Senado de la República.
Sesión Plenaria.
Martes 25 de julio de 2017
    
    

Última actualización: Junio 2017
Última revisión: Junio 2017

Sesión Plenaria - Diario de los Debates
LXII
              Legislatura
1er
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DIARIO DE LOS DEBATES

DE LA CÁMARA DE SENADORES
DEL CONGRESO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS


AÑO I                       Primer Periodo Ordinario                       LXII Legislatura                       Sesión Núm. 32

Sesión Pública Ordinaria Celebrada
en la Ciudad de México, el 04 de Diciembre de 2012

SUMARIO                                              


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COMUNICACIONES

- De la C. Senadora María Lucero Saldaña Pérez, Presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores, Organismos No Gubernamentales, con la que remite el programa anual de trabajo de esa comisión.

- Del C. Senador Francisco Salvador López Brito, Presidente de la Comisión de Pesca, con la que remite el plan de trabajo de esa comisión.

- Del C. Senador Aarón Irízar López, Presidente de la Comisión de Recursos Hidráulicos, con la que remite el programa de trabajo de esa comisión.

- Del C. Senador Francisco García Cabeza de Vaca, Presidente de la Comisión de Reforma Agraria, con la que remite el programa de trabajo de esa comisión.

- Del C. Senador Rabindranath Salazar Solorio, Presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, Europa, con la que remite el plan de trabajo de esa comisión.

- De la C. Senadora Ana Lilia Herrera Anzaldo, por la que informa que el pasado 26 de noviembre quedó instalada la Comisión Especial para el Desarrollo Metropolitano.

SECRETARIA DE GOBERNACION

Remite:

- Oficio con propuesta de nombramiento de los siguientes Empleados Superiores de Hacienda:

• Fernando Aportela Rodríguez, como titular de la Subsecretaría de Hacienda y Crédito Público.

• Miguel Messmacher Linartas, como Subsecretario de Ingresos.

• Fernando Galindo Favela, como Subsecretario de Egresos.

• Aristóteles Núñez Sánchez, como Jefe del Servicio de Administración Tributaria.

- Oficio con el informe de la visita privada del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, maestro Felipe Calderón Hinojosa, a la ciudad de Austin, Texas, Estados Unidos de América, el 18 de noviembre del año en curso.

- Oficio con el informe de la participación del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, maestro Felipe Calderón Hinojosa, en la XXII Cumbre Iberoamericana de Jefesde Estado y de Gobierno en Cádiz, España, los días 16 y 17 de noviembre del año en curso, a efecto de atender invitaciones del Rey de España, Don Juan Carlos I de Borbón y del Presidente del gobierno español, Mariano Rajoy Brey.

- Oficio con hoja de servicios del ciudadano Gerardo Bagatella Minutti, para ratificación del grado de Teniente Coronel de Fuerza Aérea Piloto Aviador.

- Oficio con solicitud de permiso, a que se refiere el artículo 37 constitucional, para que el ciudadano Maximiliano Cruz Ramos pueda aceptar y usar la condecoración que le otorga el gobierno de la República de Colombia.

- Oficio con la Evaluación de Diseño del Programa U001 "Apoyos para el Desarrollo de la Oferta Turística".

- Oficio con el informe de labores de la Comisión Federal de Mejora Regulatoria.



















PROPUESTAS

- Del C. Senador René Juárez Cisneros, del grupo parlamentario del PRI, que contiene punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Cámara de Diputados a otorgar mayores recursos al Fondo de Apoyo a Migrantes, en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2013 y exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que actualice los Lineamientos de Operación de dicho Fondo.

- De las CC. Senadoras Silvia Guadalupe Garza Galván y Maki Esther Ortiz Domínguez, del grupo parlamentario del PAN, que contiene punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados para que durante el análisis del Presupuesto de Egresos de la Federación del ejercicio fiscal 2013, considere incorporar una partida suficiente con el fin de poder dotar al Hospital General de Ciudad Acuña de los recursos humanos y materiales necesarios para brindar servicios de calidad y calidez a la población.

- Del C. Senador Angel Benjamín Robles Montoya, del grupo parlamentario del PRD, que contiene punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Cámara de Diputados a que en el Presupuesto de Egresos de la Federación para 2013, se autorice un recurso por 10.5 millones de pesos para fortalecer la cadena del sistema producto de hule natural en el estado de Oaxaca, a favor de la empresa social Beneficiadora y Comercializadora de Hule de Oaxaca, S.A. de C.V.

- De los CC. Senadores Luis Armando Melgar Bravo, Humberto Domingo Mayans Canabal y Zoé Robledo Aburto, que contiene punto de Acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo Federal a restablecer y fortalecer el Programa Nacional del Cacao con un enfoque regional, para su explotación rentable y sustentable.

- De los CC. Senadores integrantes de la Comisión de Reforma Agraria, que contiene punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados, así como a la Secretaría de la Reforma Agraria a realizar las gestiones necesarias a fin de que en el proceso de análisis, discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2013, se considere un incremento a los recursos asignados a dicha Secretaría con relación al año anterior, destinados a los programas sociales que promueve la dependencia.

- Del C. Senador Héctor Yunes Landa, del grupo parlamentario del PRI, que contiene punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a que, dentro del proceso de análisis, discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2013, se otorguen los recursos necesarios a través del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes para la realización del proyecto cultural “Museo Antiguo Hospital Militar Real de San Carlos”, ubicado en el Centro Histórico de la Heroica Ciudad y Puerto de Veracruz, Ver.

- De los CC. Senadores Silvia Guadalupe Garza Galván, María Marcela Torres Peimbert, Víctor Hermosillo y Celada, Daniel Gabriel Avila Ruiz, Martha Elena García Gómez, Martín Orozco Sandoval, María del Pilar Ortega Martínez, Francisco de Paula Búrquez Valenzuela, Maki Esther Ortiz Domínguez, Francisco Domínguez Servién, Adriana Dávila Fernández, Rosa Adriana Díaz Lizama, Sonia Mendoza Díaz, Mariana Gómez del Campo Gurza, Francisco Javier López Brito, Jorge Luis Preciado Rodríguez, Ernesto Javier Cordero Arroyo, Fernando Herrera Avila, José María Martínez Martínez y Jorge Luis Lavalle Maury, del grupo parlamentario del PAN, que contiene punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Cámara de Diputados a que destine los recursos necesarios para la renivelación de los inspectores adscritos a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente.

- Del C. Senador Eviel Pérez Magaña, del grupo parlamentario del PRI, que contiene punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a considerar en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para 2013, recursos etiquetados a cargo del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, destinados al rescate del Chalet de Juana Cata, ubicado en Santo Domingo, Tehuantepec, Oaxaca.

- Del C. Senador Daniel Gabriel Avila Ruiz, del grupo parlamentario del PAN, que contiene punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a que considere la asignación de mayores recursos para la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación y para la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca para el Proyecto de Modernización de Embarcaciones Menores.

- De los CC. Senadores Raúl Morón Orozco e Iris Vianey Mendoza Mendoza, del grupo parlamentario del PRD, que contiene punto de Acuerdo sobre la situación financiera de las universidades e instituciones de educación superior en México y su impacto económico, social y político, especialmente en el caso de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, para exhortar a la Cámara de Diputados a encontrar una solución presupuestal que resuelva la grave crisis económica por la que atraviesa.

- Del C. Senador Manuel Humberto Cota Jiménez, del grupo parlamentario del PRI, que contiene punto de Acuerdo por el que se solicita a la Cámara de Diputados asignar en el Presupuesto de Egresos de la Federación en el "Programa de Construcción y Mantenimiento de Infraestructura Ferroviaria" una partida especial suficiente para que se realice la obra de libramiento ferroviario de la ciudad de Tepic, Nayarit.

- De la C. Senadora Silvia Guadalupe Garza Galván, del grupo parlamentario del PAN, que contiene punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a que considere recursos destinados a la mitigación de daños ocasionados por incendios en la sierra de Coahuila.

- Del C. Senador Héctor Yunes Landa, del grupo parlamentario del PRI, que contiene punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a que, en el proceso de análisis, discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2013, se le asignen los recursos requeridos a la Agencia Espacial Mexicana.

- Del C. Senador Francisco Javier García Cabeza de Vaca, del grupo parlamentario del PAN, que contiene punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados, así como a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a que se realicen las gestiones necesarias a fin de que dentro del proceso de análisis, discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2013, se consideren recursos presupuestales suficientes, destinados a la concreción y desarrollo del Puerto de Matamoros, en Tamaulipas.

- Del C. Senador René Juárez Cisneros, del grupo parlamentario del PRI, que contiene punto de Acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo Federal y a la Cámara de Diputados a incluir en el Presupuesto de Egresos de la Federación para 2013, los recursos suficientes para la modernización y ampliación del tramo carretero Ciudad Altamirano-Iguala, en su tramo Arcelia-Crucero de Cocula, en el estado de Guerrero.

- Del C. Senador Fernando Torres Graciano, del grupo parlamentario del PAN, que contiene punto de Acuerdo por el que se exhorta al titular del Ejecutivo Federal y a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados para que se incluya en el paquete económico de 2013, un incremento al presupuesto que se destina a los atletas paralímpicos.

- De la C. Senadora Mely Romero Celis, del grupo parlamentario del PRI, que contiene punto de Acuerdo por el que se solicita a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados que en el Presupuesto de Egresos de la Federación para 2013, se aprueben recursos públicos federales para el proyecto de ecoturismo y salud "El Vigia".

- Del C. Senador René Juárez Cisneros, del grupo parlamentario del PRI, que contiene punto de Acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo Federal y a la Cámara de Diputados a incluir en el Proyecto y en el Presupuesto de Egresos de la Federación para 2013, respectivamente, los recursos suficientes para la construcción de un hospital general en la zona indígena del Alto Balsas, en el estado de Guerrero.

- Del C. Senador Daniel Gabriel Avila Ruiz, del grupo parlamentario del PAN, que contiene punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados para que durante el proceso de análisis, discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación 2013, se destinen mayores recursos federales al estado de Yucatán, a fin de prevenir y combatir el dengue en el estado.

- De la C. Senadora María Elena Barrera Tapia, del grupo parlamentario del PVEM, que contiene punto de Acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo Federal a realizar las acciones necesarias para integrar los servicios de salud, para atender a la población de riesgo, portadores y pacientes de VIH/SIDA.

- Del C. Senador José María Martínez Martínez, del grupo parlamentario del PAN, que contiene punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Junta de Coordinación Política del Senado a acordar la creación de la Comisión Especial de la Familia.

- De la C. Senadora María Cristina Díaz Salazar, del grupo parlamentario del PRI, que contiene punto de Acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo Federal a informar sobre los mecanismos para realizar la rastreabilidad de los medicamentos biotecnológicos y biocomparables en las instituciones del sector público, para efectos de la Farmacovigilancia intensiva que debe realizarse sobre estos productos, y de esta forma identificar individualmente sus eventos adversos en protección de la población.

- De la C. Senadora María Cristina Díaz Salazar, del grupo parlamentario del PRI, que contiene punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Salud del gobierno federal y a los institutos de salud de las entidades federativas a continuar realizando esfuerzos en las campañas que prevengan la propagación del VIH/SIDA, así como minimizar el retraso en el diagnóstico de la misma.









PROPUESTAS

- Del C. Senador Oscar Román Rosas González, del grupo parlamentario del PRI, que contiene punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a modificar las reglas de operación del Fondo Regional destinado a los diez estados con el menor Indice de Desarrollo Humano del país, para mejorar el método de distribución y que las entidades participen con equidad en la asignación del mismo. Intervienen al respecto los CC. Senadores Lorena Cuéllar Cisneros; Zoé Robledo Aburto, quien presenta propuesta de modificación; Jorge Luis Lavalle Maury, quien presenta propuesta de modificación; Diva Hadamira Gastélum Bajo, Angel Benjamín Robles Montoya, Humberto Domingo Mayans Canabal, Armando Ríos Piter, Roberto Albores Gleason, Oscar Román Rosas González y Fernando Enrique Mayans Canabal.

- De la C. Senadora Laura Angélica Rojas Hernández, a nombre de Senadores integrantes de la Comisión de Anticorrupción y Participación Ciudadana, que contiene punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Junta de Coordinación Política a modificar la denominación del nombre esa comisión para que quede como "Comisión Anticorrupción, Transparencia, Rendición de Cuentas y Participación Ciudadana".

- Del C. Senador Víctor Hermosillo y Celada, a nombre de Senadores de los grupos parlamentarios del PAN, del PRI y del PT, que contiene punto de Acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo Federal y a la Cámara de Diputados a que en el paquete económico 2013 no se considere aumentar la tasa del IVA en la región fronteriza.

- De los CC. Senadores Blanca María del Socorro Alcalá Ruiz, Enrique Burgos García, Miguel Angel Chico Herrera, Lisbeth Hernández Lecona, Ana Lilia Herrera Anzaldo, David Penchyna Grub y María Lucero Saldaña Pérez, del grupo parlamentario del PRI, que contiene punto de Acuerdo que exhorta a las entidades federativas a contar con una estrategia para reducir el uso nocivo del alcohol.


 

PRESIDENCIA DEL C. SENADOR
ERNESTO JAVIER CORDERO ARROYO

APERTURA

- El C. Presidente Ernesto Javier Cordero Arroyo: (11:45 horas) Solicito a la Secretaría informe a la Asamblea el resultado del cómputo de asistencia de los señores Senadores.

- La C. Secretaria Lilia Guadalupe Merodio Reza: Honorable Asamblea, conforme al registro de asistencia, se han acreditado 87 ciudadanos Senadores.

En consecuencia, hay quórum, señor Presidente.

- El C. Presidente Cordero Arroyo: Se abre la sesión del martes 4 de diciembre de 2012, correspondiente al primer periodo ordinario de sesiones del primer año de ejercicio de la LXII Legislatura.

El Orden del Día está disponible en el monitor de sus escaños, con lo cual se informa de los asuntos que corresponden a la agenda de hoy. El acta de la sesión anterior se encuentra publicada en la Gaceta del Senado de este día.

“ACTA DE LA SESION CELEBRADA EL JUEVES
VEINTINUEVE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DOCE

PRESIDE EL SENADOR
ERNESTO CORDERO ARROYO

 

En la ciudad de México, Distrito Federal, a las veinte horas con cincuenta y dos minutos del día jueves veintinueve de noviembre de dos mil doce, encontrándose presentes ciento veintidós ciudadanos Senadores, según relación anexa, la Presidencia declaró abierta la sesión.

(Lectura del Orden del Día)

La Secretaría dio por conocido el contenido del Orden del Día de la sesión de esta fecha, debido a la publicación en la Gaceta del Senado y a su difusión.

(Acta de la sesión anterior)

Se aprobó en votación económica el Acta de la Sesión del miércoles veintiocho de noviembre de 2012.

 

La Presidencia dio por concluida la sesión a las veinte horas con cincuenta y tres minutos y citó a sesión de Congreso General el sábado primero de diciembre a las nueve horas; y a sesión del Senado de la República, el martes cuatro de diciembre a las once horas.

LISTA DE ASISTENCIA DE LA SESION ANTERIOR



En consecuencia, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba.

- La C. Secretaria Merodio Reza: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba el acta de la sesión anterior. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque se rechace, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobada el acta, señor Presidente.

- El C. Presidente Cordero Arroyo: Aprobada el acta.

Compañeros Senadores y compañeras Senadoras: Como ustedes saben, el pasado 18 de septiembre este Pleno aprobó la entrega de un reconocimiento a los atletas mexicanos que participaron en los Juegos Paralímpicos de Londres 2012.

Aunado a ese Acuerdo, el día de ayer se conmemoró el Día Internacional de las Personas con Discapacidad; por ambos motivos, la Mesa Directiva acordó abrir un espacio en nuestra sesión de hoy, para recibir y referirnos a los integrantes de la Delegación Mexicana que participó en la recién celebrada justa olímpica.

Saludamos la presencia de los destacados atletas:

Juan Ignacio Reyes González, Medalla de Oro en Natación.

(Aplausos)

Amalia Pérez Vázquez, Medalla de Oro en Levantamiento de Pesas.

(Aplausos)

Luis Alberto Zepeda Félix, Medalla de Oro en Lanzamiento de Jabalina.

(Aplausos)

Mauro Máximo de Jesús, Medalla de Plata en Lanzamiento de Bala.

(Aplausos)

Patricia Valle Benítez, Medalla de Bronce en Natación.

(Aplausos)

Daniela Eugenia Velasco Maldonado, Medalla de Bronce en Atletismo.

(Aplausos)

Leonardo de Jesús Pérez Juárez, Medalla de Bronce en Atletismo.

(Aplausos)

Perla Patricia Bárcenas Ponce de León, Medalla de Bronce en Levantamiento de Pesas.

(Aplausos)

A todos ellos les damos una muy cordial bienvenida a este Pleno, y les brindamos la más sincera felicitación por su destacada actuación en las competencias en las que participaron.

El Senado se siente muy orgulloso de todas y de todos ustedes.

Muchísimas gracias.

(Aplausos)

Para referirse a esta importante conmemoración y a la notable asistencia de nuestros invitados, los grupos parlamentarios acordaron referirse a estos sucesos.

En consecuencia, tiene el uso de la tribuna la Senadora Martha Palafox Gutiérrez, del grupo parlamentario del PT, hasta por cinco minutos.





 

INTERVENCIONES

- La C. Senadora Martha Palafox Gutiérrez: Con su permiso, señor Presidente; compañeras y compañeros Senadores:

Estas reflexiones son en honor a tan distinguidos visitantes de hoy, para compartir con ustedes, de parte del PT, las inquietudes en torno a las personas con alguna discapacidad.

La Asamblea General de las Naciones Unidas proclamó el día 3 de diciembre de 1992, como el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, como una toma de conciencia, para que se implantaran acciones destinadas al mejoramiento de las personas con alguna discapacidad y se les concediera una igualdad de oportunidades.

Es de señalarse, que cerca de 15% de la población mundial, casi mil millones de personas, viven con algún tipo de discapacidad, desafortunadamente el público en general y las instancias decisorias ignoran, a menudo, el gran número de personas que la padecen, así como los problemas que tienen que afrontar.

En México, de acuerdo a datos proporcionados por la Escuela de Trabajo Social de la UNAM, existen de 10 a 15 millones de personas que integran este sector de la población, constituyendo junto con los grupos considerados vulnerables, indígenas y niños de calle, la primera minoría en el mundo.

A esta cifra es necesario adicionar a sus familiares, padres, hermanos o hijos, que constituimos alrededor de 45 millones de personas, que convivimos, sin estar preparados y que tienen que ayudar físicamente o económicamente, y que en alguna forma compartimos la discapacidad sin estar preparados.

La observancia del Día Internacional de las Personas con Discapacidad, nos da la oportunidad de fomentar un cambio de actitud hacia ustedes, hacia estas personas, eliminando las barreras a su participación plena en todos los aspectos de la vida.

Las acciones y programas que en nuestro país se han implementado en su favor, no son suficientes. Muchas veces sólo han servido para fines de propaganda política o de lucimiento personal, o simulando la deducción y evasión de impuestos.

Se requieren más y mejores programas y políticas públicas para concederles la igualdad de oportunidades tanto laborales, sociales y su integración en todas las facetas de la vida.

Requerimos, por eso, implementar y fortalecer una cultura de la discapacidad a toda la población.

Estos son los comentarios de parte del PT hacia ustedes, y a esos más de diez millones de personas que tienen alguna discapacidad.

Muchas gracias.

(Aplausos)

- El C. Presidente Cordero Arroyo: Muchas gracias, Senadora Palafox Gutiérrez.

Tiene la palabra la Senadora María Elena Barrera Tapia, del grupo parlamentario del PVEM, hasta por cinco minutos.

- La C. Senadora María Elena Barrera Tapia: Con su venia, señor Presidente; con el permiso de todos nuestros invitados especiales; señoras y señores Senadores:

¡Buenos días! Yo quiero pedir a todos ustedes que pensemos por un momento que, en México, personas en condición de discapacidad tienen dificultades para acceder a una buena educación, a servicios de salud adecuados y que también por estas circunstancias, muchas de las ocasiones están solos; muchas ocasiones el lugar donde viven no está adecuado para desarrollar su vida cotidiana; sufren para trasladarse, para subir a una banqueta, para subir a un camión, es más, todavía más cuando quieren hacer alguna actividad y que no encuentran el apoyo del Estado.

Y me refiero, en especial, cuando quieren seguir estudiando y desafortunadamente las instalaciones de las escuelas no están adecuadas para ello.

Cuando no tenemos una cultura, ni tampoco una sensibilización de todos, de todas las familias y muchas ocasiones son los primeros que sufren de la burla, que sufren del insulto de los propios niños.

Por ello, hoy quiero hacer un exhorto, para que nosotros que tenemos la posibilidad de legislar y de generar, sobre todo, las leyes que permitan asegurar que las personas con discapacidad gocen de mejores condiciones. Que quienes tienen estas discapacidades tienen otras fortalezas que desarrollan y, sobre todo, que son ejemplo de vida para muchos de nosotros.

Por ello, tenemos que trabajar para que tengan acceso a una vida digna, para que tengan acceso a tener un patrimonio, a tener una casa, a tener servicios médicos que no sean como dádivas, sino que sea por obligación; el que cuando se entregue un bastón o una silla de ruedas no sea por lucimiento personal o del funcionario que lo hace, sino como una obligación del Estado.

Por ello, el día de hoy quisiera que pudiéramos reflexionar y, sobre todo, trabajar para que sea realmente una posibilidad el que le podamos dar a todas las personas con discapacidad, tener una vida digna, una vida de honor, como muchas de las personas que tienen alguna discapacidad nos dan ejemplo.

Muchísimas gracias.

(Aplausos)

- El C. Presidente Cordero Arroyo: Muchas gracias, Senadora Barrera Tapia.

Se concede el uso de la palabra al Senador Mario Delgado Carrillo, del grupo parlamentario del PRD, hasta por cinco minutos.

- El C. Senador Mario Delgado Carrillo: Muchísimas gracias, señor Presidente; buenos días Senadoras y Senadores:

Bienvenidos nuestros deportistas, nos sentimos muy orgullosos de que estén aquí.

El pasado 18 de septiembre, déjenme contarles, hubo una bonita coincidencia, varios Senadores y Senadoras, entre los que destaco al Senador Roberto Albores, Ana Gabriela Guevara, Salvador López Brito y Carlos Puente, presentamos un punto de Acuerdo en donde queríamos hacerles un reconocimiento, que queríamos recibirlos en sesión solemne para decirles gracias por poner en alto el nombre de nuestro país, para decirles gracias por el ejemplo que nos están dando a millones de mexicanos, por eso hoy esta sesión es de gala para nosotros, y de verdad nos sentimos muy contentos de que ustedes estén aquí.

Pero decía la Senadora Ana Gabriela, muy adecuadamente en la mañana, en el desayuno que tuvimos con ustedes, pues que no debe de ser un evento nada más para que nos tomemos fotos, y en el marco del Día Internacional de las Personas con Discapacidad.

Y justamente el objetivo de que ustedes estuvieran el día de hoy aquí, además de reconocerles su esfuerzo y su ejemplo, es que nosotros, los que estamos aquí, que somos los responsables de cambiar las leyes en nuestro país, pongamos atención a toda la población con discapacidad en nuestro país, que es nada más y nada menos que el 5% de la población total en nuestro país.

Pero que además sea un llamado de atención para el tema del deporte, que es uno de los grandes déficits también que tiene nuestro país, que vemos todos los días muchos casos de violencia y cómo se descompone nuestro país, y cómo millones de jóvenes se quedan sin oportunidades o caen atrapados por las adicciones, y no utilizamos al deporte como una gran herramienta para que nuestro país salga adelante.

Entonces, ese es el objetivo principal de esta ceremonia, y ustedes qué bueno que nos vienen a decir: “Pues, sí se puede, sí podemos tener un México exitoso”.

Es tan relevante este tema, les decía yo, miren, dice el INEGI que, según datos de 2010, las personas que tienen algún tipo de discapacidad son 5 millones 739 mil, lo cual es el 5% de la población total. La limitación de la movilidad es la de mayor frecuencia entre la población, con el 58% de la población con discapacidad y el segundo tipo de limitación es la de tener problemas para ver.

Fíjense nada más, las causas de la discapacidad que reporta el INEGI, de cada 100, 39 la tienen porque sufrieron algún tipo de enfermedad, 23 están afectadas por edad avanzada y el 16 la adquirieron por herencia.

De acuerdo con distintos organismos, hay una gran discriminación en contra de las personas con discapacidad. En materia laboral, según un informe elaborado por el Fondo de Población de la ONU y la Comisión Económica para América Latina, aproximadamente el 70% de las personas con discapacidad están sin empleo o excluidas de la fuerza laboral en América Latina. En algunos países esta proporción desafortunadamente es mayor, llegando a un 75%.

También en la Encuesta Mundial de Salud, dice que las tasas de desempleo son mayores entre varones y mujeres con discapacidad, que entre los varones y mujeres sin discapacidad. Es decir, hay una discriminación laboral, también de salud y en los servicios educativos.

Esa es la tarea que tenemos aquí en el Senado de la República, lograr un país más incluyente para las personas con discapacidad a partir de reformar leyes que reconozcan su dignidad como personas humanas, que los logre integrar plenamente a la ciudadanía y que logren ustedes ejercer plenamente sus derechos.

De tal manera que es un día de fiesta, de reconocimiento, de celebración, pero también decirles que nos vamos a quedar con esa tarea aquí en el Senado.

Bienvenidas, bienvenidos. ¡Muchas felicidades!

(Aplausos)

- El C. Presidente Cordero Arroyo: Muchas gracias, Senador Delgado Carrillo.

Tiene ahora la palabra la Senadora Martha Elena García Gómez, del grupo parlamentario del PAN, hasta por cinco minutos.

- La C. Senadora Martha Elena García Gómez: Con su venia, señor Presidente. Muy buenos días queridos amigos.

Es un gran honor para nosotros que estén ustedes aquí en esta su casa. Felicidades, de veras.

Tuve el honor de estar viendo la competencia de todos ustedes, y me siento muy orgullosa de tener a estos amigos como grandes campeones. ¡Felicidades!

En 1992, la Asamblea General de la ONU proclamó el 3 de diciembre como el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, con el objetivo de fomentar su integración de manera igualitaria en la sociedad.

En el mundo casi un billón de personas, es decir el 15% de la población, vive con alguna discapacidad, personas que enfrentan barreras para participar de manera incluyente y en igualdad de condiciones dentro de la sociedad. Barreras relacionadas al ambiente físico, a las tecnologías de comunicación e información, a barreras resultantes de la falta de legislación o de políticas adecuadas, o en algunos casos de actitudes de discriminación.

Barreras que no permiten que las personas con discapacidad tengan un acceso igualitario en su entorno ni en el ejercicio de sus derechos fundamentales, como la educación, el empleo, el cuidado de la salud, el transporte, la participación política o la justicia.

En Acción Nacional y los gobiernos humanistas estamos convencidos de que cuando las barreras para la inclusión de las personas con discapacidad son removidas y se les empodere para participar de manera igualitaria en la sociedad, la comunidad entera se beneficia.

En México se han venido realizando acciones legislativas tendientes a mejorar la atención que se les brinda a las personas con discapacidad. Como parte de ello, Acción Nacional impulsó la creación de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el 30 de mayo de 2011, cuya finalidad es asegurar su plena inclusión en la sociedad, en la salud y asistencia social, en el empleo, en la educación, en la accesibilidad, en la vivienda, etcétera.

Decirles, queridos amigos, que realmente me siento muy emocionada de tenerlos aquí con nosotros. Nuevamente mil felicitaciones, muchas gracias y espero que el año que entra nos sigan representando con ese ánimo y, sobre todo, con ese éxito.

Muchas gracias.

(Aplausos)

- El C. Presidente Cordero Arroyo: Gracias, Senadora García Gómez.

Se concede el uso de la palabra a la Senadora Hilda Esthela Flores Escalera, del grupo parlamentario del PRI, hasta por cinco minutos.

- La C. Senadora Hilda Esthela Flores Escalera: Con su venia, señor Presidente, muchas gracias; compañeras y compañeros; estimados medallistas paralímpicos que hoy engalanan este recinto:

Una de cada tres personas en el país considera que no se respetan los derechos de las personas con discapacidad.

Se observa que en México, 9 % de la población entre 12 y 17 años no está dispuesta a permitir que personas con discapacidad vivan con ellos.

Entre las personas más pobres del mundo, una de cada cinco es una persona con discapacidad.

De acuerdo con la Organización Internacional del Trabajo, cerca del 60 % del total de las personas con discapacidad, en edad de trabajar, están desempleadas.

En nuestro país, la tasa de participación económica en la población con discapacidad es sólo de 25 %. Estas cifras, estimadas amigas y amigos, de la Encuesta Nacional sobre Discriminación 2010 y de la ONU, nos dejan en claro la gran cantidad de obstáculos y barreras a las que se enfrentan las personas con discapacidad en nuestro país y en el mundo. Barreras más que arquitectónicas, sociales, que son las más difíciles de superar y las que verdaderamente hacen una segregación entre la sociedad y que van desde la terminología empleada para referirnos a las personas con discapacidad, pues hasta el 18 de diciembre de 2007, la Asamblea General de las Naciones Unidas decidió cambiar de nombre a la celebración del día 3 de diciembre, en ese entonces llamado Día Internacional de los Impedidos, por el Día Internacional de las Personas con Discapacidad.

Y en nuestro país aún se sigue escuchando y leyendo con frecuencia, inclusive en diversas leyes, que se refieren a las personas con discapacidad como inválidos, discapacitados, personas con capacidades diferentes o cualquier otra que se aleja del principio básico del respeto mínimo que tiene toda persona que inicia con la forma en que nos referimos a ello.

Lo anterior deja de manifiesto la existencia de pendientes que aún tenemos en el Estado mexicano, no sólo desde la vía normativa, sino en los esfuerzos encaminados a generar un verdadero cambio de cultura que garantice a todos ser tratados por igual.

De acuerdo con el informe inicial de México en torno a la aplicación de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, publicado en 2011, el Estado mexicano tiene aún una serie de pendientes en este rubro, entre los cuales destacan: crear las condiciones necesarias para la plena instrumentación de un programa nacional en materia de discapacidad que sea rector de las políticas y estrategias de la Administración Pública Federal, para contribuir a la inclusión y a la igualdad de oportunidades de las personas con discapacidad.

Asimismo, es necesario lograr que las medidas que se adopten, partan de una comprensión cabal de la perspectiva de la discapacidad, superando el enfoque asistencialista en la política pública, a través del reconocimiento de las personas con discapacidad como sujetos de derechos.

Otro de los grandes pendientes es la construcción de un modelo social de inclusión que garantice el ejercicio de derechos y la plena participación de las personas con discapacidad y la implementación de un modelo de acceso a la justicia que apoye la expresión de su voluntad.

De igual manera, se requiere concluir el desarrollo del sistema de accesibilidad sobre inmuebles, lo cual permitirá el seguimiento y la evaluación de las condiciones de accesibilidad de los inmuebles de las dependencias gubernamentales.

También es necesaria una profundización de las metodologías para prevenir la discriminación múltiple, así como para lograr su inclusión laboral y promover la educación inclusiva.

Finalmente, como otro punto medular, se establece la necesidad de realizar la armonización legislativa, que sea transversal a todas las materias y promueva la integración de los derechos de las personas con discapacidad en todos los ámbitos de la vida.

Sin embargo, aún con ello, observamos día a día cómo las personas con discapacidad nos dan ejemplos de vida, perseverancia y éxito, al demostrarnos que las barreras y las limitaciones son únicamente las que cada quien se pone.

Ejemplo claro de ello lo tenemos con nuestros deportistas paralímpicos, medallistas que nos han estado acompañando el día de hoy en este Senado y que a través de la historia nos han llenado de orgullo poniendo en lo más alto el nombre de México. Enhorabuena por su esfuerzo, por su dedicación, liderazgo y pasión que le imprimen a todo lo que hacen. Nos dan ejemplo todos los días de que sí se puede.

Por todo lo anterior, teniendo claro que nuestro reconocimiento es diario y refrendando nuestro compromiso para legislar y armonizar todos sus derechos en el marco jurídico nacional, sirva el día de hoy, marco conmemorativo del Día Internacional de las Personas con Discapacidad, como ocasión para reconocer públicamente a todas las personas con discapacidad en esta máxima tribuna y agradecerles el impulso y ejemplo que día a día con sus acciones al cambio de cultura nos dan, que nos invita a ser más conscientes y sensibles para que un día no muy lejano no necesitemos de normas o de disposiciones especiales para que unos y otros nos tratemos por igual.

Muchas gracias. Enhorabuena y siempre orgullosos de ustedes.

(Aplausos)

- El C. Presidente Cordero Arroyo: Muchas gracias, Senadora Flores Escalera. Antes me gustaría pedir también un reconocimiento a José Guadalupe Fuentes Ortiz, él es guía de Daniela Velasco Maldonado, nuestra campeona de bronce en atletismo. Felicidades José Guadalupe, muchas gracias.

(Aplausos)

Concluimos el espacio de intervenciones en esta ceremonia reconocimiento a los atletas paralímpicos, agradecemos que nos hayan acompañado en esta sesión y les hacemos manifiesto que estamos muy orgullosos de ustedes, son grandes atletas, muchas gracias. ¡Felicidades!

(Aplausos)

Ahora tenemos la segunda lectura de un dictamen de las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores; y de Marina, con proyecto de Decreto por el que se concede autorización al Presidente de los Estados Unidos Mexicanos para permitir que la Armada de México participe en la Octava Versión de la “Exposición y Conferencia Internacional Marítima y Naval para América Latina-Expo Naval 2012”.

Informo a ustedes que por motivos de oportunidad en la entrada en vigor del Decreto, se hicieron modificaciones al régimen transitorio de este dictamen; la modificación es con el propósito de que el Decreto entre en vigor inmediatamente. El texto corregido por las Comisiones está disponible en el monitor de sus escaños.

Solicito a la Secretaría dé lectura al dictamen del proyecto modificado.





 

DECRETO POR EL QUE SE CONCEDE AUTORIZACION AL PRESIDENTE DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS PARA PERMITIR QUE LA ARMADA DE MEXICO PARTICIPE EN LA OCTAVA VERSION DE LA “EXPOSICION Y CONFERENCIA INTERNACIONAL MARITIMA Y NAVAL PARA AMERICA LATINA-EXPONAVAL 2012”, QUE SE LLEVARA A CABO EN LA CIUDAD DE VALPARAISO, REPUBLICA DE CHILE, DEL 4 AL 7 DE DICIEMBRE DE 2012

(Dictamen de segunda lectura)

- La C. Secretaria Merodio Reza: (Leyendo)

“COMISIONES UNIDAS DE RELACIONES EXTERIORES;
Y DE MARINA

H. ASAMBLEA:

A las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores y de Marina, de la LXII Legislatura de la Cámara de Senadores, les fue turnada para estudio y elaboración del dictamen correspondiente, la solicitud formulada por el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos a esta Soberanía para que la Armada de México participe en la octava versión de la “Exposición y Conferencia Internacional Marítima y Naval para América Latina-EXPONAVAL 2012”, que se llevará a cabo en la Ciudad de Valparaíso, República de Chile, del 4 al 7 de diciembre de 2012.

Las Comisiones que suscriben, en uso de las facultades que les confiere la Fracción III del Artículo 76 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los Artículos 85, 86 y 94 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como los Artículos 233 párrafo 1, 247, y 249 del Reglamento del Senado de la República, someten a la consideración de los integrantes de esta Honorable Asamblea el presente dictamen de conformidad con los siguientes:

I. ANTECEDENTES

Primero.- Mediante el oficio número SEL/300/420/12, de fecha 8 de noviembre de 2012, con fundamento en lo establecido en el Artículo 27, Fracción XIV de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, el Titular del Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría de Gobernación, sometió a consideración de la Cámara de Senadores, para los efectos de lo dispuesto por la Fracción III del Artículo 76 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la solicitud de autorización para que la Armada de México participe en la octava versión de la “Exposición y Conferencia Internacional Marítima y Naval para América Latina-EXPONAVAL 2012”, que se llevará a cabo en la Ciudad de Valparaíso, República de Chile, del 4 al 7 de diciembre de 2012.

Segundo.- En fecha 13 de noviembre de 2012 la Mesa Directiva de este Órgano Legislativo turnó la solicitud a las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores y de Marina, para suestudio y elaboración del dictamen correspondiente.

Tercero.- Los Senadores integrantes de las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores y de Marina se abocaron al análisis y discusión de la solicitud del Ejecutivo Federal para autorizar la participación de la Armada de México en diversos Ejercicios Navales.

II. CONTENIDO DE LA SOLICITUD DEL EJECUTIVO FEDERAL.

Los elementos de información y justificación de la solicitud formulada por el Titular del Ejecutivo Federal se resumen a continuación:

• La participación de la Armada de México en la “EXPONAVAL 2012”, tiene por objeto incrementar los conocimientos del personal naval con su participación en conferencias especializadas y el intercambio de experiencias con las armadas participantes, además de ser un medio para fomentar las relaciones profesionales y operativas entre ambas instituciones armadas.

• Considera el titular del Ejecutivo Federal que la participación de la Institución armada en la “EXPONAVAL 2012” constituye una oportunidad para mostrar los logros que se han alcanzado respecto a la construcción naval y la fortaleza de los buques de apoyo logístico de nuestro país.

• En el supuesto de que se autorice la salida del personal naval por parte de esta Soberanía, la participación de la Armada de México sería una delegación conformada por 92 elementos de tripulación, una Fuerza de Reacción Inmediata de Infantería de Marina y el Buque de apoyo logístico ARM “MONTES AZULES” (BAL-01).

• Precisa que en estos ejercicios se contempla la participación de las armadas de Argentina, Brasil, Canadá, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú y Uruguay.

III. CONSIDERACIONES

PRIMERA.- El Senado de la República tiene la facultad exclusiva de autorizar al Presidente de los Estados Unidos Mexicanos para que pueda permitir la salida de tropas nacionales fuera de los límites del país, en términos de lo establecido por la fracción III del Artículo 76 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

SEGUNDA.-Se proyecta que la EXPONAVAL 2012 constituya la exhibición marítima y naval más importante de la región latinoamericana, la cual abordará como eje fundamental el tema relativo al “Desafío de las Armadas para enfrentar situaciones de emergencias, catástrofes y de apoyo humanitario, en el marco de las Operaciones de Paz”.

TERCERA. Las operaciones de apoyo internacional, han sido de gran importancia en los últimos tiempos, lo que ha quedado demostrado con el Tsunami de Indonesia en el año de 2004, el Huracán Katrina en Estados Unidos en el año 2005, eventos  que generaron gran devastación y lamentables pérdida de vidas humanas.

CUARTA. Asimismo, la octava versión de EXPONAVAL2012 en la que pretende participar la Armada de México, considerará en el rubro marítimo un pabellón llamado TRANSPORT 2012, donde se concentrará la oferta de bienes y servicios de los diferentes actores de la Industria Marítima y Portuaria, lo que sería una oportunidad para nuestro instituto armado de mostrar los avances de la construcción naval en México, toda vez que las Armadas participantes tendrán contacto directo con los avances de la tecnología en el ámbito naval.

QUINTA.- Ante la necesidad de tener la capacidad operativa para enfrentar situaciones de emergencias, catástrofes y de apoyo humanitario, así como constituir una excelente oportunidad para nuestro instituto armado muestre los avances relativos la construcción naval en México, las Comisiones Unidas consideran conveniente autorizar la salida del personal naval, a efecto de que participe en la octava versión de EXPONAVAL2012.

En virtud de las consideraciones anteriormente vertidas:

DECRETA

PRIMERO.- La Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, en ejercicio de la facultad que le concede el artículo 76 fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se concede autorización al Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, para permitir que la Armada de México participe en la octava versión de la “Exposición y Conferencia Internacional Marítima y Naval para América Latina-EXPONAVAL 2012”, que se llevará a cabo en la Ciudad de Valparaíso, República de Chile, del 4 al 7 de diciembre de 2012, con la siguiente Delegación: Buque de apoyo logístico ARM “MONTES AZULES”, (BAL-01), 92 elementos de tripulación y una Fuerza de Reacción Inmediata de Infantería de Marina.

SEGUNDO.- Se solicita respetuosamente al Titular del Ejecutivo Federal instruya al Secretario de Marina, para que presente a esta Soberanía un informe sobre los resultados de la participación en la octava versión de la “Exposición y Conferencia Internacional Marítima y Naval para América Latina-EXPONAVAL 2012”.

TRANSITORIOS

Primero.- El presente Decreto entrará en vigor a partir de su aprobación por la Cámara de Senadores.

Segundo.- Publíquese en el Diario Oficial de la Federación.

Senado de la República, a 22 de noviembre de 2012.

Comisión de Relaciones Exteriores: Sen. Gabriela Cuevas Barron, Presidenta.- Sen. JuanaLeticia Herrera Ale, Secretaria.- Sen. Dolores Padierna Luna, Secretaria.- Sen. Marcela GuerraCastillo, Secretaria.- Sen. Ana Gabriela Guevara Espinoza, Secretaria.- Sen. Félix ArturoGonzález Canto, integrante.- Sen. Manuel Humberto Cota Jiménez, integrante.- Sen. Lisbeth Hernández Lecona, integrante.- Sen. Roberto Armando Albores Gleason, integrante.- Sen. Juan Carlos Romero Hicks, integrante.- Sen. Jorge Luis Lavalle Maury, integrante.- Sen. Laura Angélica Rojas Hernández, integrante.- Sen. María Alejandra Barrales Magdaleno, integrante.- Sen. Juan Gerardo Flores Ramírez, integrante”.

Comisión de Marina: Sen. Ricardo Barroso Agramont, Presidente.- Sen. Francisco García Cabeza de Vaca, Secretario.- Sen. José Francisco Yunes Zorrilla, integrante.- Sen. Ernesto Ruffo Appel, integrante”.

Es cuanto, señor Presidente.

- El C. Presidente Cordero Arroyo: Está a discusión el dictamen. No habiendo oradores y estando suficientemente discutido, háganse los avisos a que se refiere el artículo 58 del Reglamento para informar de la votación. Abrase el sistema electrónico de votación por tres minutos para recoger la votación nominal del proyecto de Decreto.







- La C. Secretaria Merodio Reza: Señor Presidente, conforme al registro en el sistema electrónico de votación, se emitieron 97 votos en pro y cero en contra.

- El C. Presidente Cordero Arroyo: En consecuencia, queda aprobado en lo general y en lo particular el Decreto por el que se concede autorización al Presidente de los Estados Unidos Mexicanos para permitir que la Armada de México participe en la Octava Versión de la “Exposición y Conferencia Internacional Marítima y Naval para América Latina-Expo Naval 2012”, que se llevará a cabo en la ciudad de Valparaíso, República de Chile, del 4 al 7 de diciembre de 2012. Comuníquese al Ejecutivo Federal.





 

SECRETARIA DE GOBERNACION

Informo a la Asamblea que se recibió un oficio de la Secretaría de Gobernación, con el que comunica que el Presidente de la República designó al ciudadano Jesús Murillo Karam como Procurador General de la República y solicita someter a la aprobación del Senado la ratificación del nombramiento correspondiente. Se turna a la Comisión de Justicia para su análisis y dictamen correspondiente.



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Pasamos al siguiente asunto.

Pasamos a la discusión de un dictamen de la Comisión de Salud, con punto de Acuerdo que exhorta a las instancias de Salud a impulsar y fortalecer las acciones y procesos orientados a mejorar la calidad de los servicios de salud.

Solicito a la Secretaría dé lectura al dictamen.





 

COMISION DE SALUD

(Dictamen a discusión)

- La C. Secretaria Merodio Reza: Doy lectura al dictamen.

“COMISION DE SALUD

H. ASAMBLEA:

A la Comisión de Salud de la LXII Legislatura de la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, le fue turnada para su estudio y dictamen una proposición con punto de Acuerdo, relativo establecer acciones y procesos orientados a mejorar la calidad de los servicios de salud.

Una vez recibido por la Comisión Dictaminadora, sus integrantes entraron a su estudio con la responsabilidad de considerar lo más detalladamente posible su contenido y analizar los fundamentos esenciales en que se apoya, para proceder a emitir dictamen conforme a las facultades que les confieren los artículos 113, 117, 135, 150, 177, 178, 182 y 190 del Reglamento del Senado de la República, al tenor de la siguiente:

METODOLOGIA

I. En el capítulo de “ANTECEDENTES”, se da constancia del trámite de inicio del proceso legislativo, del recibo de turno para el Dictamen del referido punto de Acuerdo y de los trabajos previos de la Comisión Dictaminadora.

II. En el capítulo correspondiente a “CONTENIDO DEL PUNTO DE ACUERDO”, se sintetiza el alcance de la proposición de mérito.

III. En el capítulo de “CONSIDERACIONES”, la Comisión expresa los argumentos de valoración del punto de Acuerdo y de los motivos que sustentan la resolución de esta Dictaminadora.

I. ANTECEDENTES

1. Con fecha 6 de septiembre de 2012, la Senadora Maki Esther Ortiz Domínguez, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó proposición con punto de Acuerdo relativo a fortalecer las acciones y procesos orientados a mejorar la calidad de los servicios de salud.

2. Con la misma fecha, la Mesa Directiva turnó a la Comisión de Salud el punto de Acuerdo de mérito para realizar su estudio y dictamen correspondiente.

II. CONTENIDO DEL PUNTO DE ACUERDO

El punto de Acuerdo presentado por la Senadora promovente hace mención que existe un problema en nuestro sistema de salud pública, ya que lamayoría de los gobiernos no han podido superar el primer reto en la materia, que es el de la cobertura; en tanto que la calidez y la eficiencia en los servicios de salud son cualidades todavía más difíciles de alcanzar.

Cabe señalar que se han venido dando avances en cuanto al mejoramiento de los servicios de salud, ejemplo de ello es que la Secretaría de Salud federal ha venido realizando una serie de proyectos y acciones para mejorar la calidad de los servicios y la eficiencia de los recursos para salud, con estrategias como el Sistema Integral de Calidad en Salud, los acuerdos de intercambio de servicios, la negociación de medicamentos o la homologación de la atención a través de las Guías de Práctica Clínica, cuya implementación y operación recae en los servicios de salud de las entidades federativas.

Sin embargo se deben redoblar esfuerzos, por ello es que se exhorta a que el Gobierno Federal y los de los estados impulsen y fortalezcan las acciones y procesos orientados a mejorar la calidad de los servicios de salud; así como a hacer un uso más eficiente y transparente de los recursos destinados a este fin, bajo la conducción de la Secretaría de Salud del Gobierno Federal, en su carácter de coordinadora del Sistema Nacional de Salud.

III. CONSIDERACIONES

A. La Comisión de Salud hace mención del Derecho a la Protección de la Salud que tienen todos los mexicanos, de conformidad a lo establecido en el numeral 4° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; a su vez, enfatiza que el asunto materia del punto de Acuerdo, como lo el mejoramiento de los servicios en salud, posee una gran relevancia, ya que se refiere a un tópico con un gran impacto social y trascendente para la salud de la sociedad de nuestro país.

B. Sabemos que un gran problema que siempre nuestro país ha enfrentado, es la cobertura; en tanto que la calidez y la eficiencia en los servicios de salud son cualidades todavía más difíciles de alcanzar.

En este contexto han existido avances significativos, prueba de ello es la cobertura universal a través del Sistema de Protección Social en Salud, mejor conocido como “Seguro Popular”, mismo que a la fecha cubre alrededor de 53 millones de personas

C. Cabe mencionar que con el Seguro Popular, se ha incrementado el financiamiento para la atención de la salud de la población que antes carecía de seguridad social, pasando de 81 mil millones de pesos corrientes en 2006 a más de 175 mil millones de pesos en 2012; es decir, más del doble. Estos recursos, se han canalizado en su mayoría a las entidades federativas.

Mientras que en 2006 las transferencias a los estados y el Distrito Federal representaban el 80.6% de estos recursos, en el 2012 la proporción es de 84.2%. En términos nominales, los recursos transferidos a las entidades federativas para la prestación de los servicios de salud, pasó de 65 mil millones de pesos en 2006 a 148 mil millones de pesos que se proyectan para 2012, es decir casi 2 y mediaveces lo transferido en el año base. Esta situación de mayores recursos en las entidades federativas, ha hecho patente la necesidad de fortalecer los mecanismos de trasparencia y rendición de cuentas.

Es decir que actualmente se ha incrementado a más del doble el presupuesto en salud para atender a la población sin seguridad social, así como en la transferencia de fondos a las Entidades Federativas, lo que les permite otorgar servicios con mejor calidad y oportunidad a la población.

D. Cabe señalar que en la actual administración, el incremento en el financiamiento a la conclusión es de 2,747 acciones de infraestructura por parte de la Secretaría de Salud y más de 3,700 obras considerando a todas las instituciones públicas de salud, con una inversión de más de 78 mil millones de pesos. Destaca que más de mil de estas acciones corresponden a clínicas y hospitales nuevos.

Asimismo, el incremento en el presupuesto permitió en este mismo periodo la regularización de alrededor de 70 mil plazas precarias, y que la plantilla de médicos en contacto con el paciente del sector salud creciera en 16% y la de enfermeras en 20%.

E. Los servicios de calidad en salud que hoy demanda nuestra sociedad, generanmayor cantidad de recursos humanos, financieros e infraestructura, y abre la oportunidad de lograr mejoras sustanciales y permanentes en la calidad de estos servicios.

Por su parte, pese a que se ha mejorado el surtimiento de recetas de medicamentos en todo el sector salud y particularmente en las unidades médicas que atienden a población afiliada al Seguro Popular situándose por encima del 80% a nivel nacional, es necesario fortalecer las acciones para garantizar un abasto al 100%, además de redoblar esfuerzos en las entidades federativas donde el porcentaje de recetas surtidas en primer nivel de atención se sitúa por debajo del promedio nacional.

Adicionalmente, es necesario que las entidades federativas, generen acciones y se apoyen de la federación, para reducir los tiempos de espera tanto para recibir atención médica de primer nivel, como acceder a las consultas de especialidad, cirugías y atención de urgencias. Ello se puede lograr en buena medida, siendo más eficientes en el uso de los recursos disponibles.

F. Los proyectos y acciones que ha venido realizando la Secretaria de Salud para mejorar la calidad de los servicios y la eficiencia de los recursos para salud, han sido eficaces, con estrategias como el Sistema Integral de Calidad en Salud, los acuerdos de intercambio de servicios, la negociación de medicamentos o la homologación de la atención a través de las Guías de Práctica Clínica, cuya implementación y operación recae en los servicios de salud de las entidades federativas. Sin embargo esta Comisión Dictaminadora considera que se debe puntualizar el fortalecimiento de acciones y procesos orientados a mejorar la calidad de los servicios de salud, por ello es que el sentido de este dictamen es a favor en sus términos.

Con base en lo anterior, esta Comisión de Salud, con las atribuciones que le otorgan los artículos 113, 117, 135, 150, 177, 178, 182 y 190 del Reglamento del Senado de la República, someten a consideración de esta Honorable Soberanía el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

Unico: El Senado de la República exhorta atenta y respetuosamente a las correspondientes instancias de salud de los estados y del Distrito Federal, para que impulsen y fortalezcan las acciones y procesos orientados a mejorar la calidad de los servicios de salud; así como a hacer un uso más eficiente y transparente de los recursos destinados a este fin, bajo la conducción de la Secretaría de Salud del Gobierno Federal, en su carácter de coordinadora del Sistema Nacional de Salud.

COMISION DE SALUD”.

Es todo, señor Presidente.

- El C. Presidente Cordero Arroyo: En consecuencia, está a discusión.

Se concede el uso de la palabra a la Senadora Maki Esther Ortiz Domínguez, para presentar el dictamen.

- La C. Senadora Maki Esther Ortiz Domínguez: Con su venia, señor Presidente; compañeras y compañeros Senadores:

El presente dictamen comprende uno de los mayores intereses que concierne tanto al gobierno como a la población, dado el impacto directo que tiene ésta última.

Se trata del mejoramiento de los servicios de salud, uno de los problemas que México enfrenta en materia de salud tiene que ver no sólo con la cobertura de este derecho, sino también con la calidad y eficiencia que lo deben de caracterizar, con la finalidad de superar dicho problema, el gobierno ha logrado avances significativos a través del Seguro Popular, que en la actualidad atiende a más de 53 millones de personas en las entidades federativas. Dichos avances lograron un incremento gradual en su financiamiento de 94 millones de pesos en 6 años, pasando de 81 millones de pesos en 2006 a 175 millones de pesos para este año, lo que además propició el fortalecimiento de los mecanismos de transparencia para la rendición de cuentas.

Aunado a ello, es necesario resaltar que hoy en día el incremento en el financiamiento a la conclusión es de 2 mil 747 acciones de infraestructura por parte de la Secretaría de Salud y más de 3 mil 700 obras considerando a todas las instituciones públicas de salud, que representa una inversión de más de 78 mil millones de pesos. Lo cual involucra más de mil acciones que corresponden a clínicas y hospitales nuevos.

Asimismo, el incremento en el presupuesto permitió en este mismo periodo que se regularizaran alrededor de 70 mil plazas precarias con el aumento de médicos en contacto con el paciente del sector salud en 16 por ciento y 20 por ciento en enfermeras.

Finalmente, los proyectos y acciones que ha realizado la Secretaría de Salud para mejorar la calidad de los servicios y la eficiencia de los recursos para la salud han sido eficaces con estrategias como el Sistema Integral de Calidad en Salud, los acuerdos del intercambio de servicios, la negociación de medicamentos o la homologación de la atención a través de las Guías de Práctica Clínica, cuya implementación y operación recae en los servicios de salud de las entidades federativas.

No obstante, los integrantes de esta comisión dictaminadora consideramos que se debe continuar impulsando el fortalecimiento de acciones y procesos orientados a mejorar la calidad de los servicios de salud y vigilar el uso eficiente de los recursos que se destinen para estos efectos.

Hemos logrado cobertura, debemos insistir en mejorar la calidad.

Muchísimas gracias, señor Presidente.

Sólo quiero recordarles también que pasen a vacunarse contra la influenza, en el salón 1 del Hemiciclo.

Gracias.

- El C. Presidente Cordero Arroyo: Gracias, Senadora Ortiz Domínguez. En virtud de haberse agotado la lista de oradores, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el anterior Acuerdo.

- La C. Secretaria Barrera Tapia: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el anterior Acuerdo. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque se rechace, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Es aprobado el Acuerdo, señor Presidente.

- El C. Presidente Cordero Arroyo: Aprobado el Acuerdo. Comuníquese.

Pasamos a la discusión de un dictamen de las Comisiones Unidas de Pesca; y de Ciencia y Tecnología, con punto de Acuerdo por el que se exhorta al titular del Ejecutivo Federal a que en la formulación y evaluación del presupuesto para el ejercicio fiscal de 2013, asigne mayores recursos al Instituto Nacional de Pesca.

Solicito a la Secretaría dé lectura al dictamen.





 

COMISIONES UNIDAS DE PESCA; Y DE CIENCIA Y TECNOLOGIA

(Dictamen a discusión)

- La C. Secretaria Barrera Tapia: Doy lectura al dictamen.



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Es todo, señor Presidente.

- El C. Presidente Cordero Arroyo: En consecuencia, está a discusión.

Se concede el uso de la palabra al Senador Francisco López Brito.

- El C. Senador Francisco Salvador López Brito: Con el permiso de la Presidencia; compañeras y compañeros Senadores:

En el contexto de que en México se requieren cada vez mayores recursos para aplicarlos a la investigación científica, es que en este dictamen estamos proponiendo, a través de la Comisión de Pesca y Acuacultura, el que se apliquen mayores recursos en materia de investigación al ente que lleva este tema, en lo que es la pesca en México, que es el Instituto Nacional de Pesca.

Una muy cruda realidad es que a pesar de que en México se cuenta con un extenso litoral y ostenta una gran variedad de sistemas costeros y marinos dentro de sus aguas territoriales, así como en aguas interiores, lagos, lagunas, represas y ríos, la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación estima que tan sólo se han explorado un 10 por ciento de la diversidad biológica de nuestras aguas.

Hasta el potencial económico que ello representa, las comisiones dictaminadoras hemos considerado de suma relevancia que se destinen mayores recursos a la investigación científica, que arroje datos confiables para poder conocer con precisión los recursos marinos con los que México cuenta y con ello implementar acciones de sustentabilidad y aprovechamiento de las diferentes pesquerías de nuestro país.

Es que en este contexto el punto de Acuerdo que se presenta bajo su carácter de dictamen el día de hoy, es con un exhorto de la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, exhortando al titular del Ejecutivo Federal para que en la formulación y evaluación de Presupuesto para el Ejercicio Fiscal 2013, asigne mayores recursos al Instituto Nacional de Pesca.

Este dictamen es firmado por unanimidad por todos los integrantes de la Comisión de Pesca y Acuacultura de este Senado de la República y les pido de su apoyo para sacar adelante este dictamen por todos ustedes, compañeras y compañeros Senadores.

Es cuanto.

PRESIDENCIA DEL C. SENADOR
LUIS SANCHEZ JIMENEZ

- El C. Presidente Luis Sánchez Jiménez: Gracias, Senador López Brito. En virtud de haberse agotado la lista de oradores, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el anterior Acuerdo.

- La C. Secretaria Barrera Tapia: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el anterior Acuerdo. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque se rechace, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Es aprobado, señor Presidente.

- El C. Presidente Sánchez Jiménez: Aprobado el Acuerdo. Comuníquese.

Tenemos ahora la discusión de un dictamen de la Comisión de Reforma Agraria, con punto de Acuerdo por el que se solicita a la Cámara de Diputados incluir en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para 2013, a los Tribunales Agrarios en el rubro de ramos autónomos.

Solicito a la Secretaría dé lectura al dictamen.




 

COMISION DE REFORMA AGRARIA

(Dictamen a discusión)

- La C. Secretaria Barrera Tapia: Doy lectura al dictamen.



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Es todo, señor Presidente.

- El C. Presidente Sánchez Jiménez: En consecuencia, está a discusión.

Se concede el uso de la palabra al Senador Francisco García Cabeza de Vaca, para presentar el dictamen.

- El C. Senador Francisco García Cabeza de Vaca: Con su venia, señor Presidente; compañeras Senadoras y compañeros Senadores:

Subo a esta tribuna a nombre de la Comisión de Reforma Agraria, para presentar el dictamen a la proposición con punto de Acuerdo por el que se solicita a la Cámara de Diputados establezca en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación a los Tribunales Agrarios en el rubro de ramos autónomos, del Senador Jorge Luis Preciado Rodríguez y turnada a la dictaminadora para su análisis y discusión con fecha de 1° de noviembre de 2012.

La Comisión de Reforma Agraria, en reunión ordinaria de trabajo de fecha 29 de noviembre de este año en curso, aprobó por unanimidad este dictamen de conformidad con las siguientes:

CONSIDERACIONES

Los Organos Constitucionales Autónomos, como los Tribunales Agrarios, establecidos en la reforma constitucional de 1992, son instituciones que están fuera del marco de referencia de los poderes tradicionales, y se establece en las normas jurídicas constitucionales dotándolos de independencia en su estructura orgánica.

Sin embargo, la concreción se efectúo en el artículo 1o. de la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios al modificarse, sin razón jurídica alguna, la disposición constitucional que se refiere a la economía del órgano como tal, y no solo a la función de emitir los fallos jurisdiccionales, como se plasmó en la Ley Orgánica de referencia, dio paso a una situación diferente al mandato constitucional. Esto es que, los Tribunales Agrarios requieren de plena autonomía que implique una independencia política, financiera, jurídica y operativa, para realizar la función de administración de justicia agraria.

Por lo anterior, la Comisión de Reforma Agraria coincide con la propuesta del Senador promovente, en el sentido que la naturaleza de los Tribunales Agrarios es meramente jurisdiccional, independientemente de su adscripción al Ejecutivo Federal. Por ende, debería de gozar de la autonomía a lo que hace referencia tanto nuestra ley suprema como la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria sobre el Poder Judicial de la Federación.

La actual dependencia presupuestaria que tienen los Tribunales Agrarios con el Ejecutivo Federal puede ocasionar trámites burocráticos de cualquiera naturaleza y así obstaculizar una sana y expedienta impartición de justicia agraria. No hay verdadero tribunal sin independencia, como lo proclama el artículo 17 de nuestra Constitución y lo afirma en los tratados internacionales de los que México forma parte. Los rasgos definitorios de un órgano jurisdiccional son: independencia, autonomía y competencia.

Actualmente existe un importante rezago jurisdiccional agrario en los Tribunales Unitarios, como muestra basta mencionar que en el 2011 recibieron 48 mil asuntos que sumados a unos 47 mil 700 del año anterior, o sea de 2010, los tribunales tenían un rezago en dos años de 88 mil 700 expedientes que requieren atención, del total de asuntos sólo se atendió el 53 por ciento, quedando pendientes más de 41 mil asuntos, de tal suerte que para solucionar lo anterior, la dictaminadora propone, entre otros, ampliar el presupuesto destinado a solventar conflictos agrarios, dotar de autonomía presupuestal y financiera a los Tribunales Agrarios y promover la consolidación de un consejo que vigile el funcionamiento y la actuación de quienes imparten la justicia agraria en todo el país.

Por lo anteriormente fundado y motivado, la Comisión de Reforma Agraria somete a la consideración de este Pleno el siguiente Acuerdo.

Unico. La Comisión de Reforma Agraria aprueba la proposición con punto de Acuerdo en los siguientes términos:

El Senado de la República del Honorable Congreso de la Unión solicita a la Cámara de Diputados incluya en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2013, a los Tribunales Agrarios en el rubro de ramos autónomos, quienes gozan de plena autonomía constitucional.

Firman los integrantes, Senadores de la Comisión de Reforma Agraria.

Es cuanto, señor Presidente.

- El C. Presidente Sánchez Jiménez: Muchas gracias, Senador García Cabeza de Vaca. En virtud de haberse agotado la lista de oradores, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el anterior Acuerdo.

- La C. Secretaria Barrera Tapia: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el Acuerdo. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque se rechace, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Es aprobado, señor Presidente.

- El C. Presidente Sánchez Jiménez: Aprobado el Acuerdo. Comuníquese.

Pasamos ahora a la discusión de cuatro dictámenes de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con puntos de Acuerdo.

Solicito a la Secretaría dé lectura a cada uno de ellos.




 

COMISION DE MEDIO AMBIENTE

Y RECURSOS NATURALES

(Dictamen a discusión)

- La C. Secretaria Merodio Reza: Doy lectura al primer dictamen.

“COMISION DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

h. asamblea:

A la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la LXII Legislatura del Senado de la República, le fue turnada para su estudio y elaboración del dictamen correspondiente, la proposición con punto de Acuerdo, relativo a los Proyectos Turísticos aledaños al Area Natural Protegida Cabo Pulmo, en Baja California Sur, presentada por la Senadora Ninfa Salinas Sada integrante del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

En virtud del análisis y estudio del punto de Acuerdo que se dictamina, esta Comisión Legislativa, con base en las facultades que le confieren los artículos 86, 90, fracción XXII, 94 y 103 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos; así como los artículos 117, numeral 1; 135, numeral 1, fracción I; 177, numeral 1; 182, 188, numeral 1; 190, y demás aplicables del Reglamento del Senado de la República, somete a consideración de los integrantes de esta Honorable Asamblea, el presente dictamen, de acuerdo con los siguientes:

METODOLOGIA

En el apartado de “Antecedentes” se da constancia del proceso legislativo turnado a esta Comisión Ordinaria, desde su presentaciónhasta la formulación del presente dictamen.

En el apartado de “Contenido” se señala el objeto que le da razón de ser a la proposición con punto de Acuerdo.

En el apartado deComisión dictaminadora realiza el análisis técnico y jurídico pormenorizado de la propuesta con el objeto de valorar su procedencia o realizar las modificaciones que para tal efecto resulten procedentes y mediante las cuales se sustenta el punto de Acuerdo propuesto.

ANTECEDENTES

1.- En sesión celebrada por el Pleno del Senado de la República el día 4 de octubre del 2012 la Senadora NINFA SALINAS SADA integrante del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, presentó la propuesta con punto de Acuerdo, relativo a los Proyectos Turísticos Aledaños al Área Natural Protegida Cabo Pulmo, en Baja California Sur.

2.- En esa misma fecha, la Mesa Directiva turnó la propuesta mediante oficio número DGPL-1P1A.-708. a la Comisión de Medio Ambiente, y Recursos Naturales, de la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión, para su análisis y elaboración del dictamen correspondiente, de conformidad con el siguiente:

CONTENIDO

El Punto de Acuerdo turnado a estaComisión tiene como premisa solicitar a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, informe sobre el estatus de la autorización de cambio de uso de suelo para el “Proyecto Cabo Cortés” y a la Comisión Nacional del Agua, el estatus de las concesiones de agua que le fueron otorgadas a la empresa Hansa Baja Investments, toda vez que el “Proyecto Cabo Cortés” fue cancelado.

En atención a dicha solicitud la Comisión Legislativa que elabora el presente Dictamen proceden a iniciar su análisis, de conformidad con las siguientes:

CONSIDERACIONES

Cabo Pulmo representa la única área arrecifal en el Golfo de California, además de ser de las pocas áreas arrecifales en el pacífico este. Esto significa que su hábitat es muy peculiar, debido a los procesos ecológicos, comunidades biológicas que ahí residen. Esta particularidad conlleva a una relevancia a nivel regional, nacional e internacional, entendido esto como algo integral.

La importancia biológica que tiene Cabo Pulmo, es atribuida a varios aspectos, entre ellos tenemos la de los arrecifes coralinos, ya que estos son ecosistemas naturales muy ricos y con una diversidad biológica muy grande, además de ser un lugar con diversas especies endémicas.

En Cabo Pulmo habitan 11 de las 14 especies de corales hermatípicos reportados para el golfo, estas especies han resultado “Especies Clave” para su declaración como Área Natural Protegida. Aunado a esta importancia del ecosistema, Cabo Pulmo cuenta con lo que se denomina “Especies Bandera” de importancia tal, como las tortugas laúd (Dermochelys coriácea), ballena azul (Balaenoptera musculus), ballena jorobada (Megaptera novaeangliae), delfín común (Delphinus delphis), delfín común de rostro largo (Delphinus capensis), cachalote (Physeter catodon), delfín listado (Stenella coeruleoalba), delfín de dientes rugosos (Steno bredanensis) y Delfín nariz de botella (Tursiops truncatus). Todas estas incluidas en alguna categoría de riesgo en la Norma 059.

Aunado a lo anterior, Cabo Pulmo brinda diferentes y variados servicios ambientales, entre ellos la función de prevenir la erosión de las costas y el daño causado por los huracanes, al mismo tiempo que cuenta con mantos formados por las algas coralinas rojas, en donde ocurren complejas interacciones sucesionales entre ellas y los organismos formadores del arrecife, considerándolo como un lugar con Alta Integralidad Ecológica.

De acuerdo a estudios realizados por paleontólogos Cabo Pulmo puede ser el arrecife más antiguo del Pacífico Americano, ya que en el existen restos de una terraza marina del Pleistoceno Tardío, la cual ha sido datada en base a los corales ahí encontrados, esta información en base al Decreto que lo declara como Área Natural Protegida.

Esta riqueza ha sido reconocida a nivel internacional, ya que en el año 2005 Cabo Pulmo fue integradoa la lista de Patrimonio Natural de la Humanidad por la Organización de la Naciones Unidas para la Ciencia, la Educación y la Cultura (UNESCO) y en 2008 a la lista del Convenio RAMSAR (Convención sobre los Humedales de Importancia Internacional, especialmente como Hábitat de Aves Acuáticas).

En México también se ha reconocido la importancia de dicha área, de tal forma que el 6 de junio de 1995 se Decreto el Área Natural Protegida con el Carácter de Parque Marino Nacional.

Aun cuando sobre Cabo Pulmo existen diversos mecanismos legales para su protección, existe una presión adversa sobre los recursos naturales del lugar debido a las actividades como la pesca tanto comercial y deportiva, buceo deportivo, turismo en general, autorizaciones para cambio de uso de suelo. No podemos soslayar que todas estas actividades han originado deterioro en el arrecife.

Los hechos relatados por la promovente en el punto de Acuerdo son los siguientes:

Que en el año de 2008 la empresa GRE Hansa Baja Investments somete ante la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) con modalidad Regional del proyecto “Cabo Cortés”, ubicado en una zona aledaña a Cabo Pulmo.

Dicho proyecto pretendía construir 30,692 habitaciones, campo de golf, marina, rompeolas de 220 metros de longitud, aeródromo, planta desaladora, acueducto, entre otras.

La MIA fue aprobada en enero de 2011.

Que en junio 2012 se dio a conocer la nulidad de la autorización, dejando claro que eran más las afectaciones que las bondades del proyecto.

Que de forma adicional laempresa Hansa Baja investments, presentó el 10 de diciembre de 2008, solicitud de autorización para el Cambio de Uso de Suelo en terrenos forestales para el desarrollo del proyecto “Cabo Cortés”.

Asimismo, SEMARNAT informó a la empresa que como parte del procedimiento para la autorización de cambio de uso de suelo en terrenos forestales en una superficie de 1,643 ha, debería depositar al Fondo Forestal Mexicano, la cantidad de 43,033,379.75 por concepto de compensación ambiental, para realizar actividades de restauración o reforestación y su mantenimiento en una superficie aproximada de 7,230 ha.

En consecuencia la empresa propuso a la Secretaría un calendario para realizar el pago por concepto de compensación ambiental, considerando una programación por años de ejecución y superficies que pretendía desarrollar.

Posteriormente, en mayo del 2011, se autorizó una solicitud de modificación de la autorización de cambio de uso de suelo en terrenos forestales, para el desarrollo del proyecto “Cabo Cortés” en una superficie adicional a la anterior, de 137,48 ha.

Que la empresa en comento cuenta con 3 concesiones otorgadas por la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) para el uso, explotación y aprovechamiento de aguas nacionales.

De lo citado anteriormente con respecto a la empresa, lo que queda pendiente de ser aclarado es la autorización de cambio de uso de suelo, y el estatus de las concesiones, toda vez que el proyecto fue cancelado y dichas solicitudes fueron presentadas de forma paralela al proyecto.

De acuerdo a lo señalado por la Senadora promovente de la proposición con punto de Acuerdo, esta Comisión dictaminadora coincide con el mismo, en cuanto a la autorización de cambio de uso de suelo que se extendió para ir acompañando al proyecto Cabo Cortés, dicho proyecto ha quedado cancelado, por lo que resulta necesario que la autoridad informe que ha sucedido con tal cambio de uso de suelo, y de las afectaciones que dicho cambio de uso de suelo trajo consigo, en su caso.

La Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable en su artículo 117 nos dicta queLa Secretaría sólo podrá autorizar el cambio de uso del suelo en terrenos forestales, por excepción, previa opinión técnica de los miembros del Consejo Estatal Forestal de que se trate y con base en los estudios técnicos justificativos que demuestren que no se compromete la biodiversidad, ni se provocará la erosión de los suelos, el deterioro de la calidad del agua o la disminución en su captación; y que los usos alternativos del suelo que se propongan sean más productivos a largo plazo. Estos estudios se deberán considerar en conjunto y no de manera aislada.

En las autorizaciones de cambio de uso del suelo en terrenos forestales, la autoridad deberá dar respuesta debidamente fundada y motivada a las propuestas y observaciones planteadas por los miembros del Consejo Estatal Forestal.

No se podrá otorgar autorización de cambio de uso de suelo en un terreno incendiado sin que hayan pasado 20 años, a menos que se acredite fehacientemente a la Secretaría que el ecosistema se ha regenerado totalmente, mediante los mecanismos que para tal efecto se establezcan en el reglamento correspondiente.

Las autorizaciones que se emitan deberán atender lo que, en su caso, dispongan los programas de ordenamiento ecológico correspondiente, las normas oficiales mexicanas y demás disposiciones legales y reglamentarias aplicables.

La Secretaría, con la participación de la Comisión, coordinará con la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, la política de uso del suelo para estabilizar su uso agropecuario, incluyendo el sistema de roza, tumba y quema, desarrollando prácticas permanentes y evitando que la producción agropecuaria crezca a costa de los terrenos forestales.

Las autorizaciones de cambio de uso del suelo deberán inscribirse en el Registro.

La Secretaría, con la participación de la Comisión, coordinará con diversas entidades públicas, acciones conjuntas para armonizar y eficientar los programas de construcciones de los sectores eléctrico, hidráulico y de comunicaciones, con el cumplimiento de la normatividad correspondiente”.

Es de esta forma, que la ley es el fundamento legal, indicando la guía en cuanto a informar si la autorización que en su momento fue concedida, fue atendiendo a lo que dispone el Programa de Ordenamiento Ecológico del Municipio de los Cabos, ya que dicho ordenamiento regula el uso de suelo donde se localiza la autorización emitida por las autoridades.

En lo que respecta a las concesiones otorgadas por Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), y que la autoridad rinda un informe sobre dichas concesiones, está Comisión dictaminadora coincide con la Senadora Promovente ya que, resulta necesario saber de qué manera se está utilizando el bien natural agua, en una zona donde ésta es escasa.

De acuerdo al Plan de Ordenamiento Ecológico del Municipio de los Cabos, en el Municipio no existen corrientes superficiales permanentes, sólo arroyos superficiales y que la mayor parte del año no presentan un caudal de agua. Dicho de otra forma, en el lugar hay poca agua.

Asimismo, en la entidad existen 5 acuíferos, dentro de los más importantes está el de Santiago, y San José del Cabo, y que juntos aportan el 94% del total del recurso.

No obstante, la poca agua que existe en la zona, las concesiones están concedidas para el acuífero Santiago, no podemos soslayar que este acuífero es de los más importantes en la región, ya que abastece a una gran cantidad de pobladores de la zona, al mismo tiempo que está sobre explotado.

En ese mismo orden de ideas, la solicitud de concesión de aguas a cargo de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), por parte de la empresa conocida Hansa Baja Investments, para el Municipio de los Cabos, en el área conocida como Cabo Pulmo o la Ribiera para que fueran aprovechadas para su proyecto, proyecto que ha sido cancelada, debió ser emitida por el Director del Organismo de Cuenca Península Baja, por ser quien analiza y dictamina dicha solicitud. (Acuerdo por el que se determina la Circunscripción territorial de los organismos de cuenca de la Comisión Nacional del Agua publicado el 1° de Abrilde 2010 y los artículos 25, 73 y 76 del Reglamento Interior de la CONAGUA).

Por lo citado anteriormente, se considera procedente que la CONAGUA informe sobre las concesiones de agua en la región, ya que el acuífero Santiago es uno de los más explotados y que abastecen de agua a la población, aunado a que provee del agua que se requiere para el crecimiento poblacional delcorredor turístico San José- San Lucas.

Reconocer que toda la zona esta carente de agua, dado que es una zona que presenta sequía y que eso afecta a la población que ahí habita, y que al otorgar concesiones de agua en porcentajes altos de metros cúbicos por año, a una sola empresa para un proyecto que ha sido cancelado, está dejando con menos posibilidades de abasto a ciertos sectores de la población, por lo que se requiere que la población esté informada cómo y en que se está utilizando el bien natural, llamado agua.

Por todo lo expuesto, está Comisión estima pertinente solicitar la información a las autoridades correspondientes, con el único fin de que está proporcione certeza que tanto las concesiones como las autorizaciones otorgadas, están siendo utilizadas con fines sustentables.

Por ende reconocer, que la zona donde se otorgó la autorización para cambio de uso de suelo y concesiones de agua, forman parte de un sistema ambiental mayor que está conformado por ecosistemas diversos, cuya fragilidad se extiende a otros ecosistemas, que debemos y tenemos la responsabilidad de velar por ellos.

De conformidad con lo expuesto, los integrantes de la Comisión Legislativa que suscriben el presente dictamen, se permiten someter a la consideración de esta Honorable Asamblea el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO. Se solicita respetuosamente a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales rinda un informe a está Soberanía sobre el estatus que guarda la autorización de Cambio de Uso de Suelo otorgada para el “Proyecto Cabo Cortés” de la empresa Hansa Baja Investments, así como en su caso las afectaciones que se sucedieron por dicho cambio de uso de suelo.

SEGUNDO. Se solicita respetuosamente a la Comisión Nacional del Agua, para que rinda un informe a está Soberanía del estatus que guardan las concesiones que fueron otorgadas, para el “Proyecto Cabo Cortés” de la empresa Hansa Baja Investments, así como las afectaciones derivadas por dichas concesiones.

Dado en el Senado de la República, a 20 de noviembre de 2012.

COMISION DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES”.


1 Decreto por el que declara Área Natural Protegida. DOF 6 de junio de 1995.

2 Son aquellos que contienen algas simbióticas de las que dependen para la obtención de nutrientes, este tipo de coral presenta especies consideradas como “constructoras” de arrecifes.

3 Especie Clave. Sensu lato Aquella que enriquece todos los procesos de un ecosistema de una manera única y significativa a través de sus actividades, y su remoción implica cambios estructurales en el ecosistema y frecuentemente la pérdida de diversidad. (Miller et al. 1988/ 1999). Tomado de la Ficha técnica para la Evaluación de los Sitios Prioritarios para la Conservación de los Ambientes Costeros y Oceánicos de México. CONABIO

4 Especie Bandera. Aquella que es carismática y atractiva para la gente y que por lo tanto, puede servir para llamar la atención del público hacia objetivos de conservación. Glosario del Instituto Nacional de Ecología

5 Integridad Ecológica. Criterio de valor biológico que intenta evaluar cuán próxima a su estado natural se encuentra una región, además de relacionarse con la degradación producida en actividades humanas y con la perdida de las características de la misma. Tomado de la Ficha Técnica para la Evaluación de los Sitios Prioritarios para la Conservación de los Ambientes Costeros y Oceánicos de México. CONABIO, México. Al mismo tiempo implica un concepto de unidad, además la Integridad Ecológica surge de la ética de la carta de la Tierra la cual vincula el cuidado actual con la gran comunidad de vida y el cuidado, y la protección continua de la tierra como nuestro hogar. Brendan Mackey. La Integridad Ecológica: Un Compromiso hacia la Vida en la tierra. Australia

6 Plan de Ordenamiento Ecológico del Municipio de los Cabos (POEL-LC)





 

COMISION DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

(Dictamen a discusión)

- La C. Secretaria Merodio Reza: Doy lectura al segundo dictamen.

“COMISION DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

H. ASAMBLEA:

A la Comisión de Medio Ambiente yRecursos Naturales de la LXII Legislatura del Senado de la República, le fue turnada para su estudio y elaboración del dictamen correspondiente, la proposición con punto de Acuerdo que exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal a llevar a cabo la Revisión Integral de la obra Marina Turística, Puerto Majahua, en Acapulco Guerrero, presentada por los Senadores Sofío Ramírez Hernández, Armando Ríos Piter y René Juárez Cisneros integrantes del grupo parlamentario Partido de la Revolución Democrática y Partido Revolucionario Institucional respectivamente.

En virtud del análisis y estudio del Punto de Acuerdo que se dictamina, esta Comisión Legislativa, con base en las facultades que le confieren los artículos 86, 90, fracción XXII, 94 y 103 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos; así como los artículos 117, numeral 1; 135, numeral 1, fracción I; 177, numeral 1; 182, 188, numeral 1; 190, y demás aplicables del Reglamento del Senado de la República, somete a consideración de los integrantes de esta Honorable Asamblea, el presente dictamen, de acuerdo con los siguientes:

METODOLOGIA

En el apartado de “Antecedentes” se da constancia del proceso legislativo turnado a esta Comisión Ordinaria, desde su presentaciónhasta la formulación del presente dictamen.

En el apartado de “Contenido” se señalanlos puntos fundamentales que motivan la Propuesta.

En el apartado de “Consideraciones” esta Comisión dictaminadora realiza el análisis técnico y jurídico pormenorizado de la propuesta con el objeto de valorar su procedencia o realizar las modificaciones que para tal efecto resulten procedentes y mediante las cuales se sustenta el punto de Acuerdo propuesto.

ANTECEDENTES

1.- En sesión celebrada por el Pleno del Senado de la República el día 2 de octubre del 2012 los Senadores Sofío Ramírez Hernández, Armando Ríos Piter y René Juárez Cisneros, integrantes del Grupo Parlamentario Partido de la Revolución Democrática y Partido Revolucionario Institucional, respectivamente, presentaron la propuesta con que exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal a llevar a cabo la Revisión Integral de la obra Marina Turística, Puerto Majahua, en Acapulco Guerrero.

2.-Con oficio de fecha 10 de octubre de 2012 la Mesa Directiva turnó la propuesta mediante oficio número DGPL-1P1A.-102 a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, de la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión, la Comisión la recibe el día 10 de octubre de 2012 para su análisis y elaboración del dictamen correspondiente, de conformidad con el siguiente:

CONTENIDO

El Punto de Acuerdo turnado a esta Comisión tiene como premisa fundamental las siguientes solicitudes: El exhorto al titular del Poder Ejecutivo Federal para que lleve a cabo la revisión integral de la Obra Marina Turística, Puerto Majahua, con el fin de verificar se aplique la normatividad ambiental; asimismo, que haya resarcimiento de los daños ecológicos causado por el desvío de las corrientes marinas, las indemnizaciones a las familias afectadas por dicha obra y las sanciones correspondientes, al mismo tiempo establecer una Comisión Técnica conformada por instituciones y dependencias de los tres ámbitos de gobierno para la evaluación, resarcimiento y reparación de daños causados en la Zona Federal Marítimo Terrestre de la Bahía de Puerto Marques, Municipio de Acapulco de Juárez, Guerrero.

En atención a dicha solicitud la Comisión Legislativa que elabora el presente Dictamen proceden a iniciar su análisis, de conformidad con las siguientes:

CONSIDERACIONES

Como se ha destacado en el apartado de contenido de este dictamen, a la Comisión de Medio Ambiente le fue turnado el punto de Acuerdo con respecto a la revisión integral de la Marina Puerto Majahua, y su resarcimiento, ubicada en Puerto Marqués, Acapulco, esta obra es llevada a cabo por la empresa GMD Resorts S.A.B.

Considerando que, en la Manifestación de Impacto Ambiental del proyecto “Marina Majahua”, GMD Resorts, se denomina “Promotora Majahua”, pero sigue siendo GMD Resorts S.A.B. la empresa matriz.

Los Senadores promoventes llaman la atención en el Punto de Acuerdo en la construcción de la “Obra Marina Turística Puerto Majahua”, para que se verifique la normatividad ambiental y que haya un resarcimiento de los daños ecológicos causado por el desvío de las corrientes marinas, debido a la misma obra y se instale una comisión que evalué el daño a la Zona Federal Marítimo Terrestre.

Atendiendo a la solicitud encomendada, esta Comisión dictaminadora, destaca los siguientes acontecimientos, como parte de los sucesos que datan tiempo atrás y que nos da cuenta de la historia que envuelve a dicha problemática.

Hechos:

1.- En enero de 1996 el Gobierno Federal por conducto de la Secretaría de Comunicaciones y Transporte (SCT), otorgó la concesión a la “PromotoraMajahua” para construir, operar y explotar una Marina de uso particular ubicada en Playa Majahua en Puerto Marqués, Acapulco, Guerrero, con una vigencia de 20 años contados a partir de la fecha de otorgamiento1.

2.- En el año 2001 el Diputado Presidente Félix Castellanos Hernández de la Comisión de Reforma Agraria de la LVIII Legislatura de la Cámara de Diputados, solicita a la Dirección General de la Zona Federal Marítimo Terrestre, información relativa al título de concesión a favor de la promotora Majahua, S. A de C. V.

La Dirección General de la Zona Federal Marítimo Terrestre, le resuelve al Diputado solicitante contestando lo siguiente: La Dirección General de Patrimonio Inmobiliario Federal, entonces dependiente de la Secretaría de Desarrollo Social, otorgóa la empresa Promotora Majahua, S. A. de C. V, el 15 de noviembre de 1994, la concesión marcada con el número DZF- 924/94 por una superficie de 13, 926.24 M2 de Zona Federal Marítimo Terrestre, ubicada en Playa Majahua en la Bahía de Puerto Marqués, con vigencia e 20 años y con destino para uso de andador, protección y ornato, no para marina o muelle.2

3- Que en información tomada del oficio S.G.P.A/D.G.I.R.A/D.G.8025 con fecha 4 de octubre del 2012, hace señalamiento que el 12 de abril de 2004 a través del oficio S.G.P.A/D.G.I.R.A-DEI.0597.04 (oficio resolutivo), autorizó a través de la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental de manera condicionada el Proyecto “Marina Turística Puerto Majahua”, consistente en la construcción y operación de una marina turística para la cual se requieren trabajos de relleno, la construcción de obras de abrigo, estructuras de atraque, gasolinera marina, área administrativa y puesta de operación en la marina, en la zona del proyecto incluye la zona federal marítimo terrestre, la cual abarca un área de 13,926.24 M2, los cuales 1.118 has serán ocupadas por las estructuras de protección y atraque.

5.- Que mediante el escrito de 5 de marzo de 2010, la empresa solicitó una ampliación de plazo por 3 años para la realización de la etapa de preparación de sitio y construcción del proyecto, y que dicho plazo comenzaría a surtir efectos a partir del 18 de mayo del 2010. Por lo que el proyecto cuenta con autorización vigente para el desarrollo de obras y actividades de preparación del sitio y construcción del mismo (S.G.P.A/D.G.I.R.A/D.G.8025 con fecha 4 de octubre del 2012).

Que en la solicitudmencionada anteriormente, la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental reitera que la promovente manifiesta mediante escrito que requiere de hacer una modificación, la cual consiste en cambiar el sistema constructivo de dos diques, el del Norte y el del Poniente, así como incorporar un rompeolas flotante.

6.- Que de acuerdo a escrito presentado a la Procuraduría Federal de Protección Ambiental con fecha el 1 de agosto de 2012, por un grupo de 26 personas, representadas legalmente por el Lic. Enrique Molina señala que las obras para la realización de la Marina, se vienen ejecutando aproximadamente hace 2 años mostrando un deterioro considerable en una zona que abarca 26 restaurantes del lugar.

7.- Que la Procuraduría Federal de Protección Ambiental del Estado de Guerrero, realizó una visita de inspección con el número GR302RN2012 y el expediente administrativo de fechas 5 y 6 de septiembre de 2012, la cual concluyó con la clausura total temporal de las obras y actividades relacionadas con la construcción del proyecto denominado “Marina Turística Majahua”.

8.- Y que el día 30 de octubre de 2012 el equipo técnico de esta Comisión tuvo una conversación vía telefónica con el Delegado de PROFEPA del Estado de Guerrero, mismo que envió vía electrónicaadjunto de copia de la clausura de la obra.

9.- Asimismo, el día 5 de noviembre de 2012el equipo técnico de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales del Senado de la República tuvo una reunión de trabajo con el Lic Enrique Molina representante legal de 26 personas dueños de restaurantes de la zona afectada y el Señor Lamberto Javier Castrejon Palma, dueño de uno de los restaurantes afectados por la obra, en donde fueron mostradas fotografías y videos actuales de las condiciones que presenta el lugar.

Una vez establecido los sucesos anteriores que dan cuenta del transcurso de tiempo y de las acciones que se han llevado a cabo en la construcción de la Marina Majahua, resulta necesario considerar algunos aspectos que rodean a la Bahía de Puerto Marqués.

En México tenemos alrededor de 11,000 kilómetros de costas, las cuales son de un alto valor paisajístico, y de atracción turística, razón por la cual ha logrado atraer capitales para diversos proyectos, ya sea para consolidar la infraestructura que ya existe en el lugar y/ o bien para instalar una nueva.

Al mismo tiempo, la posición geográfica de México lo ha ubicado entre dos grandes regiones climáticas, en donde confluyen corrientes marinas cálidas y frías, lo cual permite una gran variedad de climas y ecosistemas3

Sin embargo, el turismo, las actividades, pesqueras, la creación de nuevos centros de trabajo, de recreo, perturban la zona, y en muchas ocasiones, esta afectación es de manera irreversible, debido a que en las costas hay ecosistemas frágiles, cuya salud está supeditada al manejo sustentable y cuidado de la especie humana.

Para el caso específico de Guerrero, éste cuenta con centros turísticos que han sufrido un gran impacto, entre los que encontramos a la Bahía de Puerto Marqués, quien junto con Ixtapa Zihuatanejo y Acapulco corren el riesgo de perder atributos que poseen, debido a la problemática ambiental que presentan, reflejado en altos niveles de contaminación de los cuerpos de agua, deterioro de zonas de vegetación, afectación a la fauna y flora marina como terrestre. 4

En México se han identificado 70 regiones marinas prioritarias para la conservación de la biodiversidad costera y oceánica en México repartida en ambas costas del país, de las cuales más de la mitad presentan algún tipo de amenaza para la biodiversidad 5

La Bahía de Puerto Marqués, se encuentra incluida en la Región Marina Prioritaria Coyuca-Tres Palos, la cual es considerada como prioritaria por su alta biodiversidad, esta región tiene una extensión de 829 km, donde se encuentran presentes costas, marismas, humedales, dunas, playas y lagunas.

Considerando que se retomaron extractos de información contenida en la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) presentada por la empresa promovente del proyecto, una vez que está autorizada y por ende avalada por las autoridades encargadas del tema ambiental.

Es así, como tenemos que la región donde se encuentra el proyecto, está influida de manera predominante por las corrientes costanera de Costa Rica y Nor-ecuatorial y que a lo largo de la franja costera se presenta un oleaje alto en las zonas expuestas. La zona también recibe aportes de agua dulce por ríos, incluyendo los ríos Papagayos y la Sabana, por ende los fenómenos naturales que se pueden presentar son las mareas rojas y el fenómeno del Niño.

La MIA del proyecto refiere que la diversidad en esta zona incluye moluscos, poliquetos, crustáceos, tortugas, peces con valor comercial, aves, manglar, ficoflora6 rica y variada, además diversas especies fitoplanctónicas, 7 se han reportado especies de sardinas como especie endémica (Lile gracilis). También la zona es importante para la alimentación de aves.

El aspecto económico, está protagonizado por la pesca de tipo artesanal con explotación de robalo, lisa, mojarra, guachinango.

La actividad turística, que existe es de baja intensidad y la problemática que conlleva esta actividad es que se ha ido modificando el entorno, debido a las descargas de aguas negras, al vertimiento de agroquímicos y fertilizantes, desechos ganaderos, residuos de gasolina ocasionados por las embarcaciones.

Ademásla zona de Puerto Marqués reviste importancia para la arqueologíamexicana, ya que ahí es donde se han recuperado evidencias de una de las cerámicas más antiguas de Mesoamérica denominada Pox Pottery, la cual data de aproximadamente 2, 300 años a. C. Cabe señalar que en el lugar se han implementado una serie de investigaciones por diversas instituciones y que datan de los años 90, con el fin de tener elementos para contribuir a que la zona este a salvo. La importancia para laarqueología mexicana de esta zona resulta evidente.

Debido a esta razón, esta Comisión dictaminadora considera pertinente que el Instituto Nacional de Antropología e Historia emita una opinión de las afectaciones que puedan derivar de la obra.

No se puede soslayar que, en el sitio existen diversas amenazas que rodean al medio ambiente, como el aprovechamiento excesivo de recursos naturales, tales como la venta de aves y fauna silvestre en riesgo, daños al ambiente por especies introducidas, como la tilapia y la palma cocotera, tan sólo por mencionar a algunas.

De acuerdo a la MIA existe desconocimiento de la normatividad vigente para el aprovechamiento de los recursos naturales. El contenido de la misma nos señala el manejo que se debe tomar en cuenta para varios grupos zoológicos, especialmente de aves y por su diversidad de hábitats.

En el sitio donde se realiza el proyecto habita fauna que está en peligro de extinción, como algunas especies de tortuga, aves, sardina, las cuales están atraídas por la Norma-059- SEMARNAT-2010, la cual determina a las especies raras, amenazadas o en peligro de extinción o sujetas a protección especial, y que forma parte de algunos de los criterios ecológicos.

Vale la pena comentar que en la información que declara la MIA, señala que no será necesario alterar áreas protegidas y que en la zona marina no sería necesario realizar obras de dragado (pág. 8), y que de acuerdo a entrevistas que tuvieron con funcionarios encargados de la materia ambiental, era conveniente evitar los trabajos de dragado, ya que no era tan fácil que los autorizaránpor la poca disponibilidad de tierra en el área, por lo que convienen en la MIA rellenar el sitio y prolongar la plataforma hasta encontrar la profundidad natural suficiente para el fondeo de las embarcaciones, sin hacer dragado.

Igualmente, la MIA determinaque con las medidas arriba mencionadas, se evitaba dragar el lecho marino, ya que de hacerlo perjudicarían los ecosistemas y las especies que habitan, por lo que preferían implementar el relleno, porque con ello se ganaban terrenos al mar mediante una plataforma de tierra.

Siendo así, la empresa promovente no operaría la explotación de ningún banco de materiales para que su obra fuera sustentable y responsable. Sin embargo, con el fin de contener el relleno se había previsto la construcción de un bordo de contención a base de piedra de diferentes tamaños, mismo que ocasionó de acuerdo a la PROFEPA, el desvío de las corrientes marinas.

La clausura llevada a cabo por la autoridad reviste de claridad el hecho de que la construcción de la Marina Majahua está afectando en diversos aspectos, es por ello que esta Comisión dictaminadora coincide con los Senadores promoventes, en que tiene que revalorarse todo proyecto,y que la autoridaddebe de sujetarse a lo que marca la ley.

La falta de acciones a favor de la protección del medio ambiente y / o de realizar una obra sustentable y en buenos términos con el medio ambiente, ha concluido en daños que pueden resultar irreversibles. Existen diversas opiniones al respecto, es así como la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Civil del Estado de Guerrero emite un informe el 8 de agosto del 2012 en el cualasume que la obra Marina Majahua, ha dañado al ecosistema marino induciendo al cambio de corriente, incremento en el nivel de agua del mar ocasionando la reducción de la franja de arena en la zona de playa, entre otras afectaciones.

En ese mismo orden de ideas la PROFEPA señala en la clausura que lleva a cabo que no se observaron por parte de la empresa promovente acciones encaminadas a evitar el asolvamiento de las áreas adyacentes del proyecto y que esto ha conllevado a que el mar se haya llevado la zona de playa y que como resultado de este daño ecológico se observe una modificación en la línea de costa, con la consecuencia de la formación de una nueva zona de playa de 1,800 M2, así como pérdida del área de playa frente a los restaurantes sobre una línea de 150 metros con afectación económicas a terceros.

Por la clausura llevada a cabo por la autoridad,la empresa ingresó un escrito de respuesta a la visita de inspección. Con fecha 9 de octubre el Juzgado tercero de Distrito notifica que la sentencia dictada en el incidente de suspensión, misma que concede la suspensión solicitada para el efecto de que proceda a retirar los sellos de clausura fijados en la obra de construcción. El documento que emite la autoridad no señala los argumentos por los que se otorga la suspensión de la clausura y se permite que la obra siga avanzando, sin contemplar las afectaciones reiteradas a lo largo del documento.

Al respecto esta Comisión dictaminadora no coincide con la suspensión de la clausura, debido a que la empresa tenía que salvar algunas condicionantes, de las cuales no hay ningún argumento que manifieste que la empresa las subsanó y que la autoridad las haya inspeccionado y por ende aceptado.

No obstante, lo anterior, existen testimonios del representante legal de los 26 comerciantes que están afectados por la obra, las fotografías y videos mostrados que permiten corroborar lo que argumenta la PROFEPA en la clausura realizada.

No se puede soslayar, otro hecho que la autoridad refiere mediante oficio “que no habrá ningún daño al medio ambiente al utilizar la Tabla Estaca, porque ésta no es corrosiva”, en dicho oficio la autoridad no señala si llevo a cabo alguna batería de pruebas o mediante que estudio dictamina que elmaterial en comento no contamina al medio marino.

Aunado a lo ya señalado, la empresa incluye la propuesta de modificar el sistema constructivo de los diques norte y el dique poniente, a lo cual la autoridad reitera vía mismo oficio citado arriba que este cambio tampoco impactará, igualmente no señala que estudios realizo para poder dictaminar que este cambio no alterará el medio marino. Cabe señalar que para la ejecución del cambio en la propuesta se necesitó una barrera de pilotes de acero, los cuales son entre otros los responsables del cambio de corrientes marinas en la zona.

El artículo 170 de la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente (LGEEPA) señala que “Cuando exista riesgo inminente de desequilibrio ecológico, o de daño o deterioro grave a los recursos naturales, casos de contaminación con repercusiones peligrosas para los ecosistemas, sus componentes o para la salud pública, la Secretaría, fundada y motivadamente, podrá ordenar alguna o algunas de las siguientes medidas de seguridad:

I.- La clausura temporal, parcial o total de las fuentes contaminantes, así como de las instalaciones en que se manejen o almacenen especímenes, productos o subproductos de especies de flora o de fauna se refiere el primer párrafo de este artículo”.

Es de esta forma que, laautoridad debe de aplicar el Principio Precautorio. De no ser así, la obraseguirá avanzandosin una evaluación, el daño puede ser irreversible.

El Reglamento de la LGEEPA nos dicta en el segundo párrafo del artículo 57 En los casos en que se lleven a cabo obras o actividades que requieran someterse al procedimiento de evaluación de impacto ambiental conforme a la Ley y al presente Reglamento, sin contar con la autorización correspondiente, la Secretaría, con fundamento en el Título Sexto de la Ley, ordenará las medidas correctivas o de urgente aplicación que procedan. Lo anterior, sin perjuicio de las sanciones administrativas y del ejercicio de las acciones civiles y penales que resulten aplicables, así como de la imposición de medidas de seguridad que en términos del artículo anterior procedan. Para la imposición de las medidas de seguridad y de las sanciones a que se refiere el párrafo anterior, la Secretaría deberá determinar el grado de afectación ambiental ocasionado o que pudiera ocasionarse por la realización de las obras o actividades de que se trate. Asimismo, sujetará al procedimiento de evaluación de impacto ambiental las obras o actividades que aún no hayan sido iniciadas”.

Como se puede observar en el artículo citado que sólo las obras o actividades que no hayan sido iniciadas podrán ser sometidas a la Evaluación de Impacto Ambiental, a contrario sensu las que ya lo estén, seguirán su rumbo hacia la terminación de la obra. Por las razones expuestasesta Comisión coincide en que urge realizar revalorar la obra y sus daños que son inherentes a la misma.

Todas las actividades que ha realizado la empresa, tales como la extracción de material pétreo de la zona denominada Marina Seca, propiedad de la empresa, para rellenar una parte de lecho marino, la modificación de la línea costera y demás señaladas con antelación, se han encaminado a no proteger el medio ambiente.

Los efectos que reporta la PROFEPA tales como, la desviación de la corriente marina, la desaparición de la línea costera, entre otros, son daños a considerar.

Por las razones expuestas a lo largo del documento, está Comisión dictaminadora coincide con los promoventes en que las autoridades tienen que revisar nuevamente toda la obra y realizar estudios de manera integral.

Algunos efectos negativos en el medio natural que la obraocasiono, tal vez no haya un salida hacia la sustentabilidad, pues el daño ya está hecho.

En lo que respecta al segundo resolutivo del punto de Acuerdo en comento, esta Comisión se declara sin competencia para exhortar a la Secretaría del Ramo, esto con fundamento en el Reglamento del Senado de la República en su artículo 113, numeral 2, quea la letra dice “En las comisiones se dictamina, investiga, consulta, analiza, debate y resuelve sobre las materias de sus competencias”; así comola Ley Orgánica del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos artículo 39, numeral 3 que a la letra dicta “Las comisiones ordinarias establecidas en el párrafo anterior, tienen a su cargo tareas de dictamen legislativo, de información y de control evaluatorio conforme a lo dispuesto por el párrafo primero del artículo 93 constitucional y su competencia se corresponde en lo general con las otorgadas a las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal.

Asimismo, dentro de las atribuciones y competencias de la PROFEPA es la de vigilar y evaluar el cumplimiento de la normatividad ambiental en toda la esfera ambiental, y en lo que respecta a la atención directa a la población, la procuraduría promueve su participación en la vigilancia del cumplimiento de las disposiciones jurídicas fomentando la denuncia ciudadana y asesorando en asuntos de protección del medio ambiente.8

Finalmente, en el Reglamento Interior de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales en el Capítulo Décimo Primero de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, en el artículo 118, Fracción IX a la letra señala lo siguiente “La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente estará a cargo de un Procurador y tendrá las facultades siguientes:

IX. Asegurar la atención a las solicitudes de las autoridades competentes o de los particulares,respecto de la formulación de dictámenes técnicos de daños o perjuicios ocasionados porinfracciones a la normatividad ambiental.

Por lo anteriormente expuesto, la autoridad ambiental no cuenta con la facultad de exigirle a la empresa que pague indemnizaciones a los particulares, lo único que está dentro de su facultad exclusivamente a solicitud de los particulares solicitar un dictamen técnico de daños o perjuicios ocasionados por violaciones a la normatividad ambiental. Por lo que serán los particulares, quienes tienen que iniciar el procedimiento respectivo, tal como lo explica el derecho privado, que es el que se ocupa de las relaciones entre particulares, a contrario sensu del derecho público, que es la parte del ordenamiento jurídico que regula las relaciones de los ciudadanos con los poderes públicos y de los poderes públicos entre sí.

Finalmente, como personas tenemos la obligación moral de devolverle la salud y el equilibrio al medio ambiente que nos rodea, por lasacciones que han menoscabado a la naturaleza y que, han concluido siempre una alteración en el camino hacia la evolución. No debemos seguir siendo responsables de cancelar un destino más sustentable para la humanidad. Usemos el poder creativo para hacer un contrapeso caminando siempre de la mano de la sustentabilidad.

De conformidad con lo expuesto, los integrantes de la Comisión Legislativa que suscriben el presente dictamen, se permiten someter a la consideración de esta Honorable Asamblea el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO.- Se exhorta a las Secretarías de Medio Ambiente y Recursos Naturales y a la de Comunicaciones y Transportes para que se revise la normatividad ambiental en materia de impacto ambiental considerando la obra completa “Marina Turística, Puerto Majahua” que se está ejecutando en la Bahía de Puerto Marqués, en Acapulco, Guerrero.

SEGUNDO.- Se exhorta a las Secretarías de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de Comunicaciones y Transportes para que haciendo uso de sus facultades, conminen a la empresa GMD Resorts S.A.B. restaure y en su caso mitigue los daños ecológicos con motivo de la obra “Marina Turística, Puerto Majahua” que se está ejecutando en la Bahía de Puerto Marqués, en Acapulco, Guerrero

TERCERO.- Se exhorta a las Secretarías de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de Comunicaciones y Transportes para que conformen un equipo de trabajo plural, con el fin de verificar los impactos ambientales ocasionados por la empresa GMD Resorts S.A. B. Así como implementar las medidas de mitigación pertinentes en la Bahía de Puerto Marqués, en Acapulco, Guerrero.

CUARTO.- Se solicita al Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), informe de la posible afectación de las zonas arqueológicas de Playa Majahua, en Puerto Marqués, con motivo de la construcción del proyecto “ Marina Turística, Puerto Majahua”, el cual es operado por Grupo Mexicano de Desarrollo S. A. B

Dado en el Senado de la República, a 20 de noviembre de 2012.

COMISION DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES”.


1 GMD Resorts, S.A.B. Reporte anual que se presenta de acuerdo con las disposiciones de carácter general aplicables a las emisoras de valores y a otros participantes del mercado. Año terminado el 31 de diciembre de 2011. Página 51.

2 Información tomada del oficioSRN- DGZF-0078/01, con fecha23 de enero de 2001, y expediente 53/ 37576. ZOFEMAT-344/01. Emitido por la Dirección General de Zona Federal Marítimo Terrestre

3 Lagunas Costeras de México. Su Origen y Clasificación. Lankford, R. 1977. Academic Press.

4 “Programa de Regeneración Ecológica del Sistema laguna Negra- Tres palos y de Ordenamiento Ecológico Urbanos y Turísticos para la Región de Acapulco, Guerrero”. Instituto Nacional de Ecología. Clasificación AE006952

5 ZonasMarinas y Costeras. Instituto Nacional de Ecología. México. 2004

6 Se refiere al estudio de las algas marinas. Las algas marinas forman una gran diversidad de grupos (por lo menos 8 divisiones taxonómicas), que están relacionadas directa o indirectamente con el resto de los seres que habitan el ambienta marino- son el equivalente de las plantas terrestres en el mar- y son un recurso económico importante para países que sostienen a partir de las algas una parte de su economía. www. Fciencias.unam.mx

7 Engloba todas las especies de algas microscópicas unicelulares, filamentosas o coloniales con capacidad fotosintética. Su papel ecológico es fundamental, pues forma parte del pilar de la pirámide trófica. Tomado de la Revista de Ciencias de la Universidad Autónoma de México.Artículo publicado por Raquel González Pérez.

8 Libro Blanco. Justicia y Protección Ambiental. Procuraduría Federal de Protección Ambiental. México. Octubre 2012.





 

COMISION DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

(Dictamen a discusión)

- La C. Secretaria Merodio Reza: Doy lectura al tercer dictamen.

“COMISION DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

H. ASAMBLEA:

A la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la LXII Legislatura del Senado de la República, le fue turnada para su estudio y elaboración del dictamen correspondiente, la Proposición con Punto de Acuerdo relativo al dragado de mantenimiento del canal de navegación alterno en Puerto San Carlos y su afectación a las ballenas grises, en Baja California Sur, presentada por la Senadora Ninfa Salinas Sada integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

En virtud del análisis y estudio del Punto de Acuerdo que se dictamina, esta Comisión Legislativa, con base en las facultades que le confieren los artículos 86, 90, fracción XXII, 94 y 103 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos; así como los artículos 117, numeral 1; 135, numeral 1, fracción I; 177, numeral 1; 182, 188, numeral 1; 190, y demás aplicables del Reglamento del Senado de la República, somete a consideración de los integrantes de esta Honorable Asamblea, el presente dictamen, de acuerdo con la siguiente:

METODOLOGIA

En el apartado de “Antecedentes” se da constancia del proceso legislativo turnado a esta Comisión Ordinaria, desde su presentación hasta la formulación del presente dictamen.

En el apartado de “Contenido” se señala el objeto que le da razón de ser a la Proposición conPunto de Acuerdo.

En el apartado de “Consideraciones” ésta Comisión dictaminadora realiza el análisis técnico y jurídico pormenorizado de la propuesta con el objeto de valorar su procedencia o realizar las modificaciones que para tal efecto resulten procedentes y mediante las cuales se sustenta el Punto de Acuerdo propuesto.

ANTECEDENTES

1.- En sesión celebrada por el Pleno del Senado de la República el día 9 de octubre del 2012 la Senadora NINFA SALINAS SADA integrante del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, presentó la propuesta con punto de Acuerdo, relativa al dragado de mantenimiento del canal de navegación alterno en Puerto San Carlos y su afectación a las ballenas grises, en Baja California Sur.

2.-LaMesa Directiva turnó la propuesta mediante oficio número DGPL-1P1A.-803., el día 9 de octubre a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, de la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión, la Comisión la recibe el día 10 de octubre de 2012 para su análisis y elaboración del dictamen correspondiente, de conformidad con el siguiente:

CONTENIDO

El punto de Acuerdo turnado a esta Comisión tiene como premisa solicitar a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para que realice un estudio a profundidad sobre el impacto que puede provocar el dragado previsto en la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA), para crear y mantener el canal de navegación alterno en Puerto San Carlos con clave 03BS2012HD048 dado el posible daño que puede ocasionar para las ballenas grises, en un área que comprende la migración, crianza y reproducción de las mismas; para que realice una reunión y consulta pública de información respecto a la MIA sobre el dragado, esto en base a la Ley General del Equilibrio Ecológico; finalmente que realice los estudios necesarios para declarar a la Bahía Magdalena en Baja California Sur como Hábitat Crítico.

En atención a dicha solicitud la Comisión Legislativa que elabora el presente Dictamen proceden a iniciar su análisis, de conformidad con las siguientes:

CONSIDERACIONES

Bahía Magdalena ubicada en Baja California Sur forma parte de loscuatro humedales de la costa occidental de la Península de Baja California, la Bahía reviste importancia, ya que, ahí existe una pluralidad de diversas especies, con poblaciones de aves acuáticas residentes y migratorias muy amplio. En la zona podemos ubicar a especies que están con un algún grado de peligro, como por ejemplo loscormoranes (Fragata magnificiens).1

La Bahía cuenta con una cubierta extensa de mangle, mismo que se encuentran en una ubicación privilegiada, ya que la región donde existe manglar está cercano a una latitud próxima al límite norte de la distribución de mangle en el mundo. Su vegetación es variada, ya que va desde vegetación de dunas costeras, el mangle como hábitat de fauna acuática y terrestre, aves migratorias como el ganso de collar Branta bernicla, especies amenazadasde aves como Anas acuta,endemismo de cactáceas, alto nivel de integridad ecológica2. La zona costera es hábitat del Lobo marino Zalophus californianus.3 También podemos encontrarespeciesbandera4como Ballena gris (Eschrichtius robustus), Ganso de collar (Branta bernicla nigricans),águila calva (Haliaeetus leucocephalus), tortuga prieta (Chelenia agassizii), tortuga verde (Chelonia mydas) tortuga cahuama (Caretta caretta),delfín nariz de botella (Tursiops truncatus). También la bahía proporciona alimentación para la ballena en su migración.

Aunado a todo lo anterior, Bahía Magdalena ha sido considerada prioritaria para la conservación de la diversidad biológica. Esto es así, ya que la Comisión Nacional para el Conocimiento y uso de la Biodiversidad (CONABIO) impulsó el Programa de Identificación de Regiones Prioritarias para la Biodiversidad, considerando los ámbitos marinos (Regiones Marinas Prioritarias), acuático epicontinentales5 (Regiones Hidrológicas Prioritarias) y terrestres (Regiones Terrestres Prioritarias), mediante este programa se definió áreas de mayor relevancia en cuanto a la riqueza de especies, la presencia de organismos endémicos y como un área con un mayor nivel de integridad ecológica, como resultado de este tipo de programa se concluyo que Bahía Magdalena es un área con Alta Biodiversidad.

Bahía Magdalena, es un área de 50 km de longitud, y que se encuentra ubicada a lo largo de la costa occidental del estado mexicano de Baja California Sur, este incluye a Puerto San Carlos y López Mateos lugar que será afectado por el dragado, el cual es motivo fundamental de esta proposición de punto de Acuerdo.

El Puerto San Carlos es el poblado donde tienen su base algunas empresas que están autorizadas para realizar el avistamiento de ballenas. Como mero antecedente a partir de 1997 se atendieron más de 5000 visitantes para la observación de ballenas a una tarifa en aquel tiempo de 30 dólares por la renta de un bote por hora, cada panga transportaba alrededor de 6 pasajeros. Esta demanda permitió mejoras en la economía de los lugareños, pero el desenlace a fin de la temporada de avistamiento fue de preocupación, esto suscitado por no tener una estrategia adecuada para el manejo del área y del recurso.

Cada visitante gastóen la excursión por avistamiento de ballenas, un promedio de 590 dólares, traducido en dinero representó la cantidad de 2.9 millones de dólares, que produjo está actividad en servicios directos e indirectos. 6

No obstante la derrama económica que la actividad por avistamiento de ballenas deja para la zona, la empresa Administración Portuaria Integral de Baja California Sur, S. A de C. V, sometió ante la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales la Manifestación de Impacto Ambiental en su modalidad particular con la clave 03BS2012HD048.

Este proyecto pertenece al Sector Vías Generales de Comunicación y al subsector Infraestructura Portuaria, que pretende arrancar con el dragado de un canal de 3,550 metros de longitud con el fin de dar la profundidad necesaria para el paso de buques de gran calado que puedan atracar en el Puerto San Carlos, en el Municipio de Comondú, B.C.S.

Esta Comisión coincide con la Senadora promovente del punto de Acuerdo, en que para tal actividad se precisan estudios que indiquenel impacto real que dicha obra provocará en la zona, para crear y mantener el canal de navegación alterno en Puerto San Carlos, ya que dicha zona, resulta una zona de migración, crianza y reproducción de ballenas.

Sumado a lo anterior, tenemos que se combinan diversas amenazas, porque ya existen demasiadas actividades humanas, por ejemplo la de la pesca ribereña, la industrialización de productos pesqueros, la de navegación de puertos de abastecimientos de combustible, el acelerado crecimiento de turismo.

La Senadora promovente, apunta en la proposición con punto de Acuerdo que La Empresa Administración Portuaria Integral de Baja California Sur, S. A de C. V, advierte de manera clara que, la intención del proyecto es permitir la navegación de embarcaciones de tipo megacruceros turísticos de las líneas navieras que navegan por el océano pacífico, de las dimensiones de Holland América Line7, y Carnival Cruise Line,8 tales embarcaciones con esloras de hasta 300 m y calados de hasta 8.80 m, estos datos referidos en la propia MIA.

Subrayando, que la zona es rica en especies, tales como delfines y ballenas, mismas que sufrirán los efectos del canal alterno, pues los reportes científicos han reiterado el peligro que corren estos cetáceos con las pequeñas y grandes embarcaciones en cuanto a las colisiones. Este peligro debe ser considerado por las autoridades, ya que es algo real que no se debe pasar por alto.

La Comisión está de acuerdo en que las autoridades tienen que reconsiderar las amenazas suscitadas por las embarcaciones. Aunado a este tipo de riesgos que tienen que correr las especies, no podemos soslayar los que causa el ruido en algunas especies de cetáceos, es así, como encontramos en algunos estudios que demuestran que las conductas de las ballenas, sufren algunos trastornos conductuales, tales como, el provocar una desviación en su ruta de desplazamiento, la interrupción de actividades como la lactancia entre las hembras y sus crías, y la ayuda que proporciona la madre hacia la cría es interrumpida, abandono del hábitat, enmascaramiento de los sonidos vitales para su supervivencia,9 esto es válido para el tema que nos ocupa, dado que el dragado que pretende realizarse conlleva ruidos en una gama de 160 a 180 dB, niveles que repercuten en la vida de las especies que habitan la zona.

En cuanto lo que solicita la Senadora promovente que la autoridad se apegue a lo que dicta la Ley General Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente (LGEEPA), y que realice una reunión de información con respecto a la MIA, esta Comisión dictaminadora coincide con el espíritu de la promovente, ya que la Ley (LGEEPA) marca en su artículo 158 que la Secretaría Convocará, en el ámbito del Sistema Nacional de Planeación Democrática, a las organizaciones obreras, empresariales, de campesinos y productores agropecuarios, pesqueros y forestales, comunidades agrarias, pueblos indígenas, instituciones educativas, organizaciones sociales y privadas no lucrativas y demás personas interesadas para que manifiesten su opinión y propuestas, y que la autoridad deberá informar de temas ambientales que estén en su poder, bajo algún trámite y que puedan romper el equilibrio.

En cuanto al tercer punto que solicita la promovente, esta Comisión dictaminadora coincide nuevamente con la Legisladora, en declarar a Bahía Magdalenaen Baja California Sur bajo la Figura Jurídica de Hábitat Crítico, que se encuentra en la misma Ley.

En ese mismo orden de ideas, la Ley General de Vida Silvestre (LGVS) señala en el artículo 63. “La conservación del hábitat natural de la vida silvestre es de interés público. Los Hábitats Críticos para la conservación de la vida silvestre son áreas específicas terrestres o acuáticas, en las que ocurren procesos biológicos, físicos y químicos esenciales, ya sea para la supervivencia de especies en categoría de riesgo, ya sea para una especie, o para una de sus poblaciones, y que por tanto requieren manejo y protección especial. Son áreas que regularmente son utilizadas para alimentación, depredación, forrajeo, descanso, crianza o reproducción, o rutas de migración.

La Secretaría podrá establecer, mediante acuerdo Secretarial, Hábitats Críticos para la conservación de la vida silvestre, cuando se trate de:

a) Areas específicas dentro de la superficie en la cual se distribuya una especie o población en riesgo al momento de ser listada, en las cuales se desarrollen procesos biológicos esenciales para su conservación.

b) Areas específicas que debido a los procesos de deterioro han disminuido drásticamente su superficie, pero que aún albergan una significativa concentración de biodiversidad.

c) Areas específicas en las que existe un ecosistema en riesgo de desaparecer, si siguen actuando los factores que lo han llevado a reducir su superficie histórica.

d) Areas específicas en las que se desarrollen procesos biológicos esenciales, y existan especies sensibles a riesgos específicos, como cierto tipo de contaminación, ya sea física, química o acústica, o riesgo de colisiones con vehículos terrestres o acuáticos, que puedan llevar a afectar las poblaciones”.10

La ley nos da pauta para apuntar que la Secretaría podrá establecer, mediante Acuerdo Secretarial, Hábitats Críticos para la conservación, esto es la Secretaría de Medio Ambiente tiene la facultad de establecer el Hábitat Crítico solicitado por la promovente.

Considerando que la Secretaría puede establecer, mediante Acuerdo Secretarial, Hábitats Críticos, indicando ciertas condiciones para que se determine un Hábitat Crítico, entonces, la misma puede valorar el lugar donde se pretende dragar.

Y así dar cuenta de que, el lugar cuenta con especies endémicas, poblaciones en riesgo, ecosistemas donde se desarrollan procesos biológicos esenciales para su conservación, área prioritaria considerada para la conservación y de Alta Biodiversidad, que existen especies sensibles a riesgos específicos, como cierto tipo de contaminación, ya sea física, química o acústica, o riesgo de colisiones con vehículos terrestres o acuáticos, que puedan llevar a afectar las poblaciones.

Por todo lo que se ha ido exponiendo a lo largo de este documento, esta Comisión coincide en que se requiere que las autoridades competentes, realicen estudios de manera integral que sumen todos los efectos que produce el hecho de que se drague una zona considerada de alta biodiversidad.

Es imperativo que se redimensione y se recupere la conservación de ecosistemas y sus especies, siendo así, se pueden construir estrategias de desarrollo sustentable que sean pertinentes hacia todas las direcciones, pero sobre todo que sea pertinente para colocar a la especie humana en su verdadero lugar, un lugar donde comparte un destino común con las otras especies, sean cuales fueran estás.

De conformidad con lo expuesto, los integrantes de la Comisión Legislativa que suscriben el presente dictamen, se permiten someter a la consideración de esta Honorable Asamblea el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO. Se exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales para que se realicen los estudios necesarios, que identifiquen los impactos sumatorios que puedan ocasionar el dragado y mantenimiento del canal de navegación alterno de Puerto San Carlos, dado que es una zona significativa para la crianza, reproducción y migración de ballenas grises.

SEGUNDO.-Se exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales para que de conformidad con la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, realice una reunión de información, sobre el estatus que mantiene el dragado y mantenimiento del canal de navegación alterno en Puerto San Carlos, Baja California Sur.

TERCERO.Se solicita a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales para que realice los estudios justificativos que orienten y sustenten el establecimiento de Bahía Magdalena ubicada en Baja California Sur como Hábitat Crítico para ballena gris.

Dado en el Senado de la República, a 20 de noviembre de 2012.

COMISION DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES”.


1 Sitios de Manglar con Relevancia Biológica y con Necesidades de Rehabilitación Ecológica. CONABIO, México, D.F

2 Integridad Ecológica. Criterio de valor biológico que intenta evaluar cuán próxima a su estado natural se encuentra una región, además derelacionarsecon la degradación producida en actividades humanas y con la perdida de las características de la misma. Tomado de la Ficha Técnica para la Evaluación de los Sitios Prioritarios para la Conservación de los Ambientes Costeros y Oceánicos de México. CONABIO, México. Al mismo tiempo implica un concepto de unidad, además la Integridad Ecológica surge de la ética de la carta de la Tierra la cual vincula el cuidado actual con la protección continua de la tierra. Brendan Mackey. La Integridad Ecológica: Un Compromiso hacia la Vida en la tierra. Australia.

3 Ficha Técnica de Bahía Magdalena. Realizada por CONABIO.

4 Especie Bandera. Aquella que es carismática y atractiva para la gente y que por lo tanto, puede servir para llamar la atención del público hacia objetivos de conservación. Glosario del Instituto Nacional de Ecología.

5 Incluyen una rica variedad de ecosistemas, muchos de los cuales están física y biológicamente conectados o articulados por el flujo de agua y el movimiento de las especies. Estas conexiones son fundamentales para el mantenimiento de la biodiversidad y el bienestar de las comunidades humanas.

6 José Ángel Sánchez. Observación turística de Ballena Gris en Baja California Sur, México. Descripción y Valor Económico.

7 Empresa líder en cruceros, que cumple casi 40 años de estar transportando a más de 10 millones de pasajeros. www. Cruceros.hollandamerica.com

8 Empresa también líder en cruceros, fundada en 1972, con sede en Florida, Estados Unidos. La empresa cuenta con la flota más grande en el grupo.

9 José Ángel Sánchez Pacheco, coordinador del Programa de Ballena Gris.Instituto Nacional de Ecología- SEMARNAT. Tomado del documento de Protección y Conservación de la Ballena Gris en México.

10 Artículo 63 de la Ley General de Vida Silvestre





 

COMISION DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

(Dictamen a discusión)

- La C. Secretaria Merodio Reza: Doy lectura al cuarto dictamen.



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Es todo, señor Presidente.

- El C. Presidente Sánchez Jiménez: En virtud de no tener oradores registrados, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si son de aprobarse los Acuerdos.

- La C. Secretaria Merodio Reza: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si son de aprobarse los Acuerdos. Quienes estén porque se aprueben, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque se rechacen, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobados los Acuerdos, señor Presidente.

- El C. Presidente Sánchez Jiménez: Aprobados los Acuerdos. Comuníquense.

Tenemos ahora la discusión de 2 dictámenes de la Comisión de Vivienda.

Solicito a la Secretaría dé lectura a cada uno de ellos.





 

COMISION DE VIVIENDA

(Dictamen a discusión)

- La C. Secretaria Barrera Tapia: Doy lectura al primer dictamen.



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COMISION DE VIVIENDA

(Dictamen a discusión)

- La C. Secretaria Barrera Tapia: Doy lectura al segundo dictamen.



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Es todo, señor Presidente.

- El C. Presidente Sánchez Jiménez: Dado que no hay oradores inscritos, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si son de aprobarse los Acuerdos.

- La C. Secretaria Barrera Tapia: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si son de aprobarse los Acuerdos anteriormente señalados. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobados, señor Presidente.

- El C. Presidente Sánchez Jiménez: Aprobados los Acuerdos. Comuníquense.

Tenemos la discusión de un dictamen de la Comisión de Agricultura y Ganadería, con punto de Acuerdo por el que se solicita información sobre el estado que guarda el Programa de Prevención y Manejo de Riesgos.

Solicito a la Secretaría dé lectura al dictamen.




 

COMISION DE AGRICULTURA Y GANADERIA

(Dictamen a discusión)

- La C. Secretaria Merodio Reza: Doy lectura al dictamen.

“COMISION DE AGRICULTURA Y GANADERIA

H. ASAMBLEA:

A la Comisión de Agricultura y Ganadería de la LXII Legislatura del Senado de la República del H. Congreso de la Unión le fue turnada para su estudio y dictaminación, la proposición con punto de Acuerdo por el que el Senado exhorta al Poder Ejecutivo Federal, para que a través de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA) y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) se implemente un Programa Emergente de Inversión y apoyo a los productores pequeños y mediano de maíz, frijol y trigo, especialmente en las zonas que han resultado siniestradas por desastres naturales extremos como las sequías y las heladas.

Esta Comisión con fundamento en lo dispuesto por los artículos 86, 90, 94 apartado 1 y demás relativos y aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como de lo dispuesto por los artículos 182, 190, 191 y demás relativos y aplicables del Reglamento del Senado de la República, somete a la consideración de esta Honorable Asamblea, el presente Dictamen, con base en la siguiente:

METODOLOGIA

Esta Comisión encargada del análisis y dictamen de la proposición con punto de acuerdo en comento, desarrolló los trabajos correspondientes conforme al procedimiento que a continuación se describe:

I. En el capítulo titulado “Antecedentes”, se da constancia del trámite legislativo dado a la proposición objeto del presente dictamen, así como del recibo y turno de la misma.

II. En el apartado denominado “Contenido de la Proposición” se exponen los motivos y alcances de la propuesta en estudio, se hace una breve referencia a los temas que la componen y se transcribe textualmente la propuesta de resolutivo de los proponentes.

III. En el capítulo que lleva por rubro “Consideraciones”, los integrantes de esta Comisión Dictaminadora expresan los razonamientos y argumentos con base en los cuales se sustenta el sentido del presente dictamen.

I.- ANTECEDENTES

PRIMERO.- En Sesión Ordinaria celebrada por el Pleno del Senado de la República, el día 4 de octubre de 2012, el Senador David Monreal Avila, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, presentó ante el Pleno del Senado, proposición con punto de Acuerdo por el que el Senado exhorta al Poder Ejecutivo Federal para que a través de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación y de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público se implemente un Programa Emergente de Inversión y apoyo a los productores pequeños y medianos de maíz, frijol y trigo, especialmente en las zonas que han resultado siniestradas por desastres naturales extremos como las sequías y las heladas.

SEGUNDO.- En esa misma fecha, mediante Oficio No. DGPL-1P1A.-709, la Presidencia de la Mesa Directiva, a través del Senador José Rosas Aispuro Torres, en su calidad de Vicepresidente, turno dicha proposición para su estudio y dictamen correspondiente a esta Comisión de Agricultura y Ganadería con carácter de Comisión Única, por lo que le corresponde en exclusiva elaborar el Dictamen en cuestión.

TERCERO.- Con fecha 29 de noviembre de 2012, los Senadores integrantes de la Comisión de Agricultura y Ganadería, durante la IV Sesión Ordinaria de la Comisión, discutieron y aprobaron el presente Dictamen.

II.- CONTENIDO DE LA PROPOSICION

PRIMERO.- El promovente manifiesta que a 18 años de aprobarse el TLCAN los campesinos mexicanos no han visto algún beneficio, mucho menos se ha implementado alguna importante política social en beneficio de la clase campesina.

SEGUNDO.- De igual forma, manifiesta que de acuerdo a las estadísticas del Banco de México y del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), las importaciones de alimentos entre los años 2007 y 2012 fueron 65.5 por ciento superiores a las realizadas por el gobierno anterior.

TERCERO.- El promovente señala que las importaciones de granos básicos reportan los siguientes incrementos: frijol hasta 111.9 por ciento, maíz 162.2 por ciento, trigo 72.2 por ciento y soya 53.5 por ciento. Asimismo, el promovente numera que los pagos que han implicado esas importaciones son millonarios: en maíz, más de 12 mil 102 millones de dólares, en trigo 5 mil 816 millones, y en soya cerca de 8 mil 900 millones de dólares.

CUARTO.- El promovente manifiesta que de acuerdo a la Organización de las Naciones Unidas, la situación del campo, entre otros factores, ha provocado que en nuestro país registre cifras lamentables de pobreza: 2% de la población mexicana sobrevive con 1.25 dólares al día; 4.8% con 2 dólares al día y 17.6% se encuentra por debajo de la línea nacional de pobreza alimentaria. Asimismo, 3.4% de niños menores de 5 años sufren malnutrición y 5% de la población se encuentra en el rango de prevalencia de subalimentación.

QUINTO.- En base a sus considerandos, el promovente propone como resolutivos del Punto de Acuerdo, los siguientes:

PRIMERO.- Que esta Soberanía exhorte respetuosamente al Poder Ejecutivo Federal, para que través de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, y de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, instrumente un programa emergente de inversión y apoyo a los productores pequeños y medianos de maíz, frijol y trigo, especialmente en las zonas que han resultado siniestradas por desastres naturales extremos como las sequías y las heladas.

SEGUNDO.- Que esta Soberanía exhorte respetuosamente al Poder Ejecutivo Federal, para que través de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, se compruebe y evidencie que realmente los subsidios entregados a los pequeños y medianos productores agrícolas de México lleguen a sus destinatarios.

III.- CONSIDERACIONES

PRIMERO.- El artículo 40 del Presupuesto de Egresos de la Federación 2012, establece que: “el Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable (PEC) comprende las políticas públicas orientadas a la generación y diversificación del empleo rural y a garantizar a la población campesina el bienestar y su incorporación al desarrollo nacional, y da prioridad a las zonas de alta y muy alta marginación, a poblaciones indígenas y a las poblaciones social y económicamente débiles. Es por tanto el principal instrumento del Estado Mexicano para impulsar el desarrollo rural sustentable y la seguridad y soberanía alimentaria”.

SEGUNDO.- En el 2012 se han emitido y publicado en el Diario Oficial de la Federación 26 Declaratorias de Desastre Natural Perturbador en el sector agropecuario, acuícola y pesquero, a consecuencia de la sequía atípica, impredecible y no recurrente, de ellas 19 Declaratorias corresponden a fenómenos de Sequías o Heladas Atípicas, 10 de ellas han sido atendidas mediante recursos del Presupuesto de Egresos de la Federación 2012 y 9 con recursos del Presupuesto de Egresos de la Federación 2011, según consta en las Declaratorias, los recursos son con cargo al presupuesto del Componente de Atención a Desastres Naturales (CADENA).

TERCERO. Para efectos de lo anterior, los Decretos de Presupuesto establecen en su Anexo 8 Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable (PEC), Programa 4 Programa de Prevención y Manejo de Riesgos, Ramo 08 Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, Subcomponente Atención a Desastres Naturales en el Sector Agropecuario y Pesquero la asignación presupuestal de 1,100 millones de pesos para 2011 y de 3,141 millones de pesos para 2012.

CUARTO.- De conformidad a lo estipulado en los Decretos de Presupuesto de Egresos de la Federación, se establece entre otras cosas que: “las acciones de la SAGARPA, en el marco del PEC, tendrán como prioridades: apoyar en el combate a la pobreza, contribuyendo con la agricultura de autoconsumo a la seguridad alimentaria a las familias pobres que habitan principalmente en la zonas rurales, ampliar la oferta de bienes públicos, particularmente en materia de infraestructura, investigación y desarrollo, capacitación rural e información; contribuir a mitigar y a adaptar las actividades agropecuarias y pesqueras al fenómeno del cambio climático; prevenir y administrar los riesgos climáticos, sísmicos, sanitarios y de mercado; y contribuir a la sustentabilidad de las actividades agropecuarias y pesqueras en lo referente al aprovechamiento responsable del agua y la tierra, entre otras.” Para ello contará con una serie de programas sujetos a reglas de operación, entre el que se encuentra en la fracción III) Prevención y Manejo de Riesgos, dentro del cual se enmarca el ComponenteAtención a Desastres Naturales en el Sector Agropecuario y Pesquero.

El citado artículo refiere que “el Programa de Prevención y Manejo de Riesgos está orientado a apoyar a los productores agropecuarios, pesqueros y acuícolas para prevenir o mitigar los impactos negativos provocados por contingencias climáticas, sanitarias o de mercado, con el fin de contribuir a mantener su patrimonio y permitirles continuar con su actividad productiva”.

QUINTO.- Por otra parte, el artículo 27 de las Reglas de Operación de los Programas de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, establece el Componente Atención a Desastres Naturales en el Sector Agropecuario y Pesquero del Programa de Prevención y Manejo de Riesgos (CADENA), cuyo objetivo es que los productores del medio rural cuenten con apoyos para la prevención y manejo de riesgos derivados de desastres naturales perturbadores, relevantes, y fortalecer la cultura de la prevención de riesgos.

SEXTO.- De conformidad con lo establecido en el artículo 27 fracción II de las Reglas de Operación, el único medio de atención y ventanilla para el CADENA, es el sistema de operación y gestión electrónica, por lo que refiere que no se atenderá ninguna solicitud por otra vía. En adición a lo anterior, el pasado 28 de abril de 2011, se publicó en el Diario Oficial de la Federación los Lineamientos operativos y técnicos del Sistema de Operación y Gestión Electrónica del Componente Atención a Desastres Naturales en el Sector Agropecuario y Pesquero del Programa de Prevención y Manejo de Riesgos.

SEPTIMO.- De acuerdo a lo dispuesto en el artículo 27 de las señaladas Reglas, la Dirección General de Estudios para el Desarrollo Rural es la instancia responsable del CADENA. Asimismo, se señala a los Gobiernos de las Entidades Federativas como la instancia ejecutora.

OCTAVO.- De igual forma en el artículo 30, de las citadas Reglas se señala que “el objetivo específico del componente es que el sector rural cuente con apoyos ante afectaciones por desastres naturales perturbadores y relevantes en las actividades agropecuarias, acuícola y pesquera”. En este mismo artículo se establece como población objetivo susceptible de atención a los productores agropecuarios, pesqueros y acuícolas del medio rural de bajos ingresos que no cuenten con algún tipo de aseguramiento público o privado agropecuario, acuícola y pesquero, que se vean afectados en sus activos productivos elegibles por fenómenos naturales perturbadores relevantes como fenómenos hidrometeorológicos y fenómenos geológicos.

NOVENO.- En el citado artículo 30 fracción I se menciona los montos de apoyo a los productores afectados por dicha contingencia, siendo éstos: “Apoyos directos en efectivo o cheque nominativo a los productores elegibles afectados, ubicados en municipios con dictamen positivo de ocurrencia de desastre natural y con la coparticipación de las Entidades Federativas”. Señala para la actividad agrícola, en cultivos anuales un monto unitario de $1,300.00 (mil trescientos pesos 00/100 M.N.) por hectárea en cultivos de temporal y $2,200.00 (dos mil doscientos pesos 00/100 M.N.) por hectárea en cultivos de riego, siendo la cantidad máxima de apoyo diez hectáreas.

DECIMO.- En virtud de lo anterior, esta Comisión cuenta con los elementos para señalar que por un lado, las Políticas Públicas en apoyo a los pequeños y medianos Productores, están actualmente contenidas en el Programa Especial Concurrente, que no es materia del presente Dictamen establecer si estas son o no viables, para el efecto habrían de promoverse las modificaciones necesarias para que con la visión del legislativo se dé la viabilidad necesaria que cubra una Política Pública adoc a la realidad de ese sector de la población, por otro lado, si bien se han emitido 19 Declaratorias de Desastre, si es menester de ésta Comisión conocer si dichas Declaratorias han cumplido con un sector social de la población altamente vulnerable, para en su caso realizar las propuestas necesarias que atiendan a dicho sector en cuanto a cobertura, oportunidad e idoneidad de los apoyos. Adicionalmente ve necesaria la eliminación, como único método de solicitud de apoyo, que se encuentra a todas vistas fuera del alcance de una gran parte del sector social que requiere el apoyo ante una situación de desastre, como es la utilización de medios electrónicos para la solicitud de apoyo.

Por lo anteriormente expuesto, los integrantes de la Comisión de Agricultura y Ganadería, consideran que la proposición con punto de acuerdo objeto del presente dictamen es de Aprobarse con las siguientes Modificaciones, las cuales se someten a la consideración del Pleno:

RESOLUTIVOS

PRIMERO.- El Senado de la República solicita la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA) que informe a esta Soberanía sobre el estado que guarda el Programa de Prevención y Manejo de Riesgos, en su Componente de Atención a Desastres Naturales en el Sector Agropecuario y Pesquero en relación a la atención de los pequeños y medianos productores de maíz, frijol y trigo que resultaron afectados por desastres naturales extremos como las sequías y las heladas.

SEGUNDO.- Esta Soberanía solicita respetosamente al Poder Ejecutivo Federal, para que través de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, informe a esta Soberanía de la comprobación de que realmente los subsidios etiquetados para la atención a los pequeños y medianos productores agrícolas de México fueron entregados de forma oportuna a sus destinatarios.

TERCERO.- El Senado de la República exhorta al Poder Ejecutivo Federal, para que a través de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, se hagan las modificaciones necesarias a las Reglas de Operación de la SAGARPA, específicamente al Componente Atención a Desastres Naturales en el Sector Agropecuario y Pesquero, para que se provea, adicionalmente, a los productores de medios más accesibles de solicitud de apoyo, del actual método del Sistema de Operación y Gestión Electrónica.

CUARTO.- El Senado de la República solicita a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, que informe a esta Soberanía si durante el presente año ha habido casos en que no se hayan ejercido recursos federales para apoyar a productores cuyos cultivos se encuentren en zonas declaradas siniestradas como resultado del incumplimiento de la coparticipación de los estados (pari passu).

Dado en la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, a 29 de octubre de 2012.

COMISION DE AGRICULTURA Y GANADERIA”.

Es todo, señor Presidente.

- El C. Presidente Sánchez Jiménez: En virtud de no haber oradores registrados, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el anterior Acuerdo.

- La C. Secretaria Merodio Reza: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el anterior Acuerdo. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque se rechace, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobado el Acuerdo, señor Presidente.

- El C. Presidente Sánchez Jiménez: Aprobado el Acuerdo. Comuníquese.





 

COMUNICACION

Compañeras Senadoras y Senadores, informo a ustedes que por acuerdo de la Mesa Directiva, el pasado 29 de noviembre se autorizó una rectificación de turno al proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 22, 73, 79, 105, 107, 109, 113, 116 y 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar en las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Anticorrupción y Participación Ciudadana; y de Estudios Legislativos, Primera, con opinión de la Comisión de Gobernación. La Mesa Directiva ha emitido las comunicaciones para que las comisiones tomen conocimiento de esta rectificación.

Compañeras y compañeros Senadores, informo a ustedes que la Mesa Directiva suscribió un Acuerdo para el procedimiento de grabación y transmisión de iniciativas y proposiciones con punto de Acuerdo a través del Canal del Congreso.

Solicito a la Secretaría dé lectura al Acuerdo.





 

MESA DIRECTIVA

- La C. Secretaria Merodio Reza: Doy lectura al Acuerdo.



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Es cuanto, señor Presidente.

- El C. Presidente Sánchez Jiménez: En consecuencia, está a discusión el Acuerdo. En virtud de no haber oradores inscritos, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el Acuerdo presentado.

- La C. Secretaria Merodio Reza: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el Acuerdo. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque se rechace, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobado el Acuerdo, señor Presidente.

- El C. Presidente Sánchez Jiménez: Aprobado el Acuerdo para el procedimiento de grabación y transmisión de iniciativas y proposiciones con punto de Acuerdo, a través del Canal del Congreso. Comuníquese.

Hago del conocimiento de esta Asamblea, que esta Mesa Directiva también suscribió un Acuerdo para designar al representante del Senado ante el Consejo Técnico Consultivo de la Ley Federal de Fomento a las Actividades Realizadas por Organizaciones de la Sociedad Civil.

Solicito a la Secretaría dé lectura al Acuerdo.

- La C. Secretaria Merodio Reza: Doy lectura al Acuerdo.



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Es todo, señor Presidente.

- El C. Presidente Sánchez Jiménez: En consecuencia, está a discusión el Acuerdo. No habiendo oradores inscritos, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el Acuerdo presentado.

- La C. Secretaria Merodio Reza: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el Acuerdo. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque se rechace, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobado el Acuerdo, señor Presidente.

- El C. Presidente Sánchez Jiménez: Aprobado el Acuerdo por el que se designa a la Senadora Iris Vianey Mendoza Mendoza, como representante propietario y a la Senadora Martha Palafox Gutiérrez, como representante suplente, ante el Consejo Técnico Consultivo de la Ley Federal de Fomento a las Actividades Realizadas por Organizaciones de la Sociedad Civil. Comuníquese.

Informo también a esta Asamblea, que la Mesa Directiva, en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 239, numeral 1, fracción V del Reglamento del Senado, suscribió otro Acuerdo, éste en torno a la ratificación de los Empleados Superiores de Hacienda y Crédito Público, designados por el Ejecutivo Federal.

Solicito a la Secretaría dé lectura al Acuerdo.

- La C. Secretaria Barrera Tapia: Doy lectura al acuerdo.



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Es todo, señor Presidente.

- El C. Presidente Sánchez Jiménez: En consecuencia, está a discusión el presente Acuerdo. No habiendo oradores inscritos, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el Acuerdo presentado.

- La C. Secretaria Barrera Tapia: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el Acuerdo. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque se rechace, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Se aprueba el Acuerdo, señor Presidente.

- El C. Presidente Sánchez Jiménez: Aprobado el Acuerdo sobre la ratificación de los Empleados Superiores de Hacienda designados por el Ejecutivo Federal. Comuníquese. Publíquese en el Diario Oficial de la Federación.

Pasamos al siguiente asunto.





 

COMUNICACIONES

- La C. Secretaria Barrera Tapia: Se recibieron las siguientes comunicaciones:

De la Senadora Lucero Saldaña Pérez, Presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores, Organismos No Gubernamentales, con la que remite el programa anual de trabajo de esa comisión.

Del Senador Francisco Salvador López Brito, Presidente de la Comisión de Pesca, con la que remite el plan de trabajo de esa comisión.

Del Senador Aarón Irízar López, Presidente de la Comisión de Recursos Hidráulicos, con la que remite el plan de trabajo de esa comisión.

Del Senador Francisco García Cabeza de Vaca, Presidente de la Comisión de Reforma Agraria, con la que remite el programa de trabajo de esa comisión.

Del Senador Rabindranath Salazar Solorio, Presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, Europa, con la que remite el plan de trabajo de esa comisión.

También se recibió una comunicación de la Senadora Ana Lilia Herrera Anzaldo, por la que informa que el pasado 26 de noviembre quedó instalada la Comisión Especial para el Desarrollo Metropolitano.

- El C. Presidente Sánchez Jiménez: Esta Asamblea ha quedado debidamente enterada de cada una de las comunicaciones.

Pasamos al siguiente asunto.





 

SECRETARIA DE GOBERNACION

- La C. Secretaria Barrera Tapia: Se recibió un oficio de la Secretaría de Gobernación, con el que remite propuesta de nombramiento de los siguientes Empleados Superiores de Hacienda, para los efectos de lo dispuesto por el artículo 76 constitucional, en su fracción II:

Fernando Aportela Rodríguez, como titular de la Subsecretaría de Hacienda y Crédito Público.

Miguel Messmacher Linartas, como Subsecretario de Ingresos.

Fernando Galindo Favela, como Subsecretario de Egresos.

Y Aristóteles Núñez Sánchez, como Jefe del Servicio de Administración Tributaria.



NOMBRAMIENTOS EMPLEADOS SUPERIORES HACIENDA_Página_1

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NOMBRAMIENTOS%20EMPLEADOS%20SUPERIORES%20HACIENDA_Página_3

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NOMBRAMIENTOS%20EMPLEADOS%20SUPERIORES%20HACIENDA_Página_6

NOMBRAMIENTOS%20EMPLEADOS%20SUPERIORES%20HACIENDA_Página_7

NOMBRAMIENTOS%20EMPLEADOS%20SUPERIORES%20HACIENDA_Página_8

- El C. Presidente Sánchez Jiménez: Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público para su análisis y dictamen correspondiente.

Pasamos al siguiente asunto.

- La C. Secretaria Merodio Reza: También se recibió un oficio de la Secretaría de Gobernación, con el que remite el informe de la visita privada del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, maestro Felipe Calderón Hinojosa, a la ciudad de Austin, Texas, Estados Unidos de América, el 18 de noviembre del año en curso.

“SECRETARIA DE GOBERNACION
SUBSECRETARIA DE ENLACE LEGISLATIVO
UNIDAD DE ENLACE LEGISLATIVO

Oficio No. SEL/UEL/311/3238/12
México, D.F., 28 de noviembre de 2012

CC. SECRETARIOS DE LA CAMARA DE SENADORES
DEL H. CONGRESO DE LA UNION
PRESENTES.

Por este conducto hago de su conocimiento que mediante oficio número DEP-1545/12, la Lic. Betina C. Chávez Soriano, Directora General de Coordinación Política de la Secretaría de Relaciones Exteriores, remite el informe de la Visita privada del C. Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, Mtro. Felipe Calderón Hinojosa, a la ciudad de Austin, Texas, Estados Unidos de América, el pasado domingo 18 de noviembre.

Por lo anterior y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 88 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la fracción XIV del artículo 27 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, les acompaño para los fines procedentes, copia del oficio al que me he referido y de su anexo.

Sin otro particular, reciban un cordial saludo

Atentamente
El Titular de la Unidad

Mtro. Antonio Hernández Legaspi”.

- El C. Presidente Sánchez Jiménez: Esta Asamblea se da por enterada. Remítase copia de la documentación a las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores; y de Relaciones Exteriores, América del Norte.

Pasamos al siguiente asunto.

- La C. Secretaria Merodio Reza: Asimismo, de la Secretaría de Gobernación se recibió un oficio con el informe de la participación del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, maestro Felipe Calderón Hinojosa, en la XXII Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno en Cádiz, España, los días 16 y 17 de noviembre del año en curso, a efecto de atender invitaciones del Rey de España, Don Juan Carlos I de Borbón y del Presidente del gobierno español, Mariano Rajoy Brey.

“SECRETARIA DE GOBERNACION
SUBSECRETARIA DE ENLACE LEGISLATIVO
UNIDAD DE ENLACE LEGISLATIVO

Oficio No. SEL/UEL/311/3237/12
México, D.F., 28 de noviembre de 2012

CC. SECRETARIOS DE LA CAMARA DE SENADORES
DEL H. CONGRESO DE LA UNION
PRESENTES.

Por este conducto hago de su conocimiento que mediante oficio número DEP-1546/12, la Lic. Betina C. Chávez Soriano, Directora General de Coordinación Política de la Secretaría de Relaciones Exteriores, remite los pormenores de la participación del C. Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, Mtro. Felipe Calderón Hinojosa, en la XXII Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno, en Cádiz, España, los días 16 y 17 de noviembre del año en curso; a efecto de atender invitaciones del Rey de España, Don Juan Carlos I de Borbón, y del Presidente del Gobierno español, Mariano Rajoy Brey.

Por lo anterior y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 88 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la fracción XIV del artículo 27 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, les acompaño para los fines procedentes, copia del oficio al que me he referido y de su anexo.

Sin otro particular, reciban un cordial saludo.

Atentamente
El Titular de la Unidad

Mtro. Antonio Hernández Legaspi”.

- El C. Presidente Sánchez Jiménez: Esta Asamblea ha quedado enterada. Remítase el informe a las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores; y de Relaciones Exteriores, Europa.

Pasamos al siguiente asunto.

- La C. Secretaria Merodio Reza: Se recibió de la Secretaría de Gobernación un oficio con el que remite hoja de servicios del ciudadano Gerardo Bagatella Minutti, para ratificación del grado de Teniente Coronel de Fuerza Aérea Piloto Aviador.

“SECRETARIA DE GOBERNACION
SUBSECRETARIA DE ENLACE LEGISLATIVO
UNIDAD DE ENLACE LEGISLATIVO

Oficio No. SEL/300/790/12
México, D.F., a 30 de noviembre de 2012

CC. SECRETARIOS DE LA CAMARA DE SENADORES
DEL H. CONGRESO DE LA UNION
PRESENTES.

Por este conducto me permito hacer de su conocimiento que el Gral. Div. D.E.M. Salvador Cienfuegos Zepeda, Oficial Mayor de la Secretaría de la Defensa Nacional, se ha dirigido al Titular de esta Dependencia, para solicitar que por su amable conducto sea ratificado el grado del Teniente Coronel de Fuerza Aérea Piloto Aviador, GERARDO BAGATELLA MINUTTI.

Por lo anterior y con fundamento en lo establecido por la fracción II del artículo 76 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, acompaño al presente, la documentación correspondiente del citado militar, con carácter devolutivo.

Sin otro particular, reciban un cordial saludo

Atentamente
El Subsecretario

Lic. Rubén Alfonso Fernández Aceves”.

- El C. Presidente Sánchez Jiménez: Túrnese a la Comisión de Defensa Nacional para su análisis y dictamen correspondiente.

Pasamos al siguiente asunto.

- La C. Secretaria Merodio Reza: Así también, de la Secretaría de Gobernación se recibió solicitud de permiso, a que se refiere el artículo 37 constitucional, para que el ciudadano Maximiliano Cruz Ramos pueda aceptar y usar la condecoración que le otorga el gobierno de la República de Colombia.

“SECRETARIA DE GOBERNACION
SUBSECRETARIA DE ENLACE LEGISLATIVO
UNIDAD DE ENLACE LEGISLATIVO

Oficio No. SEL/UEL/311/3155/12
México, D.F., a 21 de noviembre de 2012

CC. SECRETARIOS DE LA CAMARA DE SENADORES
DEL H. CONGRESO DE LA UNION
PRESENTES.

Por este conducto me permito hacer de su conocimiento que mediante oficio número PRO-16457, el Emb. Alfredo Pérez Bravo, Director General de Protocolo de la Secretaría de Relaciones Exteriores, solicita se tramite ante el H. Congreso de la Unión, el permiso a que se refiere la Fracción III, Apartado C), del Artículo 37 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para que el C. Maximiliano Cruz Ramos, pueda aceptar y usar la Condecoración de la Orden del Mérito Militar General José María Córdova, en grado de Gran Oficial, que le otorga el Gobierno de la República de Colombia.

Por lo anterior, me permito anexar para la integración al expediente respectivo, original de la solicitud del interesado dirigida al H. Congreso de la Unión para la obtención del permiso respectivo, copia certificada del acta de nacimiento, así como copias simples de su curriculum vitae, identificación oficial y de la notificación en la que se comunica la intención de otorgarle la Condecoración de referencia.

Sin otro particular, reciban un cordial saludo

Atentamente
El Titular de la Unidad

Mtro. Antonio Hernández Legaspi”.

- El C. Presidente Sánchez Jiménez: Túrnese a la Comisión de Gobernación para sus efectos correspondientes.

Pasamos al siguiente asunto.

- La C. Secretaria Barrera Tapia: Asimismo, de la Secretaría de Gobernación se recibió un oficio con el que remite la Evaluación de Diseño del Programa U001 “Apoyos para el Desarrollo de la oferta Turística”.

- El C. Presidente Sánchez Jiménez: Remítase a la Comisión de Turismo.

Pasamos al siguiente asunto.

- La C. Secretaria Barrera Tapia: Se recibió otro oficio de la Secretaría de Gobernación, con el que remite el informe de labores de la Comisión Federal de Mejora Regulatoria.

- El C. Presidente Sánchez Jiménez: Remítase a la Comisión de Comercio y Fomento Industrial.

Pasamos al siguiente asunto.





 

SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

- La C. Secretaria Barrera Tapia: De la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, se recibió un oficio con el que remite la información relativa a los montos de endeudamiento interno neto, el canje o refinanciamiento de obligaciones del Erario Federal y el costo total de las emisiones de deuda interna y externa al mes de octubre de 2012; información sobre la recaudación federal participable; información sobre la evolución de la recaudación para el mes de octubre de 2012; e información consolidada sobre las finanzas públicas y la deuda pública al mes de octubre del año en curso.

- El C. Presidente Sánchez Jiménez: Remítase dicha documentación a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

Pasamos al siguiente asunto.





 

PETROLEOS MEXICANOS

- La C. Secretaria Barrera Tapia: Se recibió el informe sobre la Reestructuración de Petróleos Mexicanos y sus Organismos Subsidiarios, en atención a lo dispuesto por el artículo Décimo Quinto Transitorio del Decreto por el que se expide la Ley de Petróleos Mexicanos.

- El C. Presidente Sánchez Jiménez: Remítase esa información a la Comisión de Energía.

Pasamos al siguiente asunto.





 

CONSEJO NACIONAL PARA PREVENIR LA DISCRIMINACION

- La C. Secretaria Barrera Tapia: Se recibió del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, su informe anual de actividades 2011.

- El C. Presidente Sánchez Jiménez: Remítase dicha información a las Comisiones Unidas de Derechos Humanos; y de Atención a Grupos Vulnerables.

Pasamos al siguiente asunto.





 

COMISION DE ADMINISTRACION

- La C. Secretaria Merodio Reza: Para los efectos de los artículos 66, inciso g) y 99 de la Ley Orgánica del Congreso General, se recibió de la Comisión de Administración el Proyecto de Presupuesto de Dietas, Honorarios, Sueldos y Gastos de la Cámara de Senadores para el mes de noviembre de 2012.

Es todo, señor Presidente.

- El C. Presidente Sánchez Jiménez: Está a consideración de la Asamblea el Proyecto de Presupuesto.

Por no haber quien haga uso de la palabra, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba el Proyecto de Presupuesto.

- La C. Secretaria Merodio Reza: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el Proyecto de Presupuesto. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobado el Proyecto de Presupuesto, señor Presidente.

- El C. Presidente Sánchez Jiménez: Aprobado el Presupuesto de la Cámara de Senadores para el mes de noviembre de 2012.

Pasamos al siguiente asunto.

- La C. Secretaria Merodio Reza: Para los efectos del artículo 99 de la Ley Orgánica del Congreso General, se recibió de la Comisión de Administración el informe del presupuesto ejercido en el mes de octubre de 2012.

Es cuanto, señor Presidente.

- El C. Presidente Sánchez Jiménez: Esta Asamblea ha quedado debidamente enterada.

Compañeras y compañeros Senadores, debido a la gran cantidad de iniciativas inscritas en nuestra agenda de hoy, solicito a las y los Senadores que presenten estos asuntos respetar el tiempo máximo de cinco minutos en tribuna para dar lectura a su proyecto.

En el apartado de iniciativas, tiene el uso de la tribuna el Senador Isaías González Cuevas, del grupo parlamentario del PRI, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones del Código Federal de Procedimientos Civiles y la Ley Federal de Protección al Consumidor.





 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETOPOR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DEL CODIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES Y DE LA LEY FEDERAL DE PROTECCION AL CONSUMIDOR

(Presentada por el C. Senador Isaías González Cuevas, del grupo parlamentario del PRI)

- El C. Senador Isaías González Cuevas: Con su venia, señor Presidente; Honorable Asamblea:

Agradezco a mis compañeras y compañeros Senadores por la atención que se sirvan brindar a la presente iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones del Código Federal de Procedimientos Civiles y de la Ley Federal de Protección al Consumidor.

Ante este Pleno, respetuosamente, vengo a exponer lo siguiente:

Las relaciones entre los proveedores y consumidores de bienes y servicios públicos se vuelven, cada día, un proceso más complejo, por lo que es urgente la creación de un marco jurídico claro que otorgue la certeza jurídica al desarrollo fluido de esas relaciones y, sobre todo, que resuelva las controversias conforme a derecho cuando se presenten.

El marco jurídico existente para salvaguardar los derechos de los consumidores ha quedado rebasado, esta iniciativa tiene el propósito de actualizarlo dando a la sociedad herramientas eficaces para la defensa de sus derechos e intereses económicos, así como para la protección social. La idea es seguir avanzando en nuestro compromiso de atender las demandas sociales que en este renglón son cada día más urgentes.

Lo que propongo es el perfeccionamiento del instrumento legal para realizar de manera efectiva las acciones colectivas, esto permitirá un reconocimiento institucional traducido en resultados verdaderos y concretos donde el rezago de la justicia se resuelva evitando el burocratismo en la atención de los expedientes judiciales.

La justicia, para ser realidad, debe ser pronta y expedita, y con esta iniciativa se conseguirá un procedimiento más ágil al disminuir de manera considerable los tiempos de duración de los procedimientos judiciales con lo que los ciudadanos podrán contar con atención seria, profesional y sensible a sus demandas.

En cuanto al derecho comparado, es importante señalar que en los países europeos la sociedad es más participativa para asociarse en la defensa de sus derechos. El 78% de sus habitantes se encuentran organizados en diversas agrupaciones para velar por sus intereses, por el contrario, en nuestro país estamos alejados de todo lo que a agruparse se refiere.

Contamos con una ínfima cifra del 4.5% de nuestra población que participa en alguna asociación. En los países de Latinoamérica, los ciudadanos en este supuesto sólo alcanza el 17%. Con las herramientas jurídicas concretas nuestros conciudadanos acudirán en mayor medida a buscar asociarse en defensa de sus intereses legítimos, por ello la reforma que se propone coadyuvará a que tengamos una sociedad más participativa y, sobre todo, protegida con las instituciones para el desarrollo colectivo.

Es necesario dotar a los consumidores de los instrumentos adecuados para su protección, ser garantista de su condición y velar por sus intereses. Quienes venden los bienes y presten los servicios tienen ya un acto jurídico adecuado para salvaguardar sus intereses. Por ello, la competencia de los tribunales quedará sujeta a los intereses de los consumidores en la medida que ellos podrán elegir el lugar que convenga más a sus intereses para la atención de sus demandas.

Debemos atender el carácter social de estos procedimientos, son conquistas de la sociedad ganadas en el terreno legislativo, son grupos vulnerables las víctimas de los abusos de los referentes de bienes y servicios de mala calidad.

Se requiere la rigidez propia de los jueces sin perder el sentido social de los juicios.

Es cuanto, señor Presidente, muchas gracias.

Iniciativa

“El que suscribe, Isaías González Cuevas, Senador de la República de la XLII Legislatura del Congreso de la Unión, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, en ejercicio de la facultad conferida por el artículo 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y los artículos 8, numeral 1, fracción I, 164 y 169 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de la Cámara de Senadores la presente iniciativa con proyecto de Decreto por la que se modifica la fracción IV del artículo 24, se modifica la fracción IIdel artículo 585, se modifica el segundo y tercer párrafos del artículo 587,se modifica la fracción II del artículo 588, se modifica el último párrafo del artículo 589, se modifica el párrafo segundo del artículo 595, se modifican los párrafos primero, tercero y quinto del artículo 596, se modifica el primer párrafo del artículo 610 del Código Federal de Procedimientos Civiles; se adiciona un segundo párrafo al artículo 26 de la Ley Federal de Protección al Consumidor, con base en la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

Antecedentes

1. En julio de 2010, por primera vez en la historia del país, se incluyó la figura de Acciones Colectivas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, cuando se reformó el artículo 17 constitucional al que se adicionó un párrafo tercero y se recorrió el orden de los párrafos subsecuentes del artículo mencionado. Este decreto fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 29 de julio de 2010, por el, para quedar como sigue:

Artículo 17. (…)

(Tercer párrafo) El Congreso de la Unión expedirá las leyes que regulen las acciones colectivas. Tales leyes determinarán las materias de aplicación, los procedimientos judiciales y los mecanismos de reparación del daño. Los jueces federales conocerán de forma exclusiva sobre estos procedimientos y mecanismos.

2. El día 30 de agosto de 2011, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, un Decreto por el que se reformaban y adicionaban las siguientes leyes; el Código Federal de Procedimientos Civiles (Código Federal de Procedimientos Civiles), el Código Civil Federal, la Ley Federal de Competencia Económica, la Ley Federal de Protección al Consumidor, la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, la Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros.

El objetivo de esa reforma fue incluir en el marco legal mexicano la figura de acciones colectivas y establecer el procedimiento legal para hacerlas exigibles; el Decreto entró en vigor el 28 de febrero de 2012.

El de la presente es realizar algunos cambios de forma que permitirán a los ciudadanos utilizar este instrumento jurídico para hacer exigibles sus derechos de manera efectiva, modificando algunos aspectos procesales en relación con el ejercicio de las acciones colectivas que se aprobaron en el Decreto de Reforma publicado el 30 de agosto de 2011.

EXPOSICION DE MOTIVOS

La entrada en vigor de las nuevas disposiciones legales en virtud de las cuales se pueden ejercer en México las acciones legales denominadas “Acciones Colectivas”, es sin duda un avance importante en nuestro sistema jurídico, ya que con ellas se inaugura el ejercicio de los derechos humanos llamados de tercera generación en nuestro país.

Nuestra Constitución Política garantiza en los tres primeros párrafos del artículo primero, la salvaguarda de los derechos humanos. El principal derecho humano de que gozamos los ciudadanos mexicanos es el de acceso a la justicia que se encuentra resguardado constitucionalmente.

La existencia misma de un estado de derecho democrático y moderno tiene como sustento fundamental la garantía de los derechos humanos de los ciudadanos. Con este fin, México ha firmado diversos instrumentos internacionales sobre estos derechos, entre los que destacan el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, así como la Convención Interamericana sobre Derechos Humanos, a través de esos acuerdos nuestro país acepta la obligación de actualizar de manera permanente su marco jurídico, por lo que la adición de ese párrafo tercero al artículo 17 constitucional fue pertinente e indispensable para garantizar el efectivo acceso a la justicia en materia de derechos humanos.

La evolución histórica de la teoría jurídica ha establecido tres momentos para establecer tres diferentes generaciones de derechos fundamentales: la primera, referente a los derechos individuales; la segunda, sobre derechos económicos y sociales; y la tercera, relativa a los intereses colectivos y difusos. Cada grupo de derechos debería estar compuesta del derecho sustantivo (garantía pública subjetiva) y del derecho adjetivo (procedimiento) que la garantizara.

En nuestro país los derechos individuales tienen la salvaguarda del juicio de amparo, mismo que protege los derechos de un particular frente a actos de autoridad, dejando fuera los derechos de las colectividades así como también los derechos de individuos frente a las acciones de particulares.

Por otra parte, en nuestro país los derechos económicos y sociales no cuentan con garantías procesales en la normatividad vigente que permitan a los ciudadanos hacerlas exigibles. En derecho comparado, observamos que en gran parte de las Constituciones del mundo, existe la garantía de la tutela judicial efectiva para violaciones de derechos fundamentales por actos de autoridad o en su caso, de personas privadas. Lo anterior significa que cuentan con un procedimiento judicial sumario para que los particulares inicien acciones si se ven afectados sus derechos humanos.

De esta manera la reforma del artículo 17 permitió colmar la falta de existencia de un procedimiento judicial que garantizara el acceso a la justicia por violaciones a derechos colectivos y difusos, por lo que significó un paso fundamental en el avance de la modernización del sistema jurídico mexicano.

De acuerdo a la reforma del artículo 17 constitucional, el Congreso quedó a cargo de reglamentar en las leyes secundarias para el ejercicio de los derechos difusos, colectivos en sentido estricto e individuales de incidencia colectiva, que son una nueva categoría de derechos sustantivos, una abstracción creada por los teóricos del derecho enfocada a las necesidades modernas de una sociedad globalizada. El problema con estos derechos en México, es que a pesar de la reforma constitucional y la emisión de las reformas a las leyes secundarias, los portadores de los primeros siguen sin posibilidad real de acceso adecuado a la justicia y los segundos tienen una protección inadecuada en nuestro orden jurídico nacional.

Aunque la deficiencia por inexistencia de procedimiento judicial, en apariencia quedó subsanada con estás reformas que por primera vez en México, regulan en la legislación secundaria a las acciones colectivas, resulta que la vigente desde el 28 de febrero de 2012, es una regulación que aún no puede ser usada para beneficio de los ciudadanos por presentar algunos defectos en el procedimiento que se subsanan con la presente iniciativa de reformas y adiciones.

Por otra parte las relaciones de losciudadanos y consumidores de bienes y servicios públicos con respecto a las empresas privadas y públicas que los proveen, se han hecho cada vez más complejas y necesitan de un marco jurídico claro que los proteja de las prácticas que afectan a amplios sectores de la sociedad, es por esto necesario que los mecanismos creados con esos fines, sean expeditos y resuelvan adecuadamente cualquier queja y controversia que se presente.

Si bien en los últimos años nuestro país ha avanzado hacia la construcción de un marco jurídico protector de los consumidores, es necesario seguir avanzando en esa dirección para hacer de nuestro sistema jurídico y nuestras leyes verdaderas herramientas de defensa y protección de la sociedad.

Con las reformas y adiciones que ahora se presentan se busca perfeccionar el marco jurídico existente en materia de acciones colectivas, con la finalidad de hacer de estas herramientas legales verdaderos instrumentos de defensa de los intereses de amplios grupos dela sociedad. Es necesario que el reconocimientode estas instituciones jurídicas se traduzca en resultados concretos para quienes desde la sociedad hacen uso de ellos, y que no se conviertan en complejos expedientes judiciales que retarden la petición de justicia.

Con estas propuestas se busca que este tipo de procedimientos sean más ágiles al proponer que se acorten de manera considerable los términos para todo el procedimiento, con la finalidad de que se resuelvan a la brevedad estos asuntos, en atención a la urgencia que para la colectividad demandante tienen los problemas que motivan este tipo de demandas.

Asimismo, es importante insistir que el criterio que oriente esta normatividad debe ser la protección de los intereses de los consumidores de los bienes o servicios, y no de quienes los ofrecen, es por ello que se propone que la competenciade los tribunales que conocen de estos juicios quede a elección de los demandantes, ya sea en el domicilio de la empresa o de cualquiera de las sucursales que ofrecieron aquellos.

Es importante no perder de vista el carácter social que tiene este tipo de procedimientos, ya que constituyen mecanismos que al paso de los años han permitido a la sociedad, en diversos ámbitos, que grupos que son víctimas de bienes o servicios deficientes, puedan en conjunto reclamar las afectaciones que se les causen. En ese sentido, si bien es necesario contar con la rigidez propia de un procedimiento judicial, es importante que el mismo no deje delado la razón y justificación social que le dio origen; de esta manera es importante que en el desahogo de estos procedimientos, estén presente en el ánimo de juez los intereses sociales que están en juego.

De igual manera se busca que se fortalezca la conciliación ya que lo que se busca en estos casos son soluciones prontas y justas; de esta manera se fortalece al papel que el juez debe jugar en estos casos al proponer a las partes soluciones adecuadas y justas, respecto de las cuales las partes han de pronunciarse en la audiencia de conciliación ya prevista en el procedimiento.

Asimismo, en el caso de la Procuraduría Federal del Consumidor, si bien tiene ya una competencia genérica en la defensa de los intereses de los consumidores de varias maneras, incluyendo la posibilidad de interponer acciones colectivas, se busca ratificar que como órgano garante de los intereses de los consumidores en el país, debe de tener una actuación más destacada en esa labor indicándole que deberá iniciar acciones colectivas, en ciertas circunstancias que ameriten la defensa de interés de la sociedad.

Por lo antesexpuesto, someto a consideración de esta Honorable Asamblea el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO

ARTICULO PRIMERO.- Se modificala fracción IIdel artículo 585, se modifica el segundo y tercer párrafos del artículo 587, se modifica la fracción II del artículo 588, se modifica el último párrafo del artículo 589, se modifica el párrafo segundo del artículo 595, se modifican los párrafos primero, tercero y quinto del artículo 596, se modifica el primer párrafo del artículo 610 del Código Federal de Procedimientos Civiles; para quedar como sigue:

Artículo 585.-…

I.

II. El representante común de la colectividad conformada por al menos diez miembros.

III.

IV.

Artículo 587…

a XI.

El juez podrá prevenir a la parte actora para que aclare o subsane su demanda cuando advierta la omisión de requisitos de forma, sea obscura o irregular, otorgándole un término de diez para tales efectos, y en todo caso podrá auxiliarle para tales fines indicándole con toda precisión las deficiencias que debe subsanar.

El juez podrá resolver si desecha de plano la demanda en los casos en que la parte actora no desahogue la prevención, no se cumplen los requisitos previstos en este Título, o se trate de pretensiones infundadas, frívolas o temerarias. En estos casos el juez tomará en cuenta la opinión de las instituciones a que se refiere el artículo 585 fracciones I y IV del presente Código, según sea el caso.

Artículo 588….

I.

II.

Que existan al menos diez miembros en la colectividad, en el caso de las acciones colectivas en sentido estricto e individuales homogéneas.

a VII.

Artículo 589. …

a VII.

El juez de oficio o a petición de cualquier interesado podrá verificar el cumplimiento de estos requisitos durante el procedimiento, pero en todo caso procurará que los intereses de los demandantes queden protegidos pudiendo tomar las medidas que considere convenientes para tal efecto.

Artículo 595. …

En la audiencia el juez personalmente, hará una exposición sobre el caso sin prejuzgar y propondrá soluciones viables que permitan resolver el litigio y atender a la brevedad las pretensiones de los afectados exhortando a las partes a solucionarlo; pedirá a las partes que expongan su posición sobre propuestas de solución, ya sea aceptándolas o desechándolas; pudiendo auxiliarse de los expertos que considere idóneos.

Artículo 596. En caso de que las partes no alcanzaren acuerdo alguno en la audiencia previa y de conciliación, el juez procederá a abrir el juicio a prueba por un periodo de treinta días hábiles, comunes para las partes, para su ofrecimiento y preparación, pudiendo, a instancia de parte, otorgar una prórroga hasta por diez días hábiles.

El auto que admita las pruebas señalará la fecha para la celebración de la audiencia final del juicio en la cual se desahogarán, en un lapso que no exceda de veinte días hábiles, el que podrá ser prorrogado por el juez.

El juez dictará sentencia dentro de los quince días hábiles posteriores a la celebración de la audiencia final.

Artículo 610. En cualquier etapa del procedimiento el juez podrá decretar a petición de parte o cuando a su juicio existan circunstancias de urgencia, medidas precautorias que podrían consistir en:

a IV.

ARTICULO SEGUNDO.- Se modificala fracción IV del artículo 24, y se adiciona un segundo párrafo al artículo 26 de la Ley Federal de Protección al Consumidor, para quedar como sigue:

Artículo 24. …

aIII.

IV. El del domicilio del demandado, tratándose de acciones reales sobre muebles o de acciones personales o del estado civil. En el caso de acciones colectivas será el del domicilio del demandado, ya sea el dela matriz o alguna de sus sucursales,a elección del demandante.

V. a IX

Artículo 26.- …

La Procuraduría iniciara de oficio las acciones a que se refiere el párrafo anterior cuando existen denuncias reiteradas sobre incumplimientos o deficiencias en la prestación de servicios a que se refiere la presente Ley.

TRANSITORIOS

UNICO.-El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, a 27 de noviembre de 2012.

Atentamente

Sen. Isaías González Cuevas”.

PRESIDENCIA DEL C. SENADOR
ENRIQUE BURGOS GARCIA

- El C. Presidente Enrique Burgos García: Muchas gracias, Senador González Cuevas. Se turna a las Comisiones Unidas de Justicia; y de Estudios Legislativos.

Tiene el uso de la palabra el Senador Carlos Mendoza Davis, con aval del grupo parlamentario del PAN, para presentar un proyecto de Decreto que adiciona los artículos 46 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y el 31 de la Ley General de Turismo.




 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETOPOR EL QUE SE ADICIONAN LOS ARTICULOS 46 DE LA LEY GENERAL DEL EQUILIBRIO ECOLOGICO Y LA PROTECCION AL AMBIENTE Y EL 31 DE LA LEY GENERAL DE TURISMO

(Presentada por el C. Senador Carlos Mendoza Davis, del grupo parlamentario del PAN, con aval de grupo)

- El C. Senador Carlos Mendoza Davis: Con su venia, señor Presidente; compañeras y compañeros Senadores:

La modernidad demanda una gran responsabilidad y la competitividad demanda, sin duda, sustentabilidad.

El planeta sufre las consecuencias de un sistema económico que en su esencia conceptual parece haberse agotado. Se agotó en sus beneficios, pero se agotó también, y más importante, en su relación con los recursos naturales que lo nutren.

Los seres humanos hemos generado riqueza como nunca antes. El conocimiento ha propulsado un cambio vertiginoso.

Tan sólo en el siglo XX, la economía creció 60 veces más que en el resto de la historia de la humanidad.

En el mismo periodo, el hombre ha contaminado más el mundo que en toda su historia.

La paradoja de la economía del siglo XXI es entonces que mientras más riqueza se genera producto de los bienes de la tierra, más pobre es el planeta por el daño a los recursos naturales.

Tenemos que proponernos alcanzar un modelo de desarrollo amplio y generoso, uno donde quepamos todos, nuestras vidas, nuestros hijos y la naturaleza misma.

Es posible hacerlo, es más, es nuestra obligación.

Tenemos una alta responsabilidad desde esta Soberanía: Impulsar el crecimiento, pero un crecimiento que se convierta en desarrollo sustentable. Hay que asegurar la prosperidad en un sentido amplio, el que incluya, el que preserve, el que garantice que nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos recibirán un patrimonio ambiental.

La riqueza natural de nuestro país da bienestar a millones de mexicanos. Hoy la preservación de esta riqueza que constituyen nuestras áreas naturales se ve amenazada por una actividad que si bien contribuye innegablemente a la generación de empleos y al crecimiento económico de nuestro país, al no estar adecuadamente limitada en su ejecución, provoca efectos negativos en el ecosistema y riesgos graves en la salud de los ciudadanos, me refiero a la actividad minera.

Es un hecho indiscutible que no obstante su contribución es muy importante a la producción interna, la actividad minera es por naturaleza depredadora del ambiente e insostenible por definición, en la medida en que la explotación del recurso supone, por supuesto, su agotamiento.

De manera particular, la minería metalúrgica que se realiza a cielo abierto, implica contaminación por polvos y ruidos, disminución de la calidad del paisaje, modificación a la geomorfología, generación de residuos, pérdida de capa orgánica, modificación de la topografía natural, caminos de penetración, pérdida de cubierta vegetal y modificación del hábitat, entre muchos otros efectos.

Para obtener un kilo de oro se remueven toneladas de tierra, se utilizan miles de litros de agua y grandes cantidades de cianuro, que es un elemento potencialmente devastador.

No olvidemos que en muchas partes del país, incluyendo a mi propio estado, Baja California Sur, porque carecemos de ella, el agua vale más que el mismo oro.

Sobre la riqueza está la vida y sobre la utilidad está la salud. Que quede claro, no decimos no a la minería, a la inversión, al espíritu emprendedor. Decimos no y ese sí responsable y firme al desequilibrio, a la devastación, a la inversión a cualquier costo.

Si la minería es importante para el país, no menos lo es la preservación de nuestros recursos naturales que en buena medida dan vida también a la actividad turística, fuente de empleo, divisas y orgullo de México.

La iniciativa que con el aval del grupo parlamentario del PAN, suscribimos 36 Senadoras y Senadores de Acción Nacional, trata de reforzar la protección de áreas naturales protegidas y las zonas de desarrollo turístico sustentable, impidiendo que en ellas, sólo en estas áreas, puedan llevarse a cabo actividades depredadoras como la minería a cielo abierto con fines metalúrgicos.

La ecuación es simplemente sencilla, no hay desarrollo que valga el sacrificio del legado natural de futuras generaciones.

En México, las áreas naturales protegidas se determinan con la finalidad de preservar nuestra gran biodiversidad, para salvaguardar la diversidad genética, la flora y la fauna, así como el aprovechamiento sustentable de los ecosistemas y sus elementos. Por su parte, las zonas de desarrollo turístico sustentable son declaradas como tales por su capacidad de generar bienestar con base en el respeto al entorno, conservando sus recursos naturales en beneficio de la población.

Por ello resulta legalmente incongruente que por un lado de manera responsable se determinen áreas naturales protegidas y de desarrollo turístico sustentable; y por el otro, se permita que dentro de ellas se realicen actividades depredadoras y riesgosas para el medio ambiente, como la minería abierta con fines metalúrgicos.

Compañeras y compañeros Senadores, Anthony Giddens, querido maestro, alertó hace años que nuestro tiempo estaría marcado, por lo que denominó la economía del riesgo.

La devastación permanente que producen los fenómenos naturales y la irresponsabilidad humana, lamentablemente, tristemente le han dado la razón.

A mi juicio, la mejor forma de enfrentar el riesgo es previniéndolo, hagámoslo ahora, no lo olvidemos, el crecimiento sin sustentabilidad es irracionalidad.

Lo escaso es siempre doblemente valioso, los recursos siempre escasos e infinitos, protejámoslos. Se los pide un mexicano, se los pide un legislador que proviene de una tierra que conoce el desespero de la escasez, pero también del orgullo de defender la naturaleza como patrimonio común.

La minería debe florecer ahí en donde sus beneficios se maximizan y sus riesgos se reducen.

En Baja California Sur, sabemos que una de las mayores obligaciones que tenemos es preservar lo que la naturaleza de manera generosa nos ha dado.

Pero seguro estoy que cada uno de ustedes saben lo mismo de las entidades a las que representan.

Defendamos a la mejor minería, siempre y cuando se establezca en las áreas que tengan esa vocación. Ofrezcamos al mundo el mejor turismo, obtengamos lo mejor de ambas actividades preservando el medio ambiente y de paso la enorme satisfacción de saber que cumplimos bien y a tiempo con México.

Por lo anteriormente expuesto, y de acuerdo con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley Orgánica del Congreso General y el Reglamento del Senado de la República, ante esta Asamblea propongo el proyecto de Decreto para reformar el artículo 46 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, así como el artículo 31 de la Ley General de Turismo, para prohibir el desarrollo de actividades de exploración y explotación minera con fines metalúrgicos en áreas naturales protegidas y en zonas de desarrollo turístico sustentable, cuyo texto solicito se inscriba íntegro en el Diario de los Debates.

Por su atención y potencialmente por su apoyo a esta noble iniciativa, muchas gracias, compañeros.

Es cuanto, señor Presidente.

Iniciativa

“CC. SECRETARIOS DE LA MESA DIRECTIVA
SENADO DE LA REPUBLICA
PRESENTE.

CARLOS MENDOZA DAVIS, ERNESTO CORDERO ARROYO, ROBERTO GIL ZUARTH, GABRIELA CUEVAS BARRON, MARTIN OROZCO SANDOVAL, FRANCISCO GARCIA CABEZA DE VACA, FERNANDO HERRERA AVILA, RAUL GRACIA GUZMAN, JOSE MARIA MARTINEZ MARTINEZ, SONIA MENDOZA DIAZ, SILVIA GARZA GALVAN, ADRIANA DAVILA FERNANDEZ, JORGE LUIS PRECIADO RODRIGUEZ, DANIEL GABRIEL AVILA RUIZ, MARCELA TORRES PEIMBERT, VICTOR HERMOSILLO CELADA, MARTHA ELENA GOMEZ GARCIA, ERNESTO RUFFO APPEL, FRANCISCO SALVADOR LOPEZ BRITO, JORGE LUIS LAVALLE MAURY, JAVIER CORRAL JURADO, FERNANDO YUNES MARQUEZ, FRANCISCO DOMINGUEZ SERVIEN, JOSE ROSAS AISPURO TORRES, MARIA DEL PILAR ORTEGA MARTINEZ, CESAR OCTAVIO PEDROZA GAITAN, LUISA MARIA CALDERON HINOJOSA, LAURA ANGELICA ROJAS HERNANDEZ, MARIANA GOMEZ DEL CAMPO GURZA, JAVIER LOZANO ALARCON, MAKI ESTHER ORTIZ DOMINGUEZ, ROSA ADRIANA DIAZ LIZAMA, LUIS FERNANDO SALAZAR FERNANDEZ, SALVADOR VEGA CASILLAS, JUAN CARLOS ROMERO HICKS, FERNANDO TORRES GRACIANO, Senadores de la República del Congreso General de la Unión, integrantes del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como por los artículos 8° fracción I, 164 numerales 1 y 3, 169, 172 y demás aplicables del Reglamento del Senado de la República sometemos a consideración de esta Honorable Soberanía, la siguiente iniciativa CON AVAL DE GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCION NACIONAL, QUE CONTIENE PROYECTO DE DECRETO QUE ADICIONA LOS ARTICULOS 46 DE LA LEY GENERAL DEL EQUILIBRIO ECOLOGICO Y LA PROTECCION AL AMBIENTE Y EL 31 DE LA LEY GENERAL DE TURISMO, al tenor de la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

La presente iniciativa tiene como finalidad establecer una condición de protección adicional de las Áreas Naturales Protegidas y las Zonas de Desarrollo Turístico Sustentable en territorio nacional, a fin de prohibir actividades mineras con fines metalúrgicos en su interior.

La minería ha jugado un papel tan trascedente en el devenir social que se han construido conceptoscomo las “edades” de piedra, bronce, hierro, acero, etcétera, haciendo referencia ala capacidad de la especie humana de moldear y aprovechar los minerales a su conveniencia, haciéndolos no sólo participe, sino motor de su propio desarrollo.

En México, la actividad minera ha sido y aún es de gran importancia, aportando sustancialmente al desarrollo del país. Constituye, de hecho, el primer eslabón de la cadena productiva de muchas industrias y contribuye a nivel mundial en la creación de nuevas tecnologías.

Nuestro país es excepcionalmente rico y posee una gran diversidad de recursos mineros. Ofrece además un marco jurídico propicio para la constitución y operación de personas físicas y empresas en este sector, que operan a partir de una concesión otorgada exclusivamente por el Estado, a través de la Secretaría de Economía.

Según el Servicio Geológico Mexicano, existen más 27 mil títulos de concesión vigentes para extraer minerales y metales del subsuelo nacional, cuya riqueza queda demostrada por la existencia de 23 yacimientos clasificados como gigantes y seis etiquetados como súper-gigantes.

De acuerdo con la Secretaría de Economía, el valor total de la producción minera en 2010, fue de 14,862 millones de pesos. La minería extractiva representó el 2% del PIB, mientras que la minería ampliada (excluyendo el petróleo) el 4.6%. En junio de 2011, el sector dio origen a más de 305 mil empleos directos.

La producción minera de México se divide en oro (21%), plata (20%), cobre (14%), zinc (8%), arena (5%), grava (4%), fierro (4%) y otros (24%), y los principales estados productores del sector son Sonora (23%), Zacatecas (23%), Chihuahua (14%), Coahuila (11%), San Luis Potosí (6%) y Durango (6%).

No obstante sus innegables contribuciones, la minería es una actividad depredadora de la naturaleza, con efectos perdurables sobre el ambiente, desde el suelo y subsuelo, hasta la atmósfera.

El paradigma económico no puede justificar los altos costos sociales que se pagan por las afectaciones a la salud, el medio ambiente, o la identidad cultural de las zonas en las que se llevan a cabo actividades mineras que no necesariamente encuentran equilibrio entre la abundancia de sus recursos naturales -finita en todos los casos- con un nivel de vida más elevado.

Por alta que pueda ser su aportación a la economía nacional, si ésta se hace con cargo a la sustentabilidad de nuestros ecosistemas o la biodiversidad, o bien en detrimento de otras áreas de interés prioritario para el país como la actividad turística, la inversión simplemente carece de sentido.

Como se apuntó anteriormente, el marco jurídico de México hace propicia la instalación de compañías mineras, con énfasis en la última década. Se trata de un esquema con altos incentivos, pero pocos candados, especialmente en materia ambiental.

Existe un andamiaje legal y regulatorio que delimita algunos de los impactos permisibles de la actividad extractiva, pero aún es necesario establecer definiciones más claras y contundentes en cuanto a las zonas dentro de las cuales no podrán llevarse a cabo tareas relacionadas con el proceso minero, por su importancia tanto para el sostenimiento del equilibrio ecológico en nuestro país, como para el turismo nacional, actualmente inexistentes.

Esta iniciativa de reforma se plantea en dos vertientes: aumentar la protección de Áreas Naturales Protegidas, de acuerdo al concepto de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA) y asegurar el cuidado de las Zonas de Desarrollo Turístico Sustentable, dispuestas actualmente en la Ley General de Turismo (LGT).

Lo anterior, con el objeto de prohibir el desarrollo de cualquier actividad que implique la extracción con fines metalúrgicos de materias del subsuelo, de acuerdo a los argumentos desarrollados a continuación:

El aprovechamiento minero, metalúrgico y no metalúrgico, genera importantes impactos al medio ambiente. La minería metalúrgica, también conocida como metálica, es una importante contaminadora debido a que el beneficio de los minerales provoca problemas como la producción de sulfatos y residuos ácidos o de metales pesados y la ocupación de superficies con lodos de deposición, materiales prácticamente inertes que requieren, para su restauración, de un proceso gradual y que, por otro lado, puede contaminar las fuentes de agua de manera irremediable.

Cuando ésta se realiza a cielo abierto, implica contaminación por polvos y ruido, disminución de la calidad del paisaje, modificación a la geomorfología, generación de residuos, pérdida de capa orgánica, modificación de la topografía natural, caminos de penetración, pérdida de cubierta vegetal y modificación del hábitat.

En esta última característica se encuentra la minería a través del método de lixiviación cianurada, que es el más popular para la extracción de oro y otros minerales metálicos. Dicho método se originó en Escocia a finales del siglo XIX, como una alternativa frente al método de amalgamación con mercurio que se utilizaba entonces.

La lixiviación con cianuro disminuye considerablemente los costos de extracción ya que requiere menor trituración de la mena, además de permitir una mayor recuperación del mineral útil -97% en comparación con el 60% que se recupera por medio de la amalgamación con mercurio-, lo que vuelve rentable la explotación de yacimientos de baja ley.

Sin embargo, el método de lixiviación cianurada produce cantidades enormes de desechos, muchos de los cuales son tóxicos y constituyen fuentes de riesgos para las sociedades y los ecosistemas. A estos riesgos se suman aquellos que se derivan de la erosión que producen las actividades mineras, y que van desde la exposición al aire, el agua y el medio ambiente de sustancias tóxicas hasta la pérdida de suelos, la presencia de inundaciones y otros desastres.

Reconociendo el potencial contaminante de la industria minera, los instrumentos de política ecológica del país indican que todo proyecto minero requerirá una evaluación de impacto ambiental, no previo al otorgamiento de la concesión minera, pero sí antes del inicio de las obras o actividades respectivas.

A través de dicha manifestación/evaluación, la Secretaría de Medio Ambiente yRecursos Naturales (SEMARNAT) establecerá las condiciones a que se sujetará la realización de la actividad. Esto, de conformidad con el artículo 28, fracción III, de la LGEEPA, que a la letra dispone lo siguiente:

“ARTICULO 28.- La evaluación del impacto ambiental es el procedimiento a través del cual la Secretaría establece las condiciones a que se sujetará la realización de obras y actividades que puedan causar desequilibrio ecológico o rebasar los límites y condiciones establecidos en las disposiciones aplicables para proteger el ambiente y preservar y restaurar los ecosistemas, a fin de evitar o reducir al mínimo sus efectos negativos sobre el medio ambiente. Para ello, en los casos en que determine el Reglamento que al efecto se expida, quienes pretendan llevar a cabo alguna de las siguientes obras o actividades, requerirán previamente la autorización en materia de impacto ambiental de la Secretaría:

III.- Exploración, explotación y beneficio de minerales y sustancias reservadas a la Federación en los términos de las Leyes Minera y Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional en Materia Nuclear;

…”

En la evaluación de impacto ambiental, conforme al artículo 35 de la LGEEPA, la SEMANART deberá observar las disposiciones de la propia ley, su reglamento y las normas oficiales aplicables, así como los programas de desarrollo urbano y de ordenamiento ecológico del territorio, las declaratorias de áreas naturales protegidas, entre otras.

En esta materia, protección de áreas naturales, los antecedentes en el México moderno datan de la década de los treintas del siglo pasado, pero el mecanismo que actualmente contempla la ley se introdujo en 1996.

De acuerdo al artículo 44 de la ley en comento, las áreas naturales protegidas son zonas del territorio nacional que, por sus características inciden en el buen funcionamiento de un ecosistema y su biodiversidad y que por ello deben ser protegidas o, en su caso, restauradas, mediante acciones legales bien dirigidas.

Conforme a la propia LGEEPA, el objeto del establecimiento de áreas naturales es el siguiente:

“ARTICULO 45.- El establecimiento de áreas naturales protegidas, tiene por objeto:

I. Preservar los ambientes naturales representativos de las diferentes regiones biogeográficas y ecológicas y de los ecosistemas más frágiles, para asegurar el equilibrio y la continuidad de los procesos evolutivos y ecológicos;

II.- Salvaguardar la diversidad genética de las especies silvestres de las que depende la continuidad evolutiva; así como asegurar la preservación y el aprovechamiento sustentable de la biodiversidad del territorio nacional, en particular preservar las especies que están en peligro de extinción, las amenazadas, las endémicas, las raras y las que se encuentran sujetas a protección especial;

III.- Asegurar el aprovechamiento sustentable de los ecosistemas y sus elementos;

IV. Proporcionar un campo propicio para la investigación científica y el estudio de los ecosistemas y su equilibrio;

V.- Generar, rescatar y divulgar conocimientos, prácticas y tecnologías, tradicionales o nuevas que permitan la preservación y el aprovechamiento sustentable de la biodiversidad del territorio nacional;

VI. Proteger poblados, vías de comunicación, instalaciones industriales y aprovechamientos agrícolas, mediante zonas forestales en montañas donde se originen torrentes; el ciclo hidrológico en cuencas, así como las demás que tiendan a la protección de elementos circundantes con los que se relacione ecológicamente el área; y

VII.- Proteger los entornos naturales de zonas, monumentos y vestigios arqueológicos, históricos y artísticos, así como zonas turísticas, y otras áreas de importancia para la recreación, la cultura e identidad nacionales y de los pueblos indígenas.”

Como puede advertirse, el concepto de protección que contempla nuestra ley, si bien busca evitar que se alteren las condiciones naturales de la zona protegida, no pretende crear un barrera absoluta a la intervención humana, sino ordenar el uso y manejo, es decir, su aprovechamiento racional y sustentable, procurando que las alteraciones que ocurran sucedan de manera naturalmente controlada.

Existen diversos tipos de área natural protegida, en función de sus características y el nivel de protección que recibirán: reservas de la biósfera; parques nacionales; monumentos naturales; áreas de protección de recursos naturales; áreas de protección de flora y fauna; santuarios; parques y reservas estatales (y las categorías que establezcan las legislaciones locales); zonas de conservación ecológica municipales, y áreas destinadas voluntariamente a la conservación.

Con excepción de las zonas estatales y municipales, el cuidado del resto de las zonas es competencia de la Federación.

En relación al establecimiento de las áreas protegidas, y de acuerdo al artículo 47 de la ley ya citada, se hará una división y subdivisión a fin de delimitar las porciones del territorio que las conforman, acorde a sus elementos biológicos, físicos y socioeconómico, con un manejo particular a cada división.

Por ejemplo, el objetivo de las zonas núcleo de un área natural protegida, será la preservación de los ecosistemas a mediano y largo plazo y solo podrán autorizarse actividades de preservación de los mismos, de investigación y de colecta científica, educación ambiental, y limitarse o prohibirse los aprovechamientos que alteren los ecosistemas.

Las zonas núcleo, podrán conformarse a su vez, por sub-zonas de protección y de uso restringido.

Las zonas de amortiguamiento, estarán orientadas a actividades de aprovechamiento que generen condiciones de conservación de los ecosistemas a largo plazo. Estarán compuestas por las siguientes sub-zonas:

I). Preservación,

II) Uso tradicional,

III) Aprovechamiento sustentable de los recursos naturales

IV) Aprovechamiento sustentable de los ecosistemas,

V) Aprovechamiento especial,

VI) Uso Público.

En éstas se permitirán, entre otras, actividades de bajo impacto ambiental y que no modifiquen el paisaje ni causen efectos irreversibles, y en general orientadas al desarrollo de los pobladores locales. Se permitirán, inclusive, las actividades agrícolas y pecuarias de baja intensidad, o las de recreación y esparcimiento.

Dentro de las áreas protegidas de amortiguamiento, habrá una sub-zona para asentamientos humanos, en aquellas superficies en donde se ha llevado a cabo una modificación sustancial o la desaparición de los ecosistemas originales, debido al desarrollo de asentamientos humanos establecidos con anterioridad a la declaratoria del área.

Asimismo, como una sub-zona de salvamento se establece la categoría de recuperación, en la que se incorporarán aquellas superficies en las que los recursos naturales han resultado severamente dañados o modificados, y que serán objeto de programas de recuperación y rehabilitación.

Como puede advertirse hasta ahora, la legislación ambiental establece las características y actividades que podrán desarrollarse en las áreas naturales protegidas, dentro de las cuales no existe prohibición expresa en cuanto a la realización de actividades mineras, no obstante que se trata de una actividad evidentemente depredadora.

De hecho, las actividades de extracción de materias del subsuelo, la exploración, explotación, beneficio y aprovechamiento de sustancias mineras únicamente constituyen un elemento a considerar dentro de los criterios ecológicos para la preservación y aprovechamiento sustentable de los suelos, situación que contribuye al desequilibrio entre la minería y la conservación del ambiente (artículo 99, fracción XI, LGEEPA).

En este orden de ideas, la ausencia de una prohibición como la que se ha señalado es un contrasentido con el objeto del establecimiento de zonas específicas de protección dentro del territorio nacional.

De esta guisa, el primer paso hacia el establecimiento de balances más efectivos entre el interés minero y el cuidado obligado del medio ambiente, es la protección absoluta de las zonas naturales protegidas en nuestro país, alejándoles cualquier posibilidad de establecer actividades mineras en su interior, por las afectaciones que ya han quedado descritas.

Una suerte similar ocurre con las Zonas de Desarrollo Turístico Sustentable, que de acuerdo al artículo 3, fracción XXI, de la Ley General de Turismo (LGT), son fracciones del territorio nacional, claramente ubicadas y delimitadas geográficamente, que, por sus características naturales o culturales, constituyen un atractivo turístico.

El artículo 31 de la LGT dispone que las Zonas de Desarrollo Turístico Sustentable serán declaradas por el Ejecutivo Federal y en ellas se impulsará la actividad turística, fomentando la inversión, el empleo y el ordenamiento territorial, conservando sus recursos naturales en beneficio de la población.

Para mejor referencia, se cita textualmente:

ARTICULO 31. Las Zonas de Desarrollo Turístico Sustentable podrán ser declaradas como tales por su desarrollo actual o potencial.

El Ejecutivo Federal, los Estados, los Municipios y el Distrito Federal, en el ámbito de sus respectivas competencias, podrán intervenir para impulsar la actividad turística en la Zona, fomentando la inversión, el empleo y el ordenamiento territorial, conservando sus recursos naturales en beneficio de la población.

Los Estados, Municipios y el Distrito Federal, podrán presentar ante la Secretaría, proyectos de declaratoria de Zonas de Desarrollo Turístico Sustentable.

Los requisitos y el procedimiento para la emisión de la Declaratoria de Zona de Desarrollo Turístico Sustentable, así como la clasificación de las mismas, deberán establecerse en el reglamento respectivo.”

De la lectura del artículo 31 de la LGT puede concluirse que el espíritu de la creación de Zonas de Desarrollo Turístico Sustentable es la protección de espacios determinados en consideración a su valor turístico, presente o potencial, como una nueva modalidad de conservación y aprovechamiento racional del atractivo natural.

En dicha protección, el establecimiento de actividades mineras resultaría por demás incongruente, por ser la minería una actividad depredadora y pasajera, y que además entraña riesgos demasiado altos para permitirse ya sea en zonas de alto valor para los ecosistemas o bien para el desarrollo de la actividad turística, prioritaria para México.

Por lo anteriormente expuesto y de acuerdo con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley Orgánica del Congreso General y el Reglamento del Senado de la República, ante esta Asamblea propongo el siguiente:

PROYECTO DEDECRETO

Artículo Primero. Se adiciona un último párrafo al artículo 46 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, para quedar como sigue:

ARTICULO 46.- Se consideran áreas naturales protegidas:

I. a XI. … 

En las áreas naturales protegidas comprendidas en este artículo, no podrán llevarse a cabo actividades de exploración, explotación o beneficio de minerales del subsuelo con fines metalúrgicos.

Artículo Segundo. Se adiciona un último párrafo al artículo 31 de la Ley General de Turismo, para quedar como sigue:

ARTICULO 31. …

Con independencia de los programas de manejo respectivos, en las Zonas de Desarrollo Turístico Sustentable no podrán llevarse a cabo actividades de exploración, explotación o beneficio de minerales del subsuelo con fines metalúrgicos.

ARTICULOS TRANSITORIOS

Unico. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Salón de sesiones de la Cámara de senadores, a 29 de noviembre de 2012.

Sen. Carlos Mendoza Davis.- Sen. Ernesto Cordero Arroyo”.

- El C. Presidente Burgos García: Muchas gracias, Senador Mendoza Davis. Como lo solicita, se hace la inserción del texto de manera íntegra y se turna a las Comisiones Unidas de Medio Ambiente y Recursos Naturales; de Comercio y Fomento Industrial; y de Estudios Legislativos, Primera.

Se recibió del Senador Pablo Escudero Morales, del grupo parlamentario del PVEM, una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma y adiciona el artículo 17 de la Ley de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Se turna a las Comisiones Unidas de Derechos Humanos; y de Estudios Legislativos.





 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETOPOR EL QUE SE REFORMA Y ADICIONA EL ARTICULO 17 DE LA LEY DE LA COMISION NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

(Presentada por el C. Senador Pablo Escudero Morales, del grupo parlamentario del PVEM)

“El suscrito, PABLO ESCUDERO MORALES, Senador de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y, los artículos 8 numeral 1, fracción I; 164, numeral 1; y, 169 del Reglamento del Senado de la República,someto a consideración de esta Soberanía la siguiente iniciativa con propuesta de DECRETO POR EL QUE SE REFORMA Y ADICIONA EL ARTICULO 17 DE LA LEY DE LA COMISION NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS, A EFECTO DE CLARIFICAR QUE SÓLO SE HARAN DOS CAMBIOS ANUALES EN EL CONSEJO CONSULTIVO DE LA COMISION NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS, con la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos es un organismo autónomo que, por mandato constitucional, tiene la noble e importante misión de proteger, observar, promover, estudiar y divulgar los derechos humanos que ampara el orden jurídico mexicano1; y, resalta su transcendencia, al hacerlo sobre los relativos a las personas y grupos sociales más vulnerables.

Con tal misión, logra contribuir al fortalecimiento del estado de derecho y la conservación de la paz social en nuestro país, así como al arraigo en la sociedad de una cultura de respeto y ejercicio de estos derechos elementales, que hacen posible coadyuvar en la erradicación de los abusos de poder.

Ante tales compromisos, resulta de suma importancia, que dicho organismo autónomo cuente con su Consejo Consultivo completo, con una integración claramente definida; pero sobretodo, continua y permanente, que permita garantizar la correcta, eficaz y eficiente conducción de este organismo de protección y promoción de los derechos fundamentales, otorgando certitud en su actuar; pues debe erigirse como estandarte de la legalidad y licitud en la emisión y ejecución de sus actos, constituyéndose en el paradigma para el ejercicio de la función pública.

En tal tesitura, de la lectura de los artículos 102, apartado B de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a la letra prevé en la parte correspondiente:

Artículo 102.

B.

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos tendrá un Consejo Consultivo integrado por diez consejeros que serán elegidos por el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes de la Cámara de Senadores o, en sus recesos, por la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, con la misma votación calificada. La ley determinará los procedimientos a seguir para la presentación de las propuestas por la propia Cámara. Anualmente serán substituidos los dos consejeros de mayor antigüedad en el cargo, salvo que fuesen propuestos y ratificados para un segundo período.”

En tales términos, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece claramente que anualmente se deben sustituir dos consejeros de mayor antigüedad; no más de éstos, es decir que el legislador originario determinó que anualmente fueran sustituidos dos de los miembros del cuerpo ciudadano de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, siendo éstos los de mayor antigüedad; sien embargo, el artículo 17 de la Ley de dicho organismo, retoma esta circunstancia, sin embargo lo hace de forma opaca y no da la claridad necesaria, e incluso genera duda en lo que respecta a cuántos Consejeros deben ser renovados o ratificados anualmente, al establecer:

Artículo 17.- El Consejo a que se refiere el artículo 5º de esta ley, estará integrado por diez personas que gocen de reconocido prestigio en la sociedad, mexicanos en pleno ejercicio de sus derechos ciudadanos, y cuando menos siete de entre ellos no deben desempeñar ningún cargo o comisión como servidor público.

El Presidente de la Comisión Nacional lo será también del Consejo Consultivo. Los cargos de los demás miembros del Consejo serán honorarios. A excepción de su Presidente, anualmente, durante el mes de octubre, serán sustituidos los dos consejeros de mayor antigüedad en el cargo, salvo que fuesen propuestos y ratificados para un segundo periodo. Para el caso de que existan más de dos consejeros con la misma antigüedad, será el propio Consejo quien proponga el orden cronológico que deba seguirse.”

En los términos antes previstos, el artículo 17, establece que se sustituirán a los dos consejeros de mayor antigüedad, y en dado el caso, de que existan más de dos, con la misma antigüedad, el propio Consejo propondrá el orden cronológico que debe seguirse; y, si bien, la Constitución en el 102 apartado B, es clara en cuanto a que solo se hará la renovación o en su caso designación para un segundo periodo, de solo dos de ellos, la redacción del artículo 17, parece dejar la opción de que se realice incluso de más de dos, al referir que el propio Consejo será quien proponga la cronología a seguir.

Por ello, es necesario acotar el alcance del referido precepto legal, toda vez que del texto constitucional se establece que los procedimientos a seguir para la presentación de las propuestas a ser votadas, deben ser determinados por la Ley de la materia; siendo así que en tal dispositivo se debe establecer que será el propio Consejo quien determine el orden cronológico, sin que puedan ser más de dos nombramientos, derivados por este principio de renovación anual.

Por lo antes expuesto y fundado, someto a consideración de esta H. Asamblea el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO

ARTICULO UNICO.-Se reforma y adiciona un último párrafo al artículo 17 de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, para quedar como sigue:

“Artículo 17.- …

El Presidente de la Comisión Nacional lo será también del Consejo Consultivo. Los cargos de los demás miembros del Consejo serán honorarios. A excepción de su Presidente, anualmente, durante el mes de octubre, serán sustituidos los dos consejeros de mayor antigüedad en el cargo, salvo que fuesen propuestos y ratificados para un segundo periodo. Para el caso de que existan más de dos consejeros con la misma antigüedad, será el propio Consejo quien disponga el orden cronológico que deba seguirse; sin que puedan ser más de dos nombramientos, derivados por el principio de renovación anual a que se refiere este artículo.”

TRANSITORIO

ARTICULO UNICO.-El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en la sede del H. Senado de la República, a 4 de diciembre de 2012.

Suscribe

Sen. Pablo Escudero Morales”.


1 Artículo 2 de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.- La Comisión Nacional de los Derechos Humanos es un organismo que cuenta con autonomía de gestión y presupuestaria, personalidad jurídica y patrimonio propios, y tiene por objeto esencial la protección, observancia, promoción, estudio y divulgación de los derechos humanos que ampara el orden jurídico mexicano.

Tiene el uso de la tribuna la Senadora Martha Palafox Gutiérrez, del grupo parlamentario del PT, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se adiciona el artículo 90 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.





 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETOPOR EL QUE SE ADICIONA UNA FRACCION AL ARTICULO 90 DE LA LEY ORGANICA DEL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

(Presentada por la C. Senadora Martha Palafox Gutiérrez, del grupo parlamentario del PT)

- La C. Senadora Martha Palafox Gutiérrez: Con su permiso, señor Presidente; estimadas compañeras y compañeros Senadores:

Una realidad de nuestra vida cotidiana es que vivimos en una sociedad de consumo, que todos somos consumidores y que a veces nos convertimos en consumistas.

Nuestro sistema jurídico político tiene como base el anhelo de establecer un sistema de vida fundado en el mejoramiento económico, social y cultural de la población, que atienda a los diversos problemas que se presenten en su entorno, al aprovechamiento de sus recursos, a la consolidación de su independencia política y económica, y sustancialmente a garantizar el derecho a la alimentación, a la salud, al medio ambiente, a la vivienda, a la cultura, a la tecnología de la información, entre muchos otros satisfactores.

Es mandato constitucional que al Estado corresponde la rectoría del desarrollo nacional para garantizar que éste sea integral y sustentable, que fortalezca la soberanía de la nación y su régimen democrático, mediante el fomento del crecimiento económico, el empleo, una más justa distribución de la riqueza que permitan el pleno ejercicio de la libertad y la dignidad de los individuos, grupos y clases sociales.

En este contexto, el Estado debe promover las condiciones para el desarrollo rural integral, con el propósito de generar empleo y garantizar a la población campesina el bienestar y su participación e incorporación en el desarrollo nacional, fomentar la actividad agropecuaria y forestal, para el óptimo aprovechamiento y uso de la tierra, con obras de infraestructura, insumos y créditos. Así como el expedir la legislación reglamentaria, que aquí mencionó mi compañero Isaías, para planear y organizar la producción agropecuaria, su industrialización y comercialización considerándolas de interés público, para que garantice el abasto suficiente y oportuno de los alimentos básicos.

Es muy importante contribuir a la actualización de las leyes que fijan las bases para que se señalen precios máximos a los artículos, materias o productos que se consideren necesarios para la economía nacional o el consumo popular, así como imponer modalidades a la organización de la distribución de estos artículos, materias o productos a fin de evitar que intermediaciones innecesarias o excesivas provoquen insuficiencia en el abasto, así como en el alza de los precios, además de proteger a los consumidores y propiciar la organización de éstos para el mejor cuidado de sus intereses.

El acceso a la justicia de los derechos de los consumidores es inaplazable, prioritario y fundamental, para tal fin debe administrarse justicia por tribunales expeditos y dar cumplimiento al imperativo constitucional de que el Congreso de la Unión expida las leyes que regule las acciones colectivas estableciendo las materias de aplicación, los procedimientos judiciales y los mecanismos de reparación de daño.

El trabajo legislativo requiere cada vez de una mayor especialización para darle viabilidad jurídica a los postulados constitucionales e instrumentos internacionales, leyes federales, leyes secundarias que nos permitan alcanzar los objetivos para los que fuimos elegidos representantes populares.

Nuestro trabajo como legisladores contribuye a normar de manera progresiva la convivencia en el ámbito del Estado mexicano, además conforme se alcanzan mayores etapas de desarrollo social, económico o tecnológico, y muchas veces sólo por el crecimiento demográfico, se vuelven más fuertes y precisos los requerimientos que se hacen al marco legal que rige la vida política, económica y social del país.

En la economía nacional aún existe un gran retraso en el aspecto normativo, en el ejercicio de los organismos reguladores, en la vigilancia por parte de la autoridad y en la cultura cívica que se requiere para garantizar la aplicación de las leyes.

Las deficiencias en el marco regulatorio de la competencia, ha dejado amplios márgenes para que se impongan los intereses de algunos actores con gran capacidad económica, por encima de los intereses, derechos y condiciones de bienestar de amplios sectores de la población, limitando el desarrollo económico, la inversión y la generación de empleo.

Por ello, se considera necesaria la creación de una Comisión Ordinaria de Competencia Económica y Derechos de los Consumidores que, entre otras funciones, revise y actualice el marco normativo que regula tanto a la Comisión Federal de Competencia para hacer que sus actividades sean más eficientes, así como la diversa normatividad relativa a los derechos de los consumidores, para que su protección y defensa se realice en forma ágil y expedita.

Es indispensable, además, que sea revisada, actualizada o creada de ser necesaria las disposiciones legales que regulan la prestación de bienes y servicios, cuidando siempre el beneficio del consumidor final, que es el que paga todo. De igual forma proponer normas que protejan a los micro y pequeños empresarios del sector alimenticio en las transacciones que realizan para producir y vender sus cosechas, con lo que se evitará la especulación, el acaparamiento y el alza indebida de productos básicos, lo que beneficiará al comercio, a la economía y a los consumidores.

Es por eso que propongo el siguiente proyecto de Decreto por el que se adiciona una fracción al artículo 90 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, para incluir dentro de las comisiones ordinarias la de competencia económica y derecho de los consumidores, para quedar como sigue:

  • Las comisiones ordinarias serán las del:
  • a XXX.

XXXI. “ Competencia Económica y Derechos de los Consumidores”.

Muchas gracias, le pediría a la Presidencia que sea inscrito el texto completo del documento.

Muchas gracias.

Iniciativa

“La suscrita, MARTHA PALAFOX GUTIERREZ, Senadora de la República a la LXII Legislatura, integrante del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, con fundamento en lo establecido en los artículos 71 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 164, 169, 171 y demás relativos y aplicables del Reglamento del Senado, someto a consideración de este Honorable Pleno, la siguiente iniciativa de adición al artículo 90 de la Ley Orgánica del Congreso general de los Estados Unidos Mexicanos, para incluir como comisión ordinaria a la Comisión de Competencia Económica y Derechos de los Consumidores, al tenor de la presente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

Nuestro sistema jurídico político tiene como base el anhelo de establecer un sistema de vida fundado en el constante mejoramiento económico, social y cultural del pueblo, que atienda a los diversos problemas que se presenten en su entorno, al aprovechamiento de sus recursos, a la consolidación de su independencia política y económica, y sustancialmente a garantizar el derecho a la alimentación, a la salud, al medio ambiente, a la vivienda, a la cultura, al acceso a la tecnología de la información, entre otros.

Es mandato constitucional que al Estado corresponde la rectoría del desarrollo nacional para garantizar que este sea integral y sustentable, que fortalezca la soberanía de la nación y su régimen democrático, mediante el fomento del crecimiento económico, el empleo, una más justa distribución de la riqueza que permitan el pleno ejercicio de la libertad y la dignidad de los individuos, grupos y clases sociales.

En este contexto, el Estado debe promover las condiciones para el desarrollo rural integral, con el propósito de generar empleo y garantizar a la población campesina el bienestar y su participación e incorporación en el desarrollo nacional, fomentar la actividad agropecuaria y forestal, para el óptimo aprovechamiento y uso de la tierra, con obras de infraestructura, insumos y crédito. Así como el expedir la legislación reglamentaria para planear y organizar la producción agropecuaria, su industrialización y comercialización, considerándolas de interés público, para que garantice el abasto suficiente y oportuno de los alimentos básicos.

En México por mandato de nuestra Ley Suprema, debe hacerse realidad la prohibición de los monopolios y sus prácticas, la exenciónde impuestos. Así mismo, hacer efectivas las sanciones por la comisión, la concentración o el acaparamiento en una o pocas manos de artículos de consumo necesarios y que tenga por objeto el alza de los precios, todo de acuerdo, procedimiento o combinación de los productores, industriales, comerciantes o empresarios de servicios, que de cualquier manera hagan para evitar la libre concurrencia o la competencia entre sí y obligar a los consumidores a pagar precios exagerados y, en general, todo lo que constituya una ventaja exclusiva indebida a favor de una o varias personas determinadas y con perjuicio del público en general o de alguna clase social.

Es muy importante el contribuir a la actualización de las leyes que fijan las bases para que se señalen precios máximos a los artículos, materias o productos que se consideren necesarios para la economía nacional o el consumo popular, así como para imponer modalidades a la organización de la distribución de esos artículos, materias o productos, a fin de evitar que intermediaciones innecesarias o excesivas provoquen insuficiencia en el abasto, así como en el alza de precios, además de proteger a los consumidores y propiciar la organización de éstos para el mejor cuidado de sus intereses.

El acceso a la justicia de los derechos de los consumidores es inaplazable, prioritario y fundamental, para tal fin debe administrarse justicia por tribunales expeditos y dar cumplimientoal imperativo constitucional de que el Congreso de la Unión expida las leyes que regule las acciones colectivas, estableciendo las materias de aplicación, los procedimientos judiciales y los mecanismos de reparación del daño.

El trabajo legislativo requiere cada vez de una mayor especialización para darle viabilidad jurídica a los postulados constitucionales e instrumentos internacionales, leyes federales y demás leyes secundarias que nos permitan alcanzar los objetivos para los que fuimos elegidos los representantes populares.

Nuestro trabajo como legisladores contribuye a normar de manera progresiva la convivencia en el ámbito del Estado Mexicano, además conforme se alcanzan mayores etapas de desarrollo social, económico o tecnológico, y muchas veces sólo por el crecimiento demográfico, se vuelven más fuertes y precisos los requerimientos que se hacen al marco legal que rige la vida política, económica y social del país, es decir, adecuar el orden jurídico a la realidad.

En la economía nacional aún existe un gran retraso en el aspecto normativo, en el ejercicio de los organismos reguladores, en la vigilancia por parte de la autoridad y en la cultura cívica que se requiere para garantizar la aplicación de las leyes.

Las deficiencias en el marco regulatorio de la competencia, ha dejado amplios márgenes para que se impongan los intereses de algunos actores con gran capacidad económica, por encima de los intereses, derechos y condiciones de bienestar de amplios sectores de la población, limitando el desarrollo económico, la inversión y la generación de empleos.

Dentro del sector de los alimentos encontramos una estructura oligopólica en la que coexisten unos cuantos gigantes con cientos de miles de pequeños y medianos productores, cuya oferta es indispensable para su sobrevivencia, pero también para el abasto del mercado interno de productos básicos. Este grupo de micro y pequeños productores enfrentan dificultades para modernizarse e incluso en ocasiones no tienen posibilidades de acceder a la información que les permita mejorar su posición negociadora en las transacciones que realizan para producir y vender su cosecha.

Lo mismo ocurre con los consumidores, que enfrentan las estrategias de los intermediarios, que buscan solamente maximizar sus utilidades en sus ventas al consumidor final; por esa razón grandes sectores de la población tienen problemas para obtener mejores condiciones de compra de los bienes básicos, lo que en muchas ocasiones los hace presa de procesos especulativos que propician una fuerte pérdida de su poder adquisitivo.

Unos y otros, los pequeños productores y consumidores ubicados en los extremos de la cadena de valor, enfrentan con urgencia la atención del legislativo para promover una mejora regulatoria de los mercados por parte de las autoridades, que permita la vinculación entre grupos de productores y consumidores, que son los principales autores.

Está demostrado que en el desarrollo de las economías modernas, ha sido fundamental la regulación sobre el comportamiento de los grandes consorcios, la vigilancia sobre las relaciones de equidad en el intercambio y sobre su comportamiento en relación con los consumidores de sus productos.

Aun cuando el Legislativo ha dado instrumentos a la Comisión Federal de Competencia para que actúe en ese campo, la falta de supervisión y vigilancia social y en particular fallas legislativas han permitido que la Comisión se mantenga pasiva y permita concentración cada vez más actividades en unas cuantas empresas.

Es por ello que se considera necesaria la creación de una Comisión Ordinaria de Competencia Económica y Derechos de los Consumidores, queentre otras funciones, revise y actualice el marco normativo que regula tanto a la Comisión Federal de Competencia para hacer que sus actividades sean más eficientes, así como la diversa normatividad relativa a los derechos de los consumidores, para que su protección y defensase realice en forma ágil y expedita.

Es indispensable además, que sea revisada, actualizada o creada de ser necesaria las disposiciones legales que regulan la prestación de bienes y servicios, cuidando siempre el beneficio del consumidor final. De igual forma proponer normas que protejan a los micro y pequeños empresarios del sector alimenticio en las transacciones que realizan para producir y vender sus cosechas, con lo que se evitará la especulación, el acaparamiento y el alza indebida de productos básicos, lo que beneficiará al comercio y a la economía.

La creación o inclusión de comisiones en nuestro marco normativo esta prevista en el artículo 85 numeral 1 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, que señala: “La Cámara de Senadores contará con el número de comisiones ordinarias y especiales que requiera para el cumplimiento de sus funciones”. En el numeral 2 inciso a) Ordinarias: analizan y dictaminan las iniciativas de ley o decreto que le sean turnadas, así como los asuntos del ramo o área de su competencia.

Por su parte el Reglamento del Senado reitera esta disposición en el artículo 114, además señala en el artículo 113 numeral 1.- Las comisiones,como forma de organización interna del trabajo legislativo, se constituyen por mandato de ley o por acuerdo del Pleno para el adecuado cumplimiento de las atribucionesy responsabilidades del Senado. Agregando en el numeral 2.- En las comisiones se dictamina, investiga, consulta, analiza, debate y resuelve sobre las materias de su competencia.

En mérito de lo anteriormente expuesto, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 174, 175 y 176 del Reglamento del Senado de la República, se sometea consideración la siguiente:

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UNA FRACCION AL ARTICULO 90 DE LA LEY ORGANICA DEL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, PARA INCLUIR DENTRO DE LAS COMISIONES ORDINARIAS, LA DE COMPETENCIA ECONOMICA Y DERECHOS DE LOS CONSUMIDORES, para quedar como sigue:

Artículo 90.

1. Las comisiones ordinarias serán las de:

I a XXX….

XXXI. Competencia Económica y Derechos de los Consumidores.

TRANSITORIO

UNICO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Salón de sesiones de la Cámara de Senadores, a 4 de diciembre de 2012”.

- El C. Presidente Burgos García: Gracias, Senadora Palafox Gutiérrez, se hace la inserción del texto de manera íntegra. Se turna a las Comisiones Unidas de Reglamento y Prácticas Parlamentarias; y de Estudios Legislativos, Segunda.

Tiene el uso de la tribuna el Senador Benjamín Robles Montoya, del grupo parlamentario del PRD, que presenta una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se adiciona el artículo 134 constitucional.





 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETOPOR EL QUE SE ADICIONAN LOS PARRAFOS SEGUNDO, TERCERO, CUARTO Y QUINTO AL ARTICULO 134 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

(Presentada por el C. Senador Angel Benjamín Robles Montoya, del grupo parlamentario del PRD)

- El C. Senador Robles Montoya: Muchas gracias, buenas tardes compañeras y compañeros Senadores, con el permiso del señor Presidente de la Mesa Directiva.

En nuestro país existe una gran corriente de pensamiento que ve como un gran despropósito que la Contraloría, encargada de vigilar el manejo de los dineros, esté a las órdenes del Ejecutivo Federal. Aquel que se encarga de detectar y sancionar los actos de peculado y de corrupciones está al servicio, y por lo tanto al arbitrio del titular de la máxima magistratura.

Y hay que decirlo, nunca podremos avanzar en materia de combate a la corrupción, así como en el uso óptimo, honesto y transparente de los recursos públicos, si el contralor de la nación sigue estando suscrito a la autoridad del Ejecutivo.

Para logar una real concurrencia de esfuerzos entre el gobierno y los ciudadanos, en la que la sociedad se puede erigir como protagonista y corresponsable de su propio desarrollo, es indispensable implementar nuevos esquemas de participación y toma de decisiones gubernamentales.

Sólo a través del empoderamiento ciudadano, con instituciones que contribuyan de manera efectiva a esa motivación, blindadas contra intereses facciosos y ajenos al interés general, se podrá inhibir el uso discrecional y arbitrario del poder.

Es por lo anterior, que se propone ciudadanizar la Contraloría, dándole autonomía plena para que goce de patrimonio y personalidad jurídica propia, así como independencia en su accionar teniéndole que rendir cuentas solamente al pueblo de México.

La corrupción, a nadie le es ajena, es el gran lastre que nos impide transitar como sociedad y nación hacia una estadía de bienestar y desarrollo económico. Esa gran mácula, producto de la impunidad y la cultura de privilegios, ha imantado su imperio en todos los órdenes de gobierno, así como todos los sectores sociales del país.

Una instancia sólida, queda claro, y ciudadana, debe ser creada para combatir la corrupción de arriba hacia abajo.

En materia de combate a la corrupción México se ha comprometido internacionalmente, así lo avala el hecho de haber signado diversos instrumentos internacionales en este sentido: La Convención Interamericana contra la Corrupción; la Convención para Combatir el Cohecho de Servidores Públicos en Transacciones Comerciales Internacionales y; apenas en el 2004, nuestro país firmó la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción.

Estos instrumentos, de conformidad con el artículo 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, constituyen la Ley Suprema de toda la Unión.

Por eso, con la creación de una Contraloría Ciudadana, México estaría honrando lo estipulado en los acuerdos internacionales que ha firmado, especialmente en lo que respecta al artículo 6 de la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción.

Países como Venezuela ya cuentan con una Contraloría Autónoma. Esta contraloría no forma parte ni del Poder Ejecutivo, ni del Legislativo, ni del Judicial, sino a lo que ellos denominan “Poder Ciudadano”.

Una de las funciones primordiales de esta Contraloría Ciudadana sería, por tanto, encargarse de coordinar todo sistema de control y evaluación gubernamental, de igual forma sería responsable de aplicar el régimen disciplinario de los servidores públicos.

De esta manera se lograría la independencia e imparcialidad de los procesos de responsabilidad penal que se instauren por faltas u omisiones de cualquier funcionario público.

Un punto más a destacar de esta propuesta, es que la Contraloría Ciudadana podría iniciar de oficio los procedimientos de responsabilidad penal en materia de corrupción cuando por cualquier medio se entere de que algún servidor público violó la ley. También podría iniciar sus investigaciones a partir de la denuncia que formule cualquier ciudadano.

Es indispensable vigilar, y ahí se aboca la presente iniciativa, que este órgano ciudadano cuente con las atribuciones suficientes para actuar como una verdadera fiscalía anticorrupción, sin permanecer con carácter de simple coadyuvante de las instancias encargadas de perseguir el delito.

Perfil que, dicho sea de paso, no considera la propuesta que nos han enviado aquí recientemente.

La Comisión Nacional Anticorrupción que ahora proponen los compañeros del PRI sólo se aúna a una simulación en un tema tan delicado como es el combate a la corrupción.

No podemos concebir a una instancia creada a este efecto sin dos elementos fundamentales: capacidad para perseguir delitos, es decir, que cuente con dientes y la introducción de un procedimiento de selección donde intervenga la sociedad civil.

La iniciativa, por lo tanto, que hoy presento a esta Soberanía, compañeras y compañeros, cuenta con ambas; por un lado se dota a la Contraloría Ciudadana de la facultad de perseguir ante los tribunales federales de todos los delitos relacionados con actos de corrupción o uso indebido de los recursos públicos cometidos por cualquier integrante de los Poderes de la Unión, de los poderes públicos de las entidades federativas, de los municipios y de los organismos constitucionales autónomos; y por el otro, se garantiza la participación de la sociedad civil en el proceso de designación del Contralor Ciudadano, siendo que las universidades, las instituciones de educación y las organizaciones civiles propondrían a los individuos que de acuerdo a su accionar profesional, currículum, honorabilidad, encajen con el perfil deseado.

El Contralor Ciudadano general será después elegido por el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes de la Cámara de Senadores, es la propuesta que vengo a presentar ante este Pleno.

Es cuanto, señor Presidente.

Iniciativa

“C. PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA

DE LA CAMARA DE SENADORES

DEL H. CONGRESO DE LA UNION

PRESENTE.

El suscrito, BenjamIn Robles Montoya, Senador de la República a la LXII Legislatura del H. Congreso de la Unión, integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 71 fracción II, 72 y 73 fracción XXVIII, todos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; Artículo 164 numerales 1, 2 y 3 del Reglamento del Senado de la República; somete a la consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de Decreto por el que seadicionan los párrafos segundo, tercero, cuarto y quinto al Artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de conformidad con lo siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

Es un despropósito que la contraloría del Estado, encargada de vigilar el manejo de los dineros, esté a las órdenes del Ejecutivo Federal. Aquel que se encarga de detectar y sancionar los actos de peculado y corrupción está al servicio, y por tanto al arbitrio, del titular de la máxima magistratura. Figura a la que le responden también las dependencias encargadas de direccionar y ejercer los presupuestos federales -dondese corre el mayor riesgo de incurrir en prácticas de desfalco al erario público-. Esto representa un claro conflicto de intereses, siendo que la administración pública federal se erige comojuez y parte.

Nunca podremos avanzar en materia de combate a la corrupción, así como en el uso óptimo, honesto y transparente de los recursos públicos, si el Contralor del Estado sigue estando suscrito a la autoridad del Ejecutivo.Que una posición tan importante para el probo funcionamiento de la administración pública, fundamental para elevar la calidad en la gestión y desempeño de los servidores públicos, sea ejercida por un empleado del Presidente, representa un sin sentido y atenta contra el principio devigilancia y transparencia.

El nombramiento del titular de la Secretaría de la Función Pública por parte del Presidente de la República alienta la opacidad y pervierte la función primigenia de un órgano que, en teoría, debería fungir como censor de toda práctica ilegal en la administración pública. En cambio, vemos que esta instancia se convierte en encubridor de las tropelías propias de un aparato burocrático ajeno al escrutinio ciudadano.

Para lograr una real concurrencia de esfuerzos entre el gobierno y los ciudadanos, en la que la sociedad se pueda erigir como protagonista y corresponsable de su propio desarrollo, es indispensable implementar nuevos esquemas de participación y toma de decisiones gubernamentales.

Sólo a travésdel empoderamiento ciudadano, con instituciones que contribuyan de manera efectiva a esa motivación, blindadas contraintereses facciosos y ajenos al interés general,se podrá inhibir el uso discrecional y arbitrario del poder.Las transformaciones que requiere el desarrollo del país deben responder, forzosamente, a la evolución política y democrática del cuerpo social mexicano; el monopolio partidocrático del espacio público debe ceder ante la participación ciudadana y una mayor democracia participativa.

Es por lo anterior que se propone ciudadanizar la contraloría del Estado, dándole autonomía plena para que goce de patrimonio y personalidad jurídica propia, así como independencia en su accionar, teniéndole que rendir cuentas solamente al pueblo de México.

La corrupción, a nadie le es ajeno, es el gran lastre que nos impide transitar como sociedad y nación hacia un estadio de mayor bienestar y desarrollo económico. Esa gran mácula, producto de la impunidad y la cultura de privilegios, ha imantado su imperio a todos los órdenes de gobierno, así como a todos los sectores sociales del país.

Una instancia sólida, queda claro, y ciudadana, debe ser creada para combatir la corrupción de arriba hacia abajo.

En materia de combate a la corrupción México se ha comprometido internacionalmente, así lo avala el hecho de haber signado diversos instrumentos internacionales en este sentido: La Convención Interamericana contra la Corrupción (CICC); la Convención para Combatir el Cohecho de Servidores Públicos en Transacciones Comerciales Internacionales y; apenas en el 2004, nuestro país firmó la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción (UNCAC).

Estos instrumentos internacionales, de conformidad con el Artículo 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, constituyen la Ley Suprema de toda la Unión.

Con la creación de la Contraloría Ciudadana, México estaría honrando lo estipulado en los acuerdos internacionales que ha firmado, especialmente en lo que respecta al artículo 6 de la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción, que a la letra dice:

Artículo 6

Órgano u órganos de prevención de la corrupción

1. Cada Estado Parte, de conformidad con los principios fundamentales de su ordenamiento jurídico, garantizará la existencia de un órgano u órganos, según proceda, encargados de prevenir la corrupción con medidas tales como:

a) La aplicación de las políticas a que se hace alusión en el artículo 5 de la presente Convención y, cuando proceda, la supervisión y coordinación de la puesta en práctica de esas políticas;

b) El aumento y la difusión de los conocimientos en materia de prevención de la corrupción.

2. Cada Estado Parte otorgará al órgano o a los órganos mencionados en el párrafo 1 del presente artículo la independencia necesaria, de conformidad con los principios fundamentales de su ordenamiento jurídico, para que puedan desempeñar sus funciones de manera eficaz y sin ninguna influencia indebida. Deben proporcionárseles los recursos materiales y el personal especializado que sean necesarios, así como la capacitación quedicho personal pueda requerir para el desempeño de sus funciones.

3. Cada Estado Parte comunicará al Secretario General de las Naciones Unidas el nombre y la dirección de la autoridad o las autoridades que puedan ayudar a otros Estados Parte a formular y aplicar medidas concretas de prevención de la corrupción.

El nombramiento del contralor ciudadano se logrará tras una ardua auscultación en la sociedad, donde universidades, instituciones de educación y organizaciones civiles propongan a los individuos que, de acuerdo a su accionar profesional, currículo y honorabilidad, encajen con el perfil deseado. Será elegido por las dos terceras partes de los miembros presentes de la Cámara de Senadores.

Países como Venezuela ya cuentan con Contraloría Autónoma (Contraloría General de la Republica). Esta contraloría no forma parte ni del Poder Ejecutivo, ni del Legislativo, ni del Judicial, sino a lo que ellos denominan Poder Ciudadano.

Una de las funciones primordiales de esta Contraloría Ciudadana sería encargarse de coordinar todo el sistema de control y evaluación gubernamental, de igual forma sería responsable de aplicar el régimen disciplinario de los servidores públicos.

De esta manera se lograría la independencia e imparcialidad en los procesos de responsabilidad penal que se instauren por faltas u omisiones de cualquier funcionario público.

Un punto más a destacar es que la Contraloría Ciudadana podría iniciar de oficio los procedimientos de responsabilidad penal en materia de corrupción, cuando por cualquier medio se entere de que algún servidor público violó la ley. También podrá iniciar sus investigaciones a partir de la denuncia que formule cualquier ciudadano.

Es indispensable vigilar, y a ese fin se aboca la presente iniciativa, que este órgano ciudadano cuente con las atribuciones suficientes para actuar como una verdadera fiscalía anticorrupción, sin permanecer en carácter de simple coadyuvante de las instancias encargadas de perseguir el delito.

El primer párrafo del artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, estipula:

Artículo 134. Los recursos económicos de que dispongan la Federación, los estados, los municipios, el Distrito Federal y los órganos político-administrativos de sus demarcaciones territoriales, se administrarán con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que estén destinados.

Es precisamente para honrar el espíritu de este artículo, y en vista de lo anteriormente expuesto, que se pone a consideración de esta Soberanía la siguiente:

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONAN LOS PARRAFOS SEGUNDO, TERCERO, CUARTO y QUINTO AL ARTICULO 134, Y SE RECORREN LOS ACTUALES Y SUBSECUENTES, DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.

ARTICULO PRIMERO.- Se adicionan los párrafos segundo, tercero, cuarto y quinto al Artículo 134, y se recorren los actuales y subsecuentes, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 134.- Los recursos económicos de que dispongan la Federación, los estados, los municipios, el Distrito Federal y los órganos político-administrativos de sus demarcaciones territoriales, se administrarán con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que estén destinados.

La Contraloría Ciudadana, como organismo constitucional autónomo, contará con autonomía de gestión y presupuestaria, personalidad jurídica y patrimonio propios, será la encargada de velar por la correcta administración de los recursos públicos. La Contraloría Ciudadana estará presidida por un Contralor Ciudadano General, cuya designación será hecha conforma a la convocatoria emitida por el Senado de la República, donde universidades, instituciones de educación y organizaciones civiles propondrán a los individuos que, de acuerdo a su accionar profesional, currículo y honorabilidad, encajen con el perfil deseado.

En su funcionamiento, la Contraloría Ciudadana se rige por los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, objetividad y profesionalismo.

El Contralor Ciudadano General será elegido por el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes de la Cámara de Senadores o, en sus recesos, por la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, con la misma votación calificada. Durará en su cargo cinco años, podrá ser reelecto por una sola vez, no deberá tener filiación partidista alguna, deberá de contar con reconocido prestigio profesional y sólo podrá ser removido de sus funciones en los términos del Título Cuarto de esta Constitución. El Contralor Ciudadano Generalpresentará anualmente un informe de actividadesante la Cámara de Senadores.

Corresponde a la Contraloría Ciudadana la persecución, ante los tribunales federales, de todos los delitos relacionados con actosde corrupción o uso indebido de recursos públicos, cometidos por cualquier integrante de los Poderes de la Unión, así como de los poderes públicos de las Entidades Federativas, de los Municipios y de los Organismos Constitucionales Autónomos. Le corresponderá, de igual manera, solicitar a la autoridad judicial correspondiente las órdenes de aprehensión contra los inculpados, buscar y presentar las pruebas que acrediten la plena responsabilidad de estos, vigilar que los juicios se sigan con toda regularidad, solicitar la aplicación de las penas correspondientes e intervenir en todos los procesos que la ley determine.

…….

TRANSITORIOS

PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

SEGUNDO.- El Congreso de la Unión deberá expedir las correspondientes Leyes reglamentarias dentro de los 60 días de la entrada en vigor del presente Decreto.

TERCERO.- En un plazo máximo de 60 días, contados a partir de la entrada en vigor del presente decreto, la Cámara de Senadores deberá elegir al Contralor Ciudadano General. Conforme al procedimiento dispuesto por este Decreto.

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Senadores, a 27 de noviembre de 2012.

Atentamente

Sen. Angel Benjamín Robles Montoya”.

- El C. Presidente Burgos García: Muchas gracias, Senador Robles Montoya. Se turna a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; y de Estudios Legislativos, Segunda.

Sonido en el escaño del Senador Ruffo Appel.

- El C. Senador Ernesto Ruffo Appel: (Desde su escaño)Señor Presidente, para preguntarle al Senador Benjamín Robles, si es posible aceptar mi adhesión a su propuesta.

- El C. Presidente Burgos García: ¿Acepta, Senador Benjamín Robles?

- El C. Senador Angel Benjamín Robles Montoya: Acepto.

- El C. Presidente Burgos García: Aceptada. Tomo nota.

Se recibió de las Senadoras María Cristina Díaz Salazar e Hilda Flores Escalera y de los Senadores Isaías González Cuevas, Armando Neyra Chávez y Ernesto Gándara Camou, del grupo parlamentario del PRI, una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman diversos artículos de la Ley Federal del Trabajo. Se turna a las Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión Social; y de Estudios Legislativos, Primera.




 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSOS ARTICULOS DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO

(Presentada por las CC. Senadoras María Cristina Díaz Salazar e Hilda Esthela Flores Escalera y de los CC. Senadores Isaías González Cuevas, Armando Neyra Chávez y Ernesto Gándara Camou, del grupo parlamentario del PRI)

- Se da cuenta con la iniciativa y se turna a las Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión Social; y de Estudios Legislativos, Primera.





 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETOPOR EL QUE SE ADICIONA UN SEGUNDO PARRAFO, RECORRIENDOSE EL SUBSECUENTE EN SU ORDEN, AL ARTICULO 71 DE LA LEY DE VIVIENDA

(Presentada por el C. Senador Fernando Herrera Avila, del grupo parlamentario del PAN)

- El C. Senador Fernando Herrera Avila: Con el permiso de la Presidencia.

La actual consolidación mundial de la industria solar es una realidad y en México parece que apenas lo estamos advirtiendo. Varios países en el mundo muestran hoy sus avances tecnológicos basados en energía limpia y eficiencia energética en lugar de seguir confiando en la energía nuclear y en los combustibles fósiles. La generación de empleos, la seguridad energética y la protección climática representan hoy los referentes que las aportaciones tecnológicas en materia de energías limpias y eficiencia energética están generando en el mundo.

Nunca como ahora, el mundo está mostrando su preocupante adicción a las energías fósiles, especialmente del petróleo. El modelo fosilista de la energía de consumo que estructuró la economía y la sociedad del mundo contemporáneo debió haber sido sustituida desde finales del siglo XX.

La historia del consumo energético, así como del crecimiento económico y demográfico de la humanidad en los últimos 100 años, nos indica que el cambio climático es, en buena parte, consecuencia precisa de ese consumo y ese crecimiento que nos ha vuelto dependientes del uso masivo de los combustibles convencionales fósiles como el carbón, el petróleo y el gas, que generan graves problemas progresivos de contaminación asociados a los gases de efecto invernadero y al cambio climático.

Según datos recabados por la organización Greenpeace y el cuarto informe de evaluación de febrero de 2007 del Grupo Intergubernamental de Expertos en el Cambio Climático, la temperatura de la superficie del planeta ha aumentado unos 0.74°C en el último siglo. En Europa este aumento ha sido del 0.95°C en las tres últimas décadas, mientras que el nivel del mar subió en promedio entre 10 y 20 centímetros durante el siglo XX, y para el año 2100 se prevé una subida adicional de 19 a 58 centímetros. Este aumento de temperatura es el mayor de los últimos 10 mil años, al igual que la velocidad con que se ha producido, se está alterando el clima de manera que ya la humanidad está sintiendo estos efectos.

Ante esta situación, urge que nuestro país inicie el tránsito hacia las energías limpias. Ello implica cambio social, cambio tecnológico y cambio económico estructural que haga posible un cambio de paradigma energético que no abrigue ningún temor en el tránsito de una economía petrolera hacia una economía limpia basada en fuentes de energía renovables. México tiene la capacidad de limitar el consumo de energía fósil y reemplazarla por energía limpia como la energía solar.

Llegó el momento, compañeras y compañeros Senadores, de poner en marcha en nuestro país la transición hacia un sistema energético basado en la explotación directa o indirecta de la energía solar, fuente en última instancia de toda energía disponible en esta tierra.

Bajo este contexto, y considerando que el uso de energías renovables en México es todavía limitado, propongo a esta Soberanía una reforma al primer párrafo del artículo 71 de la Ley de Vivienda, para que se promueva el uso de la energía solar en viviendas y que éstas cuenten con captadores solares para el calentamiento de aguas sanitaria y sistemas fotovoltaicos para la producción de electricidad de origen solar, entre otros.

Por lo expuesto y fundado y en congruencia con la Ley para el Aprovechamiento de Energías Renovables y el Financiamiento de la Transición Energética y de la Ley para el Aprovechamiento Sustentable de la Energía, me permito poner a la elevada consideración de esta Honorable Asamblea, la siguiente iniciativa con proyecto de Decreto.

Unico. Se adiciona un segundo párrafo, recorriéndose el subsecuente en su orden al artículo 71 de la Ley de Vivienda, para quedar como sigue:

Artículo 71.- …

Asimismo, promoverá el uso de energías renovables a través de la instalación de sistemas de captación solar para el calentamiento de agua y sistemas fotovoltaicos para suministro de electricidad, además de las nuevas ecotecnologías aplicables a la vivienda; así como el diseño y envolventes térmicos, de acuerdo a las regiones bioclimáticas del país, utilizando equipos y sistemas normalizados en cualquiera de sus modalidades.

Transitorio

Unico. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Es cuanto, señor Presidente.

Iniciativa

“El que suscribe, Fernando Herrera Avila, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXII Legislatura del Senado de la República del Congreso de la Unión, en ejercicio de la facultad que me confieren los artículos 71, fracción IIde la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y con fundamento en los artículos 8° numeral 1 fracción I; 164 numerales 1 y 2; 169 y 172 numeral 1, del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración del pleno de esta Soberanía, el siguiente proyecto de Decreto por el que se adiciona un segundo párrafo, recorriéndose el subsecuente en su orden, al artículo 71 de la Ley de Vivienda, al tenor de la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

La actual consolidación mundial de la industria solar es una realidad y en México parece que apenaslo estamos advirtiendo.Varios países en el mundo muestran hoy sus avances tecnológicos basados en energías limpias y eficiencia energética en lugar de seguir confiando en la energía nuclear y en los combustibles fósiles. La generación de empleos, la seguridad energética y la protección climática representan hoy los referentes que las aportaciones tecnológicas en materia de energías limpias y eficiencia energética están generando en el mundo.

La economía mundial sigue dominada por las industrias del petróleo y del automóvil a la que se ha sumado en los últimos años la industria de la biotecnología. La situación energética agravada por los intereses geopolíticos de las potencias que luchan por el control de los yacimientos de hidrocarburos sin reparar en la degradación del medio ambiente, coloca a la humanidad ante una crisis de tal magnitud que expertos en la materia nos dicen que si no actuamos urgentemente para frenar el daño a nuestro entorno ecológico las consecuencias serán irreversibles y afectarán a las futuras generaciones durante cientos de años.

Nunca como ahora, el mundo está mostrando su preocupante adicción a las energías fósiles, especialmente del petróleo. El modelo fosilista de la energía de consumo que estructuró la economía y la sociedad del mundo contemporáneo debió haber sido sustituida desde finales del siglo XX.

La historia del consumo energético, así como del crecimiento económico y demográfico de la humanidad en los últimos 100 años, nos indica que el cambio climático es, en buena parte, consecuencia precisa de ese consumo y ese crecimiento que nos ha vuelto dependientes del uso masivo de los combustibles convencionales fósiles como el carbón, el petróleo y el gas, que generan graves problemas progresivos de contaminación asociados a los gases de efecto invernadero y al cambio climático.

Según datos recabados por la organización Greenpeace y el cuarto informe de evaluación de febrero de 2007 del Grupo Intergubernamental de Expertos en el Cambio Climático, la temperatura de la superficie del planeta ha aumentado unos 0.74ºC en el último siglo. En Europa este aumento ha sido del 0.95ºC en las tres últimas décadas, mientras que el nivel del mar subió en promedio entre 10 y 20 centímetros durante el siglo XX, y para el año 2100 se prevé una subida adicional de 19 a 58 centímetros. Este aumento de temperatura es el mayor de los últimos 10.000 años, al igual que la velocidad con que se ha producido, se está alterando el clima de manera que ya la humanidad está sintiendo sus efectos.

Por otra parte, la llamada de atención más firme que un gobierno ha hecho, en torno a esta grave situación se debe a Inglaterra, al difundir el “informe Stern”, elaborado por Nicolás Stern, asesor económico de la Administración británica y ex economista del Banco Mundial quien advierte en su estudio que, de no actuar ahora contra el cambio climático, el costo será equivalente a perder entre un 5 y un 20 por ciento del producto interno bruto global, afectando el acceso al agua potable, la producción de alimentos, la sanidad y el medio ambiente, mientras que millones de personas pasarán hambruna”. Anticipa que el calentamiento de la Tierra puede tener consecuencias “desastrosas” para la economía, a un nivel superior a la gran depresión de 1929-30, y puede generar más de 200 millones de refugiados.

Ante esta situación, urge que nuestro país inicie el tránsito hacia las energías limpias. Ello implica cambio social, cambio tecnológico y cambio económico estructural que haga posible un cambio de paradigma energético que no abrigue ningún temor en el tránsito de una “economía petrolera” hacia una “economía limpia” basada en fuentes de energía renovables. México tiene la capacidad de limitar el consumo de energía fósil y reemplazarla por energía limpia como la energía solar.

Llegó el momento compañeras y compañeros senadores de poner en marcha en nuestro país la transición hacia un sistema energético basado en la explotación directa o indirecta de la energía solar, fuente en última instancia de toda la energía disponible en la tierra.

México está ubicado en el cinturón de mayor incidencia solar de la tierra que beneficia a la mayor parte de nuestro territorio; la zona norte es de las más soleadas del mundo. Su irradiación media anual es de aproximadamente 5 kilowatts hora por metro cuadrado por día y es uno de los países a nivel mundial que presenta condiciones ideales para el aprovechamiento masivo de energía solar que representa un gran potencial para la generación de energía eléctrica y térmica, ésta ultima teniendo un gran potencial de aplicación para usos productivos y calentamiento de agua para uso en los sectores domésticos yde turismo.

Bajo este contexto, y considerando que el uso de energías renovables en México es todavía limitado, propongo a esta soberanía una reforma al primer párrafo del Artículo 71 de la Ley de Vivienda, para que se promueva el uso de la energía solar en viviendas y que éstas cuenten con captadores solares para el calentamiento de agua sanitaria y sistemas fotovoltaicos para la producción de electricidad de origen solar, entre otros. Todo esto tendría un impacto ampliamente positivo en las finanzas públicas y familiares con los consabidos beneficios ambientales.

La Academia Mexicana de Ciencias, la Academia de Ingeniería y diversas entidades académicas de la UNAM, como el Centro de Estudios en Energía de esta institución, han señalado en estudios recientes que México cuenta con abundancia de recursos en energías renovables, mucho más que de Hidrocarburos y con capital humano capaz de generar investigación y desarrollos para apropiarse o crear las tecnologías necesarias para su aprovechamiento, al igual que para promover una industria nacional. No existen razones políticas, jurídicas, ni económicas para que en México la energía solar no sea aprovechada en las viviendas en sus distintas formas, ya sea como energía térmica solar para calentar agua, como energía fotovoltaica para generar electricidad o como los sistemas pasivos de la arquitectura solar para crear confort térmico.

Si el gobierno federal y los gobiernos estatales estiman construir anualmente alrededor de un millón de viviendas y si todas éstas contaran con las aplicaciones de la energía solar ya mencionadas significaría para el país un ahorro increíble de hidrocarburos y dinero jamás imaginado con un valor agregado resultante de la reducción de emisiones contaminantes que colocaría a México a la vanguardia en el uso de la energía solar en el mundo entero.

Por lo expuesto y fundado y en congruencia con la Ley para el Aprovechamiento de Energías Renovables y el Financiamiento de la Transición Energética y de la Ley para el Aprovechamiento Sustentable de la Energía me permito poner a la elevada consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente Iniciativa con:

PROYECTO DE DECRETO

UNICO.- Se adiciona un segundo párrafo, recorriéndose el subsecuente en su orden, al Artículo 71 de La Ley de Vivienda, para quedar como sigue:

ARTICULO 71.-

Asimismo, promoverá el uso de energías renovables a través de la instalación de sistemas de captación solar para el calentamiento de agua y sistemas fotovoltaicos para suministro de electricidad, además de las nuevas ecotecnologías aplicables a la vivienda; así como el diseño y envolventes térmicos, de acuerdo a las regiones bioclimáticas del país, utilizando equipos y sistemas normalizados en cualquiera de sus modalidades

TRANSITORIO

UNICO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, a 29 de noviembre de 2012.

Sen. Fernando Herrera Avila”.

- El C. Presidente Burgos García: Muchas gracias, Senador Herrera Avila. Se turna a las Comisiones Unidas de Vivienda; y de Estudios Legislativos.

Se recibió del Senador Angel Benjamín Robles Montoya, a nombre propio y de los Senadores Luis Miguel Barbosa Huerta y Jorge Luis Preciado Rodríguez, una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 104 de la Ley Orgánica del Congreso de la General de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a las Comisiones Unidas de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias; y de Estudios Legislativos, Segunda.





 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETOPOR EL QUE SE REFORMA EL NUMERAL 1 DEL ARTICULO 104 DE LA LEY ORGANICA DEL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

(Presentada por el C. Senador Angel Benjamín Robles Montoya, a nombre propio y de los CC. Senadores Luis Miguel Gerónimo Barbosa Huerta y Jorge Luis Preciado Rodríguez)

“MESA DIRECTIVA DE LA CAMARA DE SENADORES
DEL H. CONGRESO DE LA UNION
PRESENTE.

Los suscritos, Senadores Angel Benjamín Robles Montoya, Luis Miguel Gerónimo Barbosa Huerta y Jorge Luis Preciado Rodríguez, Senadores por la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y por los artículos 8, fracción I, 164 párrafos 1 y 2, 169, 171 párrafo 1 y 172 párrafo 1 del Reglamento del Senado de la República, sometemos a la consideración de esta H. Asamblea la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL NUMERAL 1 DEL ARTICULO 104 DE LA LEY ORGANICA DEL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.

No cabe duda que el Congreso de la Unión se ha consolidado en los últimos 15 años como uno de los pilares fundamentales de la democracia mexicana. Hoy nadie puede negar la relevancia y el peso específico que la labor del Congreso de la Unión reviste en la vida democrática de nuestro país.

A partir de 1997, cuando el partido en el poder dejó de tener la mayoría absoluta en la Cámara de Diputados, la nueva correlación de fuerzas dio lugar a la necesidad de lograr consensos, generándose así una dinámica que permitió a ambas Cámaras del Congreso constituirse como un auténtico e incluyente espacio de debate, negociación y generación de acuerdos en los grandes temas nacionales.

Pero el Congreso se convirtió también en un contrapeso del Poder Ejecutivo, que hasta ese entonces había ejercido un control de facto sobre él, convirtiéndolo prácticamente en una oficina de trámites de sus iniciativas y políticas durante décadas.

El Congreso desempeñó entonces un nuevo papel dentro del proceso de transición democrática, que al paso de los años lo llevó a consolidarse como pilar de nuestro sistema político y jurídico.

Con la nueva correlación de fuerzas al interior de ambas Cámaras y la consolidación del Legislativo como un poder independiente, pronto se hizo evidente la necesidad de adaptar su organización y funcionamiento internos a las necesidades que la nueva dinámica del trabajo parlamentario exigieron, a partir del renovado papel del Congreso en la vida democrática de México.

Desde 1997 y en el transcurso de los años ulteriores, ambas Cámaras del Congreso de la Unión se han fortalecido institucionalmente y sin duda en ello tienen que ver las modificaciones que han llevado a cabo a su régimen interno.

El ejemplo más claro de la adaptación del Congreso de la Unión a su nueva dinámica, fue sin duda la expedición de una nueva Ley Orgánica, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 3 de septiembre de 1999, que sustituyó a la ley del mismo nombre expedida en 1979. Este ordenamiento se encuentra vigente y es el sustento legal de la organización y funcionamiento actuales en ambas Cámaras del Poder Legislativo Federal. Pero es también, el marco normativo en el que desempeñamos nuestras funciones quienes tenemos el altísimo honor de ocupar el cargo de Diputados Federales y Senadores.

Un ejemplo más reciente de modernización a la normatividad interior del Congreso, fue la expedición por parte de ambas Cámaras de sus respectivos Reglamentos.

El Reglamento del Senado de la República fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el 4 de junio de 2010 y entró en vigor el 1° de septiembre de ese año, mientras que el Reglamento de la Cámara de Diputados fue publicado en el Diario Oficial de la Federación unos meses más tarde, el 24 de diciembre de 2010, y entró en vigor el 1° de enero de 2011.

La expedición de ambos reglamentos por parte de sus respectivas Cámaras durante la LXI Legislatura, fue una muestra de la claridad de los legisladores acerca de la necesidad de actualizar su normatividad interna, en aras de contar con un marco legal que les permitiera hacer más eficiente y eficaz el trabajo legislativo.

Sin embargo, no debemos perder de vista que tanto la composición de las Cámaras como la integración de los grupos parlamentarios e incluso la existencia misma de éstos últimos, son reflejo de las condiciones políticas que se presentan en un determinado tiempo, de ahí su dinámica cambiante.

Y es precisamente por virtud de esta dinámica que los Senadores nos hemos encontrado con una nueva dificultad al inicio de la presente Legislatura, la cual nos exige realizar una nueva adaptación a nuestra normatividad, con el fin de garantizar el adecuado desarrollo y representatividad al seno de las Comisiones Ordinarias de trabajo de la Cámara a la que pertenecemos.

La cantidad de integrantes de los grupos parlamentarios y el límite de hasta cuatro comisiones ordinarias a las que puede pertenecer un Senador, limitante establecida en el artículo 104 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, han generado que en la presente Legislatura, algunas comisiones ordinarias del Senado de la República se encuentren incompletas, debido a la imposibilidad de algunos grupos parlamentarios de designar a alguno de sus integrantes para ocupar los lugares que les corresponden en dichas comisiones, en virtud de que pertenecen ya a cuatro comisiones.

Este déficit en la integración de las comisiones resulta no solamente un obstáculo para el adecuado desarrollo de los trabajos relativos a la elaboración de dictámenes, sino que representa también un lastre para la discusión incluyente de los temas, toda vez que como ya se ha dicho, algunos grupos parlamentarios se ven imposibilitados para designar a sus representantes ante todas las comisiones en las que tienen derecho a un lugar, y por ende pierden la oportunidad de participar activamente en la discusión de los temas y la elaboración de los dictámenes.

Basta revisar la página web de las comisiones ordinarias para verificar la incompleta integración de varias de ellas. Específicamente, 28 de las 62 comisiones ordinarias que existen en el Senado de la República, presentan este problema.

Dichas comisiones y la cantidad de senadores que les faltan para completar su integración son las siguientes:

• Asuntos Fronterizos Norte, 1 integrante.

• Atención a Grupos Vulnerables, 3 integrantes.

• Autosuficiencia Alimentaria, 1 integrante.

• Biblioteca y Asuntos Editoriales, 1 integrante.

• Comercio y Fomento Industrial, 4 integrantes.

• Defensa Nacional, 1 integrante.

• Derechos Humanos, 1 integrante.

• Desarrollo Municipal, 2 integrantes.

• Desarrollo Regional, 1 integrante.

• Distrito Federal, 2 integrantes.

• Educación, 1 integrante.

• Equidad y Género, próximamente denominada para la Igualdad de Género, 5 integrantes.

• Federalismo, 2 integrantes.

• Fomento Económico, 2 integrantes.

• Gobernación, 1 integrante.

• Jurisdiccional, 3 integrantes.

• Juventud y Deporte, 2 integrantes.

• Marina, 1 integrante.

• Medio Ambiente y Recursos Naturales, 1 integrante.

• Pesca, 2 integrantes.

• Protección Civil, 2 integrantes.

• Puntos Constitucionales, 1 integrante.

• Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, 1 integrante.

• Relaciones Exteriores, 1 integrante.

• Relaciones Exteriores África, 1 integrante.

• Relaciones Exteriores Organismos Internacionales, 1 integrante.

• Relaciones Exteriores Organismos no Gubernamentales, 2 integrantes.

• Seguridad Pública, 1 integrante.

Como se puede observar el déficit no es menor y se complica si tomamos en consideración lo dispuesto por el artículo 92 de la propia Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, que establece el impedimento para el Presidente y los tres Vicepresidentes de la Mesa Directiva del Senado para formar parte de comisiones ordinarias y especiales durante su encargo.

De tal suerte que son 4 los senadores impedidos para integrar alguna de estas comisiones, quienes por cierto, pertenecen a los tres grupos parlamentarios con mayor representatividad en la Cámara y por ende en las comisiones.

Hoy se ha vuelto necesario aumentar la cantidad máxima de comisiones ordinarias a las que un legislador puede pertenecer, y por ello la presente iniciativa propone una modificación al numeral 1 del artículo 104 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, con la finalidad de que cada legislador pueda ser integrante de hasta cinco comisiones ordinarias, en lugar de las cuatro que actualmente establece la disposición en cuestión.

Vale la pena aclarar que para poder aumentar el número máximo de comisiones a las que los Senadores pueden pertenecer, resulta necesaria únicamente la modificación al numeral 1 del artículo 104 de la Ley Orgánica, sin que sea necesario realizar modificación alguna al Reglamento del Senado de la República, pues el artículo 122 de este último, que se refiere a las propuestas de los grupos parlamentarios para la integración de las comisiones, nos remite expresamente a los términos del artículo 104 de la Ley Orgánica.

Estamos convencidos de que la situación actual en la integración de las comisiones ordinarias del Senado de la República, representa un obstáculo para su adecuado funcionamiento y para la consecución de los objetivos que todos los integrantes de la presente Legislatura nos hemos trazado.

Por ello estamos convencidos también de la imperiosa necesidad de atender el problema de manera inmediata, con el fin de garantizar el adecuado desarrollo de los trabajos al seno de las comisiones. No debemos olvidar que las comisiones son parte fundamental de la función que desempeña la Cámara de Senadores.

Por ello, todo obstáculo para el desarrollo del trabajo de las comisiones ordinarias, es también un obstáculo para el Senado en su conjunto.

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de esta H. Asamblea el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO

UNICO.- Se reforma el numeral 1 del artículo 104 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 104.

1. Las comisiones ordinarias se constituyen durante el primer mes de ejercicio de la Legislatura, tendrán hasta quince miembros y el encargo de sus integrantes será por el término de la misma. Ningún senador pertenecerá a más de cinco de ellas.

2. a 4. …

TRANSITORIOS

PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, a 29 de noviembre de 2012.

Sen. Luis Miguel Gerónimo Barbosa Huerta.- Sen. Angel Benjamín Robles Montoya.- Sen. Jorge Luis Preciado Rodríguez”.

Tiene el uso de la tribuna la Senadora Lisbeth Hernández Lecona, a nombre propio y de diversas Senadoras, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se adicionan dos párrafos al artículo 4o. constitucional.




 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONAN DOS PARRAFOS AL ARTICULO 4o. DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

(Presentada por la C. Senadora Lisbeth Hernández Lecona, a nombre propio y de las CC. Senadoras Angélica del Rosario Araujo Lara, Hilda Esthela Flores Escalera, Margarita Flores Sánchez, Diva Hadamira Gastélum Bajo, Juana Leticia Herrera Ale, Lilia Guadalupe Merodio Reza, Claudia Artemiza Pavlovich Arellano, María del Rocío Pineda Gochi y Mely Romero Celis, del grupo parlamentario del PRI)


- Se da cuenta con la iniciativa y se turna a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; y de Estudios Legislativos, Primera.





 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETOPOR EL QUE SE REFORMA EL ARTICULO 104, NUMERAL 1 DE LA LEY ORGANICA DEL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

(Presentada por el C. Senador Ernesto Ruffo Appel, a nombre propio y de integrantes del grupo parlamentario del PAN)

- El C. Senador Ernesto Ruffo Appel: Señor Presidente de la Mesa Directiva, Enrique Burgos, compañeras y compañeros Senadores.

El pasado 27 de septiembre aprobamos el acuerdo mediante el cual se conformaron las 59 comisiones ordinarias encargadas de dar trámite a los diferentes asuntos, competencia de esta Cámara.

Sin embargo, el funcionamiento de varias de esas comisiones no se ha podido concretar debido a que en algunas de ellas aun existen Senadores que no han sido designados para sus respectivos grupos parlamentarios, debido a que la totalidad de ellos ya forman parte de hasta cuatro comisiones que la Ley Orgánica de este Congreso General permite conformar.

De esas 59 comisiones existen 14 que carecen de la designación de uno de los Secretarios de la Junta Directiva, dejando en una situación de incertidumbre la senda cantidad de actos jurídicos que, conforme al Reglamento, deben ser aprobados por esta, tales como formular los proyectos del Orden del Día de las reuniones de las comisiones.

Dos comisiones más, de manera irónica, sólo cuentan con la designación de su presidente, propiciando que su funcionamiento prácticamente sea inoperante. Esta situación es comprobable con una sencilla operación aritmética, en la que habiendo 128 Senadores, que sólo pueden formar parte de hasta 4 de las 59 comisiones ordinarias, resulta imposible lograr su conformación total a pesar de que varias de las 59 comisiones se integran con tan solo 3 Senadores.

La limitación que prevé nuestra Ley Orgánica de no poder formar parte de más de 4 comisiones, resulta mucho más complicada para los grupos parlamentarios minoritarios, ya que prácticamente tienen que hacer una selección de a cuáles comisiones dar prioridad, pues insisto, aritméticamente les resulta imposible designar representantes en las 59 comisiones.

Es indubitable que la inoperatividad de los órganos legislativos de esta Cámara no puede detenerse y que somos nosotros los Senadores los primeros responsables de dar ejemplo del apego a la legalidad de nuestros actos, pero además dotar de lo necesario a nuestros órganos legislativos para que funcionen correctamente.

Por esta razón, compañeras y compañeros, es que me permito someter a su consideración el que reformemos el numeral 1 del artículo 104 de la Ley Orgánica del Congreso General, a efecto de que sólo en casos excepcionales y a juicio de la Junta de Coordinación Política, algunos de nosotros podamos formar parte de más de esas 4 comisiones, con el único objetivo de completar la conformación de las comisiones ordinarias.

Espero que las comisiones dictaminadoras vean viable esta propuesta y procedamos a darle una solución rápida a la situación que les he comentado.

Es cuanto, señor Presidente.

Iniciativa

“SEN. ERNESTO JAVIER CORDERO ARROYO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
DEL SENADO DE LA REPUBLICA
PRESENTE.

El suscrito, ERNESTO RUFFO APPEL, Senador en la LXII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, a nombre propio y de los integrantes del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional que la suscriben, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 8, numeral 1, fracción I; 164, numeral 1; 169 numerales 1 y 4 y demás relativos y aplicables del Reglamento del Senado de la República, me permito someter a la consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTICULO 104, NUMERAL 1 DE LA LEY ORGANICA DEL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, al tenor de la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

La Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos dispone que cada una de las Cámaras ejercerá sus facultades, a través de diversos órganos legislativos, entre éstos, las Comisiones Ordinarias, Especiales y de Investigación. Estas Comisiones, sobre todo las Ordinarias, deben analizar, debatir y resolver los asuntos que se sometan a su consideración, que pueden ser Iniciativas de Ley; propuestas con puntos de acuerdo; ratificación de nombramientos; atención de comparecencias de servidores públicos, entre otros. Todas las resoluciones deben adoptarse por la mayoría de sus integrantes, por lo que deberán conformarse por al menos tres y máximo quince Senadores, sin que ninguno de ellos pueda formar parte de más de cuatro Comisiones y en su integración, se deberá reflejar la correlación de fuerzas políticas representadas en la Cámara, de tal manera que si una Comisión sólo cuenta con tres integrantes, cada uno de ellos deberá formar parte de diferente Grupo Parlamentario.

De conformidad con lo dispuesto por los artículos 91 y 104, numeral 1 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y, 123, numeral 1 del Reglamento del Senado de la República, las Comisiones Ordinarias se integrarán por el número de Senadores que determine la Junta de Coordinación Política, sin que supere el número de quince ni sea menor al de tres Senadores, contando siempre con una Junta Directiva que deberá ser conformada por un Presidente y dos Secretarios.

Los dos acuerdos parlamentarios relativos a la conformación de las Comisiones que funcionarán durante la LXII Legislatura del Senado de la República, aprobados por el Pleno de esta Cámara, a propuesta de la Junta de Coordinación Política, el pasado 27 de septiembre, determinan la existencia de sesenta y dos Comisiones Ordinarias. Sin embargo, de la lectura del anexo uno de dichos acuerdos, es posible evidenciar la falta de integrantes designados por los Grupos Parlamentarios en varias de ellas, pues la aritmética nos ha demostrado la imposibilidad de cumplir con las disposiciones legales y reglamentarias que rigen la conformación de las Comisiones, dejando el trabajo legislativo en una situación de incertidumbre.

A mayor abundamiento cabe decir que, en veintinueve Comisiones Ordinarias, se presenta el supuesto de “composición incompleta”; debido a que los Grupos Parlamentarios no han podido presentar al legislador que terminará de conformar a cabalidad la integración de la Comisión, incluso de la Junta Directiva, para los casos en que la Comisión sólo cuenta con tres Senadores. Este último supuesto, resulta aún más grave, puesto que conforme al Reglamento del Senado de la República, los Secretarios de las Comisiones, tienen facultades específicas que ejercer, propiciando un vicio de origen en el funcionamiento de dicho órganos legislativos.

La falta de un Secretario en las Juntas Directivas se presenta en las siguientes catorce Comisiones Ordinarias: Asuntos Fronterizos Norte; Asuntos Fronterizos Sur; Autosuficiencia Alimentaria; Desarrollo Municipal; Desarrollo Regional; Desarrollo Rural; Federalismo; Marina; Pesca; Protección Civil; Reglamento y Prácticas Parlamentarias; Relaciones Exteriores, África; Relaciones Exteriores, Organismo Internacionales; y Relaciones Exteriores, Organismos No Gubernamentales.

Como puede observarse, la propia Comisión de Reglamento y Prácticas Parlamentarias, cuya materia propia tiene relación con el contenido de la presente Iniciativa, presenta una incompleta integración en su Junta Directiva.

Es importante resaltar, que de las catorce Comisiones Ordinarias mencionadas anteriormente, ocho de ellas están compuestas por tan solo tres Senadores, es decir, por el mínimo que nos establecen los citados ordenamientos jurídicos aplicables al Senado de la República. Así, la mayoría de las Comisiones que actualmente están en el supuesto de tener una incompleta integración, funcionan con tan sólo dos Senadores. De lo anterior, podemos obtener dos conclusiones: primera, que no se está cumpliendo con el mínimo de tres Senadores integrantes de una Comisión Ordinaria y, segunda, que tampoco se está cumpliendo con la debida integración de la Junta Directiva de las mencionadas Comisiones Ordinarias, es decir, un Presidente y dos Secretarios, propiciando que las resoluciones que se sometan a su votación, puedan llegar a situaciones absurdas de “empate”.

Incluso existe una Comisión que padece una situación sui generís, que es la de Asuntos Migratorios, la que, conforme al acuerdo de integración de las Comisiones Ordinarias y su anexo uno, debería estar conformada por tres Senadores, que al mismo tiempo son los integrantes de su Junta Directiva. Sin embargo sólo se designó a la Presidenta de dicha Comisión, la cual, al igual que las sesenta y dos Comisiones Ordinarias que funcionarán durante la LXII Legislatura, fue instalada dentro del término de diez días establecido por el artículo 127, numeral 1 del Reglamento del Senado de la República, pero únicamente con la asistencia de su Presidente, lo que a todas luces es una contradicción al carácter de órgano colegiado que tienen las Comisiones Ordinarias del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

Sin duda el Acuerdo de la Junta de Coordinación Política por el que se integraron las Comisiones Ordinarias y su respectivo Anexo Uno, expresa la pluralidad representada en la Cámara, así como el criterio de proporcionalidad entre la integración del Pleno y la conformación de las Comisiones; sin embargo, se encuentra rebasado por lo dispuesto en el artículo 104, numeral 1 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, respecto a que ningún Senador podrá pertenecer a más de cuatro Comisiones Ordinarias.

Esta restricción legal es la causa por la que los Grupos Parlamentarios en el Senado, se encuentran imposibilitados para designar a alguno de sus Senadores integrantes, toda vez que la mayoría, ya son integrantes de cuatro Comisiones Ordinarias. La restricción legal a la que nos referimos, afecta de mayor manera a los Grupos Parlamentarios minoritarios, pues prácticamente les resulta imposible tener presencia en todas las Comisiones, rompiendo el principio de proporcionalidad que debe prevalecer en su conformación. Exceptuando a los Coordinadores Parlamentarios, sólo dos compañeros legisladores del Partido Revolucionario Institucional, así como las dos compañeras Senadoras sin Grupo Parlamentario, se encuentran en el supuesto de pertenecer a menos de cuatro Comisiones Ordinarias.

El problema al que nos enfrentamos para la debida integración de las Comisiones Ordinarias, no es un asunto menor que deba ser atendido sólo de manera coyuntural, representa un desafío legislativo que se manifiesta en una disposición anacrónica de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, que se encuentra vigente desde el 3 de septiembre de 1999, fecha en que fue publicada en el Diario Oficial de la Federación y que para la presente Legislatura, se muestra insuficiente para atender la composición plural de las fuerzas políticas representadas en el Senado de la República.

Es evidente que la complejidad de la vida nacional nos impulsa a tener órganos legislativos especializados para cada materia. En este sentido, el aumento en el número de Comisiones Ordinarias forma parte de un “continuo” al que las siguientes Legislaturas tendrán que incorporarse. Prueba de esto es que el marco legal del Congreso de la Unión, para el caso específico del Senado de la República, sólo dispone de treinta Comisiones Ordinarias, en tanto que para el despacho de los asuntos, la Cámara de Senadores cuenta actualmente con sesenta y dos. El Reglamento del Senado de la República, al ser un marco normativo más actualizado, es muy puntual al disponer que, para el adecuado cumplimiento de las funciones y responsabilidades del Senado de la República, las Comisiones podrán ser constituidas, por mandato de ley o por acuerdo del Pleno.

En este orden de ideas, reitero que la situación que actualmente presentan diversas Comisiones Ordinarias, de no contar con la totalidad de sus integrantes, incluso en la conformación de sus Juntas Directivas, es un hecho que debe ser resuelto por disposición de la Ley, toda vez que este supuesto se seguirá presentando en las siguientes Legislaturas.

Así, la reforma al numeral 1, del artículo 104 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, con el objetivo de aumentar la participación de los Senadores a más de cuatro Comisiones Ordinarias, sólo por excepción, cuando las circunstancias lo justifiquen y siempre que el nombramiento no recaiga en un Senador que Presida una Comisión, confirma su viabilidad al no poner en riesgo el funcionamiento de las Comisiones y permitir que se dé cumplimiento a las actividades que éstas deben desarrollar en ejercicio de las facultades que tienen encomendadas.

Por todo lo anteriormente expuesto, se somete a la consideración de esta Asamblea el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO

UNICO. SE REFORMA EL NUMERAL 1, DEL ARTICULO 104 DE LA LEY ORGANICA DEL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, PARA QUEDAR COMO SIGUE:

ARTICULO 104.

1. Las comisiones ordinarias se constituyen durante el primer mes de ejercicio de la Legislatura, tendrán hasta quince miembros y el encargo de sus integrantes será por el término de la misma. Ningún senador pertenecerá a más de cuatro de ellas, salvo aquellos casos en que, a juicio de la Junta de Coordinación Política, se justifique que puedan pertenecer a más de cuatro y siempre que la designación no recaiga en un Senador que Presida otra Comisión.

2. ...

3. ...

4. ...

TRANSITORIOS

UNICO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación

Salón de sesiones del Honorable Senado de la República, a 4 de diciembre de 2012”.

- El C. Presidente Burgos García: Muchas gracias, Senador Ernesto Ruffo. Se turna a las Comisiones Unidas de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias; y de Estudios Legislativos, Segunda.

Tiene el uso de la tribuna el Senador Luis Fernando Salazar Fernández, para presentar, con aval del grupo parlamentario del PAN, una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se adiciona el artículo 117 constitucional.





 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETOPOR EL QUE SE ADICIONAN CINCO PARRAFOS A LA FRACCION VIII DEL ARTICULO 117 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

(Presentada por el C. Senador Luis Fernando Salazar Fernández, del grupo parlamentario del PAN, con aval de grupo)

- El C. Senador Luis Fernando Salazar Fernández: Honorable Presidente de la Mesa Directiva del Senado de la República. Estimadas Senadoras y Senadores:

Hoy vengo a esta tribuna a impulsar una reforma constitucional de la mayor trascendencia para nuestro país, me refiero a la urgencia de poner un freno al endeudamiento excesivo de los estados.

En la historia de México el endeudamiento ha sido un verdadero descalabro. Como ejemplo, en el siglo XIX el endeudamiento, aunado a la voracidad de financieros y gobiernos extranjeros, generó guerras injustas como la segunda intervención francesa en 1862.

Se puede decir que el Presidente Benito Juárez tuvo que enfrentar deudas financieras con potencias extranjeras que su gobierno no pactó, puede decirse de manera coloquial que pagó los platos rotos de otros, así como hoy lamentablemente pagan los ciudadanos las deudas que adquieren los gobernadores.

El endeudamiento sin responsabilidad, ni límites, ha sido siempre pernicioso en la historia de nuestra nación.

Con estos antecedentes de por medio, el Constituyente plasmó en nuestra Constitución General, en la fracción VIII del artículo 117 lo siguiente:

“Los estados y los municipios no podrán contraer obligaciones o empréstitos sino cuando se destinen a inversiones públicas productivas, inclusive los que contraigan organismos descentralizados y empresas públicas, conforme a las bases que establezcan las legislaturas en una ley y por los conceptos y hasta por los montos que las mismas fijen anualmente en los respectivos presupuestos. Los ejecutivos informarán de su ejercicio al rendir la cuenta pública”.

Como podrán ver, el objetivo de esta disposición es contundente, impedir que los recursos de las deudas públicas se destinen a fines distintos a lo que se entiende por inversiones públicas productivas.

Sin embargo, hoy en el país observamos todo lo contrario. Estamos ante un escenario en el que varios estados de la República han aumentado de forma desproporcionada y colosal sus deudas públicas.

En cifras globales, diversos medios de comunicación revelaron, meses atrás, que la deuda de los estados había crecido en un 623 por ciento los últimos 18 años, y siendo realidad que la mayor parte de este pasivo aumentó, se ha verificado en el periodo de 2007 a 2011.

Coahuila, Nuevo León, Puebla, Michoacán, Distrito Federal, Estado de México, son ejemplos de entidades que aumentaron su deuda de forma colosal en los últimos 4 años.

En Coahuila, particularmente, la deuda creció de 350 millones a 36 mil millones en solo 3 años, un incremento escandaloso de más de 10 mil por ciento, cifra que no se justifica bajo ningún argumento.

Sin duda, contratar créditos para financiar necesidades relativas al gasto público, es un derecho de los 3 órdenes de gobierno y de sus respectivos organismos.

Pero es crucial entender que no es una prerrogativa sujeta a los caprichos de los gobernadores en turno. Los gobernadores duran en su encargo sólo 6 años, pero las deudas que dejan duran décadas.

Cualquier familia sabe que es irresponsable vivir con lujos gracias al dinero ajeno; que es irresponsable vivir en el exceso 6 años para vivir después en la miseria en los siguientes 60 años.

En conclusión, en los hechos tenemos lo siguiente:

La fracción VIII del artículo 117 constitucional, presenta las siguientes fallas o vacíos:

a) No plantea un límite para lo que se entiende por inversiones públicas productivas. Ello ha permitido que las legislaturas locales y los jefes del ejecutivo por conducto de estas, plasmen lo que a su criterio debe entenderse.

b) No establece un tope o límite a la capacidad de endeudamiento de los estados, el Distrito Federal y los municipios, dejando estos límites al criterio de las legislaturas locales, y ésto, como ya quedó demostrado, genera deudas que pueden crecer de forma exponencial.

Lamentablemente dejar los topes de endeudamiento a la voluntad de las legislaturas locales, nos llevará a potenciales riesgos como los ya mencionados.

Veremos un país con estados super endeudados por un lado, y por otro lado, estados con un pasivo muy bajo o financieramente sanos, pero lo cierto es que siempre se dependerá de la honestidad, responsabilidad y capacidad administrativa del jefe del ejecutivo en turno, del grupo dominante en cada legislatura, sean estos del partido que sea: PRI, PAN, PRD o coaliciones.

Las finanzas de un estado y sus municipios no pueden pender de un hilo, no pueden ser como una moneda arrojada al aire; no pueden depender de la buena voluntad de los gobernantes, al menos en el aspecto de poner límites a los niveles de endeudamiento.

El tope de endeudamiento no es el único problema al que nos enfrentamos actualmente en las entidades federativas y sus municipios, la transparencia en el manejo de los recursos de los pasivos ese otro gran tema que debemos abordar.

Finalmente, señalar que otro problema serio, es el hecho de que en muchos casos se permite en las leyes de deuda local la contratación de forma directa por parte de las autoridades estatales, municipios y respectivos organismos, empréstitos que son solicitados sin permiso o autorización del congreso local, y que llevan a cabo de forma arbitraria a incrementar aún más los niveles de endeudamiento de estas. Una situación que dista mucho de ser fácilmente controlada o regulada.

Ante el eminente riesgo de que gobiernos locales corruptos repitan el ejemplo de los estados que se han estado endeudando de manera desorbitada, debemos actuar ya.

No debemos olvidar que son los contribuyentes los que pagarán esas deudas, esos actos de corrupción.

Por esta urgente situación que enfrenta la patria, se propone establecer un límite al endeudamiento de un 15% del total del Presupuesto de Egresos del año fiscal que corresponde al estado, municipio u organismo solicitante.

Además de solicitar la publicación de las solicitudes de obligaciones y empréstitos contratados, previa autorización de dos terceras partes de las legislaturas locales.

Señoras y señores, el grupo parlamentario del PAN y los Senadores aquí presentes, estamos conscientes de que representamos a los estados, y por eso mismo debemos de defender a los ciudadanos de nuestras entidades y no nada más a los gobernadores.

La de hoy es una propuesta histórica para poner un freno al grave problema que amenaza la viabilidad financiera de los estados y que en realidad constituye un golpe artero al federalismo mismo.

Sí, porque la autonomía que los estados han ganado a lo largo de los siglos, no puede ponerse en riesgo por el capricho de malos gobernantes que endeudan a sus ciudadanos sin límite, sin reparo, sin rendir cuentas a nadie.

La libertad no puede convertirse en irresponsabilidad.

Como Cámara de Senadores y de representantes de cada una de nuestras entidades federativas, el Senado tiene la obligación moral, no sólo de convertirse en un contrapeso sobre el Ejecutivo Federal, sino también de aquellos ejecutivos estatales que amenazan con llevar a la quiebra impunemente a sus ciudadanos.

Esos malos gobernantes parecieran decir, después de mí, el diluvio.

Y en nuestras manos está impedir esa atrocidad.

Señoras y señores, los invito a sumarse a esta iniciativa que presento, defendamos a nuestros ciudadanos, pongamos un alto al endeudamiento injustificado e injusto de los estados; las generaciones de hoy y de mañana se los agradecerán.

Muchas gracias, señor Presidente.

Solicito que la iniciativa que aquí se presentó sea integrada en los términos en que fue presentada en la Mesa Directiva.

Muchas gracias.

(Aplausos)

Iniciativa

“CC. Secretarios de la Mesa Directiva
Senado de la República
Presente.

LUIS FERNANDO SALAZAR FERNANDEZ, AISPURO TORRES JOSE ROSAS, AVILA RUIZ DANIEL GABRIEL, CORRAL JURADO JAVIER, DAVILA FERNANDEZ ADRIANA, DIAZ LIZAMA ROSA ADRIANA, DOMINGUEZ SERVIEN FRANCISCO, GARCIA CABEZA DE VACA FRANCISCO JAVIER, GARCIA GOMEZ MARTHA ELENA, GARZA GALVAN SILVIA GUADALUPE, GIL ZUARTH ROBERTO, GOMEZ DEL CAMPO GURZA MARIANA, GRACIA GUZMAN RAUL, HERMOSILLO Y CELADA VICTOR, HERRERA AVILA FERNANDO, LARIOS CORDOVA HECTOR, LAVALLE MAURY JORGE LUIS, LOPEZ BRITO FRANCISCO SALVADOR, LOZANO ALARCON JAVIER, PILAR ORTEGA MARTINEZ, MARTINEZ MARTINEZ JOSE MARIA, MENDOZA DAVIS CARLOS, MENDOZA DIAZ SONIA, ORTIZ DOMINGUEZ MAKI ESTHER, PEDROZA GAITAN CESAR OCTAVIO, PRECIADO RODRIGUEZ JORGE LUIS, ROJAS HERNANDEZ LAURA ANGELICA, RUFFO APPEL ERNESTO, TORRES GRACIANO FERNANDO, TORRES PEIMBERT MARIA MARCELA, VEGA CASILLAS SALVADOR, YUNES MARQUEZ FERNANDO, Senadores de la República del Congreso General de la Unión, integrantes del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto por los artículos:71 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como por los artículos 8° fracción I, 164 numeral 1, 169, 171 y 172 del Reglamento del Senado de la República, someto a consideración de esta Soberanía, la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONAN CINCO PARRAFOS A LA FRACCION VIII DEL ARTICULO 117 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, al tenor de la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

Contratar créditos para financiar necesidades relativas al gasto público, es un derecho de los tres órdenes de gobiernoy de sus respectivos organismos; pero no es una prerrogativa sujeta a caprichos de los gobernantes en turno, o de las legislaturas de los estados, para que estas puedan, en complicidad con los jefes del ejecutivo, endeudar de forma irresponsable, sin límites y con total opacidad a las entidades federativas que representan.

El constituyente plasmó en nuestra Constitución General, en el artículo 117, lo siguiente:

VIII.....

Los Estados y los Municipios no podrán contraer obligaciones o empréstitos sino cuando se destinen a inversiones públicas productivas, inclusive los que contraigan organismos descentralizados y empresas públicas, conforme a las bases que establezcan las legislaturas en una ley y por los conceptos y hasta por los montos que las mismas fijen anualmente en los respectivos presupuestos. Los ejecutivos informarán de su ejercicio al rendir la cuenta pública.”

El objetivo de esta disposición es contundente: impedir que los recursos de las deudas públicas se destinen a fines distintos a lo que se entiende por “inversiones públicas productivas”. Por otra parte, y, debemos decirlo, “lamentablemente” el legislador (constituyente) creyó en su momento que se podía “confiar” en todas las legislaturas locales, que estas actuarían con prudencia y con atención a lo que disponen otras normas constitucionales en relación al manejo de los recursos, en concreto, el artículo 134, que refiere:

“Los recursos económicos de que dispongan la Federación, los estados, los municipios, el Distrito Federal y los órganos político-administrativos de sus demarcaciones territoriales, se administrarán con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que estén destinados....

.....

El manejo de recursos económicos federales por parte de los estados, los municipios, el Distrito Federal y los órganos político-administrativos de sus demarcaciones territoriales, se sujetará a las bases de este artículo y a las leyes reglamentarias....

En los hechos, y, en casos concretos de entidades como el Estado de México, Nuevo León, Veracruz y Coahuila, la eficiencia, la eficacia, la economía, la transparencia y la honradez dejaron de existir y permitieron que la deuda de dichos Estados creciera de forma desorbitante; solo en el Estado de Coahuila dicho endeudamiento creció de 350 millones de pesos a 36 mil millones, en solo tres años. Un incremento de un 16 mil por ciento. Cifra que no se justifica bajoningún argumento, sea cual sea este. El Distrito Federal, Puebla y Michoacán, son otros ejemplos de entidades que aumentaron su deuda de forma colosal en los últimos cuatro años, en un incremento sin precedentes.

En todas las entidades mencionadas hay un factor común: los gobernadores en turno y sus grupos dominantes en las legislaturas, descubrieron las “delicias”, y las ilimitadas ventajas de no tener topes o techos a la posibilidad de endeudarse vía reformas locales que, en unos casos, de forma meticulosa, planeada y dolosa, fueron quitando de a poco los límites, topes y candados a las leyes de Deuda locales, mientras las entidades se endeudaban en silencio, esto para que al final, las “bondades” arbitrarias e inconstitucionales de las Leyes de Deuda coincidieran “casualmente” con el mega pasivo contraído.

Estamos ante un escenario donde varios estados de la República han aumentado de forma desproporcionada y colosal sus deudas públicas. En cifras globales, diversos medios de comunicación revelaron (meses atrás) que la deuda de los estados había crecido un 623.5% en los últimos dieciocho años, siendo la realidad, que la mayor parte de este desbordado aumento se ha verificado en el periodo comprendido entre 2007 y 2011.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha establecido de forma clara el alcance del segundo párrafo de la Fracción VIII del Artículo 117 de la Ley Suprema, por medio dediversos criterios, como las que a continuación citamos:

Registro No. 163477

Localización:

Novena Época

Instancia: Pleno

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta

XXXII, Noviembre de 2010

Página: 1208

Tesis: P./J. 100/2010

Jurisprudencia

Materia(s): Constitucional.

DEUDA PUBLICA LOCAL. CONDICIONES CONSTITUCIONALES QUE DEBEN RESPETAR LAS ENTIDADES FEDERATIVAS PARA ADQUIRIRLA, TRATÁNDOSE DEL FINANCIAMIENTO A QUE SE REFIERE EL ARTICULO 117, FRACCIÓN VIII, DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.”

Los contenidos normativos de dicho precepto constitucional pueden desdoblarse en los siguientes segmentos: 1. La prohibición de obtener endeudamiento externo, que imposibilita a los Estados y Municipios a recibir financiamiento de entidades o personas extranjeras (acreedor o acreditante); en moneda extranjera (independientemente de quién funja como acreditante); o cuyo lugar de pago sea el extranjero (con independencia de la nacionalidad de las partes o la moneda en que se pacte la operación); 2. La exigencia de destino necesario del financiamiento exclusivamente para inversiones públicas productivas; 3. El principio de unidad o concentración de las finanzas estatales, conforme al cual el régimen atinente a la deuda adquirida por el Estado comprende también a la administración descentralizada; y, 4. Un esquema de coparticipación legislativoejecutivo en materia de endeudamiento, conforme al cual se definen facultades, tanto de ejercicio potestativo como obligatorio para ambos, y procesos de necesaria colaboración y corresponsabilidad, como manifestación de los pesos y contrapesos que exige el principio de división de poderes...”

Registro No. 163478

Localización:

Novena Época

Instancia: Pleno

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta

XXXII, Noviembre de 2010

Página: 1207

Tesis: P./J. 101/2010

Jurisprudencia

Materia(s): Constitucional.

DEUDA PUBLICA LOCAL. A PARTIR DE LAS REFORMAS AL ARTICULO 117, FRACCION VIII, DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, LAS ENTIDADES FEDERATIVAS PUEDEN OBTENER CREDITOS DESTINADOS A OBRAS QUE LES GENEREN DIRECTA O INDIRECTAMENTE INGRESOS.

De la interpretación histórica y del análisis de las reformas a dicho precepto constitucional de 1942, 1946 y 1981, se advierte que su objeto fue fortalecer las haciendas públicas locales y promover el desarrollo regional, despojando al crédito público local de las limitaciones que hasta ese momento imperaban, por estar delimitada dicha operación a obras que "directamente" generaran rentas, ampliándose la posibilidad de acceder al crédito cuando fuera para el más amplio concepto de "inversiones públicas productivas", permitiendo así que los créditos pudieran destinarse no sólo a obras que generaran directamente ingresos, sino también a otras que en forma indirecta lograran dicho objetivo. Además, a la par de este mayor margen de poder de ejercicio del crédito que la reforma dio a los gobiernos locales, y con el objeto de hacer más razonado el ejercicio de esta facultad a fin de disminuir la posibilidad de actuaciones arbitrarias por parte de los Ejecutivos Locales, se incluyó la previsión de una necesaria intervención y colaboración del Poder Legislativo Local en el tema del crédito público; y, se fijaron los deberes expresos sobre los Ejecutivos Estatales y los Municipios....

Por otra parte, el concepto de “Gasto Público” forma parte inherente de esta andamiaje legislativo, y por tal motivo es vital conocer lo que la Corte ha definido al respecto, como lo podemos apreciar en los criterios que se enlistan:

Novena Época

Registro: 179575

Instancia: Segunda Sala

Tesis Aislada

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta

XXI, Enero de 2005

Materia(s): Administrativa

Tesis: 2a. IX/2005

Página:605

GASTO PUBLICO.

Del artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establece la obligación de los mexicanos de "contribuir para los gastos públicos, así de la Federación, como del Distrito Federal o del Estado y Municipio en que residan, de la manera proporcional y equitativa que disponganlas leyes", en relación con los artículos 25 y 28 de la propia Constitución, así como de las opiniones doctrinarias, se infiere que el concepto de "gasto público", tiene un sentido social y un alcance de interés colectivo, por cuanto el importe de las contribuciones recaudadas se destina a la satisfacción de las necesidades colectivas o sociales, o a los servicios públicos; así, el concepto material de "gasto público" estriba en el destino de la recaudación que el Estado debe garantizar en beneficio de la colectividad....

Novena Época

Registro: 166422

Instancia: Primera Sala

Tesis Aislada

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta

XXX, Septiembre de 2009

Materia(s): Constitucional

Tesis: 1a. CXLV/2009

Página: 2712

GASTO PUBLICO. EL ARTICULO 134 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS ELEVA A RANGO CONSTITUCIONAL LOS PRINCIPIOS DE LEGALIDAD, EFICIENCIA, EFICACIA, ECONOMIA, TRANSPARENCIA Y HONRADEZ EN ESTA MATERIA.

Del citado precepto constitucional se advierte que el correcto ejercicio del gasto público se salvaguarda por los siguientes principios: 1. Legalidad, en tanto que debe estar prescrito en el Presupuesto de Egresos o, en su defecto, en una ley expedida por el Congreso de la Unión, lo cual significa la sujeción de las autoridades a un modelo normativo previamente establecido. 2. Honradez, pues implica que no debe llevarse a cabo de manera abusiva, ni para un destino diverso al programado. 3. Eficiencia, en el entendido de que las autoridades deben disponer de los medios que estimen convenientes para que el ejercicio del gasto público logre el fin para el cual se programó y destinó. 4. Eficacia, ya que es indispensable contar con la capacidad suficiente para lograr las metas estimadas. 5. Economía, en el sentido de que el gasto público debe ejercerse recta y prudentemente, lo cual implica que los servidores públicos siempre deben buscar las mejores condiciones de contratación para el Estado; y, 6. Transparencia, para permitir hacer del conocimiento público el ejercicio del gasto estatal....

En los hechos tenemos lo siguiente, a manera de conclusiones finales a la exposición de motivos de la presente:

I.- La fracción VIII del Artículo 117 Constitucional, presenta las fallas o vacíos siguientes:

a) No plantea un límite para lo que se entiende por inversiones públicas productivas. Ello ha permitido que las legislaturas locales y los jefes del ejecutivo por conducto de estas, plasmen lo que a su criterio debe entenderse en este rubro, incluyendo de forma indebida y, en algunos casos, los refinanciamientos y las reestructuras de las deudas.

b) No establece un tope o límite a la capacidad de endeudamiento de los estados, el Distrito Federal y los municipios, dejando estos límites al “criterio” de las legislaturas locales, y esto, como ya quedó demostrado, genera deudas que pueden crecer de forma exponencial. Lamentablemente, dejar los topes de endeudamiento a la voluntad de las legislaturas locales, nos llevará a potenciales riesgos como los ya mencionados; veremos un país con estados súper endeudados por un lado, y otras entidades federativas con niveles de pasivo muy bajos o “sanos” financieramente hablando. Pero, lo cierto es que siempre se dependerá de la honestidad, responsabilidad y capacidad administrativa del jefe del ejecutivo en turno y de su grupo dominante en cada legislatura, sean estos del partido político que sea: PRI, PAN PRD, coaliciones, etc. Las finanzas de un estado y sus municipios no pueden pender de un hilo, no pueden ser como una moneda arrojada al aire; no pueden depender de la buena voluntad de los gobernantes, al menos no en el aspecto de poner límites a los niveles de endeudamiento.

II.- El tope de endeudamiento no es el único problema al que nos enfrentamos actualmente en las entidades federativas y sus municipios, la transparencia en el manejo de los recursos de los pasivos es otro gran tema que debemos abordar.

En la mayoría de las entidades en las que se adquirió una deuda excesiva, han pasado meses desde que se destaparon los escándalos de los endeudamientosy aun no saben los ciudadanos: en qué se gastó cada centavo de la misma, ¿quién o quienes contrataron todos los créditos?, ¿cómo es que el pasivo pudo crecer tanto, y en etapas, sin que las autoridades locales se percatarán e hicieran algo? Esto es, total opacidad, opacidad que por cierto, sigue permeando el tema de la deuda en dichos estados.

III.- Finalmente, señalar que otro problema serio, es el hecho de que en muchos casos, se permite (en las leyes de deuda) la contratación de créditos de forma directa por parte de las entidades (estados, municipios y sus respectivos organismos); empréstitos que son solicitados sin permiso o autorización de las legislaturas, y que llevan de forma arbitraria a incrementar aún más los niveles de endeudamiento de estas. Una situación que dista mucho de ser fácilmente “controlada” o regulada.

Ante el eminente riesgo de que gobiernos locales corruptos repitan el ejemplo de los Estados que se han endeudado últimamente de forma desorbitada, debemos actuar ya; no debemos olvidar que son los contribuyentes los que pagarán esas deudas, esos actos de corrupción.

En mérito de lo antes expuesto, someto a la consideración de esta Soberanía la presente iniciativa con el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO

UNICO.- Se adicionan:los párrafos tercero a séptimo de la fracción VIII del artículo 117, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 117. ...

I. a VII. ...

VIII. ...

...

Las obligaciones y empréstitos señalados en el párrafo anterior no podrán exceder del quince por ciento del total del presupuesto de egresos del año fiscal que corresponda correspondiente al estado, municipio u organismo solicitante.

De manera excepcional, se podrán contraer obligaciones y empréstitos por hasta el cinco por ciento del presupuesto correspondiente de los estados y municipios, para hacer frente a desastres naturales, contingencias sanitarias, problemas graves relacionados con la seguridad pública y otras emergencias legalmente declaradas por la Secretaría de Gobernación. También se podrán contratar créditos para substituir deuda siempre y cuando mejoren las condiciones del crédito existente a favor de la entidad, municipio u organismo descentralizado acreditado, previa autorización de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

El servicio del total de las deudas contraídas no deberá exceder en ningún ejercicio la cuarta parte de los recursos que los estados, municipios, organismos descentralizados y empresas públicas tengan asignados para inversión en sus presupuestos. Las inversiones públicas productivas en infraestructura física deberán tener una vida útil mayor o igual al plazo de la deuda contraída para su realización.

Los estados y los municipios, así como sus organismos descentralizados y empresas públicas, deberán publicar oportuna y claramente las solicitudes de obligaciones y empréstitos contratados, así como las justificaciones correspondientes, las autorizaciones recaídas en cada etapa del proceso hasta su conclusión, los contratos celebrados con las instituciones financieras, con excepción de los datos que de acuerdo a la legislación en vigor se consideren personales, confidenciales o reservados, y el destino y aplicación de los recursos obtenidos con los recursos solicitados.

Todo endeudamiento deberá cumplir con los requisitos y condiciones que se estipulen en las leyes locales en la materia y, en ningún caso se podrá contratar obligaciones y empréstitos sin contar previamente con la autorización de las dos terceras partes de las legislaturas de la entidad que corresponda.

IX.....

TRANSITORIOS

ARTICULO PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

ARTICULO SEGUNDO.- Los empréstitos adquiridos por los estados, los municipios y los organismos de estos con anterioridad a la publicación de la presente, se sujetarán a las disposiciones legales vigentes.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, en la ciudad de México Distrito Federal, a 29 de noviembre de 2012.

Atentamente

Sen. Luis Fernando Salazar Fernández”.

- El C. Presidente Burgos García: Gracias, Senador Salazar Fernández. Como lo solicita, se hará la inserción íntegra de su texto. Se turna a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; y de Estudios Legislativos, Segunda.

Reiteramos nuestra respetuosa solicitud, para que de las iniciativas que se están presentando, si bien el Reglamento concede diez minutos, dada la acumulación de asuntos pendientes, ojalá pudiera hacerse un esfuerzo por compactarlo a cinco minutos.

Tiene el uso de la tribuna la Senadora Lorena Cuéllar Cisneros, para presentar, con aval del grupo parlamentario del PRD, una iniciativa con proyecto de Decreto que reforma y adiciona los artículos 4o. y 73 de la Constitución.




 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN LOS ARTICULOS 4o. Y 73 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

(Presentada por la C. Senadora Lorena Cuéllar Cisneros, del grupo parlamentario del PRD, con aval de grupo)

- La C. Senadora Lorena Cuéllar Cisneros: Con su permiso, señor Presidente.

Iniciativa con proyecto de Decreto que reforma los artículos 4o. y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de derecho a la seguridad social universal y crear el Sistema Unico de Salud Pública, presentada por la Senadora Lorena Cuéllar Cisneros, en representación del grupo parlamentario del PRD.

Con su anuencia, señor Presidente; compañeras y compañeros legisladores:

Me permito hacer uso de esta tribuna para registrar, en nombre del grupo parlamentario del PRD, la iniciativa con proyecto de Decreto que reforma los artículos 4o. y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de derecho de la seguridad social universal y crea el Sistema Unico de Salud Pública, de acuerdo con la siguiente exposición de motivos:

Las recientes y muy controvertidas elecciones presidenciales permitieron a los ciudadanos atender las ofertas de los candidatos en representación de sus partidos, así como las reflexiones y opiniones de un sinfín de analistas, expertos, académicos, investigadores, líderes y representantes de organismos no gubernamentales, en las más diversas materias, concluyendo que en el ámbito económico y social, la situación de México no es con mucho la más deseable.

Se combino que un crecimiento económico mediocre, el más bajo promedio de crecimiento sexenal desde los años 80´s, propició que el trabajo formal fuera a la baja y el informal a la alta, así como una pérdida severa del poder adquisitivo de los ingresos.

De modo tal, que la pobreza se disparó hasta alcanzar alrededor de la mitad de los mexicanos, impactando así el ejercicio de sus derechos humanos y sociales.

Ello es un agresivo y progresivo contexto de concentración de la riqueza, de dimensiones tales, que al cierre del 2011 unos cuantos acapararon alrededor del 13% del PIB, cuando en el 2006, acapararon el 6%.

Según el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, CONEVAL, el 65.5% de la población carece de acceso a la seguridad social; el 40.7% a los servicios de salud; el 21.6% a la alimentación; un 21.7% presenta retraso educativo; un 18.9% carece de servicios básicos en su vivienda y el 17.5% de calidad y espacio en el hogar.

En este contexto, candidatos, dirigentes y militantes de los partidos políticos, analistas, expertos, académicos, investigadores, líderes y representantes de organismos no gubernamentales, aludieron con vehemencia conceptos como los de política social, solidaria, política social de estado, estado socialmente responsable, estado de bienestar, estado social de derechos, entre otros.

Expresando explícita o implícitamente que los sociales son derechos humanos y que el Estado es el responsable de garantizar el acceso a su ejercicio universal y pleno.

Desde esta lógica, en nuestro caso, los antecedentes más destacados son las Constituciones de 1814, 1824, 1857 y 1917, cuyo desarrollo se relaciona con la redimensión de los derechos humanos y sociales a nivel mundial, a través de diversos tratados, pactos, convenios y otros instrumentos internacionales avalados y firmados por el Estado mexicano.

Acorde con el antecedente de la Constitución de 1917, el desafío es que México sea punta de lanza en la transformación de las ideas y se redimensione como un país con voz propia, de vanguardia y sólo a nivel global, de manera que la razón esencial del Estado sea retomar y fortalecer el sendero del bienestar y de la justicia social, resguardando los más elevados horizontes en la calidad de vida de todas las personas, para estar a la altura de las exigencias de nuestra época histórica, así como de las pretensiones, urgencias y anhelos de los mexicanos. De manera que sean libres, dignos e iguales en un país soberano, democrático y justo.

De acuerdo con lo anterior, resulta congruente que se reconozca a los derechos sociales su carácter universal indivisible e irrenunciable; que los tratados, pactos, convenios y demás instrumentos internacionales en la materia, adquieran rango constitucional y que el Estado haga lo que sea necesario para que sean exigibles y no sólo reconocimientos de buena voluntad.

Las anteriores reflexiones son la base para justificar la necesidad de elevar a rango constitucional la seguridad social universal. Y uno de los instrumentos que hace posible su dimensión sanitaria, es el Sistema Unico de Salud Pública en los términos que más adelante exponemos.

El propósito esencial es dejar claro a los mexicanos, que en adelante y a largo plazo, podrán ejercer, de acuerdo con la responsabilidad y rectoría del Estado, de manera universal y plena, independientemente de la condición laboral y socio-económica de cada persona, su derecho a la seguridad social, que garantice la asistencia y las prestaciones sociales, a través de un sistema solidario, público, unificado e integrado-financiado por los trabajadores, los patrones y los impuestos generales.

Por otra parte, el actual Sistema Nacional de Salud Pública está institucional y poblacionalmente fragmentado y es operativa y financieramente caótico, de manera que resulta superfluamente ineficaz, ineficiente y costoso. Tal problemática se resolvería si se formula y se realiza un Sistema Unico de Salud Pública, solidario, equitativo, con servicios integrales y financiamiento público, proveniente de la tributación general y de la seguridad social, de manera que permita que los más ricos, los más sanos y los más jóvenes se solidaricen o subsidien a los más pobres, los más enfermos y los más viejos, al contrario del IVA incrementado y generalizado que beneficia a los que más tienen y potencia el gasto de bolsillo.

Desde luego, ello supone la portabilidad de manera que los derechohabientes o beneficiarios acudan a la institución sanitaria pública que más les convenga, de acuerdo con sus condiciones específicas, independientemente de dónde trabajen y coticen, pero sobre todo que estar desempleado o tener un empleo informal no suponga la negación al acceso de los servicios públicos de salud en cualquiera de sus niveles.

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración del Pleno el siguiente proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 4o. y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los términos siguientes:

Artículo Unico.- Se reforma y adicionael artículo 4o. y se reforma la fracción XVI del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 4o...-

Toda persona tiene derecho a la salud. El Estado -Federación, estados, Distrito Federal y municipios-, garantizará el acceso universal, integral y equitativo a los servicios de salud, mediante un Sistema Unico de Salud Pública, con el objetivo de garantizar el más alto nivel de salud física y mental, a través de medidas preventivas y de las prestaciones y servicios necesarios, con una atención de calidez, oportuna y eficiente.

Las instituciones humanitarias que no tengan fines lucrativos podrán colaborar completamente en el Sistema Unico de Salud Pública.

Queda prohibido otorgar subsidios públicos a las instituciones privadas con fines lucrativos.

Queda prohibida la participación directa o indirecta de empresas o capital extranjero en el Sistema Unico de Salud Pública.

La ley definirá las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y establecerá la concurrencia de la Federación y las entidades federativas en materia de salubridad general, conforme a lo que dispone la fracción XVI del artículo 73 de esta Constitución.

Toda persona tiene derecho a la seguridad social que garantice la asistencia y prestaciones sociales suficientes ante situaciones de necesidad y desempleo. La ley definirá las bases y modalidades para el acceso a la asistencia y prestaciones de seguridad social y establecerá la concurrencia de la Federación y las entidades federativas en materia de seguridad social, conforme a lo que dispone la fracción XVI del artículo 73 y el artículo 123 de esta Constitución.

Artículo 73.- El Congreso tiene facultad:

  • a XV…

XVI. Para dictar leyes sobre nacionalidad, condición jurídica de los extranjeros, ciudadanía, naturalización, colonización, emigración e inmigración, salubridad general y seguridad socialde la República.

Es cuanto, señor Presidente.

Iniciativa

“PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA

H.CAMARA DE SENADORES

PESENTE.

Quienes suscriben, legisladoras y legisladores integrantes del grupo parlamentario del PRD a la LXII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; los artículos 8, numeral 1, fracción I; 164; y, 169 del Reglamento del Senado de la República, sometemos a consideración de esta Soberanía la siguiente:

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA LOS ARTICULOS 4º Y 73 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, al tenor de la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

Las recientes y muy controvertidas elecciones presidenciales permitieron a los ciudadanos atender las ofertas de los candidatos en representación de sus Partidos, así como las reflexiones y opiniones de un sinfín de analistas, expertos, académicos, investigadores, líderes y representantes de organismos no gubernamentales, en las más diversas materias; concluyendo que la situación de México no es con mucho la deseable, en el ámbito económico y social, entre otros, salvo quizá una minoría probablemente invadida de un optimismo infundado o comprometida con intereses obvios.

En la dimensión social del desarrollo se convino que un crecimiento económico mediocre -con un promedio máximo de 2 por ciento en el sexenio, el más bajo desde los años 80- propició que el trabajo formal fuera a la baja y el informal a la alta, así como una pérdida severa del poder adquisitivo de los ingresos, de modo tal que la pobreza se disparó hasta alcanzar alrededor de la mitad los mexicanos, impactando así el ejercicio de sus derechos humanos y sociales, tales como los de la alimentación, la salud, la educación y la seguridad social, entre otros. Ello en un agresivo y progresivo contexto de concentración de la riqueza, de dimensiones tales que, al cierre de 2011, unos cuantosacapararon alrededor de 13 por ciento del PIB, cuando en 2006 acaparaban el 6 por ciento.

Por supuesto, ello genera una severa desigualdad: 22.6 millones de personas en el sector más bajo de la pirámide de ingresos, participan sólo del 3.8% del consumo nacional de bienes; muy lejos del 56.7% de los ricos, que representan un 20% de la población.

Según el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), el 65.5% de la población carece de acceso a la seguridad social, el 40.7% a los servicios de salud y el 21.6% a la alimentación; un 21.7% presenta retraso educativo, un 18.9% carece de servicios básicos en su vivienda y el 17.5% de calidad y espacio en el hogar.

Por ello, no es gratuito que en todas las plataformas electorales se ofertara a los ciudadanos estrategias para frenar y revertir esta situación económica y social, en algunos casos sorpresivamente convergentes, al menos en apariencia.

Así, a su manera, cada opción se comprometió con el ejercicio universal de los derechos humanos y sociales:

Una opción se comprometió a crear un sistema de seguridad social universal que otorgue un “piso básico” de protección a todos los mexicanos, sin importar su condición laboral; garantizar una pensión para los adultos mayores; ingreso mínimo asegurado en caso de desempleo; superar la fragmentación del sistema de salud para garantizar la misma calidad en el servicio; dotar vales de medicinas para asegurar que todos los pacientes cuenten con medicamentos; y garantizar que los mexicanos accedan a la seguridad social en forma equitativa.

Otra opción ofertó dar continuidad a las prestaciones de seguridad social en casos de desempleo, aunque por periodos limitados; apoyar la migración de los sistemas de pensiones que no hayan sido reformados; implementar un mecanismo de portabilidad de derechos entre los sistemas de seguridad social; instalar un consejo ciudadano que vigile y evalúe la mejora en la calidad y calidez de los servicios públicos de salud y el abasto permanente de medicamentos.

Una más propuso mantener un seguimiento actuarial público para evitar la quiebra de los sistemas de pensiones; implementar el seguro popular y la seguridad social como política de movilidad social e inversión en capital humano; crear un sistema de indicadores de desempeño para medir el abasto de medicamentos en las instituciones públicas de salud; asignar presupuestos equitativos al IMSS, ISSSTE y Seguro Popular; evitar que en dichos sistemas existan registros de derechohabientes duplicados; permitir la portabilidad de acceso a servicios médicos entre los tres sistemas; avanzar hacia una red universal de protección social.

Finalmente, otra se comprometió a hacer efectiva la obligación del Estado para que la población ejerza su derecho a la salud y la seguridad social; establecer una política de servicios médicos y medicamentos gratuitos para la población no asegurada; reformar las instituciones públicas de salud; abatir la corrupción en el sistema de seguridad social; alcanzar la seguridad social universal; reformar el sistema de pensiones para promover una política de inversión en infraestructura, a partir de que el Estado maneje el 50% de los fondos que actualmente están poder de las Afores, con el fin de proteger a los trabajadores.

En este contexto, candidatos, dirigentes y militantes de los partidos políticos, analistas, expertos, académicos, investigadores, líderes y representantes de organismos no gubernamentales, aludieron con vehemencia conceptos como los de política social solidaria, política social de Estado, Estado socialmente responsable, Estado de bienestar, Estado social de derecho y de derechos, entre otros, expresando explícita o implícitamente que los sociales son derechos humanos y que el Estado es el responsable de garantizar el acceso a su ejercicio universal y pleno.

De acuerdo tanto con las citadas ofertas electorales como con los conceptos que caracterizan el ser social del Estado, todo parecería indicar que habría consenso en retomar la idea de que los derechos sociales son parte de la naturaleza de las personas; inherentes al ser, fundamentales, universales, inalienables e irrenunciables.

El concepto -sin duda- se arraiga en la reflexión filosófica,en la acción política y en el qué hacer jurídico de la humanidad, en busca de su reconocimiento pleno, así como de su protección y garantía.

Desde esta lógica, en nuestro caso los antecedentes más destacados son las Constituciones de 1814, 1824, 1857 y 1917, cuyo desarrollo se relaciona con la redimensión de los derechos humanos y sociales a nivel mundial, a través de diversos Tratados, Pactos, Convenios y otros instrumentos internacionales, avalados y firmados por el Estado mexicano.

Así pues, la gradual observación jurídica de los derechos fundamentales está arraigada en la historia del país y es el patrimonio que antecede a la perseverancia de reformar al Estado mexicano para cimentar en el destino nacional un futuro de largo alcance.

Acorde con el antecedente de la Constitución de 1917, el desafío es que México sea punta de lanza en la transformación de las ideas y se redimensione como un país con voz propia, de vanguardia y sólido al nivel global, de manera que la razón esencial del Estado sea retomar y fortalecer el sendero del bienestar y de la justicia social, resguardando los más elevados horizontes en la calidad de vida de todas las personas, para estar a la altura de las exigencias de nuestra época histórica, así como de las pretensiones, urgencias y anhelos de los mexicanos, de manera que sean libres, dignos e iguales en un país soberano, democrático y justo.

De acuerdo con lo anterior, resulta congruente que se reconozca a los derechos sociales su carácter universal, indivisible e irrenunciable; que los Tratados, Pactos, Convenios y demás instrumentos internacionales en la materia adquieran rango constitucional y que el Estado haga lo que sea necesario para que sean exigibles y no solo reconocimientos de buena voluntad.

Las anteriores reflexiones son la base para justificar la necesidad de elevar a rango constitucional la Seguridad Social Universal y uno de los instrumentos que hace posible su dimensión sanitaria: el Sistema Único de Salud Pública, en los términos que más adelante exponemos.

El propósito esencial es dejar claro a los mexicanos que, en adelantey a largo plazo, podrán ejercer -de acuerdo con la responsabilidad y rectoría del Estado-de manera universal y plena, independientemente de la condición laboral y socioeconómica de cada persona, su derecho a la seguridad social que garantice la asistencia y las prestaciones sociales, a través de un sistema solidario, público, unificado e integrado, financiado por los trabajadores, los patrones y los impuestos generales.

Ello permitirá colocar a cada quien en el lugar correspondiente, en un debate que, desde hace mucho tiempo, preocupa a los mexicanos y que pretende dirimir la orientación y el contenido sobre el ejercicio de estos derechos, para lograr la equidad, la igualdad y la justicia social.

Esta controversia la protagonizan, por un lado, quienes reivindican la filosofía solidaria, progresivamente redistributiva y equitativa, propia del Estado de Bienestar Social, de manera que cada quien contribuya de acuerdo a sus posibilidades,solidarizándose con quienes están enfermos, son viejos o no puedan aportar debido a su involuntaria penuria de ingresos, constituyendo un fondo común para compartir los costos. Y por otro lado, quienes invocan la hegemonía del mercado y la confrontación y la competencia individualista, de modo que cada quien de manera particular sufrague sus necesidades de acuerdo con su capacidad de pago.

O sea que se trata de aclarar si el Estado y la sociedad mexicana se inspiran en una filosofía en la que predominala dimensión solidaria inherente al ser humano; o si prospera la idea de que los seres humanos deben consumar sus necesidades principal, si no es que exclusivamente, por la vía de la confrontación y la competencia individual en el mercado.

Es decir, la idea es dejar claro ante los mexicanos que no se trata de cancelar las cuotas de patrones y obreros, sustituyéndolas exclusivamente por impuestos generales, para dotar a los mexicanos del futuro de derechos ciertamente generalizados pero minimizados o básicos, por tanto alejados de los que son necesarios para un bienestar más pleno.

También se trata de dejar claro que no existe la intención de desplazar la responsabilidad del Estado hacia el mercado, de modo que se prioricen los negocios empresariales de seguridad social y de salud que tienden de manera natural a privilegiar las ganancias y los monopolios, por encima de los intereses de los llamados clientes, discriminando a los de alto riesgo y a los pobres, a la vez que promueven diversas estrategias perversas para obtener más rentabilidad con mayores subsidios públicos.

Por otro lado, se trata de dejar claro que no se implica una reforma fiscal que eleve y generalice el IVA, de manera que una mayoría subsidie a la minoría que más tiene; sino que promueva los impuestos progresivos, elimine la elusión y la evasión fiscal, a la vez que optimice tanto la eficacia y la eficiencia recaudatoria, como la honradez, la transparencia y la rendición de cuentas en el ejercicio del presupuesto público en materia de seguridad social y de salud.

De ese modo se incrementaría el gasto público como proporción del PIB, para privilegiar los bienes públicos, la asistencia y las prestaciones sociales,reduciendo al mismo tiempo la pobreza al eliminar o comprimir a niveles sostenibles los gastos catastróficos o de bolsillo, toda vez que el mercado no distingue entre los niveles socioeconómicos y los cobros por la asistencia sanitaria.

El actual Sistema Nacional de Salud Pública está institucional y poblacionalmente fragmentado y es operativa y financieramente caótico, de manera que resulta superfluamente ineficaz, ineficiente y costoso. Tal problemática se resolvería si se formula y realiza un Sistema Único de Salud Pública, solidario, equitativo, con servicios integrales y financiamiento público, proveniente de la tributación general y de la seguridad social, de manera que permita que los más ricos, los más sanos y los más jóvenes se solidaricen o subsidien, a los más pobres, los más enfermos y los más viejos, al contrario del IVA incrementado y generalizado que beneficia a los que más tienen y potencia el gasto de bolsillo.

Desde luego, ello supone la portabilidad de manera que los derechohabientes o beneficiariosacudan a la institución sanitaria pública que más les convenga, de acuerdo con sus condiciones específicas, independientemente de dónde trabajen y coticen, pero sobre todo que estar desempleado o tener un empleo informal no suponga la negación al acceso de los servicios públicos de salud en cualquiera de sus niveles.

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración del Pleno el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN LOS ARTICULOS 4º y 73 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, en los términos siguientes:

ARTICULO UNICO.- Se REFORMA y ADICIONA el artículo 4º; y se REFORMA la fracción XVI del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para quedar como sigue:

Título Primero

Capítulo I

De los Derechos Humanos y sus Garantías

Artículo 4º.

Toda persona tiene derecho a la salud. El Estado -federación, estados, Distrito Federal, y municipios-, garantizará el acceso universal, integral y equitativo a los servicios de salud, mediante un Sistema Único de Salud Pública, con el objetivo de garantizar el más alto nivel de salud física y mental, a través de medidas preventivas y de las prestaciones y servicios necesarios, con una atención de calidez, oportuna y eficiente.

Las instituciones humanitarias que no tengan fines lucrativos podrán colaborar complementariamente en el Sistema Único de Salud Pública.

Queda prohibido otorgar subsidios públicos a las instituciones privadas con fines lucrativos.

Queda prohibida la participación directa o indirecta de empresas o capital extranjero en el Sistema Único de Salud Pública.

La ley definirá las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y establecerá la concurrencia de la Federación y las entidades federativas en materia de salubridad general, conforme a lo que dispone la fracción XVI del artículo 73 de esta Constitución.

Toda persona tiene derecho a la seguridad social que garantice la asistencia y prestaciones sociales suficientes. La Ley definirá las bases y modalidades para el acceso a la asistencia y prestaciones de seguridad social y establecerá la concurrencia de la Federación y las entidades federativas en materia de seguridad social, conforme a lo que dispone la fracción XVI del artículo 73 y el Artículo 123 de esta Constitución.

Artículo 73. El Congreso tiene facultad:

I. a XV. ...

XVI. Para dictar leyes sobre nacionalidad, condición jurídica de los extranjeros, ciudadanía, naturalización, colonización, emigración e inmigración, salubridad general y seguridad social de la República.

TRANSITORIOS

PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

SEGUNDO.- El Congreso de la Unión contará con 120 días naturales para hacer las adecuaciones a las leyes respectivas, derivadas del presente Decreto a partir de su entrada en vigor.

TERCERO.- El Ejecutivo Federal, a la entrada en vigor del presente Decreto, contará con 180 días naturales para hacer las adecuaciones a las disposiciones administrativas derivadas del mismo.

Salón de sesiones de la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión, a 29 de noviembre de 2012.

Suscriben

Lorena Cuéllar Cisneros

Senadora por el estado de Tlaxcala”.

- El C. Presidente Burgos García: Gracias, Senadora Cuéllar Cisneros. Se turna a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; y de Estudios Legislativos, Primera.

Tiene el uso de la tribuna el Senador Francisco Salvador López Brito, del grupo parlamentario del PAN, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma y adiciona la Ley del Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios.





 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DEL IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS, EN MATERIA DE PRODUCTOS DEL TABACO

(Presentada por el C. Senador Francisco Salvador López Brito, del grupo parlamentario del PAN)

- Se da cuenta con la iniciativa y se turna a la Cámara de Diputados.





 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE DEROGA EL PARRAFO OCTAVO DEL ARTICULO 16 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

(Presentada por la C. Senadora Angélica de la Peña Gómez, a nombre del grupo parlamentario del PRD)

- Se da cuenta con la iniciativa y se turna a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; y de Estudios Legislativos, Primera.





 

PROPUESTAS

- La C. Secretaria Merodio Reza: Doy lectura a las proposiciones que se turnarán a la Cámara de Diputados.

Del C. Senador René Juárez Cisneros, del grupo parlamentario del PRI, que contiene punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Cámara de Diputados a otorgar mayores recursos al Fondo de Apoyo a Migrantes, en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2013 y exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que actualice los Lineamientos de Operación de dicho Fondo, el cual se turna a la Cámara de Diputados el primer resolutivo, y a la Comisión de Hacienda y Crédito Público del Senado el segundo de ellos.

PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA A LA CAMARA DE DIPUTADOS A OTORGAR MAYORES RECURSOS AL FONDO DE APOYO A MIGRANTES, EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACION 2013; Y EXHORTA A LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO PARA QUE ACTUALICE LOS LINEAMIENTOS DE OPERACION DE DICHO FONDO

“El suscrito,RenE JuArez Cisneros, Senador de la República a la LXII Legislatura, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 8, fracción II, y 276 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea, la presente proposición con punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

La migración hacia los Estados Unidos de América (EUA) es un fenómeno que se da, principalmente, por la falta de oportunidades en nuestro país, lo que ha orillando a que miles de nuestros connacionales busquen oportunidades de desarrollo y crecimiento personal en el vecino del norte.

De acuerdo con información difundida por la Oficina del Censo de EUA, 12 millones de mexicanos, así como 21 millones de segunda y tercera generación descendiente de mexicanos, radican en los Estados Unidos; siendo California (11.5 millones), Texas (7.9 millones), Arizona (1.6 millones), Illinois (1.6 millones) y Colorado (700 mil) los principales estados de la Unión Americana receptores de migrantes mexicanos.

En su último estudio denominado Índices de Intensidad Migratoria México-Estados Unidos 2010, el Consejo Nacional de Población (CONAPO) señala que no obstante disminuyó 3.6 por ciento el porcentaje de viviendas que reciben remesas en el país, más de un millón de viviendas recibieron remesas en 2010, lo que representa alrededor de 4 por ciento del total de las viviendas censadas en dicho año.

Para el caso de mi estado, Guerrero, 6.62 por ciento de las viviendas reciben remesas provenientes de mexicanos en el exterior, un porcentaje menor en 1.5 puntos con relación al año 2000, cuando registraba un 8.1 por ciento de viviendas receptoras de remesas, pero que nos demuestra que la entidad sigue teniendo un alto grado de intensidad migratoria, aún cuando también Guerrero registra una reducción de 3.3 por ciento en el porcentaje de viviendas con emigrantes hacia Estados Unidos.

Con todo ello, las remesas representan para el país una segura y considerable fuente de ingresos, ya que en el periodo enero-septiembre del 2012 están por el orden de los 17 mil millones de dólares a nivel nacional.

Esta reducción en el porcentaje de viviendas que reciben remesas y la disminución en la emigración hacia Estados Unidos, vino no obstante acompañada de un importante aumento en el retorno de migrantes, nos dice CONAPO ya sea porque se redujeron los intentos para cruzar a Estados Unidos o bien porque las condiciones legales y económicas en aquel país en los últimos años impidieron su permanencia.

El aumento en el retorno de migrantes se manifestó en las viviendas de todas las entidades del país, oscilando –nos dice el estudio de CONAPO- entre 0.2 puntos porcentuales de incremento en el Distrito Federal, hasta 3.1 por ciento en el estado de Hidalgo. Para el caso de Guerrero, el porcentaje pasó de 1.12 a 3.44 por ciento, con respecto al año 2000.

El Instituto Nacional de Migración reporta que para el mes de septiembre del presente año, han sido repatriados 288 mil 498 mexicanos provenientes de los Estados Unidos; siendo Michoacán el estado que mayor connacionales en retorno ha recibido con 26 mil 737. Oaxaca, por su parte, recibió 23 mil 579; y Guerrero lo hizo con 22 mil 029 personas. En el año 2011, el Instituto Nacional de Migración registró 405 mil 457 repatriaciones a nivel nacional.

Estos datos sin lugar a dudas son un llamado de atención para que los tres niveles de gobierno generen condiciones mínimas necesarias para insertar a los mexicanos repatriados en el mercado laboral y brindarles los servicios necesarios, principalmente en materia de salud y educación.

En el marco del Memorándum de Entendimiento sobre Repatriación Segura, Ordenada, Digna y Humana de Nacionales Mexicanos y por noveno año consecutivo, las Secretarías de Relaciones Exteriores y de Gobernación, conjuntamente con el Departamento de Seguridad Nacional del gobierno estadounidense, anunciaron el inicio del Programa de Repatriación Voluntaria al Interior, que para este año estará vigente hasta el 29 de noviembre, el que procura ayudar a quienes lo deseen a regresar a México procedentes de Estados Unidos.

El Instituto Nacional de Migración informó que este procedimiento de repatriación pretende salvaguardar la integridad física y seguridad de los migrantes, toda vez que las repatriaciones a la zona fronteriza, los expone a agresiones de la delincuencia organizada, quedando fuera del programa los migrantes que residan en algún estado fronterizo o Baja California Sur.

Lo que habría que observarle al gobierno federal, empero, es la suscripción de este tipo de acuerdos de repatriación sin que para nuestro país haya generado políticas adecuadas de integración de los connacionales que retornan a sus comunidades de origen, pues en nuestra consideración no basta se les entregue tan solo una guía informativa sobre los servicios públicos disponibles en sus comunidades, información sobre cómo afiliarse al Seguro Popular y sobre programas que les ayuden a obtener oportunidades productivas.

Un programa que consideramos sí busca ofrecer oportunidades productivas a los migrantes mexicanos en retorno, lo es el Fondo de Apoyo a Migrantes, constituido por primera vez en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2009, que tiene por objetivo apoyar a los trabajadores migrantes en retorno y a las familias que reciben remesas para que, mediante la ejecución de proyectos, acciones y obras de infraestructura y su equipamiento, puedan encontrar una ocupación en el mercado formal; cuenten con opciones de autoempleo, generen ingresos y mejoren su capital humano y vivienda, así como para apoyar la operación de albergues que los atiendan y retornar a su lugar de origen, en su caso.

De conformidad a los Lineamientos para la operación del Fondo de Apoyo a Migrantes, el Fondo operará de manera descentralizada en 24 entidades federativas, específicamente en los municipios ubicados en los estratos de bienestar 1 a 4 definidos por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en los que más del diez por ciento de los hogares reciben remesas, distribuidos en las principales ciudades fronterizas receptoras de trabajadores en retorno y en las zonas metropolitanas de Monterrey, Guadalajara y del Valle de México.

Para el Presupuesto de Egresos de la Federación 2012, se consideraron recursos para el Fondo de Apoyo a Migrantes por 300 millones de pesos; sin embargo, consideramos que estos recursos no son suficientes para atender el creciente flujo de migrantes en retorno, máxime cuando las repatriaciones vienen aumentando ampliamente, si tomamos en consideración que el documento Índices de Intensidad Migratoria México-Estados Unidos 2010 nos señala que del año 2000 al 2010 el porcentaje de viviendas con migrantes en retorno aumentó a nivel nacional 1.5 veces, al pasar de 0.87 a 2.19 por ciento de las viviendas censadas, lo que obliga a que la Cámara de Diputados, a través de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, considere ampliar los recursos para el Fondo de Apoyo a Migrantes del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2013 con la finalidad de beneficiar a un mayor número de connacionales en situación de retorno.

Una justificación más para que el presupuesto federal del Fondo de Apoyo a Migrantes sea aumentado para 2013, lo constituye el hecho de que los recursos que se tienen definidos para los diferentes tipos de proyectos, obras y acciones que se podrán apoyar resultan ser insuficientes por el alza del precio en bienes y servicios. Para el caso del apoyo financiero para la operación de albergues y el retorno de migrantes a sus comunidades de origen, por ejemplo, los lineamientos establecen que el monto máximo para el traslado de migrantes repatriados podrá ser de hasta un mil pesos, pero si un migrante tomara un camión de Chihuahua a Chilpancingo, verbigracia, erogaría un gasto aproximado de un mil quinientos pesos, gasto que no podría soportar el connacional repatriado si se toma en cuenta las carencias con las que regresa.

Si bien cierto es que los Lineamientos para la Operación del Fondo de Apoyo a Migrantes disponen que los recursos federales del mismo podrán ser complementados con aportaciones de recursos adicionales que realicen las entidades federativas, los municipios o cualquier otra instancia pública o privada, el apoyo financiero de cinco mil pesos por hogar, en otro ejemplo, para la adquisición de materiales para pisos firme resultaría igualmente insuficiente, si tomamos en consideración que construir un piso firme en Guerrero de aproximadamente treinta y cinco metros cuadrados, de concreto hidráulico, con una resistencia de 150 KG/CM2, armado con malla electro soldada 6-6-10/10, con acabado escobillado y espesor de ocho centímetros, cuesta siete mil pesos.

Aunado a lo anterior, se presenta otro problema con respecto a la forma en que se realiza la distribución de los recursos financieros del Fondo hacia las entidades federativas beneficiarias, pues como se puede advertir en los actuales Lineamientos para la Operación del Fondo de Apoyo a Migrantes, específicamente en su Anexo 1, la distribución correspondiente fue determinada con base a información estadística del documento del INEGI Regiones Socioeconómicas de México, elaborado a partir de información del Censo General de Población y Vivienda 2000; a información sobre eventos de repatriación de 2008 del Instituto Nacional de Migración; y respecto del documento de CONAPO Hogares que Reciben Remesas, de diciembre de 2008.

Luego entonces, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público debe actualizar los Lineamientos para la Operación del Fondo de Apoyo a Migrantes con base al Índice Nacional de Precios al Consumidor, a los resultados del Censo de Población y Vivienda 2010, tomando en consideración el documento Índices de Intensidad Migratoria México-Estados Unidos 2010 y en base a la información del Instituto Nacional de Migración sobre eventos de repatriación de mexicanos desde Estados Unidos durante el 2012, pues apoyarse en información actualizada resulta en nuestra consideración básico para una distribución equitativa de los recursos financieros del Fondo entre las entidades federativas y entre la población objetivo, así como para una mejor toma de decisiones en la ejecución de proyectos, obras y acciones en beneficio de los trabajadores migrantes en retorno y de sus familias.

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta Asamblea el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO.- Se solicita a la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, a través de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, considere ampliar los recursos para el Fondo de Apoyo a Migrantes en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2013, con la finalidad de beneficiar a un mayor número de migrantes mexicanos en retorno.

SEGUNDO.- Se exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público revise, actualice y, en su caso, modifique los Lineamientos para la operación del Fondo de Apoyo a Migrantes, recalculando la fórmula de distribución de los recursos entre las entidades federativas y el valor de los apoyos financieros hacia la población objetivo, tomando como base el Índice Nacional de Precios al Consumidor, el Censo de Población y Vivienda 2010, el documento Índices de Intensidad Migratoria México-Estados Unidos 2010, así como la información sobre eventos de repatriación de mexicanos desde Estados Unidos durante el 2012, para una mejor toma de decisiones en la ejecución de proyectos, obras y acciones en beneficio de los trabajadores migrantes en retorno y de sus familias.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, a 29 de noviembre de 2012.

Atentamente

Sen. René Juárez Cisneros”.

De las CC. Senadoras Silvia Guadalupe Garza Galván y Maki Esther Ortiz Domínguez, del grupo parlamentario del PAN, que contiene punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados para que durante el análisis del Presupuesto de Egresos de la Federación del ejercicio fiscal 2013, considere incorporar una partida suficiente con el fin de poder dotar al Hospital General de Ciudad Acuña de los recursos humanos y materiales necesarios para brindar servicios de calidad y calidez a la población, que se turna a la Cámara de Diputados.

PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA A LA COMISION DE PRESUPUESTO Y CUENTA PUBLICA DE LA CAMARA DE DIPUTADOS PARA QUE DURANTE EL ANALISIS DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACION DEL EJERCICIO FISCAL 2013, CONSIDERE INCORPORAR UNA PARTIDA SUFICIENTE CON EL FIN DE PODER DOTAR AL HOSPITAL GENERAL DE CIUDAD ACUÑA DE LOS RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES NECESARIOS PARA BRINDAR SERVICIOS DE CALIDAD Y CALIDEZ A LA POBLACION

SEN. ERNESTO JAVIER CORDERO ARROYO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
DE LA CAMARA DE SENADORES
PRESENTE.

La que suscribe SILVIA GUADALUPE GARZA GALVAN y MAKI ESTHER ORTIZ DOMINGUEZ Senadora de la República por el Estado de Coahuila. Integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, de conformidad con lo previsto por los artículos 8 numeral 1 fracción II y 276 numeral 1 del Reglamento del Senado de la República, someto a consideración de esta Soberanía la siguiente proposición con punto de Acuerdo en el cual, SE EXHORTA A LA COMISION DE PRESUPUESTO DE LA CAMARA DE DIPUTADOS A FIN DE QUE CONSIDERE EN EL PRESUPUESTO DE INGRESOS DE LA FEDERACION 2013 RECURSOS SUFICIENTES PARA LA MEJORA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL GENERAL DE CIUDAD ACUÑA, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

El derecho universal a recibir servicios de salud de calidad debe ser prioridad de todo Gobierno, esta premisa solo se hará realidad con una rigurosa planeación y con la implementación de políticas públicas efectivas que beneficien a la población.

Para establecer circunstancias de modo y lugar y constituir en perspectiva la problemática que se expone en el presente punto de acuerdo, es de señalar que en el Estado de Coahuila según el Censo de Población y Vivienda 2010, cuenta con 3,055,395 habitantes divididos en 38 municipios, el Estado tiene bajo su responsabilidad trece Hospitales Generales uno de ellos es el de Ciudad Acuña.

Ciudad Acuña es uno de los municipios mas poblados del Estado, pues cuenta según el citado censo con 136,755 habitantes. En materia de infraestructura hospitalaria Ciudad Acuña dispone de diversos hospitales públicos dentro de los cuales se citan, un Hospital General del IMSS, un Hospital General a cargo del Gobierno Estatal, la clínica 81 del IMSS y una clínica del ISSSTE.

Como antecedente se da cuenta que en el año 2003 el entonces Presidente Vicente Fox, presentóel Plan Maestro de Infraestructura (PMI), documento en el cual se plasmaba un diagnóstico estructural de las necesidades mas urgentes en materia de infraestructura hospitalaria, en dicho documento se establece como prioridad la remodelación del Hospital General de Ciudad Acuña.

En secuencia de lo anterior, durante la administración del entonces Gobernador Constitucional del Estado de Coahuila el Profesor Humberto Moreira se retoma la sugerencia hecha en el Plan Maestro de Infraestructura antes citado, y anuncia los trabajos de remodelación, ampliación y equipamiento del Hospital General de Acuña, cabe señalar que por más de 25 años no se habían invertido los recursos suficientes para mantener su infraestructura básica de dicha unidad médica en buenas condiciones.

Es así que se inviertenrecursos por mas de 25 millones de pesos de acuerdo alo que señalan notas periodísticas, con estos recursos,según dice la autoridad, se amplío la capacidad de hospitalización de 16 a 32 camas censables,se renovó y amplió el área de Urgencias, mismas que se equipó con sala de choque; se añadieron 6 camas de observación y monitoreo, asimismo se amplióel Laboratorio de Análisis Clínicos y se modernizó el área de imagenología, la obra fue entregada en un evento público en el año 2010.

En este sentido señalo de manera contundente que no basta solo invertir recursos públicos en la remodelación del Hospital, que por cierto eran urgentes, sino hay que invertirlos bien;es lamentable que del dicho propagandístico de los gobiernos a la realidad haya tanto trecho según versa el refrán.

En este punto de acuerdo recojo esta queja ciudadana quedurante mis recorridos tanto en la campaña electoral y ahora como Senadora los habitantes de Ciudad Acuña me han manifestado, una queja reiterada respecto al funcionamiento y la atención del personal del Hospital General de la ciudad,es una desgracia que se presuman los millones de pesos en la obra y se genere una expectativa en la población y la atención que reciba la ciudadanía sea deficiente.

Solo basta darse una vuelta al nosocomio, las largas filas en urgencias para ser atendido, la falta de personal médico es evidente, el hospital no ofrece todos los servicios que la comunidad requiere, es decir, no cuenta con una unidad especializada enoftalmología, endocrinología, otorrinolaringología y cardiología, esto obliga a los acúñenses a trasladarse a hospitales de localidades tan alejadas como Saltillo o Monterrey que están a mas de seiscientos kilómetros de distancia para ser atendidos.

Es importante señalar que dicho hospital no cuenta con turno nocturno en la unidad de traumatología, por lo cual quien sufre de algún accidente no podrá recibir en ese horario, una atención digna de calidad y con la calidez que la población merece, a esto cabe hacer mención que las pocas ambulancias con que cuenta ésta unidad no están equipadas para solventar una emergencia médica.

Otroaspectoque no debe de dejar de tocarse en este punto de acuerdo es el referente a la adquisición del equipo de rayos X, resulta que éste aparato tan caro y publicitado por el Gobernador al entregar la remodelación del Hospital, no cuenta con el contrato del proveedor que surte los consumibles y al no tener los acetatos para imprimir las radiografías, hacen del aparato en la práctica inservible, ésta es solo unamuestrade la negligencia y falta de periciacon las que se realizan laslicitaciones en mi Estado.

Por las razones antes expuestas hago un respetuoso exhorto al Gobernador del Estado de Coahuila, a fin de que instruya al Titular de la Secretaria de Salud del Estado,para que implemente un programa urgente en el que incluya la aplicación de políticas públicas para la mejora de la atención que brinda el Hospital General de Ciudad Acuña, dichas políticas públicas a mi criterio deben incluir mecanismos para la mejora de la gestión, el abastecimiento de medicamentos a la población y la eficacia en el manejo tanto de recursos humanos y materiales del nosocomio.

Asimismo solicito a mis compañeros Diputados integrantes de la Comisión de Presupuesto, para queal momento de analizar el Presupuesto de Egresos de la Federación del ejercicio fiscal 2013,asignen al Hospital General de Ciudad Acuña recursos suficientes para la mejora y la ampliación de los servicios que brindaa la población.

Por lo anteriormente expuesto someto a la consideración de ésta Soberanía el siguiente:

Punto de Acuerdo

UNICO: El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados, para quedurante el análisis del Presupuesto de Egresos de la Federación del ejercicio fiscal 2013, considere incorporar una partidasuficiente con el fin de poder dotar al Hospital General de Ciudad Acuña de los recursos humanos y materiales necesarios para brindar servicios de calidad y calidez a la población.

Sen. Silvia Guadalupe Garza Galván.- Sen. Maki Esther Ortiz Dominguez”.

Del C. Senador Angel Benjamín Robles Montoya, del grupo parlamentario del PRD, que contiene punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Cámara de Diputados a que en el Presupuesto de Egresos de la Federación para 2013, se autorice un recurso por 10.5 millones de pesos para fortalecer la cadena del sistema producto de hule natural en el estado de Oaxaca, a favor de la empresa social Beneficiadora y Comercializadora de Hule de Oaxaca, S.A. de C.V., que se turna a la Cámara de Diputados.

PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA A LA CAMARA DE DIPUTADOS A QUE EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACION PARA 2013 SE AUTORICE UN RECURSO POR 10.5 MILLONES DE PESOS PARA FORTALECER LA CADENA DEL SISTEMA PRODUCTO DE HULE NATURAL EN EL ESTADO DE OAXACA, A FAVOR DE LA EMPRESA SOCIAL BENEFICIADORA Y COMERCIALIZADORA DE HULE DE OAXACA, S.A. DE C.V.

“SEN. ERNESTO JAVIER CORDERO ARROYO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
DE LA CAMARA DE SENADORES
H. CONGRESO DE LA UNION
PRESENTE.

El que suscribe, Senador Benjamín Robles Montoya integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXII Legislatura del Senado de la República; de conformidad con lo establecido por el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y en los artículos 8 fracción II y 276 numeral 1 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración del Pleno, proposición con punto de Acuerdo con moción de urgente resolución con el objeto de exhortar respetuosamente a la H. Cámara de Diputados a través de las Comisiones de Hacienda y Crédito Público, Presupuesto y Cuenta Pública, Competitividad y de Fomento Cooperativo y Economía Social; para que en el Presupuesto de Egresos de la Federación correspondiente al Ejercicio Fiscal 2013 se autorice un recurso por 10.5 millones de pesos a ejercerse mediante la SEMARNAT,con el objeto de fortalecer la cadena del sistema producto de hule natural en el Estado de Oaxaca a favor de la empresa social Beneficiadora y Comercializadora de Hule de Oaxaca, S.A. de C.V. Lo anterior, en base a las siguientes:

CONSIDERACIONES

En México una de las mejores alternativas productivas para el desarrollo de las regiones del trópico húmedo es el cultivo del hule (Hevea brasiliensis Muell Arg.), ya que adicionalmente a las excelentes condiciones naturales para el desarrollo de plantaciones, se tiene la cercanía al mayor centro de consumo mundial (conformado por los Estados Unidos y Canadá), cuyas necesidades de hule natural son cubiertas con hule importado del Sudeste Asiático.

Esta actividad genera economías colaterales que son importantes para el desarrollo económico de nuestro país, ya que el hule natural es materia prima indispensable en la elaboración de más de cuarenta y cinco mil artículos manufacturados.

Desde el punto de vista ambiental, aporta beneficios ecológicos, ya que a través del cultivo se están recuperando las áreas arboladas que fueron desforestadas con motivo de la introducción de la ganadería extensiva y al establecimiento de cultivos como el maíz y la caña de azúcar. Esto se refleja en el mejoramiento ambiental, ya que las plantaciones fijan o capturan grandes cantidades de carbono, generan oxígeno a la atmósfera, actúan como mejoradores de los suelos y filtran grandes cantidades de agua ayudando a la recarga de los mantos freáticos, además de que propician la proliferación de fauna silvestre y otras especies vegetales.

Por lo general el país ha dependido de las importaciones para satisfacer las necesidades de consumo del hule natural, estimándose que en promedio lo que se produce a nivel nacional sólo abastece el entre el 10 y 30% de la demanda anual.

En el escenario mundial existe una tendencia altamente favorable en términos de demanda y precio del hule natural, la cual se podría mantener durante los próximos 15 años, según el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos y el Grupo Internacional de Estudios del Hule. Dicha tendencia se debe a condiciones macroeconómicas, destacando el crecimiento industrial sostenido de China, el mantenimiento constante de los altos precios del petróleo -que harán poco atractivo sustituir el uso de hule natural por compuestos sintéticos-, y la consolidación de bloques económicos que demandarán cantidades mayores de hule, caucho y látex para usos industriales en ramas como la automotriz, la médica, y del calzado, principalmente.

México en particular, sólo genera el 0.13 de la producción mundial de hule natural. Se han consumido internamente alrededor de 87,400 toneladas de hule al año y en promedio año con año importa del 70 al 90% de sus requerimientos de hule para la industria, lo que da idea de la oportunidad de mercado para la producción generada en el país. En 2010 importó 47,943 toneladas de hule seco (FAO, 2012) y sus principales proveedores fueron Zimbawe, India, Nigeria y Guatemala.

La cadena productiva del hule natural (Hevea brasiliensis) tiene una gran importancia en el estado de Oaxaca, la cual se refleja en los siguientes datos: en 2010 se tenían un total 4,413 hectáreas en etapa de producción, con un volumen de producción de alrededor de 11 mil 500 toneladas de hule fresco al año y valor de la producción de 103.5 millones de pesos, lo que representa un derrama económica significativa.

Alrededor de 1,600 productores de 77 localidades distribuidas en 15 municipios se dedican al cultivo del hule, por lo cual un total de 8000 personas dependen total o parcialmente de este cultivo. Los productores se caracterizan por ser en su gran mayoría ejidatarios, con una dotación agraria promedio de 10 hectáreas y una superficie destinada al cultivo del hule de 3.7 hectáreas; su edad promedio es de 56 años y más del 50% hablan alguna lengua indígena; el 61% no tienen educación formal o no terminaron la primaria; profesionales.

Para el 76% de estos productores y sus familias, la mitad o más de sus ingresos dependen de esta actividad. Además se tiene la ventaja de que la producción de hule genera empleo e ingreso monetarios durante la mayor parte del año y durante aproximadamente 30 a 35 años. Se estima que por cada 2.5 hectáreas de plantación de hule en producción se genera un empleo directo, lo que representa cerca de 1,900 empleos fijos en el estado de Oaxaca.

En el último año se generó una producción de 5,750 toneladas de hule seco en el estado de Oaxaca, lo que constituye sólo el 4% del consumo nacional y el 0.06% del consumo mundial.

La Beneficiadora y Comercializadora de Hule de Oaxaca, S.A. de C.V. (BYCHOSA) es laúnica empresa social del estado de Oaxaca en el giro de la transformación del hule natural, ya que las demás beneficiadoras existentes son sociedades de inversión privada o de personas físicas con actividad empresarial.

Esta empresa fue constituida el 23 de enero de 1999 con 22 socios. Más recientemente, el 7 de junio de 2010 tuvo su última restructuración, quedando con 1,370 accionistas, que representan alrededor del 92% del total de productores de hule del estado de Oaxaca.

Desde su constitución la empresa ha pasado por varias etapas que le han permitido avanzar en su consolidación, contando actualmente con una capacidad de procesamiento de 12 toneladas de hule seco por día en dos turnos de trabajo, la mayor en su giro en el estado de Oaxaca.

Por lo cual, constituye una fuente de ingreso y empleo para los 1,370 productores socios y por lo tanto para las familias de éstos, lo que implica un beneficio directo para 6,850 personas del medio rural oaxaqueño.

Representa un canal de comercialización seguro para los productores al garantizar la compra de hule fresco a precios atractivos a nivel regional en relación con otras agroindustrias y los intermediarios, ya que BYCHOSA por lo general ofrece un precio de compra mayor en un 10%, lo cual es posible debido a que al ser una empresa social más que operar en busca de lucro, pretende garantizar un precio de compra aceptable para los productores.

Da valor agregado al producto al transformar el hule fresco en hule seco, en beneficio de sus socios, todos ellos productores de hule, lo que significa que éstos incursionan en la fase de industrialización primaria y participan más en la red de valor.

Oferta el hule seco a las industrias consumidoras a un precio más competitivo, sin que eso implique trabajar con pérdidas, sino sólo con la utilidad necesaria para mantener un buen nivel de operación y la sostenibilidad de la agroindustria.

Sin embargo, actualmente hay una serie de problemas que enfrenta la empresa, los cuales limitan su nivel de rentabilidad y competitividad, e incluso ponen en riesgo su viabilidad a largo plazo, mismos que requieren atenderse para que mejore su operación y ello derive en mayores beneficios para los productores y demás agentes socioeconómicos involucrados en la cadena productiva del hule, catalogada como prioritaria a nivel estatal y nacional.

En el periodo 2011-2012 se ha dado un descenso del precio del hule natural en el mercado internacional. Después de haber llegado a estar en forma inusual hasta en 5,452 dólares por tonelada de hule seco en enero de 2011 y un promedio de 4,570 en dicho año, actualmente el precio es de 2,770 dólares por tonelada, equivalente a 35.95 pesos por kilogramo de hule seco según la tasa de cambio vigente.

Ante la entrada indiscriminada de hule natural al país, con bajos niveles de aranceles, procedente de India, Indonesia, Malasia, Tailandia, Zimbawe, Nigeria y Guatemala, el comportamiento negativo de los precios internacionales en el periodo en mención ha incidido de manera directa en los precios pagados a los productores en México y en el estado de Oaxaca no es la excepción. En este último caso, se llegó a pagar a los productores hasta $21.00 por kilogramo de hule fresco en el primer trimestre de 2011, con precio promedio de $17.00 a lo largo de ese año, mientras que en septiembre de 2012 el precio es de $13.0 a $14.00, con los consecuentes efectos de desestímulo de los productores primarios y la propia agroindustria.

En función de que BYCHOSA hace esfuerzos por mantener un precio de compra aceptable del hule fresco en beneficio de sus 1,370 productores socios y productores libres, ante la tendencia de baja de los precios y la especulación en que incurren los intermediarios y agroindustrias beneficiadoras privadas, muchos productores solicitan con mayor énfasis que la primera adquiera su producto, pero ésta se encuentra limitada para ello ante la escasez de recursos financieros para la adquisición de materia prima.

Ante la disminución del precio del hule natural a nivel internacional, BYCHOSA se ve afectada al tener un precio de venta bajo del hule seco granulado y por lo tanto está aún más limitada para mantener su operación con niveles de proceso acordes con su capacidad instalada, más aún al no contar con apoyos gubernamentales para capital de trabajo. Ante ello muchos productores se encuentran a la deriva, expuestos a la especulación de los intermediarios comerciales o “coyotes”, con los riesgos de que los primeros abandonen el cultivo del hule, una actividad de gran beneficio social, económico y ambiental, como ya se ha dicho.

En atención a la problemática anterior, existen muchos requerimientos de acciones por los diversos integrantes de la cadena productiva del hule. La agroindustria BYCHOSA en particular, solicita con carácter urgencia lo siguiente para garantizar su sostenibilidad a corto, mediano y largo plazo:

Establecer un mecanismo de financiamiento de capital de trabajo con carácter de crédito a la palabra a la empresa, a fin de mantener la compra de hule fresco a los productores primarios, para que éstos no estén expuestos a la especulación de los intermediarios o “coyotes”. De esa manera, no se estará en riesgo de pérdida de la fuente de ingreso y de empleo de 1,370 familias oaxaqueñas con 6,850 integrantes que dependen total o parcialmente del cultivo del hule y de la operación de esta agroindustria. Se procesan anualmente un promedio de 3 mil toneladas de hule fresco pero se requiere contar con recursos a manera de fondo revolvente para la operación de 3 meses, lo que implica comprar por lo menos 750 toneladas de hule fresco en ese periodo. En la expectativa de mantener al menos el precio de compra actual de $14 por kilogramo, se requiere entonces un crédito a la palabra de 10.5 millones de pesos.

En razón de las causas expuestas, se somete a consideración de esta Honorable Asamblea el presente:

PUNTO DE ACUERDO

UNICO: Se exhorta atentamente a la H. Cámara de Diputados a través de las Comisiones de Hacienda y Crédito Público, Presupuesto y Cuenta Pública, Competitividad y de Fomento Cooperativo y Economía Social; para que en el Presupuesto de Egresos de la Federación correspondiente al Ejercicio Fiscal 2013 se autorice un recurso por 10.5 millones de pesos a ejercerse mediante la SEMARNAT,con el objeto de fortalecer la cadena del sistema producto de hule natural en el Estado de Oaxaca a favor de la empresa social Beneficiadora y Comercializadora de Hule de Oaxaca, S.A. de C.V.

México, D.F a 29 de noviembre de 2012.

Atentamente

Sen. Angel Benjamín Robles Montoya”.

De los CC. Senadores Luis Armando Melgar Bravo, Humberto Domingo Mayans Canabal y Zoé Robledo Aburto, que contiene punto de Acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo Federal a restablecer y fortalecer el Programa Nacional del Cacao con un enfoque regional, para su explotación rentable y sustentable, que se turna a la Comisión de Agricultura y Ganadería del Senado, el primer resolutivo, y a la Cámara de Diputados el segundo de ellos.

PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA AL EJECUTIVO FEDERAL A RESTABLECER Y FORTALECER EL PROGRAMA NACIONAL DEL CACAO CON UN ENFOQUE REGIONAL, PARA SU EXPLOTACION RENTABLE Y SUSTENTABLE

“SENADO DE LA REPUBLICA
LXII LEGISLATURA.

Los suscritos, Senadores, Humberto Domingo Mayans Canabal, Zoé Robledo Aburto y Luis Armando Melgar Bravo, integrantes de los grupos parlamentarios del Partido Revolucionario Institucional, del Partido de la Revolución Democrática y del Partido Verde Ecologista de México, respectivamente, en la LXII Legislatura de la Cámara de Senadores, de conformidad con lo previsto en el artículo 8, numeral 1, fracción II y 276 del Reglamento del Senado de la República, someten a la consideración de esta Soberanía, la presente proposición con punto de Acuerdo, con base en la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

Entre los productos de consumo mundial y masivo, sobresale el chocolate. De acuerdo con la Organización Internacional del Cacao (ICO, por sus siglas en inglés)1, la producción actual de cacao es de 3.9 millones de toneladas a nivel mundial. El continente Africano es la región más productiva, con 70% del total; Latinoamérica con 15%; Asia y Oceanía con 14%. Los países más productivos son Costa de Marfil, Ghana e Indonesia.

El consumo es mayor en Estados Unidos con 32%, Alemania con 11% y Francia con 10%, siendo los mercados más atractivos, además de ser muy exigentes en su calidad. De acuerdo con el diagnóstico que sustentó el Convenio Internacional del Cacao, aprobado en 2010 y vigente hasta el año 2020, más de 5,5 millones deminifundistas cultivan el 90% del cacao mundial, resultando que 14 millones de trabajadores rurales dependen directamente de su producción.

Dicho diagnóstico enfatiza, además de los problemas de la pobreza, factores importantes como:

• La persistencia de técnicas de cultivo obsoletas.

• Las plagas, como la monilia, que es un hongo que está devastando las plantaciones.

• La falta de incentivos para la producción y la comercialización.

• Las plantaciones mal atendidas y las superficies fumigadas, lo que ha provocado pérdidas del 30% al 40% de la producción.

• Explotación infantil, marginalidad, inequidad, discriminación y destrucción ambiental, y

• Ausencia de políticas públicas integrales y eficaces.

Nuestro país generó un máximo de 28,000 toneladas de grano, en el año 2000, en una superficie de 61,000 ha. Las entidades con mayor superficie plantada son Tabasco (67.2%) y Chiapas (31.9%) seguidos de Oaxaca y Guerrero.

Desafortunadamente, hoy día este cultivo se encuentra en crisis productiva. El Sistema-Producto cacao actualmente tiene un valor de producción de 1,018 millones de pesos, lo que representa solamente el 0.3% de los Sistemas-Producto del país2. Además, la producción ha disminuido hasta a 24,000 toneladas y la superficie cultivable también se está reduciendo, para establecer cultivos como el rambután, el litchi, el mangostán o bien para abrirlas al pastoreo de ganado bovino.

Ante el decrecimiento de la producción, el déficit de materia prima demandada por parte de la industria internacional, nacional y los talleres artesanales se cubre con la importación de 43 mil 400 toneladas.

A fin de enfrentar la crisis del cacao, entre 1996 y 2001, se planteó un Programa Nacional del Cacao, en el marco de la Alianza Nacional para el Campo. Lo cierto es que tuvo un enfoque insuficiente e ineficaz, por lo que fracasó en revitalizar esta actividad agropecuaria y aprovechar las ventajas competitivas de México.

Posteriormente, los apoyos de SAGARPA para los cacaoteros se redujeron, concentrándose en el Proyecto Estratégico para el Desarrollo Rural Sustentable de la Región Sur-Sureste de México (Trópico Húmedo), que desde 2009 brinda apoyos para 1,230 hectáreas de cultivo de cacao.

Frente a esta grave situación, el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA) en apoyo al Programa del Trópico Húmedo de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación de México (SAGARPA), organizó una misión en el mes de enero de 2011, formada por funcionarios y consultores, que derivó en un amplio diagnóstico con muchas recomendaciones, para su rescate.

Algunas de tales recomendaciones, no citamos todas, pero se enviará a SAGARPA dicho informe, son:

• Atender con urgencia el estado sanitario de las plantaciones

• Fortalecer la asistencia técnica, con especialistas para que junto con los técnicos de las Agencias para la Gestión de la Innovación (AGI´s) realicen prácticas agronómicas para rehabilitar las plantaciones, especialmente con productores líderes y parcelas demostrativas.

• Adoptar nuevos materiales de países y entidades con experiencia en monilia, agilizando los trámites para su introducción y garantizar la disponibilidad de recursos.

• Plantean la elaboración de una tabla sugerida de pago, al inicio de cada cosecha con indicación de los parámetros correspondientes a un precio base (grano violeta, humedad y otros factores).

• Relanzar la actividad productiva con una visión de sustentabilidad y rentabilidad, sustituyendo el esquema de subsidios fragmentados y mal dirigidos, por otro dirigido a reestructurar las capacidades productivas y establecer nuevo canales de comercialización.

Con base en estas recomendaciones, es preciso establecer un nuevo acuerdo productivo para el cacao, involucrando a las organizaciones de productores, legitimadas por el artículo 4º constitucional y por la Ley sobre Cámaras Agrícolas, encabezadas por la Unión Nacional de Productores de Cacao, y las uniones estales de Chiapas y de Tabasco, más las regionales de productores. Este nuevo acuerdo debe enfocarse a generar opciones productivas reales, establecer clústeres para la producción y la comercialización y utilizar más y mejor los recursos públicos, a la par de establecer indicadores de resultados y de gestión, que favorezcan la maximización de los apoyos, la recuperación y rentabilidad y la transparencia.

Por ello, solicitamos la solidaridad de las Legisladoras y Legisladores de la República con la producción del cacao mexicano, apoyando esta propuesta, para recuperar una actividad agrícola de gran impacto económico y social.

Por lo anteriormente expuesto, presentamos a esta Soberanía el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO.- Se exhorta al Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, a restablecer y fortalecer el Programa Nacional del Cacao, sobre la base de un nuevo pacto productivo, que permita atender su problemática actual y garantizar su explotación rentable y sustentable de largo plazo. Dicho pacto debe incluir un conjunto de programas de apoyo para el Sistema-Producto Cacao, que contemple asignaciones a través del Programa Especial Concurrente y opciones de créditos blandos y fondos de financiamiento suficientes, con matrices de indicadores de gestión y de resultados, para la formación de capacidades, mejor infraestructura, reconversión, saneamiento y comercialización, en diálogo permanente con las organizaciones productivas.

SEGUNDO.- Se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a asignar recursos suficientes para las acciones señaladas, en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el año 2013.

Dado en el recinto del Senado de la República, a 29 de noviembre de 2012.

Sen. Humberto Mayans Canabal.- Sen. Zoé Robledo Aburto.- Sen. Luis Armando Melgar Bravo”.

De los CC. Senadores integrantes de la Comisión de Reforma Agraria, que contiene punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados, así como a la Secretaría de la Reforma Agraria a realizar las gestiones necesarias a fin de que en el proceso de análisis, discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2013, se considere un incremento a los recursos asignados a dicha Secretaría con relación al año anterior, destinados a los programas sociales que promueve la dependencia, que se turna a la Cámara de Diputados.



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Del C. Senador Héctor Yunes Landa, del grupo parlamentario del PRI, que contiene punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a que, dentro del proceso de análisis, discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2013, se otorguen los recursos necesarios a través del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes para la realización del proyecto cultural “Museo Antiguo Hospital Militar Real de San Carlos”, ubicado en el Centro Histórico de la Heroica Ciudad y Puerto de Veracruz, Ver, que se turna a la Cámara de Diputados.

PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA A LA COMISION DE PRESUPUESTO Y CUENTA PUBLICA DE LA CAMARA DE DIPUTADOS A QUE, DENTRO DEL PROCESO DE ANALISIS, DISCUSION Y APROBACION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACION PARA 2013, SE OTORGUEN LOS RECURSOS NECESARIOS A TRAVÉS DEL CONSEJO NACIONAL PARA LA CULTURA Y LAS ARTES PARA LA REALIZACION DEL PROYECTO CULTURAL “MUSEO ANTIGUO HOSPITAL MILITAR REAL DE SAN CARLOS”, UBICADO EN EL CENTRO HISTORICO DE LA HEROICA CIUDAD Y PUERTO DE VERACRUZ, VER

“El suscrito, Héctor Yunes Landa Senador de la República en la LXII Legislatura, integrante de grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 8, fracción II, y 276, del Reglamentodel Senado de la República, someto a la consideración de este Pleno la siguiente proposición con punto de Acuerdo:

EXPOSICION DE MOTIVOS

El Puerto de Veracruz es una de las ciudades con mayor valor cultural de México, convertido en un destino por excelencia para el turismo nacional y extranjero. Su riqueza cultural se aprecia a través de diversos edificios históricos como el Museo de Historia Naval, la Catedral de Veracruz, el Museo de Historia Naval, el Museo de la Ciudad, el Baluarte de Santiago, el Museo Faro Venustiano Carranza, el Fuerte de San Juan de Ulúa y su Centro Histórico.

Es precisamente en el Centro Histórico del Puerto de Veracruz, donde se ubica el Hospital Militar Real de San Carlos, considerado el primer hospital fijo en nuestro país y en América, cuya portentosa edificación del Siglo XVIII fue inaugurada en diciembre de 1764 y fungió como nosocomio durante 236 años ininterrumpidos, hasta septiembre del año 2000.

El Hospital Militar Real de San Carlos fue denominado así en honor de Carlos III, Rey de España en esa época, y construido por órdenes de Don Joaquín de Montserrat, Marqués de Cruillas, Virrey de la Nueva España. Está situado entre la Tercera Calle de Loreto, la Tercera Calle de Barrios de Mina y La Muralla, hasta la calle Cruz Verde, formando parte de las históricas edificaciones coloniales que se conservan en la ciudad de Veracruz, Ver.

A pesar de su gran valor histórico-cultural, este inmueble actualmente está en desuso, habiendo un válido interés por conservarlo y convertirlo en Museo, en beneficio de la historia cultural de México y como un atractivo turístico, además de sede para la realización de actividades artísticas y educativas requeridas para el desarrollo integral del ser humano, promotoras de la convivencia familiar y social.

Cabe destacar que el proyecto de rescate de este inmueble se contempla culminarlo antes del año 2014, para que entre en operación como Museo al cumplirse los 100 años de la Invasión de Estados Unidos de América al Puerto de Veracruz y a los 250 años de que fue construido, aunado a que en el 2014 se realizarán en esta ciudad los XXII Juegos Centroamericanos y del Caribe, con la participación de deportistas de 31 países.

Asimismo, se concibe como un escenario para la realización de festivales culturales, presentación de conciertos, eventos de danza y folklóricos, con proyección nacional.

Con la creación del Museo Antiguo Hospital Militar de San Carlos, la sociedad veracruzana ejercerá de manera plena y responsable su derecho a la cultura, reconociendo el carácter plural de su identidad y diversidad cultural; por lo que dicho proyecto cultural se realiza de forma profesional, comprometida, respetuosa, eficiente y transparente.

Por lo anteriormente expuesto, y con el propósito de promover y ejercer el reconocimiento de la cultura y el turismo en México, me permito presentar ante esta Soberanía el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

Unico.- Se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la H. Cámara de Diputados, para que dentro del proceso de análisis, discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2013, se destine la cantidad de $50,000,000.00 (Cincuenta Millones de Pesos 00/100 M.N.) a través del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (CONACULTA), para la realización del proyecto cultural “Museo Antiguo Hospital Militar Real de San Carlos”, ubicado en el centro histórico de la Heroica Ciudad y Puerto de Veracruz, Ver.

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Senadores, a 29 de noviembre de 2012.

Suscribe

Sen. Héctor Yunes Landa”.

De los CC. Senadores Silvia Guadalupe Garza Galván, María Marcela Torres Peimbert, Víctor Hermosillo y Celada, Daniel Gabriel Avila Ruiz, Martha Elena García Gómez, Martín Orozco Sandoval, María del Pilar Ortega Martínez, Francisco de Paula Búrquez Valenzuela, Maki Esther Ortiz Domínguez, Francisco Domínguez Servién, Adriana Dávila Fernández, Rosa Adriana Díaz Lizama, Sonia Mendoza Díaz, Mariana Gómez del Campo Gurza, Francisco Javier López Brito, Jorge Luis Preciado Rodríguez, Ernesto Javier Cordero Arroyo, Fernando Herrera Avila, José María Martínez Martínez y Jorge Luis Lavalle Maury, del grupo parlamentario del PAN, que contiene punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Cámara de Diputados a que destine los recursos necesarios para la renivelación de los inspectores adscritos a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, que se turna a la Cámara de Diputados.

PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA A LA CAMARA DE DIPUTADOS A QUE DESTINE LOS RECURSOS NECESARIOS PARA LA RENIVELACION DE LOS INSPECTORES ADSCRITOS A LA PROCURADURIA FEDERAL DE PROTECCION AL AMBIENTE

SEN. ERNESTO JAVIER CORDERO ARROYO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
DE LA CAMARA DE SENADORES
LXII LEGISLATURA
PRESENTE.

SILVIA GUADALUPE GARZA GALVAN, MARIA MARCELA TORRES PEIMBERT, VICTOR HERMOSILLO Y CELADA, DANIEL GABRIEL AVILA RUIZ, MARTHA ELENA GARCIA GOMEZ, MARTIN OROZCO SANDOVAL, MARIA DEL PILAR ORTEGA MARTÍNEZ, FRANCISCO DE PAULA BURQUEZ VALENZUELA, MAKI ESTHER ORTIZ DOMINGUEZ, FRANCISCO DOMINGUEZ SERVIEN, ADRIANA DAVILA FERNANDEZ, ROSA ADRIANA DIAZ LIZAMA, SONIA MENDOZA DIAZ, MARIANA GOMEZ DEL CAMPO GURZA, FRANCISCO JAVIER LOPEZ BRITO, JORGE LUIS PRECIADO RODRIGUEZ, ERNESTO JAVIER CORDERO AROYO, FERNANDO HERRERA AVILA, JOSE MARIA MARTINEZ MARTINEZ Y JORGE LUIS LAVALLE MAURY, Senadoras y Senadores integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXII Legislatura del Senado de la República, con fundamento en lo dispuesto el artículo 8, numeral 1, fracción II, así como el artículo 276, ambos del Reglamento del Senado de la República, presento a consideración de esta Honorable Asamblea la proposición con PUNTO DE ACUERDO EN EL QUE SE EXHORTA A LA H. CAMARA DE DIPUTADOS PARA QUE EN USO DE SUS ATRIBUCIONES DESTINE LOS RECURSOS NECESARIOS PARA LA RENIVELACION DE LOS INSPECTORES ADSCRITOS A LA (PROFEPA) PROCURADURIA FEDERAL DE PROTECCION AL AMBIENTE.

ANTECEDENTES

Los inspectores de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente representan el grupo de servidores públicos que coadyuvan en la Procuración de Justicia Ambiental en todo el territorio nacional, mediante la realización de visitas de Inspección y Verificación, con apego a la normatividad ambiental con la finalidad de prevenir el deterioro a los recursos naturales y la contaminación ambiental, actividad que representa un riesgo en su quehacer diario derivado de la complejidad de enfrentarse en ocasiones a grupos delictivos que atentan contra el Medio Ambiente.

Dentro de sus principales objetivos están el realizar visitas de inspección y verificación de acuerdo al programa anual de visitas en materia de vida silvestre, forestal, impacto ambiental, zona federal marítimo terrestre, emisiones a la atmósfera, contaminación de suelos, riesgo, programa de contingencias ambientales y atención a las denuncias ciudadanas.

En materia de Zona Federal Marítimo terrestre (ZOFEMAT), las acciones de los inspectores abarcan 167 municipios de 17 estados costeros, a lo largo de aproximadamente 11,800 kilómetros de litoral mexicano.

Asimismo, realizan actos de inspección y vigilancia en materia de quelonios y mamíferos marinos, Areas Naturales Protegidas marinas y litorales, especies acuáticas en riesgo (amenazadas, sujetas a protección especial y en peligro de extinción).

Es importante señalar que el ámbito forestal, las tareas de inspección y vigilancia también representa un gran reto por su extensión y dimensión de derrama económica lícita e ilícita, para lo anterior los inspectores tienen que enfrentarse a que el país cuenta con una superficie forestal de 141.7 millones de hectáreas, de las cuales 65 millones, corresponden a bosques y selvas. La superficie con potencial de producción maderable es de 17.8 millones de hectáreas, y un universo de atención de 30 mil autorizaciones, lo que representa un volumen aproximado de corta de 6.5 millones de metros cúbicos de madera anual. Para su traslado se estima que circulan 1.2 millones de remisiones forestales autorizadas (10 metros cúbicos por viaje en promedio). Existen registrados aproximadamente 9 mil centros de almacenamiento y transformación de materias primas forestales (C.A.T.) con una capacidad instalada de 27 millones de metros cúbicos rollo (3 veces más de lo autorizado anualmente).

Las principales funciones de los inspectores de la PROFEPA son:

• Participar en operativos de inspección y vigilancia ambiental, en coordinación con otras instancias federales, estatales y/o municipales, lo anterior en virtud del riesgo que representa esta actividad, por lo que normalmente se hacen acompañar de fuerzas federales (Marina, Secretaria de Seguridad Pública Federal o bien Fuerzas Locales)

• Presentar ante el agente del Ministerio Público Federal a los infractores de lanormatividad ambiental.

• Realizar el aseguramiento o decomiso de especímenes o productos, incautados durante las visitas de inspecciones u operativos, así como su respectiva canalización a la instancia correspondiente.

• Realizar visitas de inspección derivada de una denuncia ciudadana, en materia industrial o de recursos naturales.

• Realizar notificaciones de emplazamientos, acuerdos y resoluciones derivados de los actos de inspección y vigilancia.

• Levantar actas de inspección en materia ambiental y de recursos naturales.

• Verificar el cumplimiento de las medidas de prevención, control, mitigación y restauración, señaladas en las resoluciones, autorizaciones, permisos y licencias.

En la política ambiental integral de inspección y vigilancia, se conjugan la definición e implementación de actividades de inspección y vigilancia en materia de recursos naturales por parte de la PROFEPA y la coordinación de acciones (transversalidad) de éstas con otras dependencias públicas, federales, estatales y municipales en materia de protección al ambiente.

Para contribuir a la conservación, restauración y aprovechamiento sustentable de los recursos naturales del país, atendiendo prioritariamente las áreas con alto valor ambiental o grave deterioro, sin dejar por ello de actuar en todo territorio, la PROFEPA ha identificado 97 sitios prioritarios, que cubren una superficie de 364,345 kilómetros, que incluye 735 municipios en 30 entidades federativas y el Distrito Federal, mediante la conjunción de los siguientes mapas:

1. Manglares

2. Sitios Ramsar

3. Áreas Protegidas Federales

4. Regiones prioritarias Terrestres y Marinas de la CONABIO

5. Corredor Biológico Mesoamericano-México

6. Especies Prioritarias

7. Temas Prioritarios (Vida Silvestre, forestal, impacto ambiental, Áreas Protegidas Federales, Zona Federal Marítimo Terrestre)

Para la atención de los sitios prioritarios los inspectores instalan y operan Comités de Vigilancia Ambiental Participativa, los cuales tienen por objetivo involucrar a la sociedad en la protección y conservación de los recursos naturales.

Con las estrategias antes señaladas, se contribuye a combatirla problemática ambiental derivada de la tala clandestina, el aprovechamiento y comercio ilegal de especies de vida silvestre, los impactos ambientales negativos generados por el desarrollo de obras y actividades de competencia federal y la ocupación ilegal de la zona federal marítimo terrestre, entre otros problemas.

El objetivo primordial de la Auditoría Ambiental es la identificación, evaluación y control de los procesos industriales que pudiesen estar operando bajo condiciones de riesgo provocando contaminación al ambiente o haciendo uso de los recursos naturales, y consiste en la revisión sistemática y exhaustiva de las operaciones, procedimientos y prácticas de una empresa de servicios o comercio, con la finalidad de comprobar el grado de cumplimiento de la legislación ambiental, así como , la adopción de buenas prácticas de operación e ingeniería, parámetros internacionales y procesos de autorregulación, a fin de detectar, posibles situaciones de riesgo e impactos al ambiente y emitir las recomendaciones preventivas y correctivas a que haya lugar.

Por lo anterior, se propone la renivelación de los 605 inspectores de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente a nivel nacional, buscando a través de este incentivo una correlación directa con los resultados y objetivos que se tienen trazados Institucionalmente.



La percepción económica delos inspectores no ha cambiado desde 2005, teniendo sueldos mensuales desde 7,850 pesos el más bajo correspondiente al nivel PQ1; el nivel PQ2 8,900 pesos; el nivel PQ3 10,500 pesos; PA1 14, 200 Pesos; PA3 16, 120 pesos.

Ahora bien, se propone una renivelación, para que el nivel PQ1 pase al PQ2, y así sucesivamente PQ2 a PQ3, cabe destacar que el nivel PQ3 recibiría un aumento del 30 % sueldo al pasar al nivel PA1, sin embargo, es el nivel inmediato superior que le correspondería, el PA1 pasaría al PA2 y el PA3 pasaría a PB3.

Como se observa en los cuadros propuestos la renivelación de los 605 inspectores activos en plazas presupuestales a nivel nacional, se requerirían recursos adicionales por 15,9 millones de pesos, costo anualizado.

Es importante señalar que la atención directa de los diversos temas mencionados anteriormente y en que se encuentra actuando la PROFEPA, exige una labor comprometida en materia de inspección y vigilancia, misma que es realizada por este segmento de servidores públicos.

Es imperativo reconocer a través del salario de estos servidores públicos su labor, la cual, cada día se amplia a más funciones, y es justo que obtengan un aumento después de tantos años de no recibir ningún aumento.

Por lo anteriormente planteado, me permito someter a esta Honorable Soberanía el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO. El Senado de la República exhorta y solicita atenta y respetuosamente a las Comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública y de Medio Ambiente y Recursos Naturales, de la H. Cámara de Diputados, para que realice los esfuerzos necesarios para incorporar en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2013, para la renivelación de los inspectores de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, los cuales ascienden a la cantidad de 15.9 millones de pesos.

SEGUNDO. Se exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para que en ejercicio de sus facultades al momento de realizar la planeación y programación de su Presupuesto para el Ejercicio Fiscal 2013, destine los recursos necesarios para la renivelación de los inspectores de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, los cuales ascienden a la cantidad de 15.9 millones de pesos.

TERCERO. El Senado de la República exhorta respetuosamente a la H. Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, para que en el marco de discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2013, destine los recursos necesarios para la renivelación de los inspectores de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, los cuales ascienden a la cantidad de 15.9 millones de pesos.

Atentamente”.

Del C. Senador Eviel Pérez Magaña, del grupo parlamentario del PRI, que contiene punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a considerar en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para 2013, recursos etiquetados a cargo del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, destinados al rescate del Chalet de Juana Cata, ubicado en Santo Domingo, Tehuantepec, Oaxaca, que se turna a la Cámara de Diputados el primer resolutivo, y a la Comisión de Cultura del Senado el segundo de éstos.

PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA A LA COMISION DE PRESUPUESTO Y CUENTA PUBLICA DE LA CAMARA DE DIPUTADOS A CONSIDERAR EN EL DECRETO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACION PARA 2013 RECURSOS ETIQUETADOS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE BELLAS ARTES Y LITERATURA, DESTINADOS AL RESCATE DEL CHALET DE JUANA CATA, UBICADO EN SANTO DOMINGO, TEHUANTEPEC, OAXACA

“SEN. ERNESTO JAVIER CORDERO ARROYO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
DE LA CAMARA DE SENADORES
DEL H. CONGRESO DE LA UNION
PRESENTE.

El que suscribe, Eviel Pérez Magaña, Senador a la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 8 numeral 1. fracción II, 108 y 276 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta Soberanía la siguiente: PROPOSICION CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LA COMISION DE PRESUPUESTO Y CUENTA PUBLICA DE LA HONORABLE CAMARA DE DIPUTADOS DE LA LXII LEGISLATURA DEL CONGRESO DE LA UNION, PARA QUE SE CONSIDEREN EN EL DECRETO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACION PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2013 RECURSOS ETIQUETADOS PARA LA ADQUISICION A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE BELLAS ARTES Y LITERATURA, DESTINADA AL RESCATE DEL CHALET DE JUANA CATA, UBICADO EN SANTO DOMINGO, TEHUANTEPEC, OAXACA, de conformidad con las Siguientes:

CONSIDERACIONES

Oaxaca representa uno de los destinos turísticos más importantes del país, por su trascendencia cultural y sus múltiples referentes históricos, tangibles e intangibles.

A nadie es ajeno que la belleza de la entidad radica en sus imponentes vestigios arqueológicos y hermosas edificaciones de época, sin menoscabo de cultura y tradiciones.

La Ciudad de la Verde Antequera, concentra fundamentalmente en los Valles Centrales un amplio catálogo del patrimonio cultural de la humanidad, no obstante debe decirse que también en la Zona del Istmo se ubican edificaciones importantes, dieciséis barrios con sus respectivos templos dan cuenta de ello.

A esta singular arquitectura del lugar, se suma la Mansión de Juana Catalina Romero, benefactora de Tehuantepec, nacida en el año de 1835, India Zapoteca conocida como “la Didjaza” -que en su lengua de origen significa- “la Zapoteca”, identificada en el Estado de Oaxaca y particularmente en la zona del Istmo por su importante obra humanista, y cuyos logros a nivel regional indiscutiblemente contribuyeron a la modernidad de la franja Istmeña.

Compañera sentimental del entonces Presidente de la Republica, Don José de la Cruz Porfirio Díaz Mori, Doña Juana Cata, como se le conoce en el Estado, habitó una imponente Mansión inspirada en el Castillo de Chapultepec, y construida por los mismos Ingenieros Ingleses encargados de llevar el Ferrocarril a esta Zona del Estado, bajo las instrucciones de Don Porfirio, lo que abonó al impulso del Istmo de Tehuantepec, -no es casualidad, que las vías del tren se alojen desde entonces y hasta ahora, a las Puertas de dicha Mansión-.

Es lamentable que el histórico Chalet de tres fachadas estilo neoclásico, con sus cúpulas de cuatro torres, domo de vidrio veneciano, escalinatas de ébano, mobiliario francés, libros y demás enceres de la época, se encuentre actualmente en el abandono.

El inmueble Tehuano, consta de un predio de mil cuatrocientos metros cuadrados, Chalet en dos niveles con ochocientos metros, y Zona de servidumbre y caballerizas en doscientos sesenta metros cuadrados, es una edificación que sin duda bien podría sumarse a los múltiples atractivos culturales del Estado, proporcionando además un servicio a los lugareños, como Centro Cultural con Museo de sitio y Exposiciones diversas, que favorezcan el impulso al turismo en la zona.

El Chalet de Juana Cata, ha sido mudo testigo de pasajes históricos, particular importancia reviste durante la época conocida como el Porfiriato. Más allá de las motivaciones de su origen.

La propiedad reúne sin duda, las condiciones necesarias para su rescate o salvamento por las autoridades del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura1, esta Mansión es, como casi todo en Oaxaca, testigo material que narra historia, y aguarda incólume su rescate, valuado de conformidad con la Ficha Técnica correspondiente en alrededor de cincuenta y un millones de pesos, en proyección al 20132.

En este contexto, el asunto que hoy presento, a su consideración Compañeras y Compañeros Senadores, es el rescate, preservación y catálogo del Chalet de Juana Cata. El Punto de Acuerdo que se propone, conlleva implícito el incremento del abanico del atractivo cultural de mi Entidad y concretamente de la zona del Istmo de Tehuantepec, con el consecuente beneficio de la población del lugar, derivado de la derrama económica de las actividades turísticas y la generación de empleos que involucra, como ya he mencionado.

Tampoco es menor la importancia en torno al destino, como Centro Cultural para el desarrollo de actividades artísticas y culturales de los habitantes de la zona, y fuereños que acerquen toda clase de expresiones artísticas a aquella comunidad, por el magnificente escenario que ofrece.

Con base en lo anterior, y atendiendo a la obligación impostergable de los representantes populares, de dar respuesta a las demandas sociales de nuestras Entidades Federativas de origen, les solicito compañeros Senadores, su apoyo para exhortar a las Instancias competentes para la autorización presupuestal que permita adquirir este preciado inmueble artístico, hoy en manos de particulares, que por desconocimiento o necesidad, eventualmente lo destinen a la venta para utilidad diversa, permitiendo la lamentable pérdida de dicho acervo histórico no solo de los Oaxaqueños, sino de todos los Mexicanos.

No debemos olvidar que el patrimonio cultural y artístico representa en cualquier caso pero particularmente en el caso que nos ocupa, un recurso estratégico para el desarrollo, por lo que resulta indispensable, prever en el Presupuesto para el Ejercicio Fiscal del 2013, en el apartado de Proyectos de Cultura, los recursos suficientes para la adquisición de la propiedad de referencia.

Por lo anterior, y con base en la responsabilidad del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, en torno a la preservación de inmuebles culturales e históricos en el país, compañeras Senadoras, Senadores, me permito poner a su consideración, la aprobación del siguiente:

Punto de Acuerdo

PRIMERO.- El Senado de la República, exhorta respetuosamente a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Honorable Cámara de Diputados de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, para que se consideren en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2013 recursos etiquetados para la adquisición a cargo del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, destinada al rescate del Chalet de Juana Cata, ubicado en Santo Domingo, Tehuantepec, Oaxaca.

SEGUNO. El Senado de la República, exhorta respetuosamente a las autoridades del Instituto Nacional de Bellas Artes, y Literatura, para que en uso de sus atribuciones, sea declarado Monumento Artístico el inmueble antes señalado, y una vez realizadas las acciones de Adquisición, Restauración y Catálogo, correspondientes, se habiliten: el Museo de Sitio; y el Centro Cultural Juana C. Romero, en esas instalaciones.

Salón de sesiones de la Cámara de Senadores, a 4 de diciembre de 2012.

Sen. Eviel Pérez Magaña”.

Del C. Senador Daniel Gabriel Avila Ruiz, del grupo parlamentario del PAN, que contiene punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a que considere la asignación de mayores recursos para la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación y para la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca para el Proyecto de Modernización de Embarcaciones Menores, que se turna a la Cámara de Diputados.

PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA A LA COMISION DE PRESUPUESTO Y CUENTA PUBLICA DE LA CAMARA DE DIPUTADOS A QUE CONSIDERE LA ASIGNACION DE MAYORES RECURSOS PARA LA SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACION Y PARA LA COMISION NACIONAL DE ACUACULTURA Y PESCA PARA EL PROYECTO DE MODERNIZACION DE EMBARCACIONES MENORES

“El suscrito, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXII Legislatura del Senado de la República, de conformidad con lo establecido de conformidad con lo establecido por los artículos 8 fracción II y 276 numeral 1 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración del Pleno la siguiente proposición con punto de Acuerdo, con base en las siguientes:

CONSIDERACIONES

A nivel nacional existe un programa impulsado por la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA) que, en coordinación con la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (CONAPESCA), apoya a los productores del sector pesquero regularizado del país dedicados a la actividad pesquera.

Dicho proyecto comenzó a operar a nivel nacional en 2008 y hasta 2010 se denominó “Proyecto de Sustitución de Motores fuera de Borda para Embarcaciones Menores”. En 2011 el programa adquirió el nombre de “Modernización de Embarcaciones Menores”, y para 2012 el componente se denomina “Sustitución de Motores Marinos Ecológicos”.

Los objetivos que persigue este programa son reactivar al pescador ribereño como sujeto de crédito y generar un historial crediticio; contribuir a la modernización tecnológica del sector mediante la reducción de costos y el incremento de la seguridad de los pescadores; disminuir los impactos negativos en el medio ambiente al evitar la emisión de hidrocarburos no quemados al recurso agua; y, finalmente, favorecer el ordenamiento de la actividad pesquera ribereña.

El programa contempla apoyos en forma de subsidios para la obtención de nuevos motores fuera de borda, en sustitución de un motor que se encuentre en uso actualmente. Establece que el motor nuevo deberá ser amigable con el medio ambiente y que tendrá que ser de menor o igual potencia al motor que sustituirá.

El Gobierno Federal, a través de SAGARPA y en coordinación con CONAPESCA, otorga un subsidio de 40% del valor total del motor fuera de borda que se apoye por el proyecto. Asimismo, el proyecto contempla la participación del Gobierno Estatal, mediante escrito dirigido a la CONAPESCA en el cual se define el monto total de recursos y porcentaje del costo total del motor.

En suma, el proyecto impulsa el incremento de los bienes de capital estratégicos de la población pesquera a través del apoyo subsidiario para la obtención de equipo moderno y ecológico, que en los últimos años ha contribuido al cuidado y preservación del medio ambiente, así como al ahorro de combustible para los pescadores.

Al respecto, y con base en la evaluación positiva del programa llevada a cabo en 2009, hay que mencionar que con el motor anterior de dos tiempos se consumían, en promedio, 58 litros de gasolina por viaje de pesca. Con los nuevos motores de cuatro tiempos se consumen 33 litros de gasolina en promedio por día de pesca. Por tanto, se reportó una reducción en el consumo de combustible de 43%.1 Es indudable que contar con motores modernos contribuye a garantizar un regreso seguro al pescador.

Por otra parte, sobresale que gracias a estos apoyos se ha logrado reactivar al pescador ribereño como sujeto de crédito, al comenzar a generar un historial que le ha permitido acceder a créditos del sector privado.

De acuerdo con SAGARPA, entre 2008 y 2010 se atendieron 55% de las solicitudes de apoyo ingresadas en las ventanillas de las delegaciones de dicha secretaría y de los Gobiernos Estatales que participaron en este programa. A nivel nacional, hasta la fecha, se han beneficiado 46 mil 414 pescadores ribereños del país con equipamiento y modernización tecnológica, mediante la sustitución de motores fuera de borda, obsoletos y usados por aparatos nuevos.

Para Yucatán durante el periodo comprendido entre enero y diciembre de 2011, a través del componente de Modernización de Embarcaciones Menores (sustitución de motores fuera de borda) se modernizó a 221 embarcaciones, con una inversión de 8.4 millones de pesos, y se logró un ahorro de combustible y mayor seguridad para los 564 pescadores que realizan su actividad en estas embarcaciones.

No obstante los beneficios del programa, la cobertura no ha sido suficiente para satisfacer la demanda de los pescadores que aún se encuentran en la espera de recibir los apoyos. Basta citar el caso del estado de Yucatán en donde, según reportes de SAGARPA, sólo se han atendido los municipios de Río Lagartos, Tizimín, San Felipe y Progreso, sin que reporte subsidio alguno para los pescadores de los puertos de Celestún, Dzilam de Bravo y Hunucmá (Sisal).

Por lo anterior, y dado que el programa es de carácter multianual (2008-2012), en el Partido Acción Nacional consideramos que es urgente extender los beneficios de este programa, así como dotar a SAGARPA y CONAPESCA de mayores recursos presupuestales para otorgar los subsidios a los pescadores ribereños. Con base en este deber, sometemos a su consideración la siguiente proposición con:

PUNTO DE ACUERDO

UNICO: La Cámara de Senadores exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados para que en el proceso de análisis, discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal del año 2013 se consideren y destinen mayores recursos para la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, y a la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca para el Proyecto de Modernización de Embarcaciones Menores.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, a 29 de noviembre de 2012.

Sen. Daniel Gabriel Avila Ruiz”.

De los CC. Senadores Raúl Morón Orozco e Iris Vianey Mendoza Mendoza, del grupo parlamentario del PRD, que contiene punto de Acuerdo sobre la situación financiera de las universidades e instituciones de educación superior en México y su impacto económico, social y político, especialmente en el caso de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, para exhortar a la Cámara de Diputados a encontrar una solución presupuestal que resuelva la grave crisis económica por la que atraviesa, que se turna a la Cámara de Diputados.

PUNTO DE ACUERDO SOBRE LA SITUACION FINANCIERA DE LAS UNIVERSIDADES E INSTITUCIONES DE EDUCACION SUPERIOR EN MEXICO Y SU IMPACTO ECONOMICO, SOCIAL Y POLITICO, ESPECIALMENTE EN EL CASO DE LA UNIVERSIDAD MICHOACANA DE SAN NICOLAS DE HIDALGO, PARA EXHORTAR A LA CAMARA DE DIPUTADOS A ENCONTRAR UNA SOLUCION PRESUPUESTAL QUE RESUELVA LA GRAVE CRISIS ECONOMICA POR LA QUE ATRAVIESA.

“Senador Ernesto Javier Cordero Arroyo
Presidente de la Mesa Directiva del
Senado de la República
Presente.

El suscrito, RAUL MORON OROZCO Senador de la República a la LXII Legislatura de la H. Cámara de Senadores, integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, en ejercicio de la facultad que me confieren los artículos 8, numeral 1, fracción II, y 276, numerales 1 y 2 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta Soberanía la siguiente proposición con punto de Acuerdo sobre la situación financiera de las Universidades Públicas e Instituciones de Educación Superior en México y su impacto económico, social y político, especialmente en el caso de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, para exhortar a la Cámara de Diputados a encontrar una solución presupuestal que resuelva la grave crisis económica por la que atraviesa, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

El financiamiento público a la educación superior en México es un tema capital en los debates sobre el futuro de la misma, la cual requiere de un gran impulso para continuar mejorando su calidad y ponerla a nivel competitivo en medio de esta nueva realidad global. Sin embargo, es también urgente la necesidad de ampliar su cobertura y así, hacerla más equitativa, dando la posibilidad de acceso por igual a este nivel educativo a jóvenes de todos los estratos sociales.

Hoy día el tema del financiamiento de la educación superior adquiere relevancia en los debates sobre el futuro no sólo de nuestras universidades, institutos tecnológicos y centros de investigación, sino del país en su conjunto, dado el papel estratégico que éstos tienen en el desarrollo de la sociedad en todos sus campos. En todo el mundo los gobiernos nacionales, los organismos internacionales, las asociaciones de universidades, las instituciones de educación superior y las organizaciones políticas y sociales coinciden en que la educación superior es estratégica para el desarrollo de un país. También coinciden en que esta importancia debe reflejarse en la asignación de un financiamiento suficiente por parte de la sociedad.

El financiamiento a la educación superior, por tanto, no debe ser considerado como un gasto sino como una inversión. La mejor inversión de un país es aquella que se hace en su gente; es la que forma a las personas desde la educación inicial hasta la educación superior; es una inversión económica y social que debe protegerse de los embates de las crisis recurrentes que sufrimos como país. Es reclamo ampliamente compartido por los diversos actores relacionados con el devenir educativo el que las instituciones públicas de educación superior cuenten con los medios económicos y materiales suficientes y con las condiciones internas necesarias para que puedan alcanzar niveles de excelencia en las actividades que realizan. Para ello, es imperativo incrementar significativamente la inversión pública en educación superior, con la participación de los gobiernos federal y estatales, sin descuidar la concurrencia de la inversión privada en este rubro.

Las instituciones de educación superior, en el momento actual, deben hacer frente a grandes desafíos como son: mejorar la calidad y pertinencia de sus programas académicos, diversificar su oferta educativa y flexibilizar sus programas de estudio para dar respuesta a los requerimientos crecientes de la sociedad por una educación de mayor calidad y pertinencia.

Cabe señalar que la ampliación de la cobertura con equidad, la introducción de nuevas prácticas educativas, el impulso a programas de mejoramiento de la calidad y la modernización de la infraestructura, requieren de recursos crecientes. Tan sólo el incremento de la planta de profesores de tiempo completo con una mayor formación académica repercute en una mayor necesidad de mejores bibliotecas, aulas, cubículos, centros de cómputo, talleres y laboratorios para la docencia y la investigación, así como de una plataforma moderna y eficiente de telecomunicaciones. La ampliación de la infraestructura y la modernización del equipo didáctico y científico, por su parte, requiere de recursos para su mantenimiento y actualización.

Si a la necesidad de incrementar el financiamiento para cubrir los rezagos existentes, para la creación de nuevas instituciones públicas de educación superior o para ampliar la capacidad de muchas de las que existen actualmente, se agrega el fenómeno de la tendencia a aumentar los costos unitarios de la educación superior con mayor rapidez que los demás costos unitarios de la economía, se configura un escenario preocupante en el ámbito del financiamiento de este nivel educativo. De lo anterior se desprende la necesidad de que las Universidades públicas y demás Instituciones de Educación Superior públicas, cuenten con los recursos necesarios para su funcionamiento eficaz, a la vez de que exista un nuevo esquema de financiamiento a la educación superior pública que, en un contexto de certidumbre, genere las condiciones propicias para enfrentar los retos anteriormente mencionados. Esta certidumbre será posible en la medida en que la asignación del subsidio y apoyos adicionales se sustente en criterios, lineamientos y principios conocidos por todas las instituciones y aplicados con transparencia y objetividad. (ANUIES).

El nuevo contexto político que hoy vivimos -en el que se da la alternancia de partidos en los gobiernos federal, estatales y municipales, es necesario discutir una reforma hacendaria y educativa que permita destinar más recursos públicos a los gobiernos locales, en el marco del federalismo y la descentralización educativa, con un mínimo de acuerdos en materia de desarrollo sostenido de la educación superior y su financiamiento.

En materia de asignación del presupuesto a las instituciones de educación superior se enfrentan diversos problemas. Dentro del proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) que presenta el Ejecutivo a la Cámara de Diputados para su discusión y aprobación, se encuentran las partidas destinadas a las Universidades e Instituciones de Educación Superior y a los programas de financiamiento extraordinario. La SEP presenta su propuesta de presupuesto a la SHCP supuestamente con base en la estimación de las necesidades de financiamiento de los distintos programas bajo su responsabilidad y las metas del PRONAE, no obstante la SHCP practica recortes a este preproyecto y lo ajusta en función de los criterios de política económica de la iniciativa de Ley de Ingresos y el proyecto de PEF que presentará al Congreso.

De ahí que el proyecto de presupuesto a educación superior que se presenta a la Cámara de Diputados conlleve recortes, tal como ha sucedido al menos en los tres últimos años. Una vez que el proyecto de PEF se encuentra en el Congreso, se realizan negociaciones entre las fracciones parlamentarias de los partidos políticos, las coordinaciones de las diputaciones de los estados y las comisiones correspondientes (Educación Pública y Servicios Educativos, Ciencia y Tecnología y Presupuesto y Cuenta Pública), en las cuales intervienen diversos actores gubernamentales, sociales y políticos, así como grupos de interés. Las reasignaciones que se hacen en los distintos ramos y partidas presupuestales son resultado de estas negociaciones, sin que el presupuesto aprobado obedezca a planteamientos racionales desde la perspectiva de las necesidades del desarrollo de las universidades e Instituciones de Educación Superior en su conjunto. Lo que predomina más bien es una negociación que obedece a intereses políticos focalizados y en un marco de estrechez de los recursos.

En los tres años de la presente administración, el Consejo Nacional de la ANUIES consideró que los proyectos de presupuesto que presentó el Ejecutivo a la Cámara de Diputados contenían insuficientes recursos para las instituciones de educación superior y centros de investigación -tanto en sus gastos de operación y de inversión- y por la disminución de recursos que tenían, para los dos primeros años, las partidas destinadas a diversos programas de apoyo extraordinario, poniendo en riesgo a las instituciones y el cumplimiento de las propias metas del PRONAE, en particular las relacionadas con el mejoramiento de la calidad.

En las distintas reuniones se expuso la urgente necesidad de modificar la propuesta presupuestal, para lo cual la ANUIES presentó solicitudes de incrementos. Incluso, el presupuesto de algunas instituciones decrecía en términos nominales, sin ninguna razón o explicación.

La integración de los presupuestos por la SHCP carecía de lógica. Gracias a los acercamientos que la ANUIES y otros actores tuvieron con los miembros de las Comisiones correspondientes del Poder Legislativo, la asignación a educación superior fue mayor en estos tres años a lo originalmente planteado por la Secretaría de Hacienda, aunque insuficiente para cubrir las necesidades mínimas.

Adicionalmente hay que considerar que una vez aprobado el PEF, en el curso del año, y en los términos del decreto correspondiente, la SHCP está facultada para autorizar ampliaciones o recortes, habitualmente ligados al comportamiento de las finanzas públicas, a la recaudación y a los precios del petróleo, que son variables cruciales en los ingresos del gobierno. Para este año, se suma la petición que ha formulado la SHCP de que todas las universidades y centros de investigación reduzcan aún más su gasto de operación, bajo el mismo trato de la burocracia central y sin considerar la especificidad de las tareas educativas, situación que agrava la estrechez financiera para operar.

En síntesis, se puede sostener que en la determinación de los montos que se asignan a la educación superior, no se parte de la identificación de las necesidades presupuestales reales de las Universidades Pública e Instituciones de Educación Superior, ni del sistema en su conjunto de acuerdo con los objetivos y metas que se persiguen en el PRONAE. Una visión de largo plazo exige rebasar las estimaciones anuales ante la intensidad y la emergencia de nuevas demandas educativas, los retos del crecimiento con equidad del sistema, el mejoramiento de la calidad en el desarrollo de las funciones de docencia, investigación y difusión y extensión de la cultura, así como ante la magnitud de los rezagos existentes en prácticamente todas las casas de estudios superiores. Se presupuesta más por inercia histórica que por un cálculo de necesidades de las IES y del sistema. De tomarse éstas en cuenta a la hora de elaborar el PEF, los montos se incrementarían de manera significativa, tal como ha quedado reflejado en algunos ejercicios realizados en la ANUIES.

Por otro lado, como resultado de la presupuestación inercial para el caso de las universidades públicas, y la aplicación de criterios distintos en el pasado, hoy tenemos grandes inconsistencias y disparidades que no encuentran ninguna explicación racional.

En los últimos años se ha planteado la necesidad de incrementar las aportaciones y buscar alternativas para su financiación. También, se han tomado medidas con el objeto de mejorar los mecanismos de financiamiento público, tratando de superar los esquemas incrementalistas que operaban de forma exclusiva hasta la década de los ochenta, y que además operaban mediante criterios subjetivos de las autoridades educativas poco claros y transparentes, muchas veces resultado de negociaciones entre los rectores y los responsables de definir las asignaciones. Posteriormente, el gobierno definió programas novedosos para la distribución de un financiamiento tratando de considerar criterios que tomen en cuenta los controles de calidad y eficiencia de las IES públicas.

El financiamiento público en la última década, si bien ha mostrado una evolución e incrementos significativos, no deja de mostrar altibajos debido a las crisis económicas por las que ha atravesado nuestro país.

Estudios sobre la evolución del financiamiento público a la educación superior nos hablan de tres momentos. (Hernández Pérez Víctor, El financiamiento de la Educación Superior en México). El primero se refiere un periodo de expansión del sistema de educación superior en la década de los setenta, e impulsado fundamentalmente por el gasto público. Este impulso se sustentó en la teoría del capital humano, pues había la convicción de que este nivel educativo contribuiría favorablemente al desarrollo social y económico del país. Durante estos años, de 1970 a 1985, la matrícula de este nivel pasó de 271 mil a más de un millón de alumnos.

Un segundo periodo lo ubicamos en la década de los ochentas, donde la educación superior padece los efectos de la crisis económica producto del endeudamiento externo y el descenso de los precios del petróleo, provocando un decremento significativo del gasto público y de los recursos destinados a las IES.

De esta manera, la tasa de crecimiento de la matrícula de educación superior, que años atrás presentaba un crecimiento acelerado, cayó drásticamente al pasar del 100.2% al 22.4% en los últimos 30 años y que actualmente en el nivel nacional representa alrededor de 3 millones de estudiantes, que significa a penas el 8% de la matricula escolar general de todos los niveles educativos.

Y así, el tercer periodo que inicia a finales de los ochenta hasta la fecha, se caracteriza por la sucesión de reajustes estructurales y crisis económicas que el país atravesó, ocasionando variaciones importantes en los recursos destinados a las Universidades e Instituciones de Educación Superior, además, se manifestaron críticas a la subvención del Estado a este nivel educativo (Banco Mundial 2000 a y b, Psacharopoulus, 1982, 1992, 1994 et al.; cit. por Márquez, 2004). 

En estos cuestionamientos se considera que debido a la inequidad existente en el acceso a la educación superior la participación del Estado sólo favorece a los estratos de más altos ingresos, que son los que cuentan con estudios de este nivel educativo, según estos argumentos, esta subvención tiene efectos negativos que favorecen la desigualdad en la distribución del ingreso nacional. De esta manera, las recomendaciones de esta perspectiva sugerían al Estado disminuir el gasto en educación superior y aumentarlo en los niveles básicos, a los que acceden los sectores más pobres. Así, aun cuando las últimas administraciones federales incluyendo la actual, han manejado en sus planes de desarrollo la prioridad de la educación superior, en la práctica las políticas de financiamiento han favorecido al nivel básico. Por último, un indicador relevante respecto al gasto público en educación superior es el gasto por alumno. Tomando como base el año de 1990, el gasto público por alumno (federal), presentó una tendencia ascendente hasta alcanzar en 1997 un valor de 4.7 veces a la inversión por alumno en 1990. De 1998 a 2004 se incrementó esta inversión en 1.6 veces. Así, en el año 2004 la inversión por alumno de educación superior fue de 43.8 miles de pesos, es decir, 9.5 veces la misma inversión en el año de 1990, pero al año 2012, la media nacional del gasto promedio por alumno creció a 50 mil pesos por alumno.

En México la inversión pública en educación superior con respecto al PIB comparada con la realizada por otros países al año 2012, está por debajo del promedio de los países miembros de la OCDE cuyo valor es del 1.0% en inversión pública y 0.32% de inversión privada. En países desarrollados como Estados Unidos la inversión pública alcanzó un 0.92%, Canadá alcanzó el 1.6% y Suecia el 1.48%

En este sentido, la educación superior de nuestro país se muestra en desventaja con otras economías. México se encuentra ubicado en el lugar treinta de los países miembros de la OCDE en cuanto al gasto por alumno en educación superior, sólo arriba de los tres últimos lugares en la lista de este grupo de países que son: Turquía, Grecia y Polonia. En el caso de los Estados Unidos, que ocupa el primer lugar en este indicador, gasta 4.34 veces el gasto por alumno que hace México. (OCDE). Según datos de la misma fuente México con respecto a otros países latinoamericanos también se encuentra en desventaja. Como ejemplo, los casos de Brasil y Chile, que invierten en promedio 11,946 y 7,483 dólares por alumno respectivamente (OCDE, 2011), mientras que México invierte 3,571 dólares por alumno aproximadamente.

Analizando el subsidio federal a la educación superior para el año 2012, en relación con otros aspectos financieros, tenemos que representó el 3.6% del gasto programable del sector público y el 13.4% invertido con respecto al gasto total de la SEP. El subsidio total asignado a las Universidades e Instituciones de Educación Superior Públicas para el año 2012 fue al 0.76% del PIB; compuesto con aportaciones de 0.60% del PIB de recursos federales y 0.16% provenientes de los gobiernos estatales.

Por otra parte, respecto a la distribución del subsidio ordinario por subsistema, los que mayores recursos reciben como subsidio ordinario son las Universidades Públicas Federales (UPF). En el año 2012 las universidades federales captaron por este concepto cerca del 60%, mientras que a las universidades estatales les fueron asignados sólo el 35% y el resto de los subsistemas recibieron el 5% del subsidio ordinario. El subsidio ordinario que reciben las universidades públicas estatales esta compuesto por un 69% federal y 31% de subsidio que aportan los gobiernos de los estados, lo más lamentable es que el crecimiento real del subsidio ordinario no ha sufrido gran variación, de 1994 a la fecha ha sido apenas de un 40.0%.

En promedio las universidades públicas estatales reciben un 69% de subsidio de origen federal y son quince universidades que se ubican debajo de éste valor, entre las que se encuentra la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, quien a pesar de atender alrededor de 57,000 alumnos, que representa el 80% de la oferta educativa de Michoacán y de estar colocada entre las 10 mejores universidades del país por su calidad de posgrados, certificaciones de licenciaturas y producción académica en investigación científica y tecnológica, de contribuir vía el ejercicio de su gasto en educación e investigación, a generar el 15% del PIB de la ciudad del Morelia y el 4% del Estado de Michoacán, cuenta con un déficit proyectado de $317 Millones para fin del año en curso.

La Universidad Michoacana, logró llegar al mes octubre sin detener su operatividad, gracias a los anticipos de subsidio federal otorgados por la SEP, agotándose dicho subsidio, por lo que para el 30 de septiembre de 2012 se llegó a un acuerdo con la Oficialía Mayor de la SEP, a fin de que se otorgara a esta institución de educación superior, un Presupuesto Extraordinario Federal de $200 millones, que se destinarían al pago parcial de nómina, prestaciones y aguinaldo en los meses de noviembre y diciembre del presente ejercicio.

A pesar de ello, el 2 de noviembre del año en curso, el Gobernador del Estado de Michoacán informó a la Rectoría de la UMSNH, que todos los apoyos acordados con la Oficialía Mayor de la SEP, se suspenden y que la institución no recibirá recursos hasta que se realice el cambio de Poder Ejecutivo Federal, dejando descubierta la nómina de noviembre y diciembre, sin que hasta la fecha, el gobierno federal o el gobierno estatal hubieran atendido tan urgente y necesaria situación.

Es el caso que al día 15 de noviembre, la UMSNH no contó con recursos suficientes para cubrir el total de los servicios mencionados, disponiendo de RECURSOS ETIQUETADOS para no detener la operación de la Institución, evitando también un conflicto laboral en esta Casa de Estudios y social en el Estado. Sin embargo, es incuestionable que para que la Universidad Michoacana y otras Universidades Estatales del país, puedan tener viabilidad financiera a un mediano y largo plazo y estar en condiciones más favorables para atender sus problemas estructurales, es urgente y necesario incrementar su subsidio promedio por alumno que actualmente es en el caso de la Michoacana de $38 mil, muy por debajo de la media nacional que es de $50 mil y que de llegar este incremento a otorgarse por la Cámara de Diputados en el Presupuesto de Egresos del 2013, al igual que el incremento de otros fondos y subsidios para la educación superior, podría representar para la Universidad Michoacana, el incremento requerido por el orden de los $922,372,003.43 millones de pesos respecto al presupuesto anual del 2012, al pasar de los $1,833,081,193.00 a $2,755,453,196.43 millones de pesos, que resultan indispensables para resolver la grave crisis económica por la que atraviesa.

Lo cierto es que en el caso de Michoacán, de no atenderse urgentemente esta problemática financiera, se complicaría poder sostener el nivel académico en postgrado e investigación que han posicionado a la UMSNH entre las 10 mejores del país, no poder consolidar la descentralización de la cobertura al interior del estado, no poder garantizar el pago de prestaciones laborales de los trabajadores, así como de pensiones y jubilaciones, que dificultaría gravemente el clima de estabilidad política, social y económica que ahora se tiene, con altos riesgos de ingobernabilidad por estallidos colectivo a través de tres vertientes: a) Movilizaciones de estudiantes, los cuales tienen nexos estrechos con los movimientos, catalogados como “revolucionarios”, de la Normal de Tiripetío, Cherán y Arteaga, b) Movilizaciones del Sindicato de Empleados y Profesores que tiene nexos con otras organizaciones sindicales y sociales y c) Una situación política y financiera inestable para el Estado, que puede llegar a impactar negativamente al PIB de Morelia y el del Estado.

Bajo este contexto, similar al que actualmente se vive en el resto de las Universidades e Instituciones de Educación Superior del país, es indudable que el siglo XXI muestra significativos retos que generarán presión sobre la educación superior, es decir, sobre la necesidad de generar mayor infraestructura que atienda la demanda creciente que se proyecta para este nivel educativo. Estos retos son: el cambio demográfico del nuevo siglo, el proceso de urbanización del país y el mejoramiento de los indicadores de educación del país.  Uno de los retos fundamentales a enfrentar en los próximos años será por tanto, el de desarrollar la infraestructura necesaria para atender a la creciente población escolar en este el nivel y ello obliga necesariamente al incremento sustancial del financiamiento público, mediante subsidios ordinarios reales superiores a los obtenidos hasta ahora.

México requiere con urgencia una gran reforma educativa, en todos los niveles, con una perspectiva de mediano y largo plazos. Una que brinde calidad a la enseñanza básica, que permita incrementar la cobertura en instrucción media superior y superior, que fortalezca la investigación básica y aplicada, el desarrollo tecnológico y la innovación, pero también el conocimiento que generan las ciencias sociales y las humanidades.

México como lo ha expresado el propio rector de la UNAM, Dr. José Narro, requiere más escuelas, muchas más, porque constituyen el principal antídoto contra las conductas antisociales. “Tenemos que volver a dar a la enseñanza la importancia histórica que ha tenido y, sobre todo, ofrecer opciones a los jóvenes”. Según palabras del propio Dr. Narro, el sector educativo ha sido el camino para que México progrese y así debe continuar, en momentos en los que en la historia de la humanidad, el conocimiento ha adquirido importancia extraordinaria para el avance de los sistemas productivos. Particularmente, ahora es válido porque se enfrenta una crisis de valores extendida.

“Es evidente la urgencia de instrumentar en México una gran reforma del sistema educativo, integral, que abarque desde la primaria hasta el posgrado. Sólo puede implementarse desde el Estado y se requiere una política pública con objetivos y metas claras, diseñada para el mediano y largo plazos, pero también la participación de la sociedad. La educación no es un asunto sólo del gobierno”. (Narro, 2012). De la misma manera que se han diseñado y aplicado con destreza -siempre con la disposición de los fondos públicos necesarios- programas para el rescate al sistema bancario, a empresas constructoras de carreteras, a ingenios azucareros, o a las cuotas obrero-patronales en la seguridad social, “así tenemos la obligación de rescatar a los jóvenes mexicanos de la situación en que se encuentran”. A México, añadió Narro Robles, le urge un enfoque que permita entender la compleja realidad de ese segmento poblacional para construir un futuro favorable, no sólo para ellos, sino para la sociedad en su conjunto. Hace falta una nueva generación de políticas públicas que les propicie situaciones favorables; que tengan en cuenta las desigualdades, las diferencias económicas, sociales, culturales e, incluso, geográficas. La educación superior requiere apoyo e impulso; necesita una política de Estado, “sobre todo en un país como el nuestro, donde el desarrollo del conocimiento se realiza en gran medida en las instituciones públicas de educación superior”. (Narro, 2012).

Según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), 24 por ciento de los jóvenes mexicanos de 15 a 29 años de edad, es decir, más de siete millones 200 mil, no estudia ni trabaja. Para el caso de los que tienen entre 25 y 29 años, la tasa es más elevada, cercana al 30 por ciento. Por eso compartimos con el Rector de la Máxima Casa de Estudios, la idea de que “El hecho de tener a jóvenes que no pueden estudiar y tampoco trabajar, es una tragedia nacional”.

Ajustar el déficit mediante la reducción de las partidas sociales, sobre todo en educación superior, es un grave error, pues propicia mayores gastos en desempleo y una espiral de caídas del Producto Interno Bruto (PIB) y del consumo. Con esta medida se reducen los ingresos del Estado, pero no la deuda, ni el déficit de las Universidades. (Enrique Casais, académico de la Universidad Complutense de Madrid).

Por su parte, Oscar Ugarteche Galarza, investigador de la UNAM, ha señalado al respecto que la falta de financiamiento a las políticas sociales, como la educación superior, se debe a un problema sistémico y no sólo financiero, pues ha puesto a debate los mecanismos de integración diseñados en los años 80, que incluyen no sólo el movimiento de bienes y personas sino el de capitales, así como la desregulación homogénea en todos los aspectos del mercado de capitales. La propuesta de salida a esta situación, según lo ha dicho, no puede ser la misma que se empleó en Latinoamérica: desregular, privatizar la educación, reducir salarios, reducir el financiamiento de la educación pública, internacionalizar la producción y basar el crecimiento en las exportaciones.

Así, es que la Cámara de Diputados de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, como la instancia que decide sobre el subsidio para cada una de las universidades estatales cuando aprueba el presupuesto nacional, debe considerar un incremento considerable de los subsidios ordinarios y extraordinarios que se deberán otorgar a las universidades para los próximos tres años, por lo menos.

Como en el caso de otros países, como Argentina y Brasil, donde se ha impulsado una importante transformación económica de sus universidades públicas, caracterizada por una ampliación de las  fuentes de financiamiento, deben proyectarse para los próximos años, cambios estructurales y de fondo en la forma de asignar el presupuesto público a las instituciones de educación superior, con el fin de buscar mejorar la eficiencia con que se emplean los recursos y orientar los aportes en base a indicadores que consideren el desempeño académico, y que además permitan controlar la forma en que se administran los recursos. De esta manera, la Ley para la Planeación de la Educación Superior debe disponer que el presupuesto se distribuya entre ellas, teniendo en cuenta indicadores de eficiencia, calidad educativa y equidad social.

Por lo antes expuesto y fundado, me permito someter a la aprobación del pleno de la Cámara de Senadores con carácter de urgente resolución, la presente proposición con:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO. Se exhorta respetuosamente a los integrantes de la Comisión de Educación, Ciencia y Tecnología y al Pleno de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, a que el presupuesto destinado para el Financiamiento de Educación Superior y la Investigación Científica y Tecnológica para el año 2013, obedezca a planteamientos racionales desde la perspectiva de las necesidades del desarrollo de las universidades e Instituciones de Educación Superior en su conjunto, bajo criterios de mayor equidad social, eficiencia, calidad, desarrollo educativo, científico y tecnológico.

SEGUNDO. Se solicita respetuosamente al Pleno del Congreso de la Unión, que dentro de los incrementos presupuestales para el financiamiento de la Educación Superior, se considere un incremento real de los subsidios ordinarios y extraordinarios para las Universidades Estatales, especialmente para la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo que urge del apoyo necesario para estar en condiciones de cubrir a sus trabajadores docentes y administrativos los salarios y demás prestaciones correspondientes al año 2012, por el orden de los  $200 Millones de pesos, previamente acordado con la Federación.

TERCERO. Asimismo se le exhorta para que en el presupuesto del año 2013 asignado para la UMSNH y los sucesivos, se le autorice un incremento del subsidio por alumno por año, equiparable al monto de la media nacional que es de 50 mil pesos por alumno y otros subsidios,con la finalidad de pasar de los $1,833,081,193.00 a $2,755,453,196.43 millones de pesos, que resultan indispensables para resolver la grave crisis económica por la que atraviesa. 

Presentado en el salón de sesiones de la Cámara de Senadores, a 4 de diciembre de 2012.

Sen. Raúl Morón Orozco”.

Del C. Senador Manuel Humberto Cota Jiménez, del grupo parlamentario del PRI, que contiene punto de Acuerdo por el que se solicita a la Cámara de Diputados asignar en el Presupuesto de Egresos de la Federación en el “Programa de Construcción y Mantenimiento de Infraestructura Ferroviaria” una partida especial suficiente para que se realice la obra de libramiento ferroviario de la ciudad de Tepic, Nayarit, que se turna a la Cámara de Diputados.



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De la C. Senadora Silvia Guadalupe Garza Galván, del grupo parlamentario del PAN, que contiene punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a que considere recursos destinados a la mitigación de daños ocasionados por incendios en la sierra de Coahuila, que se turna a la Cámara de Diputados.

PUNTO DE ACUERDO PARA EXHORTAR A LA COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS A QUE CONSIDERE RECURSOS DESTINADOS A LA MITIGACIÓN DE DAÑOS OCASIONADOS POR INCENDIOS EN LA SIERRA DE COAHUILA

“SEN. ERNESTO CORDERO ARROYO,
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
DE LA CAMARA DE SENADORES DEL H. CONGRESO DE LA UNION
PRESENTE.

La suscrita, SILVIA GUADALUPE GARZA GALVAN, Senadora de la LXII Legislatura del H. Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en los artículos 8, numeral 1, fracción II; y 276 y demás aplicables del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta Soberanía la PROPOSICION DE PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LA COMISION DE PRESUPUESTO Y CUENTA PUBLICA DE LA H. CAMARA DE DIPUTADOS PARA QUE DENTRO DEL PROCESO DE ANALISIS, DISCUSION Y APROBACION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACION PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013 SE CONSIDEREN RECURSOS PRESUPUESTALES DESTINADOS A LA MITIGACION DE DAÑOS OCASIONADOS POR INCENDIOS EN LAS SIERRAS DE COAHUILA.

ANTECEDENTES

El tema de la sequía en México, es importante y de dimensiones mayúsculas, sobre todo si se conceptualiza como una problemática consecuente del cambio climático o calentamiento global, cuya solución en este momento no tenemos ni conocemos, ya que no se ha podido establecer un programa o acción que revierta los daños a los elementos naturales, que regresen las hoy ausentes temporadas de lluvia en el Norte de nuestro país y Sur de los Estados Unidos.

Las consecuencias visibles e inmediatas de la sequía son, la muerte del ganado, pérdida de las cosechas, incendios, sobrexplotación de las reservas subterráneas de agua, y falta de abasto del vital líquido a las poblaciones; sin embargo, quizá la consecuencia más grave es la pérdida irreversible de los ecosistemas; con estas pérdidas se agravan las consecuencias de cambio climático.

Según datos de la Comisión Nacional Forestal, en México, tan solo en los Estados de Chihuahua, Sonora, Jalisco y Coahuila, se concentra el 53% de las afectaciones en materia de sequía e incendios.

La presencia del fuego en los bosques es una dinámica natural que propicia Regeneración y equilibrio en las especies que de forma original coexisten; asimismo, los efectos positivos de un incendio es la presencia material orgánico que funge como abono para los suelos y especies en pie.

Sin embargo, la visión del fuego se ha transformado, porque la mano del hombre interviene y provoca incendios en el 70 % de los casos,en el resto, la naturaleza nos está cobrando la factura, tal es el caso de los incendios ocurridos en el mes de abril de 2011 en los municipios de Arteaga, Ocampo, Muzquiz y Acuña de mi Estado natal Coahuila, los cuales durante un mes de actividad, devastaron mas de 400 mil hectáreas.

Personalmente acudí a apoyar en las causa; sobre toda para la protección a la fauna silvestre (venados, osos negros, guajolotes silvestres, palomas, jabalíes, codornices, conejos, liebres, zorros, mapaches, gatosmontés y pumas) que por falta de alimento y agua se estaban muriendo, y fue lamentable ver los tornados de fuego de hasta 65 kilómetros por hora, que consumían más y más las sierras de Coahuila.

Como Bióloga de profesión les digo, que la naturaleza se encarga de restaurar las zonas incendiadas, pero bajo un sistema equilibrado y de un fuego benéfico, mas no ante una catástrofe de dimensiones como las que he descrito por la ocurrencia de un fuego dañino. Regenerar más de 437, 265 hectáreas de suelos naturales, no pueden exigirse a la naturaleza, debemos ayudarle.

CONSIDERANDOS

Tan solo para poder controlar y abatir el fuego en las sierras de Coahuila, se gastaron más de 378 millones de pesos,( 240 de Fondo de Desastres Naturales FONDEN, 21 millones de CONAFOR, 66.7 millones las Secretaria de Seguridad Publica y Marina y 50 millones de Gobierno del Estado de Coahuila); su restauración, sin duda será más costosa, pero no se debe escatimar en ello, ya que la lección, me parece, fue bien aprendida, debemos actuar como restauradores y previsores y no encaminar únicamente las acciones de combate cuando el incendio esté en su punto máximo; debemos actuar preventivamente a estos fenómenos, haciendo brechas cortafuego, creando más brigadas de combate de incendios forestales, capacitación de combatientes y aplicar acciones de contratación de aeronaves o helicópteros que nos permitan trasladar a los brigadistas en acciones de reacción rápida, evitando pérdidas mayúsculas de nuestros recursos naturales, ya que la topografía tan accidentada del Estado y las enormes distancias entre un punto y otro dificulta el acceso ciertas zonas .

La Comisión Nacional Forestal mantiene un programa preventivo y correctivo durante todo el año, por lo que su apoyo será de gran ayuda, pero adicionalmente a ello, es de vital importancia que se destine una cantidad de recurso económico suficiente para que exclusivamente se atienda la restauración de las más de 437,265 hectáreas perdidas.

PUNTOS DE ACUERDO

UNICO: Se exhorta a la comisión de presupuesto y cuenta pública de la H. Cámara de Diputados para que dentro del proceso de análisis, discusión y aprobación del presupuesto de egresos de la federación para el ejercicio fiscal 2013 se consideren recursos presupuestales destinados exclusivamente a la mitigación de daños ocasionados por incendios ocurridos en abril de 2011 en las sierras de Coahuila.

Atentamente

Sen. Silvia Guadalupe Garza Galván”.

Incendios forestales 2011 en el Estado de Coahuila

Se presentaron en la entidad 140 incendios forestales los cuales afectaron:

incendios

Superficie Total

Arbolado Afectado Has.

Pasto Afectado Has.

Arbusto Afectado Has.

Personal participante

140

437,265

26,262

129,461

281,204

3527

Los principales municipios que se vieron afectados fueron 26 de los 38 con los que se encuentran en el Estado de Coahuila.

Para restaurar una Hectárea depende de varios factores como seria la distancia, especies a restaurar, si ha y que elaborar trabajos de restauración, reforestación, material de la región acomodado, cercado, etc. Variando su costo promedio entre los $3,000 a los $8,000.

La determinación de los costos de las obras y prácticas de restauración de suelos, reforestación y su mantenimiento es, junto con el diseño técnico de las obras de restauración de suelos y reforestación, una de las partes fundamentales en los proyectos de restauración.

Metodología para la determinación de costos

Al desarrollarse las actividades para lograr la restauración de un terreno forestal incendiado, mediante acciones de restauración de suelos y reforestación se requiere la planeación y desarrollo de diferentes actividades y para ello se deben tener sistemas de administración que permitan conocer los costos de la realización de las diferentes actividades que se requieren para la restauración de un terreno y con ello determinar los costos para determinar la conveniencia económica y ecológica de llevar a cabo la restauración de un terreno.

Obras y prácticas de restauración de suelos, reforestación y mantenimiento, se puede agrupar en tres tipos:

• Cargos por consumos

• Cargos por mano de obra

• Cargos por maquinaria equipo y herramienta

Los costos promedios por hectáreas oscilan entre los $3000 a los $8000.

Se verá incrementado estos en la zona que más sufrió perdida de vegetación debido a incendios en el 2011, la cual corresponde a área compacta mas devastada que es la serranía del burro al norte del estado de Coahuila siendo su población más cercana la ciudad de Muzquiz Coahuila.

Aproximadamente a 5 horas promedio de los predios afectados, aunado a la poca población civil que habita esos lugares.

El ecosistema a sufrido un grave deterioro a causa de los incendios forestales, debido a lo anterior se torna urgente la restauración de las áreas afectadas, para detener la perdida de el suelo el cual quedo expuesto al no contar con vegetación se acelera la erosión por el viento y cuando exista la precipitación por acarreo de partículas por el agua, además de permitir con estas acciones que se tenga nuevamente la infiltración de humedadesto traerá como beneficio el que se tenga material vegetativo el cual sirve de alimento, refugio, hábitat de la fauna silvestre que caracteriza la región norte del Estado.

Del C. Senador Héctor Yunes Landa, del grupo parlamentario del PRI, que contiene punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a que, en el proceso de análisis, discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2013, se le asignen los recursos requeridos a la Agencia Espacial Mexicana, que se turna a la Cámara de Diputados.

PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA A LA COMISION DE PRESUPUESTO Y CUENTA PUBLICA DE LA CAMARA DE DIPUTADOS A QUE, EN EL PROCESO DE ANALISIS, DISCUSION Y APROBACION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACION PARA 2013, SE LE ASIGNEN LOS RECURSOS REQUERIDOS A LA AGENCIA ESPACIAL MEXICANA

“El suscrito, Héctor Yunes Landa Senador de la República en la LXII Legislatura, integrante de grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 8 fracción II y 276 del Reglamentodel Senado de la República, someto a la consideración de este Pleno la siguiente proposición con punto de Acuerdo:

EXPOSICION DE MOTIVOS

En la actualidad, el espacio provee oportunidades únicas para la creación de bienes y servicios útiles y redituables, tanto públicos como privados, con una diversidad de actividades en las comunicaciones, posicionamiento vía satélite y la observación de la Tierra en su conjunto, entre otras.

Al respecto, las decisiones gubernamentales en materia espacial deben basarse en una perspectiva socioeconómica destinada a impulsar e invertir en el sector espacial mexicano, buscando satisfacer necesidades sociales como la seguridad, atención a desastres naturales, acceso a la información, desarrollo agrícola y pesquero, agua, energía, sustentabilidad ambiental, educación, salud y transporte.

Nuestro país tiene la premura de implementar programas espaciales para cumplir con demandas específicas y constituirse en un nicho de oportunidades en esta materia para el desarrollo de México, que coadyuven en la solución de los problemas sociales, impulsen las innovaciones tecnológicas, extiendan el conocimiento científico en todo el país, y permitan el establecimiento de empresas de alta tecnología que impulsen a las compañías existentes.

El sector aeroespacial experimenta un vigoroso crecimiento a nivel mundial. En México, en los últimos 15 años, se ha creado un escenario de desarrollo espacial industrial con amplias posibilidades de avanzar y posicionarse en un futuro inmediato de manera sólida en esta materia.

En este orden de ideas, las nuevas órbitas, frecuencias, sensores e instrumentos de teledetección a bordo, sistemas de propulsión, funcionamiento en red y formación con enlaces de banda ancha y la incorporación de grandes capacidades de procesamiento a bordo, están apareciendo en el escenario tecnológico con relevantes oportunidades de aplicaciones públicas y privadas de gran impacto social, tales como telemedicina y teleeducación vía satélite, sistemas de información geográfica para atención a desastres, desarrollo agrícola, pesquero y monitoreo ambiental.

Por lo anterior, la Agencia Espacial Mexicana está realizando diversas acciones nacionales para la innovación en el sector, con el objetivo central de atender las necesidades sociales de nuestro país, desarrollando capacidades empresariales, tecnológicas y científicas. En ese tenor, la Agencia también ha implementando estrategias con la comunidad espacial internacional para participar en la atención de problemas a escala global como son la sustentabilidad ambiental, el cambio climático, la brecha digital y la seguridad a nivel mundial.

De este modo, el espacio se posiciona en un importante nicho generador de desarrollo socioeconómico, proveedor de valiosa información a los gobiernos en su toma de decisiones, coadyuvando a la construcción de una sociedad cada vez más educada científica y tecnológicamente.

Como tema de prioridad nacional que significa la seguridad, el espacio es pieza clave para el país y debe atenderse para potenciar al menos tres grandes actividades: comunicar, observar y localizar.

El gobierno mexicano ha dado un impulso importante al desarrollo de plataformas de comunicaciones terrestres para seguridad nacional y realizado una gran inversión en sistemas satelitales, con el fin de aprovechar la valiosa información que el espacio nos brinda a través de las plataformas de observación del territorio y de posicionamiento. Esto facilita el desarrollo de sistemas y redes espaciales mexicanos que respondan a nuestras necesidades nacionales en materia de seguridad.

Si bien existen a nivel internacional plataformas espaciales para la observación de la Tierra a diferentes escalas y en diferentes regiones del espectro, el acceso a la información tiene un alto costo y su disponibilidad frecuentemente es limitada, sobre todo cuando se requiere en condiciones de urgencia, como en el caso de atención a desastres causados por fenómenos naturales o por actividades humanas.

Por su ubicación geografía, México está sometido constantemente a la inclemencia de los fenómenos naturales, de esta manera se requiere de la implementación de plataformas espaciales con las características necesarias para contar con los instrumentos ysensores para teledetección de tierra, océano y atmósfera, a fin de prevenir y atender cualquier desastre.

Cabe señalar, que los países que exploraron y usaron el espacio durante los últimos 55 años, desarrollaron una serie de aplicaciones espaciales, gubernamentales y comerciales, que han mejorado el nivel de vida y de seguridad de su población, e impulsado el descubrimiento científico y tecnológico.

En ese tenor, la Junta de Gobierno de la Agencia Espacial Mexicana, en su Cuarta Sesión Ordinaria del presente año, le aprobó a la Agencia Espacial Mexicana gestionar los recursos requeridos para el ejercicio fiscal 2013.

Por lo anteriormente expuesto, y por el encauzamiento del desarrollo aeroespacial del país, me permito presentar ante esta Soberanía, el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

Unico.- Se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la H. Cámara de Diputados, para que dentro del proceso de análisis, discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2013, se le asignen $622,000,000.00 (Seiscientos Veintidós Millones de Pesos 00/100 M.N.) a la Agencia Espacial Mexicana (AEM), a fin de cumplir con los objetivos establecidos en la Ley que crea la Agencia Espacial Mexicana (AEM), en los Lineamientos Generales de Política Espacial y en el Programa Nacional de Actividades Espaciales.

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Senadores, a 29 de noviembre de 2012.

Suscribe

Sen. Héctor Yunes Landa”.

Del C. Senador Francisco Javier García Cabeza de Vaca, del grupo parlamentario del PAN, que contiene punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados, así como a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a que se realicen las gestiones necesarias a fin de que dentro del proceso de análisis, discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2013, se consideren recursos presupuestales suficientes, destinados a la concreción y desarrollo del Puerto de Matamoros, en Tamaulipas, que se turna a la Cámara de Diputados.

PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA A LA COMISION DE PRESUPUESTO Y CUENTA PUBLICA DE LA CAMARA DE DIPUTADOS, ASI COMO A LA SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES A QUE SE REALICEN LAS GESTIONES NECESARIAS A FIN DE QUE DENTRO DEL PROCESO DE ANALISIS, DISCUSION Y APROBACION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACION PARA 2013 SE CONSIDEREN RECURSOS PRESUPUESTALES SUFICIENTES, DESTINADOS A LA CONCRECION Y DESARROLLO DEL PUERTO DE MATAMOROS, EN TAMAULIPAS

“SEN. ERNESTO CORDERO ARROYO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DE
LA CAMARA DE SENADORES DEL
H. CONGRESO DE LA UNION
PRESENTE.

El suscrito, Senador de la República Francisco GarcIa Cabeza de Vaca, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXII Legislatura al Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8 numerales 1, fracciones I y II; 87; y 276 numerales 1 y 2 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea, la siguiente PROPOSICION CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE EL SENADO DE LA REPUBLICA EXHORTA A LA COMISION DE PRESUPUESTO Y CUENTA PUBLICA DE LA H. CAMARA DE DIPUTADOS, ASI COMO A LA SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES, A QUE REALICEN LAS GESTIONES NECESARIAS A FIN DE QUE DENTRO DEL PROCESO DE ANALISIS, DISCUSION Y APROBACION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACION PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013, SE CONSIDEREN RECURSOS PRESUPUESTALES SUFICIENTES DESTINADOS A LA CONCRECION Y DESARROLLO DEL PUERTO DE MATAMOROS,al tenor de la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

La zona del Mezquital, en el Municipio de Matamoros, Tamaulipas, se habilitó con carácter de puerto por Decreto presidencial del fecha 6 de julio de 1997. Para el año siguiente se delimitó y determinó el recinto portuario con una superficie de poco más de 496 hectáreas, de las cuales 339 corresponden a terrenos del dominio público y 157 a mar territorial.

Con fecha 29 de diciembre de 2009, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el Decreto presidencial por el que se modificó la denominación del Puerto “El Mezquital” por la de “Puerto de Matamoros”, con el propósito de su fácil identificación para su difusión a nivel nacional e internacional, que se refuerza con el conocimiento de la ciudad fronteriza de Matamoros.

En fechas recientes, el Presidente de la República anunció el descubrimiento de Petróleos Mexicanos de un yacimiento en aguas profundas nacionales, ubicado a 180 kilómetros hacia el Golfo de México a 40 kilómetros al sur de la frontera con Estados Unidos, frente a Matamoros, Puerto de El Mezquital.

Sobre este descubrimiento, se habla de la perforación de tres pozos exploratorios, los primeros serán los denominados Supremus-1 y Trion-1 y posteriormente el Maximino-1.

Para su exploración se instalan plataformas semisumergibles de alto costo por lo que se ha requerido el apoyo de dos proveedores, el Grupo R y Seadrill.

La primera de estas plataformas ya instalada, es la denominada Bicentenario que perforará el pozo Trion-1 a una profundidad de 7,592 metros y a 2,435 metros tirante de agua para buscar crudo ligero.

La segunda Plataforma West Pegasus, con la cual se exploró el Pozo Supremus-1, a una profundidad de 4,000 metros y un tirante de agua a 2,900 metros, se confirma que existen reservas de entre 75 mil y 125 millones de barriles de crudo sólo en este pozo, para toda la zona se espera un potencial total equivalente a un tercio de la producción anual de petróleo de PEMEX.

Aunado a estos descubrimientos de gran trascendencia, el Puerto de Matamoros considerado ya primer acceso con la frontera de Estados Unidos de América, puede constituirse con el impulso necesario como el más importante acceso marítimo para la zona.

Sobre el Puerto del Matamoros, se tiene a la fecha el Programa maestro del Puerto que plantea un horizonte de 25 años para alcanzar sus objetivos de consolidación, expansión y modernización. Para los primeros 5 años se pretende lograr la operación eficiente del puerto con una inversión en infraestructura básica necesaria para el acceso a las embarcaciones. Fecha que coincide con la estimada para la producción del primer barril de crudo que se derive de los últimos descubrimientos de PEMEX.

La ubicación estratégica del puerto respecto de los flujos terrestres de comercio internacional en México con Estados Unidos de América, representa actualmente un 30% de las importaciones y exportaciones que cruzan por Tamaulipas, mismas que con el desarrollo del proyecto integral del Puerto de Matamoros pueden incrementarse así como ampliar su zona de influencia a la parte norte de Tamaulipas, Nuevo León, Coahuila, San Luis Potosí y Aguascalientes.

En el Presupuesto de Egresos de la Federación 2011 se aprobaron 300 millones de pesos para ejercer en este año 2012, con los que se han invertido recursos para obras complementarias como la adecuación de los casi 60 kilómetros de carretera de El Mezquital, con el propósito de hacerla más accesible, para reducir los tiempos de traslado de mercancía y producción pesquera.

Sin embargo dichos recursos resultan insuficientes debido a la magnitud del proyecto ya que se requiere de un presupuesto multianual, estimado en más de 1,000 millones de pesos, para concretar los programas de construcción, expansión y modernización de la infraestructura y del equipamiento para hacer funcionar el puerto, existe una gran oportunidad de aprovechar el potencial que se presenta más allá del petrolero y que se refiere al desarrollo comercial, industrial, turístico y pesquero.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de ésta Soberanía el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

UNICO.- Se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la H. Cámara de Diputados, así como a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, a que se realicen las gestiones necesarias fin de que dentro del proceso de análisis, discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2013, se consideren recursos presupuestales suficientes, destinados a la concreción y desarrollo del Puerto de Matamoros.

Senado de la República, a 4 de diciembre de 2012.

Sen. Francisco Javier García Cabeza de Vaca”.

Del C. Senador René Juárez Cisneros, del grupo parlamentario del PRI, que contiene punto de Acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo Federal y a la Cámara de Diputados a incluir en el Presupuesto de Egresos de la Federación para 2013, los recursos suficientes para la modernización y ampliación del tramo carretero Ciudad Altamirano-Iguala, en su tramo Arcelia-Crucero de Cocula, en el estado de Guerrero, que se turna a la Cámara de Diputados y a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA AL EJECUTIVO FEDERAL Y A LA CAMARA DE DIPUTADOS A INCLUIR EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACION PARA 2013 LOS RECURSOS SUFICIENTES PARA LA MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL TRAMO CARRETERO CIUDAD ALTAMIRANO-IGUALA, EN SU TRAMO ARCELIA-CRUCERO DE COCULA, EN EL ESTADO DE GUERRERO

“El suscrito, RENE JUAREZ CISNEROS, Senador de la República a la LXII Legislatura, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 8, fracción II, y 276 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea, la presente proposición con punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

El estado de Guerrero cuenta con una red de infraestructura carretera que, de cuerdo acuerdo con datos del Instituto Nacional de Geografía y Estadística (INEGI), tiene 17 mil 742 kilómetros; de la cual, 1 mil 910 son carreteras troncales federales; 1 mil 647 kilómetros son de carreteras alimentadoras estatales; 9 mil 219 kilómetros son caminos rurales y 4 mil 966 son brechas.

Esta red carretera ha permitido la comunicación de sus habitantes y la introducción de servicios de educación, salud, energía, comercio y otros que son indispensables para el desarrollo de sus comunidades; sin embargo, es cierto también que estas vías de comunicación no presentan la calidad que se requiere para proporcionar a los usuarios un servicio de calidad de acuerdo a sus necesidades y requerimientos.

El principal problema que se observa en infraestructura carretera, es la falta de una política efectiva de mantenimiento y conservación de las obras y servicios ya existentes, pues la mayor parte de ellas han sufrido un deterioro en diferentes grados de importancia; una gran parte de las carreteras, caminos y brechas, por ejemplo, presentan malas condiciones de transitabilidad, lo que provoca disminuya en gran medida el índice de servicios de los mismos y aumente el riesgo para los usuarios.

Sin embargo, el hecho de contar con una infraestructura de caminos, nos obliga a reconocer que en algunos rubros no se han destinado los recursos necesarios para su mantenimiento y mejor operación; tal es el caso de la carretera federal Ciudad Altamirano-Iguala.

Los 186 Kilómetros de longitud total de esta carretera federal, constituyen una ruta de gran importancia en el estado de Guerrero, al ser la principal ruta de acceso a la región de Tierra Caliente e importante conexión con las regiones Norte y Centro del estado, así como al exterior con los Estados de Michoacán, México, Morelos y el Distrito Federal.

La modernización y ampliación de este importante tramo carretero han sido olvidadas por las autoridades responsables. En 1999, con recursos estatales, el entonces gobierno del estado inició su modernización, mediante su ampliación a doce metros (dos carriles de circulación y acotamiento en ambos lados), con un avance a la fecha de 62 kilómetros.

La población de la región de la Tierra Caliente demanda la continuación de su modernización, en tanto que esta vía de comunicación es de gran relevancia para su desarrollo económico, considerando que la actividad agropecuaria, la industria y el comercio cobran mayor auge.

La Tierra Caliente es una región que exporta al resto del estado y entidades circunvecinas, una importante cantidad y variedad de productos. Su modernización y ampliación favorecerá también el impulso de la actividad económica de la Región Norte del estado, donde también se producen importantes volúmenes de producción agrícola.

Por su impacto estatal y regional, varios serían los municipios beneficiados de contarse con los recursos suficientes para ampliar y modernizar esta importante carretera; entre ellos: Arcelia, Acapetlahuaya, Teloloapan, Pedro Ascencio, Ixcateopan, Cocula e Iguala.

En nuestra consideración, es prioritario integrar, mediante el desarrollo de la infraestructura carretera, a las distintas regiones del Estado, que permita comercializar los productos artesanales, agrícolas y ganaderos que se producen en la Entidad, así como acercar los servicios básicos de manera eficiente acortando distancias y costos de traslado.

De ahí nuestra solicitud para que en el próximo presupuesto para 2013, se autoricen los recursos necesarios para la ampliación y modernización de la carretera federal Ciudad Altamirano-Iguala, en su tramo Arcelia-Crucero de Cocula, de 122 kilómetros, con una inversión estimada en alrededor de 2 mil 200 millones de pesos, para una proyección de ejecución a seis años, considerándose necesarios para el primer año 300 millones de pesos.

El rehabilitar y ampliar la infraestructura carretera de esta arteria importante, contribuye a comunicar en forma rápida y segura los diferentes destinos que ofrece el estado de Guerrero, lo que beneficiaría a casi 734 mil habitantes.

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración del Pleno de esta Honorable Asamblea, el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

Unico. La Cámara de Senadores exhorta al Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y a la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión,incluyan en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2013,los recursos suficientes para la modernización y ampliación del tramo carretero Ciudad Altamirano-Iguala de la Independencia, en su tramo Arcelia-Crucero de Cocula, en el estado de Guerrero.

Dado en la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión, a 4 de diciembre de 2012.

Atentamente

Sen. René Juárez Cisneros”.

Del C. Senador Fernando Torres Graciano, del grupo parlamentario del PAN, que contiene punto de Acuerdo por el que se exhorta al titular del Ejecutivo Federal y a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados para que se incluya en el paquete económico de 2013, un incremento al presupuesto que se destina a los atletas paralímpicos, que se turna a la Cámara de Diputados.

PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA AL TITULAR DEL EJECUTIVO FEDERAL YA LA COMISION DE PRESUPUESTO Y CUENTA PUBLICA DE LA CAMARA DE DIPUTADOS PARA QUE SE INCLUYA EN EL PAQUETE ECONOMICO DE 2013 UN INCREMENTO AL PRESUPUESTO QUE SE DESTINA A LOS ATLETAS PARALIMPICOS

“SEN. ERNESTO CORDERO ARROYO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
DEL SENADO DE LA REPUBLICA.
PRESENTE.

El suscrito, Fernando Torres Graciano, Senador de la República, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto por el numeral 1 fracción II del artículo 8, 108 y 276 del Reglamento del Senado de la República, someto a consideración de esta Soberanía la siguiente; proposición con punto de Acuerdo de urgente resolución, por el que se exhorta al titular del Ejecutivo Federal y a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputadospara que se incluya en el paquete económico de 2013 un incremento al presupuesto que se destina a los atletas paralímpicos; al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

Los Juegos Paralímpicos son la competencia olímpica oficial para atletas con ciertos tipos de discapacidades físicas, mentales y/o sensoriales, como discapacidades motoras, amputaciones, ceguera, parálisis cerebral y deficiencias intelectuales.

Históricamente el desempeño de nuestros atletas paralímpicos ha constituido un ejemplo de determinación y superación de la adversidad. En el desarrollo de los juegos paralímpicos desde 1976 a la fecha, nuestros atletas han conseguido 252 medallas, de las cuales 87 han sido de oro, 84 de plata y 81 de bronce.

En los recientes juegos paralímpicos de Londres 2012, la delegación mexicana quedó en el lugar 23 del medallero general, obteniendo 21 preseas, 6 de oro, 4 de plata y 11 de bronce.

En esta ocasión la Cámara de Senadores rinde un merecido homenaje a quienes día con día se enfrentan a todos los obstáculos posibles para continuar su vida a pesar de la adversidad y mostrar que los límites, para ellos, no existen.

A pesar de ello, la admiración y el reconocimiento público se da cada cuatro años, diluyéndose rápidamente y dejando a nuestros atletas, sus familias y entrenadores sin el respaldo necesario para seguir su desempeño.

Si bien es cierto que en los últimos años las condiciones han mejorado, premiándose su participación con montos económicos importantes, no solo para los atletas que obtuvieron medallas y sus entrenadores, sino también para los finalistas, lo cierto es que lamentablemente estos estímulos, se otorgan una vez que se han dado los resultados.

Consideramos que esta dinámica no es la más adecuada, si bien nos congratula el reconocimiento que se hace de nuestros atletas triunfadores, lo cierto es que la obtención de esos triunfos se dio a pesar de la adversidad.

En este orden de ideas es que se platea esta proposición de modo que los triunfos paralímpicos se gesten desde la infancia, desde la juventud.

Que nuestros atletas cuenten con el impulso necesario previo al oropel y entusiasmo que genera una olimpiada, que el estímulo económicose otorgue con antelación y con una planeación que garantice resultados positivos.

Que la preocupación de los atletas y sus familias no sea el sustento diario sino las metas alcanzadas. Ese es el camino adecuado para que un atleta consolide sus triunfos, y ese es el criterio que debe tener un país que reconoce a quienes, a pesar de las limitaciones físicas consiguen la gloria olímpica.

Por estos motivos, presento a consideración de esta Honorable Asamblea el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

Primero.- El Senado de la República exhorta respetuosamente al titular del Ejecutivo Federal a proponer en el paquete económico del Ejercicio Fiscal de 2013, un incremento a los recursos destinados a la CONADE para el impulso de los atletas paralímpicos.

Segundo.- El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputadospara que en la distribución de los recursos en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2013,destinen un incremento a los recursos destinados al desarrollo de atletas paralímpicos.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, a 4 de diciembre de 2012.

Sen. Fernando Torres Graciano”.

De la C. Senadora Mely Romero Celis, del grupo parlamentario del PRI, que contiene punto de Acuerdo por el que se solicita a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados que en el Presupuesto de Egresos de la Federación para 2013, se aprueben recursos públicos federales para el proyecto de ecoturismo y salud "El Vigia", que se turna a la Cámara de Diputados.

PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE SOLICITA A LA COMISION DE PRESUPUESTO Y CUENTA PUBLICA DE LA CAMARA DE DIPUTADOS QUE EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACION PARA 2013 SE APRUEBEN RECURSOS PUBLICOS FEDERALES PARA EL PROYECTO DE ECOTURISMO Y SALUD “EL VIGIA



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-jb_PA PRI Mely (presup 2013-ecoturismo EL VIGIA_Página_4

Del C. Senador René Juárez Cisneros, del grupo parlamentario del PRI, que contiene punto de Acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo Federal y a la Cámara de Diputados a incluir en el Proyecto y en el Presupuesto de Egresos de la Federación para 2013, respectivamente, los recursos suficientes para la construcción de un hospital general en la zona indígena del Alto Balsas, en el estado de Guerrero, que se turna a la Cámara de Diputados y a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA AL EJECUTIVO FEDERAL Y A LA CAMARA DE DIPUTADOS A INCLUIR EN EL PROYECTO Y EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACION PARA 2013, RESPECTIVAMENTE, LOS RECURSOS SUFICIENTES PARA LA CONSTRUCCION DE UN HOSPITAL GENERAL EN LA ZONA INDIGENA DEL ALTO BALSAS, EN EL ESTADO DE GUERRERO

“El suscrito,RENE JUAREZ CISNEROS, Senador de la República a la LXII Legislatura, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 8, fracción II, y 276 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea, la presente proposición con punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

La población indígena del estado de Guerrero, de acuerdo a datos del Instituto Nacional de Geografía y Estadística (INEGI), representa 17.2% del total de la población estatal y el 5.4% de la población indígena nacional. La entidad ocupa el séptimo lugar entre los estados con mayor población indígena del país.

Dentro de las diversas etnias de la entidad, destaca la que se asienta en el llamado Alto Balsas, región conformada por veintitrés pueblos y varias rancherías dispersas, que se asientan en los municipios de Tepecoacuilco, Huitzuco, Atenango del Río, Copalillo, Eduardo Neri (antes Zumpango del Río), Mártir de Cuilapa (antes Apango) y Zitlala, con una población en hogares indígenas cercana a los 52 mil habitantes. Náhuatl es el nombre que se le da tanto a la cultura como a la lengua de las personas que la hablan.

Sus comunidades tienen una vida campesina con alta diversificación en su economía, que articula la agricultura de autoconsumo, el mercado artesanal y la producción agroindustrial en pequeña escala. Sus ingresos provienen, primordialmente, de la venta de artesanías que ellos mismos producen, como las conocidos pinturas en papel amate y la producción de alfarería que comercializan en las zonas turísticas del estado.

Otras alternativas económicas de la región del Alto Balsas se limitan a la venta de la fuerza de trabajo, con bajos sueldos y la mayoría de las veces en condiciones muy desfavorables. En algunas comunidades de la zona, sus pobladores, incluyendo familias enteras, se alquilan como peones migrantes para la pizca de agricultura comercial en Sonora y Sinaloa, quienes en temporada de lluvias regresan a sus pueblos a sembrar sus parcelas.

En otros casos, los hombres van al corte de caña de azúcar en Sinaloa, Nayarit o al estado vecino de Morelos. Los hombres pueden dedicarse a la albañilería o trabajar como peones en los centros urbanos, y las mujeres pueden entrar en el servicio doméstico, esa es lamentablemente su condición.

Hace más de diez años que en esta región empezó la migración a Estados Unidos; desde entonces, sus habitantes se suman a los millones de mexicanos que buscan mejores sueldos y oportunidades de vida en el vecino país.

Es de destacar que, como casi en todas las regiones indígenas del país, las comunidades del Alto Balsas están catalogadas con un índice de “alta marginalidad”, donde es casi nula la cobertura básica de servicios, como agua y drenaje, por lo que más del 90% de las viviendas carecen de ellos; asimismo, la deficiencia en la distribución de agua potable provoca una alta incidencia de enfermedades gastrointestinales como el cólera, que vale la pena recordar, en 1991 se presentó como epidemia en el Alto Balsas.

Los pueblos y comunidades indígenas del Alto Balsas aún no disfrutan de una situación social y económica propicia para el mejor desarrollo humano; su población se caracteriza por vivir en altos niveles de pobreza y en una situación de significativa desventaja.

Ante las condiciones de marginación anteriormente descritas, es una exigencia y una necesidad asignar recursos que vayan en beneficio de la salud y la nutrición tanto de jóvenes y personas adultas mayores, como de mujeres y niños; de ahí el presente punto de acuerdo.

Mejorar las condiciones de salud de la población Indígena, implica ofrecer servicios efectivos, seguros, sensibles y que respondan a las expectativas de los usuarios.

Con la construcción de un hospital general en la zona, se tendrá laoportunidad de saldar una deuda con ese sector de la población; impulsar su construcción reforzará las redes de servicio a la salud a la población indígena y se proporcionará una atención médica, quirúrgica, farmacéutica y hospitalaria de calidad.

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración del Pleno de esta Honorable Asamblea el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

Unico. La Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión exhorta al Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y a la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión,incluyan en el Proyecto y en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2013,respectivamente, los recursos suficientes para la construcción de un Hospital General en la zona indígena del Alto Balsas, en el estado de Guerrero.

Dado en la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión, a 4 de diciembre de 2012.

Suscribe

Sen. René Juárez Cisneros”.

Del C. Senador Daniel Gabriel Avila Ruiz, del grupo parlamentario del PAN, que contiene punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados para que durante el proceso de análisis, discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación 2013, se destinen mayores recursos federales al estado de Yucatán, a fin de prevenir y combatir el dengue en el estado, que se turna a la Cámara de Diputados.

PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA A LA COMISION DE PRESUPUESTO Y CUENTA PUBLICA DE LA CAMARA DE DIPUTADOS PARA QUE DURANTE EL PROCESO DE ANALISIS, DISCUSION Y APROBACION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACION 2013, SE DESTINEN MAYORES RECURSOS FEDERALES AL ESTADO DE YUCATAN, A FIN DE PREVENIR Y COMBATIR EL DENGUE EN EL ESTADO

“H. ASAMBLEA:

El suscrito, Senador Daniel Gabriel Avila Ruiz, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en los artículos 8 numeral 1, y 276 del Reglamento del Senado de la República, someto a consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente proposición con punto de Acuerdo, con los siguientes:

CONSIDERANDOS

La ubicación geográfica en la que se encuentra ubicado el Estado de Yucatán, su clima tropical y vasta hidrografía así como su extensa ecología a lo largo de su territorio le dan al Estado una enorme riqueza natural. Sin embargo, también propician el brote de enfermedades que, año con año, afectan la salud, bienestar y productividad de parte de su población. Además, representan costos enormes para el erario público, pues el Estado debe emprender acciones para su prevención y combate. Una de las afecciones que más afectan a nuestro estado, así como a otras entidades de la península, es el dengue. Y hay que recordar que en su versión más dañina, el dengue hemorrágico, tiende a ser mortífera.

El dengue es una enfermedad aguda y autolimitativa que se transmite al ser humano por un virus de la familia de los “flavivirus”, del cual existen cuatro variedades diferentes (DEN-1, DEN-2, DEN-3 y DEN-4) que son capaces de producir inmunidad específica a cada serotipo (tipos de microorganismos infecciosos) en particular.

Cuando un paciente se enferma por un serotipo, es posible que vuelva a contraer la enfermedad debido a los otros 3 serotipos existentes. Las infecciones posteriores causadas por otros serotipos aumentan el riesgo de desarrollar complicaciones.

Así, a una persona infectada con dengue se le puede desencadenar el dengue hemorrágico, que es más severo y que se caracteriza por la disminución de líquidos en la sangre, produce fiebre, dolor abdominal, vómito y hemorragias. Esto lo hace potencialmente fatal en las personas, principalmente entre niños y jóvenes, por lo que requiere urgente hospitalización.

El virus se transmite solamente a través de la picadura de la hembra del mosquito. Un mosquito portador, infectado con sangre de una persona con dengue, puede contagiar el virus durante todo su ciclo de vida y a sus descendientes, lo que representa un riesgo latente de brote epidémico entre la población.

A nivel mundial, durante las últimas décadas la incidencia de dengue ha aumentado enormemente. La Organización Mundial de la Salud (OMS) calcula que cada año se producen entre 50 millones y 100 millones de infecciones por el virus del dengue clásico en el mundo, y medio millón de casos de fiebre hemorrágica, con varios miles de defunciones anuales, de las cuales una buena parte corresponden a niños. Alrededor de un 2.5% de todos los menores hospitalizados fallecen a consecuencia de la enfermedad.1

Lo peor es que en la actualidad más del 50% de la población mundial (aproximadamente 3,500 millones de personas) están en riesgo de contraer la enfermedad.2

Lamentablemente México no está excluido de este alto riesgo; de acuerdo con el actual Programa de Acción Específico de Dengue,3 la enfermedad se encuentra presente en nuestro país con variaciones anuales en su incidencia y brotes epidémicos de diferentes magnitudes, principalmente en los estados de la región sur-sureste. Yucatán, por el número de personas infectadas, ocupa el primer lugar nacional en la materia.

En 2011, por ejemplo, Yucatán encabezó el primer sitio a nivel nacional en el número de personas infectadas al alcanzar los 6 mil 195 casos, de los cuales, según cifras oficiales, 25 tuvieron un desenlace fatal. Le siguieron los estados de Veracruz, con 1 mil 869 casos, y Quintana Roo, con 1 mil 781 casos.4

La siguiente tabla revela parte del daño que dicha enfermedad ha causado en el Estado de Yucatán, a partir de la situación nacional:



FD.- Fiebre por dengue

FHD.- Fiebre hemorrágica por dengue.

Durante el presente año la situación no ha mejorado. De acuerdo con el Centro Nacional de Vigilancia Epidemiológica y Control de Enfermedades (CENAVECE), de la Secretaría de Salud federal, al término del mes de octubre los casos de dengue en la entidad ya ascendían a 4 mil 805 personas infectadas; cinco habían fallecido.

Ante este problema de salud pública en el Estado, los recursos y la atención médica han sido insuficientes.

Por un lado, de los recursos asignados al sector salud en Yucatán se han tenido que reasignar partidas especiales para hacerle frente al dengue; tan sólo en el periodo comprendido entre septiembre de 2011 y junio de 2012 el gobierno local destinó 60 millones 658 mil 457 pesos,5 situación que obligó al gobierno de la entidad a dejar de atender otros problemas de salud de la población yucateca.

Por otro lado, con el incremento de la demanda de atención médica y hospitalaria a consecuencia del incremento explosivo de infectados de dengue, la atención hospitalaria ha resultado insuficiente. Ello se debe en gran parte a que existen obras de infraestructura hospitalaria que el gobierno estatal no ha podido concluir, como el caso del hospital de segundo nivel de Tekax, y el centro de salud de Teabo.

Por todo lo anteriormente expuesto, en el marco del análisis, discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación 2013, pongo a consideración de esta Honorable Asamblea el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

Primero. La Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados para que durante el análisis, discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2013, incremente los recursos destinados al sector salud para el Estado de Yucatán, a fin de ampliar las acciones de prevención y combate de la enfermedad del dengue, que azota a la población.

Segundo. La Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados para que durante el análisis, discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2013, incremente los recursos destinados a la infraestructura hospitalaria del Estado de Yucatán, a fin de concluir las obras que aún están pendientes en las localidades de Tekax y Teabo.

Senado de la República, a 4 de diciembre de 2012.

Sen. Daniel Gabriel Avila Ruiz”.

Es cuanto, señor Presidente.

- El C. Presidente Burgos García: Muchas gracias. Esta Presidencia ratifica los turnos que ha leído la Secretaria y solicito ahora a la misma Secretaria, informe a la Asamblea de las proposiciones que se turnarán directamente a comisiones del Senado, conforme a lo solicitado por los grupos parlamentarios o por los propios promoventes.

- La C. Secretaria Merodio Reza: De la C. Senadora María Elena Barrera Tapia, del grupo parlamentario del PVEM, que contiene punto de Acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo Federal a realizar las acciones necesarias para integrar los servicios de salud, para atender a la población de riesgo, portadores y pacientes de VIH/SIDA, que se turna a la Comisión de Salud.

PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA AL EJECUTIVO FEDERAL A REALIZAR LAS ACCIONES NECESARIAS PARA INTEGRAR LOS SERVICIOS DE SALUD, PARA ATENDER A LA POBLACION DE RIESGO, PORTADORES Y PACIENTES DE VIH/SIDA

“CONSIDERANDOS

En el año de 2010, la ONUSIDA estimó que la población mundial de enfermos con Virus de Inmunodeficiencia Humana y Síndrome de Inmunodeficiencia adquirida (VIH/SIDA) era de 34 millones de personas, y de ese total 213 mil correspondían a nuestro País1.

En México actualmente país existe una prevalencia de 0.3% de la población adulta en peligro de contraer SIDA; el 90% de las infecciones por VIH se transmiten porvía sexual, provocando que en 2010 se registraran oficialmente 9,873 nuevos casos de VIH/SIDA de los cuales el 78.3% fueron hombres y 21.7% mujeres.2

Por lo que se refiere al tratamiento, el 66% de las personas, son atendidas porla SSA, la cual reporta tener 73% de ellas bajo control virológico.

De lo anterior, se encuentra que los principales grupos de riesgo son:

• Hombres que tienen sexo con hombres (HSH),

• Mujeres trans (MT),

• Trabajadoras y trabajadores del sexo comercial (TSC),

• Usuarios de drogas inyectables (UDI), y

• Personas privadas de su libertad (PPL); en estos grupos las prevalencias oscilan entre el 0.06% y el 21%.

Al punto anterior, habría que agregar que el número de casos en mujeres se ha incrementado, ya que a pesar de tener menos factores de riesgo, su condición de mayor vulnerabilidad se asocia a su relación con su pareja estable. Las mujeres embarazadas y las personas víctimas de violencia sexual se consideran también clave debido a la gran eficacia de las intervenciones preventivas.

De acuerdo con las mediciones reportadas por México, en 2009 el gasto público de nuestro país en todo lo relacionado con VIH/SIDA fue de $4,574 millones de pesos, de los cuales $2,075 millones correspondieron a la Secretaría de Salud. En total en ese año se ejercieron $2,815 millones para la compra de Antirretrovirales (ARV) por parte de todo el sector salud. El último boletín del SALVAR sobre costos por persona por año en tratamiento ARV en la Secretaría de Salud, arroja una cifra de $47,361 pesos.

En todo el sector salud en el 2011, se incorporaron 15,451 nuevos pacientes a tratamiento, el costo actual de la terapia de inicio más utilizada en el TAR es de $2,567 pesos mensuales.3

Reconociendo la oportunidad para planear el fin del SIDA, los países que integrantes de las Naciones Unidas se comprometieron en el 2011 en la Declaración Política contra el VIH/SIDA, intensificando esfuerzos para eliminar el VIH /SIDA, para que mediante pasos específicos se llegue a metas sustantivas para el año de 2015. En esta Declaración Política, la ONUSIDA se puso diez metas de acción colectiva:

1. Reducir la transmisión sexual en un 50 por ciento

2. Reducir el contagio en un 50 por ciento, en personas que se inyectan drogas.

3. Reducir la infección en niños, y sobre todo reducir sustancialmente el número de muertes maternas por causas relacionadas con el VIH/SIDA.

4. Proveer de terapia antiviral, a por lo menos 15 millones de personas.

5. Reducir el número de muerte por tuberculosis de personas enfermos de SIDA, en un 50%.

6. Crear un fondo de inversión anual de 22 a 24 millones de dólares, para apoyar a países con de bajos y medianos ingresos.

7. Eliminar la desigualdad de género, y el abuso y la violencia por desigualdad, y aumentar la capacidad de mujeres y niñas para protegerse del virus.

8. Eliminar la discriminación de personas afectadas por el VIH, promoviendo leyes y políticas públicas que aseguren el respeto a los derechos humanos.

9. Eliminar las restricciones de residencia para la gente que vive contagiada del virus.

10. Eliminar los servicios alternos relacionados con el combate del HIV, para fortalecer esfuerzos para integrar una respuesta de salud Universal.4

Sin embargo, México no ha podido avanzar significativamente en los compromisos suscritos internacionalmente debido principalmente a dos principales: deteccióntardía, ingreso retrasado a atención médica, estigma asociado al VIH, por la discriminación de las poblaciones más afectadas y debido a que las guías nacionales de tratamiento aún no contemplan el tratamiento temprano.

Por lo anterior mencionado, se presenta el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

Unico. Se exhorta respetuosamente al Ejecutivo Federal a que a través de la Secretaría de Salud, realice las acciones necesarias para integrar los servicios de salud, asegurando su portabilidad, para atender a la población de riesgo, portadores y pacientes de VIH/SIDA.

Dado en el recinto del Senado de la República, a 29 de noviembre de 2012.

Sen. María Elena Barrera Tapia”.

Del C. Senador José María Martínez Martínez, del grupo parlamentario del PAN, que contiene punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Junta de Coordinación Política del Senado a acordar la creación de la Comisión Especial de la Familia, que se turna a la Junta de Coordinación Política.

PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA A LA JUNTA DE COORDINACION POLITICA DEL SENADO A ACORDAR LA CREACION DE LA COMISION ESPECIAL DE LA FAMILIA

“PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
DEL H. SENADO DE LA REPUBLICA
DEL CONGRESO DE LA UNION
PRESENTE.

JOSE MARIA MARTINEZ MARTINEZ, Senador de la República en la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto por los Artículos 8 numeral 1, Fracción II, 276 y demás aplicables del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración del Pleno de esta Soberanía, proposición con punto de Acuerdo por el que se crea la Comisión Especial de la Familia, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

Según la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, “La familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene derecho a la protección de la sociedad y del Estado; es el grupo social básico en que la mayoría de la población se organiza para satisfacer sus necesidades y en el cual los individuos construyen una identidad por medio de la transmisión y actualización de los patrones de socialización”.

Los cambios demográficos, económicos, sociales y culturales ocurridos en México durante las últimas décadas, han influido en la evolución y composición de las familias, lo que invita a reflexionar sobre su situación actual, identificando problemáticas que deben ser atendidas mediante servicios y políticas públicas encaminadas a garantizar el bienestar de sus integrantes.

Tradicionalmente se ha utilizado el concepto de hogar como aproximación de familia, ya que por cuestiones operativas los ejercicios para la generación de información estadística básica (censos, conteos y encuestas) utilizan el hogar como unidad de recolección y análisis de datos; no obstante, este concepto también ha evolucionado, en el levantamiento censal de 2010 surgió el término de hogar censal que difiere de la definición utilizada tradicionalmente en otros eventos censales y encuestas en hogares, pues se refiere al grupo de personas vinculadas o no por lazos de parentesco que residen habitualmente en la misma vivienda.

Si bien hogar no es sinónimo de familia, es posible aproximarse a la situación que acontece en el ámbito de la vida cotidiana de la familia, debido a que en los censos y encuestas se registra el vínculo que tiene cada uno de los miembros del hogar con el jefe (ya sea consanguíneo, conyugal, de afinidad, adopción o costumbre), y con ello distinguir los diversos arreglos residenciales.

En México, la mayor parte de los hogares son familiares (90.5%) y 97.3% de la población residente1 del país forma parte de estos hogares.2 La proporción de los hogares no familiares es de 9.3% y la conforman los hogares unipersonales o grupos de personas que no tienen parentesco con el jefe del hogar (hogares corresidentes). Los hogares familiares encuentran su fundamento en las relaciones de parentesco que existen entre sus miembros, hay casos donde el jefe convive sólo con sus hijos (hogar monoparental), o bien, convive con sus hijos y su cónyuge (biparental), en conjunto, a estos hogares se les denomina nucleares y representan 70.9% del total de los hogares familiares. Otra situación se da cuando a los hogares nucleares se incorpora la residencia de otros parientes (hogar ampliado) o de personas que no tienen parentesco con el jefe del hogar (hogar compuesto), en suma, representan 28.1% de los hogares familiares.

Ante la creciente dificultad económica de iniciar o mantener constituida una familia, se observa un aumento paulatino en el número de hogares con estructura extensa (hogares ampliados y compuestos), en 1990 la proporción de hogares extensos representaba 20.7% del total de los hogares familiares, es decir, siete puntos porcentuales menos al observado en 2010. En este último año, en 62.7% de los hogares extensos convive la nuera, el yerno o los nietos del jefe del hogar (sin importar la convivencia con otros parientes).

Regularmente los miembros reconocen al jefe de un hogar por ser la persona más importante del grupo, es decir, aquella que está presente regularmente en el hogar y quien es además, la persona con mayor autoridad en la toma de decisiones o el principal soporte económico.3 En general, los hombres asumen la jefatura de su grupo doméstico una vez que se unen conyugalmente y forman su propia familia, conservando el estatus a lo largo del tiempo; por el contrario, las mujeres comúnmente sólo son reconocidas como la autoridad del grupo cuando no tienen cónyuge, debido a una separación, divorcio o viudez, lo cual ocurre con mayor frecuencia en edades avanzadas.

En 2011, del total de los hogares familiares, 77.7% tienen como jefe a un varón y 22.3% a una mujer. La estructura por edad de los jefes en hogares familiares muestra que los hombres son más jóvenes que las mujeres: en los primeros, 64.3% tienen de 12 a 49 años de edad mientras que en las jefas esta proporción es de 52.9 por ciento; en general, la edad promedio de los hombres que dirigen un hogar familiar es cuatro años menor que las mujeres que asumen esta misma condición.

La situación conyugal confirma que ser jefa de hogar se asocia con una disolución de la unión y con una ausencia del cónyuge. Tres de cada diez (28%) mujeres que dirigen un hogar familiar son viudas, una proporción similar (29.2%) están separadas o divorciadas; sólo en 28.7% la jefa se encuentra unida (casada o en unión libre) y de éstas, en 31.4% de los casos, el cónyuge no reside en el hogar, en general, hay ausencia del cónyuge en 78.4% de los hogares familiares con jefatura femenina. En cambio, la proporción de hombres que dirigen un hogar familiar y que actualmente están unidos es alta (94.4%), sólo 3.6% están separados, divorciados o viudos y 1.9% se mantiene soltero.

La mayor presencia femenina en el mercado laboral responde a una necesidad en la generación de ingresos con la cual contribuyen a sostener el nivel de vida de sus familias; datos censales de 2010 indican que la participación económica de las jefas que dirigen un hogar familiar es del 49.7% y se acentúa en las edades de 30 a 49 años donde la tasa supera 66 por ciento; en los hombres la tasa de participación económica aumenta a 88.4% y se acentúa en un rango mayor de edad (15 a 54 años) con tasas que superan 90 por ciento.

En México una significativa proporción de los adultos mayores permanecen en alguna actividad económica, lo que puede obedecer a una decisión voluntaria vinculada con el deseo de seguir realizándose como personas, aunque también puede estar sujeta a la necesidad de un ingreso suficiente, dada la falta de prestaciones sociales o lo reducido de los montos de las jubilaciones y pensiones.4 La tasa de participación económica de los jefes de 60 años y más que dirigen un hogar familiar es de 43.4 por ciento; en los hombres esta condición es mayor (55%) que en las mujeres (16.1por ciento).

La organización de las tareas entre los integrantes de la familia se asocia con el rol que es asignado dentro del grupo, la realización de la mayor parte de las tareas relacionadas con el mantenimiento cotidiano de la vivienda -también conocidas como tareas del hogar-, así como el cuidado de niños y enfermos recaen directamente en las mujeres, principalmente por razones socioculturales, por lo general son ellas las que combinan en mayores proporciones el trabajo doméstico con labores extra domésticas. La información que proporciona la Encuesta Nacional del Uso del Tiempo (ENUT) 2009 señala que las jefas dedican en promedio 9.3 horas a la semana a la limpieza de la vivienda y 22.9 horas al cuidado de los niños, mientras que los jefes destinan menor tiempo a estas tareas (3.5 y 11.8 horas, respectivamente).

En las últimas décadas la sociedad mexicana ha experimentado transformaciones que influyen en la conformación de los arreglos familiares, las cuales tienen que ver con las tendencias observadas en la fecundidad, mortalidad y migración, así como con los cambios en los patrones de la nupcialidad asociadas principalmente con la postergación a la primera unión y la disolución de las uniones. Particularmente, los cambios en la fecundidad y la mortalidad han provocado un proceso de envejecimiento de la población que ha afectado la composición por edad de los integrantes del hogar, de forma tal, que pueden convivir varias generaciones.

La cohabitación de una persona de 60 años y más en los hogares extensos genera un contexto de apoyo en el cuidado de los niños o en la realización de quehaceres domésticos que faciliten la actividad laboral de otros integrantes; en los hogares nucleares, el rol del adulto mayor es distinto y puede seguir siendo el proveedor en el que se sustenta la economía del hogar. Ello no quiere decir que no existan adultos mayores en hogares extensos que trabajen o formen parte de un hogar nuclear y proporcionen un apoyo a sus redes familiares mediante el cuidado de los niños. Con datos censales de 2011 se puede corroborar que la población económicamente activa es más alta en los adultos mayores que forman parte de un hogar nuclear (34.8%) que aquellos que forman parte de un hogar extenso (28.4%); en ambos tipos de hogar se observa una alta proporción de población económicamente no activa de 60 años y más que realiza quehaceres domésticos, aunque es ligeramente mayor en los hogares extensos, en los nucleares hay una mayor presencia de jubilados o pensionados.

La familia mexicana se favorece el apoyo, la unión, la entrega, el amor y la alegría; su fortaleza radica en el apoyo de sus integrantes en los momentos positivos como en los adversos. Nuestras familias generan entre sus miembros valores comunes, tales como: sencillez, solidaridad, trabajo y esfuerzo, así como el resguardo de la tradición.

La comunicación entre los miembros de la familia es el material de unión y entendimiento; sin ella, las relaciones intrafamiliares se debilitan en todos los niveles: entre la pareja, de padres a hijos y viceversa, generando fricciones por ruptura del ideal familiar.

Por tal motivo, es importante revisar el marco normativo y adecuarlo a las nuevas condiciones familiares de nuestro país, buscando fomentar los valores que hacen tan característica a la familia mexicana, como el mejoramiento de las instituciones para construir una sociedad mejor.

Por las razones vertidas propongo la creación de la Comisión Especial de la Familia para convertirla en una alternativa eficaz para diseñar y fortalecer las políticas públicas para tutelar la reunificación familiar y lograr el restablecimiento de los derechos de sus integrantes.

Por lo anteriormente argumentado, se somete a la consideración de esta H. Cámara de Senadores, la siguiente proposición con:

PUNTO DE ACUERDO

Primero. Se exhorta a la Junta de Coordinación Política del Senado de la República, para que con fundamento en los artículos 34, incisos b) y 42 de la Ley Orgánica para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, determine la creación de la Comisión Especial de la familia.

Segundo. La Comisión Especial estará integrada por los miembros que determine la Junta de Coordinación Política, en forma proporcional a la representación en la Cámara de Senadores.

Salón de sesiones del H. Senado de la República, a 29 de noviembre de 2012.

Atentamente

Sen. José María Martinéz Martinéz”.

De la C. Senadora María Cristina Díaz Salazar, del grupo parlamentario del PRI, que contiene punto de Acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo Federal a informar sobre los mecanismos para realizar la rastreabilidad de los medicamentos biotecnológicos y biocomparables en las instituciones del sector público, para efectos de la farmacovigilancia intensiva que debe realizarse sobre estos productos, y de esta forma identificar individualmente sus eventos adversos en protección de la población, que se turna a la Comisión de Salud.

PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA AL EJECUTIVO FEDERAL A INFORMAR SOBRE LOS MECANISMOS PARA REALIZAR LA RASTREABILIDAD DE LOS MEDICAMENTOS BIOTECNOLOGICOS Y BIOCOMPARABLES EN LAS INSTITUCIONES DEL SECTOR PUBLICO, PARA EFECTOS DE LA FARMACOVIGILANCIA INTENSIVA QUE DEBE REALIZARSE SOBRE ESTOS PRODUCTOS, Y DE ESTA FORMA IDENTIFICAR INDIVIDUALMENTE SUS EVENTOS ADVERSOS EN PROTECCION DE LA POBLACION

“La suscrita, Cristina Díaz Salazar, Senadora de la República de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto en el artículos 8, numeral 1, fracción II y 276, numeral 1 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea, la siguiente proposición con punto de Acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo Federal, para que a través de la Secretaría de Salud, informe a esta Soberanía sobre los mecanismos para realizar la rastreabilidad de los medicamentos biotecnológicos y biocomparables en las instituciones del sector público, para efectos de la fármacovigilancia intensiva que debe realizarse sobre estos productos, y de esta forma identificar individualmente sus eventos adversos en protección de la población; al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

En los sistemas de salud, la certeza sobre la calidad, seguridad y eficacia de los insumos autorizados para la atención médica, reviste una importancia fundamental. En el caso de los medicamentos, a través de pruebas y estudios específicos la autoridad sanitaria exige a sus fabricantes la demostración de que tales productos cuentan con los requisitos necesarios para su uso por parte de la población.

En este sentido, existe un mecanismo que se encarga de vigilar el comportamiento de los medicamentos, así como la prevención y detección de eventos adversos de los medicamentos, el cual es conocido como fármacovigilancia. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, OMS, la fármacovigilancia se entiende como la “ciencia y las actividades relativas a la detección, evaluación, comprensión y prevención de los efectos adversos de los medicamentos o cualquier otro problema relacionado con ellos”1. Asimismo, la OMS señala que esta actividad es aplicada en todas las etapas del ciclo de vida de los medicamentos, desde antes de su aprobación hasta su comercialización y uso por los pacientes. De esta manera, la fármacovigilancia se vuelve una actividad prioritaria en donde participan todos los actores involucrados en la producción, aprobación, prescripción y uso del medicamento; es decir: la autoridad sanitaria, las instituciones de salud, los profesionales de la salud y el paciente.

Ahora bien, dentro del sector farmacéutico, los avances de la investigación en este rubro ha permitido en últimos años el desarrollo de nuevos medicamentos basados en la biotecnología. De acuerdo con la Federación Internacional de la Industria del Medicamento (FIIM/IFPMA)2, a diferencia de los medicamentos tradicionales, que se producen por métodos químicos, los medicamentos biotecnológicos contienen moléculas complejas obtenidas a partir de sistemas vivientes, como células u organismos; los interferones, la insulina y la eritropoyetina son algunos de los ejemplos de estos insumos utilizados en la actualidad. Derivado de sus beneficios y la eficacia mostrada, la tendencia de la industria farmacéutica muestra un reemplazo gradual en la producción de medicamentos tradicionales, de síntesis química, por aquellos derivados de la biotecnología, lo que posiciona a los medicamentos biotecnológicos como parte fundamental en el futuro de los tratamientos para el cuidado de la salud.

Ante este escenario, la fármacovigilancia enfocada a los medicamentos biotecnológicos se asume como un tema prioritario para los sistemas de salud. En México, nuestro marco jurídico ha dado avances considerables en la regulación de dichos insumos. El 11 de junio de 2009, se publicó en el Diario Oficial de la Federación un Decreto por el que se adicionó un artículo 222 Bis a la Ley General de Salud, mediante el cual, además de establecer la obligación de realizar la fármaco vigilancia de medicamentos biotecnológicos, se estableció también la definición de estos productos, identificando dos clasificaciones: los medicamentos biotecnológicos innovadores y los no innovadores (o biocomparables). Además, el Decreto definió criterios generales respecto a los requisitos para la obtención de su registro sanitario, para su etiquetado, así como para la asignación de claves en el Cuadro Básico y de los catálogos de medicamentos en las instituciones de salud.

La clasificación referida sobre los medicamentos biotecnológicos -alineada con la experiencia y práctica internacional en la materia-, obliga al Sistema Nacional de Salud a efectuar una farmacovigilancia exhaustiva sobre los mismos, debido a la complejidad que guardan frente a los medicamentos de síntesis química:

• A diferencia de estos últimos, los medicamentos biotecnológicos presentan moléculas -o conjunto de ellas- de mayor tamaño.

• El producto biotecnológico final depende de las particularidades del procedimiento que lo creó, dado que su manufactura se deriva de organismos vivos, como se mencionó anteriormente.

• Si bien los medicamentos genéricos de síntesis química comprueban su equivalencia con los medicamentos de referencia a través de pruebas de biodisponibilidad, para el caso de los medicamentos biotecnológicos esto no es factible; es decir, no existen medicamentos biotecnológicos equivalentes a los biocomparables, toda vez que el efecto de este último será similar, no igual, con la posibilidad de generar efectos adversos diferenciados. Incluso, para la obtención del registro sanitario los medicamentos biocomparables, se deben presentar estudios más rigurosos que aquellos solicitados a los medicamentos genéricos de síntesis química.

Es por lo anterior que la farmacovigilancia de estos productos debe realizarse en condiciones muy específicas, identificando caso por caso el comportamiento de los productos a fin deprevenir cualquier riesgo a la salud que puedan generar una vez prescritos en las instituciones de salud.

En este sentido, esta Soberanía expresa su profundo interés por conocer las acciones que lleva a cabo el gobierno federal para realizar la debida farmacovigilancia de medicamentos biotecnológicos de referencia y biocomparables en el sector público, e identificar si a su juicio la farmacovigilancia de tales productos pudiera ser fortalecida por otros mecanismos, considerando:

a) Que ambos tipos de productos comparten claves en el Cuadro Básico y de los catálogos de medicamentos de las instituciones de salud.

b) Que la iniciativa original del Decreto publicado en junio de 2009, contemplaba una separación de las claves referidas, argumentando que de tal manera se llevaría a cabouna efectiva farmacovigilancia directa, individualizada e intensiva de estos medicamentos a fin de proteger la salud pública.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de ésta Soberanía la siguiente proposición con:

PUNTO DE ACUERDO:

PRIMERO.- Se exhorta al Ejecutivo Federal, para que a través de Consejo de salubridad General y la Secretaría de Salud, informe a esta Soberanía sobre los mecanismos para realizar la rastreabilidad de los medicamentos biotecnológicos de referencia y biocomparables, en las instituciones del sector público, para efectos de la farmacovigilancia intensiva que debe realizarse sobre estos productos, y de esta forma identificar individualmente sus eventos adversos en protección de la población.

SEGUNDO.- Se exhorta al Ejecutivo Federal, para que a través del Consejo de Salubridad General y la Secretaría de Salud, informe a esta Soberanía su postura respecto a la redacción vigente del artículo 222 bis de la Ley General de Salud, en relación a la unicidad de claves en el Cuadro Básico y en los catálogos de medicamentos de las instituciones de salud para los medicamentos biotecnológicos de referencia y biocomparables, a fin de indicar si tal disposición se encuentra alineada con los objetivos que persigue la farmacovigilancia individualizada, o si ésta pudiera fortalecerse a través de la separación de claves.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la Republica, a 29 de noviembre de 2012.

Sen. María Cristina Díaz Salazar”.

De la C. Senadora María Cristina Díaz Salazar, del grupo parlamentario del PRI, que contiene punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Salud del gobierno federal y a los institutos de salud de las entidades federativas a continuar realizando esfuerzos en las campañas que prevengan la propagación del VIH/SIDA, así como minimizar el retraso en el diagnóstico de la misma. Se turna a la Comisión de Salud.

PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA A LA SECRETARIA DE SALUD DEL GOBIERNO FEDERAL Y A LOS INSTITUTOS DE SALUD DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS A CONTINUAR REALIZANDO ESFUERZOS EN LAS CAMPAÑAS QUE PREVENGAN LA PROPAGACION DEL VIH/SIDA, ASI COMO MINIMIZAR EL RETRASO EN EL DIAGNOSTICO DE LA MISMA

“La suscrita, CRISTINA DIAZ SALAZAR, Senadora de la República de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto en el artículos 8, numeral 1, fracción II y 276, numeral 1 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea, el siguiente: punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Salud del Gobierno Federal y a los Institutos de Salud de las entidades federativas a continuar realizando esfuerzos en las campañas que prevengan la propagación del VIH/SIDA, así cómo minimizar el retraso en el diagnóstico de la misma, utilizando por ejemplo las pruebas rápidas de detección, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

El pasado 1 de diciembre se conmemoró el “Día Mundial en Respuesta ante el SIDA”, enfermedad que en los últimos 30 años ha cobrado la vida de más de 25 millones de personas en el mundo. Este día no es solo para recordar a los que han fallecido por esta enfermedad, ni para exaltar los avances que hemos tenido en la lucha contra esta enfermedad, es un momento también para que hagamos un alto y reflexionemos sobre lo que nos falta por hacer y mejorar lo que hemos hecho. Recordemos que el sexto de los Objetivos de Desarrollo del Milenio de la Organización de las Naciones Unidas es detener la propagación del VIH/SIDA para el año 2015.

La infección por el Virus de la Inmunodeficiencia Humana (VIH), es un padecimiento que infecta a las células del sistema inmunitario, provocando que se alteren o pierdan su función de respuesta contra enfermedades y otras infecciones. Asimismo, es una enfermedad que puede agravarse si no se trata a tiempo y cuya complicación se conoce como el Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida (SIDA). Este término se aplica a los estados más avanzados de la infección por VIH y se define por la presencia de alguna de las más de 20 infecciones oportunistas o de cánceres relacionados con este padecimiento.

El VIH/SIDA sigue siendo uno de los más graves problemas de salud pública ya que la infección causa un progresivo deterioro del sistema inmunológico y merma la capacidad del organismo para combatir las infecciones y enfermedades. Esto implica que se requiere tratamiento de por vida con las complicaciones inherentes a la enfermedad cuando evoluciona al paso de los años.

El informe presentado el 20 de noviembre de este año por el Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/SIDA (ONUSIDA), muestra que la rapidez sin precedentes con la que se ha mejorado la respuesta al SIDA está dando resultados. El informe indica que, en 25 países de ingresos bajos y medios, de los cuales la mitad se encuentran en África subsahariana, la región más afectada por el VIH, se ha logrado una reducción de más del 50% en los casos de nuevas infecciones por el VIH.

Asimismo, el informe señala que los países están asumiendo una responsabilidad compartida aumentado la inversión nacional. Entre 2001 y 2011, más de 81 países aumentaron en un 50% su inversión nacional; indica que los países están aumentando las inversiones destinadas a la respuesta al SIDA, a pesar del difícil clima económico actual. La brecha mundial en cuanto a los recursos que se necesitan anualmente para 2015 es de un 30%. En 2011, se disponía de 16 800 millones de dólares estadounidenses, y se necesitan entre 22 000 y 24 000 millones.

En 2011, la cobertura de terapia antirretroviral era del 68% en América Latina y 67% en el Caribe.México, Cuba, República Dominicana y Guyana alcanzaron más de 80% en cobertura de tratamiento. Argentina, Brasil, Chile, Ecuador, El Salvador, Jamaica, Nicaragua, Paraguay, Perú y Venezuela llegaron al 60% de cobertura; en Bolivia la cobertura es menos del 20%.

Según datos de 2011, ONUSIDA calcula que:

34 millones [31,4 millones -35,9 millones] de personas viven con el VIH en el mundo;

2,5 millones [2,2 millones -2,8 millones] de personas contrajeron la infección por el VIH;

1,7 millones [1, 5 millones -1,9 millones] de personas fallecieron a causa de enfermedades relacionadas con el SIDA.

De los 34 millones de personas que viven con el VIH, cerca de la mitad desconocen su estado serológico respecto al VIH. El informe indica que, si más personas conociesen su estado, acudirían a los servicios relacionados con el VIH. Aproximadamente 6,8 millones de personas necesitan tratamiento y no tienen acceso a él. ONUSIDA calcula que, además, 4 millones de parejas serodiscordantes (en las que una de las personas vive con el VIH) podrían beneficiarse del tratamiento contra el VIH para protegerse de la infección por el virus.

Asimismo, ONUSIDA estimó que en 2011 en México vivían 213,363 personas con VIH/SIDA entre los 15 y los 49 años de edad. Según la información publicada por el Centro Nacional para la Prevención y Control del VIH/SIDA (Censida) del Gobierno Federal, al 30 de septiembre de 2012 las cifras en México son:

Casos de SIDA notificados (1983-2012*): 159,411

Casos nuevos de SIDA en 2012*: 3,461

Estados que concentran el mayor número de casos de SIDA: Distrito Federal 24,934; México 17,245; Veracruz 14,653; Jalisco 12,234; y Puebla 7,166

Proporción de casos de SIDA en Hombres: 82.1%

Defunciones por SIDA 2011& (preliminar): 4,769

Defunciones por SIDA 2012& (preliminar): 2,877

Estimación de número de personas que viven con VIH en 2011ᵻ: 179,478

* Información preliminar al 30 de septiembre de 2012.

** Información oficial INEGI.

ᵻ Estimación usando el modelo Spectrum 4.47 de Onusida

& Información preliminar del SEED/DGE/SS.

Fuente: SUIVE/DGE/SS. Sistema de Vigilancia Epidemiológica de VIH/SIDA.

Cuando el Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH) se detectó en México, en 1983 no se disponía de ningún medicamento efectivo contra el virus y, en consecuencia, existía una elevada mortalidad. La sobrevida en la mayoría de los casos no excedía de un año y la tasa de hospitalización era también elevada.

Tras más de 30 años desde el primer reporte en México, los factores asociados al padecimiento han evolucionado. Si bien sigue siendo una enfermedad sin cura, el VIH causante del SIDA ha pasado de ser un agente infeccioso intratable y mortal, a ser totalmente controlable mejorando la sobrevida de quienes lo portan.

En la actualidad, gracias al avance en el tratamiento de la enfermedad y principalmente a la incursión del Tratamiento Antirretroviral Altamente Activo (TARAA), el VIH/SIDA ha dejado de ser una condena de muerte para convertirse en una enfermedad crónica. El acceso a la terapia antirretroviral ha alargado la vida de millones de personas en todo el mundo; la longevidad es mayor para aquellos que comienzan el tratamiento ARV mas tempranamente.

En la actualidad existen tratamientos de una o dos pastillas al día.Esto elimina la tediosa pauta de un alto número de pastillas al día, evitando así muchos errores de dosificación y pérdida de adherencia por olvido. La incursión de estas terapias ha contribuido de manera importante a una mayor adherencia al tratamiento, lo cual puede mejorar los resultados y reducir tanto las intervenciones médicas como los costos a largo plazo asociados al cuidado de la salud. Hoy en día un paciente VIH+ con el tratamiento adecuado y oportuno, puede vivir una vida libre de SIDA con índices de sobrevida estimadas cercanas a las de la población general.

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO. Se exhorta a la Secretaría de Salud del Gobierno Federal y a los Institutos de Salud de las Entidades Federativas a continuar realizando esfuerzos en las campañas de prevención que evite la propagación del VIH/SIDA, así cómo minimizar el retraso en el diagnóstico de la misma, utilizando las pruebas rápidas de detección.

SEGUNDO. Se exhorta a la Secretaría de Salud del Gobierno Federal, al Instituto Mexicano del Seguro Social, al Institutode Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, y a los Institutos de Salud de las Entidades Federativas a que brinden un tratamiento oportuno, con los mejores esquemas disponibles de antirretrovirales, en beneficio de la calidad de vida de los portadores del virus y de sus familias.

TERCERO. Se exhorta a la Secretaría de Salud del Gobierno Federal a que realice una base de datos a nivel nacional de los pacientes que son tratados en las diferentes Instituciones de Salud, ya sean federales o estatales, para que se de seguimiento oportuno y puntual al estado de salud y los tratamientos que se han brindado, evitando que, aunque migren a otro sistema de salud, se tenga la información clínica actualizada para no suspender la medicación y en consecuencia el deterioro de la salud del paciente.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, a 4 de diciembre de 2012.

Sen. María Cristina Díaz Salazar”.

Es cuanto, señor Presidente.

PRESIDENCIA DEL C. SENADOR
ERNESTO JAVIER CORDERO ARROYO

- El C. Presidente Ernesto Javier Cordero Arroyo: Esta Presidencia ratifica los turnos leídos por la Secretaría.

Compañeros Senadores, les informo que la Comisión de Justicia entregó en esta Mesa Directiva el dictamen relativo a la ratificación del nombramiento del Procurador General de la República.

Solicito a la Secretaría dé lectura al dictamen.


1 Organización Mundial de la Salud, “La fármacovigilancia: garantía de seguridad en el uso de los medicamentos”, en: Perspectivas políticas de la OMS sobre medicamentos. Octubre de 2004.

2 Federación Internacional de la Industria del Medicamento, “Plataforma para la innovación farmacéutica. Cómo atender las necesidades sanitarias esenciales del mundo”, noviembre de 2007.

1 Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH) del Instituto Nacional de Geografía, Estadística y Geografía, INEGI.

2 La población en hogares comprende la población identificada en viviendas particulares, incluidos los locales no construidos para habitación, viviendas móviles y refugios, además de las personas del Servicio Exterior Mexicano que residen en otros países. Excluye estimación de 1, 344, 585 personas que corresponde a 448 195 viviendas sin información de ocupantes.

3 López Ramírez, Adriana. El perfil sociodemográfico de los hogares en México 1976-1997. México, CONAPO, 2001.

4 Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). Los adultos mayores en México. Perfil sociodemográfico al inicio del siglo XXI. http://www.inegi.org.mx/prod_serv/contenidos/espanol/bvinegi/productos/censos/poblacion/adultosmayores/Adultos_mayores_web2.pdf, febrero de 2012.

1 ONUSIDA, Reporte Mundial de la Epidemia de VIH

2 Secretaría de Salud/CONASIDA INFORME NACIONAL DE AVANCES EN LA LUCHA CONTRA EL SIDA 2012.

3 CENSIDA Boletín SALVAR septiembre 2012

4 ONUSIDA; Declaración Política

1 Idem.

2 OMS. Nota descriptiva No. 177. Dengue y dengue hemorrágico, 2012.

3 SSA. Programa de Acción Específico de Dengue, 2007-2008.

4 Elaboración del Gobierno del Estado de Oaxaca, con información del SINAVE/DGE/SALUD/Sistema Especial de Vigilancia Epidemiológica de Dengue.

5V Informe de Gobierno, Gobierno de Yucatán.

1 Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos; artículos 33; 44; 45 y 46.

2 H. Ayuntamiento de Santo Domingo Tehuantepec, Oaxaca.

1 SAGARPA-FAO-Universidad Marista de Mérida (2009). Evaluación Específica del Proyecto de Sustitución de Motores fuera de Borda para Embarcaciones Menores, p. 19.

1 ICCO Quarterly Bulletin of Cocoa Statistics, Vol. XXXVIII, No. 3, Cocoa year 2011/12 Published: 28-08-2012 http://www.icco.org/statistics/production-and-grindings/production.html

2 Sexto Informe de Labores de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA). Septiembre de 2012.





 

RATIFICACION DEL NOMBRAMIENTO DE PROCURADOR GENERAL DE LA REPUBLICA

(Dictamen a discusión)

- La C. Secretaria Barrera Tapia: Doy lectura al dictamen.



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Es cuanto, señor Presidente.

- El C. Presidente Cordero Arroyo: Muchas gracias, Senadora. Está a discusión el dictamen. No habiendo oradores, ábrase el sistema electrónico de votación por tres minutos para recoger la votación nominal. Háganse los avisos a que se refiere el artículo 58 del Reglamento para informar de la votación.





ROMERO DESCHAMPS CARLOS

ROMERO HICKS JUAN CARLOS

ROMERO LAINAS ADOLFO

ROSAS GONZALEZ OSCAR ROMAN

RUFFO APPEL ERNESTO

SALAZAR FERNANDEZ LUIS F

SALAZAR SOLORIO RABINDRANATH

SALDAÑA PEREZ LUCERO

SANCHEZ GARCIA GERARDO

SANCHEZ JIMENEZ LUIS

SANSORES SAN ROMAN LAYDA

TELLO CRISTERNA ALEJANDRO

TORRES CORZO TEOFILO

TORRES GRACIANO FERNANDO

TORRES PEIMBERT MARCELA

YUNES LANDA HECTOR

YUNES MARQUEZ FERNANDO

YUNES ZORRILLA JOSE FRANCISCO

ZAMORA JIMENEZ ARTURO

SENADORES EN CONTRA: 0

SENADORES EN ABSTENCION: 1

LOPEZ HDZ. ADAN AUGUSTO

- La C. Secretaria Barrera Tapia: Señor Presidente, conforme al registro en el sistema electrónico, se emitieron 114 votos en pro, cero en contra y 1 abstención.

- El C. Presidente Cordero Arroyo: Aprobado el asunto en cuestión. En consecuencia, se ratifica el nombramiento que el titular del Poder Ejecutivo Federal expidiera a favor del ciudadano Jesús Murillo Karam, como Procurador General de la República. Comuníquese.

(Aplausos)

En el salón contiguo a este recinto se encuentra el ciudadano Jesús Murillo Karam, por lo que solicito a lo Senadores Arturo Zamora Jiménez, Roberto Gil Zuarth, Sofío Ramírez Hernández, Carlos Alberto Puente Salas, David Monreal Avila y Arely Gómez González, lo inviten a pasar al interior de este salón de sesiones y lo acompañen durante el acto de su protesta.

(La comisión cumple)

Ciudadano Jesús Murillo Karam: ¿Protesta guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanen y desempeñar leal y patrióticamente el cargo que se le ha conferido de Procurador General de la República, mirando en todo por el bien y la prosperidad de la Unión?

  • El C. Procurador General de la Republica, Jesús Murillo Karam: ¡Sí, protesto!

- El C. Presidente Cordero Arroyo: Si así no lo hiciere, que la Nación se lo demande.

(Aplausos)

¡Felicidades!, señor Murillo Karam, a nombre del Senado de la República le deseo éxito en su encargo.

Solicito a la comisión designada acompañe al señor Procurador cuando él desee retirarse del salón.

Honorable Asamblea, hago de su conocimiento que recibimos en esta Mesa Directiva un dictamen de las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores; y de Relaciones Exteriores, Europa, con punto de Acuerdo por el que se ratifica el nombramiento del ciudadano Rubén Alberto Beltrán Guerrero, como Embajador de México en Rusia.

Solicito a la Secretaría dé lectura al dictamen.





 
RATIFICACION DE NOMBRAMIENTO DIPLOMATICO

(Dictamen a discusión)

- Se aprueba el dictamen de las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores; y de Relaciones Exteriores, Europa, por el que se ratifica el nombramiento del C. Rubén Alberto Beltrán Guerrero, como Embajador de México ante la Federación de Rusia y en forma concurrente ante las Repúblicas de Armenia y Belarús. Intervienen al respecto los CC. Senadores Gabriela Cuevas Barrón y Rabindranath Salazar Solorio. Rinde protesta de ley.





 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCION I DEL ARTICULO 2o. DE LA LEY GENERAL DE SALUD

(Dictamen de primera lectura)

“COMISIONES UNIDAS DE SALUD;
Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS

H. ASAMBLEA:

A las Comisiones unidas de Salud y de Estudios Legislativos de la LXI Legislatura de la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, les fue turnada para su estudio y dictamen Minuta con proyecto de Decreto por el que se reforma la fracción I del artículo 2° de la Ley General de Salud.

Una vez recibida por las Comisiones dictaminadoras, sus integrantes entraron a su estudio con la responsabilidad de considerar lo más detalladamente posible su contenido y analizar los fundamentos esenciales en que se apoya, para proceder a emitir dictamen conforme a las facultades que les confieren los artículos 85, 86, 89, 94 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como los 113, 117, 135, 150, 177, 178, 182 y 190 del Reglamento del Senado de la República, al tenor de la siguiente:

METODOLOGIA

I. En el capítulo de “ANTECEDENTES”, se da constancia del trámite de inicio del proceso legislativo, del recibo de turno para el Dictamen de la referida Minuta y de los trabajos previos de las Comisiones dictaminadoras.

II. En el capítulo correspondiente a “CONTENIDO DE LA MINUTA”, se sintetiza el alcance de la propuesta de mérito.

III. En el capítulo de “CONSIDERACIONES”, las Comisiones expresan los argumentos de valoración de la Minuta y de los motivos que sustentan la resolución de estas dictaminadoras.

I. ANTECEDENTES

1. Con fecha 30 de septiembre de 2010, la Diputada María Joann Novoa Mossberger, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó ante el Pleno de la Cámara de Diputados iniciativa con proyecto de Decreto que reforma los artículos 2 y 6 de la Ley General de Salud, en materia de equidad de género.

Con fecha 17 de febrero de 2011, la Mesa Directiva de ese órgano legislativo turnó la mencionada Iniciativa a la Comisión de Salud, para su estudio y dictamen correspondiente.

2. Con fecha 23 de noviembre de 2011, se sometió ante el Pleno de la Cámara de Diputados dictamen de la Comisión de Salud respecto de la Iniciativa con proyecto de Decreto que reforma la fracción I del artículo 2 de la Ley General de Salud, siendo aprobada con una votación de 252 en pro, 1 abstención y 1 en contra.

Con la misma fecha la Mesa Directiva de ese órgano legislativo turnó a la Cámara de Senadores la minuta con proyecto de decreto que reforma la fracción I del artículo 2 de la Ley General de Salud.

3. Con fecha 29 de noviembre de 2011, se recibió de Cámara de Diputados la minuta con proyecto de Decreto que reforma la fracción I del artículo 2 de la Ley General de Salud.

Con la misma fecha, la Mesa Directiva turnó a las Comisiones unidas de Salud y de Estudios Legislativos la Minuta de mérito para realizar su estudio y dictamen correspondiente.

II. CONTENIDO DE LA MINUTA

La Minuta pretende establecer que la protección de la salud tiene como finalidad el bienestar físico y mental de las personas, para contribuir al ejercicio pleno de sus capacidades.

Artículo Único.- Se reforma la fracción I del artículo 2°., de la Ley General de Salud, para quedar como sigue:

Artículo 2o.- ...

I. El bienestar físico y mental de la persona, para contribuir al ejercicio pleno de sus capacidades;

II. a VII. …

Transitorios

Único. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

III. CONSIDERACIONES

A. Las Comisiones unidas de Salud y de Estudios Legislativos hacen mención del Derecho a la Protección de la Salud que tienen todos los mexicanos, de conformidad a lo establecido en el numeral 4° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; a su vez, enfatizan que el asunto materia de la Minuta, como lo es el bienestar físico y mental de la persona, es merecedor de especial atención ya que es una tema de gran relevancia social.

B. Como base, se debe partir de que género se define como “un conjunto de ideas, creencias y atribuciones sociales, construidas en cada cultura y momento histórico, tomando como base la diferencia sexual; a partir de ello se elaboran los conceptos de “masculinidad y “feminidad” que determinan el comportamiento, las funciones, las oportunidades, la valoración y las relaciones entre mujeres y hombres”1.

Así, la equidad de género permite brindar a las mujeres y a los hombres las mismas oportunidades, condiciones, y formas de trato, sin dejar a un lado las particularidades de cada uno(a) de ellos (as) que permitan y garanticen el acceso a los derechos que tienen como ciudadanos(as).

C. Dentro del ámbito sanitario, acorde al marco de acción del Sistema Nacional de Igualdad entre Mujeres y Hombres, el Programa de Acción Específico Igualdad de Género en Salud2 tiene como objetivo:

Avanzar hacia el respeto al derecho a la protección de la salud considerando las diferencias biológicas entre mujeres y hombres, así como las desigualdades sociales derivadas del sistema tradicional de género.

• Enfoca la situación de salud de mujeres y hombres de los diversos grupos de edad.

• Busca reducir el impacto nocivo sobre la salud de las mujeres y los hombres, determinado por los roles, estereotipos y relaciones desiguales de género.

Dicho programa establece las líneas rectoras de la política general para combatir las inequidades de género en salud y propiciar igualdad de acceso y atención a la salud.

D. Las Comisiones unidas, en análisis de la presente propuesta, coinciden con la colegisladora en que la igualdad no es una cualidad de la persona, sino que es condición que debe darse entre mujeres y hombre, es un principio rector para una sociedad sin discriminación, y uno de los rubros más importantes en donde debe tener cabida es la salud.

E. De acuerdo al artículo 1 de la Constitución Política de los Estrados Unidos Mexicanos está prohibida toda clase de discriminación, entre la que se menciona la de género o cualquier que tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas:

Artículo 1o.

...

Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas.

F. Por otra parte, la fracción I del artículo 2° de la Ley General de Salud vigente menciona:

Artículo 2o.- El derecho a la protección de la salud, tiene las siguientes finalidades:

I. El bienestar físico y mental del hombre, para contribuir al ejercicio pleno de sus capacidades;

...

Las Comisiones dictaminadoras consideran que al emplear el término “del hombre” el legislador de la época quiso referirse a la especie humana y no hacer un distingo entre géneros, y mucho menos discriminar o excluira la mujer del derecho a la protección de la salud. Sin embargo, en la actualidad como consecuencia de la dinámica social, ha cobrado relevancia la condición de igualdad entre hombres y mujeres así como el goce de los mismos derechos entre éstos.

G. Por lo que se refiere a nuestra Carta Magna, su artículo 4º establece que “Toda persona tiene derecho a la protección de la salud.”, sin hacer ninguna distinción de género. En este sentido, las Comisiones dictaminadoras concuerdan con la reforma propuesta en el texto de la Minuta que se analiza ya que el término “persona” engloba ambos géneros (masculino y femenino) y, por ende, contempla la equidad entre hombres y mujeres para gozar del derecho a la protección de la salud:

LGS vigente

Minuta

Artículo 2o.- El derecho a la protección de la salud, tiene las siguientes finalidades:

I. El bienestar físico y mental del hombre, para contribuir al ejercicio pleno de sus capacidades;

II. a VII. ...

Artículo 2o.- ...

I. El bienestar físico y mental de la persona, para contribuir al ejercicio pleno de sus capacidades;

II. a VII. …

H.Derivado de lo anterior, las Comisiones unidas de Salud y de Estudios Legislativos, estiman viable aprobar en sus términosla propuesta contenida en la Minuta que se analiza; así con base en las atribuciones que le otorgan los artículos 85, 86, 89, 94 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como los 113, 117, 135, 150, 177, 178, 182 y 190 del Reglamento del Senado de la República, someten a consideración de esta Honorable Soberanía el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO

Artículo Unico. Se reforma la fracción I del artículo 2o., de la Ley General de Salud, para quedar como sigue:

Artículo 2o.- ...

I. El bienestar físico y mental de la persona, para contribuir al ejercicio pleno de sus capacidades;

II. a VII. …

TRANSITORIO

Unico. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación”.

Por el que se adiciona una fracción IX al artículo 6o. y una fracción VIII Bis al artículo 7o. de la Ley General de Salud.


1 INMUJERES, ABC de género en la Administración Pública Federal, 2007.

2 http://www.generoysaludreproductiva.gob.mx/programas/igualdad-genero/interes-ig/pa-igs.html





 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONAN UNA FRACCION IX AL ARTICULO 6o. Y UNA FRACCION VIII BIS AL ARTICULO 7o. DE LA LEY GENERAL DE SALUD

(Dictamen de primera lectura)

“COMISIONES UNIDAS DE SALUD;
Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS

H. ASAMBLEA:

A las Comisiones unidas de Salud y de Estudios Legislativos, de la LXI Legislatura de la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, les fue turnada para su estudio y dictamen la Minuta proyecto de Decreto por el que se adicionan a los artículos 6o, una fracción IX y 7o., una fracción VIII bis a la Ley General de Salud.

Una vez recibida por las Comisiones unidas, sus integrantes entraron a su estudio con la responsabilidad de considerar lo más detalladamente posible su contenido y analizar los fundamentos esenciales en que se apoya, para proceder a emitir dictamen conforme a las facultades que les confieren los artículos 85, 86, 89, 94 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 113, 117, 135, 150, 177, 178, 182 y 190 del Reglamento del Senado de la República, al tenorde la siguiente:

METODOLOGIA

I. En el capítulo de “ANTECEDENTES”, se da constancia del trámite de inicio del Proceso Legislativo, del recibo de turno para el dictamen de la referida Minuta y de los trabajos previos de las comisiones dictaminadoras.

II. En el capítulo correspondiente a “CONTENIDO DE LA MINUTA”, se sintetiza el alcance de la propuesta de reforma en estudio.

III. En el capítulo de “CONSIDERACIONES”, las comisiones unidas expresan los argumentos de valoración de la propuesta y de los motivos que sustentan la resolución de estas dictaminadoras.

I. ANTECEDENTES

Con fecha 29 de noviembre de 2011, se recibió de Cámara de Diputados Minuta proyecto de Decreto por el que se adicionan a los artículos 6o,una fracción IX y al 7o., una fracción VIII bis,dela Ley General de Salud.

Con la misma fecha, la Mesa Directiva del Senado de la República dispuso que la Iniciativa de mérito fuera turnada a las Comisiones unidas de Salud y de Estudios Legislativos, para su análisis y dictamen correspondiente.

II. CONTENIDO DE LA MINUTA

La Minuta que nos ocupa, adiciona a los artículos 6º, una fracción IX y al 7º,una fracción VIII bis, ambos de la Ley General de Salud, con el propósito de establecer medidas que permitan al gobierno mexicano, a través de la Secretaría de Salud, el aprovechamiento de las herramientas tecnológicas de vanguardia.

Con las reformas, el Sistema Nacional de Salud tendrá entre sus objetivos el promover el desarrollo de los servicios de salud con base en la integración de las tecnologías de la información y las comunicaciones para ampliar la cobertura y mejorar la calidad de atención a la salud; y le corresponderá a dicha Secretaría, el promover la incorporación, uso y aprovechamiento de estas tecnologías en los servicios de salud.

III. CONSIDERACIONES

A. Estas Comisiones unidas de Salud y de Estudios Legislativos invocan el párrafo tercero del Artículo 4º Constitucional que menciona que toda persona tiene derecho a la protección de la salud, y aluden a la fracción XVI del Artículo 73 de la Constitución que faculta al Congreso de la Unión para dictar leyes sobre salubridad general de la República, concluyendo que estas Comisiones unidas son competentes para conocer sobre el presente asunto.

B. La Colegisladora señala que las Tecnologías de la Información y la Comunicación, son el conjunto de tecnologías que permiten la adquisición, producción, almacenamiento, tratamiento, comunicación, registro y presentación de la información.

Lo anterior, basado en la tecnología electrónica para el desarrollo de las telecomunicaciones, la informática y el audiovisual. Además, la Cámara de Diputados resalta que la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, señala que el gobierno electrónico o e-gobierno, es todo aquel que utiliza las tecnologías de la información y la comunicación para transformar sus relaciones internas y externas. Para ello, expresa que la utilización del gobierno electrónico permite seguir llevando a cabo las funciones básicas de los gobiernos, pero ahora con la modalidad de poder aumentar las expectativas de desempeño y resultado público.

C. En este sentido, se resaltan los beneficios que aportan las tecnologías de la información y la comunicación tanto a la sociedad como al gobierno, donde dichos beneficios, permitirían al ciudadano a tener acceso de manera directa a la información que sobre salud, sucede en ámbito nacional y a su vez, permitirá que se mejore la atención a los servicios de salud, lo cual sin duda alguna, mejorará la salud de la población; por mencionar algunos se encuentran:

• Fácil acceso a la información.

• Instrumentos para el proceso de datos.

• Canales de comunicación.

• Almacenamiento de información.

• Automatización de tareas,

D. Otros aspectos que se deben resaltar de la implementación de herramientas tecnológicas al ámbito de la salud, son:

• Eficiencia. Aumentará el desempeño, disminuyendo costos, para que no se deban realizar varias consultas a un mismo paciente. Ello se logrará una vez que existan canales de comunicación directos, entre los proveedores de servicios de salud y los pacientes.

• Mejora en la calidad de los servicios. Esto con la finalidad de hacer una comparación transparente entre los distintos proveedores de servicios.

• Empoderamiento del paciente. Debiendo hacer público y transparente el proceso médico, para que los pacientes cuenten con una mejor información y se tome la mejor decisión de manera conjunta con los proveedores de salud.

• Educación. Con las nuevas tecnologías se puede dar un continuo mejoramiento de la educación de los médicos de todo el país.

• Ampliación de los servicios de salud. Con dichas herramientas se podrá llegar a cualquier lugar y de esta forma, especialistas médicos pueden dar su opinión sobre distintos casos a cualquier parte de México.

E. Por otra parte, de manera directa también se debe resaltar que la tecnología de la información y de la comunicación aplicadas al campo de la salud tienen muchas y variadas herramientas, entre las que se encuentran las siguientes:

• Receta electrónica, la cual permitirá que los pacientes puedan acudir a cualquier farmacia a surtir su receta.

• Firma electrónica digital, que permitirá a los médicos expedir recetas electrónicas.

A través de dos ejemplos, se resaltan los beneficios del uso de la tecnología para mejorar la calidad de atención de la población dentro del sector salud, ya que habrá un mayor control en el consumo y en la compra de medicamentos y se podrán dirigir políticas públicas más especializadas y enfocadas de manera especial a los distintos grupos de población.

F. Ahora bien, el uso y aprovechamiento de las herramientas tecnológicas, en este caso enfocadas a la salud pública, permitirá a nuestro país dar un paso firme y agigantado para contrarrestar el rezago en materia de información.

G. Las Comisiones unidas deben resaltar que México ha hecho un esfuerzo importante por mantenerse a la vanguardia tecnológica, a través de nuevas tecnologías de información y comunicación, por lo que se vuelve apremiante impulsar el progreso de estas herramientas en materia de salud.

Por lo anterior, se coincide con los términos de la Minuta propuesta por la Colegisladora, en el entendido de que la coordinación del Sistema Nacional de Salud, que corresponde a la Secretaría de Salud, promoverá la incorporación, uso y aprovechamiento de las Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones en los servicios de salud; así como promover el desarrollo de los servicios de salud con base en la integración de estas tecnologías para ampliar la cobertura y mejorar la calidad de atención a la salud.

Por lo antes expuesto, una vez analizado y discutido por los Senadores integrantes de las Comisiones unidas de Salud y de Estudios Legislativos, que suscriben el presente dictamen, someten a consideración de esta Honorable Soberanía el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES A LA LEY GENERAL DE SALUD.

Artículo Unico.- Se adicionan una fracción IX al artículo 6º. y una fracción VIII Bis al artículo 7o. de la Ley General de Salud, para quedar como sigue:

Artículo 6o.- El sistema nacional de salud tiene los siguientes objetivos:

I. a VI Bis …

VII.- Coadyuvar a la modificación de los patrones culturales que determinen hábitos, costumbres y actitudes relacionados con la salud y con el uso de los servicios que se presten para su protección;

VIII.- Promover un sistema de fomento sanitario que coadyuve al desarrollo de productos y servicios que no sean nocivos para la salud, y

IX.- Promover el desarrollo de los servicios de salud con base en la integración de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones para ampliar la cobertura y mejorar la calidad de atención a la salud.

Artículo 7o.- La coordinación del Sistema Nacional de Salud estará a cargo de la Secretaría de Salud, correspondiéndole a ésta:

I. a VIII. …

VIII bis.- Promover la incorporación, uso y aprovechamiento de las Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones en los servicios de Salud;

IX. a XV. …

TRANSITORIO

Unico.- El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación”.

Por el que se declara el 26 de septiembre de cada año como Día Nacional de la Prevención del Embarazo No Planificado en Adolescentes.





 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE EL HONORABLE CONGRESO DE LA UNION DECLARA EL 26 DE SEPTIEMBRE DE CADA AÑO COMO “DIA NACIONAL DE LA PREVENCION DEL EMBARAZO NO PLANIFICADO EN ADOLESCENTES”

(Dictamen de primera lectura)

“COMISIONES UNIDAS DE SALUD;
Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS

H. ASAMBLEA:

A las Comisiones unidas de Salud y de Estudios Legislativos, de la LXI Legislatura de la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, les fue turnada para su estudio y dictamen la Minuta con proyecto de Decreto por el que se declara el 26 de septiembre “Día Nacional de la Prevención del Embarazo no Planificado en Adolescentes”.

Una vez recibida por las Comisiones unidas, sus integrantes entraron a su estudio con la responsabilidad de considerar lo más detalladamente posible su contenido y analizar los fundamentos esenciales en que se apoya, para proceder a emitir dictamen conforme a las facultades que les confieren los artículos 85, 86, 89, 94 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 113, 117, 135, 150, 177, 178, 182 y 190 del Reglamento del Senado de la República, al tenorde la siguiente:

METODOLOGIA

I. En el capítulo de “ANTECEDENTES”, se da constancia del trámite de inicio del Proceso Legislativo, del recibo de turno para el Dictamen de la referida Minuta y de los trabajos previos de las Comisiones dictaminadoras.

II. En el capítulo correspondiente a “CONTENIDO DE LA MINUTA”, se sintetiza el alcance de la propuesta de reforma en estudio.

III. En el capítulo de “CONSIDERACIONES”, las Comisiones unidas expresan los argumentos de valoración de la propuesta y de los motivos que sustentan la resolución de estas dictaminadoras.

I. ANTECEDENTES

Con fecha 13 de diciembre de 2011, se recibió de Cámara de Diputados minuta proyecto de Decreto por el que se declara el 26 de septiembre “Día Nacional de la Prevención del Embarazo no Planificado en Adolescentes”.

Con la misma fecha, la Mesa Directiva del Senado de la República dispuso que la Iniciativa de merito fuera turnada a las Comisiones unidas de Salud y de Estudios Legislativos, para su análisis y dictamen correspondiente.

II. CONTENIDO DE LA MINUTA

La minuta que nos ocupa, propone expedir un Decreto por el que el Honorable Congreso de la Unión declare el 26 de septiembre de cada año como “Día Nacional de la Prevención del Embarazo no Planificado en Adolescentes”.

III. CONSIDERACIONES

A. Estas Comisiones unidas de Salud y de Estudios Legislativos invocan el párrafo tercero del Artículo 4º Constitucional que menciona que toda persona tiene derecho a la protección de la salud, y aluden a la fracción XVI del Artículo 73 de la Constitución que faculta al Congreso de la Unión para dictar leyes sobre salubridad general de la República, concluyendo que estas Comisiones Unidas son competentes para conocer sobre el presente asunto.

B. Efectivamente como se expresa en la minuta objeto del presente dictamen, la adolescencia, de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, se considera al “periodo de la vida en el cual el individuo adquiere la capacidad reproductiva, transitando de los patrones psicológicos de la niñez a la adultez y consolida la independencia socio-económica”, por otro lado se contempla que este periodo está marcado entre los 10 y los 20 años.

C. En este mismo sentido, encontramos que a través de la Ley General para la protección de Niñas, Niños y Adolescentes, se considera que los adolescentes son aquel grupo de la población que se encuentra entre los 12 y los 18 años de edad. Además expresa, que entre sus principios rectores de protección está la tutela plena e igualitaria de los derechos humanos y de las garantías constitucionales.

En este sentido, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos menciona a través de su artículo 4º, que toda persona tiene derecho a decidir de manera libre, responsable e informada sobre el número y el espaciamiento de sus hijos.

Por esa razón, se considera necesario aprobar el documento remitido por la Cámara de Diputados en sus términos, en el entendido de que el embarazo en personas adolescentes es un tema preocupante por distintas razones, entre ellas está el que física y mentalmente, la o el adolescente no están preparados para afrontar la responsabilidad que conlleva un hijo; y por otro lado encontramos el factor salud, ya que se puede decir que el cuerpo de la madre no está completamente preparado para un embarazo, por lo que se pueden llegar a presentar problemas tales como: trastornos hipertensivos, los cuales causan a nivel mundial, un número elevado de muertes maternas, pero en el caso de las jóvenes menores de 20 años el riesgo de morir por esta causa es mucho mayor, en contraste, la tasa de defunción en las adolescentes es casi del triple que el de las mujeres entre los 20 a 24 años.

D. En este sentido, la Colegisladora señala que en México, de acuerdo con datos de la ENSAR 2003, 20 por ciento de los adolescentes de entre 15 y 19 años son sexualmente activos, mientras que 9 de cada diez adolescentes tuvieron su primera relación sin protección. Por otra parte, señala que 31.1 por ciento de los jóvenes en zonas rurales ya tienen el primer hijo a los 18 años, entre mujeres indígenas este dato sube hasta 50.8 por ciento, y en zonas urbanas el porcentaje es de 23.3 por ciento.

Por lo anterior, cobra relevante importancia que tanto por la salud de los niños como por la salud de las madres se haga conciencia, de la responsabilidad y las implicaciones que conllevan los hijos, y se coincide en la propuesta para que a través del “Día Nacional de la Prevención del Embarazo no Planificado en Adolescentes”, aunado a las acciones que ya se realizan por ministerio de Ley, se oriente e informe a los jóvenes sobre la forma de evitar embarazos no planificados en adolescentes y crear conciencia de su importancia.

E. Se propone el 26 de septiembre en virtud de que, según lo señala la Colegisladora, países de Latinoamérica como Uruguay y Ecuador, impulsaron desde el año 2003, su celebración.

Derivado de esa fecha, en la actualidad existen instituciones mexicanas que realizan actividades en el marco de la celebración de este día, a saber: el Centro Nacional para la Salud de la Infancia y la Adolescencia, y el Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva, ambos dependientes de la Secretaría de Salud Federal.

F. Finalmente, se debe hacer mención que la celebración del “Día Nacional de la Prevención del Embarazo no Planificado en Adolescentes”, no pretende otra cosa que no sea crear conciencia entre las niñas, los niños y los adolescentes en nuestro país, y en ningún momento se pretende coartar su derecho a decidir el número y el espaciamiento de sus hijos, pero si a que lo decidan de manera libre, responsable e informada.

Por lo antes expuesto, una vez analizado y discutido por los senadores integrantes de las Comisiones unidas de Salud y de Estudios Legislativos, que suscriben el presente Dictamen, someten a consideración de esta Honorable Soberanía el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE DECLARA EL 26 DE SEPTIEMBRE “DIA NACIONAL DE LA PREVENCION DEL EMBARAZO NO PLANIFICADO EN ADOLESCENTES”.

Artículo Unico. El Honorable Congreso de la Unión declara el 26 de septiembre de cada año como “Día Nacional de la Prevención del Embarazo no Planificado en Adolescentes”.

TRANSITORIO

Unico. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación”.

En virtud de que se encuentran publicados en la Gaceta del Senado de este día y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 195 de nuestro Reglamento, quedan de primera lectura.

Tenemos la primera lectura de un dictamen de las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, Europa; y de Hacienda y Crédito Público, con proyecto de Decreto por el que se aprueba el Convenio entre México y Letonia para Evitar la Doble Imposición y Prevenir la Evasión Fiscal en Materia de Impuestos Sobre la Renta y su Protocolo, hecho en Washington, D.C., el 20 de abril de 2012.





 
CONVENIO ENTRE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y LA REPUBLICA DE LETONIA PARA EVITAR LA DOBLE IMPOSICION Y PREVENIR LA EVASION FISCAL EN MATERIA DE IMPUESTOS SOBRE LA RENTA Y SU PROTOCOLO, HECHO EN WASHINGTON, D.C., EL 20 DE ABRIL DE 2012

(Dictamen de primera lectura)

- Se da cuenta con el dictamen suscrito por las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, Europa; y de Hacienda y Crédito Público.





 

ACUERDO ENTRE EL GOBIERNO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y EL GOBIERNO DEL ESTADO DE QATAR PARA EVITAR LA DOBLE IMPOSICION Y PREVENIR LA EVASION FISCAL EN MATERIA DE IMPUESTOS SOBRE LA RENTA, FIRMADO EN LA CIUDAD DE MEXICO, EL 14 DE MAYO DE 2012

(Dictamen de primera lectura)

“COMISIONES UNIDAS DE RELACIONES EXTERIORES, ASIA-PACIFICO;
Y HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

H. ASAMBLEA:

A las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, Asia-Pacífico; y de Hacienda y Crédito Público, les fue turnado el 28 de agosto de dos mil doce para su análisis y elaboración del dictamen correspondiente, el Acuerdo entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno del Estado de Qatar para Evitar la Doble Imposición y Prevenir la Evasión Fiscal en Materia de Impuestos sobre la Renta, suscrito por el Poder Ejecutivo Federal el catorce de mayo de dos mil doce en la Ciudad de México, de conformidad con lo dispuesto por la fracción X del Artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Las Comisiones dictaminadoras, con fundamento en el párrafo segundo de la fracción I del Artículo 76 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; los artículos 4 y 5 de la Ley sobre la Celebración de Tratados; los artículos 3 y 9 de la Ley sobre la Aprobación de Tratados Internacionales en Materia Económica; los artículos 85, 86 y 94 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estado Unidos Mexicanos; los artículos 182, 183, 186, 188, 190 y demás concordantes del Reglamento del Senado de la República, se abocaron al estudio del Acuerdo y conforme a las deliberaciones que se realizaron, someten a la consideración de esta Honorable Asamblea el presente dictamen al tenor de los siguientes:

I. ANTECEDENTES GENERALES

1. Con fecha 28 de agosto de 2012, el Poder Ejecutivo Federal remitió a esta Soberanía el Acuerdo entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno del Estado de Qatar para Evitar la Doble Imposición y Prevenir la Evasión Fiscal en Materia de Impuestos sobre la Renta, firmado en la Ciudad de México, el catorce de mayo de dos mil doce.

2. En esa misma fecha la Mesa Directiva de esta H. Cámara de Senadores, mediante oficio CP2R3A.-2721., turnó a las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, Asia-Pacífico; y de Hacienda y Crédito Público, el citado Acuerdo para su estudio y elaboración del dictamen correspondiente.

3. En sesión ordinaria, los senadores integrantes de estas Comisiones realizaron diversos trabajos a efecto de revisar y analizar el contenido del Acuerdo con el objetivo de expresar sus observaciones, comentarios e integrar el presente dictamen:

II. OBJETIVO Y DESCRIPCION DEL INSTRUMENTO

El principal objetivo del Acuerdo entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno del Estado de Qatar para Evitar la Doble Imposición y Prevenir la Evasión Fiscal en Materia de Impuestos sobre la Renta, es eliminar la doble tributación ya que ésta representa una carga fiscal excesiva tanto para los residentes de México como de Qatar.

El Acuerdo consta de 30 Artículos y un Protocolo como se enlista a continuación:

1. Personas Comprendidas

2. Impuestos Comprendidos

3. Residente

4. Definiciones Generales

5. Establecimiento Permanente

6. Rentas Inmobiliarias

7. Beneficios Empresariales

8. Transportación Marítima y Aérea

9. Empresas Asociadas

10. Dividendos

11. Intereses

12. Regalías

13. Ganancias de Capital

14. Servicios Personales Independientes

15. Servicios Personales Dependientes

16. Participaciones de Consejeros

17. Artistas y Deportistas

18. Pensiones y Anualidades

19. Funciones Públicas

20. Profesores e Investigadores

21. Estudiantes, Aprendices y Personas en Prácticas

22. Otros Ingresos

23. Limitación de Beneficios

24. Eliminación de la Doble Imposición

25. No Discriminación

26. Procedimiento de Acuerdo Mutuo

27. Intercambio de Información

28. Miembros de Misiones Diplomáticas y de Oficinas Consulares

29. Entrada en Vigor

30. Terminación

Protocolo.- Contiene cuatro numerales, mismos que realizan precisiones sobre el término “regalías” y con relación al párrafo 3 de los artículos 12 y 13, así como de los artículos 23 y 25 del Acuerdo.

Artículo 1. El Acuerdo se aplica a las personas residentes de uno o de ambos Estados Contratantes.

Artículo 2. Se considera impuestos sobre la renta todos los que gravan la totalidad de la renta o cualquier elemento de la misma.

Artículo 3. Define los términos siguientes: “Qatar”, “México”, “un Estado Contratante”, “el otro Estado Contratante”, “persona”, “sociedad”, “empresa de un Estado Contratante”, “empresa del otro Estado Contratante”.

Artículo 4. Explica la acepción del término “residente de un Estado Contratante”.

Artículo 5. La expresión establecimiento permanente, significa un lugar fijo de negocios a través del cual una empresa realiza toda o parte de su actividad.

Artículo 6. Rentas inmobiliarias, establece que las rentas de un residente de un Estado Contratante obtenga de bienes inmuebles (incluidas las rentas de explotaciones agrícolas o silvícolas) situados en el otro Estado Contratante pueden someterse a imposición en ese otro Estado.

Además, contempla la definición “bienes inmuebles” misma que tendrá el significado que le atribuya la legislación del Estado Contratante en que los bienes en cuestión estén situados.

Artículo 7. Dispone que los Beneficios Empresariales de un Estado Contratante, solamente pueden someterse a imposición en ese Estado, a no ser que la empresa realice sus actividades empresariales en el otro Estado Contratante por medio de un establecimiento permanente situado en él.

Artículo 8. Con referencia a la Transportación Marítima y Aérea, los beneficios procedentes de la explotación de buques o aeronaves en tráfico internacional por un residente de un Estado Contratante, comprenden los beneficios procedentes del arrendamiento de buques o aeronaves sobre una base de nave completa. También comprenden los beneficios derivados del arrendamiento de buques o aeronaves sobre una base de nave vacía, si dichos buques o aeronaves son explotados en tráfico internacional por el arrendatario y son obtenidos por un residente de un Estado Contratante involucrado en la explotación de buques o aeronaves en tráfico internacional.

Artículo 9. Se denomina “Empresa Asociada” cuando una empresa de un Estado Contratante participe directa o indirectamente en la dirección, el control o el capital de una empresa del otro Estado Contratante, o las mismas personas participen directa o indirectamente en la dirección, el control o el capital de una empresa de un Estado Contratante y de una empresa del otro Estado Contratante.

Artículo 10. Señala que los dividendos pagados por una sociedad residente de un Estado Contratante a un residente del otro Estado Contratante sólo pueden someterse a imposición en ese otro Estado. Además de definir el término “Dividendos”.

Artículo 11. Los intereses procedentes de un Estado Contratante y pagados a un residente del otro Estado Contratante, pueden someterse a imposición de ese otro Estado. Sin embargo, dichos intereses también pueden someterse a imposición en el Estado Contratante del que procedan y de acuerdo con la legislación de ese Estado, pero sin el beneficiario efectivo de los intereses en residente del otro Estado Contratante. Igualmente se define el término “Intereses”.

Artículo 12. El presente artículo precisa el término “Regalías” además de su aplicación en el presente Acuerdo.

Artículo 13. Las ganancias que un residente de un Estado Contratante obtenga de la enajenación de bienes inmuebles a que se refiere el Artículo 6 y situados en el otro Estado Contratante, pueden someterse a imposición en ese otro Estado.

Artículo 14. Las rentas obtenidas por un residente de un Estado Contratante, por la prestación de servicios profesionales u otras actividades de carácter independiente, sólo pueden someterse a imposición en ese Estado, a no ser que el empleo se ejerza en el otro Estado Contratante.

Artículo 15. Sin perjuicio de lo dispuesto en los Artículos 16, 18 y 19, los sueldos, salarios y otras remuneraciones similares, obtenidos por un residente de un Estado Contratante en virtud de un empleo, sólo pueden someterse a imposición en ese Estado a no ser que el empleo se ejerza en el otro Estado Contratante. Si el empleo se ejerce de esta forma, dicha remuneración obtenida del mismo, puede someterse a imposición en ese otro Estado.

Artículo 16. Las participaciones de consejero y los pagos de retribuciones similares que un residente de un Estado Contratante obtenga en su calidad como miembro de un consejo de administración o cualquier otro órgano de una sociedad que sea residente de otro Estado Contratante, pueden someterse a imposición en ese otro Estado.

Artículo 17. Hace referencia al régimen deingresos de artistas y deportistas.

Artículo 18. Las pensiones y otras remuneraciones similares y las anualidades pagadas a un residente de un Estado contratante sólo pueden someterse a imposición en ese Estado.

Artículo 19. Funciones Públicas, los sueldos, salarios y otras remuneraciones similares, excluidas las pensiones, pagadas por un Estado Contratante o una subdivisión política o entidad local del mismo a una persona física por razón de servicios prestados a ese Estado, subdivisión o entidad, sólo pueden someterse a imposición en ese Estado.

Artículos 20 y 21. Establece el régimen para “profesores, investigadores, estudiantes, aprendices y personas en prácticas”.

Artículo 22. Los ingresos de un residente de un Estado contratante, cualquiera que fuese su procedencia, no mencionados anteriormente, sólo pueden someterse a imposición en ese Estado.

Artículo 23. Un residente de un Estado Contratante no recibirá el beneficio de cualquier reducción o exención de los impuestos previstos en el Acuerdo por el otro Estado Contratante, si el principal propósito o uno de los principales propósitos de dicho residente o una persona vinculada con ese residente fue el obtener los beneficios del Acuerdo.

Artículo 24. Regula la eliminación de la doble imposición entre los Estados Contratantes.

Artículo 25. Garantiza la aplicación del principio de no discriminación al establecer que los nacionales de un Estado Contratante no serán sometidos en el otro Estado Contratante a ningún impuesto u obligación relativa al mismo, que no se exija o sea más gravoso que aquellos a los que estén o puedan estar sometidos los nacionales de ese otro Estado que se encuentren en las mismas condiciones, en particular respecto a la residencia.

Artículo 26. Regula el procedimiento para someter a la autoridad competente alguna inconformidad derivada de las disposiciones del Convenio.

Artículo 27. Dispone lo relativo al intercambio de información señalando que la información recibida por el Estado solicitante se regirá bajo el principio de secrecía, sin embargo, también señala que ningún Estado podrá negarse al otorgamiento de información con el argumento de ser detentada por un banco, otra institución financiera.

Artículo 28. Las disposiciones del presente Acuerdo no afectarán los privilegios fiscales de que disfruten los miembros de las misiones diplomáticas o de las oficinas consulares de acuerdo con los principios generales del derecho internacional o en virtud de las disposiciones de acuerdos especiales.

Artículo 29. Establece las disposiciones generales para la entrada en vigor del Acuerdo.

Artículo 30. El Acuerdo permanecerá en vigor hasta que se dé por terminado por un Estado Contratante.

Finalmente, el instrumento internacional en análisis contiene un Protocolo, mismo que señala que al momento de la suscripción del Convenio, los firmantes acordaron incluir cuatro numerales mismos que forman parte del Acuerdo.

Estas disposiciones adicionales, precisan términos utilizados en el texto del Acuerdo, además de señalar los alcances de ciertas disposiciones presentes en el articulado del instrumento internacional bajo análisis con el objetivo de evitar una incorrecta interpretación de las mismas.

III. METODO DE TRABAJO, ANALISIS, DISCUSION
Y VALORACION DE LAS PROPUESTAS

Los senadores integrantes de las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, Asia-Pacífico; y de Hacienda y Crédito Público, señalan que con el fin de contar con mayores herramientas y elementos de orden especializado y jurídico para la elaboración del instrumento internacional sujeto del presente dictamen, acordaron convocar en reunión de trabajo a funcionarios de las Secretarías de Relaciones Exteriores y de Hacienda y Crédito Público, quienes proporcionaron información adicional sobre el Acuerdo. Lo anterior con fundamento en lo dispuesto por el numeral 2 del artículo 184 del Reglamento del Senado de la República. Los elementos aportados en dicha reunión de trabajo fueron sustanciales para la integración y elaboración del presente dictamen.

En el proceso de análisis, se subrayó que el Acuerdo impide tratos fiscales discriminatorios sobre inversionistas de los Estados Contratantes, además de establecer mecanismos para resolver de una forma amistosa los conflictos que puedan surgir de su aplicación e interpretación.

El Acuerdo sujeto a análisis en el presente dictamen, fue adoptado de conformidad con los lineamientos establecidos por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, cumpliendo con los parámetros establecidos de manera consuetudinaria en la legislación internacional, que versa sobre la materia.

IV. CONSIDERACIONES DE ORDEN GENERAL

La celebración de los tratados en nuestro país, es un proceso de carácter internacional que se prevé en nuestra legislación con la concurrencia de dos poderes, el Ejecutivo Federal y el Senado de la República, tal como se dispone en los artículos 15, 76 fracción I; 89 fracción X y 117 fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos respectivamente, que a la letra ordenan:

Artículo 15.- No se autoriza la celebración de tratados para la extradición de reos políticos, ni para aquellos delincuentes del orden común que hayan tenido en el país donde cometieron el delito, la condición de esclavos, ni de convenios o tratados en virtud de los que se alteren las garantías y derechos establecidos por esta Constitución para el hombre y el ciudadano.

Artículo 76. Son facultades exclusivas del Senado:

I. Analizar la política exterior desarrollada por el Ejecutivo Federal con base en los informes anuales que el Presidente de la República y el Secretario del Despacho correspondiente rindan al Congreso.

Además, aprobar los tratados internacionales y convenciones diplomáticas que el Ejecutivo Federal suscriba, así como su decisión de terminar, denunciar, suspender, modificar, enmendar, retirar reservas y formular declaraciones interpretativas sobre los mismos;

II. – XII …

Artículo 89. Las facultades y obligaciones del Presidente, son las siguientes:

I. …- IX. …

X. Dirigir la política exterior y celebrar tratados internacionales, así como terminar, denunciar, suspender, modificar, enmendar, retirar reservas y formular declaraciones interpretativas sobre los mismos, sometiéndolos a la aprobación del Senado. En la conducción de tal política, el titular del Poder Ejecutivo observará los siguientes principios normativos: la autodeterminación de los pueblos; la no intervención; la solución pacífica de controversias; la proscripción de la amenaza o el uso de la fuerza en las relaciones internacionales; la igualdad jurídica de los Estados; la cooperación internacional para el desarrollo; y la lucha por la paz y la seguridad internacionales;

XI. … - XX. …

Artículo 117.- Los Estados no pueden, en ningún caso:

I. Celebrar alianza, tratado o coalición con otro Estado ni con las potencias extranjeras;

II. –IX. …

Una vez analizado el instrumento internacional que ha sido objeto del presente estudio y cotejado por cuanto a su contenido frente a las disposiciones conducentes de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de las leyes de la materia, se concluye que el Acuerdo ha sido otorgado en cumplimiento al marco normativo aplicable.

En consecuencia, el instrumento internacional en comento es susceptible de ser aprobado, en los términos de lo que dispone el artículo 76 fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en mérito de lo cual pasaría a formar parte de la Ley Suprema de toda la Unión, en términos de los que establece el artículo 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que a la letra dice:

Artículo 133.- Esta Constitución, las leyes del Congreso de la Unión que emanen de ella y todos los tratados que estén de acuerdo con la misma, celebrados y que se celebren por el presidente de la República, con aprobación del Senado, serán la Ley Suprema de toda la Unión. Los jueces de cada Estado se arreglarán a dicha Constitución, leyes y tratados a pesar de las disposiciones en contrario que pueda haber en las Constituciones o leyes de los estados.

Los integrantes de las Comisiones Unidas que suscriben reconocen la atribución del Ejecutivo Federal al firmar el presente instrumento internacional en análisis, con apego a lo dispuesto en la fracción X del artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

V. CONSIDERACION DE ORDEN ESPECIFICO

El Acuerdo entre el gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno del Estado de Qatar para Evitar la Doble Imposición y Prevenir la Evasión Fiscal en Materia de Impuestos sobre la Renta, se suma a la red de convenios fiscales que tienen celebrados con México, cuyo principal objetivo es eliminar la doble imposición, misma que representa una carga fiscal excesiva para los residentes de México y los residentes de otros países que realizan operaciones comerciales o financieras entre sí.

Al eliminar dicha carga fiscal, el Acuerdo fomentará la inversión Qatarí en México e impulsará a los mexicanos a realizar inversiones en Qatar, colocándolos en igualdad de circunstancias respecto a los inversionistas de otros países con los que Qatar tiene celebrados acuerdos en esta materia.

El Acuerdo armoniza los sistemas fiscales de los dos países, otorgando certeza y seguridad jurídica, respecto del tratamiento fiscal aplicable a la inversión.

Asimismo, el Acuerdo impide tratos fiscales discriminatorios sobre inversionistas de nacionalidad mexicana o qatarí, además de establecer mecanismos para resolver de una forma amistosa los conflictos que puedan surgir de su aplicación e interpretación.

Derivado de las negociaciones, el Acuerdo permite un combate más eficaz en la lucha contra la evasión y el fraude fiscal, en virtud de que, al igual que otros acuerdos, prevé un procedimiento de cooperación entre las administraciones tributarias de ambos países para el intercambio de información fiscal, a través del cual se permite verificar el adecuado cumplimiento de las obligaciones fiscales de los contribuyentes mexicanos con inversiones en el extranjero, teniéndose que intercambiar la información, incluso, cuando la misma sea detentada por un banco, otra institución financiera, un mandatario o una persona actuando en calidad de agente o fiduciario, o porque se relaciona con participaciones en una persona.

Una vez en vigor, el Acuerdo permitirá fomentar los negocios entre los dos países, y propiciar mayores niveles de rentabilidad de las inversiones que se realicen en cada uno de éstos, generando un ambiente adecuado para incrementar los flujos de inversión entre ambos países, lo cual redundará en el bienestar económico, tanto de México como de Qatar.

El Acuerdo entrará en vigor treinta días después de la fecha en que se reciba la última de las notificaciones, en las que ambos Estados, se comuniquen el cumplimiento de los requisitos exigidos por su legislación nacional.

El Acuerdo permanecerá en vigor hasta que se dé por terminado por un Estado Contratado. Cualquier Estado Contratante podrá dar por terminado el Convenio en cualquier momento, después de que se transcurra un periodo de cinco años contando a partir de la fecha en que el Acuerdo entre en vigor, siempre que se dé aviso por escrito de la terminación a través de la vía diplomática, al menos con seis meses de antelación. En tal caso, el Acuerdo dejará de surtir sus efectos.

Por lo expuesto y en virtud de que en las disposiciones establecidas en el Acuerdo que nos ocupa, no se lesiona ni la soberanía nacional ni se contraviene lo establecido en nuestra Carta Magna, nos permitimos, las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, Asia-Pacífico; y de Hacienda y Crédito Público, someter a la consideración de la Honorable Asamblea la aprobación del siguiente:

PROYECTO DE DECRETO

ARTICULO UNICO.- Se aprueba el ACUERDO ENTRE EL GOBIERNO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y EL GOBIERNO DEL ESTADO DE QATAR PARA EVITAR LA DOBLE IMPOSICION Y PREVENIR LA EVASION FISCAL EN MATERIA DE IMPUESTOS SOBRE LA RENTA, firmado en la Ciudad de México, el catorce de mayo de dos mil doce.

Sala de comisiones de la Honorable Cámara de Senadores, México, D.F., a 7 de noviembre de 2012.

COMISION DE RELACIONES EXTERIORES, ASIA-PACIFICO
COMISION DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO”.

En virtud de que se encuentra publicado en la Gaceta del Senado de este día y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 195 de nuestro Reglamento, queda de primera lectura.

Tenemos la primera lectura de un dictamen de las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, Asia-Pacífico; y de Hacienda y Crédito Público, con proyecto de Decreto por el que se aprueba el Acuerdo entre México y el Gobierno de la Región de Administración Especial de Hong Kong de la República Popular China para Evitar la Doble Imposición y Prevenir la Evasión Fiscal en Materia de Impuestos Sobre la Renta, firmado en Los Cabos, Baja California Sur, México, el 18 de junio de 2012.





 

ACUERDO ENTRE EL GOBIERNO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y EL GOBIERNO DE LA REGION DE ADMINISTRACION ESPECIAL DE HONG KONG DE LA REPUBLICA POPULAR CHINA PARA EVITAR LA DOBLE IMPOSICION Y PREVENIR LA EVASION FISCAL EN MATERIA DE IMPUESTOS SOBRE LA RENTA, FIRMADO EN LOS CABOS, BAJA CALIFORNIA SUR, MEXICO, EL 18 DE JUNIO DE 2012

(Dictamen de primera lectura)

“COMISIONES UNIDAS DE RELACIONES EXTERIORES, ASIA-PACIFICO;
Y HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

H. ASAMBLEA:

A las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, Asia-Pacífico; y de Hacienda y Crédito Público, les fue turnado el 28 de agosto de dos mil doce para su análisis y elaboración del dictamen correspondiente, el Acuerdo entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de la Región de Administración Especial de Hong Kong de la República Popular China para Evitar la Doble Imposición y Prevenir la Evasión Fiscal en Materia de Impuestos sobre la Renta, suscrito por el Poder Ejecutivo Federal el dieciocho de junio de dos mil doce en Los Cabos, Baja California Sur, México, de conformidad con lo dispuesto por la fracción X del Artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Las Comisiones dictaminadoras, con fundamento en el párrafo segundo de la fracción I del Artículo 76 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; los artículos 4 y 5 de la Ley sobre la Celebración de Tratados; los artículos 3 y 9 de la Ley sobre la Aprobación de Tratados Internacionales en Materia Económica; los artículos 85, 86 y 94 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estado Unidos Mexicanos; los artículos 182, 183, 186, 188, 190 y demás concordantes del Reglamento del Senado de la República, se abocaron al estudio del Acuerdo y conforme a las deliberaciones que se realizaron, someten a la consideración de esta Honorable Asamblea el presente dictamen al tenor de los siguientes:

I. ANTECEDENTES GENERALES

1. Con fecha 28 de agosto de 2012, el titular del Ejecutivo Federal remitió a esta Soberanía el Acuerdo entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de la Región de Administración Especial de Hong Kong de la República Popular China para Evitar la Doble Imposición y Prevenir la Evasión Fiscal en Materia de Impuestos sobre la Renta, firmado en Los Cabos, Baja California Sur, México, el dieciocho de junio de dos mil doce.

2. En esa misma fecha la Mesa Directiva de esta H. Cámara de Senadores, mediante oficio CP2R3A.-2725., turnó a las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, Asia-Pacífico; y de Hacienda y Crédito Público, el citado Acuerdo para su estudio y elaboración del dictamen correspondiente.

3. En sesión ordinaria, los senadores integrantes de estas Comisiones realizaron diversos trabajos a efecto de revisar y analizar el contenido del Acuerdo con el objetivo de expresar sus observaciones, comentarios e integrar el presente dictamen:

II. OBJETIVO Y DESCRIPCION DEL INSTRUMENTO

El Acuerdo entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de la Región de Administración Especial de Hong Kong de la República Popular China para Evitar la Doble Imposición y Prevenir la Evasión Fiscal en Materia de Impuestos sobre la Renta, tiene por objetivo evitar la doble imposición y prevenir la evasión fiscal en materia de Impuestos sobre la Renta.

El Acuerdo consta de 29 Artículos y un Protocolo de conformidad con la siguiente lista:

1. Ámbito Subjetivo

2. Impuestos Comprendidos

3. Definiciones Generales

4. Residente

5. Establecimiento Permanente

6. Rentas Inmobiliarias

7. Beneficios Empresariales

8. Transportación Marítima y Aérea

9. Empresas Asociadas

10. Dividendos

11. Intereses

12. Regalías

13. Ganancias de Capital

14. Servicios Personales Independientes

15. Servicios Personales Dependientes

16. Participaciones de Consejeros

17. Artistas y Deportistas

18. Pensiones

19. Funciones Públicas

20. Estudiantes

21. Otras Rentas

22. Métodos de Eliminación de la Doble Imposición

23. No Discriminación

24. Procedimiento de Acuerdo Mutuo

25. Intercambio de Información

26. Miembros de Misiones Gubernamentales

27. Reglas Misceláneas

28. Entrada en Vigor

29. Terminación

Protocolo.- Precisa los términos “base fija”, “impuesto de la Región de Administración Especial de Hong Kong”, “impuesto mexicano” y “persona”.

Artículo 1. El presente Acuerdo se aplica a las personas residentes de uno o ambas Partes Contratantes.

Artículo 2. Se aplica a los Impuestos sobre la Renta exigibles por cada una de las Partes Contratantes, cualquiera que sea su tema de exacción.

Artículo 3. Marca las definiciones generales, a menos que de su contexto se infiera una interpretación diferente.

Artículo 4. Define residente de una Parte Contratante.

Artículo 5. Establece que la expresión establecimiento permanente significa un lugar fijo de negocios mediante el cual una empresa realiza toda o parte de su actividad.

Artículo 6. Las rentas que un residente de una Parte Contratante obtenga de bienes inmuebles, situados en la otra Parte Contratante, pueden someterse a imposiciones en esa otra Parte.

Artículo 7. Los beneficios de una empresa de una Parte Contratante solamente pueden someterse a imposición de esa Parte, a no ser que la empresa realice sus actividades empresariales en la otra Parte Contratante por medio de un establecimiento permanente situado en ella.

Artículo 8. Los beneficios obtenidos por una empresa de una Parte Contratante procedentes de la explotación de buques o aeronaves en tráfico internacional sólo podrán someterse a imposición de esa Parte.

Artículo 9. Son empresas asociadas cuando una empresa de una Parte Contratante participe directa o indirectamente en la dirección, el control o el capital de una empresa de la otra Parte Contratante, o las mismas personas participen directa o indirectamente en la dirección, el control o el capital de una empresa de una Parte Contratante y de una empresa de la otra Parte Contratante.

Artículo 10. Define el término dividendo así como las disposiciones sobre su manejo entre las Partes Contratantes.

Artículo 11. Hace referencia a los intereses, su definición y disposiciones generales entre las Partes Contratantes sobre su régimen.

Artículo 12. Trata del manejo de las regalías entre las Partes.

Artículo 13. Establece las disposiciones generales sobre las ganancias de capital de los residentes de una de las Partes Contratantes.

Artículo 14. Regula y define los servicios personales independientes, de residentes de una Parte Contratante.

Artículo15. Señala que las remuneraciones por concepto de salarios y similares que obtenga un residente de una Parte Contratante en virtud de desempeñar un empleo, sólo serán sujetas de imposición en la misma Parte en donde reside, a menos que el empleo se desarrolle en la otra Parte Contratante.

Asimismo, en el párrafo 2 de este artículo 15, se expresa claramente en qué casos las remuneraciones obtenidas por un residente de una Parte Contratante por razón de un empleo ejercido en la otra Parte Contratante pueden someterse a imposición en la Parte mencionada en primer lugar.

Artículo 16. Las participaciones de consejeros y otras retribuciones similares que un residente de una Parte Contratante obtenga como miembro de un consejo de administración o el órgano supervisor de una sociedad que sea residente de la otra Parte Contratante, puede someterse a imposición en esa otra Parte.

Artículo 17. No obstante los dispuestos en los Artículos 14 y 15, las rentas que un residente de una Parte Contratante obtenga como artista o deportista, derivadas del ejercicio de sus actividades personales como tal en la otra Parte Contratante, pueden someterse a imposiciones en esa otra Parte.

Artículo 18. Sujeto a lo dispuesto en el párrafo 2 del Artículo 19, las pensiones y otras remuneraciones similares pagadas a un residente de una Parte Contratante por razón de un empleo anterior o un empleo por cuenta propia podrán someterse a imposición solamente en esa Parte.

Artículo 19. Respecto a funciones públicas, los sueldos, salarios y otras remuneraciones similares, distintas de una prensión, pagadas por el Gobierno de una Parte Contratante o una subdivisión política o una entidad local de la misma, a una persona física por razón de servicios prestados a esa Parte o subdivisión o entidad, sólo podrán someterse a imposición de esa parte. Lo dispuesto en los Artículos 15, 16, 17 y 18 se aplicarán a los sueldos, salarios, pensiones y otras remuneraciones similares, derivados de servicios prestados relacionados con una actividad empresarial realizada por el Gobierno de una Parte Contratante o una subdivisión política o una entidad local de la misma.

Artículo 20. Las cantidades que reciba para cubrir sus gastos de manutención o estudios, un estudiante, que sea o haya sido inmediatamente antes de llegar a una Parte Contratante un residente de la otra Parte Contratante y que se encuentre en la Parte mencionada en primer lugar en el único fin de proseguir sus estudios, no podrán someterse a imposición en esa Parte, siempre que dichas cantidades procedan de fuentes situadas fuera de esa Parte.

Artículo 21. Los elementos de renta cuyo beneficiario efectivo sea un residente de una Parte Contratante, cualquiera que fuese su procedencia, no mencionados en los Artículos anteriores del Acuerdo, podrán someterse a imposición solamente en esa parte.

Artículo 22. Establece cada uno de los métodos de eliminación de la doble imposición entre las Partes Contratantes.

Artículo 23. Las personas de las Partes Contratantes, no serán sometidas por el otra Parte Contratante, a ningún impuesto u obligación relativa al mismo, que no se exija o sea más gravoso que aquellos a los estén o puedan estar sometidos las personas que tienen el derecho de vivienda o estén constituidas o de otra manera establecidas en esa otra Parte o nacionalidades de la otra Parte en las mismas condiciones, en particular con respecto a la residencia. No obstante lo dispuesto por el Artículo 1, esta disposición también se aplicará a las personas que no sean residentes de una o de ambas Partes Contratantes.

Artículo 24. Se establecen los procedimientos de acuerdo mutuo, en caso de que una persona considere que las medidas adoptadas de una o ambas Parte Contratantes implican o pueden implicar para ella una imposición que no esté conforme con las disposiciones del Acuerdo, podrá someter su caso a las autoridades competentes de la Parte Contratante de la que sea residente o, si fuera aplicable el párrafo 1 del Artículo 23, a la parte Contratante en la que tenga el derecho de vivienda o esté constituida o de otra manera establecida o de la que sea nacional.

Artículo 25. Regula el intercambio de información entre las Partes Contratantes para aplicar lo dispuesto en el Acuerdo o para administrar o exigir lo dispuesto en la legislación nacional relativa a los impuestos de toda clase y naturaleza percibidos por las Partes Contratantes.

Artículo 26. Las disposiciones del Acuerdo no afectarán los privilegios fiscales de que disfruten los miembros de misiones gubernamentales, incluyendo las oficinas consulares, de conformidad con los principios generales del derecho internacional o en virtud de las disposiciones especiales.

Artículo 27. Las disposiciones del presente Acuerdo no impedirán el derecho de cada Parte Contratante de aplicar su legislación interna y medidas relacionadas con la evasión fiscal, descritas o no como tales.

Artículo 28. Establece los acuerdos para la entrada en vigor del Acuerdo.

Artículo 29. Establece que el Acuerdo permanecerá en vigor hasta que se dé por terminado por una Parte Contratante.

Finalmente, el instrumento internacional en análisis contiene un Protocolo, mismo que señala que al momento de la suscripción del Acuerdo, los firmantes convinieron incluir trece disposiciones adicionales mismas que forman parte del instrumento internacional bajo análisis.

Estas disposiciones adicionales, precisan términos utilizados en el texto del Acuerdo, además de señalar los alcances de ciertas disposiciones presentes en el articulado del instrumento internacional bajo análisis, con el objetivo de evitar una incorrecta interpretación de las mismas.

III. METODO DE TRABAJO, ANALISIS, DISCUSION

Y VALORACION DEL ACUERDO

Los senadores integrantes de las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, Asia-Pacífico; y de Hacienda y Crédito Público, señalan que con el fin de contar con mayores herramientas y elementos de orden especializado y jurídico para la elaboración del instrumento internacional sujeto del presente dictamen, acordaron convocar en reunión de trabajo a funcionarios de la Secretaría de Relaciones Exteriores y de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, quienes proporcionaron información adicional sobre el Acuerdo. Lo anterior con fundamento en lo dispuesto por el numeral 2 del artículo 184 del Reglamento del Senado de la República. Los elementos aportados en dicha reunión de trabajo fueron sustanciales para la integración y elaboración del presente dictamen.

En el proceso de análisis, se subrayó que el Acuerdo impide tratos fiscales discriminatorios sobre inversionistas de los Estados Contratantes, además de establecer mecanismos para resolver de una forma amistosa los conflictos que puedan surgir de su aplicación e interpretación.

También se señaló que el Acuerdo permite un combate más eficaz en la lucha contra la evasión y el fraude fiscal, en virtud de que prevé un procedimiento de cooperación entre las administraciones tributarias de Hong Kong y México para el intercambio de información fiscal, mediante el cual se permite verificar el adecuado cumplimiento de las obligaciones fiscales de los contribuyentes mexicanos con inversiones en el extranjero, teniéndose que intercambiar la información incluso cuando la misma sea detentada por un banco, otra institución financiera o persona actuando en calidad de agente fiduciario, o porque se relaciona con participaciones en una persona.

Por otro lado, se indicó que la mayoría de los Acuerdos para Evitar la Doble Tributación se basan en el modelo de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), Model Tax Convention on Income and Capital, y ha sido con base en él, que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público negoció los criterios convenidos por el Gobierno de México para evitar la doble imposición y prevenir la evasión fiscal con Hong Kong.

El Acuerdo sujeto a análisis en el presente dictamen, fue adoptado de conformidad con los lineamientos establecidos por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, cumpliendo con los parámetros establecidos de manera consuetudinaria en la legislación internacional, que versa sobre la materia.

IV. CONSIDERACIONES DE ORDEN GENERAL

La celebración de los tratados en nuestro país, es un proceso de carácter internacional que se prevé en nuestra legislación con la concurrencia de dos poderes, el Ejecutivo Federal y el Senado de la República, tal como se dispone en los artículos 89 fracción X y 76 fracción I, 15, y 117 fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos respectivamente, que a la letra ordenan:

Artículo 15.- No se autoriza la celebración de tratados para la extradición de reos políticos, ni para aquellos delincuentes del orden común que hayan tenido en el país donde cometieron el delito, la condición de esclavos, ni de convenios o tratados en virtud de los que se alteren las garantías y derechos establecidos por esta Constitución para el hombre y el ciudadano.

Artículo 76. Son facultades exclusivas del Senado:

I. Analizar la política exterior desarrollada por el Ejecutivo Federal con base en los informes anuales que el Presidente de la República y el Secretario del Despacho correspondiente rindan al Congreso.

Además, aprobar los tratados internacionales y convenciones diplomáticas que el Ejecutivo Federal suscriba, así como su decisión de terminar, denunciar, suspender, modificar, enmendar, retirar reservas y formular declaraciones interpretativas sobre los mismos;

II. – XII …

Artículo 89. Las facultades y obligaciones del Presidente, son las siguientes:

I. …- IX. …

X. Dirigir la política exterior y celebrar tratados internacionales, así como terminar, denunciar, suspender, modificar, enmendar, retirar reservas y formular declaraciones interpretativas sobre los mismos, sometiéndolos a la aprobación del Senado. En la conducción de tal política, el titular del Poder Ejecutivo observará los siguientes principios normativos: la autodeterminación de los pueblos; la no intervención; la solución pacífica de controversias; la proscripción de la amenaza o el uso de la fuerza en las relaciones internacionales; la igualdad jurídica de los Estados; la cooperación internacional para el desarrollo; y la lucha por la paz y la seguridad internacionales;

XI. … - XX. …

Artículo 117.- Los Estados no pueden, en ningún caso:

I. Celebrar alianza, tratado o coalición con otro Estado ni con las potencias extranjeras;

II. –IX. …

Una vez analizado el instrumento internacional que ha sido objeto del presente estudio y cotejado por cuanto a su contenido frente a las disposiciones conducentes de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de las leyes de la materia, se concluye que el Acuerdo ha sido otorgado en cumplimiento al marco normativo aplicable.

En consecuencia, el instrumento internacional en comento es susceptible de ser aprobado, en los términos de lo que dispone el artículo 76 fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en mérito de lo cual pasaría a formar parte de la Ley Suprema de toda la Unión, en términos de los que establece el artículo 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que a la letra dice:

Artículo 133.- Esta Constitución, las leyes del Congreso de la Unión que emanen de ella y todos los tratados que estén de acuerdo con la misma, celebrados y que se celebren por el presidente de la República, con aprobación del Senado, serán la Ley Suprema de toda la Unión. Los jueces de cada Estado se arreglarán a dicha Constitución, leyes y tratados a pesar de las disposiciones en contrario que pueda haber en las Constituciones o leyes de los estados.

Los integrantes de las Comisiones Unidas que suscriben reconocen la atribución del Ejecutivo Federal al firmar el presente instrumento internacional en análisis celebrado, con apego a lo dispuesto en la fracción X del artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

V. CONSIDERACION DE ORDEN ESPECIFICO

El Acuerdo entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de la Región de Administración Especial de Hong Kong de la República Popular China, para Evitar la Doble Imposición y Prevenir la Evasión Fiscal en Materia de Impuestos sobre la Renta, se suma a la red de convenios fiscales que tiene celebrados México, cuyo principal objetivo es eliminar la doble imposición, misma que representa una carga fiscal excesiva para los residente de México y los residentes de otros países que realizan operaciones comerciales o financiera entre los mismos.

Al eliminar dicha carga fiscal, el Acuerdo fomentará la inversión en México e impulsará a los mexicanos a realizar inversiones, colocándolos en igualdad de circunstancias respecto a los inversionistas de otros países con los que Hong Kong tiene celebrados en esta materia.

El Acuerdo armoniza los sistemas fiscales otorgando certeza y seguridad jurídica respecto del tratamiento fiscal aplicable a la inversión.

Asimismo, el Acuerdo impide tratos fiscales discriminatorios sobre inversionistas de México y Hong Kong, además de establecer mecanismos para resolver de una forma amistosa los conflictos que puedan surgir de su aplicación e interpretación.

Las disposiciones del Acuerdo han sido formuladas sobre la base de las disposiciones correspondientes del Modelo de Convenio de Doble Tributación entre Países Desarrollados y en Vías de Desarrollo de las Naciones Unidas o del Modelo de Convenio Tributario sobre la Renta y sobre el Patrimonio de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, reconsiderará por lo general que tienen el mismo significado que se expresa en los Comentarios sobre los artículos del Modelo de Convenio Tributario ONU o del Modelo de Convenio Tributario OCDE.

Una vez en vigor, el Acuerdo permitirá fomentar los negocios entre las Partes, y propiciar mayores niveles de rentabilidad de las inversiones que se realicen en cada una de éstas, generando un ambiente adecuado para incrementar los flujos de inversión, lo cual redundará en el bienestar económico tanto de México como de Hong Kong.

El Acuerdo entrará en vigor, treinta días después de la fecha en que se reciba la última de las notificaciones, en las que ambos Estados, se comuniquen el cumplimiento de los requisitos exigidos por su legislación nacional.

El Acuerdo permanecerá en vigor hasta que se dé por terminado por una Parte Contratante. Cualquier Parte Contratante podrá dar por terminado el Acuerdo, en cualquier momento después cinco años contando a partir de la fecha en que el Acuerdo entre en vigor, siempre que se haya dado aviso de la terminación a través de la vía apropiada, al menos con seis meses de antelación. En tal caso, el Acuerdo dejará de surtir sus efectos.

Por lo expuesto y en virtud de que en las disposiciones establecidas en el Convenio que nos ocupa, no se lesiona ni la soberanía nacional ni se contraviene lo establecido en nuestra Carta Magna, nos permitimos, las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, Asia-Pacífico; y Hacienda y Crédito Público, someter a la consideración de la Honorable Asamblea la aprobación del siguiente:

PROYECTO DE DECRETO

ARTICULO UNICO.- Se aprueba el ACUERDO ENTRE EL GOBIERNO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y EL GOBIERNO DE LA REGION DE ADMINISTRACION ESPECIAL DE HONG KONG DE LA REPUBLICA POPULAR CHINA PARA EVITAR LA DOBLE IMPOSICION Y PREVENIR LA EVASION FISCAL EN MATERIA DE IMPUESTOS SOBRE LA RENTA, firmado en Los Cabos, Baja California Sur, México, el dieciocho de junio de dos mil doce.

Sala de comisiones de la Honorable Cámara de Senadores, México, D.F., a 7 de noviembre de 2012.

COMISION DE RELACIONES EXTERIORES, ASIA-PACIFICO
COMISION DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO”.

En virtud de estar publicado en la Gaceta del Senado este día y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 195 de nuestro Reglamento, queda de primera lectura.

En el apartado de proposiciones, tiene la palabra el Senador Oscar Román Rosas González, del grupo parlamentario del PRI, para presentar un punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a modificar las reglas de operación del Fondo Regional, hasta por cinco minutos.





 

PROPUESTAS

- El C. Senador Oscar Román Rosas González: Con su venia, señor Presidente; Senadoras y Senadores:

De acuerdo con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE, México es uno de los países con mayor desigualdad en el mundo.

La concentración del ingreso es por demás injusta y desproporcionada, el 10% de los hogares más ricos reciben 26 veces el ingreso de los hogares más desprotegidos. Asimismo, el CONEVAL señala que el 10% de la población más pobre recibe el 1% del ingreso, mientras que el 10% más rico recibe casi el 40% del ingreso nacional.

Cabe destacar que esas desigualdades se acentúan en mayor grado en las comunidades más pobres de México, por ello, desde 2007, la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión aprobó la creación del Fondo Regional, FONREGION, para contrastar dichas adversidades en el desarrollo y mejorar los niveles de vida de la población más necesitada.

El objetivo de este Fondo es apoyar programas y proyectos de inversión en infraestructura y su equipamiento con un impacto en el desarrollo de las regiones de las 10 entidades federativas con menor Indice de Desarrollo Humano, IDH.

El desarrollo humano es definido por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo como la capacidad de las personas para ampliar sus posibilidades de elegir entre distintos tipos de vida que se consideran valiosas, creando un ambiente propició que permita a las personas disfrutar de vidas largas, saludables y creativas.

El IDH sintetiza el avance promedio de tres aspectos básicos del desarrollo humano: la salud, la educación y las oportunidades de ingreso.

Es importante mencionar que el indicador de ingreso adquiere mayor relevancia puesto que sustituye a todas las demás variables del desarrollo humano que no están incluidas en la salud y la educación. De esta manera, el Ingreso Bruto Nacional per cápita es una de las variables definitorias para que las entidades federativas con menor Indice de Desarrollo Humano accedan a los recursos del Fondo Regional.

El Producto Interno Bruto por entidad federativa, es una primera medida que nos permite saber el grado de riqueza producida por el estado. En ese sentido, el INEGI muestra que en 2010 la entidad federativa con un PIB mayor fue el Distrito Federal, Chiapas se ubicó en lugar 18, Hidalgo en el lugar 21, Michoacán en el lugar 15 y Guerrero en el lugar 23; Campeche se ubicó en el quinto lugar, con un producto equivalente a 645 mil 296 millones de pesos.

Ahora bien, si tomamos en cuenta la totalidad de las actividades económicas, con excepción de la petrolera, para el cálculo del PIB, tenemos que la actividad económica en Campeche se colapsa de manera alarmante, mientras que los indicadores de otras entidades federativas, incluyendo las que acceden al FONREGION, tienen variaciones menores.

Por lo tanto, Campeche pasaría de significar la quinta economía del país con 646,685 millones a la vigésima octava con 100,814 millones de pesos, retrocediendo 23 lugares a nivel nacional. Lo anterior, representa una reducción del 85% de su PIB estatal.

Si tomamos en cuenta que la producción petrolera es exclusiva del gobierno federal y que los usufructos de la misma son administrados y transferidos a través de diversos esquemas de coordinación fiscal, de los cuales participan las entidades federativas, tenemos que, es indebido el registro de la producción petrolera en el PIB estatal de Campeche, ya que ésta no es formalmente parte de la riqueza del estado.

Sumado a ello, oficialmente el estado de Campeche cuenta con un ingreso per cápita equivalente a 59,536 dólares, ubicado en primer lugar del país por arriba del Distrito Federal que registra un ingreso anual superior de 20,000 dólares. De acuerdo a esta estimación, el ingreso de Campeche per cápita sería superior al ingreso de países de primer mundo.

Cómo es posible que, según la Secretaría de Hacienda, diga que Campeche es más rico que Noruega con 47 mil dólares, Estados Unidos con 43 mil dólares, Alemania con 34 mil dólares o Francia con 32 mil.

Imaginemos por un momento que esta estimación fuera cierta, un ciudadano promedio de Campeche, al igual que un ciudadano noruego, gozaría de los siguientes beneficios en sociedad: primer lugar en índice de desarrollo humano, esperanza de vida superior a 81 años, 13 años de escolaridad como mínimo y acceso general a las tecnologías de la información y comunicación, y un ingreso anual equivalente a 700 mil pesos.

Sin embargo, esta comparación resulta lastimosa para la sociedad campechana, además de irrisoria y extravagante, puesto que, si como país estamos lejos de equipararnos en diversos indicadores de bienestar con los países de primer mundo, para esta entidad federativa como Campeche, con múltiples rezagos por superar, el panorama se avizora aún más lejano.

Por ello decimos: ¡basta con el trato injusto y desigual para Campeche! Que no nos contabilicen lo que nunca nos han querido dar, y por el contrario, que nos retribuyan lo que legítimamente nos corresponde.

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de este Honorable Pleno la siguiente proposición con punto de Acuerdo.

Primero.- El Senado de la República exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a modificar las reglas de operación del Fondo Regional, para establecer que el ingreso per cápita no petrolero por entidad federativa, sea el indicador de ingreso que ésta tome para el cálculo del Indice de Desarrollo Humano.

Segundo.- El Senado de la República exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que los cambios emitidos a las Reglas de Operación del Fondo Regional surtan efectos inmediatos para el ejercicio fiscal 2013.

Por su atención, muchas gracias.

Propuesta

PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA A LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO A MODIFICAR LAS REGLAS DE OPERACION DEL FONDO REGIONAL DESTINADO A LOS DIEZ ESTADOS CON EL MENOR INDICE DE DESARROLLO HUMANO DEL PAIS, PARA MEJORAR EL METODO DE DISTRIBUCION Y QUE LAS ENTIDADES PARTICIPEN CON EQUIDAD EN LA ASIGNACION DEL MISMO

“El suscrito, OSCAR ROMAN ROSAS GONZALEZ, Senador de la República a la LXII Legislatura del H. Congreso de la Unión, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como lo dispuesto por los artículos 8, numeral 1, fracción II; 76, fracción IX y, 276 del Reglamento del Senado de la República, presento ante esta Honorable Asamblea, la siguiente proposición con punto de Acuerdo de urgente y obvia resolución al tenor de la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

México es uno de los países con mayor desigualdad en el mundo, de acuerdo con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), la desigualdad social en nuestro país es la segunda más alta de las economías que integran dicho organismo. En países de la OCDE, en promedio, el ingreso del 10% de la población más rica es 9 veces más que el ingreso del 10% de la población más pobre.

En nuestro caso, la concentración del ingreso es aún mayor, el 10% de los hogares más ricos, recibe 26 veces el ingreso de los hogares más desprotegidos. Así mismo, el Coneval, señala que el 10% de la población más pobre recibe el 1% del ingreso, mientras el 10% más rico recibe casi 40% del ingreso nacional.

La desigualdad que impera, se retraduce en pobreza que lastima a 51% de la población en México; esto es, que más de 50 millones de personas carecen de dos o más satisfactores básicos: vivienda, salud, educación, servicios (agua, electricidad, alcantarillado, transporte), alimentación e ingresos.

Esta distribución errática de la riqueza, incide directamente en dos satisfactores sociales básicos para el bienestar de las personas: Salud y Educación.

En el primer indicador, la tasa de mortandad infantil es 20 descensos por cada 1,000 nacimientos, el número de camas de hospital es de 1.6 unidades por cada mil personas; tenemos 2 médicos por cada 1,000 habitantes, y lo más alarmante el 32% de la población total nacional no tiene acceso a los servicios de salud.

En el tema educativo, el gasto de este sector es de 6.9% del PIB, superior al de otros países latinoamericanos como Brasil (5.3 por ciento) y Chile (6.4 por ciento). Pero los resultados no son los esperados.

El Índice de Absorción, que para el ciclo escolar 2009-2010, muestra que de cada 100 niños egresados de primaria 4 no se inscriben en el siguiente ciclo, en tanto que 13 de cada 100 alumnos egresados de secundaria no lo hacen para nivel de bachillerato y sólo el 43 por ciento de los estudiantes inscritos en el nivel medio superior lo concluye.

La OCDE sitúa a México entre los cuatro países con menor número de estudiantes de educación superior, 2.8 millones de alumnos y de éstos sólo el 58.0 por ciento se titulan.

La SEP señala que, según cifras disponibles para 2008, de cada 27 alumnos que ingresan, 14 no continúan sus estudios debido a la situación económica que enfrentan las familias, a la distracción de los alumnos o a la falta de motivación.

Para 2010 había 41.6 millones de personas en edad escolar en México, de las cuales 32.5 millones recibieron servicios educativos: 25.6 millones de estudiantes en educación básica; 4.1 en nivel medio superior; y 2.8 millones en educación superior. Cerca de 10 millones de personas en edad escolar no reciben la cobertura educativa.

Cabe destacar que estas desigualdades, se acentúan en mayor grado en las comunidades más pobres del país, por ello desde 2007, la Cámara de Diputados del Honorable congreso de la Unión, aprobó la creación del Fondo Regional (Fonregión), para contrastar dichas adversidades en el desarrollo y mejorara los niveles de vida de la población más necesitada.

El objetivo de este fondo es apoyar programas y proyectos de inversión en infraestructura y su equipamiento, con impacto en el desarrollo de las regiones de las 10 entidades federativas con menor índice de desarrollo humano (IDH), considerando la desviación de cada una de ellas con respecto de la media nacional.

EL desarrollo humano es definido por el Programa de la Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) como la capacidad de las personas para ampliar sus posibilidades de elegir entre distintos tipos de vida que se consideren valiosas, creando un ambiente propició que permita a las personas disfrutar de vidas largas, saludables y creativas

El IDH sintetiza el avance promedio de tres aspectos básicos del desarrollo humano; la salud, la educación y las oportunidades de ingreso; el índice de salud mide el logro relativo de un país o un estado respecto a una norma internacional mínima, de 20 años de esperanza de vida al nacer, y una máxima, de 83.4;el índice de educación mide el progreso relativo de un país o un estado tomando en cuenta los años promedio de escolaridad y los años esperados de escolarización y; el índice de ingreso se incluye como sustituto de todos los demás aspectos del desarrollo humano que no están reflejados en una vida larga y saludable ni en los conocimientos adquiridos y se estima a partir del Ingreso Nacional Bruto (INB) per cápita anual en dólares.

De acuerdo con el Informe de Desarrollo Humano en México; cambios metodológicos e información para las entidades federativas”, publicado por el PNUD en 2012, la entidad federativa con el menor IDH es el estado de Chiapas con un índice de 0.6468, entre tanto, la más alta, es el Distrito Federal con 0.8367.Esto significa que la capital país, tiene un IDH 1.28 veces superior al de Chiapas, notándose una brecha de desigualdad muy importante.

Después de Chiapas, los estados con menor índice de desarrollo son: Oaxaca, Guerrero, Michoacán, Veracruz, Zacatecas, Guanajuato, Puebla, Hidalgo y San Luis Potosí. Con ello, tendríamos a los diez estados con menor IDH de acuerdo con este informe.

En el indicador de salud Quintana Roo, DF y Baja California ocupan las primeras tres posiciones en el ordenamiento nacional; Guerrero, Veracruz y Chiapas ocupan los tres últimos lugares, respectivamente.

En el indicador de educación, los estados con mayor índice de educación son el Distrito Federal, Baja California Sur y Nuevo León, mientras que Chiapas, Oaxaca y Guerrero presentan los menores niveles en este indicador.

Respecto al indicador de ingreso, el Distrito Federal, Nuevo León y Baja California son las entidades con mayores niveles de ingreso, mientras que Chiapas, Oaxaca y Guerrero ocupan las tres posiciones en el extremo opuesto del ordenamiento de entidades. El Distrito Federal tendría, en promedio, un ingreso per cápita de $20,088 dólares, mientras que un habitante de Chiapas sería de $5,308 dólares anuales

Es importante mencionar que el indicador de ingreso, adquiere mayor relevancia puesto que sustituye a todas las demás variables del desarrollo humano que no están incluidas en la salud y la educación. De esta manera, el Ingreso Bruto Nacional per cápita, es una de las variables definitorias para que las entidades federativas con el menor IDH accedan a los recursos del Fondo Regional.

El producto interno bruto por entidad federativa, es una primera medida que nos permite saber el grado de riqueza producida por estado. En este sentido, la información estadística del INEGI muestra que en 2010, la entidad federativa con un PIB mayor fue el Distrito Federal, Chiapas se ubico en lugar 18, Hidalgo en el lugar 21, Michoacán en el lugar 15 y Guerrero en el lugar 23. Campeche se ubicó en el quinto lugar, con un producto equivalente a 645 mil 296 millones de pesos.

Ahora bien, si tomamos en cuenta la totalidad de las actividades económicas, con excepción de la petrolera, para el cálculo del PIB, tenemos que la actividad económica en Campeche, se colapsa de manera alarmante, mientras que los indicadores de otras entidades federativas, incluyendo las que acceden al Fonregión, tienen variaciones menores.

Por lo tanto, Campeche pasaría de significar la quinta encomia del país con 646, 685 millones a la economía vigésima octava con 100, 814 millones de pesos, retrocediendo 23 lugares a nivel nacional. Lo anterior, representa una reducción del 85% de su PIB estatal.

En tanto, Chiapas pasaría de 236,105 a 215,935 millones; Guerrero se mantiene con 185,862 millones; Hidalgo de 195, 427 a 146,599 millones; Michoacán se mantiene con 300, 615 millones; Tabasco de 468,057 a 176, 390 millones; Oaxaca se mantiene con 196, 985 millones; Veracruz de 588,166 a 540, 878 millones; y Tlaxcala se mantiene con 67,129 millones.

Si tomamos en cuenta que la producción petrolera es exclusiva del gobierno federal y que los usufructos de misma son administrados y transferidos a través de diversos esquemas de coordinación fiscal, de los cuales participan las entidades federativas. Tenemos que, es indebido el registro de la producción petrolera en el PIB estatal de Campeche, ya que ésta no es formalmente parte de la riqueza del estado.

Sumado a ello, oficialmente el estado de Campeche cuenta con in ingreso per cápita equivalente a 59, 536 dólares, ubicando en primer lugar del país, por arriba del Distrito Federal que registra un ingreso anual promedio superior a los 20, 000 dólares. De acuerdo a esta estimación, el ingreso per cápita de Campeche, sería superior al ingreso de países de primer mundo: Noruega con 47 mil dólares, Estados unidos con 43 mil dólares, Alemania con 34 mil dólares o Francia con 32 mil dólares.

Imaginemos por un momento que esta estimación fuere cierta, un ciudadano promedio de Campeche, al igual que un ciudadano noruego, gozaría de los siguientes beneficios en sociedad: primer lugar mundial en índice de desarrollo humano, esperanza de vida superior a 81 años, 13 años de escolaridad como mínimo, acceso general a las tecnologías de la información y comunicación y, un ingreso anual equivalente a más de 700 mil pesos.

Sin embargo, esta comparación resulta lastimosa para la sociedad campechana, además de irrisoria y extravagante, puesto que, sí como país estamos lejos de equipararnos en diversos indicadores de bienestar con los países de primer mundo, para una entidad federativa como Campeche, con múltiples rezagos por superar, el panorama se avizora aún más lejano.

Por ello decimos basta; con el trato injusto y desigual para Campeche, que no nos contabilicen, lo nunca nos han querido dar, y por el contrario, que nos retribuyan lo que legítimamente nos corresponde.

Ya con los pies sobre la tierra, el PIB per cápita de los habitantes de Campeche, sin contabilizar petróleo y gas asciende a 9 757 dólares. En 2010, la media nacional per cápita fue de 10,583 dólares. Por su parte, el Banco Mundial mide a nuestro país con un INB per cápita de 9, 240. Lo anterior nos indica que el ingreso por habitante de Campeche, sin contabilizar el petróleo en el PIB per cápita, fue menor a la media nacional y, es comparable con la media estimada por el Banco Mundial en 2011.

En Campeche, al contabilizarse el ingreso petrolero como parte de la riqueza, genera una economía ficción, por esta característica es el primer lugar en ingreso nacional, sin embargo no se refleja en la economía familiar; porque la industria petrolera es una economía de enclave, no está lo suficientemente articulada a los proveedores de bienes y servicios locales, es decir con la economía local. Simplemente es extractiva.

Esta contabilidad indebida, sólo aplicable a Campeche, afecta negativamente la asignación presupuestal, y en consecuencia, el acceso a los programas de desarrollo social y de combate a la pobreza secular y extrema, tal es caso del Fondo Regional, destinado para los diez estados con el menor IDH.

Los recursos económicos asignados a este Fondo no son menores. Para el ejercicio fiscal 2012, se aprobó un moto total de 6, 443 millones de pesos. Los tres estados con menor IDH, Chiapas, Guerrero y Oaxaca, accedieron a recursos por más de 1 mil millones de pesos cada uno, mientras que los estados de Zacatecas, Veracruz y Tlaxcala recibieron 304, 499 y 350 millones de pesos, respectivamente.

Fondo Regional

6,443,050,000 (Millones de pesos)

Guerrero

1,279,050,000

Oaxaca

1,200,000,000

Chiapas

1,400,000,000

Zacatecas

304,000,000

Hidalgo

430,000,000

Michoacán

405,000,000

Nayarit

276,000,000

Puebla

350,000,000

Tlaxcala

350,000,000

Veracruz

449,000,000

Fuente: PEF-2012

Dichos recursos, representan un importante alivio para las entidades federativas con menor IDH, ya que al invertir en proyectos de alto impacto regional que doten de mejores servicios a sus habitantes, coadyuvan a reducir la brecha de desigualdad existente entre sus comunidades.

El INEGI señala que el 52% de la población en Campeche vive en situación de pobreza y el CONEVAL aduce que en 2007 la pobreza patrimonial fue del 51.4%, la pobreza de capacidades 27.3% y la pobreza alimentaria del 20%.Por lo tanto, en ningún momento se ve reflejado el alto ingreso per cápita que detenta Campeche en las cuentas nacionales.

En conclusión, se debe valorar la utilización del ingreso per cápita no petrolero como indicador para el cálculo y asignación de los recursos de combate a la pobreza y no el ingreso per cápita que contabiliza al petróleo y gas, ya que este último no refleja el ingreso real de la población, afectando particularmente al estado de Campeche.

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de este Honorable Pleno la siguiente proposición con:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO. El Senado de la República exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a Modificar las Reglas de Operación del Fondo Regional, para establecer que el ingreso per cápita no petrolero por entidad federativa, sea el indicador de ingreso que ésta tome para el cálculo del Índice de Desarrollo Humano.

SEGUNDO. El Senado de la República exhorta a la Secretaria de Hacienda y Crédito Público para que los cambios emitidos a las Reglas de Operación del Fondo Regional surtan efectos inmediatos para el ejercicio fiscal 2013.

Senado de la República, a 22 de noviembre de 2012.

Sen. Oscar Román Rosas González”.

- El C. Presidente Sánchez Jiménez: Gracias, Senador Rosas González. Como ha sido solicitado y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 109 y 110 de nuestro Reglamento, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si el anterior punto se considera de urgente resolución.

- La C. Secretaria Barrera Tapia: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si el anterior asunto se considera de urgente resolución y se pone a discusión de inmediato. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se considera de urgente resolución, señor Presidente.

- El C. Presidente Sánchez Jiménez: En consecuencia, está a discusión la propuesta. Para posicionar en contra, se concede el uso de la palabra a la Senadora Lorena Cuéllar.

- La C. Senadora Lorena Cuéllar Cisneros: Gracias, señor Presidente.

El Senado de la República exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a modificar las reglas de operación del Fondo Regional, para establecer que el ingreso per cápita no petróleo por entidad federativa, sea el indicador de ingreso que ésta tome para el cálculo del Indice de Desarrollo Humano.

El artículo 46 del Presupuesto de Egresos de la Federación de 2012, señala que el Fondo Regional tiene por objeto apoyar a diez entidades federativas con menor Indice de Desarrollo Humano, respecto del índice nacional, a través de programas y proyectos de inversión destinados a mantener e incrementar el capital físico o la capacidad productiva, o ambos, así como para impulsar el desarrollo regional equilibrado mediante infraestructura pública y su equipamiento.

El desarrollo humano, también preciso, mide las oportunidades de los individuos para gozar de una vida larga y saludable, para acceder a conocimientos individual y socialmente útiles y para obtener medios suficientes para involucrarse y decidir sobre su entorno. Su medición se realiza a partir de indicadores de salud, educación e ingreso, los cuales integran el Indice de Desarrollo Humano.

Sin embargo, recientemente se introdujo en el Informe Mundial sobre Desarrollo Humano 2010, una nueva metodología para su cálculo que refina las dimensiones de educación e ingreso, ajusta los referentes internacionales de todos sus variables y la manera en que estas se sintetizan.

Y con relación al exhorto en comento a la Secretaría de Hacienda de modificar las reglas de operación del Fondo Regional para establecer que el ingreso per cápita no petrolero por entidad federativa sea el indicar de ingreso, que este tome por el cálculo del Indice del Desarrollo Humano, permítanme solo decir lo siguiente:

El ingreso per cápita es aquel que mide la totalidad de los ingresos de las personas sin importar de dónde venga o cómo se ha comprendido, ya sea petrolero o no, y eso determina, junto con los otros indicadores, el índice promedio de desarrollo humano de una entidad federativa.

De manera que pedir o proponer que se cambien las reglas de operación para considerar sólo una parte del ingreso total per cápita, es una proposición que no abona a los principios de equidad y justicia social para todos los estados, incluyendo a los que actualmente ya son beneficiados en el Presupuesto de Egresos, entre ellos Tlaxcala, el estado que represento.

Es cuanto, señor Presidente.

(Aplausos)

PRESIDENCIA DEL C. SENADOR
JOSE ROSAS AISPURO TORRES

- El C. Presidente José Rosas Aispuro Torres: Gracias, Senadora Cuéllar Cisneros.

Para posicionar en pro del punto de Acuerdo, se concede la palabra al Senador Zoé Robledo Aburto, del grupo parlamentario del PRD.

- El C. Senador Zoé Robledo Aburto: Con su permiso, señor Presidente.

Y quisiera hacer una propuesta, más que expresar mi voto a favor, para ponerla a discusión de esta Asamblea.

Creo que sin duda el planteamiento que está haciendo el Senador Oscar Román Rosas González, manifiesta esta visión puntual de la situación que vive el estado de Campeche, y eso podría ser suficiente para solidarizarnos con su población. Sin embargo, creo que es muy importante que revisemos algunos otros elementos adicionales.

Efectivamente, cuando se creó con FONREGION, se buscó apoyar económicamente a las diez entidades del país que se encontraran en un mayor grado de desviación con respecto a la media nacional del Indice de Desarrollo Humano. Esto estaba planteado como un intento por reducir la enorme brecha que existe entre los estados de mayor y de menor desarrollo en nuestro país.

Por los elementos y argumentos que presenta el Senador Rosas González, se desprende de la intención de sumar a estas entidades al estado de Campeche, lo cual puede llegar a ser legítimo. Pero en este orden de ideas, la visión de una nueva entidad va a significar necesariamente la exclusión de otra que previamente y bajo los criterios actuales goza del beneficio del FONREGION, según se va midiendo año con año el Indice de Desarrollo Humano.

Asimismo, creo que es muy importante que señalemos, que tengamos muy claro, que el instrumento que se utiliza para medir el Indice de Desarrollo Humano es un instrumento internacional que lo calcula las Naciones Unidas a través de su Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo.

Esto posibilita la realización de comparativos internacionales y permite también una distribución de recursos sin politizaciones o partidizaciones de ninguna manera.

El FONREGION es un mecanismo que intenta compensar a los estados con menor Indice de Desarrollo Humano en el país y atiende a un espíritu federalista que apoyamos, pero que hay que decirlo, resulta siempre claramente insuficiente.

Creo y quisiera expresar que el desarrollo de las regiones menos favorecidas, particularmente las del sur-sureste, demanda una política deliberada de inversiones y promoción de su potencialidad, de reconocimiento a las enormes aportaciones que hace al desarrollo nacional en materia de generación de recursos naturales, como agua, aire, petróleo, también, por supuesto, gas natural, energía hidroeléctrica, biodiversidad y de muchas otras materias. Incluso como de identidad nacional.

Por lo menos así lo entendemos desde Chiapas y esa ha sido una causa de muchos años y de muchos chiapanecos.

Por eso, desde 2007 que se creó FONREGION, lo consideramos como un programa y una política deliberada y con un muy buen primer intento en esta dirección.

La solución de fondo está en hacer crecer la economía del sur-sureste a ritmos y tasas comparables con la de los estados más desarrollados del país, con inversiones, incentivos adecuados, todo lo que se necesita para que la riqueza surja de ahí mismo, de cada estado, de cada municipio y no como concesión necesariamente del presupuesto federal.

Entendemos, sin duda, la posición de Campeche, ya que un solo criterio, en este caso el de incluir el PIB estatal de los ingresos petroleros, pues expresa una realidad contable y distinta a la realidad social, y eso lo entendemos claramente.

Sin embargo, tampoco podemos omitir que la actividad petrolera arroja múltiples beneficios directos e indirectos a la propia economía de ese estado y le provee también de otras oportunidades que en otros estados pobres del país no existen, como en el caso de Guerrero, Oaxaca, Nayarit, San Luis Potosí o incluso Chiapas, como ya se ha mencionado.

Estamos nosotros conscientes que no se podría en justicia equipar los ingresos petroleros como sinónimo de beneficios económicos y sociales. Pero tampoco podemos en la misma justicia, dejarlos completamente de lado como si no fueran un factor, aunque en una proporción menor de beneficios económicos y sociales para las entidades con producción y exportación de petróleo.

Por ese motivo creo que en la bancada del PRD sin duda apoyamos la intención de mejorar el método de distribución para que sea más equitativo en la asignación de recursos, pero sin alejarnos de los criterios aceptados actualmente y que son validados internacionalmente.

Creo que la disputa aquí no debe de ser por los recursos limitados del FONREGION, sino por opciones de desarrollo de mucho más alcance para desarrollar y potencializar la riqueza de nuestros estados y que esto se traduzca en un mayor beneficio social, dadas las condiciones tan lastimosas que viven estos estados a los que se ha hecho referencia.

Por eso, la petición sería al Senador Oscar Román Rosas González, de poder modificar el punto de Acuerdo para que se plantee incrementar los recursos del FONREGION, sin duda si esto lo permite así, que se incluyan a otros estados, incluso a un onceavo estado, para que todas estas entidades que pudieran recibir estos beneficios lo hagan, pero sin excluir a ninguna de las poblaciones que hoy, de acuerdo con esta medición internacional, son quienes son recipiendarios de este beneficio del FONREGION.

Es cuanto, señor Presidente.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, Senador Robledo Aburto.

Para hablar sobre el mismo asunto, se concede el uso de la palabra al Senador Jorge Luis Lavalle Maury, del grupo parlamentario del PAN, en pro del punto de Acuerdo.

- El C. Senador Jorge Luis Lavalle Maury: Gracias, señor Presidente; compañeras y compañeros Senadores:

No solamente estoy a favor de este punto que presenta hoy el Senador Rosas González, sino que además aborda un tema de especial importancia respecto de las finanzas públicas y desarrollo económico del estado de Campeche, que están determinadas por lo que mucho significa para el país, la extracción de petróleo que se hace en esa entidad, hoy en día representa el 65 por ciento de la producción total de nuestro país.

Esta circunstancia no ha favorecido las finanzas de Campeche, a pesar de que en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2012 se consideró una compensación económica por ello, misma que hasta ahora no ha resultado proporcional con el gran aporte que hace Campeche a la economía nacional y, sobre todo, con las implicaciones negativas que ello ha traído para la economía local de este estado.

En efecto, al depender la economía de Campeche en un 85 por ciento de la producción petrolera, provoca que el resto de las actividades económicas que no están relacionadas con el petróleo no sean productivas y que, en consecuencia, exista desigualdad, pobreza y bajo Indice de Desarrollo Humano.

Los indicadores de pobreza en Campeche son elevados, cerca del 50 por ciento de la población se encuentra en esta condición, y eso, desde esta Cámara de Senadores, debemos de resarcir.

En virtud de que, como ya lo señalé en otra intervención, el estado de Campeche es pilar de nuestra economía nacional y esto no se está reflejando en la economía de sus ciudadanos.

Entonces, como lo expone el Senador Rosas González, es menester exhortar a las instancias correspondientes para que Campeche pueda acceder al Fondo Regional y esto permita al gobierno del estado tener más recursos para fortalecer la infraestructura y equipamiento de los programas sociales diseñados para disminuir la pobreza y las carencias sociales de la población campechana.

El Fondo Regional se asigna para los 10 estados con menor Indice de Desarrollo Humano en nuestro país, tal como lo comentaba el Senador.

Y como sabemos, este índice está diseñado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, que a grandes rasgos dimensiona el nivel de vida de los ciudadanos que habitan en un país o estado, y se basan principalmente en tres parámetros, estos son: salud, que se mide de acuerdo a la esperanza de vida al nacer; educación, que sostiene por los años de duración de la educación obligatoria, la tasa de alfabetización de adultos, y el número de estudiantes en cada uno de los niveles educativos; y, por último, la riqueza, que se estima precisamente por el Producto Interno Bruto per cápita.

De tal suerte que el Indice de Desarrollo Humano que hasta ahora se ha estimado para Campeche no es del todo objetivo, en virtud de que en el cálculo del PIB per cápita se consideran los recursos provenientes del petróleo, los cuales en ningún momento permanecen en la entidad, sino que éstos son canalizados íntegramente a la Federación.

Por tanto, si bien no podemos modificar la metodología del Indice de Desarrollo Humano, sí podemos hacer, además de lo que propone el Senador Oscar Rosas, un exhorto a la Cámara de Diputados para que se considere de manera especial al estado de Campeche en la asignación del Fondo Regional, en virtud de que si no se contemplan los recursos petroleros en la estimación del Producto Interno Bruto de la entidad, éste disminuiría al menos en un 85 por ciento.

Por eso quisiera pedir al Senador Rosas González, con mucho respeto, si me permite, primero, adherirme a su punto de Acuerdo, y de ser así, si me concedería el proponerle como adición un tercer punto, correspondiente al presentado.

PRESIDENCIA DEL C. SENADOR
LUIS SANCHEZ JIMENEZ

- El C. Presidente Luis Sánchez Jiménez: Adelante, Senador.

- El C. Senador Oscar Román Rosas González: (Desde su escaño) Si, adelante, Senador Jorge Lavalle, con gusto.

- El C. Senador Jorge Luis Lavalle Maury: El punto quedaría así:

Tercero.- El Senado de la República exhorta a la Honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión a que en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2013, considere de manera especial al estado de Campeche en la asignación del Fondo Regional, toda vez que los lineamientos de la aplicación de los recursos del FONREGION consideran un indicador basado en los ingresos petroleros, mismos que pertenecen a la Federación y no repercuten en la economía del estado.

Ese sería el tercer punto propuesto, Senador.

- El C. Presidente Sánchez Jiménez: Muchas gracias, Senador Lavalle Maury. Vamos a darle curso a los oradores que tenemos.

Se concede el uso de la tribuna a la Senadora Diva Hadamira Gastélum Bajo, del grupo parlamentario del PRI, en pro de la propuesta.

- La C. Senadora Diva Hadamira Gastélum Bajo: Con su permiso, señor Presidente; compañeras y compañeros Senadores:

Creo que es importante que más que un discurso político podamos agregar algunos datos duros a la propuesta que ha hecho el Senador Rosas González. Y solamente me limitaré a hacer esta aportación, porque considero que es viable que podamos revisar el caso Campeche.

La importancia del Fondo Regional radica en que es un programa para proyectos de inversión en infraestructura y equipamiento con un impacto en el desarrollo de las regiones de 10 entidades federativas con menor Indice de Desarrollo Humano.

El Indice de Desarrollo Humano sintetiza el avance de tres aspectos básicos: la salud, la educación, las oportunidades de ingreso y, en este sentido, la entidad federativa con el menor índice es Chiapas, con el 0.6.

Después de Chiapas, los estados con menor Indice de Desarrollo Humano son Oaxaca, Guerrero, Michoacán, Veracruz, Zacatecas, Guanajuato, Puebla, Hidalgo y San Luis Potosí.

Quintana Roo, el DF y Baja California ocupan las primeras posiciones con mayor Indice de Desarrollo Humano.

De acuerdo a los datos del INEGI en el 2010, la entidad federativa con un Producto Interno Bruto mayor fue el Distrito Federal; luego Campeche se ubicó en el quinto lugar con un producto equivalente a 645,296 millones de pesos.

Sin embargo, se le descontaron a las actividades del petróleo, y retrocedió 23 lugares a nivel nacional, debido a la reducción del 85 por ciento de su Producto Interno Bruto estatal.

El INEGI señala que el 52 por ciento de la población en Campeche vive en situación de pobreza, y el CONEVAL aduce que en el 2007 la pobreza patrimonial fue del 51.4 por ciento, por tanto, en ningún momento se ve reflejado el alto ingreso per cápita que detenta Campeche en las cuentas nacionales.

Por lo tanto, el grupo parlamentario del PRI de manera personal estamos pidiendo que realmente se modifiquen las reglas de operación del Fondo Regional para establecer que el ingreso per cápita no petrolero por entidad federativa sea el indicador del ingreso, que esto se tome para el cálculo del Indice de Desarrollo Humano y sea considerado para el ejercicio fiscal 2013.

Es todo, señor Presidente.

- El C. Presidente Sánchez Jiménez: Gracias, Senadora Gastélum Bajo.

Se concede el uso de la tribuna al Senador Angel Benjamín Robles Montoya, para rectificación de hechos.

- El C. Senador Angel Benjamín Robles Montoya: Muchas gracias, compañeras y compañeros Senadores; señor Presidente:

Por supuesto que el tema que ha venido a plantearle al Pleno el Senador Rosas González es muy importante, sin embargo, debo decir con mucho respeto que no estamos de acuerdo en la redacción original contenida en la propuesta que hace el compañero Oscar Román Rosas González, de exhortar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que se modifiquen las reglas de operación del Fondo Regional.

Y no estamos de acuerdo, porque sentimos que se están obviando algunos factores importantes que esta Soberanía debe tomar en cuenta.

¿A qué me refiero?

Ante los nulos resultados en materia de combate a la pobreza donde vemos que las zonas más marginadas del país, más allá de mejorar sus condiciones socioeconómicas se siguen viendo azotadas por el lastre de la miseria, resulta evidente la necesidad, como se plantea, de revaluar los criterios para la asignación del presupuesto en materia de desarrollo social y de combate a la pobreza.

Sí, pero para beneficiar a los estados más afectados, y no para premiar a otras entidades que de por sí reciben ya recursos cuantiosos.

Campeche, compañeras y compañeros Senadores, tiene acceso a dos fondos especiales que son parte del Ramo 28; el Fondo de Extracción de Hidrocarburos, en ese fondo ha recibido de 2008 a octubre de 2012, 8,065 millones de pesos.

Otros estados también reciben parte de estos recursos, son Tabasco, Veracruz y Chiapas, pero la suma de estos tres estados no alcanza ni siquiera la cuarta parte de los recursos que recibe Campeche.

Por el Fondo de Derecho Adicional sobre la Extracción de Petróleos, Campeche ha recibido de enero de 2006 a octubre de 2012, otros 1,340 millones de pesos; los otros estados que reciben estos fondos también son Tabasco y Veracruz, pero la suma de estos dos ni siquiera llega a la quinta parte de los recursos que recibe Campeche.

Por supuesto, lo queremos subrayar, que entendemos las necesidades de Campeche, deben ser muy importantes y por eso nosotros no podemos decir que no lo entendemos, pero lo que sí queremos que comprenda el compañero Senador Oscar Román Rosas González, es que los recursos de FONREGION son de por sí exiguos y son insuficientes ante la realidad de estados como Chiapas, como Guerrero, como Oaxaca.

Sí estamos por aumentar la redacción de este resolutivo, ya que las adecuaciones que aquí se proponen y de mantenerlas intactas, sólo lograrían que los recursos se dividieran entre más estados afectando a las entidades más pobres del país.

Sabemos que el proponente busca lo mejor para su estado, para su tierra, y eso no sólo es entendible, incluso es encomiable, pero le queremos recordar muy respetuosamente que este fondo tiene como objetivo población-meta a comunidades que son las más marginadas de la nación, y lo que usted propone, señor Senador, afectaría el fin último de dicho fondo.

Consideramos, señor Presidente, que esta Soberanía, de aprobar el punto de Acuerdo como se nos presenta, debiese considerar entonces también un aumento considerable al monto de dicho fondo para no desproteger a los estados más necesitados que además deben ser considerados como de atención prioritaria.

Es decir, si se va a aumentar el número de estados beneficiados por FONREGION, pues entonces también que aumenten los fondos para que los estados que reciben ya este apoyo, lejos de verse afectados, también se vean beneficiados.

Y es que de actuar de otra forma, compañeras y compañeros Senadores, significaría olvidar a los más necesitados y eso lo quiero subrayar antes de que este Pleno tome una decisión sobre el particular.

Es cuanto, señor Presidente.

- El C. Presidente Sánchez Jiménez: Muchas gracias, Senador Benjamín Robles.

Solicito a la Secretaría dé lectura a la propuesta de modificación entregada a esta Mesa Directiva por el Senador Zoé Robledo.

Sí, Senador Mayans Canabal.

- El C. Senador Humberto Domingo Mayans Canabal: (Desde su escaño) Para rectificación de hechos.

- El C. Presidente Sánchez Jiménez: Adelante, Senador.

- El C. Senador Humberto Domingo Mayans Canabal: Gracias, señor Presidente.

Simplemente para precisar que la situación del estado de Tabasco es idéntica a la situación del estado de Campeche, al igual que el estado de Campeche, la incorporación de la variable del concepto de minería en el PIB nos elimina a las zonas marginadas del estado de Tabasco; Tabasco tiene comunidades con igual nivel de marginación, calificadas igual por la Organización de Naciones Unidas, que Oaxaca, Chiapas o Guerrero, el tema es que al modificar el PIB, al incorporar la variable minería del petróleo, que efectivamente funciona como aquí se ha dicho por el Senador Rosas González, como un enclave en el estado de Campeche y Tabasco donde extrae toda la riqueza y no queda casi nada en Tabasco y en Campeche, que son los productores más importantes de petróleo y de gas del país, pues nos excluyeron de los beneficios en las zonas más marginadas de dicho estado, por ejemplo, el municipio de Tacotalpa o el municipio de Jonuta en Tabasco, quedaron excluidos de todos estos beneficios.

Y se cambiaron también las reglas de operación del Fondo de Extracción de Hidrocarburos y los derechos del Fondo Adicional por la Extracción de Petróleo.

Por otra parte, se cambió también desde el 2008 la Ley de Coordinación Fiscal, el estado que más perjuicio sufrió por estos cambios en las reglas de operación de los fondos y de las reglas de operación de la Ley de Coordinación Fiscal fue Tabasco; Tabasco de 2008 al 2012 ha perdido 10 mil 500 millones de pesos, ha dejado de percibir 10 mil 500 millones de pesos y la tendencia es que va a continuar perdiendo en este siguiente sexenio entre mil 500 y 2000 millones de pesos por año por estas razones.

Entonces, es necesario revisar las reglas de operación de estos fondos y es necesario también cambiar la Ley de Coordinación Fiscal pensando en un federalismo que realmente fortalezca a todos los estados del país por el centralismo que se dio en las reglas de operación de estos fondos y la manera en que ha venido funcionando PEMEX como un enclave, sobre todo en los estados petroleros.

Pero el tema no tiene por qué dividirnos y enfrentarnos, no tenemos por qué dividirnos y enfrentarnos los estados del sur-sureste.

Yo por eso haría una reflexión de fondo.

En el tema del sur-sureste es el olvido en que lo ha tenido la Federación por muchos decenios y no lo podemos seguir permitiendo, nosotros tenemos que repensar el sur-sureste dentro de una lógica de desarrollo regional con solidaridad para todos los estados que integran el sur-sureste y no solamente para 10 estados que sólo se están viendo beneficiados en estos momentos por estos fondos, sino plantearlo de manera regional, integral y desde esa lógica es que lo tenemos que plantear.

Por eso yo presenté una iniciativa de ley donde se va a crear un fondo en el presupuesto 2013 para favorecer a los municipios fronterizos, para que cuenten con la infraestructura física necesaria para su desarrollo económico, social y político.

El TLC ha generado grandes beneficios para el país, el TLC ha significado un incremento en las importaciones notables y en la captación de divisas, desde mi punto de vista ha sido un éxito, pero los beneficios del Tratado de Libre Comercio se han distribuido fundamentalmente en el norte y en el centro industrial del país y no en el sur-sureste, y los estudios que se han hecho por los expertos en comercio internacional que han analizado al TLC o el NAFTA por sus siglas en inglés, han concluido que la falta de competitividad del sur-sureste y de la frontera sur tiene que ver sobre todo con la falta de infraestructura moderna, competitiva, es decir, el sur-sureste no cuenta ni con las carreteras, ni con los puertos, ni con el ferrocarril, ni con los parques industriales, ni con la política fiscal que estimule que ahí lleguen las inversiones, y que haya la generación de empleos y la productividad y la competitividad que requiere el mundo moderno, el mundo global, la mundialización de la economía en la que estamos insertos todos.

Por lo tanto, en el planteamiento, el Pacto por México que ha hecho el Presidente Peña Nieto va en ese sentido, uno de los trece puntos clave del Presidente Peña Nieto, de sus trece propuestas y del Pacto por México que firmaron todos los partidos políticos, las tres principales fuerzas políticas del país, contempla el desarrollo del sur-sureste, la creación de la infraestructura moderna que necesita el sur-sureste, la frontera sur, para convertirse en una región competitiva a nivel nacional y a nivel global.

Por eso yo creo que ese tema no debe ser de enfrentamiento ni de disputa entre los estados del sur-sureste, por el contrario, es un reto para coordinarnos y que todos los estados del sur-sureste junto con la Federación planteen una estrategia de desarrollo regional y la construcción de la infraestructura física que requiere el sur-sureste para ponerse a tiempo con los tiempos que vive el país en sus otras regiones y con los tiempos que está viviendo el mundo.

Tabasco tiene que participar en ello y nosotros no podemos, los tabasqueños, permitir que se nos excluya de estos acuerdos.

Es cuanto, señor Presidente, muchas gracias.

- El C. Presidente Sánchez Jiménez: Gracias, Senador Mayans Canabal.

Se concede el uso de la tribuna al Senador Armando Ríos Piter.

- El C. Senador Armando Ríos Piter: Con su permiso, señor Presidente; compañeras y compañeros Senadores:

Sin duda alguna este es un tema de la mayor importancia y creo que lo que deja en claro, es que aquí en el Senado de la República estamos en la obligación, pero sobre todo en la gran oportunidad, de tener un diagnóstico común, un diagnóstico compartido.

Yo celebro, y lo digo en la mejor de las condiciones, que los compañeros del estado de Campeche hagan un planteamiento en la intención de incrementar los recursos para un estado hermano, un estado que aporta una importante cantidad de recursos para el desarrollo nacional, pero creo que sería preocupante que la lógica de nuestro diálogo político sea buscar jalarle más recursos a un estado, descobijando a otro.

Se ha dicho, y yo comparto con el Senador Mayans Canabal, que la problemática de los estados que tienen un índice de desarrollo en condiciones realmente magras, en condiciones realmente bajas, necesitan un enorme e importante impulso, y en ese contexto habemos varios Senadores de todos los grupos parlamentarios, del PAN, del PRI, de todos los que estamos aquí presentes, que sabemos que el sur-sureste requiere un pacto específico en términos de atención; y en el sur-sureste está Campeche, pero también está Chiapas, están los compañeros oaxaqueños, está Guerrero, está una importante cantidad de estados que lo que requieren de nosotros es, primero que nada, que tengamos un diagnóstico compartido.

¿Cuál es la problemática de la pobreza, pero al mismo tiempo qué es lo que se le está aportando para la parte del desarrollo nacional? Ahí sin duda alguna Tabasco y Campeche tienen una voz importante, tienen una voz firme y obviamente un planteamiento que es el que estamos discutiendo hoy.

Pero cómo le vamos a negar a Chiapas la aportación que le hace a este país en temas que ni siquiera son cuantificables, como la parte de la biomasa, o la parte de la riqueza ambiental, o cómo le vamos a restar a un estado como Oaxaca lo mismo, siendo que es el estado que mayor biodiversidad aporta.

Lo que quiero decirles, compañeras y compañeros, es que tenemos que elevar la dimensión de la discusión para garantizar que el sur-sureste verdaderamente tenga una propuesta de desarrollo, que no nos estemos peleando, compañeras y compañeros, para ver qué estado es más pobre, y entonces cómo le jalamos a otros de los compañeros que sea el noveno, el décimo en pobreza, cómo le jalamos más recursos.

Me parece que las Senadoras y los Senadores estamos en una enorme oportunidad, primero que nada de establecer un diagnóstico compartido. De tal manera, señor Presidente, que a reserva de las propuestas que se están discutiendo por parte de los compañeros, me parece que hay que verlo en esta dimensión.

Que el Senado de la República pueda conformar un punto de Acuerdo como el que estamos discutiendo, en el que no se lastime la cantidad de recursos que se tienen asignados actualmente a los estados, a los 10 estados que componen el FONREGION, que se incluya Campeche en esta lógica de discusión, pero que esto a lo que nos lleve es a un diagnóstico común de dónde están las ventanas de oportunidad, dónde están las aportaciones, dónde están las debilidades en términos de crecimiento, y que hagamos un gran pacto por el sur, no solamente un punto de Acuerdo.

Que hagamos un gran planteamiento como el que ya se empezó a discutir el domingo pasado, pero que nos permita, obviamente, discutir infraestructura, que nos permita discutir cuál es la condición de los pueblos indios de nuestros estados, cuál es la condición de la problemática de seguridad y cómo le vamos a meter recursos, de tal manera, compañeras y compañeros, que estando de acuerdo con el punto de Acuerdo que hacen los compañeros Senadores de Campeche, tenemos que garantizar que en este punto de Acuerdo se establezca una mesa de trabajo que garantice un diagnóstico común en los próximos días, ¿para qué, compañeras y compañeros? Para que este Senado de la República le envíe a los compañeros de la Colegisladora, que ya van a empezar a pensar en el tema del presupuesto, y para que juntos hagamos una amalgama en la discusión del paquete fiscal, especialmente en la discusión de la Ley de Ingresos para que esta visión quede incluida, porque si no corremos el riesgo de que la gran discusión del sur-sureste, solamente quede en un tema de punto de Acuerdo.

Necesitamos garantizar que para el Presupuesto de Egresos de 2013, esta visión, que es la visión del sur-sureste, quede incluida en materia presupuestal.

Es cuanto, señor Presidente.

(Aplausos)

- El C. Presidente Sánchez Jiménez: Muchas gracias, Senador Ríos Piter.

Compañeras y compañeros Senadores, esta Mesa quiere hacerles una propuesta, debido al gran interés que ha suscitado el tema, la trascendencia, si se pudiera replantear para la próxima sesión. Pero, adelante, Senador Albores Gleason.

- El C. Senador Roberto Albores Gleason: Muchas gracias, señor Presidente; compañeras y compañeros Senadores:

Sin duda yo creo que no solamente en los estados del sur-sureste comparten la visión, sino todos los estados de la República Mexicana, de que tenemos que acortar la brecha entre entidades ricas, entidades medianas y entre entidades pobres.

Un país no puede caminar si no es de forma solidaria, un país no puede crecer de forma importante en el norte del país, o en el centro, generar los empleos y verse en regiones disminuido en pobreza, marginación y rezago.

El eje sur-sureste lleva ya mucho tiempo en la política pública mexicana, queremos tener políticas públicas diferenciadas de diversas índoles para que nuestras entidades federativas crezcan más, para que se instalen empresas, para que se genere la infraestructura adecuada y para que le demos mejores condiciones de vida.

El Fondo Regional, que fue una gran iniciativa, que tiene en el fondo esta lógica de acortar la brecha y dar mejores oportunidades de desarrollo, es un avance, sin duda no es lo que esperamos la gente del sur, y nos hemos estado aquí debatiendo algunos minutos, o ya quizá más de una hora de este fondo que es importante, pero requerimos muchos más, y nos hemos estado aquí peleando entre entidades hermanas la fórmula de distribución.

Bajo ningún motivo, y creo que hemos acordado todos, no podemos estar de acuerdo a que ningún estado pierda recursos, también estamos totalmente de acuerdo en el punto de Acuerdo que da el Senador Rosas González, no es posible que por algunas fórmulas petroleras, estados que tienen una gran marginación y rezago, no se les identifique como pobres o rezagados.

Por lo pronto, nosotros hemos estado platicando entre todos los Senadores de diversos partidos, y le solicitamos al Senador Rosas González lo siguiente, para que no entremos en una dinámica de quién gane y quién pierde, sino más bien aprovechar este punto de Acuerdo para que todas las entidades federativas del sur-sureste, ganemos desde el presupuesto 2013.

Y lo siguiente sería que retiráramos este punto de Acuerdo para la próxima sesión, como dice nuestro amigo el Senador Ríos Piter y el Senador Zoé Robledo, analicemos una propuesta adecuada del Indice de Desarrollo Humano, y en esta propuesta y en este punto de Acuerdo, también exijamos que crezca la bolsa de FONREGION, desafortunadamente este fondo se ha vuelto el único fondo que luego las entidades federativas pueden hacer uso para cumplir con muchísimas demandas que tienen.

Entonces, crecer la bolsa, analizar el Indice de Desarrollo Humano para que no queden fuera estados como Campeche y Tabasco, y volverlo a plantear en la próxima sesión. Esa sería la propuesta, Senador Rosas González, y me gustaría terminar diciendo: que tomando la palabra de algunos Senadores que me antecedieron, que debemos de aprovechar el Pacto por México que trae un apartado específico para las políticas públicas del sur-sureste, y presentar iniciativas tanto en el índole de pobreza y marginación, pero también en el índole de instalación de empresas de generación de empleos y de generación de producción.

Muchísimas gracias.

(Aplausos)

- El C. Presidente Sánchez Jiménez: Gracias, Senador Albores Gleason. Preguntamos al Senador Oscar Rosas su opinión.

- El C. Senador Oscar Román Rosas González: (Desde su escaño) Primero, para agradecer y significar la sensibilidad de los compañeros Senadores de diferentes entidades, que hayan abordado durante, efectivamente, más de una hora el tema de Campeche, que no es un tema menor, los argumentos que hoy subí en tribuna son con datos muy duros. Campeche, según el ingreso per cápita, somos más ricos que Noruega, somos más ricos que todos los países europeos, cuando es una enorme irrealidad; Campeche es un estado tan pobre como muchos del sur-sureste, y por eso el día de hoy subí esta propuesta para que se sensibilice el Senado de la República y apoyen una propuesta viable, donde ninguna entidad se excluya, que todas puedan participar de los beneficios de este fondo.

Y yo creo que sumándome a las propuestas y reiteradas peticiones, retiraré el punto de Acuerdo para replantearlo, hacer uno con todas las ideas que aquí hemos escuchado, pero ante todo, no olviden: el estado de Campeche es tan pobre como Chiapas, Oaxaca y Guerrero, que necesita el apoyo del Senado de la República y de todos los mexicanos, y aún así, de significar que el estado de Campeche le ha dado mucha riqueza a México a través de su extracción, pero no se ve en las comunidades campechanas.

Por eso agradezco mucho este debate, donde se sumaron todos, y con mucha madurez voy a volver a presentar, con el consenso de todos, una propuesta seria donde no quede excluida ninguna entidad que necesita el apoyo y la mano de todos.

Muchas gracias.

(Aplausos)

- El C. Presidente Sánchez Jiménez: Le agradecemos, Senador Rosas González.

- El C. Senador Fernando Enrique Mayans Canabal: (Desde su escaño)Pido la palabra, señor Presidente.

- El C. Presidente Sánchez Jiménez: Senador Mayans Canabal, dígame, ¿con qué objeto?

- El C. Senador Fernando Enrique Mayans Canabal: (Desde su escaño)Para hechos.

- El C. Presidente Sánchez Jiménez: Tiene usted el uso de la tribuna, Senador.

- El C. Senador Fernando Enrique Mayans Canabal: Bueno, ya el compañero Rosas González retiró el punto de Acuerdo.

Sin embargo, nada más para recordar a la Asamblea, que en el 2007 la reforma fiscal de Felipe Calderón retira el petróleo del Producto Interno Bruto de los estados.

En esa ocasión nos tocó presentar una iniciativa en la Cámara de Diputados, trabajada con varias instituciones muy serias donde analizamos el Indice de Desarrollo Humano, precisamente y, para que tengan claridad, obviamente en ese entonces el PAN apoyó la iniciativa de Felipe Calderón.

Sin embargo, el ejemplo de Tabasco, por ejemplo, el PIB tabasqueño es igual al PIB de Aguascalientes, que no hay petróleo.

Entonces, nos lleva a la conclusión de que Campeche, Tabasco y los estados que tienen petróleo, que sufrimos el alto costo de la vida en esos estados: en la comida, en las rentas de vivienda, y por supuesto la contaminación del medio ambiente por la extracción del petróleo y todo lo que implica la extracción del crudo, pues, el trato es desigual en ese sentido.

Por supuesto estamos en el ánimo de que todos tengamos el mismo trato, pero bueno, si hay estados favorecidos con el petróleo, que le dan esa palanca, ese apoyo al país, con gas, con petróleo y sin embargo vemos que el dinero y el trato que se le da a Tabasco y al sur-sureste donde está el gas, el petróleo, la riqueza de este país, pues es desigual.

Es cuanto, señor Presidente, y qué bueno que haya retirado el punto de Acuerdo, compañero Rosas González, y hay que trabajarlo por Campeche, por Tabasco y por todo México.

Muchas gracias.

(Aplausos)

- El C. Presidente Sánchez Jiménez: Gracias, Senador Mayans Canabal.

Se ha retirado por parte del proponente, el Senador Rosas González, la proposición.

Continuamos.

Se recibió de la Senadora Laura Angélica Rosas Hernández, y otros Senadores integrantes de la Comisión de Anticorrupción y Participación Ciudadana, un punto de Acuerdo que exhorta a la Junta de Coordinación Política a modificar la denominación de esa comisión, y que quede como Comisión Anticorrupción, Transparencia, Rendición de Cuentas y Participación Ciudadana, el cual se turna a la Junta de Coordinación Política.

PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA A LA JUNTA DE COORDINACION POLITICA A MODIFICAR LA DENOMINACION DEL NOMBRE ESA COMISION PARA QUE QUEDE COMO “COMISION ANTICORRUPCION, TRANSPARENCIA, RENDICION DE CUENTAS Y PARTICIPACION CIUDADANA”



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Compañeras y compañeros Senadores, les informo que las demás proposiciones inscritas en la agenda de hoy se turnarán a comisiones. Las y los Senadores que deseen mantener inscrito su asunto, sólo deben hacerlo del conocimiento de la Mesa Directiva o de la Secretaría Parlamentaria.

Del C. Senador Víctor Hermosillo y Celada, a nombre de Senadores de los grupos parlamentarios del PAN, del PRI y del PT, que contiene punto de Acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo Federal y a la Cámara de Diputados a que en el paquete económico 2013 no se considere aumentar la tasa del IVA en la región fronteriza. Se turna a la Cámara de Diputados.

PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA AL EJECUTIVO FEDERAL Y A LA CAMARA DE DIPUTADOS A QUE EN EL PAQUETE ECONOMICO 2013 NO SE CONSIDERE AUMENTAR LA TASA DEL IVA EN LA REGION FRONTERIZA



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De los CC. Senadores Blanca María del Socorro Alcalá Ruiz, Enrique Burgos García, Miguel Angel Chico Herrera, Lisbeth Hernández Lecona, Ana Lilia Herrera Anzaldo, David Penchyna Grub y María Lucero Saldaña Pérez, del grupo parlamentario del PRI, que contiene punto de Acuerdo que exhorta a las entidades federativas a contar con una estrategia para reducir el uso nocivo del alcohol. Se turna a la Comisión de Salud.

PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA A LAS ENTIDADES FEDERATIVAS A CONTAR CON UNA ESTRATEGIA PARA REDUCIR EL USO NOCIVO DEL ALCOHOL

“Los que suscribimos, Blanca María del Socorro Alcalá Ruiz, Enrique Burgos García, Miguel Angel Chico Herrera, Lisbeth Hernández Lecona, Ana Lilia Herrera Anzaldo, David Penchyna Grub y María Lucero Saldaña Pérez, Senadoras y Senadores de la República en la LXII Legislatura del H. Congreso de la Unión e integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8 fracción II; 76 fracción IX; 276 y demás aplicables del Reglamento del Senado de la República, presentamos ante esta Honorable Asamblea, la siguiente Proposición con Punto de Acuerdo al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El consumo de drogas tanto legales como ilegales, es un problema de salud pública de antaño, tras diversas regulaciones y esfuerzos por erradicar el uso de estupefacientes los países del mundo han fracaso, probablemente las razones por las cuales las políticas públicas y las normas que prohíben el uso de sustancias dañinas al cuerpo humano no sean eficaces, se relacionan con motivos en donde los intereses políticos y económicos que permiten la subsistencia de una nación son más valorados que la propia vida.

No obstante esta situación, diversos textos de carácter vinculatorio se encuentran encaminados a la protección de la salud, como un derecho de toda persona. El artículo 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos establece que toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, por su parte el artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, además de reconocer este derecho humano de segunda generación, mandata que deberán emitirse leyes reglamentarias en las que se definan las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud, estableciendo la congruencia de la federación y las entidades federativas en materia de salubridad general, de ello a su vez se desprende la existencia de autoridades encargadas de ejecutar y vigilar el cumplimiento de la norma.

En este sentido, la existencia de la Secretaría de Salud, así como las autoridades que por concurrencia les corresponda conocer de cuestiones relacionadas con el tema de salud, no solo se legitiman para la protección y garantía del derecho humano en comento, sino que su quehacer también se justifica a través de la implementación de políticas públicas para abatir problemas que aquejan a nuestra sociedad, uno de ellos es el referente al consumo de sustancias nocivas, tales como el alcohol.

El alcoholismo es una enfermedad que no reconoce fronteras sociales, culturales, económicas, de género o edad; se ha propagado por todo el mundo hasta situarse como una de las principales causas que provocan la muerte de millones de personas al año, no solo perjudica la salud física del bebedor, también la salud mental del enfermo y de su familia; aunado a que cuando se encuentran bajo el influjo del alcohol son potencialmente agresivos consigo y con quienes convive. La mayor parte de los accidentes automovilísticos están vinculados al consumo de bebidas alcohólicas. En resumen, el consumo del alcohol es nocivo y con efectos perjudiciales en la sociedad.

La Organización Mundial de la Salud, también ha determinado que las consecuencias del consumo de alcohol sobre las enfermedades y traumatismos dependen de dos factores importantes como el volumen total de alcohol ingerido y las características de la forma de beber y sus efectos pueden recaer en trastornos neuropsiquiátricos, así como enfermedades no transmisibles de tipo cardiovascular, cirrosis hepática y diversos cánceres. También se encuentra relacionado con padecimientos infecciosos como el VIH sida, la tuberculosis y las infecciones de transmisión sexual, debido al debilitamiento del sistema inmunitario.

Es un tema que si bien es cierto ha sido discutido en diversas mesas, hoy resulta importante retomar ya que los resultados que emanan de la Encuesta Nacional de Adicciones 2011 revelan que el alcohol es el principal problema de adicción en México, pues mientras que en el año 2008, fecha en la que se realizó la penúltima encuesta, en la población total de entre 12 a 65 años de edad, el 61.3% aceptaron haber consumido alguna vez bebidas alcohólicas; para el año 2011 la cifra incrementó a 71.3%, así mismo, de 2008 a 2011 la dependencia de alcohol aumentó un 1.2%. En los jóvenes aumentó significativamente la tasa de consumo de alcoholismo pues la dependencia se elevó 2.6% en el año pasado.

Las entidades federativas en las que se presentó, en el último año, mayor dependencia al alcohol y por arriba del promedio nacional son: Puebla, Tlaxcala, Morelos, el Estado de México, Hidalgo, Querétaro y Guanajuato, en estas regiones son los jóvenes los más afectados y quienes se encuentran considerados dentro del 12.6% de hombres y mujeres que inician su adicción entre los 16 y 19 años, de acuerdo con la ya referida Encuesta Nacional de Adicciones 2011.

Las causas que originan la ingesta de alcohol son diversas, sin embargo, una de las principales es el deterioro de los valores en el núcleo familiar, la falta de comunicación entre sus integrantes, debido al acelerado ritmo de vida en busca de la sobrevivencia en esta sociedad que poco a poco se ve quebrantada por los excesos, la falta de cuidado de los niños y los jóvenes compete a la madre y el padre, pero el Estado Mexicano, es el responsable de garantizar que tanto la madre como el padre tengan acceso a una vida decorosa que permita cuidar a aquellos seres vulnerables y alejarlos del consumo del alcohol como hábito tolerado y aceptado socialmente para que contribuyan al desarrollo de nuestro país.

Así las cosas y ante la imposibilidad de generar un entorno preventivo que tenga su origen en el seno familiar, se convierte en responsabilidad del poder público, formular, aplicar, vigilar y evaluar políticas públicas para disminuir el consumo del alcohol, mediante la regulación de la comercialización de las bebidas alcohólicas, en particular, la venta a los menores de edad; a través de la restricción de la disponibilidad de bebidas alcohólicas; así como la emisión normas jurídicas apropiadas para inhibir la conducción de vehículos en estado de ebriedad; la reducción de la demanda mediante mecanismos tributarios y de fijación de precios; el aumento de la sensibilización y el apoyo con respecto a las políticas públicas que se incrementen para reducir la ingesta de alcohol y por último proporcionar tratamiento accesible y asequible a las personas que padecen trastornos por abuso del alcohol.

Y aunque a nivel mundial el consumo de alcohol en nuestro país sea bajo en comparación con otros países de América Latina, es preciso asumir nuestro compromiso internacional mediante la adopción eficiente y eficaz de la Resolución de la Sexagésima TerceraAsamblea Mundial de la Salud de mayo 2010, identificada como “Wha63.13 Estrategia Mundial para Reducir el Uso Nocivo del Alcohol”, misma que le corresponde a todos los países miembros de la Organización Mundial de la Salud y que como nación, bajo un federalismo de carácter constitucional nos obliga a dar cumplimiento y aplicar la estrategia mundial para reducir el uso nocivo del alcohol, con el fin de complementar y respaldar las políticas de salud pública; a velar por la aplicación de la estrategia mundial para reducir el uso nocivo del alcohol reforzando las iniciativas nacionales destinadas a proteger a las poblaciones en riesgo, los jóvenes y las personas afectadas por el consumo nocivo del alcohol de terceros y velar por la aplicación de la estrategia mundial para reducir el uso nocivo del alcohol de tal manera que quede reflejada en los sistemas de seguimiento nacionales, sobretodo para que en la próxima encuesta los resultados no sean desalentadores y podamos rescatar a los dependientes del alcohol y prevenir que niños y jóvenes enfrenten este problema que puede destruir su vida y prevalezca una verdadera materialización de la protección del derecho humano correspondiente a la salud.

Por todo lo anteriormente expuesto y fundado, nos permitimos someter a la consideración de la Honorable Asamblea de la Cámara de Senadores de la LXII Legislatura del H. Congreso de la Unión, el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO.- Se solicita a todas las entidades federativas, que dentro del ámbito de su competencia, informen a esta soberanía sobre las medidas adoptadas para reducir el consumo y abuso del alcohol, en su caso, si cuentan con programas de carácter preventivo o con programas de rehabilitación para los enfermos de alcoholismo.

SEGUNDO.- Se exhorta a los municipios de los estados de Puebla, Tlaxcala, Morelos, el Estado de México, Hidalgo, Querétaro y Guanajuato a que adopten medidas más estrictas por cuanto a la expedición de permisos para la venta de bebidas alcohólicas, así como a vigilar su estricto cumplimiento.

TERCERO.- Se solicita a los Gobiernos Estatales y Municipales que, en caso de no contar con programas de salud pública en materia de adicciones, específicamente por cuanto a la dependencia a las bebidas alcohólicas, de inmediato elaboren los que correspondan de acuerdo con la Resolución de la Sexagésima TerceraAsamblea Mundial de la Salud de mayo 2010, identificada como “Wha63.13 Estrategia Mundial para Reducir el Uso Nocivo del Alcohol” y en coordinación con la Secretaría de Salud, encargada de atender y elaborar las políticas públicas en la materia.

Salón de Sesiones del Senado de la República a los quince días del mes noviembre de 2012.

Atentamente

Sen. Blanca María del Socorro Alcalá Ruiz,Sen. Enrique Burgos García,Sen. Miguel Angel Chico Herrera,Sen. Lisbeth Hernández Lecona,Sen. Ana Lilia Herrera Anzaldo,Sen. David Penchyna Grub,Sen. María Lucero Saldaña Pérez”.





 

CITA

Se levanta la sesión y se cita a la siguiente el próximo jueves 6 de diciembre a las 11:00 horas.

(Se levantó la sesión a las 16:20 horas)

Directorio

DIARIO DE LOS DEBATES

de la Cámara de Senadores del Congreso
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Este Diario de los Debates es preliminar y de carácter informativo, como tal carece de valor oficial. Está a su disposición en la página electrónica del Senado.





 

 

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