Senado de la República.
Sesión Plenaria.
Sabado 21 de octubre de 2017
    
    

Última actualización: octubre 2017
Última revisión: octubre 2017

Diario de los Debates
LXII
              Legislatura
1er
Año
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DIARIO DE LOS DEBATES

DE LA CÁMARA DE SENADORES
DEL CONGRESO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS


AÑO I                       Primer Periodo Ordinario                       LXII Legislatura                       Sesión Núm. 26


Sesión Pública Ordinaria Celebrada
en la Ciudad de México, el 15 de Noviembre de 2012

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PRESIDENCIA DEL C. SENADOR
ERNESTO JAVIER CORDERO ARROYO

APERTURA

- El C. Presidente Ernesto Javier Cordero Arroyo: (12:11 horas) Solicito a la Secretaría informe a la Asamblea el resultado del cómputo de asistencia de los señores Senadores.

- La C. Secretaria Rosa Adriana Díaz Lizama: Honorable Asamblea, conforme al registro de asistencia, se han acreditado 66 señores Senadores y señoras Senadoras.

En consecuencia, hay quórum, señor Presidente.

- El C. Presidente Cordero Arroyo: Se abre la sesión del jueves 15 de noviembre de 2012, correspondiente al primer periodo ordinario de sesiones del primer año de ejercicio de la LXII Legislatura.

El Orden del Día está disponible en el monitor de sus escaños, con lo cual se informa de los asuntos que corresponden a la agenda de hoy.

“ACTA DE LA SESION CELEBRADA EL MARTES
TRECE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DOCE

PRESIDE EL SENADOR
ERNESTO CORDERO ARROYO

 

En la ciudad de México, Distrito Federal, a las doce horas del día martes trece de noviembre de dos mil doce, encontrándose presentes noventa y cuatro ciudadanos Senadores, según relación anexa, la Presidencia declaró abierta la sesión.

(Lectura del Orden del Día)

La Secretaría dio por conocido el contenido del Orden del Día de la sesión de esta fecha, debido a la publicación en la Gaceta del Senado y a su difusión.

(Actas de sesiones anteriores)

Se aprobó en votación económica el Acta de la Sesión del jueves ocho de noviembre de 2012.

(Comunicaciones)

Se recibieron de la Comisión de Energía, dos oficios por los que informa de la recepción de respuestas a puntos de Acuerdo por parte de Petróleos Mexicanos.- Quedaron de enterado. Se instruirá a la Secretaría Parlamentaria descargar los asuntos correspondientes de sus registros y darlos por concluidos.

 

Se recibió de la Comisión de Estudios Legislativos, Segunda, Programa de Trabajo.- Quedó de enterado.

 

Se recibió del Senador Benjamín Robles Montoya, oficio por el que informa de la realización del foro "La Perspectiva del Sur", a realizarse los días 16 y 17de noviembre del año en curso, en Oaxaca, Oaxacay solicita la conformación de un grupo plural de Senadores que asista al mismo.- Quedó en poder de la Mesa Directiva.

 

Se recibió de la Secretaría de Gobernación, solicitud de autorización para permitir que elementos de la Armada de México participen en la octava versión de la "Exposición y Conferencia Internacional Marítima y Naval para América Latina-EXPONAVAL 2012", que se llevará a cabo en la Ciudad de Valparaíso, República de Chile, del 4 al 7 de diciembre del añoen curso.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores y de Marina.

 

Se recibieron de la Secretaría de Gobernación, 143 hojas de servicios para ratificación de diversos grados navales.- Se turnó a la Comisión de Marina.

 

Se recibió de la Secretaría de Gobernación,solicitud de permiso a que se refiere el artículo 37 constitucional, para que el ciudadano Jorge Humberto Pastor Gómez pueda aceptar y usar la condecoración que le otorga el gobierno de la República Francesa.- Se turnó a la Comisión de Gobernación.

 

Se recibió de la Secretaría de Gobernación, los Indicadores Operativos y Financieros de Petróleos Mexicanos, correspondientes al segundo semestre de 2011.- Se remitió a la Comisión de Energía.

 

Se recibió de la Comisión Reguladora de Energía, Informe de Labores 2011.- Se remitió a la Comisión de Energía.

 

Se recibió del Instituto Mexicano del Seguro Social, Informe de Labores 2011-2012 y Programa de Actividades.- Se remitió a la Comisión de Seguridad Social.

 

Se recibió del Gobierno del Distrito Federal, invitación para asistir a la ceremonia conmemorativa del 188 aniversario de la expedición del Decreto de creación del Distrito Federal, a realizarse el domingo 18 de noviembre del año en curso, en esta ciudad.- Se designó en comisión al Senador Mario Delgado Carrillo.

 

Se recibió del Gobierno del Distrito Federal, invitación para asistir a la ceremonia conmemorativa del 102 aniversario del inicio de la Revolución Mexicana, a realizarse el martes 20 de noviembre del año en curso, en esta ciudad.- Se designó en comisión al Senador Adolfo Romero Lainas.

 

Se recibió del Gobierno del Distrito Federal, invitación para asistir a la ceremonia conmemorativa del 90 aniversario luctuoso de Ricardo Flores Magón, a realizarse el miércoles 21 de noviembre del año en curso, en esta ciudad.- Se designó en comisión al Senador Marco Antonio Blásquez Salinas.

(Iniciativas)

La Senadora Cristina Díaz Salazar, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 30, 42, 48 y 64 de la Ley de Seguridad Nacional.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Gobernación y de Estudios Legislativos, Primera, con opinión de la Comisión de Seguridad Pública.

 

La Senadora Mariana Gómez del Campo Gurza, a nombre propio y de los Senadores Rosa Adriana Díaz Lizama y Daniel Gabriel Ávila Ruiz, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 24, numeral 1, inciso b) y28, numeral 1, fracción I del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Gobernación y de Estudios Legislativos, Segunda.

 

PRESIDE EL SENADOR
JOSE ROSAS AISPURO TORRES

 

El Senador Armando Ríos Piter, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó iniciativa, con aval de grupo, con proyecto de Decreto por el que se expide la Ley General de Propaganda Gubernamental, se deroga la fracción II del artículo 223 del Código Penal Federal y se reforma el numeral 5 del artículo 228 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Gobernación y de Estudios Legislativos.

 

El Senador Humberto Domingo Mayans Canabal, a nombre propio y de diversos Senadores, presentó iniciativa con proyecto de Decreto que reforma la fracción iv del artículo 28 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y el artículo 2º de la Ley del Impuesto al Valor Agregado.- Se turnó a la Cámara de Diputados.

 

PRESIDE EL SENADOR
ENRIQUE BURGOS GARCIA

 

El Senador José Rosas Aispuro Torres, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó iniciativa con proyecto de Decreto que reforma los artículos 26 y 71 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias y de Estudios Legislativos, Segunda.

 

El Senador Ángel Benjamín Robles Montoya, a nombre propio y de los Senadores Fidel Demédicis Hidalgo y Zoé Robledo Aburto, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó iniciativa con proyecto de Decreto que reforma los artículos 20, 25, 150 y 151 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Desarrollo Rural y de Estudios Legislativos.

 

El Senador Óscar Román Rosas González, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó iniciativa con proyecto de Decreto por elque se reforma el artículo 30 y se adiciona el 31 dela Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionadoscon las Mismas.- Se turnó a las Comisiones Unidasde Comercio y Fomento Industrial y de Estudios Legislativos, Segunda.

 

La Senadora María del Pilar Ortega Martínez, a nombre propio y de las Senadoras Luisa María Calderón Hinojosa y Maki Esther Ortiz Domínguez, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó iniciativa con proyecto de Decreto por el que se expide la Ley que Regula el Uso de la Fuerza por los Integrantes de las Instituciones de Seguridad Pública Federal.- Se turnó a las Comisiones Unidasde Seguridad Pública, de Derechos Humanos y de Estudios Legislativos, Primera.

 

La Senadora Angélica de la Peña Gómez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos y la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Gobernación y de Estudios Legislativos, Segunda, con opinión de la Comisión de Derechos Humanos.

 

PRESIDE EL SENADOR
JOSE ROSAS AISPURO TORRES

 

La Senadora Angélica de la Peña Gómez, delgrupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó iniciativa con proyecto de Decreto por el que se adiciona el artículo 98 bis a la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias y de Estudios Legislativos.

 

El Senador Raúl Gracia Guzmán, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó iniciativa con proyecto de Decreto que reformalos artículos 304 y 310 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales y el artículo 21 Bis de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Gobernación y de Estudios Legislativos, Segunda.

 

La Senadora Lucero Saldaña Pérez, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó iniciativa con proyecto de Decreto por elque se reforman y adicionan diversas disposicionesa la Ley General de Acceso de las Mujeres a unaVida Libre de Violencia y al Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Equidad y Género y de Estudios Legislativos, Segunda.

 

El Senador Daniel Gabriel Ávila Ruiz, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó iniciativa con proyecto de Decreto por el que se adicionan los párrafos segundo y tercero al artículo53 de la Ley Reglamentaria del Artículo 5° Constitucional, relativo al ejercicio de las profesiones en el Distrito Federal.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Educación y de Estudios Legislativos.

(Dictámenes a discusión)

Se sometió a consideración de la Asamblea un dictamen de la Comisión contra la Trata de Personas, con punto de Acuerdo que exhorta al titular del Ejecutivo Federal a emitir a la brevedad el Reglamento de la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia de las Víctimas de estos Delitos.- Intervino la Senadora Lucero Saldaña Pérez del PRI. Fue aprobado en votación económica.

 

Se dio Primera Lectura a un dictamen de las Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión Social yde Estudios Legislativos, Primera, el que contiene proyecto de Decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo.- Con dispensa de segunda lectura. Para referirse al desahogo del asunto, intervinieron desde su escaño los Senadores: Luis Miguel Barbosa Huerta del PRD y Arturo Zamora Jiménez del PRI.

Para presentar el dictamen, intervinieron los Senadores: Ernesto Gándara Camou, Presidente de la comisión de Trabajo y Previsión Social y Raúl Gracia Guzmán, Presidente de la Comisión de Estudios Legislativos, Primera.

Para presentar los posicionamientos de los grupos parlamentarios, hicieron uso de la palabra los Senadores: Manuel Bartlett Díaz del PT; Carlos Alberto Puente Salas del PVEM; Alejandra Barrales Magdaleno del PRD; Javier Lozano Alarcón del PAN; Raúl Cervantes Andrade del PRI.

Para la discusión en lo general, intervinieron los Senadores: Dolores Padierna Luna del PRD en contra; Mónica Arriola Gordillo en pro; Alejandro Encinas Rodríguez del PRD en contra; DavidMonreal Ávila del PT en contra; Raúl Morón Orozco del PRD en contra. Fue aprobado por 99 votos en pro y 28 en contra en lo general y los artículos no reservados.

PRESIDE EL SENADOR
ERNESTO CORDERO ARROYO

Para la discusión en lo particular, hicieron uso de la palabra los Senadores: Fidel Demédicis Hidalgo del PRD para presentar propuesta de modificación al artículo 371. Para referirse al mismo artículo, intervinieron los Senadores Javier Corral Jurado y Raúl Gracia Guzmán. La propuesta del Senador Demédicis no se admitió a discusión. El artículo fue aprobado en los términos del dictamen por 96 votos en pro y 29 en contra.

Intervino el Senador Mario Delgado Carrillo del PRD para presentar propuesta de modificación al artículo 373, la cual no se admitió a discusión. El artículo fue aprobado en los términos del dictamen por 96 votos en pro, 29 en contra y 1 abstención.

Intervino el Senador Armando Ríos Piter del PRD para presentar propuesta para adicionar el artículo 388 Bis al proyecto de Decreto. Para referirse aesa propuesta intervino el Senador Héctor Larios Córdova.

Intervino el Senador Isidro Pedraza Chávez del PRD quien presentó propuesta de adición de un artículo 390 al proyecto de Decreto. Las propuestas deadición se admitieron a discusión. Intervinieron los Senadores Marco Antonio Blásquez Salinas del PT; Rabindranath Salazar Solorio del PRD; y Lorena Cuéllar Cisneros del PRD.

Los artículos 388 bis y 390 fueron aprobados por 65 votos a favor y 61 en contra. Se declaró aprobado el proyecto de Decreto.

El Presidente de la Mesa Directiva informó que en virtud de la aprobación de los artículos 388 bis y 390, el proyecto se colocaba en el supuesto de la parte final de la fracción e) del artículo 72 constitucional, por lo que dio cuenta con un Acuerdo suscrito por los integrantes de la Mesa Directiva que establece: "Con fundamento en el artículo 72, fracción e) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Senado de la República, como Cámara revisora, manifiesta su Acuerdo para remitir al Ejecutivo Federal, para su sanción, promulgación y publicación, el Decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo, única y exclusivamente con los artículos aprobados por ambas Cámaras del Congreso dela Unión." Puesto a discusión, intervinieron los Senadores: Luis Miguel Barbosa Huerta del PRD; Manuel Bartlett Díaz del PT; Héctor Larios Córdova del PAN; Layda Sansores San Román; Roberto Gil Zuarth del PAN; y Jorge Luis Preciado Rodríguez del PAN. El Acuerdo fue aprobado por la Asamblea.

El Presidente de la Mesa Directiva dio cuenta con el Acuerdo de la Cámara de Diputados por el que manifiesta su aceptación para que de ser necesario, el Senado, como Cámara revisora, remita al Ejecutivo Federal el Decreto de reformas a la Ley Federal del Trabajo, sólo con los artículos aprobados por ambas Cámaras.

En esa virtud, se declaró: "Las Cámaras del Congreso General acuerdan remitir al Poder Ejecutivo Federal el texto de los artículos que han alcanzado la aprobación bicamaral para que con ellos se expida el Decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo. El Presidente dictó el trámite de remitir al Ejecutivo Federal el Decreto de reformas a la Ley Federaldel Trabajo, con los artículos que recibieron la aprobación de las dos Cámaras del Congreso de la Unión." Adicionalmente dictó trámite de remitir los artículos 388 bis y 390 a la Cámara de Diputados para los efectos de la última parte del inciso e) del artículo 72 Constitucional.

(Acuerdo de la Mesa Directiva)

Se sometió a consideración de la Asamblea un Acuerdo de la Mesa Directiva por el que se establece el procedimiento para la elección de ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.- Intervinieron los Senadores: Manuel Bartlett Díaz del PT; Roberto Gil Zuarth del PAN; Iris Mendoza Mendoza del PRD; Raúl Cervantes Andrade del PRI; y Fidel Demédicis Hidalgo del PRD. Fue aprobado en votación económica.

 

PRESIDE EL SENADOR
JOSE ROSAS AISPURO TORRES

(Acuerdo de la Junta de Coordinación Política)

Se sometió a consideración de la Asamblea un Acuerdo de la Junta de Coordinación Política por el que se modifica la integración de comisiones.- Intervinieron los Senadores José María Martínez Martínez del PAN y Layda Sansores San Román. Fue aprobado en votación económica.

(Comisión de Administración)

Se sometió a consideración de la Asamblea el proyecto de Presupuesto de Dietas, Honorarios, Sueldos y Gastos de la Cámara de Senadores para el mes de octubre de 2012.- Fue aprobado en votación económica.

 

Se recibió de la Comisión de Administración, Informe del presupuesto ejercido por la Cámara de Senadores en el mes de agosto de 2012.- Quedó de enterado.

 

Se recibió de la Comisión de Administración, Informe del presupuesto ejercido por la Cámara de Senadores en el mes de septiembre de 2012.- Quedó de enterado.

(Proposiciones)

El Presidente de la Mesa Directiva dio turno a las siguientes proposiciones:

 

Del Senador Manuel Humberto Cota Jiménez, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo que exhortaa la Cámara de Diputados para que asigne en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2013, 1,215 millones de pesos para el estado de Nayarit, para la atención de la demanda de educación superior, a través de la Universidad Autónoma de ese estado.- Se turnó a la Cámara de Diputados.

 

Del Senador Francisco Salvador López Brito, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de Acuerdo que exhorta al titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y a la Cámara de Diputados a destinar los recursos necesarios para la terminación de la carretera Choix-San Rafael.- Se turnó a la Comisión de Comunicaciones y Transportes el primer resolutivo y a la Cámara de Diputados los resolutivos segundo y tercero.

 

De la Senadora Martha Palafox Gutiérrez, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de Acuerdo que solicita al Ejecutivo Federal y a la Cámara de Diputados incluir en el Presupuesto de Egresos de la Federación para 2013 los recursos necesarios para la creación de unidades especializadas de nefrología en cada estado del país.- Se turnó a la Cámara de Diputados.

 

Del Senador Héctor Yunes Landa, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo que exhorta a la Comisiónde Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a que en proceso de análisis, discusióny aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2013 se destinen mayores recursos al Programa de Acciones en Concurrencia con Entidades Federativas en Materia de Inversión, Sustentabilidad y Desarrollo de Capacidades.- Se turnó a la Cámara de Diputados.

 

Del Senador César Octavio Pedroza Gaitán, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de Acuerdo por el que se solicita al Ejecutivo Federal y a la Cámara de Diputados que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2013 se destinen recursos para la creación de un fondo subsidiario al cual puedan acceder directamentelos municipios mexicanos con elevado nivel de marginación, para el desarrollo de proyectos que provean a su fortalecimiento institucional.- Se turnó a la Cámara de Diputados.

 

Del Senador Mario Delgado Carrillo, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a que en el anteproyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para 2013 destine recursos para constituir una partida explícita a fin de que los entes públicos municipales puedan dar cumplimiento a las obligaciones derivadas de la reforma a la Ley General de Contabilidad Gubernamental.- Se turnó a la Cámara de Diputados.

 

De la Senadora Ana Gabriela Guevara, a nombre y representación del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de Acuerdo que exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados para que en el Presupuesto de Egresos de la Federación para 2013 etiquete recursos suficientes para dotar y etiquetar de recursos y presupuesto para promover el uso eficiente de la tecnología de la información y comunicación.- Se turnó a la Cámara de Diputados.

 

Del Senador César Octavio Pedroza Gaitán, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de Acuerdo que exhorta a la Cámara de Diputados a que en el Presupuesto de Egresos de la Federación para 2013 se garantice la igualdad de la representación y los derechos mínimos de los municipios en el ejercicio del Fondo Metropolitano y que se analice permitirles ejercer directamente recursos para proyectos que estén de Acuerdo al plan de orden de desarrollo metropolitano.- Se turnó a la Cámara de Diputados.

 

De la Senadora Cristina Díaz Salazar, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a realizar un registro nacional de pacientes diabéticos.- Se turnó a la Comisión de Salud.

 

De la Senadora Diva Hadamira Gastélum Bajo,del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo que exhorta al titular de la Secretaría de Educación Pública del Gobierno Federal, y a las de los estados a incorporar el ajedrez en sus planes y programas de estudio en los niveles de educación básica, medio superior y superior, como asignatura sabia de aplicación y conocimiento.- Se turnó a la Comisión de Educación.

(Efeméride)

El Senador Zoé Robledo Aburto, Presidente de la Comisión de Biblioteca y Asuntos Editoriales, remitió efeméride sobre la conmemoración del "Día Nacional del Libro".- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

La Presidencia dio por concluida la sesión a las diecinueve horas y citó a la siguiente el jueves quince de noviembre a las once horas".

LISTA DE ASISTENCIA DE LA SESION ANTERIOR



El acta de la sesión anterior se encuentra publicada en la Gaceta del Senado de este día. En consecuencia, consulte a la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba.

- La C. Secretaria Díaz Lizama: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba el acta de la sesión anterior. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque se rechace, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobada el acta, señor Presidente.

- El C. Presidente Cordero Arroyo: Pasamos al siguiente asunto.






COMUNICACIONES

- La C. Secretaria Díaz Lizama: Se recibió una comunicación del Senador David Penchyna Grub, Presidente de la Comisión de Energía, con la que remite el Programa de Trabajo Anual de esa comisión.

- El C. Presidente Cordero Arroyo: Esta Asamblea ha quedado debidamente enterada.

Pasamos al siguiente asunto.

- La C. Secretaria Díaz Lizama: Se recibió comunicación de la Mesa Directiva, con las que remite las propuestas de candidatos para ocupar el cargo de Consejero de la Judicatura Federal.



- El C. Presidente Cordero Arroyo: Túrnese a las Comisiones Unidas de Justicia; y de Estudios Legislativos.

Pasamos al siguiente asunto.






SECRETARIA DE GOBERNACION

- La C. Secretaria Díaz Lizama: Se recibió un oficio de la Secretaría de Gobernación, por el que comunica que el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, maestro Felipe Calderón Hinojosa, se ausentará del territorio nacional el próximo domingo 18 del actual, para realizar un viaje a la ciudad de Austin, Texas, Estados Unidos de América, a fin de atender una invitación para presenciar el Gran Premio Fórmula 1 de Estados Unidos 2012, que le extendió el equipo Sauber F1 Team.

“SECRETARIA DE GOBERNACION

SUBSECRETARIA DE ENLACE LEGISLATIVO

Oficio No. SEL/300/428/12

México, D.F., 14 de noviembre de 2012

CC. SECRETARIOS DE LA CAMARA DE SENADORES
DEL H. CONGRESO DE LA UNION
PRESENTES.

Por este conducto y para los efectos del artículo 88 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, me permito remitir copia del oficio número DEP-1501/12, signado por la Lic. Betina C. Chávez Soriano, Directora General de Coordinación Política de la Secretaría de Relaciones Exteriores, así como de su anexo, mediante los cuales comunica que el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, Mtro. Felipe Calderón Hinojosa, se ausentará del territorio nacional el próximo domingo 18 del actual, para realizar un viaje a la ciudad de Austin, Texas, E.U.A., regresando a territorio nacional, el mismo día domingo.

El propósito de la visita es atender una invitación para presenciar el Gran Premio Fórmula 1 de Estados Unidos 2012, que le extendió el equipo Sauber F1 Team, que a instancias del Gobierno de México, promueve la Marca México desde 2011 en las Américas, Europa y Asia-Pacífico.

Sin otro particular, reciban un cordial saludo.

Atentamente

El Subsecretario

Lic. Rubén Alfonso Fernández Aceves”.

- El C. Presidente Cordero Arroyo: Esta Asamblea ha quedado debidamente enterada. Remítase copia de la documentación a las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores; y de Relaciones Exteriores, América del Norte.

Compañeras y compañeros Senadores, informo a ustedes que la Mesa Directiva en su reunión de esta mañana, acordó incluir en la agenda del día de hoy, el posicionamiento de los grupos parlamentarios en torno al Día Mundial de la Diabetes.

En consecuencia, tiene el uso de la palabra la Senadora María Cristina Díaz Salazar, del grupo parlamentario del PRI.






EFEMERIDE

- La C. Senadora María Cristina Díaz Salazar: Gracias, señor Presidente; señoras y señores Senadores:

El pasado miércoles 14 de noviembre se conmemoró el Día Mundial de la Diabetes, enfermedad silenciosa, que es la primera causa de muerte en nuestro país.

Hoy, el grupo parlamentario del PRI, hace un llamado a todas las fuerzas políticas para sumarnos en los esfuerzos necesarios para combatir este padecimiento.

Este padecimiento va de la mano con el sobrepeso y la obesidad, no respetando edades. Lo mismo tenemos niños obesos desde lactantes, preescolares y adolescentes, lo que nos lleva a que en el adulto sea igual.

La Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2012 fue presentada el día 9 de noviembre del presente año por la Secretaría de Salud, de acuerdo con lo informado por las autoridades, la actual encuesta señala que 48 millones de mexicanos adultos sufren de sobrepeso y obesidad; habiendo un ligero repunte en la población infantil de 5 a 11 años de menos de un punto porcentual y en los adolescentes de 12 a 19 años, un 35% presentan el sobrepeso y la obesidad.

Respecto de la diabetes, 6.4 millones de adultos mayores de 20 años la padecen y 1.8 reportan complicaciones, como amputaciones, daños renales, problemas de la vista y del corazón.

Según el nivel de gasto en diabetes, publicado por investigadores de Salud Pública en 2010, México es el país de Latinoamérica que más recursos destina al tratamiento de la diabetes; erogando 778.4 millones de dólares anuales, lo que nos ha llevado a ocupar el décimo sitio mundial.

Estas cifras indican la necesidad de establecer políticas públicas en salud que promuevan estilos de vida saludables, con autocontrol e información.

Por lo anteriormente expuesto, a nombre del grupo parlamentario de mi partido, el Revolucionario Institucional, y fundamentado, someto a la consideración de esta Soberanía, el siguiente Acuerdo:

UNICO.- Se exhorta al Ejecutivo Federal, para que a través de la Secretaría de Salud, se realice un Registro Nacional de Pacientes Diabéticos.

Es cuanto, señor Presidente.

(Aplausos)

- El C. Presidente Cordero Arroyo: Gracias, Senadora Díaz Salazar.

Tiene el uso de la tribuna la Senadora María Elena Barrera Tapia, del grupo parlamentario del PVEM.

- La C. Senadora María Elena Barrera Tapia: Muy buenos días.

Todos los que estamos aquí presentes conocemos a alguien que padece diabetes, conocemos lo difícil que es para una familia hacer frente al proceso de deterioro, que termina por afectar profundamente a cada uno de sus miembros, y también su ámbito económico, psicológico y salud de la familia.

En los últimos 6 años, en México fallecieron 500 mil personas por diabetes, y cada día se registran 1,100 casos nuevos, provocando que el incremento en la morbilidad haya sido del 30% de aumento en este periodo.

Hoy la diabetes es la principal causa de muerte en la edad productiva y la segunda causa de muerte en edad post-productiva.

En México nos encontramos desafortunadamente en una situación en la que a pesar de las inversiones hechas en hospitales y unidades especializadas, esto no ha impedido que haya más diabéticos en nuestro país, y que cada vez haya más obesos en la población infantil y en la población adulta, lo cual refleja la inexistencia o ineficacia de una política de salud que proteja preventivamente a la población.

Todo esto abona a que las brechas de desigualdad e inequidad en nuestro país se hayan incrementado.

Por poner un ejemplo, el costo de atención de un paciente diabético al año es aproximadamente de 278 mil pesos, de los cuales, 158 mil provienen del bolsillo de las familias y el monto restante proviene del sector salud, el cual tiene que absorber 39 mil millones de pesos para atender este padecimiento, equivalente al 7% del gasto total en salud.

Hoy, la diabetes, también, por no atenderse a tiempo como prevención secundaria y terciaria, es la principal causa de ceguera, de amputación y de insuficiencia renal de los enfermos.

Lo paradójico del tema es que la diabetes tipo 2, que es la más difundida y que representa el 90 por ciento de los casos, puede ser prevenible si se adoptan estilos de vida saludables como la práctica de ejercicio, una dieta y evitar adicciones.

Otro dato que también es para reflexionar, es que solamente el 5.2 % de los pacientes están bien controlados y el 94.8 % de los pacientes restante no lo están.

De lo anterior, podemos concluir que en México enfrentamos problemas diversos que, por supuesto, están afectando la eficacia de los programas institucionales, destacando, entre ellos, y en este caso para la enfermedad, un inadecuado e insuficiente abasto de medicamentos, obsoleto también el equipamiento que se encuentra en muchas de las unidades médicas del primer nivel de atención, la falta del acceso a exámenes de laboratorio y, por supuesto, una deficiencia en los sistemas de referencia y contrarreferencia de los pacientes.

Además inconcebible el que se dé apoyo psicológico, apoyo nutricional e inclusive se monitoree y se vigile el control y adherencia al tratamiento de cada uno de los pacientes.

Por ello, no podemos continuar gastando los recursos sin saber el destino y el buen aprovechamiento de cada uno del peso que se gasta y que por ineficiencia estemos teniendo cada vez más la presencia de esta enfermedad.

Por ello, el grupo parlamentario del Partido Verde, hoy nos pronunciamos porque exista un sistema único de registro de pacientes que permita dar la continuidad de la atención médica, de la atención nutricional y psicológica, así como generar la fuente de financiamiento y, por supuesto, la aplicación y distribución de los recursos para un adecuado abasto y distribución de medicamentos.

Tenemos que hacer un esfuerzo y ese esfuerzo tendrá que ser conjunto, la prevención no nada más está antes de la enfermedad, sino también podemos actuar y prevenir aún cuando la enfermedad ya esté presente.

Muchísimas gracias.

- El C. Presidente Cordero Arroyo: Gracias, Senadora Barrera Tapia.

Tiene el uso de la tribuna el Senador Fernando Mayans Canabal, del grupo parlamentario del PRD.

- El C. Senador Fernando Enrique Mayans Canabal: Con su permiso, señor Presidente; compañeras y compañeros Senadores.

El día de ayer se celebró el Día Mundial de la Diabetes Mellitus, una enfermedad crónica pero muy agresiva que pausadamente va acabando con el ser humano, sin que lo perciban de un inicio y posteriormente acaba con la vida de la gente que la padece.

Como se dice coloquialmente, es una enfermedad que nos agarra del cuello y no nos deja, y si no la entendemos, la comprendemos y la cuidamos nos va apretando el cuello más fuerte cada día.

Esa enfermedad es consecuencia, entre otras cosas, de la insuficiencia renal crónica, en su gran mayoría de la cual aún no hemos podido, en el Congreso de la Unión, ingresar a los gastos catastróficos en salud y la gente aún sigue costeando alrededor del 60 por ciento del costo de esa enfermedad, de su bolsillo, consecuencia de la diabetes mellitus.

El problema de la diabetes es un problema de educación, es un problema de cultura y también es un problema genético; sin embargo, yo invito aquí a mis compañeras y compañeros Senadores, a propuesta de mi fracción, el Partido de la Revolución Democrática, a trabajar incansablemente en el problema de la obesidad.

El problema de la obesidad es un factor sumamente importante para el desarrollo de la diabetes mellitus, de hecho cuando un paciente obeso, con obesidad mórbida se somete a cirugía vemos que se corrige la diabetes, se puede curar la diabetes en los pacientes que se someten a cirugía por obesidad mórbida.

Lo mismo tenemos que trabajar aquí en el Senado, y los invito a todos ustedes, sobre los medicamentos milagro, porque mucha gente diabética, como es una enfermedad crónica, cansa y van acudiendo y tocan puertas para que estén gastando con estos medicamentos milagro, que se anuncian tanto en la televisión y en la radio, y que lo único que provocan es que la gente acabe en la miseria vendiendo lo poco que tienen para poder comprar estas disque medicinas y estén padeciendo las consecuencias secundarias de la diabetes mellitus.

Así también impulsar más los trasplantes de páncreas que desde 1990 en el Centro Médico Nacional Siglo XXI, se llevan a cabo y esto ayuda también a este problema.

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, en el mundo hay más de 347 millones de personas con diabetes y se estima un alto registro en los países de ingresos bajos y medios. Esto tiene como resultado que tan sólo en el 2012, 4.8 millones de personas murieron y se gastaron 6 mil 123 millones de pesos, alrededor de 271 millones de dólares. Casi la mitad, compañeros, de esas muertes corresponden a personas de menos de 70 años y un 55 por ciento son mujeres.

De acuerdo a la Federación Internacional de la Diabetes en México, se presenta un registro de 6.4 millones de habitantes con esta enfermedad, el número de muertes tuvo un crecimiento de 92 por ciento al pasar de 46 mil 525 defunciones en el 2010, a 89 mil 414 en el 2012.

En 2010, por cada 10 personas de 80 años y más de edad, hospitalizados por diabetes mellitus, fallece una.

De acuerdo al Instituto Nacional de Salud Pública, México gastó en el 2011 el 15 por ciento del gasto total de salud en diabetes. Tenemos que insistir también en el problema de la educación desde la escuela, en el kínder, la primaria, la secundaria, que tienen que insistir en los cuidados de cómo alimentarse.

Invito a este Senado de la República a trabajar la iniciativa sobre los alimentos chatarra que tanto daño hace a nuestra juventud, a nuestra niñez y por supuesto es un factor también importante para desarrollar diabetes mellitus.

Los resultados reportados en el Sexto Informe de Gobierno Federal señalan que la meta de reducción planteada al inicio del sexenio pretendía atender el 3.9 por ciento anual en la tasa de mortalidad, cifra que reconoce que no se alcanzó.

Por eso, el día de ayer se celebró en todo el planeta el Día de la Diabetes, una enfermedad que tenemos que tener atención, y repito, invito a este Senado a trabajar esa iniciativa, medicamentos milagro, alimentación chatarra, entre otras.

Muchas gracias por su atención y cuídense que la diabetes anda rondando por todos lados.

Gracias.

(Aplausos)

- El C. Presidente Cordero Arroyo: Gracias, Senador Mayans Canabal.

Tiene ahora la palabra el Senador Francisco Salvador López Brito, del grupo parlamentario del PAN.

- El C. Senador Francisco SalvadorLópez Brito: Con su permiso, señor Presidente; compañeras y compañeros Senadores:

La enfermedad silenciosa, se le llama a este trastorno metabólico que afecta a todos y cada uno de los organismos del ser humano, y que ahorita en estos momento se le cataloga ya como una epidemia mundial, y que lo más importante para enfrentarla y atacarla es precisamente, y coincido con los compañeros que me han precedido en el uso de la palabra, la prevención.

¿Por qué el día 14 de noviembre celebrar el “Día Mundial de la Diabetes Mellitus”?

Tiene una razón muy importante que como cultura general es trascendente que la conozcamos.

Un 14 de noviembre nació en Ontario, Canadá, el doctor Frederick Grant Banting. El doctor Frederick Grant Banting, médico militar e investigador canadiense, en 1921 descubrió junto con Charles Best, la hormona insulina, que es precisamente una de las herramientas terapéuticas de primer orden en el tratamiento de la diabetes mellitus.

Por este descubrimiento les fue otorgado, en 1923, el Premio Nobel de Fisiología y Medicina, compartido, en este caso, al doctor Banting con el doctor John James Richard Macleod.

El logotipo que observamos como símbolo del “Día Mundial de la Diabetes” es un círculo azul, ¿por qué? Porque el color azul representa, para quienes a través de la Organización Mundial de la Salud están trabajando en este tema, representa un color que une a todas las naciones, y es precisamente la bandera de la ONU y el color del cielo.

La diabetes mellitus es una enfermedad de prevalencia modificable con estilos de vida nutricionales sanos.

El sedentarismo o inactividad física, la dietas altas en carbohidratos y grasas bajas en fibras, el sobrepeso y la obesidad son factores de riesgo, pero son modificables, es lo importante, pero pues bien determinan la epidemia mundial y también nacional en materia de diabetes.

La Federación Mexicana de Diabetes calcula que la población con esta enfermedad se ubica entre un 6.4 y 10 millones de personas, es decir, el 7 por ciento de la población del total del país están padeciendo este problema, y lamentablemente estiman que casi 2 millones de mexicanos aún no saben que la padecen.

Cifras de la Encuesta Nacional de Salud en 2006, del total de personas diabéticas, sólo el 25 por ciento, esto es 1.6 millones, están bajo tratamiento médico.

El cálculo de la diabetes mellitus o infantil en el país asciende a más de 400 mil niños menores de 15 años de edad.

El sector salud, como ya se ha comentado, anualmente gasta alrededor de 90 mil millones de pesos atribuibles a la atención de los pacientes diabéticos, su discapacidad permanente o temporal, y problemas de morbimortalidad prematura.

El gobierno del Presidente Calderón realizó diversas acciones para prevenir y combatir la enfermedad. En este tenor, se implementó el plan de prevención y tratamiento de enfermedades crónicas, sobrepeso, riesgo cardiovascular y diabetes mellitus. Derivado del Acuerdo Nacional para la salud alimentaria, desde el 2010 se concertaron nutriólogos y activadores físicos para propiciar la actividad física en centros laborales y en los entornos de las escuelas.

Asimismo, se realizaron cursos de actividad física con el propósito de lograr que la población modifique sus estilos de vida, adicionalmente se llevaron a cabo talleres de orientación alimentaria en las que participaron y se dio seguimiento al peso corporal de un importante grupo de personas por todo el sector salud.

En el 2009, se creó el Acuerdo para el Fortalecimiento de las Acciones de Salud Pública en los Estados, con recursos de 1,667 millones de pesos desde su inicio hasta el 2012. Se han transferido a entidades federativas 7,529 millones de pesos para este tema.

En materia de iniciativas de apoyo a este problema de salud, compañeros nuestros, Senadores del Partido Acción Nacional, se han preocupado por este tema como la Senadora Emma Larios Gaxiola, que en la pasada legislatura presentó el punto de Acuerdo por el que se exhorta al sector salud a reforzar los programas de prevención de la diabetes.

También en la pasada legislatura, el Diputado Guillermo Tamborrel presentó otro punto de Acuerdo por el que se exhorta al gobierno federal y a los partidos políticos nacionales a destinar una parte de sus tiempos oficiales en radio y televisión a difundir medidas de prevención y concientización para evitar trastornos de la conducta alimentaria, el sobrepeso y la obesidad.

En conclusión, lo importante para atender este problema de salud, epidemia nacional y mundial, trastorno metabólico, es la prevención, y en torno a esto debemos dirigir todo los esfuerzos del sector salud para disminuir los índices importantes de morbimortalidad y problemas que representa este padecimiento.

Por lo anterior, nos adherimos, en el grupo parlamentario de Acción Nacional, al punto de Acuerdo de nuestra compañera Senadora María Elena Barrera Tapia para tener un registro único de pacientes diabéticos, que la atención sea integral, médica, medicamentos, nutricional, psicológica, promoción de actividad física y supervisar la adherencia al tratamiento.

Por su atención, muchas gracias.

(Aplausos)

- El C. Presidente Cordero Arroyo: Gracias, Senador López Brito.






SECRETARIA DE GOBERNACION

Compañeros y compañeras Senadores, informo a ustedes que se recibió en esta Mesa Directiva un oficio de la Secretaría de Gobernación, con el que se remite dos nuevas ternas para designar a dos Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

En primer lugar, para cubrir la vacante del Ministro Guillermo Iberio Ortiz Mayagoitia, se propone a los ciudadanos Rosa Elena González Tirado, Alberto Gelacio Pérez Dayán y Julio César Vázquez-Mellado García.

Para cubrir la vacante del Ministro Sergio Salvador Aguirre Anguiano, se propone a los ciudadanos Alfredo Gutiérrez Ortiz-Mena, Norma Lucía Piña Hernández y Ricardo Romero Vázquez.



Las propuestas y los expedientes correspondientes se turnan a la Comisión de Justicia para los efectos de lo dispuesto en el Acuerdo aprobado el pasado día 13 de noviembre.

En el apartado de iniciativas, se concede el uso de la tribuna a la Senadora Lisbeth Hernández Lecona, del grupo parlamentario del PRI y al Senador Pablo Escudero Morales, del grupo parlamentario del PVEM, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversos artículos constitucionales. Los dos Senadores tendrán el uso de la tribuna, en conjunto, hasta por 10 minutos.






INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN LOS ARTICULOS 22, 73, 79, 105, 107, 109, 113, 116 Y 122 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

(Presentada por los CC. Senadores Lisbeth Hernández Lecona y Pablo Escudero Morales, a nombre propio y de las CC. Senadoras y CC. Senadores de los grupos parlamentarios del PRI y del PVEM)

- La C. Senadora Lisbeth Hernández Lecona: Gracias, señor Presidente; compañeras Senadoras y compañeros Senadores:

El día de hoy, es un día especial para mi grupo parlamentario y del Verde Ecologista de México en el Senado de la República. Es especial, porque podemos dar un paso trascendental en el mejoramiento del servicio público de nuestro país; es especial, porque hoy sentaremos los cimientos que devolverán la dignidad y el prestigio de la función pública. Es especial, porque hoy más que nunca estamos comprometidos con las banderas de la transparencia, honestidad, eficiencia y profesionalismo que hoy requiere nuestro Estado mexicano.

Es especial porque hoy damos un paso firme en la ruta de la cero tolerancia al servidor público corrupto, opaco e ineficiente.

Tengo el honor de acudir a esta alta tribuna nacional para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto que reforma y adiciona los artículos 22, 73, 79, 105, 107, 109, 113, 116 y 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que presentan las Senadoras y los Senadores integrantes del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional y del Partido Verde Ecologista de México del Senado de la República, en materia de combate a la corrupción.

La razón por la que hemos decidido acompañar al Presidente Electo, Enrique Peña Nieto, en esta significativa e impostergable propuesta, es porque estamos convencidos de su urgencia, de la necesidad, de su inaplazable implementación y del mensaje que, como actores políticos, debemos mandar a la sociedad.

Las Senadoras y Senadores que hemos suscrito esta iniciativa compartimos la opinión de muchos ciudadanos, de que la corrupción ha sido uno de los problemas históricos más graves y dañinos en México. Existen evidencias documentadas para sostener que debido a la corrupción se incrementan los precios de bienes y servicios, su calidad se deteriora, que impacta la inversión y el crecimiento económico, que incrementa la desigualdad y, en suma, afecta la legitimidad del Estado y la confianza de la sociedad en sus gobiernos.

Es inocultable que México se encuentra inmerso en un problema grave de corrupción asociada al servicio público en sus tres niveles de gobierno en todo el país, sin distingos del origen partidista de los servidores públicos.

Nuestro país ve afectada su imagen y su capacidad de competitividad global por este grave problema. Según el Indice de Percepción de la Corrupción, elaborado anualmente por Transparencia Internacional, México ha caído, en los últimos once años, del lugar 51 al lugar 100, de un total de 182 países evaluados en materia de corrupción.

El Centro de Estudios Económicos del Sector Privado, estima que la corrupción cuesta alrededor de 1.5 billones de pesos al año, mientras que las empresas destinan el 10% de sus ingresos para el pago de sobornos.
Como lo ha expresado el Presidente Electo, Enrique Peña Nieto, “el gobierno debe poner el ejemplo y ser el principal promotor de prácticas que inhiban la corrupción”. Un punto que no podemos dejar de lado es la asignación clara de responsabilidades en todos los niveles gubernamentales para que los funcionarios deshonestos sean sancionados y los ineficaces sean relevados de su cargo. La rendición de cuentas tiene que ser una obligación, un proceso cotidiano e institucionalizado en toda la administración y para todo servidor público. En este sentido, un Estado eficaz es necesariamente un Estado transparente y abierto, observado, evaluado y fiscalizado.

Por ello, se propone la creación de la Comisión Nacional Anticorrupción con el objeto de que el gobierno actúe con mayor eficacia en combatir las faltas administrativas y las conductas de corrupción a las que me he referido. Estas propuestas plantean un nuevo sistema de rendición de cuentas, de responsabilidades administrativas y de combate a la corrupción en el orden federal, pero también con capacidad para atender temas relevantes en los niveles de gobierno estatal y municipal, incluyendo la posibilidad de recibir reportes ciudadanos de personas victimizadas por actos de corrupción en trámites menores.

La Comisión Nacional Anticorrupción, el eje rector de esa reforma constitucional, se plantea como un órgano autónomo, la institución que requerimos para combatir eficazmente la corrupción, una institución que se rija por los objetivos y principios de imparcialidad, independencia, legalidad, certeza, compromiso y profesionalismo.

En caso de que la comisión encuentre actos presumiblemente constitutivos de delitos deberá dar vista el Ministerio Público, ya sea federal o estatal, y podrá actuar como una instancia coadyuvante. También se prevé que en los casos de corrupción, las responsabilidades no prescribirán en un plazo inferior a cinco años.

El mensaje de la iniciativa es claro, evitar prácticas de corrupción, no sólo en los gobiernos, sino entre los particulares que pretendan beneficiarse de actos ilícitos. Para ello, se propone darle facultades de atracción en casos de corrupción estatal y municipal, establecer como obligación que los estados y el Distrito Federal contemplen comisiones autónomas de combate a la corrupción.

Se propone, además, facultar al Congreso de la Unión para expedir leyes en materia de combate a la corrupción para asegurar que todo el país se homologue en los criterios alrededor de los actos ilícitos y las responsabilidades administrativas y penales que se deriven.

Se prevé de manera muy relevante que el desempeño de la Comisión Nacional Anticorrupción se apegue a las mejores prácticas internacionales. La iniciativa incluye la facultad de la Comisión para impulsar acciones y programas de prevención de corrupción, así como la promoción de la ética, de la honestidad y dignificación del servicio público.

Un Consejo Nacional por la Etica Pública también está contemplado en esta reforma, para que con integrantes con trayectorias personales, profesionales, dignas de ser un referente del servicio público, orienten las políticas públicas que formen una verdadera ética en el servicio público.

Compañeras y compañeros Senadores, en este momento histórico queremos dejar muy claro que el compromiso del Presidente Electo, Enrique Peña Nieto, es nuestro compromiso. Estamos decididos a aportar toda nuestra energía legislativa, toda nuestra capacidad de acuerdo político para alcanzar mejores instrumentos para el bienestar de México, justo como el que hoy presentamos ante esta Soberanía.

Lo hacemos convencidos, además, de que la presentación de esta iniciativa debe ser el inicio de una gran cruzada nacional en contra de la corrupción, que rebase las diferencias ideológicas y políticas. Convocamos a todas las fuerzas políticas, a los servidores públicos, al sector privado, a todos los mexicanos a sumarse a este gran esfuerzo en beneficio de México.

Todos señalamos el problema, nadie es ajeno a la solución. Proponemos resolverlo con los mayores esfuerzos en una vida democrática, como lo han exigido millones de ciudadanos en estas décadas. Unamos esfuerzos, pongamos a México por delante, démosle esta nueva oportunidad a nuestro país de realzar su vida pública en un marco de ética y probidad.

Es por nuestro México, es por nuestras familias, es por nuestros hijos.

Muchas gracias.

(Aplausos)
- El C. Presidente Cordero Arroyo: Gracias, Senadora Hernández Lecona.

En el mismo turno, tiene el uso de la palabra el Senador Pablo Escudero Morales, y le suplico sea breve.

- El C. Senador Pablo Escudero Morales: Muchas gracias, señor Presidente.

El día de hoy nos enorgullece presentar en esta máxima tribuna de la Nación, una iniciativa, que hacemos nuestra, del Presidente electo Enrique Peña Nieto. Iniciativa que obedece a la legítima y compartida preocupación para combatir y abatir la corrupción.

La corrupción debilita el sistema democrático de cualquier país, debilita las instituciones, lastima y enferma a la sociedad. La corrupción no es un fenómeno aislado, y por ningún motivo debemos verlo así; la corrupción abre la puerta para enquistar al crimen organizado; la corrupción no puede ser vista como un modo de vivir, ni aceptada o tolerada en la sociedad, mucho menos por la clase política.

La corrupción ataca directamente el desarrollo y crecimiento del país, es una amenaza a la estabilidad política. La corrupción en otros países ha dejado de ser vista como un problema local, ahora se observa y se trata como un fenómeno de carácter internacional.

Ante esto, el Presidente Electo está plenamente convencido que la rendición de cuentas tiene que ser una obligación, tiene que ser un proceso cotidiano e institucionalizado en toda la administración pública.

La próxima administración busca ser un gobierno eficaz, eficiente, abierto, observado, evaluado y fiscalizado por órganos de control interno, pero dándole un peso específico e importantísimo constitucional, como un control externo.

El Presidente Electo no busca tener más facultades para ejercer su mandato, todo lo contrario, el próximo Presidente está cediendo, está renunciando, está acotando sus facultades de autocontrol y automación bajo una nueva premisa, bajo una nueva concepción del poder, bajo una idea de contrapesos constitucionales que trabajen, que colaboren, que se coordinen para juntos combatir la corrupción.

De esta forma, se concibe a la Comisión Nacional Anticorrupción como un órgano constitucionalmente autónomo que sea eficaz y ágil para atender las denuncias de los ciudadanos. Sin duda alguna, esta iniciativa empodera a los ciudadanos.

Quisiera insistir en que este organismo constitucional nace como una nueva concepción del poder, del control y de su ejercicio.

Esta comisión trabajará bajo tres premisas: Un alto grado de especialización, una comisión que no se guiará por intereses de partido o de coyuntura y que siempre actuará en estricto apego a la ley.

No quiero desperdiciar esta oportunidad para mandar un mensaje a aquellos que están preocupados, esta iniciativa no está hecha pensando en el pasado, no está hecha para el pasado; esta iniciativa está construida, está planeada para el futuro de nuestro país, para el futuro de nuestros hijos; esta iniciativa está diseñada para que el Ejecutivo y sus colaboradores pongan el ejemplo y se sometan a una fiscalización escrupulosa por parte de un organismo autónomo; organismo que tendrá facultades para investigar y para sancionar, un organismo de carácter constitucional estrictamente técnico y profesional, eso es lo que se está buscando.

Por lo anterior, compañeros Senadores, les pido que se sumen con su conocimiento, con sus aportaciones, con su experiencia para poder hacer que esta ley nos ayude a cambiar el futuro de este país; esta iniciativa requiere de todos los Senadores del PAN, del PRD, del PT, del PANAL y de Movimiento Ciudadano.

Nosotros estamos listos para que ustedes nos ayuden a perfeccionarla y juntos podamos combatir la corrupción que tanto daña a este país.

Es cuanto, muchas gracias, señor Presidente.

(Aplausos)

Iniciativa



- El C. Presidente Cordero Arroyo: Muchas gracias, Senador Escudero Morales. Túrnese a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; y de Estudios Legislativos, Primera, con opinión de la Comisión de Gobernación y de la Comisión de Anticorrupción y Participación Ciudadana.

Sonido en el escaño de la Senadora Laura Angélica Rojas.
- La C. Senadora Laura Angélica Rojas Hernández: (Desde su escaño) Gracias, señor Presidente.

Solo para solicitar la ampliación de turno para dictamen, no para opinión de la Comisión de Anticorrupción y Participación Ciudadana, que es la comisión del ramo que también le corresponde dictaminar en esta iniciativa.

Muchas gracias.

- El C. Presidente Cordero Arroyo: Gracias, Senadora Rojas Hernández. Después de una deliberación en la Mesa, coincidimos en que dado que no se tocan más asuntos más que la Constitución, y son artículos de la Constitución.

Y también la Comisión de Gobernación tendría que opinar con respecto a este tema, se creó la Agencia de Gobierno, se modifican instancias que son competencia de la Comisión de Gobernación. Permítame ratificar el turno. Se turna a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; y de Estudios Legislativos, Primera, con opinión de la Comisión de Gobernación y de la Comisión de Anticorrupción y Participación Ciudadana.

Sonido en el escaño del Senador Escudero Morales.

- El C. Senador Pablo Escudero Morales: (Desde su escaño) Muchas gracias, señor Presidente.

Evidentemente yo respeto la decisión de la Mesa Directiva, que es plural, y si así lo han decidido lo respeto, pero sí quiero dejar de manifiesto en este Pleno que por ningún motivo podría estar de acuerdo.

Esta comisión se creó justamente, es la comisión del ramo para ayudar, por eso se invitaron a los Senadores que son especialistas en el tema, para coadyuvar a todo un ensamblaje constitucional están los expertos en la comisión, y la verdad es que yo no podría estar de acuerdo, quiero dejarlo de manifiesto, a la mejor habría que replantear si debe de seguir existiendo esta comisión o no, porque para eso se hizo la comisión, para eso se creó con ese objetivo, buscar el andamiaje jurídico, constitucional y para eso están los especialistas en esa comisión, dejarlo de manifiesto y respeto la decisión de la Mesa Directiva, ojalá se pueda reflexionar.

Es cuanto.

- El C. Presidente Cordero Arroyo: Gracias, Senador Escudero Morales, tomamos nota de su comentario en la Mesa Directiva. Gracias.

Se concede el uso de la palabra al Senador Francisco Domínguez Servién, del grupo parlamentario del PAN, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 58 y se adiciona el artículo 5o. de la Ley Federal de Sanidad Vegetal.






INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETOPOR EL QUE SE REFORMA EL ARTICULO 58 Y SE ADICIONA UN PARRAFO CINCUENTA AL ARTICULO 5o. DE LA LEY FEDERAL DE SANIDAD VEGETAL

(Presentada por el C. Senador Francisco Domínguez Servién, del grupo parlamentario del PAN)

- El C. Senador Francisco Domínguez Servién: Con el permiso de la Mesa Directiva.

Presento este punto de Acuerdo que establece que se considerarán como puntos de verificación e inspección fitosanitaria para la importación y exportación, aquellas instalaciones autorizadas para tal fin por SAGARPA, mismas que podrán estar a cargo de entidades de gobierno, de organismos internacionales o regionales, de organizaciones de productores, de organizaciones relacionadas con el comercio exterior, de personas morales que presenten intereses colectivos en materia de comercio exterior, de productos vegetales, así como de particulares.

Define al Punto de Verificación e Inspección Fitosanitaria para Importación, como las instalaciones ubicadas en el territorio nacional, autorizadas por la SAGARPA, que cumplen con las condiciones apropiadas e integrales para presentar en ellas el servicio oficial de inspección en materia de sanidad vegetal, de los productos para importanción.

Que la creciente demanda del comercio global, en particular de los productos agropecuarios, acuícolas y pesqueros, han creado una gran variedad de exigencias en las formas en las que las mercancías deben de ser transportadas. A consecuencia de ello, existe la necesidad de generar nuevas tecnologías y procedimientos a instrumentarse en los servicios que se implementan durante el proceso de gestión de las importaciones al país.

Que la ausencia de procedimientos innovadores en la inspección y verificación de productos vegetales destinados a la importación, han propiciado un incremento en el riesgo de diseminación de problemas sanitarios y fitosanitarios dentro de nuestro territorio nacional.

Que en ciertos casos, las importaciones de productos vegetales se sujetan a procesos anacrónicos y poco eficientes en cuanto a la inspección y verificación, los cuales se realizan antes de su ingreso al territorio nacional, debido a que alguno de los puntos de inspección se ubican tristemente en el extranjero.

Que la falta de profesionalización en los productos de verificación de productos vegetales importados, representan un riesgo de posible re-infestación o contaminación que se lleva acabo durante los traslados posteriores a la llegada de los productos a los sitios de inspección, así como la posibilidad del intercambio de productos, sustracción de productos y desvío, debido a que las instalaciones se ubican a distancias variables antes de los patios de inspección de la Aduana Mexicana.

Que en atención a estas complicaciones, en el pasado se aprobaron instalaciones en el extranjero para prestar ahí los servicios de inspección, con la finalidad de no obstaculizar el comercio de dichos productos; sin embargo, los actos de autoridad fundamentados en nuestra legislación secundaria en materia de sanidad vegetal se han llevado acabo en forma extraterritorial, creándose requisitos que tienen que verificarse en el extranjero, fuera de nuestro ámbito jurisdiccional nacional.

Que no obstante lo anterior, tal vez el factor más delicado de estos puntos de inspección fitosanitaria internacional estén ubicadas hoy en el extranjero, radica en que los servicios de inspección y verificación fitosanitaria que en ellos se presentan han propiciado el compromiso de empresas autorizadas para operar en estas instalaciones, no sea uniforme y carezca de estándares en el cumplimiento que permita mantener homogeneidad en las instalaciones a lo largo de la frontera.

Que bajo esta tesitura, se considera que reubicar los puntos de inspección fitosanitaria nacional dentro de nuestro territorio, coadyuvaría a generar más empleos para expertos mexicanos en inspección fitosanitaria, evitando la caída de inversiones e infraestructura y equipamiento, creando espacios para que las autoridades en materia de inocuidad y sanidad vegetal, ejecuten con plena validez sus actos de autoridad salvaguardando las fronteras de cualquier riesgo fitosanitario que impacte de manera negativa al sector agroalimentario de nuestro país.

Es importante mencionar que la verificación inspección fitosanitaria para la importación y exportación en los puntos de entrada o franja fronteriza del territorio nacional, necesarios para asegurar el nivel de protección en materia de sanidad vegetal del país, es una obligación de la SAGARPA, la cual no puede estar a cargo de particulares.

La propuesta del texto actual. Artículo 58. La Secretaría contará con puntos de inspección internacional en materia de sanidad vegetal necesarios, para asegurar el nivel de protección apropiada en la materia antes mencionada.

La propuesta a cambiarse: Artículo 58.- La Secretaría podrá autorizar puntos de verificación e inspección fitosanitaria para importación y exportación, en los puntos de entrada a franja fronteriza del territorio nacional, necesarios para asegurar el nivel de protección en materia de sanidad vegetal del país.

Para efectos del párrafo anterior, se consideran como puntos de verificación e inspección fitosanitaria para importación y exportación, aquellas instalaciones autorizadas para tal fin por la Secretaría mismas que podrán estar a cargo de entidades de gobierno, de organismos internacionales o regionales, de organizaciones de productores, de organizaciones relacionadas por el comercio exterior, de personas morales que representen intereses colectivos en materia de comercio exterior de los productos vegetales, así como de los particulares, en los términos del reglamento de esa ley y demás disposiciones generales aplicables a las instalaciones descritas en los siguientes supuestos:

1. Los ubicados en los recintos fiscales o fiscalizados de los puntos de entrada ubicados en puertos y terminales marítimas, aéreas, ferroviarias y terrestres.

2. Los recintos fiscales de las aduanas.

3. Los establecimientos que presenten servicios integrales de inspección, fumigación y destrucción.

Para el caso de los establecimientos ubicados en la franja fronteriza deberán contar con un mecanismo de control y traslado de embarques desde la aduana hasta dicha instalación.

Por lo expuesto y con fundamento en el artículo 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como de lo artículos 8, numeral 1, fracción I; 164, numeral 1; 169 y 172 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración del Pleno de la Cámara de Senadores, el siguiente proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 58 y se adiciona el párrafo cincuenta al artículo 5o. de la Ley Federal de Sanidad Vegetal, para quedar como sigue:

ARTICULO UNICO.- Se reforma el artículo 58 y se adiciona el artículo 5o. de la Ley Federal de Sanidad Vegetal, un párrafo cuadragésimo noveno, recogiendo los subsecuentes párrafos; del párrafo primero al párrafo cuadragésimo octavo: para quedar como sigue:

Artículo 5o. …

Punto de Verificación e Inspección Fitosanitaria para importación.- Instalaciones ubicadas en el territorio nacional, autorizadas por las Secretarías, que cumplen con las condiciones apropiadas e integrales para prestar en ellas el servicio oficial de inspección en materia de sanidad vegetal de los productos de importación. Estas podrán establecerse en la modalidad de operación que se establezcan en las generales que al efecto se emitan.

Artículo 58.- La Secretaría contará con punto de verificación e inspección fitosantaria para importación y exportación, en los puntos de entrada en la franja fronteriza del territorio nacional, necesarios para asegurar el nivel de protección en materia de sanidad vegetal del país.

Para efectos del párrafo anterior, se consideran como puntos de verificación e inspección fitosanitaria para la importación y exportación, aquellas instalaciones autorizadas para tal fin por la Secretaría mismas que podrán estar a cargo de entidades de gobierno.

Los ubicados en los recintos fiscales o en los fiscalizados de puntos de entrada ubicados en puertos y terminales marítimas, aéreas, ferroviarias y terrestres.

TRANSITORIOS

Primero.- El presente Decreto entrará en vigor a partir del día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo.- Los establecimientos identificados como Puntos de Verificación Internacional ubicados en el extranjero, que la entrada en vigor del presente Decreto, cuenten con la autorización vigente, podrán continuar operando por un plazo de hasta seis meses, a fin de solicitar su cambio de domicilio a territorio nacional, o en su caso, baja definitiva.

Tercero.- Las personas físicas o morales que cuenten a la entrada en vigor del presente Decreto con Punto de Verificación Internacional ubicados en el extranjero y una vigencia de su interés de reubicar sus instalaciones dentro del territorio nacional, se les podrá otorgar una autorización, previo cumplimiento de los requisitos establecidos en la disposición general que emita la Secretaría para tal efecto.

Es cuanto, señor Presidente.

Iniciativa

“Sen. Ernesto Cordero Arrollo
Presidente de la Mesa Directiva
del Senado de la República
del H. Congreso de la Unión
Presente.

Francisco Domínguez Servien, Senador de la República para la LXII Legislatura del Congreso de la Unión e integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en el artículo 71 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como los artículos 8° numeral 1, fracción I, 164 numeral 1, 169 y 172 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideraciónde esta Soberanía, la siguiente Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 58 y se adiciona un párrafo cincuenta al artículo 5º de la Ley Federal de Sanidad Vegetal, al tenor de la siguiente:

CONTENIDO DE LA INICIATIVA

Establece que se considerarán como puntos de verificación e inspección fitosanitaria para importación y exportación, aquellas instalaciones autorizadas para tal fin por SAGARPA, mismas que podrán estar a cargo de entidades de Gobierno, de Organismos Internacionales o regionales, de Organizaciones de Productores, de Organizaciones relacionadas con el Comercio Exterior, de personas morales que representen intereses colectivos en materia de comercio exterior de productos vegetales, así como de particulares.

Define al “Punto de Verificación e Inspección Fitosanitaria para Importación”, como las instalaciones ubicadas en territorio nacional, autorizadas por SAGARPA, que cumplen con las condiciones apropiadas e integrales para prestar en ellas el servicio oficial de inspección en materia de sanidad vegetal de los productos para importación.

CONSIDERACIONES

Que la creciente demanda en el comercio global, en particular de los productos agropecuarios, acuícolas y pesqueros ha creado una gran variedad de exigencias en las formas en las que las mercancías deben ser transportadas, a consecuencia de ello existe la necesidad de generar nuevas tecnologías y procedimientos a instrumentarse en los servicios que se implementan durante el proceso de gestión de las importaciones al país.

Que la ausencia de procedimientos innovadores en la inspección y verificación de productos vegetales destinados a la importación han propiciado un incremento en el riesgo de diseminación de problemas sanitarios y fitosanitarios dentro de nuestro territorio nacional.

Que en ciertos casos, las importaciones de productos vegetales se sujetan a procesos anacrónicos y poco eficientes en cuanto a su inspección y verificación, los cuales se realizan antes de su ingreso al territorio nacional, debido a que algunos de los puntos de inspección se ubican en el extranjero.

Que la falta de profesionalización en los procesos de verificación de productos vegetales importados, representan un riesgo de posible re-Infestación o contaminación que se lleva a cabo durante los traslados posteriores, a la llegada de los productos a los sitios de inspección, así como la posibilidad de intercambio de productos, sustracción de productos y desvío, debido a que las instalaciones se ubican a distancias variables antes de los patios de inspección de la Aduana Mexicana.

Que en atención a esta complicaciones, en el pasado se aprobaron instalaciones en el extranjero para prestar ahí los servicios de inspección, con la finalidad de no obstaculizar el comercio de dichos productos, sin embargo los actos de autoridad fundamentados en nuestra legislación secundaria en materia de sanidad vegetal se han llevado a cabo en forma extraterritorial, creándose requisitos que tienen que verificarse en el extranjero, fuera de nuestro ámbito jurisdiccional nacional.

Que no obstante lo anterior, tal vez el factor más delicado de que estos puntos de inspección fitosanitaria internacional estén ubicados en el extranjero, radica en que los servicios de inspección y verificación fitosanitaria que en ellos se prestan han propiciado que el compromiso de las empresas autorizadas para operar estas instalaciones, no sea uniforme y carezca de un estándar en el cumplimiento que permita mantener homogeneidad de instalaciones a los largo de la frontera.

Que bajo esta tesitura, se considera que reubicar los puntos de inspección fitosanitaria nacional dentro del territorio nacional, coadyuvaría a generar más empleos para expertos mexicanos en inspección fitosanitaria, evitando la caída de inversiones en infraestructura y equipamiento y creando espacios para que las autoridades en materia de inocuidad y sanidad vegetal, ejecuten con plena validez sus actos de autoridad salvaguardando las fronteras de cualquier riesgo fitosanitario que impacte de manera negativa al sector agroalimentario de nuestro país.

Que es importante mencionar que la verificación e inspección fitosanitaria para la importación y exportación, en los puntos de entrada o franja fronteriza del territorio nacional, necesarios para asegurar el nivel de protección en materia de sanidad vegetal del país, es una obligación de la SAGARPA, la cual no puede estar a cargo de particulares.

La propuesta del Senador Francisco Domínguez Servien es la siguiente:

Texto Actual:

“Artículo 58.- La Secretaría contará con puntos de inspección internacional en materia de sanidad vegetal necesarios, para asegurar el nivel de protección apropiado en la materia antes mencionada.

Para efectos del párrafo anterior, son puntos de inspección fitosanitaria internacional los siguientes:

I. Los instalados en puertos y terminales marítimas, aéreas, ferroviarias y terrestres;

II. Aquellos que se ubiquen en territorio extranjero, de acuerdo con los tratados internacionales y acuerdos interinstitucionales que se suscriban; y

III. Otros que por excepción fije la Secretaría en base al análisis de riesgo fitosanitario, así como de la condición fitosanitaria de vegetales, sus productos o subproductos.”

Propuesta:

Artículo 58.- La Secretaría podrá autorizar puntos de verificación e inspección fitosanitaria para importación y exportación, en los puntos de entrada o franja fronteriza del territorio nacional, necesarios para asegurar el nivel de protección en materia de sanidad vegetal del país.

Para efectos del párrafo anterior, se considerarán como puntos de verificación e inspección fitosanitaria para importación y exportación, aquellas instalaciones autorizadas para tal fin por la Secretaría mismas que podrán estar a cargo de entidades de Gobierno, de Organismos Internacionales o regionales, de Organizaciones de Productores, de Organizaciones relacionadas con el Comercio Exterior, de personas morales que representen intereses colectivos en materia de comercio exterior de productos vegetales, así como de particulares, en los términos del Reglamento de esta Ley y demás disposiciones generales aplicables a las instalaciones descritas en los siguientes supuestos:

I.- Los ubicados en los recintos fiscales o fiscalizados de los puntos de entrada ubicados en puertos y terminales marítimas, aéreas, ferroviarias y terrestres;

II.- Los recintos fiscales de las Aduanas, y

III.- Los establecimientos que presten servicios integrales de inspección, fumigación y destrucción.

Para el caso de los establecimientos ubicados en la franja fronteriza deberán contar con un mecanismo de control y traslado de embarques desde la aduana hasta dicha instalación.

Por lo expuesto, y con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como los artículos 8° numeral 1, fracción I, 164 numeral 1, 169 y 172 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración del pleno de la Cámara de Senadores, el siguiente proyecto de:

DECRETO

Por el que se reforma el artículo 58 y se adiciona un párrafo cincuenta al artículo 5º de la Ley Federal de Sanidad Vegetal, para quedar como sigue:

ARTICULO UNICO.- Se reforma el artículo 58 y se adiciona al artículo 5° de la Ley Federal de Sanidad Vegetal un párrafo cuadragésimo noveno, recorriendo los subsecuentes párrafos; del párrafo primero al párrafo cuadragésimo octavo, para quedar como sigue:

Artículo 5o.- …

Punto de Verificación e Inspección Fitosanitaria para Importación.- Instalaciones ubicadas en territorio nacional, autorizadas por la Secretaría, que cumplen con las condiciones apropiadas e integrales para prestar en ellas el servicio oficial de inspección en materia de sanidad vegetal de los productos para importación. Estas podrán establecerse en las modalidades de operación que se establezcan en las modalidades de operación que se establezcan en las generales que al efecto se emitan;

Artículo 58.- La Secretaría contará con puntos de verificación e inspección fitosanitaria para importación y exportación, en los puntos de entrada o franja fronteriza del territorio nacional, necesarios para asegurar el nivel de protección en materia de sanidad vegetal del país.

Para efectos del párrafo anterior, se considerarán como puntos de verificación e inspección fitosanitaria para importación y exportación, aquellas instalaciones autorizadas para tal fin por la Secretaría mismas que podrán estar a cargo de entidades de Gobierno, de Organismos Internacionales o regionales, de Organizaciones de Productores, de Organizaciones relacionadas con el Comercio Exterior, de personas morales que representen intereses colectivos en materia de comercio exterior de productos vegetales, así como de particulares, en los términos del Reglamento de esta Ley y demás disposiciones generales aplicables a las instalaciones descritas en los siguientes supuestos:

I.- Los ubicados en los recintos fiscales o fiscalizados de los puntos de entrada ubicados en puertos y terminales marítimas, aéreas, ferroviarias y terrestres;

II.- Los recintos fiscales de las Aduanas, y

III.- Los establecimientos que presten servicios integrales de inspección, fumigación y destrucción.

Para el caso de los establecimientos ubicados en la franja fronteriza deberán contar con un mecanismo de control y traslado de embarques desde la aduana hasta dicha instalación.

TRANSITORIOS

PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor a partir del día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

SEGUNDO.- Los establecimientos identificados como Puntos de Verificación Internacional ubicados en el extranjero, que a la entrada en vigor del presente Decreto, cuenten con autorización vigente, podrán continuar operando por un plazo de hasta seis meses, a fin de solicitar su cambio de domicilio a territorio nacional, o en su caso, su baja definitiva.

TERCERO.- Las personas físicas o morales que cuenten a la entrada en vigor del presente Decreto con Puntos de Verificación Internacional ubicados en el extranjero y manifiesten su interés en reubicar sus instalaciones dentro del territorio nacional, se les podrá otorgar su autorización, previo cumplimiento de los requisitos establecidos en las disposiciones generales que emita la Secretaría para tal efecto.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, a 15 de noviembre de 2012.

Atentamente

Sen. Francisco Domínguez Servién”.

- El C. Presidente Cordero Arroyo: Gracias, Senador Domínguez Servién. Túrnese a las Comisiones Unidas de Agricultura y Ganadería; y de Estudios Legislativos, Segunda.

Se concede la palabra al Senador Rabindranath Salazar Solorio, del grupo parlamentario del PRD, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 130 de la Ley del Seguro Social.






INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETOPOR EL QUE SE REFORMA EL ARTICULO 130 DE LA LEY DEL SEGURO SOCIAL

(Presentada por el C. Senador Rabindranath Salazar Solorio, del grupo parlamentario del PRD)

- El C. Senador Rabindranath Salazar Solorio: Con el permiso de la Mesa; compañeras y compañeros Senadores:

Las garantías sociales se introdujeron por primera vez en la Constitución de 1917, como logro del movimiento armado de 1910 contra la dictadura Porfirista, la Revolución Mexicana materializó el anhelo de superar la lamentable condición del pueblo mexicano. Así surgieron los artículos 27 y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, siguiendo la pauta marcada de 1917, el Estado mexicano ha robustecido el catálogo de garantías sociales. En 1983, emerge el derecho a la protección de la salud y en 1999 se elevó a rango constitucional de igual manera, en este mismo año, el derecho a la protección del medio ambiente.

La seguridad social nació para reparar las consecuencias de los riegos de trabajo y naturales que, al privar a un hombre o mujer en su capacidad de trabajo y ganancia, la orillaban a la miseria junto con sus dependientes.

La seguridad social para los trabajadores al servicio del Estado, se organiza de modo que cubre los accidentes y enfermedades profesionales; las enfermedades no profesionales, maternidad; y la jubilación, invalidez, vejez y muerte.

En este sentido, el artículo 130 de la Ley del Seguro Social prevé la pensión por viudez a la esposa o esposo de quien fuera asegurado o asegurada en su caso, pero actualmente dicho artículo conculca la garantía de igualdad prevista en los artículos 1o. y 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al establecer mayores requisitos a los cónyuges varones que a las mujeres para el otorgamiento y pago de la pensión de viudez.

Esta garantía tiene como propósito empatar la situación jurídica de ambos sexos tanto en el ejercicio de sus derechos como en el cumplimiento solidario de las responsabilidades que les competen en sus actividades educativas, políticas y productivas, equilibrando las garantías individuales con las garantías sociales, evitando y rechazando cualquier privilegio derivado de supuestas superioridades o jerarquías entre sexos, al exigir socialmente la igualdad entre el hombre y la mujer.

El articulo 130 del Seguro Social hace una distinción de géneros para el otorgamiento y pago de una pensión de viudez, al exigirle al varón, en su carácter de esposo viudo, demostrar dependencia económica con su extinta mujer, lo cual contraviene la intención del Constituyente al establecer la igualdad entre el hombre y la mujer, buscando abatir viejos resabios que habían influido para mantener situaciones de discriminación de la mujer frente al varón.

La garantía de igualdad entre el varón y la mujer ante la ley, a su vez se encuentra íntimamente ligada al principio general de igualdad para los gobernados, previsto en el artículo 1o. constitucional, al preceptuar que todo individuo gozará de las garantías que otorga la Constitución, en el entendido que éstas no podrán restringirse ni suspenderse, sino en los casos y con las condiciones que esta consigne, lo que pone de manifiesto el deseo de nuestra cultura actual de que se superen las discriminaciones que con frecuencia se otorgaba a uno u otro individuo por razón de su sexo. De ahí que la idea de igualdad ante la ley como principio de justicia, implica que las personas deben ser tratadas de la misma manera en las mismas circunstancias en razón de ser gobernadas por reglas fijas, de manera que la discriminación o el favor en el trato de los individuos puede hacerse sólo en virtud de circunstancias relevantes, es decir, que pueda ser justificada a fin de evitar un trato desigual.

Efectivamente, el referido principio de igualdad no implica necesariamente que todos los individuos deban encontrarse siempre y en cualquier circunstancia en condiciones de absoluta paridad, sino que dicho supuesto se refiere a la igualdad jurídica, consistente en el derecho de todos los gobernados de recibir el mismo trato que aquellos que se encuentran en similar situación de hecho.

La norma fundamental prevé como garantía individual la igualdad de varón y mujer ante la ley, y el derecho a que los integrantes de las familias de los trabajadores, sin distinción de género, disfruten, entre otros, de los seguros de vida, al legislarse dicho precepto se cometió una infracción a tales valores fundamentales, ya que se estableció un trato distinto para tener acceso a dicha pensión proporcionada por el instituto, tratándose del viudo de la trabajadora asegurada o pensionada por invalidez.

La diferencia de trato entre la mujer y el varón, sin otra razón que las diferencias por cuestión de género y las meramente económicas, evidencian la inconstitucionalidad de la norma reclamada, porque si durante su vida laboral, las extintas trabajadoras cotizan para que quienes le sobrevivan y tengan derecho a ello, disfruten de los seguros previstos en la ley en la materia, entonces la pensión en comento no es una concesión gratuita o generosa, sino un derecho generado durante su vida productiva con el objeto de garantizar, en alguna medida, la subsistencia de sus beneficiarios.

Asimismo, es menester hacer mención que la Segunda Sala de la Suprema Corte Justicia de la Nación ya se ha pronunciado respecto de este tema en la Contradicción de Tesis 154/2009.

Compañeros legisladores, considero que el segundo párrafo del artículo 130 de la Ley del Seguro Social, infringe los preceptos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos referidos con antelación, pues introduce una distinción o discriminación, por razón de género, que lo priva injustificadamente de un beneficio y le impone una carga desigual, al establecer mayores requisitos al viudo para obtener la pensión de viudez, por las razones expuestas, que más que justificadas es menester reformar la Ley del Seguro Social, a fin de reconocer la igualdad del hombre y la mujer antes los mismos casos y circunstancias ante la ley.

Es cuanto, señor Presidente.

Y le solicito, amablemente, que pueda ser incluido en su totalidad el texto por obviedad del tiempo.

Muchísimas gracias.

Iniciativa

“CC. SECRETARIOS DE LA CAMARA DE SENADORES
H. CONGRESO DE LA UNION
PRESENTES.

El que suscribe, Senador Rabindranath Salazar Solorio, Senador de la República de la LXII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 8, numeral 1, fracción 1; 164, numeral 1; 169 y demás relativos del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea, INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA EL ARTICULO 130 DE LA LEY DEL SEGURO SOCIAL, al tenor de la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

Las garantías sociales se introdujeron por primera vez en la Constitución de 1917, como logro del movimiento armado de 1910 contra la dictadura porfirista, la revolución mexicana materializo el anhelo de superar la lamentable condición del pueblo mexicano. Así surgieron los artículos 27 y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, siguiendo la pauta marcada en 1917, el estado mexicano ha robustecido el catalogo degarantías sociales. En 1983 emerge el derecho a la protección de la salud y en 1999 se elevo a rango constitucional de igual manera, en ese mismo año, el derecho a la protección del medio ambiente.

Alfonso Noriega Cantú ha señalado que los derechos sociales provienen de una nueva etapa del desarrollo político, social y económico de la época contemporánea. Juventino V castro y Castro ha considerado que “las garantías sociales pretenden proteger a la persona ya no como individuo, si no como componente de un grupo social, o de la sociedad en general”1, por su parte la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha indicado que las garantías sociales están por encima de las individuales, a las que restringe en su alcance liberal, en términos de lo dispuesto en el artículo 1º de la Constitución Federal.2

La seguridad social nació para reparar las consecuencias de los riesgos de trabajo y naturales que, al privar a un hombre de su capacidad de trabajo y ganancia, lo orillaban a la miseria y a sus dependientes. La seguridad social para los trabajadores al servicio del estado, se organiza de modo que cubre los accidentes y enfermedades profesionales; las enfermedades no profesionales, maternidad; y la jubilación, invalidez, vejez y muerte. Establece además que en el caso de accidente o enfermedad, debe de conservarse el derecho al trabajo por el tiempo que determine la ley, los familiares de los trabajadores tendrán asistencia médica y medicinas, en los casos y proporciones que la ley determine; entre otras más prestaciones.

La seguridad social contribuye al bienestar de la población, ya que proporciona a los trabajadores que gozan de este beneficio, así como a sus familiares, un conjunto de prestaciones que contribuyen a su desarrollo.No debe confundirse con la asistencia social o con los servicios de aseguramiento privados; es un sistema de derechos adquiridos, en la mayoría de los casos se deriva de una relación laboral, y ha sido previamente pactado y legislado; su administración está a cargo de instituciones públicas. La seguridad social tiene carácter obligatorio bajo relaciones formales de trabajo, y voluntario mediante la celebración de un contrato con las instituciones responsables3

En ese sentido, el artículo 130 de la Ley del Seguro Social prevé la pensión por viudez a la esposa o esposo del quien fuera el asegurado o asegurada en su caso, pero actualmente dicho artículo conculca la garantía de igualdad prevista en los artículos 1° y 4° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al establecer mayores requisitos a los cónyuges varones que a las mujeres para el otorgamiento y pago de la pensión de viudez.

Esta garantía tiene como propósito empatar la situación jurídica de ambos sexos tanto en el ejercicio de sus derechos como en el cumplimiento solidario de las responsabilidades que les competen en sus actividades educativas, políticas y productivas, equilibrando las garantías individuales con las garantías sociales, evitando y rechazando cualquier privilegio derivado de supuestas superioridades o jerarquías entre sexos, al exigir socialmente la igualdad entre el hombre y la mujer.

El artículo 130 de la Ley del Seguro Social hace una distinción de géneros para el otorgamiento y pago de una pensión de viudez, al exigirle al varón, en su carácter de esposo viudo, demostrar dependencia económica con su extinta mujer, lo cual contraviene la intención del Constituyente al establecer la igualdad entre el hombre y la mujer, buscando abatir viejos resabios que habían influido para mantener situaciones de discriminación de la mujer frente al varón.

La garantía de no discriminación y de igualdad entre el hombre y la mujer previstas, respectivamente, en los artículos 1° y 4° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que, en lo conducente, dicen:

CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

Artículo 1o. En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece.

Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia.

Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley.

Está prohibida la esclavitud en los Estados Unidos Mexicanos. Los esclavos del extranjero que entren al territorio nacional alcanzarán, por este solo hecho, su libertad y la protección de las leyes.

Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas.

Artículo 4o.

El varón y la mujer son iguales ante la ley. Esta protegerá la organización y el desarrollo de la familia.

……

Como se desprende, la igualdad prevista entre el varón y la mujer ante la ley, a su vez se encuentra íntimamente ligada al principio general de igualdad para los gobernados, previsto en el artículo 1° constitucional, al preceptuar que todo individuo gozará de las garantías que otorga la Constitución, en el entendido que éstas no podrán restringirse ni suspenderse, sino en los casos y con las condiciones que ésta consigne, lo que pone de manifiesto el deseo de nuestra cultura actual de que se superen las discriminaciones que con frecuencia se otorgaba a uno u otro individuo por razón de su sexo. De ahí que la idea de igualdad ante la ley como un principio de justicia, implica que las personas deben ser tratadas de la misma manera en las mismas circunstancias y dichas relaciones, en tales circunstancias, son gobernadas por reglas fijas, de manera que la discriminación o el favor en el trato de los individuos puede hacerse sólo en virtud de circunstancias relevantes, es decir, que pueda ser justificada, a fin de evitar un trato desigual. Efectivamente, el referido principio de igualdad no implica necesariamente que todos los individuos deban encontrarse siempre y en cualquier circunstancia en condiciones de absoluta paridad, sino que dicho supuesto se refiere a la igualdad jurídica, consistente en el derecho de todos los gobernados de recibir el mismo trato que aquéllos que se encuentran en similar situación de hecho.

Por tanto, no toda desigualdad de trato es violatoria de garantías, sino cuando produce distinción entre situaciones objetivas y de hecho iguales, sin que exista para ello una justificación razonable e igualmente objetiva; por tanto, a iguales situaciones de hecho, corresponden similares situaciones jurídicas, de modo que el legislador no puede establecer desigualdades artificiosas e injustificadas. -Ahora bien, el artículo 130 de la Ley del Seguro Social establece lo siguiente:

Artículo 130. Tendrá derecho a la pensión de viudez la que fue esposa del asegurado o pensionado por invalidez. A falta de esposa, tendrá derecho a recibir la pensión, la mujer con quien el asegurado o pensionado por invalidez vivió como si fuera su marido, durante los cinco años que precedieron inmediatamente a la muerte de aquél, o con la que hubiera tenido hijos, siempre que ambos hayan permanecido libres de matrimonio durante el concubinato. Si al morir el asegurado o pensionado por invalidez tenía varias concubinas, ninguna de ellas tendrá derecho a recibir la pensión.

La misma pensión le corresponderá al viudo o concubinario que dependiera económicamente de la trabajadora asegurada o pensionada por invalidez.

Esta decisión del legislador de otorgar al viudo el derecho a la pensión de viudez, añadiendo un requisito que la viuda no debe acreditar, implica que sean tratados en forma distinta a pesar de estar en la misma situación, por lo que no obstante que la norma fundamental prevé como garantía individual la igualdad de varón y mujer ante la ley, y el derecho a que los integrantes de las familias de los trabajadores, sin distinción de género, disfruten, entre otros, de los seguros de vida, al legislarse dicho precepto se cometió una infracción a tales valores fundamentales, ya que estableció un trato distinto para tener acceso a dicha pensión proporcionada por el Instituto, tratándose del viudo de la trabajadora asegurada o pensionada por invalidez, y no se tomo en consideración lo siguiente:

a) Se elevó a rango constitucional la igualdad jurídica entre el varón y la mujer ante la propia Ley Suprema y las leyes derivadas de ésta.

b) Para dar efectividad a esa igualdad se ordenó la protección constitucional de la organización y desarrollo de la familia, porque es en ésta donde se generan las auténticas aspiraciones y transformaciones sociales.

c) Constitucionalmente, la familia se funda en la pareja, integrada por padres e hijos, dentro del contexto social de la comunidad nacional.

d) La igualdad constitucional entre el hombre y la mujer tiene mayor importancia en el ámbito del derecho del trabajo y de la solidaridad social, cuya finalidad es lograr el bienestar personal y familiar de los trabajadores y trabajadoras.

e) La igualdad entre el hombre y la mujer eliminó actos discriminatorios para ésta y amplió su acceso al mercado de trabajo e incluso procuró la igualdad de oportunidades en materia laboral, con la salvedad relativa a los ciclos de gestación y lactancia.

f) El derecho a la protección de la organización y el desarrollo de la familia es una garantía social, tutelada con el establecimiento de un régimen completo de seguridad y justicia social, protector de los trabajadores, cuyos beneficios se extienden a sus familiares, entendidos éstos, como los integrantes de la familia.

En ese sentido, a continuación se exponen diversos ordenamientos jurídicos que robustecen lo anterior:

El artículo 4°, de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación,4 establece que es discriminación toda distinción, exclusión o restricción que, basada en el origen étnico o nacional, sexo, edad, discapacidad, condición social o económica, condiciones de salud, embarazo, lengua, religión, opiniones, preferencias sexuales, estado civil o cualquier otra, tenga por efecto impedir o anular el reconocimiento o el ejercicio de los derechos y la igualdad real de oportunidades de las personas. También se entenderá como discriminación la xenofobia y el antisemitismo en cualquiera de sus manifestaciones.

El artículo 1° de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer,5 establece que la discriminación contra la mujer denota toda distinción, exclusión o restricción basada en el sexo, que tenga por objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio por la mujer, independientemente de su estado civil, sobre la base de la igualdad del hombre y la mujer, de los derechos humanos y las libertades fundamentales en las esferas política, económica, social, cultural y civil o en cualquier otra.

El artículo 2º, punto 1, de la Declaración Universal de los Derechos Humanos,6 establece que toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados en esta Declaración, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición.

El artículo 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos7 dispone que todas las personas son iguales ante la ley y tienen derecho sin discriminación a igual protección de ésta. Al respecto, la ley prohibirá toda discriminación y garantizará a todas las personas protección igual y efectiva contra cualquier discriminación por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social.

De lo anterior se desprende que el hombre y la mujer son iguales ante la ley, con los mismos derechos, obligaciones, derechos y que las Leyes los protegen sin mediar distinción alguna entre ambos, evitando en todo momento cualquier forma de discriminación por razón de sexo, así entonces, al realizar un análisis y atendiendo al reclamo de la sociedad en el sentido de que para ellos significa la contratación de un abogado lo cual les genera gastos extras ya que para que los viudos o pensionados puedan cobrar una pensiónes necesario que este acredite su dependencia económica respecto de la fallecida, en su carácter de trabajadora asegurada o pensionada por invalidez, requisito que no exige a la esposa, cuando es el varón quien muere, sin que el texto o literalidad de la norma justifique este trato distinto en otra razón que no sea, exclusivamente, la diferencia de género, proscrita por el orden fundamental.

La Cámara de Diputados en sesión del día siete de diciembre de mil novecientos noventa y cinco, se señalo entre otras cosas:

“…los principios de solidaridad social, bajo los cuales se constituyó el instituto para procurar el bienestar y salvaguardar la seguridad social de la clase trabajadora, pasan a un segundo término en aras de garantizar, ante todo, la lógica económica de la reforma. … Con dos premisas básicas contenidas a lo largo de todo el articulado de la nueva ley. Primero. Suprimir o disminuir muchos de los derechos con que actualmente cuentan los afiliados al Instituto Mexicano del Seguro Social. … En el artículo 84 del dictamen se condiciona el derecho del esposo o concubinario de la asegurada para acceder a los beneficios del ramo de enfermedades y maternidad, pues éste tiene que acreditar primero su dependencia económica, algo que no se contempla en la ley vigente.”.

… “En lo que respecta al artículo 84, ya se señaló que hay un condicionamiento que no existía, para que el esposo o concubina de un aportante tenga derecho en igualdad de circunstancias que los varones, a recibir atención médica y hospitalaria. Se sigue condicionando a que el esposo o concubinario sea dependiente totalmente, económicamente, de la asegurada; consideramos que ésta es una limitación que no debe mantenerse y por tanto proponemos que se mantenga el texto anterior en la ley hasta ahora vigente, rescatando el derecho a que se dé atención médica en igualdad de circunstancias, ya que también pagan cuotas en igualdad de circunstancias del esposo.”…

Algunas de las intervenciones antes trascritas versan sobre elartículo 84 de la Ley del Seguro Social, relativo al seguro de enfermedades y maternidad, mismas que son aplicables al caso, pues dicho precepto, en su fracción III, contiene una cláusula similar a la prevista en el párrafo segundo del numeral 130 en análisis, la cual dispone, en lo conducente:“Del mismo derecho gozará el esposo de la asegurada o, a falta de éste el concubinario, siempre que hubiera dependido económicamente de la asegurada…”, de donde se desprende que también impone un condicionamiento de dependencia económica.

Estas partes del proceso legislativo, inclusive, permiten conocer la interpretación auténtica del legislador respecto al sentido de la norma, en cuanto a que el condicionamiento de la dependencia económica se refiere tanto al esposocomo al concubinario, lo cual refuerza la interpretación de la norma establecida en los motivos aquí expuestos.

No obstante que la Constitución prevé como garantía individual la igualdad de varón y mujer ante la ley, en la Ley del Seguro Social en su artículo 130 se establece un trato distinto al viudo, pues para queacceda a la pensión de viudez, adiciona un requisito no previsto para el caso de que sea la mujer quien tenga derecho a ella.

Esto es así, porque si el varón fallece, la ley únicamenteexige a su viuda acreditar que fue esposa del asegurado o del pensionado.

En cambio, si es la mujer quien fallece, se exige a su viudo acreditar que dependía económicamente de la trabajadora, asegurada o pensionada fallecida.

Este requisito que debe acreditar el viudo para acceder a la pensión de viudez, sin que la viuda lo deba acreditar, implica que sean tratados en forma distinta a pesar de estar en la misma situación:

a) Por tener y compartir el mismo estado civil y por ende, igual posición al seno de la familia.

b) Por ser cónyuges supérstites del asegurado (a) o pensionado (a) por invalidez.

c) Porque el asegurado (a) o pensionado (a) por invalidez, cotizaron para tener acceso a los derechos otorgados por la Ley del Seguro Social.

Sin que tal distinción supere un juicio de equilibrio en sede constitucional, porque además de fundarse exclusivamente en el género, no existen, por otra parte, en el proceso de reformas razones distintas que la justifiquen, lo cual hace que el precepto incurra en una de las prohibiciones específicas de discriminación contenidas en el artículo 1º, párrafo tercero constitucional, al menoscabar los derechos del viudo en función del género o cualquier otro motivo (factores económicos en este caso), que atente contra su dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar sus derechos y libertades y con ello, en violación a la garantía de igualdad prevista en ese numeral, a la vez que impide se cumplan los fines de protección y bienestar de los trabajadores, campesinos, no asalariados y otros sectores sociales y sus familiares, previstos en el artículo 123, apartado A, fracción XXIX, de la misma norma fundamental, a través del otorgamiento de los seguros relacionados con el ramo de vida previstos en la Ley del Seguro Social.

La diferencia de trato entre la mujer y el varón, sin otra razón que las diferencias por cuestión de género y las meramente económicas, evidencia la inconstitucionalidad de la norma reclamada, porque si durante su vida laboral, las extintas trabajadoras cotizan para que quienes les sobreviven y tengan derecho a ello, disfruten de los seguros previstos en la Ley de la Materia, entonces la pensión en comento no es una concesión gratuita o generosa, sino un derecho generado durante su vida productiva con el objeto de garantizar, en alguna medida, la subsistencia de sus beneficiarios.

De esta manera, no obstante que la Constitución prevé como garantía individual la igualdad de varón y mujer ante la ley, y el derecho a que los integrantes de las familias de los trabajadores, sin distinción de género, disfruten, entre otros, de los seguros de vida, el legislador ordinario con infracción a tales valores fundamentales, estableció un trato distinto para tener acceso a dicha pensión proporcionada por el Instituto, tratándose del viudo de la trabajadora asegurada o pensionada por invalidez.

Así mismo es menester hacer mención que la Segunda Sala de la Suprema Corte Justicia de la Nación ya se ha pronunciado respecto desde este tema en la Contradicción de Tesis 154/2009, de la cual derivo la siguiente tesis jurisprudencial.

Novena Epoca

Registro: 166338

Instancia: Segunda Sala

Jurisprudencia

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta

XXX, Septiembre de 2009

Materia(s): Constitucional, Laboral

Tesis: 2a./J. 132/2009

Página:643

PENSION POR VIUDEZ. EL ACREDITAMIENTO DE LA DEPENDENCIA ECONOMICA RESPECTO DE LA TRABAJADORA ASEGURADA FALLECIDA A QUE CONDICIONA EL ARTICULO 130, PARRAFO SEGUNDO, DE LA LEY DEL SEGURO SOCIAL PARA SU OTORGAMIENTO, SE ESTABLECIO TANTO PARA EL VIUDO COMO PARA EL CONCUBINARIO, SIN EMBARGO TAL CONDICIONANTE HA SIDO DECLARADA INCONSTITUCIONAL POR LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACION.

De la interpretación teleológica de la citada disposición legal, relacionada con los artículos 84, fracción III, 127 y 193 de la Ley del Seguro Social, se infiere que la condición para el otorgamiento de la pensión por viudez, consistente en demostrar la dependencia económica respecto de la trabajadora asegurada fallecida, fue impuesta tanto para el viudo como para el concubinario que le sobrevive sin distinción alguna entre uno u otro. Sin embargo, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al analizar tales disposiciones legales, determinó la inconstitucionalidad del párrafo segundo del artículo 130 de la Ley citada, que establece que la misma pensión de viudez le corresponderá al viudo o concubinario que dependa económicamente de la trabajadora asegurada o pensionada, lo que dio origen a las tesis 2a. VI/2009 y 2a. VII/2009, de rubros: “PENSION POR VIUDEZ. EL ARTICULO 130, PARRAFO SEGUNDO, DE LA LEY DEL SEGURO SOCIAL, AL CONDICIONAR SU OTORGAMIENTO A QUE EL VIUDO O CONCUBINARIO ACREDITE LA DEPENDENCIA ECONOMICA RESPECTO DE LA TRABAJADORA ASEGURADA FALLECIDA, VIOLA LAS GARANTIAS DE IGUALDAD Y DE NO DISCRIMINACION” y “PENSION POR VIUDEZ. EL ARTICULO 130, PARRAFO SEGUNDO, DE LA LEY DEL SEGURO SOCIAL, AL CONDICIONAR SU OTORGAMIENTO A QUE EL VIUDO O CONCUBINARIO ACREDITE LA DEPENDENCIA ECONOMICA RESPECTO DE LA TRABAJADORA ASEGURADA FALLECIDA, VIOLA EL ARTICULO 123, APARTADO A, FRACCION XXIX, DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS”.

Contradicción de tesis 154/2009. Entre las sustentadas por el Primer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Quinta Región y el Décimo Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito. 20 de mayo de 2009. Cinco votos. Ponente: Margarita Beatriz Luna Ramos. Secretaria: María Antonieta del Carmen Torpey Cervantes.

Tesis de jurisprudencia 132/2009. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en sesión privada del dos de septiembre de dos mil nueve.

Nota: Las tesis 2a. VI/2009 y 2a. VII/2009 citadas, aparecen publicadas en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Epoca, Tomo XXIX, febrero de 2009, página 470.

Compañeros legisladores considero que, el segundo párrafo del artículo 130 de la Ley del Seguro Social, infringe los preceptos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos referidos con antelación pues introduce una distinción o discriminación, por razón de género que lo priva injustificadamente de un beneficio y le impone una carga desigual, al establecer mayores requisitos al viudo para obtener la pensión de viudez, por las razones expuestas, que son más que justificadas es menester reformar la Ley del Seguro Social, a fin de reconocer la igualdad del hombre y la mujer antes los mismos casos y circunstancias ante la ley, motivo por el cual presento el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE REFORMA EL ARTICULO 130 DE LA LEY SEGURO SOCIAL, PARA QUEDAR COMO SIGUE:

Unico. Se reforma el artículo 130 de la Ley del Seguro Social, para quedar como sigue:

LEY DEL SEGURO SOCIAL

Artículo 130. Tendrá derecho a la pensión de viudez la que fue esposa del asegurado o pensionado por invalidez. A falta de esposa, tendrá derecho a recibir la pensión, la mujer con quien el asegurado o pensionado por invalidez vivió como si fuera su marido, durante los cinco años que precedieron inmediatamente a la muerte de aquél, o con la que hubiera tenido hijos, siempre que ambos hayan permanecido libres de matrimonio durante el concubinato. Si al morir el asegurado o pensionado por invalidez tenía varias concubinas, ninguna de ellas tendrá derecho a recibir la pensión.

La misma pensión le corresponderá al viudo o concubinario en los mismos términos y condiciones que la viuda.

TRANSITORIOS

ARTICULO PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

ARTICULO SEGUNDO. Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente Decreto.

Salón de sesiones del Senado de la República, a 15 de noviembre de 2012.

Atentamente

Sen.Rabindranath Salazar Solorio”.

- El C. Presidente Cordero Arroyo: Gracias, Senador Salazar Solorio, así lo haremos. Túrnese a las Comisiones Unidas de Seguridad Social; y de Estudios Legislativos.

Esta Mesa Directiva quiere saludar a los alumnos de la Universidad Autónoma de Nayarit que se encuentran en la galería superior de este recinto, que fueron invitados por el Senador Manuel Cota Jiménez y la Senadora Margarita Flores.

Sean ustedes bienvenidos, compañeros.

(Aplausos)

También me informan que andan por aquí 30 alumnos del Tecnológico de Monterrey Campus Santa Catarina del estado de Nuevo León, que fueron invitados por la Senadora Marcela Guerra, también les mandamos un saludo y sean ustedes bienvenidos.

(Aplausos)

1 CASTRO, Juventino V., Garantías y amparo, 11ª ed., México, Porrúa, 2000, p. 36.

2 Tesis 1ª XXXVII/2011, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Epoca, t. XIIII, junio 2001,

3http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/espanol/metodologias/encuestas/hogares/concep_eness09.pdf

4“Artículo 4°. Para los efectos de esta ley se entenderá por discriminación toda distinción, exclusión o restricción que, basada en el origen étnico o nacional, sexo, edad, discapacidad, condición social o económica, condiciones de salud, embarazo, lengua, religión, opiniones, preferencias sexuales, estado civil o cualquier otra, tenga por efecto impedir o anular el reconocimiento o el ejercicio de los derechos y la igualdad real de oportunidades de las personas. También se entenderá como discriminación la xenofobia y el antisemitismo en cualquiera de sus manifestaciones.”

5“Artículo 1. A los efectos de la presente Convención, la expresión "discriminación contra la mujer" denotará toda distinción, exclusión o restricción basada en el sexo que tenga por objeto o por resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio por la mujer, independientemente de su estado civil, sobre la base de la igualdad del hombre y la mujer, de los derechos humanos y las libertades fundamentales en las esferas política, económica, social, cultural y civil en cualquier otra esfera.”

6“Artículo 2. 1. Toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados en esta Declaración, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición.”

7“Artículo 26. Todas las personas son iguales ante la ley y tienen derecho sin discriminación a igual protección de la ley. A este respecto, la ley prohibirá toda discriminación y garantizará a todas las personas protecciónigual y efectiva contra cualquier discriminación por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social.”

Tiene ahora el uso de la tribuna la Senadora Martha Palafox Gutiérrez, del grupo parlamentario del PT, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto que adiciona la Ley de Coordinación Fiscal.






INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE ADICIONA UNA FRACCION IX AL ARTICULO 25 Y ADICIONA UN ARTICULO 47 BIS 1 Y UN ARTICULO 47 BIS 2 A LA LEY DE COORDINACION FISCAL

(Presentada por la C. Senadora Martha Palafox Gutiérrez, del grupo parlamentario el PT)

- La C. Senadora Martha Palafox Gutiérrez: Con su permiso, señor Presidente; señoras y señores Senadores:

Quiero hacer de su conocimiento que desde el año de 2003, que tuve oportunidad de ser Diputada federal, hice el planteamiento a este tema que hoy ocupo.

El derecho a tener una vida digna es el fundamento de los derechos humanos, la dignidad es la esencia de la naturaleza humana, dejando claro que por ésta al ser humano le son atribuidos una serie de cosas o bienes que le corresponden, por este estatuto ontológico antes referido. Estas cosas o bienes son, en nuestra opinión, lo que identificamos como derechos humanos.

Según cita Javier Saldaña, “entre los bienes que constituyen derechos naturales debidos al hombre, en virtud de su propia naturaleza encontramos:

Los bienes que formen el ser del hombre, sus potencias y tendencias; las operaciones que tienden a obtener las finalidades naturales del hombre; y los bienes que son objeto de estas operaciones”.

La anterior fundamentación filosófica se encuentra también en el proceso histórico de la Revolución Mexicana, que fue recogido sabiamente por nuestros antecesores parlamentarios del Constituyente de 1917, al plasmar en la Constitución un catálogo de beneficios sociales, dentro de estos derechos humanos, uno de gran trascendencia es el del trabajo.

Así nuestro pacto federal en su artículo 5o. consagra la libertad de trabajo y sus límites, señalando “A ninguna persona podrá impedirse que se dedique a la profesión, industria, comercio o trabajo que le acomode, siendo lícitos”.

A mayor abundamiento, el artículo 123 de este mismo ordenamiento precisa “que toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil”; al efecto, se promoverán la creación de empleos y la organización social para el trabajo, conforme a la ley.

Trabajador es sinónimo de empleado, quien es la persona que realiza una actividad humana intelectual o material, independientemente del grado de preparación técnica requerida, y dentro de nuestro marco legal existen diversas disposiciones que se relacionan con el trabajo y la protección al trabajador.

El citado artículo 123, en el apartado A, fracción XXIX se establece “es de utilidad pública la Ley del Seguro Social, y ella comprenderá seguros de invalidez, de vejez, de vida, de cesación involuntaria del trabajo, de enfermedades y accidentes, de servicios de guardería y cualquier otro encaminado a la protección y bienestar de los trabajadores, campesino no asalariados y otros sectores sociales y familiares”.

En el artículo 26 constitucional se establece la organización del Sistema de Planeación Democrática del Desarrollo Nacional que imprime solidez, dinamismo, pertenencia y equidad al crecimiento de la economía para la independencia y la democratización política, social y cultural de la nación. Y dentro de sus objetivos precisa que será democrática, mediante la participación de los diversos sectores sociales recogerá las aspiraciones y demandas de la sociedad para incorporarlas al plan y a los programas de desarrollo.

De acuerdo con nuestra Constitución, las leyes del Congreso de la Unión que emanan de ella y todos los tratados que están de acuerdo con la misma, celebrados y que celebre el Presidente de la República con la aprobación del Senado, serán la Ley Suprema de la nación. En mérito de esta disposición, la Declaración Universal de los Derechos Humanos adoptada y proclamada por la Asamblea General 217 A, del 10 de diciembre de 1948, se establece:

Artículo 23.1. “Que toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección de su trabajo, a condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo y a la protección contra el desempleo”.

El 25.1 dice: “Que toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios. Tiene derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez y viudez”.

Toda persona tiene derecho a la seguridad social que la proteja contra las consecuencias de la desocupación y de la incapacidad proveniente de cualquier otra causa ajena a su voluntad.

En los países desarrollados es muy común esta política económica que estimula la demanda agregada, incluyendo el consumo y la inversión. Estados Unidos, Canadá, Alemania, Francia, Inglaterra, Italia y Japón aplican esta medida de estímulo a la demanda, como lo es el seguro de desempleo. De tal suerte que no es argumento válido decir que ésta es una medida paternalista o subsidiaria, cuando los padres del neoliberalismo son muy proclives a aplicar este tipo de políticas.

Para nadie es un secreto que hoy el país ha perdido el rumbo y necesitamos encauzarlo. La economía no ha crecido desde el 2000 y la Población Económicamente Activa asciende 41 millones de personas.

Inclusive la OCDE le ha sugerido, hace más de 12 años, a nuestro país aplicar estas medidas del seguro de desempleo, toda vez que según este organismo internacional, México se ubica en el último tercio del grupo de países miembros de la OCDE que tienen menos de la media establecida del 65% de empleo.

Con datos del INEGI y considerando una Población Económicamente Activa en el rango de 20 años en adelante, el 15.7% que gana menos de un salario mínimo.

Estas disposiciones y otras más hablan de la necesidad apremiante de proteger a la población de la problemática que origina el desempleo o desocupación, así como la necesidad de establecer un seguro en el caso de desempleo involuntario, para darle viabilidad jurídica a estos postulados es necesario establecer en nuestro orden jurídico esta garantía de seguridad social, en las personas que son disponibles para trabajar y que han desistido de buscar empleo; las que son disponibles para trabajar, que no buscan empleo, por considerar que no tienen posibilidades de ello; personas con interés para trabajar, pero bajo un contexto que les impide hacerlo; personas sin interés para trabajar, por atender otras obligaciones y, finalmente, personas con impedimentos físicos para trabajar.

De tal suerte que el seguro de desempleo involuntario debe considerar a toda esta gama de supuestos y ponderar al que en verdad es candidato a obtenerlo, pues de no ser así, México estaría condenando a otorgar un seguro de desempleo que no cumpliría con los objetivos que se pretenden en esta población.

Por todo lo antes expresado, quisiera rogarle a la Mesa Directiva, señor Presidente, que el texto íntegro de mi propuesta sea publicado en la Gaceta Parlamentaria y en el Diario de los Debates.

Y esta iniciativa, no considera que sea una carga al Erario Público, por cuanto dispone a la creación del seguro para el desempleo.

La aprobación de esta iniciativa radica en favorecer a todo aquel ciudadano o trabajador que por causas no imputables pierdan su empleo o no pueda conseguirlo por las causas que todos conocemos y que nadie garantiza su participación para obtener, cuando menos, un salario mínimo.

Por eso es la propuesta de esta iniciativa con proyecto de Decreto que adiciona la fracción IX al artículo 25 y adiciona los artículos 47 Bis 1 y 47 Bis 2 de la Ley de Coordinación Fiscal, para cumplir el objetivo que aquí les he comentado.

Muchas gracias, por su atención.

(Aplausos)

Iniciativa



PRESIDENCIA DEL C. SENADOR
ENRIQUE BURGOS GARCIA

- El C. Presidente Enrique Burgos García: Muchas gracias, Senadora Palafox Gutiérrez. Como lo solicita, se hace la inserción completa. Se turna a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público; y de Estudios Legislativos, Primera.

Se recibió de la Senadora María Cristina Díaz Salazar, del grupo parlamentario del PRI, una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se modifica la fracción XVII del artículo 3o. de la Ley General de Salud. Se turna a las Comisiones Unidas de Salud; y de Estudios Legislativos.






INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETOPOR EL QUE SE MODIFICA LA FRACCION XVII DEL ARTICULO 3o. DE LA LEY GENERAL DE SALUD

(Presentada por la C. Senadora María Cristina Díaz Salazar, del grupo parlamentario del PRI)

“La suscrita, María Cristina Díaz Salazar, Senadora de la República de la LXII Legislatura del H. Congreso de la Unión, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 8, numeral 1, fracción 1; 164, numeral 1; 169 y demás relativos del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente: INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE MODIFICA LA FRACCION XVII DEL ARTICULO 3° DE LA LEY GENERAL DE SALUD, RELATIVO A LA DISCAPACIDAD, de conformidad con lo siguiente:

ANTECEDENTES

El tratamiento de los problemas relativos a la persona con discapacidad ha respondido a diversas ópticas a lo largo de la historia y se ha desarrollado de acuerdo con los valores culturales y sociales predominantes en cada época.

En el siglo XX, después de la primera guerra mundial, debido a la enorme cantidad de personas que quedaron con severas discapacidades físicas y mentales, se adoptaron en Europa diversas legislaciones encaminadas a asegurarles a las víctimas de la conflagración un empleo y así mismo se expidieron regímenes de formación profesional a cargo del Estado.

Al término de la segunda guerra mundial, con el surgimiento del derecho internacional de los derechos humanos, se produjo un importante cambio en la concepción de la problemática de las personas con grave discapacidad física o mental por cuanto se le dejó de percibir como un asunto exclusivamente médico o patológico, objeto de regulación y estudio por el derecho privado, para convertirse en un tema vinculado directamente con el principio de dignidad humana y de la órbita de aplicación, en especial, del derecho laboral y de la seguridad social.

Desde entonces, mediante diversas fuentes del derecho internacional público, e incluso en algunas disposiciones de derecho interno, se ha intentado precisar el contenido y alcance de la noción de discapacidad, labor que ha resultado ser particularmente compleja por cuanto se alude con frecuencia a diversos términos, sin que las fronteras entre todos ellos resulten ser siempre tan exactas y precisas como se quisiera. Así pues, se han empleado términos como retrasados mentales, impedidos, inválidos, y a partir de la década de los ochenta, discapacitados.

La “Declaración de los Derechos del Retrasado Mental”, proclamada por Asamblea General de las Naciones Unidas mediante su resolución 2856, de 20 de diciembre de 1971, los Estados ni siquiera intentaron definir el término “retrasado mental”. El día 9 de diciembre de 1975, el mismo órgano del sistema de Naciones Unidas, mediante su resolución 3447, adoptó la “Declaración de los derechos de los impedidos”, acordando la siguiente definición:

“El término impedido designa a toda persona incapacitada de subvenir por sí misma, en su totalidad o en parte, a las necesidades de una vida individual o social normal a consecuencia de una deficiencia, congénita o no, de sus facultades físicas o mentales”.

El 3 de diciembre de 1982, por resolución 37/52, la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó el “Programa de Acción Mundial para los Impedidos”. En este documento se empleó el concepto de “minusválido”, tomando como referencia el mismo término empleado por la Organización Mundial de la Salud, pero agregando que se produce una situación de “minusvalía” cuando las personas con discapacidad enfrentan barreras culturales, físicas o sociales que les impiden acceder a los diversos sistemas de la sociedad, que están a disposición de todos pero que sólo benefician a los demás ciudadanos; hecho que les impide participar en la vida social en igualdad con las demás personas.

Al año siguiente, por primera vez, los Estados recurrieron a un tratado internacional para abordar el problema de la discapacidad. Se trata del Convenio núm. 159 de la OIT “Sobre la readaptación Profesional y el Empleo de Personas Inválidas”, texto en el cual se definió a la persona inválida, en los siguiente términos: “toda persona cuyas posibilidades de obtener o conservar un empleo adecuado y de progresar en el mismo queden sustancialmente reducidas a causa de una deficiencia de carácter físico o mental debidamente reconocida”. Ese mismo año Erika Irene Daes, relatora de la Subcomisión de Prevención de Discriminación y Protección a las Minorías de Naciones Unidas, elaboró unos “Principios, directivas y garantías para la protección de las personas detenidas que padezcan o sufran trastornos metales”, definiendo a la persona con discapacidad mental, como "aquella que durante el transcurso de su discapacidad es incapaz de manejar su propia persona o sus asuntos y requiere de cuidado, tratamiento o control para su propia protección, la protección de otros o la protección de la comunidad."

Un intento por definir un concepto amplio de la noción de discapacidad figura en la resolución 48/96 del 20 de diciembre de 1993, de laAsamblea General de Naciones Unidas, sobre “Normas Uniformes sobre la Igualdad de Oportunidades para las Personas con Discapacidad”, texto en el cual se trató de establecer además una frontera clara entre los conceptos de discapacidad y minusvalía en los siguientes términos:

“Con la palabra discapacidad se resume un gran número de diferentes limitaciones funcionales que se registran en las poblaciones de todos los países del mundo. La discapacidad puede revestir la forma de una deficiencia física, intelectual o sensorial, una dolencia que requiera atención médica o una enfermedad mental. Tales deficiencias, dolencias o enfermedades pueden ser de carácter permanente o transitorio.

“Minusvalía es la pérdida o limitación de oportunidades de participar en la vida de la comunidad en condiciones de igualdad con los demás. La palabra minusvalíadescribe la situación de la persona con discapacidad en función de su entorno. Esa palabra tiene por finalidad centrar el interés en las deficiencias de diseño físico y de muchas que se oponen a que las personas con discapacidad participen en condiciones de igualdad”.

En el ámbito regional, la adopción de la Convención Interamericana para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra las Personas con Discapacidad, significó un avance importante en la materia por cuanto recoge en el artículo I, numeral 1, por primera vez, una definición normativa y precisa del concepto de discapacidad:

“El término discapacidad significa una deficienciafísica, mental o sensorial, ya sea de naturaleza permanente o temporal, que limita la capacidad de ejercer una o más actividades esenciales de la vida diaria, que puede ser causada o agravada por el entorno económico y social”.

Posteriormente, en el ámbito internacional, se emitió la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que siguió en el camino de la consolidación del término y del reconocimiento de los derechos de este tipo de personas.

En el ordenamiento jurídico mexicano la Ley de Asistencia Social, publicada el 2 de septiembre de 2004, ley marco que regula esta vertiente del derecho a la salud, hace referencia a lo largo de su texto al concepto discapacidad.

También se expidió la Ley General de las Personas con Discapacidad, publicada en el Diario Oficial de la Federación el diez de junio de dos mil cinco, la cual adoptó el mismo concepto legal de discapacidad regulado en la Convención Interamericana antes especificada.

En suma, la elaboración de una noción de discapacidad ha sido un proceso lento y difícil. En el siglo XX, se amplió considerablemente el panorama hacia el derecho laboral, la seguridad social y la educación, vinculando además la situación que padecen estas personas con los derechos fundamentales, en especial, con los derechos a la dignidad humana y la igualdad formal y material, de allí que la terminología empleada en la materia haya cambiado con el paso del tiempo. De hecho, se trata de un concepto dinámico en permanente construcción y revisión, por lo cual, es usual encontrar legislaciones internas que no se adecuan a los avances científicos y de reconocimiento de derechos en materia de discapacidad.

El problema jurídico consiste en determinar si la permanencia en la legislación de expresiones que si bien en su momento correspondieron a los términos técnicos empleados por los estudiosos de las ciencias de la salud, en la actualidad puede ser considerados como peyorativos u ofensivos y, por ende, contrarios al principio de dignidad humana, y en consecuencia, deberían ser expulsados del ordenamiento jurídico.

Al respecto, debe tomarse en cuenta que el quinto párrafo del artículo 1° constitucional al establecer el mandato de no discriminación, regula distintos clases de prohibiciones, entre los que se encuentran el origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias y el estado civil.

Asimismo, dicho precepto también incorpora una cláusula de apertura que comprende cualquier otro motivo que atente contra la dignidad humana o tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas.

Asimismo, resulta conveniente tener en cuenta que el 4 de diciembre 2006, se reformó el tercer párrafo del artículo 1º constitucional, mediante la cual se modificó el texto que establecía la prohibición de discriminación a una persona por razón de sus “capacidades diferentes” incorporando en su lugar el término “discapacidad”. La exposición de motivos de la reforma constitucional referida, en lo que interesa señala textualmente:

“Las personas con discapacidad tienen derecho a una vida digna, libre, en condiciones de equidad, que les permita desarrollar sus habilidades y capacidades a fin de integrarse a la sociedad y de poderdisfrutar de los satisfactores básicos que ésta genera para el bienestar de la comunidad. Para garantizar su plena incorporación a la vida productiva, social y cultural, actualmente cuentan con la promoción y protección de lospoderes públicos. En este sentido, los derechos de las personas con discapacidad son un pilar fundamental de las políticas públicas en materia de desarrollo social y humano.

EXPOSICION DE MOTIVOS

En el esfuerzo por conseguir la tolerancia, respeto a la diversidad e igualdad de derechos y conocimientos, la OMS estableció la diferencia entre deficiencia, discapacidad y minusvalía. Define deficiencia como toda pérdida o anormalidad de una estructura o función psicológica o anatómica, por ejemplo, la parálisis de brazos y piernas; define discapacidad como toda restricción o ausencia, debido a una deficiencia de la capacidad de realizar una actividad en la forma o dentro del margen que se considera normal para un ser humano y la cual es causada o agravada por el entorno económico y social; por su parte, la minusvalía es considerada como una situación desventajosa para un individuo determinado, consecuencia de una deficiencia o discapacidad, que limita o impide el desempeño de un rol que es normal en su caso, y la cual está en función de la edad, sexo y factores sociales y culturales y, por consiguiente, está en función de la relación entre las personas con discapacidad y su ambiente, por ejemplo, el caso de la reclusión en el hogar de la persona.

De acuerdo a la OMS, capacidades diferentes tenemos todos y en algún aspecto somos discapacitados si nos aplicamos los manuales de evaluación. Es por ello que este organismo establece que el término correcto a utilizar es el de persona con discapacidad.

De igual manera, de acuerdo a la Comisión Nacional Honoraria del Discapacitado, de Uruguay, menciona que la definición más aceptada por dicha institución es la de persona con discapacidad, agregándole a continuación, el tipo de discapacidad, ya sea mental, intelectual, sensorial, o motriz. Además, establece que el uso de capacidades diferentes no es correcto pues ello abarca a todos los seres humanos, sin definir la característica de la discapacidad.

Utilizar un nombre o término incorrecto para referirnos a una persona que padece alguna discapacidad puede ser un arma que atente contra la integridad de la persona, ya que hasta el día de hoy, para algunos el hecho de padecer una discapacidad, o referirnos a ellos con un término equívoco es sinónimo de “segunda categoría” y objeto de vergüenza y burla.

Aunque de inicio pudiera pensarse que la adopción de determinada terminología es de poca importancia, lo cierto es que el empleo de los vocablos adecuados para definir a un sector de la población resulta sumamente relevante, más aún en el ámbito legislativo, pues la utilización de términosinadecuados puede implicar una afectación a la dignidad de la persona, toda vez que las palabras utilizadas por el legislador son susceptibles de un uso descriptivo y de un uso emotivo y como éste último no es neutro sino que plantea una valoración o una desvaloración, es posible que la carga emotiva de las palabras utilizadas al formular una regla de derecho positivo, interfieran con los derechos de otras personas.

El lenguaje tiene una multiplicidad de usos y a través del mismo también se construye la realidad social y se construyen espacios de convivencia, por lo que no es acertado sostener que las expresiones lingüísticas utilizadas por el legislador sólo pueden ser utilizadas de manera exclusivamente descriptiva pues son factibles también usos diferentes, que pueden nutrirse de una carga valorativa y que eventualmente pueden resultar constitucionalmente relevantes si interfieren derechos fundamentales de las personas.

El concepto inválido, tiene una carga emotiva que no puede desconocerse, pues puede ser entendido como “quien carece de valor” o en el mejor de los casos, como “quien no puede valerse por sí mismo”.En efecto, el Diccionario de la Lengua Española de la Real Academia, define a dicha palabra de la siguiente manera:

inválido, da. (Del lat. invalĭdus).

1. adj. Que no tiene fuerza ni vigor.

2. adj. Dicho de una persona: Que adolece de un defecto físico o mental, ya sea congénito, ya adquirido, que le impide o dificulta alguna de sus actividades. U. t. c. s.

3. adj. Dicho especialmente de un militar: Que en acto de servicio o a consecuencia de él ha sufrido mutilación o pérdida de alguna facultad importante. U. t. c. s.

4. adj. Nulo y de ningún valor, por no tener las condiciones que exigen las leyes. Acuerdo inválido. Resolución inválida.

5. adj. Falto de vigor y de solidez en el entendimiento o en la razón.

Argumento inválido.

Si la Constitución Federal fue reformada para sustituir el término “capacidades diferentes” por “discapacidad”, con mayor razón debe eliminarse el empleo de las palabras “invalidez” e “inválido” del lenguaje legislativo.

De lo anterior tenemos que las normas impugnadas resultan inconstitucionales al reiterar la utilización de una expresión que no tenía una carga discriminatoria al momento de su emisión, pero que a la luz de los avances científicos, normativos y de reconocimiento de derechos de las personas con discapacidad, al día de hoy vulnera el artículo 1° constitucional, quinto párrafo, pues se discrimina a las personas discapacitadas a través del lenguaje, ya que el término “inválido”, menoscaba el valor de estas personas y atenta contra su dignidad.

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta Soberanía el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO

UNICO. Se modifica la fracción XVII del artículo 3° de la Ley General de Salud, relativo a la discapacidad, para quedad como sigue:

Artículo 3. En los términos de esta ley, es materia de salubridad general:

I a XVI…

XVII. La prevención de la discapacidad y la rehabilitación de los discapacitados;

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, a 15 de noviembre de 2012.

Sen. María Cristina Díaz Salazar”.

Se recibió de las Senadoras y Senadores Blanca María del Socorro Alcalá Ruiz, Daniel Amador Gaxiola, Fidel Demédicis Hidalgo, Juan Gerardo Flores Ramírez, Víctor Hermosillo y Celada, Ismael Hernández Deras, Raúl Morón Orozco, Martha Palafox Gutiérrez, Claudia Artemiza Pavlovich, Raúl Aarón Pozos Lanz, Mely Romero Celis, Juan Carlos Romero Hicks y María Marcela Torres Peimbert, una iniciativa con proyecto de Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Educación. Se turna a las Comisiones Unidas de Educación; y de Estudios Legislativos.






INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETOQUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE EDUCACION

(Presentada por los CC. Senadores Blanca María del Socorro Alcalá Ruiz, Daniel Amador Gaxiola, Fidel Demédicis Hidalgo, Juan Gerardo Flores Ramírez, Víctor Hermosillo y Celada, Ismael Hernández Deras, Raúl Morón Orozco, Martha Palafox Gutiérrez, Claudia Artemiza Pavlovich, Raúl Aarón Pozos Lanz, Mely Romero Celis, Juan Carlos Romero Hicks y María Marcela Torres Peimbert)

“LOS SUSCRITOS, BLANCA MARIA DEL SOCORRO ALCALA RUIZ, DANIEL AMADOR GAXIOLA, JAVIER CORRAL JURADO, FIDEL DEMEDICIS HIDALGO, HILDA ESTHELA FLORES ESCALERA, JUAN GERARDO FLORES RAMIREZ, VICTOR HERMOSILLO Y CELADA, ISMAEL HERNANDEZ DERAS, RAUL MORÓN OROZCO, MARTHA PALAFOX GUTIERREZ, CLAUDIA ARTEMIZA PAVLOVICH, RAUL AARON POZOS LANZ, MELY ROMERO CELIS, JUAN CARLOS ROMERO HICKS Y MARIA MARCELA TORRES PEIMBERT, SENADORES DE LA REPUBLICA DE LA LXII LEGISLATURA DEL CONGRESO DE LA UNIÓN, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO EN LA FRACCION II DEL ARTICULO 72 CONSTITUCIONAL; EN LA FRACCION I DEL NUMERAL 1 DEL ARTICULO 8°; Y EN LOS NUMERALES 1 Y 2 DEL ARTICULO 164 DEL REGLAMENTO DEL SENADO DE LA REPUBLICA, SOMETEMOS A CONSIDERACION DEL PLENO DE LA CAMARA DE SENADORES INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE EDUCACION, EN MATERIA DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR, CON BASE EN LA SIGUIENTE:

EXPOSICION DE MOTIVOS

El 9 de febrero de 2012 se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) la reforma constitucional que estableció las bases de la obligatoriedad de la Educación Media Superior (EMS). Los partidos políticos representados en el Congreso en la pasada Legislatura aprobaron, de manera unánime, que el Estado genere las condiciones para que ningún joven en edad de cursar el bachillerato se quede sin la oportunidad de continuar sus estudios.

Sobre el decreto por el que se reformaron los artículos 3° y 31 constitucionales cabe destacar, a manera de antecedente de la presente Iniciativa, los argumentos expresados en los dictámenes de las Cámaras de Senadores y de Diputados.

En el Dictamen de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos, con opinión de la Comisión de Educación de la Cámara de Senadores, resaltan las afirmaciones siguientes:

• “...elevar a rango constitucional la obligatoriedad de la educación media superior contribuirá a la consolidación de la reforma integral en este nivel. Pues, se trata de un gran avance en materia educativa, que tendrá un impacto muy positivo en la sociedad”.

Sobre el Sistema Nacional de Bachillerato las Comisiones manifestaron que es “...una clara expresión del reconocimiento a la diversidad existente, mediante el establecimiento del marco curricular común y el perfil del egresado, que en su conjunto brindan cohesión y consistencia al sistema educativo en el tipo medio superior”.

• “Este nivel debe construir una identidad, pero no destruir la indispensable diversidad. El ejercicio que lleva a cabo la Secretaría de Educación Pública para establecer el Sistema Nacional de Bachillerato (SNB) en un marco de diversidad resuelve bien este problema. Plantea un marco curricular común con competencias genéricas y disciplinares básicas nacionales que todo egresado del bachillerato debe dominar, al tiempo que establece lineamientos para que los estados, los subsistemas y los propios planteles concreten el marco curricular con competencias disciplinares extendidas y de formación para el trabajo. Son propósitos nacionales comunes que se pueden lograr por muy distintas vías según la realidad de cada escuela”.

Del Dictamen de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, y de Educación Pública y Servicios Educativos de la Cámara de Diputados resaltan las siguientes expresiones:

Los integrantes de estas Comisiones coincidieron “...en que el objeto de esta reforma constitucional, es fortalecer la garantía de acceso a la educación contenida en el artículo 3° de la Carta Magna y promover su debido cumplimiento al establecer la Educación Media Superior, como obligatoria”.

• “La intención de mantener elementos comunes formativos que habían fundamentado la propuesta de la Cámara de Diputados, puede lograrse mediante el establecimiento de una base curricular común, complementándose con los elementos específicos definidos en cada modalidad, estas cuestiones habrán de precisarse en la Ley General de Educación y en los Acuerdos Secretariales correspondientes”.

Tal como fue referido, con la aprobación de ambas Cámaras, el proceso legislativo se concretó el 9 de febrero de 2012 con la publicación en el DOF del decreto por el que se declara reformado el párrafo primero; el inciso c) de la fracción II y la fracción V del artículo 3o., y la fracción I del artículo 31 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Los artículos segundo y cuarto transitorios del mencionado decreto textualmente disponen lo siguiente:

“Segundo. La obligatoriedad del Estado de garantizar la educación media superior, como deber del mismo de ofrecer un lugar para cursarla a quien teniendo la edad típica hubiera concluido la educación básica, se realizará de manera gradual y creciente a partir del ciclo escolar 2012-2013 y hasta lograr la cobertura total en sus diversas modalidades en el país a más tardar en el ciclo escolar 2021-2022,...”.

“Cuarto. Dentro de los 180 días siguientes a la entrada en vigor del presente Decreto, el Congreso de la Unión y las legislaturas de los estados, deberán adecuar en el ámbito de sus respectivas competencias, la Ley General de Educación y demás disposiciones legales aplicables en la materia”.

Corresponde al Congreso de la Unión, en ejercicio de sus facultades constitucionales, establecer las adecuaciones necesarias y oportunas a la Ley General de Educación (LGE), que posibiliten un andamiaje normativo para la mejor operación de la Educación Media Superior, en un marco de corresponsabilidad entre los órdenes de gobierno

En este sentido, los ajustes de esta iniciativa están encauzados a que el mandato constitucional se cristalice, de acuerdo a las condiciones del entorno de las localidades, los municipios y los estados, y, sobre todo, que responda a la multiplicidad de intereses y de trayectorias de vida de los jóvenes en edad de cursar la educación media superior.

Es éste el propósito de las reformas a la Ley General de Educación: por una parte, determinar las adecuaciones para cumplir con el decreto que establece la obligatoriedad y hacer efectivo el derecho constitucional a recibir la educación media superior. Estas reformas son necesarias para el fortalecimiento institucional y para imprimir un avance eficaz en la ampliación de la cobertura educativa. Por otro lado, determinar las reformas necesarias para incorporar en la Ley las referencias indispensables sobre la creación de un sistema de bachillerato a nivel nacional, además de establecer, en el marco del federalismo educativo, las atribuciones que de manera exclusiva corresponderán a la Federación y las que de manera concurrente tendrán las autoridades educativas -federal y locales-. Estas reformas también se requieren para dotar al tipo educativo de una identidad, orden, articulación y pertinencia.

La LGE es una norma que establece la concurrencia facultativa de los órdenes Federal, Estatal y Municipal y de los actores sociales involucrados en la educación, además de regular la intervención de los particulares con autorización o reconocimiento de validez oficial de estudios. Sus disposiciones definen qué elementos integran el Sistema Educativo Nacional (SEN) y sus relaciones, los tipos educativos obligatorios y las modalidades educativas, los fines y criterios de la educación pública, los mecanismos que habrán de garantizar el acceso de todos los mexicanos a la educación, la evaluación en el sistema educativo, así como la responsabilidad sobre la elaboración de los planes y programas de estudio, entre otros aspectos.

La educación media superior está reconocida por la Ley General como un tipo educativo (artículo 37, párrafo segundo), que comprende el nivel de bachillerato, los demás niveles equivalentes a éste, así como la educación profesional que no requiere bachillerato o sus equivalentes. Con la entrada en vigor de la citada reforma constitucional, este precepto resulta insuficiente para regular los términos de un servicio, ahora obligatorio, que prestan dependencias gubernamentales de la Federación y los estados, universidades públicas a las que la Ley confiere autonomía y prestadores de servicios educativos particulares.

En los últimos años se ha incrementado exponencialmente la demanda educativa en Educación Media Superior debido, por un lado, a la universalización de la educación básica en la segunda mitad del siglo XX; y, por el otro, al aumento del número de jóvenes en la cohorte demográfica con edad para cursar la educación media superior. Con el cambio de siglo, la EMS se ha convertido en un incentivo muy importante dentro de la definición de la estructura de oportunidades laborales, las opciones de movilidad social y las trayectorias de vida futuras para los jóvenes. Las transformaciones económicas, las cohortes de edad y la estructura del empleo en nuestro tiempo han provocado en los últimos años un amplio debate sobre la necesidad de fortalecer los servicios de educación media superior y que este nivel educativo responda mejor a las demandas de formación para la vida y el trabajo de las nuevas generaciones.

Según datos de la Secretaría de Educación Pública, la matrícula de educación media superior creció a una tasa media anual de 3.3% en el periodo 2001-2011. Durante el ciclo escolar 2011-2012 el número de alumnos matriculados a este nivel educativo fue de 4.3 millones de estudiantes en la modalidad escolarizada, lo que representa 146.1 miles de jóvenes más que en el periodo anterior, y 15.8% más que en 2006. El 60.4% (2,618.9 miles) de la matrícula cursó estudios de bachillerato general; el 30.7% (1,331.2 miles) bachillerato tecnológico, y el 8.9% (383.5 miles) de los alumnos estudió en escuelas de profesional técnico. La matrícula atendida en media superior representa al 12.4% del total del Sistema Educativo Nacional. En el presente ciclo escolar se alcanzó una cobertura de 69.3% de la población de 16 a 18 años de edad; este porcentaje es superior en 2.6 puntos porcentuales en relación al ciclo 2010-2011 (66.7%) y 9.6 puntos más que en el ciclo escolar2006-2007(59.7%).

Asimismo, el Panorama de la Educación 2012, elaborado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) destaca que en México la tasa de graduación en la educación media superior aumentó en 14 puntos porcentuales entre los años 2000 y 2010, cifra superior al crecimiento promedio de 8 puntos porcentuales de los países miembros de la OCDE. Asimismo, el porcentaje de los mexicanos que han cursado la educación media superior y superior casi se ha duplicado en las últimas cinco décadas. Pese a los avances, explica el organismo, persiste el reto de aumentar el porcentaje de estudiantes que concluyen la educación media superior, que en 2010 sólo alcanzo el 47%. El texto subraya que tanto la Reforma Integral de la Educación Media Superior, adoptada desde 2008, y la reciente obligatoriedad de este nivel educativo, serán imprescindibles para que más jóvenes de 15 a 19 años asistan y se gradúen del bachillerato.

Cabe señalar que, en términos comparativos, a diferencia de los otros dos tipos educativos, básico y superior, la EMS históricamente ha tenido un perfil menos definido y se ha desarrollado de manera desorganizada. Así, a pesarde su masificación y de múltiples reformas a lo largo del siglo XX, hoy en día persisten problemas severos como la cobertura insuficiente, las altas tasas de deserción, la inequidad y el desafío que representa la calidad.

El año anterior se ejercieron 13.2 miles de pesos anuales por cada alumno atendido en EMS; sin embargo, se observaron diferencias entre subsistemas y una baja correlación entre los costos y la eficiencia terminal de los educandos: en los Colegios de Bachilleres Descentralizados de las Entidades Federativas a los Estados el costo por alumno fue de 10.3 miles de pesos, con un índice de eficiencia terminal de 60.5%; en el Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (CONALEP), de 13.9 miles de pesos, con un índice de 44.4%; en el Colegio de Bachilleres del sistema Federal, de 14.3 miles de pesos y 43.2% de sus estudiantes concluyeron sus estudios; en la Dirección General de Educación Tecnológica Industrial, de 19.0 miles de pesos con 62.2% de eficiencia terminal; en la Dirección General de Educación en Ciencia y Tecnología del Mar, de 34.5 miles de pesos con un índice de 54.7%, y en la Dirección General de Educación Tecnológica Agropecuaria, de 36.5 miles de pesos con una eficiencia terminal de 60.0%.

Si bien el debate en torno a la pertinencia de otorgarle mayor solidez institucional a la Educación Media Superior ha sido reiteradamente abordado, en 2007 arrancó el proceso de cambio estructural más reciente en este materia, con laconcurrencia de cuatro grupos de actores: las autoridades educativas estatales, las autoridades educativas de las instituciones de Educación Superior, representadas a través de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES), el Poder Legislativo, y las autoridades educativas federales. En el marco de este proceso fue consensuada la Reforma Integral de la Educación Media Superior (RIEMS), apegada a los principios ya promovidos por el Programa Sectorial 2007-2012, y cuyo propósito fundamental consistió en impulsar la creación del Sistema Nacional de Bachillerato en un marco dediversidad (Diario Oficial de la Federación, 29 de septiembre de 2008).

Esta Reforma concilia la necesidad de dotar a la EMS de una identidad, orden, articulación y pertinencia, con la de contar con diversidad de modalidades y subsistemas. Tal como entonces fue explicado por las autoridades, la Reforma no propone un bachillerato único, ni un plan de estudios homogéneo, sino un marco de organización común que promueva la existencia de distintos tipos de bachillerato en donde la diversidad permita a cada institución adecuarse a las características de su entorno, a la realidad de su contexto y a las necesidades e intereses de los jóvenes que atiende.

Sin embargo, los esfuerzos institucionales para lograr una mayor articulación entre los distintos subsistemas de la EMS requieren ahora su consolidación, toda vez que el tipo educativo adquirió una nueva dimensión constitucional, que obliga a establecer cuanto antes una plataforma normativa que siente las bases generales para la coordinación de los prestadores de servicios educativos de Educación Media Superior de los distintos órdenes de gobierno y, de resultar pertinente, de las instituciones a las que la Ley confiere autonomía y de los particulares con reconocimiento de validez oficial de estudios y, al mismo tiempo, un diseño normativo que armonice la ley secundaria con la norma suprema en términos de la ampliación del derecho fundamental a la educación.

La presente iniciativa no pretende crear una plataforma curricular única aplicable a todas las instituciones de Educación Media Superior, sino un mecanismo que posibilite un marco curricular común que defina un perfil de egreso de quien concluye exitosamente este tipo educativo y que, de manera transversal, permee los sistemas de bachillerato tecnológico, bachillerato general y bachillerato profesional técnico, con pleno respeto a sus características, modalidades y localidad.

En ningún caso se considera que la plataforma normativa propuesta sea suficiente para regular el conjunto de aspectos con que se relaciona este nivel educativo. Y, conviene señalarlo, por la naturaleza expresa de la Ley General de Educación que, al ser de carácter concurrente, posibilita el desarrollo de normatividad específica para el conjunto del bachillerato y equivalentes; sin embargo, se considera que no es la norma adecuada para regular aspectos específicos tales como la asignación de recursos, los reconocimiento de validez oficial de estudios, las equivalencias y el reconocimiento de créditos, entre otros.

Por ahora se trata de establecer las bases generales de coordinación, en términos de las facultades exclusivas que la ley en la materia le confiere a la Federación y a las autoridades educativas locales (como las identifica la ley), respecto de su participación en la creación del mecanismo que conduzca a la definición de un marco curricular común para las distintas expresiones educativas de este nivel. De ahí que los preceptos considerados a modificar sean los artículos 12 y 13, dispositivos que establecen las facultades exclusivas de cada orden de gobierno.

Cabe destacar que la presente iniciativa define como principios esenciales del marco curricular común al federalismo, a la autonomía universitaria y a la diversidad educativa, porque ese es precisamente el ambiente en el que han crecido los distintos subsistema de la EMS: atendiendo necesidades locales, como servicio que prestan diferentes instituciones universitarias que gozan de autonomía y, en general, por la gran diversidad de opciones educativas bajo las que se fue cubriendo la demanda a nivel nacional.

Con fundamento en lo dispuesto en la fracción II del artículo 72 constitucional; en la fracción I del numeral 1 del artículo 8°, y en los numerales 1 y 2 del artículo 164 del Reglamento del Senado de la República, sometemos a consideración del Pleno de la Cámara de Senadores el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA LOS ARTICULOS 3°, 4°, 9º, 37, 65 Y 66; Y ADICIONA LOS ARTICULO 12 Y 13 DE LA LEY GENERAL DE EDUCACION.

ARTICULO UNICO.-Se reforman los artículos 3º, 4º, 9º, 37, 65 y 66 de la Ley General de Educación; y se adicionan la fracción IX bis al artículo 12, y la fracción VI bis al artículo 13, todosde la Ley General de Educación, para quedar como sigue:

Artículo 3o.- El Estado está obligado a prestar servicios educativos para que toda la población pueda cursar la educación preescolar, la primaria, la secundariay la media superior. Estos servicios se prestarán en el marco del federalismo y la concurrencia previstos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y conforme a la distribución de la función social educativa establecida en la presente Ley.

Artículo 4o.-

Es obligación de los mexicanos hacer que sus hijas, hijos o pupilos menores de edad cursen la educación preescolar, la primaria, la secundaria y la media superior.

Artículo 9o.-Además de impartir la educación preescolar, la primaria, la secundaria y la media superior, el Estadopromoverá y atenderá -directamente, mediante sus organismos descentralizados, a través de apoyosfinancieros, o bien, por cualquier otro medio- todos los tipos y modalidades educativos, incluida laeducación inicial, especial y superior, necesarios para el desarrollo de la Nación, apoyarála investigación científica y tecnológica, y alentará el fortalecimiento y la difusión de la cultura nacional yuniversal.

Artículo 12.- Corresponden de manera exclusiva a la autoridad educativa federal las atribuciones siguientes:

I. a IX…

IX Bis.- Coordinar un sistema de bachillerato a nivel nacional que establezca un marco curricular común para este tipo educativo, con respeto al federalismo, la autonomía universitaria y la diversidad educativa;

X… a XIV…

Artículo 13.- Corresponden de manera exclusiva a las autoridades educativas locales, en sus respectivas competencias, las atribuciones siguientes:

I. a la VI…

VI Bis.- Participar en la integración y operación de un sistema nacional de bachillerato que establezca un marco curricular común para la educación media superior, con respeto a la autonomía universitaria y la diversidad educativa;

VII. a IX.-…

Artículo 37.-

El tipo medio-superior comprende el nivel de bachillerato, los demás niveles equivalentes a éste, así como la educación profesional que no requiere bachillerato o sus equivalentes.Se organizará, bajo el principio de respeto a la diversidad, a través de un sistema que establezca un marco curricular común a nivel nacional y la revalidación y reconocimiento de estudios entre las opciones que ofrece este tipo educativo.

Artículo 65.- Son derechos de quienes ejercen la patria potestad o la tutela:

I.Obtener inscripción en escuelas públicas para que sus hijas, hijos o pupilos menores de edad, que satisfagan los requisitos aplicables, reciban la educación prescolar, la primaria, la secundaria y la media superior.

II.-…a VII.-…

Artículo 66.- Son obligaciones de quienes ejercen la patria potestad o la tutela:

I.- Hacer que sus hijas, hijos o pupilos menores de edad, reciban la educación preescolar, la primaria, la secundaria y la media superior;

II.- a V.- …

TRANSITORIOS

Primero.- El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo.- La obligatoriedad del Estado de garantizar la educación media superior se realizará conforme lo disponen los artículos segundo y tercero transitorios del Decreto por el que se declara reformado el párrafo primero; el inciso c) de la fracción II y la fracción V del artículo 3º, y la fracción I del artículo 31 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Tercero.- Se derogan todas las disposiciones que contravengan al presente Decreto”.

México, D.F., a 15 de noviembre de 2012.

Atentamente”.

  • La C. Senadora Hilda Esthela Flores Escalera: (Desde su escaño) Señor Presidente.
  • El C. Presidente Burgos García: Sonido en el escaño de la Senadora Flores Escalera, por favor.

- La C. Senadora Hilda Estela Flores Escalera: (Desde su escaño) Gracias, señor Presidente. Me quiero sumar a esta iniciativa del tema de educación. Si es tan amable, para que me registre.

- El C. Presidente Burgos García: Se toma nota de su adhesión.

En otro apartado del Orden del Día, tenemos la primera lectura de un dictamen de las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores; de Relaciones Exteriores, América Latina y El Caribe; y de Comercio y Fomento Industrial, con proyecto de Decreto por el que se aprueba el Acuerdo Marco de la Alianza del Pacífico, firmado el 6 de junio de 2012.






ACUERDO MARCO DE LA ALIANZA DEL PACIFICO, FIRMADO EL 6 DE JUNIO DE 2012 EN EL OBSERVATORIO DE PARANAL, ANTOFAGASTA, CHILE, POR LOS PRESIDENTES DE LA REPUBLICA DE CHILE, DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA, DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y DE LA REPUBLICA DEL PERU

(Dictamen de primera lectura)

“COMISIONES UNIDAS DE RELACIONES EXTERIORES;
RELACIONES EXTERIORES AMERICA LATINA Y EL CARIBE;
Y COMERCIO Y FOMENTO INDUSTRIAL

H. ASAMBLEA:

Con fecha dieciocho de octubre de dos mil doce a las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, Relaciones Exteriores América Latina y el Caribe y de Comercio y Fomento Industrial, de la LXII Legislatura de la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, les fue turnada para estudio y elaboración del dictamen correspondiente, el Acuerdo Marco de la Alianza del Pacífico, firmado el seis de junio de dos mil doce en el observatorio de Paranal, Antofagasta, Chile, por los presidentes de la República de Chile, de la República de Colombia, de los Estados Unidos Mexicanos y de la República del Perú.

Las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, de Relaciones Exteriores América Latina y el Caribe y de Comercio y Fomento Industrial, en uso de las facultades que les confiere el artículo 76 fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, presentan a la consideración de las y los senadores integrantes de esta Honorable Asamblea, el presente dictamen de conformidad con los siguientes:

I. ANTECEDENTES

Con fecha dieciocho de octubre de dos mil doce, la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores de la LXII Legislatura, remitió el oficio No. DGPL-1P1A.-11087, que turna para elaborar el dictamen correspondiente a las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, Relaciones Exteriores América Latina y el Caribe y de Comercio y Fomento Industrial, el Acuerdo Marco de la Alianza del Pacífico, suscrito en Paranal, Antofagasta, República de Chile, el seis de junio de dos mil doce.

II. CONSIDERACIONES

El veintiocho de abril de dos mil once, los presidentes de la República de Chile, la República de Colombia, los Estados Unidos Mexicanos y la República del Perú acordaron en la Declaración de Lima establecer la Alianza del Pacífico para la conformación de un área de integración profunda en el marco del Arco del Pacífico Latinoamericano.

La Declaración de Lima establece una primera etapa de trabajo dividido en cuatro temas: a) movimiento de personas de negocios y facilitación para el tránsito migratorio; b) comercio e integración, incluyendo facilitación de comercio y cooperación aduanera; c) servicios y capitales, incluyendo la posibilidad de integrar las bolsas de valores; y d) cooperación y mecanismos de solución de diferencias.

Adicionalmente, los presidentes solicitaron elaborar un proyecto de Acuerdo Marco, sobre la base de la homologación de los acuerdos de libre comercio existentes.

Asimismo, se instruyó conformar un Grupo de Alto Nivel (GAN) por los Viceministros de Relaciones Exteriores y de Comercio Exterior de cada país. El GAN se encarga de supervisar los avances de los grupos técnicos, evaluar las áreas en las cuales se pueda avanzar y preparar una propuesta para la proyección y relación con otros organismos o grupos regionales.

El cuatro de diciembre de dos mil once, en Mérida, Yucatán, los cuatro países firmaron la Declaración de Mérida en la que se reafirma el objetivo de la Alianza y se reconocen los avances que ha presentado la iniciativa como: la suscripción de un Memorándum de Entendimiento sobre la Plataforma de Cooperación del Pacífico; la suscripción del Memorando de Entendimiento que crea el Comité Conjunto Mixto para la promoción del comercio de servicios y la inversión; la guía de movilidad; y también se reconocieron los esfuerzos del sector privado para participar en esta iniciativa.

La Declaración de Mérida a su vez, establece como mandato a los Ministros de Comercio y de Relaciones Exteriores, concluir los trabajos del Acuerdo Marco con el fin de suscribir un tratado constitutivo fundacional de la Alianza del Pacífico, en un plazo no mayor a seis meses, a partir de la fecha de la celebración de la II Cumbre. El cinco de marzo de dos mil doce, se llevó a cabo una Cumbre virtual de la Alianza del Pacífico y se anunció la conclusión de las negociaciones del Acuerdo Marco.

El seis de junio de dos mil doce, los Jefes de Estado de Chile, Colombia, Perú y México se reunieron en Antofagasta, Chile, en donde suscribieron la Declaración Presidencial de Paranal, así como el Acuerdo Marco.

La negociación del Acuerdo Marco inició en septiembre de dos mil once, con el objetivo de dotar a la Alianza del Pacífico de un documento constitutivo. Las fechas relevantes de la negociación se presentan a continuación.

Fecha

Reunión / Actividad

23 de septiembre de 2011

Envío del proyecto de Acuerdo Marco por parte de Perú

3-4 de octubre de 2011

Reunión del Grupo Adhoc de Acuerdo Marcoen Bogotá, Colombia

17 de octubre de 2011

Reunión virtual del Grupo Adhoc de Acuerdo Marco

3-4 de noviembre de 2011

Reunión del Grupo Adhoc de Acuerdo Marco en Santiago de Chile, Chile.

1-2 de diciembre de 2011

Reunión del Grupo Adhoc de Acuerdo Marco en la Ciudad de México, México.

18 de enero de 2012

Reunión virtual de coordinadores de negociación de la Alianza del Pacífico para revisar el Acuerdo Marco.

7 de febrero de 2012

Reunión virtual de coordinadores de negociación de la Alianza del Pacífico.

16 de febrero de 2012

Reunión virtual de coordinadores de negociación de la Alianza del Pacífico.

23-24 de febrero de 2012

Reunión del Grupo Adhoc de Acuerdo Marco en Lima, Perú.

28 de febrero de 2012

Reunión virtual del Grupo de Alto Nivel de la Alianza del Pacífico.

5 de marzo de 2012

Cumbre virtual de la Alianza del Pacífico. Anuncio de la conclusión de la negociación del Acuerdo Marco.

15 de marzo de 2012

Revisión legal por parte del Grupo Adhoc.

3 de mayo de 2012

Conclusión de la revisión legal por parte del Grupo Adhoc en Bogotá, Colombia.

6 de junio de 2012

Suscripción del Acuerdo Marco por parte de los Presidentes de Chile, Colombia, México y Perú en el Observatorio de Paranal, Antofagasta, Chile.

La participación de México en la Alianza del Pacífico es parte de su estrategia de integración comercial con América Latina. Los tres socios de México en la Alianza del Pacífico representan un mercado natural y en crecimiento para los productos y servicios mexicanos, particularmente para las pequeñas y medianas empresas. Además, los países de la Alianza son un destino importante para la inversión mexicana en el extranjero, y crecientemente, una fuente de capitales para nuestro país.

Para México, la Alianza del Pacífico es de gran importancia, ya que representa la novena economía del mundo por su tamaño y la octava potencia exportadora. Las exportaciones de los miembros de la Alianza, sólo por poner un ejemplo, superan en treinta y tres por ciento a aquellas que realizaron los países integrantes de la Asociación Europea de Libre Comercio (EFTA, por sus siglas en inglés). En América Latina, la Alianza del Pacífico concentra treinta y cuatro por ciento del PIB, cuarenta y ocho por ciento del comercio y el treinta y seis por ciento de la población de esa región. La Alianza del Pacífico, además, constituye un mercado en crecimiento con una población de noventa y tres millones de habitantes y con importaciones totales de ciento sesenta y siete mil millones de dólares de las que sólo participamos con un cinco por ciento. La inversión extranjera directa de México en esos países se estima en alrededor de veintitrés mil millones de dólares y la de esos países en México de novecientos veinte millones de dólares. Un tercio de las exportaciones de México hacia América Latina tiene como destino los países de la Alianza del Pacífico: ocho mil novecientos noventa y un millones de dólares. El veintitrés por ciento de las compras mexicanas de América Latina provienen de los miembros de la Alianza del Pacífico: tres mil quinientos ocho millones de dólares.

La Alianza en su conjunto es el tercer destino de las exportaciones mexicanas al mundo, sólo detrás de Estados Unidos y Canadá; doceavo proveedor y séptimo socio comercial.

México cuenta con Tratados de Libre Comercio con los tres países de la Alianza del Pacífico: con la República de Colombia entró en vigor en mil novecientos noventa y cinco y fue profundizado en dos mil diez; con la República de Chile desde mil novecientos noventa y nueve; y con la República del Perú, en vigor desde febrero de dos mil doce. Sin embargo, la consolidación de la Alianza del Pacífico se traducirá en un mayor crecimiento de los flujos de comercio e inversión entre los cuatro países.

III. CONSIDERACIONES FINALES

Las Comisiones Unidas que suscriben, señalan que el presente Acuerdo Marco de la Alianza del Pacífico, constituye un logro diplomático de gran relevancia para México, representando una oportunidad de crecimiento para las exportaciones mexicanas, así como una oportunidad de estrechar la cooperación y los lazos comerciales con los países integrantes del Tratado, en beneficio de nuestras economías y de los ciudadanos de las naciones participantes en el Tratado, por lo que su suscripción por parte del ejecutivo federal se encuentra plenamente justificado.

Los integrantes de las Comisiones Unidas que suscriben, consideran que el texto de este Acuerdo Marco, no contiene disposiciones que constituyan o puedan llegar a constituir lesiones a la soberanía nacional, ya que encuentran sustento jurídico en lo establecido por el artículo 89 fracción X de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Por lo anteriormente expresado, las Comisiones Unidas consideran que el Acuerdo Marco, suscrito el seis de junio de dos mil doce en el observatorio de Paranal, es de suma relevancia, dado que Chile, Colombia y Perú son importantes aliados de México en América Latina pues comparten un mismo modelo de integración.

Se espera que la Alianza del Pacífico pueda contribuir a que las empresas de los cuatro países fortalezcan sus encadenamientos productivos, generen economías de escala y se tornen más eficientes al reducir costos de operación y elevar su productividad.

En el largo plazo, la Alianza del Pacífico debería consolidarse como la zona de libre comercio más importante de América Latina. El bloque deberá ser un promotor del libre comercio en la región y en el mundo, por el impacto que tiene sobre el crecimiento económico, la competitividad, el desarrollo de las cadenas de valor y la generación de empleos. Esto es particularmente importante frente al resurgimiento de medidas proteccionistas en la región y en el mundo.

Respecto a su relación con Asia-Pacífico, se espera que los países de la Alianza estén más integrados a esa región, a través de: exportaciones de bienes de mayor valor agregado; participación en sus cadenas de valor; mayores inversiones bilaterales, particularmente hacia nuestra región; alianzas estratégicas para penetrar en los mercados asiáticos; una mejor logística y transporte; y nuevas instancias de diálogo con la región y sus subregiones.

Finalmente, la Alianza del Pacífico permitiría a México mantener una presencia comercial importante en América Latina, lo cual resulta benéfico para el desarrollo económico nacional y regional.

Las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, Relaciones Exteriores América Latina y el Caribe y de Comercio y Fomento Industrial, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 76 fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, someten a la consideración de esta Honorable Soberanía, el siguiente:

DECRETO

ARTICULO UNICO.- Se aprueba el Acuerdo Marco de la Alianza del Pacífico, firmado el seis de junio de dos mil doce en el observatorio de Paranal, Antofagasta, Chile, por los Presidentes de la República de Chile, de la República de Colombia, de los Estados Unidos Mexicanos y de la República del Perú.

Senado de la República, a 15 de noviembre de 2012.

Comisión de Relaciones Exteriores: Sen. Gabriela Cuevas Barrón, Presidenta.- Sen. Juana Leticia Herrera Ale, Secretaria.- Sen. Dolores Padierna Luna, Secretaria.- Sen. Marcela Guerra Castillo, Secretaria.- Sen. Ana Gabriela Guevara Espinoza, Secretaria.- Sen. Manuel Humberto Cota Jiménez, integrante.- Sen. Félix Arturo González Canto, integrante.- Sen. Lisbeth Hernández Lecona, integrante.- Sen. Roberto Armando Albores Gleason, integrante.- Sen. Juan Carlos Romero Hicks, integrante.- Sen. Jorge Luis Lavalle Maury, integrante.- Sen. Laura Angélica Rojas Hernández, integrante.- Sen. María Alejandra Barrales Magdaleno, integrante.- Sen. Juan Gerardo Flores Ramírez, integrante.

Comisión de Relaciones Exteriores América Latina y el Caribe: Sen. Mariana Gómez del Campo Gurza, Presidenta.- Sen. María del Rocío Pineda Gochi, Secretaria.- Sen. Raúl Morón Orozco, Secretario.- Sen. Félix Arturo González Canto, integrante.- Sen. René Juárez Cisneros, integrante.- Sen. Lilia Guadalupe Merodio Reza, integrante.- Sen. Javier Corral Jurado, integrante.- Sen. María Marcela Torres Peimbert, integrante.- Sen. Humberto Domingo Mayans Canabal, integrante.

Comisión de Comercio y Fomento Industrial: Sen. Héctor Larios Córdova, Presidente.- Braulio Manuel Fernández Aguirre, Secretario.- Sen. Armando Ríos Piter, Secretario.- Sen. Lisbeth Hernández Lecona, integrante.- Sen. Juana Leticia Herrera Ale, integrante.- Sen. Angélica del Rosario Araujo Lara, integrante.- Sen. Francisco de Paula Búrquez Valenzuela, integrante.- Sen. César Octavio Pedroza Gaitán, integrante.- Sen. Ma. del Pilar Ortega Martínez, integrante.- Sen. Mario Delgado Carrillo, integrante.- Sen. Carlos Alberto Puente Salas, integrante”.

Debido a que se encuentra publicado en la Gaceta del Senado de este día y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 195 del Reglamento, es de primera lectura.

Consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si autoriza que se dispense la segunda lectura del dictamen y se ponga a discusión de inmediato.

- La C. Secretaria Díaz Lizama: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se autoriza que se dispense la segunda lectura del anterior dictamen. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se dispensa la segunda lectura, señor Presidente.

- El C. Presidente Burgos García: En consecuencia, esta a discusión.

Tiene el uso de la palabra la Senadora Gabriela Cuevas Barrón, Presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores.

- La C. Senadora Gabriela Cuevas Barrón: Muy buenas tardes, compañeras y compañeros:

Las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores; Relaciones Exteriores, América Latina y El Caribe; y de Comercio y Fomento Industrial, presentamos hoy a esta Soberanía, el dictamen que aprueba el Acuerdo Marco de la Alianza del Pacífico.

La Alianza del Pacífico es probablemente la iniciativa de integración regional más importante que se está tratando ahora en materia de libre comercio en el mundo.

Esta Alianza que está integrada por Colombia, México, Chile y Perú, representa más de la mitad de las exportaciones de América Latina.

Las cuatro naciones de la Alianza del Pacífico, reúnen el 35% del PIB de América Latina.

Las cuatro, y suman entre todas su producción, y se les contará como un solo país, serían entonces la novena economía del mundo.

Si al día de hoy decidimos, en este Senado, ratificar este instrumento, seremos entonces el primer país, de aquellos que han firmado la Alianza del Pacífico, en ratificarlo. Con lo que además estaríamos enviando un importante mensaje al mundo y, sin duda, a los pueblos de América Latina.

La propuesta de integrar las economías de los Estado Parte y de aquellos que decidan ingresar a la misma en el futuro, como es el caso de Panamá, Costa Rica, Uruguay y Canadá, que lo han hecho en calidad de observadores, y definir acciones conjuntas para la vinculación comercial con Asia-Pacífico, sobre la base de los acuerdos comerciales bilaterales existentes entre los Estado Parte, se dio a conocer primero en Lima, Perú, el 28 de abril de 2011.

Para junio de 2012, en Paranal, Chile, se celebró la Segunda Cumbre de la Alianza del Pacífico, y allí los mandatarios de los Estados Parte, acordaron liberalizar el flujo de bienes, servicios, personas y capitales entre los países miembros; siendo esto lo más importante.

De aquí se desprenden seis grandes temas.

Primero.- La liberalización del comercio entre los países parte.

Segundo.- La reducción gradual de aranceles a bienes y servicios con la finalidad de eliminarlos en el año 2020 ó 2025.

Tercero.- Acordar un plazo para eliminar barreras arancelarias y reglas de origen entre los miembros del bloque.

Cuarto.- La creación de una bolsa de valores conjunta.

Quinto.- La creación de oficinas conjuntas de promoción comercial en el exterior, especialmente en Asia, con el objetivo de ahorrar los costos y ampliar los destinos.

Y, por último, un tema también muy importante, la Alianza del Pacífico no se trata solamente de un asunto comercial, lo que buscamos es mejorar las posibilidades de integración regional, y es por ello que incluso hay un tema educativo en este tema tan importante, y es que cada uno de estos países que formaríamos parte de la Alianza del Pacífico, si es que esto se ratifica en cada uno de los foros legislativos, estaríamos aportando cien becas cada año para tener un mayor intercambio estudiantil.

¿Cuáles son los beneficios de la consolidación de la Alianza del Pacífico?

La Organización Mundial del Comercio informó que en el 2010, Alianza del Pacífico exportó, en conjunto, cerca de 445 mil millones de dólares, casi 60 por ciento más que las exportaciones de Mercosur en el mismo periodo.

En ese mismo año, los países miembros representaron en conjunto más de 200 millones de habitantes y un Producto Interno Bruto mayor a los 1.7 billones de dólares.

Con estos números, los productores de los países que la integran fortalecerán sus encadenamientos productivos, generarán economías a gran escala y la reducción de sus costos de operación les dará la oportunidad de ser más eficientes y elevar, por tanto, su productividad.

En suma, la consolidación de la Alianza del Pacífico se traducirá en un mayor crecimiento de los flujos de comercio e inversión entre los cuatro países.

Es por ello que las comisiones unidas que presentamos hoy este dictamen, sostenemos en el mismo que el Acuerdo Marco de la Alianza del Pacífico, constituye un gran logro en materia diplomática de gran relevancia para México, que representa una oportunidad de crecimiento para las exportaciones nacionales, así como una oportunidad de estrechar la cooperación y los lazos comerciales con los países integrantes de la Alianza en beneficio de nuestras economías y, sin duda, de nuestros ciudadanos y ciudadanas.

La organización en comunidades entre sujetos que participan de rasgos o elementos idénticos es natural y provechosa.

La organización entre países con las mismas características es necesaria.

Esta comunidad de Estados que surge con la Alianza del Pacífico es no solamente posible, inobjetable y natural, sino que implica el fortalecimiento y plenitud de los sujetos de dicha comunidad internacional y, en general, la extensión de horizontes y progresiva extensión en las formas del vivir humano.

Aprobado este Acuerdo por el Senado de la República, mediante el dictamen que hoy presentamos y una vez hecho lo propio por los Poderes Legislativos de los Estados Parte, habremos aprovechado ésta gran oportunidad para concretar el potencial que tienen nuestros países, avanzando en una integración mucho más profunda en la región Latinoamérica y el Pacífico.

Es cuanto.

(Aplausos)

- El C. Presidente Burgos García: Muchas gracias, Senadora Cuevas Barrón.

Senadora del Campo Gurza, ¿con qué propósito?

- La C Senadora Mariana Gómez del Campo Gurza: (Desde su escaño) Gracias, señor Presidente. Por el artículo 196, pido el uso de la palabra.

- El C. Presidente Burgos García: De acuerdo, Senadora del Campo Gurza.

Tiene el uso de la tribuna la Senadora Dolores Padierna Luna, del grupo parlamentario del PRD.

- La C. Senadora Dolores Padierna Luna: Senadoras y Senadores:

El día de ayer en las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores; de Relaciones Exteriores, América Latina y El Caribe; y de Comercio y Fomento Industrial de este Senado, se votó por unanimidad a favor de que México firme esta Alianza del Pacífico con Perú, Colombia y Chile, y a partir de ahora, si ustedes tienen a bien aprobarlo, también nuestro país.

La inserción de México en la globalización ha sido una experiencia llena de claroscuros. No nos hemos insertado en la globalización de una manera endógena, soberana ni exitosa. Nuestra estructura económica ha sido altamente dependiente de la economía norteamericana, tenemos el ejemplo del Tratado de Libre Comercio que al firmarlo hace ya muchos años, se sujetó el aparato productivo mexicano al aparato industrial de Estados Unidos. Y México hoy es un simple eslabón del proceso productivo global.

México ha firmado muchos tratados comerciales. Desde 1836, México ha firmado miles de tratados y no hemos alcanzado los objetivos de mejores niveles de vida, de un desarrollo soberano y estar dentro de las primeras naciones en el mundo.

Se ha desaprovechado el acuerdo con la Unión Europea, hemos relegado a América Latina, no hay bases que permitan aprovechar el potencial con los países asiáticos como China, Japón, La India y Rusia.

La Alianza Comercial del Pacífico puede constituir una gran oportunidad para México, una palanca del desarrollo si nos enfocamos a estas zonas de Asia-Pacífico y Centroamérica. Ese enfoque es correcto.

Se vislumbra al siglo XXI como el siglo del Pacífico Latinoamericano y México con este Acuerdo camina a ese encuentro.

Sin embargo, es necesario revisar que para después de la firma de este Tratado se tienen que hacer muchas cuestiones operativas desde el Ejecutivo Federal. Es decir, no basta con firmar el Acuerdo, necesitamos ir más allá y lograr que los objetivos de esta Alianza del Pacífico lleguen a feliz término, porque seguimos alejados hoy día de América Latina y El Caribe. Hoy día nuestro país no crece, tenemos una economía estancada y está concentrada y subordinada a Estados Unidos.

Habría que dejar atrás esa visión arcaica, dejar atrás las ataduras con respecto a Estados Unidos, que además es una economía en declive.

La OCDE tiene como pronóstico que pronto China va a superar a Estados Unidos, que China será la primera economía, la economía más grande del mundo en el 2016, y que sobrepasará a la Unión Europea en el 2013. Que La India va a desbancar a Japón como la segunda potencia económica asiática y que para 2030, China y La India superarán a Estados Unidos, la Unión Europea y Japón juntos.

Por eso es también importante esta firma de este Acuerdo del Pacífico. México tiene que orientarse hacia un nuevo orden mundial, dejar de ver tanto hacia Estados Unidos y voltear hacia el sur y hacia el Pacífico como zonas estratégicas de desarrollo.

El PRD impulsa desde hace muchos años en su plataforma esta Alianza Comercial con América Latina y con el Pacífico. La consideramos, por lo tanto, la firma de la Alianza Comercial del Pacífico, como una gran oportunidad para el desarrollo nacional. Pero también queremos dejar claro que la sola firma no basta, que debemos dejar esa ortodoxia neoliberal que nos tiene como países estancados y que debemos procesar una integración internacional más justa, con responsabilidad social y de grandes beneficios para nuestro país.

Enhorabuena la firma de la Alianza Comercial del Pacífico.

Muchas gracias.

(Aplausos)

- El C. Presidente Burgos García: Muchas gracias, Senadora Dolores Padierna.

Tiene el uso de la tribuna la Senadora Marina Gómez del Campo, del grupo parlamentario del PAN.

- La C. Senadora Mariana Gómez del Campo Gurza: Con su venia, señor Presidente.

Compartirles que el proceso de análisis y dictaminación del Acuerdo Marco de la Alianza del Pacífico fue un proceso que tuvo resultados muy satisfactorios por el consenso alcanzado entre todos los partidos políticos; sin excepción partimos de la premisa de que ampliar los esquemas en que opera el comercio internacional genera beneficios para nuestro país y para los Estados que son Parte.

El Acuerdo-Marco de la Alianza del Pacífico es un gran paso para integrarnos con mayor fortaleza y decisión al Cono Sur del continente.

Una región en la que debemos asumir, con acciones como ésta, un liderazgo activo enfocado no sólo a posicionar a México a la cabeza en materia comercial, sino en una agenda completa de cooperación con las Repúblicas de Chile, Colombia y Perú, que para la Comisión de Relaciones Exteriores América Latina y El Caribe resulta fundamental y así lo externaron cada uno de los integrantes durante la discusión.

De hecho, esta figura será un contrapeso natural al MERCOSUR con el valor agregado de tender puentes y haber generado un gran interés en otras latitudes con miras a lo que ocurra en los próximos años en la región Asia-Pacífico que es, y seguirá siendo en las décadas por venir, la de mayor crecimiento económico en el mundo.

En segundo lugar, decirles que este tipo de acuerdos de integración profunda representan la segunda generación de acuerdos entre naciones que no sólo pretende liberalizar el intercambio comercial de bienes y servicios, sino que incluye la libre circulación de personas y capitales.

Tiene otras múltiples virtudes como facilitar los trámites y asuntos aduanales, que muchas veces son dolores de cabeza para los empresarios y para la cadena productiva.

Simplificar los trámites en materia migratoria para generar condiciones más amigables.

Incluso en el contexto institucional tiene el beneficio de que no implica modificar norma legal o administrativa alguna debido a que se inscriben una serie de tratados y acuerdos bilaterales que sostenemos los cuatro países que se encuentran vigentes, y que este Acuerdo-Marco busca concentrar y armonizar.

En esta participación, lo que pretendo es dejar claro que el Acuerdo de la Alianza del Pacífico fortalece el liderazgo internacional de México; tan es así que en el contexto de la discusión entre los Estados Parte fue prioridad que nuestro país estuviera incluido.

La participación de nuestro país es y ha sido clave para incrementar el potencial de este Acuerdo. Implica mandar un mensaje muy claro a aquellos países que hoy buscan establecer medidas proteccionistas a nuestros productos. Significa decirles que México está convencido de que la apertura comercial es positiva, social y económicamente vamos por más.

Por último, recordar que ya sostenemos Tratados de Libre Comercio con nuestras contrapartes, y que en el 2011 las exportaciones de los miembros de la Alianza fue equivalente a 533 mil millones de dólares, cifra que superó en 33 por ciento a aquellas que realizaron los países integrantes de la Asociación Europea de Libre Comercio y en 50 por ciento a las del MERCOSUR.

Estos datos son muestra de la fortaleza que representa formar este bloque, que hoy en su conjunto es la novena economía del mundo y la octava potencia exportadora, y que de seguir esa senda en el largo plazo, la Alianza debe consolidarse como la zona de libre comercio más importante de América Latina.

Está comprobado que el comercio fomenta el crecimiento y el enriquecimiento de los países, con mayor razón hay que considerar que un acuerdo de integración profunda como éste, puede impulsar cambios en muchos más rubros como la inversión, la generación de empleo y la cooperación en temas trascendentes como la educación, el combate a la delincuencia organizada y la superación de la pobreza.

Es importante señalar que está firmado por países que compartimos la misma vocación democrática. Que en muchos casos compartimos los mismos retos, que hablamos un mismo lenguaje y que concebimos que lo más importante detrás de cualquier convenio es el interés de nuestros pueblos: El bien común.

Por eso es tan importante que hoy en el Pleno de esta Soberanía se confirme el consenso alcanzado el día de ayer en las comisiones unidas.

Es cuanto, señor Presidente.

- El C. Presidente Burgos García: Muchas gracias, Senadora del Campo Gurza.

Tiene el uso de la tribuna la Senadora Lisbeth Hernández, del grupo parlamentario del PRI.

- La C. Senadora Lisbeth Hernández Lecona: Gracias, señor Presidente.

Para fijar la postura del grupo parlamentario del PRI, en este Acuerdo de la Alianza Pacífico, la cual nos expresamos a favor toda vez que estamos con el progreso económico, pero además también el social y de hermandad con nuestros hermanos de Colombia y Chile, en donde observamos que en este Acuerdo que firmamos el día de ayer en las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores; de Comercio y Fomento Industrial; y de Relaciones Exteriores, América Latina y El Caribe, en donde afortunadamente hemos encontrado muchas coincidencias y muchas ventajas en poder extender este Acuerdo.

Vemos que vamos a integrarnos en la forma también del trabajo de la manufactura, del metal; pero además también de los servicios turísticos, de los servicios académicos, profesionales y de la libre entrada de las personas que trabajan en negocios a bien de nuestro país. Por ello, nos sumamos e incluimos, porque sabemos que estamos alcanzando un liderazgo económico y nos sumamos, a estos acuerdos para que México siga siendo potencialmente y económicamente de los mejores países de América Latina.

Es cuanto, señor Presidente, muchas gracias.

- El C. Presidente Burgos García: Muchas gracias, Senadora Lisbeth Hernández.

Tiene el uso de la tribuna el Senador Juan Gerardo Flores Ramírez, del grupo parlamentario del PVEM.

- El C. Senador Juan Gerardo Flores Ramírez: Con su venia, señor Presidente.

El dictamen que hoy se somete a votación en esta Asamblea constituye, sin duda, un avance significativo para nuestra economía. Significativo y sustancial en materia económica en congruencia a la estrategia de integración comercial con América Latina que nuestro país ha sostenido ya desde hace varios años.

Los beneficios de este Acuerdo redundan sin lugar a dudas en la creación de la Alianza del Pacífico, lo que permitirá que los flujos comerciales y de inversión crezcan entre los cuatro países signantes, lo cual acrecentará de manera importante en las oportunidades de crecimiento para las exportaciones mexicanas, pero también para la inversión de mexicanos en estos tres países socios.

La economía de nuestro país se ha beneficiado, sin lugar a dudas, de los Tratados de Libre Comercio que nuestro país ha signado desde hace ya varias décadas, particularmente desde la firma del Tratado de Libre Comercio con América del Norte en 1993.

El volumen de las exportaciones mexicanas ha crecido, también ha crecido el valor de lo que vendemos y compramos al resto del mundo, pero también se ha diversificado, sobre todo en los últimos años.

Un aspecto fundamental para reducir la exposición de nuestro país a los vaivenes que aquejan a nuestro principal socio comercial: los Estados Unidos de Norteamérica.

La ratificación de este Acuerdo Marco es una excelente señal que el gobierno de México transmite hacia Latinoamérica al mostrar su convicción por asumir compromisos comerciales sólidos con economías que comparten rasgos comunes y que introduce la oportunidad de que las empresas de Chile, Colombia, Perú y México fortalezcan sus encadenamientos productivos, generen economías de escala y se tornen más eficientes al reducir costos de operación y elevar su productividad.

Asimismo, en el largo plazo esta Alianza puede consolidarse como la zona de libre comercio más importante de América Latina, creando un bloque promotor de libre comercio en la región y en el mundo. Pues el impacto consiste en las oportunidades de crecimiento económico, la competitividad, el desarrollo de las cadenas de valor y la generación de empleos.

El paso que dan estos cuatro países es relevante si consideramos que en los últimos años ha empezado a permear en la sociedad latinoamericana un ánimo proteccionista, particularmente en países como Argentina, Ecuador, Bolivia y Venezuela.

Y más recientemente en el caso de Argentina, por ejemplo, y lo mencioné ayer en la reunión de comisiones unidas, es preocupante que México haya enfrentado ya dos problemas importantes para la economía mexicana. Por un lado, está lo que afecta al sector automotriz, quien vio con mucha preocupación cómo el gobierno de ese país no honró los compromisos que había firmado con México y orilló o incursionó o incurrió en una medida proteccionista que, sin duda, afecta a las empresas mexicanas, pero sobre todo afecta a los empleados que trabajan en esas empresas porque el volumen de exportación a ese país se vieron afectados.

También está el caso de la empresa española Repsol, que sin lugar a dudas se trata de una empresa que cuya nacionalidad no corresponde a la mexicana, el problema es que en la decisión que tomó el gobierno de Argentina en ese caso afecta de manera indirecta a México por la inversión que PEMEX sostiene en esta empresa española.

Esta situación es preocupante en todo sentido, pues es un hecho demostrado que el sistema proteccionista que han adoptado otros países de Latinoamérica no sólo han traído consecuencias funestas a las finanzas públicas de esos países, sino que además frena la productividad comercial que podría ser explotada con otras economías, frenando así la adopción de medidas y las opciones de beneficiar directamente a la sociedad.

Por todo lo anterior, los integrantes de la Comisión de Relaciones Exteriores consideramos que la suscripción de esta Alianza por parte del Ejecutivo Federal, se encuentra plenamente justificada, y más aún el grupo parlamentario del Partido Verde opina de la misma manera, y por ello vamos a votar a favor del dictamen.

Es cuanto, señor Presidente.

- El C. Presidente Burgos García: Muchas gracias, Senador Flores Ramírez.

Tiene el uso de la tribuna el Senador Teófilo Torres Corzo, del grupo parlamentario del PRI.

- El C. Senador Teófilo Torres Corzo: Compañeras y compañeros Senadores:

La fracción parlamentaria de mi partido, como aquí se ha dicho, apoya la incorporación de este Acuerdo porque representa la posibilidad que México tenga mayores posibilidades de comercio con otros países del mundo. México y los mexicanos necesitamos más y mejores empleos, necesitamos más inversión.

México necesita reposicionar, y lo digo con claridad, reposicionar su posición ante los países del mundo. México necesita tener nuevos socios comerciales, nuevas alianzas y nuevo intercambio comercial para poder fortalecer el trabajo en este país, para poder tener nuevas oportunidades para muchas mexicanas y muchos mexicanos que demandan a lo largo y a lo ancho del país empleo, y muchos de ellos una mejor calidad en el empleo.

La fracción parlamentaria de mi partido apoya, por supuesto, este Acuerdo, y estaremos trabajando por fortalecer, desde diferentes comisiones, con otros países, la posibilidad de tener mejores relaciones comerciales y mejores relaciones en todos sentidos para que México tenga lo que esperan los mexicanos; los mexicanos esperan que hagamos aquí la posibilidad de más empleos y mejores empleos para todos y cada uno de ellos.

Es cuanto, señor Presidente.

- El C. Presidente Burgos García: Muchas gracias, Senador Torres Corzo. Agotada la participación de oradores, ábrase el sistema electrónico de votación por tres minutos para recoger la votación nominal del proyecto de Decreto. Háganse los avisos a que se refiere el artículo 58 del Reglamento para informar de la votación.



- La C. Secretaria Díaz Lizama: Señor Presidente, conforme al registro en el sistema electrónico, se emitieron 101 votos en pro.

- El C. Presidente Burgos García: Muchas gracias. En consecuencia, queda aprobado el proyecto de Decreto que contiene el Acuerdo Marco de la Alianza del Pacífico, firmado el 6 de junio de 2012 en el Observatorio de Paranal, Antofagasta, Chile, por los Presidentes de la República de Chile, de la República de Colombia, de los Estados Unidos Mexicanos y de la República del Perú. Remítase al Ejecutivo Federal para los efectos del artículo 72 constitucional.

Saludamos a un grupo de 30 jóvenes emprendedores de la Cámara de Comercio del Distrito Federal, estudiantes universitarios y de Educación Media Superior, invitados por el Senador Armando Ríos Piter. ¡Bienvenidos!

(Aplausos)

Pasamos a la primera lectura de un dictamen de la Comisión de Gobernación, que contiene proyecto de Decreto que concede permiso al ciudadano Leonardo González García, para aceptar y usar la condecoración que le otorga el gobierno de la República francesa.






PERMISO PARA ACEPTAR Y USAR CONDECORACION

(Dictamen de primera lectura)



Debido a que el dictamen se encuentra publicado en la Gaceta del Senado de este día, y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 195 de nuestro Reglamento, queda de primera lectura.

Pasamos a la discusión de un dictamen de la Comisión de Desarrollo Regional, relativo al establecimiento de criterios sencillos para las reglas de operación de los fondos y programas sociales y los relativos al desarrollo regional.

Solicito a la Secretaría dé lectura al dictamen.






COMISION DE DESARROLLO REGIONAL

(Dictamen a discusión)

- La C. Secretaria Díaz Lizama: (Leyendo)

“COMISION DE DESARROLLO REGIONAL

H. ASAMBLEA:

A la Comisión de Desarrollo Regional, le fue turnada para su análisis y elaboración de dictamen correspondiente, el segundo resolutivo correspondiente al punto de Acuerdo presentado por los senadores René Juárez Cisneros, Humberto Mayans Canabal, Eviel Pérez Magaña, Félix González Canto,Armando Ríos Piter, Angel Benjamín Robles Montoya, Sofío Ramírez Hernández, Roberto Albores Gleason, Angélica del Rosario Araujo Lara, Adriana Dávila Fernández, Raúl Aarón Pozos Lanz, Francisco SalvadorLópez Brito, Oscar Román Rosas González y Zoé Robledo Aburto, por el que se exhorta al Ejecutivo Federal a establecer criterios sencillos para las reglas de operación de los fondos y programas sociales y los relativos al desarrollo regional, para que sean claras, transparentes y diferenciadas, acordes a las características particulares de cada región.

Con fundamento en los artículos  71 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 86, 94 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 113 numeral 2, 117 numeral 1, 135 numeral 1, fracción I, 182, 188, 190, 191, 192 y los demás relativos del Reglamento del Senado de la Republica, y una vez realizado un análisis del contenido de la propuesta en comento, esta Comisión somete a la consideración de esta Honorable Asamblea el presente dictamen al tenor de los antecedentes y consideraciones siguientes:

METODOLOGIA

I. En el capítulo de “ANTECEDENTES” se da constancia del trámite de inicio de la proposición y de la recepción del turno para el estudio y dictamen correspondiente, así como de los trabajos previos de la Comisión Dictaminadora.

II. En el capítulo correspondiente a “OBJETO O MATERIA DEL PROYECTO” se sintetiza el alcance de la propuesta en estudio.

III. En el capítulo de “CONSIDERACIONES”, la Comisión expresa los argumentos de valoración de la propuesta y de los motivos que sustentan la resolución.

ANTECEDENTES

En sesión ordinaria celebrada por la Cámara de Senadores, el 25 de octubre de 2012, los senadores René Juárez Cisneros, Humberto Mayans Canabal, Eviel Pérez Magaña, Félix González Canto,Armando Ríos Piter, Angel Benjamín Robles Montoya, Sofío Ramírez Hernández, Roberto Albores Gleason, Angélica del Rosario Araujo Lara, Adriana Dávila Fernández, Raúl Aarón Pozos Lanz, Francisco Salvador López Brito, Oscar Román Rosas González y Zoé Robledo Aburto, presentaron la proposición con punto de Acuerdo referido. En la misma fecha, la Mesa Directiva acordó fuera turnado el segundo resolutivo a la Comisión de Desarrollo Regional, dando inicio al análisis para su dictamen correspondiente.

OBJETO O MATERIA DEL PROYECTO

Exhortar al Ejecutivo Federal a establecer criterios sencillos para las reglas de operación de los fondos y programas sociales y los relativos al desarrollo regional, para que sean claras, transparentes y diferenciadas, acordes a las características particulares de cada región.

CONSIDERACIONES

Los senadores promoventes señalan que las condiciones históricas de desigualdad, el diferente potencial y la diversa capacidad competitiva de las distintas regiones de México requieren estrategias adaptadas a su tipología con modelos específicos de desarrollo particular, considerando la experiencia de regiones exitosas y rezagadas.

Asimismo, reconocen que las entidades federativas tienen un reducido margen de acción, por lo cual es necesario replantear opciones que creen un federalismo más vigoroso a través de distintos instrumentos de cooperación y coordinación intergubernamental, convenios interestatales, alianzas regionales y microrregionales, cooperación administrativa y financiera.

En su argumentación plantean que es importante incidir en la revisión del esquema fiscal centralizado y los instrumentos institucionales aplicados desde la federación, así como considerar el desarrollo regional como un elemento básico para la modernización del país, en función de una estrategia integral de descentralización de decisiones, desconcentración de la actividad económica y promoción del desarrollo urbano estatal y municipal.

Afirman además, que los fondos y programas incluidos en el Presupuesto de Egresos de la Federacióndeben impactar en el desarrollo regional en beneficio de los habitantes, y quepor ello es necesario fortalecerlos y redimensionarlos desde una concepción de mediano y largo plazos desde la visión multianual del presupuesto.

En este sentido, esta comisión dictaminadora considera que la participación del Congreso en la elaboración y presupuestación de las estrategias de desarrollo regional es vital, pues contribuye positivamente a una estrategia integral para incorporar diversas percepciones sobre sus consecuencias y alternativas. A su vez, esta presencia ofrece una ventaja considerable al elevar la legitimidad de las decisiones y soluciones en este terreno.

Es innegable que el desarrollo económico y social alcanzado por México muestra, al interior del país, grandes disparidades entre sus regiones. A pesar de la gran cantidad de programas y proyectos de desarrollo regional, los resultados han sido limitados y, por tanto, lo que se requiere para impulsar el desarrollo integral de las diversas regiones del país son recursos presupuestales suficientes, una participación social fuerte y, sobre todo, voluntad política de las autoridades de los tres órdenes de gobierno.

La experiencia nos muestra que la aplicación de los Fondos que atienden los programas sociales y regionales, requieren de reglas de operación más accesibles para los estados y municipios, que contengan especificaciones técnicas claras, transparentes y diferenciadas, acordes a las características particulares de cada región, que hagan más eficaz la asignación del gasto, faciliten la evaluación periódica de los beneficios económicos y sociales de su asignación y aplicación, y aseguren la coordinación de acciones con otras dependencias y entidades para evitar duplicidad en el ejercicio de los recursos.

Esta comisión dictaminadora coincide en que a pesar de que las reglas de operación incluyen en su contenido apartados en materia de transparencia y control del gasto social, existen algunas críticas a las mismas en función de las implicaciones del diseño y los cambios permanentes que rigen la emisión de las mismas, en particular, aquellas que se refieren a la discrecionalidad en el manejo exclusivo de los recursos por parte del Gobierno Federal, cuando la normatividad establece que sean acordados y ejecutados conjuntamente entre la federación y las entidades federativas.

Es lamentable reconocer que en las reglas de operación sólo se les reconoce a las entidades federativas un papel meramente técnico en el desarrollo de los programas sociales y los relativos al desarrollo regional.

Por otro lado, la complicación en la ejecución de algunos programas y presupuestos de algunos fondos y fideicomisos, provoca la falta de su materialización y, con ello, la posibilidad de que se obstruya la ejecución de los recursos y el aumento en los subejercicios.

Cabe recordar que las reglas de operación determinan el diseño, especifican la ejecución y sirven como base para evaluar los programas sociales. Pero sobre todo, porque dichas reglas deben constituir el instrumento que debería contener de forma específica el qué, quién y cómo se ejecutan los objetivos de los programas sociales y que deben regir el control gubernamental de la gestión pública y promover las acciones de control social.

Las reglas de operación representan también, la concreción técnica respecto al resultado del acuerdo entre los poderes Legislativo y Ejecutivo en la negociación del Presupuesto de Egresos de la Federación. En tal sentido, creemos conveniente al igual que los promoventes, que es necesario establecer criterios más accesibles para la aplicación de las partidas presupuestales del Fondo Regional (Fonregión), del Fideicomiso para la Infraestructura de los Estados (FIES) y el Fondo Metropolitano, a fin de priorizar a los estados más pobres del país, atendiendo las particularidades de las microrregiones al interior de las entidades federativas.

CONCLUSIONES

La Comisión de Desarrollo Regional una vez analizados los argumentos y consideraciones vertidos en la propuesta con punto de Acuerdo, acuerda dictaminar en sentido positivo el que el Senado de la República realice un exhorto al Ejecutivo Federal, a fin de establecer criterios sencillos para las reglas de operación de los fondos y programas sociales y los relativos al desarrollo regional, para que sean claras, transparentes y diferenciadas, acordes a las características particulares de cada región.

RESOLUTIVO

Los integrantes de la Comisión de Desarrollo Regional someten a la consideración del Pleno de la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, la aprobación del siguiente:

DICTAMEN

UNICO.- El Senado de la República exhorta al Ejecutivo Federal a establecer criterios sencillos para las reglas de operación de los fondos y programas sociales y los relativos al desarrollo regional, para que sean claras, transparentes y diferenciadas, acordes a las características particulares de cada región.

Dado en el salón de comisiones de la Cámara de Senadores, a 6 de noviembre de 2012.

Comisión de Desarrollo Regional”.

Es todo, señor Presidente.

- El C. Presidente Burgos García: Consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el anterior Acuerdo.

- La C. Secretaria Díaz Lizama: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el anterior Acuerdo. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Es aprobado, señor Presidente.

- El C. Presidente Burgos García: Aprobado. Comuníquese.

Informo a la Asamblea que se recibieron de la Comisión de Relaciones Exteriores, América del Norte, cinco dictámenes por los que se desechan puntos de Acuerdo presentados en la LX y LXI Legislaturas, que se refieren a:

Punto de Acuerdo por el que se desecha la proposición que cita a comparecer a la Secretaria de Relaciones Exteriores, a efecto de que explicara la agenda y las prioridades del gobierno mexicano de cara a la visita a nuestro país del Presidente de los Estados Unidos de América. Se instruye a la Secretaría Parlamentaria descargar los asuntos de sus registros y darlos por concluidos.






COMISION DE RELACIONES EXTERIORES, AMERICA DEL NORTE

(Dictamen a discusión)

“COMISION DE RELACIONES EXTERIORES AMERICA DEL NORTE

H. ASAMBLEA:

A la Comisión de Relaciones Exteriores, América del Norte, le fue turnada para su estudio y dictamen correspondiente, la proposición con punto de Acuerdo por el que se cita a comparecer a la Secretaria de Relaciones Exteriores, a efecto de que explique la agenda y las prioridades del gobierno mexicano de cara a la próxima visita a nuestro país del Presidente de los Estados Unidos de América, Barack Obama, presentado por el entonces Senador Silvano Aureoles Conejo, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LX Legislatura.

Los integrantes de la Comisión de Relaciones Exteriores, América del Norte del Senado de la República de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 86 y 94 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y los artículos 113, 117, 135, numeral 1, fracción I, 277, numeral 1 y demás relativos y aplicables del Reglamento del Senado de la República, someten a la consideración del Pleno de la Cámara de Senadores el siguiente dictamen, en relación con los siguientes:

I. ANTECEDENTES

1. En la Sesión Ordinaria del 1° de abril de 2009, correspondiente al segundo periodo ordinario de sesiones del tercer año de la LX Legislatura, el Senador Silvano Aureoles Conejo, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó una proposición con punto de Acuerdo por el que se citaba a comparecer a la Secretaria de Relaciones Exteriores, a efecto de que explicara la agenda y las prioridades del gobierno mexicano de cara a la visita a nuestro país del Presidente de los Estados Unidos de América, Barack Obama.

2. En la misma fecha, la Mesa Directiva del Senado de la República, turnó la proposición con punto de Acuerdo a la Comisión de Relaciones Exteriores, América del Norte de la LX Legislatura, para su estudio y dictamen correspondiente.

3.Los miembros de la Comisión de Relaciones Exteriores, América del Norte en la LXII Legislatura, en la primera reunión ordinaria de trabajo, procedimos a la elaboración del presente dictamen con base en los apartados siguientes:

II. CONTENIDO DE LA PROPOSICION CON PUNTO DE ACUERDO

Los suscritos integrantes de esta comisión, estiman oportuno puntualizar los resolutivos de la propuesta contenida en el punto de acuerdo materia del presente dictamen, que a la letra señala:

“PRIMERO.- El Senado de la República cita a comparecer a la Secretaria de Relaciones Exteriores, Patricia Espinosa Cantellano, a efecto de que explique la agenda y las prioridades del gobierno mexicano de cara a la próxima visita a nuestro país del Presidente de los Estados Unidos de América, Barack Obama.

SEGUNDA.- Se instruye a la Comisión de Relaciones Exteriores, América del Norte, así como a los distintos Grupos de Trabajo creados para analizar temas de la relación bilateral México – Estados Unidos, a que remitan a la brevedad al pleno un informe y un diagnóstico preciso sobre el estado que guardan los diversos asuntos de su competencia.”

III. CONSIDERACIONES

La proposición materia del presente dictamen fue presentada por el entonces Senador Silvano Aureoles Conejo, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática al 1° de abril del 2009 durante el segundo periodo ordinario de sesiones del tercer año de la LX Legislatura, por lo que han pasado más de tres años seis meses desde que se presentó dicha proposición ante el Pleno de esa Legislatura.

Como se ha podido establecer en el párrafo que antecede, el motivo por el que el proponente pretendía que la Titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Patricia Espinosa Cantellano compareciera ante esta Soberanía, lo era para que explicará la agenda y las prioridades del gobierno mexicano que trataría en la visita a México del Presidente de los Estados Unidos de América, Barack Obama que tendría lugar en el mes de abril del 2009.

Como fue difundido por medios informativos, el Presidente de los Estados Unidos, Barack Obama visitó nuestro país durante los días 16 y 17 de abril del 2009, acompañado de su esposa y un grupo de colaboradores, en el marco de su primera visita a América Latina como mandatario.

La visita del Presidente de los Estados Unidos de América, Barack Obama que tuvo lugar en el mes de abril del 2009 fue de carácter oficial y durante su estadía abordó temas de interés bilateral, como medio ambiente, economía, seguridad, bienestar social y migración, fue el segundo encuentro que sostuvieron los mandatarios de ambos países, luego que el Presidente Felipe Calderón viajara a Washington el 12 de enero de ese mismo año.

En su momento, el vocero de la presidencia de México de ese entonces, Maximiliano Cortázar Lara comentó ante los medios noticiosos que dicha visita se consideraba como de alta prioridad para fortalecer la relación bilateral, a partir de un diálogo franco y respetuoso sobre el conjunto de temas que integraban la agenda común y que con ese encuentro, se daba continuidad al diálogo establecido durante su reunión del 12 de enero de 2009 en Washington, donde Obama y Calderón acordaron impulsar una asociación estratégica entre ambos países.

Por otro lado, el autor de la proposición materia del presente dictamen, también solicitaba que se instruyera a la Comisión de Relaciones Exteriores, América del Norte de la LX Legislatura, así como a los distintos Grupos de Trabajo creados para analizar temas de la relación bilateral México-Estados Unidos, a que remitieran a la brevedad al pleno un informe y un diagnóstico preciso sobre el estado que guardaban los diversos asuntos de su competencia, sin que el proponente expusiera en su proposición, el objeto o los motivos por los que se solicitaban dicho informe y el citado diagnostico.

Los miembros de esta Comisión una vez que han analizado la proposición con punto de acuerdo del exsenador Silvano Aureoles Conejo han podido establecer que la visita del Presidente de los Estados Unidos de América, Barack Obama a México, si se verifico los días 16 y 17 de abril del 2009 y que desde la fecha de ese acontecimiento hasta el día en que se emite el presente dictamen ya han transcurrido más de tres años seis meses, por lo que dicho asunto ha dejado de ser coyuntural y toda vez que se cumplió el propósito de los Presidentes de México y Estados Unidos al tratar en dicha reunión temas de interés bilateral, como medio ambiente, economía, seguridad, bienestar social y migración, la proposición con punto de acuerdo sujeta a estudio, ha quedado sin materia.

Por lo que respecta a la solicitud del proponente dirigida a la Comisión de Relaciones Exteriores, América del Norte de la LX Legislatura y a los distintos Grupos de Trabajo creados para analizar temas de la relación bilateral México-Estados Unidos, para que remitieran al Pleno un informe y un diagnóstico preciso sobre el estado que guardaban los diversos asuntos de su competencia, también ya ha sido cumplimentada, toda vez que las funciones de dicha comisión y de los Grupos de Trabajo concluyeron al término de la LXI Legislatura y el informe de los asuntos de su competencia fueron remitidos a la Secretaría General de Servicios Parlamentarios de esta Cámara, además de que dicha información fue puesta a disposición del público en el sitio electrónico de dicha Comisión, por lo que ha quedado debidamente agotada la solicitud del promovente.

Por todo lo anterior, la Comisión de Relaciones Exteriores América del Norte resuelve que la proposición con punto de acuerdo sujeta a estudio, ha quedado sin materia, por lo que resulta procede dar por concluido el presente asunto y ordenar su archivo, por lo que se somete a la consideración de la Honorable Asamblea del Senado de la República, el siguiente:

ACUERDO

PRIMERO. Se desecha la proposición con punto de Acuerdo por el que se citaba a comparecer a la Secretaria de Relaciones Exteriores, a efecto de que explicará la agenda y las prioridades del gobierno mexicano de cara a la visita a nuestro país del Presidente de los Estados Unidos de América, Barack Obama, presentada el 1 de abril de 2009, por los motivos expuestos en el presente dictamen.

SEGUNDO.- Archívese el asunto mencionado en el resolutivo que antecede como totalmente concluido.

Dado en salón de comisiones del Senado de la República, a los _______ días del mes de octubre de 2012.

Comisión de Relaciones Exteriores América del Norte”.

Punto de Acuerdo por el que se desecha la proposición que felicita al Congreso de Nuevo México y al gobernador de la entidad, por abolir la pena de muerte. Se instruye a la Secretaría Parlamentaria descargar los asuntos de sus registros y darlos por concluidos.






COMISION DE RELACIONES EXTERIORES, AMERICA DEL NORTE

(Dictamen a discusión)

“COMISION DE RELACIONES EXTERIORES AMERICA DEL NORTE

H. ASAMBLEA:

A la Comisión de Relaciones Exteriores, América del Norte, le fue turnada para su estudio y dictamen correspondiente, la proposición con punto de Acuerdo por el que la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión felicitaba al Congreso de Nuevo México y al Gobernador de la entidad, William Blaine Richardson, por abolir la pena de muerte, presentado por la entonces Senadora Adriana González Carrillo, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional en la LX Legislatura.

Los integrantes de la Comisión de Relaciones Exteriores, América del Norte del Senado de la República de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 86 y 94 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y los artículos 113, 117, 135, numeral 1, fracción I, 277, numeral 1 y demás relativos y aplicables del Reglamento del Senado de la República, someten a la consideración del Pleno de la Cámara de Senadores el siguiente dictamen, en relación con los siguientes:

I. ANTECEDENTES

1. En la Sesión Ordinaria del 30 de abril de 2009, correspondiente al segundo periodo ordinario de sesiones del tercer año de la LX Legislatura, la Senadora Adriana González Carrillo, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó una proposición con punto de Acuerdo por el que la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión felicitaba al Congreso de Nuevo México y al Gobernador de la entidad, William Blaine Richardson, por abolir la pena de muerte.

2. En la misma fecha, la Mesa Directiva del Senado de la República, turnó la proposición con punto de Acuerdo a la Comisión de Relaciones Exteriores, América del Norte de la LX Legislatura, para su estudio y dictamen correspondiente.

3.Los miembros de la Comisión de Relaciones Exteriores, América del Norte en la LXII Legislatura, en la primera reunión ordinaria de trabajo, procedimos a la elaboración del presente dictamen con base en los apartados siguientes:

II. CONTENIDO DE LA PROPOSICION CON PUNTO DE ACUERDO

Los suscritos integrantes de esta comisión, estiman oportuno puntualizar el resolutivo de la propuesta contenida en el punto de acuerdo materia del presente dictamen, que a la letra señala:

Unico.- La Cámara de Senadores del Congreso de la Unión felicita al Congreso de Nuevo México y al Gobernador de la entidad, William Blaine Richardson, por abolir la pena de muerte”

III. CONSIDERACIONES

La proposición materia del presente dictamen fue presentada por la entonces Senadora Adriana González Carrillo, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, al 30 de abril del 2009 durante el segundo periodo ordinario de sesiones del tercer año de la LX Legislatura, por lo que han pasado más de tres años desde que se presentó dicha proposición ante el Pleno de esa Legislatura.

La motivación que tuvo la exsenadora Adriana González Carrillo para presentar hace más de tres años la proposición materia del presente dictamen, fue que el 19 de marzo de 2009, el Congreso Local del Estado de Nuevo México, había aprobado la iniciativa para abolir la pena de muerte en ese estado de la Unión Americana y el gobernador de la entidad, Bill Richardson promulgó dicha ley.

La proponente celebraba dicho acontecimiento por considerarlo como un proceso de gran significación para la cooperación entre México y Estados Unidos especialmente en lo relativo a la protección consular de los connacionales condenados a muerte en ese país.

Los miembros de esta Comisión una vez que han analizado la proposición con punto de acuerdo de la exsenadora González Carrillo, comparten el regocijo que en su momento implicó la promulgación de la iniciativa para abolir la pena de muerte en el Estado de Nuevo México de nuestro vecino del norte, pero no pasan por alto, el hecho de que este asunto ya ha dejado de ser coyuntural y ha dejado de ser actual, toda vez que ya han transcurrido más de tres años desde que se presento ante el Pleno del Senado de la LX Legislatura, por tal motivo, el hecho de que el Senado de la República realice dos legislaturas después la felicitación materia de la proposición, no se considera conducente, por lo que resulta procedente desecharla.

Por todo lo anterior, la Comisión de Relaciones Exteriores, América del Norte, somete a la consideración de la Honorable Asamblea del Senado de la República, el siguiente:

ACUERDO

PRIMERO. Se desecha la proposición con punto de Acuerdo por el que la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión felicitabaal Congreso de Nuevo México y al Gobernador de la entidad, William Blaine Richardson, por abolir la pena de muerte, presentada el 30 de abril de 2009, por los motivos expuestos en el presente dictamen.

SEGUNDO.- Archívese el asunto mencionado en el resolutivo que antecede como totalmente concluido.

Comisión de Relaciones Exteriores América del Norte”.

Punto de Acuerdo por el que se desecha la proposición que cita a comparecer a los titulares de las Secretarías de Relaciones Exteriores y de Comunicaciones y Transportes a fin de que informaran sobre el cierre de la garita de San Ysidro. Se instruye a la Secretaría Parlamentaria descargar los asuntos de sus registros y darlos por concluidos.






COMISION DE RELACIONES EXTERIORES, AMERICA DEL NORTE

(Dictamen a discusión)

“COMISION DE RELACIONES EXTERIORES AMERICA DEL NORTE

H. ASAMBLEA:

A la Comisión de Relaciones Exteriores, América del Norte, le fue turnada para su estudio y dictamen correspondiente, la proposición con punto de Acuerdo por el que se citaba a comparecer ante las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Relaciones Exteriores, América del Norte a los titulares de las Secretarías de Relaciones Exteriores y de Comunicaciones y Transportes a fin de que informen sobre el cierre de la garita de San Ysidro, las consecuencias de dicha acción y la manera en que se va a solventar la profusa actividad que existe en este paso fronterizo, presentado por el entonces Senador Fernando Jorge Castro Trenti, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXI Legislatura.

Los integrantes de la Comisión de Relaciones Exteriores, América del Norte del Senado de la República de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 86 y 94 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y los artículos 113, 117, 135, numeral 1, fracción I, 277, numeral 1 y demás relativos y aplicables del Reglamento del Senado de la República, someten a la consideración del Pleno de la Cámara de Senadores el siguiente dictamen, en relación con los siguientes:

I. ANTECEDENTES

1. En la Sesión Ordinaria del 28 de marzo de 2012, correspondiente al segundo periodo ordinario de sesiones del tercer año de la LXI Legislatura, el Senador Fernando Jorge Castro Trenti, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó una proposición con punto de Acuerdo por el que se citaba a comparecer ante las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Relaciones Exteriores, América del Norte a los titulares de las Secretarías de Relaciones Exteriores y de Comunicaciones y Transportes a fin de que informen sobre el cierre de la garita de San Ysidro, las consecuencias de dicha acción y la manera en que se va a solventar la profusa actividad que existe en este paso fronterizo.

2. En la misma fecha, la Mesa Directiva del Senado de la República, turnó la proposición con punto de Acuerdo a la Comisión de Relaciones Exteriores, América del Norte de la LXI Legislatura, para su estudio y dictamen correspondiente.

3. Los miembros de la Comisión de Relaciones Exteriores, América del Norte en la LXII Legislatura, en la primera reunión ordinaria de trabajo, procedimos a la elaboración del presente dictamen con base en los apartados siguientes:

II. CONTENIDO DE LA PROPOSICION CON PUNTO DE ACUERDO

Los suscritos integrantes de esta comisión, estiman oportuno puntualizar el resolutivo de la propuesta contenida en el punto de acuerdo materia del presente dictamen, que a la letra señala:

“UNICO.- Se exhorta a la titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores y al titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para que comparezcan ante las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Relaciones Exteriores para América del Norte, con el objeto de que informen sobre el cierre de la garita de San Ysidro, sus consecuencias y la manera en que se va a solventar la profusa actividad que existe en ese paso fronterizo”.

III. CONSIDERACIONES

La proposición materia del presente dictamen fue presentada por el entonces Senador Fernando Jorge Castro Trenti, en el mes de marzo del presente año, basándose en la inquietud que dicho legislador tenía en ese momento, de que la garita de San Ysidro que se encuentra ubicada en la Ciudad de Tijuana, Baja California, fuera cerrada en el mes de octubre del presente año.

El proponente menciona que la Garita de San Ysidro, cuenta con 24 puertas para el cruce de viajeros, trabajadores transfronterizos y mercancías que cruzan la frontera de México para ingresar a la Ciudad de San Diego, California en los Estados Unidos y en dicha garita concurren diariamente una gran cantidad de personas, por ello, se le ha considerado como la más congestionada del mundo y que él tenía conocimiento de que en el mes de septiembre u octubre de este año, podría cerrarse la Puerta México durante aproximadamente 5 años y el tránsito de esta, lo pasarían por la Garita de “El Chaparral”, situación que de resultar cierta, en opinión del proponente, podría causar afectaciones severas para los sectores productivos bajacalifornianos y a la economía de la región.

Los miembros de esta Comisión una vez que han analizado la proposición con punto de acuerdo del exsenador Fernando Jorge Castro Trenti, han podido establecer que la proposición a estudio, se basa en una nota diplomática que la Titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores envió al gobierno de los Estados Unidos de América, mediante la cual, afirma el exsenador, se mencionaba que para el mes de septiembre u octubre del 2012, podría cerrarse la Puerta México de la Garita de San Ysidro durante aproximadamente 5 años y el tránsito de esta, lo pasarían por la Garita de “El Chaparral” y que dicha decisión había sido tomada de manera unilateral sin el consenso de los sectores productivos y de la sociedad cuyos intereses podrían ser afectados con dicha decisión.

Los miembros de esta Comisión Dictaminadora, se han avocado a investigar dicha problemática y se han encontrado con información por la que se ha podido establecer que, derivado de un acuerdo entre los Gobiernos de México y Estados Unidos, mismo que tuvo lugar el 19 de mayo de 2010, durante la Visita de Estado del Presidente Calderón a Washington, el Presidente de México y Barack Obama, Presidente de Estados Unidos, establecieron el Comité Ejecutivo Bilateral (CEB), mediante la Declaración sobre la Administración de la Frontera Siglo XXI, con el propósito de que las dos naciones emprendieran nuevos pasos para fortalecer la competitividad económica, facilitar el comercio, los viajes y flujos de personas legítimos y la desarticulación y desmantelamiento de las actividades ilícitas y los grupos de la delincuencia organizada transnacional.

La declaración se estableció como un compromiso y responsabilidad compartidos entre ambos gobiernos para construir una frontera del Siglo XXI y la reunión del citado Comité representa un paso importante en el desarrollo de su visión de constituir la frontera entre ambos países como un motor más efectivo y seguro para el crecimiento económico.

Se tiene conocimiento, de que en su primera reunión, el Comité adoptó un Plan de Acción con metas específicas para los meses siguientes, que serían revisadas y actualizadas periódicamente por los dos gobiernos a fin de instrumentar las iniciativas prioritarias identificadas en la Declaración de la Frontera del Siglo XXI conforme a los compromisos establecidos por los Presidentes de México y de Estados Unidos.

Es importante hacer notar que las funciones que desarrolla el Comité Ejecutivo Bilateral, reflejan la visión de los dos gobiernos para consolidar la frontera común como pieza clave del desarrollo, la prosperidad y la seguridad de ambos pueblos y también adoptó la Declaración Conjunta para Prevenir la Violencia Fronteriza, en la que se establecieron de común acuerdo principios centrales que guiarán la cooperación y coordinación con miras a hacer de la frontera un espacio seguro para facilitar los viajes legítimos, el comercio y los flujos de personas, con pleno respeto a los derechos humanos.

Entre otras iniciativas, el citado Comité también acordó ampliar los programas de viajes y comercio seguros, facilitando el proceso de inscripción y su utilización; estableció metas específicas sobre diversos proyectos de cruce fronterizo; estableció programas piloto para la pre-inspección de cargamentos en ambos países; y a mejorar la cooperación entre agencias de procuración de justicia a través del intercambio de información más eficiente y oportuno.

Al adoptar dichas medidas, México y Estados Unidos reestructurarán la forma en que se administra la frontera común, para fortalecer la seguridad pública, facilitar la entrada de visitantes legítimos, fomentar el comercio, fortalecer los lazos culturales y reducir el costo de hacer negocios en América del Norte.

Las dos naciones pretenden crear una frontera que promueva la seguridad, la competitividad económica y comunidades binacionales vibrantes, por lo que la amplitud, complejidad e interrelación de estos objetivos requieren de la comunicación y coordinación bilateral estrecha, por ello, ambos gobiernos se comprometieron a garantizar el flujo seguro de personas a través de la frontera.

Durante 2009 y 2010, los gobiernos de México y Estados Unidos trabajaron estrechamente en una agenda de temas que incluyen mecanismos de comunicación transfronterizos, operación de puertos de entrada, facilitación del comercio y flujos lícitos de personas, intercambio de información, procedimientos de repatriación, operaciones contra el crimen organizado y otros esfuerzos para mejorar la seguridad pública, los dos gobiernos han coincidido en que una cooperación bilateral más profunda es esencial para disuadir la violencia fronteriza, minimizar la necesidad de que agentes federales de México y Estados Unidos recurran a la fuerza letal y para que se dé pleno cumplimiento a instrumentos legales bilaterales y multilaterales de los que México y Estados Unidos son parte.

Dentro de los principios incorporados en la Declaración del Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y del Gobierno de Estados Unidos de América sobre el Manejo de la Frontera del Siglo XXI -y del Comité Ejecutivo Bilateral establecido para poner en práctica esa Declaración- se identificaron diversas aéreas de colaboración, entre las que se encuentran, la mejora e instrumentación plena de canales de enlace establecidos y de procedimientos operativos preestablecidos, incluyendo Mecanismos de Enlace Fronterizo, Protocolos de Violencia Fronteriza, Comités de Seguridad Portuaria, Grupos de Trabajo de Seguridad y Procuración Fronteriza y otros programas que serán actualizados y ampliados cuando así se estime conveniente.

En ese sentido, el Comité Ejecutivo Bilateral sobre la Gestión Fronteriza del Siglo XXI acordó enfocarse en la etapa inicial en proyectos prioritarios -algunos de los cuales forman parte de iniciativas más amplias- con miras a que los Gobiernos de México y Estados Unidos los llevarán a cabo en un plazo máximo de doce meses, ya que conforme se vaya concluyendo la instrumentación de las iniciativas, se podrán identificar de manera bilateral proyectos adicionales que podrán incluirse en este Plan de Acción, previa aprobación del CEB o de sus miembros.

Por ello, se estableció la Coordinación Binacional en Infraestructura para mejorar la coordinación binacional en la planeación, financiamiento, emisión de permisos, diseño, construcción y operación de los puertosde entrada, incluyendo la identificación de prioridades compartidas para la inversión en infraestructura fronteriza, así como de mecanismos de financiamiento y asignación adecuada de personal en los puertos de entrada, de igual forma, se estableció el apoyo en los esfuerzos realizados por Baja California y California para actualizar el Plan Maestro fronterizo entre estas regiones, para avanzar en el desarrollo del proyecto de expansión del puerto de entrada Tijuana–San Ysidro, identificando y acordando formalmente los puntos de cruce comunes, continuando con la fase actual de construcción en Estados Unidos y trabajando conjuntamente en la planeación de la fase de expansión del puerto fronterizo en “El Chaparral”, así como continuar apoyando esfuerzos de Baja California y California para concluir los estudios ambientales y financieros para la construcción del cruce fronterizo Otay Mesa II, y para concluir las consultas con los promotores de la terminal binacional aeroportuaria San Diego-Tijuana en lo concerniente a financiamiento y diseño del proyecto en el lado estadounidense, entre otras obras y acciones a implementarse en otros pasos fronterizos de otros estados de ambos países.

Como ya ha quedado mencionado, en el citado compromiso bilateral, ambos gobiernos estuvieron de acuerdo en implementar varias acciones, incluyendo la reconfiguración y ampliación integral de diversos cruces fronterizos, entre los que se encuentran el de Tijuana-San Ysidro con dos componentes, el primero consiste en la ampliación de carriles hacia el norte utilizando el acceso actual hacia México (Puerta México), que pasaría de 24 carriles a 36, con doble caseta; y el segundo componente, consistiría en la reubicación de carriles en dirección sur a un nuevo puerto con instalaciones más ampliar y modernas (El Chaparral) que pasaría de 11 carriles a 22.

Por otro lado, el 26 de marzo del presente año, mediante una nota publicada en el Periódico el Universal,se difundió que México y Estados Unidos buscaban evitar el cierre de la garita San Ysidro y se explicaba que el desfase en las obras de remodelación en la garita San Ysidro era una de las problemáticas a resolver en lo inmediato por parte de ambos países, indicando que las autoridades mexicanas habían programado el fin de la construccióndel punto fronterizo de “El Chaparral”,para el mes de octubre del 2012, pero que las autoridades americanas, no tenían una fecha definida para terminar con las obras por parte de dicha nación, toda vez que no había presupuesto para ello.

A través de dicha nota periodística, se explicaba que Matthew Rooney, Subsecretario Adjunto para Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado, de los Estados Unidos, había reconocido que los problemas presupuestales de su gobierno, eran un factor que afectaba el proyecto, pero dicho funcionario aseguró que ello no impedirá concretar las obras y que ambos gobiernos analizarían las opciones para evitar el cierre de la garita San Ysidro, contemplando abrir un cruce temporal.

El 30 de mayo del 2012, la Segunda Comisión de Trabajo de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, durante el segundo receso del tercer año de ejercicio de la LXI Legislatura, presentó ante dicha Asamblea, un dictamen en relación con la proposición con punto de Acuerdo por el que se exhortaba al Ejecutivo Federal a garantizar que la garita “San Ysidro-Tijuana” permaneciera abierta y siguiera operando con normalidad, independientemente de que se abra el punto fronterizo de “El Chaparral”, en el estado de Baja California, mismo que fue aprobado en votación económica.

Por otro lado, se tiene conocimiento de que el 26 de octubre del año en curso, se pusieron en marcha las primeras pruebas en 17 de las 22 puertas de acceso con que cuenta la nueva infraestructura de “El Chaparral”, con lo que enmarca el arranque de la estrategia de “familiarización” del cruce fronterizo, implementado por el Gobierno de Baja California, ya que el plan piloto encabezado por el Sistema de Administración Tributaria (SAT) se había puesto en marcha desde el miércoles 24 de octubre, de 9:00 a 22:00 horas.

Por información que difundió el Gobierno Baja California, durante el monitoreo, se detectó flujo ágil de 5 a 8 minutos en “El Chaparral”, garita por la cual cruzaron 5 mil 300 vehículos, mientras la Puerta México estuvo cerrada por alrededor de media hora para medir la operación de las 17 puertas de acceso de la nueva infraestructura, para luego reabrirla a la circulación.

Por ello, Funcionarios del Gobierno del Estado de Baja California comentaron a distintos medios de comunicación y de noticias, que las 22 puertas de la Garita “El Chaparral” estarán abiertas a partir del 28 de noviembre y que desde el 25 de octubre hasta el primero de noviembre del 2012, se encontrará en pruebas con mediciones constantes para que los usuarios se familiaricen con la logística de cruce y señalamientos colocados en la zona.

Se tiene conocimiento de que el 26 de octubre del 2012, se realizó una reunión binacional en Estados Unidos, con la participación de instancias estatales y federales de ambos lados de la frontera, con quienes se acordaron acciones encaminadas a fortalecer la operación de la nueva garita de entrada a México, por ello, en “El Chaparral” se encuentran en adiestramiento 150 nuevos elementos del SAT, adicionales a los 45 establecidos en Puerta México, para conocer el funcionamiento de la nueva tecnología y evitar contratiempos el primero de noviembre, cuando la Puerta México se convierta en plan b, sólo para abrirse 4 carriles en caso de sobresaturación de la nueva garita.

Por su parte, el secretario de Turismo del Estado de Baja California, Juan Tintos Funcke, refirió el 26 de octubre del año en curso a medios noticiosos, que aunado a la estrategia de logística, también se aplicará una de información a los turistas a través de un diseño electrónico que será enviado a una base de datos de Estados Unidos, para que quienes viajen hacia el corredor turístico Tijuana-Rosarito-Ensenada, sepan cómo guiarse por el túnel de 300 metros lineales del lado mexicano conectado con el Freeway norteamericano, hacia la garita “El Chaparral” y se tiene previsto que el último día del mes de octubre, se haga la transición de los seis carriles del Freeway a los cinco del lado mexicano que permitirá el cruce fronterizo, una vez familiarizado el sistema con usuarios y personal del SAT.

Es importante hacer notar que los miembros de esta comisión dictaminadora, tienen conocimiento de que la garita de San Ysidro sigue estando en funcionamiento, pero únicamente con seis puertas, pero que la actividad en dicho cruce sigue fluyendo, por lo que las mejoras en la infraestructura y tecnificación de dichas garitas, permitirá que todos los usuarios tengan acceso a un mejor servicio y sobre todo, cuando el proyecto sea totalmente funcional, se reducirán significativamente los tiempos de espera en este cruce fronterizo de vehículos ligeros que es el más conflictivo y transitado del mundo.

Por todo lo anterior, la miembros de la Comisión que emite el presente dictamen estiman que la inquietud del proponente por el cierre total de la garita de San Ysidro no se ha verificado, además de que la decisión de modernizar la infraestructura de los pasos fronterizos fue ampliamente difundida desde hace más de dos años, y por el hecho de que la garita de “El Chaparral” ya se encuentra en funcionamiento y que lo ha empezado a hacer con éxito, por ello, el objeto de la proposición con punto de acuerdo ha quedado sin materia, por lo que procede su desechamiento, dando por concluido el presente asunto y se ordena su archivo, por lo que se somete a la consideración de la Honorable Asamblea del Senado de la República, el siguiente:

ACUERDO

PRIMERO. Se desecha la proposición con punto de Acuerdo por el que se citaba a comparecer ante las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Relaciones Exteriores, América del Norte a los titulares de las Secretarías de Relaciones Exteriores y de Comunicaciones y Transportes a fin de que informarán sobre el cierre de la garita de San Ysidro, las consecuencias de dicha acción y la manera en que se va a solventar la profusa actividad que existe en este paso fronterizo, presentada el 28 de marzo de 2012, por los motivos expuestos en el presente dictamen.

SEGUNDO.- Archívese el asunto mencionado en el resolutivo que antecede como totalmente concluido.

Dado en salón de comisiones del Senado de la República, a los _______ días del mes de octubre de 2012.

Comisión de Relaciones Exteriores América del Norte”.

Punto de Acuerdo por el que se desecha la proposición que manifiesta al gobierno de los Estados Unidos de América su consternación y rechazo por la matanza de 16 civiles afganos. Se instruye a la Secretaría Parlamentaria descargar los asuntos de sus registros y darlos por concluidos.






COMISION DE RELACIONES EXTERIORES, AMERICA DEL NORTE

(Dictamen a discusión)

“COMISION DE RELACIONES EXTERIORES AMERICA DEL NORTE

H. ASAMBLEA:

A la Comisión de Relaciones Exteriores, América del Norte, le fue turnada para su estudio y dictamen correspondiente, la proposición con punto de Acuerdo por el que el Senado de la República manifiesta al gobierno de los Estados Unidos de América su consternación y rechazo por la matanza de 16 civiles afganos, entre ellos nueve niños y hace votos por que se garanticen los derechos de los civiles en Afganistán, presentado por la entonces Senadora Claudia Sofía Corichi García, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXI Legislatura.

Los integrantes de la Comisión de Relaciones Exteriores, América del Norte del Senado de la República de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 86 y 94 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y los artículos 113, 117, 135, numeral 1, fracción I, 277, numeral 1 y demás relativos y aplicables del Reglamento del Senado de la República, someten a la consideración del Pleno de la Cámara de Senadores el siguiente dictamen, en relación con los siguientes:

I. ANTECEDENTES

1. En la Sesión Ordinaria del 15 de marzo de 2012, correspondiente al segundo periodo ordinario de sesiones del tercer año de la LXI Legislatura, la entonces Senadora Claudia Sofía Corichi García, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó una proposición con punto de Acuerdo por el que el Senado de la República manifiesta al gobierno de los Estados Unidos de América su consternación y rechazo por la matanza de 16 civiles afganos, entre ellos nueve niños y hace votos por que se garanticen los derechos de los civiles en Afganistán.

2. En la misma fecha, la Mesa Directiva del Senado de la República, turnó la proposición con punto de Acuerdo a la Comisión de Relaciones Exteriores, América del Norte de la LXI Legislatura, para su estudio y dictamen correspondiente.

3.Los miembros de la Comisión de Relaciones Exteriores, América del Norte en la LXII Legislatura, en la primera reunión ordinaria de trabajo, procedimos a la elaboración del presente dictamen con base en los apartados siguientes:

II. CONTENIDO DE LA PROPOSICION CON PUNTO DE ACUERDO

Los suscritos integrantes de esta comisión, estiman oportuno puntualizar el resolutivo de la propuesta contenida en el punto de acuerdo materia del presente dictamen, que a la letra señala:

UNICO.- El Senado de la República manifiesta al Gobierno de los Estados Unidos de América su consternación y rechazo por la matanza de dieciséis civiles afganos, entre ellos nueve niños y hace votos por que se garanticen los derechos de los civiles en Afganistán, así como para que se investigue y se castigue a los responsables de esos crímenes; igualmente, extiende sus sinceras condolencias a las familias afectadas, al pueblo y al Gobierno de la República Islámica de Afganistán”.

III. CONSIDERACIONES

La proposición materia del presente dictamen fue presentada por la entonces Senadora Claudia Sofía Corichi García, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, al 15 de marzo del 2012, durante el Segundo Periodo Ordinario de Sesiones del Tercer Año de la LXI Legislatura, con el propósito de expresar su consternación y rechazo por la matanza de dieciséis civiles afganos que sucedió el 11 de marzo del 2012 y solicitaba a Estados Unidos de América que garantizara los derechos de los civiles en dicho país, así como para que investigara y castigara a los responsables y daba las condolencias a los familiares de las víctimas y al Pueblo Afgano.

Sobre el objeto de dicha proposición con punto de acuerdo, los integrantes de la Comisión de Relaciones Exteriores América del Norte de la LXII Legislatura, coinciden plenamente con el pronunciamiento de la ex senadora Corichi García por el que se rechaza este evento tan reprobable y que exige el castigo de los responsables, pero lamentablemente, dicho acontecimiento sucedió hace más de siete meses, por lo que realizar en este momento el pronunciamiento de rechazo, solicitud de castigo y expresión de condolencias materia de la proposición sujeta a estudio, implicaría realizar un pronunciamiento con demasiada dilación, situación que exhibiría a esta H. Soberanía por la tardanza en la emisión de pronunciamientos por acontecimientos internacionales.

Se estima que los miembros de la Comisión de Relaciones Exteriores América del Norte de la LXI Legislatura, se vieron impedidos para resolver la proposición con punto de Acuerdo que nos ocupa, por causas de terminación de los trabajos ordinarios de la dicha legislatura, por lo que se cree, que sus miembros no tuvieron tiempo de elaborar el dictamen del mismo, convocar a reunión para aprobarlo y presentarlo al Pleno.

Como consuelo por el hecho de que la Comisión de Relaciones Exteriores América del Norte de la Legislatura anterior no haya emitido el dictamen correspondiente de la proposición que nos ocupa con la oportunidad debida, se tiene conocimiento de que el Presidente Barack Obama se comprometió el 12 de marzo del 2012 con el Presidente de Afganistán, Hamid karsai, al esclarecimiento de los hechos y manifestó sus condolencias a los familiares de las víctimas que perdieron la vida a manos del soldado Norteamericano, además, de que el Presidente Obama, expresó el respeto que su país tiene por el Pueblo de Afganistán.

De igual manera, el Secretario de Defensa Estadounidense, Leon Panetta, en su momento condenó los asesinatos de civiles afganos y se mostró conmocionado por el hecho de que un miembro del Ejército Norteamericano se encontrará involucrado en tan detestable acontecimiento y que dicha persona actuó fuera de su cadena de mando.

Hay que hacer notar que el Sargento del Ejército de Estados Unidos Robert Bales, quien fue acusado del asesinato de los civiles afganos, se encuentra sujeto a proceso y si resulta culpable, será condenado a la pena de muerte, además de que el Gobierno Estadounidense entregó a finales del mes de marzo del año en curso, 860, 000 dólares a los familiares de las personas muertas y heridas por concepto de compensación por tan lamentable acontecimiento, los miembros de la Comisión que emite el presente dictamen, estiman que aún y cuando el Gobierno Estadounidense ha respondido de manera pronta para responsabilizarse por el acontecimiento, el monto de la compensación resulta poco, en comparación al gran dolor por el que atraviesan los familiares de los afganos muertos y heridos por tan grande perdida.

Se tiene conocimiento que el 17 de septiembre de 2012, Robert Bales comparecería ante un gran jurado para que resolviera si el caso debe elevarse a un juicio militar, de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 32 del Código Militar de Estados Unidos, a Bales se le imputan los cargos de asesinato, asalto, posesión y consumo de drogas y destrucción de material militar, por lo que podría ser condenado a la pena de muerte, aunque lo previsible es que sea condenado a cadena perpetua, de acuerdo a información dada por fuentes militares estadounidenses, durante estos meses, Bales ha estado recluido en dos lugares, primero en la prisión militar de Leavenworth (Kansas) y actualmente en el Segundo Batallón del Tercer Regimiento de Infantería de la base militar Lewis-McChord (Washington).

Los miembros de esta Comisión una vez que han analizado el contenido y el resolutivo de la proposición con punto de acuerdo de la exsenadora Claudia Sofía Corichi García, comparten sus inquietudes, pero no pasan por alto, el hecho de que este asunto ya ha dejado de ser coyuntural y ha dejado de ser actual, toda vez que ya han transcurrido más de siete meses desde que se presento ante el Pleno del Senado de la LXI Legislatura, por tal motivo, se considera procedente su desechamiento.

Por todo lo anterior, la Comisión de Relaciones Exteriores América del Norte, somete a la consideración de la Honorable Asamblea del Senado de la República, el siguiente:

ACUERDO

PRIMERO. Se desecha la proposición con punto de Acuerdopor el que el Senado de la República manifiesta al gobierno de los Estados Unidos de América su consternación y rechazo por la matanza de 16 civiles afganos, entre ellos nueve niños y hace votos por que se garanticen los derechos de los civiles en Afganistán, presentada el 15 de marzo de 2012, por los motivos expuestos en el presente dictamen.

SEGUNDO.- Archívese el asunto mencionado en el resolutivo que antecede como totalmente concluido.

Dado en salón de comisiones del Senado de la República, a los _______ días del mes de octubre de 2012.

Comisión de Relaciones Exteriores América del Norte”.

Punto de Acuerdo por el que se desecha la proposición sobre la resolución de la Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos de América sobre la Ley SB1070 del estado de Arizona. Se instruye a la Secretaría Parlamentaria descargar los asuntos de sus registros y darlos por concluidos.






COMISION DE RELACIONES EXTERIORES, AMERICA DEL NORTE

(Dictamen a discusión)

“COMISION DE RELACIONES EXTERIORES AMERICA DEL NORTE

H. ASAMBLEA:

A la Comisión de Relaciones Exteriores, América del Norte, le fue turnada para su estudio y dictamen correspondiente, la proposición con punto de Acuerdo en materia migratoria, con motivo de la próxima resolución de la Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos de América sobre la Ley SB1070 del estado de Arizona, presentado por los entonces Senadores José Luis García Zalvidea, Ricardo García Cervantes, Amira Gómez Tueme y Julio César Aguirre Méndez, de la LXI Legislatura.

Los integrantes de la Comisión de Relaciones Exteriores, América del Norte del Senado de la República de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 86 y 94 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y los artículos 113, 117, 135, numeral 1, fracción I, 277, numeral 1 y demás relativos y aplicables del Reglamento del Senado de la República, someten a la consideración del Pleno de la Cámara de Senadores el siguiente dictamen, en relación con los siguientes:

I. ANTECEDENTES

1. En la Sesión Ordinaria del 19 de abril de 2012, correspondiente al segundo periodo ordinario de sesiones del tercer año de la LXI Legislatura, los Senadores José Luis García Zalvidea, Ricardo García Cervantes, Amira Gómez Tueme y Julio César Aguirre Méndez, presentaron una proposición con punto de Acuerdo en materia migratoria, con motivo de la próxima resolución de la Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos de América sobre la Ley SB1070 del estado de Arizona.

2. En la misma fecha, la Mesa Directiva del Senado de la República, turnó la proposición con punto de Acuerdo a la Comisión de Relaciones Exteriores, América del Norte de la LXI Legislatura, para su estudio y dictamen correspondiente.

3.Los miembros de la Comisión de Relaciones Exteriores, América del Norte en la LXII Legislatura, en la primera reunión ordinaria de trabajo, procedimos a la elaboración del presente dictamen con base en los apartados siguientes:

II. CONTENIDO DE LA PROPOSICION CON PUNTO DE ACUERDO

Los suscritos integrantes de esta comisión, estiman oportuno puntualizar los resolutivos de la propuesta contenida en el punto de acuerdo materia del presente dictamen, que a la letra señala:

“PRIMERO.- El Senado de la República reconoce el derecho soberano que asiste a todos los países para darse las Leyes que consideren procedentes según las políticas públicas a aplicar en su territorio. Sin embargo, en relación con la Ley de Arizona SB1070, y otras leyes semejantes emitidas por diversos estados de la Unión Americana, reitera que el cumplimiento de dichas Leyes incurre de origen no sólo en la violación de los Derechos Humanos de los migrantes indocumentados, sino también en la violación de diversos derechos laborales de los trabajadores indocumentados establecidos conforme a los convenios internacionales firmados por el gobierno de los Estados Unidos de América. En ambos casos se incumplen derechos y libertades fundamentales que no se encuentran condicionados a la situación migratoria del individuo.

SEGUNDO.- El Senado de la República reitera su convicción de que la Ley SB1070, y otras leyes semejantes, constituyen un intento erróneo e injusto de resolver por medios autoritarios y represivos situaciones derivadas de imperativos económicos y sociales determinados por condiciones propias de los ciclos económicos de Estados Unidos y por las asimetrías existentes entre el desarrollo y las oportunidades laborales tanto entre países como entre regiones geográficas. Asimismo, considera que estos factores, bajo el efecto creciente de la globalización, exigen por el contrario un replanteamiento en la posición de los países de origen, de tránsito y de destino basado en esquemas de diálogo, negociación, cooperación y respeto a los Derechos Humanos.

TERCERO.- El Senado de la República considera que la ley SB1070 afecta de manera trascendente la relación entre México y Estados Unidos y compromete los logros alcanzados a lo largo de muchos años en la colaboración y cooperación entre los Estados de Sonora y Arizona. Tal situación puede incidir de manera negativa en los esfuerzos de administración de la zona fronteriza y en los proyectos de desarrollo de infraestructura a ambos lados de ésta.

CUARTO.- Con base en la experiencia arrojada por la Ley de Migración emitida por el Legislativo, del 25 de mayo de 2011, mediante la cual México ha establecido un precedente importante de alcance internacional en el reconocimiento de los Derechos Humanos de los migrantes, su descriminalización, el reconocimiento de su personalidad jurídica y la aceptación de los beneficios económicos que proporcionan al país receptor, el Senado de la República reitera su convicción de que la ley SB1070 de Arizona no es el mejor camino para atender el tema migratorio y hace un llamado al Gobierno de los Estados Unidos, a los gobiernos estatales, a las organizaciones empresariales y de la sociedad civil y a sus ciudadanos a hacer un esfuerzo conjunto que los lleve a una reforma migratoria que legalice, ordene y garantice los derechos humanos y la seguridad del flujo de personas entre nuestros países.

QUINTO.- El Senado de la República reconoce el importante papel que el fenómeno migratorio ha jugado en el establecimiento y el desarrollo de los Estados Unidos de América a lo largo de su historia, el cual ha permitido fraguar un crisol de pueblos, credos, pensamientos y culturas enriquecido y consolidado gracias al ejercicio de la democracia y a la práctica de los principios fundamentales que han sustentado a esa nación. Por ello, estamos convencidos de que la Ley SB1070, y otras leyes similares aprobadas en algunos estados, no corresponden al sentimiento mayoritario del pueblo estadounidense ni a sus valores esenciales”.

III. CONSIDERACIONES

La proposición con punto de acuerdo fue presentada por sus autores, por la inquietud que estos tenían sobre los efectos adversos que la Ley SB 1070 emitida por el Gobierno del Estado de Arizona, pudiera tener sobre los derechos y la seguridad personal de nuestros connacionales que llegan, que trabajan y que viven con sus familias en dicho estado de la Unión Americana.

La Ley SB1070 se aprobó en el mes de abril del 2010 para combatir la inmigración ilegal, desatándose sobre la misma un debate nacional en Estados Unidos, por lo que antes de su entrada en vigor, el 28 de julio del 2010, un Juez Federal anuló las disposiciones más controvertidas, por lo que el Tribunal Federal de Apelaciones del Noveno Circuito, emitió una resolución en contra del Estado de Arizona por lo que se dejó en suspenso la resolución emitida por el tribunal inferior.

Es de hacer notar que la citada Ley SB1070, fue expedida para disuadir el ingreso de “inmigrantes ilegales” al estado de Arizona y establece procedimientos policiales que amenazan con institucionalizar el hostigamiento de la población hispana en general, incluyendo a quienes poseen un status migratorio que les permite su estancia en dicho estado.

Ante la expedición de dicha ley que vulnera los derechos humanos de los migrantes y de la población latina que vive en el Estado de Arizona, tomando en cuenta que el porcentaje de la población mexicana que reside en Estados Unidos, es el más grande, el Gobierno Mexicano, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores realizó diversas acciones para transmitir al gobierno de Arizona las preocupaciones mexicanas frente a la eventual aprobación de la Ley, sin obtener una respuesta positiva de su parte.

El gobierno mexicano expresó su posición sobre la lamentable decisión de expedir la citada Ley SB1070, haciendo notar los acercamientos realizados a todos los niveles por autoridades federales y estatales mexicanas, por lo que resultaba lamentable que los legisladores y el Ejecutivo de Arizona que aprobaron dicha ley no hayan tomado en cuenta la valiosa aportación de los migrantes a la economía, la sociedad y la cultura de Arizona y de los Estados Unidos de América.

Se tiene conocimiento de que la ley de Arizona no sólo ha generado una reacción intensa en amplios sectores de la sociedad americana, sino incluso entre varias naciones latinoamericanas, las cuales, han acudido en apoyo de nuestro País, ante esto, la Secretaría de Relaciones Exteriores expuso que la Ley SB1070 constituye afectaciones a las relaciones de nuestro país con el Estado de Arizona y que dificulta las relaciones internacionales y la colaboración en materia de cruces fronterizos, además de que dificulta la relación comercial y turística entre México y Arizona, descarrila los esfuerzos hacia una reforma migratoria integral y la administración participativa fronteriza, obstruye la colaboración internacional y fronteriza para el combate de asuntos de narcóticos, representa un riesgo de acoso por la aplicación de la ley para los ciudadanos mexicanos y conduce peligrosamente a un conjunto de leyes que impiden las relaciones diplomáticas efectivas y consistentes, entre otros factores negativos.

Por su parte, la Corte Interamericana de Derechos Humanos señaló en su informe elaborado a solicitud de México, y presentado ante la Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos, que las leyes de los Estados Unidos vulneran los derechos humanos de los trabajadores migratorios, además de que niegan protecciones básicas de empleo a los trabajadores extranjeros sobre la base de extranjería o de calidad migratoria, sin tomar en cuenta que la población sin documentación, desempeña una gran parte de los empleos de bajo ingreso y alto riesgo en los Estados Unidos y que empleadores sin escrúpulos, aprovechando la existencia de este tipo de legislaciones, amenazan a sus trabajadores con calidad migratoria irregular para que no puedan ejercer sus derechos laborales, además de que las leyes laborales de Estados Unidos relativas a trabajadores migratorios violan las normas internacionales fundamentales sobre no-discriminación y libertad de asociación.

Por ello, el Gobierno de México presentó en marzo del 2012, dentro de los plazos establecidos, un escrito de “Amigo de la Corte” y en dicho documento se hace énfasis en que la ley SB1070 incide negativamente en las relaciones bilaterales e impide la colaboración efectiva entre los países, al pretender crear un esquema migratorio distinto al previsto en la legislación federal, además de que en ciertas secciones de la ley se criminaliza a la migración y se posibilita su aplicación selectiva, situación que afecta los derechos fundamentales de los nacionales mexicanos que residen, trabajan o visitan Arizona y el documento ha sido apoyado por los gobiernos de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana y Uruguay.

El 25 de junio del 2012, la Suprema Corte de Estados Unidos mediante una resolución de alcance, determinó que algunos aspectos de la Ley SB1070 eran improcedentes y reafirmó la potestad del Gobierno Federal en la regulación de la migración que le disputan varios estados, entre los que se encuentra Arizona.

La Suprema Corte de Estados Unidos determinó en contra de los aspectos más polémicos de la ley antinmigrante de Arizona, pero dejó vigente la autoridad de la policía estatal para solicitar documentos a quienes sospeche de estar ilegalmente en el país.

Por una votación de 5 a 3, los magistrados del máximo tribunal resolvieron que algunos aspectos de ésta legislación resultaban improcedentes y reafirmó la potestad del gobierno federal en la regulación de la migración que le disputan varios Estados, entre ellos el de Arizona, este hecho, para muchos analistas, mediante el cual se eliminan tres de cuatro provisiones polémicas en la SB 1070, marca una victoria para la administración de Barack Obama y una derrota para el gobierno de Jan Brewer en Arizona, pero señalan que el hecho de que haya quedado subsistente la provisión que permite a la policía estatal de Arizona detener a personas bajo el principio de la "duda razonable" para comprobar su estatus migratorio, es una medida que invita al perfil racial.

En su resolución, la Suprema Corte señaló que la policía estatal puede detener, interrogar y detener momentáneamente a inmigrantes en caso de que los oficiales tengan una "duda razonable" de que se encuentra de forma ilegal en el país, advirtiendo que la policía tiene una autoridad limitada en este tipo de operativos y siempre tendrá que corroborar la información con agentes de inmigración federales antes de decidir la detención formal y la inculpación criminal de los sospechosos.

A pesar de que ésta provisión ha sido acotada por la resolución de la Suprema Corte, para evitar que las policías estatales actúen al margen de las autoridades federales como agentes de inmigración, algunas organizaciones defensoras de inmigrantes han manifestado su temor de que ésta provisión siga permitiendo la detención de personas a partir de su perfil racial, es decir que dicha disposición posibilitará detenciones por motivos de raza o por la forma en que la gente habla, independientemente de que sean o no ciudadanos Estadounidenses.

Los miembros de esta Comisión Dictaminadora consideran benéfico el hecho de que la Suprema Corte de Estados Unidos al emitir su resolución, reconociera la autoridad constitucional del gobierno federal en el control de la migración en todo el país y que le brinde al Gobierno Federal mayores argumentos y razones judiciales en la disputa que mantiene frente a otros gobiernos estatales, como Alabama, Carolina del Sur y Utah.

La resolución de la Suprema Corte le permite al Presidente de Estados Unidos,Barack Obama aplicar prorrogas administrativas para evitar la deportación de cientos de miles de jóvenes indocumentados de hasta 30 años que llegaron al país antes de los 16 años, por lo que se evidencia la discrecionalidad que tiene el ejecutivo federal para decidir la prórroga de las deportaciones mediante las llamadas "acciones diferidas" para evitar así la expulsión de jóvenes que no representan ninguna amenaza para Estados Unidos y le da un revés al candidato republicano, Mitt Romney, quien había considerado a la ley SB 1070 como una legislación "modelo".

Para los miembros de esta Comisión que emite el presente dictamen, la resolución de la Suprema Corte de Estados Unidos por la que determinó que algunos aspectos de la Ley SB1070 eran improcedentes podría considerarse como un gran avance en la lucha contra la vulneración de los derechos de los migrantes y de nuestros connacionales, pero hay mucho por hacer para eliminar la posibilidad de que las policías estatales de la unión americana realicen detenciones indebidas a partir del perfil racial que queda subsistente y para evitar que los estados desplieguen su propia política migratoria.

Ante el hecho de que el Gobierno de México a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores hizo valer en su momento procesal oportuno, pronunciamientos y posicionamientos en contra de la Ley SB1070 del Estado de Arizona, incluso dentro del proceso seguido ante la Suprema Corte de Estados Unidos y por el hecho de que el 25 de junio del 2012, dicho tribunal ya emitió una resolución por la que determinó que algunos aspectos de esa ley eran improcedentes y reafirmó la potestad del Gobierno Federal en la regulación de la migración que le disputan varios estados, entre los que se encuentra Arizona, se estima que el objeto del pronunciamiento contenido en la proposición con punto de acuerdo que se resuelve mediante el presente dictamen, ha quedado sin materia, por lo resulta procedente su desechamiento.

Por todo lo anterior, la Comisión de Relaciones Exteriores, América del Norte, somete a la consideración de la Honorable Asamblea del Senado de la República, el siguiente:

ACUERDO

PRIMERO. Se desecha la proposición con punto de Acuerdo en materia migratoria, con motivo de la próxima resolución de la Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos de América sobre la Ley SB1070 del estado de Arizona, presentada el 19 de abril de 2012, por los motivos expuestos en el presente dictamen.

SEGUNDO.- Archívese el asunto mencionado en el resolutivo que antecede como totalmente concluido.

Dado en salón de comisiones del Senado de la República, a los _______ días del mes de octubre de 2012.

Comisión de Relaciones Exteriores América del Norte”.

No habiendo oradores, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si son de aprobarse los anteriores dictámenes.

- La C. Secretaria Díaz Lizama: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si son de aprobarse los anteriores dictámenes. Quienes estén porque se aprueben, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se aprueben, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobados, señor Presidente.

- El C. Presidente Burgos García: Gracias. Aprobados los Acuerdos. En consecuencia, quedan desechadas las proposiciones descritas en cada dictamen. Se instruye a la Secretaría Parlamentaria descargar los asuntos de sus registros y darlos por concluidos.

Tenemos la discusión de un dictamen de la Comisión de Pesca, con punto de Acuerdo que exhorta al titular del Ejecutivo Federal a considerar mayores recursos al Programa de Empleo Temporal del sector pesquero.

Solicito a la Secretaría dé lectura al dictamen.






COMISION DE PESCA

(Dictamen a discusión)

- La C. Secretaria Díaz Lizama: (Leyendo)



Es todo, señor Presidente.

- El C. Presidente Burgos García: Muchas gracias. Está a discusión. Senador Rosas González, ¿con qué propósito?

- El C. Senador Oscar Román Rosas González: (Desde su escaño) Para hablar a favor del dictamen.

- El C. Presidente Burgos García: Tiene el uso de la tribuna, Senador Rosas González.

- El C. Senador Oscar Román Rosas González: Con su permiso, señor Presidente; distinguidas Senadoras y Senadores:

A nombre de mi grupo parlamentario, acudo a esta tribuna a manifestar nuestro firme apoyo para el presente dictamen con punto de Acuerdo que presenta ante este Pleno la Comisión de Pesca.

En los últimos años, el sector pesquero mexicano se encuentra en un proceso serio de estancamiento. De acuerdo con los datos de la SAGARPA, en diez años la producción pesquera nacional se ha mantenido en 1.5 millones de toneladas, y la población ocupada en esta rama de la actividad económica sólo registra un momento efímero de solamente 3 mil personas incorporadas.

Al pasar de 268 mil pescadores en 2001, a 271 mil pescadores en 2011, lo anterior nos puede dar una muestra de la situación actual por la que atraviesa el sector pesquero en nuestro país.

Quienes más padecen ese proceso de estancamiento son los pescadores ribereños y costeros, quienes representan el 60 por ciento del total de las embarcaciones nacionales y que abastecen el 50 por ciento del mercado nacional, sin embargo, solo tienen el 3 por ciento de los ingresos totales de este sector.

Esta lacerante desventaja no puede seguir así. Debemos encontrar soluciones de largo plazo que permitan incorporar a las comunidades de pescadores en un nuevo esquema nacional que genere mayor productividad y mayores ingresos.

En lo inmediato, es justo apoyar la sentida demanda de los pecadores ribereños y costeros, para que dentro del Programa de Empleo Temporal Pesquero para el ejercicio fiscal 2013, se destinen los recursos suficientes y así apoyar a las poblaciones afectadas por una disminución en las capturas y por el establecimiento de periodos de veda.

No quisiera dejar de subrayar en esta ocasión que al igual que en otras entidades del país, los pescadores del estado de Campeche han padecido enormemente por la disminución de la captura, además éstos se han visto afectados directamente por las áreas exclusivas de producción petrolera en la zona de Campeche, área que en décadas pasadas servía de sustento para miles de familias campechanas.

También quiero aprovechar este espacio para manifestar el desacuerdo total en el cual la CONAPESCA no ha liberado en tiempo y forma los recursos que fueron autorizados para el estado de Campeche, este sexenio termina, ese ejercicio fiscal 2012 concluye y es hoy que los pescadores ribereños a través del beneficio que recibía de la gasolina ribereña y del diesel marino es hoy que la CONAPESCA no le ha entregado el 50 por ciento que le corresponde a los pescadores campechanos.

Por ello, en el grupo parlamentario del Revolucionario Institucional estamos a favor de que se incremente el Programa de Empleo Temporal del sector pesquero para el próximo ejercicio fiscal.

Estamos a favor de coadyuvar en beneficio de las soluciones que demandan nuestros pescadores, de esa manera nuestro grupo parlamentario reafirma su compromiso con los trabajadores pescadores y sus familias, en aras de construir mejores condiciones de vida para ellos y para todas las comunidades.

Por su atención, muchas gracias.

PRESIDENCIA DEL C. SENADOR

ERNESTO JAVIER CORDERO ARROYO

- El C. Presidente Ernesto Javier Cordero Arroyo: Muchas gracias, Senador Rosas González.

Tiene el uso de la tribuna el Senador López Brito, del grupo parlamentario del PAN.

- El C. Senador Francisco Salvador López Brito: Con su permiso, señor Presidente; compañeras y compañeros Senadores:

El objeto de este dictamen derivado de un punto de Acuerdo que hemos aprobado por mayoría en la Comisión de Pesca, tiene un claro sentido social, tiene un claro sentido de justicia y equidad para aquellas familias de pescadores que por diversos factores se encuentran en situaciones de pobreza o en situaciones de marginación, ya sea del litoral del Pacífico o en el Golfo de México.

Los argumentos con los que se ha presentado este dictamen es precisamente que de la pesca participan en forma directa 350 mil personas aquí en México, desde luego más el número de familias que se involucran en esta actividad a través de los jefes de familia y de sus parientes.

Pero existe un alto número de pequeñas comunidades rurales que se dedican a la pesca artesanal y que representa la principal fuente generadora de ingresos para estas poblaciones, por lo que la situación de captura baja de especies acuáticas o bien el establecimiento de vedas temporales afecta de manera muy considerable a la economía local de estas familias.

Coincido con los datos de quien me ha antecedido en la palabra, en el sentido de que la flota ribereña y costera representa el 60 por ciento del total de las embarcaciones nacionales y ésta abastece el 50 por ciento del mercado nacional.

Sin embargo, de ahí la cruda y lamentable realidad, el bajo valor comercial de las especies que capturan y al volumen respectivo, se estima que la obtención es de apenas un 3 por ciento del total de los ingresos generados por el sector.

La explicación es que la pesca de altura, la que captura las especies de mayor valor comercial tales como el camarón, el atún, la sardina y la acuacultura también, representan los mayores ingresos.

De acuerdo a la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, la FAO, los niveles de bienestar de las comunidades pesqueras están sustancialmente por debajo de los promedios nacionales en los principales indicadores reportados por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, es decir, del CONEVAL.

El Estado mexicano en el marco de la estrategia de combate a la pobreza, así como a la protección de los recursos naturales, está obligado a implementar acciones para elevar el nivel de desarrollo humano y patrimonial de los mexicanos que viven en las zonas rurales, y específicamente en este dictamen nos referimos a las costeras por lo que al establecer una veda en la captura de algunas especies debe generar las condiciones para diversificar los ingresos de los pobladores de los campos pesqueros más marginados.

En ese sentido, la Secretaría de Desarrollo Social desde el año 95, opera el Programa de Empleo Temporal, PET, el cual tiene por objetivo afrontar los efectos de una baja demanda de mano de obra o de una emergencia en determinada localidad y está orientado a beneficiar a hombres y mujeres de 16 años de edad o más mediante el pago de jornales equivalentes al 99 por ciento del salario mínimo, esto por participar en la ejecución de proyectos que contribuyan al mejoramiento de sus propias condiciones familiares o comunitarias.

Actualmente la SEDESOL y la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación a través de la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca, tienen implementado el Programa de Empleo Temporal para el sector pesquero 2012, el cual tiene por objetivo el apoyar el ingreso temporal de las familias de los pescadores, contribuir al fortalecimiento de las acciones de inspección y vigilancia, instrumentadas por la CONAPESCA, así como contribuir a la sustentabilidad de los recursos pesqueros.

El PET pesquero opera ya en los estados con litoral y en aguas interiores, específicamente donde se han implementado estrategias de vigilancia previstas por la CONAPESCA. En ese sentido, en el Quinto Informe de Gobierno federal señala que durante el 2010 se generaron 8 mil 305 empleos que resultan, desde luego, insuficientes si se toma en cuenta la necesidad existente de vigilar los mares, erradicar la pesca furtiva, por lo que convendría ampliar el Presupuesto de Egresos de la Federación en el rubro del Programa de Empleo Temporal para el sector pesquero, y así beneficiar, por un lado, a un mayor número de familias de pescadores en condiciones de pobreza, y por otro lado proteger el desarrollo de las pesquerías y el aprovechamiento sustentable de estos recursos.

Sabemos que esto no es más que un esfuerzo o un paliativo directo a la situación que día a día presentan estas familias y que las alternativas principales y prioritarias son de otro tipo en materia de fortalecimiento del sector pesquero, otro tipo de temáticas y acciones que vayan en este sentido.

Sin embargo, consideramos muy valioso solicitar su apoyo a este dictamen, que como ya se expresó de manera única, somete a su consideración que la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión exhorte al titular del Ejecutivo Federal para que en la formulación y evaluación del presupuesto para el ejercicio fiscal 2013, considere mayores recursos al Programa de Empleo Temporal del sector pesquero, e incluya como beneficiarios a las poblaciones afectadas por una disminución de las capturas de las diferentes especies y por establecimiento de periodos de vedas.

Por su apoyo a este dictamen, muchas gracias.

PRESIDENCIA DEL C. SENADOR
ENRIQUE BURGOS GARCIA

- El C. Presidente Enrique Burgos García: Muchas gracias, Senador López Brito. Agotada la lista de oradores, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el anterior Acuerdo.

- La C. Secretaria María Elena Barrera Tapia: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el anterior Acuerdo. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobado el Acuerdo, señor Presidente.

- El C. Presidente Burgos García: Aprobado el Acuerdo. Comuníquese.

Señoras y señores Senadores, informo de la presencia en esta sesión del profesor francés Edgar Morán, filósofo y sociólogo de reconocimiento mundial, especialista en la alegoración de políticas públicas que han ayudado a promover la superación de las desigualdades, la inclusión y la cohesión social en el mundo.

Profesor Morán:

Su presencia en el Senado de la República nos distingue. Reciba un cordial saludo y agradecemos su visita. Que su estancia en nuestro país sea productiva.

(Aplausos)

Pasamos a la discusión de un dictamen de la Comisión de Derechos Humanos, que contiene punto de Acuerdo sobre el ataque ocurrido a un vehículo diplomático en el estado de Morelos.

Solicito a la Secretaría dé lectura al dictamen.






COMISION DE DERECHOS HUMANOS

(Dictamen a discusión)

- La C. Secretaria Barrera Tapia: (Leyendo)



Es todo, señor Presidente.

- El C. Presidente Burgos García: En virtud de que no hay oradores, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el anterior Acuerdo.

- La C. Secretaria Barrera Tapia: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el anterior Acuerdo. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Es aprobado, señor Presidente.

- El C. Presidente Burgos García: Aprobado el Acuerdo. Comuníquese.

Saludamos a estudiantes de la Universidad de Londres Campus Querétaro, invitados por la Senadora Torres Peimbert. ¡Bienvenidos!

(Aplausos)

Pasamos a la discusión de un dictamen de la Comisión de Derechos Humanos, que invita a una reunión de trabajo al titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

Solicito a la Secretaría dé lectura al dictamen.






COMISION DE DERECHOS HUMANOS

(Dictamen a discusión)

- La C. Secretaria Barrera Tapia: (Leyendo)



Es todo, señor Presidente.

PRESIDENCIA DEL C. SENADOR
JOSE ROSAS AIPURO TORRES

- El C. Presidente José Rosas Aispuro Torres: Gracias, señora Secretaria. Está a discusión el dictamen, no habiendo oradores, pido a la Secretaría que consulte a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el anterior Acuerdo.

- La C. Secretaria Barrera Tapia: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el anterior Acuerdo. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Es aprobado, señor Presidente.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias. Aprobado el Acuerdo. Comuníquese.

Saludamos también a los estudiantes de la Universidad Autónoma de Aguascalientes que nos acompañan hoy en este recinto, a invitación del Senador Miguel Romo Medina.

(Aplausos)

Pasamos a la discusión de un dictamen de la Comisión de Gobernación, que contiene punto de Acuerdo que exhorta a emprender campañas que impulsen un escenario de paz y tranquilidad en la sociedad mexicana.

Solicito a la Secretaría dé lectura al dictamen.






COMISION DE GOBERNACION

(Dictamen a discusión)

- La C. Secretaria Barrera Tapia: (Leyendo)



Es todo, señor Presidente.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Muchas gracias. Está a discusión, en virtud de que no hay oradores, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el anterior Acuerdo.

- La C. Secretaria Barrera Tapia: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el anterior Acuerdo. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Es aprobado, señor Presidente.

PRESIDENCIA DEL C. SENADOR
ENRIQUE BURGOS GARCIA

- El C. Presidente Enrique Burgos García: Aprobado el Acuerdo. Comuníquese.

Pasamos a la discusión de un dictamen de la Comisión de Gobernación, que contiene punto de Acuerdo que exhorta al Instituto Federal Electoral a no incluir el domicilio de los ciudadanos en la nueva credencial para votar.

Solicito a la Secretaría dé lectura al dictamen.






COMISION DE GOBERNACION

(Dictamen a discusión)

- La C. Secretaria Barrera Tapia: (Leyendo)



Es todo, señor Presidente.

- El C. Presidente Burgos García: Gracias. Está a discusión, en virtud de que no hay oradores, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el anterior Acuerdo.

- La C. Secretaria Barrera Tapia: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el anterior Acuerdo. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Es aprobado, señor Presidente.

- El C. Presidente Burgos García: Aprobado el Acuerdo. Comuníquese.

Tenemos la discusión de un dictamen de la Comisión de Marina, que contiene punto de Acuerdo por el que se ratifican cinco grados de Almirantes.






RATIFICACION DE GRADOS NAVALES

(Dictámenes a discusión)

COMISION DE MARINA

H. ASAMBLEA:

A la Comisión de Marina de la Cámara de Senadores, le fueron turnados por la Mesa Directiva para estudio y elaboración del Dictamen correspondiente, 5propuestas de ascenso al grado de Almirante conferidos por el Ejecutivo Federal.

Esta Comisión, con fundamento en el artículo 76 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; los artículos 86 y 94 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y en los artículos 229, 230 numeral 1, fracción III, 232, 239 numeral 1 fracción VI, 240 numeral 1, 241 numeral 2, 242, 243 del Reglamento del Senado, someten a consideración de esta Honorable Asamblea el presente dictamen, de conformidad con la siguiente:

METODOLOGIA

Para el análisis de los expedientes que contienen las hojas de servicio del personal naval nombrado en los términos del artículo 89 fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y sujetos a la ratificación de grado por parte de este Órgano Legislativo de conformidad a los dispuesto por el artículo 76 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los Senadores integrantes de la Comisión de Marina llevaron a cabo su trabajo conforme al procedimiento que a continuación se describe:

1.- Se estableció un apartado denominado “ANTECEDENTES”, en el que se da constancia del trámite de inicio del proceso legislativo, del recibo y turno de las documentales relativas a los expedientes del personal naval y su respectivo nombramiento.

2.- En el apartado denominado “ANALISIS Y EVALUACION DE LAS PROPUESTAS DE ASCENSO AL GRADO DE ALMIRANTE”, los Miembros de la Comisión de Marina expresan los argumentos de valoración de la propuesta en estudio.

I.- ANTECEDENTES

1. En la sesión ordinaria del 13 de noviembre del presente año, el Ejecutivo Federal a través de la Secretaría de Gobernación, mediante oficio No. SEL/300/425/12 presentó al Pleno de esta Honorable Cámara de Senadores, los nombramientos para ascenso del personal de la Armada de México, otorgados en términos de lo dispuesto por el artículo 89 fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

2. En esa misma fecha, la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores, turnó a la Comisión de Marina para estudio y dictamen, los expedientes personales y las hojas de servicio del personal de la Armada propuesto para los efectos a que se refiere la fracción II del artículo 76 de la Constitución General de la República.

II.- ANALISIS Y EVALUACION DE LAS PROPUESTAS DE

ASCENSO AL GRADO DE ALMIRANTE

PRIMERO.- El Senado de la República, de conformidad con lo dispuesto por la fracción II, del artículo 76 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, tiene la facultad exclusiva de ratificar los nombramientos de coroneles y demás jefes superiores del Ejército, Armada y Fuerza Aérea Nacionales, en los términos que la ley disponga.

SEGUNDO.- Es facultad del Ejecutivo Federal, “nombrar con aprobación del Senado, los coroneles y demás oficiales superiores del Ejército, Armada y Fuerza Aérea Nacionales,...” en los términos del artículo 89 fracción IV, de nuestra Carta Magna.

Destacamos que en lo referente al nombramiento de los militares antes mencionados, la facultad del Presidente de la República se encuentra limitada por el Senado de la República al sujetar tal nombramiento a su aprobación; con ello, se establece en la norma constitucional un sistema de corresponsabilidad respecto a los ascensos del personal de las fuerzas armadas, de tal manera que para que un militar de los rangos antes mencionados porte las insignias correspondientes, se tiene que cumplir con los requisitos siguientes:

a).- Que previo análisis del expediente personal del militar interesado el Presidente de la República, otorgue el nombramiento, y

b).- Que previo estudio de los antecedentes contenidos en el expediente del militar interesado, el Senado ratifique dicho nombramiento.

CUARTO.- Los ascensos a los grados de Capitán de Navío, Contralmirante, Vicealmirante y Almirante, se confieren por el Ejecutivo Federal, atendiendo preferentemente al mérito, aptitud, competencia profesional y conducta militar y civil, así como antigüedad en el grado.

En ningún caso se confieren ascensos al personal de la Armada de México que esté haciendo uso de licencia extraordinaria, por enfermedad, por edad límite e ilimitada; en trámite de retiro; excedido de la edad límite en su grado; con prórroga o retenido en el servicio; sujeto a proceso, prófugo o cumpliendo sentencia condenatoria del orden penal; a disposición por resolución de organismo disciplinario; en depósito; inhabilitado por resolución de órgano competente, y suspenso en sus derechos escalafonarios para fines de ascenso determinado por órgano disciplinario.

QUINTO.- El ascenso constituye un reconocimiento a toda una vida profesional dedicada en forma exclusiva y permanente al servicio de las armas para la preservación de la Seguridad Nacional, la defensa exterior y coadyuvar a la seguridad interior del país.

SEXTO.- Para el efecto de cumplimentar el mandato constitucional relativo a la ratificación de grado, la Comisión de Marina del Senado de la República, procedió al estudio de cada uno de los expedientes de los militares a quienes les fue otorgado el grado, en donde consta que cumplen con los requisitos señalados por la Ley de Ascensos de la Armada de México y su Reglamento.

En cuanto a la revisión del expediente y hojas de servicio, se deduce que los militares propuestos por el Presidente, reúnen los requisitos legales establecidos en la Ley de Ascensos de la Armada de México vigente y cuentan con los méritos suficientes para ostentar el grado que se les ha conferido y el cual se encuentra sujeto a ratificación.

Asimismo, del análisis minucioso de los documentos contenidos en los expedientes base del presente Dictamen, mismos que se acompañan a los citados nombramientos, aportan suficientes elementos de juicio a esta Comisión Dictaminadora, para afirmar que los militares a quienes les fue otorgado el nombramiento correspondiente, cuentan con la capacidad técnica y experiencia profesional para ocupar el grado de Almirante, toda vez que los mismos se han distinguido en el ejercicio del mando naval dentro del marco constitucional y legal que rige su actuación, asimismo, han ocupado diversos cargos en la Institución Armada con eficiencia y un alto grado de responsabilidad, tal y como se acredita con el expediente personal de cada uno de los interesados y que fue objeto de análisis por parte de esta Comisión.

Por otra parte, con el objeto de estar en condiciones de emitir un Dictamen debidamente fundado y motivado, los integrantes de la Comisión que suscriben, advierten: que desde su ingreso al Servicio Activo de la Armada de México, estas personas fueron ascendidas de manera gradual de acuerdo a lo establecido por las leyes y reglamentos; de igual manera en su oportunidad les fueron conferidas las Condecoraciones correspondientes por los tiempos de servicio requeridos para ello.

SEPTIMO.- La Comisión Dictaminadora considera innecesaria la comparecencia del personal naval seleccionado para ascenso, por considerar que de la documental antes mencionada, existen suficientes elementos de juicio para la elaboración del Dictamen que en derecho procede.

Por lo anteriormente expuesto, los Senadores integrantes de la Comisión de Marina, habiendo analizado los expedientes y las hojas de servicios del personal de la Armada de México propuesto para ascenso al grado de Almirante, someten a consideración del Pleno el siguientedictamen que contiene proyecto de:

DECRETO

UNICO.- La Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, en ejercicio de la facultad que le concede el artículo 76 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, acuerda ratificar los nombramientos en el grado de Almirante que el Ejecutivo Federal expidió a favor de:

1. JUAN RAMON ALCALA PIGNOL

2. ARTURO BERNAL CARRASCO

3. VICTOR FRANCISCO URIBE AREVALO

4. VIDAL FRANCISCO SOBERON SANZ

5. PEDRO GARCIA VALERIO

Dado en el salón de sesiones de la H. Cámara de Senadores, a 13 de noviembre de 2012.

COMISION DE MARINA”.

Debido a que el dictamen se encuentra publicado en la Gaceta del Senado de este día, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se omite su lectura.

- La C. Secretaria Barrera Tapia: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se omite la lectura del dictamen. Quienes estén porque se omita, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se omita, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se omite la lectura, señor Presidente.

- El C. Presidente Burgos García: En consecuencia, está a discusión el dictamen. No habiendo oradores, se reserva para su votación nominal conjunta con el siguiente dictamen.

Tenemos la discusión de un dictamen de la Comisión de Marina, que contiene punto de Acuerdo por el que se ratifican 11 grados de Vicealmirantes.

“COMISION DE MARINA

H. ASAMBLEA:

A la Comisión de Marina de la Cámara de Senadores, le fueron turnados por la Mesa Directiva para estudio y elaboración del Dictamen correspondiente, 11propuestas de ascenso al grado de Vicealmirante conferidos por el Ejecutivo Federal.

Esta Comisión, con fundamento en el artículo 76 fracción II de la Constitución Política delos Estados Unidos Mexicanos; los artículos 86 y 94 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y en los artículos 229, 230 numeral 1, fracción III, 232, 239 numeral 1 fracción VI, 240 numeral 1, 241 numeral 2, 242, 243 del Reglamento del Senado, someten a consideración de esta Honorable Asamblea el presente dictamen, de conformidad con la siguiente:

METODOLOGIA

Para el análisis de los expedientes que contienen las hojas de servicio del personal naval nombrado en los términos del artículo 89 fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y sujetos a la ratificación de grado por parte de este Órgano Legislativo de conformidad a los dispuesto por el artículo 76 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los Senadores integrantes de la Comisión de Marina llevaron a cabo su trabajo conforme al procedimiento que a continuación se describe:

1.- Se estableció un apartado denominado “ANTECEDENTES”, en el que se da constancia del trámite de inicio del proceso legislativo, del recibo y turno de las documentales relativas a los expedientes del personal naval y su respectivo nombramiento.

2.- En el apartado denominado “ANALISIS Y EVALUACION DE LAS PROPUESTAS DE ASCENSO AL GRADO DE VICEALMIRANTE”, los Miembros de la Comisión de Marina expresan los argumentos de valoración de la propuesta en estudio.

I.- ANTECEDENTES

1. En la sesión ordinaria del 13 de noviembre del presente año, el Ejecutivo Federal a través de la Secretaría de Gobernación, mediante oficio No. SEL/300/425/12 presentó al Pleno de esta Honorable Cámara de Senadores, los nombramientos para ascenso del personal de la Armada de México, otorgados en términos de lo dispuesto por el artículo 89 fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

2. En esa misma fecha, la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores, turnó a la Comisión de Marina para estudio y dictamen, los expedientes personales y las hojas de servicio del personal de la Armada propuesto para los efectos a que se refiere la fracción II del artículo 76 de la Constitución General de la República.

II.- ANALISIS Y EVALUACION DE LAS PROPUESTAS DE

ASCENSO AL GRADO DE VICEALMIRANTE

PRIMERO.- El Senado de la República, de conformidad con lo dispuesto por la fracción II, del artículo 76 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, tiene la facultad exclusiva de ratificar los nombramientos de coroneles y demás jefes superiores del Ejército, Armada y Fuerza Aérea Nacionales, en los términos que la ley disponga.

SEGUNDO.- Es facultad del Ejecutivo Federal, “nombrar con aprobación del Senado, los coroneles y demás oficiales superiores del Ejército, Armada y Fuerza Aérea Nacionales,...” en los términos del artículo 89 fracción IV, de nuestra Carta Magna.

Destacamos que en lo referente al nombramiento de los militares antes mencionados, la facultad del Presidente de la República se encuentra limitada por el Senado de la República al sujetar tal nombramiento a su aprobación; con ello, se establece en la norma constitucional un sistema de corresponsabilidad respecto a los ascensos del personal de las fuerzas armadas, de tal manera que para que un militar de los rangos antes mencionados porte las insignias correspondientes, se tiene que cumplir con los requisitos siguientes:

a).- Que previo análisis del expediente personal del militar interesado el Presidente de la República, otorgue el nombramiento, y

b).- Que previo estudio de los antecedentes contenidos en el expediente del militar interesado, el Senado ratifique dicho nombramiento.

CUARTO.- Los ascensos a los grados de Capitán de Navío, Contralmirante, Vicealmirante y Almirante, se confieren por el Ejecutivo Federal, atendiendo preferentemente al mérito, aptitud, competencia profesional y conducta militar y civil, así como antigüedad en el grado.

En ningún caso se confieren ascensos al personal de la Armada de México que esté haciendo uso de licencia extraordinaria, por enfermedad, por edad límite e ilimitada; en trámite de retiro; excedido de la edad límite en su grado; con prórroga o retenido en el servicio; sujeto a proceso, prófugo o cumpliendo sentencia condenatoria del orden penal; a disposición por resolución de organismo disciplinario; en depósito; inhabilitado por resolución de órgano competente, y suspenso en sus derechos escalafonarios para fines de ascenso determinado por órgano disciplinario.

QUINTO.- El ascenso constituye un reconocimiento a toda una vida profesional dedicada en forma exclusiva y permanente al servicio de las armas para la preservación de la Seguridad Nacional, la defensa exterior y coadyuvar a la seguridad interior del país.

SEXTO.- Para el efecto de cumplimentar el mandato constitucional relativo a la ratificación de grado, la Comisión de Marina del Senado de la República, procedió al estudio de cada uno de los expedientes de los militares a quienes les fue otorgado el grado, en donde consta que cumplen con los requisitos señalados por la Ley de Ascensos de la Armada de México y su Reglamento.

En cuanto a la revisión del expediente y hojas de servicio, se deduce que los militares propuestos por el Presidente, reúnen los requisitos legales establecidos en la Ley de Ascensos de la Armada de México vigente y cuentan con los méritos suficientes para ostentar el grado que se les ha conferido y el cual se encuentra sujeto a ratificación.

Asimismo, del análisis minucioso de los documentos contenidos en los expedientes base del presente Dictamen, mismos que se acompañan a los citados nombramientos, aportan suficientes elementos de juicio a esta Comisión Dictaminadora, para afirmar que los militares a quienes les fue otorgado el nombramiento correspondiente, cuentan con la capacidad técnica y experiencia profesional para ocupar el grado de Vicealmirante, toda vez que los mismos se han distinguido en el ejercicio del mando naval dentro del marco constitucional y legal que rige su actuación, asimismo, han ocupado diversos cargos en la Institución Armada con eficiencia y un alto grado de responsabilidad, tal y como se acredita con el expediente personal de cada uno de los interesados y que fue objeto de análisis por parte de esta Comisión.

Por otra parte, con el objeto de estar en condiciones de emitir un Dictamen debidamente fundado y motivado, los integrantes de la Comisión que suscriben, advierten: que desde su ingreso al Servicio Activo de la Armada de México, estas personas fueron ascendidas de manera gradual de acuerdo a lo establecido por las leyes y reglamentos; de igual manera en su oportunidad les fueron conferidas las Condecoraciones correspondientes por los tiempos de servicio requeridos para ello.

SEPTIMO.- La Comisión Dictaminadora considera innecesaria la comparecencia del personal naval seleccionado para ascenso, por considerar que de la documental antes mencionada, existen suficientes elementos de juicio para la elaboración del Dictamen que en derecho procede.

Por lo anteriormente expuesto, los Senadores integrantes de la Comisión de Marina, habiendo analizado los expedientes y las hojas de servicios del personal de la Armada de México propuesto para ascenso al grado de Vicealmirante, someten a consideración del Pleno el siguientedictamen que contiene proyecto de:

DECRETO

UNICO.- La Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, en ejercicio de la facultad que le concede el artículo 76 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, acuerda ratificar los nombramientos en el grado de Vicealmirante que el Ejecutivo Federal expidió a favor de:

1. ALFREDO MORALES MENDOZA

2. HUGO ARGOTE OROPEZA

3. RODRIGO VARGAS REYES

4. SALVADOR GOMEZ MEILLON

5. FRANCISCO LIMAS LOPEZ

6. RODOLFO CAÑEDO SOLARES

7. FRANCISCO PONCE FERNANDEZ DE CASTRO

8. GONZALO ORTIZ GUZMAN

9. DAVID HUMBERTO BERDON MARTINEZ

10. MARCO ANTONIO ORTEGA SIU

11. JOSE MANUEL RODRIGUEZ AGUILAR

Dado en el salón de sesiones de la H. Cámara de Senadores, a 13 de noviembre de 2012.

COMISION DE MARINA”.

El dictamen se encuentra publicado en la Gaceta del Senado de este día, en consecuencia, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se omite su lectura.

- La C. Secretaria Barrera Tapia: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se omite la lectura del dictamen. Quienes estén porque se omita, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se omita, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se omite la lectura, señor Presidente.

- El C. Presidente Burgos García: En consecuencia, se reserva para su votación nominal conjunta con el anterior y siguiente dictamen.

Pasamos a la discusión de un dictamen de la Comisión de Marina, que contiene punto de Acuerdo por el que se ratifican 40 grados de Contralmirantes.

“COMISION DE MARINA

H. ASAMBLEA:

A la Comisión de Marina de la Cámara de Senadores, le fueron turnados por la Mesa Directiva para estudio y elaboración del Dictamen correspondiente, 40propuestas de ascenso al grado de Contralmirante conferidos por el Ejecutivo Federal.

Esta Comisión, con fundamento en el artículo 76 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; los artículos 86 y 94 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y en los artículos 229, 230 numeral 1, fracción III, 232, 239 numeral 1 fracción VI, 240 numeral 1, 241 numeral 2, 242, 243 del Reglamento del Senado, someten a consideración de esta Honorable Asamblea el presente dictamen, de conformidad con la siguiente:

METODOLOGIA

Para el análisis de los expedientes que contienen las hojas de servicio del personal naval nombrado en los términos del artículo 89 fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y sujetos a la ratificación de grado por parte de este Organo Legislativo de conformidad a los dispuesto por el artículo 76 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los Senadores integrantes de la Comisión de Marina llevaron a cabo su trabajo conforme al procedimiento que a continuación se describe:

1.- Se estableció un apartado denominado “ANTECEDENTES”, en el que se da constancia del trámite de inicio del proceso legislativo, del recibo y turno de las documentales relativas a los expedientes del personal naval y su respectivo nombramiento.

2.- En el apartado denominado “ANALISIS Y EVALUACION DE LAS PROPUESTAS DE ASCENSO AL GRADO DE CONTRALMIRANTE”, los Miembros de la Comisión de Marina expresan los argumentos de valoración de la propuesta en estudio.

I.- ANTECEDENTES

1. En la sesión ordinaria del 13 de noviembre del presente año, el Ejecutivo Federal a través de la Secretaría de Gobernación, mediante oficio No. SEL/300/425/12 presentó al Pleno de esta Honorable Cámara de Senadores, los nombramientos para ascenso del personal de la Armada de México, otorgados en términos de lo dispuesto por el artículo 89 fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

2. En esa misma fecha, la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores, turnó a la Comisión de Marina para estudio y dictamen, los expedientes personales y las hojas de servicio del personal de la Armada propuesto para los efectos a que se refiere la fracción II del artículo 76 de la Constitución General de la República.

II.- ANALISIS Y EVALUACION DE LAS PROPUESTAS DE

ASCENSO AL GRADO DE CONTRALMIRANTE

PRIMERO.- El Senado de la República, de conformidad con lo dispuesto por la fracción II, del artículo 76 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, tiene la facultad exclusiva de ratificar los nombramientos de coroneles y demás jefes superiores del Ejército, Armada y Fuerza Aérea Nacionales, en los términos que la ley disponga.

SEGUNDO.- Es facultad del Ejecutivo Federal, “nombrar con aprobación del Senado, los coroneles y demás oficiales superiores del Ejército, Armada y Fuerza Aérea Nacionales,...” en los términos del artículo 89 fracción IV, de nuestra Carta Magna.

Destacamos que en lo referente al nombramiento de los militares antes mencionados, la facultad del Presidente de la República se encuentra limitada por el Senado de la República al sujetar tal nombramiento a su aprobación; con ello, se establece en la norma constitucional un sistema de corresponsabilidad respecto a los ascensos del personal de las fuerzas armadas, de tal manera que para que un militar de los rangos antes mencionados porte las insignias correspondientes, se tiene que cumplir con los requisitos siguientes:

a).- Que previo análisis del expediente personal del militar interesado el Presidente de la República, otorgue el nombramiento, y

b).- Que previo estudio de los antecedentes contenidos en el expediente del militar interesado, el Senado ratifique dicho nombramiento.

CUARTO.- Los ascensos a los grados de Capitán de Navío, Contralmirante, Vicealmirante y Almirante, se confieren por el Ejecutivo Federal, atendiendo preferentemente al mérito, aptitud, competencia profesional y conducta militar y civil, así como antigüedad en el grado.

En ningún caso se confieren ascensos al personal de la Armada de México que esté haciendo uso de licencia extraordinaria, por enfermedad, por edad límite e ilimitada; en trámite de retiro; excedido de la edad límite en su grado; con prórroga o retenido en el servicio; sujeto a proceso, prófugo o cumpliendo sentencia condenatoria del orden penal; a disposición por resolución de organismo disciplinario; en depósito; inhabilitado por resolución de órgano competente, y suspenso en sus derechos escalafonarios para fines de ascenso determinado por órgano disciplinario.

QUINTO.- El ascenso constituye un reconocimiento a toda una vida profesional dedicada en forma exclusiva y permanente al servicio de las armas para la preservación de la Seguridad Nacional, la defensa exterior y coadyuvar a la seguridad interior del país.

SEXTO.- Para el efecto de cumplimentar el mandato constitucional relativo a la ratificación de grado, la Comisión de Marina del Senado de la República, procedió al estudio de cada uno de los expedientes de los militares a quienes les fue otorgado el grado, en donde consta que cumplen con los requisitos señalados por la Ley de Ascensos de la Armada de México y su Reglamento.

En cuanto a la revisión del expediente y hojas de servicio, se deduce que los militares propuestos por el Presidente, reúnen los requisitos legales establecidos en la Ley de Ascensos de la Armada de México vigente y cuentan con los méritos suficientes para ostentar el grado que se les ha conferido y el cual se encuentra sujeto a ratificación.

Asimismo, del análisis minucioso de los documentos contenidos en los expedientes base del presente Dictamen, mismos que se acompañan a los citados nombramientos, aportan suficientes elementos de juicio a esta Comisión Dictaminadora, para afirmar que los militares a quienes les fue otorgado el nombramiento correspondiente, cuentan con la capacidad técnica y experiencia profesional para ocupar el grado de Contralmirante, toda vez que los mismos se han distinguido en el ejercicio del mando naval dentro del marco constitucional y legal que rige su actuación, asimismo, han ocupado diversos cargos en la Institución Armada con eficiencia y un alto grado de responsabilidad, tal y como se acredita con el expediente personal de cada uno de los interesados y que fue objeto de análisis por parte de esta Comisión.

Por otra parte, con el objeto de estar en condiciones de emitir un Dictamen debidamente fundado y motivado, los integrantes de la Comisión que suscriben, advierten: que desde su ingreso al Servicio Activo de la Armada de México, estas personas fueron ascendidas de manera gradual de acuerdo a lo establecido por las leyes y reglamentos; de igual manera en su oportunidad les fueron conferidas las Condecoraciones correspondientes por los tiempos de servicio requeridos para ello.

SEPTIMO.- La Comisión Dictaminadora considera innecesaria la comparecencia del personal naval seleccionado para ascenso, por considerar que de la documental antes mencionada, existen suficientes elementos de juicio para la elaboración del Dictamen que en derecho procede.

Por lo anteriormente expuesto, los Senadores integrantes de la Comisión de Marina, habiendo analizado los expedientes y las hojas de servicios del personal de la Armada de México propuesto para ascenso al grado de Contralmirante, someten a consideración del Pleno el siguientedictamen que contiene proyecto de:

DECRETO

UNICO.- La Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, en ejercicio de la facultad que le concede el artículo 76 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, acuerda ratificar los nombramientos en el grado de Contralmirante que el Ejecutivo Federal expidió a favor de:

1. RAFAEL IGNACIO HECTOR CONTRERAS ROJAS

2. JESUS ALFONSO MARTINEZ MEDELLIN

3. CARLOS HUMBERTO LANZ GUTIERREZ

4. JOSE MANUEL MONROY MERINO

5. JORGE CARLOS TOBILLA RODRIGUEZ

6. SANTIAGO JORGE MORGADO GOMEZ

7. HILARIO DURAN TIBURCIO

8. CARLOS VICENTE DIAZ GONZALEZ ESCAMILLA

9. JULIO CESAR PESCINA AVILA

10. OCTAVIO TREJO HERMIDA

11. TEODORO VIVAS GARCIA

12. ARTURO LOPEZ SOSA

13. JOSE FRANCISCO GONZALEZ GALINDO

14. JOSE PANTALEON DEMUNER FLORES

15. JESUS HERMINIO PACHECO DURAN

16. EDUARDO ROJAS PINEDA

17. CAMERINO ESTRADA CRUZ

18. ERNESTO SCHREINER HERNANDEZ

19. VICTOR MANUEL GARCIA MACEDO

20. JORGE MANUEL SAINZ ZAMORANO

21. RUBEN CEBALLOS GUEVARA

22. JOSE RICARDO GOMEZ MEILLON

23. EMILIO ROSAS CABELLO

24. BENJAMIN NARCISO MAR BERMAN

25. CARLOS BORDA RAMOS

26. J. FRANCISCO MALDONADO MONJE

27. MARCOS HERNANDEZ GUTIERREZ

28. ALEJANDRO HERNANDEZ GEROLA

29. FERNANDO RIO SOSA

30. ALBERTO VALERIO VERDUZCO

31. GILBERTO CARBALLO AVILA

32. JOSE ANGEL REYES CARRERA

33. GENARO WATLA SILVA

34. DAVID FRANCISCO GUADARRAMA PERALES

35. JOSE HUGO ROLDAN LEON

36. RAFAEL LOPEZ MARTINEZ

37. ROGELIO MARBAN DIAZ

38. JOSE JESUS CUEVAS

39. JOSE LUIS QUINTO DIAZ

40. JOSE MANUEL GUIDO ROMERO

Dado en el salón de sesiones de la H. Cámara de Senadores, a 13 de noviembre de 2012.

COMISION DE MARINA”.

Debido a que el dictamen se encuentra publicado en la Gaceta del Senado de este día, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se omite su lectura.

- La C. Secretaria Barrera Tapia: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se omite la lectura del dictamen. Quienes estén porque se omita, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se omita, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se omite la lectura, señor Presidente.

- El C. Presidente Burgos García: Muchas gracias. Se reserva para su votación nominal conjuntamente con los anteriores y el siguiente Acuerdo.

Tenemos la discusión de un dictamen de la Comisión de Marina, que contiene punto de Acuerdo por el que se ratifican 87 grados de Capitanes de Navío.

“COMISION DE MARINA

H. ASAMBLEA:

A la Comisión de Marina de la Cámara de Senadores, le fueron turnados por la Mesa Directiva para estudio y elaboración del Dictamen correspondiente, 87propuestas de ascenso al grado de Capitán de Navío conferidos por el Ejecutivo Federal.

Esta Comisión, con fundamento en el artículo 76 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; los artículos 86 y 94 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y en los artículos 229, 230 numeral 1, fracción III, 232, 239 numeral 1 fracción VI, 240 numeral 1, 241 numeral 2, 242, 243 del Reglamento del Senado, someten a consideración de esta Honorable Asamblea el presente dictamen, de conformidad con la siguiente:

METODOLOGIA

Para el análisis de los expedientes que contienen las hojas de servicio del personal naval nombrado en los términos del artículo 89 fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y sujetos a la ratificación de grado por parte de este Organo Legislativo de conformidad a los dispuesto por el artículo 76 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los Senadores integrantes de la Comisión de Marina llevaron a cabo su trabajo conforme al procedimiento que a continuación se describe:

1.- Se estableció un apartado denominado “ANTECEDENTES”, en el que se da constancia del trámite de inicio del proceso legislativo, del recibo y turno de las documentales relativas a los expedientes del personal naval y su respectivo nombramiento.

2.- En el apartado denominado “ANALISIS Y EVALUACION DE LAS PROPUESTAS DE ASCENSO AL GRADO DE CAPITAN DE NAVIO”, los Miembros de la Comisión de Marina expresan los argumentos de valoración de la propuesta en estudio.

I.- ANTECEDENTES

1. En la sesión ordinaria del 13 de Noviembre del presente año, el Ejecutivo Federal a través de la Secretaría de Gobernación, mediante oficio No. SEL/300/425/12 presentó al Pleno de esta Honorable Cámara de Senadores, los nombramientos para ascenso del personal de la Armada de México, otorgados en términos de lo dispuesto por el artículo 89 fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

2. En esa misma fecha, la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores, turnó a la Comisión de Marina para estudio y dictamen, los expedientes personales y las hojas de servicio del personal de la Armada propuesto para los efectos a que se refiere la fracción II del artículo 76 de la Constitución General de la República.

II.- ANALISIS Y EVALUACION DE LAS PROPUESTAS DE

ASCENSO AL GRADO DE CAPITAN DE NAVIO

PRIMERO.- El Senado de la República, de conformidad con lo dispuesto por la fracción II, del artículo 76 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, tiene la facultad exclusiva de ratificar los nombramientos de coroneles y demás jefes superiores del Ejército, Armada y Fuerza Aérea Nacionales, en los términos que la ley disponga.

SEGUNDO.- Es facultad del Ejecutivo Federal, “nombrar con aprobación del Senado, los coroneles y demás oficiales superiores del Ejército, Armada y Fuerza Aérea Nacionales,...” en los términos del artículo 89 fracción IV, de nuestra Carta Magna.

Destacamos que en lo referente al nombramiento de los militares antes mencionados, la facultad del Presidente de la República se encuentra limitada por el Senado de la República al sujetar tal nombramiento a su aprobación; con ello, se establece en la norma constitucional un sistema de corresponsabilidad respecto a los ascensos del personal de las fuerzas armadas, de tal manera que para que un militar de los rangos antes mencionados porte las insignias correspondientes, se tiene que cumplir con los requisitos siguientes:

a).- Que previo análisis del expediente personal del militar interesado el Presidente de la República, otorgue el nombramiento, y

b).- Que previo estudio de los antecedentes contenidos en el expediente del militar interesado, el Senado ratifique dicho nombramiento.

CUARTO.- Los ascensos a los grados de Capitán de Navío, Contralmirante, Vicealmirante y Almirante, se confieren por el Ejecutivo Federal, atendiendo preferentemente al mérito, aptitud, competencia profesional y conducta militar y civil, así como antigüedad en el grado.

En ningún caso se confieren ascensos al personal de la Armada de México que esté haciendo uso de licencia extraordinaria, por enfermedad, por edad límite e ilimitada; en trámite de retiro; excedido de la edad límite en su grado; con prórroga o retenido en el servicio; sujeto a proceso, prófugo o cumpliendo sentencia condenatoria del orden penal; a disposición por resolución de organismo disciplinario; en depósito; inhabilitado por resolución de órgano competente, y suspenso en sus derechos escalafonarios para fines de ascenso determinado por órgano disciplinario.

QUINTO.- El ascenso constituye un reconocimiento a toda una vida profesional dedicada en forma exclusiva y permanente al servicio de las armas para la preservación de la Seguridad Nacional, la defensa exterior y coadyuvar a la seguridad interior del país.

SEXTO.- Para el efecto de cumplimentar el mandato constitucional relativo a la ratificación de grado, la Comisión de Marina del Senado de la República, procedió al estudio de cada uno de los expedientes de los militares a quienes les fue otorgado el grado, en donde consta que cumplen con los requisitos señalados por la Ley de Ascensos de la Armada de México y su Reglamento.

En cuanto a la revisión del expediente y hojas de servicio, se deduce que los militares propuestos por el Presidente, reúnen los requisitos legales establecidos en la Ley de Ascensos de la Armada de México vigente y cuentan con los méritos suficientes para ostentar el grado que se les ha conferido y el cual se encuentra sujeto a ratificación.

Asimismo, del análisis minucioso de los documentos contenidos en los expedientes base del presente Dictamen, mismos que se acompañan a los citados nombramientos, aportan suficientes elementos de juicio a esta Comisión Dictaminadora, para afirmar que los militares a quienes les fue otorgado el nombramiento correspondiente, cuentan con la capacidad técnica y experiencia profesional para ocupar el grado de Capitán de Navío, toda vez que los mismos se han distinguido en el ejercicio del mando naval dentro del marco constitucional y legal que rige su actuación, asimismo, han ocupado diversos cargos en la Institución Armada con eficiencia y un alto grado de responsabilidad, tal y como se acredita con el expediente personal de cada uno de los interesados y que fue objeto de análisis por parte de esta Comisión.

Por otra parte, con el objeto de estar en condiciones de emitir un Dictamen debidamente fundado y motivado, los integrantes de la Comisión que suscriben, advierten: que desde su ingreso al Servicio Activo de la Armada de México, estas personas fueron ascendidas de manera gradual de acuerdo a lo establecido por las leyes y reglamentos; de igual manera en su oportunidad les fueron conferidas las Condecoraciones correspondientes por los tiempos de servicio requeridos para ello.

SEPTIMO.- La Comisión Dictaminadora considera innecesaria la comparecencia del personal naval seleccionado para ascenso, por considerar que de la documental antes mencionada, existen suficientes elementos de juicio para la elaboración del Dictamen que en derecho procede.

Por lo anteriormente expuesto, los Senadores integrantes de la Comisión de Marina, habiendo analizado los expedientes y las hojas de servicios del personal de la Armada de México propuesto para ascenso al grado de Capitán de Navío, someten a consideración del Pleno el siguientedictamen que contiene proyecto de:

DECRETO

UNICO.- La Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, en ejercicio de la facultad que le concede el artículo 76 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, acuerda ratificar los nombramientos en el grado de Capitán de Navío que el Ejecutivo Federal expidió a favor de:

1. JUAN PABLO ALARCON HERNANDEZ

2. JOSE HECTOR OROZCO TOCAVEN

3. EFRAIN ZAMUDIO SOSA

4. JUAN CARLOS VERA MINJARES

5. RUBEN SERGIO NUÑEZ FUENTES

6. HECTOR RAFAEL SOLIS HERNANDEZ

7. EFREN GOMEZ LUIS

8. JAVIER TORRES CLAUDIO

9. FRANCISCO HUMBERTO ESPINOZA CONTRERAS

10. GINES ANTONIO VAZQUEZ DE MERCADO CASTELLANOS

11. MARTIN ZEPEDA ANGUIANO

12. CAMERINO ROA VIDAL

13. JUAN RAMON HERNANDEZ CARMONA

14. MIGUEL ANGEL GARCIA PORTILLO

15. MARTIN FELIPE DE JESUS SANTILLAN MURILLO

16. JESUS ARELLANO RODARTE

17. VICTOR MANUEL FERNANDEZ CARRASCO

18. RAFAEL NEMESIO VAZQUEZ SAVAL

19. JERONIMO ARCOS LOPEZ

20. CARLOS JIMENEZ LEAL

21. JOSE ALDO PINEDA OROZCO

22. OSCAR LOPEZ SALMERON

23. FRANCISCO ORTIZ GOMEZ

24. JOSE CARLOS TINOCO CASTREJON

25. EPIGMENIO JAVIER RODRIGUEZ BALBUENA

26. JOSE DANIEL RESENDIZ SANDOVAL

27. JESUS PINEDA FLORES

28. JORGE LUIS GARCIA CANCINO

29. MANUEL CERVANTES ACUÑA

30. ROBERTO HUGO OROZCO TOCAVEN

31. ALBERTO RAMOS TOXTLE

32. CONSTANTINO PACHECO PEREZ

33. JESUS GARCIA MOLINA

34. ANGEL ADOLFO MORA CHAVEZ

35. SAUL HIRAM BANDALA GARZA

36. MARCO ANTONIO MUÑOZ HERNANDEZ

37. TAYATZIN GUERRERO MENDOZA

38. ALVARO HECTOR SANDOVAL VALCARCEL

39. SALVADOR CAMARGO VIVERO

40. HORACIO CARDENAS VERDUGO

41. JAVIER ARAIZA URRUTIA

42. MANUEL BALTAZAR ORTIZ GARCIA

43. RODERICO ALFREDO GARCIA MENDIZABAL

44. RICARDO GUTIERREZ RUVALCALBA

45. JOSE RAMON LOPEZ LUNA

46. JESUS ORTIZ ESTEVEZ

47. ARTEMIO CUERVO SALAS

48. PEDRO GABRIEL PINEDA BERDEJA

49. EDY ALBERTO MELENDEZ CEDILLO

50. ROBERTO MARES MOJICA

51. CESAR ORTIZ MALDONADO

52. RAUL MALDONADO GARCIA

53. SALVADOR NARANJO ARMENDARIZ

54. RAUL PIMENTEL CABRERA

55. FRANCISCO JAVIER ROMAN VALERIO

56. GUILLERMO PEREZ CAMPOS

57. JOSE LUIS GARCIA MARTINEZ

58. ESTEBAN MARTINEZ MAYA

59. PEDRO FERNANDO FLORES MARIN

60. HOMERO MUÑOZ GURMILAN

61. JOSE RAMON RIVERA PARGA

62. LUIS AUGUSTO MARIN CRASBORN

63. MANUEL BRETON VILLANUEVA

64. JOSE LUIS BARAJAS REYES

65. LAURO GERARDO RAMIREZ GARCIA

66. HERMELO APARICIO MAYO

67. FRANCISCO JAVIER PIEDRA CASTRO

68. TEODULO FRANKLIN GARZA SOLIS

69. JOSE ARTURO TORRES MOLINA

70. MARCO ANTONIO GALAVIZ AHUACTZIN

71. ARNULFO GONZALEZ MIRELES

72. AMADOR TIBURCIO BAHENA

73. MIGUEL RIVAS HERNANDEZ

74. CRUZ CASTRO MARTINEZ

75. RENE ALBERTO CANTO OLIVA

76. EDILBERTO CABRALES GONZALEZ

77. ALVARO MONTIEL LOPEZ

78. HECTOR ISAAC CRUZ FARIAS

79. JOSE LUIS EGUILETA ARIAS

80. CUTBERTO GALAN MARTINEZ

81. MANUEL CAMPOS HERNANDEZ

82. FERNANDO BRIONES RAMOS

83. SANTOS CARDENAS ESCAMILLA

84. ANGELICA CLEMENTINA MIRELES BELMONTE

85. ARTURO CABRERA MC GREGOR

86. LUIS ALONSO IBARIAS URIBE

87. J. FELIX SANCHEZ HERNANDEZ

Dado en el salón de sesiones de la H. Cámara de Senadores, a 13 de noviembre de 2012.

COMISION DE MARINA”.

El dictamen está publicado en la Gaceta del Senado de este día; en consecuencia, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se omite su lectura.

- La C. Secretaria Barrera Tapia: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se omite la lectura del dictamen. Quienes estén porque se omita, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se omita, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se omite su lectura, señor Presidente.

- El C. Presidente Burgos García: Quedan a discusión los dictámenes leídos, no habiendo oradores, ábrase el sistema electrónico de votación por tres minutos para recoger la votación nominal de éste y los tres anteriores dictámenes.



- La C. Secretaria Barrera Tapia: Señor Presidente, conforme al registro en el sistema electrónico, se emitieron 89 votos en pro y cero en contra.

PRESIDENCIA DEL C. SENADOR
JOSE ROSAS AISPURO TORRES

- El C. Presidente José Rosas Aispuro Torres: Gracias, señora Secretaria. En consecuencia, se declaran aprobados los dictámenes que ratifican grados de Almirantes, de Vicealmirantes, de Contralmirantes y de Capitanes de Navío. Comuníquense.

Una vez desahogados los dictámenes que la Mesa Directiva acordó modificar en su prelación, como lo permite el artículo 72 del Reglamento, regresamos a la presentación de las iniciativas que quedaron pendientes.

Se le concede el uso de la palabra al Senador Arturo Zamora Jiménez, del grupo parlamentario del PRI, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 142 del Código Federal de Procedimientos Penales.






INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETOPOR EL QUE SE REFORMA EL PARRAFO TERCERO DEL ARTICULO 142 DEL CODIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES

(Presentada por el C. Senador Arturo Zamora Jiménez, del grupo parlamentario del PRI)

- El C. Senador Arturo Zamora Jiménez: Gracias, señor Presidente.

La presente iniciativa tiene como interés fortalecer el sistema de impartición de justicia, dar un mayor plazo a los jueces para que puedan ordenar la detención de quienes han cometido delitos graves, han ofendido a la sociedad y con ello evitar que la impunidad sea la constante realidad en el país.

De acuerdo con el INEGI, las denuncias han aumentado progresivamente tanto en el orden común como en el fuero federal. El promedio diario de delitos denunciados del fuero común aumentó 18 por ciento entre 2005 y 2009, mientras que en el fuero federal se incrementó el promedio de denuncias en un 47 por ciento.

Las presiones que recibe el sistema de procuración e impartición de justicia penal derivadas del incremento en la comisión del delito en el país no son menores. Los datos indican claramente que en el caso de los tribunales federales y de los centros de reclusión, la capacidad de trabajo se encuentra en zonas críticas.

Al respecto, el consultor de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, Raúl Benítez, indica que en México en los primeros 5 años del actual sexenio han sido detenidas medio millón de personas, de las cuales 450 mil de ellas fueron liberadas debido a varias circunstancias, resultado de ineficiencia en los procedimientos de integración, lo cual deriva que un 95 por ciento de los delitos queden en la impunidad.

Ante ello, es urgente una reforma al Código Federal de Procedimientos Penales que permita aminorar las cargas de trabajo en los juzgados federales mediante la ampliación de los plazos para emitir una orden de aprehensión en delitos graves y con ello evitar que quienes hayan incurrido en este tipo de conductas ilícitas, no puedan evadirse de la acción de la justicia.

De tal suerte que la iniciativa que estamos presentando, el texto que data actualmente del año de 1994, es notorio que debido a la evolución y a la actividad delictiva no se corresponde con lo que hoy estamos viviendo.

Esto ha generado que en los Centros Federales de Readaptación Social, donde se encuentran los jueces que emiten este tipo de ordenamientos, tienen bastante trabajo y llegan procedimientos con cientos o incluso con miles de hojas para ser revisados, en donde se les otorga un término de 24 horas para que determinen sobre el libramiento o no de una orden de aprehensión.

De tal suerte que el plazo que se encuentra actualmente establecido en la normatividad no permite que se lleve a cabo el análisis, la evaluación de las pruebas para que se pueda emitir con la contundencia, la firmeza y la claridad necesaria, una orden de aprehensión.

Es por ello, señoras y señores Senadores, que estimo prudente modificar el artículo 142 del Código Federal de Procedimientos Penales para que en lo sucesivo, tratándose de los delitos de crimen organizado, previstos en el artículo 194, delitos de carácter grave, la erradicación de una causa que envíe el Ministerio Público se haga de inmediato y el juez niegue o conceda la aprehensión correspondiente dentro del término de 72 horas contadas a partir del momento del acuerdo de erradicación.

Esto es con la finalidad de que se pueda tener más certeza en los procedimientos que hoy son de 24 horas y, por tanto, es que solicito a la Mesa Directiva que inscriba el contenido de esta iniciativa íntegro en el Diario de los Debates.

Es cuanto, señor Presidente.

Iniciativa

“ARTURO ZAMORA JIMENEZ, Senador a la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, integrante del grupo parlamentario del PRI en el Senado de la República, en ejercicio de la facultad que me confiere el artículo 71 Fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y de conformidad con lo dispuesto por los artículos 8º Numeral 1 fracción I, 164 y 169 del Reglamento de la Cámara de Senadores, someto a la consideración de esta Soberanía iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma el Párrafo Tercero del Artículo 142 del Código Federal de Procedimientos Penales, con base en la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

La presente iniciativa tiene como interés fortalecer el sistema de impartición de justicia, dar un mayor plazo a los jueces para que puedan ordenar la detención de quienes hayan cometido delitos graves y con ello evitar que la impunidad sea la constante realidad en el país.

De acuerdo con el INEGI las denuncias han aumentado progresivamente tanto en el fuero común como en el federal. El promedio diario de delitos denunciados del fuero común aumentó 18 por cientoentre el 2005 y el 2009, mientras que el del fuero federal se incrementó en un 47 por ciento.

Las presiones que recibe el sistema de procuración e impartición de justicia penal derivadas del incremento en la comisión de delitos en el país no son menores. Los datos indican claramente que en el caso de los tribunales federales y de los centros de reclusión la capacidad de trabajo se encuentra en zonas críticas.

Al respecto el consultor de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), Raúl Benítez Manaut, indica que en México en los primeros cinco años del actual sexenio han sido detenidas medio millón de personas, de las cuales 450 mil de ellas fueron liberadas debido a expedientes mal integrados, como resultado de la ineficiencia de las agencias investigadoras, lo cual deriva en que el 95 por ciento de los delitos queden en la impunidad.

Ante ello, es urgente una reforma al Código Penal Federal que permita aminorar las cargas de trabajo en los juzgados federales mediante la ampliación de los plazos para emitir una orden de aprehensión en delitos graves y con ello evitar que quien haya incurrido en este tipo de conductas no pueda evadirse de la acción de la justicia.

El texto actual del párrafo tercero del artículo 142 del Código Federal de Procedimientos Penales dispone:

“ARTICULO 142.- Tratándose de consignaciones sin detenido, el tribunal ante el cual se ejercite la acción penal radicará el asunto dentro del término de dos días, salvo lo previsto en el párrafo tercero, abriendo expediente en el que resolverá lo que legalmente corresponda y practicará sin demora alguna todas las diligencias que promuevan las partes.

El juez ordenará o negará la aprehensión, reaprehensión, comparecencia o cateo solicitados por el Ministerio Público dentro de los diez días contados a partir del día en que se haya acordado la radicación.

Tratándose de los delitos que el artículo 194 señala como graves, la radicación se hará de inmediato y el juez ordenará o negará la aprehensión o cateo solicitados por el Ministerio Público, dentro de las veinticuatro horas contadas a partir del momento en que se haya acordado la radicación.

Si dentro de los plazos antes indicados el juez no dicta auto de radicación o no resuelve sobre los pedimentos de aprehensión, reaprehensión, comparecencia o cateo, el Ministerio Público podrá ocurrir en queja ante el Tribunal Unitario de Circuito que corresponda.

Si el juez niega la aprehensión, reaprehensión, comparecencia o cateo, por considerar que no están reunidos los requisitos de los artículos 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 195 de este Código, se regresará el expediente al Ministerio Público para el trámite correspondiente.

Conforme a los términos precisados en la norma, al día de hoy, el juez cuenta únicamente con veinticuatro horas para la emisión de la orden de aprehensión o su negativa por delito grave. Esta iniciativa propone la modificación de dicho numeral, con el objeto de que el juzgador cuente con mayor tiempo para que emita esa resolución, toda vez que dicho plazo resulta insuficiente, de conformidad con las razones que se exponen a continuación.

El precepto en cita, desde su promulgación en 1934, no otorgaba ningún término para la emisión de la orden de aprehensión.

Posteriormente, en reforma que se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 24 de diciembre de 1984, el legislador previó un término de quince días para la emisión de la orden de aprehensión, a partir de la radicación del asunto, sin distinguir el tipo de delito por el que se libraba.

Por reformas publicadas en el Diario Oficial de la Federación el día 10 de enero de 1994, se estableció el texto actual del precepto cuya modificación se propone y que permanece vigente desde esa fecha. A mayor abundamiento se inserta una tabla comparativa de las reformas que se han aplicado los numerales antes mencionados:

Redacción del Código Federal de Procedimientos Penales de 1934.

Redacción del Código Federal de Procedimientos Penales de 1984.

Texto Actual (Reformas publicadas en el Diario Oficial de la Federación el Lunes 10 de enero de 1994)

Artículo 142.- El tribunal ante el cual se ejercite la acción penal, practicará sin demora alguna de todas las diligencias procedentes que promuevan las partes.

Artículo 142.- El Tribunal ante el cual se ejercite la acción penal, radicará de inmediato el asunto. Sin más trámite le abrirá expediente en el que resolverá lo que legalmente corresponda y practicará sin demora alguna, todas las diligencias procedentes que promuevan las partes.

Si durante el plazo de 10 días, contado a partir del día en que se haya hecho la consignación, el juez no dicta auto de radicación en el asunto, el Ministerio Público podrá recurrir en queja ante el Tribunal Unitario de Circuito que corresponda.

El juez ordenará o negará la aprehensión o la comparecencia solicitada por el Ministerio Público dentro de los 15 días contados a partir del día en que se haya acordado la radicación, sino resuelve oportunamente sobre este punto, el Ministerio Público procederá en los términos previstos en la parte final del párrafo anterior.

Artículo 142.- Tratándose de consignaciones sin detenido, el tribunal ante el cual se ejercite la acción penal radicará el asunto dentro del término de dos días, salvo lo previsto en el párrafo tercero, abriendo expediente en el que resolverá lo que legalmente corresponda y practicará sin demora alguna todas las diligencias que promuevan las partes.

El juez ordenará o negará la aprehensión, reaprehensión, comparecencia o cateo solicitados por el Ministerio Público dentro de los diez días contados a partir del día en que se haya acordado la radicación.

Tratándose de los delitos que el artículo 194 señala como graves, la radicación se hará de inmediato y el juez ordenará o negará la aprehensión o cateo solicitados por el Ministerio Público, dentro de las veinticuatro horas contadas a partir del momento en que se haya acordado la radicación.

Si dentro de los plazos antes indicados el juez no dicta auto de radicación o no resuelve sobre los pedimentos de aprehensión, reaprehensión, comparecencia o cateo, el Ministerio Público podrá ocurrir en queja ante el Tribunal Unitario de Circuito que corresponda.

Si el juez niega la aprehensión, reaprehensión, comparecencia o cateo, por considerar que no están reunidos los requisitos de los artículos 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 195 de este Código, se regresará el expediente al Ministerio Público para el trámite correspondiente.

Como se ve, el texto actual data del año de 1994. Desde entonces, es notorio que la actividad delictiva a la que respondía esa norma ha adquirido mayor complejidad para su adecuada aplicación.

Legislativamente, esa complejidad es palpable, ya que el 7 de noviembre de 1996, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada. El día 18 de junio de 2008, se incluyó en el artículo 16 de la Constitución Federal la figura del arraigo, así como la definición de delincuencia organizada y el concepto de delito previsto como grave por el artículo 194, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Penales.

Los lugares donde se concentra el cúmulo de asuntos de delincuencia organizada se encuentran principalmente en los Centros Federales de Readaptación Social de máxima seguridad. Tal concentración de asuntos deriva de lo dispuesto por el artículo 10, párrafo tercero, del Código Federal de Procedimientos Penales, así como del Acuerdo General 21/2008, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por el que se dota de competencia a los juzgados de distrito que se precisan para conocer de delitos cometidos en lugar distinto al de su jurisdicción, por razones de seguridad en las prisiones.

La carga de trabajo, así como la complejidad de los asuntos que en la actualidad substancian los Jueces Federales de Procesos Penales, lo ha reconocido el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal en su Acuerdo General 20/2012, que establece, en razón de causas excepcionales, la suspensión indefinida del turno de nuevos asuntos a los Juzgados de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de Nayarit, con residencia en El Rincón, Municipio de Tepic, y de los Juzgados de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de Veracruz, con residencia en Villa Aldama.

Dicho acuerdo, en su considerando cuarto, establece lo siguiente:

“…CUARTO. Derivado del Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad suscrito el veintiuno de agosto de dos mil ocho, el Consejo de la Judicatura Federal se comprometió a implementar, entre otras acciones, la relativa a favorecer la concentración de personas sometidas a procesos penales relacionados con delitos de delincuencia organizada y narcotráfico, en los reclusorios de alta seguridad, minimizando con esta acción el riesgo que implica para la sociedad los traslados de reos peligrosos. Derivado del compromiso referido se ordenó el inicio de funciones de los Juzgados de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de Nayarit, con residencia en El Rincón, municipio de Tepic, así como de los Juzgados de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de Veracruz, con residencia en Villa Aldama, los cuales fueron aperturados en espacios reducidos proporcionados por la Secretaría de Seguridad Pública Federal, ubicados dentro de los Centros Federales de Readaptación Social No. 4 “Noroeste” y No. 5 “Oriente”, evitando con ello el traslado de reos fuera de las citadas instalaciones.

La gran capacidad con la que cuentan dichos centros para albergar reos procesados, misma que en el caso del Centro Federal de Readaptación Social No. 4 “Noroeste” ha sido recientemente ampliada para alojar a casi 1,800 reos más, y en virtud del retraso en la dotación de espacios adecuados y suficientes para la instalación de nuevos órganos jurisdiccionales dentro de los referidos centros, ha derivado en una situación apremiante de altas cargas de trabajo en los juzgados federales de que se trata, la cual ha rebasado ampliamente la capacidad operativa de éstos, haciendo impostergable implementar acciones urgentes, mientras otras medidas sustantivas pueden instrumentarse.

Ahora bien, es importante mostrar cómo se encuentra actualmente el movimiento estadístico de los Juzgados de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de Nayarit y en el Estado de Veracruz, en lo que va del presente periodo estadístico (14 de noviembre de 2011 al 31 de marzo de 2012), (4.5 meses).

JUZGADOS DE DISTRITO DE PROCESOS PENALES FEDERALES EN EL ESTADO DE NAYARIT.

JUZGADO

EXISTENCIA INICIAL

INGRESOS

CARGA DE TRABAJO

EGRESOS

EXISTENCIA FINAL

EN TRAMITE

PENDIENTES DE RESOLUCIÓN

1

208

143

351

125

226

214

12

2

345

117

462

108

354

335

19

TOTAL

553

260

813

233

580

549

31

Información proporcionada por la Dirección General de Estadística Judicial.

Del cuadro anterior se puede advertir que los Juzgados de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de Nayarit en 4.5 meses tuvieron un ingreso de 260 asuntos (130 por órgano jurisdiccional), cuando la media nacional de ingreso para ese tipo de órgano se ubicó en 65.75, resulta que se situaron por arriba de la referida media en 64.25 asuntos, no obstante su buen desempeño productivo (se colocaron por arriba de la media de egreso con 50.28 asuntos), no pudieron abatir su carga de trabajo (existencia inicial 553 + 260 Ingresos), pasando de 553 asuntos a 580 expedientes en existencia final, es decir, hubo un aumento de 27 asuntos.

JUZGADOS DE DISTRITO DE PROCESOS PENALES FEDERALES EN EL ESTADO DE VERACRUZ.

JUZGADO

EXISTENCIA INICIAL

INGRESOS

CARGA DE TRABAJO

EGRESOS

EXISTENCIA FINAL

EN TRAMITE

PENDIENTES DE RESOLUCIÓN

1

227

150

377

129

248

0

248

2

223

186

409

147

262

260

2

TOTAL

450

336

786

276

510

260

250

Información proporcionada por la Dirección General de Estadística Judicial.

De la misma manera los Juzgados de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de Veracruz en 4.5 meses tuvieron un ingreso de 336 asuntos (168 por órgano jurisdiccional), cuando la media nacional de ingreso para ese tipo de órgano se ubicó en 65.75, resulta que se situaron por arriba de la referida media en 102.25 asuntos, no obstante su buen desempeño productivo (se colocaron por arriba de la media de egreso con 71.78 asuntos), no pudieron abatir su carga de trabajo (existencia inicial 450 + 336 Ingresos), pasando de 450 asuntos a 510 expedientes en existencia final, es decir, hubo un aumento de 60 asuntos.

Debo destacar que los expedientes de los cuales conocen los citados órganos jurisdiccionales se caracterizan por su alto grado de complejidad, al tratarse normalmente de asuntos vinculados con delitos de delincuencia organizada, con un gran número de indiciados, pluralidad de defensores, interposición de recursos y, en general, ungran número de diligencias y actuaciones que se requiera para su integración yresolución.

Es preciso señalar que a dicha carga de trabajo debe agregarse el desahogo cotidiano de infinidad de diligencias procesales relacionadas con las personas internadas en los centros de reclusión de Tepic, Nayarit, y de Villa Aldama, Veracruz, que a través de exhortos, les son solicitadas por diversos órganos jurisdiccionales del país. Respecto de esto último, durante el periodo estadístico 2011, el volumen de comunicaciones oficiales procedentes de todos los circuitos judiciales, que se recibieron y desahogaron ascendió a 13,729 asuntos, de los cuales 626 fueron para la práctica de careos, 635 tomas de declaración preparatoria y resolución de situación jurídica, 10,603 notificaciones, así como 140 testimoniales, entre otras.

Todo lo anterior, aunado al aumento de consignaciones que se pronostica se presentará en el corto plazo derivado del incremento en el cupo en los reclusorios referidos, hacen patente la urgente necesidad de crear órganos jurisdiccionales de procesos penales federales; no obstante la falta de espacios para tal fin, obliga a optar por la aplicación de una medida excepcional que logre evitar en el corto plazo la saturación progresiva y ascendente de expedientes en los juzgados de Distrito de mérito, conjurando el riesgo latente de una situación de rezago a cuyo eventual desahogo los órganos en funciones deban dedicar varios años de sus labores. De ahí la urgencia de impedir con alguna medida adecuada y posible, que este riesgo anunciado e inminente se torne en una penosa realidad;…”.

Todo lo anterior, pone en evidencia el contexto en el que un juzgador emite una orden de aprehensión o una orden de cateo por delito grave, en el que, por lo general, además de atender asuntos de consignaciones sin detenido, como lo son los anteriormente citados, simultáneamente deben dar trámite a consignaciones que sí adquieren el carácter de urgente por implicar a un detenido, en donde deben resolver su situación jurídica en el término constitucional de setenta y dos horas. Igualmente, el juzgador debe verificar múltiples diligencias, así como la emisión de acuerdos de trámite y sentencias. Con ello, se hace palpable la complejidad de emitir una orden de aprehensión o cateo en el término de veinticuatro horas y la necesidad de otorgar mayores garantías al juzgador federal para la emisión de ese tipo de resoluciones.

La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en interpretación del artículo 16 de la Constitución Federal, ha considerado que la consignación sin detenido en el que se solicita una orden de aprehensión por delito grave no reviste una diligencia de carácter urgente.

Tal criterio se desprende de la jurisprudencia número 1a./J. 49/2010, visible en la página 186, del Tomo XXXII, Julio de 2010, del Semanario Judicial de la Federación, Novena Época, que dice:

“ORDEN DE APREHENSION. CUANDO LA AVERIGUACION PREVIA SE CONSIGNE POR DELITOS GRAVES SIN DETENIDO, DEBE SER LIBRADA POR AUTORIDAD COMPETENTE, PUES NO SE ESTA EN PRESENCIA DE UNA DILIGENCIA URGENTE DE LAS QUE NO ADMITEN DEMORA.- La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al interpretar el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, estableció que la orden de aprehensión es un acto que afecta a la persona, al restringir provisionalmente su libertad personal o ambulatoria, por lo que el juzgador que la emita debe ser legalmente competente para conocer del proceso penal que llegue a instruirse con motivo de los delitos por los que la libra. Asimismo, el artículo 432 del Código Federal de Procedimientos Penales obliga al juez a que, tratándose de consignaciones con detenido, practique las diligencias que no admitan demora o, en su caso, dicte el auto de formal prisión o el de libertad por falta de elementos para procesar, antes de que se resuelva la competencia por declinatoria, para que se respeten irrestrictamente los términos previstos en la Constitución, como son los de cuarenta y ocho y setenta y dos horas que se fijan para la declaración preparatoria y para resolver la situación jurídica del imputado, respectivamente. Sin embargo, el mencionado precepto no reconoce competencia extraordinaria al juez para que actúe en lo relativo a la solicitud de libramiento de una orden de aprehensión proveniente de la consignación de una averiguación previa por cualquier clase de delito sin detenido, bajo el argumento de que se trata de una diligencia urgente que no admite demora, pues no subyace dicha necesidad. Por tanto, conforme al artículo 142 del Código citado, la solicitud antes descrita no constituye una diligencia urgente que no admite demora, porque el órgano jurisdiccional no tiene que inadvertir un aspecto de previo y especial pronunciamiento, que por su naturaleza constituya un presupuesto procesal, como lo es determinar si es legalmente competente para librar la orden de aprehensión solicitada por el agente del Ministerio Público y para conocer del proceso penal que llegue a instaurarse. Esto es así, porque los términos establecidos en la consignación para su radicación y la orden o negativa de la aprehensión inciden y son aplicables al juez que sea competente de acuerdo con los órdenes jurídicos que regulan sus atribuciones, mas no pueden constituir un criterio para fijar dicha competencia”.

Así las cosas, este órgano legislador, sin soslayar la importancia que implica la emisión de una orden de aprehensión por delito grave, debe ser sensible a la trascendental labor del Poder Judicial Federal y a la carga de trabajo que actualmente enfrenta por el cúmulo de asuntos que se reciben en los juzgados federales en materia penal. Particularmente, del incremento de asuntos por delincuencia organizada, que no imperaba en el año de mil novecientos noventa y cuatro en el que se previó el término de veinticuatro horas para que el juzgador emitiera una resolución de esa índole.

De este modo, se propone la modificación del párrafo tercero del artículo 142 del Código Federal de Procedimientos Penales, con el objeto de que se otorgue un plazo mayor al juzgador para que emita las órdenes de aprehensión por delito grave, equivalente a las setenta y dos horas.

Con la instauración del anterior plazo, no se pone en riesgo que un sujeto al que se le atribuye un delito grave pueda evadirse de la acción de la justicia, porque en la actualidad, el Ministerio Público de la Federación cuenta con otras medidas cautelares para asegurar al sujeto, como lo es el arraigo hasta por cuarenta días, prorrogable hasta ochenta; así como la detención que puede ordenar para casos urgentes, en términos del párrafo sexto del artículo 16 Constitucional.

De tal suerte que la modificación supone una medida de ajuste temporal para valorar las pruebas y que el juzgador esté en condiciones de resolver, además será un elemento que reforzará el ámbito de certeza jurídica en el combate a la impunidad.

En este orden de ideas, la ampliación propuesta, el juzgador federal estará en mejores condiciones para emitir una orden de aprehensión por delitos graves, porque podrá estudiar con mayor tiempo las consignaciones sin detenido de esa naturaleza, en las que, en muchos de los casos, cuando son por delincuencia organizada, la averiguación previa que las precede consta de diversos tomos, por lo que el término de veinticuatro horas que actualmente se prevé, resulta insuficiente para su debido estudio, máxime que como ya se recalcó, por lo general, el juzgador debe atender otro tipo de asuntos de manera simultánea, como consignaciones de detenido que sí son consideradas urgentes.

Paralelamente, se abona a la seguridad jurídica del gobernado, porque con ello el juzgador federal podrá verificar de mejor forma que, en su caso, amerita privarlo de la libertad por un delito que, por su gravedad, no le permitirá gozar del beneficio de la libertad provisional bajo caución.

En virtud de lo anterior, me permito someter a consideración de esta Soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de:

Decreto por el que se reforma el Párrafo Tercero del Artículo 142 del Código Federal de Procedimientos Penales.

UNICO. Se reforma el Párrafo Tercero del Artículo 142 del Código Federal de Procedimientos Penales para quedar como sigue:

ARTICULO 142.-Tratándose de consignaciones sin detenido, el tribunal ante el cual se ejercite la acción penal radicará el asunto dentro del término de dos días, salvo lo previsto en el párrafo tercero, abriendo expediente en el que resolverá lo que legalmente corresponda y practicará sin demora alguna todas las diligencias que promuevan las partes.

El juez ordenará o negará la aprehensión, reaprehensión, comparecencia o cateo solicitados por el Ministerio Público dentro de los diez días contados a partir del día en que se haya acordado la radicación.

Tratándose de los delitos que el artículo 194 señala como graves, la radicación se hará de inmediato y el juez ordenará o negará la aprehensión solicitada por el Ministerio Público, dentro de las setenta y dos horas contadas a partir del momento en que se haya acordado la radicación. Tratándose de cateos por delitos graves, el juez deberá resolver dentro de las veinticuatro horas contadas a partirde dicho momento.

Si dentro de los plazos antes indicados el juez no dicta auto de radicación o no resuelve sobre los pedimentos de aprehensión, reaprehensión, comparecencia o cateo, el Ministerio Público podrá ocurrir en queja ante el Tribunal Unitario de Circuito que corresponda.

Si el juez niega la aprehensión, reaprehensión, comparecencia o cateo, por considerar que no están reunidos los requisitos de los artículos 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 195 de este Código, se regresará el expediente al Ministerio Público para el trámite correspondiente.

TRANSITORIO

UNICO. El Presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, a 15 de noviembre de 2012.

Atentamente

Sen. Arturo Zamora Jiménez”.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Con gusto, Senador Arturo Zamora Jiménez. Pido a la Secretaría Parlamentaria que se inserte de manera íntegra la iniciativa que ha presentado el Senador Zamora Jiménez en el Diario de los Debates. Se turna a las Comisiones Unidas de Justicia; y de Estudios Legislativos.

Se le concede el uso de la palabra a la Senadora Hilda Esthela Flores Escalera, a nombre propio y de las Senadoras Angélica Araujo Lara y Margarita Flores Sánchez, del grupo parlamentario del PRI, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se adiciona el artículo 115 de la Ley General de Salud.






INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETOPOR EL QUE SE ADICIONA LA FRACCION IV DEL ARTICULO 115 DE LA LEY GENERAL DE SALUD

(Presentada por la C. Senadora Hilda Esthela Flores Escalera, a nombre propio y delas CC. Senadoras Angélica del Rosario Araujo Lara y Margarita Flores Sánchez, del grupo parlamentario del PRI)

- La C. Senadora Hilda Esthela Flores Escalera: Muchas gracias, señor Presidente; compañeras y compañeros Senadores:

De acuerdo con información de la Secretaría de Salud, la prevalencia de la obesidad en México durante los últimos 20 años ha tenido un crecimiento inusitado, y el costo total del sobrepeso y obesidad se han duplicado en los últimos 8 años. Actualmente, 7 de cada 10 adultos y alrededor de 3 de cada 10 escolares y adolescentes tienen un peso excesivo que pone en riesgo su salud.

Diversos factores intervienen en los padecimientos sociales de la desnutrición, el sobrepeso y la obesidad, por ejemplo, la deficiente información, la falta de educación y conocimiento sobre los efectos de los alimentos en nuestro organismo, el ritmo de nuestra actividad, el estrés, el sedentarismo, la débil cultura de activación física, la influencia e invasión de establecimientos de comida rápida, económica y carente de nutrientes, entre otros muchos que hoy en día representan una alarma social latente frente a la cual requerimos acciones inmediatas y eficaces.

Según el último censo de población elaborado por el INEGI, los grandes padecimientos que provocan decesos con mayor incidencia en la población, son aquellos relacionados con problemas del corazón, el hígado, la diabetes, la desnutrición, anemias, entre otros; todos ellos tienen un origen común: la inadecuada alimentación en la dieta de los mexicanos.

A causa del sobrepeso y la obesidad se presentan en las niñas, niños y adolescentes, enfermedades que pueden afectar sus vidas y que antes eran exclusivas de los adultos, como la diabetes mellitus tipo 2, hipertensión arterial, aumento de triglicéridos y colesterol, entre otros.

Actualmente, el 70 por ciento de los escolares no realiza actividad física regular y consumen 561 calorías en el refrigerio escolar, y no 275 que es lo recomendado.

Por todo ello, uno de los principales sectores en los que tanto el gobierno federal como las entidades federativas han encauzado sus esfuerzos, es el sector infantil, a fin de actuar de manera preventiva y oportuna sobre la implementación de acciones básicas para detener la problemática alimentaria e ir formando generaciones de mexicanos que cuenten con información idónea para evitar problemas de obesidad, sobrepeso y/o desnutrición en un futuro.

En gran medida, la falta de información precisa, eficaz y sencilla que llegue a todos los sectores de la población sobre las consecuencias del descuido por el tipo de alimentos que consumimos y proporcionamos a nuestras familias, representa el detonante principal para las graves consecuencias que padecemos hoy en día.

Para atender esta problemática, las autoridades deben emprender acciones inmediatas y eficaces.

La Secretaría de Salud Federal emitió en enero del 2010 el Acuerdo Nacional para la Salud Alimentaria en respuesta a las acciones realizadas por la Organización Mundial de la Salud con la implementación de la estrategia mundial sobre alimentación saludable, activación física y salud para la prevención de enfermedades crónicas.

Este Acuerdo Nacional establece el desarrollo e implementación de políticas públicas que no sólo contemplen el aspecto de salud relacionado con los problemas de alimentación, sino que vaya más allá y refleje el compromiso y responsabilidad de las distintas dependencias de la administración pública para que, desde una perspectiva transversal, se combatan las causas que inciden principalmente en el problema de obesidad y desnutrición en la población.

Con el mismo enfoque de información y cultura de una sana alimentación, deben implementarse más acciones que extiendan las responsabilidades en la materia a todos los ciudadanos y no solamente a las autoridades de los distintos órdenes de gobierno.

Por ello, el objeto de esta iniciativa con proyecto de Decreto que presentamos en conjunto las Senadoras Angélica del Rosario Araujo Lara, Margarita Flores Sánchez y la de la voz, es adicionar a la Ley General de Salud la atribución de la Secretaría de Salud para emitir normativa precisa y específica que obligue a los establecimientos donde se vendan y consuman alimentos y bebidas no alcohólicas, a incluir dentro de los menús la información nutricional y el contenido de calorías de cada uno de los alimentos que proporcionan para venta y consumo.

Medidas como las que se proponen en la presente iniciativa representan un medio idóneo y de amplia cobertura para que la población conozca la cantidad de calorías de los alimentos antes de elegirlos, lo cual, acompañado con las campañas de información correspondientes, generará consciencia sobre la necesidad de optar por alimentos bajos en calorías y cuidar desde el aspecto nutricional los alimentos que consumimos y que proporcionamos a nuestros hijos.

Senadoras y Senadores, la medida que proponemos en la presente iniciativa es una contribución para enfrentar la problemática y los grandes retos que actualmente tenemos en materia de salud. Es una herramienta funcional, susceptible de verificarse y que representa a la vez un medio de información para la gente.

En síntesis, con ella aspiramos a la consolidación de una sociedad bien informada y responsable en sus formas de consumir alimentos.

Por su atención y su apoyo, compañeras y compañeros, muchas gracias.

(Aplausos)

Iniciativa

“SEN. ERNESTO JAVIER CORDERO ARROYO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
CAMARA DE SENADORES
PRESENTE.

Las que suscriben, Hilda Esthela Flores Escalera, AngElica del Rosario Araujo Lara y Margarita Flores SAnchez, Senadoras de la LXII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional con fundamento en lo dispuesto por el artículo 71 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 8 numeral 1 fracción I; 76 numeral 1 fracción I; 164, y 169 del Reglamento del Senado de la República, nos permitimos someter a la consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de Decreto por el que se adiciona la fracción IV del artículo 115 de la Ley General de Salud, a fin de que la Secretaría de Salud emita lineamientos para que los establecimientos donde se venden o consumen alimentos y bebidas no alcohólicas incluyan en sus cartas de menú el contenido calórico e información nutrimental de los mismos, al tenor de la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

Nuestro país se destaca a nivel internacional por diversas razones y virtudes su gente emprendedora y trabajadora, nuestra historia, espacios naturales, tradiciones, costumbres, cultura, la riqueza culinaria, el dinamismo y, en general, una serie de conductas que nos hacen una nación única y rica frente al mundo.

Pero no todo es positivo. También nos destacamos por los grandes problemas que enfrentamos en la salud de la población, principalmente derivado de una mala alimentación. Sabemos que México ocupa el segundo lugar, después de Estados Unidos de América en obesidad, mientras que somos el primer lugar, tratándose de la obesidad infantil.

De acuerdo con información de la Secretaría de Salud, la prevalencia de la obesidad en México durante los últimos 20 años ha tenido un crecimiento inusitado, y el costo total del sobrepeso y obesidad se han duplicado en los últimos 8 años. Actualmente 7 de cada 10 adultos, y alrededor de 3 de cada 10 escolares y adolescentes tienen un peso excesivo que ponen en riesgo su salud a lo largo de la vida.

Diversos factores intervienen en los padecimientos sociales de la desnutrición, el sobrepeso y la obesidad: la deficiente información, la falta de educación y conocimiento sobre los efectos de los alimentos en nuestro organismo, el ritmo de nuestras actividades, el estrés, el sedentarismo, la débil cultura de activación física, la influencia e invasión de establecimientos de comida rápida, económica y carente de nutrientes, entre otros muchos que, hoy en día, representan una alarma social latente, frente a la cual requerimos acciones inmediatas y eficaces.

Actualmente es muy común saber de personas que optan por un estilo de vida con actitudes “cómodas” tales como la preferencia del descanso y el disfrute de actividades como ver televisión en lugar de realizar algún deporte o actividad que implique activación física; consumir comida rápida, congelada, con un alto contenido de conservadores y pocos nutrientes, consumo de alcohol, el proporcionar a las niñas y niños alimentos que les llaman la atención, por encima de los que realmente los nutren, entre otras conductas que demeritan la calidad en la salud nutricional y llevan a consecuencias, en algunos casos, irreparables.

En gran medida, la falta de información precisa, eficaz y sencilla que llegue a todos los sectores de la población, sobre las consecuencias del descuido por el tipo de alimentos que consumimos y proporcionamos a nuestras familias, representa el detonante principal para las graves consecuencias que padecemos hoy en día. Según el último censo de población elaborado por el INEGI1, los grandes padecimientos que provocan decesos con mayor incidencia en la población, son aquellos relacionados con problemas del corazón, el hígado, la diabetes2, la desnutrición, anemias, entre otros; todos ellos tienen un origen común: la inadecuada alimentación en la dieta de los mexicanos.

A causa del sobrepeso y la obesidad se presentan en los niños, niñas y adolescentes enfermedades que pueden afectar sus vidas y que antes eran exclusivas de los adultos, como la diabetes mellitus tipo 2, hipertensión arterial, aumento de triglicéridos y colesterol, entre otros.

Para atender esta problemática, las autoridades deben emprender acciones inmediatas y eficaces. La Secretaría de Salud federal emitió, en enero del 2010, el Acuerdo Nacional para la Salud Alimentaria3, en respuesta a las acciones realizadas por la Organización Mundial de la Salud con la implementación de la Estrategia Mundial sobre Alimentación Saludable, Actividad Física y Salud, para la prevención de enfermedades crónicas.

El Acuerdo Nacional mencionado, establece el desarrollo e implementación de políticas públicas que no sólo contemplen el aspecto de salud relacionado con los problemas de alimentación, sino que vaya más allá y refleje el compromiso y responsabilidad de las distintas dependencias de la Administración Pública, para que, desde una perspectiva transversal, se combatan las causas de inciden principalmente en el problema de obesidad y desnutrición en la población.

Actualmente el 70% de los escolares no realiza actividad física regular y consumen 561 calorías en el refrigerio escolar y no 275 que es lo recomendado, por lo que uno de los principales sectores en los que tanto gobierno federal, como las entidades federativas han encauzado sus esfuerzos, es el sector infantil, a fin de actuar de manera preventiva y oportuna sobre la implementación de acciones básicas para detener la problemática alimentaria e ir formando generaciones de mexicanos que cuenten con las bases necesarias e información idónea para evitar problemas de obesidad, sobrepeso y/o desnutrición en un futuro.

Con el mismo enfoque de información y cultura de una sana alimentación, deben implementarse más acciones que extiendan las responsabilidades en la materia a todos los ciudadanos y no solamente a las autoridades de los distintos órdenes de gobierno.

Por ello, el objeto de esta iniciativa con proyecto de decreto, es adicionar a la Ley General de Salud, la atribución de la Secretaría de Salud para emitir normativa precisa y específica que obligue a los establecimientos donde se vendan y/o consuman de alimentos y bebidas no alcohólicas, a implementar dentro de los menús, la información nutricional y el contenido de calorías de cada uno de los alimentos que proporcionan para venta y/o consumo.

Medidas como las que se proponen en la presente iniciativa, representan un medio idóneo y de amplia cobertura para que la población conozca la cantidad de calorías de los alimentos antes de elegirlos, lo cual, poco a poco generará conciencia sobre la necesidad de optar por alimentos bajos en calorías y cuidar desde el aspecto nutricional de los alimentos que consumimos y que proporcionamos a nuestros hijos.

No es una medida con la que pretendamos erradicar totalmente la problemática actual que enfrentamos como país; sin embargo, sí representa una herramienta funcional, susceptible de verificar su cumplimiento y representa a la vez, un medio de información para la gente, sobre la calidad nutricional de los alimentos que consumen.

Por lo anteriormente descrito, y con fundamento en lo dispuesto en las disposiciones señaladas, sometemos a consideración de esta Soberanía, para su análisis, estudio, revisión y, aprobación, en su caso, la siguiente iniciativa con:

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA LA FRACCION IV DEL ARTICULO 115 DE LA LEY GENERAL DE SALUD.

UNICO.- Se adiciona la fracción IV al Artículo 115 de la Ley General de Salud, para quedar como sigue:

Artículo 115.- …

I. aIII. …

IV. Normar el valor nutritivo y características de la alimentación en establecimientos de servicios colectivos y en alimentos y bebidas no alcohólicas;emitir los lineamientos para que estos establecimientos incluyan en sus cartas de menú el contenido calórico, de proteínas, grasas, carbohidratos, fibra dietética y sodio; y vigilar su cumplimiento, en coordinación con las entidades federativas y los ayuntamientos;

V.aVIII. …

ARTICULO TRANSITORIO

UNICO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Salón de sesiones de la Cámara de Senadores, a 15 de noviembre de 2012”.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, Senadora Hilda Esthela Flores Escalera. Túrnese a las Comisiones Unidas de Salud; y de Estudios Legislativos.

Sonido en el escaño del Senador López Brito.

- El C. Senador Francisco Salvador López Brito: (Desde su escaño) Para preguntarle a la Senadora ponente de este importante tema, si me permite sumarme a su iniciativa.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, Senador; ¿Senadora Hilda Flores, acepta la suma del Senador López Brito a su iniciativa? Pido a la Secretaría que tome nota.

Sonido en el escaño del Senador Demédicis Hidalgo.

- El C. Senador Fidel Demedicis Hidalgo: (Desde su escaño) Para la misma situación, pedirle a las Senadoras ponentes que si me permiten incorporarme a su iniciativa.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, también el Senador Fernando Mayans, y pido a la Secretaría que tome nota de las Senadoras y Senadores que deseen sumarse a la iniciativa que ha presentado la Senadora Flores Escalera.

Compañeras y compañeros Senadores, remitiremos a la Cámara de Diputados las propuestas que solicitan asignación de recursos del Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2013.

Solicito a la Secretaría dé lectura a las mismas.

1http://www.inegi.org.mx/sistemas/sisept/Default.aspx?t=mdemo107&s=est&c=23587

2 Según datos de la Secretaría de Salud federal, se estima que el 90% de los casos de diabetes mellitus tipo 2, se atribuye a los problemas de sobrepeso y obesidad.

3http://www.promocion.salud.gob.mx/dgps/descargas1/programas/Acuerdo%20Original%20con%20creditos%2015%20feb%2010.pdf






PROPUESTAS

- La C. Secretaria Díaz Lizama: Doy lectura a las propuestas que se turnarán a la Cámara de Diputados:

De los Senadores Manuel Humberto Cota Jiménez y Gerardo Sánchez García, del grupo parlamentario del PRI, con punto de Acuerdo que exhorta a sostener el Programa de Desarrollo de Capacidades, Innovación Tecnológica y Extensionismo Rural y se le asignen recursos por un monto de por lo menos 3,875 millones de pesos.

PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA A LA COMISION DE PRESUPUESTO Y CUENTA PUBLICA DE LA CAMARA DE DIPUTADOS PARA QUE EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACION 2013 SE SOSTENGA EL PROGRAMA DE DESARROLLO DE CAPACIDADES INNOVACION TECNOLOGICA Y EXTENSIONISMO RURAL Y SE LE ASIGNEN RECURSOS POR UN MONTO DE POR LO MENOS 3 MIL 875 MILLONES DE PESOS

“Los que suscriben, MANUEL H. COTA JIMENEZ y GERARDO SANCHEZ GARCIA, Senadores de la República del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8, numeral 1, fracción II, y 276 del Reglamento del Senado de la República, sometemos a la consideración de ésta Soberanía, la siguiente: Proposición con punto de Acuerdo, por el que se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, para que en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2013 se sostenga el Programa de Desarrollo de Capacidades Innovación Tecnológica y Extensionismo Rural y se le asignen recurso por un monto de por lo menos $3,875 millones de pesos, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

El Extensionismo Rural consiste en difundir y transferir innovaciones productivas y tecnológicas a los productores, para que eleven el capital humano de los agentes económicos rurales por medio de la capacitación.

Es socializar el conocimiento, incluido el de los productores, que lo han acumulado a lo largo de muchos años de trabajo.

De acuerdo con datos recabados por Jaime Arturo Del Río Monges, en el texto “Extensionismo en Agronegocios”, el extensionismo agrícola ha sido una práctica milenaria. Por ejemplo, cerca del año 800 A.C., el ministro responsable de la agricultura durante la dinastía Zhou en China, organizó la capacitación de los campesinos en relación con la rotación de cultivos.

El surgimiento de los servicios modernos de extensión agrícola se dio tras la severa hambruna producida en Irlanda entre 1845-51 ocasionada por plagas que afectaron el cultivo de la papa. Como respuesta, el gobierno Británico organizó grupos de instructores prácticos para que viajaran a las áreas rurales con la finalidad de enseñarles a los campesinos cómo producir cultivos alternativos.

En México, el Extensionismo Rural fue pieza fundamental de los proyectos productivos del país y base del éxito, en otros tiempos de los productores del campo en nuestro país, que sustentaron la seguridad alimentaria y autonomía en este rubro.

Las políticas públicas cambiaron y con los años el Extensionismo dejó de existir en los presupuestos nacionales, con lo que se perdió la asesoría técnica directa a los productores.

Con esto, también se perdió buena parte de la garantía de éxito en el campo, además de dejar en letra muerta el párrafo XX del artículo 27 de nuestra carta magna, que entre otras cosas mandata al estado a promover el desarrollo rural y garantizar el bienestar de la población campesina mediante servicios de capacitación y asistencia técnica.

Así, de poco sirve de otorgar muchos créditos, si no se cuenta con la asesoría que lleve a la producción exitosa, que garantizaba el Extensionismo rural en el país.

De muy poco han servido los apoyos otorgados a los productores, si no hay quien vigile su adecuada aplicación y, más importante aún, si no hay quien oriente técnicamente y promueva el aprendizaje.

La experiencia dice que la capacitación y asistencia técnica para los productores del campo garantiza la eficiente utilización de los apoyos que se otorgan al agro y son factores indispensables para su éxito.

Se estima, según datos del FIRA-Banco de México, que la asistencia técnica representa 31 por ciento del éxito de los proyectos productivos y es el punto de partida, para impulsar las actividades económicas en las diferentes regiones y microrregiones. El crédito sólo influye en 17 por ciento.

En esta consideración es indispensable mantener programas como el de Desarrollo de Capacidades, Innovación Tecnológica y Extensionismo Rural, pues extender el conocimiento a los demás, representa un tercio del éxito en la producción, lo que depende de los conocimientos que juntos, técnicos y productores, pueden ir teniendo.

El ejercicio que concluye dicho Programa recibió para su ejercicio presupuestal, lacantidad de $3,100 millones de pesos, en virtud de lo anterior expuesto es necesario que dicho programa continúe con el recurso necesario ya que debido al impacto que este tiene en el desarrollo de las capacidades de la población rural, especialmente la más desprotegida es indispensable que cuente con un incremento de al menos el 25% en el subsidio en relación al ejercicio fiscal que concluye situándose al menos en $3,875 millones de pesos, a ser distribuidos en los siguientes componentes Apoyos para la Integración de Proyectos (incluye Apoyos a Organizaciones Sociales, Elaboración e Integración de Proyectos y Sistemas Producto); Desarrollo de Capacidades y Extensionismo Rural, que incluye Desarrollo de Capacidades y Extensionismo Rural y Capacitación Integral a productores, jóvenes y mujeres rurales, Desarrollo de Zonas Áridas, Modernización Sustentable de la Agricultura Tradicional; Proyecto Estratégico de Seguridad Alimentaria (PESA); Programa de Apoyo a Maíz y Frijol (PROMAF) (incluye producción, variedades de alto rendimiento y semillas de frijol y maíces mexicanos criollos y de consumo nacional), e Innovación y Transferencia de Tecnología.

Por lo anterior expuesto y fundado, sometemos a la consideración de esta Asamblea el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

UNICO: EL SENADO DE LA REPUBLICA EXHORTA A LA COMISION DE PRESUPUESTO Y CUENTA PUBLICA DE LA CAMARA DE DIPUTADOS DEL H. CONGRESO DE LA UNION, PARA QUE EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACION PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013 SE SOSTENGA EL PROGRAMA DE DESARROLLO DE CAPACIDADES INNOVACION, TECNOLOGICA Y EXTENSIONISMO RURAL Y SE LE ASIGNEN RECURSOSPOR UN MONTO DE POR LO MENOS $3,875 MILLONES DE PESOS.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, a 15 de noviembre de 2012.

Suscriben

Sen. Manuel Humberto Cota Jiménez.- Sen. Gerardo Sánchez García”.






Del Senador Alejandro Encinas Rodríguez, del grupo parlamentario del PRD, con punto de Acuerdo que exhorta a considerar una partida especial con recursos suficientes con el fin de generar un fondo para el pago a los ex obreros de Altos Hornos de México, S.A.

PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA A LA CAMARA DE DIPUTADOS A QUE, DENTRO DEL PROCESO DE ANALISIS, DISCUSION Y APROBACION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACION PARA 2013, CONSIDERE UNA PARTIDA ESPECIAL CON RECURSOS SUFICIENTES CON EL FIN DE GENERAR UN FONDO PARA EL PAGO A LOS EX OBREROS DE ALTOS HORNOS DE MEXICO, S.A.

“MESA DIRECTIVA DE LA CAMARA DE SENADORES
DEL H. CONGRESO DE LA UNION
PRESENTE.

El suscrito, Senador Alejandro Encinas Rodríguez, integrante del grupo parlamentario del PRD, a la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento con fundamento en lo dispuesto por el artículo 74 fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y por los artículos 8, numeral 1, fracción II, y 276 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta Asamblea la presente proposición con punto de Acuerdo con el fin de generar un fondo para el pago a los ex obreros de Altos Hornos de México, de conformidad con las siguientes:

CONSIDERACIONES

El proceso de desincorporación de las empresas públicas ha desembocado en la generación de poderosos grupos industriales privilegiados y en muchos casos en francos monopolios. En México el proceso privatizador incluyó a importantes empresas públicas a las que en preparación para su privatización se deterioró presupuestalmente, lo que desató una fuerte movilización de trabajadores en contra de esas privatizaciones. Es el caso de Altos Hornos de México SA de CV empresa que se vendió como si fuera chatarra en 1991.

Una de las ofertas que se hizo a los trabajadores para que aceptaran la privatización fue un porcentaje del precio de venta del conjunto AHMSA, en el entendido de que participarían como copropietarios en ese proceso de desincorporación. Pagar algunas acciones a los trabajadores era una práctica común en aquellos procesos privatizadores. Sin embargo dentro de los ajustes supuestamente necesarios para garantizar la viabilidad de la empresa se despidieron a 12 mil trabajadores y nunca se cumplieron aquellos ofrecimientos a los trabajadores. En los procesos privatizadores los trabajadores de esas empresas han sido vulnerados en sus derechos y muchas veces liquidados de manera injustificada.

Los ex trabajadores de esta empresa se han organizado desde hace años para requerir el pago que les fue prometido. Esa petición ha sido hecha por diversos representantes populares e incluso en 2012 fue signada por diputados del Estado de Coahuila el 19 de junio de 2012, acompañando la solicitud con diversos listados de trabajadores.

En nuestro carácter de representantes populares los miembros del Congreso no podemos ser omisos ante estos sucesos. Es necesario desde las facultades que otorga la Constitución a los legisladores federales subsanar el incumplimiento de aquel compromiso y pagar a ex obreros, reajustados, viudas y terminados de Altos hornos de México planta Monclova, Coahuila, en el presupuesto de Egresos 2013.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de esta H. Asamblea el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

Unico.- La Cámara de Senadores del Congreso de la Unión exhorta a la Cámara de Diputados para que, dentro del proceso de análisis, discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio 2013, considere una partida especial con recursos suficientes con el fin de generar un fondo para el pago a los ex obreros de Altos Hornos de México S.A.

Salón de sesiones del Senado de la República, 15 de noviembre de 2012.

Suscribe

Alejandro Encinas Rodríguez
Senador de la República”.






De la Senadora María Elena Barrera Tapia, del grupo parlamentario del PVEM, con punto de Acuerdo que exhorta a fortalecer los programas de fomento y desarrollo del turismo de naturaleza, incrementando los recursos presupuestales asignados.

PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA A LA COMISION DE PRESUPUESTO Y CUENTA PUBLICA DE LA CAMARA DE DIPUTADOS A QUE EN EL PROCESO DE ANALISIS, DISCUSION Y APROBACION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACION PARA 2013 FORTALEZCA LOS PROGRAMAS DE FOMENTO Y DESARROLLO DEL TURISMO DE NATURALEZA, INCREMENTANDO LOS RECURSOS PRESUPUESTALES ASIGNADOS

“SENADO DE LA REPUBLICA
LXII LEGISLATURA.

La suscrita, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, de conformidad con lo establecido en los artículos 8 fracción II y 276 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración del Pleno de esta Soberanía, la siguiente PROPOSICION CON PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA COMISION DE PRESUPUESTO Y CUENTA PUBLICA DE LA CAMARA DE DIPUTADOS A QUE EN EL PROCESO DE ANALISIS, DISCUSION Y APROBACION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACION PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013 FORTALEZCA LOS PROGRAMAS DE FOMENTO Y DESARROLLO DEL TURISMO DE NATURALEZA, INCREMENTANDO LOS RECURSOS PRESUPUESTALES ASIGNADOS, con base en la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

Nuestro país es un complejo y rico entramado de colores, sabores, tradiciones y paisajes por lo que es y se confía seguirá siendo uno de los diez principales destinos turísticos del mundo.1 Por ello, no es casualidad que en el Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 se reconozca al turismo como una prioridad nacional. Sobre este sector, el referido Plan Nacional reconoce que su crecimiento debe garantizar el respeto de: “los entornos naturales, culturales y sociales... [porque] [e]s justamente la riqueza de México en términos de una cultura, enorme diversidad climática, belleza orográfica, fauna y flora endémicas, y su sociedad vibrante y abierta lo que atrae y diferencia a nuestro país de otras naciones del mundo.”2

Al ser uno de los motores del desarrollo nacional, toda vez que contribuye con el 8.6%, es decir, 76 mil 619 millones de pesos al Producto Interno Bruto,3 en el Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 se reitera que el papel del turismo como detonante del progreso local debe diversificar sus mercados, productos y destinos: “La política turística considerará programas de desarrollo de una amplia gama de servicios turísticos, incluyendo turismo de naturaleza, turismo rural y turismo de aventura, con la participación de las secretarías y organismos del gobierno federal que apoyan proyectos de desarrollo turístico en las zonas rurales e indígenas. En este proceso se deberá hacer converger programas como el financiamiento y capacitación a MIPyMEs.”4

El turismo de naturaleza comienza a ganar espacios, a ser apreciado y demandados por el turismo nacional e internacional. Éste se enmarca dentro del concepto de Turismo Sustentable, que de conformidad con la fracción XIX del Artículo 3º de la Ley General de Turismo es:

XIX. Turismo Sustentable: Aquel que cumple con las siguientes directrices:

a) Dar un uso óptimo a los recursos naturales aptos para el desarrollo turístico, ayudando a conservarlos con apego a las leyes en la materia;

b) Respetar la autenticidad sociocultural de las comunidades anfitrionas, conservando sus atractivos culturales, sus valores tradicionales y arquitectónicos, y

c) Asegurar el desarrollo de las actividades económicas viables, que reporten beneficios socioeconómicos, entre los que se cuenten oportunidades de empleo y obtención de ingresos y servicios sociales para las comunidades anfitrionas, que contribuyan a mejorar las condiciones de vida.”

Para la promoción del turismo sustentable y, en particular del turismo de naturaleza, en el año 2007 se suscribió el Convenio General de Colaboración Interinstitucional para el Desarrollo del Turismo de Naturaleza en México 2007-2012.

En congruencia con la Estrategia 12.1 del Plan Nacional de Desarrollo del Eje 2 Economía Competitiva Generadora de Empleos, en la implementación del Convenio General aludido participan diversas dependencias de la administración pública federal. Las principales son la Secretaría de Turismo a través del Consejo de Promoción Turística de México y el Fondo Nacional de Fomento al Turismo y, la de Medio Ambiente y Recursos Naturales, mediante la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas y la Comisión Nacional Forestal. También participan en su ejecución la Secretaría de Economía, a través del Fondo Nacional de Apoyo para Empresas en Solidaridad; las Secretarías de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, de la Reforma Agraria y de Desarrollo Social; el Instituto Nacional de Antropología e Historia; Financiera Rural, el Fideicomiso de Riesgo Compartido y la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas.

El Convenio General estableció como meta, la consolidación de 30 rutas de turismo de naturaleza. De éstas, la operacionalización de 15 está bajo la responsabilidad de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Asimismo se planteó la meta de implementar en 15 circuitos la Norma Mexicana NMX-AA-133-SCFI-2006. Requisitos y Especificaciones de Sustentabilidad del Ecoturismo.

Los más recientes datos de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales informan sobre la consolidación en el presente año de dos circuitos, el primero en el Mezquital, Hidalgo; y el segundo en la costa de Veracruz. Aunado a lo anterior se dieron los primeros pasos para implementar la NMX aludida en otros circuitos, a saber: La Encrucijada, Chiapas; Delegaciones Magdalena Contreras, Milpa Alta y Xochimilco del Distrito Federal y en Celestún, Dzilam, de Bravo, Progreso, Tecoh, Telchac Puerto, Uman y Yaxcaba, Yucatán.5

En el marco del Convenio General de Colaboración Interinstitucional se ha promovido la certificación de las empresas prestadoras de servicios de turismo de naturaleza. A la fecha se tienen registradas 37 empresas en 9 entidades federativas.6 A estas empresas se les ha dado difusión mediante su publicidad en páginas de Internet y en directorios de productos sustentables certificados.7

Por su parte, la Secretaría de Turismo, en el marco del Programa de Ecoturismo y Turismo Rural canalizó 2.5 millones de pesos al Instituto Nacional de Antropología e Historia para la elaboración del estudio de viabilidad del proyecto “Estancias Vivas Natura Metzabok”, en el municipio de Ocosingo, Chiapas. El proyecto concluyó exitosamente y el 18 de octubre del año 2011, la SEMARNAT emitió el resolutivo de la Autorización de Impacto Ambiental al desarrollo ecoturístico aludido, mismo que se llevará a cabo en una superficie de 3.9 hectáreas en el área natural protegida con categoría de Area de Protección de Flora y Fauna Metzabok. El desarrollo ecoturístico contará con 15 habitaciones, de las cuales 5 serán suites.8

Asimismo se ejercieron 800 mil pesos para diseñar las marcas turísticas de promoción internacional “Santuarios Naturales de México” y “Ruta de la Selva Lacandona”9 Como parte de la primera marca turística también se invirtieron 24 millones de pesos para filmar el documental “Vuelo de las Mariposas Monarcas” y de esta forma atraer a los turistas internacionales a las zonas de los estados de México y Michoacán donde hibernan las monarcas.10

No obstante lo anterior, los beneficios que conlleva la promoción del turismo de naturaleza mediante la implementación de diversos proyectos turísticos no se distribuye uniformemente en el territorio nacional ya que la mayoría de las rutas se encuentra en el Sureste. Aunado a ello, existen zonas con un alto potencial de desarrollo pero que necesitan recursos presupuestales para poder llevar a cabo los estudios de factibilidad, la capacitación a las comunidades, la construcción de los desarrollos, entre otros.

Más aún los recursos presupuestales no abundan y los asignados no son suficientes para satisfacer la demanda de apoyos. Tan sólo la Secretaría de Turismo asignó 140 millones de pesos para el desarrollo de proyectos y actividades asociadas al turismo de naturaleza en el año 2012, aunque las estimaciones de los recursos requeridos que se calculan son superiores.

Los beneficios que aporta el turismo de naturaleza no sólo contribuyen al desarrollo de las comunidades locales o de las empresas cooperativas que los implementan, sino que también favorecen la conservación y protección de la riqueza natural del país. Además, los turistas que participan en este segmento turístico se sensibilizan respecto de los servicios ambientales que los destinos ofrecen y llegan a conocer un poco más las actividades y costumbres de las comunidades locales. En ese sentido y para dar continuidad a su implementación y expansión es importante que se destinen mayores recursos presupuestales al turismo de naturaleza.

Aunado a lo anterior es importante señalar que la asignación de recursos presupuestales para el desarrollo de actividades y proyectos de turismo de naturaleza será fundamental para cumplir con las disposiciones de la Estrategia 8 “Valoración de los Servicios Ambientales” del Programa de Ordenamiento Ecológico General del Territorio; ya que, en dicha estrategia se prevé el fomento del turismo de naturaleza en las Áreas Naturales Protegidas.11

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de este Honorable Pleno la siguiente proposición con:

PUNTO DE ACUERDO

UNICO.- El Senado de la República del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a que en el proceso de análisis, discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2013, fortalezca los programas de fomento y desarrollo del turismo de naturaleza, incrementando los recursos presupuestales asignados, con objeto de ampliar su cobertura, beneficiar a la población que los implementa y propiciar la conservación de los servicios ambientales y escénicos de las zonas donde esos se desarrollen.

Dado en el Senado de la República del Honorable Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, a 15 de noviembre de 2012.

Sen. María Elena Barrera Tapia”.






De diversos Senadores del grupo parlamentario del PRI, con punto de Acuerdo que exhorta a destinar mayores recursos a los fondos de aportaciones federales, mismo que se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público del Senado el primer resolutivo, y a la Cámara de Diputados el segundo de ellos.

PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE CONMINA AL TITULAR DEL EJECUTIVO FEDERAL A LA CREACION DE UN FONDO CONTINGENTE DESTINADO A SOLVENTAR LA CRISIS FINANCIERA DE LOS ESTADOS Y MUNICIPIOS; ASIMISMO, SE EXHORTA A LA COMISION DE PRESUPUESTO Y CUENTA PUBLICA DE LA CAMARA DE DIPUTADOS A QUE EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACION 2013 DESTINE MAYORES RECURSOS A LOS FONDOS DE APORTACIONES FEDERALES

“Los que suscriben, Senadores, María del Rocío Pineda Gochi, Margarita Flores Sánchez, Lisbeth Hernández Lecona, Mely Romero Celis, Angélica del Rosario Araujo Lara, Blanca María Del Socorro Alcalá Ruiz y Manuel Humberto Cota Jiménez integrantes del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en esta LXII Legislatura del H. Cámara de Senadores, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 108, 109, 110, 276 y demás relativos del Reglamento del Senado de la República, sometemos de manera urgente a consideración de esta Soberanía, la presente proposición con punto de Acuerdo con base en las siguientes:

CONSIDERACIONES

Al día de hoy, legisladores de todos los Grupos Parlamentarios hemos presentado en esta tribuna más de 40 proposiciones con punto de acuerdo exhortando al Ejecutivo Federal y a la Cámara de Diputados, particularmente a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, destinen mayores recursos para los fondos y ramos presupuestales que tienen incidencia o destino en los gobiernos locales y municipales.

Dejando de lado las diferencias en las posturas,y sus respectivas connotaciones, todas y cada una de ellas redundan en un problema de estructura, que es la crisis financiera por la que atraviesan estos niveles de gobierno. Lo anterior hace evidente, que el incremento de la deuda de los estados y municipios está llegado a límites críticos.Cada día, aumenta la lista de gobiernos que declaran abiertamente, déficite insolvencia en sus finanzas públicas.

Frente a este escenario, la discusión ha girado en torno a la deuda financiable y declarada ante Hacienda. Sin embargo, aunque existe suficiente evidencia de quiebras financieras, se ha desvirtuado la complejidad de dicha situación, y la realidad es que los gobiernos locales no cuentan con recursos para su mínimo funcionamiento, como por ejemplo, el pago de nómina, proveedores, alumbrado público, limpieza, servicios de salud, etc.

Cabe puntualizar, que la deuda declarada ante la Secretaría de Hacienda no refleja la deuda real, como lo expuse en un punto de Acuerdo que presenté el pasado mes de septiembre.

Haciendo un análisis de las proposiciones, encontramos que la constante en todas ellas es la solicitud de recursos para palear la insuficiencia presupuestaria y la crisis financiera. Con lo anterior damos cuenta que la situación es generalizada y a pesar de la premura y urgencia, a mi juicio no se le ha considerado en su justa dimensión. En este sentido, considero oportuno venir a ésta máxima tribuna para compartir mi preocupación e invitar a los actores políticos e integrantes de los grupos parlamentarios, sumemos esfuerzos y hagamos valer nuestro deber moral y político, de representar los intereses de los mexicanos, que inevitablemente se verán afectados.

De no tomar acciones preventivas e inmediatas, seremos testigos del futuro caótico, de la inestabilidad económica, política y social que vivirá nuestro país en los próximos años.

Para dimensionar esta problemática y sin el afán de trillar con cifras, cito nuevamente datos estadísticos que convalidan mi preocupación. De acuerdo a datos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la deuda municipal, en el transcurso de la administración que está por concluir, pasó de 14,600 millones de pesos en diciembre del 2006 a 44,800 millones de pesos al segundo trimestre del 2012, lo cual representa un incremento real de 176%. Paralelamente, la deuda estatal creció de 145,000 a 353,000 millones, con un crecimiento de 93%, casi el doble de la observada en las administraciones municipales.

De los 2,456 ayuntamientos que existen en el país, 981 tienen deuda reportada ante ésta Secretaría y 10 concentran el 33.5% de la deuda municipal. El 51% de la deuda se concentra en la banca comercial, el 42% con la banca de desarrollo, y el resto, con sociedades financieras de objeto limitado y objeto múltiple, además de otros acreedores.

Es oportuno precisar, que la mayor parte del endeudamiento a largo plazo es destinado a proyectos de infraestructura, mientras que la deuda a corto plazo se utiliza para mitigar las presiones financieras inmediatas por falta de recursos. Ésta última situación, es la constante en buena parte de los municipios que se encuentran en quiebra técnica.

Sin el ánimo de victimizar a los estados y municipios, ni tampoco librarlos de culpas. Hay que decirlo con todas sus letras, parte de las quiebras y endeudamientos son resultado de las malas administraciones, el mal uso de los recursos y la corrupción. Pero también, es consecuencia de la reducción de las participaciones federales, el incremento de sus poblaciones y por ende en los servicios que brindan, la inequidad en las fórmulas de distribución y asignación de los recursos federales, entre otros. Como podemos dar cuenta, es un problema multifactorial y la realidad es que si no tomamos las medidas pertinentes, el escenario que se avecina evidentemente será negativo.

Ante tal situación, coincido con los especialistas en finanzas públicas, gobernadores, alcaldes, asociaciones de municipios y legisladores que ante esta crisis económica, es preponderante que el Ejecutivo Federal considere la creación de un Fondo Contingente que permita afrontar la insuficiencia financiera de los estados y municipios. En la misma dirección, y en el marco de la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2013, se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública incremente los recursos destinados a los Fondos de Aportaciones Federales que permitan en el mediano plazo, prestar los servicios básicos y restructurar sus finanzas públicas.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración del Pleno de ésta Soberanía la siguiente proposición con:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO.- El Senado de la República conmina al Ejecutivo Federal para que de manera urgente autorice la creación de un Fondo Contingente destinado a solventar la crisis financiera de los estados y municipios.

SEGUNDO.- El Senado de la República exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, de la H. Cámara de Diputados, para que en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2013, destine mayores recursos a los diversos Fondos de Aportaciones Federales para los gobiernos estatales y municipales.

Dado en el Senado de la República, a 15 de noviembre de 2012.

Sen. María del Rocío Pineda Gochi.- Sen. Margarita Flores Sánchez.- Sen. Lisbeth Hernández Lecona.- Sen. Mely Romero Celis.- Sen. Angélica del Rosario Araujo Lara.- Sen. Blanca María del Socorro Alcalá Ruiz.- Sen. Manuel Humberto Cota Jiménez”.






Del Senador Juan Gerardo Flores Ramírez, del grupo parlamentario del PVEM, con punto de Acuerdo que exhorta a considerar la creación de un fondo con recursos presupuestales suficientes para apoyar la transición de los medios públicos a la televisión digital terrestre.

PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA A LA CAMARA DE DIPUTADOS PARA QUE EN EL PROCESO DE ANALISIS, DISCUSION Y APROBACION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACION 2013 SE CONSIDERE LA CREACION DE UN FONDO CON RECURSOS PRESUPUESTALES SUFICIENTES PARA APOYAR LA TRANSICION DE LOS MEDIOS PUBLICOS A LA TELEVISION DIGITAL TERRESTRE

“SENADO DE LA REPUBLICA

LXII LEGISLATURA.

El que suscribe, Senador Juan Gerardo Flores Ramírez integrante del grupo parlamentario Verde Ecologista de México en el Senado de la República, con fundamento en lo dispuesto en losartículos 8, numeral 1, fracción II y 276, numeral 1 del Reglamento del Senado de la República,someto a consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente PROPOSICION CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LA CAMARA DE DIPUTADOS PARA QUE EN EL PROCESO DE ANALISIS, DISCUSION Y APROBACION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACION 2013 SE CONSIDERE LA CREACION DE UN FONDO CON RECURSOS PRESUPUESTALES SUFICIENTES PARA APOYAR LA TRANSICION DE LOS MEDIOS PUBLICOS A LA TELEVISION DIGITAL TERRESTRE.

Lo anterior con base en las siguientes:

CONSIDERACIONES

El pasado 2 de septiembre de 2010, el titular del Ejecutivo Federal publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que se establecen las acciones que deberán llevarse a cabo por la Administración Pública Federal para concretar la transición a la Televisión Digital Terrestre. En tal instrumento, se prevén diversas acciones que deberán llevar a cabo distintas autoridades en el ámbito del propio Ejecutivo Federal con el propósito de concretar la transición a la Televisión Digital Terrestre (TDT). Es importante mencionar que este instrumento, además de lo señalado anteriormente, tuvo como objeto central adelantar las fechas en las que las estaciones de televisión de nuestro país dejarán de emitir señales radiodifundidas bajo el estándar analógico, para sólo continuar transmitiendo señales bajo el estándar digital, en este caso, el estándar elegido por el propio Ejecutivo Federal.

En complemento con lo anterior, con fecha 4 de mayo del presente año, la Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel) publicó el Acuerdo por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Acuerdo por el que se adoptan el estándar tecnológico de televisión digital terrestre y se establece la política para la transición a la televisión digital terrestre en México, publicado el 2 de julio de 2004. Mediante este acuerdo, el órgano regulador estableció un escalonamiento de fechas en las que cada una de las estaciones de televisión que operan en nuestro país apaguen su señal analógica.

Al día de hoy existen 282 estaciones de televisión consideradas como medios públicos, tanto de índole federal como local. Entre estos, existen también otro tipo de diferencias, en algunos casos se trata de estaciones de televisión asignadas a universidades o instituciones de educación superior, en otros se trata de estaciones de televisión con fines culturales, o bien, las hay que forman parte de un gobierno local.

De acuerdo con lo establecido en el Acuerdo del 4 de mayo del 2012, la siguiente tabla indica el orden en que los medios públicos tendrán que realizar la migración al sistema digital:

POBLACIÓN PRINCIPAL

EDO

AÑO

TITULAR

DISTINTIVO

TIJUANA

B.C.

2013

INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL

XHTJB-TV

MONTERREY

N.L.

2013

GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEON

XHMNL-TV

MONTERREY

N.L.

2013

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON

XHMNU-TV

MONTERREY

N.L.

2013

ORGANISMO PROMOTOR DE MEDIOS AUDIOVISUALES

XHOPMT-TV

C.D. MEXICO

D.F.

2014

CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

XHHCU-TDT

C.D. MEXICO

D.F.

2014

ORGANISMO PROMOTOR DE MEDIOS AUDIOVISUALES

XHOPMA-TDT

C.D. MEXICO

D.F.

2014

GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL

XHCDM-TDT

C.D. MEXICO

D.F.

2014

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO

XHUNAM-TV

C.D. MEXICO

D.F.

2014

INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL

XEIPN-TV

GOMEZ PALACIO

DGO.

2014

INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL

XHGPD-TV

CELAYA

GTO.

2014

PATRONATO DE TELEVISION CULTURAL DE GUANAJUATO, A.C.

XHCEP-TV

CELAYA

GTO.

2014

GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO

XHCLT-TV

CELAYA

GTO.

2014

ORGANISMO PROMOTOR DE MEDIOS AUDIOVISUALES

XHOPCE-TV

LEON

GTO.

2014

GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO

XHLEG-TV

LEON

GTO.

2014

ORGANISMO PROMOTOR DE MEDIOS AUDIOVISUALES

XHOPLA-TV

GUADALAJARA

JAL.

2014

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

XHGJG-TV

GUADALAJARA

JAL.

2014

ORGANISMO PROMOTOR DE MEDIOS AUDIOVISUALES

XHOPGA-TV

GUADALAJARA

JAL.

2014

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

XHUDG-TV

CERRO PICO TRES PADRES

MEX.

2014

GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO

XHPTP-TV

JOCOTITLAN

MEX.

2014

GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO

XHGEM-TV

CUERNAVACA

MOR.

2014

INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL

XHCIP-TV

CUERNAVACA

MOR.

2014

GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS

XHCMO-TV

PUEBLA

PUE.

2014

ORGANISMO PROMOTOR DE MEDIOS AUDIOVISUALES

XHOPPA-TV

SAN LUIS POTOSI

S.L.P.

2014

INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL

XHSLP-TV

SAN LUIS POTOSI

S.L.P.

2014

GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

XHSLS-TV

LAS LAJAS

VER.

2014

GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ

XHGV-TV

XALAPA

VER.

2014

ORGANISMO PROMOTOR DE MEDIOS AUDIOVISUALES

XHOPXA-TV

MERIDA

YUC.

2014

ORGANISMO PROMOTOR DE MEDIOS AUDIOVISUALES

XHOPME-TV

AGUASCALIENTES

AGS.

2015

GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES

XHCGA-TV

CHIHUAHUA

CHIH.

2015

SISTEMA REGIONAL DE TELEVISION, A.C.

XHABC-TV

CHIHUAHUA

CHIH.

2015

INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL

XHCHI-TV

SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS

CHIS.

2015

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS

XHSBB-TV

TUXTLA GUTIERREZ

CHIS.

2015

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS

XHTTG-TV

SALTILLO

COAH.

2015

INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL

XHSCE-TV

COLIMA

COL.

2015

GOBIERNO DEL ESTADO DE COLIMA

XHAMO-TV

DURANGO

DGO.

2015

INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL

XHDGO-TV

DURANGO

DGO.

2015

FOMENTO EDUCATIVO Y CULTURAL FRANCISCO DE IBARRA, A.C.

XHUAD-TV

DURANGO

DGO.

2015

UNIVERSIDAD AUTONOMA ESPAÑA DE DURANGO

XHUNES-TV

ACAPULCO

GRO.

2015

GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO

XHACG-TV

CHILPANCINGO

GRO.

2015

GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO

XHHCG-TV

MORELIA

MICH.

2015

GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN

XHMOR-TV

MORELIA

MICH.

2015

ORGANISMO PROMOTOR DE MEDIOS AUDIOVISUALES

XHOPMO-TV

URUAPAN

MICH.

2015

GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN

XHURU-TV

ZAMORA

MICH.

2015

GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN

XHTZA-TV

TEPIC

NAY

2015

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT

XHTPG-TV

MATIAS DE ROMERO

OAX

2015

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA

XHMRE-TV

OAXACA

OAX

2015

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA

XHAOX-TV

OAXACA

OAX

2015

ORGANISMO PROMOTOR DE MEDIOS AUDIOVISUALES

XHOPOA-TV

CANCUN

Q.ROO.

2015

GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

XHNQR-TV

CULIACAN

SIN.

2015

INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL

XHSIN-TV

LOS MOCHIS

SIN.

2015

INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL

XHSIM-TV

CD. OBREGON

SON.

2015

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

XHCOJ-TV

GUAYMAS

SON.

2015

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

XHSGU-TV

HERMOSILLO

SON.

2015

ORGANISMO PROMOTOR DE MEDIOS AUDIOVISUALES

XHOPHA-TV

HERMOSILLO

SON.

2015

UNIVERSIDAD DE SONORA

XHUS-TV

TAMPICO

TAMPS.

2015

ORGANISMO PROMOTOR DE MEDIOS AUDIOVISUALES

XHOPTA-TV

CERRO AZUL

VER.

2015

GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ

XHVCA-TV

COATZACOALCOS

VER.

2015

PATRO. PARA INST. REPET. CANALES DE T.V., COATZ., VER., A.C.

XHCVP-TV

COATZACOALCOS

VER.

2015

GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ

XHGVC-TV

COATZACOALCOS

VER.

2015

ORGANISMO PROMOTOR DE MEDIOS AUDIOVISUALES

XHOPCA-TV

Cabe destacar que para este tipo de estaciones, el marco legal de nuestro país establece una prohibición expresa para que comercialicen publicidad, por tanto, dependen de manera exclusiva de recursos públicos, tanto para su operación como para el despliegue de infraestructura. Este último aspecto es fundamental de cara al proceso de transición a la televisión digital terrestre, proceso para el que todas las estaciones de televisión, independientemente de si son comerciales o públicas, tienen que invertir en la infraestructura de transmisión, así como en la habilitación de estudios de televisión de alta definición y otros gastos relacionados.

El éxito de esta política pública depende de manera fundamental de dos vertientes: a) que las estaciones de televisión, comerciales o públicas, hayan instalado los equipos de transmisión digital necesarios para dar continuidad a las obligaciones previstas en sus títulos de concesión o permisos, según sea el caso; y b) que los hogares cuenten con el equipo adecuado para captar y ver las señales de televisión bajo el estándar digital.

Desafortunadamente, el Decreto del titular del Ejecutivo Federal publicado el 2 de septiembre de 2010, es omiso respecto a los medios públicos, tanto en la parte considerativa como en su articulado. En cambio, el mismo Decreto reconoce tanto en sus considerandos como en su articulado, la necesidad de destinar recursos públicos para ayudar a la población a contar con los equipos receptores necesarios para poder seguir captando señales de televisión al momento en que las estaciones de televisión apaguen sus señales analógicas, o lo que es lo mismo, dejen de transmitir bajo dicho estándar.

De acuerdo con algunos cálculos preliminares, se estima que para apoyar a los cerca de 19.4 millones de hogares de nuestro país que no cuentan con televisiones capaces de recibir y reproducir señales de TDT, se requieren 34,000 millones de pesos, a efecto de dotar a cada uno de ellos con un aparato decodificador que les permita bajar la señal digital y convertirla al formato analógico y en consecuencia, que las señales de TDT puedan verse, convertidas a analógicas, en esos hogares.

De acuerdo con información difundida de manera reciente por Cofetel, tan sólo para equipar a los 205 mil hogares de Tijuana que están en esa situación, se requieren 360 millones de pesos. La ciudad de Tijuana es la primera en la que se apagarán las señales analógicas en nuestro país en marzo de 2013.

En este contexto, las estaciones de televisión pública, afiliadas a la Red de Radiodifusoras y Televisoras Educativas y Culturales de México, A.C. (en lo sucesivo “La Red”) han manifestado en diversas ocasiones su preocupación por entorno complejo en el que se desenvuelven, particularmente por lo que hace a la disponibilidad de recursos suficientes, particularmente para invertir en el equipamiento necesario de cara a la transición a la TDT.

En tal virtud, en opinión de quien propone este punto de acuerdo, ante la ausencia de una política de apoyo bien delineada por el Ejecutivo Federal para el caso de los medios públicos, por ser quien impulsó el adelanto del apagón analógico, es imperativo que la Cámara de Diputados adopte las medidas presupuestales necesarias con la finalidad de que los permisionarios oficiales y concesionarios de medios públicos tengan la posibilidad de llevar a cabo las medidas previstas por el Decreto del 2010 y el acuerdo de Cofetel de mayo de 2012; en este sentido, para concretar la transición anticipada es necesario contar con recursos adicionales a lo enviado en el Anteproyecto de Presupuesto, toda vez que los requerimientos financieros impuestos evitan que se concrete la transición anticipada a la Televisión Digital Terrestre dentro de los plazos establecidos por el titular del Ejecutivo Federal.

En este punto, los representantes de los medios públicos afiliados a La Red han manifestado en diversas ocasiones que no existe oposición a la digitalización por parte de ellos, pero que sus preocupaciones fehacientes y enfáticas estriban en contar con la certidumbre presupuestal para instrumentar tecnológicamente sus estaciones para tales efectos y en los tiempos previstos, en cara de los múltiples recortes presupuestales que ellos mismos han sufrido.

El Decreto publicado por el Poder Ejecutivo para adelantar la digitalización fija plazos que desde la perspectiva de los Medios Públicos será difícil cumplir, debido a la falta de recursos por lo que es indispensable que la Cámara de Diputados realice una valoración minuciosa de las necesidades técnicas y presupuestales requeridas por aquellos medios que no cuentan con suficiencia presupuestaria para atender el compromiso de la conversión tecnológica y así asignen un monto razonable de recursos para atender las obligaciones impuestas por el Ejecutivo Federal.

En tal virtud, se solicita a la Cámara de Diputados, que en la discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio 2013, considere el establecimiento de un fondo destinadoa apoyar exclusivamente a los medios públicos oficiales, educativos o culturales, distintos a los coordinados por el Ejecutivo Federal; para fines de instrumentar exclusivamente proyectos de inversión en infraestructura necesaria para iniciar el tránsito a transmisiones de televisión terrestre abierta bajo el estándar digital, para cuyo efecto, deberá considerarse el establecimiento de reglas especificas para evitar que dicho fondo sea distribuido o asignado en forma discrecional.

Por lo anteriormente expuesto y fundamentado, someto a consideración de esta Soberanía la siguiente proposición con:

PUNTO DE ACUERDO

UNICO: Se exhorta a la Cámara de Diputados para que en el proceso de análisis, discusión y aprobación del presupuesto de egresos de la federación 2013 se considere la creación de un fondo con recursos presupuestales suficientes para concretar la transición digital de los medios públicos.

Salón de sesiones de la H. Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, a 15 de noviembre de 2012.

Sen. Juan Gerardo Flores Ramírez”.

Son todas las propuestas, señor Presidente.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, señora Secretaria, esta Presidencia ratifica los turnos que ha leído la Secretaría.






Se le concede el uso de la palabra al Senador Ismael Hernández Deras, del grupo parlamentario del PRI, para presentar un punto de Acuerdo que exhorta a iniciar acciones y destinar recursos suficientes para el control y combate de la plaga de insectos descortezadores que afecta actualmente los bosques del estado de Durango.

- El C. Senador Ismael Hernández Deras: Con el permiso de la Mesa Directiva, compañeras, compañeros Senadores:

La Sierra Madre Occidental en el país representa un impacto muy importante para los estados de Sonora, Chihuahua, Sinaloa, Durango, Zacatecas, Aguascalientes, Nayarit y Jalisco. La Sierra Madre Occidental cubre 289 kilómetros cuadrados.

La Sierra Madre Occidental ocupa la sexta parte del territorio mexicano, y vengo a someter a consideración de esta Soberanía, el siguiente punto de Acuerdo de urgente resolución, para lo que solicito el apoyo de todas y todos ustedes.

Para exhortar a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y a la Comisión Nacional Forestal para que de manera inmediata se desarrollen acciones, se destinen recursos suficientes para el control de diferentes plagas, pero en especial de una que hoy es un peligro para la actividad forestal cinegética, ecoturística, y por supuesto con un alto impacto social por los miles de mexicanos, millones de mexicanos, en el caso de Durango, miles de duranguenses que viven y dependen de las actividades del bosque.

Hoy el estado de Durango, en esa parte de la Sierra Madre Occidental, está provisto de una importante sierra ampliamente poblada por bosques, la superficie total, en el caso del estado de Durango, es de aproximadamente 12 millones de hectáreas que representa el territorio estatal, más del 40% son boscosas, o sea, estamos hablando sobre 5 millones de hectáreas boscosas, que esta zona de bosques, situada en Durango, hoy en día representa la primera reserva forestal del país, por lo cual también, desde hace varios años, el estado de Durando ocupa el primer lugar en producción maderable a nivel nacional con un aprovechamiento cercano a los 2 millones de metros cúbicos de pies de madera.

La industria forestal y maderable está, sobre todo, ubicada en el 80% de poblaciones con un alto contenido ejidal y comunal, que el otro 20% son pequeñas propiedades que genera, en el caso de Durango, 18 mil empleos directos y 35 mil empleos indirectos, la actividad forestal solamente.

La riqueza que hay en la Sierra Madre Occidental, que atraviesa el estado de Durando, es una riqueza incalculable, con una biodiversidad en materia forestal verdaderamente inmensa. De acuerdo al último inventario, se reportan 27 especies de coníferas, 40 especies de encino y algunas especies tropicales. La importancia es, reitero, económica, ecológica, social y representa para el país una circunstancia que hoy en día tenemos que atender.

El reporte de la Comisión Nacional Forestal señala que se han registrado en los últimos meses 160 incendios que han afectado a cerca de 500 mil hectáreas, o sea, el 10% de la superficie forestal. Esto le provoca problemas en el tema hídrico, sobre todo también a los bosques, a las plantaciones forestales, pero en el tema de, pongo de ejemplo el del estado de Sinaloa, la necesidad de la producción de agua que provoca la Sierra Madre Occidental para una de las zonas de cultivo más ricas del país, en este caso específicamente el tomate en Sinaloa, la producción de agua viene el 90% de la Sierra Madre Occidental ubicada en el estado de Durango.

Debido a los problemas de sequía, esta función hidrológica tiene graves riesgos, hoy en día tenemos que atender pero sobre todo prevenir. Tenemos hoy 122 mil hectáreas con este tipo de circunstancias de plagas de insectos descortezadores, de las cuales hoy 25 mil hectáreas ya son totalmente desertificadas maderablemente hablando.

El problema fitosanitario que se representa en Durango, ha generado cada vez más el riesgo de que esto se vaya a otros estados del país. Habremos de saber que los efectos son verdaderamente dañinos, que han causado ya a la cadena forestal pérdidas en esta cadena productiva de manera muy importante

Por eso hoy, el grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, venimos a plantear y a solicitar su apoyo para dos puntos de Acuerdo:

Primero.- Exhortar al Secretario de Medio Ambiente y de Recursos Naturales, al Ingeniero Juan Rafael Elvira Quezada y al Director General de la Comisión Nacional Forestal, Doctor José Manuel Torres Rojo, para que de manera inmediata inicien acciones y se destinen recursos para el control y combate de estas plagas que están afectando zonas boscosas del estado, y peligran zonas boscosas de nuestros estados vecinos.

Segundo.- Se exhorta al titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales para que, de manera inmediata, rinda un informe pormenorizado a esta Soberanía que contenga:

a) El estado actual de los daños causados por esta plaga y el monto financiero al cual asciende el mismo daño.

b) Las medidas que hasta el momento se han implementando para controlarla.

c) Las medidas de corto, mediano y largo plazo para su prevención y control.

d) Cuál es la extensión y monto necesario para reparar las más de 125 mil hectáreas que hoy en día ya están destrozadas en zonas boscosas con un alto impacto en la vida de comuneros, ejidatarios y pequeños propietarios.

Por su atención y por su apoyo, muchas gracias.

(Aplausos)

Propuesta



- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, Senador Hernández Deras. Como ha sido solicitado por el proponente y con fundamento en los artículos 109 y 110 del Reglamento…

- La C. Senadora María Marcela Torres Peimbert: (Desde su escaño) Señor Presidente.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Sonido en el escaño de la Senadora Marcela Torres, ¿para qué asunto?

- La C. Senadora María Marcela Torres Peimbert: (Desde su escaño) Para preguntarle al Senador si me puedo adherir a su propuesta.

- El C. Senador Ismael Hernández Deras: Por supuesto.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Pido a la Secretaría que tome nota de ello, para la adhesión de quienes están manifestando el interés de sumarse.

Quiero informales, señoras y señores Senadores, que este asunto ha sido solicitado tal y como lo señalé con base en los artículos 109 y 110 del Reglamento, por lo cual se está pidiendo de urgente resolución. Pido a la Secretaría consulte a la Asamblea, en votación económica, si lo considera en ese sentido.

- La C. Secretaria Barrera Tapia: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si el anterior asunto se considera de urgente resolución y se pone a discusión de inmediato. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se considera de urgente resolución, señor Presidente.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, señora Secretaria. Está a discusión este punto de Acuerdo, y ha pedido hacer uso de la palabra el Senador Fidel Demédicis, se le concede el uso de la misma.

- El C. Senador Fidel Demédicis Hidalgo: Muchas gracias. Con su venia, señor Presidente; compañeras y compañeros Senadores:

No sé en qué número de exhorto ya vamos en este Senado de la República para conminar de manera amable, con toda la cortesía parlamentaria que estamos obligados, a las autoridades del ramo para pedirles que hagan su trabajo al cual están obligados a partir del salario que devengan.

En esta tribuna hemos escuchado exhortos para pedirles a las autoridades sanitarias, fitosanitarias, que revisen temas que están devastando a la agricultura de nuestro país. Escuchamos o aprobamos hace unos días el tema del dragón amarillo que está devastando los cítricos de México.

La Comisión de Agricultura y Ganadería y la Comisión de Desarrollo Rural hemos planteado que se le ponga un alto a la posibilidad de invasión de plagas que traen las papas de Estados Unidos, y que hay un secretario, en especial, que insiste en que estas papas ingresen al país. Y nos enteramos hace unos días de que esta parte de introducción tiene que ver como uno de los requisitos, o como una de las condiciones que están poniendo a México para que pueda ser parte del Acuerdo Transpacífico.

El punto de Acuerdo en mención, igual solicita y hace un exhorto al ciudadano Secretario del Medio Ambiente, y al ciudadano Director de la Comisión Nacional Forestal, para que inicien acciones y que se destinen recursos para el control de las plagas que están devastando los bosques de durazno, porque, como bien lo dice el ciudadano Senador que me antecedió en la palabra, existe un riesgo de que esta plaga o estos insectos, llamados descortezadores, invadan no sólo los bosques de Durango, sino que se trasladen a otros bosques del país.

Es decir, el Senado de la República está advirtiendo que existe un riesgo enorme de que nuestros bosques, de por sí ya arrasados por los taladores clandestinos, por los incendios que se provocan en épocas de sequía y que no son controlados, hoy también se vean arrasados por este tipo de insectos, es verdaderamente espeluznante escuchar las cifras que se han venido a exponer aquí, 122 mil hectáreas afectadas, es decir, cuántos árboles viven en 122 mil hectáreas, son miles y miles de árboles de pino, fundamentalmente los que viven en estos bosques, y las autoridades del ramo, como siempre, no están haciendo su trabajo.

Se solicita también al ciudadano Secretario del Medio Ambiente y al Director de la Comisión Nacional Forestal, entregue un informe al Senado.

Yo insisto, compañeras Senadoras y Senadores, este Senado, esta representación del pueblo tiene que convertirse con carácter de urgente en el gran defensor de las causas nacionales, y tiene que convertirse, en consecuencia, en el gran defensor de la agricultura, tiene que convertirse en el gran defensor de la devastación de los bosques y de todos los temas que afecten a nuestro país.

Si nosotros seguimos consintiendo que los que son responsables de estas tareas no hagan su trabajo, bueno, en automático nos convertimos en cómplices. ¿Será suficiente el exhorto? Yo creo que no, yo creo que ya es necesario que se empiecen a hacer las convocatorias, aunque ya se van, dicen, que se empiecen a hacer las convocatorias al Senado de la República para que no solo expliquen, sino que si encontramos responsabilidades, se finquen esas responsabilidades y se empiecen a corregir de fondo los problemas por los que está atravesando el país, como este particular de deforestación de los bosques de Durango, que yo no dudo ni tantito que va a afectar, si no se cuida esta situación, a muchos bosques en el país con las consecuencias que vamos a lamentar todos.

Por su atención, muchísimas gracias.

(Aplausos)

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, Senador Fidel Demédicis.

Para el mismo asunto, tiene el uso de la palabra la Senadora Silvia Garza Galván.

- La C. Senadora Silvia Garza Galván: Gracias, señor Presidente, con su permiso.

Creo que el Senador Ismael Hernández ha traído a esta tribuna un punto muy importante, muy importante porque se están afectando los recursos naturales de México; muy importante porque no le estamos dando la atención debida.

Para que se den una idea, una hectárea de bosque aproximadamente puede tener entre 150 metros a 200 metros cúbicos de madera, el “Decis”, que es el químico con el que se fumiga y se trata esto, aproximadamente cuesta 890 pesos el litro y cubre 20 metros cúbicos de madera, y le dan a los dueños del bosque, cuando tienen este problema, mil pesos por hectárea.

Señores, es una cuestión de presupuesto. Tenemos que mandar también este punto, Senador Ismael Hernández, porque tenemos que mandarlo a Cámara de Diputados, porque el presupuesto que hay para sanidad es muy bajo, necesitamos aumentar; se necesitan 14 mil pesos por hectárea cuando está el insecto porque es un insecto descortezador ya afectando la madera.

Hay otra plaga que también yo creo que habría que traerla también aquí a esta tribuna, que usted lo generalizó, y que va a ser peor que el insecto descortezador, es el “Heno Morita”, es terrible lo que le está pasando a nuestros bosques y está creciendo precisamente por el debilitamiento que presenta, el estrés que presenta el arbolado, los bosques de México.

En Coahuila se incendiaron 320 mil hectáreas, está presente en Arteaga, en maderas del Carmen, en la Sierra de la Madera, en Cuatro Ciénegas, pero esto va a ser en todo México. Así es que, si me permite sumare a su punto, Senador.

Muchas gracias. Es cuanto, señor Presidente.

(Aplausos)

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, Senadora Silvia Garza Galván. No habiendo más oradores en este tema, pido a la Secretaría que consulte a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse dicho punto de Acuerdo.

- La C. Secretaria Barrera Tapia: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse la propuesta presentada. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Es aprobada la propuesta, señor Presidente.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, señora Secretaria. Aprobada la propuesta. Comuníquese.






Se le concede el uso de la palabra a la Senadora Mariana Gómez del Campo Gurza, del grupo parlamentario del PAN, para presentar un punto de Acuerdo por el que el Senado de la República se solidariza con el pueblo de Guatemala ante los acontecimientos causados por el sismo del pasado 7 de noviembre.

- La C. Senadora Mariana Gómez del Campo Gurza: Gracias, señor Presidente; Senadoras y Senadores:

En México sabemos lo que significa en carne propia las consecuencias de un sismo con magnitudes catastróficas. Entendemos mejor que nadie la importancia de la ayuda humanitaria y del respaldo internacional.

El miércoles 7 de noviembre se registró un sismo de 7.3 grados en la escala de Richter en la frontera de Chiapas y Guatemala, el cual tuvo efectos en distintos puntos de México, así como en El Salvador.

Según el Servicio Sismológico Nacional, tuvo un epicentro a 200 kilómetros al suroeste de la capital de Guatemala. Es preciso reconocer que las acciones encabezadas por el Presidente Otto Pérez Molina han sido eficaces.

Muestra de ello es la oportuna declaratoria de alerta roja para todo su territorio nacional. Como hemos podido advertir, gracias a diversos medios de comunicación guatemaltecos, el Departamento de San Marcos, al norte del país, ha sido el más afectado por el temblor.

Hasta este momento se han reportado 52 decesos, 22 ciudadanos desaparecidos, 5 mil 251 personas damnificadas y más de 1.2 millones de personas afectadas.

Este ha sido el sismo más violento que ha azotado esa región en 36 años, y hasta ahora han ocurrido 95 réplicas. En consecuencia, deseo someter a consideración de esta Soberanía con el carácter de urgente resolución el presente punto de Acuerdo en los siguientes términos:

Primero.- El Senado de la República se solidariza con el pueblo y las familias de las víctimas y el gobierno de la República de Guatemala, ante las pérdidas humanas y materiales causadas por el sismo de 7.3 grados en la escala de Richter que se presentó el miércoles 7 de noviembre.

Segundo.- El Senado de la República exhorta respetuosamente al Ejecutivo Federal a ofrecer al gobierno de la República de Guatemala toda la ayuda humanitaria y material posible para el pronto retorno a la normalidad en las comunidades que han sufrido la enbestida de la naturaleza.

Es cuanto, señor Presidente.

Propuesta

PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE EL SENADO DE LA REPUBLICA SE SOLIDARIZA CON EL PUEBLO, LAS FAMILIAS DE LAS VICTIMAS Y EL GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA ANTE LOS ACONTECIMIENTOS CAUSADOS POR EL SISMO DE 7.3 GRADOS EN LA ESCALA DE RICHTER QUE TUVO LUGAR EL PASADO 7 DE NOVIEMBRE

“SEN. ERNESTO JAVIER CORDERO ARROYO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
DE LA CAMARA DE SENADORES
DEL H. CONGRESO DE LA UNION
PRESENTE.

La que suscribe, MARIANA GOMEZ DEL CAMPO GURZA, Senadora a la LXII Legislatura del Congreso de la Unión a nombre propio y de los Senadores del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en los artículos 8 numeral 1 fracción II, 108 y 276 del Reglamento del Senado de la República, someto CON EL CARACTER DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCION a la consideración de esta Soberanía la siguiente: PROPOSICION CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE EL SENADO DE LA REPUBLICA SE SOLIDARIZA CON EL PUEBLO, LAS FAMILIAS DE LAS VICTIMAS Y EL GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA ANTE LOS ACONTECIMIENTOS CAUSADOS POR EL SISMO DE 7.3 GRADOS EN LA ESCALA RICHTER QUETUVO LUGAR LA MAÑANA DEL DIA DE AYER, 7 DE NOVIEMBRE; Y EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL EJECUTIVO FEDERAL A OFRECER AL GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA AYUDA HUMANITARIA; al tenor de los siguientes:

CONSIDERACIONES

PRIMERO.- Un sismo de 7.3 grados Richter se registró la mañana del día de ayer, 7 de noviembre en la frontera Guatemala-Chiapas, el cual se tuvo efectos en distintos puntos de México, así como en el Salvador.

SEGUNDO.- El sismo tuvo lugar a las 10:35 hrs según el Servicio Sismológico Nacional (SSN) con epicentro a 200 kilómetros al suroeste de la capital de Guatemala, frente a las playas de Champerico, en el departamento sureño de Retalhuleu.

TERCERO.- Las acciones encabezadas por el presidente guatemalteco, Otto Pérez Molina han sido eficaces, quien inmediatamente declaró Alerta Roja para todo el territorio nacional y ordenó la evacuación de edificios públicos como medida de precaución.

CUARTO. Diversos medios de comunicación guatemaltecos señalan que el departamento de San Marcos al norte del país ha sido el más afectado por el temblor, en donde las autoridades han reportado al menos 35 decesos y más de medio centenar de viviendas, comercios e infraestructura destruidas.

QUINTO. Por su situación geográfica, el territorio de Guatemala -al igual que el sureste mexicano- es propenso a sismos ya que se encuentra ubicado entre las placas tectónicas de Norteamérica, del Caribe y de Cocos. México no está exento de este tipo de fenómenos naturales ya que por nuestro territorio se encuentra también la placa del Pacífico.

En consecuencia, se somete a consideración de esta Soberanía, CON EL CARACTER DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCION el presente:

PUNTO DE ACUERDO, CON LAS SIGUIENTES RESOLUCIONES

PRIMERO.- EL SENADO DE LA REPUBLICA SE SOLIDARIZA CON EL PUEBLO, LAS FAMILIAS DE LAS VICTIMAS Y EL GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA, ANTE LAS PERDIDAS HUMANAS Y MATERIALES CAUSADAS POR EL TEMBLOR DE 7.3 GRADOS EN LA ESCALA DE RICHTER QUE SE PRESENTO EL DIA DE AYER, MIERCOLES 7 DE NOVIEMBRE.

SEGUNDO.- EL SENADO DE LA REPUBLICA EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL EJECUTIVO FEDERAL A OFRECER AL GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA TODA LA AYUDA HUMANITARIA Y MATERIAL POSIBLE PARA EL PRONTO RETORNO A LA NORMALIDAD EN LAS COMUNIDADES QUE HAN SUFRIDO LA EMBESTIDA DE LA NATURALEZA.

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Senadores, a 8 de noviembre de 2012.

Atentamente

Sen. Mariana Gómez del Campo Gurza”.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias Senadora Mariana Gómez. Como ha sido solicitado por la misma proponente, y conforme a los artículos 109 y 110 de nuestro Reglamento, pido a la Secretaría consulte a la Asamblea, en votación económica, si es de considerarse de urgente resolución dicho punto de Acuerdo.

- La C. Secretaria Barrera Tapia: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si el anterior asunto se considera de urgente resolución y se pone a discusión de inmediato. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se considera de urgente resolución, señor Presidente.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, señora Secretaria. En consecuencia, está a discusión dicho punto de Acuerdo. No habiendo quien haga uso de la palabra, pido a la Secretaría que consulte a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse dicho punto de Acuerdo.

- La C. Secretaria Barrera Tapia: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse la propuesta presentada. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se aprueba, señor Presidente.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, señora Secretaria. Aprobada la propuesta. Comuníquese.






Se le concede el uso de la palabra a la Senadora Lorena Cuéllar Cisneros, para presentar un punto de Acuerdo que exhorta a los poderes ejecutivos de los estados de Tlaxcala y de Aguascalientes a publicar la información relativa a los programas sociales.

- La C. Senadora Lorena Cuéllar Cisneros: Con su permiso, señor Presidente.

En ejercicio de la facultad que me confieren los artículos 8, numeral 1, fracción II y 276, fracciones I y II del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta Soberanía la siguiente proposición con punto de Acuerdo por el que se exhorta a los poderes ejecutivos de los estados de Tlaxcala y Aguascalientes a publicar información relativa a los programas sociales, bajo la siguiente exposición de motivos:

En días pasados, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, CONEVAL, presentó el inventario de programas y acciones sociales, federales y estatales, esfuerzo que tiene como objetivo contribuir a homogeneizar, estructurar y sintetizar información de programas y acciones sociales federales y de los estados para el análisis y toma de decisiones en la materia.

Este inventario concentra y sistematiza la información de 2 mil 391 programas y acciones de desarrollo social de las 32 entidades del país; su metodología de integración tiene como base la dimensión del bienestar económico y de derechos sociales expresados en la Ley General de Desarrollo Social tales como educación, salud, alimentación, vivienda, disfrute de un medio ambiente sano, trabajo y seguridad social y los relativos a la no discriminación en términos de la Constitución.

Metodológicamente, para su integración, la búsqueda de información se dio en los portales de Internet de los gobiernos estatales ubicando tres fuentes: Presupuesto de Egresos, Cuenta de la Hacienda Pública y el Informe de Gobierno de cada entidad.

Si bien, en general existen carencias de disponibilidad de información en dichos portales, es alarmante que ésta sea nula para el caso de los estados de Aguascalientes y Tlaxcala, entidad que represento ante esta Soberanía.

La ausencia de registros sobre el uso o destino de programas sociales excluye a ambos estados en la integración del inventario ya mencionado, lo que impide contar con una herramienta que fortalezca los mecanismos de rendición de cuentas de los programas sociales, elemento clave para el fortalecimiento de la democracia y para cerrar las ventanas a la discrecionalidad y su manejo con fines electorales.

Cabe mencionar que en las leyes de acceso a la información de ambos estados se encuentra prevista la obligación para sistematizar y poner al alcance de la población información detallada de planes y programas de gobierno tales como montos presupuestales, uso y aplicación de los mismos, a través de sistemas de información por Internet.

La omisión de grandes gobiernos estatales, contraviene además el sentido de derecho a la información alentado desde el 2011 por la Asamblea General de las Naciones Unidas, para garantizar que los ciudadanos cuenten con los elementos suficientes para opinar, evaluar y ejercer medidas de control social a la gestión pública.

Un gobierno que se precie de ser democrático, no puede coartar el derecho que tienen los ciudadanos a conocer cómo se ejercen los recursos públicos en general, menos aún aquellos que están destinados al gasto social, por lo que debemos proteger los mecanismos de difusión.

Una sociedad informada es base para la construcción de una ciudadanía democrática y es deber del Estado establecer los mecanismos institucionales que fomenten la transparencia y promuevan la responsabilidad entre servidores públicos.

Por lo anterior, someto a la consideración de esta Soberanía la presente propuesta con punto de Acuerdo:

UNICO.- El Senado de la República exhorta de manera respetuosa a los poderes ejecutivos de los estados de Tlaxcala y Aguascalientes, a publicar y entregar al Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, la información relativa a los programas sociales, de conformidad con las disposiciones legales vigentes en materia de transparencia y acceso a la información gubernamental.

Es cuanto, señor Presidente.

Propuesta

PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA A LOS PODERES EJECUTIVOS DE LOS ESTADOS DE TLAXCALA Y DE AGUASCALIENTES A PUBLICAR LA INFORMACION RELATIVA A LOS PROGRAMAS SOCIALES

“La suscrita, Senadora Lorena Cuéllar Cisneros, integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXII Legislatura de la H. Cámara de Senadores, perteneciente, en ejercicio de la facultad que me confieren los artículos 8, numeral 1, fracción II, y 276, fracción 1 y 2 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta Soberanía la siguiente PROPOSICION CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LOS PODERES EJECUTIVOS DE LOS ESTADOS DE TLAXCALA Y AGUASCALIENTES, A PUBLICAR INFORMACION RELATIVA A LOS PROGRAMAS SOCIALES, bajo la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

En días pasados, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, CONEVAL, presentó el Inventario de Programas y Acciones Sociales Federales y Estatales; esfuerzo que tiene como objetivo contribuir a homogenizar, estructurar y sintetizar la información de programas y acciones sociales federales y de los estados para el análisis y toma de decisiones en la materia.

Este Inventario concentra y sistematiza la información de 2,391 programas y acciones de desarrollo social de las 32 entidades del país; su metodología de integración tiene como base la dimensión de bienestar económico y de derechos sociales expresados en la Ley General de Desarrollo Social tales como educación, salud, alimentación, vivienda, disfrute de un medio ambiente sano, trabajo y seguridad social y los relativos a la no discriminación en términos de la Constitución.

Metodológicamente, para su integración, la búsqueda de información se dio en los portales de internet de los gobiernos estatales ubicando tres fuentes: Presupuesto de Egresos, Cuenta de la Hacienda Pública y el Informe de Gobierno de cada entidad.

Si bien, en general existen carencias de disponibilidad de información en dichos portales, es alarmante que esta sea nula para el caso de los Estados de Aguascalientes y Tlaxcala, entidad que represento ante esta soberanía.

La ausencia de registros sobre el uso o destino de programas sociales excluye a ambos Estados en la integración del Inventario ya mencionado, lo que impide contar con una herramienta que fortalezca los mecanismos de rendición de cuentas de los programas sociales, elemento clave para el fortalecimiento de la democracia y para cerrar las ventanas a la discrecionalidad y su manejo con fines electorales.

Cabe mencionar que en las Leyes de Acceso a la Informaciónde ambos Estados se encuentra prevista la obligación para sistematizar y poner al alcance de la población la información detallada de planes y programas de gobierno, tal como montos presupuestales, uso y aplicación de los mismos, a través de sistemas de información por Internet.

La omisión de ambos gobiernos estatales, contraviene además el sentido de derecho a la información alentado desde 2011 por la Asamblea General de las Naciones Unidas para garantizar que los ciudadanos cuenten con los elementos suficientes para opinar, evaluar y ejercer medidas de control social a la gestión pública.

Un gobierno que se precie de ser democrático, no puede coartarel derecho que tienen los ciudadanos a conocer cómo se ejercen los recursos públicos en general, menos aún, aquellos que están destinados al gasto social, por lo que debemos proteger los mecanismos de difusión.

Una sociedad informada es base para la construcción de una ciudadanía democrática, y es deber del Estado establecer los mecanismos institucionales que fomenten la transparencia y promuevan la responsabilidad entre servidores públicos.

Por lo anterior, someto a la consideración de esta Soberanía la presente propuesta con:

PUNTO DE ACUERDO

UNICO.- El Senado de la República exhorta de manera respetuosa a los poderes ejecutivos de los estados de Tlaxcala y Aguascalientes, a publicar y entregar al Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, la información relativa a los programas sociales, de conformidad con las disposiciones legales vigentes en materia de transparencia y acceso a la información gubernamental.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, a 13 de noviembre de 2012.

Lorena Cuéllar Cisneros

Senadora por el estado de Tlaxcala”.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, Senadora Cuéllar Cisneros. Túrnese a la Comisión de Desarrollo Social.

¿Para qué asunto?, Senador Miguel Romo.

- El C. Senador Miguel Romo Medina: (Desde su escaño) Para hechos y hacer una aportación, solamente quiero hacer un comentario, una información que puede ser útil a la comisión, muy breve.

- El C. Presidente Aisupuro Torres: Señor Senador, informo a usted que de acuerdo a nuestro Reglamento, este tema no está a discusión, se está enviando a la comisión para que la propia comisión se pueda hacerle llegar toda la información que se considere necesario, en virtud de que no se puso a discusión, porque la misma proponente está pidiendo que se envié a la Comisión de Desarrollo Social.

Por eso, en virtud de ello, no procedería a hacer uso de la palabra en este momento.

Sonido en el escaño del Senador Miguel Romo.

- El C. Senador Miguel Romo Medina: (Desde su escaño) Gracias, señor Presidente, no es para efectos de discusión, solamente para informar que se va a adicionar al punto de Acuerdo una información que la propia Senadora me permití hacerle llegar para su punto de Acuerdo en donde se enriquece a la propia comisión un comunicado donde el gobierno del estado de Aguascalientes envía al CONEVAL, en donde refiere todos los links y toda la información que está contenida de estos programas, para su estudio, análisis y discusión.

Es cuanto, señor Presidente.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, Senador Miguel Romo, quedan registrados sus comentarios, y desde luego, que usted pueda hacerle llegar la información de manera directa a la Senadora Lorena Cuéllar y a la propia comisión.






Se recibió del Senador David Penchyna Grub, del grupo parlamentario del PRI, un punto de Acuerdo que exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal a enviar un informe sobre la situación actual de la deuda pública federal, de las entidades federativas y municipios, la cual se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Publico.



Finalmente, compañeras y compañeros Senadores, informo a ustedes que esta Mesa Directiva recibió 3 Acuerdos suscritos por los integrantes de la Junta de Coordinación Política, por lo que solicito a la Secretaría dé lectura a los Acuerdos.






JUNTA DE COORDINACION POLITICA

- La C. Secretaria Barrera Tapia: (Leyendo)








Doy lectura al segundo Acuerdo.








Doy lectura al tercer Acuerdo.



Es todo, señor Presidente.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias. Consulte la Secretaría a la Asamblea, en  votación económica, si son de aprobarse dichos Acuerdos presentados por la Junta de Coordinación Política.

- La C. Secretaria Barrera Tapia: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si son de aprobarse los Acuerdos antes referidos. Quienes estén porque se aprueben, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se aprueben, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se aprueban los Acuerdos, señor Presidente.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias. Aprobados los Acuerdos. Comuníquense.

Compañeras y compañeros Senadores, les informo que las demás proposiciones inscritas en la agenda de hoy se turnarán a comisiones. Los Senadores que deseen mantener inscrita su proposición, sólo deberán de hacerlo del conocimiento de la Mesa Directiva o de la Secretaría Parlamentaria.






PROPUESTAS

De la C. Senadora María Elena Barrera Tapia, del grupo parlamentario del PVEM, que contiene punto de Acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo Federal a garantizar la atención del cien por ciento de los pacientes que padecen diabetes. Se turna a la Comisión de Salud.

PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA AL EJECUTIVO FEDERAL A GARANTIZAR LA ATENCION DEL CIEN POR CIENTO DE LOS PACIENTES QUE PADECEN DIABETES

“SENADO DE LA REPUBLICA

LXII LEGISLATURA
H. ASAMBLEA:

La diabetes es una enfermedad crónico degenerativa, porque tiende a progresar con el tiempo y no es curable. Sus síntomas incluyen sed, hambre, ganas constantes de orinar, cansancio y pérdida de peso; una vez que se ha realizado el diagnostico (por medio de una sencilla prueba de sangre), una de las primeras acciones es apoyar al paciente con medicamentos, cambio de estilo de vida y sobre todo llevar una dieta específica.A nivel mundial, durante 2011 la diabetes causó la muerte de 4.6 millones de personas.

La obesidad, se encuentra entre los principales factores de riesgo que incrementa la probabilidad de padecer diabetes; en América Latina, entre el 7% y 12% de los niños menores de 5 años y una quinta parte de los adolescentes son obesos, mientras que en los adultos se aproximan al 60%.1

La Asociación Americana de Diabetes (ADA, por sus siglas en inglés) y la Asociación Europea para el Estudio de la Diabetes (EASD, por sus siglas en inglés) recomiendan en sus guías de práctica clínica, que los tratamientos sean centrados en el paciente, es decir, proveyendo un cuidado respetuoso y responsivo para las preferencias, necesidades y valores de cada paciente y asegurándose de que los valores del paciente guíen cada decisión clínica2.

Al integrar al paciente en la toma de decisiones, es posible aumentar la adherencia al tratamiento, comprometerlo y facilitar la satisfacción con el mismo. Paralograr integrar al paciente en las decisiones, la educación es fundamental.

La diabetes Tipo I es común en la gente joven, y se presenta cuando el cuerpo deja de producir insulina; en la Tipo II, la insulina que se produce no se utiliza de manera adecuada o bien es defectuosa y, como ya se mencionó, se asocia con el sobrepeso, sedentarismo y herencia. La diabetes Tipo I es mayor en la población joven, invirtiéndose este comportamiento a partir de los 25 años, en donde el egreso hospitalario se debe en su mayoría a la diabetes Tipo II.

Existe también la denominada diabetes gestacional, se presenta durante el embarazo, que es factor de riesgo ya que se puede desarrollar la diabetes Tipo II de 5 a 10 años después del parto. La prevención de este tipo de diabetes no es posible y dadas las complicaciones que genera para la madre y el producto, se realizan estudios de manera rutinaria a las embarazadas con el fin de detectarla y, en caso de ser positiva, remitirla con el especialista adecuado.

Durante 2010, la incidencia más alta de diabetes gestacional se presenta entre las mujeres embarazadas de 25 a 44 años de edad, seguida por las mujeres de 20 a 24 años; lo que resulta relevante porque permite conocer los casos nuevos de este padecimiento, especialmente en la población joven y con ello, realizar intervenciones adecuadas para evitar los riesgos posteriores tanto para la madre como para el recién nacido.

La diabetes tiene una dinámica propia en cada grupo etario, durante 2010 en México, el grupo de población con mayor egreso hospitalario por diabetes es el de 75 a 79 años, afectando principalmente a las mujeres (983 mujeres y 897 hombres por cada 100 mil personas del mismo grupo de edad). Resulta preocupante que la morbilidad hospitalaria se va incrementando conforme avanza la edad, alcanzando la variación para algunos grupos de edad casi el doble; por ejemplo, entre la población de 35 a 39 años, salen del hospital por diabetes 59 de cada 100 mil personas; entre los 40 a 44 años son 109 y en la población de 45 a 49 años, 205 personas3. (3)

Es importante generar políticas de atención para la reducción de la obesidad en la población mexicana, ya que está comprobado que la obesidad es factor que ayuda a la proliferación de la diabetes.

En 2010 del total de egresos hospitalarios debidos a diabetes, se identificaron como las principales complicaciones las circulatorias periféricas (24%) y las renales (19.6%); considerando que algunos pacientes con complicaciones renales terminarán con hemodiálisis y la necesidad de un trasplante4.

La tasa de letalidad más alta de diabetes en 2010, se observa en la población de 80 años y más (9.83 por cada 100 egresos hospitalarios por diabetes), seguido por el grupo de 75 a 79 años (7.81) y el de 70 a 74 años (6.74).

Si bien se podría pensar que no es tan relevante porque está relacionada con la esperanza de vida y el ciclo de vida del mexicano, sería importante conocer también la calidad de vida, el gasto en salud, el impacto en los cuidadores primarios, el empobrecimiento relacionado con la salud, para analizar la situación real y el contexto en la que se da un fallecimiento a esa edad por consecuencias de esta enfermedad.

En México, la tasa de mortalidad más alta observada en 2010 por diabetes se presenta en el Distrito Federal (104 casos por cada 100 mil habitantes) seguido de Veracruz (88 casos) y Morelos (87 casos), mientras que las tasas más bajas se registran en Quintana Roo (42 casos por cada 100 mil), Baja California Sur (43 casos) y Chiapas (48 casos).

Por tipo de diabetes en 2010, la Tipo II (no insulinodependiente), fallecieron 45 de cada 100 mil personas, mientras que únicamente una sola persona murió a causa de la diabetes Tipo I (insulinodependiente).

El reto más importante en México, para la prevención, tratamiento ycontrol de la Diabetes Mellitus es sin duda contar con un registro único de pacientes diabéticos lo quepermitiría tener información exacta para conocer la incidencia y prevalencia de casos por institución.

El primer paso es contar y fortalecer con enfermeras o técnicos en atención primaria que realicen la detección oportuna a través de un sistema de información único y que permita la continuidad de la atención médica, nutricional, psicológica; apoyo de laboratorio y promoción de la actividad física; lo cual permitiríacalcular los insumos necesarios y suficientes para la atención integral del 100% de los casos, garantizando el adecuado abasto y distribución de medicamentos y reactivos.

Es por eso que creemos necesario y primordial, que el gobierno federal haga los mayores esfuerzos para que con base a educación, apoyo psicológico, y médico; se eleve el nivel de vida de los que padecen esta enfermedad crónico degenerativa, y que los va minando en su salud, y sus bolsillos; motivo por el cual proponemos el siguiente punto de Acuerdo, en el marco del Día Mundial de la Diabetes celebrado el 14 de noviembre.

PUNTO DE ACUERDO

Unico. Se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud a garantizar la atención integral del cien por ciento de los pacientes diabéticos mediante:

1. La implementación de un sistema de registro único de pacientes.

2. La continuidad a la atención médica, nutricional, psicológica, apoyo de laboratorio y promoción de actividad física en los pacientes.

3. Garantizar un adecuado abasto y distribución de medicamentos y reactivos.

4. Supervisar y controlar la adherencia al tratamiento.

Dado en el recinto del Senado de la República, a 15 de noviembre de 2012.

Sen. María Elena Barrera Tapia”.






Del C. Senador David Monreal Avila, del grupo parlamentario del PT, que contiene punto de Acuerdo sobre la segunda edición del Buen Fin. Se turna a la Comisión de Comercio y Fomento Industrial.








De la C. Senadora Ana Gabriela Guevara Espinoza, a nombre y representación del grupo parlamentario del PT, que contiene punto de Acuerdo para que el Senado tome diversas decisiones en torno al centenario del fallecimiento del Doctor Belisario Domínguez. Se turna a las Comisiones de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias y de la Medalla Belisario Domínguez.

PUNTO DE ACUERDO PARA QUE EL SENADO TOME DIVERSAS DECISIONES EN TORNO AL CENTENARIO DEL FALLECIMIENTO DEL DOCTOR BELISARIO DOMINGUEZ

“De la Senadora ANA GABRIELA GUEVARA, integrante de la LXII Legislatura de la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión, a nombre y representación del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8, fracción II; 76, fracción IX, 108, 276, y demás aplicables del Reglamento del Senado de la República, presento ante esta Honorable Asamblea, la siguiente PROPOSICION DE PUNTO DE ACUERDO PARA QUE EL SENADO TOME DIVERSAS DECISIONES EN TORNO AL CENTENARIO DEL FALLECIMIENTO DEL DOCTOR BELISARIO DOMINGUEZ, de conformidad con las siguientes:

CONSIDERACIONES

1.- El próximo año 2013 se cumple el primer centenario del fallecimiento del mártir chiapaneco Dr. Belisario Domínguez Palencia. Ya hay propuestas para declarar el año 2013 como “Año del Centenario del Doctor Belisario Domínguez” y propuestas de medalla conmemorativa, propuestas de esculturas y parques conmemorativos.

2.- Esta propuesta se dirige a REIVINDICAR una parte intangible aunque mayúscula del Doctor Domínguez, es la que se refiere al sentido de su vocación, de su valentía y de su irrestricto apego a la verdad.

Dejemos de lado su potencia opositora, su confrontación temeraria contra el poder, su tenacidad por expresar abiertamente su opinión sin importar la dimensión de la fuerza maquinal que cuestionaba, sin importar la reacción de toda la estructura que apoyaba al autócrata. Y sin importar los riesgos inmediatos que respiraba en esa época el país.

Al dejar de lado lo anterior, resta la profundidad filosófica de la relación del ser humano con la verdad. La verdad que está ahí y está desesperadamente oculta por quienes tienen pavor a las revelaciones. La verdad está ahí y está secuestrada por quienes viven de la mentira que ha sido conseguida con engaños, con farsas, con miedo, con ignorancia, con armas. La verdad está ahí y se encuentra rigurosamente vigilada por una enorme estructura de fantasías, de palabras vanas, de manipulaciones de altísimo costo cultural y financiero. La verdad que sigue ahí y quienes se atreven a emitirla, investigarla y describirla pagan consecuencias lamentables de toda naturaleza.

3.- La verdad y el ser humano tienen una relación difícil y que permanece en el tiempo con distintas modalidades y distintas formas de pronunciarla,ocultarla, evadirla y reprimirla. Tenemos en estos tiempos muchos ejemplos de ello. La verdad sigue perseguida, cautiva, administrada y cuidadosamente oculta. Por ello se mienta en todos lados porque finalmente no está en ninguno. Se presentan algunos destellos pero nunca en su totalidad. Por eso México figura en una oprobiosa lista de impunidad y corrupción, porque falta mucho de la verdad; sin embargo hay quienes sí se atreven a enunciarla y su vida corre un destino trágico, como es el caso de los periodistas que han pagado con su vida el hecho de informar sobre la verdad.

2.- México tiene una enorme lista de periodistas asesinados en los últimos años: Setenta. Son ellas y ellos los que trataron con la verdad y ahora no están con nosotros; son ellos los herederos reales de la vocación de Belisario Domínguez; son ellos quienes fueron segados de su vida por su relación con la verdad. Los últimos cuatro crímenes se documentaron en Veracruz. Las víctimas: Regina Martínez, Guillermo Luna, Gabriel Huge y Esteban Rodríguez

3.- Por ello, este punto de acuerdo quiere refrendar realmente el espíritu del arrojo de Belisario Domínguez en varios sentidos. Uno, añadir a las propuestas de medalla, año y parque, la reproducción íntegra de su discurso en materia durable aquí en el Senado, en un lugar visible al público. Dos, que el centenario del asesinato de Belisario Domínguez, se reivindique a los periodistas asesinados en los últimos cien años, su historia y su destino, con énfasis a los caídos en los últimos sexenios y tres, reivindicar la valentía de Belisario Domínguez en la enseñanza escolar, su historia y las circunstancias de su muerte con la edición masiva de una biografía gratuita.

Por todo lo anterior, sometemos a la consideración de esta Asamblea el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO.

UNO.- El Senado de la República acuerda inscribir en un muro público en el parque contiguo al Senado, el discurso íntegro del Senador Belisario Domínguez por el que fue artera y cobardemente asesinado.

DOS.- El Senado de la República acuerda emitir una biografía en formato de libro rústico, en edición gratuita, con posibilidad de coedición para mayor difusión, del Doctor Belisario Domínguez con motivo del centenario de su asesinato.

TRES.- El Senado de la República acuerda en el marco de los eventos en torno al Centenario del fallecimiento del Doctor Belisario Domínguez, aludir explícitamente a quienes han seguido su vocación, los periodistas asesinados por el cumplimiento de su deber en los últimos sexenios que han reivindicado honrosamente la decisión por la verdad e insertarlos permanentemente en su portal de Internet en un enlace que fije sus nombres y una reseña biográfica para conocimiento y consulta de los ciudadanos.

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Senadores, a 13 de noviembre de 2012.

Atentamente

Sen. Ana Gabriela Guevara Espinoza”.






Del C. Senador David Monreal Avila, del grupo parlamentario del PT, que contiene punto de Acuerdo para la creación de cooperativas y proyectos productivos, con objeto de erradicar la dependencia a las remesas de las comunidades expulsoras de migrantes. Se turna a la Comisión de Trabajo y Previsión Social.








Del C. Senador David Monreal Avila, del grupo parlamentario del PT, que contiene punto de Acuerdo para prevenir y detectar la diabetes tipo I en niños y jóvenes. Se turna a la Comisión de Salud.

PUNTO DE ACUERDO PARA PREVENIR Y DETECTAR LA DIABETES TIPO I EN NIÑOS Y JOVENES

“DAVID MONREAL AVILA, integrante de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 8, fracción II del Reglamento del Senado de la República, presento ante esta Honorable Asamblea la siguiente proposición con punto de Acuerdo, al tenor de la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

La diabetes mellitus (DM), es la enfermedad crónica degenerativa más común en el mundo, actualmente afecta a 346 millones de personas en la tierra y de no intervenir para minimizarla podría duplicarse para el año 2030.1

Ante estas alarmantes cifras, la Organización Mundial de la Salud (OMS), reconoció a la enfermedad de la diabetes mellitus como una amenaza mundial; así mismo, señaló que tan sólo en el año 2005 fallecieron 1.1 millones de personas por está enfermedad.

Casi el 80 por ciento de los decesos derivados por la diabetes, ocurren en los países subdesarrollados, pues no cuentan con la suficiente infraestructura, ni con la educación en prevención, mucho menos con médicos especialistas para enfrentar dicha patología.

Nuestro país de ninguna manera es ajeno a la diabetes mellitus, la asociación civil El Poder del Consumidor (EPC) señala que dicha enfermedad va en aumento, las defunciones en el presente año son impactantes, 89,414 lo que representa un incremento de casi 100 por ciento, respecto a la cifra de 2000.2

México, tristemente ocupa el décimo lugar en prevalencia de diabetes en el mundo y se estima que para el año 2030 avanzaremos dos o tres posiciones; en nuestro país, esta enfermedad es una de las tres principales causas de muerte, tanto en hombres como en mujeres.

Un sector de la población que no se salva de padecer la diabetes son los infantes y los jóvenes, ellos pudieran tenerdiabetes mellitus Tipo I (DM1) y no saberlo, actualmente es una de las enfermedades crónicas que más afecta a los menores de edad, así lo demuestra un estudio realizado por la OMS.3

Por su parte la Federación Mexicana de la Diabetes, estima que entre 5 y 10 por ciento de los pacientes diagnosticados, padecen la DM1, presentándose con mayor frecuencia en niños y jóvenes; sin embargo, se puede desarrollar a cualquier edad.

De manera muy general podemos decir que la DM1, es la diabetes que requiere insulina exógena para su tratamiento, dicho padecimiento se presenta por lo general antes de los 15 años de edad.

La diabetes juvenil, es una enfermedad que requiere de un adecuado cuidado y control durante toda la vida del paciente, ya que tristemente se trata de una patología crónica e incurable.

Sin embargo y no obstante que la DM1 no tiene cura, llevada con un estricto control, dieta balanceada, ejercicio habitual y el correcto tratamiento médico puede tenerse una vida prácticamente normal.

La DM1 es un problema de salud federal y de no ser atendida con prontitud provocará fuertes problemas en la población juvenil; dos factores que influyen directamente para que se desarrolle esta enfermedad es el sobrepeso y la precaria alimentación que tienen los niños y jóvenes mexicanos.

El estilo de vida moderno, la falta de tiempo y/o de recursos económicos en los hogares, provoca que en las casas cada vez haya menos productos frescos y de calidad; no siempre se pueden adquirir los productos sanos de la canasta básica, lo que provoca que se abastezcan a base de pan y tortillas en lugar de verduras, pollo, huevo, etc., es decir, la infancia mexicana no cuenta con una dieta balanceada y mucho menos nutritiva, lo que se refleja en una efímera salud.

Las cifras sobre la diabetes van en aumento, tan sólo en la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2012 (Ensanut), se señaló que la proporción de mexicanos con esta enfermedad crónica pasó de 7 a 9.1 por ciento a nivel nacional, lo que representa que 6.4 millones de personas tengan diabetes 4

La Ensanut, aseguró que 48 millones de adultos mayores están por arriba de su peso, estas cifras revelan el panorama nacional que existe en México y es un advertencia de que debemos mejorar las políticas en materia de salud pública.

Por si esto fuera poco, 94.7 por ciento de los pacientes de diabetes en nuestro país, no cuentan con ningún tipo de control, lo que conduce a que incremente drásticamente el riesgo de sufrir una discapacidad y en el peor de los escenarios la muerte.

Mauricio Hernández, director del Instituto Nacional de Salud Pública (INSP), reconoció que “México se encuentra fuera de los estándares internacionales de un buen control de diabetes, que debería llegar al 50 por ciento y sólo alcanza el 20 por ciento”.5

El día de ayer, 14 de noviembre, se celebró el Día Mundial de la Diabetes, el objetivo de tener un día del año dedicado a esta enfermedad es el de concientizar el problema que acarrea la patología en cuestión.

Por ello, en México se necesita establecer políticas, acciones y programas eficaces y eficientes que contribuyan a reducir el número de pacientes con diabetes, en especial en los niños y jóvenes.

Por tal razón colegas legisladores y legisladoras, el objetivo del Punto de Acuerdo es el de implementar un programa que sensibilice, prevenga y detecte la diabetes mellitus tipo 1, entre los niños y jóvenes.

La base de este programa deberá ser la educación y concientización de la importancia de llevar una dieta sana y nutritiva; así mismo, se debe de fomentar el ejercicio físico habitual y seguir plenamente controles médicos.

Derivado de lo anterior, someto a consideración de esta Honorable Soberanía el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO.-Que esta H. Soberanía exhorte respetuosamente al Poder Ejecutivo Federal para que a través de las Secretarías de Salud y de Educación Pública, implementen un programa exhaustivo de difusión sobre la prevención y detección oportuna de la diabetes mellitus tipo 1, en todas las escuelas de educación primaria, secundaria y medio superior.

SEGUNDO.- Que esta H. Soberanía exhorte respetuosamente a las Secretarías de Salud Estatales con el objeto de implementar acciones y programas específicos, encaminados a prevenir desde la infancia, esta terrible enfermedad.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, a 15 de noviembre de 2012”.






Del C. Senador Sofío Ramírez Hernández, del grupo parlamentario del PRD, que contiene punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Comisión Federal de Electricidad y a la Procuraduría Federal del Consumidor a establecer un programa nacional de reembolso por cobros excesivos de energía eléctrica; y al Ejecutivo Federal para que se revisen y modifiquen las tarifas eléctricas establecidas en el estado de Guerrero. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA A LA COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD Y A LA PROFECO A ESTABLECER UN PROGRAMA NACIONAL DE REEMBOLSO POR COBROS EXCESIVOS DE ENERGIA ELECTRICA, Y AL EJECUTIVO FEDERAL PARA QUE SE REVISEN Y MODIFIQUEN LAS TARIFAS ELECTRICAS ESTABLECIDAS EN EL ESTADO DE GUERRERO

“El suscrito, Senador de la República, Sofío Ramírez Hernández, integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática de la LXII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 8, Fracción II del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de ésta H. Asamblea, la presente proposición con punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

La carencia en el acceso a los servicios básicos en la vivienda es uno de los problemas más graves que golpea a los mexicanos y en específico a las zonas más marginadas del país, sobre todo a estados del sur como Guerrero, lo cual limita su acceso a su desarrollo integral.

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos estipula que, “las autoridades tienen la obligación de mejorar las condiciones de las comunidades indígenas y de sus espacios para la convivencia y recreación, mediante acciones que faciliten el acceso al financiamiento público y privado para la construcción y mejoramiento de vivienda, así como ampliar la cobertura de los servicios sociales básicos”.1

Esa misma carencia por acceso a los servicios básicos en la vivienda es un problema álgido en el cual se ven afectados más de 18 millones de personas en el país, y más de 1 millón 300 mil personas tan sólo en el estado de Guerrero. De 2008 a 2010 se presentó un aumento de la población en situación de pobreza, al pasar de 48.8 millones a por lo menos 52 millones de personas, lo que refleja un claro retroceso en dicho rubro.2 Facilitar el acceso a los servicios en la vivienda debe ser una política pública dirigida a todos los mexicanos, pero en especial de las comunidades y pueblos indígenas, en virtud de que ello mejoraría de manera directa su calidad de vida.

Aunado a esta situación, las comunidades indígenas que sí tienen acceso a los servicios públicos, se enfrentan a la problemática de las altas tarifas en el servicio de energía eléctrica. Dichas tarifas no corresponden con el nivel de vida de las familias de la región de la Montaña y mucho menos con las cuotas fijadas para la región Sur del país.

Y si sumamos los abusos en los cobros de servicios de luz que han aumentado en promedio un 40% según reconoce la propia CFE3, se presenta una situación que resulta contraproducente, pues resulta que el tener acceso a la energía eléctrica, en muchos casos, lo único que te va a dejar serán deudas impagables.

Aunque existe un esfuerzo del Gobierno Federal que el propio Calderón dio a conocer el pasado 17 de octubre, con el cual se impulsó la eliminación de uno de los escalonamientos tarifarios, se aspira en el mejor de los casos a reducir un 7% las tarifas a los usuarios, pero podría no tener efecto positivo alguno si los consumidores no reducen su consumo por cuenta propia.

Sin embargo, día con día se presentan nuevos casos de cobros excesivos, lo que agregado al ineficiente servicio que se brinda, transgrede el derecho de los ciudadanos a una vida digna. A nivel nacional, “la Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO), solamente entre enero y mayo de este año acumula 5 mil 271 quejas por error de cálculo en la lectura de medidores y negativa a corregir errores”.4

Ejemplo de ello es la región de la Montaña en Guerrero, una de las zonas más marginadas del país, en donde la falta de servicios básicos, las carencias en el sistema de salud, educativo y de alimentación son más que evidentes, lo que condena a esa zona al abandono y al rezago. Cito un solo caso: una vivienda de Metlatónoc, municipio considerado de los más pobres del país, registró en un bimestre el consumo que ameritó la facturación por 800 mil pesos, según la CFE, siendo que la vivienda contaba solo con un foco.5

Guerrero ocupa el último lugar en acceso a agua potable a nivel nacional, el lugar 31° en servicios de drenaje, solo por arriba de Oaxaca; y se ubica en el lugar 27° en disponibilidad de energía eléctrica.6

Las tarifas eléctricas domesticas se asignan según la temperatura promedio de las regiones del país, de tal forma que las zonas más cálidas gozan de un mayor subsidio para compensar el consumo excesivo que los hogares realizan durante las temporadas de calor.

Los altos cobros de las tarifas eléctricas contrastan con los ingresos de las familias de la montaña guerrerense, lo cual significa que mientras un habitante del Distrito Federal tendría, en promedio, un ingreso per cápita mensual de 2.359 pesos, el de un habitante del municipio de Cochoapa el Grande, Guerrero sería de 478 pesos,colocando al Estado en la posición número 30 en el índice de ingreso a nivel nacional.7

Ante esta situación, a Guerrero debe dársele un trato preferencial acorde con su alto grado de marginación y sus características climáticas, como se le ha dado a otros Estados en el costo de las tarifas eléctricas, por lo que se le debe considerar de la misma manera.

No quiero omitir que el mismo Gobernador del estado de Guerrero, Angel Aguirre Rivero, en reiteradas ocasiones ha planteado diferentes alternativas para la disminución de las tarifas eléctricas, principalmente en las comunidades marginadas de la entidad, ello con la finalidad de lograr el desarrollo integral de los guerrerenses.

Por lo expuesto, someto a consideración del Pleno de esta Honorable Asamblea la siguiente proposición con:

PUNTO DE ACUERDO

Primero.- El Senado de la República solicita respetuosamente a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y a la Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO), establecer un programa nacional urgente de reembolso del diferencial por los montos excesivos cobrados a los consumidores de tarifas eléctricas.

Segundo.- El Senado de la República exhorta respetuosamente al titular del Poder Ejecutivo Federal, para que a través de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público (SHCP), la Secretaría de Energía (SENER), la Secretaría de Economía (SE) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE) se analice a la brevedad, y se aplique una reducción de los costos de las tarifas eléctricas de uso domestico en el estado de Guerrero.

Dado en la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión, a 8 de noviembre de 2012.

Suscribe

Sen. Sofío Ramírez Hernández”.






CITA

Se cita a la siguiente sesión que tendrá lugar el próximo martes 20 de noviembre a las 11:00 horas.

(Se levantó la sesión a las 15:36 horas)

Directorio

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