Senado de la República.
Sesión Plenaria.
Martes 17 de octubre de 2017
    
    

Última actualización: octubre 2017
Última revisión: octubre 2017

Diario de los Debates
LXII
              Legislatura
1er
Año
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DIARIO DE LOS DEBATES

DE LA CÁMARA DE SENADORES
DEL CONGRESO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS


AÑO I                       Primer Periodo Ordinario                       LXII Legislatura                       Sesión Núm. 27


Sesión Pública Ordinaria Celebrada
en la Ciudad de México, el 20 de Noviembre de 2012

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PRESIDENCIA DEL C. SENADOR
JOSE ROSAS AISPURO TORRES

APERTURA

- El C. Presidente José Rosas Aispuro Torres: (11:38 horas) Solicito a la Secretaría informe del resultado del cómputo de asistencia de las señoras y señores Senadores.

- La C. Secretaria María Elena Barrera Tapia: Honorable Asamblea, conforme al registro de la asistencia, se han acreditado 72 ciudadanos Senadores.

En consecuencia, hay quórum, señor Presidente.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Se abre la sesión del martes 20 de noviembre de 2012, correspondiente al primer periodo ordinario de sesiones del primer año de ejercicio de la LXII Legislatura.

El Orden del Día está disponible en el monitor de sus escaños, con lo cual se informa de los asuntos que corresponden a la agenda de hoy.

“ACTA DE LA SESION CELEBRADA EL JUEVES
QUINCE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DOCE.

PRESIDE EL SENADOR
ERNESTO CORDERO ARROYO

En la ciudad de México, Distrito Federal, a las doce horas con once minutos del día jueves quince de noviembre de dos mil doce, encontrándose presentes sesenta y seis ciudadanos Senadores, según relación anexa, la Presidencia declaró abierta la sesión.

(Lectura del Orden del Día)

La Secretaría dio por conocido el contenido del Orden del Día de la sesión de esta fecha, debido a la publicación en la Gaceta del Senado y a su difusión.

(Actas de sesiones anteriores)

Se aprobó en votación económica el Acta de la Sesión del martes trece de noviembre de 2012.

(Comunicaciones)

Se recibió del Senador David Penchyna Grub, Presidente de la Comisión de Energía, el Programa Trabajo Anual de esa Comisión.- Quedó de enterado.

Se recibió de la Mesa Directiva, propuestas de candidatos para ocupar el cargo de Consejero de la Judicatura Federal.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos.

Se recibió de la Secretaría de Gobernación, oficio por el que comunica que el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, Maestro Felipe Calderón Hinojosa, se ausentará del territorio nacional el próximo domingo 18 del actual, para realizar un viaje a la ciudad de Austin, Texas, Estados Unidos de América, a fin de atender una invitación para presenciar el Gran Premio Fórmula 1 de Estados Unidos 2012, que le extendió el equipo Sauber F1 Team.- Quedó de enterado. Se remitió copia a las Comisiones de Relaciones Exteriores y de Relaciones Exteriores, América del Norte.

Se emitió un pronunciamiento de los grupos parlamentarios, en relación al Día Mundial de la Diabetes.- Intervinieron los Senadores: María Cristina Díaz Salazar del PRI; María Elena Barrera Tapia del PVEM; Fernando Mayans Canabal del PRD; y Francisco Salvador López Brito del PAN.

Se recibió de la Secretaría de Gobernación, oficio con el que remite dos nuevas ternas para designar a dos ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación: para cubrir la vacante del Ministro Guillermo Iberio Ortiz Mayagoitia, se propone a los ciudadanos: Rosa Elena González Tirado, Alberto Gelacio Pérez Dayán y Julio César Vázquez-Mellado García. Para cubrir la vacante del Ministro Sergio Salvador Aguirre Anguiano, se propone a los ciudadanos: Alfredo Gutiérrez Ortiz-Mena, Norma Lucía Piña Hernández y Ricardo Romero Vázquez.- Se turnó a la Comisión de Justicia.

(Iniciativas)

La Senadora Lisbeth Hernández Lecona y el Senador Pablo Escudero Morales, a nombre propio y de las Senadoras y Senadores de los Grupos Parlamentarios del Partido Revolucionario Institucional y del Partido Verde Ecologista de México, presentaron iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 22, 73, 79, 105, 107, 109, 113, 116 y 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos, Primera, con opinión de las Comisiones de Gobernación y de Anticorrupción y Participación Ciudadana.

El Senador Francisco Domínguez Servién, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 58 y se adiciona un párrafo cincuenta al artículo 5º de la Ley Federal de Sanidad Vegetal.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Agricultura y Ganadería y de Estudios Legislativos, Segunda.

El Senador Rabindranath Salazar Solorio, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 130 de la Ley del Seguro Social.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Seguridad Social y de Estudios Legislativos.

La Senadora Martha Palafox Gutiérrez, del Grupo Parlamentario el Partido del Trabajo, presentó iniciativa con proyecto de decreto que adiciona una fracción IX al artículo 25 y adiciona un artículo 47 bis 1 y un artículo 47 bis 2 a la Ley de Coordinación Fiscal.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Estudios Legislativos, Primera.

PRESIDE EL SENADOR
ENRIQUE BURGOS GARCÍA

La Senadora María Cristina Díaz Salazar, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, remitió iniciativa con proyecto de decreto que modifica la fracción xvii del artículo 3° de la Ley General de Salud.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos.

Los Senadores Blanca María del Socorro Alcalá Ruiz, Daniel Amador Gaxiola, Fidel Demédicis Hidalgo, Juan Gerardo Flores Ramírez, Víctor Hermosillo y Celada, Ismael Hernández Deras, Raúl Morón Orozco, Martha Palafox Gutiérrez, Claudia Artemiza Pavlovich, Raúl Aarón Pozos Lanz, Mely Romero Celis, Juan Carlos Romero Hicks y María Marcela Torres Peimbert, remitieron iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Educación.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Educación y de Estudios Legislativos.

Se dio Primera Lectura a un dictamen de las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, de Relaciones Exteriores, América Latina y el Caribe y de Comercio y Fomento Industrial, con proyecto de decreto por el que se aprueba el Acuerdo Marco de la Alianza del Pacífico, firmado el seis de junio de dos mil doce en el observatorio de Paranal, Antofagasta, Chile, por los Presidentes de la República de Chile, de la República de Colombia, de los Estados Unidos Mexicanos y de la República del Perú.- Se dispensó la segunda lectura. Intervinieron los Senadores: Gabriela Cuevas, Presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores, para presentar el dictamen; Dolores Padierna Luna del PRD; Mariana Gómez del Campo Gurza del PAN; Lisbeth Hernández Lecona del PRI; Juan Gerardo Flores Ramírez del PVEM; y Teófilo Torres Corzo del PRI. Fue aprobado por 101 votos en pro. Se remitió al Ejecutivo Federal.

Se dio Primera Lectura a un dictamen de la Comisión de Gobernación, con proyecto de decreto que concede permiso al ciudadano Leonardo González García para aceptar y usar la condecoración que le otorga el gobierno de la República Francesa.- Quedó de primera lectura.

(Dictámenes a discusión)

Se sometió a consideración de la Asamblea un dictamen De la Comisión de Desarrollo Regional, el que contiene punto de acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a establecer criterios sencillos para las reglas de operación de los fondos y programas sociales y los relativos al desarrollo regional.- Fue aprobado en votación económica.

Se sometieron a consideración de la Asamblea cinco dictámenes de la Comisión de Relaciones Exteriores, América del Norte, con puntos de acuerdo por los que se desechan las siguientes proposiciones presentadas en las LX y LXI Legislaturas:

Por el que se citaba a comparecer a la Secretaria de Relaciones Exteriores, a efecto de que explicara la agenda y las prioridades del gobierno mexicano de cara a la visita a nuestro país del Presidente de los Estados Unidos de América.- Fue aprobado en votación económica. Se instruyó a la secretaría parlamentaria descargar el asunto de los registros y darlo por concluido.

Por el que se felicitaba al congreso de Nuevo México y al gobernador de la entidad, por abolir la pena de muerte.- Fue aprobado en votación económica. Se instruyó a la secretaría parlamentaria descargar el asunto de los registros y darlo por concluido.

Por el que se citaba a comparecer a los titulares de las Secretarías de Relaciones Exteriores y de Comunicaciones y Transportes a fin de que informaran sobre el cierre de la garita de San Ysidro.- Fue aprobado en votación económica. Se instruyó a la secretaría parlamentaria descargar el asunto de los registros y darlo por concluido.

Por el que se manifestaba al gobierno de los Estados Unidos de América su consternación y rechazo por la matanza de 16 civiles afganos.- Fue aprobado en votación económica. Se instruyó a la secretaría parlamentaria descargar el asunto de los registros y darlo por concluido.

Sobre la resolución de la Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos de América sobre la Ley SB1070 del estado de Arizona.- Fue aprobado en votación económica. Se instruyó a la secretaría parlamentaria descargar el asunto de los registros y darlo por concluido.

Se sometió a consideración de la Asamblea un dictamen de la Comisión de Pesca, con punto de acuerdo que exhorta al titular del Ejecutivo Federal a considerar mayores recursos al Programa de Empleo Temporal del Sector Pesquero.- Intervinieron los Senadores: Óscar Román Rosas González del PRI y Francisco Salvador López Brito del PAN. Fue aprobado en votación económica.

Se sometió a consideración de la Asamblea un dictamen de la Comisión de Derechos Humanos, con punto de acuerdo por el que solicita al titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos investigar los hechos que constituyan una violación grave a los derechos humanos relacionados con el ataque ocurrido a un vehículo diplomático de los Estados Unidos de América, el 24 de agosto del año en curso, en el estado de Morelos.- Fue aprobado en votación económica.

Se sometió a consideración de la Asamblea un dictamen de la Comisión de Derechos Humanos, con punto de acuerdo por el que invita al titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos a reunión de trabajo para dialogar sobre el estado que guardan diversos temas en la materia de derechos humanos.- Fue aprobado en votación económica.

Se sometió a consideración de la Asamblea un dictamen de la Comisión de Gobernación, con punto de acuerdo que exhorta a las autoridades federales, estatales y municipales a emprender, promover e implementar campañas que impulsen un escenario de paz y tranquilidad a favor de la sociedad mexicana.- Fue aprobado en votación económica.

Se sometió a consideración de la Asamblea un dictamen de la Comisión de Gobernación, con punto de acuerdo que exhorta al Instituto Federal Electoral a dar a conocer las normas y procedimientos conforme a los cuales certificará el debido cumplimiento de los requisitos que establece la ley electoral para la constitución y el registro de nuevos partidos políticos.- Fue aprobado en votación económica.

Se sometió a consideración de la Asamblea un dictamen de la Comisión de Gobernación, con punto de acuerdo que exhorta al Instituto Federal Electoral a no incluir el domicilio de los ciudadanos en la nueva credencial para votar con fotografía.- Fue aprobado en votación económica.

Se sometieron a consideración de la Asamblea cuatro dictámenes de la Comisión de Marina con puntos de acuerdo para ratificar 5 grados de Almirante; 11 grados de Vicealmirante; 40 grados de Contralmirante; y 87 grados de Capitán de Navío.- Los cuatro dictámenes fueron aprobados conjuntamente por 89 votos en pro.

PRESIDE EL SENADOR
JOSÉ ROSAS AISPURO TORRES

(Iniciativas)

El Senador Arturo Zamora Jiménez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el párrafo tercero del artículo 142 del Código Federal de Procedimientos Penales.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos.

La Senadora Hilda Esthela Flores Escalera, a nombre propio y de las Senadoras Angélica del Rosario Araujo Lara y Margarita Flores Sánchez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona la fracción IV del artículo 115 de la Ley General de Salud.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos.

(Proposiciones)

El Presidente de la Mesa Directiva dio turno a las siguientes proposiciones:

De los Senadores Manuel Humberto Cota Jiménez y Gerardo Sánchez García, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados para que en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2013 se sostenga el Programa de Desarrollo de Capacidades Innovación Tecnológica y Extensionismo Rural y se le asignen recursos por un monto de por lo menos 3 mil 875 millones de pesos.- Se turnó a la Cámara de Diputados.

Del Senador Alejandro Encinas Rodríguez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo que exhorta a la Cámara de Diputados a que, dentro del proceso de análisis, discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2013, considere una partida especial con recursos suficientes con el fin de generar un fondo para el pago a los ex obreros de Altos Hornos de México, S.A.- Se turnó a la Cámara de Diputados.

De la Senadora María Elena Barrera Tapia, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con punto de acuerdo que exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a que en el proceso de análisis, discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2013 fortalezca los programas de fomento y desarrollo del turismo de naturaleza, incrementando los recursos presupuestales asignados.- Se turnó a la Cámara de Diputados.

De los Senadores Ma. del Rocío Pineda Gochi, Margarita Flores Sánchez, Lisbeth Hernández Lecona, Mely Romero Celis, Angélica del Rosario Araujo Lara, Blanca María del Socorro Alcalá Ruiz y Manuel Humberto Cota Jiménez,del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo por el que se conmina al titular del Ejecutivo Federal a la creación de un fondo contingente destinado a solventar la crisis financiera de los estados y municipios; asimismo, se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a que en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2013 destine mayores recursos a los fondos de aportaciones federales.- Se turnó a la Comisión de Hacienda y Crédito Público el primer resolutivo y a la Cámara de Diputados el segundo de ellos.

Del Senador Juan Gerardo Flores Ramírez, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con punto de acuerdo que exhorta a la Cámara de Diputados para que en el proceso de análisis, discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación 2013 se considere la creación de un fondo con recursos presupuestales suficientes para apoyar la transición de los medios públicos a la televisión digital terrestre.- Se turnó a la Cámara de Diputados.

El Senador Ismael Hernández Deras, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó proposición con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y a la Comisión Nacional Forestal a iniciar acciones y destinar recursos suficientes para el control y combate de la plaga de insectos descortezadores que afecta actualmente los bosques en el estado de Durango.- Fue considerado de urgente resolución y puesto a discusión. Intervinieron los Senadores: Fidel Demédicis Hidalgo del PRD y Silva Garza Galván del PAN. Fue aprobado en votación económica.

La Senadora Mariana Gómez del Campo Gurza, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó proposición con punto de acuerdo por el que el Senado de la República se solidariza con el pueblo, las familias de las víctimas y el gobierno de la República de Guatemala ante los acontecimientos causados por el sismo de 7.3 grados en la escala de Richter que tuvo lugar el pasado 7de noviembre.- Considerado de urgente resolución, fue aprobado en votación económica.

La Senadora Lorena Cuéllar Cisneros, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó proposición con punto de acuerdo que exhorta a los poderes ejecutivos de los estados de Tlaxcala y de Aguascalientes a publicar la información relativa a los programas sociales.- Se turnó a la Comisión de Desarrollo Social.

El Senador David Penchyna Grub, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, remitió proposición con punto de acuerdo que exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal a enviar a esta Soberanía un informe sobre la situación actual de la deuda pública federal, de las entidades federativas y municipios.- Se turnó a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

(Acuerdos de la Junta de Coordinación Política)

Se sometió a consideración de la Asamblea un Acuerdo de la Junta de Coordinación Política por el que se constituye el Comité de Garantía de Acceso y Transparencia de la Información del Senado de la República.- Fue aprobado en votación económica.

Se sometió a consideración de la Asamblea un Acuerdo de la Junta de Coordinación Política por el que se constituye el Comité para el Fomento de la Competitividad del Senado de la República.- Fue aprobado en votación económica.

Se sometió a consideración de la Asamblea un Acuerdo de la Junta de Coordinación Política por el que se designa al Comité Técnico del Contrato de Fideicomiso de Inversión y Administración No. 1705 "Para apoyar la construcción y equipamiento del nuevo recinto de la Cámara de Senadores".- Fue aprobado en votación económica.

(Proposiciones)

El Presidente de la Mesa Directiva dio turno a las siguientes proposiciones:

De la Senadora María Elena Barrera Tapia, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con punto de acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a garantizar la atención del cien por ciento de los pacientes que padecen diabetes.- Se turnó a la Comisión de Salud.

Del Senador David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de acuerdo sobre la segunda edición del Buen Fin.- Se turnó a la Comisión de Comercio y Fomento Industrial.

De la Senadora Ana Gabriela Guevara, a nombre y representación del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de acuerdo para que el Senado tome diversas decisiones en torno al centenario del fallecimiento del Doctor Belisario Domínguez.- Se turnó a las Comisiones de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias y de la Medalla Belisario Domínguez.

De la Senadora Laura Angélica Rojas Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido del Acción Nacional, la que contiene punto de acuerdo por el que el Senado de la República se congratula por el sexagésimo séptimo aniversario de la admisión de México a la Organización de las Naciones Unidas, acontecido el 7 de noviembre de 2012.

Del Senador David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de acuerdo para la creación de cooperativas y proyectos productivos, con objeto de erradicar la dependencia a las remesas de las comunidades expulsoras de migrantes.- Se turnó a la Comisión de Trabajo y Previsión Social.

Del Senador David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de acuerdo para prevenir y detectar la diabetes tipo I en niños y jóvenes.- Se turno a la Comisión de Salud.

Del Senador Sofío Ramírez Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo que exhorta a la Comisión Federal de Electricidad y a la Procuraduría Federal del Consumidor a establecer un programa nacional de reembolso por cobros excesivos de energía eléctrica; y al Ejecutivo Federal para que se revisen y modifiquen las tarifas eléctricas establecidas en el estado de Guerrero.- Se turnó a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

La Presidencia dio por concluida la sesión a las quince horas con treinta y seis minutos y citó a la siguiente el martes veinte de noviembre a las once horas.

Fin de la sesión".

LISTA DE ASISTENCIA DE LA SESION ANTERIOR



El acta de la sesión anterior se encuentra publicada en la Gaceta Parlamentaria de este día. En consecuencia, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba el acta de la sesión anterior.

- La C. Secretaria Barrera Tapia: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba el acta de la sesión anterior. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque se rechace, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobada el acta, señor Presidente.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Aprobada el acta.

Pasamos al siguiente asunto.






COMUNICACIONES

- La C. Secretaria Barrera Tapia: Se recibieron las siguientes comunicaciones:

De la Senadora Lorena Cuéllar Cisneros, Presidenta de la Comisión de Desarrollo Social, con la que remite el Plan de Trabajo de esa comisión.

De la Senadora Graciela Ortiz González, Presidenta de la Comisión de Estudios Legislativos, con la que remite el Plan de Trabajo de esa comisión.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Esta Asamblea ha quedado debidamente enterada.

Pasamos al siguiente asunto.

- La C. Secretaria Barrera Tapia: Se recibió una comunicación suscrita por los Senadores Roberto Gil Zuarth y Graciela Ortiz González, Presidentes de las Comisiones de Justicia y de Estudios Legislativos, respectivamente, con la que remiten el Acuerdo aprobado por esas comisiones, por el que se establece el procedimiento para la comparecencia y dictaminación de los aspirantes para la elección de Consejero de la Judicatura Federal.



- El C. Presidente Aispuro Torres: Esta Asamblea ha quedado debidamente enterada.

Pasamos al siguiente asunto.

- La C. Secretaria Barrera Tapia: Se recibió una comunicación del Senador Roberto Gil Zuarth, Presidente de la Comisión de Justicia, con la que remite el Acuerdo de la Junta Directiva de esa comisión, por el que se establece el procedimiento para la comparecencia y dictaminación de las ternas presentadas por el Ejecutivo Federal para la elección de Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.



- El C. Presidente Aispuro Torres: Esta Asamblea ha quedado debidamente enterada.

Pasamos al siguiente asunto.






SECRETARIA DE GOBERNACION

- La C. Secretaria Barrera Tapia: Se recibió un oficio de la Secretaría de Gobernación, con el que remite propuestas de nombramientos de los Magistrados de la Sala Regional del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, por un periodo de 10 años, a favor de los ciudadanos:

  • María Alejandra Rosas Ramírez.
  • Gabriel Coanacoac Vázquez Pérez.
  • Omar García Huante.

“SECRETARIA DE GOBERNACION
SUBSECRETARIA DE ENLACE LEGISLATIVO

Oficio No. SEL/300/430/12

México, D.F., 15 de noviembre de 2012

CC. SECRETARIOS DE LA CAMARA DE SENADORES
DEL H. CONGRESO DE LA UNION
PRESENTES.

Por este conducto y con fundamento en el artículo 27, fracción IX de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; y los artículos 4, 5 y 6 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, corresponde al titular del Ejecutivo Federal proponer los nombramientos de Magistrados del propio Tribunal.

Por lo anterior, agradeceré a ustedes se sirvan disponer lo conducente para que se someta a la consideración de ese órgano Legislativo, la aprobación del nombramiento de María Alejandra Rosas Ramírez, Gabriel Coanacoac Vázquez Pérez y Omar García Huante, como Magistrados de Sala Regional del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, por un periodo de 10 años.

Asimismo, me permito remitir la comunicación signada por el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, así como los datos curriculares de las citadas personas.

Sin otro particular, reciban un cordial saludo

Atentamente

El Subsecretario
Lic. Rubén Alfonso Fernández Aceves”.

“PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

CIUDADANO PRESIDENTE DE LA CAMARA DE SENADORES
DEL H. CONGRESO DE LA UNION
PRESENTE.

Como es de su conocimiento, conforme al artículo 4 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, el nombramiento de los Magistrados que integran dicho Tribunal corresponde al Presidente de la República con la aprobación de la Cámara de Senadores o, en sus recesos, de la Comisión Permanente.

Al respecto, el Presidente del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa comunicó recientemente al Ejecutivo Federal a mi cargo la existencia de tres vacantes de Magistrado de Sala Regional, así como la propuesta de la Sala Superior sobre posibles candidatos para ocuparlas, conforme al concurso interno llevado a cabo para estos efectos.

En esa virtud, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 4 y 5 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, por este conducto se somete a la aprobación de la Cámara de Senadores el nombramiento de María Alejandra Rosas Ramírez, Ornar García Huante y Gabriel Coanacoac Vázquez Pérez como Magistrados de Sala Regional del Tribunal, por un periodo de diez años.

Como podrá corroborarse de la documentación que se acompaña al presente, las personas señaladas cumplen con los requisitos que para ser Magistrado establece el artículo 6 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, al tratarse de mexicanos por nacimiento que no han adquirido otra nacionalidad, en pleno goce y ejercicio de sus derechos civiles y políticos, mayores de treinta y cinco años de edad, con notoria buena conducta, licenciados en derecho con título registrado y expedido cuando menos hace diez años y con al menos ocho años de experiencia en materia fiscal o administrativa.

La C. María Alejandra Rosas Ramírez es Licenciada en Derecho por la Universidad de Guadalajara y cuenta con distintos cursos y seminarios en materia fiscal y administrativa.

En el ámbito profesional se ha desempeñado como abogada postulante y, en el sector público, en el Servicio de Administración Tributaria donde ocupó los cargos de Jefe de Servicios y Asistencia en la Subadministración de Asistencia al Contribuyente, Técnico Proyectista en la Subadministración de Resoluciones 2, Abogado Dictaminador, Subadministradora de lo Contencioso 1 y Subadministradora de Consultas y Autorizaciones. De 2003 a la fecha se ha desempeñado como Secretaria de Acuerdos Titular de la Mesa 5, Ponencia II, de la Segunda Sala Regional de Occidente del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. Fue propuesta para ser designada Magistrada por el Pleno de la Sala Superior de dicho Tribunal, previo concurso interno.

El C. Ornar García Huante es Licenciado en Derecho y Maestro en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México; Maestro en Ciencias Jurídico Penales con Especialización en Ciencia Jurídico Penal por el Instituto Nacional de Ciencias Penales y Especialista en Argumentación Jurídica por la Universidad de Alicante, España.

Ha desarrollado su carrera profesional en el sector público, donde ha ocupado los cargos de Director de Área y posteriormente Director General de la Secretaría Técnica del Consejo Consultivo en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos; en la Procuraduría General de la República ocupó los cargos de Director de Área adscrito a la Dirección General de Extradiciones y Asistencia Jurídica, Director de Atención a Recomendaciones en Derechos Humanos y posteriormente, Asesor en medios de control constitucional de la Procuradora General de la República. En la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal ha sido Subdirector de Amparos, Director de Controversias Constitucionales y Acciones de Inconstitucionalidad,

Director General Adjunto de Control Constitucional y Director General de Control Constitucional, cargo que desempeña actualmente.

El C. Gabriel Coanacoac Vázquez Pérez es Licenciado en Derecho egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México y cuenta con diplomados en Derecho Penal y en Amparo, ambos de la Universidad Panamericana, así como en Seguridad Nacional del Instituto Nacional de Ciencias Penales.

Cuenta con una amplia experiencia en el sector público, donde ha prestado sus servicios como Secretario Auxiliar del Procurador en la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal y del Procurador General de la República; en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal fungió como Asesor de la Comisión de Gobierno, y Asesor y Secretario Técnico en la Comisión de Seguridad Pública; en la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión se desempeñó como Secretario Técnico de la Mesa Directiva y Secretario Técnico de la Comisión de Gobernación. Asimismo, fue Coordinador Jurídico del Instituto Nacional de Migración, Coordinador de Asesores del Subsecretario de Población, Migración y Asuntos Religiosos de la Secretaría de Gobernación y posteriormente Titular de la Unidad de Enlace Legislativo en la misma dependencia. En la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal se ha desempeñado como Director General Adjunto de Legislación y actualmente como Director General de Legislación y Consulta.

La capacidad técnica, trayectoria profesional y honorabilidad de los personas cuyo nombramiento como Magistrados se somete a la consideración de esa instancia legislativa, llevan a la convicción del Ejecutivo Federal a mi cargo de que su designación contribuirá al fortalecimiento de este importante órgano de impartición de justicia, y estoy cierto de que ese órgano legislativo arribará a la misma conclusión.

Reitero a usted, Ciudadano Presidente, las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.

México, Distrito Federal, a 14 de noviembre de 2012.

El Presidente de los Estados Unidos Mexicanos

Felipe de Jesús Calderón Hinojosa”.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Túrnese dicha documentación a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público; y de Justicia.

Pasamos al siguiente asunto.

- La C. Secretaria Barrera Tapia: También de la Secretaría de Gobernación se recibió un oficio con el que remite solicitud de autorización para permitir la salida de elementos del Ejército Mexicano, para apoyar en la construcción de un tramo carretero en el Puente Fronterizo Binacional Santa Elena en Corazal, Belice, en atención a la solicitud formulada por el gobierno de ese país.

“SECRETARIA DE GOBERNACION
SUBSECRETARIA DE ENLACE LEGISLATIVO

Oficio No. SEL/300/429/12

México, D.F., 15 de noviembre de 2012

CC. SECRETARIOS DE LA CAMARA DE SENADORES
DEL H. CONGRESO DE LA UNION
PRESENTES.

Por este conducto y para los efectos de lo dispuesto por el artículo 76, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con fundamento en lo establecido en el artículo 27, fracción XIV, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, me permito remitir el original del escrito signado por el Titular del Ejecutivo Federal por el que somete a la consideración de ese Órgano Legislativo, la autorización para permitir la salida de elementos del Ejército Mexicano, para apoyar en la construcción de un tramo carretero en el Puente Fronterizo Binacional Santa Elena en Corazal, Belice, en atención a la solicitud formulada por el gobierno de ese país.

Sin otro particular, reciban un cordial saludo.

Atentamente

El Subsecretario

Lic. Rubén Alfonso Fernández Aceves”.

“PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

CIUDADANO PRESIDENTE DE LA
CAMARA DE SENADORES DEL
H. CONGRESO DE LA UNION
PRESENTE.

Como es de su conocimiento, de acuerdo con el artículo 76, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es facultad exclusiva de la Cámara de Senadores autorizar al Ejecutivo Federal para que permita la salida de tropas nacionales fuera de los límites del país.

Al respecto, en el marco de la cooperación bilateral entre los Estados Unidos Mexicanos y Belice, el Ministerio de Asuntos Exteriores de ese país presentó al Gobierno de México, por conducto de la Secretaría de Relaciones Exteriores, una solicitud de apoyo para la construcción de un tramo carretero en el Puente Fronterizo Binacional Santa Elena en Corazal, Belice.

Dicho proyecto responde al acuerdo entre ambos Gobiernos para abrir el nuevo puente internacional al comercio, lo que permitirá un más eficiente y seguro tránsito de personas y bienes entre ambos países, beneficiando directamente a más de dos mil novecientas personas que habitan en ambos lados de la frontera.

En este contexto, por la importancia del proyecto se estima pertinente la atención de la solicitud formulada utilizando la experiencia y capacidad de personal de la Secretaría de la Defensa Nacional, por lo que de contar con la autorización de ese órgano legislativo, dicha dependencia enviaría a Belice 11 miembros del Ejército Mexicano (un coronel, un capitán, un subteniente y 8 elementos de tropa) de la Dirección General de Ingenieros, quienes asistirán sin armamento y únicamente con el equipo y la maquinaria necesarios para la colaboración en el proyecto, que tendrá una duración de cuatro semanas.

Por lo anterior, con fundamento en el artículo 76, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración de esa Cámara de Senadores la solicitud de autorización para que el Ejecutivo Federal permita la salida de elementos del Ejército Mexicano fuera de los límites del País, a efecto de que participen en actividades de cooperación con el Gobierno de Belice en el proyecto mencionado.

Reitero a usted, Ciudadano Presidente, las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.

México, Distrito Federal, a 14 de noviembre de 2012.

El Presidente de los Estados Unidos Mexicanos

Felipe de Jesús Calderón Hinojosa”.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Túrnese a las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores; y de Defensa Nacional.

Pasamos al siguiente asunto.

- La C. Secretaria Barrera Tapia: Asimismo, de la Secretaría de Gobernación se recibió un oficio con el que remite las respuestas a las preguntas parlamentarias relativas a la firma del Acuerdo Comercial Anti-Falsificación.

“SECRETARIA DE GOBERNACION
SUBSECRETARIA DE ENLACE LEGISLATIVO

Oficio No. SEL/300/421/12

México, D.F., 15 de noviembre de 2012

SEN. ERNESTO CORDERO ARROYO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
DE LA CAMARA DE SENADORES
DEL H. CONGRESO DE LA UNION
PRESENTE.

Por este conducto y en atención al oficio No. DGPL-1P1A.-1410 signado por el Senador José Rosas Aispuro Torres, Vicepresidente de la Mesa Directiva de ese Órgano Legislativo, me permito remitir para los fines procedentes, las respuestas a las preguntas parlamentarias formuladas, en términos de lo dispuesto por el cuarto párrafo del artículo 93 constitucional, a los titulares de las Secretarías de Relaciones Exteriores y de Economía, relativas a la firma del Acuerdo Comercial Anti-Falsificación (ACTA).

Sin otro particular, reciban un cordial saludo.

Atentamente

El Subsecretario

Lic. Rubén Alfonso Fernández Aceves”.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Remítase dicha documentación a la Junta de Coordinación Política.

Pasamos al siguiente asunto.

- La C. Secretaria Barrera Tapia: Se recibió otro oficio de la Secretaría de Gobernación con el que remite proyecto de Decreto por el que se adiciona un tercer párrafo al artículo 3o. y se reforma el artículo 4o. de la Ley que Aprueba la Adhesión de México al Convenio Constitutivo del Banco de Desarrollo del Caribe y su Ejecución.

“SECRETARIA DE GOBERNACION
SUBSECRETARIA DE ENLACE LEGISLATIVO

Oficio No. SEL/300/578/12

México, D.F., 16 de noviembre de 2012

CC. SECRETARIOS DE LA CAMARA DE SENADORES
DEL H. CONGRESO DE LA UNION
PRESENTES.

Por instrucciones del Presidente de la República y en ejercicio de la facultad que le confiere el artículo 71, fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con fundamento en lo establecido en el artículo 27, fracción I de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, me permito remitir la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN TERCER PARRAFO AL ARTICULO 3O. Y SE REFORMA EL ARTICULO 4O. DE LA LEY QUE APRUEBA LA ADHESION DE MEXICO AL CONVENIO CONSTITUTIVO DEL BANCO DE DESARROLLO DEL CARIBE Y SU EJECUCION, documento que el titular del Ejecutivo Federal propone por el digno conducto de ese Órgano Legislativo.

Asimismo, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 18 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaría, acompaño al presente copias de los oficios números 353.A.-0930 y 312.A.-003646, de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, mediante los cuales envía el Dictamen de Impacto Presupuestario.

Sin otro particular, reciban un cordial saludo.

Atentamente

El Subsecretario

Lic. Rubén Alfonso Fernández Aceves”.

“PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

C. PRESIDENTE DE LA CAMARA DE SENADORES
DEL H. CONGRESO DE LA UNION
PRESENTE.

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 71 fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, me permito presentar ante esa Honorable Asamblea, por el digno conducto de Usted, la presente iniciativa con proyecto de Decreto por el que se adiciona un tercer párrafo al artículo 3o y se reforma el artículo 4o de la Ley que Aprueba la Adhesión de México al Convenio Constitutivo del Banco de Desarrollo del Caribe y su Ejecución.

Como parte del desarrollo regional impulsado a finales de la década de los sesenta, se constituyó el 18 de octubre de 1969, como institución financiera internacional, el Banco de Desarrollo del Caribe (BDC), iniciando sus operaciones el 26 de enero de 1970, cuyo objetivo plasmado en el artículo primero de su Convenio Constitutivo alinea su finalidad de contribuir al crecimiento económico armónico y desarrollo de los países miembros en el Caribe, así como promover la cooperación económica e integración de los mismos, poniendo especial énfasis en las necesidades de los países menos desarrollados de la región.

Actualmente, el Banco cuenta con 26 países miembros, de los cuales 18 son miembros regionales prestatarios (Anguilla, Antigua y Barbuda, Bahamas, Barbados, Belice, Islas Vírgenes, Islas Caimán, Dominica, Granada, Guyana, Haití, Jamaica, Montserrat, St. Kitts y Nevis, Santa Lucia, San Vicente y las Granadinas, Trinidad y Tobago e Islas Turcas y Caicos), tres son miembros regionales no prestatarios (Colombia, México y Venezuela) y cinco son miembros extraregionales (Canadá, China, Alemania, Italia y Reino Unido).

Si bien es cierto que la estructura regional de apoyo financiero en la zona caribeña incluye diversas agencias bilaterales y multilaterales, el Banco constituye una de las fuentes más importantes de financiamiento para el desarrollo económico, social e institucional sostenible de la región del Caribe. En igual sentido, posee una gran ventaja comparativa sobre otras instituciones de financiamiento que operan en la zona, ya que conoce de cerca los problemas de los países de esta región, así como la dinámica de éstos y la forma en que se relacionan.

De los bancos multilaterales de desarrollo que operan en esta región del mundo, este Banco es el que abarca un mayor número de naciones, ya que tiene operaciones en 18 países, comparado con el Banco Europeo de Inversiones que opera en seis países y el Banco Mundial y Banco Interamericano de Desarrollo, que tienen operaciones en ocho países de la región cada uno.

El Banco tiene la capacidad de movilizar importantes cantidades de financiamiento concesional y no concesional con una base de capital relativamente pequeña a tasas de interés favorables, lo que permite a sus países prestatarios maximizar el uso de los recursos financieros que pone a su disposición. De igual forma, durante sus años de actividad ha acumulado una invaluable experiencia de apoyo a pequeñas comunidades rurales y urbanas en sus países de operación, con objeto de desarrollar e implementar soluciones a problemas locales.

Durante el periodo 2004-2008, el Banco representó la segunda fuente de préstamos y asistencia técnica para la mayoría de sus países miembros prestatarios. En 2011, esta institución aprobó 22 créditos por un total de 144.6 millones de dólares de los Estados Unidos de América (dólares) y otorgó donaciones por un total de 21.9 millones de dólares. Los dos préstamos más grandes en este año fueron para Barbados y Santa Lucía, recibiendo el 24% y el 21% del total de recursos aprobados respectivamente. Otros prestatarios significativos fueron San Vicente y las Granadinas y St. Kitts y la Nevis, ambos con el 13%. Por su parte, de los 21.9 millones de dólares para asistencia técnica no reembolsable, el 64% se destinó a los países menos desarrollados, siendo Haití el principal beneficiario con 10.7 millones de dólares.

México es miembro del Banco desde el 5 de enero de 1982. La participación de nuestro país en esta institución financiera regional representa el refrendo a uno de los principios normativos de la política exterior de nuestro país, consagrado en el artículo 89, fracción X, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual refleja el compromiso de México con la promoción de la cooperación internacional para el desarrollo y en particular, el apoyo con los países de la región con un menor grado de desarrollo relativo.

De igual forma, la participación de México en el Banco es una clara muestra de la voluntad política que se tiene por materializar esfuerzos de cooperación para el desarrollo con los países de la región, lo cual a su vez retribuye a México al tener una región vecina fortalecida con la que se puedan entablar relaciones económicas más fructíferas y duraderas.

Para integrarse como miembro del Banco, México ha realizado dos tipos de aportaciones, una al Capital Ordinario del Banco, a través de la compra de acciones, y otra al Fondo Especial para el Desarrollo (FED).

Tanto la suscripción de acciones al capital ordinario como la contribución inicial al Fondo se realizaron con fundamento en los artículos 3o. y 4o. de la Ley que aprueba la adhesión de México al Convenio Constitutivo del Banco de Desarrollo del Caribe y su Ejecución, publicada en el Diario Oficial de la Federación el martes 5 de enero de 1982. A través de esta Ley, se autorizó la suscripción de acciones del Banco hasta por la cantidad de 15,600,000.00 (quince millones seiscientos mil) dólares y cubrir una primera contribución al Fondo por la cantidad de 7,000,000.00 (siete millones) de dólares.

Posteriormente, México ha participado en los acuerdos de reposición de capital del citado Fondo, mediante decretos que reformaron la Ley, publicados en el Diario Oficial de la Federación el 14 de enero de 1985, el 19 de enero de 1988, el 24 de diciembre de 1991 y el 16 de junio de 2011.

Séptima Reposición del Fondo Especial de Desarrollo.

El Fondo se estableció originalmente en 1970 con contribuciones de donantes y actualmente otorga garantías, donaciones y préstamos en términos concesionales a áreas de alta prioridad en el desarrollo de los países caribeños (como educación, inclusión social, agua y saneamiento, etc.). Las reposiciones de recursos del Fondo se realizan cada cuatro años.

Después de la primera contribución al Fondo señalada anteriormente, México ha participado en todos los posteriores acuerdos de reposición de este Fondo.

En este contexto, mediante la resolución de Contribuyentes al Fondo de febrero de 2009, se acordó llevar a cabo la séptima reposición de recursos, que se utilizará para financiar diversos programas de préstamo que permitan a los países miembros prestatarios: i) reducir la pobreza y fortalecer el desarrollo humano; ii) apoyar la sostenibilidad ambiental y avanzar en la agenda sobre combate al cambio climático; iii) fortalecer la cooperación e integración regional, y iv) mejorar la efectividad del uso de los recursos destinados al desarrollo. El monto total de recursos destinados al Fondo en esta reposición es de aproximadamente 260'000,000.00 millones de dólares.

En este sentido, nuestro país, como miembro de dicha institución, acordó la aportación correspondiente a 3'000,000.00 de dólares, según se indica en la resolución citada. Lo anterior completará una cantidad total de contribuciones por parte de México equivalente a 32'333,000.00 de dólares.

Aumento de capital del Banco de Desarrollo del Caribe

A partir de la segunda mitad de 2008, con la irrupción de la crisis financiera global, las economías de los países del Caribe se vieron fuertemente afectadas, debido principalmente a: i) una reducción en la demanda de servicios turísticos y materias primas, como bauxita y alúmina; ii) una caída en los precios mundiales de la energía, y iii) una disminución de los flujos de remesas e inversión extranjera directa. Por ejemplo, durante 2009 solamente cuatro países miembros del Banco reportaron un crecimiento positivo del producto interno bruto (Belice, Guyana, Haití y Montserrat).

En el entorno internacional, se observó un incremento en la aversión al riesgo y una migración de capital a activos de alta calidad. Esto tuvo como consecuencia una drástica reducción en la oferta de financiamiento en los mercados internacionales de capital, así como un desplazamiento indeseado de los países emergentes y en desarrollo.

Para hacer frente a esta situación, y con el propósito de evitar que la crisis afectara aún más a los países emergentes y en desarrollo, los países miembros del G-20 acordaron que los bancos multilaterales de desarrollo (conocidos por sus siglas en inglés como MDBs) actuaran como un instrumento para contribuir, primero, a evitar una mayor caída en las economías emergentes y en desarrollo, y después, a apoyar sus procesos de recuperación. Asimismo, se acordó la revisión de sus niveles de capital para determinar la capacidad de respuesta de estas instituciones y, en su caso, fortalecerla.

Derivado de la referida crisis, en el caso del Banco, se observó un incremento en su demanda por financiamiento en razón de lo siguiente:

- Para compensar elmenor financiamiento de los mercados internacionales de capital;

- Para redoblar los esfuerzos encaminados a la consecución de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, la cual se vio afectada negativamente por la crisis financiera internacional, y

- Para lograr una sostenibilidad fiscal y de deuda de la mayoría de sus países miembros prestatarios.

Con objeto de que el Banco pudiera enfrentar este aumento en las necesidades de financiamíento de parte de sus países miembros prestatarios y en el marco de su Plan Estratégico para el periodo 2010-2014, el 19 de mayo de 2010 durante su Asamblea de Gobernadores se aprobó la Resolución No. 4/10 titulada “Incremento en el Capital Suscrito del Banco y Suscripciones de los Miembros del Banco”, en la cual se aprueba un aumento al capital suscrito de esta institución financiera regional por un monto de 984796,000.00 dólares, del cual, el 22% (216'655,000.00 dólares) corresponde al capital pagadero en efectivo, y el restante 78% (768'141,000.00 dólares) se proporcionará en forma de capital exigible. Cabe mencionar que, de acuerdo a esta Resolución, se tiene previsto que el pago del capital en efectivo se realice en 6 contribuciones.

En este contexto, el número de acciones adicionales que suscribiría México sería de 4,677, consistentes en 1,029 acciones de Capital Ordinario pagadero en efectivo equivalentes a 6'206,000.00 (seis millones doscientos seis mil dólares), los cuales se pagarán mediante seis cuotas anuales, y 3,648 acciones de Capital Ordinario exigible, equivalentes a 22'004,000 (veintidós millones cuatro mil dólares). El pago de estas últimas acciones únicamente será necesario cuando se presenten situaciones extraordinarias previstas en el propio Convenio Constitutivo del Banco.

Este aumento de capital le permitirá al Banco seguir contribuyendo a combatir la pobreza y la desigualdad, así como fomentar el crecimiento sostenible, los cuales son las piedras angulares del desarrollo de la región caribeña. En particular, y de acuerdo a su Plan Estratégico para el periodo 2010-2014, el Banco centrará sus esfuerzos en: i) promover el crecimiento económico y el desarrollo social incluyente; ii) apoyar la sostenibilidad ambiental y administración de riesgos naturales; iii) mejorar la gobernabilidad institucional en los países miembros prestatarios; iv) fomentar la cooperación e integración regional, y v) mejorar su eficiencia organizacional y efectividad.

Por todo lo expuesto, por su digno conducto, me permito someter a la consideración del Honorable Congreso de la Unión la siguiente:

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN TERCER PARRAFO AL ARTICULO 3o. Y SE REFORMA EL ARTICULO 4o. DE LA LEY QUE APRUEBA LA ADHESION DE MEXICO AL CONVENIO CONSTITUTIVO DEL BANCO DE DESARROLLO DEL CARIBE Y SU EJECUCION.

ARTICULO UNICO.- Se adiciona un tercer párrafo al artículo 3o y se reforma el artículo 4o de la Ley que Aprueba la Adhesión de México al Convenio Constitutivo del Banco de Desarrollo del Caribe y su Ejecución, para quedar como sigue:

ARTICULO 3o.-...

Se autoriza al Gobierno Federal, para que, por conducto del Banco de México, efectúe la suscripción de acciones o partes sociales del Banco de Desarrollo del Caribe hasta por el equivalente a 28'210,000 (veintiocho millones doscientos diez mil) dólares de los Estados Unidos de América, de los cuales, serían pagaderos en efectivo 6'206,000 (seis millones doscientos seis mil) dólares de los Estados Unidos de América”.

ARTICULO 4o.- El Ejecutivo Federal por conducto del Banco de México cubrirá el equivalente a 3,000,000 (tres millones) de dólares de los Estados Unidos de América, correspondiente a la séptima reposición de capital del Fondo Especial de Desarrollo del Banco de Desarrollo del Caribe, a que se refiere el artículo 8o del Convenio Constitutivo del propio Banco. En consecuencia, el monto total aportado por México al Fondo Especial de Desarrollo asciende a la cantidad de 32,333,000.00 (treinta y dos millones trescientos treinta y tres mil) dólares de los Estados Unidos de América.

TRANSITORIO

UNICO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Reitero a usted, a seguridad de mi consideración más atenta y distinguida.

Palacio Nacional, a 14 de noviembre de 2012.

El Presidente de los Estados Unidos Mexicanos

Felipe de Jesús Calderón Hinojosa”.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Túrnese a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público; y de Estudios Legislativos, Primera para su análisis y dictaminación correspondiente.

Pasamos al siguiente asunto.

- La C. Secretaria Barrera Tapia: Así también, de la Secretaría de Gobernación se recibió un oficio con el que remite 200 hojas de servicios para ratificación de diversos grados militares.

“SECRETARIA DE GOBERNACION

SUBSECRETARIA DE ENLACE LEGISLATIVO

Oficio No. SEL/300/432/12

México, D.F., 15 de noviembre de 2012

CC. SECRETARIOS DE LA CAMARA DE SENADORES
DEL H. CONGRESO DE LA UNION
PRESENTES.

Por este conducto me permito hacer de su conocimiento que el Gral. Div. D.E.M. Salvador Cienfuegos Zepeda, Oficial Mayor de la Secretaría de la Defensa Nacional, se ha dirigido al Titular de esta Dependencia, para solicitar que por su amable conducto sean ratificados los grados que actualmente ostentan los miembros del personal militar que en relación anexa se señalan.

Por lo anterior y con fundamento en lo establecido por la fracción II del artículo 76 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, acompaño al presente, la documentación correspondiente, con carácter devolutivo.

Sin otro particular, reciban un cordial saludo.

Atentamente

El Subsecretario

Lic. Rubén Alfonso Fernández Aceves”.

“SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL

OFICIALIA MAYOR

OFICIALIA MAYOR. S.D. No. 11936

Lomas de Sotelo, D.F., a 16 de noviembre de 2012.

C. LICENCIADO,
SECRETARIO DE GOBERNACIÓN.
BUCARELI NO. 99.
CIUDAD.

POR ORDEN DEL C. GENERAL SECRETARIO DE LA DEFENSA NACIONAL y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 90 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 3/o. fracción V de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, 16 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y 14 fracción XI del Reglamento Interior de la Secretaría de la Defensa Nacional; adjunto me permito remitir a esa Dependencia del Ejecutivo Federal a su digno cargo, copia de los Acuerdos Presidenciales Nos. 2415, 2417, 2418 y 2421 de fecha 8 y 12 de noviembre del presente año, mediante los cuales el titular del Poder Ejecutivo Federal ordenó el ascenso al grado inmediato de los CC. Generales, Coroneles y Tenientes Coroneles del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, con fecha 20 de noviembre de 2012.

Solicitándole tenga a bien girar sus respetables instrucciones, a fin de que las Hojas de Servicios del personal que se menciona en los acuerdos dereferencia y que al efecto se remiten a esa Secretaría, sean turnadas al H. Congreso de la Unión para los efectos de la ratificación de grado, de conformidadcon lo establecido en el artículo 76 fracción II de la Constitución Política de losEstados Unidos Mexicanos.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Sufragio Efectivo, No Reelección.
El Oficial Mayor de la Sria. de la Def. Nal.

Gral. Div. D.E.M. Salvador Cienfuegos Zepeda”.

1

General de División Diplomado de Estado Mayor

JOSÉ DE JESÚS HERNÁNDEZ RIVERA

2

General de División Diplomado de Estado Mayor

GILBERTO HERNÁNDEZ ANDREU

3

General de División Diplomado de Estado Mayor

JAIME GODINEZ RUIZ

4

General de División Diplomado de Estado Mayor

MIGUEL GUSTAVO GONZÁLEZ CRUZ

5

General de División Diplomado de Estado Mayor

JUAN ERNESTO ANTONIO BERNAL REYES

6

General de División Diplomado de Estado Mayor

MARTÍN CORDERO LUQUENO

7

General de División Piloto Aviador Diplomado de Estado Mayor Aéreo

MANUEL DE JESÚS HERNÁNDEZ GONZÁLEZ

8

General de División Piloto Aviador Diplomado de Estado Mayor Aéreo

CARLOS ANTONIO RODRÍGUEZ MURGUÍA

9

General de División Piloto Aviador Diplomado de Estado Mayor Aéreo

SERGIO ALEJANDRO PÉREZ CASTILLO

10

General de Brigada Diplomado de Estado Mayor

JAIME GONZÁLEZ MONTES

11

General de Brigada Diplomado de Estado Mayor

MARCO ANTONIO GUERRERO CORONA

12

General de Brigada Diplomado de Estado Mayor

EMIR ALEJANDRO KURI GARCÍA

13

General de Brigada Ingeniero Constructor Diplomado de Estado Mayor

JUAN MANUEL MOZO SPEZIA

14

General de Brigada Diplomado de Estado Mayor

LEOBARDO QUEZADA ÁVALOS

15

General de Brigada Diplomado de Estado Mayor

ARTURO GONZÁLEZ GARCÍA

16

General de Brigada Diplomado de Estado Mayor

AGUSTÍN RADILLA SUASTEGUI

17

General de Brigada Diplomado de Estado Mayor

GABRIEL GARCÍA RINCÓN

18

General de Brigada Diplomado de Estado Mayor

SANTIAGO NOGUERA REYES

19

General de Brigada Diplomado de Estado Mayor

ANTONIO SOLÓRZANO ORTEGA

20

General de Brigada Diplomado de Estado

Mayor

ROGELIO TERÁN CONTRERAS

21

General de Brigada Diplomado de Estado Mayor

HÉCTOR AGUILAR ELIZALDE

22

General de Brigada Diplomado de Estado Mayor

JUAN MANUEL CORONA ARMENTA

23

General de Brigada Diplomado de Estado Mayor

ANTELMO ROJAS YÁNEZ

24

General de Brigada Diplomado de Estado Mayor

GERMÁN ANTONIO BAUTISTA

25

General de Brigada Diplomado de Estado Mayor

PABLO DÍAZ GAITÁN

26

General de Brigada Diplomado de Estado Mayor

ROBERTO FRANCISCO MIRANDA MORENO

27

General de Ala Piloto Aviador Diplomado de Estado Mayor Aéreo

JAVIER CORTES MÉNDEZ

28

General de Ala Piloto Aviador Diplomado de Estado Mayor Aéreo

JOAQUÍN FLORES ORTIZ

29

General de Ala Piloto Aviador Diplomado de Estado Mayor Aéreo

ERNESTO PÉREZ MONROY

30

General de Ala Piloto Aviador Diplomado de Estado Mayor Aéreo

MIGUEL ÁNGEL TORRES GONZÁLEZ

31

General de Brigada de Justicia Militar y Licenciado

GONZALO CORONA GONZÁLEZ

32

General de Brigada de Justicia Militar y Licenciado

JAIME JUÁREZ GONZÁLEZ

33

General Brigadier Diplomado de Estado Mayor

OSWALDO ÁNGEL SÁNCHEZ VELASCO

34

General Brigadier Diplomado de Estado Mayor

CRISTÓBAL LOZANO MOSQUEDA

35

General Brigadier Diplomado de Estado Mayor

VICENTE ANTONIO CONTRERAS GÓMEZ

36

General Brigadier Diplomado de Estado Mayor

BERNARDO REGINALDO REYES HERRERA

37

General Brigadier Diplomado de Estado Mayor

ALBERTO REYES VACA

38

General Brigadier

EDUARDO GUERRERO VALENZUELA

39

General Brigadier Diplomado de Estado Mayor

MARIO SAÚL LÓPEZ MIGUEZ

40

General Brigadier Diplomado de Estado Mayor

CARLOS CORRAL FERNÁNDEZ

41

General Brigadier Diplomado de Estado Mayor

JOSÉ MARTÍNEZ ROCHA

42

General Brigadier Diplomado de Estado Mayor

MIGUEL ÁNGEL AGUIRRE LARA

43

General Brigadier Diplomado de Estado Mayor

ADALBERTO SERGIO ROJAS MIRA

44

General Brigadier

JUAN LARA ZULUAGA

45

General Brigadier Diplomado de Estado Mayor

SERGIO ÁNGEL SÁNCHEZ GARCÍA

46

General Brigadier

DAVID MORENO CRUZ

47

General Brigadier Diplomado de Estado Mayor

GILBERTO MARTÍNEZ MARTÍNEZ

48

General Brigadier

ALEJANDRO BENJAMÍN MENESES CERVANTES

49

General Brigadier

JUAN JACOBO RESENDIZ MENDOZA

50

General Brigadier

MARIO ALFREDO OVALLE GUTIÉRREZ

51

General Brigadier

VÍCTOR MANUEL GONZÁLEZ TREJO

52

General Brigadier

JOSÉ FRANCISCO ZÚÑIGA VEGA

53

General Brigadier

HUMBERTO CASTRO SÁNCHEZ

54

General Brigadier Diplomado de Estado Mayor

JESÚS AREVALO ESPINOZA

55

General Brigadier Diplomado de Estado Mayor

ENRIQUE COVARRUBIAS LÓPEZ

56

General Brigadier Diplomado de Estado Mayor

JOSÉ FRANCISCO CAMARENA HERNÁNDEZ

57

General Brigadier Diplomado de Estado Mayor

JUAN JOSÉ GÓMEZ RUIZ

58

General Brigadier Diplomado de Estado Mayor

JOSÉ LUÍS VÁZQUEZ ARAIZA

59

General Brigadier Diplomado de Estado Mayor

HERIBERTO CONTRERAS DÍAZ

60

General Brigadier Diplomado de Estado Mayor

FRANCISCO JAVIER HERNÁNDEZ VÉLEZ

61

General Brigadier Diplomado de Estado Mayor

MARIO CASTRO MÉNDEZ

62

General Brigadier Diplomado de Estado Mayor

JORGE AMBIA MINERO

63

General Brigadier Diplomado de Estado Mayor

DAVID ENRIQUE VELARDE SIGUENZA

64

General Brigadier Diplomado de Estado Mayor

ANDRÉS VALENCIA VALENCIA

65

General Brigadier Diplomado de Estado Mayor

HUMBERTO MARTÍNEZ OLMEDO

66

General Brigadier Diplomado de Estado Mayor

VICENTE PÉREZ LÓPEZ

67

General Brigadier Ingeniero Constructor

HIRAM SERGIO CÁRDENAS NOBLE

68

General Brigadier Ingeniero Constructor Diplomado de Estado Mayor

GUSTAVO RICARDO VALLEJO SUÁREZ

69

General de Grupo Piloto Aviador Diplomado de Estado Mayor Aéreo

ÓSCAR RENE RUBIO SÁNCHEZ

70

General de Grupo Piloto Aviador Diplomado de Estado Mayor Aéreo

RODOLFO CLAUDIO ANCONA RODRÍGUEZ

71

General de Grupo Piloto Aviador Diplomado de Estado Mayor Aéreo

JOSÉ RUBÉN ALEJANDRO MALDONADO MARTÍNEZ

72

General de Grupo Piloto Aviador Diplomado de Estado Mayor Aéreo

ROMÁN CARMONA LANDA

73

General de Grupo Piloto Aviador Diplomado de Estado Mayor Aéreo

EMILIO AVENDANO GARCÍA

74

General de Grupo Piloto Aviador Diplomado de Estado Mayor Aéreo

ALFONSO RODRÍGUEZ SIERRA

75

General de Grupo Piloto Aviador Diplomado de Estado Mayor Aéreo

ALEJANDRO SALOME ITURRIA LUNA

76

General de Grupo Piloto Aviador Diplomado de Estado Mayor Aéreo

JOSÉ IGNACIO VALENTÍN HUITZIL RAMOS

77

General Brigadier de Transmisiones Diplomado de Estado Mayor

SAÚL CONTRERAS OJEDA

78

General Brigadier de Transmisiones Diplomado de Estado Mayor

SANTIAGO CONTRERAS OJEDA

79

General Brigadier Contador Público

EDMUNDO BELTRÁN JUÁREZ

80

General Brigadier Médico Cirujano

RAMÓN ARTURO VALDÉS ESPINOSA

81

General Brigadier Médico Cirujano

NICANOR TORRES DELGADO

82

General Brigadier Médico Cirujano

CLEMENTINA ESPÍNOLA ZETINA

83

General Brigadier Médico Cirujano

SERGIO ENRIQUE AMADOR GONZÁLEZ

84

General Brigadier Médico Cirujano

LUÍS GARCÍA PÉREZ

85

General Brigadier de Justicia Militar y Licenciado

HILARIO MEJÍA GARCÍA

86

General Brigadier de Justicia Militar y Licenciado

JOSÉ CARLOS BELTRÁN BENITES

87

General Brigadier de Justicia Militar y Licenciado

MIGUEL CARRASCO HERNÁNDEZ

88

General Brigadier Intendente Diplomado de Estado Mayor

FERNANDO SOSA AGUIRRE

89

General Brigadier Intendente

CESAR LEOPOLDO REYES ARIAS

90

General Brigadier Intendente Diplomado de Estado Mayor

ÓSCAR DAVID LOZANO ÁGUILA

91

Coronel de Infantería Diplomado de Estado Mayor

JAVIER JUVENCIO HERNÁNDEZ FERNÁNDEZ

92

Coronel de Infantería Diplomado de Estado Mayor

AVIGAI VARGAS TIRADO

93

Coronel de Infantería Diplomado de Estado Mayor

GABINO TORRES SOLÓRZANO

94

Coronel de Infantería Diplomado de Estado Mayor

MANUEL ALEJANDRO VELASCO VILLANUEVA

95

Coronel de Infantería Diplomado de Estado Mayor

JUAN MANRÍQUEZ MORENO

96

Coronel de Infantería Diplomado de Estado Mayor

MARCO ANTONIO GÓMEZ NAVA

97

Coronel de Infantería Diplomado de Estado Mayor

NEWTON MANUEL CHÁVEZ BAÑOS

98

Coronel de Infantería Diplomado de Estado Mayor

JUVENAL CORTES GONZÁLEZ

99

Coronel de Infantería Diplomado de Estado Mayor

DAVID ESTUDILLO REA

100

Coronel de Infantería

ALFONSO CANCINO AGUILAR

101

Coronel de Infantería

RAFAEL HERNÁNDEZ NIETO

102

Coronel de Infantería

PEDRO GONZÁLEZ

103

Coronel de Infantería

JOSÉ PORFIRIO RAMÍREZ CORTES

104

Coronel de Infantería Diplomado de Estado Mayor

VICENTE JAVIER MANDUJANO ACEVEDO

105

Coronel de Infantería Diplomado de Estado Mayor

HOMERO EDMUNDO BLANCO LOZADA

106

Coronel de Infantería Diplomado de Estado Mayor

ROLANDO SOLANO RIVERA

107

Coronel de Infantería Diplomado de Estado Mayor

ALEJANDRO GÓMEZ VARGAS

108

Coronel de Infantería Diplomado de Estado Mayor

LUCIO VERGARA GÓMEZ

109

Coronel de Infantería Diplomado de Estado Mayor

FERNANDO LIMA CUAUHXOCHITL

110

Coronel de Infantería Diplomado de Estado Mayor

GREGORIO ESPINOSA TOLEDO

111

Coronel de Infantería Diplomado de Estado Mayor

JESÚS ALBERTO GUERRERO ARREÓLA

112

Coronel de Infantería

ELADIO ROMERO NAVARRETE

113

Coronel de Infantería Diplomado de Estado Mayor

ALEJANDRO ALCÁNTARA ÁVILA

114

Coronel de Infantería Diplomado de Estado Mayor

ANTONIO HERNÁNDEZ TEJEDA

115

Coronel de Infantería Diplomado de Estado Mayor

JESÚS GABRIEL LÓPEZ GUTIÉRREZ

116

Coronel de Infantería Diplomado de Estado Mayor

RICARDO MELENDREZ CERVANTES

117

Coronel de Infantería Diplomado de Estado Mayor

FÉLIX GONZÁLEZ LARA

118

Coronel de Infantería Diplomado de Estado Mayor

CARLOS ALBERTO GUERRERO CURIEL

119

Coronel de Infantería

PABLO ARCOS MONTIEL

120

Coronel de Infantería

JUAN LUÍS FERNÁNDEZ GONZÁLEZ

121

Coronel de Infantería

HERMELINDO LÓPEZ CIFUENTES

122

Coronel de Infantería Diplomado de Estado Mayor

MARTÍN SALINAS REYES

123

Coronel de Infantería

MERCED XAHUENTITLAN VÁZQUEZ

124

Coronel de Infantería

HÉCTOR BECERRA MÁRQUEZ

125

Coronel de Infantería

ÓSCAR ZAVALA BARRERA

126

Coronel de Infantería Diplomado de Estado Mayor

ALBERTO ROMÁN GONZÁLEZ FERNÁNDEZ

127

Coronel de Infantería

SAMUEL NARES HERNÁNDEZ

128

Coronel de Infantería

HÉCTOR MIGUEL SÁNCHEZ BALDERAS

129

Coronel de Infantería

MIGUEL HERRERA GAPI

130

Coronel de Infantería Diplomado de Estado Mayor

VÍCTOR OMAR RODRÍGUEZ CASTRO

131

Coronel de Infantería

OSVALDO BEJAR MÉNDEZ

132

Coronel de Caballería Diplomado de Estado Mayor

ENRIQUE HERNÁNDEZ CISNEROS

133

Coronel de Caballería

PABLO GÓMEZ PONCE

134

Coronel de Caballería Diplomado de Estado Mayor

ALBERTO MIGUEL RODRÍGUEZ GRANADA

135

Coronel de Caballería Diplomado de Estado Mayor

FRANCISCO JAVIER RODRÍGUEZ CASTREJÓN

136

Coronel de Caballería

ARIEL GÓMEZ ROMERO

137

Coronel de Caballería Diplomado de Estado Mayor

JOSÉ LUÍS MARTÍNEZ ROJAS

138

Coronel de Caballería Diplomado de Estado Mayor

DAVID ALEJANDRO TREJO FLORES

139

Coronel de Caballería Diplomado de Estado Mayor

HÉCTOR ADRIÁN MOSQUEDA VELAZQUEZ

140

Coronel de Artillería Diplomado de Estado Mayor

SERGIO ARMANDO MORENO GONZÁLEZ

141

Coronel de Artillería Diplomado de Estado Mayor

ARMANDO LÓPEZ ESQUIVEL

142

Coronel de Artillería Diplomado de Estado Mayor

MIGUEL CALDERÓN ALMERAYA

143

Coronel de Artillería Diplomado de Estado Mayor

GREGORIO ROMERO RONQUILLO

144

Coronel del Arma Blindada Diplomado de Estado Mayor

MARTÍN JIMÉNEZ OLVERA

145

Coronel del Arma Blindada

LUÍS MAURILIO ÁLVAREZ VILLA

146

Coronel del Arma Blindada

EMILIANO LEOS DORADO

147

Coronel de Zapadores Diplomado de Estado Mayor

JAIME ENRIQUE FÉLIX JIMÉNEZ

148

Coronel de Zapadores Diplomado de Estado Mayor

MIGUEL ANTONIO SÁNCHEZ BLANCAS

149

Coronel de Zapadores

SALVADOR SILVA MARTÍNEZ

150

Coronel Ingeniero Constructor

JOSÉ JUAN BARBIZZAN ALONSO

151

Coronel Ingeniero Constructor

RIGOBERTO LÓPEZ CAMACHO

152

Coronel Ingeniero Constructor

ALFONSO CUEVAS ORTIZ

153

Coronel de Fuerza Aérea Piloto Aviador Diplomado de Estado Mayor Aéreo

JAVIER MARTÍNEZ GUZMÁN

154

Coronel de Fuerza Aérea Piloto Aviador Diplomado de Estado Mayor Aéreo

EDGAR OSVALDO AHEDO AGRAZ

155

Coronel de Fuerza Aérea Piloto Aviador Diplomado de Estado Mayor Aéreo

JOSÉ ANTONIO SIERRA AMADOR

156

Coronel de Fuerza Aérea Piloto Aviador

SERGIO JUAN LICONA GARCÍA

157

Coronel de Fuerza Aérea Piloto Aviador Diplomado de Estado Mayor Aéreo

ENRIQUE GAONA MENDOZA

158

Coronel de Fuerza Aérea Piloto Aviador Diplomado de Estado Mayor Aéreo

PEDRO VELAZQUEZ RODRÍGUEZ

159

Coronel de Fuerza Aérea Piloto Aviador

SALVADOR PEDROZA FAJARDO

160

Coronel de Fuerza Aérea Piloto Aviador Diplomado de Estado Mayor Aéreo

JAVIER SANDOVAL DUEÑAS

161

Coronel de Fuerza Aérea Piloto Aviador Diplomado de Estado Mayor Aéreo

CESAR TAPIA JIMÉNEZ

162

Coronel de Fuerza Aérea Piloto Aviador Diplomado de Estado Mayor Aéreo

RODOLFO CHINAS ROSALES

163

Coronel de Fuerza Aérea Piloto Aviador Diplomado de Estado Mayor Aéreo

RUBÉN MONTESINOS TORRES

164

Coronel Ingeniero en Transmisiones Militares

GABINO GONZÁLEZ SANTOYO

165

Coronel Ingeniero en Transmisiones Militares

RAÚL RUBÉN ÁNGULO URISTA

166

Coronel Ingeniero en Transmisiones Militares

CLEMENTE FLORES JIMÉNEZ

167

Coronel Ingeniero en Comunicaciones y Electrónica Diplomado de Estado Mayor

FRANCISCO JAVIER VILLA VARGAS

168

Coronel Médico Cirujano

VICENTE VIERA VEGA

169

Coronel Médico Cirujano

FERNANDO ANTONIO MÉNDEZ COSS

170

Coronel Médico Cirujano

RALPH JOSÉ RODRÍGUEZ VILLALOBOS

171

Coronel Médico Cirujano

LUÍS CARLOS GALLO AMEZCUA

172

Coronel Médico Cirujano

RODOLFO BARRIOS NANNI

173

Coronel Médico Cirujano

AZUCENA DEL CARMEN HERNÁNDEZ MARTÍNEZ

174

Coronel Médico Cirujano

ANTONIO OSORIO MIRANDA

175

Coronel Médico Cirujano

DINORA OLIVARES ALVARADO

176

Coronel Médico Cirujano

MA. GUADALUPE ORTEGA MEDRANO

177

Coronel Médico Cirujano

RAFAEL TORRES CASTAÑÓN

178

Coronel de Justicia Militar y Licenciado

MANUEL JAVIER FRANCISCO

179

Coronel de Justicia Militar y Licenciado

SEBASTIAN LOREDO RODRÍGUEZ

180

Coronel Ingeniero Industrial

FERNANDO RAMÍREZ PÉREZ

181

Coronel Ingeniero Industrial

MANUEL ANTONIO FRANCO ESTANOL

182

Coronel Intendente Diplomado de Estado Mayor

JOSÉ LUÍS LÚA TAHUADO

183

Coronel Intendente

VÍCTOR SALONES FLORES

184

Coronel Intendente

ALEJANDRO ZATARAIN VIRAMONTES

185

Coronel de Fuerza Aérea Abastecedor de Material Aéreo Diplomado de Estado Mayor Aéreo

SAÚL GUILLEN ÁLVAREZ

186

Coronel de Fuerza Aérea Abastecedor de Material Aéreo Diplomado de Estado Mayor Aéreo

LUÍS ALONSO GALINDO VÁZQUEZ

187

Coronel Fuerza Aérea Meteorólogo

SILVIANO RÍOS GÓMEZ

188

Coronel Fuerza Aérea Meteorólogo

FRANCISCO JOSÉ GARCÍA VALVERDE

189

General Brigadier Diplomado de Estado Mayor

EDUARDO LEÓN TRAUWITZ

190

General de Brigada Diplomado de Estado Mayor

LUÍS RODRÍGUEZ BUCIO

191

General de Brigada Diplomado de Estado Mayor

CRISANTO GARCÍA

192

General de Brigada Diplomado de Estado Mayor

MARIO RODOLFO SEGURA VILLASEÑOR

193

Coronel de Infantería

JUAN ANTONIO DÁVILA ACUNA

194

Coronel de Infantería

SAMUEL MUÑOZ GONZÁLEZ

195

Coronel de Infantería

JOSÉ GONZÁLEZ GONZÁLEZ

196

Coronel de Caballería Diplomado de Estado Mayor

MARIO GUTIÉRREZ MARTÍNEZ

197

Coronel de Infantería

HUGO SALVADOR CUELLAR FUENTES

198

Coronel de Fuerza Aérea Piloto Aviador

RUBÉN OCAMPO OCAMPO

199

Coronel de Fuerza Aérea Piloto Aviador Diplomado de Estado Mayor Aéreo

FERMÍN ACOSTA CORTES

200

Coronel Médico Cirujano

DAVID ARTURO REVILLA MACIAS

- El C. Presidente Aispuro Torres: Túrnense dichos expedientes a la Comisión de Defensa Nacional para sus efectos correspondientes.

Pasamos al siguiente asunto.






CAMARA DE DIPUTADOS

- La C. Secretaria Barrera Tapia: Se recibió de la Cámara de Diputados un oficio con el que remite el punto de Acuerdo de la Diputada María Concepción Ramírez Diez Gutiérrez, por el que se exhorta al Senado a dictaminar el proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, en materia de residuos electrónicos.

“CAMARA DE DIPUTADOS

MESA DIRECTIVA
LXII LEGISLATURA
OFICIO NO. D.G.P.L 62-II-7-144
EXP. NO. 745

SECRETARIOS DE LA
H. CAMARA DE SENADORES
PRESENTES.

En sesión celebrada en esta fecha por la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión la Diputada María Concepción Ramírez Diez Gutiérrez, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó proposición con punto de Acuerdo, para exhortar al Senado de la República para que dictamine a la brevedad de las iniciativas en materia de desechos electrónicos, presentadas en la LXI Legislatura.

La Presidencia dictó el siguiente trámite: “Remítase a la H. Cámara de Senadores”.

México, D. F., a 15 de noviembre de 2012.

Dip. Magdalena del Socorro Núñez Monreal

Secretaria”,

- El C. Presidente Aispuro Torres: Remítase a las Comisiones Unidas de Medio Ambiente y Recursos Naturales; y de Estudios Legislativos, Primera.

Compañeras y compañeros Senadores, en la reunión de la Mesa Directiva de esta mañana, se acordó una ronda de intervenciones de los grupos parlamentarios para referirse a la conmemoración del 102 Aniversario de nuestra Revolución Mexicana.

Se le concede el uso de la palabra al Senador Víctor Hermosillo y Celada, del grupo parlamentario del PAN, hasta por diez minutos.






INTERVENCIONES

- El C. Senador Víctor Hermosillo y Celada: ¡Buenos días! Con el permiso de la Mesa Directiva.

Y en vista de que me toca ser el primero, por ausencia de los demás, trataré de dar un breve mensaje sobre nuestra Revolución.

Señoras y señores Senadores, el día de hoy conmemoramos el 102 Aniversario de la Revolución Mexicana.

La Revolución Mexicana fue un movimiento social que transformó definitivamente la vida de nuestro país. Más allá de la lucha armada, se lograron importantes cambios sociales, económicos y políticos que siguen definiendo el rumbo de nuestro México, el más importante de ello, sin duda alguna, es la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, emanada del Congreso Constituyente de Querétaro de 1917.

Hoy recordamos a todos los mexicanos que dieron su vida para alcanzar un país más justo y democrático.

Desde esta tribuna, el grupo parlamentario del Partido Acción Nacional rinde un homenaje a Francisco I. Madero, José María Pino Suárez, Venustiano Carranza, Francisco Villa, Emiliano Zapata, José Vasconcelos, a los hermanos Serdán, entre muchos otros que dieron su vida en este movimiento revolucionario.

Tampoco se puede olvidar a todos los héroes anónimos, a los hombres y mujeres, cuyos nombres no conoce la historia, pero que sin su participación y su sacrificio, la Revolución y sus logros no se hubieran logrado.

Revolución es sinónimo de cambio, por lo que es necesario valorar todas las transformaciones que se lograron a partir del movimiento revolucionario.

México ha cambiado, y el grupo parlamentario del PAN que ha impulsado enérgicamente la transformación de nuestras instituciones, es una fuerza política que seguirá impulsando los cambios económicos, políticos y sociales necesarios para que México sea una patria más ordenada y generosa.

El grupo parlamentario del Partido Acción Nacional en el Senado de la República, siempre ha dejado en claro que la Revolución no es patrimonio de ningún partido político ni de ningún grupo en el poder, se trata de una página importantísima de la historia de México perteneciente a todos los mexicanos.

Los importantes cambios políticos ocurridos en México en el transcurso del siglo XX son un legado de los ideólogos de la Revolución, cuyas principales banderas fueron la no reelección presidencial y el respeto al sufragio efectivo y al voto libre y secreto.

La consolidación de la democracia, el voto femenino, el respeto a los derechos humanos, la creación de instituciones ciudadanas y la transparencia, también deben ser valoradas como consecuencia de una semilla sembrada con la Revolución y materializada por todos los mexicanos que siguieron luchando por hacer de la democracia una realidad en el siglo XX.

Hoy también quiero destacar el papel de las Fuerzas Armadas en cada etapa de la historia de México, sin duda alguna siempre se ha vertido la lealtad del Ejército, de la Fuerza Aérea y de La Armada velando en todo momento por la seguridad, por la integridad de la población, a todos ellos nuestro reconocimiento.

Los mexicanos del presente debemos reconocer en gran medida los importantes avances que se han dado en nuestro país y se deben, en gran parte, al legado revolucionario.

Sin embargo, no podemos permanecer eternamente estancados en esa etapa de la historia nacional, debemos aplicar la enseñanza de la historia para construir un México con una economía más fuerte, socialmente justo, democrático, sustentable, incluyente, que tenga espacio para todas las formas de pensar, para los jóvenes y para todos los grupos sociales minoritarios y vulnerables.

Los mexicanos de hoy debemos asumir este reto y trabajar juntos para heredar a las próximas generaciones un mejor país.

El grupo parlamentario del PAN en el Senado, seguirá luchando por encabezar los cambios que México necesita, a pesar de todas las resistencias.

Vamos a impulsar, como lo hemos hecho en los dos sexenios que hemos encabezado el gobierno federal, cambios profundos para combatir la corrupción y la opacidad, reformas reales y de fondo, que fortalezcan a las instituciones y empoderen a la ciudadanía. No aceptaremos cambios cosméticos o simulados, vamos a rechazar cualquier intento de regresión autoritaria y a las prácticas clientelares, lo haremos porque el PAN quiere un país más justo y democrático y porque de esa forma honraremos a quienes dieron su vida por México y por los mexicanos.

Por su atención, muchas gracias.

(Aplausos)

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, Senador Víctor Hermosillo y Celada.

Se le concede el uso de la palabra a la Senadora Martha Palafox Gutiérrez, del grupo parlamentario del PT, hasta por diez minutos.

- La C. Senadora Martha Palafox Gutiérrez: Con su permiso, señor Presidente; compañeras y compañeros Senadores:

El posicionamiento del grupo parlamentario del Partido del Trabajo en relación al Aniversario de la Revolución Mexicana, lo vengo a exponer hoy que se cumplen 102 años de haberse iniciado el movimiento armado denominado Revolución Mexicana, iniciado el 20 de noviembre de 1910, encabezado por don Francisco I. Madero en contra de quien se había perpetuado en el poder, Porfirio Díaz.

Movimiento que culmina con la promulgación de nuestra actual Constitución de 1917.

Es de reconocer que la situación actual en nuestro país, ya desde el inicio del mandato de Porfirio Díaz, no era de paz y tranquilidad, ya que hubo diversas sublevaciones militares en su contra.

También hay que recordar las huelgas de Cananea y Río Blanco, que fueron reprimidas con balas por parte del gobierno, causando la muerte de muchos trabajadores.

La infame existencia de las tiendas de raya, con la explotación de los campesinos, la deportación de los inconformes a Valle Nacional, Oaxaca, y otras más.

La situación política del país empezó a cambiar con el Partido Liberal Mexicano con los hermanos Flores Magón. Proclama sus ideas liberales en contra de la dictadura y en 1906 se empiezan a organizar las primeras insurrecciones promovidas por dicho partido.

El Presidente Porfirio Díaz, en una entrevista con el periodista Creelman, aseguró que se retiraría al concluir su mandato sin buscar una buena reelección, lo que provocó que la situación política se agitara.

Francisco I. Madero realizó varias giras con miras a formar un partido político que eligiera a sus candidatos a una asamblea nacional y compitiera en las elecciones, y el Partido Nacional Antireeleccionista lo postuló como candidato a la Presidencia.

Porfirio Díaz lanzó una nueva candidatura a la Presidencia y Madero fue arrestado en San Luis Potosí por sedición, logró escapar y huyó a los Estados Unidos desde donde proclamó el Plan de San Luis el 5 de octubre de 1910, en el que llamaba a las armas en contra del gobierno de Díaz.

El 20 de noviembre de 1910, declarando nulas las elecciones por fraudulentas, dio inicio a un movimiento armado, primero en el norte de Chihuahua, Durango y Morelos, y posteriormente en todo el país.

El avance del movimiento revolucionario motivó que Porfirio Díaz pretendiera hacer modificaciones a la Constitución, las que entrarían en vigor al concluir su periodo presidencial de 1916.

La toma de Ciudad Juárez por las tropas de Francisco Villa y de Pascual Orozco fueron determinantes para que el gobierno de Díaz propusiera terminar la lucha, logrando una negociación a través del Acuerdo de Ciudad Juárez el 21 de mayo de 1911, en el cual renunciaban Díaz como Presidente y Ramón Corral como Vicepresidente. León de la Barra convocaría a elecciones y Madero sería presidente provisional.

Díaz se retira del poder y parte al exilio abordo del Ipiranga y se suponía que ya terminaría la lucha. No obstante que en el Plan de San Luis se proponía la devolución de las tierras a los campesinos, en el Acuerdo de Ciudad Juárez no se mencionaba nada de este tema, por lo que los campesinos continuaron la lucha armada. Recordemos a Zapata con su lema “Tierra y Libertad”.

Madero asume la presidencia a principios de noviembre de 1911, conservando la gran mayoría del gabinete porfirista, lo que provocó el descontento entre sus seguidores, así como la continuación de la lucha por parte de Zapata en su Plan de Ayala.

Madero y Pino Suárez son traicionados por Victoriano Huerta y antiguos porfiristas como Blanquet y Félix Díaz, y son asesinados en la llamada “Decena Trágica”.

Carranza, Villa, Obregón y otros más, ante el asesinato de Madero, continuaron la lucha en contra de Huerta hasta culminar con el triunfo.

La expedición de la Constitución de 1917 reflejó los anhelos de la Revolución para el campo, los trabajadores y obreros, siendo la primera en el mundo en reconocer las garantías sociales y los derechos laborales colectivos, considerada como el acontecimiento político y social más importante del siglo XX en México.

No obstante todos los beneficios sociales y laborales obtenidos tras el triunfo de la Revolución, es de mencionarse que aún quedan demasiados pendientes de solucionarse, hay una deuda pendiente con el campo mexicano que sigue estancado en la pobreza y la marginación, así como nuestros pueblos y comunidades indígenas en donde persiste la desigualdad social, y en cuanto a las garantías de los trabajadores baste recordar lo recientemente sucedido con la reforma laboral, con el Sindicato Mexicano de Electricistas y la golpiza que dio un trabajador de una empresa coreana a un trabajador mexicano.

Por su atención, muchas gracias.

(Aplausos)

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, Senadora Martha Palafox.

Se le concede el uso de la palabra, para el mismo tema, al Senador Gerardo Flores Ramírez, del grupo parlamentario del PVEM, hasta por 10 minutos.

- El C. Senador Juan Gerardo Flores Ramírez: Con su venia, señor Presidente; compañeras y compañeros Senadores:

“Estalló la Revolución de 1910, como un clamor inmenso de justicia que vivirá siempre en el alma de las naciones como vive la libertad en el corazón de los pueblos para vivificarlos, para redimirlos, para levantarnos de abyección a la que no puede estar condenada la especie humana”.

Esta frase de Emiliano Zapata nos recuerda que se requiere un trabajo constante a fin de dar impulso a la lucha permanente contra toda forma de dominación, contra todo mal gobierno y así propagar la esperanza de un país mejor.

En 1910, el aparato político que construyó la dictadura porfiriana lo llevó finalmente a su propio desastre, muchos eran los inconformes, y en este campo se fue cultivando poco a poco la Revolución Mexicana.

A pesar de que la política económica implementada por Porfirio Díaz catapultó la producción nacional, los beneficios no fueron repartidos igualitariamente en el país, sino solamente en la oligarquía excluyente.

Mientras tanto, los campesinos trabajaban en jornadas infrahumanas, tierras que no eran de ellos y sufrían vejaciones en sus personas y en sus familias.

En ese contexto, la lucha revolucionaria dio el paso trascendental para el fortalecimiento de México como nación y como pueblo, dando como fruto la Constitución Política de 1917, que plasma por completo la esencia de los hombres contemplada en sus dos raíces: la individual y la social.

Sin embargo, hasta 1929 todavía México se perdía en senderos de conflictos permanentes, los residuos de la violencia revolucionaria y la permanencia de poder eran barreras infranqueables para realizar los principios de justicia, libertad y desarrollo social que tanto se anhelaban.

Fue entonces cuando la entrega de tierras a los campesinos, el respaldo a los derechos de los trabajadores, las nacionalizaciones, la defensa de la soberanía y de los recursos estratégicos fueron los resultados de un nuevo pacto social que trajo consigo la tranquilidad y la paz social de nuestro país.

Recordemos la Revolución de 1910 como un movimiento netamente agrario, al ser la cuestión de las tierras el principal motor del movimiento.

Ahora, en el 2012 existe un México mucho más complejo, multicultural, con diversas áreas productivas y numerosos motores de crecimiento que es necesario atender y seguir fomentando.

Desafortunadamente, muchos de los ideales revolucionarios han quedado olvidados, enterrados y sepultados por la fuerza de intereses particulares, casi siempre intereses mezquinos alejando al México moderno de la paz conseguida en el primer tercio del siglo XX.

Actualmente persiste una gran parte de la población en desventaja económica sin acceso a los beneficios del progreso ni a las garantías constitucionales logradas a raíz de la Revolución Mexicana.

Asimismo, entre los grupos en desventaja social y económica se encuentran comunidades indígenas, los habitantes de zonas rurales, las personas con discapacidad, los fármacodependientes, las víctimas del narcotráfico y de la trata de personas, entre otros grupos vulnerables de la sociedad. Hacia ellos debemos enfocar los esfuerzos revolucionarios de la actualidad.

No se necesita un movimiento violento para ello, sino avanzar de manera decidida hacia un entorno de políticas incluyentes, que entre otras cosas, contribuya a un desarrollo regional más armónico.

En los inicios del siglo XXI, es inaceptable que exista un México del norte y un México del sur. Ahora, como en 1910, tenemos el choque de dos ideologías, izquierda y derecha, liberalismo económico y democracia social. A pesar de que éstas podrían ser complementarias.

La existencia de posturas radicales en ambas ideologías ha desdeñado el motivo por el que luchamos todos, es decir, el interés común y la búsqueda de soluciones para beneficio del pueblo.

No debemos permitir que la historia se repita. Por ello, actualmente es necesario cuestionarnos sobre el verdadero significado de la Revolución, a fin de tomar consciencia sobre el valor de las luchas sociales de nuestros días contra la explotación de las personas y de los recursos naturales.

Igualmente es una oportunidad para valorar y defender las instituciones que nos han dado rostro, que nos han dado identidad, que nos permiten pensar en un futuro mejor, también para sentirnos orgullosos de nuestro país y para enfrentar juntos los momentos más difíciles.

Actualmente, los mexicanos estamos conscientes de que la Revolución empieza en casa y en nuestras mentes, por ello, en el 2012 el pueblo mexicano votó por el cambio; por un cambio de gobierno que le permita superar la actual inestabilidad y desigualad social para conducirlo hacia el progreso, la equidad, la justicia social y al desarrollo sustentable, necesaria en este mundo globalizado.

En la administración que iniciará el 1° de diciembre, el Partido Verde retomará los ideales que enarboló la Revolución y que actualmente se han perdido o no han sido alcanzados. Nuestro reto actual consiste en buscar el consenso entre todas las fuerzas políticas a fin de replantear las estrategias, hacer realidad los ideales de la Revolución Mexicana, ya no por los medios violentos, sino por los medios que nos ofrece la democracia, como dije hace un momento.

Esa es una revolución que nos corresponde efectuar, no hacerlo sería una gran irresponsabilidad y el pueblo mexicano sufriría las consecuencias, agravando su descontento.

Por todo ello, la Revolución Mexicana sigue presente en nuestros días, retomemos y rescatemos sus principales demandas como respeto al sufragio y la distribución equitativa de la riqueza, mismas que se erigen como premisas de primer nivel dentro de cualquier estado que se precie de ser democrático.

La motivación hoy debe ser la fidelidad al significado político, social y moral de la Revolución Mexicana, y la reivindicación permanente de los valores populares y nacionales de la Revolución.

Aquellas generaciones de los años de la Revolución cumplieron con su destino y responsabilidad histórica; ahora nos toca a nosotros honrarlos cumpliendo con la nuestra, es momento de pasar de las reflexiones a los hechos, hagámoslo juntos.

Es cuanto, señor Presidente.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Muchas gracias, Senador Gerardo Flores Ramírez.

Para el mismo tema, se le concede el uso de la palabra al Senador Adolfo Romero Lainas, del grupo parlamentario del PRD.

- El C. Senador Adolfo Romero Lainas: Buenos días, Senadoras y Senadores:

Hace 102 años nuestro país abrió una etapa de cambios radicales marcados por la violencia, la traición y la lucha política cruenta, pero también para los máximos ideales de democracia, justicia y libertad.

Como toda expresión de la historia, la Revolución Mexicana no es para sacralizar a los héroes, prenderles incienso como si fueran deidades, sino para evaluar dónde estamos ahora, qué tanta progresividad de derechos hemos alcanzado en honor de estos miles de mexicanas y mexicanos que lucharon por mejorar la condición de su gente, la situación de sus hermanos, de sus padres y de sus hijos.

Señoras y señores, esta es una oportunidad de revivir los ideales y valores que dieron sustento a nuestra nación. Celebrar la Revolución Mexicana nos permite dar continuidad a la construcción de una mejor nación.

Nuestra Revolución, aquella que sirvió de ejemplo a líderes en todo el mundo, es más que la gesta heroica de un solo hombre o de un grupo de patriotas, es la lucha de un pueblo entero por alcanzar plenamente la libertad y justicia.

El 20 de noviembre de 1910, un pequeño grupo de hombres encendió la mecha que derivó en una de las luchas más sangrientas de nuestra América Latina. Aquella de las venas abiertas que nos dice Eduardo Galeano “Sobraban las razones y motivos para una acción de rebeldía después de décadas de dictadura, de anulación de derechos hacia un pueblo oprimido, juzgado por autócratas”.

Justo hay que decirlo, Porfirio Díaz aportó significativamente al país, construyó la mayor cantidad de kilómetros ferroviarios que tenemos hoy en día, permitió inversiones extranjeras que alentaron el crecimiento regional, estabilizó políticamente al país después de décadas de invasión, guerras fraticidas, mortandad, hambruna; sin embargo, también alentó el desarrollo de caciques poderosos, gobernantes que decidían sin escrúpulos sobre miles de vidas sin resguardar un mínimo de bienestar para el pueblo, él mismo dependía de su control sobre las oligarquías.

El mayor error del General Díaz fue pensar que podría vivir eternamente, que no había hombres o mujeres capaces de sucederlo en el poder, así se anulaban las voces que discrepaban sobre las acciones y estrategias de este gobernante que se mantuvo como presidente de la nación de 1877 a 1880, y de manera consecutiva desde 1884 hasta 1910.

Jamás debemos permitirnos que un hombre o mujer acalle las voces de otros hombres y mujeres; jamás creamos que la discrepancia o la oposición le hará daño al país, porque como decía Lord Acton, en 1887: “El poder tiende a corromper y el poder absoluto corrompe absolutamente”.

Pero Porfirio Díaz en vez de sentar las bases de un régimen democrático, modificó la Constitución para reelegirse durante siete periodos continuos a través del fraude electoral, aboliendo toda posibilidad del voto democrático, del sufragio efectivo y desde el jefe político, y de cualquier pueblo, hasta los gobernadores de los estados. Todos ellos eran designados por el General Díaz.

Las comunidades indígenas perdieron sus campos en manos de las haciendas convirtiéndose en esclavos de las tiendas de raya. La tiranía del gobierno, los tratos infrahumanos de que eran objeto los campesinos, las inhumanas jornadas de trabajo y las pésimas condiciones de trabajo de los obreros dieron paso al surgimiento de hombres valientes que representaron el descontento generalizado, siendo los primeros en pasar de la crítica a la acción.

Los hermanos Flores Magón, periodistas originarios de Oaxaca, como ustedes saben, en 1908 el Presidente Díaz, entrevistado por una cadena estadounidense donde prometía retirarse al finalizar su mandato, esto alentó a la sociedad sobre la posibilidad de un cambio. Es así que en el norte un empresario coahuilense, liberal, educado en el extranjero, escribe la sucesión presidencial, su nombre: Francisco I. Madero.

Es él quien crea el Partido Antirreleccionista y recibe el apoyo de los distintos estados sociales; sin embargo, el presidente se mantuvo ciego ante las demandas e inconformidades de la nación encarcelando a Madero para evitar su elección como futuro Presidente, acusado de haber pronunciado un discurso en el que injuriaba al presidente, es así que el 21 de junio de 1910 el General Díaz es reelecto por un periodo más.

Madero escapa de la cárcel cada vez más convencido de que no lograba la transformación de las instituciones por la vía legal y pacífica, en el exilio dio forma al Plan de San Luis Potosí. Antes de triunfar por la vía armada, el apóstol de la democracia derrotó a la dictadura en el terreno de las ideas, la venció con la fuerza y los argumentos de la razón, por ello el Plan de San Luis es el único plan revolucionario en el mundo que cita un día preciso y a una hora exacta a la revolución, la fecha “domingo 20 de noviembre de 1910, a las seis de la tarde, todos los ciudadanos de la República tomarán las armas para arrojar del poder a las autoridades que actualmente gobiernan, los pueblos que estén retirados de las vías de comunicación lo harán a la víspera”.

Este Plan de San Luis, que subraya el principio de “Sufragio efectivo, no reelección”, fue la chispa que dio el inicio a la Revolución, acudiendo al llamado grupos rurales concentrados en ciertas zonas del país interesados en recuperar su libertad y la posesión de sus tierras, entre ellos Francisco Villa y Pascual Orozco, en el norte, y Emiliano Zapata, en el sur. El General Díaz no quiso esto, hay que decirlo de manera clara.

Oponerse a toda costa contra los revolucionarios, decidió abandonar el país en el barco Ipiranga para dar lugar a elecciones democráticas donde Madero resultó vencedor; sin embargo, las aportaciones más significativas de la Revolución vinieron después de una transición cuando Victoriano Huerta dio un golpe de Estado contra Madero, en una de las más oscuras historias de nuestro país, el mártir de la democracia caído junto a sus más cercanos colaboradores por la espada de un traidor que debía defenderlo.

Es justo donde nuestra Revolución se nutrió de los ideales más ambiciosos. Ya no basta la democracia traicionada por un dictador como Huerta, sino ahora era necesario buscar las armas para una transformación social más profunda.

Emiliano Zapata, el líder campesino más grande que ha visto este país, representa el movimiento armado que buscaba la recuperación de las tierras.

En septiembre de 1909, es electo líder de la junta de defensa de las tierras de su estado, es ahí donde se interesa por los documentos que se originaron durante el virreinato, en las cuales se acreditaban los derechos de las propiedades de los pueblos sobre sus tierras y que habían sido negadas a sus pobladores.

En virtud de que la inmensa mayoría de los pueblos y ciudadanos mexicanos no son dueños ni de la tierra que pisan, y sin poder mejorar en nada su condición social, ni poder dedicarse a la industria o a la ganadería por estar monopolizados por unas cuantas manos las tierras, montes y aguas, por esa causa se expropiaron previa indemnización de la tercera parte de esos monopolios a los poderosos propietarios de ellas, a fin de que los pueblos y ciudadanos de México obtengan ejidos, colonias, feudos legales para pueblos o campos de sembradíos o de labor, y se mejore en todo para toda la falta de la prosperidad de los pueblos mexicanos.

Es todo. Muchas gracias.

(Aplausos)

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, Senador Adolfo Romero Lainas.

Para el mismo asunto, se le concede el uso de la palabra a la Senadora Blanca Alcalá Ruiz, del grupo parlamentario del PRI, hasta por diez minutos.

- La C. Senadora Blanca María del Socorro Alcalá Ruiz: Señoras y señores Senadores:

De las diferentes fechas que marca el calendario de las efemérides del país, el inicio de la Revolución Mexicana cobra especial importancia. Los hechos históricos le dan rostro a un pueblo, y en ese devenir es un hecho que las demandas se multiplican y la responsabilidad de ayer, como la de hoy, exige detenernos unos minutos.

Ciertamente, la historia de México está llena de capítulos de los que nos sentimos profundamente honrados, pero también los capítulos que no quisiéramos repetir bajo ninguna circunstancia; sin embargo, aquellos acontecimientos asociados a la justicia y a la obtención de mayores libertades públicas, aunque a veces dolorosos, la nación, estoy segura, estaría dispuesta a repetirlos.

Si bien es cierto también que México no es producto de ninguna fecha o de algún personaje en particular, es el resultado de un conjunto de circunstancias históricas en la que concurren mujeres y hombres con proyectos de nación distintos, que al momento de su confrontación han dado origen a un sólido proyecto que hoy configura la patria.

La Revolución Mexicana, compañeras y compañeros, tienen en su origen la desigualdad y la injusticia que por décadas se vivió en nuestro país, tiene su origen en el avance, en la vida democrática de aquel entonces, tiene su origen también en la concentración del poder público en manos de unos cuantos y en las actitudes autoritarias y despóticas del entonces Presidente Díaz, y quienes gobernaban el territorio nacional con su beneplácito.

El 18 de noviembre de 1910, en la casa número cuatro, de la portería de Santa Clara, en lo que hoy conocemos como el Centro Histórico de la Ciudad de Puebla, ocurrieron, compañeras y compañeros, una serie de actos que forman parte indisoluble de los acontecimientos con que inició el movimiento revolucionario en nuestro país.

Es en Puebla donde la Revolución inicia dos días antes de lo estipulado en el Plan de San Luis, emitido por Francisco I. Madero. Protagonistas de esa historia fue la familia Serdán, quienes se comprometieron con la causa revolucionaria en busca del sufragio libre, principio esencial en toda democracia. Aquiles junto con su hermano Máximo y sus hermanas Carmen y Natalia, y una veintena de partidarios no dudaron en iniciar la lucha armada contra el Presidente Díaz y el gobernador de aquella entidad Mucio Martínez; como en otras regiones del país, de aquellos de donde ustedes proceden, liderazgos locales con pocos recursos, pero con gran entusiasmo, participaron en la revolución maderista bajo el principio de no reelección, bajo el principio de sufragio libre y bajo el principio del respeto a la voluntad popular.

Aquiles Serdán fue uno de ellos, para él la República sería salvada no por los hombres acostumbrados a gobernarla en forma despótica, sino por los hombres que no hayan manchado su conciencia cometiendo atentados contra la ley.

Madero, por su parte, escribió en su libro La Sucesión Presidencial, que los hombres de corazón que aún subsisten hagan un poderoso esfuerzo, y que todos ellos, y yo en su compañía, nos arrojemos resueltamente a la lucha para salvar a la patria, para cumplir con nuestra misión, pues es indudable que desde que nos encontrábamos en el espacio preveíamos esta lucha y la hemos encarnado con objeto de iniciarla y sostenerla.

Como muchos otros opositores al régimen porfirista, Aquiles Serdán también fue asesinado y su cadáver exhibido en la vía pública como escarmiento para aquellos que optaron por sumarse al movimiento maderista, la misma suerte corrieron más tarde Francisco I. Madero, José María Pino Suárez, Belisario Domínguez y los Diputados Serapio Rendón y Adolfo Gorrión, entre otros tantos miles de opositores al régimen, muchos de ellos, definitivamente anónimos.

Sin embargo, a pesar de las bajas, los postulados revolucionarios fueron mantenidos y siguieron siendo fuente de inspiración de las acciones políticas y militares que continuaron otros insignes revolucionarios: Carranza, Obregón, Villa, Zapata, quienes mantuvieron el ideario de la democracia en contra del autoritarismo, como forma de gobierno.

Amigas y amigos, estoy cierta que cuando la voluntad popular se une en un mismo propósito, es difícil detenerla y más difícil derrotarla; los años posteriores a la Revolución fueron perfilando un país de instituciones, un país en donde efectivamente lo que buscaba era democracia y justicia social, los avances fueron importantes, pero también es cierto que hoy hay rezagos que aun persisten y debemos enfrentar.

Por ello, me parece que hoy más que nunca necesitamos valorar que los pueblos que hacen de la libertad su más alta aspiración de vida, difícilmente renuncian a ella, y no deja de expresarse a través del sufragio libre e ideal heredado del movimiento revolucionario.

En el grupo parlamentario del PRI estamos conscientes de ello, y sabemos que ese fue el incentivo que llevó a millones de mexicanos a las urnas el pasado mes de julio, y es ahí donde se expresó la voluntad de la población en un contexto de pluralidad, pero donde definitivamente decidió por la alternancia.

Señoras y señores legisladores, les invito a que la vigencia de los ideales revolucionarios tengan que ver con los postulados constitucionales que dieron origen al Estado mexicano, postulados que se expresan hoy en el respeto a los derechos humanos, en la vigencia de la democracia como formas de gobierno y de participación social.

Probemos, como lo dijo aquella madrugada del 18 de noviembre Aquiles Serdán, que todavía hay hombres en México, hoy por supuesto agregamos que también hay mujeres; digamos como lo dijo Carmen Serdán, que como una patriota que a veces la historia trate de ocultar, definitivamente señaló en aquella casona: vengan, por ustedes lo estamos haciendo, más vale la libertad que la vida; los disparos contra todo lo que se ha dicho, no se hicieron solamente para acallar la vida de un héroe, se hicieron pensando que con ello se acallaba la vida de todo un pueblo.

Afortunadamente la historia fue diferente, hoy, insisto, vivimos un México de instituciones, pero sobre todo, vivimos un México en donde más allá de filias o fobias, es momento de pensar con visión de Estado, pensar en los ciudadanos y pensar en la patria.

Los invito a que la Revolución Mexicana se pueda cristalizar en cada una de las iniciativas, en cada uno de nosotros, pronunciemos en cada una de nuestras tareas, es el deber de los mexicanos, se lo debemos al pueblo.

Muchas gracias.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, Senadora Blanca Alcalá Ruiz.






EXPOSICION DE LOS INTEGRANTES DE LAS TERNAS PROPUESTAS POR EL TITULAR DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL, PARA OCUPAR LAS VACANTES QUE SE GENERARAN EN LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACION

Honorable Asamblea, a fin de dar cumplimiento al punto segundo del Acuerdo aprobado el pasado día 13 de noviembre por el que se estableció el procedimiento para la elección de Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, daremos inicio a las exposiciones de los integrantes de las ternas remitidas por el titular del Poder Ejecutivo Federal.

Primeramente, recibiremos las exposiciones de los integrantes de la terna para sustituir al Ministro Guillermo Iberio Ortiz Mayagoitia e inmediatamente las de los candidatos de las ternas para sustituir al Ministro Sergio Salvador Aguirre Anguiano.

De acuerdo al mismo punto señalado en la Base Segunda del Acuerdo referido, cada uno de los candidatos tendrá un tiempo máximo de 20 minutos para su exposición, y no habrá lugar a preguntas o interpelaciones por parte de las señoras y señores Senadores.

El primero de los comparecientes será la ciudadana Rosa Elena González Tirado, ubicada en primer lugar de la primera terna para cubrir la vacante del Ministro Ortiz Mayagoitia.

En consecuencia, solicito a las señoras y señores Senadores Arely Gómez González, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, Manuel Camacho Solís, Ana Gabriela Guevara Espinoza y Carlos Alberto Puente Salas, introduzcan a este salón a la ciudadana Rosa Elena González Tirado.

(La comisión cumple)

Ciudadana Rosa Elena González Tirado, a nombre del Senado de la República, doy a usted la bienvenida a esta sesión.

Conforme al Acuerdo aprobado, hará usted uso de la tribuna para su exposición hasta por 20 minutos.

En consecuencia, se le concede el uso de la palabra.

- La C. Rosa Elena González Tirado: Con su venia, señor Presidente; señoras y señores Senadores:

Tengo el honor de comparecer ante esta Honorable Soberanía, el día de hoy, como aspirante a ocupar el cargo de Ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Desde luego agradezco sinceramente el reconocimiento implícito que ello conlleva para su servidora en el ámbito personal y profesional.

Estar ante ustedes y tener la oportunidad de hacer llegar mi pensamiento a todos aquellos interesados en conocer quién soy, qué he hecho y qué puedo hacer por nuestro país en el campo de la impartición de justicia, es una de las experiencias más gratificantes que he tenido a lo largo de mi carrera judicial, sobre todo, porque como mujer no ha sido nada sencillo transitar por la ardua y azarosa tarea de impartir justicia, y el estar hoy aquí me permite compartir un gran sueño que por mi experiencia y conocimientos considero estar capacitada para alcanzarlo.

Ha sido afortunado que los aspirantes a este cargo hayan abordado temas de gran importancia sobre la labor que desempeña la Suprema Corte de Justicia, ya que lo anterior contribuye a que mi comparecencia pueda centrarse en describir lo que a mi juicio debe ser la función de una Ministra en el alto Tribunal.

No abundaré en definiciones sobre lo que es el control de convencionalidad o el control difuso, ni en los principios relativos a los derechos humanos que el Constituyente Permanente ha plasmado en el artículo 1o. constitucional, que ustedes conocen perfectamente, así como en el alcance y efectos de la misma.

Una Ministra debe conocer la realidad de nuestra sociedad, las posturas filosóficas y el debate constitucional, pero lo que les interesa a ustedes como legisladores y al pueblo de México es saber qué es lo que deba hacer un miembro del máximo tribunal para hacer realidad la justicia y que ésta sea de calidad.

Saber escuchar y actuar con prudencia han sido principios rectores de mi vida, éstos son indispensables para todo juzgador constitucional, pues yo entiendo la función jurisdiccional bajo las cuatro características socráticas, escuchar cortésmente, responder sabiamente, ponderar prudentemente y decidir imparcialmente.

Ante todo, he de comentar que llego a este importante escenario sólo con el respaldo de mi vocación de juzgadora y espíritu de servicio forjado desde hace más de 22 años en el Poder Judicial de la Federación, como secretaria, jueza y magistrada, revelado y fortalecido en la intención de servir a los intereses comunes de las personas y de la Nación.

Mi conducción en la judicatura federal ha sido siempre imparcial, lo que se refleja en mis decisiones, no podría cambiar bajo pretexto alguno esa cualidad que construí con el paso de los años, con la práctica del estudio, la paciencia y la acuciosidad a lo largo de mi carrera judicial.

La legitimidad de un Poder Judicial se construye a través de sus fallos, de la interpretación que permita resolver favorablemente el conflicto cuidando siempre y en todo momento los efectos sociales y políticos que se producen con nuestras sentencias.

Ha sido un reclamo reiterado de la sociedad, e incluso de distintos sectores del gobierno, que México se encuentra en graves problemas de seguridad.

Para una juzgadora de carrera, como su servidora, hablar de la impartición de justicia en este contexto impone una labor crítica del poder al que sirvo, no temo a la crítica, aprendo de ella para poder ir hacia delante.

Uno de los problemas de la justicia es la operación desarticulada y sin dirección de las instituciones, la que se ha intentado resolver a través de la excesiva regulación normativa.

El problema de seguridad no se resuelve solamente con reformas al sistema penal, se trata de un fenómeno multifactorial que debe de analizarse desde diferentes ángulos y ser parte de la agenda prioritaria de los Poderes de la Unión.

Por estas circunstancias, se torna indispensable revalorar el papel de la Suprema Corte de Justicia de la Nación como árbitro fundamental de los Poderes de la Unión.

La función de la magistratura constitucional no se limita al juicio de amparo, son precisamente las controversias constitucionales y las acciones de constitucionalidad de los mecanismos que irrumpen en la escena jurídica como instrumentos de defensa de las autoridades.

La esencia del constitucionalismo moderno es la protección de los derechos, la limitación del poder a través de la consagración de éstos contra el fundamentalismo, la intolerancia y el dogmatismo.

Actualmente, las funciones de los poderes judiciales tanto federales como locales, alcanzan un grado predominante en la formación, consolidación y regularidad de la democracia al proteger esa decisión fundamental tomada por el Constituyente originario, pero la justicia mexicana requiere que los responsables de impartirla sean seres humanos capaces, conocedores del derecho y honestos, en toda la extensión de la palabra, como condición indispensable de la justicia.

Parafraseando a Malem, una mala persona no puede ser un buen juez, en consecuencia, una mala persona no puede ser un buen Ministro.

La democracia la ejerce el pueblo al elegir a sus representantes y la construyen ustedes en la toma de decisiones y consensos para la aprobación de las leyes y resoluciones, como la que ahora por mandato constitucional tienen encomendada.

Un juez como intérprete honra a la democracia pero no busca la aprobación de sus fallos por las mayorías.

¿En qué momento comenzó la necesidad de ponerle apellido a la justicia? No lo sé, un juez constitucional es garante de la democracia, pero sus decisiones no se construyen por la voluntad popular sino por la aplicación del derecho como el camino a la justicia, es decir, justicia sin apellidos.

Ante ustedes, me comprometo que al impartir justicia tendré una interlocución permanente con los justiciables, quienes a su vez tienen el derecho de exigir que con atención y respeto se escuchen sus alegatos y reciban respuesta a sus planteamientos, sólo así es que se logra el equilibrio y la congruencia entre realidad y justicia, cuyo objetivo es lo que debe buscar en principio la ley.

De ahí que las constituciones modernas, precisamente, por integrarse de conceptos abiertos permiten su interpretación a partir de una cantidad de contenidos que mientras no alteren los fines del estado, los valores de la sociedad y el texto expreso de la Constitución, pueden irse adecuando a la luz de las necesidades políticas y sociales del país.

Estos cambios nos muestran cuán importante puede ser el papel que desempeña no sólo la Constitución como norma suprema, sino los medios de control que la misma prevé.

El perfil de Ministro que nuestro país necesita debe estar orientado hacia la construcción y modificación del orden normativo a la luz del fin que justifica su existencia, que es garantizar la seguridad jurídica, vigilando y exigiendo que los actos de las autoridades respeten los derechos de los justiciables a través de decisiones predecibles, porque la actuación del juzgador está acotada por las leyes, el precedente y la prudencia.

Y cuando se trate de conflictos entre autoridades, que sean resueltos con estricto apego a la ley, buscando el bien común.

Correlativo a esta tarea, no debe soslayarse la confluencia de la necesidad de establecer un sistema de rendición de cuentas por parte de los juzgadores, pues la independencia en la labor encomendada no es motivo para desconocer el resultado de su gestión.

Los juzgadores no tememos a los controles de confianza, más bien, lo que necesitamos es que el propio poder cuente con instrumentos efectivos y eficaces para la evaluación del desempeño y permanencia en el cargo.

Deseo hacer hincapié, en este momento, que además de juzgadora soy madre y esposa, lo que contribuye a que mi labor en la solución de los asuntos se vea enriquecida, no limitada.

Soy defensora de los derechos de las mujeres, pero no en oposición a los derechos de los hombres. La equidad es el puente entre ellos.

Como dijo Sofía Valdivielso: “Estoy contra la desigualdad, no contra la diferencia”. Por ello, creo que debe existir equilibrio en la conformación de órganos, poderes e instituciones.

Mucho se ha dicho que la integración de estas ternas pretender guardar un equilibrio en la equidad de género, prueba de ello es mi presencia hoy aquí.

Señoras Senadoras y señores Senadores, el acceso efectivo a la justicia no sólo requiere de buenas leyes, sino fundamentalmente de buenos jueces. De ahí, que si la historia ha de juzgar, que sea por mis sentencias, las cuales son examinables y están sujetas al escrutinio público, en las que he procurado siempre una justicia de y para las partes, no de expedientes.

Aquellos que han acudido ante mí como juzgadora, podrán confirmar un enunciado que generalmente les digo: “Estudio su asunto como si fuera mío, como si yo fuera actor o demandado”. Eso es lo que puedo ofrecer: constancia, dedicación, estudio, experiencia e imparcialidad en la administración de la justicia, y al servicio de ésta pongo mi trayectoria profesional y académica, porque al igual que ustedes, pretendo ser parte de la construcción del México que todos queremos.

Muchas gracias.

(Aplausos)

- El C. Presidente Aispuro Torres: Muchas gracias por su intervención, ciudadana Rosa Elena González Tirado.

Pido a la comisión designada que cumpla con su cometido para acompañar a la ciudadana Rosa Elena González Tirado y solicito a los Senadores Arely Gómez González, Roberto Gil Zuarth, Manuel Camacho Solís y Carlos Alberto Puente Salas, introduzcan a este recinto al ciudadano Alberto Gelacio Pérez Dayán, quien ocupa el segundo lugar en la primera terna.

(La comisión cumple)

Ciudadano Alberto Gelacio Pérez Dayán, sea usted bienvenido a este recinto, tiene usted el uso de la palabra, hasta por 20 minutos, para hacer su exposición.

- El C. Magistrado Alberto Gelacio Pérez Dayán: Con su venia, señor Presidente; señoras y señores Senadores:

Comienzo por honrar la dignísima oportunidad que me dispensa esta Honorable Soberanía, para hacer uso de la palabra en la más alta tribuna legislativa de la República, expresando a ustedes, integrantes de este Senado, mi más sincero y emotivo sentimiento de gratitud.

Extiendo mi reconocimiento al Ejecutivo Federal al proponerme de nueva cuenta para ser considerado en la designación de 2 nuevos integrantes del tribunal supremo.

En anterior oportunidad expresé a ustedes que la tribuna del Senado de la República impone reflexión, responsabilidad y, por sobre todo, conciencia histórica.

Extendí, entonces, y extiendo ahora mi genuino reconocimiento a la Comisión de Justicia de esta Cámara de Senadores, a su Junta Directiva y a los grupos parlamentarios del Senado por la apertura, el respeto y el profundo interés con el que nos recibieron, antes y ahora, a quienes hoy aspiramos a un cargo en la Suprema Corte.

A ustedes ofrezco nuevamente congruencia entre lo dicho y lo que está por hacerse.

Por igual, refrendo el gran honor que ha sido compartir este proceso con juristas y jueces constitucionales, de la calidad moral y profesional como lo son:

Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, y mis compañeros de carrera Norma Lucía Piña Hernández, Rosa Elena González Tirado, Ricardo Romero Vázquez y Julio César Vázquez-Mellado García, en todos ellos, el ejercicio de la abogacía encuentra un ejemplo a seguir y un motivo de profundo orgullo.

Esta nueva comparecencia me permite desarrollar más a detalle los 5 ejes de acción que ya puse a su elevada consideración.

Indiqué, como primero de ellos, que el nuevo marco constitucional en materia de derechos humanos y la nueva Ley de Amparo son, sin lugar a dudas, la asignatura prioritaria del tribunal constitucional. Corresponde a este, ahora, moldear y madurar nuevas figuras del enjuiciamiento constitucional a través de sus fallos y su jurisprudencia.

Será su deber articular una nueva generación interpretativa en el entorno de un vigoroso contexto constitucional, con ello traducirá a los tribunales de circuito y a los juzgados de distrito el entendimiento cabal de las rediseñadas prerrogativas fundamentales que permiten perfilar institucionalmente el juicio de amparo y garantizar su cohesión en el sistema jurídico.

El supremo tribunal debe emprender esta tarea creativa y jurisprudencial con gran empeño y responsabilidad, con apego y lealtad al espíritu que animó al poder revisor de la Constitución, y con la mira alzada en la impartición de justicia siempre equilibrada con el orden público, el interés de la sociedad y el progreso de la vida institucional.

Pienso también, como segunda encomienda, en la instrumentación del nuevo modelo de control de convencionalidad y su traducción en el ejercicio del control difuso de constitucionalidad de las leyes por parte de todos los órganos jurisdiccionales de nuestro país, bajo la lectura acuciosa que establecen los artículos 1o. y 133 de la Constitución, y los relevantes precedentes sustentados por el alto tribunal a partir del cumplimiento de fallos dictados por cortes internacionales.

Es importante trazar desde el más alto tribunal las grandes líneas de actuación que debe seguir la jurisdicción ordinaria en el tema de desaplicación de normas.

La facultad reasignada al juzgador de instancia debe aportar estabilidad y certeza, comprender que el principio de legalidad es supremo y que separarse de la norma para decidir una causa, será el último recurso al que debe asirse, siempre y cuando la hermenéutica jurídica no pueda ofrecerle una interpretación conforme a la Constitución, que le haga preservar la ley.

Refrendo, como un tercer apartado, que la tarea jurisdiccional del tribunal constitucional de México, no puede diseñarse al margen de las graves condiciones a las que se enfrenta nuestro sistema de justicia, soslayando la amenaza constante que el fenómeno de la ilegalidad representa para el desarrollo y la prosperidad de nuestro país.

Por ello, afirmo con énfasis, el balance entre la fuerza legítima y el orden jurídico en esta prioridad es irrenunciable.

Sostengo que una Corte fuerte debe también ser una Corte prudente, una Corte responsable. Hoy se exige un tribunal constitucional visionario y progresista en la defensa de los derechos humanos, comprometido en la misión de asegurar el equilibrio entre los poderes y profundamente deferente con la acción política, cuando ella se sustente en razones del orden constitucional, gradualista y atento a las consecuencias que generen sus fallos, apto para identificar criterios cerrados y humilde para reconsiderarlos.

Por tanto, la Corte debe, en todo momento, distinguir con nitidez los espacios en que la voluntad del Constituyente favorece al legislador o al ejecutivo, y no al juez, preservando así el balance que la Carta Magna previene en el ejercicio ordenado del Poder de la Unión.

Es por ello, como corolario a estos ejes de acción, reafirmo que junto con la prudencia, uno de los valores torales de la función jurisdiccional es: la congruencia.

Esta se debe transformar en consistencia argumentativa y dar estabilidad y certeza al orden jurídico.

A la Corte toca hoy ejercer un papel preponderante en la vida pública, tiene la asignatura y alta responsabilidad de darle a México criterios consistentes de interpretación constitucional.

El foro y la academia exigen hoy una mística definida y una filosofía del juzgamiento que el supremo tribunal de nuestro país debe materializar en todas sus decisiones.

Un elemento fundamental para la justicia, el desarrollo social o el crecimiento económico, es la certeza jurídica.

La Suprema Corte tiene hoy un mandamiento irrenunciable frente a las reformas constitucionales en materia de justicia penal, juicio de amparo y derechos humanos.

Le corresponde armonizar los principios y valores que sustenta nuestra democracia constitucional y transformar los derechos escritos en realidades fácticas, debe posibilitar la transición del reconocimiento de los derechos fundamentales al entorno de la vida de las personas.

Toca a ella establecer la voz serena que articule los nuevos derroteros jurisprudenciales, que le imponen sus nuevas responsabilidades superiores; dando paso a la pluralidad y atención a las minorías, y aunque ello no es una tarea sencilla, se alcanzará el objetivo cuando los cambios constitucionales se traduzcan, justamente, en cambios jurisprudenciales.

El derecho es una disciplina que constantemente se adapta al devenir social. Primero, con el acto legislativo, formal y material; esto a través de la ley o de la facultad reglamentaria, y después, mediante la contienda litigiosa que consolida el orden jurídico, con fallos que sientan precedentes y aportan seguridad jurídica.

Además de la iniciativa preferente, cuyo tránsito legislativo generó recientemente en las Cámaras integrantes del Congreso de la Unión, diversos ejercicios interpretativos, por ahora superados, la profunda reforma constitucional realizada al texto supremo en esta misma anualidad, incorporó temas de primordial relieve, como lo son, entre otros, el de las candidaturas independientes, el de la consulta popular, en la que se asigna a la Suprema Corte de Justicia una inédita y a la vez atípica facultad para calificar su contenido; la iniciativa popular o las reglas para la sustitución del Ejecutivo Federal, en casos de ausencia.

Todas ellas constituyen, a no dudarlo, asignaturas cuyos alcances eventualmente podrán ser definidos a través del sistema de controversia constitucional.

Esta relevante atribución confirma a la Corte Suprema su naturaleza de tribunal constitucional, es decir, a ella corresponde conocer y decidir conflictos del orden político, surgidos entre poderes, a través de procedimientos y métodos jurídicos, aplicando en sus sentencias los principios de objetividad, imparcialidad y exhaustividad, característicos del enjuiciamiento en general.

Paralelamente a ello, tanto la acción de inconstitucionalidad conferida a las minorías legislativas, a la Procuraduría General de la República, a los partidos políticos o a las Comisiones de Derechos Humanos, como la recientemente incorporada declaratoria general de inconstitucionalidad de normas, por reiteración de sentencias, permiten al garante de la supremacía constitucional, en votaciones calificadas, expulsar del orden jurídico nacional a aquellas disposiciones generales que resulten contrarias al texto constitucional.

El ejercicio de estas facultades demanda la mayor acuciosidad y profunda visión del entorno social, que deben caracterizar al árbitro de los poderes.

Para ello, es necesario no ignorar que la norma es producto de la voluntad soberana del pueblo, materializada documentalmente por sus legisladores y entraña una definición del bien común; a la vez que da certidumbre jurídica a la colectividad entera.

Prescindir de ella debe ser, insalvablemente, un acto de honda reflexión y ponderación serena, sobre las consecuencias que produce su falta súbita.

Desde luego, cuando así se requiera, se deberá ser inquebrantable frente a normas cuyo contenido esté irremediablemente viciado, por importante que resulte la materia que regulen.

En conclusión, al máximo tribunal corresponde el mandato de dar cohesión, unidad y visión sistemática al orden jurídico; privilegiando un enfoque de promoción y defensa del desarrollo social, siempre delimitado y flanqueado por los derechos humanos reconocidos por la carta fundamental y los tratados internacionales celebrados por el Estado mexicano.

Ello significará, sin duda, una contribución sustancial a la consolidación de nuestra democracia constitucional.

Ofrezco entonces, señoras y señores Senadores, ser un juez con visión de Estado, que entienda la realidad de nuestro país, que busque la justicia por sobre todas las circunstancias y que genere equilibrio y aporte criterios que fortalezcan las políticas públicas.

Estoy entendido de la encomienda que la Constitución Federal confiere al Poder Judicial de la Federación, Poder de la Unión que debe coadyuvar en el fortalecimiento y evolución del Estado mexicano. Poder que debe entender la responsabilidad que conlleva ser el supremo intérprete de su carta máxima y árbitro de todo el poder público.

Velaré siempre por estos principios y objetivos, es y será mi convicción y tarea, es mi compromiso con México.

Con la voluntad indeclinable de hacerlo así, y de ser desde la Suprema Corte un juez del que puedan sentirse satisfechos todos ustedes, reitero mi convicción republicana, federalista y mi absoluta e incondicional entrega a México.

Senadoras y Senadores representantes de todas las entidades federativas que dan fuerza a la Unión, reafirmo nuevamente mi convicción como servidor público ante ustedes, y sobrepongo mi compromiso, de que siempre privilegiaré el bien común en la función que se me encomiende.

Serán precisamente mi vocación de juzgador constitucional y mi formación humanista las que refrenden y den sustancia a mis valores éticos y profesionales.

Señores legisladores, muchas gracias.

(Aplausos)

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias por su exposición, ciudadano Pérez Dayán.

Solicito a la comisión integrada por los Senadores Arely Gómez González, Roberto Gil Zuarth, Manuel Camacho Solís y Carlos Alberto Puente Salas, acompañen al salón contiguo e inviten a pasar al señor Julio César Vázquez-Mellado García, quien es el tercero de los candidatos en la primera terna.

(La comisión cumple)

Bienvenido señor Julio César Vázquez-Mellado García, dispone usted de hasta 20 minutos para su exposición.

- El C. Julio César Vázquez-Mellado García: Gracias, señor Presidente.

La verdad es que este auditorio y esta tribuna imponen. Saludo con afecto a las Senadoras y a los Senadores de la República. Vengo aquí después de haber dedicado toda una vida a la impartición de justicia. No he hecho otra cosa más que pretender resolver litigios, no he hecho otra cosa más que escuchar a los que claman por justicia, ponerme en sus zapatos y dictar una sentencia en donde con honestidad y con claridad he pretendido decir qué es lo suyo de cada quien.

La vida ha sido extraordinariamente noble y buena conmigo, me permite llegar ahora frente a ustedes con un anhelo, llegar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, vestir la toga no por orgullo propio, sino con el ánimo de establecer un paradigma para todos los jueces de mi patria.

Se ha dicho aquí y se ha dicho bien, todas las atribuciones jurisdiccionales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se ha hablado de sus facultades, se ha hablado de sus atribuciones.

Yo quiero ahora señalar frente a ustedes algo que para mí es de fundamental importancia, porque si hay razón en lo que digo tengo derecho a pedir el voto de cada uno de ustedes para llegar al más alto sitial de la justicia de mi país.

Mucho me hubiese gustado haberle visto a los ojos a cada uno de ustedes, y explicarles, en corto, la pasión y la vivencia de quien ha impartido justicia, y que todavía puedo voltear hacia atrás y encontrar una vida limpia, una vida de un deber cumplido.

Es por ello que en estos breves minutos habré de mostrarme frente a ustedes tal cual soy, en mis virtudes y en mis miserias, porque los seres humanos somos un conjunto de virtudes y de miserias.

Cuánto sufrí aquella vez que una mujer llegó a pedir audiencia al Tribunal Colegiado de Querétaro, donde yo estaba como magistrado, y la vi ingresar modesta y humilde, con un delantal y con una bolsa de mercado, llevando dentro una serie de papeles y azorada entró a verme y me dice: “¿Cómo, usted me recibe?”. Señora, con todo cometimiento, la atiendo y la escucho.

Me narró todos los avatares de un procedimiento en el que estaba a punto de perder su casa, y le dije: Bueno, pero cómo es que me dice usted que ha pagado el bien inmueble que está reclamando y ahora resulta que en el expediente no están los recibos de pago. “¡No, me dijo con gran júbilo, los traigo aquí en mi bolsa, porque el abogado me dijo que los guardara en lo más seguro que fuera posible!”. Y yo tuve que resolver, conforme al expediente, y sentir cómo traicionaba a una persona, porque no tuve la posibilidad de ser un juez en que los derechos humanos, un juez en que la dignidad de la persona fuera fundamental y fuese importante.

La vida, decía yo, me ha sido muy grande. La vida me ha dado muchas satisfacciones. Durante cuatro años dirigí la escuela judicial y en ella mi intención y mi pasión fue enseñarles a los jóvenes jueces de distrito, a los jóvenes magistrados, que el adquirir un puesto de esa naturaleza implicaba necesariamente una responsabilidad y una entrega absoluta. Las virtudes judiciales tienen que estar presentes en cada instante.

Y con satisfacción puedo decirles que de aquella escuela judicial brotaron nuevos magistrados, nuevos jueces con una visión más amplia, con una visión donde fundamentalmente se establece que el derecho no es un fin en sí mismo. El derecho es una herramienta para la convivencia de los seres humanos. El derecho es la mejor herramienta que los seres humanos, las personas, nos hemos logrado dar para encontrar la paz social.

Que del entramado social sólo se puede ver sincera y absolutamente entramado cuando hay jueces que defienden los derechos de cada una de las personas que acuden a un juzgado.

Legisladores y jueces nos hermanamos en que la ley, estamos ciertos, será el elemento que cohesione a la sociedad a la que nos debemos.

Los legisladores logran una norma de excelencia, pero requieren de jueces que bajen esa norma para poderla poner en el caso concreto y específico que dirime un litigio.

Me dirán ustedes: “¿Y qué no es usted un pretendiente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación? ¿Qué razón tiene este ejemplo de juez que nos está dando para llegar a un tribunal constitucional?” Y yo les digo: Para mí hay una función de la Suprema Corte de Justicia de la Nación poco explorada y que a mi juicio debe ser incentivada, ¿cuál es ésta? El admitir, reconocer y actuar como cabeza de todo el Poder Judicial de la Federación.

Llegar ahí el juez íntegro y paradigmático implica necesariamente matizar desde la cumbre hasta el juez más modesto del rincón más modesto de nuestra República.

Es necesario entender que de nada sirven las leyes si no tenemos quien las aplique a toda su cabalidad.

Yo quiero llegar a la Suprema Corte para insistir en ese Cuerpo Colegiado, en la necesidad de políticas judiciales públicas que de alguna manera enaltezcan la función jurisdiccional, porque me parece que sin buenos jueces un país no puede transitar su historia. Requiere de leyes, pero requiere de personas honestas, congruentes, convencidas, empecinadas en que la justicia sea paradigmática en nuestro país.

Señoras Senadoras y señores Senadores, empiezo a entender que si no tenemos quienes sepan interpretar la norma, entendiendo que un expediente de un caso no es un conjunto de hojas polvorientas, sino que detrás de cada una de esas hojas palpita una vida humana, y porque es indispensable que pendamos los jueces que al momento de sentenciar debemos imaginar que vemos a los ojos del justiciable para poderle decir la condena que le corresponde, la pérdida de su patrimonio, para decirle a quién le corresponde la custodia de un hijo, si al padre o a la madre, y esa responsabilidad se tiene que ir generando a través de toda una vida de servicio y de vivencia de los valores judiciales.

Concluyo.

Pido a ustedes, específicamente, su voto personal y particular para que pueda yo acceder a la Suprema Corte de Justicia de la Nación y pueda yo hacer realidad un sueño de toda la vida: Ser un juez constitucional que sirva de ejemplo a los jueces de todo mi país para que con valentía y con decisión seamos capaces de transformar nuestro entorno social, y seamos capaces de poner en evidencia que el derecho es la herramienta que los seres humanos nos hemos dado para lograr la felicidad.

Gracias por su atención.

(Aplausos)

- El C. Presidente Aispuro Torres: Muchas gracias, señor Julio César Vázquez-Mellado García, pido a la comisión que acompañe al señor Vázquez-Mellado García hasta el salón contiguo a este Recinto.

(La comisión cumple)

A continuación daremos el desahogo de las exposiciones de los integrantes de la segunda terna.

Es el turno de la exposición del señor Alfredo Gutiérrez Ortiz-Mena, integrante, en primer lugar, de la terna para sustituir al Ministro Sergio Salvador Aguirre Anguiano.

Como en las exposiciones anteriores, cada uno de los candidatos tendrá un tiempo máximo de 20 minutos para su exposición y no habrá lugar a mociones, preguntas o interpelaciones por parte de las señoras y señores Senadores.

En consecuencia, solicito a los Senadores Miguel Romo Medina, María del Pilar Ortega Martínez, Manuel Camacho Solís, Ana Gabriela Guevara Espinoza y Carlos Alberto Puente Salas, introduzcan a este salón al señor Alfredo Gutiérrez Ortiz-Mena, quien es el primero de los integrantes en la segunda terna.

(La comisión cumple)

Señor Alfredo Gutiérrez Ortiz-Mena, a nombre del Senado doy a usted la bienvenida a este salón de sesiones, conforme al Acuerdo aprobado hará usted uso de la tribuna hasta por 20 minutos para su exposición.

- El C. Alfredo Gutiérrez Ortiz-Mena: Señor Presidente de la Mesa Directiva del Senado de la República; muy distinguidas señoras y señores Senadores:

Estar ante ustedes en esta alta tribuna representa un gran honor para mí, y hacerlo por las causas que me traen a ello me enaltece enormemente.

He recibido la honra de integrar una de las ternas de candidatos a ocupar las próximas vacantes de Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y, en este momento, recibo la honrosa oportunidad de comparecer ante esta Soberanía con el objeto de exponer mi visión sobre la trascendencia institucional de nuestro máximo tribunal y sobre la impartición de justicia.

Ser parte de la Suprema Corte es para mí, sin duda, la mejor oportunidad de contribuir como juez de un tribunal constitucional a la construcción del modelo de estado constitucional y de democracia. Modelo al que en lo esencial aspiramos todos en este país.

A continuación explico por qué considero que la función de un juez constitucional resulta tan relevante para ello.

Como resultado de las reformas visionarias en materia de amparo, especialmente a partir de la reforma constitucional de 1988, en la que el legislador en su exposición de motivos explicó que el propósito de dicha reforma era convertir a la Suprema Corte en un tribunal especializado de naturaleza constitucional, nuestro más alto tribunal ha experimentado una evolución progresiva para convertirse materialmente en un tribunal constitucional.

Esto es, la Suprema Corte se ha convertido en el órgano cúspide que tiene bajo su encomienda toda la custodia de la Constitución.

En efecto, la principal preocupación de un tribunal constitucional en un estado democrático, no es corregir los errores individuales de los juicios de tribunales menores, esa es más bien la labor de los tribunales de apelación; la principal preocupación de un tribunal constitucional es la más amplia acción correctiva de todo el sistema. Es, fundamentalmente, un garante de la regularidad constitucional salvaguardando así el concepto estado democrático constitucional.

Así concebía su misión el notable Ministro Guillermo Guzmán Orozco, quien en su voto particular sobre un amparo directo resuelto en 1983, arguyó que los Ministros de la Corte, y cito: “....No somos jueces de proceso, sino jueces de constitucionalidad, y nuestra función no es ver que los culpables sean sancionados, sino que al acusarlo se le respete el debido proceso legal...”.

Ahora bien, en el camino para lograr que la protección judicial de la democracia en general y de los derechos humanos en particular sea efectiva los tribunales constitucionales, entre ellos ciertamente la Suprema Corte ha tenido que ir modificando el paradigma de estado constitucional lucioniano, así dicho modelo tradicional pretendía acotar el poder con límites meramente formales bajo dos postulados principales, por un lado: El estado de derecho o gobierno de las leyes y de los hombres y, por el otro, el que tales leyes emanaran de los representantes del pueblo, sufragio universal.

De esa manera, tal modelo decimonónico consideraba como condiciones suficientes para la legitimación democrática del poder la existencia de un gobierno representativo y que el mismo se encontrara en todo momento sujeto a leyes.

Sin embargo, la historia política ha demostrado en reiteradas ocasiones que si bien el estado de derecho o gobierno de las leyes y no de los hombres, es una condición necesaria para la protección de la libertad frente al poder del Estado, ciertamente no resulta suficiente.

Para lograr tal propósito, se requiere, además, el establecimiento de límites sustantivos o materiales que permitan garantizar el reconocimiento efectivo de los derechos fundamentales.

Esta última noción, el control de la regularidad constitucional mediante la inclusión de límites sustantivos, ha sido abanderada con mucho fervor en las últimas décadas por los tribunales constitucionales; sin embargo, tal idea fue expuesta de manera muy clara desde la Ilustración, si bien en determinadas épocas fue hecho a un lado en favor de otras doctrinas y modelo de Estado constitucional y democracia.

En efecto, el que la Constitución tiene como función la de garantizar los derechos fundamentales y no sólo la de establecer el gobierno representativo y la división de poderes, ha sido considerado así, por lo demás, desde el texto del artículo 16 de las declaraciones de derechos de 1789, al señalar que “todo país que no tenga derechos garantizados, ni la división de poderes establecidos, carece de Constitución”.

Así, de conformidad con dicho acuerdo fundamental, los derechos del hombre eran considerados como superiores a cualquier ley del Estado, incluyendo el Estado revolucionario, o finalmente a la República. Esta declaración fue repetida en la Constitución de la Quinta República Francesa de 1958, y así se ha mantenido vigente como límite constitucional del poder público.

Bajo esta concepción, la Constitución es la norma emanada del poder constituyente, la que reconoce los derechos fundamentales y no meramente la norma emanada del poder constituido que está compelida a observarlos, posición que claramente se contrapone a una noción hobbesiana, de acuerdo con la cual la ley es el único estándar objetivo de justicia que está disponible para los seres humanos entre sí, de donde se sigue que al ser los derechos un mero derivado de la legislación soberana, entonces no son susceptibles de constituir precondiciones de la soberanía legítima.

De esta manera, se ha considerado que la característica genuina, es decir, la nota definitoria al Estado constitucional como forma política e histórica no es sólo la limitación del poder mediante el derecho, sino, sobre todo, el sentido de esa limitación. Dicho en otras palabras, la finalidad que se pretende lograr con tal limitación consiste en salvaguardar la libertad.

Así, si bien la limitación jurídica del poder puede tener otros fines distintos a preservar la libertad, como puede ser, por ejemplo, la eficacia organizativa del Estado, la idea de constitución que prevalecen las democracias modernas gracias, en gran medida, a la labor de los tribunales constitucionales, fundamentalmente consiste en la noción de limitar el poder no por razones de pura eficacia, sino la de hacerlo para preservar la libertad.

En otros términos, la idea de que el pueblo es soberano, o mejor, de que sólo es soberano si permanece libre, y en consecuencia de que el Estado ha de organizarse en coherencia con ese postulado, de manera que los actos del poder constituido no puedan despojar a los hombres de su libertad. La Constitución, así vista, representa sencillamente el instrumento jurídico que garantiza los derechos de los ciudadanos.

De esa manera, si bien el poder del Estado tendría que ser un poder representativo elegido, debía a su vez ser inexcusablemente limitado, no sólo formalmente mediante el principio de representación y de legalidad, sino sobre todo materialmente mediante la defensa de los derechos humanos. Sólo la garantía constitucional de los derechos fundamentales, indisponibles por el legislador, permite juridificar de manera más plena y eficaz la democracia, es decir, asegurar que el Estado democrático, el pueblo siguiera siendo soberano, esto es, siguiera siendo un pueblo libre, cuya libertad sería intocable jurídicamente, incluso por la obra de la propia mayoría.

Ese es el núcleo o la pieza esencial de este nuevo modelo en el momento del nacimiento del Estado constitucional, producto de la Revolución Francesa y de la Independencia Norteamericana, y lo cual ha sido revigorizado en tiempos recientes por los tribunales constitucionales quienes, junto con la doctrina especializada, han puesto en claro de manera enfática que la limitación material del poder supone un auténtico salto cualitativo en la concepción del modelo de Estado constitucional.

Tal cambio de paradigma constituye una verdadera conquista del constitucionalismo moderno, situación que resulta motivadora y orientadora para todo juez de un tribunal constitucional. Para ello, de ser seleccionado como Ministro de nuestro máximo tribunal, dedicaré todo mi esfuerzo con pasión y consciente de la gran tradición sobre la que se encuentra construida la jurisdicción constitucional, al desarrollo del Estado constitucional y en el avance del proyecto democrático de la nación.

Ahora bien, como anticipé, una concepción renovadora de los derechos humanos, como una precondición para el ejercicio de la democracia constitucional, fue retomada y ajustada acorde con las concepciones político-filosóficas imperantes en tiempos posteriores al apenas referido. Así, en manos de Manuel Montt y de pensadores como John Rawls y Jürgen Habermas, la doctrina del contrato social revivió a finales del siglo XX en la forma de lo que Manuel Montt llamó la idea de razón.

Bajo esta nueva perspectiva se concibe al contrato social no como algo realmente histórico hecho por determinadas personas, sino como un modelo conforme al que pueda examinarse si las instituciones de Estado son tales que puedan recibir el consentimiento de todas las personas afectadas. Así, lo que uno debe preguntarse, si aquellas instituciones serían o no aceptadas, si se propusiera su adaptación a todos en una posición de mutua igualdad.

En este mismo sentido, en la actualidad Luigi Ferrajoli, actor que ha tenido una enorme influencia en la construcción de los criterios de tribunales constitucionales modernos, ha puesto en claro que la limitación material del poder supone un auténtico salto cualitativo de la concepción de modelo de Estado constitucional.

Derivado de esta nueva concepción, todos los derechos fundamentales, no sólo los derechos sociales y las obligaciones positivas que imponen al Estado, sino también los derechos de libertad y correspondientes deberes negativos que limitan sus intervenciones, equivalen a vínculos de sustancia y no de forma, que condicionan la validez sustancial de las normas producidas y expresan, al mismo tiempo, los fines a que está orientado ese moderno artificio, que es el Estado constitucional de derecho.

Y en el plano de la democracia material, ello se traduce en el establecimiento de límites respecto de qué es lo que no puede decidirse o debe ser decidido por cualquier mayoría, y qué está garantizado por las normas sustanciales que regulan la sustancia o el significado de las mismas decisiones, vinculándolas so pena de invalidez al respeto de los derechos fundamentales y de los principios axiológicos establecidos en aquellas.

Así, los derechos fundamentales se configuran como otros tantos vínculos sustanciales impuestos a la democracia política; vínculos negativos generados por los derechos de libertad que ninguna mayoría puede violar; vínculos positivos generados por los derechos sociales que ninguna mayoría puede dejar de satisfacer.

La democracia política, como por lo demás el mercado, se identifican con la esfera de lo decidible, delimitado y vinculada por aquellos derechos. Ninguna mayoría, ni siquiera por unanimidad, puede legítimamente decidir la violación de un derecho de libertad o no decidir la satisfacción de un derecho social.

Los derechos humanos, precisamente porque están igualmente garantizados para todos y sustraídos a la disponibilidad del mercado y de la política, forman parte de lo indecidible, de esa manera es precisamente con la sustancia de las decisiones con lo que tienen que ver las obligaciones y prohibiciones impuestas a la legislación por los derechos fundamentales estipulados en las normas de producción, que por eso se llaman “sustanciales”, aquellos que establecen las condiciones de su validez, a diferencia de las normas que condicionan su vigencia.

De ser seleccionado por este Honorable Senado de la República como Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pondré especial énfasis en que el funcionamiento del control constitucional de actos y normas de los diferentes órganos de Estado sea realizada, precisamente, de acuerdo con los cánones de la administración de justicia que han sido establecidos a través de un proceso continuado de depuración de los tribunales constitucionales y por la doctrina especializada, pues desgraciadamente existe con frecuencia la creencia equivocada de que ante casos de indeterminación no normativa, los jueces constitucionales gozan de un enorme grado de discreción para resolver tales casos con base en sus convicciones morales o en razones prudenciales.

Cuando un juez, más bien ante casos no previstos en reglas, incluyendo precedentes, se encuentra vinculado a resolver los casos no previstos en reglas con base exclusivamente en aquellos principios y normas que son susceptibles de ser exhumados o inferidos del propio orden jurídico.

Por ese motivo, de ser seleccionado como Ministro, pondré especial interés en que las políticas judiciales que orienten o debieran orientar la labor de los tribunales constitucionales sean explicitadas para que, de esa manera, pueda eficientarse la función de la Suprema Corte como garante de los derechos fundamentales, en especial, y de la democracia en general.

Ese nuevo paradigma de Estado constitucional ha sido reflejado, incluso, en el ámbito del derecho internacional, con gran ímpetu, con posterioridad a la Segunda Guerra Mundial, así en diciembre de 1948, la reciente creada Organización de las Naciones Unidas estableció y proclamó la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la que debía ser suscrita por todos los miembros de la ONU, posteriormente se han producido muchas más convenciones relacionadas en materia, tales como discriminación racial, discriminación contra la mujer, los derechos de los niños y similares.

El resultado general es la concreción, de modo cada vez más detallado, de los compromisos a gran escala expresado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Claramente todo esto da cuenta de una considerable institucionalización de los derechos humanos, tanto internamente como en cada estado, como a través de organizaciones internacionales; la forma de esta institucionalización transforma el antiguo debate de los derechos fundamentales.

Puede seguir siendo objeto de controversia, y de hecho lo es, tal como antes lo fue, si es que existen derechos naturales universales fundados en principios morales universalmente válidos.

Muchas escuelas de pensamiento han tratado de demostrar en diversas maneras cómo es que se pueden fundar objetivamente derechos y deberes morales básicos, vinculantes para los seres humanos, simplemente en virtud de la naturaleza humana o de la naturaleza de las cosas.

Otros se oponen, pero esto no por ello ha de oponerse también a la institucionalización de los derechos humanos, lo cual, como se ha dicho, representa un salto cualitativo en la protección de la libertad humana y del ejercicio efectivo de la democracia constitucional.

Así, el nuevo paradigma de la justicia constitucional requiere, para estar en condiciones de fungir como una verdadera garante de los derechos fundamentales y de la democracia, que el poder político sea acotado o limitado no meramente mediante límites formales relativos a procedimientos que deben ser observados para la creación de las leyes a través de representantes democráticamente elegidos, sino además mediante límites sustantivos o materiales que permitan garantizar el reconocimiento efectivo de los derechos fundamentales.

Esta situación constituye, como se ha insistido, una condición necesaria para la efectiva juridificación de la democracia, pues ello resulta el único modo de hacer compatible la existencia del poder político institucionalizado y la subsistencia de una sociedad libre.

En consecuencia, el juzgador está sometido a los derechos fundamentales como se expresa en la gran frase de Krüger, que señala, “antes los derechos fundamentales solo valían en el ámbito de la ley, ahora las leyes solo valen en el ámbito de los derechos fundamentales”. Nuestro máximo tribunal, en su actual conformación, ha desempeñado un papel fundamental en el tránsito de una Constitución nominal a una Constitución normativa, con base en un criterio que contrasta las normas constitucionales con la realidad del proceso político.

La idea básica subyacente a este criterio, es que una Constitución escrita no opera por sí misma una vez aprobada, sino que una Constitución es lo que los detentadores y destinatarios del poder hacen de ella en la práctica para que sea real y efectiva, esto es normativa, una Constitución tiene que ser observada fielmente tanto por los detentadores como destinatarios del poder, esto es necesariamente por operadores jurídicos del sistema quienes se someten a los límites establecidos por la propia Constitución, y en primerísimo lugar los jueces constitucionales.

Por ello, de ser designado Ministro, tendré como uno de mis principales objetivos el que se haga muy patente, el que se conscienticen las conquistas que han sido efectuadas en tiempos recientes por la jurisdicción constitucional a fin de generar las condiciones para continuar el desarrollo y expansión de ésta en los términos en que la misma ha sido desarrollada por los tribunales constitucionales, los instrumentos internacionales y por la doctrina especializada.

Finalmente deseo transmitirles, señoras y señores Senadores, que es para mí un honor el ser considerado para ser partícipe como juez de nuestro máximo tribunal, en una continuada elaboración del modelo de Estado constitucional y de democracia que exigen las necesidades heterogéneas y cambiantes de este país.

El Congreso de la Unión, y muy especialmente esta Honorable Cámara, han dado cuenta de la vida profesional pública de quien está frente de ustedes, pues en tres ocasiones anteriores he acudido a solicitar su confianza para desempeñar delicadas responsabilidades del quehacer público.

En cada ocasión he prometido cumplir cabalmente con las obligaciones inherentes a tales responsabilidades, y hoy, en esta, que sin demérito de las anteriores, representa la de mayor trascendencia, acudo nuevamente ante ustedes con la honra del deber cumplido para comprometer, en caso de que esta Soberanía así lo decidiera, todo mi empeño, toda mi cordura y mi lealtad absoluta a la nación, a favor de la noble y anhelada causa de la justicia.

Muchas gracias.

(Aplausos)

PRESIDENCIA DEL C. SENADOR
ENRIQUE BURGOS GARCIA

- El C. Presidente Enrique Burgos García: Muchas gracias, señor Alfredo Gutiérrez Ortiz. A la misma comisión le solicitamos acompañe al salón contiguo al compareciente y que invite a pasar a la ciudadana Norma Lucía Piña Hernández, quien ocupa el segundo lugar en la terna, para sustituir al Ministro Aguirre Anguiano.

(La comisión cumple)

Sea bienvenida, señora Norma Lucía Piña Hernández, tiene usted el uso de la palabra, hasta por 20 minutos, para su exposición.

- La C. Norma Lucía Piña Hernández: Con su venia, señor Presidente; señoras y señores Senadores:

Mi presencia en la más alta tribuna del país me honra y me distingue, pero más allá de esos sentimientos estrictamente personales, me responsabiliza. Fui propuesta por el Poder Ejecutivo y, si ustedes así lo deciden, ocuparé el alto cargo de Ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

El Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo se eligen a través de sufragio directo, en cambio, el Constituyente dispuso que, a propuesta del Ejecutivo, en ustedes recaiga la responsabilidad de la elección de los Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, facultad de gran trascendencia y complejidad, ya que tienen que decidir quién de los aspirantes cuenta con las cualidades y capacidades necesarias para integrar el máximo tribunal, y cumplir tan honrosa encomienda.

El cuidado que impone esta misión, y más en un momento como el que atraviesa nuestra nación, impone que el proceso de elección en curso sea llevado acabo con la mayor acuciosidad, el Estado constitucional, entendido como el ideal del estado de derecho implica el sometimiento completo del poder al derecho, a la razón.

Un Estado constitucional descansa sobre tres pilares: a dos de ellos los elige directamente el poder soberano, y el pueblo ha dispuesto que el tercero sea el garante de su solidez, reflejado en el respeto y procuración de los derechos humanos, y lo ha facultado como guardián para evitar los excesos en que pudiesen incurrir todas las autoridades del país.

La historia nos dice que en tiempos de crisis es frecuente que tales excesos se cometan, y por ello es un hecho notorio que el Constituyente ha incrementado extraordinariamente el poder de los jueces, y en particular el de los jueces constitucionales.

Vivimos, como Bobbio escribió hace ya muchos años, en la edad de los derechos y al juez de manera muy especial, al juez constitucional le ha sido confiada la protección de esos derechos.

En eso radica, entre otras cosas, su alta función en contribuir a garantizar los derechos de todas las personas, he ahí la relevancia de este proceso democrático en el que el Senado ejerce la elevada función de elegir a quienes integrarán el máximo tribunal del país.

Soy profesora normalista y como jurista empecé la academia en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México.

Tengo 24 años de pertenecer al Poder Judicial de la Federación, ocupé el cargo de juez por oposición y soy magistrada también por concurso de oposición y he seguido preparándome personal y académicamente para cumplir con la elevada función de juzgadora, así lo refleja mi historia de vida.

Estoy convencida que la capacidad no es una cuestión de género, provengo de una familia de cuatro mujeres y ahora, por ironías de la vida, soy madre de tres hijos hombres y comparto mi vida con mi esposo desde hace más de 27 años.

Sin embargo, también estoy convencida que en una democracia las mujeres debemos participar en la construcción del país que queremos, elegir nuestro destino, actuar y pensar no sólo o no únicamente en función del bienestar familiar, sino en nosotras mismas, es decir, asumirnos no como medio, sino como fin, la teoría y la realidad indican que generalmente el desarrollo de las naciones auténticamente democráticas, se mide, entre otros parámetros, por el número de mujeres que ocupan los cargos públicos.

La solución de los conflictos en las sociedades democráticas se ha confiado a los jueces y a un Ministro le corresponde decidir tales conflictos con un gran impacto nacional.

Se dice reiteradamente que un Ministro debe cumplir una función de Estado, pero no se explica en qué consiste la misma.

El juez dirime una controversia entre partes, atendiendo a los intereses particulares de quienes en ella intervienen, el juez constitucional va más allá, ser juez constitucional entraña primordialmente una alta responsabilidad social, política, jurídica, profesional y personal, circunscrita respecto de la Constitución y de los derechos fundamentales en ella contenida, conlleva fidelidad a los principios que sustentan nuestra convivencia y que marca los límites del respeto a la esfera de lo individual sin afectar la esfera de lo colectivo, teniendo siempre en cuenta que la ingeniería constitucional sólo se explica en relación con la cultura de un país, y en el caso de México con nuestra identidad nacional.

Las decisiones de los Ministros deben estar inspiradas en la imparcialidad, que como todos sabemos, quiere decir que el criterio del juez no ha de estar sesgado en favor o en contra de ninguna de las partes que accione nuestro sistema de justicia constitucional, el juez ha de esforzarse por ser objetivo, ha de facilitar que puedan expresarse todos los argumentos que sean relevantes en el caso a resolver y ha de elegir los más justos, incluso cuando éstos lleven a una solución que no sea la que él, como individuo particular, hubiese preferido.

Pero imparcialidad no significa neutralidad, en el sentido de que el juez constitucional no puede prescindir de los valores que informa la Constitución y el resto del ordenamiento jurídico. Las soluciones imparciales y objetivas tienen que ser al mismo tiempo soluciones comprometidas con los valores de nuestra Constitución que legitimen a sus intérpretes.

La legitimación de un Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se construye también con la transparencia.

Entiendo por tal, la claridad y justificación de sus sentencias, que supere las pruebas más estrictas de los peritos en derechos y de quienes no lo son, es decir, en suma, entendibles por todos, sentencias que justifiquen una decisión por más complicado y debatido que sea el tema, sentencias que se dicten por y cada una realidad mexicana, sentencias que contribuyan a la democracia y a hacer realidad la justicia en una nación pluricultural, sentencias que dicten el activismo judicial y que no olviden que el primer deber del juez es actuar conforme a derecho y de manera prudente.

En otro país como México, la justicia constitucional es una instancia fundamental para luchar contra todo tipo de discriminación, práctica que lamentablemente ha sido una constante en nuestra historia.

Algunos de los casos más relevantes de discriminación están relacionados por la condición de ser mujer, de pertenecer a algunas de las comunidades indígenas que conforma nuestra nación o de estar en cualquier tipo de situación que implique un riesgo de exclusión social.

Mención especial requiere el caso de la protección de los grupos vulnerables y del caso de los niños y de adolescentes, quienes como presente y futuro de nuestra nación necesitan la máxima tutela.

El gran pedagogo John Kenneth expresó: “Si no piensas en tu porvenir, no lo tendrás”.

Nuestro sistema de justicia constitucional le impone a un Ministro la obligación de salvaguardar el equilibrio entre los órganos del Estado y en sus diversos órdenes para garantizar un sistema democrático a través de la solución de controversias que se susciten entre ellos, y el garantizar el acceso a las minorías parlamentarias, a los organismos reconocidos que actúan a favor de los derechos humanos, al Poder Ejecutivo por conducto del procurador y a los partidos políticos tratándose de leyes en materia electoral, y para ello el Ministro tiene que ser independiente, lo que implica tener la capacidad para resistir a todas las presiones externas a su función, como las provenientes de los poderes políticos y económicos, y de lo que ahora suele llamarse “Los poderes blandos”.

El juez constitucional tiene que tomar sus decisiones considerando únicamente las razones provenientes del derecho para no decidir de manera arbitraria, tal circunstancia constituye uno de los principios que garantiza la existencia de una sociedad democrática.

La independencia no es una prerrogativa del juez constitucional, es un derecho del que acciona esa justicia, ya sea a través del juicio de amparo, de las acciones de inconstitucionalidad o las controversias constitucionales.

Además, independencia no quiere decir “formalismo”.

Sometimiento al derecho no significa dejarse esclavizar por la letra de la ley.

Las normas deben de interpretarse para lograr la justicia de acuerdo con los propósitos, los objetivos y los valores que subyacen en las mismas.

En su función de garante de la Constitución y de los derechos fundamentales de los individuos, un Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación no debe actuar de manera formalista.

Lo que razonablemente se espera de él, no es que use la letra de la ley como una especie de escudo frente a los riesgos de soluciones innovadoras, sino que sea capaz de innovar el derecho.

“Renovar” no significa apartarse del derecho, sino desarrollarlo cuando la protección efectiva de los derechos de los individuos así lo requiera.

Buscar la justicia a través del derecho debe ser el objetivo del juez constitucional. Es la capacidad para encontrar soluciones justas a los casos que ha de decidir, y capacidad para argumentarlas, motivarlas, sin abandonar el derecho.

En la actualidad, con la lección del caso Radilla, que todos ustedes ya conocen ampliamente, y a partir de las reformas a la Constitución, nuestro sistema jurídico se está redefiniendo.

La vereda que conduce a la justicia está franqueada por 2 precipicios, ahora que está de moda hablar de precipicios, ¿verdad?, el formalismo y el activismo judicial.

A los Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación les corresponde, además, marcar el rumbo que todos los jueces del país debemos seguir, de ahí, repito, la relevancia de su decisión en este proceso democrático.

Tenemos la fortaleza del orgullo por nuestra nacionalidad y la obligación, como servidores públicos, de realizar nuestra función como lo exige nuestra Ley Fundamental.

La congruencia de las decisiones debidamente justificadas y, derivado de ello, la seguridad jurídica, son valores que no se deben menospreciar como atributos de un Ministro, porque además, en sí mismo, son derechos fundamentales, como son el de legalidad y el de igualdad ante la ley, y son la base sobre la que se erige como condición necesaria la satisfacción y procuración de los derechos humanos, derechos que no implican ninguna concesión, sino que constituyen la condición o el límite para la actuación de la autoridad, correspondiendo a los jueces constitucionales la elevada misión de velar porque no se transgredan.

Estoy segura que la decisión que ustedes adopten, como culminación de este proceso democrático, será la correcta.

Mis compañeros son reconocidos juristas y personas destacadas.

El Estado constitucional de derecho precisa de jueces comprometidos con los valores de libertad y de igualdad, leales con el derecho, pero ampliamente entendidos y abiertos a las exigencias de una sociedad democrática, como es la mexicana, en que la exclusión social es más que un riesgo.

La función de un Ministro implica analizar la regularidad constitucional de las normas generales a través de juicios de amparos promovidos por los gobernados, lo que en algunos casos, y con las condiciones requeridas por nuestra Constitución, podría conducir a una declaratoria general de inconstitucionalidad.

Es examinar esa misma regularidad garantizando el derecho de las minorías parlamentarias, de las instituciones que actúan en defensa de los derechos humanos, del Poder Ejecutivo y de los partidos políticos en materia federal electoral para hacerse oír a través de la acción de inconstitucionalidad, y además conlleva el resolver controversias entre los diversos órganos de los órdenes federal, estatal, del Distrito Federal o municipal, para hacer valer y proteger sus atribuciones.

La tarea de un Ministro supone, por lo tanto, hacer frente a grandes dificultades y enormes retos. Eso, en mi opinión, es en lo que consiste la responsabilidad de un Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y por ello, como lo mencioné al principio, participar en este proceso, más que una distinción, implica una gran responsabilidad, responsabilidad que estoy segura todos ustedes asumen en la participación de este proceso democrático, y que tomarán su decisión por el bien de México.

Hablar de democracia es hablar de justicia. Si nos preciamos de ser una nación democrática, debemos hacer efectiva la justicia en México, como decía mi padre: “En toda la posibilidad de nuestro destino”.

Muchas gracias.

(Aplausos)

- El C. Presidente Burgos García: Muchas gracias por su exposición, señora Norma Lucía Piña Hernández, y solicito a la comisión acompañe a la ciudadana Norma Lucía Piña Hernández al salón contiguo e invite a pasar al señor Ricardo Romero Vázquez, quien es el tercer integrante de la terna para cubrir la vacante del Ministro Aguirre Anguiano.

(La comisión cumple)

Sea usted bienvenido, ciudadano Ricardo Romero Vázquez, dispone de hasta 20 minutos para su exposición.

- El C. Ricardo Romero Vázquez: Muchas gracias. Con su venia, señor Presidente. Respetables Senadoras y Senadores de la República:

Comparezco ante el Pleno de esta Honorable Cámara, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 96 de la Constitución General de la República y del Acuerdo de la Mesa Directiva, que establece el procedimiento para la elección de dos Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del día 13 del mes que transcurre.

Ser parte en este proceso democrático, para la designación de dos integrantes del máximo tribunal del país, me distingue y honra, por el solo hecho de haber sido considerado para integrar la terna para cubrir la vacante del Ministro Sergio Salvador Aguirre Anguiano, sobre todo al lado de dos notables juristas, la Magistrada Norma Lucía Piña Hernández, quien además me distingue, desde hace algunos años, con la más noble de las virtudes del ser humano: su amistad.

Y de don Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, maestro en derecho tributario, impecable servidor público y actual jefe del Sistema de Administración Tributaria.

Mi trayectoria profesional en el Poder Judicial de la Federación comprende 32 años de servicio, durante los cuales tuve la oportunidad de fungir como Actuario Judicial, un breve tiempo.

Como Secretario de Acuerdos y Proyectista, en un Juzgado de Distrito especializado en materia civil en el Distrito Federal, y después Secretario Proyectista en un Tribunal Colegiado en materia civil del Primer Circuito, por más de siete años.

Posteriormente, Secretario de Estudio y Cuenta de la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte, y unos cuantos meses en la actual Primera Sala; pues a principios de 1995 fui designado Juez de Distrito en el estado de Campeche, que no tiene ni tenía especialización y, por tanto, conocía de todas las materias.

Finalmente, tengo 15 años como integrante de tres Tribunales Colegiados en materia civil, con sedes, uno en el Distrito Federal y dos en la ciudad de Toluca, en el Estado de México.

No obstante, considero que la preparación de un juzgador no sólo debe comprender la experiencia profesional, no, el juzgador no sólo es escuela, el juzgador debe vivir y aprender a juzgar el entorno en que vive y se desarrolla.

Los tribunales no son laboratorios de la imaginación en donde se experimente con la vida, la libertad o el patrimonio de las personas.

Los tribunales, con la conclusión de la experiencia y del estudio para dictar una sentencia, es necesario aprender y comprender la existencia del ser humano, en su familia, en la comunidad en la que se desarrolla y en la sociedad en la que participa activamente.

Desde luego no se niega, que el Livio contiene experiencias, pero por sí solas nunca serán suficientes.

El de la voz es el primero de ocho hermanos. Mis estudios los realicé en la ciudad de México. La licenciatura en la Universidad Nacional Autónoma de México y los Postgrados, Maestría en Derecho de Amparo y Doctorado en Ciencias Penales, en la Universidad Tepantlato.

Desde entonces aprendí que todos tenemos la posibilidad de triunfar en la vida, por medio del estudio y del trabajo.

Antes de comenzar a desempeñarme en el Poder Judicial de la Federación, en el año 1980, desempeñé los más variados trabajos, en el comercio, en la fábrica y en la oficina. También fui pasante de derecho, en donde mi primera experiencia la viví en un despacho jurídico, en el que me dijeron que fuera al entonces Palacio de Lecumberri, en la sección en donde estaban instalados los juzgados del fuero común, con la indicación, observa bien a las personas que ahí se encuentran, si les ves con cara de preocupación o llorando, acércate a ellos y diles: “qué le pasa, señor; qué le sucede, señora, le puedo ayudar en algo, soy abogado”.

Sí, me estaban mandando a coyotear.

Desde luego que no lo hice, me marché a casa y no regresé.

¿Qué más aprendí en esa época? Muchas cosas.

Algunas positivas, como por ejemplo, que a través del estudio te superas, que a través del trabajo prosperas, que con lealtad y amor, disfrutas la vida y eres feliz.

Algunas otras no muy agradables, como ocurría con los comerciantes ambulantes, que se instalaban muy de madrugada allá en las lecherías o en los molinos de nixtamal, a vender algunos productos y eran prácticamente correteados por la camioneta de la vía pública. O el despido de los trabajadores, esto que era tan común en aquellos tiempos, por el solo hecho de haber incurrido en una grave falta: la de haber cumplido 40 años. Antes, era casi un delito llegar a los 40 años y ser un trabajador.

O bien, otras actitudes autoritarias como la detención por parte de policías por no haber invitado un refresco o un cigarro, de los normales, no de otros, o por traer el cabello largo en los años 60´s, 70´s pero todo eso, todo es experiencia.

Pues bien, en atención al Acuerdo de la Mesa Directiva, que me referí en un principio, y basado en las experiencias narradas, ahora les daré a ustedes la visión que tengo de la impartición de justicia.

Desde siempre se imparte por una persona que estudia y se especializa, precisamente para llevar a cabo esa actividad, la de administrar justicia, por ello, debe conocer la ley, entenderla y aplicarla a situaciones que se generan en la vida cotidiana, y que debe saber comprender que la tarea del juzgador es difícil, debe tener, como decía Sócrates, ya lo decía alguno de mis compañeros, cuatro características: escuchar cortésmente, responder sabiamente, ponderar prudentemente y decidir imparcialmente.

Estas circunstancias y cualidades deben satisfacerlas el juez constitucional que integre la Suprema Corte de Justicia de la Nación para decidir los asuntos y controversias que se dirimen en tan alto tribunal y que indefectiblemente comprenden derechos no sólo de carácter fundamental, sino más sutiles aún, los denominados derechos humanos, que son más amplios por cuanto a su reconocimiento previsto no sólo en el código político más importante del país, la Constitución, sino también en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano es parte y que comprenden el conjunto de prerrogativas inherentes a la persona, indispensables para su desarrollo comunitario y que deben ser respetadas por todos, especialmente por las autoridades gubernamentales.

Y como no siempre es así, las controversias correspondientes deben resolverse ante el órgano jurisdiccional que tiene la característica de ser terminal, la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

En la actualidad, los derechos humanos comprenden las prerrogativas civiles y políticas, como son la vida, la libertad, la seguridad jurídica, la igualdad de derechos, la prohibición de la esclavitud en toda sus formas, la servidumbre, la tortura, los tratos crueles, inhumanos o degradantes, el respeto a la vida privada, a la intimidad, a la correspondencia, al libre tránsito, a tener una nacionalidad, a buscar asilo y disfrutar de él en cualquier país, a casarse y decidir libremente el número de hijos que desea tener, a que se le reconozca su libertad de pensamiento, opinión y expresión de ideas y de religión, de reunión y asociación política.

Algunos de estos derechos, aunque recientemente reconocidos en la Carta Magna, desde hace mucho tiempo eran identificados como tales en la doctrina y clasificados como de primera generación.

También comprende los derechos humanos de la segunda generación, que incluyen las prerrogativas económicas, sociales y culturales, las cuales se materializan mediante la implementación de acciones, programas y estrategias, como la seguridad social, condiciones de trabajo, equitativas y satisfactorias, también a un nivel adecuado de vida en la que se asegure salud, alimentación, vestido, vivienda y asistencia médica, así como los servicios sociales indispensables y el derecho a la educación gratuita, hasta la preparatoria a partir del 9 de febrero del presente año.

Actualmente se reconocen los denominados derechos humanos de tercera generación, que ven no sólo al progreso social en una determinada región, sino al marco de respeto y colaboración mutua en la comunidad internacional, destacando la identidad nacional y cultural, la paz, la coexistencia pacífica, el entendimiento y la confianza, la cooperación regional, el uso de los avances de la ciencia y la tecnología, el medio ambiente, el patrimonio común de la humanidad y en general el desarrollo que permita una vida digna.

Con el conocimiento de estos derechos también se ampliaron los conceptos de parte agraviada en la promoción del juicio de amparo que constituye por antonomasia el único medio de control constitucional de que disponen el individuo o el gobernador, pues ahora se comprende el interés jurídico y además el interés legítimo.

En este sentido, la visión de la justicia por un Ministro de la Suprema Corte implica estar al día en el conocimiento de la normatividad nacional e internacional, sobre todo a conocer y ponderar el desarrollo de esos derechos en otras latitudes. De manera que no se limite a decidir igual que en otros lugares, sino que compare la tradición y la idiosincrasia que prevaleció en el caso resuelto y lo pondere con la tradición, cultura e idiosincrasia de nuestro pueblo, pues antes que nada debe velar por preservar nuestra identidad.

También en este sentido es importante que el Ministro esté convencido de qué es lo más conveniente para los individuos y para el país, como integrante de la comunidad internacional de la que voluntariamente forma parte ante el planteamiento de la supremacía del orden jurídico, sin perder de vista y en todo caso armonizar el reconocimiento y sujeción a las resoluciones de los tribunales internacionales con todo lo que ello involucra.

La aspiración general de la ciudadanía, en materia de administración de justicia, consiste en que las resoluciones de las controversias se lleven a cabo de manera pronta y expedita, uno de los factores que tradicionalmente obstaculiza ese ideal lo constituyen las cargas de trabajo que, en el mejor de sus efectos, produce rezago y eso molesta a los justiciables.

Ya lo dice el adagio: “Justicia que no es pronta, o sea, rápida y expedita, o sea, libre de todo estorbo, no es justicia”.

Para abatir ese mal, se ha puesto de moda la oralidad y la informática, o si se quiere, la cibernética. Para agilizar el trámite de los asuntos en la Suprema Corte, para hacer efectivo el imperativo constitucional, sólo se puede emplear la tecnología. Veo en propio para ello la oralidad, dada la naturaleza de los asuntos que conoce y, para ello, en el proyecto de Ley de Amparo se reglamenta el uso de la firma electrónica que es el preámbulo de los juicios en línea. Por ello, en breve, los Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación deben estar a la altura de las circunstancias, con ello, desde luego, se agilizarán la solución de los conflictos porque se podrán allegar de la información indispensable actual y de la más variable índole, previendo la implantación de redes de comunicación ligadas a la potencialidad de los instrumentos para almacenar, gestionar y transmitir información, con lo que se logrará una rápida tramitación de los tradicionales modos de organización social y económica, lo que tiene impacto en el estilo de vida, patrones de convivencia y administración política eficiente.

Otro de los factores que también pueden contribuir a la agilización y resolución de los negocios jurisdiccionales, la constituye el adecuado uso de la facultad de dictar acuerdos generales para la remisión de asuntos a los tribunales colegiados de circuito. De modo que de la manera más acertada se logre abatir el rezago, a lo que se debe de agregar que la reforma constitucional también prevé la tramitación de juicios colectivos y la instauración de procedimientos relacionados con acciones colectivas, con las que, sin lugar a dudas, se administrará justicia a un mayor número de personas en muy pocos actos jurídicos.

En los últimos tiempos, la Suprema Corte de Justicia de la Nación desempeña un papel destacado en la consolidación de la democracia que se erige en un principio fundamental basado en la soberanía que representa la voluntad popular, que exige el respeto irrestricto a sus derechos jurídicos y legítimos.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación se alza como el fiel de la balanza en el sistema de pesos y contrapesos que implica la tramitación de controversias constitucionales y acciones de inconstitucionalidad, las cuales son sometidas a su decisión y deben garantizar la preservación de condiciones aceptables para lograr una convivencia social, política y armónica mediante el fortalecimiento de las instituciones del Estado, donde haciendo respetar la esfera de competencias de cada autoridad, se erija la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

De las instituciones más sólidas que caracterizan la vida institucional del país sobresalen los medios de control constitucional a través de los cuales se salvaguardan los derechos constitucionales y los derechos derivados de los tratados internacionales a favor de los gobernados, incluso por invasión de la esfera de competencia de las autoridades gubernamentales.

Por ello, mi vehemente convicción sobre la necesidad de que por medio de la actuación efectiva de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a través de los medios legales y pacíficos que tiene, que consolide el imperio del derecho, el respeto a los bienes de las personas y el clima de paz y justicia que es el anhelo del pueblo de México y que estoy dispuesto a llevar hasta sus últimas consecuencias, si es que ustedes, señoras y señores Senadores, así lo creen conveniente.

Señoras y señores Senadores: Gracias por permitirme compartir mis anhelos. El sueño de que nuestra patria cuente con una justicia moderna, transparente, accesible, eficiente, rápida y comprensiva para todos, bajo una premisa justa con cara humana, pues la justicia es y será la reina de las virtudes, no se ve, no se siente, no se toca, pero cuando se imparte adecuadamente se logra el anhelo más importante del hombre, la paz social.

Muchas gracias.

- El C. Presidente Burgos García: Muchas gracias, señor Magistrado Romero Vázquez, muy amable. Solicito a la comisión designada se sirva acompañarle al salón contiguo.

(La comisión cumple)

Concluidas las exposiciones de los candidatos de las dos ternas, procede su comparecencia ante la Comisión de Justicia, conforme al Acuerdo aprobado por sus integrantes, y del cual dimos cuenta al inicio de nuestra sesión de este día.

En otro apartado del Orden del Día, se recibió de los Senadores Lilia Guadalupe Merodio Reza y Carlos Alberto Puente Salas, una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma la Ley del Impuesto Sobre la Renta, misma que se turna a la Cámara de Diputados.






INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETOPOR EL QUE SE REFORMA LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA

(Presentada por los CC. Senadores Lilia Guadalupe Merodio Reza y Carlos Alberto Puente Salas)

“SENADO DE LA REPUBLICA
LXII LEGISLATURA.

Los suscritos, Senadores LILIA GUADALUPE MERODIO REZA, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional y CARLOS ALBERTO PUENTE SALAS, integrante del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, de conformidad con los artículos 8, numeral 1, fracción I y 164 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración del Pleno, la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA, EN MATERIA DE DEDUCIBILIDAD CON RELACION A LA PROMOCION DEPORTIVA con base en la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

Conforme a la legislación vigente en la materia, no todas las personas con fines no lucrativos están autorizadas para recibir donativos deducibles de impuesto; en particular, la promoción del deporte, actividad establecida en la Ley Federal de Fomento a las Actividades Realizadas por Organizaciones de la Sociedad Civil como objeto de fomento que no se encuentra prevista en la Ley del Impuesto sobre la Renta.

Se señala a la Ley Federal de Fomento a las Actividades Realizadas por Organizaciones de la Sociedad Civil, ya que la misma contempla a la promoción del deporte como objeto de fomento por su importancia para el desarrollo nacional.

Todo ello derivado de conformidad con la Ley General de Cultura Física y Deporte misma que establece en su Artículo 2 que:

Esta Ley y su Reglamento tienen por objeto establecer las bases generales de coordinación y colaboración entre la Federación, los Estados, el Distrito Federal y los Municipios, así como de la concertación para la participación de los sectores social y privado en materia de Cultura Física y Deporte, teniendo las siguientes finalidades generales:

I. Fomentar el óptimo, equitativo y ordenado desarrollo de la cultura física y el deporte en todas sus manifestaciones y expresiones;

II. Elevar, por medio de la cultura física y el deporte, el nivel de vida social y cultural de los habitantes en las Entidades Federativas, Distrito Federal y Municipios;

III. Fomentar la creación, conservación, mejoramiento, protección, difusión, promoción, investigación y aprovechamiento de los recursos humanos, materiales y financieros destinados a la cultura física y el deporte;

IV. Fomentar el desarrollo de la cultura física y el deporte, como medio importante en la preservación de la salud y prevención de enfermedades;

V. Fomentar el desarrollo de la cultura física y el deporte, como medio importante en la prevención del delito;

VI. Incentivar la inversión social y privada para el desarrollo de la cultura física y el deporte, como complemento de la actuación pública;

VII. Promover las medidas necesarias para erradicar la violencia y reducir los riegos en la práctica de actividades físicas, recreativas o deportivas que pudieran derivarse del doping, así como de otros métodos no reglamentarios;

VIII. Fomentar, ordenar y regular a las Asociaciones y Sociedades Deportivas, Deportivo-Recreativas, del deporte en la Rehabilitación y de Cultura Física-Deportiva;

IX. Promover en la práctica de actividades físicas, recreativas y deportivas el aprovechamiento, protección y conservación adecuada del medio ambiente;

X. Garantizar a todas las personas sin distinción de género, edad, capacidades diferentes, condición social, religión, opiniones, preferencias o estado civil la igualdad de oportunidades dentro de los programas de desarrollo que en materia de cultura física y deporte se implementen, y

XI. Los deportistas con algún tipo de discapacidad no serán objeto de discriminación alguna, siempre que las actividades a realizar no pongan en peligro su integridad.

Aunado a lo anterior, debemos destacar que, el 12 de octubre de 2011 se publicó en el Diario Oficial de la Federación las reformas a los artículos 4° y 73 en su fracción XXIX-J de la Constitución en materia de Cultura Física y Deporte, en la cual se establece que:

“Toda persona tiene derecho a la cultura física y a la práctica del deporte. Corresponde al Estado su promoción, fomento y estímulo conforme a las leyes en la materia”.

Este nuevo derecho consagrado en nuestra Constitución, debe aplicarse a partir de la participación también de los sectores social y privado en colaboración a esta nueva responsabilidad del Estado, atendiendo tanto al mandato constitucional como a la concertación de la participación de ambos sectores en materia de Cultura Física y Deporte, que le impone la Ley General de Cultura Física y Deporte a la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE).

En el caso de la deducibilidad a la promoción del deporte, encontramos que la Ley General de Cultura Física y Deporte otorga a la CONADE la responsabilidad de ser el gestor de estímulos fiscales para las aportaciones de los sectores social y privado, conforme lo dispone el artículo 29 fracciones IX y XX de dicho ordenamiento:

Artículo 29. La CONADE tiene las siguientes atribuciones:

IX. Promover y fomentar ante las instancias correspondientes en el ámbito federal, el otorgamiento de estímulos fiscales a los sectores social y privado derivado de las acciones que estos sectores desarrollen a favor de la cultura física y el deporte;

XX. Promover e incrementar con las previsiones presupuestales existentes, los fondos y fideicomisos ya sean públicos o privados, que en materia de cultura física y deporte se constituyan con el objeto de organizar la participación de los sectores social y privado, a efecto de contribuir al desarrollo deportivo del País;

En concordancia con esta última fracción del artículo 29 de Ley General de Cultura Física y Deporte. Cabe señalar que la CONADE cuenta con dos fideicomisos públicos, que conforme a la normatividad y facultades, hoy ya no son susceptibles de recibir donativos. Estos fideicomisos Fondo Nacional para el Deporte (FONADE) y el Fondo para el Deporte de Alto Rendimiento (FODEPAR), ambos creados con el propósito de incrementar los apoyos que se otorgan al deporte, son además fundamentales para la formulación de normas y programas, así como ejecutar acciones para promover a la educación física, el deporte para todos, el deporte estudiantil, el selectivo y el de alto rendimiento.

Debemos destacar, que aun cuando la ley le otorga atribuciones a la CONADE para la creación de Fideicomisos públicos o privados, ésta no ha dado cumplimiento a la reforma planteada en 2005 para el reconocimiento a los medallistas olímpicos a que se refiere la ley en el artículo 99 que a letra dice:

Corresponde a la CONADE y a los organismos de los sectores públicos otorgar y promover en el ámbito de sus respectivas competencias, ayudas, subvenciones y reconocimientos a los deportistas, técnicos y organismos de cultura física y deporte ajustándose a lo dispuesto en la presente Ley, su Reglamento y en su caso, en la convocatoria correspondiente.

La CONADE promoverá y gestionará la constitución de fideicomisos destinados al otorgamiento de un reconocimiento económico vitalicio, a los deportistas que en representación oficial obtengan o hayan obtenido una o más medallas en Juegos Olímpicos o Paralímpicos.

La CONADE, regirá los criterios y bases para el otorgamiento y monto de la beca a que se harán acreedores los beneficiados por los fideicomisos creados para reconocimiento a medallistas olímpicos y paralímpicos.

La presente propuesta aquí planteadabusca establecer las condiciones para que, efectivamente, se incentive a la Cultura Física y el Deporte como actividad considerada como objeto de fomento dada su importancia para el desarrollo del país. Pretende incentivar además la participación de los sectores social y privado, a través de que sean éstos susceptibles de recibir donativos deducibles, para lo cual deberán cumplir con los requisitos que establece la legislación aplicable en la materia, para con ello contribuir a salvaguardar los recursos del Estado y fortalecer los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas de las Organizaciones de la Sociedad Civil.

Basta revisar el brutal incremento al Presupuesto Federal destinado al Deporte, durante la administración que está por concluir, para dar por sentado, que no se observa la debida importancia que tienen los recursos privados para el desarrollo del deporte del país. Aunado a las bondades que trae consigo la práctica de la actividad deportiva en especial para el combate al sedentarismo, obesidad y la canalización adecuada del ocio; cuya responsabilidad recae también de manera social en el sector privado.

La obtención de recursos a través de la deducción de donativos recibidos debe servir para impulsar todas aquellas acciones de apoyo y fomento del deporte, en apego a la normatividad aplicable y bajo la promoción y supervisión de la CONADE para transparentar y eficientar la aplicación de los recursos en beneficio del deporte nacional.

El objeto de esta iniciativa, no sólo tiene que ver con la captación de mayores recursos privados para la actividad deportiva, busca además con ello dar cumplimiento al objeto de la Ley General de Cultura Física y Deporte en aras de cumplir con las finalidades enmarcadas en el artículo 2, sino contribuir con la CONADE como rector de la política nacional en la materia, a desarrollar todo lo concerniente a la actividad deportiva en apego a las disposiciones constitucionales del derecho a la cultura física y la práctica del deporte.

Sin duda alguna ésta es la primera respuesta para que se pueda dar cabal cumplimiento al nuevo mandato constitucional en el tema.

Por lo anteriormente expuesto, me permito someter a la consideración de esta Soberanía la siguiente:

Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma la Ley del Impuesto Sobre la Renta, en materia de deducibilidad con relación a la promoción deportiva.

Artículo Unico.- Se reforman la fracción VI y la fracción XVI del artículo 95 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, para quedar como sigue:

Articulo 95.…

I. … a V. …

VI. Instituciones de asistencia o de beneficencia, autorizadas por las leyes de la materia, así como las sociedades o asociaciones civiles, organizadas sin fines de lucro y autorizadas para recibir donativos en los términos de esta Ley, que tengan como beneficiarios a personas, sectores, y regiones de escasos recursos; que realicen actividades encaminadas al desarrollo y promoción del deporte;que realicen actividades para lograr mejores condiciones de subsistencia y desarrollo a las comunidades indígenas y a los grupos vulnerables por edad, sexo o problemas de discapacidad, dedicadas a las siguientes actividades:

a) … a h) …

i)La promoción del deporte.

VII. … a XV. …

XVI. Asociaciones o sociedades civiles organizadas con fines políticos o religiosos.

XVII. … aXX. …

TRANSITORIO

Unico. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación

Dado en el Senado de la República, a 20 de noviembre de 2012.

Sen. Carlos Alberto Puente Salas.- Sen. Lilia Guadalupe Merodio Reza”.

Se recibió del Senador Pablo Escudero Morales, del grupo parlamentario del PVEM, una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma y adiciona el último párrafo del artículo 17 de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, misma que se turna a las Comisiones Unidas de Derechos Humanos; y de Estudios Legislativos, Primera.






INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA Y ADICIONA UN ULTIMO PARRAFO AL ARTICULO 17 DE LA LEY DE LA COMISION NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

(Presentada por el C. Senador Pablo Escudero Morales, del grupo parlamentario del PVEM)

“El suscrito, PABLO ESCUDERO MORALES, Senador de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y, los artículos 8 numeral 1, fracción I; 164, numeral 1; y, 169 del Reglamento del Senado de la República,someto a consideración de esta Soberanía la siguiente INICIATIVA CON PROPUESTA DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA Y ADICIONA UN ULTIMO PARRAFO AL ARTICULO 17 DE LA LEY DE LA COMISION NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS, A EFECTO DE QUE AQUELLOS CONSEJEROS QUE DESEEN SER DESIGNADOS PARA UN SEGUNDO PERIODO, SE DEBAN SOMETER AL MISMO PROCEDIMIENTO DE SELECCION Y DESIGNACION QUE TODOS LOS DEMÁS CANDIDATOS PARTICIPANTES, con la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos es un organismo autónomo que, por mandato constitucional, tiene la noble e importante misión de proteger, observar, promover, estudiar y divulgar los derechos humanos que ampara el orden jurídico mexicano[1]; y, resalta su transcendencia, al hacerlo sobre los relativos a las personas y grupos sociales más vulnerables.

Con tal misión, logra contribuir al fortalecimiento del estado de derecho y la conservación de la paz social en nuestro país, así como al arraigo en la sociedad de una cultura de respeto y ejercicio de estos derechos elementales, que hacen posible coadyuvar en la erradicación de los abusos de poder.

Ante tales compromisos, resulta de suma importancia, que dicho organismo autónomo cuente con su Consejo Consultivo completo, con una integración claramente definida; pero sobretodo, continua y permanente, que permita garantizar la correcta, eficaz y eficiente conducción de este organismo de protección y promoción de los derechos fundamentales, otorgando certitud en su actuar; pues debe erigirse como estandarte de la legalidad y licitud en la emisión y ejecución de sus actos, constituyéndose en el paradigma para el ejercicio de la función pública.

En tal tesitura, de la lectura de los artículos 102, apartado B de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 17 y 18 de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, establecen en la parte conducente:

Artículo 102.

B.

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos tendrá un Consejo Consultivo integrado por diez consejeros que serán elegidos por el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes de la Cámara de Senadores o, en sus recesos, por la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, con la misma votación calificada. La ley determinará los procedimientos a seguir para la presentación de las propuestas por la propia Cámara. Anualmente serán substituidos los dos consejeros de mayor antigüedad en el cargo, salvo que fuesen propuestos y ratificados para un segundo período.”

Artículo 17.- El Consejo a que se refiere el artículo 5º. de esta ley, estará integrado por diez personas que gocen de reconocido prestigio en la sociedad, mexicanos en pleno ejercicio de sus derechos ciudadanos, y cuando menos siete de entre ellos no deben desempeñar ningún cargo o comisión como servidor público.

El Presidente de la Comisión Nacional lo será también del Consejo Consultivo. Los cargos de los demás miembros del Consejo serán honorarios. A excepción de su Presidente, anualmente, durante el mes de octubre, serán sustituidos los dos consejeros de mayor antigüedad en el cargo, salvo que fuesen propuestos y ratificados para un segundo periodo. Para el caso de que existan más de dos consejeros con la misma antigüedad, será el propio Consejo quien proponga el orden cronológico que deba seguirse.”

Artículo 18. Los miembros del Consejo Consultivo serán elegidos por el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes de la Cámara de Senadores o, en sus recesos, por la Comisión Permanente del Congreso de la Unión con la misma votación calificada.

La comisión correspondiente de la Cámara de Senadores, previa auscultación a los sectores sociales, propondrá a los candidatos para ocupar el cargo o, en su caso, la ratificación de los consejeros.”

Es pues, que atendiendo a los dispositivos antes señalados, la Constitución determina que los Consejeros de la CNDH pueden ser designados para un segundo periodo; y, además:

Que serán electos por dos terceras partes de los miembros presentes del Senado, y en sus recesos, por la Comisión Permanente del Congreso de la Unión;

Que La ley determinará los procedimientos a seguir para la presentación de las propuestas por la propia Cámara; y,

Que anualmente serán substituidos los dos consejeros de mayor antigüedad en el cargo, salvo que fuesen propuestos y ratificados para un segundo período.

Luego entonces, los principios establecidos por la Constitución, son claros en el sentido de que, los procedimientos a seguir para la presentación de las propuestas a ser votadas, por las dos terceras partes de los miembros presentes de la Cámara de Senadores, deben ser determinados por la Ley de la materia; mientras qué, se deberán substituir anualmente los dos Consejeros con más antigüedad en el cargo, salvo casos de ratificación a un segundo periodo.

Por lo que, al acudir a la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, a fin de conocer los procedimientos para la designación de los miembros del Consejo Consultivo para un segundo periodo, no encontramos disposición alguna que establezca procedimiento alguno al respecto.

Ello reviste de importancia, en virtud de que en los procesos anuales, existe la posibilidad de hacer una ratificación para un segundo periodo, en cuyo caso podría presentarse la circunstancia de que al no haber regulación específica, se este formulado el procedimiento de forma particular para cada caso y atendiendo a la óptica y perspectiva de quien dirige el procedimiento; en tal tesitura, es de gran importancia que sea la norma ordinaria, la que establezca el procedimiento o al menos las bases mínimas que hagan para todos los procedimientos homogéneos en su desarrollo.

Es en tanto indispensable, que la propia Ley determine en forma precisa el procedimiento para la designación de un segundo periodo de los miembros del Consejo Consultivo de la CNDH.

Por lo antes expuesto y fundado, someto a consideración de esta H. Asamblea el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO

ARTICULO UNICO.-Se reforma y adiciona un último párrafo al artículo 17 de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, para quedar como sigue:

“Artículo 17.- …

Para el caso de la ratificación para un segundo periodo, el Consejero saliente, deberá presentar su solicitud por escrito al Senado de la República con su intención de ser ratificado, acompañado de un informe sobre su actuación y participación en dicho Consejo; para que, su candidatura, sea considerada en los mismos términos de los demás participantes; sin necesidad de inscribirse al procedimiento. Dicha carta de intención podrá presentarse en cualquier momento del mes previo al vencimiento de su designación y hasta antes de que concluya el periodo de inscripción de candidaturas que haya determinado la convocante.”

TRANSITORIO

ARTICULO UNICO.-El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en la sede del H. Senado de la República, a 20 de noviembre de 2012.

Suscribe

Sen. Pablo Escudero Morales”.

Vamos a dar lectura a las propuestas que se turnan a la Cámara de Diputados, Secretaria, por favor.

[1] Artículo 2 de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.- La Comisión Nacional de los Derechos Humanos es un organismo que cuenta con autonomía de gestión y presupuestaria, personalidad jurídica y patrimonio propios, y tiene por objeto esencial la protección, observancia, promoción, estudio y divulgación de los derechos humanos que ampara el orden jurídico mexicano.






PROPUESTAS

- La C. Secretaria Barrera Tapia: Doy lectura a las propuestas que se turnarán a la Cámara de Diputados:

De la Senadora Itzel Sarahí Ríos de la Mora, del grupo parlamentario del PRI, con punto de Acuerdo por el que se solicita a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados para que en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para 2013, se destinen 165 millones de pesos para el control y mitigación de la plaga HLB en el estado de Colima.

PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE SOLICITA A LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO Y A LA COMISION DE PRESUPUESTO Y CUENTA PUBLICA DE LA CAMARA DE DIPUTADOS PARA QUE EN EL DECRETO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACION PARA 2013 SE DESTINEN 165 MILLONES DE PESOS PARA EL CONTROL Y MITIGACION DE LA PLAGA DEL HUANGLONGBING EN EL ESTADO DE COLIMA

“La suscrita, Senadora Itzel Sarahí Ríos de la Mora, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXII Legislatura, con fundamento en el artículo 8 numeral 1, fracción II y artículo 276 del Reglamento del Senado de la República presento ante esta Soberanía la proposición con punto de Acuerdo al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

El pasado 30 de octubre del actual presente ante el pleno de esta H. Asamblea, punto de Acuerdo mediante el cual se solicitaban 3 acciones fundamentales.

1° Se exhorta respetuosamente al Gobierno Federal, a través de la SAGARPA, a que cumpla con lo establecido en la Ley Federal de Sanidad Vegetal, a efecto de que realice las acciones necesarias para combatir la plaga conocida como Dragón Amarillo.

2° Se Exhorta a la SEDESOL, a que se modifiquen las Reglas de Operación del Programa de Empleo Temporal 2012 y sean considerados para las del 2013, a efecto de que se incluyan a los jornaleros agrícolas que hayan perdido sus cosechas por fenómenos climáticos y/o fitosanitarios.

3° Se exhorta respetuosamente a la Cámara de Diputados para que en el Decreto de Presupuesto de Egresos 2013 se asignen mayores recursos a programas que combatan la propagación de plagas.

Este punto de acuerdo, fue aprobado por unanimidad como muestra de que los temas sociales y del sector agropecuario son fundamentales y de importancia toral en los asuntos que esta LXII Legislatura abordará durante su vigencia.

A raíz de este punto de acuerdo la SAGARPA publicó en el Diario Oficial de la Federación la relación sobre los estados y las zonas bajo control fitosanitario con presencia del Dragón Amarillo, fueron incluidos 9 estados, entre ellos Colima.

En el estado de Colima, esta situación es muy grave, y lo peor del caso que esta plaga no se ha podido controlar y sigue aumentando día con día.

El problema lo ubicamos en 2 vertientes el económico-productivo y el social, de seguir sin control esta plaga nos encontramos ante un enorme problema social en potencia, el cultivo de limón da trabajo a miles de jornaleros y es el sustento de sus respectivas familias por lo que es necesario implementar acciones precisas para su atención, ya que, prácticamente quedaran sin fuente de ingresos, por un periodo de poco mas de 4 meses.

Otro elemento a considerar es que el cultivo del limón es realizado en más de 20 mil hectáreas, del cual dependen 3 mil productores y 20 mil jornaleros, estas cifras representan el 50% de los empleos generados en la actualidad para el Estado de Colima, según algunas estimaciones las pérdidas de empleo en la citricultura serían por el orden de los 2 millones 764 mil 800 jornales.

Esta situación se reflejará en la pérdida de ingresos para doce mil jornaleros, los cuales al quedarse sin empleo tendrán que buscar alguna forma para el sustento personal y desus familias, de lo contrario quedaran en condiciones desfavorables, sin tener alternativas de un ingreso para subsistir y atender sus necesidades básicas.

Los principales programas institucionales se encuentran la mayoría de ellos en cierre de ejercicio fiscal por lo que es poco probable poder incluirlos en el próximo año.

El Congreso del Estado de Colima se planteó esa reflexión sobre cómo atender las necesidades básicas de los jornaleros y sus familias durante este mes de noviembre y hasta febrero del próximo año. La alimentación de los niños, adultos y personas de la tercera edad que dependen y habitan la misma vivienda, servicios asistenciales de salud, en especial de los niños y adultos de la tercera edad, garantizar la asistencia regular de los niños a al escuela, así como el mantenimiento de sus servicios domésticos como el agua, luz, gas, son entre otros algunos servicios y necesidades básicas que cotidianamente enfrentaran los jornaleros y sus familias, durante estos poco más de cuatro meses. Los precarios ingresos que perciben no les alcanzan para generar ahorros que pudieran ayudarles en situaciones como la actual, la cual puede ocasionar serios daños a la salud pública de miles de jornaleros.

Resultado de esta reflexión el Congreso del Estado de Colima aprobó un acuerdo que a la letra dice:“….se exhorta al Poder Ejecutivo Federal, a que gire las indicaciones pertinentes al titular de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, para la creación de un Fondo Emergente de Recursos Financieros, el cual se destinaria de manera inmediata, a la atención de las necesidades básicas de Alimentación, Salud, Educción, Servicios Asistenciales y Básicos de agua, luz, gas, entre otros servicios, para la atención de las familias de los Jornaleros que están perdiendo su empleo, como consecuencia de los bajos niveles de producción, generada por la afectación de la plaga denominada Dragón Amarillo”

Además de otro resolutivo que dice…. “solicita, adicionalmente, que el Pleno Honorable Congreso de la Unión, valore y considere la pertinencia y prioridad, de asignar recursos financieros suficientes, dentro de la iniciativa de proyecto de Presupuesto del Gobierno Federal para el próximo ejercicio fiscal 2013, para la atención efectiva e integral de ésta emergencia social que persistirá hasta erradicarse por completo del territorio estatal colimense”.

Los recursos que se han calculado para llevar a cabo estas acciones alcanzan el monto de los 165 millones de pesos. Cifra que de aprobarse en el próximo presupuesto traería grandes beneficios para miles de jornaleros y sus familias.

Por todo lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta Honorable Asamblea el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

UNICO: Se Exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la H. Cámara de Diputados, para que en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2013 se destinen 165 millones de pesos para el control y mitigación de la plaga del Huanglongbing (HLB) en el Estado de Colima.

Dado en el salón de sesiones de la H. Cámara de Senadores, a 20 de noviembre de 2012.

Atentamente

Sen. Itzel Sarahí Ríos De la Mora

Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional”.






De los Senadores Marcela Torres Peimbert y Francisco Domínguez Servién, del grupo parlamentario del PAN, con punto de Acuerdo que exhorta a asignar una ampliación presupuestal al Instituto Politécnico Nacional para finalizar la construcción del Centro de Investigación en Ciencia Avanzada y Tecnología Aplicada en el estado de Querétaro.

PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA A LA COMISION DE PRESUPUESTO Y CUENTA PUBLICA DE LA CAMARA DE DIPUTADOS A QUE, EN EL PROCESO DE ANALISIS, DISCUSION Y APROBACION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACION PARA 2013, SE ASIGNE UNA AMPLIACION PRESUPUESTAL AL INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL POR 59 MILLONES 625 MIL PESOS PARA FINALIZAR LA CONSTRUCCION DEL CENTRO DE INVESTIGACION EN CIENCIA AVANZADA Y TECNOLOGIA APLICADA EN EL ESTADO DE QUERETARO

“CC. SECRETARIOS DE LA MESA DIRECTIVA
DEL SENADO DE LA REPUBLICA
DEL H. CONGRESO DE LA UNION
PRESENTES.

Marcela Torres Peimbert y Francisco Domínguez Servién, Senadores del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8, numeral 1, fracción II, y 276 del Reglamento del Senado de la República, sometemos a la consideración del Pleno de esta Soberanía, la siguiente proposición con punto de Acuerdo a través del cual se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados, para que en el proceso de análisis, discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal del año 2013, se asigne una ampliación presupuestal al Instituto Politécnico Nacional por cincuenta y nueve millones seiscientos veinticinco mil pesos, para finalizar la construcción del Centro de Investigación en Ciencia Avanzada y Tecnología Aplicada en el Estado de Querétaro, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

De conformidad con la fracción V del artículo 3° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos el Estado además de impartir la educación preescolar, primaria, secundaria y media superior, deberá promover y atender todos los tipos y modalidades educativos, incluyendo entre éstas a la educación superior necesaria para el desarrollo de la nación, asimismo tiene la obligación de apoyar a la investigación científica y tecnológica.

En cumplimiento de lo dispuesto por la Constitución, el Estado Mexicano se ha encargado de fortalecer instituciones de educación superior a lo largo y ancho del país. Como claro ejemplo tenemos al Instituto Politécnico Nacional, el cual desde su fundación en el año de 1936, tiene como uno de sus principios rectores el de integrar y estructurar un sistema de enseñanza técnica, mismo que ha consolidado a través de los años mediante la construcción de diversos campus no sólo en la zona metropolitana sino también en el interior de la República, descentralizando el conocimiento.

El Instituto Politécnico Nacional, desde su creación en 1936 ha formado a profesionales en diversas áreas del conocimiento técnico y científico, ponderándose como una de las Instituciones Educativas de mayor renombre no sólo en México sino también en Latinoamérica. La empresa inglesa QS World University Ranking ubicó en su ranking 2011 al Instituto Politécnico Nacional en el número 16 de entre más de 200 Universidades Latinoamericanas.

Cabe Señalar que en el año de 2011, el IPN atendió a una matrícula de más de 153 mil estudiantes en el sistema escolarizado, 144 mil a distancia y 61 mil en centros de idiomas. Según cifras del mismo Instituto,éste cuenta con 81 unidades académicas, distribuidas a lo largo de 17 de las 32 Entidades Federativas del Territorio Mexicano, 26 Escuelas de Nivel Superior, 20 Centros de Investigación Científica y Tecnológica, 12 Centros de Educación Continua y a distancia, 7 Unidades de Apoyo y 17 Centros de Nivel Medio superior.

El CICATA-IPN es el Centro de Investigación en Ciencia Aplicada y Tecnología Avanzada. Es un centro relativamente nuevo del Instituto Politécnico Nacional que inició sus actividades el 3 de septiembre de 1996, en sus cuatro unidades: Distrito Federal, Puebla, Querétaro y Tamaulipas. El CICATA-IPN está concebido para servir de enlace entre la comunidad científica y los sectores productivos de bienes y servicios, atenderlos y ofrecerles soluciones a sus inquietudes de desarrollo tecnológico, innovación y transferencia tecnológica.

En particular, el crecimiento de la planta física del CICATA Querétaro ha sido progresivo, conforme a la disponibilidad de recursos.

El proyecto tiene como objetivo crear infraestructura de planta física, de manera progresiva para un mejor aprovechamiento de los recursos disponibles. La construcción del CICATA-IPN Querétaro se considera un proyecto que traerá al Estado la formación de cuadros profesionales, que desempeñaran un papel de generadores de riqueza social. La construcción del CICATA-IPN Querétaro contribuirá a incrementar la productividad, la calidad en la formación de los egresados, en pro de la excelencia, el crecimiento del patrimonio institucional para el cumplimento de su responsabilidad social.

La construcción del Edificio Central del CICATA Querétaro (Centro de Investigación en Ciencia Avanzada y Tecnología Aplicada) permitirá:

1. Contribuir a incrementar la productividad.

2. Contribuir a incrementar la calidad en la formación de los egresados, en pro de la excelencia.

3. El crecimiento del patrimonio institucional para el cumplimiento de su responsabilidad social.

Entre los beneficios derivados de la operación del IPN, está el de generar productores de riqueza social. Según consideraciones del propio IPN, tan solo el número causantes de impuesto, egresados del instituto, que se incorporan a los ya existentes. El número anual de egresados titulados de la institución es de 10,068

Según ese mismo cálculo de beneficios del Instituto, estos recién egresados, en su primer año de ejercicio profesional contribuirían tan sólo en 2006 (fecha en la cual se realizó el proyecto) con 17.232 millones de pesos por concepto de pago de impuestos. Suponiendo razonablemente que en el primer año de ejercicio profesional los nuevos profesionistas pueden obtener ingresos mensuales promedio del orden de 3,200 pesos. Por otro lado, estimando para este proyecto un factor de participación de 18,000,000/6779X100=0.265%, el beneficio fiscal aportado a la nación, atribuible a este proyecto, sería de $45,664.76, durante el primer año. Sin embargo el monto de esta recaudación crecería anualmente en función de que la percepción económica por los sueldos, regalías y/u honorarios se ha observado crece en función del tiempo, además de que cada año hay nuevos egresados con su consecuente incorporación a las responsabilidades tributarias.

Como mexicanos estamos conscientes de la importancia y beneficios que a mediano y largo plazo trae consigo el fortalecimiento de la educación de alta calidad en todos y cada uno de los rincones de nuestro país, como Senadores representantes del Estado de Querétaro consideramos necesario concluir cuanto antes la construcción del CICATA-IPN, a favor de profesionalización la juventud Queretana

Por todo lo anteriormente expuesto, someto a la consideración del Pleno de esta Soberanía el siguiente:

Punto de Acuerdo

Unico.- Se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados, para que en el proceso de análisis, discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal del año 2013, se asigne una ampliación presupuestal al Instituto Politécnico Nacional por cincuenta y nueve millones seiscientos veinticinco mil pesos, para finalizar la construcción del Centro de Investigación en Ciencia Avanzada y Tecnología Aplicada en el Estado de Querétaro.

Salón de sesiones del Senado de la República, a 20 de noviembre de 2012.

Atentamente

Sen. María Marcela Torres Peimbert.- Sen. Francisco Domínguez Servién”.






De la Senadora Martha Elena García Gómez, del grupo parlamentario del PAN, con punto de Acuerdo que exhorta a contemplar dentro del anexo 10 del Presupuesto de Egresos de la Federación un aumento de recursos dirigidos a la atención de madres solteras que deseen concluir sus estudios de educación profesional especializada, técnica o de licenciatura, el cual se turna a la Comisión de Ciencia y Tecnología del Senado el primer resolutivo, y a la Cámara de Diputados el segundo de ellos.

PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA AL GOBIERNO FEDERAL A CONTINUAR APLICANDO ACCIONES AFIRMATIVAS A FAVOR DE LAS MADRES SOLTERAS CON EL OBJETO DE QUE CONCLUYAN SUS ESTUDIOS DE EDUCACION SUPERIOR; Y A LA CAMARA DE DIPUTADOS A CONTEMPLAR DENTRO DEL ANEXO 10 DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACION UN AUMENTO DE RECURSOS DIRIGIDOS A LA ATENCION DE MADRES SOLTERAS QUE DESEEN CONCLUIR SUS ESTUDIOS DE EDUCACION PROFESIONAL ESPECIALIZADA TECNICA O DE LICENCIATURA

“SEN. ERNESTO CORDERO ARROYO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
DE LA CAMARA DE SENADORES
DEL H. CONGRESO DE LA UNION
PRESENTE.

La que suscribe, Martha Elena García Gómez, Senadora del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8, numeral 1, fracción II, y 276 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración del Pleno de esta Soberanía, la siguiente proposición con punto de Acuerdo por el que se exhorta respetuosamente al Gobierno Federal a través del CONACyT a continuar aplicando acciones afirmativas a favor de las madres solteras con el objeto de que concluyan sus estudios de educación superior y a reducir la brecha de género persistente entre mujeres y hombres.Y a la Cámara de Diputados a que contemple dentro del Anexo 10 del Presupuesto de Egresos de la Federación un aumento de recursos dirigidos a la atención de madres solteras que deseen concluir sus estudios de educación profesional especializada técnica ó de licenciatura, con miras a fortalecer su formación profesional al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

La inclusión de las mujeres al mercado laboral, ha contribuido a la desaparición del modelo tradicional de la familia, no obstante no ha sido posible consolidar un modelo familiar en que se concilien los tiempos y trabajos derivados de las responsabilidades profesionales y familiares, lo anterior ha exigido a las mujeres adaptarse en la organización del trabajo de cuidado y no contemplar posibilidades profesionales para su desarrollo.

La realidad para aquellas que se encuentran en edades reproductivas y deciden ejercer la maternidad, implica que sus decisiones con respecto al desarrollo académico sean postergadas. Por ello, quienes coinciden con esta situación, tienden a abandonar sus estudios por considerar prioritario dedicarse de lleno a la maternidad y a las responsabilidades del hogar que históricamente les han sido asignadas.

Aunado a ello, el proceso de incorporación laboral de las mujeres, ha significado introducirse a una esfera mayormente ocupada por los hombres, la cual funciona de la manera que lo hace en virtud de que no visibiliza situaciones propias de la esfera reproductiva, para la cual se requieren libertad de tiempos y espacios necesarios para la atención de las tareas de cuidado y del hogar. En este sentido, el modelo masculino de participación laboral no puede ser generalizable, ya que se limita su autonomía y su desarrollo profesional, y por otro lado se descuida potencialmente el ámbito familiar.

Además de que esta doble participación de las mujeres en el mercado laboral y en el ámbito familiar ha derivado en dobles y triples jornadas de trabajo, inestabilidad laboral, brechas salariales entre mujeres y hombres por la realización de un mismo trabajo, estrés, etc., y por consiguiente una posibilidad casi nula para dedicar tiempo al desarrollo profesional.

No obstante, esta problemática ha sido abordada por algunas instituciones a través de políticas públicas que ayuden a eliminar la desigualdad existente entre mujeres y hombres en esta área. En este sentido, resulta necesario que las instituciones que entre sus atribuciones apoyan el desarrollo académico incorporen en sus políticas el enfoque de género, con la finalidad de visibilizar las inequidades que viven las mujeres.

El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) de conformidad con lo dispuesto en las atribuciones que le confiere la Ley de Ciencia y Tecnología y su Ley Orgánica, así como en las estrategias y líneas de acción contenidas en el Programa Especial de Ciencia y Tecnología 2008-2012 (PECYT), en el marco del Programa de Fomento, Formación, Desarrollo y Vinculación de Recursos Humanos de Alto Nivel y en un renovado esfuerzo por incrementar la capacidad científica, tecnológica y la formación con enfoque de género en cantidad y calidad, ha decidido apoyar la atención de madres solteras que deseen realizar estudios de educación profesional (especialización técnica o licenciatura), con miras a fortalecer su formación profesional facilitando su inserción en el mercado laboral.

En las Estadísticas de Natalidad del INEGI, en cuanto a la escolaridad de las madres, se observa que de 1990 a 2008 se ha incrementado el número de mujeres profesionistas en tan sólo 9.9%. Analizando esta situación con visión prospectiva, una posible reducción de la brecha de género significativa, se podría dar en más de 15 años. Lo que hace prioritaria la atención de este segmento poblacional con acciones afirmativas.

El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT), apoya a la atención de madres solteras que deseen realizar estudios de educación profesional (especialización técnica ó licenciatura), con miras a fortalecer su formación profesional facilitando su inserción en el mercado laboral.

En agosto de 2010 se publicó la primera convocatoria pública “Formación Profesional Técnica y Universitaria de Madres Solteras”. Los estudios estadísticos del INEGI se vieron reflejados en la realidad con los siguientes resultados:

• Solicitudes recibidas: 3,266, Instituciones de Educación Superior (IES) participantes: 164, Entidades Federativas participantes: 32

• Considerando un apoyo mensual de $3,000.00, más un monto de $2,000.00 por cada inicio de ciclo lectivo, con un máximo de 36 meses. Sólo se pudieron apoyar 249 Solicitudes (85 IES de 31 Entidades Federativas)con un inversión de $11,455,500.00.

Es decir, solo se atendió al 7.45% de la demanda. Esta situación obligó a otorgar los apoyos a postulaciones que reflejaban una situación socioeconómica de extrema necesidad, quedando fuera más de 2,500 candidatas que reflejaban claramente una pertinencia del apoyo en la conclusión de sus estudios profesionales con alta probabilidad de finalizarlos con éxito.

Ante esta realidad, se manifestó la necesidad de publicar una segunda Convocatoria de Formación Profesional Técnica y Universitaria de Madres Solteras a finales de mayo del 2011.

El seguimiento realizado año con año de los recursos otorgados desde 2010 a la fecha en sus respectivas convocatorias, se presentan los siguientes datos:

Seguimiento del Recurso 2010.

Formación Profesional Técnica y Universitaria de Madres Solteras, según los resultados de la Convocatoria, reportados en el Informe de actividades del cuarto trimestre 2010, se continúa con el seguimiento académico de los apoyos otorgados.

Análisis del avance de resultados.

Becarias asignación 2010

2010

4to trimestre

Se otorgan 249 apoyos (100 %)

2011

1er trimestre

No se reportan cambios

2do trimestre

7 becarias presentaron sus informes finales

3er trimestre

57 becarias presentaron sus informes finales

4to trimestre

13 becarias presentaron sus informes finales

2012

1er trimestre

6 becarias presentaron sus informes finales

2do trimestre

12 becarias presentaron sus informes finales

3er trimestre

29 becarias presentaron sus informes finales

125 becarias vigentes que finalizan sus estudios entre octubre de 2012 y septiembre de 2013

Seguimiento del Recurso 2011.

Formación Profesional Técnica y Universitaria de Madres Solteras, en seguimiento a los resultados de la Convocatoria, reportados en el Informe de actividades del tercer trimestre 2011, se continúa con el seguimiento académico de los apoyos otorgados.

Análisis del avance de resultados.

Becarias asignación 2011

2011

3er trimestre

Se otorgan 155 apoyos (100 %)

4to trimestre

No se reportan cambios

2012

1er trimestre

1 becaria presentó su informe final

1 becaria declina el apoyo

2do trimestre

3 becarias presentan su informe final

3er trimestre

8 becarias presentan su informe final

142 becarias vigentes que finalizan sus estudios entre octubre de 2012 y diciembre de 2014

Seguimiento del Recurso 2012.

Formación Profesional Técnica y Universitaria de Madres Solteras, el 13 de abril del presente se publican los resultados de la Convocatoria abierta para Instituciones inscritas en el RENIECYT que participaron con solicitudes de Apoyo a Madres mexicanas Jefas de Familia para Fortalecer su Desarrollo Profesional

Análisis del avance de resultados.

Becarias asignación 2012

2012

1er trimestre

Se publica la convocatoria con fecha de cierre el 13 de abril de 2012

2do trimestre

Se otorgan 344 apoyos (100 %)

Después de la publicación se presentan 3 renuncias que fueron reasignadas a nuevos apoyos según orden de evaluación

3er trimestre

Las primeras becarias tienen fecha de terminación en el diciembre de 2012

344 becarias vigentes que finalizan sus estudios entre diciembre de 2012 y septiembre de 2015

Como se puede observar, año con año ha incrementado la demanda de las becarias del programa para madres solteras, razón por la cual se prevé como necesario el apoyo a este programa y su etiquetación específica en el PEF mediante el Anexo “Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres”.

Lo anterior dado que una acción afirmativa como ésta, dirigida a atender una situación social de desigualdad más que evidenciada, requiere que al menos se atienda un mayor porcentaje de las solicitudes, lo que impulsara la reducción de la brecha de género que se vive en nuestro país.

Es importante resaltar que el presupuesto etiquetado para la igualdad entre mujeres y hombres que se otorga a este Consejo, no puede ser ampliado con recursos propios del CONACYT para apoyos en la modalidad de becas para estudios de licenciatura, sino que se requiere una ampliación de los recursos que se incluya dentro del anexo 10 Erogaciones para la igualdad entre mujeres y hombres del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2013.

Por lo expuesto, de conformidad con los artículos 8, numeral 1, fracción II, y 276 del Reglamento del Senado de la República, someto a consideración del Pleno de la Honorable Cámara de Senadores la siguiente propuesta con:

Punto de Acuerdo

Primero. Se exhorta respetuosamente al Gobierno Federal a través del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACyT), a continuar aplicando acciones afirmativas a favor de las madres solteras, facilitar el acceso y difundir las estrategias con el objeto de que más mujeres concluyan su Formación Profesional Técnica y Universitaria.

Segundo. Se exhorta respetuosamente a la Cámara de Diputados a través de las Comisiones de Equidad y Género y de Presupuesto y Cuenta Pública, con la finalidad de que se contemple dentro del Anexo 10 Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2013, un aumento de recursos dirigidos a la atención de madres solteras que deseen concluir sus estudios de educación profesional especializada técnica ó de licenciatura, con miras a fortalecer su formación profesional.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, a 20 de noviembre de 2012.

Sen. Martha Elena García Gómez”.






De los Senadores Francisco García Cabeza de Vaca, Daniel Gabriel Avila Ruiz y Jorge Luis Preciado Rodríguez, del grupo parlamentario del PAN, con punto de Acuerdo que exhorta a la Cámara de Diputados a establecer una ampliación presupuestal para el ejercicio 2013, destinado exclusivamente a la resolución definitiva de los conflictos agrarios.

PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA A LA CAMARA DE DIPUTADOS A ESTABLECER EN EL DECRETO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACION UNA AMPLIACION PRESUPUESTAL PARA EL EJERCICIO 2013, CON RESPECTO AL PRESUPUESTO DEL 2012, DESTINADA EXCLUSIVAMENTE A LA RESOLUCION DEFINITIVA DE LOS CONFLICTOS AGRARIOS



Es cuanto, señor Presidente.

- El C. Presidente Burgos García: Muchas gracias, esta Presidencia ratifica los turnos de los que se ha dado cuenta.

Honorable Asamblea, me permito informarles que realizaremos un simulacro de evacuación en caso de sismo, escucharemos primero una alarma de advertencia que servirá para saber que tenemos 20 segundos para colocarnos en un sitio seguro.

Quienes están ubicados debajo del tragaluz y la línea de iluminación, deberán subir por los escalones hacia la pared del fondo; los que estamos en la Mesa Directiva, deberemos colocarnos a un lado de las escaleras.

Posteriormente escucharemos otra alarma con un sonido distinto que nos indicará que debemos desalojar el recinto de manera ordenada hacia Paseo de la Reforma en el parque “Luis Pasteur”.

Nuestros invitados en los palcos recibirán instrucciones de brigadistas asignados.

Una vez que concluya el simulacro, regresaremos a este salón a reanudar nuestra sesión.

Muchas gracias.

(Breve receso a las 14:30 horas)

PRESIDENCIA DEL C. SENADOR
ERNESTO JAVIER CORDERO ARROYO

- El C. Presidente Ernesto Javier Cordero Arroyo: Se reanuda la sesión. En el apartado de iniciativas, la Mesa Directiva acordó realizar únicamente una ronda de intervenciones en tribuna para su presentación. En consecuencia, tiene la palabra la Senadora Margarita Flores Sánchez, a nombre propio y de diversos Senadores del grupo parlamentario del PRI, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma el segundo párrafo del artículo 3o. de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada.






INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETOPOR EL QUE SE REFORMA EL SEGUNDO PARRAFO DEL ARTICULO 3o. DE LA LEY FEDERAL CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA

(Presentada por la C. Senadora Margarita Flores Sánchez, a nombre propio y de los CC. Senadores Arturo Zamora Jiménez, Miguel Angel Chico Herrera, Diva Hadamira Gastélum Bajo, Arely Gómez González, Miguel Romo Medina y María Lucero Saldaña Pérez, del grupo parlamentario del PRI)

- La C. Senadora Margarita Flores Sánchez: Gracias, señor Presidente, con su permiso.

A nombre de los Senadores Arturo Zamora Jiménez, Miguel Angel Chico Herrera, Diva Hadamira Gastélum Bajo, Arely Gómez González, Miguel Romo Medina, María Lucero Saldaña Pérez y del mío propio, integrantes del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, sometemos a la consideración de esta Soberanía la presente iniciativa con proyecto de Decreto por el cual se reforma el segundo párrafo del artículo 3o. de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, en materia de delitos de trata de personas cuando sean cometidos por parte de la delincuencia organizada.

Hoy en día, el Estado mexicano enfrenta el grave problema que representa la delincuencia organizada, cuyas redes criminales se han mezclado de muy diversas maneras y en varios sectores de la población, pero siempre con la constante de estrechar y degradar la seguridad de la población.

Si bien es cierto que durante muchos años juristas y sociólogos restringieron las actividades de la delincuencia organizada casi exclusivamente a la esfera del narcotráfico, desde hace algún tiempo esta situación ha progresado, al grado que hoy se acepta, casi por unanimidad, que la delincuencia organizada ha extendido sus actividades a la comisión de otros ilícitos de muy variada naturaleza, y la trata de personas es precisamente uno de los delitos en que la delincuencia organizada registra mayor actividad.

Según cifras de la Comisión Especial para la Lucha contra la Trata de Personas, en México existen diez mil mujeres que son traficadas con fines de explotación sexual; cinco mil son trasladadas a Estados Unidos y Canadá cada año. Los estados con mayor incidencia de mujeres traficadas son Guerrero, Chiapas, Oaxaca, Hidalgo, Puebla, Michoacán, Guanajuato, Campeche, Zacatecas, Colima, Veracruz y Quintana Roo, en tanto que los principales puntos de destino son Acapulco, Cancún, Distrito Federal, Monterrey, Ciudad Juárez y Tijuana.

Sin duda estamos en presencia de un problema mayúsculo que debe ser atendido rápida y efectivamente.

El artículo 2o. de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, prevé que el delito de delincuencia organizadase comete cuando tres o más personas se organicen de hecho para realizar, en forma permanente o reiterada, conductas que por sí o unidas a otras, tienen como fin o resultado cometer alguno o algunos de los delitos que se mencionan en las fracciones I y VII del mismo numeral, que son a saber:

El terrorismo, previsto en los artículos 139 a 139 Ter y terrorismo internacional previsto en los artículos 148 Bis al 148 Quáter.

Acopio y tráfico de armas, previstos en los artículos 83 Bis y 84 de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos.

Tráfico de indocumentados, previsto en el artículo 159 de la Ley de Migración.

Tráfico de órganos, previsto en los artículos 461, 462 y 462 Bis de la Ley General de Salud.

Corrupción de personas menores de dieciocho años de edad o de personas que no tienen capacidad para comprender el significado del hecho o de personas que no tienen capacidad para resistirlo, previsto en el artículo 201; pornografía de personas menores de dieciocho años de edad o de personas que no tienen capacidad para comprender el significado del hecho o de personas que no tienen capacidad para resistirlo, previsto en el artículo 202; turismo sexual en contra de personas menores de dieciocho años de edad o de personas que no tienen capacidad para comprender el significado del hecho o de personas que no tienen capacidad para resistirlo, previsto en los artículos 203 y 203 Bis; lenocinio de personas menores de dieciocho años de edad o de personas que no tienen capacidad para comprender el significado del hecho o de personas que no tienen capacidad para resistirlo, previsto en el artículo 204; asalto, previsto en los artículos 286 y 287; tráfico de menores o personas que no tienen capacidad para comprender el significado del hecho, previsto en el artículo 366 Ter, y robo de vehículos, previsto en los artículos 376 Bis y 377 del Código Penal Federal, o en las disposiciones correspondientes de las legislaciones penales estatales o del Distrito Federal.

Delitos en materia de trata de personas, previstos y sancionados en el Título Segundo de la Ley General para Combatir y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos, excepto en el caso de los artículos 32, 33 y 34 y sus respectivas tentativas punibles.

Las conductas previstas en los artículos 9, 10, 11, 17 y 18 de la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, reglamentaria de la fracción XXI del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

En la reforma a la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada publicada en el Diario Oficial de la Federación el día 30 de noviembre de 2010, el legislador adicionó al catálogo de delitos cometidos por la delincuencia organizada, algunas conductas definidas como delito en la Ley para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas; sin embargo, la competencia del Ministerio Público de la Federación para conocer e investigar este tipo de delitos, tal y como se refiere en ambas leyes, es jurídicamente dudosa y fácilmente controvertible, ya que dicha competencia no se encuentra específicamente prevista en el artículo 3o. de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada; es por ello que, aunque la trata de personas se incluye en la ley como conductas susceptibles de ser cometidas por la delincuencia organizada, la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada, a través de la Coordinación General para la Investigación y Persecución de los Delitos en Materia de Trata de Personas, no cuenta con claras atribuciones legales que le permitan investigar con toda libertad y sin restricciones este tipo de delitos, para luego proceder contra los autores ante los tribunales de la Federación sin riesgo de que sus actuaciones sean reputadas como nulas.

En virtud de lo anterior y a fin de que se cuente con un marco que brinde certeza jurídica y de evitar lagunas en materia de competencia, formulamos ante esta Soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de Decreto por el cual se reforma el segundo párrafo del artículo 3o. de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, en materia de delitos de trata de personas cuando sean cometidos por parte de la delincuencia organizada.

Artículo Unico.- Se reforma el segundo párrafo del artículo 3o. de la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada, para quedar como sigue:

Artículo 3o.- Los delitos señalados en las fracciones V, VI y VII de dicho artículo lo serán únicamente si, además de cometerse por un miembro de la delincuencia organizada, el Ministerio Público de la Federación ejerce la facultad de atracción. En este caso, el Ministerio Público de la Federación y las autoridades judiciales federales serán las competentes para conocer de tales delitos. Bajo ninguna circunstancia se agravarán las penas previstas en las legislaciones de las entidades federativas.

TRANSITORIO

Unico.- El Presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Es cuanto, señor Presidente.

Iniciativa

“El suscrito, Senador Arturo Zamora Jiménez a nombre propio y de los Senadores Miguel Angel Chico Herrera, Margarita Flores Sánchez, Diva Hadamira Gastelum Bajo, Areli Gómez González, Miguel Romo Medina yMarIa Lucero Saldaña Pérez integrantes de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en el Senado de la República, en ejercicio de la facultad que me confiere el artículo 71 Fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y de conformidad con lo dispuesto por los artículos 8, Numeral 1 fracción I, 164 y 169 del Reglamento de la Cámara de Senadores, sometemos a la consideración de esta Soberanía la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL CUAL SE REFORMA EL SEGUNDO PARRAFO DEL ARTICULO 3 DE LA LEY FEDERAL CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA EN MATERIA DE DELITOS DE TRATA DE PERSONASCUANDO SEAN COMETIDOS POR PARTE DE LA DELINCUENCIA ORGANIZADA.

EXPOSICION DE MOTIVOS

Hoy en día el estado mexicano enfrenta el grave problema que representa la delincuencia organizada, cuyas redes criminales se han mezclado de muy diversas maneras y en varios sectores de la población, pero siempre con la constante de estrechar y degradar la seguridad de la población.

Si bien es cierto que durante muchos años juristas y sociólogos restringieron las actividades de la delincuencia organizada casi exclusivamente a la esfera del narcotráfico, desde hace algún tiempo esta exégesis restrictiva ha progresado, al grado que hoy se acepta, casi por unanimidad, que la delincuencia organizada ha extendido sus actividades a la comisión de otros ilícitos de muy variada naturaleza y la trata de personas es precisamente uno de los delitos en que la delincuencia organizada registra mayor actividad.

Según cifras de la Comisión Especial para la Lucha contra la Trata de Personas, en México existen diez mil mujeres que son traficadas con fines de explotación sexual; cinco mil son trasladadas a Estados Unidos y Canadá cada año. Los estados con mayor incidencia de mujeres traficadas, son Guerrero, Chiapas, Oaxaca Hidalgo, Puebla, Michoacán, Guanajuato, Campeche, Zacatecas, Colima, Veracruz y Quintana Roo, en tanto que Los principales puntos de destino son Acapulco, Cancún, Distrito Federal, Monterrey, Ciudad Juárez y Tijuana.

Sin duda estamos en presencia de un problema mayúsculo que debe ser atendido rápida y efectivamente.

El artículo 2 de la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada, prevé que el delito de Delincuencia Organizada se comete cuando tres o más personas se organicen de hecho para realizar, en forma permanente o reiterada, conductas que por sí o unidas a otras, tienen como fin o resultado cometer alguno o algunos de los delitosque se mencionan en las fracciones I a VII del mismo numeral, que son a saber:

I. Terrorismo, previsto en los artículos 139 a 139 Ter y terrorismo internacional previsto en los artículos 148 Bis al 148 Quáter; contra la salud, previsto en los artículos 194 y 195, párrafo primero; falsificación o alteración de moneda, previstos en los artículos 234, 236 y 237; el previsto en la fracción IV del artículo 368 Quáter en materia de hidrocarburos; operaciones con recursos de procedencia ilícita, previsto en el artículo 400 Bis; y el previsto en el artículo 424 Bis, todos del Código Penal Federal;

II. Acopio y tráfico de armas, previstos en los artículos 83 bis y 84 de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos;

III. Tráfico de indocumentados, previsto en el artículo 159 de la Ley de Migración;

IV. Tráfico de órganos previsto en los artículos 461, 462 y 462 bis de la Ley General de Salud;

V. Corrupción de personas menores de dieciocho años de edad o de personas que no tienen capacidad para comprender el significado del hecho o de personas que no tienen capacidad para resistirlo previsto en el artículo 201; Pornografía de personas menores de dieciocho años de edad o de personas que no tienen capacidad para comprender el significado del hecho o de personas que no tienen capacidad para resistirlo, previsto en el artículo 202; Turismo sexual en contra de personas menores de dieciocho años de edad o de personas que no tienen capacidad para comprender el significado del hecho o de personas que no tiene capacidad para resistirlo, previsto en los artículos 203 y 203 Bis; Lenocinio de personas menores de dieciocho años de edad o de personas que no tienen capacidad para comprender el significado del hecho o de personas que no tienen capacidad para resistirlo, previsto en el artículo 204; Asalto, previsto en los artículos 286 y 287; Tráfico de menores o personas que no tienen capacidad para comprender el significado del hecho, previsto en el artículo 366 Ter, y Robo de vehículos, previsto en los artículos 376 Bis y 377 del Código Penal Federal, o en las disposiciones correspondientes de las legislaciones penales estatales o del Distrito Federal;

VI. Delitos en materia de trata de personas, previstos y sancionados en el Título Segundo de la Ley General para Combatir y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos, excepto en el caso de los artículos 32, 33 y 34 y sus respectivas tentativas punibles.

VII. Las conductas previstas en los artículos 9, 10, 11, 17 y 18 de la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, Reglamentaria de la fracción XXI del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

En la reforma a la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada publicada en el Diario Oficial de la Federación el día 30 de noviembre del 2010, el legislador adicionó al catálogo de delitos cometidos por ladelincuencia organizada, algunas conductas definidas como delito en la Ley para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas; sin embargo la competencia del Ministerio Público de la Federación para conocer e investigar este tipo de delitos, tal y como se refiere en ambas leyes, es jurídicamente dudosa y fácilmente controvertible, ya que dicha competencia no se encuentra específicamente prevista en el artículo 3 de la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada; es por ello que, aun que la trata de personas se incluye en la ley como conductas susceptibles de ser cometidas por la delincuencia organizada, la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada, a través de la Coordinación General para la Investigación y Persecución de los delitos en materia de Trata de Personas, no cuenta con claras atribuciones legales que le permitan investigar con toda libertad y sin restricciones este tipo de delitos, para luegoy proceder contra los autores ante los tribunales de la Federación sin riesgo de que sus actuaciones sean reputadas como nulas.

En virtud de lo anterior y a fin de que se cuente con un marco que brinde certeza jurídica y de evitar lagunas en materia de competencia, a continuación formulamos ante esta Soberanía la siguiente:

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL CUAL SE REFORMA EL SEGUNDO PARRAFO DEL ARTICULO 3 DE LA LEY FEDERAL CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA EN MATERIA DE DELITOS DE TRATA DE PERSONASCUANDO SEAN COMETIDOS POR PARTE DE LA DELINCUENCIA ORGANIZADA

ARTICULO UNICO.- Se reforma el segundo párrafo del artículo 3 de la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada para quedar como sigue:

Artículo 3o.-(…)

Los delitos señalados en las fracciones V, VIy VII de dicho artículo lo serán únicamente si, además de cometerse por un miembro de la delincuencia organizada, el Ministerio Público de la Federación ejerce la facultad de atracción. En este caso, el Ministerio Público de la Federación y las autoridades judiciales federales serán las competentes para conocer de tales delitos. Bajo ninguna circunstancia se agravarán las penas previstas en las legislaciones de las entidades federativas.

TRANSITORIO

UNICO. El Presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Senadores, a 20 de noviembre de 2012.

Atentamente

Sen. Miguel Angel Chico Herrera.- Sen. Margarita Flores Sánchez.- Sen. Diva Hadamira Gastélum Bajo.- Sen. Areli Gómez González.- Sen. Miguel Romo Medina.- Sen. María Lucero Saldaña Pérez.- Sen. Arturo Zamora Jiménez”.

- El C. Presidente Cordero Arroyo: Muchas gracias, Senadora Flores Sánchez. Túrnese a las Comisiones Unidas de Justicia; y de Estudios Legislativos.

- La C. Senadora Adriana Dávila Fernández: (Desde su escaño) Señor Presidente.

- El C. Presidente Cordero Arroyo: Sonido en el escaño de la Senadora Dávila Fernández.

- La C. Senadora Adriana Dávila Fernández: (Desde su escaño) Solicito si esta iniciativa sea turnada también a la Comisión Contra la Trata de Personas, por favor, por el tema que se toca.

- El C. Presidente Cordero Arroyo: Concedido. Se turna a las Comisiones Unidas de Justicia; Contra la Trata de Personas; y de Estudios Legislativos.

Se concede el uso de la tribuna a la Senadora Marcela Torres Peimbert, a nombre propio y de diversos Senadores, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley del Impuesto Sobre la Renta.






INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETOPOR EL QUE SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA

(Presentada por la C. Senadora María Marcela Torres Peimbert, a nombre propio y de los CC. Senadores Javier Corral Jurado, Ernesto Ruffo Appel, Francisco Domínguez Servién, Víctor Hermosillo y Celada, Héctor Larios Córdova, Dolores Padierna Luna, Armando Ríos Piter, Mario Delgado Carillo, María Lucero Saldaña Pérez y María del Rocío Pineda Gochi)

- La C. Senadora María Marcela Torres Peimbert: Con su permiso, señor Presidente.

La presente iniciativa no es sólo a nombre mío, es a nombre de los Senadores Ernesto Ruffo Appel, Francisco Domínguez Servién, Víctor Hermosillo y Celada, Héctor Larios Córdova, Dolores Padierna Luna, Armando Ríos Piter, Mario Delgado Carrillo, María Lucero Saldaña Pérez y María del Rocío Pineda Gochi, así como de la cumbre ciudadana, realmente somos la voz de estas ciudadanas y ciudadanos que han estado trabajando fuertemente por la sociedad mexicana.

Estamos ante un cambio de época, fenómenos como la migración, la inclusión de la mujer en el mercado laboral, la transformación de la institución familiar, entre otras cosas, han ocasionado que la sociedad mexicana sufra fuertes modificaciones. Desde hace algunos años, la conformación familiar se transformó, según cifras del INEGI, tan solo 7 de cada 100 niños viven con ambos padres, mientras que el tiempo promedio de duración de un matrimonio es de 10 años, existen en la actualidad una conformación diversa de familia, esto implicó necesariamente un cambio en la estructura social.

Tareas básicas como la transmisión de valores, la formación de una identidad nacional de unión y de trabajo en equipo, de protección a los niños, a los adultos mayores y a los enfermos, ya no se viven únicamente en el seno familiar, hoy tenemos un hueco en el proceso de formación del ser humano, el cual no se cubre con el deficiente sistema educativo mexicano, y es paulatinamente reemplazado por los medios masivos de comunicación, que acompañan a nuestras niñas y niños en promedio cinco horas diarias. El fenómeno de transformación de la familia es mundial, y plantea un reto a las sociedades actuales: adaptarse y buscar la manera de sustituir las funciones que antaño eran exclusivas de las familias.

En países como Alemania, donde cada ciudadano participa en promedio en al menos 7 organizaciones sin fines de lucro, las tareas que antes realizaba la familia ahora las realiza esta sociedad organizada, es así que la participación ciudadana a través de la conformación de organizaciones de la sociedad civil, se pondera en el siglo XXI como el mejor medio para trasmitir valores, para formar identidad nacional, para proteger a los desvalidos, para generar unión y enseñar a trabajar en equipo a los jóvenes que forman parte de una sociedad determinada.

En nuestro país, la figura de Estado paternalista que subsistió durante muchos años, generó una codependencia de los mexicanos y mexicanas hacia la resolución de los problemas sociales mediante medidas estrictamente gubernamentales, esta codependencia ha impedido fortalecer a la ciudadanía y trascender de una mera democracia formal a una democracia de calidad.

La gran cantidad de legislación electoral nos demuestra que los esfuerzos por fortalecer la democracia no deben ser solo legislativos, por el contrario, la democracia no se logra exclusivamente por las leyes, la democracia se logra sólo a través de las ciudadanas y ciudadanos que son capaces de construir una democracia sólida cuando se les permite participar y deliberar los asuntos públicos.

En nuestro país existen tan sólo 36 mil organizaciones de la sociedad civil, para aproximadamente 112 millones de mexicanos, mientras que en países como Argentina, existen 100 mil para 30 millones de argentinos.

En México no comprendemos que la ciudadanía es lo que hace fuerte al país. Como legisladores esta situación nos exige tomar medidas, a efecto de reformar el marco fiscal de las organizaciones con el objetivo de incentivar la creación de nuevas y fortalecer las ya existentes.

En el entendido de que como medida de largo plazo se liberará al Estado de realizar muchas actividades que se pueden realizar de manera mucho más eficiente, desde la sociedad civil organizada.

Actualmente, la Ley del Impuesto Sobre la Renta establece un límite de 7 por ciento a la deducibilidad de los donativos otorgados por personas físicas y/o morales, a donatarios autorizados. Este bajo margen no incentiva la donación, y mucho menos permite la proliferación de recursos que financien la operación de organizaciones de la sociedad civil, que por vocación y compromiso atienden a grupos vulnerables, minorías y dan solución a problemas sociales, “ecológicos” y de distinta índole en el país.

Esta situación de falta de fuentes de recursos para apoyar la operación ciudadana a través de las organizaciones, sólo limitan el tamaño del sector social, su capacidad de acción y desincentiva la donación, haciéndolas dependientes mayoritariamente del recurso público.

Las organizaciones de la sociedad civil han cobrado verdadera importancia en el desarrollo social de México y en la reintegración de las minorías mexicanas a la sociedad y a las actividades cotidianas. Este tipo de organizaciones realizan actividades de remediación social, que no realiza ni el sector privado ni el sector público, no sólo por falta de capacidad técnica, humana y operativa, sino también por una verdadera falta de visión para empoderar a la sociedad civil y fortalecer a los grupos menores favorecidos de la sociedad.

Si bien la publicación de la Ley Federal para el Fomento de las Actividades Realizadas por las Organizaciones de la Sociedad Civil, permitió que este tipo de organizaciones constituyeran en México un canal eficiente para la participación ciudadana y para la atención de demandas sociales, el crecimiento y el fortalecimiento de este sector depende fuertemente del nivel de recursos con el que cuenta.

Por ello, se propone aumentar el límite existente en la legislación en los artículos 31 y 176 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, del 7 por ciento al 25 por ciento. La ampliación de límite de la deducibilidad de donativos otorgados por personas físicas y/o morales, a donatarias autorizadas al 25 por ciento, privilegiaría a la actividad que realizan estas organizaciones, fortalecería al sector dándoles mejores esperanzas de supervivencia.

Respecto al artículo 93 del mismo ordenamiento jurídico, en 2009 el Ejecutivo Federal propuso, y posteriormente se aprobó, precisar que los ingresos que obtiene las donatarias autorizadas por la enajenación de bienes o prestación de servicios no relacionadas a su objeto social, o los fines para los que fueron creadas, no podrían exceder del 10 por ciento de los ingresos obtenidos por el desarrollo de actividades directamente relacionadas con su objeto.

Es correcto obligar a las organizaciones de la sociedad civil y, en particular, a las donatarias autorizadas, a dedicar mayoritariamente a las actividades que se definen por la consecución de su objeto social y a no encubrir la realización de actividades empresariales, pues de esta manera se transparenta la actividad en este sector.

Adicionalmente, se evita la evasión o elusión fiscal por esta vía, en la medida en que actividades empresariales pudieran disfrazarse de actividades sociales.

Sin embargo, también es cierto que esta reforma al artículo 93 presupuso, de forma errónea, que las actividades directamente definidas por el objeto social de las organizaciones de la sociedad civil son suficientes para financiar su actividad y su supervivencia.

Si los ingresos derivados por las actividades enmarcadas por el objeto social de estas organizaciones fueran suficientes, estas no se verían obligadas a realizar actividades distintas a la de su objeto social; más aún, si los ingresos provenientes por fuentes distintas a su propia actividad, es decir, donativos y apoyos económicos provenientes de la filantropía del sector privado, empresarial y público fueran suficientes y distribuidos de forma mucho más equitativa entre todas las organizaciones, estas no se verían obligadas a realizar actividades que las distraen de su realización y cumplimiento cabal de su objeto social, pero que sin duda les generan ingresos para poder sobrevivir y seguir realizando actividades sociales en apoyo de la sociedad mexicana, principalmente la más vulnerable o la menos protegida.

Sin duda, y con un afán de evitar la evasión y elusión fiscal y efectivamente obligar a las organizaciones a que cumplan con su misión y objeto social para lo que fue creada, es importante no abrir completamente este límite, pero sí es fundamental para la sobrevivencia y crecimiento del sector de las organizaciones sin fines de lucro, que este límite se revise a la laza.

Por lo anterior, esta iniciativa de reforma propone cambiar la redacción actual del artículo 93, a obtener ingresos por actividades con fines no lucrativos a los que se refiere el artículo 95 de esta ley, susceptibles de ser consideradas para recibir donativos en los términos de este título, siempre que no excedan de una tercera parte de sus ingresos totales en el ejercicio de que se trate.

Esta modificación, sin duda, daría un respiro a las organizaciones de la sociedad civil, y haría una sociedad más justa socialmente hablando. En virtud de que este sector no obtuvo apoyos económicos para sortear la crisis económica mundial, del 2009 y del 2010, también significa incrementar las oportunidades que tienen los sectores más vulnerables de la sociedad y las minorías por tener a su alcance ayuda y auxilio, como el que prestan estas organizaciones y que no necesariamente prestan ni las empresas privadas ni el sector público en el país.

Es cuanto, señor Presidente.

Iniciativa



- El C. Presidente Cordero Arroyo: Muchas gracias, Senadora Torres Peimbert. Túrnese a la Cámara de Diputados.

Tiene el uso de la palabra el Senador Armando Ríos Piter, para presentar, con aval del grupo parlamentario del PRD, una iniciativa con proyecto de Decreto que reforma los artículos 21, 73, 76, 105, 109 y 110 constitucionales.






INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETOQUE REFORMA LOS ARTICULOS 21, 73, 76, 105, 109 Y 110 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

(Presentada por el C. Senador Armando Ríos Piter, del grupo parlamentario del PRD, con aval de grupo)

- El C. Senador Armando Ríos Piter: Con su permiso, señor Presidente; compañeras y compañeros Senadores:

La presente iniciativa con proyecto de Decreto se inscribe en una discusión amplia que hemos venido dando en este cuerpo colegiado desde el propio momento en el cual empezamos a discutir la iniciativa preferente en materia de Contabilidad Gubernamental, la discusión que se dio alrededor de la Reforma Laboral en materia de transparencia, de rendición de cuentas y que hoy viene a acompañar un debate que sin duda alguna será amplio respecto a las iniciativas que han sido presentadas, especialmente por el Partido Revolucionario Institucional, alrededor de la conformación de una comisión anticorrupción.

En el Partido de la Revolución Democrática y en la izquierda del país, hemos venido subrayando la importancia de avanzar en nuevas instituciones que garanticen una revisión profunda de la manera en la cual la sociedad, los ciudadanos y las ciudadanas tienen forma de garantizar que cada peso, que cada centavo del erario público realmente sea utilizado en aquello para lo cual fue dispuesto por la Cámara de Diputados.

El debate no solamente tiene que ver con la corrupción que ha carcomido muchos de los espacios de la vida pública nacional, sino tiene que ver con una lógica mucho más profunda que implica la rendición de cuentas, la eficiencia del gasto público, es decir, que cada peso, que cada centavo sea utilizado en beneficio de la ciudadanía en virtud de que son los ciudadanos y las ciudadanas quienes a partir de los impuestos están disponiendo precisamente dicho gasto público.

Y el tema de la corrupción es un tema de especial preocupación en este momento de la vida nacional.

Para el 2010, Transparencia Mexicana identificó al menos 200 millones de actos de corrupción en los tres niveles de gobierno. La cifra realmente es espeluznante, estamos hablando de actos de corrupción de distinto tipo, de distinta magnitud, pero que están ahí, que forman parte de la estadística nacional y que no han generado la alarma que en otros países generaría una cifra de esta naturaleza, pareciera ser un dato más, un dato que la Cámara de Diputados o que el Senado puede escuchar, puede oír, pero que no atiende.

Otro ejemplo es el dado por el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado, quien estima que el impacto de la corrupción es de alrededor del 10 por ciento del valor del Producto Interno Bruto, y el mismo Centro de Estudios Estratégicos para el Sector Privado establece que las empresas gastan alrededor del 10 por ciento del total de los recursos destinados a la producción en el país, precisamente en este tema, en pagar mordidas, en atender la problemática de una condición institucional que evita el crecimiento, que inhibe la innovación y que inhibe, a final de cuentas, el desarrollo tanto empresarial como del país.

Continuando con estas cifras, porque en realidad cuando uno hace un examen, una revisión muy puntual, hay muchos organismos de la sociedad civil organizada, muchas organizaciones no gubernamentales que se han esmerado precisamente en darle información a los políticos, en darle información a los representantes populares sobre este flagelo de la sociedad.

Por ejemplo, la Encuesta de Fraude y Corrupción en México, ésta salió en el 2008, destacó que el 44 por ciento, casi la mitad de las empresas que operaban en México para ese año, reconoció haber realizado algún pago extraoficial a servidores públicos, ya fuera en los municipios, ya fuera a nivel federal o ya fuera a nivel de las entidades federativas.

Y para cerrar con tan solo alguna parte de las cifras que conglomeran esta numerología de lo que es la corrupción en el país, la Encuesta Nacional de Calidad de Impacto Gubernamental para el 2011, elaborada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI, y que precisamente es medir la percepción sobre las prácticas de corrupción en las que se realizan trámites y servicios, señala que los mexicanos estiman que la corrupción es, sobre todo, prevalente en la policía con el 91.8 por ciento de los encuestados señalando que los cuerpos policiacos están infiltrados por la corrupción, el 88.6 por ciento señalando que son los partidos políticos los que se encuentran mucho más infiltrados por este flagelo y por último las agencias del Ministerio Público con el 80.8 por ciento.

¿Qué es lo que queremos presentar en el grupo parlamentario del PRD?, compañeras y compañeros, pues una iniciativa que amplía en la mira si es que verdaderamente se le quiere entrar al tema de la corrupción, de la rendición de cuentas, de la eficiencia en la calidad del gasto, pues que no nos quedemos con una institución que lo que busca es taparle, como dicen en mi tierra, el ojo al macho, que simple y sencillamente quiera tapar el sol con un dedo, lo que necesitamos es que verdaderamente en esta Asamblea, las Senadoras y los Senadores tomemos esta bandera como una de las principales banderas de la nueva etapa de la transición democrática del país.

Hemos logrado la democracia electoral para que cada ciudadano y ciudadana tenga en el voto la capacidad de ejercer plenamente su ciudadanía.

Dotémosle, compañeras y compañeros, de un nuevo engranaje institucional, un nuevo andamiaje que garantice que cada ciudadano y ciudadana tenga capacidad de supervisar que ese peso, que ese centavo que está siendo gastado con los recursos del pueblo, con los recursos de la gente, verdaderamente se vaya hacia dónde se tiene que ir, que no acabe en el bolsillo de los funcionarios públicos y que no acabe dando muestras de que la impunidad en materia de corrupción es algo que está presente en todas las cifras y a lo cual no le quieren entrar los políticos de este país.

Esperamos, compañeras y compañeras, que esta iniciativa fortalezca el debate, fortalezca las instituciones y fortalezca la nueva etapa de la vida democrática del país.

Es cuanto, señor Presidente.

Iniciativa

“Los suscritos, Senadores integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática a la LXII legislatura del H. Congreso de la Unión, en ejercicio de la facultad que me confieren los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 8 numeral 1, fracción I; 164 numerales 1 y 2; y, 164 numeral 3 y 169 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta Asamblea la siguiente Iniciativa con Aval de Grupo, que contiene Proyecto de Decreto que reforma los artículos 21, 73, 76, 105, 109 y 110 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de Combate a la Corrupción, al tenor de la siguiente:

Exposición de Motivos

El tema de la corrupción en México se ha convertido en un tema tan complejo como delicado, es un asunto que el Senado de la República está en la obligación de asumir dentro de su agenda como un tema prioritario para la preservación del Estado mexicano. El abuso del poder público y la impunidad, propiciados por una democracia disfuncional, han provocado que prácticamente cualquier servidor público tenga incentivos para realizar acciones u omisiones en su deber público con miras a obtener un beneficio privado.

La propuesta de una política de Estado de combate y prevención de la corrupción en México, es una nuestras principales propuestas de campaña durante el 2012 fue precisamente el combate directo y decidido a los actos de corrupción, mediante la modernización de nuestras instituciones, otorgando a la ciudadanía funciones directas de fiscalización, investigación y persecución de los delitos en la materia.

Aunque el tema de la corrupción ha sido una constante en los últimos años, hoy más que nunca ha tocando las fibras más sensibles de la sociedad frente a los escándalos de endeudamiento de estados y municipios, licitaciones amarradas, concesiones pactadas, sindicatos opacos, aduanas ineficientes, guarderías sin medidas de seguridad y un conjunto de leyes laxas han despertado un profundo malestar social, que demanda a los integrantes de la LXII Legislatura del Senado de la República iniciar un debate de altura, que ponga como meta una cirugía mayor que restituya el Estado de Derecho en México.

La corrupciónafecta a todo aquel que depende de la integridad de las personas que se encuentran en una posición de autoridad, es decir, todos los mexicanos, en su individualidad y como miembros de la sociedad. Este fenómeno distorsiona el funcionamiento de los órganos del Estado y de sus servidores públicos: la corrupción deslegitima a las instituciones públicas, genera vicios en la gestión pública, incrementa los niveles de desigualdad, presiona para la creaciónde legislaciones y políticas públicas inapropiadas e ineficaces, y profundiza la distribucióninequitativa de recursos públicos y de un gasto ineficiente.

Al final de esta administración federal, el combate a la corrupción ha fracasado como política pública, lejos de disminuir, diferentes organismos internacionales y nacionales han denunciado el crecimiento de este fenómeno en los últimos años. En 2010, Transparencia Mexicana identificó al menos 200 millones de actos de corrupción en los tres niveles de gobierno. El Índice de Percepción de Corrupción en México, elaborado por Transparencia Internacional, empeoró en 2011 en comparación con 2008, al pasar el país del lugar 72 al 89 y de una puntuación de 3.6 a 3.3. El director de Transparencia Mexicana, Eduardo Bohórquez, dijo que una de las razones del descenso es que en la percepción internacional ciertamente se debió al crimen y el narcotráfico, pero principalmente el estancamiento en materia de transparencia.

Desde el punto de vista de costos económicos, el fenómeno de la corrupción reporta sendos daños a la economía nacional, de acuerdo con el Consejo Coordinador Empresarial el costo anual de la corrupción en México representa el doble de las ganancias que obtiene el crimen organizado, y es superior a los dividendos que México capta como producto de la venta de petróleo crudo y gas cada año. En este orden de ideas, el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado estima que el impacto de la corrupción se mantiene en alrededor de 10 por ciento del valor de la economía, y las empresas, en promedio, se ven en la necesidad de destinarle un porcentaje similar de sus ingresos para poder operar.

De acuerdo a Transparencia Mexicana, en 2010 los datos indican que diez de cada cien ocasiones en que se realizó un trámite o se accedió a un servicio público, los hogares pagaron “mordida”, en este año se estima que el costo económico de esta forma de corrupción rebasó los 32 mil millones de pesos.

Los efectos de este fenómenose expanden más allá de los límites de la político y social, sino que se convertido en un factor determinante de incertidumbre económica. El 13 de abril de 2012 en el marco del Foro Económico Mundial se expuso que la corrupción es una práctica que se mantiene por las fallas e ineficiencias de los gobiernos, yparticularmente en el caso de México, su costo equivale alrededor del 9 por ciento del Producto Interno Bruto mientras las empresas erogan hasta 10 por ciento de sus ingresos en sobornos, el dato no es menor, la corrupción es el segundo factor más problemático para hacer negocios en México, mientras que de acuerdo a los datos de la organización no gubernamental No Money Laundering), señalan que los grupos criminales en México obtienen ganancias anuales de 5 por ciento del PIB.

De acuerdo al índice de competitividad del Foro Económico Mundial (WEF), el Estado de Derecho en México tiene el peor desempeño al ocupar el lugar 134 de 142 países. De acuerdo al Instituto Mexicano para la Competitividad, un país con alta percepción de la corrupción carece de reglas claras y genera incertidumbre en las empresas, lo que inhibe las inversiones y el crecimiento económico.

Está incrementa dramáticamente la ineficiencia del gasto público, al tiempo que reduce, los niveles de gasto de inversión productiva y su negativo efecto en la competitividad; paraliza la producción y desalienta la innovación. Lo anterior respaldado con datos del Banco Mundial, que estima que la corrupción puede reducir la tasa de crecimiento de un país entre 0.5 y 1 por ciento anual.

De acuerdo a la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental 2011, elaborado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) y que mide percepción sobre las prácticas de corrupción en la realización de trámites y servicios, señala que el 91.8 por ciento de los mexicanos estima que la corrupción es prevalente en la policía y 88.6 por ciento considera lo mismo respecto a los partidos políticos. El tercer lugar en la percepción de corrupción lo ocupan las agencias del Ministerio Público, con 81.8 por ciento.El 34.3 por ciento consideró que el grado de incidencia de esas prácticas es "muy frecuente" en los municipios, mientras que 35.2 por ciento y 37.6 por ciento, respectivamente, opinó lo mismo con respecto a los gobiernos estatal y federal.

La encuesta también indica que el 66.2 por ciento de la población estima que la corrupción es “muy frecuente” en la policía. Las proporciones son de 53.8 por ciento y 34.8 por ciento, respectivamente, en lo tocante a los partidos políticos, y de 43.0 por ciento y 38.8 por ciento en relación con los ministerios públicos.

La corrupción también llega a los entes reguladores y la industria, el poder económico hace factible que la independencia de las personas que los regula sea cada vez más difícil de distinguir y sucumban a la fuerza del dinero o de los intereses en lugar de preservar el interés público.

Desde el punto de vista de teoría del Estado, la corrupción emerge como resultado de la debilidad de las instituciones y la falta de voluntad de una política de Estado para combatirla, el planteamiento del combate de la corrupción, está obligado a formar parte de una agenda donde el fortalecimiento del acceso a la información y rendición de cuentas sean un requisito sine qua non, de la discusión de cualquier reforma a discutir por el Congreso de la Unión.

Para la LXII Legislatura del Senado de la República el combate a la corrupción enfrenta a nivel institucional, un sistema desarticulado, desorganizado, costoso, con amplias lagunas jurídicas en la tipificación de actos de corrupción tanto servidores públicos como privados, convirtiendo al sistema en un ente completamente ineficaz en la disuasión e investigación de dichos actos. El grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática propone de frente a la nación el objetivo de erradicar la corrupción, defendemos el ideal de aspirar a un Estado de Derecho y de pleno ejercicio de nuestros derechos y obligaciones, que recupere los valores de honradez de ciudadanos y representantes por recuperar el espíritu del servicio público como símbolo de la república. Estamos convencidos que combatir la cultura de la impunidad, es combatir la incertidumbre jurídica que esclaviza a ciudadanos, empresarios y a la sociedad en su conjunto.

Los pilares de la reforma del Estado mexicano frente a los retos del siglo XXI deben tener como eje central romper con el círculo vicioso de interés que laceran el patrimonio nacional y erosionan nuestras instituciones, romper los lazos entre la administración pública y organizaciones empresariales, sindicales o internacionales que viven alrededor de la cultura de la corrupción.

Es fundamental en la discusión de las políticas públicas de combate de la corrupción, requiere más que una adecuación reglamentaria, el combate y prevención requiere de la adecuación constitucional que siente las bases de un nuevo orden jurídico para su erradicación. Esta aseveración parte del hecho de que en México el marco normativo está disgregado en un amplio conjunto de normas como la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, la Ley Federal de las Entidades Paraestatales, Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, Ley General de Bienes Nacionales, Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, Ley de Asociaciones Público Privadas, Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal, Ley Federal Anticorrupción en Contrataciones Públicas, Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado, Ley Federal de Archivos, Ley de Firma Electrónica Avanzada Publicada, Ley Federal de Procedimiento Administrativo, Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, Reglamento de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales, Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, Reglamento de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, Reglamento de la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal, Reglamento Interior de la Secretaría de la Función Pública, Reglamento del Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales, Decreto para realizar la entrega-recepción del informe de los asuntos a cargo de los servidores públicos y de los recursos que tengan asignados al momento de separarse de su empleo, cargo o comisión, entre otras disposiciones reglamentarias. Esta dispersión normativa forma parte de los desafíos que enfrenta el Senado de la República para homogenizar el marco jurídico en los tres órdenes de gobierno.

Aún con la presentación de este proyecto de reforma constitucional consideramos fundamental, continuar con una segunda generación de reformas en materia penal a fin de establecer claramente la tipificación de las modalidades de actos de corrupción, y que al mismo tiempo respete las garantías establecidas en las recientes reformas en materia de derechos humanos, con objeto de evitar procedimientos violatorios de derechos humanos; dentro de esta segunda generación, es fundamental establecer los criterios de excepción a las disposiciones actuales del secreto fiscal y bancario, a fin de facilitar a las autoridades la investigación de denuncias por actos de corrupción y enriquecimiento ilícito de funcionarios públicos y privados.

Las causas de la corrupción en México aunque es multifactorial, destacan aquellas que explican su crecimiento a partir de una estructura económica oligopólica y su influencia en la toma de decisiones de políticas públicas, como en licitaciones públicas concertadas, concesiones pactadas, que junto con un marco jurídico débil en supervisión, sanciones, transparencia, presupuesto, y sobre todo, ejercicio expedito de la justicia, hace de la corrupción un cáncer omnipresente que se manifiesta a través de tráfico de influencias, el contrabando, el soborno, el peculado, el uso privado de bienes públicos, el saldo final es castigar al contribuyente, elevar los costos de trámites, castigar al consumidor y en conjunto, hacer de la impunidad y de la corrupción parte natural de la vida pública, y aceptar esto, es aceptar la destrucción de la vida institucional, el desprecio por la legalidad y el triunfo de la ilegitimidad y de la inmoralidad. Un gobierno corrupto se fortalece dentro de una sociedad en estado de descomposición y, en consecuencia, el debilitamiento del Estado de Derecho, donde la justicia se vende al mejor postor, atropellando los derechos fundamentales establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, donde el legislador como representante del Estado y de la nación está obligado a defender hasta sus últimas consecuencias.

El fenómeno de la corrupción emana de un sistema político y económico que se aprovecha de la fragmentación y dispersión de los órganos reguladores y de supervisión, que si bien, están facultados para garantizar la transparencia y el correcto ejercicio de los recursos de los contribuyentes, en la práctica, la falta de claridad en los mandatos presupuestales, facultades entre poderes y los distintos ordenes de gobierno, alimentan la cultura de la corrupción.

Los datos presentados muestran que el saldo actual en materia de combate a la corrupción es obscuro y deficitario, las instituciones, como la Secretaría de la Función Pública, y el marco jurídico en la materia no han logrado inhibir el fenómeno, al contrario, este ha crecido con toda impunidad.

La presente iniciativa tiene por objeto sentar las bases para una reingeniería total, que abra el debate senatorial para erradicar la corrupción. Uno de los temas centrales será la tipificación del delito de corrupción, la sola definición del acto jurídico contiene cierto grado de complejidad por las diferentes conductas que constituyen la definición en sí.

De acuerdo a la Convención Interamericana Contra la Corrupción de la Organización de Estados Americanos define los actos de corrupción como:

a)Aceptar de un servidor público o una “persona” que ejerza funciones públicas,cualquier objeto de valor pecuniario u otros beneficios como dádivas, favores, promesas o ventajas para sí mismo o para otra persona o entidad a cambio de la realización u omisión de cualquier acto en el ejercicio de sus funciones públicas;

b) Otorgar u ofrecer de manera directa o indirectamente, a un servidor público o a una persona que ejerza funciones públicas, cualquier objeto de valor pecuniario u otros beneficios como dádivas, favores, promesas o ventajas para ese funcionario público o para otra persona o entidad a cambio de la realización u omisión de cualquier acto en el ejercicio de sus funciones públicas;

c) Omisión de servidores públicos de sus facultades o ejercicio de sus funciones, con el objeto de obtener ilícitamente beneficios para sí mismo o para un tercero, esta conducta incluye el aprovechamiento doloso de ocultar bienes u información de carácter público.

d) Finalmente, consideramos que los sujetos obligados tienen responsabilidad cuando participan como autor, co-autor, promotor, cómplice, encubridor o en cualquier otra forma, como tentativa, asociación o confabulación para la comisión de cualquiera de los actos anteriormente comentado.

En la parte de diseño institucional, el Senado de la República recientemente aprobó reformas a la Ley General de Contabilidad Gubernamental, y continúan en discusión dos proyectos relativos al fortalecimiento de las normas relativas al acceso a la información, rendición de cuentas y el sistema nacional de fiscalización, que proponen:

I.- Homogenización contable a nivel nacional del ejercicio derecursos públicos: Las reformas en materia de contabilidad aprobados por el Senado de la República el pasado 6 de noviembre tiene por objeto impulsar la transparencia y rendición de cuentas a través del fortalecimiento de: a) la planeación, ejecución, control, evaluación y fiscalización; b) generación de información consolidada en apoyo a la planeación nacional y regional; c) mejorar la toma de decisiones de los diseñadores de política económica, y d) el combate de toda prácticas discrecionales, ilícitas y de corrupción de funcionarios públicos y privados.

II.- Acceso a la información y Rendición de cuentas: Actualmente se encuentran en proceso de dictaminación en el Senado de la República las propuestas del GPPRI, GPPAN y GPPRD para otorgar autonomía constitucional al IFAI, mejorar los mecanismos de acceso a la información y rendición de cuentas de funcionarios públicos en la materia.

III.- Sistema Nacional de Fiscalización:En el Senado de la República radica la minuta aprobada el pasado 24 de abril enla Cámara de Diputados por la que se aprobó un proyecto que reforma y adiciona los artículos 73, 74, 79, 116 y 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, lo cual propone reconocer a nivel constitucional el Sistema Nacional de Fiscalización; otorgar a la Auditoría Superior de la Federación la facultad de realizar evaluaciones preliminares a través de informes trimestrales, emitiendo recomendaciones y sugerencias de carácter preventivo; permite iniciar la fiscalización el primer día hábil del año siguiente al cierre del ejercicio fiscal. En esta misma tendencia, el pasado 27 de septiembre se presentó por parte del GPPRD una iniciativa de reforma constitucional que fortalece las facultades de la Sistema Nacional de Fiscalización relativo a la coordinación y colaboración entre los distintos órdenes de gobierno en la fiscalización de recursos públicos ejercidos por cualquier entidad, persona física o moral, pública o privada, fideicomiso, mandato o fondo, o cualquier otra figura jurídica.

El proyecto dota a la Auditoria Superior de la Federación de facultades para iniciar procedimientos ante los jueces penales por los delitos cometidos contra las finanzas públicas, con independencia del Ministerio Público, y para iniciar procedimientos administrativos ante el “Tribunal General de Responsabilidades Financieras en el Servicio Público”, esté órgano de nueva creación tiene la responsabilidad de dar conocimiento los casos de presunta responsabilidad de servidores públicos o de cualquier persona por actos que afecten a las haciendas públicas y la imposición de sanciones en el ámbito administrativo cuando corresponda.

El proyecto de iniciativa de reforma constitucional tiene por objeto formar parte integral de reforma del Estado mexicano en materia de acceso a la información, rendición de cuentas, fiscalización y combate a la corrupción, por lo que proponemos:

1. Se crea un órgano constitucional autónomo de alta especialización, cuyo objeto será la prevención, combate, investigación y persecución de los actos de corrupción en la Federación, las entidades federativas y los municipios.

Dicho órgano, denominado Agencia Nacional para el Combate a la Corrupción, compartirá con el Ministerio Público la facultad de ejercer acción penal. Específicamente, a la Agencia corresponderá la investigación de los delitos federales en materia de corrupción, y podrá atraer investigaciones por ilícitos cometidos en el ámbito competencial de las entidades federativas.

Al desconcentrar el ejercicio de la Acción Penal del Ministerio Público, para encomendarla a un órgano autónomo en los ilícitos relacionados con la corrupción, el Grupo Parlamentario del PRD, refrenda su posición histórica respecto de la necesidad de que la procuración de justicia no se sujete a un esquema jerárquico y centralizado. Estamos convencidos de que, al avanzar en un modelo la autonomía de una función investigadora especializada, como será la que realice la Agencia que proponemos, pondrá en evidencia en su momento la necesidad de replicar este esquema hacia el Ministerio Público Federal.

2. Buscando fortalecer su independencia respecto de la Administración Pública Federal, se propone una composición plural mecanismo para su integración con participación ciudadana: 7 Fiscales nombrados por el Senado de la República a propuesta ciudadana, por un término de siete años, sin posibilidad de reelección. Los Fiscales deberán contar con amplio reconocimiento y trayectoria en el combate de la corrupción y mejores prácticas de transparencia gubernamental.

3. Se plantea un esquema de coordinación entre órdenes de gobierno y coadyucancia interinstitucional con el Ministerio Público y con los órganos de fiscalización de los recursos públicos y las instituciones de transparencia y acceso a la información, tanto de la federación, como de las entidades federativas. Entre otras cosas, la ASF debe denunciar ante la Agencia cualquier caso de corrupción que encuentre en el ejercicio de sus funciones, mientras que la Agencia deberá dar vista a la ASF de probables irregularidades en el ejercicio de recursos públicos que encuentre en el desarrollo de sus propias investigaciones. Así lo harán también los fiscalizadores de los estados.

4. Se establecen los elementos conceptuales para determinar los delitos en materia de corrupción, en congruencia con los instrumentos internacionales suscritos y ratificados por México en la materia.

En el ámbito internacional se ha diagnosticado que el combate a la corrupción fortalece las instituciones democráticas y evita distorsiones de la economía. En este tenor, la presente iniciativa cumple con los estándares internacionales y es congruente con las obligaciones adquiridas por el Estado Mexicano mediante diversos instrumentos internacionales entre los que destaca la Convención Interamericana Contra la Corrupción, de la Organización de los Estados Americanos, particularmente en la enunciación de los elementos de aquellos delitos en la materia que nos ocupa.

5. Se dota a la Agencia de la potestad de iniciar el procedimiento administrativo sancionador en contra de los servidores públicos que presuntamente incurran en responsabilidad administrativa. Dicho procedimiento se inicia, actualmente, ante los tribunales de lo contencioso-administrativo que contempla el artículo 73, fracción XXIX-H, de la Constitución Federal. Sin embargo, como hemos dicho antes, esta iniciativa está ligada a una diversa que plantea reformas y adiciones a diversas disposiciones constitucional para fortalecer el Sistema Nacional de Fiscalización, en la cual se propone instituir el Tribunal General de Responsabilidades Financieras en el Servicio Público, instancia a la que eventualmente correspondería desarrollar el citado procedimiento administrativo sancionador.

6. Se mandata la creación de una ley marco, considerando que actualmente no existe armonía entre federación y estados en la definición del delito. Esta última propuesta en línea con la tendencia de homogenización de criterios contables, criterios transparencia y fortalecimiento del sistema nacional de fiscalización.

7. Crea el Consejo consultivo ciudadano de la Agencia, como un órgano integrado por representantes de la ciudadanía, con capacidad para revisar la actuación de la agencia y emitir recomendaciones a toda dependencia o entidad pública, en los tres niveles de gobierno.

En la conformación de dicho consejo, se establecerá un sistema de cuotas a efecto de favorecer la igualdad de género y la participación de profesionistas jóvenes, debiendo integrarse con al menos el cuarenta por ciento de consejeros de un mismo género y un veinte por ciento de jóvenes. Contar con órganos de gobierno incluyentes, no es una concesión, sino una necesidad apremiante del Estado Mexicano.

8. Se incluye un mecanismo para superar el secreto fiscal, bancario y fiduciario a fin de no obstaculizar los procesos de investigación en materia de actos de corrupción.

9. Se establece un mecanismo tendiente al resarcimiento de los daños causados por actos de corrupción. En tanto que los jóvenes constituyen el segmento poblacional con mejores posibilidades de revertir y erradicar el esquema de corrupción en el que nos encontramos inmersos, consideramos de elemental justicia el destinarles el mayor porcentaje de los recursos recuperados por vía de decomiso a quienes hayan sido condenados por la comisión de conductas ilícitas relativas al tema que nos ocupa.

Así las cosas, parte de nuestra propuesta señala que los recursos reintegrados al erario público mediante los mecanismos de resarcimiento contenidos en la misma, serán destinados en un tercio al desarrollo de proyectos de ciencia y tecnología que sean impulsados por jóvenes, otro tanto a la educación media superior y superior, y el tercio restante al combate a la corrupción

Con lo anterior, no solo generaremos un espacio más amplio de oportunidades a la juventud, también abonaremos en la reivindicación de la credibilidad en las instituciones mexicanas, pues actualmente prima una falta de confianza en el sistema político y sus actores por parte de la ciudadanía, principalmente entre los jóvenes.

Dos antecedentes inmediatos son oportunos para esta iniciativa. El primero es el Dictamen de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos, con proyecto de decreto que adiciona el apartado C al artículo 102 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, aprobado por el Pleno del Senado de la República el 13 de Marzo de 2012, con el objeto de crear la Fiscalía Nacional Anticorrupción. Dicha instancia se concibió como un órgano de equilibrio constitucional y político, que bajo parámetros constitucionales desempeñe su función de forma independiente al poder político, al contar con autonomía orgánica, de gestión y presupuestaria. Se plantó el rango constitucional de esta Fiscalía como elemento indispensable para mantener relaciones de coordinación y nunca de subordinación con los Poderes de la Unión.

Al respecto, cabe aclara que la iniciativa que hoy proponemos considera ese acuerdo ya alcanzado pero pretende avanzar respecto del mismo, por lo que, si bien reconocemos las bondades de aquella propuesta, que es compatible en sus pretensiones con la aquí contenida, también consideramos pertinente agregar elementos de autonomía constitucional plena en el órgano investigador.

El segundo antecedente es más bien un componente del sistema que proponemos crear a nivel constitucional para garantizar el buen ejercicio de la función pública, incluyendo tanto la ejecución programática y presupuestal, como la eficiencia y honestidad de los servidores públicos en el ejercicio de sus funciones. Se trata de la iniciativa de los Senadores Armando Ríos Piter y Mario Delgado Carrillo, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, la que contiene proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, relativas al sistema nacional de fiscalización. Dicho proyecto es armónico con el que aquí se plantea. Incluso, sin considerar bajo circunstancia alguna que la viabilidad de las figuras jurídicas propuestas por esta iniciativa estén sujetas a la aprobación de las figuras que propone el proyecto anterior, lo cierto es que el sistema que completan ambas reformas constituirá un engranaje constitucional de gran eficiencia.

Por lo anteriormente expuesto, y en ejercicio de las facultades otorgadas por los artículos 71 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 8 numeral 1, fracción I; 164 y 169 del Reglamento del Senado de la República, en cuanto a la facultad de presentar iniciativas; así como 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, respecto de la facultad específica para reformar el texto constitucional, someto a la consideración de esta Asamblea el estudio, discusión y en su caso, aprobación del presente Proyecto Decreto que reforma los párrafos tercero y cuarto del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos , en los términos siguientes:

Unico. Se modifican los párrafos primero, segundo y séptimo del artículo 21, las fracciones XXI y XXVIII del artículo 73, las fracciones f) y g) y el párrafo segundo de la fracción I del artículo 105, y, el párrafo primero del artículo 110; se adiciona una fracción XII al artículo 76, recorriendo en su numeración a la actual, para quedar como XIII, y,un inciso l) a la fracción I y un inciso h) a la fracción II, del artículo 105; Se reforma el artículo 109, dejando su texto actual como apartado A y se adiciona e texto del apartado B; todo ello de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

“Artículo 21. La investigación de los delitos corresponde al Ministerio Público y a las policías, las cuales actuarán bajo la conducción y mando de aquél en el ejercicio de esta función. La prevención y el combate a la corrupción, así como la investigación y la persecución de los delitos que por ésta resulten, corresponde a la Agencia Nacional para el Combate a la Corrupción. Para tales efectos, la Agencia podrá solicitar la coadyuvancia del Ministerio Público y el auxilio de la fuerza pública en los casos que lo ameriten; de los órganos de fiscalización de los recursos públicos y de las instituciones de transparencia y acceso a la información, de la federación y las entidades federativas. El ministerio Público está obligado a prestar el auxilio que le solicite la Agencia.

El ejercicio de la acción penal ante los tribunales corresponde al Ministerio Público y a la Agencia Nacional para el Combate a la Corrupción, en los términos establecidos en el párrafo anterior. La ley determinará los casos en que los particulares podrán ejercer la acción penal ante la autoridad judicial.

(…)

(…)

(…)

(…)

El Ministerio Público y laAgencia Nacional para el Combate a la Corrupciónpodrán considerar criterios de oportunidad para el ejercicio de la acción penal, en los supuestos y condiciones que fije la ley.

[Lo sucesivo] (…)

Artículo 73. El Congreso tiene facultad:

I. a XX. (…)

XXI. Para establecer los delitos y las faltas contra la Federación y fijar los castigos que por ellos deban imponerse; expedir leyes generales en materias de secuestro, corrupción y trata de personas, que establezcan, como mínimo, los tipos penales y sus sanciones, la distribución de competencias y las formas de coordinación entre la Federación, el Distrito Federal, los Estados y los Municipios; así como legislar en materia de delincuencia organizada.

Las autoridades federales podrán conocer también de los delitos del fuero común, cuando éstos tengan conexidad con delitos federales o delitos contra periodistas, personas o instalaciones que afecten, limiten o menoscaben el derecho a la información o las libertades de expresión o imprenta. La Agencia Nacional para el Combate a la Corrupciónatraerá la investigación de delitos locales en materia de corrupción, de conformidad con lo que establezca la ley.

En las materias concurrentes previstas en esta Constitución, las leyes federales establecerán los supuestos en que las autoridades del fuero común podrán conocer y resolver sobre delitos federales;

XXII. a XXVII. (…)

XXVIII. Para expedir leyes en materia de contabilidad gubernamental que regirán la contabilidad pública y la presentación homogénea de información financiera, de ingresos y egresos, así como patrimonial, para la Federación, los estados, los municipios, el Distrito Federal y los órganos político-administrativos de sus demarcaciones territoriales, a fin de garantizar su armonización a nivel nacional. Dichas leyes establecerán mecanismos para prevenir y detectar actos de corrupción;

Artículo 76. Son facultades exclusivas del Senado:

I. a XI. (…)

XII. Designara los Fiscales Generales de la Agencia Nacional para el Combate a la Corrupción; así como otorgar o negar su aprobación a las solicitudes de licencia o renuncia de los mismos, que le sometan dichos funcionarios;

XIII. Las demás que la misma Constitución le atribuya.

Artículo 109.

A. El Congreso de la Unión y las Legislaturas de los Estados, dentro de los ámbitos de sus respectivas competencias, expedirán las leyes de responsabilidades de los servidores públicos y las demás normas conducentes a sancionar a quienes, teniendo este carácter, incurran en responsabilidad, de conformidad con las siguientes prevenciones:

I. Se impondrán, mediante juicio político, las sanciones indicadas en el artículo 110 a los servidores públicos señalados en el mismo precepto, cuando en el ejercicio de sus funciones incurran en actos u omisiones que redunden en perjuicio de los intereses públicos fundamentales o de su buen despacho.

No procede el juicio político por la mera expresión de ideas.

II. La comisión de delitos por parte de cualquier servidor público será perseguida y sancionada en los términos de la legislación penal; y

III. Se aplicarán sanciones administrativas a los servidores públicos por los actos u omisiones que afecten la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que deban observar en el desempeño de sus empleos, cargos o comisiones.

Los procedimientos para la aplicación de las sanciones mencionadas se desarrollarán autónomamente. No podrán imponerse dos veces por una sola conducta sanciones de la misma naturaleza.

Las leyes determinarán los casos y las circunstancias en los que se deba sancionar penalmente por causa de enriquecimiento ilícito a los servidores públicos que durante el tiempo de su encargo, o por motivos del mismo, por sí o por interpósita persona, aumenten substancialmente su patrimonio, adquieran bienes o se conduzcan como dueños sobre ellos, cuya procedencia lícita no pudiesen justificar. Las leyes penales sancionarán con el decomiso y con la privación de la propiedad de dichos bienes, además de las otras penas que correspondan.

Cualquier ciudadano, bajo su más estricta responsabilidad y mediante la presentación de elementos de prueba, podrá formular denuncia ante la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión respecto de las conductas a las que se refiere el presente apartado.

B. La Agencia Nacional para el Combate a la Corrupción es un órgano dotado de plena autonomía de investigación, técnica, presupuestal y operativa, que tiene por objeto la prevención, el combate, la investigación, la persecución y el ejercicio de la acción penal, respecto de los delitos cometidos por servidores públicos y particulares en materia de corrupción. La Agencia tendrá personalidad jurídica, patrimonio propio y establecerá su domicilio en el Distrito Federal. Este órgano tiene como principio la administración de justicia pronta y expedita.

La ley considerará como elementos para determinar los delitos en materia de corrupción, el uso indebido de la función pública con fines privados, que devenga en una conducta típica, antijurídica y punible, que afecte el patrimonio público o el ejercicio del buen gobierno; genere derechos o extinga obligaciones; tolere un hecho en contravención de la ley; o, obtenga algún otro provecho ilegítimo, a cambio de que se otorgue o reciba un beneficio indebido.

La Agencia Nacional para el Combate a la Corrupción se compondrá de siete Fiscales Generales que serán designados por el voto de las dos terceras partes del total de los integrantes de la Cámara de Senadores, a propuesta de las organizaciones de la sociedad civil que tengan por objeto el combate a la corrupción y de las Instituciones de Educación Superior, en la forma, términos y procedimiento que determine la ley federal, favoreciéndose la igualdad de género y el relevo escalonado de sus integrantes. Los fiscales generales durarán en su encargo siete años, sin posibilidad de reelección. Sólo podrán ser removidos de su cargo en los términos del título cuarto de esta Constitución.

Son requisitos de procedibilidad para la elección de los Fiscales Generales de la Agencia Nacional para el Combate a la Corrupción:

I. Ser ciudadano mexicano por nacimiento, en pleno ejercicio de sus derechos políticos y civiles.

II. Tener cuando menos treinta años cumplidos el día de la designación;

III. Poseer el día de la designación, con antigüedad mínima de diez años, título profesional de licenciado en derecho, expedido por autoridad o institución legalmente facultada para ello;

IV. No haber sido condenado por delito del orden común o federal, y

V. Haber residido en el país durante los dos años anteriores al día de la designación.

Los Fiscales Generales de la Agencia Nacional para el Combate a la Corrupción sólo podrán ser removidos del mismo en los términos del Título Cuarto de esta Constitución.

La Agencia funcionará en pleno y adoptará sus decisiones por voto de la mayoría absoluta de sus miembros, será presidente del Pleno, el Fiscal General de Estado que determine el Senado de la República por el voto de las dos terceras partes de sus miembros.

La Agencia Nacional para el Combate a la Corrupción perseguirá ante los tribunales los delitos del orden federal en materia de corrupción ypodrá atraer la investigación de delitos del orden local en dicha materia de conformidad con lo que establezca la ley, estando facultada para solicitar las órdenes de aprehensión contra los indiciados y realizar la integración de la investigación, la búsqueda y presentación de las pruebas que acrediten la comisión de delitos en materia de corrupción, así como la responsabilidad de los indiciados. Estará también a cargo de la Agencia seguir ante la autoridad correspondiente el procedimiento administrativo sancionador en contra de los servidores públicos que presuntamente incurran en responsabilidad administrativa.

En el ejercicio de sus funciones, la Agencia podrá solicitar información a las dependencias públicas federales, estatales o municipales, dictar las medidas precautorias y promover los mecanismos necesarios para el resarcimiento del daño en los delitos que investigue, para lo cual podrá solicitar al juez competente autorice conocer la información protegida por los secretos fiscal, bancario y fiduciario.

Al establecerse las medidas precautorias para asegurar el resarcimiento del daño, la Agencia solicitará al juez competente que en caso de determinarse la responsabilidad del inculpado, los bienes que le fueron asegurados sean decomisados y reintegrados al erario público, destinándose en partes iguales al desarrollo de proyectos de ciencia y tecnología, a la educación media superior y superior y al combate a la corrupción, en los términos que dispongan las leyes.

La Agencia ejercerá sus funciones en cada una de las Entidades Federativas, a través de oficinas encargadas a un fiscal estatal. La ley determinará los requisitos de elegibilidad, el modo de integración y funcionamiento y las facultades de las oficinas estatales, de conformidad con las bases que esta Constitución establece.

La ley establecerá los casos en que las determinaciones de las oficinas estatales serán revisadas por el pleno de la Agencia, no obstante el consejo consultivo podrá solicitar en todo momento la intervención del pleno en cualquier segmento de la investigación o la acusación.

La entidad de fiscalización superior de la Federación dará vista a la Agencia Nacional para el Combate a la Corrupción, de las irregularidades en que incurran los servidores públicos y que puedan ser constitutivas de delito o de responsabilidad administrativa, detectadas en el ejercicio de sus facultades y coadyuvar con dicha agencia en la integración de las averiguaciones que en su caso correspondan. Así mismo, los órganos de fiscalización de los recursos públicos y las instituciones de transparencia y acceso a la información, de la federación y las entidades federativas, coadyuvarán con la Agencia en el ejercicio de sus funciones. La Agencia Nacional para el Combate a la Corrupción deberá dar vista a las entidades de fiscalización de la Federación y de las entidades federativas de toda irregularidad en el ejercicio del gasto público que detecte en el desarrollo de sus investigaciones.

La Agencia contará con un consejo consultivo, que se integrará por diez ciudadanos que serán electos mediante el mismo procedimiento establecido para los Fiscales Generales. El consejo se renovará de manera escalonada y los consejeros durarán en su encargo un término de cinco años ratificables por una sola ocasión. En su integración, la ley favorecerá la igualdad de género y la participación de personas jóvenes, quienes formarán parte del consejo en cuando menos tres integrantes.

El consejo estará encargado de observar y dar seguimiento al adecuado ejercicio de las funciones de la Agencia, así mismo, asumirá permanentemente la facultad de elaborar propuestas de políticas públicas, programas y proyectos, que incorporen mejores prácticas en el combate a la corrupción y podrá emitir recomendaciones específicas a las dependencias y entidades públicas de la federación, las entidades federativas y los municipios, para la adopción de mecanismos de transparencia, y combate a la corrupción. La ley establecerá los mecanismos y procedimientos para la emisión de recomendaciones y el seguimiento a su cumplimiento o rechazo.

El consejo ofrecerá permanentemente cursos de capacitación en materia de ética, responsabilidad en el ejercicio de la función pública, transparencia y combate a la corrupción, y presentará anualmente al Senado de la República un informe de actividades en el que haga una relación específica de las recomendaciones emitidas y su estado de cumplimiento.

Las entidades federativas, en el ámbito de sus respectivas competencias, garantizarán la creación de órganos dotados de plena autonomía de investigación, técnica, presupuestal y operativa, que tengan por objeto la prevención, el combate, la investigación, la persecución y el ejercicio de la acción penal, respecto de los delitos cometidos por servidores públicos y particulares en materia de corrupción.

Artículo 105. La Suprema Corte de Justicia de la Nación conocerá, en los términos que señale la ley reglamentaria, de los asuntos siguientes:

I. De las controversias constitucionales que, con excepción de las que se refieran a la materia electoral, se susciten entre:

a) a i) (…)

j) Un Estado y un municipio de otro Estado, sobre la constitucionalidad de sus actos o disposiciones generales;

k) Dos órganos de gobierno del Distrito Federal, sobre la constitucionalidad de sus actos o disposiciones generales, y

l) LaAgencia Nacional para el Combate a la Corrupción y la Federación, un Estado, el Distrito Federal o un Municipio.

Siempre que las controversias versen sobre disposiciones generales de los Estados o de los municipios impugnadas por la Federación, de los municipios impugnadas por los Estados, o en los casos a que se refieren los incisos c), h), k) y l) anteriores, y la resolución de la Suprema Corte de Justicia las declare inválidas, dicha resolución tendrá efectos generales cuando hubiera sido aprobada por una mayoría de por lo menos ocho votos.

(…)

II. De las acciones de inconstitucionalidad que tengan por objeto plantear la posible contradicción entre una norma de carácter general y esta Constitución.

(…)

a) a g) (…)

h) La Agencia Nacional para el Combate a la Corrupción en contra de leyes de carácter federal, estatal y del Distrito Federal, en materia de corrupción, o que favorezcan actos de corrupción.

[lo sucesivo] (…)

Artículo 110. Podrán ser sujetos de juicio político los senadores y diputados al Congreso de la Unión, los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los Consejeros de la Judicatura Federal, los Secretarios de Despacho, los diputados a la Asamblea del Distrito Federal, el Jefe de Gobierno del Distrito Federal, el Procurador General de la República, los fiscales generales de la Agencia Nacional para el Combate a la Corrupción, el Procurador General de Justicia del Distrito Federal, los magistrados de Circuito y jueces de Distrito, los magistrados y jueces del Fuero Común del Distrito Federal, los Consejeros de la Judicatura del Distrito Federal, el consejero Presidente, los consejeros electorales, y el secretario ejecutivo del Instituto Federal Electoral, los magistrados del Tribunal Electoral, los directores generales y sus equivalentes de los organismos descentralizados, empresas de participación estatal mayoritaria, sociedades y asociaciones asimiladas a éstas y fideicomisos públicos.

[lo sucesivo] (…)

TRANSITORIOS

Artículo Primero. El presente Decreto entrará en vigorun año después de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Artículo Segundo. El presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal del año siguiente a la aprobación del presente Decreto, asignará los recursos suficientes a la Agencia Nacional para el Combate a la Corrupción, para su establecimiento y el ejercicio de sus funciones.

Artículo Tercero. La Agencia Nacional para el Combate a la Corrupción, se instalará dentro de los treinta días siguientes a la Entrada en Vigor del Presente Decreto.

Artículo Cuarto. El Congreso de la Unión expedirá en el término de 180 días, la Ley Reglamentaria del apartado B del artículo 109 constitucional y establecerá el procedimiento correspondiente al nombramiento de los siete Fiscales Generales de la Agencia Nacional para el Combate a la Corrupción”.

Salón de sesiones del Senado de la República, a 20 de noviembre de 2012.

Suscriben

Sen. Luis Miguel Gerónimo Barbosa Huerta.- Sen. María Alejandra Barrales Magdaleno.- Sen. Luz María Beristain Navarrete.- Sen. Víctor Manuel Camacho Solís.- Sen. Lorena Cuéllar Cisneros.- Sen. Angélica De la Peña Gómez.- Sen. Mario Delgado Carrillo.- Sen. Fidel Demédicis Hidalgo.- Sen. Alejandro de Jesús Encinas Rodríguez.- Sen. Adán Augusto López Hernández.- Sen. Fernando Enrique Mayans Canabal.- Sen. Iris Vianey Mendoza Mendoza.- Sen. Raúl Morón Orozco.- Sen. Dolores Padierna Luna.- Sen. Isidro Pedraza Chávez.- Sen. Sofío Ramírez Hernández.- Sen. Armando Ríos Piter.- Sen. Zoé Robledo Aburto.- Sen. Angel Benjamín Robles.- Sen. Adolfo Romero Lainas.- Sen. Rabindranath Salazar Solorio.- Sen. Luis Sánchez Jiménez”.

- El C. Presidente Cordero Arroyo: Gracias, Senador Ríos Peter. Túrnese a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; y de Estudios Legislativos, Primera, con opinión de las Comisiones de Gobernación; y de Anticorrupción y Participación Ciudadana.

Compañeras y compañeros Senadores, les informo que las demás iniciativas y propuestas inscritas en la agenda de hoy se turnarán a comisiones. Los Senadores que deseen mantener inscrito su asunto sólo deben hacerlo del conocimiento de la Mesa Directiva o de la Secretaría Parlamentaria.






INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETOPOR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DEL CODIGO PENAL FEDERAL Y DEL CODIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES

(Presentada por el C. Senador Arturo Zamora Jiménez, del grupo parlamentario del PRI)

“ARTURO ZAMORA JIMENEZ, Senador a la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en el Senado de la República, en ejercicio de la facultad que me confiere el artículo 71 Fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y de conformidad con lo dispuesto por los artículos 8, Numeral 1 fracción I, 164 y 169 del Reglamento de la Cámara de Senadores, someto a la consideración de esta Soberanía INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL CUAL SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DEL CODIGO PENAL FEDERAL Y DEL CODIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES EN MATERIA DE PROTECCION AL LIBRE DESARROLLO DE LA PERSONALIDAD DE LOS MENORES DE EDAD, con base en la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

La infancia y la adolescencia son etapas en que las personas acusan una gran inestabilidad y fragilidad particular debido a que la personalidad se encuentra en formación y todavía no se han desarrollado plenamente los mecanismos de autoprotección, lo cual hace que los menores de edad sean susceptibles a cualquier tipo de influencia; de ahí la importancia de que el menor y su sano desarrollo estén debidamente protegidos.

Así pues, la protección jurídica del menor es y debe ser uno de los apartados más importantes de cualquier sistema jurídico nacional o internacional. Es por ello que las instituciones públicas tienen la obligación legal, institucional y moral de generar un marco jurídico adecuado para la tutela y protección de los derechos de los menores de edad.

De acuerdo con el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), se calcula que en el mundo hay alrededor de 300 mil niños y niñas menores de 18 años que participan en más de 30 conflictos armados.

Unicef define como “niño soldado” a toda persona menor de 18 años que forme parte de cualquier fuerza o grupo armado, regular o irregular, con independencia de las labores que desempeñe.

En nuestro país, conforme se ha intensificado la lucha contra el crimen organizado, un creciente número de menores de edad, niños y niñas, se han venido vinculando, forzosa o voluntariamente, pero casi siempre por razones de pobreza o alta marginación, a las distintas organizaciones criminales, cumpliendo funciones que van desde simples vigilantes hasta efectivos combatientes.

Algunos de ellos son reclutados por la fuerza de entre las pandillas que existen en los núcleos urbanos de alta densidad demográfica y marginación; otros se unen voluntariamente a las filas de la delincuencia organizada motivados por un deseo de venganza por actos de violencia realizados contra ellos o sus familias, o simplemente como una opción de empleo.

Es claro que el estado mexicano no puede reconocer en la lucha contra el crimen organizado la existencia de una guerra interna, ya que las características de la lucha contra la delincuencia organizada no se corresponden con las de un “conflicto armado no internacional”. Por principio de cuentas la delincuencia organizada no tiene una orientación política o un interés visible en derrocar al estado para instaurar un nuevo orden político;tampoco tiene el control efectivo de algún territorio específico, por consecuencia y de acuerdo a los Convenios de Ginebra, la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizadoque actualmente se manifiesta en nuestro país nopuede calificarse como un “conflicto armado”, ni a los individuos que participan en ella puede conferirse el estatus formal de “combatientes”.

Derivado de todo ello resulta inadmisible en nuestro paísla aplicación de los Convenios de Ginebray sus protocolos adicionales que contienen las principales normas destinadas a restringir la brutalidad de la guerra; en su lugar cobran aplicación las disposiciones relativas a la protección de los derechos humanos, en concurso con las atribuciones y facultades del estado para el mantenimiento del orden público y la paz social.

La lucha global contra la delincuencia organizada sustenta su actuación en la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional (Palermo, 2000) y sus protocolos, sin embargo estos tratados internacionales han dejado de lado el establecimiento de protocolos para la sanción a los miembros de grupos delincuenciales que utilicen menores en sus operaciones.

En efecto, en la Convención de Palermo o sus protocolos no existe dispositivo jurídico alguno que sugiera a los Estados parte la criminalización del reclutamiento y la utilización de menores de edad por parte de losgrupos de la delincuencia organizada ya que dicha Convención concentra sus esfuerzos en el ámbito de la seguridad del estado y el combate articulado a la ilegalidad.

Nuestra propia experiencia indica que a raíz de la lucha contra el crimen que se vive en nuestro país desde finales del 2006, se ha producido un fenómeno sociológico que consiste en que los grupos de la delincuencia organizada han estado haciendo labores de reclutamiento de nuevos cuadros, echando mano de menores de edad para enlistarlos en las redes del narcotráfico, para ser utilizados en labores de “halconeo”, como guardianes de personas secuestradas o bien como sicarios para la eliminación de sus rivales.

De acuerdo con estadísticas de la Procuraduría General de la República, de diciembre del 2006 a octubre del 2011, se procesó a 142 menores de edad por la comisión de delitos contemplados en la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada. De igual manera dicha dependencia informó que durante ese mismo periodo se detuvo a 5 mil 585 menores de edad por delitos contra la salud.

En México no existe un estudio certero o estadísticas oficiales respecto al número y el tipo de delitos cometidos por los niños involucrados en el crimen organizado, pero según cifras de académicos dadas a conocer por la Red por los Derechos de la Infancia en México, en nuestro país existen por lo menos 30 mil menores de edad que son utilizados por la delincuencia organizada y están involucrados en la comisión de 22 diferentes tipos de delito tales como homicidio, tráfico de estupefacientes, secuestro, trata de personas, extorsiones, contrabando y piratería, entre otros.

Así las cosas y de acuerdo al contexto sociológico de nuestro país, los grupos de la delincuencia organizada han encontrado en los menores de edad de zonas de alta marginación y pobreza, mano de obra barata que puede ser reemplazada fácilmente.

Las historias de menores detenidos y acusados de haber asesinado por encargo son cada vez más frecuentes en México. Paradigma de esta nueva forma de operar del crimen organizado es el caso de aquél menor de edad de nombre Edgard “N”, “El Ponchis”, de 14 años de edad, acusado de degollar, por encargo, a 4 de sus adversarios, o el caso del adolescente de 16 años, Francisco Miguel alias “El Patojo” o “El Mike”, detenido en el estado de Sinaloa, quien declaró haber participado en más de 50 homicidios.

Es importante destacar que los menores que son reclutados por la delincuencia organizada no deben de ser considerados solo como infractores de la ley penal, ya que adicionalmente pueden tener el carácter de víctimas. Los casos de menores de edad asesinados por no colaborar con la delincuencia organizada son frecuentes, basta recordar la matanza de Pueblo Nuevo, Durango, de marzo del 2010 donde fueron acribillados 10 niños y jóvenes. De acuerdo con datos oficiales, en los últimos cuatro años más de dos mil 500 menores de edad fueron asesinados en enfrentamientos armados.

En este contexto, el día 4 de febrero del 2011 el Comité de la Naciones Unidas de los Derechos del Niños de las Naciones Unidas, durante su quincuagésimo sexto periodo de sesiones, hizo varias observaciones al Estado mexicano referentes a la participación de niños en conflictos armados, entre las que destacan las siguientes:

• Al Comité le preocupa que el Estado Parte carezca de información sobre el reclutamiento de niños por parte de grupos armados no estatales, y que no haya llevado a cabo las medidas necesarias para prevenir el reclutamiento de niños por grupos armados no estatales.

• El Comité recomienda que el Estado Parte adopte todas las medidas necesarias para garantizar que no haya niños reclutados por grupos armados no estatales, incluyendo la identificación y seguimiento de los distintos grupos armados no estatales en el país, incluidos los grupos paramilitares, grupos de delincuencia organizada y las empresas de seguridad.

En la actualidad la legislación mexicana no tipifica como delictuosala conducta específica consistente en reclutar, contratar o incorporar amenores de vedaden las filas de los grupos armados no estatales.

Tampoco sanciona la utilización de menores de edad como gatilleros, asesinos o sicarios de la delincuencia organizada.

Así lo corrobora el Comité de los Derechos del Niños de las Naciones Unidas, quien hizo las siguientes observaciones al Estado mexicano:

• Al Comité le preocupa que, en la actualidad, no exista ninguna disposición específica en el Código Penal Federal para tipificar como delito la contratación de menores.

• El Comité insta al Estado Parte a revisar el Código Penal Federal y de incluir una disposición que tipifica explícitamente como delito las violaciones de las disposiciones del Protocolo Facultativo relativas al reclutamiento y la participación de niños en hostilidades.

• Incluir una definición de participación directa en las hostilidades, teniendo en cuenta los instrumentos pertinentes de los que es parte, incluido el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional;

En mérito de lo anterior, el proyecto que hoy presento ante esta soberanía, propone tipificar las múltiples y variadas formas de reclutamiento y adiestramiento de menores de edad en el uso de las armas y demás actividades anexas al crimen organizado, así como definir como delitos graves dichas conductas, motivo por el cual se presenta a la consideración de esta Honorable Cámara de Senadores la siguiente:

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL CUAL SE ADICIONAN Y REFORMAN DISPOSICIONES DEL CODIGO PENAL FEDERAL Y DEL CODIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES EN MATERIA DE PROTECCION JURIDICA AL LIBRE DESARROLLO DE LA PERSONALIDAD DE LOS MENORES DE EDAD.

ARTICULO PRIMERO. Se adicionan los artículos 201 Ter y 201 Quáter al Código Penal Federal, para quedar como sigue:

Artículo 201 Ter.

Se impondrán de diez a veinte años de prisión y multa por el equivalente de quinientos a mil días de salario

I.- Al que por cualquier medio reclute, aliste, enganche, contrate o afilie a una persona menor de dieciocho años para que participe en un grupo de delincuencia organizada e incurra en la comisión de cualquiera de los delitos a que se refiere el artículo 2 de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, o en la comisión de los delitos de homicidio o secuestro, siempre y cuando el Ministerio Público de la Federación ejerza la facultad de atracción.

II.- Al que sin contar con las autorizaciones de las autoridades correspondientes dirija, administre, gobierne o participe como instructor, en cualquier forma, de un centro de adiestramiento bélico no oficial en el que se instruya sobre la utilización de armas de fuego o explosivos a personas menores de dieciocho años.

Cuando los delitos a que se refiere este artículo, sean cometidos por servidores públicos miembros de las fuerzas armadas nacionales o de alguna corporación policíaca, las penas previstas serán aumentadas hasta en una mitad y, además, se impondrá destitución e inhabilitación de uno a ocho años para desempañar otro empleo, cargo o comisión públicos.

Artículo 201 Quáter

Se impondrán de cuatro a quince años de prisión y multa por el equivalente de quinientos a mil días de salario al propietario, arrendatario o usufructuario de un bien inmueble que sin las autorizaciones de las autoridades correspondientes, lo destine al adiestramiento bélico no oficial, en el que se instruya sobre la utilización de armas de fuego o explosivos a personas menores de dieciocho años.

ARTICULO SEGUNDO.-Se reforma el inciso 13 de la fracción I del artículo 194 del Código Federal de Procedimientos Penales, para quedar como sigue:

Artículo 194.- Se califican como delitos graves, para todos los efectos legales, por afectar de manera importante valores fundamentales de la sociedad, los previstos en los ordenamientos legales siguientes:

I. Del Código Penal Federal, los delitos siguientes:

1) a 12)…

13) Corrupción de personas menores de dieciocho años de edad o de personas que no tienen capacidad para comprender el significado del hecho o de personas que no tienen capacidad para resistirlo, previstos por los artículos 201, 201 Ter y 201 Quáter; Pornografía de personas menores de dieciocho años de edad o de personas que no tienen capacidad para comprender el significado del hecho o de personas que no tienen capacidad para resistirlo, previsto en el artículo 202; Turismo sexual en contra de personas menores de dieciocho años de edad o de personas que no tienen capacidad para comprender el significado del hecho o de personas que no tienen capacidad para resistirlo, previsto en los artículos 203 y 203 Bis; Lenocinio de personas menores de dieciocho años de edad o de personas que no tienen capacidad para comprender el significado del hecho o de personas que no tienen capacidad para resistirlo, previsto en el artículo 204 y Pederastia, previsto en el artículo 209 Bis.

14) a 24)…

TRANSITORIO

UNICO.- El Presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Senadores, a 20 de noviembre de 2012.

Senador Arturo Zamora Jiménez

Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional”.






PROPUESTAS

Del C. Senador David Monreal Avila y de la C. Senadora Luz María Beristáin Navarrete, que contiene punto de Acuerdo sobre la edificación del centro denominado “Dragon Mart” en Cancún, Quintana Roo. Se turna a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

PUNTO DE ACUERDO SOBRE LA EDIFICACION DEL CENTRO DENOMINADO “DRAGON MART” EN CANCUN, QUINTANA ROO

“De laSenadora Luz María Beristain Navarrete y delSenador David MonrealAvila, integrantes de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8, fracción II y 276 del Reglamento del Senado de la República, sometemos a la consideración de ésta Soberanía, la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

Dragon Mart Cancún” será un mega centro de exhibición, venta y distribución de productos chinos, el cual se tiene previsto inaugurar en el año 2014, en Cancún, Quinta Roo.

Se sabe que desde su autorización en el 2011 por el gobierno federal, se proyectó que este centro sería el más grande fuera del país asiático, aunque su negociación y acuerdos se han tratado de manejar por lo obscurito.

Existen otros dos centros como éste en el mundo, uno en la capital de los Países Bajos, Ámsterdam y el que se localiza en Dubái, de los Emiratos Árabes Unidos, ambos han sido construidos por las mismas empresas que están llevando a cabo el proyecto en México: Chinamex y Middle East Investment & Trade Promotion Center.

Dragon Mart Cancún” contará con una inversión inicial de aproximadamente 200 millones de dólares, con la cual se contempla la construcción en un área de 84 hectáreas ubicada en el predio conocido como El Tucán, sobre la autopista a Playa del Carmen en Puerto Morelos, a 15 minutos de Cancún, dentro de los cuales se tiene previsto edificar 3,049 locales comerciales y 40,000 metros cuadrados de bodegas, además de la construcción de más de 2,000 viviendas.1

México se convertirá en el segundo centro de distribución nacional e internacional de productos chinos más grande fuera del país asiático, ya que, entre otras facilidades, “Dragon Mart Cancún” ha logrado permisos para exportar sus productos desde México hacia 20 países Latinoamericanos, Estados Unidos y Canadá; con lo cual, pese a su baja calidad, pondrán en serios problemas a las ya de por si debilitadas empresas nacionales y de América Central.

Por si esto fuera poco, se podrá importar acero de China e India, y comerciarlo por debajo del precio que se vende el metal mexicano, ya que el Congreso de la Unión aprobó aplicar tasa cero a la importación de dicho metal.2

Recordemos que China es el mayor fabricante de productos libres de registro de propiedad intelectual por sus niveles de pirataje tecnológico y copia de diseño, situación que ha permitido la fabricación de artesanías mexicanas a tan bajo costo, que han llegado a quebrar el mercado tradicional de Jalisco y Michoacán.

Por si esto fuera poco, los representantes del Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA) han manifestado que las autorizaciones otorgadas a partir de los estudios realizados sobre los cambios de uso de suelo, de construcción y socioeconómico, presentan graves irregularidades; de igual manera el estudio obtenido por la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA), donde se ha señalado presenta inconsistencias, lo que en un futuro podría ser la causa de severos daños ambientales, urbanos y económicos.

Aunado a lo anterior, algunos medios de información han reportado que tanto el gobierno local como federal, firmaron acuerdos para facilitar la entrega de terrenos ejidales protegidos de baja densidad y su legalización expedita con cambio de uso de suelo.

Ya el CEMDA, prepara impugnaciones legales en contra de “Dragón Mart Cancún”, “por diversas irregularidades en la autorización estatal de la MIA, que van desde el desmonte de alrededor de 15 hectáreas de selva media hasta el no contar con un uso de suelo que permita las actividades comerciales e industriales como las que traerá consigo este centro de exposición permanente de mercancías chinas”.3

Es importante mencionar que el uso de suelo en donde se pretende construir el centro comercial chino, se limita a áreas naturales, turísticas y mineras, por ende la CEMDA estipula que con la construcción de “Dragon Mart Cancún”, se violenta el Programa de Ordenamiento Ecológico Local del Municipio de Benito Juárez, toda vez que en la Unidad de Gestión Ambiental correspondiente no se permiten asentamientos humanos en el número que se está planteando.4

Sin embargo, la falta de transparencia, la presunta ilegalidad y corrupción con la quese ha venido gestando y obteniendo las autorizaciones para la construcción de “Dragon Mart Cancún”, hace que resulte cuestionable lo que se pretende lograr con la apertura de este centro.

Es innegable que de alguna u otra manera el proyecto está siendo construido de forma ilegal, y que inevitablemente afectará al ecosistema natural de la región, además de las repercusiones socio-económicas que esto conlleva.

Las autoridades gubernamentales de la entidad, afirman que el proyecto atraerá al sector turístico de negocios, lo que sin duda detonará la economía estatal; sin embargo, existe gran escepticismo de los grupos empresariales locales, ya que este sector ha advertido sobre la proliferación de los productos chinos en el mundo durante las últimas décadas, lo que ha destrozado industrias establecidas como la del calzado, textiles, autopartes, muebles, etc.

El mismo presidente del Consejo Coordinador Empresarial de Cancún, Francisco Córdova Lira, asegura que el problema principal no es el tipo de negocio que propone el proyecto, sino la falta de formalidad, precisión y transparencia con el que sus promotores lo han manejado. 5

Los proponentes de este punto de acuerdo, estamos conscientes de la necesidad apremiante de desarrollo económico y de progreso en nuestro país, pero no a costa de la sustentabilidad de nuestro ecosistema, ni del perjuicio que pueda significar para ningún mexicano.

Creemos que nuestro deber como legisladores es el velar por que nuestro marco jurídico esté encaminado en favor de la sana competencia, donde tanto mexicanos como extranjeros puedan producir en igualdad de condiciones; siempre y cuando lo hagan dentro del marco del estado de derecho y con estricto apego a la Ley y a todos aquellos tratados internacionales en que se adhiera el estado mexicano.

Por ello, debemos poner en marcha acciones que brinden seguridad a pequeños, medianos y grandes productores mexicanos. No podemos permitir que empresas extranjeras produzcan sus mercancías de manera irregular en México y además desplacen a nuestros productores nacionales.

Por lo anterior, propongo hacer un llamado a universidades públicas de nuestro país, como la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y el Instituto Politécnico Nacional (IPN) -en virtud del gran prestigio y la confianza con el que cuentan-, para que lleven a cabo un estudio pormenorizado sobre el impacto socioeconómico y ambiental, que tendrá el “Dragon Mart Cancún” a nivel local, regional y nacional.

Aunado a lo anterior,es importante que desde el Senado de la República, hagamos también un llamado al Gobierno de Quintana Roo, para que explique los acuerdos que ha llevado a cabo con los asiáticos, y de los de los pros y contras del proyecto en comento.

Derivado de lo anterior, someto a consideración de esta Honorable Soberanía el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO.-Que esta H. Soberanía exhorte respetuosamente a la Universidad Nacional Autónoma de México y al Instituto Politécnico Nacional, a que realicen estudios de diagnostico y todas las pruebas necesarias en la región, a efecto de determinar cuál será el impacto ambiental, social y económico, que generará la construcción de centro comercial denominado “Dragón Mart Cancún”.

SEGUNDO.-Que esta H. Soberanía exhorte respetuosamente al Gobernador Constitucional del estado de Quintana Roo, Roberto Borge Ángulo, para que en un plazo no mayor a 30 días, envíe un informe pormenorizado de los acuerdos que ha llegado a pactar con los desarrolladores del proyecto en comento.

TERCERO.- Que esta H. Soberanía exhorte respetuosamente al Ejecutivo Federal, para que a través de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, se evalúe y dictamine las manifestaciones de impacto ambiental del proyecto de desarrollo denominado “Dragón Mart Cancún”.

CUARTO.- Que esta H. Soberanía exhorte respetuosamente al Ejecutivo Federal, para que a través de la Procuraduría Federal de Protección al Medio Ambiente se atienda yse le de eltrámite correspondiente a todas y cada una de las denuncias recibidas por desmonte ilegal de selva, en contra del proyecto en comento, y de resultar ciertas se proceda a la clausura inmediata de los trabajos.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, a 20 de noviembre de 2012”.






De los CC. Senadores Diva Hadamira Gastélum Bajo, Aarón Irízar López, Daniel Amador Gaxiola y Héctor Yunes Landa, del grupo parlamentario del PRI, que contiene punto de Acuerdo por el que solicita a la Secretaría de Gobernación dé a conocer a esta Soberanía la estrategia preventiva ante los posibles efectos que se pudieran presentar en la próxima temporada invernal 2012-2013. Se turna a la Comisión de Protección Civil.

PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SOLICITA A LA SECRETARIA DE GOBERNACION DE A CONOCER A ESTA SOBERANIA LA ESTRATEGIA PREVENTIVA ANTE LOS POSIBLES EFECTOS QUE SE PUDIERAN PRESENTAR EN LA PROXIMA TEMPORADA INVERNAL 2012-2013

“Los que suscriben: Senadora Diva Hadamira GastelUm Bajo, Senador Aarón Irízar López, Senador Daniel Amador Gaxiola y Senador Héctor Yunes Landa del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXII Legislatura, con fundamento en el artículo 8 numeral 1, fracción II; artículo 276 numeral 1 del Reglamento del Senado de la República presenta ante esta Soberanía la proposición de punto de Acuerdo al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

El periodo invernal que se presenta en nuestro país cada vez es más extremo, producto del calentamiento global y del abuso que se ha hecho de la naturaleza, lo cual ocasiona que esta temporada sea más difícil de enfrentar por nuestra población, particularmente en las regiones serranas y en aquellas zonas, rurales y urbanas, de extrema pobreza. El Sistema Meteorológico Nacional (SMN) prevé la incidencia de cuarenta y cuatro frentes fríos durante septiembre 2012 y marzo 2013, cifra cercana a la media de cuarenta y ocho frentes registrados en 1991 al 2011.

A la fecha diversos frentes fríos han afectado ya la República Mexicana, cuatro en septiembre y cinco en octubre, y se estima que en noviembre habrán seis frentes fríos, uno por abajo del promedio; en diciembre ocho, igual a la media, y en marzo seis, dos por debajo de la media. En cuanto a las temperaturas mínimas lo pronosticado es que en octubre se ubicarán por debajo del promedio en las zonas altas del país y en regiones de Durango y Chihuahua, así como en las zonas montañosas de Puebla, Tlaxcala, Estado de México y Distrito Federal. Para noviembre, las temperaturas mínimas serán inferiores a su valor medio en el Centro, Sur y Sureste de México, en tanto que en el Norte serán levemente superiores a la media. Sin embargo, diciembre será un mes muy frío en casi todo el territorio Nacional.

En cuanto a las heladas, el número de días cuando se presenten éstas, irá aumentando conforme avance la temporada invernal, los estados con mayor presencia de heladas serán Chihuahua, Durango y Zacatecas, y la misma situación se presentará en el Centro del País, como es el Estado de México, Distrito Federal, Hidalgo y Tlaxcala. Esta temporada invernal se verá acompañada de lluvias en casi todas las regiones del País, las cuales serán ligeramente superiores a su promedio histórico.

Al respecto, se debe considerar a las Entidades Federativas que de una u otra forma se ven afectadas por la temporada invernal y estar atentos, sobre todo en aquellas regiones donde la población se vuelve más vulnerable, así como de los cultivos que están expuestos a los cambios de temperatura.

Si bien la situación que esperamos para este invierno es conocida para cada uno de los ciudadanos, nuestra responsabilidad es permanecer atentos todos los integrantes de esta Soberanía, conociendo las acciones de prevención que se deben de tomar a través de las instancias que se ocupan de ello y dar la seguridad a toda la población de transitar de la mejor manera esta temporada invernal.

De ahí que el Sistema Nacional de Protección Civil, encargado de efectuar acciones coordinadas en materia de Protección Civil para salvaguardar a la población, realice las actividades de prevención que incluyan planes y programas de cada sector que se ve afectado para dar respuesta inmediata a la población a través de todos los niveles de gobierno.

La importancia que representa el tema para esta Soberanía quedó de manifiesto en la conformación de la Comisión Ordinaria de Protección Civil, la cual tendrá que coadyuvar a la aplicación de todas y cada una de las acciones de prevención.

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente proposición con:

PUNTO DE ACUERDO

Unico.- Se exhorta a la Secretaría de Gobernación para que a través del Sistema Nacional de Protección Civil presente a la Comisión de Protección Civil del Senado de la República la estrategia para hacer frente a esta temporada invernal 2012-2013.

Cámara de Senadores, a 8 de noviembre de 2012.

Sen. Diva Hadamira Gastelúm Bajo.- Sen. Aarón Irízar López.- Sen. Daniel Amador Gaxiola.- Sen. Héctor Yunes Landa”.






CITA

Se cita a la siguiente sesión el próximo jueves 22 de noviembre a las 11:00 horas.

(Se levantó la sesión a las 15:27 horas)

Directorio

DIARIO DE LOS DEBATES

de la Cámara de Senadores del Congreso
de los Estados Unidos Mexicanos

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