Senado de la República.
Sesión Plenaria.
Lunes 25 de septiembre de 2017
    
    

Última actualización: septiembre 2017
Última revisión: septiembre 2017

Diario de los Debates
LXII
              Legislatura
1er
Año
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DIARIO DE LOS DEBATES

DE LA CÁMARA DE SENADORES
DEL CONGRESO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS


AÑO I                       Primer Periodo Ordinario                       LXII Legislatura                       Sesión Núm. 34


Sesión Pública Ordinaria Celebrada
en la Ciudad de México, el 11 de Diciembre de 2012

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PRESIDENCIA DEL C. SENADOR
ERNESTO JAVIER CORDERO ARROYO

APERTURA

- El C. Presidente Ernesto Javier Cordero Arroyo: (11:56 horas) Solicito a la Secretaría informe a la Asamblea el resultado del cómputo de asistencia de los señores Senadores.

- La C. Secretaria Lilia Guadalupe Merodio Reza: Honorable Asamblea, conforme al registro de asistencia se han acreditado 78 ciudadanos Senadores.

En consecuencia, hay quórum, señor Presidente.

- El C. Presidente Cordero Arroyo: Se abre la sesión del martes 11 de diciembre de 2012, correspondiente al primer periodo ordinario de sesiones del primer año de ejercicio de la LXII Legislatura.

El Orden del Día está disponible en el monitor de sus escaños, con lo cual se informa de los asuntos que corresponden a la agenda del hoy. El acta de la sesión anterior se encuentra publicada en la Gaceta del Senado de este día.

“ACTA DE LA SESION CELEBRADA EL JUEVES
SEIS DE DICIEMBRE DE DOS MIL DOCE

PRESIDE EL SENADOR
ERNESTO CORDERO ARROYO

 

En la ciudad de México, Distrito Federal, a lasdoce horas con cincuenta y siete minutos del día jueves seis de diciembre de dos mil doce, encontrándose presentes ciento uno ciudadanos Senadores, según relación anexa, la Presidencia declaró abierta lasesión.

(Lectura del Orden del Día)

La Secretaría dio por conocido el contenido delOrden del Día de la sesión de esta fecha, debidoa la publicación en la Gaceta del Senado y a sudifusión.

(Acta de la sesión anterior)

Se aprobó en votación económica el Acta de la Sesión del martes cuatro de diciembre de 2012.

(Comunicación)

Se recibió de la Comisión de Seguridad Social, su Programa de Trabajo.- Quedó de enterado.

 

Se recibió del Senador Manuel H. Cota Jiménez, Presidente de la Comisión de Agricultura y Ganadería, el Plan de Trabajo de la Comisión.- Quedó de enterado.

 

Se recibió de la Senadora Silvia Guadalupe Garza Galván, oficio por el que informa que el 29 de noviembre del año en curso quedó instalada la Comisión Especial de Cambio Climático.- Quedó de enterado.

 

Se recibió de la Senadora Diva Hadamira Gastélum Bajo, Informe de actividades de la Décima Reunión de la Red de Parlamentarios de Contacto para Detener la Violencia Sexual contra los Niños, de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, realizada en Moscú, Rusia, el 20 de noviembre de 2012.- Quedó de enterado.

 

Se recibió de la Senadora Ana Gabriela Guevara, Presidenta de la Comisión de Asuntos Migratorios, Informe de actividades del Foro "México y la Migración Internacional, Escenarios de la Coyuntura 2012", realizado en Tijuana, Baja California, el 23 de noviembre de 2012.- Quedó de enterado.

 

Se recibió del Senador Adolfo Romero Lainas, Informe del "Simposium por la Calidad Educativa y Presupuestal de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca", realizado en Oaxaca el 26 de noviembre de 2012.- Quedó de enterado.

 

Se recibió del Senador Fernando E. Mayans Canabal, Informe de actividades de la Segunda Reunión de Legisladores de Seguridad Social de Latinoamérica, realizada en Buenos Aires, Argentina, los días 21 al 23 de noviembre de 2012.- Quedó de enterado.

 

PRESIDE EL SENADOR
JOSE ROSAS AISPURO TORRES

 

Se recibió de la Comisión de Energía, respuesta al punto de Acuerdo en torno al convenio de comodato entre el SAE y la CFE, por parte de la propia Comisión Federal de Electricidad.- Quedó de enterado. Se instruyó a la Secretaría Parlamentaria descargar el asunto de sus registros y darlo por concluido.

 

Se recibió de la Secretaría de Gobernación, oficio con el que remite similar de la Secretaría de Economía, con el Informe Estadístico sobre el Comportamientode la Inversión Extranjera Directa en México, correspondiente al periodo enero-septiembre de 2012.- Se remitió a la Comisión de Comercio y Fomento Industrial.

 

Se recibió del Instituto Federal de Especialistas de Concursos Mercantiles, Informe Semestral de labores correspondiente al período del 1 de junio al 15 de noviembre de 2012.- Se remitió a la Comisión de Comercio y Fomento Industrial.

 

Se recibió de la Cámara de Diputados, las listas de diputados que integrarán las Delegaciones ante el Parlamento Latinoamericano y ante la Confederación Parlamentaria de las Américas.- Se remitió a la Junta de Coordinación Política.

 

El Presidente de la Mesa Directiva solicitó un minuto de silencio en memoria de la C. Edna Rodríguez González.

(Dictamen a discusión)

Se sometió a consideración de la Asamblea un dictamen de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, con puntos de Acuerdo por los que se ratifican diversos nombramientos de empleados superiores de Hacienda.- Sin discusión, fue aprobado por 116 votos en pro. Los funcionarios rindieron su protesta de ley.

(Dictamen de Primera Lectura)

Se dio Primera Lectura a un dictamen de las Comisiones Unidas de Gobernación y de Estudios Legislativos, Primera, con proyecto de Decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.- Se dispensó su segunda lectura. Para presentar el dictamen, intervinieron los Senadores: Cristina Díaz Salazar, Presidenta de la Comisión de Gobernacióny Raúl Gracia Guzmán, Presidente de la Comisiónde Estudios Legislativos, Segunda. Para fijarel posicionamiento de los Grupos Parlamentarios, hicieron uso de la palabra los Senadores: Manuel Bartlett Díaz del PT; Luis Armando Melgar Bravo del PVEM; Layda Sansores San Román; Armando Ríos Piter del PRD; Héctor Larios Córdova del PAN; y Raúl Cervantes Andrade del PRI. Para la discusión en lo general, intervinieron los Senadores: Javier Corral Jurado del PAN; Armando Ríos Piter del PRD; Omar Fayad Meneses del PRI; Manuel Camacho Solís del PRD; David Penchyna Grub del PRI; y Roberto Gil Zuarth del PAN. El Presidente de la Mesa Directiva informó de las reservas al artículo 27, en su fracción XVI y al último párrafo del mismo artículo, por parte del Senador Raúl Cervantes Andrade; y al artículo Décimo Segundo Transitorio del proyecto, reservado por el Senador Raúl Gracia Guzmán. El dictamen fue aprobado en lo general y los artículos no reservados por 114 votos en pro, 4 en contra y 5 abstenciones. El Presidente de la Mesa Directiva informó que el Senador Raúl Gracia Guzmán retiró la reserva al artículo Décimo Segundo Transitorio del proyecto, por lo que se procedió a su votación en los términos del dictamen. Fue aprobado por 116 votos en pro y 5 abstenciones.

PRESIDE EL SENADOR
ERNESTO CORDERO ARROYO

Para presentar la reserva a la fracción XVI y al último párrafo del artículo 27, hizo uso de la palabra el Senador Raúl Cervantes Andrade, la propuesta se admitió a discusión. Intervinieron los Senadores: Zoé Robledo Aburto del PRD; Fidel Demédicis Hidalgo del PRD; Roberto Gil Zuarth del PAN; Arturo Zamora Jiménez del PRI; Jorge Luis Preciado Rodríguez del PAN; y Javier Corral Jurado del PAN.

Derivado del resultado de la votación emitida, el Presidente de la Mesa Directiva levantó la sesión por falta de quórum.

 

La Presidencia dio por concluida la sesión a las dieciséis horas con cuarenta minutos.

LISTA DE ASISTENCIA DE LA SESION ANTERIOR



En consecuencia, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba.

- La C. Secretaria Merodio Reza: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba el acta de la sesión anterior. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque se rechace, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobada el acta, señor Presidente.

- El C. Presidente Cordero Arroyo: Pasamos al siguiente asunto.






COMUNICACIONES

- La C. Secretaria Merodio Reza: Se recibió una comunicación de la Comisión de Energía, por la que informa de la recepción de la respuesta al punto de Acuerdo sobre seguridad industrial, por parte de Petróleos Mexicanos.

“COMISION DE ENERGIA

6 de diciembre de 2012
CE/15-LXII/2012

SEN. ERNESTO CORDERO ARROYO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
PRESENTE.

En relación a la proposición con punto de Acuerdo para solicitar información a Petróleos Mexicanos y a la Comisión Nacional de Hidrocarburos informes detallados de las acciones implementadas para mejorar la regulación en materia de seguridad industrial, tanto en prevención como en atención de emergencias en las instalaciones de la empresa, que presentó el Senador Benjamín Robles Montoya, turnado a esta Comisión mediante oficio No. DGPL-1P1A.-464, me permito enviar a usted la información que recibió este órgano legislativo por parte de Pemex y de la C.N.H., por lo que le solicito respetuosamente se sirva girar sus apreciables instrucciones para que este asunto se considere debidamente concluido.

Cabe subrayar que copia de la misma fue entregada a los promoventes y a los integrantes de la Comisión de Energía.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

Atentamente

Sen. David Penchyna Grub
Presidente”.

- El C. Presidente Cordero Arroyo: Esta Asamblea ha quedado debidamente enterada. Se instruye a la Secretaría Parlamentaria descargar el asunto de sus registros y darlo por concluido.

Pasamos al siguiente asunto.

- La C. Secretaria Merodio Reza: Se recibieron las siguientes comunicaciones:

De la Senadora Martha Elena García Gómez, Presidenta la Comisión Especial de los Derechos de la Niñez y de la Adolescencia, por la que informa que el 29 de noviembre del año en curso, quedó instada dicha comisión.

Y de la Senadora Arely Gómez González, Presidenta del Comité de Garantía de Acceso y Trasparencia de la Información, por la que informa que el 29 de noviembre del año en curso quedó instalado dicho comité.

- El C. Presidente Cordero Arroyo: Esta Asamblea ha quedado debidamente enterada.

Pasamos al siguiente asunto.






CAMARA DE DIPUTADOS

- La C. Secretaria Merodio Reza:Se recibió de la Cámara de Diputados, un oficio con el Acuerdo por el que se integran las representaciones de los Diputados que participarán en las Comisiones Bicamarales de Seguridad Nacional, del Canal de Televisión y del Sistema de Bibliotecas del Congreso de la Unión.

“CAMARA DE DIPUTADOS

Mesa Directiva

LXII LEGISLATURA
OFICIO No. D. G. P. L. 62-II-8-0529

C. SECRETARIOS DE LA
H. CAMARA DE SENADORES
PRESENTES.

En sesión celebrada en esta fecha la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, aprobó el Acuerdo de la Junta de Coordinación Política, por el que se integran las representaciones de Diputados de la LXII Legislatura que participarán en las Comisiones Bicamarales de Seguridad Nacional, del Canal de Televisión y del Sistema de Bibliotecas del Congreso de la Unión.

Lo que comunicamos a ustedes, para los efectos a que haya lugar.

México, D.F., a 6 de diciembre de 2012.

Dip. Javier Orozco Gómez
Secretario”.



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- El C. Presidente Cordero Arroyo: Remítase copia del Acuerdo a la Junta de Coordinación Política y a los Senadores integrantes de esas comisiones bicamarales.

Informo a la Asamblea, que se recibió del Senador José Francisco Yunes Zorrilla, a nombre propio y de los integrantes del grupo parlamentario del PRI, una iniciativa con proyecto de Decreto que reforma la Ley para Regular las Actividades de las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo, así como los Artículos Primero y Tercero Transitorios del Artículo Primero del Decreto por el que se expide la Ley para Regular las Actividades de las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo y se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley General de Sociedades Cooperativas, de la Ley de Ahorro y Crédito Popular, de la Ley de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y de la Ley de Instituciones de Crédito. Este proyecto se turna a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público; y de Estudios Legislativos, Primera para su análisis y dictamen correspondiente.






INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETOQUE REFORMA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY PARA REGULAR LAS ACTIVIDADES DE LAS SOCIEDADES COOPERATIVAS DE AHORRO Y PRESTAMO, ASI COMOLOS ARTICULOS PRIMERO Y TERCERO TRANSITORIOS DEL ARTICULO PRIMERO DEL DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY PARA REGULAR LAS ACTIVIDADES DE LAS SOCIEDADES COOPERATIVAS DE AHORROY PRESTAMO Y SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES COOPERATIVAS, DE LA LEY DE AHORRO Y CREDITO POPULAR, DE LA LEY DE LA COMISION NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES Y DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO

(Presentada por el C. Senador José Francisco Yunes Zorrilla, a nombre propio y de los integrantes del grupo parlamentario del PRI)



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Solicito a la Secretaría dé cuenta con el Proyecto de Presupuesto del Senado.






COMISION DE ADMINISTRACION

- La C. Senador Martha Palafox Gutiérrez: Para los efectos de los artículos 66, inciso g) y 99 de la Ley Orgánica del Congreso General, se recibió de la Comisión de Administración el Proyecto de Presupuesto del Senado para el mes de diciembre de 2012.

Es todo, señor Presidente.

- El C. Presidente Cordero Arroyo: Está a consideración de la Asamblea el Proyecto de Presupuesto. Por no haber quien haga uso de la palabra, solicito a la Secretaría consulte a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba.

- La C. Secretaria Palafox Gutiérrez: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el Proyecto de Presupuesto. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobado, señor Presidente.

- El C. Presidente Cordero Arroyo: Aprobado el Presupuesto de la Cámara de Senadores para el mes de diciembre de 2012.

Tenemos la primera lectura de un dictamen de las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores; y de Defensa Nacional, con proyecto de Decreto por el que se concede autorización al Presidente de los Estados Unidos Mexicanos para permitir que once elementos del Ejército Mexicano puedan salir del territorio nacional para cooperar en la construcción de un tramo carretero en el Puente Fronterizo Binacional Santa Elena en Corazal, Belice.






DECRETO POR EL QUE SE CONCEDE AUTORIZACION AL CIUDADANO PRESIDENTE DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS PARA PERMITIR QUE ONCE ELEMENTOS DEL EJERCITO MEXICANO PUEDAN SALIRDEL TERRITORIO NACIONAL PARA COOPERAR EN LA CONSTRUCCION DE UN TRAMO CARRETERO EN EL PUENTE FRONTERIZO BINACIONAL SANTA ELENA EN CORAZAL, BELICE, CON LAS AUTORIDADES DE ESE PAIS

(Dictamen de primera lectura)

“COMISIONES UNIDAS DE RELACIONES EXTERIORES;
Y DE DEFENSA NACIONAL

H. ASAMBLEA:

A las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores y de Defensa Nacional, de la LXII Legislatura de la Cámara de Senadores, les fue turnada, para su estudio y elaboración del dictamen correspondiente, la solicitud formulada por el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos a esta Soberanía, para que miembros del Ejército Mexicano apoyen en la construcción de un tramo carretero en el Puente Fronterizo Binacional Santa Elena en Corazal, Belice.

Los miembros del Ejército Mexicano que estarán apoyando en la construcción de dicho puente, será en el marco de la cooperación bilateral entre los Estados Unidos Mexicanos y Belice, por lo que atendiendo a la solicitud de dicho país, se procede el presente dictamen.

Las Comisiones que suscriben en pleno uso de las facultades que les confieren la fracción III del artículo 76 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los artículos 85, 86 y 94 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 229, 230 numeral 1 fracción IV y demás relativos y aplicables del Reglamento del Senado, someten a la consideración de los integrantes de esta Honorable Asamblea el presente dictamen de conformidad con los siguientes:

I. ANTECEDENTES

Primero. En fecha 20 de noviembre del 2012, mediante oficio número SEL/300/429/12, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 27, fracción XIV de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, el titular del Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría de Gobernación, sometió a la consideración de la Cámara de Senadores, la solicitud citada en el proemio del presente dictamen para los efectos de los dispuesto por el artículo 76, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Segundo. En fecha 20 de noviembre del 2012, la Mesa Directiva de este Órgano Legislativo, mediante oficio número DGPL-1P1A.-2203 turnó la solicitud del Presidente de la República a las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores y de Defensa Nacional, para su estudio y elaboración del dictamen correspondiente.

II. CONTENIDO DE LA SOLICITUD DEL TITULAR DEL EJECUTIVO FEDERAL

Los elementos de información y justificación de la solicitud formulada por el Titular del Ejecutivo Federal, se resumen a continuación:

• En el marco de la cooperación bilateral entre los Estados Unidos Mexicanos y Belice, el Ministerio de Asuntos Exteriores de ese país presentó al Gobierno de México, una solicitud de apoyo para la construcción de un tramo carretero en el Puente Fronterizo Binacional Santa Elena en Corazal, Belice.

• Dicho proyecto responde al acuerdo entre ambos Gobiernos para abrir el nuevo puente internacional al comercio, lo que permitirá un más eficiente y seguro tránsito de personas y bienes entre ambos países, beneficiando directamente a más de dos mil novecientas personas que habitan en ambos lados de la frontera.

• Por lo anterior, y de acuerdo a la capacidad del personal de la Secretaría de la Defensa Nacional, se somete a la autorización de este Órgano Legislativo, autorización para que dicha dependencia envíe a Belice 11 miembros del Ejército Mexicano de la Dirección General de Ingenieros.

III. CONSIDERACIONES

Primera. El Senado de la República tiene la facultad exclusiva de autorizar al Presidente de los Estados Unidos Mexicanos para que pueda permitir la salida de tropas nacionales fuera de los límites del país, en términos de lo establecido por la fracción III del artículo 76 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Segunda. El proyecto en comento, responde al acuerdo entre ambos Gobiernos para abrir un nuevo puente internacional al comercio, que permitirá un más eficiente y seguro tránsito de personas y bienes entre ambos países, beneficiando directamente a más de dos mil novecientas personas que habitan en ambos lados de la frontera.

Tercera. El Gobierno de Belice realizó dicha solicitud en virtud de la experiencia y capacidad del personal de la Secretaría de la Defensa Nacional, por lo que se solicitó la salida de 11 miembros del Ejército Mexicano. Dicha comitiva la conformarán un Coronel, un Capitán, un Subteniente y ocho elementos de tropa de la Dirección General de Ingenieros de dicha dependencia.

Cuarta. Los elementos del Ejército Mexicano que viajarán a Belice, asistirán al apoyo de la construcción del citado tramo carretero, sin armamento y únicamente con el equipo y maquinaria necesarios para la colaboración en el proyecto, que tendrá una duración de cuatro semanas.

Quinta. Para dar cumplimiento y continuidad a la cooperación bilateral entre los Estados Unidos Mexicanos y Belice, las Comisiones Unidas consideran conveniente autorizar la salida del personal del Ejército Mexicano, a afecto de que apoyen a la construcción del citado tramo carretero.

En virtud de las consideraciones anteriormente vertidas, los Senadores integrantes de las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores y de Defensa Nacional proponen a esta Honorable Asamblea la aprobación del siguiente:

DECRETO

Primero. La Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión, en pleno uso de las facultades que le confiere la fracción III del artículo 76 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, concede su autorización al ciudadano Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, para permitir que once elementos del Ejército Mexicano (un Coronel, un Capitán, un Subteniente y ocho elementos de tropa) de la Dirección General de Ingenieros, puedan salir del territorio nacional para cooperar en la construcción de un tramo carretero en el Puente Fronterizo Binacional Santa Elena en Corazal, Belice, con las autoridades de ese país.

Segundo. La Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión solicita respetuosamente al titular del Ejecutivo Federal instruya al Secretario de la Defensa Nacional, para que presente a esta Soberanía un informe sobre los resultados del presente proyecto.

TRANSITORIO

UNICO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el salón de comisiones, a 28 de noviembre de 2012.

COMISION DE RELACIONES EXTERIORES

COMISION DE DEFENSA NACIONAL”.

En virtud de que se encuentra publicado en la Gaceta de este día y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 195 del Reglamento, es de primera lectura.

Consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si autoriza que se dispense la segunda lectura del dictamen y se ponga a discusión de inmediato.

- La C. Secretaria Palafox Gutiérrez: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si autoriza que se dispense la segunda lectura del anterior dictamen. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se dispensa la segunda lectura, señor Presidente.

- El C. Presidente Cordero Arroyo: En consecuencia, está a discusión el mencionado dictamen. No habiendo oradores registrados, háganse los avisos a que se refiere el artículo 58 del Reglamento para informar de la votación.

Con fundamento en el artículo 98 del Reglamento, ábrase el sistema electrónico de votación por tres minutos para recoger la votación nominal del proyecto de Decreto.

“SENADORES EN PRO: 95

A TRAVÉS DEL SISTEMA ELECTRONICO: 89

AISPURO TORRES JOSÉ ROSAS

ALBORES GLEASON ROBERTO ARMANDO

ÁLVAREZ GARCÍAIVONNE LILIANA

AMADOR GAXIOLA DANIEL

ÁVILA RUIZ DANIEL GABRIEL

AYALA ALMEIDA JOEL

BARTLETT DÍAZ MANUEL

BERISTAIN NAVARRETE LUZ MARÍA

BLASQUEZ SALINAS MARCO A.

BURGOS GARCÍA ENRIQUE

BÚRQUEZ VALENZUELA FRANCISCO

CALDERÓN HINOJOSA LUISA MARÍA

CAMACHO SOLÍS MANUEL

CASILLAS ROMERO JESÚS

CAVAZOS LERMA MANUEL

CORDERO ARROYO ERNESTO

CORRAL JURADO JAVIER

CUÉLLAR CISNEROS LORENA

DE LA PEÑA GÓMEZ ANGÉLICA

DEMEDICIS HIDALGO FIDEL

DÍAZ LIZAMA ROSA ADRIANA

ESCUDERO MORALES PABLO

FAYAD MENESES OMAR

FERNÁNDEZ AGUIRRE BRAULIO M.

FLORES ESCALERA HILDA ESTHELA

FLORES RAMÍREZ JUAN GERARDO

FLORES SÁNCHEZ MARGARITA

GAMBOA PATRÓN EMILIO

GÁNDARA CAMOU ERNESTO

GARCÍA CABEZA DE VACA FRANCISCO

GARCÍA GÓMEZ MARTHA ELENA

GARZA GALVÁN SILVIA GUADALUPE

GIL ZUARTH ROBERTO

GÓMEZ GONZÁLEZ ARELY

GONZÁLEZ CANTO FÉLIX

GONZÁLEZ CUEVAS ISAÍAS

GRACIA GUZMÁN RAÚL

GUERRA CASTILLO MARCELA

HERMOSILLO Y CELADA VÍCTOR

HERNÁNDEZ LECONA LISBETH

HERRERA ALE JUANA LETICIA

HERRERA ÁVILA FERNANDO

IRIZAR LÓPEZ AARÓN

JUÁREZ CISNEROS RENÉ

LÓPEZ BRITO FRANCISCO S

LOZANO ALARCÓN JAVIER

MARTÍNEZ GARCÍA PATRICIO

MARTÍNEZ MARTÍNEZ JOSÉ MARÍA

MAYANS CANABAL FERNANDO E.

MAYANS CANABAL HUMBERTO

MELGAR BRAVO LUIS ARMANDO

MENDOZA DAVIS CARLOS

MENDOZA DÍAZ SONIA

MENDOZA MENDOZA IRIS VIANEY

MERODIO REZA LILIA GUADALUPE

MORÓN OROZCO RAÚL

ORIHUELA BÁRCENAS JOSÉ ASCENCIÓN

OROZCO SANDOVAL MARTÍN

ORTEGA MARTÍNEZ MARÍA DEL PILAR

PALAFOX GUTIÉRREZ MARTHA

PAVLOVICH ARELLANO CLAUDIA

PEDROZA GAITÁN CÉSAR OCTAVIO

PENCHYNA GRUB DAVID

PÉREZ MAGAÑA EVIEL

POZOS LANZ RAÚL AARÓN

PRECIADO RODRÍGUEZ JORGE LUIS

PUENTE SALAS CARLOS ALBERTO

RAMÍREZ HERNÁNDEZSOFÍO

RÍOS DE LA MORA ITZEL SARAHÍ

RÍOS PITER ARMANDO

ROBLES MONTOYA BENJAMÍN

ROJAS HERNÁNDEZ LAURA

ROMERO CELIS MELY

ROMERO HICKS JUAN CARLOS

ROMO MEDINA MIGUEL

ROSAS GONZÁLEZ ÓSCAR ROMÁN

RUFFO APPEL ERNESTO

SALAZAR FERNÁNDEZ LUIS F

SALDAÑA PÉREZ LUCERO

SALINAS SADA NINFA

SÁNCHEZ JIMÉNEZ LUIS

TELLO CRISTERNA ALEJANDRO

TORRES GRACIANO FERNANDO

TORRES PEIMBERT MARCELA

VEGA CASILLAS SALVADOR

YUNES LANDA HÉCTOR

YUNES MÁRQUEZ FERNANDO

YUNES ZORRILLA JOSÉ FRANCISCO

ZAMORA JIMÉNEZ ARTURO

FUERA DEL SISTEMA ELECTRONICO: 6

CUEVAS BARRÓN GABRIELA

ENCINAS RODRÍGUEZ ALEJANDRO

GUEVARA ESPINOZA ANA GABRIELA

LAVALLE MAURY JORGE LUIS

PADIERNA LUNA DOLORES

SANSORES SAN ROMÁN LAYDA

SENADORES EN CONTRA: 0

SENADORES EN ABSTENCIÓN: 0”

- La C. Secretaria Palafox Gutiérrez: Señor Presidente, conforme al registro en el sistema electrónico de votación, se emitieron 95 votos en pro y cero en contra.

- El C. Presidente Cordero Arroyo: En consecuencia, queda aprobado el Decreto por el que se concede autorización al Presidente de los Estados Unidos Mexicanos para permitir que once elementos del Ejército Mexicano puedan salir del territorio nacional para cooperar en la construcción de un tramo carretero en el Puente Fronterizo Binacional Santa Elena en Corazal, Belice. Se remite al Ejecutivo Federal para sus efectos correspondientes.

Tenemos la primera lectura de cinco dictámenes de la Comisión de Gobernación, con proyectos de Decreto que conceden permisos para aceptar y usar condecoraciones que otorgan gobiernos extranjeros.






PERMISOS PARA ACEPTAR Y USAR CONDECORACIONES

(Dictámenes de primera lectura)

“COMISION DE GOBERNACION

H. ASAMBLEA:

A la Comisión de Gobernación de la LXII Legislatura del Senado de la República, le fue turnada para su estudio y dictamen correspondiente, la solicitud de permiso enviada por la Subsecretaría de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación, para que el C. Fidias Hernández Ubaldo, pueda aceptar y usar la Condecoración de la Cruz al Mérito Policial con Distintivo Blanco, que le otorga el Gobierno del Reino de España.

Por lo anterior, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 85 y 86 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como de lo dispuesto por los artículos 163, 182, 188, 190 y demás relativos y aplicables del Reglamento del Senado de la República, la Comisión de Gobernación presenta a la consideración de esta H. Asamblea el presente Dictamen, al tenor de los siguientes:

I. ANTECEDENTES

1. Mediante Oficio No. SEL/UEL/311/3156/12, de fecha 21 de noviembre de 2012, el titular de la Unidad de Enlace Legislativo de la Subsecretaría de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación, Mtro. Antonio Hernández Legaspi, se dirigió al Senado de la República, solicitando se diera trámite ante el H. Congreso de la Unión, al permiso a que se refiere la fracción III, apartado C), del artículo 37 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para que el C. Fidias Hernández Ubaldo, pueda aceptar y usar la Condecoración de la Cruz al Mérito Policial con Distintivo Blanco, que le otorga el Gobierno del Reino de España.

2. En sesión ordinaria celebrada en el Senado de la República el día 27 de noviembre de 2012, la Mesa Directiva acordó turnar dicha solicitud a la Comisión de Gobernación para su estudio, análisis y elaboración del dictamen correspondiente.

II. CONSIDERACIONES

1. La Comisión de Gobernación recibió la solicitud con los siguientes documentos anexos en copia simple:

• Escrito de la Dirección General de la Policía del Ministerio del Interior de España por el que se informa de la intención de otorgarlela Condecoración de la Cruz al Mérito Policial con Distintivo Blanco, que le otorga el Gobierno del Reino de España.

• Comunicado del Director General de la Policía de España por el que comunica la intención de otorgarle la Condecoración de la Cruz al Mérito Policial con Distintivo Blanco, que le otorga el Gobierno del Reino de España.

• Identificación oficial (Pasaporte y credencial para votar)

• Acta de nacimiento(copia certificada)

• Currículum vitae

• Escrito por el que el ciudadano solicita autorización para aceptar la condecoración referida

2. De la documentación recibida se desprende que se acredita la condición de ciudadano mexicano del solicitante.

3. En este caso no se trata de la aceptación o uso de títulos nobiliarios de gobiernos extranjeros, la aceptación y uso de la condecoración a que se hace referencia en la parte inicial del presente dictamen, no implica sumisión a otro gobierno en detrimento de nuestra soberanía, ni compromete el interés público o pone en riesgo la seguridad de la Nación.

4. De lo anterior se desprende que la solicitud cumple con los requisitos para ser autorizada conforme a lo dispuesto por el artículo 37, apartado C, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, la Comisión de Gobernación somete a la consideración del Pleno de la Cámara de Senadores, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 85 y 86 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como de lo dispuesto por los artículos 163, 182, 188, 190 y demás relativos y aplicables del Reglamento del Senado de la República, la aprobación delsiguiente:

PROYECTO DE DECRETO

ARTICULO UNICO.- Se concede permiso para que el C. Fidias Hernández Ubaldo pueda aceptar y usar la Condecoración de la Cruz al Mérito Policial con Distintivo Blanco, que le otorga el Gobierno del Reino de España.

Salón de sesiones de la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, a 29 de noviembre de 2012.

COMISION DE GOBERNACION”.

“COMISION DE GOBERNACION

H. ASAMBLEA:

A la Comisión de Gobernación de la LXII Legislatura del Senado de la República, le fue turnada para su estudio y dictamen correspondiente, la solicitud de permiso enviada por la Subsecretaría de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación, para que el C. Bruno Francisco Ferrari García de Alba, pueda aceptar y usar la Condecoración de la Orden de San Carlos, en grado de Gran Cruz, que le otorga el Gobierno de la República de Colombia.

Por lo anterior, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 85 y 86 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como de lo dispuesto por los artículos 163, 182, 188, 190 y demás relativos y aplicables del Reglamento del Senado de la República, la Comisión de Gobernación presenta a la consideración de esta H. Asamblea el presente Dictamen, al tenor de los siguientes:

I. ANTECEDENTES

1. Mediante Oficio No. SEL/UEL/311/3207/2012, de fecha 26 de noviembre de 2012, el Titular de la Unidad de Enlace Legislativo de la Subsecretaría de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación, Mtro. Antonio Hernández Legaspi, se dirigió al Senado de la República, solicitando se diera trámite ante el H. Congreso de la Unión, al permiso a que se refiere la fracción III, apartado C), del artículo 37 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para que el C. Bruno Francisco Ferrari García de Alba pueda aceptar y usar la Condecoración de la Orden de San Carlos, en grado de Gran Cruz, que le otorga el Gobierno de la República de Colombia.

2. En sesión ordinaria celebrada en el Senado de la República el día 27 de noviembre de 2012, la Mesa Directiva acordó turnar dicha solicitud a la Comisión de Gobernación para su estudio, análisis y elaboración del dictamen correspondiente.

II. CONSIDERACIONES

1. La Comisión de Gobernación recibió la solicitud con los siguientes documentos anexos en copia simple:

• Escrito de la Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia, por el que se informa de la intención de otorgarle la Orden de San Carlos en el Grado de Gran Cruz, que le otorga el Gobierno de la República de Colombia.

• Identificación oficial (pasaporte)

• Acta de nacimiento(copia certificada)

• Currículum vitae

• Escrito por el que el ciudadano solicita autorización para aceptar la condecoración referida

2. De la documentación recibida se desprende que se acredita la condición de ciudadano mexicano del solicitante.

3. En este caso no se trata de la aceptación o uso de títulos nobiliarios de gobiernos extranjeros, la aceptación y uso de la condecoración a que se hace referencia en la parte inicial del presente dictamen, no implica sumisión a otro gobierno en detrimento de nuestra soberanía, ni compromete el interés público o pone en riesgo la seguridad de la Nación.

4. De lo anterior se desprende que la solicitud cumple con los requisitos para ser autorizada conforme a lo dispuesto por el artículo 37, apartado C, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, la Comisión de Gobernación somete a la consideración del Pleno de la Cámara de Senadores, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 85 y 86 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como de lo dispuesto por los artículos 163, 182, 188, 190 y demás relativos y aplicables del Reglamento del Senado de la República, la aprobación delsiguiente:

PROYECTO DE DECRETO

ARTICULO UNICO.- Se concede permiso para que el C. Bruno Francisco Ferrari García de Alba pueda aceptar y usar la Condecoración de la Orden de San Carlos, en grado de Gran Cruz, que le otorga el Gobierno de la República de Colombia.

Salón de sesiones de la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, a 29 de noviembre de 2012.

COMISION DE GOBERNACION”.

“COMISION DE GOBERNACION

H. ASAMBLEA:

A la Comisión de Gobernación de la LXII Legislatura del Senado de la República, le fue turnada para su estudio y dictamen correspondiente, la solicitud de permiso enviada por la Subsecretaría de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación, para que el C. Armando Vicencio Álvarez, para aceptar y usar la Condecoración de la Cruz al Mérito Policial con Distintivo Blanco, que le otorga el Gobierno del Reino de España.

Por lo anterior, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 85 y 86 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como de lo dispuesto por los artículos 163, 182, 188, 190 y demás relativos y aplicables del Reglamento del Senado de la República, la Comisión de Gobernación presenta a la consideración de esta H. Asamblea el presente Dictamen, al tenor de los siguientes:

I. ANTECEDENTES

1. Mediante Oficio No. SEL/UEL/311/3155/12, de fecha 12 de noviembre de 2012, el Titular de la Unidad de Enlace Legislativo de la Subsecretaría de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación, Mtro. Antonio Hernández Legaspi, se dirigió al Senado de la República, solicitando se diera trámite ante el H. Congreso de la Unión, al permiso a que se refiere la fracción III, apartado C), del artículo 37 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para que el C. Armando Vicencio Alvarez, para aceptar y usar la Condecoración de la Cruz al Mérito Policial con Distintivo Blanco, que le otorga el Gobierno del Reino de España.

2. En sesión ordinaria celebrada en el Senado de la República el día 27 de noviembre de 2012, la Mesa Directiva acordó turnar dicha solicitud a la Comisión de Gobernación para su estudio, análisis y elaboración del dictamen correspondiente.

II. CONSIDERACIONES

1. La Comisión de Gobernación recibió la solicitud con los siguientes documentos anexos en copia simple:

• Escrito del la Dirección General de la Policía del Ministerio Interior de España por el que se informa de la intención de otorgarlela Condecoración de la Cruz al Mérito Policial con Distintivo Blanco, que le otorga el Gobierno del Reino de España.

• Comunicado del Director General de la Policía de España por el que comunica la intención de otorgarle la Condecoración de la Cruz al Mérito Policial con Distintivo Blanco, que le otorga el Gobierno del Reino de España.

•Identificación oficial (credencial para votar)

• Acta de nacimiento(copia certificada)

•Currículum vitae

2. De la documentación recibida se desprende que se acredita la condición de ciudadano mexicano del solicitante.

3. En este caso no se trata de la aceptación o uso de títulos nobiliarios de gobiernos extranjeros, la aceptación y uso de la condecoración a que se hace referencia en la parte inicial del presente dictamen, no implica sumisión a otro gobierno en detrimento de nuestra soberanía, ni compromete el interés público o pone en riesgo la seguridad de la Nación.

4. De lo anterior se desprende que la solicitud cumple con los requisitos para ser autorizada conforme a lo dispuesto por el artículo 37, apartado C, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, la Comisión de Gobernación somete a la consideración del Pleno de la Cámara de Senadores, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 85 y 86 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como de lo dispuesto por los artículos 163, 182, 188, 190 y demás relativos y aplicables del Reglamento del Senado de la República, la aprobación delsiguiente:

PROYECTO DE DECRETO

ARTICULO UNICO.- Se concede permiso para que el C. Armando Vicencio Álvarez, para aceptar y usar la Condecoración de la Cruz al Mérito Policial con Distintivo Blanco, que le otorga el Gobierno del Reino de España.

Salón de sesiones de la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, a 29 de noviembre de 2012.

COMISION DE GOBERNACION”.

“COMISION DE GOBERNACION

H. ASAMBLEA:

A la Comisión de Gobernación de la LXII Legislatura del Senado de la República, le fue turnada para su estudio y dictamen correspondiente, la solicitud de permiso enviada por la Subsecretaría de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación, para que la C. Patricia Espinosa Cantellano pueda aceptar y usar la Condecoración de Orden de Bernardo O´Higgins, en grado de Gran Cruz, que le otorga el Gobierno de la República de Chile.

Por lo anterior, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 85 y 86 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como de lo dispuesto por los artículos 163, 182, 188, 190 y demás relativos y aplicables del Reglamento del Senado de la República, la Comisión de Gobernación presenta a la consideración de esta H. Asamblea el presente Dictamen, al tenor de los siguientes:

I. ANTECEDENTES

1. Mediante Oficio No. SEL/UEL/311/3206/2012, de fecha 23 de noviembre de 2012, el Titular de la Unidad de Enlace Legislativo de la Subsecretaría de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación, Mtro. Antonio Hernández Legaspi, se dirigió al Senado de la República, solicitando se diera trámite ante el H. Congreso de la Unión, al permiso a que se refiere la fracción III, apartado C), del artículo 37 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para que la C. Patricia Espinosa Cantellano pueda aceptar y usar la Condecoración de Orden de Bernardo O´Higgins, en grado de Gran Cruz, que le otorga el Gobierno de la República de Chile.

2. En sesión ordinaria celebrada en el Senado de la República el día 27 de noviembre de 2012, la Mesa Directiva acordó turnar dicha solicitud a la Comisión de Gobernación para su estudio, análisis y elaboración del dictamen correspondiente.

II. CONSIDERACIONES

1. La Comisión de Gobernación recibió la solicitud con los siguientes documentos anexos en copia simple:

• Escrito del Ministerio de Relaciones Exteriores de la República de Chile, por el que se informa de la intención de otorgarle la Condecoración Orden de Bernando O´Higgins, en el grado de Gran Cruz, que le otorga el Gobierno de la República de Chile.

• Identificación oficial (pasaporte)

• Acta de nacimiento(copia certificada)

• Currículum vitae

• Escrito por el que la ciudadano solicita autorización para aceptar la condecoración referida

2. De la documentación recibida se desprende que se acredita la condición de ciudadana mexicana del solicitante.

3. En este caso no se trata de la aceptación o uso de títulos nobiliarios de gobiernos extranjeros, la aceptación y uso de la condecoración a que se hace referencia en la parte inicial del presente dictamen, no implica sumisión a otro gobierno en detrimento de nuestra soberanía, ni compromete el interés público o pone en riesgo la seguridad de la Nación.

4. De lo anterior se desprende que la solicitud cumple con los requisitos para ser autorizada conforme a lo dispuesto por el artículo 37, apartado C, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, la Comisión de Gobernación somete a la consideración del Pleno de la Cámara de Senadores, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 85 y 86 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como de lo dispuesto por los artículos 163, 182, 188, 190 y demás relativos y aplicables del Reglamento del Senado de la República, la aprobación delsiguiente:

PROYECTO DE DECRETO

ARTICULO UNICO.- Se concede permiso para que la C. Patricia Espinosa Cantellano pueda aceptar y usar la Condecoración de Orden de Bernardo O´Higgins, en grado de Gran Cruz, que le otorga el Gobierno de la República de Chile.

Salón de sesiones de la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, a 29 de noviembre de 2012.

COMISION DE GOBERNACION”.

“COMISION DE GOBERNACION

H. ASAMBLEA:

A la Comisión de Gobernación de la LXII Legislatura del Senado de la República, le fue turnada para su estudio y dictamen correspondiente, la solicitud de permiso enviada por la Subsecretaría de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación, para que el C. José Julián Gascón Mercado, pueda aceptar y usar la Condecoración de la Orden de Isabel La Católica, en grado de Encomienda, que le otorga el Gobierno del Reino de España.

Por lo anterior, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 85 y 86 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como de lo dispuesto por los artículos 163, 182, 188, 190 y demás relativos y aplicables del Reglamento del Senado de la República, la Comisión de Gobernación presenta a la consideración de esta H. Asamblea el presente Dictamen, al tenor de los siguientes:

I. ANTECEDENTES

1. Mediante Oficio No. SEL/UEL/311/3154/12, de fecha 21 de noviembre de 2012, el titular de la Unidad de Enlace Legislativo de la Subsecretaría de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación, Mtro. Antonio Hernández Legaspi, se dirigió al Senado de la República, solicitando se diera trámite ante el H. Congreso de la Unión, al permiso a que se refiere la fracción III, apartado C), del artículo 37 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para que el C. José Julián Gascón Mercado, pueda aceptar y usar la Condecoración de la Orden de Isabel La Católica, en grado de Encomienda, que le otorga el Gobierno del Reino de España.

2. En sesión ordinaria celebrada en el Senado de la República el día 27 de noviembre de 2012, la Mesa Directiva acordó turnar dicha solicitud a la Comisión de Gobernación para su estudio, análisis y elaboración del dictamen correspondiente.

II. CONSIDERACIONES

1. La Comisión de Gobernación recibió la solicitud con los siguientes documentos anexos en copia simple:

• Escrito por el que el ciudadano solicita autorización para aceptar la condecoración referida.

• Escrito de El Embajador de España por el que se concede dicha condecoración.

• Identificación oficial (credencial para votar)

• Acta de nacimiento(copia certificada)

• Currículum vitae

2. De la documentación recibida se desprende que se acredita la condición de ciudadano mexicano del solicitante.

3. En este caso no se trata de la aceptación o uso de títulos nobiliarios de gobiernos extranjeros, la aceptación y uso de la condecoración a que se hace referencia en la parte inicial del presente dictamen, no implica sumisión a otro gobierno en detrimento de nuestra soberanía, ni compromete el interés público o pone en riesgo la seguridad de la Nación.

4. De lo anterior se desprende que la solicitud cumple con los requisitos para ser autorizada conforme a lo dispuesto por el artículo 37, apartado C, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, la Comisión de Gobernación somete a la consideración del Pleno de la Cámara de Senadores, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 85 y 86 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como de lo dispuesto por los artículos 163, 182, 188, 190 y demás relativos y aplicables del Reglamento del Senado de la República, la aprobación delsiguiente:

PROYECTO DE DECRETO

ARTICULO UNICO.- Se concede permiso para que el C. José Julián Gascón Mercado, pueda aceptar y usar la Condecoración de la Orden de Isabel La Católica, en grado de Encomienda, que le otorga el Gobierno del Reino de España.

Salón de sesiones de la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, a 29 de noviembre de 2012.

COMISION DE GOBERNACION”.

En virtud de que se encuentran publicados en la Gaceta Parlamentaria y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 195 del Reglamento, son de primera lectura.

Consulte ahora la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si autoriza que se dispense la segunda lectura de los cinco dictámenes y se pongan a discusión de inmediato.

- La C. Secretaria Merodio Reza: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se autoriza que se dispense la segunda lectura de los cinco dictámenes. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se dispensa la segunda lectura, señor Presidente.

- El C. Presidente Cordero Arroyo: En consecuencia, están a discusión los dictámenes. Al no haber oradores registrados, háganse los avisos a que se refiere el artículo 58 del Reglamento para informar de la votación. Abrase el sistema electrónico de votación por tres minutos para recoger la votación nominal de los proyectos de Decreto.

“SENADORES EN PRO: 92

A TRAVÉS DEL SISTEMA ELECTRONICO: 88

AISPURO TORRES JOSÉ ROSAS

ALBORES GLEASON ROBERTO ARMANDO

ÁLVAREZ GARCÍAIVONNE LILIANA

AMADOR GAXIOLA DANIEL

ÁVILA RUIZ DANIEL GABRIEL

BARBOSA HUERTA MIGUEL

BARTLETT DÍAZ MANUEL

BERISTAIN NAVARRETE LUZ MARÍA

BLASQUEZ SALINAS MARCO A.

BÚRQUEZ VALENZUELA FRANCISCO

CALDERÓN HINOJOSA LUISA MARÍA

CAMACHO SOLÍS MANUEL

CASILLAS ROMERO JESÚS

CHICO HERRERA MIGUEL ÁNGEL

CORDERO ARROYO ERNESTO

CORRAL JURADO JAVIER

CUÉLLAR CISNEROS LORENA

DE LA PEÑA GÓMEZ ANGÉLICA

DEMEDICIS HIDALGO FIDEL

DÍAZ LIZAMA ROSA ADRIANA

ENCINAS RODRÍGUEZ ALEJANDRO

ESCUDERO MORALES PABLO

FAYAD MENESES OMAR

FERNÁNDEZ AGUIRRE BRAULIO M.

FLORES ESCALERA HILDA ESTHELA

FLORES RAMÍREZ JUAN GERARDO

GAMBOA PATRÓN EMILIO

GÁNDARA CAMOU ERNESTO

GARCÍA CABEZA DE VACA FRANCISCO

GARCÍA GÓMEZ MARTHA ELENA

GARZA GALVÁN SILVIA GUADALUPE

GÓMEZ DEL CAMPO GURZA MARIANA

GÓMEZ GONZÁLEZ ARELY

GONZÁLEZ CANTO FÉLIX

GONZÁLEZ CUEVAS ISAÍAS

GONZÁLEZ MARTÍNEZ JORGE EMILIO

GRACIA GUZMÁN RAÚL

HERMOSILLO Y CELADA VÍCTOR

HERNÁNDEZ DERAS ISMAEL

HERNÁNDEZ LECONA LISBETH

HERRERA ALE JUANA LETICIA

HERRERA ÁVILA FERNANDO

IRIZAR LÓPEZ AARÓN

JUÁREZ CISNEROS RENÉ

LARIOS CÓRDOVA HÉCTOR

LÓPEZ BRITO FRANCISCO S

LOZANO ALARCÓN JAVIER

MARTÍNEZ GARCÍA PATRICIO

MARTÍNEZ MARTÍNEZ JOSÉ MARÍA

MAYANS CANABAL FERNANDO E.

MAYANS CANABAL HUMBERTO

MELGAR BRAVO LUIS ARMANDO

MENDOZA DÍAZ SONIA

MENDOZA MENDOZA IRIS VIANEY

MERODIO REZA LILIA GUADALUPE

MORÓN OROZCO RAÚL

ORIHUELA BÁRCENAS JOSÉ ASCENCIÓN

OROZCO SANDOVAL MARTÍN

ORTEGA MARTÍNEZ MARÍA DEL PILAR

PALAFOX GUTIÉRREZ MARTHA

PAVLOVICH ARELLANO CLAUDIA

PEDROZA GAITÁN CÉSAR OCTAVIO

PENCHYNA GRUB DAVID

PÉREZ MAGAÑA EVIEL

PINEDA GOCHI MA. DEL ROCÍO

POZOS LANZ RAÚL AARÓN

PRECIADO RODRÍGUEZ JORGE LUIS

RAMÍREZ HERNÁNDEZSOFÍO

RÍOS DE LA MORA ITZEL SARAHÍ

RÍOS PITER ARMANDO

ROBLES MONTOYA BENJAMÍN

ROJAS HERNÁNDEZ LAURA

ROMERO CELIS MELY

ROMERO HICKS JUAN CARLOS

ROMO MEDINA MIGUEL

ROSAS GONZÁLEZ ÓSCAR ROMÁN

RUFFO APPEL ERNESTO

SALAZAR FERNÁNDEZ LUIS F

SALDAÑA PÉREZ LUCERO

SALINAS SADA NINFA

SÁNCHEZ JIMÉNEZ LUIS

TELLO CRISTERNA ALEJANDRO

TORRES GRACIANO FERNANDO

TORRES PEIMBERT MARCELA

VEGA CASILLAS SALVADOR

YUNES LANDA HÉCTOR

YUNES ZORRILLA JOSÉ FRANCISCO

ZAMORA JIMÉNEZ ARTURO

FUERA DEL SISTEMA ELECTRONICO: 4

CUEVAS BARRÓN GABRIELA

GUEVARA ESPINOZA ANA GABRIELA

LAVALLE MAURY JORGE LUIS

PADIERNA LUNA DOLORES

SENADORES EN CONTRA: 0

SENADORES EN ABSTENCIÓN: 0”

- La C. Secretaria Merodio Reza: Señor Presidente, conforme al registro en el sistema electrónico de votación, se emitieron 92 votos en pro y cero en contra.

- El C. Presidente Cordero Arroyo: En consecuencia, quedan aprobados los proyectos de Decreto que conceden permisos para aceptar y usar condecoraciones que otorgan gobiernos extranjeros. Se remiten a la Cámara de Diputados para sus efectos constitucionales.

Pasamos a la discusión de un dictamen de las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, Europa; y de Hacienda y Crédito Público, con proyecto de Decreto por el que se aprueba el Convenio entre México y Letonia para Evitar la Doble Imposición y Prevenir la Evasión Fiscal en Materia de Impuestos Sobre la Renta y su Protocolo, hechos en Washington, D.C., el 20 de abril de 2012.





CONVENIO ENTRE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y LA REPUBLICA DE LETONIA PARA EVITAR LA DOBLE IMPOSICION Y PREVENIR LA EVASION FISCAL EN MATERIA DE IMPUESTOS SOBRE LA RENTA Y SU PROTOCOLO, HECHOS EN WASHINGTON, D.C., EL 20 DE ABRIL DE 2012

(Dictamen de segunda lectura)

- Se le dispensa la segunda lectura y se aprueba el dictamen suscrito por las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, Europa; y de Hacienda y Crédito Público. Se remite al Ejecutivo Federal.






ACUERDO ENTRE EL GOBIERNO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y EL GOBIERNO DEL ESTADO DE QATAR PARA EVITAR LA DOBLE IMPOSICION Y PREVENIR LA EVASION FISCAL EN MATERIA DE IMPUESTOS SOBRE LA RENTA, FIRMADO EN LA CIUDAD DE MEXICO, EL 14 DE MAYO DE 2012

(Dictamen de segunda lectura)

“COMISIONES UNIDAS DE RELACIONES EXTERIORES,
ASIA-PACIFICO;
Y HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

H. ASAMBLEA:

A las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, Asia-Pacífico; y de Hacienda y Crédito Público, les fue turnado el 28 de agosto de dos mil doce para su análisis y elaboración del dictamen correspondiente, el Acuerdo entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno del Estado de Qatar para Evitar la Doble Imposición y Prevenir la Evasión Fiscal en Materia de Impuestos sobre la Renta, suscrito por el Poder Ejecutivo Federal el catorce de mayo de dos mil doce en la Ciudad de México, de conformidad con lo dispuesto por la fracción X del Artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Las Comisiones dictaminadoras, con fundamento en el párrafo segundo de la fracción I del Artículo 76 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; los artículos 4 y 5 de la Ley sobre la Celebración de Tratados; los artículos 3 y 9 de la Ley sobre la Aprobación de Tratados Internacionales en Materia Económica; los artículos 85, 86 y 94 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estado Unidos Mexicanos; los artículos 182, 183, 186, 188, 190 y demás concordantes del Reglamento del Senado de la República, se abocaron al estudio del Acuerdo y conforme a las deliberaciones que se realizaron, someten a la consideración de esta Honorable Asamblea el presente dictamen al tenor de los siguientes:

I. ANTECEDENTES GENERALES

1. Con fecha 28 de agosto de 2012, el Poder Ejecutivo Federal remitió a esta Soberanía el Acuerdo entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno del Estado de Qatar para Evitar la Doble Imposición y Prevenir la Evasión Fiscal en Materia de Impuestos sobre la Renta, firmado en la Ciudad de México, el catorce de mayo de dos mil doce.

2. En esa misma fecha la Mesa Directiva de esta H. Cámara de Senadores, mediante oficio CP2R3A.-2721., turnó a las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, Asia-Pacífico; y de Hacienda y Crédito Público, el citado Acuerdo para su estudio y elaboración del dictamen correspondiente.

3. En sesión ordinaria, los senadores integrantes de estas Comisiones realizaron diversos trabajos a efecto de revisar y analizar el contenido del Acuerdo con el objetivo de expresar sus observaciones, comentarios e integrar el presente dictamen:

II. OBJETIVO Y DESCRIPCION DEL INSTRUMENTO

El principal objetivo del Acuerdo entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno del Estado de Qatar para Evitar la Doble Imposición y Prevenir la Evasión Fiscal en Materia de Impuestos sobre la Renta, es eliminar la doble tributación ya que ésta representa una carga fiscal excesiva tanto para los residentes de México como de Qatar.

El Acuerdo consta de 30 Artículos y un Protocolo como se enlista a continuación:

1. Personas Comprendidas

2. Impuestos Comprendidos

3. Residente

4. Definiciones Generales

5. Establecimiento Permanente

6. Rentas Inmobiliarias

7. Beneficios Empresariales

8. Transportación Marítima y Aérea

9. Empresas Asociadas

10. Dividendos

11. Intereses

12. Regalías

13. Ganancias de Capital

14. Servicios Personales Independientes

15. Servicios Personales Dependientes

16. Participaciones de Consejeros

17. Artistas y Deportistas

18. Pensiones y Anualidades

19. Funciones Públicas

20. Profesores e Investigadores

21. Estudiantes, Aprendices y Personas en Prácticas

22. Otros Ingresos

23. Limitación de Beneficios

24. Eliminación de la Doble Imposición

25. No Discriminación

26. Procedimiento de Acuerdo Mutuo

27. Intercambio de Información

28. Miembros de Misiones Diplomáticas y de Oficinas Consulares

29. Entrada en Vigor

30. Terminación

Protocolo.- Contiene cuatro numerales, mismos que realizan precisiones sobre el término “regalías” y con relación al párrafo 3 de los artículos 12 y 13, así como de los artículos 23 y 25 del Acuerdo.

Artículo 1. El Acuerdo se aplica a las personas residentes de uno o de ambos Estados Contratantes.

Artículo 2. Se considera impuestos sobre la renta todos los que gravan la totalidad de la renta o cualquier elemento de la misma.

Artículo 3. Define los términos siguientes: “Qatar”, “México”, “un Estado Contratante”, “el otro Estado Contratante”, “persona”, “sociedad”, “empresa de un Estado Contratante”, “empresa del otro Estado Contratante”.

Artículo 4. Explica la acepción del término “residente de un Estado Contratante”.

Artículo 5. La expresión establecimiento permanente, significa un lugar fijo de negocios a través del cual una empresa realiza toda o parte de su actividad.

Artículo 6. Rentas inmobiliarias, establece que las rentas de un residente de un Estado Contratante obtenga de bienes inmuebles (incluidas las rentas de explotaciones agrícolas o silvícolas) situados en el otro Estado Contratante pueden someterse a imposición en ese otro Estado.

Además, contempla la definición “bienes inmuebles” misma que tendrá el significado que le atribuya la legislación del Estado Contratante en que los bienes en cuestión estén situados.

Artículo 7. Dispone que los Beneficios Empresariales de un Estado Contratante, solamente pueden someterse a imposición en ese Estado, a no ser que la empresa realice sus actividades empresariales en el otro Estado Contratante por medio de un establecimiento permanente situado en él.

Artículo 8. Con referencia a la Transportación Marítima y Aérea, los beneficios procedentes de la explotación de buques o aeronaves en tráfico internacional por un residente de un Estado Contratante, comprenden los beneficios procedentes del arrendamiento de buques o aeronaves sobre una base de nave completa. También comprenden los beneficios derivados del arrendamiento de buques o aeronaves sobre una base de nave vacía, si dichos buques o aeronaves son explotados en tráfico internacional por el arrendatario y son obtenidos por un residente de un Estado Contratante involucrado en la explotación de buques o aeronaves en tráfico internacional.

Artículo 9. Se denomina “Empresa Asociada” cuando una empresa de un Estado Contratante participe directa o indirectamente en la dirección, el control o el capital de una empresa del otro Estado Contratante, o las mismas personas participen directa o indirectamente en la dirección, el control o el capital de una empresa de un Estado Contratante y de una empresa del otro Estado Contratante.

Artículo 10. Señala que los dividendos pagados por una sociedad residente de un Estado Contratante a un residente del otro Estado Contratante sólo pueden someterse a imposición en ese otro Estado. Además de definir el término “Dividendos”.

Artículo 11. Los intereses procedentes de un Estado Contratante y pagados a un residente del otro Estado Contratante, pueden someterse a imposición de ese otro Estado. Sin embargo, dichos intereses también pueden someterse a imposición en el Estado Contratante del que procedan y de acuerdo con la legislación de ese Estado, pero sin el beneficiario efectivo de los intereses en residente del otro Estado Contratante. Igualmente se define el término “Intereses”.

Artículo 12. El presente artículo precisa el término “Regalías” además de su aplicación en el presente Acuerdo.

Artículo 13. Las ganancias que un residente de un Estado Contratante obtenga de la enajenación de bienes inmuebles a que se refiere el Artículo 6 y situados en el otro Estado Contratante, pueden someterse a imposición en ese otro Estado.

Artículo 14. Las rentas obtenidas por un residente de un Estado Contratante, por la prestación de servicios profesionales u otras actividades de carácter independiente, sólo pueden someterse a imposición en ese Estado, a no ser que el empleo se ejerza en el otro Estado Contratante.

Artículo 15. Sin perjuicio de lo dispuesto en los Artículos 16, 18 y 19, los sueldos, salarios y otras remuneraciones similares, obtenidos por un residente de un Estado Contratante en virtud de un empleo, sólo pueden someterse a imposición en ese Estado a no ser que el empleo se ejerza en el otro Estado Contratante. Si el empleo se ejerce de esta forma, dicha remuneración obtenida del mismo, puede someterse a imposición en ese otro Estado.

Artículo 16. Las participaciones de consejero y los pagos de retribuciones similares que un residente de un Estado Contratante obtenga en su calidad como miembro de un consejo de administración o cualquier otro órgano de una sociedad que sea residente de otro Estado Contratante, pueden someterse a imposición en ese otro Estado.

Artículo 17. Hace referencia al régimen deingresos de artistas y deportistas.

Artículo 18. Las pensiones y otras remuneraciones similares y las anualidades pagadas a un residente de un Estado contratante sólo pueden someterse a imposición en ese Estado.

Artículo 19. Funciones Públicas, los sueldos, salarios y otras remuneraciones similares, excluidas las pensiones, pagadas por un Estado Contratante o una subdivisión política o entidad local del mismo a una persona física por razón de servicios prestados a ese Estado, subdivisión o entidad, sólo pueden someterse a imposición en ese Estado.

Artículos 20 y 21. Establece el régimen para “profesores, investigadores, estudiantes, aprendices y personas en prácticas”.

Artículo 22. Los ingresos de un residente de un Estado contratante, cualquiera que fuese su procedencia, no mencionados anteriormente, sólo pueden someterse a imposición en ese Estado.

Artículo 23. Un residente de un Estado Contratante no recibirá el beneficio de cualquier reducción o exención de los impuestos previstos en el Acuerdo por el otro Estado Contratante, si el principal propósito o uno de los principales propósitos de dicho residente o una persona vinculada con ese residente fue el obtener los beneficios del Acuerdo.

Artículo 24. Regula la eliminación de la doble imposición entre los Estados Contratantes.

Artículo 25. Garantiza la aplicación del principio de no discriminación al establecer que los nacionales de un Estado Contratante no serán sometidos en el otro Estado Contratante a ningún impuesto u obligación relativa al mismo, que no se exija o sea más gravoso que aquellos a los que estén o puedan estar sometidos los nacionales de ese otro Estado que se encuentren en las mismas condiciones, en particular respecto a la residencia.

Artículo 26. Regula el procedimiento para someter a la autoridad competente alguna inconformidad derivada de las disposiciones del Convenio.

Artículo 27. Dispone lo relativo al intercambio de información señalando que la información recibida por el Estado solicitante se regirá bajo el principio de secrecía, sin embargo, también señala que ningún Estado podrá negarse al otorgamiento de información con el argumento de ser detentada por un banco, otra institución financiera.

Artículo 28. Las disposiciones del presente Acuerdo no afectarán los privilegios fiscales de que disfruten los miembros de las misiones diplomáticas o de las oficinas consulares de acuerdo con los principios generales del derecho internacional o en virtud de las disposiciones de acuerdos especiales.

Artículo 29. Establece las disposiciones generales para la entrada en vigor del Acuerdo.

Artículo 30. El Acuerdo permanecerá en vigor hasta que se dé por terminado por un Estado Contratante.

Finalmente, el instrumento internacional en análisis contiene un Protocolo, mismo que señala que al momento de la suscripción del Convenio, los firmantes acordaron incluir cuatro numerales mismos que forman parte del Acuerdo.

Estas disposiciones adicionales, precisan términos utilizados en el texto del Acuerdo, además de señalar los alcances de ciertas disposiciones presentes en el articulado del instrumento internacional bajo análisis con el objetivo de evitar una incorrecta interpretación de las mismas.

III. METODO DE TRABAJO, ANALISIS, DISCUSION Y

VALORACION DE LAS PROPUESTAS

Los senadores integrantes de las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, Asia-Pacífico; y de Hacienda y Crédito Público, señalan que con el fin de contar con mayores herramientas y elementos de orden especializado y jurídico para la elaboración del instrumento internacional sujeto del presente dictamen, acordaron convocar en reunión de trabajo a funcionarios de las Secretarías de Relaciones Exteriores y de Hacienda y Crédito Público, quienes proporcionaron información adicional sobre el Acuerdo. Lo anterior con fundamento en lo dispuesto por el numeral 2 del artículo 184 del Reglamento del Senado de la República. Los elementos aportados en dicha reunión de trabajo fueron sustanciales para la integración y elaboración del presente dictamen.

En el proceso de análisis, se subrayó que el Acuerdo impide tratos fiscales discriminatorios sobre inversionistas de los Estados Contratantes, además de establecer mecanismos para resolver de una forma amistosa los conflictos que puedan surgir de su aplicación e interpretación.

El Acuerdo sujeto a análisis en el presente dictamen, fue adoptado de conformidad con los lineamientos establecidos por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, cumpliendo con los parámetros establecidos de manera consuetudinaria en la legislación internacional, que versa sobre la materia.

IV. CONSIDERACIONES DE ORDEN GENERAL

La celebración de los tratados en nuestro país, es un proceso de carácter internacional que se prevé en nuestra legislación con la concurrencia de dos poderes, el Ejecutivo Federal y el Senado de la República, tal como se dispone en los artículos 15, 76 fracción I; 89 fracción X y 117 fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos respectivamente, que a la letra ordenan:

Artículo 15.- No se autoriza la celebración de tratados para la extradición de reos políticos, ni para aquellos delincuentes del orden común que hayan tenido en el país donde cometieron el delito, la condición de esclavos, ni de convenios o tratados en virtud de los que se alteren las garantías y derechos establecidos por esta Constitución para el hombre y el ciudadano.

Artículo 76. Son facultades exclusivas del Senado:

I. Analizar la política exterior desarrollada por el Ejecutivo Federal con base en los informes anuales que el Presidente de la República y el Secretario del Despacho correspondiente rindan al Congreso.

Además, aprobar los tratados internacionales y convenciones diplomáticas que el Ejecutivo Federal suscriba, así como su decisión de terminar, denunciar, suspender, modificar, enmendar, retirar reservas y formular declaraciones interpretativas sobre los mismos;

II. - XII …

Artículo 89. Las facultades y obligaciones del Presidente, son las siguientes:

I. …- IX. …

X. Dirigir la política exterior y celebrar tratados internacionales, así como terminar, denunciar, suspender, modificar, enmendar, retirar reservas y formular declaraciones interpretativas sobre los mismos, sometiéndolos a la aprobación del Senado. En la conducción de tal política, el titular del Poder Ejecutivo observará los siguientes principios normativos: la autodeterminación de los pueblos; la no intervención; la solución pacífica de controversias; la proscripción de la amenaza o el uso de la fuerza en las relaciones internacionales; la igualdad jurídica de los Estados; la cooperación internacional para el desarrollo; y la lucha por la paz y la seguridad internacionales;

XI. … - XX. …

Artículo 117.- Los Estados no pueden, en ningún caso:

I. Celebrar alianza, tratado o coalición con otro Estado ni con las potencias extranjeras;

II. - IX. …

Una vez analizado el instrumento internacional que ha sido objeto del presente estudio y cotejado por cuanto a su contenido frente a las disposiciones conducentes de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de las leyes de la materia, se concluye que el Acuerdo ha sido otorgado en cumplimiento al marco normativo aplicable.

En consecuencia, el instrumento internacional en comento es susceptible de ser aprobado, en los términos de lo que dispone el artículo 76 fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en mérito de lo cual pasaría a formar parte de la Ley Suprema de toda la Unión, en términos de los que establece el artículo 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que a la letra dice:

Artículo 133.- Esta Constitución, las leyes del Congreso de la Unión que emanen de ella y todos los tratados que estén de acuerdo con la misma, celebrados y que se celebren por el presidente de la República, con aprobación del Senado, serán la Ley Suprema de toda la Unión. Los jueces de cada Estado se arreglarán a dicha Constitución, leyes y tratados a pesar de las disposiciones en contrario que pueda haber en las Constituciones o leyes de los estados.

Los integrantes de las Comisiones Unidas que suscriben reconocen la atribución del Ejecutivo Federal al firmar el presente instrumento internacional en análisis, con apego a lo dispuesto en la fracción X del artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

V. CONSIDERACION DE ORDEN ESPECIFICO

El Acuerdo entre el gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno del Estado de Qatar para Evitar la Doble Imposición y Prevenir la Evasión Fiscal en Materia de Impuestos sobre la Renta, se suma a la red de convenios fiscales que tienen celebrados con México, cuyo principal objetivo es eliminar la doble imposición, misma que representa una carga fiscal excesiva para los residentes de México y los residentes de otros países que realizan operaciones comerciales o financieras entre sí.

Al eliminar dicha carga fiscal, el Acuerdo fomentará la inversión Qatarí en México e impulsará a los mexicanos a realizar inversiones en Qatar, colocándolos en igualdad de circunstancias respecto a los inversionistas de otros países con los que Qatar tiene celebrados acuerdos en esta materia.

El Acuerdo armoniza los sistemas fiscales de los dos países, otorgando certeza y seguridad jurídica, respecto del tratamiento fiscal aplicable a la inversión.

Asimismo, el Acuerdo impide tratos fiscales discriminatorios sobre inversionistas de nacionalidad mexicana o qatarí, además de establecer mecanismos para resolver de una forma amistosa los conflictos que puedan surgir de su aplicación e interpretación.

Derivado de las negociaciones, el Acuerdo permite un combate más eficaz en la lucha contra la evasión y el fraude fiscal, en virtud de que, al igual que otros acuerdos, prevé un procedimiento de cooperación entre las administraciones tributarias de ambos países para el intercambio de información fiscal, a través del cual se permite verificar el adecuado cumplimiento de las obligaciones fiscales de los contribuyentes mexicanos con inversiones en el extranjero, teniéndose que intercambiar la información, incluso, cuando la misma sea detentada por un banco, otra institución financiera, un mandatario o una persona actuando en calidad de agente o fiduciario, o porque se relaciona con participaciones en una persona.

Una vez en vigor, el Acuerdo permitirá fomentar los negocios entre los dos países, y propiciar mayores niveles de rentabilidad de las inversiones que se realicen en cada uno de éstos, generando un ambiente adecuado para incrementar los flujos de inversión entre ambos países, lo cual redundará en el bienestar económico, tanto de México como de Qatar.

El Acuerdo entrará en vigor treinta días después de la fecha en que se reciba la última de las notificaciones, en las que ambos Estados, se comuniquen el cumplimiento de los requisitos exigidos por su legislación nacional.

El Acuerdo permanecerá en vigor hasta que se dé por terminado por un Estado Contratado. Cualquier Estado Contratante podrá dar por terminado el Convenio en cualquier momento, después de que se transcurra un periodo de cinco años contando a partir de la fecha en que el Acuerdo entre en vigor, siempre que se dé aviso por escrito de la terminación a través de la vía diplomática, al menos con seis meses de antelación. En tal caso, el Acuerdo dejará de surtir sus efectos.

Por lo expuesto y en virtud de que en las disposiciones establecidas en el Acuerdo que nos ocupa, no se lesiona ni la soberanía nacional ni se contraviene lo establecido en nuestra Carta Magna, nos permitimos, las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, Asia-Pacífico; y de Hacienda y Crédito Público, someter a la consideración de la Honorable Asamblea la aprobación del siguiente:

PROYECTO DE DECRETO

ARTICULO UNICO.- Se aprueba el ACUERDO ENTRE EL GOBIERNO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y EL GOBIERNO DEL ESTADO DE QATAR PARA EVITAR LA DOBLE IMPOSICION Y PREVENIR LA EVASION FISCAL EN MATERIA DE IMPUESTOS SOBRE LA RENTA, firmado en la Ciudad de México, el catorce de mayo de dos mil doce.

Sala de comisiones de la Honorable Cámara de Senadores, México, D.F., a 7 de noviembre de 2012.

COMISION DE RELACIONES EXTERIORES, ASIA-PACIFICO

COMISION DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO”.

Debido a que el dictamen se encuentra publicado en la Gaceta del Senado de este día, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se omite su lectura.

- La C. Secretaria Merodio Reza: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se omite la lectura del dictamen. Quienes estén porque se omita, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se omita, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se omite la lectura, señor Presidente.

- El C. Presidente Cordero Arroyo: En consecuencia, está a discusión. Al no haber oradores registrados, háganse los avisos a que se refiere el artículo 58 del Reglamento para informar de la votación. Abrase el sistema electrónico de votación por tres minutos para recoger la votación nominal del proyecto de Decreto.

“SENADORES EN PRO: 102

A TRAVÉS DEL SISTEMA ELECTRONICO: 94

AISPURO TORRES JOSÉ ROSAS

ÁLVAREZ GARCÍAIVONNE LILIANA

AMADOR GAXIOLA DANIEL

ÁVILA RUIZ DANIEL GABRIEL

BARROSO AGRAMONT RICARDO

BARTLETT DÍAZ MANUEL

BERISTAIN NAVARRETE LUZ MARÍA

BLASQUEZ SALINAS MARCO A.

BURGOS GARCÍA ENRIQUE

CALDERÓN HINOJOSA LUISA MARÍA

CASILLAS ROMERO JESÚS

CAVAZOS LERMA MANUEL

CHICO HERRERA MIGUEL ÁNGEL

CORDERO ARROYO ERNESTO

CORRAL JURADO JAVIER

CUÉLLAR CISNEROS LORENA

CUEVAS BARRÓN GABRIELA

DE LA PEÑA GÓMEZ ANGÉLICA

DEMEDICIS HIDALGO FIDEL

DÍAZ SALAZAR MARÍA CRISTINA

ENCINAS RODRÍGUEZ ALEJANDRO

ESCUDERO MORALES PABLO

FAYAD MENESES OMAR

FERNÁNDEZ AGUIRRE BRAULIO M.

FLORES ESCALERA HILDA ESTHELA

FLORES SÁNCHEZ MARGARITA

GÁNDARA CAMOU ERNESTO

GARCÍA CABEZA DE VACA FRANCISCO

GARCÍA GÓMEZ MARTHA ELENA

GARZA GALVÁN SILVIA GUADALUPE

GIL ZUARTH ROBERTO

GONZÁLEZ CANTO FÉLIX

GONZÁLEZ CUEVAS ISAÍAS

GONZÁLEZ MARTÍNEZ JORGE EMILIO

GRACIA GUZMÁN RAÚL

GUERRA CASTILLO MARCELA

HERMOSILLO Y CELADA VÍCTOR

HERNÁNDEZ DERAS ISMAEL

HERNÁNDEZ LECONA LISBETH

HERRERA ALE JUANA LETICIA

HERRERA ÁVILA FERNANDO

IRIZAR LÓPEZ AARÓN

JUÁREZ CISNEROS RENÉ

LARIOS CÓRDOVA HÉCTOR

LAVALLE MAURY JORGE LUIS

LÓPEZ BRITO FRANCISCO S

LOZANO ALARCÓN JAVIER

MARTÍNEZ GARCÍA PATRICIO

MARTÍNEZ MARTÍNEZ JOSÉ MARÍA

MAYANS CANABAL FERNANDO E.

MAYANS CANABAL HUMBERTO

MELGAR BRAVO LUIS ARMANDO

MENDOZA DAVIS CARLOS

MENDOZA DÍAZ SONIA

MENDOZA MENDOZA IRIS VIANEY

MERODIO REZA LILIA GUADALUPE

MORÓN OROZCO RAÚL

ORIHUELA BÁRCENAS JOSÉ ASCENCIÓN

OROZCO SANDOVAL MARTÍN

PADIERNA LUNA DOLORES

PALAFOX GUTIÉRREZ MARTHA

PAVLOVICH ARELLANO CLAUDIA

PEDRAZA CHÁVEZ ISIDRO

PEDROZA GAITÁN CÉSAR OCTAVIO

PENCHYNA GRUB DAVID

PÉREZ MAGAÑA EVIEL

PINEDA GOCHI MA. DEL ROCÍO

POZOS LANZ RAÚL AARÓN

PRECIADO RODRÍGUEZ JORGE LUIS

RAMÍREZ HERNÁNDEZSOFÍO

RÍOS DE LA MORA ITZEL SARAHÍ

RÍOS PITER ARMANDO

ROBLEDO ABURTO ZOÉ

ROBLES MONTOYA BENJAMÍN

ROJAS HERNÁNDEZ LAURA

ROMERO CELIS MELY

ROMERO LAINAS ADOLFO

ROMO MEDINA MIGUEL

ROSAS GONZÁLEZ ÓSCAR ROMÁN

RUFFO APPEL ERNESTO

SALAZAR FERNÁNDEZ LUIS F

SALAZAR SOLORIO RABINDRANATH

SALDAÑA PÉREZ LUCERO

SALINAS SADA NINFA

SÁNCHEZ JIMÉNEZ LUIS

SANSORES SAN ROMÁN LAYDA

TELLO CRISTERNA ALEJANDRO

TORRES GRACIANO FERNANDO

TORRES PEIMBERT MARCELA

VEGA CASILLAS SALVADOR

YUNES LANDA HÉCTOR

YUNES MÁRQUEZ FERNANDO

YUNES ZORRILLA JOSÉ FRANCISCO

ZAMORA JIMÉNEZ ARTURO

FUERA DEL SISTEMA ELECTRONICO: 8

BÚRQUEZ VALENZUELA FRANCISCO

CERVANTES ANDRADE RAÚL

DELGADO CARRILLO MARIO

FLORES RAMÍREZ JUAN GERARDO

GÓMEZ DEL CAMPO GURZA MARIANA

GUEVARA ESPINOZA ANA GABRIELA

ORTEGA MARTÍNEZ MARÍA DEL PILAR

ROMERO HICKS JUAN CARLOS

SENADORES EN CONTRA: 0

SENADORES EN ABSTENCIÓN: 0”

- La C. Secretaria Merodio Reza: Señor Presidente, conforme al registro en el sistema electrónico de votación, se emitieron 102 votos en pro y cero en contra.

- El C. Presidente Cordero Arroyo: En consecuencia, queda aprobado el Decreto que contiene el Acuerdo entre el gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el gobierno del Estado de Qatar para Evitar la Doble Imposición y Prevenir la Evasión Fiscal en Materia de Impuestos Sobre la Renta, firmado en la ciudad de México, el 14 de mayo de 2012. Se remite al Ejecutivo Federal para los efectos del artículo 72 constitucional.

Tenemos la discusión un dictamen de las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, Asia-Pacífico; y de Hacienda y Crédito Público, con proyecto de Decreto por el que se aprueba el Acuerdo entre México y el gobierno de la Región de Administración Especial de Hong Kong de la República Popular China para Evitar la Doble Imposición y Prevenir la Evasión Fiscal en Materia de Impuestos Sobre la Renta, firmado en Los Cabos, Baja California Sur, México, el 18 de junio de 2012.






ACUERDO ENTRE EL GOBIERNO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y EL GOBIERNO DE LA REGION DE ADMINISTRACION ESPECIAL DE HONG KONG DE LA REPUBLICA POPULAR CHINA PARA EVITAR LA DOBLE IMPOSICION Y PREVENIR LA EVASION FISCAL EN MATERIADE IMPUESTOS SOBRE LA RENTA, FIRMADO EN LOS CABOS, BAJA CALIFORNIA SUR, MEXICO, EL 18 DE JUNIO DE 2012

(Dictamen de segunda lectura)

“COMISIONES UNIDAS DE RELACIONES EXTERIORES,
ASIA-PACIFICO;
Y HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

H. ASAMBLEA:

A las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, Asia-Pacífico; y de Hacienda y Crédito Público, les fue turnado el 28 de agosto de dos mil doce para su análisis y elaboración del dictamen correspondiente, el Acuerdo entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de la Región de Administración Especial de Hong Kong de la República Popular China para Evitar la Doble Imposición y Prevenir la Evasión Fiscal en Materia de Impuestos sobre la Renta, suscrito por el Poder Ejecutivo Federal el dieciocho de junio de dos mil doce en Los Cabos, Baja California Sur, México, de conformidad con lo dispuesto por la fracción X del Artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Las Comisiones dictaminadoras, con fundamento en el párrafo segundo de la fracción I del Artículo 76 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; los artículos 4 y 5 de la Ley sobre la Celebración de Tratados; los artículos 3 y 9 de la Ley sobre la Aprobación de Tratados Internacionales en Materia Económica; los artículos 85, 86 y 94 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estado Unidos Mexicanos; los artículos 182, 183, 186, 188, 190 y demás concordantes del Reglamento del Senado de la República, se abocaron al estudio del Acuerdo y conforme a las deliberaciones que se realizaron, someten a la consideración de esta Honorable Asamblea el presente dictamen al tenor de los siguientes:

I. ANTECEDENTES GENERALES

1. Con fecha 28 de agosto de 2012, el titular del Ejecutivo Federal remitió a esta Soberanía el Acuerdo entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de la Región de Administración Especial de Hong Kong de la República Popular China para Evitar la Doble Imposición y Prevenir la Evasión Fiscal en Materia de Impuestos sobre la Renta, firmado en Los Cabos, Baja California Sur, México, el dieciocho de junio de dos mil doce.

2. En esa misma fecha la Mesa Directiva de esta H. Cámara de Senadores, mediante oficio CP2R3A.-2725., turnó a las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, Asia–Pacífico; y de Hacienda y Crédito Público, el citado Acuerdo para su estudio y elaboración del dictamen correspondiente.

3. En sesión ordinaria, los senadores integrantes de estas Comisiones realizaron diversos trabajos a efecto de revisar y analizar el contenido del Acuerdo con el objetivo de expresar sus observaciones, comentarios e integrar el presente dictamen:

II. OBJETIVO Y DESCRIPCION DEL INSTRUMENTO

El Acuerdo entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de la Región de Administración Especial de Hong Kong de la República Popular China para Evitar la Doble Imposición y Prevenir la Evasión Fiscal en Materia de Impuestos sobre la Renta, tiene por objetivo evitar la doble imposición y prevenir la evasión fiscal en materia de Impuestos sobre la Renta.

El Acuerdo consta de 29 Artículos y un Protocolo de conformidad con la siguiente lista:

1. Ambito Subjetivo

2. Impuestos Comprendidos

3. Definiciones Generales

4. Residente

5. Establecimiento Permanente

6. Rentas Inmobiliarias

7. Beneficios Empresariales

8. Transportación Marítima y Aérea

9. Empresas Asociadas

10. Dividendos

11. Intereses

12. Regalías

13. Ganancias de Capital

14. Servicios Personales Independientes

15. Servicios Personales Dependientes

16. Participaciones de Consejeros

17. Artistas y Deportistas

18. Pensiones

19. Funciones Públicas

20. Estudiantes

21. Otras Rentas

22. Métodos de Eliminación de la Doble Imposición

23. No Discriminación

24. Procedimiento de Acuerdo Mutuo

25. Intercambio de Información

26. Miembros de Misiones Gubernamentales

27. Reglas Misceláneas

28. Entrada en Vigor

29. Terminación

Protocolo.- Precisa los términos “base fija”, “impuesto de la Región de Administración Especial de Hong Kong”, “impuesto mexicano” y “persona”.

Artículo 1. El presente Acuerdo se aplica a las personas residentes de uno o ambas Partes Contratantes.

Artículo 2. Se aplica a los Impuestos sobre la Renta exigibles por cada una de las Partes Contratantes, cualquiera que sea su tema de exacción.

Artículo 3. Marca las definiciones generales, a menos que de su contexto se infiera una interpretación diferente.

Artículo 4. Define residente de una Parte Contratante.

Artículo 5. Establece que la expresión establecimiento permanente significa un lugar fijo de negocios mediante el cual una empresa realiza toda o parte de su actividad.

Artículo 6. Las rentas que un residente de una Parte Contratante obtenga de bienes inmuebles, situados en la otra Parte Contratante, pueden someterse a imposiciones en esa otra Parte.

Artículo 7. Los beneficios de una empresa de una Parte Contratante solamente pueden someterse a imposición de esa Parte, a no ser que la empresa realice sus actividades empresariales en la otra Parte Contratante por medio de un establecimiento permanente situado en ella.

Artículo 8. Los beneficios obtenidos por una empresa de una Parte Contratante procedentes de la explotación de buques o aeronaves en tráfico internacional sólo podrán someterse a imposición de esa Parte.

Artículo 9. Son empresas asociadas cuando una empresa de una Parte Contratante participe directa o indirectamente en la dirección, el control o el capital de una empresa de la otra Parte Contratante, o las mismas personas participen directa o indirectamente en la dirección, el control o el capital de una empresa de una Parte Contratante y de una empresa de la otra Parte Contratante.

Artículo 10. Define el término dividendo así como las disposiciones sobre su manejo entre las Partes Contratantes.

Artículo 11. Hace referencia a los intereses, su definición y disposiciones generales entre las Partes Contratantes sobre su régimen.

Artículo 12. Trata del manejo de las regalías entre las Partes.

Artículo 13. Establece las disposiciones generales sobre las ganancias de capital de los residentes de una de las Partes Contratantes.

Artículo 14. Regula y define los servicios personales independientes, de residentes de una Parte Contratante.

Artículo15. Señala que las remuneraciones por concepto de salarios y similares que obtenga un residente de una Parte Contratante en virtud de desempeñar un empleo, sólo serán sujetas de imposición en la misma Parte en donde reside, a menos que el empleo se desarrolle en la otra Parte Contratante.

Asimismo, en el párrafo 2 de este artículo 15, se expresa claramente en qué casos las remuneraciones obtenidas por un residente de una Parte Contratante por razón de un empleo ejercido en la otra Parte Contratante pueden someterse a imposición en la Parte mencionada en primer lugar.

Artículo 16. Las participaciones de consejeros y otras retribuciones similares que un residente de una Parte Contratante obtenga como miembro de un consejo de administración o el órgano supervisor de una sociedad que sea residente de la otra Parte Contratante, puede someterse a imposición en esa otra Parte.

Artículo 17. No obstante los dispuestos en los Artículos 14 y 15, las rentas que un residente de una Parte Contratante obtenga como artista o deportista, derivadas del ejercicio de sus actividades personales como tal en la otra Parte Contratante, pueden someterse a imposiciones en esa otra Parte.

Artículo 18. Sujeto a lo dispuesto en el párrafo 2 del Artículo 19, las pensiones y otras remuneraciones similares pagadas a un residente de una Parte Contratante por razón de un empleo anterior o un empleo por cuenta propia podrán someterse a imposición solamente en esa Parte.

Artículo 19. Respecto a funciones públicas, los sueldos, salarios y otras remuneraciones similares, distintas de una prensión, pagadas por el Gobierno de una Parte Contratante o una subdivisión política o una entidad local de la misma, a una persona física por razón de servicios prestados a esa Parte o subdivisión o entidad, sólo podrán someterse a imposición de esa parte. Lo dispuesto en los Artículos 15, 16, 17 y 18 se aplicarán a los sueldos, salarios, pensiones y otras remuneraciones similares, derivados de servicios prestados relacionados con una actividad empresarial realizada por el Gobierno de una Parte Contratante o una subdivisión política o una entidad local de la misma.

Artículo 20. Las cantidades que reciba para cubrir sus gastos de manutención o estudios, un estudiante, que sea o haya sido inmediatamente antes de llegar a una Parte Contratante un residente de la otra Parte Contratante y que se encuentre en la Parte mencionada en primer lugar en el único fin de proseguir sus estudios, no podrán someterse a imposición en esa Parte, siempre que dichas cantidades procedan de fuentes situadas fuera de esa Parte.

Artículo 21. Los elementos de renta cuyo beneficiario efectivo sea un residente de una Parte Contratante, cualquiera que fuese su procedencia, no mencionados en los Artículos anteriores del Acuerdo, podrán someterse a imposición solamente en esa parte.

Artículo 22. Establece cada uno de los métodos de eliminación de la doble imposición entre las Partes Contratantes.

Artículo 23. Las personas de las Partes Contratantes, no serán sometidas por el otra Parte Contratante, a ningún impuesto u obligación relativa al mismo, que no se exija o sea más gravoso que aquellos a los estén o puedan estar sometidos las personas que tienen el derecho de vivienda o estén constituidas o de otra manera establecidas en esa otra Parte o nacionalidades de la otra Parte en las mismas condiciones, en particular con respecto a la residencia. No obstante lo dispuesto por el Artículo 1, esta disposición también se aplicará a las personas que no sean residentes de una o de ambas Partes Contratantes.

Artículo 24. Se establecen los procedimientos de acuerdo mutuo, en caso de que una persona considere que las medidas adoptadas de una o ambas Parte Contratantes implican o pueden implicar para ella una imposición que no esté conforme con las disposiciones del Acuerdo, podrá someter su caso a las autoridades competentes de la Parte Contratante de la que sea residente o, si fuera aplicable el párrafo 1 del Artículo 23, a la parte Contratante en la que tenga el derecho de vivienda o esté constituida o de otra manera establecida o de la que sea nacional.

Artículo 25. Regula el intercambio de información entre las Partes Contratantes para aplicar lo dispuesto en el Acuerdo o para administrar o exigir lo dispuesto en la legislación nacional relativa a los impuestos de toda clase y naturaleza percibidos por las Partes Contratantes.

Artículo 26. Las disposiciones del Acuerdo no afectarán los privilegios fiscales de que disfruten los miembros de misiones gubernamentales, incluyendo las oficinas consulares, de conformidad con los principios generales del derecho internacional o en virtud de las disposiciones especiales.

Artículo 27. Las disposiciones del presente Acuerdo no impedirán el derecho de cada Parte Contratante de aplicar su legislación interna y medidas relacionadas con la evasión fiscal, descritas o no como tales.

Artículo 28. Establece los acuerdos para la entrada en vigor del Acuerdo.

Artículo 29. Establece que el Acuerdo permanecerá en vigor hasta que se dé por terminado por una Parte Contratante.

Finalmente, el instrumento internacional en análisis contiene un Protocolo, mismo que señala que al momento de la suscripción del Acuerdo, los firmantes convinieron incluir trece disposiciones adicionales mismas que forman parte del instrumento internacional bajo análisis.

Estas disposiciones adicionales, precisan términos utilizados en el texto del Acuerdo, además de señalar los alcances de ciertas disposiciones presentes en el articulado del instrumento internacional bajo análisis, con el objetivo de evitar una incorrecta interpretación de las mismas.

III. METODO DE TRABAJO, ANALISIS, DISCUSION Y

VALORACION DEL ACUERDO

Los senadores integrantes de las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, Asia-Pacífico; y de Hacienda y Crédito Público, señalan que con el fin de contar con mayores herramientas y elementos de orden especializado y jurídico para la elaboración del instrumento internacional sujeto del presente dictamen, acordaron convocar en reunión de trabajo a funcionarios de la Secretaría de Relaciones Exteriores y de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, quienes proporcionaron información adicional sobre el Acuerdo. Lo anterior con fundamento en lo dispuesto por el numeral 2 del artículo 184 del Reglamento del Senado de la República. Los elementos aportados en dicha reunión de trabajo fueron sustanciales para la integración y elaboración del presente dictamen.

En el proceso de análisis, se subrayó que el Acuerdo impide tratos fiscales discriminatorios sobre inversionistas de los Estados Contratantes, además de establecer mecanismos para resolver de una forma amistosa los conflictos que puedan surgir de su aplicación e interpretación.

También se señaló que el Acuerdo permite un combate más eficaz en la lucha contra la evasión y el fraude fiscal, en virtud de que prevé un procedimiento de cooperación entre las administraciones tributarias de Hong Kong y México para el intercambio de información fiscal, mediante el cual se permite verificar el adecuado cumplimiento de las obligaciones fiscales de los contribuyentes mexicanos con inversiones en el extranjero, teniéndose que intercambiar la información incluso cuando la misma sea detentada por un banco, otra institución financiera o persona actuando en calidad de agente fiduciario, o porque se relaciona con participaciones en una persona.

Por otro lado, se indicó que la mayoría de los Acuerdos para Evitar la Doble Tributación se basan en el modelo de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), Model Tax Convention on Income and Capital, y ha sido con base en él, que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público negoció los criterios convenidos por el Gobierno de México para evitar la doble imposición y prevenir la evasión fiscal con Hong Kong.

El Acuerdo sujeto a análisis en el presente dictamen, fue adoptado de conformidad con los lineamientos establecidos por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, cumpliendo con los parámetros establecidos de manera consuetudinaria en la legislación internacional, que versa sobre la materia.

IV. CONSIDERACIONES DE ORDEN GENERAL

La celebración de los tratados en nuestro país, es un proceso de carácter internacional que se prevé en nuestra legislación con la concurrencia de dos poderes, el Ejecutivo Federal y el Senado de la República, tal como se dispone en los artículos 89 fracción X y 76 fracción I, 15, y 117 fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos respectivamente, que a la letra ordenan:

Artículo 15.- No se autoriza la celebración de tratados para la extradición de reos políticos, ni para aquellos delincuentes del orden común que hayan tenido en el país donde cometieron el delito, la condición de esclavos, ni de convenios o tratados en virtud de los que se alteren las garantías y derechos establecidos por esta Constitución para el hombre y el ciudadano.

Artículo 76. Son facultades exclusivas del Senado:

I. Analizar la política exterior desarrollada por el Ejecutivo Federal con base en los informes anuales que el Presidente de la República y el Secretario del Despacho correspondiente rindan al Congreso.

Además, aprobar los tratados internacionales y convenciones diplomáticas que el Ejecutivo Federal suscriba, así como su decisión de terminar, denunciar, suspender, modificar, enmendar, retirar reservas y formular declaraciones interpretativas sobre los mismos;

II. - XII …

Artículo 89. Las facultades y obligaciones del Presidente, son las siguientes:

I. …- IX. …

X. Dirigir la política exterior y celebrar tratados internacionales, así como terminar, denunciar, suspender, modificar, enmendar, retirar reservas y formular declaraciones interpretativas sobre los mismos, sometiéndolos a la aprobación del Senado. En la conducción de tal política, el titular del Poder Ejecutivo observará los siguientes principios normativos: la autodeterminación de los pueblos; la no intervención; la solución pacífica de controversias; la proscripción de la amenaza o el uso de la fuerza en las relaciones internacionales; la igualdad jurídica de los Estados; la cooperación internacional para el desarrollo; y la lucha por la paz y la seguridad internacionales;

XI. … - XX. …

Artículo 117.- Los Estados no pueden, en ningún caso:

I. Celebrar alianza, tratado o coalición con otro Estado ni con las potencias extranjeras;

II. - IX. …

Una vez analizado el instrumento internacional que ha sido objeto del presente estudio y cotejado por cuanto a su contenido frente a las disposiciones conducentes de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de las leyes de la materia, se concluye que el Acuerdo ha sido otorgado en cumplimiento al marco normativo aplicable.

En consecuencia, el instrumento internacional en comento es susceptible de ser aprobado, en los términos de lo que dispone el artículo 76 fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en mérito de lo cual pasaría a formar parte de la Ley Suprema de toda la Unión, en términos de los que establece el artículo 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que a la letra dice:

Artículo 133.- Esta Constitución, las leyes del Congreso de la Unión que emanen de ella y todos los tratados que estén de acuerdo con la misma, celebrados y que se celebren por el presidente de la República, con aprobación del Senado, serán la Ley Suprema de toda la Unión. Los jueces de cada Estado se arreglarán a dicha Constitución, leyes y tratados a pesar de las disposiciones en contrario que pueda haber en las Constituciones o leyes de los estados.

Los integrantes de las Comisiones Unidas que suscriben reconocen la atribución del Ejecutivo Federal al firmar el presente instrumento internacional en análisis celebrado, con apego a lo dispuesto en la fracción X del artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

V. CONSIDERACION DE ORDEN ESPECÍFICO

El Acuerdo entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de la Región de Administración Especial de Hong Kong de la República Popular China, para Evitar la Doble Imposición y Prevenir la Evasión Fiscal en Materia de Impuestos sobre la Renta, se suma a la red de convenios fiscales que tiene celebrados México, cuyo principal objetivo es eliminar la doble imposición, misma que representa una carga fiscal excesiva para los residente de México y los residentes de otros países que realizan operaciones comerciales o financiera entre los mismos.

Al eliminar dicha carga fiscal, el Acuerdo fomentará la inversión en México e impulsará a los mexicanos a realizar inversiones, colocándolos en igualdad de circunstancias respecto a los inversionistas de otros países con los que Hong Kong tiene celebrados en esta materia.

El Acuerdo armoniza los sistemas fiscales otorgando certeza y seguridad jurídica respecto del tratamiento fiscal aplicable a la inversión.

Asimismo, el Acuerdo impide tratos fiscales discriminatorios sobre inversionistas de México y Hong Kong, además de establecer mecanismos para resolver de una forma amistosa los conflictos que puedan surgir de su aplicación e interpretación.

Las disposiciones del Acuerdo han sido formuladas sobre la base de las disposiciones correspondientes del Modelo de Convenio de Doble Tributación entre Países Desarrollados y en Vías de Desarrollo de las Naciones Unidas o del Modelo de Convenio Tributario sobre la Renta y sobre el Patrimonio de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, reconsiderará por lo general que tienen el mismo significado que se expresa en los Comentarios sobre los artículos del Modelo de Convenio Tributario ONU o del Modelo de Convenio Tributario OCDE.

Una vez en vigor, el Acuerdo permitirá fomentar los negocios entre las Partes, y propiciar mayores niveles de rentabilidad de las inversiones que se realicen en cada una de éstas, generando un ambiente adecuado para incrementar los flujos de inversión, lo cual redundará en el bienestar económico tanto de México como de Hong Kong.

El Acuerdo entrará en vigor, treinta días después de la fecha en que se reciba la última de las notificaciones, en las que ambos Estados, se comuniquen el cumplimiento de los requisitos exigidos por su legislación nacional.

El Acuerdo permanecerá en vigor hasta que se dé por terminado por una Parte Contratante. Cualquier Parte Contratante podrá dar por terminado el Acuerdo, en cualquier momento después cinco años contando a partir de la fecha en que el Acuerdo entre en vigor, siempre que se haya dado aviso de la terminación a través de la vía apropiada, al menos con seis meses de antelación. En tal caso, el Acuerdo dejará de surtir sus efectos.

Por lo expuesto y en virtud de que en las disposiciones establecidas en el Convenio que nos ocupa, no se lesiona ni la Soberanía nacional ni se contraviene lo establecido en nuestra Carta Magna, nos permitimos, las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, Asia-Pacífico; y Hacienda y Crédito Público, someter a la consideración de la Honorable Asamblea la aprobación del siguiente:

PROYECTO DE DECRETO

ARTICULO UNICO.- Se aprueba el ACUERDO ENTRE EL GOBIERNO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y EL GOBIERNO DE LA REGION DE ADMINISTRACION ESPECIAL DE HONG KONG DE LA REPUBLICA POPULAR CHINA PARA EVITAR LA DOBLE IMPOSICION Y PREVENIR LA EVASION FISCAL EN MATERIA DE IMPUESTOS SOBRE LA RENTA, firmado en Los Cabos, Baja California Sur, México, el dieciocho de junio de dos mil doce.

Sala de comisiones de la Honorable Cámara de Senadores, México, D.F., a 7 de noviembre de 2012.

COMISION DE RELACIONES EXTERIORES, ASIA-PACIFICO

COMISION DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICA”.

Debido a que el dictamen se encuentra publicado en la Gaceta del Senado de este día, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se omite su lectura.

- La C. Secretaria Palafox Gutiérrez: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se omite la lectura del dictamen. Quienes estén porque se omita, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se omita, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se omite la lectura, señor Presidente.

- El C. Presidente Cordero Arroyo: En consecuencia, está a discusión. No habiendo oradores registrados, háganse los avisos a que se refiere el artículo 58 del Reglamento para informar de la votación. Abrase el sistema electrónico de votación por tres minutos para recoger la votación nominal del proyecto de Decreto.

“SENADORES EN PRO: 104

A TRAVÉS DEL SISTEMA ELECTRONICO: 104

AISPURO TORRES JOSÉ ROSAS

ÁLVAREZ GARCÍAIVONNE LILIANA

AMADOR GAXIOLA DANIEL

ÁVILA RUIZ DANIEL GABRIEL

BARBOSA HUERTA MIGUEL

BARRALES MAGDALENO ALEJANDRA

BARROSO AGRAMONT RICARDO

BARTLETT DÍAZ MANUEL

BERISTAIN NAVARRETE LUZ MARÍA

BURGOS GARCÍA ENRIQUE

BÚRQUEZ VALENZUELA FRANCISCO

CALDERÓN HINOJOSA LUISA MARÍA

CAMACHO SOLÍS MANUEL

CAVAZOS LERMA MANUEL

CERVANTES ANDRADE RAÚL

CHICO HERRERA MIGUEL ÁNGEL

CORDERO ARROYO ERNESTO

CORRAL JURADO JAVIER

CUÉLLAR CISNEROS LORENA

CUEVAS BARRÓN GABRIELA

DE LA PEÑA GÓMEZ ANGÉLICA

DELGADO CARRILLO MARIO

DEMEDICIS HIDALGO FIDEL

DÍAZ LIZAMA ROSA ADRIANA

DÍAZ SALAZAR MARÍA CRISTINA

DOMÍNGUEZ SERVIÉN FRANCISCO

ESCUDERO MORALES PABLO

FAYAD MENESES OMAR

FERNÁNDEZ AGUIRRE BRAULIO M.

FLORES RAMÍREZ JUAN GERARDO

FLORES SÁNCHEZ MARGARITA

GAMBOA PATRÓN EMILIO

GÁNDARA CAMOU ERNESTO

GARCÍA CABEZA DE VACA FRANCISCO

GARCÍA GÓMEZ MARTHA ELENA

GARZA GALVÁN SILVIA GUADALUPE

GIL ZUARTH ROBERTO

GÓMEZ DEL CAMPO GURZA MARIANA

GÓMEZ GONZÁLEZ ARELY

GONZÁLEZ CANTO FÉLIX

GONZÁLEZ CUEVAS ISAÍAS

GONZÁLEZ MARTÍNEZ JORGE EMILIO

GRACIA GUZMÁN RAÚL

GUEVARA ESPINOZA ANA GABRIELA

HERMOSILLO Y CELADA VÍCTOR

HERNÁNDEZ DERAS ISMAEL

HERNÁNDEZ LECONA LISBETH

HERRERA ALE JUANA LETICIA

HERRERA ÁVILA FERNANDO

IRIZAR LÓPEZ AARÓN

JUÁREZ CISNEROS RENÉ

LARIOS CÓRDOVA HÉCTOR

LAVALLE MAURY JORGE LUIS

LÓPEZ BRITO FRANCISCO S

LOZANO ALARCÓN JAVIER

MARTÍNEZ GARCÍA PATRICIO

MARTÍNEZ MARTÍNEZ JOSÉ MARÍA

MAYANS CANABAL FERNANDO E.

MAYANS CANABAL HUMBERTO

MELGAR BRAVO LUIS ARMANDO

MENDOZA DAVIS CARLOS

MENDOZA DÍAZ SONIA

MENDOZA MENDOZA IRIS VIANEY

MERODIO REZA LILIA GUADALUPE

MORÓN OROZCO RAÚL

ORIHUELA BÁRCENAS JOSÉ ASCENCIÓN

OROZCO SANDOVAL MARTÍN

ORTEGA MARTÍNEZ MARÍA DEL PILAR

PADIERNA LUNA DOLORES

PALAFOX GUTIÉRREZ MARTHA

PAVLOVICH ARELLANO CLAUDIA

PEDRAZA CHÁVEZ ISIDRO

PEDROZA GAITÁN CÉSAR OCTAVIO

PENCHYNA GRUB DAVID

PÉREZ MAGAÑA EVIEL

PINEDA GOCHI MA. DEL ROCÍO

POZOS LANZ RAÚL AARÓN

PRECIADO RODRÍGUEZ JORGE LUIS

PUENTE SALAS CARLOS ALBERTO

RAMÍREZ HERNÁNDEZSOFÍO

RÍOS DE LA MORA ITZEL SARAHÍ

RÍOS PITER ARMANDO

ROBLEDO ABURTO ZOÉ

ROBLES MONTOYA BENJAMÍN

ROJAS HERNÁNDEZ LAURA

ROMERO CELIS MELY

ROMERO HICKS JUAN CARLOS

ROMERO LAINAS ADOLFO

ROMO MEDINA MIGUEL

ROSAS GONZÁLEZ ÓSCAR ROMÁN

RUFFO APPEL ERNESTO

SALAZAR FERNÁNDEZ LUIS F

SALAZAR SOLORIO RABINDRANATH

SALDAÑA PÉREZ LUCERO

SALINAS SADA NINFA

SÁNCHEZ JIMÉNEZ LUIS

SANSORES SAN ROMÁN LAYDA

TELLO CRISTERNA ALEJANDRO

TORRES GRACIANO FERNANDO

TORRES PEIMBERT MARCELA

VEGA CASILLAS SALVADOR

YUNES LANDA HÉCTOR

YUNES ZORRILLA JOSÉ FRANCISCO

ZAMORA JIMÉNEZ ARTURO

SENADORES EN CONTRA: 0

SENADORES EN ABSTENCIÓN: 0”

- La C. Secretaria Palafox Gutiérrez: Señor Presidente, conforme al registro en el sistema electrónico de votación, se emitieron 104 votos en pro, cero en contra y cero abstenciones.

- El C. Presidente Cordero Arroyo: En consecuencia, queda aprobado el Decreto que contiene el Acuerdo entre el gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el gobierno de la Región y Administración Especial de Hong Kong de la República Popular China para Evitar la Doble Imposición y Prevenir la Evasión Fiscal en Materia de Impuestos Sobre la Renta, firmado en Los Cabos, Baja California Sur, México, el 18 de junio de 2012. Se remite al Ejecutivo Federal para los efectos del artículo 72 constitucional.

En otro apartado del Orden del Día, continuamos con la discusión en lo particular del dictamen de reformas a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.






PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA, ADICIONA Y DEROGA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY ORGANICA DE LA ADMINISTRACION PUBLICA FEDERAL

(Dictamen de segunda lectura)

Como es de su conocimiento, está pendiente la resolución de la propuesta de modificación a la fracción XVI y al último párrafo del artículo 27, contenido en el dictamen de reformas a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, a este respecto informo a ustedes que el Senador Raúl Cervantes Andrade, promovente de la reserva, remitió a la Presidencia de la Mesa Directiva un oficio por el que retira dicha reserva, por lo que esta Presidencia las tiene por retiradas.

En consecuencia, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba la fracción XVI y el último párrafo del artículo 27, en los términos del dictamen publicado en la Gaceta del Senado, desde el pasado día 6 de diciembre.

- La C. Secretaria Merodio Reza: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba la fracción XVI y el último párrafo del artículo 27, publicados en los términos del dictamen publicado en la Gaceta del Senado del 6 de diciembre. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se aprueba, señor Presidente.

- El C. Presidente Cordero Arroyo: En consecuencia, queda aprobado el artículo 27 del proyecto de Decreto. Está aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de Decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. Se devuelve con modificaciones a la Cámara de Diputados para los efectos de lo dispuesto por el inciso e) del artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Pasamos a la discusión de dos dictámenes de la Comisión de Seguridad Social, que contienen puntos de Acuerdo.

Solicito a la Secretaría dé lectura a los dos dictámenes.






COMISION DE SEGURIDAD SOCIAL

(Dictamen a discusión)

- La C. Secretaria Merodio Reza: Doy lectura al dictamen sobre el punto de Acuerdo que propone reformas a la Ley de Pensiones Civiles de Tlaxcala.

“COMISION DE SEGURIDAD SOCIAL

H. ASAMBLEA:

La Comisión de Seguridad Social, en uso de las facultades que le confieren los artículos 85, 94 y 103 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 113, 117, 135, fracción I, 177, 182, 190, 192, 193, 194 y 277 del Reglamento del Senado de la República, presenta a la consideración de esta Honorable Asamblea, el presente dictamen de conformidad con los siguientes:

ANTECEDENTES

1. En sesión Ordinaria celebrada el 2 de octubre de 2012, la Senadora Martha Palafox Gutiérrez, integrante del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, presentó proposición con punto de Acuerdo que en su resolutivo segundo exhorta al titular del Gobierno del Estado de Tlaxcala a efecto de que presente a la brevedad la iniciativa de Reforma a la Ley de Pensiones Civiles del Estado y Congreso Local proceda a su discusión y en su caso aprobación.

2. En la misma fecha, la Mesa Directiva turnó a la Comisión de Seguridad Social el resolutivo segundo de la proposición con punto de Acuerdo de mérito para su estudio y dictamen correspondiente.

CONTENIDO DE LA PROPOSICION

En las consideraciones de la proposición objeto del presente dictamen, se menciona que el déficit de pensionarios (sic) es responsabilidad de los gobiernos, sindicatos, trabajadores y beneficiarios. Que el Estado de Tlaxcala atraviesa por un problema de déficit pensionario igual que otros estados de la República que requiere una resolución.

Que las Pensiones Civiles atraviesan por una crisis que prevalece en el sector social, donde no se han podido concretar acuerdos. Una parte considera eliminar el pago de más de 15 conceptos que considera están fuera de la Ley, sin embargo, son producto de acuerdos del Consejo Directivo desde hace más de 20 años.

Que el Consejo Directivo es el órgano máximo de la institución, integrado por cinco consejeros del gobierno del Estado y 5 consejeros de los sindicatos, siendo el Gobernador en turno su titular.

Que en gobiernos anteriores, este órgano aprobó que los incrementos salariales y demás prestaciones sociales que se paguen a los trabajadores en activo, también los recibieran los pensionados.

Que para los sindicatos, el Consejo Directivo ha aplicado determinaciones inaceptables para los pensionados como: a) el pago incompleto del bono de productividad de fin de año (2011) a quienes recibían más de 20 mil pesos mensuales, y b) la cancelación de resolutivos de nuevos pensionados que tenían conceptos indebidos como el doble bono (obtienen más percepciones los pensionados que los trabajadores en activo), lo que aumentó la inconformidad, molestia y desconfianza de los beneficiarios que sí exhiben sus cuotas y cumplen con sus años de servicios.

A lo anterior, la proponente, agrega que la Ley de Pensiones Civiles es obsoleta (1984); el incremento del número de beneficiarios; opacidad y corrupción en la mayoría de las administraciones del organismo; abuso por parte de los beneficios (sic) de seguridad social, de activos y del Gobierno del Estado; aportaciones insuficientes de los pensionados (3%) que sumadas a las de trabajadores en activo (6%) y del gobierno del estado (9%), no alcanzan para cubrir nóminas y pago de medicamentos, lo que arroja un déficitmensual de 4 millones de pesos que, sumados al pago de aguinaldo, prima vacacional y otros conceptos, el déficit total asciende a 130 millones de pesos anuales.

Por todo lo anterior, en el resolutivo segundo de la proposición que se dictamina se propone que el Senado de la República exhorte al titular del Gobierno del Estado de Tlaxcala, a efecto de que presente a la brevedad la iniciativa de Reforma a la Ley de Pensiones Civiles del Estado, y el Congreso Local proceda a su discusión y, en su caso, aprobación.

CONSIDERACIONES

La Comisión que dictamina considera que la resolución de la problemática social, financiera y actuarial por la que atraviesa el organismo público descentralizado denominado Pensiones Civiles de Tlaxcala expuesta en la proposición, es un tema que compete abordar de manera corresponsable al conjunto de actores involucrados; esto es, al gobierno, trabajadores, pensionados, familiares asegurados, y a las organizaciones de trabajadores y de jubilados y pensionados del estado de Tlaxcala.

Esta Comisión Dictaminadora considera que cualquier solución a la problemática financiera y actuarial del fondo de pensiones civiles del estado de Tlaxcala, podría emplear la fórmula en la que se respeten los derechos adquiridos de los trabajadores y de los jubilados y pensionados, atendiendo al mismo tiempo, la viabilidad del fondo de pensiones en beneficio de las futuras generaciones de trabajadores y pensionados.

Los integrantes de esta Comisión que dictamina tenemos la convicción de que la mejor solución a la problemática de financiamiento de la pensiones presentes y futuras es, ante todo, aquella a la que lleguen por consenso los actores directamente involucrados, considerando que la mejor fórmula, el mejor arreglo, es aquél que distribuye los costos y beneficios equitativamente entre todas las generaciones, presentes y futuras, sin cargar los costos en una u otra generación.

En ese marco, esta Comisión Dictaminadora, atendiendo al principio constitucional de división de poderes y de soberanía de las entidades federativas, considera que no es de aprobarse en sus términos el resolutivo segundo.

Que esta Soberanía reconoce y respeta el derecho de iniciativa que compete tanto al Gobernador como a los Diputados del Honorable Congreso del Estado, como lo establece el artículo 46 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala.

Por lo anteriormente expuesto, los integrantes de la Comisión de Seguridad Social que suscriben el presente Dictamen, sometemos a la consideración de esta Honorable Asamblea, el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

Unico. El Senado de la República del H. Congreso de la Unión, con pleno respeto al principio de división y colaboración de Poderes, remite al titular del Ejecutivo y al Congreso del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, la proposición que se dictamina, en razón de que al Gobernador como a los Diputados corresponde la facultad de iniciar leyes, y el Congreso del Estado es el ámbito competencial para iniciar, discutir y aprobar, en su caso cualquier modificación a la Ley de Pensiones Civiles de esa entidad federativa.

Salón de sesiones de la Cámara de Senadores, a 30 de noviembre de 2012.

COMISION DE SEGURIDAD SOCIAL”.






COMISION DE SEGURIDAD SOCIAL

(Dictamen a discusión)

- La C. Secretaria Palafox Gutiérrez: Doy lectura a otro dictamen.

“COMISION DE SEGURIDAD SOCIAL

H. ASAMBLEA:

La Comisión de Seguridad Social, en uso de las facultades que le confieren los artículos 85, 94 y 103 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 113, 117, 135, fracción I, 177, 182, 190, 192, 193, 194 y 277 del Reglamento del Senado de la República, presenta a la consideración de esta Honorable Asamblea, el presente Dictamen de conformidad con los siguientes:

ANTECEDENTES

1.En sesión ordinaria del 16 de octubre de 2012, el Senador Francisco Búrquez Valenzuela, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó proposición con punto de Acuerdo relativo a considerar en el Plan Maestro Sectorial de Recursos para la Atención de la Salud,la construcción y equipamiento médico-quirúrgico de un Hospital de Especialidades del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) en el Municipio de Hermosillo, Sonora.

2. En la misma fecha, la Mesa Directiva turnó a la Comisión de Seguridad Social la proposición con punto de Acuerdo de mérito para su estudio y dictamen correspondiente.

CONTENIDO DE LA PROPOSICION

El Senador proponente señala que de acuerdo con el último registro, en el estado de Sonora la población derechohabiente del ISSSTE asciende a 220,000 personas (48,198 trabajadores activos; 16,802 pensionistas y 133,895 familiares dependientes), de los cuales 65,000 derechohabientes (29.5%) radican en la Ciudad de Hermosillo.

Que el ISSSTE en el estado de Sonora cuenta con 483 médicos, de los cuales 156 se encuentran en la capital, lo que equivale a 537 pacientes en promedio por médico en la ciudad de Hermosillo. Lo anterior, sin considerar a los derechohabientes que se trasladan de otras partes de la entidad para ser atendidos en la capital.

Que la infraestructura para la atención médica del ISSSTE en el estado de Sonora consiste en 40 unidades médicas, de las cuales 34 corresponden a Unidades de Medicina Familiar y seis de hospitalización general y no se cuenta con ningún Hospital de Especialidades.

Que al día de hoy, el Hospital “Dr. Fernando Ocaranza” del Instituto es el encargado de brindar la atención a los derechohabientes canalizados de las Unidades de Médica Familiar y en los últimos años su capacidad se ha visto rebasada por el crecimiento de sus derechohabientes.

Que en la capital del estado se cuenta con tres unidades de consulta externa y una unidad de hospitalización general; no existe una sola clínica de hospitalización especializada, ello a pesar de la demanda anual de alrededor de 69, 778 consultas especializadas tan sólo en la Ciudad de Hermosillo.

Que en la entidad no se cuenta con centros donde se brinde atención de tercer nivel (hospitales de alta tecnología y máxima resolución diagnostica-terapéutica) en los que se atiende a pacientes que remiten los hospitales de segundo nivel de atención.

Que se requiere impulsar acciones que permitan cubrir de mejor manera las necesidades de los derechohabientes concretando la construcción de un Hospital de Especialidades en la región y los recursos necesarios para su equipamiento, para atender la demanda de servicios e intervenciones de salud en el tercer nivel de atención tanto de los derechohabientes de propio Instituto como de la población en general de la Ciudad de Hermosillo, y de sus alrededores.

CONSIDERACIONES

Uno de los mandatos fundamentales del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) es proporcionar servicios médicos a su población amparada. Esta Comisión de Seguridad Social ratifica el derecho de la población derechohabiente del Instituto de recibir con oportunidad, calidad y calidez atención médica-hospitalaria en los tres niveles de atención, de modo que, cualquier acción para fortalecer este derecho es un compromiso permanente.

Asimismo, esta Comisión de Seguridad Social reconoce el esfuerzo del ISSSTE para fortalecer su infraestructura médica con la creación del Programa de Necesidades de Edificación 2007-2012, con el cual la inversión en obras ascendió a $7,000 millones de pesos en el periodo 2007-2012.

El monto invertido en 2011 ascendió a $820.80 millones de pesos para un total de 23 obras, de las cuales el 61% correspondió a acciones de ampliación y/o remodelación, 22% a obra nueva y 17% a obra nueva para sustitución. Las obras nuevas realizadas en 2011 benefician a más 1.47 millones de derechohabientes. La inversión es ese año benefició a 15 estados de la república, las Delegaciones que mayormente se beneficiaron del recurso fueron Michoacán, Veracruz y Coahuila, en las que se realizaron obras nuevas y obras nuevas de sustitución de segundo y tercer nivel de atención. Cabe señalar que se asignó un mayor recurso al tercer nivel de atención equivalente a $481.50 millones de pesos que representa el 58.7% del total del monto invertido en 2011.

Asimismo, cabe observar que el presupuesto autorizado para proyectos de construcción, ampliación y remodelación de unidades médicas y administrativas del Instituto para el ejercicio fiscal 2012 fue de $456.14 millones de pesos, monto sensiblemente menor al ejercido en 2011 ($820.80 millones). (ISSSTE, Informe Financiero y Actuarial, 2012).

De acuerdo con información del Instituto, en el año 2011 la población total amparada por el ISSSTE en el estado de Sonora ascendió a 252, 339 personas, de las cuales 50,102 son trabajadores, 159,594 familiares de trabajadores, 17,823 pensionistas y 24,820 familiares de pensionistas. De las 35 Delegaciones del ISSSTE, la de Sonora ocupa el lugar número veintiuno en cuanto a número de derechohabientes. (ISSSTE, Anuario Estadístico, 2011).

En el estado de Sonora el ISSSTE cuenta con 40 unidades médicas, de la cuales 34 corresponden a unidades de primer nivel (1 Clínica de Medicina Familiar y 33 Unidades de Medicina Familiar) y 6 a unidades de segundo nivel de atención (5 Clínicas Hospitales y un Hospital General). Por lo que en esta entidad de la república, los derechohabientes del Instituto a la fecha no cuentan con ninguna Clínica de Especialidades en el segundo nivel de atención y tampoco disponen de una Unidad Médica de tercer nivel de atención (Hospital Regional).

Por otra parte, si bien es cierto que en Sonora el Instituto cuenta con 6 unidades de segundo nivel en las que se otorga servicio de consulta externa de especialidades, los servicios de hospitalización sólo incluyen las especialidades básicas: Cirugía general, Gineco-obstetricia, Medicina interna y Pediatría.

Es de señalarse que enel área foránea, el ISSSTE cuenta con 9 unidades médicas de tercer nivel de atención (Hospitales Regionales) en los estados de México, Guanajuato, Jalisco, Sinaloa, Oaxaca, Puebla, Nuevo León, Morelos y Yucatán, respectivamente. Estas unidades médicas son unidades hospitalarias con mayor capacidad resolutiva y mayor capacidad física instalada, disponen de personal especializado y tecnologías de vanguardia para la integración de diagnósticos y ejecución de procedimientos médico-quirúrgicos de alta complejidad (ISSSTE, Informe Financiero y Actuarial, 2012).

Esta Comisión coincide con la problemática general planteada por la proposición que se dictamina, en el sentido de que los derechohabientes y, la población en general, del estado de Sonora y, específicamente, de la Ciudad de Hermosillo donde se concentra el mayor número de asegurados del Instituto, no cuentan con unidades médicas detercer nivel de atención para la resolución con oportunidad y menor costo de sus necesidades de salud, y para hacer frente a la creciente demanda de este tipo de servicios que, por otra parte, conlleva a una presión en la provisión de servicios del Hospital General ISSSTE “Dr. Fernando Ocaranza”, que es el receptor de los pacientes demandantes de servicios médicos de especialidades que derivan las 34 Unidades de Medicina Familiar del estado de Sonora.

Más aún, de acuerdo con la distribución geográfica, el Hospital Regional ISSSTE-Sinaloa es la unidad médica de tercer nivel más cercana no sólo al estado de Sonora, sino también a los estados de Baja California (163,505 asegurados) y de Baja California Sur (124,542 asegurados), con lo cual, al día de hoy 540,386 derechohabientes del Instituto no con cuentan con centros donde se brinde atención de tercer nivel en estas tres entidades.

Que ésta Comisión reconoce la urgente necesidad de continuar y profundizar los esfuerzos del Instituto para ampliar y mejorar la infraestructura para la prestación de servicios de salud en el tercer nivel de atención, específicamente, en esta región del país que comprende, los estados de Sonora, Baja California y Baja California Sur.

Que la Comisión considera que son de atenderse los razonamientos de fondo planteados por la proposición que se dictamina, en atención a la necesidad no sólo de los derechohabientes del ISSSTE del estado de Sonora sino también de los estados de Baja California y Baja California Sur, de contar con un Hospital Regional de Alta Especialidad con lo que se acercarían servicios médicos de tercer nivel a 540,386 derechohabientesde estas entidades federativas.

En razón de lo anterior y para mayor claridad, esta Comisión encuentra pertinente modificar los resolutivos del proponente, por tratarse de un Hospital de Alta Especialidad del ISSSTE, no corresponde solicitar su programación y/o “consideración” dentro del Plan Maestro Sectorial de Recursos para la Atención de Salud, porque este programa es operado por la Secretaría de Salud en coordinación con las entidades federativas para atender las necesidades del sistema de protección social en salud y de los organismos públicos descentralizados de los estados que atienden a población abierta sin seguridad social.

Por lo anterior, se considera que el exhorto debe dirigirse a la Dirección General de ISSSTE para, por una parte, se incluya en el Programa de Construcción, Ampliación y Remodelación de Unidades Médicas y Administrativas del ISSSTE la construcción y equipamiento de un Hospital de Alta Especialidad en la Ciudad de Hermosillo, Sonora y, por otra, para que en el Programa de Obra Pública 2013 del mismo Instituto se asignen los recursos presupuestales para la rehabilitación y ampliación del Hospital General ISSSTE “Dr. Fernando Ocaranza”, ubicado en la capital del estado.

Por lo anteriormente expuesto, los integrantes de la Comisión de Seguridad Social que suscriben el presente Dictamen, sometemos a la consideración de esta Honorable Asamblea el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

Unico. El Senado de la República del H. Congreso de la Unión, exhorta a la Dirección General del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) para que se incluya en el Programa de Construcción, Ampliación y Remodelación de Unidades Médicas y Administrativas del ISSSTE la construcción y equipamiento de un Hospital de Alta Especialidad en la Ciudad de Hermosillo, Sonora; y para que en el Programa de Obra Pública 2013 del Instituto se asignen los recursos presupuestales para la rehabilitación y ampliación del Hospital General ISSSTE “Dr. Fernando Ocaranza”, ubicado en la capital de ese estado.

Salón de sesiones de la Cámara de Senadores, a 30 de noviembre de 2012.

COMISION DE SEGURIDAD SOCIAL”.

Es todo señor Presidente.

- El C. Presidente Cordero Arroyo: En consecuencia, están a discusión los dictámenes. Sonido en el escaño de la Senadora Mendoza.

- La C. Senadora Iris Vianey Mendoza Mendoza: (Desde su escaño) Consulto a la Secretaría, en la votación anterior que acaba de pedir de manera económica para dictamen, le solicito que nos apoye leyendo el Reglamento en la parte que compete.

- El C. Presidente Cordero Arroyo: Senadora, ¿nos permitiría terminar la discusión de este asunto y regresamos a la inquietud que está usted manifestando, con todo gusto?

- La C. Senadora Mendoza Mendoza: (Desde su escaño) Sí, esperamos, pero, en nuestra percepción es que debió haber sido una votación nominal y no como la Secretaría la solicitó en lo económico. Regresamos.

- El C. Presidente Cordero Arroyo: Gracias, Senadora, regresamos al asunto en cuanto desahoguemos este punto, regresamos al tema.

En virtud de no haber lista de oradores, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si son de aprobarse los Acuerdos.

- La C. Secretaria Palafox Gutiérrez: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si son de aprobarse los Acuerdos. Quienes estén porque se aprueben, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque se rechacen, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobados los Acuerdos, señor Presidente.

- El C. Presidente Cordero Arroyo: Comuníquense.

Sonido en el escaño del Senador Barbosa Huerta.

- El C. Senador Miguel Barbosa Huerta: (Desde su escaño) Señor Presidente, en relación ala conclusión del proceso legislativo del dictamen de reformas a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, por cierto, de hechos que exaltaron los ánimos en este Pleno, y que todos debemos tener una reflexión sobre los mismos, hay que concluir el proceso de manera legal.

Se votó en lo general a favor, salvo la reserva que hizo el Senador Cervantes de la fracción XVI del artículo 27. El día de hoy el Senador Cervantes ha presentado un escrito retirando su reserva, por tanto queda el dictamen en los términos que fue presentado por las Comisiones Unidas; está votado, salvo la fracción XVI del artículo 27.

Cuando se votan leyes, la votación es nominal, no es económica, y yo puedo entender de verdad y no quisiera abonar ni por insinuación a que este Pleno se controvierta, pero estamos cometiendo un error que debiera de corregirse, todos quienes conocen un poco de proceso legislativo sabrán que las leyes se votan en votación nominal, no de manera económica.

Por tanto, señor Presidente, no quiero también impugnar el trámite, que de manera correcta se haría en términos del artículo 19 del Reglamento, no lo quiero hacer, por favor, no quiero verme como que estoy impugnando el trámite, pero pido la consideración de la Mesa Directiva y pido la consideración de los grupos parlamentarios para que corrijamos el error que hemos cometido, de lo contrario el proceso legislativo sería débil e impugnado, es a consideración de la Mesa Directiva y de los grupos parlamentarios.

Ojalá, y esa es la convicción del grupo parlamentario del PRD que se atendiera este planteamiento respetuoso y cuidadoso que he mencionado.

Gracias.

(Aplausos)

- El C. Presidente Cordero Arroyo: Gracias, Senador Barbosa Huerta. Sonido en el escaño del Senador José Martínez.

- El C. Senador José María Martínez Martínez: (Desde su escaño) Gracias, señor Presidente.

En apoyo a la moción que hace el Senador Barbosa, con respecto a la reserva de las reformas a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, en apoyo a esas moción, solicito, en efecto, que sea la votación nominal de conformidad a nuestro Reglamento del artículo 99, que establece en su párrafo primero que se votan nominalmente los dictámenes de las comisiones con los proyectos de ley o de Decreto; por tanto, creo que la Mesa Directiva ha de corregir la votación que se hizo hace un momento con respecto a este proyecto de ley, y debe ser en votación nominal.

Es cuanto, señor Presidente.

(Aplausos)

- El C. Presidente Cordero Arroyo: En atención a las inquietudes de los Senadores Barbosa y Martínez expresadas, hagamos la votación nominal correspondiente. Solicito se hagan los anuncios correspondientes y se abra el sistema electrónico de votación.

Aclaro, lo que estamos votando es a favor la fracción XVI y último párrafo del artículo 27, en los términos del dictamen publicado en la Gaceta del Senado del 6 de diciembre. Abrase el sistema electrónico de votación.

“VOTACIÓN DEL ARTÍCULO 27 EN LOS TÉRMINOS DEL DICTAMEN

SENADORES EN PRO: 58

AISPURO TORRES JOSÉ ROSAS

ÁVILA RUIZ DANIEL GABRIEL

BARBOSA HUERTA MIGUEL

BARRALES MAGDALENO ALEJANDRA

BERISTAIN NAVARRETE LUZ MARÍA

BÚRQUEZ VALENZUELA FRANCISCO

CALDERÓN HINOJOSA LUISA MARÍA

CAMACHO SOLÍS MANUEL

CORDERO ARROYO ERNESTO

CORRAL JURADO JAVIER

CUÉLLAR CISNEROS LORENA

CUEVAS BARRÓN GABRIELA

DÁVILA FERNÁNDEZ ADRIANA

DE LA PEÑA GÓMEZ ANGÉLICA

DELGADO CARRILLO MARIO

DEMEDICIS HIDALGO FIDEL

DÍAZ LIZAMA ROSA ADRIANA

DOMÍNGUEZ SERVIÉN FRANCISCO

ENCINAS RODRÍGUEZ ALEJANDRO

GARCÍA CABEZA DE VACA FRANCISCO

GARCÍA GÓMEZ MARTHA ELENA

GARZA GALVÁN SILVIA GUADALUPE

GIL ZUARTH ROBERTO

GÓMEZ DEL CAMPO GURZA MARIANA

GRACIA GUZMÁN RAÚL

HERMOSILLO Y CELADA VÍCTOR

HERRERA ÁVILA FERNANDO

LARIOS CÓRDOVA HÉCTOR

LAVALLE MAURY JORGE LUIS

LÓPEZ BRITO FRANCISCO S

LOZANO ALARCÓN JAVIER

MARTÍNEZ MARTÍNEZ JOSÉ MARÍA

MAYANS CANABAL FERNANDO E.

MENDOZA DAVIS CARLOS

MENDOZA DÍAZ SONIA

MENDOZA MENDOZA IRIS VIANEY

MORÓN OROZCO RAÚL

OROZCO SANDOVAL MARTÍN

ORTEGA MARTÍNEZ MARÍA DEL PILAR

PADIERNA LUNA DOLORES

PEDRAZA CHÁVEZ ISIDRO

PEDROZA GAITÁN CÉSAR OCTAVIO

PRECIADO RODRÍGUEZ JORGE LUIS

RAMÍREZ HERNÁNDEZSOFÍO

RÍOS PITER ARMANDO

ROBLEDO ABURTO ZOÉ

ROBLES MONTOYA BENJAMÍN

ROJAS HERNÁNDEZ LAURA

ROMERO HICKS JUAN CARLOS

RUFFO APPEL ERNESTO

SALAZAR FERNÁNDEZ LUIS F

SALAZAR SOLORIO RABINDRANATH

SÁNCHEZ JIMÉNEZ LUIS

SANSORES SAN ROMÁN LAYDA

TORRES GRACIANO FERNANDO

TORRES PEIMBERT MARCELA

VEGA CASILLAS SALVADOR

YUNES MÁRQUEZ FERNANDO

SENADORES EN CONTRA: 2

CAVAZOS LERMA MANUEL

ROMERO LAINAS ADOLFO

SENADORES EN ABSTENCIÓN: 38

A TRAVÉS DEL SISTEMA ELECTRONICO: 15

AMADOR GAXIOLA DANIEL

ARRIOLA GORDILLO MÓNICA

BARTLETT DÍAZ MANUEL

BLASQUEZ SALINAS MARCO A.

ESCUDERO MORALES PABLO

FAYAD MENESES OMAR

FLORES RAMÍREZ JUAN GERARDO

GONZÁLEZ MARTÍNEZ JORGE EMILIO

GUERRA CASTILLO MARCELA

GUEVARA ESPINOZA ANA GABRIELA

MAYANS CANABAL HUMBERTO

MERODIO REZA LILIA GUADALUPE

PUENTE SALAS CARLOS ALBERTO

SALDAÑA PÉREZ LUCERO

SALINAS SADA NINFA

FUERA DEL SISTEMA ELECTRONICO: 22

ARAUJO LARA ANGÉLICA

AYALA ALMEIDA JOEL

CHICO HERRERA MIGUEL ÁNGEL

COTA JIMÉNEZ MANUEL HUMBERTO

DÍAZ SALAZAR MARÍA CRISTINA

FLORES ESCALERA HILDA ESTHELA

FLORES SÁNCHEZ MARGARITA

GAMBOA PATRÓN EMILIO

GASTÉLUM BAJO DIVA

GÓMEZ GONZÁLEZ ARELY

HERRERA ALE JUANA LETICIA

JUÁREZ CISNEROS RENÉ

ORIHUELA BÁRCENAS JOSÉ ASCENCIÓN

PENCHYNA GRUB DAVID

PÉREZ MAGAÑA EVIEL

PINEDA GOCHI MA. DEL ROCÍO

ROMERO CELIS MELY

ROMO MEDINA MIGUEL

ROSAS GONZÁLEZ ÓSCAR ROMÁN

YUNES LANDA HÉCTOR

YUNES ZORRILLA JOSÉ FRANCISCO

ZAMORA JIMÉNEZ ARTURO

A PETICIÓN EXPRESA: 1

BURGOS GARCÍA ENRIQUE”

- La C. Secretaria Merodio Reza: Señor Presidente, se emitieron 58 votos en pro, 2 en contra y 38 abstenciones.

- El C. Presidente Cordero Arroyo: En consecuencia, queda aprobado el artículo 27 del proyecto de Decreto. Está aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de Decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. Se devuelve con modificaciones a la Cámara de Diputados para los efectos de lo dispuesto por el inciso e) del artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Pasamos a la discusión de un dictamen de las Comisiones Unidas de Juventud y Deporte; y de Estudios Legislativos, Primera.

Solicito a la Secretaría dé lectura al dictamen.






COMISIONES UNIDAS DE JUVENTUD Y DEPORTE; Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, PRIMERA

(Dictamen a discusión)

- La C. Secretaria Merodio Reza: Doy lectura al dictamen.

“COMISIONES UNIDAS DE JUVENTUD Y DEPORTE
Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, PRIMERA

H. ASAMBLEA:

A las Comisiones Unidas de Juventud y Deporte y de Estudios Legislativos, Primera de la LXII Legislatura de la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, les fue turnada para su estudio y dictamen la minuta con proyecto de Decreto por el que se reforma la fracción I del artículo 3 de la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud.

Una vez recibida por las estas comisiones dictaminadoras, sus integrantes entraron a su estudio con la responsabilidad de considerar lo más detalladamente posible su contenido y analizar los fundamentos esenciales en que se apoya, para proceder a emitir dictamen conforme a las facultades que les confieren los artículos 85, 86, 89 y 94 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y en los artículos 176, 177, 178, 182, 183, 185, 186, 187, 188, 190, 191, 192, 193, 194 y demás aplicables del Reglamento del Senado de la República, al tenor de la siguiente:

METODOLOGIA

I. En el capítulo de “ANTECEDENTES”, se da constancia del trámite de inicio del proceso legislativo, del recibo de turno para el dictamen de la referida Minuta y de los trabajos previos de las Comisiones Dictaminadoras.

II. En el capítulo correspondiente a “CONTENIDO DE LA MINUTA”, se sintetiza el alcance de la propuesta de reforma en estudio.

III. En el capítulo de “CONSIDERACIONES”, las Comisiones Unidas expresan los argumentos de valoración de la propuesta y de los motivos que sustentan la resolución de estas Dictaminadoras.

I. ANTECEDENTES

1. Con fecha 21 de septiembre de 2010, el Senador Francisco Herrera León, integrante del grupo parlamentario del Partido de Revolucionario Institucional, presentó Iniciativa con proyecto de Decreto que reforma la fracción I del artículo 3 de la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud, la cual fue turnada a las Comisiones de Juventud y Deporte y de Estudios Legislativos, Primera para su estudio y dictamen.

2. Con fecha 2 de diciembre de 2010, fue aprobado por el Pleno de la H. Cámara de Senadores el dictamen que comprende la Iniciativa referida en el numeral que antecede, por lo que es remitido a la Cámara de Diputados para sus efectos correspondientes.

3. Con fecha 7 de diciembre de 2010, en sesión plenaria de la H. Cámara de Diputados, se dio cuenta del oficio por el que se remite la minuta proyecto de Decreto que reforma la fracción I del artículo 3 de la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud, la cual fue turnada a la Comisión de Juventud y Deporte para su estudio y dictamen.

4. Con fecha 25 de abril de 20121, fue aprobado por el Pleno de la H. Cámara de Senadores el dictamen que comprende la minuta referida en el numeral que antecede, por lo que se devuelve a la Cámara de Senadores para los efectos de lo dispuesto en la fracción d) del artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

5. Con fecha 2 de octubre de 2012, se recibió en la Cámara de Senadores la minuta citada, ordenándose su turno a las Comisiones de Juventud y Deporte y de Estudios Legislativos Primera, para su estudio y dictamen.

II. CONTENIDO DE LA MINUTA

En la iniciativa que tiene su origen en esta Cámara de Senadores, tiene por objeto replantear los mecanismos de las diversas políticas públicas, con la finalidad de que éstas permitan a los jóvenes mexicanos desarrollarse en un ambiente familiar de estabilidad y bienestar, así como de otras que permitan ayudarlos en los momentos en que necesiten asistencia para resolver situaciones de inestabilidad o conflicto creados por cambios económicos, sociales y culturales rápidos y desiguales, en especial a los jóvenes de familias indígenas o de inmigrantes y refugiados.

En la Minuta enviada a la Cámara de Diputados, se propone reformar la fracción I del artículo 3 de la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud, para quedar de la siguiente manera:

“Artículo 3. ...

I. Definir e instrumentar una política nacional de juventud, que permita a los jóvenes desarrollarse dentro de un ambiente de bienestar familiar y social, e incorporarse plenamente al desarrollo del país;

II. a VI. ...”

En la Minuta que motiva el presente dictamen se considera que lo propuesto ya está contemplado en la Ley por lo que se acuerda su desechamiento.

II. CONSIDERACIONES

La Comisión de Juventud y Deporte de la Cámara de Diputados, señala en su dictamen que lo propuesto es relevante para contribuir a la reconstrucción del tejido social que se ha visto afectado severamente durante los últimos años y que ha ocasionado la pérdida de valores y principios sociales, y con ello el incremento de las conductas antisociales.

Así mismo señala que el 5 de agosto de 2011 se publicaron en el Diario Oficial de la Federación un paquete de reformas a la ley en estudio, entre las cuales se reformaron y adicionaron diversas fracciones de los artículos 3 y 3 Bis, con la finalidad de actualizar la ley para darle mayor impulso a la juventud mexicana, considerando los valores familiares.

Al respecto, los artículos 3 y 3 Bis vigentes, prevén:

Artículo 3.El instituto tendrá por objeto:

I.Promover y fomentar las condiciones que aseguren a la juventud un desarrollo pleno e integral, en condiciones de igualdad y no discriminación de conformidad con lo establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ordenamientos legales y Tratados Internacionales suscritos por el Estado mexicano;

II.Definir e instrumentar una política nacional de juventud, que permita incorporar plenamente a los jóvenes al desarrollo del país;

III. a VII. ...

Artículo 3 Bis.El instituto en la definición e instrumentación de la política nacional de juventud a la que hace referencia la fracción II del artículo 3, deberá considerar los siguientes lineamientos:

I. a VII. ...

VII.Considerar a la familia, como institución social básica transmisora de los valores culturales de la sociedad, en la que los jóvenes representan el elemento más importante de enlace intergeneracional.

Estas comisiones unidas dictaminadoras coinciden plenamente con lo aprobado por la colegisladora, en el sentido de que en la Ley vigente ya se encuentra atendido el motivo de la propuesta, razón por lo cual se propone su desechamiento.

Por lo anteriormente fundado y motivado, los Senadores Integrantes de las Comisiones Unidas de Juventud y Deporte y de Estudios Legislativos Primera, sometemos a consideración de esta Honorable Asamblea, el siguiente:

ACUERDO

Primero. Es de aprobarse el Acuerdo emitido por la Cámara de Diputados de fecha 25 de abril de 2012, por el que se desecha la minuta con proyecto de Decreto que reforma la fracción I del artículo 3, de la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud, por considerarse como asunto atendido.

Segundo. Archívese el presente asunto como total y definitivamente concluido.

COMISION DE JUVENTUD Y DEPORTE
COMISION DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, PRIMERA”.

Es todo, señor Presidente.

- El C. Presidente Cordero Arroyo: En consecuencia, está a discusión. Al no haber oradores registrados, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica si es de aprobarse el anterior Acuerdo.

- La C. Secretaria Merodio Reza: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el anterior Acuerdo. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque se rechace, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Se aprueba, señor Presidente.

- El C. Presidente Cordero Arroyo: Aprobado el Acuerdo. Archívese el asunto como totalmente concluido.

En el apartado de iniciativas, tiene el uso de la tribuna la Senadora Hilda Esthela Flores Escalera, del grupo parlamentario del PRI, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad y de la Ley General de Educación, hasta por cinco minutos.






INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETOPOR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL PARA LA INCLUSIONDE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y DE LA LEY GENERAL DE EDUCACION

(Presentada por la C. Senadora Hilda Esthela Flores Escalera, del grupo parlamentario del PRI)

- La C. Senadora Hilda Esthela Flores Escalera: Muchas gracias, señor Presidente; estimados compañeros Senadores y Senadoras:

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en su censo 2010, señala que existe una importante disparidad entre la población sin y con discapacidad en cuanto a la materia de educación se refiere, pues mientras 56 por ciento de las personas en edad escolar sin discapacidad asisten a la escuela, sólo lo hacen el 45 por ciento de la población con discapacidad.

Asimismo, el INEGI menciona que en cuanto al promedio de escolaridad o los años aprobados que alcanza la población, se observa que mientras la población sin discapacidad de tres años y más tiene un promedio ligeramente superior a 7 grados aprobados, la población con discapacidad apenas alcanza 4.5 grados.

En ese sentido, la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad establece en su artículo 24 que los Estados Partes asegurarán un sistema de educación inclusivo a todos los niveles así como la enseñanza a lo largo de la vida, con miras a desarrollar plenamente el potencial humano y el sentido de la dignidad y la autoestima.

En México, la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad establece en su artículo 2, fracción XI, que se deberá entender por educación especial la cual está destinada a individuos con discapacidad transitoria o definitiva, así como aquellos con actitudes sobresalientes, atendiendo a los educandos de manera adecuada a sus propias condiciones, con equidad social incluyente y con perspectiva de género, con lo que no se cumple cabalmente el requisito mínimo en cuanto a educación se refiere, y más aún, se contempla un grupo poblacional distinto al objeto de la ley.

Asimismo, establece en la fracción XII del mismo artículo 2, que la educación inclusiva es aquella que propicia la integración de personas con discapacidad a los planteles de educación básica regular, mediante la aplicación de métodos, técnicas y materiales específicos.

Por su parte, la Ley General de Educación señala en su artículo 41 que la educación especial está diseñada a personas con discapacidad transitoria o definitiva, así como aquellas con aptitudes sobresalientes.

Como se lee, la ley especialista en materia educativa no contempla como una modalidad a la educación inclusiva, situación que se aleja del espíritu de la convención y del respeto del derecho íntegro de las personas de este sector poblacional, pues no se les garantiza una inclusión en el sistema educativo y se unifican dos grupos con necesidades totalmente distintas, por lo que es necesario adicionar una modalidad específica para cada uno de ellos.

Es así que surge la necesidad de hacer una serie de reformas a la legislación nacional, pues el marco jurídico mexicano carece de una precisión para ambos sectores y no cumple con la característica inclusiva que deben guardar las acciones a favor de las personas con discapacidad y que consta de establecer mecanismos de integración, aceptación y funcionamiento para unirnos como una misma sociedad entendiendo y adoptando las características y necesidades de cada sector poblacional.

En virtud de ello, se concluye la necesidad de eliminar de la ley en materia de derechos de las personas con discapacidad el concepto de educación especial, pues es un término completamente alejado del espíritu del instrumento internacional señalado y, sobre todo, del pleno e íntegro respeto de los derechos de las personas con discapacidad.

Asimismo, es necesario que en la Ley General de Educación se delimite perfectamente el tipo de educación o modalidad que debe atender las necesidades de sectores poblacionales que requieren atención especializada, tal es el caso de las personas con discapacidad y personas con actitudes sobresalientes, pues tener a los dos sectores en la misma modalidad educativa resulta contraproducente para ambos debido a que tienen características totalmente diferentes, lo que genera que no se desarrollen sus capacidades hasta el máximo.

Senadoras y Senadores, lo señalado a lo largo del presente, representa una desventaja para las personas con discapacidad que potencializa su segregación y aleja la conformación de una sociedad inclusiva con perspectiva de igualdad, respetuosa de los derechos humanos de todas las personas.

Por lo que los invito a que se sumen a esta iniciativa que tiene como objetivo promover la instauración de los mecanismos para el acceso de las personas con discapacidad a un sistema educativo inclusivo.

Por su atención, muchas gracias.

Es cuanto, señor Presidente.

Iniciativa

“SEN. ERNESTO JAVIER CORDERO ARROYO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
CAMARA DE SENADORES
PRESENTE.

HILDA ESTHELA FLORES ESCALERA Senadora de la República de la LXII Legislatura al Congreso de la Unión e integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en el Artículo 71, Fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los Artículos 8, 164 y 169 del Reglamento del Senado de la República, someto a consideración de esta Soberanía la presente iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad y de la Ley General de Educación en materia de educación inclusiva, de conformidad con la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

1.- La Red Iberoamericana de Cooperación para la Educación de Personas con Necesidades Educativas Especiales (RIINEE), que entre sus objetivos busca hacer operativa la Convención de Naciones Unidas sobre los derechos de las personas con discapacidad, a través de la consolidación de sistemas educativos inclusivos, es la encargada de generar políticas y estrategias para que las personas con discapacidad no queden fuera del sistema educativo, procurando sistemas de apoyo, así como analizando y proponiendo medidas para el acceso a la educación básica y, en general, a una educación a lo largo de la vida.

Para lograrlo, la atención a la diversidad y la educación inclusiva deben ser dos ejes centrales en la toma de decisiones de las políticas y prácticas que exigen avanzar hacia propuestas educativas que consideren las necesidades de los educandos con discapacidad, pues las acciones que se puedan generar desde esta área posibilita la participación real y efectiva de las personas con discapacidad.

En ese sentido, la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (entrada en vigor para México el 3 de mayo de 2008) establece en su Artículo 24 que los Estados Partes asegurarán un sistema de educación inclusivo a todos los niveles así como la enseñanza a lo largo de la vida, con miras a desarrollar plenamente el potencial humano y el sentido de la dignidad y la autoestima y reforzar el respeto por los derechos humanos, las libertades fundamentales y la diversidad humana, así como los talentos y la creatividad de las personas con discapacidad y sus aptitudes.

2.- En México, la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad establece en su Artículo 2, Fracción XI, qué se deberá entender por educación especial, la cual está destinada a individuos con discapacidad transitoria o definitiva, así como a aquellos con aptitudes sobresalientes, atendiendo a los educandos de manera adecuada a sus propias condiciones, con equidad social incluyente y con perspectiva de género.

Asimismo, establece en la Fracción XII del mismo Artículo 2, que la educación inclusiva es aquella que propicia la integración de personas con discapacidad a los planteles de educación básica regular, mediante la aplicación de métodos, técnicas y materiales específicos.

Por su parte, la Ley General de Educación señala en su Artículo 41 que la educación especial está destinada a personas con discapacidad, transitoria o definitiva, así como a aquellas con aptitudes sobresalientes, debiendo atender a los educandos de manera adecuada a sus propias condiciones, con equidad social incluyente y con perspectiva de género, brindando la orientación a los padres o tutores, así como también a los maestros y personal de escuelas de educación básica regular que integren a los alumnos con necesidades especiales de educación.

Como se lee, la Ley especialista en materia educativa no contempla como una modalidad a la “educación inclusiva”, situación que se aleja del espíritu de la Convención sobre los Derechos de las Persona con Discapacidad y del respeto del derecho íntegro de las personas de este sector poblacional pues no se les garantiza una inclusión en el sistema educativo y se unifican dos grupos con necesidades totalmente distintas en una misma modalidad educativa, por lo que es necesario adicionar una modalidad específica para cada uno de ellos.

Ahora en cuanto a la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, al ser uno de los fundamentos y modelos para su creación la citada Convención, es necesario que la armonización de derechos sea íntegra e inclusive tenga un mayor alcance del mínimo estándar señalado; sin embargo, en la mencionada Ley en materia de discapacidad no se cubre cabalmente con el requisito mínimo en cuanto a educación se refiere y más aún se contempla un grupo poblacional distinto como las personas con actitudes sobresalientes, al objeto de la Ley.

Con lo anterior, se concluye la necesidad de eliminar de la Ley en materia de derechos de las personas con discapacidad el concepto de “educación especial”, pues además de que sólo se encuentra en el apartado enfocado a las definiciones de la Ley y no se habla de él en ningúnotro artículo, es un término completamente alejado del espíritu del instrumento internacional señalado y sobre todo, del pleno e íntegro respeto de los derechos de las personas con discapacidad.

Ahora, en lo que corresponde a la Ley General de Educación, es necesario que se delimite perfectamente el tipo de educación o modalidad que debe atender las necesidades de sectores poblacionales que requieran atención especializada, tal es el caso de las personas con discapacidad y personas con actitudes sobresalientes, pues tener a los dos sectores en la misma modalidad educativa resulta contraproducente para ambos debido a que tienen características totalmente diferentes, lo que genera que no se potencialicen o desarrollen sus capacidades hasta el máximo.

Todo ello, representa una desventaja para las personas con discapacidad que potencializa su segregación y aleja la conformación de una sociedad con perspectiva de igualdad, respetuosa de los derechos humanos de todas las personas.

3.- El Instituto Nacional de Geografía y Estadística (INEGI) en su Censo 2010, señala que existe una importante disparidad entre la población sin y con discapacidad en cuanto a la materia de educación se refiere, pues mientras 56 por ciento de las personas en edad escolar sin discapacidad asisten a la escuela, sólo lo hacen el 45 por ciento de la población con discapacidad.

Tratándose de niños de 6 a 14 años la disparidad es aún mayor, pues mientras el95 por ciento de niñas y niños sin discapacidad asisten a la escuela, sólo el 79 por ciento de menores de 14 años con discapacidad lo hacen.

Asimismo, el INEGI menciona que en cuanto al promedio de escolaridad o los años aprobados que alcanza la población, se observa que mientras la población sin discapacidad de tres años y más tiene un promedio ligeramente superior a 7 grados aprobados, la población con discapacidad apenas alcanza 4.5 grados.

Finalmente, en el tema del nivel de escolaridad, 26.3 por ciento de la población con discapacidad no tiene instrucción alguna, cifra 3.5 veces más alta que la de las personas sin discapacidad, mientras que en educación media superior y superior, la proporción de personas sin discapacidad es 2.5 veces mayor.

4.- Es así que surge la necesidad de hacer una serie de reformas a la legislación nacional, pues el marco jurídico mexicano aún no cubre el alcance señalado en la citada Convención, pues aún tanto en la Ley en materia de discapacidad como en la Ley General de Educación se emplea el concepto “educación especial” que busca cubrir las necesidades tanto de personas con discapacidad como de personas con actitudes sobresalientes.

Aspecto, que sin duda carece de una precisión para ambos sectores y no cumple con la característica “inclusiva” que deben guardar las acciones a favor de las personas con discapacidad y que consta de establecer mecanismos de integración, aceptación y funcionamiento para unirnos como una misma sociedad entendiendo y adoptando las características y necesidades de cada sector poblacional.

Por todo ello, se propone reformar la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad y la Ley General de Educación, de la siguiente manera:

a).- Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad.

Las reformas propuestas a esta Ley, inician con la eliminación del texto correspondiente a la Fracción XI del Artículo 2, pues la actual define el término “educación especial”, mismo que se ha fundamentado no tiene cabida en esta Ley en materia de discapacidad al no contar con los elementos necesarios para promover la educación en igualdad de condiciones para las personas con discapacidad.

En ese mismo sentido, homologando la Ley a la reforma planteada en el párrafo anterior, se propone eliminar el programa para la educación especial de la Fracción I del Artículo 12 para dejar únicamente como acción de la Secretaría de Educación Pública, establecer en el Sistema Educativo Nacional, el diseño, ejecución y evaluación del programa para la educación inclusiva de personas con discapacidad.

Así mismo, se propone modificar la definición de “educación exclusiva” que se encuentra enel Artículo 2 Fracción XI que actualmente dice lo siguiente: Es la educación que propicia la integración de personas con discapacidad a los planteles de educación básica mediante la aplicación de métodos, técnicas y materiales específicos; quedando de la siguiente manera:

“Es la educación que propicia la integración de personas con discapacidad a los planteles de educación básica regular, mediante la aplicación de métodos, técnicas y materiales específicos, proporcionándoles programas educativos apropiados, estimulantes y adecuados a las necesidades específicas de cada tipo de discapacidad;”

Lo anterior en plena sintonía con lo señalado por el Instituto Politécnico Nacional, que establece a la educación inclusiva como un conjunto de servicios como los materiales educativos, currícula, tecnologías, acceso e infraestructura para garantizar que no sólo estén ahí y tomen clase, sino que aprovechen el conocimiento y puedan obtener una educación con calidad y un grado académico que responda a sus capacidades y a la formación que recibieron, siendo primordial considerar todas los diferentes tipos de discapacidad.

Finalmente en cuanto a esta Ley y con el mismo espíritu de las reformas anteriores, se propone intercambiar el término “especial” contenido en el Artículo 15 por el de “inclusiva”.

b).- Ley General de Educación.

Primeramente se propone adicionar el término “educación inclusiva” en los artículos 9, 13, 16 (I) y 39, para establecerlo como una de las modalidades del Sistema Educativo Nacional.

Posteriormente, se propone reformar el primer párrafo al Artículo 41 de la Ley, con el objetivo de diferenciar que deberá entenderse y los alcances de la “educación inclusiva” y “educación especial”.

Finalmente, en este mismo Artículo, se propone reformar el segundo párrafo para redactarlo conforme a lo señalado en la reforma que pretende ajustar la definición del término “educación inclusiva” para la Ley en materia de discapacidad.

Por lo anteriormente expuesto, y con fundamento en lo dispuesto por los artículos citados en el proemio, se propone la siguiente:

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL PARA LA INCLUSION DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y DE LA LEY GENERAL DE EDUCACION EN MATERIA DE EDUCACION INCLUSIVA.

ARTICULO PRIMERO: Se reforman las fracciones XI a XXVII del Artículo 2 eliminando el contenido de la Fracción XI y recorriéndose las actuales fracciones XII a XXVIII al numeral anterior, la Fracción I del Artículo 12, el Artículo 15 y se deroga la Fracción XXVIII del Artículo 2, todos de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, para quedar como siguen:

Artículo 2. Para los efectos de esta Ley se entenderá por:

I a X

XI. Educación Inclusiva. Es la educación que propicia la integración de personas con discapacidad a los planteles de educación básica regular, mediante la aplicación de métodos, técnicas y materiales específicos, proporcionándoles programas educativos apropiados, estimulantes y adecuados a las necesidades específicas de cada tipo de discapacidad;

XII. Estenografía Proyectada. Es el oficio y la técnica de transcribir un monólogo o un diálogo oral de manera simultánea a su desenvolvimiento y, a la vez, proyectar el texto resultante por medios electrónicos visuales;

XIII. Estimulación Temprana. Atención brindada a niños y niñas de entre 0 y 6 años para potenciar y desarrollar al máximo sus posibilidades físicas, intelectuales, sensoriales y afectivas, mediante programas sistemáticos y secuenciados que abarquen todas las áreas del desarrollo humano, sin forzar el curso natural de su maduración;

XIV. Igualdad de Oportunidades. Proceso de adecuaciones, ajustes, mejoras o adopción de acciones afirmativas necesarias en el entorno jurídico, social, cultural y de bienes y servicios, que faciliten a las personas con discapacidad su inclusión, integración, convivencia y participación, en igualdad de oportunidades con el resto de la población;

XV. Lenguaje. Se entenderá tanto el lenguaje oral como la lengua de señas y otras formas de comunicación no verbal;

XVI. Lengua de Señas Mexicana. Lengua de una comunidad de sordos, que consiste en una serie de signos gestuales articulados con las manos y acompañados de expresiones faciales, mirada intencional y movimiento corporal, dotados de función lingüística, forma parte del patrimonio lingüístico de dicha comunidad y es tan rica y compleja en gramática y vocabulario como cualquier lengua oral;

XVII. Ley. Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad;

XVIII. Organizaciones. Todas aquellas organizaciones sociales constituidas legalmente para el cuidado, atención o salvaguarda de los derechos de las personas con discapacidad o que busquen apoyar y facilitar su participación en las decisiones relacionadas con el diseño, aplicación y evaluación de programas para su desarrollo e integración social;

XIX. Perro guía o animal de servicio. Son aquellos que han sido certificados para el acompañamiento, conducción y auxilio de personas con discapacidad;

XX. Persona con Discapacidad. Toda persona que por razón congénita o adquirida presenta una o más deficiencias de carácter físico, mental, intelectual o sensorial, ya sea permanente o temporal y que al interactuar con las barreras que le impone el entorno social, pueda impedir su inclusión plena y efectiva, en igualdad de condiciones con los demás;

XXI. Política Pública. Todos aquellos planes, programas o acciones que la autoridad desarrolle para asegurar los derechos establecidos en la presente Ley;

XXII. Prevención. La adopción de medidas encaminadas a impedir que se produzcan deficiencias físicas, intelectuales, mentales y sensoriales;

XXIII. Programa. El Programa Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad;

XXIV. Rehabilitación. Proceso de duración limitada y con un objetivo definido, de orden médico, social y educativo entre otros, encaminado a facilitar que una persona con discapacidad alcance un nivel físico, mental, sensorial óptimo, que permita compensar la pérdida de una función, así como proporcionarle una mejor integración social;

XXV. Sistema. Sistema Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad;

XXVI. Sistema de Escritura Braille. Sistema para la comunicación representado mediante signos en relieve, leídos en forma táctil por las personas ciegas, y

XXVII. Transversalidad. Es el proceso mediante el cual se instrumentan las políticas, programas y acciones, desarrollados por las dependencias y entidades de la administración pública, que proveen bienes y servicios a la población con discapacidad con un propósito común, y basados en un esquema de acción y coordinación de esfuerzos y recursos en tres dimensiones: vertical, horizontal y de fondo.

Artículo 12. La Secretaría de Educación Pública promoverá el derecho a la educación de las personas con discapacidad, prohibiendo cualquier discriminación en planteles, centros educativos, guarderías o del personal docente o administrativo del Sistema Educativo Nacional. Para tales efectos, realizará las siguientes acciones:

I. Establecer en el Sistema Educativo Nacional, el diseño, ejecución y evaluación del programa para la educación inclusiva de personas con discapacidad;

II a XIV…

Artículo 15. La educación inclusiva tendrá por objeto, además de lo establecido en la Ley General de Educación, la formación de la vida independiente y la atención de necesidades educativas especiales que comprende entre otras, dificultades severas de aprendizaje, comportamiento, emocionales, discapacidad múltiple o severa y aptitudes sobresalientes, que le permita a las personas tener un desempeño académico equitativo, evitando así la desatención, deserción, rezago o discriminación.

ARTICULO SEGUNDO: Se reforma el Artículo 9, la Fracción I del Artículo 13, el Artículo 16, el Artículo 39 y el Artículo 41, todos de la Ley General de Educación, para quedar como siguen:

Artículo 9o.- Además de impartir la educación preescolar, la primaria y la secundaria, el Estado promoverá y atenderá –directamente, mediante sus organismos descentralizados, a través de apoyos financieros, o bien, por cualquier otro medio- todos los tipos y modalidades educativos, incluida la educación inicial, especial, inclusiva, media superior y superior, necesarios para el desarrollo de la Nación, apoyará la investigación científica y tecnológica, y alentará el fortalecimiento y la difusión de la cultura nacional y universal.

Artículo 13.- Corresponden de manera exclusiva a las autoridades educativas locales, en sus respectivas competencias, las atribuciones siguientes:

I.- Prestar los servicios de educación inicial, básica incluyendo la indígena, especial, inclusiva, así como la normal y demás para la formación de maestros,

II a IX…

Artículo 16.- Las atribuciones relativas a la educación inicial, básica -incluyendo la indígena- , especial e inclusiva, que los artículos 11, 13, 14 y demás señalan para las autoridades educativas locales en sus respectivas competencias corresponderán, en el Distrito Federal al gobierno de dicho Distrito y a las entidades que, en su caso, establezca. En el ejercicio de estas atribuciones no será aplicable el artículo 18.

Artículo 39.- En el sistema educativo nacional queda comprendida la educación inicial, la educación especial, la educación inclusiva y la educación para adultos.

Artículo 41.- La educación inclusiva está destinada a personas con discapacidad mientras que la educación especial para aquellas personas con aptitudes sobresalientes. Ambas modalidades atenderán a los educandos de manera adecuada a sus propias condiciones, con equidad social incluyente y con perspectiva de género.

Tratándose de menores de edad con discapacidad, esta educación propiciará su integración a los planteles de educación básica regular, mediante la aplicación de métodos, técnicas y materiales específicos, proporcionándoles programas educativos apropiados, estimulantes y adecuados a las necesidades específicas de cada tipo de discapacidad. Para quienes no logren esa integración, esta educación procurará la satisfacción de necesidades básicas de aprendizaje para la autónoma convivencia social y productiva, para lo cual se elaborarán programas y materiales de apoyo didácticos necesarios.

La educación inclusiva y especial contemplan la orientación a los padres o tutores, así como también a los maestros y personal de escuelas de educación básica regular que integren a los alumnos con necesidades especiales de educación.

TRANSITORIOS

UNICO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Salón de sesiones de la H. Cámara de Senadores, a 6 de diciembre de 2012.

Sen. Hilda Esthela Flores Escalera”.

PRESIDENCIA DEL C. SENADOR
ENRIQUE BURGOS GARCIA

- El C. Presidente Enrique Burgos García: Muchas Gracias, Senadora Flores Escalera. Se turna a las Comisiones Unidas de Atención a Grupos Vulnerables; y de Estudios Legislativos, Segunda.

Sonido en el escaño del Senador López Brito.

- El C. Senador Francisco Salvador López Brito: (Desde su escaño) Para preguntarle y pedirle respetuosamente a la Senadora promovente si me permite sumarme a su iniciativa.

- El C. Presidente Burgos García: ¿Senadora Flores Escalera, está de acuerdo?

- La C. Senadora Hilda Esthela Flores Escalera: (Desde su escaño) Sí.

- El C. Presidente Burgos García: Se toma nota de las adhesiones, muchas gracias.

Tiene el uso de la tribuna la Senadora Mariana Gómez del Campo Gurza, con aval del grupo parlamentario del PAN, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se crea la Ley General de Convivencia, Prevención y Atención del Acoso Escolar.






INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETOPOR EL QUE SE CREA LA LEY GENERAL DE CONVIVENCIA, PREVENCION Y ATENCION DEL ACOSO ESCOLAR

(Presentada por la C. Senadora Mariana Gómez del Campo Gurza, del grupo parlamentario del PAN, con aval de grupo)

- La C. Senadora Mariana Gómez del Campo Gurza: Con su venia, señor Presidente.

La violencia que más impacta a nuestra sociedad no es aquella necesariamente visible y sangrienta, es la que va minando la capacidad de las personas de sentirse valiosas y que deteriora su autoestima en un contexto que se mantiene silencioso y muchas veces impune.

Seguramente para ninguno de nosotros que tuvimos la oportunidad de asistir a un salón de clases, no resulta ajeno algún recuerdo o episodio de intimidación o acoso contra alguna compañera o compañero de grupo o incluso podría atreverme a decir que más de uno en este recinto pudo haber sido víctima de este tipo de violencia, ya sea recibiendo algún apodo, alguna burla o algún golpe.

Estadísticas recientes confirman que la violencia en el ámbito escolar es más común de lo que imaginamos porque tiene por lo menos 25 formas de manifestarse, casi todas poco evidentes.

El acoso escolar no es un tema nuevo, lleva décadas ocurriendo, lo que sí son elementos recientes son dos situaciones, primero, el incremento en su incidencia, estudios oficiales revelan que tan sólo en el Distrito Federal el 92 por ciento de los alumnos ya ha sido víctima, agresor o testigo de violencia en los salones de clase.

El segundo elemento que debe alarmarnos es que la severidad de los daños psicológicos que causa algo que comienza con burlas, que después se convierte en travesuras y más adelante en violencia física, estos daños están llegando a tal grado que orillan a un número creciente de menores de edad a pensar en el suicidio como la mejor alternativa.

Según algunas encuestas, 33 por ciento de los alumnos entrevistados dicen que pensarían en morirse. Ahora el daño psicológico es mayor y eso tiene que ver con la revolución que estamos viviendo en materia social.

Es increíble que en una época como ésta, donde el diálogo al interior de las familias es mayor, donde se fomenta la confianza entre padres e hijos, es precisamente cuando los menores más se esconden y callan los problemas que ocurren dentro y fuera de sus escuelas.

Estudios comparativos, como los realizados por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, ponen a México en el primer sitio, a escala internacional, en el número de casos de acoso escolar o bullying en nivel secundaria.

Otro análisis revela que México ocupa el último lugar en la lista de los 30 países miembros de la OCDE, en materia de implementación de políticas para el bienestar de la infancia en materia de conductas de riesgo y en lugar 26 en lo que respecta a políticas enfocadas a mejorar el ambiente escolar.

No debe extrañarnos que frente a esta falta de acción institucional surjan cifras preocupantes como las que encontramos en el Informe Nacional sobre Violencia de Género en la educación básica en México, realizado en 2009, donde de una muestra de 26 mil 319 niñas y niños de primaria y secundaria, al menos el 10 por ciento de los alumnos resultaron víctimas de violencia escolar y de ellos sólo uno de cada diez recibió atención personalizada.

A nivel nacional son prácticamente nulas las acciones adoptadas.

Sólo Baja California, Chihuahua, el Distrito Federal, Nayarit, Puebla, Tamaulipas y Veracruz cuentan con una ley específica para evitar la violencia e incrementar la seguridad escolar, pero en ningún caso se dispone expresamente de atención psicológica integral, ni un procedimiento claro de atención. Tenemos la obligación de legislar a favor de las familias y el bienestar del individuo.

Nuestro país exige que trabajemos intensamente por elevar la dignidad de las personas. Desde esa óptica, acudo a esta tribuna para presentar la iniciativa que busca crear la Ley General de Convivencia, Prevención y Atención del Acoso Escolar.

Esta iniciativa parte de la noción, de que tanto el agresor como el agredido, ambos son víctimas de un contexto violento, concibe como pieza fundamental de la solución a las familias.

No busca criminalizar a los menores, sino que el enfoque que hemos querido adoptar es uno que ha dado resultados a nivel mundial, como lo es la generación de conciencia, la tolerancia y el diálogo como bases para la resolución de conflictos.

Además se construyó partiendo de la premisa de que las políticas públicas más eficaces son aquellas que dan prioridad a la prevención más que a la reacción.

Los elementos que caracterizan esta iniciativa son:

Primero.- Busca fortalecer las acciones implementadas en nuestro país desde la ratificación de la Convención sobre los Derechos del Niño.

Segundo.- Propicia la creación de un procedimiento de atención claro y eficaz. Hará posible que sea más sencillo identificar, denunciar, atender y dar seguimiento a cualquier situación de acoso o intimidación.

Tercero.- Se enfoca prioritariamente en la prevención con medidas de seguridad, de capacitación al personal docente y de difusión de la cultura del respeto a los derechos humanos y de la no violencia.

Cuarto.- Vincula de manera decisiva a los padres de familia con el entorno escolar. Ahora los padres tendrán un rol más activo y serán tomados en cuenta.

Permitirá que en cada centro educativo del país, sin importar que sea público o privado, se eche a andar un consejo para una escuela libre de violencia, donde participen directores, maestros, padres de familia, y donde también tendrán derecho a voz y voto los menores de edad.

Esto es muy importante, los menores de edad tendrán derecho a opinar y a ser escuchados. Es precisamente esta figura la de mayor relevancia porque será en ella donde se tomen las decisiones para dar solución a cada caso.

Establece como obligación de toda escuela la creación de un reglamento escolar para que se conozcan los derechos y obligaciones de quienes interactúan en él, y también se determinan sanciones a quienes lo transgredan.

Esta ley busca un consejo de clase en cada grupo para que desde ahí se fomente el diálogo y el respeto entre los alumnos y los maestros.

Se establece, además, la obligación de instalar un buzón escolar físico en cada escuela, en lugares de fácil acceso, y seguros para recibir denuncias anónimas que conocerá el consejo para una escuela libre de violencia y un buzón electrónico en Internet a cargo de la Secretaría de Educación Pública con el mismo objeto.

Esta ley tiene una visión interinstitucional, por eso involucra a la Secretaría de Educación Pública, a la de Salud, Desarrollo Social, a las autoridades en materia de Seguridad Pública, la Procuraduría General de la República, el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), para que participen con tareas particulares y coordinen acciones para la atención, capacitación, seguimiento y solución de conflictos.

Contempla que la Secretaría de Salud brinde atención psicológica a las víctimas, a los agresores, y va más allá, porque busca solucionar los problemas desde la raíz involucrando a las familias.

Permitirá también que la SEP conozca los casos, brinde asesoría, dé seguimiento, vigile el cumplimiento del reglamento escolar, así como de sus sanciones, y algo muy importante, que genere estadísticas e informes oficiales en la materia de los que hoy en día no existen y abre la puerta también a la participación decidida de la sociedad civil.

Un elemento clave en esta iniciativa, es que determina las infracciones y sanciones a que se pueden hacer acreedores el personal docente y administrativo; determina multas para los padres de familia que se nieguen a recibir atención psicológica; establece la reparación del daño e involucra a los alumnos agresores para realizar actividades a favor de la comunidad, siempre y cuando no sean inhumanos, degradantes o violatorios de sus derechos y que permitan fomentar la difusión de la cultura al respeto a los derechos humanos.

Espero que en el Senado de la República podamos aprobar esta iniciativa, que resulta muy importante para las familias mexicanas, y agradezco además a los Senadores del grupo parlamentario del PAN, por el respaldo, encabezados, por supuesto, por nuestro coordinador y también a la Senadora Martha Palafox, del Partido del Trabajo.

Es cuanto, señor Presidente.

(Aplausos)

Iniciativa

“CC. SECRETARIOSDE LA MESA DIRECTIVA
DE LA CAMARA DE SENADORES
DEL H. CONGRESO DE LA UNION
EN LA LXII LEGISLATURA
PRESENTE.

La que suscribe, MARIANA GOMEZ DEL CAMPO GURZA, a nombre propio y de los Senadores ERNESTO JAVIER CORDERO ARROYO, ADRIANA DACILA FERNANDEZ, ROSA ADRIANA DIAZ LIZAMA, MARTHA ELENA GARCIA GOMEZ, SILVIA GUADALUPE GARZA GALVAN, LUISA MARIA CALDERON HINOJOSA, SONIA MENDOZA DIAZ, MA. DEL PILAR ORTEGA MARTINEZ, MAKI ESTHER ORTIZ DOMONGUEZ, LAURA ANGELICA ROJAS HERNANDEZ, MARIA MARCELA TORRES PEIMBERT, JOSE ROSAS AISPURO TORRES, DANIEL GABRIEL AVILA RUIZ,FRANCISCO DE PAULA BURQUEZ, GABRIELA CUEVAS BARRON, JAVIER CORRAL JURADO, FRANCISCO DOMINGUEZ SERVIEN, FRANCISCO GARCIA CABEZA DE VACA, ROBERTO GIL ZUARTH, RAUL GARCIA GUZMAN, FERNANDO HERRA AVILA, VICTOR HERMOSILLO Y CELADA, HECTOR LARIOS CORDOVA, JORGE LUIS LAVALLE MAURY, FRANCISCO SALVADOR LOPEZ BRITO, JAVIER LOZANO ALARCON, JOSE MARIA MARTINEZ MARTINEZ, CARLOS MENDOZA DAVIS, MARTIN OROZCO SANDOVAL,CESAR OCTAVIO PEDROZA GAITAN, JORGE LUIS PRECIADO RODRIGUEZ, JUAN CARLOS ROMERO HICKS, ERNESTO RUFFO APPEL, LUIS FERNANDO SALAZAR FERNANDEZ, FERNANDO TORRES GRACIANO, SALVADOR VEGA CASILLAS, FERNANDO YUNES MARQUEZ, Senadores a la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, con aval del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto por los artículos:71 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como por los artículos 8° fracción I, 164 numeral 1, 169, 171 y 172 del Reglamento del Senado de la República, someto a consideración de esta Soberanía, la siguiente iniciativa con proyecto de Decreto por el que se crea la:LEY GENERAL DE CONVIVENCIA, PREVENCION Y ATENCION DEL ACOSO ESCOLAR, al tenor de la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

La violencia en el ámbito escolar según diversos especialistas está atribuida en muchos casos a la repetición de patrones de conducta a los que están expuestos los menores de edad en sus hogares. Este tipo de conductas se agravan con el paso del tiempo, se robustecen en un contexto de impunidad y se han exacerbado gracias a los medios de comunicación electrónicos como es el Internet y las redes sociales.

En años recientes se ha advertido un alarmante crecimiento en la presencia de violaciones a los derechos humanos en los centros educativos, pero no únicamente entre alumnos; sino también de los maestros hacia los alumnos, de los alumnos hacia los maestros y de los padres de familia hacia maestros y alumnos.

En México, el abordaje que se ha dado a dicha problemática a nivel gubernamental hasta el momento ha sido limitativo a la violencia entre pares, y se han utilizado denominaciones como “acoso escolar”, “hostigamiento escolar”, “intimidación escolar” y el término anglosajón “bullying” siendo éste último el definido por el psicólogo escandinavo Dan Olweus en el año de 1993 como una “conducta de persecución física o psicológica que realiza el alumno o alumna contra otro, al que elige como víctima de repetidos ataques. Esta acción, negativa e intencionada, sitúa a las víctimas en posiciones de las que difícilmente pueden superar por sus propios medios. La continuidad de estas relaciones provoca en las víctimas efectos claramente negativos: disminución de su autoestima, estados de ansiedad e incluso cuadros depresivos, lo que hace difícil su integración en el medio escolar y el desarrollo normal de los aprendizajes”.

Al tratar el problema de la violencia escolar, no es posible considerarlo únicamente en una de las aristas que lo conforman, es decir, debe entenderse que no es un problema cuya solución sea unívoca o de carácter personal sino que debe procurar incluir a la comunidad educativa en su conjunto; tampoco debe buscarse una solución que criminalice a los menores de edad, por el contrario, debe buscar crear respuestas comprensivas y sensibles apelando siempre a dignificar a las personas; Debe partir de la concebir que este tipo de situaciones no sólo afectan a lasvíctimas o victimarios sino a un elevado número de menores que son espectadores o testigos de la violencia quienes no pueden estar ajenos de la solución. Por último, debe reconocerse que la principal herramienta para la creación de un ambiente libre de violencia en el ámbito escolar debe ser la puesta en marcha de acciones a favor de la prevención, acciones encaminadas a generar conciencia y a fomentar una cultura del respecto a los derechos humanos, a la tolerancia y al diálogo.

Las conductas violentas que ocurren en este ámbito no sólo comprenden hostigamiento, acoso o intimidación, si no que incluyen actos de discriminación, exclusión, negligencia, violencia emocional, física, sexual, verbal y hoy en día, la violencia ejercida mediante tecnologías de información y telecomunicaciones.

La arena educativa y de formación humana de los menores de edad se encuentra en la intersección de tres esferas: la familia, la vida en la comunidad educativa y el entorno social. Es por esto que no se busca atacar el problema de la violencia escolar en una sola de sus facetas sino en conjunto: familia, escuela e integrantes de la comunidad escolar (padres de familia, alumnos, maestros y autoridades escolares).

El gran problema de la violencia en el ámbito escolar es complejo, ya que las actitudes violentas de la niñez y la adolescencia, en general, son aprendidas y el primer aprendizaje de la violencia se presenta, por lo general en el ámbito familiar, lugar en el que se dan las primeras formas de interrelación.

El involucramiento de factores sociales claves como la familia, entendida esta como el espacio más importante de desarrollo de las personas ya que es el transmisor de patrones de conducta, valores y actitudes del entorno sociocultural al que pertenece. Por otro lado la escuela, que es el espacio que les brinda la socialización afuera de la familia y es el lugar de desarrollo de habilidades y aprendizajes para la vida; y por último, el ámbito comunitario, que es la zona en la que se desarrollan las familias y otras instituciones que forman a los ciudadanos; nos brindan una alerta urgente de atención a esta realidad.

En este sentido, existen algunos factores de riesgo familiares, que potencian la posibilidad de que un niño se convierta en agresor o en víctima en la escuela:

a. Falta de afecto, calidez, confianza, diálogo y comprensiónpor parte de los padres de familia.

b. Conductas por parte de los padres extremadamente permisivas, con falta absoluta de límites.

c. Falta de supervisión, por lo que pueden estar involucrados en otras conductas antisociales como vandalismo, robo y abuso de sustancias.

d. Disciplina estricta y física (golpes y castigos severos).

e. Incidentes de molestias o intimidaciones en casa.

La violencia familiar es una de las causas principales de la violencia escolar, si no es que la principal. Estadísticas del INEGI revelan que existe este tipo de violencia en más del 50% de los hogares mexicanos.

La estadística señalada nos indica que la violencia familiar se genera por la frustración de los padres de familia ante un entorno en el que se carece de oportunidades tanto laborales y profesionales como educativas, la falta de vivienda digna, los problemas económicos, las adicciones como el alcoholismo y el tabaquismo, la subsistente cultura de discriminación, el machismo y la desigualdad. Todos estos elementos contribuyen a la infelicidad en los hogares mexicanos que repercute en la vida social de sus miembros, que en el caso de los niños, principalmente es en la escuela.

Diversos estudios revelan que los medios de comunicación influencian la vida de los niños de forma significativa. Un niño observa la televisión un promedio de 22 a 25 horas a la semana. Es un factor digno de discusión la existencia de una creciente cantidad de contenidos mediáticos cargados de violencia física, verbal, sexual y estereotipos de raza y género. La violencia en los filmes cinematográficos que ven los niños ha aumentado significativamente. También los videojuegos con alto contenido agresivo incrementan el nivel de hostilidad de los niños, pues en éstos juegos existe la posibilidad de trasgredir normas, reglas y valores que las familias y las escuelas se empeñan en inculcar.

Pero no sólo la exposición a ciertos contenidos vertidos en los medios de comunicación influyen en el nivel de agresividad de los niños, también contribuye la violencia que viven en su comunidad, en la calle en que viven; la discriminación de la que son víctimas en caso de tener características físicas o ideológicas diferentes, la misma discriminación de la que pueden ser víctimas si no pertenecen a determinada clase social, estatus económico, si carecen de acceso a determinados benefactores que han cobrado popularidad como teléfonos móviles, aparatos electrónicos, ropa o juguetes de moda.

Asimismo el enfrentarse a un mundo joven sumergido en las adicciones, no sólo al alcohol y tabaco, si no drogas tales como mariguana, cocaína y otras, los invita a evadir la realidad violenta en la que viven y desafortunadamente se pierden en la adicción.

El Informe Nacional sobre las Adicciones, realizado por la Secretaría de Salud y el INEGI en 2008 señala que, en promedio, cada año 100 mil mexicanos, en su mayoría jóvenes de entre 14 y 18 años de edad, se inician en el consumo de alguna droga y, de ellos, alrededor de dos terceras partes lo hace con la cocaína sintética y las anfetaminas vinculadas directamente a colapsos, síncopes e infartos prematuros y con el 90 por ciento de los hechos de violencia.

La facilidad de acceso a armas de fuego constituye otro factor de riesgo comunitario y social.

A lo anterior se suma la proliferación en el uso de las Tecnologías de Información y Telecomunicaciones (TIC) dentro y fuera de los centros educativos como una continuación de la violencia que se ejerce entre ellos. Han evolucionado las agresiones compulsivas, acosos permanentes, hostigamientos sistemáticos, incluyendo el uso inadecuado de la telefonía celular, los blogs, redes sociales, chats, entre otros. Los agresores emplean correos, videos o fotografías para insultar, difundir rumores y atentar contra la intimidad de sus pares e incluso de sus maestros. La tecnología en el actual contexto social se ha convertido en un detonante en el incremento de la violencia escolar.

El carácter agresivo y violento de la interacción que se da dentro de las escuelas se ha constituido en un tema que debe ser prioritario para la investigación y la incidencia en políticas públicas. Esto debido a sus consecuencias en el desarrollo, desempeño y resultados académicos de los niños, niñas y jóvenes en formación. Estas prácticas que empiezan a constituirse en hechos cotidianos, conocidos y, en cierto modo, avalados por adultos y los propios estudiantes, entran en total contradicción con aquello que se espera sea una escuela: un espacio de protección, formación ética, moral, emocional y cognitiva de ciudadanos. De igual modo, comprometen seriamente la posibilidad de que la escuela se erija en un lugar para el intercambio del conocimiento, en un ambiente de sana convivencia y sociabilidad democrática y justa. Poder aprender sin miedo, en un clima confiable y seguro, se constituye en una de las condiciones fundamentales para que cada estudiante fortalezca habilidades de todo tipo y se apropie de aquellos aprendizajes que le asegurarán su pleno desarrollo y la participación social que le corresponde.

La violencia afecta el proceso pedagógico en las escuelas y las consecuencias pueden abarcar desde el aislamiento, la deserción escolar, graves problemas psicológicos y emocionales, trastornos alimenticios y lesiones auto-infringidas, hasta el suicidio; problemáticas que atentan contra los derechos humanos de niñas, niños, adolescentes y jóvenes.

Se ha catalogado a la violencia escolar como un problema de salud pública, ya que destacan la aparición de enfermedades y alteraciones de la salud en las niñas, niños, adolescentes y jóvenes que experimentan la violencia en el ámbito escolar, pues presentan predisposición a problemas de orden emocional que comprometen la integridad física. Es por esto que se debe de incorporar la atención de las víctimas de cualquier tipo de violencia en las escuelas y el tratamiento psicológico de los agresores o generadores de la misma en el rubro de salud mental.

CIFRAS.

En nuestro país, son pocos los estudios que ofrecen diagnósticos y estadísticas precisas y confiables sobre estas problemáticas; sin embargo, existen cifras alarmantes.

La SEP estima en el Informe Nacional sobre Violencia de Género en la Educación Básica en México (2009) de una muestra de 26,319 niñas y niños de primaria y secundaria, que al menos el 10 por ciento de los alumnos son víctimas de violencia escolar y sólo uno de cada diez recibe atención personalizada. El 43.2 por ciento del personal docente menciona que se han detectado casos de violencia escolar entre alumnos en su escuela. Desagregando por modalidad de estudio, se encuentran diferencias entre primaria general (25.4%) y el de primaria indígena (36.9%), así como entre la secundaria técnica (25.4%), secundaria general (46.4%), y telesecundaria (57.5%), que reporta el más alto porcentaje.

En el caso de los niños y niñas en edad escolar, el cuerpo directivo manifestó que casi una cuarta parte del alumnado discrimina por diferencias religiosas. La homosexualidad, la pobreza, la diferencia de clases y la discapacidad fueron mencionadas también como causas de discriminación entre escolares. Otros motivos de discriminación mencionados con bajos porcentajes tienen que ver con el lugar de procedencia, el color de piel, constitución de la familia distinta a la tradicional, diferencias de lenguaje o referidas al género. Solamente el 27.7 por ciento de los directores y directoras planteó que en su escuela no se han dado casos de discriminación. (Primer Informe Nacional sobre Violencia de Género en la Educación Básica en México, 2010).

En un estudio publicado por la CEPAL en agosto de 2011 se señala que un 11% de los estudiantes mexicanos de primaria han robado o amenazado a algún compañero, mientras que en secundaria ese porcentaje alcanza a poco más de un 7%. Asimismo, se señala el porcentaje de estudiantes de 6º grado de primaria que declaran haber sido en su escuela, víctimas de: robo 40.24%, insultados o amenazados 25.35%, golpeados 16.72%, o atravesado por algún episodio de violencia 44.47%.

La Encuesta Nacional sobre Discriminación en México (ENADIS 2010) realizada por el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (CONAPRED) y el Instituto Mexicano de la Juventud (IMJUVE) arroja resultados de las situaciones más frecuentes de las que han sido víctimas niños y niñas de sus compañeros de la Escuela:

1. Se han burlado de ti (Mucho)

Niñas 13.8% Niños 19.2%

2. Te han hecho llorar (Mucho)

Niñas 8.6% Niños 12.8%

3. Te han pegado (Mucho)

Niñas 10.0% Niños 10.1%

4. Te han hecho sentir avergonzado (Mucho)

Niñas 22.5% Niños 39.8%

SISTEMA NORMATIVO MEXICANO.

El artículo 1° Constitucional (reformado el 10 de junio de 2011), establece que: “En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte…”, asimismo en su Párrafo Tercero dispone que: “Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones de derechos humanos, en los términos que establezca la ley”.

La educación en México es un derecho inherente a todo individuo que se consagra a través del artículo 3º Constitucional en el cual se establece que, todo individuo tiene derecho a recibir educación y que ésta, desde el nivel básico y hasta la media superior serán obligatorias. El Estado, integrado por la Federación, estados, Distrito Federal y municipios, es el facultado para impartirla. La educación básica se conforma por la educación pre-escolar, primaria y secundaria, que junto con la media superior son obligatorias en nuestro país.

La educación de conformidad con el artículo 3° Constitucional, se caracterizará en México, por ser laica, gratuita y deberá darse dentro de un contexto democrático, entendiendo a este último como un sistema de vida fundado en el constante mejoramiento económico, social y cultural del pueblo.

En lo relativo a una educación libre de violencia, se pone de manifiesto que “la educación que imparte el Estado tenderá a desarrollar armónicamente, todas las facultades del ser humano y fomentará en él, a la vez, el amor a la patria, el respeto a los derechos humanos y la conciencia de la solidaridad internacional, en la independencia y en la justicia”.

En párrafos posteriores del mismo artículo 3 de la Constitución establece que el “criterio que orientará a esa educación se basará en los resultados del progreso científico, luchará contra la ignorancia y sus efectos, las servidumbres, los fanatismos y los prejuicios” además de que “contribuirá a la mejor convivencia humana, tanto por los elementos que aporte a fin de robustecer en el educando, junto con el aprecio para la dignidad de la persona y la integridad de la familia, la convicción del interés general de la sociedad, cuanto por el cuidado que ponga en sustentar los ideales de fraternidad e igualdad de derechos de todos los hombres, evitando los privilegios de razas, de religión, de grupos, de sexos o de individuos.”

Como se observa, se pugna por una educación libre de violencia, la promoción de la cultura de la paz y la no violencia, así como, contribuir al aprecio para la dignidad de la persona, sustentar los ideales de fraternidad e igualdad y evitar los privilegios.

El artículo 4 Constitucional prevé el derecho de toda persona a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar, así como el derecho de niños y niñas a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral, estableciendo en ese mismo artículo el deber de ascendientes, tutores y custodios para preservar estos derechos coadyuvando con el Estado quien proveerá lo necesario para propiciar el respeto a la dignidad de la niñez y el ejercicio pleno de sus derechos.

Si bien es cierto que desde la aprobación de la Convención sobre los Derechos del Niño de las Naciones Unidas en 1989, ratificada por México el 21 de septiembre de 1990, con vigencia en nuestro país a partir del 21 de octubre de 1990 y publicada en el Diario Oficial de la Federación el 25 de enero de 1991, se han dado avances significativos en la condición jurídica, psico-social y cultural de los niños, niñas y adolescentes, también se han observando una serie de señales preocupantes, que implican un retraso e incluso retrocesos en el ejercicio real de los derechos humanos de la niñez y la adolescencia, especialmente en temas como la violencia en el ámbito escolar en contra de niños, niñas y adolescentes, así como, en contra de otros actores de la comunidad escolar (padres de familia, docentes y/o autoridades escolares).

La Convención sobre los Derechos del Niño dio lugar a la defensa de los niños y niñas y jóvenes del mundo y de los Estados que forman parte de la Convención.

En nuestro país se han llevado a cabo muchas acciones desde que se ratificó en 1990 esta Convención; entre ellas, el reconocimiento como niños a todos los menores de 18 años, la expedición de la Ley para la protección de los derechos de niñas, niños, adolescentes y jóvenes y la redefinición de los sistemas de justicia que se aplican a los menores de edad en México, además de la especialización de tribunales, la creación de medidas alternativas de detención y la elaboración de un sistema integral de justicia.

Por su parte la Ley General de Educación establece que la finalidad de la educación es propiciar el conocimiento de los derechos humanos y el respeto a los mismos (Artículo 7 Fracción VI in fine), fomentar los valores y principios del cooperativismo (Artículo 7 Fracción XIII), contribuir a la mejor convivencia humana (Artículo 8 Fracción III) y a su vez señala que las autoridades educativas, en el ámbito de sus respectivas competencias, efectuarán programas dirigidos a los padres de familia, que les permitan dar mejor atención a sus hijos (Artículo 33 Fracción IX), se tomarán medidas que aseguren al educando la protección y el cuidado necesarios para preservar su integridad física, psicológica y social, sobre la base del respeto a su dignidad (Artículo 42) y que la aplicación de la disciplina escolar debe ser compatible con la edad de los niños (Artículo 42).

Por su parte el artículo 71 de esta Ley, establece que en cada Entidad Federativa y en el Distrito Federal, funcionará un Consejo Estatal de Participación Social en la Educación, como Órgano de consulta, orientación y apoyo.

Se considera necesario generar un marco jurídico federal que sea la base de una política pública que aborde el problema de la violencia escolar bajo un enfoque de derechos humanos, en el que se propongan medidas efectivas de prevención de todas las manifestaciones de la violencia en los centros educativos, acciones encaminadas a la erradicación y eliminación de la misma estableciendo las particularidades y responsabilidades de los que ejercen el rol de estudiantes,maestros, padres de familia y autoridades educativas, de salud y de procuración de justicia y las regulaciones y reglamentaciones pertinentes en caso de que se incurra en actos de violencia escolar y sea conducente la aplicación de sanciones a los sujetos involucrados, priorizando en todo tiempo el principio constitucional del interés superior de la infancia, la promoción de una cultura de paz, la resolución no violenta de los conflictos, la colaboración interinstitucional y la responsabilidad social para garantizar el ejercicio pleno de derechos fundamentales como la salud, educación y desarrollo integral de niñas, niños, adolescentes y jóvenes.

Por lo expuesto, se presenta la propuesta de iniciativa de:

LEY GENERAL DE CONVIVENCIA, PREVENCION
Y ATENCION DEL ACOSO ESCOLAR

CAPITULO PRIMERO
DISPOSICIONES GENERALES

ARTICULO 1º. Las disposiciones de esta Ley son de orden público e interés social para toda la República y tiene por objeto:

I. Salvaguardar el interés superior de la infancia y la protección integral de niños, niñas, adolescentes y jóvenes;

II. Tutelar y respetar los derechos humanos de niños, niñas y adolescentes reconocidos en la Constitución, y en los Instrumentos internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; en particular el derecho a una educación libre de violencia;

III. Diseñar mecanismos, instrumentos y procedimientos para garantizar el derecho de las personas que integran la comunidad del centro educativo a una vida libre de violencia en el ámbito escolar;

IV. Establecer los lineamientos conforme a los cuales se deberán realizar las acciones de prevención y ejecución de medidas en materia de seguridad escolar en los Centros Educativos;

V. Crear y fortalecer vínculos entre las diferentes instancias externas que interactúan en el ámbito de la comunidad escolar con los integrantes de ésta, a fin de mejorar la seguridad en las Escuelas; Otorgar atribuciones a los integrantes de la comunidad escolar para establecer, ejecutar y en su caso, vigilar las acciones, proyectos y programas en materia de seguridad escolar que permitan el seguimiento y evaluación constante de los mismos. Prevenir la violencia escolar en los centros educativos del país, así como otorgar apoyo asistencial a las víctimas; y psicológico o terapéutico a los agresores;

VI. Propiciar un ambiente de seguridad en las escuelas, generando una cultura de prevención, atención y solución de riesgos que puedan surgir en cualquier momento en los centros educativos; así como fomentar la participación de maestros, padres de familia, alumnos y autoridades escolares en estas actividades y en el fomento de la fraternidad, solidaridad y sentido de pertenencia;

VII. Establecer un Consejo para una Escuela Libre de Violencia, que servirá de instrumento rector para el diseño e implementación de programas en materia de seguridad escolar, el que una vez aprobado deberá ser de observancia obligatoria para las instituciones educativas, asociaciones de padres de familia, estudiantes y en general para los habitantes de la República Mexicana;

VIII. Establecer la creación de un Reglamento Escolar, el cual deberá tener como fin que todas las personas que interactúan en el Centro Educativo conozcan sus derechos y obligaciones y las sanciones a que se harán acreedores si cometen una conducta violenta, así como las medidas para evitar la violencia escolar entre todos los agentes que intervienen en la Comunidad Educativa tales como alumnos, padres de familia, docentes y personal administrativo;

IX. Establecer la creación de un Consejo de Clase en cada grupo, que se encargará de discutir los asuntos y conflictos relacionados con problemas en clase y fuera de ésta; y,

X. Establecer la obligatoriedad de instalar un buzón escolar físico y electrónico para depositar las denuncias anónimas de violencia escolar de las que conocerá el Consejo para una Escuela Libre de Violencia.

La Federación, el Distrito Federal, los Estados y los Municipios en el ámbito de su competencia, podrán expedir las normas legales y tomarán las medidas administrativas necesarias a efecto de dar cumplimiento a esta ley.

Artículo 2º. Para los efectos y la aplicación de esta Ley, se entenderá por:

I. Niñas y Niños: Las personas de hasta 12 años incompletos (Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, niños, adolescentes y jóvenes).

II. Adolescentes: Las personas que tienen más de 12 años y menos de 18. (Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, niños, adolescentes y jóvenes).

III. Jóvenes: Es toda persona mayor de 12 años y menor de 29. (Ley del Instituto Mexicano de la Juventud)

IV. Violencia: Es el uso deliberado de la fuerza física o el poder, ya sea en grado de amenaza o efectivo, contra uno mismo, contra otra persona o u grupo o comunidad, que cause o tenga muchas probabilidades de causar lesiones, daños psicológicos, trastornos del desarrollo o privaciones y muerte (OMS).

V. Violencia Escolar: Cualquier relación, proceso o condición por la cual un individuo o grupo viola la integridad física, social y/o psicológica de otra persona o grupo en el espacio educativo generando una forma de interacción en la que este proceso se reproduce. (Observatorio Ciudadano de la Educación).

VI. Intimidación Escolar: Forzar a una persona a realizar algo que no quiere hacer u obtener algo de ella mediante amenazas, violencia física o verbal, que se llevan a cabo fuera o dentro del horario escolar, y quienes la realizan y la sufren tienen relación escolar.

VII. Agentes involucrados en la Violencia Escolar:

• Víctima: La persona que, individual o colectivamente, haya sufrido o sufra daños, inclusive lesiones físicas o psicológicas, sufrimiento emocional, pérdida patrimonial o menoscabo sustancial de los derechos fundamentales, como consecuencia de acciones u omisiones dealguno u algunos otros miembros de la Comunidad Educativa.

• Agresor: Es quien ejerce la violencia, el abuso o el poder sobre la víctima. Suele ser fuerte físicamente, impulsivo, dominante, con conductas antisociales y poco empático con sus víctimas.

• Cómplices: Son todos aquellos que guardan silencio, se ríen y/o apoyan al agresory/o que sabiendoo conociendo de la agresión, son omisos en detener la o las acciones, lo que fomenta la violencia escolar.

VIII. Comunidad Escolar: Conjunto de personas que comparten espacios educativos, considerando a alumnos, padres de familia, docentes, personal administrativo y de apoyo en cada escuela.

IX. Represalias: Respuesta de castigo, venganza o amenaza en contra de quien reporte casos de violencia escolar, proporcione información durante la investigación, o sea testigo o poseedor de información fiable de algún hecho de violencia.

X. Ambiente Hostil: Situación en la que la violencia escolar altera las condiciones de la educación de los estudiantes y crea un ambiente escolar abusivo o violento.

XI. Escuela o Centro Escolar: El inmueble en que presta sus servicios una institución educativa, pública o privada.

XII. Personal Escolar: El que sostenga una relación laboral con el Centro Escolar, que incluye enunciativamente al de carácter directivo, docente, de supervisión, administrativo, (enfermera, portero, consejero, trabajadora social, psicóloga, mantenimiento, limpieza, seguridad, etcétera).

XIII. Estudiante: Persona que curse sus estudios en alguna Institución Educativa en la República Mexicana, que cuente con reconocimiento de validez oficial de estudios por parte de las autoridades correspondientes.

XIV. Consejo para una Escuela Libre de Violencia: Es un órgano que se integrará por autoridades escolares, docentes, padres de familia y alumnos del Centro Educativo.

XV. Reglamento Escolar: Documento que contiene el conjunto de derechos y obligaciones y sanciones que rigen las actividades de la comunidad escolar.

XVI. Consejo de Clase: Sesiones convocadas por alumnos que integran un salón de clases y el docente titular del grupo y un padre de familia.

XVII. Buzón Escolar: Contenedor físico y electrónico donde se depositarán las denuncias anónimas sobre violencia escolar.

XVIII. Secretaría: Secretaria de Educación Pública.

Artículo 3º. Los principios rectores de esta ley constituyen el marco conforme al cual las autoridades deberán planear, crear, ejecutar, dar seguimiento y evaluar el conjunto de acciones de Gobierno para garantizar un ambiente libre de violencia en el entorno escolar, considerando como eje rector en todas sus decisiones el interés superior de la infancia, el respeto a los derechos humanos a la dignidad de las personas, la no discriminación, la perspectiva de género, la prevención de la violencia, la resolución no violenta de conflictos, la interdependencia, la protección integral, la coordinación interinstitucional, la pluriculturalidad y el reconocimiento a la diversidad, la resiliencia y el enfoque de derechos humanos.

Artículo 4º. Los programas y acciones que emprendan las autoridades y los Centros Educativos, tenderán principalmente a edificar y fortalecer las actitudes, y formar hábitos y valores de los alumnos a efecto de prevenir la violencia y fomentar el respeto a los derechos humanos en la comunidad escolar.

Artículo 5º. La persona víctima de cualquier tipo y modalidad de violencia en el entorno escolar tiene derecho a:

I. Ser tratada con respeto a su integridad y el ejercicio pleno de sus derechos tanto por la comunidad educativa, como por las autoridades que conozcan del caso;

II. Contar con protección inmediata y efectiva por parte de las autoridades encargadas de la salvaguarda y protección de los derechos humanos de las niñas, niños, adolescentes y jóvenes cuando se encuentre en riesgo su integridad física o psicológica;

III. Recibir información, veraz y suficiente que le permita decidir sobre las opciones para su atención, y tratamiento, en su caso;

IV. Contar con asesoría y representación jurídica gratuita y expedita;

V. Recibir información, atención y acompañamiento médico y psicológico;

VI. Acceder a procedimientos expeditos y accesibles de procuración y administración de justicia;

VII. A ser canalizada a las instancias correspondientes para su atención oportuna según sean las circunstancias y las necesidades de cada caso;

VIII. En caso de riesgo grave a que se dicten medidas cautelares tendientes a salvaguardar su integridad física y asegurar su derecho a la vida, integridad y dignidad; y,

IX. A la reparación del daño moral y, en su caso, a recibir una indemnización o el pago de daños y perjuicios.

Artículo 6. El Agresor generador de violencia escolar tiene derecho a:

I. Ser escuchado y tratado con respeto a su integridad y el ejercicio pleno de sus derechos;

II. Contar con protección inmediata y efectiva por parte de las autoridades cuando se encuentre en riesgo su integridad, al ser receptores de violencia en otros contextos, como el familiar;

III. Recibir información, veraz y suficiente que le permita decidir sobre las opciones de atención;

IV. Contar con asesoría psicológica y representación jurídica gratuita y expedita;

V. Recibir información, atención y acompañamiento médico y psicológico por las instancias correspondientes, según sean las circunstancias y las necesidades de cada caso; y,

VI. Acceder en su caso, a procedimientos expeditos y accesibles de procuración y administración de justicia.

Artículo 7. Las autoridades, en el ámbito de su competencia, deberán adoptar todas las medidas pertinentes que aseguren a las personas integrantes de la comunidad escolar la protección y el cuidado necesarios para preservar su integridad física, psicológica y social sobre la base del respeto a su dignidad.

Artículo 8. Las autoridades, en el ámbito de su competencia, desarrollarán e impulsarán campañas de difusión que transmitan la importancia de una convivencia armónica y libre de violencia en los ámbitos familiar, escolar, comunitario y social, haciendo uso también de las tecnologías de la información y comunicación para fomentar un ambiente libre de violencia en el entorno escolar.

Artículo 9. Las autoridades desarrollarán en el Reglamento de la presente Ley, sin menoscabo de las disposiciones que en ella se establezcan, modelos de atención integral de las víctimas y agresores de violencia escolar, así como para los demás agentes involucrados de manera indirecta.

Artículo 10. En todas las acciones que se deriven con motivo de la aplicación de la Ley, se atenderá a la mayor protección de la identidad y datos personales conforme a la legislación aplicable.

Artículo 11. Las autoridades para efectos de la presente Ley, en los Anteproyectos de Presupuestos que formulen, contendrán la previsión de gasto para el desarrollo de acciones de conocimiento, atención y prevención de violencia escolar.

Artículo 12. Las autoridades correspondientes preverán una partida presupuestal etiquetada para la aplicación de acciones de atención y prevención de la violencia en la comunidad escolar.

Asimismo las autoridades correspondientes generarán convenios de colaboración con instituciones de salud y Educación Superior, para atender la prevención de la violencia en las comunidades escolares.

Artículo 13. En todo lo no previsto por la presente Ley, se observarán las disposiciones normativas compatibles con el objeto de la presente Ley contenidas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley para la Protección de los Derechos de las Niñas, Niños, Adolescentes y Jóvenes, la Ley General de Educación, así como todo lo dispuesto en los Tratados Internacionales de la materia ratificados por el Estado Mexicano.

CAPITULO SEGUNDO

DE LAS AUTORIDADES Y SUS COMPETENCIAS

Artículo 14. Son autoridades competentes para la aplicación de esta Ley:

I. Secretaría de Salud.

II. Secretaría de Educación Pública.

III. Secretaría de Desarrollo Social.

IV. Secretaría de Seguridad Pública.

V. Procuraduría General de la República.

VI. Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia DIF.

Artículo 15. Corresponde a la Secretaría de Salud:

I. Realizar investigaciones, recabar y sistematizar datos estadísticos en materia de salud pública sobre los impactos que tiene la violencia en el entorno escolar, respecto a la salud psicológica de las niñas, los niños y los adolescentes, para la elaboración de políticas públicas para su prevención.

II. Ejecutar programas especializados para prevenir las afectaciones en la salud mental de las personas en contextos de violencia en el entorno escolar, específicamente las derivadas de la violencia escolar y dirigidas a los integrantes de la comunidad escolar.

III. Diseñar, implementar y evaluar periódicamente un programa integral de apoyo a las víctimas de violencia escolar, receptores indirectos, así como a los agresores de violencia, para proporcionar asistencia médica y psicológica especializada, dando seguimiento a la recuperación postraumática.

IV. Elaborar e instrumentar mecanismos, programas y acciones tendientes a identificar y disminuir los factores de riesgo que afectan la salud de las y los estudiantes en contextos de violencia escolar.

V. En coordinación con las autoridades correspondientes, implementar campañas que disminuyan la venta de alcohol, tabaco y en general de sustancias psicoactivas en el entorno de las instituciones educativas, así como el consumo en estudiantes, personal docente, directivos escolares, personal administrativo de las escuelas, padres y madres de familia o tutores.

VI. Realizar acciones de capacitación y sensibilización a su personal en el tema de violencia entre escolares, con el fin de proporcionar una atención adecuada a todos los involucrados, basada en el respeto y garantía de los derechos humanos de las niñas, los niños y los adolescentes.

VII. Las demás que le señalen las disposiciones legales aplicables.

Artículo 16. Corresponde a la Secretaría de Educación Pública:

I. Coordinar la elaboración de programas de prevención y atención para la erradicación de la violencia escolar.

II. Proponer las normas de operación y funcionamiento del Consejo para una Escuela Libre de Violencia.

III. Diseñar lineamientos, mecanismos, instrumentos e indicadores para el seguimiento y vigilancia de los objetivos de la presente Ley; así como para la capacitación y especialización de las y de los servidores públicos encargados de la protección de niñas, niños y adolescentes sobre el tema de violencia escolar desde un enfoque de derechos humanos y con perspectiva de género.

IV. Celebrar convenios de cooperación, coordinación y concertación con los sectores públicos, privados y sociales, para promover los derechos de las niñas, niños, adolescentes y jóvenes, la resolución no violenta de conflictos, fortalecimiento de la cohesión comunitaria y convivencia armónica dentro de la comunidad escolar.

V. Generar acciones y mecanismos extraescolares que favorezcan el desarrollo de las habilidades psicosociales de las niñas y los niños, las y los jóvenes, y otros miembros de la comunidad educativa en todas las etapas del proceso educativo.

VI. Establecer mecanismos gratuitos de asesoría, orientación, reporte de casos y de protección para las niñas, niños, adolescentes y jóvenes que estén involucrados en la violencia escolar, procurando ofrecer mecanismos remotos de recepción de orientación a través de un buzón escolar, de atención telefónica y por medios electrónicos.

VII. Impartir capacitación y especialización, sobre la promoción y respeto de los derechos humanos de las niñas, niños, adolescentes y jóvenes, y de la perspectiva de género, al personal de las instituciones implicadas en la atención, prevención y tratamiento de violencia escolar.

VIII. Impulsar, conjuntamente con las autoridades respectivas, la capacitación sobre el conocimiento, atención y prevención de la violencia escolar al personal docente, directivos escolares, personal administrativo de las escuelas, padres y madres de familia o tutores de instituciones educativas públicas o privadas, y a las personas que voluntariamente deseen recibirla.

IX. Realizar diplomados, cursos, talleres, conferencias, mesas redondas, actividades extraescolares, ejercicios, dinámicas, medios audiovisuales, charlas y cualquier otra actividad que propicie la prevención de la violencia escolar dirigidos a las familias y al personal que formen parte de la comunidad escolar en la República Mexicana.

X. Diseñar e instrumentar estrategias educativas tendientes a generar ambientes amigables, resolución no violenta de conflictos, fortalecimiento de la cohesión comunitaria y convivencia armónica dentro de la comunidad escolar.

XI. Hacer del conocimiento de las autoridades competentes las conductas que pueden resultar constitutivas de infracciones o delitos cometidos en contra las niñas, niños, adolescentes y jóvenes por causa de violencia escolar, así como promover su defensa en las instancias administrativas o judiciales.

XII. Elaborar y difundir materiales educativos para la prevención y atención de los tipos y modalidades de violencia contenidos en la presente Ley, así como coordinar campañas de información sobre las mismas.

XIII. Coordinar acciones con organizaciones de la sociedad civil, asociaciones de madres y padres de familia, y vecinales con el objeto de fomentar su participación en los programas de prevención integral que establece esta Ley, y ;

XIV. Crear para cada escuela o centro educativo, un buzón escolar físico y electrónico que funcionará para recibir las quejas que por motivo de acoso o violencia escolar se presenten y tendrán la obligación de administrar y dar seguimiento a las mismas, creando además un buzón electrónico en su página web oficial en donde también podrán recibirse las quejas, que en su caso serán canalizadas a las autoridades correspondientes a fin de satisfacerlas, siendo esta autoridad responsable de dar seguimiento y atención a todas las que se presenten.

XV.-Fomentar la inclusión en los planes de estudio de las careras magisteriales una asignatura que comprenda, la difusión del respeto de los derechos humanos, la sana convivencia y el manejo de conflictos así como la prevención del acoso escolar.

XVI.- Elaborar informes anuales con base en las denuncias y quejas presentadas, que contendrán como mínimo los datos estadísticos dela atención y seguimiento al avance de las acciones y programas implementados, dicho informe deberá ser remitido a la Comisión Nacional de Derechos Humanos y a las cámaras de diputados y senadores del Congreso de la Unión durante el mes de octubre de cada año; además debe ser publicado en su el sitio web oficial.

Las demás que le señalen las disposiciones legales aplicables a esta Ley.

Artículo 17. Corresponde a la Secretaría de Desarrollo Social:

I. Realizar campañas dirigidas a la población en general, especialmente a las niñas, los niños y adolescentes, que pongan de manifiesto la importancia de una convivencia democrática y libre de violencia y en los ámbitos familiar, educativo, comunitario, social, así como el fomento de la cultura de respeto a los derechos humanos, dicha información deberá ser incluida en los materiales de difusión de las acciones de política social a su cargo,

II. Instrumentar acciones de participación en las redes sociales de Internet, con la finalidad de proporcionar información precisa, objetiva y con base en criterios científicos de la violencia escolar, en la comunidad escolar,

III. Crear una página de Internet y diversos espacios virtuales, donde se proporcione información para las niñas, niños, adolescentes y jóvenes, padres, madres de familia o tutores sobre los efectos adversos de la violencia escolar, la manera de prevenirla y las instancias públicas donde se preste atención;

IV. Realizar acciones de capacitación y sensibilización a su personal en el tema de violencia escolar, con el fin de proporcionar una atención adecuada a todos los involucrados, basada en el respeto y garantía de los derechos humanos de las niñas, niños, y adolescentes, y

V. Las demás que le señalen las disposiciones legales aplicables a esta Ley.

Artículo 18. Corresponde a la Secretaría de Seguridad Pública:

I. Participar con estricto apego a los derechos humanos de las personas y, en su caso, dar parte a las autoridades correspondientes sobre una dinámica de violencia escolar,

II. Coadyuvar con las acciones en materia de prevención y atención a las que se refiere la presente Ley;

III. Realizar acciones de capacitación y sensibilización a su personal en el tema de violencia escolar, con el fin de proporcionar una atención adecuada a todos los involucrados, basada en el respeto y garantía de los derechos humanos de las niñas, niños, adolescentes y jóvenes, y

IV. Las demás que le señalen las disposiciones legales aplicables a esta Ley.

Artículo 19. Corresponde a las Procuradurías Generales de Justicia Estatales y en su caso a la Procuraduría General de la República:

I. Elaborar e instrumentar acciones de política de prevención social que incidan en la prevención de la violencia escolar dando prioridad a las zonas de mayor incidencia;

II. Planear y desarrollar campañas de información y prevención de la violencia escolar desde el ámbito familiar para promover una convivencia libre de violencia;

III. Realizar acciones de capacitación y sensibilización a su personal en el tema de violencia escolar, con el fin de proporcionar una atención adecuada a todos los involucrados, basada en el respeto y garantía de los derechos humanos de las niñas, niños, adolescentes y jóvenes. Esto implica que su personal cuente con herramientas psicológicas que les permitan proporcionar un mejor servicio, en especial al personal encargado de recibir, atender y dar trámite a las denuncias penales presentadas por motivo de violencia que se presente dentro de la comunidad escolar;

IV. Formular y administrar bases de datos que contengan información de carácter público a efecto que pueda registrarse el seguimiento de los casos donde las personas que integren la comunidad escolar que sean víctimas de algún delito que atente contra su integridad personal, desde la etapa de averiguación previa y hasta la ejecución de la sentencia, incluyendo el procedimiento respectivo para la reparación del daño, observando la mayor protección de la identidad y datos personales conforme a la legislación aplicable,

V. Participar con las instancias correspondientes en mecanismos de detección, denuncia y canalización de los casos de violencia en la comunidad escolar, así la discriminación que permita articular una estrategia facilitadora de referencia y contrarreferencia de personas víctimas y agresoras de las mismas,

VI. Colaborar con las autoridades correspondientes para atender y prevenir la violencia escolar;

VII. Difundir los servicios que prestan los centros que integran el Sistema de Auxilio a Víctimas del Delito; los derechos que tienen las víctimas de delitos que atentan contra la libertad y la seguridad sexuales y el normal desarrollo psicosexual, así como de violencia escolar y las agencias especializadas que las atienden;

VIII. Crear unidades especializadas para la atención de las personas víctimas de violencia escolar,

IX. Realizar estudios estadísticos e investigaciones referentes al acceso a la justicia de las y los estudiantes víctimas de violencia escolar, y

X. Las demás que le señalen las disposiciones legales aplicables a esta Ley.

Artículo 20. Corresponde al Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia:

I. Planear y desarrollar campañas de información y prevención de violencia escolar desde el ámbito familiar, así como para promover la convivencia libre de violencia en el entorno escolar;

II. Participar con las instancias correspondientes en mecanismos de detección, denuncia, acompañamiento a las víctimas y canalización de los casos de violencia en la comunidad escolar, que permita formular una estrategia facilitadora de referencia y contrarreferencia de personas víctimas y agresores de violencia escolar,

III. Realizar acciones de capacitación y sensibilización a su personal en el tema de violencia en la comunidad escolar, con el fin de proporcionar una atención adecuada a todos los involucrados, basada en el respeto y garantía de los derechos humanos de las niñas, niños, adolescentes y jóvenes,

IV. Coordinar y promover campañas de información sobre los tipos y modalidades de la violencia escolar,

V. Informar a la Secretaría de Educación Pública sobre casos que puedan constituir violencia escolar que detecte en los servicios que preste como parte de sus actividades;

VI. Intervenir en casos de violencia a escolares cuando lo realice el padre, madre, tutor o autoridad escolar, y

VII. Las demás que le señalen las disposiciones legales aplicables a esta Ley.

CAPITULO TERCERO

DE LA VIOLENCIA ENTRE LOS MIEMBROS DE LA COMUNIDAD

EDUCATIVA

Artículo 21. Para los efectos de esta ley se entenderán como tipos de violencia entre estudiantes, los siguientes:

Violencia Psicoemocional: Acción u omisión dirigida a desvalorar, intimidar o controlar las acciones, comportamientos y decisiones, consistentes en prohibiciones, coacciones, condicionamientos, intimidaciones, amenazas, indiferencia, chantaje, humillaciones, comparaciones destructivas, abandono o actitudes devaluatorias, o cualquier otra, que provoque en quien la recibe alteración autocognitiva y autovalorativa que integran su autoestima o alteraciones en alguna esfera o área de su estructura psíquica.

También comprende actos u omisiones cuyas formas de expresión pueden ser silencios, prohibiciones, coacciones, condicionamientos, intimidaciones, amenazas, insultos, actitudes de descuido, devaluatorias o de abandono que provoquen en la y el estudiante daño en cualquiera de sus esferas cognoscitiva, conductual, afectiva y social;

Violencia física directa: Toda acción u omisión intencional que causa un daño corporal;

Violencia física indirecta: Toda acción u omisión que ocasiona daño o menoscabo en las pertenencias de las y los estudiantes como la sustracción, destrucción, desaparición, ocultamiento o retención de objetos u otras pertenencias;

Violencia sexual: Acción u omisión que amenaza, pone en riesgo o lesiona la libertad, seguridad, integridad y desarrollo psicosexual de las y los estudiantes, como miradas o palabras lascivas, hostigamiento, prácticas sexuales no voluntarias, acoso, violación o el uso denigrante de la imagen de las y los estudiantes;

Violencia a través de las Tecnologías de la Información y Comunicación: Toda violencia psicoemocional implementada a partir del uso de plataformas virtuales y herramientas tecnológicas, tales como chats, blogs, redes sociales, correo electrónico, mensajes de texto enviados por aparatos celulares, foros, servidores que almacenan videos o fotografías, páginas web, teléfono y otros medios tecnológicos, incluyendo la suplantación de identidad por esa vía de comunicación. Suele ser anónima y masiva donde, por lo regular, la mayoría de integrantes de la comunidad escolar se entera de la violencia ejercida; y,

Violencia verbal: Acciones violentas que se manifiestan a través del uso del lenguaje, como los insultos, poner sobrenombres descalificativos, humillar, desvalorizar en público, entre otras.

Artículo 22. Se considera violencia entre estudiantes, las conductas de maltrato, intimidación y discriminación en la comunidad escolar. Asimismo, se genera una relación de poder entre el agresor y la víctima, una relación jerárquica de dominación o sumisión, en la que el estudiante agresor vulnera en forma constante los derechos fundamentales del estudiante víctima del maltrato pudiendo ocasionarle repercusiones en su salud, bajo rendimiento en su desempeño escolar, depresión, inseguridad, baja autoestima, entre otras consecuencias que pongan en riesgo su integridad física y mental.

La violencia entre estudiantes es generada individual y colectivamente cuando se cometen acciones negativas o actos violentos de tipo físico, verbales, sexuales, psicoemocionales o a través de los medios tecnológicos, no necesariamente son una respuesta a una acción predeterminada, ocurren de modo reiterativo prologándose en el tiempo y tienen como intención causar daño por el deseo consciente de herir, amenazar o discriminar por parte de uno o varios estudiantes a otro en el contexto escolar.

Artículo 23. Se considera violencia de estudiantes a docentes todas aquellas acciones que realicen uno o varios estudiantes en contra de los docentes y/o autoridades escolares que atenten contra la integridad física y/o emocional y patrimonial, la cual puede ser en una sola ocasión o de manera reiterada, dentro o fuera de la comunidad escolar.

Artículo 24. Se considera violencia de docentes/autoridades escolares hacia estudiantes, cualquier acción que atente contra la integridad física, sexual, patrimonial y psicológica que afecte el normal desarrollo biopsicosexual de niñas, niños, adolescentes y jóvenes.

Artículo 25. Se considera violencia entre padres de familia y estudiantes cualquier conducta por parte de un adulto del grupo familiar o de cualquier persona que guarde relación estrecha con el niño o adolescente, que dañe la salud emocional, la autoestima, la capacidad para competencia social o cognitiva, de la víctima.

Artículo 26. Se considera violencia entre padres de familia y maestros/autoridades escolares, cualquier acción realizada por uno o ambos padres de familia que atenten contra la integridad física, psicológica o patrimonial de algún maestro/autoridad escolar, por la relación académica alumno y maestro/autoridades escolares.

Artículo 27. El personal docente, directivos escolares y el personal administrativo de las escuelas que tengan conocimiento de casos de violencia en cualquiera de sus manifestaciones definidas en esta Ley o de la comisión de algún delito en agravio de las y los estudiantes o del personal docente, lo harán del conocimiento inmediato del Consejo y, en su caso, presentarán la denuncia correspondiente, ante la autoridad competente e informarán a los padres, madres de familia o tutores, o a quien ejerza la guarda o custodia de la niña, niño, adolescente o joven.

CAPITULO CUARTO

DE LAS MEDIDAS PARA PREVENIR, ATENDER Y ERRADICAR

LA VIOLENCIA ESCOLAR

Artículo 28. Se entiende como Violencia Escolar la realización de las conductas señaladas en el artículo 2° fracción IV de esta Ley y que se llevan a cabo dentro y fuera del horario escolar y quienes la realizan y la sufren tienen relación dentro de la Comunidad Escolar.

Artículo 29. Las Autoridades Educativas así como el Consejo para una Escuela Libre de Violencia, en el ámbito de sus competencias, deberán implementar medidas para prevenir, atender y erradicar la Violencia Escolar dentro y fuera de los Centros Educativos.

Artículo 30. La prevención es el conjunto de acciones positivas que deberán llevar a cabo principalmente los integrantes de la comunidad escolar, para evitar la comisión de actos de violencia entre los miembros de la Comunidad Educativa, atendiendo a los posibles factores de riesgo, tanto sociales como culturales y privilegiando el fomento de los valores de fraternidad, respeto y pertenecía a la comunidad.

Las medidas de prevención son aquellas que, desde los distintos ámbitos de acción de las autoridades, están destinadas a toda la población de las comunidades escolares del País, evitando la violencia entre estudiantes, fomentando la convivencia armónica y, el desarrollo de las niñas, niños, adolescentes y jóvenes.

Artículo 31. A través de la prevención se propone el desarrollo de las habilidades psicosociales necesarias que contribuyan a desplegar una armoniosa convivencia pacífica entre las y los miembros de la comunidad escolar, además de revertir los factores de riesgo y los que influyen en la generación de la violencia en el entorno escolar realizando acciones que desarrollen una cultura de respeto y fortalezcan la convivencia pacífica.

La Secretaría de Educación Pública podrá firmar convenios de colaboración con instituciones educativas o con organizaciones de la sociedad civil para editar y distribuir materiales de promoción y difusión en relación con la prevención y atención de la violencia escolar.

En los servicios educativos que se impartan, será obligatorio que el personal docente, directivos escolares y personal administrativo cursen los programas de capacitación que la Secretaría diseñe a partir del material editado para conocer, atender y prevenir la violencia escolar.

Artículo 32. Ninguna autoridad escolar ni docente podrá agredir física, verbal, psicológica, o sexualmente a ningún estudiante bajo el pretexto de educación o del derecho de corrección otorgado verbalmente por los padres de los educandos.

Artículo 33. En todos los casos las Autoridades del Centro Escolar, así como el Consejo para una Escuela Libre de Violencia deberán garantizar la protección de la identidad de los menores ya sean Víctimas o Agresores Escolares.

Artículo 34. El Consejo por una Escuela Libre de Violencia se integrará por, 11 Consejeros según sea el caso, que serán:

I.- Tratándose de escuela primaria; El Director(a) de la escuela, dos maestros, cuatro padres de familia, cuatro alumnos de entre 7 y 11 años de edad.

II.- Tratándose de escuela primaria que además cuente con secundaria: El Director(a) de la escuela, dos maestros, cuatro padres de familia, dos alumnos deberán ser de entre 7 y 10 años de edad y otros dos alumnos de entre 11 y 15 años de edad.

III.- Tratándose de escuela secundaria: El Director(a) de la escuela, dos maestros, cuatro padres de familia, y cuatro alumnos entre 12 y 16 o más años de edad.

En todos los casos citados en las anteriores fracciones, de entre los integrantes del consejo elegirán un Presidente, un Vicepresidente, un Secretario y un Vocal.

Artículo 35. El Consejo por una Escuela Libre de Violencia tiene por objeto:

I. Proponer y adoptar medidas de prevención y erradicación de la violencia en el Centro Escolar;

II. Organizar actividades con el fin de lograr la convivencia armónica de la comunidad escolar, y de concientizarla e informarla sobre los alcances y las consecuencias de la violencia escolar;

III. Revisar y proponer a las autoridades escolares la elaboración, modificación y adiciones al reglamento escolar, que tengan como objetivo evitar y erradicar la violencia en la escuela;

IV. Coadyuvar con el Centro Escolar para hacer cumplir el Reglamento Escolar;

V. Fomentar la cultura de la denuncia en caso de violencia;

VI. Analizar y proponer, en la medida de lo posible, la resolución pacífica de los conflictos que se presenten en el entorno escolar,

Artículo 36. Los miembros del Consejo por una Escuela Libre de Violencia serán elegidos mediante votaciones por la comunidad escolar al inicio del ciclo y concluirá al término del mismo; su cargo será honorifico, y deberán sesionar al menos una vez al mes o cuando se haga de su conocimiento una queja o denuncia y cuantas veces sea necesario en sesiones extraordinarias.

Artículo 37. Las resoluciones del Consejo serán aprobadas por mayoría de votos y se ejecutarán dentro de las 48 horas siguientes a que se emitan.

1.- Los integrantes del consejo deberán guardar total secrecía sobre los datos personales tanto de las victimas como agresores involucrados en las denuncias depositadas en el Buzón Escolar, o bien de aquellas que hayan sido puestas a su consideración por cualquier otro medio, en caso de incumplimiento de esta disposición, causará la baja inmediata del consejo quien la haya cometido, procediendo a sancionarse su conducta conforme a la normatividad aplicable según sea el caso.

2.- Las sesiones del consejo, deberán contar con un orden del día, y se levantara un acta que deberá contener: el nombre de quien haya presidido y del secretario y vocal; la relación de los integrantes presentes y, en su caso, de invitados; las horas de inicio y de conclusión; la síntesis de asuntos tratados conformeal orden del día, con referencia a los resultados de las votaciones y los acuerdos adoptados y deberá ser firmada por todos los integrantes del consejo.

3.-El funcionamiento del mecanismo interno para el desahogo de los asuntos, deberá adoptarse mediante acuerdo del propio consejo en la sesión de instalación o en su caso en la primera sesión,estos mecanismos deberán garantizar que todos los miembros del consejo sean escuchados y tomados en cuenta en la toma de decisiones.

Artículo 38. Son atribuciones y deberes del Presidente del Consejo entre otras:

I. Citar a los Consejeros a las reuniones mensuales y en su caso a las extraordinarias,

II. Ejecutar los acuerdos del Consejo,

III. Rendir informe trimestral al Consejo, que hará del conocimiento de toda la escuela, sobre el funcionamiento general del Consejo,

IV. Presidir las asambleas,

V. Organizar los trabajos del Consejo y proponer un programa anual de actividades,

VI. Vigilar el cumplimiento de los acuerdos del Consejo.

VII. Respecto de las denuncias que se depositen en el buzón escolar deberá someter a consideración del Consejo las medidas que se deberán imponer para el seguimiento y solución del conflicto.

Artículo 39. Son atribuciones y deberes del Vicepresidente:

I. Colaborar permanentemente con el Presidente en todas las funciones que a este correspondan,

II. En caso de ausencia o imposibilidad del Presidente, subrogarlo en el cargo, con las mismas atribuciones y obligaciones de éste,

Artículo 40. Son atribuciones y deberes del Secretario:

I. Asentar un acta de cada una de las reuniones del Consejo en la que se establezcan los puntos del Orden del Día y las resoluciones más importantes del Consejo.

II. Elaborar carteles u otras comunicaciones que el Consejo resuelva preparar.

III. Recibir las denuncias del Buzón Escolar, turnarlas y despachar la correspondencia,

IV. Realizar las demás gestiones relacionadas con las funciones encomendadas por el Consejo o el Presidente.

Artículo 41. Son atribuciones y deberes del vocal, realizar las gestiones que el Consejo le encomiende.

Artículo 42. El Consejo por una Escuela Libre de Violencia deberá elaborar su Reglamento Escolar, de acuerdo a las necesidades específicas de cada escuela.

Artículo 43. El reglamento escolar debe especificar los términos de las obligaciones de los miembros de la comunidad escolar (autoridades escolares/docentes, padres de familia, alumnos y personal administrativo), las prohibiciones y reglas que establezcan los límites para evitar la violencia en el entorno escolar, así como los mecanismos de mediación y solución de conflictos.

Artículo 44. El Consejo por una Escuela Libre de Violencia deberá proponer a la comunidad escolar la conformación de un Consejo de Clase por grupo, el cual se reunirá quincenalmente y discutirá asuntos y conflictos relacionados con problemas en clase y fuera de ésta.

Los temas se discutirán entre todos los alumnos que integran el salón de clases, un padre de familia y el profesor o maestro actuará como moderador.

Artículo 45. El Consejo por una Escuela Libre de Violencia, deberá instalar en el centro escolar un buzón en un lugar visible, seguro y accesible para que las niñas, niños, adolescentes y jóvenes, que sufren o tengan conocimiento de que otro niño sea víctima de violencia, sin temor a represalias tenga la oportunidad de hacer del conocimiento del Consejo posibles hechos que constituyan violencia escolar, a efecto de que se tomen las acciones pertinentes para la solución pacífica del conflicto, o en su caso, se ponga en conocimiento de la autoridad correspondiente.

CAPITULO QUINTO

DE LAS INFRACCIONES Y SANCIONES

Artículo 46. Para el caso de las infracciones a lo dispuesto en la presente Ley, las sanciones para las autoridades escolares/docentes y administrativas, serán aplicadas en los términos de la Ley General de Educación, Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, la Ley Federal del Trabajo, la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, el Código Penal Federal y las respectivas de los Estados y serán aplicadas por la Autoridad Educativa, Sanitaria, Administrativa o Penal, según corresponda.

Artículo 47.Son infracciones a la presente Ley, por parte del personal docente:

I. Incitar a la realización de actos de Violencia Escolar;

II. Llevar a cabo actos considerados como Violencia Escolar por el presente instrumento;

III. Tolerar o ignorar la realización de actividades de Violencia Escolar dentro o fuera del Centro Educativo;

IV. No cumplir con las normas del Reglamento Escolar;

V. No informar de la realización de actos que constituyan Violencia Escolar o cualquier conducta antisocial que para los adultos se encuentre tipificada como delito en el Código Penal Federal; y,

VI. No asistir a la Víctima o al Agresor.

Artículo 48. Para efectos del artículo anterior, serán aplicables cualquiera de las siguientes sanciones:

I. Multa hasta por el equivalente a cinco mil días de salario mínimo general vigente;

II. Suspensión definitiva del puesto académico; o,

III. Inhabilitación del encargo hasta por cinco años.

Estas sanciones serán aplicadas con independencia de la aplicación de otras normas de carácter administrativo, laboral o penal.

Las sanciones en comento serán empleadas por las autoridades administrativas correspondientes encargadas de vigilar que se cumplan las reglas de orden público de carácter administrativo según corresponda en la localidad, tales como los jueces cívicos o en su defecto y a falta de estos, por los ministerios públicos federales o estatales según corresponda.

Artículo 49. Son infracciones a la presente Ley, por parte del personal del Sector Salud:

I. Negarse a asistir a la víctima o al agresor; o,

II. No realizar el tratamiento solicitado a la víctima, agresor o cómplices que lo requieran.

Artículo 50. Las sanciones previstas en el presente Capítulo podrán ser recurridas en los términos de la Ley General de Educación y la Ley General de Salud, según corresponda.

Artículo 51. Para el caso de las infracciones a lo dispuesto en la presente Ley, las sanciones para los padres de familia involucrados en actos de violencia en contra de alumnos, autoridades escolares, docentes y/o personal administrativo que conforman la comunidad escolar, serán las siguientes:

I. Canalizar para su atención psicológica, tanto al agresor como a los integrantes de su entorno familiar, para que reciban terapia integral para el tratamiento y eliminación de conductas violentas en su entorno familiar y escolar;

II. Integrar a los padres de familia a talleres para la sensibilización y concientización de los daños que ocasiona la violencia ejercida en contra de cualquiera de los miembros de la comunidad escolar, así como de los métodos alternativos para el tratamiento y solución de conflictos de manera pacífica;

III. En caso de la realización de actos de violencia que sean constitutivos de un delito, se deberá poner el hecho en conocimiento de las autoridades correspondientes;

IV. Reparación del daño; Y,

V. Las contenidas en el Reglamento Escolar.

Artículo 52. Para el caso de las infracciones a lo dispuesto en la presente Ley, las sanciones para los alumnos involucrados en el ejercicio de la violencia en contra de alumnos, padres de familia, autoridades escolares, docentes y/o personal administrativo que conforman la comunidad escolar, serán las siguientes:

I. Canalizar a las instituciones que cuenten con el servicios para su atención psicológica, tanto al agresor como a los integrantes de su entorno familiar, para que reciban terapia integral para el tratamiento y eliminación de conductas violentas en su entorno familiar y escolar;

II. Encomendarles la elaboración de una campaña relativa a evitar actos de violencia en contra de la comunidad escolar;

III. La obligatoriedad de asistir a actividades encaminadas a erradicar la violencia en su entorno familiar, social y escolar;

IV. Realización de trabajos a favor de la comunidad escolar previamente establecidos en el Reglamento Escolar, que obviamente no será inhumanos, degradantes o que pongan en riesgo su integridad física o moral; y,

V. La reparación del daño causado.

TRANSITORIOS

PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

SEGUNDO. Las Secretarías de Educación Pública y Salud en un plazo de 200 días contados a partir de la publicación del presente ordenamiento deberán llevar a cabo la elaboración del Programa señalado en los artículos 4º y 5º de esta ley.

TERCERO. Los Centros Escolares deberán dentro de los 30 días siguientes a la entrada en vigor de la presente Ley conformar el Consejo por una Escuela Libre de Violencia señalado en el artículo 34.

CUARTO. El Consejo deberá expedir el Reglamento Escolar dentro de los 45 días siguientes a su formación.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, en la Ciudad de México Distrito Federal, a 11 de diciembre de 2012.

Atentamente”.

- El C. Presidente Burgos García: Muchas gracias, Senadora Gómez del Campo. Se turna a las Comisiones Unidas de Educación; y de Estudios Legislativos.

Tiene el uso de la tribuna la Senadora Iris Vianey Mendoza Mendoza, del grupo parlamentario del PRD, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se expide la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión; se reforman los artículos 27, fracción XXI; 33, fracción III, y 38, fracción XXX Bis de la Ley Orgánica de la Administración Pública.






INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETOPOR EL QUE SE EXPIDE LA LEY FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES Y RADIODIFUSION; SE REFORMAN LOS ARTICULOS 27, FRACCION XXI; 36, FRACCION III Y 38, FRACCION XXX BIS DE LA LEY ORGANICA DE LA ADMINISTRACION PUBLICA FEDERAL; SE DEROGA EL ARTICULO 9, FRACCION III DELA LEY DE VIAS GENERALES DE COMUNICACION; Y SE DEROGANLAS FRACCIONES I Y III DEL ARTICULO 144DE LA LEY FEDERAL DEL DERECHO DE AUTOR

(Presentada por la C. Senadora Iris Vianey Mendoza Mendoza, del grupo parlamentario del PRD)

- La C. Senadora Iris Vianey Mendoza Mendoza: Con su venia, señor Presidente.

La iniciativa que someto a consideración de esta Soberanía, es producto del trabajo serio y responsable de un grupo plural, constituido por Senadores de la pasada legislatura en este Senado de la República, encabezados por el entonces Senador Carlos Sotelo García, en su carácter de Presidente de la Comisión de Radio y Televisión, con el propósito específico de revisar la legislación en materia de telecomunicaciones y radiodifusión.

En la conformación de la propuesta de los entonces Senadores, buscaron el consenso en todos los grupos parlamentarios, de los sectores sociales involucrados y, desde luego, de los concesionarios y permisionarios; para allegarse de la información y la documentación, este grupo plural desahogó un amplio calendario de sesiones consultivas, en las que comparecieron las instancias más representativas en los ámbitos público, social y privado de la materia.

Hoy, que a través del denominado Pacto con México, se abre nuevamente el debate y la revisión del régimen jurídico de las telecomunicaciones y radiodifusión; indudablemente que la presente iniciativa tiene que ser el punto de partida en la búsqueda legislativa de democratizar los medios de comunicación electrónicos para consolidar nuestro régimen político.

Resulta impostergable realizar la revisión y actualización de nuestro régimen jurídico de la radiodifusión y las telecomunicaciones en México, para garantizar su función al servicio público, que es esencial para la sociedad y el fortalecimiento de nuestra democracia.

La revisión de la legislación para las telecomunicaciones y radiodifusión tiene que estar orientada en la búsqueda por un auténtico proyecto de sociedad de la información en nuestro país.

El objetivo de este nuevo marco jurídico que hoy proponemos para medios electrónicos en México, debe consistir en reconocer la diversidad y el pluralismo de la radiodifusión como principios fundamentales del nuevo marco normativo.

La legislación debe fundamentarse en el derecho de las ciudadanas y los ciudadanos a disponer de un sistema audiovisual que refleje su realidad, su problemática y acciones transformadoras y, obviamente, que promuevan sus derechos e intereses.

Es preciso que los contenidos de televisión y radio que se propagan en señal abierta, sean incluidos todos los servicios que difundan en estos medios de manera codificada. Es decir, de manera también de paga.

Los medios comerciales deben ser espacios de creatividad y diversidad. Junto con ellos y para ampliar sus capacidades en la radiodifusión, resulta indispensable que en nuestro país se cuente con un verdadero Sistema Nacional de Medios Indígenas, Medios Comunitarios y, obviamente, Públicos.

Desde esta perspectiva, el objeto debe ser siempre que nuestra nueva legislación garantice la libertad de expresión, el derecho a la información, asegure la rectoría del Estado y el interés general, ante el nuevo escenario de la convergencia tecnológica; afirme el uso social del espectro radioeléctrico, en forma más equitativa y con una visión democrática. Que prevea la conformación de un órgano regulador verdaderamente autónomo e imparcial cuyas decisiones estén libres de conflictos e intereses y ofrezca la seguridad jurídica necesaria a quienes forman parte de este sector. Que promueva la libre concurrencia, que considere cuotas de programación nacional independiente como manera de promover la pluralidad de visiones y crear una industria audiovisual independiente; que regule la publicidad en radio y televisión, de manera que el interés comercial nunca esté por encima de los derechos de las audiencias; que establezca un modelo de medios auténticamente públicos, así como garantizar la existencia de medios comunitarios de los pueblos indígenas para que puedan generar, operar y administrar sus cadenas de radio y también sus canales de televisión.

En el campo de las telecomunicaciones, es impostergable legislar un marco normativo convergente, eficaz, transparente y no discriminatorio, que sea capaz de promover la sana competencia entre los distintos jugadores y la innovación en el campo tecnológico; favoreciendo, de manera armónica, las inversiones necesarias y la instalación de infraestructura con la democratización de acceso y la calidad de los servicios recibidos a toda la población mexicana.

Nuestra nueva legislación debe estar orientada a promover el acceso y el uso universal a la tecnología, proporcionando un mínimo básico de conectividad para toda la sociedad, especialmente a aquellos grupos marginados.

Con esta visión, la presente iniciativa se estructura bajo las siguientes directrices:

La primera, es la expedición de una sola ley integral para regular las telecomunicaciones y la radiodifusión, en virtud de que la convergencia tecnológica en medios, formatos y contenidos exige de principios y normas que sean reguladas de manera orgánica e integrar un mismo cuerpo legal para coadyuvar en su desarrollo.

La segunda consideración de vital importancia, es que en esta nueva ley se proponen y se reconocen como principios fundamentales:

El servicio público de los medios electrónicos de comunicación. Para definir la función del servicio público de la radiodifusión como un servicio esencial para la sociedad, fundamentando así la rectoría del Estado en la administración del espectro y la necesidad de una programación de calidad, que haga prevalecer el derecho de acceso a la información y la comunicación de todos los grupos sociales.

Es importante también mencionar el acceso universal, para garantizar la disponibilidad de la información en todos los servicios y por todos los medios posibles a la mayor cantidad de mexicanos.

Por último, la conectividad, para garantizar la mayor flexibilidad para la interconexión de las redes digitales, independientemente del formato o de los contenidos que estos propaguen.

La tercera consideración, como parte de la defensa interés público, la regulación de las telecomunicaciones y la radiodifusión, estará a cargo del Instituto Federal de Telecomunicaciones y la Radiodifusión, como órgano administrativo desconcentrado, con autonomía técnica, operativa, de gasto y de gestión.

Cuarto. Respecto del régimen de concesiones:

Se establece la concesión como figura jurídica habilitante única, la diferencia entre tipos de concesiones, dirá así, en atención a los diversos fines, ya sean fines de lucro o fines no lucrativos.

La licitación será pública, la contraprestación económica por el otorgamiento de concesiones, sólo será para aquellas que tengan fines de lucro; participará la Comisión Federal de Competencia, desde el diseño de las bases de licitación y con opinión favorable. El no refrendo automático a las concesiones, considerando los criterios expresados por la Suprema Corte de Justicia. Los titulares de las concesiones con fines lucrativos, al término de la misma, competirán nuevamente en igualdad de circunstancias, manteniendo un derecho preferente sobre los terceros.

Y con base a esta resolución de la Suprema Corte, es la propuesta que hoy presentamos.

Es importante también establecer reglas claras de competencia que determinen que los prestadores de servicio de radio y televisión no podrán obtener más concesiones en el mismo servicio, categoría o zona geográfica de cobertura considerando el impacto generado cuando los presupuestos sean de más del 25 por ciento de frecuencias operando en el mismo servicio, categoría o zona geográfica.

En la quinta parte mencionamos, en esta iniciativa que proponemos, regular la convergencia tecnológica, buscando mayor flexibilidad y amplia convergencia en redes, formatos, recursos, etcétera.

En la sexta parte reconocemos las comunidades indígenas, y esto cabe señalarlo, ya que en virtud del tiempo no podemos exponer toda la iniciativa.

Quiero poner énfasis en esta parte en el reconocimiento a las comunidades indígenas, en su derecho legítimo a solicitar a título de concesión y que debe otorgárseles en base a un procedimiento simplificado y expedito su concesión para transmitir de manera propia en sus cadenas de radiodifusión o de televisión.

Es una iniciativa muy amplia que ponemos a consideración del Pleno, y que en los próximos debates ya en comisiones explicaremos a detalle.

Es cuanto, señor Presidente.

Iniciativa

“Senadora Iris Vianey Mendoza Mendoza, integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática de la LXI Legislatura, en ejercicio de la facultad que me otorga la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos, y con fundamento en lo dispuesto en los artículos 8, fracción I, 164, 169 y demás aplicables del Reglamento del Senado de la República, presento ante esta Cámara de Senadores iniciativa con proyecto de Decreto por el que se expide la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión; se reforma los artículos 27, fracción XXI; 36, fracción III y 38, fracción XXX bis de la Ley Orgánica de la Administración Pública federal; se deroga el artículo 9, fracción III de la Ley de Vías Generales de Comunicación; y se deroganlas fracciones I y III del artículo 144 de la Ley Federal del Derecho de Autor, al tenor de la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

La transición y consolidación democrática en México pasan necesariamente por la democratización de las telecomunicaciones y la radiodifusión.

Las telecomunicaciones y los medios electrónicos se han transformado en factor fundamental de cohesión social y de desarrollo nacional. Ofrecen a la ciudadaníanuevos medios de expresión, comunicación, formación, acceso al saber y a las riquezas culturales y materiales. Potencian una participación más activa de ciudadanos y ciudadanas en la vida social y cultural, al tiempo que permiten acceder a metas de progreso social y económico.

Legislar en la materia y reorganizar las relaciones entre el Estado, la sociedad, las telecomunicaciones y los medios electrónicos de comunicación constituye uno de los más grandes compromisos que el Congreso de la Unión tiene pendientes por cumplir, al situarse en el corazón mismo del proceso de Reforma del Estado.

El denominado “Pacto Por México” ha abierto nuevamente a debate la revisión legislativa del régimen jurídico de las telecomunicaciones y la radiodifusión. Al respecto, en el rubro “Acuerdos para el crecimiento económico, el empleo y la competitividad”, los partidos políticos firmantes asumieron como compromisos:

• Fortalecer a la Comisión Federal de Competencia (CFC).

• Creación tribunales especializados en materia de competencia económica y telecomunicaciones.

• Derecho al acceso a la banda ancha y efectividad de las decisiones del órgano regulador.

• Reforzar autonomía de la COFETEL.

• Desarrollar una robusta red troncal de telecomunicaciones.

• Agenda digital y acceso a banda ancha en edificios públicos.

• Competencia en radio y televisión.

• Competencia en telefonía y servicios de datos.

• Adopción de medidas de fomento a la competencia en televisión, radio, telefonía y servicios de datos.

Sin embargo, no cualquier reforma legislativa será suficiente para democratizar las telecomunicaciones y los medios electrónicos de comunicación. Se requiere de una reforma de gran calado. Para su democratización, la revisión de la legislación para las telecomunicaciones y la radiodifusión tiene que estar orientada por la búsqueda de un auténtico proyecto de sociedad de la información para este país.

La nueva legislación deberá garantizar los principios democráticosde pluralidad y libertad de expresión y derecho a la información así mismo debe promover la producción, edición y difusión de contenidos diversos que proyecten la pluralidad y diversidad culturales para todo tipo de audiencias, destinados a satisfacer sus necesidades de información, cultura, educación y entretenimiento; que impulsen la sociedad de la información y el conocimiento; que promuevan la pluralidad, participación y valores democráticos; y que garanticen el acceso, en condiciones de igualdad, de todos los grupos sociales a la comunicación y la información.

Es esencial legislar un marco normativo convergente, eficaz, transparente y no discriminatorio, capaz de promover la sana competencia entre los distintos jugadores y la innovación en el campo tecnológico; favoreciendo, de manera armónica, las inversiones necesarias y la instalación de infraestructuras con la democratización de acceso y la calidad de los servicios recibidos por la población.

En este objetivo, mediante la presente iniciativa, someto a consideración de esta Cámara de Senadores un proyecto de reforma integral que verdaderamente democratizaría las telecomunicaciones y la radiodifusión. Una nueva legislación para garantizar la libertad de expresión el derecho a la información; asegurar la rectoría del Estado y el interés general ante el nuevo escenario de la convergencia tecnológica; afirmar el uso social del espectro radioeléctrico, en forma más equitativa y con una visión democrática; conformar un órgano regulador verdaderamente autónomo e imparcial cuyas decisiones estén libres de conflictos de intereses y ofrezcan la seguridad jurídica necesaria a quienes forman parte del sector; promover la libre concurrencia sin discriminación entre los distintos jugadores; establecer cuotas de programación nacional independiente como manera de promover pluralidad de visiones y creación de una industria audiovisual independiente; regular la publicidad en radio y televisión, de manera que el interés comercial no esté por encima de los derechos de las audiencias; conformar un modelo de medios auténticamente públicos, así como garantizar la existencia de medios comunitarios y que los pueblos indígenas puedan generar, operar y administrar estaciones de radio y canales de televisión; proporcionar a la población acceso efectivo y de calidad a las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, y disminuir la brecha digital.

La iniciativa tiene como origen el trabajo serio y responsable del Grupo Plural de Trabajo constituido por Senadores de la LX Legislatura de este Senado de la República, encabezados por el entonces Senador Carlos Sotelo García, en su carácter de Presidente de la Comisión de Radio y Televisión, con el propósito específico de revisar la legislación en materia de telecomunicaciones y radiodifusión.

El objetivo de la constitución de ese Grupo Plural consistió precisamente en elaborar una iniciativa de reforma integral que posteriormente sería presentada para su discusión y aprobación. Con el apoyo de los más reconocidos académicos y especialistas en la materia, en la conformación de la propuesta los entonces Senadores buscaron el consenso de todos los grupos parlamentarios, de los sectores sociales involucrados y, desde luego, de los concesionarios y permisionarios. Para allegarse de información y documentación, el Grupo Plural desahogó un amplio calendario de sesiones consultivas en las que comparecieron las instancias más representativas en los ámbitos público, social y privado.

En el Congreso de la Unión no podemos postergar más la aprobación de esta propuesta legislativa. De cara a la convergencia tecnológica, el Estado debe garantizar de inmediato y de manera efectiva el derecho a las comunicaciones, entendido como el derecho fundamental que tiene toda persona de poder acceder igualitariamente a las nuevas tecnologías. Así concebida, esta garantía les debe permitir la utilización del recurso espectro-orbita, el uso de las frecuencias, las redes y la libre adquisición de los equipos y las aplicaciones.

El Estado tiene el deber también de ejercer su rol soberano para garantizar la diversidad cultural y pluralismo comunicacional. Ello implica asegurar la igualdad de oportunidades para el acceso y participación de todos los sectores de la sociedad a la titularidad y gestión de los servicios de radiodifusión.

En efecto, la solidez de cualquier Estado democrático se cimienta en los canales institucionales que expresen la diversidad social. En las sociedades modernas, la política y el ejercicio de la democracia son inconcebibles sin el concurso de los medios de comunicación electrónicos.

Como consecuencia, el punto de partida para analizar hoy en día cualquiera de los múltiples aspectos de los medios de comunicación electrónicos, en su relación con el desarrollo democrático de un país, es su transformación actual en auténticos poderes público-sociales por su influencia determinante en la opinión pública.

En este esquema, la apertura de los medios de comunicación electrónicos a todos los sectores de una sociedad compleja y heterogénea, debe constituirse en condición imprescindible para la convivencia civilizada que supone la aspiración de un Estado democrático de derecho.

No obstante, cada vez más los grandes grupos económico-mediáticos controlan la propiedad de la mayoría de los medios de comunicación. En virtud de que los medios de comunicación electrónicos han operado en nuestro país en un marco de una legislación secundaria discrecional y llena de lagunas, legislada para satisfacer intereses particulares, en México se ha desarrollado uno de los modelos de comunicación electrónica de más alto grado de concentración en el mundo, trastocándose la función social del servicio de radiodifusión.

Los grandes consorcios mediáticos han alcanzado la concentración de un enorme poder económico-político por encima de la voluntad de la sociedad y el Estado mexicano, y se han convertido en un poder fáctico casi autónomo, que tiende a funcionar al margen de la normatividad colectiva, a causa de lo que algunos autores denominan “una complicidad institucional” por ausencia o carencias de leyes y de políticas públicas que normen adecuadamente su funcionamiento.

Es obvio, en un esquema de alta concentración mediática, estamos bajo el dominio de una información homologada y uniformada, dirigida por los intereses de los grandes grupos mediáticos, que impide en realidad una información emitida pluralmente desde los diversos grupos sociales.

La actual estructura legal que rige a los medios electrónicos no sólo limita a la libre empresa sino que inhibe la expresión de una sociedad diversa y compleja, sustituyéndola por una visión parcial, acorde con los intereses y la ideología de sus propietarios.

No es exagerado afirmar que la desmedida concentración de los medios electrónicos de comunicación nos ha colocado al borde de una “mediocracia” o “telecracia”, que pone en serio riesgo la viabilidad de la democracia en México.

La consolidación democrática de nuestro país exige un nuevo tratamiento jurídico y ético de los medios de comunicación electrónicos, partiendo de que la información es un derecho fundamental de ciudadanas y ciudadanos y no una mercancía.

Resulta impostergable realizar la revisión y actualización del régimen jurídico de la radiodifusión y las telecomunicaciones en México, para garantizar su función de servicio público, esencial para la sociedad y el fortalecimiento de la democracia.

La nueva legislación de la materia, debe regular a los medios electrónicos de comunicación como instrumentos para la garantía de los derechos fundamentales de la libertad de expresión y derecho a la información. Nunca como una actividad sustentada solo en aspectos económicos o técnico-administrativos, garantizando el acceso de todos los actores sociales a los medios de comunicación sin ningún tipo de restricción y la pluralidad y libre competencia de los medios de comunicación.

El objetivo de un nuevo marco jurídico para los medios electrónicos en nuestro país, debe consistiren reconocer a la diversidad y pluralismo en la radiodifusión como principios fundamentales del nuevo marco normativo.

La legislación debe fundamentarse en el derecho de ciudadanas y ciudadanos a disponer de un sistema audiovisual que refleje su realidad, problemáticas y acciones transformadoras, y que promuevan sus derechos e intereses.

Un nuevo marco normativo debe definir la función de servicio público de la radio y la televisión como un servicio esencial para la sociedad y el fortalecimiento de la democracia, y consecuentemente promover una programación de calidad, garantizando el derecho de acceso a la información y la comunicación de los grupos sociales.

La utilización del espectro radioeléctrico tiene que estar sujeta en todo momento a las condiciones de las concesiones o permisos que otorgue la autoridad correspondiente. Cualquier usufructo con propósitos comerciales tiene que ser a cambio de una contraprestación económica pero los criterios para asignar la concesión deben tomar en cuenta, antes que nada, el servicio que recibirá la sociedad. Ninguna concesión deberá ser por tiempo indefinido. En el otorgamiento de ellas tendrán que prevalecer la búsqueda de la calidad y la competencia.

La convergencia digital habrá de ser estimulada de la manera más intensa y extensa posible, siempre a partir de las políticas que establezca la autoridad reguladora y privilegiando, por encima de cualquier otro, el interés público.

Reconociendo que la información es un derecho público, será indispensablegarantizar su disponibilidad, en todos los formatos y por todos los medios posibles, a la mayor cantidad de mexicanos y mexicanas.

Eso implica la promoción de políticas de Estado públicas específicas para diversificar la educación, el aprovechamiento y los recursos para acceder a Internet y aprovechar creativa y participativamente sus contenidos.

En el campo de la radiodifusión, es preciso que los contenidos de televisión y radio que se propagan en señales abiertas sean incluidos en todos los servicios que difunden a esos medios de manera codificada o de paga (Must Carrier y Must Offer).

Los contenidos en los medios de radiodifusión deben estar definidos por el reconocimiento y la búsqueda de la diversidad. En la asignación de concesiones, se tomarán en cuenta requerimientos de grupos étnicos, universidades e instituciones educativas y organismos comunitarios. Para la programación de la televisión y la radio, habrá reglas que propicien la participación de productores independientes.

También debe establecerse el derecho de los productores a que los contenidos de su autoría sean difundidos sin censura, modificaciones o confiscaciones de cualquier índole. Los ciudadanos tienen derecho a recibir esos contenidos sin alteraciones.

Asimismo, el nuevo marco normativo debe favorecer la producción y la difusión de contenidos nacionales en la televisión y la radio como un recurso importante para solidificar nuestra cultura y valores. Pero al mismo tiempo es preciso admitir, regulándolos, la existencia de contenidos y de inversiones foráneos que ya existen o que pueden llegar como expresión de la diversidad y la internacionalización de tales medios.

Los medios comerciales deben ser espacios de creatividad y diversidad, atributos que no es factible ejercer cabalmente sin responsabilidad. Junto con ellos y para ampliar las capacidades de la radiodifusión, resulta indispensable que el país cuente con un verdadero sistema nacional de medios indígenas, comunitarios y públicos. Reconociendo una diversidad de formas jurídicas en la propiedad de los medios, finalidad y lógica de funcionamiento, con tres sectores o modalidades de radiodifusión diferenciadas: público-estatal, privado-comercial y social-sin fines de lucro.

Porque indudablemente que la libre expresión de los medios electrónicos de comunicación indígenas, comunitarios y públicos es esencial para aspirar a la democratización de la información. Por su esencia misma, de ampliar la elección de los receptores, tienen la virtud de actuar como contrapeso a la monopolización y la fragmentación de las audiencias en el sector privado.

En materia de telecomunicaciones, la nueva legislación debe estar orientada a promover el acceso y el uso universales de la tecnología, proporcionando un mínimo básico de conectividad para toda la sociedad, y especialmente los grupos marginados, como los habitantes de zonas rurales, las minorías étnicas, las mujeres, los discapacitados y los adultos mayores.

El ideal reside en proporcionar a todos los habitantes del país un acceso equitativo y adecuado a unas infraestructuras de redes de información y comunicación modernas, asequibles y de fácil uso. Para lograr un acceso asequible y universal es importante que las tecnologías nuevas y existentes proporcionen conectividad a todos, en particular a través de instituciones abiertas para el público tales como escuelas, bibliotecas y centros comunitarios. Porque indudablemente para lograr la provisión del acceso a las nuevas tecnologías como un bien público, es preciso formular proyectos públicos que reduzcan los costos del acceso individual mediante modelos de acceso compartido, financiados a través de mecanismos de tributación adecuados.

Debe establecerse la mayor flexibilidad posible para la interconexión de las redes digitales, independientemente del formato o de los contenidos que propaguen. La preponderancia o la antigüedad de un operador no será motivo para impedir la participación, en un mismo mercado, de una empresa que busque ofrecer servicios similares o complementarios. Los usuarios de un servicio podrán cambiar de proveedor sin por ello perder bases de datos o señas de identidad (como el número telefónico que ya tengan).

Asimismo, un nuevo marco regulatorio debe establecer reglas de competencia adecuadas y eficaces. Se requiere de reglas de competencia que permitan a la autoridad corregir las distorsiones del mercado y evitar que aquellos con poder sustancial abusen de su situación.

Desde esta perspectiva, es esencial que en la nueva legislación se instituya un órgano regulador autónomo e independiente, desvinculado jerárquicamente de la administración central del Estado, que genere un marco de independencia tanto de las distintas coyunturas políticas como de las empresas y grupos empresariales para el ejercicio de una regulación en la que, entre otras cosas, se ventilan cuestiones esenciales que afectan a derechos fundamentales, tales como la libertad de expresión y de información y la defensa de la dignidad humana y la protección a la infancia.

El nuevo órgano regulador debe ser absolutamente independiente de los poderes públicos, y de los agentes presentes en el mercado de las telecomunicaciones y la radiodifusión. La independencia del órgano se debe garantizar tanto por la forma de elección de los miembros de su organización colegiada de toma de decisiones, como de cara a su financiación.

Desde la especial posición de la radiodifusión, el derecho de acceso a los medios de comunicación requiere de autonomía por parte del órgano técnicoregulador en la materia, a efecto de que este ámbito no sea controlado por ningún grupo político o económico y, por el contrario, se conserve siempre como un bien social, de modo que su poder de decisión legal sea el instrumento, sustrato y soporte de las libertades públicas, la democracia, el pluralismo y las culturas.

La esencia de dicha autonomía consistiría en sustraer la dirección y el manejo de la radiodifusión del control de las mayorías políticas y de los grupos económicos dominantes.

Con esta visión, la presente iniciativa se estructurabajo los siguientes directrices:

Primera. Expedición de una sola ley para regular las telecomunicaciones y la radiodifusión, en virtud de que la convergencia tecnológicaentre medios, formatos y contenidos exige de principios y normas que sean regulados de manera orgánica e integral en un mismo cuerpo legal para coadyuvar en su desarrollo.

Segunda. Reconocer como principios fundamentales:

a) El Servicio Público de los medios electrónicos de comunicación.Para definir la función de servicio público de la radiodifusión como un servicio esencial para la sociedad, fundamentando así la rectoría del estado en la administración del espectro y la necesidad de una programación de calidad, que haga prevalecer el derecho de acceso a la información y la comunicación de los grupos sociales.

b) Acceso universal. Para garantizar la disponibilidad de la información en todos los servicios y por todos los medios posibles, a la mayor cantidad de mexicanos. Eso implica la necesidad de políticas de Estado para diversificar la educación, el aprovechamiento y los recursos para acceder a las telecomunicaciones y especialmente al Internet En el campo de la radiodifusión, los contenidos que se propagan en señales abiertas deberán ser incluidos a través de todos los servicios (Must Carrier y Must Offer).

c) Conectividad. Para garantizar la mayor flexibilidad para la interconexión de las redes digitales, independientemente del formato o de los contenidos que propaguen. La preponderancia o la antigüedad de un operador no será motivo para impedir la participación, en un mismo mercado, de una empresa que busque ofrecer servicios similares o complementarios.

Tercera. Instituir un órgano regulador autónomo. Como parte de la defensa del interés público, es necesario que la regulación de las telecomunicaciones y la radiodifusión, en todas sus modalidades, quede a cargo de un órgano estatal con autonomía respecto de los poderes estatales y de las empresas reguladas. Se justifica la constitución de un órgano autónomo si la naturaleza de su competencia cumple los siguientes aspectos: competencia en funciones esenciales; su jurisdicción abarca a los tres poderes y es de ámbito general; especialidadde la materia y la necesidad de su especificidad técnica; garantizar su necesario alejamiento del ejercicio político o económico de intereses ajenos al Bien Común.

Cuarta. Respecto al régimen de concesiones:

a) Establecer la Concesión como figura jurídica habilitante única. Homologando todo a la figura de la concesión, en atención a lo resuelto por en la sentencia de la SCJN y en apego estricto al artículo 27 Constitucional. La diferencia entre los tipos de concesionesse daría así en atención a los diversos fines (fines lucrativos y sin fines de lucro).

b) Licitación Pública en la asignación de concesiones.

c) Contraprestación económicapor el otorgamiento de concesiones con fines de lucro.

d) Duración de la concesión hasta por 12 años.

e) Participaron de la COFECO desde el diseño de las bases de licitación y con opinión favorable.

f) No Refrendo automático. Considerando los criterios expresados por la Suprema Corte, “Los titulares de concesiones con fines lucrativos al término de la misma, competirán nuevamente, en igualdad de circunstancias, manteniendo un derecho preferente sobre terceros”. La preferencia aplica, cuando se presente un equilibrio entre varios interesados en cuanto a su idoneidad y alcumplimiento de los requisitos exigidos para el otorgamiento de la concesión. Además deberá considerarse la revisión del expediente legal, a efecto de que las sanciones y la reiteración de incumplimientos graves causen consecuencias en la renovación o no.

g)- Reglas de Competencia. En atención a la prohibición constitucional de los monopolios y sus prácticas concentradoras a favor de una o varias personas con perjuicio del público en general, la Comisión Federal de Competencia Económica, de conformidad con la Ley Federal de Competencia Económica, determinará que prestadores del servicio de radio y televisión no podrán obtener más concesiones en el mismo servicio, categoría y zona geográfica de cobertura considerando el impacto generado, cuando éstos prestadores sean titulares de más del 25% de las frecuencias operando en ese mismo servicio, categoría y zona geográfica de cobertura.

Quinta. Regular la convergencia tecnológica, buscando la más flexible y amplia convergencia de redes, formatos, recursos y contenidos a fin de que se garantice un uso intensivo y diverso de las redes de información independientemente de su soporte original (cable, inalámbrico, radiodifusión). En ese uso se promoverá la más amplia competencia y se establecerán criterios para propiciar la mayor diversidad de emisores posible. En este punto, también es imprescindible que el Estado establezca un fondo destinado a efectuar la convergencia tecnológica, cuyos destinatarios sean las estaciones de carácter público y las estaciones comunitarias.

Sexta. Reconocer que las comunidades indígenas tienen derecho y legitimación para solicitar un título de concesión, otorgándoseles de acuerdo con los principios constitucionales establecidos en los artículos 1°, 2°, 3°, 6° y 27, a petición de parte mediante un procedimiento simplificado y expedito.

Séptima. Reconocimiento explícito en la ley de los medios públicos, en su calidad de medios de radiodifusión de servicio público, a través de un estatuto jurídico que los defina como medios públicos, sin fines de lucro y con fines sociales, educativos, culturales, de información y de entretenimiento para el vínculo con la sociedad ygarantizando la calidad y pluralidad de sus contenidos. Manteniendo la responsabilidad del Estado en su desarrollo y promoción, por lo que deberán recibir financiamiento público, sin demerito de garantizar el principio de independencia, estos medios podrán contar con fuentes de financiamiento diversificadas como es la posibilidad de comercializar tiempo aire de manera acotada y regulada, además de la posibilidad de la venta de servicios.

Octava. Reconocimiento del servicio de radiodifusión comunitaria, al servicio de radiodifusión no estatal de interés público, cuya infraestructura es propiedad de particulares (concretamente asociaciones civiles) con personalidad jurídica y que, sin tener una finalidad de lucro, ofrecen un servicio público decomunicación orientado a satisfacer necesidades de comunicación en una comunidad.

Novena. Respecto a los contenidos y la programación la nueva legislación garantizaría:

a) Pluralidad y competencia en materia de contenidos. Para asegurar el respeto a las libertades de expresión e información y el derecho a la información de los ciudadanos.

b) Clasificación adecuada de la Programación, a partir de criterios transparentes y ampliamente conocidos por las audiencias. Estableciendo los horarios de clasificación de la programación, especialmente orientados a la protección de los contenidos que en la infancia y adolescencia se ofrecen en los medios electrónicos.

c) Protección a la programación independiente (pluralidad de oferta programática). Definiendo lo que deberá entenderse por producción nacional e independiente.

d) Regulación adecuada de los Tiempos de Estado. Establecimiento de los criterios para su distribución descentralizada entre los tres poderes de la unión, a los órganos autónomos, a los partidos políticos, estados y municipios de manera plural y descentralizada.

Décima. Regular el ejercicio del derecho de réplica. Después de la reforma constitucional en materia electoral, es necesario el establecimiento de un procedimiento que garantice el ejercicio del derecho de réplica de los ciudadanos en la radiodifusión y la consecuente obligación de los prestadores del servicio de atender este derecho. Al respecto, se regula un procedimiento sencillo y expedito para garantizar el respeto a este derecho, así como sanciones a los prestadores del servicio cuando hagan caso omiso de lo que obliga la ley.

Undécima. Finalmente, en relación a las sanciones, se previene un régimen que contempla las consecuencias a la infracción de todas las obligaciones establecidas, incorporando la figura de la reincidencia y actualizando los montos de las sanciones económicas, en el objetivo de valorar en su justa dimensión el necesario respeto a las reglas. Así mismo, evitar que las faltas a la ley no constituyan expediente para la evaluación de su comportamiento y en especial a la alta responsabilidad que representa la tarea de interés público que la operación de frecuencias de radio y televisión representa.

En esta línea, en el título de los Principios Generales, la presente iniciativa contempla el concepto integrador de las telecomunicaciones y la radiodifusión al incorporar como telecomunicaciones a las actividades prioritarias para el desarrollo nacional, en las que se comprenden las redes cableadas e inalámbricas que transportan servicios, aplicaciones, información y contenidos de telecomunicaciones y de radiodifusión, así como de otros subsectores de las comunicaciones electrónicas a distancia que surjan en el futuro como producto de la evolución tecnológica. En consecuencia, queda establecido en este Título, que lastelecomunicaciones son servicios públicos de interés general que el Estado deberá proteger y vigilar para asegurar, tanto la eficacia en su prestación, como su utilización social, así como para evitar fenómenos de concentración que contraríen el interés público.

El contenido de las normas propuestas en el proyecto, al regular los servicios de telecomunicaciones y los de radiodifusión (radio y televisión abierta) y la radio y la televisión (cuando se incluyen además los contenidos de la televisión restringida) estatuyen en su contenido de manera diferenciada de acuerdo a los servicios específicos a los que se refieren los preceptos y por ello establecen que tanto la radiodifusión, que transmite señales de manera abierta que son recibidas por cualquier radio o televisor, como la radio y televisión restringida, en la que existe una contraprestación del usuario a cambio de la recepción de la señal, están comprendidas dentro del servicio de radio y televisión. Por supuesto se reconoce que aun cuandoen ambas modalidades se presta el mismo servicio, cada una lo hace bajo condiciones distintas y por ello merecen una denominación específica.

Regular al servicio en su conjunto, tiene además el objetivo de permitir que la ley responda a los cambios tecnológicos que se están dando de manera vertiginosa, en los que se prevé la ampliación de frecuencias y su convergencia, (servicios diversos que a través de los medios pueden ofrecerse dado el avance de las telecomunicaciones)lo que implica que la radio y televisión se podrán escuchar y ver en espacios y aparatos receptores muy diversos, que en muchos casos, no recurrirán al uso de las frecuencias del espectro. De este modo, se busca evitar que la ley sea rebasada por el desarrollo tecnológico.

Asimismo, se exponen los principios y responsabilidades que deberán observar particularmente los prestadores del servicio de radio y televisión, para cumplir de manera eficiente la función social que tiene encomendada el servicio. Se establece extender y adecuar las obligaciones de función social, a los cambios democráticos, a las demandas sociales y los compromisos internacionales que ha asumido el país en materia de defensa de los derechos humanos, libertad de expresión y el derecho a la información especialmente; la no discriminación, la tolerancia y la equidad de género; la democracia y la paz; la defensa y respeto de la esencia pluricultural de la nación; la protección del medio ambiente y el desarrollo sustentable; el desarrollo integral de la niñez y la juventud, así como la protección de los derechos de los grupos vulnerables.

En el Titulo II referido a los ámbitos de jurisdicción y competencia se delimitan las atribuciones del órgano regulador que transforma a la actual Comisión Federal de Telecomunicaciones, en el Instituto Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión. Esta transformación se da en virtud de que la ley amplía su ámbito de competencia como órgano regulador que deberá responder con la independencia necesaria para la regulación de un sector de fundamental importancia para la democracia y el desarrollo tecnológico de las comunicaciones. Además de la especialidad que se requiere para su operación y administración, toda vez que se ocupará también de la regulación de los contenidos de la radio y la televisión que son los servicios principales y el instrumento necesario para el ejercicio de los derechos constitucionales de la libertad de expresión y el derecho a la información.

En virtud del criterio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación respecto al órgano regulador, cuando planteó que reconociendo la necesidad de una independencia de gestión y decisiones, y aunque deben respetarse su naturaleza y características esenciales, no deja de ser un órgano técnico que, como desconcentrado, depende del Ejecutivo Federal. Por ello, a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes se le atribuye la responsabilidad de definir las Políticas del sector y su desarrollo. Asimismo, el Máximo Tribunal señaló que es necesario que la Ley limite la intervención de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en las determinaciones de Instituto vinculadas con su tarea sustantiva, a efecto de eliminar en forma precisa la “doble ventanilla”.

En esta tesitura, resulta indispensable trascender los límites de la autonomía técnica, a efecto de fortalecer las atribuciones del nuevo ente regulador mediante un esquema orgánico funcional que no limite su capacidad técnica para la eficiente administración del espectro radioeléctrico,en congruencia con lo dispuesto por el párrafo sexto del artículo 27 de la Constitución, particularmente en lo que se refiere al otorgamiento de permisos y concesiones.

Es así que el Instituto Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión estará en aptitud de “regular, promover, vigilar y supervisar el desarrollo eficiente, la cobertura social amplia y fomentar la competencia efectiva en la prestación de los servicios de telecomunicaciones, así como regular y vigilar los contenidos audiovisuales de la radio y la televisión”, de tal suerte que incluso su denominación resulta acorde con las atribuciones que habrá de ejercitar.

La transformación de la actual Comisión Federal de Telecomunicaciones en Instituto Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, no es sólo nominal, pues las atribuciones del nuevo órgano regulador se hacen bajo un enfoque integral, al adicionarle facultades para regular y vigilar los contenidos audiovisuales de la radio y la televisión, con lo cual, se atiende un añejo reclamo social en el sentido de no atribuir una tarea de tal magnitud -estrechamente vinculada con la función social a que se encuentran afectos este tipo de servicios-, a una dependencia cuya vocación es fundamentalmente política como lo es la Secretaría de Gobernación.

De esta suerte, como se mencionó con antelación, la asignación de atribuciones al Instituto, se hace bajo un enfoque orgánico funcional que le permita administrar el espectro radioeléctrico en congruencia con lo dispuesto por el artículo 27 de la Constitución General de la República, en lo relativo a los procesos para la asignación de frecuencias o bandas de frecuencias mediante concesión, tanto en materia de telecomunicaciones como para radio y televisión. De esta manera, se acota la discrecionalidad que históricamente ha caracterizado el otorgamiento de concesiones y permisos, pues habrá de recordarse que a partir de la creación de la Comisión Federal de Telecomunicaciones se desconcentró formalmente la función técnica, aunque no se le otorgaron facultades específicas que le permitieran administrar con eficacia y eficiencia los procesos de licitación del espectro. La idea de que su naturaleza desconcentrada ayudaba a transparentar la decisión política de otorgar las concesiones y permisos, particularmente en lo que corresponde a radiodifusión, constituyó siempre una falacia.

En ese sentido, la nueva legislación sustenta un régimen de facultades para el órgano regulador que habrán de permitirle satisfacer a plenitud la disposición constitucional contenida en los párrafos tercero y quinto del artículo 27 de la Constitución General de la República, en cuanto a que la explotación, uso o aprovechamiento del espectro radioeléctrico “…no podrá realizarse sino mediante concesiones, otorgadas por el Ejecutivo Federal, de acuerdo con las reglas y condiciones que establezcan las leyes”.

Se trata de un cambio trascendente para el esquema orgánico funcional en que ha venido operando el sector de las telecomunicaciones y la radiodifusión, congruente con el criterio determinado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, no sólo en la Sentencia resultante de la Acción de Inconstitucionalidad 26/2006, sino también, en los razonamientos vertidos por este Alto Tribunal en la Sentencia que con motivo de la controversia constitucional 7/2009, promovida por la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión respecto de las atribuciones del Secretario de Comunicaciones y Transportes en materia de radio y televisión, fue publicada el 9 de febrero de 2010 en el Diario Oficial de la Federación.

Nuestra Constitución establece en los artículos 25, 26 y 28, la obligación del Estado de ejercer rectoría sobre las telecomunicaciones. Esto implica que el Estado tiene la obligación de realizar una correcta regulación y supervisión de las telecomunicaciones, a fin de asegurar que se respete y cumpla su función social. Para asegurar lo anterior, en la iniciativa se establece que tanto la Secretaría, como el Instituto, cuenten con diversas atribuciones para expedir disposiciones administrativas, planes técnicos fundamentales, normas oficiales y resoluciones administrativas, así como facultades para resolver desacuerdos entre operadores, a fin de que cuenten con herramientas regulatorias que les permitan ejercer la rectoría que le corresponde al Estado en la materia, ya que dichas facultades le permitirán adoptar las medidas necesarias técnicas, comerciales o jurídicas, entre otras, para encauzar y asegurar que las telecomunicaciones cumplan con su función social. Esto implica el establecimiento de diversas obligaciones y derechos a cargo de los concesionarios, permisionarios o asignatarios pues ellos son a los que el Estado faculta, autoriza o concesiona la explotación, uso y aprovechamiento de los medios necesarios para proveer a la población, los servicios de telecomunicación que demandan sus necesidades.

Entendidas así dichas facultades, los actos y resoluciones que al respecto emitan las autoridades que se faculten, sólo pueden entenderse de orden público e interés social, ya que su finalidad estriba en establecer las medidas técnicas, administrativas, legales o comerciales que el rector en la materia establecería, para buscar que las telecomunicaciones cumplan su función social.

Por ello, efecto de fortalecer y garantizar la autonomía que requiere el ejercicio de las atribuciones conferidas al Instituto Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, deseable no sólo desde un punto de vista formal sino exigible socialmente, se hace indispensable que los Comisionados cubran determinados perfiles profesionales, que además de estar debidamente reglados sean congruentes con la competencia conferida al citado Órgano Regulador, tanto en materia de telecomunicaciones como para la regulación y vigilancia de los contenidos audiovisuales de la radio y la televisión.

En este sentido, se mantiene la figura del Pleno como instancia máxima para la toma de decisiones y se aumenta el número de comisionados de cinco a siete, mientras que, en lo que corresponde a su perfil se promueve la integración multidisciplinaria, de tal manera que el Pleno del Instituto cuente con "especialistas vinculados con aspectos técnicos, económicos o jurídicos de las telecomunicaciones, y aspectos sociales, científicos, educativos o culturales de los contenidos audiovisuales", con lo cual se asegura que para la toma de decisiones se tomen en cuenta diversos puntos de vista, a efecto de contribuir a que en sus determinaciones prevalezca un sentido de pluralidad.

A diferencia del marco jurídico vigente, se introducen requisitos que acotan la posibilidad de nombrar en el cargo a personas que por sus antecedentes profesionales pudieran presentar conflicto de intereses, pues debe recordarse que en la explotación, uso o aprovechamiento de recursos del dominio de la Nación, como en el caso concreto lo es el espectro radioeléctrico, debe prevalecer el interés público.

Por otra parte, en el Título III de la iniciativa, relativo a la Planeación y Administración del Espectro Radioeléctrico, se introducen innovaciones importantes respecto a las leyes que se propone abrogar. Las reglas establecidas para las autorizaciones del uso y explotación del espectro radioeléctrico en todos los servicios, telecomunicaciones y radiodifusión, son uniformes salvo en aquellas en que, específicamente se refieren a la radio y la televisión, que cada vez que se usa en este sentido el concepto involucra a la radiodifusión y al servicio restringido que se diferencian, hasta hoy, por la unidireccionalidad y por el servicio público de transmisión de contenidos que los distingue.

En primer término se propone considerar el párrafo quinto del artículo 27 de la Constitución General de la República, en cuanto a que “la explotación, el uso o el aprovechamiento de los recursos de que se trata, por los particulares o por sociedades constituidas conforme a las leyes mexicanas, solo podrá realizarse mediante concesiones de acuerdo con las reglas y condiciones que establezcan las leyes” por lo que la única figura jurídica reconocida constitucionalmente para la asignación de frecuencias del espectro radioeléctrico es el de la concesión y no la de permiso, por lo que se homologa todo a la figura de la concesión, en atención puntual al engrose de la sentencia de la Suprema Corte y en apego estricto al artículo 27 Constitucional.

La diferencia o modalidad que se establece a partir de los usos asignados a las frecuencias del espectro y será la distinción entre los que se dedican a fines lucrativos y los que no. Por lo tanto, pueden asignarse concesiones para servicios educativos, culturales, comunitarios, de orientación social o de explotación comercial, de esta forma se propone, en el artículo 24, la clasificación de concesiones de acuerdo a lo siguiente: Uso comercial: utilización de frecuencias o bandas de frecuencias para explotación comercial con fines de lucro; Uso social: para la explotación sin fines de lucro, para fines sociales, culturales, comunitarios, científicos, educativos y de experimentación; comprobación de viabilidad técnica y económica de tecnologías en desarrollo; pruebas temporales de equipo y radioaficionados; Uso público: asignada de manera directa al gobierno federal, los gobiernos estatales y municipales y los organismos constitucionales autónomos, e instituciones de educación superior para el cumplimiento de sus atribuciones; Uso protegido: para la radionavegación marítima, aeronáutica y demás servicios que deban ser protegidos conforme a los tratados y acuerdos internacionales ratificados por el gobierno federal; Uso libre: utilización de frecuencias o bandas de frecuencias por el público en general sin requerir de concesión, permiso, asignación directa o registro para su uso, sujetándose a las condiciones de operación que establezca el Instituto, y Uso reservado: son aquellas frecuencias obandas de frecuencias no atribuidas a ningún servicio en el Cuadro Nacional de Atribución de Frecuencias.

Para la transparencia en la administración del espectro se establece la obligación de la autoridad de publicar un Programa Anual de Frecuencias, con la disponibilidad de frecuencias o bandas de frecuencias del espectro radioeléctrico, que podrán ser objeto de licitación pública o asignación directa, y que contendrá, al menos, los servicios que pueden prestarse, su clasificación, modalidades de uso, y coberturas geográficas.

Se estatuyen también los procedimientos que deberán ser atendidos para acceder a estas frecuencias y para el caso de las de uso comercial que busca fines de lucro se establece el procedimiento de licitación pública, sin subasta. Esto es, concursos transparentes y con reglas claras, con base en un Plan Anual de Frecuencias. La Suprema Corte de Justicia reconoció que no existe razón válida alguna que justifique el trato privilegiado que se otorga a los concesionarios de radio y televisión abiertas al permitirles acceder a concesiones de servicios de telecomunicación sin sujetarlos al procedimiento de licitación y sin que se les exija el pago de la contraprestación correspondiente. Lo que en términos de competencia y libre concurrencia, constituye un claro trato discriminatorio que provoca, entre otras cosas, para los permisionarios de radiodifusión, concesionarios en telecomunicaciones y terceros interesados en una nueva concesión, una significativa barrera a la entrada a este mercado […] que propicia prácticas monopólicas de los agentes que pretendan hacer uso del poder sustancial que tienen en el sector de la radiodifusión.

Por esto, el Gobierno Federal tendrá derecho a recibir una contraprestación económica por el otorgamiento de la concesión correspondiente, cuando se trate de la modalidad con fines de lucro. Con duración de hasta 10 años y aquellas atribuidas a los demás servicios de telecomunicaciones por un periodo de hasta 15 años. En la ley quedan establecidos los criterios que el órgano regulador debe atender para la definición de las concesiones con el fin de acotar la discrecionalidad y parcialidad en las decisiones.

A fin de garantizar el uso social y el interés general, las instituciones religiosas y los ministros de culto, así como los partidos políticos y sus directivos, no podrán ser titulares de concesiones para prestar el servicio de radio y televisión de forma directa o indirecta, o en su caso participar en el régimen societario de personas morales que sean o pretendan ser titulares de dichos derechos.

La Comisión Federal de Competencia deberá participar desde el diseño de las bases de licitación. Y en atención a la prohibición constitucional de los monopolios y sus prácticas concentradoras que constituyan ventajas a favor de una o varias personas con perjuicio del público en general, la Comisión Federal de Competencia determinará, de conformidad con la Ley Federal de Competencia Económica, que prestadores del servicio de radio y televisión no podrán obtener más concesiones en el mismo servicio, categoría y zona geográfica de cobertura.

Para el caso de los refrendos de las concesiones la Suprema Corte de Justicia en su Resolución 2006/26, claramente estableció que “Para que el refrendo de una concesión y la preferencia que se otorgue a su titular resulten apegados a la Ley Suprema, es menester que el titular de la concesión, al término de la misma, compita nuevamente, en igualdad de circunstancias, con otros interesados”.

La preferencia sobre terceros para el concesionario con motivo del refrendo, sólo implica que se le prefiera cuando se presente un equilibrio total o una igualdad absoluta entre varios interesados en cuanto a su idoneidad y al cumplimiento de los requisitos exigidos para su otorgamiento además de larevisión de su expediente legal a efecto de que las sanciones y la reiteración de incumplimientos graves causen consecuencias en la renovación o no.

En otro punto, las frecuencias o bandas de frecuencias de uso público se podrán otorgar por plazos de hasta 15 años tratándose de telecomunicaciones y hasta 10 años en radiodifusión, mediante asignación directa y a petición de parte y podrán ser prorrogadas por periodos iguales.

El Instituto definirá las categorías y reglas de operación de acuerdo a las políticas públicas establecidas por la Secretaría y a lo establecido en el Cuadro Nacional de Atribución de Frecuencias y adoptará mecanismos que le permitan constatar el uso de las bandas de frecuencias de uso público asignadas, teniendo la facultad de expedir disposiciones de carácter general a las que deberán ajustarse los operadores de tales frecuencias.

Podrán obtener asignaciones de frecuencias o bandas de frecuencias para uso público, los Poderes de la Unión y de las Entidades Federativas, los municipios, los organismos constitucionales autónomos e instituciones públicas de educación superior, con la finalidad de prestar servicios públicos, tales como teleducación, telesalud, seguridad pública, atención a discapacitados y/o la transmisión de contenidos educativos, culturales, científicos, sociales, informativos y de entretenimiento de calidad, entre otros, en beneficio de la sociedad y en aras del interés general.

En el caso de asignación de frecuencias o bandas de frecuencias para radio y televisión, el gobierno federal, los gobiernos de las entidades federativas y los municipios, deberán acreditar la constitución de organismos públicos descentralizados, a través de los cuales prestarán el servicio a fin de asegurar su autonomía de gestión e independencia editorial. En sus órganos de gobierno deberá garantizarse la participación del sector privado y social, integrando al menos dos personas de reconocido prestigio profesional en la materia.

Además de que se les obliga a constituir Consejos Consultivos encargados de promover contenidos acordes con la función social prevista en esta ley, constituidos al menos por cinco integrantes de reconocido prestigio profesional en la materia, quienes rendirán un informe público anual de evaluación sobre la gestión del medio. Además de estar obligados a contar con un defensor de la audiencia y publicar sus códigos de ética.

Del mismo modo, se regulan el procedimiento y los requisitos que habrán de atenderse a partir de la solicitud de parte y una vez que se conozca el Programa Anual de Frecuencias establecido en la ley y se determina un plazo de 90 días para la respuesta fundad y motivada de la autoridad para evitar la experiencia de solicitudes sin respuesta o aplazadas indefinidamente.

Asimismo se prevén y regulan las fuentes de financiamiento para las asignaciones de uso público y las de uso social, incorporando además del presupuesto público que garantice su operación, la posibilidad de recibir donativos, en dinero o en especie, hechos de manera libre y voluntaria por personas físicas o morales de nacionalidad mexicana, o que en su caso provengan de organismos multilaterales y agencias de cooperación internacionales, reconocidas por el orden jurídico nacional, en este caso se acota la necesidad de expedir recibos o firmar contratos que transparenten los montos o bienes recibidos. También se podrán vender productos y/o servicios, así como recibir patrocinios y publicidad, acotada a 12 minutos por hora de programación en el caso de la televisión y 24 minutos por hora en la radio. En todo caso, tratándose de medios que además reciben presupuesto público, estarán obligados a rendir un informe anual sobre sus ingresos adicionales y su forma de aplicarlos al proyecto.

El reconocimiento y diferenciación de los medios de uso social en el marco normativo nacional tiene como objetivo garantizar el derecho a la información y la libertad de expresión, asegurar la diversidad y pluralidad de medios y promover este sector. Su inclusión en la ley se acompaña con procedimientos, condiciones y políticas públicas de respeto, promoción y protección para garantizar su existencia y desarrollo.

De acuerdo a la naturaleza jurídica que se les otorga en la presente iniciativa, las radios y televisoras de uso social son actores privados que tienen una finalidad social y se caracterizan por ser gestionadas por organizaciones sociales sin fines de lucro de diverso tipo. Su característica fundamental es la participación de la comunidad tanto en la propiedad del medio, como en la programación, administración, operación, financiamiento y evaluación. Se trata de medios independientes y no gubernamentales, que no responden a partidos políticos ni empresas comerciales, ni están vinculados a ellos.

La justificación para estatuir un régimen específico a los medios electrónicos de uso social, debe su razón de ser a la exigencia social de satisfacer las necesidades de comunicación y habilitar el ejercicio del derecho a la información y libertad de expresión de los integrantes de sus comunidades. Sus finalidades se relacionan directamente con las de la comunidad a la cual sirven y representan. Entre otras, serán la promoción del desarrollo social, de los derechos humanos, de la diversidad cultural, de la pluralidad de informaciones y opiniones, de los valores democráticos, de la satisfacción de las necesidades de comunicación social, de la convivencia pacífica y del fortalecimiento de las identidades culturales y sociales. Son medios pluralistas y por tanto deben garantizar el acceso, diálogo y participación de la diversidad de movimientos sociales, razas, etnias, géneros, orientaciones sexuales y religiosas, edades o de cualquier otro tipo.

Conforme a la iniciativa, las comunidades organizadas y entidades sin fines de lucro tienen derecho a utilizar cualquier tecnología de radiodifusión, las características técnicas de la emisora dependerán únicamente de las necesidades de la comunidad que sirve y representa, la propuesta comunicacional de la emisora y la disponibilidad y planes nacionales de gestión del espectro. Como consecuencia, todas las comunidades organizadas y entidades sin fines de lucro tienen derecho a fundar medios de uso social, sean de carácter territorial o de intereses y estén ubicadas en zonas rurales o urbanas. La radiodifusión comunitaria no implica necesariamente un servicio de cobertura geográfica restringida y, por tanto, no debe haber limitaciones previas o arbitrarias de cobertura, potencia o de cantidad de emisoras comunitarias en una localidad, región o en el país, excepto restricciones razonables para evitar la concentración en la propiedad de medios.

Así mismo, las comunidades organizadas y entidades sin fines de lucro que brinden servicios de radiodifusión de uso social tienen derecho a asegurar su sustentabilidad económica, independencia y desarrollo, a través de recursos obtenidos mediante donaciones, auspicios, patrocinios, publicidad comercial y oficial y otros legítimos. Todo ellos deberán ser reinvertidos en el funcionamiento de la emisora para el cumplimiento de sus objetivos y fines.

Estarán legitimados para obtener una concesión para uso social las personas morales sin fines de lucro, interesadas en la prestación de servicios y difusión de contenidos orientados a satisfacer necesidades de carácter comunitario, cultural, educativo, social y científico en el área geográfica de su cobertura. El Instituto informará a través de convocatoria pública las frecuencias disponibles para uso social, los plazos para la recepción y resolución de solicitudes, así como para el otorgamiento de los títulos de concesión. Los titulares de las concesiones de uso social, podrán financiar su operación con donativos, en dinero o en especie, hechos de manera libre y voluntaria por personas físicas o morales de nacionalidad mexicana; venta de productos y/o servicios, acordes con su capacidad tanto legal como operativa; patrocinios y publicidad; proyectos de financiamiento y convenios de coinversión para la producción y/o difusión de contenidos afines a los objetivos del servicio; convenios de coinversión con otras dependencias del Estado y entidades federativas, para el mejor cumplimiento de sus fines de servicio público.

Los ingresos que obtengan los concesionarios en la modalidad de uso social deberán ser invertidos en la operación y desarrollo del proyecto, dando prioridad a la producción de contenidos, capacitación del personal y a la adopción de innovaciones tecnológicas que permitan mejorar la calidad del servicio. En ningún caso los ingresos podrán ser usados de forma directa o indirecta por ninguno de los socios para lucro personal o de la asociación titular. En el caso de disolución de la persona moral titular de la frecuencia o de renuncia al permiso, la frecuencia será reintegrada al Estado.

Por lo que respecta a los derechos de los pueblos y comunidades indígenas a adquirir, administrar y operar medios de comunicación, las disposiciones que propone la iniciativa parten de establecer condiciones especiales y asequibles para los pueblos y comunidades indígenas que se encuentran en circunstancias notoriamente desiguales a las del resto de la población. Toda vez que esta situación de desigualdad constituye una circunstancia expresamente reconocida en el textode la Constitución, desde el momento en que se estableció un régimen especial para pueblos y comunidades indígenas, con el propósito expreso y claro de abatir rezagos y lograr su plena integración a la sociedad.

Frente a la situación de injusticia histórica sobre las comunidades indígenas, es necesario construir otro pacto social, integrador de una nueva relación entre los pueblos indígenas, la sociedad y el Estado. Una profunda reforma del Estado mexicano donde los pueblos indígenas sean sujetos de derecho público, con capacidades jurídicas plenas para crear y diseñar modelos de comunicación.

Los derechos sociales no son sólo normas programáticas, sino que al encontrarse garantizados en el texto de la Constitución, generan obligaciones efectivas para el Estado mexicano. Y en el caso específico del derecho social reconocido en el artículo 2º, apartado B, fracción VI de la Constitución Federal, que obliga a la Federación, los Estados y los Municipios, a establecer condiciones para que las comunidades y pueblos indígenas puedan adquirir, operar y administrar medios de comunicación, en los términos que las leyes de la materia determinen.

El Poder Legislativo del Estado mexicano está obligado a emitir las disposiciones normativas en las que atendiendo a la situación real de desventaja que tienen en nuestro país aquéllos, establezca las condiciones para garantizar su acceso efectivo a los medios de comunicación. Pero ello, para cumplir con este derecho social, no basta con que en la ley se exprese que los indígenas pueden administrar medios de comunicación, sino que es necesario que desde la legislación se instrumenten políticas concretas para lograr que su situación de desigualdad se compense.

Las leyes deben considerar y tomar en cuenta las garantías constitucionales que asisten a los pueblos indígenas. No puede ni debe haber omisión en un tema que toca las fibras más sensibles de la justicia social.

Igualmente es necesario establecer mecanismos financieros viables para que los pueblos indios puedan adquirir sus propios medios de comunicación o la compra de espacios de expresión dentro de éstos, sin supeditar el ejercicio de ese derecho a la capacidad económica de las comunidades. Asimismo, instaurar procedimientos operativos y expeditos para permitir la integración de los indígenas dentro de la actual estructura de canales de información nacionales.

Por ello, en el contenido del proyecto se reconoce la capacidad y personalidad jurídicas de pueblos y comunidades indígenas para adquirir, operar y administrar medios de comunicación y se incorpora un procedimiento expedito y simplificado para el otorgamiento de frecuencias que considere las condiciones reales de marginación en las que y desde las que serán operadas las frecuencias.

En consonancia, para los pueblos y las comunidades indígenas, las concesiones se otorgarán a petición de parte con base en la disponibilidad de frecuencias y previo cumplimiento de los siguientes requisitos: datos generales de los solicitantes y designación de un representante responsable del proyecto; documento que acredite la representatividad y el interés de la o las comunidades indígenas solicitantes, pudiendo ser éste un acta de asamblea; zona geográfica que se pretende cubrir, identificando las comunidades indígenas beneficiarias; proyecto de contenidos especificando porcentaje de transmisión en lenguas indígenas y mecanismos con los que se garantizará la pluralidad y acceso de la comunidad a los servicios que se ofrecerán, y proyecto mínimo de instalación y operación técnica.

Resulta fundamental reconocer que el Estado mexicano se encuentra obligado a emitir las disposiciones normativas en las que atendiendo a la situación real de desventaja que tienen en nuestro país las comunidades y pueblos indígenas, establezca las condiciones para garantizar el acceso efectivo de éstos a los medios de comunicación.

Los pueblos indígenas son portadores de una riqueza cultural a través del legado de nuestras civilizaciones antepasadas. Por esto, el papel de los medios es vital para la restauración de las comunidades, antes de buscar seguir incorporando a los pueblos indígenas en el proceso de globalización prevaleciente. Los contenidos relacionados con ellos deben partir de la visión de los pueblos, abarcando su cultura, sus actividades económicas, su conocimiento de la medicina, de la ecología, la preservación del ambiente, sus lenguas, su identidad.

Al respecto, se toma en consideración lo establecido en la citada resolución de la Suprema Corte de Justicia en el sentido de atender lo establecido por el artículo segundo constitucional:

“Resulta fundamental reconocer que el Estado mexicano se encuentra obligado a emitir las disposiciones normativas en las que atendiendo a la situación real de desventaja que tienen en nuestro país las comunidades indígenas, establezca las condiciones para garantizar el acceso efectivo de éstos a los medios de comunicación”.

“En efecto, el legislador debe dictar acciones afirmativas para disminuir su desigualdad real. Esta acción, pretende establecer políticas que dan a un determinado grupo social, étnico, minoritario o que históricamente haya sufrido discriminación a causa de injusticias sociales, un trato preferencial en el acceso o distribución de ciertos recursos o servicios así como acceso a determinados bienes, con el objeto de mejorar la calidad de vida de grupos desfavorecidos, y compensarlos por los perjuicios o la discriminación de la que fueron víctimas en el pasado”.

Es así que en la iniciativa se asume esta omisión y atiende de manera puntual la elaboración de las normas que permitan la garantía y las condiciones simplificadas para el ejercicio del derecho de los pueblos y comunidades indígenas a acceder a operar sus propios medios.

Como consecuencia, se propone el referido procedimiento de otorgamiento de frecuencias expedito y simplificado que considera las condiciones marginación en las que y desde las que serán operadas las frecuencias.

Es preciso aclarar que en el capítulodesarrollado como “De los Permisos”, que a diferencia de lo que hasta ahora se ha conocido con esa figura jurídica, se refiere a las autorizaciones que hará la autoridad para los operadores que no usan espectro radioeléctrico, que como se ha señalado anteriormente el uso de ese bien debe hacerse de acuerdo a la Constitución, bajo la figura de concesión.

De esta manera, los servicios de telecomunicaciones que no usan espectro y que se ubican en el capítulo de Permisos de la iniciativa, son para instalar, operar o explotar redes públicas de telecomunicaciones alámbricas y estaciones terrenas transmisoras, así como las comercializadoras de los servicios de telecomunicaciones. De acuerdo al proyecto, estos permisos se otorgarán a través de un proceso de licitación definido en la propuesta y su vigencia, considerando que la inversión es por parte de los mismos operadores es por un plazo de hasta 15 años.

En la iniciativa, un Capitulo de la mayor trascendencia es el que se refiere a los Servicios Adicionales y Valor Agregado. En este tema la Corte estableció una serie de principios constitucionales que deberán guiar las normas para definir los alcances, límites y condiciones para la prestación de servicios auxiliares o adicionales a través de las frecuencias concesionadas, en el caso particular de la radiodifusión y considerando las figuras jurídicas existentes definió la Igualdad en la aplicación de la ley para concesionarios y permisionarios; los principios de rectoría económica del Estado, y evitar que mediante estos servicios, se agudicen fenómenos de concentración en contra del interés público y la libre concurrencia en este segmento del mercado.

La legislación propuesta en el proyecto, se basa en el criterio de permitir la más flexible, versátil y amplia convergencia de redes, formatos, recursos y contenidos comunicacionales conla finalidad de que haya un uso más intensivo y diverso de las redes de información independientemente de su soporte original (cable, inalámbrico, radiodifusión, etcétera). En ese uso se promoverá la más amplia competencia y se establecerán criterios para propiciar la mayor diversidad de emisores posible.

Considerando que la posibilidad para que a través de las frecuencias se puedan prestar servicios auxiliares o adicionales, se incrementa con la digitalización. Por ejemplo, en televisión, además de una mejoría en la calidad de imagen y sonido similar al disco compacto y multicanal (5.1 o teatro en casa), es técnicamente posible transmitir servicios de Internet, películas, canciones, juegos o cualquier otro contenido a demanda; sonido y subtítulos en varios idiomas, servicios de televisión interactiva (informativos en tiempo real, información de tráfico vehicular y clima, comercio electrónico), publicidad interactiva, guías de programación, juegos interactivos, participación en encuestas, teletexto y servicios para personas con capacidades diferentes, entre otros.

En radio, dependiendo de los estándares existentes que se desarrollan en el mundo, algunos de los servicios que potencialmente es posible ofrecer son: sonido en 5.1 canales (teatro en casa), transmisión de imágenes, datos como nombre de la estación, identificación, frecuencia, autor o intérprete de la melodía que se transmite en ese momento, programa, etc., información especializada (finanzas, cotizaciones, tráfico vehicular), avisos comerciales y de emergencia, entre otros.

En las reformas a la Ley Federal de Radio y Televisión de 2006, en el artículo 28, declarado inconstitucional por la Suprema Corte, se establecía que los concesionarios de radio y televisión podían prestar “servicios adicionales de telecomunicaciones” en las mismas frecuencias atribuidas a la radiodifusión, mediante un trámite sencillo y sin que necesariamente existiera una contraprestación al Estado por el otorgamiento de un nuevo título de concesión le hubiese permitido a los concesionarios incorporarse en el sector de las telecomunicaciones de una manera privilegiada y ventajosa. Por ello, en su proyecto de sentencia el ministro Salvador Aguirre Anguiano precisa que “las concesiones que otorga el Estado mexicano sobre el espectro radioeléctrico, no suponen la autorización para su uso indiscriminado o indistinto, sino que, en todos los casos, dicha concesión está vinculada con un uso determinado y específico que se hace constar en el título que al respecto se expide y cuyo incumplimiento acarrea sanciones para el concesionario, llegando a provocar la revocación de la concesión otorgada”.

La posibilidad para que los concesionarios y asignatarios de radio y televisión puedan ofrecer nuevos servicios a través de sus mismas bandas frecuencias es parte del desarrollo tecnológico, pero sus definiciones, alcances, límites, condiciones y beneficios al Estado deben quedar claramente asentados en la ley y sus disposiciones reglamentarias para evitar privilegios, fenómenos de concentración y un mejor aprovechamiento del espectro radioeléctrico.

En la iniciativa, en principio, se define como servicios adicionales: aquellos que se suman en la misma infraestructura al servicio principal u originalmente prestado en dicha red pública de telecomunicaciones y requieren autorización del Instituto y por otra parte, los servicios auxiliares conexos, como aquellos que se integran a los servicios de interconexión para proveer integralmente un servicio de telecomunicaciones a los operadores, prestadores de servicios o usuarios. Estos incluyen, entre otros, los servicios de información, de directorio, de emergencia, de cobro revertido, vía operadora, de facturación y de cobranza y los demás que se requieran a juicio del Instituto, para permitir a los usuarios de un concesionario comunicarse con los usuarios de otro concesionario y tener acceso a los servicios suministrados por este último o por algún otro proveedor autorizado alefecto.

Con rigurosa atención a lo establecido por la Suprema Corte de Justicia al invalidar los artículos 28 y 28A de las reformas a la Ley Federal de Radioy Televisión, la iniciativa propone que los concesionarios de frecuencias o bandas de frecuencias del espectro radioeléctrico interesados en prestar servicios de telecomunicaciones adicionales a los contemplados en sus títulos de concesión, deberán presentar solicitud al Instituto, el cual la considerará si se encuentra al corriente en el cumplimiento de las obligaciones establecidas por la ley y los títulos de concesión y siempre y cuando continúe prestando los servicios originalmente autorizados, y en los servicios adicionales atienda criterios mínimos de calidad de servicios, obligaciones de interconexión y de cobertura, competenciay pluralidad. En esa hipótesis, las solicitudes para nuevos servicios únicamente podrán ubicarse en las bandas de frecuencias y el área de cobertura originalmente concesionadas y una vez autorizados se establecerá el pago de una contraprestación con base al valor del mercado por utilización de las bandas de frecuencias para servicios adicionales semejantes.

Por su lado, los servicios auxiliares de valor agregado en radiodifusión, o sea, asociados al servicio principal de radiodifusión podrán prestarse libremente siempre y cuando no impliquen alguna contraprestación por parte del público para recibirlos, salvo el disponer de los receptores adecuados para ello. En todo caso, los servicios auxiliares se ajustarán a las disposiciones establecidas en ley y disposiciones reglamentarias.

En otro capítulo de la iniciativa se establecen los casos en los que será posible la cesión de derechos considerando siempre que hayan transcurrido al menos dos años del otorgamiento de la concesión y que el cesionario se comprometa a cumplir las obligaciones que se encuentren pendientes y asuma las condiciones que al efecto establezca el Instituto, además de acreditar la capacidad técnica, jurídica y económica, en términos de los requisitos establecidos para ser titular de la concesión o permiso correspondiente. Es decir, que el nuevo operador atienda a los mismos requisitos que el concesionario original.Es importante acotar que solo la figura de concesión para uso comercial puede caer en la hipótesis de la cesión de derechos.

Asimismo, cuidando fenómenos de concentración, si la cesión se pretende transferir a otro concesionario que preste servicios similares en la misma zona geográfica, deberá exigirse la opinión favorable por parte de la Comisión Federal de Competencia.

Del mismo modo, se regulan los criterios de la terminación, revocación, cambio y rescate de concesiones y permisos que en principio integra los criterios establecidos en las actuales leyes de Telecomunicaciones y de Radio y Televisión, incorporando como falta grave, la comisión de acciones que impidan la transmisión de señales de otro concesionarios, o bien,el incumplimiento a las nuevas obligaciones establecidas en la reforma constitucional en materia electoral.

En el caso del cambio o rescate de frecuencias se establecen puntualmente, las hipótesis para su aplicación sin violentar preceptos constitucionales ni legales. En el caso del cambio o rescate el Instituto podrá otorgar directamente al concesionario nuevas frecuencias o bandas de frecuencias mediante las cuales se puedan ofrecer los servicios originalmente prestados, en condiciones similares. Para la contraprestación debe atenderse en caso de que las frecuencias otorgadas tengan un mayor valor en el mercado, o bien, puedan ser utilizadas para la prestación de un mayor número de servicios de telecomunicaciones. Las causas para la aplicación de este ordenamiento son: Cuando lo exija el interés público; Por razones de seguridad nacional; Para la introducción de nuevos servicios no contemplados originalmente en su título de concesión o asignación directa o el uso libre; Para la introducción de nuevas tecnologías; Para solucionar problemas de interferencia perjudicial; Para dar cumplimiento a los tratados internacionales suscritos por el Gobierno, y por no usar, aprovechar o explotar totalmente la capacidad de la frecuencia o banda de frecuencias concesionadas.

En el proyecto de nueva ley igualmente se establecen reglas legales claras para la operación de los servicios de telecomunicaciones con el fin de atender las condiciones de arquitectura abierta, interconexión e interoperabilidad de sus redes para los cuales el Instituto elaborará, actualizará y administrará los planes técnicos fundamentales de numeración, conmutación, señalización, transmisión, tasación, sincronización e interconexión, entre otros, a los que deberán sujetarse los concesionarios de redes públicas de telecomunicaciones. Dichos planes deberán considerar los intereses de los usuarios.

En la nueva Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, también se prevé la atención a aspectos ampliamente solicitados por diversos operadores, entre los que se encuentran la introducción de nuevas tecnologías, como es el caso de la transición digital, que tengan como objeto la mejora de los servicios de telecomunicaciones, se autoriza a los prestadores del servicio, el uso provisional de frecuencias adicionales a las que les hayan sido otorgadas originalmente en la concesión dejando claro que al culminar el plazo fijado o las causas tecnológicas de la autorización, los operadores dejarán de utilizar la frecuencia adicional.

En el mismo sentido se atiende a la regulación de los servicios conocidos como “must carrier” para la radio y la televisión, cuando establece que los titulares de una concesión de frecuencias de radiodifusión están obligados a permitir, de manera gratuita la retransmisión simultánea de su señal a los concesionarios de redes públicas de telecomunicaciones y permisionarios que ofrezcan en la misma área de cobertura geográfica el servicio de radio y televisión restringida en cualquiera de sus modalidades. Y la obligación de la contraparte en latelevisión restringida también estará obligada a transmitir las señales radiodifundidas en forma íntegra, sin modificaciones, incluyendo publicidad y con la misma calidad que se utiliza en el resto de los canales de esta red. Dando atribuciones a la Comisión Federal de Competencia para resolver los casos en que existan prácticas monopólicas en la venta, distribución o comercialización de programación para la radio y televisión restringidas, en cualquiera de sus modalidades.

Igualmente en la iniciativa se proponen diversos contenidos normativos a fin de fomentar el aumento de la cobertura de los servicios de telecomunicaciones y el desarrollo de condiciones de competencia adecuadas en el mercado, estatuyéndose condiciones para asegurar una adecuada interconexión e interoperabilidad de las redes públicas de telecomunicaciones, y que en un ambiente de redes convergentes no se presenten conductas anticompetitivas en perjuicio de los usuarios.

Para garantizar la existencia de una sana competencia, se prevé que los operadores de redes públicas deberán permitir la interconexión a otros operadores en condiciones equitativas y no discriminatorias observando las condiciones técnicas indispensables y las tarifas máximas de interconexión que determine el Instituto, mismas que deberán permitir recuperar el costo incremental de largo plazo de los operadores que prestan el servicio de interconexión.

A efecto de regular en forma eficaz todos los servicios necesarios para la interconexión de las redes públicas de telecomunicaciones, y corregir los problemas que se han presentado en la apertura de los servicios de telecomunicaciones a la competencia, se introduce la definición de servicios de interconexión auxiliares conexos, mismos que incluyen facturación y cobranza, servicios de información y otros.

Además, para apoyar el desarrollo de nuevos concesionarios, se establece que la interconexión entre operadores que ofrecen a sus usuarios un mismo tipo de servicio se deberá llevar a cabo mediante acuerdos de compensación de tráfico sin contraprestación cuando no se presenten fuertes desbalances de tráfico.

Se contempla el acceso de manera desagregada a elementos, infraestructuras, servicios, capacidades y funciones de sus redes públicas de telecomunicaciones sobre bases de tarifas individuales, competitivas y no discriminatorias, así como bajo condiciones que aseguren el desarrollo de una sana competencia.

Para impedir que se presenten conducta anticompetitivas en perjuicio de los usuarios y del desarrollo de los nuevos servicios vía protocolo Internet, se establece la obligatoriedad de establecer mecanismos que garanticen que exista adecuada capacidad y calidad para cursar el tráfico demandado entre las redes, sin discriminar el tipo de tráfico, ni distinguir o degradar la capacidad del acceso al usuario para ofrecer acceso a los diferentes servicios que se prestan.

De la misma manera, se obliga a que, tratándose de un mismo tipo de tráfico o servicio, los concesionarios están obligados a no otorgar un trato discriminatorio en la prioridad de su conducción, independientemente del concesionario o permisionario que preste el servicio final.

Con la finalidad de permitir que las redes públicas de telecomunicaciones cuenten con la infraestructura necesaria para su desarrollo, el Instituto dictará las condiciones técnicas, de seguridad y operación que posibiliten que los derechos de vía de las vías generales de comunicación; las torres de transmisión eléctrica y de radiocomunicación; las posterías en que estén instalados cableados de distribución eléctrica; los terrenos adyacentes a los ductos de petróleo y demás carburos de hidrógeno; así como los postes y ductos en que estén instalados cableados de redes públicas de telecomunicaciones, estén disponibles para todos los concesionarios de redes públicas de telecomunicaciones sobre bases no discriminatorias.

En el espíritu de proteger la salud y la seguridad pública, el medio ambiente y reducir los costos de los operadores, se proyecta fomentar la celebración de acuerdos entre operadores para la ubicación compartida y el uso compartido de infraestructuras sobre derechos de vía públicos así como sobre propiedad privada.

En el capítulo relativo para regular las tarifas a los usuarios, se acepta que los concesionarios de redes públicas de telecomunicaciones y empresas comercializadoras puedan fijar libremente sus tarifas en términos que les permitan la prestación de los servicios en condiciones satisfactorias de calidad, competitividad, seguridad y permanencia. Las tarifas requerirán únicamente de ser registradas ante el Instituto para consulta pública.

Los concesionarios no podrán otorgar subsidios cruzados a los servicios que proporcionan en competencia, por sí o a través de sus empresas subsidiarias, filiales, afiliadas o que pertenezcan al mismo grupo de interés económico.

Para proteger a los usuarios se ordena que cuando se convenga el tiempo como medida para determinar el monto de la contraprestación por la provisión de los servicios de telecomunicaciones, el concesionario deberá contabilizar únicamente la unidad por segundo que duró la prestación efectiva del servicio.

En mismo capítulo desarrolla los principios para regular la dominancia en telecomunicaciones a fin de establecer obligaciones específicas que impidan que lleva a cabo conductas anticompetitivas, se considerará dominante en la prestación de un servicio de telecomunicaciones a aquél concesionario, permisionario o cualquier otra persona que opere, explote o comercialice redes o servicios de telecomunicaciones, que en el ejercicio fiscal del año inmediato anterior haya obtenido, directamente o conjuntamente con sus subsidiarias o filiales, una cuota igual o superior al 25 por ciento de los ingresos brutos generados en el sector por la prestación de dicho servicio.

Conforme a la iniciativa, en esos supuestos, el Instituto establecerá obligaciones especificas respecto a los elementos de red, instalaciones o servicios que sean suministrados en forma exclusiva o predominante por un concesionario dominante, mismos que por razones técnicas o económicas no puedan ser sustituidos fácilmente para proveer un determinado servicio, entre los que se encuentran la interconexión, el origen y terminación de llamadas, el transito, y el roaming.

El Instituto establecerá obligaciones especificas relacionadas con el acceso de otros concesionarios a los recursos esenciales de la red a tarifas reguladas basadas en costos y en términos y condiciones no discriminatorias; con información de contabilidad separada por servicio; con la publicación de su oferta de interconexión; con el cumplimientode los niveles mínimos de calidad para los servicios de telecomunicaciones establecidos por el Instituto; con la publicación de información sobre su red y centrales; y la compartición de su infraestructura con otros concesionarios.

De igual forma, el Instituto establecerá obligaciones específicas adicionales para los concesionarios dominantes relacionadas con tarifas, facturación, información, portabilidad, condiciones y calidad bajo las cuales se ofrecen los servicios de telecomunicaciones, buscando propiciar que los operadores de servicios de telecomunicaciones puedan competir en la prestación de sus servicios bajo condiciones similares a aquellas en las que participan los operadores de servicios de telecomunicaciones dominantes en los mercados de telecomunicaciones. Se considerará dominante al operador de servicios de radiodifusión que concentre en una misma empresa la selección, producción y distribución de contenidos y el 90 por ciento de su programación lo constituya los contenidos de su producción; o tengaal menos el 25 por ciento de audiencia a nivel nacional; o tenga al menos el 25 por ciento de las estaciones o canales dentro de una misma área de cobertura; o tenga al menos el 25 por ciento de los ingresos de publicidad en servicios de radio y televisión; ya sea a nivel nacional o en una misma área de cobertura.

El Instituto establecerá obligaciones específicas relacionadas con contabilidad separada por servicio, no discriminación en la adquisición de contenidos, acceso no discriminatorio para productores independientes a contenidos producidos por el mismo, contratación de 20% de su programación a productores independientes, y prohibición de participar en proceso de licitación alguno sobre nuevas asignaciones de frecuencias para el mismo servicio, zona o área geográfica de cobertura.

En esta tesitura, para garantizar pluralidad de contenidos y diversidad de opiniones, así como evitar influencias contrarias al interés público en los diferentes mercados de medios de comunicación nacionales, regionales o locales, se establecerán restricciones a su participación en otros medios de telecomunicaciones y radiodifusión, plataformas de transmisión de contenidos o en medios de prensa escrita.

Con respecto a la Cobertura Social, en el proyecto de nueva ley se prevé que el Instituto procurará la adecuada provisión de servicios de telecomunicaciones en todo el territorio nacional, con el propósito de que exista acceso a las redes públicas de telecomunicaciones, a los servicios de telecomunicaciones y a los contenidos audiovisuales para satisfacer necesidades de comunicación y cobertura social.

Para tales efectos, se entenderá por cobertura social de servicios de telecomunicaciones, la disponibilidad a toda la población de un conjunto de servicios, con independencia de su localización geográfica, con tarifas asequibles y una calidad determinada.

Conforme a la legislación propuesta, los programas de cobertura social son de orden público e interés social y tendrán como objetivo el acceso de la población a servicios de voz, datos, audio y video.

El Instituto deberá revisar los programas de cobertura social y los servicios incluidos en ellos, tomando en cuenta la evolución tecnológica, la demanda de servicios en el mercado y el desarrollo económico y social, teniendo la facultad de modificarlos o terminarlos.

En materia de cobertura social, el Instituto estará facultado para establecer, condiciones de operación, interconexión, interoperabilidad, acceso, información, tarifas asequibles, facturación y calidad, entre otras,necesarias para alcanzar los objetivos de cobertura social, distintos a las previstas o derivados de otras disposiciones de esta Ley.

Para la elaboración del programa anual de cobertura social de telecomunicaciones, el Instituto recibirá y analizará las propuestas y proyectos de los gobiernos de las entidades federativas y municipios, de los concesionarios, permisionarios y asignatarios, así como de cualquier otra persona que tenga interés en que se desarrollen estos programas.

Asimismo, es obligación de los concesionarios, permisionarios y asignatarios interconectar sus redes con aquellas sujetas a los programas de cobertura social.

Los programas de cobertura social de los servicios de telecomunicaciones tendrán como prioridades: aumentar la cobertura social de los servicios básicos de telecomunicaciones en las zonas marginadas tanto urbanas, suburbanas y rurales, así como en los pueblos y comunidades indígenas, con objeto de apoyar su desarrollo; aumentar la cobertura social de los servicios de radiodifusión de contenido local; conectar a todos los centros públicos de educación y de salud a las redes públicas de telecomunicaciones bajo tarifas preferenciales; y desarrollar una red nacional de radio y otra de televisión abiertas de uso público. Así mismo, se prevé incluir en el presupuesto de la Federación, el Fondo de Cobertura Social de las Telecomunicaciones con un fondo integrado por el presupuesto e ingresos provenientes, en su caso, de los prestadores de servicios de telecomunicaciones; de los estados y municipios; y, las que realice cualquier otra persona física o moral. Estos recursos deberán ser administrados de manera eficiente, pública y explícita, siendo asignados mediante subasta pública descendente, a los concesionarios que ofrezca mayores beneficios para cada población con los recursos disponibles que se le atribuyan.

También, se integra lo relativo al principal servicio de las telecomunicaciones en particular el servicio de radio y televisión, el de los contenidos audiovisuales. Además de regular la administración del espacio radioeléctrico -propiedad de la Nación- la nueva legislación deberá atender el tema de los contenidos, independientemente del medio tecnológico a través del cual se difundan. El verdadero servicio de los medios de comunicación y, por lo tanto, el eje fundamental, más que la infraestructura y las formas de transmisión, debe ser el contenido que en ellos se proponen a las audiencias, o como también se dice en materia de telecomunicaciones, a los usuarios de los servicios.

Además de ubicar los principios de la libertad de expresión y el derecho a la información como ejes de los contenidos, se incorporan criterios para la clasificación de los programas en particular atendiendo al reclamo de que el legislador no debe ser omiso en la responsabilidad de proteger a la niñez de los contenidos mediáticos.

Consecuentemente, se propone la existencia jurídica de horarios de clasificación de la programación, especialmente orientados a la protección de los contenidos que en la infancia y adolescencia se ofrecen en los medios electrónicos. Así se determina que los aptos para todo público, pueden ser transmitidos en cualquier horario y los aptos únicamente para adultos a partir de las 22:00 horas y hasta las 06:00 horas. Dejando claro que los prestadores del servicio de radio y televisión proporcionarán, previamente y al iniciar su transmisión para la valoración de los padres o responsables de los menores, la clasificación de su programación y cualquier otra información establecida en los lineamientos.

La iniciativa propone también implantar la obligación de la radiodifusión para transmitir contenidos nacionales en un porcentaje no menor al 50% del tiempo total de la programación diaria, salvo en las emisoras con formato eminentemente musical. En el caso del servicio restringido esta disposición se aplica para los canales de producción propia. Dentro del porcentaje establecido para la programación nacional, al menos el 20 por ciento de la programación deberá ser contratada a productores independientes.

Por otra parte, para atender el derecho a la información sin discriminación, se proyecta que los prestadores del servicio de radio y televisión establezcan las medidas necesarias para garantizar que la población con discapacidad auditiva tenga las mismas oportunidades que las demás personas para tener acceso a la programación, incorporar a sus redes el sistema de subtitulado de acceso opcional, destinado a permitir que las personas sordas o con dificultades para captar la señal de audio, puedan comprender lo que se dice en los programas de televisión o en los videos.

Otros artículos que se incorporan al proyecto de ley, atienden a la necesidad de las audiencias y los profesionales de la comunicación, en este sentido se establece que los concesionarios del servicio de radio y televisión deberán poner a disposición del público su Código de Ética y designar a un representante, denominado defensor de la audiencia, quien recibirá las observaciones que se le presenten con relación a la transmisión de los contenidos, mismas que deberán valorarse y hacerse del conocimiento de los responsables de los programas referidos. De igual forma, se reconoce y regula la aplicación de la cláusula de conciencia de los profesionales de la información que trabajen en radio y televisión.

Se propone modificar la regulación vigente respecto al denominado tiempo gratuito (legal o fiscal) que establece 30 minutos a los que se sumarán los 18 y 35 minutos para televisión y radio respectivamente, que establece el reglamento de la LFRTV por concepto de pago en especie y considerando además que la propia constitución habla de 48 minutos gratuitos. Ampliándolo a 60 minutos diarios (5 minutos menos para la radio y 12 minutos más a la TV) y en consideración de la eliminación, en los transitorios, del denominado tiempo fiscal, para una mejor utilización regulada de esta prerrogativa del Estado a fin de que los prestadores del servicio de radiodifusión pongan a disposición del Estado, por cada frecuencia operada y en forma gratuita, 60 minutos diarios distribuidos proporcionalmente entre las 6:00 y las 24:00 horas, para la difusión de mensajes de interés público, temas educativos, culturales, de orientación social, información de interés público, fines electorales,de promoción y defensa de los derechos del consumidor.

En atención a la garantía del derecho a la información de los ciudadanos el uso del tiempo de Estado será para informar de acciones de gobierno de interés general por lo deberá tener carácter institucional y fines informativos, educativos o de orientación social y en ningún caso estos mensajes incluirá nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen promoción personalizada de cualquier servidor público.

Los tiempos de Estado en radio y televisión serán utilizados en forma proporcional, y descentralizada por los poderes de la unión y los órganos constitucionales autónomos, con excepción de lo dispuesto en otros ordenamientos como es el caso de la asignación yuso de los tiempos para fines electorales.

En materia de publicidad, se previenen los rangos permitidos para publicidad: para los concesionarios con fines de lucro, en televisión no podrá exceder de 12 minutos por hora de programación y24 minutos por hora en la radio y para los concesionarios sin fines de lucro no podrá exceder de 6 minutos por hora en televisión y de 12 minutos por hora en radio.

Las modalidades de publicidad que serán incorporadas en estos tiempos se ajustan a las actuales formas publicitarias que han sido incorporadas por razones de mercado. De esta manera se establece considerar la publicidad que se incorpora entre programa y programa y que incluye además la identificación de la emisora; la publicidad que se incorpora en los cortes comerciales dentro del programa; la publicidad que se presenta en el desarrollo del programa a través de los mismos conductores, intérpretes, artistas o cualesquiera otros participantes en el programa; la publicidad que se difunde mediante la superposición de imágenes o sonidos, lemas, logotipos, símbolos, emblemas, signos distintivos y en general cualquier imagen o sonido que se relacione con un bien o servicio; la publicidad de telemercadeo o programas de oferta de productos cuya difusión es mayor de dos minutos de manera ininterrumpida y las Inserciones pagadas que deberá identificarse como tal. En el caso de las concesiones sin fines de lucro no podrán incluir publicidad dentro de la programación, telemercadeo ni inserciones pagadas. Así mimo, se establecen criterios que deberán respetar los mensajes publicitarios.

A partir de considerar una obligación del Estado el incentivar la creación y producción audiovisual nacional, para el fortalecimiento de la integración y la identidad nacionales, así como el fomento de nuestra cultura, que encuentra una de sus expresiones en la producción de materiales para la radio y televisión, se busca que los contenidos que recibe la audiencia, centrales en la formación de valores y juicios de las personas, no tengan como única fuente la producción extranjera o sólo la producción endógena por un solo emisor. Por ello se fomenta la producción nacional independiente, como un instrumento para democratizar y dar pluralidad a las trasmisiones radiodifundidas y ampliar el acceso a la transmisión de ideas diversas en la radio y la televisión. Por ello se propone la creación de un Fondo para el Apoyo para la Producción nacional independiente con la finalidad de contribuir a ampliar la calidad y la pluralidad en los contenidos de la radio y televisión.

Conforme a la propuesta que se presenta, se creará el Registro Público de Telecomunicaciones y Radiodifusión a fin de garantizar la transparencia y hacer pública toda la información que en este sector se genera por lo que será responsabilidad del Instituto lleva y mantener actualizada toda la información que de manera detallada se estatuye y garantizar que su contenido este a disposición del público en general en el portal de Internet del Instituto.

Por lo que respecta al apartado de infracciones y sanciones previsto,debe quedar claro que su intencionalidad versa sobre las repercusiones que tendrá la infracción a la Ley, de tal suerte que el daño que se causa por la infracción o ilícito administrativo, a la administración, a la colectividad, a los individuos o al interés general tutelados por la Ley, tiene como consecuencia jurídica el correctivo consistente en la sanción administrativa.

Tratándose de las telecomunicaciones, las normas sancionatorias son de dos tipos, preventivas y correctivas, que buscan inhibir la conducta indebida o castigar al operario que no cumpla o atente contra las disposiciones establecidas en la Ley. De esta manera, en este apartado se determinan seis grandes rubros cuyo propósito es hacer efectiva la naturaleza coactiva de la autoridad: Determinación del alcance de la figura de la reincidencia; Homologación de los rangos y montos de multas en los casos similares tanto en telecomunicaciones como radiodifusión; Establecimiento de nuevas causas de revocación de las concesiones; Incorporación del recurso de revisión contra actos arbitrarios de la autoridad; Realización de visitas de inspección, e Imposición de amonestaciones públicas.

Particularmente destaca que para el establecimiento de los montos de la multa y la clasificación de las hipótesis contempladas en cada supuesto, se siguió un criterio racional para crear disposiciones que en gran medida disminuyan la discrecionalidad de la autoridad y se otorgue certeza jurídica al acto administrativo derivado. Por esta razón, para la imposición de las sanciones se prevén supuestos objetivos a tomar en cuenta: la capacidad económica del infractor, la gravedad de la infracción, los daños que se hubieren producido o puedan producirse, el carácter intencional o no de la acción u omisión constitutiva de la infracción, y la reincidencia del infractor.

En vista de las anteriores consideraciones, y con fundamento en lo dispuesto en el artículo 71 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se expide la Ley  Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión; se reforma los artículos 27, fracción XXI; 36, fracción III y 38, fracción XXX bis de la Ley Orgánica de la Administración Pública federal; se deroga el artículo 9, fracción III, de la Ley de Vías Generales de Comunicación; y se deroganlas fracciones I y III del artículo 144 de la Ley Federal del Derecho de Autor.

Artículo Primero.- Se expide la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, para quedar como sigue:

LEY FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES Y RadiodifusiOn

TItulo I

PRINCIPIOS GENERALES

Artículo 1. La presente Ley es de orden público e interés social y tiene por objeto regular el uso, aprovechamiento y explotación del espectro radioeléctrico, las redes de telecomunicaciones, así como la prestación de servicios de telecomunicaciones y los contenidos audiovisuales del servicio de radio y televisión.

Las telecomunicaciones son actividades prioritarias para el desarrollo nacional, y en ellas quedan comprendidas las redes y servicios de telecomunicaciones, y otros subsectores de las comunicaciones electrónicas a distancia que surjan en el futuro como producto de la evolución tecnológica.

Artículo 2.- Corresponde al Estado la rectoría en materia de telecomunicaciones, a cuyo efecto protegerá la seguridad y la soberanía de la nación.

Corresponde a la nación el dominio directo del espacio situado sobre el territorio nacional, en la extensión y términos que fije el Derecho Internacional. El dominio de la nación es inalienable e imprescriptible y la explotación, el uso o el aprovechamiento del espectro radioeléctrico, posiciones orbitales y orbitas satelitales asignadas al país, por los particulares o por sociedades constituidas conforme a las leyes mexicanas, no podrá realizarse sino mediante concesiones, otorgadas por el Ejecutivo Federal, de acuerdo con las reglas y condiciones que establezcan las leyes.

Artículo 3.- Las telecomunicaciones son servicios públicos de interés general que el Estado deberá proteger y vigilar para asegurar, tanto la eficacia en su prestación, como su utilización social, así como para evitar fenómenos de concentración que contraríen el interés público.

Artículo 4.- Son objetivos de la presente Ley:

I.- Regular de manera objetiva, transparente, democrática, convergente y competitiva los servicios y redes de telecomunicaciones y gobierno electrónico;

II.- Fomentar los servicios de telecomunicaciones que apoyen la educación, salud, cultura, comercio electrónico, seguridad pública y el acceso a distancia a servicios gubernamentales;

III.- Establecer condiciones para que los pueblos y comunidades indígenas o equivalentes puedan adquirir, operar y administrar medios de comunicación;

IV.- Hacer posible la supervisión y vigilancia en materia de telecomunicaciones;

V.- Fomentar la defensa de los intereses de los usuarios de los servicios de telecomunicaciones, asegurando su derecho de acceso en condiciones adecuadas de selección, precio y calidad;

VI.- Impulsar la inversión y el desarrollo eficiente de la infraestructura y de los servicios de lastelecomunicaciones;

VII.- Fomentar la competencia entre los diferentes prestadores de servicios de telecomunicaciones;

VIII.- Crear condiciones a efecto de que los servicios de telecomunicaciones se proporcionen a precios asequibles y competitivos en términos de diversidad y calidad;

IX.- Impulsar la penetración, la cobertura y la conectividad de las redes y los servicios de telecomunicaciones, en especial, para la integración de los pueblos y comunidades indígenas o equivalentes;

X.- Facilitar la convergencia de las redes y los servicios de telecomunicaciones;

XI.- Hacer de las telecomunicaciones un medio de integración nacional;

XII.- Promover el uso eficiente de los bienes del dominio público afectos a la prestación de servicios de telecomunicaciones;

XIII.- Regular la eficiente interconexión, interoperabilidad y acceso de equipos, aplicaciones, redes y servicios de telecomunicaciones entre los diferentes operadores de redes públicas de telecomunicaciones, prestadores de servicios y proveedores de contenidos de telecomunicaciones;

XIV.- Establecer las formas de participación para el acceso a los servicios de telecomunicaciones; Garantizar el respeto a los derechos de los usuarios, en particular el de no discriminación, al honor, a la intimidad, a la protección de los datos personales, a la privacidad y confidencialidad en las comunicaciones, así como los relativos a las personas con capacidades diferentes, por parte de los prestadores de servicios de telecomunicaciones;

XV.- Garantizar las formas de participación y acceso individual o social, según corresponda, en los servicios de telecomunicaciones;

XVI.- Propiciar procesos abiertos para facilitar la definición de políticas, con la participación de los diversos interesados en el sector;

XVII.- Proteger los derechos de las audiencias así como promover el respeto a la libertad de expresión y el derecho a la información;

XVIII.- Incentivar la creación y producción de contenidos de carácter nacional;

XIX.- Garantizar la conservación, preservación y difusión del patrimonio audiovisual, así como el acceso público a ese legado, e

XX.- Impulsar la investigación, la innovación de servicios, y el desarrollo científico; y tecnológico, así como la capacitación de recursos humanos, en materia de telecomunicaciones.

Artículo 5.- Los servicios de radio y televisión, tienen la función social de contribuir al fortalecimiento de la integración nacional, promover el mejoramiento de las formas de convivencia humana, así como fomentar un régimen democrático y de respeto de los derechos humanos, tendiente al fortalecimiento de nuestro país como nación plural y multiétnica. Para el cumplimiento de esta función social, los prestadores de dichos servicios, deberán:

I.- Respetar los derechos fundamentales consagrados en la Constitución y en los ordenamientos internacionales;

II.- Respetar la libertad de expresión y el derecho a la información;

III.- Promover un diálogo social amplio y plural, no excluyente ni discriminatorio;

IV.- Promover el respeto y reconocimiento a la composición pluriétnica y pluricultural de la nación mexicana;

V.- Coadyuvar al desarrollo cultural y educativo, de conformidad con los principios que establece el artículo tercero constitucional;

VI.- Promover el desarrollo integral de la niñez y la juventud;

VII.- Contribuir al fortalecimiento y uso apropiado del idioma, así como el uso, respeto y conocimiento de las lenguas indígenas;

VIII.- Contribuir al fortalecimiento de una cultura ambiental que fomente el desarrollo sustentable;

IX.- Promover la protección del derecho a la salud de la población;

X.- Contribuir al entretenimiento y la recreación de la sociedad;

XI.- Garantizar la imparcialidad, objetividad y veracidad de la información transmitida a la población;

XII.- Fomentar una cultura de consumo inteligente que contribuya a tomar decisiones informadas en la selección de productos, bienes o servicios por parte de los consumidores;

XIII.- Facilitar el acceso a sus servicios a las personas con discapacidad, y

XIV.- Observar las demás obligaciones que dispongan las leyes.

Artículo 6.- Para los efectos de esta ley se entenderá por:

I.- Acceso al usuario: Enlace de transmisión entre la instalación del concesionario y el punto de conexión terminal donde se conectan los equipos del usuario y a través del cual se transmiten o reciben signos, señales, escritos, imágenes, voz, sonido, datos o información de cualquier naturaleza y el cual es parte integrante de la red pública de telecomunicaciones;

II.- Acceso a redes de telecomunicaciones: Derecho que tienen los usuarios y los prestadores de servicios de telecomunicaciones para acceder a los servicios de las diversas redes públicas de telecomunicaciones;

III.- Arquitectura abierta: Conjunto de características técnicas de las redes públicas de telecomunicaciones que les permite interconectarse entre sí, a nivel físico y lógico, de tal manera que exista interoperabilidad entre ellas;

IV.- Asignación de bandas de frecuencias: Autorización mediante licitación pública o asignación directa para utilizar un conjunto de frecuencias, en condicionesdeterminadas;

V.- Atribución: Acto por el cual una banda de frecuencias determinada se destina al uso de uno o varios servicios de radiocomunicación, conforme al Cuadro Nacional de Atribución de Frecuencias.

VI.- Banda de frecuencias: Porción del espectro radioeléctrico que contiene un conjunto de frecuencias determinadas;

VII.- Canal de programación: Porción del espectro radioeléctrico que se utiliza para la difusión desde una estación radioeléctrica de una señal de televisión o radio;

VIII.- Comisión: Comisión Federal de Competencia;

IX.- Compartición de infraestructura: Uso de infraestructura o de elementos de redes de telecomunicaciones por dos o más operadores, a fin de reducir costos y barreras a la provisión de otros servicios, o cuando existan razones de medio ambiente, salud pública, seguridad pública o mandamiento administrativo o judicial;

X.- Convergencia de servicios: Integración de servicios ytecnologías para llevarlos por un mismo medio de telecomunicaciones a los usuarios.

XI.- Cuadro: Cuadro Nacional de Atribución de Frecuencias;

XII.- Cuadro Nacional de Atribución de Frecuencias: Instrumento en donde la autoridad competente establece los usos, categorías y restricciones de las bandas de frecuencia a las que se les atribuyen los diferentes servicios de radiocomunicación.

XIII.- Espectro radioeléctrico: Espacio que permite la propagación sin guía artificial de ondas electromagnéticas cuyas bandas de frecuencias se fijan convencionalmente por debajo de los 3,000 gigahertz;

XIV.- Estación terrena: Antena y el equipo asociado a ésta que se utiliza para transmitir o recibir señales de comunicación vía satélite;

XV.- Frecuencia: Número de ciclos por segundo que efectúa una onda del espectro radioeléctrico;

XVI.- Homologación: Acto por el cual el Instituto reconoce oficialmente que las especificaciones de un producto destinado a telecomunicaciones satisfacen las normas y requisitos establecidos, por lo que puede ser conectado a una red pública de telecomunicaciones, o hacer uso del espectro radioeléctrico;

XVII.- Instituto: Instituto Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión;

XVIII.- Interconexión: Conexión física o virtual, lógica y funcional entre redes públicas de telecomunicaciones, que incluye todos los elementos, capacidades, funciones, servicios e infraestructura para permitir la conducción de tráfico entre dichas redes o entre servicios de telecomunicaciones prestados a través de las mismas;

XIX.- Interferencia perjudicial: Interferencia que compromete el funcionamiento de un servicio de radionavegación o de otros servicios de seguridad, o que degrada gravemente, interrumpe repetidamente o impide el funcionamiento de un servicio de radiocomunicación;

XX.- Interoperabilidad: Capacidad de las redes públicas de telecomunicaciones interconectadas, cuyas características técnicas comunes aseguran la provisión de un servicio específico de una manera consistente y predecible, en términos de la entrega funcional de servicios entre redes;

XXI.- Ley: Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión;

XXII.- Mercado Secundario: Arrendamiento parcial o total de frecuencias, canales o bandas de frecuencias concesionadas para uso comercial a favor de un tercero para la prestación de los servicios autorizados en los títulos de concesión;

XXIII.- Operador: Son los concesionarios, permisionarios, asignatarios de redes públicas de telecomunicaciones, así como los prestadores de servicios en términos de esta Ley;

XXIV.- Orbita satelital: Trayectoria que recorre un satélite al girar alrededor de la tierra;

XXV.- Portabilidad: Derecho delos usuarios de los servicios prestados a través de las redes públicas de telecomunicaciones puedan cambiar de prestador de servicios de telecomunicaciones, manteniendo la misma numeración que los identifica, sea ésta geográfica, no geográfica o cualquier otro tipo de numeración que se defina en el plan técnico fundamental de numeración;

XXVI.- Posiciones orbitalesgeoestacionarias: Ubicaciones en una órbita circular sobre el ecuador que permiten que un satélite gire a la misma velocidad de rotación de la tierra, permitiendo que el satélite mantenga en forma permanente la misma latitud y longitud;

XXVII.- Punto de interconexión: Punto físico donde se conectan a una red pública de telecomunicaciones otras redes públicas de telecomunicaciones;

XXVIII.- Radiocomunicación privada: Servicio de telecomunicaciones inalámbrico que no implica explotación comercial directa o indirecta de bandas de frecuencias del espectro radioeléctrico y cuyos sistemas operan en segmentos específicos de las bandas de frecuencias señalados para tales efectos en el Cuadro Nacional de Atribución de Frecuencias;

XXIX.- Recursos esenciales de la red: Elementos de una red pública de telecomunicaciones o las instalacionessuministrados en forma exclusiva o predominante por unconcesionario o por un número limitado de éstos, ocuya sustitución técnica o económicamente no es factible;

XXX.- Red de telecomunicaciones: Sistema integrado por medios de transmisión, tales como canales o circuitos que utilicen bandas de frecuencias del espectro radioeléctrico, enlaces satelitales, cableados, redes de transmisión eléctrica o cualquier otro medio de transmisión, así como, en su caso, centrales, dispositivos de conmutación, torres, antenas, postes, ductos, canalizaciones o cualquier otro equipo necesario;

XXXI.- Red privada de telecomunicaciones: Red de telecomunicaciones destinada a satisfacer necesidades específicas de servicios de telecomunicaciones que no impliquen explotación comercial directa o indirecta de capacidad de la red o de servicios de telecomunicaciones;

XXXII.- Red pública de telecomunicaciones: Red de telecomunicacionesa través de la cual se conducen señales o se prestenservicios de telecomunicaciones a terceros. La red no comprende los equipos terminales de telecomunicaciones de los usuarios ni las redes de telecomunicaciones que se encuentren más allá del punto de conexión terminal;

XXXIII.- Registro: Registro Público de Telecomunicaciones y de Radiodifusión;

XXXIV.- Retransmisión: Difusión pública del contenido de audio o de datos, audio y video asociados producido o ensamblado por una persona o entidad distinta e independiente al emisor, que mediante el cumplimiento de la ley permite que otro reciba tal contenido y lo difunda públicamente, a través del medio o medios para los cuales el emisor tenga permiso o concesión para operar;

XXXV.- Secretaría: Secretaría de Comunicaciones y Transportes;

XXXVI.- Servicios adicionales: Aquellos que se suman en la misma infraestructura, al servicio principal u originalmente prestado en dicha red pública de telecomunicaciones;

XXXVII.- Servicios auxiliares: Servicios gratuitos de información tales como datos, imágenes, o sonidos complementarios al servicio principal de radiodifusión;

XXXVIII.- Servicios de interconexión: Servicios y recursos que se prestan entre concesionarios para realizar la Interconexión e interoperabilidad entre los usuarios de sus redes, mismos que incluyen a los Servicios Auxiliares Conexos, tales como servicios de información, de directorio, de emergencia, decobro revertido, vía operadora, de facturación y de cobranza y los demás que se requieran a juicio del Instituto, parapermitir a los usuarios de un concesionario comunicarse con los usuarios de otro concesionario y tener acceso a los servicios suministrados por este último o por algún otro proveedor autorizado alefecto;

XXXIX. Servicio de radio y televisión: Servicio de telecomunicaciones de audio o de audio y video asociado que se presta de manera abierta y gratuita o restringida;

XL.- Servicio de radiodifusión: Servicio de radiocomunicación, cuyas emisiones se destinan a ser recibidas directa y gratuitamente por el público en general. Dicho servicio abarca emisiones sonoras, de televisión u otro tipo de trasmisión;

XLI.- Servicios de telecomunicaciones: Aquellos que involucran la utilización de uno o más elementos o instalaciones de las redes públicas de telecomunicaciones o de aplicaciones que se transportan por dichas redes, incluyendo el servicio de radio y televisión;

XLII.- Servicios de valor agregado: Aquellos que utilizan una red pública de telecomunicaciones y aplicaciones de procesamiento computarizado que no emplean circuitos propios de transmisión, salvo que sean provistos por un concesionario y que tienen efecto en el formato, contenido, código, protocolo, almacenaje o aspectos similares de la información transmitida por algún usuario y que comercializan a los usuarios información adicional, diferente o reestructurada, o que implican interacción del usuario con información almacenada;

XLIII.- Servicio restringido: Difusión de contenidos de audio o audio y video asociados a cambio de unpago o contraprestación;

XLIV.- Sistema de comunicación vía satélite: El que permite el envío de señalesa través de una estación transmisora a un satélite que las recibe y envía de regreso a la Tierra para ser captadas por estaciones receptoras;

XLV.- Subsidio cruzado: El uso de las ganancias que un agente económico obtenga de la venta, comercialización o prestación de un bien o servicio para financiar las pérdidas con motivo de la venta, comercialización o prestación de otro bien o servicio;

XLVI.- Telecomunicación: Toda transmisión, emisión o recepción de signos, señales, escritos, imágenes, sonidos o informaciones de cualquier naturaleza por hilo, radioelectricidad, medios ópticos, físicos, u otros sistemas electromagnéticos;

XLVII.- Teledensidad: Relación entre la cantidad de líneas de telefonía fija en servicio en un área geográfica determinada y la cantidad total de habitantes de dicha área. La teledensidad muestra la cantidad de líneas en servicio de todos los licenciatarios que prestan servicio en una determinada zona geográfica, en relación a la población total de la misma zona y expresada en teléfonos cada 100 habitantes;

XLVIII.- Tráfico público conmutado: El que es cursado a través de cualquier tipo de infraestructura de telecomunicaciones que requiere para su enrutamiento, en todo momento, o en cualquier punto de la comunicación entre el usuario de origen y el de destino, la utilización de números geográficos, no geográficos o códigos de servicios especiales, o cualquier otro tipo de numeración definida en el plan técnico fundamental de numeración.

TITULO II

JURISDICCION Y COMPETENCIA

CAPITULO I

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 7.- Corresponde a la Secretaría, sin perjuicio de las que le confieren otras disposiciones legales, el ejercicio de las atribuciones siguientes:

I.- Planear, formular y conducir las políticas y programas para promover el desarrollo eficiente de las telecomunicaciones en el país;

II.- Promover el uso eficiente de los bienes del dominio público afectos a la prestación de servicios de telecomunicaciones;

III.- Elaborar y proponer, en coordinación con el Instituto, los anteproyectos de reformas y adiciones de las leyes y reglamentos en materia de telecomunicaciones que se requieran;

IV.- Adquirir, establecer y operar, en su caso, por si o a través de terceros redes públicas de telecomunicaciones;

V.- Propiciar los servicios de telecomunicaciones que apoyen la educación, salud, cultura, comercio electrónico, seguridad pública y gobierno electrónico;

VI.- Celebrar convenios con organismos multilaterales, regionales, bilaterales y gobiernos, cuando así lo determine el Ejecutivo Federal, y

VII.- Las demás que le confieran otras leyes, reglamentos y demás disposiciones aplicables.

Artículo 8.- Corresponderá a los tribunales federales conocer de las controversias que se susciten con motivo de la aplicación de esta ley, sin perjuicio de que las partes puedan someterse a procedimientos arbítrales, de mediación o de conciliación en los términos de las disposiciones aplicables.

Los actos administrativos atribuidos al Pleno de Comisionados, serán impugnables en la vía jurisdiccional ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en los términos previstos por la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo.

Artículo 9.- A falta de disposición expresa en estaley, su reglamento o en los tratados internacionales, se aplicarán supletoriamente, de manera indistinta, los siguientes ordenamientos:

I.- Ley de Vías Generales de Comunicación;

II.- Ley General de Bienes Nacionales;

III.- Ley Federal sobre Metrología y Normalización;

IV.- Ley Federal de CompetenciaEconómica;

V.- Ley General de Salud;

VI.- Ley Federal del Derecho de Autor;

VII.- Ley Federal de Procedimiento Administrativo;

VIII.- Código de Comercio;

IX.- Código Civil Federal;

X.- Código Federal de Procedimientos Civiles; y,

XI.- Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.

CAPITULO II

DEL INSTITUTO FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES

Y RADIO DIFUSIÓN

Artículo 10.- El Instituto es el órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría, con autonomía técnica, operativa, de gasto y de gestión, encargado de regular, promover, vigilar y supervisar el desarrollo eficiente de las telecomunicaciones, la cobertura social amplia y fomentar la competencia efectiva en la prestación de los servicios de telecomunicaciones, así como regular y vigilar los contenidos audiovisuales del servicio de radio y televisión que se transmitan por redes públicas de telecomunicaciones.

Artículo 11.- Corresponde al Instituto, conforme a las políticas y programas que establezca la Secretaría el ejercicio de las siguientes atribuciones:

I.- Regular el uso, aprovechamiento y explotación del espectro radioeléctrico, las redes de telecomunicaciones, así como la prestación de los servicios de telecomunicaciones y los contenidos audiovisuales del servicio de radio y televisión;

II.- Realizar estudios e investigaciones en materia de telecomunicaciones, así como elaborar anteproyectos de adecuación, modificación y actualización de las disposiciones legales y reglamentarias que resulten pertinentes;

III.- Resolver las solicitudes para el otorgamiento, modificación, prórroga y cesión de derechos de las concesiones y permisos en materia de telecomunicaciones;

IV.- Otorgar, modificar, autorizar su cesión, prorrogar y revocar concesiones en materia de telecomunicaciones;

V.- Resolver sobre la terminación de concesiones en caso de revocación o rescate y resolver la terminación de concesiones por cualquiera de las otras causas previstas en esta Ley;

VI.- Resolver sobre la terminación de permisos por cualquiera de las causas establecidas en esta Ley;

VII.- Planear, administrar y promover el uso eficiente del espectro radioeléctrico, así como elaborar y mantener actualizado el Cuadro Nacional de Atribución de Frecuencias;

VIII.- Elaborar y publicar el programa anual de frecuencias del espectro radioeléctrico con sus correspondientes modalidades de uso y coberturas geográficas, así como llevar a cabo los procesos de licitación correspondientes;

IX.- Llevar a cabo los procesos de asignación para ocupar y explotar posiciones orbítales geoestacionarias y órbitas satelitales asociadas a bandas de frecuencias específicas que se obtengan o estén asignadas al país y los correspondientes derechos de emisión y recepción de señales;

X.- Actuar como administración notificante ante organismos internacionales para la obtención de posiciones orbitales y orbitas satelitales;

XI.- Establecer los procedimientos para la adecuada homologación de equipos, así como procedimientos de evaluación de la conformidad para otorgar la certificación correspondiente y acreditar laboratorios de pruebas o de calibración, organismos de certificación y unidades de verificación para que emitan dicha certificación;

XII.- Acreditar peritos en materia de telecomunicaciones;

XIII.- Administrar el registro público detelecomunicaciones y de radiodifusión previsto en esta Ley y exigir a los operadoressu actualización permanente;

XIV.- Promover, vigilar y, en su caso, resolver sobre las condiciones para lograr una eficiente interconexión e interoperabilidad y acceso de los equipos, aplicaciones, redes públicas y servicios de telecomunicaciones, incluyendo la que se realice con redes extranjeras, bajo el principio de no discriminación;

XV.- Determinar y publicar las condiciones técnicas indispensables y las tarifas aplicables a la interconexión;

XVI.- Emitir los estándares y protocolos para promover la introducción de nuevas tecnologías;

XVII.- Elaborar y emitir Normas Oficiales Mexicanas en la materia;

XVIII.- Establecer los términos y condiciones para la compartición de infraestructura;

XIX.- Promover y vigilar el uso eficiente del espectro por parte del gobierno federal, los órganos constitucionales autónomos, los gobiernos de las entidades federativas y de los municipios, así como las instituciones públicas de educación superior;

XX.- Registrar las tarifas de los servicios de telecomunicaciones;

XXI.- Establecer obligaciones específicas a los concesionarios de telecomunicaciones que hayan sido declarados dominantes conforme lo establecido en esta ley;

XXII.- Recibir y requerir, en su caso, los comprobantes del pago por concepto de derechos, productos o aprovechamientos que procedan en materia de telecomunicaciones, así como dar aviso al servicio de administración tributaria en casosde incumplimiento de pago de dichos conceptos por parte de los operadores;

XXIII.- Vigilar el debido cumplimiento a lo dispuesto en esta Ley, en los títulos de concesión, permisos, registros, asignaciones y autorizaciones en las disposiciones administrativas y reglamentarias y ejercer las facultades de supervisión, inspección, radiomonitoreo y verificación.

XXIV.- Asegurar sistemas, instalaciones y equipos de telecomunicaciones que operen sin concesión, permiso, registro o asignación;

XXV.- Solicitar y requerir a los prestadores de servicios de telecomunicaciones, la información relativa a la operación, explotación y prestaciónde servicios para cumplir con las disposiciones previstas en la presente Ley;

XXVI.- Imponer sanciones por infracciones a las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas aplicables, así como a las condiciones establecidas en los títulos de concesión, permiso, asignación y autorización;

XXVII.- Publicar los resultados del ejercicio de sus funciones de supervisión y verificación del cumplimiento de las normas e índices de calidad de los servicios de telecomunicaciones;

XXVIII.- Salvaguardar los intereses de los usuarios de servicios de telecomunicaciones asegurando su acceso en adecuadas condiciones de precio y calidad;

XXIX.- Establecer y publicar los estándares de calidad generales por servicio a que deberán sujetarse los prestadores de servicios de telecomunicaciones;

XXX.- Otorgar, prorrogar, modificar, revocar o autorizar la cesión de los permisos a que se refiere esta Ley;

XXXI.- Autorizar el arrendamiento de las bandas de frecuencias del espectro radioeléctrico, de conformidad con las disposiciones reglamentarias respectivas;

XXXII.- Autorizar la prestación de servicios adicionales;

XXXIII.- Registrar los servicios de valor agregado;

XXXIV.- Formular directrices para la elaboración de la estadística de telecomunicaciones y de la medición de audiencias en radio y televisióne integrar y hacer disponible al público esta información a través de su portal de Internet;

XXXV.- Resolver sobre el cambio o rescate de frecuencias o bandas de frecuencias del espectro radioeléctrico;

XXXVI.- Llevar a cabo los procesos de licitación pública correspondientes;

XXXVII.- Elaborar, los programas de cobertura social, llevar a cabo los procesos de licitación pública correspondientes y revisar, y en su caso, modificar o dar por terminado dichos programas;

XXXVIII.- Promover el desarrollo de actividades encaminadas a la formación de recursos humanos, investigación y desarrollo tecnológico en materia de telecomunicaciones;

XXXIX.- Interpretar para efectos administrativos las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas en materia de telecomunicaciones;

XL.- Establecer y hacer públicos los criterios de clasificación de la programación en el servicio de radio y televisión;

XLI.- Administrar los tiempos de Estado de acuerdo a lo dispuesto por esta ley y otros ordenamientos aplicables;

XLII.- Vigilar y garantizar la observancia del derecho de réplica;

XLIII.- Promover la creación de códigos de ética y el nombramiento de defensores de las audiencias en el servicio de radio y televisión;

XLIV.- Intervenir en asuntos internacionales en el ámbito de su competencia;

XLV.- Celebrar convenios con personas físicas o morales, y con organismos públicos, nacionales e internacionales en el ámbito de su competencia;

XLVI.- Celebrar convenios de colaboración con instituciones de educación superior para desarrollar investigaciones en torno al comportamiento de las audiencias y el impacto social del servicio de radio y la televisión, cuyos resultados deberán hacerse públicos;

XLVII.- Elaborar su anteproyecto de presupuesto conforme a lo dispuesto por la Ley;

XLVIII.- Elaborar y hacer públicos su programa anual de trabajo y su informe anual de gestión;

XLIX.- Elaborar su manual de organización y los lineamientos que sean necesarios para el mejor cumplimiento de sus atribuciones;

L.- Vigilar el correcto cumplimiento a las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas relacionadas con las redes de telecomunicaciones en materia de seguridad nacional;

LI.- Ordenar el encadenamiento de las estaciones de radio y televisión de acuerdo a lo establecido en la presente Ley;

LII.- Asegurar sistemas, instalaciones y equipos de telecomunicaciones que operen sin concesión, permiso, registro, asignación o autorización;

LIII.- Ordenar y en su caso autorizar la requisa establecida en esta Ley;

LIV.- Dar trámite y autorizar la interrupción de la vía general de comunicación o la prestación de sus servicios total o parcialmente siempre y cuando medie causa justificada, y

LV.- Las demás que le confieran otras leyes, reglamentos y demás disposiciones aplicables.

Artículo 12.-De conformidad con las políticas y programas que establezca la Secretaría y en vista del interés social, el Instituto podrá expedir disposiciones administrativas, planes técnicos fundamentales, normas oficiales mexicanas, resoluciones y acuerdos para normar y regular a los operadores, prestadores de servicios de telecomunicaciones y proveedores de contenidos del servicio de radio y televisión.

El Instituto deberá poner a disposición del público en su portal de Internet, los acuerdos adoptados por el Pleno, y de manera oportuna los relacionados con la interpretación administrativa de las disposiciones en materia de telecomunicaciones.

Artículo 13.- El Pleno es el órgano de gobierno del Instituto y estará integrado por siete comisionados, incluyendo a supresidente.

Su integración será multidisciplinaria, para lo cual deberá incluirse a especialistas vinculados con aspectos técnicos, económicos y jurídicos de las telecomunicaciones, y aspectos sociales, científicos, educativos o culturales de los contenidos audiovisuales.

Para el desahogo de los asuntos a cargo del Instituto, cada comisionado contará con la estructura administrativa que determine el reglamento interno.

Artículo 14.- A fin de atender los asuntos de su competencia el pleno deliberará en forma colegiada y decidirá los asuntos, por mayoría de votos, teniendo su presidente voto de calidad. En ausencia del presidente, la sesión del pleno será presidida por el comisionado que se elija para tal efecto por el Pleno quien tendrá voto de calidad. Los comisionados no podrán abstenerse de votar excepto cuando tengan impedimento legal.

El pleno podrá sesionar válidamente con la presencia de cuatro de sus comisionados y las sesiones, tanto ordinarias como extraordinarias, tendrán carácter público, salvo aquellas que formen parte de un proceso deliberativo que deba resolverse por otra instancia o se involucre información que deba ser reservada en términos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.

Artículo 15.- Los comisionados serán designados por el Titular del Ejecutivo Federal. La Cámara de Senadores podrá objetar dichas designaciones por mayoría, y cuando se encuentre en receso por la Comisión Permanente, con la misma votación. En todo caso, la instancia legislativa tendrá treinta días para resolver, vencido este plazo sin que se emita resolución al respecto, se entenderá como no objetado el nombramiento.

Los Comisionados deberán cumplir los siguientes requisitos:

I.- Ser ciudadano mexicano por nacimiento, en pleno ejercicio de sus derechos civiles y políticos;

II.- Contar con título profesional de al menos nivel licenciatura expedido por una institución de educación superior;

III.- Haberse distinguido por su probidad, competencia y antecedentes profesionales relacionados con las materias objeto de esta ley;

IV.- No tener relación económica, profesional o de índole corporativa, con empresas dedicadas a las actividades reguladas o vinculadas permanentemente a éstas;

V.- No haber desempeñado en los dos años anteriores al día de la designación, alguno de los siguientes cargos o actividades:

a) De dirigencia de partido político;

b) De candidato o cargo de elección popular;

c) De concesionario o permisionario en telecomunicaciones de manera directa o indirecta;

d) De directivo o accionista de empresa privada concesionaria o permisionaria en la materia regulada;

e) De ministro de culto religioso;

f) Cualquier otro que por sus características genere conflicto de intereses con la materia regulada.

Artículo 16.- Los comisionados, durante su encargo, no podrán:

I.- Desempeñar cualquier otro empleo, trabajo o comisión, con excepción de actividades docentes, científicas, culturales, o de investigación;

II.- Tener contratos o prestar servicios, de manera directa o indirecta vinculados con el sector regulado, a la federación, estados omunicipios;

III.- Utilizar en beneficio propio o de terceros, la información de que dispongan en razón de su cargo, así como divulgarla sin autorización del Instituto, y

IV.- Realizar convenios o concertaciones con operadores o prestadores de servicios fuera o en contravención de las disposiciones legales, administrativas o normativas.

Los comisionados no podrán, en el transcurso de dos años contados a partir de la conclusión de su cargo, desempeñar ninguna de las funciones a que se refieren los incisos c) y d) de la fracción V del Artículo 15.

Artículo 17.-Los comisionados serán designados para desempeñar sus cargos por periodos de siete años, renovables por un solo periodo y podrán ser removidos por causa grave debidamente justificada.

Artículo 18.- El presidente del Instituto lo será por un período de tres años renovable por una sola ocasión y le corresponderá el ejercicio de las siguientes facultades, sin perjuicio de lo que establezca el reglamento interno del Instituto:

I.- Planear, organizar, coordinar, dirigir, administrar y evaluar el funcionamiento del Instituto, con sujeción a las disposiciones aplicables;

II.- Elaborar y proponer al Pleno del Instituto, para su aprobación, el programa anual de trabajo y el anteproyecto de presupuesto de gastos e inversión, y someterlos a aprobación de la Secretaría;

III.- Actuar como representante legal del Instituto y celebrar los actos y convenios inherentes al objeto del mismo y delegar facultades para tal efecto;

IV.- Instruir la ejecución de las resoluciones del pleno y proveer lo necesario para su debido cumplimiento;

V.- Expedir y publicar un informe anual sobre el desempeño de las funciones del Instituto, que incluya los resultados de sus acciones y los criterios que al efecto se hubieren aplicado;

VI.- Proponer al Pleno el establecimiento de representaciones estatales en coordinación con las delegaciones de laSecretaría;

VII.- Resolver los recursos administrativos que se promuevan en contra de los actos y resoluciones que emitan las unidades administrativas del Instituto; y

VIII.- Las demás que le confieran las leyes, reglamentos y demás disposiciones aplicables, así como aquéllas que le instruya el Pleno del Instituto.

Artículo 19.- El Instituto contará con un secretario ejecutivo, que será designado por el Pleno a propuesta del presidente del Instituto y tendrá a su cargo la administración del Instituto, así como la ejecución de los acuerdos y resoluciones del Pleno de conformidad con lo dispuesto en el reglamento interno. El secretario ejecutivo podrá ser removido por causas justificadas, por el Pleno del Instituto a propuesta de cualquiera de los comisionados.

Artículo 20.- El Instituto contará con un Consejo Consultivo como órgano propositivo y de opinión relacionado con la promoción y vigilancia de los contenidos del servicio de radio y televisión.

El Consejo es un órgano plural de representación social, conformado por once ciudadanos, de amplio y reconocido prestigio profesional, que serán seleccionados por el Pleno del Instituto, a propuesta de instituciones académicas, organizaciones civiles u otras de comprobada trayectoria y amplio reconocimiento. Para ello, el Instituto realizará la convocatoria pública correspondiente y dispondrá lo necesario para que pueda cumplir debidamente con sus labores.

Los consejeros durarán en su cargo tres años y podrán ser reelectos por un periodo más. Su cargo será a título honorífico y su actuación y participación será de carácter personal e intransferible, por lo que no actuarán en nombre o representación de las instituciones que los propusieron. El Consejo sesionará al menos una vez cada dos meses pudiendo convocar a sesiones extraordinarias y deberá rendir anualmente un informe público de sus acuerdos y actividades.

Artículo 21.- El Instituto podrá contar con uno o varios comités consultivos de nuevas tecnologías, como órganos de consulta para el estudio, evaluación y adopción nacional de estándares tecnológicos. El o los comités deberán estar integrados de manera equitativa por representantes del Instituto, de asociaciones o cámaras de los operadores y fabricantes de equipos, de asociaciones profesionales y académicas especializadas en la materia, y de asociaciones de usuarios. Sus integrantes serán seleccionados por el Pleno del Instituto.

Estos comités se conformarán de acuerdo a las características de las definiciones tecnológicas que se deban adoptar en el territorio nacional y el Instituto dispondrá lo necesario para que pueda cumplir debidamente con sus labores.

TITULO III

DE LA PLANEACION Y LA ADMINISTRACION

DEL ESPECTRO RADIOELECTRICO

Artículo 22.- Para la adecuada planeación, administración y control del espectro radioeléctrico, el Instituto deberá mantener actualizado el Cuadro Nacional de Atribución de Frecuencias, con base al interés público y atendiendo a los tratados internacionales, y al desarrollo tecnológico para su uso y aprovechamiento eficiente.

El Instituto deberá garantizar la disponibilidad de frecuencias o bandas de frecuencias del espectro radioeléctrico para servicios de seguridad pública yseguridad nacional, conectividad y cobertura social.

Solo se podrán prestar los servicios que se establezcan en el Cuadro Nacional de Atribución de Frecuencias.

Artículo 23.- En el Cuadro Nacional de Atribución de Frecuencias se atribuirán las frecuencias o bandas de frecuencias del espectro radioeléctrico que gozarán de protección de acuerdo a las siguientes categorías:

I.- A título primario: el uso de las frecuencias o bandas de frecuenciascontarán con protección contra interferencias perjudiciales.

II.- A título secundario: el uso de las frecuencias o bandas de frecuencias no deben causar interferencia perjudicial al uso de las frecuencias o bandas de frecuencia otorgadas a título primario ni podrán reclamar protección contra interferencias perjudiciales causadas por estas últimas. Tendrán derecho a la protección contra interferencias perjudiciales causadas por otros operadores de frecuencias o bandas de frecuencias a título secundario.

Artículo 24.- Las modalidades de uso de las frecuencias o bandas de frecuencias del espectro radioeléctrico se clasificarán de acuerdo con lo siguiente:

I.- Uso comercial: utilización de frecuencias o bandas de frecuencias con fines de lucro, otorgadas mediante concesión por el Instituto.

II.- Uso social: utilización de frecuencias o bandas de frecuencias, sin fines de lucro, para propósitos sociales, culturales, comunitarios, científicos y educativos,otorgadas mediante concesión del Instituto.

III.- Uso privado: utilización de frecuencias o bandas de frecuencias, sin fines de lucro para propósitos de radiocomunicación privada, de experimentación, comprobación de viabilidad técnica y económica de tecnologías en desarrollo, pruebas temporales de equipo y radioaficionados, otorgadas mediante concesión por el Instituto.

IV.- Uso público: utilización de frecuencias o bandas de frecuencias para el cumplimiento de las atribuciones del gobierno federal, los gobiernos estatales y municipales, los organismos constitucionales autónomos e instituciones públicas de educación superior, asignadas de manera directa del Instituto.

V.- Uso protegido: utilización de frecuencias o bandas de frecuencias para el servicio ferroviario o atribuidas a la radionavegación marítima, aeronáutica y demás servicios que deban ser protegidos conforme a los tratados y acuerdos internacionales, otorgadas de manera directa por el Instituto.

VI.- Uso libre: utilización de frecuencias o bandas de frecuencias por el público en general sin requerir de concesión, permiso o asignación directa o registro para su uso, sujetándose a las condiciones de operación que establezca el Instituto.

VII.- Uso reservado: son aquellas frecuencias o bandas de frecuencias no concesionadas, no asignadas o no atribuidas a ningún servicio en el Cuadro Nacional de Atribución de Frecuencias y que se encuentran en proceso de planificación.

Artículo 25.- El Instituto expedirá dentro de los primeros 30 días naturales de cada año, un programa anual de frecuencias, con las frecuencias o bandas de frecuencias del espectro radioeléctrico que podrán ser concesionadas o asignadas y contendrá, al menos, los servicios que pueden prestarse a través de dichas frecuencias o bandas de frecuencias, su categoría, modalidades de uso, y coberturas geográficas. En contra de dicho programa y su aplicación no procederá suspensión o medida cautelar alguna.

Artículo 26.- El programa anual de frecuencias deberá atender los siguientes criterios:

I.- Considerar la disponibilidad de frecuencias o bandas de frecuencias para cada categoría, modalidad de uso y zona geográfica de cobertura, tomando en consideración el interés público, las necesidades de cobertura social y en su caso la función social de los servicios de radio y televisión;

II.- Buscar un equilibrio en el número y calidad técnica de las frecuencias o bandas de frecuencias disponibles, en relación con las que estén operando en cada categoría y modalidad de uso, con el fin de evitar fenómenos de concentración, favoreciendo aquellos usos que tengan menor presencia en cada zona geográfica de cobertura;

III.- Valorar las solicitudes de los interesados en las frecuencias o bandas de frecuencias;

IV.- Propiciar el uso eficiente del espectro radioeléctrico, el beneficio de los usuario, el desarrollo de la competencia, y la diversidad e introducción de nuevos servicios de telecomunicaciones, y

V.- Promover la convergencia de redes y servicios para lograr la eficiencia en el uso de infraestructura y la innovación en el desarrollo de aplicaciones.

Artículo 27.- Cualquier interesado podrá solicitar, dentro de los 30 días naturales siguientes a la publicación del programa anual de frecuencias, que se incluyan frecuencias o bandas de frecuencias, y coberturas geográficas no contempladas. En estos casos, la autoridad resolverá lo conducente en un plazo que no excederá de 30 días naturales a partir del vencimiento del plazo anterior.

TITULO IV

DEL REGIMEN DE AUTORIZACIONES

CAPITULO I

DE LAS CONCESIONES Y ASIGNACIONES

Artículo 28.- Se requiere concesión para:

I.- Usar, aprovechar o explotar una frecuencia o banda de frecuencias del espectro radioeléctrico en el territorio nacional, salvo el espectro de uso público y el de uso libre;

II.- Instalar, operar o explotar redes públicas de telecomunicaciones usen, aprovechen o exploten espectro radioeléctrico;

III.- Ocupar y explotar posiciones orbitales geoestacionarias y orbitas satelitales asignadas al país, con sus respectivas bandas de frecuencias, y

IV.- Explotar los derechos de emisión y recepción de señales de bandas de frecuencias asociadas a sistemas satelitales extranjeros que cubran y puedan prestar servicios en el territorio nacional.

Artículo 29.- Las concesiones a que se refiere esta ley se otorgarán a personas físicas o morales de nacionalidad mexicana.

Las instituciones religiosas así como los ministros de culto, los partidos políticos y sus directivos, no podrán ser titulares de concesiones para redes y servicios de telecomunicaciones de forma directa o indirecta, ni participar en el régimen societario de personas morales que sean o pretendan ser titulares de dichos derechos. Dicha prohibición se extiende a participar en empresas tenedoras, filiales o subsidiarias de la titular, así como en empresas administradoras o comercializadoras.

Durante su encargo, y en los dos años posteriores a su término, los servidores públicos vinculados con las materias reguladas en esta ley, y las empresas en las cuales posean participación accionaria, no podrán participar de forma directa o indirecta, en una licitación o convocatoria para el otorgamiento de concesiones.

Artículo 30.- El titular del uso, aprovechamiento y explotación de una frecuencia o banda de frecuencias, será el responsable de las obligaciones establecidas en el título de concesión, en esta ley y demás disposiciones aplicables.

Artículo 31.- La participación de la inversión extranjera directa podrá ser hasta del 100 por ciento para las concesiones del espectro radioeléctrico de uso comercial, y en las atribuidas para la prestación de servicios de radiodifusión sólo se permitirá inversión extranjera directa hasta el 50 por ciento. En todos los casos se atenderán a los porcentajes de los convenios de reciprocidad del país de origen de la inversión. La participación de inversión extranjera deberá ser autorizada por la Comisión Nacional de Inversiones Extranjeras.

Artículo 32.- Los concesionarios deberán, conforme a los plazos y requisitos indicados por el Instituto y las Normas Oficiales Mexicanas, adoptar las innovaciones tecnológicas para el mejor aprovechamiento del espectro radioeléctrico.

En el supuesto de que no se hayan realizado las innovaciones tecnológicas en los plazos señalados y habiéndose aplicado la sanción que señala esta Ley, el operador de la concesión no podrá participar en el proceso respectivo para continuar operándola al finalizar su vigencia.

Artículo 33.- En la definición de los plazos señalados en el artículo anterior, se tomarán en consideración las posibilidades financieras de los operadores de concesiones sin fines de lucro para la adopción de las innovaciones tecnológicas.

Artículo 34.- Si de la aplicación de mejoras tecnológicas resulta la liberación de frecuencias o bandas de frecuencias del espectro radioeléctrico, sin afectar los derechos originales del titular, éstas podrán ser otorgadas a terceros, mediante el procedimiento de licitación correspondiente.

Artículo 35.- No podrán alterarse los términos y condiciones de la concesión sino por resolución administrativa, bajo los supuestos establecidos en esta Ley o en cumplimiento de resolución judicial.

SECCION I

DE LAS CONCESIONES DEL ESPECTRO RADIOELECTRICO

DE USO COMERCIAL

Artículo 36.- Las concesiones de frecuencias o bandas de frecuencias de uso comercial se podrán otorgarpor plazos de hasta 15 años en telecomunicación y hasta 10 años en radiodifusión, mediante el procedimiento de licitación pública establecido en esta Ley.

El gobierno federal deberá recibir una contraprestación económica por el otorgamiento de la concesión.

Artículo 37.- Para llevar a cabo el procedimiento de licitación a que se refiere el artículo anterior, el Instituto publicará en el Diario Oficial de la Federación y en su portal de Internet la convocatoria respectiva, a fin de que los interesados obtengan las bases correspondientes.

La convocatoria deberá contener como mínimo:

I.- La frecuencia o bandas de frecuencias objeto de la licitación, su categoría, sus modalidades de uso y zona geográfica de cobertura;

II.- Periodo de vigencia de la concesión;

III.- Las condiciones mínimas de servicio;

IV.- Obligaciones de desarrollo de infraestructura e inversión, y

V.- La fecha y forma para adquirir las bases de licitación.

Artículo 38.- Las bases de licitación deberán contar con la previa opinión favorable de la Comisión e incluirán:

I.- Las frecuencias o bandas de frecuencias objeto de la licitación, los servicios que podrán prestarse, su categoría, sus modalidades de uso y zonas geográficas en que pueden ser utilizadas;

II.- Los requisitos que deberán cumplir los interesados para participar en la licitación, entre los que se incluirán:

a) La capacidad jurídica, incluida la prueba de la nacionalidad mexicana y, en su caso, la estructura corporativa del participante;

b) Su capacidad técnica y financiera;

c) Plan de negocios, que deberá contener el programa y compromiso de inversión;

d) Descripción y especificaciones técnicas del proyecto;

e) Programa de cobertura;

f) Programa de actualización y desarrollo tecnológico;

g) Opinión favorable de la Comisión Federal de Competencia;

h) Estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones fiscales; 

i) Carta compromiso de cubrir la contraprestación económica ofrecida en la licitación, de acuerdo a las condiciones y calendario de pago de productos y aprovechamientos que fije la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

III.- Monto mínimo de referencia para el inicio de la licitación que será determinado por el Instituto con base en las condiciones del mercado y, en su caso, en el pago que hubieran realizado otros concesionarios en la obtención de frecuencias o bandas para usos similares. Dicho monto deberá ser autorizado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público;

IV.- Montos y formas de las garantías y derechos que deberán cubrir los participantes;

V.- El período de vigencia de la concesión;

VI.- Los criterios para descalificar a los participantes;

VII.- Casos en los que se declarara desierta la licitación, y

VIII.- El establecimiento de penas convencionales, en caso de violación o incumplimiento de las bases de licitación, y la forma de garantizarlas.

Para el servicio de radio y televisión se entregará además, el proyecto de producción y programación, así como la carta compromiso para cumplir la función social a que se refiere el artículo 5 de esta ley.

Artículo 39.- El Instituto tendrá como criterios para seleccionar al ganador de una concesión, los siguientes:

I.- Congruencia entre el Programa Anual de Frecuencias y los fines expresados por el interesado para prestar el servicio;

II.- Las contraprestaciones ofrecidas al Estado por el otorgamiento de la concesión;

III.- La oferta de calidad de los servicios;

IV.- El mejor aprovechamiento de la frecuencia o banda de frecuencias objeto de la concesión;

V.- El número de usuarios directamente beneficiados;

VI.- Plazo para iniciar el servicio;

VII.- Que su participación como prestador de servicios contribuya a la pluralidad y la diversidad de los contenidos, a la competencia y a disminuir los niveles de concentración existentes;

VIII.- Cuando se trate de solicitantes que sean, o hayan sido, titulares de otra concesión, el Instituto verificará el cumplimiento su título de concesión y a las disposicionesaplicables.

Corresponderá al Instituto emitir los criterios de ponderación correspondientes En el caso de concesiones para el servicio de radiodifusión, el valor de la contraprestación ofrecida no será un factor preponderante para definir al ganador de la licitación.

Artículo 40.- La versión completa de las solicitudes seleccionadas para la continuación del trámite de licitación, deberá estar a disposición del público en el portal de Internet del Instituto.

Artículo 41.- El título de concesión contendrá como mínimo:

I.- Antecedentes y objeto de la concesión;

II.- El nombre y domicilio del titular;

III.- La frecuencia o banda de frecuencias concesionadas, sus modalidades de uso y zona geográfica en que pueden ser utilizadas;

IV.- Las especificaciones técnicas;

V.- Las condiciones para la prestación de los servicios que, en su caso, se hayan previsto en las bases de licitación;

VI.- Los programas de inversión respectivos;

VII.- Los programas de cobertura obligatoria;

VIII.- Los servicios que podrá prestar el concesionario;

IX.- Los compromisos para cumplir la función social a que se refiere la presente Ley;

X.- El período de vigencia;

XI.- Los derechos o aprovechamientos que, en su caso, deberá pagar;

XII.- Lacontraprestación que hubiere pagado;

XIII.- La garantía para el cumplimiento de las obligaciones de la concesión;

XIV.- Los demás derechos y obligaciones de los concesionarios.

XV.- Compromiso de no utilizar la frecuencia concesionada para la defensa de intereses particulares, que tengan relación con el titular de la concesión o las empresas con las que tenga participación directa o indirecta, y

XVI.- La obligación de no usar la concesión para la promoción personal a los funcionarios públicos y dar un trato equitativo e imparcial en el manejo de la información política, especialmente en el periodo de contiendas electorales, garantizando las mismas condiciones de acceso a las diferentes fuerzas políticas y sociales.

Cuando la explotación de los servicios objeto de la concesión sobre el espectro radioeléctrico, requiera de una concesión o permiso de red pública de telecomunicaciones, éste se otorgará en el mismo acto administrativo.

Una vez otorgada la concesión, un extracto del título se publicará a costa del interesado en el Diario Oficial de la Federación. En el portal de Internet del Instituto se publicará íntegramente.

Artículo 42.- Las concesiones de frecuencias o bandas de frecuencias de uso comercial para prestar el servicio de radiodifusión, podrán ser prorrogadas por plazos de hasta 10 años mediante el procedimiento de licitación pública establecido en los artículos 36 al 39 de esta Ley, en el cual el concesionario tendrá derecho de preferencia. El Gobierno Federal tendrá derecho a recibir una contraprestación económica por el otorgamiento de la prórroga.

Para la procedencia de la prórroga, el Instituto verificará que el concesionario satisfaga los siguientes requisitos:

I.- Que haya cumplido con las condiciones previstas en su título de concesión y las obligaciones establecidas en esta Ley y demás disposiciones aplicables;

II.- Que acepte las nuevas condiciones que establezca el Instituto de acuerdo a la presente Ley y demás disposiciones aplicables, y

III.- Que lo solicite antes de que inicie la última quinta parte del término de la concesión.

La valoración del derecho de preferencia del concesionario frente a los demás licitantes, se efectuará en consideración de los factores siguientes:

a) La satisfacción de los requisitos establecidos en las fracciones I, II y III del presente artículo;

b) Las inversiones efectuadas no amortizadas por el concesionario y obligaciones asumidas para con terceros no relacionados;

c) Los planes y programas de inversión;

d) Las fuentes de empleo creadas y los pasivos laborales;

e) La continuidad y mejoramiento del servicio objeto de la concesión, y

f) La capacidad financiera para hacer frente al pago de la contraprestación económica por concepto de la prórroga.

El valor de la contraprestación ofrecida no será un factor preponderante para definir al ganador de la licitación.

El Instituto establecerá en las Bases de Licitación los criterios de ponderación de los factores anteriores, con independencia de los demás requisitos que se establecen en esta Ley.

Artículo 43.- Las concesiones de frecuencias o bandas de frecuencias de uso comercial para prestar servicios distintas a los servicios de radiodifusión podrán ser prorrogadas por plazos de hasta 15 años.

El Gobierno Federal tendrá derecho a recibir una contraprestación económica por el otorgamiento de la prórroga.

Para la procedencia de la prórroga, el Instituto verificará que el concesionario satisfaga los siguientes requisitos:

I.- Que haya cumplido con las condiciones previstas en su título de concesión y las obligaciones establecidas en esta Ley y demás disposiciones aplicables;

II.- Que acepte las nuevas condiciones que establezca el Instituto de acuerdo a la presente Ley y demás disposiciones aplicables, y

III.- Que lo solicite antes de que inicie la última quinta parte del término de la concesión.

La contraprestación económica se determinará en forma equitativa, considerando los pagos que hubieren hecho otros concesionarios de frecuencias o bandas de frecuencias de uso comercial para prestar servicios distinto a los servicios de radiodifusión en procedimientos análogos, los servicios contemplados en la prórroga de concesión de que se trate, la cobertura geográfica de la frecuencia y el tipo de banda que se utiliza al efecto.

El Instituto resolverá lo conducente en un plazo no mayor a 180 días naturales a partir de la presentación de la solicitud debidamente cumplimentada.

SECCION II

DE LAS ASIGNACIONES DEL ESPECTRO RADIOELECTRICO

DE USO PUBLICO

Artículo 44.- Las frecuencias o bandas de frecuencias de uso público se podrán otorgar por plazos de hasta 15 años tratándose de telecomunicaciones y hasta 10 años en radiodifusión, mediante asignación directa y a petición de parte y podrán ser prorrogadas por periodos iguales.

El Instituto definirá las categorías y reglas de operación de acuerdo a las políticas públicas establecidas por la Secretaría y a lo establecido en el Cuadro Nacional de Atribución de Frecuencias y adoptará mecanismos que le permitan constatar el uso de las bandas de frecuencias de uso público asignadas, teniendo la facultad de expedir disposiciones de carácter general a las que deberán ajustarse los operadores de tales frecuencias.

Para la procedencia de la prórroga, el Instituto verificará que el asignatario satisfaga los siguientes requisitos:

I.- Que haya cumplido con las condiciones previstas en su asignación y las obligaciones establecidas en esta Ley y demás disposiciones aplicables;

II.- Que acepte las nuevas condiciones que establezca el Instituto de acuerdo a la presente Ley y demás disposiciones aplicables, y

III.- Que lo solicite antes de que inicie la última quinta parte del término de la asignación.

Artículo 45.- Podrán obtener asignaciones de frecuencias o bandas de frecuencias para uso público, los Poderes de la Unión y de las Entidades Federativas, los municipios, los organismos constitucionales autónomos e instituciones públicas de educación superior, con la finalidad de prestar servicios públicos, tales como teleducación, telesalud, seguridad pública, atención a discapacitados y/o la transmisión de contenidos educativos, culturales, científicos, sociales, informativos y de entretenimiento de calidad, entre otros, en beneficio de la sociedad y en aras del interés general.

En el caso de asignación de frecuencias o bandas de frecuencias para radio y televisión, el gobierno federal, los gobiernos de las entidades federativas y los municipios, deberán acreditar la constitución de organismos públicos descentralizados, a través de los cuales prestarán el servicio a fin de asegurar su autonomía de gestión e independencia editorial. En sus órganos de gobierno deberá garantizarse la participación del sector privado y social, integrando al menos dos personas de reconocido prestigio profesional en la materia.

Artículo 46.- La solicitud para obtener una asignación de frecuencias o bandas de frecuencias de uso público deberá de cumplir los siguientes requisitos:

I.- Datos generales del solicitante;

II.- Describir la función social que se pretende cumplir;

III.- Justificar que la prestación del servicio cumplirá con los objetivos que la ley le asigna, y

IV.- Plan de desarrollo, que contendrá los siguientes elementos:

a) Descripción y especificaciones técnicas del proyecto;

b) Programa de cobertura;

c) Programa de inversión y presupuesto de operación;

d) Programa de actualización y desarrollo tecnológico, y

e) Proyecto de producción y programación para el caso de radio y televisión.

Artículo 47.- Cumplidos los requisitos, en un plazo máximo de 90 días hábiles, el Instituto resolverá respecto de la asignación solicitada.

Una vez otorgada la asignación, un extracto de la misma se publicará a costa del interesado en el Diario Oficial de la Federación. En el portal de Internet del Instituto se publicará íntegramente.

Artículo 48.- No se podrá ceder, gravar o enajenar, total o parcialmente, la asignación de frecuencias o bandas de frecuencias de uso público, y los derechos en ella conferidos, salvo los casos de excepción previstos en esta Ley. Tratándose de servicios de radiodifusión, estará prohibido además, dar en fideicomiso la asignación y explotar el espectro radioeléctrico bajo cualquier forma, por persona física o moral distinta a su titular.

Cualquier acto que contravenga lo establecido en el presente artículo será nulo de pleno derecho, sin perjuicio de las sanciones que pudieran resultar en términos de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos y demás leyes aplicables.

Artículo 49.- El Estado, por conducto del Ejecutivo Federal, deberá garantizar y operar la existencia de al menos una red de uso público de radio abierta y una red de uso público de televisión abierta, en ambos casos con cobertura nacional.

Artículo 50.- Para el cumplimiento de sus fines, la operación de las asignaciones de uso público se financiará con presupuesto público que garantice su operación, adicionalmente podrán tener cualquiera de las siguientes fuentes de ingresos:

I.- Donativos, en dinero o en especie, hechos de manera libre y voluntaria por personas físicas o morales de nacionalidad mexicana o, por organismos multilaterales y agencias de cooperación internacionales, reconocidas por el orden jurídico. Cuando se trate de donativos en dinero, deberán expedirse recibos foliadosen los que se hará constar los datos generales del donante, mientras que las donaciones en especie, se harán constar en un contrato celebrado conforme a las leyes aplicables;

II.- Venta de productos y/o servicios acordes con su capacidad tanto legal como operativa;

III.- Patrocinios y publicidad, de acuerdo a lo establecido en el artículo 203 de esta Ley;

IV.- Proyectos de financiamiento y convenios de coinversión para la producción y/o difusión de contenidos afines a los objetivos del servicio;

V.- Arrendamiento parcial de canales o frecuencias, de acuerdo a lo previsto en el artículo 90, sin que el asignatario deje prestar el servicio que motivo la asignación;

VI.-Convenios de coinversión con otras dependencias del Estado y entidades federativas, para el mejor cumplimiento de sus fines de servicio público, y

VII.- Por compartición de infraestructura.

Sobre estos ingresos, los operadores deberán rendir un informe pormenorizado dentro del informe anual de rendición de cuentas a que se encuentran obligados.

Artículo 51.-Tratándose del servicio de radio y televisión, los ingresos adicionales establecidos en las fracciones I, II, III y V del artículo anterior, se aplicarán preferentemente al desarrollo tecnológico, capacitación y producción, a efecto de garantizar la calidad y el mejor cumplimiento de sus fines. En ningún caso podrá destinarse más del 30% de dichos ingresos para la contratación de servicios personales.

Artículo 52.- Además de lo establecido en el artículo 5, los operadores de asignaciones de uso público y para efecto de dar cabal cumplimiento a su función social deberán observar las siguientes finalidades:

I.- Fomentar la creatividad y los valores artísticos regionales y nacionales a través del apoyo, diversificación y divulgación de la producción de contenidos;

II.- Promover la investigación y la reflexión sobre las telecomunicaciones, en especial sobre la radio y la televisión educativa, científica, social, cultural, informativa y de entretenimiento de calidad;

III.- Promover la experimentación artística y tecnológica en los ámbitos audiovisual y sonoro;

IV.- Conservar, custodiar y acrecentar el patrimonio audiovisual y sonoro nacional;

V.- Transparentar la gestión pública e informar a la ciudadanía sobre sus programas y acciones;

VI.- Fomentar el respeto derecho de réplica de todo ciudadano;

VII.- Promover y fomentar la participación de la sociedad en la planeación, gestión, evaluación y vigilancia de la administración, dirección y contenidos;

VIII.- Evitar el uso con fines de promoción personal a los funcionarios públicos y dar un trato equitativo e imparcial en el manejo de la información política, sobre todo en el periodo de contiendas electorales, garantizando las mismas condiciones de acceso a las diferentes fuerzas políticas y sociales;

IX.- Facilitar que los distintos entes públicos puedan desarrollar redes para el cumplimiento de sus atribuciones, y

X.- Los demás que señalen los ordenamientos específicos en la materia.

Artículo 53.- Para prestar el servicio de radio y televisión, los asignatarios deberán contar con un Consejo Consultivo encargado de promover contenidos acordes con la función social prevista en esta ley, constituido al menos por cinco integrantes de reconocido prestigio profesional en la materia, quienes rendirán un informe público anual de evaluación sobre la gestión del medio.

Los miembros del Consejo Consultivo serán nombrados por el Órgano de Gobierno al que se encuentre adscrito, tendrán carácter honorífico, durarán en su encargo dos años, podrán ser reelectos por un periodo más, y sus funciones estarán previstas en el reglamento de esta Ley.

Artículo 54.- Los asignatarios de servicios de radio y televisión de uso público, deberán poner a disposición de sus audiencias los mecanismos que permitan el ejercicio de sus derechos. Al efecto, sus Organos de Gobierno nombrarán un Defensor de las audiencias y emitirán Códigos de Ética con parámetros mínimos de conducta a que deberán sujetarse para garantizar el derecho a la información.

El Defensor de las audiencias entregará de manera trimestral un informe al Órgano de Gobierno y al Consejo Consultivo con la finalidad de que se tomen las medidas conducentes respecto de los asuntos de su competencia. Tanto el informe como las decisiones que adopte el Órgano de Gobierno se harán públicos.

Artículo 55.- Dada su naturaleza pública, los asignatarios del servicio de radio y televisión se encuentran obligados a custodiar los materiales audiovisuales derivados de su operación, sujetos al régimen de dominio público en términos de la Ley General de Bienes Nacionales.

Artículo 56.- Tanto el informe del Consejo Consultivo como la evaluación del Órgano de Gobierno se harán públicos, al igual que los compromisos que adopte el asignatario.

Artículo 57.- El Instituto vigilará el cumplimiento de estos compromisos, con la finalidad de mejorar la calidad de los contenidos que se transmiten y podrá hacer amonestaciones públicas a los asignatarios en caso de incumplimientos reiterados de sus obligaciones para con sus audiencias.

Artículo 58.- Las solicitudes de asignación para uso público para la comunicación interna, serán valoradas por el Instituto de acuerdo con la disponibilidad y la motivación de la solicitud.

Los operadores que requieran bandas adicionales deberán acreditar que sus necesidades no pueden ser atendidas con el uso eficiente de las bandas de frecuencias que ya les fueron asignadas.

SECCION III

DE LAS CONCESIONES DEL ESPECTRO RADIOELECTRICO

DE USO SOCIAL

Artículo 59.- Las concesiones de frecuencias o bandas de frecuencias de uso social, para servicios de telecomunicaciones se podrán otorgar por plazos de hasta 15 años, y para radiodifusión hasta por 10 años, y podrán ser prorrogadas hasta por plazos iguales mediante nueva convocatoria en la que el titular de la misma se someterá de nueva cuenta a los criterios establecidos en el artículo 64, párrafo segundo de esta Ley.

Para la procedencia de la prorroga el concesionario deberá estar al corriente del cumplimento de sus obligaciones.

Artículo 60.- Podrán obtener una concesión para uso social las personas morales sin fines de lucro, interesadas en la prestación de servicios de telecomunicaciones y de difusión de contenidos orientados a satisfacer necesidades de carácter social, cultural, comunitario, científico y educativo, en el área geográfica de su cobertura.

Artículo 61.- El Instituto emitirá convocatoria pública con las frecuencias o bandas de frecuencias disponibles para uso social, señalando los plazos para la recepción y resolución de solicitudes, así como para el otorgamiento de los títulos de concesión.

La convocatoria establecerá los siguientes requisitos que deberán acreditar los interesados para la obtención de la concesión:

I.- Datos generales del solicitante;

II.- Acta Constitutiva, o cualquier otro documento que conforme a derecho acredite la personalidad jurídica de la institución u organización;

III.- Zona geográfica que se pretende cubrir con el servicio;

IV.- Modalidad del uso: social, cultural, comunitario, científicos o educativos;

V.- Plan de operación y capacidad financiera;

VI.- Designación de un representante responsable del proyecto, y

VII.- Para el servicio de radiodifusión, además:

a).- Compromisos que asumirían para cumplir lo dispuesto en el artículo 5 de la presente ley;

b).- Mecanismos con los que garantizará la pluralidad de contenidos y el beneficio social;

c).- Potencia y horario de funcionamiento, y

d).- Proyecto de producción y programación.

Artículo 62.- La versión completa de las solicitudes seleccionadas para la continuación del trámite de licitación, deberá estar a disposición del público en el portal de Internet del Instituto.

Artículo 63.- Dentro de los 15 días hábiles siguientes a la fecha de recepción de la solicitud, se prevendrá al solicitante de la información faltante o de aquella que no cumpla con los requisitos exigibles.

El solicitante tendrá un plazo de hasta 15 días hábiles contados a partir de la prevención, para la entrega de la información requerida. Si no se hace realiza la prevención señalada en este artículo dentro del plazo establecido, no se podrá resolver en sentido negativo fundándose en la falta de información.

Artículo 64.- Para el otorgamiento de los títulos de concesión, el Instituto deberá tomar en consideración:

I.- Congruencia entre los objetivos de la institución u organización, su proyecto de programación y los fines establecidos para la atención de la función social de esta Ley;

II.- Área de cobertura, características de la población destinataria, considerando las necesidades sociales, culturales, comunitarias, científicas, educativas y de servicio que pretende atender, y

III.- Que dentro de los fines de la organización o institución solicitante se justifique el interés en prestar el servicio.

Una vez valoradas las solicitudes y en un plazo no mayor de 90 días hábiles, el Instituto resolverá sobre su otorgamiento mediante acto debidamente fundado y motivado, el que se comunicará a los interesados. Los interesados que hayan participado en el proceso podrán hacer valer sus derechos en los términos establecidos por la Ley Federal del Procedimiento Administrativo.

Artículo 65.- De no existir disponibilidad de frecuencias adicionales, y en el caso de que exista más de una solicitud para la misma zona de cobertura, con igualdad de posiciones, el Instituto para determinar el otorgamiento de la concesión, atenderá a los siguientes criterios:

I.- El proyecto que ofrezca a los usuarios de la zona de cobertura los mejores beneficios sociales en relación con las necesidades de comunicación;

II.- La mayor vinculación entre los fines constitutivos de la organización solicitante y la garantía del derecho a la información; y

III.- Antigüedad de la organización y su mayor viabilidad económica.

Artículo 66.- El concesionario deberá constituir la garantía establecida por el Instituto de acuerdo a las características del servicio, para asegurar el cumplimiento de las obligaciones derivadas de la concesión. En ningún caso la garantía equivaldrá al pago de una contraprestación por la concesión.

Artículo 67.- Una vez otorgada la concesión, un extracto del título se publicará a costa del interesado en el Diario Oficial de la Federación. En el portal de Internet del Instituto se publicará íntegramente.

Artículo 68.- Con excepción de la contraprestación el título de concesión deberá contener los requisitos establecidos en el artículo 41.

Cuando la explotación de los servicios objeto de la concesión sobre el espectro radioeléctrico, requiera de una permiso de red pública de telecomunicaciones, éste se otorgará en el mismo acto administrativo.

Artículo 69.- Para los pueblos y las comunidades indígenas o equiparables, las concesiones se otorgarán a petición de parte con base en la disponibilidad de frecuencias y previo cumplimiento de los siguientes requisitos:

I.- Datos generales de los solicitantes y designación de un responsable del proyecto;

II.- Documento que acredite la representatividad y el interés de la o las comunidades solicitantes, pudiendo ser un acta de asamblea;

III.- Zona geográfica que se pretende cubrir, identificando las comunidades beneficiarias;

IV.- Proyecto de contenidos especificando porcentaje de transmisión en lenguas indígenas y mecanismos con los que se garantizará la pluralidad y acceso de la comunidad a los servicios que se ofrecerán, y

V.- Proyecto mínimo de instalación y operación técnica.

Artículo 70.- Los titulares de concesiones de uso social podrán financiar su operación de acuerdo con lo establecido en el artículo 50, con excepción de recursos provenientes del presupuesto público.

Artículo 71.- Los ingresos que obtengan los concesionarios de uso social, deberán invertirse preferentemente en la operación y desarrollo del proyecto, dando prioridad a la producción de contenidos, capacitación del personal y a la adopción de innovaciones tecnológicas que permitan mejorar la calidad del servicio.

En ningún caso podrán ser usados de forma directa o indirecta por ninguno de los socios para lucro personal o de la asociación titular de la concesión.

Para el debido cumplimiento, de lo dispuesto por este artículo, los concesionarios presentarán anualmente un informe de sus actividades y contabilidad ante el Instituto, mismo que deberá estar a disposición del público de manera impresa y electrónica.

Artículo 72.- En el caso de disolución del concesionario o de renuncia a la concesión, la frecuencia será reintegrada al Estado.

SECCION IV

DE LAS CONCESIONES DEL ESPECTRO RADIOELECTRICO

DE USO PRIVADO Y DE USO PROTEGIDO

Artículo 73.- Las frecuencias o bandas de frecuencias de uso privado y de uso protegido, se otorgarán, las primeras, por plazos de hasta 5 años y, las segundas, por plazos de hasta 15 años, y podrán ser prorrogadas hasta por plazos iguales.

El Gobierno Federal tendrá derecho a recibir una contraprestación por el otorgamiento de la concesión y, por la prórroga. La contraprestación se determinara considerando el objeto de este tipo de concesiones, sin perjuicio, de los derechos por el uso, aprovechamiento y explotación de las frecuencias o bandas de frecuencias concesionadas.

Las personas físicas o morales interesadas en obtener este tipo de concesiones deberán presentar solicitud con los siguientes requisitos:

I.- Datos generales del solicitante;

II.- Documentos que acrediten su nacionalidad mexicana y personalidad;

III.- Especificaciones técnicas del proyecto; y

IV.- Categoría y modalidad de uso del espectro radioeléctrico requerido.

Para el otorgamiento de la concesión, el Instituto valorará la disponibilidad de frecuencias o bandas de frecuencias, la factibilidad de su otorgamiento y la oferta existente en el mercado para satisfacer la necesidad de comunicación. Además, considerará los planes y programas de las frecuencias o bandas de frecuencias solicitadas.

El Instituto resolverá dentro de los 90 días hábiles siguientes a la fecha de recepción de la solicitud.

Para la procedencia de la prórroga, el Instituto verificará que el concesionario satisfaga los siguientes requisitos:

I.- Que haya cumplido con las condiciones previstas en su título de concesión y las obligaciones establecidas en esta Ley y demás disposiciones aplicables;

II.- Que acepte las nuevas condiciones que establezca el Instituto de acuerdo a la presente Ley y demás disposiciones aplicables, y

III.- Que lo solicite antes de que inicie la última quinta parte del término de la concesión.

Una vez otorgada la concesión, un extracto del título respectivo se publicará en el Diario Oficial de la Federación a costa del interesado y en el portal de Internet del Instituto de manera completa. El Título contendrá los requisitos establecidos en el artículo 41 en lo que resulten aplicables.

SECCION V

DE LAS CONCESIONES PARA EXPLOTAR BANDAS DE FRECUENCIAS

ASOCIADAS A LAS POSICIONES ORBITALES GEOESTACIONARIAS

Y ORBITAS SATELITALES ASIGNADAS AL PAIS.

Artículo 74.- Las concesiones para ocupar y explotar posiciones orbitales geoestacionariasy orbitas satelitales asignadas al país, en las Conferencias Mundiales de Radiocomunicaciones de acuerdo al procedimiento establecido en el Reglamento de Radiocomunicaciones de la Unión Internacional de Telecomunicaciones, y sus respectivas bandas de frecuencias, se otorgarán mediante el procedimiento que establezca el reglamento de esta Ley.El Gobierno Federal tendrá derecho a recibir una contraprestación.

Tratándose de dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, el Instituto asignará de manera directa dichas bandas de frecuencias asociadas a las posiciones orbitales geoestacionarias y órbitas satelitales asignadas al país.

Artículo 75.- En el procedimiento que establezca el Reglamento se deberá prever la obligación a cargo del interesado de satisfacer las garantías de seriedad y capacidad técnica que al efecto establezca el Instituto. El interesado deberá comprometerse a suministrar oportunamente la documentación e información necesarias para que el Instituto realice las promociones y trámites ante dicho organismo internacional conforme a las disposiciones del Reglamento de Radiocomunicaciones de la Unión Internacional de Telecomunicaciones.

Artículo 76.- Las concesiones a que se refiere esta sección se podrán otorgar por plazo de hasta 30 años y podrán ser prorrogas por plazos de hasta 15 años conforme al procedimiento y requisitos que se establezcan en el reglamento de esta Ley.

SECCION VI

DE LAS CONCESIONES PARA EXPLOTAR LOS DERECHOS DE EMISION Y

RECEPCION DE SEÑALES DE BANDAS DE FRECUENCIAS ASOCIADAS A SISTEMAS SATELITALES EXTRANJEROS QUE CUBRAN Y PUEDAN PRESTAR SERVICIOS EN

EL TERRITORIO NACIONAL

Artículo 77.- Las concesiones sobre los derechos de emisión y recepción de señales y bandas de frecuencias asociadas a sistemas satelitales extranjeros que cubran y puedan prestar servicios en el territorio nacional, siempre y cuando se tengan firmados tratados en la materia con el país notificante del sistema satelital que se utilice.

El procedimiento y los requisitos para su otorgamiento se establecerán en el reglamento de esta Ley.

Artículo 78.- Las concesiones a que se refiere esta sección se podrán otorgar por plazo de hasta 30 años y podrán ser prorrogas por plazos de hasta 15 años conforme al procedimiento y requisitos que se establezcan en el reglamento de esta Ley.

CAPITULO II

DE LOS PERMISOS

SECCION I

DE LOS PERMISOS DE REDES PUBLICAS DE TELECOMUNICACIONES

Artículo 79.- Se requiere permiso del Instituto para:

I.- Instalar, operar o explotar redes públicas de telecomunicaciones alámbricas;

II.- Instalar, operar o explotar estaciones terrenas transmisoras.

El Instituto podrá exentar de los requerimientos de permiso para instalar, operar o explotar estaciones terrenas transmisoras, a aquellos interesados que cuenten con la certificación establecida en el artículo 150 de esta Ley, y que no ocasionen interferencia perjudicial en otros sistemas de telecomunicaciones.

Artículo 80.- Los interesados en obtener los permisos a que se refiere el artículo anterior,deberán presentar una solicitud que contenga lo siguiente:

I.- Datos generales del solicitante;

II.- La documentación que acredite su personalidad;

III.- Los servicios que desea prestar;

IV.- El plan de negocios que contenga lo siguiente:

a). Descripción y especificaciones técnicas del proyecto;

b) Programa y compromiso de cobertura;

c) Proyecciones y supuestos financieros, y

d) La viabilidad financiera y técnica del proyecto.

V.- Opinión favorable de la Comisión Federal de Competencia;

VI.- Programa de actualización y desarrollo tecnológico, y

VII.- Estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones fiscales.

Para el servicio de radio y televisión se entregará además, el proyecto de producción y programación, así como la carta compromiso para cumplir la función social a que se refiere el artículo 5 de esta ley.

Lo anterior, sin perjuicio de obtener, en su caso, concesión para explotar frecuencias o bandas de frecuencias del espectro radioeléctrico en cualquiera de sus categorías y modalidades de uso.

El Institutoestablecerá disposiciones de carácter general ylineamientos que faciliten el cumplimiento de los requisitos previstos.

Artículo 81.- El Instituto, dentro de los 15 días hábiles siguientes a la fecha de recepción de la solicitud, prevendrá al solicitante de la información faltante o de aquélla que no cumpla con los requisitos exigibles.

El solicitante tendrá un plazo de hasta quince 15 días hábiles, contados a partir de la prevención del Instituto, para la entrega de la información requerida. Si no se hace requerimiento alguno de información dentro del plazo señalado, no se podrá resolver en sentido negativo fundándose en la falta de información.

El Instituto desechará la solicitud cuando el solicitante no entregue la información en el plazo a que se refiere el párrafo anterior, o cuando tal información no cumpla con los requisitos aplicables, lo que motivará en la resolución que emita al efecto. Una vez entregada la información requerida, el Instituto resolverá en un plazo de 90 días hábiles.

Artículo 82.- El permiso contendrá como mínimo lo siguiente:

I.- El nombre y domicilio del permisionario;

II.- El objeto del permiso;

III.- Los servicios que pueda prestar;

IV.- Los derechos y obligaciones del permisionario;

V.- El período de vigencia;

VI.- Las características y el monto de la garantía para el cumplimiento de las obligaciones del permiso;

VII.- Descripción de las especificaciones técnicas, y

VIII.- Los compromisos de cobertura geográfica.

Una vez otorgado el permiso, un extracto del mismo se publicará en el Diario Oficial de la Federación a costa del interesado y en el portal de Internet del Instituto de manera completa.

Artículo 83.- Los permisos previstos en el artículo 79 se podrán otorgarán por plazos de hasta 15 años y podrán ser prorrogados hasta por plazos iguales.

Para la procedencia de la prórroga, el Instituto verificará que el permisionario satisfaga los siguientes requisitos:

I.- Que haya cumplido con las condiciones previstas en el permiso y las obligaciones establecidas en esta Ley y demás disposiciones aplicables;

II.- Que acepte las nuevas condiciones que establezca el Instituto de acuerdo a la presente Ley y demás disposiciones aplicables, y

III.- Que lo solicite antes de que inicie la última quinta parte del término del permiso.

En caso de que el Instituto no resuelva la solicitud de prórroga al vencimiento del plazo del permiso, se entenderá prorrogado en los términos y condiciones originales.

Artículo 84.- Las redes privadas de telecomunicaciones que no utilicen espectro radioeléctrico, no requerirán de concesión, permiso o registro para operar y sólo podrán cursar tráfico privado.

Para que los operadores de redes privadas puedan explotar servicios comercialmente, deberán obtener concesión o permiso en los términos de esta Ley, en cuyo caso las redes privadas adoptarán el carácter de red pública de telecomunicaciones.

SECCION II
DE LAS COMERCIALIZADORAS DE SERVICIOS
DE TELECOMUNICACIONES

Artículo 85.- Se requiere permiso del Instituto para establecer, operar o explotar una comercializadora de servicios de telecomunicaciones. Dicho permiso podrá otorgarse por plazos de hasta por 20 años y podrá ser prorrogada hasta por plazos iguales.

Para la procedencia de la prórroga, el Instituto verificará que el permisionario satisfaga los siguientes requisitos:

I.- Que haya cumplido con las condiciones previstas en el permiso y las obligaciones establecidas en esta Ley y demás disposiciones aplicables;

II.- Que acepte las nuevas condiciones que establezca el Instituto de acuerdo a la presente Ley y demás disposiciones aplicables, y

III.- Que lo solicite antes de que inicie la última quinta parte del término del permiso.

Artículo 86.- Las comercializadoras no podrán operar o explotar redes de telecomunicaciones, sin embargo, podrán arrendar medios de transmisión o conmutación y contar con los equipos de medición, tasación y facturación y con los programas informáticos necesarios para la reventa del servicio correspondiente.

El Instituto podrá determinar mediante disposiciones de carácter general, las modalidades y la forma de operación a que deberán sujetarse las comercializadoras en relación con cada servicio de telecomunicaciones.

Artículo 87.- Salvo aprobación expresa del Instituto, los concesionarios o permisionarios de redes públicas de telecomunicaciones no podrán participar, directa o indirectamente, en el capital de una empresa comercializadora de servicios de telecomunicaciones.

Artículo 88.- Los interesados en obtener permiso deberán presentar solicitud al Instituto. Dicha solicitud se sujetará a las disposiciones previstas en el artículo 80 de esta ley, con excepción de la fracción V y de los requisitos establecidos en dicho artículo para el servicio de radio y televisión. El Instituto resolverá conforme al procedimiento previsto en el artículo 81.

Artículo 89.- El permiso deberá contener lo previsto en el artículo 82.

SECCION III

DE LOS MERCADOS SECUNDARIOS DE ESPECTRO RADIOELECTRICO

Artículo 90.- Para el arrendamiento total o parcial de canales, frecuencias o bandas de frecuencias del espectro radioeléctrico, se requerirá autorización del Instituto y opinión favorable de la Comisión Federal de Competencia.

La implantación y operación del mercado secundario referido en el párrafo que antecede se sujetará a las disposiciones reglamentarias queal efecto emita el Instituto.

CAPITULO III

DE LOS SERVICIOS ADICIONALES, DE VALOR AGREGADO

Y ASOCIADOS

Artículo 91.- Los concesionarios de frecuencias o bandas de frecuencias del espectro radioeléctrico de uso comercial y de uso social, así como los asignatario de uso público, podrán prestar servicios de telecomunicaciones adicionales a los autorizados originalmente, previa autorización del Instituto.

Solo podrán solicitarse servicios adicionales para las mismas bandas de frecuencias y área de cobertura originalmente concesionadas o asignadas.

Artículo 92.- Para la procedencia de solicitudes de servicios adicionales, el concesionario o asignatario deberá:

I.- Haber cumplido las obligaciones establecidas en la concesión o asignación, en la presente Ley y demás disposiciones aplicables;

II.- Presentar la información que acredite que los servicios adicionales no afectarán los servicios que se encuentre prestando al momento de su solicitud y que sea factible la prestación de dichos servicios adicionales sobre la misma infraestructura de red o en la misma atribución y asignación de la frecuencia o banda de frecuencias objeto de la concesión o asignación;

III.- Opinión favorable de la Comisión, y

IV.- Acepte las condiciones que establezca el Instituto, entre las cuales podrá establecer requerimientos mínimos de calidad de servicios, obligaciones de interconexión y de cobertura, condiciones de competencia y pluralidad.

Artículo 93.- El Instituto resolverá en un plazo máximo de 30 días hábiles, contados a partir de la presentación de la solicitud. En caso de resolución favorable se requerirá el pago de una contraprestación, la cual autorizará la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a propuesta del Instituto.

El uso de frecuencias en radiodifusión para transmitir más de un canal de televisión en el mismo ancho de banda originalmente concesionado o asignado se considerará como un servicio adicional de telecomunicaciones y deberá cumplir con las disposiciones relativas al servicio de radiodifusión. Sólo se requerirá contraprestación si se cobra al usuario por cualquier concepto. El servicio adicional autorizado será incorporado al título de concesión.

Artículo 94.- Los servicios de valor agregado solo podrán prestarse previo registro ante el Instituto. Atendiendo a la naturaleza gratuita del servicio de radiodifusión, no podrán prestar servicios de valor agregado.

Artículo 95.- El Instituto verificará dentro de los 30 días hábiles siguientes al registro, la veracidad de la información proporcionada en la solicitud, así como la prestación del servicio. En caso de detectar infracción procederá en los términos de esta Ley.

Artículo 96.- Los servicios asociados al servicio de radiodifusión, podrán prestarse libremente siempre y cuando no impliquen alguna contraprestación por parte del público para recibirlos, salvo el disponer de los receptores adecuados para ello, de lo contrario, se entenderá como servicios adicionales de telecomunicaciones.

Para la prestación de los servicios asociados, el Instituto vigilará que no se afecte en forma alguna la prestación de los servicios de radiodifusión, de acuerdo con las obligaciones establecidas en los títulos de concesión y asignaciones.

CAPITULO IV

DE LA CESION DE DERECHOS

Artículo 97.- El Instituto podrá autorizar, dentro de un plazo de 90 días naturales, contado a partir de la presentación de la solicitud, la cesión parcial o total de los derechos y obligaciones establecidos en las concesiones o permisos, siempre que el cesionario se comprometa a cumplir las obligaciones que se encuentren pendientes y asuma las condiciones que al efecto establezca el Instituto, de acuerdo a la presente Ley y demás disposiciones aplicables.

El cesionario deberá acreditar ante el Instituto la capacidad técnica, jurídica y económica, en términos de los requisitos establecidos para ser titular de la concesión o permiso correspondiente.

En los casos en que la cesión tenga por objeto transferir los derechos para operar y explotar una red pública de telecomunicaciones, una frecuenciao una banda de frecuencias a otro concesionario o permisionario que preste servicios similares, el Instituto autorizará la respectiva cesión, siempre y cuando exista opinión favorable por parte de la Comisión Federal de Competencia.

La cesión a que se refiere este artículo, podrá solicitarse siempre y cuando haya transcurrido un plazo de dos años contados a partir del otorgamiento de la concesión o permiso respectivo.

Artículo 98.- En los casos de fusión y escisión de sociedades, en que no haya transcurrido el plazo de 2 años, a que se refiere el artículo anterior, el Instituto podrá autorizar la cesión de las concesiones o permisos siempre y cuando los accionistas propietarios de por lo menos el 51 por ciento de las acciones con derecho a voto de la sociedad titular de la concesión, sean los mismos en la sociedad que reciba en cesión la concesión durante un periodo igual al que falte para completar el plazo de dos años contados a partir del otorgamiento de la concesión o permiso respectivo.

Las fusiones y escisiones que se realicen después del plazo de dos años, solo podrán realizarse siguiendo lo establecido en el artículo anterior.

Artículo 99.- El cedente y cesionario acreditarán ante el Instituto los términos de la cesión mediante la entrega del proyecto de contrato de cesión, así como de un dictamen de auditor independiente en el que se haga constar el impacto económico que podría tener esta operación en la situación financiera y contable de ambas empresas.

En su caso, con base en esta información, el Instituto determinar el pago de una contraprestación por la transferencia de los derechos derivados de la concesión o permiso. La cesión a que se refiere este artículo, podrá solicitarse siempre y cuando haya transcurrido un plazo de 2 años contados a partir del inicio de operaciones de la concesión o permiso respectivo y cuando exista opinión favorable por parte de la Comisión.

CAPITULO V

DE LA TERMINACION, REVOCACION,

CAMBIO Y RESCATEDE CONCESIONES Y PERMISOS

SECCION I

DE LA TERMINACION Y REVOCACION DE LAS CONCESIONES,

PERMISOS Y ASIGNACIONES

Artículo 100.- Las concesiones, permisos y asignaciones terminan por:

I.- Término de su vigencia;

II.- Renuncia del operador;

III.- Revocación;

IV.- Rescate;

V.- Liquidación o quiebra del operador;

VI.- Cuando concluya el objeto; y

VII.- Acaecimiento de una condición resolutoria o cuando la formación de la concesión o permiso esté sujeto a una condición o término suspensivo y éste no se realiza.

La terminación de la concesión o del permiso no extingue las obligaciones contraídas por el titular durante su vigencia.

Artículo 101.- Al término de la concesión o asignación, o en su caso, al término de las prórrogas que se hubieren otorgado, se restituirán al Estado las frecuencias o bandas de frecuencias o las posiciones orbitales geoestacionarias y órbitas satelitales con sus respectivas bandas de frecuencias.

El Gobierno Federal tendrá derecho preferente para adquirir las instalaciones, equipos y demás bienes utilizados directamente en la explotación de la concesión o asignación.

Artículo 102.- Las concesiones, permisos y asignaciones se podrán revocar por cualquiera de las causas siguientes:

I.- No iniciar operaciones en el plazo previsto en la concesión, permiso o asignación, salvo autorización del Instituto por causa justificada;

II.- Interrumpir la operación de la vía general de comunicación o la prestación del servicio total o parcialmente, sin causa justificada o sin autorización del Instituto;

III.- Ejecutar actos o incurrir en omisiones que impidan la actuación de otros operadores con derecho a ello;

IV.- No cumplir con las obligaciones o condiciones establecidas en la concesión, permiso o asignación;

V.- No interconectar a otros operadores,sin causa justificada;

VI.- Enajenar, ceder, gravar, hipotecar, transferir, dar en garantía, o en fideicomiso las concesiones,permisos o asignaciones, los derechos en ellos conferidos o los bienes afectos a los mismos en contravención a lo dispuesto en esta Ley;

VII.- No cubrir al Gobierno Federal las contraprestaciones, los productos, los derechos o aprovechamientos que se hubieren establecido;

VIII.- Rebasar los límites establecidos para inversión extranjera directa en materia de radiodifusión;

IX.- No cumplir con las obligaciones establecidas en los artículos 144 y 145;

IX.- No cumplir con los compromisos de cobertura, cuando éstos hayan sido el principal criterio de selección del ganador para obtener una concesión derivada de una licitación pública;

X.- Suspender sin justificación los servicios de radiodifusión por un período mayor de 60 días;

XI.- Proporcionar al enemigo, en caso de guerra, bienes o servicios de que se disponga, con motivo de la concesión;

XII.- Cambiar su nacionalidad mexicana o solicitar protección de algún gobierno, empresa o persona extranjeros;

XIII.- Modificar la escritura social en contravención a las disposiciones de esta Ley;

XIV.- Modificar cualquier aspecto de la concesión,permiso o asignación sin la autorización del Instituto;

XV.- Explotar con fines de lucro servicios de telecomunicaciones o radiodifusión, cuando dicha explotación se encuentre expresamente prohibida en las concesiones, permisos o asignaciones;

XVI.- Por resolución firme del Instituto Federal Electoral en contra del operador por negarse, en forma reiterada, a transmitir en los tiempos de Estado los mensajes indicados por dicho Instituto; o

XVII.- Cuando no se realicen en tiempo y forma todos los actos previos necesarios para el lanzamiento oportuno y adecuado del satélite, según se prevenga en el título de concesión correspondiente o en cualquier otra autorización.

En los casos de los supuestos establecidos en las fracciones I, II, III, V, VI, VII, VIII, IX, XII, XIII, XVI y XVIII anteriores, procederá la revocación inmediata.

En los casos de las fracciones IV, X, XI, XIV, XVII y XV, procederá la revocación cuando el concesionario o permisionario hubiese sido sancionado en dos ocasiones de manera firme por cualquiera de las causas previstas en dichas fracciones

Artículo 103.- En los casos de las fracciones VII, XII y XIII del artículo anterior, el concesionario perderá la propiedad de los bienes en favor de la nación. En los demás casos de terminación orevocación, el concesionario conservará la propiedad de los bienes pero tendrá obligación de desmantelar las instalaciones en el término que al efectoseñale el Instituto. En caso de negativa a desmantelar las instalaciones, el Instituto podrá efectuarlo a costa del concesionario.

Artículo 104.- El Instituto sustanciará los procedimientos correspondientes y declarará la revocación de la concesión o del permiso, conforme a lo establecido en la Ley Federal de Procedimiento Administrativo.

Artículo 105.- El titular de una concesión, permiso o asignación que hubieren sido revocados, estará imposibilitado para obtener, de manera directa o indirecta, nuevas concesiones, permisos o asignaciones por un plazo de 5 años contados a partir de que hubiere quedado firme la resolución respectiva.

Artículo 106.- La imposibilidad prevista en el artículo anterior será aplicable a los socios, accionistas o tenedores de partes sociales.

SECCION II

DEL CAMBIO O RESCATE DE FRECUENCIAS O BANDAS

DE FRECUENCIAS

Artículo 107.- El Instituto podrá cambiar o rescatar una frecuencia o banda de frecuencias concesionada o asignada en cualquiera de los siguientes casos:

I.- Cuando lo exija el interés público;

II.- Por razones de seguridad nacional;

III.- Para la introducción de nuevos servicios;

IV.- Para la introducción de nuevas tecnologías;

V.- Para solucionar problemas de interferencia perjudicial;

VI.- Para dar cumplimiento atratados internacionales; y

VII.- Por no usar, aprovechar o explotarla capacidad de la frecuencia o banda de frecuencias concesionadas o asignadas.

Para efectos del cambio, el Instituto podrá otorgar directamente al concesionario o asignatario, nuevas frecuencias o bandas de frecuencias mediante las cualespueda ofrecer los servicios originalmente prestados y establecer nuevas obligaciones o condiciones.

El Instituto requerirá el pago de una contraprestación cuando las frecuencias o bandas de frecuencias otorgadas tengan un mayor valor en el mercado, o bien, puedanusarsepara prestare másservicios.

El cambio o rescate podrá ser parcial o total, y el procedimiento para llevarlo a cabo deberá ajustarse a lo establecido en la Ley General de Bienes Nacionales.

SECCION III

DE LA REQUISA

Artículo 108.- En caso de desastre natural, de guerra, de grave alteración del orden público o cuando se prevea algún peligro inminente para la seguridad nacional, la paz interior del país o para la economía nacional, el Gobierno Federal por conducto del Instituto podrá hacer la requisa de las vías generales de comunicación a que se refiere esta Ley y de los bienesnecesarios para operar dichas vías y disponer de todo ello como lo juzgue conveniente. El Gobierno Federal podrá igualmente utilizar el personal que estuviere al servicio de la vía requisada cuando lo considere necesario. La requisa se mantendrá mientras subsistan las condiciones que la motivaron.

El Gobierno Federal, salvo en el caso de guerra, indemnizará a los interesados, pagando los daños y perjuicios a su valor real. Si no hubiere acuerdo sobre el monto de la indemnización, los daños se fijarán por peritos nombrados por ambas partes, y en el caso de los perjuicios, se tomará como base el promedio del ingreso neto en el año anterior a la requisa. Cada una de las partes cubrirá la mitad de los gastos que se originen por el peritaje. Los derechos de los trabajadores se respetarán conforme a la ley de la materia.

TITULO V

DE LA OPERACION DE LOS SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES

CAPITULO I

DE LA OPERACION Y EXPLOTACION DE LAS REDES PUBLICAS

DE TELECOMUNICACIONES

Artículo 109.- Los operadores de redes públicas de telecomunicaciones deberán adoptar diseños de arquitectura abierta de red para permitir la interconexión e interoperabilidad de sus redes y deberán ajustarse a lo dispuesto en esta Ley, sus reglamentos, las normas técnicas ylas medidas de seguridad, calidad y eficiencia técnica que fije el Instituto.

A tal efecto, el Instituto elaborará, actualizará y administrará los planes técnicos fundamentales de numeración, conmutación, señalización, transmisión, tasación, sincronización e interconexión, entre otros, a los que deberán sujetarse los operadores.

Dichos planes deberán considerar los intereses de los usuarios y de los operadores, y tendrán los siguientes objetivos:

I.- Permitir un amplio desarrollo de nuevos operadores, así como de servicios;

II.- Dar un trato no discriminatorio a los operadores;

III.- Fomentar la competencia;

IV.- Promover un uso eficiente de los recursos;

V.- Definir las condiciones técnicas necesarias para que la interoperabilidad e interconexión de las redes públicas de telecomunicaciones sea eficiente;

VI.- Permitir la identificación unívoca de todos los puntos internos de servicio, puntos de interconexión y puntos de conexión terminal de las redes públicas de telecomunicaciones;

VII.- Establecer las condiciones técnicas necesarias que permitan que los servicios de telecomunicaciones, cumplan con las normas de calidad basadas en estándares internacionales, y

VIII.- Establecer mecanismos flexibles que permitan y fomenten el uso de nuevas tecnologías.

Artículo 110.- La instalación, operación y mantenimiento de cableado subterráneo y aéreo y equipo destinado al servicio de las redes públicas de telecomunicaciones, deberán cumplir con las disposiciones federales, estatales o municipales en  materia de desarrollo urbano y protección ambiental, en su caso, así como, con las normas oficiales y demás disposiciones administrativas que emita la autoridad competente para permitir y fomentar la instalación de infraestructura de telecomunicaciones.

Artículo 111.- El Instituto resolverá las interferencias que se presenten entre los operadores, los cuales estarán obligados a observar las medidas que al efecto dicte.

Artículo 112.- El Instituto buscará evitar las interferencias entre sistemas nacionales e internacionales, y dictará las medidas convenientes a fin de que los enlaces que operen sean protegidos en su zona autorizada de servicio.

El Instituto determinará los límites de las bandas de los distintos servicios, la tolerancia o desviación de frecuencia y la amplitud de las frecuencias o bandas de frecuencia de transmisión y recepción para toda clase de servicios de radiocomunicaciones cuando no estuvieren especificados en los tratados en vigor.

Artículo 113.- Para la introducción de nuevas tecnologías que tengan como objeto la mejora de los servicios de telecomunicaciones, el Instituto, derivado de la planeación de las frecuencias o bandas de frecuencias en cuestión y de la publicación de un análisis técnico justificado, podrá autorizar a los prestadores del servicio, el uso temporal de frecuencias o bandas de frecuencias adicionales a las que les hayan sido otorgadas originalmente en la concesión. En tales casos, al culminar el plazo fijado o las causas tecnológicas de la autorización, los operadores perderán cualquier derecho de uso sobre las mismas, debiendo reintegrarlas al Estado.

Artículo 114.- Los titulares de una concesión o asignación de frecuencias o bandas de frecuencias atribuidas a la radiodifusión, están obligados a permitir de manera gratuita la retransmisión simultánea de su señal a los operadores que ofrezcan en la misma área de cobertura geográfica el servicio de radio y televisión restringida, independientemente de la tecnología utilizada para prestar dicho servicio.

Artículo 115.- Los prestadores del servicio de  televisión restringida estarán obligados a transmitir las señales radiodifundidas referidas en el artículo anterior, en forma íntegra, sin modificaciones, incluyendo publicidad y con la misma calidad que se utiliza en el resto de los canales de su red.

La Comisión resolverá los casos en que existan prácticas monopólicas en la venta, distribución o comercialización de programación para la radio y televisión restringidas, en cualquiera de sus modalidades.

El Instituto establecerá los términos y condiciones bajo los cuales los operadores tendrán acceso a dicha programación, de tal forma que se eviten prácticas anticompetitivas y se garantice una sana competencia entre los prestadores del servicio de radio y televisión restringida.

Artículo 116.- Las emisoras del servicio de radio y televisión no podrán suspender sus transmisiones, salvo caso fortuito o fuerza mayor, en cuyo caso deberán informar al Instituto:

a).- De las causas de la suspensión del servicio;

b).- Del uso, en su caso, de un equipo de emergencia mientras dure la eventualidad que originó la suspensión, y

c).- De la normalización del servicio al desaparecer la causa que causó la emergencia.

Los avisos a que se refieren los incisos anteriores se darán, en cada caso, en un término de 24 horas contado a partir de que ocurra el hecho que motivó el caso fortuito o fuerza mayor.

El operador deberá acatar los plazos que, en su caso, dicte el Instituto para que el servicio se preste nuevamente en condiciones normales.

Artículo 117.- Las estaciones del servicio de radio o televisión operarán con la potencia o potencias que tuvieren autorizadas para su horario diurno o nocturno, dentro de los límites de tolerancia permitidos por las normas de ingeniería.

Las estaciones que deban operar durante las horas diurnas con mayor potencia que la nocturna, deberán estar dotadas de dispositivos para reducir la potencia.

CAPITULO II

DE LA COMUNICACION VIA SATELITE

Artículo 118.- El Instituto coordinará con las dependencias involucradas, la disponibilidad de capacidad satelital para redes de seguridad nacional y para prestar servicios de carácter social.

Artículo 119.- Los concesionarios de posiciones orbitales geoestacionarias y órbitas satelitales asignadas al país, con sus respectivas bandas de frecuencias que tengan cobertura sobre el territorio nacional, deberán establecer centros de control y operación de los satélites en territorio nacional.

En caso fortuito o fuerza mayor el Instituto podrá autorizar el empleo temporal de centros de control y operación de los satélites fuera del territorio nacional mientras subsista la necesidad.

Artículo 120.- Los concesionarios referidos el artículo anterior podrán explotar servicios de comunicación vía satélite en otros países, de acuerdo a la legislación que rija en ellos y a los tratados.

Artículo 121.- Los concesionarios de derechos de emisión y recepción de señales de satélites extranjeros deberán ajustarse a las disposiciones reglamentarias que establezca el Instituto.

CAPITULO III

DEL ACCESO, INTERCONEXION Y LA INTEROPERABILIDAD

DE LAS REDES PUBLICAS DE TELECOMUNICACIONES

Artículo 122.- Los operadores de redes públicas de telecomunicaciones deberán interconectar sus redes, y a tal efecto suscribirán un convenio. Dicho convenio deberá cumplir con las condiciones técnicas indispensables, así como con el modelo de costos que establezca el Instituto para la determinación de las tarifas de interconexión, de conformidadcon el artículo 123.

El Instituto dentro del primer trimestre de cada año, deberá publicar en el Diario Oficial de la Federación y en su página de Internet, la resolución administrativa mediante la cual se establezcan las condiciones técnicas indispensables y las tarifas que resulten de los modelos de costos determinados por el Instituto. En caso que se utilice el tiempo para determinar la contraprestación económica por la prestación de los servicios de interconexión, la unidad de medida será el segundo, sin perjuicio de que también se puedan cobrar por capacidad, evento o cualquier otra unidad de medida que atienda a los principios, tendencias y mejores prácticas internacionales.

La interconexión entre operadores de redes públicas de telecomunicaciones que ofrecen a sus usuarios un mismo tipo de servicio se deberá llevar a cabo mediante acuerdos de compensación de tráfico sin contraprestación cuando el desbalance de tráfico no sea superior al 30%.El Instituto con base en estudios que elabore, podrá determinar un porcentaje de desbalance menor sólo si dicha acción no incide adversamente sobre la competencia.

Artículo 123.- Para llevar a cabo la interconexión, los operadores deberán atender el siguiente procedimiento:

I.- El representante legal del operador interesado en celebrar un convenio de interconexión, registrará en el Instituto su solicitud y los términos de su propuesta mediante formato electrónico.

II.- El Institutonotificará la solicitud y la propuesta al operador indicado por medio electrónico dentro de las 24 horas siguientes.

III.- El representante legal del operador notificado tendrá 24 horas para confirmar por el mismo mediola recepción de la solicitud, de lo contrario, se entenderá que acepta los términos y condiciones de la propuesta.

IV.- Confirmada la notificación, las partescontarán con 20 días naturales para negociar los términos y condiciones de la interconexión.

V.- Existiendo acuerdo entre las partes, el convenio se registraráante el Instituto, dentro de los 15 días hábiles siguientes a su celebración.

VI.- El convenio será publicado en la página de internet del Instituto para conocimiento de otros operadores. Se exceptúa de la publicación aquella información que pueda afectar secretos comerciales o industriales.

Para efectos del párrafo anterior, las partes deberán acreditar mediante resolución emitida por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, que la información de que se trate es considerada como secreto industrial o comercial.

En ningún caso se considerará como información reservada las tarifas, los acuerdos compensatorios, los puntos de interconexión, y los términos y condiciones de los servicios relacionados con la coubicación.

VII.- En caso de que las partes no lleguen a un acuerdo, cualquiera de ellaspodrá solicitar la intervención del Instituto a fin de que resuelva los aspectos no acordados.

VIII.- El Instituto resolverá dentro de los 15 días hábiles en términos de lo dispuesto en la Ley Federal de Procedimiento Administrativo.

IX.- La interconexión deberá prestarsedentro de los 20 días hábiles siguientes contados a partir de que se notifique la resolución del Instituto o se registre el convenio.

Artículo 124.- Para determinar las condiciones técnicas indispensables para la Interconexión, el Instituto deberá considerar el uso eficiente de las redes, el acceso de manera desagregada, los tiempos para la atención de las solicitudes del servicio, las tecnologías de punta, entre otras.

Las tarifas de interconexión, deberán permitir recuperar el costo incremental de largo plazo de los operadores que prestan el servicio de interconexión. Para determinar dichas tarifas el Instituto considerará, para un operador representativo, la recuperación del costo incremental de largo plazo, más un margen para la contribución proporcional para la recuperación de los costos comunes y compartidos, este margen obtenido de las referencias internacionales que el Instituto considere convenientes para el mejor desarrollo del sector.

Se entiende por costo incremental de largo plazo, la suma de todos los costos en que un operador tiene que incurrir para proveer una unidad de capacidad adicional del servicio correspondiente. Los costos incrementales deberán ser comparables a los de una empresa eficiente.

Artículo 125.-En los convenios de interconexión, las partes deberán:

I.- Identificar los puntos y capacidades de interconexión de las redes;

II.- Permitir el acceso de manera desagregada a elementos, infraestructuras, servicios, capacidades y funciones de sus redes sobre tarifas individuales no discriminatorias que no excedan las tarifas establecidas por el Instituto;

III.- Abstenerse de otorgar descuentos por volumen en las tarifas de los servicios de interconexión;

IV.- Llevar a cabo la interconexión en cualquier punto de conmutación u otros en que sea técnicamente factible, sin obligar a consumir y pagar por recursos que no se requieran;

V.- Prever que los equipos necesarios para la interconexión puedan ser proporcionados por cualquiera de los operadores y ubicarse en las instalaciones de cualquiera de ellos;

VI.- Establecer mecanismos para garantizar que exista adecuada capacidad y calidad para cursar el tráfico demandado entre ambas redes, sin discriminar el tipo de tráfico, ni degradar la capacidad o calidad de los servicios a que pueden acceder los usuarios;

VII.- Entregar la comunicación al operador seleccionado por el suscriptor en el punto más próximo en que sea técnicamente eficiente;

VIII.- Entregar la comunicación a su destino final o a un operador o combinación de operadores que puedan hacerlo;

IX.- Proporcionar toda la información necesaria que les permita identificar los números de origen y destino, así como a los usuarios que deben pagar por la llamada, el tiempo, y si hubo asistencia de operadora;

X.- Cursar el tráfico público conmutado de conformidad con lo dispuesto en esta Ley, sus reglamentos, los planes técnicos fundamentales y demás disposiciones administrativas aplicable.

Artículo 126.- Los operadores deberán:

I.- Permitir a otros operadores que comercialicen, los servicios y capacidad que hayan adquirido de otras redes públicas de telecomunicaciones;

II.- Abstenerse de interrumpir el tráfico entre operadores interconectados, sin la previa autorización del Instituto;

III.- Abstenerse de realizar modificaciones a su red que afecten el funcionamiento de los equipos de los usuarios o de las redes con las que esté interconectada, sin haber notificado a las partes que pudieran resultar afectadas y sin la aprobación previa del Instituto;

IV.- Llevar contabilidad separada por servicios y aplicarse a sí mismo y a sus subsidiarias y filiales, tarifas desagregadas y no discriminatorias por cada uno de los diferentes servicios de interconexión, de conformidad con lo establecido por el Instituto;

V.- Ofrecer la portabilidad de números en los términos establecidos por el Instituto;

VI.- Proporcionar de acuerdo a lo que establezcanlos operadores, los servicios al público de manera no discriminatoria;

VII.- Prestar los servicios sobre las bases tarifarias y de calidad contratadas por los usuarios;

VIII.- Permitir la conexión de equipos terminales, cableados internos y redes privadas de telecomunicaciones de los usuarios, que cumplan con las normas establecidas;

IX.- Abstenerse de establecer barreras contractuales, técnicas o de cualquier naturaleza a la conexión de cableados ubicados dentro del domicilio de un usuario con otros concesionarios de redes públicas;

X.- Abstenerse de obstaculizar la interconexión indirecta, entendida esta como aquella interconexión que se realiza entre dos redes por medio de servicios de tránsito que provee una tercera red;

XI.- Abstenerse de contratar en exclusividad propiedades para la instalación de infraestructura de telecomunicaciones;

XII.- Llevar a cabo, si así se solicita y bajo condiciones no discriminatorias, tareas asociadas con la medición, tasación, facturación y cobranza de servicios prestados a sus usuarios por parte de otros operadores, así como, en su caso, proporcionar la información necesaria y precisa para la facturación y cobro respectivos, y

XIII.- Actuar sobre bases no discriminatorias al proporcionar información de carácter comercial, respecto de sus suscriptores, a filiales, subsidiarias o terceros.

Artículo 127.- Los operadores deben permitir que los usuarios que hagan uso de los servicios, puedan acceder a cualquier contenido, aplicación o servicio ofrecido por ellos mismos o por terceros, no debiendo limitar, degradar o restringir su disposición.

Artículo 128.- Los operadores deberán implementar los estándares y protocolos que emita el Instituto para promover la introducción de las redes y tecnologías de vanguardia, en los periodos y términos que la misma determine.

Artículo 129.- Tratándose de un mismo tipo de tráfico o servicio, los operadores están obligados a no otorgar un trato discriminatorio, independientemente quien preste el servicio final. Asimismo, los operadores deberán respetar la prioridad en la transmisión del tráfico tratándose de la misma clase de servicio, independientemente del operador que lo ofrece.

Artículo 130.- El Institutoestablecerá las condiciones técnicas, de seguridad y operación que posibiliten que los derechos de vía de las vías generales de comunicación; las torres de transmisión eléctrica y de radiocomunicación; las posterías en que estén instalados cableados de distribución eléctrica; los terrenos adyacentes a los ductos de petróleo y demás carburos de hidrógeno; así como los postes y ductos en que estén instalados cableados de redes públicas de telecomunicaciones, estén disponibles para todos los operadores sobre bases no discriminatorias, y bajo tarifas establecidas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público que permitan exclusivamente la recuperación de los costos incurridos.

La Secretaría de la Función Pública, al ejercer sus funciones relativas a la conducción de la política inmobiliaria de la administración pública federal, procurará que los bienes a que se refiere este artículo, cuando las condiciones técnicas, de seguridad y operación lo permitan, se destinen a promover el desarrollo y la competencia en materia de telecomunicaciones, de acuerdo a los objetivos de la presente Ley.

Para tal efecto, la Secretaría presidirá una Comisión Intersecretarial en la que, cuando menos, participen, la Secretaría de la Función Pública, el Instituto, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la Secretaría de Energía, Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca y la Comisión, que tendrá por objeto, entre otros, proponer las bases y lineamientos para instrumentar la política inmobiliaria en materia de fomento de las telecomunicaciones.

Ningún operador podrá contratar el uso o aprovechamiento de dichos bienes con derechos de exclusividad.

Artículo 131.- Con el objeto de proteger la salud y la seguridad pública, el medio ambiente y reducir costos, el Instituto fomentará la celebración de acuerdos entre operadores para la ubicación y el uso compartido de infraestructuras, derechos de vía y propiedad privada.

La ubicación y uso compartido se establecerán mediante acuerdos entre los interesados. A falta de acuerdo, el Instituto establecerá las condiciones de la ubicación y uso compartido, sobre la propiedad pública o privada, cuando sea esencial para salvaguardar los objetivos señalados en este artículo y existe capacidad para dicha compartición.

Los convenidos y desacuerdos a que se refiere este artículo se tramitarán conforme al procedimiento establecido en esta Ley, para la interconexión.

Artículo 132.- El Instituto promoverá acuerdos con las autoridades extranjeras, con el propósito de que exista reciprocidad en las condiciones de acceso de los operadores nacionales interesados en ofrecer servicios en el exterior y mayor competencia en larga distancia internacional.

Artículo 133.- Sólo podrán instalar equipos de telecomunicaciones y medios de transmisión que crucen las fronteras del país, los operadores que expresamente autorice el Instituto, sin perjuicio de las demás disposiciones aplicables.

La interconexión de redes públicas de telecomunicaciones con redes extranjeras se llevará a cabo mediante convenios que negocien las partes interesadas y deberán cumplir con las disposiciones que al efecto emita el Instituto.

Cuando fuere necesario celebrar convenios con algún gobierno extranjero para interconectar las redes con redes extranjeras, los operadores solicitarán al Instituto su intervención para celebrar los convenios respectivos.

Artículo 134.- El Instituto establecerá las medidas conducentes para que los usuarios de todas las redes públicas de telecomunicaciones puedan obtener acceso bajo condiciones equitativas, a servicios de información, de directorio, de emergencia, de cobro revertido y vía operadora, entre otros. De igual manera, los operadores deberán ofrecer acceso gratuito a los números de emergencia que el Instituto determine en plan técnico fundamental de numeración

Artículo 135.- La información que se transmita a través de las redes y servicios de telecomunicaciones será confidencial, salvo aquella que, por su propia naturaleza, sea pública, o cuando medie orden de autoridad judicial competente.

CAPITULO IV

DE LAS TARIFAS A LOS USUARIOS

Artículo 136.- Los operadores fijarán libremente las tarifas de los servicios de telecomunicaciones en términos que permitan la prestación de dichos servicios en condiciones satisfactorias de calidad, competitividad, seguridad y permanencia.

Artículo 137.- Las tarifas deberán registrarse ante el Instituto previamente a su puesta en vigor. Los operadores no podrán adoptar prácticas discriminatorias en la aplicación de las tarifas autorizadas.

Artículo 138.- Los operadores, no podrán otorgar subsidios cruzados a los servicios que proporcionan en competencia, por sí o a través de sus empresas subsidiarias, filiales, afiliadas o que pertenezcan al mismo grupo de interés económico.

Artículo 139. Cuando el operador, convenga con el usuario utilizar el tiempo para determinar la contraprestación económica por la prestación de los servicios de telecomunicaciones, la unidad de medida será el segundo.

TITULO VI

DE LA DOMINANCIA EN TELECOMUNICACIONES

Artículo 140.- Para los efectos de esta Ley, se considerará dominante en la prestación de un servicio de telecomunicaciones a aquél operador o prestador de servicios o proveedor de contenidos, que en el ejercicio fiscal del año inmediato anterior haya obtenido, directamente o conjuntamente con sus subsidiarias, filiales o afiliadas, ingresos superiores a los de cualquier otro operador , en por lo menos un 25 por ciento de los ingresos brutosgenerados en el sector por la prestación de dicho servicio, a nivel nacional.

El Instituto, está facultado para determinar los conceptos que comprenden el servicio de telecomunicaciones.

Cuando así lo considere pertinente el Instituto, el criterio anterior se podrá aplicar adicionalmente a localidades o regiones geográficas del país, cuando en consulta con la Comisión Federal de Competencia, considere que enla competencia entre operadores, o prestadores de servicios o proveedores de contenidos, la dimensión geográfica del mercado es determinante, tomando en cuenta que el objetivo es el de prevenir el abuso de poder mercado, como lo define la Ley Federal de Competencia.

La declaración para determinar que un operador, prestador de servicios detelecomunicaciones o un proveedor de contenidos audiovisuales tiene el carácter de dominante, la hará el Instituto mediante resolución, siguiendo el procedimiento previsto en el Título Tercero de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo.

El Instituto deberá publicar la resolución en el Diario Oficial de la Federación y en portal de Internet del Instituto y podrá declarar que un operador tiene el carácter de dominante en uno o varios servicios de telecomunicaciones.

Artículo 141.- El Instituto podrá solicitar a la Comisión inicie el procedimiento de declaración de dominancia cuando considere que el operador se sitúa en la hipótesis del artículo anterior de la presente ley. Para tal efecto, la deberá presentar ante la Comisión la información correspondiente

Artículo 142.- Una vez declarado dominante un operador, el Instituto procederá a imponerle las obligaciones específicas determinadas conforme a los artículos 143 y 144 de la presente Ley respecto de los servicios de telecomunicaciones en los que haya sido declarado dominante, atendiendo al siguiente procedimiento:

I.- El Instituto elaborará un proyecto de obligaciones específicas adicionales en un plazo de 60 días hábiles contados a partir de la publicación de la declaración de dominancia en el cual se deberán incluir los motivos por los cuales pretende establecer cada una de las mismas;

II.- El proyecto de obligaciones específicas se hará del conocimiento del operador de red pública de telecomunicaciones, del prestador de servicios de telecomunicaciones o del proveedor de contenidos audiovisuales dominante, a fin de que éste, en un plazo que no exceda de 20 días hábiles contado a partir del día siguiente en que surta efectos la notificación respectiva, manifieste lo que a su derecho convenga y aporte los elementos de prueba que considere oportunos.

Se recibirán toda clase de pruebas, excepto la de posiciones de servidores públicos, y las mismas deberán estar relacionadas con las obligaciones específicas que se proponen y no deberán referirse al procedimiento a que se refiere el artículo 140;

III.- Concluida la tramitación del procedimiento y antes de dictar la resolución por la que se impongan las obligaciones específicas, se pondrán las actuaciones por un plazo que no exceda diez días hábiles a disposición del operador de red pública de telecomunicaciones, del prestador de servicios de telecomunicaciones o del proveedor de contenidos audiovisuales dominante para que, en su caso, formule alegatos, mismos que deberán ser tomados en cuenta por el Instituto al dictar la resolución;

IV.- La resolución que ponga fin al procedimiento se deberá emitir en un plazo no mayor de treinta días hábiles contados a partir del día siguiente en que se haya notificado al operador de red pública de telecomunicaciones o al prestador de servicios de telecomunicaciones o al proveedor de contenidos audiovisuales dominante el auto de admisión de los alegatos, en el caso de que los haya presentado, o bien contado a partir del vencimiento del plazo para que los presente;

V.- Únicamente se publicará en el Diario Oficial de la Federación el texto íntegro de las obligaciones específicas que, en su caso, se contengan en la resolución respectiva, y

VI.- La resolución se inscribirá en el Registro de Telecomunicaciones.

En el procedimiento a que se refiere este artículo no será aplicable el Título Tercero A de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo.

Artículo 143.- El Instituto podrá imponer obligaciones específicas respecto de los siguientes elementos de red, instalaciones o servicios de telecomunicaciones:

I.- Interconexión;

II.- Tránsito en la red de telecomunicaciones;

III.- Acceso a la red pública de telecomunicaciones, incluido el acceso y arrendamiento del bucle local;

IV.- Acceso a las redes de telecomunicaciones, incluida la selección del operador;

V.- Servicios de roaming prestado a operadores nacionales de redes públicas que presten servicios móviles, y a operadores extranjeros siempre y cuando los operadores nacionales reciban servicios de roaming en condiciones similares de dichos operadores extranjeros en sus países.

VI.- Cualesquiera otros elementos de red, instalaciones o servicios que sean suministrados en forma exclusiva o predominante por un operador de red pública de telecomunicaciones o prestador de servicios de telecomunicaciones dominante, que por razones técnicas o económicas no pueden ser sustituidos fácilmente para proveer un determinado servicio.

Artículo 144.- A partir de la publicación de la resolución por la que se determina que un concesionario, permisionario o cualquier otra persona que opere, explote o comercialice redes o servicios de telecomunicaciones, es considerado dominante, dicho operador de red pública de telecomunicaciones o prestador de servicios de telecomunicaciones deberá sujetarse a las siguientes obligaciones específicas:

I.- Permitir el acceso de otros operadores de redes públicas de telecomunicaciones o prestadores de servicios de telecomunicaciones a los recursos esenciales de su red, incluyendo interconexión, con tarifas reguladas basadas en costos y en los términos y condiciones que se ofrece a sí misma, a sus filiales y subsidiarias;

II.- Publicar una oferta de interconexión de referencia previamente aprobada por el Instituto que, que incluya puntos, tipos y plazos de interconexión, y que cumpla con las disposiciones aplicables. Dicha oferta deberá publicarse en el mes de agosto de cada año;

III.- Interconectar a los operadores de redes públicas de telecomunicaciones o prestadores de servicios de telecomunicaciones en los plazos establecidos en la presente Ley;

IV.- Publicar anualmente información  sobre su red y centrales de interconexión detallando su jerarquía, funcionalidades y capacidades. Dicha información deberá publicarse en el mes de agosto de cada año, con información actualizada al primer semestre del año;

V.- Permitir la interconexión e interoperabilidad entre diferentes operadores de redes públicas de telecomunicaciones o proveedores de servicios de telecomunicaciones en cualquier punto factible, independientemente de donde se encuentren, incluyendo aquellos que ya se encuentren coubicados en sus centrales;

VI.- El Instituto determinará los niveles mínimos de calidad para los servicios de telecomunicaciones prestados a otros operadores de redes públicas de telecomunicaciones o proveedores de servicios de telecomunicaciones y a los consumidores;

VII.- Ofrecer a los operadores de redes públicas de telecomunicaciones o proveedores de servicios de telecomunicaciones competidores, la misma calidad de servicios de telecomunicaciones, en los mismos términos, condiciones y calidad que se ofrece a sí mismo, sus filiales, subsidiarias o clientes;

VIII.- No establecer en los contratos que celebren para la prestación de servicios de telecomunicaciones penas convencionales o sanciones de cualquier tipo que inhiban a los consumidores a elegir a otro operador de servicios de telecomunicaciones;

IX.- Llevar contabilidad separada por servicios de telecomunicaciones, sin imputarse a sí mismo, a sus filiales y subsidiarias, tarifas distintas a las que tenga autorizadas y registradas ante el Instituto, por la prestación de tales servicios. La contabilidad separada deberá ajustarse a las metodologías que al efecto establezca el Instituto misma que deberá basarse en estándares internacionales;

X.- Proporcionar al Instituto la información contable separada por servicio a que hace referencia la fracción anterior, misma que el operador de servicios de telecomunicaciones deberá hacer pública, incluyendo las metodologías de asignación detallada, la cual deberá contener el desglose del catálogo de cuentas de la empresa;

XI.- Asimismo deberá proporcionar la información que el Instituto considere necesaria para conocer la operación y explotación de sus servicios de telecomunicaciones;

XII.- Permitir que las nuevas capacidades, servicios o funciones que se desarrollen en su red de acceso, estén disponibles para todos los operadores que lo soliciten, en los mismos términos y condiciones que se ofrece a sí mismo, sus filiales o subsidiarias;

XIII.- Atender las solicitudes de servicios de telecomunicaciones presentadas por sus competidores en el mismo tiempo y forma en que atiende sus propias necesidades y las solicitudes de sus subsidiarias o filiales, bajo el principio el primero en solicitar, es el primero en ser atendido. El Instituto estará facultado para determinar los mecanismos que aseguren el cumplimiento de lo aquí previsto;

XIV.- Permitir la compartición de infraestructura en los términos y condiciones que determine el Instituto;

XV.- Ofrecer las capacidades de interconexión en los términos en que le sean solicitados, y

XVI.- Permitir que los usuarios utilicen cualquier equipo terminal que cumpla con los estándares establecidos al efecto por el Instituto. No me gusta

Artículo 145.- Adicionalmente a las obligaciones específicas contenidas en el artículo anterior, el Instituto podrá establecer otras obligaciones a los operadores de servicios de telecomunicaciones dominantes relacionadas con tarifas, facturación, información, portabilidad, condiciones y calidad bajo las cuales se ofrecen los servicios de telecomunicaciones.

Artículo 146.- Al establecer estas obligaciones el Instituto buscará propiciar que los operadores de servicios de telecomunicaciones puedan competir en la prestación de sus servicios bajo condiciones similares a aquellas en las que participan los operadores de servicios de telecomunicaciones dominantes en los mercados de telecomunicaciones.Asimismo, se procurará que existan condiciones de tarifas, acceso e información que permitan que operadores no dominantes compitan en condiciones de equidad en la prestación de servicios en los mercados de telecomunicaciones, fomentando la competencia entre los diferentes prestadores de servicios de telecomunicaciones.

Artículo 147.- Se considerará dominante al operador de servicios de radiodifusión que reúna alguna de las siguientes características:

I.- Concentre en una misma empresa la selección, producción y distribución de contenidos y el 90 por ciento de su programación lo constituya los contenidos de su producción;

II.- Tengaal menos el 25 por ciento de audiencia a nivel nacional;

III.- Tenga al menos el 25 por ciento de las estaciones o canales dentro de una misma área de cobertura;

III.- Tenga al menos el 25 por ciento de los ingresos de publicidad en servicios de radio y televisión; ya sea a nivel nacional o en una misma área de cobertura.

La declaración para determinar que un operador de servicios de radio y televisión tiene el carácter de dominante y la imposición de las obligaciones específicas, la hará el Instituto mediante resolución, siguiendo el procedimiento previsto en los artículos 140, 141 y 142 de la presente ley.

Artículo 148.- A partir de la publicación de la resolución por la que se determina que un operador de servicios de radiodifusión es considerado dominante, dicho operador deberá sujetarse a las siguientes obligaciones específicas:

I.- Llevar separación contable entre la generación de contenidos y su transmisión; ajustándose a las metodologías que al efecto establezca el Instituto, mismas que deberán basarse en estándares internacionales;

II.- Proporcionará al Instituto la información contable separada por servicio a que hace referencia la fracción anterior, misma que el operador de servicios de radiodifusión deberá hacer pública, incluyendo las metodologías de asignación detallada, la cual deberá contener el desglose del catálogo de cuentas de la empresa.

Asimismo deberá proporcionar la información que el Instituto considere necesaria para conocer la operación y explotación de sus servicios de radiodifusión;

III.- En la adquisición de contenidos, no podrá discriminar a favor de sus subsidiarias o filiales generadoras de contenidos;

IV.- Brindar acceso a productores independientes a los contenidos audiovisuales producidos por él mismo, en condiciones no discriminatorias, similares a las que brinda a sus filiales o subsidiarias;

V.- Contratar el 20 por ciento de su programación semanal a productores independientes;

VI.- Compartir infraestructura en antenas, torres o medios que por su naturaleza no son duplicables;

VII.- No podrá participar en proceso de licitación alguno sobre nuevas asignacionesde frecuencias para el mismo servicio, zona o área geográfica de cobertura, u operar bajo arrendamiento emisoras adicionales a las autorizadas;

VIII.- Someter a la autorización de la Comisión cualquier operación que implique una modificación en el control, administración, propiedad directa o indirecta, en cualquier porcentaje, o bien que establezca alianzas comerciales con operadores de servicios de telecomunicaciones;

IX.- En caso de que pretenda adquirir el control, administrar, establecer alianzas comerciales, o tener participación accionaria directa o indirecta en otras redes o servicios de telecomunicaciones, deberá obtener autorización del Instituto;

X.- No podrá, en ningún caso, tener participación accionaria, en cualquier porcentaje, ni adquirir el control, administrar, establecer alianzas comerciales, en más de tres plataformas de transmisión de contenidos, dentro de esa misma plaza, servicio o zona geográfica de cobertura donde éstas se encuentren, y

XI.- No podrá controlar en modo alguno o en cualquier porcentaje accionario, en una misma zona o área geográfica de cobertura, servicios de radio, televisión y prensa escrita a la vez.

Artículo 149.- En caso de que el Instituto, la Comisión o el propio operador o prestador de servicios dominante, considere que sus actividades comerciales han dejado de ubicarse en los supuestos establecidos para la declaración de dominancia respectiva, podrá iniciar el procedimiento de desclasificación, presentando la información que acredite tal consideración. El Instituto resolverá lo conducente, en términos de la presente Ley y siguiendo el procedimiento previsto en el Título Tercero de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo.

TITULO VII

DE LA CERTIFICACION Y EVALUACION DE LA CONFORMIDAD

CON LAS NORMAS

Artículo 150.- Los equipos de telecomunicaciones que puedan ser conectados a una red pública de telecomunicaciones o hacer uso del espectro radioeléctrico deberán certificarse conforme a las Normas Oficiales Mexicanas y, en su ausencia, conforme a las normas que indique el Instituto.

El solicitante de la certificación para los productos referidos en el párrafo anterior, deberá contar con domicilio en los Estados Unidos Mexicanos.

Artículo 151.- El Instituto estará facultado para acreditar peritos en materia de telecomunicaciones.

El Instituto podrá acreditar laboratorios de pruebas o de calibración, organismos de certificación y unidades de verificación para la evaluación de la conformidad, en lo que se refiere a las normas del artículo anterior.

Artículo 152.- Sin perjuicio de lo que establezca la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, el Instituto podrá verificar el cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 150 de la presente Ley.

TITULO VIII

DE LA VERIFICACION Y VIGILANCIA

Artículo 153.- El Instituto verificará el cumplimiento de esta Ley, sus reglamentos y demás disposiciones aplicables. Para tal efecto los operadores, o cualquier otra persona que opere, explote o comercialice redes o servicios de telecomunicaciones estarán obligados a permitir a los verificadores del Instituto el acceso al domicilio de la empresa e instalaciones, así como a otorgarles todas las facilidades para que realicen laverificación en los términos de la Ley Federal del Procedimiento Administrativo.

Artículo 154.- Los operadores o cualquier otra persona que opere, explote o comercialice redes o servicios de telecomunicaciones estarán obligados a proporcionar información contable por servicio, región, función y componentes de sus redes, de acuerdo a la metodología y periodicidad que para tal efecto establezca el Instituto; además de información relativa a la topología de sus redes, su infraestructura, incluyendo capacidades, características y ubicación de los elementos que las conforman, y toda la referente a la operación y explotación de los servicios de telecomunicaciones.

Asimismo, estarán obligados a proporcionar al Instituto, información para integrar el acervo estadístico de la industria de las telecomunicaciones o para verificar el cumplimiento de esta Ley, sus reglamentos y demás disposiciones aplicables, así como para el ejercicio de sus atribuciones.

Artículo 155.- Las certificaciones de las unidades de verificación establecidas por terceros tendrán validez cuando dichas unidades hayan sido previamente autorizadas por el Instituto, en términos de lo dispuesto por la Ley Federal sobre Metrología y Normalización.

Artículo 156.- El Instituto establecerá los mecanismos necesarios para llevar a cabo la comprobación de las emisiones radioeléctricas, la identificación de interferencias perjudiciales y demás perturbaciones a los sistemas y servicios de telecomunicaciones, con el objeto de asegurar el mejor funcionamiento de los servicios y la utilización eficiente del espectro.

TITULO IX

DE LA COBERTURA SOCIAL DE LAS REDES PUBLICAS

CAPITULO I

DE LA COBERTURA Y CONECTIVIDAD SOCIAL

Artículo 157.- El Instituto procurará la adecuada provisión de servicios de telecomunicaciones en todo el territorio nacional, con el propósito de que exista acceso a las redes públicas de telecomunicaciones, a los servicios de telecomunicaciones y a los contenidos audiovisuales para satisfacer necesidades de comunicación y cobertura social.

Se entiende por cobertura social de servicios de telecomunicaciones, la disponibilidad a toda la población de un conjunto de servicios, con independencia de su localización geográfica, con tarifas asequibles y una calidad determinada.

Artículo 158.- Los programas de cobertura social son de orden público e interés social y tendrán como objetivo el acceso de la población a servicios de voz, datos, audio y video.

El Instituto deberá revisar los programas de cobertura social y los servicios incluidos en ellos, tomando en cuenta la evolución tecnológica, la demanda de servicios en el mercado y el desarrollo económico y social, teniendo la facultad de modificarlos o terminarlos.

Artículo 159. En materia de cobertura social, el Instituto estará facultado para:

I.- Elaborar el programa anual, incluyendo sus proyectos específicos de cobertura social de los servicios de telecomunicaciones;

II.- Establecer disposiciones de carácter general, para atender zonas rurales, pueblos y comunidades indígenas;

III.- Elaborar o recibir, analizar y evaluar los proyectos a que se refiere el artículo 161 de la presente Ley;

IV.- Proponer al Comité Técnico del Fondo de Cobertura Social de Telecomunicaciones, los proyectos que en su caso, serán subsidiados por el mismo;

V.- Destinar subsidios a proyectos específicos que formen parte del programa anual de cobertura social a través del Fondo de Cobertura Social de Telecomunicaciones;

VI.- Promover ante los gobiernos de las entidades federativas, municipios, prestadores de servicios y cualquier persona, acciones para alcanzar los objetivos de la cobertura social de telecomunicaciones, y

VII.- Promover en coordinación con la Secretaría de Economía la participación de micro, pequeñas y medianas empresas para que establezcan redes de telecomunicaciones y participen en los programas de cobertura social.

Artículo 160.- En materia de cobertura social, el Instituto estará facultado para establecer, condiciones de operación, interconexión, interoperabilidad, acceso, información, tarifas asequibles, facturación y calidad, entre otras,necesarias para alcanzar los objetivos de cobertura social, distintos a las previstas o derivados de otras disposiciones de esta Ley.

Artículo 161.- Para la elaboración del programa anual de cobertura social de telecomunicaciones, el Instituto recibirá y analizará las propuestas y proyectos de los gobiernos de las entidades federativas y municipios, de los operadores, así como de cualquier otra persona que tenga interés en que se desarrollen estos programas.

Artículo 162.- Los programas de cobertura social tendrán como prioridad:

I.- Aumentar la cobertura social de los servicios de telecomunicaciones en las zonas marginadas tanto urbanas, suburbanas y rurales, así como en los pueblos y comunidades indígenas, con objeto de apoyar su desarrollo;

II.- Aumentar la cobertura social de los servicios de contenido audiovisual local;

III.- Conectar a todos los centros públicos de educación y de salud a las redes públicas de telecomunicaciones bajo tarifas preferenciales;

El Instituto establecerá y publicará los indicadores que permitan de manera clara y objetiva cuantificar y comparar anualmente el avance de los programas de cobertura social.

Artículo 163.- El programa anual de cobertura social deberá ser transparente, no discriminatorio y competitivamente neutral, e incluirá como mínimo lo siguiente:

I.- Las metas, estrategias y líneas de acción para alcanzar los objetivos del artículo anterior;

II.- La determinación de las áreas geoestadísticas básicas incorporadas, con base en los siguientes criterios:

a).- Penetración de los servicios de telecomunicaciones;

b).- Ingreso per cápita;

c).- Índice de marginación, y

d).- Beneficio a población marginada, pueblos y comunidades indígenas, o equiparable.

III.- Los proyectos específicos para ampliar la disponibilidad de servicios de telecomunicaciones a la población, que serán subsidiados con recursos del Fondo de Cobertura Social de Telecomunicaciones;

IV.- Los mecanismos para la creación, operación y control de fondos para el financiamiento del programa, distintos al señalado en la fracción anterior;

V.- La propuesta de mecanismos para determinar las aportaciones del gobierno federal, las entidades federativas y los municipios, según sea el caso;

VI.- La forma y plazos en que, en su caso, participarán y aportarán recursos los prestadores de servicios de telecomunicaciones y otras personas;

VII.- Los mecanismos de asignación de los recursos, en su caso;

VIII.- La forma y condiciones en que, en su caso, se llevará la interconexión, interoperabilidad y acceso con otras redes y servicios, de acuerdo con la regulación emitida por el Instituto;

IX.- Los niveles de calidad de las redes y servicios, y

X.- Las condiciones tarifarias correspondientes.

Artículo 164.- Es obligación de los operadores interconectar sus redes con aquellas sujetas a los programas de cobertura social.

Artículo 165.- El Instituto asegurará la disponibilidad de frecuencias o bandas de frecuencias en los casos en que un programa de cobertura social así lo requiera, a cuyo efecto podrá acordar con los operadores la utilización o cambio de las frecuencias o bandas de frecuencias que no estén aprovechando, o bien asignar directamente nuevas frecuencias o bandas de frecuencias a los que participen en los programas.

Artículo 166.- Las dependencias y entidades de la administración pública federal, apoyarán al Instituto en el establecimiento y operación de los programas de cobertura social. El Instituto convendrá con los gobiernos de los estados y municipios su participación en dichos programas.

Artículo 167.- El Instituto promoverá ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el otorgamiento de incentivos fiscales a los operadores que participen en los programas de cobertura social.

CAPITULO II

DEL FONDO DE COBERTURA SOCIAL DE TELECOMUNICACIONES

Artículo 168.- El Fondo de Cobertura Social deTelecomunicaciones contribuirá al logro de los objetivos de cobertura social previstos en esta Ley y demás disposiciones que resulten aplicables.

Artículo 169.- La administración de los recursos del Fondo se hará a través de un fideicomiso que no tendrá carácter de entidad paraestatal, y contará con un Comité Técnico, integrado de la siguiente manera:

I.- El Secretario de Comunicaciones y Transportes, quien lo presidirá, con voz y voto. En caso de empate su voto será de calidad;

II.- El Secretario de Hacienda y Crédito Público;

III.- El Secretario de Economía;

IV.- El Secretario de Desarrollo Social;

V.- El Secretario de Educación Pública;

VI.- El Secretario de Salud;

VII.- El Presidente del Instituto;

VIII.- Tres personas de reconocido prestigio en el ramo de las telecomunicaciones, propuestas por las cámaras industriales de telecomunicaciones respectivas, con voz, pero sinvoto;

IX.- Tres personas de reconocido prestigio en el ramo de las telecomunicaciones o en materias relacionadas directamente con los objetivos del fondo, propuestas por universidades públicas y privadas del país que cuenten con carreras en el ramo de las telecomunicaciones, con voz, pero sin voto, y

X.- El representante de la Secretaría de la Función Pública, con voz, pero sin voto.

Los miembros a que se refieren las fracciones I, II, III, IV, V, VI y VII podrán ser suplidos en sus ausencias por funcionarios que ellos mismos designen cuyo nivel jerárquico no será menor al de Director General.

Artículo 170.- El patrimonio del Fondo se integrará por las aportaciones:

I.- Previstas anualmente en el Presupuesto de Egresos de la Federación;

II.- Provenientes, en su caso, de los operadores;

III.- Provenientes, en su caso, de las entidades federativas y municipios, y

IV.- Que realice cualquier otra persona física o moral.

En el supuesto de que los operadores realicen aportaciones al Fondo por el equivalente de al menos el uno por ciento de sus ingresos brutos, estarán exentos de obligaciones y compromisos de cobertura social establecidos en sus títulos.

Anualmente, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público incluirá en el proyecto de presupuesto de egresos de la Federación una cantidad equivalente, cuando menos, al treinta por ciento de los ingresos que en el ejercicio fiscal anterior se hubieren obtenido por concepto de multas, derechos y aprovechamientos en materia de telecomunicaciones, en tanto no se cubran las necesidades de cobertura social en nuestro país.

Artículo 171.- Los recursos del Fondo se administrarán de manera eficiente, pública y explícita, bajo los siguientes criterios:

I.- Se asignarán mediante subasta pública descendente, previa estimación de costos para cada proyecto utilizando los modelos financieros aprobados por el Comité Técnico;

II.- Cubrirán parcialmente el costo de inversión de la infraestructura de los proyectos específicos que formen parte del programa anual de cobertura social de telecomunicaciones;

III.- Se otorgarán una vez que los operadores hayan concluido las instalaciones y los servicios correspondientes se encuentren en operación, con las características previamente requeridas, y

IV.- No serán objeto de transferencia a otras partidas de gasto.

TITULO X

DE LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE LOS USUARIOS

Artículo 172.- Los operadores están obligados al cumplimento de los establecido en la Ley Federal de Protección al Consumidor.

La Procuraduría Federal del Consumidor y el Instituto celebrarán acuerdos para promover y verificar que los servicios de telecomunicaciones se presten con los estándares de calidad, precio y demás condiciones pactadas y las que resulten aplicables de conformidad con la presente ley y demás disposiciones vigentes. La Procuraduría Federal del Consumidor informará al Instituto de las sanciones que imponga a fin de que éste determine adicionalmente proceder en términos del Título XIII de la presente Ley.

Artículo 173.- Los operadores, deberán establecer las medidas necesarias para garantizar la confidencialidad y privacidad de las comunicaciones, salvo cuando medie orden de autoridad competente.

De igual manera, se encuentran obligados a cumplir con las disposiciones legales, reglamentarias, administrativas o judiciales en materia de seguridad pública y seguridad nacional, para lo cual deberán colaborar y otorgar a las autoridades o instancias de seguridad pública o nacional y a las judiciales, todas las facilidades técnicas, económicas y administrativas para el cumplimiento de sus atribuciones, incluyendo el acatamiento de resoluciones que autoricen la intervención de comunicaciones privadas, la ubicación y localización en tiempo real de comunicaciones y personas.

Artículo 174.- Los operadores deberán registrar ante la Procuraduría Federal del Consumidor, previamente a su utilización, los modelos de contratos de adhesión que pretendan celebrar con los usuarios, los cuales deberán cumplir con lo dispuesto en la Ley Federal de Protección al Consumidor y demás disposiciones aplicables.

Artículo 175.- Los prestadores de servicios de telecomunicaciones deberán cumplir con lo establecido en la Ley Federal de Protección al Consumidor ydemás disposiciones aplicables. Así mismo deberán:

I.- Llevar a cabo la facturación desglosando los conceptos por servicio y las tarifas aplicadas;

II.- Establecer un procedimiento expedito para la atención y solución de las reclamaciones de los usuarios, el cual deberá contar al menos con mecanismos documentados para recibir, identificar, investigar y resolver cualquier reclamación, así como establecer los tiempos de respuesta, registros sobre los resultados de control y las acciones derivadas de los mecanismos implementados, políticas y mecanismos para facilitar y simplificar la presentación y llenado de formatos para las reclamaciones y acciones correctivas y preventivas derivadas de tales reclamaciones;

III.- Ofrecer acceso gratuito a los números de emergencia que el Instituto determine a través del plan técnico fundamental de numeración;

IV.- Obtener autorización del Institutopara suspender de manera general la prestación de un servicio de telecomunicaciones;

V.- Bonificar o reembolsar a los usuarios cuando la suspensión o interrupción del servicio exceda veinticuatro horas;

VII.- Abstenerse de facturar servicios no contemplados en el contrato, sin el expreso consentimiento del usuario;

VIII.- Dar aviso a los usuarios, a través del propio servicio, y al Instituto, por escrito, de cualquier circunstancia previsible que repercuta en forma generalizada o significativa en la prestación del servicio, con una antelación mínima de veinticuatro horas;

IX.- Cuando se dé por terminado anticipadamente el contrato, reembolsar a los usuarios, dentro de los diez días naturales siguientes a que ello ocurra, cualquier cantidad pagada en forma anticipada, entregada como garantía de cumplimiento, o por cualquier otro concepto análogo a los anteriores, compensando los gastos y demás prestaciones a cargo de los propios usuarios;

X.- Abstenerse de hacer disponible a terceros los datos de carácter personal de sus usuarios, salvo las excepciones que establezca la Ley de la materia;

XI.- No interceptar sin autorización de la autoridad judicial competente el tráfico de señales de telecomunicaciones;

XII.- Abstenerse de divulgar el contenido de los mensajes o la existencia de los mismos, no destinados al público en general que se cursan a través de las redes públicas de telecomunicaciones, y

XIII.- Atender las medidas que indique el Instituto para el uso de los servicios por parte de las personas discapacitadas.

Artículo 176.- Las instituciones de crédito y, en su caso, cualquier otro tercero a través del cual se realice el pago periódico de los servicios de telecomunicaciones, estarán obligados a atender, sin su responsabilidad, cualquier indicación que les dé oportunamente el usuario respecto de la cancelación o suspensión de los pagos a favor de los prestadores de servicios siempre y cuando acrediten estar al corriente de sus pagos.

TITULO XI

DE LOS CONTENIDOS AUDIOVISUALES

CAPITULO I

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 177.- Los contenidos que se difundan a través de los servicios de radio y televisión que operen bajo concesión, permiso o asignación, estarán regulados por esta Ley, independientemente del medio tecnológico que los transmita.

Artículo 178.- El derecho a la información y la libertad de expresión, no serán objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, ni censura previa, y se ejercerán en los términos de la Constitución, los tratados internacionales y las leyes aplicables en la materia.

Artículo 179.- La programación del servicio de radiodifusión así como la programación producida localmente para el servicio restringido deberán respetar los horarios de transmisión de acuerdo a la siguiente clasificación:

I.- Los aptos para todo público, de 06:00 horas y hasta las 20:00 horas;

II.- Los aptos para jóvenes y adolescentes de 20:00 horas y hasta 22:00 horas;

III.-Los aptos únicamente para adultos a partir de las 22:00 horas y hasta las 06:00 horas.

El Instituto establecerá y hará públicos los lineamientos de clasificación de la programación que podrán incluir otras clasificaciones.

Artículo 180.- Los operadores deberán establecer las medidas técnicas necesarias que permitan al público realizar el bloqueo de programas.

Artículo 181.- Los operadores de sistemas digitales deberán trasmitir gratuita y permanentemente la guía electrónica de su programación.

Sin perjuicio de lo anterior, al iniciar cada programa deberán hacer referencia a la clasificación de la programación y cualquier otra información que oriente sobre las características del contenido.

Si la programación cuenta con una clasificación del país de origen, podrá utilizarse ésta siempre que se informe al público sobre las equivalencias que resulten conforme a los lineamientos de clasificación, que al efecto establezca el Instituto.

Artículo 182.- En el caso de películas cinematográficas transmitidas en televisión, la clasificación será la misma que la de su difusión en salas de cine o en el mercado del video, de acuerdo con su regulación específica, sin perjuicio de que si es modificada para su transmisión en televisión, pueda ser reclasificada.

Artículo 183.- La programación dirigida a la población infantil deberá contribuir al cumplimiento de los objetivos educativos planteados en el artículo tercero constitucional y otros ordenamientos legales, para lo cual deberá:

I.- Propiciar el desarrollo armónico de la infancia a través de la difusión de información y programas dentro de un marco cultural, ético y social;

II.- Evitar las transmisiones contrarias a los principios de paz, de no discriminación y de respeto a todas las personas;

III.- Evitar la programación que estimule o haga apología de la violencia;

IV.- Informar y orientar sobre los derechos humanos y de los derechos de las niñas y los niños;

V.- Promover el interés por los aspectos científico, artístico y social;

VII.- Propiciar la comprensión de los valores humanos y nacionales, así como el conocimiento de la comunidad internacional;

VIII.- Estimular la creatividad, la cultura física, la integración familiar y la solidaridad humana;

IX.- Promover el respeto a los derechos de las personas con discapacidad;

X.- Promover una cultura ambiental que fomente la conciencia, la conservación, el respeto y la preservación del medio ambiente;

XI.- Promover una cultura de prevención y cuidado de la salud;

XII.- Proporcionar información sobre protección contra todo tipo de explotación infantil;

XIII.- Promover la tolerancia y el respeto a la diversidad de opiniones e igualdad de género; y

XIV.- Promover una cultura de respeto y protección a los animales.

Artículo 184.- En la programación de radio y televisión que se transmita no se podrá:

I.- Atentar contra la dignidad humana y el respeto a las convicciones políticas y religiosas;

II.- Discriminar por motivos de género, etnia, nacionalidad, edad, capacidades físicas diferentes, o cualquier otra circunstancia personal o social;

III.- Afectar el honor, la intimidad, el derecho a la propia imagen y la vida privada de las personas y demás derechos y libertades consagradas en la Constitucióny demás disposiciones legales aplicables;

IV.- Promover, estimular o hacer apología de la violencia;

V.- Transmitir información contraria a la conservación, respeto y preservación del medio ambiente;

VI.- Violentar los preceptos establecidos en otros ordenamientos legales aplicables;

VII.- Contratar, establecer arreglos, o destinar recursos públicos para la promoción de la imagen de servidores públicos, y

VIII.- Contratar publicidad bajo cualquier fórmula para promoción gubernamental en las barras informativas.

Artículo 185.- Los prestadores del servicio de radiodifusión están obligados a publicar, al menos semanalmente, en algún medio impreso y en su portal de Internet las guías de su programación con el nombre, género, clasificación y horario de cada programa.

Artículo 186.- En el caso del servicio restringido esta guía deberá estar disponible en un canal de su red, sin perjuicio de que pueda ser publicado a través de un medio impreso y en su portal de Internet.

Artículo 187.- Queda prohibido transmitir en radio y televisión información que atente contra la privacidad y confidencialidadde las comunicaciones privadas, o que no hayan sido emitidas para su difusión pública o destinadas al público en general, salvo que medie autorización expresa de quien las emite.

Artículo 188.- Los prestadores del servicio de radio y televisión estarán obligados a grabar sus transmisiones en vivo y conservar una copia a disposición del Instituto durante un plazo de 30 días naturales.

Artículo 189.- Los prestadores de servicio de radiodifusión deberán transmitir contenidos nacionales en un porcentaje no menor al 50 por ciento del tiempo total de la programación diaria, salvo en las emisoras con formato eminentemente musical. En el caso del servicio restringido esta disposición se aplica para los canales de producción propia.

Artículo 190.- Dentro del porcentaje establecido en el artículo anterior, al menos el 20 por ciento de la programación deberá ser contratada a productores independientes. Los productores independientes son aquellas personas físicas o morales que no tienen participación accionaria, o control directo o indirecto con el operador.

Artículo 191.- En el servicio restringido, cuando menos el 80 por ciento de los canales que transmitan deberán ser en español o subtitulados en este idioma.

Artículo 192.- En el caso de la información referida en el artículo 193 y en al menos uno de sus espacios informativos diarios, de manera simultánea al lenguaje oral, los prestadores del servicio de televisión deberán emplear la lengua de señas mexicana y/o subtítulos y/o subtitulado de acceso opcional conforme a las normas técnicas que establezca el Instituto.

Artículo 193.- Además de lo establecido para el tiempo de Estado, los operadores de frecuencias de radio y televisión están obligados a transmitir gratuitamente, por instrucciones del Instituto:

I.- Información relevante para el interés general, en materia de seguridad nacional, salubridad general y protección civil;

II.- El encadenamiento de las estaciones de radio y televisión para la transmisión de mensajes de interés de la naciónpor parte del Poder Ejecutivo. En el caso de que en estos mensajes se haga una alusión respecto a cualquiera de los otros dos poderes de la unión, estos tendrán el derecho de responder en las mismas estaciones disponiendo del mismo tiempo utilizado por el ejecutivo federal. En el caso del Poder Legislativo la respuesta se solicitará por conducto de cualquiera de las dos cámaras y se realizará por el conducto y la forma en que ellas mismas determinen. En el caso del poder judicial la respuesta se solicitará por conducto del presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Artículo 194.- Las emisoras locales de radio y televisión deberán contar con programas de contenido informativo relacionados con su área geográfica de cobertura.

Artículo 195.- Los operadores del servicio de radio y televisión deberán poner a disposición del público su código de ética y designar a un representante, denominado defensor de la audiencia, quien recibirá las observaciones que se le presenten con relación a la transmisión de los contenidos, mismas que deberán valorarse y hacerse del conocimiento de los responsables de los programas referidos.

Artículo 196.- Los profesionales de la información que trabajen en radio y televisión podrán negarse motivadamente, a participar en la elaboración de informaciones contrarias a los principios del código de ética, sin que ello pueda suponer sanción o perjuicio, o bien, tienen derecho a solicitar la rescisión de su relación contractualcon la empresa de comunicación en que trabajen y recibir por ello una indemnización, que no será inferior a la pactada contractualmente o, en su defecto, a la establecida por la ley para el despido injustificado.

También tendrán derecho a solicitar la terminación de su relación laboral o contractualy recibir una indemnización equivalente al despido injustificado cuando:

I.- En la emisora de radio o televisión con la que estén vinculados laboralmente se produzca un cambio sustancial de orientación informativa o línea editorial, o

II.- La empresa los traslade a otro medio del mismo grupo que por su género o línea suponga una ruptura con la orientación profesional del informador.

CAPITULO II

DE LOS TIEMPOS DE ESTADO

Artículo 197.- Los prestadores del servicio de radiodifusión deberán poner a disposición del Estado, por cada canal de programación operada y en forma gratuita, 60 minutos diarios distribuidos proporcionalmente entre las 6:00 y las 24:00 horas, para la difusión de mensajes de interés público, temas educativos, culturales, de orientación social, información de interés público, fines electorales, de promoción y defensa de los derechos del consumidor.

En atención a la garantía del derecho a la información de los ciudadanos el uso del tiempo de Estado será para informar de acciones de gobierno de interés general por lo deberá tener carácter institucional y fines informativos, educativos o de orientación social y en ningún caso estos mensajes incluirán nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen promoción personalizada de cualquier servidor público.

Artículo 198.- El Instituto coordinará la distribución del material para su transmisión en los tiempos referidos en el artículo anterior y garantizará su distribución proporcional en una programación anual.

Artículo 199.- Los tiempos de Estado en radio y televisión serán utilizados en forma proporcional, y descentralizada por los poderes de la unión y los órganos constitucionales autónomos.

Con excepción de lo dispuesto en otros ordenamientos para la asignación yuso de los tiempos para fines electorales, los tiempos de Estado se distribuirán de acuerdo a lo siguiente:

I.- Al Poder Ejecutivo Federal le corresponderá el 40 por ciento. En emisoras de radiodifusión de carácter local, la mitad de ese tiempo se compartirá con los gobiernos de los estados, distribuidos a su vez de manera proporcional entre los poderes locales;

II.- Al Poder Legislativo le corresponderá el 30 por ciento, tiempo que se distribuirá en partes iguales entre la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores;

III.- Al Poder Judicial Federal, el 10 por ciento, y

IV.- A los órganos constitucionales autónomos el 20 por ciento.

Artículo 200.- En el caso de procesos electorales concurrentes, cuando los tiempos destinados en radiodifusión para fines electorales fuesen insuficientes y así lo solicite el Instituto Federal Electoral, el Instituto determinará la asignación de tiempo adicional hasta por el total de los tiempos establecidos en el artículo 197 de esta Ley.

Artículo 201.- En la transmisión de los contenidos con cargo a los tiempos de Estado, el prestador del servicio de radiodifusión estará obligado a conservar la misma calidad de difusión que emplee en su programación regular.

Artículo 202.- Los operadores que presten servicios restringidos deberán reservar para uso gratuito por concepto de tiempo de Estado:

I.- Hasta 6 horas diarias, entre las 6:00 y las 24:00 horas en un canal específico cuando el servicio sea menor de 30 canales;

II.- Un canal, cuando el servicio consista de 31 a 37 canales;

III.- Dos canales, cuando el servicio consista de 38 a 45 canales;

III.- Tres canales cuando el servicio consista de 46 a 64 canales; y

IV.- Cuando sea mayor a 64 canales, tres canales además de un canal por cada 32 canales adicionales.

En tanto no sea requerido por el Instituto, estos canales podrán ser utilizados por el prestador del servicio.

CAPITULO IV

DE LA PUBLICIDAD

Artículo 203.- Para la programación en servicios de radiodifusión, el tiempo que podrá ser destinado a la transmisión de publicidad se ajustará a los siguientes criterios:

I.- Para los concesionarios con fines de lucro: En televisión no podrá exceder de 12 minutos por hora de programación y 24 minutos por hora en la radio;

II.- Para los concesionarios sin fines de lucro: No podrá exceder de 6 minutos por hora en televisión y de 12 minutos por hora en radio.

Artículo 204.-Se considera dentro del tiempo destinado para la publicidad, todos los mensajes dirigidos al público en generaly destinados a la oferta de bienes o servicios, sea ésta transmitida en cualquiera de las siguientes modalidades:

I.- Publicidad en cortes de estación: la que se incorpora entre programa y programa y que incluye además la identificación de la emisora;

II.- Publicidad en cortes de programa: la que se incorpora en los cortes comerciales dentro del programa;

III.- Publicidad dentro de la programación: la que se presenta en el desarrollo del programa a través de los mismos conductores, intérpretes, artistas o cualesquiera otros participantes en el programa;

IV.- Publicidad por Inserción: la que se difunde mediante la superposición de imágenes o sonidos, lemas, logotipos, símbolos, emblemas, signos distintivos y en general cualquier imagen o sonido que se relacione con un bien o servicio;

V.- Publicidad de telemercadeo o programas de oferta de productos: los mensajes publicitarios con formato de programa sobre un mismo producto o servicio, cuya difusión es mayor de dos minutos de manera ininterrumpida, y

VI.- Inserciones pagadas: Inserción publicitaria pagada que deberá identificarse como tal y que aparece como nota informativa.

Para efectos de contabilidad del tiempo destinado a la publicidad, en el caso del inciso V, cada tres minutos equivaldrán a un minuto del tiempo total contabilizable para publicidad y solo podrán ser transmitidos de las 24:00 a las 6:00 horas.

En el caso de concesionarios sin fines de lucro, no se podrá incluir lapublicidad señalada en las fracciones III,V y VI.

Artículo 205.-La transmisión de publicidad, se deberá identificar como tal y diferenciarse claramente del programa, mediante simbología a través demedios ópticos, acústicos o ambos. La publicidad o propaganda que se presenta al público como parte de contenidos informativos de la programación debe ser identificada como inserción pagada mediante un texto superpuesto que permita reconocerla como tal.

Artículo 206.- Dentro de los programas dirigidos a la población infantil y en los cortes entre uno y otro programas de esa índole, únicamente se podrá transmitir publicidad relativa a productos alimenticios y bebidas cuando cuenten con autorización expresa de la Secretaría de Salud y de la Procuraduría Federal del Consumidor para ser transmitidos a la población infantil, a fin de evitar que distorsionen los hábitos de la buena nutrición, que fomenten la adquisición o el consumo de productos y alimentos con bajo contenido nutricional o alto valor energético, así como de bebidas no alcohólicas carbonatadas, hidratantes o energizantes. Esta publicidad no podrá exceder del 20% del total del tiempo autorizado para publicidad por hora.

Artículo 207.- Los operadores y prestadores de servicios de radio y televisión deberán acatar las órdenes de suspender la publicidad o anuncio cuando así lo determine la Procuraduría Federal del Consumidor, en términos de las disposiciones aplicables de la Ley Federal de Protección al Consumidor y conforme a las facultades que al respecto le confiere dicho ordenamiento.

Artículo 208.- No se considerarátiempo publicitario:

I.- Los mensajes gratuitos, tanto de servicio a la comunidad como aquellos que no tengan la finalidad explicita de la venta de bienes y servicios;

II.- Los mensajestransmitidos en los tiempos del Estado, y

III.- La promoción que la misma empresa de radio o televisión haga de sus programas de acuerdo a lo que establezca el reglamento.

Artículo 209. Los concesionarios de televisión restringida podrán incluir en su programaciónhasta 6 minutos de publicidad por cada hora y canal, siempre que cumplan con el porcentaje de programación nacional establecido en el artículo 189, de lo contrario no podrán transmitir publicidad.

Los canales de televisión restringida dedicados exclusivamente a programación de oferta de productos quedarán exceptuados del límite señalado en el párrafo anterior, y se sujetarán a lo establecido por el Reglamento en la materia.

Artículo 210.- En los programas deportivos o de entretenimiento que tienen una continuidad específica, ajena almedio que los transmite, no se podrá insertar publicidad durante el desarrollo del evento, sino mediante imágenes superpuestas que no rebasen una quinta parte de la pantalla a fin de no interferir la visión del evento, o con menciones o efectos sonoros.

Artículo 211.- La transmisión de largometrajes, películas de más de 60 minutos de duración, no podrá ser interrumpida con publicidad más de 3 veces cada hora en las televisoras sujetas a concesiones con fines de lucro. En las televisoras sujetas a concesión sin fines de lucro la publicidad en largometrajes no ocupará más de un corte publicitario cada hora.

Artículo 212.- La publicidad de bebidas alcohólicas no se podrá transmitir en el horario de las 6:00 a las 22:00 horas clasificado como para todo público.

En la publicidad de bebidas alcohólicas no se podrá emplear a menores de edad, ni consumirse real o aparentemente frente al público los productos que se anuncian. En esta publicidad se atenderá a lo dispuesto en la normatividad sanitaria relativa a la publicidad de bebidas alcohólicas.

La publicidad a la que se refiere el párrafo anterior no deberá ser transmitida en espacios asociados a la actividad deportiva o de forma tal que el consumo de los productos anunciados se le vincule directa o indirectamente con la realización, participación o asistencia a cualquier tipo de actividad deportiva.

Artículo 213.- Aquella publicidad, que de acuerdo con la regulación establecida en otros ordenamientos requiera autorización de la autoridad competente, únicamente podrá ser transmitida cuando cuente con ésta y su transmisiónse hará solamente en los términos en los que la autorización haya sido otorgada.

Artículo 214.- No podrá ser transmitida aquella publicidad de bienes o servicios, que haya sido prohibida por la Procuraduría Federal de Consumidor.

Artículo 215.- En el caso del servicio de radio o televisión restringida, los criterios en materia de publicidad serán aplicables únicamente tratándose de bienes o serviciosque se ofrezcan, consuman, enajenen o se promocionen en o para el mercado mexicano.

Artículo 216. En la publicidad no se podrá transmitir mensajes que:

I.- Promuevan la discriminación y la violencia de género;

II.- Reproduzcan imágenes estereotipadas o presentar a las mujeres de forma vejatoria, es decir, la que utiliza de manera particular y directa el cuerpo o partes del cuerpo de las mujeres como un simple objeto desvinculado del producto que se busca promover;

III.- Fomente malas prácticas alimenticias o cualquier otro comportamiento que atente contra la salud y la seguridad humanas;

IV.- Promueva el consumo inmoderado de productos nocivos para la salud o que generen adicciones, como eltabaco yalcohol;

V.- Promueva servicios o establecimientos dedicados a la prostitución;

I. Promueva entre los menores la compra de un producto o la contratación de un producto, de modo que explote su inexperiencia o credulidad;

II. Promuevan productos que ofrezcan curaciones o transformaciones corporales y que no hayan sido expresamente aprobados por la Secretaría de Salud;

III. No advierta de los riesgos que puede implicar el consumo de productos médicos y dirigidos a propiciar modificaciones estéticas;

IV. Ofrezca soluciones o remedios a partir de recursos mágicos o sobrenaturales;

V. Hacerpublicidad de grupos, sectas o corporaciones de carácter religioso, y

VI. Transmitir mensajes publicitarios de manera encubierta.

Artículo 217.- Los prestadores del servicio de radio y televisión deberán informar al Instituto y tener a disposición del público, las tarifas por concepto de comercialización de espacio y sus formas de aplicación.

Artículo 218.- No se podrán aplicar tarifas discriminatorias en materia de publicidad cuando se trate de mensajes, calidad o tiempos de las mismas características y emisoras.

Artículo 219.- Los prestadores del servicio de radio y televisión deberán transmitir los programas, cápsulas, promocionales y demás mensajes que con base en los tiempos de Estado se difundan con fines electorales y de información por parte de los partidos políticos y del Instituto Federal Electoral, y deberán respetar íntegramente las pautas que para tal efecto señale la autoridad electoral.

Artículo 220.- Los prestadores del servicio de radio y televisión en ningún momento podrán contratar con los partidos políticos, o a través de terceras personas, tiempos publicitarios con fines electorales en cualquier modalidad de radio y televisión.

De la misma manera está prohibido realizar contratos con persona físicas o morales, sea a título propio o por cuenta de terceros, para transmitir propaganda en radio y televisión dirigida a influir en las preferencias electorales de los ciudadanos, ni a favor o en contra de partidos políticos o de candidatos a cargos de elección popular. Queda prohibida la transmisión en territorio nacional de este tipo de mensajes contratados en el extranjero.

CAPITULO V

DEL FONDO NACIONAL PARA EL APOYO A LA PRODUCCION

AUDIOVISUAL INDEPENDIENTE

Artículo 221.- Se crea el Fondo para el Apoyo a la Producción Audiovisual Independiente con objeto de contribuir a elevar la calidad de los contenidos de la programación de la radio y la televisión.

Artículo 222.- Los recursos del fondo serán destinados a la producción nacional de contenidos educativos, culturales y de servicio público propuestas por personas no vinculadas empresarialmente con los titulares de concesiones,

Artículo 223.- El patrimonio del Fondo se integrará por:

I.- Las aportaciones previstas anualmente en el Presupuesto de Egresos de la Federación;

II.- Las aportaciones provenientes, en su caso, de los estados y municipios;

III.- Las donaciones a título gratuito de personas físicas o morales, mismas que serán deducibles de impuestos, en términos de Ley;

IV.- Los productos y rendimientos que se obtengan por la inversión de los fondos líquidos del patrimonio fideicomitido que realice el fiduciario, y

V.- Todo tipo de bienes y derechos que se adquieran, reciban o incorporen al patrimonio del Fondo.

Anualmente, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público incluirá en el proyecto de presupuesto de egresos de la Federación una cantidad equivalente, cuando menos, al cinco por ciento de los ingresos que en el ejercicio fiscal anterior se hubieren obtenido por concepto de multas y derechos en materia de radio y televisión.

Artículo 224.- La administración de los recursos del Fondose hará a través de un fideicomiso que no tendrá carácter de entidad paraestatal, constituido en una sociedad nacional de crédito.

El fideicomiso contará con un Comité Técnico encargado de evaluar los proyectos y designar los recursos, y estará integrado por:

I.- El Presidente del Instituto quien lo presidirá y, en caso de empate, su voto será de calidad;

II.- Un representante de laSecretaría de Hacienda y Crédito Público;

III.- Un representante de la Secretaría de Educación Pública;

IV.- Un representante de la Secretaría de Economía, y

V.- Tres personas de reconocido prestigio en el campo del audiovisualpropuestos: uno por los concesionarios de uso comercial, otro por asignatarios de uso público y uno más por los concesionarios de uso social.

Los miembros a que se refieren las fracciones II, III, y IV, podrán ser reemplazados, en sus ausencias, por funcionarios que ellos mismos designen y cuyo nivel jerárquico no será menor al de Director General. Los miembros del comité técnico tendrán voz y voto.

El Comité Técnico sesionará de manera ordinaria por lo menos cuatro veces al año, y será convocado por el Secretario Ejecutivo. El Instituto deberáemitir el reglamento interno para el funcionamiento delFondo en que se incluirá el funcionamiento del Comité Técnico.

Artículo 225.- Los recursos del fondo se asignarán mediante convocatoria pública abierta a las personas físicas y morales, de nacionalidad mexicana, a presentar proyectos susceptibles de otorgamiento de apoyo financiero a su producción. Sólo los proyectos que cumplan con todos los requisitos establecidos en la convocatoria serán sometidos a consideración del Comité Técnico del Fondo y su fallo será inapelable.

Los beneficiarios del fondo deberán destinar el apoyo otorgado por el fondo únicamente para el fin establecido en la solicitud de apoyo y ratificado en el contrato que al efecto se celebre bajo los términos y condiciones que el Institutoestablezca en el Reglamento de la materia.

TITULO XII

DEL REGISTRO PUBLICO DE TELECOMUNICACIONES

Y DEL REGISTRO DE USUARIOS

CAPITULO I

DEL REGISTRO PUBLICO DE TELECOMUNICACIONES

Artículo 226.- El Instituto llevará y mantendrá actualizado el Registro Público de Telecomunicaciones, cuyo contenido deberá estar a disposición del público en general en el portal de Internet del Instituto, en el que se inscribirán:

I.- Los títulos de concesión, los permisos y las asignaciones otorgadas; sus modificaciones de carácter legal o técnico, así como los datos generales por categoría, modalidad y distribución geográfica;

II.- Cuando el titular sea una persona moral:

a).- Nombre de la sociedad titular;

b).- Acta constitutiva;

c).- Capital social exhibido y porcentajes de participación de los socios;

d).- Nombre y nacionalidad de los integrantes del Consejo de Administración.

III.- El Cuadro Nacional de Atribución de Frecuencias actualizado, así como la información relativa a los usuarios de cada segmento por región, con excepción de las bandas utilizadas para fines de seguridad pública y nacional;

III.- Los servicios asociados y de valor agregado;

IV.- Los gravámenes impuestos a las concesiones y permisos;

V.- La cesión de derechos y obligaciones;

VI.- Las frecuencias y bandas de frecuencias otorgadas en las distintas zonas del país;

VII.- Los convenios de interconexión;

VIII.- Las tarifas al público de los servicios de telecomunicaciones;

IX.- Las tarifas publicitarias de radio y televisión;

X.- Las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas aplicables a las telecomunicaciones;

XI.- Los criterios adoptados por el Pleno del Instituto relacionados con la interpretación administrativa de las disposiciones aplicables, actualizadas trimestralmente;

XII.- El informe anual del Instituto;

XIII.- Los acuerdos internacionales suscritos por los Estados Unidos Mexicanos en materia de telecomunicaciones;

XIV.- Los proyectos de programación de cada una de las emisoras de radio y televisión, con base en los cuales les fueron otorgadas las concesiones o asignaciones;

XV.- Estadísticas actualizadas de los servicios de telecomunicaciones, acorde con la metodología de medición reconocida o recomendada por la Unión Internacional de Telecomunicaciones, así como información general sobre audiencias en servicios de radiodifusión, suscriptores de los servicios restringidos e inversión publicitaria para radio y televisión;

XVI.- Las tarifas y las condiciones técnicas necesarias para llevar a cabo la interconexión;

XVII.- Las obligaciones específicas impuestas al o a los operadores dominantes;

XVIII.- El marco de referencia para determinar elementos técnicos y tarifarios de la interconexión, y

XIX.- Cualquier otro documento relativo al funcionamiento de los operadores, cuando los reglamentos y demás disposiciones de carácter general derivados de esta ley, de otras disposiciones legales o reglamentarias exijan dicha formalidad.

El Instituto conservará la información que sea sustituida a partir de su actualización, con el fin de realizar estudios comparativos, históricos o de tendencias sobre el sector.

La información contenida en el Registro es de consulta pública, salvo aquella que por sus características se considere confidencial o reservada en términos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y demás disposiciones aplicables.

Artículo 227.- Cualquier modificación a la información citada deberá ser notificada al Registro en un plazo no mayor de treinta días hábiles.

Artículo 228.- Los operadores están obligados a poner a disposición del Instituto en cualquier tiempo, por escrito y en forma electrónica todos los datos, informes y documentos que éste les requiera en el ámbito de su competencia.

CAPITULO II

DEL REGISTRO DE USUARIOS

Artículo 229.- Los operadores serán responsables de la elaboración y actualización del Registro Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil. El Instituto supervisará y sancionará su cumplimiento.

Artículo 230.- Para efectos del artículo anterior, los operadores deberán:

I.- Llevar un registro y control separado de sus usuarios, el cual contenga como mínimo los siguientes datos:

a) Número y modalidad de la línea telefónica;

b) Nombre completo, domicilio, nacionalidad, número correspondiente y demás datos contenidos en la identificación oficial vigente con fotografía, así como comprobante de domicilio actualizado del usuario y toma de impresión de huella dactilar directamente en tinta y/o electrónicamente, y

c) En caso de personas morales, además se deberá registrar la razón social de la empresa, cédula fiscal y copia del documento que acredite capacidad para contratar.

II.- Conservar copias fotostáticas o en medios electrónicos de los documentos necesarios para dicho registro y control; así como mantener la reserva y protección de las bases de datos personales, las cuales no podrán ser usadas con fines diferentes a los señalados en las leyes;

III.- Conservar un registro y control de comunicaciones que se realicen desde cualquier tipo de línea que utilice numeración propia o arrendada, bajo cualquier modalidad, que permitan identificar con precisión los siguientes datos:

a) Tipo de comunicación (transmisión de voz, buzón vocal, conferencia, datos), servicios suplementarios (incluidos el reenvío o transferencia de llamada) o servicios de mensajería o multimedia empleados (incluidos los servicios de mensajes cortos, servicios multimedia y avanzados);

b) Datos necesarios para rastrear e identificar el origen y destino de las comunicaciones de telefonía móvil: número de destino, modalidad de líneas con contrato o plan tarifario, como en la modalidad de líneas de prepago;

c) Datos necesarios para determinar la fecha, hora y duración de la comunicación, así como el servicio de mensajería o multimedia;

d) De los datos anteriores, además conservar la fecha y hora de la primera activación del servicio y la etiqueta de localización (identificador de celda) desde la que se haya activado el servicio;

e) La ubicación digital del posicionamiento geográfico de las líneas telefónicas, y

f) La obligación de conservación los datos a que se refiere la presente fracción cesa a los 12 meses, contados a partir de la fecha en que se haya producido la comunicación.

IV.- Tomar las medidas técnicas necesarias respecto de los datos objeto de conservación, que garanticen su conservación, cuidado, protección, no manipulación o acceso ilícito, destrucción, alteración o cancelación, así como el personal autorizado para su manejo y control;

V.- Entregar los datos conservados, al Procurador General de la República o Procuradores Generales de Justicia de las Entidades Federativas o del Distrito Federal, o a los funcionarios que estos designen conforme a las disposiciones aplicables, cuando realicen funciones de investigación de los delitos de extorsión, amenazas, secuestro, en cualquiera de sus modalidades o de algún delito grave o relacionado con la delincuencia organizada, en sus respectivas competencias;

VI.- Entregar la información dentro del plazo máximo de 72 horas siguientes contadas a partir de la notificación, siempre y cuando no exista otra disposición expresa de autoridad judicial;

VII.- Realizar el bloqueo inmediato de las líneas contratadas bajo cualquier modalidad, reportadas por los clientes o usuarios como robadas o extraviadas, e inactivar el número de identificación internacional del equipo telefónico, debiendo notificar a otros operadores a fin de que no se activen dichas líneas y equipos. Se deberá realizar la actualización respectiva en el registro de usuarios de telefonía; así como suspensión inmediata del servicio de telefonía para efectos de aseguramiento cuando así lo instruya el Instituto, de conformidad con lo establecido en el Código Federal de Procedimientos Penales, y

VIII.- Informar a los clientes o usuarios de servicios de telefonía en cualquiera de sus modalidades, previo a su venta, de la existencia y contenido del registro y su disponibilidad a los agentes facultados.

Queda prohibida la utilización de los datos conservados para fines distintos a los previstos en el párrafo anterior, cualquier uso distinto será sancionado por las autoridades competentes en términos administrativos y penales que resulten.

En caso de que los usuarios vendan o cedan una línea de telefonía en cualquiera de sus modalidades de contratación, deberán dar aviso al operador, a efecto de que dicha línea sea bloqueada, en tanto sea registrado el nuevo usuario.

El Reglamento establecerá los procedimientos, mecanismos y medidas de seguridad que los operadores deberán adoptar para identificar al personal facultado para acceder a la información, así como las medidas técnicas y organizativas que impidan su manipulación o uso para fines distintos a los legalmente autorizados, su destrucción accidental o ilícita o su pérdida accidental, así como su almacenamiento, tratamiento, divulgación o acceso no autorizado.

Los operadores, podrán suscribir convenios de colaboración con las autoridades administrativas que cuenten con la infraestructura, recursos o registro de datos personales, a fin de dar cumplimiento a las obligaciones establecidas en el presente artículo.

TITULO XIII

INFRACCIONES Y SANCIONES

Artículo 231.- Las infracciones a lo dispuesto en esta Ley se sancionarán por el Instituto de conformidad con lo siguiente:

I.- Se sancionarán con multa de 750,000 a 1, 000,000 salarios mínimos, la infracción a lo dispuesto por los artículos: 31, 35, 109, 122 y 164.

II.- Se sancionarán con multa de 500,000 a 750,000 salarios mínimos, la infracción a lo dispuesto por los artículos: 32, 123, 125, 126, 127, 128, 129, 133, 144, 148, 206, 214, 216, 228, 229 y 230.

III.- Se sancionarán con multa de 250,000 a 500,000 salarios mínimos, la infracción a lo dispuesto por los artículos: 86, 87, 90, 94, 95, 96, 204, 205.

IV.- Se sancionarán con multa de 100,000 a 250,000 salarios mínimos, la infracción a lo dispuesto por los artículos: 111, 114, 115, 116, 117, 179, 212 y 218.

V.- Se sancionarán con multa de 25,000 a 100,000 salarios mínimos, la infracción a lo dispuesto por los artículos: 121, 134, 135, 174, 175, 183, 184, 187, 188, 189, 190, 191, 193, 201, 210 y 211.

VI.- Se sancionarán con multa de 2,000 a 25,000 salarios mínimos, la infracción a lo dispuesto por los artículos: 50, 53, 54, 55, 56, 137, 138, 150, 153, 154, 173, 180, 181, 185, 186, 194, 195, 196 y 201.

Para los efectos de este artículo se entiende por salario mínimo, el salario mínimo general diario vigente en el Distrito Federal al momento de cometerse la infracción.

Artículo 232.- En caso de reincidencia, el Instituto podrá aplicar una multa hasta por el doble de la sanción originalmente impuesta en la primera reincidencia y del triple a la segunda.

Se entiende que existe reincidencia cuando el mismo infractor incurra en dos o más violaciones del mismo precepto legal.

Artículo 233.- La autoridad determinará las sanciones conforme a esta ley, y tomando lo siguiente:

I.- La capacidad económica del infractor;

II.- La gravedad;

III.- Los daños que se hubieren producido o puedan producirse de la infracción;

IV.- El carácter intencional o no de la acción u omisión constitutiva de la infracción, y

V.- La reincidencia del infractor.

Artículo 234.- Para la imposición de las sanciones previstas en esta Ley, así como para la interposición del recurso de revisión, se estará a lo previsto por la Ley Federal del Procedimiento Administrativo.

Artículo 235.- Ante la irregularidad en el informe de los ingresos establecido en los artículos 51 y 71 se aplicará una multa de hasta el doble del monto de lo no comprobado.

Artículo 236.- En caso de incumplimiento del artículo 197 el monto de la sanción será de hasta el equivalente a la resultante de aplicar su tarifa pública más alta, al tiempo solicitado y no otorgado.

Artículo 237.- Cuando los concesionarios del servicio de radio y televisión, se excedan del tiempo destinado a publicidad establecido en los artículos 203 y 209 de esta Ley el monto de la sanción será de hasta el equivalente a la resultante de aplicar su tarifa pública más alta, al tiempo excedido.

Artículo 238.- Tratándose de infracciones de tracto sucesivo, el Instituto podrá establecer sanciones por cada día que transcurra sin que dichas infracciones se hayan corregido.

Artículo 239.- Las personas que presten servicios de telecomunicaciones o hagan uso del espectro radioeléctrico sin contar con la concesión o el permiso a que se refieren los artículos 28 y 79 de esta Ley, o que por cualquier otro medio invadan u obstruyan las vías generales de comunicación respectivas, perderán en beneficio de la Nación los bienes, instalaciones y equipos empleados en la comisión de dichas infracciones.

Artículo 240.- Para la aplicación de la sanción a que se refiere el artículo anterior, se observará el procedimiento siguiente:

I.- Una vez que el Instituto tenga conocimiento de la infracción, procederá al aseguramiento de las obras ejecutadas, las instalaciones, los equipos de telecomunicaciones y todos los bienes muebles e inmuebles dedicados a la utilización de la vía general de comunicación o a la prestación del servicio;

II.- En el acta que se levante, el Institutodejará constancia del aseguramiento de los bienes y designará al depositario de los mismos;

III.- Posterior al aseguramiento, se concederá un plazo de 10 días hábiles al presunto infractor para que presente las pruebas y defensas que estime pertinentes;

IV.- El Instituto dentro del término de 90 días naturales posteriores al vencimiento del plazo otorgado al visitado para ofrecer pruebas y defensas, o en su caso, al término del desahogo de las pruebas admitidas, dictará la resolución que corresponda, y

V.- La resolución mediante la cual se determine la pérdida de los bienes del particular en beneficio de la Nación, deberá establecer que dichos bienes quedarán a disposición del Servicio de Administración de Bienes Asegurados.

Este procedimiento de naturaleza administrativa excluye la aplicación del procedimiento de naturaleza análoga que al efecto dispone la Ley General de Bienes Nacionales, por lo que hace a la aplicación de sanciones o penas.

Artículo 241.- El Instituto, podrá amonestar por única ocasión y hacerla pública en su portal de Internet, cuando se incumpla con lo siguiente:

I.- La presentación anual ante el Instituto de los informe de actividades ycontabilidad por parte del concesionario, establecidos en los artículos 51 y 71;

II.- Permitir a los inspectores o verificadores del Instituto el acceso al domicilio de la empresa e instalaciones, así como a otorgarles todas las facilidades para que realicen la inspección y verificación en los términos de la presente Ley;

III.- Incluir en la programación diaria de las transmisiones audiovisuales, en el caso de las emisoras locales de radio y televisión, contenidos informativos de origen e interés su área de cobertura, y

IV.- Evitar que las transmisiones audiovisuales causen alarma, pánico y alteración al orden público de manera injustificada.

En caso de reincidencia se procederá a imponer la sanción establecida en la fracción I del artículo 231, de esta Ley.

Artículo 242.- Las sanciones que se señalan en esta Ley se aplicarán sin perjuicio de la responsabilidad civil o penal que se derive de la conducta.

TRANSITORIOS

PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

SEGUNDO.- Se abrogan la Ley Federal de Telecomunicaciones y la Ley Federal de Radio y Televisión vigentes a la entrada en vigor del presente Decreto.

Las concesiones y permisos otorgados con anterioridad a la entrada en vigor de la presente Ley, se respetarán los términos y condiciones consignados en sus respectivos títulos hasta su término.

Las solicitudes de concesión o permisos en trámite, se ajustarán a lo previsto en la presente ley, excepto que cuente con una opinión favorable de la Comisión Federal de Telecomunicaciones para su otorgamiento, en cuyo caso, se procederá conforme a las leyes y disposiciones vigentes al momento de su solicitud.

TERCERO. El Reglamento Interno del Instituto deberá ser expedido por el Titular del Ejecutivo Federal en un plazo no mayor a 90 días naturales, contado a partir de la entrada en vigor del presente Decreto.

CUARTO.- Los medios operados por, el gobierno federal, los órganos constitucionales autónomos, los gobiernos de las entidades federativas y los municipios, así como las instituciones públicas de educación superior, actualmente en legal operación, gozarán de un plazo no mayor a 365 días naturales, contado a partir de la entrada en vigor del presente Decreto, para que realicen los ajustes normativos, administrativos y operativos necesarios para cumplir con lo establecido en el Titulo IV, Capítulo I, Sección II de esta Ley.

QUINTO.- Las disposiciones reglamentarias derivadas de esta Ley deberán ser expedidas por el Titular del Ejecutivo Federal en un plazo no mayor a 180 días naturales, contado a partir de la entrada en vigor del presente Decreto, en tanto, regirán las disposiciones reglamentarias vigentes.

SEXTO.- Las referencias que, con anterioridad a la entrada en vigor del presente Decreto, se hacen en las leyes, tratados y acuerdos internacionales, reglamentos y demás ordenamientos a la Secretaría respecto de las atribuciones señaladas en el artículo 11 de esta Ley, en lo futuro se entenderán hechas al Instituto.

Las atribuciones de la Dirección General de Radio, Televisión y Cinematografía de la Secretaría de Gobernación, únicamente por lo que corresponde a lo regulado por esta Ley, así como de la Dirección General de Política de Telecomunicaciones y de Radiodifusión de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, serán ejercidas por el Instituto a través de las unidades administrativas que al efecto prevea su Reglamento Interno. Los recursos humanos, financieros y materiales de las unidades administrativas mencionadas en este párrafo serán transferidos al Instituto en un plazo de 60 días naturales, contados a partir de la entrada en vigor de este Decreto.

SEPTIMO.- Los asuntos en trámite a cargo de la Dirección General de Radio, Televisión y Cinematografía de la Secretaría de Gobernación, únicamente por lo que corresponde a lo regulado por esta Ley, así como de la Dirección General de Política de Telecomunicaciones y de Radiodifusión de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes deberán ser remitidos al Instituto en un plazo máximo de 30 días a partir de la entrada en vigor del propio ordenamiento.

La Dirección General de Radio, Televisión y Cinematografía y la Dirección General de Política de Telecomunicaciones y de Radiodifusión a más tardar en 8 días naturales informarán al Presidente del Instituto de los asuntos a su cargo, destacando aquellos que deban resolverse en plazos perentorios a efecto de que, en tanto opera la transferencia de recursos a que se refiere el artículo anterior, se hagan del conocimiento del Pleno y se tomen las decisiones correspondientes a fin de no afectar los derechos de terceros.

OCTAVO.- La primera designación de los comisionados a que se refiere este Decreto, se hará mediante nombramientos por plazos de cuatro, cinco, seis, siete y, en tres casos por ocho años, respectivamente.

Estos nombramientos serán realizados en un plazo no mayor de 30 días naturales a partir de la entrada en vigor del presente Decreto.

Los nombramientos de los Comisionados que ocupan dichos cargos a la entrada en vigor del presente Decreto, dejarán de surtir efectos hasta en tanto se designen los nuevos Comisionados.

NOVENO.- El Titular del Ejecutivo Federal en un plazo no mayor de 30 días naturales contado a partir de la entrada en vigor del presente Decreto, deberá abrogar el Decreto por el que se autoriza a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a recibir de los concesionarios de estaciones de radio y televisión el pago del impuesto, publicado en el Diario Oficial de la Federación del 10 de octubre de 2002, así como el Acuerdo número 169, relativo a la expedición de certificados de aptitud de locutores, de cronistas y de comentaristas del 7 de octubre de 1992. Asimismo, se abroga la Ley que establece, reforma y adiciona las disposiciones relativas a diversos impuestos, publicada en el Diario Oficial de la Federación del 31 de diciembre de 1968.

Se dejan sin efecto las disposiciones administrativas que se opongan a lo establecido en la presente Ley.

DECIMO.- El Presupuesto de Egresos de la Federación para el año 2011 deberá establecer la previsión presupuestal correspondiente para permitir la integración y funcionamiento adecuado del Instituto.

DECIMO PRIMERO.-El Instituto a partir de su instalación, contará con un plazo de 365 días naturales para crear y organizar el Registro Público de Telecomunicaciones y de Contenidos Audiovisuales.

DECIMO SEGUNDO.- Con el propósito de garantizar que los operadores de asignaciones de uso público migren a la radio y la televisión digital terrestre, el Gobierno Federal, durante los 120 días naturales posteriores a la entrada en vigor de la presente Ley, establecerá las bases para la creación de un Fondo de Apoyo que permita dicho cambio tecnológico.

DECIMO TERCERO.- El Titular del Ejecutivo Federal, en un plazo no mayor de noventa días naturales contados a partir de la integración del Consejo Consultivo de Nuevas Tecnologías a que se refiere la presente Ley, deberá publicar en el Diario Oficial de la Federación un Acuerdo en el que se faculte al Instituto a establecer las medidas necesarias para la puesta en servicio de la radio digital en México, en el cual, considerando las mejores prácticas internacionales, se defina un calendario para la transición digital de la radio.

DECIMO CUARTO.- Se deroga el artículo décimo noveno transitorio del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2002, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 1° de enero del año 2002, mediante el cual se creó el Fondo de Cobertura Social de Telecomunicaciones.

Se abroga el Acuerdo mediante el cual se aprueban las Reglas de Integración y Operación del Comité Técnico y los Mecanismos para la Asignación y Distribución Eficaz, Eficiente, Justa y Transparente de Recursos, del Fideicomiso del Fondo de Cobertura Social de Telecomunicaciones, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 12 de mayo del año 2003.

El Ejecutivo Federal deberá expedir y publicar en el Diario Oficial de la Federación las Reglas de Operación e Integración del Comité del Fondo que se crea en términos del artículo 172 de la presente Ley, en un plazo no mayor a 60 días naturales, contado a partir de la entrada en vigor del presente Decreto.

Las referencias que con anterioridad a la entrada en vigor del presente Decreto, se hacen en cualquier ordenamiento al Fideicomiso del Fondo de Cobertura Social de Telecomunicaciones que desaparece respecto de las atribuciones señaladas en esta Ley, en el futuro se entenderán hechas a El Fondo que se crea en términos del artículo 174 de la presente Ley.

Los recursos humanos, financieros y materiales empleados para la administración y operación del Fideicomiso del Fondo de Cobertura Social de Telecomunicaciones que desaparece serán transferidos a El Fondo que se crea en términos de la presente Ley.

Los asuntos en trámite a cargo Fideicomiso del Fondo de Cobertura Social de Telecomunicaciones que desaparece deberán ser remitidos a El Fondo que se crea en términos del artículo 171de la presente Ley, en un plazo máximo de 30 días naturales a partir de la entrada en vigor del propio ordenamiento

DECIMO QUINTO.- Las personas físicas o morales con permisos, autorizaciones o concesiones para radiocomunicación privada, deberán en un plazo máximo de un año contado a partir de la entrada en vigor de la presente Ley, registrarse ante el Instituto para notificar su forma de operación.

El Instituto llevará a cabo un programa de planeación y organización de estos servicios de radiocomunicación privada y establecerá nuevas condiciones para su operación así como su temporalidad y contraprestaciones requeridas, a fin de brindarles protección contra interferencias perjudiciales.

Al término de éste plazo se darán por concluidos los permisos, autorizaciones o concesiones de quienes no se hubieran registrado.

DEcimo Sexto.-A partir de la entrada en vigor de la presente Ley, todas las sociedades concesionarias de servicios públicos de telecomunicaciones, con o sin participación de inversión extranjera directa, podrán prestar todos los servicios que la tecnología les permita, independientemente de cualquier prohibición que al respecto exista en sus títulos de concesión. Previo a la prestación de los servicios adicionales por parte de la sociedad concesionaria, se requerirá de la presentación de una solicitud al Instituto, la que contará con un plazo de 90 días naturales para emitir la resolución correspondiente, previo cumplimiento de los requisitos que ordena la Ley. Por cada nuevo servicio que la sociedad concesionaria desee prestar y que no esté contemplado en su título de concesión original, se deberá presentar una solicitud. Cuando en la sociedad concesionaria exista participación extranjera superior al 49%, se deberá presentar aviso a la Comisión Nacional de Inversiones Extranjeras, una vez que el servicio adicional haya sido autorizado por parte del Instituto.

DECIMO SEPTIMO.- Para el cumplimiento de lo establecido en el artículo 192 de esta Ley, los prestadores de los servicios de radio y televisión deberán transmitir progresivamente contenidos nacionales en el siguiente porcentaje:

a) El primer año a partir de la entrada en vigor de esta Ley, el 20%;

b) A partir del segundo año y hasta el inicio del tercer año, el 30%;

c) Durante el cuarto año, el 40%, y

d) El quinto año el 50%.

Artículo Segundo.- Se reforman los artículos 27, fracción XXI; 36, fracción III y 38, fracción XXX bis de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal para quedar como sigue:

Artículo 27.- A la Secretaría de Gobernación corresponde el despacho de los siguientes asuntos:

...

XXI. Vigilar que las publicaciones impresas y las películas cinematográficas, se mantengan dentro de los límites del respeto a la vida privada, a la paz y moral pública y a la dignidad personal, y no ataquen los derechos de terceros, ni provoquen la comisión de algún delito o perturben el orden público;

...

Artículo 36.-A la Secretaría de Comunicaciones y Transportes corresponde el despacho de los siguientes asuntos:

...

III.- Otorgar concesiones para establecer y explotar sistemas y servicios telegráficos, de servicio público de procesamiento remoto de datos;

...

Artículo 38.- A la Secretaría de Educación Pública corresponde el despacho de los siguientes asuntos:

XXX bis. Promover la producción cinematográfica, de radio y televisión y de la industria editorial, con apego a lo dispuesto por el artículo 3o. constitucional cuando se trate de cuestiones educativas; dirigir y coordinar la administración de las estaciones radiodifusoras y televisoras pertenecientes al Ejecutivo Federal, con exclusión de las que dependan de otras Secretarías de Estado y Departamentos Administrativos; y

...

Artículo Tercero.- Se deroga el artículo 9, fracción III de la Ley de Vías Generales de Comunicación, para quedar como sigue:

ARTICULO 9o.-No necesitarán concesión, sino permiso de la Secretaría de Comunicaciones:

...

III.- (DEROGADA);

...

Artículo Cuarto.- Se derogan las fracciones I y II del artículo 144 de la Ley Federal del Derecho de Autor, para quedar como sigue:

ARTICULO 144.- Los organismos de radiodifusión tendrán el derecho de autorizar o prohibir respecto de sus emisiones:

I. (DEROGADA);

II. …

III. (DEROGADA);

IV. …

V. …

VI. ...

Artículo Quinto.- Se deroga el inciso x), de la fracción III del artículo 7, y se reforma la fracción IX del artículo 8 de la Ley de Inversión Extranjera, para quedar como sigue:

ArtIculo 7.- En las actividades económicas y sociedades que se mencionan a continuación

III. Hasta el 49 % en:

x) (DEROGADO)

Artículo 8.- Se requiere resolución favorable de la Comisión para que la inversión extranjera participe en un porcentaje mayor al 49% en las actividades económicas y sociedades que se mencionan a continuación:

IX.- Telefonía celular y concesiones y permisos en los términos establecidos en la Ley Federal de Telecomunicaciones y de Contenidos Audiovisuales, con excepción del servicio de radiodifusión, en cuyo caso, se aplicará lo dispuesto en el artículo 7, fracción II, de esta Ley.

Sede del Senado de la República, a 11 de diciembre de 2012.

Sen. Iris Vianey Mendoza Mendoza”.

- El C. Presidente Burgos García: Gracias, Senadora Vianey Mendoza. Se turna a las Comisiones Unidas de Comunicaciones y Transportes; de Radio, Televisión y Cinematografía; y de Estudios Legislativos.

Tiene el uso de la tribuna el Senador Juan Gerardo Flores Ramírez, del grupo parlamentario del PVEM, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto que reforma y adiciona la Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional en el Ramo del Petróleo, la Ley del Petróleo Mexicanos, la Ley de la Comisión Nacional de Hidrocarburos, la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y la Ley de la Comisión Reguladora de Energía.





INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETOQUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY REGLAMENTARIA DEL ARTICULO 27 CONSTITUCIONAL EN EL RAMO DEL PETROLEO, DE LA LEY DE PETROLEOS MEXICANOS, DE LA LEY DE LA COMISION NACIONAL DE HIDROCARBUROS, DE LA LEY ORGANICA DE LA ADMINISTRACION PUBLICA FEDERAL Y DE LA LEY DE LA COMISION REGULADORA DE ENERGIA

(Presentada por el C. Senador Juan Gerardo Flores Ramírez, del grupo parlamentario del PVEM)

- El C. Senador Juan Gerardo Flores Ramírez: Con su venia, señor Presidente. Estimados legisladores.

La industria petrolera es una de las más contaminantes del planeta. Además de los daños causados por la perforación de pozos, son cada vez más comunes los accidentes de buques-tanque, las fugas en los ductos y los derrames por fallas en los equipos de perforación.

Esta contaminación afecta a los ecosistemas terrestres y marinos, en ocasiones causando daños permanentes e irremediables.

En los ecosistemas terrestres, la contaminación con petróleo crudo o combustibles provoca daños a la flora silvestre, a los cultivos y a la fauna que se alimenta de ellos. Además, los hidrocarburos se pueden filtrar al subsuelo contaminando las fuentes de agua potable.

En los ecosistemas marinos, la presencia de hidrocarburos causa graves daños a los ecosistemas frágiles como manglares y arrecifes de coral.

La contaminación con hidrocarburos también afecta a la salud humana.

Las personas expuestas pueden sufrir irritación de la piel y los ojos, náusea, vértigo, dolores de cabeza y mareos. La exposición prolongada durante los derrames petroleros puede causar muerte por envenenamiento, leucemia y otros tipos de cáncer.

A pesar de lo anterior, los derrames siguen ocurriendo.

La Comisión Nacional de Hidrocarburos indica que en el periodo 2000-2012 han sucedido casi 1,400 derrames en México, siendo Tabasco, Veracruz y Campeche los estados más afectados.

Algunos derrames han causado devastadores impactos ambientales y económicos, especialmente en el Golfo de México.

Basta recordar que en 2010, el accidente de la plataforma Deepwater Horizon, derramó 4.9 millones de barriles de petróleo.

Hoy se sabe, por ejemplo, que el dispersante autorizado por las autoridades de ese país, al calor de las circunstancias de emergencia que ocurrían en esos momentos, se sabe que el dispersante utilizado para tratar de dispersar el combustible derramado, no sólo no logró su propósito, sino que provocó que el problema se multiplicara por un factor de 52. Por lo tanto, es necesario que las autoridades tanto en Estados Unidos como en nuestro país tomen medidas con el tiempo suficiente para evitar este tipo de contratiempos.

A raíz de este accidente, se fortalecieron los lineamientos y planes de acción para controlar y remediar contingencias.

Sin embargo, aún hacen falta recursos, personal, capacitación, tecnología y legislación para minimizar los riesgos en las actividades petroleras. Aunado a ello, la exploración petrolera realiza proyectos cada vez más riesgosos como los de aguas profundas.

Un reporte de Greenpeace[4]señala que México está más expuesto que Estados Unidos a sufrir un eventual desastre petrolero, ya que es más laxa la regulación referente a la prevención, limpieza y resarcimiento de derrame de hidrocarburos.

Por ello, es claro que debe promoverse la seguridad industrial para evitar las situaciones antes descritas.

Esto incluye la protección de los trabajadores, la implementación de controles técnicos y la capacitación vinculada al control de riesgos, lo cual representa cargas económicas a los operadores, quienes no tienen el incentivo de invertir en seguridad voluntariamente, por lo que es obligación del Estado regularla y promoverla.

Aun cuando la Comisión Nacional de Hidrocarburos ha avanzando en la regulación en materia de seguridad industrial y de protección al ambiente, está claro que México no cuenta con un marco regulatorio concreto y eficaz para fomentar las tecnologías, estándares y acciones de prevención de derrames de hidrocarburos.

En resumen, los esfuerzos de la comisión no han sido suficientes, ya que hay temas por demás importantes que no cuentan con lineamientos, criterios o normas que guíen la actuación del operador y de las empresas contratistas.

Por estas razones, la iniciativa que hoy presento ante esta Soberanía, tiene por objeto reforzar el enfoque preventivo, a fin de evitar riesgos y daños a las personas, al medio ambiente, causados por la industria petrolera, particularmente por los derrames y fugas de hidrocarburos.

Mediante esta iniciativa, se plantea dotar a nuestro país de un marco normativo adecuado que prevenga accidentes, establezca reglas y procedimientos para la investigación de su causa raíz y determine las responsabilidades que correspondan.

Para tal efecto, se propone fortalecer las atribuciones de la Comisión Nacional de Hidrocarburos como órgano regulador, para que establezca los estándares y lineamientos para que los proyectos de exploración de hidrocarburos se realicen cuidando la seguridad industrial y el medio ambiente.

También se propone reformar diversas leyes del sector petrolero, a fin de que PEMEX y las empresas con las que celebre contratos, den cumplimiento puntual a la normativa de seguridad industrial y protección al ambiente, así como para incluir tecnologías y programas preventivos de derrames y de remediación de suelos y aguas que emitan los organismos subsidiarios, cuya vigilancia sea encargada al Comité de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable.

Proponemos que se prevean penalizaciones en caso de incumplimiento de los programas de prevención de derrames de hidrocarburos, tanto en zonas terrestres como marítimas, que elaboren Petróleos Mexicanos y sus organismos subsidiarios.

Por todo lo expuesto y en congruencia con el compromiso del Partido Verde con la protección del medio ambiente y nuestra tarea como legisladores, enfocaremos todos nuestros esfuerzos para que esta propuesta sea aprobada en comisiones y redunde en beneficio de la sociedad.

Por último, solicito que el texto íntegro de la presente iniciativa sea insertado en el Diario de los Debates.

Es cuanto, señor Presidente.

Iniciativa

“SENADO DE LA REPUBLICA
LXII LEGISLATURA.

El suscrito, Senador Juan Gerardo Flores RamIrez, integrante del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, de conformidad con lo establecido en el artículo71 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el artículo 164 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración del Pleno del Senado de la República, la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY REGLAMENTARIA DEL ARTICULO 27 CONSTITUCIONAL EN EL RAMO DEL PETROLEO, DE LA LEY DE PETROLEOS MEXICANOS, DE LA LEY DE LA COMISION NACIONAL DE HIDROCARBUROS, DELA LEY ORGANICA DE LA ADMINISTRACION PUBLICA FEDERAL Y DE LA LEY DE LA COMISION REGULADORA DE ENERGIA EN MATERIA DE PREVENCION DE DERRAMES DE HIDROCARBUROS, con base en la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

La industria petrolera es una de las más contaminantes del planeta. Además de los daños al suelo causados por la perforación de pozos, son cada vez más comunes los accidentes de buques-tanque, las fugas en los ductos y los derrames por fallas en los equipos de perforación.

Esta contaminación con petróleo crudo o refinado producida de forma accidental o provocada, afectan los ecosistemas terrestres y marinos, ya sea de manera temporal, o en ocasiones causando daños permanentes e irremediables.

En los ecosistemas terrestres, la contaminación con petróleo crudo o combustibles provoca daños a la flora silvestre, a los cultivos y a la fauna que se alimenta de ellos. Además, los hidrocarburos pueden ser arrastrados por la lluvia y se pueden filtrar al subsuelo, alcanzando los mantos freáticos y contaminando las fuentes de agua potable.

En los ecosistemas marinos, la presencia de hidrocarburos causa entre otros daños, los siguientes:

• Reduce la entrada de luz, afectando la fotosíntesis y el desarrollo de plantas y algas, lo cual disminuye el aporte de oxígeno.

• Provoca la muerte de microorganismos marinos (fitoplancton y zooplancton), dejando sin alimento a los peces y otros animales.

• Incorpora sustancias carcinogénicas en las redes tróficas, incluyendo especies de peces y mariscos que son consumidas por el humano.

• Destruye ecosistemas frágiles y primordiales, como los manglares y los arrecifes de coral.

• La fauna marina sufre infecciones, pérdida de fertilidad, deformaciones, alteraciones en su comportamiento y en sus ciclos migratorios.

• Las aves marinas impregnadas de petróleo mueren por envenenamiento o por hipotermia, ya que pierden la capacidad de aislarse del agua.

• Los mamíferos marinos pueden morir de asfixia o envenenados por comer peces contaminados con hidrocarburos.

La salud humana también es vulnerable a los componentes del petróleo crudo: hidrocarburos parafénicos, cicloparafénicos, nafténicos, aromáticos y varios metales. Las personas expuestas por absorción de la piel, respiración o ingestión de bebidas y alimentos contaminados, pueden sufrir irritación de la piel y los ojos, náusea, vértigo, dolores de cabeza y mareos. La exposición prolongada durante los derrames petroleros está asociada con casos de neumonía lipoidea, muerte por envenenamiento, leucemia y otros tipos de cáncer.

Algunos derrames han causado devastadores impactos ambientales y económicos. En el Golfo de México los mayores desastres han sido el de la plataforma Ixtoc I, que derramó 3.3 millones de barriles en 1979 y el de la plataforma DeepwaterHorizon, que derramó 4.9 millones de barriles en 20101.

Adicionalmente, un reporte del diario The New York Times señala que desde 2001 han habido 858 incendios y explosiones en instalaciones petroleras del Golfo de México, dando como resultado 1,349 lesionados y 69 muertos2.

Por su parte, la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) indica que en el periodo 2000-2012 han ocurrido 1,393 derrames en México, que representan un total de 78,680 barriles, siendo Tabasco, Veracruz y Campeche los estados más afectados3. Lo anterior sin contabilizar las fugas de gas natural.

A pesar de que a raíz del accidente de DeepwaterHorizon se fortalecieron los lineamientos y planes de acción para contener, controlar y remediar contingencias, los derrames siguen ocurriendo.

Aún con las nuevas regulaciones, se carece de recursos, personal, capacitación, tecnología, herramientas de aplicación, reglamentos y legislación necesarios para minimizar los riesgos en las actividades petroleras. Aunado a ello, la exploración petrolera realiza proyectos cada vez más riesgosos como los de aguas profundas.

Un reporte de Greenpeace4 señala que México está más expuesto que Estados Unidos a un eventual desastre petrolero, ya que es más laxa la regulación referente a la prevención, limpieza y resarcimiento en caso de un derrame de hidrocarburos.

Con respecto a la prevención, la legislación estadounidense incluye varios requisitos técnicos que deben cumplir los operadores para obtener un permiso de perforación. De acuerdo el estudio de Greenpeace México, el Acta de Contaminación por Petróleo (OilPollutionAct-OPA) contiene medidas más específicas que las resoluciones expedidas por la CNH.

Para esta representación es claro que el principal elemento que debe promoverse para evitar las situaciones antes descritas, es la seguridad industrial. Esta área multidisciplinaria parte del supuesto de que toda actividad industrial implica peligros, por lo que se reconoce la necesidad de una correcta gestión para minimizarlos.

Los riesgos antes mencionados están vinculados a los accidentes, que pueden desencadenar importantes impactos ambientales y perjudicar ámbitos y espacios más allá de los operadores y prestadores de servicios donde ocurre el siniestro. Del mismo modo, la seguridad industrial, requiere de la protección de los trabajadores, la implementación de controles técnicos y la capacitación vinculada al control de riesgos, lo cual representa, entre otros aspectos, cargas económicas a los operadores.

Por sus costos, las empresas no tienen el incentivo de invertir en seguridad, sin embargo, es obligación del Estado regularla y promoverla, a fin de que a través de las normas se salvaguarde la vida e integridad de las personas, el medio ambiente, los recursos naturales y la integridad de las instalaciones.

A continuación se presenta un comparativo de la regulación en Estados Unidos y México respecto a la perforación en aguas profundas, modificado de acuerdo con estudios propios y que reflejan algunas de las áreas de oportunidad en este tema.

 

Estados Unidos

México

Prevención

Estándares estrictos y regulaciones específicas para el diseño del pozo, revestimiento, cimentación, mecanismos preventivos de explosión (blowoutpreventers), personal y seguridad.

Normas generales, únicamente para la seguridad industrialen aguas profundas. Los requisitos específicos son insuficientes.

Certificaciones requeridas por ingenieros profesionales.

No se requiere una certificación independiente. Certificación de procedimientos para puntos críticos y certificación capacitación y habilidades de personal que opera ROVs, y BOPs, para las actividades en aguas profundas.

Los planes de exploración deben cumplir con normas estrictas y comprender el peor necesario en caso de derrame.

No se proporcionan normas específicas. PEMEX debe realizar una identificación, análisis y cuantificación de costos y gastos asociados al peor escenario por pérdida de control de un pozo y de una plataforma, o por derrame de hidrocarburo –por proyecto, y por pozo- en aguas profundas.

Los operadores están obligados a cumplir con prácticas recomendables en la industria “API RecommendedPractice”.

No se proporcionan normas específicas. PEMEX debe reportar los estándares nacionales e internacionales que ha adoptado, en materia de aguas profundas. Por su parte, la CNH adopta dichas normas como criterios de evaluación.

Las mejores tecnologías disponibles se actualizan cada tres años.

Las mejores tecnologías disponibles no se especifican. No obstante, los proyectos de exploración y explotación de hidrocarburos, están sujetos a evaluación constante; principalmente referente al uso de las mejores tecnologías disponibles.

Los reglamentos de seguridad contienen requisitos específicos para la capacitación del personal.

No se proporcionan normas específicas. No obstante, se ordena que PEMEX cuente con procedimientos propios para tal efecto. Con base en esos procedimientos, la Comisión emitirá normas complementarias.

El Director General de la Compañía petrolera debe declarar que su equipo cumple con todas las normas de seguridad y ambientales.

El Director General de PEMEX no tiene una obligación similar.

Limpieza y responsabilidad

Es necesario acreditar evidencia financiera para afrontar responsabilidad hasta por 150 millones de dólares.

La regulación de la CNH prevé que PEMEX debe contar con previsiones financieras contingentes para hacer frente al peor escenario. No se prevén cantidades específicas respecto de la responsabilidad financiera que se requiere acreditar.

El fondo económico “OilSpillLiability Trust Fund” puede proporcionar hasta $1 mil millones de dólares para limpiar derrames de petróleo y compensar a las víctimas.

La Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional en el Ramo del Petróleo establece que PEMEX será responsable de los daños y perjuicios derivados de su actividad petrolera. El gobierno mexicano no prevé un fondo similar.

El gobierno posee la supervisión de la limpieza de los derrames de petróleo.

No existe una supervisión efectiva del gobierno sobre la limpieza en caso de derrames de petróleo. La facultad está fragmentada y es concurrente con aquella con la que SENER cuenta, en materia regulatoria y de supervisión de las actividades petroleras.

Fuente: Greenpeace México y análisis propios.

En este sentido, en México no existe un marco regulatorio como el OPA en Estados Unidos para fomentar las tecnologías, estándares y acciones de prevención de derrames de hidrocarburos.

La Comisión Nacional de Hidrocarburos ha venido avanzando en la regulación en materia de seguridad industrial y de protección al ambiente. En estos temas ha emitido disposiciones para evitar la quema y el venteo de gas, así como las relativas a la seguridad industrial en las actividades de exploración y explotación de hidrocarburos en aguas profundas.

Sin embargo, ello no ha sido suficiente, ya que hay temas por demás importantes que no cuentan con lineamientos, criterios o normas que guíen la actuación del operador y de las empresas contratistas. Son temas pendientes la regulación para aguas someras, para tierra, para shale gas, integridad mecánica de las instalaciones y de los ductos, entre otros.

Resulta claro que como órgano técnico y regulador, corresponde a la Comisión Nacional de Hidrocarburos avanzar con mayor rapidez para que nuestro país cuente con un marco normativo adecuado que prevenga accidentes, establezca reglas y procedimientos para la investigación de su causa raíz y determine las responsabilidades que correspondan.

Por estas razones, la presente iniciativa tiene por objeto reforzar el enfoque preventivo, a fin de evitar riesgos y daños a las personas, al medio ambiente, a los recursos naturales, incluido el hidrocarburo, causados por la industria petrolera, particularmente por los derrames y fugas de hidrocarburos.

Para tal efecto, proponemos fortalecer las atribuciones de la Comisión Nacional de Hidrocarburos como órgano regulador, no sólo para que establezca los estándares y lineamientos para que los proyectos se realicen cuidando la seguridad industrial y el medio ambiente, sino también para que con base en esa regulación, otorgue los permisos de las actividades petroleras de mayor riesgo, tales como la perforación de pozos considerados de alto riesgo.

Parece lógico que el órgano técnico sea el competente para autorizar los trabajos petroleros, con base en elementos o criterios técnicos y tomando en cuenta el cumplimiento de la normativa por parte del operador u operadores.

Ante la urgencia de que estas actividades estén reguladas cuanto antes, los órganos reguladores deberían poderse referir a estándares, normas y lineamientos existentes, e instruir su cumplimiento por parte de los operadores y contratistas.

Por esta razón se propone prever expresamente la posibilidad de exigir a Pemex que se adecue a los estándares internacionales y estos se adopten como norma y se haga exigible su cumplimiento, sin perjuicio de la regulación que emita la autoridad en estas materias.

Estas normas deben ser aplicables no sólo a Pemex como único operador de la industria en México, sino también a los terceros que realizan actividades petroleras por orden y en nombre del organismo descentralizado.

Ahora bien, aun cuando el artículo 2 de la Ley de la Comisión Nacional de Hidrocarburos refiere que es un órgano que regula y supervisa las actividades de exploración y explotación de hidrocarburos, así como el transporte, almacenamiento y proceso directamente relacionados con los proyectos de exploración y explotación de hidrocarburos, debe establecerse expresamente que en materia de seguridad industrial, la Comisión puede requerir información y supervisar los actos de cualquier persona que realice dichas actividades, y no sólo Petróleos Mexicanos y sus organismos subsidiarios.

Lo anterior, especialmente en temas tan delicados como a los que se refiere la presente iniciativa y tomando en cuenta que los terceros realizan las actividades a nombre de la empresa petrolera nacional, la información con la que cuentan debe entregarse a la autoridad supervisora de primera mano, de forma tal que se puedan tomar las acciones preventivas y correctivas que corresponda.

De igual forma, frente a un accidente o derrame, se debe dar claridad en la ley para que el órgano técnico esté involucrado desde un principio en la investigación, junto con el operador y otras dependencias. Lo anterior, en virtud de que cada uno, dentro de sus competencias, debería poder realizar sus investigaciones de forma paralela y respetuosa, sobre todo porque en un accidente las técnicas forenses que se requieren deben ser aplicadas desde un principio ya que las evidencias se pierden con el transcurso del tiempo.

Además de la regulación, procedimientos y capacitación del personal, otro tema que tiene especial relevancia en materia de seguridad industrial es la integridad de las instalaciones dedicadas a la actividad petrolera, tanto en exploración y explotación de hidrocarburos, como en su transporte, almacenamiento, distribución, refinación y procesamiento.

A todo lo largo de la cadena productiva las instalaciones y los ductos utilizados deben contar con la integridad mecánica necesaria de manera que su funcionamiento sea con la seguridad que se requiere.

Las normas que rigen la actuación regulatoria tanto de la Comisión Nacional de Hidrocarburos como de la Comisión Reguladora de Energía deben fortalecerse para precisar sus funciones en materia de integridad mecánica de ductos e instalaciones, de acuerdo con su respectiva competencia.

Para tal efecto, proponemos reformar diversas leyes del sector petrolero, a fin de que PEMEX y las empresas con las que celebre contratos, den cumplimiento puntual a la normativa de seguridad industrial y protección al ambiente, así como que incluyan tecnologías y programas preventivos de derrames y de remediación de suelos y aguas que emitan los organismos subsidiarios, cuya vigilancia sea encargada al Comité de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable.

Primeramente, se propone modificar el artículo 7º Bis de la Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional en el Ramo del Petróleo para clarificar que las acciones de prevención y reparación de daños al medio ambiente o al equilibrio ecológico deben realizarse en estricto apego de la normativa que emita la autoridad competente y que deben tomar en cuenta las tecnologías y programas preventivos que se emitan, de manera independiente a la atención de daños ambientales que PEMEX esté obligado a reparar.

Lo anterior en función a que el artículo 4º Bis de este ordenamiento indica de manera general que las actividades petroleras incluirán criterios ambientales; no obstante, el artículo 7º Bis únicamente señala que PEMEX ejecutará acciones de prevención y de reparación de daños ambientales cuando sea declarado responsable; de esta forma, la propuesta busca especificar la parte de prevención dejando intacto lo relativo a la reparación del daño.

Por otra parte, de acuerdo con el artículo 3º de la Ley de Petróleos Mexicanos, PEMEX tiene por objeto llevar a cabo la exploración y explotación de hidrocarburos, así como la conducción central y dirección estratégica de la industria petrolera.

El artículo 22 de esta Ley señala que el Consejo de Administración de PEMEX cuenta con un Comité de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable, cuyo objeto, de acuerdo al artículo 28, es coadyuvar a la inserción de Petróleos Mexicanos en el cumplimiento de las políticas de preservación del medio ambiente y del logro del desarrollo sustentable.

Se propone modificar las atribuciones del Comité de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable, transfiriendo a la administración las funciones de elaborar diversos programas, conservando el comité los trabajos de análisis y presentación de recomendaciones al Consejo de Administración, sobre aquéllos.

Además, tomando en cuenta que los contratistas, a través de los contratos de obras y de prestación de servicios no están sujetos de manera directa al cumplimiento de las acciones preventivas, proponemos que se prevean penalizaciones en caso de incumplimiento de los programas de prevención de derrames de hidrocarburos, tanto en zonas terrestres como marítimas, que elaboren Petróleos Mexicanos y sus organismos subsidiarios.

Por último, los artículos 2º, 3º y 4° de la Ley de la Comisión Nacional de Hidrocarburos prevén que esta Comisión, en su carácter de organismo desconcentrado de la Secretaría de Energía y encargada, entre otros puntos, de establecer disposiciones técnicas en materia de exploración y extracción de hidrocarburos.

Aun cuando los criterios de seguridad industrial y ambiental están presentes en las bases de las actividades de la Comisión, el cuerpo de la Ley no menciona nada al respecto. Por esta razón, proponemos atribuirle la facultad de establecer lineamientos y disposiciones técnicas y administrativas conformes a lo establecido por el artículo 3 de su Ley.

En atención a lo anteriormente expuesto, someto a consideración de este Honorable Pleno la siguiente iniciativa con proyecto de:

DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY REGLAMENTARIA DEL ARTICULO 27 CONSTITUCIONAL EN EL RAMO DEL PETROLEO, DE LA LEY DE PETROLEOS MEXICANOS, DE LA LEY DE LA COMISION NACIONAL DE HIDROCARBUROS, DE LA LEY ORGANICA DE LA ADMINISTRACION PUBLICA FEDERAL Y DE LA LEY DE LA COMISION REGULADORA DE ENERGIA EN MATERIA DE PREVENCION DE DERRAMES DE HIDROCARBUROS.

ARTICULO PRIMERO.-Se reforman los artículos 7º Bis y 9 de la Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional en el Ramo del Petróleo, para quedar como sigue:

ARTICULO 7o. Bis.- Petróleos Mexicanos, sus organismos subsidiarios, así como cualquier persona física o moral que éstos contraten en términos del artículo 6 de esta Ley, tendrán la responsabilidad de verificar que en las actividades que realicen se dé cumplimiento a la normativa aplicable en materia de seguridad industrial y protección al ambiente y los recursos naturales. Asimismo, desarrollarán e implementarán tecnologías y los programas de prevención de derrames.

De igual forma, ejecutarán las acciones de reparación de daños al medio ambiente o al equilibrio ecológico a causa de las obras u operaciones de la industria petrolera y están obligados a sufragar sus costos, cuando sean declarados responsables por resolución de la autoridad competente, en términos de las disposiciones aplicables.

ARTICULO 9o.-….

Con el fin de promover el desarrollo sustentable de las actividades que se realizan en los términos de esta Ley, en todo momento deberán seguirse criterios que fomenten la protección, la restauración y la conservación de los ecosistemas, además de cumplir estrictamente con las leyes, reglamentos y demás normatividad aplicable en materia de seguridad industrial, medio ambiente, recursos naturales, aguas, bosques, flora y fauna silvestre, terrestre y acuática, así como de pesca.

La normativa y criterios que se mencionan en el párrafo anterior serán expedidos, en el ámbito de su respectiva competencia, por la Secretaría de Energía, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, la Comisión Nacional de Hidrocarburos y la Comisión Reguladora de Energía.

ARTICULO SEGUNDO.- Se reforma el artículo 28 y la fracción V del artículo 61 de la Ley de Petróleos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 28.-…

El Comité tendrá las siguientes funciones:

I. Analizar los programas de prevención de derrames de hidrocarburos, tanto en zonas terrestres como marítimas y hacer recomendaciones sobre los mismos al Consejo de Administración;

II. …

III. Analizar los programas de contingencia ambiental, tanto en tierra como en mar, así como de coordinación con las diferentes instancias federales, de entidades federativas y municipales, para contener y limitar los daños producidos por la actividad o accidentes relacionados con la industria petrolera; así como hacer recomendaciones sobre los mismos al Consejo de Administración;

IV. Analizar los programas de remediación de suelos y aguas afectados por las obras y las actividades relacionadas con la industria petrolera, así como hacer recomendaciones sobre los mismos al Consejo de Administración;

V. Realizar la evaluación periódica de los programas referidos en las fracciones anteriores y hacer recomendaciones sobre su ejecución al Consejo de Administración;

VI. Analizar las emisiones de compuestos con efecto invernadero de la industria petrolera y recomendar acciones para disminuirlas al Consejo de Administración, y

VII. .…

Los programas referidos en este artículo serán elaborados y desarrollados por el o los organismos subsidiarios que correspondan, con la supervisión de Petróleos Mexicanos.

Artículo 61.-…

I. a IV. …

V. Se incluirán penalizaciones en función del impacto negativo de las actividades del contratista en la sustentabilidad ambiental y por incumplimiento de la normativa y de los programas de prevención de derrames de hidrocarburos aplicables, así como indicadores de oportunidad, tiempo y calidad, y

VI. …

ARTICULO TERCERO.- Se reforman y adicionan los artículos 2 y 4 de la Ley de la Comisión Nacional de Hidrocarburos, para quedar como sigue:

Artículo 2o.- La Comisión Nacional de Hidrocarburos tendrá como objeto fundamental regular y supervisar la exploración y extracción de carburos de hidrógeno, que se encuentren en mantos o yacimientos, cualquiera que fuere su estado físico, incluyendo los estados intermedios, y que compongan el aceite mineral crudo, lo acompañen o se deriven de él, así como las actividades de proceso, transporte y almacenamiento que se relacionen directamente con los proyectos de exploración y extracción de hidrocarburos, que realicen Petróleos Mexicanos y sus organismos subsidiarios, así como las personas físicas o morales que éstos contraten en términos del artículo 6 de la Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional en el Ramo del Petróleo.

Artículo 4o.-…

I. a II…

III. Establecer, en el ámbito de su competencia, los lineamientos, metodologías, instructivos, directivas, reglas, disposiciones técnicas y administrativas y demás regulación aplicable a la exploración y extracción de hidrocarburos, así como verificar su cumplimiento, tomando en cuenta los criterios señalados en el artículo 3 de esta Ley e incluyendo las actividades de transporte, almacenamiento y proceso relacionadas directamente con los proyectos de exploración y extracción de hidrocarburos.

Para esto podrá instruir la observancia de estándares internacionales en materia de seguridad industrial, la certificación de personal o de los procedimientos por parte de un tercero independiente, así como la contratación de previsiones y coberturas financieras contingentes para hacer frente a los riesgos y posibles daños o perjuicio económico o ambiental;

V. a X….

XI. Solicitar y obtener toda la información técnica que requiera para el ejercicio de sus funciones establecidas en esta Ley por parte de Petróleos Mexicanos y de sus organismos subsidiarios, así como de las personas físicas o morales que éstos contraten en términos del artículo 6 de la Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional en el Ramo del Petróleo.

XII. a XV. …

XV bis. Llevar cabo, en el ámbito de su competencia, y de manera inmediata, las investigaciones que correspondan a los siniestros, accidentes, incidentes, emergencias y derrames, con la finalidad de determinar la causa raíz de los mismos y la eventual responsabilidad de los organismos descentralizados, así como calcular el valor de la pérdida de hidrocarburos por fugas, derrames y diferimiento de producción, entre otros impactos derivados de o relacionados con los eventos antes señalados.

XVI. …

XVI bis.- Otorgar permisos para la perforación de pozos considerados como de alto riesgo.

Para tal efecto, la Comisión emitirá los lineamientos respectivos, considerando los riesgos geológicos particulares de los yacimientos de los que se traten; los riesgos de logística en cuanto a la profundidad o la distancia de la costa, y los riesgos de operación.

XVII. a XIX…

ARTICULO CUARTO.- Se reforma la fracción XIX de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, para quedar como sigue:

Artículo 33.-…

I a XVIII.-…

XIX. Regular y, en su caso, expedir normas oficiales mexicanas en materia de seguridad industrial del sector hidrocarburos, así como supervisar su debido cumplimiento. Lo anterior, sin perjuicio de las facultades que en materia de su competencia correspondan a la Comisión Nacional de Hidrocarburos y a la Comisión Reguladora de Energía;

XX a XXV.-…

ARTICULO QUINTO.- Se reforma el último párrafo del artículo 2 de la Ley de la Comisión Reguladora de Energía, para quedar como sigue:

ARTICULO 2.-…:

I a VIII. …

En el cumplimiento de su objeto, la Comisión contribuirá a salvaguardar la prestación de los servicios públicos, fomentará una sana competencia, protegerá los intereses de los usuarios, propiciará una adecuada cobertura nacional, atenderá a la confiabilidad, estabilidad y seguridad en el suministro y la prestación de los servicios, así como regular los aspectos de seguridad industrial que impliquen dichas actividades.

TRANSITORIOS

Unico. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el recinto del Senado de la República del Honorable Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, a 6 de diciembre de 2012.

Sen. Juan Gerardo Flores Ramírez”.

- El C. Presidente Burgos García: Muchas gracias, Senador Flores Ramírez. Como lo solicita, el texto íntegro de su documento habrá de insertarse de manera íntegra en el Diario de los Debates. Se turna a las Comisiones Unidas de Energía; y de Estudios Legislativos, Segunda.


1CNN.Oildisasterbythenumbers.Agosto de 2010. http://www.cnn.com/SPECIALS/2010/gulf.coast.oil.spill/interactive/numbers.interactive/index.html

2 New York Times.Offshore drilling and exploration.5 de marzo de 2012.http://topics.nytimes.com/top/reference/timestopics/subjects/o/offshore_drilling_and_exploration/index.html?scp=1&sq=pemex&st=cse

3 Comisión Nacional de Hidrocarburos. Reporte de Derrames de Petróleo Crudo 2000-2012http://www.cnh.gob.mx/_docs/ReporteCrudoFugas/Reporte_Derrames_y_Fugas_2000-2012.pdf

4 Greenpeace México. Perforar aguas profundas. La gran estupidez. Septiembre de 2012. www.lagranestupidez.org

En uso de la tribuna el Senador Eviel Pérez Magaña, del grupo parlamentario del PRI, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman diversos artículos constitucionales.






INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETOPOR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTICULOS 52; 53, EN SU SEGUNDO PARRAFO; EL PRIMER PARRAFO Y LA FRACCION IV DEL ARTICULO 54; EL PRIMER PARRAFO DEL ARTICULO 56; EL PRIMER PARRAFO DEL ARTICULO 63; Y SE DEROGA EL SEGUNDO PARRAFO DEL ARTICULO 56 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

(Presentada por el C. Senador Eviel Pérez Magaña, del grupo parlamentario del PRI)

- El C. Senador Eviel Pérez Magaña: Compañeras y compañeros Senadores:

La democracia en México ha sido un largo proceso que ha requerido de las energías y la voluntad de múltiples actores políticos, comenzando por la propia sociedad mandante, apoyada en instituciones sólidas y acreditadas.

Nuestra democracia, con sus activos bien ganados y sus asignaturas pendientes, no ha sido conquista de alguien en particular y mucho menos del gobierno, ha sido una reivindicación y una conquista colectiva.

A iniciativa de un ilustre juarista y experimentado político, don Jesús Reyes Heroles, se dio el primer golpe de timón desde las esferas del poder con una reforma política que verdaderamente abrió la Cámara de Diputados a la diversidad política de México, dejando atrás la figura de los Diputados de partido.

Los siguientes pasos han sido muchos, han sido un ejercicio plural de construcción de acuerdos: primero, se abrió la Cámara de Diputados a las minorías políticas regulando el principio de representación proporcional y después el Senado de la República con una fórmula similar, a lo que se agregó el principio de primera minoría que amplió de 2 a 3 el número de Senadores por cada entidad federativa.

El espíritu de la reforma al sistema representativo fue dar mayores espacios a las minorías ante la situación política electoral que el país guardaba en esos años. Ante la situación política electoral del país, ante esa situación propia de un incipiente sistema de partidos políticos obligó a privilegiar el criterio de representación proporcional; sin embargo, esa situación ya no existe en México, un país que ha vivido dos alternancias en el gobierno federal y una composición variable no inmutable en las Cámaras del Congreso Federal.

Hoy, es preciso adecuar los criterios de representación política a las nuevas realidades de un México de ciudadanos partícipes, de voto crítico, razonado, donde los mapas políticos se redefinen procesos tras procesos. Es posible mantener ambos criterios, mayoría relativa y representación proporcional en la Cámara de Diputados y en el Senado, conservar la representación de primera minoría, pero debe de revisarse cuantitativamente la integración de ambas Cámaras para respetar y acatar en sus estrictos términos la voluntad ciudadana expresada en las urnas.

Construyamos fórmulas que reflejen de la forma más puntual y fidedigna el sentido del voto ciudadano, que no prevalezca sólo el criterio de la mayoría relativa, porque significaría desconocer el rostro plural del México moderno, pero tampoco que subsista un sistema representativo artificial que otorgue, como hasta ahora, un peso desmesurado y desfasado al criterio de la representación proporcional en demérito de la voluntad ciudadana.

En consecuencia, hoy presento y someto a su voto razonado, en lo personal y como integrante del grupo parlamentario del PRI, esta iniciativa de reforma constitucional para reducir 100 integrantes electos, según el principio de representación proporcional, para el caso de la Cámara de Diputados y los Senadores electos por el mismo principio para el caso de la Cámara Alta.

Es nuestra responsabilidad republicana, más allá de intereses partidistas, ser sensibles a los cambios sociales y traducirlos en reformas a nuestro andamiaje legislativo que parte de nuestra Carta fundamental. Hoy tenemos fuerzas políticas consolidadas en partidos políticos de distintos signos doctrinarios y tenemos, sobre todo, un sistema electoral dotado de los principios torales de las democracias maduras: certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad.

En el México de hoy no hay razón para dar un excesivo peso a la representación proporcional en la Cámara de Diputados y Senadores. Explico este último punto.

Si bien las reformas de 1996, introdujeron el principio de representación proporcional en la integración de la Cámara de Senadores con el objetivo de dar más presencia a las minorías, desde entonces fue cuestionado a la luz del derecho constitucional, pues se trastocaba el principio de la igualdad de Senadores por cada entidad federativa.

En el México de hoy no hay necesidad de continuar con esa controversia, la representación política y plural en la Cámara de Senadores, que hoy observamos, hace innecesaria la representación proporcional en esta Cámara, por lo que de aprobarse esta reforma, sería reivindicada la igualdad entre las entidades federativas ante esta Cámara, como hoy ejerce la representación del federalismo nacional.

Por lo anterior expuesto, someto a su consideración el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO

UNICO.- Se reforman los artículos 52, 53 en su segundo párrafo, el primer párrafo y la fracción IV del artículo 54, el primer párrafo del artículo 56, el primer párrafo del artículo 63 y se deroga el segundo párrafo del artículo 56 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Solicito atentamente al señor Presidente de la Mesa Directiva inserte en el Diario de los Debates el contenido íntegro del proyecto de Decreto que consta en mi iniciativa.

Compañeras y compañeros, bajo el marco de un irrestricto respeto a la voluntad popular, como integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, someto esta iniciativa a consideración de esta Honorable Asamblea y, en su momento, del Constituyente Permanente, por lo que se reforma la conformación de los integrantes del Congreso General, electos por el principio de representación proporcional ante nuevas realidades, nuevas fórmulas de representación política.

Muchas gracias.

Iniciativa

“CC. PRESIDENTE Y SECRETARIOS
DE LA CAMARA DE SENADORES
DEL H. CONGRESO DE LA UNION
PRESENTES.

Eviel PErez Magaña, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional a la LXII Legislatura de la Cámara de Senadores, con fundamento en los artículos 71, fracción IIy 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, presento a la consideración del Constituyente Permanente de la Nación, por conducto de esta H. Cámara de Senadores, Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforman los artIculos 52, 53 en su segundo pArrafo, el primer pArrafo y la fracciOn IV del artIculo 54, el primer pArrafo del artIculo 56, el primer pArrafo del artIculo 63; y se deroga el segundo pArrafo del artIculo 56, de la ConstituciOn PolItica de los Estados Unidos Mexicanos, con arreglo a la siguiente:

Exposición de Motivos

Resulta incuestionable que la conformación plural de los cuerpos legislativos que integran el Congreso de la Unión, para el cabal cumplimiento de sus funciones en el sistema presidencial, legitima el Estado democrático, ello es así en nuestro país, como en otras latitudes del Orbe.

Es un hecho que México, ha transitado por la evolución del sistema de partidos de manera pacífica. La participación política, y la alternancia del Poder, da cuenta de esto, dicha evolución conlleva no solo los partidos políticos sino desde luego, las estructuras nacionales del sistema político, para el tema que hoy nos ocupa, la conformación del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la cual involucra tres principios de integración: el principio de votación mayoritaria relativa: en distritos electorales uninominales en tratándose de la Cámara de Diputados; y por entidad federativa, en tratándose de la Cámara de Senadores; el principio de representación proporcional: con listas regionales en cinco circunscripciones plurinominales, en tratándose de la Cámara de Diputados; y con lista nacional por cuanto hace al Senado de la República; así como el principio de primera minoría, exclusivo de esta última Cámara.

La recomposición de los cuerpos legislativos, es un asunto de la mayor importancia, particularmente por cuanto hace a los legisladores al Congreso General, por el principio de representación proporcional, bajo el criterio, que estas posiciones, no reflejan el resultado de la voluntad popular estrictamente hablando.

Como integrante del Partido Revolucionario Institucional, en congruencia con los compromisos de campaña asumidos por mi Partido, hoy me hago cargo de ello, de ahí la importancia del planteamiento de esta iniciativa de reforma constitucional, la cual propone la reducción de los cuerpos colegiados que constituyen el Congreso de la Unión hasta en 100 integrantes para el caso de la Cámara de Diputados y 32 Senadores para el caso de la Cámara Alta, en ambos casos bajo el principio de representación proporcional.

Es una responsabilidad impostergable, actualizar el marco constitucional de conformidad con la evolución del sistema constitucional democrático, concretamente y por cuanto hace a la recomposición funcional de los cuerpos colegiados,que integran el Congreso General.

El Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, propone hoy la reducción de la composición de los integrantes de las Cámaras legislativas que del Congreso General, eliminando el principio de representación proporcional en el Senado de la República, y disminuyendo un número de cien diputados por este principio, los legisladores que integran la Cámara Baja.

La iniciativa que se presenta no es producto de voluntarismos caprichosos, y ocurrencias casuales, obedece fundamentalmente al seguimiento y análisis de creación de representantes al Congreso General en el contexto temporal, respecto de la presencia de minorías políticas en puestos de representación popular, que en su momento se llevara a cabo durante los años de 1963-64, por Iniciativa del entonces titular del Ejecutivo de la Unión, quien institucionalizara a través de los Diputados de Partido, lo que se traduce en el primer antecedente de la representación proporcional, el cual se ha venido consolidando a través de diversas reformas en materia electoral.

Destaca por su importancia, las reformas de 1996, por las que se recoge el principio de representación proporcional en la integración de la Cámara de Senadores. No obstante a nadie escapa que el Senado de la República refleja la estructura de unidad en la representación de la pluralidad de las Entidades que constituyen el Estado, a partir de la cual se conforma la voluntad Federal unitaria.

La representación política y plural en la cámara de Senadores hace innecesaria en esa virtud, la representación proporcional en esta Cámara, por lo que de aprobarse esta reforma, la igualdad entre las entidades federativas ante la Cámara que ejerce la representación del Federalismo nacional sería sin duda, reivindicada.

Es claro, que la composición actual de las Cámaras al Congreso, evidencia una integración plural, reflejo de todas las fuerzas políticas en el país. Lo que conlleva indefectiblemente, la desaparición del principio de representación proporcional para el Senado, y su reducción para el caso de Diputados, lo anterior insisto redundará en el robustecimiento de la propuesta electoral y la actuación proactiva de los representantes de los partidos políticos que aspiren a obtener, bajo el presupuesto lógico de un incremento cualitativo en la representación político parlamentaria -confío verdaderamente en la premisa de que menos es más para este caso-.

En este orden de ideas, la racionalización del método que combina el sistema de mayorías con la división de circunscripciones garantiza la oposición ante el Congreso, lo que resulta indispensable en tratándose de la cámara Baja, el Senado por su parte, debe ponderar el principio de mayoría, así como el de primera minoría en su composición natural, como reflejo de la voluntad popular, y garante del Pacto Federal.

La iniciativa, que se propone, preserva la condición vigente de acreditar que los partidos políticos participen con candidatos a diputados por mayoría relativa en por lo menos doscientos distritos uninominales, para obtener el registro de listas regionales, en tratándose de Diputados de representación proporcional, a fin de armonizar el objetivo de participación de los Partidos en la mayoría de los distritos electorales uninominales, lo que evidentemente se verá reflejado en la distribución de los cien Diputados por el principio de representación proporcional –este será el compromiso de los partidos y su vinculación efectiva con el Supremo Mandante-

En este rubro, la iniciativa plantea asimismo la reforma al primer párrafo del artículo 56, a fin de consagrar en la Carta Magna la eliminación del principio de representación proporcional en la elección de Senadores.

Lo anterior, bajo la premisa de que la pluralidad democrática actual supone la existencia de fuerzas políticas diversas que deberán reflejarse en el número de escaños al Congreso de la Unión, de lo que se sigue, el imperativo de reflejar a los Gobernados, que México es una República democrática constitucional, y que la responsabilidad de sus Legisladores da cuenta de ello.

En esta virtud, y como integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, me permito poner a consideración de esta Honorable Asamblea, y en su momento del Constituyente Permanente, la presente Iniciativa por la que se reforma la conformación de integrantes del Congreso General, por el principio de representación proporcional, en el marco del respeto irrestricto a la voluntad popular, con base en el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO

UNICO.- Se reforman los artículos 52, 53 en su segundo párrafo, el primer párrafo y la fracción IV del artículo 54, el primer párrafo del artículo 56, el primer párrafo del artículo 63; y se deroga el segundo párrafo del artículo 56 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 52. La Cámara de Diputados estará integrada por 300 diputados electos según el principio de votación mayoritaria relativa, mediante el sistema de distritos electorales uninominales, y 100 diputados que serán electos según el principio de representación proporcional, mediante el Sistema de Listas Regionales, votadas en circunscripciones plurinominales.

Artículo 53. …

Para la elección de los 100 diputados según el principio de representación proporcional y el Sistema de Listas Regionales, se constituirán cinco circunscripciones electorales plurinominales en el país. La Ley determinará la forma de establecer la demarcación territorial de estas circunscripciones.

Artículo 54. La elección de los 100 diputados según el principio de representación proporcional y el sistema de asignación por listas regionales, se sujetará a las siguientes bases y a lo que disponga la ley:

I. a III. …

IV. Ningún partido político, podrá contar con más diputados que el número de distritos electorales uninominales; y

V. a VI.…

Artículo 56. La Cámara de Senadores se integrará por noventa y seis senadores, de los cuales, en cada Estado y en el Distrito Federal, dos serán elegidos según el principio de votación mayoritaria relativa y uno será asignado a la primera minoría. Para estos efectos, los partidos políticos deberán registrar una lista con dos fórmulas de candidatos. La senaduría de primera minoría le será asignada a la fórmula de candidatos que encabece la lista del partido político que, por sí mismo, haya ocupado el segundo lugar en número de votos en la entidad de que se trate.

Se deroga.

Artículo 63. Las Cámaras no pueden abrir sus sesiones ni ejercer su cargo sin la concurrencia, en cada una de ellas, de más de la mitad del número total de sus miembros; pero los presentes de una y otra deberán reunirse el día señalado por la ley y compeler a los ausentes a que concurran dentro de los treinta días siguientes, con la advertencia de que si no lo hiciesen se entenderá por ese solo hecho, que no aceptan su encargo, llamándose luego a los suplentes, los que deberán presentarse en un plazo igual, y si tampoco lo hiciesen, se declarará vacante el puesto. Tanto las vacantes de diputados y senadores del Congreso de la Unión que se presenten al inicio de la legislatura, como las que ocurran durante su ejercicio, se cubrirán: la vacante de diputados y senadores del Congreso de la Unión por el principio de mayoría relativa, la Cámara respectiva convocará a elecciones extraordinarias de conformidad con lo que dispone la fracción IV del artículo 77 de esta Constitución; la vacante de miembros de la Cámara de Diputados electos por el principio de representación proporcional, será cubierta por la fórmula de candidatos del mismo partido que siga en el orden de la lista regional respectiva, después de habérsele asignado los diputados que le hubieren correspondido; la vacante de miembros de la Cámara de Senadores electos por el principio de primera minoría, será cubierta por la fórmula de candidatos del mismo partido que parala entidad federativa de que se trate se haya registrado en segundo lugar de la lista correspondiente.

ARTICULOS TRANSITORIOS

Artículo Primero.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Artículo Segundo.- Este Decreto surtirá sus efectos para la renovación del Congreso de la Unión, a partir de la Legislatura LXIV. La conformación de la Cámara de Diputados será de 300 Diputados de mayoría relativa y 100 Diputados electos por el principio de representación proporcional. Para el caso de la Cámara de Senadores, se integrará por 64 Senadores de mayoría relativa y 32 de primera minoría.

Artículo Tercero.- El Congreso de la Unión expedirá las reformas legales correspondientes dentro de los 120 días posteriores a la publicación del presente Decreto.

Artículo Cuarto.- Las Cámaras de Diputados y Senadores, en el ámbito de sus respectivas competencias, deberán expedir las disposiciones Reglamentarias conducentes, en un plazo no mayor a 120 días naturales, a partir del inicio de la vigencia del presente Decreto.

Artículo Quinto.- El Instituto Federal Electoral, deberá hacer las adecuaciones necesarias para dar cumplimiento a lo dispuesto en el presente Decreto, a partir de su vigencia.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, a 6 de diciembre de 2012.

Sen. Eviel Pérez Magaña”.

- El C. Presidente Burgos García: Muchas gracias, Senador Pérez Magaña. Como lo ha solicitado, se hará la inserción íntegra de su iniciativa. Se turna a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; y de Estudios Legislativos, Primera.

- La C. Senadora Ivonne Liliana Alvarez García: (Desde su escaño) Señor Presidente.

- El C. Presidente Burgos García: Sonido al escaño de la Senadora Ivonne Alvarez.

- La C. Senadora Ivonne Liliana Alvarez García: (Desde su escaño) Muchas gracias, señor Presidente. Nada más solicitarle al Senador Eviel Pérez, si me permite adherirme a su iniciativa. Gracias.

- El C. Presidente Burgos García: Tomo nota de su adhesión.

Tiene uso de la tribuna la Senadora Marcela Torres Peimbert, a nombre propio y de Senadores diversos, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios.






INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETOPOR EL QUE SE REFORMANY ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES A LA LEY DEL IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS

(Presentada por la C. Senadora María Marcela Torres Peimbert, a nombre propio y de los CC. Senadores Gabriela Cuevas Barrón, Juan Carlos Romero Hicks, Francisco Salvador López Brito, Martín Orozco Sandoval, Luz María Beristain Navarrete, Mario Delgado Carrillo, Sofío Ramírez Hernández, Javier Corral Jurado, Ernesto Ruffo Appel, Angel Benjamín Robles Montoya, Jorge Luis Preciado Rodríguez, Víctor Hermosillo y Celada y Dolores Padierna Luna)

- La C. Senadora María Marcela Torres Peimbert: Muchas gracias, señor Presidente; con su permiso compañeras y compañeros:

Esta iniciativa la suscriben, además de una servidora, los Senadores Mario Delgado, Gabriela Cuevas Barrón, Juan Carlos Romero Hicks, Dolores Padierna Luna, Francisco Salvador López Brito, Javier Corral Jurado, Ernesto Ruffo Appel, Jorge Luis Preciado Rodríguez, Martín Orozco Sandoval, Luz María Beristain Navarrete, Víctor Hermosillo y Celada, Sofío Ramírez Hernández, Angel Benjamín Robles Montoya, Francisco García Cabeza de Vaca y Roberto Gil Zuarth, de los grupos parlamentarios del PAN, del PRD; y cuenta también con el aval de 37 Diputados federales de los grupos parlamentarios del PAN, PRI, PRD y PVEM.

Pero lo más importante es que la presento a nombre de 41 organizaciones de la sociedad civil que se encuentran aquí presentes, conformadas por médicos, nutriólogos, especialistas, pacientes y ciudadanos preocupados y ocupados por el grave problema de la obesidad que aqueja a nuestro país.

Datos del INEGI, revelan que en México mueren al año más de 80 mil personas a consecuencia de la diabetes. México ocupa el primer lugar del mundo en obesidad femenina y el segundo lugar, después de Estados Unidos, en adultos obesos.

Desde 1980, los índices de sobrepeso y obesidad se han triplicado en México. Datos del Instituto Nacional de Salud Pública indican que entre 1999 y 2006 se ha duplicado el consumo de refresco entre adolescentes y triplicado entre adultos, definiendo al refresco como una bebida que contiene doce cucharadas de azúcar por porción sin ningún valor nutrimental, no aporta vitaminas, ni proteínas, sólo calorías vacías.

El consumo de refresco está estrechamente asociado con enfermedades como la diabetes. México ocupa el primer lugar del mundo en consumo de refresco, en promedio una persona en nuestro país consume al año 163 litros, 40% más que el consumo promedio en Estados Unidos.

De acuerdo a un estudio de la Universidad de Yale, la probabilidad de que un niño sea obeso aumenta un 60% por cada porción de refresco que consume al día. Mientras que en el caso de las mujeres, el consumo de una porción diaria de refresco aumenta en 23 por ciento el riesgo de enfermedades de corazón.

El Centro de Investigación en Salud y Nutrición de la Secretaría de Salud afirma que el aumento en el consumo de refresco provocó un incremento en los casos de diabetes y obesidad temprana en los niños y jóvenes mexicanos, lo que implica enormes pérdidas humanas y económicas para los mexicanos.

Actualmente, el índice de obesidad infantil y sobrepeso es de 19 por ciento. Esto significa que 1 de cada 3 de nuestros niños, 1 de cada 3 de nuestros adolescentes y 7 de cada 10 adultos en México tienen este padecimiento.

Según el Acuerdo Nacional para la Salud Alimentaria, firmado por diversas dependencias del gobierno federal en 2010, en nuestro país el costo total del sobrepeso y la obesidad se duplicó entre 2000 y 2008, pasando de 35 mil millones de pesos a 67 mil millones de pesos. Se estima que dicho gasto aumentará a 150 mil millones de pesos en el año 2017, equivalente esto a 5 veces el presupuesto de la Universidad Nacional Autónoma de México.

Tan sólo en el Distrito Federal, se calcula que 3 de cada 4 camas en los hospitales están ocupadas por pacientes que padecen enfermedades asociadas al sobrepeso y la obesidad.

El sobrepeso y la obesidad se han convertido en un grave problema para la sustentabilidad del Sistema de Salud Pública Mexicana.

Enfermedades como la diabetes, además de afectar la salud seriamente, impactan directamente la economía de las familias de los pacientes, ya que son padecimientos altamente discapacitantes, sin contar con las consecuencias sociales, una discapacidad modifica radicalmente la calidad de vida de una persona.

Por tal motivo, resulta indispensable tomar acciones como Estado y sociedad para revertir este grave problema.

De acuerdo a la experiencia internacional, este cambio de hábito sólo se logra a través de un programa integral tendiente a restringir el consumo; resulta importante tomar medidas educacionales y culturales que son muy efectivas, pero sus resultados se ven a mediano y largo plazo.

Las medidas regulatorias que incluyen opciones como medidas fiscales, regulación de la publicidad engañosa y mejorar la información que se brinda al consumidor a través de las etiquetas en los productos, entre otras, también resultan indispensables. Las que han demostrado tener un impacto inmediato en la salud pública por su efecto de inhibir el consumo.

La implementación de políticas públicas como el acceso al agua potable en zonas marginadas del país, así como políticas alimentarias resultan también indispensables.

La finalidad de la presente iniciativa en conjunto con otras acciones es inhibir el consumo de refresco como una medida de salud pública urgente para disminuir así la prevalencia e incidencia del sobrepeso, la obesidad y la diabetes en nuestro país.

Para efectos de esta iniciativa, no se pretende gravar jugos, néctares, leche saborizada ya que a pesar de que todos tienen alto contenido en azúcar, aportan nutrientes a quienes los consume.

En concreto, se trata de reformar la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, para establecer un impuesto del 20 por ciento al precio final de estos productos, al ser bebidas azucaradas que no aportan ningún nutrimento ni brindan beneficios a la alimentación de las personas.

Se calcula que un impuesto del 20 por ciento, es 1 peso 70 centavos por litro de refresco, ayudaría a disminuir el consumo de estos productos de 163.3 litros por persona, actualmente, a 120 litros por persona; lo cual representa una reducción importante del 26 por ciento.

El objetivo es cuidar la salud, además se recaudarían cerca de 22 mil 861 millones de pesos, que se pretenden dirigir íntegramente a implementar programas y políticas públicas de prevención en contra del sobrepeso y la obesidad, atención médica a pacientes que padecen diabetes y acceso al agua potable en comunidades marginadas.

Asimismo, el gravamen ayudaría a reducir en 12 por ciento la prevalencia de diabetes en el país, así como a disminuir 26 por ciento los costos de nuevos casos en los próximos 10 años.

Esto reduciría el costo directo de la atención médica de enfermedades relacionadas con la obesidad de 42 mil millones de pesos que se gastan actualmente, a 35 mil millones de pesos, una reducción aproximada del 17 por ciento.

Esta iniciativa es uno de los primeros pasos para hacer frente de manera puntual al sobrepeso y obesidad que actualmente son una epidemia en nuestro país.

Se opta por esta medida ya que, en primer lugar, es de rápida ejecución, y en segundo, por los beneficios en materia de salud y de reducción de costos para el Sistema de Salud Pública en nuestro país.

La epidemia de sobrepeso y obesidad que sufrimos en México nos obliga a poner este tema sobre la mesa, a deliberar y tomar una decisión respecto a él.

Debemos ponderar siempre y en todo momento por encima de cualquier argumento o interés la salud, pero sobre todo la vida de las y los mexicanos que es nuestro recurso más preciado.

Es cuanto, señor Presidente.

Muchas gracias.

(Aplausos)

Iniciativa

“CC. SECRETARIOS DE LA MESA DIRECTIVA
DEL SENADO DE LA REPUBLICA
DEL H. CONGRESO DE LA UNION
PRESENTES.

MARCELA TORRES PEIMBERT, MARIO MARTIN DELGADO CARRILLO, GABRIELA CUEVAS BARRON, ERNESTO RUFFO APPEAL, JAVIER CORRAL JURADO, VICTOR HERMOSILLO CELADA, LUIS JUAN CARLOS ROMERO HICKS, FRANCISCO SALVADOR LOPEZ BRITO, MARTIN OROZCO SANDOVAL, LUZ MARIA BERISTAIN, MARIO MARTIN DELGADO CARRILLO, SOFIO RAMIREZ HERNANDEZ Y ANGEL BENJAMIN ROBLES MONTOYA Senadores de la República para la LXII Legislatura del Congreso de la Unión e integrantes de los grupos parlamentarios del Partido Acción Nacional y Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en el artículo 71 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como los artículos 8° numeral 1, fracción I, 164 numeral 1, 169 y 172 del Reglamento del Senado de la República, sometemos a la consideración de esta Soberanía, la siguiente Iniciativa con Proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones a la Ley del Impuesto Especial Sobre ProducciOn y Servicios, al tenor de la siguiente:

Exposición de Motivos

Esta iniciativa se presenta con el aval de los siguientes diputados (37 en total):

Eberto Neblina Vera, Fernando Rodríguez Doval, Gabriel de Jesús Cárdenas Guízar, Juan Carlos Uribe Padilla, José Ángel González Serna, Juan Carlos Muñoz Márquez, Karina Labastida Sotelo, María Concepción Ramírez Diez Gutiérrez, Eufrosina Cruz Mendoza, Enrique Alejandro Flores Flores, Martha Leticia Sosa Govea, Ramón Antonio Sampayo Ortiz, Carlos Alberto García González, Juan Pablo Adame Alemán, María Teresa Jiménez Esquivel, Omar Antonio Barboa Becerra, Leslie Pantoja Hernández, María Isabel Ortiz Mantilla, José de Jesús Oviedo Herrera, Andrés de la Rosa Anaya, Alicia Concepción Ricalde Magaña, Mario Alberto Dávila Delgado, Alberto Díaz Trujillo, Glafiro Salinas Mendiola, Julio César Lorenzini Rangel , José Guillermo Anaya Gómez, Marcelo de Jesús Torres Cofiño, Fernando Rodríguez Doval, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, Laura Barrera Fortoul, Francisco Javier Fernández Clamont, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, Rosario Pariente Gavito, Rubén Acosta Montoya, Bárbara Romo Fonseca, Felipe Arturo Cámara, Ruth Zavaleta Salgado, Analilia Garza Cadena, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México y Roberto López González del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

(Se anexan firmas)

A. Base constitucional.

El derecho a la protección de la Salud, como uno de los derechos sociales de contenido prestacional por definición, implica que el Estado debe desarrollar una serie de acciones positivas (de hacer) que busquen resguardar la salud de su población, o bien, repararla cuando ha sido afectada.

Así, el artículo 4 constitucional en tanto dispone que “Toda persona tiene derecho a la protección de la salud (…)”, hace que “el legislador, al llevar a cabo delimitaciones de las esferas individuales exigidas por los derechos de protección, configura(e) una parte decisiva del orden jurídico y, con ello, una parte esencial de la vida social”1, por lo que lo obliga a establecer normas que permitan tal protección, mismas que no pueden ser solamente vinculadas con el acceso a los servicios de salud, sino a crear las condiciones para que la población, en el desarrollo normal de sus actividades, pueda ver protegido dicho derecho fundamental.

De ahí que la protección a la salud sea una de las tareas fundamentales de los Estados democráticos y represente una de las claves del Estado de bienestar, al obligarlo a la creación de políticas públicas tendientes a hacerlo efectivo, como lo son, incluso, las de carácter tributario.

Al respecto, es necesario tener presente lo que se entiende por Salud, ya que todas las acciones del Estado deben, como ya se mencionó, tender a mantenerla. Así, la salud implica, de acuerdo con lo señalado por la Conferencia Internacional sobre Atención Primaria a la Salud, “el estado de completo bienestar físico, mental, y social y no solamente como ausencia de afectaciones o enfermedades (…)”, de ahí que todas las normas emitidas por el poder legislativo deben contribuir a su mantenimiento y protección.

Lo anterior, se confirma, incluso, con lo dispuesto en el párrafo 56 de la Observación General número 14 al artículo 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, emitida por el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU, que establece que los Estados deben adoptar una legislación marco para dar mayor efectividad a la estrategia nacional que deben dictar para hacer realidad el derecho a la salud.2

De igual forma y a nivel interamericano, tenemos que la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre reconoce (artículo XI) que “toda persona tiene derecho a que su salud sea preservada por medidas sanitarias y sociales, relativas a la alimentación, el vestido, la vivienda y la asistencia médica, correspondientes al nivel que permitan los recursos públicos y los de la comunidad”.

Como puede observarse, la creación de normas que permitan la efectiva protección a la salud no puede entenderse solamente vinculada con la materia sanitaria, sino a otras, como la tributaria, particularmente con la intención de establecer contribuciones que, por un lado, inhiban conductas nocivas para la salud y, por otro, ante su realización, generen recursos para satisfacer los gastos para su atención.

Incluso, la Suprema Corte de Justicia de la Nación así ha comprendido el derecho a la protección de la salud, al establecer que éste es “una responsabilidad social que comparten indisolublemente el Estado, la sociedad y los interesados, con base en criterios de capacidad contributiva y redistribución del ingreso”3.

De ahí que pensar que el establecimiento de contribuciones que permitan cumplir con dicha función debe ser vista como una política de Estado, esto es, la política impositiva con un fin eminentemente social, en este caso, vinculada con el derecho a la salud y a su protección.

B. El Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, como impuesto con fines fiscales y extrafiscales en materia de salud pública.

La obligación del Estado de satisfacer los gastos públicos, entre ellos, los vinculados con la protección a la salud, constituye una tarea esencial, no sólo para hacer efectivo el derecho a la salud, sino para crear condiciones que permitan su protección. Por ello, la necesidad de establecer contribuciones que generen los ingresos que permitan solventar tales gastos y, de manera paralela, que inhiban conductas nocivas a la salud, es una herramienta fundamental. Máxime si consideramos que nuestro país requiere de más recursos tributarios, especialmente no petroleros (para evitar estar sujeto al comportamiento volátil de los mismos), que le permitan sufragar esos y otros gastos.

De ahí que pensar en un aumento en impuestos indirectos, como el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, que por definición tiene una función recaudatoria, y que además permite cumplir con una finalidad extrafiscal, dependiendo del objeto del gravamen, como lo es inhibir el consumo de ciertos productos que pueden generar un problema de salud pública (como refrescos o bebidas con alto contenido de azúcares, por ejemplo), resulta ser un mecanismo idóneo para cumplir con los objetivos señalados, esto es, lograr una mayor recaudación de ingresos tributarios y evitar el consumo de productos que atentan contra la salud pública del país.

Además, se trata de un impuesto de fácil recaudación, administración, manejo y control por parte de las autoridades fiscales, ya que la forma en que se entera se realiza a través de pocos contribuyentes que auxilian a la administración tributaria.

En este sentido, el establecimiento del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios sobre refrescos y bebidas azucaradas, no sólo permitiría una mayor recaudación para sufragar el gasto público de la Federación, de las entidades federativas y de los municipios (dado el carácter participable y de asignación directa que tiene el citado impuesto), sino que sería un instrumento para inhibir el consumo de tales bebidas, ya que se ha comprobado que un aumento en su precio incide directamente en una disminución en su consumo (se trata de un producto con una demanda elástica en términos económicos).

C. El sobrepeso y la obesidad como problema de Salud Pública en México.

En México, el sobrepeso y la obesidad representa uno de los mayores problemas de salud pública, ya que el 39.05% de la población tiene sobrepeso y 32.15% obesidad, incrementándose substancialmente el riesgo de sufrir enfermedades como diabetes y cáncer.

Al respecto, según la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2012, los niños en edad escolar (ambos sexos), de 5 a 11 años, presentaron una prevalencia nacional combinada de sobrepeso y obesidad en 2012 de 34.4%, 19.8% para sobrepeso y 14.6 para obesidad, mientras que en los adultos la prevalencia combinada es de un 73% para las mujeres y 69.4% para los hombres.

Estos problemas de salud pública tienen como una causa central el consumo de refrescos, ya que México es el principal consumidor de éstas bebidas en el mundo. Nuestro país consume un promedio de 163 litros de refresco por persona por año, lo que es 40% mayor que el consumo de un estadounidense promedio (118 litros)4.

Según los datos de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares 2010, realizada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, en 2010, el gasto de las familias mexicanas en bebidas no alcohólicas (incluyendo a los refrescos) representó 5.7% del gasto en alimentos y bebidas. Los hogares mexicanos destinaron la misma cantidad de dinero en refrescos que en carne de res y ternera5.

De acuerdo a la investigadora del Instituto Tecnológico de Massachusetts, Stephanie Seneff, una porción de 500 mililitros de refresco contiene 220 calorías, sin aportar ningún tipo de nutrientes. Este volumen de refresco contiene 60 gramos de azúcar, lo que equivale a 12 cucharaditas de azúcar 6.

Según el artículo “Onzas de Prevención - el Caso de Política Pública para los Impuestos a Bebidas Azucaradas”, publicado por el Dr. Kelly Brownell y el Dr. Thomas Friedman en el New England Journal of Medicine, la probabilidad de que un niño sea obeso aumenta 60% por cada porción de refresco (227 ml) que consume al día, al mismo tiempo que se aumenta la probabilidad de padecer diabetes y otras enfermedades relacionadas con el sobrepeso7.

En el caso de las mujeres, el consumo de una porción diaria de refresco aumenta en 23% el riesgo de enfermedades del corazón, mientras que incrementa en 35% para las que consumen dos o más porciones al día8.

Otro estudio realizado en 2009 por la Universidad de California en Los Ángeles demuestra que los adultos que consumen refrescos de manera ocasional son 15% más propensos a padecer sobrepeso y obesidad. Esta cifra aumenta a 27% si el consumo es de una o más porciones diarias. El estudio señala además que en niños y adolescentes, el sobrepeso y la obesidad están asociados con un mayor riesgo cardiovascular, colesterol alto, presión arterial alta, diabetes, entre otras9.

El Centro de Investigación en Salud y Nutrición de la Secretaría de Salud afirma que el aumento en el consumo de refrescos provocó un incremento en los casos de diabetes y obesidad temprana en los niños y jóvenes mexicanos por ser bebidas elaboradas con sacarosa, glucosa y fructosa, mismas que afectan el páncreas y fácilmente llegan a la sangre, integrándose en los tejidos y convirtiéndose en grasa10.

De acuerdo a David L. Katz, especialista en medicina interna y preventiva y Director del Centro de Investigación Preventiva de la Universidad de Yale, el consumo de azúcar en exceso puede resultar dañino en cualquiera de sus formas (sucrosa, fructosa, sacarosa, etc.), y brinda sólo calorías vacías, lo que contribuye el aumento de peso, al desequilibrio hormonal, a la resistencia a la insulina y a la diabetes11.

El aumento en la prevalencia de sobrepeso y obesidad a escala mundial está estrechamente vinculado a una tendencia al aumento de la ingesta de alimentos hipercalóricos, ricos en grasa y azúcares, incluidos los refrescos y las bebidas azucaradas, que contienen escasas vitaminas, minerales y otros nutrientes12.

Asimismo, la obesidad y el sobrepeso tienen un alto costo para el país, no sólo porque 8 de cada 10 muertes en el país son causadas por enfermedades crónicas no transmisibles, relacionadas con estos padecimientos13, sino por el creciente gasto que representa para el sistema de salud pública.

En México, el costo total del sobrepeso y la obesidad se duplicó entre 2000 y 2008, pasando de $35,429 millones de pesos a por lo menos $67,345 millones de pesos. Se estima que dicho gasto aumentará a $150,860 millones de pesos en el año 2017, equivalente a cinco veces el presupuesto de la UNAM para 2012 ($32 mil millones de pesos)14.

De igual forma, el costo indirecto estimado por la pérdida de productividad por muerte prematura provocada por la obesidad fue de $25 mil millones de pesos en 2008, el cual tiene un crecimiento anual de 13.51%. Si este problema no se soluciona mediante programas y políticas públicas de prevención y disminución de los factores obesogénicos, este costo alcanzará los $73 mil millones de pesos en 2017, equivalente al PIB de estados como Nayarit y Colima, lo que afectará a aproximadamente 68 mil familias por año15.

Según el estudio “Impacto del cambio del consumo de bebidas azucaradas en la ingesta calórica en niños y adolescentes”, del Centro Nacional de Información en Biotecnología de los Estados Unidos de América, el reemplazo de bebidas azucaradas por productos libres de energía está relacionado con la reducción de la ingesta calórica, por lo que representa una estrategia clave para eliminar el exceso de calorías y prevenir la obesidad.Los resultados de este estudio indican que por cada porción adicional (230 mililitros) de bebidas azucaradas, manteniendo las otras bebidas constante, corresponde un incremento de 106 kcal por día.Por otro lado, no se vio ningún incremento neto en el consumo energético total en el caso del agua (8 kcal/d) . El estudio concluye que el reemplazo de bebida azucarada con agua ayudaría a disminuir la ingesta calórica en 235 calorías al día16.

Los líquidos tienen una falta absoluta de compensación dietética, lo que sugiere que el organismo no registra la ingestión de energía a partir de bebidas para luego regular el apetito y la ingestión de alimentos. Durante el periodo de 1999-2006 se duplicó el consumo de energía a partir de bebidas en todos los grupos de edad. Se recomienda el consumo de bebidas con azúcar y bajo contenido de nutrimentos (refrescos, jugos, aguas frescas y café con azúcar) sólo de manera esporádica y en porciones pequeñas, ya que proveen excesivas calorías y ninguno o muy escaso beneficio nutricional. Dada la baja saciedad que producen las bebidas, su efecto neto es un aumento del consumo de energía y por lo tanto la obesidad17.

La licenciada en Nutrición Guadalupe Elsa Quijano Romo, jefa de Nutrición del Hospital General de Zona No. 26 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), localizado en la Ciudad de México, ratifica que las calorías vacías no ayudan al desarrollo ni al crecimiento de los seres humanos, y solamente se convierten en un riesgo para la salud. Además, asevera que debido al alto consumo de calorías vacías que existe en México nos hemos convertido en uno de los países con mayor obesidad en el mundo, sin olvidar que la población con enfermedades crónico degenerativas (de larga duración y que se agravan con el tiempo) como diabetes (incremento en la concentración de azúcar en sangre debido a la incapacidad del organismo para utilizarla), hipertensión (presión arterial elevada), hiperlipidemia (altos niveles de grasa en sangre) y problemas circulatorios aumenta permanentemente18.

D. El Impuesto Especial sobre Producción y Servicios sobre refrescos y bebidas azucaradas como instrumento recaudatorio e inhibidor de conductas nocivas para la salud pública.

En virtud de la situación descrita en el punto anterior y considerando las bases constitucionales señaladas, así como la factibilidad de utilizar instrumentos de política fiscal, como el establecimiento de contribuciones, con la presente Iniciativa, se pretende dotar al Estado de mayores recursos para hacer frente a los gastos del sector salud que se derivan del sobrepeso y la obesidad, y, por lo tanto, para estar en posibilidad de dar una atención médica a los afectados y desincentivar el consumo de refrescos y bebidas azucaradas, como medida de carácter extrafiscal.

Este tipo de gravámenes dan la oportunidad a los gobiernos de procurar un bien público (la salud pública) y también un beneficio al erario (mayor recaudación).

En este sentido, resultan aplicables, por analogía, las aseveraciones contenidas en la sentencia emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver el Amparo en Revisión 1088/2007 y que condensan en la siguiente tesis de Jurisprudencia:

“PRODUCCION Y SERVICIOS. EL FIN EXTRAFISCAL PRETENDIDO AL GRAVAR CON UNA TASA MAYOR LOS TABACOS LABRADOS A GRANEL ES DISTINTO E INDEPENDIENTE DE LA FACULTAD DEL CONGRESO DE LA UNION PARA IMPONER EL IMPUESTO ESPECIAL RELATIVO.

El artículo 73, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos prevé la facultad del Congreso de la Unión para imponer las contribuciones necesarias para cubrir el gasto público, con base en la cual se estableció el tributo por la enajenación e importación de los bienes señalados en la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios. Ahora bien, mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 27 de diciembre de 2006, el legislador estableció una tasa impositiva mayor para los tabacos labrados a granel en relación con otros productos, con la finalidad de desalentar su consumo, es decir, con la indicada medida no atendió al propósito de todo impuesto de contribuir al gasto público, sino al fin extrafiscal consistente en desincentivar el consumo de un producto nocivo para la salud, lo cual es distinto e independiente de la facultad del Congreso de la Unión para imponer el tributo respectivo, pues si bien el impuesto especial sobre producción y servicios tiene un fin recaudatorio, éste es distinto al hecho de que pretenda desincentivarse el consumo del tabaco, lo que se logra mediante la imposición de una tasa alta, no por el tributo en sí.”

De igual forma, resultan aplicables, igualmente por analogía, las tesis que enseguida se transcriben, por resultar ilustrativas:

“CONTRIBUCIONES. FINES EXTRAFISCALES.

Además del propósito recaudatorio que para sufragar el gasto público de la Federación, Estados y Municipios tienen las contribuciones, éstas pueden servir accesoriamente como instrumentos eficaces de la política financiera, económica y social que el Estado tenga interés en impulsar, orientando, encauzando, alentando o desalentando ciertas actividades o usos sociales, según sean considerados útiles o no, para el desarrollo armónico del país, mientras no se violen los principios constitucionales rectores de los tributos.

CONTRIBUCIONES. LOS FINES EXTRAFISCALES NO PUEDEN JUSTIFICAR LA VIOLACION AL ARTICULO 31, FRACCION IV, DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.

La existencia de un fin extrafiscal, entendido éste como un objetivo distinto al recaudatorio que se pretende alcanzar con el establecimiento de una determinada contribución no puede convertirse en un elemento aislado que justifique la violación a los principios de legalidad, proporcionalidad, equidad y destino al gasto público consagrados por el artículo 31, fracción IV de la Ley Fundamental. Los fines extrafiscales son exclusivamente otros elementos que debe analizar el órgano de control para determinar la constitucionalidad o no de un determinado precepto”.

De donde se desprende la facultad del legislador para establecer contribuciones y expedir, entre otras, las leyes que resulten indispensables para encauzar y fomentar el desarrollo económico del país, así como para lograr una más justa distribución de la riqueza. Cabe precisar que los fines extrafiscales se alcanzan no únicamente mediante el establecimiento de contribuciones, sino también con las exenciones.

En efecto, el fin extrafiscal perseguido y que justifica el establecimiento del gravamen que más adelante se propone, es lograr una reducción en el consumo de refrescos y bebidas azucaradas y, por lo tanto, de todos los costos públicos que en materia de salud se asocian al mismo.

E. Contenido de la Iniciativa

Por ello, mediante la presente Iniciativa se propone, fundamentalmente: i) establecer un impuesto a los refrescos y bebidas azucaradas, y ii) establecer que los recursos tributarios recaudados por este concepto se destinen a satisfacer los gastos que provocan las enfermedades originadas por su consumo, a través del Sistema Nacional de Salud, sin perjuicio de lo dispuesto por la Ley del Coordinación Fiscal.

A continuación se detallan tales propuestas:

I. Establecimiento del gravamen.

Se estima necesaria la aplicación de un impuesto especial ad valorem del 20% sobre el precio de venta al público en general de cualquiera de las siguientes bebidas y productos para producir bebidas que se encuentren endulzados con azúcares y por lo tanto tengan un aporte calórico: aguas naturales y minerales gasificadas; refrescos; concentrados, polvos, jarabes; esencias o extractos de sabores, que al diluirse permitan obtener refrescos, ya que, como se mencionó, el contenido de éstas en tales bebidas es una de las principales causas de sobrepeso y obesidad.

Al respecto, además de la definición que se propone de refrescos, se contempla la definición de “azúcares”, de conformidad con lo establecido en la NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-051-SCFI/SSA1-2010, ESPECIFICACIONES GENERALES DE ETIQUETADO PARA ALIMENTOS Y BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS PREENVASADOS-INFORMACION COMERCIAL Y SANITARIA, con el objeto de precisar de manera clara cuál es el objeto del gravamen.

Asimismo, es necesario mencionar que este gravamen encuentra sustento, incluso, en lo establecido en el artículo XX, inciso b, del Acuerdo General en materia de Aranceles y Comercio (GATT), al establecer que:

“(…)ninguna disposición del presente Acuerdo [el GATT] será interpretada en el sentido de impedir que toda parte contratante adopte o aplique las medidas: (...)

b) necesarias para proteger la salud y la vida de las personas y de los animales o para preservar los vegetales; (...).”

Lo anterior, ya que la medida tributaria que se propone tiene como explicación y justificación la protección de la salud pública en México, dado el contexto descrito en el capítulo respectivo de la presente iniciativa, por lo que no debe tomarse como una medida que atenta contra los compromisos internacionales suscritos por nuestro país. Además, la medida aplica a todos los refrescos, según la definición que se propone, y bebidas que contienen azúcar, con independencia del tipo de ésta.

En este sentido, si bien, el principal objetivo del impuesto a refrescos y bebidas azucaradas es desincentivar el consumo de estos productos al estar relacionados con un aumento en los índices de sobrepeso y obesidad, la recaudación que podría generar con el gravamen propuesto, según la Dra. Arantxa Colchero, Investigadora en Ciencias Médicas del Instituto Nacional de Salud Pública,19, tomando como base la tasa propuesta por cada litro de refresco, ayudaría a disminuir el consumo de estos productos de 163.3 litros por persona al año a 120.9 litros.

Hay que recordar que la demanda de refresco en México es elástica, por lo que incrementar los impuestos desincentivaría el consumo de estos productos y fortalecería la capacidad recaudatoria del país.

El impuesto recaudaría, según la citada Doctora, cerca de $22,861 millones de pesos, lo que permitiría al gobierno destinarlos al sector salud, o bien, a introducir bebederos de agua potable en las escuelas y espacios públicos, además de la implementación de programas en contra de la obesidad y el sobrepeso.20

El impuesto ayudaría, según la Dra. Colchero, a reducir en 12% la prevalencia de diabetes en el país, así como a disminuir en 26% los costos de nuevos casos de diabetes en los próximos 10 años. Esto reduciría el costo directo de la atención médica de enfermedades relacionadas con la obesidad de $42 mil mdp a $35 mil mdp.

Además, el impuesto no implica una carga financiera desproporcionada para las familias de menores recursos, ya que el gasto en refrescos como proporción del gasto en alimentos es similar al desagregar la información por quintil de ingreso, disminuyendo en la misma proporción el consumo de estos productos.

Ahora bien, considerando la citada incorporación de nuevos bienes al impuesto especial sobre producción y servicios, tales como los refrescos, aguas naturales o minerales, etc., que contengan cualquier tipo de endulzante, y toda vez que los mismos tributarán en el esquema de ad-valorem, contemplado para los bienes gravados por la Ley que nos ocupa, es necesario incorporar dichos conceptos en la mecánica de acreditamiento establecido en la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, por lo que se proponen las medidas pertinentes para realizar las adecuaciones respectivas.

Además, establecer un impuesto como el que se propone no es del todo ajeno al sistema tributario mexicano, ya que de 2002 a 2006 se estuvo en vigor en México un impuesto similar, mismo que desapareció por considerarse que resultaba incompatible con los Acuerdos de la Organización Mundial del Comercio, al prever que el citado gravamen se pagara solamente sobre refrescos y otras bebidas endulzadas con alta fructuosa, situación que en el caso que nos ocupa no ocurre, ya que el gravamen se prevé para todas las bebidas endulzadas con azúcares en general, sin hacer ninguna distinción entre el tipo de azúcar.

Con independencia de lo anterior, es de destacar que la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación consideró constitucional el citado gravamen21.

De igual forma, la experiencia internacional soporta una propuesta como la que se hace, ya que en distintos países y con diversas modalidades se contemplan gravámenes como el que nos ocupa. Tales países son Rumania, Francia, Grecia, Hungría, Finlandia, Dinamarca y Argelia, así como el Estado de New York, en los Estados Unidos de América.

En razón de los argumentos expuestos, se propone incorporar el gravamen antes mencionado a la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios.

II. Destino de la contribución a un gasto público especial.

Por otro lado y por lo que se refiere al fin extrafiscal del impuesto que nos ocupa, se estima que si bien existe un fin recaudatorio en la reforma planteada, el fin extrafiscal de la misma es el más importante, toda vez que permite adoptar medidas para combatir el sobrepeso y obesidad, así como las enfermedades que producen, a través del diseño de una política impositiva que inhiba el consumo de bebidas azucaradas.

En este contexto, la reforma propuesta permite proveer al Estado de mayores recursos que permitan al sector salud hacer frente a los gastos que provocan el sobrepeso y la obesidad considerando que éste representa una de las principales causas prevenibles de diversas enfermedades, así como para continuar o implementar nuevos programas para la prevención, control y tratamiento de dichos padecimientos, o bien, para financiar proyectos de infraestructura hidráulica para generar un mayor acceso a agua potable.

Por ello y considerando que el costo que se genera por los padecimientos asociados al sobrepeso y la obesidad es muy alto para el Estado, se estima necesario que los recursos extraordinarios que se generarían con la reforma planteada se destinen a cubrir estos costos.

Lo anterior, no implica ninguna violación de índole constitucional, ya que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido, mediante jurisprudencia, que las contribuciones destinadas a un gasto público especial no violan el artículo 31, fracción IV, de nuestra Carta Magna.

Ello se observa en la Jurisprudencia 106/99, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta X, noviembre de 1999, página 26, que establece:

“CONTRIBUCIONES. LAS DESTINADAS AL PAGO DE UN GASTO PÚBLICO ESPECIAL NO VIOLAN EL ARTÍCULO 31, FRACCIÓN IV, CONSTITUCIONAL.

Al establecer el precepto constitucional mencionado que los tributos deben destinarse al pago de los gastos públicos, así de la Federación, como del Distrito Federal o del Estado y Municipio en que resida el contribuyente, no exige que el producto de la recaudación relativa deba ingresar a una caja común en la que se mezcle con el de los demás impuestos y se pierda su origen, sino la prohibición de que se destine al pago de gastos que no estén encaminados a satisfacer las funciones y servicios que el Estado debe prestar a la colectividad. Por tanto, si el producto de la recaudación es destinado al pago de un gasto público especial que beneficia en forma directa a la colectividad, no sólo no infringe, sino que acata fielmente lo dispuesto en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Federal.

En efecto, se considera congruente contar con mayores recursos fiscales que puedan ser canalizados a los rubros que directamente combaten el sobrepeso y la obesidad, dado el problema de salud pública que representa en nuestro país, en esta caso, a través del Sistema Nacional de Salud, sin perjuicio de lo dispuesto por la Ley de Coordinación Fiscal.

Además, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, estableció, al resolver la Acción de Inconstitucionalidad 29/2008, que:

“… la garantía de los gobernados de que los tributos que paguen se destinarán a cubrir el gasto público conlleva a que el Estado al recaudarlos los aplique para cubrir las necesidades colectivas, sociales o públicas a través de gastos específicos o de gastos generales, según la teleología económica del artículo 31, fracción IV, de la Constitución Federal, que garantiza que no sean destinados a satisfacer necesidades privadas o individuales, sino de interés colectivo, comunitario, social y público que marca dicha Constitución, ya que de acuerdo con el principio de eficiencia -que es inmanente al gasto público-, la elección del destino del recursodebe edificarse, esencialmente, en cumplir con las obligaciones y aspiraciones que ese ámbito describe la Carta Fundamental.

De modo que una contribución será inconstitucional cuando se destine a cubrir exclusivamente necesidades individuales, pues es lógico que al aplicarse para satisfacer necesidades sociales se entiende que también está cubierta la penuria o escasez de ciertos individuos, pero no puede suceder a la inversa, porque es patente que si únicamente se colman tales necesidades de una persona no podría traer como consecuencia un beneficio colectivo o social; (…)”

Al respecto, emitió la Jurisprudencia del Pleno No. 15/2009, cuyo rubro y texto establecen:

GASTO PUBLICO. EL PRINCIPIO DE JUSTICIA FISCAL RELATIVO GARANTIZA QUE LA RECAUDACION NO SE DESTINE A SATISFACER NECESIDADES PRIVADAS O INDIVIDUALES.

El principio de justicia fiscal de que los tributos que se paguen se destinarán a cubrir el gasto público conlleva que el Estado al recaudarlos los aplique para cubrir las necesidades colectivas, sociales o públicas a través de gastos específicos o generales, según la teleología económica del artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que garantiza que no sean destinados a satisfacer necesidades privadas o individuales, sino de interés colectivo, comunitario, social y público que marca la Ley Suprema, ya que de acuerdo conel principio de eficiencia -inmanente al gasto público-, la elección del destino del recurso debe dirigirse a cumplir las obligaciones y aspiraciones que en ese ámbito describe la Carta Fundamental. De modo que una contribución será inconstitucional cuando se destine a cubrir exclusivamente necesidades individuales, porque es lógico que al aplicarse para satisfacer necesidades sociales se entiende que también está cubierta la penuria o escasez de ciertos individuos, pero no puede suceder a la inversa, porque es patente que si únicamente se colman necesidades de una persona ello no podría traer como consecuencia un beneficio colectivo o social.

Ahora bien, respecto de esta propuesta, es decir, de destinar los recursos que se recauden por concepto del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios aplicable a refrescos y bebidas azucaradas, a cubrir los gastos que genera la atención a padecimientos como el sobrepeso y la obesidad, así como a las enfermedades que derivan de ellos, se estima necesario señalar que tampoco se vulnera la autonomía financiera de las entidades federativas, ya que los recursos que tendrán ese destino específico serán los que resulten después de aplicar tanto la asignación directa como el monto participable del mismo, de conformidad con la Ley del Coordinación Fiscal.

En otras palabras, no se propone ninguna ‘etiqueta’ de los recursos que por disposición legal les corresponden y que altere la libertad de gasto que poseen las entidades federativas, demarcaciones políticas y los ayuntamientos, sino simplemente a nivel Federal, con los recursos que le corresponden a la Federación, se destinen a cumplir con el objeto señalado.

Por lo expuesto, y con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como los artículos 8° numeral 1, fracción I, 164 numeral 1, 169 y 172 del Reglamento del Senado de la República, sometemos a la consideración del pleno de la Cámara de Senadores, el siguiente proyecto de:

DECRETO

Por el que se reforman los artículos 2º, fracción II, inciso A), 4, segundo y cuarto párrafos, 5-A, primer párrafo, y 19, fracciones II, tercer párrafo, VIII, X, XI y XIII; se adicionan al artículo 2º, fracción I, un inciso I) y un último párrafo, y al artículo 3, una fracción XVIII, de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, para quedar de la siguiente forma:

Artículo Unico. Se reforman los artículos 2º, fracción II, inciso A), 4, segundo y cuarto párrafos, 5-A, primer párrafo, y 19, fracciones II, tercer párrafo, VIII, X, XI y XIII; se adicionan al artículo 2º, fracción I, un inciso I) y un último párrafo, y al artículo 3, una fracción XVIII, de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios,para quedar como sigue:

Artículo 2o.- …

I.…

Incisos A) al H)…

I) Refrescos, aguas mineralizadas, concentrados, polvos, jarabes, esencias o extractos de sabores, que al diluirse permitan obtener refrescos..……………………………………….….....20%

II.…

A) Comisión, mediación, agencia, representación, correduría, consignación y distribución, con motivo de la enajenación de los bienes señalados en los incisos A), B), C), F) e I) de la fracción I de este artículo. En estos casos, la tasa aplicable será la que le corresponda a la enajenación en territorio nacional del bien de que se trate en los términos que para tal efecto dispone esta Ley. No se pagará el impuesto cuando los servicios a que se refiere este inciso, sean con motivo de las enajenaciones de bienes por los que no se esté obligado al pago de este impuesto en los términos del artículo 8o. de la misma.

Incisos B) al C)

Artículo 3. …

Fracciones I a XVII

XVIII. Refrescos, las bebidas no fermentadas, elaboradas con agua, agua carbonatada, extractos o esencias de frutas, saborizantes o con cualquier otra materia prima, gasificada o sin gas, pudiendo contener ácido cítrico, ácido benzoico o ácido sórbico o sus sales como conservadores, endulzados con azúcares.

Se entiende por azúcares, todos los monosacáridos y disacáridos presentes en dichas bebidas.

No se consideran refrescos los jugos y néctares de fruta. Para tales efectos, se entiende por jugos o néctares de fruta, los que tengan como mínimo 20% de jugo o pulpa de fruta o 2º brix de sólidos provenientes de la misma fruta.

Artículo 4. …

Unicamente procederá el acreditamiento del impuesto trasladado al contribuyente por la adquisición de los bienes a que se refieren los incisos A), F) e I) de la fracción I del artículo 2o. de esta Ley, así como el pagado por el propio contribuyente en la importación de los bienes a que se refieren los incisos A), C), D), E), F) e I) de dicha fracción, siempre que sea acreditable en los términos de la citada Ley.

El acreditamiento consiste en restar el impuesto acreditable, de la cantidad que resulte de aplicar a los valores señalados en esta Ley, las tasas a que se refiere la fracción I, incisos A),F) e I) del artículo 2o. de la misma, o de la que resulte de aplicar las cuotas a que se refieren los artículos 2o., fracción I, inciso C), segundo y tercer párrafos y 2o.-C de esta Ley. Se entiende por impuesto acreditable, un monto equivalente al del impuesto especial sobre producción y servicios efectivamente trasladado al contribuyente o el propio impuesto que él hubiese pagado con motivo de la importación, exclusivamente en los supuestos a que se refiere el segundo párrafo de este artículo, en el mes al que corresponda.

Fracciones I a V

Artículo 5-A. Los fabricantes, productores, envasadores o importadores, que a través de comisionistas, mediadores, agentes, representantes, corredores, consignatarios o distribuidores, enajenen los bienes a que se refieren los incisos A), B), C), F) e I) de la fracción I del artículo 2o. de esta Ley, estarán obligados a retener el impuesto sobre la contraprestación que a éstos correspondan y enterarlo mediante declaración que presentarán ante las oficinas autorizadas, de conformidad con lo dispuesto en el primer párrafo del artículo 5o. de esta Ley. Cuando las contraprestaciones se incluyan en el valor de la enajenación por las que se pague este impuesto, no se efectuará la retención y no se considerarán contribuyentes de este impuesto por dichas actividades.

Artículo 19. …

II. Expedir comprobantes sin el traslado en forma expresa y por separado del impuesto establecido en esta Ley, salvo tratándose de la enajenación de los bienes a que se refieren los incisos A), F) e I) de la fracción I del artículo 2o. de esta Ley, siempre que el adquirente sea a su vez contribuyente de este impuesto por dichos bienes y así lo solicite.

Los contribuyentes que enajenen los bienes a que se refieren los incisos A), F) e I) de la fracción I del artículo 2o. de esta Ley, que trasladen en forma expresa y por separado el impuesto establecido en la misma, deberán asegurarse de que los datos relativos al nombre, denominación o razón social de la persona a favor de quien se expiden, corresponde con el registro con el que dicha persona acredite que es contribuyente del impuesto especial sobre producción y servicios respecto de dichos bienes.Asimismo, los citados contribuyentes deberán proporcionar al Servicio de Administración Tributaria en forma trimestral, en los meses de abril, julio, octubre y enero, del año que corresponda, la relación de las personas a las que en el trimestre anterior al que se declara les hubiere trasladado el impuesto especial sobre producción y servicios en forma expresa y por separado en los términos de esta fracción, así como el monto del impuesto trasladado en dichas operaciones y la información y documentación que mediante reglas de carácter general señale el Servicio de Administración Tributaria.

Fracción III a la VII

VIII. Los contribuyentes de los bienes a que se refieren los incisos A), B), C), F) e I) de la fracción I del artículo 2o. de esta Ley, obligados al pago del impuesto especial sobre producción y servicios a que se refiere la misma, deberán proporcionar al Servicio de Administración Tributaria, trimestralmente, en los meses de abril, julio, octubre y enero, del año que corresponda, la información sobre sus 50 principales clientes y proveedores del trimestre inmediato anterior al de su declaración, respecto de dichos bienes. Tratándose de contribuyentes que enajenen o importen vinos de mesa, deberán cumplir con esta obligación de manera semestral, en los meses de enero y julio de cada año.

Fracción IX…

X. Los fabricantes, productores o envasadores, de alcohol, alcohol desnaturalizado y mieles incristalizables, de bebidas con contenido alcohólico, cerveza, tabacos labrados, bebidas energetizantes, concentrados, polvos y jarabes para preparar bebidas energetizantes, refrescos, aguas mineralizadas, concentrados, polvos, jarabes, esencias o extractos de sabores, que al diluirse permitan obtener refrescos,deberán llevar un control físico del volumen fabricado, producido o envasado, según corresponda, así como reportar trimestralmente, en los meses de abril, julio, octubre y enero, del año que corresponda, la lectura mensual de los registros de cada uno de los dispositivos que se utilicen para llevar el citado control, en el trimestre inmediato anterior al de su declaración.

XI. Los importadores o exportadores de los bienes a que se refieren los incisos A), B), C), F) e I) de la fracción I del artículo 2o. de esta Ley, deberán estar inscritos en el padrón de importadores y exportadores sectorial, según sea el caso, a cargo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

XII…

XIII. Los contribuyentes de los bienes a que se refieren los incisos A), F) e I) de la fracción I del artículo 2o. de esta Ley, obligados al pago del impuesto especial sobre producción y servicios, deberán proporcionar al Servicio de Administración Tributaria, trimestralmente, en los meses de abril, julio, octubre y enero, del año que corresponda, el precio de enajenación de cada producto, valor y volumen de los mismos, efectuado en el trimestre inmediato anterior.

Fracciones XIV a la XXII…

TRANSITORIOS

Unico. El presente Decreto entrará vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

México, Distrito Federal, a 4 de diciembre de 2012.

Atentamente

Sen. María Marcela Torres Peimbert.- Sen. Silvia Guadalupe Garza Galván.- Sen. Gabriela Cuevas Barrón.- Sen. Luis Fernando SalazarFernández.- Sen. Martín Orozco Sandoval.- Sen. Juan Carlos Romero Hicks.- Sen. Francisco Salvador López Brito.- Sen. Luz María Beristain Navarrete.- Sen. Sofío Ramírez Hernández.- Sen. Mario Delgado Carrillo.- Sen. Javier Corral Jurado.- Sen. Víctor Hermosillo y Celada.- Sen. Dolores Padierna Luna”.

- El C. Senadora Martha Burgos García: Muchas gracias, Senadora Torres Peimbert.

Senadora Torres Peimbert, le solicitan una pregunta.

- La C. Senadora Martha Palafox Gutiérrez: (Desde tribuna) Senadora Torres Peimbert, me permitiría sumarme a su propuesta, que es extraordinaria; y que si usted recuerda, hace unos días yo presenté la creación de una comisión de atención a los consumidores, y creo que este tema es el inicio de que los consumidores en nuestro país, como en muchos otros lugares del mundo, tienen una comisión dentro del Senado de la República que defienda precisamente los intereses del consumidor.

Muchas gracias.

- El C. Presidente Burgos García: Sonido en el escaño del Senador Patricio Martínez García.

- El C. Senador Patricio Martínez García: Si me permite la Senadora, además de felicitarla, hacerle una pregunta. Si el objetivo es cuidar la salud del pueblo mexicano, me parece que esta es una buena vía. Mediante la vía fiscal limitar el consumo de un producto nocivo; pero, no sería también, por la otra vía, que el Estado mexicano regulara la producción de los refrescos, bajara por orden de la autoridad la cantidad de azúcar y también se podría obtener el mismo resultado. Estando de acuerdo con usted.

- El C. Presidente Burgos García: Adelante, Senadora Torres Peimbert.

- La C. Senadora María Marcela Torres Peimbert: (Desde su escaño) Sí, nada más responder que por supuesto se toma en consideración, creo que cualquier medida que realmente pueda frenar la epidemia de sobrepeso u obesidad y diabetes, las 80 mil muertes anuales que tenemos sólo por diabetes, es bien recibida y útil.

Le agradezco muchísimo y por supuesto que la tomamos en cuenta. Gracias.

- El C. Presidente Burgos García: Gracias, Senadora Torres Peimbert. Se turna a la Cámara de Diputados.


1Alexy, Robert. Teoría de los derechos fundamentales, trad. Carlos Bernal Pulido, 2ª ed., Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, Madrid, 2008, p. 404

2 Al respecto, es necesario distinguir entre el “derecho a la salud” y el “derecho a su protección”, ya que si bien puede ser una distinción meramente teórica, el contenido del primero es más amplio que el segundo, en tanto que aquél comprende “El derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental” (artículo 12.1 del Pacto del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales), mientras que éste comprende las medidas que aseguran su efectividad (artículo 12.2).

3 Jurisprudencia 136/2008, Novena Época, Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XXVIII, octubre de 2008, página 61, cuyo rubro establece: “SALUD. EL DERECHO A SU PROTECCIÓN CONFORME AL ARTÍCULO 4º., TERCER PÁRRAFO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, ES UNA RESPONSBILIDAD SOCIAL”.

4 (2012). México es ya el mayor consumidor de refresco en el mundo. Oxfam México (en línea). Recuperado de: http://site.oxfammexico.org/mexico-es-ya-el-mayor-consumidor-de-refresco-en-el-mundo-3/

5 (2010). Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Información. Recuperado de:

http://www.inegi.org.mx/Sistemas/TabuladosBasicos/tabdirecto.aspx?s=est&c=27895)

6 Wartman, Kristin. (27 de junio de 2012). The Obesity Paradox: Overfed But Undernourished.Recuperado de: http://civileats.com/2012/06/27/the-obesity-paradox-overfed-but-undernourished/

7 Brownell, Kelly D. (30 de abril de 2009). Ounces of Prevention – The Public Policy Case for Tax son Sugared Beverages. New England Journal of Medicine.

8 Ibid, p. 8.

9 Babey, Susa H. et. al. (Septiembre de 2009). Bubbling Over: Soda Consumption and its Link to Obesity in California. UCLA Center for Heakth Policy Research. Recuperado por: http://www.publichealthadvocacy.org/bubblingover.html

10 (2 de enero de 2012). Aumentan de diabetes y obesidad en niños por ingesta de refrescos. Recuperado de: http://www.insp.mx/noticias/nutricion-y-salud/2146-aumentan-casos-de-diabetes-y-obesidad-en-ninospor-ingesta-de-refrescos.html

11 Katz, David L. (25 de julio de 2012). Are We Sugar Crazy?. Recuperado de: http://health.usnews.com/health-news/blogs/eat-run/2012/07/25/are-we-sugar-crazy

12 Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL). (Febrero 2010). Dimensiones de la seguridad Alimentaria: Evaluación Estratégica de nutrición y Abasto. CONEVAL: México DF.

13 Organización Mundial de la Salud. (2011). Noncommunicable Diseases Country Profiles 2011. OMS: Francia, p. 124.

14 Secretaría de Salud México. (enero 2010). Acuerdo Nacional para la Salud Alimentaria: Estrategia contra el sobrepeso y la obesidad. México DF, p. 11.

15 Secretaría de Salud México. (enero 2010). Acuerdo Nacional para la Salud Alimentaria: Estrategia contra el sobrepeso y la obesidad. México DF, p. 11.

16 Wang, YC. et. al. (Abril 2009). Impact of change in sweetened caloric beverage consumption on energy intake among children and adolescents.National Center for Biotechnology Information. Recuperado de:

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19349562

17 Rivera, Juan A. et. al. (marzo-abril de 2008). Consumo de bebidas para una vida saludable: recomendaciones para la población mexicana. Salud Pública de México, Vol. 50, num. 2.

18 (2012). Calorías vacías. Recuperado de: http://www.saludymedicinas.com.mx/centros-de-salud/obesidad/consejos-alimenticios/calorias-vacias-el-pan-nuestro-de-cada-dia.html

19 (23 de octubre de 2012). Ponencia: “Ganancias en salud asociadas a una política fiscal saludable sobre bebidas azucaradas”. Foro “Análisis de la Política Pública para el Control de la Obesidad”, realizado en el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM).

20 (23 de octubre de 2012). Ponencia: “Ganancias en salud asociadas a una política fiscal saludable sobre bebidas azucaradas”. Foro “Análisis de la Política Pública para el Control de la Obesidad”, realizado en el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM).

21 Al respecto véanse la Jurisprudencia 2ª/J 154/2005 y los siguientes criterios jurisprudenciales 1ª XXIII/2004, 1ª XXV/2004 y 1ª LXXXIV/2006, emitidos por la Segunda y Primera Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, respectivamente.

Se concede el uso de la tribuna al Senador Mario Delgado Carrillo, del grupo parlamentario del PRD, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se expide la Ley General para la Promoción de la Convivencia Libre de Violencia en el Entorno Escolar y se reforman la Ley General de Educación, la Ley Para la Protección de Niñas, Niños y Adolescentes y el Código Penal Federal.






INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETOPOR EL QUE SE EXPIDE LA LEY GENERAL PARA LA PROMOCION DE LA CONVIVENCIA LIBREDE VIOLENCIA EN EL ENTORNO ESCOLAR Y SE REFORMAN LAS FRACCIONES IX Y X DEL ARTICULO 75 DE LA LEY GENERAL DE EDUCACION Y EL INCISO D) DEL ARTICULO 32 DE LA LEY PARA LA PROTECCION DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES Y SE ADICIONA EL ARTICULO 149 QUATER DEL CODIGO PENAL FEDERAL

(Presentada por el C. Senador Mario Delgado Carrillo, del grupo parlamentario del PRD)

- El C. Senador Mario Delgado Carrillo: Muchas gracias, señor Presidente; compañeras y compañeros Senadores:

Vengo el día de hoy en mi carácter de Senador de la República, pero también en mi carácter de padre de familia, preocupado por el deterioro que estamos viendo en el entorno escolar, en nuestras escuelas, cómo nuestro país ha decidido cerrar los ojos ante esta realidad y pensar que toda la violencia que estamos viendo todos los días en nuestro país no va a afectar a la infancia, o no puede llegar a penetrar de alguna u otra manera a las escuelas.

Estamos a tiempo de rescatar, de proteger, de blindar a esta generación de niños y niñas, la primera generación de niños y niñas que está creciendo en un entorno de gran violencia. Estamos a tiempo de tomárnoslo en serio y prevenir y evitar que en algunos años nos arrepintamos por no haber hecho nada, por haber renunciado a nuestra primera obligación como funcionarios, como ciudadanos, pero sobre todo como padres de familia a cuidar el buen desarrollo de nuestros hijos y nuestras hijas.

Presentamos hoy, gracias al esfuerzo de muchas organizaciones civiles, padres y madres de familia, maestros, maestras, especialistas en el tema, académicos, la Ley General para la Promoción de la Convivencia Libre de Violencia en el Entorno Escolar.

Hoy, un día después de que celebramos el Día Internacional de los Derechos Humanos, hay que tomarnos en serio el derecho de los niños, de las niñas y de los jóvenes, hay que tomárnoslo en serio.

Hoy el acoso escolar, también conocido como bullying, es un problema que afecta tanto el desarrollo personal como el desarrollo académico de alumnos, alumnas y se convierte regularmente en el principio de la violencia.

De acuerdo con la OCDE, México cuenta con el ambiente escolar más violento, y solamente uno de cada diez alumnos recibe una atención especializada; el Estudio Internacional sobre Docencia y Aprendizaje, también publicado por la OCDE, coloca a México como el país con el ambiente escolar más violento en secundaria de los 24 países estudiados.

Estamos presentando una iniciativa de ley para prevenir y atender la violencia en el entorno escolar y para promover una cultura de paz, tolerancia, respeto por el otro, basado en el ejercicio de los derechos humanos.

La iniciativa se basa en los siguientes elementos: es una propuesta de ley general, es decir, se aplicaría en todo el país, el objetivo de la ley es promover la convivencia libre de violencia en el entorno escolar, esta propuesta busca prevenir y atender el bullying, y lo más importante, por ser más amplia, prevenir y atender todo tipo de violencia en el entorno escolar, ya sea dentro o fuera de la escuela, dentro o fuera del horario escolar.

Se define a la violencia en el entorno escolar del siguiente modo: conductas generadas individual o colectivamente que ocurren de modo reiterativo prolongándose durante un periodo de tiempo, tanto dentro como fuera de los planteles educativos o del horario escolar, entre integrantes de la comunidad educativa, asociados a los distintos tipos de violencia que se manifiestan como maltrato, intimidación, acoso, hostigamiento, abuso, discriminación, dominación, sumisión, amenaza, agresión, burla, humillación, y que tienen como intención poner en riesgo, pretender causar o causar un daño a la integridad de la persona receptora o víctima directa de violencia en el entorno escolar, uno o varios de sus derechos fundamentales, además de producirle bajo rendimiento escolar, deserción, depresión, inseguridad, baja autoestima, temperamento agresivo y alteraciones en la emoción y la conducta, entre otras.

Los principios rectores de la ley son:

I. El interés superior de la infancia y de la juventud.

II. El respeto, promoción y protección de los derechos humanos.

III. La prevención de la violencia en el entorno escolar.

IV. La no discriminación y el respeto a la pluralidad y diversidad.

V. La cultura de paz.

VI. La perspectiva de género.

VII. La resolución pacífica de conflictos.

VIII. El fortalecimiento de la cohesión comunitaria.

IX. La igualdad.

X. La interdependencia.

XI. La integridad.

XII. La coordinación interinstitucional.

XIII. La resiliencia.

XIV. La participación ciudadana en la comunidad educativa, con especial énfasis en la participación de la infancia y la juventud.

Es una propuesta con un enfoque cien por ciento preventivo y de atención multidisciplinaria, retoma la experiencia exitosa que ha tenido la ciudad de México en este tema.

En materia de prevención, ¿qué proponemos? Que exista un programa interno en todos y cada uno de los planteles en el país para prevenir la violencia. Cada escuela también en el país deberá tener un consejo de convivencia escolar, integrado por personal de la comunidad educativa.

Se crea también una red nacional encargada de promover las acciones en materia de atención y prevención de la violencia, y se crea también un observatorio con representantes de todas las entidades federativas encargadas de emitir recomendaciones y evaluar los resultados de las acciones de la promoción de la cultura, de la paz, así como realizar diagnósticos, estadísticas, indicadores e informes para las recomendaciones de la violencia en el entorno escolar.

También, no hace falta nada más medir y reconocer el problema, sino garantizar un modelo único de atención integral en todo el país, que incluya todas las acciones psicológicas, jurídicas, médicas y todas las que se necesiten para atender la violencia escolar.

Un tema también que ha sido particularmente difícil de desarrollar, porque estamos hablando de niños y niñas, son la responsabilidades y sanciones. Proponemos ir definiendo una a una las responsabilidades de los padres, madres o tutores, de los docentes, de los directivos escolares y de las autoridades educativas.

Hay que superar la idea de que nadie es responsable cuando hablamos de violencia escolar, que es algo natural, que es una cuestión del desarrollo propio de la infancia, no es así, no podemos acostumbrarnos a la violencia.

¿Cuál es la responsabilidad de los padres, madres de familia o tutores? En primer lugar, deben estar muy pendientes de proteger a los menores de edad, también es su responsabilidad promover una convivencia libre de violencia en el entorno escolar, en los consejos escolares.

Un padre, una madre comprometida con la cultura de la paz y de la tolerancia e informando sobre qué hacer es la mejor garantía de seguridad en el entorno escolar, con ello evitaremos toda forma de maltrato, daño, agresión o abuso, como ya prevé el artículo 11 de la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.

Sanciones. En caso de que la conducta del menor derive en un daño o perjuicio a terceros, como ya prevé la normatividad civil la responsabilidad siempre será de los adultos y nunca de los niños o de los menores.

Por la conducta de los menores que causen un daño la responsabilidad de los padres o tutores por omisión de cuidado o por negligencia, de los docentes y directivos escolares, responsabilidades, son cinco las acciones fundamentales de los maestros, personal administrativo y directivos docentes para la eficacia de esta ley.

Que cada escuela cuente con un programa interno de promoción de la convivencia libre de violencia en el entorno escolar, que los docentes y directivos escolares proporcionen la atención que corresponda a un incidente de violencia escolar, que los docentes y directivos escolares informen a los padres y madres de familia o tutores cuando ocurran sobre los incidentes de violencia escolar, que los docentes y directivos escolares tomen las previsiones para prevenir que se cometan incidentes, que los docentes y directivos escolares asistan a cursos de capacitación para promover la cultura de la paz y atender los incidentes de violencia escolar.

Además, se debe tener especial cuidado en supervisar la conducta del propio personal docente administrativo.

¿Qué sanciones habría en estos casos? Bueno, estamos proponiendo que se imponga una administración pública por no contar con el programa interno en cada escuela, el objetivo no es sancionar severamente, pero sí hacer un fuerte llamado de atención para que se corrija y se cuente con un programa y se apoye también a la capacitación.

Considerando la importancia del derecho a la información de los padres o madres de familia o tutores, se sancionará con multa equivalente de 10 a 100 días de salario mínimo vigente la omisión del maestro directivo escolar de informar a los padres sobre incidentes, si el maestro, el personal administrativo o el directivo docente niegan, impiden, entorpecen, obstaculizan, la escuela podrá perder el reconocimiento de validez oficial en el caso de la escuela privada y en el caso de la escuela pública sancionar administrativamente a los maestros y directivos responsables.

Las autoridades educativas tendrán la responsabilidad de la debida diligencia y que estén preparados en la labor de prevención, son responsables de recibir capacitación, de supervisar, inspeccionar y vigilar, de comunicar al centro educativo que deben de tomar ciertas medidas y en el caso que haya incidentes de violencia escolar, los padres o madres de familia o tutores tienen derecho a reclamar indemnización por responsabilidad patrimonial.

Es de justicia dar a los padres o madres un derecho a la integridad patrimonial por una actividad administrativa deficiente en la prestación del servicio de educación pública.

Quiero agradecer a todas las personas que colaboraron en este proceso para hacer esta ley; hoy están presentes algunas de las organizaciones que colaboraron, por ejemplo, la Fundación Mirarte, la Asociación Mexicana de Resiliencia, Salud y Educación, profesores del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, también trabajadores del programa de seguridad escolar, agradecer también a mi grupo parlamentario por este apoyo, también a las Senadoras Margarita Flores, Mely Romero, Angélica Araujo y Layda Sansores, y a los Senadores Manuel Cota, Daniel Amador y Antonio Blásquez.

Es todo, señor Presidente.

Muchas gracias, el bullying no es juego de niños, es el principio de la violencia, muchas gracias.

Iniciativa

“MARIO DELGADO CARRILLO, Senador integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática a la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 8 fracción I, 164, 169, 171 y 172 del Reglamento del Senado de la República, me permito presentar a esta Honorable Cámara de Senadores la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY GENERAL PARA LA PROMOCION DE LA CONVIVENCIA LIBRE DE VIOLENCIA EN EL ENTORNO ESCOLAR, SE REFORMAN LAS FRACCIONES IX Y X DEL ARTICULO 75 DE LA LEY GENERAL DE EDUCACION Y EL INCISO D) DEL ARTICULO 32 DE LA LEY PARA LA PROTECCION DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES, Y SE ADICIONA EL ARTICULO 149 QUATER DEL CODIGO PENAL FEDERAL, de conformidad a la siguiente:

Exposición de Motivos

1. Derechos fundamentales de las niñas, los niños y los jóvenes.

La propuesta busca desarrollar a través de una Ley General la protección del derecho fundamental a la educación, según dispone el artículo 3° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM), en los aspectos de desarrollo de la educación pública y privada en un ambiente libre de violencia y el ejercicio de la promoción de una cultura de la paz en la forma y términos que disponen los principios constitucionales. Al mismo tiempo que garantiza el derecho a la educación, con esta propuesta, el legislador también garantizaría los derechos de las niñas y niños y de los jóvenes, en específico aquellos relativos a la salud, al normal desarrollo y a la convivencia en un ambiente libre de violencia.

Además, conforme a lo dispuesto en el artículo 73, fracción XXIX-P de la CPEUM, el Congreso de la Unión tiene facultades para Expedir leyes que establezcan la concurrencia de la Federación, los Estados, el Distrito Federal y los Municipios, en el ámbito de sus respectivas competencias, en materia de derechos de niñas, niños y adolescentes, velando en todo momento por el interés superior de los mismos y cumpliendo con los tratados internacionales de la materia, de los que México sea parte.

El actual texto constitucional y los tratados internacionales en la materia establecen los principios que deben guiar la actuación pública y los valores a perseguir. El tiempo es oportuno para desarrollar legalmente la educación pública y privada libre y sin violencia.

Consagrado en el artículo 3° de la CPEUM el derecho fundamental a la educación, el Artículo 7o., fracción VI, de la Ley General de Educación establece que la educación que impartan el Estado, sus organismos descentralizados y los particulares con autorización o con reconocimiento de validez oficial de estudios tendrá, además de los fines establecidos en el segundo párrafo del artículo 3o. de la CPEUM, promover el valor de la justicia, de la observancia de la Ley y de la igualdad de los individuos ante ésta, propiciar la cultura de la legalidad, de la paz y la no violencia en cualquier tipo de sus manifestaciones, así como el conocimiento de los Derechos Humanos y el respeto a los mismos.

En añadidura, el artículo 8 de la misma Ley General de Educación señala que el criterio que orientará a la educación que el Estado y sus organismos descentralizados imparta, así como toda la educación preescolar, la primaria, la secundaria, la normal y demás para la formación de maestros de educación básica que los particulares impartan, se basará en los resultados del progreso científico; luchará contra la ignorancia y sus causas y efectos, las servidumbres, los fanatismos, los prejuicios, la formación de estereotipos, la discriminación y la violencia especialmente la que se ejerce contra las mujeres, niñas y niños, debiendo implementar políticas públicas de Estado orientadas a la transversalidad de criterios en los tres órdenes de gobierno. En la fracción III, del artículo 8 de la Ley General de Educación, se establece que contribuirá a la mejor convivencia humana, tanto por los elementos que aporte a fin de robustecer en el educando, junto con el aprecio para la dignidad de la persona y la integridad de la familia, la convicción del interés general de la sociedad, cuanto por el cuidado que ponga en sustentar los ideales de fraternidad e igualdad de derechos de todos los hombres, evitando los privilegios de razas, de religión, de grupos, de sexos o de individuos.

Si bien es cierto que en la Ley General de Educación se establecen los principios a los que debe tender la educación, entre los que se encuentran la lucha contra la discriminación y la violencia, respeto a la dignidad de la persona, igualdad y evitando los privilegios, aun falta mucho por hacer para prevenir la violencia y promover la convivencia libre de violencia en el entorno escolar. 

En el cumplimiento de esa finalidad debe analizarse y discutirse esta iniciativa.

2. Hay que tomarnos los derechos de la infancia y la juventud en serio.

A finales de los años 70, Ronald Dworkin, filósofo norteamericano y profesor de derecho constitucional, conocido por ser de los primeros filósofos que vinculó derecho y moral, escribió un ensayo jurídico que por su nombre y por su contenido, iba a cambiar de forma significativa la percepción de los años siguientes sobre el papel del derecho en el bienestar de la gente. Tal ensayo se llamó Taking Rights Seriously.

En ese ensayo Dworkin señala que si los derechos de los ciudadanos y los de todos importan, es fundamental que todos dejen a un lado las clásicas abstracciones y se concentren en el deber del gobierno de preocuparse por el bienestar de las personas. Dejar a un lado la neutralidad formal de las leyes y ocuparse de la promesa que en democracia las mayorías hacen a las minorías por el bien común y también la promesa de que la dignidad y la igualdad serían respetadas. Añade Dworkin que la batalla por los derechos es ardua, máxime que los funcionarios actuarán según sus propias ideas sobre lo que son los derechos. Alcanzar los derechos –dice Dworkin- demandará reclamaciones de la minoría, y lo relevante, que las decisiones sobre todos los derechos se tomen con seriedad. Si el gobierno no se toma los derechos en serio, entonces tampoco se está tomando con seriedad el derecho.

Hoy, el ensayo de Dworkin vuelve a ser relevante. Habría que referimos a él, por lo que toca a los derechos de la infancia y de la juventud, como la promesa todavía pendiente de cumplir y, por lo tanto, a la obligación que todos tenemos de tomarnos los derechos de niñas y niños y de la juventud con mucha seriedad.

Si no nos tomamos en serio sus derechos, entonces no hemos tomado la suficiente responsabilidad. Esta propuesta legislativa precisamente busca tomarse, como decía Dworkin, hace ya más de 30 años, los derechos de nuestras niñas y de los niños y de nuestros jóvenes, en serio.

3. La importancia de la Escuela.

La escuela es el sitio de socialización en el que se establecen relaciones de amistad entre niñas, niños, jóvenes y docentes; es además un sitio donde se experimentan las relaciones de poder, jerarquización, así como la participación en actos violentos, ya sea que se reciba algún tipo de violencia por parte de compañeros y compañeras o de los adultos y adultas que forman parte de la comunidad educativa.

Después de la casa, la escuela es el espacio idóneo para enseñar y aprender la convivencia libre de violencia de cualquier tipo. Sin embargo, han habido obstáculos para que la labor de la escuela no se haya concretado de esa manera, entre otros: la falta de una modificación al currículo educativo formal y oculto, siendo este último el más urgente de atender, ya que perpetúa la violencia en varios sentidos (Flores, 2005)1. Un obstáculo más es la falta de voluntad política que ha impedido que se lleve a cabo un programa integral que minimice y erradique todas las formas de discriminación y violencia en los centros escolares (Oxfam, 2005a)2. Igualmente, desde el imaginario social, se sigue concibiendo a la escuela como un espacio que prioritariamente potencia capacidades cognitivas, antes que las afectivas.

En este contexto, una gran parte de docentes centran sus esfuerzos en cubrir los créditos de los planes de estudios, en pro de un desarrollo académico conveniente al ajuste de las demandas del programa educativo, con lo que dejan de lado contenidos que tienen como base la cooperación y convivencia, mismas que, de tomarse en cuenta, conducirían a las alumnas y los alumnos a aprender y vivir en una cultura de paz.

Existe la falsa creencia de que las formas de relacionarse entre niñas, niños y jóvenes que tienen matices violentos constituyen una situación natural; se piensa que es “propio de su edad”, es un “juego de niños”, porque “así se llevan” y en ocasiones, la violencia en contra de alguien está justificada porque “es una broma” o, peor aún, porque “se lo buscó”. Esta manera de justificar y naturalizar la violencia, encuentra su razón de ser en la forma en cómo ha sido transmitida a través de generaciones y permeada en todos los agentes socializadores, reproducida por todos los sectores de la sociedad de manera consciente o inconsciente y en este caso, por las y los integrantes de la comunidad educativa.

4. El problema del Bullying en otras latitudes.

El Bullying o maltrato escolar es un problema creciente en las sociedades contemporáneas y su término se acepta proveniente del viejo continente. Se asume que su traducción es la más adecuada a los términos acoso, intimidación o amedrentamiento que un individuo o grupo de personas ocasiona intencionalmente a otro y que en muchas ocasiones son prácticas que se dan entre escolares de varios niveles.

Desde la década de los setenta, en todo el mundo se han llevado a cabo investigaciones sobre el fenómeno de referencia, que es una práctica muy vieja. Según Díaz Aguado (2005)3, los resultados obtenidos en los estudios científicos realizados sobre su incidencia reflejan que, a lo largo de su vida en la escuela, todos los estudiantes parecen haber tenido contacto con la violencia entre iguales, ya sea porque la han ejercido, la han padecido, o han sido espectadores, siendo esta última la situación más frecuente.

La violencia se ha desarrollado como una forma característica de extrema violencia escolar que aborda maltrato físico independientemente del que se ocasiona a nivel psicológico a aquéllos que lo padecen, generando una clase de tortura física, metódica y sistemática en la que el agresor o los agresores invaden a la víctima, a través del silencio, la indiferencia y la complicidad, con lo que obtienen satisfacción y un papel predominante ante los demás por llevar a cabo estos actos.

Desde hace algunos años este fenómeno ha sido enfrentado en algunos países de Europa con muestras significativas de mejora en relativamente poco tiempo.

Una de las conclusiones a las que llegó el estudio denominado “Violencia escolar, el maltrato entre iguales en la educación secundaria obligatoria”4, llevando a cabo en España, señala que a finales de los 90 el porcentaje de alumnos que sufría insultos era de 39% y de aquéllos que sufrían motes ofensivos correspondía a 37.7%.

Mediante la intervención gubernamental, a través de políticas públicas específicas, esos porcentajes se lograron disminuir para finales de 2006 llegando en el primer caso a 27% y en el segundo a 26%, permeando con el ejemplo para la aplicación de políticas específicas en otros países de Europa.

El Defensor del Pueblo (2007) en España5 menciona que las investigaciones afirman que el acoso es un fenómeno muy extendido entre las y los escolares, pues uno de cada seis alumnos y alumnas reciben alguna clase de maltrato por parte de sus compañeros o compañeras, y que es en los últimos años de la educación primaria y en los primeros de la secundaria (9-14 años) cuando se produce con mayor frecuencia. Entre los estudios que menciona este informe está el realizado por Smith y Shu en 2000 con escolares británicos entre 10 y 14 años, donde se encontraron niveles de incidencia semejantes: 32.2% de entrevistados y entrevistadas refiere que ha sufrido acoso esporádicamente, y un 7% al menos una vez por semana.

En España, en 2011, el Ministerio de Educación llevó a cabo una encuesta entre 7,600 chicos de entre 8 y 17 años. Los principales resultados arrojaron que el 63% de los niños españoles afirma saber mucho o algo sobre ciberacoso y hasta un 81% se confiesa preocupado al respecto. El 19% de los encuestados admite acosar a alguien en la Red.Entre el 37% de los jóvenes españoles que son ciberacosados, un 17% admite recibir un trato poco amistoso, un 13% ser objeto de burlas y un 19% ser insultado. Además, las posibilidades de ser víctima de este bullying online se duplican cuando también se es acosador: la tasa de acoso entre quienes se burlan o amenazan a terceros escala hasta el 74% frente al 37% de quienes no. El 71% de los padres habla habitualmente con sus hijos sobre los riesgos que entraña Internet, y casi un 60% que les enseña cómo navegar de forma segura mientras que un 67% de los padres y madres controla directamente el uso que hacen sus hijos del ordenador. Este uso, si es intenso, expone al menor a mayores riesgos, según el informe: más de la mitad de los encuestados asegura que son acosados cuando navegan por Internet más de 10 horas semanales, frente a la tasa del 29% de acoso de quienes navegan menos.

En el Reino Unido, la Institución: Bullying UK realizó una Encuesta en 2011 que arrojó los siguientes resultados: el 43.5% de los encuestados de entre 11 y 16 años ha sido intimidado a través de redes sociales como Facebook, Twitter, MySpace o Bebo en alguna ocasión.

En el Mismo país, la American Academy of Pediatrics ha detectado que un 24% de los adolescentes eran víctimas de bullying homofóbico, declarándose la mitad de ellos abiertamente homosexual y la otra mitad como heterosexual o sin preferencia sexual definida. También han detectado un aumento del número de suicidios de este tipo en los últimos años (2011 y 2012). Al 32% le habían detectado trastorno del estado de ánimo y a un 15% adicional se le había detectado en concreto depresión. Se concluye que aunque el ciberbullying está presente en muchos de estos casos, casi siempre existen otros factores como el bullying cara-a-cara o enfermedad mental.

El Instituto de Investigación de Ciencias de la Salud en la Escuela Warwick en el Reino Unido en 2008, tomó una muestra de 6,437 estudiantes y concluyó que hasta un 46% de los participantes fue clasificado como víctima de ‘bullying’ a los ocho y 10 años frente al 53% que no sufrió este tipo de maltrato.

En nuestro continente, en Estados Unidos, el tema ha tomado mayor relevancia en los últimos años, según un Reporte de Leyes y Políticas del Bullying en aquélla nación6.

El 6 de diciembre de 2011 el Departamento de Educación de EE.UU lanzó un análisis sobre el Estado de las leyes y políticas del Bullying; un nuevo reporte de los 46 estados con leyes anti-Bullying y de los 41 estados modelos para las escuelas que han creado políticas anti-Bullying.

Este informe es muy importante, ya que muestra la prevalencia de los esfuerzos estatales para combatir la intimidación y acoso escolar durante una década.

Por ejemplo:

• De 1999 al 2010, más de 120 Proyectos de Ley fueron aprobados por las legislaturas estatales de toda la nación, como también para modificar los estatutos que se ocupan de este problema relacionado en los planteles educativos.

• 21 nuevos Proyectos de Ley se promulgaron en el 2010, y 8 proyectos adicionales se convirtieron en Ley el 30 de abril de 201

• De los 46 estados con leyes contra el acoso e intimidación escolar, 36 mantienen provisiones que prohíben el acoso cibernético y 13 cuentan con leyes donde se otorga a las escuelas la autoridad para hacerle frente a los comportamientos fuera del campo escolar que generan un ambiente escolar hostil.

Hoy, la consulta del sitio www.stopbullying.gov, es una muestra de la respuesta de las agencias gubernamentales norteamericanas para entender el bullying, prevenir el cyberbullying, hacer conciencia de quién está en riesgo, cómo prevenir y cómo atender el bullying, y, en general, qué hacer ante este problema.

Por otro lado, en el Sur del continente, Teresa Paredes y su equipo7, realizaron una investigación exploratoria sobre el fenómeno de maltrato escolar en 14 colegios de la ciudad de Cali, Colombia. La muestra fue de 2,542 alumnos y alumnas con un rango de edades de 9 a 18 años. En este estudio, el porcentaje de víctimas y agresores frecuentes alcanza porcentajes bastante altos 24.7%. La investigación sugiere que una proporción importante de estudiantes de Cali puede estar presentando diferentes niveles de malestar psicológico. Agregan que los centros educativos deben estar conscientes de que existen diversas formas de violencia escolar, algunas poco visibles en apariencia o poco espectaculares en su manifestación, como el Bullying, pero que interfieren con el propósito de que los colegios sean un lugar seguro para el sano desarrollo emocional, social e intelectual de todos los estudiantes y de todas las estudiantes.

En Brasil, la Institución ONG Plan Brasil en 2010 llevó a cabo una encuesta entre estudiantes en el Sudeste del País. Alrededor del 70% de los estudiantes dicen que han visto escenas de violencia en sus unidades de enseñanza.  Casi la mitad de los (47%) ha visto algún compañero sufrir de bullying, definido como una agresión hecha de forma sistemática, practicada por lo menos tres veces contra la misma persona en un año.  

La Universidad Central de Chile en 2008 realizó el cuestionario sobre Intimidación y Maltrato entre Iguales. La muestra fue de 778 alumnos de 1º a 4º de Enseñanza Media de la Región Metropolitana, cuya edad promedio de estudiantes es 15 años. Los principales resultados arrojaron que 75% de la muestra dice haber sido testigo de maltrato tanto físico como psicológico y social y 4,6% indicó haber participado “muchas veces” en situaciones de intimidación y maltrato entre iguales.

Existen acciones contundentes e iniciativas mundiales que se han enfocado a los problemas y temas relacionados con la escuela y la educación. Entre ellos se encuentra el Observatorio de la Educación Iberoamericana que es una instancia que pone de relieve la diversidad y los elementos comunes de lo que significa el fenómeno educativo en Iberoamérica en la actualidad. Por ello, debe entenderse como un productor de sentidos y como un generador de rutas que, a su vez, incorpora múltiples y diversas apreciaciones8. Se encuentra integrado por el Observatorio Argentino de violencia en las Escuelas, el Observatorio Chileno de Políticas Educativas, el Observatorio de Educación de Brasil, el Observatorio Ciudadano de Educación en México, por citar a algunas instancias.

Las posturas y actividades que se realizan en otras latitudes tienen que motivarnos y servir como detonante de cambios en nuestro marco normativo general, e inclusive fomentar la participación de nuestro país en cumbres mundiales de prevención tanto por las Secretarias de Educación, agencias federales, estatales como locales, exponer las carencias de leyes y políticas anti-Bullying en todos los países.

Es tiempo de dejar el papel de espectadores, y tomar un papel más activo. Saber qué hacer para poder actuar. Esta es una premisa fundamental.

5. Algunos datos sobre el problema en México.

En diversas latitudes de México el fenómeno del maltrato escolar (coloquialmente denominado Bullying) ha venido en aumento (SEP/UNICEF)9. Aunque debemos tener cuidado cuando se habla de este problema en los medios masivos de comunicación, pues como lo señala Avilés10, desde ahí la violencia parece aumentar cada día en nuestra sociedad y en el medio escolar, sin embargo, si nos ceñimos a los datos de investigación más sistemáticos en la escuela, obtenemos otros datos. Este autor asegura que el tratamiento del tema en los medios de comunicación exagera el problema aunque los datos sobre violencia escolar parecen ser ciertos en los detalles, resultan injustos en las generalizaciones.

En nuestro país, las acciones emprendidas para combatir estas prácticas tienen relativamente poco tiempo aunque existen mediciones internacionales que asignan un lugar a México en cuanto a la existencia de estos hechos.

Por ejemplo, el Estudio Internacional sobre Docencia y Aprendizaje, publicado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), coloca a México como el país con el ambiente escolar más violento en secundarias de los 24 países estudiados. En el 61% de los casos hay intimidación, abuso o agresión verbal entre estudiantes y en un 51% se señala que entre la comunidad estudiantil hay uso o posesión de drogas o alcohol.

En México, un grave problema es que son pocos los estudios que ofrecen cifras y estadísticas sobre la problemática; sin embargo, presentan cifras preocupantes, por citar algunos ejemplos, de acuerdo con la Secretaría de Educación Pública (SEP) y el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF)11, el 43.2% del personal docente mencionó que habían detectado casos de Bullying en su escuela; 3 de cada 10 niños de primaria había recibido alguna agresión física de un compañero; una quinta parte de los niños y niñas de sexto de primaria y de secundaria señalaron que uno de los motivos para molestar a los niños es que éstos no cumplían con características del estereotipo masculino. La SEP estima que al menos 10 por ciento de los alumnos de educación básica son víctimas de acoso escolar, y lo más grave es que sólo uno de cada 10 recibe atención especializada.

Por otra parte, los resultados de la Primera Encuesta Nacional de Exclusión, Intolerancia y Violencia en Escuelas Públicas de la Educación Media y Superior, 2008, realizada por la SEP a 13 mil 104 estudiantes de 15 a 19 años, señalan que el 44.6% de los jóvenes hombres y 26.2% de las mujeres encuestadas reconoció haber abusado de sus compañeros; mientras que 40.4% y 43.5% respectivamente, aceptaron que habían ignorado la práctica, en tanto que 39.3% y 18.5% había puesto apodos ofensivos.

Más grave aún, el mismo estudio indica que el 54% de los estudiantes manifestó que no les gustaría tener como compañeros en la escuela a enfermos de SIDA; otro 52.8% les desagradaría compartir clases con personas no heterosexuales; el 51.1% desaprueba trabajar con alumnos con capacidades diferentes; otro 38.3% con jóvenes que tengan ideas políticas diferentes; mientras que el 35.1% con jóvenes que tengan una religión diferente.

El 16.3% de los estudiantes declaró que la violencia forma parte de la naturaleza humana y otro 16% justifica la violencia a alguien porque le quitó algo y el 13% de los encuestados aceptó que los hombres les pegan a las mujeres por instinto.

El Instituto Nacional para la Evaluación Educativa (INNE)12, señala que 8.8% de estudiantes de primaria y 5.6% de secundaria incurrieron en actos de violencia en la escuela; 2 de cada 10 niños que asistieron a primaria participaron en peleas, donde golpearon a uno de sus pares; casi una cuarta parte de los alumnos de primaria, afirmaron que sus compañeros se burlaron de ellos constantemente; 17% de los alumnos de primaria manifestó que había sido lastimado físicamente por otro compañero o grupo de compañeros; 11% de los alumnos de primaria reconoció que había robado o amenazado a un compañero.

Datos también importantes sobre este fenómeno fueron los obtenidos por el propio INEE a través de los cuestionarios de contexto de los Exámenes para la Calidad y el Logro Educativos (Excale) 2005, y dado a conocer en el documento “Calidad de la Educación Básica en México. Informe Anual 2006.

Ese estudio analizó la violencia ejercida, es decir, cuando los alumnos han participado en actos de agresión en cualquier modalidad (física, burlas, robo, entre otras acciones). Los resultados son los siguientes:

Pregunta

Nivel Primaria

Nivel Secundaria

¿Has participado en peleas en donde hayas dado golpes, dentro o fuera de la escuela?

19%

11.10%

Participaste en actividades que dañaron las instalaciones, el mobiliario o equipo de la escuela (pintas, grafiti, descomponer chapas, etcétera)

9%

7.30%

¿Participas en un grupo de alumnos que haya intimidado o amenazado a otros alumnos de la escuela?

10.90%

6.80%

¿Has robado algún objeto o dinero dentro de la escuela?

2.10%

1.30%

Otro documento con datos interesantes a nivel nacional es el ensayo “La violencia en las escuelas secundarias”13, en el que se sostiene que las escuelas secundarias reflejan los comportamientos de la sociedad a la que pertenecen.

En este caso y según el texto, lo cual es destacable a fin de dimensionar el problema de la violencia en el entorno escolar, es muy importante no pretender aislar a las escuelas de su contexto. Por ello es necesario tomar en cuenta las relaciones con las autoridades escolares y de gobierno correspondientes, las relaciones con su entorno inmediato, con los padres y familias de los estudiantes.

Según la profesora Tello “...la violencia ha sido interiorizada por las comunidades perdiéndose la capacidad de indignación y la posibilidad de realizar cambios al respecto...”, y señala que el 73% de los vecinos afirma que continuamente hay pleitos de estudiantes a la salida de la escuela,que las niñas se pelean por los niños y los niños se pelan por las niñas, este es un dato que revela cómo hoy día se están planteando las relaciones iniciales entre hombre y mujer. El 50% de los vecinos afirma que hay quien vende drogas alrededor de las escuelas y 27% dice que las venden adentro (sic) de los planteles, 57% opina que los policías no sirven para nada afuera de las escuelas y 54% de los padres reconoce que sus hijos están involucrados en esas actividades. Lo cierto es que el escenario es bastante homogéneo, la cotidianidad se convierte en lo sabido, en lo aceptado.

La investigadora, en el ensayo establece que en el problema de violencia y acoso escolar se dimensionan los siguientes elementos:

• La violencia

• La escuela

• La relación entre alumnos y profesor

• Las autoridades

• El estudiante y su familia

En torno a la violencia, señala que ésta es producto de un entorno inseguro y desapegado a la legalidad. En referencia a la escuela, y esto es importante enmarcarlo, la especialista señala que los muros de las escuelas no impiden la entrada del acontecer externo: el poder de las bandas, la droga, la violencia, la ausencia de control, que se refleja en que un 98% de los estudiantes dice que su escuela es “chida” y segura, sin embargo, 18% ha visto armas dentro, 16% ha observado algún tipo de droga, 36% ha recibido golpes y 10% ha sido víctima de caricias no deseadas.

Respecto a la relación alumno-profesor, la investigadora señala que casi un 80% de los estudiantes dice que las relacionescon los profesores son de respeto y/o amigables, pero sólo 48% afirma obedecerlo, un 45% de los estudiantes ha deseado ser violento con los profesores y 35% de los estudiantes se sintió agredido en el año escolar por algún profesor y 12% de los alumnos afirma haber comprado en alguna ocasión una calificación.

En relación con las autoridades y su participación en el fenómeno, la académica asegura que las autoridades también saben del problema, de la violencia, de las extorsiones, de las violencias, de la droga y de los estudiantes que han sido abusados o de violencia intrafamiliar, pero a su vez corren los mismos riesgos que los profesores, entonces prefieren simular. Tienen miedo y, en consecuencia, no establecen ningún control, no aplican ninguna regla con regularidad. No es que no existan normas y reglas, sino que no se cumplen, no tienen vigencia en la vida cotidiana, tanto porque la autoridad es incapaz de vigilar y exigir su cumplimiento como porque los alumnos las desconocen y no las aceptan.

Finalmente, la investigación concluye que cuando el adolescente busca adherirse a formas de relación y expresión para hacerlas suyas, se halla en escenarios de exceso, sin control, sin guía, y la voz que alcanza a escuchar es la del más fuerte. En este caso el más fuerte, la figura a seguir, suele ser la del transgresor, la del rebelde que se opone, provoca y gana.

Lo anterior, nos lleva a establecer que no sólo se trata de que la violencia escolar se exprese por medio de videos con jóvenes golpeándose entre sí, sino que va más allá, la violencia está vinculada con una descomposición social y de valores que requiere el trabajo integral en los lugares en los que se ubican las escuelas y las condiciones de vida de sus habitantes.

Por otro lado, se han realizado en algunos estados de la República, investigaciones sobre Bullying con diferentes enfoques. Torres, Beltrán y Vázquez14 trabajaron sobre las percepciones de niños y jóvenes de telesecundaria en el sureste mexicano con respecto a la violencia en la escuela. Su muestra fue de 40 estudiantes de una población de 200, de edades entre 12 y 16 años; aplicaron un cuestionario de 21 preguntas tanto de opción múltiple como abiertas. De los resultados obtenidos destacan los siguientes:

a) La violencia es entendida por ellos y ellas como un síntoma de violencia y de falta de respeto de los derechos humanos.

b) Las fuentes principales de información sobre la violencia son los medios de comunicación; sin embargo, el lugar de más actos violentos es el hogar.

c) El 93% considera que su población ejerce violencia sobre niños y jóvenes.

d) El 84% asegura que los actos violentos de adultos a niños y jóvenes se reproducen entre niños y jóvenes.

De acuerdo con la primera encuesta nacional sobre el Bullying homofóbico realizada por la Youth Coalition; COJESS México y enehache.com, el 75 % de los gays sufrieron algún tipo de Bullying homofóbico en la escuela, principalmente a través de burlas e insultos pero también como golpes y abuso sexual por parte de sus compañeros.

La encuesta se desarrolló vía internet y se tomaron las respuestas de 1273 personas LGBT mexicanas, representadas de las 32 entidades del país.

Ante la pregunta “¿Qué hacían tus profesores ante el Bullying homofóbico? El 25 % respondió que los profesores “se les hacía normal” y un 10% dijo que incluso “eran cómplices de la homofobia”.

Otro dato es que 1 de 4 personas LGBT llegó a tener pensamientos suicidas como consecuencia del Bullying que sufría en la escuela. Otras de las repercusiones más comunes reportadas por los encuestados fueron la depresión, el no querer ir a la escuela y bajo rendimiento escolar.

La solución de problemática pasa obligatoriamente por la prevención con educación, con la intención de implementar la educación formal de la sexualidad a todos los niveles educativos para revertir la discriminación y estigmatización que genera la identidad sexual de las personas.

El CONAPRED ha determinado de igual forma que el grupo en mayor situación de vulnerabilidad y discriminación es la comunidad LGBT y por ello, deben tomarse las medidas necesarias para que desde los procesos educativos se atienda y revierta esta situación.

Hay que educar en la diversidad y, pues es de desde temprana edad donde se construye la identidad y en ello los centros escolares desempeñan un papel preponderante.

6. Leyes aprobadas en algunas entidades federativas

El acoso escolar se ha convertido en un factor de alto impacto en el desarrollo emocional y académico de las niñas, niños y adolescentes de nuestro país, por lo que es necesario promover reformas a la legislación actual para que se propicien las condiciones que garanticen un ambiente seguro, digno y de respeto en el que las y los niños y adolescentes desarrollen sus capacidades por medio de la educación y una cultura de la paz.

De manera concreta, en cuanto a legislaciones se refiere, muy pocas entidades han realizado esfuerzos por normar y prevenir estas conductas.

La Iniciativa de Ley Contra la Violencia y el Acoso Escolar del Estado de Jalisco, presentada hace poco más de un año, ha sido aprobada por unanimidad en las comisiones de Educación y de Puntos Constitucionales, Estudios Legislativos y Reglamentos, y se presentó a primera lectura durante la sesión plenaria que se realizó el día 2 de octubre de 2012. Finalmente, después de la discusión se rechazó el proyecto de Ley, lo que sí se aprobó fue la adición del Título Noveno denominado “De la Seguridad y la Convivencia Escolar” a la Ley de Educación del Estado de Jalisco pretende establecer reglas normativas para combatir el acoso escolar. Con estas reformas se establecen los tipos de infracciones a las que se harán acreedores quienes prestan servicios educativos en caso de tolerar el acoso y violencia escolar; no tomar las medidas para prevenir y atender estos casos; tolerar o consentir conductas o lenguaje no propios en contra de los alumnos; ocultar al padre o tutor las conductas de sus hijos o tutelados cuando estas sean consideradas dentro de este tipo de actos ilícitos. Dentro de las modificaciones se adiciona el Título Noveno denominado “De la seguridad y Comunidad Escolar” con cinco capítulos a la Ley de Educación el Estado de Jalisco. Esta capitulación contiene la definición de “acoso escolar”, así como las definiciones generales, los derechos y obligaciones de los estudiantes, las reglas de conducta preventivas del acoso escolar, las medidas institucionales preventivas del acoso y la violencia escolar, el programa estatal contra la violencia y el acoso escolar.

En Puebla, el 29 de septiembre de 2011, el Congreso del Estado de Puebla aprobó laLey de Seguridad Integral Escolar para el Estado de Puebla, misma que propone establece programas permanentes de formación e información en materia de convivencia armónica en familia y sociedad; prevención de violencia intrafamiliar, social y escolar; así como la creaciónde un Manual de Convivencia Escolar por parte de la Secretaría de Educación Pública estatal.

El 31 de octubre de 2011, la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Innovación de la LVI Legislatura del Estado de Querétaro, aprobó la Iniciativa de Ley que Reforma y/o adiciona diferentes artículos de la Ley de Educación del Estado de Querétaro; y de la Ley de Salud del Estado de Querétaro, la cual tiene como finalidad que por mandato de Ley se realicen cursos, talleres y programas de atención, orientación, control y vigilancia, dirigidos a la población escolar, que ayuden a detectar, tratar y dar seguimiento a fenómenos de violencia o hechos delictivos en contra de los educandos, los cuales se realizarán en coordinación con los padres de familia y las autoridades especialistas en la materia, realizando medidas tendientes al tratamiento psicológico y médico de los mismos.

En cuanto a la Ley de Educación para el Estado de Tamaulipas, el Congreso local, aprobó reformas al implementar los mecanismos que fomentan la sana convivencia escolar, así como la erradicación del hostigamiento y el acoso en las escuelas, llamado “Bullying” que provocan el bajo rendimiento y afectan a los alumnos que son víctimas de este flagelo social, además se busca en todo momento, el establecimiento de la paz y la dignidad humana, así como poner en práctica programas que erradiquen el maltrato físico, psicológico y verbal en los planteles escolares. Así mismo dicha Ley contempla como una actividad de corresponsabilidad entre padres y maestros, propiciar en los alumnos un ambiente libre de violencia, tanto en la escuela como en la casa familiar.

En Veracruz, el 12 de octubre del 2011, se aprobó en forma unánime la Ley Contra el Acoso Escolar, por considerar que es un problema creciente que implica acciones contundentes. El fundamento es que según el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, Veracruz es el quinto estado de la República con mayor violencia en las escuelas. La Ley contempla acciones para prevenir, intervenir y sancionar la violencia escolar en el sistema educativo veracruzano, es de orden público e interés social y tiene por objeto prevenir y erradicar la violencia escolar en las instituciones educativas públicas y privadas del estado de Veracruz.

El 15 de diciembre de 2011, el pleno de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal aprobó la Ley para la Promoción de la Convivencia Libre de Violencia en el Entorno Escolar y se publicó en enero de 2012. La Ley constituye una Red Interinstitucional, un Observatorio sobre Convivencia Escolar y el Programa para la Prevención y Atención de la Violencia en el Entorno Escolar, como instrumentos de política pública que permitan delinear las estrategias a seguir con la participación de instancias sociales y académicas. Toda su estructura se define en tres conceptos: violencia en el entorno escolar, maltrato escolar y maltrato entre escolares.

A la fecha son pocas las entidades federativas que han concretado los esfuerzos para contar con una ley para prevenir la violencia en el entorno escolar. Sin embargo, los datos muestran que el problema sigue en aumento, y la carencia de instrumentos normativos poco ayuda para hacer un frente común.

7. Iniciativas legislativas similares sobre el tema

En 4 de julio de 2011, en la LXI Legislatura, se presentó el proyecto de Ley General para Prevenir, Atender y Erradicar la Intimidación Escolar suscrita por la diputada Adriana Sarur Torre.

Dicha iniciativa expone los siguientes argumentos: “Existen muy pocos estudios con respecto a esta situación en nuestro país, sería pertinente que en algún momento se pudiera llevar a cabo una investigación real del tema, para que así las propuestas de solución puedan ser las más acertadas y por lo tanto tengan mayor eficacia para la resolución del problema. El insistir en darle un tratamiento de mayor atención a la intimidación escolar se debe a que debemos de pensar a futuro, muchos de los niños, niñas y jóvenes que son participes del problema no sabemos a ciencia cierta qué pueda suceder con ellos en un futuro, su nivel de resiliencia es el que decidirá si siguen el camino del estudio, trabajo y por lo tanto de llegar a ser buenos ciudadanos o por el contrario se convertirán en parte de lo que actualmente estamos padeciendo, es decir que se lleguen a convertir en participes del crimen organizado, vivan en la impunidad y provoquen un caos en la sociedad haciendo que sea casi imposible vivir en la tranquilidad y confianza de salir a las calles sin temor a ser una víctima más.

…el problema que se pretende tratar a través del presente ordenamiento es un problema de doble visión. La primera es educativa pues las conductas que se mencionan tienen su ejecución dentro de los Centros Educativos; sus orígenes y consecuencias, por otra parte se inician y se repercuten dentro y fuera de las instituciones académicas, de ahí que la segunda perspectiva es la sanitaria.”

A principios de octubre de 2012, la diputada María del Rocío Corona Nakamura presentó una Iniciativa de Ley para que las autoridades educativas, federales y locales, se coordinen para garantizar la seguridad y convivencia escolar, además de prevenir y controlar la violencia y acoso escolar, conocido como Bullying.

La iniciativa propuesta reforma y adiciona diversos artículos de la Ley General de Educación, en materia de prevención y control de la violencia y acoso escolar. Dijo que sólo Nayarit, Puebla, Tamaulipas, Veracruz y el Distrito Federal cuentan con una ley específica para evitar la violencia escolar. En las entidades donde no se ha legislado el tema, las leyes en materia educativa plasman de manera general el compromiso de otorgar una educación libre de violencia y fomentar la cultura de la paz, indicó la legisladora priista.

Desde nuestra perspectiva, la iniciativa de la diputada Adriana Sarur es un esfuerzo preliminar que no alcanza a plantear una estrategia integral y multidisciplinaria de atención al problema de la violencia en el entorno escolar, pues el esfuerzo de dotarla de un marco de referencia educativo y sanitario es una primer aproximación que requiere más perspectivas para atender adecuada e integralmente el Bullying.

Si bien la iniciativa de la Diputada Corona es loable, como un esfuerzo legislativo por reconocer y normar para prevenir y controlar, hay que analizar y revisar dos aspectos: primero, no se propone una nueva ley, actualizada, con carácter nacional y especializada en la atención integral del problema y, segundo, el objetivo de controlar la violencia, es un reconocimiento previo -que no se puede compartir- de que el problema se debe administrar, cuando es un tema que hay que trabajar arduamente para prevenir, evitar que surja, y no a administrar, minimizar sus daños.

8. Foros en el Senado durante el inicio de la Legislatura LXII

Las leyes en la actualidad deben ser resultado del consenso de todos los actores relevantes involucrados. En una democracia, son consecuencia del intercambio de ideas, de argumentos, de puntos de vista.

Por ello, antes de presentar formalmente la iniciativa consideramos oportuno y democrático sostener una serie de encuentros para analizar los objetivos, contenidos y alcances del Proyecto de Ley y enriquecerla con las aportaciones de los expertos, interesados, actores relevantes.

Ante representantes de la Secretaría de Educación del Distrito Federal, de la Comisión de Derechos Humanos capitalina, de organizaciones no gubernamentales y del medio cinematográfico, presentamos en el Senado de la República el 24 de septiembre de 2012, el Proyecto de Iniciativa para una Ley General de promoción de la convivencia libre de violencia.

En esa ocasión advertimos que el Bullying no es un juego de niños, sino el principio de la violencia, y por ello se consideró preciso abrir en el corto plazo un frente nacional y foros de discusión para enriquecer un documento propuesta, presentarlo al pleno y, al final, lograr su aprobación.

El 15 de octubre de 2012 tuvo lugar en el Senado de la República, un foro específico con actores relevantes y expertos para el análisis de la Propuesta de Ley que aquí se presenta. La participación de los involucrados fue fundamental mejorar la propuesta que recoja la mayoría de los planteamientos que versaron sobre la protección de los derechos humanos, el trato con equidad, la inclusión de la participación social, la importancia de la incorporación de la diversidad, la protección del derecho a la información, entre otros tópicos.

El 29 de octubre, con la finalidad de continuar con el análisis de la iniciativa de Ley General se convocó a un segundo foro, esta vez con escuelas particulares y autoridades de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal. Ahí, diversos responsables de psicología, educación, derechos humanos, trabajo con menores, manifestaron sus ideas sobre la reproducción del fenómeno de violencia escolar, la importancia de los medios de comunicación, las tendencias a individualizar el Bullying, el derecho a desarrollar competencias relevantes en los alumnos, el modelo a seguir por parte de las niñas y los niños por los comportamientos de los adultos, la necesidad de uniformar los reglamentos para la atención del problema y con ello evitar una interpretación distinta, la importancia de la sensibilización y capacitación del personal, de los servicios comunitarios y la ausencia de estadísticas sobre la violencia escolar.

El 30 de octubre en las instalaciones del Senado de la República se proyectó Después de Lucía, película mexicana dirigida por Michel Franco, galardonada en mayo del 2012, en el Festival de Cannes y seleccionada para representar a México en los Premios Óscar y en los Premios Goyaen las categorías Mejor Película en Lengua Extranjera y Mejor Película Iberoamericana, respectivamente. El largometraje hace reflexionar al espectador sobre las consecuencias en las familias y en la sociedad que puede provocar la indiferencia ante el acoso escolar.

Esta proyección también buscó sensibilizar a las Senadoras y a los Senadores sobre este problema en nuestro país.

El 3 de diciembre se realizó en el Senado un nuevo foro para analizar el proyecto de ley. En dicho Foro participaron profesores del sector público y privado, representantes de escuelas en red, de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, de la Secretaría de Educación Pública del Distrito Federal, entre otros. El presidente del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública del Distrito Federal mencionó que la mejor definición de seguridad es la prevención, por lo que es necesario generar confianza para enfrentarse ante un problema social. Además refirió la importancia de crear un contrato social que establezca la responsabilidad que tienen las autoridades educativas para promover una convivencia libre de violencia en el entorno escolar. Asimismo, los asistentes presentaron planteamientos que versaron sobre la importancia que tienen las instituciones educativas para generar estadísticas e información sobre la violencia en el entorno escolar, la existencia de un “Observatorio” que genere indicadores sobre el tema, y el avance en un Programa Nacional para que los actores involucrados, padres de familia, docentes y autoridades puedan trabajar en la prevención y atención de la violencia en centros educativos.

A continuación, exponemos los elementos que conforman la propuesta de Ley.

9. Ley General para la Promoción de la Convivencia Libre de Violencia en el Entorno Escolar

a. Estructura

La propuesta de Ley tiene la siguiente estructura:

Cinco títulos, que corresponden a 1) los principios de la Ley, 2) el Programa Nacional para la Promoción de la Convivencia Libre de Violencia en el Entorno Escolar, 3) de las autoridades y sus competencias, 4) de las responsabilidades y 5) de las sanciones.

TITULO PRIMERO

DISPOSICIONES GENERALES

Capítulo I

De los principios de la Ley

Capítulo II

De los derechos

TITULO SEGUNDO

PROGRAMA NACIONAL PARA LA PROMOCIÓN DE LA

CONVIVENCIA LIBRE DE VIOLENCIA EN EL ENTORNO ESCOLAR

Capítulo I

De los fines del programa

Capítulo II

De la prevención

Capítulo III

De la Red Interinstitucional sobre Convivencia en el Entorno Escolar

Capítulo IV

Del Observatorio sobre Convivencia en el Entorno Escolar

Capítulo V

De la atención y del Modelo Único de Atención Integral

TITULO TERCERO

DE LAS AUTORIDADES Y SUS COMPETENCIAS

Capítulo I

De la coordinación de las autoridades y sus competencias

TITULO CUARTO

DE LAS RESPONSABILIDADES

Capítulo Unico

De los integrantes de la comunidad educativa y autoridades

TITULO QUINTO

DE LAS SANCIONES

Capítulo Unico

De las sanciones

TRANSITORIOS

Son un total de 50 artículos y 5 transitorios.

b. Los alcances de la Ley.

Los derechos de las personas comenzaron como garantías individuales frente al Estado para contener el ejercicio indebido del poder. Sin embargo, con el avance del siglo XX se observó que los individuos o grupos organizados podían cometer también violaciones a las garantías individuales; se sugirió implementar instrumentos de protección para hacer frente a la violencia y actos lesivos entre los individuos.

Esta ampliación de la eficacia de los derechos a la esfera privada o en relación con terceros vuelve primordial la actuación de los poderes públicos -ya sea mediante leyes, ya sea mediante la organización de procedimientos especiales- encaminada a promover condiciones para que todos los derechos de los miembros de la sociedad sean respetados y efectivos.

Esta propuesta de Ley General se constituye como un mecanismo legal de protección. Que los derechos de las niñas, de los niños y de los adolescentes sean protegidos. Que el Estado no se mantenga omiso ante una realidad que hay que atender de inmediato. Hoy el Estado está obligado a evitar que sus órganos y agentes violen directamente los derechos. Pero también está obligado a evitar que terceros atenten o dañen los derechos humanos de quienes están en una situación de desventaja.

c. Denominación y objetivo.

La Ley tiene como objetivo la promoción de la convivencia libre de violencia en el entorno escolar. Entre sus objetivos mediatos están la prevención y la atención de la violencia en el entorno escolar, así como la promoción de una cultura de la paz en ese mismo entorno. Sin embargo, a fin de cumplir con el principio de técnica legislativa que sugiere que las leyes tengan nombres cortos y sencillos, y evitar nombres largos, se sugiere conservar la denominación que haga referencia esencial a la finalidad de promoción de la convivencia libre de violencia en el entorno escolar.

En este contexto conviene realizar las siguientes precisiones con la finalidad de delimitar los alcances de la presente propuesta legislativa.

i. El entorno escolar.

En esta exposición de motivos hay que hacer patente la dificultad técnica para definir en el texto de la Ley el concepto de entorno escolar. En su lugar, nos parece más natural expresar cuáles son las razones que nos llevan a hablar de entorno escolar, en efecto, para precisar sus alcances, más que tratar de definirlo.

La noción de entorno busca superar la tradicional dicotomía que separa el mundo y sus espacios entre un interior y un exterior; un afuera y un adentro. Tratándose de la escuela, más que una idea geográfica, de distintas parcelas bien delimitadas, hay que proponer una idea sistémica que trate de atender los problemas no de una manera excluyente -suponiendo un corte entre lo que ocurre dentro de la escuela y lo que ocurre fuera de ella, o lo que sucede fuera del horario escolar o dentro de él- sino de manera incluyente. El problema de la violencia en el entorno escolar es integral e incluyente respecto de lo que sucede únicamente en la escuela, o fuera de ella, o del horario escolar o fuera de él. Valga la expresión, es muy importante saber de anatomía, pero es más importante conocer la interacción entre el cuerpo y el entorno.

Con ello, con la incorporación del concepto de entorno escolar, es posible atender a los acontecimientos que ocurren y que desbordan la separación escolar entre afuera/adentro. No se trata de causas y efectos internos o externos, sino de causas y efectos recursivos. Unos desafortunados que hay que erradicar: “lo que se descuida en la casa se pone en peligro en la escuela y se daña en la casa”. Otros valiosos, por los que hay que trabajar con base en esta Ley: “lo que se vive en la escuela se transmite en la casa y se mejora en la escuela”. Tenemos que pensar con mayor reflexión aquella separación excluyente entre afuera y dentro de la escuela e intercambiarla por una integración incluyente que observe y atienda los problemas de violencia escolar desde la perspectiva del entorno.

ii. La violencia en el entorno escolar.

Como consecuencia de la idea de entorno, hay que hacer dos demarcaciones sobre el tratamiento legislativo que hay que proporcionar al Bullying, en especial, y a la violencia en el entorno escolar, en general.

La primera tiene que ver con el sentido “objetivo” de la violencia en el entorno escolar, es decir, con los espacios en los que la violencia ocurre. A pesar de que el Bullying puede extenderse, como fenómeno social, a otros ámbitos sociales como el recreativo, el trabajo o el hogar, la presente propuesta se ubica en la regulación normativa del problema en el entorno exclusivamente escolar.

La segunda, es de carácter “subjetivo” y tiene que ver con la definición de los participantes en el fenómeno. En este escenario, proponemos ir más allá de la visión de que la violencia en el entorno escolar se ciñe a la violencia generada entre iguales, compañeros y compañeros de escuela del modo como el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE)15 entiende por acoso escolar los procesos de intimidación y victimización entre iguales, es decir, entre compañeros y compañeras de aula o de centro escolar y ampliarla a los miembros de la comunidad educativa, pues todos, directa o indirectamente, participan en ella. Es cierto que una parte del problema es el acoso escolar, pero en lo que hay que poner los ojos es en la violencia en el entorno escolar, de mayor alcance. Si se atiende el todo (la violencia en el entorno escolar), se atiende la parte (el acoso escolar). A fin de avanzar en la delimitación propuesta, se considera importante contar con un tratamiento general del problema que comprenda y proponga soluciones a las múltiples manifestaciones el fenómeno, entre las que destacan las siguientes:

Manifestaciones de los sujetos involucrados. Aquí es importante diagnosticar, analizar y tratar la relación o vínculo no sólo entre menores de edad en el espacio propiamente escolar, sino también otro tipo de relaciones que los desborda e impactan al sistema educativo nacional, ya que también participan padres y madres de familia, maestros, autoridades escolares y otros representantes públicos;

Manifestaciones del problema en el tiempo. Se trata de analizar si el actual problema de Bullying, que comienza como un maltrato interno, instantáneo, directo entre escolares, hoy se ha extendido hacia una nueva violencia global que sobrepasa la relación que la genera, que perdura en el tiempo y cuyos resultados son trascedentes a las actuales generaciones, además de que todos participamos indirectamente en el problema;

Manifestaciones de los campos de acción involucrados. En su origen el Bullying se diagnosticó como un fenómeno de generación de violencia de carácter psicológico, propio del individuo, mientras que hoy en día no es posible circunscribir el fenómeno como propio de un ámbito psicológico, moral, económico, de salud, o de educación exclusivo, sino que es multi, pluri y transdisciplinario y de impacto social;

Manifestaciones de diversos territorios y espacios. El Bullying se gesta como un asunto de escala comunitaria, como el espacio propio de la colonia, del barrio, de la calle, y hoy en día, por medio de las herramientas de la tecnología y de los medios de comunicación e información, se muda hasta tornarse un tema de escala nacional y en algunos casos, desafortunadamente, hay que decirlo, por el impacto brutal que han tenido los suicidios de algunos niños y niñas, y jóvenes adolescentes, de repercusión y consecuencias internacionales.

Por estas distintas aristas, se sugiere reconocer el término “violencia en el entorno escolar” como referente genérico de las distintas manifestaciones de violencia, como acoso, hostigamiento, abuso, maltrato, intimidación, sumisión, etc. pues estos términos pueden conjuntarse en un concepto genérico de mayor cobertura para los alcances de esta Ley.

d. Principios que la rigen.

Al tratarse de una Ley con carácter general de promoción de la convivencia libre de violencia en el entorno escolar, hay que establecer los principios que la rigen, que son los siguientes:

Interés superior de la infancia y la juventud; el respeto, promoción y protección de los derechos humanos; la prevención de la violencia en el entorno escolar; la no discriminación y el respeto a la pluralidad y la diversidad; la cultura de la paz; la perspectiva de género; la resolución pacífica de los conflictos, el fortalecimiento de la cohesión comunitaria; la igualdad; la interdependencia; la integridad; la coordinación interinstitucional; la resiliencia; la participación ciudadana de la comunidad educativa, con especial énfasis de la participación de la infancia y de la juventud.

Esta familia de principios, desde una perspectiva objetiva axiológica, debe convivir en la Ley en franca armonía y las autoridades administrativas, en su ejecución, deben seguir esta misma línea básica de actuación en estricto cumplimiento a todos ellos.

Por ejemplo, hay que hacer convivir los principios de igualdad y diversidad que parecieran ser divergentes en algunas condiciones de aplicación. Los indicadores disponibles evidencian que la violencia en la mayoría de los casos comienza como una falta de reconocimiento subjetiva del otro, de sus diferencias, que el sujeto en sus relaciones interpersonales no acepta. El otro, el diferente, existe, pero no se le acepta.

El derecho a la igualdad, piedra angular del estado liberal y democrático de derecho, se basa en el reconocimiento legal de similar trato en el tiempo a casos hipotéticos que cumplen con la misma condición. Hoy, cuando en el estado constitucional de derecho, importan la forma y con mayor notabilidad los contenidos, es necesario que mediante acciones positivas se reconozca el derecho a la diversidad como un componente esencial de los derechos de nueva generación, incluidos los de educación, que impone al Estado la obligación de proteger a los diversos sujetos mediante el establecimiento y funcionamiento de tratamientos específicos a supuestos de hecho diferentes desde el punto de vista social, económico, cultural, lingüístico, sexual, por edad, género, etnia, entre otros. Derecho a la diversidad que es un complemento natural al derecho a la igualdad.

De ese modo, al amparo de esta Ley, es preciso trabajar en la diversidad e igualdad desde una base educativa, pues cuando surge la violencia es porque no se tolera o respeta al otro, contra quien se dirigen ataques por esa misma diferencia.

e. Programa para la Promoción de Convivencia Libre de Violencia en el Entorno Escolar.

Se crea el “Programa Nacional para la Promoción de la Convivencia Libre de Violencia en el Entorno Escolar” con la finalidad de que todos los actores involucrados cuenten un marco general de referencia sobre el cual, padres de familia, maestros, directivos docentes, autoridades, puedan trabajar en los ámbitos que les corresponden para prevenir y atender la violencia en el entorno escolar y a la vez, con mayor énfasis, en la construcción de una cultura de la paz y del respeto por el otro.

Dicho Programa Nacional debe seguir los principios rectores que establece la Ley y es la base pública para el diseño y ejecución de acciones que promuevan la convivencia libre de violencia en el entorno escolar.

f. Creación de institutos para cumplir los objetivos de la Ley.

La propuesta para la efectividad de la Ley consiste en avanzar en el cumplimiento de sus objetivos a través del establecimiento coordinado de procedimientos y esfuerzos de todos los actores involucrados, más que en la creación recurrente de instituciones con mayor peso burocrático. Procesos y procedimientos que están destinados a realizar la prevención del fenómeno de violencia en el entorno escolar, más que creación de órganos gubernamentales en el sentido clásico del término con misión reparadora.

La Ley crea una Red de carácter Nacional, un Observatorio con alcances en todo el país, un Modelo Único de Atención Integral. Un Modelo Único de Atención Integral que es la piedra angular de la atención multidisciplinaria, completa y sistémica que debe proporcionarse a las víctimas de violencia en el entorno escolar.

g. Establecimiento de facultades de la Federación, de las entidades federativas y municipios y facultades concurrentes

Al tratarse de una Ley de carácter general, en artículos por separado, se establecen las atribuciones que corresponden en exclusiva a la autoridad federal, a las autoridades de las entidades federativas y a los municipios, en respeto estricto a la división de competencias del orden federal de gobierno. De la misma manera, se definen las competencias concurrentes en materia de coordinación, difusión y organización de los órdenes de gobierno, con la finalidad de promover una convivencia libre de violencia en el entorno escolar.

Se obliga a la autoridad ejecutiva en los niveles federal y estatal a crear programas de capacitación, talleres, para que los servidores públicos y los integrantes de la comunidad educativa puedan atender de forma adecuada los problemas relacionados con la violencia en el entorno escolar.

Dentro de ese mismo ámbito de responsabilidades, una de las expresiones actuales de la exigibilidad de los derechos humanos corresponde a la manera en que se organizan las agencias gubernamentales y la creación, puesta en marcha y actualización de procedimientos institucionales que permitan asegurar al ciudadano una mejor y más eficaz respuesta a sus demandas.

Este derecho a organización y procedimiento, que en una primera instancia parecía poco importante, es un derecho de primera línea dentro del catálogo de los derechos de carácter social, puesto que además de la satisfacción de prestaciones de carácter normativo y en especie o económicas, el ciudadano requiere que la organización institucional y sus procedimientos administrativos se adecuen a la realidad social, ciertamente plural, dinámica y pluricultural del mundo actual.

Así, las más de las veces a través del empuje de las organizaciones de la sociedad civil, las organizaciones públicas han tenido que instrumentar acciones específicas para concretar la creación de protocolos, acuerdos, lineamientos de carácter ministerial cuyos objetivos son dobles: por un lado, la adecuación de su competencia legal y sus procedimientos a la generación y actualización de leyes con carácter especializado, mediante un trato equitativo que tome en cuenta la pluralidad de sujetos que demandan respuestas eficaces y oportunas del aparato administrativo: adultos mayores, mujeres víctimas de violencia, menores de edad, víctimas de la violencia de género, personas con discapacidad, entre otros; pero también, por otro lado, regir su actuación administrativa conforme al clásico principio de legalidad. Con esta Ley, avanzaremos en esos dos objetivos.

h. Sistemas de información

Uno de los problemas actuales sobre la violencia en el entorno escolar es que no se cuenta con estadísticas que permitan medir los avances o retrocesos en el tema, y las medidas a tomar para prevenir o corregir.

Es necesario crear los sistemas de información sobre incidentes de violencia en el entorno escolar y obligar a las autoridades competentes a llevar un registro y control de las incidencias reportadas.

Por ello, se crea un sistema de Información Sobre Incidentes Violentos en el Entorno Escolar que permita capturar, sistematizar, procesar, analizar datos e información y que a su vez ayude en el diseño, ejecución y evaluación de las políticas públicas a desarrollar.

i. Responsabilidades y sanciones

La atención del problema de la violencia en el entorno escolar ha estado ausente por muchas causas, pero hay que referirse a dos de ellas en particular, que son el miedo de los alumnos a externar lo que está pasando y la incapacidad de los adultos para advertir lo que ocurre.

Los alumnos prefieren ocultar la situación que están viviendo por temor, miedo y en extremo angustia a lo que sobreviene a una queja o denuncia. Como señala Claudia Gamboa Montejano, el Bullying se presenta tanto en escuelas públicas como privadas y su práctica puede incidir en un bajo rendimiento académico, reprobación e incluso deserción, en virtud de que estos comportamientos son ignorados por los directivos, docentes y personal encargado de la disciplina y control de los alumnos, porque también se ignoran las quejas, denuncias y reclamos de quienes están siendo víctimas de Bullying sin prestarles la atención que requieren cuando necesitan ser escuchados, o porque los alumnos víctimas de Bullying no externan lo que está sucediendo por temor a represalias mayores, y por la falta de coordinación y comunicación con los padres de familia.

En su caso, cuando hay comunicación de los alumnos, las autoridades no han sabido cómo actuar. Padres de familia, docentes, directivos escolares y autoridades no están en aptitud para responder en forma adecuada a las comunicaciones de los menores y las quejas y denuncias sobre Bullying.

Por ello es necesario establecer una serie mínima de procedimientos, protocolos, responsabilidades que tiendan a promover una cultura de respeto tanto de la dignidad como del cuidado. Todos tenemos que preocuparnos porque niñas, niños y jóvenes protejan su dignidad, esto es, atiendan el cuidado de sí mismos, y cuiden del otro, esto es, se solidaricen con la dignidad de los demás. En suma, que se manifiestan cuando sean víctimas de violencia en el entorno escolar y señalen cuando sean espectadores de esos casos.

El enfoque preventivo general recorre la presente propuesta, de modo que se delimitan las responsabilidades a) de los distintos órdenes (federación, entidades federativas y municipios), b) de los participantes de la comunidad educativa, y c) de los resultados que buscan con los instrumentos generales y singulares de atención, como lo es la planeación de acciones marco dentro del Programa Nacional y específicas del programa interno que corresponde a cada escuela.

Sin embargo, hay que tener en cuenta que la necesidad de regulación de la prevención y atención de la violencia en el entorno escolar y la promoción de una cultura de la paz, hace necesaria una regulación administrativa mínima. Por ello, se incorporan las conocidas fórmulas legales de remisión a la normativa civil, administrativa, patrimonial, entre otras como instrumento subsidiario a la estrategia primaria de prevención y atención de la violencia en el entorno escolar y la promoción de una cultura de paz, que corresponden internamente a los participantes e integrantes de la comunidad educativa, siempre que no se desatiendan los principios que rigen la materia y se protejan los derechos humanos de los involucrados.

Se propone hacer un reenvío a la responsabilidad civil, por responsabilidad objetiva, a la responsabilidad patrimonial por actuación administrativa irregular del Estado en la prestación del servicio público de educación, así como a la responsabilidad penal que en este campo pudiera resultar.

j. Previsión de recursos para la realización de las acciones.

Se realiza la previsión de que los ejecutivos locales y federal, y los congresos estatales y federal, prevean los recursos públicos necesarios, tanto en los anteproyectos de Presupuesto de Egresos como en la aprobación de los Decretos de Egresos, a fin de hacer frente a las distintas obligaciones que se derivan de la Ley.

10. Modificación a otros instrumentos legales

A fin de armonizar los contenidos de la presente propuesta, se reforman la Ley General de Educación y la Ley para la Protección de Niñas, Niños y Adolescentes para obligar a los involucrados a promover la convivencia libre de violencia en el entorno escolar.

Se considera oportuno modificar las fracciones IX y X del artículo 75 de la Ley General de Educación. Hoy se considera una infracción efectuar actividades que pongan en riesgo la salud o la seguridad de los alumnos, aunque también lo deber ser, para armonizar con la presente propuesta, tolerar o permitir que se realicen actos de violencia en el entorno escolar dentro de las instalaciones, dentro del horario escolar o como parte de las actividades extracurriculares, que no necesariamente ocurren dentro de las instalaciones de la escuela, lo anterior, con la finalidad de promover la convivencia libre de violencia en el entorno escolar. En la segunda, es importante considerar una fracción a la Ley, no comunicar mediante los canales correspondientes que sus hijos o tutelados cometen actos de violencia en el entorno escolar.

Por lo que respecta a la Ley para la Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, se modificó el inciso d) del artículo 32, referente a las medidas necesarias que promover la cultura de la paz, añadiendo la convivencia libre violencia en el entorno escolar.

Se crea un tipo penal nuevo, para establecer el tipo penal por la violencia conocida como cyberbullying que daña a la víctima en su dignidad inherente y que no podemos permitir que siga en un vacío legal.

En resumen,

Debemos evitar que el Bullying siga impactando en los centros escolares y que nuestros hijos crezcan suponiendo y asumiendo que la violencia es lo normal en los centros de estudio. Hay que cambiar la estrategia. Se requieren más libros. Requerimos más y mejor educación y volver a sentir, a través de nuestras niñas, niños y jóvenes, una cultura de la paz, del amor, no de la violencia.

A todo esto y por lo que en mi calidad de integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, someto a consideración de esta Soberanía el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO

ARTICULO PRIMERO.- Se expide la Ley General para la Promoción de la Convivencia Libre de Violencia en el Entorno Escolar, para quedar como sigue:

LEY GENERAL PARA LA PROMOCION DE LA CONVIVENCIA LIBRE DE

VIOLENCIA EN EL ENTORNO ESCOLAR

TITULO PRIMERO

DISPOSICIONES GENERALES

Capítulo I

De los principios de la Ley

Artículo 1. Esta Ley regula la convivencia libre de violencia en el entorno escolar que deben promover, en el ámbito de sus respectivas competencias, la Federación, entidades federativas y municipios, sus organismos descentralizados y los particulares con autorización o con reconocimiento de validez oficial de estudios.

Las disposiciones de esta Ley son de orden público e interés social y de observancia general en toda la República y tienen por objeto:

I. Establecer los principios y criterios que, desde la perspectiva de una cultura de paz, perspectiva de género y de derechos humanos de la infancia y juventud, orienten el diseño e instrumentación, evaluación y control de las políticas públicas para reconocer, atender, erradicar y prevenir los distintos tipos de violencia en el entorno escolar, que se presenta en los niveles básico, medio superior y superior, tanto público como privado que se imparten en la Federación, las entidades federativas, el Distrito Federal y los municipios;

II. Diseñar mecanismos, instrumentos y procedimientos para garantizar el derecho de las personas que integran la comunidad educativa a una vida libre de violencia en el entorno escolar, promoviendo su convivencia pacífica;

III. Impulsar la coordinación interinstitucional para atender, contribuir a erradicar y prevenir la violencia en el entorno escolar;

IV. Establecer mecanismos de participación y seguimiento en el diseño e instrumentación de las políticas públicas en materia de prevención y atención de la violencia en el entorno escolar, con la participación de instituciones de la Federación, las entidades federativas y los municipios, con instituciones académicas, organizaciones de la sociedad civil, asociaciones de padres de familia y comunidad educativa en general;

V. Promover la creación y, en su caso, la modificación de los planes y programas de estudio que contribuyan a la prevención de la violencia en el entorno escolar desde un ámbito integral y multidisciplinario en coordinación con las autoridades de la Federación, las entidades federativas y los municipios, y

VI. Promover la corresponsabilidad social y la cohesión comunitaria para garantizar una convivencia libre de violencia en el entorno escolar.

En los casos no previstos en la Ley, se aplicará en forma supletoria y en lo conducente, siempre con atención al interés superior de la infancia y en lo que no la contravenga, las disposiciones de la Ley General de Educación, Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, los instrumentos internacionales ratificados por el Estado mexicano y los demás ordenamientos aplicables en la materia.

Artículo 2. Para efectos de la presente Ley se entenderá por:

I. Autoridad educativa federal o Secretaría: a la Secretaría de Educación Pública de la Administración Pública Federal;

II. Autoridad educativa local: al ejecutivo de cada una de las entidades federativas, así como a las entidades u organismos descentralizados que, en su caso, establezcan para el ejercicio de la función social educativa, y

III. Autoridad educativa municipal: al ayuntamiento de cada municipio;

IV. Comunidad educativa: la conformada por las y los estudiantes, así como por el personal docente, directivos escolares, personal administrativo de las escuelas tanto públicas como privadas, padres y madres de familia y, en su caso, tutores;

V. Debida diligencia: la obligación de las personas que tienen la calidad de servidores públicos en la Federación, las entidades federativas y los municipios, para dar respuesta eficiente, eficaz, oportuna y responsable que garantice la aplicación y respeto de los derechos de las niñas, los niños, las y los jóvenes;

VI. Discriminación entre la comunidad educativa: toda distinción, exclusión o restricción que, basada en el origen étnico o nacional, sexo, edad, discapacidad, condición social o económica, condiciones de salud, embarazo, lengua, religión, opiniones, preferencias sexuales, estado civil o cualquier otra, tenga por efecto impedir o anular el reconocimiento o el ejercicio de los derechos y la igualdad real de oportunidades de las personas que integran la comunidad educativa;

VII. Entidades federativas: los 31 Estados que integran la Federación y el Distrito Federal.

VIII. Estudiante: la persona que curse sus estudios en algún plantel educativo de nivel básico, medio superior y superior, tanto público como privado de la Federación, las entidades federativas y los municipios que cuente con reconocimiento de validez oficial de estudios por parte de las autoridades correspondientes;

IX. Interés superior de la infancia: conjunto de acciones y procesos tendientes a garantizar un desarrollo integral y una vida digna, así como las condiciones materiales y afectivas que le permita al menor vivir plenamente y alcanzar el máximo de bienestar posible.

XI. Ley: la Ley General para Promoción de la Convivencia Libre de Violencia en el Entorno Escolar;

XII. Observatorio: el Observatorio Ciudadano para la Promoción de la Convivencia Libre de Violencia en el Entorno Escolar;

XI. Organizaciones de la Sociedad Civil: agrupaciones u organizaciones mexicanas que, estando legalmente constituidas, realicen alguna o algunas de las actividades de apoyo, promoción y defensa de los derechos humanos, en materia de promoción de la cultura de la paz, prevención o atención de la violencia en el entorno escolar que no persigan fines de lucro ni de proselitismo partidista, político-electoral o religioso, sin menoscabo de las obligaciones señaladas en otras disposiciones legales;

XII. Persona generadora de violencia en el entorno escolar: estudiante o estudiantes, personal docente, directivos escolares, personal administrativo de las escuelas, padres y madres de familia, o tutores que, individual o conjuntamente, infligen algún tipo de violencia en el entorno escolar en cualquiera de sus tipos o modalidades contra otro integrante o integrantes de la comunidad educativa;

XIII. Persona receptora de violencia en el entorno escolar: integrante de la comunidad educativa que sufra algún tipo de violencia en el entorno escolar en cualquiera de sus tipos o modalidades por parte de otro integrante o integrantes de la comunidad educativa;

XIV. Programa: el Programa Nacional para la Promoción de la Convivencia Libre de Violencia en el Entorno Escolar;

XV. Promoción de la cultura de la paz: conjunto de valores, actitudes y comportamientos, modos de vida y acción que, inspirándose en ella, reflejan el respeto de la vida, de la persona humana, de su dignidad y sus derechos, el rechazo de la violencia, comprendidas todas las formas de terrorismo, y la adhesión a los principios de libertad, justicia, solidaridad, tolerancia y entendimiento tanto entre los pueblos como entre los grupos y las personas;

XVI. Red: la Red Nacional para la Promoción de la Convivencia Libre de Violencia en el Entorno Escolar;

XVII. Receptor indirecto de violencia en el entorno escolar: familiares y, en su caso, tutores de la persona receptora de la violencia en entorno escolar, en la comunidad educativa, personas que tengan o hayan tenido relación o convivencia con aquella y que sufran, hayan sufrido o se encuentren en situación de riesgo por motivo de la violencia en el entorno escolar ejercida; se considerarán también a aquellas personas que presencien la violencia en el entorno escolar que se ejerce contra integrantes de la comunidad educativa;

XVIII. Víctima directa de Violencia en el Entorno Escolar: Menores de edad que generan algún tipo de violencia en el entorno escolar, menores de edad que reciben algún tipo de violencia en el entorno escolar y mayores de edad integrantes de la comunidad educativa que reciben algún tipo de violencia en el entorno escolar;

XIX. Víctima indirecta de Violencia en el Entorno Escolar: Familiares y, en su caso, tutores de la persona receptora en la comunidad educativa, personas que tengan o hayan tenido relación o convivencia con aquella y que sufran, hayan sufrido o se encuentren en situación de riesgo por motivo de la violencia en el entorno escolar; se considerará también aquellas personas que presencien la violencia en el entorno escolar que se ejerce contra integrantes de la comunidad educativa, en calidad de espectadores.

Artículo 3. Para los efectos de la presente Ley, se entiende por violencia en el entorno escolar todas aquellas conductas generadas individual o colectivamente, que ocurren de modo reiterativo prologándose durante un periodo de tiempo, tanto dentro como fuera de los planteles educativos o del horario escolar, entre integrantes de la comunidad educativa, asociados a los distintos tipos de violencia señalados en el artículo 4 de la presente Ley que se manifiestan como maltrato, intimidación, acoso, hostigamiento, abuso, discriminación, dominación, sumisión, amenaza, agresión, burla, humillación, o cualquier otra, y que tienen como intención poner en riesgo, pretender causar o causar un daño a la integridad de la persona receptora o víctima directa de violencia en el entorno escolar, uno o varios de sus derechos fundamentales, además de producirle bajo rendimiento escolar, deserción, depresión, inseguridad, baja autoestima, temperamento agresivo y alteraciones en la emoción y la conducta, entre otras.

Artículo 4. Para efectos de esta Ley, son tipos de violencia en el entorno escolar los siguientes:

I. Psicoemocional: toda acción u omisión dirigida a desvalorar, intimidar o controlar las acciones, comportamientos y decisiones, consistente en prohibiciones, coacciones, condicionamientos, intimidaciones, amenazas, indiferencia, chantaje, humillaciones, comparaciones destructivas, abandono o actitudes devaluatorias, o cualquier otra, que provoque en quien la recibe alteración autocognitiva y autovalorativa que integran su autoestima o alteraciones en alguna esfera o área de su estructura psíquica.

También comprende actos u omisiones cuyas formas de expresión pueden ser silencios, prohibiciones, coacciones, condicionamientos, intimidaciones, amenazas, insultos, actitudes de descuido, devaluatorias o de abandono que provoquen daño en cualquiera de sus esferas cognoscitiva, conductual, afectiva y social;

II. Físico directo: toda acción u omisión intencional que causa un daño corporal;

III. Físico indirecto: toda acción u omisión que ocasiona daño o menoscabo en las pertenencias, como la sustracción, destrucción, desaparición, ocultamiento o retención de objetos u otras pertenencias;

IV. Sexual: toda acción u omisión que amenaza, pone en riesgo o lesiona la libertad, seguridad, integridad y desarrollo psicosexual de las y los estudiantes, como miradas o palabras lascivas, hostigamiento, prácticas sexuales no voluntarias, acoso, violación o el uso denigrante de la imagen de las y los estudiantes;

V. A través de las Tecnologías de la Información y Comunicación: toda violencia psicoemocional implementada a partir del uso de plataformas virtuales y herramientas tecnológicas, tales como chats, blogs, redes sociales, foros de discusión, correo electrónico, mensajes de texto enviados por aparatos celulares, foros, servidores que almacenan videos o fotografías, páginas web, teléfono y otros medios tecnológicos, incluyendo la suplantación de identidad por esa vía de comunicación, que se genera de manera anónima y cuya intención es la difusión masiva del contenido a la mayoría de integrantes de la comunidad educativa.

VI. Verbal: acciones violentas que se manifiestan a través del uso del lenguaje, como los insultos, poner sobrenombres descalificativos, humillar, desvalorizar en público, entre otras.

VII. Violencia económica: Acciones u omisiones que afectan la supervivencia económica de la víctima o que tienden a desvalorar o humillar psicoemocionalmente su situación económica.

VIII. Violencia de género: Acto de violencia basado en la pertenencia al sexo femenino o masculino, según sea el caso, que tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico, inclusive las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad.

IX. Violencia feminicida: Es la forma extrema de violencia de género contra las mujeres, producto de la violación de sus derechos humanos, en los ámbitos público y privado, conformada por el conjunto de conductas misóginas que pueden conllevar impunidad, pudiendo culminar en homicidio y otras formas de muerte violenta de mujeres.

X. Violencia por orientación sexual: Acciones u omisiones basadas en prejuicios, estereotipos, categorizaciones y generalizaciones asociadas a la orientación sexual de las personas y a sus preferencias, intereses, demandas y estilos de vida y/o acciones u omisiones discriminatorias contra personas por ser lesbianas, gays, bisexuales, transexuales, travestis, transgénero, intersexuales, o heterosexuales.

XI. Violencia familiar: Es el acto abusivo de poder u omisión intencional, dirigido a dominar, someter, controlar o agredir de manera física, verbal, psicológica, patrimonial, económica y sexual a los miembros de la familia dentro o fuera del domicilio familiar, cuyo agresor tenga o haya tenido relación de parentesco por consanguinidad o afinidad de matrimonio, concubinato o mantengan o hayan mantenido una relación de hecho de carácter familiar.

Artículo 5. Los principios rectores de esta Ley son:

I. El interés superior de la infancia y la juventud;

II. El respeto, promoción y protección de los derechos humanos;

III. La prevención de la violencia en el entorno escolar;

IV. La no discriminación y el respeto a la pluralidad y diversidad;

V. La cultura de paz;

VI. La perspectiva de género;

VII. La resolución pacífica de conflictos;

VIII. El fortalecimiento de la cohesión comunitaria;

IX. La igualdad;

X. La interdependencia;

XI. La integridad;

XII. La coordinación interinstitucional;

XIII. La resiliencia;

XIV. La participación ciudadana de la comunidad educativa, con especial énfasis en la participación de la infancia y juventud.

Los principios de esta Ley, que forman una familia para la consecución de su objeto, conviven en franca armonía y las autoridades administrativas, en su ejecución, deben regir su actuación en cumplimiento a todos, aun en los casos de posibles conflictos que entre ellos pudieran presentarse.

Capítulo II

De los derechos

Artículo 6. La persona receptora de cualquier tipo y modalidad de violencia en el entorno escolar tiene derecho a:

I. Ser tratada con respeto a su integridad y el ejercicio pleno de sus derechos tanto por la comunidad educativa, como por las autoridades competentes;

II. Contar con protección inmediata y efectiva por parte de las autoridades de la Federación, de las entidades federativas y los municipios, cuando se encuentre en riesgo su integridad física, psicológica o social;

III. Recibir información, veraz y suficiente que le permita decidir sobre las opciones de atención;

IV. Contar con asesoría y representación jurídica gratuita y expedita;

V. Recibir información, atención y acompañamiento médico y psicológico;

VI. Acceder a procedimientos expeditos y accesibles de procuración y administración de justicia;

VII. A ser canalizada a las instancias correspondientes para su atención oportuna según sean las circunstancias y las necesidades de cada caso;

VIII. En caso de riesgo grave a que se dicten medidas cautelares tendientes a salvaguardar su integridad física a fin de asegurar su derecho a la vida, integridad y dignidad, y

IX. A la reparación del daño moral y, en su caso, a recibir una indemnización para restablecer su integridad patrimonial o el pago de daños y perjuicios.

Artículo 7. La persona que por sus actos se define como generadora de violencia en el entorno escolar tiene derecho a:

I. Ser tratada con respeto a su integridad y el ejercicio pleno de sus derechos;

II. Contar con protección inmediata y efectiva por parte de las autoridades cuando se encuentre en riesgo su integridad, al ser receptores de violencia en otros contextos;

III. Recibir información, veraz y suficiente que le permita decidir sobre las opciones de atención;

IV. Contar con asesoría psicológica y representación jurídica gratuita y expedita;

V. Recibir información, atención y acompañamiento médico y psicológico por las instancias correspondientes, según sean las circunstancias y las necesidades de cada caso, y

VI. Acceder a procedimientos expeditos y accesibles de procuración y administración de justicia.

Mismos derechos, en lo que corresponda, tendrán las víctimas directas e indirectas de violencia, y en general los integrantes de la comunidad educativa.

Artículo 8. Toda persona, grupo social, organización de la sociedad civil, asociación y sociedad podrá participar en la promoción de convivencia libre de violencia en el entorno escolar, de conformidad con las previsiones de esta Ley y las correspondientes a Participación Ciudadana y demás ordenamientos que de ella emanen. 

TITULO SEGUNDO

PROGRAMA NACIONAL PARA LA PROMOCION DE LA CONVIVENCIA

LIBRE DE VIOLENCIA EN EL ENTORNO ESCOLAR

Capítulo I

De los fines del programa

Artículo 9. El Programa constituye la base de la política pública para el diseño y ejecución de acciones que promuevan una convivencia libre de violencia en el entorno escolar.

Será propuesto por cada entidad federativa, a través del Observatorio, para su aprobación por la Red, previendo que su elaboración y revisión, de ser el caso, sea producto de un proceso de participación de todos los sectores interesados en el tema, especialmente de instituciones académicas, organismos internacionales que trabajan en la materia y organizaciones de la sociedad civil.

Artículo 10. Las disposiciones del Programa tendrán como objetivo promover una convivencia democrática y libre de violencia en los ámbitos familiar, educativo, comunitario y social, así como la promoción de la cultura de la paz, el respeto de los derechos humanos y la cohesión comunitaria, tomando en cuenta la perspectiva de género. Fijará las líneas de acción que permitan a las autoridades cumplir con los principios rectores señalados en la presente Ley, así como el desarrollo y consolidación de lo establecido en materia de conocimiento, atención y prevención de la violencia en el entorno escolar.

Capítulo II

De la prevención

Artículo 11. La prevención es el conjunto de acciones positivas que se deberán llevar a cabo para evitar la realización de los distintos incidentes de violencia en el entorno escolar, atendiendo a los posibles factores de riesgo tanto sociales como culturales.

Las medidas de prevención son aquellas que, desde los distintos ámbitos de acción de los integrantes de la comunidad educativa y de las autoridades federales, de las entidades federativas y municipales para evitar la violencia en el entorno escolar, están destinadas a toda la población de las comunidades educativas, fomentando la convivencia armónica y, el desarrollo humano de las y los estudiantes, y en general de todos los integrantes de la comunidad educativa.

A través de la prevención se brindarán las habilidades psicosociales necesarias que contribuyan a desarrollar una armoniosa convivencia pacífica entre las y los integrantes de la comunidad educativa, además de revertir los factores de riesgo y los que influyen en la generación de la violencia en el entorno escolar y realizando acciones que desarrollen una cultura de la paz y fortalezcan la cohesión comunitaria.

Será obligatoria para las escuelas públicas y privadas, elaborar, aprobar, ejecutar y evaluar un programa interno de prevención y atención de la violencia en el entorno escolar que persiga y ejecute los principios que se establecen en el Programa y que, en su caso, se complemente con las acciones derivadas de las consultas a las instancias que correspondan, así como de la colaboración, apoyo e información del Consejo Nacional de Participación Social en la Educación, previsto en el artículo 72 de la Ley General de Educación y de cualquier otro órgano, consejo, comité o cuerpo consultivo competente en el tema.

Asimismo, se creará dentro de las instituciones educativas públicas y privadas, un Consejo de Convivencia Escolar, integrado por personal de la comunidad educativa, que emitirá recomendaciones y opiniones indicativas con la finalidad de ejecutar el programa interno a que se refiere el artículo 10 de esta Ley.

Como parte de las estrategias de prevención, será obligatorio para las escuelas públicas y privadas, colocar en espacios visibles, anuncios, carteles o mamparas permanentes, que contengan los derechos y obligaciones de los estudiantes, del personal docente, administrativo y en general, de toda la comunidad educativa que contribuyan a promover una convivencia libre de violencia en el entorno escolar.

Artículo 12.En las escuelas públicas y privadas deberán establecerse protocolos que permitan prevenir y atender la violencia en el entorno escolar.

Dichos protocolos deberán contemplar a la escuela como una unidad escolar y, en consecuencia, prever todas las acciones que pudieran, ocurrir dentro o fuera del horario escolar, dentro o fuera de los centros educativos, en el transporte escolar, en actividades extracurriculares, o cualquier otra vinculada directa o indirectamente a la función educativa.

Para tal efecto, dichos protocolos deberán contemplar en forma secuencial y progresiva las siguientes etapas:

I. Preparación y prevención. Se trata de todo el conjunto de acciones internas y coordinadas, que incluyen esencialmente contar con un programa interno de promoción de la convivencia libre de violencia en el entorno escolar, destinado a elaborar, ejecutar y dar seguimiento a diagnósticos, herramientas, modificación y actualización de procedimientos para prevenir la ocurrencia de actos de violencia en el entorno escolar.

II. Registro y atención. Se trata de las acciones que deben llevar a cabo las autoridades y los directivos de las escuelas públicas y privadas en el caso de que se presenten incidentes de violencia en el entorno escolar con la finalidad de llevar un registro de esos incidentes y las acciones realizadas, de conformidad con los Principios de esta Ley.

III. Comunicación y canalización. Se trata de las acciones que deben llevar a cabo las autoridades y directivos de las escuelas públicas y privadas destinadas a, en primer lugar, comunicar a los padres y madres de familia, o tutores, sobre los actos de violencia cometidos por sus hijos o pupilos así como de las acciones precautorias que pueden realizar para proteger al menor o adolescente y comunicarle las responsabilidades que pueden presentarse en caso de que sea omiso en atender esos incidentes, y de manera solo subsidiaria, la canalización conforme al modelo de atención integral dispuesto por esta Ley.

Las escuelas serán responsables de ejecutar esas etapas con el objetivo primario de prevenir la ocurrencia de incidentes de violencia escolar, atender, y en el último supuesto, comunicar oficialmente al padre de familia tutor o quien ejerza la patria potestad o a la autoridad para los fines que procedan.

No podrá excusarse para llevar a cabo las acciones de promoción de esta Ley que las acciones de violencia en el entorno escolar se causan fuera de la instalación de la escuela o del horario escolar.

Artículo 13. Las autoridades educativas podrán firmar convenios de colaboración con instituciones educativas o con organizaciones de la sociedad civil para contar con manuales de buenas prácticas en materia de prevención y atención de la violencia en el entorno escolar en México y en el extranjero que se entregarán a las escuelas públicas y privadas.

De igual forma, las autoridades educativas promoverán entre la comunidad educativa la suscripción de un contrato social suscrito libremente por sus integrantes en el que se plasme el compromiso de promover las acciones necesarias para alcanzar una convivencia libre de violencia en el entorno escolar.

Artículo 14. En los servicios educativos que impartan la Federación, las entidades federativas y los municipios, sus organismos descentralizados y sus órganos desconcentrados, de conformidad con sus atribuciones, será obligatorio que el personal docente, directivos escolares y personal administrativo cursen los programas de capacitación que las autoridades educativas diseñen a partir de los manuales de buenas prácticas para la promoción de la convivencia libre de violencia en el entorno escolar.

Artículo 15. Las instituciones educativas particulares con autorización o con reconocimiento de validez oficial de estudios, deberán contemplar cursos de capacitación para su personal docente y administrativo respecto a la promoción de la convivencia libre de violencia en el entorno escolar.

Artículo 16. La capacitación a que se refieren los dos artículos anteriores será evaluada por el Consejo de Convivencia Escolar.

Capítulo III

De la Red Interinstitucional sobre Convivencia en el Entorno Escolar

Artículo 17. La Red es un órgano nacional especializado de consulta, análisis, asesoría y evaluación de los planes, programas y acciones que, en materia de conocimiento, atención y prevención de la violencia en el entorno escolar realicen las autoridades educativas para promover espacios educativos libres de violencia.

La Red estará integrada por lo menos por las y los titulares de las Secretarías de la Salud, Educación Pública, Desarrollo Social, Procuración de Justicia y Desarrollo de la Infancia. Asimismo, deberá contar con la representación del poder legislativo, representantes de la sociedad civil, de organizaciones de defensa de los derechos humanos, de instituciones académicas y, de considerarlo necesario, la representación de las entidades federativas y de los municipios.

Artículo 18. Corresponde a la Red, las siguientes atribuciones:

I. Establecer coordinación y comunicación con las autoridades correspondientes para el cumplimiento de las disposiciones de la presente Ley que fomenten una convivencia libre de violencia en el entorno escolar;

II. Aprobar y expedir el Programa, considerando un diseño transversal, así como la protección de los derechos a la vida, a una vida libre de violencia, a la educación, a la integridad personal, a la libertad y seguridad personales;

III. Analizar y evaluar las políticas públicas y acciones institucionales de conocimiento, prevención y atención de la violencia en el entorno escolar para evitar su reproducción y la deserción escolar por dicha causa, así como promover la convivencia pacífica entre escolares, desarrollando un clima de buen trato y no violencia;

IV. Fungir como órgano de consulta en temas de violencia en el entorno escolar;

V. Realizar, por sí o través de terceros, investigaciones multidisciplinarias e intersectoriales, en colaboración con instituciones académicas, organizaciones de la sociedad civil e internacionales, que permitan conocer el estado que guarda la violencia en el entorno escolar;

VI. Coadyuvar en el diseño y difusión de campañas informativas en los medios de comunicación oficial o social, sobre los tipos y modalidades de violencia en el entorno escolar, así como de las instituciones que atienden a las posibles personas generadoras y receptoras de violencia en el entorno escolar;

VII. Promover la celebración de convenios de colaboración con las autoridades federales, locales, universidades, institutos de investigación, así como con organizaciones de la sociedad civil interesados en el estudio y prevención de la violencia en el entorno escolar;

VIII. Establecer y definir los lineamientos y criterios de coordinación y transversalidad de los programas de conocimiento, atención y prevención de la violencia en el entorno escolar;

IX. Promover y fortalecer la coordinación, colaboración e intercambio de información entre las instituciones públicas y privadas que se ocupen de esa materia;

X. Coordinar y ejecutar políticas, programas y acciones de promoción de los derechos humanos de las niñas, los niños, las y los jóvenes, la cultura de la paz, cohesión comunitaria, no discriminación y convivencia armónica en la comunidad educativa;

XI. Rendir un informe anual que dé cuenta del estado que guarda el clima de convivencia entre escolares, las medidas adoptadas y los indicadores sobre el avance en la aplicación de métodos para el conocimiento, prevención y erradicación de cualquier forma de discriminación y de violencia en el entorno escolar, que serán de dominio público y se difundirán en los portales de transparencia de la Federación, entidades federativas, municipios y las instancias integrantes de la Red;

XII. Analizar y aprobar los lineamientos administrativos y técnicos en esta materia, así como los protocolos de atención más adecuados para esta problemática;

XIII. Diseñar una Cartilla de Evaluación de la Convivencia Escolar que permita la planeación, ejecución y seguimiento de las políticas públicas para la promoción de la convivencia libre de violencia en el entorno escolar. Dicha cartilla sólo tendrá efectos de evaluación y de ninguna manera podrá vincularse al desempeño académico de los estudiantes;

XIV. Facilitar la generación de sistemas y bases de datos para la medición y diagnóstico de la incidencia de la violencia en el entorno escolar; la información que, en su caso se genere, deberá desagregarse por edad, sexo, nivel escolar y demás variables que se determinen por la Red;

XV. Establecer grupos de trabajo, organizado en función de las materias concretas cuyo estudio y análisis se les encomiende;

XVI. Aprobar el Modelo Único de Atención Integral que someta a su consideración la autoridad educativa de la entidad federativa, y

XVII. Las demás que señalen otras disposiciones legales.

Capítulo IV

Del Observatorio sobre Convivencia en el Entorno Escolar

Artículo 19. Corresponde a cada entidad federativa, a través de su autoridad educativa local, instalar el Observatorio, como un órgano plural especializado y multidisciplinario en temas de convivencia entre escolares, al que le corresponde realizar diagnósticos en materia de violencia en el entorno escolar, elaborar estadísticas, indicadores e informes que formulen propuestas y recomendaciones de actuación, que contribuyan a mejorar la eficacia de las acciones encaminadas a prevenir, atender y erradicar el fenómeno objeto de la presente Ley.

Los municipios podrán instalar su propio Observatorio sobre Convivencia en el Entorno Escolar.

Artículo 20. Corresponde al Observatorio las funciones siguientes:

I. Sin perjuicio de lo establecido para la Red, actuar como órgano de asesoría, análisis y difusión periódica de información especializada en temas de convivencia y violencia en el entorno escolar;

II. Recopilar, analizar y difundir la información generada, administrada o en posesión de los miembros de la Red o de cualquier otra autoridad, sobre medidas y actuaciones realizadas por las diferencias instancias, públicas, privadas y sociales para prevenir, detectar y evitar situaciones de violencia en el entorno escolar, además de fortalecer la cohesión comunitaria; 

III. Realizar estudios estadísticos e investigaciones, por zonas o regiones o cualquier criterio relevante que determine, que permitan determinar si existe vínculo causal entre los diversos tipos y modalidades de violencia en el entorno escolar, con el fin de elaborar propuestas que permitan combatir la raíz de esa problemática;

IV. Establecer las acciones y medidas que se deberán tomar para la atención oportuna de la persona generadora de violencia en el entorno escolar que posibilite la convivencia armónica con las demás que integran la comunidad educativa;

V. Difundir las buenas prácticas educativas que favorecen una convivencia libre de violencia en el entorno escolar y fomenten la cultura de la paz y el fortalecimiento de la cohesión comunitaria;

VI. Actuar como espacio de encuentro interdisciplinario respecto del aprendizaje de la convivencia libre violencia en el entorno escolar;

VII. Sin perjuicio de lo establecido para la Red, realizar informes, estudios, diagnósticos e investigaciones multidisciplinarias sobre el fenómeno de violencia en el entorno escolar, como cultura de paz, clima escolar, victimización, sentimiento de inseguridad en las escuelas, participación e involucramiento de las autoridades educativas, así como el rol que juega la familia en casos de violencia en el entorno escolar, entre otros;

VIII. Desarrollar un centro de documentación especializado, que fungirá como un espacio de referencia para la investigación y publicación de estudios sobre la problemática de violencia en el entorno escolar;

IX. Realizar estudios estadísticos e investigaciones que permitan elaborar políticas públicas que prevengan la violencia cometida en contra de las niñas y las jóvenes en el ámbito escolar por condición de género;

X. Dar seguimiento a las acciones que se deriven para el cumplimiento de la presente Ley, con la finalidad de emitir opiniones sobre el enfoque de género que deben tener y su impacto en el respeto y reconocimiento de los derechos humanos de las mujeres;

XI. Formular observaciones y definir medidas para enfrentar y atender la violencia en las escuelas de manera integral, con un enfoque de derechos humanos y perspectiva de género, realizando propuestas específicas de intervención a la Red;

XII. Aprobar las normas de operación y funcionamiento del Comité Técnico del Observatorio, a propuesta del Presidente;

XIII. Realizar consulta con la comunidad educativa y, en su caso, con organismos internacionales, y

XIV. Elaborar un informe anual sobre el grado de cumplimiento del Programa, recomendaciones y tendencias presentes y futuras del fenómeno de la violencia en el entorno escolar.

Para el desarrollo de sus funciones, los representantes de los entes públicos e integrantes del Observatorio estarán obligados a proporcionar la información especializada y necesaria que el mismo requiera.

Artículo 21. El Observatorio funcionará a través de un Comité Técnico que estará integrado, preferentemente, por la autoridad educativa de la entidad federativa, quien fungirá como Presidente, por representantes de la Red, especialistas en temas de convivencia escolar, integrantes de organizaciones de la sociedad civil de reconocido prestigio y trayectoria en la temática de referencia, especialistas de organizaciones de defensa de los derechos humanos, especialistas integrantes de universidades públicas o privadas de reconocido prestigio y trayectoria en la temática de referencia, representantes de asociaciones de padres y madres de familia, alumnos y docentes.

Capítulo V

De la atención y del Modelo Único de Atención Integral

Artículo 22. Las medidas de atención en materia de violencia en el entorno escolar son aquellos servicios psicológicos, sociales, médicos y jurídicos que permitan a todos los involucrados en una situación de violencia en el entorno escolar desarrollar las habilidades psicosociales para reparar las experiencias de violencia vividas, fomentando el apoderamiento de los receptores de violencia en el entorno escolar, la modificación de actitudes y comportamientos en quien violenta y el cambio en los patrones de convivencia de los integrantes de las comunidades educativas de los centros escolares involucrados, considerando que quien genera violencia es también una víctima de la misma.

Artículo 23. La intervención especializada para los receptores de violencia en el entorno escolar se regirá por los siguientes principios:

I. Atención integral: se realizará considerando el conjunto de necesidades derivadas de la situación de violencia en el entorno escolar, tales como orientación psicológica y jurídica, atención médica, entre otras;

II. Efectividad: se adoptarán las medidas necesarias para que los receptores de violencia en el entorno escolar, sobre todo aquellos que se encuentran en mayor condición de vulnerabilidad, accedan a los servicios integrales que les garantice el goce efectivo de sus derechos;

III. Auxilio oportuno: brindar apoyo inmediato y eficaz a las niñas, niños y adolescentes en situación de riesgo o que hayan sido receptores de violencia en el entorno escolar, así como brindar protección a sus derechos fundamentales; este auxilio será extendido a las personas que sean generadoras de violencia en el entorno escolar con el fin de combatir en tiempo y de manera adecuada, las causas que dan origen a que ejerza violencia; y

IV. Respeto a los Derechos Humanos: abstenerse en todo momento y bajo cualquier circunstancia de hacer uso indebido de la fuerza, de infligir, tolerar o permitir actos que atenten contra cualquier derecho humano de los receptores de violencia en entorno escolar.

Artículo 24. Con el fin de proporcionar una efectiva atención a la violencia en el entorno escolar, se diseñará y aplicará un Modelo Único de Atención Integral, que garantice las intervenciones que en cada ámbito de violencia que correspondan, con base en una unidad conceptual y un conjunto de lineamientos de coordinación que impidan la fragmentación de la acción de las autoridades y la revictimización que sufren las personas receptoras de violencia en el entorno escolar al acudir a servicios de atención sin coordinación.

Artículo 25. La elaboración del Modelo Único de Atención Integral será coordinada por la autoridad educativa de la entidad federativa, quien lo someterá a aprobación de la Red.

Artículo 26. El Modelo Único de Atención Integral establecerá que los servicios de atención social, psicológica, jurídica y médica de las distintas autoridades se coordinen para operar a través de la Red, mediante una cédula de registro único, de tal manera que, con independencia de la institución a la que acudan por primera vez los receptores de violencia en el entorno escolar que vivan el fenómeno de violencia en el entorno escolar, se garantice el seguimiento del caso hasta su conclusión.

Cada entidad federativa, contemplará en su respectiva legislación, las características y el mecanismo para instrumentar la cédula de registro único y el seguimiento posterior de los casos atendidos, cuya coordinación será responsabilidad de las autoridades educativas de las entidades federativas, observando las disposiciones contenidas en la normatividad aplicable para la protección de datos personales.

Artículo 27. El Modelo Único de Atención Integral tendrá las siguientes etapas:

I. Identificación de la problemática, que consiste en determinar las características del problema, sus antecedentes, el tipo de violencia en el entorno escolar, los efectos y posibles riesgos para el receptor de violencia en el entorno escolar, así como para el receptor indirecto de violencia en el entorno escolar, en su esfera social, económica, educativa y cultural;

II. Determinación de prioridades, la cual identifica las necesidades inmediatas y mediatas, así como las medidas de protección que en su caso requiera el receptor de violencia en el entorno escolar;

III. Orientación y canalización, que obliga a la autoridad a la que acuda la persona por primera vez, a proporcionar de manera precisa, con lenguaje sencillo y accesible, la orientación social y jurídica necesaria y suficiente con respecto al caso de violencia en el entorno escolar que presente, realizando la canalización ante la instancia correspondiente o proporcionando el servicio pertinente, si fuera de su competencia;

IV. Acompañamiento, cuando la condición física o psicológica de la persona lo requiera, debiendo realizarse el traslado con personal especializado a la institución que corresponda;

V. Seguimiento, como el conjunto de acciones para vigilar el cumplimiento de los procedimientos de canalización contenidos en esta Ley para atender los casos de violencia en el entorno escolar, y

VI. Intervención educativa, que consiste en las acciones que se realicen en el centro escolar, tendientes a medir el impacto de la situación de violencia en el entorno escolar vivido y restituir el clima escolar apropiado, a través de actividades que fomenten la construcción de una cultura de paz en el mismo.

En cualquier caso, el Modelo Único de Atención Integral deberá guiarse bajo el supuesto de que la violencia entre integrantes de la comunidad educativa debe atenderse por y para cada uno de los elementos, participantes, circunstancias y etapas del entorno escolar.

TITULO TERCERO

DE LAS AUTORIDADES Y SUS COMPETENCIAS

Capítulo Unico

De la coordinación de las autoridades y sus competencias

Artículo 28. La Federación, las entidades federativas y los municipios, así como los que conozcan o atienden los receptores de violencia en el entorno escolar en el ámbito de violencia en el entorno escolar, además de las obligaciones establecidas en esta y otras leyes, deberán:

I. Actuar en todo momento con debida diligencia;

II. Canalizar de manera inmediata a los receptores y generadores de violencia en el entorno escolar a las instituciones que conforman la Red, y

III. Dar seguimiento para vigilar el cumplimiento de los objetivos y principios de esta Ley.

Artículo 29. Las autoridades educativas, con la debida diligencia, en el ámbito de su competencia, deberán adoptar todas las medidas pertinentes que aseguren a las personas integrantes de la comunidad educativa la protección y el cuidado necesario para preservar su integridad física, psicológica y social sobre la base del respeto a su dignidad.

Artículo 30.Las autoridades educativas, en el ámbito de su competencia, desarrollarán e impulsarán campañas de difusión que transmitan la importancia de una convivencia democrática y librede violencia en los ámbitos familiar, educativo, comunitario social y familiar, haciendo uso también de las tecnologías de la información y comunicación para promover una cultura de la paz en el entorno escolar e identificar la violencia en el entorno escolar y sus formas de prevenirlo.

Todas las autoridades deberán prestar auxilio que corresponda para promover los fines de esta Ley.

Artículo 31. Las autoridades educativas, la Red, los Observatorios y los Consejos de Convivencia Escolar podrán proponer a las autoridades responsables de investigar y perseguir los delitos, la emisión de protocolos especializados de atención, a fin de que en la atención de la presente Ley, se respeten irrestrictamente los derechos humanos de los menores que en esa atención se vean involucrados.

Artículo 32. En todas las acciones que se deriven con motivo de la aplicación de la Ley, se protegerá la identidad y datos personales de los estudiantes, personas generadoras y receptoras de violencia en el entorno escolar, conforme a la legislación aplicable.

Artículo 33. Corresponden de manera exclusiva a la autoridad educativa federal las atribuciones siguientes:

I. Implementar un registro nacional que permita identificar los Observatorios, Redes y Programas que se hayan desarrollado en todo el país;

II. Diseñar lineamientos, mecanismos, instrumentos e indicadores para el seguimiento y vigilancia de los objetivos de la presente Ley; así como para la capacitación y especialización de las y los servidores públicos de la Federación, las entidades federativas y los municipios, sobre el tema de violencia en el entorno escolar desde un enfoque de derechos humanos y con perspectiva de género;

III. Promover la creación y, en su caso, la modificación de los planes y programas de estudio que contribuyan a la prevención de la violencia en el entorno escolar, desde un ámbito integral y multidisciplinario en coordinación con las autoridades de la Federación, las entidades federativas y los municipios, y

IV. Coordinar con las autoridades educativas de las entidades federativas, reuniones periódicas con el propósito de analizar e intercambiar opiniones sobre el desarrollo de la convivencia libre de violencia en el entorno escolar, el funcionamiento de los Observatorios, de las Redes y de los Programas de Atención Integral. Estas reuniones serán presididas por la Secretaría.

V. Prever en el Anteproyecto y Proyecto de Presupuesto de Egresos, los recursos para el cumplimiento de los objetivos de la presente Ley.

Artículo 34. Corresponden de manera exclusiva a las autoridades educativas de las entidades federativas, en sus respectivas competencias, las atribuciones siguientes:

I. Presentar ante su órgano legislativo el proyecto de ley a través del cual se regule y promueva la convivencia libre de violencia en el entorno escolar, las autoridades que intervendrán en su ejecución, así como las atribuciones con las que contarán;

II. Crear y regular la existencia y facultades del Observatorio sobre Convivencia en el Entorno Escolar, correspondiente a su entidad federativa;

III. Establecer el Programa para la Promoción de la Convivencia Libre de Violencia en el Entorno Escolar que prevalecerá en la entidad federativa, que cuando menos deberá contemplar las disposiciones de la presente Ley y del Programa;

IV. Realizar investigaciones, recabar y sistematizar datos estadísticos, generales o por materia, sobre los impactos que tiene la violencia en el entorno escolar, respecto a la salud psicológica de las niñas, los niños y las y los jóvenes, cuyos resultados contribuyan en la elaboración de políticas públicas para su prevención;

V. Diseñar, implementar y evaluar periódicamente un programa integral de apoyo a las y los estudiantes receptores de violencia en el entorno escolar, receptores indirectos, así como a las personas generadoras de violencia en el entorno escolar, para proporcionar asistencia médica y psicológica especializada, dando seguimiento a la recuperación postraumática;

VI. Elaborar e instrumentar mecanismos, programas y acciones tendientes a identificar y disminuir los factores de riesgo que afectan a las y los estudiantes en contextos de violencia en el entorno escolar;

VII. En coordinación con las autoridades correspondientes, implementar campañas que erradiquen la venta de alcohol, tabaco y en general de sustancias psicoactivas en el entorno de las instituciones educativas tanto públicas como privadas, así como el consumo en estudiantes, personal docente, directivos escolares, personal administrativo de las escuelas, padres y madres de familia o en su caso tutores;

VIII. Realizar acciones de capacitación y sensibilización a los servidores públicos en el tema de violencia entre escolares, con el fin de proporcionar una debida diligencia a todos los involucrados, basada en el respeto y garantía de los derechos humanos de las niñas, los niños, las y los jóvenes;

IX. Regular la forma en que se proporcionará atención adecuada a nivel psicosocial y, si es el caso, orientación legal a la persona generadora y receptora de violencia en el entorno escolar, así como a las receptoras indirectas de violencia dentro de la comunidad educativa;

X. Realizar estudios, investigaciones, informes y diagnósticos que permitan conocer la incidencia del fenómeno de violencia en el entorno escolar en las escuelas de la entidad federativa, así como su impacto en el entorno escolar, en la deserción de los centros educativos, en el desempeño académico de los estudiantes, en sus vínculos familiares y comunitarios y el desarrollo integral de todas sus potencialidades;

XI. Implementar una encuesta anual dirigida a estudiantes, personal docente, directivos escolares, personal administrativo de las escuelas, padres y madres de familia o en su caso tutores para identificar los centros educativos con mayor incidencia de violencia en el entorno escolar;

XII. Crear los mecanismos para sensibilizar, capacitar, formar y actualizar a estudiantes, personal directivo, administrativo, docente, padres y madres de familia, o tutores, en casos de violencia en el entorno escolar, de manera obligatoria;

XIII. Diseñar e instrumentar estrategias educativas tendientes a generar entornos basados en una cultura de la paz, resolución pacífica de conflictos, fortalecimiento de la cohesión comunitaria y convivencia armónica y democrática dentro de la comunidad educativa;

XIV. Elaborar y difundir materiales educativos para el conocimiento, la prevención y atención de los tipos y modalidades de violencia en el entorno escolar contenidos en la presente Ley, así como coordinar campañas de información sobre las mismas;

XV. Coordinar acciones con organizaciones de la sociedad civil, asociaciones de padres y madres de familia, o tutores, y vecinales con el objeto de promover su participación en los programas de prevención integral que establece esta Ley;

XVI. Crear unidades especializadas para la atención de las personas receptoras y generadoras de violencia en el entorno escolar que sean víctimas del delito;

XVII. Realizar estudios estadísticos e investigaciones referentes al acceso a la justicia de las y los estudiantes receptores de violencia en el entorno escolar, y

XVIII. Las demás que le señalen las disposiciones legales aplicables a cada entidad federativa.

Artículo 35. El ayuntamiento de cada municipio promoverá, sin perjuicio de la concurrencia de las autoridades educativas federal y de las entidades federativas, la convivencia libre de violencia en el entorno escolar, en el ámbito de sus atribuciones en materia educativa.

Artículo 36. Corresponde de manera concurrente a la Federación, las entidades federativas y los municipios:

I. Coordinarse con las autoridades correspondientes para promover una convivencia libre de violencia en el entorno escolar, priorizando su prevención, que concluyan con la celebración de acuerdos o convenios que permitan realizar acciones conjuntas;

II. Impulsar campañas de difusión que transmitan la importancia de una convivencia libre de violencia y democrática en los ámbitos familiar, educativo, comunitario y social;

III. Coordinarse con las autoridades competentes para implementar campañas que erradiquen el consumo y venta de alcohol, tabaco y en general de sustancias psicoactivas en el entorno de las instituciones educativas;

IV. Establecer Consejos en la Federación, las entidades federativas y los municipios para la Prevención y Atención de la Violencia en el Entorno Escolar,

V. Las demás que le señalen las disposiciones legales aplicables.

Artículo 37.El ejecutivo federal y locales deberán prever en los Proyectos de Presupuesto de Egresos correspondientes, los recursos a fin de que el Congreso de la Unión y los Congresos de los Estados y del Distrito Federal autoricen los recursos para realizar las acciones a que se refiere esta Ley.

Artículo 38. La aplicación y la vigilancia del cumplimiento de esta Ley corresponden a las autoridades educativas de la Federación, de las entidades federativas y de los municipios, en los términos que la propia Ley establece.

TITULO CUARTO

DE LAS RESPONSABILIDADES

Capítulo Unico

De los integrantes de la comunidad educativa y autoridades

Artículo 39. Para los efectos de esta Ley, además de lo previsto en el artículo 65 de la Ley General de Educación, son derechos de los padres y madres de familia, o tutores, exigir a las autoridades que promuevan y logren una convivencia libre de violencia en el entorno escolar.

Artículo 40. En corresponsabilidad, es obligación de los padres y madres de familia, o tutores, promover una convivencia libre de violencia en el entorno escolar, además de las obligaciones previstas en el artículo 11 de la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.

Artículo 41. Los integrantes de la comunidad educativa y las autoridades educativas serán responsables de tomar las medidas a que se refiere la presente Ley, para llevar a cabo las acciones de prevención, canalización, atención y seguimiento de actos de violencia en el entorno escolar.

A fin de determinar su responsabilidad, la autoridad que corresponda considerará si el incidente ocurre dentro o fuera del horario escolar y si el acto ocurre dentro o fuera del centro educativo. Además, se tomará en cuenta la situación de vulnerabilidad en la que se encuentre el receptor generador o víctima en el entorno escolar, privilegiando en este caso, por enci9ma de cualquier otro derecho u obligación, el interés superior de los menores y los derechos de las personas en situación de vulnerabilidad.

Artículo 42. Es responsabilidad de los padres y madres de familia o tutores, tomar las medidas que correspondan para proteger a los menores y adolescentes de generar y recibir violencia en el entorno escolar. En el caso de incidentes de violencia en el entorno escolar generados por menores de edad, si es que hubiere responsabilidad, ésta siempre será del padre o madre de familia o tutor, conforme a lo dispuesto en la normatividad civil, en especial los artículos 1918, 1919, 1920, 1921 y 1922 del Código Civil Federal.

Los padres y madres de familia o tutores deberán llevar a cabo las acciones de participación para promover un ambiente libre de violencia en el entorno escolar, siguiendo las directrices previstas en la Ley General de Educación y su participación en el sistema educativo, así como lo dispuesto en la presente Ley. Las acciones de violencia de los padres y madres de familia, o tutores se regirán por lo previsto en las disposiciones legales de prevención, tratamiento y atención de la violencia intrafamiliar, sin perjuicio de otras instancias de atención y de las responsabilidades previstas en esta Ley y ordenamientos aplicables que, en su caso, se deriven por ese actuar.

Artículo 43. El personal docente, personal administrativo y directivos escolares, de las escuelas tanto públicas como privadas estarán obligados a tomar las medidas para promover una convivencia libre de violencia en el entorno escolar conforme a lo dispuesto en la presente Ley, cuidando en todo momento de cumplir con las obligaciones de hacer, de dar y de cuidado frente a las niñas, niños y adolescentes. En adición a lo previsto en el artículo 1920 del Código Civil Federal, los directivos escolares serán siempre responsables de tener especial cuidado en supervisar la conducta del propio personal docente y administrativo, así como de mantener informados con regularidad de forma inmediata a los padres o madres de familia o tutores sobre las acciones llevadas a cabo para promover los fines de la presente Ley, y en su caso, registrar y atender los comportamientos de los menores de edad que puedan generar o generen violencia en el entorno escolar. Esta responsabilidad del personal docente, personal administrativo y, en especial de los directores escolares, será sin perjuicio de las responsabilidades y sanciones previstas en esta Ley y otros ordenamientos aplicables.

Artículo 44. Las autoridades educativas serán responsables de promover, en el ámbito de sus respectivas competencias, la convivencia libre de violencia en el entorno escolar, de conformidad con esta Ley y demás disposiciones aplicables. Misma responsabilidad tendrán con la finalidad de actuar con la debida diligencia y, en especial, recibir la capacitación para atender adecuadamente los incidentes de violencia en el entorno escolar. Sin embargo, será sancionada conforme a la normatividad administrativa correspondiente toda omisión o actuación de los servidores públicos que conlleve una negligencia en la supervisión, inspección y vigilancia para asegurarse que en los centros escolares tanto públicos como privados se llevan a cabo las acciones de promoción a que se refiere la Ley, o bien que no comunicaron al centro educativo que debía tomar las medidas conducentes para prevenir comportamientos y conductas que generan violencia en el entorno escolar o atenderlo conforme a sus previsiones. Lo anterior, sin perjuicio de otras responsabilidades a que haya lugar.

Artículo 45. En general, todo ciudadano, autoridad o cualquier persona interesada tendrá obligación de respetar irrestrictamente los derechos de los menores y los adolescentes, realizar sus atribuciones para prevenir y atender la violencia en el entorno escolar, así como promover una cultura de la paz, quejarse o denunciar la responsabilidad por omisiones o acciones que pongan en riesgo los derechos de los niños, niñas y jóvenes en el entorno escolar, solicitar que se revoquen o retiren las licencias, permisos, autorizaciones o reconocimientos otorgados, y a planear, ejecutar y dar seguimiento a las acciones del Programa, conforme a las previsiones administrativas que correspondan.

TITULO QUINTO

DE LAS SANCIONES

Capítulo Unico

De las sanciones

Artículo 46. Las sanciones que se señalan en este Capítulo se aplicarán sin perjuicio de la responsabilidad civil o penal que corresponda.

Artículo 47. Con independencia del ejercicio de las demás acciones legales, los padres y madres de familia, o tutores, tendrán derecho a reclamar indemnización por la responsabilidad patrimonial derivada de la actividad administrativa irregular en la prestación del servicio de educación pública, de conformidad con la Ley de Responsabilidad Patrimonial del Estado y demás leyes locales aplicables en la misma materia, y reglamentos respectivos.

Artículo 48. Son infracciones a la presente Ley:

I. No contar con el programa interno de promoción de la convivencia libre de violencia en el entorno escolar, conforme a lo establecido en la fracción I del artículo 12, de la presente Ley;

II. No proporcionar la atención que corresponda a un incidente de violencia en el entorno escolar, conforme a lo establecido en la fracción II del artículo 12, de la presente Ley;

III. No informar a los padres y madres de familia, o tutores, sobre los incidentes de violencia que se cometen en el entorno escolar, conforme a lo previsto en la fracción III del artículo 12, de la presente Ley.

IV. Permitir o tolerar, sin tomar las previsiones para prevenir o atender, dentro de los planteles educativos y en el horario escolar o en las actividades desarrolladas en la unidad escolar como se refiere en el artículo 12 de la presente Ley, que se cometan actos de violencia en el entorno escolar;

V. No asistir, sin causa justificada, a los cursos de capacitación, cuyo objetivo es prevenir la violencia en el entorno escolar, promover la cultura de la paz y atender los incidentes de violencia en el entorno escolar;

Artículo 49. Las infracciones enumeradas en el artículo anterior se sancionarán de la siguiente manera:

I. Con amonestación pública, las previstas en las fracciones I y V.

II. Con multa equivalente de 10 a 100 días de salario mínimo vigente en el área geográfica en donde se cometa la infracción, la prevista en la fracción III.

III. Con la medida a que se refiere el artículo 79 de la Ley General de Educación será sancionada las previstas en las fracciones II y IV.

Artículo 50. Tratándose de incidentes de violencia en el entorno escolar que pongan en riesgo grave los derechos de las niñas, niños y adolescentes, las autoridades deberán tomar en cuenta las previsiones siguientes:

I. Comunicar inmediatamente a los padres y madres de familia, o tutores, que pueden ejercer por la vía ordinaria civil demanda a causa de violencia en el entorno escolar por responsabilidad objetiva o cualquier otra vía que corresponda.

II. Presentar por sí o a través de las instancias que correspondan o con el auxilio de las instituciones del menor, denuncia conforme a la normativa penal.

En este caso, las autoridades que intervengan estarán obligadas a salvaguardar los derechos de las niñas, niños y adolescentes, en especial los de intimidad, privacidad, presunción de inocencia, normal desarrollo, buena imagen, entre otros y reserva de sus derechos personales.

La violación de esta disposición, será sancionada de conformidad con las disposiciones administrativas y penales.

TRANSITORIOS

PRIMERO.- El presente ordenamiento entrará en vigor a los sesenta días siguientes a su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

SEGUNDO.- Se derogan todas las disposiciones legales que se opongan al contenido de esta Ley.

TERCERO.- Los gobiernos de las entidades federativas y de los municipios, deberán expedir y, en su caso, adecuar sus leyes, reglamentos, bandos y demás disposiciones jurídicas, de acuerdo con las competencias que a cada uno corresponda.

CUARTO.- Las autoridades competentes de las entidades federativas procurarán establecer los tipos penales en sus codificaciones y sanciones administrativas que contribuyan a inhibir la violencia en el entorno escolar.

QUINTO.- Las autoridades competentes de las entidades federativas deberán realizar foros de consulta para la instrumentación de la Ley en los ámbitos estatal y municipal.

ARTICULO SEGUNDO.- Se reforman las fracciones IX y X del artículo 75 de la Ley General de Educación, para quedar como sigue:

Artículo 75.- Son infracciones de quienes prestan servicios educativos:

I. a IX. …

X.- Efectuar actividades que pongan en riesgo la salud o la seguridad de los alumnos o tolerar o permitir sin tomar las medidas necesarias para evitarlo, que se realicen actos de violencia en el entorno escolar dentro de las instalaciones educativas o dentro del horario escolar o como parte de las actividades extracurriculares;

X.- Ocultar a los padres o tutores las conductas de los alumnos que notoriamente deban ser de su conocimiento o no comunicar mediante los canales correspondientes que sus hijos o tutelados realizan actos de violencia en el entorno escolar dentro de las instalaciones educativas o dentro del horario escolar o como parte de las actividades extracurriculares;

ARTICULO TERCERO.- Se reforma el inciso D) del artículo 32 de la Ley para la Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, para quedar como sigue:

Artículo 32. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a una educación que respete su dignidad y les prepare para la vida en un espíritu de comprensión, paz y tolerancia en los términos del artículo 3o. de la Constitución. Las leyes promoverán las medidas necesarias para que:

D. Se impulse la enseñanza y respeto de los derechos humanos. En especial la no discriminación y de la convivencia libre de violencia en el entorno escolar.

ARTICULO CUARTO.- Se adiciona un párrafo el artículo 149 QUATER del Código Penal Federal, para quedar como sigue:

Artículo 149-QUATER. Se impondrá prisión de 2 a 5 años, al que difunda con o sin autorización, imágenes, videos, texto y cualquier otro elemento través de medios electrónicos, ya sea de comunicación o de información, cuya finalidad sea menoscabar la dignidad, buena imagen, decoro, honor, privacidad, intimidad o cualquier otro derecho humano de la víctima de violencia en el entorno escolar.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, a 11de diciembre de 2012.

Sen. Mario Delgado Carrillo”.

- El C. Presidente Burgos García: Muchas gracias, Senador Delgado Carrillo. Se turna a las Comisiones Unidas de Educación; y de Estudios Legislativos.

Sonido al escaño de la Senadora Saldaña Perez.

- La C. Senadora María Lucero Saldaña Pérez: (Desde su escaño) Gracias, señor Presidente.

Para solicitarle al Senador si me acepta adherirme también a esta importante iniciativa con un enfoque muy integral.

- El C. Presidente Burgos García: ¿Acepta, Senador Delgado Carrillo?

- El C. Senador Mario Delgado Carrillo: (Desde su escaño) Sí.

- La C. Senadora María Lucero Saldaña Pérez: (Desde su escaño) Muchas gracias.

- El C. Presidente Burgos García: Sonido en el escaño del Senador Roberto Albores.

- El C. Senador Roberto Albores Gleason: (Desde su escaño) Gracias, señor Presidente.

Para el mismo propósito, preguntarle al Senador Mario Delgado si me permite adherirme a su iniciativa.

- El C. Presidente Burgos García: Tome nota la Secretaría de las adhesiones que se están solicitando. Se turna a las Comisiones Unidas de Educación; y de Estudios Legislativos.

Damos la bienvenida a un distinguido grupo de estudiantes de la Universidad del Estado de Durango que se encuentran presentes a invitación del Senador Ismael Hernández, bienvenidos, muchas gracias.

Tiene el uso de la tribuna el Senador Carlos Puente Salas, del grupo parlamentario del PVEM, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se adiciona la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y se crea la Ley Federal de Clasificación de Videojuegos.


1 Flores, B. (2005). Violencia de género en la escuela: sus efectos en la identidad, en la autoestima y en el proyecto de vida (en línea). Revista Iberoamericana de Educación, (38), 67-86. Recuperado en línea, de /www.rieoei.org/rie38a04.pdf

2 OXFAM (2005). Desarrollando capacidades para lograr la igualdad de género en la educación. Serie Educación e Igualdad de Género, Contribuciones del ProgramaOxfam GB (en línea). Recuperado en agosto 2009, de https://www.oxfam.org.uk/resources/learning/education/downloads/edpaper5_sp.pf

3 Díaz-Aguado, M.J. (2005). Por qué se produce la violencia escolar y cómo prevenirla (en línea). Revista Iberoamericana de Educación. Núm. 37. Enero- Abril. Recuperado en Febrero 2012, de http://www.rieoei.org/rie37a01.htm

4 Informes, estudios y documentos. Violencia escolar, el maltrato entre iguales en la educación secundaria obligatoria” (Nuevo estudio y actualización del informe 2000). Defensor del Pueblo. Madrid 2007. http://www.oei.es/oeivirt/Informeviolencia.pdf

5 Defensor del Pueblo. (2007). Informe Violencia escolar: el maltrato entre iguales en la educación secundaria obligatoria 1999-2006. Madrid. España.

6 http://relacionesgubernamentalespcne.wordpress.com/2011/12/15/%E2%97%8F-reporte-de-leyes-y-politicas-del-Bullying-en-los-ee-uu%E2%97%8F/

7 Paredes, M.T., Álvarez, M.C., Lega, L.I., Vernon, A. (2008). Estudio exploratorio sobre el fenómeno de Bullying en la ciudad de Cali, Colombia. Revista Latinoamericana de Ciencias Sociales, Niñez y Juventud. 6(1): 295-317.

8 OBSERVATORIO IBEROAMERICANO (2012). Portal de Observatorios (en línea). Recuperado en Febrero 2012, de http://www.clacso-posgrados.net/portal_observatorios/

9 SEP/UNICEF. 2010. Informe Nacional sobre Violencia de Género en educación básica en México. México D.F. SEP/UNICEF

10 Avilés, M. J.M. (2002). Bullying. Intimidación y maltrato entre el alumnado. Stee Ellas. España.

11Primer Informe Nacional sobre violencia de género en la educación básica en México, 2010.

12“Disciplina, violencia y consumo de sustancias nocivas a la salud en las escuelas primarias y secundarias de México”, dado a conocer en 2007.

13Publicado en el “Anuario educativo mexicano, visión y perspectivas en 2008”. Autor licenciada en trabajo social Nelia Tello Peón.

14 Torres, Beltrán y Vázquez. (2006). En Maltrato entre escolares: diagnóstico en alumnos de segundo de secundaria de la Delegación Gustavo A. Madero. Trabajo de grado, Maestría en Pedagogía. Universidad Nacional Autónoma de México. Ciudad Universitaria.

15Citado en el trabajo de la Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis“EL BULLYING O ACOSO ESCOLAR” Estudio Teórico conceptual, de Derecho Comparado, e Iniciativas presentadas en el Tema, a cargo de la Mtra. Claudia Gamboa Montejano, Investigadora Parlamentaria, y de la Lic. Sandra Valdés Robledo, Asistente de Investigación).






INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETOPOR EL QUE SE ADICIONALA FRACCION XXI BIS DEL ARTICULO 27 DE LA LEY ORGANICA DE LA ADMINISTRACION PUBLICA FEDERAL Y SE CREA LA LEY FEDERAL DE CLASIFICACION DE VIDEOJUEGOS

(Presentada por el C. Senador Carlos Alberto Puente Salas, del grupo parlamentario del PVEM)

- El C. Senador Carlos Alberto Puente Salas: Muchas gracias, señor Presidente, con la venia; compañeras y compañeros Senadores:

Primero que nada quiero compartirles que el día de hoy he estado escuchando con atención varias iniciativas de ley en donde buscamos cómo cuidar, cómo proteger y cómo ayudar a nuestra niñez, creo que es un tema prioritario, escuché con atención a mi compañero Senador Mario Delgado, a quien le felicito y le pido, si me permite, sumarme, suscribir esa iniciativa, y que ojalá pudiera acompañarnos también en esta.

Quiero comentarles que vengo a nombre de varios compañeros Senadoras y Senadores que suscriben esta iniciativa, menciono a la Senadora Diva Gastélum, a la Senadora Mónica Arriola, al Senador Raúl Aarón Pozos, a la Senadora María Lucero Saldaña Pérez, al Senador Fernando Yunes Márquez, al Senador Miguel Romo, al Senador Héctor Larios, a la Senadora María Elena Barrera y a la Senadora Angélica de la Peña, gracias por el apoyo.

El uso de los dispositivos tecnológicos es una constante en la vida moderna, con ellos solucionamos una gran cantidad de problemas cotidianos, potenciamos nuestras capacidades y encontramos opciones de esparcimiento, no es exagerado afirmar que la influencia de dichos dispositivos ha llegado a tal punto que hoy muchas sociedades humanas no podrían funcionar sin ellos, pero es precisamente esa capacidad de influir en nuestras vidas y en nuestra conducta la que debe llamar nuestra atención.

En esta ocasión me referiré a uno de los dispositivos tecnológicos de entretenimiento más común entre niños, adolescentes y jóvenes, los videojuegos.

Los videojuegos han revolucionado la forma de utilizar el tiempo libre y muchos de ellos contribuyen al desarrollo de habilidades de enseñanza interactiva, pero hay un aspecto que a nosotros como los legisladores debe ocuparnos y debe preocuparnos, en los videojuegos nuestros niños y jóvenes no sólo son testigos del desarrollo de una historia ficticia, sino que en estos casos ellos son los protagonistas en la trama del mencionado videojuego.

Desafortunadamente, en diversos títulos de juegos de videos nuestros niños y jóvenes tienen como misión secuestrar, asesinar o discriminar para obtener puntos o recompensas y avanzar en diferentes niveles.

Son ellos los que deben de cometer actos violentos para convertirse en líderes del juego y alcanzar el reconocimiento.

Al final, en muchos de los videojuegos la crueldad y la violencia son incentivadas y recompensadas, les pregunto respetuosamente, compañeras y compañeros, ¿creen verdaderamente que un niño o un adolescente debe enfrentarse a la decisión de violentar a una persona como forma de entretenimiento?

¿Consideran que actos violentos hacia las niñas y mujeres deben de ser vistos como algo natural? Esto no son preguntas retóricas, como señalé a través de algunos videojuegos, niños, jóvenes y adultos, son protagonistas de conductas ilícitas virtuales, especialmente hacia las mujeres, basta señalar que en el videojuego japonés, Rapelay, la traducción al español de “rape” es violar, el objetivo es violar, como lo han escuchado ustedes, violar a la mayor cantidad de mujeres posibles, puede ser una mujer adulta, una colegiada o incluso una niña de 10 años.

Conforme se avanza en los niveles del juego, el protagonista puede obligar a la víctima para convertirla en su esclava sexual, un ejemplo más lo encontramos en el título Gears of War, este juego en el cual fui con un menor y se puede adquirir de la manera más sencilla, porque simplemente tiene una calificación de otro país, en otro idioma y en otro lenguaje que pocas veces es comprendido, el cual está basado en la mitología griega, en la primera escena de la trama, el jugador encuentra a Afrodita sosteniendo relaciones con otras dos mujeres.

En la siguiente escena, el protagonista, de guerrero espartano, su misión es desplazar a las dos mujeres para él continuar estas relaciones con Afrodita.

No es posible que nuestros niños vean con naturalidad o que incluso consideren un reto este tipo de conductas, si bien hay juegos eróticos sexuales, nuestros niños y jóvenes también pueden ser protagonistas de guerras, invasiones o violentas confrontaciones entre grupos rebeldes.

Señalo un ejemplo de las potenciales consecuencias que pueden tener algunos videojuegos en la vida de las personas.

El siguiente relato también podría ser un trama de ficción, pero tristemente, compañeras y compañeros, no lo es así.

Tom Bissell era un aclamado y joven escritor, fue ganador del Premio de Roma, y en el 2010 fue galardonado con el “Guggenheim Fellowship”.

Sin embargo, su punto de inflección fue cuando empezó a jugar el videojuego “Grand Theft Auto”. Este videojuego, que es uno de los más comprados en nuestro país y en el vecino país del norte.

Por 3 años este escritor se volvió adicto a la cocaína, no podía dormir, y apenas podía escribir algunas palabras.

Cabe destacar que “Grand Theft Auto” es uno de los juegos de video con mayor éxito en el mercado, en el que se le permite al jugador tomar el rol de un criminal que puede andar libremente por la ciudad. Para completar el juego, el criminal tiene que cumplir una serie de misiones como robar bancos o cometer asesinatos.

En el juego no hay límites, el jugador en su rol de criminal puede hacer todo lo que desee, no hay autoridad alguna que pueda detenerlo.

Tom Bissell lo describe claramente cuando fue invitado a jugar “Rockstars Grand Theft Auto”.

Tom se preguntó, ¿qué tiene de interesante este videojuego?

Su amigo le respondió: “Tú puedes hacer lo que quieras en el juego, lo que quieras”.

Al momento de comprarlo, Tom supo de la premisa básica del videojuego.

Eres un preso salvaje buscando ascender en la sangriente sociedad de “Vice City”.

Esta historia real fue publicada en el diario inglés “The Guardian”, bajo el título de videojuegos la adicción. Retomé precisamente este ejemplo, por 2 razones:

La primera, nos muestra la gravedad y el impacto que tienen los videojuegos en los usuarios.

La segunda, en Inglaterra hay una ley que aborda el tema de la clasificación de los videojuegos, la “Digital Economy Act”, retoma la clasificación también de “Pan European Game Information”, (PEGI), por sus siglas, y la establece en su ley, así como la clasificación europea que acabo de mencionar.

Existe el “Entertainment Software Rating Board” en los Estados Unidos de Norteamérica. Más sin embargo, ambas clasificaciones están diseñadas por sus gobiernos después de un amplio debate.

La idea de la presente iniciativa es invitar al debate abierto e incluyente sobre este tema.

La iniciativa que hoy someto a su consideración busca establecer una clasificación para la distribución y comercialización de videojuegos que permita a los usuarios y a los padres de familia conocer de forma clara y precisa el contenido de los mismos, así como el grupo de edad para el cual se recomiendan.

Quiero dejar muy claro. De ninguna manera buscamos limitar o restringir la producción de videojuegos o censurar su contenido, sino simplemente establecer un marco regulatorio que permita un uso adecuado e informado de los mismos tal y como sucede en la mayoría de los países del mundo.

De forma concreta, a través de la presente iniciativa proponemos establecer que todo videojuego nacional o importado que se distribuye o comercialice, deberá contar con autorización y clasificación previa de la Secretaría de Gobernación.

La autorización y clasificación de un videojuego se otorgará a solicitud del titular de los derechos del mismo, productor o distribuidor quien deberá realizar los trámites correspondientes.

Los videojuegos que sean autorizados y clasificados por la Secretaría de Gobernación serán inscritos en un registro público de videojuegos, el cual podrá ser consultado por cualquiera que lo desee, de conformidad con lo establecido en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.

Lo cierto es, compañeras y compañeros, que la disminución de la violencia en todas sus formas y en todos sus ámbitos, debe de ser una prioridad para todos los que vivimos en este país.

Los invito a que puedan sumarse a esta iniciativa, a ir al debate, a poderla enriquecer y a que juntos podamos abonar en este importante tema.

Por su atención, muchas gracias, compañeras y compañeros.

Es cuanto, señor Presidente. Muchas gracias.

(Aplausos)

Iniciativa

“SENADO DE LA REPUBLICA

LXII LEGISLATURA.

El suscrito, Senador Carlos Puente Salas, integrante del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, de conformidad con lo establecido en el artículo 164 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración del Pleno del Senado de la República, la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA EL INICISO XXI BIS DEL ARTICULO 27 DE LA LEY ORGANICA DE LA ADMINISTRACION PUBLICA FEDERAL Y SE CREA LA LEY FEDERAL DE CLASIFICACION DE VIDEOJUEGOS, con base en la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

El respeto a los Derechos Humanos es una premisa que compete a todos los sectores integrantes de una sociedad. Por tanto, debemos estar comprometidos en esta tarea ya que este tipo de respeto involucra, también, a que los productos del resultado de la actividad empresarial deben ser escrupulosos con las normas internacionales en materia de Derechos Humanos, especialmente cuando los productos están al alcance de los menores de edad.

Un factor importante para eliminar las conductas violatorias de Derechos Humanos es incidir positivamente en los medios de socialización con la finalidad de contribuir en la modificación de patrones socioculturales de la sociedad.

Las nuevas tecnologías de información y comunicación han producido grandes cambios en la sociedad contemporánea. Televisión, Internet y videojuegos forman parte de la actividad diaria de las personas y ejercen una gran influencia en niños y adolescentes. Se ha modificado el concepto y empleo del tiempo libre. El uso de estos medios ocupa una parte importante de las horas dedicadas al ocio y han sufrido cambios significativos las bases del aprendizaje y las formas de comunicación y de información; así como las normas de convivencia personal y familiar.

Asimismo, ha cambiado la mentalidad de los niños, su forma de atender y de captar la realidad, su actitud ante el conocimiento, su modo de concebir el mundo, hasta el punto en que la educación ya no podrá desarrollarse a espaldas de esta innovación.

Uno de los formatos que más relevancia ha cobrado en el uso del tiempo de ocio son los videojuegos. Pese a la importancia que esta forma de entretenimiento ha obtenido en los últimos años no existe una normatividad que garantice el control en el acceso de los menores de edad a los videojuegos. Tal situación es de suma importancia porque muchos de estos juegos tienen contenidos con marcada discriminación sexual, racial, tortura, xenofobia, violencia, por mencionar algunos.

Los primeros videojuegos han conservado su popularidad desde que fueron introducidos en los años setenta en los Estados Unidos y hacia el final de esa década se convirtieron ya en uno de los juegos preferidos por los niños. Desde entonces la industria japonesa, especialmente Nintendo, se lanzó de lleno a perfeccionarlos hasta la época actual, donde con la realidad virtual los chicos pueden meterse en el juego y experimentar, como si fuese real la más variada gama de situaciones límites, de extremo peligro y riesgo.

En 1971, Nolan Bushell diseñó el primer "ping-pong electrónico"; el éxito fue impresionante: había nacido la era de los videojuegos. Un año después los japoneses se situaron en vanguardia con su "Space Invaders", el popular "matamarcianos"; el Imperio del Sol Naciente ya no abandonaría jamás el liderazgo de esta industria.

En 1979 "Atari" intentó comercializar las primeras consolas caseras de videojuegos, pero su precio las hizo prohibitivas y, por lo demás, debió competir con la primera generación de "ordenadores domésticos"; estos equipos de 8 y 16 bytes funcionando con sistemas operativos CP/M y MSX, encontraron en los videojuegos su aplicación más generalizada. Servidos en forma de casettes, en su mayor parte se trataba de los llamados "juegos de plataformas", con una definición y unas posibilidades limitadas.

A partir de 1986, se produjo una progresiva caída en los precios de los ordenadores personales, a la par que aumentaba su capacidad de memoria y velocidad de procesado. La irrupción de la serie AT y el abaratamiento de los precios de las unidades de memoria ROM, supuso un golpe mortal para los ordenadores domésticos: su vigencia había durado poco más de un lustro.

A partir de 1988 el ordenador personal entró masivamente en los hogares y en fechas siguientes se hizo evidente que existía una incompatibilidad de uso entre padres e hijos. Si bien en un principio los programadores tendieron a idear juegos para ordenadores personales, pronto resultó claro que el aparato resultaba poco adecuado para tal fin, fundamentalmente por la incompatibilidad en los horarios de utilización de los ordenadores y por la diferenciación de periféricos a utilizar. Fue así como a lo largo de los años 80 las videoconsolas. A partir de 1991 puede hablarse del "boom del videojuego".

En la actualidad los videojuegos desempeñan un papel importante en el desarrollo, educación, el entretenimiento y contribuyen a fomentar, al igual que otro juego o juguete, actitudes que pudieran o no estar en la línea de respeto de los valores o parámetros de la conducta humana.

La realidad es que los videojuegos representan todo un fenómeno social y es necesario prevenir el mal uso que se hace de ellos para aprovechar al máximo su potencial educativo.

Al respecto, podemos distinguir diferentes tipos de juego, en función de las habilidades y recursos psicológicos necesarios para su utilización: los videojuegos denominados Arcade donde el usuario debe superar pantallas con ciertas dificultades y llevar un ritmo rápido que requieren tiempos de reacción cortos. Los videojuegos deportivos que recrean algún deporte requieren habilidad, rapidez y precisión para su manejo. Los videojuegos de destreza que tratan de trazar una estrategia para superar al contrincante, exigen concentración, saber administrar recursos, pensar y definir tácticas, trazar planes de acción y preveer los comportamientos del rival. También están los videojuegos denominados de simulaciones que reproducen una realidad de forma ficticia, permiten experimentar e investigar el comportamiento de máquinas, fenómenos y situaciones que puedan aportar conocimientos específicos. Los videojuegos de mesa similares a los materiales tradicionales, pudiendo ser sustituido el adversario por la máquina, potencian la rapidez de reflejos, la coordinación óculomanual1, la organización especial, la astucia y la adquisición de conocimientos. Y los videojuegos de acción, estos son normalmente violentos, muchas veces incluyen ejercicios de repetición, como el uso de un botón para disparar.

Los videojuegos son reconocidos como uno de los posibles agentes en el proceso de socialización de nuestros niños y jóvenes, entendida como el proceso a lo largo del cual las personas, y en particular los más jóvenes, aprenden qué se puede esperar del mundo y lo que el mundo espera de ellos2. Otros autores3, definen la socialización como el proceso mediante el cual los individuos adquieren valores, pertenencia e identificación con la sociedad a la que pertenecen, aprendiendo qué patrones deben ser apropiados para no ser sancionados por ésta. El proceso de socialización tiene lugar en el seno de la familia durante los primeros años de vida del sujeto, y por esto los agentes socializadores más importantes suelen ser los padres y los hermanos, quedando en un segundo lugar la escuela, los amigos y los medios de comunicación. Éstos hacen parte del proceso de socialización secundaria ya que a través de ellos la persona tiene la posibilidad de conocer nuevas realidades y submundos que contrastan con su mundo base, resultado de la socialización primaria.

Actualmente existe un debate no resuelto sobre los efectos de los videojuegos sobre la conducta de niños y adolescentes.

Para algunos estudiosos de la conducta, los videojuegos no tienen mayor impacto en los niveles de violencia. Sin embargo, para otros especialistas los modelos violentos que observa el niño en los videojuegos pueden ser fuente de aprendizaje para éste, ya que la relación que establecen los niños con los videojuegos es interactiva, no son receptores pasivos como en la televisión. Entonces, afirman estos especialistas, la clasificación que los niños hacen de los modelos simbólicos basándose en su experiencia, puede tener gran importancia a la hora de asimilar y reproducir sus conductas agresivas.

Lo cierto es que el lenguaje utilizado en un gran número de juegos de video es generalmente de tipo agresivo, con referencias constantes a la violencia. Esta se muestra gratificada (normalmente el juego premia dando puntos por matar), atenta contra los derechos humanos (aplaude el uso de la violencia para conseguir fines) y llega a traspasar los elementos simbólicos con lo cual la violencia se presenta como algo actual, real e incluso “atractivo”.

Vivimos en una sociedad violenta que se nutre de algunos medios de comunicación que también exaltan la violencia como opresión y/o como forma más o menos habitual de resolución de los conflictos entre personas, algunas de ellas socialmente bien valoradas y consideradas. A veces esta violencia llega a la tortura, al racismo y la xenofobia (como es el caso de algunos juegos disponibles en la red) o a la vulnerabilidad de los Derechos Humanos.

Al alcance de cualquier persona, incluidos los niños, existen muchos videojuegos que alientan como anteriormente lo mencionamos, la tortura, el racismo, la xenofobia, la discriminación, la matanza o las ejecuciones, prácticas totalmente contrarias a los valores que fomentan los instrumentos internacionales de protección a los Derechos Humanos. cuando se proceden entre adultos, son castigados por las leyes de nuestro país, y atacan directamente los principios de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.

Las escenas violentas que resultan más susceptibles de modelar comportamientos posteriores son aquellas en las que el usuario se identifica con quien perpetra la violencia y el agresor es recompensado por la violencia o en la que los niños perciben la escena como semejante a la vida real.

La violencia se define como una relación de poder donde hay un uso de fuerza que implica una posición de superioridad y otra de inferioridad, de uno arriba y otro abajo, sea esta posición real o simbólica y en la que se adoptan roles complementarios como padre-hijo, jefe-empleado, terapeuta-paciente o profesor-alumno, entre otros4.

El uso de esta fuerza es utilizado para solucionar conflictos intentando de esta manera anular, doblegar, invalidar o desconocer al otro para alcanzar en muchas ocasiones intereses personales. Esa búsqueda de eliminar los obstáculos que se oponen al ejercicio del poder implica un desequilibrio de poder, que puede estar definido culturalmente y que pude ser permanente si se establece por normas culturales institucionales o contractuales, o momentáneo cuando se da por contingencias ocasionales.

Cuando la violencia penetra en el ámbito público, a través de medios masivos de comunicación de corte sensacionalista como la prensa, cuando de ésta se hace todo un espectáculo por los medios gráficos como en la televisión o los videojuegos, o cuando permanecemos en un constante contacto con formas mediatizadas de violencia terminamos por “naturalizarlas”. Al respecto Velásquez5, nos dice que se establece una norma de visibilidad de los hechos violentos considerados o considerándolos como “naturales” en la que se entrecruzan lo público y lo privado, lo que promueve la hipertrofia del ver y escuchar, una tendencia voyerista de fascinación de todos los que asisten a diario pasivamente a las violencias ejercidas y padecidas. No sólo es cuestión de los usuarios de los videojuegos, sino de todos aquéllos que mediante noticieros, telenovelas o reality shows introducen la violencia a la vida de quienes la observan y entienden como un hecho más, le dan un lugar en su cotidianidad tolerándola y produciendo un efecto anestésico en las personas que la consumen frecuentemente.

La violencia está entendida como una condición que atraviesa nuestra cultura, que forma parte de nuestros significados y de nuestras prácticas de socialización. Dentro de las múltiples clasificaciones que existen de la violencia se pueden mencionar las siguientes, por considerar que se relacionan directamente con los contenidos presentados en los videojuegos, violencia psicológica, violencia instrumental, violencia sexual y violencia simbólica.

La Violencia Psicológica puede ser entendida como aquélla que se ejerce a través de hechos que afectan la salud mental y la estabilidad emocional. Es lo que comúnmente se llama daño moral o espiritual6.

La Violencia Sexual es el acto que atenta contra la dignidad y la libertad de una persona mediante el uso de la fuerza física, psíquica o moral, con el propósito de imponerle una conducta sexual en contra de su voluntad7.

La Violencia Simbólica se utiliza para describir una acción racional en donde el "dominador" ejerce un modo de violencia indirecta y no físicamente directa en contra de los "dominados", los cuales la evidencian o son inconscientes de dichas prácticas en su contra. Dichas prácticas, son parte de estrategias construidas socialmente en el contexto de esquemas asimétricos de poder, caracterizados por la reproducción de los roles sociales estatus, género, posición social, categorías cognitivas, representación evidente de poder y/o estructuras mentales, puestas en juego cada una o bien todas simultáneamente en su conjunto, como parte de una reproducción encubierta y sistemática8.

De conformidad con los resultados obtenidos por algunos estudios de opinión, los videojuegos son considerados por los niños, junto con los amigos y el fútbol, como la mejor opción de manejar el tiempo libre, los niños los prefieren incluso más que a la televisión. Lo cierto es que millones de niños en el mundo consumen muchas horas a la semana absorbidos por combates, disparos, persecuciones, asaltos y guerras galácticas.

El usuario de videojuegos lo que pretende cuando los utiliza es divertirse, aunque esto no excluye que también se estén desarrollando capacidades, conocimientos y actitudes de forma importante.

Entre los atractivos que encuentran los niños en los videojuegos se encuentran la condición de innovador del videojuego, el grado de dificultad que puede significar y las emociones que despierta mientras se juega. La lucha a muerte, el reto absoluto del todo o nada, la persecución implacable y, sobretodo, la violencia que se recrea con morbosidad en la destrucción y aniquilación del contendiente, es la norma en muchos de ellos, de igual forma tienen la oportunidad de transgredir normas, reglas y valores, que los mayores se empeñan en mantener e inculcar a diario.

El tema de la violencia en los videojuegos es uno de los principales tópicos en la literatura sobre el estudio de los efectos de los mismos en la conducta infantil. Desde el comienzo de la difusión de los videojuegos, la preocupación de padres y educadores se ha orientado hacia los supuestos peligros que el empleo de estos juegos pueda provocar en la infancia.

Se considera que algunos videojuegos contribuyen a mantener y potenciar relaciones de violencia, de desprecio y un clima de hostilidad manifiesta entre la población adolescente. Cabe destacar que los adolescentes están inmersos en una cultura de la violencia, de la competitividad, del menosprecio hacia los débiles, del sexismo y de la agresión como forma de relación. La violencia como una forma aceptada, si no la única, de entender y resolver el conflicto, es la estrategia planteada por la sociedad adulta a los jóvenes, a través de los videojuegos9.

Estos juegos han sido acusados de provocar adicción y de ser causantes indirectos de comportamientos antisociales. Lo anterior tiene mucho que ver con los contenidos ya que existe un alto número de videojuegos violentos, sexistas y racistas que son muy poco recomendables para la formación de niños y adolescentes.

Las críticas de todo tipo que se han vertido sobre los efectos de los videojuegos en la formación de los niños y adolescentes han surtido algún tipo de reacción en las compañías de juegos electrónicos. Algunas de ellas se han visto obligadas a incluir en los juegos una serie de advertencias sobre determinados peligros para quienes utilizan estas formas de entretenimiento.

Sin embargo, los videojuegos calificados como peligrosos no han desaparecido, sino que han recibido mayor impulso. Revisando los textos utilizados en las revistas que promocionan y ofrecen los nuevos juegos se puede encontrar una justificación argumentada de la defensa de los métodos y la ideología violenta contenida en los videojuegos. “La ley eres tú”, “la pena de muerte ya existe”, “aniquila a las tribus urbanas”, son claro ejemplo.

Al respecto, algunos médicos reconocen que si bien ciertos videojuegos pueden ser muy útiles en ciertas enfermedades como el autismo, en otras ocasiones se puede constatar que el abuso de éstos puede llegar a interferir en la vida diaria, en aspectos como el trabajo, la higiene personal o incluso la comida.

No se puede dejar de resaltar que los videojuegos son peligrosos también en casos de niños que se sospeche puedan padecer epilepsia10 o que ya hayan sido diagnosticados con la enfermedad. Este “pasatiempo” emite estímulos al cerebro que pueden activar el padecimiento o desencadenar crisis convulsivas ya que las ven como algo normal, como algo de la vida cotidiana y como un estilo de vida.

Varias referencias bibliográficas recogidas ponen claramente de manifiesto que la exposición a juegos violentos, racistas o sexistas está significativamente ligada al incremento de comportamientos agresivos y trastornos de afectos y pensamientos; y que estas actitudes decrecen posteriormente con el tratamiento conductual11, ya que se ha probado que al jugar con ellos se libera en el cerebro una sustancia llamada dopamina, que es una hormona y neurotransmisor que provoca una sensación de placer.

El abuso de los videojuegos tiene muchos aspectos negativos como la posibilidad de crear adicción y la mayor probabilidad de tener problemas posturales, ergonómicos, oculares, tensión muscular, visuales e incluso presión arterial alta. Asimismo, los cambios preocupantes en las actitudes psicológicas, comportamientos egocéntricos que se manifiestan en una falta de sensibilidad social y la aparición de enfermedades. Además pueden llegar a presentarse casos de obesidad como consecuencia de la vida sedentaria en la que puede caer un niño12.

No se puede dejar de mencionar que cuando un niño trata de pasar las diferentes etapas de un videojuego presenta diferentes estados de ánimo como son: ansiedad, desesperación, angustia y nerviosismo, los cuáles no llegan a ser graves; sin embargo, el problema de conducta se manifiesta cuando son obligados a dejar esa actividad.

En muchas investigaciones se compararon los efectos de jugar contra los de observar videojuegos violentos. En un estudio realizado por la Universidad de Missouri se concluyó que los efectos de los videojuegos violentos eran más dañinos que las películas y programas de televisión violentos ya que los videojuegos son interactivos y requieren que el jugador se identifique con el agresor. En la observación uno puede criticar determinadas acciones, utilizando los valores que les han sido enseñados, a pesar de que los héroes violentos pueden ser “perdonados”. Sin embargo, en el juego participar directamente de la violencia implica además la canalización de la propia agresividad, asumir la identificación de valores como maldad, bondad y riesgo.

Desde algunas asociaciones como Amnistía Internacional (1999 y 2002) se viene presionando desde hace tiempo para legislar, tanto estatal como regionalmente, en la fabricación, distribución, comercialización y uso de los videojuegos principalmente en lo que se refiere al control de su uso nocivo en menores.La razón es que un mal uso impulsa actitudes negativas en relación con los Derechos Humanos llegando a trivializar determinadas violaciones de los mismos.

La responsabilidad del uso y/o abuso de los videojuegos se deja en demasiadas ocasiones en manos de los padres sobre todo entre niños y adolescentes (al igual que ocurre con la televisión). Sin quitar responsabilidades a los padres, creemos que esta exclusividad no es del todo justa debido a que la actividad laboral, los hábitos culturales y las relaciones de incomunicación hacen que los padres no sepan, en muchos casos, el tipo de actividad que realizan sus hijos delante del ordenador o de la videoconsola. Además, en una sociedad globalizada no se puede dejar la única responsabilidad a los padres, mientras publicidad, televisión, amigos, ocio, apuntan en otras direcciones.

Al respecto y aunado a lo anterior, existe lo que se denominacomo Agresividad Compulsiva Manifiesta, Acoso Escolar o Bullying.

El fácil acceso que se tiene a los videojuegos, sin la debida orientación y advertencia sobre los contenidos de algunos de ellos, pueden llegar a impulsar la violencia y llevar a niños y adolescentes a confundir realidad y fantasía al ver con naturalidad la agresión hacia los demás.

Al respecto y de acuerdo con el Artículo 1, párrafo 3, de nuestra Constitución Política, todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. Enconsecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley.

Asimismo, el párrafo 5 del mismo artículo menciona que “Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas”.

Lo anterior se debe a que existen conductas, ahora tipificadas por nuestra Carta Magna como conductas violatorias de los Derechos Humanos como es el Bullying.

El respeto y salvaguarda de los derechos humanos, es el criterio que debe orientar el rumbo de las instituciones y trazar la línea en el trabajo y comportamiento que realizan los servidores públicos todos los días.

Es por ello que en el Partido Verde creemos necesaria la creación de una legislación en materia de videojuegos que establezca categorías de clasificación que proporcionen información precisa sobre el contenido de los mismos y determinen la edad o grupo de edad en la que se recomienda su uso.

Es importante recordar que la Ley para la Protección de los derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, señala:

Capítulo Cuarto

De los Derechos a Vivir en Condiciones de Bienestar

y a un Sano Desarrollo Psicofísico

Artículo 19. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a vivir en condiciones que permitan su crecimiento sano y armonioso, tanto físico como mental, material, espiritual, moral y social.

En un análisis comparativo, nos dimos a la tarea de revisar legislaciones referentes a videojuegos en varios países y encontramos que la Unión Europea maneja un Código de Autorregulación Voluntario de la Asociación Española de Distribuidores y Editores de Software de Entretenimiento (ADESE) y la existencia de legislaciones sobre protección de menores en determinadas comunidades autónomas.

Uno de los principales avances es el nuevo código de autorregulación de la Información del videojuego paneuropeo, Pan European Game Information, conocido como código PEGI. Dicha recopilación, presentado por ADESE y el Ministerio de Sanidad y Consumo, establece una clasificación por edades para videojuegos y juegos de computadora.

El objetivo principal de este código es que los consumidores, en particular padres y profesionales de la educación, cuenten con información suficiente para poder elegir los productos más adecuados a la edad de quien va a jugar, limitando así la exposición de los niños a contenidos inapropiados.

El sistema PEGI está desarrollado y basado en sistemas existentes en Europa. Representantes de la sociedad como consumidores, padres y grupos religiosos estuvieron ampliamente involucrados en el borrador de la valoración del formato del código PEGI y la configuración del sistema de organización. Las clasificaciones incluyen 5 categorías de edad: mayores de 3 años, mayores de 7, mayores de 12, mayores de 16 y mayores de 18.

Como ya se ha mencionado, es de inmediata necesidad proporcionar una protección especial y prioritaria a los menores por parte de las autoridades.

De forma concreta, a través de la presente iniciativa proponemos establecer que todo videojuego, nacional o importado, que se distribuya o comercialice, deberá contar con autorización y clasificación previa de la Secretaría de Gobernación. La autorización y clasificación de un videojuego se otorgarán a solicitud del titular de los derechos del mismo, productor o distribuidor, quien deberá realizar los trámites correspondientes ante la Secretaría.

Los videojuegos que sean autorizados y clasificados por la Secretaría de Gobernación serán inscritos en un Registro Público de Videojuegos, el cual podrá ser consultado por cualquiera que lo desee, de conformidad con lo establecido en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.

El objeto de que sea la Secretaría de Gobernación la encargada de realizar esta tarea, responde a la naturaleza propia de sus funciones. Dichas tareas son similares a las que ya realiza en otros rubros, como el caso de la clasificación de películas cinematográficas, telenovelas, series filmadas y teleteatros grabados en el caso de la televisión abierta; o bien, los lineamientos de clasificación con un carácter auto regulatorio para la televisión restringida, hasta el registro de publicaciones y revistas ilustradas.

Si bien es cierto, esta función que realiza la dependencia mencionada ha sido cuestionada en diversas ocasiones, por la opinión pública, artistas, concesionarios o académicos, por considerarla de “censura”, se ha mantenido, en virtud de que los contenidos que se difundan independientemente del medio por el que se haga, son un elemento de orientación y prevención en el cuidado del desarrollo armónico de la niñez y la juventud; es lo que ha hecho su permanencia y aceptación por parte de los particulares que se dedican a la actividad comercial correspondiente.

En ese sentido, proponemos el establecimiento de categorías de clasificación de videojuegos por grupos de edades, con base en criterios y estándares internacionales.

Cabe destacar que la legislación que se pone a la consideración de esta soberanía, está acorde con los derechos fundamentales de la sociedad, desde la óptica de las personas que acceden a este tipo de programas informáticos denominados videojuegos (menores de edad o adultos); como también, desde el ámbito de los particulares (productores y distribuidores) que se dedican a esta actividad comercial; al protegerse en los primeros su salud mental y estar ajenos a la apología del delito y de los segundos la libertad de expresión y de comercio.

Lo anterior, queda de manifiesto en el artículo 2 de la Ley contenida en esta iniciativa, al señalar que es inviolable la libertad de producir videojuegos.

En materia de libertad de expresión, los límites que se contemplan son los establecidos en los artículos 6º y 7º constitucionales, el primero dispone que la libertad de expresión tiene como limites la moral, los derechos de tercero, que provoque algún delito o perturbe el orden público, el 7º por su parte al hablar sobre la libertad de imprenta dispone que ésta no tiene más límites que el respeto a la vida privada, a la moral y a la paz pública.

Por mencionar sólo un caso, la siguiente tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación refuerza y clarifica lo mencionado en las disposiciones constitucionales al establecer:

Registro No. 173368

Localización:

Novena Época

Instancia: Primera Sala

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta

XXV, Febrero de 2007

Página: 632

Tesis: 1a. LIX/2007

Tesis Aislada

Materia(s): Constitucional

CENSURA PREVIA. SU PROHIBICION COMO REGLA ESPECIFICA EN MATERIA DE LIMITES A LA LIBERTAD DE EXPRESION.

Los derechos fundamentales no son ilimitados en tanto que los poderes constituidos pueden emitir legítimamente normas que regulen su ejercicio, aunque ello debe efectuarse dentro de los límites establecidos por el necesario respeto a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Ahora bien, los derechos fundamentales gozan de una estructura interna principal en virtud de la cual, cuando el ejercicio de uno entra en conflicto con el ejercicio de otros, debe atenderse a su peso relativo a la luz de la totalidad de los intereses y bienes relevantes en una particular categoría de casos, y determinar cuál debe considerarse prevaleciente a los efectos de evaluar la razonabilidad constitucional del acto o norma reclamados. Sin embargo, en ocasiones la propia Constitución de la República o los tratados internacionales de derechos humanos incluyen normas específicas sobre límites, que estructuralmente son reglas, no principios, y que por tanto dictan con precisión el tipo de conclusión jurídica que se sigue en una determinada hipótesis. Un ejemplo de aquéllas es la prohibición de la censura previa contenida en el primer párrafo del artículo 7o. constitucional y en el numeral 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 7 de mayo de 1981; por lo que esta prohibición específica hace innecesario desarrollar el tipo de operación analítica referida para determinar cuándo la limitación a un derecho está o no justificada, es decir, en la medida en que la norma sometida a consideración de este Alto Tribunal pueda calificarse de censura previa, será obligado concluir que es inconstitucional; y sólo si la conclusión es negativa será preciso examinar si es inconstitucional por otros motivos.

Las limitantes que puede tener la libertad de expresión, que a pesar de ser un derecho fundamental no puede concebirse ilimitado. Derivado de una serie de disposiciones constitucionales contenidas en el propio artículo 6, 7, 3 y 130, así como por acuerdos internacionales como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (art. 19.3) y la Convención Americana sobre Derechos Humanos (art. 13.2), las limitantes que admite la libertad de expresión en México son para proteger13:

a) seguridad nacional.

b) el orden y seguridad públicas.

c) la moral pública.

d) la salud pública.

e) evitar la apología del delito o la incitación al racismo o la discriminación.

f) los derechos o la reputación de los demás.

g) la vida privada.

Por otra parte, la libertad de comercio queda protegida, si partimos del principio consagrado en el artículo 1 de la Constitución: “En los Estados Unidos Mexicanos todo individuo gozará de las garantías que otorga esta Constitución, las cuales no podrán restringirse ni suspenderse, sino en los casos y con las condiciones que ella misma establece”.

En adición,el artículo 5 Constitucional, al contemplar la libertad de comercio, dispone que: “A ninguna persona podrá impedirse que se dedique a la profesión, industria, comercio o trabajo que le acomode, siendo lícitos. El ejercicio de esta libertad sólo podrá vedarse por determinación judicial, cuando se ataquen los derechos de tercero, o por resolución gubernativa, dictada en los términos que marque la ley, cuando se ofendan los derechos de la sociedad. Nadie puede ser privado del producto de su trabajo, sino por resolución judicial.

Al respecto la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en jurisprudencia de su novena época ha establecido el siguiente criterio sobre lo que debe entenderse por libertad de comercio:

Registro No. 191691

Localización:

Novena Época

Instancia: Pleno

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta

XI, Junio de 2000

Página: 28

Tesis: P. LXXXVIII/2000

Tesis Aislada

Materia(s): Constitucional

LIBERTAD DE COMERCIO. ALCANCES DE LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 5o. DE LA CONSTITUCION FEDERAL.

De la interpretación que esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido sobre el artículo 5o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se desprende que, por un lado, la garantía de libre comercio no es absoluta, irrestricta e ilimitada, sino que requiere que la actividad que realice el gobernado sea lícita, es decir, que esté permitida por la ley; y, por el otro, que el propio precepto establece que su ejercicio sólo puede limitarse en dos supuestos: por determinación judicial, cuando se lesionen los derechos de tercero, o bien, por resolución gubernativa en los casos específicos que marque la ley, siempre y cuando se ofendan los derechos de la sociedad. Lo anterior implica que la garantía en cuestión será exigible en aquellos casos en que la actividad, aunque lícita, no afecte el interés público, entendido éste como el imperativo que subyace frente al derecho de los gobernados en lo individual que se traduce en la convivencia y bienestar social. En ese sentido, cuando a través de una resolución gubernativa se limite el ejercicio de la citada garantía, se requiere, necesariamente, que el ordenamiento que la restringe contenga un principio de razón legítima que sustente el interés de la sociedad y que tienda a proteger sus derechos.

Amparo en revisión 2352/97. United International Pictures, S. de R.L. 6 de marzo de 2000. Mayoría de ocho votos. Disidentes: Presidente Genaro David Góngora Pimentel, José Vicente Aguinaco Alemán y Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretario: Eduardo Ferrer Mac Gregor Poisot.

Amparo en revisión 222/98. Twentieth Century Fox Film de México, S.A. 6 de marzo de 2000. Mayoría de ocho votos. Disidentes: Presidente Genaro David Góngora Pimentel, José Vicente Aguinaco Alemán y Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Ponente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Secretario: Alfredo E. Báez López.

Amparo en revisión 2231/98. Buena Vista Columbia Tristar Films de México, S. de R.L. de C.V. 6 de marzo de 2000. Mayoría de ocho votos. Disidentes: Presidente Genaro David Góngora Pimentel, José Vicente Aguinaco Alemán y Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Ponente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Secretario: Alfredo E. Báez López.

El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada hoy veintinueve de mayo en curso, aprobó, con el número LXXXVIII/2000, la tesis aislada que antecede; y determinó que la votación es idónea para integrar tesis jurisprudencial. México, Distrito Federal, a veintinueve de mayo de dos mil.

Ejecutoria:

1.- Registro No. 6417

Asunto: AMPARO EN REVISIÓN 2352/97.

Promovente: UNITED INTERNATIONAL PICTURES, S. DE R.L.

Localización: 9a. Época; Pleno; S.J.F. y su Gaceta; XI, Abril de 2000; Pág. 358;

De lo expuesto, se deduce que la iniciativa que hoy se pone a consideración de este Pleno camaral, no transgrede el artículo 5o. de la Constitución Federal que, además de garantizar el ejercicio de la libertad de comercio, dispone que la misma sólo podrá vedarse por determinación judicial, cuando se ataquen los derechos de tercero, o por resolución gubernativa dictada en los términos que marque la ley, cuando se ofendan los derechos de la sociedad, así como la garantía de igualdad inherente a la misma. Ello es así, porque la propuesta legislativa está garantizando su libre venta (videojuegos), sólo que previamente tendrán que ser sujetos de clasificación los videojuegos, con lo que se logra una armonía jurídica constitucional, entre los preceptos 5º y 6º constitucionales, conforme a lo antes expuesto.

Aunado a lo anterior, no transgrede la libertad de expresión que como garantía individual consagra el artículo 6o. de la Constitución Federal, consistente en el derecho de todo individuo de exteriorizar sus ideas por cualquier medio, no sólo verbal o escrito, sino por todo aquel que la ciencia y la tecnología (programas informáticos y/o software) proporcionan, con la única limitante de que quien emita su opinión no provoque situaciones antijurídicas como el ataque a la moral, a los derechos de terceros, cometa un delito o perturbe el orden público o las proporcionadas por los acuerdos internacionales citados.

A partir de esta Ley De igual forma, los establecimientos deberán sujetarse a disposiciones tales como que no podrán vender videojuegos con ciertas clasificaciones, si no es acompañado de un adulto o con identificación oficial.

Quien cometa infracciones a las disposiciones contenidas en la Ley será sancionado por la Secretaría de Gobernación.

Es importante destacar que la facultad sancionadora que se le está otorgando a la Secretaría de Gobernación atiende a los principios generales del derecho.

Lo que se busca con esta iniciativa es evitar la comercialización de videojuegos sin que no se encuentren previamente clasificados y autorizados por la autoridad competente, en virtud de que el tiempo para que la resolución se considere firme, se extiende considerablemente debido a las distintas instancias procesales con que cuenta el afectado.

En este orden de ideas, se estimó conveniente introducir en el texto de la Ley propuesta la figura de las medidas de aseguramiento, que tienen un fin exclusivamente preventivo o cautelar, consistente en impedir la realización de actos, presumiblemente violatorios de lo dispuesto en el artículo 5 del ordenamiento legal en cita, es decir, de la obligación de someter los videojuegos a la autorización y clasificación correspondiente, previamente a su distribución y comercialización. Si bien es cierto que la Ley Federal de Procedimiento Administrativo contempla las llamadas "medidas de seguridad", también lo es que -en estricto acatamiento del principio de legalidad consagrado en el artículo 16 Constitucional- sólo pueden aplicarse medidas previamente establecidas en la Ley correspondiente, y como consecuencia de los presupuestos contemplados en la misma.

Por tal motivo, se estima que no basta con la regulación que, sobre las medidas de seguridad, existe en la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, pues ésta es de carácter genérico y únicamente sirve como pauta para que los distintos ordenamientos de carácter administrativo contemplen medidas específicas, acordes a la naturaleza de los actos que regulan; en tal virtud, es necesario incluir en la Ley propuesta las medidas de aseguramiento consistentes en la prohibición de comercialización, así como en la retención provisional de videojuegos -dadas sus características particulares-, como medidas que permitirían alcanzar el objetivo primordial de impedir, de manera casi inmediata, la comercialización de videojuegos carentes de clasificación y autorización, sin tener que agotar todas y cada una de las instancias legales, antes de obtener una sentencia definitiva que confirmara la sanción administrativa de retiro, pues para ese momento, la sanción -en sí misma- resultaría completamente ineficaz, o bien, de imposible ejecución, en el supuesto de que los videojuegos que hubieran motivado el inicio del procedimiento administrativo, ya se hubiesen comercializado en su totalidad, y por lo tanto, no contarían con la clasificación correspondiente que tiene por objeto orientar al público que los adquiere.

A efecto de que las medidas de aseguramiento cumplan con los requisitos de debida fundamentación y motivación legales, es menester establecer el procedimiento mediante el cual se llevarán a cabo, así como los actos de autoridad que motiven y en que se apoye la imposición de tales medidas. Al respecto, el artículo 62 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, señala que las autoridades administrativas, para comprobar el cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias podrán llevar a cabo visitas de verificación, mismas que podrán ser ordinarias y extraordinarias; las primeras se efectuarán en días y horas hábiles, y las segundas en cualquier tiempo.

No obstante que esta disposición es de aplicación supletoria a la Ley Federal de Cinematografía, en los términos del artículo 2º de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, con el propósito de otorgar mayor certeza jurídica a los particulares que sean objeto de una visita de verificación, cuyo resultado pudiera motivar la imposición de medidas de aseguramiento y, eventualmente, de la aplicación del retiro de videojuegos, como sanción definitiva, se propone incluir un capítulo que se refiera a las visitas de verificación, especificando que éstas deberán cumplir con las formalidades que se establecen en la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, pero haciendo precisiones específicas en relación con las visitas en las que se detecten posibles violaciones al artículo 7 de la Ley Federal de Clasificación de Videojuegos.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, sometemos a la consideración de esta Asamblea el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO

ARTICULO PRIMERO: Se reforma la fracción XXI del artículo 27 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, para quedar como sigue:

LEY ORGANICA DE LA ADMINISTRACION PUBLICA FEDERAL

Artículo 27.- A la Secretaría de Gobernación corresponde el despacho de los siguientes asuntos:

I. a XX…

XXI.- Vigilar que las publicaciones impresas y las transmisiones de radio y televisión, así como las películas cinematográficas y los videojuegos, se mantengan dentro de los límites del respeto a la vida privada, a la paz y moral pública y a la dignidad personal, y no ataquen los derechos de terceros, ni provoquen la comisión de algún delito o perturben el orden público;

XXII. a XXXII…

TRANSITORIOS

ARTICULO UNICO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

ARTICULO SEGUNDO: Se expide la Ley Federal de Clasificación de Videojuegos, para quedar como sigue:

LEY FEDERAL DE CLASIFICACION DE VIDEOJUEGOS

Capítulo I

Disposiciones Generales

Artículo 1.- Las disposiciones de esta ley son de orden público e interés social y regirán en todo el territorio nacional.

La presente Ley tiene por objeto regular la distribución y/o comercialización de programas y dispositivos informáticos conocidos como videojuegos, mediante el establecimiento de categorías de clasificación que proporcionen información precisa sobre el contenido de los mismos y determinen la edad o grupo de edad en la que se recomienda su uso.

Artículo 2.- Es inviolable la libertad de producir videojuegos.

Artículo 3. - Son sujetos obligados de esta ley los titulares de derechos de videojuegos, sus representantes legales o cualquier otra persona física o moral que lleve a cabo actividades de distribución y/o comercialización de videojuegos en la República Mexicana.

Artículo 4.- Para los efectos de esta Ley se entenderá por:

I. Clasificación: Categoría de contenido conforme al grupo de edad al que va dirigido.

II. Comercialización: venta o alquiler al público en general, que se realiza en cualquier establecimiento o su transmisión.

III. Distribución: Actividad de intermediación, que tiene como fin poner a disposición de establecimientos los videojuegos producidos en México o en el extranjero, para su comercialización en cualquier forma o medio conocido o por conocer.

IV. Ley: La Ley Federalde Clasificación de Videojuegos.

V. Lenguaje procaz: Desvergonzado, atrevido, grosero, indigno, vil.

VI. Reglamento: El Reglamento de la Ley Federal de Clasificación de Videojuegos

VII. Secretaría: La Secretaría de Gobernación.

VIII. Videojuego: Programa informático o software de entretenimiento interactivo, que puede ser utilizado en una consola, computadora, videoconsola, dispositivo portátil o cualquier otro medio electrónico o telemático, en el que se utilizan sonidos e imágenes y se recrean entornos y situaciones virtuales en los cuales el jugador puede controlar o manipular a uno o varios personajes o cualquier otro elemento de dicho entorno para conseguir uno o varios objetivos por medio de reglas determinadas.

Capítulo II

De la Clasificación, Registro, Distribución y Comercialización

Artículo 5.- Todo videojuego, nacional o importado, que se distribuya o comercialice deberá contar con autorización y clasificación previa de la Secretaría, de conformidad con lo que establezca la presente Ley y el Reglamento.

La autorización y clasificación son de orden Federal, por lo que no se requerirá autorización de otras autoridades o instituciones estatales o municipales y tendrá una vigencia indefinida.

Artículo 6.- La autorización y clasificación de un videojuego se otorgarán a solicitud del titular de los derechos del mismo, productor o distribuidor, para lo cual deberá efectuar los trámites requeridos ante la Secretaría.

Artículo 7.- Para solicitar la autorización y clasificación de los videojuegos, que se pretendan distribuir o comercializar en la República Mexicana, deberá presentarse:

I. Comprobante del pago correspondiente;

II. Copia de Identificación oficial del titular de los derechos del videojuego o de quien sus intereses legalmente represente, acompañada del documento con que acredite su personalidad, así como copia simple y original o copia certificada para cotejo de la escritura constitutiva debidamente registrada;

III. Razón social de la compañía productora y su nacionalidad;

IV. Título original del videojuego y, en su caso, el título en español que se utilizará para su comercialización en el país;

V. El videojuego, así como los dispositivos electrónicos o plataformas y los controladores que se utilizarán para jugarlo, que serán devueltos al solicitante al terminar el proceso de autorización y clasificación.

VI. Cinta de video, disco compacto, DVD o cualquier otro medio audiovisual o escrito en el que se describa de forma clara y detallada el contenido del videojuego, incluyendo datos relevantes como el contexto, trama o historia que desarrolle, las categorías o niveles del juego, los objetivos o misiones que deben cumplirse, el grado de control del usuario, así como la existencia de contenido oculto que pueda ser desbloqueado.

En caso de que la documentación se presente en idioma distinto al español, deberá presentarse traducción, declarando, bajo protesta de decir verdad, que ésta es fiel y auténtica al documento en idioma extranjero y que conoce las penas en que incurren quienes declaran con falsedad ante autoridad distinta a la judicial. Los documentos públicos se deberán acompañar debidamente legalizados o apostillados.

Artículo 8.- Recibida la solicitud acompañada de todos los documentos y cumplidos los requisitos a que se refiere el artículo anterior, la Secretaría procederá en un plazo de 15 días hábiles a resolver la solicitud de autorización, clasificación y registro del videojuego.

Artículo 9.- La Secretaría integrará y administrará el Registro Público de Videojuegos. La información contenida en el Registro se publicará en un portal de Internet, de conformidad con lo dispuesto por la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.

Artículo 10.- Los videojuegos se clasificarán de la siguiente forma:

I. “AA”: Videojuegos aptos para todos los grupos de edades. Estos deben reunir, como mínimo, las siguientes características:

a. No contienen representaciones de violencia física o psicológica ni situaciones que la promuevan;

b. No incluyen lenguaje procaz ni sonidos o imágenes que puedan asustar o provocar horror a los niños;

c. No contienen referencias o imágenes que presenten, promuevan o estimulen el consumo de tabaco, alcohol u otras sustancias adictivas;

d. No contienen referencias o imágenes de carácter sexual, excepto textos, imágenes o sonidos utilizados con fines exclusivamente educativos o científicos que no requieran la supervisión u orientación de padres, tutores o responsables.

II. “A+7”: Videojuegos aptos para niñas y niños mayores de 7 años. Estos deben reunir las características establecidas para los videojuegos aptos para todos los grupos de edades, pero pueden incluir agresividad mínima dentro de un contexto cómico o de fantasía.

III. “B+12”: Videojuegos aptos para adolescentes. Estos pueden incluirviolencia ocasional sin que se haga apología de ella, uso ligero de lenguaje procaz y/o imágenes o referencias sugeridas más no manifiestas, sin que constituyan el eje central de la trama.

IV. “B+16”: Videojuegos aptos para adolescentes mayores de 16 años. Estos pueden incluir violencia y lenguaje procaz, siempre que contribuyan a una mejor comprensión de la trama, así como imágenes o referencias sexuales implícitas ocasionales, más no ilustradas, en un contexto no degradante. Además, pueden contener imágenes o referencias sobre el consumo moderado de tabaco o alcohol pero sin mostrar su preparación y en un contexto que no lo promueva.

V. “C”: Videojuegos aptos sólo para mayores de 18 años. Estos pueden incluir violencia, lenguaje procaz y frases en doble sentido, incluso si no se justifican en el contexto del videojuego. También pueden incluir imágenes o referencias de carácter sexual explícitas o imágenes de consumo de tabaco, alcohol u otras sustancias adictivas, en un contexto que no lo promueva o estimule.

VI. “D”: Videojuegos aptos para adultos, con alto grado de violencia, lenguaje procaz, imágenes sexuales explícitas, y consumo de sustancias adictivas.

Artículo 11.- En caso de que algún videojuego pudiera encuadrar en dos categorías o existiera confusión respecto a que clasificación le corresponde, se optará por la que corresponda al grupo de mayor edad.

Artículo 12.- Queda prohibida la venta, alquiler o transmisión de videojuegos clasificados con las categorías “C” y “D” a menores de 18 años. Su venta o alquiler requiere la exhibición de identificación oficial con fotografía.

Los videojuegos clasificados como A+7, B+12, B+16 sólo podrán ser vendidos o alquilados a menores de edad acompañados de un adulto.

Queda prohibida la venta o alquiler a niños, niñas y adolescentes de videojuegos que:

a) Presenten la comisión de hechos calificados como delictivos de conformidad con las leyes o hagan apología de los mismos;

b) Contengan imágenes o referencias de carácter pornográfico;

c) Sean contrarios a los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los instrumentos internacionales suscritos por México.

Artículo 13. - El número de autorización otorgado por la Secretaría, el logotipo institucional de la misma y la clasificación correspondiente deberán aparecer, de forma clara y precisa, en el anverso y el reverso del empaque, envoltura o embalaje del videojuego o, en su caso, de forma previa a su transmisión por una red.

En el caso de videojuegos clasificados con las categorías “C” y “D” deberá señalarse de manera destacada: "Prohibida su venta, renta o transmisión a menores de 18 años".

La publicidad que se utilice para la promoción de videojuegos, independientemente del medio, deberá indicar con claridad el número de autorización y la clasificación correspondiente.

Artículo 14.- Los distribuidores no podrán condicionar o restringir el suministro de videojuegos a los establecimientos sin causa justificada, ni condicionarlo a la adquisición, venta, arrendamiento o cualquier otra forma de explotación, de uno u otros videojuegos de la misma distribuidora o licenciataria. En caso contrario se estará a lo dispuesto por la Ley Federal de Competencia Económica.

Artículo 15.- Para la comercialización de videojuegos es necesaria la autorización del titular de los derechos de explotación del videojuego y que éste cuente con la autorización yclasificación de la Secretaría.

Capítulo III

De la competencia de la autoridad

Artículo 16.- La Secretaría tendrá las siguientes atribuciones:

I. Autorizar la operación comercial de los títulos y contenidos de videojuegos;

II. Otorgar laclasificación de los videojuegos en los términos de la presente Ley y su Reglamento, así como vigilar su observancia en todo el territorio nacional;

III. Administrar el Registro Público de Videojuegos;

IV. Realizar visitas de verificación en materia de videojuegos;

V. Determinar las medidas de aseguramiento necesarias para impedir la realización de conductas que contravengan lo dispuesto en la presente Ley;

VI. Imponer las sanciones que establece la Ley, y

VII. Las demás que establezcan otras disposiciones legales aplicables.

Capítulo IV

De las Visitas de Verificación

Artículo 17.- Las visitas de verificación que la Secretaría realice, a efecto de comprobar el cumplimiento de las disposiciones contenidas en la presente Ley y su Reglamento, se realizarán de conformidad con lo previsto en la Ley Federal de Procedimiento Administrativo.

Artículo 18.- En las visitas tendientes a comprobar el cumplimiento de la obligación consignada en el Artículo 5 de la presente Ley, el visitado podrá formular observaciones en el acto de la diligencia y ofrecer pruebas en relación con los hechos contenidos en el acta de verificación, o bien, hacer uso de tal derecho mediante escrito dirigido a la Secretaría, dentro del término de diez días hábiles, siguientes a la fecha en que se hubiere levantado el acta.

Artículo 19.- Si transcurrido el término a que se refiere el artículo anterior, el visitado no acredita fehacientemente que cuenta con la autorización y clasificación expedidas por la autoridad competente, para distribuir y/o comercializar los videojuegos materia de verificación, la autoridad dictará las medidas de aseguramiento que, a su juicio, correspondan.

Capítulo V

De las medidas de aseguramiento

Artículo 20.-La Secretaría podrá dictar medidas de aseguramiento de carácter preventivo, con el propósito de impedir la realización de conductas que, presumiblemente, contravengan lo dispuesto por Artículo 5 de la presente ley.

Artículo 21.- Las medidas de aseguramiento consistirán en:

I. Prohibir la distribución o comercialización de los videojuegos que no cuenten con la autorización y clasificación expedida por la autoridad competente, y

II. Ordenar la retención provisional de los videojuegos que se ubiquen en el supuesto descrito en la fracción anterior.

La Secretaría deberá notificar personalmente al interesado la medida de aseguramiento dictada, a través de mandamiento escrito debidamente fundado y motivado, en el que se precise que el aseguramiento subsistirá hasta en tanto el interesado acredite haber cumplido con la obligación consignada en el Artículo 5 de la presente Ley, en cuyo caso, dentro de los diez días hábiles siguientes, la autoridad administrativa procederá a realizar las acciones necesarias para que los videojuegos vuelvan al estado en que se encontraban antes de la medida de aseguramiento.

Una vez dictada la medida de aseguramiento, la autoridad administrativa deberá dar inicio al procedimiento administrativo tendiente a la imposición de las sanciones que correspondan, por violaciones a la presente ley.

Artículo 22.- La prohibición a que se refiere la fracción I del artículo anterior, comprenderá también la colocación de sellos sobre los ejemplares de dichos videojuegos, que impidan al público el acceso a las mismas, y que contendrán la leyenda: "Se prohíbe la comercialización de estos videojuegos, en virtud de que transgreden lo dispuesto por el Artículo 5 de la Ley Federal de Clasificación de Videojuegos".

Artículo 23.- Para llevar a cabo la retención provisional a que se refiere la fracción II del artículo 21, el mandamiento de autoridad que la ordene deberá precisar el nombre de la persona o personas que la realizarán, quienes deberán identificarse plenamente ante el interesado; asimismo se indicará que los videojuegos retenidos serán trasladados a las oficinas de la Secretaría, donde permanecerán bajo su resguardo. La Secretaría será responsable de su conservación, así como de rendir mensualmente al órgano interno de control, un informe sobre el estado que guarden los materiales retenidos.

Artículo 24.- Al practicarse las medidas de aseguramiento deberá levantarse el acta circunstanciada correspondiente, en la que se hagan constar todos los pormenores de la diligencia.

Si se trata de retención provisional, en el acta se deberán señalar los títulos y número exacto de los videojuegos objeto de la medida de aseguramiento; cuando éstos no coincidieren con los datos asentados en el acta de visita de verificación, se hará constar expresamente tal circunstancia.

Artículo 25.- Las medidas de aseguramiento se aplicarán sin perjuicio de las sanciones que correspondan, en los términos del artículo 26 esta Ley; por lo tanto, en ningún caso, el procedimiento administrativo podrá sobreseerse en virtud de que el interesado obtenga las autorizaciones y clasificaciones correspondientes durante su tramitación, por lo que la autoridad deberá dictar la resolución definitiva que en derecho corresponda, imponiendo las sanciones que resulten procedentes.

Capítulo VI

De las Sanciones

Artículo 26.- Los infractores de los artículos 5, 12 y 13 de la presente Ley, serán sancionados por la Secretaría, atendiendo a los daños que se hubieren producido o puedan producirse; el carácter intencional o no de la acción u omisión constitutiva de la infracción; la gravedad de ésta y la reincidencia, una o más de las siguientes sanciones:

I. Amonestación con apercibimiento;

II. Clausura temporal o definitiva de los espacios o locales;

III. Multa de quinientos a cinco mil veces el salario mínimo general diario vigente en el Distrito Federal a la fecha en que se cometa la infracción;

IV. Retiro de los videojuegos que se comercialicen en cualquier forma o medio, sin la autorización a que se refiere el artículo 5 de esta Ley.

En caso de reincidencia, se podrá imponer multa hasta por el doble del monto superior correspondiente.

Artículo 27.- Los infractores de los artículos 17 y 19 de esta Ley, serán sancionados con Multa de cinco mil a quince mil veces el salario mínimo general diario vigente en el Distrito Federal a la fecha en que se cometa la infracción.

En caso de reincidencia, se podrá imponer multa hasta por el doble del monto superior correspondiente.

Artículo 28.- Para ejecutar una resolución firme que imponga como sanción el retiro de videojuegos, cuando la medida de aseguramiento dictada previamente fuese la prevista en la fracción I del artículo 21 de esta Ley, la autoridad competente deberá observar, en lo que resulte aplicable, el procedimiento establecido para la retención provisional.

Artículo 29.- Las sanciones a que se refiere la presente Ley se aplicarán conforme a lo dispuesto en la Ley Federal de Procedimiento Administrativo.

Artículo 30.- Los afectados por las resoluciones dictadas en esta materia, podrán interponer el recurso de revisión dentro de un plazo de quince días hábiles siguientes a la fecha de su notificación, el que se resolverá en los términos de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo.

TRANSITORIOS

ARTICULO PRIMERO- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

ARTICULO SEGUNDO.- El Ejecutivo Federal expedirá el Reglamento de la Ley Federal de Clasificación de Videojuegosdentro de los 90 días naturales posteriores a la entrada en vigor del presente Decreto.

ARTICULO TERCERO.- La Secretaría de Gobernación contará con 120 días naturales posteriores a la entrada en vigor del presente Decreto para crear el Registro Público de Videojuegos a que se refiere esta Ley.

ARTICULO CUARTO.-La Secretaría de Hacienda y Crédito Público proveerá los recursos presupuestales necesarios para garantizar que la Secretaría de Gobernación pueda ejercer las atribuciones que le confiere el presente Ley.

Salón de sesiones del Senado de la República, a 11 de diciembre de 2012.

Sen. Carlos Alberto Puente Salas”.

- El C. Presidente Burgos García: Muchas gracias, Senador Puente Salas. Se turna a las Comisiones Unidas de Gobernación; y de Estudios Legislativos, Primera.

- La C. Senadora Hilda Estela Flores Escalera: (Desde su escaño) Pido la palabra, señor Presidente.

- El C. Presidente Burgos García: ¿Con qué propósito, Senadora Hilda Flores Escalera?

- La C. Senadora Hilda Estela Flores Escalera: (Desde su escaño) Gracias, señor Presidente.

Pedirle al Senador Puente Salas, si me permite adherirme a su iniciativa, que le felicito, de verdad, un tema muy importante.

- El C. Presidente Burgos García: Tome nota la Secretaria de todas las adhesiones que se han solicitado.

Muchas gracias.


1 Interacción sinérgica entre los movimientos de exploración de la mano y del ojo donde éste último anticipa el movimiento de la mano y acopla la exploración totalmente solo.

http://www.med.univ-rennes1.fr/iidris/index.php?action=contexte&num=1595&mot=eye-hand%20coordination&article=&txtetdef=&lg=es&mode=mu

2 Roberts B (1973). Organizing strangers: Poor Familias in Guatemala City. Austin, TX: University of Texas Press.

3 Berger, P. y Luckman, T (1978). La construcción social de la realidad. Buenos Aires: Amorrortu.

4 Corsi, J (1999) Violencia Masculina en la pareja. Buenos Aires: Paidos

5 Velásquez, Susana (2003). Violencias cotidianas, Violencias de género. Escuchar comprender ayudar. Buenos Aires: Paidós. Villegas, M. (1988). Televisión y violencia. Bogotá: Colciencias.

6 Defensoría del Pueblo, 2001

7Defensoría del Pueblo, 2001

8 http://www.politicas.unam.mx/sae/portalestudiantil/sociologia/teoria/pdf/ViolenciaSimbolicaBourdieu.pdf

9 Diez, G., Terron, B., & Rojo, F. (2002). La violencia en las organizaciones escolares y los videojuegos. Estrategias e instrumentos para la Gestión Educativa, 82, 54-62.

10 http://www.aepap.org/familia/epilepsia.htm

11 Craig A. Anderson 2004.

12 http://www.sepeap.org/imagenes/secciones/Image/_USER_/Impacto_television_ordenador_videojuegos(1).pdf

13 López Ayllón, Sergio. “Artículo 6º Constitucional” en Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Comentada y Concordada. Editorial Porrúa – UNAM. Tomo I. 19 edición, p.p. 143-144.

Tiene el uso de la tribuna el Senador Manuel Cota Jiménez, del grupo parlamentario del PRI, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto que reforma el segundo párrafo del artículo 135 constitucional.






INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETOQUE REFORMA EL SEGUNDO PARRAFO DEL ARTICULO 135 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

(Presentada por el C. Senador Manuel Humberto Cota Jiménez, del grupo parlamentario del PRI)

- El C. Senador Manuel Humberto Cota Jiménez: Con su permiso, señor Presidente; compañeras y compañeros Senadores:

Presento ante ustedes una iniciativa que reforma el segundo párrafo del artículo 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se erige como la Ley Fundamental del Estado mexicano, y por ende es la fuente primigenia de la cual emana todo el marco jurídico que impera en nuestro país.

En ese sentido, la Constitución requiere evolucionar conforme se transforma la sociedad mexicana. Si bien se ha expresado que nuestra Carta Magna pertenece a un sistema rígido en cuanto al procedimiento requerido para su modificación, esta no permanece indiferente a los cambios que exige la sociedad, sino que debe actualizarse día con día, a efecto de estar en condiciones de procurar el bienestar en general de los mexicanos a partir de sus postulados.

En ese sentido, los Estados modernos han fijado en sus propias normas constitucionales el procedimiento especial mediante el cual se puedan realizar las enmiendas de la misma.

En nuestro país, para llevar a cabo algunas adiciones o reformas a la Constitución, es necesario seguir un procedimiento especial establecido en el artículo 135 constitucional.

No obstante, dicho ordenamiento no establece un plazo para que las legislaturas locales lleven a cabo sus pronunciamientos respecto a las iniciativas constitucionales, pudiendo permanecer por tiempo indeterminado en la espera de dicho trámite, lo cual retrasa, en muchos casos, de forma irreparable, la actualización de nuestra Carta Magna, y con ello la posibilidad de que el Estado cuente con los elementos jurídicos necesarios para enfrentar los retos de un mundo cambiante y en constante transformación.

Indudablemente en estos nuevos tiempos en que la norma jurídica y la Carta Magna debe ser permanentemente transformadas, y ahí el Constituyente Permanente en su intervención; y ahí el país vía sus propios congresos y sus cabildos deban de emitir su veredicto. Haciendo un análisis de las mismas recientes reformas constitucionales aprobadas, se puede observar que bastan 4 meses en promedio, desde que una iniciativa llega a una legislatura local, hasta su declaratoria.

Sin embargo, en más de una ocasión este plazo se ha extendido de sobremanera.

Por tales motivos, es que me he permitido presentar esta iniciativa que tiene por finalidad el establecimiento de un procedimiento con mayor certeza.

La propuesta en concreto estriba en establecer un plazo prudente para que las legislaturas locales se pronuncien sobre la aprobación o el rechazo de las enmiendas que les sean remitidas por el Congreso de la Unión, y de no hacerlo se establezca como una afirmativa ficta.

Lo anterior, de ninguna manera se pudiera concebir como una imposición a los congresos de los estados, sino que como en todo proceso jurídico se definiera el plazo para colmar positiva o negativamente un tópico de la mayor relevancia, como lo es la actualización del texto fundamental. Permaneciendo intacta la facultad de los congresos de pronunciarse en sentido negativo o positivo, de ser el caso.

Actualmente 19 estados de la República mexicana ya han implementado con éxito esta disposición, tal es el caso de Aguascalientes y Sinaloa, que con la reforma constitucional implementada, les otorgan 15 días a sus respectivos cabildos para pronunciarse sobre las reformas a las constituciones en sus estados.

Así, Baja California, Chiapas, Coahuila, Colima, Jalisco, Michoacán, Morelos, Nayarit, Puebla, Querétaro, Tlaxcala y Zacatecas, les otorgan 30 días; Chihuahua, 40 días; Durango, 45 días; Veracruz, 60 días y Yucatán, 90 días para los mismos efectos.

Como se observa, la propuesta de la presente iniciativa es una cuestión que ya se ha ido confirmada en cuanto a su eficacia. Y pertenece ésta a nivel local, con importantes resultados.

Nos corresponde ahora hacer lo propio, con la convicción y seguridad de que los estados aquí mencionados, recibirán con agrado la enmienda que estamos proponiéndoles y que seguramente lo secundarán el resto de las entidades de la República.

Es así que se propone la modificación del segundo párrafo del artículo 135 de la Constitución Política Federal, a efecto de prever un plazo de 120 días naturales para que las legislaturas estatales analicen y emitan el sentido de su voto, respecto de las enmiendas constitucionales que les sean turnadas.

Esto garantizará, a que ninguna reforma constitucional sea soslayada y que tiene como esencia, la implementación de un procedimiento expedito con mayor certeza jurídica.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de esta Honorable Cámara de Senadores, en su momento en comisiones para su discusión correspondiente y eventual aprobación, el siguiente proyecto de Decreto que reforma el párrafo segundo del artículo 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Que en su artículo Único, expresa: Se reforma el párrafo segundo del artículo 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 135. El Congreso de la Unión o la Comisión Permanente en su caso, harán el cómputo de los votos de las legislaturas y la declaración de haber sido aprobada las adiciones o reformas. A partir de la recepción del proyecto de adición o reforma a esta Constitución que les remita el Congreso de la Unión a las legislaturas de los estados, estos contarán con un plazo de 120 días naturales, para emitir su voto y hacerlo del conocimiento del Congreso de la Unión; en caso de omisión se computará en sentido aprobatorio.

Gracias por su atención.

Gracias a la Mesa Directiva.

Iniciativa



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- El C. Presidente Burgos García: Muchas gracias, Senador Cota Jiménez. Se turna a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; y de Estudios Legislativos, Segunda.

Se recibió de la Senadora Maki Esther Ortiz Domínguez, del grupo parlamentario del PAN, una iniciativa con proyecto de Decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley General para el Control de Tabaco, misma que se turna a las Comisiones Unidas de Comercio y Fomento Industrial; y de Estudios Legislativos, Segunda.






INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETOQUE REFORMA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL PARA EL CONTROL DELTABACO

(Presentada por la C. Senadora Maki Esther Ortiz Domínguez, del grupo parlamentario del PAN)

“La que suscribe, Senadora MAKI ESTHER ORTIZ DOMINGUEZ integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, integrante de la LXII Legislatura del H. Congreso de la Unión, en ejercicio de la facultad que me confiere los artículos 71, fracción II, y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los artículos 8, numeral 1, fracción I, 164 y 169 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea, la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL PARA EL CONTROL DEL TABACO y que se fundamenta en la presente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

El tabaquismo hoy en día constituye un problema de salud pública, el consumo de tabaco y la exposición a su humo son la primera causa de muerte prevenible a nivel mundial. Más de mil millones de personas fuman tabaco en todo el mundo y su consumo mata prematuramente a cerca de 6 millones de personas.1

El problema se agudiza ya que se estima que en 2030 el tabaco matará a más de 8 millones de personas al año; el 80% de esas muertes prematuras se registrarán en los países de ingresos bajos y medios.

Por ello de no adoptar medidas urgentes, el tabaco podría matar a lo largo del siglo XXI a más de mil millones de personas.

Las consecuencias del tabaquismo en la salud son muy palpables ya que el consumo de tabaco constituye un factor de riesgo para seis de las ocho principales causas de mortalidad en el mundo.

Cabe señalar que fumar tabaco produce cáncer de pulmón, laringe, riñón, vejiga, estómago, colon, cavidad oral y esófago.

De igual manera, tiene como consecuencia: leucemia, bronquitis crónica, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, cardiopatía isquémica, infarto, enfermedad cerebrovascular, aborto y parto prematuro, defectos de nacimiento e infertilidad, entre otros padecimientos. Además de éstas, el consumo de tabaco disminuye significativamente los años productivos de vida de las personas.

Con esto simplemente se observa que el consumo de tabaco resulta letal, puesto que sus tasas de mortalidad y morbilidad son bastante altas y, además, han sido corroboradas científicamente.

En México en cuanto a laprevalencia y mortalidad, hay que resaltar que la Encuesta Nacional de Adicciones (ENA) 2011 reporta una prevalencia de consumo activo de tabaco de 21.7%, lo que corresponde a 17.3 millones de mexicanos fumadores, de los cuales el 31.4% de los hombres y el 12.6% de las mujeres son fumadores activos (12 millones de hombres y 5.2 millones de mujeres).

El 26.4% (21 millones) reportaron ser ex fumadores, 20.1% ser ex fumadores ocasionales y el 51.9% (41.3 millones de mexicanos) de la población reportó nunca haber fumado.

En adolescentes la misma encuesta reporto una prevalencia de fumadores activos de 12.3%, lo que corresponde a 1.7 millones de adolescentes fumadores.

La estrategia mundial para combatir el problema del tabaquismo, a la que México se ha adherido desde 2004, ha sido delineada por el Convenio Marco para el Control del Tabaco (CMCT) de la Organización Mundial de la Salud (OMS), un tratado mundial jurídicamente vinculante que sienta las bases para que los países apliquen y gestionen programas de control del tabaco para hacer frente a la epidemia creciente de consumo de tabaco en el cual México se ha ratificado.

Cabe destacar que dicho tratado establece las bases mínimas que los Estados deben considerar al crear, desarrollar y aplicar las políticas públicas para el control del tabaco. Es por ello que se deben adecuar las disposiciones jurídicas de los Estados parte.

Por otra parte es de suma importancia hace mención del humo de segunda mano, ya que la Organización Mundial de la Salud estima que alrededor de 700 millones de niños, casi la mitad de la población infantil mundial, respira aire contaminado por humo de tabaco siendo la exposición en el hogar la de mayor importancia. Además, existe evidencia que corrobora como el humo de segunda mano no tiene niveles seguros sobre su exposición. Los no fumadores expuestos al humo de tabaco tienen entre 20% y 30% más de probabilidades de desarrollar cáncer de pulmón y 25% más de probabilidad de padecer enfermedades del corazón; que los no fumadores que no están expuestos habitualmente al humo de segunda mano.

Datos relevantes sobre la exposición al humo de tabaco y el humo de segunda mano muestran lo siguiente:

a) La separación de fumadores y no fumadores, la purificación del aire y la ventilación de los edificios no elimina la exposición de los no fumadores al humo de tabaco de segunda mano.

b) Los sistemas de calefacción, ventilación y aire acondicionado existentes por sí solos no permiten evitar la exposición al humo de tabaco de segunda mano.

c) El funcionamiento de sistemas de calefacción, ventilación y aire acondicionado permite distribuir el humo de tabaco de segunda mano a todo un edificio.

El consumo y el daño que causa el humo de segunda mano son aspectos que se pueden evitar teniendo espacios 100 porciento de humo de tabaco es decir que no existan zonas exclusivas para fumar.

La ENA 2011 reporta una prevalencia de exposición al humo de tabaco ambiental de 30.2%, esto quiere decir que 12.5 millones de mexicanos que nunca han fumado se encuentran expuestos a HTA.

El 26.1% de los adultos y el 36.4% de los adolescentes reportaron estar expuestos a HTA. Esta exposición es más frecuente entre la población joven, siendo mayor entre los adolescentes de 15 a 17 años y los adultos jóvenes de 18 a 25 años.

La población está expuesta principalmente en el hogar (18%) y en los lugares de trabajo (10.2%).

Tabaquismo en México: exposición al humo de tabaco2

Adolescentes

Grupos de Edad

Hombres %

Mujeres %

Total %

12

34.9

21.3

27.8

13 - 15

36.5

36.2

36.3

16 - 17

44.8

39.3

41.7

Total

38.4

34.6

36.4

Adultos

Grupos de Edad

Hombres %

Mujeres %

Total %

18 - 24

44.2

34.3

38.2

25 a 44

35.3

23.5

26.8

45 a 65

24.2

22.4

22.9

Total

24.2

25.4

26.1

La tabla nos refleja el porcentaje únicamente de las personas que nunca han fumado que porcentaje de estos se encuentra expuesto al humo de tabaco. Así, por mencionar un ejemplo, entre las personas del rango de edad de 18 a 24 años que nunca han fumado, el 38.2% se encuentra expuesto a éste. De igual manera, el 44.2% de los hombres que nunca ha fumado, en el mismo rango de edad, están expuestos al humo de tabaco; en el caso de las mujeres es menor con el 34.3%.

El CMCT menciona en su artículo 8 que los espacios libres de humo son necesarios para una protección efectiva contra el humo de segunda mano, pues,la exposición de éste a las personas produce riesgos inminentes a su salud.

La protección universal, se refiere a la obligación que tienen las partes del tratado de asegurar que todos los espacios mencionados se encuentren libres del humo de tabaco de segunda mano.

La protección abarca tanto los lugares cerrados (lugares interiores de trabajo o transportes públicos) como otros lugares públicos en los cuales se permite el acceso al público en general. De ahí la importancia que NO se permita fumar en espacios públicos cerrados y áreas interiores de trabajo así como en áreas exclusivamente para fumar, como sí es posible con nuestra actual Ley General para el Control del Tabaco.

Cabe señalar que México, a diferencia de otros países como Brasil, Uruguay, Argentina, etc., NO es considerado como un país libre de humo de tabaco.

Otro tema importante es la publicidad, promoción y patrocinio del tabaco tópico que también implican un daño a la salud, al aumentar el número de consumidores mediante la desinformación.Los estudios mencionan que el principal objetivo de la publicidad y del patrocinio por parte de las industrias tabacaleras es generar nuevos fumadores creando una espontánea asociación positiva entre fumar cigarrillos e imágenes percibidas en la mente de jóvenes.3

De igual manera, los espacios publicitarios con mayor medida se enfocan en jóvenes quienes están buscando una identidad propia, la cual es ofrecida por las imágenes diseñadas, cuidadosamente, con este objetivo.4

Por su parte el Convenio Marco para el Control del Tabaco marca la prohibición a la publicidad, promoción y patrocinio y se encuentra justificada dentro de la directriz para el artículo 13 del CMCT. La exhibición de productos es un medio clave para promover productos de tabaco y el consumo de éstos, inclusive mediante la incitación a comprar productos de tabaco, creando la impresión de que el consumo de tabaco es socialmente aceptable, y haciendo más difícil que los consumidores de tabaco abandonen el hábito.”5

Una prohibición parcial sólo tendría un alcance limitado, pues los mecanismos indirectos de publicidad pueden abarcar desde dibujos, colores, formas del empaque entre otros.

La regulación de aspectos como los espacios 100% libres de humo o la publicidad se encuentra reconocida por la Suprema Corte de Justicia como una medida protectora del derecho a la salud. Los espacios 100% libres de humo NO viola la libertad de las personas, tanto como de fumadores como de aquellas personas dedicadas a los restaurantes.6

Cabe decir que la publicidad, promoción y patrocinio en la mayoría de los casos representan desinformación a los consumidores que no le permiten tomar su decisión libremente, contrario a lo que establece el artículo 6 constitucional sobre el derecho a la información.

Por otro lado la información que tengan los consumidores, en especial los adolescentes, resulta importante para la toma de sus decisiones. La publicidad, promoción y patrocinio no sólo no ofrece información, sino que desinforma a los consumidores y consumidores potenciales.

Por otra parte en cuanto al etiquetado de pictogramas y mensajes sanitarios, México cuenta con el 65% del etiquetado de la cajetilla destinado a pictogramas y mensajes sanitarios pero sólo el 30% dedicado al pictograma (la imagen).

La recomendación internacional es de al menos el 75% en la imagen, pues las imágenes hacen a los consumidores de tabaco valorar su salud en el momento de compra.

La ley actual prevé los pictogramas y mensajes sanitarios en determinadas proporciones y siguiendo las reglas de rotatividad del diseño. Sin embargo, la amplitud de éstos dentro del espacio del empaque no son los recomendados por el CMCT. Para tener un cumplimiento con la norma internacional es que en esta iniciativa se hacen las modificaciones pertinentes.

La principal razón científica que justifica el aumento de pictogramas e imágenes sanitarias responde a que su tamaño influye definitivamente en cómo descincentiva a los fumadores. La ENA 2011 muestra que, al menos el 28.1% de los fumadores contestó que con mucha frecuencia las advertencias en cajetillas evitaron que fumara cuando estaba por prender un cigarro. De igual manera, un estudio realizado por el Consejo Mexicano Contra el Tabaquismo demuestra que nueve de cada diez encuestados dice haber notado las advertencias. También, 70% de los encuestados manifiesta que estas imágenes y mensajes sanitarios lo hacen pensar sobre los daños que causa fumar o estimula el dejar de fumar.

México se encuentra cerca de la recomendación contando con 65% del espacio disponible en los paquetes dedicados a pictogramas y advertencias sanitarias (se considera un promedio de 65% porque incluye 30% de imagen en la parte frontal y 100% en la parte de atrás, sólo con leyendas). Esto lo ubica debajo de: Australia, Uruguay, Sri Lanka y Brunei, por mencionar algunos.

Según estos datos, obtenidos del informe “Cigarette Package Health Warnings” de la Sociedad Canadiense de Cáncer, México está ubicado en séptimo lugar en el ranking internacional de advertencias sanitarias. Sin embargo, en cuanto al tamaño de nuestras imágenes sanitarias (30%) estamos detrás de Australia, Uruguay, Sri Lanka, Brunei, Canadá, Islas Mauricio, Ecuador, Bélgica, Liechtenstein, Suiza, Tailandia, Turquía, Irlanda,Argentina, Bahrain, Bolivia, Chile, Djiboutí, Egipto, Honduras, Hong Kong, Irán, Kuwait, Macau, Madagascar, Níger, Omán, Panamá, Perú, Qatar, Arabia Saudita, Seychelles, Singapur, Ucrania, Emiratos Árabes Unidos, Estados Unidos de América (pendiente proceso legal), Malasia, Brasil, Venezuela, Francia, Guernsey, Hungría, Islandia, Jersey, Noruega, Latvia, Rumania, España, Reino Unido, Jordania, Kazajtisán, Paquistán, Rusia, Malta, Taiwán, Dinamarca y Mongolia

Se requiere de una política realmente efectiva en la transmisión de información hacia sus consumidores sobre los riesgos que implica el tabaquismo es necesario adecuarse a los estándares internacionales.

El control del tabaco protege la salud de las personas y el derecho a la salud de las mismas.

Es por todo lo anteriormente expuesto y fundado, que proponemos ante esta Honorable Soberanía la siguiente:

Proyecto de Decreto que Adiciona las fracciones II, III, IV, V y VI del artículo 16, la fracción II del artículo 17, la fracción IV y V y VI del artículo18 , una fracción IV al artículo 48 y se reforma el artículo 23, 26 y 27 de la Ley General para el Control del Tabaco.

Artículo 16. Se prohíbe:

I. Comerciar, vender, distribuir o suministrar cigarrillos por unidad o en empaques, que contengan menos de catorce o más de veinticinco unidades, o tabaco picado en bolsas de menos de diez gramos;

II. Colocar los cigarrillos en sitios que le permitan al consumidor observarlos y tomarlos directamente;

III. Comerciar, vender, distribuir, suministrar o exhibir cualquier producto del tabaco a través de distribuidores automáticos o máquinas expendedoras;

IV. Comerciar, vender, suministrar o distribuir al consumidor final cualquier producto del tabaco por teléfono, correo, internet o cualquier otro medio de comunicación;

V. Distribuir o suministrar gratuitamente productos del tabaco al público en general y/o con fines de publicidad, patrocinio o promoción, y

VI. Comerciar, vender, distribuir, suministrar, exhibir, promocionar o producir cualquier objeto que no sea un producto del tabaco, que contenga la marca,alguno de los elementos de la marca o cualquier tipo de diseño o señal auditiva que lo identifique con productos del tabaco o que fomente su consumo.

Artículo 17. Se prohíben las siguientes actividades:

I. El comercio, distribución, donación, regalo, venta y suministro de productos del tabaco a menores de edad;

II. El comercio, distribución, donación, regalo, venta y suministro de productos del tabaco en instituciones educativas públicas y privadas de educación básica, media superior y superior, y

III. Emplear a menores de edad en actividades de comercio, producción, distribución, suministro y venta de estos productos.

Artículo 18. En los paquetes de productos del tabaco y en todo empaquetado y etiquetado externo de los mismos, de conformidad con lo establecido en esta Ley, sus reglamentos y demás disposiciones aplicables, deberán figurar leyendas y pictogramas o imágenes de advertencia que muestren los efectos nocivos del consumo de los productos del tabaco, además se sujetarán a las siguientes disposiciones:

I. a III. …

IV. Deberán ocupar el 70% de la cara anterior, 100% de la cara posterior y, el 100% de ambas caras laterales y el 100% de las caras superior e inferior del paquete y la cajetilla;

V. Se le deberán incorporar pictogramas o imágenes al 100% de una cara lateral, al 100% de la cara superior y al 70% de la cara anterior de la cajetilla cuyo 30% restante se destinará para ocupar solamente el nombre de la marca el cual deberá aparecer con letras negras y fondo blanco con la tipografía que la Secretaría determine;

VI. El 100% de la cara posterior , el 100% de una cara lateral y el 100% de la cara inferior serán destinados al mensaje sanitario, que del mismo modo será rotativo, deberá incorporar un número telefónico de información sobre prevención, cesación y tratamiento de las enfermedades o efectos derivados del consumo de productos del tabaco, y

VII. …

Artículo 23. Queda prohibido realizar toda forma de publicidad, promoción y patrocinio de forma directa o indirecta, como medio para posicionar la marca o los elementos de la marca de cualquier producto del tabaco, o que fomenten la compra y el consumo de productos del tabaco por parte de la población.

Artículo 26. Queda prohibido a cualquier persona consumir o tener encendido cualquier producto del tabaco en los espacios 100% libres de humo de tabaco, así como en las escuelas públicas y privadas de educación básica, media superior y superior.

....

Artículo 27. En lugares cerrados con acceso al público, o en áreas interiores de trabajo, públicas o privadas, incluidas las universidades e instituciones de educación superior, no podrán existir zonas para fumar.

Artículo 48. Se sancionará con multa:

I. a II. … y

III. De cuatro mil hasta diez mil veces el salario mínimo general diario vigente en la zona económica de que se trate, el incumplimiento de las disposiciones contenidas en los artículos 13, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 31 y 32, de esta Ley.

IV. De cincuenta mil hasta cien mil veces el salario mínimo general diario vigente en la zona económica de que se trate, el incumplimiento de lo dispuesto en el artículos 23 de esta Ley.

TRANSITORIOS

Artículo Primero. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Salón de sesiones de la Cámara de Senadores, a 6 de diciembre de 2012.

Suscribe

Sen. Maki Esther Ortiz Domínguez”.


1 WHO (2011). WHO report on the global tobacco epidemic, 2011: warning about the dangers of tobacco. Acceso electrónico http://www.who.int/tobacco/global_report/2011/en/index.html

2 Encuesta Nacional de Adicciones 2011

3 Emannuella beguinot, et al., Tobacco advertising through French TV in 2005: frequent illicit broadcasting; its impact on teenagers and young adul