Senado de la República.
Sesión Plenaria.
Sabado 27 de mayo de 2017
    
    

Última actualización: Abril 2017
Última revisión: Abril 2017

Sesión Plenaria - Diario de los Debates
LXII
              Legislatura
1er
Año
Búsqueda:

DIARIO DE LOS DEBATES

DE LA CÁMARA DE SENADORES
DEL CONGRESO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS


AÑO I                       Primer Periodo Ordinario                       LXII Legislatura                       Sesión Núm. 29

Sesión Pública Ordinaria Celebrada
en la Ciudad de México, el 27 de Noviembre de 2012

SUMARIO                                              


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COMUNICACIONES

- Del C. Senador Martín Orozco Sandoval, Presidente de la Comisión de Federalismo, con la que remite el plan de trabajo de esa comisión; Del C. Senador Fernando Yunes Márquez, Presidente de la Comisión de Defensa Nacional, con la que remite el plan de trabajo de esa comisión.; De la C. Senadora Adriana Dávila Fernández, Presidenta de la Comisión contra la Trata de Personas, con la que remite el plan de trabajo de esa comisión; De la C. Senadora Maki Esther Ortiz Domínguez, Presidenta de la Comisión de Salud, con la que remite el plan de trabajo de esa comisión; De la C. Senadora Gabriela Cuevas Barrón, Presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores, con la que remite el plan de trabajo de esa comisión; Del C. Senador Juan Carlos Romero Hicks, Presidente de la Comisión de Educación, con la que remite el plan de trabajo de esa comisión; Del C. Senador Humberto Domingo Mayans Canabal, Presidente de la Comisión de Asuntos Fronterizos Sur, con la que remite el programa de trabajo de esa comisión; Del C. Senador Adán Augusto López Hernández, Presidente de la Comisión de Población y Desarrollo, con la que remite el programa de trabajo de esa comisión; Del C. Senador Rabindranath Salazar Solorio, Co-Vicepresidente de la Mesa Directiva de Euro-Lat, con la que remite el informe sobre las reuniones de la Mesa Directiva y Comisiones Permanentes de la Asamblea Parlamentaria Euro-Latinoamericana, celebradas en Cádiz, España, del 8 al 10 de noviembre de 2012.

SECRETARIA DE GOBERNACION

Remite:

- Oficios con solicitudes de permiso, a que se refiere el artículo 37 constitucional, para aceptar y usar condecoraciones que otorgan gobiernos extranjeros; Oficio de la Secretaría de la Defensa Nacional, con el informe que contiene las consideraciones y valoraciones que se tomaron en cuenta para el otorgamiento de los asensos Post Mortem de diverso personal que ostentó personalidad militar, en cumplimiento a lo que establece el artículo 31 Bis de la Ley de Ascensos y Recompensas del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos; Oficios de la Secretaría de Energía, con:

• Los indicadores operativos y financieros de Petróleos Mexicanos, correspondientes al primer semestre de 2012.

• El tercer informe trimestral 2012, respecto de la operación y gestión de Petróleos Mexicanos.

• El informe del Programa para Incrementar la Eficiencia Operativa en Petróleos Mexicanos y sus Organismos Subsidiarios, correspondiente al tercer trimestre de 2012.

- Oficio de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, con el informe trimestral sobre la situación que guardan los Sistemas de Ahorro para el Retiro, correspondiente al periodo julio-septiembre de 2012.




















































 

PRESIDENCIA DEL C. SENADOR
ERNESTO JAVIER CORDERO ARROYO

APERTURA

- El C. Presidente Ernesto Javier Cordero Arroyo: (12:05 horas) Solicito a la Secretaría informe a la Asamblea el resultado del cómputo de asistencia de los señores Senadores.

- La C. Secretaria Iris Vianey Mendoza Mendoza: Honorable Asamblea, conforme al registro de asistencia, se han acreditado 110 ciudadanas Senadoras y Senadores.

En consecuencia, hay quórum, señor Presidente.

- El C. Presidente Cordero Arroyo: Se abre la sesión del martes 27 de noviembre de 2012, correspondiente al primer periodo ordinario de sesiones del primer año de ejercicio de la LXII Legislatura.

El Orden del Día está disponible en el monitor de sus escaños, con lo cual se informa de los asuntos que corresponden a la agenda de hoy. El acta de la sesión anterior se encuentra publicada en la Gaceta del Senado de este día.

“ACTA DE LA SESION CELEBRADA EL JUEVES
VEINTIDOS DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DOCE

PRESIDE EL SENADOR
ERNESTO CORDERO ARROYO

En la ciudad de México, Distrito Federal, a las doce horas con nueve minutos del día jueves veintidós de noviembre de dos mil doce, encontrándose presentes noventa y nueve ciudadanos Senadores, según relación anexa, la Presidencia declaró abierta la sesión.

(Lectura del Orden del Día)

La Secretaría dio por conocido el contenido del Orden del Día de la sesión de esta fecha, debido a la publicación en la Gaceta del Senado y a su difusión.

(Actas de sesiones anteriores)

Se aprobó en votación económica el Acta de la Sesión del martes veinte de noviembre de 2012.

(Comunicaciones)

Se recibió del Senador Manuel Camacho Solís, Presidente de la Comisión de Reforma del Estado, el Programa de Trabajo de esa Comisión.- Quedó de enterado.

 

Se recibió de la Comisión de Relaciones Exteriores, América del Norte, Programa Anual de Trabajo.- Quedó de enterado.

 

Se recibió del Senador Roberto Gil Zuarth, Presidente de la Comisión de Justicia, el Plan de Trabajo Anual de esa Comisión.- Quedó de enterado.

 

Se recibió del Senador Félix González Canto, Presidente de la Comisión de Turismo, el Programa de Trabajo de esa Comisión.- Quedó de enterado.

 

Se recibió del Senador Benjamín Robles Montoya, reporte ejecutivo del Foro "La Perspectiva del Sur", realizado en Oaxaca, los días 16 y 17 de noviembre del año en curso.- Quedó de enterado.

 

Se recibió de la Senadora Gabriela Cuevas Barrón, Informe de actividades de la 127a Asamblea de la Unión Interparlamentaria y Reuniones Conexas, celebradas en Quebec, Canadá, del 21 al 26 de octubre del año en curso.- Quedó de enterado.

 

Se recibió de los Senadores Martha Elena García Gómez, Luz María Beristain Navarrete y Félix González Canto, Informe de actividades durante el World Travel Market, celebrado en Londres, Inglaterra, del 5 al 8 de noviembre de 2012.- Quedó de enterado.

 

Los grupos parlamentarios intervinieron para referirse con relación a la conmemoración del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.- Intervinieron las Senadoras: Martha Palafox Gutiérrez del PT; María Elena Barrera Tapia del PVEM; Angélica de la Peña Gómez del PRD; Martha Elena García Gómez del PAN; e Ivonne Álvarez García del PRI.

(Dictámenes a discusión)

Se sometió a consideración de la Asamblea un dictamende la Comisión de Justicia, con puntos de Acuerdo que determinan que los ciudadanos propuestos en la terna presentada por el Presidente de la República para sustituiral Ministro Guillermo Iberio Ortiz Mayagoitia reúnen los requisitos de elegibilidad para ocupar el cargo de Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Se sometió a consideración de la Asamblea un dictamende la Comisión de Justicia, con puntos de Acuerdo que determinan que los ciudadanos propuestos en la terna presentada por el Presidente de la República para sustituiral Ministro Sergio Salvador Aguirre Anguiano reúnen los requisitos de elegibilidad para ocupar el cargo de Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Para referirse a los dos dictámenes sobre requisitos de elegibilidad para ocupar el cargo de Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, intervinieron los Senadores: Roberto Gil Zuarth, Presidente de la Comisión de Justicia para fundamentarlos; Layda Sansores San Román; Manuel Camacho Solís del PRD. Fueron aprobados en votación nominal por 106 votos en pro y 1 en contra.

Se procedió a la elección por cédula para la vacanteque dejará el Ministro Guillermo Iberio Ortiz Mayagoitia, resultando electo el ciudadano Alberto Gelacio Pérez Dayán por 104 votos.

Se procedió a la elección por cédula para la sustitucióndel Ministro Sergio Salvador Aguirre Anguiano, resultando electo el ciudadano Alfredo Gutiérrez Ortiz-Mena por 103 votos.

Se comunicó la designación al Presidente de los Estados Unidos Mexicanos y al Ministro Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. La Mesa Directiva informó que los Ministros electos rendirían su protesta de ley el martes 27 de noviembre.

(Dictámenes de Primera Lectura)

Se dio Primera Lectura a un dictamen de las Comisiones Unidas de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias y de Estudios Legislativos, con proyecto de Decreto por el quese reforma la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.- Se dispensó la segunda lectura. Intervinieron los Senadores: Diva Hadamira Gastélum Bajo, por las comisiones, para presentar el dictamen y Jorge Luis Preciado Rodríguez, por las comisiones, para presentarel dictamen. Fue aprobado por 89 votos en pro y 2 abstenciones. Se remitió a la Cámara de Diputados.

 

PRESIDE EL SENADOR
JOSE ROSAS AISPURO TORRES

 

Se dio Primera Lectura a un dictamen de las Comisiones Unidas de Gobernación y de Estudios Legislativos, Primera, con proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo8 y se deroga el inciso a) del artículo 5 de la Ley delServicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal.- Quedó de primera lectura.

 

Se dio Primera Lectura a un dictamen de la Comisión de Gobernación, con proyecto de Decreto que concede permiso al ciudadano Jorge Humberto Pastor Gómez para aceptary usar la condecoración que le otorga el gobierno de la República Francesa.- Se dispensó su segunda lectura, fue aprobado por 81 votos en pro. Se remitió a la Cámara de Diputados.

(Dictámenes a discusión)

Se sometieron a consideración de la Asamblea trece dictámenes de la Comisión de Defensa Nacional, con puntos de Acuerdo por los que se ratifican 200 grados militares.- Fueron aprobados de manera conjunta por 84 votos en pro y 1 abstención. Se remitieron al Ejecutivo Federal.

 

Se sometió a consideración de la Asamblea un dictamen de la Comisión de Gobernación, con proyecto de Decretoque concede permiso al ciudadano Leonardo González García para aceptar y usar la condecoración que le otorga el gobierno de la República Francesa.- Fue aprobado por 87 votos en pro. Se remitió a la Cámara de Diputados.

 

Se sometieron a consideración de la Asamblea cinco dictámenes de la Comisión de Salud con punto de Acuerdo:

1) Que exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal a remitir un informe respecto de los organismos encargadosde la elaboración y aplicación de las políticas públicas de prevención para reducir el alto índice de suicidios en el país.

2) Que exhorta a los titulares de los gobiernos estatales ydel Distrito Federal para que giren instrucciones a los mecanismos de adelanto de las mujeres y a los institutos de la juventud estatales, con el fin de que se realicen o se intensifiquen las campañas preventivas de embarazos en adolescentes.

3) Que exhorta al Gobierno Federal a implementar acciones de prevención contra enfermedades alérgicas.

4) Que exhorta a la Secretaría de Salud a incorporaren la normatividad del "Seguro Popular" la clausula correspondiente donde sea requisito para permanecer afiliado, el acudir a dos consultas preventivas al año.

5) Que exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal a implementar o, en su caso, actualizar programas y políticas eficaces para la prevención, detección oportuna, atención y el tratamiento de la enfermedad de Alzheimer en la población mexicana.

Intervinieron los Senadores: Maki Esther Ortiz Domínguez, por la comisión, para presentar los dictámenes; Jorge Luis Lavalle Maury del PAN, para referirse al dictamen sobre el Seguro Popular; Lisbeth Hernández Lecona del PRI para referirse a los dictámenes sobre el suicidio y el Alzheimer. Los dictámenes fueron aprobados en votación económica.

 

Se sometieron a consideración de la Asamblea cinco dictámenes de la Comisión de Relaciones Exteriores, con puntos de Acuerdo:

1) Por el que el Senado de la República hace un respetuoso llamado a las autoridades ejecutivas y judiciales de los Estados Unidos de América para que tomen en cuenta la opinión del Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU y el más reciente pronunciamiento de la Relatora Especial de esa organización sobre la Independencia de Jueces y Abogados, según los cuales la detención de los cinco ciudadanos cubanos fue arbitraria y en su enjuiciamiento se ha realizado en contravención a normas y principios esenciales del derecho internacional y el debido proceso.

2) Por el que el Senado de la República felicita a la Unión Europea por la obtención del Premio Nobel de la Paz 2012 y se suma al reconocimiento internacional por su relevante contribución por más de seis décadas a la promoción de la paz, la reconciliación, la democracia y los derechos humanos en el mundo.

3) Que exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federala suscribir el Convenio del Consejo de Europa sobre prevención y lucha contra la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica.

4) Que exhorta al titular del Ejecutivo Federal a rendirun informe sobre las condicionantes impuestas para la incorporación de México a la negociación del Acuerdo de Asociación Transpacífica.- Para referirse a este dictamen, intervino el Senador Armando Ríos Piter del PRD.

5) Que exhorta al Ejecutivo Federal a firmar elProtocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.

Los cinco dictámenes fueron aprobados en votación económica.

 

Se sometieron a consideración de la Asamblea seis dictámenes de la Comisión de Justicia, con punto de Acuerdo:

1) Por el que se solicita a la titular de la Procuraduría General de la República informar sobre los procedimientos iniciados en contra de los presuntos actos de corrupción que involucran a la Dirección General de Servicios Aéreos de esta institución.

2) Que exhorta al titular de la Secretaría de Gobernación a informar sobre la implementación y capacitación del nuevo sistema de justicia penal.

3) Que exhorta a la titular de la Procuraduría General de la República a informar el estado que guarda el proceso penal relativo a las mujeres indígenas otomíes Jacinta Francisco, Alberta Alcántara y Teresa González, así como el estado que guardan las solicitudes de reparación del daño y su resolución.

4) Que exhorta a la titular de la Procuraduría Generalde la República a pronunciarse sobre la atracción dela investigación del asesinato del joven José AntonioElena Rodríguez, por agentes de la patrulla fronteriza de los Estados Unidos de América.

5) Por el que se desecha la proposición en relación con el recurso de revisión constitucional electoral que el Partido Acción Nacional promovió ante las irregularidades en el proceso de elección del Ayuntamiento de San Juan del Río, Querétaro.

6) Por el que se desecha la proposición que exhortaba al Consejo de la Judicatura Federal a vigilar el debido y expedito cumplimiento de la sentencia de amparo decretada en favor de José Francisco Chavira Martínez.

Los seis dictámenes fueron aprobados en votación económica.

(Acuerdos de la Junta de Coordinación Política)

Se sometió a consideración de la Asamblea un Acuerdo de la Junta de Coordinación Política por el que se convoca a las comisiones ordinarias a participar en la elaboración del Programa Legislativo del Senado de la República para el Primer Periodo de Sesiones del Primer Año de Ejercicio.- Fue aprobado en votación económica.

 

Se sometió a consideración de la Asamblea un Acuerdo de la Junta de Coordinación Política por el que se modifica la integración de comisiones.- Fue aprobado en votación económica.

(Comunicaciones)

Se recibió de la Cámara de Diputados, Acuerdo por el que se modifica el Calendario legislativo correspondiente el Primer Periodo de Sesiones Ordinarias del Primer Año de Ejercicio de la LXII Legislatura, por lo que respecta a las sesiones del mes de noviembre del año en curso.- Quedó de enterado.

 

Se recibió de la Cámara de Diputados, Acuerdo por el que se establece el formato de la sesión de Congreso General en la que el Presidente Electo de los Estados Unidos Mexicanos rendirá protesta constitucional ante el Congreso de la Unión el 1 de diciembre de 2012.- Quedó de enterado.

 

Se recibió de la Secretaría de Gobernación, proyecto de Decreto por el que se modifica el título de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y se reforman diversas de sus disposiciones.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos, Primera.

 

El Presidente de la Mesa Directiva dio turno a las siguientes proposiciones:

(Proposiciones)

Del Senador Francisco Salvador López Brito, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de Acuerdo que exhorta al titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y a la Cámara de Diputados a destinar los recursos necesarios para la modernización y ampliación del camino de las carreteras El Refugio a Higuera de Zaragoza en sus 3.29 Kilómetros, así como el tramode 4.05 kilómetros que van del camino a la Carretera Internacional México 15 al Ejido Gabriel Leyva (El Venadillo) ambas pertenecientes al municipio de Ahome, Sinaloa.- Se turnó a la Comisión de Comunicaciones y Transportes el primer resolutivo y a la Cámara de Diputados los dos siguientes.

 

De la Senadora María Elena Barrera Tapia, del grupo parlamentario el Partido Verde Ecologista de México, con punto de Acuerdo que exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a que en el proceso de análisis, discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2013 incremente los recursos presupuestales asignados al fortalecimiento de las capacidades municipales para la recolección y manejo adecuado de los residuos sólidos urbanos, así comopara la construcción de rellenos sanitarios, incluidos los intermunicipales o regionales.- Se turnó a la Cámara de Diputados.

 

Del Senador Francisco Salvador López Brito, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de Acuerdo que exhorta al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, así como a la Cámara de Diputados a aumentar los recursos al Fondo Institucional de Fomento Regional para el Desarrollo Científico, Tecnológico y de Innovación.- Se turnó a la Comisión de Ciencia y Tecnología elprimer resolutivo y a la Cámara de Diputados los dos siguientes.

 

Del Senador Francisco Salvador López Brito, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de Acuerdo que exhorta al titular de la Comisión Nacional del Agua y a la Cámara de Diputados a destinar los recursos necesarios para la construcción del distrito de riego de la Presa Picachos, así como para la elaboración del proyecto ejecutivo de la presa Santa María.- Se turnó a la Comisión de Recursos Hidráulicos el primer resolutivo y a la Cámara de Diputados los dos siguientes.

 

Del Senador Pablo Escudero Morales, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con punto de Acuerdo por el que se requiere a los titulares de la Procuraduría General de la República, de la Secretaría de Seguridad Pública Federal y de la Policía Federal que, a la mayor brevedad, aclaren a esta Soberanía el desorden y confrontaciones de dicho entre estas dependencias del Ejecutivo Federal que afectan sensiblemente a la seguridad nacional.- Se turnó a la Comisión de Justicia.

 

De la Senadora Layda Sansores San Román, con punto de Acuerdo que exhorta a la Mesa Directiva para que, de manera inmediata, se haga un llamado para que el Gobierno Federal se pronuncie a favor de la solución pacífica en el conflicto entre Israel y Palestina por la vía del entendimiento, la razón y la paz.- Se turnó a la Comisión de Relaciones Exteriores, Asia-Pacífico.

 

De la Senadora Layda Sansores San Román, con punto de Acuerdo por el que se cita a comparecer al titular de la Secretaría de Seguridad Pública para que informe sobre la responsabilidad de dicha Secretaría en el caso de Tres Marías.- Se turnó a la Comisión de Seguridad Pública.

 

Del Senador Jorge Luis Lavalle Maury, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a garantizar la protección y cuidadode los santuarios de tortugas marinas en el estado de Campeche.- Se turnó a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

 

De la Senadora Silvia Guadalupe Garza Galván, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de Acuerdo que exhorta al titular de la Auditoria Superior del estado de Coahuila para que se haga una vigilancia estricta de los fondos asignados al Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Coahuila y a los partidos políticos participantes en los procesos electorales que iniciaron el 1° de noviembre.- Se turnó a la Comisión de Federalismo.

 

De la Senadora Mariana Gómez del Campo Gurza, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de Acuerdo por el que el Senado de la República se congratula por la decisión de la Secretaría de Relaciones Exterioresde suprimir el requisito de visado para los ciudadanos de Colombia y Perú, en el marco del Acuerdo de la Alianza del Pacífico.- Se turnó a la Comisión de Relaciones Exteriores, América Latina y el Caribe.

 

De la Senadora Luisa María de Guadalupe Calderón Hinojosa, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de Acuerdo que solicita a laAuditoría Superior de la Federación ejerza sus facultadesde investigación y presente las denuncias penales correspondientes por la deuda de Michoacán de Ocampo.- Se turnó a la Comisión de Federalismo.

 

Del Senador Luis Fernando Salazar Fernández, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de Acuerdo por el que se solicita a la Procuraduría General de la República conformar, en breve tiempo, una fiscalía especial encargada de dar seguimiento hasta su conclusión total, al caso de la deuda del estado de Coahuila de Zaragoza.- Se turnó a la Comisión de Justicia.

 

De los Senadores Óscar Román Rosas González y Raúl Aarón Pozos Lanz, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo que solicita a la Comisión Reguladora de Energía, a la Junta de Gobierno de la Comisión Federal de Electricidad y a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público que reclasifiquen y autoricen reducir las tarifas de electricidad en Campeche una vez que, conforme a derecho, se hayan llevado a cabo los estudios pertinentes que justifican la factibilidad técnica, económica y social de la propuesta.- Se turnó a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

 

De la Senadora Cristina Díaz Salazar, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo Federal a considerar la esclerosis múltiple como una enfermedad de gasto catastrófico y sea incluida en el Seguro Popular.- Se turnó a la Comisión de Salud.

 

De la Senadora Gabriela Cuevas Barrón, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de Acuerdo por el que el Senado de la República reconoce los esfuerzos y las acciones llevadas a cabo por el Ejecutivo Federal en defensa de los intereses comerciales de los productores de tomate mexicanos, quienes se ven amenazados ante la intención del Departamento de Comercio de Estados Unidos de América de terminar el Acuerdo de Suspensión que ha regido sus exportaciones.- Se turnó a la Comisión de Comercio y Fomento Industrial.

 

De la Senadora Gabriela Cuevas Barrón, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de Acuerdo por el que el Senado de la Republica reconoce el esfuerzo realizado por nuestras industrias, textil y del vestido, y de la Secretaría de Economía, para cuestionar diversas medidas violatorias por parte de China en el marco de la OMC y exhorta al Ejecutivo Federal a encontrar una solución negociada que permita la adopción de medidas correctivas en beneficio de nuestra industria y el comercio justo.- Se turnó a la Comisión de Comercio y Fomento Industrial.

 

De la Senadora Ana Gabriela Guevara, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de Acuerdo por el que se cita a comparecer al titular del órgano interno de control de la Comisión Nación de Cultura Física y Deporte para explicar las razones, justificaciones y argumentos contra la denuncia hacia el funcionario Antonio Lozano Pineda.- Se turnó a la Comisión de Juventud y Deporte.

 

De la Senadora Mónica T. Arriola Gordillo, con punto de Acuerdo que exhorta al ejecutivo Federal a agilizar la elaboración y publicación del Plan de Manejo del Área Natural Protegida "Cuenca Hidrológica del Río Necaxa" y verificar el cumplimiento de la NOM- SEMARNAT-1996 en la zona.- Se turnó a la Comisión de Recursos Hidráulicos.

 

Del Senador David Monreal, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de Acuerdo por el que se cita a comparecer al titular de la Secretaría de Seguridad Pública para que informe sobre la responsabilidad de dicha Secretaría en el caso de Tres Marías.- Se turnó a la Comisión de Seguridad Pública.

 

Del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, se remitió intervención sobre el conflicto en oriente medio.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

De la Senadora Martha Elena García Gómez, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, remitió efeméride sobre el "Día Universal del Niño".- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

La Presidencia dio por concluida la sesión a las quince horas con treinta minutos y citó a la siguiente el martes veintisiete de noviembre a las once horas".

LISTA DE ASISTENCIA DE LA SESION ANTERIOR



En consecuencia, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba.

- La C. Secretaria Mendoza Mendoza: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el acta de la sesión anterior. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar su mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque se rechace, favor de levantar su mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se aprueba, señor Presidente.

- El C. Presidente Cordero Arroyo: Aprobada el acta.

Honorable Asamblea, el artículo 219 del Reglamento del Senado establece el procedimiento para que la Cámara pueda asignar un trámite de conclusión, exclusivamente a las iniciativas de Senadores que están pendientes de dictamen desde el año anterior.

En consecuencia, para formalizar la aplicación de este procedimiento, la Mesa Directiva suscribió un Acuerdo en relación con la conclusión de asuntos que no han recibido dictamen.

Solicito a la Secretaría dé lectura al Acuerdo.





 

MESA DIRECTIVA

- La C. Secretaria Mendoza Mendoza: Doy lectura al Acuerdo.



Es cuanto, señor Presidente.

- El C. Presidente Cordero Arroyo: En consecuencia, está a discusión el Acuerdo. Por no haber quien solicite la palabra, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el Acuerdo.

- La C. Secretaria Mendoza Mendoza: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el anterior Acuerdo. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar su mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar su mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se aprueba, señor Presidente.

- El C. Presidente Cordero Arroyo: Aprobado el Acuerdo para dar cumplimiento al artículo 219 del Reglamento del Senado para la conclusión de los asuntos que no han recibido dictamen. Comuníquese.

Publíquense en la Gaceta los contenidos de los anexos a que se refiere el presente Acuerdo, para que se conozcan las iniciativas que se mantendrán en comisiones y las que se declaran concluidas en su trámite.

Pasamos al siguiente asunto.





 

COMUNICACIONES

- La C. Secretaria Mendoza Mendoza: Se recibieron las siguientes comunicaciones:

Del Senador Martín Orozco Sandoval, Presidente de la Comisión de Federalismo, con la que remite el Plan de Trabajo de esa comisión.

Del Senador Fernando Yunes Márquez, Presidente de la Comisión de Defensa Nacional, con la que remite el Plan de Trabajo de esa comisión.

De la Senadora Adriana Dávila Fernández, Presidenta de la Comisión Contra la Trata de Personas, con la que remite el plan de trabajo de esa comisión.

De la Senadora Maki Esther Ortiz Domínguez, Presidenta de la Comisión de Salud, con la que remite el plan de trabajo de esa comisión.

De la Senadora Gabriela Cuevas Barrón, Presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores, con la que remite el plan de trabajo de esa comisión.

Del Senador Juan Carlos Romero Hicks, Presidente de la Comisión de Educación, con la que remite el plan de trabajo de esa comisión.

Del Senador Humberto Mayans Canabal, Presidente de la Comisión de Asuntos Fronterizos Sur, con la que remite el plan de trabajo de esa comisión.

Y del Senador Adán Augusto López Hernández, Presidente de la Comisión de Población y Desarrollo, con la que remite el plan de trabajo de esa comisión.

También se recibió una comunicación del Senador Rabindranath Salazar Solorio, Co-Vicepresidente de la Mesa Directiva de Euro-Lat, con la que remite el informe sobre las reuniones de la Mesa Directiva y Comisiones Permanentes de la Asamblea Parlamentaria Euro-Latinoamericana, celebradas en Cádiz, España, del 8 al 10 de noviembre de 2012.

- El C. Presidente Cordero Arroyo: Esta Asamblea ha quedado debidamente enterada de todas las comunicaciones de los Senadores.





 

SECRETARIA DE GOBERNACION

- La C. Secretaria Lilia Guadalupe Merodio Reza: Se recibieron de la Secretaría de Gobernación, cinco oficios con solicitudes de permiso, a que se refiere el artículo 37 constitucional, para aceptar y usar condecoraciones que otorgan gobiernos extranjeros.

“SECRETARIA DE GOBERNACION
SUBSECRETARIA DE ENLACE LEGISLATIVO
UNIDAD DE ENLACE LEGISLATIVO

Oficio No. SEL/UEL/311/3154/12
México, D.F., 21 de noviembre de 2012

CC. SECRETARIOS DE LA CAMARA DE SENADORES
DEL H. CONGRESO DE LA UNION
PRESENTES.

Por este conducto me permito hacer de su conocimiento que mediante oficio número PRO- 15767, el Emb. Alfredo Pérez Bravo, Director General de Protocolo de la Secretaría de Relaciones Exteriores, solicita se tramite ante el H. Congreso de la Unión, el permiso a que se refiere la Fracción III, Apartado C), del Artículo 37 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para que el C. José Julián Gascón Mercado, pueda aceptar y usar la Condecoración de la Orden de Isabel La Católica, en grado de Encomienda, que le otorga el Gobierno del Reino de España.

Por lo anterior, me permito anexar para la integración al expediente respectivo, original de la solicitud del interesado dirigida al H. Congreso de la Unión para la obtención del permiso respectivo, copia certificada del acta de nacimiento, así comocopiassimplesdesucurriculumvitae,identificaciónoficialy de la notificación en la que se comunica la intención de otorgarle la Condecoración de referencia.

Sin otro particular, reciban un cordial saludo.

Atentamente

El Titular de la Unidad

Mtro. Antonio Hernández Legaspi”.

“SECRETARIA DE GOBERNACION
SUBSECRETARIA DE ENLACE LEGISLATIVO
UNIDAD DE ENLACE LEGISLATIVO

Oficio No. SEL/UEL/311/3206/12
México, D.F., 23 de noviembre de 2012

CC. SECRETARIOS DE LA CAMARA DE SENADORES
DEL H. CONGRESO DE LA UNION
PRESENTES.

Por este conducto me permito hacer de su conocimiento que mediante oficio número PRO - 16203, el Emb. Alfredo Pérez Bravo, Director General de Protocolo de la Secretaría de Relaciones Exteriores, solicita se tramite ante el H. Congreso de la Unión, el permiso a que se refiere la Fracción III, Apartado C), del Artículo 37 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para que la C. Patricia Espinosa Cantellano, pueda aceptar y usar la Condecoración de Orden de Bernardo O'Higgins, en grado de Gran Cruz, que le otorga el Gobierno de la República de Chile.

Por lo anterior, me permito anexar para la integración al expediente respectivo, original de la solicitud de la interesada dirigida al H. Congreso de la Unión para la obtención del permiso respectivo, copia certificada del acta de nacimiento, así como copias simples de su curriculum vitae, identificación oficial y de la notificación en la que se comunica la intención de otorgarle la Condecoración de referencia.

Sin otro particular, reciban un cordial saludo.

Atentamente
El Titular de la Unidad

Mtro. Antonio Hernández Legaspi”.

“SECRETARIA DE GOBERNACION
SUBSECRETARIA DE ENLACE LEGISLATIVO
UNIDAD DE ENLACE LEGISLATIVO

Oficio No. SEL/UEL/311/3155/12
México, D.F., 21 de noviembre de 2012

CC. SECRETARIOS DE LA CAMARA DE SENADORES
DEL H. CONGRESO DE LA UNION
PRESENTES.

Por este conducto me permito hacer de su conocimiento que mediante oficio número PRO- 15669, el C. Miguel Malfavón, Director General Adjunto del Ceremonial, Encargado de la Dirección General de Protocolo de la Secretaría de Relaciones Exteriores, solicita se tramite ante el H. Congreso de la Unión, el permiso a que se refiere la Fracción III, Apartado C), del Artículo 37 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para que el C. Armando Vicencio Álvarez, pueda aceptar y usar la Condecoración de la Cruz al Mérito Policial con Distintivo Blanco, que le otorga el Gobierno del Reino de España

Por lo anterior, me permito anexar para la integración al expediente respectivo, original de la solicitud del interesado dirigida al H. Congreso de la Unión para la obtención del permiso respectivo, copia certificada del acta de nacimiento, así comocopiassimplesdesucurriculumvitae, identificaciónoficial y de la notificación en la que se comunica de la intención de otorgarle la Condecoración de referencia.

Sin otro particular, reciban un cordial saludo.

Atentamente
El Titular de la Unidad

Mtro. Antonio Hernández Legaspi”.

“SECRETARIA DE GOBERNACION
SUBSECRETARIA DE ENLACE LEGISLATIVO
UNIDAD DE ENLACE LEGISLATIVO

Oficio No. SEL/UEL/311/3207/12
México, D.F., 26 de noviembre de 2012

CC. SECRETARIOS DE LA CAMARA DE SENADORES
DEL H. CONGRESO DE LA UNION
PRESENTES.

Por este conducto me permito hacer de su conocimiento que mediante oficio número PRO - 16318, el Emb. Alfredo Pérez Bravo, Director General de Protocolo de la Secretaría de Relaciones Exteriores, solicita se tramite ante el H. Congreso de la Unión, el permiso a que se refiere la Fracción III, Apartado C), del Artículo 37 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para que el C. Bruno Francisco Ferrari García de Alba, pueda aceptar y usar la Condecoración de la Orden de San Carlos, en grado de Gran Cruz, que le otorga el Gobierno de la República de Colombia.

Por lo anterior, me permito anexar para la integración al expediente respectivo, original de la solicitud del interesado dirigida al H. Congreso de la Unión para la obtención del permiso respectivo, copia certificada del acta de nacimiento, así como copias simples de su curriculum vitae, identificación oficial y de la notificación en la que se comunica la intención de otorgarle la Condecoración de referencia.

Sin otro particular, reciban un cordial saludo.

Atentamente

El Titular de la Unidad
Mtro. Antonio Hernández Legaspi”.

“SECRETARIA DE GOBERNACION
SUBSECRETARIA DE ENLACE LEGISLATIVO
UNIDAD DE ENLACE LEGISLATIVO

Oficio No. SEL/UEL/311/3156/12
México, D.F., 21 de noviembre de 2012

CC. SECRETARIOS DE LA CAMARA DE SENADORES
DEL H. CONGRESO DE LA UNION
PRESENTES.

Por este conducto me permito hacer de su conocimiento que mediante oficio número PRO- 15670, el C. Miguel Malfavón, Director General Adjunto del Ceremonial, Encargado de la Dirección General de Protocolo de la Secretaría de Relaciones Exteriores, solicita se tramite ante el H. Congreso de la Unión, el permiso a que se refiere la Fracción III, Apartado C), del Artículo 37 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para que el C. Fidias Hernández Ubaldo, pueda aceptar y usar la Condecoración de la Cruz al Mérito Policial con Distintivo Blanco, que le otorga el Gobierno del Reino de España.

Por lo anterior, me permito anexar para la integración al expediente respectivo, original de la solicitud del interesado dirigida al H. Congreso de la Unión para la obtención del permiso respectivo, copia certificada del acta de nacimiento, así como copias simples de su curriculum vitae, identificación oficial y de la notificación en la que se comunica la intención de otorgarle la Condecoración de referencia.

Sin otro particular, reciban un cordial saludo.

Atentamente

El Titular de la Unidad
Mtro. Antonio Hernández Legaspi”.

- El C. Presidente Cordero Arroyo: Túrnense a la Comisión de Gobernación para su análisis y dictamen correspondiente.

Pasamos al siguiente asunto.

- La C. Secretaria Merodio Reza: Se recibió de la Secretaría de Gobernación, un oficio de la Secretaría de la Defensa Nacional, con el informe que contiene las consideraciones y valoraciones que se tomaron en cuenta para el otorgamiento de los ascensos Post Mortem de diverso personal que ostentó personalidad militar, en cumplimiento a lo que establece el artículo 31 Bis de la Ley de Ascensos y Recompensas del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos.

- El C. Presidente Cordero Arroyo: Esta Asamblea ha quedado debidamente enterada. Remítase a la Comisión de Defensa Nacional.

Pasamos al siguiente asunto.

- La C. Secretaria Merodio Reza: Se recibieron de la Secretaría de Gobernación, tres oficios de la Secretaría de Energía, con los que remite:

Los indicadores operativos y financieros de Petróleos Mexicanos, correspondientes al primer semestre de 2012.

El tercer informe trimestral 2012, respecto de la operación y gestión de Petróleos Mexicanos.

Y el informe del Programa para Incrementar la Eficiencia Operativa en Petróleos Mexicanos y sus Organismos Subsidiarios, correspondiente al tercer trimestre de 2012.

- El C. Presidente Cordero Arroyo: Remítase dicha documentación a la Comisión de Energía.

Pasamos al siguiente asunto.

- La C. Secretaria Mendoza Mendoza: Se recibió de la Secretaría de Gobernación, un oficio de la Comisión Nacional de Sistema de Ahorro para el Retiro, con el informe trimestral sobre la situación que guardan los Sistemas de Ahorro para el Retiro, correspondiente al periodo de julio-septiembre de 2012.

- El C. Presidente Cordero Arroyo: Remítase a las Comisiones de Hacienda y Crédito Público, de Seguridad Social y de Trabajo y Previsión Social.

Pasamos al siguiente asunto.





 

SECRETARIA DE ECONOMIA

- La C. Secretaria Mendoza Mendoza: Se recibió de la Secretaría de Economía, el informe sobre el Inicio de Negociaciones Formales del Acuerdo de Asociación Transpacífica, entre México y los Países del TPP, en cumplimiento a lo previsto en el artículo 5 de la Ley sobre la Aprobación de Tratados Internacionales en Materia Económica.

- El C. Presidente Cordero Arroyo: Remítase a las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores; y de Relaciones Exteriores, Asia-Pacífico; y a la Comisión de Comercio y Fomento Industrial.

Pasamos al siguiente asunto.





 

CAMARA DE DIPUTADOS

- La C. Secretaria Mendoza Mendoza: Se recibió de la Cámara de Diputados, una minuta proyecto de Decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.



- El C. Presidente Cordero Arroyo: Túrnese a las Comisiones Unidas de Gobernación; y de Estudios Legislativos, Primera para su análisis y dictamen correspondiente.

El siguiente apartado del Orden del Día, es el correspondiente a la presentación de iniciativas. En la agenda tenemos un registro de 18 proyectos de Decreto, por lo que les solicitamos hacer el esfuerzo de sólo utilizar cinco minutos en tribuna para su presentación.

Quiero comunicar a la Asamblea, que en el apartado de presentación de iniciativas, haremos una pausa para tomarle protesta a los señores Ministros de la Corte, en su momento.

En consecuencia, se concede el uso de la palabra al Senador Francisco Salvador López Brito, del grupo parlamentario del PAN, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables.





 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETOPOR EL QUE SE REFORMALA FRACCION XXI DEL ARTICULO 35 DE LA LEY ORGANICA DE LA ADMINISTRACION PUBLICA FEDERAL, ADICIONA LA FRACCION XIVBIS Y REFORMA LA FRACCION XLIII DEL ARTICULO 4o. DE LA LEY GENERAL DE PESCA Y ACUACULTURA SUSTENTABLES

(Presentada por el C. Senador Francisco Salvador López Brito, del grupo parlamentario del PAN)

- El C. Senador Francisco Salvador López Brito: Muy buenos días, compañeras y compañeros Senadores. Con su permiso, señor Presidente.

A nombre propio y del Senador Ernesto Ruffo Appel, comparezco ante esta Asamblea para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto para modificar el estatus actual que tiene la Convención Nacional de Acuacultura y Pesca (CONAPESCA), para pasarlo de ser un organismo desconcentrado a un organismo descentralizado, con personalidad jurídica propia, con patrimonio propio, con autonomía y con una fortaleza que dé respuesta a las necesidades que actualmente tiene el sector pesquero y acuicultor del país.

En tal sentido, tenemos los argumentos de que México es un país con un gran potencial para el desarrollo de la actividad pesquera de consumo, deportiva, acuícola y de maricultura, sin embargo apenas contribuye con el 0.5 por ciento del Producto Interno Bruto, y entre estos observamos la falta de recursos necesarios para el fomento, para la investigación, para la tecnificación, la industrialización y darle valor agregado al producto primario, y un ordenamiento adecuado de las pesquerías.

Con todo lo anterior en contra, el país ocupa el lugar 17 en producción pesquera a nivel mundial y la posición 26 en acuacultura. En el 2010, la producción total obtenida fue de un millón 768 mil 68 toneladas, lo que representó un 83.7 por ciento en captura y el 16.3 por ciento en acuacultura.

En ese mismo lapso, el valor de la producción total ascendió a 17 mil millones de pesos, de los cuales 7 mil 300 millones se obtuvieron de la acuacultura con especies de alto valor comercial.

Actualmente el ordenamiento de las pesquerías está a cargo de la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (CONAPESCA), y según sus propias proyecciones para el 2030, de lograrse contar con un sector ordenado, se podría duplicar su contribución a la producción nacional con 2.75 millones de toneladas anuales de alimentos, con un superávit y capaz de crecer a tasas que contribuyen significativamente a la generación de empleos.

La CONAPESCA es un órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA), y tiene por misión fomentar y desarrollar los mecanismos de coordinación con diferentes instancias para implementar políticas, programas y normatividad que conduzcan y faciliten el desarrollo competitivo y sustentable del sector pesquero y acuícola del país.

En la CONAPESCA se han instrumentado importantes avances, en estos 6 años, en estructura organizacional, que al día de hoy forman una base sólida que le permitiría operar como un organismo descentralizado, que es nuestra propuesta. De lo anterior da cuenta el Acuerdo emitido por SAGARPA el 18 de agosto de 2011, y que entró en vigencia el 1º de enero de 2012, que estableció una reestructuración para el fortalecimiento institucional y la transferencia en su totalidad, a la CONAPESCA, de los recursos materiales, humanos y financieros con los que contaban las Subdelegaciones de Pesca, adscritas a las Delegaciones Estatales de la SAGARPA.

El Decreto en referencia establece la nueva estructura orgánica de la CONAPESCA, con lo cual se crean Oficinas Regionales que tendrán como principal objetivo fomentar y atender las actividades del sector pesquero y acuícola nacional, mismas que están distribuidas por 5 regiones en todo el país.

En abono y respeto al tiempo que nos han solicitado, me remito a citar el proyecto de Decreto que expongo ante esta Asamblea para su análisis y discusión.

Proyecto de Decreto por el que se reforma la fracción XXI del artículo 35 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, adiciona la fracción XIV Bis y se reforma la fracción XLIII del artículo 4o. de la Ley General de Pesca y Acuacultura sustentables, para quedar de la siguiente forma:

Artículo Primero.- Se reforma la fracción XXI del artículo 35 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, para indicar:

XXI.- Fomentar la actividad pesquera y acuícola, a través de la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca, como organismo público descentralizado, que tendrá a su cargo las siguientes atribuciones:

Artículo Segundo.- Se adiciona la fracción XIV Bis y se reforma la fracción XLIII, ambas del artículo 4o. de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables, para quedar en la siguiente forma:

XIV Bis. CONAPESCA: Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca, órgano público descentralizado sectorizado con la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación.

XLIII. Secretaría: La Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, que actuará a través de la CONAPESCA, como organismo público descentralizado, con excepción de aquellos casos en los que sea a través de la SENASICA.

Vienen 5 transitorios, y le solicito que se haga la trascripción completa en el Diario de los Debates, y que se pase y se turne a las comisiones correspondientes.

Muchísimas gracias.

Un saludo para todos, compañeros y compañeras Senadoras.

(Aplausos)

Iniciativa

“CC. SECRETARIOS DE LA MESA DIRECTIVA
DE LA CAMARA DE SENADORES
H. CONGRESO DE LA UNION
LXII LEGISLATURA
PRESENTE.

El suscrito, FRANCISCO SALVADOR LOPEZ BRITO, Senador de la LXII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión e integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 7, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicano: 8 fracción I, 76 fracción I, 164 numerales 1 y 2, 169 y 172 del Reglamento del Senado de la República, me permito someter a la consideración de esta H. Asamblea la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA LA FRACCION XXI DELARTICULO 35 DE LA LEY ORGANICA DE LA ADMINISTRACION PUBLICA FEDERAL, ASI COMO ADICIONA LA FRACCION XIV BISY REFORMA LA FRACCION XLIII DEL ARTICULO 4 DE LA LEY GENERAL DE PESCA Y ACUACULTURA SUSTENTABLES, al tenor de la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

México es un país con un gran potencial para el desarrollo de la actividad pesquera de consumo, deportiva, acuícola y de maricultura, sin embargo apenas contribuye con el 0.5 por ciento al Producto Interno Bruto (PIB), debido a la falta de recursos necesarios para el fomento, investigación, tecnificación, industrialización y un ordenamiento adecuado de las pesquerías.

Con todo lo anterior en contra, el país ocupa el lugar 17 en producción pesquera a nivel mundial y en la posición 26 en Acuacultura. En 2010 la producción total obtenida fue de un millón 768 mil 68 de toneladas, lo que representó un 83.7 porciento de captura y 16.3 por ciento de Acuacultura, con una producción de 285 mil toneladas.

En ese mismo lapso, el valor de la producción total ascendió a 17 mil millones; de los cuales 7 mil 300 millones se obtuvieron de la acuacultura con especies de alto valor comercial.

Cabe destacar, que la acuacultura es la segunda actividad económica con mayor crecimiento, tan sólo por debajo del sector de las tecnologías de la información, por lo que resulta un área de oportunidad para nuestro país.

El sector pesquero y acuícola es una fuente importante de alimentos para la población, aporta insumos para la industria, divisas por la venta de productos de alto valor comercial y genera unos 350 mil empleos directos y 2 millones indirectos en todo el proceso productivo.

El potencial para crecer es enorme, si se toma en cuenta que tenemos 11 mil kilómetros de costas, 12 mil 500 km² de lagunas costeras y esteros y 6 mil 500 km² de aguas interiores como lagos, lagunas, represas y ríos.

De acuerdo a datos de la a Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA), sólo se ha explorado el 9 por ciento de nuestros mares o de los 3 millones de km cuadrados que comprende la Zona Económica Exclusiva (ZEE).

Por su parte, la Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO), en un estudio realizado reveló que la mayoría de los mexicanos sólo conoce 10 de las más de 300 especies marinas disponibles.

Por si ello fuera poco, con una acción decidida del Estado Mexicano para elevar la nutrición de las familias mexicanas, combatir la obesidad y desarrollar a la actividad pesquera y acuícola, se podría incrementar el consumo per cápita de pescados y mariscos que actualmente es de 12.81 kilogramos, lo que contrasta con el consumo anual de Corea que es de 71 kg., Japón 65 kg., y España 46 kg.

Los productos pesqueros no deben representar artículos de lujo presentes únicamente en los consumidores de mayor nivel económico, por lo que se debe inducir su consumo en las poblaciones de menor poder adquisitivo.

De acuerdo a la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO por sus siglas en inglés), es de suma importancia contar con una ordenación adecuada de la actividad pesquera si se desea que su contribución al bienestar nutricional, económico y social de la creciente población sea sostenible.

Actualmente el ordenamiento de las pesquerías está a cargo de la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (CONAPESCA), y según sus propias proyecciones, para el 2030, de lograrse contar con un sector ordenado, se podría duplicar su contribución a la producción nacional con 2.75 millonestoneladas anuales de alimentos, con superávit y capaz de crecer a tasas que contribuyen significativamente a la generación de empleos.

La CONAPESCA, es un órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA), y tiene por misión fomentar y desarrollar mecanismos de coordinación con diferentes instancias para implementar políticas, programas y normatividad que conduzcan y faciliten el desarrollo competitivo y sustentable del sector pesquero y acuícola del país.

El ordenamiento de la pesca y acuacultura requiere de autonomía de gestión y de los recursos económicos suficientes para poder ejercer políticas públicas sostenibles en el tiempo, eficaces y eficientes, para poder avanzar en la ordenación y en lograr los consensos necesarios con los múltiples actores que participan en este sector.

En este sentido, el estatus jurídico de la CONAPESCA, como ente desconcentrado está subordinada a la SAGARPA, por lo que todas las políticas públicas que implementa, programas y normatividad deben ser autorizadas por esta últimaSecretaría que tiene la responsabilidad de atender a todo el sector primario nacional.

De esta manera tenemos que el presupuesto asignado al sector primario pesquero, es administrado por la SAGARPA, que a su vez coordina a servidores públicos de 3 subsecretarías, 22 unidades administrativas, 32 delegaciones, y 7 órganos administrativos desconcentrados, entre los que se encuentran: Agencia de Servicios a la Comercialización y Desarrollo de Mercados Agropecuarios; Colegio Superior Agropecuario del Estado de Guerrero; Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (CONAPESCA); Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera; Servicio Nacional de Inspección y Certificación de Semillas, y el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (SENASICA).

Ahora bien, la tendencia organizacional de descentralización administrativa no es un tema ajeno para la SAGARPA, ya que actualmente, cuenta con 6 organismos públicos descentralizados y sectorizados a la propia dependencia:

• Colegio de Postgraduados (COLPOS).

• Comisión Nacional de Zonas Áridas (CONAZA).

• Comité Nacional para el Desarrollo Sustentable de la Caña de Azúcar (CONADESUCA).

• Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pesqueras (INIFAP).

• Instituto Nacional de Pesca.

• Productora Nacional de Biológicos Veterinarios (PRONABIVE).

Un común denominador entre los citados organismos, es que tienen fines, objetivos y actividades específicas, características propias con las que cuenta actualmente la CONAPESCA.

Cabe mencionar, que respecto a la forma de organización del Poder Ejecutivo Federal, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su Artículo 90 establece que la administración pública federal, será centralizada y paraestatal; luego entonces, ambas estructuras de organización forman parte del Ejecutivo, lo que los diferencia es la personalidad jurídica que ostentan, su autonomía de gestión, sus recursos humanos especializados, así como el manejo de su presupuesto.

La presente iniciativa de ley, pretende reformar la Fracción XXI del Artículo 35 de la Ley Orgánica de la administración Pública Federal, a efecto de darle el estatus jurídico a la CONAPESCA de organismo descentralizado sectorizado a la SAGARPA, y reconocerle el carácter estratégico y prioritario a las actividades que desarrolla en materia de pesca y acuacultura, tal como se dispone en el Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012, en el rubro Economía Competitiva y Generadora De Empleos, apartado 2.7, primer párrafo, correspondiente al Sector Rural:

El Sector Agropecuario y Pesquero es estratégico y prioritario para el desarrollo del país porque, además de ofrecer los alimentos que consumen las familias mexicanas y proveer materias primas para las industrias manufacturera y de transformación, se ha convertido en un importante generador de divisas al mantener un gran dinamismo exportador. En éste vive la cuarta parte de los mexicanos, y a pesar de los avances en la reducción de la pobreza alimentaria durante los años recientes en este sector, persiste aun esta condición en un segmento relevante de la población rural.1

Para que se pueda crear un ente administrativo descentralizado, la Ley Federal de Entidades Paraestatales establece en su Artículo 14, que son organismos descentralizados las personas jurídicas creadas conforme a lo dispuesto por la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y cuyo objeto sea:

I. La realización de actividades correspondientes a las áreas estratégicas o prioritarias;

II. La prestación de un servicio público o social; o

III. La obtención o aplicación de recursos para fines de asistencia o seguridad social.

En términos del artículo citado, se considera viable definir a la actividad pesquera y acuícola en México, en términos de seguridad alimentaria y por ende un asunto de seguridad nacional. En consecuencia, el carácter estratégico al que alude el Artículo 14, fracción I de la Ley Federal de Entidades Paraestatales resulta satisfecho, en virtud de que la pesca y la acuacultura sostenibles desempeñan un papel crucial en la seguridad alimentaria y nutricional al proporcionar los medios de subsistencia de millones de personas, como lo sostiene la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO).2

Cabe precisar que las políticas públicas más importantes del Estado Mexicano, se diseñan e implementan en el marco de leyes generales, tal es el caso de seguridad nacional, seguridad pública, desarrollo social, salud y educación. En este sentido, la materia de pesca y acuacultura, se enmarca dentro de estas áreas prioritarias y estratégicas al contar con una Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentable que define los ámbitos y competencias, que a los tres órdenes de gobierno le corresponde desempeñar en esta materia.

Para alcanzar crecimientos importantes en el sector pesquero y acuícola, se requiere que el Gobierno Federal reconozca jurídicamente su naturaleza estratégica y el gran potencial de crecimiento, que de facto tienen ambos para el desarrollo regional, económico y social del país.

En congruencia con lo anterior, la exposición de motivos de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables vigente, considera a esas actividades como asuntos de seguridad nacional y como una prioridad para el desarrollo nacional, que tiene por objeto su aprovechamiento sustentable, lo cual refrenda el carácter de prioritario y estratégico, como lo dispone el artículo 14, fracción I, de la Ley Federal de Entidades Paraestatales.

En pasadas legislaturas, Diputados Federales y Senadores presentaron iniciativas con objeto de aprobar la descentralización de la CONAPESCA de la SAGARPA, y así, fortalecerla jurídica, administrativa y presupuestalmente, como medida eficiente para impulsar cambios significativos en la forma de administrar, fomentar y controlar dichas actividades. Sin embargo, existió ausencia de consensos políticos necesarios y suficientes para hacer realidad esta propuesta.

Hoy los legisladores estamos comprometidos con el desarrollo económico nacional y ha contar con una legislación que estimule la competitividad y la generación de más y mejores empleos, en beneficio de las familias, como lo demuestran recientes reformas aprobadas.

Bajo esta premisa, esta iniciativa de Ley tiene como propósito reformar el artículo 4 de la Ley General de Pesca y Acuacultura sustentables, a fin de descentralizar la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (CONAPESCA) de la SAGARPA y con ello conferirle personalidad jurídica propia y autonomía de gestión, para un mejor aprovechamiento sustentable de los recursos acuáticos, impulsar una mayor competitividad de la industria pesquera, reafirmar la soberanía alimentaria en pescados y mariscos, así como mejorar la eficacia, eficiencia y economía de la decisiones que CONAPESCA debe implementar para resolver las necesidades que enfrenta el sector.

El sector pesquero no ha permanecido inmutable a cambios institucionales, sino que ha transitado desde una jefatura de departamento de Pesca, hasta transformarse en la Secretaría de Pesca (SEPESCA), en el período que comprende de 1979 a 1994.

A partir de 1994 se llevó a cabo una restructuración que la convirtió en Subsecretaría de Pesca y Acuacultura, adscrita a la Secretaría de Medio Ambiente Recursos Naturales y Pesca (SEMARNAP). Hacia finales de noviembre de 2000, se trasladó a la hoy Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA), creada por Decreto del Ejecutivo el 5 de junio de 2001, bajo la denominación de Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (CONAPESCA), órgano administrativo desconcentrado, cuya función principal fue planear e impulsar del desarrollo del sector pesquero y acuícola nacional, y estableció que podría auxiliarse en su funcionamiento de las Delegaciones estatales de la SAGARPA.

La CONAPESCA tiene su sede en Mazatlán, Sinaloa, y cuenta actualmente con las siguientes unidades administrativas a su cargo: 1) Dirección General de Planeación, Programación y Evaluación, 2) Dirección General de Ordenamiento Pesquero y Acuícola, 3) Dirección General de Organización y Fomento, 4) Dirección General de Infraestructura, 5) Dirección General de Inspección y Vigilancia, 6) Unidad de Administración, y 7) Unidad de Asuntos Jurídicos.

En la CONAPESCA, se han instrumentado importantes avances en su estructura organizacional, que al día de hoy forman una base sólida que le permitiría operar como un organismo descentralizado. De lo anterior da cuenta el Acuerdo emitido por la SAGARPA el 18 de agosto de 2011, y que entró en vigencia a partir del 1º de enero de 2012, que estableció una restructuración para el fortalecimiento institucional, y la transferencia en su totalidad a la CONAPESCA de los recursos materiales, humanos y financieros con lo que contaban las Subdelegaciones de Pesca, adscritas a las Delegaciones Estatales de la SAGARPA.

El decreto en referencia establece la nueva estructura orgánica de la CONAPESCA, con la cual se crean las Oficinas Regionales que tendrán como principal objetivo fomentar y atender las actividades del sector pesquero y acuícola nacional, mismas que están distribuidas de la siguiente manera:

Zona I Pacífico Norte, con sede en Culiacán Sinaloa, atendiendo los siguientes 5 estados: Baja California, Baja California Sur, Sonora, Sinaloa y Nayarit.

Zona II Pacífico Sur, con sede en la ciudad de Guadalajara Jalisco, atendiendo a las siguientes 5 entidades federativas: Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas.

Zona III Golfo de México, con sede en Veracruz, Veracruz, atendiendo los siguientes 3 estados: Tamaulipas, Veracruz y Tabasco.

Zona IV Caribe, con sede en Mérida Yucatán, atendiendo las siguientes 3 entidades: Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Zona V de Aguas Interiores, con sede en la ciudad de México, atendiendo además del Distrito Federal, los siguientes 14 estados: Chihuahua, Coahuila, Durango, Zacatecas, Nuevo León, Tlaxcala, San Luis Potosí, Hidalgo, Aguascalientes, Puebla, Guanajuato, Querétaro, Estado de México y Morelos.

Si bien es cierto, en ese acto jurídico fortaleció la estructura operativa de la CONAPESCA, sus funciones, atribuciones y alcances para dar una mejor atención al sector en todo el territorio mexicano, omitió establecer el carácter descentralizado del organismo, con lo que se potenciarían las capacidades institucionales del sector pesquero.

Por otra parte, la fracción XXI del Artículo 35 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal establece como facultades de la SAGARPA, “el fomentar la actividad pesquera a través de una entidad pública, la cual tendrá a su cargo las siguientes atribuciones:

a) Realizar directamente y autorizar conforme a la ley, lo referente a acuacultura; así como establecer viveros, criaderos y reservas de especies acuáticas;

b) Promover, fomentar y asesorar técnicamente la producción, industrialización y comercialización de los productos pesqueros en todos sus aspectos, en coordinación con las dependencias competentes;

c) Estudiar, proyectar, construir y conservar las obras de infraestructura pesquera y de acuacultura que requiere el desarrollo del sector pesquero, con la participación de las autoridades estatales, municipales o de particulares;

d) Proponer a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación la expedición de las normas oficiales mexicanas que correspondan al sector pesquero;

e) Regular la formación y organización de la flota pesquera, así como las artes de pesca, proponiendo al efecto, a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, las normas oficiales mexicanas que correspondan;

f) Promover la creación de las zonas portuarias, así como su conservación y mantenimiento;

g) Promover, en coordinación con la Secretaría de Economía, el consumo humano de productos pesqueros, asegurar el abasto y la distribución de dichos productos y de materia prima a la industria nacional; y

XXII. Los demás que expresamente le atribuyan las leyes y reglamentos”.

De esta forma, la CONAPESCA realiza funciones administrativas que la SAGARPA le ha delegado, sin embargo la ausencia de personalidad jurídica, autonomía de gestión y presupuestal, le resta efectividad, eficacia y eficiencia, al cumplimiento de las obligaciones que la ley le confiere.

Asimismo, la CONAPESCA opera diversos programas de apoyo a la inversión en equipamiento e infraestructura, en sus componentes: pesca, infraestructura pesquera y acuícola, modernización de la flota pesquera y racionalización del esfuerzo pesquero; subsidios de diesel marino y gasolina ribereña; disminución del esfuerzo pesquero, inspección y vigilancia, así como ordenamiento pesquero y acuícola.

En el día a día, la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca cuenta con importantes limitaciones por estar subordinada en su operación a la SAGARPA, la cual como cabeza de sector, ha hecho recortes presupuestales a la CONAPESCA, que han afectado la operatividad de la misma dependencia, limitando su capacidad de gestión y atención a la actividad pesquera y acuícola.

El sector pesquero necesita un impulso real y sostenido a la actividad, por lo que debe conferirse a la CONAPESCA una verdadera autonomía, no sólo técnica, sino operativa, administrativa y de gestión presupuestaria, con personalidad jurídica y patrimonio propios, a fin de que asuma cabalmente las facultades que le confiere la legislación.

Por las razones antes expuestas, esta iniciativa de ley pretende reformar la fracción XXI del artículo 35 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, para que la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca se transforme en un organismo público descentralizado y sectorizado a la SAGARPA, encargado de fomentar la actividad pesquera y acuícola.

Además, para armonizar el marco jurídico que regula CONAPESCA, se propone la adición de la fracción XIV BIS al 4 de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables, para incluir entre las definiciones previstas en el ordenamiento el significado de CONAPESCA, como Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca, organismo público descentralizado, sectorizado a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación.

Se pretende además reformar la fracción XLIII, artículo 4, de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables, para establecer que para efectos de dicha legislación se entenderá por “Secretaría: La Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, que actuará a través del organismo público descentralizado denominado CONAPESCA, con excepción de aquellos casos en los que sea a través de SENASICA”.

La descentralización de la CONAPESCA como órgano sectorizado de la SAGARPA fortalecerá la articulación de la política pública en materia pesquera y acuícola, permitirá una mayor autonomía de gestión y presupuestal, posibilitará fuentes de financiamiento alternas y facilitará un modelo organizacional más eficiente y de gestión basadaen resultados.

Se estima que la transformación de CONAPESCA como órgano desconcentrado a descentralizado sectorizado a la SAGARPA, tendrá un impacto presupuestario mínimo, en virtud de que actualmente tiene oficinas en todas las entidades federativas, más cinco sedes de coordinación, derivado de la reestructuración administrativa de que fue objeto desde enero de 2012.

Por lo anterior, se somete a esta Honorable Asamblea de la Cámara de Senadores de la LXII Legislatura del H. Congreso de la Unión, el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO

Por el que se reforma la fracción XXI del Artículo 35 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, y se adiciona la fracción XIV Bis y se reforma la XLIII del Artículo 4 de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables, para quedar de la siguiente forma:

Artículo Primero. Se reforma la fracción XXI del Artículo 35 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, para quedar como sigue:

Artículo 35. …

I. a XX.

XXI. Fomentar la actividad pesquera y acuícola, a través de la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca, como organismo público descentralizado, que tendrá a su cargo las siguientes atribuciones:

Artículo Segundo. Se adiciona fracción XIV Bis y se reforma la fracción XLIII, ambas del artículo 4 de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables, para quedar de la siguiente forma:

Artículo 4.

I. a XIV.

XIV Bis. CONAPESCA: Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca, órgano público descentralizado sectorizado con la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación.

XV. a XLII.

XLIII. Secretaría: La Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, que actuará a través de la CONAPESCA, como organismo público descentralizado, con excepción de aquellos casos en los que sea a través de SENASICA;

TRANSITORIOS

Primero. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Las menciones contenidas en otras leyes, reglamentos y, en general, en cualquier disposición respecto a la Comisión Nacional deAcuacultura y Pesca, cuyas funciones se reforman por virtud de este Decreto, se entenderán referidas a la entidad administrativa que asuma tales funciones.

Tercero. La creación de la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca como organismo público descentralizado, se realizará conforme a lo dispuesto en la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y a la Ley Federal de Entidades Paraestatales.

Cuarto. Las acciones que deriven de la aplicación de las modificaciones al presente decreto se realizarán con cargo al presupuesto aprobado a la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca.

Quinto. Se derogan las disposiciones aplicables que se opongan al presente Decreto.

México, Distrito Federal, a 22 de noviembre de 2012.

Atentamente

Sen. Francisco Salvador López Brito”.

- El C. Presidente Cordero Arroyo: Gracias, Senador López Brito. Túrnese a las Comisiones Unidas de Gobernación; y de Estudios Legislativos, Segunda.

1 Sitio oficial de la Presidencia de la República, consultado el 15 de noviembre de 2012. Véase http://pnd.calderon.presidencia.gob.mx/economia-competitiva-y-generadora-de-empleos/sector-rural.html

2Sitio oficial de la ONU,consultado el 15 de noviembre de 2012. Véase:

http://www.un.org/spanish/News/story.asp?NewsID=23913#.UKbZZuT8LTo

Tiene la palabra el Senador Raúl Pozos Lanz, a nombre propio y de diversos Senadores, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma y adiciona el artículo 2o. de la Ley del Impuesto al Valor Agregado.





 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETOPOR EL QUE SE REFORMA Y ADICIONA EL ARTICULO 2o. DE LA LEY DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

(Presentada por el C. Senador Raúl Aarón Pozos Lanz, a nombre propio y de los CC. Senadores René Juárez Cisneros, Humberto Domingo Mayans Canabal, Fernando Enrique Mayans Canabal, Adán Augusto López Hernández, Roberto Armando Albores Gleason, Oscar Román Rosas González, Zoé Robledo Aburto, Mónica Tzasna Arriola Gordillo y Luis Armando Melgar Bravo)

- El C. Senador Raúl Aarón Pozos Lanz: Con su permiso, señor Presidente; compañeras y compañeros legisladores:

Quiero iniciar mi intervención expresando que el documento que hoy presentamos a su consideración, fue el resultado de un consenso amplio de los integrantes de la Comisión de Desarrollo Regional que preside nuestro compañero el Senador René Juárez Cisneros, así como de todos los Senadores que suscriben esta iniciativa y que están comprometidos con los estados fronterizos del sur-sureste de México.

La enorme extensión territorial de nuestro país nos dota de un espacio geográfico diverso en el cual coinciden temas de interés común por su naturaleza limítrofe.

Las fronteras compartidas entre México y sus países vecinos de Estados Unidos, Belice y Guatemala, implican una gestión conjunta de una serie muy amplia de temas que van desde lo social, lo ambiental, lo comercial y lo regional.

Las fronteras de México son polos de atracción para las personas que buscan una mejor calidad de vida. La frontera sur es un destino obligado para ciudadanos centroamericanos y sudamericanos en su paso hacia los Estados Unidos. La frontera norte es un espacio donde parte de estos extranjeros y nuestros propios connacionales, buscan una mejor calidad de vida y oportunidades para ellos y sus familias.

Durante muchos años, el Estado mexicano ha impulsado en la frontera norte políticas fiscales que la hicieron más competitiva y que han generado mejores condiciones de vida para quienes ahí viven. Lamentablemente esto no ha sucedido en la frontera sur.

Las asimetrías entre estas 2 regiones son notorias. El sur-sureste de México se caracteriza por la altísima dispersión en pequeñas localidades con menos de 2 mil 500 habitantes, en ella se genera el 22.5 por ciento del Producto Interno Bruto Nacional.

La región representa el 73 por ciento de la población que habla lengua indígena, el 69.3 por ciento de la población vive en la pobreza y un 19.2 por ciento se sitúa en pobreza extrema.

21 millones de personas tienen ingresos por debajo de la línea de bienestar, lo que representa el 65.8 por ciento de la población total de la región.

Particularmente en los municipios que se busca beneficiar con esta propuesta, habitan más de un millón y medio de mexicanos, y más de 700 mil personas pertenecen a alguna etnia indígena que predominantemente son mayas, con altos índices de analfabetismo, pobreza, desnutrición, incertidumbre y falta de oportunidades.

En contraste, nuestra región aporta generosamente a la Federación sus vastos recursos naturales, turísticos y energéticos como el petróleo, el gas natural y la energía hidroeléctrica, para soportar el desarrollo nacional mediante un usufructo centralizado y desigual.

He expresado anteriormente en esta respetable tribuna de la imperiosa necesidad de los estados, como el que represento, que es Campeche, de contar con incentivos económicos para depender con menor medida de los ingresos generados por la economía petrolera, sin duda esta iniciativa respalda a toda la región, consolidaría un avance singnificativo en el tema, por ello, es necesario diseñar políticas fiscales para la frontera sur y demandar de la Federación y del Congreso de la Unión, la inclusión de un territorio más amplio de esta frontera para contar con tasas competitivas en lo impositivo.

Los Senadores que suscribimos esta iniciativa proponemos una reforma al artículo 2o. de la Ley del Impuesto al Valor Agregado para reducir la tasa de este impuesto al 11 por ciento, o incluso menos de acuerdo a lo que estime la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

La región fronteriza del sur-sureste del país necesita incentivos fiscales, más allá de los 20 kilómetros permitidos, para estimular la creación de empleos y la activación económica de la región, como es el caso de los municipios de mi estado, Calakmul y Candelaria, que a la vez de ser los de mayores carencias y marginación, representan potencialidades significativas para el desarrollo de la región, por la calidad de su gente, sus recursos naturales y sus capacidades productivas.

Lo mismo se puede expresar de los municipios de Chiapas y Tabasco, todos con un pasado de esfuerzo y un futuro que con estas medidas se advierte más alentador en un esquema de competencias.

Asimismo, se propone la adición de un quinto párrafo al artículo 2o. de la Ley del IVA, para establecer que se podrá aplicar temporalmente una tasa inferior a la aplicable en las regiones fronterizas, con una temporalidad y magnitud que podrá ser revisada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, siempre que los bienes y servicios sean enajenados, prestados o realizados por personas físicas y morales residentes en la región fronteriza sur, logrando con ello áreas territoriales en el sur-sureste de nuestro país más competitivas de sus destinos, productos y servicios turísticos, fomentando con ello la diversificación, la atracción de inversiones, así como la integración de cadenas productivas y, por supuesto, la creación de empleos.

Por todo lo anteriormente expuesto y fundado, proponemos ante esta Honorable Soberanía, la iniciativa con proyecto de Decreto que reforma y adiciona el artículo 2o. de la Ley del Impuesto al Valor Agregado.

Artículo único. Se reforma el cuarto párrafo y se adiciona un quinto párrafo al artículo 2o. de la Ley del Impuesto al Valore Agregado, para quedar como sigue:

Para los efectos de esta ley, se considera como región fronteriza, además de la franja fronteriza de 20 kilómetros paralela a las líneas divisorias internacionales del norte y sur del país, todo el territorio de los estados de Baja California, Baja California Sur y Quintana Roo. Así como la región parcial del estado de Sonora comprendida en los siguientes límites: al norte, la línea divisoria internacional desde el cauce del Río Colorado hasta el punto situado en esa línea a 10 kilómetros al oeste del municipio Plutarco Elías Calles; de ese punto, una línea recta hasta llegar a la costa, a un punto situado a 10 kilómetros, al este de Puerto Peñasco; de ahí, siguiendo el cauce de ese río, hacia el norte hasta encontrar la línea divisoria internacional. Como también, los municipios de Caborca y de Cananea, Sonora; Calakmul y Candelaria, Campeche; Amatenango de la Frontera, Benemérito de las Américas, Bejucal de Ocampo, Cacahoatán, Comitán de Domínguez, Frontera Comalapa, Frontera Hidalgo, La Independencia, La Trinitaria, Las Margaritas, Maravilla, Marqués de Comillas, Mazapa de Madero, Motozintla, Ocosingo, Palenque, Suchiate, Tapachula, Tenejapa, Tuxtla Chico y Unión Juárez, Chiapas; y los municipios de Balancán y Tenosique, del vecino estado de Tabasco.

Tratándose de las regiones fronterizas, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público podrá aplicar temporalmente una tasa inferior en las mismas, siempre que los bienes y servicios sean enajenados, prestados o realizados por personas físicas y morales en ese ámbito territorial.

Transitorios

Unico. El presente Decreto entrará en vigor a la fecha de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Suscriben los Senadores René Juárez Cisneros, Raúl Aarón Pozos Lanz, Humberto Domingo Mayans Canabal, Fernando Enrique Mayans Canabal, Adán Augusto López Hernández, Roberto Armando Albores Gleason, Oscar Román Rosas González, Zoé Robledo Aburto, Mónica Tzasna Arriola Gordillo y Luis Armando Melgar Bravo.

Muchísimas gracias.

(Aplausos)

Iniciativa

“Los que suscriben, SenadoresRenE JuArez Cisneros, Raúl Aarón Pozos Lanz, Humberto DomingoMayans Canabal, Fernando Enrique Mayans Canabal, Adán Augusto López Hernández, Roberto Armando Albores Gleason, Oscar RomAn Rosas González, Zoé Robledo Aburto, Mónica Tzasna Arriola Gordillo y Luis Armando Melgar Bravo, integrantes de la LXII Legislatura del H. Congreso de la Unión, en ejercicio de la facultad que nos confieren los artículos 71, fracción II, y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los artículos 8, numeral 1, fracción I, 164 y 169 del Reglamento del Senado de la República, sometemos a la consideración de esta Honorable Asamblea, la siguiente iniciativa con proyecto de Decreto que se fundamenta en la presente:

Exposición de motivos

Las fronteras norte y sur de nuestro país comparten un espacio geográfico distinto, sin embargo, también coinciden en temas de interés común por su naturaleza limítrofe. Las fronteras compartidas entre México y sus países vecinos de Estados Unidos de América, Belice y Guatemala, implican una gestión conjunta de una serie muy amplia de temas, que van desde lo social, pasando por lo ambiental, lo comercial y lo regional.

Los estados fronterizos en el norte de nuestro país son Baja California, Sonora, Coahuila, Chihuahua, Nuevo León y Tamaulipas, mientas que en el sur se encuentran Chiapas, Tabasco, Campeche y Quintana Roo.

Las fronteras de México además de marcar los límites donde inicia y termina la República Mexicana, son el lugar donde se experimentan relaciones dinámicas por ser polos de atracción para las personas que buscan una mejor calidad de vida. La frontera sur es un destino obligado para ciudadanos centroamericanos y sudamericanos en su paso hacia los Estados Unidos de América. De igual forma, la frontera norte es un espacio donde parte de estos extranjeros y nuestros propios connacionales, transitan en su búsqueda por una mejor calidad de vida hacia el vecino país o, en muchos de los casos, se establecen en las zonas fronterizas al conseguir algún empleo y otras oportunidades de desarrollo que resultan atractivas para ellas y sus familias.

Lo anterior, trae aparejado retos altamente complejos de urbanización y población, sobre todo, para las regiones que padecen los ya referidos flujos migratorios y que al final se verá reflejada en una mayor demanda de servicios. Lo que implica retos dentro de la política pública para poder atender dichos aspectos que se vislumbran como asuntos apremiantes para las fronteras de nuestro país.

Por su parte, en la frontera sur de nuestro país existen regiones con un alto potencial de desarrollo que, de ser debidamente apoyadas, podrían fomentar actividades económicas que permitirían un mayor avance social y mejores condiciones de vida para sus pobladores. Sin embargo, es importante un federalismo más solidario que permita estímulos fiscales que sean compensatorios para el desarrollo del Sur-sureste de México.

Al Estado mexicano le ha faltado visión para desarrollar la frontera sur, dotarla de incentivos fiscales y rescatarla de la inseguridad, la parálisis económica y la falta de oportunidades. De ahí que sea necesario establecer condiciones para fomentar un mayor crecimiento regional, a través de condiciones fiscales diferenciadas al resto del país.

Lo anterior, para lograr abatir graves conflictos en esta región del país, generados fundamentalmente por los flujos migratorios y por las condiciones de inseguridad motivadas por delitos como el tráfico ilícito de migrantes y la trata de personas, el uso de documentos falsos, el trasiego de drogas y armas, así como por la falta de inversiones para fortalecer la infraestructura y vigilancia para la seguridad nacional en la línea fronteriza.

Debe reconocerse que la aparición recurrente de conflictos sociopolíticos en el sur de México, tienen como característica común, las condiciones arraigadas de pobreza, desigualdad y olvido que ha caracterizado a la región.

Las condiciones de marginación y pobreza en el Sur-sureste se deben a un tejido histórico complejo de factores de muy diversa naturaleza. Esta regiónde México se caracteriza por su dispersión en pequeñas localidades, teniendo un 98.7% con menos de 2 mil 500 habitantes, pero en ella, se genera sólo el 22.5% del Producto Interno Bruto Nacional (PIB).

La región comprende el 28.2% de la población nacional, y representa el 73% de la población que habla lengua indígena de acuerdo al Censo de Población y Vivienda 2010.

De acuerdo con datos del Coneval, en la región Sur-sureste el 69.3% de la población vive en pobreza y un 19.2% se sitúa en pobreza extrema, mientras que a nivel nacional en estas condiciones se encuentran el 46.2 y 10.4% de la población, respectivamente.

21 millones de personas tienen ingresos por debajo de la línea de bienestar, lo que representa el 65.8% de la población total de la región, mientras que a nivel nacional el promedio es del 52%.

Las cuatro entidades federativas que conforman la frontera sur del país tienen como marco de referencia geográfica una superficie de 84 mil 511 kilómetros cuadrados y forman una franja fronteriza de colindancia de 1,149 kilómetros con dos naciones centroamericanas: Guatemala y Belice.

México, además de compartir límites internacionales con estas dos naciones, comparte historia, cultura, problemáticas diversas, pero sobre todo, una alta movilidad migratoria donde el respeto a los derechos humanos debe ser fundamental.

Al hablar de la región fronteriza en el sur de nuestro país nos referimos a una de las zonas con mayor retraso social, donde contrastan las riquezas de sus recursos naturales con rezagos sociales ancestrales.

En este sentido, vemos que los estímulos fiscales de la federación para fomentar actividades económicas en las zonas más pobres en el país son nulos y no son concebidos como parte de una política pública de desarrollo social y regional.

En los municipios que se busca beneficiar con esta propuesta legislativa, habitan más de un millón y medio de mexicanos, y más de 700 mil personas pertenecen a alguna etnia indígena de predominio maya con altos índices de analfabetismo, pobreza, desnutrición, incertidumbre y falta de oportunidades para acceder a los mínimos de bienestar, lo que hace que un gran número de los habitantes de esta región vivan en condiciones de pobreza extrema o alto grado de marginación.

La grandeza histórica y cultural en el Sur-sureste de nuestro país no corresponde en forma alguna a los últimos lugares de analfabetismo, nutrición, salud, vivienda y otros indicadores de los mínimos de bienestar que la convierten en una región empobrecida y de grandes contrastes socioeconómicos.

Esta región otorga al conjunto de la Federación, la generosidad de sus vastos recursos naturales, turísticos y energéticos como el petróleo, el gas natural y de la energía hidroeléctrica, para soportar el crecimiento y el desarrollo nacional mediante el usufructo centralizado y desigual de éstos y otros importantes recursos como el café, cacao, plátano, carne bovina y productos del mar, y en cambio es visible una lejanía institucional histórica que constituye un saldo desfavorable a su desarrollo político, económico, social y cultural.

La frontera sur demanda de la Federación y del Congreso de la Unión un trato desigual a desiguales. A nadie conviene que se profundicen los desequilibrios entre las regiones del país. Por ello, es necesario tomar decisiones, diseñar e instrumentar políticas públicas que permitan la institucionalización para atacar el rezago y la desigualdad con una visión de mediano y largo plazo.

En el Artículo 2o de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, se establece que la región fronteriza solo comprende los territorios de los estados de Baja California, Baja California Sur y Quintana Roo, los municipios de Caborca, Cananea, así como una determinada región parcial dentro del Estado de Sonora, además de la franja fronteriza de 20 kilómetros paralela a las líneas divisorias internacionales del norte y sur del país.

Es por ello que consideramos que un territorio más amplio de la frontera sur de nuestro país requiere contar con tasas más competitivas frente a las naciones vecinas y del resto del país, para promover inversiones y lograr un mayor intercambio comercial que ayude a la creación de empleo e intercambio de mercancías en mejores condiciones fiscales, que ayuden a superar las circunstancias desfavorables que padece la población en esta región de nuestro país. Es por ello que se propone una reforma al Artículo 2o de la Ley del Impuesto al Valor Agregado (IVA), para reducir la tasa del Impuesto al Valor Agregado de aquellos municipios de los estados de Campeche, Chiapas, y Tabasco, colindantes con la frontera sur más allá de la franja fronteriza.

Es importante apuntar que en Estados Unidos de América los impuestos al consumo rondan las tasas del 6 al 8%, mientras que en Guatemala el Impuesto al Valor Agregado causa una tasa única del 12% y en Belice del 10%. En cambio, existen centros urbanos municipales cercanos a la frontera sur de nuestro país con infraestructura económica básica que escapan de la franja fronteriza de los 20 kilómetros, y donde el impuesto al consumo es del 16% lo que desincentiva las actividades comerciales y productivas de la región.

Es por ello que este proyecto de Decreto promueve la anuencia del Congreso de la Unión, con la finalidad de decretar se incluya todo el territorio de los municipios de los Estados de Campeche, Chiapas, y Tabasco, colindantes con la frontera de Belice y Guatemala, para que sean considerados dentro de la región fronteriza,a fin de obtener los beneficios fiscales y la tasa del 11% o menos, de acuerdo a lo que estime la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SCHP), con la idea de coadyuvar a su desarrollo social, productivo, comercial e industrial, desde la lógica de un desarrollo regional más integral.

Los sectores económicos, políticos y sociales de esta región del país exigenincentivos fiscales. Por ello, esta iniciativa contiene una propuesta incluyente que define con mayor precisión aquellos municipios de los estados de Campeche, Chiapas y Tabasco, que podrían ser contemplados en la región fronteriza del sur de nuestro país, con el objeto de fomentar un área geográfica con enormes potenciales comerciales y de desarrollo.

La actividad económica y social en esta región del país es fundamental para aprovechar los recursos naturales, la biodiversidad, la posición geopolítica e infraestructura carretera existente, para insertar proyectos integrales que permitan el avance y la sustentabilidad de las economías de dichas entidades federativas, fomentando una estrecha negociación e intercambio comercial con nuestros vecinos de Belice y Guatemala.

El establecimiento de zonas diferenciadas en la aplicación del Impuesto al Valor Agregado se remonta originalmente al decreto publicado el 29 de diciembre de 1978; este decreto sólo incluía una franja fronteriza de 20 kilómetros paralela a la línea divisoria internacional del norte del país, y en las zonas libres de Baja California, norte de Sonora y de Baja California Sur, omitiendo a los estados del sur de nuestro país que siempre han quedado marginados de los beneficios fiscales, siendo que, las situaciones precarias que prevalecen en esta zona, son de marginación y desigualdad.

En una segunda instancia, el 31 de diciembre de 1979, mediante publicación en el Diario Oficial de la Federación, se extendió el beneficio de la aplicación de la tasa menor a la franja fronteriza sur de 20 kilómetros colindante con Belice.

El 21 de noviembre de 1991, mediante publicación en el Diario Oficial de la Federación, en un retroceso en el ámbito de política fiscal, se estableció la desaparición del tratamiento diferencial que existe para las franjas fronterizas y zonas libres del país, derogándose el Artículo 2o de la Ley del Impuesto al Valor Agregado homologándose la tasa de dicho impuesto en todo el país.

El 27 de marzo de 1995, como medida para reactivar el consumo en la producción nacional en las zonas fronterizas, se retorna al tratamiento diferenciado de tasas en el Impuesto al Valor Agregado, demarcando esta zona "además de la franja fronteriza de 20 kilómetros paralela a las líneas divisorias internacionales del norte y sur del país, todo el territorio de los estados de Baja California, Baja California Sur y Quintana Roo, el municipio de Cananea, Sonora, así como la región parcial del estado de Sonora" estableciéndose ya una simetría en el tratamiento al incluirse ambas fronteras en el Artículo 2o de la Ley del Impuesto al Valor Agregado. En la última modificación sufrida a este mencionado artículo, se incluye dentro de esta zona de tasa diferenciada al municipio de Caborca, disposición publicada en 30 de diciembre de 2002.

La Ley del Impuesto al Valor Agregado en el párrafo cuarto del Artículo 2o, establece con marcadas excepciones una tasa reducida del 11% para los Estados de las regiones fronterizas de nuestro país considerando como región fronteriza, además de la franja fronteriza de 20 kilómetros paralela a las líneas divisorias internacionales del norte y sur del país, todo el territorio de los estados de Baja California, Baja California Sur y Quintana Roo, los municipios de Caborca y de Cananea, Sonora, así como la región parcial del Estado de Sonora comprendida en los siguientes límites: al norte, la línea divisoria internacional desde el cauce del Río Colorado hasta el punto situado en esa línea a 10 kilómetros al oeste del municipio Plutarco Elías Calles; de ese punto, una línea recta hasta llegar a la costa, a un punto situado a 10 kilómetros, al este de Puerto Peñasco; de ahí, siguiendo el cauce de ese río, hacia el norte hasta encontrar la línea divisoria internacional.

Esta tasa reducida se explica por la necesidad de contar con tasas competitivas frente a las naciones vecinas como los Estados Unidos de América, donde los impuestos al consumo rondan tasas del 6 al 8%, de ahí la necesidad de que nuestros connacionales habitantes de las regiones fronterizas colindantes con dicho país, o las entidades federativas cuyos principales negocios se realizan con el mismo, como es el caso de Quintana Roo, gocen de esta tasa preferencial reducida en el Impuesto al Valor Agregado, siendo que, para los demás Estados del sur-sureste mexicano, se incluye exclusivamente la franja de 20 kilómetros en torno de la frontera con los países de Centroamérica.

La región fronteriza del sur-sureste del país necesita incentivos fiscales más allá de los 20 kilómetros permitidos, para estimular la creación de empleos y la activación económica de la región, como el caso de los municipios de Calakmul y Candelaria, en Campeche; Amatenango de la Frontera, Benemérito de las Américas, Bejucal de Ocampo, Cacahoatán, Comitán de Domínguez, Frontera Comalapa, Frontera Hidalgo, La Independencia, La Trinitaria, Las Margaritas, Maravilla, Marqués de Comillas, Mazapa de Madero, Motozintla, Ocosingo, Palenque, Suchiate, Tapachula, Tenejapa, Tuxtla Chico y Unión Juárez, en Chiapas; Balancán y Tenosique, en Tabasco.

Estos 25 municipios de la frontera sur-sureste del país cuentan con una economía poco desarrollada basada en actividades económicas correspondientes fundamentalmente al sector primario, por lo que estimamos impostergable promover su desarrollo económico, tratándolos, cuando menos, en los mismos términos fiscales que la región fronteriza del norte o el estado de Quintana Roo, con un tipo de estímulo fiscal del 11% según la Ley del Impuesto al Valor Agregado.

Asimismo, se propone la adición de un quinto párrafo al referido Artículo 2º de Ley del Impuesto al Valor Agregado, para establecer que se podrá aplicar temporalmente una tasa inferior a la aplicable en las regiones fronterizas, con una temporalidad y magnitud que podrá ser revisada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), siempre que los bienes y servicios sean enajenados, prestados o realizados por personas físicas y morales residentes en la región fronteriza sur, logrando con ello, áreas territoriales en el sur-sureste de nuestro país más competitivas de sus destinos, productos y servicios turísticos, fomentando con ello, la diversificación, la atracción de inversiones, así como la integración de cadenas productivas y, por supuesto, la creación de empleos.

Lo anterior, permitirá la implementación de acciones efectivas para potenciar el impulso del comercio y del turismo en Campeche, Chiapas y Tabasco, tres de las entidades federativas que colindan con la frontera sur que requieren reactivar los flujos turísticos y crear nuevos mercados que permitan intensificar y mejorar la economía de los municipios beneficiados, promoviendo las ventajas competitivas con las que actualmente no cuentan, respetando siempre los usos, costumbres y especificidades culturales de las comunidades y pueblos indígenas.

Los municipios que se beneficiarían con esta iniciativa, atraviesan por momentos difíciles en cuanto a sus índices económicos, por otra parte, el comercio informal proveniente de Centroamérica hace difícil mantener una competitividad en precios en los municipios antes señalados, donde los habitantes de las cabeceras municipales que viven fuera del ámbito de influencia de la llamada franja fronteriza, se inclinan por adquirir sus productos en dicha zona, dejando en desventaja a importantes sectores económicos y comerciales por el diferencial de las mencionadas tasas del Impuesto al Valor Agregado.

El promover el desarrollo regional equilibrado tiene como propósito lograr un efecto de competitividad para cada una de las regiones del país. Esta es una de las premisas del Plan Nacional de Desarrollo, por lo que, el establecimiento diferenciado de la tasa del Impuesto al Valor Agregado por áreas de influencias especificas que amalgame zonas geográficas delimitadas por municipios, tal y como sucedió con el otorgamiento de ese beneficio al municipio de Caborca, Sonora, ayudaría sin duda a potenciar la economía de entidades federativas como Campeche, Chiapas y Tabasco.

El Artículo 31 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su fracción IV, propone la participación proporcional y equitativa para contribuir en los gastos públicos. El principio de proporcionalidad en materia tributaria estriba en que las contribuciones deberán de respetar la capacidad contributiva de los sujetos pasivos de las contribuciones, teniendo en todo momento congruencia la base del tributo con la capacidad de pago de quien lo enfrenta.

Por otro lado, el principio de equidad establece que las contribuciones traten de manera igualitaria a todos aquellos que la enfrentan, no sólo en cuanto a la imposición de éste, sino incluso en prerrogativas de pago, exenciones, deducciones y franquicias fiscales.

Es por ello, que esta propuesta legislativa busca principios de proporcionalidad y justicia a partir de un esquema de principios tributarios diferenciado para los municipios fronterizos de los estados de Campeche, Chiapas y Tabasco, cercanos a la frontera sur y más allá de los 20 kilómetros de franja fronteriza, con la idea de que puedan enfrentar problemas de competitividad impositiva con Belice y Guatemala.

Es por todo lo anteriormente expuesto y fundado, que proponemos ante esta honorable Soberanía la siguiente:

Iniciativa con proyecto de Decreto que reforma y adiciona el Artículo 2o de la Ley del Impuesto al Valor Agregado.

Artículo único.- Se reforma el cuarto párrafo y se adiciona un quinto párrafo al Artículo 2o de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, para quedar como sigue:

Artículo 2o.- ...

...

...

Para los efectos de esta Ley, se considera como región fronteriza, además de la franja fronteriza de 20 kilómetros paralela a las líneas divisorias internacionales del norte y sur del país, todo el territorio de los estados de Baja California, Baja California Sur y Quintana Roo. Así como la región parcial del estado de Sonora comprendida en los siguientes límites: al norte, la línea divisoria internacional desde el cauce del Río Colorado hasta el punto situado en esa línea a 10 kilómetros al oeste del municipio Plutarco Elías Calles; de ese punto, una línea recta hasta llegar a la costa, a un punto situado a 10 kilómetros, al este de Puerto Peñasco; de ahí, siguiendo el cauce de ese río, hacia el norte hasta encontrar la línea divisoria internacional. Como también, los municipios de Caborca y de Cananea, Sonora; Calakmul y Candelaria, Campeche; Amatenango de la Frontera, Benemérito de las Américas, Bejucal de Ocampo, Cacahoatán, Comitán de Domínguez, Frontera Comalapa, Frontera Hidalgo, La Independencia, La Trinitaria, Las Margaritas, Maravilla, Marqués de Comillas, Mazapa de Madero, Motozintla, Ocosingo, Palenque, Suchiate, Tapachula, Tenejapa, Tuxtla Chico y Unión Juárez, Chiapas; Balancán y Tenosique, Tabasco.

Tratándose de las regiones fronterizas, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público podrá aplicar temporalmente una tasa inferior en las mismas, siempre que los bienes y servicios sean enajenados, prestados o realizados por personas físicas y morales en ese ámbito territorial.

Transitorios

Unico.- El presente Decreto entrará en vigor en la fecha de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, a 22 de noviembre de 2012.

Sen. René Juárez Cisneros.- Sen. Raúl Aarón Pozos Lanz.- Sen. Humberto Domingo Mayans Canabal.- Sen. Fernando Enrique Mayans Canabal.- Sen. Adán Augusto López Hernández.- Sen. Roberto Armando Albores Gleason.- Sen. Oscar Román Rosas González.- Sen. Zoé Robledo Aburto.- Sen. Mónica Tzasna Arriola Gordillo.- Sen. Luis Armando Melgar Bravo”.

PRESIDENCIA DEL C. SENADOR
LUIS SANCHEZ JIMENEZ

- El C. Presidente Luis Sánchez Jiménez: Gracias, Senador Pozos Lanz. Túrnese a la Cámara de Diputados. Quienes desean adherirse a esta iniciativa, si levantan la mano tomamos nota de ello. Gracias.

Suplico a las Senadoras y Senadores, pudieran ayudar para la celeridad en el despacho de todos los temas que tenemos, por eso aún cuando el Reglamento dice que para la exposición de iniciativas tenemos 10 minutos, rogamos su comprensión y puedan ser utilizados, en este caso, 5 minutos.

Tiene el uso de la palabra el Senador Raúl Morón Orozco, con aval del grupo parlamentario del PRD, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversos artículos constitucionales.





 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETOPOR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN LOS ARTICULOS 25, 26, 35, 40, 73, 79, 115, 116 Y 122 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

(Presentada por el C. Senador Raúl Morón Orozco, del grupo parlamentario del PRD, con aval de grupo)

- El C. Senador Raúl Morón Orozco: Con su permiso, señor Vicepresidente; compañeras y compañeros Senadores:

Me permito presentar la iniciativa de Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de los artículos 25, 26, 35, 40, 73, 79, 115, 116 y 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con aval del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, en un tema de la mayor importancia para la vida política y democrática del país, como lo es el asunto de la participación ciudadana.

Hoy día, no podemos entender la participación ciudadana si no es desde la óptica de la democracia participativa, como una vía política y social, directa, para que la población, a través de los diversos mecanismos y figuras, pueda ser partícipe de las decisiones del gobierno de manera independiente sin necesidad de formar parte de la estructura burocrática o de un partido político.

Buscamos incluir en el marco constitucional nuevas formas de participación que permitan a los ciudadanos y a las organizaciones incidir en el orden público federal, estatal y municipal, sin sustituir las funciones del gobierno para que puedan ser parte del diseño, planeación, implementación y evaluación de las políticas públicas.

Buscamos también, acorde a una democracia deliberativa, hacer posible la discusión y la consulta pública sobre temas de interés para la vida social, el desarrollo regional o comunitario, mediante procesos plebiscitarios o de referéndum, que puedan partir de las iniciativas del sector público o de los propios ciudadanos, y que buscan modificar o refrendar actos jurídicos, legislativos o administrativos.

Esta tendencia, de abrir la acción del poder público a la participación ciudadana, es común en los regímenes democráticos, como en Alemania, Italia, España, Suiza; y en América Latina: Uruguay, Ecuador, Venezuela, Chile y Bolivia. En el caso de la República mexicana, varias entidades federativas como Nuevo León, Coahuila, Chihuahua, Baja California y el Distrito Federal, han abierto la brecha para demostrar que sí es posible y jurídicamente viable legislar sobre la materia.

En los últimos años, se ha impulsado con mayor frecuencia la existencia de consejos ciudadanos, integrados por miembros de organizaciones civiles y por expertos independientes, lo que ha enriquecido las propuestas, el monitoreo y la evaluación de políticas públicas en temas tan trascendentes como los derechos humanos, el medio ambiente, la seguridad pública, entre muchos otros temas de interés general.

La Ley de Planeación de la Administración Pública Federal prevé la participación de los grupos sociales en la elaboración del Plan Nacional de Desarrollo y los programas que de él se derivan. Sin embargo, es preciso fortalecer el esquema vigente.

Entre las acciones que contempla esta iniciativa, se contempla el reconocimiento constitucional de la participación en la construcción de presupuestos participativos y la vigilancia del gasto público.

Durante la LXI Legislatura se presentaron diversas iniciativas referentes a esta materia, las cuales fueron discutidas en el marco de la Reforma Política, lo que concluyó con la aprobación de la consulta popular y las candidaturas independientes.

Esta Reforma Política, sin negar que representó un avance, resultó incompleta. Al menos en materia de participación ciudadana, si tomamos en cuenta los grandes retos que implica consolidar nuestra democracia.

Otra forma importante de participación que se incluye en nuestra propuesta es la revocación del mandato, que abarcaría desde el Presidente de la República, Senadores, Diputados federales, gobernadores de los estados, el Jefe de Gobierno del Distrito Federal, jefes delegacionales, Diputados locales, Diputados de la Asamblea Legislativa, así como los presidentes municipales y demás miembros del cabildo.

Esta figura responde a que la sociedad percibe un alto porcentaje de impunidad en las decisiones para sancionar a los servidores públicos que incurren en conductas ilícitas, debido, entre otros factores, a los procesos burocráticos y a la falta de efectividad en la aplicación de la ley. De ahí la enorme relevancia de incluirla. Todo cargo público se debe de ejercer bajo estrictos principios de legalidad, honradez, eficiencia, transparencia y austeridad administrativa, so pena de ser sometido a la suspensión o revocación del mandato.

Estas tratan de instituir mecanismos reales de control político y de contraloría social para que la actividad del poder público sea más transparente, para que los ciudadanos se enteren en qué y cómo se gastan sus contribuciones y cómo se realizan las obras y servicios públicos.

La aprobación, en caso de que así se decida, traerá como consecuencia la creación de nuevos marcos legales que establezcan claramente los procedimientos correspondientes a cada figura.

Se trata de una auténtica reforma estructural, normativa y funcional de la administración pública de los tres órdenes de gobierno y del Distrito Federal, la satisfacción oportuna y suficiente de los requerimientos sociales, con espacios amplios para que la ciudadanía participe activamente y en forma constante en el diseño, ejecución y evaluación de la función pública, mediante figuras como el plebiscito, el referéndum y la revocación de mandato, pero mediante procesos y procedimientos que sean regulados, organizados y desarrollados en sus etapas de preparación, jornada de consulta y validación de sus resultados, por un órgano garante, con autonomía política y constitucional, como son los Institutos Electorales de cada orden de gobierno, que además de organizar los procesos electorales y promover la consulta cívica y la cultura cívica, dé certidumbre jurídica y confianza a la sociedad, en el ejercicio de sus derechos de participación ciudadana.

Otros de los motivos que impulsa la reforma constitucional de mérito, es la modernización de la administración pública, que responda con mayor capacidad de solución a los reclamos sociales, bajo el impulso de nuevas formas de organización y funcionalidad del aparato gubernamental a partir de la contribución social y de su organización en consejos de participación ciudadana.

Del mismo modo, se ha hecho necesario establecer, en esta reforma constitucional, mecanismos de participación social en los gobiernos de los estados, del Distrito Federal y de los municipios, a fin de apoyar su gestión desde una visión más efectiva y directa del desarrollo social, que les proporcione mayor capacidad de atender la demanda ciudadana como primer orden de gobierno, desde la estructuración de programas públicos que deriven de las propia propuesta y planeación comunitaria.

Una reforma de esta naturaleza, no sólo hará posible transitar de una democracia representativa, desgastada y cuestionada a una democracia participativa demandante de mayores espacios de participación social, hará posible también inscribir a nuestro país entre las democracias más consecuentes, incluyentes y modernas del mundo, elevando la garantía de la participación ciudadana al rango constitucional de derecho fundamental, reconocido por los propios organismos y tratados internacionales.

Por lo antes expuesto, someto a la consideración de esta Soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversos artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de participación ciudadana, en los términos que se precisan en el Decreto correspondiente.

Muchas gracias por su atención.

Iniciativa

“SEN. ERNESTO JAVIER CORDERO ARROYO]
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
DEL SENADO DE LA REPUBLICA.

Los que suscribimos, Raúl Morón Orozco, Fidel Demédicis Hidalgo, Armando Ríos Piter, Zoé Robledo Aburto, Angel Benjamín Robles Montoya, Luis Miguel Gerónimo Barbosa Huerta, María Alejandra Barrales Magdaleno, Luz María Beristain Navarrete, Víctor Manuel Camacho Solís, Lorena Cuéllar Cisneros, Angélica de la Peña Gómez, Mario Delgado Carillo, Alejandro de Jesús Encinas Rodríguez, Adán Augusto López Hernández, Fernando Enrique Mayans Canabal, Iris Vianey Mendoza Mendoza, Dolores Padierna Luna, Isidro Pedraza Chávez, Sofío Ramírez Hernández, Adolfo Romero Lainas, Rabindranath Salazar Solorio y Luis SAnchez Jiménez, en nuestro carácter de Senadores de la República de la LXII Legislatura e integrantes del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo establecido por el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 8, 164, 169 y 172 del Reglamento del Senado y demás disposiciones aplicables, nos permitimos someter a la consideración de esta H. Soberanía, la presente iniciativa con proyecto de Decreto por el cual se reforman: el primero y segundo párrafos del artículo 26, el artículo 40, la fracción XXIX-Q del artículo 73 y el tercer párrafo de la fracción II del artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y se adicionan: un séptimo párrafo al artículo 25 y se recorren los párrafos subsecuentes; un cuarto párrafo al inciso A del artículo 26 y se recorre el párrafo subsecuente; la fracción IX al artículo 35, un segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo y octavo párrafo al artículo 40; la fracción V al artículo 79; un cuarto, quinto, sexto y séptimo párrafo a la fracción I del artículo 115 y se recorren los párrafos subsecuentes; un tercero y cuarto párrafo a la fracción II, con ajuste del párrafo subsecuente e incisos, del mismo artículo y el inciso d) a la fracción IV también del citado artículo;unsexto, séptimo y octavo párrafo a la fracción I y un cuarto, quinto y sexto párrafos a la fracción II y se recorren los párrafos subsecuentes, así como un décimo párrafo a la misma fracción II y se recorren los párrafos subsecuentes y se adiciona la fracción VIII, todos del artículo 116; un quinto y sexto párrafo al artículo 122 y se recorren los subsecuentes; un segundo, tercero y cuarto párrafo a la fracción I de la base primera; un segundo párrafo al inciso e) de la fracción V de la base primera; el inciso f) de la fracción II de la base segunda, pasando el actual inciso f) a ser el inciso g); un cuarto, quinto, sexto y séptimo párrafos a la fracción II de la base tercera y se recorren los párrafos subsecuentes, un todos del artículo 122, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de conformidad con la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

La participación ciudadana se relaciona fundamentalmente con la democracia participativa y directa. Está basada en varios mecanismos para que la población pueda ser partícipe de las decisiones del gobierno de manera independiente sin necesidad de formar parte de la estructura burocrática o de un partido político.

Esos principios indispensables de la participación ciudadana es lo que motiva la necesidad de legislar dentro del marco constitucional en la institucionalización de figuras y mecanismos de participación social, a través de la organización no gubernamental, que busca incidir en el desarrollo del orden público federal, estatal y municipal, sin sustituir las funciones del gobierno, sino proponiendo, evaluando y señalando lo que la sociedad demande, en su caso.

También relacionada con la Democracia deliberativa la participación ciudadana busca poner a discusión y consulta los temas de interés para la vida social y el desarrollo regional o comunitario, mediante procesos plebiscitarios o de referéndum, que parten de la iniciativa del sector público o de la ciudadanía, y que buscan modificar o refrendar actos jurídicos, legislativos o administrativos, previamente establecidos en nuestro sistema de administración pública o en nuestro marco jurídico vigente.

Esta tendencia, de abrir la acción del gobierno a la participación social, es cada vez más recurrente en regímenes democráticos, como se ha efectuado ya enotros países como Alemania, Italia, España, Suiza y en América Latina: Uruguay, Ecuador, Venezuela, Chile y Bolivia, mientras que en el caso de la República mexicana, varias entidades federativas como Nuevo León, Coahuila, Chihuahua, Baja California y el Distrito Federal, han abierto la brecha, para demostrar que sí es posible y jurídicamente necesario, legislar sobre la materia.

Ultimamente, varios organismos de la sociedad civil, en acuerdo con entidades públicas, han venido impulsando cada vez con mayor frecuencia, consejos ciudadanos para la propuesta y evaluación de políticas públicas, integrados por ciudadanos interesados y por expertos independientes en temas como la ecología y el medio ambiente, la seguridad pública, los usuarios de servicios públicos, la juventud y el deporte, el desarrollo de la cultura indígena, la vida política del estado, entre muchos otros temas de interés general.

La Ley de Planeación de la Administración Pública Federal prevé la participación de los grupos sociales en la elaboración del Plan Nacional de Desarrollo y los programas que de él derivan. Ampliar la presencia de la sociedad en la determinación de las políticas y programas públicos debe serun compromiso de los Gobiernos Federal, Estatal y Municipal. Por lo tanto, deben impulsarse acciones para involucrar activamente y de forma sistemática a la ciudadanía en el diseño, implementación y evaluación de los programas y las políticas públicas que emprenda el gobierno, como ahora se impulsa en el reconocimiento del derecho constitucional que la presente reforma le otorga a la participación social, para integrar los consejos de participación ciudadana y su contribución en la construcción del presupuesto participativo y la vigilancia del gasto público.

Si bien es cierto que en la LXI Legislatura del Congreso de la Unión, se presentaron diversas iniciativas referentes a distintas figuras departicipación ciudadana que se discutieron en el marco de la reforma política, lo que concluyó con la aprobación y adición de diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, aprobándose 3 de ellas: la consulta popular, la iniciativa preferente y las candidaturas independientes, también es cierto, que dicha reforma política, al menos en materia de participación ciudadana es un asunto incompleto.

Sin duda alguna las figuras aprobadas en la reforma política representó un avance significativo en favor de la democracia participativa, pero debemos reconocer que el tema aún no está acabado, es importante regular otras figuras de participación ciudadana que permitan a la sociedad manifestar su opinión y aprobación sobre los asuntos trascendentales para el país, a través del referéndum y plebiscito, participar en la elaboración del presupuesto y opinar sobre las acciones que requieren prioridad parael desarrollo de su localidad, así comoevaluar los resultados de las acciones de gobierno y gasto público a través de la contraloría social, participando de ser necesario, en la remoción del Presidente de la República, de los Senadores, los Diputados Federales, los Gobernadores de los Estados, el Jefe de Gobierno, los Jefes Delegacionales del Distrito Federal, los Diputados Locales, los Diputados a la Asamblea Legislativa, así como los Presidentes Municipales y demás miembros del Cabildo, a través de la revocación de mandato, cuando éstas no cumplan con su responsabilidad y compromiso de asumir el cargo con honradez, probidad, eficiencia, transparencia, legalidad, justicia, democracia y sobre todo calidad en el servicio público .

Por ello, se ha hecho necesario establecer en la presente reforma constitucional, mecanismos reales de control gubernamental y de contraloría social para que la actividad del poder públicosea más transparente, para que los ciudadanos se enteren en qué y cómo se gastan o invierten sus contribuciones y cómo se realizan las obras y servicios públicos. De igual forma, se instauran con rango constitucional los procesos de presupuesto participativo, que tienen por finalidad lograr la incidencia ciudadana en la asignación de presupuestos y orientación de políticas sectoriales y específicas.

Si bien la participación ciudadana se ha incrementado por medio de mecanismos como consejos, comités, sistemas de quejas y denuncias, estos han sido insuficientes y limitados para atender debidamente los intereses de la sociedad.

Hace falta una reforma constitucional a partir de la cual se apruebe una ley general en la materia, para establecer y ampliar sustancialmente los espacios donde la ciudadanía participe de una manera activa y permanente en el diseño, ejecución y evaluación de la función pública.

La sociedad percibe que existe un alto porcentaje de impunidad en las decisiones para sancionar a los servidores públicos que incurren en conductas ilícitas, debido, entre otros factores, a los procesos burocráticos y a la falta de efectividad en la aplicación de la ley. Ello exige abandonar esquemas obsoletos de investigación y sanción que no van al origen de los problemas ni a la solución de los mismos, reconociendo de esta forma dentro de la propia Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de la legislación secundaria, la figura de la Revocación de Mandato, en los cargos de elección popular, a fin de garantizar a la sociedad que el servicio público se ejecute bajo estrictos principios de legalidad, honradez, eficiencia, transparencia y austeridad administrativas, so pena de ser sometido a la suspensión o revocación del mandato, cuando a juicio de la consultapública, no se cumpla estrictamente con el mandato constitucional para el cual un ciudadano ha sido electo a un puesto de representación popular.

Así mismo, la presente reforma constitucional, pretende adecuar el marco jurídico y ampliar a través de éste y de una auténtica reforma estructural, normativa y funcional de la administración pública de los tres órdenes de gobierno y del Distrito Federal, la satisfacción oportuna y suficiente de los requerimientos sociales, con espacios amplios para que la ciudadanía participe activamente y en forma constante en el diseño, ejecución y evaluación de la función pública, mediante figuras como el plebiscito, el referéndum y la revocación de mandato, pero mediante procesos y procedimientos que sean regulados, organizados y desarrollados en sus etapas de preparación, jornada de consulta y validación de sus resultados, por un órgano garante, con autonomía política y constitucional, como son los Institutos Electorales de cada orden de gobierno, que además de organizar los procesos electorales y promover la cultura cívica, dé certidumbre jurídica y confianza a la sociedad, en el ejercicio de sus derechos de participación ciudadana.

Otros de los motivos que impulsan la reforma constitucional de mérito, es la modernización de una administración pública que responda con mayor capacidad de solución a los reclamos sociales, bajo el impulso de nuevas formas de organización y funcionalidad del aparato gubernamental, a partir de la contribución social y de su organización en consejos de participación ciudadana.

Del mismo modo se ha hecho necesario establecer en esta reforma constitucional mecanismos de participación social en los gobiernos de los estados, del Distrito Federal y de los municipios, a fin de apoyar su gestión desde una visión más efectiva y directa del desarrollo social, que les proporcione mayor capacidad de atender la demanda ciudadana como primer orden de gobierno, desde la estructuración de programas públicos que deriven de la propia propuesta y planeación comunitaria.

En la definición de presupuestos participativos con visión integradora, así como en la definición de las políticas y los programas sectoriales, resulta fundamental la opinión y propuesta de la propia sociedad organizada, es por ello que, precisamente a partir de esta reforma, se propone instituir y reconocer en nuestra carta magna mexicana, un nuevo esquema de participación social para la planeación del desarrollo, que obligue a la Federación, a los estados, al Distrito Federal y a sus municipios, a integrar necesaria y obligatoriamente las propuestas ciudadanas a sus planes y programas de desarrollo y la inclusión de la participación de todos los sectores sociales en las decisiones de la agenda pública, así como la priorización de obras públicas.

Una reforma de esta naturaleza, no sólo hará posible transitar de una democracia representativa desgastada y cuestionada a una democracia participativa demandante de mayores espacios de participación social, hará posible también inscribir a nuestro país, entre las democracias más consecuentes, incluyentes y modernas del mundo, elevando la garantía de la participación ciudadana al rango constitucional de derecho fundamental, reconocido por los propios organismos y tratados internacionales.

Por lo antes expuesto, sometemos a la consideración de esta soberanía la siguiente Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman el primer y segundo párrafo del artículo 26, el artículo 40, la fracción XXIX-Q del artículo 73 y el tercer párrafo de la fracción II del artículo 115, y se adicionan: un séptimo párrafo al artículo 25 y se recorren los párrafos subsecuentes; un cuarto párrafo al inciso A del artículo 26 y se recorre el párrafo subsecuente; la fracción IX al artículo 35, un segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo y octavo párrafo al artículo 40; la fracción V al artículo 79; un cuarto, quinto, sexto y séptimo párrafo a la fracción I del artículo 115 y se recorren los párrafos subsecuentes; un tercero y cuarto párrafo a la fracción II, con ajuste del párrafo subsecuente e incisos, del mismo artículo y el inciso d) a la fracción IV también del citado artículo; un sexto, séptimo y octavo párrafo a la fracción I y un cuarto, quinto y sexto párrafos a la fracción II y se recorren los párrafos subsecuentes, así como un décimo párrafo a la misma fracción II y se recorren los párrafos subsecuentes y se adiciona la fracción VIII, todos del artículo 116; un quinto y sexto párrafo al artículo 122 y se recorren los subsecuentes; un segundo, tercero y cuarto párrafo a la fracción I de la base primera; un segundo párrafo al inciso e) de la fracción V de la base primera; el inciso f) de la fracción II de la base segunda, pasando el actual inciso f) a ser el inciso g); un cuarto, quinto, sexto y séptimo párrafos a la fracción II de la base tercera y se recorren los párrafos subsecuentes, todosdelartículo 122, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue en el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO

Artículo Primero. Se reforman el primer y segundo párrafo del artículo 26, el artículo 40, la fracción XXIX-Q del artículo 73 y el tercer párrafo de la fracción II del artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Artículo Segundo. Se adicionan un séptimo párrafo al artículo 25 y se recorren los párrafos subsecuentes; un cuarto párrafo al inciso A del artículo 26 y se recorre el párrafo subsecuente; la fracción IX al artículo 35, un segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo y octavo párrafo al artículo 40; la fracción V al artículo 79; un cuarto, quinto, sexto y séptimo párrafo a la fracción I del artículo 115 y se recorren los párrafos subsecuentes; un tercero y cuarto párrafo a la fracción II, con ajuste del párrafo subsecuente e incisos, del mismo artículo y el inciso d) a la fracción IV también del citado artículo;unsexto, séptimo y octavo párrafo a la fracción I y un cuarto, quinto y sexto párrafos a la fracción II y se recorren los párrafos subsecuentes, así como un décimo párrafo a la misma fracción II y se recorren los párrafos subsecuentes y se adiciona la fracción VIII, todos del artículo 116; un quinto y sexto párrafo al artículo 122 y se recorren los subsecuentes; un segundo, tercero y cuarto párrafo a la fracción I de la base primera; un segundo párrafo al inciso e) de la fracción V de la base primera; el inciso f) de la fracción II de la base segunda, pasando el actual inciso f) a ser el inciso g); un cuarto, quinto, sexto y séptimo párrafos a la fracción II de la base tercera y se recorren los párrafos subsecuentes, todosdelartículo 122, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo25. Corresponde al Estado…

El Estado planeará…

Al desarrollo económico nacional concurrirán…

El sector público tendrá a su cargo…

Asimismo…

Bajo criterios de equidad social…

En la planeación del desarrollo social, la Ley regulará el proceso de presupuesto participativo entre los tres órdenes de gobiernoy los sectores público, social y privado, como mecanismo de participación ciudadana y de control democrático de la gestión pública, cuyo objeto es promover el debate y participación de la ciudadanía, en la elaboración, seguimiento y control de los presupuestos públicos de conformidad con la ley de la materia y demás legislación aplicable.

La ley establecerá…

La ley alentará…

Artículo 26.

A.El Estado organizará un sistema de planeación, programación y presupuestación democrática y participativa del desarrollo nacional que imprima solidez, dinamismo, permanencia y equidad al crecimiento de la economía para la independencia y la democratización política, social y cultural de la Nación.

Los fines del proyecto nacional contenidos en esta Constitución determinarán los objetivos de la planeación. La planeación será democrática y participativa. Mediante la participación de los diversos sectores sociales recogerá las aspiraciones y demandas de la sociedad para incorporarlas al plan y los programas de desarrollo. Habrá un plan nacional de desarrollo al que se sujetarán obligatoriamente los programas de la Administración Pública Federal.

La ley facultará al Ejecutivo…

En los procesos de presupuesto participativo, se respetarán y procurarán los principios de transparencia, igualdad, tolerancia, eficiencia, eficacia y competitividad. Los procesos de presupuesto participativo serán instituidos como complemento al sistema de planeación establecido en la Ley General de Planeación; los ciudadanos que participen en dichos procesos podrán deliberar sobre presupuestos asignados a políticas sectoriales específicas y sobre aquellos aspectos del presupuesto que incidan directamente en el desarrollo del País.

En el sistema de planeación…

B… (Todo el apartado B queda igual).

Artículo 35.Son derechos del ciudadano:

I a la VIII…

IX. Participar en los procedimientos de referéndum, plebiscito, y revocación del mandato de servidores públicos de elección popular; así como en la organización, integración y funcionamiento de los consejos de participación ciudadana, elaboración de los presupuestos participativos y acciones de contraloría social, en los términos previstos en la ley de la materia.

Artículo 40. Es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una república representativa, participativa, deliberativa, democrática, federal, compuesta de estados libres y soberanos en todo lo concerniente a su régimen interior; pero unidos en una federación establecida según los principios de esta ley fundamental.

El pueblo podrá determinar mediante plebiscito la revocación de mandato del Presidente de la República, Senadores, Diputados Federales, Gobernadores de los Estados de la Unión, Jefe de Gobierno del Distrito Federal, Jefes Delegacionales, Diputados Locales, Diputados a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, así como de los Presidentes Municipales y demás integrantes del cabildo.

El procedimiento de revocación de mandato se solicitará antes de la mitad del mandato y una vez que haya transcurrido una tercera parte en el ejercicio del mismo.

Los Institutos Electorales competentes, en cada caso, se encargarán de la organización y desarrollo de las etapas de preparación, jornada de consulta y declaración de validez de resultados de los procesos plebiscitarios, de referéndum y de revocación de mandato, en los términos y con las formalidades establecidas en la ley de la materia. El organismo público será también el responsable de la regulación, integración, funcionamiento y registro de los consejos de participación ciudadana, estipulados en la ley reglamentaria. Las sesiones de los órganos colegiados electorales serán públicas en los términos que disponga la Ley.

La Ley de la materia establecerá los mecanismos, porcentajes y reglas de participación y modalidades para que sea procedente la revocación de mandato de servidores públicos de elección popular.

En el caso de la revocación del mandato del Presidente de la República, de los Senadores y Diputados Federales en funciones, previa declaración de validez del plebiscito popular por parte del Instituto Federal Electoral, el Congreso de la Unión ordenará su publicación en el Periódico Oficial de la Federación y notificará a la autoridad de que se trate la revocación de su mandato en el término de 24 horas.

Cuando la revocación de mandato se efectué al Presidente de la República, el Congreso en ejercicio de la facultad que le confiere el artículo 73 fracción XXVI, designará un Presidente sustituto en un término no mayor a 60 días, en tanto se observará lo establecido en el artículo 84 de esta Constitución.

Cuando la revocación de mandato se efectué a un Senador o a un Diputado Federal en funciones, el Congreso convocará alsuplente para que se presente en un término de 30 días en términos de lo que establece el artículo 63 primer párrafo de la Constitución, para que concluya el periodo. Si no se presentare se aplicará la regla contenida en el citado artículo para el caso de las vacantes aplicables tanto al principio de mayoría relativa como de representación proporcional.

Artículo 73…

De la fracción I a la XXIX-O…

XXIX-Q. Para legislar sobre iniciativa ciudadana, consulta popular, referéndum, plebiscito, revocación de mandato, presupuesto participativo y contraloría social.

Artículo 79…

La función de fiscalización…

Esta entidad…

I a la IV…

V. Recibir las quejas o denuncias que le sean remitidas por los órganos de contraloría social integrados por ciudadanos de cualquier parte del país, de acuerdo con las facultades y obligaciones que le sean establecidas en la ley de la materia, cuya función primordial será la vigilancia ciudadana en la transparencia y eficiente administración de los recursos públicos de cualquier autoridad federal.

Artículo 115…

I…

Los presidentes municipales….

Las legislaturas locales…

Procederála revocación de mandato de los Presidentes Municipales cuando ésta sea solicitada y aprobada en plebiscito popularpor el porcentaje de electores y se cumpla con los lineamientos que establezca para tal fin la ley reglamentaria de la materia.

La Ley estatal de la materia establecerá los términos, mecanismos y formalidades para que sea procedente la revocación de mandato del Presidente Municipal, del Síndico y Regidores.

Cuando la revocación de mandato se efectué a un Presidente Municipal, el Congreso del Estado correspondiente designará un Presidente municipal sustituto de conformidad con el procedimiento establecido en la Constitución de cada Estado, en un término no mayor a 30 días.

Cuando la revocación de mandato se efectué al Síndico o Regidores, el Congreso del Estado de que se trate mandará llamar al suplente.

Si alguno de los miembros…..

En caso de declararse…

II. Los municipios…

Los Ayuntamientos…

Los ayuntamientos deberán asimismo, fomentar y facilitar la participación ciudadana en los procesos de plebiscito, referéndum, iniciativa popular, organización, integración y funcionamiento de los consejos de participación ciudadana y en las acciones de contraloría social, de acuerdo con lo que al respecto se establezca en la ley de la materia.

El objeto de las leyes a que se refiere elpárrafo segundo de esta fracción, será establecer:

a) al e)…

III…

IV…

a) al c)…

d). Implementar procesos de participación ciudadana en la planeación del desarrollo municipal y en la integración del presupuesto participativo municipal de conformidad con lo establecido en la ley de la materia y en la Ley Orgánica Municipal de cada entidad federativa.

Artículo 116…

Los poderes de los Estados…

I…

La elección de los gobernadores…

Los gobernadores de los Estados…

Nunca podrán ser electos…

a) El gobernador sustituto…

b) El gobernador interino…

Solo podrá ser gobernador…

Procederá la revocación de mandato para los Gobernadores de los estados de la Unión, cuando ésta sea solicitada y aprobada en plebiscito popularpor el porcentaje de electores que establezca para tal fin la ley reglamentaria de la materia.

La Ley establecerá los términos, mecanismos y formalidades para que sea procedente la revocación de mandato de los Gobernadores de los Estados.

El Congreso del estado ordenará la publicación en el Periódico Oficial del Estado y notificará al gobernador de que se trate la revocación de su mandato en el término de 24 horas.

Cuando la revocación de mandato se efectué al Gobernador, el Congresodesignará un Gobernador sustituto de conformidad con el procedimiento establecido en la Constitución de cada estado, en un término no mayor a 30 días.

II…

Los diputados…

Las legislaturas…

Procederá la revocación de mandato para los diputadosde un Estadoen funciones, cuando ésta sea solicitada y aprobada en plebiscito popularpor el porcentaje de electores que establezca para tal fin la ley reglamentaria de la materia.

La Ley establecerá los términos, mecanismos y formalidades para que sea procedente la revocación de mandato de diputados al Congreso de los estados.

El Congreso del estado ordenará la publicación en el Periódico Oficial del Estadoy notificará al diputado de que se trate la revocación de su mandato en el término de 24 horas.

Una vez notificada la revocación del mandato, el Congreso convocará alsuplente en términos de lo que se establece enla Constitución de cada Estadopara que concluya el periodo.

Corresponde a las legislaturas…

Los poderes estatales…

Las legislaturas de los estados…

Los órganos de fiscalización estatal, contarán con facultades para recibir las quejas o denuncias que le sean remitidas por los órganos de contraloría social integrados por ciudadanos del Estado, de acuerdo con las facultades y obligaciones que le sean establecidas en la ley de la materia, cuya función primordial será la vigilancia ciudadana en la transparencia y eficiente administración de los recursos públicos de cualquier autoridad estatal o municipal.

El titular de la entidad…

Las legislaturas de los estados…

III a la VII…

VIII. Las Constituciones y las leyes de la materia deberán regular la participación ciudadanaen los procesos de plebiscito, referéndum, iniciativa popular, organización, integración y funcionamiento de los consejos de participación ciudadana y en las acciones de contraloría social, dentro de los asuntos de la competencia de cada entidad federativa.

Asimismo deberán regular procesos de participación ciudadana en la planeación del desarrolloy en la integración del presupuesto participativo.

Artículo 122. Definida….

Son autoridades locales….

La Asamblea Legislativa del Distrito Federal…

El Jefe de Gobierno del Distrito Federal…

Procederá la revocación de mandato para el Jefe de Gobierno del Distrito Federal, cuando ésta sea solicitada y aprobada en plebiscito popularpor el porcentaje de electores que establezca para tal fin la ley reglamentaria de la materia.

La Ley establecerá los términos, mecanismos y formalidades para que sea procedente la revocación de mandato del Jefe de Gobierno del Distrito Federal.

La Asamblea Legislativa ordenará la publicación en el Periódico Oficial del Distrito Federaly notificará al Jefe de Gobierno del Distrito Federalla revocación de su mandato en el término de 24 horas, procediendo a designar un Jefe de Gobierno sustituto en términos de lo que establece el inciso d), de la Base primera del apartado C de este artículo, en un término no mayor a 30 días.

BASE PRIMERA. Respecto a la Asamblea…

I. Los diputados a la asamblea…

Procederá la revocación de mandato para los diputados a la Asamblea Legislativa en funciones, cuando ésta sea solicitada y aprobada en plebiscito popular por el porcentaje de electores que establezca para tal fin la ley reglamentaria de la materia.

La Ley establecerá los términos, mecanismos y formalidades para que sea procedente la revocación de mandato de los diputados a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal.

La Asamblea Legislativa ordenará la publicación en el Periódico Oficial del Distrito Federal y notificará al diputadola revocación de su mandato en el término de 24 horas.

Una vez notificada la revocación del mandato, la Asamblea Legislativa convocará al suplente para que concluya el periodo.

II a la IV…

V…

a) al d)…

e)…

Asimismo podrá facultar a la entidad de fiscalización para recibir las quejas o denuncias que le sean remitidas por los órganos de contraloría social integrados por ciudadanos del Distrito Federal, de acuerdo con las facultades y obligaciones que le sean establecidas en la ley de la materia, cuya función primordial será la vigilancia ciudadana en la transparencia y eficiente administración de los recursos públicos de cualquier autoridad de esta demarcación territorial.

BASE SEGUNDA…

I…

II…

a) al e) …

f). Fomentar y facilitar la participación ciudadana en los procesos de plebiscito, referéndum, iniciativa popular, organización, integración y funcionamiento de los consejos de participación ciudadana y en las acciones de contraloría social.

Implementar procesos de participación ciudadana en la planeación del desarrollo del Distrito Federal y en la integración del presupuesto participativode conformidad con lo establecido en la ley de la materia y en el Estatuto de Gobierno.

g). Las demás que le confiera esta Constitución, el Estatuto de Gobierno y las leyes.

BASE TERCERA…

I a la II…

Asimismo…

Los titulares…

Procederá la revocación de mandato para los Jefes Delegacionales del Distrito Federal en funciones, cuando ésta sea solicitada yaprobada enplebiscito popularpor el porcentaje de electores que establezca para tal fin la ley reglamentaria de la materia.

La Ley establecerá los términos, mecanismos y formalidades para que sea procedente la revocación de mandato de los Jefes Delegacionales del Distrito Federal.

La Asamblea Legislativa ordenará la publicación en el Periódico Oficial del Distrito Federal y notificará al Jefe Delegacional de que se trate la revocación de su mandato en el término de 24 horas.

Los titulares de los órganos político-administrativos de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal, deberánfomentar y facilitar la participación ciudadana en los procesos de plebiscito, referéndum, iniciativa popular, organización, integración y funcionamiento de los consejos de participación ciudadana y en las acciones de contraloría social.

Asimismo deberán Implementar procesos de participación ciudadana en la planeación del desarrollo de la demarcación territorial y en la integración del presupuesto participativo delegacional de conformidad con lo establecido en la ley de la materia y en el Estatuto de Gobierno del Distrito Federal.

Artículos transitorios

Artículo Primero. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Artículo Segundo. El Congreso de la Unión deberá expedir la ley reglamentaria en la materia en un plazo no mayor a seis meses, contados a partir de la entrada en vigor del presente Decreto.

Artículo Tercero. Envíese el presente Decreto de reforma constitucional a los Estados para quehagan uso del derecho que les concede el artículo 135 de la propia Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

En su oportunidad remítase la minuta correspondiente a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión y al Titular del Ejecutivo Federal para los efectos correspondientes.

Dado en el Pleno Legislativo de la Cámara de Senadores, a 20 de noviembre de 2012.

Sen. Raúl Morón Orozco.- Sen. Fidel Demédicis Hidalgo.- Sen. Armando Ríos Piter.- Sen. Zoé Robledo Aburto.- Sen. Angel Benjamín Robles Montoya.- Sen. Luis Miguel Gerónimo Barbosa Huerta.- Sen. María Alejandra Barrales Magdaleno.- Sen. Luz María Beristain Navarrete.- Sen. Víctor Manuel Camacho Solís.- Sen. Lorena Cuéllar Cisneros.- Sen. Angélica de la Peña Gómez.- Sen. Mario Delgado Carrillo.- Sen. Alejandro de Jesús Encinas Rodríguez.- Sen. Adán Augusto López Hernández.- Sen. Fernando Enrique Mayans Canabal.- Sen. Iris Vianey Mendoza Mendoza.- Sen. Dolores Padierna Luna.- Sen. Isidro Pedraza Chávez.- Sen. Sofío Ramírez Hernández.- Sen. Adolfo Romero Lainas.- Sen. Rabindranath Salazar Solorio.- Sen. Luis Sánchez Jiménez”.

PRESIDENCIA DEL C. SENADOR
ERNESTO JAVIER CORDERO ARROYO

- El C. Presidente Ernesto Javier Cordero Arroyo: Gracias, Senador Morón Orozco. Túrnese a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; y de Estudios Legislativos, Primera.

Se recibió del Senador Pablo Escudero Morales, del grupo parlamentario del PVEM, un proyecto de Decreto por el que se reforma y adiciona el artículo 17 de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Se turna a las Comisiones Unidas de Derechos Humanos; y de Estudios Legislativos.





 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETOPOR EL QUE SE REFORMA Y ADICIONA EL ARTICULO 17 DE LA LEY DE LA COMISION NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

(Presentada por el C. Senador Pablo Escudero Morales, del grupo parlamentario del PVEM)

“El suscrito, Pablo Escudero Morales, Senador de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y, los artículos 8 numeral 1, fracción I; 164, numeral 1; y, 169 del Reglamento del Senado de la República,someto a consideración de esta Soberanía la siguiente INICIATIVA CON PROPUESTA DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA Y ADICIONA UN ULTIMO PARRAFO AL ARTICULO 17 DE LA LEY DE LA COMISION NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS, A EFECTO DE QUE AQUELLOS CONSEJEROS QUE DESEEN SER DESIGNADOS PARA UN SEGUNDO PERIODO, SE DEBAN SOMETER AL MISMO PROCEDIMIENTO DE SELECCION Y DESIGNACION QUE TODOS LOS DEMÁS CANDIDATOS PARTICIPANTES, con la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos es un organismo autónomo que, por mandato constitucional, tiene la noble e importante misión de proteger, observar, promover, estudiar y divulgar los derechos humanos que ampara el orden jurídico mexicano1; y, resalta su transcendencia, al hacerlo sobre los relativos a las personas y grupos sociales más vulnerables. 

Con tal misión, logra contribuir al fortalecimiento del estado de derecho y la conservación de la paz social en nuestro país, así como al arraigo en la sociedad de una cultura de respeto y ejercicio de estos derechos elementales, que hacen posible coadyuvar en la erradicación de los abusos de poder.

Ante tales compromisos, resulta de suma importancia, que dicho organismo autónomo cuente con su Consejo Consultivo completo, con una integración claramente definida; pero sobretodo, continua y permanente, que permita garantizar la correcta, eficaz y eficiente conducción de este organismo de protección y promoción de los derechos fundamentales, otorgando certitud en su actuar; pues debe erigirse como estandarte de la legalidad y licitud en la emisión y ejecución de sus actos, constituyéndose en el paradigma para el ejercicio de la función pública.

En tal tesitura, de la lectura de los artículos 102, apartado B de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 17 y 18 de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, establecen en la parte conducente:

Artículo 102.

B.

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos tendrá un Consejo Consultivo integrado por diez consejeros que serán elegidos por el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes de la Cámara de Senadores o, en sus recesos, por la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, con la misma votación calificada. La ley determinará los procedimientos a seguir para la presentación de las propuestas por la propia Cámara. Anualmente serán substituidos los dos consejeros de mayor antigüedad en el cargo, salvo que fuesen propuestos y ratificados para un segundo período.”

Artículo 17.- El Consejo a que se refiere el artículo 5º. de esta ley, estará integrado por diez personas que gocen de reconocido prestigio en la sociedad, mexicanos en pleno ejercicio de sus derechos ciudadanos, y cuando menos siete de entre ellos no deben desempeñar ningún cargo o comisión como servidor público.

El Presidente de la Comisión Nacional lo será también del Consejo Consultivo. Los cargos de los demás miembros del Consejo serán honorarios. A excepción de su Presidente, anualmente, durante el mes de octubre, serán sustituidos los dos consejeros de mayor antigüedad en el cargo, salvo que fuesen propuestos y ratificados para un segundo periodo. Para el caso de que existan más de dos consejeros con la misma antigüedad, será el propio Consejo quien proponga el orden cronológico que deba seguirse.”

Artículo 18. Los miembros del Consejo Consultivo serán elegidos por el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes de la Cámara de Senadores o, en sus recesos, por la Comisión Permanente del Congreso de la Unión con la misma votación calificada.

La comisión correspondiente de la Cámara de Senadores, previa auscultación a los sectores sociales, propondrá a los candidatos para ocupar el cargo o, en su caso, la ratificación de los consejeros.”

Es pues, que atendiendo a los dispositivos antes señalados, la Constitución determina que los Consejeros de la CNDH pueden ser designados para un segundo periodo; y, además:

Que serán electos por dos terceras partes de los miembros presentes del Senado, y en sus recesos, por la Comisión Permanente del Congreso de la Unión;

Que La ley determinará los procedimientos a seguir para la presentación de las propuestas por la propia Cámara; y,

Que anualmente serán substituidos los dos consejeros de mayor antigüedad en el cargo, salvo que fuesen propuestos y ratificados para un segundo período.

Luego entonces, los principios establecidos por la Constitución, son claros en el sentido de que, los procedimientos a seguir para la presentación de las propuestas a ser votadas, por las dos terceras partes de los miembros presentes de la Cámara de Senadores, deben ser determinados por la Ley de la materia; mientras qué, se deberán substituir anualmente los dos Consejeros con más antigüedad en el cargo, salvo casos de ratificación a un segundo periodo.

Por lo que, al acudir a la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, a fin de conocer los procedimientos para la designación de los miembros del Consejo Consultivo para un segundo periodo, no encontramos disposición alguna que establezca procedimiento alguno al respecto.

Ello reviste de importancia, en virtud de que en los procesos anuales, existe la posibilidad de hacer una ratificación para un segundo periodo, en cuyo caso podría presentarse la circunstancia de que al no haber regulación específica, se este formulado el procedimiento de forma particular para cada caso y atendiendo a la óptica y perspectiva de quien dirige el procedimiento; en tal tesitura, es de gran importancia que sea la norma ordinaria, la que establezca el procedimiento o al menos las bases mínimas que hagan para todos los procedimientos homogéneos en su desarrollo.

Es en tanto indispensable, que la propia Ley determine en forma precisa el procedimiento para la designación de un segundo periodo de los miembros del Consejo Consultivo de la CNDH.

Por lo antes expuesto y fundado, someto a consideración de esta H. Asamblea el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO

ARTICULO UNICO.-Se reforma y adiciona un último párrafo al artículo 17 de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, para quedar como sigue:

“Artículo 17.- …

Para el caso de la ratificación para un segundo periodo, el Consejero saliente, deberá presentar su solicitud por escrito al Senado de la República con su intención de ser ratificado, acompañado de un informe sobre su actuación y participación en dicho Consejo; para que, su candidatura, sea considerada en los mismos términos de los demás participantes; sin necesidad de inscribirse al procedimiento. Dicha carta de intención podrá presentarse en cualquier momento del mes previo al vencimiento de su designación y hasta antes de que concluya el periodo de inscripción de candidaturas que haya determinado la convocante.”

TRANSITORIO

ARTICULO UNICO.-El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en la sede del H. Senado de la República, a 20 de noviembre de 2012.

Suscribe

Sen. Pablo Escudero Morales”.

En este momento hacemos una pausa en la presentación de iniciativas, para tomarles protesta a los señores ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Compañeros Senadores, en la sesión del pasado 22 de noviembre, esta Asamblea designó a los ciudadanos Alberto Gelacio Pérez Dayán y Alfredo Gutiérrez Ortiz-Mena, como Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y esta Mesa Directiva los convocó para que rindieran protesta en esta sesión.

Los ciudadanos Alberto Gelacio Pérez Dayán y Alfredo Gutiérrez Ortiz-Mena, se encuentran en el salón contiguo de este recinto. En consecuencia, solicito a los Senadores Arely Gómez González, Roberto Gil Zuarth, Angélica de la Peña Gómez, Gerardo Flores Ramírez, Martha Palafox Gutiérrez y Alejandra Barrales Magdaleno, inviten a pasar a este recinto al Ministro Alberto Gelacio Pérez Dayán, a fin de que rinda su protesta conforme lo establece el artículo 97 de nuestra Constitución.

(La comisión cumple)

- La C. Secretaria Merodio Reza: Se solicita a las señoras y señores Senadores, ponerse de pie.

(Todos de pie)

1 Artículo 2 de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.- La Comisión Nacional de los Derechos Humanos es un organismo que cuenta con autonomía de gestión y presupuestaria, personalidad jurídica y patrimonio propios, y tiene por objeto esencial la protección, observancia, promoción, estudio y divulgación de los derechos humanos que ampara el orden jurídico mexicano.





 

PROTESTA DE LEY

- El C. Presidente Cordero Arroyo: Ciudadano Alberto Gelacio Pérez Dayán: ¿Protesta desempeñar leal y patrióticamente el cargo de Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que se le ha conferido y guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanen, mirando en todo por el bien y prosperidad de la Unión?

- El C. Alberto Gelacio Pérez Dayán: Sí, protesto.

- El C. Presidente Cordero Arroyo: Si así no lo hiciere, que la Nación se lo demande.

A nombre del Senado de la República le deseo éxito en su encargo.

¡Muchas felicidades!

Enhorabuena, señor Ministro.

(Aplausos)

Solicito a la comisión designada acompañe al Ministro Pérez Dayán, cuando deseé retirarse del salón.

(La comisión cumple)

Solicito a los Senadores Graciela Ortiz González, Carlos Mendoza Davis, Benjamín Robles Montoya, Carlos Alberto Puente Salas, David Monreal Avila y Manuel Camacho Solís, inviten a pasar a este recinto al Ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz-Mena, a fin de que rinda su protesta conforme lo establece el artículo 97 constitucional.

(La comisión cumple)

- La C. Secretaria Merodio Reza: Se solicita a las señoras y señores Senadores, ponerse de pie.

(Todos de pie)

- El C. Presidente Cordero Arroyo: Ciudadano Alfredo Gutiérrez Ortiz-Mena: ¿Protesta desempeñar leal y patrióticamente el cargo de Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que se le ha conferido y guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanen, mirando en todo por el bien y prosperidad de la Unión?

- El C. Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena: Sí, protesto.

- El C. Presidente Cordero Arroyo: Si así no lo hiciere, que la Nación se lo demande.

A nombre de la Cámara de Senadores le deseo éxito en su encargo.

¡Muchas felicidades, señor Ministro!

(Aplausos)

La Comisión designada acompañe al Ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz-Mena, cuando deseé retirarse del salón.

(La comisión cumple)

PRESIDENCIA DEL C. SENADOR
ENRIQUE BURGOS GARCIA

- El C. Presidente Enrique Burgos García: Continuamos con el orden preestablecido.

Tiene la palabra la Senadora Layda Sansores San Román, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos y la Ley Orgánica de la Armada de México.





 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETOPOR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTICULOS 11 Y 16 DE LA LEY ORGANICA DEL EJERCITO Y FUERZA AEREA MEXICANOS Y 5 DE LA LEY ORGANICA DE LA ARMADA DE MEXICO

(Presentada por la C. Senadora Layda Sansores San Román)

- La C. Senadora Layda Sansores San Román: Gracias, señor Presidente; compañeras Senadoras y compañeros Senadores:

Agradezco al General Gallardo la asesoría que me brindó para presentar este proyecto de iniciativa, y que no voy a leer para abreviar, pero quiero subrayar algunos aspectos. Mi propuesta es que el poder civil debe tener primacías sobre el poder militar, y sabemos que el tema de las Fuerzas Armadas en nuestro país ha sido intocado en su historia política, es tabú.

Se puede criticar al Presidente, ponerle calificativos, pero no se puede incomodar con el pétalo de una invitación a comparecer en este Pleno a ninguno de los altos mandos militares, incluso han llegado a venir a comisiones o a recintos ajenos a este Senado, pero nunca en el Pleno.

Las democracias modernas han subordinado el poder militar al poder civil, y ya la mitad de los ministerios de defensa en América Latina; sus titulares son civiles e incluso han sido mujeres, y en Centroamérica ya es tema del debate nacional. Ellos piden que el Ejército, las Fuerzas Militares, las Fuerzas Armadas, se limiten a defender la Soberanía de sus territorios y punto.

Aquí nosotros sabemos que el Ejército se dedica a cuestiones de orden interno violando la Constitución, y que no nos digan que no, ellos manejan este manual de operaciones y estas tesis grupales de grado en donde, si ustedes lo leen, dice, en primer lugar, que son “secretos”. Aquí podemos ver en la página, dice “secreto”. Nada más que tuvimos la fortuna de encontrarla en Santo Domingo, y por unos 150 pesitos.

Ahí las encuentras, y ahí donde puntualizan en qué consisten estas funciones del orden interno, entonces sí están considerados dentro de su formación escolar y dentro de su manual de operaciones.

Las circunstancias actuales que vive nuestro país nos obliga a tener primacías sobre el poder militar, y por tal motivo es necesario que la Defensa Nacional se separe de las Fuerzas Armadas, porque la Defensa Nacional es un asunto no sólo de militares, es asunto de todos los mexicanos. Y esta falta de subordinación de los militares a los civiles fortalece la economía castrense.

Hay indicadores para evaluar la supremacía del poder militar en México y en otros países, hay 11 indicadores, y ya hay varios de ellos que ya preocupan.

Aquí tenemos unas evidencias: la Defensa está en manos sólo de militares, la planeación estratégica militar la realiza la Sección Quinta del Estado Mayor de la SEDENA.

No existe, y eso nos toca a nosotros, compañeros legisladores, que yo sé que este no es un tema común y a lo mejor saben que va a tardar tiempo en evolucionar, pero había que empezar ahora.

No existe control parlamentario sobre los asuntos militares, no existen informes sobre adquisiciones, movimientos de tropas, presupuesto, aquí autorizamos el presupuesto que presenta la SEDENA sin rebatir ninguno de sus aspectos, de sus peticiones, sobre todo en aumento de presupuesto que fue del 310 por ciento en estos 12 años.

El diseño e implementación de la política de la Defensa y Seguridad Nacional es asunto exclusivo de militares, ejercen los controles de inteligencia, participan en labores de seguridad pública y de orden interno; y los ascensos, aquí es un tema porque es muy reciente; el jueves pasado aquí funcionamos muy bien como “levantadedos”, nos pidieron la autorización de 200 ascensos, de 200 grados militares, y sin conocer, yo les podría asegurar, ni siquiera los nombres de quiénes estaban siendo ascendidos, nosotros aprobamos en bloque esos 200 grados; mi voto fue en contra, por primera vez me revelo porque han tomado las Fuerzas Armadas aquí al Senado como una oficina de trámite. Apenas estamos marcando, se está marcando ya el fuero militar, creo que las tres Fuerzas Armadas deben estar unidas bajo un solo mando, y bajo la conducción de un Estado Mayor conjunto y bajo la conducción de un Secretario de la Defensa Civil.

Ya termino, ésto es una estrategia y una política de Estado, no es contra las Fuerzas Armadas, tenemos que reconocer que con todo y a pesar de los pesares, en todas las encuestas el Ejército sale como la institución mejor calificada por la ciudadanía.

Esta iniciativa la considero que es su desafío democrático, va a necesitar involucrar a todos los poderes del Estado, a las Organizaciones No Gubernamentales, a los académicos, a las universidades para el diseño y la planeación de una nueva institución con valores democráticos y con respeto a los derechos humanos, y los convocamos a todos sin miedo, sin temores, a romper el tabú y a poner en el centro del debate público el tema de la reforma de las Fuerzas Armadas.

Gracias, señor Presidente.

Iniciativa

“SEN. ERNESTO CORDERO ARROYO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
CAMARA DE SENADORES
H. CONGRESO DE LA UNION
PRESENTE.

LA SUSCRITA SENADORA INTEGRANTE DEL MOVIMIENTO CIUDADANO A LA LXII LEGISLATURA DEL CONGRESO DE LA UNION, CON FUNDAMENTO EN LOS ARTICULOS 71 FRACCION II, 73 FRACCION XIV Y 78 FRACCION III DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 8 FRACCION I, 164, 169, 171 Y 172 DEL REGLAMENTO DEL SENADO DE LA REPUBLICA; ME PERMITO PRESENTAR A ESTA HONORABLE CAMARA DE SENADORES LA PRESENTE INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN; LOS ARTICULOS 11 Y 16 DE LA LEY ORGANICA DEL EJERCITO Y FUERZA AEREA MEXICANOS; Y 5º DE LA LEY ORGANICA DE LA ARMADA DE MEXICO, DE CONFORMIDAD CON LA SIGUIENTE:

EXPOSICION DE MOTIVOS

Antecedentes

El Ejército Nacional es un tema intocado en México, a pesar de los avances democráticos en nuestro país. La Secretaría de la Defensa Nacional, instituida como un organismo político-administrativo de la Administración Pública Federal, se conforma como un apéndice de las Fuerzas Armadas, una instancia de trámite para los propósitos militares, tal como ha sucedido históricamente en nuestro país.

Se deben reconocer los actos heroicos, así como la importancia que han tenido las Fuerzas Armadas en la formación del Estado mexicano.

El proceso de reforma y la decisión política de separar la Defensa Nacional de las Fuerzas Armadas, tal como sucede en los países desarrollados y en la mayor parte de los de América Latina, se ha visto limitado por viejas prácticas y una institucionalidad añeja que no corresponde a los avances democráticos de la nación.

La existencia de un control civil sobre el poder militar no es equivalente a evitar los golpes de Estado como una respuesta a una crisis política. Es sólo un aspecto, importante, pero ello no significa que se haya establecido un control democrático sobre el ejército, ya que no rinde cuentas a nadie, como lo ordenan los mecanismos de control institucional y las propias leyes militares.

Desde la antigüedad, las sociedades civilizadas se han planteado el problemaderivadodelaexistenciadeunaorganizaciónarmada: el ejército, dentro de una sociedad desarmada, porque confió sus armas a dicha institución.

La intervención del ejército para dirimir asuntos de carácter político, otorga a los militares espacios de acción que no corresponden a las ideas de un control democrático sobre el poder militar.

El instrumento militar es el último recurso de poder en las relaciones entre los Estados; en tiempo de pazes un reaseguro para la protección de los ciudadanos y de los recursos naturales de la nación, y en una democracia, la defensa del territorio es la respuesta armada a la preservación de las autoridades constitucionales y a la forma de vida de la sociedad.

En este contexto, la función de las fuerzas armadas es profesional, es una función pública, orientada exclusivamente a sus capacidades técnicas, excluidas de ella cualquier forma de intervención en la toma de decisiones políticas.

La estructura de la Defensa en un Estado de derecho, debe estar conformada por:

• La Separación de las Fuerzas Armadas de la Secretaría de la Defensa.

• Reconoce una cadena de mando que parta del presidente como jefe supremo de las fuerzas armadas y que medien sus órdenes a través de un Secretario Civil en la conducción de la Defensa.

• La función del Congreso:

° Determina las misiones militares;

Autoriza el movimiento de tropas;

° Verifica el cumplimiento de las políticas de Defensa;

° Asigna el presupuesto para el sector, y lo fiscaliza;

° Provee la legislación para el manejo militar;

° Fija el tamaño de las fuerzas armadas y la división territorial militar;

° Define el perfil militar;

° Evalúa y aprueba los ascensos; y

° Tiene atribución de declarar la guerra.

° A su vez, la justicia tiene el papel de velar porque los oficiales acaten el cumplimiento de la ley.

• La obligación de comunicar esta política pública y de promover su conocimiento al resto de la sociedad.

Condición de la democracia.

El concepto de democracia da por sentado que los gobernantes son los representantes del pueblo y que es el pueblo el que tiene el poder supremo; por ello, ninguna institución del Estado está excluida de su control. Los militares defienden a los ciudadanos de posibles amenazas que puedan determinarse en el ámbito militar. Las decisiones sobre la Defensa afectan la vida de los habitantes y el destino de los recursos públicos.

La sociedad tiene que hacer un contrapeso al poder del Estado y el Estado tiene que fomentar la participación de las organizaciones de la sociedad civil. No es necesario aclarar que estos principios están únicamente presentes de forma parcial en los gobiernos de incipientes democracias. De esta manera, en la medida en que se acepte la intromisión de los militares en asuntos que no son de su incumbencia profesional, se estará erosionando la legitimidad política y la acción de gobierno.

En este orden de ideas, ante una crisis de seguridad, como nunca se había conocido en la historia reciente de México, preocupa por el peligro que este hecho encierra para establecer la supremacía civil: En una democracia el poder militar debe estar subordinado a la autoridad civil del Estado.

Propuesta de reforma.

De acuerdo a la Constitución, el control civil del poder militar está dividido entre los tres poderes.

El presidente, como principal funcionario del gobierno civil, tiene a su cargo el control administrativo de las fuerzas militares y el manejo del programa de guerra. De él depende, con la colaboración del Congreso, la creación de organismos militares y la conducción funcional de las fuerzas armadas. Como comandante en jefe de la organización militar, función que le atribuye la Constitución (Art. 89), constituye la primera acción en cuanto al control civil, que ejerce a través de la dirección secretarial.

Es digno hacer notar que la visión civilista de nuestra Constitución (Art. 129),reclama para sí que el Secretario de Defensa sea civil; por considerarse un símbolo de la supremacía de la autoridad civil. Su presencia en el puesto más elevado de la Secretaría debe ser un constante recordatorio para el grupo militar subordinado, así como el papel que tiene en una sociedad en la cual el mayor propósito del Estado es el bienestar social, antes que el poder militar.

El Secretario constituye un vínculo entre las fuerzas armadas y la administración pública y, en especial, con todo el pueblo de la nación. Su condición de civil le permite apreciar, serena e imparcialmente, las necesidades militares. Colocado por encima de todos los jefes militares, está singularmente situado para regular el equilibrio entre la política y la fuerza, buscando al mismo tiempo reprimir el exceso militar y restringir la imprudencia política.

El Congreso tiene asignados constitucionalmente amplios poderes, para crear, sostener y organizar a las fuerzas armadas (Art. 73: XIV). Dada su composición de representantes elegidos por el pueblo, tiene un papel vital en el mantenimiento del control civil sobre el poder militar. Constituye el medio más indicado para que el pueblo dé su consentimiento a todo programa militar.

La organización militar, tanto en la paz como en la guerra, exige esfuerzos sostenidos de toda la nación, por lo que no se concibe que en una democracia, el pueblo por y a través de sus representantes no tenga conocimiento y control de las exigencias militares. El congreso debe velar para que todo el programa de seguridad militar sea legal, adecuado y aceptable. Le corresponde la declaración de guerra, autorizar el reclutamiento, prescribir la organización, disponer lo necesario para el manteniendo de las fuerzas armadas y dictar una legislaciónen la materia.

Los militares están sujetos al cuerpo legal de su organización y a las leyes generales del país, sancionadas por los legisladores en su carácter de autoridades civiles. Además juran respetar y defender la Constitución sometiéndose, por tanto, al imperio de las leyes.

Por su parte, el poder judicial sancionará los excesos militares sobre violaciones a los derechos humanos.

Fundamentos.

Considerando que los avances democráticos del país reclaman límites a la función pública incluyendo al ejército.

Considerando que las Fuerzas Armadas deben estar separada de la Secretaría de la Defensa; por ser una función política-administrativa exclusiva de la autoridad civil.

Considerando que el manejo de las Fuerzas Armadas es un asunto de Política Exterior, que México se ha declarado como un país pacifista y proscribe el uso de la fuerzas en las relaciones internacionales a través de sus principios constitucionales.

Considerando que nuestra Constitución en tiempo de paz prohíbe a la autoridad militar la deliberación y participación política.

Considerando que en una democracia, la concepción y conducción de la Defensa Nacional debe ser concebida, preparada y dirigida desde el poder civil del Estado.

Considerando que el Poder Ejecutivo, para su organización, contempla a la Secretaría de la Defensa Nacional y a la Secretaría de Marina, desde una visión político-social y administrativa.

Considerando que en una situación de guerra o conflicto armado, la Secretaría de la Defensa Nacionala cargo de un militar, doctrinariamente, se constituyeen el Cuartel General del Ejército. Y que por tal circunstancia la conducción civil de la Defensa Nacional desaparecería, creándose un vacío de poder que pondría en riesgo la Seguridad del Estado.

Considerando que durante el conflicto armado el Ejército Mexicano se constituye en un Ejército de Operacionesrealizando funciones de carácter orgánico-operativo bajo un solo mando militar en cumplimiento de una misión. Y por tal motivo los militares se verían empeñados en la Defensa Militar del Estado, su única responsabilidad.

Considerando que las Fuerzas Armadas históricamente han dedicado su capacitación, adoctrinamiento, y equipamiento para asuntos de orden interno, práctica inconstitucional propia de las dictaduras militares.

Considerando que la persistente y sistemática intromisión de los militares en los asuntos de la exclusiva competencia de las autoridades civiles trastoca el orden jurídico e institucional del Estado, y ha inhibido históricamente los avances democráticos del país. Se emite la siguiente:

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTICULOS 11 y 16 DE LA LEY ORGANICA DEL EJERCITO Y FUERZA AEREA MEXICANOS; Y 5º DE LA LEY ORGANICA DE LA ARMADA DE MEXICO.

ARTICULO UNICO. Se reforman los artículos 11 y 16 de la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos; y 5º de la Ley Orgánica de la Armada de México.Para quedar de la siguiente manera:

De la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos

Artículo 11.-El Mando Supremo del Ejército yFuerza Aérea, corresponde al Presidente de la República, quien lo ejercerá por sí o a través del Secretario de la Defensa Nacional; para el efecto, durante su mandato se le reconocerá como Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas.

Artículo 16.- El alto mando del Ejército y Fuerza Aérea, lo ejercerá el Secretario de la Defensa Nacional.

De la Ley Orgánica de la Armada de México

Artículo 5º.- …

El Mando Supremo de la Marina de Guerra, corresponde al Presidente de la República, quien lo ejercerá por sí o a través del Secretario de la Defensa Nacional; para el efecto, durante su mandato se le reconocerá comoComandante Supremo de las Fuerzas Armadas.

El alto mando de la Marina de Guerra, lo ejercerá el Secretario de la Defensa Nacional.

TRANSITORIO

UNICO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, a 27 de noviembre de 2012.

Sen. Layda Sansores San Román”.

- El C. Presidente Burgos García: Gracias, Senadora Sansores San Román. Se turna a las Comisiones Unidas de Defensa Nacional; y de Estudios Legislativos.

Se concede el uso de la tribuna al Senador Jesús Casillas Romero, del grupo parlamentario del PRI, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto que adiciona un numeral 3 al artículo 12 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.





 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETOPOR EL QUE SE ADICIONA UN NUMERAL 3 AL ARTICULO 12 DE LA LEY ORGANICA DEL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

(Presentada por el C. Senador Jesús Casillas Romero, del grupo parlamentario del PRI)

- El C. Senador Jesús Casillas Romero: Gracias, señor Presidente; compañeras y compañeros Senadores, honorables miembros de la Mesa Directiva, con su venia:

Se dice que los recintos parlamentarios de México constituyen un manifiesto de la historia de nuestro país, ligados a viejos y nuevos edificios, casonas de adobes, iglesias y teatros, el acontecer legislativo del país ha ido plasmando a su paso parte de la vida nacional.

En ellos se ha debatido y escrito en buena medida la historia y vida pública de la nación.

Discusiones y debates que en la historia intranquila de nuestra patria no siempre se dieron en un marco de civilidad; aunque también es dable decirlo, que independientemente de los tiempos, lo cierto es que un parlamento no necesariamente puede dejar de sufrir discusiones acaloradas, arrebatos o desatamiento de pasiones, pues la política, las cuestiones de gobierno y los debates ideológicos de repente así lo exigen.

Pero, lo que no es dable, es el desbordamiento de los cauces y perder el orden que a su vez impida las resoluciones colegiadas.

Tal vez por eso, en los salones del Pleno del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos los ciudadanos legisladores tienen absolutamente prohibido el ingresar armados.

Pero, yendo más allá, la interrogante sería, ¿por qué en el salón de sesiones habría lugar a las armas?

El salón del pleno es un espacio delicado, notable, emblemático, simbólico, se trata de la máxima tribuna del país; aquí se viene a debatir, a tomar decisiones y no puede haber mayor orden que el de la misma Asamblea y su Mesa Directiva, ningún poder, de hecho ni de derecho, puede interrumpirlo.

Aquí debe imperar la razón, el diálogo, el debate con derecho a disentir de las opiniones de los demás.

Por ello, si la fuerza de la principal tribuna está en esa tónica, las armas es lo último que se le asemeja.

Razones hay muchas, así también podemos hablar de la inviolabilidad de los recintos parlamentarios, de la autonomía del Poder Legislativo, del orden y de la seguridad de las personas; lo cierto es que cualquier argumento indica que en los salones del Pleno no hay cabida para las armas; paradójicamente considero que al interior de estos muros podremos discutir cualquier tema, incluso el mismo uso de las armas, cuando curiosamente no es el lugar apropiado para ellas.

En ese tenor es la propuesta que me permito traer a consideración de esta Honorable Asamblea, que consiste en adicionar un numeral al artículo 12 de la Ley Orgánica que rige este poder, para insertar en su texto la prohibición expresa de personas armadas en el salón de sesiones. Propuesta congruente además con el trato respetuoso que se debe otorgar al espacio más notable del recinto parlamentario en el cual se insiste, ninguna fuerza o individuo puede inferir en él, ni por la fuerza misma del derecho ni el de los hechos.

Es cuanto, señor Presidente, solicito amablemente se inserte el texto íntegro de la presente iniciativa en el Diario de los Debates.

Muchas gracias.

Iniciativa

“SEN. ERNESTO JAVIER CORDERO ARROYO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
DEL SENADO DE LA REPUBLICA
LXII LEGISLATURA
PRESENTE.

Compañeros Senadores:

El suscrito, Senador JESUS CASILLAS ROMERO, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en esta LXII Legislatura del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, con fundamento en los artículos 8, fracción I y 164 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta honorable Cámara de Senadores, Iniciativa con proyecto de Decreto que adiciona un párrafo 3 al artículo 12 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, de conformidad a la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

Se dice que los recintos parlamentarios de México constituyen un manifiesto de la historia de nuestro país. Ligados a viejos y nuevos edificios, casonas de adobe, iglesias y teatros, el acontecer legislativo del país ha ido plasmando a su paso parte de la vida nacional.

Considerando tal relevancia, como mención anecdótica, el Senado de la República a través de su entonces Comisión Especial Encargada de los Festejos del Bicentenario de la Independenciay del Centenario de la Revolución Mexicana, auspició la elaboración del Libro “Recintos Parlamentarios”. El 19 de agosto de 2010, se dio a conocer su edición, en la que se dijo que este libro muestra como el Poder Legislativo se abrió paso a lo largo del tiempo. También se auguró que “PARA COMPRENDER A NUESTRA REPUBLICA SE HACIA NECESARIO ESTUDIAR SUS INSTITUCIONES Y LOS AVATARES DE SUS CONGRESOS”.

El entonces Senador Melquíades Morales Flores, Presidente de la Comisión Especial, anunció que “Parte de su autonomía (del Poder Legislativo) fue ganada a partir de los espacios físicos ocupados. No deja de ser contrastante que mientras el Poder Ejecutivo tuvo una sola sede: el Palacio Nacional, el Legislativo fue itinerante. Apenas la Cámara de Diputados tuvo una residencia definitiva a principios de los años ochenta, el Senado la tendrá en los próximos meses.” El senador Morales Flores se refirió a esta sede.

Luego, siguió diciendo…

“Buena parte de la labor legislativa durante el siglo XIX, se llevó a cabo en templos, que fueron sustituidos por teatros y ya en el siglo XX, incluso por el Estadio Nacional. “Recintos Parlamentarios, por ejemplo, que la catedral de Nuestra Señora de la Asunción, en Chilpancingo, albergó al Congreso de Anáhuac y ahí se firmó el documento: Sentimientos de la Nación, de Morelos (14 de septiembre de 1813). Lo mismo ocurrió, como señala la autora, doctora Martha Fernández, con el Congreso Itinerante del gobierno juarista (1863-1867), que ocupó el Colegio Guadalupano Josefino de San Luis Potosí. El Teatro de la República, en Querétaro, fue escenario donde se aprobó la Constitución de 1917, y el Palacio de las Bellas Artes ha sido empleado diversas ocasiones como sede alterna del Poder Legislativo. El desaparecido Estadio Nacional fue otra de las sedes; más recientemente, el Centro Médico Nacional fue usado para que la Cámara de Diputados sesionara unos años”.

Referencias en las que se pretende hacer patente la relevancia política, histórica y cultural que convergen alrededor de los recintos parlamentarios en nuestro país.

En tal dimensión, la autonomía del Poder Legislativo y la Inviolabilidad de su recinto y el de sus Cámaras, constituyen elementos o características distintivas, que por ejemplo, se ven reflejados en disposiciones como las siguientes:

Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

ARTICULO 12.

1. Los recintos del Congreso y de sus Cámaras son inviolables. Toda fuerza pública está impedida de tener acceso a los mismos, salvo con permiso del Presidente del Congreso, de la Cámara respectiva, o de la Comisión Permanente, según corresponda, bajo cuyo mando quedará en este caso.

2. El Presidente del Congreso, de cada una de las Cámaras o de la Comisión Permanente, en su caso, podrán solicitar el auxilio de la fuerza pública para salvaguardar el fuero constitucional de los diputados y senadores y la inviolabilidad de los recintos parlamentarios; cuando sin mediar autorización se hiciere presente la fuerza pública, el Presidente podrá decretar la suspensión de la sesión hasta que dicha fuerza hubiere abandonado el recinto.

ARTICULO 13.

1. Ninguna autoridad podrá ejecutar mandatos judiciales o administrativos sobre los bienes nacionales destinados al servicio del Congreso o de sus Cámaras, ni sobre las personas o bienes de los diputados o senadores en el interior de los recintos parlamentarios.

Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

Artículo 211.- Los Presidentes de las Cámaras podrán ordenar, siempre que lo consideren conveniente, que se sitúe guardia militar en los edificios de las mismas, la que estará sujeta exclusivamente a las órdenes del Presidente respectivo.

Artículo 213.- Cuando por cualquiera circunstancia concurriere alguna guardia militar o policía al recinto de las Cámaras, quedará bajo las órdenes exclusivas del Presidente de cada una de ellas.

Cabe decir también, que disposiciones como las transcritas obedecen además a situaciones de orden.

Inviolabilidad y principio de orden de los que evidentemente no están exentas las partes de los recintos parlamentarios de mayor notabilidad, como los son los lugares designados para la reunión en asamblea de los representantes populares donde se discuten y resuelven los asuntos públicos. Evidentemente me refiero a los salones de sesiones.

A tal respecto, me atrevo a decir que el lugar más sensible y significativo de un recinto parlamentario es el destinado a la Asamblea del Pleno, lugar que con mayoría de razón debe estar garantizado en su inviolabilidad y debido orden, que a su vez implica o repercute en la libertad e inviolabilidad de los propios legisladores. De tal suerte que el salón de sesiones debe estar totalmente a salvo de toda intromisión o situación que implique cualquier posibilidad de sometimiento a un orden que no sea el dado por la propia asamblea o su presidencia.

Encaminado a ello, me refiero para la propuesta que me permito traer a la consideración del honorable Pleno, consistente en la prohibición expresa de personas armadas en el salón de sesiones. Propuesta que no sólo infiere en la inviolabilidad del recinto destinado a la deliberación y toma de decisiones en Asamblea, sino en la seguridad de los propios legisladores.

Cabe decir, que los procedimientos parlamentarios no sólo deben prever las reglas que establezcan la forma de deliberar, el quórum, las maneras de votar, de contar los votos, de establecer mayorías; sino también el orden y la seguridad al recinto y a los parlamentarios.

También es de destacar, que sobre el tema en lo particular, el Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 214, señala expresamente tal prohibición para los diputados y senadores, bajo el texto siguiente:

Artículo 214.- Los diputados y senadores no podrán penetrar al salón de sesiones armados y el ciudadano Presidente deberá invitar a los que no acaten esta disposición, a que se desarmen, no permitiendo el uso de la palabra ni contando su voto a ningún diputado o senador armado. En caso extremo, la Presidencia hará, por los medios que estime conveniente, que los renuentes abandonen el salón.

Tal disposición puede obedecer a una medida preventiva para evitar alguna alteración al orden, incluso daño a las personas, con motivo de la posibilidad de acaloramiento en los debates. Esto porque un Parlamento no necesariamente puede dejar de sufrir discusiones acaloradas, arrebatos o desatamiento de pasiones, pues la política, las cuestiones de gobierno y los debates ideológicos de repente así lo exigen. Pero lo que no es dable es el desbordamiento de los causes y perder el orden que a su vez impida las resoluciones colegiadas.

Luego, en tal inercia, no sólo los diputados y senadores deben estar desarmados en el salón de sesiones, sino cualquier persona en su interior.

Así, la sugerencia de adición a la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos que me permito realizar, atiende a los principios de orden, de seguridad y salvaguarda a la integridad de las personas, a la autonomía y a la inviolabilidad misma del parlamento, que implica que, no sólo ninguna autoridad, sino que ningún individuo pueda interferir en él, por la vía del derecho o de los hechos.

En ese orden de ideas, para el caso de los salones de sesiones de las Cámaras del honorable Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, habría prohibición expresa de cualquier persona armada, con la salvedad obvia y justificada de una causa grave que lo amerite, circunscribiendo tal posibilidad exclusivamente a la fuerza pública, a la orden y bajo el mando de las presidencias correspondientes.

Así las cosas, la propuesta que tengo a bien someter a la elevada consideración de esta Honorable Soberanía, es la contenida en la siguiente…

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO

MEDIANTE LA CUAL SE ADICIONA UN PARRAFO 3 AL ARTICULO 12 DE LA LEY ORGANICA DEL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.

ARTICULO UNICO.- Se adiciona un párrafo 3 al artículo 12 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

ARTICULO 12.

1. (….)

2.(….)

3.-Queda estrictamente prohibido el ingreso de cualquier persona armada a los salones de sesiones de las Cámaras, salvo que medie causa grave que lo amerite, se trate de fuerza pública y lo haya ordenado el Presidente del Congreso, de la Cámara respectiva, o de la Comisión Permanente, según corresponda. El mando de dicha fuerza se estará a lo dispuesto por el primer párrafo de este artículo.

TRANSITORIO

UNICO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el “Diario Oficial de la Federación”.

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Senadores, a 22 de noviembre de 2012.

Atentamente

Sen. Jesús Casillas Romero”.

- El C. Presidente Burgos García: Muchas gracias, Senador Casillas Romero. Así se hará la inserción completa en el Diario de los Debates. Se turna a las Comisiones Unidas de Reglamento y Prácticas Parlamentarias; y de Estudios Legislativos.

Se recibió de la Senadora Laura Angélica Rojas Hernández, del grupo parlamentario del PAN, una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se adiciona el quinto párrafo a la fracción IV del artículo 71 constitucional. Se turna a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; y de Estudios Legislativos, Primera.





 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETOPOR EL QUE SE ADICIONA UN QUINTO PARRAFO A LA FRACCION IV DEL ARTICULO 71 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

(Presentada por la C. Senadora Laura Angélica Rojas Hernández, del grupo parlamentario del PAN)

“CC. SECRETARIOS DE LA MESA DIRECTIVA
DE LA CAMARA DE SENADORES
DEL H. CONGRESO DE LA UNION
EN LA LXII LEGISLATURA
PRESENTES:

La suscrita, SENADORA LAURA ANGELICA ROJAS HERNANDEZ, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXII Legislatura del Senado de la República del Congreso de la Unión, con fundamento en lo establecido en los artículos 71, fracción II y 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como por los artículos 8 numeral 1, fracción I; 164 numerales 1 y 2; 169 y 172 numeral 1, del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración del Constituyente Permanente, por conducto de esta Soberanía, el siguiente PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA EL QUINTO PÁRRAFO A LA FRACCION IV DEL ARTICULO 71 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, en materia de iniciativa preferente. Lo anterior, al tenor de la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

En la historia reciente de la política, la teoría de la división de poderes que predomina en los Estados modernos se encuentra en el pensamiento del siglo XVIII, con autores como, John Locke, Jean-Jacques Rousseau, Alexander Hamilton y particularmente Charles Louis de Secondat Montesquieu.

Montesquieu en su obra “El Espíritu de las Leyes” define el poder a la vez como función y como órgano, y lo divide en poder ejecutivo, poder legislativo y poder judicial, los cuales no deben concentrarse en una sola persona o entidad.

A diferencia de otras organizaciones anteriores, para Montesquieu, no sólo se trata de especializar a un ente en una función determinada, sino de crear contrapesos, donde un poder equilibra al otro, “para que no se pueda abusar del poder, es preciso que por disposición de las cosas el poder frene al poder.”1

Es decir, la división de poderes tiene como finalidad específica la limitación de los poderes para garantizar una verdadera libertad. Para Montesquieu, la libertad era el derecho de hacer “todo aquello que las leyes permitan”, tratándose en una libertad de legalidad para que nadie sea consentido a hacer las cosas a las que las leyes no lo obligan y a no haceraquello que las leyes le permiten.2

En México tras la declaración de independencia y el derrocamiento del Imperio de Iturbide, se promulgó la Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos de 1824, la cual establecía un Congreso Legislativo, un poder Ejecutivo Federal (presidente y vicepresidente) y el Poder Judicial (Suprema Corte de Justicia).

Las Constituciones de 1857 y 1917 mantuvieron la misma división de poderes, pero con bases orgánicas diferentes, (v.gr. eliminando la figura del vicepresidente)

En este orden, el artículo 49 constitucional vigente a la letra señala:

“El Supremo Poder de la Federación se divide para su ejercicio en Legislativo, Ejecutivo y Judicial.

No podrán reunirse dos o más de estos Poderes en una sola persona o corporación, ni depositarse el Legislativo en un individuo, salvo el caso de facultades extraordinarias al Ejecutivo de la Unión, conforme a lo dispuesto en el artículo 29. En ningún otro caso, salvo lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 131, se otorgarán facultades extraordinarias para legislar.”

No obstante en la historia de reformas constitucionales del siglo XX dicho precepto “ha sufrido reformas de trascendental importancia. La primera de ellas, fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 12 de agosto de 1938, en la cual se agregó un párrafo al artículo que señalaba “En ningún caso se otorgarán al Ejecutivo facultades extraordinarias para legislar.”3

Por otro lado en 1996 se hizo una reforma electoral sustancial, que dio origen al Instituto Federal Electoral y que dio bases para la integración de un Poder Legislativo realmente plural y con una representación real, que generó un auténtico sobrepeso al Poder Ejecutivo.

En el mandato del presidente Ernesto Zedillo, se observaron diferencias fundamentales en la separación de poderes, pero fue mucho más visible con el primer presidente no priista en casi cien años, Vicente Fox (2000-2006), quien tuvo un Poder Legislativo crítico y opositor que acotó muchas de sus actividades. Además con los nuevos mecanismos de designación de los Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, vimos un Poder Judicial con mayor independencia e influencia en la vida pública nacional.

Entendemos que seguimos en un proceso de consolidación institucional de la convivencia entre nuestros Poderes de la Unión y ha surgido una férrea discusión sobre las facultades que ejercen cada uno de ellos, cuestionando la división clásica señalada y entendiendo que pueden haber instituciones emergentes paralelas a los tres Poderes o que cada uno de estos Poderes puede tener facultades ajenas a su propia naturaleza.

“Como ha señalado la Suprema Corte de Justicia de la Nación en diferentes ocasiones, la propia separación de poderes es de carácter flexible ya que existen muchas facultades que los Poderes de la Unión deben ejercer de manera coordinada o concurrente y otras varias en las que la naturaleza de la función que se ejerce no necesariamente corresponde a la del órgano que la ejercita.”4

Actualmente se ejercen facultades materiales de naturaleza diversa a las del Poder que ejecuta, pero además existen actos formales que ligan las funciones de dos o más Poderes y que constituyen una interacción institucional necesaria para el funcionamiento gubernamental en conjunto, como es propiamente la intervención que la Constitución refiere al Ejecutivo en el proceso legislativo.

Sin la intención de menoscabar la división de poderes, la iniciativa preferente funciona, cuando por mandato de ley, el Congreso de la Unión debe dar preferencia (celeridad) al trámite procesal legislativo de una iniciativa de ley presentada por el Ejecutivo Federal, el cual la considera primordial para el cumplimiento de los objetivos de su administración.

La forma en que se conservó el equilibrio en la división de poderes, y se evitó se generara una supremacía del Ejecutivo sobre el Legislativo en iniciar leyes, es limitando el número de iniciativas que podrá presentar en un periodo de tiempo determinado.

El carácter “preferente” de la iniciativa, implica otorgarle una característica de prelación superior, dada su relevancia y la cual debe sujetarse a una disertación profunda, pero breve. En esta tesitura, dependiendo de los menesteres más apremiantes de la administración pública, el titular del Ejecutivo Federal podrá presentar dos iniciativas de ley, o señalar con tal carácter hasta dos que hubiere presentado en periodos anteriores para ponerlas a consideración del Congreso de la Unión, las cuales serán sujetas al proceso legislativo de cualquier otra iniciativa, con la salvedad que será obligatoria su dictaminación en el tiempo que la propia Constitución señale.

José María Serna de la Garza señala que introducir un punto de "celeridad" en el procedimiento legislativo mexicano, podría basarse en la experiencia de Brasil, cuya Constitución prevé un procedimiento legislativo sumario, independiente del ordinario, que puede ser utilizado por el Poder Ejecutivo bajo determinadas reglas.

Toda vez que el carácter preferente se entiende por la celeridad y el término fatal que implica el desahogo de las iniciativas preferentes por parte del Congreso de la Unión, el trámite procesal legislativo será el ordinario que dispone la Constitución y las leyes conducentes del Congreso. Dicha celeridad debe entenderse para el total del procedimiento legislativo, es decir debe concluir hasta que el Congreso haya dictaminado de forma definitiva, ya sea a favor o en contra la iniciativa.

Sin embargo, la reforma hecha a la Constitución federal, publicada en el Diario Oficial de la Federación del jueves 9 de agosto de 2012, que incorporó la iniciativa preferente a nuestro sistema jurídico, no contempló todos los supuestos procesales legislativos. La reforma consistente en una adición de dos párrafos al artículo 71 constitucional se hizo en los siguientes términos:

Artículo 71. (...)

I. (...)

II. A los Diputados y Senadores al Congreso de la Unión;

III. A las Legislaturas de los Estados; y

IV. A los ciudadanos en un número equivalente, por lo menos, al cero punto trece por ciento de la lista nominal de electores, en los términos que señalen las leyes.

La Ley del Congreso determinará el trámite que deba darse a las iniciativas.

El día de la apertura de cada periodo ordinario de sesiones el Presidente de la República podrá presentar hasta dos iniciativas para trámite preferente, o señalar con tal carácter hasta dos que hubiere presentado en periodos anteriores, cuando estén pendientes de dictamen. Cada iniciativa deberá ser discutida y votada por el Pleno de la Cámara de su origen en un plazo máximo de treinta días naturales. Si no fuere así, la iniciativa, en sus términos y sin mayor trámite, será el primer asunto que deberá ser discutido y votado en la siguiente sesión del Pleno. En caso de ser aprobado o modificado por la Cámara de su origen, el respectivo proyecto de ley o decreto pasará de inmediato a la Cámara revisora, la cual deberá discutirlo y votarlo en el mismo plazo y bajo las condiciones antes señaladas.

No podrán tener carácter preferente las iniciativas de adición o reforma a esta Constitución.

Como se puede apreciar, se omitióla parte del procedimiento legislativoestablecido enlos incisos D. y E. del artículo 72 de de esta Constitución, que la letra refieren:

D. Si el proyecto de ley o decreto, fuese desechado en su totalidad por la Cámara de revisión, volverá a la de su origen con las observaciones que aquella le hubiese hecho. Si examinado de nuevo fuese aprobado por la mayoría absoluta de los miembros presentes, volverá a la Cámara que lo desechó, la cual lo tomará otra vez en consideración, y si lo aprobare por la misma mayoría, pasará al Ejecutivo para los efectos de la fracción A; pero si lo reprobase, no podrá volver a presentarse en el mismo período de sesiones.

E. Si un proyecto de ley o decreto fuese desechado en parte, o modificado, o adicionado por la Cámara revisora, la nueva discusión de la Cámara de su origen versará únicamente sobre lo desechado o sobre las reformas o adiciones, sin poder alterarse en manera alguna los artículos aprobados. Si las adiciones o reformas hechas por la Cámara revisora fuesen aprobadas por la mayoría absoluta de los votos presentes en la Cámara de su origen, se pasará todo el proyecto al Ejecutivo, para los efectos de la fracción A. Si las adiciones o reformas hechas por la Cámara revisora fueren reprobadas por la mayoría de votos en la Cámara de su origen, volverán a aquella para que tome en consideración las razones de ésta, y si por mayoría absoluta de votos presentes se desecharen en esta segunda revisión dichas adiciones o reformas, el proyecto, en lo que haya sido aprobado por ambas Cámaras, se pasará al Ejecutivo para los efectos de la fracción A. Si la Cámara revisora insistiere, por la mayoría absoluta de votos presentes, en dichas adiciones o reformas, todo el proyecto no volverá a presentarse sino hasta el siguiente período de sesiones, a no ser que ambas Cámaras acuerden, por la mayoría absoluta de sus miembros presentes, que se expida la ley o decreto sólo con los artículos aprobados, y que se reserven los adicionados o reformados para su examen y votación en las sesiones siguientes.

En conclusión, la iniciativa preferente es una herramienta legislativa que soluciona una problemática fáctica para el desempeño del Ejecutivo Federal, de naturaleza mixta (Como actividad del Poder Ejecutivo en un proceso del Poder Legislativo) y que se encuentra perfectamente justificada desde el aspecto teórico político, con respeto a la división de poderes y en armonía a los contrapesos entre éstos, pero que su eficacia depende mucho en delimitar perfectamente los tiempos que debe desahogarse.

En consecuencia la presente iniciativa propone, establecer un término de quince días para que cada uno de los procesos legislativos establecidos en los incisos D. y E. del artículo 72 de la Constitución, se desahoguen, garantizando la celeridad con que debe resolverse una iniciativa preferente.

Así, si la iniciativa preferente, fuese desechada en su totalidad por la Cámara de revisión, volverá a la de su origen con las observaciones que aquella le hubiese hecho. La Cámara de origen contará con quince días naturales para aprobar por mayoría absoluta las observaciones y remitirla, a la Cámara que lo desechó, la cual tendrá otros quince días naturales para hacer sus consideraciones y aprobar la misma, o desecharla.

En el otro supuesto, si la iniciativa preferente fuese desechada en parte, o modificado, o adicionada por la Cámara revisora, la Cámara de origen tendrá quince días para la nueva discusión que por supuesto versará únicamente sobre lo desechado o sobre las reformas o adiciones, sin poder alterarse en manera alguna los artículos aprobados. Si las observaciones hechas por la Cámara revisora fueren reprobadas por la mayoría de votos en la Cámara de su origen, volverán a aquella para que en un plazo de quince días naturales tome en consideración las razones de ésta, ya sea para desecharla o aprobarla.

De cualquier forma, precluído el plazo, si se rechazaran los artículos observados, en términos del inciso E del artículo 72 constitucional, las Cámaras podrán acordar, por la mayoría absoluta de sus miembros presentes, que se expida la ley o decreto sólo con los artículos aprobados.

Por lo expuesto, presento a esta Soberanía el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTICULO 71 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA DE INICIATIVA PREFERENTE, EN LOS SIGUIENTES TERMINOS:

ARTICULO UNICO.- Se adiciona un quinto párrafo a la fracción IV del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 71. …

I. …

II. …

III. …

IV. …

Si un proyecto de ley o decreto para trámite preferente fuese desechado en parte, modificado o adicionado por la Cámara revisora, la nueva discusión de la Cámara de su origen y, en su caso, de la Cámara revisora, se conducirá en los términos de los incisos d) y e) del artículo 72 de esta Constitución. En ambos casos, cada una de las cámaras contará con un plazo máximo de quince días naturales para votar y discutir las observaciones correspondientes, agotado este plazo, el Presidente de la Mesa Directiva registrará el proyecto, en sus términos y sin mayor trámite, como el primer asunto a discusión y votación en la siguiente sesión del Pleno.

TRANSITORIOS

Artículo único.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, a 20 de noviembre de 2012.

Sen. Laura Angélica Rojas Hernández”.

Tiene el uso de la tribuna el Senador Angel Benjamín Robles Montoya, del grupo parlamentario del PRD, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma la Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional; la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y la Ley de Petróleos Mexicanos.

1 Montesquieu Charles Louis de Secondat, Del espíritu de las leyes, México, Porrúa, 1971, L. V

2 3 Carbonell Miguel, Salazar Pedro “División de poderes y régimen presidencial en México” Instituto de Investigaciones Jurídicas, 2006. Cap. II, Pág. 7 -12.

3 Instituto Nacional de Estudios Históricos de la Revolución Mexicana, Secretaría de Gobernación. “Nuestra Constitución”, México 1990.

4 Valadés Diego, Et Al, Panorama del Derecho Constitucional Mexicano, Ed. Porrúa, México D.F. 2006.





 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETOPOR EL QUE SE REFORMA EL ARTICULO 4o. BIS DE LA LEY REGLAMENTARIA DEL ARTICULO 27 CONSTITUCIONAL EN EL RAMO DEL PETROLEO, EL ULTIMO PARRAFO DE LA FRACCION VI DEL ARTICULO 33 DE LA LEY ORGANICA DE LA ADMINISTRACION PUBLICA FEDERAL, LA FRACCION I DEL ARTICULO 49 DE LA LEY DE PETROLEOS MEXICANOS Y SE REFORMA EL ARTICULO NOVENO Y SE DEROGA EL ARTICULO DECIMO DE LAS DISPOSICIONES TRANSITORIAS EN MATERIA DE PRESUPUESTO DE LA LEY DE PETROLEOS MEXICANOS

(Presentada por el C. Senador Angel Benjamín Robles Montoya, del grupo parlamentario del PRD)

- El C. Senador Angel Benjamín Robles Montoya: Muchas gracias, señor Presidente; compañeras y compañeros Senadores:

Haré un resumen de la propuesta que vengo a someter a consideración de todos ustedes.

En la Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional no se determinan cuáles deben ser los principios rectores que deben observarse para garantizar la seguridad energética del país en materia de hidrocarburos, ni qué medidas presupuestales debiesen considerarse para garantizar dicha seguridad y peor aún, el esquema actual bajo el cual se opera la Estrategia Nacional de Energía cuyo fundamento jurídico es el último párrafo de la fracción VI del Artículo 33 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, y que dispone que el Ejecutivo Federal debe enviar al Congreso de la Unión para su ratificación en un plazo máximo de 30 días hábiles, la Estrategia Nacional de Energía con un horizonte de 15 años nos pone en la posición vulnerable de que cada año se redefinan los criterios de seguridad energética.

Tenemos entonces que estamos a merced de lo que cada año el Ejecutivo considere o no quiera considerar para garantizar la seguridad energética del país. Esta afirmación se refuerza por el hecho de que el artículo 49 de la Sección Segunda correspondiente al Presupuesto de la Ley de Petróleos Mexicanos, no exista referencia a ningún tipo de principio rector que señale que el presupuesto de Petróleos Mexicanos debe formularse considerando medidas que permitan garantizar la seguridad energética del país.

La propia Estrategia Nacional de Energía 2012 nos muestra, con toda crudeza, cómo la ausencia de principios rectores de seguridad energética, está poniendo en riesgo la viabilidad del Estado mexicano, ya que no debemos perder de vista que los recursos por hidrocarburos constituyen la tercera parte de todos los ingresos del gobierno federal, de 2007 a 2011 el ingreso del petróleo sumó 4.9 billones de pesos, todos ellos enterados al fisco y agregando la proyección para concluir este 2012, la aportación de PEMEX sería durante todo el sexenio superior a los 6 billones de pesos, a pesar de toda esta riqueza que aporta PEMEX, su deuda se elevó en la presente administración en 325 por ciento, llegando al 30 de septiembre de 2012 a un billón 846 mil millones de pesos, lo más lamentable de esta situación es que de acuerdo con los reportes de la Auditoría Superior de la Federación los ingresos por excedentes petroleros durante los últimos 8 años superan el billón 200 mil millones de pesos y el 72 por ciento de estos recursos se destinó a ampliaciones presupuestales de dependencias federales y entidades federativas que lo entraron principalmente en gasto corriente.

Compañeras y compañeros, para garantizar la seguridad energética del país, en materia de hidrocarburos, debemos dar un giro a la aplicación de los excedentes petroleros de PEMEX destinándolo tanto a sanear las finanzas de la paraestatal como al desarrollo de infraestructura en diversas áreas.

De 1998 al 2009, por ejemplo, las ventas de gasolina automotriz crecieron a ritmos de 4.5 por ciento anual, ya que la demanda actual de petrolíferos evolucionó en los últimos 10 años con un incremento en el consumo de gasolinas, el cual pasó de 35 por ciento al 54 por ciento del total, durante este periodo las inversiones en el Sistema Nacional de Refinación lograron incrementar ligeramente la capacidad de producción de gasolinas, sin embargo, este aumento en la capacidad de producción ha sido mucho menor al crecimiento en la demanda, lo que ha generado una marcada desalineación entre el barril demandado y la capacidad de producción de gasolinas; atender esta demanda ha requerido complementar la producción nacional con importaciones crecientes a costos muy altos, por ejemplo, el total del subsidio a la importación de gasolinas de 2006 al 2012, registrado presupuestalmente como la fracción I del artículo 2o. A del Impuesto Especial sobre Productos y Servicios, alcanzó en realidad los 618 mil 203 millones de pesos cuando lo que estaba programado para gastarse en este subsidio era de 117 mil 876 millones de pesos, las fluctuaciones del precio de la gasolina en el mercado internacional causó que se gastaran 500 mil 327 millones de pesos más, de igual forma, el intento de aminorar el impacto presupuestal que significa el subsidio a la gasolina ha causado que los llamados gasolinazos se cobraran a los consumidores finales en una cantidad de 80 mil 136 millones de pesos durante el periodo 2008-2012. Es inadmisible, compañeras y compañeros, que en un país con la riqueza petrolera que tiene México, existan partidas presupuestales destinadas a comprar gasolinas en el extranjero.

Lo anterior refleja que hemos fallado al crear un sistema de producción autosuficiente, eficiente y flexible de petrolíferos y petroquímicos para asegurar el suministro al menor costo posible.

Compañeras y compañeros, la autosuficiencia en la producción de combustibles y su capacidad de suministro es de prioridad estratégica y de seguridad para el país, ya que el impacto directo se reflejaría en el Indice Nacional de Precios al Productor, lo que permitiría tener un país más competitivo.

Es por lo tanto imperativo impulsar la inversión eficiente en infraestructura para la producción y distribución de petrolíferos y petroquímicos.

Es por lo anteriormente expuesto que presentamos a ustedes, detallado ampliamente en la Gaceta Parlamentaria, ante esta Soberanía una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman diversas leyes con el propósito de garantizar la seguridad energética del país, en materia de hidrocarburos.

Es cuanto, señor Presidente.

Iniciativa

“C. PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
DE LA CAMARA DE SENADORES
DEL H. CONGRESO DE LA UNION
PRESENTE.

El suscrito, ANGEL BENJAMIN ROBLES MONTOYA, Senador de la República de la LXII Legislatura del H. Congreso de la Unión, integrante del grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 71 fracción II, 72 y 73 fracción XXVIII, todos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; Artículo 164 numerales 1, 2 y 3 del Reglamento del Senado de la República; somete a la consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma el Articulo 4º. BIS de la Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional en el Ramo del Petróleo, el último párrafo de la Fracción VI del Artículo 33 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, la Fracción Primera del Artículo 49 de la Ley de Petróleos Mexicanos y se reforma el Artículo Noveno y se deroga el Artículo Decimo de las Disposiciones Transitorias en Materia de Presupuesto de la Ley de Petróleos Mexicanos, con el propósito de garantizar la seguridad energética del país en materia de hidrocarburos.

EXPOSICION DE MOTIVOS

El párrafo cuarto del Artículo 27 constitucional señala que “corresponde a la Nación el dominio directo de todos los recursos naturales de la plataforma continental y los zócalos submarinos de las islas; de todos los minerales o substancias que en vetas, mantos, masas o yacimientos, constituyan depósitos cuya naturaleza sea distinta de los componentes de los terrenos, tales como los minerales de los que se extraigan metales y metaloides utilizados en la industria; los yacimientos de piedras preciosas, de sal de gema y las salinas formadas directamente por las aguas marinas; los productos derivados de la descomposición de las rocas, cuando su explotación necesite trabajos subterráneos; los yacimientos minerales u orgánicos de materias susceptibles de ser utilizadas como fertilizantes; los combustibles minerales sólidos; el petróleo y todos los carburos de hidrógeno sólidos, líquidos o gaseosos; y el espacio situado sobre el territorio nacional, en la extensión y términos que fije el Derecho Internacional”.

De igual forma el párrafo sexto del mismo Artículo 27 Constitucional señala que “tratándose del petróleo y de los carburos de hidrógeno sólidos, líquidos o gaseosos o de minerales radioactivos, no se otorgarán concesiones ni contratos, ni subsistirán los que en su caso se hayan otorgado y la Nación llevará a cabo la explotación de esos productos, en los términos que señale la Ley Reglamentaria respectiva”.

En este tenor la Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional en el Ramo del Petróleo señala en su Artículo 4o. Bis, que “las actividades de Petróleos Mexicanos y su participación en el mercado mundial se orientarán de acuerdo con los intereses nacionales, incluyendo los de seguridad energética del país, sustentabilidad de la plataforma anual de extracción de hidrocarburos, diversificación de mercados, incorporación del mayor valor agregado a sus productos, desarrollo de la planta productiva nacional y protección del medio ambiente. Esos criterios se incorporarán en la Estrategia Nacional de Energía”.

Sin embargo, ni en el Artículo 4o. Bis ni en toda la Ley Reglamentaria se determina cuales deben ser los principios rectores que deben observarse para garantizar la seguridad energética del país en materia de hidrocarburos, ni que medidas presupuestales deberían considerarse para garantizar dicha seguridad, y peor aún, el esquema actual bajo el cual se opera la Estrategia Nacional de Energía cuyo fundamento jurídico es el último párrafo de la fracción VI del artículo 33 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, mismo que dispone que el Ejecutivo Federal, debe enviar al Honorable Congreso de la Unión, en el mes de febrero de cada año, para su ratificación en un plazo máximo de 30 días hábiles, la Estrategia Nacional de Energía con un horizonte de quince años, elaborada con la participación del Consejo Nacional de Energía, nos pone en la posición vulnerable de que cada año se redefinan los criterios de seguridad energética.

Tenemos entonces que estamos a merced de lo que cada año el Ejecutivo Federal en turno considere o no quiera considerar para garantizar la seguridad energética del país. Esta afirmación se refuerza por el hecho de que en el artículo 49 de la Sección Segunda correspondiente al presupuesto de La Ley de Petróleos Mexicanos, no existe referencia a ningún tipo de principio rector que señale que el presupuesto de Petróleos Mexicanos debe formularse considerando medidas que permitan garantizar la seguridad energética del país.

La propia Estrategia Nacional de Energía 2012 nos muestra con toda crudeza como la ausencia de principios rectores de seguridad energética, esta poniendo en riesgo la viabilidad del Estado Mexicano, ya que no debemos perder de vista que los recursos por hidrocarburos constituyen la tercera parte de todos los ingresos del Gobierno Federal, de 2007 a 2011 el ingreso petrolero sumó casi 4.9 billones de pesos, todos ellos enterados al fisco, agregando la proyección de 2012, la aportación total de PEMEX durante el presente sexenio podría superar los 6 billones de pesos, a pesar de toda la riqueza que aporta PEMEX su deuda se elevó en la presente administración en 325% llegando al 30 de septiembre de 2012 a un billón 846 mil millones de pesos, lo más lamentable de esta situación es que de acuerdo con los reportes de la Auditoría Superior de la Federación los ingresos por excedentes petroleros durante los últimos 8 años superan el billón 200 mil millones de pesos y el 72% de estos recursos se destinó a ampliaciones presupuestales de dependencias federales y entidades federativas que lo emplearon principalmente en gasto corriente.

Para garantizar la seguridad energética del país en hidrocarburos debemos dar un giro a la aplicación de los excedentes petroleros de PEMEX, destinándolo tanto a sanear las finanzas de la paraestatal como al desarrollo de infraestructura en las áreas que a continuación se detallan.

Durante los años de 1998 a 2009 las ventas de gasolina automotriz crecieron a ritmos de 4.5% anual, la demanda total de petrolíferos evolucionó en los últimos diez años con un mayor incremento hacia el consumo de gasolinas, el cual pasó del 35% al 54% del total, durante este período las inversiones en el Sistema Nacional de Refinación lograron incrementar ligeramente la capacidad de producción de gasolinas, sin embargo, este aumento en la capacidad de producción ha sido mucho menor al crecimiento en la demanda, lo que ha generado una marcada desalineación entre el barril demandado y la capacidad de producción, atender esta demanda ha requerido complementar la producción nacional con importaciones crecientes a costos muy altos, el total del subsidio a la importación de gasolinas del año 2006 al 2012, registrado presupuestalmente como la Fracción I del Artículo 2o.A del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS), alcanzó en la realidad los 618 mil 203 millones de pesos cuando lo que estaba programado de gastarse en el subsidio para el mismo periodo era de 117 mil 876 millones de pesos, las fluctuaciones del precio de la gasolina en el mercado internacional causó que se gastaran 500 mil 327 millones de pesos más, de igual forma, el intento de aminorar el impacto presupuestal que significa el subsidio a la gasolina ha causado que por los llamados “gasolinazos” amparados presupuestalmente en la Fracción II del Artículo 2o.A del IEPS, se cobraran a los consumidores finales 80 mil 136 millones de pesos durante el periodo 2008-2012. Es inadmisible que en un país con la riqueza petrolera que tiene México existan partidas presupuestales destinadas a comprar gasolinas en el extranjero.

Lo anterior nos refleja que hemos fallado en crear un sistema de producción autosuficiente, eficiente y flexible de petrolíferos y petroquímicos para asegurar el suministro al menor costo posible, costo que se ve agravado por el hecho de que adicional al problema de la producción, el incremento en la demanda de combustibles ha llevado al límite las capacidades de manejo y distribución de combustibles, casi el 50% de las terminales de distribución de gasolina en el país operan con una autonomía de máximo 2 días de inventario, estas limitaciones generan retos operativos y de infraestructura de suministros particularmente en la zona centro del país, lo anterior significa que está en riesgo nuestra capacidad de garantizar el suministro oportuno sobre todo de gasolinas, con las consecuentes afectaciones a la competitividad del país.

La autosuficiencia en la producción de combustibles y su capacidad de suministro es de prioridad estratégica y de seguridad para el país, ya que el impacto directo se reflejaría en el índice nacional de precios al productor, lo que permitiría tener un país más competitivo, permanentemente debería estarse impulsando la inversión eficiente en infraestructura para la producción y distribución de petrolíferos y petroquímicos.

En materia de ductos tenemos que la utilización de la red de gasoductos del país se ha incrementado, durante el 2009 su utilización efectiva fue mayor que el año anterior y al 99.94% de su capacidad máxima. Con respecto al transporte de petrolíferos, la utilización de la red de ductos está llegando a niveles de saturación en puntos críticos. En consecuencia, los volúmenes transportados por carrotanque y autotanque, que representan una baja proporción del total, crecieron a un ritmo de aproximadamente 26% y 10%, respectivamente entre 2002 y 2009, lo cual es sumamente desventajoso para el país ya que el costo de transportar una tonelada de petrolíferos por kilometro vía ductos tiene un costo de 7 centavos, en buque tanque cuesta 26 centavos, en carrotanque 52 centavos y en autotanque 96 centavos, es decir, el crecimiento lo hemos tenido precisamente en los dos esquemas de transporte más caros ante el nulo crecimiento en ductos, otra vez estamos afectando la competitividad.

Las redes de gasoductos y ductos de gas LP tienen secciones cuya interrupción afectaría el suministro de grandes regiones del país. En la actualidad, el Sistema Nacional de Gasoductos (SNG) cuenta con una extensión de 9,343 Km. de longitud y cubre 18 estados de la República, es necesario dotar de circuitos internos al SNG que otorguen flexibilidad y redundancia. Existen diez estados de la república: Baja California Sur, Colima, Guerrero, Morelos, Nayarit, Quintana Roo, Sinaloa, Zacatecas, Oaxaca y Chiapas, la mayoría de ellos en la costa del Pacífico, que no están cubiertos por ductos de gas natural.

El transporte de gas y petrolíferos a través de ductos es el medio más eficiente, el fortalecimiento de la red de transporte, almacenamiento y distribución de gas y petrolíferos permitiría asegurar un suministro al menor costo posible, lo cual además de contribuir a la eficiencia económica y a la competitividad, permite aumentar la seguridad energética del país al crearse redundancias en el suministro.

En el área de producción de crudo tenemos que después de alcanzar un máximo de producción en 2004 de 3.4 millones de barriles diarios (MMBD), la producción de crudo decreció a una tasa de 5.1% anual entre 2004-2009. En el año 2009, fue 23% menor que la producción máxima observada en 2004.

Cabe señalar que la proporción de crudo pesado ha disminuido considerablemente, pasando del 73% del total en 2004 al 58% estimado en 2009. Esta declinación se debe principalmente a la etapa de madurez alcanzada por el campo Cantarell cuya producción cayó de 2.1 MMBD a 0.7 MMBD en el periodo 2004 a 2009, y su correspondiente caída en la participación de la producción total de crudo, que pasó de 63.2% en 2004, a 26.3% en 2009.

El volumen total de reservas ha disminuido alrededor de 23%, al pasar de 56.1 miles de millones de barriles de petróleo crudo equivalente (MMMBPCE) en 2000 a 43.5 MMMBPCE en 2008. Esto es el resultado neto de haber producido 15,377 MMMBPCE e incorporado 6,951 MMMBPCE a través de la actividad exploratoria y del desarrollo de campos.

El incremento en la inversión para la exploración ha dado resultados de manera gradual. Entre 2002 y 2008 la tasa de restitución de reservas probadas ha mantenido una tendencia positiva, alcanzando 72% de la producción en el año 2008. La incapacidad de restituir el 100% de la producción ha hecho que el indicador reserva a producción (R/P) se redujera de 13.2 años en 2002 a 9.9 años en 2008. Con el fin de mantener una plataforma de producción de largo plazo, se debe alcanzar y mantener una tasa de restitución de reservas de al menos 100%.

Se estima que México cuenta con 52.3 miles de millones de barriles de petróleo crudo equivalente (MMMBPCE) de recursos prospectivos. El 56% se concentra en aguas profundas del Golfo de México, con tirante de agua mayor a 500 metros. Este recurso puede convertirse en reserva a través de la actividad exploratoria exitosa. El 44% restante de los recursos prospectivos del país, se encuentra en áreas terrestres y en la plataforma continental. Dichas áreas presentan menores retos para su desarrollo y acceso a infraestructura. Por ello, es de importancia estratégica para garantizar la seguridad energética del país, adaptar y desarrollar las tecnologías necesarias que nos permitan ser autosuficientes tanto en exploración en aguas profundas, como en la explotación de yacimientos con esas características.

Por lo anteriormente expuesto, se propone a esta Soberanía la siguiente:

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTICULO 4º. BIS DE LA LEY REGLAMENTARIA DEL ARTICULO 27 CONSTITUCIONAL EN EL RAMO DEL PETROLEO, EL ULTIMO PARRAFO DE LA FRACCION VI DEL ARTICULO 33 DE LA LEY ORGANICA DE LA ADMINISTRACION PUBLICA FEDERAL, LA FRACCION PRIMERA DEL ARTICULO 49 DE LA LEY DE PETROLEOS MEXICANOS Y SE REFORMA EL ARTICULO NOVENO Y SE DEROGA EL ARTICULO DECIMO DE LAS DISPOSICIONES TRANSITORIAS EN MATERIA DE PRESUPUESTO DE LA LEY DE PETROLEOS MEXICANOS, CON EL PROPOSITO DE GARANTIZAR LA SEGURIDAD ENERGETICA DEL PAIS EN MATERIA DE HIDROCARBUROS.

ARTICULO PRIMERO.- Se reforma el artículo 4º. Bis, de la Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional en el Ramo del Petróleo, para quedar como sigue:

“Las actividades de Petróleos Mexicanos y su participación en el mercado mundial se orientarán de acuerdo con los intereses nacionales fundamentados en los siguientes ejes de seguridad energética: mínimos niveles de endeudamiento, desarrollo y mantenimiento de infraestructura para la autosuficiencia en la producción de combustibles, desarrollo y mantenimiento de infraestructura para la distribución basada en un esquema de ductos con redundancia, adaptación y desarrollo de tecnologías que permitan la autosuficiencia en exploración y explotación de yacimientos en aguas profundas, sustentabilidad de la plataforma anual de extracción de hidrocarburos, diversificación de mercados, protección del medio ambiente y mínima participación de capital privado. Esos criterios se incorporarán en la Estrategia Nacional de Energía.

En el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, se contemplarán someterán a discusión, análisis, aprobación y modificación de la Cámara de Diputados los recursos destinados a PEMEX fundamentados en los ejes de seguridad energética.

ARTICULO SEGUNDO.- Se reforma el último párrafo de la Fracción VI del Artículo 33 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, para quedar como sigue:

“El Ejecutivo Federal enviará al Congreso, en el mes de febrero de cada año, para su ratificación en un plazo máximo de 30 días hábiles, la Estrategia Nacional de Energía con un horizonte de quince años, elaborada con la participación del Consejo Nacional de Energía y fundamentada en los ejes de seguridad energética establecidos en el artículo 4º. Bis, de la Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional en el Ramo del Petróleo”.

ARTICULO TERCERO.- Se reforma la Fracción Primera del Artículo 49 de la Ley de Petróleos Mexicanos, para quedar como sigue:

“Petróleos Mexicanos enviará anualmente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a través de la Secretaría de Energía, un escenario indicativo de sus metas de balance financiero para los siguientes cinco años; fundamentada en los ejes de seguridad energética establecidos en el artículo 4º. Bis, de la Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional en el Ramo del Petróleo”.

ARTICULO CUARTO.- Se reforma el Artículo Noveno de las Disposiciones Transitorias en Materia de Presupuesto de la Ley de Petróleos Mexicanos, para quedar como sigue:

“Petróleos Mexicanos deberá emplear hasta el 70% de sus excedentes de ingresos propios para sanear su endeudamiento, incrementar su gasto de inversión, mantenimiento y operación, fundamentado en los ejes de seguridad energética establecidos en el artículo 4º. Bis, de la Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional en el Ramo del Petróleo”.

ARTICULO QUINTO.- Se deroga el Artículo Decimo de las Disposiciones Transitorias en Materia de Presupuesto de la Ley de Petróleos Mexicanos.

TRANSITORIOS

PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Senadores, a 20 de noviembre de 2012.

Suscribe

Sen. Angel Benjamín Robles Montoya”.

- El C. Presidente Burgos García: Muchas gracias, Senador Robles Montoya. Se turna a las Comisiones Unidas de Energía; y de Estudios Legislativos, Segunda.

Tiene el uso de la tribuna el Senador Arturo Zamora Jiménez, del grupo parlamentario del PRI, para presentar dos iniciativas, una con proyecto de Decreto por el que se reforma la fracción I del artículo 76 constitucional y otra con proyecto de Decreto que reforma el Código Federal de Procedimientos Electorales y el Código Penal Federal.





 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETOPOR EL QUE SE REFORMA EL ARTICULO 76, FRACCION I DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

(Presentada por el C. Senador Arturo Zamora Jiménez, del grupo parlamentario del PRI)

- El C. Senador Arturo Zamora Jiménez: Gracias, señor Presidente y Mesa Directiva. Senadoras y Senadores:

El día de hoy presento un par de iniciativas que me parecen importantes, una de ellas tiene que ver precisamente con las facultades que tiene el Senado de la República en materia de Relaciones Exteriores.

Nuestra Carta Magna confiere al Congreso la facultad de aprobar leyes que regulan la celebración de tratados, el servicio exterior mexicano, la migración y la nacionalidad, y le confiere además la atribución de autorizar al Ejecutivo para ausentarse del territorio nacional, así como para autorizar a los ciudadanos mexicanos la aceptación de condecoraciones o empleos de gobiernos extranjeros.

La atribución para analizar la política exterior fue adicionada en la Constitución General de la República en 1977, al considerar que esta nueva atribución resultaría congruente con la naturaleza de la representación que ejerce el Senado y que le confiere la intervención en los asuntos que involucran a la Federación en su conjunto.

Los artículos 43 y 44 de la Ley del Servicio Exterior Mexicano disponen la obligación de los jefes de misión así como de los jefes de oficinas consulares de mantener informada a la Secretaría de Relaciones Exteriores sobre el desempeño de sus funciones; no obstante, no existe obligación alguna de rendir cuentas del ejercicio de su cargo al Senado de la República.

Por tal motivo, esta iniciativa propone reformar el artículo 76, fracción I de la Constitución General de los Estados Unidos Mexicanos a fin de que el jefe de misiones diplomáticas permanentes ante estados y organismos internacionales, embajadores especiales y cónsules generales estén obligados a presentar un informe anual sobre el ejercicio de su encargo al Senado de la República, con el objeto de que esta Cámara Alta cuente con mayores elementos para el análisis de la política exterior del Estado mexicano.

De esta manera, se fortalecerán las facultades de vigilancia que competen al Senado de la República, en materia de relaciones exteriores, al contar con fuentes de información suficientes e idóneas para supervisar que el Ejecutivo Federal conduzca la política exterior con base en los principios de autodeterminación de los pueblos, la no intervención, la solución pacífica de controversias, la proscripción de las amenazas o el uso de la fuerza en las relaciones internacionales, la igualdad jurídica de los Estados, la cooperación internacional para el desarrollo, el respeto, la protección y promoción de los derechos humanos y la lucha por la paz y la seguridad internacionales, tal y como lo dispone el artículo 89, fracción X de nuestra Carta Magna.

Es por ello, señoras y señores Senadores, que presento esta iniciativa para dotar al Senado de la República de una facultad adicional en la supervisión de las tareas de nuestros diplomáticos en el exterior de nuestro país.

Iniciativa

“ARTURO ZAMORA JIMENEZ, Senador de la República para la LXII Legislatura del Congreso de la Unión e integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en el artículo 71 Fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y de conformidad con lo dispuesto por los artículos 8º Numeral 1 fracción I, 164 1, 169 y 172 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta Soberanía la iniciativa con proyecto de decreto por el cual se reforma el ArtIculo 76 FracciOn I de la ConstituciOn PolItica de los Estados Unidos Mexicanos, con base en la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

En los últimos años se ha hablado insistentemente de la necesidad de replantear la manera en que las instituciones del Estado mexicano interactúan entre sí para el desarrollo de las funciones que les son conferidas en el esquema de separación de poderes. Ante la correlación de fuerzas políticas que priva desde hace más de una década, se hace necesario rediseñar el esquema de coordinación interinstitucional a fin de transitar hacia el Estado eficaz que pretendemos.

Uno de los principales puntos de análisis es precisamente la manera en que se correlacionan los poderes ejecutivo y legislativo. El papel crítico y constructivo que el Congreso ha desempeñado en las últimas décadas requiere de un marco jurídico que permita la construcción de acuerdos y que favorezca una comunicación dinámica entre ambos poderes para el ejercicio eficiente de las atribuciones que les son conferidas.

En este contexto, una de las funciones esenciales del Congreso consiste en la vigilancia de la actuación del Poder Ejecutivo, y al Senado, en particular por el carácter de representante del interés federal, le compete conocer de los asuntos en que directamente es afectado el interés colectivo de los estados. A este respecto, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos le confiere al Senado de la República las siguientes atribuciones exclusivas en materia de política exterior:

• Analizar la política exterior desarrollada por el Ejecutivo Federal con base en los informes anuales que el Presidente de la República y el Secretario del Despacho correspondiente rindan al Congreso.

• Aprobar los tratados internacionales y convenciones diplomáticas que el Ejecutivo Federal suscriba, así como su decisión de terminar, denunciar, suspender, modificar, enmendar, retirar reservas y formular declaraciones interpretativas sobre los mismos.

• Ratificar los nombramientos que el Ejecutivo Federal haga de embajadores y cónsules generales.

• Autorizar la salida de tropas nacionales fuera de los límites del País, el paso de tropas extranjeras por el territorio nacional y la estación de escuadras de otra potencia, por más de un mes, en aguas mexicanas.

Asimismo, nuestra Carta Magna confiere al Congreso la facultad de aprobar las leyes que regulan la celebración de tratados, el servicio exterior mexicano, la migración y la nacionalidad, y le confiere la atribución de autorizar al ejecutivo para ausentarse del territorio nacional, así como para autorizar a los ciudadanos mexicanos la aceptación de condecoraciones o empleos de gobiernos extranjeros.

No obstante lo anterior, es evidente que el Senado participa de manera mucho más activa en el desarrollo de las relaciones internacionales. El Poder Legislativo colabora de manera ordinaria con los representantes de los parlamentos de otros países en distintas materias de interés común, mediante su participación en reuniones, foros u organismosinterparlamentarios.

Asimismo, la diplomacia parlamentaria genera vínculos entre los legisladores de diversas naciones mediante los llamados grupos de amistad y reuniones interparlamentarias, y es costumbre recibir en el Congreso la visita de dignatarios de otros países o sus representaciones diplomáticas.

Cabe destacar que la atribución para analizar la política exterior fue adicionada como parte de la reforma política de 1977, al considerar que esa nueva atribución resultaría congruente con la naturaleza de la representación que ejerce el Senado y que le confiere intervención en los asuntos que involucran a la federación en su conjunto.

Si bien el texto constitucional no precisa los alcances de esta atribución, es distinta de la que ya se ejerce como parte de la Glosa del Informe de Gobierno, por lo que podemos interpretarla en distintas dimensiones: como un elemento informativo que permita al Senado valorar de forma adecuada la conveniencia de aprobar un tratado; como la posibilidad de formular recomendaciones al Ejecutivo Federal sobre la conducción de la política exterior y como un medio de control al difundir los resultados de dicho análisis en que se valore el apego de la política exterior desarrollada por el ejecutivo a los principios constitucionales en la materia.

A fin de cumplir de manera adecuada con dichas atribuciones, el Senado cuenta con las siguientes Comisiones Ordinarias:

• Relaciones Exteriores

• Relaciones Exteriores África

• Relaciones Exteriores América del Norte

• Relaciones Exteriores América Latina y el Caribe

• Relaciones Exteriores Asia-Pacífico

• Relaciones Exteriores Europa

• Relaciones Exteriores Organismos Internacionales

• Relaciones Exteriores Organismos No Gubernamentales

• Asuntos Fronterizos Norte

• Asuntos Fronterizos Sur

• Asuntos Migratorios

• Defensa Nacional

• Marina

Las comisiones ordinarias para el cumplimiento de sus funciones se encuentran facultadas, entre otras cosas, para solicitar la información que consideren necesaria y entrevistarse con funcionarios públicos de conformidad con el artículo 93 Constitucional así como los artículos 97 y 98 de la Ley Orgánica del Congreso.

De tal suerte, resulta evidente que el Senado cuenta con los órganos técnicos necesarios para cumplir a cabalidad con sus facultades en materia de relaciones exteriores, sin embargo, consideramos que dichas atribuciones deben ampliarse a fin de que el Senado, respetuoso de la atribución del Ejecutivo Federal de conducir la política exterior de nuestra nación, pueda sin embargo manifestar su postura o sugerir acciones en la materia, de manera informada y responsable.

Los artículos 43 y 44 de la Ley del Servicio Exterior Mexicano disponen la obligación de los jefes de misión así como de los jefes de oficinas consulares de mantener informada a la Secretaría de Relaciones Exteriores sobre el desempeño de sus funciones; no obstante, no existe obligación alguna de rendir cuentas del ejercicio de su encargo al Senado de la República.

Resulta al menos contradictorio que el Senado de la República tenga la facultad de ratificar a los Embajadores y Cónsules Generales, pero que éstos no se encuentren obligados a rendir cuenta del ejercicio de su encargo, privando a esta representación de información indispensable para un análisis apropiado de la política exterior, toda vez la información que pudiese provenir de esa fuente cuenta con la perspectiva de aquellos funcionarios que tienen contacto directo e inmediato con los asuntos a informar, así como un nivel de detalle mucho más específico.

Por tal motivo, esta iniciativa propone reformar el artículo 76 fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos a fin de que los jefes de misiones diplomáticas permanentes ante Estados y organismos internacionales, Embajadores Especiales y Cónsules Generales estén obligados a presentar un informe anual sobre el ejercicio de su encargo al Senado de la República, con el objeto de que esta Cámara Alta cuente con mayores elementos para el análisis de la política exterior del Estado Mexicano.

De esta manera, se fortalecerán las facultades de vigilancia que competen al Senado de la República en materia de relaciones exteriores, al contar con las fuentes de información suficientes e idóneas para supervisar que el Ejecutivo Federal conduzca la política exterior con base en los principios de autodeterminación de los pueblos; la no intervención; la solución pacífica de controversias; la proscripción de la amenaza o el uso de la fuerza en las relaciones internacionales; la igualdad jurídica de los Estados; la cooperación internacional para el desarrollo; el respeto, la protección y promoción de los derechos humanos y la lucha por la paz y la seguridad internacionales, tal como lo dispone el artículo 89 fracción X, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

En virtud de lo anterior, me permito someter a consideración de esta Soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de:

Decreto por el cual se reforma el Artículo 76 Fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

UNICO. Se reforma el Artículo 76 Fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanospara quedar como sigue:

“Artículo 76. Son facultades exclusivas del Senado:

I. Analizar la política exterior desarrollada por el Ejecutivo Federal con base en los informes anuales que el Presidente de la República y los Secretarios de los Despachos correspondientes, rindan al Congreso, así como los informes de las Misiones Diplomáticas Permanentes, las Embajadas y Oficinas de Enlace con funciones análogas a las mismas y los Consulados Generales, presenten anualmente ante el Senado al inicio del primer periodo ordinario de sesiones de cada año de ejercicio.

Además, aprobar los tratados internacionales y convenciones diplomáticas que el Ejecutivo Federal suscriba, así como su decisión de terminar, denunciar, suspender, modificar, enmendar, retirar reservas y formular declaraciones interpretativas sobre los mismos;

II. a XII.”

TRANSITORIOS

UNICO. El Presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, a 22 de noviembre de 2012.

Atentamente

Sen. Arturo Zamora Jiménez”.

Por otro lado, también quisiera compartir con ustedes una iniciativa que presenté sobre la democracia transfronteriza. Es una de las grandes deudas del Estado mexicano con los más de 10 millones de connacionales que viven, trabajan y estudian en otros países, principalmente en Estados Unidos, ya que el actual marco legal ha derivado en un ejercicio ineficiente con muy poca participación y además con elevados costos.





 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA, ADICIONA Y DEROGA DIVERSAS DISPOSICIONES DEL CODIGO FEDERAL DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES Y DEL CODIGO PENAL FEDERAL

(Presentada por el C. Senador Arturo Zamora Jiménez, del grupo parlamentario del PRI)

La reforma que presento ante este Honorable Pleno, tiene la facultad de buscar ampliar la participación democrática de millones de paisanos en los procesos electorales presidenciales, independientemente si residen o no en México. Ello mediante la ampliación a las facultades del Instituto Federal Electoral en materia de emisión de credenciales de elector.

En la actualidad, cerca de 60 países admiten la posibilidad de que sus connacionales residentes en el extranjero puedan votar en los procesos de elección de su país de origen, ya sea por correo o por sufragio depositado en las sedes diplomáticas correspondientes, fomentándose la participación ciudadana y la competencia electoral más allá de sus fronteras, lo cual permite a los ciudadanos estrechar los vínculos con su país de origen.

Para el voto de mexicanos en el extranjero en la elección de 2012 se presupuestaron 207 millones de pesos, de los cuales se estima que se ejercieron alrededor de 185 millones de pesos, en tanto se recibieron 40 mil 714 votos válidos. Una cifra muy baja, si estamos hablando de más de 11 millones de connacionales que radican en el extranjero; además cada voto emitido en la pasada elección presidencial, conforme a esta cifra, tuvo un costo promedio de casi 5 mil pesos. Tal vez, los sufragios más caros del mundo.

Así las cosas, existe una gran multiplicidad de causas por las cuales la gran mayoría de los mexicanos en el extranjero carecen de credencial para votar con fotografía, pero en mi particular opinión, la causa fundamental de esta situación gravita en torno a que el Instituto Federal Electoral no se encuentra facultado legalmente para expedir la credencial para votar con fotografía en oficinas ubicadas fuera del territorio nacional.

La reforma que estoy presentando pretende dotar al IFE de la facultad para expedir la credencial de votar en cualquiera de las sedes diplomáticas de México en el extranjero; que tenga vigencia para participar en una sola elección para Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, y otorgarle al Instituto plenas capacidades para llevar a cabo las actividades relacionadas con el Registro Nacional de Electores en dichas sedes consulares.

Así las cosas, a efecto de mejorar los niveles de participación en la llamada democracia transfronteriza, pongo a consideración de esta Honorable Asamblea la presente iniciativa, la cual propone que el IFE tenga atribuciones legales para expedir en el extranjero credenciales para votar en las sedes diplomáticas.

Lo anterior implica que el listado nominal de ciudadanos mexicanos residentes en el extranjero, tendrá que renovarse totalmente en cada elección presidencial.

Asimismo, la presente iniciativa pretende extender a una regulación estricta de la actividad proselitista en el exterior, prohibiendo la transmisión en territorio extranjero de todo tipo de propaganda contratada en medios de comunicación nacionales o del extranjero a efecto de no contraponer nuestro sistema electoral con las leyes internas de otros países.

Por último y a efecto de brindar una clara protección penal a esta prohibición, que acabo de mencionar, en el exterior, la presente iniciativa propone la adición del artículo 411 Bis al Código Penal Federal, en donde se define como delito electoral y se impone una pena de tres a siete años de prisión, al que contrate, acuerde, apruebe, consienta o por cualquier medio haga transmitir en radio o televisión en territorio extranjero propaganda electoral, con la finalidad de influir en las próximas elecciones electorales de ciudadanos, o haga en el extranjero actos de campaña a favor o en contra de partidos políticos o de candidatos a cargos de elección popular.

La democracia transfronteriza en favor de más del 10% de la población mexicana que ya vive en el extranjero, no puede esperar más, no es posible ir a otra elección presidencial con un marco legal restrictivo, donde sólo votan unos miles de los millones de paisanos que residen, sobre todo, en estados del extranjero.

Por lo que propongo la reforma a varios artículos del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales y también al Código Penal Federal.

Es cuanto, señor Presidente.

(Aplausos)

Iniciativa

“El que suscribe, Arturo Zamora JimEnez, Senador de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión por el grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, en ejercicio del derecho a que se refiere el artículo 71, Fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 8, numeral 1, fracción I, y 169 del Reglamento del Senado de la República, someto a consideración del Pleno de la Cámara de Senadores la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA, ADICIONA Y DEROGADIVERSAS DISPOSICIONES DEL CODIGO FEDERAL DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES Y DEL CODIGO PENAL FEDERAL, A EFECTO DE AMPLIAR LA PARTICIPACION DE LOS MEXICANOS RESIDENTES EN EL EXTRANJERO EN LA ELECCION DE PRESIDENTE DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, con base en la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

Los derechos civiles y políticos de los migrantes se encuentran plenamente reconocidos en el contexto internacional. La Convención Internacional sobre la protección de los Derechos de todos los Trabajadores Migratorios y de sus familiares, adoptada por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas el 18 de diciembre del año de 1990 y ratificada por el Senado mexicano en Marzo de 1999, establece en su artículo 41 lo siguiente:

1. Los trabajadores migratorios y sus familiares tendrán derecho a participar en los asuntos públicos de su Estado de origen y a votar y ser elegidos en elecciones celebradas en ese Estado, de conformidad con su legislación.

2. Los Estados de que se trate facilitarán, según corresponda y de conformidad con su legislación, el ejercicio de esos derechos.

En la actualidad, cerca de sesenta países admiten la posibilidad de que sus connacionales residentes en el extranjero puedan votar en los procesos de elección de su país de origen, ya sea por correo o por sufragio depositado en las sedes diplomáticas correspondientes, fomentándose la participación ciudadana y la competencia electoral más allá de sus fronteras, lo cual permite a los ciudadanos estrechar los vínculos con su país de origen.

Este contexto internacional de franca apertura democrática impulsó a nuestro país a implementar las reformas necesarias para permitir el voto de los mexicanos residentes en el exterior, de tal suerte que el 22 de febrero del año 2005, la Cámara de Diputados, y el 27 de abril del año 2005 el Senado de la República, aprobaron las reformas necesarias que permitieron a los mexicanos residentes en el extranjero, ejercer su derecho al voto en la elección presidencial.

El primer ejercicio de voto de mexicanos en el exterior se llevó a cabo en la elección presidencial del 2006 con resultados poco satisfactorios. De acuerdo a las cifras que arroja el Informe de Resultados Voto Extranjero 2006 presentado por el Instituto Federal Electoral, en aquella ocasión, con una inversión de 270 millones de pesos, se recibieron 32,632 votos (0.08% del total de la votación nacional) por lo que cada voto emitido desde el exterior tuvo un costo de 8,274 pesos.

En la pasada elección presidencial del 2012 el Instituto Federal Electoral (IFE) planeó e implementó una segunda experiencia con el mismo marco jurídico aprobado en el 2005, que determina el modelo de voto desde el extranjero por correo postal certificado y cuyo principal requisito es poseer la credencial para votar con fotografía. Los objetivos que esta Institución se planteó fueron: incrementar el número de votos y reducir los costos del proceso anterior.

Para el voto de mexicanos en el extranjero en la elección del 2012 se presupuestaron 207 millones de pesos, de los cuales se estima que se ejercieron alrededor de 185 millones de pesos, en tanto que se recibieron 40,714 votos válidos, lo cual representa una disminución en el costo del 53% en relación con el proceso electoral 2005-2006.

No obstante haberse disminuido el costo unitario por cada voto, el nivel de participación electoral sigue siendo muy bajo.

De acuerdo a la información difundida el 16 de mayo del año 2012 en la Revista Letras Libres,1 las investigadoras Yamil Nares y Mónica Sigüenza refieren que tomando como base las estadísticas de la población mexicana en el mundo publicadas por el Instituto de los Mexicanos en el Exterior, en este momento existen aproximadamente 11.6 millones de mexicanos que viven en el extranjero, lo que representa poco más del 10.37% del total de la población en México, según cifras del Censo de Población y Vivienda del año 2010.

Del total de personas que han emigrado de nuestro país, se estima que el 98% residen en Estados Unidos, es decir, aproximadamente 11’368,000 personas.

A pesar del alto número de ciudadanos mexicanos en el exterior en edad de votar, en la elección presidencial del 2012 solamente se recibieron 40,714 votos válidos, la gran mayoría provenientes de los Estados Unidos, principalmente de los estados de California, Texas, Illinois, Florida, New York y Arizona.

Nosotros nos preguntamos ¿Dónde reside el problema que limita a tal punto la participación electoral de los millones mexicanos residentes en el extranjero?

En mi particular opinión considero que el problema radica esencialmente en que para ejercer el derecho al voto, es requisito indispensable contar con una Credencial para Votar con Fotografía vigente.

El que muchos mexicanos residentes en el extranjero no la tengan puede deberse a causas como las que a continuación se mencionan:

a).- Falta de tiempo para gestionarla.- Muchos mexicanos migrantes vienen de visita a nuestro país por periodos tan cortos de tiempo que la mayor parte que dura su estancia en nuestro país la dedican al convivió con su familia, desistiendo de realizar otras actividades por falta de tiempo.

b).- Falta de tiempo para recogerla.-Muchos mexicanos migrantes han tramitado su Credencial para Votar con Fotografía en el lugar de su residencia en México, sin embargo, debido a la brevedad de su estadía no alcanzan a recogerla en los módulos del IFE en los tiempos señalados y finalmente son destruidas.

c).- Pérdida de vigencia.-Los migrantes que tienen la fortuna de tramitar y recoger su Credencial para Votar con Fotografía en su lugar de origen, la llevan consigo al momento de emigrar, sin embargo, en algunos casos, la estadía de nuestros connacionales en otros países se alarga tanto tiempo, que ineludiblemente la credencial para votar pierde su vigencia y ello les impide participar en la elección.

d).- Imposibilidad física para gestionarla.- Existen millones de migrantes indocumentados que han residido fuera de nuestras fronteras por años, quienes se ven imposibilitados para viajar a nuestro país, único lugar en donde pueden tramitar una Credencial para Votar con Fotografía, ya que al hacerlo correrían el riesgo de ser detenidos y no poder regresar al lugar en donde tienen la fuente de subsistencia.

e).-Imposibilidad documental para gestionarla.- Existen millones de migrantes en el extranjero que carecen de los más elementales documentos de identidad, motivo por el cual, aunque se estableciera el servicio de expedición de credenciales para votar en las sedes diplomáticas mexicanas en el extranjero, muchos de ellos no podrían obtenerla, precisamente por carecer de documentos de identificación.

Así las cosas, existe una gran multiplicidad de causas por las cuales la gran mayoría de los mexicanos en el extranjero carece de Credencial para Votar con Fotografía, pero en mi particular opinión, la causa fundamental de esta situación, gravita en torno a que el Instituto Federal Electoral no se encuentra facultado legalmente para expedir la Credencial para Votar con Fotografía en oficinas ubicadas fuera del territorio nacional.

Esta anómala situación debe revertirse mediante la presente reforma, la cual pretende dotar al IFE de plenas capacidades para llevar a cabo las actividades relacionadas con el Registro Nacional de Electores en las múltiples sedes diplomáticas de nuestro país en el exterior y poder así cumplir con los imperativos que señala la Convención Internacional sobre la protección de los Derechos de todos los Trabajadores Migratorios y de sus familiares.

En efecto, considero que bajo el resguardo de la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares, no debe existir inconveniente alguno por parte de los gobiernos de las naciones en que radican nuestros connacionales para que el IFE pueda llevar a cabo sus actividades relacionadas con el Registro Nacional de Electores en oficinas agregadas a las múltiples sedes diplomáticas de nuestro país en el exterior, ya que en muchos países que admiten en sus regímenes el voto en el extranjero, se reconoce que la participación del migrante en las elecciones de su país de origen es perfectamente compatible con el cumplimiento de sus derechos y obligaciones en el país que reside.

En el caso de Estados Unidos, en abril de 2003, el Departamento de Estado declaró que las leyes estadounidenses no contemplan como causal de pérdida de la ciudadanía estadounidense el que una persona con doble nacionalidad vote en las elecciones de otro país o sea candidato para ocupar un cargo de elección popular.

Por otra parte, la Cancillería de Estados Unidos determinó que la Ley para el Registro de Agentes Extranjeros (FARA, por sus siglas en inglés) es aplicable a las actividades de proselitismo que emprendan partidos políticos, organizaciones o candidatos extranjeros en territorio estadounidense, motivo por el cual no existeinconvenientede orden legal en la legislación de los Estados Unidos de América, por ejemplo, para que nuestro IFE pueda llevar a cabo las actividades relacionadas con el Registro Nacional de Electores en las múltiples sedes diplomáticas de nuestro país en esa nación, ya que sus actividades no son proselitistas. Igual consideración estimo que prevalecerá en la mayoría de los países del orbe.

Así las cosas, a efecto de mejorar los niveles de participación democrática en nuestro país, pongo a consideración de esta Honorable Asamblea la presente iniciativa, la cual propone que el IFE tenga atribuciones legales para expedir en el extranjero credenciales para votar en las sedes diplomáticas que el propio IFE designe de acuerdo a los análisisdemográficos que realice y previo convenio que celebre con la Secretaría de Relaciones Exteriores.

La presente iniciativa plantea que la credencial para votar que sea expedida por el IFE en cualquiera de las sedes diplomáticas de México en el extranjero tendrá vigencia para participar en una sola elección para Presidente de los Estados Unidos Mexicanos. Lo anterior implica que el listado nominal de ciudadanos mexicanos residentes en el extranjero tendrá que renovarse totalmente en cada elección presidencial ya que su renovación periódica, tal y como se hace en territorio nacional, resulta imposible, pues es claro que el IFE no podrá contar con los informes demográficos pertinentes sobre el número de personas de nacionalidad mexicana residentes en el extranjero que han alcanzado la mayoría de edad, o que han fallecido en territorio extranjero.

Considero que esta renovación total garantizará que en los listados nominales solamente aparezcan los ciudadanos que verdaderamente se interesen en participar en el proceso electivo presidencial.

La presente iniciativa distingue muy claramente dos tipos de ciudadanos mexicanos residentes en el extranjero:

1.- Los ciudadanos mexicanos que residen transitoriamente en el extranjero, que son aquéllos que con anterioridad hayan obtenido su credencial para votar en cualquiera de las oficinas ubicadas dentro del territorio nacional.

2.- Los ciudadanos mexicanos que residen permanentemente en el extranjero, que serán aquéllos que obtengan su credencial para votar en cualquiera de las oficinas del IFE agregadas a las sedes diplomáticas de México en el extranjero.

Estas dos clasificaciones de ciudadanos mexicanos residentes en el exterior serán concentrados en un solo “Listado Nominal de Residentes en el Extranjero”, dividido por países; estados, regiones o provincias, y en condados o los equivalentes a nuestros municipios, sin embargo la forma de integración de dicho listado será diferente ya los ciudadanos mexicanos que residan transitoriamente en el extranjero, a petición suya y en formatos especiales suministrados por el IFE, serán dados de baja en el distrito y sección dentro del territorio nacional en donde estaban registrados, y se les dará de alta temporalmente en el Listado Nominal de Residentes en el Extranjero.

Después de concluido el proceso electoral los ciudadanos mexicanos que residan transitoriamente en el extranjero se les volverá a inscribir en el distrito y sección dentro del territorio nacional en donde originalmente estaban registrados.

Los ciudadanos mexicanos que residen permanentemente en el extranjero serán dados de alta Listado Nominal de Residentes en el Extranjero por el simple hecho de haber obtenido su credencial de elector en cualquiera de las oficinas del IFE agregadas a las sedes diplomáticas de México en el extranjero.

La forma de votar de ambos tipos de ciudadanos será la misma, esto es, a través de pieza postal suministrada por el IFE, tal y como se ha venido verificando desde el año 2006.

Para evitar suspicacias de orden partidista no me he atrevido a proponer en la presente iniciativa que en las oficinas del IFE agregadas a las sedes diplomáticas de México en el extranjero puedan recibirse los sobres con los votos para su traslado a México, y no lo he hecho precisamente porque bien conozco que los espacios de esas oficinas dependen del Poder Ejecutivo Federal, sin embargo creo que vale la pena discutir el punto y en su caso de que hubiese consenso, adicionarlo a la ley.

De acuerdo a la nueva normatividad que se propone en la presente iniciativa, la forma en cómo debe de hacerse el escrutinio y cómputo de los votos de los mexicanos en el extranjero, varía respecto a la legislación anterior, ya que al votar los mexicanos en el extranjero única y directamente por Presidente de la República, considero que resulta innecesario realizar el escrutinio y cómputo por distritos, tal y como sucedió en los procesos electivos de 2006 y 2012, proponiendo en su lugar que el IFE establezca la forma y número de mesas en que se dividirá el universo de la votación de mexicanos en el extranjero para luego proceder al escrutinio y cómputo.

Por lo demás, la presente iniciativa se extiende a una regulación estricta de la actividad proselitista en el exterior, prohibiendo la transmisión en territorio extranjero de todo tipo de propaganda contratada en medios de comunicación nacionales o del extranjero a efecto de no contraponer nuestro sistema electoral con las leyes internas de otros países.

Por último y a efecto de brindar una clara protección penal a esta última prohibición actividad proselitista en el exterior, la presente iniciativa propone la Adición de un artículo 411 Bis al Código Penal Federal en donde se define como delito electoral y se impone una pena de tres a siete años de prisión, al que contrate, acuerde, apruebe, consienta o por cualquier medio haga transmitir en radio o televisión en territorio extranjero propaganda electoral con la finalidad de influir en las preferencias electorales de los ciudadanos, o haga en el extranjero actos de campaña a favor o en contra de partidos políticos o de candidatos a cargos de elección popular.

Por lo anterior, me permito someter a consideración de esta Soberanía la siguiente:

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA, ADICIONA Y DEROGA DIVERSAS DISPOSICIONES DEL CODIGO FEDERAL DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES Y DEL CODIGO PENAL FEDERAL, A EFECTO DE AMPLIAR LA PARTICIPACION DE LOS MEXICANOS RESIDENTES EN EL EXTRANJERO EN LA ELECCION DE PRESIDENTE DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.

ARTICULO PRIMERO.- Se reforman los artículos 1, numeral 1; 49 numeral 4; 107, numerales 2 y 3; 180, numerales 2 y 4; reforma los numerales 3 y 4 del artículo 181 y se adiciona numeral 5 al mismo artículo; adiciona un inciso d) al numeral 2 del artículo 184; reforma el artículo 185, numeral 1; se adiciona numeral 5 al artículo 191; se reforma el numeral 1del artículo 195; se reforma el numeral 2 del artículo 199; se adicionan los numerales 5, 6 y 7 al artículo 200; reforma el artículo 313; reforma el artículo 314, numeral 1; reforma el artículo 315, numeral 1; reforma el artículo 316, numeral 1 e inciso a); reforma el artículo 317, numerales 1 y 2; reforma el artículo 319, numeral 4; adiciona un artículo 319 bis; reforma el artículo 320 numeral 1 y el inciso b) del numeral 2; reforma el artículo 321 numeral 1; reforma el artículo 323, numerales 1,2 y 3; reforma el artículo 329, numeral 1, inciso a) y numerales 3 y 4 del mismo artículo; reforma el artículo 332, numerales 1,2,3, y 4; reforma el artículo 333, numeral 2; deroga el numeral 1 y reforma el numeral 3 del artículo 334 y deroga el artículo 335, todos del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales para quedar como sigue:

Artículo 1

1. Las disposiciones de este Código son de orden público y de observancia general para los ciudadanos mexicanos residentes en el territorio nacional, así como para los ciudadanos mexicanos residentes transitoria o permanentemente en territorio extranjero que pretendan ejercer su derecho al sufragio en la elección para Presidente de los Estados Unidos Mexicanos.

2, a), b), c), (…)

Artículo 49

1 a 3 (…)

4. Ninguna persona física o moral, sea a título propio o por cuenta de terceros, podrá contratar propaganda en radio y televisión dirigida a influir en las preferencias electorales de los ciudadanos, ni a favor o en contra de partidos políticos o de candidatos a cargos de elección popular. Queda prohibida la transmisión en territorio nacional de este tipo de propaganda contratada en el extranjero. Queda prohibida la transmisión en territorio extranjero de este tipo de propaganda contratada en medios de comunicación nacionales o del extranjero. Las infracciones a lo establecido en este párrafo serán sancionadas en los términos dispuestos en el Libro Séptimo de este Código.

5 a 7 (…)

Artículo 107

1. a), b) (…)

2. Contará con oficinas municipales en los lugares en que el Consejo General determine su instalación.

3. Contará también con oficinas o módulos asimilados en las sedes diplomáticas de México en el extranjero que el Consejo General determine, a efecto de que en esas oficinas o módulos se presten a los ciudadanos mexicanos residentes en el extranjero, los servicios relacionados con el Registro Federal de Electores y en general con el Instituto. El Instituto celebrará con la Secretaría de Relaciones Exteriores los acuerdos correspondientes.

Artículo 180

1. (…)

2. Para solicitar la credencial para votar con fotografía, el ciudadano deberá identificarse, preferentemente, con documento de identidad expedido por autoridad mexicana, o a través de los medios y procedimientos que determine la Comisión Nacional de Vigilancia del Registro Federal de Electores. La Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores conservará copia digitalizada de los documentos presentados.

3.- (…)

4. Al recibir su credencial para votar el ciudadano deberá identificarse, preferentemente, con documento de identidad expedido por autoridad mexicana, o a satisfacción del funcionario electoral que realice la entrega, de conformidad con los procedimientos acordados por la Comisión Nacional de Vigilancia. La Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores conservará copia digitalizada de la constancia de entrega de la credencial.

5 a 7 (…)

Artículo 181

1 y 2 (…)

3. En el caso de los ciudadanos mexicanos residentes en el extranjero, los listados nominales se formularán de acuerdo a los criterios de partición geográfica y/o demográfica que establezca el Instituto.

4. Los listados nominales de residentes en el extranjero se pondrán a disposición de los partidos políticos para su revisión y, en su caso, para que formulen las observaciones que estimen pertinentes.

5.- La Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores proveerá lo necesario para que las listas nominales se pongan en conocimiento de la ciudadanía en cada distrito, así como en las sedes diplomáticas de México en el extranjero.

Artículo 184

1. a), b), c ),d), e), f), g), (…)

2. a), b), c), (…)

d).- Si se trata de ciudadanos mexicanos residentes en el extranjero, para los efectos del numeral anterior, el personal encargado de la inscripción asentará solamente los datos del lugar de la sede diplomática donde se realice la inscripción y la fecha de la solicitud.

3. (…)

Artículo 185

1. Los ciudadanos mexicanos residentes en el territorio nacional y residentes en el extranjero, que se encuentren incapacitados físicamente para acudir a inscribirse ante las oficinas de la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores correspondiente a su domicilio, deberán solicitar su inscripción por escrito, acompañando la documentación que acredite su incapacidad. En su caso, la Dirección Ejecutiva dictará las medidas pertinentes para la entrega de la credencial para votar del elector físicamente impedido.

Artículo 191

1, 2, 3, 4 (…)

5.- En el caso de los ciudadanos mexicanos residentes en el extranjero, las listas nominales se agruparán de acuerdo a los criterios de partición geográfica y/o demográfica que establezca el Instituto.

Artículo 195

1. El 15 de marzo del año en que se celebre el proceso electoral ordinario, la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores entregará en medios magnéticos, a cada uno de los partidos políticos las listas nominales de electores divididas en dos apartados, ordenadas alfabéticamente y por secciones correspondientes a cada uno de los distritos electorales. En el caso de los ciudadanos mexicanos residentes en el extranjero, las listas nominales se presentarán divididas en dos apartados, ordenadas alfabéticamente y por el lugar de la sede diplomática donde se verificó la inscripción. El primer apartado contendrá los nombres de los ciudadanos que hayan obtenido su credencial para votar con fotografía al 15 de febrero y el segundo apartado contendrá los nombres de los ciudadanos inscritos en el padrón electoral que no hayan obtenido su credencial para votar con fotografía a esa fecha.

2, 3, 45, (…)

Artículo 199

1 (…)

2. En el supuesto a que se refiere el párrafo anterior, la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores elaborará relaciones con los nombres de los ciudadanos cuyas solicitudes hubiesen sido canceladas, ordenándolas alfabéticamente y por sección electoral ó por el lugar de la sede diplomática donde se verificó la inscripción, a fin de que sean entregadas a los representantes de los partidos políticos acreditados ante las comisiones distritales, locales y Nacional de Vigilancia, en lo que corresponde, a más tardar el día 30 de abril de cada año, para su conocimiento y observaciones.

3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 (…)

Artículo 200

1. a), b), c ),d), e), f), g), h), i)(…)

2. a), b), c), d) (…)

3, 4 (…)

5.- La credencial para votar expedida en cualquiera de las sedes diplomáticas de México en el extranjero tendrá vigencia para participar en una sola elección para Presidente de los Estados Unidos Mexicanos.

6. En caso de la falta absoluta del Presidente se produjese dentro de los primeros dos años del periodo respectivo, la vigencia de la credencial para votar se extenderá hasta el día siguiente de la elección del presidente que deba concluir el periodo, a cuyo término el ciudadano deberá solicitar una nueva credencial para la subsecuente elección presidencial.

7. Los requisitos señalados en los incisos a), b) y d), del numeral 1 de este artículo no serán indispensables cuando se trate de ciudadanos mexicanos residentes en el extranjero.

Artículo 313

1. Los ciudadanos mexicanos que residan transitoria o permanentemente el extranjero podrán ejercer su derecho al voto exclusivamente para la elección de Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, de conformidad con las normas prescritas en el presente título.

2. Se entiende que un ciudadano mexicano reside transitoriamente en el extranjero cuando con anterioridad haya obtenido su credencial para votar en cualquiera de las oficinas ubicadas dentro del territorio nacional.

3. Se entiende que un ciudadano mexicano reside permanentemente en el extranjero cuando haya obtenido su credencial para votar en cualquiera de las oficinas ubicadas en las sedes diplomáticas de México en el extranjero.

Artículo 314

1. Para el ejercicio del voto de los ciudadanos que residan transitoriamente en el extranjero, además de los que fija el Artículo 34 de la Constitución y los señalados en el párrafo 1 del Artículo 6 de este Código, deberán cumplir los siguientes requisitos:

a), b), c), (…)

Artículo 315

1. Los ciudadanos mexicanos que residan transitoriamente en el extranjero y que cumplan los requisitos señalados enviarán la solicitud a que se refiere el inciso a) del párrafo 1 del artículo anterior entre el 1o. de octubre del año previo, y hasta el 15 de enero del año de la elección presidencial.

2. a), b) (…)

3, 4, 5, (…)

Artículo 316

1. La solicitud de inscripción en el listado nominal de electores residentes en el extranjero tendrá efectos legales de notificación al Instituto de la decisión del ciudadano que se encuentra transitoriamente en el extranjero de votar, precisamente desde el extranjero en la elección para Presidente de los Estados Unidos Mexicanos.

Para tal efecto el respectivo formato contendrá la siguiente leyenda:

“Manifiesto, bajo protesta de decir verdad, que por encontrarme en el extranjero:

a) Expreso mi decisión de votar en el país en que me encuentro y no en territorio mexicano;

b), c), d), e), (…)

Artículo 317

1. Las listas nominales de electores residentes en el extranjero son las relaciones elaboradas por la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores que contienen el nombre de las personas incluidas en el padrón electoral que cuentan con su credencial para votar, que residen en el extranjero y las que, encontrándose transitoriamente en el extranjero, solicitan su inscripción en dichas listas.

2. En todo caso las listas nominales de electores residentes en el extranjero serán de carácter temporal y se utilizarán, exclusivamente, para los fines establecidos en este Libro.

3, 4, 5, (…)

Artículo 319

1, 2, 3, (…)

4. Concluido el proceso electoral, la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores procederá a reinscribir a los ciudadanos en ellas registrados, en la lista nominal de electores de la sección electoral que les corresponda por su domicilio en México.

5, (…)

Artículo 319 bis

1. Los ciudadanos mexicanos que residan permanentemente en el extranjero y que cumplan los requisitos señalados en el Artículo 34 de la Constitución y los señalados en el párrafo 1 del Artículo 6 de este Código, comunicarán a la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores entre el 1o. de octubre del año previo, y hasta el 15 de enero del año de la elección presidencial, por escrito, con firma autógrafa o, en su caso, huella digital, en el formato aprobado por el Consejo General, su pretensión de votar en la elección de Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, debiendo manifestar, bajo su más estricta responsabilidad y bajo protesta de decir verdad, el domicilio en el extranjero al que se le hará llegar, en su caso, la boleta electoral.

1. A partir del 1 de octubre del año previo al de la elección presidencial y hasta el 15 de enero del año de la elección, la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores pondrá a disposición de los ciudadanos mexicanos residentes en el extranjero los formatos de comunicación de pretensión de votar, en los domicilios de las sedes diplomáticas de México en el extranjero que señale el Instituto, o a través de la página electrónica del Instituto.

Artículo 320

1. Concluido el plazo para la recepción de solicitudes de inscripción por parte de los ciudadanos mexicanos con residencia transitoria en el extranjero, y de las comunicaciones con la pretensión de votar realizadas por los ciudadanos mexicanos residentes en el extranjero, la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores procederá a elaborar las listas nominales de electores residentes en el extranjero.

2. a). (…)

b) Conforme al criterio de domicilio en México de los ciudadanos mexicanos que se encuentren transitoriamente en el extranjero, por entidad federativa y distrito electoral, ordenados alfabéticamente. Estas listas serán utilizadas por el Instituto para efectos del escrutinio y cómputo de la votación.

3, 4, (…)

Artículo 321

1. Los partidos políticos, a través de sus representantes en la Comisión Nacional de Vigilancia, tendrán derecho a verificar las listas nominales de electores residentes en el extranjero, a través de los medios electrónicos con que cuente la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores.

2. (…)

Artículo 323

1. La Junta General Ejecutiva deberá ordenar la impresión de las boletas electorales, de los sobres para su envío al Instituto, del instructivo para el elector y de los sobres en que el material electoral antes descrito será enviado, por correo certificado o mensajería, al domicilio que haya manifestado el ciudadano (…) en el extranjero.

2. Para los efectos del párrafo anterior a más tardar el 31 de enero del año de la elección, el Consejo General del Instituto aprobará el formato de boleta electoral para la elección de Presidente de los Estados Unidos Mexicanos que será utilizada por los electores en el extranjero, el instructivo para su uso, así como los formatos de las actas para escrutinio y cómputo y los demás documentos y materiales.

3. Serán aplicables, en lo conducente, respecto a la boleta electoral, las disposiciones del Artículo 252 de este Código. La boleta electoral que será utilizada en el extranjero contendrá la leyenda "Elector Mexicano en el Extranjero".

4. (…)

Artículo 329

1. Con base en el número de votos de electores residentes en el extranjero, conforme al criterio de su domicilio en territorio extranjero, el Consejo General:

a) Determinará el número de mesas de escrutinio y cómputo que correspondan. El número máximo de votos por mesa será el que determine el Instituto;

b) (…)

2. (…)

3. Las mesas antes señaladas tendrán como sede el local único, en el Distrito Federal, que determine la Junta General Ejecutiva.

4. Los partidos políticos designarán dos representantes por cada mesa y un representante general por cada veinte mesas, así como un representante general para el cómputo de la votación total emitida en el extranjero.

5, 6, (…)

Artículo 332

1. Las actas de escrutinio y cómputo de cada mesa serán agrupadas conforme a los criterios que establezca el Instituto.

2. El personal del Instituto designado previamente por la Junta General Ejecutiva, procederá, en presencia de los representantes generales de los partidos políticos, a realizar la suma de los resultados consignados en las actas de escrutinio y cómputo de las respectivas mesas para obtener el resultado de la votación emitida en el extranjero para la elección de Presidente de los Estados Unidos Mexicanos conforme a los criterios que establezca el Instituto.

3. Las actas de cómputo serán firmadas por el funcionario responsable y por el representante general de cada partido político designado para el efecto.

4. Los actos señalados en los párrafos anteriores de este artículo serán realizados en presencia de los representantes generales de los partidos políticos para el cómputo de la votación emitida en el extranjero.

Artículo 333

1. (…)

2. El secretario ejecutivo hará entrega a los integrantes del Consejo General del informe que contenga los resultados de la votación recibida del extranjero y ordenará su inclusión, por mesa de escrutinio y cómputo, en el sistema de resultados electorales preliminares.

Artículo 334

1. Se deroga

2. (…)

3. Las boletas electorales, los originales de las actas de escrutinio y cómputo de las mesas y del cómputo, así como el informe circunstanciado que elabore la Junta General Ejecutiva, respecto de la votación emitida en el extranjero para la elección de Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, serán integrados en un paquete electoral que será remitido, antes del domingo siguiente al de la jornada electoral, a la Sala Superior del Tribunal Electoral, para los efectos legales conducentes.

Artículo 335. Se deroga.

ARTICULO SEGUNDO.- Se adiciona un artículo 411 Bis al Código Penal Federal, para quedar como sigue:

Artículo 411 Bis.- Se impondrá de setenta a doscientos días multa y prisión de tres a siete años, al que contrate, acuerde, apruebe, consienta o por cualquier medio haga transmitir en radio o televisión en territorio extranjero propaganda electoral con la finalidad de influir en las preferencias electorales de los ciudadanos, o haga en el extranjero actos de campaña a favor o en contra de partidos políticos o de candidatos a cargos de elección popular.

TRANSITORIOS

PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

SEGUNDO.- Se derogan todas las disposiciones que contravengan el presente Decreto.

México Distrito Federal, noviembre 27 de 2012.

Sen. Arturo Zamora Jiménez

Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional”.

- El C. Presidente Burgos García: Muchas gracias, Senador Zamora Jiménez. Se turnan, respectivamente, a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; y de Estudios Legislativos, Primera y a las Comisiones Unidas de Gobernación; y de Estudios Legislativos, Segunda.

Tiene el uso de la tribuna el Senador Daniel Gabriel Avila Ruiz, del grupo parlamentario del PAN, para presentar iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma el párrafo segundo del artículo 34 de la Ley General de Educación.

1http://www.letraslibres.com/blogs/polifonia/el-voto-de-los-mexicanos-desde-el-exterior.





 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETOPOR EL QUE SE REFORMA EL PARRAFO SEGUNDO DEL ARTICULO 34 DE LA LEY GENERAL DE EDUCACION

(Presentada por el C. Senador Daniel Gabriel Avila Ruiz, del grupo parlamentario del PAN)

- El C. Senador Daniel Gabriel Avila Ruiz: Con su venia, señor Presidente; señoras y señores Senadores, muy buenas tardes:

La educación es un bien que debe de estar al alcance de todos. Pues en primer lugar, promueve el desarrollo de las facultades, potencialidades y capacidades de las personas; fortalece sus posibilidades de gozar una vida plena y contribuye al bienestar colectivo.

Conscientes de esto, durante los últimos años, los legisladores federales han aprobado para el Ramo Educativo el monto más alto de recursos, respecto de todos los demás sectores del gasto.

Tan solo para este año 2012, se le destinaron 231 mil millones de pesos, por encima del Ramo de Salud que recibió 105 mil millones de pesos, por encima del de Comunicaciones y Transportes que obtuvo 86 mil millones de pesos e incluso del de Desarrollo Social al que se le asignaron 80 mil millones de pesos.

Sin embargo, al ver los efectos del gasto educativo, encontramos que los resultados han tenido un impacto todavía limitado.

Así, por ejemplo, de acuerdo con la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, México aún tiene una proporción elevada de estudiantes con bajo desempeño académico y con altas tasas de deserción escolar.

Además, por mencionar otro ejemplo, vale la pena recordar que de acuerdo con estimaciones de la Secretaría de Educación Pública y la CONAPO, la cobertura de la educación media superior sólo alcanza el 62.3% de la población-objetivo.

Esta es una realidad, urge replantear la política educativa y realizar distintas acciones encaminadas a mejorar la educación en México.

Compañeros Senadores y Senadoras, si bien es cierto que la cobertura y la calidad educativa no son asuntos solamente relacionados con dinero, también lo es que en nuestro país este es el Ramo que más recursos recibe y que es imprescindible cuidar en qué y cómo se están gastando los fondos federales, así como evaluar el desempeño. Sólo así se podrá valorar si el destino de los recursos es el adecuado, si existe una distribución equitativa o si se deben hacer reasignaciones para garantizar efectiva igualdad en oportunidades de acceso, calidad y permanencia en los servicios educativos de todos los mexicanos.

Este es el tema que me trae a esta tribuna, durante el proceso de análisis del Presupuesto de Egresos, la Cámara de Diputados necesita contar con la información necesaria para evaluar el estado en que se encuentra el sistema educativo en todas las regiones de la República Mexicana.

Sólo de ese modo podrá contar con los elementos necesarios para asignar o reasignar los recursos públicos año con año, sin embargo, hay grandes retos para que ello ocurra, me centro en dos de los que considero más relevantes:

Primero. No existen los instrumentos de seguimiento y evaluación del sistema educativo que permitan conocer con claridad su desempeño en las distintas regiones del país.

Segundo. La información que generan las autoridades educativas, muchas veces, no llega completa a la Cámara de Diputados.

En estas condiciones, ¿cómo se puede aprobar un presupuesto adecuado y equitativo?

Para contribuir a esta tarea urgente, propongo reformar el artículo 34 de la Ley General de Educación, a fin de establecer la obligación, de la Secretaría de Educación Pública, de evaluar los programas compensatorios a través de los cuales apoya con recursos específicos a los gobiernos de aquellos estados con mayores rezagos educativos, como es el estado de Yucatán.

Asimismo, en acuerdo con el Consejo Nacional de Evaluación Educativa y el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, la SEP deberá crear los instrumentos para darle seguimiento y evaluar dichos programas compensatorios, pero además estará obligada a enviarlos a la Cámara de Diputados para que esta cuente con la información necesaria para realizar y revisar un diagnóstico real sobre la situación del sistema educativo regional y nacional al momento de analizar, discutir y aprobar el presupuesto para la educación.

La reforma que propongo a la Ley General de Educación, tendrá un impacto directo en la distribución de los recursos, a fin de que sea más equitativa y más justa.

El propósito final, es que el gasto educativo se refleje ya en una mayor cobertura y calidad educativa en todos los mexicanos.

Por su atención, muchas gracias.

(Aplausos)

Iniciativa

“H. ASAMBLEA:

El suscrito, Senador Daniel Gabriel Avila Ruiz, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y por los artículos 8, numeral 1, fracción I; 164 y 169 del Reglamento del Senado de la República, presento a consideración de esta Soberanía:

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el párrafo segundo del artículo 34 de la Ley General de Educación, con la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

Primero. Es increíblemente difícil lograr la rendición de cuentas en la educación pública. No hay un solo actor que asuma su responsabilidad por el bajo desempeño de los estudiantes. Además, el establecimiento de un régimen efectivo de rendición de cuentas es complicado por la dificultad en definir y medir los resultados de la enseñanza.

De acuerdo con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), México tiene una proporción elevada de estudiantes con bajo desempeño académico, así como altas tasas de deserción escolar. Los resultados de nuestro país en pruebas internacionales como el Programa Internacional para la Evaluación de los Alumnos (PISA por sus siglas en inglés) y nacionales como ENLACE (Evaluación Nacional del Logro Académico en Centros Escolares), han reflejado el reto educativo que enfrenta nuestro país.1

Tanto los análisis de la OCDE como otros estudios de política educativa sugieren que es poco probable que las medidas gubernamentales, del tipo que sean, produzcan por sí solas la mejora de los resultados educativos en México. Ello apunta a que se requiere una estrategia integral que tome en cuenta muchos aspectos del sistema educativo.

De acuerdo con la OCDE, no basta con mejorar las prácticas de enseñanza, que podrían ser el elemento más importante de la educación, ya que dichas prácticas están influenciadas, entre otras cosas, por las reformas curriculares, las instalaciones, la cultura pedagógica, y con uno de los elementos de mayor trascendencia para la reforma educativa: un régimen de rendición de cuentas dentro del sistema escolar.2

Si tomamos en cuenta esta afirmación, entonces es válido preguntarse: ¿Será equiparable la importancia de un régimen de rendición de cuentas con otros elementos del sistema educativo, tales como la infraestructura escolar y los métodos de enseñanza-aprendizaje? ¿Qué tanto depende una posible mejoría en el desempeño académico del fortalecimiento de dicho régimen de rendición de cuentas?

Las respuestas a estos cuestionamientos pueden ubicarse en la creciente literatura que explora la relación entre rendición de cuentas con la eficiencia del gasto público en las escuelas. Estos estudios parten de la hipótesis de que aumentar el conocimiento ciudadano de los procesos gubernamentales y la ampliación de oportunidades para que la sociedad exija cuentas al gobierno por sus acciones, aumentará los incentivos de los administradores públicos a asignar dinero y esfuerzo a favor de programas educativos más eficaces.

Al preguntarse por qué los incrementos en el gasto educativo con frecuencia han tenido un impacto limitado, y qué se puede hacer para mejorar los resultados académicos, algunos creen que un factor clave en esta situación es la instauración de un régimen efectivo de rendición de cuentas en el sistema educativo. En otras palabras, que los funcionarios, políticos y empleados del sector educativo respondan a la ciudadanía por el uso de los recursos públicos y por las decisiones que han tomado.3

De existir dicho régimen de rendición de cuentas en la educación podría ser posible que las autoridades educativas sintieran una presión efectiva de la ciudadanía, o de los medios de comunicación con acceso a datos presupuestarios, o de un comité de control parlamentario; para asignar el gasto en educación de manera justa y eficaz a las escuelas de todo el país.

Si lo que prevalece por el contrario, es que no hay una cultura de rendición de cuentas dentro del sistema educativo, la información sobre el presupuesto público y la gestión financiera no es accesible para los ciudadanos. Desde el punto de vista de la gestión financiera, cabe mencionar la importancia de un manejo eficaz de los recursos disponibles con base en instrumentos modernos de control. Eso empieza con el establecimiento de un buen sistema de información que produzca datos detallados sobre los gastos y los costos de los distintos programas y unidades académicas. A partir de estos datos, se pueden definir y aplicar reglas precisas de gestión combinando los aspectos académicos y las dimensiones financieras.

Además de un mayor control financiero, las instituciones educativas deben rendir cuentas por su funcionamiento. Esto implica la adecuación de sus programas y la eficiencia en la utilización de los recursos públicos. Esta dimensión refleja la necesidad de desarrollar una cultura de la evaluación mediante la cual las escuelas estarán acostumbradas a buscar de manera continua una retroalimentación sobre la calidad y pertinencia de sus programas de enseñanza.

Lo anterior ofrece evidencia a la postura compartida por muchos especialistas de que la mejora de los estándares educativos debe ser integral y considerar otros aspectos, además de los exclusivamente pedagógicos, curriculares o de equipamiento. Por tanto, cualquier reforma de la educación debe contemplar necesariamente una mejora del régimen de rendición de cuentas. Es decir, se requiere de la formulación y perfeccionamiento de políticas de rendición de cuentas, bajo la forma de evaluación, búsqueda de transparencia y responsabilidad por los resultados.4

Lamentablemente, la responsabilidad por los resultados constituye una idea relativamente nueva en las escuelas, una idea que pocas veces se discute y que no se aplica en la medida necesaria. De hecho, el sistema educativo mexicano se ha constituido como un monopolio que no rinde cuentas a nadie. Los usuarios de la educación -alumnos, padres y comunidades- no tienen influencia en las decisiones educativas.

La responsabilidad por los resultados significa hacer responsables de los resultados académicos a quienes corresponde: docentes, directores de escuelas y funcionarios. Al respecto, Sergio Cárdenas sugiere cinco elementos básicos que debe considerar la responsabilidad por los resultados en la educación: 1) la generación y posterior difusión de información sobre resultados académicos; 2) la definición de estándares de aprendizaje que describirían lo que un alumno debe saber en un grado y momento determinado; 3) la existencia de un sistema de recompensas y sanciones para premiar a las escuelas que alcanzan metas, acompañar a las escuelas que por su mal desempeño no logran dichas metas, o bien para cerrar las escuelas con un desempeño deficiente; 4) la transferencia de autoridad suficiente a las escuelas como unidades responsables de los resultados académicos; y 5) el desarrollo de capacidades de los actores escolares.5

Segundo.Para justificar la necesidad de efectuar la reforma legislativa propuesta en esta iniciativa, es menester aludir a las alternativas existentes para mejorar la rendición de cuentas en el sistema educativo superior y al respecto debe destacarse que actualmente, ni la burocracia educativa ni las escuelas de nuestro país rinden cuentas sobre sus decisiones y su desempeño.

Sin embargo, es necesario señalar que en México existen avances que pueden ayudar en materia de rendición de cuentas educativas. Por ejemplo, la instauración de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), un órgano creado para vigilar el ejercicio de los recursos públicos. Asimismo, la promulgación de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, que equipó a la ASF del marco normativo para controlar la legalidad y buen uso del dinero público. Otro avance es la aprobación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental (LFTAIPG) y la creación del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI), un organismo que garantiza el derecho de acceso a la información y la protección de datos personales. Estos no son avances menores. Veamos a continuación las áreas de oportunidad que todavía tienen que atenderse, mismas que constituyen las alternativas para mejorar la rendición de cuentas en nuestro sistema educativo superior.

En ese orden de ideas y para enfatizar la necesidad de llevar a cabo la reforma a la normatividad materia de esta propuesta legislativa, es de señalar el panorama prevaleciente en materia de transparencia y las alternativas para mejorar ese rubro a nivel nacional.

Al respecto, debe subrayarse que los avances en materia de transparencia son loables pero no han alcanzado las dimensiones necesarias para considerarse un proceso acabado. Los rezagos que aun se presentan tienen como consecuencia la desconfianza y apatía en las instituciones educativas y sus políticas públicas. Por ello, para fortalecer el componente de transparencia es necesario mejorar la receptividad del sistema político a las demandas ciudadanas a través de una mayor participación social. Sobre todo porque la sociedad civil, al contar con información accesible, puede contribuir a identificar las inversiones necesarias, señalar las esferas y comunidades con mayores carencias, ayudar a elaborar estrategias de ejecución efectivas, establecer prioridades presupuestarias a nivel nacional y local, e incorporar la participación de grupos marginados en la elaboración de dichas estrategias, para asegurar que sean los principales beneficiarios.

Igualmente, es indispensable señalar en esta iniciativa las diferentes alternativas que pueden generarse para mejorar la evaluación educativa en México. Sobre el punto, es preciso referir que nuestro país también ha logrado avances importantes en la evaluación de programas educativos. Con la publicación de la Ley General de Desarrollo Social, se institucionalizó el proceso de evaluación de los programas federales, y se promovió la formación, en 2005, del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL). Además, en 2006, se publicó la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, en la que se impulsó la creación de un sistema de evaluación del desempeño (SED), que obliga a la evaluación y gestión por resultados de todos los programas de la APF, incluyendo los educativos.6

Pero al contrario de los avances ocurridos en la evaluación de programas educativos, la evaluación de los docentes constituye el verdadero “Talón de Aquiles” de la educación en México. En fechas recientes, la SEP aplicó la Evaluación Universal de Docentes a 369 mil 525 maestros de 777 mil 424 registrados en la planta laboral (sólo 47% de los exámenes pudieron ser aplicados). En Oaxaca y Michoacán fue imposible aplicar dicha evaluación, además, en Durango se detectó la circulación de exámenes apócrifos y en Tabasco se confiscó un “acordeón” que contaba con las respuestas. De acuerdo con un líder sindical, “al hacerse al vapor la prueba no logró evaluar a la mayoría de los docentes y por ello, cualquier acción que se quiera emprender a partir de dicha evaluación no podrá sustentarse”.7 La oposición del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) a la evaluación docente no es algo nuevo. Constantemente se ha señalado a este sindicato como un “lastre” de nuestro sistema educativo. A lo largo de décadas ha sido un obstáculo para que la SEP gobierne efectivamente el sector educativo.8

Sin embargo, en este punto no puede haber marcha atrás, sin la evaluación docente no es posible consolidar la rendición de cuentas en nuestro sistema educativo. En muchos países los sindicatos de maestros ejercen una gran influencia sobre el sector educativo y se les ha criticado por priorizar su agenda gremial-laboral en detrimento de una conducente a mejorar la calidad en la educación. Pero a pesar de ello, las autoridades educativas de dichos países han logrado negociar con el sindicato la autorización de las evaluaciones docentes.9 De esta forma, la única alternativa para avanzar en esta materia es imponer la evaluación docente. Cabe señalar que dicha tarea no es algo imposible de realizar, pues ha habido experiencias exitosas de cooperación entre las autoridades educativas y el SNTE, tales como la descentralización de los servicios educativos y el programa de estímulos docentes de Carrera Magisterial (ambos en 1992).

El componente más endeble de nuestras escuelas es la responsabilidad por los resultados. De los cinco elementos que lo conforman sólo dos presentan avances: la generación y difusión de resultados académicos;y la definición de estándares de aprendizaje. En cuanto al primer elemento, sin duda, el papel del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE) ha sido fundamental para la difusión de resultados académicos. En cumplimiento de la misión que le fue encomendada, ese organismo publica anualmente los resultados académicos de los alumnos a través de las Pruebas ENLACE y EXCALE, las cuales aportan información sobre el aprovechamiento de cada alumno, grupo y escuela, que regularmente es entregada en forma confidencial e individualizada a los estudiantes y sus padres, así como a docentes y directivos.

Donde no hay ningún avance es en un sistema de recompensas para premiar a las escuelas con buenos resultados, o bien de sanciones para las escuelas con un desempeño deficiente; tampoco en la transferencia de autoridad ni en el desarrollo de capacidades institucionales. Tampoco hay experiencias de evaluación de la gestión escolar y de sus servicios, tales como: distribución y uso de presupuesto diferenciado según necesidades institucionales, selección y contratación de recursos humanos, y de los sistemas de supervisión o apoyo a los establecimientos escolares. De esta forma, resulta ineludible contar con sistemas de evaluación integrados que tomen en cuenta los diferentes componentes del sistema educativo y cuya evaluación permita que las escuelas puedan ser premiadas o sancionadas, mediante la aplicación de un presupuesto por resultados.

Finalmente, abordaremos los dos últimos elementos de la responsabilidad de resultados en la educación: la transferencia de autoridad a las escuelas y el desarrollo de capacidades institucionales. Ambos elementos están relacionados, pues se requiere que tengan mayor autonomía o autoridad sobre las decisiones que toman para mejorar su gestión y desempeño; y la capacidad institucional es una condición sine qua non para ello.10

En otras palabras, se requiere emprender esfuerzos de fortalecimiento institucional, desarrollar mayores capacidades administrativas, así como profesionalizar a los servidores públicos encargados del sector educativo a través de una iniciativa orientada a incrementar la calidad de las escuelas. Se trata de una estrategia que, además de transferir recursos, involucre acciones de mejora en los sistemas de enseñanza, evaluación, y formación de profesores.

Tercero. Adicional a lo anteriormente expuesto, en los últimos 3 años se han efectuado a la Ley General de Educación diferentes reformas, específicamente del capítulo III denominado “De la equidad de la educación”, que señalan la operación de apoyos de diferente naturaleza para mejorar las condiciones educativas de los grupos vulnerables.

Pese a tales modificaciones legislativas no existe aún un sistema de información que dé cuenta del cumplimiento y grado de avance de los diferentes instrumentos para fomentar la equidad educativa, y menos aún existen elementos para reorientar el gasto educativo.

Entre las reformas más destacadas aprobadas por el Congreso sobre ese particular tenemos los cambios a los artículos 32 (reformado en abril de 2009); y la reforma a las fracciones I, II, III y IV del artículo 33, (modificadas entre 2009 y 2011).

El contenido de tales reformas legislativas se transcribe a continuación:

Artículo 32.- Las autoridades educativas tomarán medidas tendientes aestablecer condiciones que permitan el ejercicio pleno del derecho a la educación de cada individuo, una mayor equidad educativa, así como el logro de la efectiva igualdad en oportunidades de acceso y permanencia en los servicios educativos.

Dichas medidas estarán dirigidas, de manera preferente, a los grupos y regiones con mayor rezago educativo o que enfrentan condiciones económicas y sociales de desventaja en términos de lo dispuesto en los artículos 7o. y 8o. de esta Ley. (Párrafo reformado DOF 17-04-2009).

Artículo 33.- Para cumplir con lo dispuesto en el artículo anterior, las autoridades educativas en el ámbito de sus respectivas competencias llevarán a cabo las actividades siguientes:

I. Atenderán de manera especial las escuelas en que, por estar en localidades aisladas, zonas urbanas marginadas o comunidades indígenas, sea considerablemente mayor la posibilidad de atrasos o deserciones, mediante la asignación de elementos de mejor calidad, para enfrentar los problemas educativos de dichas localidades; (Fracción reformada DOF 02-07-2010)

II.- Desarrollarán programas de apoyo a los maestros que presten sus servicios en localidades aisladas y zonas urbanas marginadas, a fin de fomentar el arraigo en sus comunidades y cumplir con el calendario escolar; (Fracción reformada DOF 28-01-2011)

III.- Promoverán centros de desarrollo infantil, centros de integración social, internados, albergues escolares e infantiles y demás planteles que apoyen en forma continua y estable el aprendizaje y el aprovechamiento de los alumnos;

IV.- Prestarán servicios educativos para atender a quienes abandonaron elsistema regular y se encuentran en situación de rezago educativo para que concluyan la educación básica, otorgando facilidades de acceso, reingreso, permanencia, y egreso a las mujeres; (Fracción reformada DOF 10-12-2004, 17-04-2009, 28-01-2011).

Pese a los cambios efectuados en la normatividad indicada el proceso de transformaciones a la legislación educativo no prevé aún el establecimiento de mecanismos que permitan la integración de sistemas de transparencia y de equidad cuyos objetivos y metas logren ser evaluados por la representación popular de la Cámara de Diputados, en la misma dirección es de tener presente que instancias como el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, no participan en la revisión y el seguimiento de tales sistemas, de ahí la pertinencia de esta propuesta legislativa y con esos propósitos se plantea la presente modificación normativa.

Por lo anteriormente expuesto y con la finalidad de conformar un sistema para la transparencia y la equidad educativa cuyos resultados sean valorados anualmente por las comisiones pertinentes de la Cámara de Diputados y de la Cámara de Senadores a fin de que tales resultados sean valorados en el proceso de reasignación anual del gasto educativo, someto a consideración de esta Honorable Asamblea el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA EL PÁRRAFO SEGUNDO DEL ARTICULO 34 DE LA LEY GENERAL DE EDUCACION.

Artículo Unico.- Se reforma el párrafo segundo del artículo 34 de la Ley General de Educación para quedar como sigue:

Artículo 34.

La Secretaría evaluará los resultados en la calidad educativa de los programas compensatorios antes mencionados y en acuerdo con el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social y el Instituto Nacional de Evaluación Educativa, creará instrumentos para su seguimiento y avance, cuyos resultados remitirá periódicamente a la Cámara de Diputados a fin de que sean valorados en la reasignación anual del gasto educativo.

TRANSITORIOS

Unico. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Senado de la República, a 20 de noviembre de 2012.

Sen. Daniel Gabriel Avila Ruiz”.

- El C. Presidente Burgos García: Muchas gracias, Senador Avila Ruiz. Se turna a las Comisiones Unidas de Educación; y de Estudios Legislativos.

1 Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), “Mejorar las escuelas: estrategias para la acción en México”, OCDE Publishing. Disponible en http://dx.doi.org/10.1787/9789264087682-es (consultado el 02 de julio de 2012).

2Idem.

3 Por ejemplo, en un estudio llevado a cabo en varios países de Latinoamérica se identificó que la calidad de la educación y de la investigación se habían deteriorado en las universidades como resultado de la ineficiencia del gasto público así como la falta de personal adecuado, deterioro de los edificios, bibliotecas obsoletas, e insuficiencia de equipos científicos. Jamil Salmi y Gabrielena Alcalá, “Opciones para reformar el financiamiento de la enseñanza superior”. Documento de trabajo núm. 20933 del Banco Mundial, 2000.

4Robert Mcmeekin, “Hacia una comprensión de la accountability educativa y cómo puede aplicarse en los países de América Latina”, en Javier Corvalán y Robert Mcmeekin (eds.) Accountability educacional: posibilidades y desafíos para América Latina a partir de la experiencia internacional, Chile, PREAL, 2006.

5 Sergio Cárdenas Denham, “La rendición de cuentas en el sistema educativo mexicano”, Reporte de Investigación Número 5,México Estatal, CIDE, 2010.

6Myriam Cardozo, “La institucionalización de una cultura de la evaluación en la administración pública mexicana: avances y desafíos pendientes”, en Convergencia, vol.16, núm. 49, 2009.

7Blanca Valdez, “Bloquea el SNTE evaluación universal de maestros”, Milenio, 27 de julio de 2012. Disponible en www.milenio.com/cdb/doc/noticias2011/a48d3e9d95aadaf7fced12b885ac3262.

8Lucrecia Santibañez, “Reforma Educativa: el papel del SNTE”, en Revista Mexicana de Investigación Educativa, vol. 13, núm. 37, 2008, pp. 81-105.

9Linda Darling-Hammond y Gary Sykes, “Wanted: A National Teacher Supply Policy for Education: The Right Way to Meet the ‘Highly Qualified Teacher’ Challenge”, en Education Policy Analysis Archives, vol. 11, núm. 37, 2003, pp. 1-55.

10 La capacidad institucional comprende los recursos, los conocimientos y los procesos empleados por la organización para lograr sus metas. Se cuentan, entre ellos, el personal, la infraestructura física, la tecnología, los recursos financieros, el liderazgo, el manejo de programas, y las redes que se establecen con otras organizaciones. Mark Payne y Carlos Losada, “Institutions and Development in Latin America: An Approach Toward Quantitatively Describing Institutional Capacity”. Documento de trabajo del Banco Interamericano de Desarrollo, Washington D.C., 1999.

Se concede el uso de la tribuna a la Senadora Lucero Saldaña Pérez, del grupo parlamentario del PRI, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se adicionan y reforman diversas disposiciones de la Ley General de Educación.





 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETOPOR EL QUE SE ADICIONAN Y REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE EDUCACION

(Presentada por la C. Senadora María Lucero Saldaña Pérez, del grupo parlamentario del PRI)

- La C. Senadora María Lucero Saldaña Pérez: Gracias, señor Presidente.

Mientras transcurre el tiempo de mi intervención, hay datos que estiman que por cada minuto un niño o una niña es abusada sexualmente en nuestro país. Y es que el tema es de tal magnitud, que se estiman 4.5 millones de niños y niñas en este grave riesgo.

En el marco de los 16 Días de Activismo de derechos humanos y también contra el abuso sexual infantil, que a nivel mundial se conmemora en este mes de noviembre, vengo a presentar una iniciativa de reformas a la Ley General de Educación que abordan 3 temas principalmente relacionados entre sí.

Reconocer la magnitud del problema de nuestro país y toda la región, nos debe llevar a políticas de prevención. Más que elevar penas, debemos detectar, atender y combatir, por lo que las medidas deben ser cada vez más eficaces y sostenidas en el tema de la prevención.

Esta iniciativa motivada por estas realidades y fundamentada en todos los tratados internacionales de derechos humanos, de protección a las niñas y niños, a las leyes de prevenir la discriminación y de derechos humanos.

Aun cuando es complejo hablar del tema, dado que no hay cifras estadísticas concretas y que a veces el delito puede o no estar vinculado con el crimen organizado, como la trata de personas, afecta a miles, millones y cientos de víctimas que son las niñas y los niños, sobre todo las niñas.

Decía yo cifras de que aproximadamente un 20 por ciento de las mujeres aceptan haber padecido un abuso sexual y de un 5 a un 10 por ciento los hombres.

El Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, en el 2010, recibió 18 denuncias de maltrato infantil, de las cuales alrededor del 5 por ciento correspondían al tema de la sexualidad.

Muchas veces es el tema silenciado en donde el victimario es una persona conocida, cercana en los ámbitos laborales, domésticos o donde están los niños. Pero los niños y las niñas no van a ir a denunciar a las agencias del Ministerio Público.

Por eso propongo que el sistema educativo integre una política pública, un programa de prevención, de detección, donde las y los maestros tengan el profesionalismo, la capacitación y puedan evitar mayores riesgos o el abuso mismo.

Si bien el Bullying es un tema que hoy se está dando a conocer con mayor fuerza, el abuso sexual es un tema nada menor, y que todos los impactos que tienen a lo largo de la vida personal o profesional de las personas, nunca lo ven de alguna manera atendido.

Es necesario que las niñas y los niños conozcan de su cuerpo y que sepan desde el preescolar sobre lo que son estos cambios y que no tengamos prejuicios. El cuarto año de primaria que habla sobre estos aspectos, es tarde. Entonces, incorporar también la formación sobre el cuidado del cuerpo, el respeto a la dignidad de las personas y aspectos de la sexualidad es relevante.

Pero otro tema vinculado es el tema del embarazo prematuro, aquel donde las niñas y adolescentes, no obstante esta realidad, se ven discriminadas, se ven limitadas en el acceso y en la permanencia en los servicios educativos.

Darle el marco legal es importante. Hay programas de apoyo, hay becas que se están dando para estos casos, pero necesitamos hacer la reforma para que esto tenga una seguridad y una garantía y que no sea voluntario de una institución u otra.

Es por ello que le pido a este Pleno considerar con sensibilidad estos temas, y que podamos avanzar en estos programas de prevención que tiene que ver, sobre todo, con beneficiar el bien mayor de la sociedad, que es el derecho de toda niña y niño a desarrollarse sin violencia y a tener un ambiente libre de esa propia violencia.

La propuesta es subrayar, prevenir, combatir y atender el abuso de las y los menores de edad; los embarazos en jóvenes, y buscamos que las autoridades educativas tengan las herramientas que otorgan las facilidades para quienes estudian.

Por la atención a esta iniciativa, muchas gracias.

(Aplausos)

Iniciativa

“SEN. ERNESTO JAVIER CORDERO ARROYO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
CAMARA DE SENADORES
PRESENTE.

La que suscribe, María Lucero Saldaña Pérez, Senadora de la LXII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional con fundamento en lo dispuesto por el artículo 71 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 8 numeral 1 fracción I; 76 numeral 1 fracción I; 164, y 169 del Reglamento del Senado de la República, me permito someter a la consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de Decreto que reforma el artículo 2, se adiciona la fracción XVII al artículo 7, modificación de la fracción IV del artículo 33, se modifica el artículo 40 y se adicionan las fracciones XVII y XVIII del artículo 75, todos estos de la Ley General de Educación.

EXPOSICION DE MOTIVOS

Desde diferentes tribunas se habla de diversos y graves problemas a los cuales las niñas y los niños y adolescentes se tienen que enfrentar día con día. Sin menoscabar la importancia de cada uno de ellos, por menor que sea, presento la siguiente iniciativa que modifica diversos artículos de la Ley General de Educación, motivada por todas aquellas situaciones y problemáticas de abuso sexual infantil, embarazos y paternidad anticipada y la falta de formación en aspectos sobre la sexualidad humana que se da con mucho mayor frecuencia de la que pudiéramos pensar y no se circunscriben a un determinado segmento social o condición particular.

Es complejo hablar del abuso sexual infantil, no hay cifras concretas y los datos estimados varían mucho dependiendo de la fuente que los proporciona, aún cuando en este delito no se involucran redes delincuenciales, como en la trata de personas, afecta a decenas o quizá cientos de miles de víctimas que atenta contra los derechos inalienables de las niñas y niños.

Además, es necesario que las niñas y niños conozcan su cuerpo, pero sobre todo, que no deben sufrir ningún tipo de maltrato físico o psicológico.

Se puede prevenir y descubrir el abuso sexual y algunas de las consecuencias que se darán a lo largo de la vida, por esto es necesario que toda niña o niño que está en riesgo o ha sufrido de abuso sexual reciba una atención integral adecuada. Sin bien, las profesoras y profesores muestran interés por atender el tema, la mayoría de las veces no se tiene los recursos para hacerlo.

Aunque la violencia contra la infancia y la juventud se presentan cada día y a todos los niveles, es posible que niñas, niños y adolescentes, así como el profesorado y expertos aprendan a identificar situaciones evitables de riesgo complementariamente las acciones gubernamentales que se deben realizar.

El artículo 19 de la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño de las Naciones Unidas, establece que “Los Estados parte adoptarán las medidas legislativas, administrativas, sociales y educativas apropiadas para proteger al niño o niña contra toda forma de violencia, perjuicio o abuso físico y mental, descuido o trato negligente, malos tratos o explotación, incluido el abuso sexual, mientras el niño se encuentre bajo la custodia de padres, de un tutor o de cualquiera otra persona que lo tenga a su cargo”.

Otros artículos requieren que los estados miembros garanticen que la disciplina escolar se aplique de manera consciente con la “dignidad del niño” y de conformidad con la Convención que aseguren que ninguna niña o niño sea sometido a torturas o cualquier otro tratamientoo castigo cruel, inhumano o degradante”.

La Convención establece que parte de reconocer que la niña y el niño así como las personas adolescentes tienen derechos y, más aún, tienen derecho a cuidados especiales y asistencia especial por carecer aún de madurez física y mental dado que están en un período de crecimiento y desarrollo. El artículo 27 precisa: “Los Estados partes reconocen el derecho de todo niño a un nivel de vida adecuado para su desarrollo físico, mental, espiritual, moral y social”. Por lo tanto, los derechos especificados en la Convención deben ser aplicados aniñas y niños, sin ningún tipo de discriminación.

Pero lo más importante es trabajar para disminuir los factores de riesgo de esta problemática y sobre todos los efectos y consecuencias: embarazos en niñas y adolescentes, las fugas de casa, los trastornos disociativos, la anorexia y la bulimia, el suicidio, son sólo algunos de los indicadores del abuso sexual.

Hay que reconocer que existen diversos problemas para las niñas y los niños como lo es bullying, el embarazo de las personas adolescentes o paternidad anticipada que representan, uno de los obstáculos a los que se enfrentan para continuar con una vida personal y profesional, negándosele todas sus oportunidades para una mejor calidad de vida.

Mientras una menor sea madre, hay menos posibilidades de continuar con los estudios durante el embarazo, en la mayoría de estos casos, la niña o adolescente ve desequilibrado su entorno de vida habitual, y en consecuencia no ve interrumpidosu proceso educativo y, con ello, cualquier oportunidad de concretar su educación básica.

No debemos olvidar que el problema puede agravarse si consideramos que la causa de deserción escolar durante el embarazo se genera desde el interior del sistema educativo; es decir, por las propias autoridades de éstasinstituciones, quienes en un alto porcentaje bloquea cualquier oportunidad de acceso a quienes se encuentran embazadas, en consecuencia las niñas o adolescentes se ven envueltas en una serie de actos nulos que les imposibilitan esa oportunidad de desarrollo personal y profesional, generación de ingresos y autoestima.

Con relación a lo anterior, la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer1 (CEDAW, por sus siglas en ingles) incorpora en su artículo 2, el compromiso del Estado Mexicano a consagrar en la legislación interna el principio de igualdad entre mujeres y hombres, estableciendo tal principio en la legislación, políticas públicas, entre otros temas.

Asimismo, en el artículo 3 de la CEDAW, el Estado Mexicano se compromete a tomar en todas las esferas, y en particular en la política, social, económica y cultural, todas las medidas apropiadas, incluso de carácter legislativo, para asegurar el pleno desarrollo y adelanto de la mujer, con el objeto de garantizarle el ejercicio y el goce de los derechos humanos y las libertades fundamentales en igualdad de condiciones con el hombre. De igual forma la CEDAW en su artículo 12, refiere el compromiso de garantizar a las mujeres servicios apropiados con relación al embarazo.

Al respecto, el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer de la Organización de las Naciones Unidas, emitió las Observaciones Finales al Gobierno de México con relación al Informe Periódico conjunto séptimo y octavo del país realizadas en Julio de 2012, en las cuales, en el tema de “Educación”, analiza que “Aunque el Comité constata que el programa PROMAJOVEN provee becas de educación básica a adolescentes embarazadas y madres jóvenes, le preocupa que las adolescentes embarazadas sean estigmatizadas y obligadas a dejar la escuela.

Por tanto, el Comité recomienda a México que realce la visibilidad del programa PROMAJOVEN y asegure que los contenidos de los programas de estudios sobre salud tengan como base la evidencia científica, de conformidad con los estándares internacionales, y que introduzcan un programa integral y adecuado a la edad sobre salud tanto para muchachasymuchachos como parte regular del programa de estudios de educación básica y secundaria en el sistema educativo.

Por su parte, en la Cuarta Conferencia Mundial de la Mujer, realizada en Beijing, China en 1995, el Estado Mexicano firmó la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing, en su eje B “Educación y Capacitación de la Mujer“ en la que se afirmó que “En muchas regiones persiste la discriminación en el acceso de las niñas a la educación debido a actitudes arraigadas, a embarazos y matrimonios a edad temprana, a lo inadecuado que resulta el material didáctico y educacional y al sesgo de género que éste muestra, al acoso sexual y a la falta de instalaciones de enseñanza apropiadas y accesibles en el sentido físico y en otros sentidos. Las niñas comienzan a realizar tareas domésticas pesadas a edad muy temprana. Se espera que las niñas y las mujeres asuman a la vez responsabilidades respecto de su educación y responsabilidades domésticas, lo que a menudo conduce a un rendimiento escolar insatisfactorio y a la deserción escolar temprana, con consecuencias duraderas en todos los aspectos de la vida de las mujeres”.

Ante esto, en esta Declaración se recomienda a los Estados Parte a: “Promover un entorno docente en que se eliminen todas las barreras que impiden la asistencia a la escuela de las adolescentes embarazadas y las madres jóvenes, que incluya, según corresponda, servicios accesibles y asequibles de guardería y educación de los padres a fin de alentar a quienes deben ocuparse del cuidado de sus hijos y hermanos en edad escolar a reanudar los estudios o a llevarlos a término.”

Con respecto a los derechos de niñas y niños, la Convención sobre los Derechos de los Niños2 de la Organización de las Naciones Unidas, afirma, en su artículo 2, que los Estados Parte tomarán todas las medidas apropiadas para garantizar que el niño se vea protegido contra toda forma de discriminación o castigo por causa de la condición, las actividades, las opiniones expresadas o las creencias de sus padres”.

Además, en su artículo 4, compromete a que los Estados Parte adoptarán todas las medidas administrativas, legislativas y de otra índole para dar efectividad a los derechos reconocidos en la Convención.

Por su parte, el Comité de los Derechos del Niño de la Organización de las Naciones Unidas, recomienda a los Estados Parte: “que elaboren y apliquen de forma compatible con la evolución de las facultades de los adolescentes, normas legislativas, políticas y programas para promover la salud y el desarrollo de los adolescentes: a) facilitando a los padres (o tutores legales) asistencia adecuada a través de la creación de instituciones, establecimientos y servicios que presten el debido apoyo al bienestar de los adolescentes e incluso cuando sea necesario proporcionen asistencia material y programas de apoyo con respecto a la nutrición, el desarrollo y la vivienda (art. 27 3); b) proporcionando información adecuada y apoyo a los padres para facilitar el establecimiento de una relación de confianza y seguridad en las que las cuestiones relativas, por ejemplo, a la sexualidad, el comportamiento sexual y los estilos de vida peligrosos puedan discutirse abiertamente […] Deberían revisarse esas leyes de procedimientos para asegurar que están de acuerdo con los principios de la Convención”3.

Aunado a lo anterior, en este mismo documento, el Comité afirma que los niños y adolescentes deben tener acceso a la información sobre el daño que puede causar un matrimonio y un embarazo a temprana edad. Asimismo, en el documento se señala que las adolescentes que estén embarazadas deberían tener acceso a los servicios de salud que sean adecuados a sus derechos y necesidades particulares. De igual forma, se menciona que las jóvenes madres, especialmente cuando no disponen de apoyo, pueden ser propensas a la depresión y a la ansiedad, poniendo en peligro su capacidad para cuidar de su hijo, por lo que recomienda a los Estados Parte que elaboren políticas que permitan continuar su educación.

La Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, considera en el cuerpo de su texto normativo que las niñas y las adolescentes tienen derecho a una educación que respete su dignidad, se les proporcione la atención educativa que por su edad, madurez y circunstancias especiales requieran para su pleno desarrollo, además faculta a las autoridades para establecer mecanismos que eviten la discriminación de las niñas y adolescentes en materia de oportunidades educativas. En este mismo sentido, este ordenamiento prohíbe o limita a las instituciones educativas la imposición de disciplinas que no estén previamente establecidas, sean contrarias a su dignidad, atenten contra su vida, o su integridad física o mental.

La Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación define a la discriminación como toda distinción, exclusión o restricción que, basada en el origen étnico o nacional, sexo, edad, discapacidad, condición social o económica, condiciones de salud, embarazo, lengua, religión, opiniones, preferencias sexuales, estado civil o cualquier otra, tenga por efecto impedir o anular el reconocimiento o el ejercicio de los derechos y la igualdad real de oportunidades de las personas.

En este mismo tenor el artículo 9, en su párrafo segundo señala de manera muy clara que es una conducta discriminatoria e impedir el acceso a la educación pública o privada, en este mismo ordenamiento se dispone que los órganos públicos y las autoridades federales, llevarán a cabo medidas positivas a favor de la igualdad de oportunidades para las mujeres, entre ellas incentivar la educación mixta, fomentando la permanencia en el sistema educativo de las niñas y las mujeres en todos los niveles escolares.

Asimismo, la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, establece que las autoridades garantizarán que la educación en todos sus niveles se realice en el marco de la igualdad entre éstos y se cree conciencia de la necesidad de eliminar toda forma de discriminación, por lo que la conformación de programas educativos y de apoyo a niñas embarazadas deben versar en la incorporación de la perspectiva de género, y en el análisis de las necesidades e intereses de las niñas.

El Ejecutivo Federal ha buscado realizar diversas políticas públicas que atiendan este gravísimo problema implementando una serie de programas que desde la Secretaría de Educación Pública se realizan, estas acciones son derivadas del Plan Nacional de Desarrollo; es así como se crea el “Programa Becas de Apoyo a la Educación Básica de Madres Jóvenes y Jóvenes Embarazadas”4, contribuyendo a que las niñas o adolescentes en situación de vulnerabilidad social, que viven la maternidad y el embarazo temprano, tengan la oportunidad de iniciar, permanecer o concluir su educación del tipo básico en cualquiera de las modalidades educativas. Lo cual será posible con el apoyo y participación concurrente del Gobierno Federal, las entidades federativas y las diversas instancias vinculadas en los ámbitos educativos, de salud, los derechos humanos y la cultura, a efecto de propiciar una atención integral a las beneficiarias.

Este programa, en 2007, según los antecedentes de las Reglas de Operación, inició su registro con un total de 1,087 becas otorgadas a igual número de beneficiarias; para el 2010 se programó la entrega de 7,350 becas, con lo que se tendría un acumulado de 26,894 beneficiarias por este conducto5.

La operación de esta política pública ha sido ejercida durante siete años, lo que a la fecha permite realizar una evaluación real y reconocer por un lado los avances y por otro las deficiencias que nos permitan hacer propuestas para mejorarlo, bajo este razonamiento mi interés por lograr que un programa que ha demostrado los alcances y beneficios tenga una seguridad jurídica desde la ley.

Reconociendo que el ejercicio de la sexualidad se relaciona con todo el acontecer de la persona, y que es un proceso en permanente elaboración, a lo largo de toda la vida del sujeto, el esfuerzo en el ámbito educativo debe permitir brindar herramientas a las niñas y niños, sobre su auto cuidado y el respeto por su cuerpo, evitando así que sean víctimas de abuso sexual.

Se hace ineludible que los educadores, docentes o personal de la educación básica, cuenten con la capacitación profesional, con los enfoques de género y de derechos humanos, a fin de formar a niñas y niños desde una perspectiva de respeto y en igualdad para cada uno de los sexos y que tengan la formación especializada para prevenir, detectar y canalizar para su atención a los menores que hayan sufrido de abuso sexual.

Es necesario que el Estado, a través de sus diferentes instituciones, promueva acciones de políticas públicas, estableciendo un programa de prevención, detección, atención y combate al abuso sexual, en el que las autoridades, padres de familia y la sociedad en su conjunto trabajen sobre esta problemática que no podemos seguir ignorando.

La propuesta que pongo a su consideración pretende fortalecer el sistema educativo mexicano con miras a apoyar la prevención y programas del respeto irrestricto de los derechos de las y los niños. Es importante resaltar que el objetivo de la iniciativa no es elevar el presupuesto para dichas acciones, sino al contrario es asegurar que las políticas vayan enfocadas a prevenir, combatir y atender el abuso de las y los menores de edad, y los embarazos en jóvenes, buscamos que las autoridades educativas tengan las herramientas que otorguen las facilidades a sus estudiantes.

Por lo antes expuesto y fundado, someto a consideración de esta Asamblea el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS

DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE DE EDUCACION

ARTICULO UNICO: Se reforma el artículo 2, se adiciona la fracción XVII al artículo 7, modificación de lafracción IV del artículo 33,se modifica el artículo 40 y se adicionan las fracciones XVII y XVIII del artículo 75, todos estos de la Ley General de Educación.

Artículo 2o.- Todo individuo tiene derecho a recibir educación y, permanecer en el sistema educativo nacional en igualdad entre mujeres y hombres y sin discriminación, con sólo satisfacer los requisitos que establezcan las disposiciones generales aplicables.6

Artículo 7.- La educación que imparte el Estado, sus organismos descentralizados y los particulares con autorización o con reconocimiento de validez oficial de estudios tendrá, además de los fines establecidos en el segundo párrafo del artículo 3º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los siguientes:

I. al XVI…

XVII.- Establecer un programa nacional para la prevención, detección, y atención del abuso sexual infantil desde la perspectiva de género y en torno a la educación integral del cuidado del cuerpo y respeto a la dignidad humana.

Artículo 33.- ………….

I a III.- …………………

IV.- Prestarán servicios educativos para atender a quienes abandonaron el sistema regular, que faciliten la terminación de la educación preescolar, primaria y la secundaria, otorgando facilidades de acceso, reingreso, permanencia, y egreso a las mujeres, especialmente para la atención a las niñas y adolescentes embarazadas que deseen su reinserción.

V. a XV …

Artículo 40.- La educación inicial tiene como propósito favorecer el desarrollo físico, cognoscitivo, afectivo y social de los menores de cuatro años. Incluye orientacióna padres de familia o tutores para la educación de sus hijas, hijos o pupilos, buscando en todo momento el respeto absoluto a su dignidad como persona, salvaguardando elinterés superior de la infancia.

Artículo 75.- Son infracciones de quienes prestan servicios educativos:

Del I. al XVI. …

XVII.- Expulsar o negarse a prestar el servicio educativo a niñas y adolescentes embarazadas o que se les condicione su inscripción y/o permanencia en el sistema educativo; y

XVIII.- Ejercer algún acto de discriminación que atente, vulneren o restrinjan el derecho a la educación de las mujeres, niñas y niños, o atente contra el acceso a la educación en igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres7.

ARTICULOS TRANSITORIOS

PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

SEGUNDO. Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente Decreto.

Salón de sesiones del Senado de la República, a 27 de noviembre de 2012.

Atentamente

Sen. María Lucero Saldaña Pérez”.

- El C. Presidente Burgos García: Muchas gracias, Senadora Saldaña Pérez.

- La C. Senadora Ivonne Liliana Alvarez García: (Desde su escaño)Pido la palabra, señor Presidente.

- El C. Presidente Burgos García: Sí,Senadora Ivonne Alvarez.

- La C. Senadora Ivonne Liliana Alvarez García: (Desde su escaño)Gracias, señor Presidente.

Quisiera pedirle a nuestra compañera Senadora Lucero, ¿si me permite adherirme a esta propuesta, por favor?

- El C. Presidente Burgos García: De acuerdo. Ruego a la Secretaría tome nota de las solicitudes de adhesión. Se turna a las Comisiones Unidas de Educación; y de Estudios Legislativos, Segunda.

1 Firmado por México en 1980 y ratificado en 1981.

2 Firmado por México en 1990 y ratificada ese mismo año.

3 Organización de las Naciones Unidas, Observaciones Finales No. 4 del Comité de los Derechos del Niño (2003), Comité de Derechos del Niño, 2003.

4 http://www.promajoven.sep.gob.mx/

5 Ibídem

6 Artículo 2 y 3 de la Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, Observaciones Finales del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer a México (2012) y Observaciones Finales No. 4 del Comité de los Derechos del Niño (2003), Artículo 1 y 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres.

7 Artículo 2 y 3 de la Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, Observaciones Finales del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer a México (2012) y Observaciones Finales No. 4 del Comité de los Derechos del Niño (2003).

Tiene el uso de la palabra la Senadora Silvia Guadalupe Garza Galván, a nombre propio y del Senador Ernesto Ruffo Appel, del grupo parlamentario del PAN, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma el último párrafo del artículo 2o. de la Ley del Impuesto al Valor Agregado.





 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETOPOR EL QUE SE REFORMA EL ULTIMO PARRAFO DEL ARTICULO 2o. DE LA LEY DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

(Presentada la C. Senadora Silvia Guadalupe Garza Galván, a nombre propio y del C. Senador Ernesto Ruffo Appel, del grupo parlamentario del PAN)

- La C. Senadora Silvia Guadalupe Garza Galván: Con su permiso, señor Presidente.

En el noreste del estado de Coahuila existe la denominada región cinco manantiales, que comprende los municipios de Allende, Morelos, Nava, Villa Unión y Zaragoza, cuyas características geográficas la hacen susceptible de pertenecer a la región fronteriza, que actualmente se encuentra jurídicamente determinada, por un lado, la franja fronteriza del norte, es decir, el territorio comprendido entre la línea divisora internacional del norte del país y la línea paralela a una distancia de 20 kilómetros hacia el interior del país; por otro lado, los estados de Baja California, Baja California Sur y la región parcial de Sonora, así como sus municipios de Caborca y Cananea.

La cercanía que tiene la región cinco manantiales con los Estados Unidos de Norteamérica, específicamente con las ciudades de Eagle Pass y del Río Texas, es un elemento fundamental para que sea incorporada a la región fronteriza. Basta mencionar que la región se encuentra conectada con ambas ciudades norteamericanas: por la autopista 59 y por la carretera 29 con la ciudad vecina.

No es ocioso mencionar, que la región fronteriza presenta enormes retos para el desarrollo económico y social, derivado de la cercanía con los Estados Unidos de Norteamérica, que se reflejan en las relaciones comerciales, de intercambio de productos y de servicios, así como en las actividades de los diferentes sectores productivos, en las que nuestros connacionales se ven ampliamente en desventaja, no sólo por las ofertas menos costosas que se presentan al otro lado de la frontera, sino también por la disminución en las tasas de los impuestos que se ofrecen en los Estados Unidos. Es preciso mencionar, que tan sólo en las ciudades de Eagle Pass y Del Río, Texas, el impuesto al consumo conocido como TAX tiene una tasa del 8%, cuyo impacto se puede observar en un menor precio de los productos y servicios en relación con los precios mexicanos.

La intercomunicación que por su propia cercanía se da entre las ciudades de Eagle Pass y Del Río, Texas, con la región cinco manantiales de Coahuila, nos obliga a reflexionar sobre la disparidad que existe en las tasas de los impuestos, toda vez que en la región mantiene el 16% respecto del Impuesto al Valor Agregado, es decir, el doble que existe para las ciudades vecinas de los Estados Unidos.

Precisamente por este tipo de disparidad y para favorecer nuestra actividad comercial y productiva, es que en el orden jurídico mexicano se ha establecido el 11% respecto del Impuesto al Valor Agregado para la región fronteriza, con el ánimo de fortalecer el desarrollo económico y social; sin embargo, la región cinco manantiales de Coahuila, no ha sido incluida en este supuesto jurídico que actualmente determina la Ley del IVA.

La región cinco manantiales se caracteriza por tener diversas actividades comerciales y productivas, entre las que destacan: la agricultura, la ganadería, la minería, así como el comercio de bienes, productos y servicios. Por ello, incluir a los municipios coahuilenses de Allende, Morelos, Nava, Villa Unión y Zaragoza, dentro de la región fronteriza, permitirá que los mexicanos dedicados a las actividades comerciales y productivas, tengan mejores condiciones para competir con nuestros vecinos del norte; asimismo, permitirá el desarrollo de políticas públicas enfocadas a la actividad económica, que aprovechen las ventajas y oportunidades de la región fronteriza norte, impulsando así un desarrollo económico y social que se vea reflejado en la generación de empleos y en el nivel de vida de los mexicanos que viven en esta zona fronteriza.

Luego entonces, la propuesta implica dar tratamiento de región fronteriza para efectos de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, a las actividades realizadas en la denominada región cinco manantiales del estado de Coahuila, partiendo de que actualmente, la aplicación de una tasa menor del IVA en la región fronteriza, obedece a la necesidad de mantener la competitividad entre los contribuyentes que residen en la mencionada región y los comerciantes de nuestro país vecino, establecidos en las poblaciones limítrofes a la línea divisoria internacional del norte del país.

Con el ánimo de reforzar el espíritu del legislador que ha venido imperando para establecer un régimen fiscal diferenciado para la región fronteriza, es importante señalar que desde la entrada en vigor de la Ley del Impuesto al Valor Agregado y hasta el 21 de noviembre de 1991, estuvo vigente el antecedente inmediato del actual artículo 2o., en el que se establecía la tasa preferencial del 6% del IVA aplicable a los actos o actividades gravados por la ley, realizados por residentes en las franjas fronterizas de 20 kilómetros paralelas a la línea divisoria internacional del norte del país, y la colindante con Belice, Centroamérica, o en las zonas libres de Baja California, y parcial de Sonora y Baja California Sur.

De acuerdo con la exposición de motivos correspondiente, la constitución de dicha tasa preferencial tuvo como propósito auxiliar a las empresas nacionales residentes o con establecimientos en la región fronteriza, frente a la competencia férrea que enfrentaban en dichas áreas, en relación a los bienes provenientes de los países vecinos, tomando en consideración que existían tasas impositivas menores en esos países y que los residentes en la mencionada franja tenían fácil acceso a las poblaciones fronterizas del extranjero a adquirir bienes y servicios, en el caso de que el impuesto al valor agregado hiciera más cara su adquisición en territorio nacional.

Este tratamiento diferencial se eliminó en 1991 derivado de que la tasa general de pago del IVA se redujo del 15% al 10%. Sin embargo, el 27 de marzo de 1995 se publicó en el Diario Oficial de la Federación, una reforma mediante la cual se elevó la tasa general del Impuesto al Valor Agregado al 15%, volviéndose a establecer un régimen preferencial con la tasa del 11% para algunas regiones del país colindantes con países vecinos del norte y del sur del país. Nuevamente, en la exposición de motivos de esta reforma, se argumentaron razones de competitividad del comercio mexicano en la región fronteriza, frente al comercio que se desarrolla en los mencionados países vecinos.

De lo anterior se concluye, que la finalidad de establecer una tasa menor a la general en determinadas zonas del país, es la de apoyar a las empresas mexicanas para que puedan competir en mejores condiciones con las empresas de los países vecinos cercanas a las líneas divisorias internacionales del norte y del sur del país.

En este orden de ideas, la citada cercanía, intercomunicación e interrelación comercial que existe entre la región cinco manantiales y algunas ciudades del país vecino del norte, específicamente las ciudades de Eagle Pass y Del Río, Texas, justifican la presente propuesta de reforma a la Ley del Impuesto al Valor Agregado, para efectos de hacer una ampliación geográfica a la región fronteriza norte de nuestro país.

Este esfuerzo legislativo propuesto, que bastante beneficio traería a la región cinco manantiales del estado de Coahuila, tiene algunos antecedentes, tal y como se puede observar en la iniciativa presentada en la LXI Legislatura del Senado de la República, de fecha 22 de febrero del año 2011, misma que por su propia y especial naturaleza, fue turnada, y recibida en la Cámara de Diputados con fecha 24 de febrero del mismo año, a la Comisión de Hacienda y Crédito Público. En este sentido, la presente iniciativa tiene como objeto fundamental continuar con este esfuerzo legislativo, para que no sea un tema que quede en los asuntos pendientes e incluso no dictaminados en comisiones legislativas, sino que se reafirme el compromiso que la actual legislatura tiene con el desarrollo económico y social de la frontera norte.

Por todo lo anteriormente expuesto, se somete a la consideración de esta Asamblea el siguiente proyecto de Decreto:

Unico. Se reforma el último párrafo del artículo 2o. de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, para quedar como sigue:

Ley del Impuesto del Valor Agregado

Artículo 2o.

Para efectos de esta ley se considera como región fronteriza, además de la franja fronteriza de 20 kilómetros paralela a las líneas divisorias internacionales del norte y del sur del país, todo el territorio de los Estados de Baja California, Baja California Sur y Quintana Roo, los municipios de Caborca y Cananea, Sonora, así como la región parcial del estado de Sonora comprendida entre los siguientes límites: al norte, la línea divisoria internacional desde el cauce del Río Colorado hasta el punto situado en esa línea a 10 kilómetros al oeste del municipio de Plutarco Elías Calles; de este punto, una línea recta hasta llegar a la costa, a un punto situado a 10 kilómetros al este de Puerto Peñasco; de ahí, siguiendo el cauce de este río hacia el norte hasta encontrar la línea divisoria internacional; así como los municipios de Allende, Morelos, Nava, Villa Unión y Zaragoza, todos del estado de Coahuila.

Transitorio

Unico. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Es cuanto, señor Presidente.

Iniciativa

“SEN. ERNESTO CORDERO ARROYO,
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
DE LA CAMARA DE SENADORES
DEL H. CONGRESO DE LA UNION
PRESENTES.

Los suscritos, SILVIA GUADALUPE GARZA GALVAN y ERNESTO RUFFO APPEL , Senadores de la LXII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión e integrantes del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 8 numeral 1 fracción I, 163 numeral 1 fracción I, 164 numeral 1, 169 numerales 1 y 4, 172 numeral 1, y demás relativos y aplicables del Reglamento del Senado de la República, nos permitimos someter a la consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ULTIMO PARRAFO DEL ARTICULO 2° DE LA LEY DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, al tenor de la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

En el noreste del estado de Coahuila, existe la denominada Región Cinco Manantiales, que comprende a los municipios de Allende, Morelos, Nava, Villa Unión y Zaragoza, cuyas características geográficas la hacen susceptible de pertenecer a la Región Fronteriza, que actualmente se encuentra jurídicamente determinada, por lado, por la Franja Fronteriza Norte, es decir, el territorio comprendido entre la línea divisoria internacional del norte del país y la línea paralela a una distancia de 20 kilómetros hacia el interior del país; y por otro lado, por los estados de Baja California, Baja California Sur y la región parcial de Sonora, así como sus municipios de Caborca y Cananea.

La cercanía que tiene la Región Cinco Manantiales con los Estados Unidos de Norteamérica, específicamente con las ciudades de Eagle Pass y Del Río, Texas, es un elemento fundamental para que sea incorporada a la Región Fronteriza. Basta mencionar que la Región se encuentra conectada con ambas ciudades norteamericanas: por la autopista 59 se comunica con la ciudad vecina de Eagle Pass, Texas; y por la carretera 29 con la ciudad vecina Del Paso, Texas.

No es ocioso mencionar, que la Región Fronteriza presenta enormes retos para el desarrollo económico y social, derivado de la cercanía con los Estados Unidos de Norteamérica, que se reflejan en las relaciones comerciales, de intercambio de productos y servicios, así como en las actividades de los diferentes sectores productivos, en las que nuestros connacionales se ven ampliamente en desventaja, no sólo por las ofertas menos costosas que se presentan al otro lado de la frontera, sino también por la disminución en las tasas de los impuestos que se ofrecen en los Estados Unidos de Norteamérica. Es preciso mencionar, que tan sólo en las ciudades de Eagle Pass y Del Río, Texas, el impuesto al consumo conocido como TAX tiene una tasa del 8%, cuyo impacto se puede observar en un menor precio de los productos y servicios en relación con los precios mexicanos.

La intercomunicación que por su propia cercanía se da entre las ciudades de Eagle Pass y Del Río, Texas, con la Región Cinco Manantiales de Coahuila, nos obliga a reflexionar sobre la disparidad que existe en las tasas de los impuestos, toda vez que en la Región mantiene el 16% respecto del Impuesto al Valor Agregado, es decir, el doble que existe para las ciudades vecinas de los Estados Unidos de Norteamérica.

Precisamente por este tipo de disparidades y para favorecer nuestra actividad comercial y productiva, es que en el orden jurídico mexicano se ha establecido el 11% respecto del Impuesto al Valor Agregado para la Región Fronteriza, con el ánimo de fortalecer el desarrollo económico y social; sin embargo, la Región Cinco Manantiales de Coahuila, no ha sido incluida en este supuesto jurídico que actualmente determina la Ley del IVA.

La Región Cinco Manantiales representa un área de oportunidad, no sólo para el estado de Coahuila, sino para toda la Región Fronteriza Norte. Sus propias características geográficas y poblacionales lo muestran. Actualmente la Región cuenta con un territorio aproximado de 11,593.81 kilómetros cuadrados; y de acuerdo con el Censo de Población y Vivienda 2010, elaborado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), tiene una población aproximada de 77,801 habitantes, que de acuerdo con la Comisión de Cooperación Ecológica Fronteriza, se proyecta que la población alcanzará los 117 mil habitantes para el año 2020. Tan sólo los municipios de Allende y Nava, cuentan con una población aproximada de 27,928 y 22,675 habitantes respectivamente.

La Región Cinco Manantiales se caracteriza por tener diversas actividades comerciales y productivas, entre las que destacan: la agricultura, la ganadería, la minería, así como el comercio de bienes, productos y servicios. Por ello, incluir a los municipios coahuilenses de Allende, Morelos, Nava, Villa Unión y Zaragoza, dentro de la Región Fronteriza, permitirá que los mexicanos dedicados a las actividades comerciales y productivas, tengan mejores condiciones para competir con nuestros vecinos del norte; asimismo, permitirá el desarrollo de políticas públicas enfocadas a la actividad económica, que aprovechen las ventajas y oportunidades de la Región Fronteriza Norte, impulsando así un desarrollo económico y social que se vea reflejado en la generación de empleos y en el nivel de vida de los mexicanos que viven en esta zona fronteriza.

Luego entonces, la propuesta implica dar tratamiento de Región Fronteriza para efectos de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, a las actividades realizadas en la denominada Región Cinco Manantiales del estado de Coahuila, partiendo de que actualmente, la aplicación de una tasa menor del IVA en la Región Fronteriza, obedece a la necesidad de mantener la competitividad entre los contribuyentes que residen en la mencionada región y los comerciantes de nuestro país vecino, establecidos en las poblaciones limítrofes a la línea divisoria internacional del norte del país.

Con el ánimo de reforzar el espíritu del legislador que ha venido imperando para establecer un régimen fiscal diferenciado para la Región Fronteriza, es importante señalar que desde la entrada en vigor de la Ley del Impuesto al Valor Agregado y hasta el 21 de noviembre de 1991, estuvo vigente el antecedente inmediato del actual artículo 2°, en el que se establecía la tasa preferencial del 6% del IVA aplicable a los actos o actividades gravados por la Ley, realizados por residentes en las franjas fronterizas de 20 kilómetros paralelas a la línea divisoria internacional del norte del país, y la colindante con Belice, Centro América, o en las zonas libres de Baja California, y parcial de Sonora y Baja California Sur.

De acuerdo con la exposición de motivos correspondiente, la constitución de dicha tasa preferencial tuvo como propósito auxiliar a las empresas nacionales residentes o con establecimientos en la región fronteriza, frente a la competencia férrea que enfrentaban en dichas áreas, en relación a los bienes provenientes de los países vecinos, tomando en consideración que existían tasas impositivas menores en esos países y que los residentes en la mencionada franja tenían fácil acceso a las poblaciones fronterizas del extranjero a adquirir bienes y servicios, en el caso de que el impuesto al valor agregado hiciera más cara su adquisición en territorio nacional.

Este tratamiento diferencial se eliminó en 1991 derivado de que la tasa general de pago del IVA se redujo del 15% al 10%. Sin embargo, el 27 de marzo de 1995 se publicó en el Diario Oficial de la Federación, una reforma mediante la cual se elevó la tasa general del impuesto al valor agregado al 15%, volviéndose a establecer un régimen preferencial con la tasa del 11% para algunas regiones del país colindantes con países vecinos del norte y del sur del país. Nuevamente, en la exposición de motivos de esta reforma se argumentaron razones de competitividad del comercio mexicano en la región fronteriza, frente al comercio que se desarrolla en los mencionados países vecinos.

De lo anterior se concluye, que la finalidad de establecer una tasa menor a la general en determinadas zonas del país, es la de apoyar a las empresas mexicanas para que puedan competir en mejores condiciones con las empresas de los países vecinos cercanas a las líneas divisorias internacionales del norte y del sur del país.

En este orden de ideas, la citada cercanía, intercomunicación e interrelación comercial que existe entre la Región Cinco Manantiales y algunas ciudades del país vecino del norte, específicamente las ciudades de Eagle Pass y Del Río, Texas, justifican la presente propuesta de reforma a la Ley del Impuesto al Valor Agregado, para efectos de hacer una ampliación geográfica a la Región Fronteriza Norte de nuestro país.

Este esfuerzo legislativo propuesto, que bastante beneficio traería aparejado para la Región Cinco Manantiales del estado de Coahuila, tiene algunos antecedentes tal y como se puede observar en la iniciativa presentada en la LXI Legislatura del Senado de la República, de fecha 22 de febrero del año 2011, misma que por su propia y especial naturaleza, fue turnada y recibida en la Cámara de Diputados, con fecha 24 de febrero del mismo año, a la Comisión de Hacienda y Crédito Público. En este sentido, la presente Iniciativa, tiene como objeto fundamental continuar con este esfuerzo legislativo, para que no sea un tema que quede en los asuntos pendientes e incluso no dictaminados en las respectivas Comisiones legislativas, sino que se reafirme el compromiso que la actual legislatura tiene con el desarrollo económico y social de la frontera norte.

Por todo lo anteriormente expuesto, se somete a la consideración de esta Asamblea el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO

UNICO. SE REFORMAN EL ULTIMO PARRAFO DEL ARTICULO 2° DE LA LEY DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, PARA QUEDAR COMO SIGUE:

LEY DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

Artículo 2º.- …

Para efectos de esta Ley, se considera como región fronteriza, además de la franja fronteriza de 20 kilómetros paralela a las líneas divisorias internacionales del norte y sur del país, todo el territorio de los estados de Baja California, Baja California Sur y Quintana Roo, losmunicipios de Caborca y de Cananea, Sonora, así como la región parcial del Estado de Sonora comprendida en los siguientes límites: al norte, la línea divisoria internacional desde el cauce del Río Colorado hasta el punto situado en esa línea a 10 kilómetros al oeste del Municipio Plutarco Elías Calles; de ese punto, una línea recta hasta llegar a la costa, a un punto situado a 10 kilómetros, al este de Puerto Peñasco; de ahí, siguiendo el cauce de ese río, hacia el norte hasta encontrar la línea divisoria internacional; así como los municipios de Allende, Morelos, Nava, Villa Unión y Zaragoza, todos del estado de Coahuila.

TRANSITORIO

UNICO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación

Salón de sesiones del Honorable Senado de la República, a 20 de noviembre de 2012.

Atentamente

Sen. Silvia Guadalupe Garza Galván.- Sen. Ernesto Ruffo Appel”.

- El C. Presidente Burgos García: Muchas gracias, Senadora Garza Galván. Se turna a la Cámara de Diputados.

Tiene el uso de la tribuna la Senadora Angélica de la Peña Gómez, a nombre propio y de diversos Senadores, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman diversas disposiciones del Código Federal de Procedimientos Penales; de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República y del Código Penal Federal.





 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETOPOR EL QUE SE REFORMAN, DEROGAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DEL CODIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES; DE LA LEY ORGANICA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACION; DE LA LEY ORGANICA DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA Y DEL CODIGO PENAL FEDERAL

(Presentada por los CC. Senadores Angélica de la Peña Gómez y Omar Fayad Meneses, a nombre propio y de los CC. Senadores Roberto Gil Zuarth, María Cristina Díaz Salazar y Miguel Romo Medina)

- La C. Senadora Angélica de la Peña Gómez: Muchas gracias, señor Presidente.

La iniciativa que presentamos el día de hoy ante esta plenaria, es una iniciativa que corresponde al proceso que ha seguido el Congreso de la Unión y el Congreso Constituyente para garantizar el resguardo de principios pro persona, y de manera muy concreta, la libertad de expresión, la libertad de prensa, la libertad de imprenta y, por supuesto, resguardar la vida de quienes trabajan en el ejercicio de estas tareas desde los medios de comunicación.

Proteger a periodistas en todos los rincones del país se ha convertido en un asunto de gran relevancia, en donde México ha sido señalado por diversos organismos internacionales y nacionales para que demos este paso que permita, efectivamente, constituir un estado de derecho, que proteja a los medios de comunicación y a quienes ejercen esta tarea.

En ese sentido, el artículo 73 de la Constitución sufrió una reforma, cinco meses atrás, y en sus transitorios determinó que cuando mucho en esta vacatio legis de seis meses, se siguiera el proceso de reforma a leyes secundarias. Es el caso del día de hoy, de tal forma que estando en tiempo y, por supuesto con estas iniciativas, también en forma, estamos dando respuesta a las distintas solicitudes, requerimientos y recomendaciones a obligaciones que tenemos que determinar, que tenemos que legislar desde el Poder Legislativo para garantizar el propósito que nos ocupa.

Diversas organizaciones, yo quiero mencionarlo, antes de permitir que desde la Mesa Directiva, señor Presidente, se le pueda dar la palabra para que continúe en la utilización de este tiempo a dos Senadores más, del PRI y del PAN, siguiendo la presentación de esta iniciativa, yo voy a terminar simplemente diciendo que además esta iniciativa ha sido construida por varias organizaciones no gubernamentales, que hoy voy a mencionar: Freedom House, artículo 19, 6 Centro Jurídico para los Derechos Humanos, con asesoría de la oficina de la Alta Comisionada de Derechos Humanos, de tal forma que no es en demérito mencionar el trabajo, sino por el contrario, es de reconocer este compromiso por parte de las organizaciones y del que nosotros desde el Senado de la República diversas Senadoras y Senadores, simplemente estamos haciendo eco de lo propuesto. Es cuanto, y tomo, por favor, referencia de que pueda ser turnado a las Comisiones de Derechos Humanos y de Justicia.

(Aplausos)

- El C. Presidente Burgos García: Muchas gracias. Senadora, comparte tiempo y tema con el Senador Omar Fayad Meneses. En consecuencia, tiene el uso de la voz.

- El Senador Omar Fayad Meneses: Gracias, Señor Presidente; compañeras y compañeros Senadores.

Agradezco mucho a la Senadora Angélica de la Peña Gómez, quien me antecede en el uso de la palabra, el poder compartir este tiempo para hablar de algo que creemos fundamental.

Y no sólo vengo a nombre propio como Senador de la República, que lo hago con enorme convicción, hoy vengo a hablar también en nombre de la Comisión de Gobernación, así me lo pidió la Senadora Cristina Díaz, porque la comisión ha decidido, a través de todos sus miembros, sumarse a esta propuesta que ha parecido fundamental para la misma desde su aprobación, pero se veía la imposibilidad de una verdadera protección por la falta de la ley secundaria.

Así que los miembros de la Comisión de Gobernación, todos, decidieron sumarse a la misma.

Pero también hoy tengo el honor de venir a hablar a nombre de mi grupo parlamentario, del PRI, el coordinador Emilio Gamboa, también me ha pedido sea la voz en esta tribuna para decirles que para nosotros resulta fundamental el que pueda realmente consolidarse en este México democrático una verdadera protección a los periodistas y una verdadera protección al derecho a la información, ¿cómo lograrla? Se dieron los primeros pasos tal y como Angélica de la Peña lo señaló ya aquí en la tribuna.

Pero todos sabemos que cuando se produce una reforma constitucional que no tiene dientes, que no tiene una legislación secundaria que la regule y que dé precisión a las disposiciones que establece, se acaba convirtiendo, compañeras y compañeros Senadores, en ley muerta. Y esto no queremos que suceda con lo que debe ser la Ley para la Protección de Periodistas y la Ley de Protección del Derecho a la Información que deben de tener toda una base y un sustento.

Y es por ello que hoy se está presentando aquí esta posibilidad con las adiciones y reformas necesarias al Código Federal de Procedimientos Penales, a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, a la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República y al Código Penal Federal. Y son cuatro circunstancias fundamentales de atender.

Cuando hay presunción de que las autoridades locales están involucradas en la comisión de un hecho, debe de tenerse la facultad de atracción por la Federación y es fundamental.

Por la gravedad de los hechos que la ley señala como delito y su impacto en los derechos humanos en una sociedad democrática como la nuestra, es fundamental que se pueda ejercer ese derecho por la falta o debida diligencia por parte de las autoridades locales en la sustanciación de las investigaciones resulta fundamental y cuando evidentemente hay incapacidad técnica o material por parte de la propia autoridad, hay que ejercer la facultad de atracción para que este asunto pueda resolverse.

No entenderíamos una sociedad realmente democrática sin una protección en los términos que se ha planteado en esta iniciativa de ley, y que hacen suyos todos los legisladores, los Senadores de la Comisión de Derechos Humanos, los de la Comisión de Justicia que preside Roberto Gil Zuarth, la Comisión de Gobernación que preside Cristina Díaz, y hoy como se los comenté, mi grupo parlamentario, todo el grupo parlamentario del PRI, se suma con ello a un gran esfuerzo.

Vamos a darle dientes a la ley secundaria para poder enfrentar adecuadamente este problema.

Es cuanto, señor Presidente, muchas gracias.

Iniciativa

“Las y los suscritos, ANGELICA DE LA PEÑA GOMEZ, ROBERTO GIL ZUARTH, MARIA CRISTINA DIAZ SALAZAR y MIGUEL ROMO MEDINA, Senadoras y Senadores integrantes de diversos grupos parlamentarios a la LXII Legislatura, con fundamento en los artículos 71, fracción II, 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y los artículos 8 numeral 1, fracción I y 164 del Reglamento del Senado de la República, sometemos a la consideración del Pleno de esta Soberanía la siguiente:, al tenor de la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN, DEROGAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DEL CODIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES; DE LA LEY ORGANICA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACION; DE LA LEY ORGANICA DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA Y DEL CODIGO PENAL FEDERAL; al tenor de la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

I. Antecedentes

Las agresiones a periodistas y medios de comunicación son uno de los más graves problemas que se viven actualmente.

Debido al poder de la información, el ejercicio periodístico es un campo polémico y ciertamente riesgoso, ya que muchas de las veces la actividad periodística exige cobertura en Estados que se encuentran en guerra, o que viven una epidemia, sin embargo hay otros contextos riesgosos no tan visibles, particularmente en contextos sociales y políticos de países como México, en los que la impunidad es el común denominador en el panorama nacional1. Lo anterior, en gran medida, debido al fenómeno de la corrupción que continua permeando en las instituciones y sociedad, y en donde consecuentemente el acceso a la información2, se reconoce No como un derecho, sino como “moneda de cambio” cuyo beneficio es el obtener o mantener el poder de la forma menos legítima. Por tanto, también la libertad de expresión3, se tornó en un derecho cuyo ejercicio expone a quienes lo realizan a los peores atentados contra su libertad, integridad física, y aun más grave, a su vida, particularmente cuando este ejercicio trastoca “intereses” de grupos en el poder.

Es así que, lamentablemente en la actualidad, en México las personas que realizan la actividad del periodismo se encuentran en una situación vulnerable, y su integridad física, libertad, seguridad y vida pueden verse amenazadas tanto por agentes estatales como no estatales. Los periodistas deben hacer frente no sólo a los intentos de censura o de ejercicio de influencia en su labor sino también, en algunos casos, a peligros contra su integridad física como el fuego cruzado, las amenazas, las agresiones o intentos de agresión, los secuestros, la desaparición forzosa, e incluso la muerte. De esta manera, si las personas que ejercen el periodismo están en peligro, también lo están las estructuras como que conforman a los medios de comunicación, y estos no pueden ser libres, señala el Informe 2012 del Relator Especial sobre las ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias.4

Derivado de este grave contexto de inseguridad e impunidad que prevalece en el país, especialmente respecto al avance de investigaciones penales por agresiones a periodistas, así como la falta de sanciones a los responsables de las mismas, aunado a una serie de recomendaciones tanto a nivel interno como internacional el 25 de junio de 2012, el Ejecutivo Federal promulgó el decreto de reforma constitucional según el cual se adiciona el párrafo segundo de la fracción XXI del artículo 73 para quedar como sigue:

“Artículo 73.

[…]

XXI. […] Las autoridades federales podrán conocer también de los delitos del fuero común, cuando éstos tengan conexidad con delitos federales o delitos contra periodistas, personas o instalaciones que afecten, limiten o menoscaben el derecho a la información o las libertades de expresión o imprenta.”

Los transitorios de dicho decreto hacen referencia a la obligación del Congreso de la Unión de realizar las reformas a las leyes secundarias que correspondan en un plazo máximo de hasta seis meses, contados a partir del día siguiente de la entrada en vigor del presente Decreto.

Asimismo, el tercer transitorio menciona que la autoridad federal podrán ejercer la facultad de atracción a que se refiere el Decreto, después de la entrada en vigor de las reformas a la ley secundaria, que al efecto expida el Honorable Congreso de la Unión.

Por otro lado, conviene notar la grave situación en la que se encuentran tanto personas físicas como morales, que ejercen el periodismo en nuestro país, destacando los atentados contra la vida, integridad, libertad y seguridad de los mismos.

La Comisión Nacional de Derechos Humanos, en su Recomendación General número 17, sobre los casos de agresiones a periodistas y la impunidad prevaleciente señaló que la impunidad resultante ha generado un ambiente permisivo para que las agresiones a los profesionales de la comunicación, así como a los diferentes medios, continúen y sean cada vez más violentas, tal como lo confirman las muertes y desapariciones de periodistas, y los atentados con explosivos a instalaciones de medios de comunicación.

La Relatora Especial para la libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en su visita a México en el año 2010,señala que sin desconocer que el problema de la violencia afecta a todos los sectores de la población mexicana, la violencia contra periodistas en México es alarmante y tiende a intensificarse, debido a factores como el crecimiento del crimen organizado en ciertas zonas del país.5 Por lo que recomendó adoptar las reformas necesarias para permitir el ejercicio de la jurisdicción federal sobre los delitos contra la libertad de expresión, y garantizar que las posibles violaciones de este derecho sean siempre investigadas por la jurisdicción penal ordinaria.6

II. Consideraciones

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a raíz de la reforma del 10 de junio de 2011, establece un nuevo régimen constitucional en materia de derechos humanos. Se integra un bloque de constitucionalidad, en donde se incluyen los tratados internacionales y se introducen los criterios de interpretación conforme al principio pro persona. Por otra parte, se establece una serie de obligaciones y principios, bajo los cuales todas las autoridades tienen que guiar su actuar. En suma, a partir de la reforma constitucional en comento, se hace un reconocimiento expreso a los derechos humanos de las personas bajo su jurisdicción, aceptando que su otorgamiento no es facultad del Estado mexicano, sino que éstos preceden a la norma positiva, es decir, son inherentes a la persona.

En este sentido, nuestra Carta Magna y los Tratados Internacionales reconocen el derecho al acceso a la información y el derecho a la libertad de expresión. Sin embargo, estos derechos necesariamente se deben contemplar como indisociables a otros como el derecho a la vida, a la integridad, al honor, al acceso a la justicia, a la verdad, entre otros, a fin de que realmente se pueda hablar de una verdadera protección y respeto de los derechos fundamentales.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos (en adelante la CoIDH) ha enfatizado la relevancia de la libertad de expresión en una sociedad democrática,7 afirmando que el concepto de orden público reclama que, dentro de una sociedad democrática, se garanticen las mayores posibilidades de circulación de noticias, ideas y opiniones, así como el más amplio acceso a la información por parte de la sociedad en su conjunto. La libertad de expresión se inserta en el orden público primario y radical de la democracia.

Así mismo, la Corte ha puntualizado que la libertad de expresión es una piedra angular en la existencia misma de una sociedad democrática, siendo indispensable para la formación de la opinión pública. Por ende, es posible afirmar que una sociedad que no está bien informada no es plenamente libre.

Los diversos sistemas regionales de protección a los derechos humanos y el universal también se han pronunciado a favor del papel esencial que juega la libertad de expresión en la consolidación y dinámica de una sociedad democrática.

La libertad de expresión contiene dos dimensiones, que se reclaman y se sustentan mutuamente. Por una parte, existe la llamada dimensión individual, que asegura la posibilidad de utilizar cualquier medio idóneo para difundir el pensamiento propio y llevarlo al conocimiento de los demás. Los receptores potenciales o actuales del mensaje tienen, a su vez, el derecho de recibirlo: derecho que concreta la dimensión social de la libertad de expresión. Ambas dimensiones deben ser protegidas simultáneamente. Cada una adquiere sentido y plenitud en función de la otra.

Como bien se menciona en el párrafo anterior, las agresiones contra personas, periodistas e instalaciones que afecten, limiten o menoscaben el derecho a la información o las libertades de expresión o imprenta, no afectan únicamente bienes individuales, sino también colectivos. Esto en virtud del carácter interdependiente e indivisible que tienen los derechos humanos.

La interdependencia supone que el disfrute de un derecho en particular o un grupo de derechos dependen para su existencia de la realización de otro derecho o grupo de derechos. De la misma manera, la privación de un derecho afecta negativamente a los demás. Así, “[…] la existencia real de cada uno de los derechos humanos sólo puede ser garantizada por el reconocimiento integral de todos ellos”.8 El principio de indivisibilidad, supone una visión holística de los derechos humanos, en la que todos los derechos se encuentran unidos porque de una forma u otra estos conforman una sola construcción. La idea central es que la concreción de los derechos sólo puede alcanzarse mediante la realización conjunta de todos éstos.

Lo anterior pone de manifiesto la importancia del respeto y protección al derecho a la libre expresión en sus dos vertientes y consecuentemente la obligación de las autoridades del Estado mexicano de garantizar el pleno y libre ejercicio de este derecho mediante la investigación, enjuiciamiento y sanción de los transgresores de este derecho.

La adopción de las medidas necesarias para proteger los derechos de las personas bajo la jurisdicción del Estado mexicano es uno de sus compromisos fundamentales de México frente a la comunidad internacional. En este sentido, la protección de personas, periodistas e instalaciones se debe convertir en una cuestión prioritaria en la agenda del Estado. Uno de los medios para logar lo anterior es la adopción de medidas legislativas, como la propuesta en la presente iniciativa.

Como señala la exposición de motivos del decreto de reforma constitucional del artículo 73, fracción XXI, de fecha 25 de junio de 2012, no sólo las agresiones al gremio periodístico representan un ataque directo a la vigencia del Estado de Derecho, sino también la inacción de las autoridades competentes, lo cual se traduce en impunidad.

Es precisamente esta impunidad la que se erradicaría con la efectiva investigación de los delitos, así como el procesamiento y sanción de los responsables, dentro de un plazo razonable. Se trae a colación el plazo razonable, pues “el derecho de acceso a la justicia implica que la solución de la controversia se produzca en tiempo razonable y que una demora prolongada puede llegar a constituir, por sí misma, una violación de las garantías judiciales”.9

El deber de investigar, llevar ante la justicia y sancionar del Estado se encuentra íntimamente relacionado con su deber de garantizar los derechos fundamentales, no solamente el de la libre expresión, sino además por ejemplo, el derecho a la verdad, a la justicia y a una justa reparación.

La presente iniciativa tiene como objeto reglamentar la reforma constitucional del artículo 73 fracción XXI, de fecha 25 de junio de 2012, a fin de facultar a las autoridades federales para ejercer la facultad de atracción a la que se refiere el recién reformado texto constitucional. Para estos efectos, es necesario distinguir entre las figuras sustantivas y adjetivas necesarias.

Conforme a las consideraciones ya expresadas, el presente proyecto tiene como objetivos específicos: (i) delimitar con precisión los casos en que la Federación podrá ejercer la facultad de atracción, a la que hace referencia nuestra Carta Magna; (ii) Establecer los medios para fortalecer a la Fiscalía Especializada de atención a este tipo de delitos; y (iii) Combatir la impunidad de estos delitos, promoviendo una eficiente investigación, enjuiciamiento y sanción de los perpetradores de los mismos, mediante la tipificación de los delitos contra la libertad de expresión y acceso a la información.

A fin de obtener los objetivos antes planteados, se consideró pertinente el análisis de los siguientes ordenamientos jurídicos:

a. Código Penal Federal;

b. Código Federal de Procedimientos Penales;

c. Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación;

d. Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República;

a. Regulación de la facultad de atracción

Si bien es cierto que muchas de las conductas tipificadas como delitos en la norma y que son perpetradas contra las personas que ejercen el periodismo o instalaciones que se utilizan para realizar dicha actividad son competencia del fuero común, la necesidad de regular la facultad de atracción en materia de derecho a la información y libertad de expresión no es gratuita. Como ya se mencionó en el documento, el contexto político y de inseguridad que impera en México, torna al ejercicio de estos derechos en una actividad altamente riesgosa, particularmente cuando estos atentados ocurren en ciudades y municipios, en los que las instituciones están debilitadas, ya sea por las circunstancias precarias que tienen para atender los delitos y las colocan en desventaja frente a la fuerza que representan los grupos detentadores de poder locales que, aunque no siendo del Estado, son superiores a este en fuerza fáctica, o bien, porque los atentados provienen directamente de los agentes del Estado locales. Lo anterior hace imposible la debida atención a estos delitos que son “invisibles” muchas de las veces frente a las autoridades locales.

Ciertamente, no se trata de hacer del conocimiento exclusivo de la Federación estos delitos, es decir, “federalizarlos”, lo que se pretende es establecer criterios claros que permitan a la Federación, en este caso al Ministerio Público Federal ejercer la facultad de atracción para investigar y perseguir a los responsables de perpetrar dichas conductas, así como al Poder Judicial de la Federación procesarlos y sentenciarlos, en tanto las imposibilidades de hacerlo en lo local son superadas.

En este sentido, en primer término, se hizo un análisis de la legislación adjetiva a fin de identificar las posibles contradicciones de la norma vigente con el recientemente reformado texto constitucional. El objetivo de este apartado de la propuesta, es establecer puntualmente directrices, tanto para las autoridades investigadoras y persecutoras, como para los juzgadores, todos de la federación, a fin de determinar la competencia con mayor facilidad y evitar que ésta se decline en favor de la impunidad. Para ello, se pretende fijar en la norma adjetiva los supuestos en los cuales la Federación podrá atraer un asunto. Al final de este apartado se verá reflejada la propuesta como se pretende quede en el texto de los ordenamientos correspondientes.

Actualmente el párrafo segundo del artículo 10 del Código Federal de Procedimientos Penales, contempla un texto que a primera vista pareciera no ser contrario a la nueva fórmula del artículo 73, fracción XXI, ya que establece que: “[…] En caso de concurso de delitos, el Ministerio Público Federal será competente para conocer de los delitos del fuero común que tengan conexidad con delitos federales, y los jueces federales tendrán, asimismo, competencia para juzgarlos[…]”. Dicha disposición únicamente contempla la posibilidad de que el Ministerio Público de la Federación conozca de delitos del fuero común cuando éstos tengan conexidad con delitos federales, y omite los delitos del fuero común que tengan conexidad con delitos contra periodistas, personas o instalaciones que afecten, limiten o menoscaben el derecho a la información o las libertades de expresión o imprenta como lo establece la reforma constitucional en la materia. Entonces, la fórmula vigente, estrictamente habla de la competencia de la Federación en caso de concurso de delitos, y omite la facultad de conocer de delitos en materia de derecho a la información o las libertades de expresión o imprenta, por tanto es en este numeral donde se considera pertinente hablar de la facultad de atracción en la materia.

Por lo anterior, y a fin de adecuar el ordenamiento antes citado a nuestra Carta Magna, se propone reformar el texto del artículo 10 del Código Federal de Procedimientos Penales, agregando un párrafo cuarto, que establezca los supuestos en los cuales el Ministerio Público Federal podría ejercer la facultad de atracción a la que se refiere la fracción XXI del artículo 73 constitucional.

Para el establecimiento de dichos supuestos, se atendieron a problemáticas concretas, las cuales, representan las mayores causas de impunidad de este tipo de delitos actualmente. Dichas problemáticas se explican a continuación:

1. Presunción de que las autoridades locales están involucradas en la comisión del hecho que la ley señala como delito

Dada la extensión y profundidad alcanzadas por la corrupción en nuestro país, ésta deviene un tema importante en lo que respecta a la definición de competencia de los delitos contra personas, periodistas, o instalaciones que afecten, limiten o menoscaben el derecho a la información o las libertades de expresión o imprenta. Así, el primer supuesto se introduce en atención a este reclamo social, a fin de erradicar la impunidad de dichas conductas, cuando en ellas existan indicios que hagan posible presumir que haya participado un servidor público de las entidades federativas.

La CoIDH ha referido que es clave resguardar la investigación de la contaminación o alteración de la prueba que puedan realizar los posibles perpetradores, cuando ellos sean agentes que tienen funciones de investigación como la policía militar, la policía, el Ejército en ciertas zonas, la Fiscalía o Ministerio Público, el personal penitenciario o cualquier otra entidad del Estado.10

El mismo Tribunal internacional también ha establecido que la obligación de investigar se mantiene “cualquiera sea el agente al cual pueda eventualmente atribuirse la violación, aún los particulares, pues si sus hechos no son investigados con seriedad, resultarían, en cierto modo, auxiliados por el poder público, lo que comprometería la responsabilidad internacional del Estado”.11

Lo anterior pone de manifiesto la importancia y sobre todo obligatoriedad para el Estado mexicano de investigar hechos posiblemente constitutivos de delito, con independencia de quién resulte responsable penalmente. Así, se entiende que si la autoridad local no investiga con la debida diligencia y la autoridad Federal no atrae el asunto, el Estado mexicano puede incurrir en responsabilidad internacional. He ahí la importancia de dotar a la Federación de esta facultad de atracción en el supuesto antes mencionado.

En la propuesta, además, se introduce la frase “La existencia de indicios que permitan presumir…”, en virtud de que se consideró que el umbral de certeza para efecto de que la Federación pueda atraer es muy alto. Ello supondría que el Ministerio Público Federal tendría que esperar a que hubiera una sentencia definitiva que resolviera que el servidor público local efectivamente es responsable del delito del que se trata, lo cual a todas luces resultaría inefectivo. Además, en este punto se tomaría en consideración el principio general de derecho de non bis in idem, nadie puede ser juzgado dos veces por los mismos hechos que la ley señala como delito. Entonces bastaría con indicios, esto quiere decir, que el Ministerio Público Federal deberá tener fundamento razonable para sostener que algún servidor público de la entidad federativa ha cometido, participado, fomentado o encubierto el delito.

Por todo lo anteriormente señalado, se propone la inclusión de un inciso a) que establezca lo siguiente:

a) La existencia de indicios que permitan presumir que en el hecho que la ley señale como delito, haya participado un servidor público de una Entidad Federativa.

2. Gravedad de los hechos que la ley señala como delito y su impacto en todos los derechos humanos de una sociedad democrática

Es pertinente recordar que la exigencia del derecho penal mínimo es de gran relevancia para el derecho internacional de los derechos humanos, así la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que:

En una sociedad democrática el poder punitivo sólo se ejerce en la medida estrictamente necesaria para proteger los bienes jurídicos fundamentales de los ataques más graves que los dañen o pongan en peligro. Lo contrario conduciría al ejercicio abusivo del poder punitivo del Estado12

Por lo anterior, toda medida penal se debe analizar con especial cautela, preponderando la extrema gravedad de la conducta, el dolo y demás datos que pongan de manifiesto la necesidad –de forma excepcional- de utilizar medidas penales para ajustarse a la obligación del derecho penal mínimo.13

En cuanto a la violencia y delitos en contra de quienes ejercen su derecho a la libertad de expresión, el Relator Especial de las Naciones Unidas (ONU) para la Libertad de Opinión y de Expresión, la Representante para la Libertad de los Medios de Comunicación de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE), la Relatora Especial de la Organización de los Estados Americanos (OEA) para la Libertad de Expresión y la Relatora Especial sobre Libertad de Expresión y Acceso a la Información de la Comisión Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos (CADHP) en la “Declaración conjunta sobre delitos contra la libertad de expresión” adoptada el 25 de junio de 2012 han precisado que “los delitos contra la libertad de expresión revisten especial gravedad, puesto que representan un ataque directo contra todos los derechos fundamentales”, situación que evidencia que “representan ataques no sólo contra las víctimas sino que afectan a la libertad de expresión en sí misma y al derecho de todas las personas a procurar obtener y recibir información e ideas”,

En la “Declaración conjunta sobre delitos contra la libertad de expresión”, se establece dentro del principio 2 relativo a la obligación estatal de prevenir y prohibir que:

“la categoría de delitos contra la libertad de expresión debería estar reconocida por el derecho penal, ya sea en forma expresa o como una circunstancia agravante que suponga la imposición de penas más severas para tales delitos en razón de su gravedad”.

Más aún, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que la función de la jurisdicción penal en casos de graves violaciones de derechos humanos no puede sustituirse con la jurisdicción disciplinaria.14

No obstante lo anterior, otro parámetro para identificar qué delitos son graves, se encuentra en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en concreto en el segundo párrafo del artículo 19 constitucional, el cual refiere:

“[…] El juez ordenará la prisión preventiva, oficiosamente, en los casos de delincuencia organizada, homicidio doloso, violación, secuestro, trata de personas, delitos cometidos con medios violentos como armas y explosivos, así como delitos graves que determine la ley en contra de la seguridad de la nación, el libre desarrollo de la personalidad y de la salud […]”

Lo anterior no quiere decir que este catálogo de números clausus es el único aplicable, pues a raíz de la reforma constitucional en materia de derechos humanos de junio de 2011, es posible atender a criterios más amplios contenidos en tratados internacionales de los que el Estado mexicano es parte.

Por las consideraciones antes expuestas, se propone el inciso b):

b) Tratándose de delitos graves así calificados por el ordenamiento jurídico mexicano.

3. Falta de debida diligencia por parte de las autoridades locales en la sustanciación de las investigaciones

La obligación de investigar violaciones a los derechos humanos̶̶̶̶ como lo son las conductas que afecten, limiten o menoscaben el derecho a la información o las libertades de expresión o imprenta ̶̶̶̶ es uno de los deberes elementales del Estado para garantizar la tutela de los derechos fundamentales. La investigación permite esclarecer las circunstancias en las que ocurrieron los hechos que generan responsabilidad estatal, constituyendo un paso necesario para el conocimiento de la verdad por parte de los familiares de las víctimas y la sociedad, así como el castigo de los responsables y el establecimiento de medidas que prevengan la repetición de las violaciones a los derechos humanos.15

En este sentido y atendiendo a los criterios establecidos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el Ministerio Público de la Federación podrá ejercer la facultad de atracción cuando la investigación no haya atendido a los principios generales de debida diligencia, que son:

a. Oficiosidad: La investigación debe desarrollarse de oficio por parte de las autoridades competentes;16

b. Oportunidad17: La investigación debe iniciarse de manera inmediata, ser llevada a cabo en un plazo razonable18 y ser propositiva19;

c. Competencia: La investigación debe ser realizada por profesionales competentes y empleando los procedimientos apropiados;20

d. Independencia e imparcialidad de las autoridades investigadoras;21

e. Exhaustividad: La investigación debe agotar todos los medios para esclarecer la verdad de los hechos y proveer castigo a los responsables;22 y

f. Participación: La investigación debe desarrollarse garantizando el respeto y participación de las víctimas y sus familiares.23

Por otra parte, a partir del análisis de las sentencias de la Corte Interamericana, es dable colegir que para que una investigación pueda considerarse como apegada a los estándares de debida diligencia, debe contener los siguientes elementos básicos:

a. Estar destinada a localizar a la víctima o sus restos en caso de no conocerse su paradero;24

b. Estar dirigida a establecer la identidad de la/s víctima/s en caso de ejecución extrajudicial;25

c. Estar dirigida a sancionar a todas las personas responsables de lasviolaciones;26

d. Abarcar la totalidad de los hechos violatorios a los derechos humanos;27

e. Ejecutar las órdenes de captura y las decisiones judiciales;28

f. Utilizar todos los medios a su alcance para la obtención de pruebas;29

g. Contar con el apoyo de expertos para dar con la verdad de los hechos;30

h. Tener en cuenta el contexto y las peculiaridades de la situación o del tipo de violación que se está investigando;31

Considerar diversas hipótesis, contar con una metodología para evacuarla y ser consistente.32

Los elementos o lineamientos señalados anteriormente, son los criterios internacionales reconocidos que debe seguir toda investigación ministerial, esto quiere decir, que cuando las autoridades locales no respeten todos y cada uno de estos criterios de manera concurrente, estarán faltando a su deber de debida diligencia y es esto lo que justifica que el Ministerio Público de la Federación, de manera complementaria o subsidiaria, pueda ejercer la facultad de atracción referida en el artículo 73, fracción XXI. En este sentido, el tercer supuesto que se propone es insertar un inciso c) que establezca que:

c) Cuando la autoridad competente de conocer y perseguir el delito no haya actuado con debida diligencia

4. Incapacidad de las autoridades locales

En nuestro país, aunque la mayor parte de los casos de impunidad de delitos que afectan, limitan o menoscaban la libertad de expresión, se deben a las problemáticas antes presentadas, también se presentan casos en los que las Entidades Federativas se ven impedidas para llevar a cabo la investigación o proseguir con ella, por falta de capacidad.

A fin de determinar la incapacidad para conocer o perseguir en un asunto determinado, el Ministerio Público de la Federación examinará si la autoridad investigadora de la Entidad Federativa, debido al colapso total o sustancial de su administración o al hecho de que carece de ella, no puede hacer comparecer al acusado, no dispone de las pruebas y los testimonios necesarios o no está por otras razones en condiciones de llevar a cabo la investigación por no contar con los medios materiales necesarios.

En este punto, conviene notar que se proponen dos incisos diversos, toda vez que el en primero se trata de una falta de disposición que puede ser aceptada o no por la autoridad de la entidad federativa, es decir, el supuesto se materializa con independencia de que la autoridad local sea la que haya buscado que el Ministerio Público de la Federación ejerza la facultad de atracción, de manera que el inciso d) quedaría como sigue:

d) Cuando haya incapacidad de las autoridades locales de conocer y perseguir el delito

El segundo supuesto, se trata de aquélla hipótesis en la que la autoridad local de buena fe considera que no tiene la capacidad para investigar. La diferencia radica en que la propia autoridad, dará aviso al Ministerio Público de la Federación de esta situación:

Una vez analizadas las cuatro hipótesis bajo las cuales se podría ejercer la facultad de atracción, es conveniente presentar cómo quedaría el artículo 10 del Código Federal de Procedimientos Penales.

5. Propuesta de reformas

I. Código Federal de Procedimientos Penales

Artículo 10.-

En los casos de delitos del fuero común cometidos contra periodistas, personas o instalaciones que afecten, limiten o menoscaben el derecho a la información o las libertades de expresión o imprenta, el Ministerio Público de la Federación podrá ejercer su facultad de atracción para conocerlos y perseguirlos, cuando se presente alguna de las siguientes circunstancias:

a) La existencia de indicios que permitan presumir que en la comisión del hecho que la ley señale como delito, haya participado algún servidor público de la Entidad Federativa;

b) Se trate de delitos graves así calificados por la ley;

c) Cuando la autoridad competente de conocer y perseguir el delito no haya actuado con debida diligencia;

d) Cuando haya incapacidad de las autoridades locales de conocer y perseguir el delito;

e) Cuando lo solicite la Entidad Federativa de que se trate.

En cualquiera de los supuestos anteriores la víctima u ofendido podrá solicitar al Ministerio Público de la Federación el ejercicio de esta facultad de atracción.

Los jueces federales tendrán competencia para juzgar y sentenciar a las personas respecto de las cuales el Ministerio Público de la Federación haya ejercido dicha facultad de atracción y la acción penal.

Por otra parte, con la anterior adición al artículo 10, necesariamente se tendría que reformar el artículo 6 del citado Código Federal de Procedimientos Penales, que establece: Es tribunal competente para conocer de un delito, el del lugar en que se comete, salvo lo previsto en los párrafos segundo y tercerodel artículo 10”, a fin de que quede como sigue:

Artículo 6.-

Es tribunal competente para conocer de un delito, el del lugar en que se comete, salvo lo previsto en los párrafos segundo, tercero y cuarto del artículo 10.”

I. Ley Orgánica a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación

En cuanto al artículo 50 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, el cual regula la competencia de los jueces penales federales, se consideró innecesario reformar la fracción I del mismo, que prevé un listado de delitos del orden federal. Toda vez que esto supondría el otorgamiento de una facultad exclusiva a la Federación, o lo que se conoce comúnmente como “federalización”, respecto a los delitos que afecten limiten o menoscaben el derecho a la información o las libertades de expresión o imprenta.

La reforma constitucional al artículo 73, fracción XXI, no prevé una “federalización” de los delitos que afecten limiten o menoscaben el derecho a la información o las libertades de expresión o imprenta, sino una facultad de atracción de la Federación. Esto supone que en algunos casos, la autoridad federal podrá ejercer dicha facultad, mas no necesariamente lo hará en todos los casos. Para ello, es necesario especificar los casos de procedencia de la facultad de atracción, por lo cual se fijó un listado de supuestos en la redacción propuesta del artículo 10 del Código Federal de Procedimientos Penales.

No obstante, lo antes expuesto no implica que el artículo 50 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación no deba ser reformado, ya que se considera necesario reforzar la competencia de los Jueces Federales en estos casos y no correr el riesgo de que se decline la competencia en estos casos. Es por esto que se propone adicionar una fracción IV, que a la letra disponga:

Artículo 50.

Los jueces federales penales conocerán:

[…]

[…]

[…]

IV. De los hechos respecto de los que el Ministerio Público de la Federación haya ejercido facultad de atracción.

b.Fortalecimiento de la FEADLE

Por otra parte y atendiendo a las recomendaciones hechas por la relatora especial para la libertad de expresión de la CIDH y el relator especial de la ONU para la libertad de opinión y expresión, se considera imperiosa la necesidad de fortalecer a la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión, de la Procuraduría General de la República, creada por Acuerdo A/145/10 del Procurador General de la República, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 5 de julio de 2010.

1. Debilidad respecto a estructura, autonomía y presupuesto

Tanto la relatora especial para la libertad de expresión de la CIDH, como el relator especial de la ONU han coincidido en que es necesario dotar a la Fiscalía Especial de la Procuraduría General de la República y a las procuradurías locales de mayor autonomía y mayores recursos.33

Respecto a este punto, se debe subrayar que el hecho de que la Fiscalía antes mencionada no se encuentre enunciada expresamente en la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República ni en su Reglamento, es un factor a tomar en cuenta, debido a que al ser creada por acuerdo del Procurador General de la República, no satisface las problemáticas que se presentan.

En aras de fortalecerla y darle mayor sustentabilidad y autonomía, con el fin de que tenga un mejor funcionamiento y mayores alcances, debe de contemplarse en la propia Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República (LOPGR), atendiendo al tipo de problemática a la que nos enfrentamos.

2. Permanencia

Otra de las cuestiones que se pretenden con el fortalecimiento de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos contra la Libertad de Expresión, es su permanencia, esto es, dotarla de estabilidad en todos los sentidos. Para ello, basta atender a la propia reforma constitucional por la que adiciona el párrafo segundo de la fracción XXI del artículo 73. Esto quiere decir, no otra cosa más que estamos ante una problemática grave, tan es así que se consideró imperiosa la necesidad de incluir su regulación en el propio texto constitucional.

Lo anterior pone de manifiesto que los delitos contra periodistas, personas o instalaciones que afecten, limiten o menoscaben el derecho a la información o las libertades de expresión o imprenta, son un problema que sobrepasa las capacidades de una Fiscalía Especial cuya naturaleza es contingente y se basa en el combate de un fenómeno que se presume desaparecerá y la fiscalía, por tanto, se pretende extinguir en un periodo de tiempo determinado –es decir, no es permanente-. Frente al reto que representa el fenómeno de la violencia en materia de derecho a la información y libertad de expresión, la exigencia de un órgano cuya permanencia garantice su combate es a todas luces necesario, ya que estamos ante una complicación que no sólo no ha podido ser controlada, sino que se incrementa con el paso del tiempo.

3. Propuesta de reforma

Por lo antes señalado, se propone reformar los artículos 10, 11 y 14 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República (LOPGR).

Artículo 10 de la LOPGR

En primer lugar, se propone la reforma al artículo 10 de la referida Ley, el cual prevé las personas de las que se auxiliará el Procurador General de la República, para el despacho de los asuntos que competen a la Procuraduría General de la República y al Ministerio Público Federal conforme a la Constitución. Se sugiere que se adicione la fracción V haciendo mención expresa de los Fiscales Especializados y, por tanto, todas las fracciones posteriores se recorrerían a fin de adecuar el numeral, quedando como sigue:

Artículo 10.- Para el despacho de los asuntos que competen a la Procuraduría General de la República y al Ministerio Público de la Federación conforme a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el presente ordenamiento y demás disposiciones aplicables, el Procurador General de la República se auxiliará de:

I. Subprocuradores;

II. Oficial Mayor;

III. Visitador General;

IV. Coordinadores;

V. Fiscales especializados

VI. Titulares de unidades especializadas;

VII. Directores generales;

VIII. Delegados;

IX. Titulares de órganos desconcentrados;

X. Agregados;

XI. Agentes del Ministerio Público de la Federación, agentes de la Policía Federal Ministerial, oficiales ministeriales, visitadores y peritos;

XII. Directores, subdirectores, subagregados, jefes de departamento, titulares de órganos y unidades técnicos y administrativos, centrales y desconcentrados, y demás servidores públicos que establezca el reglamento de esta ley y otras disposiciones aplicables.

Artículo 11 de la LOPGR

Por su parte, el artículo 11 del mismo ordenamiento establece el régimen de especialización de la PGR, para un mejor funcionamiento de la misma, en él queda establecida la naturaleza de las Unidades Administrativas que, más no la de las Fiscalías Especiales, por lo que habrá que hacer mención expresa de las mismas.

En este sentido, la propuesta es que, con el fin de que la Procuraduría General de la República pueda atender a los delitos que atenten contra el derecho a la información y las libertades de expresión e imprenta, en ejercicio de su facultad de atracción, el área encargada de hacerlo –Fiscalía Especial-, cuente con los recursos humanos y materiales necesarios para combatir efectivamente dichas conductas delictivas de manera más autónoma y permanente.

Por ello es que se propone adicionar un inciso b) en el apartado I. del artículo 11 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República que establezca que la PGR contará con Fiscalías Especiales que atiendan delitos que atenten contra la libertad de expresión, y los demás incisos de adecuarían.

La segunda adecuación al mismo artículo 11 sería relativa al apartado II, que trata del sistema de coordinación regional y desconcentración. Se propone reformar los incisos c) y e) a fin de adicionar a las Fiscalías Especiales en este texto, de manera que no se encuentren con obstáculos en su actuación.

Por estas consideraciones proponemos que el artículo 11 del multicitado ordenamiento disponga:

Artículo 11.- Para el desarrollo de las funciones de la Procuraduría General de la República y del Ministerio Público de la Federación, contará con un sistema de especialización y de coordinación regional y desconcentración, sujeto a las bases generales siguientes:

I. Sistema de especialización:

a) La Procuraduría General de la República contará con unidades administrativas especializadas en la investigación y persecución de géneros de delitos, atendiendo a las formas de manifestación de la delincuencia organizada, así como a la naturaleza, complejidad e incidencia de los delitos federales;

b) La Procuraduría General de la República contará con Fiscalías Especiales para la investigación y persecución de géneros de delitos, atendiendo a las formas de manifestación de los delitos que atenten contra el derecho a la información o las libertades de expresión o imprenta, en los términos del articulo 73, fracción XXI de la Constitución, así como a la naturaleza, complejidad e incidencia de los delitos federales;

c) Las unidades administrativas especializadas actuarán en la circunscripción territorial que mediante acuerdo determine el Procurador, en coordinación con las demás unidades administrativas competentes, y

d) Las unidades administrativas especializadas contarán con la estructura administrativa que establezcan las disposiciones aplicables.

II. Sistema de coordinación regional y desconcentración:

[…]

[…]

c) Cada circunscripción territorial contará con lasunidades administrativas y fiscalías especiales que resulten necesarias para el cumplimiento de las funciones, de conformidad con las normas aplicables.

Las unidades administrativas y fiscalías especiales a que se refiere elpárrafo anterior se integrarán con agencias del Ministerio Público de la Federación, oficiales ministeriales y el personal necesario para el desempeño de sus funciones;

[…]

e) Las unidades administrativas, fiscalías especiales, delegaciones y demás órganos desconcentrados en cada circunscripción territorial atenderán los asuntos en materia de averiguación previa, ejercicio de la acción penal, reserva, incompetencia, acumulación, no ejercicio de la acción penal, control de procesos, amparo, prevención del delito, servicios a la comunidad, servicios administrativos y otros, de conformidad con las facultades que les otorgue el reglamento de esta ley y el acuerdo respectivo del Procurador General de la República;

Artículo 14 de la LOPGR

A fin de adecuar el Reglamento de la propia Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República y se dote de la estructura orgánica y atribuciones necesarias a la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos contra la Libertad de Expresión, se propone reformar el artículo 14 de la Ley. Este artículo rezaría como sigue:

Artículo 14.-

El reglamento de esta ley establecerá las unidades, fiscalías especiales y órganos técnicos y administrativos, centrales y desconcentrados, de la Procuraduría General de la República, así como sus atribuciones.

c. Tipificación de los delitos contra la libertad de expresión y acceso a la información

1. Necesidad de tipificación

En lo que respecta a la parte sustantiva, se analizaron las disposiciones contenidas en el Código Penal Federal, a fin de satisfacer el nuevo mandato constitucional. Se concluyó que estas no son suficientes, por lo que había que considerar dos opciones: (i) Incluir una agravante en un catálogo de delitos, cuando estos sean cometidos de forma que afecten limiten o menoscaben el derecho a la información o las libertades de expresión o imprenta; y (ii) Elevar el derecho a la libre expresión y derecho a la información a rango de bien jurídico tutelado por la norma penal, mediante la tipificación de los delitos en materia de libertad de expresión y acceso a la información.

La primera opción fue descartada por razones de política criminal y de técnica-jurídica, toda vez que al analizar los posibles delitos que daban cabida a la inclusión de la agravante, en función a su relación directa con el derecho a la información o las libertades de expresión o imprenta, nos percatamos que el número de delitos sería por demás elevado. En suma, las agravantesprotegerían el bien jurídico del delito que se trata y no el de la libertad de expresión y acceso a la información de forma independiente a aquél.

Por otra parte, optamos por un tipo objetivado, tras el análisis de las ventajas y los inconvenientes, de optar por un modelo tanto objetivado como subjetivado. Llegamos a las conclusiones de que el primero permite tendencialmente un castigo mayor y reduce los problemas probatorios. La desventaja que le encontrábamos inicialmente era el riesgo de aumentar la pena injustificadamente a aquellos delitos contra periodistas no relacionados con el derecho a la información, la libertad de expresión y a la información. Sin embargo, se consideró que la inclusión del elemento subjetivo para este tipo de delitos, supone, a todas luces, un problema de prueba enorme. Tomando en consideración esto, el radio de imputación por este tipo de delitos sería mucho menor y por ende, el grado de impunidad –que es finalmente el objetivo primordial- no se vería disminuido, por la dificultad probatoria que implica el elemento interno del hecho o mens rea. Se consideró que este último inconveniente tenía un mayor peso, pues era notoriamente contrario a la ratio essendi de la reforma constitucional, por lo que se optó por un tipo penal objetivado.

2. Bien Jurídico Protegido

Basándonos en el principio de uso del Derecho Penal como ultima ratio, analizamos la conveniencia de establecer o no el derecho a la información y las libertades de expresión e imprenta, como un bien jurídico que debe abarcar la norma penal.

Se concluyó que sí, puesto que la vulneración de estos derechos y libertades, automáticamente lesiona todos los derechos fundamentales, no sólo eso, sino que la transgresión de los mismos impide la consolidación de un verdadero Estado de Derecho.

3. Propuesta de reforma

La propuesta es la tipificación de los delitos en materia de libertad de expresión y acceso a la información, de manera que se sugiere incluir en el Código Penal Federalun título vigésimo séptimo que consagre el artículo 340. Esta disposición señalaría lo siguiente:

TITULO VIGESIMO SEPTIMO

De los Delitos en Materia de Libertad de Expresión y Acceso a la Información.

Artículo 430. A quien cometa un hecho que la ley señale como delito contra periodistas, personas o instalaciones que afecte, limite o menoscabe el derecho a la información o las libertades de expresión o de imprenta, además de la pena que corresponda al delito cometido, se le impondrá prisión de uno a cinco años y de cien a quinientos días multa.

Se aumentará hasta en una mitad la pena señalada en el párrafo anterior cuando:

I. El delito sea cometido por un servidor público en ejercicio de sus funciones; o

II. Cuando la víctima sea mujer y concurran razones de género en la comisión del delito, conforme a lo que establecen las leyes en la materia.

En merito de lo expuesto, sometemos a la consideración del Pleno la siguiente:

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN, DEROGAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DEL CODIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES; DE LA LEY ORGANICA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACION; DE LA LEY ORGANICA DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA Y DEL CODIGO PENAL FEDERAL.

ARTICULO PRIMERO. Se reforma el primer párrafo del artículo 6 y se adiciona un quinto párrafo con los incisos a), b) c) y d) y los párrafos sexto y séptimo del artículo 10 del Código Federal de Procedimientos Penales para quedar como sigue:

Artículo 6o.- Es tribunal competente para conocer de un delito, el del lugar en que se comete, salvo lo previsto en los párrafos segundo,tercero y cuarto del artículo 10.

Artículo 10.- Es competente para conocer de los delitos continuados y de los continuos o permanentes, cualquiera de los tribunales cuyo territorio aquéllos produzcan efectos o hayan realizado actos constitutivos de tales delitos.

En los casos de delitos del fuero común cometidos contra periodistas, personas o instalaciones que afecten, limiten o menoscaben el derecho a la información o las libertades de expresión o de imprenta, el Ministerio Público de la Federación podrá ejercer su facultad de atracción para conocerlos y perseguirlos, cuando se presente alguna de las siguientes circunstancias:

a) La existencia de indicios que permitan presumir que en la comisión del hecho que la ley señale como delito, haya participado algún servidor público de la Entidad Federativa;

b) Se trate de delitos graves así calificados por la ley;

c) Cuando la autoridad competente que conozca y persiga el delito no haya actuado con debida diligencia;

d) Cuando haya incapacidad de las autoridades locales de conocer y perseguir el delito;

e) Cuando lo solicite la Entidad Federativa de que se trate.

En cualquiera de los supuestos anteriores la víctima u ofendido podrá solicitar al Ministerio Público de la Federación, el ejercicio de esta facultad de atracción.

Los jueces federales tendrán competencia para juzgar y sentenciar a las personas respecto de las cuales el Ministerio Público de la Federación haya ejercido dicha facultad de atracción y la acción penal.

ARTICULO SEGUNDO. Se adiciona una fracción IV al artículo 50 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, para quedar como sigue:

Artículo 50. Los jueces federales penales conocerán:

I a III …

IV. De los hechos respecto de los que el Ministerio Público de la Federación haya ejercido su facultad de atracción.

TERCERO. Se adiciona la fracción V del artículo 10; se reforman los incisos b) y c), el segundo párrafo así como el inciso e) de la fracción I del artículo 11 y el primer párrafo del artículo 14 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, para quedar como sigue:

LEY ORGANICA DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA

Artículo 10.- Para el despacho de los asuntos que competen a la Procuraduría General de la República y al Ministerio Público de la Federación conforme a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el presente ordenamiento y demás disposiciones aplicables, el Procurador General de la República se auxiliará de:

I a IV …

V. Fiscales Especializados.

VI a XI …

Artículo 11.- Para el desarrollo de las funciones de la Procuraduría General de la República y del Ministerio Público de la Federación, se contará con un sistema de especialización y de coordinación regional y desconcentración, sujeto a las bases generales siguientes:

I. Sistema de especialización:

a) La Procuraduría General de la República contará con unidades administrativas especializadas en la investigación y persecución de géneros de delitos, atendiendo a las formas de manifestación de la delincuencia organizada, así como a la naturaleza, complejidad e incidencia de los delitos federales;

b) La Procuraduría General de la República contará con Fiscalías Especiales para la investigación y persecución de géneros de los delitos, atendiendo a las formas de manifestación de los delitos que atenten contra el derecho a la información o las libertades de expresión o imprenta en los términos del artículo 73, fracción XXI de la Constitución, así como a la naturaleza, complejidad e incidencia de delitos federales.

c) Las unidades administrativas especializadas actuarán en la circunscripción territorial que mediante acuerdo determine el Procurador, en coordinación con las demás unidades administrativas competentes, y

c) Las unidades administrativas especializadas contarán con la estructura administrativa que establezcan las disposiciones aplicables.

II. Sistema de coordinación regional y desconcentración:

a) La Procuraduría General de la República actuará con base en un sistema de coordinación regional y desconcentración, por conducto de unidades administrativas que ejercerán sus funciones en las circunscripciones territoriales que establezcan las disposiciones aplicables;

b) Las circunscripciones territoriales serán delimitadas atendiendo a la incidencia delictiva, las circunstancias geográficas, las características de los asentamientos humanos, el nivel poblacional, los fenómenos criminógenos y demás criterios que establezca el reglamento de esta ley;

c) Cada circunscripción territorial contará con las unidades administrativas y Fiscalías Especiales que resulten necesarias para el cumplimiento de las funciones, de conformidad con las normas aplicables.

Las unidades administrativas y Fiscalías Especiales a que se refiere el párrafo anterior se integrarán con agencias del Ministerio Público de la Federación, oficiales ministeriales y el personal necesario para el desempeño de sus funciones;

d) Las delegaciones serán órganos desconcentrados de la Procuraduría General de la República en las entidades federativas. Al frente de cada delegación habrá un delegado, quien ejercerá el mando y autoridad jerárquica sobre el personal que le esté adscrito.

Las delegaciones preverán medidas para la atención de los asuntos a cargo del Ministerio Público de la Federación en las localidades donde no exista agencia permanente;

e) Las unidades administrativas, Fiscalías Especiales, delegaciones y demás órganos desconcentrados en cada circunscripción territorial atenderán los asuntos en materia de averiguación previa, ejercicio de la acción penal, reserva, incompetencia, acumulación, no ejercicio de la acción penal, control de procesos, amparo, prevención del delito, servicios a la comunidad, servicios administrativos y otros, de conformidad con las facultades que les otorgue el reglamento de esta ley y el acuerdo respectivo del Procurador General de la República;

f) La ubicación y los ámbitos territorial y material de competencia de las unidades administrativas y órganos desconcentrados en las circunscripciones territoriales, así como de las delegaciones, se determinarán por acuerdo del Procurador General de la República, atendiendo a los criterios señalados en el inciso b), y

g) El Procurador General de la República expedirá las normas necesarias para la coordinación y articulación de las unidades administrativas en cada circunscripción territorial con las áreas centrales, los órganos desconcentrados y las unidades especializadas, a efecto de garantizar la unidad de actuación y dependencia jerárquica del Ministerio Público de la Federación.

Artículo 14.- El reglamento de esta ley establecerá las unidades, Fiscalías Especialesy órganos técnicos y administrativos, centrales y desconcentrados, de la Procuraduría General de la República, así como sus atribuciones.

El Procurador General de la República, de conformidad con las disposiciones presupuestales, podrá crear unidades administrativas especializadas distintas a las previstas en el reglamento de esta ley, para la investigación y persecución de géneros de delitos y para el ejercicio de la función ministerial, policial y pericial, atendiendo a las necesidades del servicio, así como fiscalías especiales para el conocimiento, atención y persecución de delitos específicos que por su trascendencia, interés y características así lo ameriten.

CUARTO. Se adiciona un título vigésimo séptimo denominado “De los Delitos en Materia de Libertad de Expresión y Acceso a la Información” con un artículo 430 del Código Penal Federal, para quedar como sigue:

TITULO VIGESIMO SEPTIMO

De los Delitos en Materia de Libertad de Expresión y Acceso a la Información.

Artículo 430. A quien cometa un hecho que la ley señale como delito contra periodistas, personas o instalaciones que afecte, limite o menoscabe el derecho a la información o las libertades de expresión o de imprenta, además de la pena que corresponda al delito cometido, se le impondrá prisión de uno a cinco años y de cien a quinientos días multa.

Se aumentará hasta en una mitad la pena señalada en el párrafo anterior cuando:

I. El delito sea cometido por un servidor público en ejercicio de sus funciones; o

II. Cuando la víctima sea mujer y concurran razones de género en la comisión del delito, conforme a lo que establecen las leyes en la materia.

TRANSITORIOS

UNICO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el diario Oficial de la Federación.

Salón de sesiones de la Cámara de Senadores, a 27 de noviembre de 2012.

Suscriben”.

- El C. Presidente Burgos García: Gracias, Senador Fayad Meneses. Se turna a las Comisiones Unidas de Justicia; de Derechos Humanos; y de Estudios Legislativos.

1Cifra negra…

2Definición derecho internacional

3Definición del derecho internacional

4 Consejo de Derechos Humanos. Informe del Relator Especial sobre las ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias, Christof Heyns. A/HRC/20/22, 10 de abril del 2012.

5 Relatoría Especial para la libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Informe Especial sobre la libertad de expresión en México, 2010, párr. 11.

6Idem 247.

7Cfr. CoIDH, opinión consultiva OC-5/85, párrs. 69 y 70; caso Claude Reyes et. at. Párr. 85; caso Ricardo Canese, párrs. 82 y 86; caso Herrero Ulloa, párrs. 112 y 113; caso Ivcher Broinstein, párrs.151 y152, y caso última tentación de Cristo (Olmeda Bustos et. al.), párrs. 68 y 69.

8 BLANC ALTEMIR, Antonio, “Universalidad, indivisibilidad e interdependencia de los derechos humanos a los cincuenta años de la Declaración Universal”, La protección internacional de los derechos humanos a los cincuenta años de la declaración universal, Universitat de Lleida-Tecnos-ANUE, 2001, pp. 30-31.

9Cfr. CoIDH, caso valle Jaramillo et. al. vs. Colombia, sentencia de 27 de noviembre de 2008, párr. 154.

10Cfr. CoIDH. Caso Myrna Mack Chang Vs. Guatemala, Sentencia de 25 de noviembre de 003., párrs. 173 y 174.

11Crf. CoIDH. Caso Velásquez Rodríguez Vs. Honduras, sentencia de 29 de julio de 1988, párr. 174.

12 Cfr. Caso Tristán Donoso, párr. 119; Caso Kimel, párr. 76.

13 Cfr. Caso Uson Ramírez, párr. 74; Caso Tristán Donoso, párr. 120; cfr. Caso Kimel, párr. 78. Ver también European Court of Human Rights Mamère v. France, no. 12697/03, para 27; ECHR, Castells v. Spain. judgment of 23 of April 1992, paras42, 46. Series A no. 236, yCumpana and Mazare v. Romania [GC], no. 33348/96, para 115, ECHR 2004-XI.

14Cfr. Caso de la Masacre de Pueblo Bello Vs. Colombia. Fondo, Reparaciones y Costas, párr. 143; González Medina y familiares Vs. República Dominicana. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas, párr. 204; Caso de la “Masacre de Mapiripán” Vs. Colombia. Fondo, Reparaciones y Costas, párr. 215;Caso Manuel Cepeda Vargas Vs. Colombia. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas, párr. 133

15Cfr. CoIDH.Caso de la Comunidad Moiwana Vs. Suriname, sentencia 15 de junio de 2005, párr. 153;Caso Juan Humberto Sánchez Vs. Honduras, sentencia de 7 de junio de 2003, párr. 134, y Caso Trujillo Oroza Vs. Bolivia, sentencia de 27 de febrero de 2002, párrs. 99 a 101 y 109.

16Cfr. CoIDH. Caso de la Masacre de Pueblo Bello Vs. Colombia, Sentencia de 31 de enero de 2006., párr. 143; Caso de la Masacre de Mapiripán Vs. Colombia, Sentenciade 15 de septiembre de 2005., párr. 219 y 223; Caso de la Comunidad Moiwana Vs. Suriname, Sentencia 15 de junio de 2005, párr. 145 y Caso Juan Humberto Sánchez Vs. Honduras, Sentencia de 7 de junio de 2003, párr. 132.

17Cfr. CoIDH. Caso Ximenes Lopes Vs. Brasil, Sentencia de 4 de julio de 2006., párr. 189.

18 La CoIDH ha considerado que es preciso tomar en cuenta cuatro elementos para determinar la razonabilidad del plazo en el que se desarrolla un proceso: a) complejidad del asunto, b) actividad procesal del interesado y c) conducta de las autoridades judiciales, y d) la afectación generada por la duración del procedimiento en la situación jurídica de la persona involucrada en el mismo, considerando, entre otros elementos, la materia objeto de controversia. Si el paso del tiempo incide de manera relevante en la situación jurídica del individuo, resultará necesario que el procedimiento corra con más diligencia a fin de que el caso se resuelva en un tiempo breve.Véase: Corte IDH. Caso Ricardo Canese Vs. Paraguay. Sentencia de 31 de agosto de 2004, párr. 141; y Caso 19 Comerciantes Vs. Colombia. Sentencia de 5 de julio de 2004, párr. 190; Caso Valle Jaramillo y otros Vs. Colombia, sentencia de 27 de noviembre de 2008, párr. 155. En igual sentido cfr. ECHR, Wimmer v. Germany case, No. 60534/00, Judgment of 24.2.05, para. 23; ECHR, Panchenko v. Russia case, No. 45100/98, Judgment of 8.2.05, para. 129; y ECHR, Todorov v. Bulgaria case, No. 39832/98, Judgment of 18.1.05, para. 45.

19 La Corte IDH ha sido clara en el sentido de que las autoridades deben impulsar la investigación como un deber jurídico propio, no haciendo recaer esta carga en la iniciativa de los familiares. Véase: CoIDH. Caso de la Masacre de Pueblo Bello Vs. Colombia, supra nota 7, párr. 143; Caso dela Masacre de Mapiripán Vs. Colombia, supra nota 7, párr. 219 y 223; Caso de la Comunidad Moiwana Vs. Suriname, supra nota 7, párr. 145 y Caso Juan Humberto Sánchez Vs. Honduras, supra nota 7, párr. 132.

20Cfr. CoIDH. Caso Ximenes Lopes Vs. Brasil. Supra nota 8, párr. 179; Caso Baldeón García Vs. Perú, Sentencia de 6 de abril de

2006, párr. 96; Caso de la Masacre de Pueblo Bello Vs. Colombia, supra nota 7, párr. 177; y Caso de la Masacre de Mapiripán Vs. Colombia, supra nota 7, párr. 224.

21 Informe del Relator Especial de Naciones Unidas sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias y arbitrarias del 19 de febrero de 2007. A/HRC/4/20/Add2, párrs. 45 y 46.

22Cfr. CoIDH. Caso Heliodoro Portugal Vs. Panamá, Sentencia de 12 de agosto de 2008, párr. 144.

23Cfr. CoIDH. Caso Juan Humberto Sánchez Vs. Honduras, supra nota 7, párr. 184.

24Cfr. Corte IDH. Caso de las Hermanas Serrano Cruz Vs. El Salvador, Sentencia de 1 de marzo de 2005, párr. 178; Caso 19 Comerciantes Vs. Colombia, Sentencia de 5 de julio de 2004, párr. 265; Caso Molina Theissen Vs. Guatemala. Sentencia de 3 de julio de 2004. párr. 85; y Caso Juan Humberto Sánchez Vs. Honduras, supra nota 7, párr. 187.

25Cfr. CoIDH. Caso Juan Humberto Sánchez Vs. Honduras, supra nota 7, párr. 127.

26 La obligación estatal de evitar la impunidad de las violaciones a los derechos humanos tiene como consecuencia el deber de dirigir la investigación hacia la condena de todos los involucrados en el crimen, sean estos autores materiales, intelectuales, partícipes o encubridores. Vease: CoIDH. Caso Myrna Mack Chang Vs. Guatemala, supra nota 4, párr. 217.

27Cfr. CoIDH. Caso del Penal Miguel Castro Castro Vs. Perú, Sentencia de 25 de noviembre de 2006, párr. 390.

28 “(…) el retardo en hacer efectivas las órdenes de captura ya dictadas contribuye a perpetuar los actos de violencia e intimidación contra testigos y fiscales vinculados al esclarecimiento de los hechos, más aún cuando del expediente surge que los sobrevivientes y algunos familiares y testigos fueron hostigados y amenazados, e incluso algunos tuvieron que salir del país”. Véase: Corte IDH. Caso de la Masacre de la Rochela Vs. Colombia, Sentencia de 11 de mayo de 2007, párr. 175.

29 Corte IDH. Caso de la Masacre de Pueblo Bello Vs. Colombia, supra nota 7, párr. 143.

30 El Protocolo de Minnesota indica que las autoridades que se encuentran investigando una ejecución extrajudicial deben de contar con todas las posibilidades de asistencia de expertos tales como especialistas en leyes, en medicina o en ciencias forenses; asimismo, el Protocolo de Estambul indica que el órgano investigador de un hecho de tortura “tendrá autoridad para encomendar investigaciones a expertos imparciales, médicos o de otro tipo, y podrán acceder a sus resultados”, con el fin de dar con la verdad de los hechos. Igualmente establece que la recopilación de evidencias físicas en los actos debe ser efectuada por especialistas capacitados en el tipo de violencia que se está investigando y preferiblemente deben ser del mismo sexo que la víctima; igualmente, el Protocolo Modelo para la Investigación Forense del Alto Comisionado de las Naciones Unidas establece que, con el fin de lograr una investigación efectiva para tener elementos suficientes para sustentar una acusación, las autoridades de investigación deben apoyarse en expertos forenses en el proceso de análisis de evidencia o indicios.

31 Corte IDH. Caso de las Hermanas Serrano Cruz Vs. El Salvador, supra nota 15, párr. 91.

32 Para el seguimiento de líneas lógicas de investigación, la Corte IDH ha determinado que deben ser tomadas en cuenta informaciones esenciales como: la complejidad de los hechos, el contexto en que ocurrieron y los patrones que explican su comisión, todo tipo de prueba o la posible estructura de personas involucradas en el planeamiento y ejecución del crimen, sean agentes estatales o particulares. Véase: Corte IDH. Caso de la Masacre de la Rochela Vs. Colombia, supra nota 19, párr. 158.

33Cfr.Informe del Relator Especial sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y de expresión de 9 de mayo de 2011;Informe sobre la visita oficial conjunta a México de La Relatora Especial para la Libertad de expresión de la CIDH y el Relator Especial de la ONU para la Libertad de Opinión y Expresión de7 de marzo de 2011.

Tiene el uso de la tribuna la Senadora Itzel Sarahí Ríos de la Mora, del grupo parlamentario del PRI, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se adiciona un nuevo octavo párrafo al artículo 4o. constitucional.





 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETOPOR EL QUE SE ADICIONA UN NUEVO OCTAVO PARRAFO AL ARTICULO 4o. DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

(Presentada por la C. Senadora Itzel Sarahí Ríos de la Mora, del grupo parlamentario del PRI)

- La C. Senadora Iztel Saharí Ríos de la Mora: Con su permiso, señor Presidente; y por supuesto también de las distinguidas Senadoras y Senadores:

La iniciativa con proyecto de Decreto que presentamos ante esta Asamblea, tiene como finalidad adicionar un nuevo octavo párrafo al artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que es el principio del interés superior de la niñez. Con el establecimiento de los derechos fundamentales del hombre, la dignidad y el valor de la persona humana, se ha logrado promover el progreso social y elevar el nivel de vida dentro de un concepto más amplio de la libertad, siendo que toda persona tiene todos los derechos y libertades enunciados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de los Tratados Internacionales en los que México es Parte; esto es, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, opinión política o de cualquiera otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición.

Para lograr la plenitud de los derechos fundamentales del hombre, aun cuando quedan aspectos de la sociedad por atender, como es la niñez. Teniendo presente que, como se indica en la Declaración de los Derechos del Niño, “el niño, por su falta de madurez física y mental, necesita protección y cuidado especiales, incluso la debida protección legal, tanto antes como después del nacimiento.”

Reconociendo que el niño, la niña, para el pleno y armonioso desarrollo de su personalidad, debe crecer en el seno de la familia, en un ambiente de felicidad, amor y comprensión.

Lo anterior es así, siendo que el niño y la niña deben de estar plenamente preparados para una vida independiente en sociedad y ser educados en el espíritu de los ideales proclamados en tratados internacionales y, en particular, en un espíritu de paz, dignidad, tolerancia, libertad, igualdad y solidaridad.

Estos resultados indican que, a pesar del progreso general, aún hay mucho por hacer para lograr el cumplimiento pleno de los derechos de la niñez en México en todas las regiones y para los tres grupos de edad, que son: de cero a cinco años, de seis a once años y de doce a diecisiete años. Estas regiones que se han venido quedando rezagadas se refieren particularmente a aquellas entidades del país con población indígena.

Con relación a lo anterior, de acuerdo con datos esperados por el UNICEF, en México, los niños y los adolescentes indígenas constituyen la población con mayores carencias y en el menor grado de cumplimiento de sus derechos fundamentales.

Según datos de la CONAPO, hay alrededor de 13.7 millones de personas indígenas en el país, de los cuales 6.7 son hombres y 6.9 son mujeres pertenecientes a 62 diferentes grupos étnicos. Las agrupaciones mayores son los náhuatl y los mayas. El 76.1% de la población de habla indígena vive en pobreza.

Las casi 25,000 comunidades indígenas suelen ubicarse en zonas de difícil acceso, lo cual repercute en la exclusión escolar y en el incumplimiento de otros derechos de los niños y las niñas indígenas. Muchos niños y niñas dejan de ir a la escuela porque comienzan a trabajar a una edad muy joven.

Bajo esta situación, es momento importante de redireccionar la política pública de manera concurrente entre la Federación, los estados, el Distrito Federal y los municipios, con la finalidad de las oportunidades de las niñas, niños y adolescentes de ejercer sus derechos básicos que mejoren de manera constante su forma generalizada en todo el territorio mexicano.

Es por ello que consideramos que para dar certeza y seguridad jurídica a la niñez indígena, deberá adicionarse un nuevo octavo párrafo al artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Por lo anterior, me permito someter a la consideración de esta Soberanía, la siguiente iniciativa con proyecto de Decreto por lo que se adiciona un nuevo octavo párrafo del artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

4o. ...

La Federación, los estados, el Distrito Federal y los municipios, tomarán todas las medidas apropiadas para garantizar que la niñez se vea protegida contra cualquier forma de discriminación o castigo por causa de su condición, actividad, opiniones expresadas o creencias.

Artículos Transitorios

Unico.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Señor Presidente, solicito que esta iniciativa sea insertada en el Diario de los Debates. Y prácticamente con esto nos estamos refiriendo a proteger a nuestra sociedad, especialmente a las niñas, los niños y los adolescentes sobre el tema del bullying que todos debemos de procurar que vivan en un ambiente de paz, de unidad y de respeto. Y por supuesto, esto sin duda es fundamental que se empiece a hacer desde edad temprana.

Es cuanto, señor Presidente.

Iniciativa

“La suscrita, Senadora ITZEL SARAHI RIOS DE LA MORA, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, a la LXII legislatura del H. Congreso de la Unión, en ejercicio de la facultad que me confieren los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 8 numeral 1, fracción I; 164 y 169 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta Asamblea la siguiente INICIATIVA DE LEY CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA UN NUEVO OCTAVO PARRAFO AL ARTICULO 4o DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, al tenor de la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

Con el establecimiento de los derechos fundamentales del hombre, la dignidad y el valor de la persona humana, se ha logrado promover el progreso social y elevar el nivel de vida dentro de un concepto más amplio de la libertad, siendo que toda persona tiene todos los derechos y libertades enunciados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de los Tratados Internacionales en los que México es parte; esto es,sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, opinión política o de cualquiera otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición.

Para lograr la plenitud de los derechos fundamentales del hombre, aun nos quedan aspectos de la sociedad por atender, como lo es la niñez. Teniendo presente que, como se indica en la Declaración de los Derechos del Niño, “el niño, por su falta de madurez física y mental, necesita protección y cuidado especiales, incluso la debida protección legal, tanto antes como después del nacimiento.”

La necesidad de esa protección especial ha sido enunciada en la Declaración de Ginebra de 1924 sobre los Derechos del Niño y en la Declaración de los Derechos del Niño adoptada por la Asamblea General el 20 de noviembre de 1959 y, reconocida en la Declaración Universal de Derechos Humanos, en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (en particular, en los artículos 23 y 24), en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y, en los convenios constitutivos de los organismos especializados y de las organizaciones internacionales que se interesan en el bienestar del niño.

Reconociendo que el niño, para el pleno y armonioso desarrollo de su personalidad, debe crecer en el seno de la familia, en un ambiente de felicidad, amor y comprensión.

Lo anterior es así, siendo que el niño debe estar plenamente preparado para una vida independiente en sociedad y ser educado en el espíritu de los ideales proclamados tratados internacionales y, en particular, en un espíritu de paz, dignidad, tolerancia, libertad, igualdad y solidaridad.

Asimismo, lo dispuesto en la Declaración sobre los principios sociales y jurídicos relativos a la protección y el bienestar de los niños, con particular referencia a la adopción y la colocación en hogares de guarda, en los planos nacional e internacional y, las Reglas mínimas de las Naciones Unidas para la administración de la justicia de menores (Reglas de Beijing).

Por tanto, es de destacarse que en todos los países del mundo hay niños que viven en condiciones excepcionalmente difíciles y nuestro país no es la excepción, dado que de acuerdo con el Índice de los Derechos de la Niñez Mexicana (IDN), se demuestra que las oportunidades de las niñas, niños y adolescentes de ejercer sus derechos básicos han mejorado de manera constante durante los últimos años en casi todo el territorio mexicano. Donde se destaca que la situación de la infancia y de la adolescencia en las entidades del norte de México es, en general, hasta tres veces mejor que en las entidades del sur.

Estos resultados indican que, a pesar del progreso general, aún hay mucho por hacer para lograr el cumplimiento pleno de los derechos de la niñez en México en todas las regiones y para los tres grupos de edad, que son: de cero a cinco años; de seis a once años y, de doce a diecisiete años. Estas regiones que se han venido quedando rezagadas se refieren particularmente a aquellas entidades del país con población indígena. 

Con relación a lo anterior, de acuerdo con datos de UNICEF México, los niños y adolescentes indígenas constituyen la población con mayores carencias y el menor grado de cumplimiento de sus derechos fundamentales.

Según datos de la CONAPO, hay alrededor de 13.7 millones de personas indígenas en el país, de los cuales 6.7 son hombres y 6.9 son mujeres pertenecientes a 62 diferentes grupos étnicos. Las agrupaciones mayores son los náhuatl y los mayas. El 76.1% de la población de habla indígena vive en pobreza.

Las casi 25,000 comunidades indígenas suelen ubicarse en zonas de difícil acceso, lo cual repercute en la exclusión escolar y en el incumplimiento de otros derechos de los niños indígenas. Muchos niños dejan de ir a la escuela porque comienzan a trabajar a una edad muy joven.

La tasa de mortalidad infantil de la población indígena es 60 por ciento mayor que la de la población no indígena.  Asimismo, los pueblos indígenas también tienen un índice particularmente alto de migración interna.

Bajo esta situación, es momento importante de redireccionar las políticas públicas de manera concurrente entre la Federación, los Estados, el Distrito Federal y los Municipios, con la finalidad de las oportunidades de las niñas, niños y adolescentes de ejercer sus derechos básicos mejoren de manera constante durante de forma generalizada en todo el territorio mexicano.

Por lo anteriormente expuesto, así como por lo dispuesto en el artículo 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, respecto de la facultad específica para reformar el texto constitucional, someto a la consideración de esta asamblea el estudio, discusión y en su caso, aprobación del presente

PROYECTO DE DECRETO

ARTICULO UNICO:SE ADICIONA UN NUEVO OCTAVO PARRAFO AL ARTICULO 4o DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, para quedar como sigue:

Artículo 4o.

La Federación, los Estados, el Distrito Federal y los Municipios, tomarán todas las medidas apropiadas para garantizar que la niñez se vea protegida contra toda forma de discriminación o castigo por causa de su condición, actividad, opiniones expresadas o creencias.

ARTICULOS TRANSITORIOS

UNICO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

México, D.F., a 23 de noviembre de 2012.

Atentamente

Sen. Itzel Sarahí Ríos de la Mora”.

- El C. Presidente Burgos García: Muchas gracias, Senadora Ríos de la Mora. Como lo solicita, se hará la inserción integral. Se turna a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; y de Estudios Legislativos, Primera.

Tiene el uso de la tribuna el Senador Jorge Luis Lavalle Maury, del grupo parlamentario del PAN, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se adiciona al párrafo cuarto del artículo 2o. de la Ley del Impuesto al Valor Agregado la palabra Campeche.





 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETOPOR EL QUE SE ADICIONA AL PARRAFO CUARTO DEL ARTICULO 2o. DE LA LEY DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO LA PALABRA CAMPECHE

(Presentada por el C. Senador Jorge Luis Lavalle Maury, del grupo parlamentario del PAN)

- El C. Senador Jorge Luis Lavalle Maury: Con su permiso, señor Presidente; compañeras y compañeros Senadores:

Un desarrollo económico equitativo en cada una de las regiones del país beneficia a la economía nacional, mientras que el crecimiento desigual causa pobreza, rezago y marginación. Es por ello que desde esta Cámara de Senadores tenemos la responsabilidad de reformar los ordenamientos que sean necesarios para contribuir, entre otras cosas, al crecimiento económico de nuestro país.

Durante años, o incluso décadas, hemos tenido conocimiento de la pronunciada brecha económica que se presenta entre las regiones del norte y del sur de México. El CONEVAL señala que seis de los diez estados que presentan mayor rezago social están en el sur, como Campeche, Chiapas, Oaxaca, Guerrero, Yucatán y Veracruz, y que en contraste, siete de los diez estados que cuentan con el menor atraso social, pertenecen a los estados del norte, como son el caso de Nuevo León, Coahuila, Tamaulipas, Chihuahua, Sonora, Baja California Sur y Sinaloa.

Por eso hoy vengo a presentar esta iniciativa que contiene una mínima modificación a la Ley del Impuesto al Valor Agregado, pero que de aprobarse traería grandes beneficios en materia de inversiones y desarrollo económico para un estado del sur de nuestro país, que es el estado de Campeche.

Lo que hoy propongo, es que en el artículo 2o. de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, en el párrafo cuarto, donde se enumera a los estados que son considerados fronterizos, y por lo cual la tasa del IVA en estos territorios es de un 5% por debajo al del resto del país, se incluya al estado de Campeche en virtud de que esta es la única entidad que hace frontera con dos países, Guatemala y Belice, y porque además posee un gran potencial para atraer inversiones y desarrollar una economía competitiva.

Campeche es un estado pilar en la economía nacional, toda vez que aporta más del 65% de la producción total nacional de crudo, que lo convierte en el quinto estado con mayor participación en el PIB nacional contribuyendo con el 5.2%.

Hacia el interior del estado, la extracción de petróleo le significa el 84% de su PIB, lo que evidentemente ha relegado el desarrollo del estado de las diversas actividades económicas a pesar del potencial económico que guarda la entidad. No obstante, si se incluye a Campeche como estado fronterizo esta situación se revertiría, o al menos se brindaría un importante incentivo para que la economía del estado se diversifique y, en consecuencia, se eleven sus índices de desarrollo económico y humano y se disminuyan así los de pobreza y rezago social.

El potencial principal de Campeche está en sus recursos naturales, ya que además del petróleo el estado cuenta con valiosas atracciones naturales y vestigios de la cultura maya que podrían aprovecharse para detonar de manera importante inversiones y utilidades del sector turístico tasando el IVA al 11%, como ya ocurre en nuestro estado vecino de Quintana Roo, y no al 16% como ocurre actualmente.

Campeche cuenta con la segunda Biósfera más grande del mundo, comparable sólo con el Amazonas en Brasil, misma que alberga a la zona arqueológica de Calakmul, declarada por la UNESCO en 2002 como Patrimonio Cultural de la Humanidad.

Asimismo, cuenta con la Laguna de Términos, la Playa Tortuguera de Chenkan y los Humedales de los Petenes, y que son considerados zonas naturales protegidas, y en conjunto suman cerca de 20 mil kilómetros cuadrados en nuestra entidad, es decir, casi la tercera parte de nuestro territorio total.

Donde además en estos ambientes se encuentran importantes centros prehispánicos representativos de la cultura maya y únicos por sus características. Sin embargo, a pesar de todos los atractivos turísticos mencionados, de acuerdo al Instituto Mexicano para la Competitividad, Campeche ocupa los últimos lugares del país en captación de recursos a través del turismo, lo cual significa un desaprovechamiento absoluto de una fuente importante de ingresos no exclusiva para el estado, sino para todo nuestro país.

Atraer inversiones en materia de turismo generaría condiciones para sacar de la pobreza a cerca de medio millón de campechanos que habitan en medio de estas riquezas naturales y que hasta ahora no se ha visto beneficiada con ello. Sin duda, la principal actividad económica de Campeche podría desarrollarse de mejor manera, bajo el esquema de la reducción del IVA del 16 al 11%, sería el turismo.

Tal incentivo fiscal, sumado a otras acciones complementarias dirigidas a la promoción y fortalecimiento sustentable de las zonas turísticas, generarían inversión y empleos en la región.

El Banco Interamericano de Desarrollo reconoce que el turismo ha sido, hasta ahora, uno de los factores determinantes para la participación de México en la economía global, y que con ello se ha favorecido la participación de las PyMES en regiones con pocas alternativas productivas, pero ricas en atractivos naturales y culturales, tal y como podría ocurrir en el estado de Campeche.

Reducir la tasa del IVA en Campeche del 16 al 11%, le brindaría al estado la posibilidad de competir con los países vecinos de Belice y Guatemala. La captación de inversiones que pretenden obtener utilidades en la zona centroamericana, en virtud de que en dichos países se cobra actualmente entre el 10 y el 12% respectivamente sobre el valor agregado.

En lo que respecta a la competitividad hacia el interior del país, la vecindad de Campeche con Quintana Roo, territorio que sí es contemplado como fronterizo en la Ley del IVA, persiste hasta ahora un criterio desigual que afecta directamente la posibilidad de desarrollar transacciones y entregas de productos y servicios en Campeche, lo cual representa una importante fuga de divisas en esta entidad.

Reducir la tasa del IVA implicaría también mejorar los precios de todos los productos y servicios que ofrecen en el estado facilitando con ello el establecimiento de empresas, aumentando el consumo y a la vez beneficiando directamente a la economía de la población, toda vez que los productos gravados con IVA, que son la gran mayoría, serían por lo menos un 5% más baratos de lo que son ahora.

Otro factor que incluso señalan como negativo diversos estudios en materia de competitividad, y que a través de la inclusión de Campeche como estado fronterizo se resarciría, es que cerca del 50% de la Población Económicamente Activa labora en el sector productivo, y en su mayoría con Petróleos Mexicanos.

Esta modificación que propongo, afectaría mínimamente a la recaudación del IVA en su conjunto en virtud de que los ingresos totales de la entidad que son gravados con este impuesto, quitando los productos derivados del petróleo, es alrededor de 100 millones de pesos. De suerte que la afectación es mínima y el beneficio para los ciudadanos es de máximo alcance.

Derivado de todo lo anterior, es menester incluir a Campeche en el beneficio fiscal en cierto sentido, implica devolverle a ese estado un poco de lo mucho que le ha brindado al país a través de la producción de petróleo. No permitir la inserción de Campeche como estado fronterizo en la Ley del Impuesto al Valor Agregado significaría continuar fomentando una política de desarrollo económico desigual en nuestro país, en virtud de que no se le estaría permitiendo a un estado, con un alto potencial económico, acceder a un beneficio fiscal que, sin duda, contribuiría con creces a la economía nacional.

Por todo lo anteriormente expuesto y fundado, presento el siguiente proyecto de Decreto:

UNICO.- Se adiciona al párrafo cuarto del artículo 2o. de la Ley del Impuesto al Valor Agregado la palabra Campeche, para quedar como sigue:

Artículo 2o.-

Para efectos de esta ley, se considera como región fronteriza, además de la franja fronteriza de 20 kilómetros paralela a las líneas divisorias internacionales del norte y sur del país, todo el territorio de los estados de Baja California, Baja California Sur, Quintana Roo y Campeche, los municipios de Caborca y de Cananea, Sonora.

TRANSITORIOS

UNICO.- El presente Decreto entrará en vigor en la fecha de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Es cuanto, señor Presidente.

Muchas gracias a todos.

Iniciativa



- El C. Presidente Burgos García: Muchas gracias, Senador Lavalle Maury. Se turna a la Cámara de Diputados.

Se recibió del Senador Alejandro Encinas Rodríguez, del grupo parlamentario del PRD, una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se adiciona la Ley Agraria y se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, misma que se turna a las Comisiones Unidas de Reforma Agraria; y de Estudios Legislativos.





 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETOPOR EL QUE SE ADICIONA UNA FRACCION IV AL ARTICULO 116 DE LA LEY AGRARIA Y SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DEL EQUILIBRIO ECOLOGICO Y LA PROTECCION AL AMBIENTE

(Presentada por el C. Senador Alejandro Encinas Rodríguez, del grupo parlamentario del PRD)

“MESA DIRECTIVA DE LA CAMARA DE SENADORES
DEL H. CONGRESO DE LA UNION
PRESENTE.

El suscrito, ALEJANDRO ENCINAS RODRIGUEZ, Senador de la Repúblicaintegrante del grupo parlamentario del PRD a la LXII Legislatura del H. Congreso de la Unión, en ejercicio del derecho que me confieren los artículos 71 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 8, fracción I, 164, párrafos 1 y 2, 169 y 172, párrafo 1 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta Asamblea la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETOPOR EL QUE SE ADICIONA UNA FRACCION IV AL ARTICULO 116 DE LA LEY AGRARIA, Y SE REFORMA Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DEL EQUILIBRIO ECOLOGICO Y LA PROTECCION AL AMBIENTE, al tenor de la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

El país está sufriendo un acelerado cambio de uso del suelo, el cual está contribuyendo a que los desastres naturales sean más catastróficos cada vez. Sin embargo México cuenta aún con grandes extensiones de áreas boscosas y selváticas. Es aquí donde radica la importancia de la participación social en la conservación y preservación de los recursos naturales.

Debemos considerar que cerca del 80% de la biodiversidad en México se encuentra en manos de propietarios privados, de los cuales la mayoría son ejidos y comunidades. Existe un claro reconocimiento, tanto a nivel nacional como internacional, de la importancia de la conservación de la biodiversidad y su aprovechamiento racional como promotores del desarrollo sustentable. Hoy en día, cerca del 12% del territorio nacional se encuentra bajo alguna categoría de protección pública, como reservas de la biosfera, parques nacionales, santuarios de vida silvestre, entre otros. Para todos es obvio que es imperativo incrementar esta superficie.

Un instrumento ideal para complementar la estrategia nacional de conservación de especies y ecosistemas prioritarios de México, implica destinar voluntariamente predios en manos de privados a la conservación.

El 27 noviembre de 2007, las y los senadores integrantes de la Comisión de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca presentaron al pleno del Senado una iniciativa para reformar la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, que tenía por objetivo el fortalecimiento jurídico de la certificación voluntaria de predios como medio para complementar la política en materia de áreas naturales protegidas y para ello se propuso crear en la ley las Áreas Destinadas Voluntariamente a la Conservación (ADVC).

En mayo del 2008 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la reforma a la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente (LGEEPA) relativa al fortalecimiento de la certificación de áreas destinadas voluntariamente a la conservación. Esta reforma constituye un avance muy importante en las políticas ambientales del país en cuanto al fomento dela participación de la sociedad en la protección del ambiente y de los recursos naturales.

Algunas de las consideraciones originales del Senado establecían:

“Considerando que la certificación de predios privados y sociales destinados a la conservación depende de la voluntad de sus propietarios, es evidente que comprende un acto de buena fe, en el que los titulares de la propiedad que se trata asumen la responsabilidad de cumplir las condiciones necesarias para la certificación, y entre las que se encuentran conservar y aprovechar sustentablemente los recursos naturales que alberga, y vigilar que se cumplan los objetivos para los que fue certificado el predio.

En este sentido, cabe destacar la importancia que han adquirido los instrumentos voluntarios dentro de la legislación ambiental, al grado que le otorgan a esta rama del derecho la característica de la “flexibilidad”, toda vez que coexisten normas que ordenan conductas, junto con otras que las estimulan. Efectivamente, una de las distinciones del Derecho Ambiental se encuentra en el hecho de que éste se sirve de instrumentos jurídicos diversos para alcanzar su objetivo regulatorio. De esta forma, junto a los instrumentos clásicos del derecho encontramos herramientas novedosas que buscan la voluntariedad del cumplimiento de la normativa, así como la complicidad de los destinatarios, lo que permite incrementar la eficacia del Derecho Ambiental”.

Al tratarse de un instrumento de naturaleza voluntaria, los propietarios se involucran directamente en el cuidado del predio certificado. Al ser ellos mismos quienes solicitan la certificación y quienes se encargan de la administración y protección de su propiedad, comprenden la importancia de la conservación del ambiente y el aprovechamiento sustentable de sus recursos naturales, procurándolo en todo momento, y desencadenando la transmisión de la práctica a nivel familiar y comunitario.

En este sentido, hay que recalcar, que la propiedad de gran parte de los predios certificados hasta la fecha, recae en comunidades indígenas y originarias de las diferentes regiones del país en las que ha sido bien recibido este instrumento.

Como puntos torales positivos a favor del establecimiento de las áreas certificadas, en el planteamiento original de los senadores se distingue:

• En la certificación voluntaria de predios, la Administración Pública Federal no eroga recursos para lograrla declaratoria correspondiente.

• Se ahorra el conflicto social que implica la necesidad de imponer modalidades de uso del suelo y restringir actividades a los propietarios o, incluso, por recurrir a la expropiación.

• Se ahorran recursos presupuestales, materiales y humanos para la gestión y vigilancia adecuada de los predios, toda vez que dichas funciones las desempeñan los propietarios interesados en conservarlos.

• No se afecta directamente la hacienda pública, aunque de manera paralela se estudie la posibilidad de establecer incentivos fiscales, de conformidad con lo previsto en la fracción lll del artículo 64 BIS de la LGEEPA.

• Se reafirma como un tipo de Áreas Naturales Protegidas (ANP), sin embargo, a pesar de dicho reconocimiento, esta categoría de ANP cuenta con una naturaleza jurídica diferente a las demás; situación que se hace evidente en el proceso de creación, así como en los instrumentos mediante los cuales se formaliza y se determina su gestión.

Asimismo el Senado emitió un punto de acuerdo en noviembre de 2009, para que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales estableciera una unidad administrativa encargada de la certificación voluntaria de predios. La LGEEPA prevé la existencia de fondos y/o estímulos de cualquier índole, pero muy poco se ha avanzado magramente sólo en lo relativo a algunos incentivos como el apoyo de los programas Programa de Empleo temporal y Programa de Conservación para el Desarrollo Sostenible, los cuales son a todas luces insuficientes. Asimismo se otorgaría puntuación extra en posibles concursos por subsidios o pagos por servicios ambientales, siendo este el único apoyo esforzado para las áreas certificadas, condicionado, claro está, a ganar un concurso y a la suficiencia presupuestal.

Las obligaciones que adquiere el propietario privado que certifica sus tierras son:

Administrar el área certificada y buscar fondos para su financiamiento (los que son prácticamente inexistentes en México).

Operar conforme a la estrategia de manejo, respetando los usos propuestos en cada zona del predio.

Conservar los ecosistemas.

Informar a la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP) sobre los proyectos que para la conservación del área realice el propietario.

Ordenamiento Ecológico Territorial

La necesidad de ordenar el territorio surge como una práctica social para dar solución a los problemas emanados por una ocupación y un uso desordenado del espacio, debido a las condiciones en que se han realizado los procesos de industrialización y urbanización. Su finalidad es definir y orientar acciones que hagan posible un uso racional del espacio terrestre. Se ha ido completando este concepto con variables de corte ambiental, social y económico, hasta llegar a lo que hoy se conoce como Ordenamiento Ecológico del Territorio (OET).

El OET establece la regionalización del territorio nacional y de las zonas sobre las que la nación ejerce soberanía y jurisdicción, a partir de un diagnóstico que incorpora:

• Características, disponibilidad y demanda de los recursos naturales

• Ubicación y situación de los asentamientos humanos.

• Potencial y localización de las actividades productivas.

• Calidad ecológica de los recursos naturales.

• Estabilidad ambiental.

• Tendencias de deterioro.

Asimismo, el OET determina los lineamientos y estrategias ecológicas para la preservación, protección, restauración y aprovechamiento sustentable de los recursos naturales y para la localización de las actividades productivas y de asentamientos humanos.

La institucionalización del OET en México ha adoptado dos modalidades muy diferentes entre sí: la de los ordenamientos expedidos por algún órgano del estado (que son los previstos en la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente) y la de los llamados ordenamientos comunitarios, que son promovidos por núcleos agrarios (ejidos o comunidades) en su carácter de propietarios de tierras, como parte de proyectos de aprovechamiento de sus recursos naturales.

Si bien esas dos modalidades tienden a encontrarse, en la medida en que un mismo territorio puede ser objeto de interés desde ambas esferas sociales (generando unas veces situaciones conflictivas y otras sinergias positivas), lo cierto es que ellas han recorrido trayectorias diferentes en su surgimiento y consolidación.

El Ordenamiento Territorial Comunitario (OTC) es una de las innovaciones más interesantes de la gestión ambiental de los últimos. Surgido al margen (aunque no necesariamente en contra de) la legislación ambiental, la cual otorga a los municipios la atribución de expedir los ordenamientos locales, se ha convertido en un instrumento mediante el cual los núcleos agrarios (ejidos y comunidades) determinan realizar proyectos de aprovechamiento de sus recursos naturales, a partir de un ordenamiento de los usos del suelo.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de esta Asamblea el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO

ARTICULO PRIMERO.- Se adiciona una nueva fracción IV al artículo 116 de la Ley Agraria, para quedar como sigue:

Artículo 116.- Para los efectos de esta ley, se entiende por:

I. a III.

IV. Tierras de conservación: los suelos que por su excesiva pendiente, por su pobreza, baja productividad o erosionabilidad, o por considerarse estratégicas por sus servicios ambientales o por la protección de infraestructura de desarrollo, comunicación o de vivienda, deben permanecer manteniendo sus ecosistemas nativos y deben ser segregadas de cualquier uso productivo o actividad humana.

TRANSITORIOS

Artículo Unico.- El presente Decreto entrara en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

ARTICULO SEGUNDO.- Se reforman las fracciones III y IV del artículo 19 Bis, se adicionan las fracciones V y VI al artículo 19 Bis, y se adiciona un artículo 20 Bis 8, todos de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, para quedar como sigue:

Artículo 19 Bis.- El ordenamiento ecológico del territorio nacional y de las zonas sobre las que la nación ejerce su soberanía y jurisdicción, se llevará a cabo a través de los programas de ordenamiento ecológico:

I.-

II.-

III.- Locales;

IV.- Marinos;

V.- Comunitarios y Ejidales, y

VI.- Privados.

Artículo 20 Bis 8.- Los programas de ordenamiento ecológico comunitarios y privados serán expedidos por las asambleas de los ejidos y comunidades agrarias, así como por los propietarios de predios privados y deberán contener, por lo menos:

I.- La determinación del área o región a ordenar, dentro del ejido, comunidad o propiedad privada, describiendo sus atributos físicos, bióticos y socioeconómicos, así como el diagnóstico de sus condiciones ambientales y las actividades realizadas por los habitantes del área;

II.- La determinación de los criterios de regulación ecológica para la preservación, protección, restauración y aprovechamiento sustentable de los recursos naturales que se localicen en la región de que se trate, así como para la realización de actividades productivas y la ubicación de asentamientos humanos, y

III.- Los lineamientos para su ejecución, evaluación, seguimiento y modificación.

TRANSITORIO

Artículo Unico: El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Salón de sesiones del Senado de la República, a 27 de noviembre de 2012.

Suscribe

Sen. Alejandro Encinas Rodríguez”.

En otro apartado del Orden del Día, tenemos la primera lectura de un dictamen de las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores; y de Marina, con proyecto de Decreto por el que se concede autorización al Presidente de los Estados Unidos Mexicanos para permitir que la Armada de México participe en la octava versión de la “Exposición y Conferencia Internacional Marítima y Naval para América Latina-EXPONAVAL 2012”, que se llevará a cabo en la ciudad de Valparaíso, Chile, del 4 al 7 de diciembre del año en curso.





 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE CONCEDE AUTORIZACION AL PRESIDENTE DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS PARA PERMITIR QUE LA ARMADA DE MEXICO PARTICIPE EN LA OCTAVA VERSION DE LA “EXPOSICION Y CONFERENCIA INTERNACIONAL MARITIMA Y NAVAL PARA AMERICA LATINA-EXPONAVAL 2012”, QUE SE LLEVARA A CABO EN LA CIUDAD DE VALPARAISO, REPUBLICA DE CHILE, DEL 4 AL 7 DE DICIEMBRE DE 2012

(Dictamen de primera lectura)

“COMISIONES UNIDAS DE RELACIONES EXTERIORES;
Y DE MARINA.

H. ASAMBLEA:

A las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores y de Marina, de la LXII Legislatura de la Cámara de Senadores, les fue turnada para estudio y elaboración del dictamen correspondiente, la solicitud formulada por el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos a esta Soberanía para que la Armada de México participe en la octava versión de la “Exposición y Conferencia Internacional Marítima y Naval para América Latina-EXPONAVAL 2012”, que se llevará a cabo en la Ciudad de Valparaíso, República de Chile, del 4 al 7 de diciembre de 2012.

Las Comisiones que suscriben, en uso de las facultades que les confiere la Fracción III del Artículo 76 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los Artículos 85, 86 y 94 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como los Artículos 233 párrafo 1, 247, y 249 del Reglamento del Senado de la República, someten a la consideración de los integrantes de esta Honorable Asamblea el presente dictamen de conformidad con los siguientes:

I. ANTECEDENTES

Primero.- Mediante el oficio número SEL/300/420/12, de fecha 8 de noviembre de 2012, con fundamento en lo establecido en el Artículo 27, Fracción XIV de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, el Titular del Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría de Gobernación, sometió a consideración de la Cámara de Senadores, para los efectos de lo dispuesto por la Fracción III del Artículo 76 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la solicitud de autorización para que la Armada de México participe en la octava versión de la “Exposición y Conferencia Internacional Marítima y Naval para América Latina-EXPONAVAL 2012”, que se llevará a cabo en la Ciudad de Valparaíso, República de Chile, del 4 al 7 de diciembre de 2012.

Segundo.- En fecha 13 de noviembre de 2012 la Mesa Directiva de este Organo Legislativo turnó la solicitud a las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores y de Marina, para su estudio y elaboración del dictamen correspondiente.

Tercero.- Los Senadores integrantes de las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores y de Marina se abocaron al análisis y discusión de la solicitud del Ejecutivo Federal para autorizar la participación de la Armada de México en diversos Ejercicios Navales.

II. CONTENIDO DE LA SOLICITUD DEL EJECUTIVO FEDERAL

Los elementos de información y justificación de la solicitud formulada por el Titular del Ejecutivo Federal se resumen a continuación:

• La participación de la Armada de México en la “EXPONAVAL 2012”, tiene por objeto incrementar los conocimientos del personal naval con su participación en conferencias especializadas y el intercambio de experiencias con las armadas participantes, además de ser un medio para fomentar las relaciones profesionales y operativas entre ambas instituciones armadas.

• Considera el titular del Ejecutivo Federal que la participación de la Institución armada en la “EXPONAVAL 2012” constituye una oportunidad para mostrar los logros que se han alcanzado respecto a la construcción naval y la fortaleza de los buques de apoyo logístico de nuestro país.

• En el supuesto de que se autorice la salida del personal naval por parte de esta Soberanía, la participación de la Armada de México sería una delegación conformada por 92 elementos de tripulación, una Fuerza de Reacción Inmediata de Infantería de Marina y el Buque de apoyo logístico ARM “MONTES AZULES” (BAL-01).

• Precisa que en estos ejercicios se contempla la participación de las armadas de Argentina, Brasil, Canadá, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú y Uruguay.

III. CONSIDERACIONES

PRIMERA.- El Senado de la República tiene la facultad exclusiva de autorizar al Presidente de los Estados Unidos Mexicanos para que pueda permitir la salida de tropas nacionales fuera de los límites del país, en términos de lo establecido por la fracción III del Artículo 76 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

SEGUNDA.-Se proyecta que la EXPONAVAL 2012 constituya la exhibición marítima y naval más importante de la región latinoamericana, la cual abordará como eje fundamental el tema relativo al “Desafío de las Armadas para enfrentar situaciones de emergencias, catástrofes y de apoyo humanitario, en el marco de las Operaciones de Paz”.

TERCERA. Las operaciones de apoyo internacional, han sido de gran importancia en los últimos tiempos, lo que ha quedado demostrado con el Tsunami de Indonesia en el año de 2004, el Huracán Katrina en Estados Unidos en el año 2005, eventos  que generaron gran devastación y lamentables pérdida de vidas humanas.

CUARTA. Asimismo, la octava versión de EXPONAVAL2012 en la que pretende participar la Armada de México, considerará en el rubro marítimo un pabellón llamado TRANSPORT 2012, donde se concentrará la oferta de bienes y servicios de los diferentes actores de la Industria Marítima y Portuaria, lo que sería una oportunidad para nuestro instituto armado de mostrar los avances de la construcción naval en México, toda vez que las Armadas participantes tendrán contacto directo con los avances de la tecnología en el ámbito naval.

QUINTA.- Ante la necesidad de tener la capacidad operativa para enfrentar situaciones de emergencias, catástrofes y de apoyo humanitario, así como constituir una excelente oportunidad para nuestro instituto armado muestre los avances relativos la construcción naval en México, las Comisiones Unidas consideran conveniente autorizar la salida del personal naval, a efecto de que participe en la octava versión de EXPONAVAL2012.

En virtud de las consideraciones anteriormente vertidas:

DECRETA

PRIMERO.- La Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, en ejercicio de la facultad que le concede el artículo 76 fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, concede autorización al ciudadano Felipe de Jesús Calderón Hinojosa, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, para permitir que la Armada de México participe en la octava versión de la “Exposición y Conferencia Internacional Marítima y Naval para América Latina-EXPONAVAL 2012”, que se llevará a cabo en la Ciudad de Valparaíso, República de Chile, del 4 al 7 de diciembre de 2012, con la siguiente Delegación: Buque de apoyo logístico ARM “MONTES AZULES”, (BAL-01), 92 elementos de tripulación y una Fuerza de Reacción Inmediata de Infantería de Marina.

SEGUNDO.- Se solicita respetuosamente al Titular del Ejecutivo Federal instruya al Secretario de Marina, para que presente a esta Soberanía un informe sobre los resultados de la participación en la octava versión de la “Exposición y Conferencia Internacional Marítima y Naval para América Latina-EXPONAVAL 2012”.

TRANSITORIOS

UNICO.- El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Senado de la República, a 22 de noviembre de 2012.

COMISION DE RELACIONES EXTERIORES
COMISION DE MARINA”.

En virtud de que se encuentra publicado en la Gaceta del Senado de este día, y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 195 del Reglamento, queda de primera lectura.

Pasamos a la discusión de dos dictámenes de la Comisión de Salud, con puntos de Acuerdo.

Solicito a la Secretaría dé lectura a cada uno de ellos.




 

COMISION DE SALUD

(Dictamen a discusión)

- La C. Secretaria Merodio Reza: (Leyendo)

“COMISION DE SALUD

H. ASAMBLEA:

A la Comisión de Salud de la LXII Legislatura de la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, le fue turnada para su estudio y dictamen una proposición con punto de Acuerdo, relativo a exhortar a la Secretaría de Salud Federal y a las entidades federativas a emprender campañas que favorezcan e impulsen la donación y trasplante de órganos.

Una vez recibido por la Comisión Dictaminadora, sus integrantes entraron a su estudio con la responsabilidad de considerar lo más detalladamente posible su contenido y analizar los fundamentos esenciales en que se apoya, para proceder a emitir dictamen conforme a las facultades que les confieren los artículos 113, 117, 135, 150, 177, 178, 182 y 190 del Reglamento del Senado de la República, al tenor de la siguiente:

METODOLOGIA

I. En el capítulo de “ANTECEDENTES”, se da constancia del trámite de inicio del proceso legislativo, del recibo de turno para el Dictamen del referido punto de Acuerdo y de los trabajos previos de la Comisión Dictaminadora.

II. En el capítulo correspondiente a “CONTENIDO DEL PUNTO DE ACUERDO”, se sintetiza el alcance de la proposición de mérito.

III. En el capítulo de “CONSIDERACIONES”, la Comisión expresa los argumentos de valoración del punto de Acuerdo y de los motivos que sustentan la resolución de esta Dictaminadora.

I. ANTECEDENTES

1. Con fecha 27 de septiembre de 2012, la Senadora Maki Esther Ortiz Domínguez, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó proposición conPunto de Acuerdo relativo a exhortar respetuosamente a la Secretaría de Salud Federal y a su homólogas en las entidades federativas, a que emprendan campañas que favorezcan e impulsen la donación y trasplante de órganos.

2. Con la misma fecha, la Mesa Directiva turnó a la Comisión de Salud el punto de Acuerdo de mérito para realizar su estudio y dictamen correspondiente.

II. CONTENIDO DEL PUNTO DE ACUERDO

El punto de Acuerdo presentado por la Senadora promovente hace mención que existe un tema importante para la salud de nuestra sociedad la donación de órganos.

III. CONSIDERACIONES

A. La Comisión de Salud hace mención del Derecho a la Protección de la Salud que tienen todos los mexicanos, de conformidad a lo establecido en el numeral 4° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; a su vez, enfatiza que el asunto materia del Punto de Acuerdo, como lo es la intensificación de campañas sobre donación y trasplantes de órganos, es un tema de suma importancia para la salud de nuestro país.

B. En la actualidad, el trasplante de órganos es una respuesta concreta para miles de pacientes que padecen de enfermedades que afectan a órganos del cuerpo. En algunas ocasiones, únicamente a través de procedimiento es como pueden logran su recuperación e incluso salvar la vida. Para otros el injerto de tejidos representa una forma de mejorar su calidad de vida.

No hay duda que el trasplante de órganos es un procedimiento que tiene éxito para muchas personas con enfermedades, hepáticas, renales cardiacas o pulmonares; con muchas posibilidades de curar sus padecimientos, además de representar una esperanza para aquellas personas que, solo a través de este procedimiento logran permanecer con vida.

C. La parte toral, es la donación de órganos y se ha visto afectada por cuestiones como son: la falta de certeza jurídica en el procedimiento, las lagunas y ambigüedades que se formulan por no distinguir los diferentes tipos de trasplantes y sobretodo la falta de información y concientización que se debe tener dentro de la sociedad.

D. Existen muchos niños y adultos con otra serie de enfermedades graves potencialmente curables con un trasplante, entre las cuales se encuentra la diabetes (trasplante de páncreas), enfermedades del corazón desde su nacimiento sumamente graves (trasplante cardiaco), niños con muy poco intestino o de buen tamaño pero sumamente enfermo con mala absorción de nutrientes (trasplante intestinal), enfermedades pulmonares crónicas como la fibrosis quística o enfisema pulmonar (trasplante pulmonar), enfermedades de la vista candidatos a trasplante de córneas, por mencionar algunos casos, además de la insuficiencia renal (trasplante renal) y la fase terminal de las enfermedades del hígado (trasplante de hígado) ya comentadas. Como se puede observar esto nos representa un posibilidad de vida.

E. En México, se realizan trasplantes de córnea, médula ósea, hueso, válvulas cardiacas, riñón, hígado, corazón y pulmón. Existen más de 400 hospitales distribuidos en todo el sector salud (sociales, públicos y privados) que llevan a cabo diferentes tipos de trasplante.

F. Datos del Centro nacional de Trasplantes arrojan que entre el 1 de enero de 2007 y el 31 de diciembre del 2011 se reportaron 5,166 donaciones de personas fallecidas, de estas 1,249 correspondieron al año 2011. La meta establecida para el año 2012 era de 841 donaciones, es decir, que al 2011 hubo un avance del 185.58% con respecto a lo programado al 2012. Esto sin duda ha contribuido a mejorar la respuesta ante la demanda de pacientes que requieren un trasplante.

Así mismo, durante el periodo septiembre de 2011 a agosto de 2012, 1,362 personas donaron órganos o tejidos al fallecer, cifra que representa un incremento del 24.3% en comparación a las 1,096 del mismo lapso anterior. Dependiendo del tipo de injerto donado, 411 fueron para donación de órganos y 951 para donación de tejidos.

G. Como podemos ver estos avances dan esperanza que se puede tener una cultura mejor sobre la donación ejemplo de ello es el Instituto Nacional de Cardiología (INC) “Ignacio Chávez”, el cual ha sido pionero en la extracción de riñón por vía laparoscópica para trasplante; en los últimos cinco años ha realizado 250 trasplantes renales de donadores vivos con dicha técnica la cual es de mínima invasión. Por su lado el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición “Salvador Zubirán” (INNSZ), demostró que México está a la altura de las principales naciones a nivel de trasplantes al realizar el primer trasplante en América Latina de extremidades superiores.

H. Por otra parte de acuerdo a la Secretaria de Salud existen 16, 679 personas que requieren un trasplante. Por ello la información eficaz y oportuna es importante conocer el proceso lo es aún más por ello cabe señalar que dicho proceso inicia cuando el médico diagnostica un padecimiento que ha afectado gravemente un órgano o tejido específico de un paciente, quien es enviado al especialista que corresponda para determinar si existen razones médicas para que el problema pudiera ser tratado mediante un trasplante.

El paciente debe ser sometido a un protocolo de evaluación para definir si reúne las condiciones necesarias para el trasplante ya que no cualquier enfermedad puede ser atendida mediante un trasplante. Una vez que el paciente es aceptado para recibir un trasplante, el responsable del programa en el hospital deberá ingresar los datos del paciente a la base de datos electrónica del Centro Nacional de Trasplantes en donde se registra a todos los pacientes que requieren un trasplante.

I. Con la bondad de un sólo donador de órganos, se abre la posibilidad para que una persona tenga vida y mejor calidad de ella. Es por ello el hecho de impulsar una mayor concientización y participación de la población en generales parte medular de sacar adelante este Problema.

J. Como podemos analizar existen avances sin embargo hay mucho por hacer, como se ha plasmado en párrafos anteriores la concientización, participación de una sociedad informada adecuadamente, es parte fundamental para poder darle esperanza de vida a más personas y tengan una mejor calidad de vida.

k. Por lo anterior esta comisión dictaminadora considera loable el dictamen con punto de Acuerdo para emprender campañas que favorezcan a la donación y trasplante de órganos.

Con base en lo anterior, esta Comisión de Salud, con las atribuciones que le otorgan los artículos 113, 117, 135, 150, 177, 178, 182 y 190 del Reglamento del Senado de la República, someten a consideración de esta Honorable Soberanía el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

UNICO.- El Senado de la República exhorta de manera respetuosa a la Secretaría de Salud Federal y a las entidades federativas a emprender campañas que favorezcan e impulsen la donación y trasplante de órganos.

COMISION DE SALUD”.





 

COMISION DE SALUD

(Dictamen a discusión)

- La C. Secretaria Merodio Reza: Doy lectura al siguiente dictamen.

“COMISION DE SALUD

H. ASAMBLEA:

A la Comisión de Salud de la LXII Legislatura de la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, le fue turnada para su estudio y dictamen la proposición con punto de Acuerdo relativa a solicitar a la Comisión Nacional de Protección Social en Salud, información sobre el procedimiento para autorizar la inclusión de nuevas enfermedades al Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos, una vez que han sido aprobadas por el Consejo de Salubridad General.

Una vez recibida por la Comisión Dictaminadora, sus integrantes entraron a su estudio con la responsabilidad de considerar lo más detalladamente posible su contenido y analizar los fundamentos esenciales en que se apoya, para proceder a emitir dictamen conforme a las facultades que les confieren los artículos 113, 117, 135, 150, 177, 178, 182 y 190 del Reglamento del Senado de la República, al tenor de la siguiente:

METODOLOGIA

I. En el capítulo de “ANTECEDENTES”, se da constancia del trámite de inicio del proceso legislativo, del recibo de turno para el Dictamen del referido punto de Acuerdo y de los trabajos previos de la Comisión Dictaminadora.

II. En el capítulo correspondiente a “CONTENIDO DEL PUNTO DE ACUERDO”, se sintetiza el alcance de las proposiciones de mérito.

III. En el capítulo de “CONSIDERACIONES”, la Comisión expresa los argumentos de valoración del punto de Acuerdo y de los motivos que sustentan la resolución de esta Dictaminadora.

I. ANTECEDENTES

1. Con fecha 4 de octubre de 2012, la Senadora María Cristina Díaz Salazar, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó proposición con punto de Acuerdo, relativa a solicitar a la Comisión Nacional de Protección Social en Salud, información sobre el procedimiento para autorizar la inclusión de nuevas enfermedades al Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos, una vez que han sido aprobadas por el Consejo de Salubridad General.

2. Con la misma fecha, la Mesa Directiva turnó a la Comisión de Salud el punto de Acuerdo de mérito, para realizar su estudio y dictamen correspondiente.

II. CONTENIDO DEL PUNTO DE ACUERDO

El punto deAcuerdo solicita a la Comisión Nacional de Protección Social en Salud, información sobre el procedimiento para autorizar la inclusión de nuevas enfermedades al Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos, una vez que han sido aprobadas por el Consejo de Salubridad General.

III. CONSIDERACIONES

A. La Comisión de Salud hace mención del Derecho a la Protección de la Salud que tienen todos los mexicanos, de conformidad a lo establecido en el numeral 4° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; a su vez, enfatiza que el asunto materia del punto de Acuerdo, como lo es el procedimiento para autorizar la inclusión de nuevas enfermedades al Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos posee una gran relevancia, ya que se refiere a un tópico con impacto social.

B. El programa sectorial de Salud 2007-2012 se propone consolidar el financiamiento de los servicios de alta especialidad en un fondo sectorial de protección contra gastos catastróficos.

C. Los servicios de salud de alta especialidad presentan dos características que van a influir en sus mecanismo de financiamiento, primeramente estos se solicitan en menor cantidad que los de medicina familiar o de servicios hospitalarios de segundo nivel, por lo anterior es difícil conformar una cartera de riesgos lo suficientemente grande para bajar el costo total de los servicios de alta especialidad.

D. Aunado a que tiene costos más altos que pueden poner en riesgo la salud financiera de cualquier institución.

E. Para incrementar la eficiencia con la que el sector público presta servicios de salud de alta especialidad, y eliminar los efectos de la selección adversa, que actualmente castiga a los prestadores públicos que ofrecen un mejor servicio y una cobertura más amplia, es necesario:

Establecer un fondo sectorial de protección contra gastos catastróficos, que permita la mancomunación de riesgos para todas las instituciones públicas de salud y, por lo tanto, la minimización de los costos asociados a dichos servicios; lo cual no se hizo.

F. El Catálogo Universal de Servicios de Salud es un paquete de servicios médicos que cubre los principales padecimientos, diagnósticos y terapéuticos registrados por la Secretaría de Salud como egresos hospitalarios y el 100% de los padecimientos tratados en el primer nivel de atención médica. Durante el 2011 se conforma por un listado de 275 intervenciones de salud con sus respectivos medicamentos, que en total suman 422. Las intervenciones se pueden clasificar en seis conglomerados: salud pública, consulta de medicina general o familiar y de especialidad, odontología, urgencias, hospitalización y cirugía general.

G. El Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos tiene como finalidad apoyar el financiamiento de enfermedades cuyo tratamiento es de alto costo que provocan gasto catastróficos para las familias. En el 2011 se cubren 57 intervenciones que atienden a 16 enfermedades de alto costo: cáncer cérvico-uterino, VIH/SIDA, cuidados intensivos neonatales, cataratas, cáncer de niños y adolecentes, trasplante de médula ósea para menores de 18 años y para mayores de 18 años, cáncer de mama, cáncer de testículo, linfoma no Hodgkin, trastornos quirúrgicos congénitos y adquiridos, trasplante de cornea, enfermedades lisosomales en menores de 10 años, hemofilia en menores de 10 años, infarto agudo al miocardio en menores de 60 años y cáncer de próstata.

H. El Ejercicio Financiero de este Fondo en el año 2011 fue de 9,823,951.6 millones de pesos, los cuales fueron administrados por el Fideicomiso de Protección Social en Salud, cuyo órgano colegiado es presidido por el Comisionado de Protección Social en Salud.

Por todo lo anteriormente expuesto y fundado, y con base en los argumentos ya plasmados en el apartado de Consideraciones, esta Comisión de Salud, con las atribuciones que le otorgan los artículos 113, 117, 135, 150, 177, 178, 182 y 190 del Reglamento del Senado de la República, someten a consideración de esta Honorable Soberanía el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

Unico. Se solicita a la Comisión Nacional de Protección Social en Salud, informe a esta soberanía sobre el procedimiento para autorizar la inclusión de nuevas enfermedades al Fondo de Protección contra gastos catastróficos, una vez que han sido aprobadas por el Consejo de Salubridad General.

COMISION DE SALUD”.

Es todo, señor Presidente.

- El C. Presidente Burgos García: En consecuencia, están a discusión. Solicitó el uso de la palabra la Senadora Maki Esther Ortiz Domínguez, por la comisión, para presentar los dictámenes.

- La C. Senadora Maki Esther Ortiz Domínguez: Con su venia, señor Presidente; compañeras y compañeros Senadores:

Fundamento estos dos dictámenes ya que son dos temas de suma importancia, en cuanto al primer dictamen;esta comisión dictaminadora considera que la donación de órganos es un tema de salud pública de nuestra sociedad en el que debemos poner mayor atención en la concientización del mismo.

En la actualidad, el trasplante de órganos es una respuesta concreta para muchos pacientes que padecen de enfermedades que afectan a órganos del cuerpo. En algunas ocasiones, únicamente a través de procedimiento es como pueden lograr su recuperación e incluso salvar la vida. Para otros el injerto de tejidos representa una forma de mejorar su calidad de vida.

Cabe señalar que en México, se realizan trasplantes de córnea, médula ósea, hueso, válvulas cardiacas, riñón, hígado corazón y pulmón. Existen más de 400 hospitales (sociales, públicos y privados) que llevan a cabo diferentes tipos de trasplante.

Datos del Centro Nacional de Trasplantes arrojan que entre el 1° de enero de 2007 y el 31 de diciembre del 2011 se reportaron 5,166 donaciones de personas fallecidas, de estas 1,249 correspondieron al año 2011. La meta establecida para el año 2012 era de 841 donaciones, es decir, que al 2011 hubo un avance del 185.58% con respecto a lo programado al 2012. Esto sin duda ha contribuido a mejorar la repuesta ante la demanda de pacientes que requieren un trasplante.

Desgraciadamente la donación de órganos se ha visto afectada por cuestiones como son: la falta de certeza jurídica en el procedimiento, las lagunas y ambigüedades en la legislación pero sobretodo la falta de información y concientización que se debe tener dentro de la sociedad.

Por lo anterior, esta comisión dictaminadora considera loable el dictamen con punto de Acuerdo para emprender campañas que favorezcan a la donación y trasplante de órganos.

2.- Por otra parte tenemos el dictamen con punto de Acurdo para solicitar a la Comisión Nacional de Protección Social en Salud, informe a esta Soberanía sobre el procedimiento para autorizar la inclusión de nuevas enfermedades al Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos, una vez que han sido aprobadas por el Consejo de Salubridad General.

Es de mencionarse que el programa sectorial de Salud 2007-2012, se propone consolidar el financiamiento de los servicios de alta especialidad en un fondo sectorial de protección contra gastos catastróficos.

Sin embargo, los servicios de salud de alta especialidad presentan características que van a influir en sus mecanismos de financiamiento, estos se solicitan en menor cantidad que los de medicina familiar o de servicios hospitalarios de segundo nivel, por ende es difícil conformar una cartera de riesgos lo suficientemente grande para bajar el costo total de los servicios de alta especialidad.

Esta comisión dictaminadora coincide con la proponente que para incrementar la eficiencia con la que el sector público presta servicios de salud de alta especialidad, se considera necesario; establecer un fondo sectorial de protección contra gastos catastróficos, que permita la mancomunación de riesgos para todas las instituciones públicas de salud y, por lo tanto, la minimización de los costos asociados a dichos servicios.

Cabe mencionar que el Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos tiene como finalidad apoyar el financiamiento de enfermedades cuyo tratamiento es de alto costo que provocan gastos catastróficos para las familias. Es por ello que esta comisión dictaminadora también emite un dictamen a favor en sus términos haciendo respetuosamente dicho exhorto a la Comisión Nacional de Protección Social en Salud.

Es cuanto, señor Presidente.

- El C. Presidente Burgos García: Gracias, Senadora Ortiz Domínguez.

Solicito a la Secretaría consultar a la Asamblea, en votación económica, si son de aprobarse los anteriores dictámenes.

- La C. Secretaria Merodio Reza: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si son de aprobarse los anteriores dictámenes. Quienes estén porque se aprueben, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se aprueben, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobados, señor Presidente.

- El C. Presidente Burgos García: Muchas gracias. Aprobados los Acuerdos. Comuníquense.

Compañeros Senadores, remitiremos a la Cámara de Diputados las propuestas que solicitan asignación de recursos del Presupuesto de Egresos para 2013.

Solicito a la Secretaría dé lectura.





 

PROPUESTAS

- La C. Secretaria Merodio Reza: Doy lectura a las propuestas que se turnarán a la Cámara de Diputados.

Del Senador Isaías González Cuevas, del grupo parlamentario del PRI, un punto de Acuerdo que exhorta a etiquetar los recursos asignados al estado de Baja California Sur, mismo que se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público del Senado, los resolutivos primero y segundo, y a la Cámara de Diputados el tercero de ellos.

PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA A LA CAMARA DE DIPUTADOS A ETIQUETAR LOS RECURSOS ASIGNADOS AL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

“El suscrito, Isaías González Cuevas, Senador de la República de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en los dispuesto en los artículos 8, párrafo 1 fracción II, 108, 109 y 276 del Reglamento del Senado de la República, somete a consideración de ésta Soberanía la siguiente proposición con PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA A LA H. CAMARA DE DIPUTADOS FEDERAL, PARA QUE EN EL DECRETO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACION PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013, SE ETIQUETEN LOS RECURSOS ASIGNADOS AL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR.

CONSIDERACIONES

Baja California Sur, es una de las entidades federativas con menor tiempo de haberse unido al pacto federal, fue constituida por decreto presidencial el 8 de octubre de 1974, es decir, cuenta con 38 años de existencia en la federación.

Su vocación económica es el turismo, por sus bellezas naturales y una infraestructura en crecimiento, es reconocida como uno de los sitios turísticos favoritos a nivel mundial, sin embargo, ha logrado diversificar sus actividades, tanto en la agricultura y la ganadería, el comercio y un incipiente desarrollo industrial.

Baja California Sur recibió 5 millones de dólares por concepto de inversión extranjera directa en 2010. Esto ha obligado a los tres órdenes de gobierno a contemplar mayores recursos económicos para atender sus necesidades y proyectos estratégicos de obra pública en el ramo de la salud, educación, y proyectos de infraestructura urbana y social.

Con tales razones, el gobierno de Baja California Sur, presentó a la Cámara de Diputados, los proyectos estratégicos que requerirán un monto cercano a los 3 mil millones de pesos y en consecuencia, solicitó incluirlos en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2013.

De las acciones prioritarias por atender, se encuentran mil 150 millones de pesos para 17 proyectos de carreteras; recursos para la implementación del nuevo sistema judicial y la conclusión de dos presas.

Entre los proyectos destaca concluir el acueducto “El Carrizal-La Paz” iniciado este año 2012 y la creación de más plazas para el sector salud para los nuevos hospitales.

La educación, también fue un sector considerado como prioritario por el jefe del Ejecutivo estatal, solicitó recursos federales para dar continuidad a la construcción de la Universidad Tecnológica y asignar recursos al Instituto Politécnico Nacional para la edificación de la escuela de medicina.

El presupuesto solicitado contempla también la conclusión del Centro de Convenciones de La Paz. El gobernador comunicó a los diputados federales que todos sus programas estratégicos cuentan ya con registro ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y cumplen con los estudios de impacto ambiental.

No obstante que el gobierno de Baja California Sur, informó a los legisladores del PAN tener todo en regla para obtener las participaciones federales correspondientes en el Presupuesto de Egresos del 2013, es importante exponer que se han presentado inconsistencias de ciertos fondos federales de acuerdo con el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados, cuando reveló que el gobierno federal entregó a las 32 entidades 2 mil 212.1 millones de pesos del Fondo de Aportaciones para Seguridad Pública (FASP) durante el primer trimestre de este año y se encontró que 13 estados reportaron un subejercicio, entre ellos, Baja California Sur.



Al respecto, hay que señalar que el Consejo Nacional de Seguridad Pública, al aprobar los criterios para la distribución de los recursos del FASP, ha procurado que su erogación y aplicación se realice dentro del ejercicio fiscal correspondiente y se alcancen las metas. Sin embargo, el propósito no se ha cumplido pues los recursos no se han ejercido ni en tiempo, ni en forma. Un caso similar ha ocurrido con el Fondo de Aportaciones para la Educación Básica (FAEB)

Ahora bien, eso fue a nivel estatal, pero también es necesario revisar la situación de los municipios con respecto a las aportaciones federales.

Por ello, debe refrendarse el apoyo permanente del Senado de la República a éste orden de gobierno, para que en términos de lo dispuesto por el artículo 6º de la Ley de Coordinación Fiscal se haga puntual entrega de los recursos que recibirán del Fondo General de Aportaciones.

La misma norma faculta en la fracción IV del artículo 21 a la Comisión Permanente de Funcionarios Fiscales para “… Vigilar la creación e incremento de los fondos señalados en esta Ley, su distribución entre las Entidades y las liquidaciones anuales que de dichos fondos formule la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, así como vigilar la determinación, liquidación y pago de participaciones a los Municipios que de acuerdo con esta Ley deben efectuar la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y las Entidades…”

Adicionalmente, en el artículo décimo séptimo transitorio del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2011 se estableció que: “Las entidades federativas deberán establecer Consejos de Armonización Contable, en los que se incluyan a los municipios, órganos de fiscalización estatales y colegios de contadores, con el propósito de que coadyuven en el proceso de implementación de los acuerdos aprobados en el Consejo Nacional de Armonización Contable”.

Con tal motivo varias entidades procedieron a conformar sus Consejos Estatales de Armonización Contable, sin embargo, de acuerdo a datos de la Memoria Técnica 2011 de la Comisión Permanente de Funcionarios Fiscales a noviembre de ese año, solamente 20 entidades habían dado cabal cumplimiento al artículo antes señalado y entre los omisos1 se encontraba el estado de Baja California Sur.

Ello originó a que de manera inmediata el titular del Ejecutivo2 estatal hiciera la publicación del decreto correspondiente en el mismo mes de noviembre de 2011 pero con la salvedad que a los municipios les otorga carácter de “invitados” y no de “miembros” delConsejo como sucede con otras entidades que a continuación se señalan:

ENTIDAD FEDERATIVA CON CONSEJO ESTATAL DE ARMONIZACIÓN CONTABLE

REFERENCIA LEGAL

Baja California

Decreto de Ley 421

Publicado en Gaceta Oficial el 22/10/2010

Artículo 94.- El consejo se integrará de la forma siguiente:

I a VII

VIII.- Un representante de cada uno de los municipios del Estado de Baja California.

Coahuila

Acuerdo por el que se crea el Consejo de Armonización Contable

Publicado en Gaceta Oficial el 07/10/2011

Artículo Tercero.- El Consejo de Armonización Contable (CACOC) se integrará por 17 miembros:

1 a 4

5.-Un representante de cada uno de los cinco grupos de municipios que integran la Comisión Permanente Estatal de Funcionarios Fiscales…

Colima

Decreto 352

Ley que Crea el Consejo de Armonización Contable del Estado de Colima.

Publicado en Gaceta Oficial el 20/08/2011

Artículo 5.- El Consejo estará integrado de la siguiente manera:

I a VII

VIII.- Los Presidentes Municipales de los municipios que integren la Comisión de Coordinación Fiscal, en representación de los diez Ayuntamientos de la entidad;

Nuevo León

Acuerdo por el que se Crea el Consejo Estatal de Armonización Contable del Estado de Nuevo León.

Publicado en el periódico oficial el 22/08/2011

Artículo Tercero.- El Consejo estará integrado por los siguientes miembros:

III Quince vocalías que serán:

a) …l)

m) Un representante designado de común acuerdo por los municipios de… (todos, los 51)

Baja California Sur

Decreto por el cual se crea el Consejo Sudcaliforniano de Armonización Contable (COSAC)

Publicado en el Boletín Oficial del 20/09/2011

Artículo 5.- El COSAC estará integrado de la siguiente manera:

I a VIII. (NO hay municipios)

Articulo 6.- Los invitados a participar en las sesiones, ya sean…y de los Ayuntamientos de los Municipios de los Estados… sólo tendrán derecho a voz.

En este tenor, resulta fundamental para ésta Soberanía insistir en el respeto al marco legal que permita a nuestros Estados hacer uso de los recursos públicos de manera eficiente y eficaz. Desterrar la opacidad y los criterios de discrecionalidad que se han manejado para con los municipios de éste país. Si el mismo Estado de Nuevo León integra a sus cincuenta y un municipios como integrantes del Consejo Estatal de Armonización Contable, ¿por qué no hacer lo mismo con los cinco municipios de Baja California Sur?

Máxime cuando en el Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación 2012, en el artículo 61 se aprobó que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público otorgará subsidios para la capacitación3 respectiva de los funcionarios de las entidades federativas y de los municipios en materia de contabilidad gubernamental, así como para la modernización de tecnologías de la información y comunicaciones que permitan el cumplimiento de la armonización contable de los 3 órdenes de gobierno conforme a lo dispuesto en el artículo Noveno Transitorio de la Ley General de Contabilidad Gubernamental.

Por lo anteriormente expuesto, presento a Soberanía con carácter de urgente resolución la siguiente proposición con:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO.- Se solicita a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) para que a través del Sistema Nacional de Coordinación Fiscalremita a ésta Soberanía el “Informe de Participaciones en Ingresos Federales Entregadas a estados, municipios y al Distrito Federal de enero a septiembre de 2012”, derivado de la Reunión CCLXXIX de la Comisión Permanente de Funcionarios Fiscales el pasado 27 de septiembre de 2012 en Tamaulipas.

SEGUNDO.- El Senado de la República hace un respetuoso exhorto a los treinta y un congresos estatales y a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, para que, en atención a las mejores prácticas que deben privar en la contabilidad gubernamental, homologuen en los Acuerdos y/o Leyes, -según sea el caso en la entidad- que crean los Consejos Estatales de Armonización Gubernamental, la incorporación de los municipios y/o jefes delegacionales, como integrantes con derecho a voz y voto.

TERCERO.- Se exhorta de manera respetuosa a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, para que en el ejercicio de sus facultades constitucionales y en el marco de la revisión, análisis, discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2013, se etiqueten y establezcan candados que eviten desviar recursos de cada una de las asignaciones presupuestales solicitadas y en su caso, aprobadas, particularmente para los municipios del Estado de Baja California Sur.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, a 27 de noviembre de 2012.

Atentamente

Sen. Isaías González Cuevas”.





 

De la Senadora Luisa María Calderón Hinojosa, del grupo parlamentario del PAN, un punto de Acuerdo por el que se solicita etiquetar recursos para crear proyectos de instalación de energía biomasa del nopal, mismo que se turna a la Cámara de Diputados.

PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SOLICITA A LA COMISION DE PRESUPUESTO Y CUENTA PUBLICA DE LA CAMARA DE DIPUTADOS PARA QUE EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACION PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013 ETIQUETEN RECURSOS PARA CREAR PROYECTOS DE INSTALACION DE ENERGIA BIOMASA DEL NOPAL

SEN. ERNESTO CORDERO ARROYO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DE LA
H. CAMARA DE SENADORES

PRESENTE.

La suscrita SenadoraLuisa María de Guadalupe Calderón Hinojosa integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXII Legislatura, de conformidad con lo previsto en el numeral 1 fracción II del artículo 8, 108 y 276 del Reglamento del Senado de la República, somete a consideración de esta Soberanía la siguiente proposición con punto de Acuerdopor el que solicita a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados para que en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2013 etiqueten recursos para crear proyectos de instalación de energía biomasa del nopal, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

En México en el último sexenio se ha hecho un esfuerzo importante por diversificar las fuentes de energía limpia y renovable a través de construcción de campos de energía eólica y presas para energía hidroeléctricapara el desarrollo sustentable del país.

De acuerdo a datos proporcionados de Proméxico, entre 2008 y 2011 México ha logrado inversiones por 5 mil 931 millones de dólares para la inversión de proyectos de energía renovable, y a la fecha existe una cartera por otros 8 mil 648 millones de dólares de potenciales negocios hidroeléctricos, eólicos y solares.

Es nuestro país uno de los 15 países con mayor biodiversidad y entre sus recursos naturales, y como planta endémica se encuentra el nopal, que hasta ahora sólo ha sido utilizado como alimento y en algunos casos como previsor de ciertas enfermedades pero cuyo valor de biomasa hay que comenzar a considerar entre sus opciones de uso, explotación y fuente de energía, y de impulso al desarrollo sustentable. Su producción es de bajo costo y el beneficio es mucho mayor que sus costos.

Además el uso del nopal para la generación de energía, vendría a romper paradigmas, pues que su transformación y uso agroindustrial con algo rendimiento de producción por hectárea ayudaría a desarrollar proyectos paralelos y nutriría la tierra donde está muy cansada.

La lombricultura está ligada al proceso de generación de energía del nopal, al producir humos orgánicos que tienen como beneficio además, que el agua utilizada para este proceso de generación de gas sea reutilizada como fertilizante.

Enfatizo sobre las características fundamentales que hacen del nopal uno de los vegetales idóneos, desde el punto de vista de la ingeniería: se trabaja a bajas presiones y temperaturas ambientales, permite la creación de plantaciones en climas desérticos y semidesérticos, también permite el desarrollo exponencial de las plantaciones a un bajo costo. Y, lo más importante; el nopal es la planta cuyo componente de biomasa es el de mayor proporción: una planta madre produce una biomasa de 7 a 15 años siendo a largo plazo la producción de 800 a 1,200 toneladas.

La generación de gas, electricidad y etanol, a partir de la biomasa del nopal es sin duda la aplicación de las energías renovables que tiene un mayor potencial para México y los productores están dispuestos a sumarse en proyectos de transformación, sólo falta el impulso financiero. Es por ello que se requiere que en el próximo Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2013, la Cámara de los diputados etiqueten recursos para realizar proyectos que generen energía renovable a partir de la biomasa del nopal.

Ante lo expuesto y fundado, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

Unico.- El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputadospara que en la distribución de los recursos en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2013,destinen y etiqueten recursos para crear proyectos de instalación que genere energía renovable a partir de la biomasa del nopal.

Senado de la Republica, a 27 de noviembre de 2012.

Suscribe

Sen. Luisa María Calderón Hinojosa”.





 

De los Senadores Benjamín Robles Montoya y Adolfo Romero Lainas, del grupo parlamentario del PRD, un punto de Acuerdo que exhorta a autorizar un aumento adicional en el recurso que se destina a la Universidad Autónoma “Benito Juárez” de Oaxaca, mismo que se turna a la Cámara de Diputados.

PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA A LA CÁMARA DE DIPUTADOS A AUTORIZAR UN AUMENTO ADICIONAL EN EL RECURSO QUE SE DESTINA A LA UNIVERSIDAD AUTONOMA BENITO JUAREZ DE OAXACA, CON EL OBJETO DE LLEVAR A CABO DIVERSOS PROGRAMAS DE FORTALECIMIENTO Y MODERNIZACION DEL MODELO EDUCATIVO

“SEN. ERNESTO JAVIER CORDERO ARROYO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
DE LA CAMARA DE SENADORES
H. CONGRESO DE LA UNION

PRESENTE.

El que suscribe, Angel Benjamín Robles Montoya, Senador de la República por la LXII legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 8 fracción II y 276 numerales 1 y 2 del Reglamento del Senado de la República someto a consideración del Pleno: PROPOSICION CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE EL SENADO DE LA REPÚBLICA EXHORTA A LA CAMARA DE DIPUTADOS DEL HONORABLE CONGRESO DE LA UNION A EFECTO DE QUE EN EL PRESUPUESTO DE LA FEDERACION 2013 SE AUTORICE UN AUMENTO ADICIONAL EN EL RECURSO QUE SE DESTINA A LA UNIVERSIDAD AUTONOMA BENITO JUAREZ DE OAXACA CON EL OBJETO DE LLEVAR A CABO DIVERSOS PROGRAMAS DE FORTALECIMIENTO Y MODERNIZACION DEL MODELO EDUCATIVO, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

La Universidad Autónoma “Benito Juárez” de Oaxaca es la institución de nivel medio superior y superior más importante en el Estado de Oaxaca.

En el presente ciclo escolar, 2012-2013, brinda servicios educativos a 23 mil 663 alumnos que cursan sus estudios en 28 Unidades Académicas, en cuatro regiones del estado.

En la UABJO se imparten actualmente 29 licenciaturas, 6 especialidades, 11 maestrías y 5 doctorados en Escuelas, Facultades e Institutos, las cuales, en su mayoría, se encuentran desarrollando procesos de evaluación con fines de acreditación así como el programa educativo correspondiente al bachillerato.

Los programas educativos de licenciatura y posgrado de la UABJO atienden al 73 por ciento del total de la población escolar de estos niveles, los cuales reflejan la trascendencia de la Universidad en la entidad.

A la fecha, 14 programas educativos tienen reconocimiento de calidad. En estos 14 programas educativos de buena calidad se atiende al 67 por ciento de la matrícula del nivel superior de la Universidad.

Con un subsidio para el año 2011 de 717 millones 367 mil pesos, la UABJO es la universidad estatal con el menor subsidio por alumno del país: 26 mil 904 pesos. En contraste, la Universidad de la Cañada percibe 140 mil 100 pesos por alumno, y la Universidad Tecnológica de la Mixteca 81 mil pesos por alumno.

Para el ciclo escolar 2011-2012, que recién concluyó la UABJO, atendió a una población escolar total de 22 mil 60 alumnos, correspondiendo a educación media superior 6 mil 3 estudiantes y a educación superior a 16 mil 57 estudiantes; para atender éste último nivel se tienen 264 profesores de tiempo completo, de los cuales 224 cuentan con posgrado, 51 cuentan con el perfil deseado y 21 se encuentran en el Sistema Nacional de Investigadores. Con 22 cuerpos académicos, la UABJO se sitúa a la cabeza de ese sector dentro de las universidades y tecnológicos públicos del estado de Oaxaca.

De acuerdo con estos indicadores estatales, se demuestra que la Universidad Autónoma “Benito Juárez” de Oaxaca se encuentra posicionada como una institución de calidad, con una alta responsabilidad social y valores definidos.

Está plenamente comprobado que el conocimiento es la base de la sociedad del futuro, es por ello que la educación debe considerarse prioritaria y estratégica en la agenda del desarrollo de toda comunidad, lo cual obliga a que ésta se transforme y adecue a los tiempos que se viven.

Hoy se hace necesaria la reconstrucción de una Universidad que recupere, fomente y cumpla con sus valores fundamentales, y para ello se requiere del apoyo de los Gobiernos Federal, Estatal y Municipal, así como de los diversos sectores de la sociedad.

La Universidad debe de ser concebida como una comunidad científica autónoma, comprometida con el desarrollo del conocimiento y su transmisión; igualmente debe de ser propedéutica y social, pública, gratuita, plural y democrática; así como promotora de los altos valores sociales.

La ruta más clara para lograr este objetivo es la integración y operación de un Plan Institucional de Desarrollo que encause verdaderamente la docencia universitaria y replantee el proceso de enseñanza aprendizaje, que ordene el desempeño de los servidores públicos universitarios, que proteja a la comunidad que integra la UABJO y que garantice la participación en sus diversas actividades, además de que fortalezca la vinculación con los diversos sectores de la sociedad.

Un proyecto de esta naturaleza tiene que estar cimentado en la legalidad, la transparencia y la honestidad; de esa manera, se contribuirá a construir una Universidad con valor y con valores.

Por lo tanto, se requiere la autorización de la asignación de un recurso suficiente para llevar a cabo un proyecto del Plan Institucional de Desarrollo en donde se enmarquen los ejes centrales para la construcción de la Universidad que demandan los universitarios y la sociedad en su conjunto.

Es necesario señalar de manera enfática lo injusto e incorrecto de cuestionamientos y críticas que se refieren al desempeño de la Universidad Autónoma “Benito Juárez” de Oaxaca y que consisten en señalar que está postrada en varios de los indicadores de capacidad académica y competitividad académica en el último lugar nacional.

Al respecto en el reciente ejercicio del Programa Integral de Fortalecimiento Institucional 2012-2013, la Subsecretaría de Educación Superior presentó información sobre los indicadores para un padrón de 47 instituciones de educación superior, de esta información se tiene que la Universidad Autónoma “Benito Juárez” de Oaxaca ocupa los siguientes lugares:

Profesores de tiempo completo con posgrado, lugar 36.

Profesores de tiempo completo con doctorado, lugar 34.

Profesores de tiempo completo con perfil deseable, lugar 43.

Profesores de tiempo completo en el SNI, lugar 32.

Cuerpos académicos en consolidación, lugar 35.

Cuerpos académicos consolidados, lugar 32.

Matrícula atendida en programas educativos de calidad, lugar 38.

Con lo cual se muestra que la Universidad en ninguno de estos indicadores se encuentra en las últimas posiciones del panorama nacional.

La Universidad Autónoma “Benito Juárez” de Oaxaca tiene como principal desafío en cuanto a su oferta educativa, el incorporar programas educativos de posgrado al Padrón Nacional de Posgrados de Calidad del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología.

A continuación se presenta de manera breve el posicionamiento de la Universidad Autónoma “Benito Juárez” de Oaxaca en el contexto de las universidades públicas que en los últimos cuatro periodos gubernamentales se han impulsado, las cuales son la Universidad de la Cañada, de la Sierra Juárez, de la Sierra Sur, del Istmo, del Papaloapan, del Mar y la Universidad Tecnológica de la Mixteca.

En el análisis se consideran ocho indicadores:

a. Alumnos por profesor de tiempo completo

El número de alumnos por profesor de tiempo completo para las ocho universidades públicas, incluida la UABJO, da en promedio 19 alumnos por cada profesor de tiempo completo, siendo el valor más alto el correspondiente a la Universidad con 58 estudiantes por cada profesor de tiempo completo.

Las universidades públicas del Estado de Oaxaca todas están por abajo del indicador de diez alumnos por profesor de tiempo completo, lo que muestra en una perspectiva positiva que tienen condiciones para desarrollar no sólo docencia, sino involucrarse en la generación y aplicación del conocimiento mientras que la UABJO no tiene esta posibilidad ya que el indicador refleja la carga excesiva a nivel de impartir cursos que tienen sus profesores de tiempo completo.

b. Profesores de tiempo completo con posgrado.

El porcentaje de profesores de tiempo completo con posgrado para las ocho universidades públicas, incluida la UABJO, da en promedio un 84 por ciento, en donde la UABJO está mejor posicionada que las universidades del Mar y Tecnológica de la Mixteca.

c. Profesores de tiempo completo con perfil deseable.

El porcentaje de profesores de tiempo completo con perfil deseable para las ocho universidades públicas, incluida la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, da en promedio un 23 por ciento, en donde la Universidad Autónoma “Benito Juárez” de Oaxaca está mejor ubicada que las universidades del Mar y la Sierra Sur.

d. Profesores de tiempo completo, SNI.

El porcentaje de profesores de tiempo completo en el SNI para las ocho universidades públicas, incluida la Universidad Autónoma "Benito Juárez" de Oaxaca, da en promedio un 12 por ciento, en donde la Universidad Autónoma “Benito Juárez” de Oaxaca está mejor posicionada que las universidades de la Sierra Sur y del Istmo.

e. Cuerpos académicos.

El porcentaje de cuerpos académicos en consolidación para las ocho universidades públicas, incluida la Universidad Autónoma "Benito Juárez" de Oaxaca, da en promedio un 12 por ciento, en donde la Universidad Autónoma “Benito Juárez” de Oaxaca ocupa el segundo lugar.

En lo que corresponde al porcentaje de cuerpos académicos consolidados para las ocho universidades públicas, incluida la Universidad Autónoma "Benito Juárez" de Oaxaca, da en promedio un 1 punto porcentual, en donde la Universidad Autónoma “Benito Juárez” de Oaxaca ocupa el primer lugar.

f. Programas educativos de Técnico Superior Universitario y de Licenciatura de buena calidad.

El porcentaje programas educativos de TSU y Licenciatura reconocidos por su calidad para las ocho universidades públicas, incluida la UABJO, da un promedio de32 puntos porcentuales, lo que ubica a la UABJO en el primer lugar.

g. Matrícula en programas educativos de Técnico Superior Universitario y de Licenciatura de buena calidad.

El porcentaje de matrícula atendida en programas educativos de TSU y Licenciatura reconocidos por su calidad para las ocho universidades públicas, incluida la UABJO, da en promedio un 57 porciento, lo que ubica a la Universidad Autónoma “Benito Juárez” de Oaxaca en el primer lugar.

h. Subsidio por alumno.

El subsidio por alumno para las ocho universidades públicas, incluida la UABJO, da en promedio un financiamiento de 30,000 pesos, siendo la UABJO la que tiene el menor subsidio por alumno.

Es de señalar que se tienen tres universidades públicas del estado de Oaxaca que el subsidio por alumno resulta desorbitado si se contrasta con los subsidios por alumno más altos de las universidades públicas estatales del país.

Es de señalar que se tienen tres universidades públicas del estado de Oaxaca que el subsidio por alumno resulta desorbitado si se contrasta con los subsidios por alumno más altos de las universidades públicas estatales del país.

Por lo anteriormente expuesto, es de urgente aplicación: La Ampliación, diversificación y desconcentración de la oferta educativa, El Fortalecimiento y consolidación de la planta académica, El Apoyo a la formación integral del estudiante, La Consolidación del Modelo Educativo, La Reestructuración integral de la investigación y el posgrado, El Impulso a la planeación integral, La Preservación y acrecentamiento de extensión y difusión cultural, La Solución a los problemas estructurales, Y un programa efectivo de Gestión de la calidad.

En razón de las causas expuestas, se somete a consideración de esta Honorable Asamblea el presente:

PUNTO DE ACUERDO

UNICO: Se exhorta atentamente a la H. Cámara de Diputados a través de las Comisiones de Hacienda y Crédito Público, Presupuesto y Cuenta Pública y de Educación para que a efecto de que en el Presupuesto de Egresos de la Federación correspondiente al Ejercicio Fiscal 2013 se autorice un incremento adicional al actualmente asignado de 708 MILLONES ANUALES en el recurso que se destina a la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca con el objeto de llevar a cabo diversos programas de fortalecimiento y modernización del modelo educativo como son: Ampliación, diversificación y desconcentración de la oferta educativa, Fortalecimiento y consolidación de la planta académica, Apoyo a la formación integral del estudiante, Consolidación del Modelo Educativo, Reestructuración integral de la investigación y el posgrado, Impulso a la planeación integral, Preservación y acrecentamiento de extensión y difusión cultural, Solución a los problemas estructurales y un programa efectivo de Gestión de la calidad.

Se adjunta al presente tabla de propuesta de distribución de los recursos por programa.

Salón de sesiones de la Cámara de Senadores, a 27 de noviembre de 2012.

Atentamente

Sen. Benjamín Robles Montoya”.

Propuesta de Tabla de distribución de recursos:

Programa: Sedes UABJO-UNAM con Educación a Distancia.

Presupuesto: 105 millones.

Programa: Sedes UABJO Bachillerato a Distancia.

Presupuesto: 40 millones.

Programa: Licenciatura en Gastronomía Tradicional Oaxaqueña.

Presupuesto: 11 millones.

Programa: Escuela Superior de Artes.

Presupuesto: 5 millones.

Programa: Escuela de Rehabilitación.

Presupuesto:15 millones.

Programa: Sedes para Prácticas.

Presupuesto: 20 millones.

Programa: Incremento de matricula al Nivel Medio Superior.

Presupuesto: 17 millones.

MONTO PROYECTO 1: 213 millones.

Proyecto de fortalecimiento y consolidación de la planta académica.

Objetivo: Habilitar una planta académica de calidad privilegiando el trabajo en equipo, la cooperación y colaboración con pares de otras instituciones en alianzas estratégicas y redes, en un marco normativo que detone el desempeño del personal académico.

Programa: Fomento a la creación y trabajo de los Cuerpos Académicos.

Presupuesto: 4.5 millones.

Programa: Titulación de grado.

Presupuesto: 6 millones.

Programa: Educación Continua e Inserción al Posgrado.

Presupuesto: 8 millones.

Programa: Inserción al PROMEP y SNI.

Presupuesto: 4 millones.

Programa: Concurso de Tiempos Completos.

Presupuesto: 30 millones

MONTO PROYECTO 2: 52.5 millones.

Proyecto de apoyo a la formación integral del estudiante Eje estratégico sustento: Estudiantes

Objetivo. Cubrir integralmente los requerimientos de los jóvenes alumnos, con el fin de fomentar entre ellos la sana competencia y el compromiso social.

Programa: Orgullo del valor UABJO.

Presupuesto: 8 millones.

Programa: Becas Fundación UABJO.

Presupuesto: 25 millones.

Programa: Educación Holista.

Presupuesto: 8.5 millones.

Programa: Políticas Sociales en la UABJO.

Presupuesto: 25 millones.

MONTO PROYECTO 3: 66.5 millones.

Proyecto de consolidación del Modelo Educativo. Eje estratégico sustento: Modelo educativo

Objetivo: Impulsar un esquema teórico propio que sustente la transición al paradigma educativo “Aprender a aprender”.

Programa: Nuevo Modelo Educativo UABJO. Competencias y Aprendizaje Significativo.

Presupuesto: 3 millones.

Programa: Modelo Pedagógico. Nivel Superior.

Presupuesto: 1 millón.

Programa: Modelo Pedagógico. Nivel Medio Superior.

Presupuesto: 1 millón.

Programa: Aplicación del Nuevo Modelo Educativo.

Presupuesto: 5 millones.

MONTO PROYECTO 4: 10 millones.

Proyecto de reestructuración integral de la investigación y el posgrado. Eje estratégico sustento: Investigación y posgrado.

Objetivo: Implementar políticas y acciones que permitan la consolidación de cuerpos académicos con líneas de investigación estrechamente vinculadas con el quehacer del posgrado.

Programa: Revisión, actualización y definición de las líneas de investigación en las DES.

Presupuesto: 1.5 millones.

Programa: Incorporar las líneas de investigación al trabajo de los Cuerpos Académicos y miembros SNI.

Presupuesto: 2 millones.

Programa: Creación del Fondo UABJO para investigación.

Presupuesto: 25 millones.

Programa: Revisión, actualización y regularización de los programas de posgrados en las DES.

Presupuesto: 3 millones.

Programa: Fortalecimiento en la participación Cuerpos Académicos y SNI, en los programas de posgrados.

Presupuesto: 2 millones.

Programa: Inclusión de los Programas de Posgrados al Programa Nacional de Posgrados de Calidad CONACYT.

Presupuesto: 2 millones.

MONTO PROYECTO 5: 35.5 millones

Proyecto de impulso a la planeación integral.

Objetivo: Impulsar esquemas para planificar el desarrollo institucional como garante de una universidad con certidumbre en el futuro, la cual se encuentra en un proceso de mejora permanente.

Programa: Revisión, actualización y generación de normatividad en la planeación estratégica.

Presupuesto: 1 millón.

Programa: Seguimiento y evaluación al Plan de Desarrollo Institucional.

Presupuesto: 2.5 millones.

Programa: Participación Directiva, de Cuerpos Académicos y miembros SNI, en la evaluación e integración del PIFI UABJO 2013 y PID.

Presupuesto: 3 millones.

Programa: Interconexión en la integración, operación y evaluación de las acciones derivadas de PIFI, CIEES, COPAES, y diversos fondos concursables.

Presupuesto: 1 millón.

MONTO PROYECTO 6: 7.5 millones.

Proyecto de preservación y acrecentamiento de extensión y difusión cultural. Eje estratégico sustento: Extensión y difusión de la cultura.

Objetivo: Mantener el quehacer educativo y social de la UABJO, así como acrecentarlo más allá del campus universitario, en respuesta a la comunidad Oaxaqueña.

Programa: Brigadas Comunitarias UABJO.

Presupuesto: 18 millones.

Programa: Agencia de Desarrollo Social UABJO-SEDESOL.

Presupuesto: 10 millones.

Programa: Quince Letras. Fomento a la Lectura.

Presupuesto: 2 millones.

Programa: Mundo UABJO. Fundación UABJO.

Presupuesto: 4 millones.

Programa: Comedor Universitario.

Presupuesto: 10 millones.

Programa: Edificio San Pablo. Circuito CU. Museo UABJO. Barda Perimetral CU.

Presupuesto: 58 millones.

MONTO PROYECTO 7: 102 millones

Proyecto de solución a los problemas estructurales.

Objetivo: Atender los problemas de la estructura administrativa universitaria, tales como: costo por alumno; pensiones y jubilaciones; reconocimiento de plantilla; tabuladores de salarios; renovación de planta académica y; actualización del sistema legislativo.

Programa: Nuevo Tabulador Salarial para Docentes.

Presupuesto: 71 millones.

Programa: Nuevo Tabulador salarial para Administrativos.

Presupuesto: 65 millones.

Programa: Revisión y actualización del sistema de pensiones UABJO.

Presupuesto: 28 millones.

Programa: Revisión y actualización de políticas financieras para generar certidumbre en el manejo e incremento al subsidio.

Presupuesto: 2 millones.

Programa: Revisión y actualización de la Normatividad Universitaria.

Presupuesto: 15 millones.

MONTO PROYECTO 8: 181 millones.

Proyecto de gestión de la calidad.

Objetivo: Mantener y desarrollar nuevos procesos administrativos, sujetos a evaluación ISO, para consolidar el sistema de gestión de calidad.

Programa: Evaluación al sistema de gestión de la calidad.

Presupuesto: 5 millones.

Programa: Creación de sistema de gestión de calidad.

Presupuesto: 12 millones.

Programa: Implementación, difusión y evaluación del sistema de gestión de la calidad.

Presupuesto 23 millones.

MONTO DEL PROYECTO 9: 40 millones.

Monto total solicitado: Incremento de 708 MILLONES ANUALES en el recurso que se destina a la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca con el objeto de llevar a cabo diversos programas de fortalecimiento y modernización del modelo educativo.





 

Del Senador Fidel Demédicis Hidalgo, del grupo parlamentario del PRD, un punto de Acuerdo que exhorta a incrementar los recursos presupuestales asignados en el programa 11 del Programa Especial Concurrente del Sector Rural en el Programa del Derecho a la Alimentación, mismo que se turna a la Cámara de Diputados.

PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA A LA COMISION DE PRESUPUESTO Y CUENTA PUBLICA DE LA CAMARA DE DIPUTADOS A QUE EN EL PROCESO DE ANALISIS, DISCUSION Y APROBACION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACION PARA 2013 INCREMENTE LOS RECURSOS PRESUPUESTALES ASIGNADOS EN EL PROGRAMA 11 DEL PROGRAMA ESPECIAL CONCURRENTE DEL SECTOR RURAL EN EL PROGRAMA DEL DERECHO A LA ALIMENTACION

“SEN. ERNESTO CORDERO ARROYO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
CAMARA DESENADORES
PRESENTE.

El que suscribe, Senador FIDEL DEMEDICIS HIDALGO, integrante de la LXII Legislatura de la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión, y del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8, fracción II; 76, fracción IX, 108, 276, y demás aplicables del Reglamento del Senado de la República, presento ante esta Honorable Asamblea, la siguiente PROPOSICION CON PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA A LA COMISION DE PRESUPUESTO Y CUENTA PUBLICA DE LA CAMARA DE DIPUTADOS A QUE EN EL PROCESO DE ANALISIS, DISCUSION Y APROBACION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACION PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013, INCREMENTE LOS RECURSOS PRESUPUESTALES ASIGNADOS EN EL PROGRAMA 11 DEL PROGRAMA ESPECIAL CONCURRENTE DEL SECTOR RURAL (PEC) EN EL PROGRAMA DEL DERECHO A LA ALIMENTACION, PARA EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACION DEL 2013, de conformidad con las siguientes:

CONSIDERACIONES

México no ha podido avanzar contra la pobreza alimentaria, frente a lo realizado por otras naciones latinoamericanas que han reducido efectivamente esta problemática, el Centro de Estudios e Investigación en Desarrollo y Asistencia Social (CEIDAS), basado en datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), reportó que del 2001 al 2010, hay más de 339 municipios en México, donde más del 50% de las personas viven con hambre cotidianamente, y que han fallecido 85 mil 343 personas por desnutrición, cifra a la cual debemos sumar que hay 12 millones de mexicanos que no tienen ingreso suficiente para comprar la canasta básica de alimentos”, por lo que “si no mueren por desnutrición, morirán por enfermedades generadas por ésta” como lo declarara el Director de ese centro Mario Luis Fuentes.

La tragedia que vivimos es inusitada, las políticas públicas para atender la pobreza alimentaria han sido desarticuladas y fragmentadas, con alto impacto en el campo y las ciudades, donde prevalece la exclusión y la desigualdad en el acceso a bienes y servicios básicos, la comunidad se ha dispersado generando las más diversas formas de violencia e inseguridad que dejan fuera el ejercicio de los derechos, la vida pública democrática se soslaya en esas condiciones.

Pese a lo complejo del problema, un avance fundamental ha sido la promulgación el 13 de octubre del 2011 la Reforma Constitucional al artículo 4º donde se reconoce el Derecho a la Alimentación sana y suficiente de todos los mexicanos, así como una adición a la fracción XX del artículo 27 de la misma constitución donde se establece que deberán de adecuarse las políticas públicas del desarrollo rural para que el Estado garantice el abasto suficiente y oportuno de los alimentos básicos que la ley establezca,.

Durante la LXI Legislatura, en la cámara de diputados, en el presupuesto de Egresos de la Federación 2012, se autorizó un monto de $38,830 millones de pesos en acciones para la instrumentación del Programa del Derecho a la Alimentación, de los cuales $33,982.3 millones de pesos fueron asignados a la SEDESOL y $4,848.4 millones a la SAGARPA, identificados como programa 11 del PEC, con la siguiente estructura:

11.- Programa de Derecho a la Alimentación

38,830.7

Ramo 20 Desarrollo Social

33,982.3

Oportunidades

28,102.5

Programa Alimentario

4,083.8

Programa de Abasto Rural a cargo de DICONSA

1,796.0

Ramo 8 Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación

4,848.4

PROMAF

770.0

Acciones emergentes de alimentos básicos deficitarios siniestrados

400.0

PESA

2,628.4

Fondo para acciones de alimentación en concurrencia en zonas alta y muy alta marginación

250.0

Agricultura de autoconsumo, apoyo a pequeños agricultores de hasta 3 hectáreas.

400.0

Modernización sustentable de la agricultura tradicional.

400.0

El panorama no es alentador, sin embargo, no podemos arriesgar a eliminar o disminuir el presupuesto social en la materia, que haría más complicada la atención del problema, pues sin los recursos mínimos, el impacto que mitiga el presupuesto asignado, puede convertirse en un problema trascendental para la vida institucional nacional.

La situación actual es de crisis alimentaria y abandono del campo, requiere de una profunda reforma institucional que responda a los intereses de la población, ya señalamos que se carece de una instancia para atender y superar el hambre, también de que se carece de metas para atender el problema alimentario, razón por la que se requiere que exista una verdadera política de estado para solucionar el problema alimentario.

Por nuestra parte, el pasado 16 de octubre, hemos presentado en el día mundial de la Alimentación, la iniciativa de la “Ley General que Reglamenta el Derecho Constitucional a la Alimentación”, como un instrumento jurídico cuya columna vertebral tiene como ejes fundamentales:

• Promover y favorecer con los programas públicos la producción social y local de alimentos. Cambiar el paradigma y la perspectiva de que será el mercado internacional quien nos dé la solución a la crisis alimentaria, recuperar formas y modelos de producción local que permitirán que la producción familiar, multimodal, multifuncional y campesina produzca sus propios alimentos.

• Apoyarse en la organización social para salir de la crisis, recordemos que todo proceso de apoyo social sí no genera organización se convierte solo en apoyo asistencial. La experiencia nos indica que los grandes procesos sociales han siempre estado acompañados de grandes procesos organizativos.

• Realizar una conversión del gasto asistencial (que actualmente es la mayoría) hacia gasto productivo.

• Fortalecer la coordinación de políticas, programas y acciones institucionales. Avanzar en la construcción de una profunda reforma institucional que significa la implementación del Instituto Mexicano de la Alimentación.

Para orientar dicho gasto, se requieren los instrumentos jurídicos que se dictaminaran en el debido proceso legislativo, pero no debe dejarse desprotegido el sector, antes bien, debe atenderse la gravedad del problema incrementando en forma substancial el monto presupuestado con respecto al año anterior, atendiendo las condiciones y problemática del campo mexicano.

Para poder avanzar en materia de atención del derecho a la alimentación, es fundamental garantizar que el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2013 incremente el monto asignado en el programa 11 del PEC.

En ese sentido y por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de este Honorable Pleno, la siguiente proposición con punto de Acuerdo para turno directo a la Cámara de Diputados.

PUNTO DE ACUERDO

UNICO.- El Senado de la República del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a que en el proceso de análisis, discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos, mantenga este programa en la estructura presupuestal e incremente en un 50% de los recursos asignados en el programa 11 del Programa Especial Concurrente del Sector Rural (PEC) en el Programa del Derecho a la Alimentación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2013.

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Senadores, a 27 de noviembre de 2012.

Atentamente

Sen. Fidel Demédicis Hidalgo”.





 

Del Senador Sofío Ramírez Hernández, del grupo parlamentario del PRD, un punto de Acuerdo que exhorta a etiquetar en el Programa Nacional de Infraestructura Carretera, recursos destinados para la infraestructura carretera en el estado de Guerrero, mismo que se turna a la Cámara de Diputados el primer resolutivo, y a la Comisión de Comunicaciones y Transportes del Senado el segundo de éstos.

PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL EJECUTIVO FEDERAL A ETIQUETAR EN EL PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA, RECURSOS DESTINADOS PARA LA INFRAESTRUCTURA CARRETERA EN EL ESTADO DE GUERRERO

“El suscrito, SOFIO RAMIREZ HERNANDEZ, Senador de la LXII Legislatura del H. Congreso de la Unión, e integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática (PRD) con fundamento en lo dispuesto en los artículos 8, numeral 1, fracción II y 276, numerales 1 y 2, y demás disposiciones aplicables del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta H. Asamblea, la siguiente proposición con punto de Acuerdo al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

Durante el segundo año de gobierno, de la actual administración, se puso en marcha por parte del Ejecutivo Federal, el Programa Nacional de Infraestructura Carretera enfocado a la construcción, modernización y mantenimiento de las carreteras nacionales y caminos rurales.

Para lograr los objetivos impuestos en el Programa Nacional de Infraestructura Carretera, se anunció por parte del titular de la Administración Pública, la construcción y modernización de 17 mil 598 kilómetros de carreteras y caminos rurales incluyendo 12 mil 260 kilómetros que corresponden a 100 proyectos carreteros que se encuentran comprometidos a concluiren ésteaño 2012.

Los senadores proponentes coincidimos en que es necesario generar diferentes acuerdos que faciliten la construcción de proyectos regionales que sirvan como plataforma de desarrollo cada vez más justo y equilibrado para la zona sur del país.

Es fundamental realizar la consolidación de una infraestructura carretera que sirva para abrir más corredores turísticos y comerciales entre los Estados de Guerrero,Oaxaca y Chiapas que genere mayor comunicación entre éstos Estados y que ayuden a consolidar un proyecto de modernización de las entidades del sur sureste del país.

En el tema de vías de comunicación, el sur del país ha estado al margen del desarrollo, podríamos decir que en hasta en cierto abandono de parte del gobierno federal.

En los últimos sexenios nada trascendente se ha realizado en la zona del pacífico sur del país.

La construcción y modernización de la red carretera del país, ha disminuido en un alto porcentaje, lo que impacta directamente a la población en general al dejar de contar con accesos seguros y rápidos que interconecten a las distintas comunidades del país, demeritando el impulso de la actividad turística, la generación de empleos, la salvaguarda de la seguridad de los usuarios de los servicios carreteros y el fomento del comercio nacional e internacional.

Por ello, es necesario retomar las demandas de la sociedad para la realización y/o llevar a cabo la conclusión de la infraestructura carretera que comuniquen a la zona de la montaña Tlapa y Mixteca. En específico quiero citar al proyecto del “Eje Carretero número 15”, para comunicar la Costa del Pacífico, como ya se dijo, de los Estados de Guerrero, Oaxaca y Chiapas, con el centro del país.

Las obras de infraestructura carretera representan el desarrollo económico y social de los pueblos, pero también se requiere darles mantenimiento. La puesta en marcha del proyecto carretero Tlapa-Huajuapan de León, tendrá un impacto favorecedor en la zona y grandes beneficios para las poblaciones que integran la región, además de ampliar la generación de oportunidades de crecimiento económico.

Es incuestionable que con ello, se aprovecharán oportunidades derivadas de la capacidad productiva de esta zona, al mejorar la relación costo beneficio por el intercambio en los mercados locales; además de otorgar mejores rutas de comunicación y acceso al turismo, nacional y extranjero de aquélla región. Con este proyecto, además de conectar a los centros de producción, se alienta a la inversión que siempre contribuye a generar más empleos.

Debemos compañeras y compañeros senadores, garantizar la conservación, ampliación y modernización de las vías de comunicación, en virtud de que representan la oportunidad de que los habitantes de nuestras comunidades tengan acceso al desarrollo económico y social.

Por ello, compañeras y compañeros Senadores, es necesario exhortar al Ejecutivo Federal para que se lleve a cabo el desarrollo y reactivación de la infraestructura carretera del estado de Guerrero.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de esta Asamblea el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO.- Se exhorta a la Cámara de Diputados de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, a que en el proceso de discusión y aprobación del proyecto de Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio 2013, se etiqueten en el Programa Nacional de Infraestructura Carretera, recursos destinados para la infraestructura carretera en el estado de Guerrero.

SEGUNDO.- Se exhorta al titular del Ejecutivo Federal para que a través de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, se dé continuidad de forma inmediata a los trabajos de construcción del proyecto carretero Tlapa-Huajuapan de León.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, a 27 de noviembre de 2012.

Suscribe

Sen. Sofío Ramírez Hernández”.





 

De los CC. Senadores Sofío Ramírez Hernández, Armando Ríos Piter y René Juárez Cisneros, que contiene punto de acuerdo que exhorta al Gobierno Federal para que, frente a los problemas de inseguridad en el municipio de Olinalá, se implemente un plan estratégico de desarrollo regional para los municipios de la región de la montaña del estado de Guerrero.Se turna a la Comisión de Seguridad Pública los resolutivos primero y segundo y a la Cámara de Diputados el tercero de éstos.

“PROPOSICION CON PUNTO DE ACUERDO QUE PRESENTAN LOS SENADORES SOFÍO RAMIREZ HERNANDEZ, ARMANDO RIOS PITER DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCION DEMOCRATICA, Y RENE JUAREZ CISNEROSDEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, A FIN DE EXHORTAR AL GOBIERNO FEDERAL PARA QUE, FRENTE A LOS PROBLEMASDE INSEGURIDAD EN EL MUNICIPIO DE OLINALA, SE IMPLEMENTE UN PLAN ESTRATEGICO DE DESARROLLO REGIONAL PARA LOS MUNICIPIOS DE LA REGION DE LA MONTAÑA DEL ESTADO DE GUERRERO

Los que suscriben Senador SOFÍO RAMÍREZ HERNÁNDEZ, Senador Armando Ríos Piter, integrantes del Grupo Parlamentario del PRD y Senador René Juárez Cisneros integrante del Grupo Parlamentario del PRI, de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8, numeral 1 fracción II y 276 del Reglamento del Senado de la República, sometemos a la consideración del H. Pleno del Senado, la presente Proposición con Punto de Acuerdo, de conformidad con las siguientes:

CONSIDERACIONES

Vengo a esta tribuna a platicarles de uno de los muchos Municipios del Estado de Guerrero, que se privilegia por tener gente trabajadora, y que lucha cada día por el bienestar y la seguridad de su familia.

El Municipio de Olinalá, cuenta con una población de 24,7231 habitantes, su principal actividad productiva esta basada en la agricultura y la ganadería, por lo que hace a transformación de materias primas destaca la manufactura de productos como la madera y el corcho, la elaboración de muebles y accesorios.

Hablar de Olinalá, es hablar de sus artesanos y la fabricación de verdaderas obras de arte en la confección de hermosas cajas y arcones que le han dado la vuelta al mundo y han ganado fama mundial a Guerrero. Y debido a este trabajo muchos de estos artesanos han ganado diversos premios debido a las técnicas ancestrales que ocupan, con el uso de pigmentos naturales para captar los colores alegres y brillantes que dan vida a diversos gravados, además del aceite de chía para el pulido de estas obras de arte donde las técnicas de elaboración son totalmente artesanales.

En contraste, es un pueblo que se enfrentan a realidades tan crueles como la que nos arroja el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), donde se muestra que 9,9132 guerrerense originarios de este pueblo trabajador, no cuentan con los mínimos servicios de salud. La Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL) en su catálogo de localidades lo tiene marcado con un grado de marginación muy alto.

Los pobladores de este municipio tienen mas de 10 años buscando la manera de mantener a sus familias seguras y alejadas de la delincuencia organizada, haciendo diversos llamados a las autoridades de los tres ordenes de gobierno, sin obtener respuesta a su constante inseguridad.

La comunidad de este municipio está viviendo en la incertidumbre ante la inseguridad, por ello, el pasado 27 de octubre se organizó para armarse y vigilar los accesos a la cabecera municipal por la presunta existencia de la delincuencia organizada

Las autoridades municipales han quedado rebasadas y en estado de ilegitimidad para buena parte de la población de Olinalá, por lo que se manifestaron a favor de la intervención del Ejercito mexicano como garante de la seguridad de la entidad.

Compañeros Legisladores, es triste que tengan que pasar situaciones como la que vivieron en Olinalá en pasados días, para que los ojos de las principales autoridades pongan atención a este empobrecido municipio.

Una vez más queda demostrado que la unión de los ciudadanos puede más que las autoridades locales, fue la oportuna intervención del Ejecutivo Estatal para tomar en sus manos el asunto y lograr que la Fuerza Armada se hiciera cargo de la seguridad del municipio.

Aunque esta situación no generó violencia, ni vulneración de los derechos humanos, los pobladores han visto afectado su desarrollo social y económico debido a la suspensión de actividades productivas, y en el aspecto educativo por el cierre de las escuelas.

El impacto regional de la actual situación en Olinalá, puede hacerse sentir en otros municipios al ver afectada la actividad económica de la región de la Cañada, la región de la montaña con sus artesanías forman parte de los pueblos que aún mantienen sus tradiciones y defensa de los territorios. Esas mismas tradiciones de Olinalá pueden ser mermadas por la situación de conflicto.

Aunque ya han sido anunciadas algunas medidas inmediatas en materia de seguridad, y apoyo para la reactivación de la economía, no son suficientes para brindar a los pobladores de Olinalá la certeza de lograr un desarrollo económico sustentable, atendiendo sus más urgentes necesidades.

Es responsabilidad de este Senado de la República como garantes del Pacto Federal, velar por el Estado de Derecho de la nación, para el caso que nos ocupa salvaguardar la seguridad de los pobladores de Olinalá, de igual forma es imperativo hacer un llamado a las titulares de poder Ejecutivo federal y local a que instruyan a sus diversas Secretarias a fin de que se pongan en marcha y se ejecuten políticas publicas de manera permanente con la finalidad de reactivar la economía, seguridad social, vivienda, educación y todo aquellos servicios que logren sacar a este Municipio de la grave pobreza a la que se enfrentan.

No podemos dejar de reconocer lo delicado del momento y la situación que se vive en esta parte de la Región de la Montaña.

Por lo antes expuesto, sometemos a la consideración del Pleno de esta Honorable Asamblea la siguiente proposición con:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO.- El Senado de la Republica exhorta al Titular del Poder Ejecutivo Federal, a realizar las acciones conducentes para resguardar la seguridad y regresar la gobernabilidad de los habitantes del municipio de Olinalá, Guerrero, a través de la Fuerzas Armadas.

SEGUNDO.- El Senado de la Republica exhorta a los Titulares del Poder Ejecutivo federal y local a que instruyan a Titulares de sus diversas Secretarias para que pongan en marcha y ejecuten acciones, programas y políticas publicas de manera permanente, en materia de desarrollo social y reactivación de la derrama económica de la región de la Cañada en Guerrero (Olinalá, Cualác, Tlapa de Comonfort, Alpoyeca, Huamuxtitlan y Xochihuehuetlan) a fin de buscar el desarrollo económico sustentable de la comunidad logrando así abatir el alto grado de marginación en que se encuentra.

TERCERO.- Este Senado de la República, exhorta a la Cámara de Diputados a considerar en el Presupuesto de Egresos de la Federación correspondiente al Ejercicio Fiscal del 2013 una partida presupuestal que sustente diversos proyectos de financiamiento y reactivación en las actividades productivas que incrementen la derrama económica y la seguridad del Estado de Guerrero.

Suscriben

Sen. Sofío Ramírez Hernández

Sen. Armando Ríos Piter

Sen. René Juárez Cisneros”.

Es todo, señor Presidente.

- El C. Presidente Burgos García: Muchas gracias, esta Presidencia ratifica los turnos de los que ha dado cuenta la Secretaría.

Solicito ahora también a la Secretaría informe a la Asamblea de las propuestas que se turnarán directamente a comisiones del Senado, conforme a lo solicitado por los grupos parlamentarios y los propios promoventes.

- La C. Secretaria Merodio Reza: Doy lectura a las propuestas que se turnarán directamente a comisiones.





 

Del Senador Fernando Herrera Avila, del grupo parlamentario del PAN, un punto de Acuerdo que exhorta al gobierno del estado de Aguascalientes a iniciar el proceso expropiatorio del bosque de mezquites La Pona, ubicado en la zona oriente de la ciudad de Aguascalientes, mismo que se turna a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA AL GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES A INICIAR EL PROCESO EXPROPIATORIO, POR CAUSAS DE UTILIDAD PUBLICA, DEL BOSQUE DE MEZQUITES “LA PONA” UBICADA EN LA ZONA ORIENTE DE LA CIUDAD DE AGUASCALIENTES Y SE TOMEN LAS PROVIDENCIAS NECESARIAS PARA SU DEBIDA INDEMNIZACION

“SEN. ERNESTO CORDERO ARROYO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
DEL SENADO DE LA REPUBLICA
PRESENTE.

El suscrito, Fernando Herrera Avila, Senador de la República, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, de la LXII Legislatura, de conformidad con lo previsto en el numeral 1 fracción II del artículo 8 y 276 del Reglamento del Senado de la República, someto a consideración de esta Soberanía la siguiente proposición con Punto de Acuerdo por el que se exhorta al Gobierno del Estado de Aguascalientes a que inicie el proceso expropiatorio, por causas de utilidad pública, del bosque de mezquites “La Pona” ubicada en la zona oriente de la ciudad de Aguascalientes y se tomen las providencias necesarias para su debida indemnización al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

En los últimos siglos, la humanidad ha protegido áreas específicas en todos los rincones del mundo con el objetivo de mantener las cualidades originales de zonas geográficas en su estado natural, sea por razones económicas, espiritualeso recreativas.

La Comisión Mundial de Areas Protegidasha definido el concepto “área protegida” como “Un espacio geográfico claramente definido, reconocido, dedicado y administrado, a través de medios legales u otros similarmente efectivos, para lograr la conservación de la naturaleza con sus ecosistemas asociados y su valores culturales”.

A finales del siglo XIX se inició la creación de áreas para la conservación de la naturaleza, conocidas como parques nacionales y los principales criterios para definir estas áreas fueron estéticos y recreativos. Actualmente la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas administra reservas de la biosfera, áreas de protección de recursos naturales y de flora y fauna, así como parques, monumentos y santuarios nacionales.

México cuenta hoy con diversos tipos de áreas protegidas: federales, estatales, municipales, comunitarias, ejidales y privadas. Al menos 22 estados del país cuentan con decretos de áreas protegidas a nivel estatal bajo la administración de secretarias o institutos ambientales de los gobiernos locales. Jalisco y Oaxaca cuentan con un Sistema Estatal de Áreas Naturales y algunos municipios como el de Aguascalientes tienen áreas protegidas municipales.

Bajo este contexto, en Aguascalientes peligra una de las áreas naturales protegidas por el Municipio con una superficie de 30 hectáreas, en razón de que sus dueños quieren construir desarrollos habitacionales sobre un suelo de preservación ecológica, tan escaso en una ciudad que creció en los últimas tres décadas, lo que no creció en los últimos siglos. El bosque de mezquites “La Pona” tiene un valor ambiental invaluable para la ciudad de Aguascalientes y sus habitantes; captura partículas contaminantes; es pulmón de la ciudad; mitiga las radiaciones solares; recarga los mantos acuíferos; evita inundaciones y es un espacio natural de recreo para las familias.

El doctor Jean Meyer publicó recientemente en el Universal, refiriéndose al tema que nos ocupa, del Suicidio Ambiental en Aguascalientes. Sostiene el historiador mexicano de origen francés que todos los días se nos dice que el cambio climático ha vuelto prioritarias la conservación de la naturaleza, la defensa del medio ambiente y que la ciencia es clara al afirmar la necesidad de reducir las emisiones que calientan el planeta, y de “volverse verde”. Sintetiza que declarar el bosque de mezquites “La Pona” como área protegida municipal significó una “victoria del sentido común” de un lugar equivalente, guardando la debida proporción, al Chapultepec de la ciudad de México o al Central Park de Nueva York…

Sin más preámbulo, compañeros Senadores, el único camino para salvar esa zona protegida y evitar el “triunfo del ladrillo y del concreto” del que nos habla el Doctor Meyer, es el camino de la expropiación.

Por las razones expuestas, me permito poner a la consideración de esta Honorable Asamblea el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

Unico.- El Senado de la República exhorta respetuosamente al Gobierno del Estado de Aguascalientes para que en uso de sus facultades, inicie el proceso expropiatorio por causas de utilidad pública del bosque de mezquites“La Pona” ubicado en la zona oriente de la ciudad de Aguascalientes y se tomen las providencias necesariaspara su debida indemnización.

Salón de sesiones de la Cámara de Senadores, a 8 de noviembre de 2012.

Atentamente

Sen. Fernando Herrera Avila”.





 

Del Senador José María Martínez Martínez, del grupo parlamentario del PAN, un punto de Acuerdo que exhorta al titular del Ejecutivo Federal a expedir un protocolo de seguridad para proteger la industria joyera, mismo que se turna a la Comisión de Seguridad Pública.

PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA AL TITULAR DEL EJECUTIVO FEDERAL A EXPEDIR UN PROTOCOLO DE SEGURIDAD PARA PROTEGER LA INDUSTRIA JOYERA







 

De la Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama, del grupo parlamentario del PAN, un punto de Acuerdo que exhorta a la Comisión de Fomento de las Actividades de las Organizaciones de la Sociedad Civil a proporcionar a los ayuntamientos de los municipios de la República Mexicana el catálogo con información actualizada de organizaciones de la sociedad civil existentes en sus respectivas entidades federativas, así como aquellas de carácter nacional, mismo que se turna a la Comisión de Desarrollo Social.

PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA A LA COMISION DE FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES DE LAS ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL A PROPORCIONAR A LOS AYUNTAMIENTOS CONSTITUCIONALES DE LOS MUNICIPIOS DE LA REPUBLICA MEXICANA EL CATALOGO CON INFORMACION ACTUALIZADA DE ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL EXISTENTES EN SU RESPECTIVA ENTIDAD FEDERATIVA, ASI COMO AQUELLAS DE CARACTER NACIONAL

“CC. SECRETARIOS DE LA MESA DIRECTIVA
DE LA CAMARA DE SENADORES
DEL H. CONGRESO DE LA UNION
PRESENTES.

La que suscribe, ROSA ADRIANA DIAZ LIZAMA, Senadora a la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 8 numeral 1 fracción II, 108 y 276 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta Soberanía la siguiente: PROPOSICION CON PUNTO DE ACUERDO, al tenor de los siguientes:

ANTECEDENTES

PRIMERO: En fecha nueve de febrero de 2004, fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el Decretopor el que se expedía la Ley Federal de Fomento a las Actividades Realizadas por Organizaciones de la Sociedad Civil.

SEGUNDO: El 25 de Abril de 2012 se publicó en el mismo medio de difusión gubernamental, la última reforma a la Ley de Fomento a las Actividades Realizadas por Organizaciones de la Sociedad Civil, misma que reformó el artículo 5 de la norma en comento.

CONSIDERANDOS

PRIMERO: La participación social en las instituciones de la vida pública ha sido un factor que nutre la dinámica nacional en el sentido de alcanzar los objetivos del Estado para con sus subordinados. Esta corriente de participación se ha fortalecido en la última década sobre todo por la transición democrática con paz social que vivió nuestro país en el año 2000.

SEGUNDO: Resulta indudable que la coordinación entre Organizaciones de la Sociedad Civil y los gobiernos locales puede mejorar la implementación de políticas públicas sustentables y hacer más apropiados, efectivos e inclusivos los esfuerzos para el desarrollo regional, pero sobre todo local y comunitario.

TERCERO: Las áreas con mayor participacióny colaboración por parte de la Sociedad Civil Organizada lo son: La educación, la salud, actividades recreativas, niños en situación de calle, VIH, deportes, religión y grupos vulnerables; temas que sin duda son del mayor interés de la población en general, puesto que inciden directamente en el desarrollo de nuestro país, pero también en la estabilidad de las comunidades en las que se desarrollan las acciones en favor de esos rubros.

CUARTO.- Ahora bien, no obstante la cantidad de temas y a pesar que en nuestro país existen más de 15, 000 Organizaciones de la Sociedad Civil, estas mantienen muy poca o nula comunicación con los gobiernos municipales, pues los índices de esta comunicación se encuentran por debajo del 50%.

Por ello, y acorde con la tendencia para fortalecer el municipio, es que consideramos que los ayuntamientos deben de contar con la relación completa de las Asociaciones por medio de las cuales puedan iniciar ese lazo de cooperación y subisidrieidad, el intercambio de experiencias y expectativas que al final, se constituyan en políticas públicas, viables, ejecutables y que eleven la calidad en la prestación de los servicios a cargo del Ayuntamiento, con la eficiencia que ha demostrado la subsidiariedad

QUINTO.- De igual manera, no pasa desapercibido el hecho que esta adopción subsidiaria de necesidades de que se ha hablado, obedece en parte a una transferencia en ocasiones, obligada del Estado a la Sociedad, obligado a conducirse así por los múltiples compromisos en materia de prestación de servicios a que se enfrenta el Estado en sus distintos niveles de gobierno.

SEXTO.- Ahora bien la colaboración y coordinación Sociedad - Estado, existe y avanza en variasEntidades Federativas de la República Mexicana; sin embargo, en muchas de ellas, se carece de una normatividad en la materia que establezca las relaciones de colaboración económica, así como de responsabilidad y sanción entre las partes, impidiendo esta situación que el Gobierno impulse el desarrollo y crecimiento de las OSC para que se hagan cargo de las tareas especializadas de que son capaces, con el consecuente beneficio y mejoramiento para la Población de dichas Entidades, pero sobre todo de los municipios y sus localidades. Por ello, el presente instrumento llama la tensión al respecto para que cada vez sean menos entidades sin estimular la participación social.

SEPTIMO.- Finalmente, no debe pasar desapercibido el hecho que en las Entidades en que existe reglamentación al respecto, puede acontecer que el apoyo financiero que el Estado aporte a las OSCsea pretexto ideal para la contratación de deuda sin fines claros y que no necesariamente sea destinado en su totalidad al fomento de las actividades de las Organizaciones de la Sociedad Civil, por lo que en aquellas Entidades Federativas en que no exista la legislación, debe proveerse la responsabilidad hacendaria así como la viabilidad del financiamiento que pudiere ofrecerse a este tipo de organizaciones; y en aquellas en que sea existente la legislación sin restricciones a la contratación de deuda para el fomento de las OSC´s, deben hacerse las modificaciones pertinentes.

Por lo anteriormente expuesto, y para seguir fortaleciendo a los municipios en nuestro país, se propone a la Asamblea la siguiente proposición con puntos de Acuerdo:

RESOLUTIVOS

PRIMERO: El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Comisión de Fomento de las Actividades de las Organizaciones de la Sociedad Civil, a que proporcione a los Ayuntamientos Constitucionales de los Municipios de la República Mexicana, el Catálogo con información actualizada de Organizaciones de la Sociedad Civil existentes en su respectiva Entidad Federativa, así como aquellas de carácter Nacional.

SEGUNDO: Se exhorta al Honorable Congreso del Estado de Yucatán a efecto que expida la legislación que regule el involucramiento de las Organizaciones de la Sociedad Civil en las políticas públicas estatales.

Salón de sesiones de la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, a 8 de noviembre de 2012.

Atentamente

Sen. Rosa Adriana Díaz Lizama”.





 

De la Senadora Lisbeth Hernández Lecona, del grupo parlamentario del PRI, un punto de Acuerdo que exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal a implementar o actualizar programas y políticas eficaces para la prevención, atención, tratamiento y, en su caso, sanciones para la violencia contra las mujeres de la población mexicana, mismo que se turna a la Comisión de Equidad y Género.

PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA AL TITULAR DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL A IMPLEMENTAR O ACTUALIZAR PROGRAMAS Y POLITICAS EFICACES PARA LA PREVENCION, ATENCION, TRATAMIENTO Y, EN SU CASO, SANCIONES PARA LA ELIMINACION DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES DE LA POBLACION MEXICANA







 

De la Senadora Cristina Díaz Salazar, del grupo parlamentario del PRI, un punto de Acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a implementar en el tamiz neonatal la práctica de una prueba de detección de enfermedades metabólicas que indique si existen opciones terapéuticas disponibles, mismo que se turna a la Comisión de Salud.

PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA AL EJECUTIVO FEDERAL A IMPLEMENTAR EN EL TAMIZ NEONATAL LA PRACTICA DE UNA PRUEBA DE DETECCION DE ENFERMEDADES METABOLICAS QUE INDIQUEN SI EXISTEN OPCIONES TERAPEUTICOS DISPONIBLES

“La suscrita, CRISTINA DIAZ SALAZAR, Senadora de la República de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto en el artículos 8, numeral 1, fracción II y 276, numeral 1 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea, la siguiente: Se exhorta al Gobierno Federal por conducto de la Secretaría de Salud, implemente en el Tamiz Neonatal la práctica de una prueba de detección de enfermedades metabólicas que indiquen si existen opciones terapéuticas disponibles; al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

Las pruebas de tamiz neonatal sirven para detectar a recién nacidos portadores de alguna patología endocrina, infecciosa o errores del metabolismo, antes de que la enfermedad se manifieste y para prevenir, de ser posible, alguna discapacidad física, mental o la muerte.

No todas las enfermedades se manifiestan clínicamente desde que se presentan sus causas. Muchos padecimientos cursan con un periodo asintomático, mismo que puede durar desde días hasta décadas. En esta etapa prodrómica, el paciente, aunque ya tenga muchos o todos los factores etiológicos presentes, todavía se encuentra sano. El riesgo de terminar por enfermarsepuede ser muy variable, desde un leve aumento en la susceptibilidad a padecer la enfermedad, pasando por una alta predisposición, hasta llegar a la conjunción necesaria y suficiente de factores etiopatológicos para cruzar el umbral clínico. En los últimos años, las capacidades para determinar ese riesgo e identificar los factores etiológicos han aumentado notablemente para muchas enfermedades, a lo cual se conoce como diagnóstico presintomático. Dos ejemplos de las pruebas presintomáticas para proteger al propio sujeto afectado son la del Papanicolaou, cuya finalidad es la detección oportuna del cáncer cervicouterino, y la de Guthrie, que permite el descubrimiento oportuno neonatal de la fenilcetonuria, ambas dirigidas a la identificación temprana de personas afectadas para prevenir las metástasis o el retraso mental, respectivamente.

Se han descrito más de 300 enfermedades metabólicas congénitas identificadas como errores innatos del metabolismo de aminoácidos, ácidos orgánicos, hidratos de carbono y lípidos. Aunque los errores innatos del metabolismo son infrecuentes a nivel individual, su incidencia colectiva no lo es.

Estas enfermedades son causadas por mutaciones genéticas que dan origen a disfunciones enzimáticas de carácter específico, con la subsiguiente acumulación de compuestos tóxicos o de almacenamiento de sustratos; por lo menos 95% de ellas se transmiten con un patrón de herencia autosómica recesiva, por lo que cabe esperar que 25% de la descendencia resulte afectada.

El tamiz neonatal se define como un procedimiento que se realiza para descubrir aquellos recién nacidos aparentemente sanos, pero que tienen la predisposición para un padecimiento que desarrollará posteriormente, daños graves, irreversibles, antes de que éstos se manifiesten, con la finalidad de poder tratarla, evitando o aminorando sus consecuencias.

Se realiza con gotas de sangre fresca capilar, usualmente obtenidas del talón cuando los niños tienen entre cuatro y siete días de vida extrauterina. Se colocan de tres a cuatro gotas de esta sangre sobre un papel filtro (SM905) específico (tarjeta de Guthrie), que a su vez se pone en un medio de cultivo especial que contiene Bacillus subtilis, y se deja secar al medio ambiente. Se obtiene un disco de 3 mm de diámetro de la mancha de sangre. Ha sido muy efectivo para prevenir retardo mental en pacientes con fenilcetonuria e hipotiroidismo congénito. Esto se conoce como “Tamiz neonatal básico”. Se han logrado adaptar nuevas técnicas analíticas al estudio de las gotas de sangre neonatal recolectadas en papel filtro, lo cual ha hecho posible la determinación de una amplia gama de moléculas y la detección oportuna de aproximadamente medio centenar de padecimientos. Con dichos estudios se han extendido los beneficios a los recién nacidos bajo la denominación de “Tamiz neonatal ampliado”. Estos estudios hacen posible el diagnóstico precoz de otras manifestaciones graves tales como: crisis agudas en las primeras semanas o meses de vida (variedad “perdedor de sal” de la hiperplasia suprarrenal congénita), cuadros sépticos o síndrome de Reye (enfermedad de orina de jarabe de arce o “maple”), trastornos del ciclo de la urea (cadenas propiónica, metilmalónica, isovalérica), trastornos neuromusculares, cardiacos o muerte súbita (trastorno de la carnitina y de la oxidación de ácidos grasos), inmunodeficiencias (defectos de la adenosina deaminasa o de la biotinidasa), síndromes colestásicos (galactosemia), o problemas pulmonares y digestivos (fibrosis quística).

Aunque individualmente estos padecimientos son poco frecuentes, en conjunto no lo son; aproximadamente uno de cada mil recién nacidos presenta uno de ellos.

Los programas de tamiz neonatal constituyen una prioridad dentro de la atención en problemas de salud pública ya que, desde hace más de cuatro décadas, el tamizaje ha demostrado ser un procedimiento eficaz en un gran número de países desarrollados.

En México, el tamiz neonatal para enfermedades metabólicas se realizó por primera vez en 1973. Inicialmente estaba dirigido para la detección neonatal de fenilcetonuria, galactosemia, enfermedad de orina de jarabe de maple, homocistinuria y tirosinemia. Este programa fue cancelado en 1977, a pesar de que se demostró su factibilidad y de que tuvo como resultado el descubrimiento y tratamiento oportuno de varios niños con estas enfermedades. Se establece un nuevo programa en 1986, esta vez dirigido a la detección de hipotiroidismo congénito y fenilcetonuria. A partir de 1988, la Secretaría de Salud emitió la norma técnica que estableció la prevención del retardo mental causado por hipotiroidismo congénito a través de la realización del examen de tamiz a todos los recién nacidos, y quedó incorporada con carácter de obligatoriedad en la Norma Oficial Mexicana en 1995.

Sin embargo, el Tamiz Neonatal Ampliado, nos ha demostrado que si se realiza para la detección de 54 enfermedades o más, es conveniente primero, realizar pruebas especiales para cada padecimiento que nos indique cuál tiene tratamiento disponible.

Por lo anteriormente expuesto y fundamentado, someto a la consideración de esta Soberanía el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

UNICO.- Se exhorta al Gobierno Federal por conducto de la Secretaría de Salud, implemente en el Tamiz Neonatal la práctica de una prueba de detección de enfermedades metabólicas que indique si existen opciones terapéuticas disponibles.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, a 27 de noviembre de 2012.

Sen. Cristina Díaz Salazar”.





 

Del Senador Luis Sánchez Jiménez, del grupo parlamentario del PRD, un punto de Acuerdo por el que se solicita al Gobierno del Estado de Michoacán, un informe sobre las desapariciones forzadas de personas ocurridas en esa entidad, mismo que se turna a la Comisión de Derechos Humanos.

PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE SOLICITA AL GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN UN INFORME SOBRE LAS DESAPARICIONES FORZADAS DE PERSONAS, OCURRIDAS EN ESA ENTIDAD; ASIMISMO, EXHORTA AL CONGRESO DE ESE ESTADO A LEGISLAR EN MATERIA DE DESAPARICIONES FORZADAS







 

De la Senadora Iris Vianey Mendoza Mendoza, del grupo parlamentario del PRD, un punto de Acuerdo con relación a la desaparición de Julio Alberto Josué López Alonso, ocurrida en 2008, en Monterrey, Nuevo León, mismo que se turna a la Comisión de Derechos Humanos.

PUNTO DE ACUERDO CON RELACION A LA DESAPARICION DE JULIO ALBERTO JOSUE LOPEZ ALONSO, OCURRIDA EL 12 DE ENERO DEL 2008 EN MONTERREY, NUEVO LEON

“La suscrita Senadora Iris Vianey Mendoza Mendoza, integrante de la LXII Legislatura del Senado de la República, con fundamento en los artículos 8, fracción II, 108, 109 y 276 del Reglamento del Senado de la República, me permito someter a la consideración de esta Soberanía la siguiente PROPOSICION CON PUNTO DE ACUERDO con carácter de urgente u obvia resolución, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

El 12 de enero de 2008 desapareció en Santiago, Nuevo León, el joven Julio Alberto Josué López Alonso, de 27 años de edad, originario de Acapulco, Guerrero.

El día de su desaparición Julio Alberto se encontraba en compañía de tres amigos que también desaparecieron.

A raíz de estos hechos, la Procuraduría de Justicia de Nuevo León abrió la averiguación previa 07/2008/IV-1. De la misma manera, la SEIDO abrió integró la averiguación previa PGR/SIEDO/UEIS/AC/081/2011.

Sin embargo, la indolencia de las autoridades de Nuevo León en la investigación de este caso ha sido absoluta. A casi cinco años de su desaparición no cuentan con la información básica de los hechos y detalles que hagan suponer la posible comisión de delitos relacionados con la desaparición del joven Julio Alberto.

Son varias las irregularidades en la integración de la indagatoria, entre las que se destacan las siguientes:

• La autoridad no realizó acciones inmediatas para dar comienzo a la investigación de la desaparición de Julio Alberto.

• Nocuentan con una descripción detallada de la víctima, como sus ropas y artículos con los que fue vista por última vez, con la finalidad de orientar la investigación.

• No han elaborado un reporte policial de Julio López Alonso para difundirlo a las instancias de colaboración necesarias para su búsqueda y localización.

• Nunca han identificado a las personas del círculo cercano de Julio Alberto para entrevistarlas y obtener información relacionada a su modus vivendi.

• No han establecido el móvil y modus operandi de la desaparición de Julio Alberto.

• No han realizado diligencias durante los años 2008, 2009, 2010 y 2011.

Por las omisiones en la investigación de la desaparición de Julio Alberto, su madre, Julia Alonso Carvajal presentó una queja ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, sin que a la fecha se haya emitido aún una recomendación.

Ante esta situación Julia Alonso y otras madres de desaparecidos se han instalado en una huelga de hambre en la Secretaría de Gobernación para demandar respuesta y rendición de cuentas al Gobierno Federal sobre los casos que le fueron presentados en junio de 2011 al Presidente Felipe Calderón en el Diálogo que se llevo a cabo en el Castillo de Chapultepec.

La demanda central es ser recibidas por el Secretario de Gobernación, Dr. Alejandro Poiré Romero para exigir cumplimiento concreto a acciones que se pueden realizar urgentemente.

Por lo anterior, someto a la consideración de este Pleno, la siguiente:

PROPOSICION CON PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos a que emita una recomendación a las autoridades de Nuevo León por las omisiones en la investigación de la desaparición de Julio Alberto Josué López Alonso y otras tres personas.

SEGUNDO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente al Secretario de Gobernación, Dr. Alejandro Poiré Romero a que reciba de inmediato a las madres en huelga de hambre que buscan a sus hijos desaparecidos.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, a 8 de noviembre de 2012.

Sen. Iris Vianey Mendoza Mendoza”.





 

De la C. Senadora Laura Angélica Rojas Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, que contiene punto de acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a respaldar los esfuerzos de mediación y se hacen votos por la pronta implementación de un cese al fuego en la Franja de Gaza. Se turna a la Comisión de Relaciones Exteriores, Asia-Pacífico.

PROPOSICION CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE EL SENADO DE LA REPÚBLICA EXHORTA AL EJECUTIVO FEDERAL A RESPALDAR LOS ESFUERZOS DE MEDIACION Y HACE VOTOS POR LA PRONTA INSTRUMENTACION DE UN CESE AL FUEGO EN LA FRANJA DE GAZA PRESENTADA POR LA SENADORA LAURA ANGELICA ROJAS HERNANDEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCION NACIONAL

LAURA ANGELICA ROJAS HERNANDEZ, Senadora de la República de la LXII Legislatura al Congreso de la Unión e integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto por el Artículo 8 numeral 1 Fracción II, 103 numeral 2 Fracción III, 108, 276 y demás aplicables del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración del Pleno de esta Soberanía, la Proposición con Punto de Acuerdo de urgente resolución por el que el Senado de la República exhorta al Ejecutivo Federal a respaldar los esfuerzos de mediación y hace votos por la pronta implementación de un cese al fuego en la Franja de Gaza, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

Desde la semana pasada, el mundo ha venido atestiguando con enorme preocupación un nuevo estallido de violencia entre Israel y Palestina principalmente en la denominada Franja de Gaza. Ambas partes se han enfrascado en una escalada bélica que amenaza con convertirse en la peor, en términos de víctimas y destrucción, desde aquella del año 2009 como resultado de la Operación llamada Plomo Fundido. Tanto los bombardeos del ejército israelí –contabilizados en más de 1300 desde el jueves pasado- como los más de 900 cohetes lanzados desde Palestina hacia Israel han cobrado numerosas vidas, gran parte de ellas de población civil, y han venido alejando las posibilidades de una tregua que en este momento múltiples actores internacionales están tratando de construir.

A pesar de las innumerables aristas de esta conflagración, hay un consenso global más o menos generalizado sobre la conducta a la que ambas partes están obligadas – a partir de resoluciones de la Asamblea General y el Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas- y sobre la responsabilidad que tienen para apuntalar un proceso de paz duradero e integral. Como en 2009, el mundo reconoce el derecho de Israel a la legítima defensa ante los sistemáticos y reprobables ataques aéreos que recibe desde territorio palestino. No obstante, la comunidad internacional deplora el uso desproporcionado de la fuerza y ve con preocupación la brutalidad de ataques que lastiman especialmente a la población civil en violación a un sinnúmero de disposiciones de derecho internacional humanitario. Se trata de acciones que obstaculizan aún más el proceso de paz y que representan un retroceso desde cualquier punto de vista.

Nuestro país ha mantenido con claridad su posición sobre este asunto en distintos foros multilaterales. El Gobierno de México respalda las negociaciones tendientes a identificar e implementar una solución duradera e integral a este añejo conflicto, que resulte aceptable para ambas partes y que suponga un acuerdo de convivencia pacífica, tolerancia y diálogo permanente. Pero reconoce que, en cualquier caso, esta solución pasa por dos condiciones. Por un lado, la creación de un Estado Palestino soberano e independiente, política y económicamente viable, con fronteras seguras y reconocidas internacionalmente. Por el otro, un compromiso firme por garantizar, en todo momento, la seguridad del Estado de Israel.

Ante la posibilidad de que el conflicto escale constituyéndose en una profunda crisis humanitaria así como en una amenaza aún mayor para la estabilidad de Oriente Medio y del mundo entero, es necesario respaldar los esfuerzos de mediación que actualmente realizan tanto el Secretario General de la ONU, Ban Ki-Moon, los integrantes del Cuarteto para Oriente Medio y el presidente egipcio Mohamed Mursi.

México tiene una gran estima por ambos pueblos y mantiene fructíferas y sólidas relaciones de cooperación y amistad tanto con Israel como con Palestina. Como un país firmemente comprometido con la paz y la seguridad internacionales, así como con el principio de solución pacífica de las controversias, vemos con enorme preocupación la actual escalada de violencia. En este sentido, es crucial que México una la suya a la multiplicación de voces a favor de la paz y en respaldo a los esfuerzos de mediación en el contexto de la llamada Hoja de Ruta para la Paz en Medio Oriente.

Por lo anteriormente argumentado, se somete a la consideración de esta H. Cámara de Senadores, la siguiente Proposición con:

PUNTO DE ACUERDO

Primero. El Senado de la República hace votos por la pronta implementación de un cese al fuego en la Franja de Gaza y deplora la muerte de civiles en el conflicto.

Segundo. El Senado de la República exhorta al Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, a respaldar los esfuerzos de mediación encabezados por la Organización de las Naciones Unidas, el Cuarteto para Oriente Medio y el Gobierno Egipcio con el objetivo de poner fin a la escalada bélica entre Palestina e Israel.

Tercero. El Senado de la República exhorta al Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, a convocar a los miembros del Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas, a adoptar una resolución a fin de abonar en la superación de este lamentable episodio de violencia.

LAURA ANGELICA ROJAS HERNANDEZ
SENADORA

Salón de Sesiones de la H. Cámara de Senadores, a 22 de noviembre de 2012”.

Son todas las propuestas, señor Presidente.

- El C. Presidente Burgos García: Muchas gracias, esta Presidencia ratifica los turnos leídos por la Secretaría.





 

Tiene el uso de la tribuna el Senador Miguel Angel Chico Herrera, del grupo parlamentario del PRI, para presentar un punto de Acuerdo que exhorta al Director General de la Comisión Federal de Electricidad a suspender las órdenes de corte de suministro de energía sobre la infraestructura de la agroindustria en el estado de Guanajuato en la que sus productores reportan adeudos.

- El C. Senador Miguel Angel Chico Herrera: Con su permiso, señor Presidente.

Si bien es cierto que en el Senado de la República están representadas todas las entidades federativas que componen el pacto federal de la Unión y que en conjunto tenemos la encomienda de propugnar por los asuntos que atañen a la modernización de la legislación nacional y a la norma constitucional que rige en toda la geografía mexicana; es menester reconocer que en ciertos momentos cada uno de nosotros, integrantes de esta Legislatura y de la entrante, tenemos la necesidad de hacer uso de la tribuna para exponer situaciones que acontecen en la comunidad de nuestros estados, involucrando a los Senadores en la dinámica de atender problemas que son parte de nuestra atingencia como depositarios del mandato conferido y de su ejercicio en esta Cámara conforme a los intereses de nuestros connacionales, con independencia de la entidad de la que provenga cada uno de nosotros.

En esta aseveración me permito ponerlos al tanto mediante una sucinta exposición de motivos que antecede a esta proposición con punto de Acuerdo, y que trata acerca de la circunstancia por la que atraviesan miles de guanajuatenses que dedican su vida a la industria agropecuaria y que en su quehacer y en las interacciones que desarrollan con las instituciones, lo hacen con la Comisión Federal de Electricidad, que al igual que muchos mexicanos padecen en los recibos de cifras exorbitantes que alejan a las personas de la objetiva capacidad de pago.

Las Senadoras y Senadores de la República tenemos una labor que nos dicta el sentido común y conforma una verdad de Perogrullo que tiene su estancia en la idea de preservar el baluarte nacional del que forman parte distintos matices, como el significado de los rostros y las caras de los mexicanos que en su semblante llevan la carga de la angustia y la necesidad imperante, entonces es cuando nosotros debemos de intervenir.

De esta suerte les presento una perspectiva de la moneda a la inversa de la que conoce la Comisión Federal de Electricidad, subdirectores, gerentes y personal operativo basado en las consecuencias del simple hecho de cortar el cable y suspender el suministro de electricidad sin miramientos o remordimientos.

Porque así lo dicta la razón monetaria de los adeudos sumados unilateralmente por esta institución con base a las tarifas impuestas por la Secretaría de Hacienda que tiene indicadores formulados por una técnica especial que nadie acaba de comprender.

Si eso lo elevamos a su justa dimensión con los aproximadamente 5 mil productores en todo el país que están bajo la amenaza de corte total de suministro de energía eléctrica, entonces hablamos de una situación que pone en riesgo la disminuida soberanía alimentaria de México, por lo que es imprescindible actuar de inmediato.

Incluso, calificando este punto de Acuerdo en su real dimensión, solicitándole al Director General de la Comisión Federal de Electricidad detenga la orden de corte y la conmute con mucha prudencia por otras medidas tendientes a garantizar el cobro de los adeudos sin atentar sobre la autosuficiencia alimentaria del país.

Propongo e insisto porque los productores de la agroindustria que están inmersos en los cortes de electricidad han salido a manifestarse a las calles en distintos puntos de la geografía política del estado de Guanajuato, con el objeto de demandar apoyo oficial para incentivar su producción y reclamar los altos costos de la tarifa que les cobra la CFE en contravención a las disposiciones de la Ley de Energía para el Campo.

Con este propósito, solicito a la plenaria de la Cámara de Senadores, exhortemos al Licenciado Jaime González Aguade, Director General de la Comisión Federal de Electricidad, a efecto que suspenda las órdenes administrativas de corte de energía sobre la infraestructura de la industria agropecuaria del estado de Guanajuato, en la que sus productores tienen adeudo por el consumo de electricidad, pero que además los adeudos sean a la tarifa preferencial en base a los kilowatts que cada quien deba.

Es cuanto, muchas gracias.

Propuesta

PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA AL DIRECTOR GENERAL DE LA COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD A SUSPENDER LAS ORDENES DE CORTE DE SUMINISTRO DE ENERGIA SOBRE LA INFRAESTRUCTURA DE LA AGROINDUSTRIA EN EL ESTADO DE GUANAJUATO EN LA QUE SUS PRODUCTORES REPORTAN ADEUDOS POR EL CONSUMO DE ELECTRICIDAD

“SEN. ERNESTO JAVIER CORDERO ARROYO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
PRESENTE.

EL SUSCRITO, MIGUEL ANGEL CHICO HERRERA, SENADOR DE LA REPUBLICA POR EL ESTADO DE GUANAJUATO E INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL EN LA SEXAGESIMA SEGUNDA LEGISLATURA DEL H. CONGRESO DE LA UNION; CON LAS FACULTADES QUE ME CONFIEREN LOS ARTICULOS 8, NUMERAL PRIMERO, FRACCION SEGUNDA Y 276 DEL REGLAMENTO DEL SENADO DE LA REPUBLICA, SOMETO A LA VALORACION DE LAS SENADORAS Y SENADORES, EL INSTRUMENTO PARLAMENTARIO QUE SUSTENTO EN LAS SIGUIENTES:

CONSIDERACIONES

Si bien es cierto que en el Senado de la República están representadas todas las entidades federativas que componen al pacto federal de la Unión y que en conjunto tenemos la encomienda de propugnar por los asuntos que atañen a la modernización de la legislación nacional y a la norma constitucional que rige en toda la geografía mexicana; es menester reconocer que en algún momento cada uno de nosotros, integrantes de esta Legislatura y de la entrante, tendremos la necesidad de hacer uso de la tribuna para exponer situaciones que acontecen en la comunidad de nuestros Estados, involucrando a las senadoras y senadores en una dinámica que atañe a una problemática social que requiere atención y no necesariamente trasciende en el lugar de nuestra residencia u oriundez y no obstante, deberá ser parte de nuestra aquiescencia como recipiendarios del mandato conferido y de su ejercicio en esta Cámara conforme a los intereses de los mexicanos, independientemente de la entidad en que tengamos nuestra residencia.

En esa circunstancia, me permito ponerlos al tanto mediante una sucinta exposición de motivos que antecede a esta proposición con punto de acuerdo y que trata acerca de las circunstancias por las que atraviesan los guanajuatenses que dedican su vida a la industria agropecuaria y que en su quehacer y en las interacciones que desarrollan con las instituciones, lo hacen con la Comisión Federal de Electricidad y al igual que muchos otros mexicanos padecen de sus arbitrariedades que aparecen en los recibos con cifras exorbitantes que alejan a las personas de la objetiva capacidad de pago.

Las Senadoras y Senadores tenemos una labor que nos dicta el sentido común y conforma una verdad de Perogrullo que tienen su estancia en la idea de preservar el baluarte nacional del que forman parte distintos matices, como el significado de los rostros y las caras de los mexicanos que en su semblante llevan la carga de la angustia y la necesidad imperante; entonces, es cuando debemos intervenir nosotros para hacer de aquello que tiene una dimensión plana a la vista de las autoridades y se colme de aristas, simetrías y volúmenes que les permitan vislumbrar el crisol en su profundidad.

A continuación se presenta una perspectiva de la moneda a la inversa de la que atisba la Comisión Federal de Electricidad, sus gerentes y su personal operativo, basada en las consecuencias del simple hecho de cortar el cable y suspender el suministro de electricidad sin miramientos o remordimientos, porque así lo dicta la razón monetaria de los adeudos calculados unilateralmente por la institución.

En un establo de trescientas vacas que producen 7 mil 500 litros diarios de leche, con que se alimenta a razón de la ingesta de medio litro aproximadamente por persona a 15 mil niños cada 24 horas, sí, se le suspende el suministro de energía eléctrica que hace funcionar el mecanismo automatizado de ordeña, sucederá que ante la imposibilidad material de hacerlo manualmente por el volumen del ganado lechero, estos animales sufrirán de problemas fisiológicos que implican que la leche que no extrae les retorne al sistema circulatorio aumentando el nivel sanguíneo en los animales provocándoles un estado de choque que puede extinguir la vida de las vacas diezmando un trabajo de 50 años en menos de 48 horas.

Si lo anterior lo elevamos a su justa dimensión con los cerca de cinco mil productores que están bajo la amenaza de corte total de suministro de energía eléctrica, entonces hablamos de una situación que pone en riesgo la disminuida soberanía alimentaria de México, por lo que es imprescindible actuar de inmediato, incluso, calificando este punto de acuerdo como de urgente resolución, solicitándole al Director General de la Comisión Federal de Electricidad detenga la orden de corte y la conmute con mucha prudencia por otras medidas tendentes a garantizar el cobro de los adeudos sin atentar sobre la autosuficiencia alimentaria del país.

Se insiste en que debe ser este punto de acuerdo de urgente resolución, porque los productores de la agroindustria que están inmersos en los cortes de electricidad, han salido a manifestarse a las calles en distintos puntos de la geografía del estado de Guanajuato con el objetivo de demandar apoyos oficiales para incentivar la producción del campo y reclamar los altos costos de la tarifa que les cobra Comisión Federal de Electricidad en contravención a las disposiciones de la Ley de Energía para el Campo.

Por lo anteriormente expuesto, someto a la valoración de las Senadoras y Senadores la de la República la proposición de urgente y obvia resolución al tenor del siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

Unico.- Se exhorta al Licenciado Jaime González Aguade, Director General de la Comisión Federal de Electricidad para que suspenda las órdenes de corte de suministro de energía sobre la infraestructura de la agroindustria en el estado de Guanajuato en la que sus productores reportan adeudos por el consumo de electricidad, sensibilizándose con el quehacer que desarrolla ese importante sector a favor de la sociedad mexicana y desde luego, con el propósito de lograr un acuerdo que se acoja a las disposiciones del Capítulo Segundo de la Ley de Energía para el Campo y garantice a la Comisión el cobro blando de los recibos vencidos.

Dado en el salón de Plenos de la Cámara de Senadores, a 8 de noviembre de 2012.

Atentamente

Sen. Miguel Angel Chico Herrera”.

- El C. Presidente Burgos García: Muchas gracias, Senador Miguel Angel Chico Herrera. Se toma nota de su adhesión, Senador Casillas Romero. Como se ha solicitado y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 109 y 110 del Reglamento, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si el anterior asunto se considera de urgente resolución.

- La C. Secretaria Merodio Reza: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si el anterior asunto se considera de urgente resolución y se pone a discusión de inmediato. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se considera de urgente resolución, señor Presidente.

- El C. Presidente Burgos García: Gracias. En consecuencia, está a discusión la propuesta.

Senador Rabindranath Salazar, ¿con qué propósito?

- El C. Senador Rabindranath Salazar Solorio: (Desde su escaño) Para hablar a favor del punto.

- El C. Presidente Burgos García: Adelante.

- El C. Senador Rabindranath Salazar Solorio: Muchísimas gracias. Con el permiso de la Mesa; compañeras y compañeros Senadores:

Por supuesto nos sumamos a este punto de Acuerdo, pero yo iría más allá, yo creo que este es un tema que afecta no solamente a lo productores de este estado, sino a todos los estados del país, el tema de la energía eléctrica debe de revisarse a fondo para que haya tarifas preferenciales y que permitan que los productores de los distintos estados tengan más facilidades para poder pagar esto que se constituye en un insumo, se constituye en una materia prima prácticamente y que permite que puedan ellos desarrollar su labor.

En ese sentido, tenemos casos en Morelos, en Tabasco, en Guerrero, en muchos estados de la República Mexicana.

Por consiguiente, yo le pediría al Senador si nos permite que pudiera ampliarse este beneficio en pos de los productores de los demás estados de la República Mexicana también.

A favor, felicito, por supuesto al Senador, con este punto de Acuerdo.

Muchas gracias, es cuanto, señor Presidente.

- El C. Presidente Burgos García: Muchas gracias, Senador Salazar Solorio.

Senador Miguel Angel Chico.

- El C. Senador Miguel Angel Chico Herrera (Desde su escaño) De acuerdo.

- El C. Presidente Burgos García: De acuerdo. Muchas gracias. No habiendo más oradores en lista, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse la propuesta presentada.

- La C. Secretaria Merodio Reza: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse la propuesta presentada. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobada la propuesta, señor Presidente.

- El C. Presidente Burgos García: Muchas gracias. Aprobada la propuesta. Comuníquese.

Contamos en esta sesión con la presencia de una delegación de representantes del Senado de la República Checa, se encuentran con nosotros el señor Senador Zdenek Skromach, Vicepresidente del Senado de la República Checa, bienvenido.

Lo acompañan la Senadora Eva Richterová, el Senador Ivo Bárek y el Senador Pavel Eybert, todos del Partido Social Demócrata checo.

Asiste también el señor Jirí Havlik, Excelentísimo Embajador de la República Checa en México, a todos ellos le damos una muy cordial bienvenida a nuestra sesión ordinaria y les deseamos una feliz estancia.

(Aplausos)





 

Tiene el uso de la tribuna la Senadora Adriana Dávila Fernández, a nombre propio y de las Senadoras integrantes de la Comisión Contra la Trata de Personas, para presentar un punto de Acuerdo que solicita a los congresos estatales y a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, designen un grupo plural de Diputados para constituir la Conferencia Nacional de Legisladores contra la Trata de Personas.

- La C. Senadora Adriana Dávila Fernández: Muchas gracias, con el permiso de la Presidencia.

Quiero presentar ante ustedes la proposición con punto de Acuerdo de urgente resolución por la que se solicita a los congresos de las entidades federativas y a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, a que designen un grupo plural de por lo menos tres Diputadas o Diputados para constituir la Conferencia Nacional de Legisladores Contra la Trata de Personas, presentado por las Senadoras Margarita Flores Sánchez, Angélica de la Peña Gómez, María Lucero Saldaña Pérez, Luisa María Calderón Hinojosa y su servidora, todas integrantes de la Comisión Contra la Trata de Personas del Senado de la República.

Honorable Asamblea, las suscritas Senadoras presentamos a ustedes los siguientes considerandos:

La trata de personas es la esclavitud del siglo XXI, la cual violenta de forma grave los derechos humanos en virtud de que se perpetra mediante la pérdida de la libertad, la explotación, la tortura y la degradación de la condición humana.

Las mujeres y los niños son el grupo más vulnerable, ya que son extraídas de sus familias con tácticas como el engaño, la seducción, la amenaza para ser explotadas dentro o fuera del país.

Así, la trata de personas se traduce en una violación de los derechos humanos que derivan en una fuente sólida de recursos financieros para el crimen organizado.

Para erradicar la trata de personas ya se han realizado esfuerzos concretos. En este sentido, el Congreso de la Unión aprobó la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos.

Esta ley general tiene por objeto coordinar la prevención e investigación de este tipo de delitos, así como la atención y protección de las víctimas en los diferentes órdenes de gobierno. Por eso, es de suma importancia que los esfuerzos continúen en todas y cada una de las instancias del Estado mexicano.

El Senado de la República ya cuenta con una Comisión Contra la Trata de Personas, la cual podrá abordar de forma profunda y sistematizada los temas vinculados con la trata de personas.

Esta comisión dará puntual seguimiento a los avances legislativos que se generan en el país y que concreten la armonización de las distintas legislaciones en todo el territorio nacional. Sin duda, con las atribuciones legales que le asistirán se tendrá influencia directa en el perfeccionamiento del sistema jurídico nacional contra la trata de personas.

La Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos, establece que cada una de las entidades federativas y el Distrito Federal, deben realizar las reformas legales necesarias para armonizar su marco jurídico como lo establece la ley general.

Muchas víctimas de la trata de personas están en espera de que exista el marco jurídico idóneo para que sean protegidas y que propicie que los criminales sean sancionados.

En México, según el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, se calcula que al menos 16 mil niños son víctimas de la trata de personas. También el Centro de Estudios e Investigación en Desarrollo y Asistencia Social, apunta que en nuestro país cada 20 mil personas serían víctimas del delito de trata.

Por lo anterior, hay que impulsar la armonización del marco jurídico estatal y con ello garantizar acciones coordinadas para combatir la trata de personas.

Para terminar con este delito, es necesario que cada una de las instancias de gobierno, ya sea el Ejecutivo, el Legislativo, el Judicial, local o federal, lleven a cabo un trabajo permanente que sancione a los culpables y proteja a las víctimas para que éstas tengan la posibilidad de reintegrarse a su entorno social.

En el ámbito legislativo, los esfuerzos deben ser unificados. Resulta de vital importancia que los legisladores de toda la nación, trabajemos juntos para intercambiar ideas, propuestas, experiencias y conocimientos en la materia, a efecto de fortalecer un marco jurídico integral y eficaz contra la trata de personas.

Así, la Comisión Contra la Trata de Personas ha establecido como una de sus líneas de trabajo, la conformación de la Conferencia Nacional de Legisladores Contra la Trata de Personas, con la participación de por lo menos tres legisladores por entidad federativa, para impulsar la armonización y la homologación legislativa en la materia, así como las reformas legales a que haya lugar.

Además, se pretende, derivado de la participación y coordinación de los legisladores locales, crear un sistema de información denominado Observatorio Legislativo, para dar seguimiento a la correcta aplicación de la ley, las reformas en los estados respecto a la misma, la legislación local, las políticas públicas, las acciones y programas contra la trata de personas.

En consecuencia, es trascendental la voluntad y responsabilidad de cada legislador y de cada legislatura en las entidades federativas, para ejecutar acciones coordinadas desde el seno que esta conferencia propone.

La importancia de este punto de Acuerdo radica en la solicitud que se hace a cada uno de los congresos locales y a la Asamblea Legislativa, para designar a los legisladores que participen en las actividades de esta Conferencia Nacional de Legisladores Contra la Trata de Personas.

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de esta Asamblea el siguiente punto de Acuerdo:

UNICO.- El Senado de la República solicita respetuosamente a los congresos de las entidades federativas y a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, a que designe un grupo plural de por lo menos tres Diputadas o Diputados para constituir la Conferencia Nacional de Legisladores Contra la Trata de Personas, con el propósito de armonizar el marco jurídico en la materia para combatir y fortalecer las acciones que protejan a las víctimas de este delito.

Debo señalar como fin de este punto de Acuerdo, que en las últimas semanas, en algunas entidades federativas, incluyendo el estado de Tlaxcala, lamentablemente muchas de las sentencias que debieran dictarse a los delincuentes, por la falta de armonización del marco jurídico, estos han sido puestos en libertad. Y lamentablemente no han sido castigados, como deben ser castigados todos aquellos tratantes, derivado de la mala integración de las averiguaciones previas; pero también de la deficiencia de los marcos jurídicos locales.

Por eso estoy segura que todos los legisladores de los partidos podemos hoy converger en un asunto de esta naturaleza.

Y pido, por supuesto, el apoyo a la creación de esta conferencia nacional.

Es cuanto, señor Presidente.

Propuesta



(Aplausos)

- El C. Presidente Burgos García: Muchas gracias, Senadora Dávila Fernández. Como se ha solicitado y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 109 y 110 del Reglamento, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si el anterior asunto se considera de urgente resolución.

- La C. Secretaria Merodio Reza: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si el anterior asunto se considera de urgente resolución y se pone a discusión de inmediato. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se considera de urgente resolución, señor Presidente.

- El C. Presidente Burgos García: Muchas gracias. No habiendo lista de oradores, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica…

- La C. Senadora Angélica de la Peña Gómez: (Desde su escaño) Señor Presidente…

- El C. Presidente Burgos García: Sonido en el escaño de la Senadora Angélica de la Peña.

- La C. Senadora Angélica de la Peña Gómez: (Desde su escaño) Si me permite, por favor, señor Presidente, hacer comentarios al punto de Acuerdo que ha sido propuesto por la Senadora Adriana Dávila.

- El C. Presidente Burgos García: Adelante, Senadora.

- La C. Senadora Angélica de la Peña Gómez: Muchas gracias, señor Presidente.

Trataré de ser lo más breve posible.

La materia del que se desprende el punto de Acuerdo que ha presentado la Presidenta de la Comisión Contra la Trata de Personas, la Senadora Adriana Dávila, sin duda, está refiriendo a uno de los grandes flagelos que sufre la humanidad en los últimos tiempos.

Alguien pensaría que este tipo de delitos poco a poco iban a desaparecer; y todo lo que se indica, por los distintos estudios, los distintos balances de comisiones de delitos, en todas las partes del mundo, es de que los Estados Parte en este caso de la Convención contra la Delincuencia Organizada Transnacional, y de manera concreta del Protocolo de Palermo, que protege a las personas, especialmente mujeres, niñas y niños, tendría que empezar a ver sus frutos y los beneficios de estos preceptos.

Sin embargo, estamos observando que todavía en los países, y en este caso de manera muy concreta, México, lo que ha hecho ha sido insuficiente para poder realmente prevenir y combatir eficazmente la trata de personas.

Entonces, hoy estamos apoyando la propuesta de la comisión, presentada aquí por la Senadora Dávila Fernández.

Y quiero solamente referir, si me permiten de manera rápida, ¿qué es trata de personas? Para que quede inscrito y sirva como un adelanto de lo que tenemos que hacer en la revisión de la ley general en la materia que ha sido aprobada por el Congreso de la Unión, para que ciertamente, como dice el Protocolo, sus preceptos y lo que resulte en políticas y acciones gubernamentales, actúen de manera eficaz y se combata de manera contundente la trata de personas.

Sí, no es posible que una ley de naturaleza penal tenga reglas respecto a comisión de delito, donde se establece una sanción punitiva y las demás reglas estén en otro lado, con otra sanción punitiva.

Entonces, sí hay que cuidar esa parte para que junto con el proceso de constitución de esta conferencia con legisladoras y legisladores locales, efectivamente no haya estas confusiones.

La trata de persona es la captación, el transporte, el traslado, la acogida, la recepción de personas, recurriendo a la amenaza o al uso de la fuerza u otras formas de coacción; al rapto, al fraude, al engaño, abuso de poder o de una situación de vulnerabilidad, o a la concesión o recepción de pagos o beneficios para obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre otra con fines de explotación.

De ninguna manera podemos confundirlo y de repente estar actuando, sancionando o persiguiendo desde la averiguación previa, aduciendo un delito de trata de personas, cuando refiere a otra cuestión, como es la explotación laboral, etcétera, etcétera.

Entonces, yo creo que es muy importante que cuidemos siempre los preceptos de la ley, más este tipo de ley, que es una ley general, pero qué curioso, ahora es una ley perfecta porque sanciona, cambia la dinámica del marco jurídico mexicano, que quienes estaban inscritos como leyes perfectas eran los códigos.

Ahora esta ley general sanciona el delito de trata de personas como debe de ser, de manera grave; sin embargo, creo que es importante que tomemos consideración de eso.

Por lo tanto, es totalmente conveniente, conducente, plausible, urgente y necesario el punto de Acuerdo que aquí se ha presentando y que por supuesto tendremos que apoyarlo de manera afirmativa.

Muchas gracias.

(Aplausos)

- El C. Presidente Burgos García: Muchas gracias, Senadora Angélica de la Peña.

Para hablar a favor de la propuesta, tiene la palabra la Senadora Martha Palafox.

- La C. Senadora Martha Palafox Gutiérrez: Con su permiso, señor Presidente; compañeras y compañeros Senadores:

Compartimos el criterio sustentado en el punto de Acuerdo que acaba de presentar la presidenta de la comisión. Este fenómeno es el segundo gran negocio ilícito más redituable, después del narcotráfico, para la delincuencia organizada en México, donde miles de mujeres mexicanas están siendo explotadas en Europa, Asia, Sudamérica, aparte de la República Mexicana.

El fenómeno de la trata de personas va más allá de regulaciones jurídicas. Se tienen que ponderar las diversas explotaciones, su entorno y fenómeno político, social, cultural, y sobre todo las causas que la generan, como son la discriminación por género, la migración interna o internacional, violencia social, pobreza y carencias sociales, así como sistemas de justicia y de seguridad pública deficientes.

Este flagelo subsiste por la oferta de personas y demanda de los servicios de los cuales son obligadas mujeres, niñas y niños, así como también la impunidad de los regenteadores, y sobre la corrupción de las autoridades.

Cerca de 12 millones de personas son víctimas de trata, de las cuales 79 por ciento son utilizadas para explotación sexual, 3 por ciento extracción de órganos y 18 por ciento explotación laboral.

Cifras, de acuerdo al INEGI, de 3.6 millones de personas, el 31 por ciento son menores de edad, con edades entre 15 y 17 años; y 70 por ciento personas migrantes e indígenas obligados a realizar trabajos peligrosos para su seguridad, salud y moral en condiciones de trata.

De suerte que este posicionamiento del Partido del Trabajo va dirigido a puntualizar que la trata de personas no es un problema sólo de recursos económicos para implementar programas, es un problema de corrupción a nivel nacional.

En todas las entidades federativas de nuestro país, en los tres niveles de gobierno, hay personas que cubren a la delincuencia organizada, esto lo podemos sostener a partir de cifras que hemos citado.

México es el segundo país que más víctimas de trata provee a Estados Unidos.

Los principales estados de la República Mexicana y rutas de redes de tratante de personas que destacan son: Chiapas, Tlaxcala, Puebla, Veracruz, Tijuana, Ciudad Juárez, Distrito Federal y Oaxaca.

En la zona del Soconusco, Chiapas, existe el intercambio comercial y ocurre una intensa movilidad de nacionales de Guatemala, Honduras, El Salvador, y con enorme vida a otros países de América del Sur, como Colombia, Ecuador, Perú y Brasil, siendo Chiapas uno de los lugares en donde las víctimas se encuentran en mayor vulnerabilidad de caer en redes de tratantes de personas que aprovechan su necesidad económica y su situación migratoria irregular.

Cada año 50 mil niños y niñas son víctimas de la trata en Estados Unidos, dato proporcionado por la Agencia Central de Inteligencia de los Estados Unidos. 35 mil mujeres colombianas son víctimas de trata, dato proporcionado por la INTERPOL.

En el año 2002, más de 2 mil niñas y niños centroamericanos, en su mayoría migrantes, fueron encontrados en prostíbulos de Guatemala, por lo que el punto de Acuerdo que exhorta la Comisión Contra la Trata de Personas en relación a erradicar los delitos en materia de trata de personas, me parece con las mejores buenas intenciones. Faltan algunas otras de suma importancia, pero debemos seguir abordando el tema que constituye un grave flagelo para nuestro país, donde niñas, niños y mujeres son víctimas de las más peores y crueles atrocidades.

Es por eso que el Partido del Trabajo apoya y se suma a este punto de Acuerdo a favor.

Muchas gracias.

(Aplausos)

- El C. Presidente Burgos García: Muchas gracias, Senadora Martha Palafox.

Para hablar a favor de la propuesta, tiene la palabra la Senadora Margarita Flores, del grupo parlamentario del PRI.

- La C. Senadora Margarita Flores Sánchez: Muchas gracias. Senadoras y Senadores:

La trata de personas es un problema que requiere la atención y la acción de todos los órdenes de gobierno.

Para prevenir, sancionar y erradicar el delito se necesita un enfoque integral que involucre a las autoridades federales, locales y municipales, así como a la sociedad civil.

Por la ubicación que tiene nuestro país y extensión territorial, presenta diferentes aspectos y condiciones en cada entidad.

El delito, por su complejidad sociocultural, se ha convertido en un problema de difícil atención que comienza con la propia interpretación de la forma por parte de las autoridades.

Las niñas y los niños son sujetos de las actividades delictivas, como son la prostitución infantil, explotación laboral, matrimonios forzosos, el tráfico de órganos, la adopción ilegal de menores de edad, etcétera.

La trata de personas ha sido reconocida como una práctica ilícita desde el siglo pasado, sin embargo, el incremento en los casos por ser un negocio que arroja beneficios económicos importantes ha detonado que las organizaciones de la sociedad civil exijan condiciones de seguridad para las mujeres, jóvenes, niñas y niños, adultos mayores, población indígena.

Se demanda a las autoridades garantizar la seguridad de esa población que es totalmente vulnerable.

Las Senadoras integrantes del Partido Revolucionario Institucional, integrantes de la comisión, estamos convencidas de los alcances de este trabajo y estamos en la mejor disposición de trabajar en unidad.

Es nuestra responsabilidad y también nuestro derecho impulsar acciones que comprometan a instancias federales y locales a prevenir, sancionar y erradicar la trata de personas.

Por eso los invito a impulsar este punto de Acuerdo, porque es una demanda de las organizaciones de la sociedad civil, es un reclamo de aquellos que hoy se sienten vulnerables.

Muchas gracias.

(Aplausos)

- El C. Presidente Burgos García: Gracias, Senadora Margarita Flores. Agotada la lista de oradores, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse la propuesta presentada.

- La C. Secretaria Merodio Reza: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse la propuesta presentada. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobada la propuesta, señor Presidente.

- El C. Presidente Burgos García: Muchas gracias. Aprobada la propuesta. Comuníquese.





 

Tiene el uso de la tribuna el Senador David Monreal Avila, del grupo parlamentario del PT, para presentar un punto de Acuerdo por el que se solicita a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores un informe sobre la venta del Buen Fin 2012.

- El C. Senador David Monreal Avila: Con su permiso, señor Presidente; señoras Senadoras y Senadores:

Cualquier esfuerzo para reactivar la economía de nuestro país es buena y es válida, sin embargo, tengo mis dudas, y dudas de muchos mexicanos sobre el resultado de este programa denominado el Buen Fin, que se llevó acabo del 16 al 19 de noviembre. Durante estos días que se llamaron los más baratos del año, el sector comercio logró ventas por más de 200 mil millones de pesos entre ventas a crédito y ventas de contado, hay quienes dicen que sólo de operaciones de crédito fueron cerca de los 140 mil millones de pesos.

Asimismo, se promocionaron ofertas que iban desde el 10 hasta el 80 por ciento de descuento, sin embargo, muchas voces señalan que en realidad no existieron las ofertas tan promocionadas, sino fueron créditos bancarios lo que provocó que realizaran compras que en realidad no necesitaban.

Al respecto, la Asociación de Bancos de México informó que la facturación con tarjetas bancarias durante el Buen Fin, creció 50 por ciento más que respecto del 2011. Durante semanas previas al evento, los mexicanos estuvimos inundados de promocionales por doquier, en los cuales se informaba de las supuestas megaofertas, que en realidad nunca existieron.

El titular de la Procuraduría Federal del Consumidor, Bernardo Altamirano, advirtió sobre dichas ofertas simuladas; en pocas palabras, el Buen Fin consistió en inflar los precios para después reducirlos con supuestos descuentos para quedar en su precio normal, dando como resultado que las ventas a crédito y a meses sin intereses, fueron las protagonistas.

Sin lugar a dudas, los promocionales fueron gancho perfecto para atraer a las personas que realizaban compras, que en muchos casos no necesitaban. Ahora tendremos que esperar el impacto económico negativo que tendrá el endeudamiento por parte de los tarjetahabientes en el próximo año.

Cabe mencionar que tan sólo en el primer trimestre de 2012, usuarios de crédito bancario para el consumo acumularon pagos vencidos por 20 mil 533 millones de pesos, cantidad que superó en 22 por ciento la registrada un año antes. Este dato resulta pertinente de resaltar ya que como recordaremos a finales del 2011 inició esta iniciativa del Buen Fin, y justamente tres meses después se registra en la Cartera de Crédito Vencida entre los usuarios de préstamos al consumo, un incremento de 20 mil 533 millones de pesos, cantidad que superó en 22.3 por ciento a la registrada en el primer trimestre del 2011, y que fue equivalente al 4.12 por ciento del total de créditos otorgados.

Si comparamos el Buen Fin con el Black Friday, su contraparte estadounidense, tenemos que en la versión del vecino país del norte realmente existen ofertas significativas, mientras que en el remedo mexicano se caracteriza principalmente por tener meses sin intereses.

Un estudio del Centro de Análisis Multidisciplinario de la Universidad Nacional Autónoma de México, reveló que el 75 por ciento de las supuestas ofertas en el Buen Fin, no corresponden a descuentos en el precio, sino a facilidades de pago a meses sin intereses.

Lo anterior sustenta nuestra idea de que el Buen Fin del 2012 es solamente una campaña publicitaria, una estrategia de mercado que busca incrementar la venta de las empresas, a costa del endeudamiento de los trabajadores.

Por si fuera poco, la PROFECO dio a conocer que 9 de cada 10 personas que compraron durante el Buen Fin consideran que las ofertas de esta segunda edición fueron iguales a las del año anterior.

Por lo anterior, proponemos el siguiente punto de Acuerdo:

Primero. Que esta Soberanía exhorte a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para que a través de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, rinda un informe sobre los resultados del Buen Fin 2012, el cual deberá incluir la siguiente información relacionada con la iniciativa en comento:

El número de créditos bancarios otorgados.

A cuánto es que asciende la derrama económica por concepto de créditos bancarios.

Las implicaciones económicas que traerá en el año 2013, el otorgamiento de dichos créditos bancarios.

Segundo. Que esta Soberanía exhorte a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para que envíe a esta Asamblea un informe detallado sobre el incremento que ha sufrido la Cartera de Crédito Bancaria Vencida, en el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa.

(Aplausos)

Por su atención, muchas gracias.

Propuesta

PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE SOLICITA A LA COMISION NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES UN INFORME SOBRE LAS VENTAS DEL BUEN FIN 2012

“DAVID MONREAL AVILA, integrante de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 8, fracción II, del Reglamento del Senado de la República, presento ante esta Honorable Asamblea, la siguiente proposición con punto de Acuerdo, al tenor de la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

En el Buen Fin 2012 que se llevó a cabo del 16 al 19 de noviembre, durante los llamados cuatro días más baratos del año, el sector comercio logró ventas por más de 140,000 millones de pesos; así mismo, se promocionaron ofertas que iban desde el 10 hasta el 80 por ciento de descuento.

Sin embargo, voces del pueblo mexicano, señalan que en realidad no existieron las ofertas tan promocionadas, sino créditos bancarios, lo que provocó que realizaran compras que en realidad no necesitaban.

Al respecto la Asociación de Bancos de México (ABM), informó que la facturación con tarjetas bancarias durante El Buen Fin creció 50 por ciento respecto a 2011.1

Durante semanas previas al evento, los mexicanos estuvimos inundados de promocionales por doquier, en los cuales se informaba de las supuestas mega ofertas, que en realidad nunca existieron, el titular de la Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO) Bernardo Altamirano, advirtió sobre dichas ofertas simuladas.

En pocas palabras El Buen Fin consistió en inflar los precios para después reducirlos con supuestos descuentos para quedar en su precio normal, dando como resultado que las ventas a crédito y a meses sin intereses fueran las protagonistas.

Sin lugar a dudas, los promocionales fueron el gancho perfecto para atraer a las personas a que realizaran compras que en muchos casos no necesitaban, ahora tendremos que esperar el impacto económico negativo que tendrá el endeudamiento por parte de los tarjetahabiente en el próximo año.

Cabe mencionar que, tan solo en el primer trimestre de 2012, usuarios de créditos bancarios para el consumo, acumularon pagos vencidos por 20 mil 533 millones de pesos, cantidad que superó en 22 por ciento la registrada un año antes.2

Este dato resulta pertinente de resaltar, ya que como recordaremos, a finales del 2011 inició la iniciativa del Buen Fin, y justamente tres meses después, se registra en la cartera de crédito vencida entre los usuarios de préstamos al consumo, un incremento de 20 mil 533 millones de pesos, cantidad que superó en 22.3 por ciento a la registrada en el primer mes de 2011 y que fue equivalente a 4.12 por ciento del total de los créditos otorgados.

Si comparamos el Buen Fin con el Black Friday -su contraparte estadounidense-, tenemos que en la versión del vecino país del norte, realmente existen ofertas significativas, mientras que el remedo mexicano se caracteriza principalmente por tener meses sin intereses.

Un estudio del Centro de Análisis Multidisciplinario (CAM) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), reveló que el 75 por ciento de las supuestas ofertas en el Buen Fin, no corresponden a descuentos en el precio, sino a facilidades de pago a meses sin intereses.3

Lo anterior sustenta nuestra idea de que el Buen Fin 2012 es solamente una campaña publicitaria, una estrategia de marketing, que busca incrementar la venta de las empresas participantes a costa del endeudamiento de los trabajadores.

Por si esto fuera poco, la PROFECO, dio a conocer que 9 de cada 10 personas que compraron durante el Buen Fin, consideraron que las ofertas de esta segunda edición fueron iguales o mejores a las del año anterior.

Lo que deja de manifiesto que los organizadores de dicho proyecto siguen con las mismas prácticas engañosas, nada ha cambiado.

Previendo lo anterior, ya en la pasada sesión del 15 de noviembre, presenté un punto de acuerdo, con el objetivo de frenar estás mañosas acciones que sólo benefician a unos cuantos.

El día de hoy, considero importante que una vez concluido el Buen Fin 2012, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores en el cumplimiento de su misión que es el salvaguardar la estabilidad e integridad del sistema financiero mexicano, informe a esta soberanía sobre los resultados obtenidos en la edición 2012 del Buen Fin.

Derivado de lo anterior, someto a consideración de esta Honorable Soberanía el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO.- Que esta soberanía exhorte a la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, para que a través de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, rinda un informe sobre los resultados del Buen Fin 2012, el cual deberá incluir la siguiente información relacionada con la iniciativa en comento:

a) El número de créditos bancarios otorgados.

b) A cuanto es que asciende la derrama económica, por concepto de créditos bancarios.

c) Las implicaciones económicas que traerá en el año 2013, el otorgamiento de dichos créditos bancarios.

SEGUNDO.- Que esta soberanía exhorte a la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, para que envíe a esta H. Asamblea un informe detallado sobre el incremento que ha sufridola cartera de crédito bancario vencida en el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa.

TERCERO.- Que esta soberanía exhorte a la Procuraduría Federal del Consumidor, para que rinda un informe detallado sobre las demandas que recibió por parte de los consumidores durante y posteriormente de haberse realizado el Buen Fin 2012.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, a 27 de noviembre de 2012”.

- El C. Presidente Burgos García: Muchas gracias, Senador Monreal Avila. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.





 

Se recibió del Senador Isaías González Cuevas, del grupo parlamentario del PRI, un punto de Acuerdo por el que se solicitan diversas informaciones en relación con el mexicano agredido en la empresa Coreana Sam Won, misma que se turna a la Comisión de Relaciones Exteriores, los primeros tres resolutivos, y a la Comisión de Trabajo y Previsión Social los resolutivos cuarto y quinto.

PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE SOLICITA DIVERSA INFORMACION A LAS SECRETARIAS DE RELACIONES EXTERIORES, DE GOBERNACION Y DEL TRABAJO Y PREVISION SOCIAL EN RELACION CON EL MEXICANO AGREDIDO EN LA EMPRESA COREANA SAM WON

“El suscrito, Isaías González Cuevas, Senador de la República de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en los dispuesto en los artículos 8, numeral 1 fracción II, 108, 109 y 276, del Reglamento del Senado de la República, someto a consideración de ésta Soberanía la siguiente proposición con PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE SOLICITA DIVERSA INFORMACION A LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES, A LA SECRETARIA DE GOBERNACION Y A LA SECRETARIA DEL TRABAJO Y PREVISION SOCIAL EN RELACION CON EL CIUDADANO MEXICANO AGREDIDO EN LA EMPRESA COREANA SAM WON.

CONSIDERACIONES

1.- El 4 de abril de 1905 poco más de mil coreanos iniciaron un viaje desde el puerto Je Mul Po al oeste de la ciudad de Seúl con destino desconocido y llegaron a México. De acuerdo al Censo de Población y Vivienda 2010 (INEGI) se estima que hay poco más de 3 mil 960coreanos asentados en nuestro país, otros estudios del Colegio de México reportan la presencia de 14 mil. Con todos ellos, México ha sido fraterno así como con los habitantes de otras nacionalidades, lo mismo para ofrecer sus destinos turísticos que para invertir y crear capital.

2.- El pasado 19 de octubre, el ciudadano mexicano Jorge Alberto Zamora Esparza presentó ante la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de Querétaro una demanda en contra de la compañía Sam Won por despido injustificado. A tal denuncia, se agregó otra ante el Ministerio Público por lesiones, con el número XII/2271/2012. Pero unos días más tarde, el 25 de octubre, el trabajador llegó a un acuerdo con la empresa para separarse del empleo a cambio de una liquidación de 54 mil pesos, producto de dos años de trabajo.

3.-Cabe señalar que unos días antes ya circulaba en las redes sociales un video en el que se observaba cómo el 17 de octubre, un supervisor de la planta Sam Won, que responde al nombre de Kim Joaeok, agredió en múltiples ocasiones con golpes al trabajador Jorge Alberto Zamora Esparza, quien en ningún momento intentó defenderse, seguramente por temor a perder su fuente de ingresos, convirtiéndolo en doblemente vulnerable.

4.- La empresa Sam Won, fue clausurada de manera temporal tras detectarse diversas anomalías en su operación, según informó el Secretario del Trabajo en Querétaro, Tonatiuh Salinas Muñoz, pues denunció que detectaron que la empresa no otorgaba antigüedad a los 350 trabajadores en nómina, además carecía de licencia de funcionamiento y había reportes de jornadas extensas y sueldo bajo.

En consecuencia, la Secretaría del Trabajo estatal, inició un programa general de inspecciones en toda la entidad para verificar el estatus de los poco más de 12 mil trabajadores queretanos prestando servicios en unas 38 empresas de Corea del Sur.

5.- El Secretario de Desarrollo Sustentable del gobierno de Querétaro, Ramón Abonce Meza, también inició inspecciones a la empresa en cita, toda vez que reporta permisos de construcción, pero no de funcionamiento.

6.- La Secretaría del Trabajo y Previsión Social se ha limitado a expresar su “indignación” y deslindarse en virtud de ser un tema de competencia local. Por su parte, la Secretaría de Relaciones Exteriores ya sin sorprendernos, continúa inmutada, pero eso sí, se apresuró el 12 de agosto a “condenar” la supuesta agresión de un servidor público mexicano en contra de una mujer indigente que padece de sus facultades mentales, afuera de las oficinas de Tlatelolco y emitió una nota para señalar que coadyuvarían con las autoridades judiciales para que no ocurran actos que les genera, “indignación”.

7.- A la reacción de estos servidores públicos federales “indignados” se sumó el silencio de la Secretaría de Gobernación que no obstante conociendo por los medios de comunicación que el capataz coreano agresor estaba en calidad de desaparecido, porque no se presentó a firmar el 2 de noviembre ante el Ministerio Público, permaneció en total sigilo.

Vale la pena mencionar que todas las empresas o personas físicas con actividad empresarial que han contratado o requieren contratar personal extranjero deben no sólo gestionar la autorización de la contratación ante el Instituto Nacional de Migración de la Secretaría de Gobernación sino tramitar la apertura de un “Expediente Básico”.

8.- Fuentes cercanas a la empresa, consultadas por noticiarios de Querétaro, señalan que el coreano agresor fue despedido y repatriado por la empresa Sam Won.Otros ex compañeros de trabajo entrevistados indicaron que el coreano dejó la empresa y está escondido, según los medios en Juriquilla, Querétaro.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de ésta Soberanía con carácter de urgente resolución, el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO.- Se solicita a la Secretaría de Relaciones Exteriores emita un extrañamiento al gobierno de Corea del Sur por guardar silencio ante un caso grave que daña las relaciones laborales y comerciales entre ambas naciones. No se trata sólo de un caso particular aislado, toda vez que se han iniciado una serie de inspecciones a todas las empresas coreanas. Asimismo, enviar en un plazo no menor de quince días a ésta Soberanía un informe que revele la profesión u oficio que practiquen en México.

SEGUNDO.- Si bien existe un Acuerdo de Supresión de Visas celebrado entre los gobiernos de México y Corea, los coreanos que deseenvisitar nuestro país por una estancia menor a 90 días y con fines turísticos, no requieren visa; pero no sucede así para fines laborales. Por ello, se solicita a la Secretaría de Relaciones Exteriores informe a ésta Soberanía la referencia de la fecha de ingreso al país del ciudadano coreano Kim Joaeok y en qué calidad lo hizo.

TERCERO.- Se solicita a la Secretaría de Gobernación para que a través del Instituto Nacional de Inmigración envíe a ésta Soberanía en un plazo no menor a quince días, el informe sobre “el estatus migratorio de Kim Joaeok” y remita una relación desglosada del número de coreanos que se encuentran en México con estatus diferente al de turista e incluya el índice de sus expedientes.

CUARTO.- Se solicita a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social envíe en un plazo no mayor a quince días envíe a ésta Soberanía un informe de los casos por agresiones y/o maltrato laboral similares al acontecido en contra de Jorge Zamora, atendidos por la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo (PROFEDET) durante el 2012 y las recomendaciones que hayan emitido con tal motivo a los solicitantes.

QUINTO.- Se solicita a la Secretaría del Trabajo del estado de Querétaro informe a ésta Soberaníala situación laboral que guarda el ciudadano Jorge Alberto Zamora Esparza.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, a 8 de noviembre de 2012.

Atentamente

Sen. Isaías González Cuevas”.





 

Tiene el uso de la palabra la Senadora Diva Hadamira Gastélum Bajo, del grupo parlamentario del PRI, para presentar un punto de Acuerdo que exhorta al Presidente de la República a informar sobre la situación que guardan los desplazados internos por la violencia e inseguridad que se vive en México.

- La C. Senadora Diva Hadamira Gastélum Bajo: Con su permiso, señor Presidente.

Quiero traer a esta tribuna, a esta Cámara, un asunto que es demasiado preocupante. Mucho se ha hablado de la gente que ha perdido la vida en este intento por combatir uno de los problemas más serios que tiene el país, que es el narcotráfico y el crimen organizado.

Todo lo que ha dejado alrededor es muy lastimoso, pero creo que uno de los temas que más debe de preocuparnos es, qué pasa con las comunidades que quedan solas, deshabitadas, y no porque la gente quiera salir de ahí, no es un tema migratorio, no es un tema de jornaleros agrícolas que se cambian de estado a estado buscando oportunidades de empleo o buscando la cosecha que se da cada año.

Mi estado es un estado receptor, sin embargo, yo no estoy hablando de eso, estoy hablando de aquellos que tienen que desalojar sus casas, sus pequeñas casas, dejar lo poquito que tienen para salir, quién sabe a dónde, no tienen a donde ir, y lo más grave son los ancianos, los niños y niñas que también están en plena orfandad.

Por eso yo he traído, y le pido al señor Presidente incluya este punto de Acuerdo con todos los elementos que he traído a colación, porque las cifras van y vienen de desplazados internos del país, algunos hablan de millones de desplazados, otros de cientos, pero lo cierto, hay que decirlo, no hay un diagnóstico real del problema de desplazados internos.

Por eso yo pido al Ejecutivo que a pesar de que quedan muy poquitos días, sé que no es un tema de nombres, sino de instituciones, al Poder Ejecutivo de este país, se pueda elaborar un diagnóstico de la situación que guardan los desplazados internos mexicanos y mexicanas. Pero más aún, qué acciones y programas se van a implementar para poder en poco, porque no es en mucho, dejar todo lo que uno tiene no es fácil; abandonar sus tierras y su localidad no es fácil.

Saber qué va a pasar con ellos, qué acciones y programas se van a emprender para poder poco a poco resolver un problema tan serio como es el de los desplazados internos mexicanos.

Por su atención, muchas gracias.

(Aplausos)

Propuesta

PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA AL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA A INFORMAR SOBRE LA SITUACION QUE GUARDAN LOS DESPLAZADOS INTERNOS POR LA VIOLENCIA E INSEGURIDAD QUE SE VIVE ENMEXICO

“La suscrita, Senadora Diva Hadamira Gastélum Bajo, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y en la fracción II del artículo 8, así como el artículo 276, ambos del Reglamento del Senado de la República, someto a consideración de esta Soberanía, la siguiente proposición con punto de Acuerdo de conformidad con las siguientes:

Consideraciones

1. La problemática del desplazamiento interno en México es relativamente reciente en términos de reconocimiento y atención por parte del Estado mexicano, pero no está así para la Organización de las Naciones Unidas, al respecto el concepto de desplazamiento se encuentra en elpárrafo número 2 que habla de los Principios Rectores de los Desplazamientos Internos del 11 de febrero de 1998, que a la letra los clasifica como:

“Las personas o grupos de personas que se han visto forzadas u obligadas a escapar o huir de su hogar o lugar de residencia habitual, en particular como resultado o para evitar los efectos de un conflicto armado, de situaciones de violencia generalizada, de violaciones de los derechos humanos o de catástrofes naturales o provocados por el ser humano, y que no han cruzado una frontera estatal internacionalmente reconocida”.

2. En México, ante los modos violentos y represivos de los carteles de la droga, centenaresde miles de mexicanos se han visto en la necesidad de recoger a sus familias y abandonar sus lugaresde origen. Por desgracia, nuestro país se encuentra, junto con Nicaragua, Colombia y El Salvador, entre los cuatro países de América Latina con mayor número de desplazamientos.

3. Resultado de la constante guerraen contra del narcotráfico emprendida por el actual presidente, el Lic. Felipe Calderón Hinojosa desde diciembre del año 2006, por lo menos un millón doscientas mil personas se han visto obligadas a tener que abandonar sus estados de origen, de los cuales los más afectados son: Chihuahua, Nuevo León, Michoacán, Guerrero y Veracruz.

En 2010, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) estimo que unas 6 mil familias o 24 mil personas aún seguían viviendo en situación de desplazamiento.

4. El Informe “México; desplazamiento forzado a consecuencia de la violencia de los carteles de la droga”, estima que desde principio de 2007, el número de personas desplazadas a causa de la violencia generada por el narcotráfico es de 230 mil y se calcula que alrededor de la mitad de ellas han cruzado la frontera con Estado Unidos, lo cual indica que existen unas 115 mil personas que viven como migrantes internos.

5. A partir del año 2006 al2009 se observó una nueva forma de desplazamiento causada por enfrentamientos entre la delincuencia y elementos de seguridad pública en algunos estados de la República. Por lo que podemos destacar los siguientes datos:

• Entre 2006 y 2009 fueron desplazados de Ciudad Juárez Chihuahua 100 mil personas.

• En mayo de 2011, en Michoacán 2 mil personas huyeron de los pueblos de Tierra Caliente a causa de los enfrentamientos entre los miembros del cartel de la Familias y de los Caballeros Templarios. En Sinaloa cerca de 203 mil familias (aproximadamente 5 mil personas) se encuentran en condición de desplazados.

• En Reynosa, Tamaulipas, casi un tercio de los 160 mil 171 casa se encuentran en la misma situación.

• En la Ciudad de Tijuana alrededor de 5 mil familias se han ido a Chula Vista, California en un lapso, por lo que en un lapso de 15 años se calcula que serán alrededor de 20,000 perdonas las que abandonaransus hogares por la misma problemática.

6. Hoy en día, el fenómeno de los desplazados constituye una crisis de seguridad pública y una falta del Estado mexicano a las violaciones de los derechos humanos, con el agravante de estar intensificándose todos los años y no tener un principio de solución a la vista. 1

7. Las personas desplazadas en nuestro país se han convertido en un grupo con un alto grado de vulnerabilidad.2 Enfrentamos, por desgracia, un desplazamiento que no es seguro y digno para los mexicanos que se ven en la necesidad de huir de la violencia generada por el narcotráfico. Esto a pesar de que el gobierno federal y la mayoríade los estados han realizado importantes esfuerzos para evitar que los narcotraficantes sigan extorsionando, amenazando y poniendo en peligro la integridad de los mexicanos.

8. Actualmente el Estado mexicano no cuenta con estrategias oficiales sobre el número, ubicación, necesidades y las posibles respuestas institucionales para atender a los desplazados internos. Por lo anterior, reconozco la necesidad de que el Gobierno Federal Informe a esta Soberanía sobre la situación actual de los desplazados, a efecto de poder contar con información confiable, precisa y fidedigna que permita mejorar nuestra labor como legisladores.

9. Derivado de lo anterior con la obtención de dicha información verificable acerca del número de personas internamente desplazadas, podremos avanzar en las propuestas en materia de protección de sus derechos humanos, es decir, se determinara la magnitud del problema, se podrán seleccionar las necesidades especiales de los desplazados, en los planes, programas y proyectos; podremos crear los mecanismos o instrumentos de coordinación, protección y asistencia a los desplazados, el reasentamiento o integración a su medio; la cooperación internacional; el fortalecimiento mediante la intervención de la Organización de las Naciones Unidas; y la búsqueda de soluciones para el conflicto.

10. Porque es un derecho de la Sociedad mexicana acceder a la Información de las personas desplazadas y las diversas problemáticas que enfrentan de acuerdo con los establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos:

Artículo 6°. El derecho a la información será garantizado por el Estado.

Por los argumentos vertidos con anterioridad, someto ante esta H. Soberanía la presente proposición con:

PUNTO DE ACUERDO

Primero.- Se exhorta respetuosamente al Presidente de la República, el Lic. Felipe Calderón Hinojosa, a que remita a esta H. Soberanía un análisis de la dimensión de la problemática de los desplazados internos por la violencia e Inseguridad que se vive en México.

Segundo.- Se exhorta respetuosamente al Presidente de la República, el Lic. Felipe Calderón Hinojosa, para que haga del conocimiento de esta Cámara de Senadores, acerca de los Programas Públicos y/o acciones que instrumentó a lo largo de su administración, para combatir el desplazamiento interno en nuestro país.

Salón de sesiones de la Honorable Cámara de Senadores, a 8 de noviembre de 2012.

Sen. Diva Hadamira Gastélum Bajo”.

- El C. Presidente Burgos García: Gracias, Senadora Gastélum Bajo. Como se ha solicitado y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 109 y 110 del Reglamento, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si el anterior asunto se considera de urgente resolución.

- La C. Secretaria Merodio Reza: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si el anterior asunto se considera de urgente resolución y se pone a discusión de inmediato. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se considera de urgente resolución, señor Presidente.

- El C. Presidente Burgos García: Muchas gracias. En consecuencia, está a discusión la propuesta. No habiendo lista de oradores, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse la propuesta presentada.

- La C. Secretaria Merodio Reza: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse la propuesta presentada. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobada la propuesta, señor Presidente.

- El C. Presidente Burgos García: Muchas gracias. Aprobada la propuesta. Comuníquese.





 

Tiene el uso de la tribuna el Senador Jorge Luis Lavalle Maury, del grupo parlamentario del PAN, para presentar un punto de Acuerdo que exhorta a ajustar los parámetros a través de los cuales se tiene establecido actualmente el sistema tarifario de energía eléctrica.

- El C. Senador Jorge Luis Lavalle Maury: Con su permiso, señor Presidente; compañeras y compañeros Senadores:

Al igual que el punto de Acuerdo presentado por el Senador Chico Herrera, hace unos momentos, este punto trata sobre los servicios de energía eléctrica. Y es un hecho notorio que en nuestro país existe un problema con las tarifas de energía.

La demanda de los ciudadanos para que se reduzca su costo es permanente, en virtud de que se asegura que el cobro que se les hace es muy elevado y que en muchos casos no tienen los recursos para saldarlo.

Esta situación ha derivado en que algunos casos de comunidades enteras dejen de cubrir las cuotas y, en consecuencia, la Comisión Federal de Electricidad suspende el servicio a los usuarios morosos, con lo cual podría contravenirse un precepto de nuestra Carta Magna.

En efecto, la energía eléctrica es reconocida por nuestra Constitución como un servicio público, mismo que es el Estado quien tiene la obligación de asegurar a los ciudadanos.

Y si por el elevado costo de las tarifas los usuarios dejan de tener el servicio, el Estado mexicano estaría poniendo en entredicho una de sus funciones básicas.

Las altas temperaturas que se registran en determinadas regiones de nuestro país es una de las razones por las cuales el consumo de energía eléctrica es elevado y, por lo cual, eleva su costo a la vez.

En algunos estados durante el verano se alcanzan temperaturas por encima de los 40 grados centígrados y, a su vez, durante el invierno temperaturas por debajo de los 0 grados. Así, refrescar o calentar los hogares a través de artefactos electrónicos se convierte en una necesidad básica.

De acuerdo a investigaciones realizadas por el Instituto de Investigaciones Eléctricas de la Secretaría de Energía, se estima que en las zonas donde se alcanzan temperaturas medias mínimas, promedio de 29 grados centígrados durante el verano, la demanda de energía eléctrica se incrementa por lo menos un 30 por ciento con relación al resto del año.

En ese sentido, el acuerdo por el que se autoriza el ajuste, modificación y reestructuración de las tarifas para suministros y venta de energía eléctrica, publicado por la misma Secretaría de Hacienda y Crédito Público, contempla tarifas y límites de consumo para las regiones con esas características climatológicas, buscando compensarla con costos más bajos asignando cuotas asociadas a la temperatura media mínima que registran durante el verano.

Sin embargo, dicho acuerdo plantea algunos puntos para la asignación de tarifas de energía eléctrica que deben reconsiderarse para su perfeccionamiento, y estos son:

Primero.- La población que realice el consumo de energía eléctrica en las zonas cálidas lo hace en relación a las temperaturas máximas y no como está diseñada la asignación de tarifas en el esquema tarifario vigente que es a través de temperaturas medias mínimas.

Segundo.- Las temperaturas medias mínimas que contempla el acuerdo para designar tarifas de verano son las de 25, 28, 30, 31, 32 y 33 grados centígrados, mismas que son muy elevadas para ser consideradas temperaturas medias, toda vez que en determinadas regiones estos registros se alcanzan como máximos, lo cual también justificaría la asignación de una tarifa especial. Además que la certificación de estas tarifas se instauró en el año 2002. Y según la tendencia de calentamiento global, las temperaturas ambiente se han incrementado en los últimos años al menos un grado centígrado adicional.

Tercero.- La frecuencia del registro de temperaturas que establece el acuerdo para asignar estas tarifas es muy difícil de satisfacer, toda vez que las temperaturas señaladas deben registrarse en una misma zona durante tres o más años de los últimos cinco. Y en cada uno de estos años durante al menos dos meses consecutivos.

Cuarto.- El registro de las temperaturas debe hacerse con mecanismos específicos que dimensionen la sensación térmica de la población. El termómetro húmedo sería una posibilidad y no como actualmente se hace que es con un termómetro seco que solamente mide la temperatura del ambiente.

Quinto.- En 1982, con base a un estudio especializado y a través también de un acuerdo, se estableció que las zonas que registren una temperatura media mínima de 25 grados centígrados durante dos meses o más en un año, tendría una tarifa más barata en relación al resto del país. Esta disposición pareciera ser más adecuada en el sentido de que por encima de esta temperatura ya se justificaba el alto consumo de energía eléctrica para mitigar el calor.

De tal manera, compañeros, que en nuestro país existen regiones que registran las temperaturas señaladas o aún por encima de éstas, pero no por debajo de los lineamientos del acuerdo, lo cual deriva que la población realice un consumo de energía que rebasa los límites que contempla la tarifa que contiene y que tiene asignada en ese momento.

Esta circunstancia ocurre en varios municipios del estado de Campeche, por ejemplo, los cuales tienen asignada una tarifa definida para las regiones que alcanzan la temperatura media de verano de 30 grados centígrados y permite a los usuarios consumir por la tarifa base 850 kilowatts al mes, y pagar, por consecuencia, si es que se excede en el límite de consumo, entre 66 centavos y 2 pesos con 65 centavos por cada kilowats hora excedente.

Sin embargo, atendiendo los reportes del Servicio Meteorológico Nacional, algunos de los municipios de Campeche llegan a alcanzar los 32 grados centígrados como temperatura media, pero no bajo la frecuencia prevista por el acuerdo para alcanzar una tarifa eléctrica más barata.

En el caso del estado de Campeche es menester hacer una revisión de las temperaturas que se registran en las distintas regiones con la finalidad de que en el caso de que estas registren una temperatura mayor a la que señala su actual tarifa, los precios de la energía eléctrica para la entidad sean reclasificados y, con ello, los usuarios paguen precios más adecuados al consumo que realizan por causa de las condiciones climatológicas.

Por parte de lo que establece el Acuerdo para la Asignación de Tarifas, debe ser reconsiderado también, en virtud de que el Estado mexicano debe garantizar que los ciudadanos cuenten con servicios públicos eficientes y que su cobro corresponda a las realidades económicas, geográficas y sociales de los mexicanos.

Una revisión o ajuste del esquema de tarifas de energía eléctrica debe contemplar lo que corresponda a parámetros mediante los cuales éstas se establecen. Así como lo que respecta a los ingresos que requieren las instituciones para que éstas, a nombre del Estado mexicano, continúen brindando y desarrollando la infraestructura necesaria para garantizar un servicio público de energía eléctrica eficiente y accesible.

Por todo lo anteriormente expuesto, compañeras y compañeros, someto ante esta Honorable Soberanía el siguiente punto de Acuerdo:

Primero.- La Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a la Secretaría de Energía, a la Comisión Federal de Electricidad y a la Comisión Reguladora de Energía, a que en el ámbito de sus competencias ajusten los parámetros a través de los cuales se tiene establecido actualmente el sistema tarifario de energía eléctrica.

Segundo.- La Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente al gobierno del estado de Campeche a realizar un estudio de las variables meteorológicas que se registran en cada uno de los municipios del estado, con la finalidad de realizar acuerdos ante las instancias correspondientes para reclasificar las tarifas de energía eléctrica para el estado.

Es todo, señor Presidente. Muchas gracias a todos.

Propuesta

PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA A LAS SECRETARIAS DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO Y DE ENERGIA, A LA COMISION REGULADORA DE ENERGIA Y A LA COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD A AJUSTAR LOS PARAMETROS A TRAVES DE LOS CUALES SE TIENE ESTABLECIDO ACTUALMENTE EL SISTEMA TARIFARIO DE ENERGIA ELECTRICA; ASI TAMBIEN, AL GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE A REALIZAR UN ESTUDIO DE LAS VARIABLES METEOROLOGICAS EN DICHO ESTADO

“SEN. ERNESTO CORDERO ARROYO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
DEL SENADO DE LA REPUBLICA
PRESENTE.

El que suscribe, Senadores JORGE LUIS LAVALLE MAURY, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 8, Numeral 1, Fracción II y 276 del Numeral 1 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración del Pleno de esta Soberanía, LA PROPOSICION CON PUNTO DE ACUERDO POR LA QUE SE EXHORTA A LA SECRETARIA HACIENDA Y CREDITO PUBLICO, A LA SECRETARIA DE ENERGIA, A LA COMISION REGULADORA DE ENERGIA Y A LA COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, A QUE EN EL AMBITO DE SUS COMPETENCIAS, AJUSTEN LOS PARAMETROS A TRAVES DE LOS CUALES SE TIENE ESTABLECIDO ACTUALMENTE EL SISTEMA TARIFARIO DE ENERGIA ELECTRICA; ASI COMO TAMBIEN, SE EXHORTA AL GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE A QUE REALICE UN ESTUDIO DE LAS VARIABLES METEOROLOGICAS EN EL ESTADO DE CAMPECHE, con base en las siguientes:

CONSIDERACIONES

Es un Hecho Notorio que en nuestro país existe una problemática con las tarifas de energía eléctrica. La demanda de los ciudadanos para que se reduzca su costo es prácticamente permanente en virtud de que aseguran que el cobro que se les hace, no es proporcional con lo que consumen.

Ante esta circunstancia, es importante señalar que la energía eléctrica es reconocida por nuestra Carta Magna como un Servicio Público, mismo que el estado tiene la obligación de asegurar a los ciudadanos bajo la observancia de ciertos principios jurídicos. Uno de ellos es el de Generalidad, el cual consiste en que toda persona pueda usar dicho servicio -previa satisfacción de los requisitos señalados en su normativa jurídica-, sin más límite que la capacidad del propio servicio.

Sin embargo, de ser cierto este supuesto, el elevado costo de las tarifas de energía eléctrica en el país, pondría en entredicho el cumplimiento del mandato constitucional, toda vez que si el usuario no cubre la cuota, la CFE puede suspender el servicio y con ello, podría coartarse el derecho de los mexicanos de acceder a un servicio público.

En el intento por resolver esta problemática, tanto en la Cámara de Diputados, como en esta de Senadores se han presentado hasta el día de hoy, entre Acuerdos Parlamentarios y Proyectos de Decreto, más de 200 propuestas de modificación al esquema de asignación de tarifas eléctricas, con la finalidad reducir los precios. Sin embargo, hasta ahora no se ha logrado.

Una de las principales problemáticas que presenta este tema, son las altas temperaturas que se registran en determinadas regiones de nuestro país, razón por la cual, el consumo de energía que hace la población es diferenciado.

Durante el verano, algunas zonas registran temperaturas de alrededor de los 40°C y a su vez, durante el invierno, temperaturas por debajo de los cero grados. Mientras que en otras zonas las temperaturas cálidas se mantienen prácticamente todo el año.

Por tanto, ante la necesidad de refrescar o calentar los hogares, los usuarios se valen de artefactos eléctricos como aires acondicionados, ventiladores y calefacciones, que consumen altas cantidades de energía eléctrica que se ve reflejado en el recibo de luz al final del mes.

De acuerdo a investigaciones realizadas por el Instituto de Investigaciones Eléctricas de la Secretaría de Energía, se estima que en las zonas donde se alcanzan temperaturas medias promedio de 29°C, durante el verano, la demanda de energía se incrementa en por lo menos un 30% con relación al resto del año.

En ese sentido, el Acuerdo por el que se autoriza el ajuste, modificación y reestructuración a las tarifas para suministro y venta de energía eléctrica (Acuerdo), publicado el 7 de febrero de 2002 por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el Diario Oficial de la Federación, contemplatarifas y límites de consumo para las regiones con estas características climatológicas y de consumo, como se muestra a continuación.

Tarifa

Temperatura media mínima en verano

Límite de Consumo de kilowatts/hora

1A

25°C

300

1B

28°C

400

1C

30°C

850

1D

31°C

1,000

1E

32°C

2,000

1F

33°C

2,000

El Acuerdo establece que para asignar una tarifa de esta índole, la región debe registrar las temperaturas medias señaladas bajo el siguiente parámetro:

Se considerará que una localidad alcanza la temperatura media mínima en verano, cuando alcance el límite indicado [según a la tarifa que se pretenda acceder] durante tres o más años […y] Se considerará que durante un año alcanzó el límite indicado cuando registre la temperatura media mensual durante dos meses consecutivos o más […]

El origen de esta disposición de otorgar tarifas específicas a las zonas cálidas del país data del año de 1977, donde a través también de un Acuerdo se estableció un tabulador de tarifas eléctricas y a la vez, se constituyó el Comité Especial de Precios y Tarifas del Sector Público.

Dicho Comité, realizó un estudio, donde se contemplaron parámetros de demanda de energía en relación con las temperaturas promedio de determinadas regiones del país y como resultado, se decidió establecer tarifas específicas de energía eléctrica para las regiones calurosas, bajo el siguiente criterio:

Esta tarifa [la de zonas cálidas] regirá en todas aquellas localidades con clima muy cálido. Se considerarán como localidades con clima muy cálido aquellas cuya temperatura media mensual durante 2 meses consecutivos o más, sea de 25°C o mayor, de acuerdo con las observaciones termométricas registradas […].

Esta disposición contrasta con lo establecido en el Acuerdo hoy vigente para la asignación de tarifas, toda vez que el de 1977 establece un criterio más sencillo y sin tantos requisitos para que las regiones sean catalogadas como cálidas, con lo cual los usuarios puedan tener tarifas más baratas.

Además de esto, si con base en un estudio de 1977 se estableció la necesidad de considerar los 25°C como la temperatura a partir de la cual se debería considerar que los usuarios consumirían más energía, qué podría esperarse hoy con el calentamiento global que de acuerdo a cifras de la NASA, las temperaturas en el mundo se han incrementado durante los últimos 30 años, en al menos medio grado centígrado.

Las temperaturas medias que contempla el Acuerdo vigente son muy elevadas, en diversas regiones esas temperaturas se registran como máximas y ello ya merecería una consideración especial para el cobro diferenciado de la energía eléctrica. Lo sustantivo en la asignación de tarifas diferenciadas o estacionales, debe ser la sensación térmica máxima de la población, toda vez que en relación a ello es como se realiza el consumo de energía eléctrica.

Del mismo modo, bajo el esquema actual, el periodo de tiempo durante el cual las regiones deben de registrar constantemente esas temperaturas es muy prolongado y las variables meteorológicas no son tan exactas como lo pretende el Acuerdo. Toda vez que pueden registrarse durante los tres años que se exigen, variaciones entre 1 ó 2 grados centígrados por factores de humedad, presión atmosférica, precipitación, entre otros.

Por otra parte, el registro de temperaturas en el cual debe basarse la asignación de tarifas eléctricas, debe hacerse a través de un método especializado que contemple la sensación térmica y no la temperatura ambiente. Actualmente se hace a través de los registros del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), cuyas mediciones se hacen con termómetro seco.

Sin embargo, para los fines de la asignación de tarifas de energía eléctrica, debe hacerse con termómetro húmedo, en virtud de que en el país contamos con regiones que debido a la humedad, presentan una variación importante entre la temperatura ambiente (termómetro seco) y la sensación térmica (termómetro húmedo). Existen estudios que refieren que en un ambiente tropical de al menos 30°C y una humedad del 80% (como ocurre en la mayor parte de los estados costeros del país) la sensación térmica se eleva hasta en 5°C por encima de las mediciones de temperatura ambiente.

Así, en nuestro país existen regiones que registran temperaturas más elevadas que las que prevé la tarifa eléctrica que tienen asignada y en consecuencia, la población realiza un consumo de energía que rebasa los límites que contempla su tarifa.

Uno de esos casos se da en varios municipios del estado de Campeche, los cuales tienen asignada la tarifa 1C, definida para las regiones que alcanzan la temperatura media en verano de 30°C y que permite a los usuarios, consumir por la tarifa base, 850 Kilowatts al mes y pagar, si es que exceden el límite de consumo, entre 0.412 y 1.634 pesos por cada Kilowatt-hora excedente.

Sin embargo, atendiendo a los reportes del SMN, los municipios de Carmen, Champotón, Escárcaga, entre otros, sobrepasan constantemente, el límite de temperatura que establece la tarifa 1C, pues llegan a alcanzar los 32°C pero no lo hacen bajo los previsto para colmar lo establecido en el Acuerdo de 2002. Lo que ha provocado que los usuarios paguen consumos por encima de los 5 mil pesos.

La causa de esta imprecisión en el registro de las temperaturas en Campeche, se debe muy probablemente, a la presencia de sólo 6 estaciones meteorológicas del SMN que se encuentran distribuidas en el estado para recoger las temperaturas ambiente.

En efecto, de acuerdo a la información del SMN, los datos que generan dichas estaciones son válidos para un radio de 5km, razón por la cual las temperaturas promedio que se registran en ciertas localidades de Campeche pueden ser no tan exactas, toda vez que estas estaciones se encuentran entre sí a una distancia promedio de 200km.

De esta manera, no se cuenta con el registro preciso de temperaturas de los municipios de Palizada, Holpechen, Calkini, Hecelchakán y Tenabo en virtud de que en estos, no existe alguna estación meteorológica y la medición de las temperaturas, se hace mediante estimaciones.

De suerte que, en el caso del estado de Campeche, es menester hacer una revisión de las temperaturas que se registran en las distintas regiones, con la finalidad de que, en el caso de que estas promediaran una temperatura mayor de las previstas por el Acuerdo, los precios de la energía eléctrica para la entidad sean reclasificados y con ello, los usuarios paguen precios más adecuados al consumo que realizan por las condiciones climatológicas.

Por otra parte, lo establecido en el Acuerdo vigente convierte al sistema tarifario de energía eléctrica de México en un ente complejo que incluye 8 tarifas residenciales, que para conocer el precio final al usuario, deben de combinarse los factores de si el cobro es dentro de la temporada de verano, y una vez determinado eso, establecer si el consumo fue básico, intermedio o excedente y entonces, ubicar cuál de los múltiples costos por Kilowatt hora, corresponde pagar.

Países como Argentina y Paraguay, poseen un esquema tarifario más sencillo, a pesar de también incluir en sus esquemas, tarifas para regiones con altas temperaturas.

Argentina, posee la tarifa residencial de energía eléctrica más barata de todo el continente, mientras que Paraguay, por los bajos costos que mantiene, es el principal exportador de energía eléctrica del mundo. El sistema tarifario de ambos, contempla una tarifa fija estacional que aplica en general para las regiones que registran altas temperaturas en determinada estación del año.

El esquema tarifario de estos países esmuy parecido a lo que se tenía estipulado en México en el Acuerdo Tarifario de 1982, toda vez que instituyen una tarifa equitativa y fija estacional para los consumidores que viven en zonas cálidas.

El establecimiento de tarifas de esta índole mantiene una equidad en el cobro de la energía eléctrica a todos los usuarios, en virtud de que se establece la temperatura, región o temporada del año en los que por necesidad, los usuarios consumirán más energía eléctrica, independientemente de si en una región se registra un grado centígrado más que en otra. Simplemente los usuarios tienen derecho a gozar de las cuotas preferenciales porque viven bajo circunstancias climatológicas específicas.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto ante esta Honorable Soberanía el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO.- La Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente a laSecretaría de Hacienda y Crédito Público, a la Secretaría de Energía, a la Comisión Federal de Electricidad y a la Comisión Reguladora de Energía a que en el ámbito de sus competencias ajusten los parámetros a través de los cuales se tiene establecido actualmente el sistema tarifario de energía eléctrica.

SEGUNDO.- La Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente al Gobierno del estado de Campeche, a realizar un estudio de las variables meteorológicas que se registran en cada uno de los municipios del estado, con la finalidad de presentar ante las instancias correspondientes, la petición de reclasificar las tarifas de energía eléctrica para el estado.

Dado en el salón del Pleno de la Honorable Cámara de Senadores, a 20 de noviembre de 2012.

Sen. Jorge Luis Lavalle Maury”.

- El C. Presidente Burgos García: Muchas gracias, Senador Lavalle Maury, muy amable. Como ha sido solicitado y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 109 y 110 del Reglamento, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si el anterior asunto se considera de urgente resolución.

- La C. Secretaria Merodio Reza: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si el anterior asunto se considera de urgente resolución. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se considera de urgente resolución, señor Presidente.

- El C. Presidente Burgos García: Gracias. No habiendo lista de oradores, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse la propuesta presentada.

- La C. Secretaria Merodio Reza: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse la propuesta presentada. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobada la propuesta, señor Presidente.

- El C. Presidente Burgos García: Gracias. Aprobada la propuesta. Comuníquese.





 

Tiene el uso de la tribuna la Senadora Luz María Beristain Navarrete, del grupo parlamentario del PRD, para presentar un punto de Acuerdo que exhorta al Director del Fondo Nacional de Fomento al Turismo a rendir un informe sobre la situación que guardan la “Playa Langosta” y “Playa Tortugas”.

- La C. Senadora Luz María Beristain Navarrete: Con su venia, señor Presidente.

El punto de Acuerdo que vengo a presentarles es debido a la preocupación que tienen todos los pobladores de Quintana Roo, concretamente de Cancún, por el temor a que Playa Langosta, que es un lugar, que es un símbolo de nosotros los que hemos vivido y vivimos en Benito Juárez, Cancún, desde hace muchos años, que es el punto de encuentro de reunión de los escasos espacios que quedan en donde no tienes que gastar necesariamente una cantidad de dinero, porque sabemos que en un lugar como Cancún, para pasear son los centros comerciales, son las plazas que necesariamente te inclinan a gastar un recurso que probablemente ni siquiera tenías pensado destinarlo para tal fin y que puede ir en detrimento de la economía de tu familia, y por esa razón vengo a sensibilizar a todos mis compañeros para que me ayuden aprobando este punto de Acuerdo en el que exhortamos al director nacional de Fonatur para que deje de ver Fonatur como una empresa inmobiliaria que se dedique a rematar los predios que le quedan con el afán de prolongar la vida útil de Fonatur.

Yo creo que Fonatur tuvo un origen, una génesis muy distinta que en los últimos años ha tenido, que es apoyar al desarrollo y a promover el desarrollo turístico. Pero lamentablemente los espacios públicos, como las playas, y en este caso Playa Langosta, que como les dije es una playa emblemática de nosotros los quintanarroenses y de todos los mexicanos, porque es de los pocos espacios públicos que nos quedan para poder accesar al mar de manera digna, ya que últimamente los accesos que nos han dejado a los ciudadanos mexicanos son espacios de dos metros de ancho, como si fuera una especie de rastro que te dejan ahí para poder transitar hacia el mar.

Porque la Constitución dice que los treinta metros de la última ola hacia adentro son intocables, es propiedad de la nación y de todos los mexicanos, pero nos ponen una serie de barreras para que no podamos accesar, o sea que sólo podrían llegar al mar los que tienen barco, los que tienen globo aerostático o los que pueden llegar de otra forma que no sea a través de cruzar un acceso digno, como los que nos mereceríamos todos los mexicanos.

Y, bueno, el punto de Acuerdo es exhortar al director nacional de Fonatur y a todas las autoridades que estén involucradas en esta probable venta de los inmuebles que están en estado de abandono desde hace aproximadamente diez años a la orilla del mar en Playa Langosta, que es la playa de todos nosotros los mexicanos por excelencia pública y la más ancha que nos queda, y la única que podríamos salvar para que siga siendo un punto de encuentro y de reunión con nuestras familias sin tener que erogar un recurso, porque la crisis no está para estar yendo a espacios donde tengamos que estar gaste y gaste dinero, sino para poder accesar a los pocos espacios públicos que nos quedan dignos.

Y es por esta razón que yo sí hago un llamado firme, enérgico de que no estamos de acuerdo con que sigan abandonados los inmuebles que están a la orilla del mar en Playa Langosta y que se esté pensando en venderlos a una cadena departamental de tiendas o alguna discoteca, queremos ahí un espacio para el recreo de los jóvenes, de todo México, principalmente de los que viven en Quintana Roo, porque sabemos que son susceptibles a los suicidios y a las conductas que lastiman su condición humana.

Existe un problema severo, que somos proclives en Quintana Roo a generar esta conducta del suicidio y del consumo de las drogas y de todas estas adicciones que dañan tanto a nuestros jóvenes. Queremos que Playa Tortuga siga siendo la playa por excelencia de los cancunenses, de los quintanarroenses, de los mexicanos.

Que no venda Fonatur los inmuebles que están a la orilla de la playa, que están en abandono, y que los donen a un fideicomiso que pueda generar una casa de la cultura para los jóvenes, donde reciban orientación vocacional, donde puedan tomar una clase de yoga, una clase de meditación, donde puedan generar esta recreación y este desarrollo físico y humano que requieren nuestros jóvenes para dejar de pensar en que la puerta falsa, o sea, la salida a sus problemas eventualmente sea el suicidio.

Queremos que Playa Langosta siga siendo un espacio digno de recreación para todos nosotros, por lo tal, el punto de Acuerdo, y concretamente el exhorto, es para que el Senado de la República haga un exhorto al Director del Fondo Nacional de Fomento al Turismo, para que lo antes posible informe: a) sobre los hechos que presuntamente se le atribuyen; b) la situación que guardan las playas Langosta y Tortugas; y c) en su caso, las acciones que emprenderá para evitar que la situación genere acciones de desigualdad en la población que habita en el citado municipio, porque además sabemos de los contrastes que no son privativos de Quintana Roo, sino de todos los espacios turísticos, estos contrastes que laceran y que lastiman a nosotros los mexicanos.

Es cuanto, compañeros.

Propuesta

PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA AL DIRECTOR DEL FONDO NACIONAL DE FOMENTO AL TURISMO A RENDIR UN INFORME SOBRE LA SITUACION QUE GUARDAN LA “PLAYA LANGOSTA” Y “PLAYA TORTUGAS”

“La suscrita, Luz María Beristain Navarrete, Senadora de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8, numeral 1, fracción II, 109, 110 y 276 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta Asamblea la siguiente proposición con punto de Acuerdo, al tenor de la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

Promover el desarrollo humano, se ha convertido en una necesidad mundial, por lo que la recreación cobra gran importancia como un factor fundamental para lograr los procesos de cambio y orientar a la humanidad hacia sistemas de relaciones más armónicas que propicien una calidad y un estilo de vida decoroso, el fomento de estilos de vida saludables a través de una recreación sana.

El derecho a la recreación y al esparcimiento, es el derecho que toda persona posee, en un Estado democrático, para dedicarse de manera voluntaria -después de haberse liberado de sus obligaciones cotidianas- a descansar, divertirse, desarrollar su formación o participación en la vida social de su comunidad.

En el concepto de recreación y esparcimiento se desarrollan tres funciones de la vida de una persona, como son:

1) El descanso físico y psicológico regenerador para la persona, necesario para recuperarse de la fatiga provocada por el tiempo de trabajo o por sus obligaciones.

2) La diversión compensatoria de las rutinas, la monotonía de lo diario, una actitud liberadora y lúdica.

3) Desarrollo, creación de ideas, ejercicio de la creatividad.

El derecho a la recreación y esparcimiento reviste un carácter social, ya tiene que ver con la calidad de vida de sus habitantes, pues forma parte de los elementos satisfactores, como la alimentación, la vivienda, la educación, protección a la salud y trabajo; forman parte de los derechos económicos, sociales y culturales, donde el Estado deber actuar como garante y promotor del bienestar económico y social de todas las personas con el fin de que éstas desarrollen al máximo, tanto a nivel individual, como colectivo, sus facultades.

El derecho a la recreación y sano esparcimiento se encuentra consagrado en diversos instrumentos internacionales, tales como:

a) la Declaración Universal de los Derechos Humanos (1948), la que en su artículo 24 establece que toda persona tiene derecho al descanso, al disfrute del tiempo libre, a una limitación razonable de la duración del trabajo y a vacaciones periódicas pagadas.

b) El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en sus artículos 3º y 7º, señala la obligación de los Estados Parte de asegurar, tanto a hombres ymujeres el goce todos los derechos económicos, sociales y culturales enunciados en él, como el descanso, el disfrute del tiempo libre.

c) De igual forma, la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (diciembre 1979), en su artículo 13 precisó, sobre los derechos económicos, sociales y culturales, el derecho, en condiciones de igualdad entre el hombre y la mujer, a participar en actividades de esparcimiento, deportes y en todos los aspectos de la vida cultural.

d) Así también, la Convención sobre los Derechos del Niño (1990) establece en el artículo 31, el reconocimiento y promoción de los Estados Partes, del derecho del niño y de la niña al descanso y el esparcimiento, al juego y a las actividades recreativas propias de su edad y a participar libremente en la vida cultural y en las artes.

e) Por su parte, las Directrices de Naciones Unidas para la Prevención de la Delincuencia Juvenil, hizo énfasis en la necesidad de propiciar entre las y los jóvenes, la realización de actividades lícitas y socialmente útiles, para que su actuar se oriente hacia la sociedad, para con ello tengan un enfoque de la vida con criterio humanista, y así evitar actitudes criminógenas, por lo que las directrices orientan laactuación de la sociedad, la familia y del Estado, con un enfoque de políticas públicas que tiendan a generar espacios recreativos de especial interés de losy lasjóvenes.

f) La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, en su artículo 30 también hace alusión a la obligación que tienen los Estados Partes, a fin de que las personas con discapacidad puedan participar en igualdad de condiciones con las demás en actividades recreativas, de esparcimiento y deportivas, para lo cual deberán adoptar medidas pertinentes, tales como asegurar que las personas con discapacidad tengan acceso a instalaciones deportivas, recreativas y turísticas.

g) En la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, en el artículo 15, se establece que toda persona tiene derecho a descanso, a honesta recreación y a la oportunidad de emplear útilmente el tiempo libre en beneficio de su mejoramiento espiritual, cultural y físico.

Nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos también ha contemplado el derecho a la recreación y esparcimiento; así en el artículo 123, apartado B, se establece el derecho tanto del hombre como de la mujer, como un derecho laboral, de gozar de días de descanso; el artículo 4º establece el derecho a la recreación y esparcimiento, a prácticas del tiempo librevinculadas al disfrute, al goce y placer públicos, y el artículo 2º, apartado B, hace referencia a la obligación de la Federación, los Estados y los Municipios de mejorarlas condiciones de las comunidades indígenas y de sus espacios para la convivencia y recreación.

Como podemos observar, de alguna u otra forma, acorde con el artículo 1º Constitucional, este derecho está contemplado como un derecho fundamental, que reviste gran importancia para el desarrollo integral de toda persona, tanto en el aspecto físico, como en el intelectual y emociona, ya que la recreación es reconocida como una necesidad humana básica, como se ha precisado, al mismo nivel que la salud, la alimentación, la educación y la vivienda.

Es en este contexto que encontramos al turismo social, como un turismo de integración, que comprende todos aquellos instrumentos y medios, a través de los cuales se otorgan facilidades para que las personas de recursos limitados, personas adultas mayores, niños, niñas y adolescentes, personas con discapacidad, cuenten con espacios a los cuales puedan acudir, precisamente, con fines recreativos, deportivos y/o culturales, y en condiciones adecuadas de economía, accesibilidad, seguridad y comodidad.

El tema que hoy nos trae aquí para posicionar, mediante este punto de acuerdo, relacionado con el derecho a la recreación y esparcimiento,es lanoticia que en días pasados ha circulado en diversos medios de comunicaciónimpresos, respecto a que el Fondo Nacional de Fomento al Turismo ─FONATUR─ , cuya misión es ser el eje estratégico para el desarrollo de la inversión turística sustentable en México, contribuyendo a la mejora e igualdad social y a la competitividad de Sector Turístico, presuntamente, pretende vender” las Playas Langosta y Tortugas, cuyo costo aproximadamente será de 41 millones de pesos o más, a tres grupos nacionales que están interesados en la compra de los referidos predios.

Las playas, si bien es cierto, de conformidad con el artículo 27 constitucional, son propiedad de la Nación, y ésta tiene el derecho de transmitir el dominio de ellas a los particulares, constituyendo así la propiedad privada, también es cierto que está transmisión se ha realizado de manera indiscriminada, acabando con los pocos espacios libres a los que puede acceder el sector mayoritario de la población que se encuentra en alguna situación de desventaja por cuestiones sociales y económicas, lo que hace nugatorio el ejercicio de sus derechos sociales y culturales consagrados en nuestra Constitución Políticay en diversos instrumentos internacionales de los que forma parte el Estado Mexicano, anulando o bien restringiendo el derecho a la recreación y sano esparcimiento, que aporta beneficios individuales y colectivos o comunitarios, si se toma conciencia del papel que tiene en el bienestar de los seres humanos para la conservación y / o deterioro de la salud, tanto física como mental, que contribuye al desarrollo armónico de la personalidad haciendo a las personas más aptas física e intelectualmente.

De ser cierto lo que se señala en las notas, sobre la pretensión de la“venta” de las playas Tortugas y Langosta, como uno de los pocos espacios para el descanso, y el empleo del tiempo libre para el mejoramiento cultural y físico de las personas que habitan en las inmediaciones donde se ubican las citadas Playas (Municipio de Benito Juárez, Cancún), y que por alguna causa se encuentran en una situación de desventaja social, se podría afectar el ejercicio de los derechos culturales, recreativos y de esparcimiento, establecidos en los artículos 2º, 4º y 123 Constitucionales, 15 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, 3 y 7 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales yCulturales, y demás que han sido citados en el presente documento.

Por lo antes expuesto y fundado, me permito someter a la aprobación del Pleno de la Cámara de Senadores la presente proposición con:

PUNTO DE ACUERDO

UNICO.- El H. Senado de la República hace un exhorto al Director del Fondo Nacional de Fomento al Turismo, para que lo antes posible informe: a) sobre los hechos relacionados con la situación que guardan las playas Langosta y Tortugas y, en su caso, las acciones que emprenderá para evitar que la situación genere acciones de desigualdad en la población que habita en el municipio de Benito Juárez, Cancún.

Dado en el salón de sesiones del H. Senado de la República, a 13 de noviembre de 2012.

Atentamente

Sen. Luz María Beristain Navarrete”.

- El C. Presidente Burgos García: Muchas gracias, Senadora Beristain Navarrete. Se turna a la Comisión de Turismo.

Tiene el uso de la tribuna el Senador Patricio Martínez García, del grupo parlamentario del PRI, para referirse a la situación del campo mexicano.





 

INTERVENCIONES

- El C. Senador Patricio Martínez García: Con su permiso, señor Presidente.

Solamente haciendo una moción. Hace unos momentos pedía la palabra para hacerle una pregunta a la Senadora Beristain Navarrete respecto de su ponencia, y antes de entrar al tema del campo mexicano justamente quiero hacerle esta pregunta a la Senadora Beristain Navarrete.

¿Por qué no le agrega algo que sea más ejecutivo y definitorio a su punto de Acuerdo?, se queda solamente preguntándole a Fonatur. Mejor hagamos un acuerdo para que esa zona ya quede establecida como parque nacional, como zona protegida, como zona que no se debe fincar, como una zona que debe darle equilibrio entre todo lo que está fincado y lo que debe de dejar de fincarse para contemplar el mar, la playa y la naturaleza.

Le hago esa sugerencia ahora casualmente desde la tribuna porque cuando lo quería hacer, desde el escaño, por confusión no se pudo.

- La C. Senadora Luz María Beristain Navarrete: (Desde su escaño) Señor Presidente.

- El C. Presidente Burgos García: Senadora Beristain Navarrete, ¿con qué propósito?

- La C. Senadora Luz María Beristain Navarrete: (Desde su escaño) Le agradezco muchísimo a mi compañero, el Senador Patricio Martínez esta sugerencia, porque efectivamente falta contundencia en mi punto de Acuerdo, lo acepto, tiene usted razón. Y la sugerencia que usted nos acaba de dar con más precisión lograría la meta, el objetivo que yo he planteado aquí.

Se lo agradezco muchísimo porque sí es un tema muy importante para todos nosotros, y veo que logré sensibilizarlo, y el apoyo de usted es determinante para que podamos lograr que este tema no prospere y que la playa siga siendo para todos nosotros y que los inmuebles sean manejados por un fideicomiso para que los jóvenes tengan acceso a esa casa de la cultura a la orilla del mar que tanto hemos soñado los quintanarroenses.

Muchísimas gracias, Senador. Muy amable.

- El C. Senador Patricio Martínez García: Muchas gracias, señor Presidente, con su permiso; Senadoras y Senadores:

La situación del campo mexicano es el tema que vengo a presentar. Cuando nos encontramos a escasos días para la sucesión presidencial, y en las últimas semanas el señor Presidente ha estado en un periplo constante a lo largo y ancho del territorio nacional promocionando los logros obtenidos durante su gobierno.

Estos resultados en distintas materias como: seguridad, respeto a los derechos humanos, educación, salud, desarrollo social, entre otros, para la mayoría de la población precarios, escasos, y para muchos nulos, para otros, plausibles.

Sin embargo, el tema que hoy nos ocupa y nos trae a esta tribuna es la situación actual del campo mexicano, la desigualdad en materia económica que vive nuestro país es alarmante, en pocas manos se concentra el capital mientras que la mayoría de la población enfrenta graves problemas para subsistir.

Definitivamente la distribución del ingreso con justicia social no es una virtud de las fuerzas del mercado; las fuerzas del mercado jamás van a contemplar aspectos de justicia social y se ha dejado mucho a que sea determinado por la oferta y la demanda.

Apegado a las políticas económicas que rigen en el mercado durante los últimos 6 años, el gobierno dejó al campo mexicano en un abandono lastimoso; el desdén ante las promesas de desarrollo se reflejan en la miseria que predomina en el sector.

Las políticas públicas aplicadas a este ramo sólo han beneficiado a los grandes productores y a empresas transnacionales que encontraron en nuestro mercado un negocio multimillonario.

La realidad rural cada día que pasa se hace más compleja, y desgraciadamente la pobreza en el campo se agudiza e incrementa.

Entre los años 2000 y 2008, la superficie sembrada en el país se incrementó solamente en 100 mil hectáreas, es decir, presentó un aumento real del medio por ciento en 8 años.

El promedio de las exportaciones totales en el periodo 2000-2009 fue de 209 mil millones de dólares, y el de importaciones 218 mil, lo que arrojó un déficit promedio de 10 mil millones de dólares.

Entre los principales productos agropecuarios exportados por nuestro país, se encuentran: tomate, pimiento, ganado bovino en pie, pepino, aguacate, sandía, papaya, miel, camarón y melón.

Por otra parte, los productos que México adquiere por medio de importación son: soya, carne de bovino, maíz, trigo, algodón sin cardar y grano de sorgo.

Durante 2000-2006, las importaciones de frijol mexicano, respecto del consumo nacional aparente, fueron bajas en promedio de 2 por ciento.

A partir del 2007, es decir, ya con este gobierno que está por concluir, esa proporción se incrementó para alcanzar 14 por ciento en el 2009; y en 2010 y 2011 alcanzó cifras históricas y precios históricos al consumidor. Esa proporción se incrementó entones en 12 por ciento tan sólo en 3 años.

El descuido y desinterés por el sector rural durante la presente administración han sido devastadores, el número de personas en situación de pobreza extrema, es decir, aquellas que no contaron con el ingreso suficiente para adquirir una Canasta Básica, pasó de 48 millones de personas en 2008 a 52 millones en 2010.

Según datos del Centro de Estudios para el Desarrollo Rural Sustentable y la Soberanía Alimentaria de la Cámara de Diputados, el presupuesto de egresos en 2012 para el Ramo 08 presentó una disminución de recursos de 6,700 millones de pesos en relación con el presupuesto aprobado en el 2011.

Dentro de estos programas, el de equipamiento e infraestructura presenta una reducción de 3,600 millones de pesos; el PROCAMPO 1,900 millones de pesos, y finalmente el Programa del Desarrollo de Capacidades e Innovación Tecnológica y Extensionismo 1,700 millones de pesos.

Las administraciones recientes no entendieron durante 12 años que para fomentar el desarrollo económico de México es absolutamente necesario proyectar e impulsar de manera estratégica el desarrollo rural.

- El C. Presidente Burgos García: Permítame un segundo, Senador.

Senador Domínguez Servién, ¿con qué propósito?

- El C. Senador Francisco Domínguez Servién: (Desde su escaño) Señor Presidente, para ver si puedo hacerle una pregunta al Senador Martínez García.

- El C. Presidente Burgos García: ¿La admite, Senador?

- El C. Senador Patricio Martínez García: Con mucho gusto, en cuanto termine.

- El C. Presidente Burgos García: En cuanto termine.

- El C. Senador Patricio Martínez García: Este tipo de acciones y reducciones presupuestarias que durante toda la administración actual sucedieron deja muy claro que las políticas públicas rurales no fueron una prioridad durante el sexenio.

Si esto no fuera suficiente, el incremento en la importación de productos agrícolas durante estos años no ha tenido precedente, sólo por citar un ejemplo, las importaciones mexicanas de trigo alcanzaron un nuevo récord en el primer semestre de 2012, al alcanzar 741 millones de dólares, según cifras proporcionadas por el Banco de México.

Como todos sabemos, compañeras y compañeros, durante el 2011 y gran parte del 2012, diversas contingencias climatológicas azotaron a más de 20 estados del país; las distintas inundaciones, sequías y heladas a lo largo de la República Mexicana ocasionaron pérdidas invaluables a miles de productores.

Esta situación urgió a que se establecieran programas especiales, el presidente, en su momento, de la Cámara de Diputados, tuvo que ir a ordenar que se publicara en el Diario Oficial el acuerdo de programas especiales que había establecido la Cámara de Diputados, y en dos ocasiones esto no fue posible porque se establecieron litigios, litigios que podrían haberse evitado si se hubiera tenido una concepción más cuidadosa de lo que es el campo mexicano.

No hubo ni siquiera apoyos, pongo un ejemplo, finalmente, para mostrar la crudeza de la realidad.

En Chihuahua vivimos una helada durante tres días, que nos tuvo 20 grados bajo cero; se congelaron el agua, tuberías, se congeló la vida; se congelaron las raíces de las plantas perennes, hubo una serie de problemas gravísimos que dejaban así la muestra de un tsunami de hielo, de un huracán de hielo que requería apoyos para la población; tenemos dos años sufriendo las consecuencias de aquella helada, no hemos recibido los apoyos, como no se han recibido en muchos lugares en el campo mexicano.

Esto nos lleva a una conclusión, esperamos que este Senado entienda y apoye al campo mexicano, y que con el nuevo gobierno a partir del 1° de diciembre tengamos acuerdos que nos conduzcan a evitar situaciones como las aquí expuestas y que sin duda favorecen, no solamente el desarrollo social, sino al equilibrio del país.

Muchísimas gracias.

- El C. Presidente Burgos García: ¿Admite la pregunta del Senador Domínguez, Senador, o no?

- El C. Senador Patricio Martínez García: A sus órdenes, Senador.

El C. Presidente Burgos García: Adelante, Senador.

- El C. Senador Francisco Domínguez Servién: (Desde su escaño) La pregunta es, Senador, usted acaba de subir a descalificar la inversión más alta del campo mexicano en su historia; le doy algunos datos para que se cultive: 1.6 billones de pesos invertidos en el campo mexicano en este sexenio, 60 por ciento más en base al sexenio anterior; y en base a los 70 años que gobernó el PRI, arriba además del 100 por ciento; vamos a ver qué hacen a partir del sábado, Senador; 6.2 por ciento más de alimentos que se sembraban al empezar este sexenio, que usted bien dice, y sí, así es, termina el viernes al finalizar el día.

Así como, 83 por ciento crecieron las exportaciones agroalimentarias de nuestro país hacia el exterior; 600 mil hectáreas más de riego tecnificadas que no existían al iniciar este sexenio; 4 mil hectáreas más de agricultura protegida que no existía en este sexenio. Senador, para hablar hay que informarse, y a la hora que quiera podemos debatir el tema.

Es cuanto.

El C. Presidente Burgos García: Conteste, Senador Martínez García.

- El C. Senador Patricio Martínez García: Le doy respuesta con mucho gusto a sus comentarios, que son más que una pregunta.

Mire, sin duda las cifras que usted da, las podría aceptar o las puedo aceptar sin mayor cuestionamiento, sin embargo, sí le pido que me acepte una cifra.

¿Por qué los mexicanos en situación de pobreza extrema, si tanto se hizo en inversiones, aumentaron de 48 a 52 millones?

Va, va, no es nada más la cantidad que se haya invertido sino su eficiencia y el direccionamiento que se haya hecho; cuando por otra parte es muy importante que se atienda a lo que era el corolario de mi intervención, que por razones de tiempo ya no fue posible, y es que en la medida en que no se atendió a las emergencias, en que no se atendió las urgencias del campo mexicano, millones de mexicanos quedaron fundidos por la desatención que hubo en ese rubro, no se atendió con programas especiales las emergencias que se presentaron, y precisamente por no atenderlas, porque no hubo comprensión para las sequías extremas, para las heladas extremas, para los daños que tuvo la población, tuvimos graves problemas sociales, no solamente económicos, y esos graves problemas sociales nos han rebotado en una serie de problemas de tipo de seguridad y de inestabilidad social que muy bien se podrían haber evitado si en vez de litigar en la Suprema Corte de Justicia de la Nación los apoyos que se habían aprobado en la Cámara de Diputados, simplemente se hubieran aprobado.

El C. Presidente Burgos García: Solicito que tengan en cuenta que los diálogos están prohibidos.

- El C. Senador Patricio Martínez García: Con mucho gusto, mire, Senador.

Lo que se busca presentar aquí, más que una descalificación del gobierno saliente, no lo tome por ese lado, véalo en el sentido de que no hubo los apoyos que en su momento se requerían en las emergencias de sequía y de graves heladas.

Cuando, por otra parte, de lo que se trata es de que ese tipo de situaciones, en el futuro, las evitemos y nos pongamos de acuerdo y en vez de litigar los acuerdos del Legislativo mejor se ejecuten por el Ejecutivo.

- El C. Presidente Burgos García: Permítame, Senador, yo le sugeriría, para evitar estos diálogos, que lo platicáramos y pasáramos al siguiente punto de Acuerdo.

- El C. Senador Patricio Martínez García: Con mucho gusto.

- El C. Presidente Burgos García: En uso de la palabra, para rectificación de hechos, el Senador Domínguez Servién.

- El C. Senador Francisco Domínguez Servién: Gracias, señor Presidente.

Ahora resulta que el gobierno federal es el responsable si llueve, si hay sequías en el norte del país, ¡ah caray!, esperamos que el licenciado Presidente Electo, Peña Nieto, pueda hacer que llueva en Durango y en Chihuahua, precisamente la tierra del Senador Matías, señor Senador.

Así va a hacer, va a hacer que llueva, ¡ah caramba! Si lo idolatran de esa forma, pues este país jamás, pónganse a rezar, señores Senadores del PRI.

Yo le voy a dar cifras o simplemente hay que defender con hechos, yo con ustedes, con sus compañeros priístas en la LX Legislatura hicimos que subiera el presupuesto del campo de 173 mil millones a 223 millones para un año del ejercicio fiscal del 2009 y si se acordarán ustedes, que dudo que algunos de ustedes sepan las cifras, a pesar de la economía, señores Senadores, del 2008, de la crisis económica del 2009, el sector agroalimentario de este país fue el único que creció en 2, 4 y hasta el 7 por ciento.

Evidentemente en Chihuahua hubo sequías el año pasado, en Durango, no hablemos de ello, en Zacatecas, también, y esto no es una responsabilidad de un gobierno federal, y los programas para aminorar, pregúntenselo a su ex gobernador que le ganamos tajantemente en Sinaloa, el productor número 1 de alimentos de este país, que pasó y por fin dejó de gobernar el PRI en Sinaloa, y ahí, señores Senadores, se repuso el 100 por ciento de semilla para maíz, para poner la producción de ese estado que le da de comer a gran parte de nuestro país.

Hay estados que tomaron los recursos, porque hay que poner pari passu, señores Senadores, los gobernadores del PRI con las finanzas corruptas, con las finanzas donde no les alcanza para poner ni el 40, ni el 50, ni el 60 por ciento del pari passu dejaron los recursos y por supuesto dejaron morir a los productores de ganado.

¿Qué están haciendo en Durango, qué hicieron desgraciadamente en Durango los productores? Tuvieron que comercializar las vacas hacia Estados Unidos porque no tenían qué darle de comer.

¿Dónde estaba el señor gobernador de Durango? Dónde estaba el PRI que apoya a los productores del campo de Durango, dónde estaba el señor gobernador de Zacatecas que reconoció que tenía problemas, que reconoció que no tenía dinero, que tuvo que pedir crédito, y otra vez para refrescarles la memoria, 1.6 billones de inversión en este sexenio en el campo mexicano, haber si el señor de la Madrid tiene la capacidad desde SAGARPA de conseguir en la Cámara de Diputados que se mantenga y crezca como creció en este sexenio el presupuesto para el campo mexicano, nunca en la historia de este país en más de 80 años se había invertido tanto en el campo mexicano.

¿Qué hay mucho qué hacer? Hay mucho qué hacer, necesitamos producir más maíz, más sorgo, en fin, todos los cereales, más carne, más leche, esa responsabilidad de todos los conjuntos y por favor, ruéguenle, denle la bendición al señor Peña Nieto para que llueva. Se los agradeceremos todos los productores de este país.

- El C. Presidente Burgos García: Senador Domínguez, admite una pregunta del Senador Irízar López.

- El C. Senador Francisco Domínguez Servién: Con mucho gusto.

- El C. Presidente Burgos García: Sonido en el escaño del Senador Irízar López.

- El C. Senador Aarón Irízar López: (Desde su escaño) Yo quisiera preguntarle al Senador, si después de esta esplendorosa explicación que da sobre el campo mexicano que deja el actual gobierno, si es tan magnífica, tan esplendorosa, maravillosa, ¿por qué los hombres del campo y la mujer del campo no refrendaban el gobierno de su partido?

Segundo. Por qué si usted va a cualquier parte, agarre el estado que usted quiera, y se va a encontrar de que hay una enorme insatisfacción sobre las políticas públicas sobre ese gobierno, esa es una realidad, más allá de cifras, si usted ve el campo tiene característica de pobreza, ahí está la ignorancia, ahí está la falta de educación, ahí está la falta de salud, ahí quiere decir que no ha habido políticas sólidas suficientes para tener un campo competitivo, y la prueba está en que se está importando maíz, se está importando frijol, se está importando trigo, se está importando lo fundamental, no tenemos seguridad alimenticia, por lo consecuente no hemos hecho una política del campo que proteja y que haga más competitivos a los productores del campo mexicano.

El C. Presidente Burgos García: Conteste, Senador.

- El C. Senador Francisco Domínguez Servién: Con mucho gusto le voy a responder por qué está así el campo mexicano de los pequeños, de los medianos y de los grandes productores.

Con muchísimos gusto y le puedo decir desde Yucatán hasta Sonora o en Jalisco o Guanajuato, por su culpa, señores Senadores del PRI, por su partido, acuérdese qué pasó en el 92, señores Senadores, acordémonos qué pasó en el 92.

El señor que arruinó este país, se le ocurrió la grande idea al ex presidente Carlos Salinas de Gortari, de meter al campo mexicano al Tratado de Libre Comercio.

Y nunca, nunca le permitieron al sector, a ninguno de los sectores, ni de cereales, ni de carne, ni de leche, ni de huevo, decir si querían entrar a competir con Estados Unidos y con Canadá, señor Senador.

No estábamos listos. Y todavía nos dio, el señor Herminio Blanco, secretario del señor “corrupto” Salinas de Gortari, diez años de desgravación arancelaria. Que bonitos diez años para proteger y hacer competitivo al campo.

Claro que no estamos listos para competir con un “Farm Bill”, y hoy, ese acuerdo comercial del ’92, tienen en esa situación al campo mexicano.

Acepten sus errores, y si no, platiquemos con las organizaciones gremiales de los productores, pequeños, medianos y grandes de este país.

Con mucho gusto, vamos y vivimos esta parte que ustedes tienen en esta situación al sector agropecuario de México, y por supuesto, de cualquier estado que usted me diga.

Es cuanto, señor Presidente.

(Aplausos)

- El C. Senador Isidro Pedraza Chávez: (Desde el escaño) Señor Presidente.

- El C. Presidente Burgos García: SenadorIsidro Pedraza, ¿para qué propósito?

- El C. Senador Isidro Pedraza Chávez: (Desde su escaño) Para rectificación de hechos.

- El C. Presidente Burgos García: Tiene el uso de la palabra el Senador Isidro Pedraza.

- El C. Senador Isidro Pedraza Chávez: (Desde su escaño) Gracias, señor Presidente.

Miren, es muy fácil en esta discusión, sobre todo, ahora que el panorama no les es favorable, descansar culpas en otros.

Yo creo que el campo mexicano, en este momento, el diagnóstico, es un campo empobrecido. Es un campo donde su producción se encuentra devastada, somos importadores de más del 70% del arroz que se consume en el país, consumimos un número alto de toneladas de maíz. Y creo que, particularmente, bueno, en el fríjol, los precios del huevo, ustedes han visto cómo estamos al vaivén, se desaparecieron ya la industria de los fertilizantes, la Financiera Rural no financia el desarrollo del campo.

Y no hay, en este momento, condiciones que nos auguren que nuestro campo viene en crecimiento. El campo se encuentra totalmente de bastado, este es resultado de una política neoliberal. Y esta política neoliberal la compartieron dos actores principales, que ahora se culpa, quién fue más irresponsable que otro, que ha sido el PRI y el PAN.

Aquí no hay una diferencia en ese sentido, de quién es más responsable.

En el Tratado de Libre Comercio, quien lo impulsó, quien lo apoyó, fueron particularmente el PRI y el PAN, quien lo llevaron a su firma consumación.

Hemos insistido que en 18 años de Tratado de Libre Comercio, se requiere una revisión.

Antiguamente Obama decía: “que había que revisar el Tratado de Libre Comercio”. Ya cuando llegó a ser Presidente dijo que estaba bien.

Y ahora los campesinos en México hemos estado insistiendo en hacer una evaluación del Tratado de Libre Comercio, y ver cómo no se ha incrementado la producción de productos agropecuarios en este periodo que ha durado el gobierno, entre no sabemos uno, si es el PRIAN, particularmente, porque en las entidades federativas, pues no pueden eludir responsabilidades, o son priístas o son panistas.

Y en ese sentido, es parte de la ausencia de una política para desarrollar el campo mexicano. Y revisemos, no tenemos una agroindustria alimentaria en el país, somos productores primarios, particularmente estamos vendiendo crudo todo lo que producimos. Y no se pueden sentir orgullosos de que ahora el campo se encuentre desmantelado y se le deja a otro la responsabilidad.

Hay responsabilidades también, en que no hemos estado cuidando el impacto del cambio climático. No cuidamos el suelo, la tierra, el aire, y esto, compañeros, es un tema que tiene que abordarse con urgencia.

Hemos insistido en que se requiere un programa emergente para reactivar el campo y la producción de alimentos.

Yo presido, precisamente y por eso la importancia de este tema, la Comisión de Autosuficiencia Alimentaria, y tenemos que lograr que México sea capaz de producir los alimentos que consume.

No podemos seguir siendo importadores de los granos que nos comemos.

Creo que en ese sentido, la revisión de las políticas públicas, pues tuvimos un espacio, no tuvimos chance de discutir, de debatir, con los que han conducido la política económica en el campo en este país. Y los resultados están a la vista. No es necesario que se haga tanta estridencia, aquí en la tribuna, y señalamientos más profundos, porque los resultados ahí están, la pobreza de más de 28 millones de mexicanos en pobreza alimentaria, están en el campo.

Los que perciben menos de un dólar de ingreso, están en el campo.

O sea, no podemos hablar de que la población rural en este momento con la política de este sexenio que termina, logró mejorar sus niveles de ingresos.

O sea, no podemos presumir de eso, porque lo estamos viendo.

Y precisamente un reclamo que tenemos que hacernos aquí, discutiendo y platicando, como decía el presidente, pues es poder formular entre las diferentes fracciones de este Senado, una propuesta para reactivar el campo.

Eso sería lo más importante, lo más responsable que pudiéramos hacer. Invitarnos a formular un programa de reactivación del campo.

¿Cómo vamos a abordar el tema del financiamiento a bajo costo?

¿Qué tipo de instituciones van a financiar el desarrollo del campo, qué es lo que requiere?

¿Cómo vamos a garantizar el precio a los productores?

Miren, ahorita se acaba de publicar en el Diario Oficial de la Federación, que la Secretaría de Hacienda acaba de liberar cerca de 385 productos del campo, porque ya estamos en una parte de instrumentación, de la parte final del TLC. 165 productos que van a tener aranceles muy por abajo de lo que se estaba manejando.

Y esto es la ruina, en cada época de cosecha se abren las fronteras para la importación de granos, para arruinar el precio del producto.

Yo creo que eso es lo que tenemos que revisar en un acuerdo de fracciones, cómo corregimos estas desviaciones que se van dando en el campo mexicano.

Gracias, señor Presidente.

(Aplausos)

- La C. Senadora Martha Palafox Gutiérrez: (Desde su escaño) Señor Presidente.

- El C. Presidente Burgos García: Muchas gracias, Senador Pedraza Chávez.

Senadora Palafox Gutiérrez, ¿con qué propósito?

- La C. Senadora Martha Palafox Gutiérrez: (Desde su escaño) Solamente para proponer, ahora que va haber oportunidad de que vayan a revisar al campo mexicano, proponerles a Tlaxcala, para la revisión, para la supervisión.

Y de paso por hay también le echan una miradita a las carreteras.

Gracias.

- El C. Senador Francisco Salvador López Brito: (Desde su escaño) Señor Presidente.

- El C. Presidente Burgos García: ¿Con qué propósito?, Senador López Brito.

- El C. Senador Francisco Salvador López Brito: (Desde su escaño) Para brevemente participar en hechos. Muy brevemente, si me permite, señor Presidente, desde aquí, desde la curul.

El C. Presidente Burgos García: Adelante, Senador.

El C. Senador Francisco Salvador López Brito: (Desde su escaño) Yo coincido en que no se vale descalificar una política pública, que evidentemente favoreció desde el punto de vista presupuestal y en programas al campo mexicano.

Coincido que es mucho lo que hay por hacer, pero no es con descalificaciones con lo que se va a obtener el apoyo y el fortalecimiento del campo mexicano, sino, precisamente, poniéndonos de acuerdo desde aquí, del Legislativo y el Ejecutivo, para llevar a cabo políticas públicas más favorables al campo mexicano.

Y precisar, que si bien lamento en el estado de Chihuahua, no entiendo por qué no se dieron los consensos en esa helada que nos comentaba el Senador que presentó este punto de Acuerdo.

Sí quiero ser testigo y portador del comentario, de que en Sinaloa fue una situación ejemplar, con reconocimiento de la FAO a nivel mundial, de la forma como se dio el apoyo en las heladas de febrero del año pasado, en relación a un desastre agrícola que tuvimos en Sinaloa. Y como se rescató el campo, precisamente por apoyos y recursos muy fuertes y suficientes de parte del gobierno federal.

De tal manera que, insisto, no es descalificando, porque sí hubo una política pública muy fuerte para el apoyo del campo.

Sin embargo, sabemos que hay pendientes, pero no es la forma de cómo vamos a sustentar esto, sino poniéndonos de acuerdo, entre el Legislativo y Ejecutivo.

- El C. Senador Javier Corral Jurado: (Desde su escaño) Señor Presidente.

- El C. Presidente Burgos García: Senador Javier Corral, ¿con qué propósito?

- El C. Senador Javier Corral Jurado: (Desde su escaño) Muchas gracias, señor Presidente. Bueno, ahora en el Senado estamos tratando una serie de temas muy importantes, que tienen que ver con el futuro del país.

Y yo creo que es muy importante, que ahora pues todos contribuyamos de alguna manera a crear el ambiente más propicio para realmente tomar una ruta y un cauce de los mayores acuerdos. El del campo puede ser uno de ellos, sin duda.

Alguien aquí ha planteado con toda precisión, la pregunta de: ¿Cómo fue el voto electoral en las pasadas elecciones? Y yo quisiera decir que hay un estudio muy importante, muy interesante que se llama “México Evalúa”, que está publicado en Internet, la geografía electoral del 2012, nos vamos a llevar varias sorpresas de cómo fue distribuido el voto entre los sectores de pobreza, entre los sectores más marginados y el voto rural, donde se concentran muchos de los productores, fundamentalmente temporaleros, eso como una aportación, por decirlo de alguna manera, a la inquietud que aquí se ha planteado de cómo se distribuyó el voto.

Tenemos que cuidar las intervenciones sin sentido, los discursos sin propósito; tenemos que atemperarnos en el golpeteo por golpear.

Si alguien no quiere ser respondido en la tribuna y provocar respuestas puntuales, debe medir muy bien el alcance de sus señalamientos.

Si alguien viene y lanza cuestionamientos generales y genéricos, en el que incluso hay ausencia de propuesta, asuman las consecuencias de lo que se conoce como la rectificación de hechos.

Tenemos que ser muy cuidadosos, no sólo del nivel del debate, sino de los momentos propicios de ese debate.

Esta es, por lo que viene de nuestra legislatura, uno de los ejemplos de cuando se lanzan mensajes sin sentido, sin propósito alguno.

Se trataba de sugerir al nuevo gobierno aumentar el presupuesto en materia del campo, nosotros lo apoyamos. ¿Cuánto? ¿50 por ciento, 100 por ciento? Nos sumamos desde ahorita. Alguna propuesta específica.

Cuidemos, pues, creo, lo digo con sinceridad: esta parte de los mensajes políticos o del debate político, de la agenda política, si queremos realmente todos construir un cauce común.

Es todo, señor Presidente.

(Aplausos)

- El C. Presidente Burgos García: Muchas gracias, Senador Javier Corral.

Tiene el uso de la palabra el Senador Armando Ríos Piter, a nombre propio y de los Senadores Dolores Padierna Luna y de Rabindranath Salazar Solorio, del grupo parlamentario del PRD, para presentar un punto de Acuerdo relativo a la visita del licenciado Enrique Peña Nieto a Estados Unidos de América.





 

PROPUESTA

- El C. Senador Armando Ríos Piter: Gracias, señor Presidente, con su permiso; compañeras y compañeros Senadores:

A mí me parece que este punto de Acuerdo puede servir como corolario de una discusión en la que este país lleva atrapado 19 años, y yo creo que hay que darle una dimensión puntual a este tema, porque pareciera ser, y lo digo respetuosamente por las intervenciones de mis compañeros anteriores, que es un problema de: si un partido gobernó bien o gobernó mal, me parece que es una visión muy limitada de la problemática que enfrenta nuestro país.

He tenido la oportunidad de ver el campo sinaloense, con los invernaderos que tienen la capacidad de generar millones de toneladas al año de tomate y hortalizas, que son un ejemplo del éxito del campo mexicano y que tiene que ver mucho con el Tratado de Libre Comercio.

Pero como guerrerense lo digo, y con el dolor que significa conocer las tierras más pobres del país en Metlatónoc o Cochoapa, también ahí, amigas y amigos, en ese campo mexicano es donde hoy habitan los hombres y mujeres de este país que tienen condiciones iguales a las que tiene el Africa Subsahariana, en países como Ruanda, como Nigeria, entonces pareciera ser que el debate tenemos que llevarlo a otra dimensión.

¿Cómo están funcionando las políticas públicas en este país?

¿Cuáles son los acuerdos básicos predominantes que hacen que tengamos 2 realidades tan distintas, tan complejamente diferentes, en un país que se precia de ser una Federación compartida?

Porque ahí, donde están las zonas pobres indígenas de Tabasco, hay mexicanos que no tienen la oportunidad de disfrutar del Tratado de Libre Comercio, igual que nuestros hermanos y compatriotas de Baja California.

Entonces, compañeras y compañeros, me parece que esa es la dimensión en la que tenemos que dar una discusión de esta naturaleza.

Y el punto de Acuerdo que estamos poniendo a la consideración de la comisión, y que lo habíamos planteado para que fuera de urgente resolución el pasado jueves, tiene que ver con que el Senado de la República tome las facultades y las responsabilidades constitucionales que tiene en materia de relaciones exteriores, para replantear la forma en la que tenemos que resolver como país esta discusión.

Y repito, no es una discusión que va a resolver solamente el nuevo gobierno, ahora con un partido diferente, porque no ha sido así la forma en la que está construido el Tratado de Libre Comercio.

Hace 19 años, amigas y amigos, se votó, y en esa votación se logró consolidar una parte del país ganadora, una parte pujante con la maquila; una parte que podrían aprovechar la fruticultura y la horticultura las grandes ventajas comparativas que tiene el campo mexicano.

Pero ahí, donde hay un 83 por ciento del crecimiento en exportaciones, hay solamente un 15 por ciento de aprovechamiento de ese crecimiento; y la otra parte, casi 20 millones de mexicanos, compañeras y compañeros, son precisamente los que viven en condiciones de pobreza, o peor aún, de pobreza alimentaria, de la pobreza extrema.

¿Cómo tenemos que reconceptualizar nuestras relaciones internacionales, y de manera particular hoy, que el Presidente Electo ha tenido una reunión con Barack Obama?

¿Cómo podemos aprovechar esta oportunidad, de tener 4 años de un nuevo gobierno, o digamos, de un nuevo periodo gubernamental en los Estados Unidos, y el arranque de un nuevo sexenio en México?

Entonces, tenemos que repensar, compañeras y compañeros, cuáles son las ventanas de oportunidad, y pensándolo, en el tema del Tratado de Libre Comercio, solamente una consideración que nos implica a todos, ese eje que hace, pues, por lo menos 12 años, en el 2000, implicaba el 20 por ciento del total del comercio del mundo, del globo terráqueo, el 20 por ciento, es decir, una quinta parte de las relaciones de comercio ocurrían precisamente entre Canadá, Estados Unidos y México. Ha perdido competitividad, hoy apenas es el 13 por ciento, China, los BRICS, Brasil, Rusia, La India, siguen y siguen y siguen creciendo, y nosotros estamos entrampados en una discusión realmente absurda, compañeras y compañeros.

De tal manera que la propuesta y el planteamiento, y es parte de un gran debate que tenemos que construir es: ¿Cómo logramos garantizar que una visión trilateral con Canadá, con Estados Unidos y con un nuevo liderazgo, construido a partir del Senado de la República, nos permita plantear que México, que el Tratado de Libre Comercio, tienen una nueva oportunidad frente a los grandes retos globales?

De tal manera, compañeras y compañeros, ponemos a consideración de ustedes este punto de Acuerdo para que el Senado de la República, aquí donde el pacto federal se reúne independientemente de las fuerzas políticas que representemos, podamos darle a este país un gran acuerdo nacional amplio, que le regrese el liderazgo a México que ha perdido.

Es cuanto, señor Presidente.

(Aplausos)

PUNTO DE ACUERDO RELATIVO A LA VISITA DEL LIC. ENRIQUE PEÑA NIETO A LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA

“SEN. ERNESTO CORDERO ARROYO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
DEL SENADO DE LA REPUBLICA
PRESENTE.

Los suscritos, Senadores DOLORES PADIERNA LUNA, ARMANDO RIOS PITTER y RABINDRANATH SALAZAR SOLORIO integrantes del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, en uso de las facultades que nos confieren los artículos 8, fracción II, 108, 109y 276 del Reglamento del Senado de la República, sometemos a la consideración del Pleno la presente proposición con punto de Acuerdo de Urgente Resolución, de conformidad con las siguientes:

Consideraciones

1.- Una vez concluidas las elecciones en EUA con el triunfo y reelección del actual Presidente Barak Obama, y conocida también la visita concertada de Enrique Peña Nieto a la ciudad de Washington, es importante hacer por parte del Senado de la República, una serie de consideraciones sobre temas álgidos de nuestra problemática nacional, dirigidos a quienes se entrevistarán y acordarán las bases de la nueva agenda bilateral, es decir, lineamientos de trabajo conjunto que naturalmente impactarán a las instituciones nacionales y a toda la sociedad mexicana, consideraciones y recomendaciones principalmente dirigidas a Enrique Peña Nieto, visitante de la Casa Blanca, el 27 de Noviembre de los corrientes.

a) En primer lugar, ha sido un desperdicio histórico el que los gobernantes mexicanos no movilicen las conciencias y los enfoques políticos de los connacionales sobre la base de sus problemáticas específicas, y particularmente en las coyunturas electorales que se refleja en la capacidad de acción política organizada e influencia en tales procesos de losmexicanos radicados en los Estados Unidos. Veamos los siguientes datos:

b) De acuerdo con una encuesta de la Dirección de Participación Cívica e Inmigración del Consejo Nacional de La Raza, que se aplicó en víspera de las elecciones, el votolatino puede considerarse como decisivo a nivel nacional. En varios Estados clave para las elecciones como Colorado, Nevada, Nuevo México, Carolina del Norte y Ohio, el voto latino superó a favor de Obama el 72%, en Virginia llegó a 66% y en Florida a 58%. Obama resultó favorecido por el 79% de los votantes latinos en Arizona y el 70% en Texas, en los que ganó Romney, mientras que en California, en donde suelen ganar los demócratas, el 78% apoyó la reelección del mandatario. En el proceso de atracción de este muy amplio grupo demográfico, Barack Obama no pudo ignorar el tema de la hasta ahora incumplida Reforma migratoria, sobre todo con los votantes jóvenes que acudieron por primera vez a las urnas, esto considerando que cada mes, 50,000 hispanos en Estados Unidos cumplen los 18 años.

2.-Durante la entrevista que sostendrán Enrique Peña Nieto y el Presidente reelecto Barak Obama, no obstante que no es una visita de Estado, es fundamental que el primero mencionado tome en cuenta los enfoques, conceptos y consideraciones del Pleno del Senado de la República sobre la integración de la nueva agenda bilateral prioritaria, para que pueda considerarse una “nueva agenda bilateral”.

Por lo anterior, hoy resulta fundamental que la relación de Estados Unidos con México sea redefinida en términos estratégicos mediante una agenda binacional que integre los siguientes cuatro temas en forma prioritaria:

1. Una relación de igualdad en nuestras relaciones y de respeto a la Soberanía Nacional, pienso al proponer esto, en la “Operación Rápido y Furioso” decidida y ejecutada unilateralmentehacia el interior de nuestro territorio soberano, y otra serie de operaciones encubiertas, que han lastimado la dignidad de los mexicanos y han causado la muerte de muchos de ellos;

2. El tema de la migración es parte de una difícil negociación entre la Presidencia y Congreso estadounidense, es decir, entre partidos Demócrata y Republicano. Sin embargo, el hecho antes reseñado sobre el carácter decisorio del voto latino, y concretamente del hispano en EUA, más el nuevo ambiente de percepción social respecto del tema de la reforma inmigratoria, están cambiando el lugar que ocupará dicha temática en la política interna de los EUA: a) hay coincidencia entre los analistas quienes ratifican que el voto hispano fue determinante en el resultado favorable a Barak Obama; b) en una reciente encuesta aplicada por la cadena de televisión BBC, el 57% de los encuestados sostiene que es urgente una reforma que regule la situación de los inmigrantes actuales a EUA, lo cual constituye un cambio cualitativo en la percepción social del problema. Además, un periódico influyente como The Washington Post urgió el 12 de noviembre a ambos partidos a trabajar juntos en" la aprobación de una reforma migratoria, empezando por “conferir estatus legal a 11 millones de indocumentados en Estados Unidos".En otras palabras, frente a la coyuntura el tema migratorio puede ser promovido con éxito y no podemos desaprovechar una vez más esta oportunidad.

3. Revertir el actual relegamiento de la relación económica, ingresando a una nueva etapa con mayores resultados en la cooperación para el desarrollo, resolviendo bilateralmente temas hoy abordados unilateralmente sobre el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (por ejemplo, la reciente afectación a las exportaciones de tomate, medida profundamente dañina para los productores-exportadores mexicanos) y otros más perfectamente identificados, todo lo cual expresa el agotamiento de la dinámica económica de la región de América del Norte frente a la emergencia de otras regiones, y obliga a cuestionar las actuales estrategias de asociación comercial, porque el futuro gira sobre una nueva agenda de competitividad que reposicione a las economías de los países miembros a la constitución de un espacio económico en reconocimiento de las fortalezas y de la convergencia de los niveles de desarrollo como requisito mínimo. Es momento de reconsiderar el modelo de integración regional vía TLCAN.

4. Hoy los distintos representantes de ambos partidos en el Senado de los Estados Unidos de América (para hablar sólo de nuestra institución par) reconocen ampliamente el fracaso de la actual “estrategia anticrimen” en México, de la fallida “guerra contra las drogas” librada en nuestro país. Es urgente revisar las bases de este tema fundamental para la sociedad mexicana, excesivamente lastimada por el efecto combinado de la acción de los grupos criminales y de una estrategia fracasada. No se trata de continuar la misma estrategia con cambios menores a la misma como lo ha manifestado Enrique Peña Nieto. No, sino de revisar las bases de la estrategia aplicada a fondo, de sus elementos estructurales, como ya sugieren claramente Jefes de Estado como el de Guatemala, Costa Rica y Perú en nuestro subcontinente.

En suma, por todo lo antes establecido y valorado, es indispensable pugnar en dicha visita de Enrique Peña Nieto a Washington en unos días más, y en muchos otros momentos y eventos futuros, por la integración de la Nueva Agenda Estratégica Binacional de frente a la nueva realidad regional y mundial que permita replantear los términos históricos de nuestra relación bilateral, que refleje los intereses de ambos países en igualdad de condiciones y no que dé solamente cobertura a una sola prioridad, como es la de Seguridad Nacional de los Estados Unidos.

Por lo anteriormente expuesto, someto a la valoración de las senadoras y senadores de la República la siguiente posición con punto de Acuerdo de urgente resolución:

PUNTO DE ACUERDO

UNICO. El Senado de la República exhorta respetuosamente aEnrique Peña Nieto para que en su próxima visita a los Estados Unidos planteé la necesidad de generar una nueva agenda bilateral estratégica basada en cuatro temas centrales para beneficio de la sociedad mexicana: i) trato igual y respetuoso entre los gobiernos en ambos lados de la frontera común y respeto a la Soberanía del Estado mexicano; ii) ante el relegamiento de los temas económicos en nuestra agenda común, abrir una nueva etapa en la Cooperación para el Desarrollo de México que sea parte de la formulación de un nuevo modelo de integración económica regional, ante el agotamiento del actual modelo cuya base es el Tratado de Libre Comercio de América del Norte y tomando igualmente en consideración las nuevas tendencias comerciales como el Acuerdo Comercial Transpacífico; iii) Promover la Reforma Migratoria durante el presente cuatrienio del Presidente Barak Obama y iv) abrir la discusión bilateral sobre las concepciones que han dado origen a la actual estrategia contra el crimen organizado replanteando a fondo la misma.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, a 22 de noviembre de 2012.

Sen. Dolores Padierna Luna.- Sen. Armando Ríos Pitter.- Sen. Rabindranath Salazar Solorio”.

- El C. Presidente Burgos García: Muchas gracias, Senador Ríos Piter. Se turna a la Comisión de Relaciones Exteriores, América del Norte.

Compañeras y compañeros Senadores, esta Presidencia, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 67 de la Ley Orgánica del Congreso, declara un receso en nuestra sesión para reanudar a las 18:00 horas.

(Receso)

PRESIDENCA DEL C. SENADOR
JOSE ROSAS AISPURO TORRES

- El C. Presidente José Rosas Aispuro Torres: Se reanuda la sesión. Solicito a la Secretaría dé cuenta de una comunicación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos.





 

COMISION NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

- La C. Secretaria Merodio Reza: Se recibió un oficio de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, por el que solicita al Senado de la República llame al titular de la Secretaría de Seguridad Pública a que comparezca para que explique los motivos de su negativa a aceptar diversas recomendaciones.

- El C. Presidente Aispuro Torres: El texto íntegro de la comunicación está publicado en el monitor de sus escaños; la comunicación con la que se acaba de dar cuenta la presenta la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en ejercicio de la facultad que le asigna el artículo 102, apartado B de nuestra Constitución. El Senado de la República debe resolver este asunto en los términos de este artículo.

Solicito a la Secretaría dé lectura al Acuerdo que ha suscrito la Mesa D





 

COMISION NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

- La C. Secretaria Merodio Reza: Se recibió un oficio de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, por el que solicita al Senado de la República llame al titular de la Secretaría de Seguridad Pública a que comparezca para que explique los motivos de su negativa a aceptar diversas recomendaciones.

- El C. Presidente Aispuro Torres: El texto íntegro de la comunicación está publicado en el monitor de sus escaños; la comunicación con la que se acaba de dar cuenta la presenta la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en ejercicio de la facultad que le asigna el artículo 102, apartado B de nuestra Constitución. El Senado de la República debe resolver este asunto en los términos de este artículo.

Solicito a la Secretaría dé lectura al Acuerdo que ha suscrito la Mesa Directiva.





 

MESA DIRECTIVA

- La C. Secretaria Merodio Reza: Doy lectura al Acuerdo.



Es todo, señor Presidente.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, señora Secretaria. Está a discusión el Acuerdo del cual se ha dado cuenta. No habiendo quien haga uso de la palabra, pido a la Secretaría que consulte a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse dicho Acuerdo.

- La C. Secretaria Merodio Reza: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el anterior Acuerdo. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobado el Acuerdo, señor Presidente.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Aprobado el Acuerdo por el que se cita a comparecer al titular de la Secretaría de Seguridad Pública, en los términos de lo dispuesto por el artículo 102, apartado B de nuestra Constitución. Comuníquese.

En otro apartado de nuestra agenda, se le concede el uso de la palabra al Senador René Juárez Cisneros, del grupo parlamentario del PRI, para referirse a la conmemoración de la Promulgación del Acta de Independencia por el Congreso de Chilpancingo, en 1813.





 

EFEMERIDE

- El C. Senador René Juárez Cisneros: Muchas gracias, señor Presidente, con su venia. Compañeras y compañeros Senadores de la República:

Vengo a nombre de mi grupo parlamentario, y como representante de mi estado, Guerrero, a referirme a un hecho fundamental para la vida de la República, la declaración de Independencia de la América Septentrional, signada el 6 de noviembre de 1813.

El 28 de julio de 1813, como resultado de su éxito militar y visión política, el Siervo de la Nación, José María Morelos y Pavón, convocó a la conformación de un congreso nacional que contara con la representación de todas las provincias de la Nueva España, con la finalidad de declarar formalmente la Independencia de México.

Tres meses después, en septiembre, ya como principal cabeza de la lucha armada y del Movimiento Independentista, Morelos convocó en la ciudad de Chilpancingo, Guerrero, al primer congreso independiente y presentó el documento Sentimientos de la Nación, pidiendo a los entonces congresistas declarar libre a la nación mexicana.

En sus 23 puntos, Morelos y Pavón dejó asentada su genialidad política y visión moderna del Estado que quería construir al declarar la total Independencia de México con relación al Reino de España y el establecimiento de la división de poderes en Ejecutivo, Legislativo y Judicial.

La abolición de la esclavitud, la distribución equitativa de la propiedad, la disolución de las castas, la propuesta para crear un sistema republicano sobre la base de la igualdad, la libertad y la eliminación de los tributos excesivos, constituyen sólo algunas de las ideas fundamentales expresadas por José María Morelos y Pavón en los Sentimientos de la Nación.

Así, el 6 de noviembre de 1813, el Congreso de Anáhuac promulga el Acta de Declaración de Independencia que rompe con tres siglos de dominio colonial. Recordemos que el Congreso de Anáhuac fue el primero de carácter político que se formó en el país.

La proeza iniciada heroicamente por Morelos ha constituido en incorporar, por la vía legal, el entendimiento de las diferencias del mosaico plural que era y sigue siendo México. El Senado de la República, aquí en este Honorable Senado, estamos obligados a retomar el pensamiento e ideología de don José María Morelos y Pavón, de comprometernos a legislar con constancia y patriotismo para atender los reclamos del pueblo de México, de Justicia, Libertad e Independencia, de emitir y reformar leyes que incidan en el fortalecimiento de nuestro sistema republicano y representativo; pero sobre todo, que garantice el acceso a una vida digna y concreta en los hechos, los derechos sociales consagrados en nuestra Carta Magna.

Debemos de involucrarnos todos en la búsqueda de la justicia social, por eso en estos nuevos tiempos, en tiempos de inicio de un nuevo gobierno, en donde el país enfrenta enormes desafíos y retos, es necesario enaltecer su gran legado, el legado de Morelos y Pavón, el respeto a la legalidad y la búsqueda de la justicia social.

Los Senadores de la República, al igual que este gran prócer de la Patria, debemos involucrarnos en la batalla de nuestro tiempo, entender la Independencia de la que goza México como un camino hacia la libertad, concebir la igualdad como último destino de nuestra nación y ver la justicia social como eje fundamental de la política.

Abonemos a la construcción de instituciones fuertes y democráticas, contribuyamos a edificar un México incluyente donde se escuchen todas las voces, incluso aquellas que difieren de la opinión vertida de quienes ejercen y ejercerán el poder. Un México que destierra la verdad absoluta de unos cuantos y renuncie a actitudes patrimonialistas de las ideas, que encuentre en las diferencias una oportunidad para avanzar y no un dique para construir los acuerdos en los temas que le sirvan a México con tolerancia y pleno respeto a la diversidad política y las convicciones.

Un México incluyente que promueva las coincidencias, que le dé valor a las demandas de los mexicanos, que dé solución eficaz a sus legítimos reclamos. En suma, un México incluyente en los hechos que le dé viabilidad a la política; un México del que se sientan orgullosos nuestros hijos. Por México bien vale la pena.

Es cuanto, señor Presidente.

Gracias, Senadoras y Senadores.

(Aplausos)

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, Senador René Juárez Cisneros.

Informo a las señoras y señores Senadores que las proposiciones no presentadas en la sesión de hoy, serán reagendadas para la próxima sesión; y quienes deseen mantener inscritos sus temas, lo hagan sólo del conocimiento de esta Mesa Directiva o de la Secretaría Parlamentaria.





 

CITA

Agotados los asuntos en cartera, se cita a la siguiente sesión que tendrá lugar el día de mañana miércoles 28 de noviembre a las 10:00 horas.

(Se levantó la sesión a las 19:38 horas)

Directorio

DIARIO DE LOS DEBATES

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Director: Lic Arturo Domínguez Sarmiento

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