializada que le permita la incorporación de personal académico altamente calificado a fin de desarrollar eficientemente su actividad sustantiva y promover mejores mecanismo de vinculación con la sociedad a través de la generación de soluciones de vanguardia a los problemas ambientales y agropecuarios.

Dicho proceso de ampliación proporcionará a la Institución la capacidad de generar mejores y más eficientes soluciones sobre el mal aprovechamiento y contaminación de los recursos hídricos y encaminará el uso de este recurso de forma sostenible, además de procurar la conservación y restauración de los bosques; así como el fortalecimiento de los vínculos de participación en la educación ambiental.

Con todo lo anterior, podemos concluir que el Proyecto de Ampliación y Modernización de la Infraestructura Científica y Tecnológica del Instituto de Ecología (INECOL), A.C. (Campus III) obtendrá un impacto positivo en los indicadores de generación de conocimiento en la zona, fortaleciendo los niveles de competitividad con innovaciones tecnológicas que impacten de manera directa en el desarrollo regional.

Por lo anteriormente expuesto, y por el desarrollo científico y tecnológico del país, me permito presentar ante esta Soberanía el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

Unico.- Se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la H. Cámara de Diputados, para que dentro del proceso de análisis, discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2013, se le asignen $170,000,000.00 (Ciento Setenta Millones de Pesos 00/100 M.N.) a través del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACyT) para la ejecución del Proyecto de Ampliación y Modernización de la Infraestructura Científica y Tecnológica del Instituto de Ecología (INECOL), A.C. (Campus III).

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Senadores, a 13 de diciembre de 2012.

Suscribe

Sen. Héctor Yunes Landa”.

De los Senadores integrantes de la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía, un punto de Acuerdo que exhorta asignar nuevamente 11 millones de pesos a la Academia de Cine; y 80 millones de pesos a la distribución cinematográfica, mismo que se turna a la Cámara de Diputados.

PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA A LA COMISION DE PRESUPUESTO Y CUENTA PUBLICA DE LA CAMARA DE DIPUTADOS PARA QUE EN EL PROCESO DE ANALISIS, DISCUSION Y APROBACION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACION PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2013 ASIGNE NUEVAMENTE 11 MILLONES DE PESOS A LA ACADEMIA DE CINE Y 80 MILLONES DE PESOS A LA DISTRIBUCION CINEMATOGRAFICA

“CC. SECRETARIOS DE LA MESA DIRECTIVA
DEL SENADO DE LA REPUBLICA
DEL H. CONGRESO DE LA UNION
PRESENTES.

LasSenadoras y los Senadores integrantes de la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía de la LXII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8, numeral 1, fracción II, 108, 164, numeral 2, y 276, del Reglamento del Senado de la República, sometemos a la consideración del Pleno de esta Soberanía, la siguiente proposición de punto de Acuerdo con carácter de urgente resolución a través del cual se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados, para que en el proceso de análisis, discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal del año 2013, asigne nuevamente 11 millones a la Academia de Cine, y 80 millones a la distribución cinematográfica, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

Es evidente el apoyo a la producción nacional que se ha dado desde el Congreso de la Unión con una serie de reformas tanto a la Ley Federal de Cinematografía como a la Ley del Impuesto sobre la Renta. Su objetivo ha sido incrementar la incipiente producción nacional que se vivió en la década de los noventa.

IMCINE señala, en su informe de actividades 2010, que el estímulo fiscal contenido en el 226 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta ha permitido que 340 empresas contribuyentes se involucraran en la producción cinematográfica mexicana.

El estímulo fiscal contenido en el artículo 226 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta ha sido, indudablemente, un parte aguas en la producción de cine Nacional, pasamosde producir 14 películas al año en 2002, a producir 72 en el año 2011.

Este nuevo aliento de vida al cine mexicano ha fortalecido a una de las industrias con mayor potencial para generar un sentimiento de identidad con nuestros compatriotas y con los valores nacionales, esta industria es también capaz de producir abundantes divisas y crear empleos, así como de difundir una imagen de nosotros mismos tanto al interior, como al exterior de nuestro país.

El fortalecimiento de la producción de cine nacional planteó nuevos retos, producir no es suficiente, ya que por más calidad que tenga una película, sí no se promociona eficaz y suficientemente no llegará a la audiencia, por tal motivo se debe también fortalecer los otros eslabones de la cadena de la industria cinematográfica. Lo anterior debido a que los distribuidores optan por invertir sus recursos en películas que han resultado ser un éxito internacional o que, siendo películas nacionales, puedan tener un alto éxito en taquilla. Pocos distribuidores cuentan con incentivos para invertir en películas mexicanas de las que no tienen certeza de su éxito, sobre todo pensando en productores jóvenes, independientes o creadores de cine de arte.

Por lo tanto, películas nacionales de calidad o artísticas que pudieran ser rentables económicamente por los ingresos generados en taquilla, dejan de promoverse por falta de recursos. Esto genera una pérdida no sólo para la sociedad, que deja de conocer el trabajo artístico y cultural de productores mexicanos, sino que también es una gran pérdida para el gobierno federal y los contribuyentes reales de impuestos, pues los recursos destinados a la producción de películas nacionales no se traducen en la exhibición de estas. Los recursos públicos empleados para apoyar la producción de películas nacionales, pierden efectividad, si estas no llegan a las salas de exhibición y generan los ingresos suficientes para recuperar los costos de producción, distribución y exhibición.

A pesar de la gran utilidad del estímulo fiscal contenido en el artículo 226 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, las películas nacionales como producto final no están llegando al espectador, lo anterior debido a que ya en el terreno de juego enfrentan una completa desventaja frente a las películas extranjeras. La competencia en el mercado de exhibición resulta poco equitativa si consideramos que la publicidad y el número de copias de las películas extranjeras es avasallador frente a la publicidad y el número de copias de las películas nacionales.

Con conciencia de esta situación, los Diputados de la pasada LXI Legislatura, etiquetaron en el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2012, una bolsa de 11 millones para la Academia de Cine y 80 millones de pesos, parala distribución cinematográfica de películas nacionales.

Dicho recurso se entregó a través de la creación de un Comité Interinstitucional que estuvo formado por un representante del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, y uno del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura.

En el caso de la distribución de películas cinematográficas nacionales, el Comité Interinstitucional encomendó al IMCINE la asesoría en la formulación de reglas y lineamientos de operación, publicación de convocatoria, análisis y evaluación de los proyectos presentados, y operación del mecanismo hasta la entrega del apoyo.

El pasado 27 de junio del presente año, se publicaron en el Diario Oficial de la Federación las Reglas Generales para aplicar los proyectos de inversión para la distribución de películas cinematográficas nacionales. Con lo anterior, dieron inicio las convocatorias de las diferentes disciplinas artísticas y el de la distribución cinematográfica.

Para la convocatoria del EPRO Cine, se inscribieron un total de 84 proyectos (9 proyectos en la categoría de Circuito no comercial y 75 proyectos en la categoría de Circuito comercial).

De los 84 proyectos inscritos al EPRO Cine, 10 proyectos fueron rechazados por no cumplir con las omisiones detectadas a la hora de la recepción del proyecto, o bien, contaban con irregularidades administrativas con el IMCINE y/o alguno de los fondos de producción cinematográficos.

Para darle mayor transparencia al proceso de evaluación, se solicitó a las diferentes asociaciones del sector cinematográfico que propusieran candidatos a conformar el Consejo de Evaluación para la Distribución Cinematográfica (CEDC). A través de un proceso de insaculación ante notario público y algunos invitados de la comunidad cinematográfica, se eligió a los 5 miembros del Consejo de Evaluación para la Distribución Cinematográfica (CEDC).

Durante 4 semanas,el CEDC evaluó 75 proyectos susceptibles de ser recomendados al Comité Interinstitucional para su aprobación. El Comité Interinstitucional aprobó 60 proyectos para la distribución de películas cinematográficas nacionales. La lista de los proyectos beneficiados fue publicada en las páginas web del CONACULTA y el IMCINE el día viernes 19 de octubre del año en curso.

Finalmente, en diciembre de este año, el IMCINE asignó los recursos a un total de 60 proyectos que serán apoyados en estos rubros.

Etiquetar estos recursos dentro del Presupuesto de Egresos de la Federación 2013, permitirá que nuestras películas mexicanas cuenten, nuevamente, con difusión y promoción no sólo para llegar a más salas de exhibición, sino para que también puedan competir con las producciones internacionales de mejor manera, al menos en lo que se refiere al nivel de recursos destinados a la promoción y publicidad.

Por todo lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración del Pleno de esta Soberanía, con carácter de urgente resolución el siguiente:

Punto de Acuerdo

Unico.-Se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados, para que en el proceso de análisis, discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal del año 2013, se asignen nuevamente 11 millones a la Academia de Cine, y 80 millones a la distribución cinematográfica nacional.

Salón de sesiones del Senado de la República, a 13 de diciembre de 2012.

Suscriben

Comisión de Radio Televisión y Cinematografía”.

Del Senador Mario Delgado Carrillo, un punto de Acuerdo por el que el Senado de la República manifiesta su respaldo a la solicitud del monto de endeudamiento del Distrito Federal para el Ejercicio Fiscal 2013, realizada por el Jefe de Gobierno de dicha entidad, mismo que se turna a la Cámara de Diputados.

PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE EL SENADO DE LA REPUBLICA MANIFIESTA SU RESPALDO A LA SOLICITUD DEL MONTO DE ENDEUDAMIENTO DEL DISTRITO FEDERAL PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013 REALIZADA POR EL JEFE DE GOBIERNO DE DICHA ENTIDAD

SEN. ERNESTO JAVIER CORDERO ARROYO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
DE LA CAMARA DE SENADORES
PRESENTE.

El suscrito, Senador, integrante de la Comisión de Distrito Federal en el Senado, de la LXII Legislatura al Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8 numeral 1, fracción II y 276, numeral 1, del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea, la siguiente PROPOSICION CON PUNTO DE ACUERDO con base en las siguientes:

CONSIDERACIONES

De conformidad con artículo 122 constitucional, corresponde al Presidente de los Estados Unidos Mexicanos enviar anualmente al Congreso de la Unión, la propuesta de los montos de endeudamiento necesarios para el financiamiento del presupuesto de egresos del Distrito Federal. Para tal efecto, el Jefe de Gobierno del Distrito Federal someterá a la consideración del Presidente de la República la propuesta correspondiente, en los términos que disponga la Ley.

De conformidad con el artículo 73 constitucional, al Congreso de la Unión le corresponde la facultad de aprobar anualmente los montos de endeudamiento que deberán incluirse en la ley de ingresos, que en su caso requiera el Gobierno del DistritoFederal y las entidades de su sector público, conforme a las bases de la ley correspondiente.

El proyecto de Ley de Ingresos 2013, incluye la propuesta del Gobierno del Distrito Federal de un techo de endeudamiento neto para 2013 para esa entidad federativa, de 5,000 mdp, a efecto de financiar el Presupuesto de Egresos del Distrito Federal de ese ejercicio fiscal.

El día 12 de diciembre de 2012, en el salón Heberto Castillo del Senado de la República, diputados a la VI Legislatura de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, integrantes de la Comisión Especial para la Reforma Política del Distrito Federal, y Senadores integrantes de la Comisión de Distrito Federal en el Senado a la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, tuvieron un primer encuentro hacia la reforma política del Distrito Federal.

En dicha reunión, como parte de las ideas y aportaciones, se pusieron en la agenda los temas vinculados al financiamiento de la Ciudad y se manifestó la voluntad de realizar un respaldo al Distrito Federal a fin de apoyar la aprobación de la deuda pública para el siguiente ejercicio fiscal.

Al respecto, es de mencionarse que en comparación con su Producto Interno Bruto (PIB), la deuda del Distrito Federal representa sólo 2.2% del PIB local, situándose por debajo de la media nacional, que es de 2.7%. Eso lo coloca en el lugar 18 de las 32 entidades federativas.

La estimación para el crecimiento real al cierre de la administración 2006-2012, es de 7.3%, es decir, una tasa promedio anual de crecimiento de 1.1%.

Con los recursos obtenidos, el Gobierno del Distrito Federal realiza importantes inversiones en proyectos socialmente productivos para la ciudad, de manera particular, para transporte público, infraestructura y servicios públicos.

Por todo lo anterior, someto a la consideración de esta H. Asamblea, la siguiente Proposición con:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO. El Senado de la República manifiesta su respaldo a la solicitud de monto de endeudamiento que el Jefe de Gobierno del Distrito Federal sometió a la consideración del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, su incorporación dentro de la Ley de Ingresos, y en consecuencia, a analizar y discutir, y en su caso aprobar, como parte del paquete económico del Ejercicio Fiscal 2013 ese monto de financiamiento que corresponde al Presupuesto de Egresos del Distrito Federal.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, a 13 de diciembre de 2012.

Suscribe

Sen. Mario Delgado Carrillo”.

De la Senadora Luisa María Calderón Hinojosa, un punto de Acuerdo que solicita se etiqueten recursos para el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas que permita fomentar políticas públicas para el rescate de las lenguas indígenas de nuestro país, mismo que se turna a la Cámara de Diputados.

PUNTO DE ACUERDO QUE SOLICITA QUE EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACION PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013 SE ETIQUETEN RECURSOS PARA EL INSTITUTO NACIONAL DE LENGUAS INDIGENAS, QUE PERMITA FOMENTAR POLITICAS PUBLICAS PARA EL RESCATE DE LAS LENGUAS INDIGENAS DE NUESTRO PAIS

SEN. ERNESTO CORDERO ARROYO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
DE LA H. CAMARA DE SENADORES
PRESENTE.

La suscrita Senadora Luisa María de Guadalupe Calderón Hinojosa, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXII Legislatura, de conformidad con lo previsto en los artículos 8, 108 y 276 del Reglamento del Senado de la República, someten a la consideración de esta Honorable Asamblea una proposición con punto de Acuerdo por el que solicita que en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2013 etiqueten recursos para el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas que permita fomentar políticas públicas para el rescate de las lenguas indígenas de nuestro país, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

La Ley General de los Derechos lingüísticos de los Pueblos Indígenas publicada en el Diario Oficial de la Federación el día 13 de marzo de 2003, por lo que es a partir de esa fecha que las lenguas indígenas forman parte del patrimonio cultural de todos los mexicanos.

El Instituto Nacional de Lenguas Indígenas INALI, opera araíz de su creación de la Ley antes citada, con la finalidad de fomentar el fortalecimiento, preservación y desarrollo de las lenguas indígenas que se hablan en nuestro país.

Nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanosnos reconoce como una Nación pluricultural y multiétnica por ello el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas sustentado en la naturaleza multicultural y multilingüe contribuye a una consolidación de una sociedad equitativa, incluyente y plural, favorecedora del dialogo intercultural a través de la asesoría proporcionada a los tres órdenes de gobierno para articular políticas públicas en materia de lenguas indígenas, con las que se promueve el multilingüismo, el ejercicio pleno de los derechos lingüísticos, así como el derecho de las lenguas indígenas en todos los ámbitos de la vida social económica, laboral, política, cultural y religiosa, principalmente en aquellos en los que participan los pueblos indígenas.

Uno de los logros que ha tenido el Instituto es el ejercer la aplicación en el ámbito público, social y de desarrollo de los pueblos indígenas, el establecimiento de una política pública en materia de lenguas indígenas que se ha modificado la tendencia a la desaparición de dichas lenguas permitiendo su rehabilitación, fortalecimiento y desarrollo.

De acuerdo al INALI tan solo en este añocomo parte de la estrategia de difusión del Gobierno Federal, la Secretaria de Educación Pública produjo mensajes regionalizados sobre servicios educativos como mejoramiento de escuelas o programas de becas. Por lo que Aproximadamente de febrero a marzo de 2012 se difundieron 23,925 mensajes.

De igual manera, el instituto tradujo y produjo 4 versiones de la campaña a lenguas indígenas (mixteco del oeste a la costa, mayo de Sinaloa, Náhuatl de guerrero, maya para Yucatán y Quintana Roo. Dichas versiones se difundieron en radio comercial aproximadamente 2,345 impactos en la última semana de marzo de 2012.

Por lo que respecta a campañas coemitidas tan solo en lo que va del año se realizaron:

• Comisión Nacional del Deporte (CONADE): “Encuentro Nacional Deportivo Indígena Campeche 2012”, se tradujo y produjo el spot de radio en 6 variantes lingüísticas.

• Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat): “Cambio Climático”, se produjo un mensaje traducido a 5 variantes lingüísticas.

• Centro de Producción de Programas Informativos y Especiales (CEPROPIE): el INALI y el CEPROPIE produjeron la serie “Entre lenguas”, en tres variantes lingüísticas.

• Foro Femenino, Mujeres escritoras indígenas: convocatoria que se tradujo a 6 lenguas indígenas.

• Grupo Radiofónico ACIR: a través de Fundación ACIR (con 160 emisoras en todo el país), en colaboración con el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas (INALI), se difundió una cápsula sobre Diversidad Lingüística.

• ONU Mujeres-Suma-IMER: “Derechos Políticos de las Mujeres”, se llevó a cabo la traducción en 7 lenguas de las 15 cápsulas realizadas en coemisión con Suma y el Instituto Mexicano de la Radio (IMER), en colaboración con ONU Mujeres de México.

• Instituto Nacional del Derecho de Autor (INDAUTOR): se tradujeron dos versiones sobre “Derechos de autor” a 7 lenguas indígenas.

• Procuraduría Social de Atención a las Víctimas de Delitos (Províctima): realizaron de forma conjunta la traducción a 8 lenguas indígenas de información diversa que se encuentra en su sitio de internet, y se realizó la traducción y producción de 4 versiones de testimoniales a 8 lenguas indígenas cada uno.

• Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres (CONAVIM): “Contra la Violencia hacia las Mujeres”, se tradujeron y produjeron dos versiones de “violencia doméstica” y “violencia laboral” en 7 variantes lingüísticas.

Ahora bien el Instituto realizo un documento “Catalogo de las lenguas indígenas nacionales: variantes lingüísticas de México con sus autodeterminaciones y referencias geo estadísticas”en el quese encuentran mapas con respecto al territorio histórico de cada pueblo indígena del país, las localidades donde se habla la respectiva lengua nacional originaria.

Ante la complejidad catalogaron la diversidad lingüística de los pueblos indígenas en tres categorías. 11 familias lingüísticas indoamericanas: Algica, Yuto-Nahua, Cochimi-yumana, seri, oto, mangue, maya, totonaco-tepehua, tarasca, mixe-zoque, chonta de Oaxaca y huave.

De ahí se derivan la agrupación lingüística que tienen catalogadas 68 que son:

Akateko, amuzgo, Awakateko, ayapaneco, cora, cucapá, cuicateco, chatino, chichimeco jonaz, chinanteco, chocholteco, chontal de Oaxaca, chontal de Tabasco, Chuj, ch'ol, guarijío, huasteco, huave, huichol, ixcateco, Ixil, Jakalteko, Kaqchikel, Kickapoo, kiliwa, kumiai, ku'ahl, K'iche', lacandón, Mam, matlatzinca, maya, mayo, mazahua, mazateco, mixe, mixteco, náhuatl, oluteco, otomí, paipai, pame, pápago, pima, popoloca, popoluca de la Sierra, qato'k, Q'anjob'al, Q'eqchí, sayulteco, seri, tarahumara, tarasco, Teko, tepehua, tepehuano del norte, tepehuano del sur, texistepequeño, tlahuica, tlapaneco, tojolabal, totonaco, triqui, tseltal, tsotsil, yaqui, zapoteco, zoque.

Estimados compañeros, datos de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas y el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas estiman que varias lenguas están en peligro de extinción entre ellas: Cucapá, Kiliwa, Kumiai y Papai.

No podemos dejar pasar de largo esta situación, las lenguas indígenas son parte de nuestra identidad, para ello es primordial que el Instituto cuente con un presupuesto adecuado para su correcto funcionamiento, el fomento del trabajo interinstitucional es trascendental, pero también el fortalecimiento de las políticas públicas que generen el rescate de las lenguas indígenas.

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

UNICO.- El Senado de la República exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados para que en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2013 etiqueten recursos suficientes para el correcto funcionamiento del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas y el fomentoalrescate de las lenguas indígenas de nuestro país.

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, a 13 de diciembre de 2012.

Suscribe

Sen. Luisa María Calderón Hinojosa”.

De la Senadora Martha Elena García Gómez, un punto de Acuerdo que exhorta a destinar mayores recursos al Instituto Mexicano del Seguro Social para incrementar y mejorar su sistema de guarderías, mismo que se turna a la Cámara de Diputados.

PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA A LA CAMARA DE DIPUTADOS A QUE EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACION PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2013 SE DESTINEN MAYORES RECURSOS AL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL PARA INCREMENTAR Y MEJORAR SU SISTEMA DE GUARDERIAS

SEN. ERNESTO CORDERO ARROYO,
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
DE LA CAMARA DE SENADORES
DEL H. CONGRESO DE LA UNION
PRESENTE.

La que suscribe, Martha Elena García Gómez, Senadora del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8, numeral 1, fracción II, y 276 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración del Pleno de esta Soberanía, la siguiente proposición con punto de Acuerdo por el que el Senado de la República exhorta respetuosamente a la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, a fin de que en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2013 se destinen mayores recursos al Instituto Mexicano del Seguro Social para incrementar y mejorar su Sistema de Guarderías, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

La incorporación de las mujeres mexicanas al mercado laboral en los últimos años ha aumentado considerablemente, se estima que la tasa de participación económica femenina aumentó en poco más de 11 puntos porcentuales de 1991 a 2009, de conformidad con datos de la Encuesta Nacional de Empleo 1991-2004 y la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo 2005-2009 del INEGI.

La participación económica de las mujeres ha incrementado principalmente por un aumento del nivel de escolaridad. Una comparación del nivel de escolaridad de mujeres mayores de 15 años en los últimos dos Censos arroja que se ha incrementado este segmento de la población con secundaria terminada, estudios medio superior, y superior.

El rango de edad de las mujeres económicamente activas oscila entre los 25 a 54 años, esto supone que las mujeres trabajadores podrían ser madres, e implica que se encuentran realizando una actividad laboral y se dedican al cuidado de los hijos.

La inclusión laboral de las mujeres trae aparejado que ocupen un espacio mayormente ocupado por los hombres. Sin embargo, las mujeres trabajadoras son las que generalmente se encargan del cuidado de los menores.

Es menester hacer hincapié sobre el derecho de los niños y las niñas a acceder a un servicio deguarderías seguras, eficientes, y eficaces. Actualmente porlos argumentos ya vertidos, el incremento de las mujeres trabajadoras ha traído consigo la demanda de guarderías.

En 1973 se expidió una nueva Ley del Seguro Social, la cual estableció entre otros puntos relevantes, la obligación a los patrones del financiamiento del servicio de guarderías. Se estipula que para financiar el Sistema de Guarderías y Prestaciones Sociales, los patrones cubrirán al Instituto una cuota del 1 por ciento salario de los trabajadores, de la cual al menos el 80 por ciento se destinará al ramo de las guarderías.

El Seguro de Guardería se otorga tanto a las mujeres trabajadoras derechohabientes, como los hombres trabajadores asegurados viudos o divorciados que mantienen la custodia de sus hijos.

El Programa Estratégico del Instituto Mexicano del Seguro Social 2009-2012, menciona que de 1990 al 2006 el Instituto logró consolidar la prestación de servicios, sujeta a las restricciones financieras que ha venido enfrentado. Entre los principales logros se encuentra la ampliación de la infraestructura del sistema de guarderías, gracias a la adopción de nuevos esquemas de prestación de servicios.

Este mismo Programa contempla que “Se prevé que durante la próxima década, el aumento en el número de mujeres en el mercado laboral genere un aumento importante en la demanda del servicio de guarderías, aun cuando la tasa de fecundidad siga disminuyendo, lo que quizá repercuta más sobre las finanzas del Instituto”.

Esto se puede observar ya que datos del Instituto reflejan que en el año 2000 se registró una demanda de aproximadamente 148 mil lugares, en tanto que para el 2011 esta cifra aumentó a 245 mil, lo que representó un incremento de 65.4 por ciento.

Ahora bien, el Instituto otorga la prestación de guarderías bajo dos modalidades; en sus propias instalaciones (guarderías para Madres IMSS), y las guarderías del Esquema Ordinario (guarderías de los Esquemas Vecinal Comunitario, del Campo e Integrador). En ese tenor se reportan los siguientes datos:

I) Guarderías propias ó de prestación directa,representan alrededor de 12.6 por ciento de los lugares disponibles y cuentan con una capacidad instalada de casi 30 mil lugares al 2011.

II) Guarderías de prestación indirecta, 87.4 por ciento del total de lugares disponibles y cuentan con una capacidad instalada de casi 206 mil lugares al 2011.

Por otro lado, además de la demanda del servicio, no hay que dejar de observar la eficiencia del mismo. Después de la tragedia ocurrida en el 2009, en la guardería ABC, el IMSS lleva a cabo verificaciones más rigurosas de sus guarderías para revisar el cumplimiento de los estándares de seguridad y protección civil.

En materia de transparencia, en el 2009 el Instituto Federal de Acceso a la Información Pública (IFAI) solicitó al Instituto el listado de guarderías contratadas, la vigencia y esquemas de sus contratos, así como el monto que se paga por este servicio. Asimismo, el IFAI recomendó publicar el contrato de cada guardería. En ese sentido ahora es posible consultar en el portal de internet del IMSS la información pormenorizada al respecto.

Asimismo, la organización Transparencia Mexicana, se encuentra participando en la supervisión de los procesos de licitación de más guarderías para atender la amplia demanda del multicitado servicio.

No obstante de estas medidas, se hace necesario continuar con acciones para mejorar las guarderías del país. Si bien es cierto la demanda es amplia y se requiere de un mayor número de guarderías, no se debe dejar de lado que éstas deben de cumplir con los requerimientos de seguridad y protección para los menores.

Sería de gran apoyo para los trabajadores derechohabientes, en especial para las madres trabajadoras, el aumento del Sistema de Guarderías con la finalidad de que el Instituto cumpla con las expectativas de cobertura.

En atención a las demandas ciudadanas de más y mejores guarderías para los niños y niñas, realizo un exhorto, para que se destinen mayores recursos para este fin.

Por lo expuesto, de conformidad con los artículos 8, numeral 1, fracción II,y 276 del Reglamento del Senado de la República, someto a consideración del Pleno de la Honorable Cámara de Senadores la siguiente propuesta con:

PUNTO DE ACUERDO

Unico.- El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, a fin de que en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2013 se destinen mayores recursos al Instituto Mexicano del Seguro Social para incrementar y mejorar su Sistema de Guarderías.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, a 13 de diciembre de 2012.

Sen. Martha Elena García Gómez”.

De la Senadora Luisa María Calderón Hinojosa, un punto de Acuerdo que exhorta asignar 13 millones de pesos para que se realicen estudios de infraestructura hidráulica en el Estado de Colima, mismo que se turna a la Cámara de Diputados.

PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA A LA COMISION DE PRESUPUESTO Y CUENTA PUBLICA DE LA CAMARA DE DIPUTADOS A QUE EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACION, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DE 2013, SE ASIGNEN 13 MILLONES DE PESOS PARA QUE A TRAVES DE LA COMISION NACIONAL DEL AGUA, DIRECCION LOCAL EN COLIMA, SE REALICEN ESTUDIOS DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA EN EL ESTADO DE COLIMA

SEN. ERNESTO CORDERO ARROYO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
DE LA H. CAMARA DE SENADORES
PRESENTE.

La suscrita, Senadora Luisa María de Guadalupe Calderón Hinojosa integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXII Legislatura, de conformidad con lo previstoen el numeral 1 fracción II del artículo 8, 108 y 276 del Reglamento del Senado de la República, somete a consideración de esta Soberanía la siguiente proposición con PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA COMISION DE PRESUPUESTO Y CUENTA PUBLICA DE LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS, PARA QUE EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOSDE LA FEDERACION, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DE 2013, SE ASIGNEN 13 MILLONES DE PESOS PARA QUE A TRAVES DE LA COMISION NACIONAL DEL AGUA, DIRECCION LOCAL EN COLIMA, SE REALIZACEN ESTUDIOS DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA EN EL ESTADO DE COLIMA., al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

La riqueza de un paíscomo el nuestro, depende en gran medida desu actividad agrícola y más cuando lasuperficie total con la que cuenta México para la realización de estaactividad es de 112.39 millones de hectáreas, de las cualessóloestán siendo utilizadas 29.9 millones. De tal forma resulta necesario impulsar y fortalecer su aprovechamiento, con el fin de beneficiar en primer momento a quienestrabajan la tierra, creando mayores empleos, pero sobre todo para prevenir y solucionar problemas de autosuficiencia alimentaria, que en últimas fechas ha ido en aumento.

Por lo anterior, resulta preponderante realizar obras para crear infraestructuras adecuadas que permitan la correctaadministración del aguapara el fomento en la producción de alimentos, ya que está comprobado queun área efectivamente bien regada aumenta su productividad agrícola hasta más del 34 por ciento. Por otro lado, también es importante impulsar obras de protección a centros de población, que cada año se afectan en temporadas de lluvias y huracanes.

Colima es el cuarto Estado más pequeño y su superficie queda comprendida dentro de una derivación de la SierraMadre del Sur por un lado y el OcéanoPacífico por el otro; la agriculturaaporta el 8.5% del PIB estatal, sin embargo cabe destacar queel Estado es un gran productor de limón y copra, además se identifica como unode los 10 productores nacionales que participa en el mercado extranjero con una gama decultivos frutícolas y hortícolas.

Los pobladores del Estado de Colima son pues productores de frutales, como caña de azúcar, limón mexicano, limón persa, papayo, palma de coco, plátano, mango y piña; de las hortalizas entre los que destacan principalmente el melón yla sandía; y de granos como el maíz y el frijol, por lo que también requieren un elemento esencial como es el agua para la producción agrícola que bien vale la pena detonar con el almacenamiento y administración de este vital líquido, siendo necesario impulsar proyectos para su abastecimiento en poblaciones y distritos que permitan fortalecer al campo y al ingreso de sus familias, evitando su desperdicio así como su desbordamiento con el que se ponga en riesgo a la ciudadanía en tiempos de lluvias.

Ahora bien,el exceso de precipitaciones pluviales de los últimos años, por un lado y la recurrencia del paso de huracanes por el otro, han generado problemas de inundación, convirtiéndose en una de las principales, preocupaciones no sólo de las autoridades sino de la mismapoblación colimense, pues los fenómenos naturales que se presentan año con año, así como su condición geográfica aunada a la falta de la infraestructura necesaria para poder evitar dichas afectaciones,ha propiciado que los habitantes de algunos municipios como Manzanillo, se vean frecuentemente afectados ocasionando severos daños y pérdidas económicas durante los meses de agosto a octubre principalmente, como sucedió el año pasado con elHuracán Jova, en el quemuchos habitantes perdieron su patrimonio.

Sumando esfuerzo es de mencionar que la Diputada Martha Leticia Sosa Govea, ha apoyado etiquetar recursos en el PEF 2013, en el que garanticen la seguridad a la población Colimensespues como ya se mencionó los diversos fenómenos naturales han mermado la estabilidad de seguridad económica y patrimonial de la población.

Es así que es necesario larealización de tres estudios yun proyecto para determinarlos siguientes proyectos de inversión de obras en materia hidráulica como son:

1.-Estudio de Factibilidad Técnica y Económica para la construcción de Infraestructura de Proteccióna Centros de Población y Áreas Productivas sobre el Río Armería, en la comunidad Cofradía de Juárez de Armería Col. El costo del estudio es de $3,000, 000.00.

2.- Estudio de Factibilidad Técnica y Económica y el análisis costo beneficio de la Presade Almacenamiento “La Fundición” sobre el arroyo “El Chino” con la finalidad de justificary sustentar las inversiones requeridaspara la construcción de obras de Infraestructura Hidroagrícola, con el fin de resolver la carencia de agua potable en las poblaciones de Coalatillay Rincón de López, en el Municipio de Armería Col,lo que beneficiaríaa 1.20 y 2.950 habitantes, así como incorporar al riego 252 hectáreas y rehabilitar 843 hectáreas, que a la fechariegan con agua de pozo profundo, con altos costos y grandes deficiencias por la disminucióndel acuífero. El Costo del estudio es de $3,000, 000.00.

3.- Elaboración del Proyecto Ejecutivo para la Construcción de la Presa Derivadora sobre el Río Armería en Armería Col., este Proyecto Ejecutivo beneficiaría a comunidades ejidales de la propia cabecera Municipal, así como de la Comunidad de Cuyutlán e Independencia, por las mismas razones de aprovechar el temporal en la producción agrícola. El Costo para elabora el Proyecto es de $3,000, 000.00 pesos m

4.- Estudio de Factibilidad Técnica y Económica para la Construcción de Infraestructura de Proteccióna Centros de Poblacióny Manejo Integral de Escurrimientos de las Aguas Pluviales en las zonas de influencia del Arroyo la Tigra en Jalipa y la Cuenca de Olas Altas, en Santiago en el MunicipioManzanillo, Col. El Costo del estudio es de $4,000, 000.00

No podemos dejar de mencionar la urgencia de registrar avances en la realización de los proyectos mencionados, cuando estamos viviendo los efectos del cambio climático y la mayor incidencia de fenómenos meteorológicos que ponen en riesgo la vida y el patrimonio de miles de familias en las zonas costeras de los estados de Colima y Jalisco.

Por ello solicito a la Honorable Cámarase sirva consideraren el Presupuesto de Egresos de la Federación 2013 los recursos para realizar los estudios y el proyecto relacionado, a fin de favorecer tanto el rendimiento de cultivos como la seguridad de los Colimenses, con el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

Unico. Se exhorta respetuosamente a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Honorable Cámara de Diputados, para que en el Presupuesto de Egresos de la Federación, correspondiente al Ejercicio Fiscal de 2013, se asignen 13 millones de pesos para que a travésde la Comisión Nacional del Agua, Dirección Local en Colima, se realicen los estudios de infraestructura hidráulica en el Estado de Colima, que a continuación se detallan:

1.-Estudio de Factibilidad Técnica y Económica para la construcción de Infraestructura de Proteccióna Centros de Población y Áreas Productivas sobre el Río Armería, en la comunidad Cofradía de Juárez de Armería Col. El costo del estudio es de $3,000, 000.00.

2.- Estudio de Factibilidad Técnica y Económica y el análisis costo beneficio de la Presa de Almacenamiento “La Fundición” sobre el arroyo “El Chino” con la finalidad de justificar y sustentar las inversiones requeridas para la construcción de obras de Infraestructura Hidroagrícola, con el fin de resolver la carencia de agua potable en las poblaciones de Coalatillay Rincón de López, en el Municipio de Armería Col, lo que beneficiaría a 1.20 y 2.950 habitantes, así como incorporar al riego 252 hectáreas y rehabilitar 843 hectáreas, que a la fecha riegan con agua de pozo profundo, con altos costos y grandes deficiencias por la disminución del acuífero. El Costo del estudio es de $3,000, 000.00 pesos m.n.

3.- Elaboración del Proyecto Ejecutivo para la Construcción de la Presa Derivadora sobre el Río Armería en Armería Col., este Proyecto Ejecutivo beneficiaría a comunidades ejidales de la propia cabecera Municipal, así como de la Comunidad de Cuyutlán e Independencia, por las mismas razones de aprovechar el temporal en la producción agrícola. El Costo para elabora el Proyecto es de $3,000, 000.00 pesos m.n.

4.- Estudio de Factibilidad Técnica y Económica para la Construcción de Infraestructura de Protección a Centros de Población y Manejo Integral de Escurrimientos de las Aguas Pluviales en las zonas de influencia del Arroyo la Tigra en Jalipa y la Cuenca de Olas Altas, en Santiago en el Municipio Manzanillo, Col. El Costo del estudio es de $4,000, 000.00 pesos m.n.

Dado en Cámara de Senadores, a 13 de diciembre de 2012.

Sen. Luisa María de Guadalupe Calderón Hinojosa”.

De la Senadora Martha Elena García Gómez un punto de Acuerdo que exhorta a destinar los recursos necesarios para la pavimentación, reencarpetamiento e infraestructura de vías generales de comunicación para el Municipio de Amatlán de Cañas, en el estado de Nayarit, mismo que se turna a la Cámara de Diputados.

PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA A LA CAMARA DE DIPUTADOS PARA QUE DESTINE EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACION PARA 2013 LOS RECURSOS NECESARIOS PARA LA PAVIMENTACION, REENCARPETAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE VIAS GENERALES DE COMUNICACION PARA EL MUNICIPIO DE AMATLAN DE CAÑAS, EN EL ESTADO DE NAYARIT

SEN. ERNESTO CORDERO ARROYO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
DE LA CAMARA DE SENADORES
DEL H. CONGRESO DE LA UNION
PRESENTE.

La que suscribe, Martha Elena Garcá Gómez, Senadora del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8, numeral 1, fracción II, y 276 del Reglamento del Senado de la República, somete a la consideración del Pleno de esta Soberanía, punto de Acuerdo por el que se exhorta respetuosamente a la H. Cámara de Diputados para que en uso de sus facultades, destine en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2013, los recursos necesarios para la pavimentación, reencarpetamiento e infraestructura de vías generales de comunicación para el municipio de Amatlán de Cañas, en el Estado de Nayarit.

Consideraciones

El municipio de Amatlán de Cañas, en el Estado de Nayarit, se ha distinguido por mejorar sus niveles de desarrollo y bienestar, a través de la suma de voluntades en los distintos órdenes de gobierno y la participación activa de la comunidad que lo comprende.

La actual administración ha refrendado su compromiso con las y los amatlenses a partir de un Plan de Desarrollo Municipal, para mejorar la atención ciudadana a partir de la transparencia ética e imparcial con una amplia comunicación con la ciudadanía y la rendición de cuentas a partir de la optimización de los recursos humanos y materiales de manera continua y apegado a lo que el marco jurídico establece, con la finalidad de atender problemas originados a las necesidades de la comunidad amatlense.

No obstante, este municipio, se localiza al sureste del estado de Nayarit, colinda al norte con los municipios de Ahuacatlán e Ixtán del Río, tanto al oriente como al poniente y al sur colinda con el estado de Jalisco. Tiene una extensión territorial total de aproximadamente 765 kilómetros cuadrados y 740 metros sobre el nivel del mar en relación con su altitud. En la parte alta, se encuentra rodeado de cerros con laderas pronunciadas accidentadas y de forma convexa y relieve montañoso, en su parte media presenta pendientes de un 15 a 20% de pendiente de relieve ondulado y en su parte baja que es el valle, pendientes que no sobrepasa el 5%.

La situación topográfica del municipio hace complicado su acceso, y en particular, existen diversas calles que carecen de mantenimiento, son de terracería o actualmente tienen numerosos baches. Es por ello, que las acciones que se realicen para el desarrollo y mejoramiento de la infraestructura vial, de pavimentación y de vías generales de comunicación son de gran importancia para la seguridad y bienestar para los habitantes de un municipio.

No podemos olvidar que el crecimiento económico y las oportunidades de bienestar de las localidades, están relacionadas con el grado de desarrollo y modernización que no puede, ni debe dejarse atrás.

El mejoramiento de las vías generales de comunicación del municipio traerá consigo una mayor promoción y fomento del turismo de la región. Una mejor imagen urbana atraerá a nuevos perfiles de visitantes, además de que se generarán oportunidades de explotar nichos turísticos como detonador local de la economía.

En este sentido, es menester que en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2013 se contemplen recursos para las siguientes obras de pavimentación, reencarpetamiento e infraestructura de vías generales de comunicación para el municipio de Amatlán de Cañas, ya que la infraestructura es sinónimo de desarrollo económico, social y humano.

PROYECTO

MONTO

SOLICITADO

RUBRO

BENEFICIARIOS Y JUSTIFICACION

Pavimentación Piedra Bola Calle Tepic

(Se pretende pavimentar 3,078.56 m2 cubriendo dos cuadras del recorrido del centro histórico)

$2,878,972.25 (Dos millones ochocientos setenta y ocho mil novecientos setenta y dos pesos 25/100 M.N)

Pavimentación (Empedrados)

Beneficiarios Directos: 200, Indirectos: 3157.

Esta calle es una de las principales del centro histórico con mayor circulación. El empedrado se encuentra en mal estado, con baches e irregularidad en sus pavimentaciones, por lo que el traslado se hace demasiado lento.

Pavimentación Piedra Bola Calle Morelos (Se pretende pavimentar 2729 m2 cubriendo dos cuadras del recorrido del centro histórico)

$2,506,523.93 (Dos millones, quinientos seis mil, quinientos veintitrés pesos 93/100 M.N)

Pavimentación (Empedrados)

Beneficiarios Directos: 100, Indirectos: 3157.

Esta calle es una de las principales del centro histórico con mayor circulación. El empedrado se encuentra en mal estado, con baches e irregularidad en sus pavimentaciones, por lo que el traslado se hace demasiado lento.

Pavimentación Piedra Bola Calle Juan Escutia (Se pretende pavimentar 2,206.46 m2 cubriendo dos cuadras del recorrido del centro histórico)

$1,997,551.56 (Un millón novecientos noventa y siete mil setecientos cincuenta y uno pesos 56/100 M.N)

Pavimentación (Empedrados)

Beneficiarios Directos: 255, Indirectos: 3157.

Esta calle es una de las principales del centro histórico con mayor circulación. El empedrado se encuentra en mal estado, con baches e irregularidad en sus pavimentaciones, por lo que el traslado se hace demasiado lento.

Pavimentación Piedra Bola Calle Amado Nervo

(Se pretende pavimentar 2,397.60M2 cubriendo dos cuadras del recorrido del Centro Histórico)

$1,738,342.53 (un millón setecientos treinta y ocho mil trescientos cuarenta y dos pesos 53/100 M.N)

Pavimentación (Empedrados)

Beneficiarios Directos: 250, Indirectos: 2225.

La necesidad de esta pavimentación radica en la formación de un circuito, el cual conecta hacia las localidades de Amatlán de Cañas y Rosario, y estas a su veza la carretera interestatal de Amatlán de Cañas-Ahuacatlan. Es importante en virtud de ser una vía general de comunicación necesaria para las actividades de la población que habita en el municipio. Además, se contempla el tránsito de vehículos de carga por la zona agrícola y ganaderay otros vehículos particulares, siendo un total de 3000 vehículos diarios transitables diariamente. No obstante, beneficiaria en la nivelación para el escurrimiento de aguas pluviales y se reduciría las infecciones de la población por picadura del mosquito del dengue.

Pavimentación Piedra Bola Calle Emilio Carranza (Se pretende pavimentar 1,552.10 m2 cubriendo varias cuadras hasta el centro del poblado)

$1,407,899.52 (un millón cuatrocientos siete mil ochocientos ochenta y nueve pesos 52/100 M.N)

Pavimentación (Empedrados)

Beneficiarios Directos: 250, Indirectos: 3157

Esta calle es una de las principales del centro histórico con mayor circulación. El empedrado se encuentra en mal estado, con baches e irregularidad en sus pavimentaciones, por lo que el traslado se hace demasiado lento.

Pavimentación Piedra Bola Netzahualcóyotl (Se pretende pavimentar 3142.22 m2 cubriendo dos cuadras del recorrido del centro histórico)

$3,065,235.33 (Tres millones sesenta y cinco mil doscientos treinta y cinco pesos 33/100 M.N)

Pavimentación (Empedrados)

Beneficiarios Directos: 255, Indirectos: 977.

Esta calle es una de las arterias principales que conecta con la carretera estatal de Amatlán-Uzeta, el cual es el único acceso a la comunidad de Tepuzhuacán, también comunicado con con la comunidad de El ranchito de Jalisco. La calle es terracería, con baches e irregularidades, impidiendo a los vehículos el libre tránsito, el desgaste de sus autos y aumento en el uso del combustible.

Pavimentación Piedra Bola Cuauhtémoc (se pretende pavimentar 1,832.58 m2 cubriendo dos cuadras del recorrido del centro histórico)

$1,665,097.44 (un millón seiscientos sesenta y cinco mil noventa y siete pesos 44/100 M.N)

Pavimentación (Empedrados)

Beneficiarios Directos: 150, Indirectos: 3157

Esta calle es una de las principales del centro histórico con mayor circulación. El empedrado se encuentra en mal estado, con baches e irregularidad en sus pavimentaciones, por lo que el traslado se hace demasiado lento.

Construcción parque lineal el malecón (Se pretende pavimentar 4340 m2 cubriendo el malecón por ambos sentidos. Construcción del camellón con sus luminarias correspondiente a banquetas en ambas aceras, con lo que se pretende realzar la imagen urbana del municipio y el levantamiento turístico de la región)

$5,633,304.70 (Cinco millones seiscientos treinta y tres mil, trescientos cuatros pesos 70/100 M.N)

Pavimentación.

Beneficiarios Directos: 250, Indirectos: 3157

Esta calle es una de las arterias turísticas principales del municipio, por sus baños de aguas termales donde la mayoría de los habitantes camina en la orilla del malecón cuya problemática radica en el tráfico por la terracería y baches que dificultan el tránsito de vehículos tipo A1. La pavimentación por concreto hidráulico es la ideal por la capacidad y cantidad de vehículos que transitan.

Pavimentación en concreto hidráulico en Av. Juan Bernal en la Estancia de los López (Se pretende pavimentar 11,655.00 m2 cubriendo la calle principal de la comunidad)

$24,181,674.22 (veinticuatro millones ciento ochenta y un mil seiscientos sesenta y cuatro pesos 53/100 M.N)

Pavimentación

Beneficiarios Directos: 250, Indirectos: 2225

La necesidad de esta pavimentación radica en la formación de un circuito, el cual conecta hacia las localidades de Amatlán de Cañas y Rosario, y estas a su veza la carretera interestatal de Amatlán de Cañas-Ahuacatlan. Es importante en virtud deser una vía general de comunicación necesaria para las actividades de la población que habita en el municipio. Además, se contempla el tránsito de vehículos de carga por la zona agrícola y ganadera y otros vehículos particulares, siendo un total de 3000 vehículos diarios transitables diariamente. No obstante, beneficiaria en la nivelación para el escurrimiento de aguas pluviales y se reduciría las infecciones de la población por picadura del mosquito del dengue.

Reencarpetamiento vía acceso Estancia de los López (Se pretende pavimentar 8 km, rehabilitar cunetas y señalamientos horizontales)

$14,950,000.00 (catorce millones novecientos cincuenta mil 00/100 M.N)

Pavimentación

Beneficiarios Indirectos: 3157.

El reencarpetamiento de esta vía de accesoes fundamental porque conecta directamente con la cabecera municipal y otras localidades, así como balnearios de aguas termales ubicadas en el municipio. Asimismo, debe considerarse el impacto turístico en temporada vacacional y festejos de carácter religioso en donde la cantidad de personas aumenta notablemente.

Ampliación de Puente Vehicular en Amatlán de Cañas

$11,800,0000.00 (once millones ochocientos mil pesos 00/100 M.N)

Infraestructura

Beneficios esperados: Mejorar las condiciones de transporte de mercancías y personas del municipio para que su tránsito sea más fluido, impulsando el desarrollo económico y social de la población.

Promover el desarrollo económico de la región, modernizando los espacios existentes para que el tránsito vehicular sea más ágil e impulsar la economía de la región, ya que con esto se estaría beneficiando a la población del municipio, así como a los turistas que visitan la localidad.

En este sentido, la población de la localidad de Amatlan de Cañas cuenta con 3157 habitantes que serían beneficiados, con la pavimentación de calles y avenidas con una superficie firme para la rapidez en su traslado, menor desgaste de vehículos y ahorro de combustible.Asimismo, se generarían vías generales de comunicación con un impacto alto en el turismo de la localidad y el desarrollo económico y social de las y los habitantes.

Por lo antes expuesto, presento ante está Honorable Cámara de Senadores la siguiente propuesta con:

PUNTO DE ACUERDO

UNICO.- El Senado de la República, exhorta respetuosamente a la Cámara de Diputados para que en uso de sus facultades, destine en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2013, los recursos necesarios para la pavimentación, reencarpetamiento e infraestructura de vías generales de comunicación para el municipio de Amatlán de Cañas, en el Estado de Nayarit.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, a 13 de diciembre de 2012.

Sen. Martha Elena García Gómez”.

- La C. Secretaria Mendoza Mendoza: De la Senadora Mariana Gómez del Campo Gurza un punto de Acuerdo que exhorta a considerar una partida adicional que permita modernizar los diversos sistemas de alerta sísmica, mismo que se turna a la Cámara de Diputados.

PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA A LA COMISION DE PRESUPUESTO Y CUENTA PUBLICA DE LA CAMARA DE DIPUTADOS PARA QUE EN EL PRESUPUESTO CORRESPONDIENTE AL AÑO FISCAL 2013 CONSIDERE UNA PARTIDA ADICIONAL QUE PERMITA MODERNIZAR LOS DIVERSOS SISTEMAS DE ALERTA SISMICA

“SEN. ERNESTO JAVIER CORDERO ARROYO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
DE LA CAMARA DE SENADORES
DEL H. CONGRESO DE LA UNION
PRESENTE.

La que suscribe, MARIANA GOMEZ DEL CAMPO GURZA, Senadora a la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 8 numeral 1 fracción II, 108 y 276 del Reglamento del Senado de la República, someto CON EL CARACTER DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIONde esta Soberanía la siguiente: PROPOSICION CON PUNTO DE ACUERDOPOR EL QUE SE EXHORTA A LA COMISION DE PRESUPUESTO Y CUENTA PUBLICA DE LA H. CAMARA DE DIPUTADOS PARA QUE EN EL PRESUPUESTO CORRESPONDIENTE AL AÑO FISCAL DOS MIL TRECE, CONSIDERE UNA PARTIDA ADICIONAL QUE PERMITA MODERNIZAR LOS DIVERSOS SISTEMAS DE ALERTA SÍSMICA; ASI COMO A DISTINTOS ENTES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA PARA AMPLIAR LA COBERTURA DE LOS MISMOS E IMPLEMENTAR UN MECANISMO DE AVISO MEDIANTE MENSAJES DE TEXTO, al tenor de los siguientes:

ANTECEDENTES

1.- El Territorio Nacional está ubicado en una de las zonas geográficas de mayor riesgo sísmico a nivel mundial.

2.- En el año de 1904 México junto con otros 18 países creo la Asociación Sismológica Internacional, dando como resultado la instauración en nuestro país del Servicio Sismológico Nacional (SNN), operado actualmente por el Instituto de Geofísica de la Universidad Nacional Autónoma de México, mismo que cuenta con 36 estaciones que conforman la Red Sismológica de Banda Ancha.

3.- En 1992 se crea en nuestro país la Red de Observatorios Sismológicos de Banda Ancha, cuyo objetivo era realizar una instrumentación sísmica que permitiera la detección, captura, registro y posible prevención de dichos fenómenos naturales, a raíz del lamentable sismo ocurrido en septiembre de 1985.

3.- Veinte años después del lamentable acontecimiento y gracias a la colaboración institucional de los gobiernos del Estado de Oaxaca, del Distrito Federal y de la Secretaría de Gobernación, se sentaron las bases para la unificación de los sistemas denominados “Sistema de Alerta Sísmica para la Ciudad de México”, (el cual operaba en sus inicios con 12 estaciones sismo sensoras proporcionando avisos con un tiempo de 60 segundos, transmitidos a través de radiodifusoras integrantes de la Asociación de Radiodifusores del Valle de México); así como del “Sistema de Alerta Sísmica de Oaxaca”, (con 37 estaciones sismo sensoras y cuya transmisión de alerta era similar al del sistema del Valle de México, con la diferencia de emitir una alerta de hasta 30 segundos de oportunidad), fusión que dio origen al Sistema de Alerta Sísmica Mexicano SASMEX.

4.- El sistema denominado SASMEX considera dos tipos de rangos en las alertas que emite: Alerta Pública, cuando se espera un sismo de efectos fuertes y la Alerta Preventiva que funciona en casos de sismos moderados.

CONSIDERANDOS

PRIMERO.- Que de conformidad con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, el Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y el Reglamento de la Cámara de Diputados, la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública es la encargada de analizar y aprobar los recursos públicos.

SEGUNDO.-Que México cuenta con importantes instituciones dedicadas al estudio y prevención de sismos tal es el caso del Servicio Sismológico Nacional (SSN), el Centro de Instrumentación y Registro Sísmico, A.C. (CIRES) y el Centro Nacional de Prevención de Desastres (CENAPRED); sin embargo, dichos centros aún cuentan con carencias tecnológicas y presupuestales que se deben abatir a fin de prevenir a la ciudadanía en caso de un sismo.

TERCERO.-Que resulta insuficiente la cobertura de la alarma sísmica en los estados de la República, especialmente en el Distrito Federal donde el subsuelo y la zona es mucho mas suceptible a estos fenómenosy a pesar de los esfuerzos implementados por el Gobierno del Distrito Federal, no se ha brindado a la ciudadanía una herramienta eficiente para alertar a la población en caso de sismos, ya que los medios de difusión ante una eventualidad de esta naturaleza son ineficaces, por ejemplo la alarma sonora solo funciona cuando el epicentro del sismo es en las costas de Guerrero, pero cuandoes originado en otras zonas, noes detectable y las aplicaciones que se distribuyeron para los teléfonos móviles con acceso a internet jamás funcionaron.

En la mayoría de los estados no hay ni tan siquiera planes o programas de protección civil para atender este tipo de eventos naturales, de tal modo que es dable poner atención a la prevención e información oportuna a la población.

En consecuencia, se somete a consideración de esta Soberanía, el presente:

PUNTO DE ACUERDO, CON LAS SIGUIENTES RESOLUCIONES

PRIMERO. Se exhorta respetuosamente a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados para que en la discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal del año 2013, se considere una partida especial destinada a modernizar los diversos sistemas de alerta sísmica y ampliar el número de observatorios con los que actualmente cuentan.

SEGUNDO. Se exhorta al Gobierno Federal y al Gobierno del Distrito Federal a fin de que proporcionen los servicios de mantenimiento correspondiente en los sistemas que ya han sido instalados en diversos inmuebles gubernamentales, así como en el sistema de transporte colectivo Metro para que funcionen de manera óptima. Asimismo, incrementen el númerode dispositivos en edificios de gobierno y espacios públicos en la Ciudad de México con el sistema de alerta sísmica, de acuerdo a su esfera de competencia.

TERCERO.-Se exhorta al Gobierno Federal, Gobiernos Estatales y del Distrito Federal a implementar los mecanismos necesarios a fin de informar oportunamente a la población de la ocurrencia de un sismo, particularmente, mediante mensajes de texto masivos a través de la telefonía celular y/o redes sociales de Internet en los que adicionalmente se difundan los números telefónicos de los servicios de emergencia.

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Senadores, a 13 de diciembre de 2012.

Atentamente

Sen. Mariana Gómez Del Campo Gurza”.

Del Senador Francisco Salvador López Brito, un punto de Acuerdo que exhorta a considerar mayores recursos para el sector pesquero y acuícola nacional, mismo que se turna a la Cámara de Diputados.

PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA A LA COMISION DE PESCA Y A LA COMISION DE PRESUPUESTO Y CUENTA PUBLICA DE LA CAMARA DE DIPUTADOS A QUE EN EL ANALISIS Y APROBACION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2013 SE CONSIDEREN MAYORES RECURSOS PARA EL SECTOR PESQUERO Y ACUICOLA NACIONAL

“FRANCISCO SALVADOR LOPEZ BRITO, Senador integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el Artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y en la fracción II del artículo 8, así como el artículo 276, ambos del Reglamento del Senado de la República, presento a consideración de esta Honorable Asamblea la proposición con Punto de Acuerdo por el cual se exhorta a la Comisión de Pesca y Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a que en el análisis y aprobación del Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal de 2013 se consideren mayores recursos para el sector pesquero y acuícola nacional. Lo anterior a partir de la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

En México la actividad pesquera y acuícola se desarrolla en la línea costera de aproximadamente 11,500 km de litoral, en un área exclusiva de 3 millones de kilómetros cuadrados de plataforma continental, en las que se incluyen 1,6 millones de hectáreas de lagunas litorales, así como en aproximadamente 49 mil 512 km² de aguas interiores.

Desde hace mucho tiempo tanto la pesca como la acuacultura han sido actividades productivas tradicionales de gran valor económico, social y alimentario para nuestro país. En la actualidad ambas actividades permiten la generación de empleos directos e indirectos, valor agregado, divisas, materia prima para otras industrias y forman parte elemental de la seguridad alimentaria de la población nacional.

En diferentes regiones del territorio nacional la pesca ribereña o de pequeña escala se ha consolidado como una de las alternativas de subsistencia a favor de las poblaciones de escasos recursos, así como de sustento por no existir o carecer de otras actividades productivas. En el interior de territorio nacional y en sus extensos litorales la pesca y la acuacultura han contribuido sustancialmente al desarrollo de sus comunidades, así como de sus estados y por ende del país.

De acuerdo con el Instituto Nacional de Pesca, en la actividad ribereña trabaja el 85 por ciento de los pescadores del país y más del 90 por ciento de las embarcaciones registradas trabajan en este tipo de captura. En términos estadísticos la participación de la pesca ribereña en México es responsable del 65% de la producción destinada al consumo humano directo.

Asimismo la pesca industrial es de gran importancia para las regiones pesqueras, aproximadamente 2 mil 500 barcos se dedican a la pesca industrial generando aproximadamente unos 25 mil empleos directos y otros 72 mil indirectos. Este tipo de pesca es una actividad importante para el país ya que permite la ocupación física de una parte de la Zona Económica Exclusiva, y de igual forma genera empleo y alimento para la exportación y generación de divisas.

De acuerdo con datos oficiales, en los últimos años, la producción pesquera nacional se ha estabilizado en alrededor de 1.4 millones de toneladas anuales, aportando cerca del 1.1% de la producción pesquera y acuícola mundial, esto le ha permitido situarse entre los veinte países con mayor producci6n pesquera y tercero en América Latina. La aportación al Producto Interno Bruto (PIB) nacional de este sector es de alrededor del uno por ciento, con la contribución de más de un mil1ón de empleos u ocupaciones directos e indirectos.

Los datos y cifras anteriores pueden ser alentadores para la actividad pesquera que se presenta en nuestros litorales, sin embargo, la pesca a nivel nacional, en general continua enfrentando graves problemas ambientales, eco1ógicos y socioeconómicos tales como: la sobreexplotación y deterioro de especies; afectación de ecosistemas; deterioro de pesquerías; sobre capitalización y subutilización; flota excedente y caduca; sobreesfuerzo pesquero, así como la falta de financiamiento y apoyos para su desarrollo e investigación científica y tecno1ógica.

A esto hay que adicionar que existe un gran problema de pesca ilegal y de captura incidental que ha indo en incremento en los últimos años, lo que ha generado grandes conflictos entre los sectores de pesca comercial y deportivo. Asimismo de acuerdo con los estudios realizados de investigación el 75% de las pesquerías se encuentran al máximo desarrollo sostenido y el 15% se encuentran sobreexplotados.

Otro aspecto importante a considera es que en las últimas décadas la actividad pesquera ha sido relegada ubicándola en los últimos lugares de las actividades productivas primarias de importancia para el país, de igual forma a sufrido cambios significativos transfiriéndola de una Secretaría de Estado a una Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca tal como actualmente subsiste.

Dichos aspectos han provocado considerables afectaciones en la atención que estas actividades requieren, el servicio público ejercido hacia estos sectores no ha sido tal que permitan un mejor desarrollo y aprovechamiento del potencial con que cuenta el país en los extensos litorales.

Se considera que no obstante a la importancia que para la nación representan el sector pesquero y acuícola, cada vez es menos significativo e insuficiente el presupuesto otorgado y autorizado por la colegisladora para brindar respuesta a la gran demanda que estos sectores presentan, a esto hay que considerar los sub- ejercicios que se aplican en el transcurso de los años corrientes que se realizan por la entidades responsables de ejercer las políticas públicas a este respecto.

La importancia de la pesca en México no debe de ser valorada únicamente por su contribución al Producto Interno Bruto que es menor al 1%, ya que las actividades pesqueras y acuícolas son en realidad relevantes por la aportación de alimentos de elevado contenido de proteína, así como su participación positiva a la balanza comercial al generar un saldo neto positivo de divisas y el papel estratégico en el ejercicio de la soberanía nacional tanto promoviendo el desarrollo económico y el asentamiento de poblaciones en zonas costeras a lo largo de los litorales.

Es decepcionante observar que después de que levantó altas expectativas en el sector pesquero durante su campaña electoral y se habló de la posibilidad de hasta crear una Secretaría de Pesca, el hoy Presidente de la República Enrique Peña Nieto envío a la Cámara de Diputados Federal un Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal del 2013 muy bajo tanto para la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (CONAPESCA), como para el Instituto Nacional de Pesca (INAPESCA), lo que pone en riesgo proyectos institucionales que ya están en marcha, como resulta la adquisición de dos buques de investigación para el Pacífico y otro para el Golfo de México, así como la publicación de la Carta Nacional Pesquera.

La adquisición de las embarcaciones adaptadas a la investigación pesquera y oceanográfica para aguas profundas, operarán en el Pacífico y en el Golfo de México, se podrán hacer estudios para la extracción de especies que habitan a más de 500 millas del litoral y que no son aprovechadas actualmente.

Por otro lado, la importancia de que se publique periódicamente la Carta Nacional Pesquera, es que permite la explotación responsable y sustentable de los recursos marinos e impulsa la conservación de la riqueza pesquera.

Cabe mencionar queen la pasada administración del Presidente Felipe Calderón Hinojosa se hizo un esfuerzo para apoyar la investigación y la innovación tecnológica del INAPESCA por lo que en el 2011 recibió234 millones de pesos, en el 2012 ya como organismo descentralizado de la SAGARPA se le destinaron 500 millones.

El nuevo titular del Ejecutivo Federalenvió un Presupuesto para el INAPESCA de tan sólo 663.1 millones de pesos, mientras que para la CONAPESCA se destinaron mil 787.9 millones.

A manera de desglose del Presupuesto de la CONAPESCA, se tiene que en forma directa se le transferirán para el manejo administrativo 417.9 millones de pesos; 100 millones para la Disminución del Esfuerzo Pesquero, e igual cantidad para Inspección y Vigilancia Pesquera, mientras que para el Programa de Ordenamiento Pesquero y Acuícola fueron asignados 30 millones de pesos.

Para los programas de Diesel Marino y Gasolina Ribereñase tienen etiquetados 600 y 150 millones respectivamente; Infraestructura Pesquera y Acuícola (incluye infraestructura para la siembra) se asignaron 390 millones de pesos.

Sin embargo, para darle continuidad a los programas que se encuentran institucionalizados, tales como: Pesca, Electrificación para Granjas Acuícolas, Infraestructura Pesquera y Acuícola, Sustitución de Motores Marinos Ecológicos, Modernización de la Flota Mayor, Diesel Marino, Gasolina Ribereña, Inspección y Vigilancia Pesquera, Ordenamiento Pesquero y Acuícola, Investigación y Transferencia Tecnológica, así como de fortalecimiento de Cadenas Productivas, el recurso destinado en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el 2013 es insuficiente.

Según proyecciones de la propia CONAPESCA, para el fortalecimiento del sector se necesitaría se aprobara un presupuesto por el orden de los 4 mil 741 millones 700 mil pesos, de los cuales 288.7 millones se deberían asignar al Capítulo 1000 correspondientes a Servicios Personales (6%); 34.7 millones para el Capítulo 2000 de Materiales y Suministros (1%); 399.1 millones para el Capítulo 3000 de Servicios Generales(9%); 3 mil 385 millones 900 mil pesos del Capítulo 4000 correspondientes a Subsidios(71%); 66 mil 100 millones del Capítulo 5000 (1%) de Bienes Muebles e Inmuebles; 567.2 correspondientes al Capítulo 6000 de Obra Pública (12%).

De esta manera, en el 2013 el sector requiere, entre otros, deimplementar programas de apoyo a la Inversión de Infraestructura Pesquera y Acuícola por 950 millones de pesos, Pesca por 400 millones de pesos yModernización de la Flota Mayor Pesquera por 700 millones.

Mientras que el apoyo de Diesel Marino requiere de 850 millones de pesos y Gasolina Ribereña 200 millones de pesos; Apoyos para la Integración de Proyectos por 7 millones 900 mil pesos; 25 millones para ordenamiento pesquero y 100 millones de Inspección y Vigilancia.

Las fortalezas del sector pesquero y acuícola es que es considerado estratégico y prioritario para el desarrollo del país, tiene un presupuesto creciente, mano de obra capacitada, así como alto valor nutricional a precios accesibles. Sin embargo, entre las debilidades destaca la dificultad para acezar a financiamientos, alta dependencia del subsidio energético (diesel marino y gasolina ribereña), falta de productos con valor agregado, productos altamente perecederos, desconocimiento del consumidor de sus propiedades nutricionales, así como de variedades y precios, muchos intermediarios para algunas especies y presupuesto insuficiente.

Las oportunidades que se encuentran en la actividad pesquera es que se requiere fortalecer a la CONAPESCA como ente regulador, pieza clave para la seguridad alimentaria del país, la existencia de un mercado potencial nacional e internacional, acuacultura y maricultura como alternativas de producción y con potencial de crecimiento, mercado potencial para productos con valor agregado, reducción de costos a través de compras consolidadas, así como el desarrollo de infraestructura y nuevas tecnologías.

Las amenazas que se enfrentan son la biomasa afectada por los cambios climáticos, alta producción de algunas especies en otros países, incremento en los precios de insumo, incremento en las importaciones y la pesca ilegal.

Por lo ya antes expuesto, es apremiante que se incremente el presupuesto al sector pesquero y acuícola del país, otorgando mayores recursos a todos los programas esenciales que están orientados para a brindar a tención a las comunidades pesqueras ribereñas y de altamar, así como de todos aquellos que son necesarios para el fortalecimiento de tales sectores, incluyendo la investigación pesquera que es esencial para la administración y aprovechamiento sustentable de nuestros recursos pesqueros y acuícolas.

Por todo lo anteriormente expuesto, me permito solicitar a la consideración de esta Honorable Soberanía como de urgente y obvia resolución, la siguiente proposición con:

PUNTO DE ACUERDO

UNICO.- El Senado de la República exhorta y solicita atenta y respetuosamente a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la H. Cámara de Diputados, realice los esfuerzos necesarios para incorporar en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2013 se considere mayores recursos para el sector pesquero y acuícola nacional.

Salón de sesiones de la Cámara de Senadores, a 13 de diciembre de 2012.

Atentamente”.

Del C. Senador José María Martínez Martínez, del grupo parlamentario del PAN, que contiene punto de Acuerdo que exhorta a destinar los recursos necesarios para la rehabilitación de la Unidad Deportiva Aragón, del Valle de Guadalupe, Jalisco, mismo que se turna a la Cámara de Diputados.

PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA A LA COMISION DE PRESUPUESTO Y CUENTA PUBLICA DE LA CAMARA DE DIPUTADOS A DESTINAR LOS RECURSOS NECESARIOS PARA LA REHABILITACION DE LA UNIDAD DEPORTIVA ARAGON DE VALLE DE GUADALUPE, JALISCO

“PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
DEL H. SENADO DE LA REPUBLICA
DEL CONGRESO DE LA UNION
PRESENTE.

JOSE MARIA MARTINEZ MARTINEZ, Senador de la República en la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto por los Artículos 8 numeral 1, Fracción II, 276 y demás aplicables del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración del Pleno de esta Soberanía, la proposición con punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la H. Cámara de Diputados destinar los recursos necesarios para la rehabilitación de la Unidad Deportiva Aragón de Valle de Guadalupe, Jalisco, en el marco de la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal, 2013, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

El deporte se fomenta especialmente entre los jóvenes, incluso desde la infancia, por sus efectos benéficos en la salud, pero también por lo que aporta al aprendizaje. En México, según la Encuesta Nacional de la Juventud, casi el 40% de los jóvenes de entre 12 y 29 años de edad realizan alguna actividad física. Entre los hombres es mayor la proporción de quienes llevan a cabo una actividad física que entre las mujeres: mientras que la mitad (50.1%) de los hombres de esas edades afirma que sí realiza alguna actividad física, sólo una de cada tres mujeres (29.8%) manifiesta lo mismo.

La mayoría de los jóvenes, uno de cada tres (36.6%), realiza actividad física tres veces por semana, en tanto que una proporción similar de ellos (32.7%) la lleva a cabo una vez a la semana y uno de cada cuatro (23.6%) la practica todos los días. Las diferencias entre sexos muestra que si bien es mayor la proporción de hombres (24.8%) que de mujeres (21.6%) que realiza alguna actividad física todos los días, es significativamente inferior la proporción de hombres (31.7%) que de mujeres (44.5%) que la llevan a cabo tres veces por semana.

El deporte es una actividad que ayuda a mejorar la salud de los individuos, practicando sistemáticamente, ofrece un beneficio extra que permite mejorar el nivel general de vida de la ciudadanía y promueve verdaderos valores que consolidan el desarrollo social y la integración familiar.

Jalisco es un estado líder en la promoción y desarrollo de deportistas; que son la base de las selecciones nacionales así como de la formación de los profesionales de la cultura física y el deporte.

Es importante, el desarrollo de infraestructura deportiva de cada uno los municipios, con la finalidad de crear espacios que permitan establecer una cultura física y de deporte.

Tal es el caso, del municipio de Valle de Guadalupe, en donde se requiere rehabilitar la Unidad Deportiva Aragón para acondicionarla óptimamente y se puedan realizar torneos de carácter regional, además de crear un lugar de sano esparcimiento. Esta acción brindará a los habitantes del municipio un sitio adecuado para la práctica de diversos deportes y actividades de esparcimiento.

Se necesita, realizar acciones a la brevedad que permitan desarrollar una cultura física, deportiva, recreativa y formativa en la búsqueda de la tecnificación deportiva, logrando excelentes resultados deportivos y formativos.

El impacto o resultados esperados en el ámbito económico, social y ambiental, son: disminuirla problemática social que existe en la comunidad;por ejemplo, pandillerismo, drogadicción, alcoholismo, violencia familiar; fomentar la integración familiar creando un espacio de esparcimiento y desarrollo para todos; así como incrementar el interés de los jóvenes por el deporte.

El efecto benéfico o incidencia regional de la ejecución del programa o proyecto es contar: con instalaciones de alto nivel para organizar o recibir competencias de carácter regional, nacional o internacional.

Es indispensable, apoyar a los municipios que buscan mejorar la calidad de vida de sus ciudadanos; ser un modelo en la práctica deportiva; y con ello dar atención deportiva a las personas con discapacidad; y trascender en el ámbito social.

Por tanto, considero indispensable incrementar la asignación de recursos públicos por 4 millones 530 mil 74 pesos para el Municipio de Valle de Guadalupe para rehabilitar la Unidad Deportiva Aragón del mismo dentro del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2013.

Se requiere fomentar la práctica de deporte, con la finalidad de crear espacios de esparcimiento que le permitan desarrollar adecuadamente acciones en beneficio de sus ciudadanos.

Compañeros legisladores: por lo anteriormente expuesto, el suscrito solicito el respaldo y someto a consideración de esta Honorable Asamblea el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

Unico. Se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la H. Cámara de Diputados a destinar recursos por 4 millones 530 mil 74 pesos para el proyecto denominado “Rehabilitar la Unidad Deportiva Aragón de Valle de Guadalupe, Jalisco”, dentro del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2013.

Salón de sesiones del H. Senado de la República, a 13 de diciembre de 2012.

Atentamente

Sen. José María Martínez Martínez”.

Del C. Senador José María Martínez Martínez, del grupo parlamentario del PAN, que contiene punto de Acuerdo que exhorta a destinar los recursos necesarios al proyecto denominado, restauración del Palacio Municipal de Valle de Guadalupe, Jalisco, mismo que se turna a la Cámara de Diputados.

PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA A LA COMISION DE PRESUPUESTO Y CUENTA PUBLICA DE LA CAMARA DE DIPUTADOS A DESTINAR LOS RECURSOS NECESARIOS AL PROYECTO DENOMINADO “RESTAURACION DEL PALACIO MUNICIPAL DE VALLE DE GUADALUPE, JALISCO”

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
DEL H. SENADO DE LA REPUBLICA
DEL CONGRESO DE LA UNION
PRESENTE

JOSE MARIA MARTINEZ MARTINEZ, Senador de la República en la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto por los Artículos 8 numeral 1, Fracción II, 276 y demás aplicables del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración del Pleno de esta Soberanía, la proposición con punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la H. Cámara de Diputados a destinar los recursos necesarios al proyecto denominado “Restauración del Palacio Municipal de Valle de Guadalupe, Jalisco”, en el marco de la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal, 2013, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

El municipio de Valle de Guadalupe, es un municipio clave en el desarrollo del estado de Jalisco, sus primeros pobladores fueron tribus tecuexes que fueron subyugadas por los toltecas quienes les impusieron sus costumbres, religión y gobierno.

En el año 1529, se dio la conquista del lugar se debió a Pedro Almíndez Chirinos, originalmente la población se asentó en un lugar conocido actualmente como “La Estancia” (distante aproximadamente 2 kilómetros de la cabecera municipal); donde construyó las primeras casas Francisco Casillas Cabrera y Escobar, nieto del notable alarife Martín Casillas a quien la Real Audiencia de Guadalajara le otorgó merced de tierras en el año 1595 como recompensa, entre otras cosas, por la construcción de la Catedral de Guadalajara.

Las tierras de referencia se denominaron originalmente “Hacienda de San Nicolás”. El incipiente poblado fundado por Francisco Casillas, sería conocido como Estancia de Casillas. Posteriormente se asentaron en la zona los hermanos Nicolás y José González quienes fundaron una hacienda que denominaron Venta de Pegueros.

Sus hijos, Cenobio y Genaro, establecieron una pista de diligencias que procedentes de Guadalajara, pasaban a Lagos y Aguascalientes.

En 1850, a raíz de la posta para diligencias, se inicia la construcción de la hoy cabecera municipal. Alrededor de 1879 se agregaron al poblado nuevos colonos, entre ellos, José Pérez, quien construyó casas para él y sus peones, y una capilla.

Por decreto del 1° de octubre de 1903, la comisaría de Valle de Guadalupe, que pasa a formar parte de la municipalidad de Cañadas, creada en este mismo decreto. En febrero de 1904 (según lo dictado en el decreto número 1027) la comisaría de Valle de Guadalupe comprendía las localidades de: Sinagua, Callejones, Providencias, Pocitos, La Soledad, Mezón y Arroyo Prieto, Mesa de Carranza, Mezcala, Buenavista y Hacienda de la Llave, San Rafael, Grupera, Los Gatos, Las Calabazas, El Tepozán, Cerro de Ramblás, El Refugio, La Estancia, Las Joyas, El Guajolote, Palo Alto, Londres, Casas Viejas y Huizache. Por decreto número 2157, aprobado el 31 de mayo de 1922.

Este municipio, ha ido creciendo poblacionalmente y se ha convertido en un municipio clave en el desarrollo económico del estado. Valle de Juárez, es reconocido por sus edificios de belleza invalorable, mismos que han sufrido de un desgaste natural debido al paso del tiempo.

Es por ello que se requiere apoyar al municipio para restaurar sus edificios para alcanzar un desarrollo integral y elevar el nivel de vida de los pobladores de los destinos turísticos.

Sin embargo, estos proyectos se han quedado en el rezago, debido a varias razones entre las que destacan los siguientes: inexistencia de un Plan de Desarrollo Urbano vigente y decretado; falta de un Programa de Ordenamiento Ecológico de nivel local; y la inexistencia de un reglamento de imagen urbana.

El municipio de Valle de Guadalupe se encuentra ubicado en el primer cuadro del centro histórico del Palacio Municipal, considerada una zona con potencial turístico y económico, debido a la tradición y belleza de sus recintos.

Por ello, es primordial convertir el Palacio Municipal en un edificio sustentable con el consumo de energía renovable y aprovechamiento del agua con fines sustentables. Además, esta obra beneficiara y será una fuente de empleo para cientos de personas.

El municipio necesita un lugar adecuado para exhibir piezas arqueológicas encontradas en los alrededores que se encuentren ubicadas actualmente en el patio central del PalacioMunicipal, en donde pueda acudir con toda su familia y pasar un momento de convivencia agradable, en un espacio adecuado para cultivar la cultura general y conocer la historia del Municipio.

Con la restauración del Palacio Municipal, se beneficiara de forma directa a 6,000 habitantes y de forma indirecta a 18,000 habitantes. El palacio municipal, es considerado un recinto histórico de belleza arquitectónica, convertido en un icono del municipio de Valle de Guadalupe.

Compañeros legisladores: por lo anteriormente expuesto, el suscrito solicito el respaldo y someto a consideración de esta Honorable Asamblea el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

Unico. Se exhorta a las Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la H. Cámara de Diputados a destinar recursos por 3 millones 24 pesos para el proyecto denominado “Restauración del Palacio Municipal de Valle de Guadalupe, Jalisco” en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal, 2013.

Salón de sesiones del H. Senado de la República, a 13 de diciembre de 2012.

Atentamente

Sen. José María Martínez Martínez”.

Del C. Senador José María Martínez Martínez, del grupo parlamentario del PAN, que contiene punto de Acuerdo que exhorta a destinar recursos suficientes para el proyecto denominado, “Construcción de Alberca Semiolímpica” en unidad deportiva a la cabecera municipal de Tenamaxtlan, Jalisco, mismo que se turna a la Cámara de Diputados.

PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA A LA COMISION DE PRESUPUESTO Y CUENTA PUBLICA DE LA CAMARA DE DIPUTADOS A DESTINAR RECURSOS SUFICIENTES PARA EL PROYECTO DENOMINADO “CONSTRUCCION DE ALBERCA SEMIOLIMPICA EN UNIDAD DEPORTIVA DE LA CABECERA MUNICIPAL DE TENAMAXTLAN, JALISCO”

“PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
DEL H. SENADO DE LA REPUBLICA
DEL CONGRESO DE LA UNION
PRESENTE.

JOSE MARIA MARTINEZ MARTINEZ, Senador de la República en la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto por los Artículos 8 numeral 1, Fracción II, 276 y demás aplicables del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración del Pleno de esta Soberanía, la proposición con punto de Acuerdo para exhortar a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la H. Cámara de Diputados a destinar recursos suficientes para el proyecto denominado “Construcción de Alberca Semi-olimpica en Unidad Deportiva de la Cabecera Municipal de Tenamaxtlan, Jalisco” en el marco de la aprobación delPresupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal, 2013, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

La construcción de alberca semi-olimpica en unidad deportiva de la cabecera municipal de Tenamaxtlan, brindará a los habitantes del municipio un sitio donde puedan practicar diversos deportes y realizar actividades de esparcimiento.

Ser un municipio modelo, en la realización de programas encaminados al desarrollo de los niños, jóvenes y la comunidad en general, es indispensable; para la concreción de las metas del plan municipal. Por ello se deberá buscar en un corto plazo una amplia cultura física, deportiva, recreativa y formativa en la búsqueda de la tecnificación deportiva, logrando excelentes resultados deportivos y formativos.

Es una prioridad contar con nuevas y mejores instalaciones para atender la demanda de deportes que nos solicitan los temaxcaltenses; la atención a niños y jóvenes de colonias vulnerables de este municipio; poder detectar a deportistas e integrarlos a los equipos representativos del municipio; tener mejor y mayor calidad de los habitantes del mismo al contar con una instalación adecuada; formar el carácter en los niños y jóvenes y fortalecer los valores que promueve el municipio; que los niños y jóvenes logren sus metas y aspiraciones en base al deporte; evitar la inactividad física y los problemas de obesidad infantil; así como coadyuvar en la interacción de escuela y deporte.

Los principales resultados esperados con el programa o proyecto son: incrementar la participación ciudadana, realizar las actividades que involucren a la sociedad; y fomentar la integración familiar.

El efecto benéfico o incidencia regional de la ejecución del programa o proyecto es contar: con instalaciones de alto nivel para poder organizar o recibir competencias de carácter regional, nacional o internacional, el seguimiento de nuestros atletas en estas instalaciones con la finalidad de lleguen a formar parte de las selecciones estatales yparticipar en la olimpiada regional y en la nacional. Por tal motivo, se debe contar las instalaciones durante todo el año para el trabajo deportivo.

Es indispensable, apoyar a los municipios que buscan crear una mejor calidad de vida, para ser un modelo en la práctica deportiva, y con ello dar atención deportiva a las personas con discapacidad; y trascender en el ámbito social.

Por tanto, considero indispensable incrementar la asignación de recursos públicos para la construcción de la alberca semi-olimpica en Tenamaxtlan, Jalisco, para que la autoridad competente cuente con los recursos suficientes para poder atender las necesidades de los ciudadanos.

Compañeros legisladores: por lo anteriormente expuesto, el suscrito solicito el respaldo y someto a consideración de esta Honorable Asamblea el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

Unico. Se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la H. Cámara de Diputados destinar recursos por 6 millones 355 mil 288 pesos al proyecto denominado “Construcción de Alberca Semi-olimpica en la Unidad Deportiva de la Cabecera Municipal de Tenamaxtlan, Jalisco” dentro del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2013.

Salón de sesiones del H. Senado de la República, a 13 de diciembre de 2012.

Atentamente

Sen. José María Martínez Martínez”.

Del C. Senador José María Martínez Martínez, del grupo parlamentario del PAN, que contiene punto de Acuerdo que exhorta a destinar los recursos necesarios para el proyecto denominado construcción de pavimento de concreto hidráulico, red de agua potable y red de drenaje en las calles Porvenir y Raymundo María de Tenamaxtlan, Jalisco, mismo que se turna también a la Cámara de Diputados.

PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA A LA COMISION DE PRESUPUESTO Y CUENTA PUBLICA A DESTINAR LOS RECURSOS NECESARIOS PARA EL PROYECTO DENOMINADO “CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO, RED DE AGUA POTABLE Y RED DE DRENAJE EN LAS CALLES PORVENIR Y RAYMUNDO MARIA DE TENAMAXTLAN, JALISCO”

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
DEL H. SENADO DE LA REPUBLICA
DEL CONGRESO DE LA UNION
PRESENTE.

JOSE MARIA MARTINEZ MARTINEZ, Senador de la República en la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto por los Artículos 8 numeral 1, Fracción II, 276 y demás aplicables del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración del Pleno de esta Soberanía, la proposición con punto de Acuerdo para exhortar a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública destinar los recursos necesarios para el proyecto denominado “Construcción de Pavimento de concreto hidráulico, red de agua potable y red de drenaje en las calles Porvenir y Raymundo María de Tenamaxtlan, Jalisco” en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal, 2013, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

El municipio de Tenamaxtlán se ubica en la región de Autlán, colindando con los siguientes municipios, con las claves: al Norte con Atengo; al Este con Tecolotlán y Juchitlán; al Sur con Unión de Tula; y al Oeste con Ayutla.

El municipio tiene una superficie de 267,826 kilómetros cuadrados. La cabecera municipal, tambiéndenominada Tenamaxtlán, se sitúa en las coordenadas 20° 13’ 05” de latitud Norte y 104° 09’ 55” de longitud Oeste, y a una altura de 1,450 metros sobre el nivel del mar. Cuenta con una superficie urbana aproximada a las 106 Has., lo que arroja una densidad bruta de población de 36 Habs/Ha.

El porcentaje de la Población Económicamente Activa (PEA) de la localidad, con respecto a la municipal, es de 56.79%, lo que refleja una proporción similar a la observada para la población total (58.09%).

La mayor parte de la población económicamente activa se emplea en labores de tipo primario, 40.59%, sin alcanzar a ser mayor por si mismaque el porcentaje de quienes se dedican a las actividades de tipo secundario y terciario, lo que indica cierta diversificación en la economía local; la segunda actividad en importancia es la del sector terciario, 30.74%, y después las del sector secundario con un 22.32%.

La distribución de la (PEA) por tipo de empleo demuestra que la población que se dedica al trabajo por cuenta propia o como empleado u obrero representa a más de las tres cuartas partes de la población ocupada, con un 76.15%.

La mayor parte de la zona urbana de Tenamaxtlán está ocupada por vivienda de baja densidad, ya que, conservando ese modelo funcional concéntrico, la mayor parte de las actividades comerciales y de servicios se alojan en el área central, observando cierto dinamismo la calle de ingreso, Hidalgo-Morelos, y la calle paralela a ésta, Allende-López Cotilla.

La población cuenta con una sola fuente de aprovisionamiento de agua potable, que es un pozo profundo perforado hasta 250 metros. Este pozo originalmente tenía un aforo de 35 litros por segundo, hace 30 años que fue perforado, pero en la actualidad, debido al azolve y a la falta de mantenimiento, solo proporciona 25 Lts/Seg.

Del pozo el líquido es bombeado, por una sola bomba de 60 caballos de fuerza y una salida de 6", a una serie de tres tanques. Cuando la bomba se descompone la localidad se queda sin agua.

Al llegar el agua a los tanques el llenado se controla por medio de válvulas, ya que los tres están interconectados. Los tanques 1 y 3 son de apoyo al principal. Se carece de sistema automático de bombeo, por lo que el control es manual, funcionando de 11 a 18 horas diarias, según la demanda.

Aunque por medio de la red se tiene una cobertura de casi el (95%) la mayor parte de ésta es obsoleta, ya que cuenta con una antigüedad de entre 20 y 30 años, con diversos tramos de tubería de fierro, asbesto y PVC. Si a esto se añade que en época de estiaje se abate el nivel freático del pozo, la cobertura del servicio se reduce a unas horas. Las aéreas sin servicio corresponden principalmente al barrio conocido como "El Cerrito".

Aunque existe cobertura en un (80%) de la localidad a través de un sistema de drenaje sanitario, un 30% de la población no lo utiliza, ya que tienen fosas o pozos negros.

Por tal razón, es muy importante apoyar la construcción de pavimento de concreto hidráulico, red de agua potable y red de drenaje en las calles Porvenir y Raymundo María con los recursos necesarios para que pueda beneficiar a esta comunidad.

Por tanto, considero indispensable incrementar la asignación de recursos públicos al Municipio de Tenamaxtlan, para que la autoridad competente cuente con los recursos suficientes para poder atender las necesidades de los ciudadanos.

Compañeros legisladores: por lo anteriormente expuesto, el suscrito solicito el respaldo y someto a consideración de esta Honorable Asamblea el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

Unico. Se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la H. Cámara de Diputados a destinar dentro del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2013, recursos por 228 mil 540 pesos para el proyecto denominado: “Construcción de Pavimento de concreto hidráulico, red de agua potable y red de drenaje en las calles Porvenir y Raymundo María de Tenamaxtlan, Jalisco”.

Salón de sesiones del H. Senado de la República, a 13 de diciembre de 2012.

Atentamente

Sen. José María Martínez Martínez”.

Del C. Senador José María Martínez Martínez, del grupo parlamentario del PAN, que contiene punto de Acuerdo que exhorta a destinar los recursos suficientes para el desarrollo de proyectos de infraestructura pública e hidráulica en Tequila, Jalisco, que se turna a la Cámara de Diputados.

PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA A LA COMISION DE PRESUPUESTO Y CUENTA PUBLICA DE LA CAMARA DE DIPUTADOS A DESTINAR LOS RECURSOS SUFICIENTES PARA EL DESARROLLO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA E HIDRAULICA EN TEQUILA, JALISCO

“PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
DEL H. SENADO DE LA REPUBLICA
DEL CONGRESO DE LA UNION
PRESENTE

JOSE MARIA MARTINEZ MARTINEZ, Senador de la República en la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto por los Artículos 8 numeral 1, Fracción II, 276 y demás aplicables del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración del Pleno de esta Soberanía, la proposición con punto de Acuerdo para exhortar a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la H. Cámara de Diputados destinar los recursos suficientes para el desarrollo de diversos proyectos de Tequila, Jalisco, en el marco de la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal, 2013, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

Muchas son las ventajas de la inversión en capital sobre el crecimiento de una economía, percibidas por el impulso en la aceleración de la actividad económica que se genera en el corto y mediano plazos, así como por su incidencia en la productividad, y la renta en el largo plazo, por razón de la expansión del crecimiento potencial del país.

Ante ello, resulta indispensable la generación de condiciones para impulsar la atracción de capitales nacionales y extranjeros, lo cual se resume en el nivel de competitividad exhibido por una economía.

Por lo tanto, cuanto más facilidades e incentivos otorguen el país para crear negocios y generar utilidades, la captación de flujos de capital será mayor, así como los retornos asociados a la misma.

Entre otros aspectos, la provisión de redes de infraestructura física y de servicios conexos asociados con ello representan uno de los factores indispensables para el desarrollo de la actividad productiva a fin de crear una mayor conexión del territorio nacional y de reducir los costos de transacción y transporte nacionales. Además, su importancia y beneficio es mayor en aquellas economías con un elevado porcentaje de participación en el comercio exterior.

La inversión en infraestructura resulta indispensable para el desarrollo económico y social de un país, ya que eleva la competitividad de la economía al satisfacer las condiciones básicas para el avance de las actividades productivas.

Tequila, es un municipio internacionalmente reconocido por su denominación de origen y tradiciones, de acuerdo con cifras oficiales recientes del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, (INEGI), es una población creciendo con una población total aproximada de 40 mil 697 personas, quienes viven en 9 mil 221 hogares de los cuales solo 8 mil 608 que disponen de agua de la red pública, así como 8 mil 787 disponen de drenaje.

Por ello, es importante tomar acciones ante la gran escasez de agua en el municipio, a través de la implantación de un sistema integral de drenaje en la cabecera municipal, y sus comunidades, es necesario implementar las medidas sanitarias para el depósito de desechos orgánicos en los hogares del municipio.

Con el desarrollo e impacto de estos proyectos se realizara cambios en el entorno económico de este municipio, por tal motivo es importante el apoyar proyectos con este objetivo entre los que destacan los siguientes: 1)Puente Peatonal Boulevard y Calle Morelos; 2) Puente Peatonal Boulevard y Calle 15 de abril; 3) Puente Peatonal en Boulevard y Calle General Arteaga; 4)Plazoleta en la Colonia Lomas de Paraiso; 5) Puente Vehicular camino al Rastro; 6)Puente Vehicular en la calle Leonardo Sandoval; 7) Red de Drenaje en la comunidad San Pedro de los Landeros; 8) Motivo de ingreso por autopista.

Cabe señalar, que la inversión pública en infraestructura es la mejor inversión, en el desarrollo de la calidad de vida de los ciudadanos.

Por tanto, considero indispensable incrementar la asignación de recursos públicos respectivos para el Municipio de Tequila, para que la autoridad competente cuente con los recursos suficientes para poder implementar tales obras públicas.

Compañeros legisladores: por lo anteriormente expuesto, el suscrito solicito el respaldo y someto a consideración de esta Honorable Asamblea el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

Unico. Se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la H. Cámara de Diputados a destinar, dentro del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2013, recursos suficientes para la realización de obras de infraestructura pública e hidráulica, del municipio Tequila, Jalisco.

Salón de sesiones del H. Senado de la República, a 13 de diciembre de 2012.

Atentamente

Sen. José María Martínez Martínez”.

Del C. Senador José María Martínez Martínez, del grupo parlamentario del PAN, que contiene punto de Acuerdo que exhorta a destinar recursos suficientes para el desarrollo de diversos proyectos de Huachinango, Jalisco, mismo que se turna también a la Cámara de Diputados.

PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA A LA COMISION DE PRESUPUESTO Y CUENTA PUBLICA DE LA CAMARA DE DIPUTADOS A DESTINAR RECURSOS SUFICIENTES PARA EL DESARROLLO DE DIVERSOS PROYECTOS DE GUACHINANGO, JALISCO

“PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
DEL H. SENADO DE LA REPUBLICA
DEL CONGRESO DE LA UNION
PRESENTE.

JOSE MARIA MARTINEZ MARTINEZ, Senador de la República en la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto por los Artículos 8 numeral 1, Fracción II, 276 y demás aplicables del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración del Pleno de esta Soberanía, la proposición con punto de Acuerdo para exhortar a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la H. Cámara de Diputados destinar recursos suficientes para el desarrollo de diversos proyectos de Guachinango, Jalisco, en el marco de la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal, 2013, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

El municipio de Guachinango se localiza al noroeste del estado de Jalisco forma parte de la Región Sierra Occidental, tiene una extensión territorial de 483.19 km2 lo que representa el 1.14% de la superficie total del estado.

Sus colindancias son por el oriente con el Municipio de Atengo; al sur con municipio de Mixtlán y Atenguillo al oeste con los municipios de Mascota y San Sebastián del Oeste todos pertenecientes al estado de Jalisco.

Las coordenadas geográficas ubica entre los de 20° grados 56 minutos a 20° grados 26 minutos de latitud norte y 104° grados 10 minutos a 104° grados 37 minutos de longitud oeste.

Otro factor relevante para el desarrollo de la población y las actividades económicas es la disposición de agua potable para los servicios básicos. Por el lado de demanda de agua por la ciudadanía es demasiada en los meses críticos de febrero a junio que se escasea considerablemente de tal manera que no es suficiente el abastecimiento de las tres fuentes existentes las cuales son Los Naranjos ojo de agua ubicado en la comunidad de La Laja en el Municipio de Mixtlán, el Chepe Ponce al lado noreste de la cabecera municipal, de estos dos el liquido se obtiene por bombeo; y el manantial del Cerro de San Francisco que llega a la zona urbana por su pie. En las comunidades tienen abastecimiento de agua que le falta potabilizarla a base de cloro.

Las aguas residuales en la cabecera municipal y en algunas comunidades se controlan por medio de drenaje, en las pequeñas comunidades, algunas ya cuentan con tanques de tratamiento por medio de bacterias y varias no están atendidas; en este renglón falta mucho por hacer y se pretende lograr casi el 100 % en este periodo de gobierno.

Guachinango, de acuerdo con cifras oficiales del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI, es una población pequeña de aproximadamente 4,323 personas, quienes viven en aproximadamente 1,217 hogares, de los cuales solo 1,041 hogares cuentan con viviendas con disposición de agua de la red pública en el ámbito de la vivienda, 2010.

El municipio forma parte de la región hidrológica Ameca. Esta región se caracteriza por su forma muy irregular, tiene una extensión en dirección este oeste de 180 km y un eje transverso de 13c5 km, en su parte más ancha. El municipio de Guachinango está comprendido en la subcuenca del Río Ameca - Atenguillo. Esta cuenca drena aproximadamente 3,574.03 km2, el río Atenguillo es la corriente principal de esta cuenca y es afluente del Río Ameca, este río es el límite entre el municipio con el mismo nombre y Guachinango.

El municipio está rodeado en dos terceras partes por el Río Atenguillo y el Río Ameca. Los principales arroyos son: Peñaranda, El Tecolote, Los Timbres y El Guachinango. Las condiciones de los recursos hídricos en el municipio se consideran abundantes.

Otro factor relevante para el desarrollo de la población y las actividades económicas es la disposición de agua potable para los servicios básicos. Por el lado de demanda de agua por la ciudadanía es demasiada en los meses críticos de febrero a junio que se escasea considerablemente de tal manera que no es suficiente el abastecimiento de las tres fuentes existentes las cuales son: “Los Naranjos” ojo de agua ubicado en la comunidad de La Laja en el Municipio de Mixtlán, el Chepe Ponce al lado noreste de la cabecera municipal, de estos dos el líquido se obtiene por bombeo; y el manantial del Cerro de San Francisco que llega a la zona urbana por su pie. En las comunidades tienen abastecimiento de agua que le falta potabilizarla a base de cloro.

Las aguas residuales en la cabecera municipal y en algunas comunidades se controlan por medio de drenaje, en las pequeñas comunidades, algunas ya cuentan con tanques de tratamiento por medio de bacterias y varias no están atendidas; en este renglón falta mucho por hacer, es una población que requiere de todo el apoyo posible para que sus ciudadanos puedan mejorar su calidad de vida.

Se necesita apoyar proyectivos productivos de alcance, se requiere realizar diversas acciones como lo es la construcción de represas, así como el mejoramiento del sistema de drenaje; y así poner en marcha la planta de tratamiento de aguas. Se necesita realizar acciones a la brevedad con la finalidad de lograr el mejoramiento de la calidad de vida de los ciudadanos de guachinango.

Por tal motivo, es importante realizar obras de impacto social que permita al municipio potenciarse en los ámbitos económico, político y social. Guachinango se está convirtiendo en un municipio estratégico debido a la belleza de sus sitios arquitectónicos históricosy culturales como el templo Parroquial en el que se plasman varios estilos arquitectónicos: barroco, románico y gótico, construido a principios del siglo XVIII, entre los que destacan La cruz de cantera roja, ubicada en el atrio, construida en 1653. También la escultura de de la Señora de la Purificación, que data de finales del siglo XIX, además de catorce óleos del Vía Crucis del siglo XVIII.

Con la construcción del tramo carretero Amajaquillo- Guachinango, se avanzará notablemente en la comunicación de la zona este proyecto tendrá un costo de aproximadamente de 140 millones de pesos

La infraestructura carretera nacional representa uno de los motores del desarrollo económico y social del país. Contar con una red de caminos eficientes, seguros y propicia, entre muchas otras cosas, es una necesidad para el impulso del desarrollo regional y del comercio, facilita la comunicación entre las comunidades que integran cada estado, y reduce la brecha de iniquidad entre las zonas urbanas y las regiones rurales.

Por tanto, considero indispensable incrementar la asignación de recursos públicos respectivos, para que la autoridad competente cuente con los recursos suficientes para poder atender las necesidades de los ciudadanos.

Compañeros legisladores: por lo anteriormente expuesto, el suscrito solicito el respaldo y someto a consideración de esta Honorable Asamblea el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

Primero. Se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la H. Cámara de Diputados a destinar, dentro del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2013, recursos por 140 millones de pesos al proyecto denominado “Tramo Carretero Amajaquilo- Guachinango de Guachinango, Jalisco”.

Segundo. Se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la H. Cámara de Diputados a destinar, dentro del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2013, recursos por 50 millones de pesos para el proyecto denominado “Construcción de 5 represas de Guachinango, Jalisco”.

Tercero. Se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la H. Cámara de Diputados a destinar, dentro del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2013, recursos por 10 millones de pesos para el proyecto denominado “Construcción de 2 km de drenaje de Guachinango, Jalisco”.

Cuarto. Se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la H. Cámara de Diputados a destinar, dentro del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2013, recursos por 5 millones de pesos para el proyecto denominado “Puesta en marcha de la planta de tratamiento de aguas residuales para Guachinango, Jalisco”.

Salón de sesiones del H. Senado de la República, a 13 de diciembre de 2012.

Atentamente

Sen. José María Martínez Martínez”.

Del C. Senador José María Martínez Martínez, del grupo parlamentario del PAN, que contiene punto de Acuerdo que exhorta a destinar recursos suficientes para la segunda etapa, explanada del Santuario del Sagrado Corazón de Jesús en Mexticacán, Jalisco, mismo que se turna a la Cámara de Diputados.

PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA A LA COMISION DE PRESUPUESTO Y CUENTA PUBLICA DE LA CAMARA DE DIPUTADOS A DESTINAR RECURSOS SUFICIENTES PARA LA SEGUNDA ETAPA, EXPLANADA DEL SANTUARIO DEL SAGRADO CORAZON DE JESUS, MEXTICACAN, JALISCO

“PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
DEL H. SENADO DE LA REPUBLICA
DEL CONGRESO DE LA UNION
PRESENTE.

JOSE MARIA MARTINEZ MARTINEZ, Senador de la República en la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto por los Artículos 8 numeral 1, Fracción II, 276 y demás aplicables del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración del Pleno de esta Soberanía, la proposición con punto de Acuerdo para exhortar a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la H. Cámara de Diputados destinar recursos suficientes para la 2da. Etapa, Explanada del Santuario del Sagrado Corazón de Jesús, Mexticacán, Jalisco, en el marco de la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal, 2013, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

Debido a la asistencia de gran cantidad de personas tanto al regreso de la imagen del Corazón de Jesús en Octubre, así como en las festividades de Febrero y Junio, este santuario se ha convertido en un espacio de reunión para los feligreses.

Por ello el grupo llamado “Colonia de Mexticacán en Guadalajara” desde la década de los 80´s del siglo XX, se dio a la tarea de recolectar recursos humanos y económicos para restaurar el templo de dicha comunidad, así como el atrio y espacios aledaños considerando pues la construcción de una explanada al sur de la puerta principal, donde los peregrinos puedan asistir con comodidad, así mismo disponer de un estacionamiento adecuado para los vehículos.

En un estudio realizado por el Ing. José Torres Plascencia sobre urbanismo de la comunidad, además de considerar la dicha explanada como parte central del proyecto, por ello se dispuso definir los ingresos tanto de peatones como vehículos, por lo que hubo ciertos trabajos guiado por dicho proyecto.

Cabe hacer notar que desde el año 1800 aproximadamente, se tienen datos de la gran afluencia de visitantes motivados por los presuntos milagros de la reliquia, influyendo en el crecimiento de la comunidad (Labor de Santa Gertrudis) incluso hasta el cambio de nombre por “El Santuario”, ya que la construcción del templo y su recurrente peregrinaje en la vida de las personas denota el definitivo nombre.

Si bien en la actualidad el número de habitantes ha sufrido una disminución, los visitantes aumentan considerablemente los fines de semana y por ende en la celebración de las habituales fiestas en honor al “Corazón de Jesús”. Esto más sumando el actual camino peatonal o de la salud desde la cabecera municipal hasta “El Santuario”, invita por diferentes motivos a visitar la zona.

La explanada pues, se ha convertido en una obra para contribuir a que las manifestaciones artísticas, religiosas y culturales, además del atractivo turístico, refuerza la identidad de este lugar, conllevando al aumento de oportunidades de empleo por el creciente número de turistas (aproximadamente 50 mil por año) buscando servicios como alimentos, posada, artesanías, entre otros, para satisfacción de su estancia.

Por ello, la explanada se convierte por su grandeza, en un espacio valioso por la majestuosidad del complejo arquitectónico y natural del entorno, dando lugar a la ejecución de diferentes eventos culturales, tan importantes en el devenir de un centro turístico-religioso como lo es “El Santuario” primero con la devoción del Corazón de Jesús en América, construido por el venerable Obispo Cabañas de Guadalajara en el año, 1798.

El H. Ayuntamiento de Mexticacán, Jalisco, mediante su departamento de obras públicas, hace constar del dictamen técnico que se da después de haber recorrido el lugar donde se realizará la obra denominada “2da. Etapa, Explanada del Santuario del Sagrado Corazón de Jesús, Mexticacán, Jalisco.”

Este proyecto pretende restaurar la explanada mayor en el sistema de iluminación, así como el sistema de pararrayos, ductería y registro de sistema de sonido, cableado del sistema de pararrayos y sistema de control automático de alumbrado.

En la instalación hidráulica con la tubería y conexiones del sistema de riego, así como boquillas y en albañilería la terminación del muro de contención, afine y compactación de la explanada mayor así como el firme de concreto para piso y el piso en dicha explanada, además del el forjado de los escalones de la explanada mayor.

Este proyecto generara fuentes de ingreso y se podrá seguir manteniendo estos recintos religiosos en óptimas condiciones para seguir recibiendo a los feligreses.

Por tanto, considero indispensable incrementar la asignación de recursos públicos respectivos para el Municipio de Mexticacan, para que la autoridad competente cuente con los recursos suficientes para poder atender las necesidades de los ciudadanos.

Compañeros legisladores: por lo anteriormente expuesto, el suscrito solicito el respaldo y someto a consideración de esta Honorable Asamblea el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

Unico. Se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la H. Cámara de Diputados a destinar 5 millones 148 mil 51 pesos para el proyecto de la “2da. Etapa, Explanada del Santuario del Sagrado Corazón de Jesús, Mexticacán, Jalisco, dentro del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal, 2013”.

Salón de sesiones del H. Senado de la República, a 13 de diciembre de 2012.

Atentamente

Sen. José María Martínez Martínez”.

Del C. Senador José María Martínez Martínez, del grupo parlamentario del PAN, que contiene punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública a destinar recursos suficientes para el desarrollo de la pavimentación y banquetas en el centro de la localidad del Santuario en el municipio de Mexticacán, Jalisco, mismo que se turna a la Cámara de Diputados.



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Del C. Senador José María Martínez Martínez, del grupo parlamentario del PAN, que contiene punto de Acuerdo que exhorta a destinar recursos suficientes para el desarrollo de los proyectos de infraestructura del municipio de Unión de San Antonio, Jalisco, mismo que se turna también a la Cámara de Diputados.

PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA A LA COMISION DE PRESUPUESTO Y CUENTA PUBLICA A DESTINAR RECURSOS SUFICIENTES PARA EL DESARROLLO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE UNION DE SAN ANTONIO, JALISCO

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
DEL H. SENADO DE LA REPUBLICA
DEL CONGRESO DE LA UNION
PRESENTE

JOSE MARIA MARTINEZ MARTINEZ, Senador de la República en la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto por los Artículos 8 numeral 1, Fracción II, 276 y demás aplicables del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración del Pleno de esta Soberanía, la proposición con punto de Acuerdo para exhortar a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la H. Cámara de Diputados destinar recursos suficientes para el desarrollo de diversos proyectos de Unión de San Antonio, Jalisco, en el marco de la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal, 2013, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

El municipio de Unión de San Antonio se encuentra ubicado al noreste del estado, en las coordenadas 21º 02' 30'' a los 21º 17' 00'' de latitud norte y 101º 27' 50'' a los 101º 51' 50'' de longitud oeste a una altura de 1,920 metros sobre el nivel del mar y forma parte de la región Altos Norte colindando al norte con los municipios de San Juan de los Lagos y Lagos de Moreno, al sur con San Diego de Alejandría y San Julián, al este con el estado de Guanajuato y al oeste San Juan de los Lagos y San Julián.

El medio físico, orográficamente, se caracteriza por estar conformado por zonas semiplanos (68%), se localizan al norte, noroeste y oeste de la cabecera Municipal, formadas por alturas de 1,900 a 2,00 metros sobre el nivel del mar, casi una tercera parte está conformada por zonas planas (29%) que se encuentran en casi todo el Municipio, con alturas de los 1,990 metros y solo una porción muy pequeña (4%) son zonas accidentadas, que se localizan al norte, este y oeste de la cabecera Municipal, formadas por alturas que van de 1,800 a 2,200 metros sobre el nivel del mar.

En su demarcación política-territorial Unión de San Antonio pertenece al Distrito electoral federal 2 y local número 2, con cabecera distrital en el municipio de Lagos de Moreno, participando además los siguientes municipios Encarnación de Díaz, Lagos de Moreno, Ojuelos de Jalisco, San Juan de los Lagos, Teocaltiche, Villa Hidalgo.

Los terrenos del Municipio pertenecen al período terciario, y están compuestos por rocas sedimentarias, caliza, rocas ígneas extrusivas, riolita, andesita, basalto, toba y brecha volcánica, orográficamente, se caracteriza por estar conformado por zonas semiplanas (68%), se localizan al norte, noroeste y oeste de la cabecera Municipal, formadas por alturas de 1,900 a 2,00 metros sobre el nivel del mar, casi una tercera parte está conformada por zonas planas (29%) que se encuentran en casi todo el Municipio, con alturas de los 1,990 metros y solo una porción muy pequeña (4%) son zonas accidentadas, que se localizan al norte, este y oeste de la cabecera Municipal, formadas por alturas que van de 1,800 a 2,200 metros sobre el nivel del mar.

Predomina en el paisaje, la hermosa silueta de dos cerros de cono trunco llamados Las Mesitas a 21º 08’ de latitud norte y 102ª00’ de longitud oeste, a una altura de 1,920 metros sobre el nivel del mar.

El municipio se caracteriza por el bajo nivel en el bienestar socioeconómico, que se registra principalmente en algunas comunidades que conforman al municipio, consideradas de alta marginación. El crecimiento demográfico está por debajo de la media estatal debido a la dispersión de la población rural en pequeñas localidades lo que dificulta la dotación de servicios, además de la falta de oportunidades lo cual incrementa la migración.

La industria, es fuertemente impulsada y desarrollada en los últimos años por empresas dedicadas a la producción de lácteos, forrajes, calzado y muebles éste último sector a través de sus maquiladoras que han venido a ofertar un número considerable de empleos, brindando así la oportunidad de nuestra gente de participar en un actividad económicamente activa.

Luego entonces, la inversión que representan estas obras será el reflejo ante los ciudadanos de un gobierno con calidad y eficiencia, mediante una actitud resolutiva, transparente y honesta, propiciando el desarrollo integral de sus habitantes.

Profundizar en los procesos, explorar alternativas, y promover un ejercicio totalizador de los recursos públicos como la respuesta frontal a las carencias sociales, por lo que la aplicación de los recursos debidos; es el instrumento de mayor utilidad para el gobierno y, consecuentemente, para los ciudadanos.

Por tal motivo, es muy importante apoyarlo con la conformación de proyectos de enfoque como lo son: 1) La construcción de empedrado ahogado en cemento y rehabilitación de tomas hidráulicas y sanitarias en la Calle Lázaro Cárdenas, Colonia Lázaro Cárdenas, Cabecera Municipal con una inversión total de 3 millones 787 mil pesos; 2) La construcción de empedrado ahogado en la calle barrosa de Tlacuitapa con una aportación de 4 millones 336 mil 294 pesos; 3) Sustitución de Drenaje Calle Principal San José de Caliche con una inversión por el proyecto de 835 mil pesos; 4) Ampliación de la pavimentación con concreto ahogada en cemento en la calle principal de la comunidad de San José, Las Palmas.

Por tanto, considero indispensable incrementar la asignación de recursos públicos respectivos, para que la autoridad competente cuente con los recursos suficientes para atender las necesidades de los ciudadanos, del Municipio de Unión de San Antonio, Jalisco.

Compañeros legisladores: por lo anteriormente expuesto, el suscrito solicito el respaldo y someto a consideración de esta Honorable Asamblea el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

Unico. Se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la H. Cámara de Diputados a destinar recursos por 11 millones 95 mil 174 pesos para la realización de obras de infraestructura pública para el municipio Unión de San Antonio, Jalisco, dentro del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal, 2013.

Salón de sesiones del H. Senado de la República, a 13 de diciembre de 2012.

Atentamente

Senador José María Martínez Martínez”.

- La C. Secretaria Díaz Lizama: Del C. Senador José María Martínez Martínez, del grupo parlamentario del PAN, que contiene punto de Acuerdo que exhorta a destinar recursos suficientes para el desarrollo de proyectos de obras de pavimentación del municipio Unión de San Antonio, Jalisco, mismo que se turna a la Cámara de Diputados.

PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA A LA COMISION DE PRESUPUESTO Y CUENTA PUBLICA A DESTINAR RECURSOS SUFICIENTES PARA EL DESARROLLO DE PROYECTOS DE OBRAS DE PAVIMENTACION DEL MUNICIPIO UNION DE SAN ANTONIO, JALISCO

“PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
DEL H. SENADO DE LA REPUBLICA
DEL CONGRESO DE LA UNION
PRESENTE.

JOSE MARIA MARTINEZ MARTINEZ, Senador de la República en la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto por los Artículos 8 numeral 1, Fracción II, 276 y demás aplicables del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración del Pleno de esta Soberanía, la proposición con punto de Acuerdo para exhortar a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la H. Cámara de Diputados a destinar recursos suficientes para el desarrollo de diversos proyectos del Municipio Unión de San Antonio, Jalisco, en el marco de la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal, 2013, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

El municipio de Unión de San Antonio se encuentra ubicado al noreste del estado, en las coordenadas 21º 02' 30'' a los 21º 17' 00'' de latitud norte y 101º 27' 50'' a los 101º 51' 50'' de longitud oeste a una altura de 1,920 metros sobre el nivel del mar y forma parte de la región Altos Norte colindando al norte con los municipios de San Juan de los Lagos y Lagos de Moreno, al sur con San Diego de Alejandría y San Julián, al este con el estado de Guanajuato y al oeste San Juan de los Lagos y San Julián.

Las comunicaciones y los transportes son actividades indispensables para el progreso, pues facilitan la integración social y geográfica del territorio. Por su ubicación geográfica, Jalisco se encuentra en una situación privilegiada, pues se comunica con el centro, sur, este y norte de la República, así como con los puertos del Pacífico. Las vías de comunicación son indispensables para generar una estrategia de desarrollo que esté encaminada a apoyar a comunidades marginadas.

El Municipio cuenta con una red de caminos de terracería muy importante, ya que todas las comunidades de la zona rural se encuentran bien comunicadas, siendo muy importante tenerlos en óptimas condiciones debido al aumento vehicular en esta zona, para poder sacar y comercializar sus productos primarios los habitantes de las comunidades rurales, siendo una extensión aproximada de 250 kilómetros en todo el Entorno Municipal.

La industria, es fuertemente impulsada y desarrollada en los últimos años por empresas dedicadas a la producción de lácteos, forrajes, calzado y muebles éste último sector a través de sus maquiladoras que han venido a ofertar un número considerable de empleos, brindando así la oportunidad de nuestra gente de participar en un actividad económicamente activa.

Luego entonces, la inversión que representan estas obras será el reflejo ante los ciudadanos de un gobierno con calidad y eficiencia, mediante una actitud resolutiva, transparente y honesta, propiciando el desarrollo integral de sus habitantes.

Profundizar en los procesos, explorar alternativas, y promover un ejercicio más totalizador de los recursos públicos como la respuesta frontal a las carencias sociales, por lo que la aplicación de los recursos debidos es el instrumento de mayor utilidad para el gobierno y, consecuentemente, para los ciudadanos.

Por tal motivo, es muy importante apoyarlo con la conformación de proyecto de enfoque como lo son: 1) La construcción de carpeta asfáltica en carretera San Antonio de la Garza con una inversión total de 10 millones 644 mil pesos; 2) La rehabilitación de pavimento en carretera San Antonio de la Garza- Tlacuitapa Tramo 0+000 al 3+800con una aportación de 10 millones de pesos; 3) Rehabilitación de Pavimento en carretera Estación Pedrito 7.5 Km, en con una inversión por el proyecto de 18 millones 676 mil pesos; 4) La Construcción de la segunda etapa de la Carretera Unión - León, Guanajuato con una distancia de 15.7 km, con una inversión de 37 millones 500 mil pesos; 5) Construcción de acotamiento asfaltico en ambos sentidos unión- lagos, en 17 km. El impacto socio-económico de la inversión en infraestructura permitirárediseñar el futuro del Municipio.

Por tanto, considero indispensable incrementar la asignación de recursos públicos respectivos, para que la autoridad competente cuente con los recursos suficientes para poder atender las necesidades de los ciudadanos, del Municipio de Unión de San Antonio.

Compañeros legisladores: por lo anteriormente expuesto, el suscrito solicito el respaldo y someto a consideración de esta Honorable Asamblea el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

Unico. Se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la H. Cámara de Diputados a destinar recursos suficientes para la realización de obras para la pavimentación del municipio Unión de San Antonio, Jalisco, dentro del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2013.

Salón de sesiones del H. Senado de la República, a 13 de diciembre de 2012.

Atentamente

Sen. José María Martínez Martínez”.

Del C. Senador José María Martínez Martínez, del grupo parlamentario del PAN, que contiene punto de Acuerdo que exhorta a destinar recursos suficientes para el desarrollo de diversos proyectos en materia de salud del municipio de Unión de San Antonio, Jalisco, mismo que se turna a la Cámara de Diputados.

PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA A LA COMISION DE PRESUPUESTO Y CUENTA PUBLICA DE LA CAMARA DE DIPUTADOS A DESTINAR RECURSOS SUFICIENTES PARA EL DESARROLLO DE DIVERSOS PROYECTOS EN MATERIA DE SALUD DEL MUNICIPIO DE UNION DE SAN ANTONIO, JALISCO

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
DEL H. SENADO DE LA REPUBLICA
DEL CONGRESO DE LA UNION
PRESENTE.

JOSE MARIA MARTINEZ MARTINEZ, Senador de la República en la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto por los Artículos 8 numeral 1, Fracción II, 276 y demás aplicables del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración del Pleno de esta Soberanía, la proposición con punto de Acuerdo para exhortar a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la H. Cámara de Diputados a destinar recursos suficientes para el desarrollo de diversos proyectos en materia de Salud del municipio de Unión de San Antonio, Jalisco, en el marco de la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2013, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

El Municipio de Unión de San Antonio Jal, cuenta con una población total de 15.484 habitantes, sólo el 15.53% de ésta un total de 2,405, tiene derecho la atención en la Unidad de Medicina familiar de la localidad. Perteneciente al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), esta atiende un promedio de 1,190 afiliados el 7.68% del total de habitantes, y aproximadamente 1215 familiares afiliados.

La atención de los derechohabientes, se lleva a cabo con 6 plazas de medicina familiar servicio de atención a urgencias que cubren atención medica las 24 horas del día y una plaza del turno vespertino para la atención de enfermería, se realizan un promedio de 550 consultas cada mes y las principales problemas de salud atendidos son la diabetes e hipertensión Arterial. Se ha detectado una disminución de casos de problemas bronco respiratorios gracias a la aplicación de las vacunas para su prevención. La unidad de medicina familiar carece de equipo vital de urgencias, equipo de sutura y equipo de parto, tampoco cuenta con ambulancia para traslado de urgencias, siendo apoyados con una ambulancia que pertenece al gobierno municipal la cual carece del equipo necesario.

Algunas de las carencias de infraestructura y equipo con repercusiones en la tranquilidad de las personas por la falta de infraestructura de salud como por ejemplo, la necesidad de contar con un hospital de primer contacto en la cabecera municipal, así como la ampliación del centro de salud existente, ya que actualmente no es funcional.

Aunque existe un gran avance en salud por el importante de papel en la construcción de casas de salud por parte del Municipio motivada por la demanda de la población que necesitaba un espacio digno para ser atendidos. Aun se requiere equipamiento y la construcción de algunas otras, aunque de momento se tiene el préstamo de algún espacio de un habitante de la comunidad.

El 11% de la población de Unión de San Antonio, corresponde a menores de cinco años, este sector poblacional demanda prioritariamente esquemas de atención de orden integral, el 3% de ellos sufren permanentemente la amenaza de la desnutrición, que se traduce en deficiente Terminal, y lo más importante, en la generación de inadecuadas condiciones de salud a futuro.

El 2% de la población de 6 a 9 años tiene un déficit de talla, lo que indica que más de 50 niños de esta edad, padecen las secuelas de la desnutrición crónica. El total de la población entre 6 y 14 años, en el municipio es del 2,000 personas, el 16% del total, es decir 3,585 habitantes, demandan atención educativa, recreacional y de formación en valores, principalmente.

Más del 1% de la población entre 6 y 14 años, viven en una situación extraordinaria, son niños de la calle que a corta edad deben trabajar para el sustento de su casa, ellos deben de recibir atención, protección y asistencia especial. A fin de que logren crecer y desarrollarse sanamente.

Por tal motivo, es muy importante apoyarlos con infraestructura en materia de salud con la conformación de proyecto de enfoque que permitirá la terminación y equipamiento del Hospital Regional, con una inversión de 38 millones de pesos.

Luego entonces, la inversión que representan estas obras será el reflejo ante los ciudadanos de un gobierno con calidad y eficiencia, mediante una actitud resolutiva, transparente y honesta, propiciando el desarrollo integral de sus habitantes.

Por tanto, considero indispensable incrementar la asignación de recursos públicos respectivos, para que la autoridad competente cuente con los recursos suficientes para poder atender las necesidades en materia de salud de los ciudadanos, del Municipio de San Antonio.

Compañeros legisladores: por lo anteriormente expuesto, el suscrito solicito el respaldo y someto a consideración de esta Honorable Asamblea el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

Unico. Se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la H. Cámara de Diputados a destinar 38 millones de pesos para la realización del proyecto “Terminación y equipamiento del Hospital Regional del municipio Unión de San Antonio, Jalisco”, dentro del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2013.

Salón de sesiones del H. Senado de la República a 13 de diciembre de 2012.

Atentamente

Sen. José María Martínez Martínez”.

Del C. Senador José María Martínez Martínez, del grupo parlamentario del PAN, que contiene punto de Acuerdo que exhorta a destinar recursos suficientes para diversos proyectos en materia de deporte para el municipio de Unión de San Antonio, Jalisco, mismo que se turna a la Cámara de Diputados.

PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA A LA COMISION DE PRESUPUESTO Y CUENTA PUBLICA DE LA CAMARA DE DIPUTADOS A DESTINAR RECURSOS SUFICIENTES PARA DIVERSOS PROYECTOS EN MATERIA DE DEPORTE PARA EL MUNICIPIO DE UNION DE SAN ANTONIO, JALISCO

“PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
DEL H. SENADO DE LA REPUBLICA
DEL CONGRESO DE LA UNION
PRESENTE.

JOSE MARIA MARTINEZ MARTINEZ, Senador de la República en la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto por los Artículos 8 numeral 1, Fracción II, 276 y demás aplicables del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración del Pleno de esta Soberanía, la proposición con punto de Acuerdo para exhortar a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública a destinar recursos suficientes para diversos proyectos en materia de deporte para el Municipio de Unión de San Antonio, Jalisco, en el marco de la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2013, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

El pueblo que llegó a conocerse como “La Unión”, surgió a lado de una presa y otro en el punto en el que “se unían” dos caminos reales, de ahí su nombre, uno que iba de oriente a poniente- de la Villa de León al pueblo de Nuestra Señora de San Juan -, y otro de norte a sur- de Santa María de los Lagos a la Hacienda de Xalpa. La denominación de “Adobes”, obedeció a una población en España con el mismo nombre y uno de los fundadores le puso por que recordaba a una mujer que vivía en la misma; posteriormente, al edificarse la primera capilla administrada por Franciscanos, se asignó a la advocación de San Antonio de Padua; lo que ha dado lugar a todo el cambio y variedad histórica de sus nombres.

El deporte se fomenta especialmente entre los jóvenes, incluso desde la infancia, por sus efectos benéficos en la salud, pero también por lo que aporta al aprendizaje y cumplimiento de reglas, y a la convivencia.

En México, según la Encuesta Nacional de la Juventud, casi 40% de los jóvenes de entre 12 y 29 años de edad realizan alguna actividad física. Entre los hombres es mayor la proporción de quienes llevan a cabo una actividad física que entre las mujeres: mientras que la mitad (50.1%) de los hombres de esas edades afirma que sí realiza alguna actividad física, sólo una de cada tres mujeres (29.8%) manifiesta lo mismo.

La mayoría de los jóvenes, uno de cada tres (36.6%), realiza actividad física tres veces por semana, en tanto que una proporción similar de ellos (32.7%) la lleva a cabo una vez a la semana y uno de cada cuatro (23.6%) la practica todos los días. Las diferencias entre sexos muestra que si bien es mayor la proporción de hombres (24.8%) que de mujeres (21.6%) que realiza alguna actividad física todos los días, es significativamente inferior la proporción de hombres (31.7%) que de mujeres (44.5%) que la llevan a cabo tres veces por semana.

El deporte es una actividad que ayuda a mejorar la salud de los individuos, practicando sistemáticamente, ofrece un beneficio extra que permite mejorar el nivel general de vida de la ciudadanía y promueve verdaderos valores que consolidan el desarrollo social y la integración familiar.

Jalisco es un estado líder en la promoción y desarrollo de deportistas; que son la base de las selecciones nacionales así como de la formación de los profesionales de la cultura física y el deporte.

Es importante, el desarrollo del deporte de cada uno los municipios, por ello es importante apoyarlos en la rehabilitación de sus espacios deportivos.

El municipio de Unión de San Antonio, requiere rehabilitar diversos espacios deportivos para la realización de torneos de carácter regional, y con esto crear un lugar de sano esparcimiento. Esta acción brindará a los habitantes del municipio un sitio donde puedan practicar diversos deportes y realizar actividades de esparcimiento.

Por lo que se propone apoyar la construcción del parque deportivo lineal Las Moras- Laturicata - Zoológico Municipal por 6 millones de pesos y la construcción de 11 canchas de usos múltiples de 950 mil pesos se mejorara notablemente la infraestructura deportiva en este municipio.

Es una prioridad contar con nuevas y mejores instalaciones para atender la demanda de deportes que nos solicitan, con la finalidad de dar la mejor atención a niños y jóvenes de colonias vulnerables de este municipio; también poder detectar a deportistas e integrarlos a los equipos representativos del municipio y lograr contar con una mejor calidad de los habitantes del mismo al contar con una instalación adecuada y con ello evitar la inactividad física y los problemas de obesidad infantil; así como coadyuvar en la interacción de escuela y deporte.

El efecto benéfico o incidencia regional de la ejecución del programa o proyecto es contar: con instalaciones de alto nivel para poder organizar o recibir competencias de carácter regional, nacional o internacional. Por tal motivo, se debe contar las instalaciones durante todo el año para el trabajo deportivo.

Por tanto, considero indispensable incrementar la asignación de recursos públicos a la partida para el Municipio de Unión de San Antonio, para que la autoridad competente cuente con los recursos suficientes para poder atender las necesidades de los ciudadanos.

Se requiere fomentar la práctica de deporte, con la finalidad de crear espacios de esparcimiento que le permitan desarrollar adecuadamente acciones en beneficio de sus ciudadanos.

Compañeros legisladores: por lo anteriormente expuesto, el suscrito solicito el respaldo y someto a consideración de esta Honorable Asamblea el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

Unico. Se exhorta a las Comisiones de Juventud y Deporte, y de Presupuesto y Cuenta Pública de la H. Cámara de Diputados a destinar recursos por 16 millones 450 mil pesos para infraestructura deportiva para el municipio de la Union de San Antonio, Jalisco dentro del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal, 2013.

Salón de sesiones del H. Senado de la República, a 13 de diciembre de 2012.

Atentamente

Sen. José María Martínez Martínez”.

Del C. Senador José María Martínez Martínez, del grupo parlamentario del PAN, que contiene punto de Acuerdo que exhorta a destinar recursos suficientes para diversos proyectos en materia de cultura para el municipio Unión de San Antonio, Jalisco, mismo que se turna a la Cámara de Diputados.

PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA A LA COMISION DE PRESUPUESTO Y CUENTA PUBLICA A DESTINAR RECURSOS SUFICIENTES PARA DIVERSOS PROYECTOS EN MATERIA DE CULTURA PARA EL MUNICIPIO UNION DE SAN ANTONIO, JALISCO

“PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
DEL H. SENADO DE LA REPUBLICA
DEL CONGRESO DE LA UNION
PRESENTE.

JOSE MARIA MARTINEZ MARTINEZ, Senador de la República en la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto por los Artículos 8 numeral 1, Fracción II, 276 y demás aplicables del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración del Pleno de esta Soberanía, la proposición con punto de Acuerdo para exhortar a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la H. Cámara de Diputados destinar recursos suficientes para diversos proyectos en materia de deporte para el Municipio de Unión de San Antonio, Jalisco, en el marco de la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal, 2013, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

El pueblo que llegó a conocerse como “La Unión”, surgió a lado de una presa y otro en el punto en el que “se unían” dos caminos reales, de ahí su nombre, uno que iba de oriente a poniente de la Villa de León al pueblo de Nuestra Señora de San Juan, y otro de norte a sur de Santa María de los Lagos a la Hacienda de Xalpa. La denominación de “Adobes”, obedeció a una población en España con el mismo nombre y uno de los fundadores le puso por que recordaba a una mujer que vivía en la misma; posteriormente, al edificarse la primera capilla administrada por Franciscanos, se asignó a la advocación de San Antonio de Padua; lo que ha dado lugar a todo el cambio y variedad histórica de sus nombres.

El Templo de San Antonio se construyó en la segunda mitad del siglo XIX, fue reconstruido en 1905. Otras construcciones de carácter religioso que destacan son: el Templo del Señor de la Misericordia, El Tepeyac, Sagrado Corazón de Jesús, Santo Toma y El Espíritu Santo, todos en la cabecera municipal y en el área rural esta la Capilla de Santa Teresa, el Vizcino, El Lobo, Tlacuitapan, La primavera, El Saltillo, San Judas Tadeo, San José del Caliche y San Pedro de Estación Pedrito, entre otros. Destaca la cúpula y torre de la parroquia del Señor de la Misericordia por su majestuosidad.

En cuanto a obras de tipo civil son muy apreciadas en el municipio: una columna construida en la esquina suroeste de la plaza principal y que data de 1886; la plaza Independencia y la Hacienda de Vallado. En otro contexto, la mejora de espacios religiosos culturales, genera alternativas para la derrama económica en la zona, además de de usos recreativos y de esparcimiento a la población local y regional.

Con una inversión total de 10 millones 500 mil pesos para aplicarse en la ampliación y equipamiento de la Casa de Cultura; y lograr la restauración e iluminación del Centro Histórico a San Antonio de Padua, representará una obra de gran importancia para los habitantes de esta comunidad con acciones que dignifican a miles de familias.

El desarrollo y fomento de la cultura en beneficio de los vecinos, la concertación de proyectos, construcciones, remodelaciones, equipamientos, etc., que se realizan en la comunidad, es con el fin último de mejorar los servicios y beneficiar a la población en general.

Luego entonces, la inversión que representan estas obras será el reflejo de los ciudadanos de un gobierno con calidad y eficiencia, mediante una actitud resolutiva, transparente y honesta, propiciando el desarrollo integral de sus habitantes.

Profundizar en los procesos, explorar alternativas, y promover un ejercicio totalizador de los recursos públicos como la respuesta frontal a las carencias sociales, por lo que la aplicación de los recursos debidos es el instrumento de mayor utilidad para el gobierno y, consecuentemente, para los ciudadanos.

Es por ello que se exhorta respetuosamente para incrementar la asignación de recursos públicos respectivos para el Municipio de Unión de San Antonio para los proyectos de ampliación y equipamiento de Casa de la Cultura e iluminación de monumento histórico a San Antonio de Padua.

Compañeros legisladores: por lo anteriormente expuesto, el suscrito solicito el respaldo y someto a consideración de esta Honorable Asamblea el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

Unico. Se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la H. Cámara de Diputados a destinar 10 millones 500 mil pesos, en materia de cultura dentro del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2013, para el municipio Unión de San Antonio, Jalisco.

Salón de sesiones del H. Senado de la República, a 13 de diciembre de 2012.

Atentamente

Sen. José María Martínez Martínez”.

Del C. Senador José María Martínez Martínez, del grupo parlamentario del PAN, que contiene punto de Acuerdo que exhorta a destinar recursos suficientes para el desarrollo del empedrado ecológico y sus obras complementarias en la comunidad de Tapias de Arriba en el municipio de Mexticacán, Jalisco, mismo que se turna a la Cámara de Diputados.

PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA A LA COMISION DE PRESUPUESTO Y CUENTA PUBLICA A DESTINAR RECURSOS SUFICIENTES PARA EL DESARROLLO DEL EMPEDRADO ECOLOGICO Y SUS OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA COMUNIDAD DE TAPIAS DE ARRIBA EN EL MUNICIPIO DE MEXTICACAN, JALISCO

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
DEL H. SENADO DE LA REPUBLICA DEL
CONGRESO DE LA UNION
PRESENTE.

JOSE MARIA MARTINEZ MARTINEZ, Senador de la República en la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto por los Artículos 8 numeral 1, Fracción II, 276 y demás aplicables del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración del Pleno de esta Soberanía, la proposición con Punto de Acuerdo para exhortar a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la H. Camara de Diputados destinar recursos suficientes para el desarrollo del empedrado ecológico y sus obras complementarias en la comunidad de Tapias de Arriba en el Municipio de Mexticacán, Jalisco, en el marco de la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal, 2013, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

La localidad de Tapias de Arriba se localiza en el Municipio de Mexticacán, Jalisco, es una de las comunidades integradaspor el grupo de lecheros importantes.

Actualmente la comunidad se encuentra carente de una calle que facilite el transito, por ello es necesario que se generen las condiciones para impulsar la creación y mantenimiento de infraestructura para el desarrollo e incidir de mejor manera, en la conservación y desarrollo de la localidad.

Con la construcción del empedrado ecológico y sus obras complementarias se beneficiarán de manera directa los habitantes de la comunidad, ya que contarán con una calle que facilite el tránsito de personas y vehículos, se crearán fuentes de empleo temporales, se mejorará la imagen urbana, se terminarán los encharcamientos en temporada de lluvias, así como la proliferación de tierra en el ambiente, todo lo cual mejorará la calidad de vida de los habitantes de esta calle.

Luego entonces, la mejora de espacios públicos aumentará y mejorará la calidad de vida de los habitantes del municipio; reduciendo niveles de marginación, buscando formar ciudadanos comprometidos con su entorno ambiental, y social.

Dicha inversión, representará, además un eje para rescatar y preservar el ecosistema del municipio, logrando armonizar los recursos naturales y la satisfacción de las necesidades básicas, estableciendo los cimientos del desarrollo sustentable.

Mexticacán es un municipio competitivo, con buenos niveles de bienestar, en los últimos años han sus vías de comunicación lo que ha favorecido al turismo y la inversión económica.

Por ello, la obra que comunique a la comunidad con una de las carreteras principales es con el fin de una adecuada articulación de la sociedad, los productores y el gobierno, logrando el aprovechamiento sustentable del sector agrícola, ganadero y productivo de la zona a fin de generar arraigo, permanencia y oportunidades de acceso a una mejor calidad de vida de todos los habitantes.

Dado todo lo anterior se exhorta respetuosamente para incrementar la asignación de recursos públicos respectivos para el Municipio de Mexticacán.

Compañeros legisladores: por lo anteriormente expuesto, el suscrito solicito el respaldo y someto a consideración de esta Honorable Asamblea el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

Unico. Se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la H. Cámara de Diputados a destinar recursos suficientes para el desarrollo del empedrado ecológico y sus obras complementarias en la comunidad de Tapias de Arriba en el Municipio de Mexticacán, Jalisco, en el marco de la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal, 2013.

Salón de sesiones del H. Senado de la República, a 13 de diciembre de 2012.

Atentamente

Sen. José María Martínez Martínez”.

Del C. Senador José María Martínez Martínez, del grupo parlamentario del PAN, que contiene punto de Acuerdo que exhorta a destinar los recursos necesarios para el desarrollo de diversas obras de infraestructura pública y carretera del municipio El Grullo, Jalisco, mismo que se turna a la Cámara de Diputados.

PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA A LA COMISION DE PRESUPUESTO Y CUENTA PUBLICA DE LA CAMARA DE DIPUTADOS A DESTINAR LOS RECURSOS NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DE DIVERSAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA Y CARRETERA DEL MUNICIPIO EL GRULLO, JALISCO

“PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
DEL H. SENADO DE LA REPUBLICA
DEL CONGRESO DE LA UNION
PRESENTE.

JOSE MARIA MARTINEZ MARTINEZ, Senador de la República en la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto por los Artículos 8 numeral 1, Fracción II, 276 y demás aplicables del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración del Pleno de esta Soberanía, la proposición con punto de Acuerdo para exhortar a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la H. Cámara de Diputados a destinar los recursos necesarios para el desarrollo de diversos proyectos de El Grullo, Jalisco, en el marco de la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal, 2013, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

Es una necesidad, equilibrar el desarrollo de las regiones del país, a fin de lograr una mayor integración de los mexicanos y de las comunidades e impulsar el crecimiento del comercio interno y externo, además de permitir una mayor articulación de las cadenas productivas nacionales. Para ello, se requiere continuidad en las obras de construcción pendientes, priorizar a los enlaces transversales faltantes de la red troncal del país, así como modernizar y ampliar la red carretera en aquellas regiones con capacidad de conexión limitada.

La asignación de mayores recursos permitirá desarrollar el sistema carretero nacional, a fin de lograr la construcción y modernización de las vías de comunicación con base en parámetros internacionales de calidad.

La inversión en infraestructura resulta indispensable para el desarrollo económico y social de un país, ya que eleva la competitividad de la economía al satisfacer las condiciones básicas para el avance de las actividades productivas.

La provisión de infraestructura básica y de servicios conexos modernizados toma mayor importancia en una economía de actividades orientadas al comercio exterior, pues permite reducir costos de transporte y de transacción.

Además, la inversión en infraestructura estimula a la industria de la construcción, actividad que incorpora a un elevado número de trabajadores temporales a su nómina, por lo que representa un fuerte impulso para el crecimiento del empleo.

La red carretera nacional presenta varias deficiencias; por ello es importante que se invierta en su ampliación y modernización en torno a esquemas internacionales, y se eleve la productividad y competitividad del país.

Es indispensable, lograr asignar un mayor monto del presupuesto al desarrollo de la red carretera nacional, a fin de lograr una mayor conexión del país, misma que permita impulsar el crecimiento del comercio y de las cadenas productivas de la economía.

El municipio del Grullo, es un municipio que se ha convertido en estratégico con una población de aproximadamente 5 mil 499 habitantes, ha tenido un crecimiento sostenido en la última década.

Por ello es importante apoyar los proyectos como lo son: 1) La construcción de la carretera de la nueva Hacienda de Nueva - Cucuciapa, por la cantidad de 7 millones 575 mil pesos, con el objetivo de mejorar la comunicación en el municipio de El Grullo. También es importante apoyar 2) La rehabilitación del canal principal margen izquierdo del Km 12+760 al 14+203 que cruza la cabecera municipal por la cantidad de 9 millones 250 mil pesos, con la finalidad de mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos. Se requiere además la 3) La construcción de la Central de Bomberos en la Ciudad el Grullo, considerado una necesidad el potenciar la protección de los ciudadanos con los recursos para operar esta central con la cantidad 7 millones 500 mil pesos.

Por tanto, considero indispensable incrementar la asignación de recursos públicos respectivos, para que la autoridad competente para atender las necesidades de los ciudadanos.

Compañeros legisladores: por lo anteriormente expuesto, el suscrito solicito el respaldo y someto a consideración de esta Honorable Asamblea el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

Primero. Se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la H. Cámara de Diputados destinar recursos por 24 millones 325 mil pesos para la realización de obras de infraestructura pública y carretera del municipio de El Grullo, Jalisco dentro del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2013.

Salón de sesiones del H. Senado de la República, a 13 de diciembre de 2012.

Atentamente

Sen. José María Martínez Martínez”.

De la Senadora Ninfa Salinas Sada, del grupo parlamentario del PVEM, un punto de Acuerdo que exhorta a considerar mayores recursos económicos al Instituto Politécnico Nacional y se brinde certeza y seguridad jurídica en su cabal asignación, mismo que se turna a la Cámara de Diputados.

PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA A CONSIDERAR MAYORES RECURSOS ECONOMICOS AL INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL Y SE BRINDE CERTEZA Y SEGURIDAD JURIDICA EN SU CABAL ASIGNACION

“De la Senadora NINFA SALINAS SADA, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, la que contiene punto de acuerdo que exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a que, en el proceso de análisis, discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2013, se considere brindar mayores recursos económicos al Instituto Politécnico Nacional y se brinde certeza y seguridad jurídica en su cabal asignación.

La suscrita NINFA SALINAS SADA, Senadora de la República en la LXII Legislatura, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 8, fracción II, y 276 del Reglamento del Senado de la República, somete a la consideración de esta Honorable Asamblea, la presente Proposición con Punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

Una de las obligaciones fundamentales del Estado, es la educación. Con fundamento en la fracción V del artículo 3° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Estado además de impartir la educación preescolar, primaria, secundaria y media superior, deberá promover y atender todos los tipos y modalidades educativos, incluyendo entre éstas, la educación superior necesaria para el desarrollo de la nación, asimismo tiene la obligación de apoyar a la investigación científica y tecnológica.

Sin lugar a duda, la educación es un elemento con efectos múltiples, clave para el desarrollo y progreso de un país. Es crucial apoyar este rubro. Su avance o rezago se refleja en el desarrollo social, cultural, económico y productivo de una nación.

Actualmente, uno de cada dos mexicanos padece algún nivel de pobreza y la preparación impacta directamente en la calidad de vida:1

La mitad de la población vive con mil 904 pesos al mes, y 19 millones lo hacen con 904 pesos mensuales, lo que dificulta la inversión en los hogares mexicanos, en el tema de educación.

Por cada año adicional de educación en el país, el ingreso crece entre 11 y 12.4 Demostrando que la escolaridad tiene un efecto positivo y de impacto múltiple en el desarrollo personal y social.

Entre más años de estudio se cursen y se acumule experiencia, aumenta la probabilidad de participar en el mercado laboral.2

La CEPAL (Comisión Económica para América Latina y el Caribe) indica que:

“El Presupuesto Plurianual, (…) es un instrumento al servicio, sobre todo, de la conducción estratégica del Estado. Salvo para algunas situaciones excepcionales, no sirve para ser utilizado en la gestión administrativa, como sí lo hace el presupuesto público anual, aprobado por ley, el cual es necesario para que funcionen las instituciones públicas. El Presupuesto Plurianual es como la luz larga de un automóvil, que le sirve al conductor para ver más allá de lo que le permite la luz corta (el Presupuesto Anual), informándole con suficiente anticipación cuáles son los obstáculos que se le presentan y cómo reaccionar para evitarlos. Cuando la perspectiva de mediano plazo va ganando más espacios en la agenda política, se puede dar lugar a un círculo virtuoso, en el que paulatinamente mejora la calidad de las respuestas del gobierno a los problemas enfrentados.

Una respuesta pública que previamente ha sido suficientemente estudiada y evaluada, está enmejores condiciones de remover las causas generadoras, que la surgida de actitudes reactivas, cortoplacistas y excesivamente focalizada en eliminar los síntomas.”3

Desde mayo de 2008 se incorporó a la Constitución la facultad exclusiva de la Cámara de Diputados, para autorizar dentro del presupuesto de Egresos de la Federación, las erogaciones plurianuales para proyectos de inversión en infraestructura. Con dicha inclusión se pretendió garantizar la disponibilidad de recursos que trasciendan un ejercicio fiscal sin poner en riesgo su autorización anual, lo que se ha traducido en una mayor certidumbre del ejercicio de la inversión pública.

No obstante, y muy lamentablemente, hoy en día la educación no está considerada en el texto constitucional para que se le destinen partidas de este tipo. Pese a que existen reformas en discusión en la Cámara de Diputados para reformar el texto constitucional.

Sin embargo, esta situación no resta importancia a la educación en el progreso de un país y es preciso liberar a las instituciones educativas de la parálisis que provoca la incertidumbre anual de los presupuestos y que les permita, estar en posibilidad de realizar labores y estrategias de diseño de planes congruentes a mediano y largo plazos.

Es necesario otorgar la importancia que merece la educación media y superior para el desarrollo económico del país por su aporte tecnológico, científico y de innovación. Importancia que si bien es recurrida en el discurso político, pocas veces se ve materializada. Pasemos de las declaraciones a las acciones.

Los presupuestos anuales asignados a las instituciones educativas constantemente son objeto de recortes, mermando los proyectos planeados y obligando a dejar inconclusos proyectos, y cancelar tareas básicas como el mantenimiento de instalaciones.

Es manifiesta la vulnerabilidad de la educación y sus actuales presupuestos.

El Instituto Politécnico Nacional quien se ha posicionado, en sus cortos, pero exitosas 75 años, como una de las instituciones de educación superior más sólidas del país, generador de una gama importante de investigación en diversas áreas pero, sobre todo, como formador de recursos humanos de alta calidad.

Instituto que cuenta, como una de sus mayores aportaciones, la formación de más de 800 mil egresados de carrera profesional, que han cumplido un papel fundamental en el proceso del desarrollo e industrialización del país. Egresados que han estado presentes en todos los ámbitos de la vida nacional, y sin su participación sería impensable la fortaleza de industrias como la petrolera, la eléctrica, las telecomunicaciones, la computación o la construcción de infraestructura, por citar sólo algunos sectores fundamentales en el progreso del país.

Esta institución de la cual debemos sentirnos orgullosos todos los mexicanos, actualmente tiene complicaciones para cubrir cuotas de servicios tan básicos, como el pago del servicio de luz.

En el Proyecto de Egresos de la Federación 2012, el monto original para el Politécnico fue de 2 mil 119 millones, 932 mil 350 pesos, pero las autoridades educativas decretaron una reducción de 7.3 por ciento. Es así que el IPN está en peligro de suspender actividades y tareas sustantivas a causa del recorte de 156 millones 475 mil pesos 45 centavos que le anunció la Secretaría de Hacienda a través de la Secretaría de Educación Pública en septiembre de este año.

Por la reducción presupuestal, se estarán dejando de pagar en este mes de diciembre:

• 7.5 millones de pesos por concepto de 8 mil 900 becas a alumnos de nivel medio superior;

• 2.4 millones de pesos por 320 becas de nivel posgrado;

• Se afectará la provisión de mil 407 laboratorios y 132 talleres y habrá dificultades para cubrir el pago de servicios básicos de energía eléctrica, software, vigilancia, limpieza, agua y telefonía.

Situaciones similares son constantes desde hace tiempo, el mismo Instituto Politécnico Nacional desde el ejercicio fiscal del año 2010 ha pagado la deuda de años anteriores con presupuesto del ejercicio siguiente.

Cómo pedir más a las instituciones que han dado tanto al desarrollo y progreso del país, cuando son las primeras sacrificadas en los ajustes y proyectos de austeridad; cuando actúan y hacen todo lo posible para cumplir su labor con vocación pero se enfrentan a la incertidumbre y zozobra.

El contenido de este exhorto, se relaciona con el compromiso número 46 del recientemente firmado Pacto por México, en el que se contempla inversión del 1% del PIB en ciencia y tecnología. Y es coincidente con el compromiso número 47 que contempla definir prioridades, objetivos nacionales y regionales concretos, para estructurar un programa de largo plazo para el desarrollo especializado de la ciencia y la tecnología en todo el país.

En efecto, la educación como objetivo prioritario del Estado, se debe ver claramente en el presupuesto asignado y en el diseño del mismo. Es por ello que exhortamos a: brindar certeza y seguridad jurídica en la asignación de presupuestos al Instituto Politécnico Nacional y en general a todas las instituciones de educación media y superior

De igual forma, el contenido de este punto de acuerdo, es congruente con el documento recientemente presentado por el Rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, José Narro Robles, denominado:“Transformar el Sistema Educativo Nacional, Diez Propuestas para diez años”, documento elaborado por 76 académicos de 29 dependencias universitarias, cuyo objetivo es transformar el sistema educativo nacional.

Efectivamente, para poder impulsar el desarrollo de la democracia, la consolidación de la libertad, el impulso al progreso y desarrollo humano, la solidaridad y la tolerancia, la educación es instrumento fundamental.

Como legisladores, tenemos la obligación de hacer todo lo que esté a nuestro alcance, dentro de nuestras facultades, para fortalecer a las instituciones encargadas de la formación de los mexicanos.

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración del Pleno de esta Honorable Asamblea, el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

Único.- Se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados, para que en el proceso de análisis, discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal del año 2013, se considere brindar mayores recursos económicos al Instituto Politécnico Nacional y se brinde certeza y seguridad jurídica en su cabal asignación.

Dado en el Recinto del Senado de la República, a los 13 días del mes de diciembre del año dos mil doce.

Sen. Ninfa Salinas Sada”.

Es todo, señor Presidente.

PRESIDENCIA DEL C. SENADOR
ENRIQUE BURGOS GARCIA

- El C. Presidente Enrique Burgos García: Esta Presidencia ratifica los turnos de los que ha dado cuenta la Secretaría.

Se ha recibido de la Junta de Coordinación Política un Acuerdo, mismo que solicito a la Secretaría se sirva a dar lectura.


1 Miguel Cervantes Jiménez, catedrático de la Facultad de Economía de la UNAM, ponencia en la XXXVIII Reunión Trimestral del Centro de Modelística y Pronósticos Económicos (CEMPE) de la UNAM. http://www.economia.unam.mx/cempe/

2 Ibidem.

3 Martirene, Roberto A., “ Manual de presupuesto plurianual”, Instituto Latinoamericano y del Caribe de Planificación Económica y Social (ILPES), Series Manuales, no. 57, Santiago de Chile, noviembre de 2007, p. 5.






JUNTA DE COORDINACION POLITICA

- La C. Secretaria Mendoza Mendoza: (Leyendo)





Es cuanto, señor Presidente.

- El C. Presidente Burgos García: Consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el Acuerdo al que se ha dado cuenta.

- La C. Secretaria Díaz Lizama: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el anterior Acuerdo. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se aprueba, señor Presidente.

- El C. Presidente Burgos García: Gracias. Aprobado. Comuníquese.

Solicito ahora a la Secretaría informe a la Asamblea de las proposiciones que se turnarán directamente a comisiones del Senado, conforme lo ha solicitado cada uno de los promoventes.






PROPUESTAS

- La C. Secretaria Mendoza Mendoza: De las Senadoras Angélica Araujo Lara, Margarita Flores Sánchez, María del Rocío Pineda Gochi, Lisbeth Hernández, Mely Romero, Hilda Esthela Flores y Lilia Guadalupe Merodio un punto de Acuerdo en relación al acceso al derecho constitucional a la vivienda, mismo que se turna a la Comisión de Vivienda.



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De la Senadora María Cristina Díaz Salazar, un punto de Acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a considerar al Dihidrocloruro de Sapropterina como tratamiento para la Hiperfenilalaninemia y sea incluido en el cuadro básico y en el catálogo de medicamentos Interinstitucional, permitiendo el acceso a tratamientos para los pacientes, mismo que se turna a la Comisión de Salud.

PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA AL EJECUTIVO FEDERAL A CONSIDERAR AL DIHIDROCLORURO DE SAPROPTERINA COMO TRATAMIENTO PARA LA HIPERFENILALANINEMIA Y SEA INCLUIDO EN EL CUADRO BASICO Y CATALOGO DE MEDICAMENTOS INTERINSTITUCIONAL PERMITIENDO EL ACCESO A TRATAMIENTO PARA LOS PACIENTES

“La suscrita, CRISTINA DIAZ SALAZAR, Senadora de la República de la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, Integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 8, numeral 1, fracción II y 276, numeral 1 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea, la siguiente proposición con punto de Acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo Federal, para que a través de la Secretaría de Salud y del Consejo de Salubridad General, se considere al Dihidrocloruro de Sapropterina como tratamiento para la Fenilcetonuria ó PKU (por sus siglas en inglés PhenilKetonUria) ó Hiperfenilalaninemia y sea incluido en el Cuadro Básico y Catálogo de Medicamentos Interinstitucional permitiendo el Acceso a Tratamiento para los Pacientes.

CONSIDERACIONES

El Dihidrocloruro de Sapropterina es una copia sintética del cofactor conocido como tetrabiopterina (BH4); este cofactor es necesario en el organismo para transformar al aminoácido Fenilalanina en Tirosina. Tanto la fenilalanina como la tirosina son aminoácidos indispensables para la formación de proteínas que constituirán el cuerpo del recién nacido, por lo que la restricción de fenilalanina debe ser la adecuada para cada niño, de forma que alcance una concentración en sangre y tejidos correcta. Al suprimir algo tan importante como es un aminoácido de la dieta, se pueden ocasionar algunos problemas secundarios, que justifican que esta dieta restringida en fenilalanina deba ser adaptada y suplementada con otros muchos micronutrientes y con el Dihidrocloruro de Sapropterina.

Su uso está indicado tanto para el tratamiento de la Hiperfenilalaninemia causada tanto por la Deficiencia del Cofactor BH4 como por la Fenilcetonuria promoviendo el metabolismo normal de laFenilalanina y permitiendo que incluso pacientes que responden al tratamiento puedan ajustar una dieta con un mayor consumo de Fenilalanina presente en nuestro país en el maíz, frijoles, lácteos, huevo, cárnicos, etc.

La respuesta generales estimada entre el 55-62% de los pacientes que inician tratamiento; esta respuesta sólo puede ser determinada a través de una prueba de certeza clínica en la cual se inicia por treinta días el tratamiento y se miden los niveles de fenilalanina en sangre; la respuesta se asocia fuertemente a la presencia de fenilalanina hidroxilasa residual la cual es activada por el Dihidrocloruro de Sapropterina.

Al sustituir la BH4 que el cuerpo no puede producir el Dihidrocloruro de Sapropterina reduce el exceso dañino de fenilalanina en la sangre y aumenta la tolerancia a la fenilalanina de la dieta. Ha sido aprobada por diferentes organismos internacionales como el único tratamiento farmacológico para la hiperfenilalaninemia.

• La FDA en diciembre de 2007aprobó el Dihidrocloruro de Sapropterina para el tratamiento de la hiperfenilalaninemia en pacientes con Fenilcetonuria con una edad igual o menor a 4 anos, quienes han mostrado responder a este tratamiento así como para el tratamiento de deficiencia de cofactor BH4 detectable mediante el Tamiz Metabólico Neonatal Ampliado para detección de errores innatos del metabolismo.

• EMA lo autorizo para 27 países de esa región desde el 2008.

• COFEPRIS lo aprobó como tratamiento para reducir los niveles sanguíneos de fenilalanina en pacientes con hiperfenilalaninemia debido a Fenilcetonuria que responde a tetrahidrobiopterina y en el tratamiento de hiperfenilalaninemia de pacientes adultos y pediátricos con deficiencia de tetrahidrobiopterina quienes han mostrado respuesta a tal tratamiento, oficio 103300404C0027 de fecha 24 de agosto de 2010. Es importante señalar que el Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva de la Secretaría de Salud, a través de su lineamiento técnico denominado “Tamiz Neonatal, Detección, Diagnóstico, Tratamiento y Seguimiento de los Errores Innatos del Metabolismo” primera edición, julio de 2010, página 75, prescribe, para el tratamiento de la Fenilcetonuria la sapropterina.

El esquema de Tratamiento con Dihidrocloruro de Sapropterina se ajusta de acuerdo con el peso corporal del paciente para optimizar el tratamiento y lograr la mayor disminución en los niveles de Fenilalanina en sangre, siendo por Vía Oral 10 miligramos por kilogramo de peso corporal por 1 Semana y posterior 5, 10 o 20 miligramos por kilogramo de peso corporal por semana como mantenimiento por 52 semanas año con el Objetivo Clínico de mantener niveles de Fenilalanina en Sangre menores a 360 micro moles por litro sanguíneo.

Como objetivo clínico secundario en los pacientes con Fenilcetonuria se obtiene elaumentar la tolerancia de la Fenilalanina presente en la dieta y por consiguiente una ingesta potencialmente normal durante el tratamiento con Dihidrocloruro de Sapropterina.

Se ha demostrado mediante estudios clínicos (Levy HL y colaboradores, 2007) que aquellos pacientes que recibieron Dihidrocloruro de Sapropterina como tratamiento para la Hiperfenilalaninemia, mostraron una adherencia al tratamientode 95.7%; mientras que el 100% de los pacientes en el estudio habían incumplido o abandonado la dieta con restricciones de Fenilalanina, con ello aumentando la posibilidad de complicaciones y afección Neurológica.

Aunque las dosis de mantenimiento en el tratamiento de Dihidrocloruro de Sapropterina puede variar entre 5, 10, 20 mg/kg cada 24 hrs, al realizar un Análisis Económico y de impacto presupuestal con la perspectiva del Sistema de Salud Mexicano y tomando la dosis de 20 mg/kg para evitar sesgos en la información, se pudo valorar que elImpacto presupuestal para las Instituciones de Salud en México sería menor al 0.0013% del Gasto Público en Salud por año, lo cual es un impacto muyaceptable para ser una Enfermedad Rara con un tratamiento considerado en la normatividad como Medicamento Huérfano de acuerdo con el Lineamiento Técnico oficial para el tratamiento en México de las enfermedades congénitas y errores innatos del metabolismo en el cual ya se contempla al Dihidrocloruro de Sapropterina como tratamiento para la Hiperfenilalaninemia.

La Hiperfenilalaninemia debe de ser considerada como una Enfermedad Catastrófica ya que el impacto económico familiarno solo va en relación a los costos para el manejo de la enfermedad en los suplementos alimenticios, el tratamiento con Dihidrocloruro de Sapropterina, también impactan a mediano y largo plazo el tratamiento anticonvulsivante, las consultas con especialistas, los exámenes de laboratorio y gabinete así como los costos por la pérdida de productividad de una persona que no recibe tratamiento la cual es limitada en su desarrollo intelectual y profesional derivado de la falta de control en los niveles de fenilalanina.

También el costo social por la morbi/mortalidad causada por la falta de una detección oportuna y del tratamiento adecuado a esta población en particular deberá de ser considerado por las autoridades.

Se debe de establecer especial cuidado con el uso del Dihidrocloruro de Sapropterina en pacientes con deficiencia de cofactor BH4 o si el Paciente con Fenilcetonuria que debe tratarse es menor de 4 años, recomendando mantener la evaluación continua sobre los niveles de Fenilalanina en sangre y la respuesta durante el tratamiento.

En todos los casos se debe continuar la DIETA según las recomendaciones médicas así como el monitoreo de los niveles de Fenilalanina en sangre.

Derivado de la baja incidencia y prevalencia que estos pacientes representan para el Sistema de Salud en nuestro país y pudiendo brindar el Derecho a la Salud que nos es otorgado en nuestra Carta Magna, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos el cual permitiría que este grupo de Mexicanos pudieran tener una vida normal y ser Ciudadanos Productivoses por lo que se presenta el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

UNICO. Se exhorta al Gobierno Federal para que a través de la Secretaría de Salud el Consejo de Salubridad General se considere al Dihidrocloruro de Sapropterina como tratamiento parala Hiperfenilalaninemia y sea incluido en el Cuadro Básico y Catálogo de Medicamentos Interinstitucional permitiendo el Acceso a Tratamiento para los Pacientes.

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Senadores, a 13 de diciembre de 2012.

Sen. María Cristina Díaz Salazar”.

Es todo, señor Presidente.

- El C. Presidente Burgos García: Gracias, esta Presidencia ratifica los turnos de los que se han dado cuenta.

La efeméride inscrita en el Orden del Día se insertará en el Diario de los Debates.






EFEMERIDE

De la C. Senadora Angélica Araujo Lara, del grupo parlamentario del PRI, en conmemoración del 225 aniversario del natalicio del Licenciado Andrés Quintana Roo.

“EFEMERIDE RELATIVA AL DÍA 30 DE NOVIEMBRE DE 2012, QUE CONMEMORA 225 AÑOS DEL NATALICIO DEL LICENCIADO ANDRÉS QUINTANA ROO

H. Cámara de Senadores.

Senadoras y Senadores.

En la Sexagésima Segunda Legislatura del Senado de la Republica, hoy rendimos un merecido homenaje, a un prócer de la independiera nacional y gran político, Don Andrés Eligio Quintana Roo, excepcional yucateco, del cual los habitantes de México, nos sentimos muy orgullosos.

A 225 años de su nacimiento, recordamos al patriota e ilustre de la lucha de independencia, un hombre que consolidó por medio de la pluma, las armas y la voz las garantías, que debía tener la declaración de independencia de 1813, en la Asamblea Constituyente, del Congreso de Chilpancingo.

Celebramos al Diputado, Senador, Secretario de Estado, Magistrado de la Suprema Corte de Justicia y miembro del Gobierno Tripartito de 1829, que con talento de Abogado, Poeta y Político, consolido las nuevas instituciones del México independiente.

Luchador incansable, a lado del Gral. José María Morelos y Pavón, combatió las causas justas, de una lucha en pro de los habitantes de nuestro país, escritor nato, que relato, pero también vivió, la guerra que nos daría libertad y equidad.

Casado, con una mujer de valentía y coraje, como lo fue Leona Vicario, quien se dedicó a informar a los insurgentes de todos los movimientos que podían interesarles y que ocurrían en la capital virreinal. Miembro de los Guadalupes, sociedad anónima, que estaba en pro de la independencia de nuestro país y financiadora con su propia fortuna de las causas insurgentes.

Fue el 13 de Septiembre de 1813, siendo Andrés Quintana Roo, Presidente de la Asamblea Constituyente del Congreso de Chilpancingo, donde se decretó la abolición de la esclavitud, se establecieron los derechos del pueblo, sin distinción de clases sociales y castas; se ordenó el reparto de los latifundios y se votó la declaración de Independencia.

En el ámbito personal, su personalidad y ética es perfectamente descrita por Ignacio Manuel Altamirano: “Un poeta de la Independencia”.

Quintana Roo, estaba siempre dispuesto a servir a los intereses de la Patria. De aquí que fuese designado en 1841 para tratar la reincorporación de Yucatán a la Republica, objeto que consiguió al fin después de muchos empeños. Y cuando la Patria se veía amenazada por la guerra con Francia, dirigió una inolvidable carta al Gobierno, diciéndole que, aunque sus caudales eran exiguos, los ponía todos desde luego a disposición de aquel, porque nunca había más deseo que el de servir a México.

Los grandes méritos literarios de don Andrés lo hicieron proclamar Presidente Vitalicio de la Primera Academia Mexicana, la de Letrán, puesto que sirvió con el desinterés y el amor que caracterizaron los actos de su vida.

Compañeras y compañeros Senadores.

Hoy a 225 años de su nacimiento, el ejemplo de un gran patriota, nos alienta a construir un México mejor. Su onomástico debe ser motivo de unidad y compromiso con su memoria a seguir luchando en defensa de la nación.

El Lic. Andrés Quintana Roo, tiene una presencia permanente en nuestra vida, en la política moderna, y sobre todo en la unidad nacional, que es ejemplo de constancia y tenacidad.

Fue un 06 de noviembre de 1939, en sesión solemne, cuando la H. Cámara de Diputados, inscribió en su muro de honor, en letras de oro, el nombre de Andrés Quintana Roo, ilustre yucateco fundador de la cohesión nacional.

En el Grupo Parlamentario del PRI, recordamos al luchador de la Independencia, al legislador emérito del I Congreso Constituyente y al gran ideólogo del nacionalismo en nuestro país. Los mexicanos, pero sobre todo los Yucatecos, tenemos el compromiso de retomar su gran ejemplo e ideología, de comprometernos a legislar y representar por las causas de nuestro México.

Sen. Angélica Araujo Lara.






CITA

Se cita a la siguiente sesión el próximo martes 18 de diciembre a las 11:00 horas.

(Se levantó la sesión a las 18:32 horas)

Directorio

DIARIO DE LOS DEBATES

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