Senado de la República.
Sesión Plenaria.
Lunes 25 de septiembre de 2017
    
    

Última actualización: septiembre 2017
Última revisión: septiembre 2017

Diario de los Debates
LXII
              Legislatura
1er
Año
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DIARIO DE LOS DEBATES

DE LA CÁMARA DE SENADORES
DEL CONGRESO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS


AÑO I                       Primer Periodo Ordinario                       LXII Legislatura                       Sesión Núm. 24


Sesión Pública Ordinaria Celebrada
en la Ciudad de México, el 13 de Noviembre de 2012

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PRESIDENCIA DEL C. SENADOR
ERNESTO JAVIER CORDERO ARROYO

APERTURA

- El C. Presidente Ernesto Javier Cordero Arroyo: Solicito a la Secretaría informe a la Asamblea el resultado del cómputo de asistencia de los señores Senadores.

- La C. Secretaria Lilia Guadalupe Merodio Reza: Honorable Asamblea, conforme al registro de asistencia, se han acreditado 94 ciudadanos Senadores.

En consecuencia, hay quórum, señor Presidente.

- El C. Presidente Cordero Arroyo: Se abre la sesión del martes 13 de noviembre de 2012, correspondiente al primer periodo ordinario de sesiones del primer año de ejercicio de la LXII Legislatura.

El Orden del Día está disponible en el monitor de sus escaños, con lo cual se informa de los asuntos que corresponden a la agenda de hoy.

“ACTA DE LA SESION CELEBRADA EL JUEVES
OCHO DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DOCE

PRESIDE EL SENADOR
ERNESTO CORDERO ARROYO

 

En la ciudad de México, Distrito Federal, a las dieciséis horas del día jueves ocho de noviembre de dos mil doce, encontrándose presentes ciento quince ciudadanos Senadores, según relación anexa, la Presidencia declaró abierta la sesión.

(Lectura del Orden del Día)

La Secretaría dio por conocido el contenido del Orden del Día de la sesión de esta fecha, debido a la publicación en la Gaceta del Senado y a su difusión.

(Actas de sesiones anteriores)

Se aprobó en votación económica el Acta de la Sesión del martes seis de noviembre de 2012.

(Comunicaciones)

Se recibieron de la Comisión de Energía, cinco oficios por los que informa de la recepción de respuestas a diversos puntos de Acuerdo por parte de Petróleos Mexicanos, la Comisión Federal de Electricidad y la Secretaría de Energía.- Quedó de enterado. Se instruyó a la Secretaría Parlamentaria descargar los asuntos correspondientes de sus registros y darlos por concluidos.

 

Se recibió del Senador René Juárez Cisneros, Presidente de la Comisión de Desarrollo Regional, el Programa de Trabajo Anual de esa Comisión.- Quedó de enterado.

 

Se recibió del Senador Francisco Domínguez Servién, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, oficio por el que exhortaa la Cámara de Diputados a concluir ala brevedad los trabajos sobre la reforma laboral que permita a los trabajadores contar con un marco jurídico que garantice sus derechos.- Se remitió a la Cámara de Diputados.

 

Se recibió de la Secretaría de Gobernación, oficio por el que comunica que el Presidente de la República, Maestro Felipe Calderón Hinojosa, se ausentarádel territorio nacional a partir del 15 de noviembre y hasta el 18 del mismo, a efecto de atender invitaciones del Rey de España, Don Juan I de Borbón, y del Presidente del gobierno español, Mariano Rajoy Brey, para participar en la XXII Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno, que tendrá lugar en Cádiz, Reino de España.- Quedó de enterado. Se remitió a las Comisiones de Relaciones Exteriores y de Relaciones Exteriores, Europa.

 

Se recibió de la Secretaría de Gobernación, solicitud de permiso a que se refiere el artículo 37 constitucional para que el ciudadano Leonardo González García pueda aceptar y usar la condecoración que le otorga el gobierno de la República Francesa.- Se turnó a la Comisión de Gobernación.

 

Se recibió del Banco de México, Informe sobre la Inflación, correspondiente al periodo julio-septiembre de 2012.- Se remitió a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

 

Se sometió a consideración de la Asamblea, un Acuerdo de la Mesa Directiva con relación a la sesión solemne en la que se impondrá la Medalla Belisario Domínguez correspondiente a 2012.- Fue aprobado en votación económica.

 

La Mesa Directiva emitió un pronunciamiento por el que se felicitaal Presidente Barack Obama por los resultados de la jornada electoral efectuada el 6 de noviembre del año en curso en los Estados Unidos De América.

(Dictámenes a discusión)

Se sometió a consideración de la Asamblea un dictamen de la Comisión de Justicia, con puntos de Acuerdo que determinan que los ciudadanos propuestos en la terna presentada por el Presidente de la República para sustituir al Ministro Sergio SalvadorAguirre Anguiano, reúnen los requisitos de elegibilidad para ocupar el cargo de Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.- Intervino el Senador Roberto Gil Zuarth, Presidente de la Comisión de Justicia, para presentar el dictamen. Fue aprobado en votación económica.

 

Se sometió a consideración de la Asamblea un dictamen de la Comisión de Justicia, con puntos de Acuerdo que determinan que los ciudadanos propuestos en la terna presentada por el Presidente de la República para sustituir al Ministro Guillermo IberioOrtiz Mayagoitia, reúnen los requisitos de elegibilidad para ocupar el cargo de Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.- Intervino el Senador Roberto Gil Zuarth, Presidente de la Comisión de Justicia, para presentar el dictamen. Fue aprobado en votación económica.

 

El Presidente de la Mesa Directiva de conformidad con el Acuerdo aprobado el11 de octubre procedió a dar inicio a las exposiciones de cada uno de los aspirantes, en primer lugar intervinieron los candidatos de la terna propuesta para sustituir al Ministro Sergio Salvador Aguirre Anguiano, integrada por los ciudadanos:

Pablo Vicente Monroy Gómez,

Alberto Gelacio Pérez Dayán y

Andrea Zambrana Castañeda.

Acto seguido, intervinieron los candidatos de la terna propuesta para sustituir al Ministro Guillermo Iberio Ortiz Mayagoitia, integrada por los ciudadanos:

Manuel Baráibar Constantino,

Emma Meza Fonseca y

Rosa María Temblador Vidrio.

(SE DECLARÓ UN RECESO)

La Asamblea procedió a la elección por cédula de quien sustituirá al Ministro Sergio Salvador Aguirre Anguiano.

El Magistrado Pablo Vicente Monroy Gómez obtuvo 20 votos.

El Magistrado Alberto Gelacio Pérez Dayán obtuvo 37 votos.

La Magistrada Andrea Zambrana Castañeda, no obtuvo votos.

Se registraron 59 votos nulos.

En virtud del resultado de la votación,de conformidad con el numeral octavodel Acuerdo, se procedió a una segunda votación.

El Magistrado Pablo Vicente Monroy Gómez obtuvo 20 votos.

El Magistrado Alberto Gelacio Pérez Dayán obtuvo 36 votos.

La Magistrada Andrea Zambrana Castañeda, obtuvo 4 votos.

Se registró 1 abstención y 54 votos nulos.

El Presidente de la Mesa Directiva de conformidad con el numeral noveno del Acuerdo aprobado el 11 de octubre y en virtud de que no se alcanzó la mayoría calificada de las dos terceras partes delos miembros presentes con base en lo establecido en el artículo 96 de la Constitución declaró que se comunicará el resultado de la votación al Ejecutivo Federal.

La Asamblea procedió a la elección por cédula de quien sustituirá al Ministro Guillermo Iberio Ortiz Mayagoitia.

El Magistrado Manuel Baráibar Constantino obtuvo 54 votos.

La Magistrada Emma Meza Fonseca obtuvo 18 votos.

La Magistrada Rosa María Temblador Vidrio obtuvo 36 votos.

Se registró 1 abstención y 3 votos nulos.

En virtud del resultado de la votación,de conformidad con el numeral octavodel Acuerdo, se continuó con una segunda votación:

El Magistrado Manuel Baráibar Constantino obtuvo 56 votos.

La Magistrada Emma Meza Fonseca obtuvo 16 votos.

La Magistrada Rosa María Temblador Vidrio obtuvo 35 votos.

Se registró 1 abstención y 2 votos nulos.

El Presidente de la Mesa Directiva de conformidad con el numeral noveno del Acuerdo aprobado el 11 de octubre y en virtud de que no se alcanzó la mayoría calificada de las dos terceras partes delos miembros presentes con base enlo establecido en el artículo 96 de la Constitución declaró que se comunicará el resultado de la votación al Ejecutivo Federal.

(Proposiciones)

La Senadora Dolores Padierna Luna,del grupo parlamentario del Partidode la Revolución Democrática, presentó proposición con punto de Acuerdo que exhorta al gobierno mexicano a que elvoto de México en contra del bloqueoa Cuba se haga efectivo con medidas concretas para garantizar el levantamiento de dicho bloqueo.- Considerado de urgente resolución y sin discusión, fue aprobado en votación económica.

(Comunicaciones)

Se recibió de la Cámara de Diputados, proyecto de Decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo, para los efectos de lo dispuesto por la fracción e) del artículo 72 constitucional.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión Social y de Estudios Legislativos, Primera.

 

Se recibió de la Cámara de Diputados, Acuerdo por el que manifiesta su aceptación para que el Decreto que reforma, adicionay deroga diversas disposiciones de laLey Federal del Trabajo se pueda formar únicamente con los artículos que logrenla aprobación de las dos Cámaras del Congreso.- Se turnó a la Junta de Coordinación Política.

(Proposiciones)

El Presidente de la Mesa Directiva dio turno a las siguientes proposiciones:

 

Del Senador René Juárez Cisneros, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo que solicita al Ejecutivo Federal y a la Cámara de Diputados incluir en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2013 los recursos necesarios para la construcción de un nuevo sistema de abastecimiento de agua potable para Chilpancingo de los Bravo y para mejorar el ya existente en Iguala de la independencia, en el estado de Guerrero.- Se turnó a la Cámara de Diputados.

 

De las Senadoras Hilda Esthela Flores Escalera, Diva Hadamira Gastélum Bajo y Lisbeth Hernández Lecona,del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo en materia de refugios de mujeres en situación de violencia familiar, sexual o trata.- Se turnó a la Cámara de Diputados el primer resolutivo y a la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables el segundo de ellos.

 

De la Senadora Hilda Esthela Flores Escalera, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo que exhorta a comisiones de la Cámara de Diputados para que en el dictamen del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2013 se fortalezcan las ampliaciones presupuestales para el rubro de grupos vulnerables.- Se turnó a la Cámara de Diputados.

 

De la Senadora Cristina Díaz Salazar,del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a publicar la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición correspondiente a 2012.- Se turnó a la Comisión de Salud.

 

De la Senadora Cristina Díaz Salazar, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo que exhorta al titular del Ejecutivo Federal a expedir el Reglamento de la Ley General para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia.- Se turnó a la Comisión de Seguridad Pública.

 

La Presidencia dio por concluida la sesión a las veintiún horas con cuarenta y tres minutos y citó a la siguiente el martes trece de noviembre a las once horas".

LISTA DE ASISTENCIA DE LA SESION ANTERIOR



El acta de la sesión anterior se encuentra publicada en la Gaceta del Senado de este día. En consecuencia, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba.

- La C. Secretaria Merodio Reza: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba el acta de la sesión anterior. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque se rechace, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobada el acta, señor Presidente.

- El C. Presidente Cordero Arroyo: Pasamos al siguiente asunto.






COMUNICACIONES

- La C. Secretaria Merodio Reza: Se recibieron dos comunicaciones de la Comisión de Energía, por las que informa de la recepción de respuestas a diversos puntos de Acuerdo por parte de Petróleos Mexicanos.

“COMISION DE ENERGIA

5 de noviembre de 2012

SEN. ERNESTO CORDERO ARROYO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
PRESENTE.

En relación a la proposición con punto de acuerdo para solicitar a Petróleos Mexicanos información detallada sobre la situación actual del gas natural, así como una explicación pormenorizada sobre las alertas críticas por el desabasto de gas, que presentó la Senadora Cristina Díaz Salazar, turnado a esta Comisión mediante oficio DGPL-1P1A.-468, me permito enviar a usted la información que recibió este órgano legislativo por parte de Petróleos Mexicanos, por lo que le solicito respetuosamente se sirva girar sus apreciables instrucciones para que este asunto se considere debidamente concluido.

Cabe subrayar que copia de la misma fue entregada a los promoventes y a los integrantes de la Comisión de Energía.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

Atentamente

Sen.David Penchyna Grub
Presidente”.

“ COMISION DE ENERGIA

5 de noviembre de 2012

SEN. ERNESTO CORDERO ARROYO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
PRESENTE.

En relación a la proposición con punto de acuerdo para solicitar a Petróleos Mexicanos un informe puntual sobre los daños ambientales provocados por el derrame de hidrocarburo provocado por el hundimiento de la monoboya 3 en salina Cruz, Oaxaca, que presentó la Senadora Guadalupe Garza Galván, turnado a esta Comisión mediante oficio DGPL-1P1A.-616, me permito enviar a usted la información que recibió este órgano legislativo por parte de Petróleos Mexicanos, por lo que le solicito respetuosamente se sirva girar sus apreciables instrucciones para que este asunto se considere debidamente concluido.

Cabe subrayar que copia de la misma fue entregada a los promoventes y a los integrantes de la Comisión de Energía.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

Atentamente

Sen.David Penchyna Grub
Presidente”.

- El C. Presidente Cordero Arroyo: Esta Asamblea ha quedado debidamente enterada. Se instruye a la Secretaría Parlamentaria descargar los asuntos de sus registros y darlos por concluidos.

Pasamos al siguiente asunto.

- La C. Secretaria Merodio Reza: Se recibió una comunicación de la Comisión de Estudios Legislativos, Segunda, con la que remite su Programa de Trabajo.

- El C. Presidente Cordero Arroyo: Esta Asamblea ha quedado debidamente enterada.

Pasamos al siguiente asunto.

- La C. Secretaria Merodio Reza: Se recibió una comunicación del Senador Angel Benjamín Robles Montoya, del grupo parlamentario del PRD, por la que informa de la realización del Foro “La Perspectiva del Sur”, a realizarse los días 16 y 17 de noviembre del año en curso, en Oaxaca, Oaxaca y solicita la conformación de un grupo plural de Senadores que asista al mismo.

- El C. Presidente Cordero Arroyo: Este asunto queda en poder de la Mesa Directiva.

Pasamos al siguiente asunto.






SECRETARIA DE GOBERNACION

- La C. Secretaria Iris Vianey Mendoza Mendoza: Se recibió de la Secretaría de Gobernación, un oficio con solicitud de autorización para permitir que elementos de la Armada de México participen en la octava versión de la “Exposición y Conferencia Internacional Marítima y Naval para la América Latina-EXPONAVAL 2012”, que se llevará a cabo en la ciudad de Valparaíso, República de Chile, del 4 al 7 de diciembre del año en curso.

“SECRETARIA DE GOBERNACION
SUBSECRETARIA DE ENLACE LEGISLATIVO

Oficio No. SEL/300/420/12
México, D.F., 8 de noviembre de 2012

CC. SECRETARIOS DE LA CAMARA DE SENADORES
DEL H. CONGRESO DE LA UNION
PRESENTES.

Por este conducto y para los efectos de lo dispuesto por el artículo 76, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con fundamento en lo establecido en el artículo 27, fracción XIV, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, me permito remitir el original del escrito signado por el titular del Ejecutivo Federal por el que somete a la consideración de ese Órgano Legislativo, la autorización para permitir que elementos de la Armada de México participen en la octava versión de la “Exposición y Conferencia Internacional Marítima y Naval para América Latina-EXPONAVAL 2012”, que se llevará a cabo en la Ciudad de Valparaíso, República de Chile, del 4 al 7 de diciembre del año en curso.

Sin otro particular, reciban un cordial saludo.

Atentamente
El Subsecretario

Lic. Rubén Alfonso Fernández Aceves”.

“PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
DE LA CAMARA DE SENADORES DEL
CONGRESO DE LA UNION
PRESENTE.

Conforme a lo dispuesto en el artículo 76, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es facultad exclusiva del Senado de la República autorizar al Ejecutivo Federal para que permita la salida de tropas nacionales fuera de los límites de nuestro país.

Al respecto, hago de su conocimiento que la Armada de México recibió invitación del Comandante en Jefe de la Armada de Chile, Almirante Edmundo González Robles, para que una unidad de superficie participe en la octava versión de la “Exposición y Conferencia Internacional Marítima y Naval para América Latina-EXPONAVAL 2012”, que se realizará en la Ciudad de Valparaíso, República de Chile, del 4 al 7 de diciembre de 2012.

La participación de la Armada de México en la “EXPONAVAL 2012” tiene por objeto incrementar los conocimientos del personal de esa institución con su participación en conferencias especializadas y el intercambio de experiencias con las otras armadas participantes, además de fomentar, de manera específica, las relaciones profesionales y operativas de nuestra Armada con la Marina Chilena. Asimismo, esta exposición constituye una oportunidad para mostrar los logros que se han alcanzado sobre la construcción naval mexicana y la fortaleza de los buques de apoyo logístico de nuestro país.

En atención a ello y considerando la importancia de fortalecer los lazos entre México y la República de Chile, se tiene prevista la participación de una delegación de la Armada de México conformada por el buque de apoyo logístico ARM “MONTES AZULES” (BAL-01) de reciente construcción, con 92 elementos de tripulación y una Fuerza de Reacción Inmediata de Infantería de Marina.

Por lo anterior, con fundamento en el artículo 76, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración de esa Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, la solicitud de autorización para que el Ejecutivo Federal a mi cargo permita la salida de elementos de la Armada de México fuera de los límites del país, a efecto de que participen en la octava versión de la “Exposición y Conferencia Internacional Marítima y Naval para América Latina-EXPONAVAL 2012”, que se realizará en la Ciudad de Valparaíso, República de Chile, del 4 al 7 de diciembre de 2012.

Reitero a usted, Ciudadano Presidente, las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.

México, Distrito Federal, 7 de noviembre de 2012.

El Presidente de los Estados Unidos Mexicanos

Felipe de Jesús Calderón Hinojosa”.

- El C. Presidente Cordero Arroyo: Túrnese a las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores; y de Marina.

Pasamos al siguiente asunto.

- La C. Secretaria Mendoza Mendoza: También de la Secretaría de Gobernación, se recibió un oficio con 143 hojas de servicios para la ratificación de diversos grados navales.

“SECRETARIA DE GOBERNACION
SUBSECRETARIA DE ENLACE LEGISLATIVO

Oficio No. SEL/300/425/12
México, D.F., 12 de noviembre de 2012

CC. SECRETARIOS DE LA CAMARA DE SENADORES
DEL H. CONGRESO DE LA UNION
PRESENTES.

Por este conducto me permito hacer de su conocimiento que el Vicealmirante C.G. DEM. Vidal Francisco Soberón Sanz, Secretario Particular del Almirante Secretario de Marina, se ha dirigido al titular de esta Dependencia, para solicitar que por su amable conducto sean ratificados los grados que actualmente ostentan los marinos que en relación anexa se señalan.

Por lo anterior y con fundamento en lo establecido por la fracción II del artículo 76 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, acompaño al presente, la documentación correspondiente, con carácter devolutivo.

Sin otro particular, reciban un cordial saludo.

Atentamente
El Subsecretario

Lic. Rubén Alfonso Fernández Aceves”.

No.

GRADO

NOMBRE

1.

Almirante del Cuerpo General, Diplomado de Estado Mayor

JUAN RAMON ALCALA PIGNOL

2.

Almirante del Cuerpo General, Diplomado de Estado Mayor

ARTURO BERNAL CARRASCO

3.

Almirante del Cuerpo General, Diplomado de Estado Mayor

VICTOR FRANCISCO URIBE AREVALO

4.

Almirante del Cuerpo General, Diplomado de Estado Mayor

VIDAL FRANCISCO SOBERON SANZ

5

Almirante del Cuerpo de Infantería de Marina, Diplomado de Estado Mayor

PEDRO GARCIA VALERIO

6.

Vicealmirante del Cuerpo General, Diplomado de Estado Mayor

ALFREDO MORALES MENDOZA

7.

Vicealmirante del Cuerpo General, Diplomado de Estado Mayor

HUGO ARGOTE OROPEZA

8.

Vicealmirante del Cuerpo General, Diplomado de Estado Mayor

RODRIGO VARGAS REYES

9.

Vicealmirante del Cuerpo General, Diplomado de Estado Mayor

SALVADOR GOMEZ MEILLON

10.

Vicealmirante del Cuerpo General, Diplomado de Estado Mayor

FRANCISCO LIMAS LOPEZ

11.

Vicealmirante del Cuerpo General, Diplomado de Estado Mayor

RODOLFO CAÑEDO SOLARES

12.

Vicealmirante del Cuerpo General, Diplomado de Estado Mayor

FRANCISCO PONCE FERNANDEZ DE CASTRO

13.

Vicealmirante del Cuerpo General, Diplomado de Estado Mayor

GONZALO ORTIZ GUZMAN

14.

Vicealmirante del Cuerpo de Aeronáutica Naval, Piloto Aviador, Diplomado de Estado Mayor

DAVID HUMBERTO BERDON MARTINEZ

15.

Vicealmirante del Cuerpo de Infantería de Marina, Piloto Helicopterista, Diplomado de Estado Mayor

MARCO ANTONIO ORTEGA SIU

16.

Vicealmirante del Servicio de Administración e Intendencia Naval, Especialista

JOSE MANUEL RODRIGUEZ AGUILAR

17.

Contralmirante del Cuerpo General, Diplomado de Estado Mayor

RAFAEL IGNACIO HECTOR CONTRERAS ROJAS

18.

Contralmirante del Cuerpo General, Diplomado de Estado Mayor

JESUS ALFONSO MARTINEZ MEDELLIN

19.

Contralmirante del Cuerpo General, Diplomado de Estado Mayor

CARLOS HUMBERTO LANZ GUTIERREZ

20.

Contralmirante del Cuerpo General, Diplomado de Estado Mayor

JOSE MANUEL MONROY MERINO

21.

Contralmirante del Cuerpo General, Diplomado de Estado Mayor

JORGE CARLOS TOBILLA RODRIGUEZ

22.

Contralmirante del Cuerpo General, Diplomado de Estado Mayor

SANTIAGO JORGE MORGADO GOMEZ

23.

Contralmirante del Cuerpo General, Diplomado de Estado Mayor

HILARIO DURAN TIBURCIO

24.

Contralmirante del Cuerpo General, Diplomado de Estado Mayor

CARLOS VICENTE DIAZ GONZALEZ ESCAMILLA

25.

Contralmirante del Cuerpo General, Diplomado de Estado Mayor

JULIO CESAR PESCINA AVILA

26.

Contralmirante del Cuerpo General, Diplomado de Estado Mayor

OCTAVIO TREJO HERMIDA

27.

Contralmirante del Cuerpo General, Diplomado de Estado Mayor

TEODORO VIVAS GARCIA

28.

Contralmirante del Cuerpo General, Diplomado de Estado Mayor

ARTURO LOPEZ SOSA

29.

Contralmirante del Cuerpo General, Diplomado de Estado Mayor

JOSE FRANCISCO GONZALEZ GALINDO

30.

Contralmirante del Cuerpo General, Diplomado de Estado Mayor

JOSE PANTALEON DEMUNER FLORES

31.

Contralmirante del Cuerpo General, Diplomado de Estado Mayor

JESUS HERMINIO PACHECO DURAN

32.

Contralmirante del Cuerpo General, Diplomado de Estado Mayor

EDUARDO ROJAS PINEDA

33.

Contralmirante del Cuerpo General, Diplomado de Estado Mayor

CAMERINO ESTRADA CRUZ

34.

Contralmirante del Cuerpo General, Diplomado de Estado Mayor

ERNESTO SCHREINER HERNANDEZ

35.

Contralmirante del Cuerpo General, Diplomado de Estado Mayor

VICTOR MANUEL GARCIA MACEDO

36.

Contralmirante del Cuerpo General, Diplomado de Estado Mayor

JORGE MANUEL SAINZ ZAMORANO

37.

Contralmirante del Cuerpo General, Diplomado de Estado Mayor

RUBEN CEBALLOS GUEVARA

38.

Contralmirante del Cuerpo General, Diplomado de Estado Mayor

JOSE RICARDO GOMEZ MEILLON

39.

Contralmirante del Cuerpo General, Diplomado de Estado Mayor

EMILIO ROSAS CABELLO

40.

Contralmirante del Cuerpo General, Diplomado de Estado Mayor

BENJAMIN NARCISO MAR BERMAN

41.

Contralmirante del Cuerpo de Aeronáutica Naval, Piloto Aviador, Helicopterista, Diplomado de Estado Mayor

CARLOS BORDA RAMOS

42.

Contralmirante del Cuerpo de Aeronáutica Naval, Piloto Aviador, Diplomado de Estado Mayor

J. FRANCISCO MALDONADO MONJE

43.

Contralmirante del Cuerpo de Aeronáutica Naval, Piloto Aviador, Diplomado de Estado Mayor

MARCOS HERNANDEZ GUTIERREZ

44.

Contralmirante del Cuerpo de Aeronáutica Naval, Piloto Aviador, Diplomado de Estado Mayor

ALEJANDRO HERNANDEZ GEROLA

45.

Contralmirante del Cuerpo de Aeronáutica Naval, Piloto Aviador, Diplomado de Estado Mayor

FERNANDO RIOS SOSA

46.

Contralmirante del Cuerpo de Aeronáutica Naval, Piloto Aviador, Diplomado de Estado Mayor

ALBERTO VALERIO VERDUZCO

47.

Contralmirante del Cuerpo de Aeronáutica Naval, Piloto Aviador, Diplomado de Estado Mayor

GILBERTO CARBALLO AVILA

48.

Contralmirante del Cuerpo de Infantería de Marina, Paracaidista, Diplomado de Estado Mayor

JOSE ANGEL REYES CARRERA

49.

Contralmirante del Cuerpo de Infantería de Marina, Diplomado de Estado Mayor

GENARO WATLA SILVA

50.

Contralmirante del Cuerpo de Infantería de Marina, Diplomado de Estado Mayor

DAVID FRANCISCO GUADARRAMA PERALES

51.

Contralmirante del Cuerpo de Infantería de Marina, Paracaidista, Diplomado de Estado Mayor

JOSE HUGO ROLDAN LEON

52.

Contralmirante del Cuerpo de Infantería de Marina, Diplomado de Estado Mayor

RAFAEL LOPEZ MARTINEZ

53.

Contralmirante del Cuerpo de Infantería de Marina, Paracaidista, Diplomado de Estado Mayor

ROGELIO MARBAN DIAZ

54.

Contralmirante del Cuerpo de Infantería de Marina, Diplomado de Estado Mayor

JOSE JESUS CUEVAS

55.

Contralmirante del Cuerpo de Infantería de Marina, Diplomado de Estado Mayor

JOSE LUIS QUINTO DIAZ

56.

Contralmirante del Cuerpo de Infantería de Marina, Diplomado de Estado Mayor

JOSE MANUEL GUIDO ROMERO

57.

Capitán de Navío del Cuerpo General

JUAN PABLO ALARCON HERNANDEZ

58.

Capitán de Navío del Cuerpo General, Diplomado de Estado Mayor

JOSE HECTOR OROZCO TOCAVEN

59.

Capitán de Navío del Cuerpo General, Diplomado de Estado Mayor

EFRAIN ZAMUDIO SOSA

60.

Capitán de Navío del Cuerpo General, Diplomado de Estado Mayor

JUAN CARLOS VERA MINJARES

61.

Capitán de Navío del Cuerpo General, Diplomado de Estado Mayor

RUBEN SERGIO NUÑEZ FUENTES

62.

Capitán de Navío del Cuerpo General, Diplomado de Estado Mayor

HECTOR RAFAEL SOLIS HERNANDEZ

63.

Capitán de Navío del Cuerpo General, Diplomado de Estado Mayor

EFREN GOMEZ LUIS

64.

Capitán de Navío del Cuerpo General, Diplomado de Estado Mayor

JAVIER TORRES CLAUDIO

65.

Capitán de Navío del Cuerpo General, Diplomado de Estado Mayor

FRANCISCO HUMBERTO ESPINOZA CONTRERAS

66.

Capitán de Navío del Cuerpo General, Diplomado de Estado Mayor

GINES ANTONIO VAZQUEZ DE MERCADO CASTELLANOS

67.

Capitán de Navío del Cuerpo General, Diplomado de Estado Mayor

MARTIN ZEPEDA ANGUIANO

68.

Capitán de Navío del Cuerpo General, Diplomado de Estado Mayor

CAMERINO ROA VIDAL

69.

Capitán de Navío del Cuerpo General, Diplomado de Estado Mayor

JUAN RAMON HERNANDEZ CARMONA

70.

Capitán de Navío del Cuerpo General, Diplomado de Estado Mayor

MIGUEL ANGEL GARCIA PORTILLO

71.

Capitán de Navío del Cuerpo General, Diplomado de Estado Mayor

MARTIN FELIPE DE JESUS SANTILLAN MURILLO

72.

Capitán de Navío del Cuerpo General, Diplomado de Estado Mayor

JESUS ARELLANO RODARTE

73.

Capitán de Navío del Cuerpo General, Diplomado de Estado Mayor

VICTOR MANUEL FERNANDEZ CARRASCO

74.

Capitán de Navío del Cuerpo General, Diplomado de Estado Mayor

RAFAEL NEMESIO VAZQUEZ SAVAL

75.

Capitán de Navío del Cuerpo General

JERONIMO ARCOS LOPEZ

76.

Capitán de Navío del Cuerpo General, Diplomado de Estado Mayor

CARLOS JIMENEZ LEAL

77.

Capitán de Navío del Cuerpo General, Diplomado de Estado Mayor

JOSE ALDO PINEDA OROZCO

78.

Capitán de Navío del Cuerpo General, Diplomado de Estado Mayor

OSCAR LOPEZ SALMERON

79.

Capitán de Navío del Cuerpo General, Diplomado de Estado Mayor

FRANCISCO ORTIZ GOMEZ

80.

Capitán de Navío del Cuerpo General, Diplomado de Estado Mayor

JOSE CARLOS TINOCO CASTREJON

81.

Capitán de Navío del Cuerpo General, Diplomado de Estado Mayor

EPIGMENIO JAVIER RODRIGUEZ BALBUENA

82.

Capitán de Navío del Cuerpo General, Diplomado de Estado Mayor

JOSE DANIEL RESENDIZ SANDOVAL

83.

Capitán de Navío del Cuerpo General, Diplomado de Estado Mayor

JESUS PINEDA FLORES

84.

Capitán de Navío del Cuerpo General, Diplomado de Estado Mayor

JORGE LUIS GARCIA CANCINO

85.

Capitán de Navío del Cuerpo General, Diplomado de Estado Mayor

MANUEL CERVANTES ACUNA

86.

Capitán de Navío del Cuerpo General, Diplomado de Estado Mayor

ROBERTO HUGO OROZCO TOCAVEN

87.

Capitán de Navío del Cuerpo General, Diplomado de Estado Mayor

ALBERTO RAMOS TOXTLE

88.

Capitán de Navío del Cuerpo General

CONSTANTINO PACHECO PEREZ

89.

Capitán de Navío del Cuerpo General, Diplomado de Estado Mayor

JESUS GARCIA MOLINA

90.

Capitán de Navío del Cuerpo General, Diplomado de Estado Mayor

ANGEL ADOLFO MORA CHAVEZ

91.

Capitán de Navío del Cuerpo General, Diplomado de Estado Mayor

SAUL HIRAM BANDALA GARZA

92.

Capitán de Navío del Cuerpo General, Diplomado de Estado Mayor

MARCO ANTONIO MUÑOZ HERNANDEZ

93.

Capitán de Navío del Cuerpo General

TAYATZIN GUERRERO MENDOZA

94.

Capitán de Navío del Cuerpo General

ALVARO HECTOR SANDOVAL VALCARCEL

95.

Capitán de Navío del Cuerpo General, Piloto Aviador, Diplomado de Estado Mayor

SALVADOR CAMARGO VIVERO

96.

Capitán de Navío del Cuerpo General, Diplomado de Estado Mayor

HORACIO CARDENAS VERDUGO

97.

Capitán de Navío del Cuerpo General

JAVIER ARAIZA URRUTIA

98.

Capitán de Navío del Cuerpo General

MANUEL BALTAZAR ORTIZ GARCIA

99.

Capitán de Navío del Cuerpo General

RODERICO ALFREDO GARCIA MENDIZABAL

100.

Capitán de Navío del Cuerpo General

RICARDO GUTIERREZ RUVALCABA

101.

Capitán de Navío del Cuerpo General

JOSE RAMON LOPEZ LUNA

102.

Capitán de Navío del Cuerpo General

JESUS ORTIZ ESTEVEZ

103.

Capitán de Navío del Cuerpo General, Diplomado de Estado Mayor

ARTEMIO CUERVO SALAS

104.

Capitán de Navío del Cuerpo General, Piloto Aviador, Diplomado de Estado Mayor

PEDRO GABRIEL PINEDA BERDEJA

105.

Capitán de Navío del Cuerpo General, Piloto Helicopterista

EDY ALBERTO MELENDEZ CEDILLO

106.

Capitán de Navío del Cuerpo de Aeronáutica Naval, Piloto Aviador, Diplomado de Estado Mayor

ROBERTO MARES MOJICA

107.

Capitán de Navío del Cuerpo de Aeronáutica Naval, Piloto Aviador

CESAR ORTIZ MALDONADO

108.

Capitán de Navío del Cuerpo de Aeronáutica Naval, Piloto Aviador, Diplomado de Estado Mayor

RAUL MALDONADO GARCIA

109.

Capitán de Navío del Cuerpo de Aeronáutica Naval, Piloto Aviador, Diplomado de Estado Mayor

SALVADOR NARANJO ARMENDARIZ

110.

Capitán de Navío del Cuerpo de Aeronáutica Naval, Piloto Aviador

RAUL PIMENTEL CABRERA

111.

Capitán de Navío del Cuerpo de Aeronáutica Naval, Piloto Aviador, Helicopterista, Diplomado de Estado Mayor

FRANCISCO JAVIER ROMAN VALERIO

112.

Capitán de Navío del Cuerpo de Aeronáutica Naval, Piloto Aviador

GUILLERMO PEREZ CAMPOS

113.

Capitán de Navío del Cuerpo de Aeronáutica Naval, Piloto Aviador, Helicopterista

JOSE LUIS GARCIA MARTINEZ

114.

Capitán de Navío del Cuerpo de Aeronáutica Naval, Piloto Aviador

ESTEBAN MARTINEZ MAYA

115.

Capitán de Navío del Cuerpo de Aeronáutica Naval, Piloto Aviador, Helicopterista

PEDRO FERNANDO FLORES MARIN

116.

Capitán de Navío del Cuerpo de Aeronáutica Naval, Piloto Aviador, Helicopterista, Diplomado de Estado Mayor

HOMERO MUÑOZ GURMILAN

117.

Capitán de Navío del Cuerpo de Aeronáutica Naval, Piloto Aviador, Diplomado de Estado Mayor

JOSE RAMON RIVERA PARGA

118.

Capitán de Navío del Cuerpo de Infantería de Marina, Paracaidista

LUIS AUGUSTO MARIN CRASBORN

119.

Capitán de Navío del Cuerpo de Infantería de Marina

MANUEL BRETON VILLANUEVA

120.

Capitán de Navío del Cuerpo de Infantería de Marina, Diplomado de Estado Mayor

JOSE LUIS BARAJAS REYES

121.

Capitán de Navío del Cuerpo de Infantería de Marina

LAURO GERARDO RAMIREZ GARCIA

122.

Capitán de Navío del Cuerpo de Infantería de Marina, Diplomado de Estado Mayor

HERMELO APARICIO MAYO

123.

Capitán de Navío del Cuerpo de Infantería de Marina, Paracaidista, Diplomado de Estado Mayor

FRANCISCO JAVIER PIEDRA CASTRO

124.

Capitán de Navío del Cuerpo de Infantería de Marina, Diplomado de Estado Mayor

TEODULO FRANKLIN GARZA SOLIS

125.

Capitán de Navío del Cuerpo de Infantería de Marina, Diplomado de Estado Mayor

JOSE ARTURO TORRES MOLINA

126.

Capitán de Navío del Cuerpo de Infantería de Marina, Diplomado de Estado Mayor

MARCO ANTONIO GALAVIZ AHUACTZIN

127.

Capitán de Navío del Cuerpo de Infantería de Marina, Paracaidista, Diplomado de Estado Mayor

ARNULFO GONZALEZ MIRELES

128.

Capitán de Navío del Cuerpo de Infantería de Marina, Diplomado de Estado Mayor

AMADOR TIBURCIO BAHENA

129.

Capitán de Navío del Cuerpo de Infantería de Marina, Paracaidista, Diplomado de Estado Mayor

MIGUEL RIVAS HERNANDEZ

130.

Capitán de Navío del Cuerpo de Infantería de Marina, Paracaidista, Diplomado de Estado Mayor

CRUZ CASTRO MARTINEZ

131.

Capitán de Navío del Cuerpo de Infantería de Marina, Paracaidista, Diplomado de Estado Mayor

RENE ALBERTO CANTO OLIVA

132.

Capitán de Navío del Cuerpo de Infantería de Marina, Paracaidista, Diplomado de Estado Mayor

EDILBERTO CABRALES GONZALEZ

133.

Capitán de Navío del Cuerpo de Infantería de Marina, Paracaidista

ALVARO MONTIEL LOPEZ

134.

Capitán de Navío del Cuerpo de Infantería de Marina, Paracaidista

HECTOR ISAAC CRUZ FARIAS

135.

Capitán de Navío del Servicio de Ingenieros de la Armada, Ingeniero Geógrafo, Diplomado de Estado Mayor

JOSE LUIS EGUILETA ARIAS

136.

Capitán de Navío del Servicio de Administración e Intendencia Naval, Licenciado en Administración

CUTBERTO GALAN MARTINEZ

137.

Capitán de Navío del Servicio de Administración e Intendencia Naval, Licenciado en Administración

MANUEL CAMPOS HERNANDEZ

138.

Capitán de Navío del Servicio de Sanidad Naval, Médico Cirujano, Cirujano General

FERNANDO BRIONES RAMOS

139.

Capitán de Navío del Servicio de Sanidad Naval, Médico Cirujano, Cirujano General

SANTOS CARDENAS ESCAMILLA

140.

Capitán de Navío del Servicio de Sanidad Naval, Cirujano Dentista

ANGELICA CLEMENTINA MIRELES BELMONTE

141.

Capitán de Navío del Servicio de Sanidad Naval, Cirujano Dentista

ARTURO CABRERA MC GREGOR

142.

Capitán de Navío del Servicio de Sanidad Naval, Licenciado en Enfermería

LUIS ALONSO IBARIAS URIBE

143.

Capitán de Navío del Servicio de Sanidad Naval, Licenciado en Enfermería, Paracaidista

J. FELIX SANCHEZ HERNANDEZ

- El C. Presidente Cordero Arroyo: Túrnese a la Comisión de Marina para su análisis y dictamen correspondiente.

Pasamos al siguiente asunto.

- La C. Secretaria Mendoza Mendoza: También de la Secretaría de Gobernación, se recibió solicitud de permiso, a que se refiere al artículo 37 constitucional, para que el ciudadano Jorge Humberto Pastor Gómez pueda aceptar y usar la condecoración que le otorga el gobierno de la República Francesa.

“SECRETARIA DE GOBERNACION
SUBSECRETARIA DE ENLACE LEGISLATIVO
UNIDAD DE ENLACE LEGISLATIVO

Oficio No. SEL/UEL/311/3061/12
México, D.F., a 12 de noviembre de 2012

CC. SECRETARIOS DE LA CAMARA DE SENADORES
DEL H. CONGRESO DE LA UNION
PRESENTES.

Por este conducto me permito hacer de su conocimiento que mediante oficio número PRO- 15130, el Emb. Alfredo Pérez Bravo, Director General de Protocolo de la Secretaría de Relaciones Exteriores, solicita se tramite ante el H. Congreso de la Unión, el permiso a que se refiere la Fracción III, Apartado C), del Artículo 37 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para que el C. Jorge Humberto Pastor Gómez, pueda aceptar y usar la Condecoración de la Orden Nacional de la Legión de Honor, en grado de Caballero, que le otorga el Gobierno de la República Francesa

Por lo anterior, me permito anexar para la integración al expediente respectivo, original de la solicitud del interesado dirigida al H. Congreso de la Unión para la obtención del permiso respectivo, copia certificada del acta de nacimiento, así como copias simples de su currículum vitae, identificación oficial; y de la notificación en la que se comunica la intención de otorgarle la Condecoración de referencia.

Sin otro particular, reciban un cordial saludo.

Atentamente

El Titular de la Unidad

Mtro. Antonio Hernández Legaspi”.

- El C. Presidente Cordero Arroyo: Túrnese a la Comisión de Gobernación para sus efectos correspondientes.

Pasamos al siguiente asunto.

- La C. Secretaria Mendoza Mendoza: Se recibió de la Secretaría de Gobernación, un oficio con los Indicadores Operativos y Financieros de Petróleos Mexicanos, correspondientes al segundo semestre del año 2011.

- El C. Presidente Cordero Arroyo: Remítase dicha documentación a la Comisión de Energía.

Pasamos al siguiente asunto.






COMISION REGULADORA DE ENERGIA

- La C. Secretaria Merodio Reza: Se recibió un oficio de la Comisión Reguladora de Energía, con el que remite su informe de labores 2011.

- El C. Presidente Cordero Arroyo: Remítase ese informe a la Comisión de Energía.

Pasamos al siguiente asunto.






INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

- La C. Secretaria Merodio Reza: Se recibió del Instituto Mexicano del Seguro Social, su informe de labores 2011-2012 y su programa de actividades.

- El C. Presidente Cordero Arroyo: Remítase a la Comisión de Seguridad Social.

Pasamos al siguiente asunto.






GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL

- La C. Secretaria Merodio Reza: Se recibió una invitación del gobierno del Distrito Federal, para asistir a las siguientes ceremonias conmemorativas:

Del 188 aniversario de la expedición del Decreto de creación del Distrito Federal, a realizarse el domingo 18 de noviembre del año en curso.

Del 102 aniversario del inicio de la Revolución Mexicana, a realizarse el martes 20 de noviembre del año en curso.

Del 90 aniversario luctuoso de Ricardo Flores Magón, a realizarse el miércoles 21 de noviembre del año en curso. Todas se llevarán a cabo en esta ciudad.

“SECRETARIA DE CULTURA

“2012 Año por la Cultura de la Legalidad”
México D. F., a 28 de agosto de 2012.

CC. SECRETARIOS DE LA H. CAMARA DE SENADORES
LXII LEGISLATURA
PRESENTE.

El Gobierno del Distrito Federal, a través de la Secretaria de Cultura, ha programado las ceremonias conmemorativas correspondientes al mes de noviembre, de las cuales anexo su descripción.

Fecha

Hora

Ceremonia

Lugar

Domingo 18

10:00 Hras.

188 Aniversario de la Expedición del Decreto de Creación del Distrito Federal

Salón de Cabildos "Francisco Primo de Verdad y Ramos" del Antiguo Palacio del Ayuntamiento del Distrito Federal

Martes 20

10:00 Hras.

102 Aniversario del Inicio de la Revolución Mexicana

Monumento a la Revolución,

Miércoles 21

10:00 Hras.

90 Aniversario Luctuoso de Ricardo Flores Magón

Rotonda de las Personas Ilustres del Panteón Civil de Dolores

Por lo anterior, me permito solicitar a ustedes los nombres de los legisladores que asistirán a los eventos de referencia en representación de la Honorable Cámara de Senadores. Apreciare que, de ser posible, tuvieran a bien confirmarnos a la brevedad su participación en dichos actos.

Al agradecer su gentil respuesta pongo a sus ordenes los teléfonos 55 18 55 31 al Lic. José de la Rosa Herrera, Coordinador de Patrimonio Histórico, Artístico y Cultural y 55 21 43 34 con Mario Alberto Corona Salazar, responsable del área de Cívica.

Sin otro particular, me es grato enviarle un cordial saludo.

Atentamente

Nina A. Serratos Zavala
Secretaria de Cultura”.

- El C. Presidente Cordero Arroyo: Para asistir a dichas ceremonias en representación de la Cámara de Senadores, se designan:

Al Senador Mario Delgado Carrillo, para la ceremonia del aniversario de la expedición del Decreto de creación del Distrito Federal.

Al Senador Adolfo Romero Lainas, para la ceremonia del aniversario del inicio de la Revolución Mexicana.

Y al Senador Marco Antonio Blásquez Salinas, para la ceremonia del aniversario luctuoso de Ricardo Flores Magón.

En el apartado de iniciativas, tiene el uso de la tribuna la Senadora María Cristina Díaz Salazar, del grupo parlamentario del PRI, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 30, 42, 48 y 64 de la Ley de Seguridad Nacional.






INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETOPOR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTICULOS 30, 42, 48 Y 64 DE LA LEY DE SEGURIDAD NACIONAL

(Presentada por la C. Senadora María Cristina Díaz Salazar, del grupo parlamentario del PRI)

- La C. Senadora Cristina Díaz Salazar: Gracias, señor Presidente; compañeros Senadores, les solicito un momento de su atención para señalar lo siguiente:

Hoy el acceso a la información es una garantía constitucional tanto en su protección como en su cuidado. Este derecho tiene las limitaciones constitucionales enunciadas en el propio artículo 6o. fracciones I y II, al señalar que tiene carácter de pública toda información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo federal, estatal y municipal, y sólo podrá ser reservada temporalmente por razones de interés público en los términos que fijen las leyes; además establece, que la información relativa a la vida privada y datos personales será protegida en los términos y con las excepciones que fijen las leyes.

La Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental define el término “información reservada”, en la fracción VI del artículo 3, como aquélla que se encuentra temporalmente sujeta a alguna de las excepciones previstas en los artículos 13 y 14 de esta ley.

Es decir, aquélla cuya difusión comprometa la seguridad nacional, la seguridad pública o la defensa nacional.

Ahora bien, ¿qué es la seguridad nacional? Pues en la ley del mismo nombre, que se aprobó hace algunos años, se define como las acciones destinadas, de manera inmediata y directa, a mantener la integridad, estabilidad y permanencia del Estado mexicano, que conlleva a proteger al país frente a riesgos y amenazas; preservar la soberanía, independencia, territorio y la unidad de la Federación; mantener el orden constitucional y fortalecer las instituciones democráticas de gobierno; defender al país frente a otros Estados o sujetos de derecho internacional; y preservar el régimen democrático fundado en el desarrollo social, económico y político.

Estas tareas organizan también el quehacer del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN) y el resto de las instituciones que integran el Sistema de Seguridad Nacional. El CISEN, como todos lo saben, es un órgano civil desconcentrado y dependiente de la Secretaría de Gobernación, cuya misión es generar inteligencia en materia de seguridad nacional para México.

Es decir, los ojos del Estado dentro del Estado y no para el Estado, como es la concepción real que debe tener la inteligencia.

Una de las herramientas de las cuales se hace saber de esta inteligencia, es mediante la intervención de comunicaciones privadas, es un medio legal por el cual el agente del Ministerio Público de la Federación, con motivo de la investigación de un delito en materia de delincuencia organizada y previa autorización de la autoridad judicial, interviene las comunicaciones para obtener información que sirva para el esclarecimiento de los hechos investigados.

La intervención de las comunicaciones privadas es una herramienta jurídica especialmente útil y necesaria que prevé la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada.

El empleo de esta figura jurídica especial ha permitido el desmantelamiento de diversas organizaciones delictivas, tales como el tráfico de indocumentados y el secuestro, así como la detección, detención y aprehensión de varios miembros de la delincuencia organizada dedicados a la comisión de delitos contra la salud y a realizar operaciones con recursos de procedencia ilícita llámese lavado de dinero.

Compañeros, el artículo 16 de la Constitución señala que las intervenciones de comunicaciones privadas podrán ser autorizadas únicamente por los Jueces de Distrito, a petición de la autoridad federal que faculte la ley. A falta de dicha autorización judicial, las investigaciones realizadas por medio de una intervención de comunicaciones privadas, carecerán de valor probatorio.

Dicha información solamente podrá ser recabada, compilada, procesada y diseminada con fines de seguridad nacional, esta ley precisa que en ningún caso se divulgará información reservada que, a pesar de no tener vinculación con amenazas a la seguridad nacional o con acciones y procedimientos preventivos de las mismas, lesionen la privacidad, la dignidad de las personas o revelen datos personales, tal como lo establece el texto vigente en los artículos 30 y 34, y nos señala muy claro que constituye un delito ya que la única intervención de medios de comunicación privada, que es legal, se realiza mediante la autorización de una autoridad judicial.

No podemos dejar en soslayo la ley y no debemos dejar inconcluso el trabajo legislativo en esta materia.

En los artículos que se pretenden reformar en la presente iniciativa, se omite, actualmente, establecer sanciones penales claras para los servidores públicos de todas las dependencias, incluso de áreas de gobierno, que no realizan actividades de inteligencia, por la divulgación de información reservada o su uso para otros fines.

Por lo cual, se propone sancionar con prisión de 6 a 12 años, de 500 a mil días de multa, así como con la destitución o inhabilitación para desempeñar otro empleo, cargo o comisión públicos, por el mismo plazo que la pena de prisión impuesta.

Los servidores públicos que intervengan comunicaciones privadas sin autorización judicial correspondiente, o que la realicen en términos distintos de los autorizados en el presente ordenamiento, serán sancionados como lo he señalado.

Es cuanto, señor Presidente.

(Aplausos)

Iniciativa

“H. ASAMBLEA:

La que suscribe, Senadora Cristina Díaz Salazar, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, en ejercicio de la facultad conferida en la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y de los artículos 8, numeral 1, fracción I, 164 y 169 del Reglamento del Senado de la República, someto a consideración del Pleno de la Cámara de Senadores, la iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 30, 42, 48 y 64 de la Ley de Seguridad Nacional.

Exposición de Motivos

El derecho de acceso a la información tiene su fundamento en el artículo 6º de nuestra Constitución, en el que se establecen los principios y bases que regirán su ejercicio.

Este derecho tiene las limitaciones constitucionales enunciadas en el propio artículo 6°, fracciones I y II, al señalar que tiene el carácter de pública toda información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo federal, estatal y municipal, y solo podrá ser reservada temporalmente por razones de interés público en los términos que fijen las leyes; además establece que la información relativa a la vida privada y datos personales será protegida en los términos y con las excepciones que fijen las leyes.

Asimismo, otra limitante está prevista en el artículo 7° constitucional (respeto a la vida privada, la moral y a la paz pública).

La Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental define el término “información reservada” en la fracción VI del artículo 3, como aquélla que se encuentra temporalmente sujeta a alguna de las excepciones previstas en los artículos 13 y 14 de esta Ley.

En dichos artículos se detalla la información que se clasifica con ese carácter, destacando lo previsto en la fracción I del artículo 13, es decir aquélla cuya difusión comprometa la seguridad nacional, la seguridad pública o la defensa nacional.

El artículo 3 de la Ley de Seguridad Nacional define la “seguridad nacional” como las acciones destinadas de manera inmediata y directa a mantener la integridad, estabilidad y permanencia del Estado Mexicano, que conlleven a proteger al país frente a riesgos y amenazas; preservar la soberanía, independencia, territorio y la unidad de la Federación; mantener el orden constitucional y fortalecer las instituciones democráticas de gobierno; defender al país frente a otros Estados o sujetos de derecho internacional; y preservar el régimen democrático fundado en el desarrollo social, económico y político.

Este término organiza el quehacer del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN) y del resto de las instituciones que integran el Sistema de Seguridad Nacional. El CISEN es un órgano civil desconcentrado y dependiente de la Secretaría de Gobernación, cuya misión es generar inteligencia en materia de seguridad nacional para México.

La “intervención de comunicaciones privadas” es un medio legal por el cual el agente del Ministerio Público de la Federación, con motivo de la investigación de un delito materia de delincuencia organizada y previa autorización de la autoridad judicial, interviene las comunicaciones para obtener información que sirva para el esclarecimiento de los hechos investigados.

La “intervención de comunicaciones privadas” es una herramienta jurídica especialmente útil y necesaria que prevé la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada para que el Ministerio Público de la Federación pueda emplear para lograr la identificación y ubicación de miembros o integrantes de organizaciones delictivas dedicadas a la delincuencia organizada.

Bajo esta perspectiva, la finalidad fundamental de intervenir una comunicación privada es adjudicarse revelaciones o testimonios particulares de probables integrantes de organizaciones delictivas dedicadas a la delincuencia organizada, esto es, recabar toda la información que sea necesaria para fortalecer los indicios que permitan identificar la estructura, formas de operación y ámbitos de actuación de dichas organizaciones delictivas y, en su caso, lograr la consignación de sus miembros ante los tribunales federales.

Con la intervención de comunicaciones privadas se ha logrado perfeccionar la integración de muchas investigaciones relacionadas con miembros de la delincuencia organizada, con resultados satisfactorios. En efecto, el empleo de esta figura jurídica especial ha permitido el desmembramiento de diversas organizaciones delictivas dedicadas a la comisión de los delitos contemplados en la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada, tales como el tráfico de indocumentados y el secuestro, así como la detección, detención y aprehensión de varios miembros de la delincuencia organizada dedicados a la comisión de delitos contra la salud y a realizar operaciones con recursos de procedencia ilícita (lavado de dinero).

El artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos señala que las intervenciones de comunicaciones privadas podrán ser autorizadas únicamente por los jueces de Distrito, a petición de la autoridad federal que faculte la ley. A falta de dicha autorización judicial, las investigaciones realizadas por medio de una intervención de comunicaciones privadas carecerán de valor probatorio.

El artículo 29 de la citada ley define como “inteligencia” el conocimiento obtenido a partir de la recolección, procesamiento, diseminación y explotación de información, para la toma de decisiones en materia de Seguridad Nacional.

Dicha información solamente podrá ser recabada, compilada, procesada y diseminada con fines de Seguridad Nacional por las instancias autorizadas, igualmente esta ley precisa que en ningún caso se divulgará información reservada que, a pesar de no tener vinculación con amenazas a la Seguridad Nacional o con acciones o procedimientos preventivos de las mismas, lesionen la privacidad, la dignidad de las personas o revelen datos personales, tal como lo establece el texto vigente de los artículos 30 y 64.

Artículo 30.- La información sólo podrá ser recabada, compilada, procesada y diseminada con fines de Seguridad Nacional por las instancias autorizadas.

Artículo 64.- En ningún caso se divulgará información reservada que, a pesar de no tener vinculación con amenazas a la Seguridad Nacional o con acciones o procedimientos preventivos de las mismas, lesionen la privacidad, la dignidad de las personas o revelen datos personales.

En ambos preceptos no estamos en presencia de casos de delincuencia organizaday en el entendido de que intervenir ilegalmente comunicaciones privadas constituye un delito, ya que la única intervención de medios de comunicación privada que es legal se realiza mediante la autorización de una autoridad jurisdiccional, así como las que realizan los órganos encargados de la procuración de justicia federal, de conformidad con lo establecido en el párrafo décimo segundo del artículo 16 Constitucional, que establece: “Las comunicaciones privadas son inviolables. La ley sancionará penalmente cualquier acto que atente contra la libertad y privacía de las mismas, excepto cuando sean aportadas de forma voluntaria por alguno de los particulares que participen en ellas. El juez valorará el alcance de éstas, siempre y cuando contengan información relacionada con la comisión de un delito. En ningún caso se admitirán comunicaciones que violen el deber de confidencialidad que establezca la ley.”

El delito de “intervenciones de comunicaciones privadas” está previsto y sancionado en el artículo 177 del Código Penal Federal, que prevé: “A quien intervenga comunicaciones privadas sin mandato de autoridad judicial competente, se le aplicarán sanciones de seis a doce años de prisión y de trescientos a seiscientos días multa”.

La intervención de comunicaciones privadas sin autorización judicial por servidores públicos de la Unidad Especializada para la Investigación de Delitos cometidos por miembros de la Delincuencia Organizada, se sanciona con prisión de 6 a 12 años de 500 a mil días multa, así como con la destitución e inhabilitación para desempeñar otro empleo, cargo o comisión públicos, por el mismo plazo que la pena de prisión impuesta,según lo previsto en el artículo 28 de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada.

En los artículos que se pretenden reformar en la presente iniciativa,se omite establecer sanciones penales claras para los servidores públicos de todas las dependencias, incluso de áreas del gobierno que no realizan actividades de inteligencia, por la divulgación de información reservada o su uso para otros fines.

Por lo que se propone especificar sanciones de carácter penal en dichos artículos, remitiéndose a la fracción IV del artículo 214 del Código Penal Federal que establece que comete el delito de ejercicio indebido de servicio público que por sí o por interpósita persona, sustraiga, destruya, oculte, utilice, o inutilice ilícitamente información o documentación que se encuentre bajo su custodia o a la cual tenga acceso, o de la que tenga conocimiento en virtud de su empleo, cargo o comisión.

El artículo 42 la Ley de Seguridad Nacional precisa que los datos obtenidos de las actividades autorizadas mediante resolución judicial se clasifican como información reservada que sólo podrá conocer el Director General del Centro, las personas que designe el Consejo y los jueces federales competentes.

Y el artículo 48 dispone que la información y los materiales de cualquier especie que sean producto de una intervención de comunicaciones privadas autorizadas, tendrán el carácter de reservados.

Los preceptos que se propone reformar también prescinden de señalar las sanciones correspondientes por intervenir comunicaciones privadas o por utilizar indebidamente la información obtenida en el curso de la misma, por lo que atendiendo a lo dispuesto por el segundo párrafo del artículo 16 Constitucional, se propone sancionarcon prisión de seis a doce años, de quinientos a mil días multa, así como con la destitución e inhabilitación para desempeñar otro empleo, cargo o comisión públicos, por el mismo plazo que la pena de prisión impuesta.

Estas reformas tienen como propósito garantizar un correcto desempeño de las funciones que se ejercen en materia de Seguridad Nacional, principalmente con la utilización de la información reservada y la intervención de las comunicaciones privadas, además de establecer sanciones claras y concretas para quienes contravengan lo dispuesto.

Por lo anteriormente expuesto, me permito presentar a la consideración de esta H. Asamblea el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO

ARTICULO UNICO.- Se REFORMAN los artículos 30, 42, 48 y 64 de la Ley de Seguridad Nacional, para quedar como sigue:

ARTICULO 30.- La información sólo podrá ser recabada, compilada, procesada y diseminada con fines de Seguridad Nacional por las instancias autorizadas. La utilización de esta información con fines distintos a los prescritos en el presente artículo, será sancionada penalmente, equiparándose a lo establecido en la fracción IV del artículo 214 del Código Penal Federal.

ARTICULO 42.- Los datos que se obtengan de las actividades autorizadas mediante resolución judicial será información reservada que sólo podrá conocer el Director General del Centro, las personas que designe el Consejo y los jueces federales competentes. Los servidores públicos que intervengan comunicaciones privadas sin la autorización judicial correspondiente, o que la realicen en términos distintos de los autorizados en el presente ordenamiento, serán sancionados con prisión de seis a doce años, de quinientos a mil días multa, así como con la destitución e inhabilitación para desempeñar otro empleo, cargo o comisión públicos, por el mismo plazo que la pena de prisión impuesta.

ARTICULO 48.- La información y los materiales de cualquier especie que sean producto de una intervención de comunicaciones privadas autorizadas conforme a las disposiciones de este Capítulo, tendrán invariablemente el carácter de reservados. Los servidores públicos que revelen, divulguen o utilicen en forma indebida o en perjuicio de otro la información o imágenes obtenidas en el curso de una intervención de comunicaciones privadas, autorizada o no, serán sancionados penalmente en la forma establecida en el artículo 42 de la presente ley.

ARTICULO 64.- En ningún caso se divulgará información reservada que, a pesar de no tener vinculación con amenazas a la Seguridad Nacional o con acciones o procedimientos preventivos de las mismas, lesionen la privacidad, la dignidad de las personas o revelen datos personales. La contravención a lo anterior será sancionada penalmente en la forma establecida en el artículo 30 de la presente ley.

ARTICULO TRANSITORIO

Unico: El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el salón de sesiones de la H. Cámara de Senadores, a 8 de noviembre de 2012.

Sen. María Cristina Díaz Salazar”.

- El C. Presidente Cordero Arroyo: Muchas gracias, Senadora Díaz Salazar. Se turna a las Comisiones Unidas de Gobernación; y de Estudios Legislativos, Primera, con opinión de la Comisión de Seguridad Pública.

[1]“Toda persona tiene derecho a la protección de sus datos personales, al acceso, rectificación y cancelación de los mismos, así como a manifestar su oposición, en los términos que fije la ley, la cual establecerá los supuestos de excepción a los principios que rijan el tratamiento de datos, por razones de seguridad nacional, disposiciones de orden público, seguridad y salud públicas o para proteger los derechos de terceros”.

Tiene la palabra la Senadora Mariana Gómez del Campo Gurza, a nombre propio y de los Senadores Rosa Adriana Díaz Lizama y Daniel Gabriel Avila Ruiz, del grupo parlamentario del PAN, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 24, numeral 1, inciso b) y 28 numeral 1, fracción I del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.






INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETOPOR EL QUE SE REFORMA EL ARTICULO 24, NUMERAL 1, INCISO B) Y EL ARTICULO 28,NUMERAL 1, FRACCION I DEL CODIGO FEDERAL DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES

(Presentada por la C. Senadora Mariana Gómez del Campo Gurza, a nombre propio y de los CC. Senadores Rosa Adriana Díaz Lizama y Daniel Gabriel Avila Ruiz, del grupo parlamentario del PAN)

- La C. Senadora Mariana Gómez del Campo Gurza: Con su venia, señor Presidente.

Ha sido importante para nosotros impulsar en este periodo ordinario de sesiones los cambios normativos que requiere nuestra democracia para lograr que su desempeño mejore, que las instituciones se fortalezcan y que los ciudadanos tengan confianza en la política y en nosotros los políticos.

Estas son condiciones necesarias para que tenga lugar la consolidación democrática en nuestro país. Así como lo hicimos ya hace unas semanas en presentar una iniciativa para establecer la reelección de Diputados y Senadores en el ámbito federal y local, también presentamos otro para robustecer los requisitos que deben acreditar los partidos políticos para conservar su registro.

En esta ocasión, hacemos uso de la tribuna para presentar una iniciativa más que va de la mano de las anteriores. Esta tiene que ver con los requisitos para que los partidos acrediten contar con la simpatía de un número significativo de ciudadanos para cumplir de manera eficiente el papel encomendado en la Constitución en materia de representación.

Actualmente, el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales establece que las agrupaciones que busquen su registro como partidos políticos deberán contar con tres mil afiliados en por lo menos 20 entidades federativas; o bien, 300 afiliados en por lo menos 200 distritos electorales uninominales, además exige que bajo ninguna circunstancia el número total de sus afiliados en el país podrá ser inferior al 0.26 por ciento del padrón electoral federal que haya sido utilizado en la elección federal ordinaria inmediata anterior a la presentación de la solicitud de que se trate.

Hoy, proponemos que se reformen los artículos 24 y 28 de dicho Código, para que esos márgenes se adecuen a la realidad política del país y a las exigencias de los ciudadanos.

Tras lejos del cambio que vivimos, es que en sólo 12 años el padrón electoral pasó de 58 millones de votantes a 85 millones, es decir, creció 47 por ciento. Los mexicanos quieren que la democracia sea funcional y no resulte un gasto excesivo.

Hoy, el sistema electoral y los partidos le cuestan a los ciudadanos cerca de 15 mil millones de pesos al año, por eso es tan importante que establezcamos las condiciones para que en el corto plazo todos los partidos, no nada más los de reciente creación, en primer lugar, cuenten con un amplio respaldo popular; segundo, que cumplan verdaderamente con su función representativa de la población y de sus intereses; tercero, que sea reflejo de la pluralidad de nuestro pueblo en una justa dimensión y por último, que no se conviertan en un lastre económico para las finanzas públicas.

En este sentido, la de la voz, junto con la Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama y el Senador Daniel Gabriel Avila Ruiz, presentamos esta iniciativa con la finalidad de que se duplique el número de afiliados necesarios, incrementándose de tres mil a seis mil en 20 entidades del país, que se pase de 300 afiliados a 600 en 200 distritos electorales uninominales y que bajo ninguna circunstancia el número total de sus afiliados sea inferior al 0.36 por ciento del padrón electoral federal, es decir, que se incremente en una décima porcentual, es el requisito.

Estoy segura que con estas reformas los Senadores estaremos respondiendo a los ciudadanos, al mismo tiempo fortaleceremos nuestra democracia porque tendremos partidos políticos más cercanos a la gente y verdaderamente representativos sin menoscabo de la pluralidad que distingue a nuestro México.

Es cuanto, señor Presidente.

(Aplausos)

Iniciativa

“CC. SECRETARIOS DE LA MESA DIRECTIVA
DE LA CAMARA DE SENADORES
DEL H. CONGRESO DE LA UNION
EN LA LXII LEGISLATURA
PRESENTE.

Los que suscriben, MARIANA GOMEZ DEL CAMPO GURZA, ROSA ADRIANA DIAZ LIZAMA y DANIEL GABRIEL AVILA RUIZ, senadores a la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, integrantes del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto por los artículos: 71 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como por los artículos 8° fracción I, 164 numeral 1, 169,164 numeral 3, 171 y 172 del Reglamento del Senado de la República, sometemos a consideración de esta soberanía, la presente: INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTICULOS 24, NUMERAL 1 INCISO B) Y 28 NUMERAL 1 FRACCION I, DEL CODIGO FEDERAL DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES; al tenor de la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

Las que suscriben han sostenido mediante la presentación de otros instrumentos legislativos que la democracia en nuestro país tiene como herramienta fundamental a los partidos políticos y finalmente se materializa en una primera fase, mediante los comicios periódicos, y en una segunda, mediante la ocupación de cargos de elección popular emanados de procesos electorales. En esta tesitura se hace necesario establecer mecanismos eficientes a fin de hacer patente dogmáticamente la participación libre del pueblo en las decisiones electorales para renovar a las autoridades y diversos entes de la administración pública.

También que los partidos políticos como hilo conductor de la democracia, se rijan siempre bajo condiciones que permitan evaluar su eficacia y vigencia por cuanto a la opción política que representan.

La constitución de un partido político no es cosa menor y debe ser considerada con la mayor seriedad posible, por eso es necesario no sólo aumentar el umbral  para sostener el registro de los partidos políticos vigentes, sino que también es preciso establecer requisitos con mayores exigencias para la conformación de estos.

La intensión del aumento de los requisitos que se propone va en función de que la población se ha incrementado en número suficiente como para estimar imperioso elevar los porcentajes exigidos a nivel nacional, y por otra parte, tiene la intención de atender a los antecedentes de que la creación de un partido político pudiera constituir un botín o un instrumento de utilización personal o mezquino de prevalencia en la vida pública a costa no de una  decisión legítima de la ciudadanía, sino de una argucia que obedece sólo a intereses particulares o de pequeños grupos de personas, que a sabiendas de que no prosperará la oferta política que representa el instituto político al que pertenecen o que hicieron surgir, inducen arbitrariamente a la simulación de procesos democráticos para conseguir su subsistencia innecesaria e inadecuada y peor aún a expensas del erario público que permite el financiamiento de los partidos políticos por pequeños que estos sean.

Como hemos expuesto en iniciativas anteriores, desde el año dos mil, al año dos mil doce, 16 partidos políticos han participado en elecciones federales, de los cuales, sólo 7 conservan su registro.[1]

Por ello, proponemos que se incremente el número de afiliados requeridos actualmente para que en lugar de contar con tres mil afiliados en por lo menos veinte entidades federativas, esa cifra se eleve a seis mil afiliados en el mismo número de entidades; por otro lado, la norma vigente establece que el registro de un nuevo partido requiere contar con trescientos afiliados, en por lo menos doscientos distritos electorales uninominales, nuestra propuesta es incrementar esa cifra a seiscientos afiliados en los mismos distritos electorales uninominales, en donde bajo ninguna circunstancia el número total de sus afiliados en el país podrá ser inferior al 0.36 por ciento del padrón electoral federal que haya sido utilizado en la elección federal ordinaria inmediata anterior a la presentación de la solicitud de que se trate.

En mérito de lo antes expuesto, sometemos a la consideración de esta Soberanía la presente iniciativa con el siguiente proyecto de:

DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTICULO 24, NUMERAL 1 INCISO B) Y 28 NUMERAL 1 FRACCION I, DEL CODIGO FEDERAL DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES, PARA QUEDAR COMO SIGUE:

UNICO. Se reforma el artículo 24, numeral 1, inciso b) y 28 numeral 1 fracción I, del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, en los siguientes términos:

Artículo 24

1. …

a)

b)…

c) Contar con seis mil afiliados en por lo menos veinte entidades federativas, o bien tener seiscientos afiliados, en por lo menos doscientos distritos electorales uninominales, los cuales deberán contar con credencial para votar con fotografía correspondiente a dicha entidad o distrito, según sea el caso; bajo ninguna circunstancia, el número total de sus afiliados en el país podrá ser inferior al 0.36 por ciento del padrón electoral federal que haya sido utilizado en la elección federal ordinaria inmediata anterior a la presentación de la solicitud de que se trate.

Artículo 28

1…

a) (…)

I. El número de afiliados que concurrieron y participaron en la asamblea estatal o distrital, que en ningún caso podrá ser menor a seis mil o seiscientos, respectivamente, de conformidad con lo dispuesto por el inciso b) del párrafo 1 del artículo 24; que asistieron libremente y conocieron y aprobaron la declaración de principios, el programa de acción y los estatutos; y que suscribieron el documento de manifestación formal de afiliación;

II a V (…)

TRANSITORIOS

UNICO. El presente Decreto entra en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, a 13 de noviembre de 2012.

Atentamente

Sen. Mariana Gómez del Campo Gurza.- Sen. Rosa Adriana Díaz Lizama.- Sen. Daniel Gabriel Avila Ruiz”.

PRESIDENCIA DEL C. SENADOR
JOSE ROSAS AISPURO TORRES

- El C. Presidente José Rosas Aispuro Torres: Gracias, Senadora Mariana Gómez del Campo Gurza. Se turna a las Comisiones Unidas de Gobernación; y de Estudios Legislativos, Segunda.

[1]Subdirección de Análisis Económico de la Cámara de Diputados LXI Legislatura. «El financiamiento público federal para los partidos políticos nacionales de México: presupuesto aprobado e impactode la reforma al artículo 41 constitucional, 2000-2012.» marzo de 2012. http://biblioteca.diputados.gob.mx/janium/bv/sia/sae/SAE-ISS-05-12.pdf (último acceso: 21 de septiembre de 2012).

Se le concede el uso de la palabra al Senador Armando Ríos Piter, con aval del grupo parlamentario del PRD, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se expide la Ley General de Propaganda Gubernamental, se deroga la fracción II del artículo 223 del Código Penal Federal y se reforma el numeral 5 del artículo 228 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.






INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETOPOR EL QUE SE EXPIDE LA LEY GENERAL DE PROPAGANDA GUBERNAMENTAL, SE DEROGA LA FRACCION II DEL ARTICULO 223 DEL CODIGO PENAL FEDERAL Y SE REFORMA EL NUMERAL 5 DEL ARTICULO 228 DEL CODIGO FEDERAL DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES

(Presentada por el C. Senador Armando Ríos Piter, del grupo parlamentario del PRD, con aval de grupo)

- El C. Senador Armando Ríos Piter: Con su permiso, señor Presidente; compañeras y compañeros Senadores:

El día de hoy, el grupo parlamentario del PRD, a través de esta iniciativa presenta una posición que busca evitar el uso discrecional de los recursos públicos y de los tiempos oficiales, con la finalidad de censurar aquellos medios de comunicación, y obviamente a las autoridades públicas, sean estas estatales, municipales o federales, pues que se estén excediendo en el uso de los recursos públicos con la finalidad de aplicarlos a los medios de comunicación.

El presente proyecto de iniciativa de ley forma parte de la agenda de trabajo en materia de transparencia y rendición de cuentas de la LXII Legislatura del Senado de la República, específicamente en lo relativo al fortalecimiento de la libertad de expresión, establecida en el artículo 6o. constitucional.

El Senado está obligado a reglamentar la propaganda gubernamental a partir de la última reforma que se hizo al artículo 134 de la Constitución, con la finalidad de eliminar la discrecionalidad de los funcionarios públicos en un afán de promover su figura dentro y fuera de los periodos electorales, con recursos que aportan los contribuyentes.

Y esto, compañeros y compañeras, es especialmente trascendente, toda vez que se ha caído en importantes excesos en el uso de los recursos públicos para promover la figura de actores, de hombres o mujeres que buscan a través de los medios de comunicación enaltecer su figura por encima de comunicar las acciones de gobierno.

Un estudio que recientemente hiciera FUNDAR en su publicación para el 2012, nos da datos interesantes, pero al mismo tiempo alarmantes sobre la problemática del uso de estos recursos.

Durante los cinco primeros años del actual gobierno, del Ejecutivo Federal que está a punto de terminar, de 2007 a 2011, se han ejercido prácticamente 19 mil 658 millones de pesos en publicidad oficial. Esto de acuerdo a los datos de la cuenta pública, es decir, los datos oficiales, no se cuenta con información sobre otro tipo de convenios que pudieran estarse haciendo, no bajo la lógica de transparencia, sino que estén haciendo con los medios de comunicación en lo oscurito. Pero este dato por sí mismo es relevante y es importante destacarlo frente a esta Asamblea.

¿Qué podría el país hacer con 19 mil 645 millones de pesos?

Bueno, podrían construirse 61 hospitales, como el Hospital General que está en la zona de Tabasco, que tiene una capacidad para 112 camas y que costó un monto total de 320 millones de pesos, seguramente no solamente podríamos hacer hospitales ahí en Tabasco, sino los podríamos hacer en el estado de Oaxaca, en el estado de Chiapas, en el estado de Guerrero, que son estados que tienen una problemática de infraestructura en materia de salud pública que es grave y que tenemos que tener la capacidad los mexicanos, y obviamente quienes definen los recursos presupuestales, de poder definir qué es mejor: si comunicarle a la gente, que es lo que está haciendo el gobierno, que muchas veces no logra cumplirse el objetivo, yo solamente les pregunto si el gasto importante que se ha hecho en materia de seguridad pública durante todo este sexenio ha sido suficiente para poder cambiar la percepción en la ciudadanía de que verdaderamente hay seguridad en el país.

Bueno, ahí hay un dato muy puntual, 61 hospitales con la misma capacidad que logramos darle al hospital de Tabasco, o por ejemplo con 19 mil 645 millones de pesos podrían construirse 1965 escuelas públicas, 1965 escuelas públicas con capacidad para 100 niños.

¿Cuántas comunidades, compañeros y compañeras, en todo nuestro vasto territorio nacional no se necesitan escuelas en este momento, o por lo menos cuántas escuelas no necesitan que se les ponga un techo para que los niños no tengan que estudiar debajo de los árboles?

Bueno, me parece que es pertinente que hagamos una discusión muy profunda, muy formal. Si es pertinente como país seguir gastando esos casi 20 mil millones de pesos en propaganda oficial, o sería más pertinente empezarle a meter recursos públicos ahí donde están las graves demandas y necesidades de los ciudadanos.

Y el problema no solamente es en el gobierno federal, compañeros y compañeras, es también la parte importante de gasto que se hace a partir de las entidades federativas. El mismo estudio que presenta FUNDAR, nos presenta que solamente 19 entidades de la República estuvieron dispuestas a presentar información, pero el gasto es igualmente importante y amplio, y el problema es que la falta de una regulación comprometida, fundamental en esta materia, está permitiendo no solamente enormes áreas de opacidad, sino que se empiece a construir un circuito que verdaderamente está dañando al Estado mexicano y está dañando a la vida pública nacional.

¿Cuál es? La relación perversa que se ha empezado a constituir entre los políticos y los propios medios de comunicación, porque hoy precisamente la relación con los medios de comunicación se ha vuelto un mecanismo prácticamente fundamental para el acceso al poder.

Algún Senador o Senadora, algún Diputado federal o Diputada, algún presidente municipal que desea crecer en su carrera política, sabe que necesita a los medios de comunicación y se empiezan a tejer alianzas, y esto lo digo porque es parte de la problemática sistemática que se enfrenta en este país y que es parte del problema que enfrentan todos los políticos de todos los partidos políticos, en una relación que se ha ido pervirtiendo progresivamente, en donde si no tienes una buena relación con los medios de comunicación, entonces tu futuro político se pone en riesgo.

Entonces, al no tener una buena regulación del tema de los medios y especialmente de la propaganda gubernamental, repito la cifra, casi 20 mil millones de pesos que se han asignado por parte del gobierno federal, entonces esa perversión de la relación se vuelve un círculo vicioso que empieza a entronizar a los medios de comunicación por encima de las decisiones que tienen que ser de la gente y por encima de las decisiones que esos actores públicos tienen que tomar por el bien de la gente, por encima de los intereses de esos medios de comunicación. Por eso este tema es fundamental, compañeros y compañeras.

Necesitamos una reglamentación que garantice con toda transparencia y con toda pulcritud que podamos observar cuál es la relación del Estado mexicano, cuál es la relación del gobierno federal, de los gobiernos de los estados y de los gobiernos municipales para con los medios de comunicación.

Y que se entienda muy bien, compañeros y compañeras, la relación con los medios es indispensable para poder comunicarle a la gente hacia dónde va la política pública, hacia dónde se puede establecer una campaña de conciliación nacional para dirigir la ruta del país. Pero esta relación tiene que ser transparente, esta relación tiene que estar acordada y tiene que hacerse de cara a la ciudadanía. De tal forma, compañeros y compañeras, que la presente reforma que nosotros ponemos a consideración de esta Asamblea, forma parte de los temas que han estado en la amplia discusión nacional.

Escuchaba el día de ayer una entrevista que le hicieron al Presidente Electo, Enrique Peña Nieto, quien habló sobre la propuesta que tiene en materia de corrupción y que es parte de tres temas que puso sobre la mesa, incluso en campaña.

Uno, el tema de una comisión anticorrupción.

Dos, el tema que tiene que ver con la transparencia y la autonomía del IFAI, que ya estamos discutiendo.

Y tres, que tiene que ver con la regulación de la relación que tenga el Estado mexicano con los medios.

El grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática aporta esta propuesta con la finalidad de no salirnos solamente con un discurso, o no quedarnos con una propuesta que no le dé resultados concretos a la ciudadanía. Habremos de hacer foros especialmente con los jóvenes que alrededor del Movimiento #YoSoy132 pusieron este tema en el debate nacional.

Y esperamos, compañeros y compañeras legisladoras, que podamos dar un debate de altura y que le podamos entregar al Estado mexicano una nueva ley de regulación, de propaganda gubernamental que le ayude al país y que fortalezca el Estado mexicano.

Es cuanto, señor Presidente.

Iniciativa

“Quien suscribe, Senador Armando RIos Piter, integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, a la LXII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 8, fracción I, 164, párrafos 1 y 2, 169 y 172, párrafo 1, del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta Asamblea la siguiente INICIATIVACON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY GENERAL DE PROPAGANDA GUBERNAMENTAL, al tenor de la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

I. Un producto de los acuerdos a que arribó el Congreso de la Unión durante los trabajos para la reforma del Estado de 2007 fue la emisión del decreto por el que se reformaron los artículos 6, 41, 85, 99, 108, 116 y 122; se adicionó el artículo 134 y se derogó el tercer párrafo al artículo 97 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 13 de noviembre de 2007.

Se trata de la última modificación importante al sistema electoral mexicano, pero sus efectos trascienden ese ámbito en cuando menos dos aspectos sustanciales relacionados con el control sobre los poderes económicos y políticos: la constitucionalización del derecho de réplica y la regulación de la publicidad gubernamental.

Respecto del segundo instrumento, la reforma adicionó los párrafos penúltimo y último al artículo 134, en los cuales expresamente se establece:

“La propaganda, bajo cualquier modalidad de comunicación social, que difundan como tales, los poderes públicos, los órganos autónomos, las dependencias y entidades de la administración pública y cualquier otro ente de los tres órdenes de gobierno, deberá tener carácter institucional y fines informativos, educativos o de orientación social. En ningún caso esta propaganda incluirá nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen promoción personalizada de cualquier servidor público.

“Las leyes, en sus respectivos ámbitos de aplicación, garantizarán el estricto cumplimiento de lo previsto en los dos párrafos anteriores, incluyendo el régimen de sanciones a que haya lugar.”

Tal es la materia de la presente iniciativa. En la misma se desarrolla el texto constitucional citado, creando el marco jurídico reglamentario que dispondrá en forma estricta y pormenorizada las potestades y obligaciones de los servidores públicos en la materia y los derechos de los gobernados, los procedimientos para hacerlos efectivos y el régimen de sanciones a que habrá lugar en caso de transgresiones a la norma.

Dicha reglamentación es urgente. Por un lado, porque el legislador federal se ha demorado demasiado en su elaboración, en oposición a lo que él mismo determinó durante el proceso de reforma constitucional, al ordenar en el régimen transitorio del Decreto:

Artículo Tercero. El Congreso de la Unión deberá realizar las adecuaciones que correspondan en las leyes federales en un plazo máximo de treinta días naturales contados a partir del inicio de la vigencia de este Decreto.

El plazo contenido en ese precepto se venció hace más de cuatro años, sin que esta representación popular haya comenzado siquiera a discutir respecto de la adecuación respectiva en el ámbito de la legislación federal.

Por otro lado, en razón del determinante papel que juegan los medios masivos de comunicación en las preferencias políticas de los ciudadanos y frente al abuso que el poder político ha hecho de la propaganda gubernamental como mecanismo eficiente de promoción personalizada de servidores públicos, es amplia y creciente la demanda de la opinión pública para que este Legislativo Federal expida la legislación.

II. Dos premisas orientan, como principios generales, el contenido del proyecto de la ley que se presenta. Por un lado, la regulación de la propaganda gubernamental para impedir la promoción personalizada, evitar el desvío de recursos públicos que ello implica y preservar la equidad en la contienda política. Por el otro, garantizar el respeto pleno de la libertad de expresión, proscribiendo cualquier forma de censura indirecta, y del derecho de acceso a la información pública gubernamental en forma suficiente y fidedigna. Por ello, la legislación propuesta es reglamentaria de los artículos 6 y 134, párrafos último y penúltimo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

A. En el primer caso, cabe recordar que dentro de los objetivos fundamentales de la iniciativa plural que concluyó en la reforma constitucional de 2007 en materia electoral, se encontraban el impedir que actores ajenos al proceso electoral incidan en las campaña electorales y sus resultados a través de los medios de comunicación, así como elevar a rango de norma constitucional las regulaciones a que debe sujetarse la propaganda gubernamental, sea durante periodo de campañas electorales o fuera de éste.

Se trata de instrumentar “un nuevo modelo de comunicación entre sociedad, gobierno y partidos”, estableciendo en el texto constitucional “las normas que impidan el uso del poder público a favor o en contra de cualquier partido político o candidato a cargo de elección popular, y también el uso del mismo poder para promover ambiciones personales de índole política”.

Para seguir esas mismas premisas, de los trabajos realizados por la Comisión Ejecutiva de Negociación y Construcción de Acuerdos del Congreso de la Unión (CENCA), que recogió los resultados del Foro de Consulta Pública realizado por este Legislativo Federal en el marco de los trabajos para la Reforma del Estado, surgió una propuesta de Ley Federal sobre Propaganda y Publicidad Gubernamental Reglamentaria del Párrafo Séptimo del Artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

La propuesta se centró en el desarrollo de la prohibición constitucional a la promoción personalizada de los servidores públicos, lo que resulta explicable, pues en la reforma constitucional prevaleció la perspectiva electoral.

Muchos de esos elementos fueron considerados para la elaboración de la presente iniciativa, ya que derivan del consenso. Incluso, esos y otros elementos han sido objeto de un relativo desarrollo en la actividad jurisdiccional que despliega el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y en la actividad administrativa que ejerce el Instituto Federal Electoral.

Lo anterior encuentra explicación en el hecho de que las conductas dirigidas a la promoción de personas, en sus cualidades o logros, que se observan con reiteración en la propaganda gubernamental que afecta al espacio público mexicano, están por lo general relacionadas con la competencia electoral futura. Es preciso, en consecuencia, hacer énfasis en la prohibición de la promoción personalizada dirigida a influir en la lucha política general.

Pero el eje fundamental al que debemos ceñirnos no puede descuidar la circunstancia genérica, es decir, la regulación de los objetivos, principios, reglas especiales y procedimientos que deben observarse en las diversas etapas por las que atraviesa la actividad gubernamental de comunicación social: planeación, programación, presupuestación, ejecución del gasto, que incluye la distribución de los tiempos oficiales en radiodifusión y la contratación de los demás espacios de difusión, así como fiscalización, considerando los mecanismos de transparencia y control parlamentario.

Existen varios instrumentos legislativos y normativos que buscan reglamentar la difusión de la propaganda gubernamental. Por su contenido, específicamente relacionado con la difusión de propaganda y la amplitud de su regulación, destacan los siguientes:

• El artículo 228, numeral 5, correlacionado con el artículo 347, párrafo 1, inciso b), del Código Federal de Procedimientos e Instituciones Electorales, mismos que regulan en forma restringida la difusión de propaganda, por la vía de permitir la difusión de informes de gestión de funcionarios bajo ciertas restricciones y la determinación genérica de la prohibición de difundir publicidad oficial en tiempos de campañas, mediante la descripción de una infracción al contenido del Código.

• El artículo 223 del Código Penal Federal que tipifica como una de las conductas que configuran el delito de peculado la desviación de recursos para promover la imagen política o social de cualquier persona.

• El artículo 20 del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el actual ejercicio que establece pormenores relativos al gasto en publicidad de los Poderes Legislativo y Judicial, los entes autónomos, así como las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal; incluyendo regulación específica sobre adecuaciones presupuestarias, distribución equitativa de tiempos fiscales en radio y televisión; bases para la ejecución de programas y campañas en la materia, así como información de transparencia y control parlamentario.

• El Acuerdo por el que se establecen los Lineamientos generales para la orientación, planeación, autorización, coordinación, supervisión y evaluación de las estrategias, los programas y las campañas de comunicación social de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, para el ejercicio fiscal 2011.

Acuerdo del Consejo General del Instituto Federal Electoral mediante el cual se emiten normas reglamentarias sobre propaganda gubernamental a que se refiere el artículo 41, base III, apartado C, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para los procesos electorales locales de 2010, y sus antecedentes (acuerdos anteriores con normas muy semejantes para las campañas federales de 2009 y sus modificaciones), en el que se impone la obligación de las dependencias y entidades federales y estatales de suprimir o retirar toda propaganda gubernamental en radio y televisión durante el periodo de campañas electorales y hasta la jornada comicial. Así mismo, se establecen excepciones.

Sin embargo, tales instrumentos son demasiado limitados como para ofrecer una regulación requerida, es decir, garantizar la aplicación de las normas constitucionales. Específicamente en este punto, el informe anual 2010 de la Relatoría para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) incluye un capítulo sobre principios de regulación de la publicidad oficial.

La Asociación por los Derechos Civiles (ADC) ha venido impulsando en Latinoamérica una agenda de regulaciones sobre la publicidad gubernamental, considera que la publicación de dichos estándares constituye un importante avance que debería promover la urgente discusión y adopción de normas a nivel nacional y local. En su informe anual 2003, la Relatoría estudió por primera vez el fenómeno, concluyendo que “la obstrucción indirecta a través de la publicidad estatal actúa como un fuerte disuasivo de la libertad de expresión”. En este nuevo documento, este organismo advierte que el problema persiste y que “si bien se ha avanzado con algunas reformas legales y buenas prácticas, en la mayoría de los países de las Américas subsiste una falta de regulación que favorece la discrecionalidad en la distribución de presupuestos publicitarios estatales que en algunos casos se miden en millones de dólares”. En ese sentido, insiste en que “la carencia de un marco legal específico y adecuado para la definición de los objetivos, la asignación, contratación y control de la pauta estatal permite una utilización arbitraria de estos recursos en detrimento de la libertad de expresión.”

La ADC, junto a un grupo de organizaciones de la región, participó el año pasado de una audiencia temática ante la CIDH, en la cual alertó sobre los usos y abusos de la pauta oficial en la región y, además, solicitó que la CIDH elabore estándares que sirvieran de marco de referencia para que los Estados adopten regulaciones adecuadas en la materia.

Los parámetros publicados por la Relatoría, se basan en estándares interamericanos y en experiencias comparadas. En resumen sostienen que:

• Los Estados deben adoptarleyes especiales, claras y precisas para regular la pauta, en cada uno de sus niveles de gobierno.

• Los avisos oficiales debenincluir información de interés público y no deben utilizarse con fines electorales o partidarios.

• La publicidad estatal nunca debe ser asignada por los Estados para premiar o castigar los contenidos editoriales e informativos de los medios.

• Los recursos publicitarios deben asignarse según criterios preestablecidos, claros, transparentes y objetivos, que deberían evaluar distintos factores, tales como el perfil del público al que va destinada la campaña, los precios, la circulación o audiencia del medio respectivo.

• Es necesaria una adecuada planificaciónde la pauta, que permita el control público.

• Los Estados deben publicar periódicamente toda la información relevante sobre pauta oficial y garantizar ante cada requerimiento por parte del público en general, el fácil acceso a la información.

• Se deben establecer mecanismos de control externo por un órgano autónomo que permitan un monitoreo exhaustivo de la asignación de publicidad oficial.

• Los Estados deberían establecer políticas y destinar recursos para promover la diversidad y el pluralismo de medios a través de mecanismos de ayudas indirectas o subsidios explícitos y neutros, diferenciados de los gastos de publicidad oficial.

B. Respecto del segundo principio general que da base a la presente iniciativa de ley, la protección de la libertad de expresión y garantía al derecho de acceso a la información, es preciso revisar las especificidades de cada tema:

1. La contratación de publicidad gubernamental deviene en una importante fuente de ingresos de los medios de comunicación social, en una medida semejante al gasto destinado a ello.

Conforme a un informe rendido por la Secretaría de Gobernación al Senado de la República en julio de año pasado, específicamente en su Anexo 2 “Histórico de recursos ejercidos por institución en materia de publicidad gubernamental”, que comprende el periodo diciembre de 2006 a mayo de 2010, las dependencias y entidades del Gobierno Federal difundieron propaganda por un monto que ascendió a poco menos de 17 mil millones de pesos.

Actualmente la política de comunicación social del Ejecutivo cuenta con un amplio margen de operación que le permite aún con la disponibilidad de los tiempos oficiales realizar contrataciones con los grandes medios de comunicación, tal como lo revela la revisión de la Cuenta Pública 2006 y 2009 de la Auditoria Superior de la Federación que estima que el gobierno federal destinó más de 3 mil 335 mil pesos y 4 mil millones de pesos, respectivamente, para pagar los servicios que los mismos concesionarios están obligados a proporcionar en los tiempos oficiales.

De igual manera observamos una fuerte discrecionalidad del Ejecutivo en la distribución de los tiempos fiscales, la actual administración federal dispone de 17 mil 248 minutos diarios en radio y más de tres mil minutos diarios en televisión, que se distribuyen en 792 televisoras y aproximadamente mil 500 radiodifusoras en todo el país. Y el Estado dispone de 44 mil 820 minutos diarios de radio y 23 mil 760 minutos en la televisión, lo que resulta en tiempos oficiales de mil 34 horas de radio todos los días y 450 horas de televisión, sin tener en cuenta los canales 11 y 22 de televisión, Radio Educación, el Instituto Mexicano de la Radio, Notimex y Centro de Producción de Programas Informativos y Especiales (Cepropie). De los cuales, la Presidencia ocupó el 42.63 por ciento (mensajes de televisión) de tiempos fiscales en 2007.

En materia presupuestal la historia no es distinta, la práctica de reasignar y sobre ejercer recursos durante los ejercicios fiscales que se han observado en los últimos tres años deja en claro que aún en época de recesión económica el Ejecutivo no cuenta con un límite para el excesivo gasto en comunicación social. Por ejemplo, mientras que en el presupuesto de 2006 se presupuestaron 806 millones de pesos, se ejercieron de acuerdo al informe de la Cuenta Pública de ese año 860 millones de pesos, ligeramente mayor al presupuesto; sin embargo, en la actual administración, para el ejercicio 2007 se presupuestaron 643 millones de pesos y se ejercieron 1,771 millones de pesos; en 2008 se presupuestaron 998 millones y se ejercieron 3,461 millones de pesos; en 2009 se presupuestaron 2,112 millones de pesos y se ejercieron 5,183 millones de pesos. En otras palabras, durante 2009 el gasto en Comunicación Social y Publicidad del Ejecutivo Federal aumentó 501 por ciento respecto a lo que gastó la administración anterior en su último año. El gasto ejercido en 2009 fue 145 por ciento mayor a lo que se había presupuestado para ese año y 49 por ciento más de lo que se gastó durante 2008.

El pasado 15 de febrero de 2012 la Auditoría Superior de la Federación (ASF) consideró pertinente revisar el gasto en comunicación social de la Presidencia de la República, incluido el gobierno federal, porque resulta “excesivo e irregular” que en 2010 erogó 6 mil 479 millones de pesos, casi el “triple” de lo autorizado por el Congreso. Los auditores hallaron irregularidades en el gasto en comunicación social del gobierno federal y recomendó al Congreso de la Unión regular las transmisiones gubernamentales de radio y televisión realizadas por Internet, sobre todo de cara a las restricciones durante las jornadas electorales. La entidad fiscalizadora pide sanciones administrativas a funcionarios de las secretarías de Gobernación y Desarrollo Social por autorizar gastos en comunicación de manera desfasada y por contratar tiempos comerciales sin antes solicitar tiempos oficiales.

Un gasto semejante da la posibilidad a los entes públicos de presionar a los medios de comunicación para obtener líneas editoriales favorables mediante la contratación de espacios o tiempos para la difusión de propaganda. Circunstancia que, de hecho, se ha presentado en no pocas ocasiones en la historia política de nuestro país.

En palabras de la Asociación por los Derechos Civiles argumenta que la publicidad oficial debe ser entendida como un canal de comunicación entre el Estado y los ciudadanos, está debe ser clara, objetiva, fácil de entender, necesaria, útil y relevante para el público. La publicidad gubernamental no debe promover –explícita o implícitamente- los intereses de ningún partido ni del gobierno, mucho menos utilizarse como un instrumento de censura directo o indirecto sobre los medios de comunicación.

Aunque existe una larga historia de censura y uso de recursos estatales para el control de los medios de comunicación a nivel regional, esta práctica no exime a la saliente administración los actos de censura sobre reporteros o medios de comunicación, la empresa MVS reveló supuestas presiones del Gobierno Federal para despedir a la periodista Carmen Aristegui, lo cual ya fue negado por la Presidencia de la República. La compañía de telecomunicaciones acusó presiones para no impugnar la compra de la mitad de Iusacell por parte de Televisa, en el marco de la negociación del refrendo de sus concesiones de la banda de 2.5 Gigahertz, el cual fue negado por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) el pasado 8 de agosto, cuando anunció que las licitaría de nueva cuenta.

El segundo caso es la reciente recomendación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) que confirma que el gobierno de Felipe Calderón censuró y castigó a Proceso por su línea editorial al excluirla de manera arbitraria de la publicidad oficial, con el propósito de causarle daño económico. Así lo estableció en la recomendación 35/2012 que emitió el pasado 1 de agosto de 2012 ante la queja interpuesta por Revista Proceso en abril de 2009 en contra del gobierno de Calderón por violar el derecho fundamental de libertad de expresión, amparado por la Constitución Política e instrumentos internacionales reconocidos por México. La recomendación está dirigida al secretario de Gobernación, Alejandro Poiré, como responsable de emitir los criterios para la asignación de la publicidad gubernamental. La Comisión Nacional de Derechos Humanos le pide a esa dependencia que para el ejercicio fiscal de 2013 emita “lineamientos claros y criterios objetivos, imparciales y transparentes” para el otorgamiento de la publicidad oficial.

La carencia de un marco jurídico apropiado nos motiva a incluir en la ley que se inicia reglas para la asignación clara, objetiva, transparente y no discriminatoria de contratos para la prestación de los servicios de elaboración y difusión de propaganda gubernamental.

Al respecto, en el presente proyecto estipula la creación del Programa Anual de Propaganda de la Administración Pública de la Federación y sus similares en los otros poderes de la Unión y en los órganos autónomos federales, los cuales, entre otros contenidos, deberá establecer la propuesta y justificación técnica de la selección del tipo medio de comunicación a utilizar por cada campaña.

Además, restringe la difusión de propaganda gubernamental en radio y televisión al uso exclusivo de los tiempos oficiales, es decir, aquellos que corresponden al Estado, sumados a los llamados tiempos fiscales, y fija una distribución equitativa entre los sujetos obligados.

Por otra parte, en el capítulo relativo a las disposiciones de contratación, se obliga a los entes públicos a asignar los contratos de elaboración y difusión de la propaganda garantizando la equidad, de conformidad con las disposiciones federales para las adquisiciones y ciertas reglas específicas.

Se pretende establecer también, como principio de la propaganda gubernamental, la salvaguarda y el fomento del ejercicio de las libertades de expresión y opinión, proscribiendo cualquier acción de los entes públicos que implique la censura indirecta de algún medio de comunicación social o su beneficio fundado en motivos políticos, personales o ideológicos.

2. En cuanto a la garantía de pleno acceso a la información que debe ofrecer una reglamentación en materia de propaganda gubernamental, ésta se entiende en un doble sentido: por un lado, de la propaganda que difundan los entes públicos debe resultar información relevante para la ciudadanía respecto de la actividad gubernamental, por lo que debe también ser completa y veraz; por otro lado, la propia información relativa a la ejecución de la política de comunicación social de los entes públicos debe ser accesible para quien desee conocerla.

El primer sentido deriva de la naturaleza misma de la propaganda gubernamental como canal de comunicación entre el poder público y los ciudadanos, así como de su objetivo, que es el de informar, frente al derecho de los ciudadanos a ser informados.

Así, puede distinguirse con claridad que el artículo 6 constitucional debe considerarse sustento de la ley que se propone crear. La atribución de los órganos gubernamentales de difundir propaganda relativa al ejercicio de sus funciones no se explica sin el correlativo derecho de los gobernados a recibir dicha información.

Si bien el mecanismo de difusión de la información pública gubernamental no es accionado por el gobernado sino que es resultado de una determinación del propio gobierno, el ciudadano no pierde el derecho de recibir dicha información bajo los criterios de veracidad, precisión, objetividad, suficiencia y accesibilidad de los contenidos.

La presente iniciativa fija esos criterios como parte de los principios que debe observar la difusión de propaganda gubernamental y dispone un procedimiento para garantizar que los entes públicos se sujeten a ellos.

Por otra parte, el segundo sentido en que debe entenderse la garantía de acceso a la información se refiere al conocimiento público del ejercicio de la atribución de realizar la publicidad gubernamental.

La ejecución de los programas y recursos destinados a la comunicación social no puede ser calificada como información sujeta a reserva, ya que la difusión hace público el acto de difundir y los demás actos de autoridad que esto conlleva, como la adjudicación de un contrato, incluyendo al medio contratado, el número de espacios o tiempos de difusión, etc. Ninguno de los principios de la norma fundamental justifica la reserva de información relativa.

Por ello, en la presente iniciativa se establece un capítulo especial para las reglas de transparencia y acceso a la información en el que se ordena que toda la información relacionada con la propaganda gubernamental sea de carácter público y no pueda ser clasificada como reservada o confidencial.

Además, se encarga a la Secretaría de Gobernación la administración de un sistema informativo de propaganda gubernamental, que proporcione un mecanismo de consulta directa del público en general, por Internet y en forma física en las instalaciones que señale dicha dependencia, en el que se permita el acceso directo al Padrón y a los datos relativos a los contratos, costos, programación y actividades relacionadas con la publicidad oficial, desglosados por cada ente público obligado por la ley.

Dicho sistema informativo deberá contener una base de datos digitalizada donde sean consultables copias de los contenidos, audios, videos o fotografías de las diferentes campañas de la propaganda gubernamental.

III. En la aspiración de la modernización del Estado mexicano y en aras de la protección de la libertad de expresión, resulta fundamental eliminar la discrecional del Estado para censurar de manera directa o indirecta a los medios de comunicación, prohibir la promoción de nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen promoción personalizada de cualquier servidor público, específicamente en aras del posicionamiento electoral o incidir en la opinión pública a favor de algún partido político. Esa es la obligación del Congreso de la Unión, en este sentido, y con fundamento a lo anteriormente expuesto, el proyecto de ley que se presenta se compone de los siguientes elementos esenciales:

A. Disposiciones generales.- Se define el carácter general de la legislación y se sujeta al cumplimiento de la misma a todos los entes públicos federales y estatales, cuando así proceda en función del órgano que difunde y los tiempos y medios por los que se realice la difusión. Es evidente que sólo en materia de radio y televisión, así como el uso de redes públicas de telecomunicaciones puede el Congreso de la Unión legislar en materia de propaganda gubernamental de las entidades federativas, por lo cual la presente iniciativa respeta dicha limitante legislativa.

B. Principios de la propaganda gubernamental.- Se consideran los principios propiamente dichos, como forma de establecer los objetivos y alcances que puede tener la propaganda que difundan los sujetos obligados, así como la propaganda susceptible de difusión y aquella que no lo es.

C. Lealtad institucional.- Para constituir un instrumento que permita mantener la relación cordial y cooperativa entre poderes y entre órganos, o bien, entre niveles de gobierno, a partir de los buenos resultados que se han observado en otros países.

D. Programación y presupuestación.- Se dispone la creación del un Programa Anual de Propaganda de la Administración Pública de la Federación y de sus similares en los otros poderes de la Unión y en los organismos autónomos federales, cuyo objeto es procurar la coordinación entre los sujetos obligados, bajo un plan rector que garantice una política coherente y austera que haga eficaz el proceso de comunicación de los organismos públicos en la ejecución de sus atribuciones y responsabilidades con los ciudadanos, en el ejercicio de sus derechos y el cumplimiento de sus obligaciones. Se fijan contenidos mínimos del programa.

E. Gasto en propaganda.- Se contemplan reglas especiales en la materia, entre ellas destaca la limitación al gasto anual en propaganda, mismo que no podría exceder del 0.5% del Presupuesto de Egresosde la Federación para el ejercicio fiscal correspondiente. Además, se pretende que la difusión de propaganda gubernamental en radio y televisión sólo pueda realizarse por los entes públicos haciendo uso de los tiempos oficiales, con excepción de la contratación de tiempos para la transmisión de información de prevención civil frente a siniestros u otros casos de emergencia o la relativa a las prevenciones generales emitidas en función de una situación extraordinaria decretada por el Congreso.

Por último, se establece una restricción para la realización de ampliaciones o traspasos presupuestales y otras reglas especiales de financiamiento en el rubro de publicidad.

F. Distribución de tiempos oficiales.- Se dispone una distribución en la proporción siguiente: 35 por ciento para el Poder Ejecutivo Federal; 15 por ciento para el Poder Legislativo Federal, tiempos que se distribuirán en partes iguales a la Cámara de Diputados y al Senado de la República ; 10 por ciento para el Poder Judicial de la Federación ; 10 por ciento para los entes autónomos federales; 30 por ciento para las entidades federativas que se distribuirá en partes proporcionales a la población de cada una de ellas.

G. Disposiciones especiales de contratación.- Se imponen, además de las reglas de adquisiciones ya conocidas, cuatro reglas básicas:

• No contratar con una sola empresa, grupo o medio de comunicación adquisiciones cuyo costo total sea mayor al 25 por ciento del gasto total destinado para cada tipo de servicio de comunicación social;

• No concentrar en un solo servicio de comunicación social (radio, televisión o prensa escrita) más del 50 por ciento del gasto total destinado a cubrir la propaganda gubernamental;

• No establecer criterios de contratación directa o indirectamente relacionados con la línea editorial o, en general, la opinión de los medios de comunicación;

• Prohibición para contratar la difusión de noticias (llamadas a veces infocomerciales) ni para hacer pagos para la difusión de actos oficiales de cualquier naturaleza.

H. Transparencia y acceso a la información.- Que comprende diversas disposiciones descritas con anterioridad pero, además, contempla la creación del Padrón Nacional de Prestadores de Servicios de Publicidad y Comunicación, un sistema informativo de carácter público que contiene el registro de medios de comunicación y agencias de publicidad, con residencia en el territorio nacional o en el extranjero, que prestan servicios de producción y difusión de propaganda gubernamental.

I. Procedimientos.- Se conforman con:

• Un procedimiento administrativo bajo el esquema de contraloría interna por medio del cual la Secretaría de Gobernación puede verificar el cumplimiento de la ley por las dependencias y entidades de la Administración Pública.

• Un procedimiento judicial que se inicia por cualquier ciudadano mediante una acción de ilegalidad, con el mismo objetivo de hacer cumplir la ley en la materia, cuando un acto que la violenta le afecta en forma personal y directa, o bien, de manera difusa por transgredir su derecho a la información bajo las características definidas en el propio ordenamiento.

El procedimiento administrativo y el judicial operan de manera independiente ya que el primero podría generar sanciones a los servidores públicos mientras que el segundo sólo protege el respeto a la ley.

Tanto el procedimiento administrativo como el judicial son también independientes del procedimiento electoral señalado en la legislación de la materia, aunque unas y otras autoridades se encuentran obligadas a darse vista de los asuntos que corresponda a la otra o cuando se lleve a cabo una conducta ilícita en el ámbito electoral que pudiera ser también perseguida como desempeño ilícito de funciones públicas.

J.Consejo Ciudadano para la Propaganda Gubernamental.- Órgano ciudadano responsable de supervisar y evaluar la política de propaganda gubernamental, con especial énfasis en los procesos de contratación y distribución de tiempos oficiales conel objeto de garantizar la libertad de expresión, el derecho de acceso a la información y la imparcialidad en la aplicación de los recursos públicos. El Consejo se integrará por cinco consejeros ciudadanos. Cada consejero será designado por la mayoría absoluta de los legisladores integrante de la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, de entre la terna que envíe el Ejecutivo Federal. Los consejeros durarán en el cargo cinco años y podrán ser reelectos por una sola vez. Su renovación se realizará anualmente en forma escalonada

L. Sanciones.- Establece sanciones administrativas y delitos.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración del Congreso el siguiente proyecto de Decreto:

ARTICULO PRIMERO. Se expide la Ley General de Propaganda Gubernamental, para quedar como sigue:

LEY GENERAL DE PROPAGANDA GUBERNAMENTAL

TITULO PRIMERO

DE LA PROPAGANDA GUBERNAMENTAL

Capítulo Primero

Disposiciones Generales

Artículo 1.- La presente Ley es reglamentaria de los artículos 6 y 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de la propaganda que realizan las entidades, dependencias y todo ente público de la Federación, así como las entidades federativas, los municipios y las delegaciones del Distrito Federal a través de radio y televisión y de otras redes públicas de telecomunicaciones.

Sus disposiciones son de orden público e interés social y tiene por objeto normar la difusión de propaganda que realizan los entes públicos regulados, con el fin de garantizar su carácter institucional y fines informativos, educativos o de orientación social, así como evitar su uso para la promoción personalizada de servidores públicos, preservar los principios de imparcialidad y equidad en la competencia política y garantizar el respeto de la libertad de expresión y el ejercicio del derecho a la información.

Para efecto de lo dispuesto en el párrafo anterior, es también objeto de la presente ley regular la programación, ejercicio y evaluación de los recursos presupuestales destinados al gasto en propaganda de los entes públicos federales; reglamentar el uso en propaganda gubernamental de los tiempos que corresponden al Estado en radio y televisión; y disponer el régimen de sanciones aplicables por el incumplimiento de las disposiciones legales en la materia.

En materia electoral, la regulación de la propaganda de todo ente público y de los servidores públicos corresponde a las autoridades competentes bajo las normas establecidas en el artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, en la Ley de Medios de Impugnación en Materia Electoral y en las demás disposiciones relativas. Nada de lo prescrito en la presente Ley podría interpretarse como una limitación de las disposiciones electorales vigentes ni de las atribuciones de las autoridades de esta misma materia.

Artículo2.- Para efecto de lo dispuesto por la presente Ley, son sujetos obligados a su observancia y cumplimiento los servidores públicos que desempeñan un empleo, cargo o comisión de cualquier naturaleza en:

I.- La Presidencia de la República, las gubernaturas estatales y la Jefatura de Gobierno del Distrito Federal;

II.- El Congreso de la Unión , sus cámaras, su Comisión Permanente y los legisladores integrantes, tanto en lo individual como en grupos parlamentarios, así como las legislaturas estatales y la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, sus respectivas comisiones permanentes y los legisladores integrantes de las mismas, tanto en lo individual como en grupos parlamentarios;

III.- La Suprema Corte de Justicia de la Nación y los demás órganos jurisdiccionales y administrativos del Poder Judicial de la Federación , así como los tribunales y demás órganos jurisdiccionales y administrativos de los poderes judiciales de las entidades federativas;

IV.- Los entes autónomos federales, estatales y del Distrito Federal;

V.- Los tribunales agrarios y los tribunales administrativos de la Federación y de las entidades federativas;

VI.- La Procuraduría General de la República y las procuradurías de justicia de las entidades federativas;

VII.- Las dependencias, entidades y organismos descentralizados del gobierno federal y de los gobiernos de las entidades federativas;

VIII.- Las entidades de los sectores paraestatales federales y locales;

IX. Los ayuntamientos y sus servidores públicos, incluyendo los organismos paramunicipales, así como las delegaciones políticas del Distrito Federal y sus servidores públicos.

Artículo 3.- Para efectos de esta Ley, se entiende por:

I.- Agencia de publicidad: la persona física o moral que presta servicios de producción de propaganda;

II.- Comunicación social: Los servicios de radio y televisión, de conformidad con lo dispuesto por la Ley Federal de Radio y Televisión; los servicios de telecomunicaciones, de conformidad con lo dispuesto por la Ley Federal de Telecomunicaciones; así como la |ce por señal abierta o restringida, así como en forma impresa, mediante textos, sonidos o imágenes destinados al público, cualquiera que sea el soporte o instrumento utilizado;

III.- Consejo: El Consejo Ciudadano para la Propaganda Gubernamental;

IV.-Gasto en propaganda: Las erogaciones que realizan los sujetos obligados para el ejercicio de las actividades reguladas por esta Ley;

V.- Imagen institucional: El conjunto de imágenes, tipografías, símbolos, identificadores, identificadores visuales, rótulos, insignias, audio e idioma de los promocionales de carácter oficial con el que se reconoce a las dependencias públicas, funcionarios públicos, comunicaciones oficiales y todo tipo de propaganda como vía de comunicación entre Estado y ciudadano;

VI.- Medio de comunicación: la persona física o moral que presta servicios de comunicación social;

VII.- Padrón: Padrón Nacional de Prestadores de Servicio de Publicidad y Comunicación;

VIII.- Programa: Programa Anual de Propaganda de la Administración Pública Federal;

IX.- Propaganda gubernamental: La información que difunden los sujetos obligados relacionada con el desempeño de sus atribuciones, a través de cualquier modalidad de comunicación social;

X.- Tiempos de Estado: Las transmisiones gratuitas diarias a que se refiere el artículo 59 y 59 BIS de la Ley Federal de Radio y Televisión;

XI.- Tiempos fiscales: Los que derivan de las autorizaciones a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para recibir de los concesionarios de estaciones de radio y televisión el pago del impuesto que se indica, publicado en el Diario Oficial de la Federación del 10 de octubre de 2002;

XII.- Tiempos oficiales: Los tiempos del Estado y los tiempos fiscales.

Artículo 4.- A falta de disposición expresa en esta Ley, se aplicarán de manera supletoria, en lo conducente, las disposiciones contenidas en la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, el Código Fiscal de la Federación y el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.

Artículo 5.- Corresponde la aplicación de esta Ley a la Secretaría de Gobernación, a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a la Secretaría de la Función Pública y a los gobiernos de las entidades federativas, en sus respectivos ámbitos de competencia, así como a las instancias jurisdiccionales competentes.

Los poderes Legislativo y Judicial de la Federación y de las entidades federativas, así como los entes autónomos de una y otras, deben crear, mediante la expedición de acuerdos y reglas, los órganos, criterios y procedimientos para hacer efectivas las disposiciones contenidas en el presente ordenamiento en sus respectivos ámbitos.

Artículo 6. Las disposiciones contenidas en la presente Ley no son aplicables a las campañas de carácter comercial que realizan las entidades paraestatales en cumplimiento de su objeto, excepto que se trate de propaganda institucional sin propósitos de promoción directamente comercial.

Queda excluida de la aplicación de esta Ley la publicación de disposiciones normativas, resoluciones y actos administrativos o judiciales; aquella que se realiza de conformidad con los procedimientos contenidos en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y en la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, y toda publicación o difusión de información sobre las actuaciones públicas que deban realizarse por mandato legal.

Capítulo Segundo

Principios y Criterios de la Propaganda Gubernamental

Artículo7.- En la difusión de propaganda gubernamental rigen los siguientes principios:

I.- Se difunde la información que resulta necesaria u oportuna para el público objetivo;

II.- Prevalece el carácter institucional, por lo que no promueve personas, sea en los ámbitos de sus acciones civiles o en el ejercicio de una función pública, como tampoco intereses particulares ni actividades distintas a las realizadas dentro del ámbito de competencia del órgano que la ejerce;

III.- Cumple fines informativos, educativos y de orientación social;

IV.- Salvaguarda y fomenta el derecho a la información, por lo que se difunde bajo criterios de veracidad, precisión, objetividad, suficiencia y accesibilidad de los contenidos;

V.- Salvaguarda y fomenta los principios constitucionales de igualdad, pluriculturalidad, no discriminación y respeto a los derechos humanos;

VI.- Promueve la igualdad entre hombres y mujeres por lo que no contiene expresiones que exalten el estereotipo de género; es ajena también a toda inducción a la defenestración o burla por motivos de preferencia u orientación sexual.

VII.- Salvaguarda y fomenta el ejercicio de las libertades de expresión y opinión por lo que su difusión se asigna mediante criterios de equidad y respeto a la pluralidad, proscribiendo cualquier acción de los entes públicos que implique la censura indirecta de algún medio de comunicación social o su beneficio fundado en motivos políticos, personales o ideológicos;

VIII.- Sustenta la programación y ejercicio del gasto sobre criterios de eficiencia, eficacia y racionalidad, a efecto de disminuir los costos publicitarios, mejorar la planificación y el sistema de toma de decisiones para alcanzar los objetivos estratégicos;

IX.- Preserva la lealtad entre instituciones del Estado, por lo que no denigra u obstruye las funciones de otros entes públicos;

X.- Fortalece el vínculo de comunicación entre instituciones del Estado y ciudadanía, por lo que no denigra a particulares, sean personas físicas o morales;

XI.- Garantiza la equidad en la competencia entre los partidos políticos.

Artículo 8.- La propaganda susceptible de difusión por los entes públicos abarca:

I.- La información relativa a la ejecución de obras de infraestructura, la prestación de servicios públicos y el desarrollo de programas económicos y sociales, así como aspectos relevantes de las políticas públicas, el funcionamiento de las instituciones y las condiciones de acceso y uso de los espacios y bienes de dominio público;

II.- La información relativa al contenido de las leyes, el ejercicio de los derechos y al cumplimento de las obligaciones de los ciudadanos, así como la promoción de conductas de relevancia social y de participación ciudadana en la vida pública;

III.- La promoción de campañas en materia de derechos humanos, salud, educación, medio ambiente, turismo y seguridad pública;

IV.- La información relativa al cumplimiento de las obligaciones tributarias;

V.- La información de prevención y protección civil frente a siniestros u otras contingencias y situaciones de emergencia;

VI.-  La información relativa a la aplicación del artículo 29 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;

VII.- La información relativa a la ejecución del Plan y los programas de desarrollo.

Articulo 9.- La propaganda gubernamental, bajo cualquier modalidad de comunicación social, se realiza por cada sujeto obligado en el estricto ejercicio de sus propias competencias y con apego a los principios contenidos en el artículo 6 de esta Ley.

Artículo 10.- La propaganda gubernamental emplea signos e imágenes que facilitan su comprensión, para garantizar el pleno acceso a la información a la mayor cantidad de personas, incluyendo a quienes viven con alguna discapacidad.

Cuando es pertinente, atendiendo al ámbito territorial de difusión, la propaganda gubernamental se transmite también en la o las lenguas indígenas predominantes en el área de cobertura que corresponda, de conformidad con la distribución que arroje el censo lingüístico a que se refiere el artículo 14, inciso h, de la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas.

Artículo 11.- Los sujetos obligados por la presente Ley no pueden ordenar o contratar la difusión de propaganda que:

I.- Incluya el nombre o imagen de servidores públicos del ente que realiza la difusión o los nombres, imágenes, voces o símbolos que implican promoción de cualquier servidor público, destacando de forma directa o indirecta características personales, o bien, logros o actividades en su gestión pública.

La única excepción a esta regla serán los informes anuales de gestión de los servidores públicos de elección popular, así como los mensajes que para darlos a conocer se difundan en los medios de comunicación social, siempre que dicha propaganda se realice una vez al año, siete días antes y cinco días posteriores a la realización material del informe, exclusivamente con la cobertura territorial que corresponda al cargo de elección popular de que se trate y nunca fuera del mismo. Dicha propaganda tampoco podrá contener alusiones electorales ni podrá realizarse dentro de los periodos electorales. Esta propaganda excepcional personalizada, en materia de inversiones y obras públicas, así como de programas sociales de cualquier naturaleza incluidos educación y salud, deberá contener una alusión clara de que las mismas se han costeado con recursos públicos aportados por la ciudadanía.

II.-Induzca a la confusión con los símbolos, ideas, expresiones, diseños o imágenes empleadas por otros entes públicos o por cualquier partido político u organización social;

III.- Denigre a una persona, a los partidos políticos u organizaciones sociales o denueste sus actividades;

IV.- Se dirija por cualquier vía a influir en las preferencias electorales de los ciudadanos a favor o en contra de partidos políticos o de precandidatos o candidatos a cargos de elección popular;

V.- Vaya en detrimento u obstaculice la ejecución de políticas públicas, programas o acciones de cualquier naturaleza que realiza otro ente público en el ejercicio de sus atribuciones;

VI.- Incluya mensajes que resulten contrarios a los derechos humanos que reconocen la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los tratados internacionales suscritos por el Estado mexicano y las leyes;

VII.- Tienda a generar alarma injustificada entre el público o presente su propia acción como algo violento;

VIII.-No cumpla con los principios, requisitos, términos y condiciones que establece la presente Ley y otros ordenamientos aplicables;

IX.- No se identifique con claridad como mensaje de un sujeto obligado o no incluya su mención expresa como responsable de la publicación y difusión;

X.- Publicite los productos o servicios del sector privado o utilice imágenes, colores, logotipos, sonidos u otros símbolos asociados a éste, incluyendo la promoción de donaciones sin fines de lucro.

Artículo 12.- Sólo los sujetos obligados pueden realizar actividades de propaganda gubernamental. Se reservan para su uso exclusivo los símbolos, colores, lemas, gráficos y contenidos, así como los derechos que sobre éstos se generan, respecto de la propaganda que difunden o cuando aquellos forman parte de su identidad institucional.

Salvo lo dispuesto en el artículo siguiente, ninguna autoridad distinta a las señaladas en el párrafo anterior podrá utilizar los elementos reservados conforme al mismo, o bien, realizar propaganda que induzca a la confusión con éstos.

Artículo 13.- Sólo en los casos de coordinación institucional de la Federación con las entidades federativas, los municipios o las delegaciones del Distrito Federal en el desarrollo de infraestructura, prestación de servicios o ejecución de programas, los entes locales pueden utilizar los elementos reservados conforme al primer párrafo en la propaganda que emitan, previo acuerdo con el sujeto obligado participante en la coordinación y siempre que ello no signifique la invasión de competencias de otro sujeto obligado.

Artículo 14.- Ningún particular puede utilizar elementos de la propaganda que emiten los sujetos obligados o que forman parte de la imagen institucional de éstos, o bien, realizar propaganda que induzca a la confusión con tales elementos.

Capítulo Tercero

Lealtad Institucional

Artículo 15.- Los sujetos obligados ejercen sus atribuciones en materia de propaganda de conformidad con el principio de lealtad institucional, bajo las siguientes pautas:

I.- Respetan en todo momento el ejercicio legítimo de las atribuciones por parte de otros sujetos obligados;

II.- En el ejercicio de las atribuciones que les son propias consideran la totalidad de los intereses públicos implicados, incluyendo aquellos cuya gestión se encuentra en el ámbito competencial de los otros sujetos obligados;

III.- Facilitan a los otros sujetos obligados el acceso a la información que poseen en función de sus propias atribuciones, cuando la requieren aquéllos por estar vinculada con la actividad que desarrollan en el ejercicio de sus funciones.

Artículo 16.- Cuando la propaganda gubernamental que difunde un sujeto obligado de la Administración Pública Federal vulnera el principio de lealtad institucional, la Secretaría de Gobernación inicia, de oficio o a petición de uno de los involucrados, una gestión de mediación para procurar la resolución del diferendo y restaurar a plenitud la relación de colaboración que priva entre órganos del Estado mexicano.

TITULO SEGUNDO

DE LA PROGRAMACION Y EL GASTO

Capítulo Primero
Programación y presupuestación

Artículo 17.- Para la programación y presupuestación del gasto en publicidad, el Ejecutivo Federal elabora el Programa Anual de Propaganda de la Administración Pública Federal, cuyo objeto es procurar la transparencia de las acciones de propaganda y la coordinación entre las entidades y dependencias, bajo un plan rector que garantiza una política de propaganda gubernamental coherente y austera, y que hace eficaz el proceso de comunicación de los organismos públicos con los ciudadanos.

Además de la estricta observancia de los principios dispuestos en el artículo 6 de esta Ley, el Programa tiende a identificar y a buscar satisfacer las necesidades de información de los ciudadanos, en el marco del esquema de comunicación definido en el párrafo anterior.

El programa debe estar publicado a más tardar el ocho de septiembre de cada año. Cuando el mandato del presidente de la República inicie el primero de diciembre, el Programa deberá publicarse a más tardar el 15 de diciembre.

Artículo 18.- El Programa contiene los objetivos, políticas, estrategias, prioridades y metas, con base en indicadores de desempeño, articulados en una estrategia general de comunicación social que establece cada uno de los ejecutores de gasto.

Para tales efectos el Programa debe contener:

I.- Los objetivos y parámetros cuantificables de la política de propaganda gubernamental con base en los cuales se realiza la programación, acompañados de sus correspondientes indicadores del desempeño, en particular:

a. Las líneas generales de la política de propaganda gubernamental.

b. Los objetivos anuales, estrategias y metas.

c. Las proyecciones de los requerimientos financieros con las premisas empleadas para las estimaciones.

II.- La información de los programas específicos por ejecutora de gasto, desglosados por dependencia y entidad de la Administración Pública Federal, incluyendo el sector paraestatal, que contenga como mínimo:

a. Programa de campañas de propaganda gubernamental.

a.1. Objetivo de cada campaña;

a.2. Justificación;

a.3. Costo estimado;

a.4. Periodos de ejecución;

a.5. Propuesta y justificación técnica de la selección del tipo medio de comunicación;

a.6. Población objetivo.

b. Presupuesto asignado para publicidad y comunicación oficial por dependencia de la Administración Pública Federal.

c. La distribución del presupuesto y tiempos oficiales en radio y televisión por ejecutora de gasto.

Las estrategias de las dependencias y entidades se articulan, además, en una estrategia general de la Administración Pública Federal contenida en el Programa.

Artículo 19.- Los ejecutores de gasto de la Administración Pública Federal remiten sus propuestas de programas específicos de propaganda gubernamental a la Secretaría de Gobernación, observando los lineamientos que para efectos del proceso de programación y presupuestación establece la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Artículo 20.- El Ejecutivo Federal envía el Programa a las cámaras del Congreso al tiempo de la publicación del mismo.

Artículo 21. Los poderes Legislativo y Judicial, así como los entes autónomos realizan sus respectivos programas de propaganda y los publican en la fecha y con las especificaciones y contenidos señalados en el presente capítulo.

Capítulo Segundo

Disposiciones para la ejecución del gasto

Artículo 22.- El gasto anual en la propaganda gubernamental contenida en el programa no excede del cero punto cinco por ciento del Presupuesto de Egresosde la Federación para el ejercicio fiscal correspondiente.

Artículo 23.- La difusión de propaganda gubernamental en radio y televisión sólo se realiza por los sujetos obligados haciendo uso de los tiempos oficiales, con excepción de lo dispuesto en el párrafo siguiente.

Los sujetos obligados sólo realizan erogaciones para la contratación de tiempos en radio y televisión para la transmisión de propaganda gubernamental relacionada con información de prevención civil frente a siniestros, emergencias sanitarias u otros casos de emergencia o la relativa a las prevenciones generales emitidas en función de la suspensión a que se refiere el artículo 29 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Artículo 24.- El Presupuesto de Egresos de la Federación establece en rubro por separado las previsiones de gasto destinadas a cubrir el Programa.

Artículo 25.- Los ejecutores de gasto no realizan ampliaciones o traspasos de recursos de otros capítulos o conceptos de gasto al concepto de gasto correspondiente a la propaganda gubernamental, ni incrementan dichos conceptos de gasto, salvo en un límite de tres por ciento del total programado para realizar exclusivamente las adecuaciones derivadas de ajuste en las tarifas de contratación.

Lo anterior, con excepción de las ampliaciones o incrementos presupuestales requeridos para hacer frente a los casos a que se refiere el segundo párrafo del artículo 23 de esta Ley.

Con la autorización de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la Secretaría de Gobernación informa a las comisiones de Gobernación de ambas cámaras del Congreso de la Unión, a la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados y a la Secretaría de la Función Pública, dentro de los 10 días naturales siguientes a la fecha en la que se realizan las adecuaciones, sobre las razones que justifican la ampliación, traspaso o incremento de recursos, así como sobre su cuantía y modalidades de ejercicio.

Artículo 26.- Los sujetos obligados no destinan los recursos derivados de donaciones, créditos o patrocinios para sufragar servicios relacionados con la propaganda gubernamental.

Artículo 27.- Los sujetos obligados no convienen el pago de créditos fiscales, ni de cualquier otra obligación de pago a su favor a través de la prestación de servicios de publicidad, impresiones, inserciones y demás relativos a las actividades de propaganda gubernamental.

Capítulo Tercero

Tiempos Oficiales

Artículo 28.- El Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría de Gobernación, supervisa la administración y distribución de los tiempos oficiales en radio y televisión. Dicha distribución se realiza en la proporción siguiente: 35 por ciento para el Poder Ejecutivo Federal; 15 por ciento para el Poder Legislativo Federal, tiempos que se distribuirán en partes iguales a la Cámara de Diputados y al Senado de la República; 10 por ciento para el Poder Judicial de la Federación ; 10 por ciento para los entes autónomos federales; 30 por ciento para las entidades federativas, tiempos que se distribuyen en partes proporcionales a la población de cada una de ellas y tendrán la cobertura regional que corresponda aproximadamente con el territorio de la entidad.

Artículo 29.- La Secretaría de Gobernación da seguimiento a la utilización de los tiempos oficiales en radio y televisión. Así mismo, está facultada para reprogramar cuando un sujeto obligado no haga uso de los tiempos oficiales que le correspondan, de conformidad con los lineamientos que expida dicha dependencia.

Capítulo Cuarto

Disposiciones de contratación

Artículo 30.- El sujeto obligado que adquiere los servicios de empresas privadas de publicidad o medio de comunicación social garantiza la equidad en la asignación de contratos, de conformidad con las reglas establecidas en esta Ley y en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

Artículo 31.- A efecto de evitar todo acto de censura indirecta, discriminación o privilegio de personas determinadas, la adquisición de servicios de empresas privadas de publicidad o medios de comunicación social observa las siguientes disposiciones:

I.- No se contrata con una sola empresa, grupo o medio de comunicación adquisiciones cuyo costo total sea mayor al 25 por ciento del gasto total destinado para cada tipo de servicio de comunicación social;

II.- No se concentra en un solo servicio de comunicación social más del 50 por ciento del gasto total destinado a cubrir la propaganda gubernamental;

III. No se establecen criterios de contratación directa o indirectamente relacionados con la línea editorial o, en general, la opinión de los medios de comunicación.

IV. No se puede restringir, condicionar o dificultar el acceso sistematizado a los contratos signados entre sujetos obligados por esta Ley, incluyendo las personas físicas o morales que ejerzan recursos públicos a través de la propaganda gubernamental.

Artículo 32.- Toda contratación de difusión de propaganda que realizan los sujetos obligados contiene una cláusula que les exime de responsabilidad ante el medio de comunicación por la rescisión anticipada del contrato cuando la autoridad que siga un procedimiento legal suspenda o retire la propaganda, de conformidad con lo dispuesto por esta Ley y por el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.

Artículo 33.- Queda estrictamente prohibida la contratación, a título oneroso o gratuito, de publicidad con cualquier medio de comunicación social que sea presentada como noticia por parte del emisor de última instancia, así como el pago directo o indirecto por entrevistas de servidores públicos o por cobertura informativa de eventos oficiales de cualquier clase.

TITULO TERCERO

DE LA TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS

Capitulo Primero

Consejo Ciudadano para la Propaganda Gubernamental

Artículo 34. El Consejo es un órgano de la Administración Pública Federal, con autonomía operativa, presupuestaria y de decisión, responsable del seguimiento, supervisión y evaluación de las políticas de propaganda gubernamental, los procesos de contratación y difusión, así como sus contenidos para efecto de vigilar que se apeguen a los principios, criterios y disposiciones establecidos por este ordenamiento, a fin de garantizar la vigencia de la libertad de expresión, el derecho de acceso a la información y la imparcialidad en la aplicación de los recursos públicos, conforme a lo dispuesto en los artículos 6 y 134 constitucionales.

Artículo 35. El Consejo se integrará por cinco consejeros ciudadanos. Cada consejero será designado por la mayoría absoluta de los legisladores integrante de la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, de entre la terna que envíe el Ejecutivo Federal. Los consejeros durarán en el cargo cinco años y podrán ser reelectos por una sola vez. Su renovación se realizará anualmente en forma escalonada.

El Consejo será presidido por un consejero, quien tendrá la representación legal del mismo. Durará en su encargo un periodo de dos años, renovable por una ocasión, y será elegido por los consejeros.

Durante el ejercicio de su encargo no podrán tener ningún otro empleo, cargo o comisión, salvo en instituciones docentes, científicas o de beneficencia.

Las sesiones y los procedimientos ante el Consejo serán públicos.

Artículo 36. Para ser Comisionado se requiere:

I. Ser ciudadano mexicano;

II. No haber sido condenado por la comisión de algún delito doloso;

III. Tener cuando menos, treinta y cinco años de edad el día de su designación;

IV. Haberse desempeñado destacadamente en actividades profesionales, de servicio público o académicas, relacionadas con la materia de esta Ley, y

V. No haber sido Secretario de Estado, Jefe de departamento administrativo, Procurador General de la República, Senador, Diputado Federal o Local, dirigente de un partido o asociación política, Gobernador de algún Estado o Jefe de Gobierno del Distrito Federal, durante el año previo al día de su nombramiento.

Artículo 37. El Consejo tendrá las siguientes funciones:

I. Supervisar y evaluar a los sujetos obligados para el correcto ejercicio de las disposiciones de este ordenamiento, conforme a los criterios que emita;

II. Evaluar y dar seguimiento al ejercicio de los recursos presupuestarios y la distribución de los tiempos oficiales;

III. Asesorar a los sujetos obligados, a la Secretaría y a la ciudadanía sobre el cumplimiento de las disposiciones constitucionales y legales, así como la normatividad relacionada con la propaganda gubernamental;

IV. Requerir a los sujetos obligados cualquier tipo de información relativa al ejercicio de actos regulados por esta ley;

V. Emitir las observaciones y recomendaciones correspondientes ante la identificación de irregularidades o faltas conforme a lo dispuesto en este ordenamiento;

VI. Presentar denunciar ante la Auditoria Superior de la Federación cuando se detecten irregularidades en el uso de recursos públicos destinados a propaganda gubernamental;

VII. Presentar denuncias penales cuando se conozca de la probable comisión de un delito de los establecidos en el presente ordenamiento;

VIII. Ejercer la acción de ilegalidad en materia de propaganda gubernamental, en los términos definidos por el presente ordenamiento;

IX. Proponer a la Secretaría proyectos de criterios, normas y procedimientos, así como de políticas generales para la ejecución de las disposiciones de este decreto;

X. Recomendar a la Secretaría la suspensión provisional de toda campaña de propaganda gubernamental que violente los ordenamientos de la presente ley;

XI. Realizar campañas de información que faciliten a los ciudadanos la comprensión de las disposiciones contenidas en el presente ordenamiento;

XII. Realizarestudios y sondeos con respecto a la cobertura, penetración y alcance de los medios de comunicación y del impacto que generan las campañas de propaganda gubernamental y ponerlos a disposición de la ciudadanía, los sujetos obligados y del Congreso de la Unión;

XIII. Proponer al Consejo Nacional de Armonización Contable proyectos de normas, metodologías, clasificadores y formatos relativo a la estructura y contenido de la información que generan los entes obligados en todas la fases de la propaganda gubernamental;

XIV. Proponer a las instancias competentes mecanismos complementarios a los señalados por este ordenamiento para erradicar cualquier práctica que limite la libertad de expresión, el derecho de acceso a la información o afecte la imparcialidad y la equidad en el gasto de los recursos públicos, por medio actos relacionados con la propaganda gubernamental, y

XV. Las demás que establezcan las leyes.

Artículo 38. El Consejo rendirá anualmente un informe público al H. Congreso de la Unión sobre el estado que guarda la política de propaganda gubernamental en el Estado mexicano, que contenga cuando menos: la evaluación respecto del cumplimiento de los objetivos trazados en el Programa Rector; la evaluación respecto del cumplimiento de las disposiciones de este ordenamiento por los sujetos obligados; la evaluación respecto del impacto que los actos relaciones con la propaganda gubernamental han generado respecto del respeto a la libertad de expresión, el derecho de acceso a la información y la equidad e imparcialidad en el uso de los recursos públicos, y la evaluación respecto del apego que muestra la propaganda gubernamental a la disposición constitucional que prohíbe la promoción personalizada de cualquier servidor público.

Capítulo Segundo

Transparencia y acceso a la información

Artículo 39.- Toda la información relacionada con la propaganda gubernamental es de carácter público y no se clasifica como reservada o confidencial.

Artículo 40.- La Secretaría de Gobernación administra un sistema informativo de propaganda gubernamental federal, proporcionando un mecanismo de consulta directa al público en general, por Internet y en forma física en las instalaciones que señale dicha dependencia, el cual permita el acceso directo al Padrón y a los datos relativos a los contratos, costos, programación y actividades relacionadas con la propaganda gubernamental, desglosados por cada sujeto obligado, incluyendo de manera desagregada la distribución de los tiempos oficiales.

El sistema informativo a que se refiere el párrafo anterior, contiene una base de datos digitalizada donde se encuentran copia de los contenidos, audio, videos o fotografías de las diferentes campañas de la propaganda gubernamental, organizadas por fecha, estado o región geográfica, campaña, dependencia y, en su caso, los servicios contratados o subcontratos con empresas privadas.

Capítulo Segundo

Padrón Nacional de Prestadores de Servicios

de Publicidad y Comunicación

Artículo 41.- El Padrón Nacional de Prestadores de Servicio de Publicidad y Comunicación es un sistema informativo de carácter público que contiene el registro de medios de comunicación y agencias de publicidad, con residencia en el territorio nacional o en el extranjero, que prestan servicios de producción y difusión de propaganda gubernamental.

Artículo 42.- La Secretaría de Gobernación establece los requisitos y protocolos para la inscripción en el Padrón y lo administra.

El padrón permanece accesible al público en la página de Internet de dicha dependencia, así como en las instalaciones que ésta señale.

Artículo 43.- Las empresas extranjeras que prestan servicios internacionales se registran en un apartado específico de la base de datos.

Artículo 44.- El registro de prestadores de servicios de comunicación contiene por lo menos los siguientes datos:

a. La identificación del medio o producción independiente, así como de sus propietarios y, en su caso, los accionistas mayoritarios.

b. El domicilio fiscal actualizado.

c. El ámbito de cobertura de los servicios que presta.

d. Copia del acta constitutiva y razón social de la empresa.

e. Niveles y segmentos de audiencia, número de usuarios efectivos y potenciales e índice de penetración del medio.

Artículo 45.- Los medios de comunicación que no están debidamente registrados no pueden ser considerados para contratar la realización de propaganda gubernamental federal.

Capítulo Tercero

Fiscalización

Articulo 46.- La Secretaría de Hacienda y Crédito Público concentra en un rubro especial de los informes trimestrales de la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública el avance del gasto ejercido y el cumplimiento de los objetivos del Programa, desglosando la información por cada programa específico de propaganda gubernamental de los ejecutores de gasto, la que contiene los medios de comunicación y agencias de publicidad, así como los servicios contratados con cada uno; los tiempos oficiales utilizados por cada dependencia y entidad, así como la reprogramación de que fueron objeto y las adecuaciones o incrementos presupuestales realizados en el periodo.

Artículo 47.- El Ejecutivo Federal concentra en un rubro especial de la Cuenta Pública que presenta al Congreso de la Unión anualmente, la información detallada relativa a la ejecución del Programa, desglosada por cada programa específico de propaganda gubernamental de los ejecutores de gasto.

En dicho rubro especial, anexa el Padrón y especifica los montos contratados por cada medio de comunicación, organizados por tipo de servicio de comunicación social.

Artículo 48.- Los entes obligados por la presente Ley, se ajustan a las disposiciones emanadas de la Ley Federal de Acceso a la Información y de la Ley General de Contabilidad Gubernamental en materia de transparencia y acceso a la información y rendición de cuentas en materia de propaganda gubernamental.

TITULO CUARTO
DE LOS PROCEDIMIENTOS Y SANCIONES

Capítulo Primero

Procedimiento administrativo

Artículo 49.- Cualquier persona puede denunciar ante la Secretaría de Gobernación la difusión o distribución de propaganda gubernamental difundida por sujetos obligados de la Administración Pública Federal que pueda ser violatoria de lo establecido por la presente ley. Al día siguiente hábil de la presentación de la denuncia, la Secretaría de Gobernación debe iniciar el procedimiento administrativo, el cual puede también iniciarse de oficio por la propia Secretaría.

Cuando se trate de publicidad difundida en radio y televisión por dependencias, entidades u organismos públicos diferentes de los de la Administración Pública Federal también procede la denuncia señalada en el párrafo anterior.

El procedimiento administrativo que se instaura no excede del término de siete días hábiles. En el plazo de dos días hábiles a partir de la notificación, los sujetos obligados deben presentar las justificaciones que estimen pertinentes y las informaciones que le sean requeridas como parte de dicho procedimiento.

Si del procedimiento resulta que la difusión de propaganda gubernamental es violatoria de lo dispuesto por esta Ley, dicha dependencia ordena la suspensión o el retiro inmediato de la propaganda y da vista, en su caso, a la autoridad competente en los términos del artículo 16 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, las autoridades competentes de carácter local, en su caso, así como al Ministerio Público de la Federación cuando se presuma la comisión de un delito federal.

Artículo 50. Cuando el Instituto Federal Electoral impone sanción a cualquier servidor público por violaciones a la legislación electoral, da vista a la Secretaría de Gobernación para efectos de lo señalado en el último párrafo del artículo precedente, cuando tal sanción haya causado estado.

Capítulo Segundo

Acción de ilegalidad

Artículo 51.- La acción de ilegalidad en materia de propaganda es independiente del procedimiento administrativo señalado en el capítulo precedente y se ejerce por parte de cualquier persona física o moral ante el juzgado de distrito en materia civil competente cuando:

I. La propaganda gubernamental federal cauce perjuicio a una persona física o moral, a su juicio.

II. Cuando la difusión o distribución de propaganda gubernamental federal sea violatoria de la presente Ley.

III. Cuando la propaganda de cualquier ente público de carácter local, órgano autónomo federal o local, o de los poderes legislativos o judiciales de la Federación o de las entidades federativas que se difunda a través de la radio o televisión así como mediante redes públicas de comunicación cauce perjuicio a una persona física o moral o sea violatoria de la presente Ley.

La acción a que se refiere el presente artículo también se puede ejercer cuando haya concluido el procedimiento administrativo dispuesto en el capítulo anterior, siempre que subsista la propaganda en cuestión.

Artículo 52.- La acción a que se refiere este Capítulo se ejerce en cualquier momento, dentro del tiempo en que dura la difusión de la propaganda o su distribución.

Artículo 53.- A elección del actor, la demanda se presenta ante el Juez de Distrito con residencia en el lugar correspondiente a su domicilio o en el lugar en que se difunda o distribuya la propaganda o en el lugar que corresponda al domicilio del medio de comunicación por el que se realiza la difusión. En los lugares en que no resida juez de Distrito y siempre que la difusión de propaganda gubernamental que se reclame se realice en medios de comunicación con cobertura en el mismo lugar o en lugar próximo, cuando tengan cobertura regional, los jueces de Primera Instancia dentro de cuya jurisdicción radique dicho medio de comunicación tienen facultad para recibir el escrito de acción, debiendo resolverla en la forma y términos que establece el presente ordenamiento.

Artículo 54.- El escrito de demanda se presenta firmado por el actor y contiene, para ser válido:

I.- Nombre del actor y documento que acredite su personalidad;

II.- Domicilio para oír y recibir notificaciones;

III.- Identificación del sujeto obligado señalado como responsable de la difusión o distribución de la propaganda gubernamental que motiva la demanda;

IV.- Hechos que se imputan como violatorios de la presente Ley, en los que se identifique en forma suficiente la propaganda cuya difusión o distribución se reclama y el medio por el cual se realiza;

V.- En su caso, la petición de que se resuelva la suspensión a que se refiere este Capítulo, justificando los daños o perjuicios que se pretenden prevenir o detener;

VI.- Las consideraciones de derecho que justifiquen la demanda.

Artículo 55.- El actor ofrece las pruebas que considera pertinentes en el mismo momento de la presentación de la demanda.

Artículo 56.- Recibida la demanda, el juez notifica al sujeto obligado responsable de la propaganda dentro de los dos días hábiles siguientes, fijándole un plazo de dos días hábiles para que presente su contestación y ofrezca las pruebas que juzgue pertinentes. Se autoriza la utilización de los medios electrónicos para llevar a cabo estas actuaciones de conformidad con las reglas generales del Poder Judicial de la Federación.

El juez rechaza la admisión de la demanda si estima que la acción es notoriamente improcedente.

Cuando la improcedencia obedezca a que la conducta reclamada está vinculada a un proceso electoral federal o local, el juez turna sin demora la denuncia a la autoridad electoral pertinente.

Artículo 57.- A petición del actor, como medida precautoria, el juez decreta la suspensión de la difusión o distribución de la propaganda cuando ocurra una o varias de las siguientes situaciones:

I.- El acto efectivamente puede causar daños o perjuicios al actor, los cuales serían de difícil o imposible reparación;

II.- Es notoria la violación de la presente ley ante el examen inicial de la propaganda materia de la denuncia.

El juez dicta las medidas que considere pertinentes para garantizar la eficacia de la suspensión decretada.

Artículo 58.- De no recibir la contestación del sujeto obligado, el juez considera aceptados los hechos reclamados por el demandante y continúa el procedimiento.

Artículo 59.- Recibida la contestación del sujeto obligado o transcurrido el plazo para recibirla, el juez cita a una audiencia de desahogo de pruebas y alegatos, dentro de los dos días hábiles siguientes.

Artículo 60.- Concluida la audiencia de pruebas y alegatos, el juez dicta resolución inmediatamente o dentro de los dos días hábiles siguientes.

La resolución ordena el retiro definitivo de la propaganda, fijando un plazo que no excede los dos días naturales, o bien, declara que la acción de ilegalidad es infundada.

El juez dicta las medidas que considere pertinentes para garantizar el cumplimiento de la sentencia en el término señalado en el párrafo anterior.

Artículo 61.- Para los efectos del procedimiento contenido en el presente capítulo, se aplican de manera supletoria las disposiciones de la Ley de Amparo, reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Artículo 62.- El procedimiento judicial a que se refiere este Capítulo es independiente del derecho que le asiste a todo sujeto afectado para acudir ante los órganos jurisdiccionales competentes a reclamar la reparación de los daños o perjuicios que se hubieran ocasionado en su contra con motivo de la difusión o distribución de propaganda gubernamental.

Las sanciones previstas en esta Ley se aplicarán independientemente de la responsabilidad civil o penal que resulte en cada caso, así como de las sanciones que por la vía administrativa establezca la autoridad correspondiente.

Artículo 63.- Cuando el juez emite resolución en la que declare fundada la acción de ilegalidad, da cuenta a la autoridad que resulta competente para conocer de la responsabilidad administrativa de los servidores públicos implicados.

Artículo 64.- Cuando el Instituto Federal Electoral determina que no es competente para conocer de hechos que puedan constituir violaciones a las disposiciones legales porque la propaganda que se impugna no es de la materia electoral declina la competencia a la autoridad que, conforme a las disposiciones aplicables, tiene en el ámbito de sus atribuciones el conocimiento de esas conductas.

Capítulo Tercero

Sanciones

Artículo 65.- Se sanciona con suspensión del empleo, cargo o comisión de un mes a un año o, en caso grave, con la destitución e inhabilitación para ejercer empleo, cargo o comisión de tres meses a dos años al servidor público de la Federación responsable de la difusión de propaganda gubernamental que:

I.- Implica, en forma directa o indirecta, la promoción personalizada de sí o de otra persona señalada en la fracción I del artículo 11;

II.- Induce a la confusión, denigra a los partidos políticos o se dirige por cualquier vía a influir en las preferencias electorales de los ciudadanos a favor o en contra de partidos políticos o de candidatos a cargos de elección popular;

III.- Contraviene las disposiciones contenidas en el artículo 11 de la presente Ley;

IV.- Se realiza en periodo de campañas electorales;

V.- Se realiza en contravención de las disposiciones de contratación de propaganda previstas en el presente ordenamiento;

VI.- Excede el gasto aprobado en el programa respectivo o se pague mediante adecuaciones presupuestales indebidas.

Cuando se comete la infracción a que se refiere la fracción IV de este artículo y se dirige a influir en las preferencias electorales o denostar a un candidato o partido, la sanción aplicable consiste en destitución e inhabilitación para ejercer empleo, cargo o comisión públicos de uno a cinco años, la cual se impone después de que la sanción de carácter electoral haya causado estado.

Artículo 66.- Cuando la conducta infractora causa daños o perjuicios a la Hacienda Pública Federal o al patrimonio de los sujetos obligados, procede la imposición de sanciones económicas en los términos del artículo 15 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos.

Artículo 67.- Se sanciona con las penas que se establecen para el delito de peculado contenidas en el artículo 223 del Código Penal Federal, al servidor público que indebidamente utilice fondos públicos u otorgue alguno de los actos a que se refiere el artículo 217 del mismo ordenamiento sustantivo penal, con el objeto de realizar, en forma directa o indirecta, la promoción personalizada de sí o de otra persona, de conformidad con lo que establece la fracción I del artículo 11 o para denigrar a una persona.

Artículo 68.- Cuando la conducta que sanciona el artículo anterior se realiza en periodo de campañas electorales y hasta la conclusión de la jornada comicial o cuando fuera de dicho periodo se dirige a incidir de cualquier forma en los procesos electorales federales, la pena que resulta aplicable se incrementa hasta en un tercio, siempre que el indiciado haya sido sancionado por la misma conducta por las autoridades electorales competentes y tal sanción haya causado estado.

Artículo 69.- Las sanciones previstas en este capítulo se aplican independientemente de la responsabilidad civil que resulte en cada caso, así como de las sanciones administrativas que impongan las autoridades correspondientes en el ámbito de sus atribuciones constitucionales y legales.

ARTICULOS TRANSITORIOS DE LA LEY GENERAL

DE PROPAGANDA GUBERNAMENTAL

Primero. La presente Ley entra en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Se derogan las disposiciones que se opongan a ésta.

Segundo.- La Secretaría de Gobernación elabora el Padrón Nacional Prestadores de Servicios de Publicidad y Comunicación e implementa el sistema de información dentro de los 180 días siguientes a la entrada en vigor de este ordenamiento.

Tercero.- La Secretaría de la Función Pública, de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y de la Secretaría de Gobernación establecerán y publicarán los nuevos requisitos y disposiciones a la que deberán ajustarse las políticas de contratación y políticas de propaganda gubernamental.

Cuarto.- El Ejecutivo Federal en su Proyecto de Egresos de la Federación garantizará los recursos presupuestales necesarios para el correcto funcionamiento del Consejo.

ARTICULO SEGUNDO. Se deroga la fracción II del artículo 223 del Código Penal Federal, para quedar como sigue:

Artículo 223.- Comete el delito de peculado:

I.- …

II.- Derogado.

III. y IV.- …

……

ARTICULO TERCERO. Se reforma el numeral 5 del artículo 228 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, para quedar como sigue:

Artículo 228.

1 a 4.…

5. En ningún caso la propaganda que se difunda con motivo de los informes anuales de los servidores públicos podrá tener fines electorales ni realizarse dentro de los periodos de campaña preelectoral y electoral. Dicha propaganda sólo se llevará a cabo conforme lo dispuesto en la legislación relativa a la propaganda gubernamental.

ARTICULOS TRANSITORIOS DE LAS REFORMAS
AL CODIGO PENAL FEDERAL Y AL CODIGO
FEDERAL DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES

UNICO: El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Salón de sesiones del Senado de la República, a 6 de noviembre de 2012.

Suscribe
Sen. Armando Ríos Piter”.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, Senador Armando Ríos Piter. Se turna a las Comisiones Unidas de Gobernación; y de Estudios Legislativos.

Se le concede el uso de la palabra al Senador Humberto Domingo Mayans Canabal, a nombre propio y de diversos Senadores, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto que reforma la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y la Ley del Impuesto al Valor Agregado.






INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETOQUE REFORMA LA FRACCION IV DEL ARTICULO 28 DE LA LEY FEDERAL DE PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD HACENDARIA Y EL ARTICULO 2O. DE LA LEY DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

(Presentada por el C. Senador Humberto Domingo Mayans Canabal, a nombre propio y de diversos Senadores)

- El C. Senador Humberto Domingo Mayans Canabal: Con su permiso, señor Presidente de la Mesa Directiva; compañeras y compañeros Senadores:

He solicitado el uso de la palabra para someter a consideración de ustedes, en mi nombre y conjuntamente con los ciudadanos Senadores René Juárez Cisneros, Eviel Pérez Magaña, Raúl Aarón Pozos Lanz, Roberto Armando Albores Gleason, Juan Gerardo Flores Ramírez, Layda Elena Sansores San Román, Oscar Ramón Rosas González y Adán Augusto López Hernández, una iniciativa de Decreto que reforma la fracción IV del artículo 28 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y el artículo 2o. de la Ley del Impuesto al Valor Agregado.

Amigas y amigos Senadores, cuando se habla de la frontera sur de México, se incluyen los estados de Quintana Roo, Campeche, Tabasco y Chiapas. Se señala una extensión de 1,149 kilómetros, de los cuales 956 son frontera con Guatemala y 193 con Belice.

En el conjunto de los 4 estados viven 9.2 millones de connacionales, de los cuales 16.2% son indígenas.

La población fronteriza representa el 1.46% de la población nacional.

19 municipios fronterizos pertenecen a Chiapas, 2 a Tabasco, 2 a Campeche y 1 a Quintana Roo.

La población de los 24 municipios situados a lo largo de la línea divisoria es de 1.6 millones de personas.

El 74% de esta población está en Chiapas, el 7% en Tabasco, el 4% en Campeche y el 15% en Quintana Roo.

En materia de rezago social durante el periodo 2002 al 2010:

Chiapas pasó del 1° al 3°.

Campeche del 9 al 10.

Tabasco se mantuvo en el 14.

Y Quintana Roo del 12 al 20.

En el periodo 2003 al 2010, el crecimiento conjunto de los 4 estados fue de 0.5%, mientras el promedio anual del PIB nacional fue de 2.3%.

1.9 millones de personas, en promedio, cruzan anualmente dicha frontera, de los cuales alrededor de 300 mil son entradas irregulares, según el propio Instituto Nacional de Migración.

Si a estos datos agregamos la marginación, la miseria, el olvido y la desatención de esta región, nos encontramos frente a un coctel explosivo que pone en riesgo, sin duda, la estabilidad, la gobernabilidad y la seguridad nacional.

No hay que olvidar que los estados de la frontera sur limitan con la zona más violenta del mundo; la zona más violenta, según datos estadísticos, criminológicos, no es ni Afganistán, ni Irak, ni el Medio Oriente; es Guatemala, Hondura y El Salvador, y son nuestros vecinos.

Como señala el gran antropólogo chiapaneco, Andrés Fábregas Puig, “los límites entre los estados nacionales no se trazan al compás del medio ambiente o de sugerencias geográficas, sino de las acciones humanas sobre el.”

La problemática de la región sur, se concentra principalmente en los siguientes rubros:

En el ámbito económico, las amplias riquezas naturales y atractivos con que cuenta la región no han generado el dinamismo económico esperado, a pesar de contar con importantes actividades extractivas, agropecuarias, agroindustriales y de turismo, tanto de playa, como cultural y de aventura, las cuales no ha tenido el impulso necesario y suficiente por falta de una infraestructura física moderna que implique que la frontera sur tenga altos niveles de competitividad en el plano nacional y global en el que vivimos.

En materia de seguridad, en la zona hay serias dificultades para aplicar a plenitud el estado de derecho por falta de autoridades competentes, de normas adecuadas y personal especializado en temas de seguridad nacional y de seguridad interior a nivel federal, estatal y municipal; y, en consecuencia, se registran fenómenos de extorsión, robo, trata de personas, tráfico de drogas y de armas, donde están implicados grupos de la delincuencia organizada que se disputan las rutas de abasto de una frontera absolutamente porosa donde entra y sale el que quiere con lo que quiere.

El principal desafío es instrumentar una política de seguridad nacional que implique enfrentar los desafíos del crimen organizado que opera en ambos lados de la frontera, tanto en México, como en Guatemala y Belice.

En migración, se registran flujos crecientes de trabajadores documentados, indocumentados, migrantes ilegales y transmigrantes en tránsito hacia Estados Unidos, provenientes principalmente de Centroamérica, pero también de Asia e incluso de Africa, en busca de un mejor nivel de vida

El volumen del tránsito y tráfico de personas, como lo he señalado, es de casi 2 millones de personas, y significa un gran desafío a las políticas migratorias y de control de fronteras que hay que enfrentar con urgencia y decisión por parte del gobierno federal con apoyo de las autoridades estatales y municipales.

Y por último, en el ámbito de los derechos humanos, se registran frecuentes situaciones de maltrato y secuestro de migrantes, trata y explotación de personas, y la negación de derecho por actos perpetrados por las propias autoridades encargadas de hacer cumplir la ley.

En contraste con todo ello, está presente en la región su gran riqueza natural de flora y fauna, más de 200 tipos de ecosistemas y 22 ecorregiones, importantes yacimientos de petróleo y gas, abundancia en cauces de agua superficiales o subterráneos, en donde Tabasco simplemente se considera la séptima reserva mundial de agua, población joven y disponible de mano de obra, un notable patrimonio cultural y un gran potencial para el desarrollo de las actividades ligadas con el turismo.

A pesar de ello, el desarrollo social y económico está rezagado en relación al centro y norte del país, principalmente por no contar con una infraestructura, insisto, física competitiva que genere las inversiones y los empleos que los estados y municipios están demandando, carreteras modernas, puertos, ferrocarril, parques industriales, telecomunicaciones de alta tecnología, entre otros servicios estratégicos, son indispensables para el desarrollo y crecimiento de la frontera sur.

Los derechos que reclaman los millones de personas que habitan esa frontera ponen nuevamente sobre la mesa la añeja polémica en torno a la justicia social.

Como señala Joel Flores Rentería en su obra “Los Derechos Diferenciados”: “No hay nada más injusto que tratar a los iguales como desiguales y a éstos como iguales”.

Lo comento porque mientras que la frontera norte cuenta con estímulos fiscales, programas emergentes de empleo, infraestructura física moderna, políticas sociales diferenciadas, apoyos específicos para seguridad y programas de combate a la pobreza, el sur sigue esperando, a pesar de los esfuerzos por concretar políticas públicas específicas, que contribuyan al desarrollo de la región.

Existen importantes diagnósticos y programas que coadyuvan a atender el tema, como los mecanismos denominados Fideicomiso para el Desarrollo Regional del Sur-Sureste, el Mecanismo de Tuxtla, el Proyecto Mesoamérica, antes Plan Puebla-Panamá, los Fondos de Apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo y de la Unión Europea, entre otros.

Se requiere, entonces, un cambio de estrategia sustentada en una visión transversal, oportuna y concurrente entre la Federación, los estados y los municipios involucrados en los temas prioritarios del sur.

Compañeras y compañeros Senadores, a través de la presente iniciativa abordaré solamente dos temas prioritarios, el impulso a la inversión pública y privada y el desarrollo integral de la zona, en los siguientes términos:

Primero.- La Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria establece en su artículo 28, que el Proyecto de Presupuesto de Egresos se presentará y aprobará, cuando menos, conforme a las siguientes clasificaciones: una, la administrativa; dos, la funcional y programática; tres, la económica; cuatro, la de género y cinco, la geográfica, que agrupa a las previsiones de gasto con base a su destino geográfico, para entidades federativas, municipios y regiones.

Se propone entonces en esta iniciativa, adicionar a la clasificación geográfica que forma parte de la estructura del Presupuesto de Egresos de la Federación, el factor territorial con la denominación de fronteras, sur y norte, para abrir la vía legal que permita para cada ejercicio fiscal contar con un Subfondo para el Desarrollo de los Municipios Fronterizos; insisto, la reforma contemplada implica tanto a los municipios de la frontera norte como de la frontera sur. Dichos recursos serían distribuidos directamente a los municipios fronterizos, a través de programas y proyectos de inversión para incrementar el capital físico, la capacidad productiva e impulsar el desarrollo regional mediante infraestructura pública y equipamiento, en los mismos términos que en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2012 se aprobó, por un solo año, pero exclusivamente a través de un punto de Acuerdo, un fondo similar para los municipios de la frontera norte, dejando excluidos a los municipios de la frontera sur.

La ley del Impuesto al Valor Agregado, en su artículo 2o., establece la aplicación de una tasa del 11 por ciento de este impuesto cuando los actos o actividades por lo que se debe pagar, se realicen por residentes de Baja California, Baja California Sur, Quintana Roo y los municipios de Caborca y de Cananea en Sonora, siempre que la entrega de los materiales de los bienes o la prestación de los servicios se lleve a cabo en esas localidades.

Como un acto de justicia y equidad con nuestros hermanos del sur de nuestro país, propongo con esta reforma incorporar a los municipios de Tenosique, Tabasco y Comitán de Domínguez, Chiapas, como receptores de ese beneficio para incentivar en alguna medida la inversión privada productiva, la generación de empleos y el desarrollo social y económico de ambos.

Cabe destacar que ambos municipios ya fueron considerados como fronterizos, para efecto del impuesto general de importación, por el Ejecutivo Federal a través de un Decreto de fecha 24 de diciembre de 2008.

Los privilegios se tienen que terminar en este país, el federalismo hacendario debe de fortalecerse.

Como lo escribió el gran poeta uruguayo Mario Benedetti y lo cantó Joan Manuel Serrat, el sur también existe, esperando contar con la solidaridad de las y los señores Senadores de esta legislatura, agradezco la atención prestada.

Es cuanto, señor Presidente, muchas gracias.

Iniciativa

“El que suscribe, SENADOR HUMBERTO DOMINGO MAYANS CANABAL, miembro del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional e integrante de esta LXII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 55, fracción II del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración del Pleno de esta Cámara, en mi nombre y conjuntamente con los Ciudadanos Senadores René Juárez Cisneros; Eviel Pérez Magaña; Raúl Aarón Pozos Lanz; Roberto Armando Albores Gleason; y Juan Gerardo Flores Ramírez; la siguiente:

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA LA FRACCION IV DEL ARTICULO 28 DE LA LEY FEDERAL DE PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD HACENDARIA; Y EL ARTICULO 2º DE LA LEY DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO; DE CONFORMIDAD CON LA SIGUIENTE:

EXPOSICION DE MOTIVOS

En los mapas, las fronteras aparecen como líneas unidimensionales, pero en realidad tienen muchas dimensiones; “las fronteras son límites en profundidad, espacios alrededor de una línea, el lugar donde el Estado se encuentra con la sociedad. No es posible entender las fronteras y las relaciones entre sociedad y Estado contenidas en éstas, sin comprender lo que significa vivir en las fronteras y reconocer las dinámicas específicas presentes en los espacios fronterizos”1.

En términos generales, cuando se habla de la frontera sur de México se incluyen los estados de Quintana Roo, Campeche, Tabasco y Chiapas. Se trata de una extensión de 1,149 kilómetros, de los cuales 956 son frontera con Guatemala y 193 con Belice.

La frontera México-Belice es casi totalmente fluvial y está marcada por el Río Hondo, el Río Azul, la Bahía de Chetumal y la Boca Bacalar Chico. En el caso de la frontera con Guatemala, el río Suchiate y un tramo del río Usumacinta, aproximadamente 385 kilómetros entre los dos, marcan parte de la delimitación fronteriza en el estado de Chiapas. El resto son fronteras terrestres, zonas montañosas y selvas, principalmente. Por su parte, los estados de Tabasco y Campeche colindan con la región selvática del Petén guatemalteco.

El conflicto, a veces el caos, es el primer elemento de identidad en la frontera sur, como señala Andrés Fábregas, “los límites entre los estados nacionales no se trazan al compás del medio ambiente o de sugerencias geográficas, sino de las acciones humanas sobre él”2.

Los problemas de la región son varios. Se reflejan en migración, derechos humanos, seguridad, salud pública, deterioro ambiental y condiciones socio económicas muy contrastantes, entre otros.

Este panorama desalentador, discrepa con la gran riqueza natural en flora y fauna propia de la selva tropical o subtropical, 200 tipos de ecosistemas y 22 eco regiones, importantes yacimientos de petróleo y gas, abundancia de agua en cauces superficiales o subterráneos, población joven y disponibilidad de mano de obra, un notable patrimonio cultural y un gran potencial para el desarrollo de las actividades ligadas con el turismo, ya sea cultural, de aventura, de convenciones o de cruceros.

Sin embargo, la marginación y la pobreza se agudiza, por la dispersión de la población, las limitaciones de la infraestructura carretera, ferroviaria, aeroportuaria y portuaria,una población con alto analfabetismo y bajos niveles de educación y una inversión pública y privada que ha sido poca y desigual en la región.

La problemática de la región sur, se concentra peligrosamente en los siguientes rubros de la atención pública:

1) En migración, se registran flujos crecientes de trabajadores documentados,indocumentados, migrantes ilegales y transmigrantes en tránsito hacia otros países como Estados Unidos, provenientes principalmente de Centroamérica. A partir de la reducción de los conflictos políticos y sociales en algunos de los países de América Central su número se redujo, pero comenzó aumentar nuevamente como resultado de las deficiencias en los mercados de trabajo, las facilidades de desplazamiento y las expectativas debienestar de los migrantes;

2) En materia de seguridad se registran extorsión, robo, trata de personas, tráfico de drogas y de armas donde están implicados grupos de la delincuencia organizada que se disputan las rutas de abasto de una frontera con una vulnerable vigilancia y fuerzas de seguridad locales poco capacitadas, para enfrentar adecuadamente los desafíos del crimen organizado;

3) En el ámbito económico, las amplias riquezas naturales y atractivos con que cuenta la región no han generado el dinamismo económico esperado, actividades extractivas (petróleo crudo y gas), agropecuarias (ganado bovino), agroindustriales (lácteos, café, cacao, aceite de palma, chicle, etcétera) y el turismo de playa, cultural y de aventura, lo cual ha profundizado el desempleo, lapobreza y la marginación, por la carencia de inversión productiva y de infraestructura física moderna y estratégica para el desarrollo; y

4) En el ámbito de los derechos humanos, se registran frecuentes situaciones de mal trato y secuestro de migrantes; y la negación de derechos por actos perpetrados por las propias autoridades encargadas de hacer cumplir la ley.

Entonces lo que ha fallado, es la relativa falta de atención del estado mexicano, la dependencia, primero, de las actividades agrícolas y pecuarias de baja productividad e ingresos inestables y posteriormente la ausencia de procesos de industrialización generados a partir de los amplios recursos naturales de la región.

A lo largo de la frontera existen diez puestos fronterizos, siete en el estado de Chiapas, uno en Tabasco y dos en Quintana Roo. En la extensión de los 194 kilómetros de frontera con Campeche no existe ningún cruce formal, por lo que el número de cruces formales es insuficiente para el tamaño de la frontera, pero la porosidad aumenta también debido a la carencia de infraestructura y personal suficiente en la mayoría de ellos”3.

Existen un número considerable de iniciativas legislativas, puntos de acuerdo y proyectos de decreto que promueven la atención de la frontera sur en ambas cámaras del Congreso de la Unión, que no pueden seguir esperando, pues la deuda social con nuestros hermanos que habitan esa región, es tan grande como debe ser también, el impulso normativo que le demos al desarrollo integral de esta zona.

Los derechos que reclaman esos millones de personas ponen nuevamente sobre la mesa de las discusiones, la añeja polémica en torno a la justicia social.

Para mí, “la justicia social consiste en dar un trato igual a los iguales en las cosas que lo son, y desigual a los desiguales en las cuestiones en donde existe la desigualdad. Porque no hay nada más injusto que tratar a los iguales como desiguales y a éstos como iguales”.4

Mientras la frontera norte, cuenta con estímulos fiscales, programas emergentes de empleo, políticas federales diferenciadas de desarrollo social, apoyo específico para seguridad y combate a la pobreza, el sur sigue esperando justicia. A eso me refiero cuando digo, que no hay nada más injusto que tratar igual a los desiguales.

Los mexicanos a lo largo y ancho de la geografía nacional, tenemos necesidades básicas que se traducen en derechos humanos fundamentales como el derecho a la alimentación, al trabajo, a la educación con calidad, a expresarnos con libertad, a ser tratados con dignidad y respeto y en general a la supervivencia; así lo dice nuestra Constitución.

Pero cuando estas necesidades fundamentales no se satisfacen nos encontramos frente a inequidades, las cuales transitan a situaciones de injusticia cuando son provocadas por la desatención de la autoridad o por la ineficacia de las políticas públicas.

La frontera sur “es una bomba de tiempo, cada año más de 350 mil centroamericanos transitan la peligrosa franja limítrofe con el único propósito de llegar a Estados Unidos, persiguiendo el sueño de mitigar su hambre y la de los suyos”5.

Centroamérica vive todavía los estragos de movimientos armados que dejaron muertes y nulo crecimiento económico. Esa catapulta, expulsora principalmente de los jóvenes, expone a los migrantes al tráfico de drogas, trata de personas, crimen organizado y policías coludidos.

Si a estos fenómenos agregamos la marginación, la miseria, el olvido y la desatención de esta zona, nos encontramos frente a un coctel explosivo, que pone en riesgo, sin duda, la seguridad nacional.

De que hay avances, los hay no podemos negarlo.

Existen esfuerzos internacionales, nacionales y locales como los mecanismos denominados Fideicomiso para el Desarrollo Regional del Sur-Sureste (Fidesur,) el Mecanismo de Tuxtla, el Proyecto Mesoamérica, antes Plan Puebla Panamá, la Iniciativa Mérida, los Fondos de Apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo y de la Unión Europea, entre otros.

Lo que ha fallado, entre otras cosas, es la estrategia, es la forma y es el fondo.

Lo que se requiere es un cambio de estrategia sustentada en una visión transversal, oportuna y concurrente entre la federación, los estados y los municipios involucrados en los temas prioritarios del sur.

A través de la presente iniciativa abordaré sólo dos temas prioritarios, el impulso a la inversión pública y privada y el desarrollo integral de la zona. En otra oportunidad plantearé a esta soberanía, otros rubros de atención legislativa para la solución de las problemáticas estructurales de esa parte del territorio nacional.

Compañeras y compañeros Senadores:

La Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, establece en su artículo 28, que el proyecto de Presupuesto de Egresos se presentará y aprobará, cuando menos, conforme a las siguientes clasificaciones: 1) la administrativa, 2) la funcional y programática, 3) la económica, 4) la de género y 5) la geográfica que agrupa a las previsiones de gasto con base en su destino geográfico, para entidades federativas, municipios y regiones.

Proponemos adicionar a la clasificación geográfica del Presupuesto de Egresos de la Federación, el ámbito territorial de las fronteras (sur y norte), que permita crear de forma institucional y permanente un Subfondo para el Desarrollo de los Municipios Fronterizos, cuyos recursos serían distribuidos directamente a éstos, a través de programas y proyectos de inversión destinados a mantener e incrementar el capital físico, la capacidad productiva, impulsar el desarrollo regional mediante infraestructura pública y equipamiento, en los mismos términos que en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2012 se aprobó un similar exclusivamente para los Municipios de la Frontera Norte.

Por otra parte, la Ley del Impuesto al Valor Agregado, en su artículo 2º, establece la aplicación de una tasa del 11% de este impuesto cuando los actos o actividades por los que se deba pagar, se realicen por residentes de Baja California, Baja California Sur, Quintana Roo y los municipios de Caborca y de Cananea, Sonora, siempre que la entrega material de los bienes o la prestación de servicios se lleve a cabo en esas localidades.

Como un acto de justicia y equidad con los mexicanos del sur del país, proponemos incorporar a través de esta iniciativa, a los Municipios de Tenosique, Tabasco y Comitán de Domínguez, Chiapas, como receptores de este beneficio para incentivar en alguna medida la inversión privada productiva, la generación de empleos y el desarrollo de la economía local y el mejoramiento de la calidad de vida de millones de personas que habitan esa región.

Cabe destacar, que ambos municipios ya fueron considerados como fronterizos, para efectos del impuesto general de importación, por el Ejecutivo Federal a través del Decreto de fecha 24 de diciembre de 2008.

Con fundamento en lo anteriormente expuesto, presento la siguiente iniciativa con:

PROYECTO DE DECRETO

PRIMERO: Se reforma la fracción IV del artículo 28 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, para quedar como sigue:

Artículo 28.- El proyecto de Presupuesto de Egresos se presentará y aprobará, cuando menos, conforme a las siguientes clasificaciones:

I. a la III.- …

IV.-La geográfica, que agrupa a las previsiones de gasto con base en su destino geográfico, en términos de entidades federativas y en su caso municipios, regiones y fronteras, y

V.- …

SEGUNDO: Se reforma el artículo 2º de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, para quedar como sigue:

Artículo 2º.- El impuesto se calculará aplicando la tasa del 11% a los valores que señala esta Ley, cuando los actos o actividades por los que se deba pagar el impuesto, se realicen por residentes en la región fronteriza, y siempre que la entrega material de los bienes o la prestación de servicios se lleve a cabo en la citada región fronteriza.

Para efectos de esta Ley, se considera como región fronteriza, además de la franja fronteriza de 20 kilómetros paralela a las líneas divisorias internacionales del norte y sur del país, todo el territorio de los estados de Baja California, Baja California Sur y Quintana Roo, los municipios de Caborca y de Cananea, Sonora y los Municipios de Tenosique, Tabasco y Comitán de Domínguez, Chiapas, así como la región parcial del Estado de Sonora comprendida en los siguientes límites: al norte, la línea divisoria internacional desde el cauce del Río Colorado hasta el punto situado en esa línea a 10 kilómetros al oeste del Municipio Plutarco Elías Calles; de ese punto, una línea recta hasta llegar a la costa, a un punto situado a 10 kilómetros, al este de Puerto Peñasco; de ahí, siguiendo el cauce de ese río, hacia el norte hasta encontrar la línea divisoria internacional.

ARTICULOS TRANSITORIOS

UNICO: El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el Pleno de la Cámara de Senadores, México, Distrito Federal, a 8 de noviembre de 2012.

Sen. Humberto Domingo Mayans Canabal.- Sen. René Juárez Cisneros.- Sen. Eviel Pérez Magaña.- Sen. Raúl Aarón Pozos Lanz.- Sen. Roberto Armando Albores Gleason.- Sen. Juan Gerardo Flores Ramírez”.

PRESIDENCIA DEL C. SENADOR
ENRIQUE BURGOS GARCIA

- El C. Presidente Enrique Burgos García: Muchas gracias, Senador Mayans Canabal. Se turna a la Cámara de Diputados.

Sonido en el escaño del Senador Robledo Aburto.

- El C. Senador Zoé Robledo Aburto: (Desde su escaño) Solamente para preguntarle al Senador Mayans Canabal si me permite sumarme a su propuesta.

- El C. Senador Humberto Domingo Mayans Canabal: Con mucho gusto.

- El C. Presidente Burgos García: Perdón, Senador Lavalle Maury, ¿para el mismo asunto?

- El C. Senador Jorge Luis Lavalle Maury: (Desde su escaño) Sí, con el mismo fin, por favor, si me permite el Senador Mayans Canabal sumarme a su propuesta.

- El C. Presidente Burgos García: Se toma nota de las solicitudes de adhesión.

Tiene el uso de la tribuna el Senador José Rosas Aispuro Torres, del grupo parlamentario del PAN, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto que reforma los artículos 26 y 71 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

1 Frontera Sur de México: Los retos Múltiples de la Diversidad. Natalia Armijo Canto.

2 Andrés Fábregas. El Concepto de Frontera: Una formulación. Ensayos sobre la frontera sur de México, Juan Pablos Editor, México, 2005

3 Ibidem. Natalia Armijo Canto.

4 Derechos Diferenciados, ¿Una vieja versión de la Justicia? Joel Flores Rentería. UAM, México. 1999.

5 Ricardo Martínez Martínez. Los Movimientos Sociales del Siglo XXI. México, 2007. Jorale Editores-Orfila.






INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETOQUE REFORMA LOS ARTICULOS 26 Y 71 DE LA LEY ORGANICA DEL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

(Presentada por el C. Senador José Rosas Aispuro Torres, del grupo parlamentario del PAN)

- El C. Senador Aispuro Torres: Gracias, señor Presidente, con su permiso; compañeras y compañeros Senadores:

Hoy vengo a presentar una iniciativa que tiene que ver con la vida misma, con la función fundamental de este Organo Colegiado, tanto de la Cámara de Senadores como del Poder Legislativo en general, no olvidemos que la función formalmente que tiene este Organo es la de crear y modificar las normas jurídicas que rigen la vida de toda la sociedad. Por eso, debemos de buscar los mecanismos que permitan que haya una mayor agilidad en el trabajo legislativo.

¿Cuál es la inquietud que hoy en día presentan los ciudadanos?

La parálisis legislativa, la falta de actividad legislativa que se traduzca en acuerdos, eso es lo que a la sociedad la lastima y eso es lo que a la sociedad hoy en día no quiere ver a un Poder Legislativo que a finales de cada legislatura hay un sinfín de iniciativas que la gran mayoría nunca pasaron, ni siquiera se discutieron en las comisiones respectivas; y si bien es cierto que hoy nuestra legislación interna a través de la Ley Orgánica del Congreso señala los tiempos en los cuales las comisiones deben de desahogar los temas que se le han turnado, la verdad, lo cierto es que sigue habiendo un vacío que nos lleva a que el Poder Legislativo no esté tratando, no esté discutiendo los temas que son de mayor preocupación de la sociedad, y producto de la llamada Reforma del Estado, de la reforma política se dé un avance muy importante en dotar hoy, en darle la facultad al titular del Poder Ejecutivo Federal para poder presentar una iniciativa en calidad de preferente, o sea, hasta dos iniciativas al inicio de cada uno de los periodos ordinarios del Congreso de la Unión. Y ahora, estamos precisamente por finalizar el trámite que se les dio a las dos iniciativas que presentó el Presidente Felipe Calderón y que lo hizo de manera seria, de manera responsable haciendo uso de esa nueva facultad que hoy el artículo 71 de la Constitución le asiste.

Por ello, a mi me parece que al finalizar este proceso en el cual ya se aprobó por las dos Cámaras, la iniciativa de reforma en materia de contabilidad gubernamental, y que todo mundo avalamos, y que todo mundo respaldamos en ambas Cámaras, hoy estamos por finalizar otra de las iniciativas preferentes como lo es la laboral.

Por eso, con ese antecedente y viendo que en otros países ya se da una especie de iniciativa preferente no sólo para el Ejecutivo, sino también para los grupos parlamentarios, me parece muy importante que hoy en día le digamos a la sociedad que sí tenemos la capacidad, primero para crear los mecanismos que nos lleven a poder darle un seguimiento mucho más rápido, más puntual a todos los asuntos de carácter legislativo, que esa es la función primogenia de este Organo: la de crear y modificar las normas jurídicas, y en ese entendido es que hoy presento una iniciativa para que podamos votar los grupos parlamentarios el derecho de iniciativa al inicio de cada uno de los periodos, en vez de que sea a la apertura del periodo, que sea la primera sesión formal de cada una de las Cámaras donde se puedan presentar por parte de los grupos parlamentarios esta iniciativa preferente que nos lleve a darle certidumbre, confianza a la sociedad en los temas que son de su mayor interés, los diversos grupos parlamentarios estamos tomando esas inquietudes, y les estamos dando el seguimiento de manera seria, de manera responsable, porque hoy nadie podrá decir que una de las mayores críticas de la sociedad a este Organo Legislativo, tanto a la Cámara de Diputados como al Senado, es que no hemos tenido la capacidad para poder desahogar los temas que son de interés de la sociedad.

Por ello, hoy, compañeras y compañeros, viendo que la iniciativa preferente que hoy se le ha dado esa facultad al titular del Poder Ejecutivo que se establece en el artículo 71 de nuestra Constitución, hoy viendo que para hacer un trámite mucho más rápido, mi propuesta es no que reformemos el artículo 71, porque ahí está la facultad de iniciativa tanto para el titular del Ejecutivo Federal, para los Diputados y Senadores al Congreso de la Unión y para las legislaturas locales, y ahora recientemente incorporada también la llamada iniciativa popular donde los ciudadanos también con el apoyo, con el respaldo de un porcentaje de los electores pueden presentar iniciativas.

Por ello, mi propuesta concreta es que podamos modificar los artículos 26 y 71 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, para dotar a los legisladores a través de los grupos parlamentarios de hasta dos iniciativas preferentes que habrán de desahogarse durante el transcurso de los 45 primeros días del periodo ordinario correspondiente.

Ese es, compañeras y compañeros, el ánimo que hoy me trajo a esta tribuna, un ánimo propositivo que nos lleve a destrabar las cuestiones que tanto han lastimado y afectado a la sociedad.

Hoy este Congreso, hoy el Poder Legislativo está obligado a dotar a la sociedad del marco jurídico que le dé confianza para que podamos tener un mayor avance, para que podamos tener un mayor crecimiento, y el mejor ejemplo lo estamos viendo en las iniciativas preferentes, la iniciativa laboral, cuántos años tenía que este Poder Legislativo no había podido avanzar en esa materia y ahora se pudo gracias a esa iniciativa preferente del titular del Poder Ejecutivo Federal.

Por ello propongo que también los grupos parlamentarios tengamos esa posibilidad.

Por su atención, muchísimas gracias.

Iniciativa

“C. SEN. ERNESTO CORDERO ARROYO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
DE LA CAMARA DE SENADORES
DEL H. CONGRESO DE LA UNION
PRESENTE.

El suscrito, JOSE ROSAS AISPURO TORRES, Senador de la República, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional en esta LXII Legislatura del H. Congreso de la Unión, en ejercicio de la facultad que me confiere el artículo 71 fracción II, y para los efectosde lo dispuesto por el artículo 135, ambos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y con las atribuciones que me otorga los artículos 8, numeral 1, fracción I; y, 164, numeral 1 y 169, del Reglamento del Senado de la República, me permito someter a la consideración del Pleno de la Cámara Senadores, la presente Iniciativa con proyecto de Decreto que reforma los artículos 26 y 71 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, con base en los siguientes:

EXPOSICION DE MOTIVOS

PRIMERO.- Por definición, el Poder Legislativo es el poder que hace las leyes, facultad que implica la posibilidad de regular, en nombre del pueblo, los derechos y las obligaciones de sus habitantes, en consonancia con las disposiciones constitucionales. Para ejercer esta facultad, se encuentra investido de una incuestionable autoridad que le otorga la representación de la voluntad popular.

Es, entonces, el grupo de representantes populares que se ocupan tanto de proponer, estudiar, discutir, votar, y aprobar o rechazar las iniciativas de Ley que presente el propio Poder Legislativo, las legislaciones de los estados, el Ejecutivo Federal y, con algunos requisitos, la ciudadanía.

SEGUNDO.- Con la emisión de decretos y leyes, el Poder Legislativo se ocupa de crear y modificar el marco jurídico de acción para las principales relaciones económicas, políticas y sociales del país; por ejemplo, las leyes que determinan la propiedad, algunos mecanismos económicos o políticos que influyen en la distribución de la riqueza como los presupuestos de ingresos y egresos del gobierno, el uso del suelo, la administración de los recursos, las garantías individuales, los tratados y relaciones con otros países, entre otros.

TERCERO.- En nuestro país es común escuchar que los legisladores no trabajamos. Esto se sustenta, entre otros factores, en una serie de eventos desafortunados, en algunos perfiles de legisladores y en un análisis entre nuestras percepciones económicas y el trabajo que realizamos. La presión de la sociedad sobre las pocas actividades legislativas de los representantes populares federales, ha alcanzado un grado tal hasta calificarla como de “parálisis legislativa”; sin duda que esto es resultado de la falta de avances en materia legislativa al ritmo de los requerimientos de México. Cada vez más, la sociedad cuestiona y critica fuertemente que legisladores no cumplan con sus obligaciones; por esta razón es urgente y necesario que el Congreso de la Unión establezca medidas legislativas que garanticen a las y los ciudadanos que sí cumplimos, por lo menos, con nuestra principal obligación que es legislar.

CUARTO.- Una medida que garantiza el incremento del trabajo legislativo, lo constituye la figura de la iniciativa preferente. Esta iniciativa, que es llamada de “Emergencia” en otros países, constituye una vía idónea para impulsar el desarrollo y modernización del país desde la dinámica del quehacer legislativo.

Este importante instrumento, si bien, ya ha sido considerado dentro de las facultades del Ejecutivo Federal; sin embargo, debe también estar en manos de los grupos parlamentarios legalmente reconocidos de ambas cámaras. Con la aprobación de esta medida se podrá priorizar e impulsar la emisión de nuevas leyes y las modificaciones a las existentes que son necesarias para el desarrollo del país; con esta propuesta quiero resaltar la importancia de que no sólo sea el Presidente de la República, en turno, quien tenga la oportunidad de proponer iniciativas preferentes para fortalecer el estado de derecho, el desarrollo y la modernización del país, sino que nosotros, de contar con esta atribución y con una actuación responsable, también contribuyamos a ese objetivo aprobando, en tiempo y forma, las reformas necesarias.

QUINTO.- Dotar a los grupos parlamentarios de las Cámaras del Congreso de la Unión de la figura de la Iniciativa Preferente, sin duda, es una realidad que contribuiría a la modernización del Poder Legislativo y al desarrollo del país. Por ello, mi propuesta tiene como idea fundamental que vayamos trabajando en esa modernización y abonemos, sin anteponer intereses partidistas, al progreso de México.

SEXTO.- De aprobarse la presente iniciativa se le concedería a los grupos parlamentarios de las Cámaras, la facultad de presentar iniciativas preferentes y ello, también, contribuiría a abatir el rezago y el inmovilismo, ya que la atención de este tipo de iniciativas nos anclaría al recinto parlamentario para poder, de manera obligada, desahogar las iniciativas propuestas. Esta facultad también nos obligaría a estudiar, a documentarnos con mucha exactitud y en poco tiempo, para poder tomar las mejores decisiones.

SEPTIMO.- Las iniciativas preferentes que presentaran los legisladores, haría posible abordar varios temas de la agenda nacional que, por una u otra razón, se han rezagado. Estas, sin duda, imprimirían un nuevo dinamismo al quehacer legislativo, y prácticamente, desde la instalación de las Cámaras y en cada periodo de ejercicio constitucional. Serían una motivación al trabajo y, por supuesto, nos obligaría a tener más atención en el ejercicio parlamentario.

Reconozco que, para el caso de los grupos parlamentarios, algunas veces se necesitaría más tiempo para dictaminar que el que se propone; sin embargo, lo importante sería avanzar en el proceso legislativo de las iniciativas que requiere México, garantizando los acuerdos y consensos en las cámaras, evitando cualquier indicio de una parálisis de los trabajos legislativos.

OCTAVO.- La presente iniciativa puede considerarse como una convocatoria, a mis compañeras y compañeros legisladores federales, a contribuir para que el Congreso de la Unión rinda buenas cuentas a las y los ciudadanos que votaron por nosotros; a esa gente que confió en que haríamos un trabajo eficiente y eficaz.

Podríamos demostrarle a la sociedad que tenemos la voluntad de cumplirles con la incorporación de la iniciativa preferente como facultad de los Senadores y los Diputados, como un medio de obligarnos a trabajar fuertemente en la aprobación de las normas jurídicas que nuestro país requiere.

De conformidad con lo anteriormente considerado, me permito presentar ante esta Honorable Cámara de Senadores, la siguiente iniciativa con:

PROYECTO DE DECRETO

Que reforma los artículos 26 y 71 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos:

ARTICULO UNICO.- Se reforma y adiciona el numeral 4 del artículo 26; y, se adiciona un numeral 2 al artículo 71 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

ARTICULO 26.

1. al 3….

4. En la primera sesión de cada periodo ordinario, cada grupo parlamentario presentará la agenda legislativa que abordará durante el transcurso de éste. Los Grupos Parlamentarios, legalmente constituidos y que representen cuando menos el veinte por ciento del Pleno, podrán presentar hasta dos iniciativas para trámite preferente o señalar con tal carácter hasta dos que hubieren presentado en periodos anteriores, cuando estén pendientes de dictamen; cada Grupo Parlamentario que represente un porcentaje menor al mencionado podrá presentar hasta una Iniciativa con carácter preferente. Cada iniciativa preferente de los Grupos Parlamentarios deberá ser discutida por el Pleno de la Cámara en el transcurso de los primeros cuarenta y cinco días naturales del periodo ordinario de que se trate. Si no fuere así, las Iniciativas, en sus términos y sin mayor trámite, serán de los primeros asuntos que deberán ser discutidos y votados en la siguiente sesión del Pleno. En caso de ser que las Iniciativas sean aprobadas o modificadas por la Cámara de origen, el proyecto de ley o decreto pasará de inmediato a la Cámara revisora, la cual deberá discutirlo y votarlo en el mismo plazo que la Cámara de origen y bajo las condiciones mencionadas.

5. al 6….

ARTICULO 71.

1….

2. En la primera sesión de cada periodo ordinario, cada grupo parlamentario presentará la agenda legislativa que abordará durante el transcurso de éste. Los Grupos Parlamentarios, legalmente constituidos y que representen cuando menos el veinte por ciento del Pleno, podrán presentar hasta dos iniciativas para trámite preferente o señalar con tal carácter hasta dos que hubieren presentado en periodos anteriores, cuando estén pendientes de dictamen; cada Grupo Parlamentario que represente un porcentaje menor al mencionado podrá presentar hasta una Iniciativa con carácter preferente. Cada iniciativa preferente de los Grupos Parlamentarios deberá ser discutida por el Pleno de la Cámara en el transcurso de los primeros cuarenta y cinco días naturales del periodo ordinario de que se trate. Si no fuere así, las Iniciativas, en sus términos y sin mayor trámite, serán de los primeros asuntos que deberán ser discutidos y votados en la siguiente sesión del Pleno. En caso de ser que las Iniciativas sean aprobadas o modificadas por la Cámara de origen, el proyecto de ley o decreto pasará de inmediato a la Cámara revisora, la cual deberá discutirlo y votarlo en el mismo plazo que la Cámara de origen y bajo las condiciones mencionadas.

TRANSITORIOS

PRIMERO.-El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

SEGUNDO.- El Congreso de la Unión realizará las adecuaciones necesarias al marco legal correspondiente, en un plazo máximo de sesenta días contados a partir del inicio de vigencia del presente Decreto.

TERCERO.- Se derogan todas las disposiciones jurídicas que contravengan al presente Decreto

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, a 8 de noviembre de 2012.

Atentamente

Sen. José Rosas Aispuro Torres”.

- El C. Presidente Burgos García: Muchas gracias, Senador Rosas Aispuro. Se turna a las Comisiones Unidas de Reglamento y Prácticas Parlamentarias; y de Estudios Legislativos, Segunda.

Tiene uso de la tribuna el Senador Angel Benjamín Robles Montoya, del grupo parlamentario del PRD, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto que reforma los artículos 20, 25, 150 y 151 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable.






INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETOPOR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTICULOS 20, 25, 150 Y 151 DE LA LEY DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE

(Presentada por el C. Senador Angel Benjamín Robles Montoya, del grupo parlamentario del PRD)

- El C. Senador Angel Benjamín Robles Montoya: Compañeras, compañeros Senadores:

El grupo parlamentario del PRD mantiene como interés fundamental, hoy y siempre, velar por el desarrollo e impulso de las actividades económicas rurales de nuestro país.

En este sentido y bajo esta óptica, no nos es ajena la enorme importancia que tiene la actividad cafetalera en el desarrollo económico de México.

La relevancia de este grano, sobra decirlo, tiene un impacto directo en la calidad de vida de miles de nuestros connacionales y como tal debe ser atendido.

Sin embargo, compañeras y compañeros, a pesar de la relevancia que tiene el café dentro de las comunidades mexicanas, sus productores enfrentan una serie de problemas que tienen que ver con sus condiciones de vida y la producción, así como con las políticas públicas implementadas para fomentar su producción desde la Federación.

México produce café de excelente calidad, ya que su topografía, altura, clímax y suelo, le permiten cultivar y producir variedades clasificadas dentro de las mejores del mundo.

Como productor de café, México ocupa el sexto lugar a nivel mundial y el segundo productor a nivel de café orgánico.

La cafeticultura genera más de 4.5 millones de empleos en el país. La producción del café en resumidas cuentas involucra a más de 282 mil productores, entre los cuales se encuentran una gran cantidad de minifundistas e indígenas.

Dentro de este océano de productores, compañeras y compañeros, los productores indígenas del café cobran especial relevancia, y es que la actividad cafetalera que los pueblos indígenas desarrollan marca en buena medida el destino de sus comunidades enteras.

Es por eso que en el grupo parlamentario del PRD mantenemos que la atención a los cafeticultores no puede ser orientada solamente a partir de políticas de desarrollo rural, pues se debe considerar de manera específica a los estados de mayor concentración de población indígena que se dedica a esta actividad.

Por esta razón, cualquier política de fomento al café, debe estar fundamentada en un enfoque que considere tanto las formas de organización como las necesidades y las preocupaciones de estos grupos de atención prioritaria.

En las regiones cafetaleras, la política gubernamental debe ser una que aborde la problemática desde una óptica de fomento productivo para combatir la pobreza.

Compañeras y compañeros, antes de que entrara en vigor la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, todo lo relacionado con el sector cafetalero era normado desde el Consejo Mexicano del Café, instancia que mantenía una personalidad jurídica propia.

Actualmente, la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, en lo que al café se refiere, no establece las reglas claras y precisas para normar las cadenas productivas, la figura del Sistema Producto Café, prevista en esa ley, no responde a las necesidades que este sector demanda como producto estratégico de doce estados de la República mexicana.

Hoy en día, existe el Comité Nacional del Sistema Producto Café; sin embargo, como podemos observar en la ley vigente, este comité no cuenta con una figura jurídica que le mandate ser instancia normativa y ejecutora. Ante esta deficiencia de la ley, la SAGARPA decidió crear como medida emergente la AMECAFE A.C.

La AMECAFE se creo para cubrir una laguna legal y poder ejercer como instrumento de operación del Comité Nacional del Sistema Producto y de la Comisión Intersecretarial.

Sin embargo, los resultados no han sido los esperados, y ahora atestiguamos cómo la normatividad vigente denota laxitud y acusa una serie de vacíos legales que dificultan la organización y funcionamiento de la actividad cafetalera, sobre todo en lo que respecta a la consolidación de las cadenas productivas.

Y si bien algunos esfuerzos legislativos se han emprendido para corregir esta situación, la verdad es que todos, y lo digo con respeto, han sido tímidos e insuficientes.

Miren, estimadas Senadoras y Senadores, a partir de una revisión de las propuestas presentadas en años anteriores ante el Congreso de la Unión, encontramos la Ley de Desarrollo Integral y Sustentable de la Cafeticultura, misma que fue desechada por la LXI Legislatura por la Comisión de Desarrollo Rural, bajo el argumento entonces esgrimido que se duplicaban funciones existentes en la Ley de Desarrollo Rural de 2001. Sin embargo, en el dictamen emitido por dicha comisión, no se contempló la factibilidad de dotar de personalidad jurídica a un órgano dentro del Sistema Producto de acuerdo a la demanda de la cadena productiva del café.

Ante esto resulta imperativo tomar acciones decididas.

Es menester de la presente legislatura atacar el problema de fondo y dar respuesta a las exigencias de nuestros productores de café, mostrando sensibilidad política y, sobre todo, voluntad de contribuir a que la producción de café se convierta en un verdadero motor de desarrollo regional con un impacto positivo y contundente en el mejoramiento de las condiciones de vida de los pobladores de los estados cafetaleros.

Es por eso, que en nombre propio y de mis compañeros Senadores Zoé Robledo, de Chiapas y Fidel Demédicis, de Morelos, sometemos a esta Soberanía una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 20, 25, 150 y 151 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, con el objeto de, en primer lugar, realizar las modificaciones pertinentes a la Ley de Desarrollo Rural Sustentable para que el Comité Nacional del Sistema Producto tenga personalidad jurídica y patrimonios propios como instancia normativa y rectora de la cafeticultura a nivel nacional.

También buscamos fortalecer la representación de las Organizaciones Nacionales y de los Sistemas Producto Estatales al interior del Comité Nacional del Sistema Producto.

También buscamos extinguir a la AMECAFE A.C., como instancia mediadora entre el Sistema Producto Estatales y el Sistema Producto Nacional.

Asimismo, con esta iniciativa se busca fortalecer el Sistema Nacional del Producto Café para establecer criterios uniformes con los Sistemas Producto Café de cada uno de los 12 estados productores para estar en condiciones de capacitar y de asesorar a los productores sobre las variantes del comercio interior y exterior del café.

En nombre de todos esos productores indígenas, pido a esta Soberanía el apoyo para impulsar estas modificaciones a la ley correspondiente.

Es cuanto, señor Presidente.

(Aplausos)

Iniciativa

“SEN. ERNESTO JAVIER CORDERO ARROYO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
DE LA CAMARA DE SENADORES
H. CONGRESO DE LA UNION
PRESENTE.

El que suscribe, Senador Angel Benjamín Robles Montoya, integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática ante la LXII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los diversos 8 fracción I; 164 párrafos 1 y 2; 169 párrafos 1 y 4; 172 párrafo 1, y demás aplicables del Reglamento del Senado de la República, en este acto presento a esta Honorable Soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de Decreto que reforma los artículos 20, 25, 150 y 151 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, de conformidad con la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

De acuerdo al Marco actual de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable:

En 2001 se expidió la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, en la cual se estableció la instauración de los “Sistema Producto” en diferentes cadenas productivas. En esta ley se establece la norma -programas y acciones- relativas al desarrollo sustentable rural en todo el país.

A Nivel Federal se creó El Consejo Mexicano para el Desarrollo Rural Sustentable y La Comisión Intersecretarial.

El Consejo Mexicano para el Desarrollo Rural Sustentable se creó como instancia consultiva del Gobierno Federal, con carácter incluyente y representativo de los intereses de los productores y agentes de la sociedad rural.

La participación del Consejo Mexicano, junto con la Comisión Intersecretarial, consiste en la emisión de opiniones y la coordinación de las actividades de difusión y promoción hacia los sectores sociales representados de los programas, acciones y normas relacionadas con el Programa Especial Concurrente, así como de los Sistemas contemplados en la Ley.

El Consejo Mexicano para el Desarrollo Rural Sustentable se integra con los miembros de la Comisión Intersecretarial, representantes, debidamente acreditados, de las organizaciones nacionales del sector social y privado rural; de las organizaciones nacionales agroindustriales, de comercialización y por rama de producción agropecuaria; y de los comités de los sistemas producto, instituciones de educación e investigación y organismos no gubernamentales y es presidido por el titular de la SAGARPA.

La Comisión Intersecretarial está integrada por los titulares de la siguientes dependencias del Ejecutivo Federal: a) Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación cuyo titular la presidirá; b) Secretaría de Economía; c) Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales; d) Secretaría de Hacienda y Crédito Público; e) Secretaría de Comunicaciones y Transportes; f) Secretaría de Salud; g) Secretaría de Desarrollo Social; h) Secretaría de la Reforma Agraria; i) Secretaría de Educación Pública; j) Secretaría de Energía; y las dependencias y entidades del Poder Ejecutivo que se consideren necesarias, de acuerdo con los temas de que se trate.

Se establece también que,

La Comisión Intersecretarial promoverá la organización e integración de Sistemas-Producto, con la participación de los productores agropecuarios, agroindustriales y comercializadores y sus organizaciones, que tendrán por objeto: Concertar los programas de producción agropecuaria del país; Establecer los planes de expansión y repliegue estratégicos de los volúmenes y calidad de cada producto de acuerdo con las tendencias de los mercados y las condiciones del país; Establecer las alianzas estratégicas y acuerdos para la integración de las cadenas productivas de cada sistema; Establecer las medidas y acuerdos para la definición de normas y procedimientos aplicables en las transacciones comerciales y la celebración de contratos sin manejo de inventarios físicos; Participar en la definición de aranceles, cupos y modalidades de importación; y Generar mecanismos de concertación entre productores primarios, industriales y los diferentes órdenes de gobierno para definir las características y cantidades de los productos, precios, formas de pago y apoyos del Estado.

Así mismo, que para cada Sistema-Producto se integrará un solo Comité Nacional, con un representante de la institución responsable del Sistema-Producto correspondiente, quien lo presidirá con los representantes de las instituciones públicas competentes en la materia; con representantes de las organizaciones de productores; con representantes de las cámaras industriales y de servicio que estén involucrados directamente en la cadena producción-consumo y por los demás representantes que de conformidad con su reglamento interno establezcan los miembros del Comité.

Los comités de Sistema-Producto estarán representados en el Consejo Mexicano mediante su presidente y un miembro no gubernamental electo por el conjunto del Comité para tal propósito.

Los Comités Sistema-Producto constituirán mecanismos de planeación, comunicación y concertación permanente entre los actores económicos que forman parte de las cadenas productivas.

La Comisión Intersecretarial promoverá el funcionamiento de los Sistemas-Producto para la concertación de programas agroindustriales y de desarrollo y expansión de mercados.

Las observaciones que se derivan de la presente ley:

Anteriormente a esta Ley de Desarrollo Rural Sustentable, todo lo relacionado con el sector cafetalero era normado desde el Consejo Mexicano del Café -instancia con personalidad jurídica- y las políticas públicas se definían entre los doce Gobernadores de los Estados productores, el Banco de México y Secretarías de Estado como SEDESOL, SAGARPA y Secretaría de Hacienda y Crédito Público (antes de Programación y Presupuesto).

Desde la expedición de la ley vigente la interlocución es únicamente con las delegaciones de la SAGARPA a través de los Comités Estatales del Sistema Producto Café.

Actualmente la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, en lo que al Café se refiere, no establece las reglas claras y precisas para normar las cadenas productivas, la figura Sistema Producto Café prevista en la Ley no responde a las necesidades que este sector demanda como producto estratégico de doce Estados de la República Mexicana.

Hoy en día, existe el Comité Nacional de Sistema Producto Café, sin embargo como podemos observar en la ley vigente, este Comité no cuenta con una figura jurídica que le mandate ser instancia normativa y ejecutora. Ante esta deficiencia de la ley, la SAGARPA decidió crear como medida emergente la AMECAFÉ A.C.

A nivel estatal existe El Comité Estatal de Sistema Producto Café y para contar con una figura jurídica se creó la Asociación Oaxaqueña Sistema Producto Café AC.

En revisión de diversas propuestas presentadas en años anteriores ante el Congreso de la Unión, se encuentra la Ley de Desarrollo Integral y Sustentable de la Cafeticultura, misma que fue desechada en la LXI Legislatura por la Comisión de Desarrollo Rural mediante minuta de 3 de marzo de 2010 bajo el argumento de que duplicaba funciones existentes en la Ley de Desarrollo Rural de 2001. Sin embargo en el dictamen emitido por dicha Comisión, no se contemplo la factibilidad de dotar de personalidad jurídica a un órgano dentro del Sistema Producto de acuerdo a la demanda de la cadena productiva del Café.

Por lo tanto,

Puesto que la AMECAFE AC se creó a instancia de cubrir una laguna legal de ley para ejercer como instrumento de operación del Comité Nacional del Sistema Producto y de la Comisión Intersecretarial, es menester de esta legislatura:

• Realizar las modificaciones pertinentes a la Ley de Desarrollo Rural Sustentable para que el Comité Nacional del Sistema Producto tenga personalidad jurídica y patrimonio propio como instancia normativa y rectora de la cafeticultura a nivel nacional.

• Fortalecer la representación de las Organizaciones Nacionales y de los Sistemas Producto Estatales al interior del Comité Nacional del Sistema Producto.

• Extinguir el AMECAFÉ AC como instancia mediadora entre los Sistema Producto Estatales y el Sistema Nacional.

Así mismo se debe fortalecer el Sistema Nacional Producto Café para establecer criterios uniformes con los Sistema Producto Café de cada uno de los doce Estados productores para estar en condiciones de capacitar y asesorar a los productores sobre las variantes del comercio interior y exterior del café.

Dentro de la modificación a la legislación se debe impulsar las prácticas de beneficio a la ecología y al medio ambiente.

Por lo anteriormente expuesto, propongo ante esta Honorable LXII Legislatura la siguiente:

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTICULOS 20, 25, 150 y 151 DE LA LEY DE DESARROLLO SUSTENTABLE.

ARTICULO PRIMERO.- Se reforman los artículos 20, 25, 150 y 151 de la Ley de Desarrollo Sustentable, para quedar como sigue:

Artículo 20.- La Comisión Intersecretarial será responsable de atender, difundir, coordinar y dar el seguimiento correspondiente a los programas sectoriales y especiales que tengan como propósito impulsar el desarrollo rural sustentable. Asimismo, será la responsable de promover y coordinar las acciones y la concertación de la asignación de responsabilidades a las dependencias y entidades federales competentes en las materias de la presente Ley.

La Comisión Intersecretarial, previo consenso y aprobación con los Sistema Producto Estatales, propondrá al Ejecutivo Federal las políticas y criterios para la formulación de programas y acciones de las dependencias y entidades del sector público y evaluará, periódicamente, los programas relacionados con el desarrollo rural sustentable. En su caso, la Comisión Intersecretarial someterá a la aprobación del Ejecutivo Federal nuevos programas de fomento agropecuario y de desarrollo rural sustentable para ser incluidos en el Proyecto de Presupuesto de Egresos correspondiente.

Artículo 25.- Los Consejos Estatales serán presididos por los gobernadores de las entidades federativas. Serán miembros permanentes de los Consejos Estatales los representantes de las dependencias estatales que los Gobiernos de las entidades federativas determinen; los representantes de las dependencias y entidades que forman parte de la Comisión Intersecretarial y los representantes de cada uno de los Distritos de Desarrollo Rural, así como los representantes de las organizaciones sociales y privadas de carácter económico y social del sector rural, en forma similar a la integración que se adopta para el Consejo Mexicano.

Artículo 150.- Se establecerá un Comité Nacional de Sistema-Producto por cada producto básico o estratégico, el cual llevará al Consejo Mexicano los acuerdos tomados en su seno.

Para cada Sistema-Producto se integrará un solo Comité Nacional, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propio; este Comité se integrará con un representante de la institución responsable del Sistema-Producto correspondiente, quien lo presidirá con los representantes de las instituciones públicas competentes en la materia; con representantes de las organizaciones de productores; con representantes de las cámaras industriales y de servicio que estén involucrados directamente en la cadena producción-consumo y por los demás representantes que de conformidad con su reglamento interno establezcan los miembros del Comité.

Los Comités Estatales de Sistema-Producto estarán representados en el Consejo Mexicano mediante su presidente y un miembro no gubernamental electo por el conjunto del Comité para tal propósito y contarán con personalidad jurídica y patrimonio propio.

Artículo 151.- Se promoverá la creación de los comités estatales de Sistema-Producto, cuyo objetivo central es el de planear y organizar la producción, promover el mejoramiento de la producción, productividad y rentabilidad en el ámbito estatal, en concordancia con lo establecido en los programas estatales y con los acuerdos del Sistema-Producto nacional.

TRANSITORIOS

ARTICULO UNICO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Senadores, a 8 de noviembre de 2012.

Atentamente

Sen. Angel Benjamín Robles Montoya”.

- El C. Presidente Burgos García: Muchas gracias, Senador Robles Montoya. Se turna a las Comisiones Unidas de Desarrollo Rural; y de Estudios Legislativos.

Tiene el uso de la tribuna el Senador Oscar Román Rosas González, del grupo parlamentario del PRI, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 30 y se adiciona el artículo 31 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.






INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETOPOR EL QUE SE REFORMA EL ARTICULO 30 Y SE ADICIONA EL ARTICULO 31 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS

(Presentada por el C. Senador Oscar Román Rosas González, del grupo parlamentario del PRI)

- El C. Senador Oscar Román Rosas González: Con la venia de la Presidencia; compañeras y compañeros Senadores:

La inversión en infraestructura y en general la obra pública realizada por el gobierno federal, constituye una palanca de desarrollo económico fundamental para el país, no sólo por su capacidad de gestión económica, si no por su contribución a la generación de empleos y cadenas de proveeduría de bienes y servicios que impulsan la participación de los sectores público y privado en diversos sectores de la economía.

La inversión física presupuestaría que se destina a la construcción y/o conservación de obra pública, de acuerdo con información de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para el 2012, se tienen presupuestados 672 mil millones de pesos, que serán y se están utilizando para la construcción de puentes, carreteras, puertos, presas, escuelas, hospitales y otras obras de infraestructura.

El gasto en infraestructura representa un porcentaje superior al 23 por ciento del gasto programable del gobierno federal y los sectores prioritarios son los rubros de energía, comunicaciones y transportes, salud, educación y recursos hidráulicos.

Para llevar a buen puerto las obras que requiere el país y su adecuada realización, el gobierno federal cuenta con la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, como pieza clave del sistema de contrataciones públicas, mediante la cual se regulan las contrataciones del gobierno para la realización de diferentes obras y servicios.

Una de las reformas más importantes que ha tenido este sistema de contrataciones públicas, es la de prever que en los diversos procesos de asignación y contratación de obras se contemplase la utilización de recursos humanos del país, además materiales, bienes y servicios con un porcentaje de contenido nacional.

Dicha modificación, forma parte de diversas reformas que sufrieron la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 28 de mayo de 2009.

Dentro del mismo paquete de reformas, antes señalado, se estableció en el artículo 28 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, que tratándose licitaciones nacionales los bienes a adquirir deberán contar, por lo menos, con un 50 por ciento de contenido nacional, el que se determinará tomando en cuenta la mano de obra, insumos de los bienes y otros aspectos.

Para el caso de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, en el artículo 30, último párrafo, se introdujo la disposición para prever que en las licitaciones públicas se contrate como mínimo el 30 por ciento de mano de obra nacional, asimismo se especifica que podrá requerirse de materiales, maquinaria y equipos nacionales.

Por otro lado, este mismo ordenamiento en su artículo 29, establece que en todos los procedimientos de contratación de obras públicas y servicios relacionados con las mismas se optará en igualdad de condiciones por el empleo de los recursos humanos del país y la utilización de bienes de procedencia nacional.

Estas dos disposiciones de la ley en comento, abonan en la regulación de la contratación de mano de obra e incorporación de bienes de contenido nacional, significa importancia para todos los trabajadores. Sin embargo, no existe disposición alguna que contemple el empleo de la mano de obra local, no sólo como condicionante para la adjudicación de la obra, sino como mecanismo de desarrollo regional y estatal.

Para ello, es imprescindible que en una ley tan importante para el de desarrollo económico del país, como lo es la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, se contemple un porcentaje mínimo de recursos humanos locales para las obras o servicios a realizarse.

De esta manera, se pretende reformar el artículo 30, en su fracción I, para que en las licitaciones públicas nacionales se exija la incorporación de por lo menos del 70 por ciento de la mano de obra local para los requerimientos totales de una obra o servicio. Dicho porcentaje, aplicará siempre y cuando existan los recursos humanos disponibles en la localidad o entidad federativa.

Asimismo, sufrirá modificaciones el último párrafo, del mismo artículo, para precisar que la incorporación del 30 por ciento de mano de obra nacional que se fija como mínimo, sólo aplicará para licitaciones internacionales abiertas o bajo la cobertura de tratados.

Finalmente, se adiciona la fracción XXI al artículo 31, para que en las bases de licitación, sea requisito de participación para los contratistas o licitantes, la incorporación de mano de obra local en los trabajos a realizarse.

De aprobarse estos cambios, coadyuvaríamos decididamente con el desarrollo económico de las entidades federativas, así como impulsaríamos la creación de fuentes de empleo, en aquellas regiones que, a pesar de contar con recursos humanos disponibles, no han logrado ocuparlos eficientemente y se encuentran subutilizados.

Con base en lo anterior, presento ante este Pleno la siguiente iniciativa con proyecto de Decreto.

Unico.- Se reforma el artículo 30, fracción I y el último párrafo y se adiciona la fracción XXI al artículo 31, recorriéndose las demás de manera subsecuente de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, para quedar como sigue:

Artículo 30. El carácter de las licitaciones públicas, será:

1. Nacional, en la cual únicamente puedan participar personas de nacionalidad mexicana, por encontrarse por debajo de los umbrales previstos en los tratados, o cuando habiéndose rebasados estos, se haya realizado la reserva correspondiente.

Tratándose de licitaciones a las que se refiere esta fracción, se incorporará por lo menos, el 70 por ciento de la mano de obra local, para los requerimientos totales de los trabajos a ejecutarse, siempre y cuando existan los recursos humanos disponibles para tales efectos.

En las licitaciones públicas, podrá requerirse la incorporación de materiales, maquinaria y equipo de instalación permanente nacional, por el porcentaje del valor de los trabajos que determine la convocante. Asimismo, deberá incorporarse por lo menos el 30 por ciento de la mano de obra nacional, con excepción de las previsiones contenidas en la fracción I de este artículo, sin perjuicio de lo dispuesto en los tratados internacionales.

Artículo 31. La convocatoria a la licitación pública, en la cual se establecerán las bases en que se desarrollará el procedimiento y en las cuales se describirán los requisitos de participación, deberá contener:

XXI. Señalar el porcentaje de la mano de obra local que incorporaran los licitantes por las obras o servicios a realizarse.

Transitorios

Primero.- El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo.- El Ejecutivo Federal realizará las modificaciones necesarias en el Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, a efectos de armonizar las disposiciones contenidas en la presente reforma, en un plazo no mayor de 90 días naturales.

Por su atención, muchas gracias.

(Aplausos)

Iniciativa

“El que suscribe, Senador Oscar Román Rosas González, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, a la LXII Legislatura de la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 71 fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como el 8º, numeral 1, fracción 1; 164, numeral 1; 169 y 172 del Reglamento del Senado de la República, someto a consideración de esta Soberanía la presente iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 30 y se adiciona el 31 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas al tenor de la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

La inversión en infraestructura y en general la obra pública realizada por el gobierno federal constituye una palanca de desarrollo económico fundamental para el país, no sólo por su capacidad de gestión económica, si no por su contribución a la generación de empleos y cadenas de proveeduría de bienes y servicios que impulsan la participación de los sectores público y privado en diversos sectores de la economía.

La inversión física presupuestaría que se destina a la construcción y/o conservación de obra pública, de acuerdo con información de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para el 2012, se tienen presupuestados 672 mil millones de pesos, que serán utilizados para la construcción de puentes, carreteras, presas, puertos, escuelas, hospitales y otras obras de infraestructura.

El gasto en infraestructura representa un porcentaje superior al 23% del gasto programable del gobierno federal y los sectores prioritarios son los rubros energía, comunicaciones y transportes, salud, educación y recursos hidráulicos.

Para llevar a buen puerto las obras que requiere el país y su adecuada realización, el gobierno federal cuenta con la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, como pieza clave del sistema de contrataciones públicas, mediante la cual se regulan las contrataciones del gobierno para la realización de diferentes obras y sus servicios.

Este ordenamiento jurídico entró en vigor en enero de 1994, como efecto de la separación de las materias que entonces quedaban reguladas bajo la Ley de Adquisiciones y Obras Públicas. Así, la materia concerniente a adquisiciones, arrendamientos y servicios de las dependencias y entidades del gobierno federal, se separan de las necesidades de obra pública.

Una de las reformas más importantes que ha tenido este sistema de contrataciones públicas, es la de prever que en los diversos procesos de asignación y contratación de obras se contemplase la utilización de recursos humanos del país, además materiales, bienes y servicios con un porcentaje de contenido nacional.

Dicha modificación, forma parte de diversas reformas que sufrieron la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 28 de mayo de 2009.

Dentro del mismo paquete de reformas, antes señalado, se estableció en el artículo 28 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, que tratándose licitaciones nacionales los bienes a adquirir deberán contar, por lo menos, con un cincuenta por ciento de contenido nacional, el que se determinará tomando en cuenta la mano de obra, insumos de los bienes y otros aspecto aspectos.

Para el caso de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, en el artículo 30, último párrafo, se introdujo la disposición para prever que en las licitaciones públicas se contrate como mínimo el 30 porciento de mano de obra nacional, asimismo se especifica que podrá requerirse de maquinaria, materiales y quipos nacionales.

Por otro lado, este mismo ordenamiento en su artículo 29, establece que en todos los procedimientos de contratación de obras públicas y servicios relacionados con las mismas se optará en igualdad de condiciones por el empleo de los recursos humanos del país y la utilización de bienes de procedencia nacional.

Estas dos disposiciones de la Ley en comento, abonan en la regulación de la contratación de mano de obra e incorporación de bienes de contenido nacional. Sin embargo, no existe disposición alguna que contemple el empleo de la mano de obra local, no sólo como condicionante para la adjudicación de la obra, sino como mecanismo de desarrollo regional y estatal.

Por ello, es imprescindible que en una Ley tan importante para el desarrollo económico del país, como lo es la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, se contemple un porcentaje mínimo de recursos humanos locales para las obras o servicios a realizarse.

De esta manera, se pretende reformar el artículo 30, en su primera fracción, para que en las licitaciones públicas nacionales se exija la incorporación de por lo menos del 60 por ciento de la mano de obra local para los requerimientos totales de una obra o servicio. Dicho porcentaje, aplicará siempre y cuando existan los recursos humanos disponibles en la localidad o entidad federativa.

Asimismo, sufrirá modificaciones el último párrafo, del mismo artículo, para precisar que la incorporación del treinta por cientode mano de obra nacional que se fija como mínimo, sólo aplicará para licitaciones internacionales abiertas o bajo la cobertura de tratados.

Finalmente, se adiciona la fracción XXI, al art6iculo 31, para que en las bases de licitación, sea requisito de participación, para los contratistas o licitantes, la incorporación de mano de obra local en los trabajos a realizarse.

De aprobarse estos cambios, coadyuvaríamos decididamente con el desarrollo económico de las entidades federativas, así como impulsaríamos la creación de fuentes de empleo, en aquellas regiones que, a pesar de contar con recursos humanos disponibles, no han logrado ocuparlos eficientemente y se encuentran subutilizados.

Con base en lo anterior, presento al Pleno del Senado de la República, la siguiente:

Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo el 30, fracción I y último párrafo y, se adiciona la fracción XXI al artículo 31, recorriéndose las demás de manera subsecuente de Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, para quedar como sigue:

Unico. Se reforma el artículo el artículo 30, fracción I y último párrafo y, se adiciona la fracción XXI al 31, recorriéndose las demás de manera subsecuente de Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, para quedar como sigue:

Artículo 30. El carácter de las licitaciones públicas, será:

I. Nacional, en la cual únicamente puedan participar personas de nacionalidad mexicana, por encontrarse debajo de los umbrales previstos en los tratados, o cuando habiéndose rebasado estos, se haya realizado la reserva correspondiente.

Tratándose de licitaciones a las que se refiere esta fracción, se incorporará, por lo menos, el setenta por ciento de la mano de obra local, para los requerimientos totales de los trabajos a ejecutarse, siempre y cuando existan los recursos humanos disponibles para tales efectos.

II…

III…

a)…

b)…

c)…

En las licitaciones públicas, podrá requerirse la incorporación de materiales, maquinaria y equipo de instalación permanente nacional, por el porcentaje del valor de los trabajos que determine la convocante. Asimismo, deberá incorporarse por lo menos treinta por ciento de mano de obra nacional, con excepción de las previsiones contenidas en la fracción primera de este artículo, sin perjuicio de lo dispuesto en los tratados internacionales.

Artículo 31. La convocatoria a la licitación pública, en la cual se establecerán las bases en que se desarrollará el procedimiento y en las cuales se describirán los requisitos de participación, deberá contener:

I.a la XX…

XXI. Señalar el porcentaje de mano de obra local que incorporaran los licitantes por las obras o servicios a realizarse.

XXII a la XXXIII.

TRANSITORIOS

Primero.El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. El Ejecutivo Federal relazará las modificaciones necesarias en el Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas a efecto de armonizar las disposiciones contenidas en la presente reforma, en un plazo no mayor a 90 días naturales.

Senado de la República, a 8 de noviembre de 2012.

Sen. Oscar Román Rosas González”.

- El C. Presidente Burgos García: Muchas gracias, Senador Rosas González. Se turna a las Comisiones Unidas de Comercio y Fomento Industrial; y de Estudios Legislativos, Segunda.

Tiene el uso de la tribuna la Senadora María del Pilar Ortega Martínez, a nombre propio y de las Senadoras Luisa María Calderón Hinojosa y Maki Esther Ortiz Domínguez, del grupo parlamentario del PAN, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se expide la Ley que Regula el Uso de la Fuerza de los Integrantes de las Instituciones de Seguridad Pública Federal.






INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETOPOR EL QUE SE EXPIDE LA LEY QUE REGULA EL USO DE LA FUERZA POR LOS INTEGRANTES DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA FEDERAL

(Presentada por la C. Senadora María del Pilar Ortega Martínez, a nombre propio y delas CC. Senadoras Luisa María Calderón Hinojosa y Maki Esther Ortiz Domínguez, del grupo parlamentario del PAN)

- La C. Senadora María del Pilar Ortega Martínez: Con su venia, señor Presidente; señoras y señores Senadores:

A nombre propio y de las Senadoras Maki Esther Ortiz Domínguez y Luisa María Calderón Hinojosa, vengo a presentar una iniciativa con proyecto de Decreto por la que se expide la Ley que Regula el Uso de la Fuerza por los Integrantes de las Instituciones de Seguridad Pública Federal.

Solicitando que el contenido íntegro de la misma se inserte en el Diario de Debates.

Y me permito obviar su lectura por economía parlamentaria.

Y me permito solamente destacar las siguientes consideraciones.

Todo país que se precie de ser democrático y apegado al orden constitucional debe regirse por parámetros y reglas claramente establecidas con el objeto de que el actuar del Estado y de la sociedad coexistan dentro de un marco de respeto a los derechos fundamentales.

En ese sentido, es importante señalar que la función de los cuerpos de seguridad dentro de una instancia estatal, conllevan múltiples obligaciones, pero también derechos primarios respecto a la forma operativa en que estas instituciones deben actuar bajo diversas contingencias y supuestos que, en ocasiones, ponen al riesgo al propio estado de derecho, así como a la paz social que exige todo estado democrático, pues la fuerza del Estado debe estar debidamente regulada a efecto de evitar la inobservancia de los derechos mínimos fundamentales de los ciudadanos.

Para el Partido Acción Nacional, el empleo de la fuerza por parte de las instituciones policiales deben conciliarse también con el respeto irrestricto a los derechos humanos, debiendo utilizarse ésta solamente cuando exista una necesidad racional en el medio empleado y con plena observancia del principio de proporcionalidad, en caso de legítima defensa, para salvaguardar un bien jurídico, en el cumplimiento de un deber o en el ejercicio de un derecho.

A raíz de diversos episodios y abuso de poder y de la mala aplicación en el uso de la fuerza en diversas latitudes del mundo, se ha hecho imprescindible regular este aspecto para dotar a las fuerzas del orden público de parámetros debidamente regulados y concatenados con el respeto a los derechos mínimos fundamentales de los ciudadanos. Es por ello que, a través de los Principios Básicos sobre el Empleo de la Fuerza y de Armas de Fuego por los Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley, adoptado por el Octavo Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente del 27 de agosto de 1990, se estatuyó lo siguiente: “Los gobiernos y los organismos encargados de hacer cumplir la ley adoptarán y aplicarán normas y reglamentaciones sobre el empleo de la fuerza y armas de fuego contra personas por parte de funcionarios encargados de hacer cumplir la ley. Al establecer estas normas y disposiciones, los gobiernos y los organismos encargados de hacer cumplir la ley examinarán continuamente las cuestiones éticas relacionados con el empleo de la fuerza y las armas de fuego”.

Asimismo, como objetivo fundamental del uso racional de la fuerza, se debe prever su ejercicio moderado y su actuación debe llevarse a cabo de manera proporcional conforme a la gravedad del delito y el objetivo legítimo que se persiga. Además de reducir los daños respetando y protegiendo en todo momento la vida humana.

Aunado a lo anterior, el Conjunto de Principios para la Protección de todas las Personas Sometidas a Cualquier Forma de Detención o Prisión, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas del 9 de diciembre de 1988, señala que ninguna persona sometida a cualquier forma de detención o prisión, será sometida a tortura o a tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes y que no podrá invocarse circunstancia alguna como justificación de la tortura o de otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes.

Del mismo modo, debe analizarse que el uso de la fuerza desde la óptica del respeto a los derechos fundamentales, a los derechos humanos así como la aplicación irrestricta de la razonabilidad, atendiendo a este último aspecto a las circunstancias del caso, la persecución de un fin lícito, la necesidad de desplegar la acción o acto de policía y la proporcionalidad de los medios empleados para realizar dicho acto.

Bajo esta tesitura, el propio Constituyente ha establecido expresamente en el artículo 21 de la Constitución mexicana, que la actuación de las instituciones de seguridad pública se regirá por los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos reconocidos por la Constitución, partiendo de la necesidad de garantizar la adecuada conducción de las instituciones de seguridad pública en el marco de la preservación de la paz, orden y armonía social, siendo el empleo en el uso de la fuerza un elemento fundamental al respecto.

Asimismo, cabe destacar que las cifras proporcionadas por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en la Estadística del Estado de Fuerza para establecer el Porcentaje de Policías Municipales, el estado de fuerza policial en el país, entre los cuerpos de policía ministerial, estatal y municipal, oscila en los 397,664 operativos, situación que hace necesario el establecimiento de legislación clara, precisa y homogénea, en relación al uso de la fuerza, de la cual se puedan derivar instrumentos, protocolos y demás normatividad que establezcan estándares de actuación de las instituciones policiales en torno al uso de la fuerza.

Con la promulgación de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, se ha dado un paso importante al establecerse con claridad que el uso de la fuerza pública por parte de los cuerpos de seguridad, debe regirse mediante disposiciones normativas y administrativas adecuadas. En efecto, en su artículo 41, el último párrafo establece la obligación para las autoridades de hacer uso de la fuerza pública de manera racional, congruente, oportuna y con respeto a los derechos humanos.

Cabe señalar que con motivo de la reforma constitucional en materia de derechos humanos publicada en el Diario Oficial de la Federación el 10 de junio de 2011 y de la instrucción presidencial del 9 de diciembre de 2011, en el sentido de regular el uso legítimo de la fuerza, se publicaron en el mes de abril de 2012 en el Diario Oficial de la Federación, la normatividad relacionada con el tema que nos ocupa, a saber: un ACUERDO 04/2012, del Secretario de Seguridad Pública por el que se emitan los lineamientos generales para la regulación del uso de la fuerza pública de las instituciones policiales de los órganos desconcentrados de la Secretaría de Seguridad Pública. En el mismo sentido, el ACUERDO A/080/12, de la Procuraduría General de la República, y también el ACUERDO SECRETARIAL 27, por el que se reforma y adiciona la directiva 003/09, mediante el cual se regula el uso legítimo de la fuerza por parte del personal naval, en cumplimiento del ejercicio de sus funciones, en coadyuvancia al mantenimiento del estado de derecho y la directiva que regula el uso legítimo de la fuerza por parte del personal del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos.

Es importante, en ese sentido, reconocer la preocupación mostrada y los esfuerzos realizados por la presente administración federal para contar con una normatividad aplicable al uso de la fuerza en las distintas dependencias ubicadas al interior del Poder Ejecutivo, ante la falta de una ley en la materia.

Es importante, también, señalar que diversas entidades federativas han regulado el uso de la fuerza, sin existir, también debo decirlo, una homogeneidad al respecto, ya que hasta donde se tiene conocimiento mientras entidades como el Distrito Federal y Oaxaca cuentan con una legislación especial en la materia, entidades como Aguascalientes, Chiapas, Chihuahua, Estado de México, entre otras, cuentan con una regulación general inmersa en otras leyes.

No obstante los esfuerzos antes señalados, se hace relevante que la regulación en el uso de la fuerza conlleve la creación de un cuerpo legal en materia federal, que obligue en su cumplimiento a todos los cuerpos de seguridad y de aquellos que utilizan la fuerza para hacer cumplir el mandato de la autoridad e incluso para mitigar acciones civiles que en un momento dado puedan afectar a terceros de manera grave, e incluso puedan poner en riesgo la vida y, por tanto, la estabilidad social.

Es por ello que el día de hoy presentamos esta iniciativa que pretende inscribirse en un referente positivo en la confección de un marco normativo que regule de manera adecuada el uso de la fuerza por parte de los integrantes de las instituciones de seguridad pública federal, en aras del respeto y observancia a los derechos fundamentales de todo ciudadano, plasmados en nuestra Constitución, así como en los tratados internacionales, misma que ponemos a consideración de esta Soberanía.

Es cuanto, señor Presidente.

(Aplausos)

Iniciativa

“Las que suscriben, María del Pilar Ortega Martínez, Luisa María Calderón Hinojosa, Maki Esther Ortiz Domínguez, Senadoras de la República en la LXII Legislatura del Congreso de las Unión, integrantes del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, en ejercicio de la facultad conferida en la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y de los artículos 8, numeral 1, fracción I, 164 y 169 del Reglamento del Senado de la República, someto a consideración del Pleno de la H. Cámara de Senadores iniciativa con proyecto de Decreto por la que se expide la LEY QUE REGULA EL USO DE LA FUERZA POR LOS INTEGRANTES DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA FEDERAL, al tenor de la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

Todo país que se precie de ser democrático y apegado al orden constitucional debe regirse por parámetros y reglas claramente establecidas con el objeto de que el actuar del Estado y de la sociedad coexistan dentro de un marco de respeto a los derechos fundamentales. Es por ello que todos los gobiernos recaídos en este contexto han tenido por obligación y por seguridad de la propia sociedad regular las actividades de las fuerzas policiales y de seguridad pública, con el fin de evitar abusos por parte de la autoridad pero sobretodo, regular la actuación y la potestad de acción de las personas y cuerpos de seguridad que tienen como obligación primordial salvaguardar el orden público y proteger a la sociedad en su conjunto.

En este sentido, es importante señalar que la función de los cuerpos de seguridad dentro de una instancia estatal conlleva in fine múltiples obligaciones, pero también derechos primarios respecto a la forma operativa en que estas instituciones deben actuar bajo diversas contingencias y supuestos que en ocasiones, ponen en riesgo a la sociedad, e incluso, al propio Estado de Derecho lo que pone en riesgo la estabilidad y paz social que exige todo estado democrático, pues la fuerza del Estado debe estar debidamente regulada a efecto de evitar la inobservancia de los derechos mínimos fundamentales de los ciudadanos.

Para Acción Nacional el empleo de la fuerza por parte de las instituciones policiales debe conciliarse con el respeto irrestricto a los derechos humanos, debiendo utilizarse ésta solo cuando exista una necesidad racional en el medio empleado y con plena observancia del principio de proporcionalidad, en caso de legítima defensa, para salvaguardar un bien jurídico, en el cumplimiento de un deber o en el ejercicio de un derecho.

A raíz de diversos episodios de abuso de poder y de la mala aplicación en el uso de la fuerza en diversas latitudes del mundo se ha hecho imprescindible regular este aspecto para dotar a las fuerzas del orden público de parámetros debidamente regulados y concatenados con el respeto a los derechos mínimos fundamentales de los ciudadanos. Es por ello que a través de los Principios Básicos sobre el Empleo de la Fuerza y de Armas de Fuego por los Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley adoptado por el Octavo Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente del 27 de agosto al 7 de septiembre de 1990, se estatuyó que: Los gobiernos y los organismos encargados de hacer cumplir la ley adoptarán y aplicarán normas y reglamentaciones sobre el empleo de la fuerza y armas de fuego contra personas por parte de funcionarios encargados de hacer cumplir la ley. Al establecer esas normas y disposiciones, los gobiernos y los organismos encargados de hacer cumplir la ley examinarán continuamente las cuestiones éticas relacionadas con el empleo de la fuerza y de armas de fuego........ Los gobiernos y los organismos encargados de hacer cumplir la ley establecerán una serie de métodos lo más amplia posible y dotarán a los funcionarios correspondientes de distintos tipos de armas y municiones de modo que puedan hacer un uso diferenciado de la fuerza y de las armas de fuego. Entre estas armas deberían figurar armas incapacitantes no letales para emplearlas cuando fuera apropiado, con miras a restringir cada vez más el empleo de medios que puedan ocasionar lesiones o muertes. Con el mismo objetivo, también debería permitirse que los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley cuenten con equipo autoprotector, por ejemplo, escudos, cascos, chalecos a prueba de balas y medios de transporte a prueba de balas a fin de disminuir la necesidad de armas de cualquier tipo.” Además se estatuye que “Los gobiernos y los organismos encargados de hacer cumplir la ley adoptarán y aplicarán normas y reglamentaciones sobre el empleo de la fuerza y armas de fuego contra personas por parte de funcionarios encargados de hacer cumplir la ley.”

Asimismo, como objetivo fundamental del uso racional de la fuerza se debe prever su ejercicio moderado y su actuación debe llevarse a cabo de manera proporcional conforme a la gravedad del delito y al objetivo legítimo que se persiga. Además de reducir los daños respetando y protegiendo ante todo la vida humana.

Aunado a lo anterior, el Conjunto de Principios para la Protección de todas las Personas sometidas a cualquier forma de Detención o Prisión, adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas en su resolución 43/173 del 9 de diciembre de 1988 señala que ninguna persona sometida a cualquier forma de detención o prisión será sometida a tortura o a tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes y que no podrá invocarse circunstancia alguna como justificación de la tortura o de otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes.

A nivel nacional, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en un fallo sin precedentes estableció que conforme al artículo 21 constitucional los actos de policía deben reglarse a través de los principios de legalidad, eficiencia, profesionalismo y honradez, además de que deben estar limitados dichos actos por medio de la diversa regulación en materia de Derechos humanos así como en los tratados internacionales en la materia.1

Del mismo modo debe analizarse el uso de la fuerza desde la óptica del respeto a los derechos fundamentales, a los derechos humanos así como a la aplicación estricta de la razonabilidad, atendiendo en este último aspecto a las circunstancias del caso, la persecución de un fin lícito, la necesidad de desplegar la acción o acto de policía y la proporcionalidad de los medios empleados para realizar dicho acto.2

Bajo esta tesitura, el propio constituyente ha establecido expresamente en el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que la actuación de las instituciones de seguridad pública se regirá por los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos reconocidos en la Constitución, partiendo de la necesidad de garantizar la adecuada conducción de las instituciones de seguridad pública en el marco de la preservación de la paz, orden y armonía social, siendo el empleo en el uso de la fuerza un elemento fundamental al respecto.

Asimismo, de acuerdo a cifras proporcionadas por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en la Estadística del Estado de Fuerza para establecer el Porcentaje de Policías Municipales , el estado de fuerza policial en el país, entre cuerpos de policía ministerial, estatal y municipal, oscila en los 397,664 operativos, situación que hace necesario el establecimiento de legislaciones claras, precisas y homogéneas en relación al uso de la fuerza, de la cual se puedan derivar instrumentos, protocolos y demás normatividad que establezcan estándares de actuación de las instituciones policiales en torno al uso de la fuerza.

Con la promulgación de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, se ha dado un paso importante al establecerse con claridad que el uso de la fuerza pública por parte de los cuerpos de seguridad pública debe regularse mediante disposiciones normativas y administrativas ad hoc. En efecto, en su artículo 41, último párrafo se establece la obligación para las autoridades de hacer uso de la fuerza pública “de manera racional, congruente, oportuna y con respeto a los derechos humanos”.

Por su parte la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República en su artículo 64 fracción IX establece la obligación de los agentes de la Policía Federal Ministerial de hacer uso de la fuerza de manera racional y proporcional, con pleno respeto a los derechos humanos, manteniéndose dentro de los límites que se marcan en los procedimientos establecidos en los manuales respectivos, ante una falta de legislación específica en la materia.Asimismo el artículo 19, fracción XXXIII de la Ley de la Policía Federal establece que se deberá hacer uso de la fuerza de manera racional y proporcional, con pleno respeto a los derechos humanos, manteniéndose dentro de los límites y alcances que se marcan en las disposiciones legales aplicables y los procedimientos previamente establecidos.

De las regulaciones anteriormente señaladas se desprende que si bien dichas leyes prevén disposiciones generales en materia de uso de la fuerza, es necesaria la existencia de una ley especial en la materia que establezca estándares, protocolos, principios de actuación de los cuerpos policiales en torno al uso de la fuerza.

Cabe señalar que con motivo de la reforma constitucional en materia de derechos humanos publicada en el Diario Oficial de la Federación el 10 de junio de 2011 y de la instrucción presidencial del 9 de diciembre de 2011, en el sentido de regular el uso legítimo de la fuerza se publicaron el 23 de abril de 2012 en el Diario Oficial de la Federación diversa normatividad relacionada con el tema que nos ocupa, a saber: ACUERDO 04/2012 del Secretario de Seguridad Pública, por el que se emiten los lineamientos generales para la regulación del uso de la fuerza pública por las instituciones policiales de los órganos desconcentrados en la Secretaría de Seguridad Pública; el ACUERDO A/080/12 de la Procuradora General de la República, por el que se establecen las directrices que deberán observar los agentes de la policía federal ministerial para el uso legítimo de la fuerza; el ACUERDO SECRETARIAL 27 por el que se reforma y adiciona la Directiva 003/09 del 30 de septiembre de 2009, mediante la cual se regula el uso legítimo de la fuerza por parte del personal naval, en cumplimiento del ejercicio de sus funciones, en coadyuvancia al mantenimiento del Estado de Derecho y la DIRECTIVA que regula el uso legítimo de la fuerza por parte del personal del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos.

En ese sentido es de reconocer la preocupación mostrada y los esfuerzos realizados por la presente administración federal para contar con una normatividad aplicable al uso de la fuerza en las distintas dependencias ubicadas al interior del Poder Ejecutivo, ante la falta de una ley federal en la materia.

En ese sentido, la presente iniciativa se centra en regular el uso de la fuerza por parte de los integrantes de las instituciones de seguridad pública federal que de acuerdo a la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública son:

“Instituciones de seguridad pública federal: En términos de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, a las instituciones policiales, de procuración de justicia, del sistema penitenciario federal y aquellas instituciones públicas federales de carácter civil, cuyos integrantes, de conformidad con las disposiciones jurídicas del ámbito federal, hagan uso de la fuerza con fines de seguridad pública;

Lo anterior, sin dejar de desconocer la necesidad de proponer una ley que regule de manera específica el uso de la fuerza por parte de las fuerzas armadas como el Ejercito, la Armada y Fuerza Aérea nacional.

Concatenado a lo anterior, es importante señalar que diversas entidades federativas han regulado el uso de la fuerza, sin existir una homogeneidad al respecto, ya que hasta donde se tiene conocimiento mientras entidades como el Distrito Federal y Oaxaca, cuentan con una legislación especial en la materia, entidades como Aguascalientes, Baja California Sur, Chiapas, Chihuahua, Estado de México, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Michoacán,Morelos, Nayarit, Querétaro, Quintana Roo, San Luis, Sinaloa, Tabasco, Veracruz y Zacatecas, cuenta con una regulación general inmersa en otras leyes, como por ejemplo en la Ley de Seguridad Pública Estatal, existiendo otras entidades que sólo la regulan a nivel acuerdos o que incluso no la regulan. De lo anteriormente señalado se desprende la necesidad de que en materia federal es necesaria la expedición de una ley especial que regule los alcances del uso de la fuerza por parte de las instituciones policiales y que pueda en determinado momento servir de referente para las entidades federativas que aún no cuentan con una legislación al respecto o que contando con ella esta es incipiente.

De esta manera es importante señalar que para la realización de la presente iniciativa se recabaron las experiencias de otros países que se encuentran adelantados en la regulación en el uso de la fuerza como Chile, Colombia y Venezuela, misma que abona en la regulación de la materia que nos ocupa, enriqueciendo con ello aspectos fundamentales tanto en los principios como en la propia regulación que hoy se somete a su consideración. Lo anterior sin dejar de reconocer que también se tomó como referencia para la confección de la presente iniciativa, leyes ya existentes en nuestro país, como los son las leyes del uso de la fuerza para el Distrito Federal así como para el Estado de Oaxaca, pioneras en nuestro país en torno a la regulación del uso de la fuerza y referentes importantes para tal efecto.

No obstante los esfuerzos antes señalados se hace relevante que la regulación en el uso de la fuerza conlleve la creación de un cuerpo legal en materia federal que obligue en su cumplimiento a todos los cuerpos de seguridad y de aquellos que utilizan la fuerza para hacer cumplir el mandato de la autoridad e incluso para mitigar acciones civiles que en un momento dado puedan afectar a terceros de manera grave e incluso puedan poner en riesgo la vida y por tanto, la estabilidad social. En conclusión, sin dejar de reconocer el esfuerzo realizado al efecto por las instancias federales, se torna fundamental no sólo la existencia de regulaciones administrativas internas sino un cuerpo legal que regule un aspecto tan fundamental y de especial aplicación en la sociedad, máxime cuando los receptores directos de la fuerza del estado recae en la ciudadanía. Además de que resulta necesario contar con criterios homogéneos sobre el uso de la fuerza en materia federal. Por lo anterior, urge la creación de un marco normativo que regule de manera cierta los principios, destino, objetivos, entre otros aspectos que permitan un cabal desempeño de los cuerpos de seguridad y abonen en el cumplimiento de los derechos fundamentales de los ciudadanos, evitando con ello posibles excesos en el uso de la fuerza.

Es por ello que la presente iniciativa recaba diversos tópicos entre los cuales se encuentran los siguientes:

La ley que nos ocupa tendrá el objeto de regular el uso de la fuerza que ejercen los integrantes de las instituciones de seguridad pública federal, en los casos que resulte necesario en cumplimiento de sus funciones.

Por lo que hace a las circunstancias en el que se permitirá el uso de la fuerza se prevé que la misma que ejercerá para repeler una agresión real, actual, inminente e inmediata; cumplir un deber; someter a la persona que se resista a la detención en cumplimiento a la orden de una autoridad competente, o si ha infringido alguna ley o reglamento que faculte a los integrantes para su detención; prevenir la comisión real, actual e inminente de conductas ilícitas, o proteger o defender bienes jurídicos tutelados.

De igual forma se prevé que la ley regulará los principios que rigen el uso de la fuerza son, entre los cuales se encuentran los siguientes:

• Congruencia: Cuando es utilizada de manera exclusiva para lograr los objetivos de la autoridad en ejercicio de sus funciones en materia de seguridad pública.

• Idoneidad: Cuando los medios empleados son los adecuados y aptos para repeler la agresión y mantener la defensa y protección de las personas, y los bienes.

• Legalidad: Cuando se realiza en los supuestos previstos y conforme a los procedimientos descritos en la presente ley o demás disposiciones aplicables de manera expresa.

• Necesidad: Cuando sea estrictamente inevitable o indispensable.

• Oportunidad: Cuando se aplica en el momento en que se requiere para lograr los fines de la seguridad pública o evitar el daño a la integridad, derechos y bienes de las personas, las libertades o el orden público.

• Proporcionalidad: Cuando se aplica en la magnitud necesaria para lograr el control del sujeto de la forma en que menos le perjudique y corresponda al nivel de resistencia o agresión, así como las características particulares de dicho sujeto.

• Racionalidad: Cuando es el producto de una decisión que valora el objetivo que se persigue, las circunstancias del caso y las capacidades, tanto del sujeto a controlar, como del agente.

• Eficiencia: Cuando la actividad desempeñada se realice de manera tal que los objetivos que persigue sean realizados, aprovechando y optimizando los recursos, y minimizando los riesgos que para terceros represente el ejercicio del uso de la fuerza.

• Profesionalismo: Cuando la actividad desempeñada sea realizada conforme a las técnicas, tácticas, métodos y procedimientos establecidos para el uso de la fuerza, en los términos de la normatividad aplicable.

En cuanto a las obligaciones generales de las instituciones de seguridad pública respecto al uso de la fuerza por sus integrantes se encuentran: establecer procedimientos internos para regular el uso de la fuerza; elaborar manuales e instructivos operativos y de evaluación, control y supervisión especializados relativos al uso de la fuerza; establecer mecanismos de control, almacenamiento y asignación de armas de fuego; establecer protocolos de actuación para proteger la vida e integridad física de sus integrantes; implementar acciones permanentes para evitar y sancionar cualquier acto de tortura o trato cruel y/o degradante, relacionado con el uso de la fuerza; normar el procedimiento para realizar avisos de advertencia sobre el uso de la fuerza o el empleo de armas cuando sean necesarios con motivo de sus funciones; investigar y evaluar los incidentes en que se use la fuerza por sus integrantes, y sus efectos en la función de seguridad pública, con la finalidad de aplicar las medidas preventivas procedentes; establecer protocolos para regular y controlar el uso de armas de fuego e incapacitantes no letales a fin de reducir el riesgo de causar daño a personas ajenas a actos delictivos; dotar a sus integrantes de armamento, municiones y equipo adecuado para sus funciones; así como brindar la capacitación necesaria a efecto de para reducir los efectos dañinos; proporcionar atención especializada a sus integrantes que intervengan en situaciones en las que se emplee la fuerza o armas para superar tensión u otras afectaciones de tipo psicológico; adoptar medidas necesarias, para que los mandos policiales, servidores públicos o empleados superiores asuman la responsabilidad cuando tengan conocimiento, o debieran haberlo tenido, de que los integrantes a sus órdenes recurren, o han recurrido al uso indebido de la fuerza y de armas de fuego; y no adopten todas las medidas a su alcance para impedir, neutralizar o denunciar ese uso indebido; garantizar el respeto de sus derechos y brindar la asistencia necesaria en cumplimiento del Código de Ética y de los principios y responsabilidades establecidos en esta ley y en otras disposiciones aplicables; atender las solicitudes de información o recomendaciones de las autoridades u organismos competentes respecto del uso de la fuerza por sus integrantes y preservar en lo posible, los indicios en el caso de uso de la fuerza.

En razón de que el uso de la fuerza debe ser proporcional, se proponen diversos niveles en cuanto a esta, como son: la disuasión o persuasión: a través de órdenes o instrucciones directas, verbales o señales de los integrantes, en ejercicio de sus funciones, advirtiendo o avisando sobre los otros niveles del uso de la fuerza o de las armas; la reducción física de movimientos: mediante técnicas, tácticas, métodos, procedimientos o instrumentos que permitan someter a las personas; la utilización de armas incapacitantes no letales y la utilización de armas letales.

Asimismo, en aras de velar por los derechos fundamentales también se propone la prohibición de esta figura conforme a los siguientes supuestos:

• Usar la fuerza con finesde venganza.

• Infligir, instigar o tolerar actos de tortura u otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes.

• Llevar a cabo actos arbitrarios y limitar indebidamente las acciones o manifestaciones que en ejercicio de sus derechos constitucionales y con carácter pacífico realice la población.

• Las demás que establezca la presente ley y demás disposiciones aplicables.

Para una regulación homogénea se proponen diversas directrices para su implementación: sin la utilización de armas, en casos de resistencia pasiva; con la utilización de armas incapacitantes no letales, en casos de resistencia activa y con el uso de armas letales, en casos de resistencia activa agravada.

Se prevé que cuando debido a las circunstancias, se ponga en riesgo la vida o la integridad física de terceros o de los integrantes de las instituciones de seguridad pública federal, éstos podrán implementar el nivel de uso de la fuerza que consideren necesario, en los términos de la ley y de los protocolos de actuación que al efecto se establezcan.

Conforme a los grados o fases en las que se compone la aplicación del uso de la fuerza, la iniciativa establece las obligaciones de los integrantes después de su ejecución, entre ellas: salvaguardar a las víctimas y tomar las medidas adecuadas para proteger al destinatario del uso de la fuerza, respetando en todo momento sus derechos humanos; solicitar inmediatamente los servicios médicos a favor de las personas que lo requieran; Informar a los detenidos de los derechos que les asisten en los términos de lo dispuesto por la Constitución Política de los Estados Unidos y el Código Federal de Procedimientos Penales; presentar inmediatamente a las personas detenidas ante la autoridad competente; informar de inmediato a su mando superior de los eventos ocurridos y resultados del uso de la fuerza, especialmente cuando se haya hecho uso de armas de fuego; asistir a los tratamientos sicológicos, médicos u otros especializados que resuelva la institución, y en caso de ser posible, se deberá informar a los familiares que la persona señale sobre su estado de salud y, en su caso, del lugar donde será atendido, a través del medio de comunicación disponible.

Se establece regulación en materia de atención ciudadana en las que las dependencias e instituciones de seguridad pública contarán con un sistema de atención ciudadana, mediante el cual los familiares o amistades de las personas relacionadas con un hecho en el que se hubiese hecho uso de la fuerza, reciban información sobre detenidos o puestos a disposición de alguna autoridad administrativa o que hubiesen sido canalizados a los servicios médicos.

Asimismo se establecen reglas para el uso de la fuerza en detenciones, atendiendo a la siguiente mecánica:

• Los integrantes evaluarán la situación para determinar inmediatamente el nivel de fuerza que se utilizará, consultando de ser posible a sus superiores jerárquicos.

• Si es necesario el uso de la fuerza para la detención de una persona, se observarán los principios que rigen el uso de la fuerza y lo siguiente:

• En principio se preferirán la disuasión o persuasión sobre cualquier otro nivel de uso de la fuerza, y

• En caso identificar resistencia se utilizarán preferentemente la reducción física de movimientos, de armas incapacitantes no letales y equipos de apoyo, sin perjuicio del uso de armas letales.

• Realizada la detención, el integrante se asegurará de que la persona no se provocará ningún daño y que no pone en peligro a quien lo detiene ni a terceros. Asimismo, le practicará una inspección corporal, por un agente de su propio sexo, para verificar que no tiene ningún objeto que pueda ser utilizado como arma.

• Las pertenencias y objetos que le sean encontrados le serán retirados para su registro, custodia y entrega a la autoridad ante la cual sea remitido, en términos de la presente ley y demás disposiciones aplicables.

• Si el sujeto que se opone a la detención o al cumplimiento de una orden de la autoridad se encuentra armado, el integrante de la institución de seguridad pública federal realizará las acciones necesarias para brindar la protección a terceros ajenos a la situación y a sí mismo.

• Las instituciones de seguridad pública federal elaborarán manuales y protocolos de actuación específica que permitan el ejercicio de sus funciones observando los principios establecidos en la presente Ley.

• En caso de desastres o emergencias, en que existan situaciones graves que pongan en peligro la integridad física o la vida de las personas, las instituciones de seguridad pública federal, se coordinarán con las autoridades competentes para apoyar el cumplimiento de sus objetivos.

• En caso de que sea necesario usar la fuerza para evacuar, la misma se utilizará en el orden siguiente:

• Medios y técnicas de disuasión o persuasión.

• Reducción física de movimientos o, en su caso armas incapacitantes no letales.

• En caso de peligro inminente de las personas y de presentarse algún tipo de resistencia activa o la comisión flagrante de delitos al amparo de las condiciones de desastre, se utilizarán los niveles de fuerza correspondientes.

Se regulan también las armas y equipo de apoyo que podrá ser usado por los integrantes de los cuerpos de seguridad bajo el siguiente esquema:

• Las instituciones de seguridad pública federal, proveerán a sus integrantes de armas intermedias y letales, instrumentos y equipos necesarios para cumplir sus funciones, actualizándolas conforme al desarrollo de diseños y tecnologías que reduzcan sus niveles de riesgo.

• Las instituciones de seguridad pública federal, dispondrán de mantenimiento especializado de armas, instrumentos y equipos.

• Se considerarán armas incapacitantes no letales las que autoricen las disposiciones aplicables.

• Las esposas de sujeción de muñecas o tobillos, son considerados equipo de apoyo.

Asimismo se regula la utilización del informe policial homologadoen cuanto al uso de la fuerza conforme a lo siguiente:

Los Integrantes deberán hacer constar en el informe policial homologado, una descripción sucinta de los hechos y circunstancias que exigieron el uso de la fuerza, así como la justificación que sustentó el nivel de uso de la fuerza.

En los casos en que se haya hecho uso de armas de fuego, el informe policial homologado deberá incluir al menos los siguientes aspectos:

• Fecha, hora y lugar donde se efectuaron los disparos;

• Unidad que participa;

• Causas de la acción;

• Motivo por el cual el personal abrió fuego;

• Sobre que personas u objetos se efectuaron los disparos;

• Tipo de armas y municiones empleadas;

• Las consecuencias visibles de los disparos, y

• Un diagrama de la escena del incidente.

Como parte de la capacitación y certificación de los cuerpos de seguridad se prevé el diseño de los programas de profesionalización, capacitación y actualización que lleven a cabo las instituciones de seguridad pública se incluirá aspectos y temas sobre el uso de la fuerza. Los programas deberán de incluir temas de seguridad pública y respetoa los derechos humanos. Se establecerá un programa de evaluaciones periódicas de acuerdo a los principios que rigen el uso de la fuerza.

De igual forma se prevé que la evaluación de los programas, se llevará a cabo por el Centro Nacional de Prevención del Delito y Participación Ciudadana, de acuerdo a las atribuciones que le confiere la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Se determina la responsabilidad e indemnización en caso del uso indebido de la fuerza, a saber:

• El integrante que hubiere hecho uso indebido de la fuerza o no cumpla con las obligaciones señaladas en este ordenamiento, en cumplimiento de una orden emitida por un superior, estará sujeto a las responsabilidades que establece esta ley y demás disposiciones aplicables.

• El mando superior inmediato (aquel que ejerce autoridad o control efectivo sobre el integrante) será igualmente responsable, de conformidad con lo siguiente:

• Hubiere sabido o hubiere debido saber, que los integrantes bajo su mando estaban cometiendo un uso indebido de la fuerza.

• No hubiere adoptado las medidas necesarias y razonables para prevenir o reprimir su comisión.

• Hubiere hecho caso omiso de información que indicase claramente que los subordinados estabancometiendo un uso indebido de la fuerza.

• El uso indebido de la fuerza guarde relación con actividades bajo su responsabilidad y control efectivo.

• Los particulares que hayan sufrido un daño en su persona o bienes, con motivo del uso indebido de la fuerza por parte de los integrantes, cuando así haya sido declarado por la autoridad competente, tendrán derecho a que se les cubra una indemnización.

• La indemnización incluirá el reconocimiento público de la institución de seguridad pública federal de que se trate, por el uso indebido de la fuerza, así como la emisión de una disculpa.

• Las instituciones de seguridad pública federal celebrarán un contrato de seguro, que cubra los daños ocasionados por el uso indebido de la fuerza

Además, con el objetivo de reconocer y respetar la labor del policía se establecen los siguientes derechos:

• Respeto de la sociedad a sus derechos sobre la protección de su vida e integridad física y a su dignidad como ser humano. Esta obligación también deberán cumplirla los superiores jerárquicos y el resto de las instituciones a las que pertenecen.

• Derecho a la asesoría y asistencia que requieran con motivo del uso lícito de la fuerza pública.

• Realización de campañas por las instituciones de seguridad pública de concientización del respeto a los integrantes de dichas, así como de los procedimientos básicos para el uso de la fuerza pública.

Por lo que hace a su régimen transitorio se propone la entrada en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación, y que dentro de un plazo de 180 días, se emitan las disposiciones a que se refiere la Ley.

En suma, la presente iniciativa pretende inscribirse en un referente positivo en la confección de un marco normativo que regule de manera adecuada el uso de la fuerza por parte de los integrantes de las instituciones de seguridad pública federal, en aras del respeto y observancia de los derechos fundamentales de todo ciudadano, plasmados en nuestra Constitución, como en los tratados internacionales.

Por lo anteriormente expuesto, la suscrita Senadora de la República presento a esta H.Soberanía la siguiente:

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY QUE REGULA EL USO DE LA FUERZA POR LOS INTEGRANTES DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA FEDERAL.

Artículo Unico. Se expide la Ley que Regula el Uso de la Fuerza por los Integrantes de las Instituciones de Seguridad Pública Federal, para quedar como sigue:

Ley que Regula el Uso de la Fuerza por los Integrantes
de las Instituciones de Seguridad Pública Federal

Capítulo I
Disposiciones Preliminares

Artículo 1. La presente ley es de orden público y de observancia en todo el territorio nacional y tiene por objeto regular el uso progresivo y diferenciado de la fuerza que ejercen los integrantes de las instituciones de seguridad pública federal en cumplimiento de sus funciones y con plena observancia de los tratados Internacionales de los que el Estado mexicano sea parte.

Artículo 2. Para los efectos de la presente ley, se entenderá por:

I. Armas de fuego: Las autorizadas para el uso de los integrantes de las instituciones de seguridad pública federal de conformidad con la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos y su Reglamento;

II. Armas incapacitantes no letales: Aquellas que se utilizan o pueden ser utilizadas para disminuir la capacidad de movilidad de una persona, preservando su integridad física o que ocasionan el menor daño posible;

III. Armas letales: Aquellas que ocasionan o pueden ocasionar lesiones graves o la muerte de una persona;

IV. Detención: La restricción de la libertad de una persona, realizada por algún integrante de las instituciones de seguridad pública federal con el propósito de ponerla a disposición de la autoridad competente, de conformidad con las disposiciones constitucionales y legales aplicables;

V. Fuerza física humana: es el medio por el cual el integrante de la institución de seguridad pública federal, sin utilizararma alguna, logra el control de una situación que atenta contra la seguridad, el orden o paz públicos, la integridad o la vida de las personas;

VI. Instituciones de seguridad pública federal: En términos de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, a las instituciones policiales, de procuración de justicia, del sistema penitenciario federal y aquellas instituciones públicas federales de carácter civil, cuyos integrantes, de conformidad con las disposiciones jurídicas del ámbito federal, hagan uso de la fuerza con fines de seguridad pública;

VII. Integrante de las instituciones de seguridad pública federal: Servidor público que cuenta con nombramiento o asignación mediante otro instrumento jurídico autorizado, perteneciente a alguna de las instituciones de seguridad pública federal y facultado para hacer uso de la fuerza;

VIII. Ley: La Ley que regula el Uso de la Fuerza por los Integrantes de las Instituciones de Seguridad Pública Federal;

IX. Ley General: La Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública;

X. Resistencia activa: Cuando una o varias personas se niegan a obedecer una orden legítima comunicada por algún integrante de las instituciones de seguridad públicafederal, a través de acciones u omisiones que ocasionan o pueden ocasionar daños o lesiones a sí mismo, a un tercero, a dicho integrante o a bienes propios o ajenos;

XI. Resistencia pasiva: Cuando una o varias personas se niegan en forma pacífica a obedecer una orden legítima comunicada por algún integrante de las instituciones de seguridad pública federal, quien previamente se identificó como tal;

XII. Resistencia activa agravada: Cuando las acciones u omisiones de una o varias personas representan una agresión real, actual o inminente y sin derecho a terceros o al integrante de las instituciones de seguridad pública federal;

XIII. Sometimiento: La contención o sujeción que realiza un integrante de las instituciones de seguridad pública federal sobre los movimientos de una persona con el fin de inmovilizarla y asegurarla, para ponerla a disposición de la autoridad competente;

XIV. Tortura: Para los efectos de la presente ley, se entenderá por tortura las conductas descritas en la Ley Federal para Prevenir y Sancionar la Tortura, y

XV. Uso de la fuerza: La aplicación de técnicas, tácticas, métodos y procedimientos de detención, sometimiento y uso de armas sobre las personas, por parte de integrantes de las instituciones de seguridad pública federal, de conformidad con las disposiciones de esta ley, así como de otras disposiciones aplicables.

Artículo 3. Son circunstancias que permiten el uso de la fuerza a los integrantes de las instituciones de seguridad pública federal, las siguientes:

I. Repeler una agresión real, actual, inminente e inmediata;

II. Cumplir un deber;

III. Someter a la persona que se resista a la detención:

a) En cumplimiento a lo ordenado por una autoridad competente, o

b) Cuando haya infringido alguna ley o reglamento que faculte a los integrantes de las instituciones de seguridad pública federal para proceder a su detención;

IV. Prevenir la comisión real, actual e inminente de conductas ilícitas, o

V. Proteger o defender bienes jurídicos tutelados.

Para tal efecto, los integrantes de las instituciones de seguridad pública federal emplearán sólo medios autorizados por esta ley y demás disposiciones aplicables y escogerán siempre de entre los más eficaces, aquellos que causen menor daño a la integridad de las personas y de sus bienes. Tales medios no podrán utilizarse más allá del tiempo indispensable para el mantenimiento del orden y su restablecimiento.

Capítulo II

Principios que rigen el Uso de la Fuerza

Artículo 4. La utilización del uso de la fuerza por los Integrantes de las instituciones de seguridad pública federalse hará atendiendo a los principios de congruencia, idoneidad, legalidad, necesidad, oportunidad, proporcionalidad, racionalidad, eficiencia, profesionalismo y respeto a los derechos humanos. El uso de la fuerza es:

I. Congruente: Cuando es utilizada de manera exclusiva para lograr los objetivos de la autoridad en ejercicio de sus funciones en materia de seguridad pública;

II. Idónea: Cuando los medios empleados son los adecuados y aptos para repeler la agresión y mantener la defensa y protección de las personas, y los bienes, y no como una demostración de fuerza excesiva en su intervención;

III. Legal: Cuando se realiza en los supuestos previstos y conforme a los procedimientos descritos en la presente ley y demás disposiciones aplicables de manera expresa;

IV. Necesaria: Cuando sea estrictamente inevitable o indispensable, es decir, cuando se aplica en respuesta a una situación que representa amenaza y que requiere de una acción inmediata para evitar su agravamiento.

V. Oportuna: Cuando se aplica en el momento en que se requiere para lograr los fines de la seguridad pública o evitar el daño a la integridad, derechos y bienes de las personas, las libertades o el orden público;

VI. Proporcional: Cuando se aplica en la magnitud necesaria para lograr el control del sujeto de la forma en que menos le perjudique y corresponda al nivel de resistencia o agresión, así como las características particulares de dicho sujeto;

VII. Racional: Cuando es el producto de una decisión que valora el objetivo que se persigue, las circunstancias del caso y las capacidades, tanto del sujeto a controlar, como del agente.

VIII. Eficiente: Cuando la actividad desempeñada se realice de manera tal que los objetivos que persigue sean realizados, aprovechando y optimizando los recursos, y minimizando los riesgos que para terceros represente el ejercicio del uso de la fuerza, y

IX. Profesional: Cuando la actividad desempeñada sea realizada conforme a las técnicas, tácticas, métodos y procedimientos establecidos para el uso de la fuerza, en los términos de esta ley y de la normatividad aplicable.

Capítulo III

Obligaciones de los integrantes de las instituciones de seguridad pública federal

Artículo 5. Son obligaciones generales de las instituciones de la seguridad pública federal respecto del uso de la fuerza por sus integrantes:

I. Establecer procedimientos internos para regular el uso progresivo y diferenciado de la fuerza, sustentados en la infraestructura técnica y material necesaria, planeación, documentación del expediente y cumplimiento de los principios especializados de operación;

II. Elaborar manuales e instructivos operativos y de evaluación, control y supervisión especializados relativos al uso de la fuerza;

III. Establecer mecanismos de control, almacenamiento y asignación de armas de fuego, así como procedimientos para asegurar que sus integrantes respondan de las armas de fuego o municiones que les hayan entregado;

IV. Establecer protocolos de actuación para proteger la vida e integridad física de sus integrantes;

V. Establecer protocolos que regulen el uso progresivo y diferenciado de la fuerza policial de las instituciones de seguridad pública federal, en función del nivel de resistencia y oposición de la persona o personas;

VI. Implementar acciones permanentes para evitar y sancionar cualquier acto de tortura o trato cruel y/o degradante, relacionado con el uso de la fuerza;

VII. Normar el procedimiento para realizar los avisos de advertencia sobre el uso de la fuerza o el empleo de las armas que deberán darse a las personas cuando sean necesarios con motivo de sus funciones;

VIII. Investigar y evaluar los incidentes en que se use la fuerza por sus integrantes, y sus efectos en la función de seguridad pública, con la finalidad de aplicar las medidas preventivas que resulten procedentes;

IX. Establecer protocolos para regular y controlar el uso de armas de fuego e incapacitantes no letales a fin de reducir al mínimo el riesgo de causar daño a personas ajenas a actos delictivos;

Los mecanismos de capacitación y acreditación requerida para el uso de armas incapacitantes no letales y letales establecidos en los protocolos correspondientes, deberán cumplir con lo dispuesto por la Ley General, esta Ley y demás disposiciones aplicables.

X. Dotar a sus integrantes de armamento, municiones y equipo adecuado para el cumplimiento de sus funciones; así como brindar la capacitación necesaria a efecto de que, en el uso de la fuerza, puedan reducir cuanto sea posible sus efectos dañinos;

XI. Proporcionar atención especializada a sus integrantes que intervengan en situaciones en las que se emplee la fuerza o armaspara superar situaciones de tensión u otras afectaciones de tipo psicológico;

XII. Adoptar las medidas necesarias, para que los mandos policiales, servidores públicos o empleados superiores asuman la debida responsabilidad cuando tengan conocimiento, o debieran haberlo tenido, de que los integrantes a sus órdenes recurren, o han recurrido al uso indebido de la fuerza y de armas de fuego; y no adopten todas las medidas a su alcance para impedir, neutralizar o denunciar ese uso indebido;

XIII. Garantizar el respeto de sus derechos y brindar la asistencia necesaria en cumplimiento del Código de Ética y de los principios y responsabilidades establecidos en esta ley y en otras disposiciones aplicables;

XIV. Establecer mecanismos administrativos para la evaluación, procedimientos de denuncias y atención a la víctima;

XV. Atender oportunamente las solicitudes de información o recomendaciones de las autoridades u organismos competentes respecto del uso de la fuerza por sus integrantes;

XVI. Velar por el respeto y observancia de la garantía deasociación así como a manifestar de manera pública y pacíficamente las ideas, conforme a lo establecido por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y demás disposiciones aplicables;

XVI. Preservar en lo posible, los indicios en el caso de uso de la fuerza.

Artículo 6. Los distintos niveles en el uso de la fuerza, en los casos a que se refiere el artículo 3 de esta Ley, son:

I. Disuasión o Persuasión: a través de órdenes o instrucciones directas, verbales o señales de los integrantes de las instituciones de seguridad pública federal, en ejercicio de sus funciones, advirtiendo o avisando sobre los otros niveles del uso de la fuerza o de las armas;

II. Reducción física de movimientos: mediante técnicas, tácticas, métodos, procedimientos o instrumentos que permitan someter a las personas;

III. Utilización de armas incapacitantes no letales, y

IV. Utilización de armas letales.

Artículo 7. La actuación de los integrantes de las instituciones de seguridad pública federal, respecto al uso de la fuerza, estará sujeta a las siguientes prohibiciones:

I. Usar la fuerza con finesde venganza;

II. Infligir, instigar o tolerar actos de tortura u otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes;

III. Llevar a cabo actos arbitrarios y limitar indebidamente las acciones o manifestaciones que en ejercicio de sus derechos constitucionales y con carácter pacífico realice la población, y

IV. Las demás que establezca la presente ley y demás disposiciones aplicables.

Artículo 8. Los integrantes de las instituciones de seguridad pública federal, implementarán el uso de la fuerza, a partir de las siguientes directrices:

I. Sin utilizar armas, en casos de resistencia pasiva;

II. Con la utilización de armas incapacitantes no letales, en casos de resistencia activa, y

III. Con el uso de armas letales, en casos de resistencia activa agravada.

Cuando debido a las circunstancias, se ponga en riesgo la vida o la integridad física de terceros o de los integrantes de las instituciones de seguridad pública federal, éstos podrán implementar el nivel de uso de la fuerza que consideren necesario, en los términos de esta ley y de los protocolos que al efecto se establezcan para el uso progresivo y diferenciado de la fuerza.

La decisión del uso de la fuerza y el nivel de la misma, deberá estar basado en hechos y determinados exclusivamente por la conducta de resistencia de la persona o personas y no por predisposición del integrante de las instituciones de seguridad pública federal.

Artículo 9. Son obligaciones de los integrantes de las instituciones de seguridad pública federal después de usar la fuerza, las siguientes:

I. Salvaguardar a las víctima, defender y promover los derechos humanos de las personas sin discriminación por motivos de origen étnico, sexo, religiosos o nacionalidad, opinión política, posición económica o de cualquier otra índole , así como tomar las medidas adecuadas para proteger al destinatario del uso de la fuerza, respetando en todo momento sus derechos humanos;

II. Solicitar inmediatamente los servicios médicos a favor de las personas que lo requieran;

III. Informar a los detenidos de los derechos que les asisten en los términos de lo dispuesto por la Constitución Política de los Estados Unidos, el Código Federal de Procedimientos Penales y demás disposiciones aplicables;

IV. Presentar inmediatamente a las personas detenidas ante la autoridad competente;

V. Informar de inmediato a su mando superior de los eventos ocurridos y resultados del uso de la fuerza, especialmente cuando se haya hecho uso de armas de fuego;

VI. Asistir a los tratamientos psicológicos, médicos u otros especializados que resuelva la institución;

VII. Extremar las precauciones cuando su actuación este dirigida hacia lugares donde exista la presencia de niñas, niños y adolescentes, así como de adultos mayores y personas con discapacidad, para garantizar su seguridad e integridad física, psíquica y moral;

VIII. Denunciar las violaciones a los derechos humanos de las personas que en el ejercicio de su función tengan conocimiento;

En caso de ser posible, se deberá informar a los familiares que la persona señale sobre su estado de salud y, en su caso, del lugar donde será atendido, a través del medio de comunicación disponible.

Artículo 10.Las disposiciones de la presente ley son aplicables dentro de las instalaciones de reinserción social, por lo que las decisiones respecto del uso de la fuerza no se verán influidas por el hecho de que los destinatarios se encuentren dentro de éstas.

Las dependencias e instituciones de seguridad pública federal contarán con un sistema de atención ciudadana, mediante el cual los familiares o amistades de las personas relacionadas con un hecho en el que se hubiese hecho uso de la fuerza, reciban información sobre detenidos o puestos a disposición de alguna autoridad administrativa o que hubiesen sido canalizados a los servicios médicos.

Capítulo IV

Reglas para el Uso de la Fuerza en Detenciones

Artículo 11. En los casos de detención en los que se presuma la necesidad del uso de la fuerza, los integrantes de las instituciones de seguridad pública federal evaluarán la situación para determinar inmediatamente el nivel de fuerza que se utilizarán, consultando de ser posible a sus superiores jerárquicos.

Artículo 12. Cuando en la detención de una persona sea necesario el uso de la fuerza, atendiendo a las particularidades del caso, se observaran los principios del artículo 3 y lo siguiente:

I. En principio se preferirán la disuasión o persuasión sobre cualquier otro nivel de uso de la fuerza, y

II. Al identificar niveles de resistencia se utilizarán preferentemente la reducción física de movimientos, de armas incapacitantes no letales y equipos de apoyo, sin perjuicio del uso de armas letales.

Artículo 13. Concretada la detención, el integrante de la institución de seguridad pública federal se asegurará de que la persona no se provocará ningún daño y que no pone en peligro a quien lo detiene ni a terceros. Asimismo, le practicará una inspección corporal, cuando sea materialmente posible, por un agente de su propio sexo, con el fin de verificar que no tiene ningún objeto que pueda ser utilizado como arma.

Las pertenencias y objetos que le sean encontrados al detenido le serán retirados para su registro, custodia y entrega a la autoridad ante la cual sea remitido, en términos de la presente ley y demás disposiciones aplicables.

Artículo 14.Si el sujeto que se opone a la detención o al cumplimiento de una orden legítima de la autoridad se encuentra armado, el integrante de la institución de seguridad pública federal realizará las acciones necesarias para brindar la protección a terceros ajenos a la situación y a sí mismo.

Artículo 15. Las instituciones de seguridad pública federal elaborarán los manuales y protocolos de actuación específica que permitan el ejercicio de sus funciones observando los principios establecidos en la presente Ley.

Artículo 16.En caso de desastres o emergencias, en que existan situaciones graves que pongan en peligro la integridad física o la vida de las personas, las instituciones de seguridad pública federal, en su caso, se coordinarán con las autoridades competentespara apoyarlas en el cumplimiento de sus objetivos.

En caso de que sea necesario usar la fuerza para evacuar, controlar o limitar el acceso, se seguirán las siguientes reglas:

I. En principio se implementarán medios y técnicas de disuasión o persuasión;

II. Si los medios y técnicas a que se refiere la fracción anterior no lograran su objetivo, se utilizarán la reducción física de movimientos o, en su caso armas incapacitantes no letales, y

III. En caso de peligro inminente de las personas y de presentarse algún tipo de resistencia activa o la comisión flagrante de delitos al amparo de las condiciones de desastre, se utilizaran los niveles de fuerza correspondientes.

Capítulo V

De las Armas y Equipo de Apoyo que Pueden ser Usados por
los Integrantes de las Instituciones de Seguridad Pública Federal

Artículo 17. En términos de las leyes de la materia, la disponibilidad presupuestaria y atendiendo a las particularidades del servicio, las instituciones de seguridad pública federal, proveerán a sus integrantesde las armas intermedias y letales, instrumentos y equipos necesarios para el cumplimiento de sus funciones, actualizándolas conforme al desarrollo de diseños y tecnologías que reduzcan sus niveles de riesgo.

Artículo 18. Las instituciones de seguridad pública federal, dispondrán las medidas necesarias para mantener los niveles de efectividad de las armas, instrumentos y equipos, a través del mantenimiento especializado.

Artículo 19. Se considerarán armas incapacitantes no letales las que autoricen las disposiciones aplicables.

Las esposas de sujeción de muñecas o tobillos, son considerados equipo de apoyo.

Para tal efecto, los integrantes de las instituciones de seguridad pública federaldeberán de hacer buen uso de las esposas cuando sea necesario restringir el movimiento de la persona o personas, al momento de practicar una intervención policial, para inmovilizar, inspeccionar y trasladar a la persona o personas de manera segura. Dichos integrantes deberán de estar formados en el correcto usode las esposas de acuerdo a los protocolos de actuación que al efecto se expidan, utilizando técnicas de esposamiento acordes a los niveles de resistencia, para minimizar la posibilidad de causarle algún daño físico.

Artículo 20. Los Integrantes de las instituciones de seguridad pública federal deberán hacer constar en el informe policial homologado, una descripción sucinta de los hechos y circunstancias que exigieron el uso de la fuerza, así como la justificación que sustentó el nivel de uso de la fuerza.

En los casos en que se haya hecho uso de armas de fuego, el informe policial homologado deberá incluir al menos los siguientes aspectos:

I. Fecha, hora y lugar donde se efectuaron los disparos;

II. Unidad que participa;

III. Causas de la acción;

IV. Motivo por el cual el personal abrió fuego;

V. Sobre que personas u objetos se efectuaron los disparos;

VI. Tipo de armas y municiones empleadas;

VII. Las consecuencias visibles de los disparos, y

VIII. Un diagrama de la escena del incidente.

Adicionalmente al informe, los integrantes de las instituciones de seguridad pública deberán de prestar en su caso asistencia médica a los heridos; informar a los familiares o amigos de la persona o personas afectadas; permitir una investigación libre y objetiva del incidente, entre otras acciones tendientes al esclarecimiento de los hechos.

Capítulo VI

De la capacitación y certificación para el uso de la fuerza a los integrantes

de las instituciones de seguridad pública federal

Artículo 21. En el diseño de los programas de profesionalización, capacitación y actualización que lleven a cabo las instituciones de seguridad pública federal, deberán incluirse aspectos y temas especializados sobre el uso de la fuerza.

La formación de los integrantes de las instituciones de seguridad pública federal en materia de uso legítimo de la fuerza debe estar dirigida a conocer sus límites, así como a decidir y argumentar respecto de su uso.

Los correspondientes programas de capacitación deberán incluir un módulo que explique la utilización del uso de la fuerza de conformidad con lo establecido en la presente Ley y demás disposiciones aplicables, además de permitir la participación de los integrantes de las instituciones de seguridad pública federal en talleres prácticos en el que se realicen ejercicios y análisis de casos reales que les auxilien en la comprensión y aplicación de la Ley y demás disposiciones aplicables.

Asimismo, los programas deberán de incluir temas de seguridad pública y respetoa los derechos humanos.

Artículo 22. Las instituciones de seguridad pública federal establecerán un programa de evaluaciones periódicas de acuerdo a los principios establecidos en el artículo 4 de la presente ley..

La evaluación de los programas a los que se refiere este artículo, se llevará a cabo por el Centro Nacional de Prevención del Delito y Participación Ciudadana, de acuerdo a las atribuciones que, a este Centro, le confiere la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Capítulo VII

De la responsabilidad e indemnización en caso de que se declare

la existencia de uso indebido de la fuerza

Artículo 23. El integrante de las instituciones de seguridad pública federal que hubiere hecho uso indebido de la fuerza o no cumpla con las obligaciones señaladas en este ordenamiento, en cumplimiento de una orden emitida por un superior, estará sujeto a las responsabilidades que establece este capítulo y demás disposiciones aplicables.

El mando superior inmediato será igualmente responsable, de conformidad con lo siguiente:

I. Hubiere sabido o hubiere debido saber, en razón de las circunstancias del momento, que los integrantes de las instituciones de seguridad pública federal bajo su mando estaban cometiendo un uso indebido de la fuerza;

II. No hubiere adoptado todas las medidas necesarias y razonables a su alcance para prevenir o reprimir su comisión;

III. Hubiere hecho caso omiso de información que indicase claramente que los subordinados estabancometiendo un uso indebido de la fuerza, y

IV. El uso indebido de la fuerza guarde relación con actividades bajo su responsabilidad y control efectivo.

Para efectos de lo dispuesto en este artículo se entenderá por mando superior inmediato aquel que ejerce autoridad o control efectivo sobre el integrante de la institución pública federal.

Artículo 24. Los particulares que hayan sufrido un daño en su persona o bienes, con motivo del uso indebido de la fuerza por parte de los integrantes de alguna institución de seguridad pública federal, cuando así haya sido declarado por la autoridad competente, tendrán derecho a que se les cubra una indemnización, en términos de la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado.

Esta indemnización también incluirá el reconocimiento público de la institución de seguridad pública federal de que se trate, por el uso indebido de la fuerza, así como la emisión de una disculpa a las personas afectadas y sus familiares.

Artículo 25. Las instituciones de seguridad pública federal celebrarán un contrato de seguro, de conformidad con la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado, que cubra los daños ocasionados por el uso indebido de la fuerza.

CAPITULO VIII

DE LOS DERECHOS DEL POLICIA

Artículo 26.- La sociedad está obligada a respetar a los integrantes de las instituciones de seguridad pública, ya que también gozan de los derechos que tiene toda persona para la protección de su vida e integridad física, el respeto a su dignidad como ser humano y autoridad. Esta obligación también deberán cumplirla los superiores jerárquicos y el resto de las instituciones a las que pertenecen.

De igual forma desempeña un papel fundamental en la protección del derecho a la vida, la libertad y la seguridad de las personas, por lo que es obligación de las instituciones de seguridad pública federal, según sea el caso, de proporcionarle la atención médica, psicológica y jurídica que, en su caso, requiera.

Artículo 27.- Los integrantes de las instituciones de seguridad pública federal tendrán derecho a la asesoría, apoyo, asistencia y representación jurídica que requieran con motivo del uso lícito de la fuerza pública, derivado del cumplimiento de su deber, la cual deberá de ser otorgada por la institución de seguridad pública federal a la que pertenezcan.

Artículo 28.- Las instituciones de seguridad pública federal deberán realizar campañas permanentes de concientización del respeto a los integrantes de las instituciones de seguridad pública, así como de los procedimientos básicos para el uso de la fuerza pública.

TRANSITORIOS

Primero. La presente ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo.Dentro de un plazo de 180 días, se emitirán las disposiciones a que se refiere esta Ley.

México D.F., a 8 de noviembre de 2012.

Suscriben

Sen. María del Pilar Ortega Martínez.- Sen. Luisa María Calderón Hinojosa.- Sen. Maki Esther Ortiz Domínguez”.

- El C. Presidente Burgos García: Muchas gracias, Senadora Ortega Martínez. Se turna a las Comisiones Unidas de Seguridad Pública; de Derechos Humanos; y de Estudios Legislativos, Primera.

Tiene el uso de la tribuna la Senadora Angélica de la Peña Gómez, del grupo parlamentario del PRD, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos y la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

1Vid, INACIPE. El uso de la fuerza pública en un Estado Democrático de Derecho. Memorias del Congreso Internacional, México, 2011, p. 157.

2Idem.págs. 158-160.






INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETOPOR EL QUE SE REFORMA LA LEY ORGANICA DE LA ADMINISTRACION PUBLICA FEDERAL, LA LEY FEDERAL DE RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PUBLICOS, LA LEY FEDERAL DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DE LOS SERVIDORES PUBLICOS Y LA LEY DE LA COMISION NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

(Presentada por la C. Senadora Angélica de la Peña Gómez, del grupo parlamentario del PRD)

- La C. Senadora Angélica de la Peña Gómez: Muchas gracias, señor Presidente, apreciables Senadoras y Senadores:

A partir de la reforma del 10 de junio de 2011, en materia de derechos humanos, es importante hacer varias adecuaciones a nuestro marco jurídico porque evidentemente esta reforma constituye, sin duda, es tan trascendental, que trastoca nuestro, marco jurídico hacia cambios de fondo en la cultura de la legalidad y el respeto a los derechos humanos. En la parte sustantiva, en la reforma se incorporan principios del derecho internacional en el que estamos vinculados porque formamos parte del derecho internacional de los Derechos Humanos, de manera voluntaria como Estado Parte, por lo que toda las autoridades tienen ahora la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de todas las personas de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad.

En este principio de interpretación pro persona los tribunales deben interpretar la norma siempre pronunciándose por aquella que brinde mayor protección al derecho fundamental.

En esta iniciativa que hoy presento a la consideración de esta Soberanía, para su estudio y eventual dictamen, se implementan una serie de reformas importantes que están inscritas para lograr que se cumplan las recomendaciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

En ese aspecto, las iniciativas a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, a la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, a la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos y la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, tendrían que ser reformadas en los términos de la siguiente referencia.

En el caso del artículo 50 BIS de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, estamos proponiendo que en este articulo se adicione, se refiera que: “en los casos en que los funcionarios de la Administración Pública Federal, Centralizada o Paraestatal, no respeten o cumplan una recomendación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, ésta podrá dar vista a la Cámara de Senadores, o en sus recesos a la Comisión Permanente, a fin de que las comisiones respectivas citen a los o a las funcionarias o a las autoridades responsables con el objeto de que expliquen las razones de su conducta o justifiquen su negativa.

En cuanto a la reforma que estamos promoviendo a la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, estamos inscribiendo, siguiendo el curso del articulo 47, que establece que: “Todo servidor público tendrá las siguientes obligaciones, para salvaguardar la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que deben ser observadas en el desempeño de su empleo, cargo o comisión, y cuyo incumplimiento dará lugar al procedimiento y a las sanciones que correspondan, sin perjuicio de sus derechos laborales, así como de las reformas específicas que al respecto rijan en el servicio de las Fuerzas Armadas”.

En ese sentido, la adición que establecemos en la fracción XXI, es que se refiera que: “Para proporcionar en forma oportuna y veraz, toda la información y datos solicitados por la institución a la que legalmente le competa la vigilancia y defensa de los derechos humanos, a efecto de que aquella pueda cumplir con las facultades y atribuciones que le correspondan”.

El añadido es: “Para los efectos de no aceptar una recomendación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, deberán fundar, motivar y hacer pública su negativa”.

En la reforma que estamos proponiendo a la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, igualmente se pretende establecer en el artículo 8º., en la fracción XIX, que al final también se establezca que: “Para los efectos de no aceptar una recomendación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos deberán fundar, motivar y hacer pública su negativa”.

En cuanto a la Ley de la Comisión Nacional de los Derecho Humanos, establecemos otorgarle en el artículo 6o., que define las atribuciones de la propia Comisión, justamente al final de la fracción V, una adición que diga que: “En los casos en que las autoridades no acepten o incumplan una recomendación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, ésta podrá dar vista a la Cámara de Senadores, o en sus recesos a la Comisión Permanente, a fin de que las comisiones respectivas citen a los funcionarios o a las autoridades responsables con el objeto de que expliquen las razones de su conducta o justifiquen su negativa”.

Iniciativa

“La suscrita, ANGELICA DE LA PEÑA GOMEZ, Senadora de la República a la LXII Legislatura e integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en los artículos 71, fracción II, 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y los artículos 8 numeral 1, fracción I y 164 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración del Pleno de esta Soberanía la siguiente: INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA LEY ORGANICA DE LA ADMINISTRACION PUBLICA FEDERAL; LA LEY FEDERAL DE RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PUBLICOS; LA LEY FEDERAL DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DE LOS SERVIDORES PUBLICOS Y LA LEY DE LA COMISION NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS, al tenor de la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

El 10 de junio de 2011 se publica en el Diario Oficial de la Federación la reforma constitucional en materia de derechos humanos. Se trata de una de las reformas más importante y trascendentes no sólo para nuestro marco constitucional, sino que además con ésta se sientan las bases para dotar de un mayor ámbito de protección de los derechos fundamentales de las y los mexicanos.

Sin duda estamos ante una reforma estructural que contiene un cambio de fondo en la cultura de la legalidad y el respeto a los derechos humanos. En su parte sustantiva la reforma incorpora principios del derecho internacional por lo que todas las autoridades tienen ahora la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad.

Se establece además el principio de interpretación pro persona, por lo que los tribunales al interpretar la norma deberán pronunciarse por aquella que brinde mayor protección a un derecho fundamental.

Se implementa la clausula para la protección en los casos de asilo y refugio y establece una serie de derechos que de acuerdo a la Convención Americana de Derechos Humanos no pueden ser suspendidos y se respeta el derecho de audiencia de extranjeros en caso de expulsión del territorio nacional.

Asimismo se le otorgan facultades a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos para realizar investigaciones de violaciones graves a los derechos humanos.

Una de las partes más importantes de esta reforma tiene que ver con el incumplimiento de las recomendaciones de la CNDH. La reforma señala que: “Cuando las recomendaciones emitidas no sean aceptadas o cumplidas por las autoridades o servidores públicos, éstos deberán fundar, motivar y hacer pública su negativa; además, la Cámara de Senadores o en sus recesos la Comisión Permanente, olas legislaturas de las entidades federativas, según corresponda, podrán llamar, a solicitud de estos organismos, a las autoridades o servidores públicos responsables para que comparezcan ante dichos órganos legislativos, a efecto de que expliquen el motivo de su negativa”.

Como podemos observar, se trata de una reforma que otorga al Senado de la República y en su caso, a la Comisión Permanente mecanismos de control político en el caso de incumplimiento por parte de las y los servidores públicos sobre las recomendaciones que emita la CNDH.

Habrá que recordar que hasta antes de la reforma constitucional de junio de 2011, no han existido los mecanismos de control político por parte del Poder Legislativo para todas aquellas conductas omisas, evasivas e incluso irresponsables por parte de las y los servidores públicos que son señalados en las recomendaciones de la CNDH y que no le dan el debido cumplimiento, o lo más grave solo las aceptan de manera formal, o en ocasiones llegan al extremo de denostar al organismo promoviendo en su contra descalificaciones.

Muestra de ello se consigna en el Informe de actividades de la CNDH, el cual señala que para el año 2011 se emitieron 95 recomendaciones dirigidas a 58 autoridades, en 141 ocasiones.

De este universo ocho no fueron aceptadas por las siguientes autoridades:

H. Ayuntamiento de Chilpancingo de los Bravos; H. ayuntamiento de Benito Juárez Quintana Roo; Congreso del Estado de Guerrero; H. Ayuntamiento de Juanacatlàn Metlaltònoc, Guerrero; Secretario de Seguridad Pública Federal; Secretaria de Salud y la Comisión Nacional del Agua.

En este rubro destaca la negativa recurrente de la Comisión Nacional del Agua, que en el año 2010 no aceptó la Recomendación 12/2010, relativa a la descarga de residuos químicos al Río Santiago, en Jalisco, que provocó la muerte de un menor, y en 2011 no aceptó las Recomendaciones 54/2011, sobre el caso de las descargas de aguas residuales provenientes del drenaje del municipio de Jonuta, Tabasco, al Río Usumacinta y la contaminación en la zona, y la 61/2011, sobre las inundaciones en Tabasco en 2010, que lastimaron a miles de víctimas1.

Destaca de este informe el creciente número de quejas relativas a cateos ilegales llevados a cabo por elementos que integran los diversos cuerpos policiales y las fuerzas armadas en auxilio de las labores de seguridad pública.

En agosto de 2011 la CNDH emitió una Recomendación General sobre la Práctica de Cateos Ilegales, en la que se enfatiza la necesidad inmediata de erradicar las referidas actuaciones y urge a las autoridades responsables a que se sometan al imperio de la ley, sean garantes de la observancia del debido proceso y del respeto a los derechos de libertad, intimidad y privacidad. Dicha Recomendación General concluyó con siete recomendaciones, tendentes a fortalecer el marco normativo aplicable, brindar seguridad jurídica a las y los gobernados, capacitar y evaluar periódicamente a los policías y fuerzas armadas, así como difundir a la población el derecho fundamental a la inviolabilidad del domicilio y los requisitos constitucionales para realizar una orden de cateo.

Por tanto, la iniciativa que ponemos a la consideración del Senado de la República tiene por objeto establecer reformas a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, a las leyes de responsabilidades de los servidores públicos y a la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, para homologar estos ordenamientos a la reforma constitucional, en los casos en que las autoridades y las y los funcionarios públicos que no acepten o cumplan una recomendación de la CNDH, ésta pueda dar vista a la Cámara de Senadores o en sus recesos a la Comisión Permanente a fin de que las Comisiones respectivas citen a los funcionarios o a las autoridades responsables con el objeto de que expliquen las razones de su conducta o justifiquen su negativa;

Por lo antes expuesto, someto a la consideración de esta Soberanía la siguiente:

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA LEY ORGANICA DE LA ADMINISTRACION PUBLICA FEDERAL; LA LEY FEDERAL DE RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PUBLICOS; LA LEY FEDERAL DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DE LOS SERVIDORES PUBLICOS Y LA LEY DE LA COMISION NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS.

ARTICULO PRIMERO. Se adiciona un artículo 50 bis a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, para quedar como sigue:

ARTICULO 50 BIS. En los casos en que los funcionarios de la Administración Pública Federal, Centralizada o Paraestatal no acepten o cumplan una recomendación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, ésta podrá dar vista a la Cámara de Senadores o en sus recesos a la Comisión Permanente a fin de que las Comisiones respectivas citen a los funcionarios o a las autoridades responsables con el objeto de que expliquen las razones de su conducta o justifiquen su negativa;

ARTICULO SEGUNDO. Se reforma la fracción XXIdel artículo 47 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, para quedar como sigue:

Artículo 47. Todo servidor público tendrá las siguientes obligaciones, para salvaguardar la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que deben ser observadas en el desempeño de su empleo, cargo o comisión, y cuyo incumplimiento dará lugar al procedimiento y a las sanciones que correspondan, sin perjuicio de sus derechos laborales, así como de las normas específicas que al respecto rijan en el servicio de las fuerzas armadas:

I a XX…

XXI.- Proporcionar en forma oportuna y veraz, toda la información y datos solicitados por la institución a la que legalmente le competa la vigilancia y defensa de los derechos humanos, a efecto de que aquélla pueda cumplir con las facultades y atribuciones que le correspondan. Para los efectos de no aceptar una recomendación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos deberán fundar, motivar y hacer pública su negativa.

ARTICULO TERCERO. Se reforma la fracción XIX del artículo 8º de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, para quedar como sigue:

Artículo 8º. Todo servidor público tendrá las siguientes obligaciones:

I a XVIII…

XIX: Proporcionar en forma oportuna y veraz, toda la información y datos solicitados por la institución a la que legalmente le competa la vigilancia y defensa de los derechos humanos. En el cumplimiento de esta obligación, además, el servidor público deberá permitir, sin demora, el acceso a los recintos o instalaciones, expedientes o documentos que la institución de referencia considere necesario revisar para el eficaz desempeño de sus atribuciones y corroborar, también el contenido de los informes y datos que se le hubieren proporcionado. Para los efectos de no aceptar una recomendación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos deberán fundar, motivar y hacer pública su negativa.

ARTICULO CUARTO. Se reforma la Fracción V del artículo 6º de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos para quedar como sigue:

ARTICULO 6o. La Comisión Nacional tendrá las siguientes atribuciones:

I a IV…

V. Conocer y decidir en última instancia las inconformidades por omisiones en que incurran los organismos de derechos humanos a que se refiere la fracción anterior, y por insuficiencia en el cumplimiento de las recomendaciones de éstos por parte de las autoridades locales, en los términos señalados por esta ley. En los casos en que las autoridades no acepten o cumplan una recomendación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, ésta podrá dar vista a la Cámara de Senadores o en sus recesos a la Comisión Permanente a fin de que las Comisiones respectivas citen a los funcionarios o a las autoridades responsables con el objeto de que expliquen las razones de su conducta o justifiquen su negativa;

VI a XXV…

ARTICULO TRANSITORIO

UNICO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Salón de sesiones de la Cámara de Senadores, a 13 de noviembre de 2012.

Sen. Angélica de la Peña Gómez”.

Señor Presidente, quiero que me permita brevemente también incluir la siguiente iniciativa que tengo apuntada para que curse, como la que acabo de presentar, hacia el estudio y eventual dictamen de la Comisión de Derechos Humanos. Si me permite, señor Presidente.

PRESIDENCIA DEL C. SENADOR
JOSE ROSAS AISPURO TORRES

- El C. Presidente José Rosas Aispuro Torres: Sí, adelante, Senadora Angélica de la Peña.

1 Informe de Actividades de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos del 1 de enero al 31 de diciembre de 2011.






INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETOPOR EL QUE SE ADICIONA EL ARTICULO 98 BIS A LA LEY ORGANICA DEL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

(Presentada por la C. Senadora Angélica de la Peña Gómez, del grupo parlamentario del PRD)

- La C. Senadora Angélica de la Peña Gómez: Muchas gracias.

La siguiente iniciativa que pongo a su consideración refiere a una adición al artículo 98 Bis de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

También está relacionada a la omisión que por desgracia mantienen ya como una norma ordinaria muchas dependencias de la administración pública respecto de no tomar en consideración las recomendaciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

En este sentido, el artículo 98 Bis, que estamos integrando, diría lo siguiente.

98 Bis.-

1.- Para las competencias de los servidores públicos a los que hace referencia el segundo párrafo del Apartado B del artículo 102 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se estará a lo siguiente.

2.- Una vez que ingrese al lugar destinado para sesionar el servidor público compareciente, la Presidenta o el Presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Senado procederá a tomarle protesta correspondiente de decir verdad y le hará saber las responsabilidades de los servidores públicos que incurran en falsedad.

3.- Posteriormente la Presidenta o Presidente de la Comisión de Derechos Humanos le otorgará el uso de la voz para que exponga de manera fundada y motivada su negativa para no dar cumplimiento a la recomendación que le emitió la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

4.- Posteriormente hará uso de la palabra un legislador por cada uno de los grupos parlamentarios representados en la comisión. Estas intervenciones se realizarán en orden creciente, en razón del número de legisladores y legisladoras de cada grupo parlamentario y cada una de ellas no excederá de diez minutos.

5.- En el caso de que existan cuestionamientos o interpelaciones al servidor público o compareciente, él o la Presidente de la Comisión le preguntará si desea responder a la misma en ese momento o al final de su intervención.

6.- A continuación las o los legisladores podrán formular sus preguntas de manera directa al servidor público o compareciente. Al final de cada una de ellas, el servidor público citado hará uso de la palabra para dar respuesta a cada una de ellas.

7.- Una vez finalizados los cuestionamientos el o la servidora pública compareciente emitirá un mensaje final, acto seguido la Presidenta o el Presidente de la Comisión hará uso de la palabra para un mensaje final sobre el tema al que fue citado el servidor público.

Es cuanto. Muchas gracias por su atención y reitero que por favor sean publicadas textualmente en Diario de Debates y también, por favor, que sean turnadas a la Comisión de Derechos Humanos.

Gracias.

Iniciativa

“La suscrita, ANGELICA DE LA PEÑA GOMEZ, Senadora de la República a la LXII Legislatura e integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en los artículos 71, fracción II, 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y los artículos 8 numeral 1, fracción I y 164 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración del Pleno de esta Soberanía la siguienteal tenor de la siguiente: INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA EL ARTICULO 98 BIS A LA LEY ORGANICA DEL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, al tenor de la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

El 10 de junio de 2011 se publica en el Diario Oficial de la Federación la reforma constitucional en materia de derechos humanos. Dicha reforma establece en el apartado B del artículo 102 constitucional, la obligación de todo servidor público de responder las recomendaciones que les emita la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y, en caso de no aceptarlas o cumplirlas, pueda fundar y motivar sus razones, así como hacer pública su negativa.

Es decir, la reforma dota a la Cámara de Senadores y, en sus recesos a la Comisión Permanente, de facultades de control para hacer comparecer a los servidores públicos en caso de negativa en el cumplimiento de una recomendación emitida por la CNDH, ello con la finalidad de citara los funcionarios con el objeto de que expliquen las razones de su conducta o justificar su omisión.

Se trata de una reforma fundamental para el debido cumplimiento de las recomendaciones que emite el ombudsman, ya que lamentablemente que desde su creación, es evidente que quienes han sido sujetos o señalados como responsables de una recomendación de la CNDH responden con conductas omisas, evasiva e incluso irresponsables.

En ocasiones las autoridades aceptan formalmente la recomendación del organismo defensor de los derechos humanos, pero no cumplen en los puntos relativos de iniciar los procedimientos administrativos de sanción o de denuncias correspondientes ante el ministerio público.

Lo mismo sucede con las autoridades encargadas de rendir informes, aceptar medidas cautelares, aportar pruebas, acudir a reuniones conciliatorias.

Se ha llegado al extremo de algunos servidores públicos que ante las recomendaciones reaccionan con descalificaciones al organismo.

Si bien es cierto que las recomendaciones que emite la CNDH carecen de efectos vinculatorios, también lo es que la fuerza de las mismas deriva de la vigencia del estado de derecho y de lo que establece la propia Constitución así como del respaldo social que conlleve.

Por tanto, la iniciativa que ponemos a consideración de esta Soberanía propone regular en la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, el procedimiento que mandata la reforma constitucional en materia de derechos humanos para el caso de hacer comparecer a los servidores públicos que en el caso de incumplimiento de una recomendación de la CNDH.

Se trata de garantizar a los servidores públicos su garantía de audiencia, para que puedan fundar, motivar y hacer pública su negativa ante la Comisión de Derechos Humanos del Senado de la República, o en sus recesos ante la comisión Permanente, como lo mandata la Constitución.

Por lo antes expuesto, someto a la consideración de esta Soberanía la siguiente:

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA EL ARTICULO 98 BIS A LA LEY ORGANICA DEL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.

UNICO. Se adiciona el artículo 98 Bis a la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, para Quedar como sigue:

Artículo 98 Bis.

1. Para las comparecencias de los servidores públicos a los que hace referencia el segundo párrafo del aparatado B del artículo 102 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se estará a lo siguiente:

2. Una vez que ingrese al lugar destinado para sesionar el Servidor Público compareciente, la Presidenta o el Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Senado procederá a tomarle protesta correspondiente de decir verdad y le hará saber las responsabilidades de los servidores públicos que incurran en falsedad.

3. Posteriormente la Presidenta o el Presidente de la Comisión de Derechos Humanos le otorgará el uso de la voz para que exponga de manera fundada y motivada su negativa para no dar cumplimiento a la recomendación que le emitió la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

4. Posteriormente hará uso de la palabra un legislador por cada uno de los Grupos Parlamentarios representados en la Comisión. Estas intervenciones se realizarán en orden creciente, en razón del número de legisladores de cada Grupo Parlamentario y cada una de ellas no excederá de diez minutos.

5. En el caso de que existan cuestionamientos o interpelaciones al servidor público compareciente, el Presidente de la Comisión le preguntará si desea responder a la misma en ese momento o al final de su intervención.

6. A continuación los legisladores podrán formular sus preguntas de manera directa al servidor público compareciente. Al final de cada una de ellas, el servidor público citado hará uso de la palabra para dar respuesta a cada una de ellas.

7. Una vez finalizados los cuestionamientos el servidor público compareciente emitirá un mensaje final, acto seguido la Presidenta o el Presidente de la Comisión hará uso de la palabra para un mensaje final sobre el tema para el que fue citado servidor público.

ARTICULO TRANSITORIO

UNICO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Salón de sesiones de la Cámara de Senadores, a 13 de noviembre de 2012.

Sen. Angélica de la Peña Gómez”.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, Senadora de la Peña Gómez. Túrnese la primera de las iniciativas, a las Comisiones Unidas de Gobernación; y de Estudios Legislativos, Segunda, con opinión de la de Derechos Humanos; y la segunda, túrnese a las Comisiones Unidas de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias; y de Estudios Legislativos.

Se le concede el uso de la palabra al Senador Raúl Gracia Guzmán, del grupo parlamentario del PAN, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto que reforma los artículos 304 y 310 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales y el artículo 21 Bis de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.






INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETOQUE REFORMA LOS ARTICULOS 304 Y 310 DEL CODIGO FEDERAL DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES Y EL ARTICULO 21 BIS DE LA LEY GENERAL DEL SISTEMA DE MEDIOS DE IMPUGNACION EN MATERIA ELECTORAL

(Presentada por el C. Senador Raúl Gracia Guzmán, del grupo parlamentario del PAN)

- El C. Senador Raúl Gracia Guzmán: Con la venia de la Presidencia.

Vengo a presentar una iniciativa de los artículos 304 y 310 del Código Penal de Instituciones y Procedimientos Electorales, así como el artículo 21 Bis de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.

Como sabemos, después de la elección de 2006, donde el margen de diferencia entre la elección presidencial, primero y segundo lugar, fue de 1 por ciento, se hizo una reforma para garantizar el recuento total en las elecciones que tuvieran una diferencia menor a este 1 por ciento.

En 2009, la primera vez que se implementó esta reforma fue elección intermedia y únicamente se eligieron Diputados federales, los cuales se computan en un solo evento en el cómputo distrital y la norma aplicable no tuvo mayor problema.

Pero llegamos a 2012, y como bien sabemos, los cómputos de Senadores y de Presidente de la República se hacen por etapas, se hacen en un acto complejo, iniciando en los cómputos distritales.

Y es aquí donde la reforma posterior a la elección de 2006 fue incompleta o fue equívoca.

¿Por qué? Porque no se establece la posibilidad del recuento total de elección de Senadores o de Presidente de la República cuando la diferencia sea menor al 1 por ciento en su totalidad.

Sí hay una incongruencia y un absurdo de que cuando en esas elecciones un cómputo distrital tenga una diferencia menor al 1 por ciento, aunque el cómputo global de elección estatal o nacional sea muy superior, sí se hace este recuento, lo cual a todas luces es inoperante, inocuo y estéril.

Es en ese sentido que en las elecciones de 2012, donde en Senadores hubo una diferencia en 1 por ciento, se llegó al litigio.

Y en el caso que me trae a esta tribuna, la Sala Regional, en una interpretación armónica, estableció que se daba el recuento total por esta diferencia menor al 1 por ciento, pero la Sala Superior se fue a la arbitrariedad de la norma y estableció que no se daba esta posibilidad.

Es por eso que es menester para evitar una gran tragedia nacional, si en 2018, o en subsecuentes elecciones presidenciales se da una diferencia del 1 por ciento, que no vayamos a caer en la situación absurda de que no se pudiese dar un recuento total en una elección donde haya menos de 1 por ciento de diferencia por una mala redacción del legislador al COFIPE.

Es por eso que propongo se modifiquen estos artículos a efecto de que en todos aquellos casos que la elección presidencial a nivel nacional o la de Senadores a nivel estatal tenga una diferencia menor al 1 por ciento, en primero y segundo lugar, se dé este recuento que fue el objetivo inicial de la reforma posterior a 2006.

Muchas gracias.

Iniciativa

“SEN. ERNESTO CORDERO ARROYO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
DE LA H. CAMARA DE SENADORES
PRESENTE.

El suscrito, RAUL GRACIA GUZMAN, Senador de la República, del Partido Acción Nacional, a la LXII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 71 fracción II, 72 y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y artículos 8 numeral 1 fracción I, 164, 165 y 169 del Reglamento del Senado de la República, someto a consideración del Pleno de esta Soberanía la siguiente: iniciativa de reforma del COdigo Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, en su artIculo 304 y 310, asI como a la Ley General del Sistema de Medios de ImpugnaciOn en Materia Electoral en su artIculo 21 Bis, bajo la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

EL RECUENTO TOTAL O PARCIAL DE VOTOS EN LA LEGISLACION FEDERAL.

El sistema político-electoral nacional se enriquece con las experiencias que se suscitan en ocasión de cada proceso electoral, de esta suerte, derivado de la elección presidencial del año 2006, se realizaron en el año 2008 diversas reformas en materia electoral, y entre otras, se regularon los recuentos totales o parciales de votos en tratándose de las elecciones de Diputados por el principio de mayoría, al H. Congreso de la Unión.

En este sentido, el recuento de votos es la actividad que realizan los órganos administrativos o jurisdiccionales electorales, de volver a contar el número de votos emitidos en una elección o en determinadas casillas, en la etapa de actos posteriores de la jornada electoral. Luego entonces, en esta tesitura, el recuento total es respecto el universo que integran los votos de una elección determinada, mientras que el recuento parcial es sobre una parte de dicho universo.

En este sentido, el cuerpo legislativo aprobó la adecuación al Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, que en lo que interesa, su texto es el siguiente:

“Artículo 293

1. El cómputo distrital de una elección es la suma que realiza el Consejo Distrital, de los resultados anotados en las actas de escrutinio y cómputo de las casillas en un distrito electoral.

Artículo 295

1. El cómputo distrital de la votación para diputados se sujetará al procedimiento siguiente:

[…]

2. Cuando exista indicio de que la diferencia entre el candidato presunto ganador de la elección en el distrito y el que haya obtenido el segundo lugar en votación es igual o menor a un punto porcentual, y al inicio de la sesión exista petición expresa del representante del partido que postuló al segundo de los candidatos antes señalados, el Consejo Distrital deberá realizar el recuento de votos en la totalidad de las casillas. Para estos efectos se considerará indicio suficiente la presentación ante el Consejo de la sumatoria de resultados por partido consignados en la copia de las actas de escrutinio y cómputo de casilla de todo el distrito.

3. Si al término del cómputo se establece que la diferencia entre el candidato presuntamente ganador y el ubicado en segundo lugar es igual o menor a un punto porcentual, y existe la petición expresa a que se refiere el párrafo anterior, el Consejo Distrital deberá proceder a realizar el recuento de votos en la totalidad de las casillas. En todo caso, se excluirán del procedimiento anterior las casillas que ya hubiesen sido objeto de recuento.

4. Conforme a lo establecido en los dos párrafos inmediatos anteriores, para realizar el recuento total de votos respecto de una elección determinada, el Consejo Distrital dispondrá lo necesario para que sea realizado sin obstaculizar el escrutinio y cómputo de las demás elecciones y concluya antes del domingo siguiente al de la jornada electoral. Para tales efectos, el presidente del Consejo Distrital dará aviso inmediato al secretario ejecutivo del Instituto; ordenará la creación de grupos de trabajo integrados por los consejeros electorales, los representantes de los partidos y los vocales, que los presidirán. Los grupos realizarán su tarea en forma simultánea dividiendo entre ellos en forma proporcional los paquetes que cada uno tendrá bajo su responsabilidad. Los partidos políticos tendrán derecho a nombrar a un representante en cada grupo, con su respectivo suplente.

[…]

De esta forma, cuando en la elección de Diputados se presente una diferencia igual o menor al uno por ciento de la votación entre los dos primeros lugares de una elección de diputados federales de mayoría relativa, basta que al inicio de la sesión correspondiente, exista petición expresa del representante del partido que postuló al candidato que esté en segundo lugar, para que el Consejo Distrital realice el recuento de votos en la totalidad de las casillas, lo que, en la mencionada elección, constituye un recuento total de la votación de la elección, toda vez que el universo de esa elección se constriñe a un Distrito Electoral, y eso permite dilucidar las dudas atinentes y otorgar certidumbre respecto al resultado.

Por otra parte, para las elecciones de Senadores y Presidente de la República, se dispone lo siguiente:

Artículo 297

1. El cómputo distrital de la votación para senador se sujetará al procedimiento siguiente:

a) Se harán las operaciones señaladas en los incisos a) al e) y h) del párrafo 1 del artículo 295 de este Código;

b) Acto seguido, se procederá a extraer los expedientes de las casillas especiales relativos a la elección de senador y se realizarán las operaciones referidas en el inciso anterior;

c) El cómputo distrital de la elección de senadores por el principio de mayoría relativa será el resultado de sumar las cifras obtenidas según los dos incisos anteriores y se asentará en el acta correspondiente a esta elección;

d) Es aplicable al cómputo distrital de la elección de senadores por el principio de mayoría relativa lo establecido en los párrafos 2 al 9 del artículo 295 de este Código;

e) El cómputo distrital de la elección de senadores por el principio de representación proporcional, será el resultado de sumar las cifras obtenidas según los incisos a) y b) anteriores, y se asentará en el acta correspondiente a la elección de representación proporcional; y

f) En el acta circunstanciada de la sesión se harán constar los resultados del cómputo y los incidentes que ocurrieren durante la misma.

Artículo 298

1. El cómputo distrital de la votación para Presidente de los Estados Unidos Mexicanos se sujetará al procedimiento siguiente:

a) Se harán las operaciones señaladas en los incisos a) al e) y h) del párrafo 1 del artículo 295 de este Código;

b) Acto seguido, se procederá a extraer los expedientes de las casillas especiales relativos a la elección de presidente y se realizarán las operaciones referidas en el inciso anterior;

c) Se sumarán los resultados obtenidos según los dos incisos anteriores;

d) El cómputo distrital de la elección de Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, será el resultado de sumar a los resultados obtenidos según el inciso anterior, los consignados en el acta distrital de cómputo de los votos emitidos en el extranjero, a que se refieren los artículos 334 y 335 de este Código. El resultado así obtenido se asentará en el acta correspondiente a esta elección;

e) Es aplicable al cómputo distrital de la elección de Presidente de los Estados Unidos Mexicanos lo establecido en los párrafos 2 al 9 del artículo 295 de este Código; y

f) Se harán constar en el acta circunstanciada de la sesión los resultados del cómputo y los incidentes que ocurrieren durante la misma.

De la lectura de los artículos transcritos se observa que por método legislativo, para las elecciones de Senadores y Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, las disposiciones relativas al recuento de votos son las que expresamente se consignaron para la elección de Diputados.

Así las cosas, si sólo se atiende al sentido de la letra que regula el recuento en el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, se concluye que dichas disposiciones únicamente se refieren al cómputo distrital y a la elección en el distrito, y ello es entendible, porque se encuentran dentro del marco que versa sobre las elecciones de Diputados (Capítulo tercero “De los cómputos distritales y de la declaración de validez de la elección de diputados de mayoría relativa”); sin embargo, al existir remisión de las disposiciones de recuento de votos en las elecciones de Senadores y Presidente a las de Diputados, se cae en la cuenta que el ámbito del recuento se circunscribe al distrito, es decir, a una parte del todo que integra una elección de Senadores o de Presidente y por ende, en la realidad sólo se prevé el recuento parcial en tratándose de estas últimas elecciones, a diferencia de las elecciones de Diputados que tienen la garantía de un recuento total, y a diferencia de las normas que rigen para las elecciones en las entidades federativas, en que expresamente se estableció en el inciso “l” de la fracción “IV” del artículo 116 de la Carta Magna, que“l) Se establezca un sistema de medios de impugnación para que todos los actos y resoluciones electorales se sujeten invariablemente al principio de legalidad. Igualmente, que se señalen los supuestos y las reglas para la realización, en los ámbitos administrativo y jurisdiccional, de recuentos totales o parciales de votación;”.

Así las cosas, se considera conveniente aplicar un mismo criterio para todas las elecciones, en virtud de la congruencia que debe imperar, y que se traduce en el principio de que donde subsiste una misma razón, debe prevalecer una misma disposición.

RECUENTO TOTAL EN LAS ELECCIONES DE PRESIDENTE DE LA REPUBLICA Y SENADORES POR EL PRINCIPIO DE MAYORIA.

De lo apuntado, ha quedado demostrado que la regulación actual respecto arecuentos en las elecciones es distinta para la de Diputados, respecto de la de Presidente de la República y Senadores, evidenciándose una violación al principio de congruencia que debe regir en el sistema democrático de nuestra Nación.

Efectivamente, en las elecciones de Presidente de la República y Senadores no se contempla la garantía de recuento total de la votación que permita tener certeza sobre el resultado de la elección, como sucede en las elecciones de Diputados, denotando un trato diferenciado en elecciones en las que rigen los mismos principios democráticos y constitucionales.

Luego, si en la actualidad el recuento de votación para la elección Presidencial, así como para la de Senadores, se circunscribe a los del tipo “parcial”, sin que sea posible sustraer de la letra de la ley un escenario en que, en atención al sistema previsto para las elecciones de Diputados, sea factible un recuento total en tales elecciones, lo pertinente es reformar el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales a fin de que sea congruente con el sistema adoptado tanto a nivel estatal, para todas las elecciones, como a nivel federal respecto a las elecciones de Diputados.

Así las cosas, en la especie se propone modificar sustancialmenteel capítulo Cuarto intitulado “De los cómputos de entidad federativa de la elección de senadores por ambos principios y de la declaración de validez de la elección de senadores por el principio de mayoría relativa”, del Título cuarto denominado “De los actos posteriores a la elección y los resultados electorales”, contenido en el Libro quinto relativo “Del proceso electoral”; a fin de que, al margen de la regulación de los recuentos parciales, se contemple el mecanismo para hacer una realidad el recuento total en la elección de Senadores por el principio de mayoría, como ya sucede para las elecciones de Diputados.

Asimismo, se propone reformar el contenido del artículo 310 del Código, relativo a la sesión pública en la cual se informa del resultado de la sumatoria de los resultados consignados en dichas actas, por partido y candidato, a fin de que se contemple la figura del recuento total de la votación.

De esta manera, con la reforma propuesta, se pretende adoptar el principio de certidumbre y certeza que rige en la materia electoral, al universo que integra la votación en la elección Presidencial y de Senadores, facultando a los órganos administrativos y jurisdiccionales electorales para materializar el mandato constitucional, y ser garantes del voto popular.

Además, con la iniciativa que me permito poner a su consideración, se harán congruentes los principios que rigen en las elecciones tanto para Diputados como Senadores y Presidente de la República, y de esta suerte los actores de las elecciones tendrán certidumbre respecto a las reglas que norman el recuento de votos y se les garantizará la certeza de los resultados totales en cada elección.

Por lo expuesto y fundado,someto a consideración de esta Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, el siguiente Decreto de reforma al Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales:

DECRETO QUE REFORMA LOS ARTICULOS 304 Y 310 DEL CODIGO FEDERAL DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES, PARA QUEDAR COMO SIGUE: (Respecto al 304, se adiciona un segundo y tercer párrafo al inciso “a”, y se modifica el contenido del inciso “b”; En cuanto al 310 se adiciona el contenido bajo el número “2”).

“Artículo 304

1. El cómputo de entidad federativa es el procedimiento por el cual cada uno de los consejos locales determina, mediante la suma de los resultados anotados en las actas de cómputo distrital de la elección de senadores por el principio de mayoría relativa, la votación obtenida en esta elección en la entidad federativa. Este cómputo se sujetará a las reglas siguientes:

a) Se tomará nota de los resultados que consten en cada una de las actas de cómputo distrital;

Cuando la sumatoria de los resultados de cómputo distrital arroje una diferencia igual o menor a un punto porcentual, entre la fórmula de candidatos presuntos ganadores de la elección y la que haya obtenido el segundo lugar en votación, y al inicio de la sesión exista petición expresa del representante de la entidad que postuló a la segunda fórmula de candidatos antes señalados, el Consejo local, sin demora alguna, ordenará a los Consejos Distritales que procedan a realizar el recuento de votos en la totalidad de las casillas de todos los distritos que integren la elección correspondiente. En todo caso, se excluirán del procedimiento anterior las casillas que ya hubiesen sido objeto de recuento, y se seguirá, en lo pertinente, el procedimiento contemplado en los números 4 al 9 del artículo 295 de este Código.

En caso de que se hubiere ordenado el recuento total aludido en el párrafo que antecede, el presidente del Consejo local, suspenderá la sesión hasta en tanto se obtengan los resultados del recuento solicitado, para que, una vez que se tengan en su totalidad, convoque a los interesados a fin de que dentro del plazo de doce horas se reanude la sesión de mérito.

b) La suma de esos resultados, o en su caso la del recuento total, constituirá el cómputo de entidad federativa de la elección de senador;

[…] ”

“Artículo 310

1. El domingo siguiente al de la jornada electoral, el secretario ejecutivo del Consejo General, con base en la copia certificada de las actas de cómputo distrital de la elección para Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, informará al Consejo, en sesión pública, el resultado de la sumatoria de los resultados consignados en dichas actas, por partido y candidato. Lo anterior, sin perjuicio de las facultades constitucionales y legales del Tribunal Electoral.

2. Cuando la sumatoria de los resultados de cómputo distrital arroje una diferencia igual o menor a un punto porcentual, entre el candidato presunto ganador de la elección y el que haya obtenido el segundo lugar en votación, y al inicio de la sesión informativa exista petición expresa del representante de la entidad que postuló al candidato que obtuvo el segundo lugar antes señalado, el Consejo General, sin demora alguna, ordenará a los Consejos Distritales que procedan a realizar el recuento de votos en la totalidad de las casillas de todos los distritos que integren la elección correspondiente. En todo caso, se excluirán del procedimiento anterior las casillas que ya hubiesen sido objeto de recuento, y se seguirá, en lo pertinente, el procedimiento contemplado en los números 4 al 9 del artículo 295 de este Código.

En caso de que se hubiere ordenado el recuento total aludido en el párrafo que antecede, el presidente del Consejo General, suspenderá la sesión hasta en tanto se obtengan los resultados del recuento solicitado, para que, una vez que se tengan en su totalidad, convoque a los interesados a fin de que dentro del plazo de doce horas se reanude la sesión de mérito.

TRANSITORIOS

PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

SEGUNDO.- Se derogan las disposiciones que se opongan al presente Decreto”.

DECRETO QUE REFORMA EL ARTICULO 21 BIS DE LA Ley General del Sistema de Medios de ImpugnaciOn en Materia Electoral, PARA QUEDAR COMO SIGUE:

(Se reforma el contenido del inciso “a)” del número “1”).

“Artículo 21 Bis

1. El incidente sobre la pretensión de nuevo escrutinio y cómputo en las elecciones federales o locales de que conozcan las Salas del Tribunal Electoral solamente procederá cuando:

a) El nuevo escrutinio y cómputo solicitado no haya sido desahogado, sin causa justificada, en la sesión de cómputo correspondiente en los términos de lo dispuesto por el artículo 295, párrafo 2 y demás correlativos del Capítulo Tercero del Título Cuarto del Libro Quintocomo los previstos en los artículos 304 y 310,del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.

….”

TRANSITORIOS

PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

SEGUNDO.- Se derogan las disposiciones que se opongan al presente Decreto”.

Dado en el salón de sesiones del Palacio Legislativo, sede del Honorable Senado de la República Mexicana, a 8 de noviembre de 2012.

Atentamente”.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, Senador Raúl Gracia Guzmán. Se turna a las Comisiones Unidas de Gobernación; y de Estudios Legislativos, Segunda.

Se le concede el uso de la palabra a la Senadora Lucero Saldaña Pérez, del grupo parlamentario del PRI, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y al Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.






INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETOPOR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES A LA LEY GENERAL DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA Y AL CODIGO FEDERAL DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES

(Presentada por la C. Senadora María Lucero Saldaña Pérez, del grupo parlamentario del PRI)

- La C. Senadora Lucero Saldaña Pérez: Muchas gracias, señor Presidente. Compañeras y compañeros Senadores:

Este mes es un mes que se conmemora el Día Internacional contra la Violencia hacia las Mujeres. Hablar de violencia y política es algo novedoso en un concepto que hoy vengo a proponer.

Inicio con algunas palabras de la Directora Ejecutiva de la ONU Mujeres, Michelle Bachelet: “Expandir los procesos de empoderamiento de las mujeres y su mayor presencia en la esfera política es, sin temor a equivocarme, la demanda más avanzada en términos de construcción de ciudadanía, de derechos humanos y de igualdad”.

El derecho de las mujeres a vivir una vida libre de violencia y sin discriminación, ha estado ya establecido en los tratados internacionales y también en el marco legal nacional.

Hay que destacar que para la legislación en materia de género es imprescindible remitirnos siempre a la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra la Mujer, mejor conocida como la “Convención Belém Do Pará”, esta convención ha sido ratificada por nuestro país desde la década de los 90´s.

Asimismo, el vigor de este instrumento es que tiene un carácter jurídicamente vinculante, representa una acción concertada para eliminar la violencia contra las mujeres basada en su género y condena todas las formas de violencia perpetradas incluso por el Estado o sus agentes, además de fomentar el conocimiento y la observancia del derecho a esta vida libre de violencia.

El Estado mexicano ha avanzado también en la consecución de dicho instrumento internacional, reconociendo, como en cualquier otra materia de derechos humanos, el principio de contar con leyes progresivas y no violatorias a los derechos humanos de las mujeres.

México también ha ratificado la Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación en contra de las Mujeres, mayor conocida por sus siglas en inglés como CEDAW, y ha adecuado su marco jurídico con la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres.

Es importante señalar que en nuestro país, la presencia de las mujeres en las estructuras de poder y toma de decisiones ha ido en incremento en los últimos años. Sin embargo, este incremento ha sido lento en lo que refiere a los gobiernos y en sus tres órdenes de gobierno, principalmente a nivel local.

Al respecto, el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales establece desde el 2008 que las listas de candidaturas integren al menos el 40%. No todas las entidades federativas han hecho la armonización, 11 mantienen todavía el 30/70%, y sólo 9 han elevado en sus listas de plurinominales a un 50/50%.

Aunque la legislación mexicana ha ido incorporando paulatinamente estas medidas, vemos que en los congresos locales de 2011 se tiene una participación de un 23%. Vemos también que un 6.8% de presidentas municipales representa el mayor déficit de la democracia genérica.

A medida que aumenta la incursión de las mujeres en la política, incrementa también el riesgo de que sean víctimas de distintas formas de violencia, dado a que su presencia pareciera un desafío y transgresión que obliga a la redistribución del poder.

Este tipo de violencia puede ser físico, patrimonial, psicológico, sexual, económico, que son ya tipos reglamentados en la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia; y las modalidades están en el ámbito familiar, laboral y docente, la comunidad, institucional y la violencia feminicida.

Aquí ha habido legisladoras apoyando esta ley, creando estos tipos y modalidades.

Hoy la propuesta es que haya una modalidad de violencia política de género, y esto significa que reconozcamos que la cultura no debe prevalecer en todos los ambientes. Si ya está en el económico, la reforma contra el acoso, el hostigamiento, en el ámbito político es relevante.

Podemos dar ejemplos de muchos casos recientes, como el de la alcaldesa de Lerdo, Durango, Rosario Castro Lozano, al ser llamada por el Diputado Carlos Aguilera “burra alborotada”.

La Diputada Violeta Dávila, del Congreso de Coahuila, al ser comparada con una “serpiente enroscada de lengua viperina”, por el Diputado Alfredo Habib.

La regidora Margarita del Río, en la reunión del cabildo de Torreón, al ser llamada por el regidor José Elías Gánem “Vieja sesentona”.

Estos son algunos de los ejemplos cotidianos como tantos que están sucediendo día con día.

En tal sentido, hay que destacar que el término de violencia política no se ha utilizado y, por lo tanto, ha sido invisibilizada esta violencia en el ámbito político. Hasta ahora no se reconoce, y mucho menos se realizan las acciones necesarias para prevenir, atender, sancionar y erradicar.

Por eso, además el derecho comparado nos refuerza y nos muestra que existen modelos exitosos en el mundo, uno de ellos, en este sentido, es el que nos encontramos en Bolivia, donde recientemente se publicó la Ley contra el Acoso y Violencia Política hacia las Mujeres, el 28 de mayo de 2012; sin embargo, en el espíritu de la legislación, impulsada en ese país, se refleja la necesidad de tipificarlo porque las mujeres bolivianas eran obligadas a renunciar a sus cargos por directivos de las mismas instituciones, sufrían congelamiento de salario, discriminación, difamación y calumnia.

Trasciende fronteras, y por eso es importante impulsar la defensa y garantía del pleno ejercicio de los derechos políticos de las mujeres sin que su integridad física, dignidad, patrimonio o salud física o emocional, se vean amenazados, comprometidos.

Colocar este tema en la agenda nacional e internacional rumbo a la tipificación de este tipo de delito, es una necesidad para eliminar toda discriminación violenta que pueda realizarse. Documentar los casos de violencia contra las mujeres en el ámbito político sería una acción en consecuencia e impulsar la investigación sobre estos temas.

Es por ello que presento, y a consideración de mis compañeras y compañeros Senadores, una iniciativa con proyecto de Decreto para que se reformen y se adicionen diversas disposiciones a la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y al Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, para que haya en el capítulo de sanciones también su reforma.

Con ello, pues estaríamos dando el mensaje de que en México queremos un ambiente más equitativo, una sociedad que no discrimine y que avance, independientemente del sexo, edad, razón social o cualquier otra condición.

Por sus atenciones y su respaldo, muchas gracias.

(Aplausos)

Iniciativa

“La suscrita, Senadora de la República de la LXII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 8 numeral 1, fracción I, artículo 164 numerales 1 y 2, artículo 169 y demás relativos del Reglamento del Senado de la República, somete a consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones a la LEY GENERAL DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA Y AL CODIGO FEDERAL DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES al tenor de la siguiente:

Exposición de Motivos

El derecho de las mujeres a vivir una vida libre de violencia y no discriminación, ha sido consagrado y establecido a nivel nacional e internacional en diferentes ordenamientos jurídicos. México ha armonizado paulatinamente y desde la perspectiva de género su legislación nacional con los instrumentos internacionales de derechos humanos que ha ratificado.

Hay que destacar que para la legislación en materia de género es imprescindible remitirse a la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra la Mujer, mejor conocida como la “Convención Belém Do Pará” que fue suscrita por México en 1995 y ratificada por el Senado de la República en 1998, entrando en vigor el mismo año. Éste instrumento de carácter jurídicamente vinculante representa una acción concertada para eliminar la violencia contra las mujeres basada en su género y condena todas las formas de violencia perpetradas incluso por el Estado o sus agentes, además de fomentar el conocimiento y la observancia del derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, y el derecho a que se respeten y protejan sus derechos humanos.

El Estado mexicano ha avanzado en la consecución de dicho instrumento internacional, reconociendo como en cualquier otra materia de derechos humanos el principio de contar con leyes progresivas y no violatorias a los derechos humanos de las mujeres.

En este orden de ideas, México también ha ratificado la Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación en Contra de las Mujeres, CEDAW (por sus siglas en inglés),y ha adecuado su marco jurídico con la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres.

Ahora bien, en el contexto del derecho comparado, existen modelos exitosos en el mundo, uno de ellos es el que nos encontramosen Bolivia, donde recientemente se publicó la Ley contra el Acoso y Violencia Política hacia las Mujeres, el 28 de mayo de 2012; sin embargo, en el espíritu de la legislación impulsada en ese país, se refleja la necesidad de tipificarlo porque las mujeres bolivianas eran obligadas a renunciar a sus cargos por directivos de las mismas instituciones, sufrían de congelamiento de salario, discriminación, difamación y calumnia.

Es importante señalar que en México, la presencia de las mujeres en las estructuras de poder y toma de decisiones ha ido en incremento en los últimos años. Sin embargo, este incremento ha sido muy lento en los órdenes de gobierno y en sus tres poderes, particularmentea nivel local.

Al respecto, el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (COFIPE) establece desde el 2008 que las listas de candidaturas integren al menos 40% de candidatos(as) propietarios(as) de un mismo sexo. Sin embargo, en los últimos 3 años, sólo 9 de las 32 entidades elevan ese porcentaje al 50% en candidaturas de Representación Proporcional; 12 adoptan la misma proporción del COFIPE y 11 mantienen la relación 30/70% ó menos.

Aunque la legislación mexicana ha ido incorporando paulatinamente medidas de acción afirmativa para promover el mayor acceso de las mujeres a cargos de elección popular, en el año 2011, el porcentaje promedio de mujeres que ocupaban un lugar en los congresos locales fue de 23.6%. Sólo 8 de las 32 entidades superan el 30% de mujeres en sus Congresos: Oaxaca (35.7%), Tamaulipas, Morelos, Zacatecas y Veracruz (30%); y de los 2440 municipios y 16 delegaciones que existen en el país, únicamente 156 están presididos por una mujer, representando esto el 6.8%1.

A medida que aumenta la incursión de las mujeres en la política incrementa también el riesgo de que sean víctimas de distintas formas de violencia, dado a que su presencia pareciera un desafío y transgresión que obliga a la redistribución del poder.

La violencia que enfrentan las mujeres en la esfera política puede enmarcarse en todos los tipos (Psicológico, Físico, Patrimonial, Económico y Sexual); y modalidades (Familiar, Laboral y Docente, Comunidad, Institucional y Feminicida) contemplados en la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.

Este año el PNUD (Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo) en su estudio “Violencia contra las Mujeres en el ejercicio de sus derechos políticos”, señala que la violencia contra las mujeres en el ámbito político puede enmarcarse en todos estos tipos y modalidades de violencia, ya sea la violencia institucional dentro de sus partidos, la violencia económica al desviar o limitar los recursos para sus campañas y capacitación, o bien, la violencia sexual mediante el hostigamiento y el acoso sexual.

Este tipo de violencia tiene múltiples expresiones, como para precandidatas y candidatas; legisladoras y autoridades municipales electas, tanto en el ámbito personal, en el trato discriminatorio en los medios de comunicación, hasta poner en tela de juicio la vida personal, conducta sexual y apariencia física, presentándose como difamación, burlas, calumnias, desprestigio, intimidación, amenazas, simulación de elecciones para eludir la cuota y/o ocultamiento de información.

En tal sentido hay que destacar que el término de Violencia Política no se ha utilizado y por lo tanto, ha sido invisibilizada hasta ahora, no se reconoce y mucho menos se realizan las acciones necesarias para prevenirla, atenderla, sancionarla y erradicarla, motivo por el cuales momento de defendernuestros derechos políticos electorales, donde las mujeres conozcamos y representemos a la población en todas las instituciones públicas, además de establecer nuestros derechos en los instrumentos jurídicos del país.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de ésta Soberanía la siguiente iniciativa con:

PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES A LA LEY GENERAL DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA Y AL CODIGO FEDERAL DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES.

ARTICULO PRIMERO.- Se reforma el Título II Capítulo V, en su artículo 21, y el actual Capítulo V pase a ser VI, el actual artículo 21 pase a ser 22 y así subsecuentemente con el resto del articulado;se adiciona el actual el artículo 48 del Título III, Capítulo III en su Sección Octava fracción VIII,pasando ésta a ser la IX y así subsecuentemente con el resto de las fracciones, todos de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, para quedar como sigue:

TITULO II

MODALIDADES DE VIOLENCIA

CAPITULO V

Artículo 21.- Violencia Política.- Son las acciones y/o conductas agresivas cometidas por una o varias personas, por sí o a través de terceros, que causen daño físico, psicológico o sexual en contra de una mujer o de varias mujeres y/o de sus familias, en ejercicio de la representación política, para impedir, restringir el ejercicio de su cargo o inducirla a tomar decisiones en contra de su voluntad y/o de la ley.

Son actos de violencia política hacia las mujeres aquellos que:

a) Impongan por estereotipos de género, la realización de actividades y tareas ajenas a las funciones y atribuciones de su cargo.

b) Asignen responsabilidades que tengan como resultado la limitación del ejercicio de la función político - pública.

c) Proporcionen a las mujeres candidatas o autoridades electas o designadas información falsa, errada o imprecisa que induzca al inadecuado ejercicio de sus funciones político - públicas.

d) Eviten por cualquier medio que las mujeres electas, titulares o suplentes, o designadas a una función pública, asistan a las sesiones ordinarias o extraordinarias o a cualquier otra actividad que implique la toma de decisiones, impidiendo o suprimiendo el derecho a voz y voto en igualdad de condición que los hombres.

e) Proporcionen a los Institutos Electorales datos falsos o información incompleta de la identidad o sexo de la persona candidata.

f) Impidan o restrinjan su reincorporación al cargo cuando hagan uso de una licencia justificada.

g) Restrinjan el uso de la palabra, en las sesiones u otras reuniones y su participación en comisiones, comités y otras instancias inherentes a su cargo, conforme a la reglamentación establecida.

h) Restrinjan o impidan el uso de las acciones constitucionales y legales para proteger sus derechos frente a los actos o eviten el cumplimiento de las Resoluciones correspondientes.

i) Impongan sanciones injustificadas, impidiendo o restringiendo el ejercicio de sus derechos políticos.

j) Apliquen sanciones pecuniarias, descuentos arbitrarios e ilegales y/o retención de salarios.

k) Discriminen por razones de sexo, color, edad, orientación sexual, cultura, origen, idioma, credo religioso, ideología, afiliación política o filosófica, estado civil, condición económica, social o de salud, profesión, ocupación u oficio, grado de instrucción, condición de discapacidad, procedencia, apariencia física, vestimenta, apellido u otras que tendrán por objeto o resultado anular o menoscabar el reconocimiento o ejercicio en condiciones de igualdad de derechos humanos y libertades fundamentales reconocidas por Ley.

l) Discriminen a la autoridad electa designada o en el ejercicio de la función político-pública, por encontrarse en estado de embarazo o parto. Impidiendo o negando el ejercicio de su mandato o el goce de sus derechos sociales reconocidos por Ley o los que correspondan.

m) Divulguen o revelen información personal y privada, de las mujeres candidatas, electas, designadas o en el ejercicio de funciones político -públicas, con el objetivo de menoscabar su dignidad como seres humanos y utilizar la misma para obtener contra su voluntad la renuncia y/o licencia al cargo que ejercen o postulan.

n) Divulguen información falsa relativa a las funciones político - público, con el objetivo de desprestigiar su gestión y/o obtener contra su voluntad la renuncia y/o licencia al cargo que ejercen o su postulan.

o) Presionen o induzcan a las autoridades electas o designadas a presentar renuncia al cargo.

p) Obliguen mediante la fuerza o intimidación a las autoridades electas o designadas en el ejercicio de sus funciones político - públicas, suscribir todo tipo de documentos y/o avalar decisiones contrarias a su voluntad, al interés público o general.

Artículo 48.-Corresponde al Instituto Nacional de las Mujeres:

VIII.- Promover la formación de liderazgos políticos femeninos y vigilar el respeto a sus derechos políticos.

ARTICULO SEGUNDO.-Se reforma el inciso j del artículo 342 y el inciso d del artículo 350 delLibro séptimo de los regímenes sancionador electoral y disciplinario interno; Título primero de las faltas electorales y su sanción; Capítulo primero. Sujetos, conductas sancionables y sanciones todos del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales para quedar como sigue:

Libro Séptimo

De los Regímenes Sancionador Electoral y Disciplinario Interno

Título Primero

De las Faltas Electorales y su Sanción

Capítulo Primero

Sujetos, Conductas Sancionables y Sanciones

Artículo 342.-

j) La difusión de propaganda política o electoral que contenga expresiones que denigren a las instituciones y a los propios partidos, o que calumnien a las personas; y/o que realicen actos deviolencia política de género.

Artículo 350.-

d)La manipulación o superposición de la propaganda electoral o los programas de los partidos políticos con el fin de alterar o distorsionar su sentido original o denigrar a las instituciones, a los propios partidos, o para calumniar a los candidatos; y/o incurrir en actos de violencia política de género.

TRANSITORIOS

PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

SEGUNDO.- En un marco de coordinación, las Legislaturas de los Estados, promoverán las reformas necesarias en la legislación local, conforme a las reformas y adiciones aquí realizadas, dentro de un término de ciento ochenta días contados a partir de la entrada en vigor de la presente Ley.

TERCERO.- Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente Decreto.

Salón de sesiones del Senado de la República, a 8 de noviembre de 2012.

Atentamente

Sen. María Lucero Saldaña Pérez”.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, Senadora Saldaña Pérez.

- La C. Senadora Angélica de la Peña Gómez: (Desde su escaño) Señor Presidente.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Sonido en el escaño de la Senadora Angélica de la Peña.

- La C. Senadora Angélica de la Peña Gómez: (Desde su escaño) Senadora Saldaña Pérez, ¿me permite acompañarla en su iniciativa?

- El C. Presidente Aispuro Torres: Senadora Saldaña Pérez, ¿acepta usted la incorporación a su iniciativa de la Senadora Angélica de la Peña?

- La C. Senadora María Lucero Saldaña Pérez: Con todo gusto, y espero que también nuestros compañeros nos apoyen en esta iniciativa.

Gracias.

- El C. Senador Raúl Aarón Pozos Lanz: (Desde su escaño) Señor Presidente.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Sonido en el escaño del Senador Aarón Pozos.

- El C. Senador Raúl Aarón Pozos Lanz: (Desde su escaño) Para adherirme, señor Presidente.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Para lo mismo se inscriben los Senadores Román Rosas, Miguel Angel Chico, Jesús Casillas, pido a la Secretaría que tome nota de quienes deseean suscribirse. Se turna a las Comisiones Unidas de Equidad y Género; y de Estudios Legislativos, Segunda.

Se le concede el uso de la palabra al Senador Daniel Gabriel Avila Ruiz, del grupo parlamentario del PAN, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se adiciona el artículo 53 de la Ley Reglamentaria del Artículo 5o. constitucional, relativo al ejercicio de las profesiones en el Distrito Federal.

1 Fuente: Sistema Nacional de Información Municipal del INAFED, marzo 2012.






INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETOPOR EL QUE SE ADICIONAN LOS PARRAFOS SEGUNDO Y TERCERO AL ARTICULO 53 DE LA LEY REGLAMENTARIA DEL ARTICULO 5O. DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, RELATIVO AL EJERCICIO DE LAS PROFESIONES EN EL DISTRITO FEDERAL

(Presentada por el C. Senador Daniel Gabriel Avila Ruiz, del grupo parlamentario del PAN)

- El C. Senador Daniel Gabriel Avila Ruiz: Con su permiso, señor Presidente; señoras y señores Senadores, muy buenas tardes:

Vengo a presentar una iniciativa para reformar la ley y hacerle frente a una problemática que lamentablemente se ha arraigado, y que lejos de alcanzar su fin, entorpece la preparación y el desarrollo de millones de jóvenes mexicanos. Se trata del servicio social.

De acuerdo con la Real Academia de la Lengua Española, el significado semántico de la frase se refiere al aprovechamiento y utilidad que desde el ámbito social se refiere al servicio socialmente útil y que una persona presta a la comunidad.

En el año de 1945, la ley retoma este espíritu y en el afán de contribuir al desarrollo del país, establece la obligatoriedad del servicio social a cargo de los jóvenes universitarios, definiéndolo como el trabajo de carácter temporal y mediante retribución que ejecuten y presten los profesionistas y estudiantes en interés de la sociedad y el Estado.

Sin embargo, el servicio social tiene otros beneficios fundamentales para el desarrollo de la juventud.

1.- Constituye un vínculo natural de aprendizaje teórico-práctico entre lo que se enseña y aprende en las aulas y entre lo que se enseña y aprende en el campo del trabajo.

El servicio social constituye la ocasión creada para brindar a los jóvenes y futuros profesionistas la oportunidad de poner en práctica los conocimientos que han adquirido en las aulas, pero también de aprender mucho más, y de vincularlos en el desarrollo del ejercicio profesional.

Instituye el momento oportuno para aprender a trabajar y para desarrollar sus conocimientos, sus habilidades y sus aptitudes.

2.- Representa la oportunidad de generar experiencia laboral; requisito importantísimo en el ámbito laboral, que se ha convertido en uno de los principales obstáculos para muchos jóvenes que buscan empleo.

Lamentablemente la experiencia cotidiana nos hace ser testigos de una realidad totalmente diferente.

Vemos con tristeza que en muchos centros de trabajo, sobre todo en instituciones gubernamentales, los prestadores del servicio social realizan actividades ajenas a las que se vinculan con su formación profesional, tales como: archivistas, mensajeros, telefonistas, recepcionistas, entre otras; actividades modestas y muy respetables, que quizá deben formar parte de las actividades de aprendizaje, pero que de ninguna manera deben ser las únicas.

De acuerdo con el Informe Relativo al Diagnóstico del Servicio Social en México, presentado por Julio Rubio Oca, Secretario General Ejecutivo de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, de 1997 al año 2000, se encontró lo siguiente:

Sobre la relación que debe existir entre el programa en que el estudiante ha sido formado durante la carrera y el Programa de Servicio Social en que ha sido inscrito para realizarlo, generalmente hay una relación directa para el 21 por ciento de los casos, en algunas ocasiones es el 48 por ciento y en ninguna el 31 por ciento. Es decir, cerca de una tercera parte de los prestadores del servicio social, en todos los casos, realizan actividades totalmente ajenas a la carrera que estudiaron.

Señoras y señores Senadores, no podemos permitir que siga pasando esto.

Por todas estas razones debemos retomar el tema del servicio social en la ley.

Establecer mecanismos legales que contribuyan a redimensionarlo y garantizar el cumplimiento de sus fines. Para lograrlo, propongo adicionar el artículo 53 de la Ley Reglamentaria del Artículo 5o. constitucional relativo al ejercicio de las profesiones en el Distrito Federal, y generar sinergia entre los congresos estatales, a fin de adecuar sus legislaciones en la materia con los propósitos siguientes:

1.- Institucionalizar como uno de los fines del servicio social la generación de experiencia laboral.

2.- Establecer los mecanismos que garanticen la vinculación entre la formación académica de los prestadores del servicio social y los programas que se le asignen como servicio social.

3.- Establecer una retribución para los prestadores del servicio social que ya está prevista en la ley, que no podrá ser menor al salario mínimo establecido en la Ley Federal del Trabajo.

Estoy seguro que con estas modificaciones redimensionaremos la naturaleza del servicio social, estaremos contribuyendo al establecimiento de las condiciones necesarias para generar mayores oportunidades de empleo de millones de jóvenes mexicanos al mejoramiento de su economía, y en general estaremos ayudando a impulsar de manera eficaz el desarrollo de la juventud mexicana.

Por su atención, muchas gracias.

Iniciativa

“H. ASAMBLEA:

El suscrito, Senador Daniel Gabriel Avila Ruiz, Secretario de la Comisión de Juventud y Deporte, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los artículos 8 numeral I, fracción I, 164 y 169 del Reglamento del Senado de la República, presenta a consideración de esta Soberanía:

Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se adicionan los párrafos segundo y tercero al artículo 53 de la Ley Reglamentaria del Artículo 5°. Constitucional, relativo al ejercicio de las profesiones en el Distrito Federal, con la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

El significado semántico del “servicio social”, de acuerdo con la Real Academia de la Lengua Española proviene del latín servitium y se entiende como acción y efecto de servir; y a su vez servir, del latín servire, que se refiere a aprovechar, ser de utilidad.

En cuanto al significado social, proviene del latín socialis, relativo a la sociedad.

De acuerdo con lo anterior “servicio social” se refiere a una acción de valer, de ser útil con relación a la sociedad.

En la sociedad mexicana el servicio social forma parte importante de su cultura, tal es el caso que institucionalmente está previsto dentro del sistema jurídico que nos rige.

Constitucionalmente el servicio social encuentra sus bases en el artículo 5 de la Ley Suprema que reconoce, en su primer párrafo, el derecho a la libertad de ocupación o trabajo de toda persona, a partir de que “a ninguna persona podrá impedirse que se dedique a la profesión, industria, comercio o trabajo que le acomode...”, pero que también prevé, en el segundo párrafo, que “la Ley determinará en cada Estado, cuáles son las profesiones que necesitan título para su ejercicio, las condiciones que deban llenarse para obtenerlo y las autoridades que han de expedirlo”.

Sobre el particular, la Ley reglamentaria del artículo 5 Constitucional, relativo al ejercicio de las profesiones en el Distrito Federal, contempla en el Capítulo II, las condiciones que deben llenarse para obtener un título profesional; una de esas condiciones, en términos del artículo 9, es “que el interesado acredite haber presentado el servicio social”.

Esta ley retoma la esencia del servicio social al definirlo en el artículo 53 en los siguientes términos:

Artículo 53.- Se entiende por servicio social el trabajo de carácter temporal y mediante retribución que ejecuten y presten los profesionistas y estudiantes en interés de la sociedad y el Estado.

Con base en estas consideraciones se puede concluir que el espíritu del servicio social se encuentra en la retribución de utilidad social que le otorga un futuro profesionista a su comunidad.

Sin embargo, en un análisis más exhaustivo también encontramos beneficios para los prestadores del servicio social, en su mayoría jóvenes universitarios, que deben ser retomados por las leyes a fin de impulsar su desarrollo.

En efecto, el servicio social constituye un vínculo natural de aprendizaje teórico-práctico entre lo que se enseña y aprende en las aulas y entre lo que se enseña y aprende en la práctica profesional, en el campo de trabajo.

El servicio social constituye la ocasión creada para brindar a los jóvenes y futuros profesionistas la oportunidad de poner en práctica los conocimientos que han adquirido en las aulas, pero también de aprender muchos más, y de vincularlos en el desarrollo del ejercicio profesional.

Instituye el momento oportuno de aprender a trabajar y de desarrollar sus conocimientos, habilidades y aptitudes.

Desde otro punto de vista es la oportunidad de generar experiencia laboral; requisito importantísimo en el ámbito laboral, que se ha convertido en uno de los principales obstáculos para muchos jóvenes que buscan oportunidades de empleo.

Por ello, resulta fundamental hacer propios estos fines y garantizar su cumplimiento en todas las áreas donde haya jóvenes prestando su servicio social.

Lamentablemente la experiencia cotidiana nos hace ser testigos de una realidad diferente. Vemos con tristeza que en muchos centros de trabajo, sobre todo en Instituciones gubernamentales, los prestadores del servicio social -principalmente provenientes de Universidades Públicas- realizan actividades de archivistas, mensajeros, telefonistas, recepcionistas, entre otras; actividades modestas y muy respetables que quizá deben formar parte de las actividades que realicen los prestadores del servicio social, pero que de ninguna manera deben ser las únicas.

A pesar de que no existen estadísticas oficiales y exactas sobre esta problemática, es muy común escuchar de los especialistas, en los medios de comunicación, y en las pláticas de jóvenes universitarios esas desafortunadas experiencias.

Por ejemplo, en el informe relativo al diagnóstico del servicio social en México presentado por Julio Rubio Oca, Secretario General Ejecutivo de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES)1, de diciembre de 1997 a noviembre de 2000, destacaron los siguientes resultados:

1. Sobre la relación que debe existir entre el programa en que el estudiante ha sido formado durante la carrera y el programa de servicio social en que ha sido inscrito para realizarlo. El resultado es que, generalmente hay una relación directa para el 21% de los casos, en algunas ocasiones es el 48%, y nunca el 31%. Es decir, cerca de una tercera parte de los prestadores del servicio social realizan actividades totalmente ajenas a la carrera que estudiaron.

De acuerdo con este dato, el documento señala que este es un elemento “de mayor problema en la prestación del servicio social, porque si se piensa en sus propósitos y que a la vez el servicio social debe ser un medio para contribuir: a la formación integral del alumno, a fortalecer sus conocimientos, al desarrollo de sus habilidades y destrezas y para retribuir a la sociedad su conocimiento, y si los programas de servicio social no tienen nada que ver con lo que el alumno sabe, con lo que puede aplicar, entonces, una parte fundamental de la misión, del propósito del servicio social está seriamente trastocado”

2. Sobre la vinculación que debe existir entre la Universidad y el prestador del servicio social, como mecanismo para verificar que el programa del servicio social esté contribuyendo a la formación del estudiante. Se encontró que el 78% de las Instituciones de Educación Superior (IES) asumen que prácticamente carecen de vínculo con el prestador y con las actividades que realiza. Es decir, no se da seguimiento a la formación del estudiante durante el tiempo que realiza su servicio social.

Resulta evidente que esa desvinculación por parte de las Universidades va en detrimento del fin formativo del servicio social.

3. Sobre el valor curricular -o experiencia laboral- que se da al servicio social. El diagnóstico fue que el 77% de las instituciones no otorga valor curricular a las actividades realizadas en materia de servicio social.

Estos resultados evidencian más el desconocimiento de los fines del servicio social, traduciéndose en una total desvinculación entre las instituciones y el espíritu del servicio social; pues es claro que no se considera como experiencia laboral la realización del servicio social.

Otro ejemplo actual lo encontramos en notas periodísticas como la siguiente:

Octubre 12 de 2012. Morelia, Mich., (AIM)2.-A pesar de que los jóvenes que prestan su servicio social en las diferentes dependencias públicas regularmente son utilizados para realizar mandados fuera de su carrera, el gobierno del estado solo cuenta con 36 supervisores para evitar esto.

Amado Contreras Ramírez Secretario Ejecutivo de la Comisión del Servicio Social, Amado Contreras Ramírez reconoció que los jóvenes muchas veces se desilusionan debido a que son enviados para recoger las tortas en lugar de adquirir el aprendizaje y experiencia de la carrera que estudiaron.

Sin embargo, señaló que solo cuentan con 36 supervisores para las 6 regiones, situación que calificó como insuficiente.

Sin embargo, dejó en claro que este proyecto de los supervisores es nuevo por lo que pretenden incrementar el número de personal, para fomentar que los jóvenes se enfoquen a lo que les corresponde.

En lo personal, esa misma historia se repite en muchas de las pláticas que he tenido con jóvenes durante mis visitas a Universidades, y mis recorridos por diversas regiones del país, donde he tenido la oportunidad de platicar con jóvenes. Estas son las razones que me han llevado a promover la presente iniciativa; no debemos permitir que continúe esa situación.

Por todo lo anterior, con la finalidad de establecer mecanismos legales que contribuyan a redimensionar y garantizar los fines del servicio social, particularmente para generar mayores oportunidades de desarrollo de las y los jóvenes, propongo reformar la “Ley Reglamentaria del Artículo 5º. Constitucional, relativo al ejercicio de las profesiones en el Distrito Federal”.

La iniciativa que planteo tiene tres objetivos específicos:

Primero. Institucionalizar como uno de los fines del servicio social la generación de experiencia laboral.

Es de suma relevancia esta modificación para generar una nueva cultura que permita a mediano y largo plazo comprender que el servicio social es el medio formal para incorporar a los jóvenes universitarios en el campo laboral, siendo esta una verdadera experiencia laboral.

Para ello propongo reformar el artículo 53, relativo a los fines del servicio social, adicionando el de la generación de experiencia laboral.

Segundo. Establecer los mecanismos que garanticen la vinculación entre la formación académica de los prestadores del servicio social y los programas que se les asignen como servicio social.

Para ello se adiciona el artículo 53, a fin de establecer la obligación de las autoridades y la sociedad beneficiarios del servicio social, de asignarles a los prestadores, actividades encaminadas a poner en práctica los conocimientos académicos de su disciplina bajo la asesoría y supervisión del ocupante.

Asimismo, se establecen sanciones ante su incumplimiento, pero sobre todo la opción de los prestadores del servicio social para ser reubicados cuando no exista dicha vinculación.

Tercero. Establecer una retribución para los prestadores del servicio social que no podrá ser menor al salario mínimo, de conformidad con la Ley Federal del Trabajo.

Es importante señalar que esta retribución ya está considerada actualmente por la ley, y que su naturaleza es ajena al pago y a una relación laboral, pues se trata de una ayuda para gastos generados con motivo de la prestación del servicio social.

Sin embargo, considerando el rezago económico que en general viven los jóvenes, considerar una ayuda mínima al equivalente del salario mínimo, dará certeza y representa un impulso a los jóvenes que se verá reflejado en el mejoramiento de su economía, pero además los incentiva a realizar de la mejor manera su servicio social. A su vez, fomenta en los beneficiarios del servicio social la cultura de la vinculación de los prestadores del servicio con las actividades de su carrera.

Estoy seguro que con estas modificaciones redimensionaremos la naturaleza del servicio social, y con ello estaremos contribuyendo a la formación integral de millones de jóvenes, al estableciendo las condiciones necesarias para generar mayores oportunidades de empleo, a mejorar su economía, y en general estaremos ayudando a impulsar de manera eficaz el desarrollo de la juventud.

Por todo lo anterior, someto a consideración de esta Honorable Asamblea el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONAN LOS PARRAFOS SEGUNDO Y TERCERO AL ARTICULO 53 DE LA LEY REGLAMENTARIA DEL ARTICULO 5°. CONSTITUCIONAL, RELATIVO AL EJERCICIO DE LAS PROFESIONES EN EL DISTRITO FEDERAL.

Artículo Unico. Se adicionan los párrafos segundo y tercero al artículo 53 de la Ley Reglamentaria del Artículo 5º. Constitucional, relativo al ejercicio de las profesiones en el Distrito Federal,para quedar como sigue:

ARTICULO 53.

El servicio social, además tiene como finalidad generar experiencia laboral. Las autoridades y la sociedad a quien presten su servicio social los profesionistas y estudiantes, tendrán la obligación de asignarles actividades encaminadas a poner en práctica los conocimientos académicos de su disciplina, bajo la asesoría y supervisión del ocupante. Su incumplimiento será motivo de amonestación y rectificación de las actividades encomendadas, quedando facultados los prestadores del servicio social para ser reubicados, previa solicitud.

La retribución del servicio social no podrá ser menor al salario mínimo, de conformidad con la Ley Federal del Trabajo.

TRANSITORIOS

Unico. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Senado de la República, a 13 de noviembre de 2012.

Sen. Daniel Gabriel Avila Ruiz”.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, Senador Daniel Avila Ruiz. Se turna a las Comisiones Unidas de Educación; y de Estudios Legislativos.

1Rubio Oca Julio, Diagnóstico del Servicio Social en México.

http://www.anuies.mx/servicios/d_estrategicos/libros/lib61/4.html

2 Agencia Informativa Michoacana, Marina Martínez, http://aimich.com.mx/portal/jovenes-realizan-su-servicio-social-son-utilizados-para-recoger-las-tortas/

En otro apartado de nuestra agenda del día de hoy, tenemos la discusión de un dictamen de la Comisión Contra la Trata de Personas, con punto de Acuerdo por el que se exhorta al titular del Ejecutivo Federal a emitir a la brevedad el Reglamento de la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia de las Víctimas de estos Delitos.

Solicito a la Secretaría dé lectura al dictamen.






COMISION CONTRA LA TRATA DE PERSONAS

(Dictamen a discusión)

- La C. Secretaria Mendoza Mendoza: Doy lectura al dictamen.



Es todo, señor Presidente.

- El C. Presidente Aispuro Torres: En consecuencia, está a discusión dicho dictamen, y a nombre de la comisión para fijar un posicionamiento, tiene la palabra la Senadora Lucero Saldaña Pérez.

- La C. Senadora María Lucero Saldaña Pérez: Gracias, señor Presidente.

A nombre de la Comisión contra la Trata de Personas y con relación a la propuesta, presentada por su servidora, con punto de Acuerdo para exhortar a trabajar de manera conjunta a las autoridades federales locales y municipales en la lucha contra la trata de personas, y también hacer un exhorto al gobierno federal actual, para que en estos días nos presente el reglamento correspondiente a la ley que fue este año aprobada y que en términos también ya se ha cumplido y no se tiene el reglamento.

Es importante que esta comisión haya votado a favor y hoy presentamos este punto de Acuerdo para que puedan llevarse a cabo los resolutivos aquí mencionados.

La importancia del tema de la trata de personas, en este momento, es el poder tener los recursos suficientes para la prevención, la atención y el combate a la misma.

Podemos hablar de un avance, tener la ley, sabemos que hay aspectos que se pueden modificar, se ha trabajado en algunas asesorías, capacitaciones, pero hay programas que requieren de los recursos.

Y por ello estamos solicitando también a nuestra Colegisladora poder aprobar los recursos necesarios para la prevención y atención en el tema.

Hoy subrayamos como programas que atienden el programa contra la trata de personas de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, el Programa Nacional para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la protección y asistencia a las víctimas de estos delitos previstos en la Ley General en la materia y el Fondo de Protección y Asistencia a las Víctimas de los Delitos en Materia de Trata de Personas establecidos por la Ley General respectiva.

También está en el punto de Acuerdo, que el Senado de la República exhorte a los gobernadores de las entidades Federativas y al Jefe de Gobierno del Distrito Federal, para que en el ámbito de su competencia, impulsen y armonicen en sus legislaciones y marcos legales con lo dispuesto a la propia ley de la materia.

Y como cuarto punto, la Cámara de Senadores exhorta respetuosamente a los congresos de las entidades federativas y a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, para que apruebe todas las reformas legales que se deriven de la armonización del marco jurídico.

Tenemos ya una comisión especial en la que indistintamente de los partidos, estamos con el propósito de avanzar y que se den las medidas suficientes que ya contenga la ley, que se mejore la ley y que los mecanismos sean aplicados.

Con ello, pues le solicitamos la aprobación al punto de Acuerdo que presentó hoy la Comisión Contra la Trata de Personas en el Senado.

Muchas gracias.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, Senadora Lucero Saldaña. En virtud de que no hay más oradores registrados, pido a la Secretaría que consulte a la Asamblea, en votación económica, si es de arpobarse dicho Acuerdo.

- La C. Secretaria Mendoza Mendoza: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba el presente Acuerdo. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar su mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar su mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobado, señor Presidente.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Aprobado el Acuerdo. Comuníquese.

Informo a la Asamblea que las Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión Social; y de Estudios Legislativos, Primera, remitieron a esta Mesa Directiva, un dictamen con proyecto de Decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo






DECRETO QUE REFORMA, ADICIONA Y DEROGA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO

(Dictamen de primera lectura)



Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 75 del Reglamento de este Senado, pido a la Secretaría que consulte a la Asamblea, en votación económica, si es de autorizarse la incorporación de dicho asunto al Orden del Día.

- La C. Secretaria Mendoza Mendoza: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si autoriza que este dictamen se incorpore al Orden del Día. Quienes estén por la afirmativa, favor de manifestarlo levantando su mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de manifestarlo levantando la mano.

(La Asamblea no asiente)

Se autoriza la incorporación al Orden del Día, señor Presidente.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Debido a que el dictamen se encuentra a su disposición en el monitor de su escaño, solicito a la Secretaría que consulte a la Asamblea, en votación económica, si se autoriza que se omita su primera lectura.

- La C. Secretaria Mendoza Mendoza: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si autoriza que se omita la lectura del dictamen. Quienes estén por la afirmativa, favor de manifestarlo levantando la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de manifestarlo levantando su mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se omite la lectura, señor Presidente.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Es de primera lectura.

Consulte ahora la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si autoriza que se dispense la segunda lectura del dictamen y se ponga de inmediato a discusión.

- La C. Secretaria Mendoza Mendoza: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se dispensa la segunda lectura del dictamen. Quienes estén por la afirmativa, favor de manifestarlo levantando su mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de manifestarlo levantando su mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se dispensa la segunda lectura, señor Presidente.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Se dispensa la segunda lectura. En consecuencia, se encuentra a discusión

Para conocimiento de la Asamblea informo lo siguiente:

El proyecto que nos devolvió la Cámara de Diputados se refiere a los 8 artículos que el Senado modificó cuando en su función de Cámara Revisora discutió y votó el proyecto identificado como iniciativa preferente por el Presidente de la República.

Los ocho artículos modificados o adicionados son: el 364 Bis, 365 Bis, 371 fracciones IX y XIII, 373, 388 Bis, 390, 391 Bis y 424 Bis.

En el texto que recibimos de la Cámara de Diputados, los 8 artículos descritos quedan de la siguiente manera:

364 Bis, se acepta la adición del artículo.
365 Bis, se acepta la adición del artículo.
371 fracción IX, se modifica el texto propuesto por el Senado.
371 fracción XIII, se acepta en sus términos.
373, se suprime la parte final del primer párrafo de este artículo.
388 Bis, se elimina este artículo.
390, se elimina este artículo.
391 Bis, se acepta en sus términos.
424 Bis, se acepta en sus términos.

En consecuencia, quedan aprobados por las 2 Cámaras los artículos: 364 Bis, 365 Bis, 391 Bis y 424 Bis.

Corresponde ahora a esta Cámara pronunciarse únicamente por los artículos que fueron modificados en el texto y también tenemos la posibilidad de insistir en adicionar los artículos 388 Bis y 390, es decir, que tendremos que dar resolución a las modificaciones aplicadas a los artículos 371 y 373.

Y podemos también insistir en que se incorporen los artículos 388 Bis y 390 que no están contemplados en el proyecto que nos devolvió la Colegisladora.

Si aprobamos el proyecto en los términos en que lo envía la Colegisladora, estará concluido el proceso legislativo del Decreto y lo remitiremos al Ejecutivo para su promulgación y publicación.

Si no lo aprobamos en los términos estrictos, como se recibió el pasado día 8, e insistimos en las versiones que originalmente esta Cámara aprobó para construir el proyecto, se abrirán 2 escenarios, ambos previstos por el inciso e) del artículo 72 constitucional:

El primero provocará que el proyecto no vuelva a presentarse a discusión, sino hasta el siguiente periodo de sesiones.

El segundo escenario, es que esta Cámara coincida con la Colegisladora en que se remitan al Ejecutivo únicamente los artículos que ya han recibido la votación bicameral, y que con ellos se expida el Decreto de reformas a la Ley Federal del Trabajo, para lo cual se requiere que esta Cámara apruebe el Acuerdo correspondiente.

- El C. Senador Luis Miguel Gerónimo Barbosa Huerta: (Desde su escaño) Pido la palabra, señor Presidente.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Sí, sonido en el escaño del Senador Miguel Barbosa, ¿para qué asunto?

- El C. Senador Luis Miguel Gerónimo Barbosa Huerta: (Desde su escaño) Señor Presidente, primero para definir de manera muy clara el desahogo, acá en el Pleno, de este dictamen, que consistiría, de acuerdo a las reglas generales de como se ha hecho en la presentación por parte de la comisión que emite el dictamen, quien determine seguramente será su Presidente; después el posicionamiento de los grupos parlamentarios, inmediatamente después la discusión en lo general: 5 en contra, 5 a favor, para seguir con el desahogo de las reservas que presentaren los Senadores y Senadoras en ese momento.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Es correcta su apreciación, Senador Barbosa Huerta, así está establecido en el Reglamento y desde luego se hará conforme a ello.

- El C. Senador Luis Miguel Gerónimo Barbosa Huerta: (Desde su escaño) Segundo, señor Presidente, Vicepresidente en funciones de Presidente, el inciso e) del artículo 72 constitucional, la posición del grupo parlamentario del PRD no es el sentido, como acaba usted de dar lectura, es nuestra posición.
La Cámara de Diputados se anticipó en tomar un acuerdo, una votación para el efecto de que se mandara a promulgar y publicar una vez que la Revisora, por segunda ocasión, si es que fuere el caso, insistiere en su posición de la sesión del 23 de octubre.

La redacción, el sentido literal de la interpretación del inciso e) del artículo 72 constitucional es: que primero la Colegisladora, por segunda vez, si insiste en sus posiciones, aquí se tomaría esa votación para que se mandara a promulgar y publicar y para que se enlistara en las siguientes sesiones la discusión sobre los artículos y, en ese momento, enviarlo a la Cámara de Diputados.

Nosotros hemos dicho de manera pública que si no es así, se estaría violentando el procedimiento legislativo que prevé el artículo 72 constitucional.

Más allá de cómo haya ocurrido en otros antecedentes ¡eh!, porque los antecedentes no anulan las disposiciones que claramente establece el artículo 72 constitucional y, por tanto, lo digo de manera muy clara, si no es así, nuestro grupo parlamentario interpondrá amparo en contra del procedimiento legislativo, que aquí estoy viendo, pretende desahogarse.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Es correcta su apreciación, Senador Miguel Barbosa.

En su momento se habrá de someter a esta Asamblea el procedimiento que establece precisamente el artículo 72 de nuestra Constitución, y si es aprobado por esta Soberanía se remitirá a la Cámara de Diputados, a la Colegisladora, para que ella pueda, en su momento, tomar la decisión que corresponda.

(Aplausos)

- El C. Senador Arturo Zamora Jiménez: (Desde su escaño) Pido la palabra, señor Presidente.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Sonido en el escaño del Senador Arturo Zamora.

- El C. Senador Arturo Zamora Jiménez: (Desde su escaño) Gracias, señor Presidente.

Sólo para precisar que el trámite que ha dictado la Mesa Directiva hace unos momentos es muy claro en torno a las disposiciones del artículo 72 constitucional.

Nosotros estamos actuando ya como Cámara Revisora en segunda vuelta, y por tanto no podemos, en un momento dado, desechar esto o modificarlo, porque se corre el riesgo, como ya lo apuntó la Mesa Directiva, de que este tema se tenga que reservar para que se vuelva a presentar en el siguiente periodo de sesiones.

Luego entonces, nosotros estamos de acuerdo con la manifestación de voluntad que hacen los señores de la Cámara de Diputados en el sentido de que lo que envían a esta Cámara Revisora, lo aprobado por ambas Cámaras, sea lo que en todo caso se remita al titular del Poder Ejecutivo para sus efectos correspondientes.

Sin duda alguna, la Cámara de Diputados está actuando de acuerdo a lo que dispone la Constitución General de la República en el artículo 72, en el inciso e), sin duda alguna, por supuesto que los señores legisladores tendrán derechos de promover acciones en su momento, y nosotros estaremos respetando en todo momento el trámite que ha dictado la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores.

Y por cierto, también está sujeto a una determinación final, que es el Acuerdo del Pleno de esta Cámara de Senadores.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Con todo gusto, Senador Arturo Zamora.

Vamos a desahogar este tema conforme lo señala el propio artículo 72 y, en su momento, una vez que se tenga que tomar ese Acuerdo, si hay necesidad se retoma el Acuerdo parlamentario que se había decidido originalmente, pero una vez que desahoguemos todo el procedimiento que señala el propio artículo 72…

- El C. Senador Luis Miguel Gerónimo Barbosa Huerta: (Desde su escaño) Pido la palabra, señor Presidente.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Sonido en el escaño del Senador Miguel Barbosa.

- El C. Senador Luis Miguel Gerónimo Barbosa Huerta: (Desde su escaño) Sí, señor Presidente.

Comparto con usted que primero lleguemos al momento y después desahoguemos el punto.

Pero, sólo para mejor proveer y para que nos sirva a todos, dar opiniones más cercanas al contenido del artículo constitucional, pediría que disponga que una de las Secretarias de la Mesa Directiva dé lectura al artículo 72, y así habremos entendido el sentido de ese dispositivo.

- El C. Presidente Aispuro Torres: En virtud de la petición que hace el Senador Miguel Barbosa, pido a la Secretaría que dé lectura al artículo 72, inciso e) constitucional, únicamente para el conocimiento del Pleno e inmediatamente iniciaríamos la discusión, tal y como lo señala la Constitución y el propio Reglamento.

- La C. Secretaria Merodio Reza: “Artículo 72.-

e) Si un proyecto de ley o Decreto fuese desechado en parte, o modificado, o adicionado por la Cámara Revisora, la nueva discusión de la Cámara de su Origen versará únicamente sobre lo desechado o sobre las reformas o adiciones, sin poder alterarse en manera alguna los artículos aprobados. Si las adiciones o reformas hechas por la Cámara Revisora fuesen aprobadas por la mayoría absoluta de los votos presentes en la Cámara de su Origen, se pasará todo el proyecto al Ejecutivo, para los efectos de la fracción a). Si las adiciones o reformas hechas por la Cámara Revisora fueren reprobadas por la mayoría de votos en la Cámara de su Origen, volverán a aquélla para que tome en consideración las razones de ésta, y si por mayoría absoluta de votos presentes se desecharen en esta segunda revisión dichas adiciones o reformas, el proyecto, en lo que haya sido aprobado por ambas Cámaras, se pasará al Ejecutivo para los efectos de la fracción a). Si la Cámara Revisora insistiere, por la mayoría absoluta de votos presentes, en dichas adiciones o reformas, todo el proyecto no volverá a presentarse sino hasta el siguiente periodo de sesiones, a no ser que ambas Cámaras acuerden, por la mayoría absoluta de sus miembros presentes, que se expida la ley o Decreto sólo con los artículos aprobados, y que se reserven los adicionados o reformados para su examen y votación en las sesiones siguientes”.

Es cuanto, señor Presidente.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, señora Secretaria.

Una vez aclarado esto, pido a la Asamblea que estemos atentos al desahogo de lo que señala nuestro Reglamento en la discusión de este dictamen que ha presentado la Comisión de Trabajo y Previsión Social y la Comisión de Estudios Legislativos, Primera.

Por lo tanto, se le concede el uso de la palabra al Senador Ernesto Gándara Camou, Presidente de la Comisión de Trabajo y Previsión Social, para presentar el dictamen, hasta por diez minutos.

(Aplausos)

- El C. Senador Ernesto Gándara Camou: Con su venia, señor Presidente; Honorable Asamblea, compañeras Senadoras y Senadores:

Acudo a esta tribuna para fundamentar el dictamen de las Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión Social; y de Estudios Legislativos, Primera, a la minuta que nos fue remitida por la Cámara de Diputados, en materia de Reforma Laboral.

Como todos recordamos, hace poco más de 20 días, en esta misma Soberanía, dimos un paso fundamental para aprobar importantes reformas a la Ley Federal del Trabajo.

Hoy, frente a los ojos de todo el país, estamos ante esta posibilidad de dar un paso definitivo en este sentido.
El tema no es menor. Como se mencionó en aquella ocasión, la Ley Federal del Trabajo vigente hasta 1970 respondió, en su momento, a la realidad nacional de aquellos años.

Desde entonces, el mundo ha evolucionado con tanta velocidad y a tal grado que las necesidades de nuestros trabajadores y empleadores se han visto rebasadas por las dinámicas propias del siglo XXI.

Por lo anterior, resulta de suma trascendencia que estamos encontrando los acuerdos necesarios para dotar al mercado laboral nacional, con las herramientas y los instrumentos necesarios para potenciar su funcionamiento.

El día de hoy, estamos más cerca que nunca de alcanzar este cometido. La Comisión de Trabajo y Previsión Social, que me honra presidir, a lo largo de todo este proceso legislativo, ha cumplido a cabalidad con su responsabilidad de analizar y valorar el contenido de esta importante reforma.

Desde un principio nos dimos a la tarea de estudiar detalladamente cada una de las disposiciones propuestas, a sabiendas de que no hay reformas perfectas, pero que sí hay leyes perfectibles.

Convocamos, como todos ustedes recuerdan, a todos los sectores involucrados, obreros, empresarios, académicos, autoridades laborales, sociedad civil, y lo hicimos, desde luego, con la convicción de que éste es un tema tan complejo que se debe de privilegiar una noción de equilibrio entre los factores de la producción, buscando soluciones siempre incrementables, oportunas y eficaces.

Después del intenso proceso deliberativo que ha caracterizado el diálogo sostenido entre ambas Cámaras del Honorable Congreso de la Unión, se puede concluir que el dictamen que hoy presentamos ante este Pleno, es producto de la apertura, de la civilidad y, desde luego, del acuerdo político.

La parte medular de la reforma, que ha recibido el consentimiento bicameral, constituye y fortalece el marco jurídico laboral para fomentar la productividad, incrementar la competitividad, incentivar la generación de empleos y potenciar el crecimiento económico.

Ahora bien, de manera particular, el dictamen que hoy habremos de discutir y votar, centra su atención en los artículos que, como Cámara Revisora, modificamos durante la etapa legislativa previa del proyecto del Decreto que nos ocupa.

Estos artículos, como se explicó en su momento, versan sobre los temas de transparencia, democracia y rendición de cuentas en las organizaciones sindicales.

Al respecto, debemos ratificar, primeramente, que los integrantes de las comisiones dictaminadoras estamos absolutamente convencidos de esta transparencia, de la democracia y la rendición de cuentas.

En el ámbito sindical, desde un primer momento, asumimos como premisa la defensa de la transparencia, de la democracia y en beneficio de los trabajadores, pero siempre de la mano y del respeto de la autonomía sindical y del resguardo de la autoridad laboral.

En la Cámara de Diputados, el ánimo de diálogo y de civilidad privilegió el consenso y permitió encontrar una nueva y mejor redacción, que desde luego se trataron estos tres temas.

De esta manera, en lo que se refiere a los temas de transparencia sindical y democracia, hubo avances sustanciales y fundamentales en el que deberán contener el procedimiento de los estatutos las dirigencias, resguardando el libre ejercicio del voto y empleando las modalidades de votación directa y secreta, o de votación indirecta y secreta.

 En cuanto a la rendición de cuenta sindical, se ha fijado que los sindicatos deberán establecer instancias y procedimientos internos que aseguren la resolución de controversias entre los agremiados, con motivo del patrimonio sindical, así como periodos de presentación de cuentas para dar a conocer a los trabajadores los ingresos de cuotas sindicales y su destino.
No quiero dejar pasar la oportunidad de expresar mi más sincero reconocimiento a todas las Senadoras y Senadores que integramos las Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión Social; y de Estudios Legislativos, Primera, porque se ha realizado un trabajo profesional, de altura, digno de la investidura que nos ha conferido la ciudadanía.

Mi agradecimiento a todos los integrantes de las distintas fuerzas políticas que, sin formar parte propiamente de las comisiones dictaminadoras, nos acompañaron durante nuestras largas sesiones de trabajo y que enriquecieron los comentarios del debate que, ante todo, debe de prevalecer en un órgano colegiado, como en el que tenemos el privilegio de conformar.

Compañeras y compañeros Senadores, todos hemos recibido de la ciudadanía el mandato de ponernos de acuerdo para impulsar las reformas que México necesita para salir adelante, esta es, sin lugar a dudas, una de las reformas que más requiere nuestro país para insertarse en la agenda del crecimiento económico y del desarrollo.

Por lo tanto, es nuestra obligación, como legisladores, estar abiertos y receptivos a la pluralidad de todas las visiones que caracteriza la sociedad a la que representamos.

No me cabe la menor duda que nadie de nosotros, por sí solos, tenemos la verdad completa, pero sí estoy seguro y cierto que todos juntos podremos construir grandes verdades, grandes acuerdos derivados muchas veces de las distintas visiones que tenemos, sí, pero que con todo y nuestras diferencias, éstas se pueden traducir, se pueden convertir en integración de nuevas ideas y en soluciones viables.

Hoy, compañeras Senadoras y Senadores, estoy seguro que vamos a concluir una etapa muy importante para la vida nacional, pero también sabemos que hay que continuar y seguir adelante en los temas de productividad y de mejoramiento del nivel de vida de los trabajadores, que esto sea un ejemplo y un precedente de civilidad, de respeto, de responsabilidad y compromiso con los mexicanos, pero sobre todo, que esto sea para bien de lo que más queremos; lo que más queremos todos son a nuestros hijos y un mejor futuro para las próximas generaciones; estas próximas generaciones nos van a reclamar o nos van a reconocer si supimos estar a la altura de los tiempos, a la altura del siglo XXI y a la altura de las necesidades y el futuro de nuestros propios hijos.

Muchas gracias.

(Aplausos)

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, Senador Ernesto Gándara Camou, Presidente de la Comisión de Trabajo y Previsión Social.

Se le concede el uso de la palabra al Senador Raúl Gracia Guzmán, Presidente de la Comisión de Estudios Legislativos, Primera, para presentar el dictamen, hasta por diez minutos.

- El C. Senador Raúl Gracia Guzmán: Con la venia de la Presidencia; Honorable Asamblea:

Primero, agradecerle a la Comisión de Trabajo y Previsión Social, a la Comisión de Estudios Legislativos, al Presidente de la Comisión de Trabajo y Previsión Social, al Senador Ernesto Gándara, como bien lo dijo, se trabajó con armonía, con civilidad, con prudencia y viendo lo mejor para México desde cada una de nuestras perspectivas.

La Reforma Laboral que este país requiere y ha requerido por tantos años está muy cerca; el debate que hoy nos trae se centra y limita a los cuatro artículos pendientes de la misma, que son el 371, 373, 368 Bis y 390; aquellos dos referidos a las garantías de democracia sindical, y estos últimos a plantear mecanismos que transparenten y garanticen la legitimidad de la titularidad de los contratos colectivos.

En este segundo caso, la Cámara de Origen los eliminó por completo en relación a lo aprobado por esta Cámara Revisora, por lo que insistir en nada perjudica porque el “cero” ya lo tenemos, lo que se logre es positivo.
Lo mismo no acontece en el caso de los artículos 371 y 373, en función de que aunque la Colegisladora no aceptó la redacción en esta Cámara avalada, no los eliminó completamente, sólo los modificó, es por lo anterior que aun y cuando hay coincidencias en que es positivo el agregar el mecanismo de elección indirecta, esta figura en un “numeral” ideal pudo haber sido incorporada sin modificar sustancialmente la redacción del numeral 371 como lo proponíamos originalmente por esta Cámara de Senadores, pero esto no aconteció.

Lo que nos lleva a la disyuntiva de allanarnos en la redacción propuesta por los Diputados, consistía en nuestra redacción solo agregando la modalidad indirecta de votación, aunque este segundo planteamiento es atractivo, ello nos llevaría al punto contrario del objetivo que se busca, que es garantizar legalmente la secrecía en la elección de dirigentes sindicales, puesto que al encontrarnos en la etapa final del proceso legislativo, regulado por el artículo 72 constitucional, al insistir en nuestra redacción dejaríamos vigente en ese apartado la actual redacción, que no contempla estas garantías de secrecía, por lo que aun señalando que la redacción de la Colegisladora de la mejor técnica legislativa, es un avance en cuanto mantiene la secrecía del voto en la elección de dirigentes sindicales, y es por eso que dejando constancia que esta es la intención del legislador, como una fuente de interpretación auténtica en la exposición de motivos, es que estas comisiones unidas proponen admitir las modificaciones de la Colegisladora, en lo tocante a los artículos 371 y 373 de la Ley Federal del Trabajo, a favor de la democracia sindical y el voto libre y secreto.

En cuanto a los dispositivos 378 y 390, la comisión no tiene propuesta, en función de que se suscitó un empate, por lo que este Pleno deberá analizar, debatir y definir el rumbo a seguir, ya sea insistir o allanarnos.

Estamos ante un gran logro, por fin después de décadas de tener esta asignatura pendiente, lograr la Reforma Laboral de este país. Yo congratulo a esta Asamblea de este logro y ojalá que para lograr las reformas estructurales en otras materias que este país requiere no necesitemos más de iniciativas preferentes.

Muchas gracias.

(Aplausos)

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, Senador Raúl Gracia Guzmán, Presidente de la Comisión de Estudios Legislativos, Primera.

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 197 de nuestro Reglamento, procederemos a los posicionamientos de los grupos parlamentarios, en orden creciente y por un término de hasta diez minutos por cada uno de los grupos parlamentarios, tal y como lo señala el propio artículo 199 del Reglamento de este Senado.

En consecuencia, se le concede el uso de la palabra al Senador Manuel Bartlett Díaz, del grupo parlamentario del PT, para hablar en contra del dictamen.

- El C. Senador Manuel Bartlett Díaz: Con su venia, señor Presidente; señores Senadores y señoras Senadoras:

Acudo a esta tribuna para presentar el posicionamiento de nuestra fracción del Partido del Trabajo. Obviamente tendremos que insistir en una serie de temas que ya hemos planteado, el proyecto que se está presentando con las modificaciones y lo que se regresó y vuelve a aparecer aquí es un proyecto claramente patronal, no es un proyecto que haya sido discutido por las partes de la nación mexicana y, por tanto, al ser una imposición un proyecto estrictamente patronal, rompe con el principio constitucional de equilibrio entre los factores de la producción.

Esto es evidente, no es una afirmación parcial nuestra, ya aquí el Presidente de la Comisión de Trabajo y Previsión Social explicó esa apertura que felicito se haya dado, en la que participaron el sector privado, los abogados que lo defendían y líderes obreros de todos los partidos, y les recuerdo, todos los representantes y trabajadores están y estuvieron en contra de esta iniciativa preferente.
No es una invención, el sector del trabajo, sus dirigentes se expresaron aquí en este Senado en contra de esta iniciativa, incluso algunos dirigentes obreros que aquí están en el Partido Revolucionario Institucional manifestaron públicamente que se trataba de una iniciativa contraria a los intereses de los trabajadores. Se ha roto el pacto social con esta presentación a favor del sector patronal y en contra de la justicia social.

Hay que volver a insistir que este mecanismo llamado iniciativa preferente, es una clara violación a la soberanía de este Congreso.

El haber aceptado en la legislatura anterior que se diera este mecanismo que permite al Ejecutivo obligar al Congreso de la Unión a analizar en 30 días las iniciativas que él considere adecuadas, es violar la capacidad y la soberanía del Senado.

Presentaremos en breve una iniciativa para echar abajo esa reforma constitucional que debería ser aprobada por todos ustedes, porque es muy claro lo que ha ocurrido.

Aquí se ha hablado y se maneja mucho en los medios, que es una maravilla que se logre el que una legislación que ha estado vigente durante 47 años, se dice, hasta ahora se modifique, lo cual no es un defecto de esa legislación, sino que habrá que entender que fue el éxito de una reforma, que quienes conocen la historia del derecho del trabajo en este país saben que hubo una negociación de un periodo largo en el que participaron gentes del más alto nivel en el sector laboral y maestros de la Universidad y tratadistas de lo más reconocido a nivel mundial, como el profesor emérito de la UNAM, Mario de la Cueva.

Ahora, en 30 días hemos tenido que desahogar esa reforma que rompe toda esta estructura y genera un claro dominio y una hegemonía del sector patronal.

Yo quisiera hacer un llamado a los Senadores y Senadoras a partir de esta experiencia nefasta, porque estoy seguro que aquí la inmensa mayoría de los Diputados y de los Senadores no saben lo que se está aprobando. Y lo podríamos discutir con toda claridad, la inmensa mayoría de los Senadores y Senadoras no saben lo que se ha aprobado, ni siquiera estuvieron presentes en esas sesiones de la Comisión del Trabajo en donde los trabajadores se opusieron, y no solamente por la cuestión de la democracia sindical y esto, sino porque están en contra de la reforma neoliberal que va a permitir toda clase de fechorías contra los trabajadores.

Lo hemos dicho, lo hemos señalado, no es posible y es si acaso una disculpa a quienes no saben lo que van a votar hoy, que insisto son la gran mayoría, verdad, no se puede en 30 días analizar lo que era necesario analizar. Esta iniciativa preferente es una de las reformas estructurales impuestas por el Banco Mundial que los sectores económicos trasnacionales insisten e imponen en todo el mundo.

Y con esa presión han logrado en América Latina, y ahí están los estudios publicados de la OIT, en ningún país de América Latina han logrado lo que dicen las falacias de que esta iniciativa va a lograr empleo para los jóvenes, el acceso de miles de trabajadores al empleo formal. En ningún país de América Latina lo han logrado.

Y es, repito, estudios clarísimos en la OIT que ni ustedes ni nadie tuvo el tiempo para leer. Solamente quienes tenemos la experiencia de años sabemos que esta iniciativa, que esta reforma estructural va a hacerle un enorme daño a los trabajadores de este país y a la población en general desprotegida.

Les platico así rápidamente.

Esta idea de flexibilizar, como le llaman, los contratos de trabajo, el darles una serie de oportunidades para hacer contratos a corto plazo, para tareas determinadas, el permitir el contratar por horas, todo eso es en beneficio de los empresarios, el despido gratuito casi, cómo puede aceptarse que lo que se está aprobando, lo que se va a aprobar, porque lo sabemos, establezca que los trabajadores no tendrán derecho más que a un año de salarios caídos, porque era necesario, como lo pidió Gurría, ahora al servicio de los intereses trasnacionales; o lo pidió Casterns abiertamente, “necesitamos, dice, que haya facilidad para el despido”.
Facilidad para el despido, abaratamiento del despido, el contrato por horas. Todo eso nos va a traer pobreza.

En Europa, en los países que han buscado mantenerse en esa locura neoliberal, en este empobrecimiento ordenado por los grandes intereses económicos globales; en Europa, en algunos países, se logra la flexibilidad en donde hay competitividad real, se logra la flexibilidad, pero siempre apoyada por la seguridad social.

En ningún país en donde haya tenido el menor asomo de resultados positivos, se ha hecho este despropósito, esta liberación, esta pérdida de derechos de los trabajadores sin un apoyo social, le llaman flexi-seguridad.

Aquí lo que se hace en aras de esa competencia, se lanza a los trabajadores al despido, a la pérdida de derechos, a la pobreza, como lo dijeron muchos de los trabajadores líderes que vinieron aquí, “nos están mandando a la pobreza”.

Eso es lo que va a resultar de esta reforma verdaderamente contraria a los más elementales principios de justicia social. Grave atentado contra la sociedad mexicana.

Se degrada el empleo, lo hemos visto. Se genera esta pobreza a la que me refiero.

¿Qué competitividad vamos a tener en este país, por favor?

¿Qué competitividad con una población muerta de hambre?

¿Qué competitividad con más de la mitad de la población en pobreza reconocida por las instituciones nacionales?

¿Qué competitividad es?

Lo único que van a lograr es acabar con el mercado interno.

Sí van a abatir, como ya está la explicación y de la experiencia en toda América Latina, van a acabar con la seguridad social, ¡eh!, porque esos contratos cortos no van a permitir sostener a la seguridad social. Vamos a tener realmente un empobrecimiento del país cuando ya tenemos más de la mitad de la población en pobreza.

¿Es esto una reforma?

Ese es un atentado contra la justicia social en nuestro país, competitividad en la pobreza.

Vamos a ser más competitivos que los chinos, los salarios van a ser más bajos que en los lugares más bajos del mundo. Y los únicos que se van a beneficiar van a ser los empresarios que vinieron aquí con la soberbia que les caracteriza a exigir que se aprobara. Bueno, hasta algunos panistas se enojaron que sus mentores del sector privado los regañaran para que se aprobara rápidamente esta reforma.

Nadie podrá ocultar que es una imposición de Calderón asociado con Peña Nieto.

Nadie lo puede ocultar porque lo han dicho públicamente, lo dijeron en la Comisión del Trabajo, dijeron: “Peña Nieto dice que es una reforma que hay que sacar. Hay que sacarla”.

Bueno, hay que señalar, ese es el propósito. Este ataque a los trabajadores de este país. Este empobrecimiento de la nación mexicana, estos son daños que están ordenados por Enrique Peña Nieto. Vamos a señalarlo con todos sus nombres, asociado, claro, con el que ya se va, que le hizo el favor de hacer a última hora esto que no hizo en el curso de los seis años que le tocaron.

Esperamos que la población mexicana reaccione, que los trabajadores reaccionen, señores dirigentes, que reclamen la justicia social. En España están ardiendo huelgas nacionales, en toda Europa, aquí las va haber, aquí las debe de haber.
Esperemos que la justicia social la impongan los trabajadores con la fuerza social, con la justicia que deben de representar, para vergüenza de quienes apoyan los dictados de una clase que se ha enriquecido sin límite en este país para vergüenza de quienes voten este despropósito ordenado por Enrique Peña Nieto.

Muchas gracias, señor Presidente.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, Senador Manuel Bartlett Díaz.

Se le concede el uso de la palabra al Senador Carlos Alberto Puente Salas, del grupo parlamentario del PVEM, para hablar en pro del dictamen.

- El C. Senador Carlos Alberto Puente Salas: Con la venia de la Presidencia; compañeras y compañeros Senadores:

El día de hoy, el Congreso de la Unión dará un paso histórico en el fortalecimiento y modernización del andamiaje institucional y legal en materia laboral, con la aprobación de la minuta con proyecto de Decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo, demostraremos con hechos que somos capaces de superar nuestras diferencias y de construir acuerdos democráticos en beneficio de México y de su gente.

Nuestro voto será a favor, desterrará la añeja práctica legislativa de posponer la discusión de los grandes temas nacionales y eliminará prejuicios que nos han impedido avanzar unidos; pero más importante aún, con la aprobación de la reforma en materia laboral, que tuvo como origen la iniciativa en materia preferente presentada por el titular del Poder Ejecutivo Federal, sentaremos las bases de nuevos equilibrios entre los factores de la producción que nos permitirán impulsar el desarrollo del país y expandir los derechos de las trabajadoras y los trabajadores mexicanos.

Estamos convencidos que a través de ella, propiciaremos mejores condiciones para promover la generación de empleos bien remunerados, incrementar la productividad y la competitividad, combatir la informalidad que crece a ritmos acelerados y alcanzar un mayor bienestar social que es uno de los objetivos centrales de todo gobierno verdaderamente democrático.

Por otra parte, la reforma que hoy aprobaremos representa un avance significativo en materia de democracia, transparencia y rendición de cuentas sindicales. Cualquiera que revise la ley vigente y la compare con las adiciones y modificaciones a los artículos 364 Bis, 365 Bis, 371, 373, 391 Bis y 424 Bis de la Ley Federal del Trabajo, contenidos en la minuta, podrá constatar de manera fehaciente que la ampliación de los derechos en las materias señaladas es de gran magnitud e importancia.

Basta señalar que a partir de lo dispuesto en el artículo 364 Bis, los procedimientos de registro de las organizaciones sindicales deberán observar los principios de legalidad, certeza, gratuidad, inmediatez, imparcialidad y respeto a la libertad, autonomía, equidad y democracia sindical.

Además, de conformidad con el artículo 365 Bis, la Secretaría de Trabajo y Previsión Social y las juntas locales de conciliación y arbitraje deberán hacer pública la información de los registros sindicales, incluyendo el texto de los estatutos.

Por otro lado, a raíz de la inclusión del artículo 391 Bis a la ley, las juntas harán pública la información de los contratos colectivos de trabajo que se encuentren depositados en ellas. Más aún, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 424 Bis, las juntas de conciliación y arbitraje harán pública, para consulta de cualquier persona, la información de los reglamentos interiores de trabajo que se encuentren depositados ante las mismas.

Asimismo, las juntas deberán expedir copias de dichos documentos en términos de lo dispuesto por la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y de las leyes en materia del ámbito local.
En el caso del artículo 371, la redacción enviada por la Cámara de Diputados garantiza plenamente el libre ejercicio del voto de los trabajadores, tanto de forma directa como indirecta; pero sin dañar, y hay que dejarlo claro, la autonomía de las organizaciones sindicales.

Finalmente, gracias a las modificaciones del artículo 373 de la Ley Federal del Trabajo, la mesa directiva de los sindicatos estará obligada a rendir cuenta completa y detallada de la administración del patrimonio sindical, cuando menos cada seis meses.

En el mismo artículo se establece que en todo momento el trabajador tendrá derecho a solicitar la información correspondiente y que contará con instancias y procedimientos internos para cualquier violación de ese derecho. Sin duda, todas estas modificaciones a la Ley Federal del Trabajo, en conjunto con las reformas constitucionales en materia de derechos humanos publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 10 de junio de 2011, que incorporan a nuestro sistema jurídico el llamado principio pro homine, y obligan a todas nuestras unidades jurisdiccionales a ejercer el llamado control difuso de convencionalidad en la materia, ampliarán el núcleo de derechos laborales en nuestro país y fortalecerán el lazo indisoluble que existe entre estos, nuestro texto constitucional y los tratados internacionales de los que México, al día de hoy, es Parte.

Hacemos votos para que la capacidad de generar acuerdos que ha demostrado el Congreso de la Unión en el caso de esta reforma laboral, así como en el caso de las reformas a la Ley General de Contabilidad Gubernamental, se convierta en una constante del trabajo legislativo.

México necesita y requiere que el Senado de la República esté a la altura de sus desafíos, el grupo parlamentario del Partido Verde sabremos responder con hechos a la confianza que nos otorgaron los ciudadanos.

Es cuanto, señor Presidente.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, Senador Carlos Alberto Puente Salas.

Se le concede el uso de la palabra a la Senadora Alejandra Barrales Magdaleno, del grupo parlamentario del PRD, para hablar en contra del dictamen.

- La C. Senadora María Alejandra Barrales Magdaleno: Con su venia, señor Presidente.

Después de esperar por más de veinte años para que llegara a nuestro país una reforma laboral, de verdad que en el grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática lamentamos que este haya sido el resultado, porque, como ya lo hemos dicho, estamos ante una reforma que aunque argumenta que reconoce la realidad del mundo laboral, que reconoce las condiciones actuales del mercado de trabajo, no lo hace de manera completa. Lo que hace de manera concreta esta reforma es empeorar las condiciones, la calidad de vida de los trabajadores mexicanos y de sus familias.

Esta es una reforma que plantea hacer competitivas a las empresas mexicanas, pero a partir de abaratar la mano de obra y de cancelarles derechos a los trabajadores. Se ha dicho que es una reforma también que busca generar empleos, y nosotros hemos señalado que lo hace, lo propone de una forma equivocada, porque a partir de que esta reforma sea aprobada en este país con lo que se contrataba y con lo que se pagaba a un trabajador, ahora se va a pagar con el mismo costo, con el mismo salario, a tres trabajadores.

Y esto se va a dar a partir de los planteamientos que aquí se han hecho en esta reforma, a partir de legalizar la subcontratación. Estamos hablando de esas figuras que van a afectar a los trabajadores, el pago por hora, el trabajo a prueba, el famoso outsourcing, que es esta subcontratación y que nos va a llevar a sub-salarios, a sub-prestaciones y a sub-beneficios para los trabajadores.
Con estas modalidades también los jóvenes que buscan empleo se van a ver afectados, pues buscan empleo con seguridad jurídica, con derechos plenos y lo que se va a hacer a partir de que esta reforma, como estamos advertidos, sea aprobada, se van a afectar también las posibilidades de que todos estos jóvenes tengan derecho de antigüedad, tengan derecho a la seguridad social.

Es decir, esta reforma está generando la pérdida de derechos de toda una generación productiva que va a transitar en la inseguridad, en la ocupación temporal y también en el desempleo.

Y no podemos dejar de mencionar también la parte que tiene que ver con la justicia laboral. Esta reforma va a instituir, va a congelar el pago de salarios caídos a 12 meses, constituye éste uno de los daños a los derechos de los trabajadores de los más importantes. Serán afectados doblemente.

Primero, porque se facilita el despido; y después, porque cuando se les despide se limita también la defensa y el reclamo de sus derechos, es decir, esa justicia que anhelan, jamás va a llegar.

Pero, lo más lamentable es que la Cámara de Diputados, y digo concretamente, los legisladores del PRI en la Cámara de Diputados se encargaron de que los trabajadores no pudieran defenderse, los ataron de manos cuando suprimieron de esta minuta el artículo 388 Bis y el artículo 390, aunque lo hayan hecho por ignorancia o por mala fe.

Y yo creo que lo hicieron más bien por mala fe, porque con argumentos cantinflescos pretenden confundir a la ciudadanía, llamando inestabilidad, llamando subasta a lo que en otros países se le conoce como libertad sindical.

Digo que lo hicieron de mala fe, porque en el fondo saben que este artículo lo que propone es eliminar los mal llamados contratos de protección, que por cierto, son más del 90 por ciento de los contratos que se firman en nuestro país.

Este artículo 388 Bis lo que establece es que antes de que se celebre un contrato colectivo, se consulte a los trabajadores, que antes de que se firme un contrato con un líder sindical se le permita a los trabajadores conocer a su dirigente, se les pregunte si es ese el dirigente con el que quieren o del que quieren ser representados, que se les permita a los trabajadores conocer sus condiciones laborales y el sindicato al que van a pertenecer.

Este artículo no solamente busca apoyar a los trabajadores, también busca apoyar a los empresarios, a muchos que hoy son extorsionados por seudolíderes sindicales, pues todo mundo sabe que aquí en México todavía cuando no abre una empresa, ya la están emplazando a huelga, ya se dicen, ya se presentan algunos como seudolíderes sindicales y generosamente aceptan un pago mensual, que hasta nombre tiene la famosa “Iguala” a cambio de no defender a los trabajadores.

Solamente en este país es el patrón el que elige al representante de los trabajadores y como muestra señalaría lo que denuncia recientemente la revista “Proceso”, que habla precisamente de un contrato colectivo, habla de una empresa ensambladora de autos en Puebla, de la que por cierto, tenemos aquí el contrato colectivo, y es una empresa que va a iniciar en el 2016, la ensambladora para autos Audi iniciará operaciones en el 2016, y el mes de septiembre pasado ya firmó contrato colectivo con un líder sindical que no conocen sus trabajadores, porque todavía no hay trabajadores, pero ya celebraron contrato colectivo, ya están aquí pactadas las condiciones de trabajo, ya están pactadas las horas de trabajo y todos los señalamientos, todos los beneficios laborales.

Es este tipo de contrato el que queremos combatir, precisamente con el artículo 388 Bis. No queremos más contratos de simulación en nuestro país.

Es nuestra obligación también señalar que no conformes con esto, también los legisladores del PRI en la Cámara de Diputados, en aras de su malentendida democracia, modificaron el artículo 371 con una redacción tan confusa como engañosa, por eso decimos que recurrieron a las redacciones cantinflescas, lo único que van a provocar es que eso que nosotros defendimos como voto libre y secreto sea tan poco entendible que se convertirá sólo en una aspiración.

Es nuestra obligación y nuestra responsabilidad denunciar que lo que hoy se está proponiendo aquí, lo que llega de la Cámara de Diputados solamente nos va a llevar a la confusión, a la simulación de democracia y rendición de cuentas al interior de las organizaciones sindicales.

Las modificaciones no son menores. El artículo 373, que también eliminaron los legisladores del PRI en la Cámara de Diputados, elimina todo un párrafo, el que establece, en resumen, la obligación de que se le entregue a los trabajadores la información financiera de los sindicatos, y establece que en lugar de que se le entregue a los trabajadores, si alguien algún día pregunta, lo puede encontrar por ahí en internet.

Nos parece que esto rompe con el objetivo y con el espíritu de lo que aquí en el Senado se votó.

Y bueno, yo lo digo con respeto, pero también lo digo con conocimiento de causa. Con esto lo único que se confirma, y lamentamos mucho, es que el PRI ni siquiera sigue siendo el PRI de antes. No siguen siendo siquiera el viejo PRI, porque el viejo PRI defendía a los trabajadores, y este nuevo PRI solamente defiende a algunos empresarios y a algunos seudolíderes sindicales.

Por todas estas razones, el PRD, como ya lo hemos señalado, votará en contra de este dictamen, y seguiremos trabajando para defender el empleo, para defender a los trabajadores, apoyando empleos, pero empleos de calidad.

Quiero de nueva cuenta reconocer el trabajo que ha realizado el Presidente de la Comisión de Trabajo y Previsión Social, el Senador Gándara Camou, queremos reconocer los buenos oficios del legislador; también al Senador Gracia Guzmán, Presidente de la Comisión de Estudios Legislativos, Primera.

Lamentamos mucho que esta sea la reforma que el Senado de la República hoy le presenta a los mexicanos, pero también respetamos y reconocemos el trabajo del Senado de la República.

Es cuanto, señor Presidente.

(Aplausos)

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, Senadora Alejandra Barrales Magdaleno.

Se le concede el uso de la palabra al Senador Javier Lozano Alarcón, del grupo parlamentario del PAN, para hablar en pro del dictamen.

- El C. Senador Javier Lozano Alarcón: Muchas gracias, señor Presidente; con su permiso, compañeras y compañeros Senadores:

Expreso un saludo de parte del grupo parlamentario de Acción Nacional, y bueno, apenas el 23 de octubre, en una histórica sesión en este Senado de la República aprobamos en lo general la reforma laboral en los términos del proyecto que nos fue enviado por la Cámara de Diputados.

Pero también en esa sesión rescatamos 8 importantes artículos en materia de rendición de cuentas, transparencia y democracia sindical.

En aquél entonces, se nos advirtió del inminente peligro que corríamos por esa osadía, por intentar ese rescate, por retomar aquellos aspectos que en la Cámara de Origen habían sido mutilados por cuanto a hacer verdadera y auténtica la libertad y democracia sindical.

Fuimos también advertidos de la posibilidad de que ésto se fuera a la congeladora, !ah!, y también se dijo que iba a perder su carácter de preferente la iniciativa.

La verdad de las cosas, es que los hechos nos muestran que entonces tuvimos razón de insistir, de organizarnos, de disciplinarnos, de ir por esos 8 artículos y de votar en consecuencia en esta Asamblea, qué bueno que lo hicimos.
De esos 8 artículos, 4 fueron aprobados en sus términos por la Cámara de Diputados, 2 más fueron aprobados con ligeras modificaciones y 2 desafortunadamente no fueron considerados por la Colegisladora.

Nosotros entendemos en cuanto al artículo 371, cuál es el sentido de lo que buscaba la Cámara de los Diputados al agregar la posibilidad de que el voto siendo libre y secreto, también pudiera ser directo o indirecto.

Esto ocurre en muchas organizaciones no solamente sindicales, en general, donde por la dispersión territorial geográfica, en fin, se puede votar directamente en una sección, en un lugar y después en la Asamblea, esos representantes así electos votan a su vez por la elección de su líder.

Pero en todo caso, lo que nos dice el artículo 371, es que el voto pueda ser libre, directo o indirecto, pero siempre libre y secreto.

Sin embargo, en el grupo parlamentario de Acción Nacional lamentamos la redacción que se nos envió de ese artículo 371. Esa ambigüedad en el lenguaje se presta para una serie de interpretaciones que nos obligó incluso hoy en la reunión de las comisiones unidas a hacer una relación complementaria en la parte motivativa en la exposición de motivos de nuestro dictamen, para dejar preciso con todas sus letras que aquí de lo único que estamos hablando es de la posibilidad de que los trabajadores, y así se asiente en estatutos, voten para elegir a sus directivas sindicales de manera libre y secreta en todos los casos, aunque puede ser voto directo o indirecto.

Y por eso es que con ese artículo estamos a favor, un poco bajo protesta por la redacción que están exponiendo, pero cuando uno revisa lo que dice el artículo 371 hoy a ese respecto no dice nada.

Entonces, francamente es mejor quedarnos con ese artículo 371, con esta interpretación auténtica que hicimos en las comisiones unidas esta mañana y creemos que es un avance en el sentido correcto.

Lo mismo ocurre en el artículo 373, el tema de rendición de cuentas quedó tal como lo mandamos nosotros, ¿qué fue lo único que cambió en la Cámara de los Diputados?, lo único que cambió fue que ya no tendría la obligación el sindicato de entregar personalmente un resumen a cada trabajador del informe de resultados de la gestión patrimonial del sindicato.

Sin embargo, el resto, la obligación de rendir cuentas cada seis meses en la Asamblea, difundirlo a resultados, la posibilidad de que cada trabajador, en el momento que quiera, pueda pedir esa información y que si no es satisfecho, en los términos propios internos de los sindicatos, puedan acudir a las juntas de conciliación y arbitraje, me parece que es un avance muy notable y por eso nosotros también estamos aceptando este artículo, insisto, es mucho mejor que lo que hoy contiene la legislación vigente.

Ahora bien, en cuanto a los cuatro artículos que fueron aceptados en sus términos por la Colegisladora, nos place muchísimo, porque habla de la transparencia, de la máxima publicidad en cuanto a contratos colectivos de trabajo, reglamentos interiores y también en los registros sindicales en poder de autoridades laborales.

¡Ah!, pero en cuanto al artículo 388 Bis y el artículo 390, francamente lamentamos que no haya sido considerado y aprobado e incluido en este dictamen por parte de la Cámara de Diputados, lo lamentamos porque, una de dos, o no se entendió bien cuál era el propósito o precisamente porque se entendió bien decidieron hacerlo a un lado.

No, señoras y señores Senadores, no es cierto que ésto pudiera generar un caos en la vida laboral en nuestro país, que pudiera generar inestabilidad entre trabajadores, sindicatos y patrones, no es cierto, lo que está buscando el artículo 388 Bis y su correlativo el artículo 390, es acabar con los contratos de protección, con sindicatos de membrete, con sindicatos blancos, que precisamente en convivencia o complicidad con algunos empresarios irresponsables están abusando de la posibilidad y auténticos derechos, legítimas aspiraciones de cientos de miles de millones de trabajadores que no se pueden organizar como Dios manda, que no pueden tener la posibilidad de dictar, de decidir por qué el sindicato va a defender sus derechos colectivos y qué contrato colectivo les asiste de mejor manera.

Por eso, es que nosotros vamos a insistir en rescatar ese artículo 388 Bis y el artículo 390 que le es correlativo, y próximamente también, señoras y señores Senadores, debemos retomar aquellos aspectos del trabajo en minas que inexplicablemente, y particularmente en minas de carbón, inexplicablemente fueron mutilados, sustraídos en la Cámara de Diputados o no sé si inexplicablemente, probablemente de manera muy explicable, cómo hacer obligado solidario al concesionario de una mina respecto de la empresa efectiva y finalmente esté explotándola o cómo introducir un tipo legal como delito, como negligencia criminal, el que un patrón no dote de los instrumentos de seguridad e higiene en los centros de trabajo y provoque así la muerte de sus trabajadores en las minas de carbón, o la prohibición expresa y con todas sus letras de realizar trabajos en los pocitos de carbón, en los tiros verticales de carbón. Eso lo tenemos que retomar en esta Cámara de Senadores próximamente.

Pero que quede claro, nosotros al ir por ese artículo 388 Bis y el artículo 390 no pretendemos, no buscamos, ni vamos a permitir que se detenga la marcha de la Reforma Laboral, porque estamos de acuerdo en el resto de su contenido la mayoría de los legisladores en este Congreso de la Unión y por eso queremos que esto siga adelante para su promulgación, publicación e inicio de vigencia con el Presidente de la República.

Así pues, el grupo parlamentario de Acción Nacional votará a favor de este dictamen que hoy se pone a su consideración, y lo haremos precisamente por considerar que estos temas de rendición de cuentas, transparencia y democracia sindical son mucho, muchísimo mejor de lo que hoy nos presenta la legislación vigente y aquello que nos fue enviado por primera vez por la Cámara de Origen.

El grupo parlamentario de Acción Nacional también celebra el contenido económico de la Reforma Laboral, porque realmente está orientado hacia la competitividad, la productividad y el trabajo decente.

Es una reforma que sí fortalece el equilibrio entre los factores de la producción, entre el capital y el trabajo; y además no es cierto, es mentira que esta reforma, tanto en su procedimiento constitucional, en cuanto a su contenido, violente disposición constitucional alguna o alguno de los convenios internacionales en los que México es Parte en el seno de la Organización Internacional del Trabajo. Eso es falso.

Esta es una Reforma Laboral largamente esperada, es sustancialmente igual a aquella que presentaron los grupos parlamentarios de Acción Nacional en marzo de 2010, es sustancialmente igual a la que presentó el grupo parlamentario de Acción Nacional en el Senado en abril de 2012 y es también sustancialmente igual a la presentada por el Presidente Calderón en su iniciativa preferente.

En suma, es esta una auténtica reforma estructural que mucho nos satisface, que nos place en apoyar, en respaldar y en sacar adelante.

Con esto, el grupo parlamentario de Acción Nacional muestra congruencia y un alto sentido de responsabilidad, porque con independencia de que no vayamos a tener la Presidencia de la República a partir del 1º de diciembre próximo, estamos apoyando recientemente una propuesta que nosotros impulsamos durante años, porque nos importa México y no necesariamente el gobierno en turno. Por eso mismo es que nosotros logramos la mayoría necesaria para sacar adelante el aspecto económico de la reforma y para sacar también, con otras fuerzas políticas, el aspecto sindical de la misma.
Quiero, en este sentido, reconocer al Presidente de la Comisión de Trabajo y Previsión Social, el Senador Ernesto Gándara Camou por su espléndido trabajo, por su neutralidad, por su alto sentido de responsabilidad, por una convicción firme y seria de los trabajos de nuestra comisión.

Quiero también reconocer a todos los integrantes de las Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión Social; y de Estudios Legislativos, Primera, por su labor y alto sentido de responsabilidad.

Qué satisfacción formar parte de esta LXII Legislatura en el Senado de la República, qué satisfacción formar parte de este grupo tan distinguido de legisladoras y legisladores del Senado de la República.

Que esta Reforma Laboral sea para el bien de todos.

Por su atención, muchísimas gracias.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, Senador Javier Lozano Alarcón.

Para hablar en pro del dictamen, se le concede el uso de la palabra al Senador Raúl Cervantes Andrade, del grupo parlamentario del PRI.

- El C. Senador Raúl Cervantes Andrade: Gracias, Senadoras y Senadores:

El tema de ser un posicionamiento previo a un dictamen de un tema tan importante para México, siempre es la racionalidad de un grupo parlamentario que es un órgano auxiliar de un partido en el por qué va a favor o en contra de una reforma.

¿Por qué el PRI va en lo general a favor de una reforma? ¿Por qué si vemos que tiene funcionalidad y que le va a servir a los mexicanos? Primero, porque lo dice; e insisto, lo han oído en mí en esta tribuna, nuestra plataforma electoral. En ella dijimos: no sólo el sí a la Reforma Laboral en donde buscaríamos la flexibilización, la maximización del trabajo, el crecimiento económico, el ejercicio del talento, la relación de la educación con el empleador. ¿Para qué?, para generar mejores estadios de vida a los mexicanos.

Pero no sólo, y dije en esta tribuna el día que posicioné también el tema de esta misma reforma en el sistema general, que lo hacíamos como un elemento específico y que faltaba una integralidad.

No vienen las inversiones solas sólo porque se modifica la ley laboral, no es ese el análisis. El análisis real es cuando se hace una administración pública eficaz y funcional, cuando lo que ejercemos un sistema de planeación adecuado, cuando determinamos claramente los derechos de propiedad que están en camino de evolución democrática en México, cuando hacemos una reforma hacendaria, entendible, fácil, que genere el pago de los impuestos, pero que también incentive la inversión.

También es cierto que se necesita un Congreso participativo, funcional, no sólo una ley general que sea proclive a los acuerdos específicos que se deben de generar para llegar a estos tipos de acuerdo.

Entiendo la visión de la expresión que hace la izquierda, entiendo la visión que hace la expresión de la derecha.

¿Saben para mí qué es? Es el análisis del capítulo económico constitucional, ahí, que fue en los 80´s bajos, 80´s medios y 80´s altos, ahí fue en donde pudimos inscribirnos en un sistema de globalización, ahí generamos tratados de libre comercio, ahí nos metimos en el GATT, ahí se dio la discusión de qué tipo de país queríamos.

¿Cómo garantizaríamos el tema energético para el crecimiento, la inversión y el desarrollo?

Y la ley laboral, que en su momento fue un modelo adecuado en donde hay que entender con la visión del tiempo y de la historia el porqué ese modelo se daba, sobre protección, hoy en una globalización es completamente inaceptable el que pudiera subsistir sin la flexibilización, sin invitar a la inversión y no darnos cuenta que no competimos con nosotros mismos, sino competimos con otras naciones, con otros continentes y con otras latitudes para mejor estadio de la inversión en México.
Esa es la razón en donde el PRI está generando su voto a favor, en donde la consistencia de rumbo, en donde su Presidente Electo Enrique Peña Nieto, en donde los Senadores y los Diputados federales en su plataforma electoral lo dijimos: “Nos vamos a ver consecuentes todos y cada uno de los días de estas dos legislaturas”.

Vamos a caminar con el rumbo que le dijimos a México, vamos a comprometer y cumplir lo que hicimos en el contrato social que se signó con el voto, vamos a generar un mejor México y un mejor estadio.

Las leyes, los acuerdos parlamentarios siempre serán perfectibles. Ellos se inscriben en una relación de una democracia constitucional.

Todos quisiéramos inscribirnos en un estado de derecho constitucional, todos deberíamos aspirar a privilegiar los acuerdos.

Las descalificaciones yo las tomo como posiciones.

Las funciones del Estado mexicano son las que deben de llevar a una mejor vida a los mexicanos.

Cumpliremos, haremos una integralidad. Nuestra agenda legislativa lo dice, nuestra plataforma electoral, nuestro ejercicio en las comisiones, nuestro voto.

Felicito a todos los que participaron en las comisiones unidas, a los dos presidentes de las comisiones, a los que estuvieron a favor o en contra, a los que discutieron sobre el tema si era un tema económico o de democracia sindical.

Bienvenidas las opiniones exteriores, a favor y en contra, eso es la democracia, para eso estamos aquí y para eso seguiremos estando.

Es cuanto, señor Presidente.

(Aplausos)

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, Senador Raúl Cervantes Andrade.

Iniciamos la discusión en lo general de este dictamen, del cual cada uno de los grupos parlamentarios ha fijado ya su posicionamiento, e informo a ustedes que se han inscrito para hablar en lo general, hasta por cinco minutos, la Senadora Dolores Padierna Luna, en contra; la Senadora Mónica Arriola Gordillo, en pro; el Senador Alejandro Encinas Rodríguez, en contra; y el Senador Raúl Morón Orozco, en contra.

En primer término, se le concede el uso de la palabra a la Senadora Dolores Padierna Luna, para hablar en contra, hasta por 5 minutos.

- La C. Senadora Dolores Padierna Luna: Senadoras y Senadores:

El día de hoy se consuma la contrarreforma laboral, que va a dañar profundamente a los trabajadores de México.

Es una reforma hecha a modo de los patrones, los patrones son los grandes beneficiarios, los redactores de esta ley que va a cambiar la estructura laboral en nuestro país.

La parte que contiene todos los artículos de flexibilización laboral, pasarán a la historia como una ley de libre despido, la ley que sobreexplota a la fuerza de trabajo, la ley que precariza el empleo, la ley que abarata el salario, la ley que considera la mano de obra como cualquier mercancía, sin considerar al empleo como un derecho humano.
Vamos a acudir a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, que ahora tiene facultades en materia laboral, para que haga valer la Constitución de nuestro país.

La ley que vulnera a la libertad sindical y niega las prestaciones a sus trabajadores.

Se pasa por alto no sólo la Constitución, sino 28 tratados internacionales, Senador Javier Lozano, ratificados por este Senado de la República en materia de estabilidad laboral, de seguridad social, de trabajo infantil, de libertad sindical, de contratación colectiva.

Esta Cámara se llena la boca a veces en defensa de los derechos humanos, pero no es capaz de garantizar el derecho al trabajo digno, al salario remunerador, a la estabilidad en el empleo.

Todos los artículos que se reforman en esta ley, abonan a la pérdida de la estabilidad laboral.

Los contratos a prueba, los contratos temporales de capacitación imponen la predominancia del empleo eventual y paulatinamente irá desapareciendo el trabajo fijo.

En flexibilización laboral, el 70 por ciento de los trabajadores en México son eventuales, 34.9 millones de trabajadores en México son eventuales; 30 por ciento tienen el empleo fijo, 13.8 millones de trabajadores tienen planta y lo van a perder a lo largo del tiempo cuando se aplique, en 2, 3 años, sistemáticamente esta Reforma Laboral.

El artículo 39 inciso d), léanlo, son los contratos improrrogables. No se podrá contratar al mismo trabajador en el siguiente periodo, es decir, se prohíbe la recontratación de los trabajadores.

¿De qué sirve que hayan pasado el contrato a prueba, etcétera, si no se les puede volver a contratar?

Cada 3 ó 6 meses habrá un reciclaje de trabajadores hasta que se desaparezca el empleo fijo.

La estabilidad en el empleo es una conquista histórica que hoy se pierde con la votación de los neoliberales.

Ahora se va a generalizar la informalidad, el empleo precario, el empleo temporal, que es justo ese empleo el que carece de prestaciones laborales.

Con los contratos temporales vendrá la caída del salario, la caída de prestaciones, la caída a las cuotas del Seguro Social y la caída del mercado interno.

Son altamente regresivas para las y los trabajadores así como para sus familias.

Esta Reforma Laboral rompe, altera los factores de la producción y otorga amplias facultades a los patrones para cometer abusos contra los trabajadores.

En España se hizo una reforma semejante de contratos temporales, el 90 por ciento de los puestos de trabajo fueron destruidos en 2 años y el 25 por ciento del empleo se perdió en tan solo un año. Eso es lo que va a pasar también en México.

Lean el artículo 47 que permite el libre despido, que entorpece la impartición de justicia y que se afecta a los trabajadores que no les dan ni siquiera derecho de audiencia para su defensa. Permite que un ajeno despida a los trabajadores con una sola queja.

El artículo 48 lesiona severamente al trabajador, por razones ajenas a él, es una arbitrariedad aberrante hacer recaer en los trabajadores el costo de la corrupción de los juicios laborales que ocurren en las juntas de conciliación y arbitraje.
El artículo 343, referente a las minas, esta actividad que cobró una fuerte intensidad inusitada, donde hay 32 millones de hectáreas concesionadas y enormes ganancias, en esta ley se ve a los trabajadores con un trato medieval, una vida de esclavitud, y este Congreso no fue capaz, ni siquiera, de discutir esta irregular acción, en el abuso en que ocurre a diario la vida de las y los mineros.

Los artículos que hoy manda la Cámara de Diputados, que por cierto, saltándose su propio Reglamento de Cámara de Diputados, dándonos órdenes de que violemos la Constitución para que ni siquiera se termine el procedimiento legislativo y sea este Senado el que envíe al Ejecutivo para su publicación, violando toda la regla.

El artículo 371, ahora revive el voto a mano alzada, que ya este Senado había logrado evitar, para que sólo hubiera voto secreto y directo, y estábamos dispuestos a autorizar el voto secreto indirecto, pero no el de mano alzada, como lo establece el artículo 371, regresado de la Cámara de Diputados.

Y lo más grave, el artículo 381 Bis, que hay que entender la estructura del empleo en México. Al tercer trimestre de 2012, los ocupados eran 48.7 millones de trabajadoras y trabajadores; la tasa de sindicalización es apenas del 11% de la Población Económicamente Activa; eso quiere decir, que 43.7 millones están bajo contratos de protección patronal, donde los trabajadores no saben ni siquiera quienes son sus líderes, no conocen los contratos colectivos, y son esos contratos los que se van a depositar en las juntas de conciliación y arbitraje.

La Cámara de Diputados quitó el artículo 388 Bis y el artículo 390, para que continúe este negocio de sobreexplotación laboral y que, esta reforma, tal y como se va a votar, es regresiva.

Nosotros en el PRD no vamos a traicionar a la clase obrera. No le damos la espalda a los millones de personas afectadas por esta ley, que aquí varios que son sindicalistas, debiera darles vergüenza pedir el voto de sus trabajadores y llegar aquí para encajarles una puñalada por la espalda.

¡Que viva la clase obrera de México!

¡Que vivan los trabajadores!

¡Muera el mal gobierno!

¡Que viva el movimiento progresista!

Muchas gracias.

(Aplausos)

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, Senadora Dolores Padierna Luna.

Se le concede el uso de la palabra, para hablar en pro del dictamen, a la Senadora Mónica Arriola Gordillo, hasta por cinco minutos.

- La C. Senadora Mónica Tzasna Arriola Gordillo: Respetables Senadoras y Senadores:

Día histórico el que estamos viviendo hoy. Uno de esos momentos que le dan sentido y razón a nuestra responsabilidad frente a la nación que representamos.

Hoy, después de un intenso y revelador debate nacional; después de llevar al extremo la vida parlamentaria, podemos congratularnos de tener una Reforma Laboral que es producto de nuestra democracia.
Esta iniciativa cumple con los mínimos indispensables para Nueva Alianza. Y es por ello que hemos tomado la decisión de respaldar en sus términos este proyecto.

Sin duda, tiene diferencias con lo que nosotros respaldamos hace unos días en este mismo recinto. Pero en la democracia y en la vida parlamentaria sana la imposición de las ideas de unos no puede existir, los dogmas y las verdades absolutas no tienen cabida en un país que aspira a ser plural, equitativo y exitoso.

La mayoría de la Cámara de Diputados decidió continuar con el debate sobre el tema incorporando nuevas figuras jurídicas, eliminando aquellas disposiciones que consideró que no redituaban en beneficio de los trabajadores.

Sin duda, y por esto, es que la negociación es por el bien de México, y nos obliga, nos compromete a ser capaces de conceder y, al mismo tiempo, de reconocer que esta reforma contiene lo esencial e indispensable. Modernizará y eficientará las herramientas que dan productividad y competividad a nuestra nación.

Eso, junto con las demandas mínimas para garantizar a los trabajadores condiciones de desarrollo dentro de su vida sindical, son los motivos por los que hoy Nueva Alianza votará a favor del futuro, a favor de los trabajadores, a favor de los jóvenes profesionistas, de las trabajadoras domésticas.

Votamos a favor de un México con prosperidad y un México con responsabilidad.

Hoy estamos legislando y construyendo convergencias con todas las fuerzas políticas, con la única finalidad de ofrecer a nuestros representados el mejor producto normativo posible en materia laboral.

Si es insuficiente, debemos seguir trabajando y modificando, reconocer nuestros errores, si es el caso; pero tener el valor para regresar sobre nuestros pasos y mejorar en la democracia y la pluralidad.

La gran lección democrática que este debate nos dejó, es para aprender a construir con el otro, con el diferente, con el que tiene una postura antagónica a la propia; pero que también existe y también representa una parte de nuestra gran diversidad, y no imponerle a punta de votos, nuestra visión única del entorno laboral.

Esto reforma a la Ley Federal del Trabajo, es hoy producto de un gran espíritu colectivo por tener un país en movimiento. No todos estarán de acuerdo, así debe ser en una democracia viva y pujante; los consensos siempre son y serán sospechosos.

Por eso, porque creemos en este gran destino nacional, es que votaremos a favor del consenso logrado por México, por sus legisladoras y por su gente.

Muchísimas gracias.

(Aplausos)

PRESIDENCIA DEL C. SENADOR
ERNESTO JAVIER CORDERO ARROYO

- El C. Presidente Ernesto Javier Cordero Arroyo: Muchas gracias, Senadora Arriola Gordillo.

Tiene el uso de la tribuna el Senador Alejandro Encinas Rodríguez, del grupo parlamentario del PRD, para hablar en contra del dictamen.
- El C. Senador Alejandro Encinas Rodríguez: Muchas gracias, señor Presidente.

Dice la Senadora Mónica Arriola Gordillo, que este es un día histórico. Efectivamente lo es, pero los días históricos los marcan las hazañas, las derrotas o las tragedias.

Y hoy los trabajadores, la inmensa mayoría de los mexicanos están viviendo un día de verdadera tragedia. Porque estamos llegando, sin lugar a dudas, a la consumación del mayor agravio que hayan vivido los trabajadores mexicanos desde 1917.

Y miren que han vivido graves agravios: Despidos, represión, encarcelamiento, asesinatos, rupturas de huelga, negativas a su reconocimiento legal; pero hoy viven el peor de sus días, porque hoy se conculcan un derecho social, una garantía fundamental a la estabilidad, a la permanencia en el empleo y el derecho a un salario remunerador.

Y que bueno que después de dos meses, ya la diputación del PRI reconoce el verdadero objetivo de esta reforma. Lo dijo con toda claridad el Senador Raúl Cervantes en su intervención.

Hoy, dice, estamos debatiendo como sucedió a principios de los años 80´s, por una reforma al capítulo económico de nuestra Constitución.

Esa reforma que en los años 80´s, no solamente implicó un profundo debilitamiento del Estado y sus responsabilidades sociales, sino que llevó a la mayor privatización del patrimonio público en beneficio de unos cuantos, que hoy se han convertido en los hombres más ricos del mundo.

Por eso hay que plantear las cosas como son, no como dice el Senador Puente Salas, que por fin estamos discutiendo los grandes temas nacionales. Esos se discutieron con Molina Enríquez, con toda claridad.

Hoy estamos discutiendo una reforma que no solamente conculca el carácter tutelar del derecho laboral mexicano, que regula una relación entre desiguales para pasar a tutelar el derecho del interés privado y de los patrones.

Y es la primera vez en este país, donde enfrentamos una reforma con un verdadero contenido de clase. Donde en aras de mantener un privilegio para unos cuantos, se afecta el interés de la mayoría trabajadora del país.

Es una lástima que este Congreso se incline nuevamente ante el poder del dinero. Porque con la reforma de hoy, no solamente se fragmenta la jornada de trabajo, sino continúa el deterioro profundo del ingreso y el salario de los trabajadores; empezó en los 80´s justamente cuando en la lógica de que los incrementos salariales eran inflacionarios siempre se contuvo, la única mercancía que no ha incrementado su valor en tres décadas ha sido el trabajo que ha perdido solamente en los últimos 19 años el 30 por ciento de su poder adquisitivo, mientras la productividad, esa productividad que se le reclama a los trabajadores mexicanos, aumentó en 147 por ciento,

Qué poca memoria se tiene aquí, porque siempre en aras de la modernidad se conculcan los derechos, se contienen los salarios y lamentablemente hoy con estas reformas muchos mexicanos no van a poder ejercer su derecho, aquí lo planteamos en el primer debate nuestro grupo parlamentario, con la fragmentación de la jornada laboral y la obligación establecida en la Ley del Instituto Mexicano del Seguro Social para acumular mil 250 jornadas semanales de trabajo. Hoy un trabajador mexicano, en una jornada fragmentada, tendrá que cumplir los 77 años de edad para alcanzar su derecho de jubilación, paradojas de la vida, cuando la esperanza de vida en este país es de apenas 72 años de edad, muy por encima del derecho de la jubilación, a la esperanza de vida de los mexicanos.

Es absolutamente falso que con esta ley se vaya a “amasar” la formalización de la economía y la creación de empleos. Hay que ver cómo va a legalizarse hoy lo ilegal, cómo en este país la subcontratación ha alcanzado ya 4 millones de trabajadores que no tienen ninguna prestación social, y que esas decenas de miles de empresas subcontratistas han llevado no solamente a la evasión de más de 3 mil 800 millones de pesos, sino que además está llevando al desmantelamiento de las propias finanzas del Seguro Social que ya no tendrá recursos suficientes para garantizar las pensiones de los trabajadores mexicanos.

Y en el “colmo” del exceso, después de esta discusión que sostuvimos sobre el contenido de fondo de la reforma y se avanzó medianamente en buscar un espacio para la libertad y el ejercicio de cuentas y la transparencia en los sindicatos, hoy de nueva cuenta se dificulta, se limitan las acciones para controlar el abuso de los dirigentes sindicales.

Con las reformas que hizo la Cámara de Diputados se mantiene intacta la estructura corporativa que permite el control de los trabajadores mexicanos y al mismo tiempo la impunidad con que muchos de estos actúan en corrupción.

Aquí pusimos el ejemplo de Ramón Salvador Gámez, uno de los diez delincuentes más buscados por la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, por el delito de pederastia, quien hoy sigue firmando contratos de protección a pesar de ser prófugo de la justicia.

Mucho hemos aprendido de este debate, iniciado efectivamente hace tres décadas, pero también en el cumplimiento de la palabra y de los compromisos. Yo lamento sinceramente que Acción Nacional en la Cámara de Diputados no haya honrado su palabra.

Ya nos dimos cuenta de que el coordinador del PRI en la Cámara de Diputados, pastorea un rebaño que va más allá de la bancada de su partido, bueno, ya los pastoreaba en el Senado, los sigue pastoreando en la Cámara de Diputados. Por nuestra parte honraremos nuestro compromiso, como siempre, cumpliremos con nuestra palabra, pero fundamentalmente asumimos el compromiso con los trabajadores mexicanos, para convertir esta ley que hoy conculca los derechos de los trabajadores.

Muchas gracias.

(Aplausos)

- El C. Presidente Cordero Arroyo: Gracias, Senador Alejandro Encinas.

Tiene el uso de la tribuna el Senador David Monreal Avila, del grupo parlamentario del PT, para hablar en contra del dictamen.

- El C. Senador David Monreal Avila: Con su venia, señor Presidente; señoras Senadoras y Senadores:

El grupo parlamentario del Partido del Trabajo desde un inicio, cuando fue turnada esta iniciativa preferente, manifestamos las razones de nuestro rechazo y de nuestro voto en contra de esta iniciativa.

Una de ellas, la inconstitucionalidad de la ley, llevamos o trajimos aquí a esta tribuna un punto de Acuerdo para que quedara constancia de la congruencia del grupo parlamentario.

La otra razón, lo regresivo, lesivo y abusivo de esta ley, y el perjuicio que acarrearía a la clase trabajadora, por eso nuestro voto en lo general fue en contra. Luego en lo particular votamos a favor, porque vimos una luz de esperanza, de despertar la sensibilidad, la conciencia, cuando nuestros compañeros de los diferentes grupos parlamentarios expresaban el sentir y la necesidad de revisar a fondo esta ley laboral, coincidimos en algunas cosas, sin duda lo más trascendental e importante para los trabajadores, como lo de la democracia sindical, como lo de la transparencia, como lo de la rendición de cuentas, veíamos esa oportunidad porque al mismo tiempo se discutía otra iniciativa preferente, la de contabilidad gubernamental, obligaba a que fuéramos congruentes con lo que exigíamos de otras instituciones, la rendición de cuentas y la transparencia, por ello con la esperanza votamos para que esta iniciativa fuera regresada a la Cámara de Origen, abriera la posibilidad de un gran debate nacional que permitiera la participación de los diferentes sectores productivos, los sectores poblacionales, actores políticos, investigadores y trabajadores, para que pudiéramos ir a una buena Reforma Laboral apegada a la realidad y a la necesidad de nuestro país, porque de eso sí estamos seguros, a este país le hace falta una buena Reforma Laboral, y estoy seguro y convencido que ésta, la que hoy se pretende votar, no es la que necesita nuestro país.

Vean ustedes el resultado de esta ley laboral, la vigente de 1,010 artículos, la iniciativa preferente pretendía modificar 243, 121 más se agregaron en las dos Cámaras, en su discusión, y lo que aquí en el Senado logramos de que 8 de sus artículos se pudieran incluir y se modificaran, solo 4 logró el consenso en la Cámara de Diputados, dos de ellos modificados y dos de ellos rechazados, ni siquiera eso les mereció la clase trabajadora.

Es por ello que nosotros hoy venimos a expresar nuevamente nuestro voto en contra de este dictamen. Ya existen experiencias de otros países donde se flexibilizó esta ley, o la ley de los trabajadores en aquellos lugares, y los resultados están a la vista del mundo, y en su mayoría han sido un fracaso y tienen a aquellos países, en muchos de los casos, al punto del colapso social.

Por eso, ojalá y el voto sea a conciencia y de reflexión. El nuestro será en contra de esta ley y no dejaremos de luchar en favor de la clase trabajadora.

Hacemos un llamado para que sea la fuerza social de los trabajadores la que se imponga a la realidad de este país.

Muchas gracias.

(Aplausos)

- El C. Presidente Cordero Arroyo: Gracias, Senador Monreal Avila.

Tiene el uso de la tribuna el Senador Raúl Morón Orozco, del grupo parlamentario del PRD, para hablar en contra del dictamen, hasta por cinco minutos.

- El C. Senador Raúl Morón Orozco: Con su permiso, señor Presidente; compañeras y compañeros Senadores:

Durante los dos últimos meses en todo el país, los trabajadores, sus organizaciones, los legisladores de izquierda, nos hemos pronunciado por una Reforma Laboral que garantice condiciones reales de trabajo, que proteja al trabajador como un derecho y un deber social, que rescate el principio de la estabilidad en el empleo, anulando cualquier posibilidad de eventualidad, contratos a prueba o de capacitación que promueva la definitividad o inamovilidad en el empleo, que mantenga el principio de la igualdad entre las partes desde la contratación y pidiendo que se institucionalice el intermediarismo bajo la figura del outsourcing, que pague un salario justo y promueva el trabajo decente y, sobre todo, que se rescate el derecho de la no discriminación.

Los trabajadores merecen un trabajo digno, sin merma de sus derechos históricos y sin olvidar que el derecho laboral es, y debe seguir siendo, un derecho fundamentalmente proteccionista del trabajador y no del empleador, por la simple y sencilla razón de su naturaleza social y su función de generar condiciones de equidad y de equilibrio entre dos sectores con intereses diametralmente opuestos.

La salida que hoy se busca para estabilizar la crisis económica por la que atraviesa el país, es una salida equivocada y no puede ser a costa de los derechos de los trabajadores de este país.

Se han pronunciado al respecto organizaciones internacionales como la CEPAL, el Banco Mundial, la OIT, que están planteando que esta reforma es una reforma que transgrede el derecho de los trabajadores y que es, en el menor de los casos, una reforma incompleta.
No se ha aceptado aquí debatir todos los términos de esta ley laboral.

Nos circunscribimos exclusivamente a los temas que inició la iniciativa preferente, pero están pendientes de debatir muchas otras partes de la ley laboral que atentan contra el derecho de los trabajadores, que lo ofenden, que lo empobrecen cada día más, que lo obligan a trabajar en condiciones inhumanas.

Los trabajos especiales, como el de minas, que aquí se ha planteado, como el trabajo doméstico, es algo que no está de ninguna manera discutido y que en el Partido de la Revolución Democrática vamos a abordar en el tiempo más inmediato posible.

Aquí también ha faltado el tema de lo que tiene que ver con la justicia laboral. Las juntas de conciliación y arbitraje son juntas que atentan también contra los trabajadores.

La representación del patrón, la representación de gobierno apabulla a la representación del trabajador y regularmente las decisiones que se toman son en contra de los trabajadores.

Y la flexibilidad laboral que planteamos aquí de manera reiterada varios Senadores de la izquierda, para poder ver cómo podíamos transitar a modificar algunos artículos que atentan contra este derecho laboral.

Pero ni siquiera entramos, ni siquiera se aceptó que hubiese una discusión. Es importantísimo que estos temas los podamos tener presentes para ver de qué manera podemos abordarlos.

En esta misma tribuna, hemos expresado razones jurídicas y sociales por las cuales no debe ser aprobada en ninguno de sus términos la mayor parte de los artículos que corresponden a esta Reforma Laboral.

Hemos denunciado ante ustedes, ante los medios, que lo que hoy se pretende realizar es una aprobación de la Reforma Laboral, es matar el derecho social, anular por Decreto lo que costó años construir en la lucha de los trabajadores, imponer una visión económica neoliberal y única de desarrollo por encima de los principios de justicia social.

Se ha dicho aquí muy claro que desde los 80’s se planteó esta Reforma Laboral y una conducción diferente al país. Con mucha precisión, de los 80’s para acá, han disminuido las prestaciones de los trabajadores, se ha empobrecido una gran parte de la sociedad en este país y se ha enriquecido con el esfuerzo de todos un sector muy reducido de la sociedad, produciendo los más ricos del mundo en este nuestro México.

Por eso, compañeras y compañeros, el grupo del Partido de la Revolución Democrática votará en contra de esta reforma, porque es atentatoria contra los derechos de los trabajadores.

Y la historia seguramente va a registrar quiénes actuaron con toda responsabilidad defendiendo el interés de este país, el interés de los trabajadores, que de ninguna manera está observado en la reforma que se pretende aprobar el día de hoy.

El voto del Partido de la Revolución Democrática, por eso, va a ser en contra de la misma.

Muchas gracias.

(Aplausos)

- El C. Presidente Cordero Arroyo: Gracias, Senador Morón Orozco. Solicito a la Secretaría consulte a la Asamblea, en votación económica, si el asunto se encuentra suficientemente discutido en lo general.
- La C. Secretaria Merodio Reza: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si el dictamen se encuentra suficientemente discutido en lo general. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Suficientemente discutido en lo general, señor Presidente.

- El C. Presidente Cordero Arroyo: En virtud de que está suficientemente discutido, se abre el registro para reservar artículos o para presentar adiciones.

Informo a la Asamblea que han quedado reservados los artículos 371 y 373 del proyecto de Decreto, y tenemos la propuesta de adición de los artículos 388 Bis y 390.

Abrase el sistema electrónico de votación por cinco minutos para recoger la votación nominal del proyecto de Decreto en lo general y de los artículos no reservados. Háganse los avisos a que se refiere el artículo 58 del Reglamento para informar de la votación.



- La C. Secretaria Merodio Reza: Señor Presidente, conforme al registro en el sistema electrónico, se emitieron 99 votos en pro y 28 en contra.

- El C. Presidente Cordero Arroyo: En consecuencia, queda aprobado en lo general y los artículos no reservados del proyecto de Decreto.

Se concede la palabra al Senador Fidel Demédicis Hidalgo, del grupo parlamentario del PRD, para referirse al artículo 371 del proyecto de Decreto.
- El C. Senador Fidel Demédicis Hidalgo: Muchas gracias. Con su venia, señor Presidente; compañeras y compañeros Senadores:

El país es testigo el día de hoy de quienes de cara al pueblo honraremos nuestra palabra que comprometimos el 25 de octubre cuando aprobamos la democracia sindical, aprobamos la transparencia y aprobamos la rendición de cuentas tan necesarias y tan urgentes en los sindicatos, y también será testigo el país el día de hoy de quienes, como acostumbran a hacerlo, cuando a sus intereses no les conviene traicionan la palabra, y en consecuencia, traicionan las aspiraciones del pueblo y de los trabajadores.

El artículo 371, como lo había aprobado el Senado de la República, planteaba la solución a una vieja aspiración de la clase trabajadora de este país, y es nombrar de manera universal, directa y secreta a los dirigentes de sus sindicatos, y eso es lo que está conculcando el día de hoy o pretende conculcar, yo espero que reflexionen los compañeros que van a votar en contra, el Senado de la República.

El artículo 41 de la Constitución de la República plantea con mucha claridad el espíritu democrático del Constituyente de 1917, dice en su segundo párrafo: “la renovación de los Poderes Legislativo y Ejecutivo se realizará mediante elecciones libres, auténticas y periódicas”, esto traspolado a los sindicatos, necesariamente es lo que el Senado aprobó el 25 de octubre, y que hoy algunos pretenden echarse para atrás.

¿Contra qué está el espíritu de la Constitución? Está en contra de los cacicazgos, está en contra de los líderes vitalicios, está en contra de los líderes antidemocráticos, está en contra de los líderes impuestos contra la voluntad de la base trabajadora, eso es en lo que el espíritu de la Constitución está en contra, y eso es lo que se pretende imponer el día de hoy con la modificación que se le hace al artículo 371 en la Cámara de Diputados y pretende aprobarse el día de hoy.

Compañeros Senadores del PRI y del PAN, y de todos aquellos que se opongan a la libertad inalienable a que tienen derecho los trabajadores de México de nombrar a sus dirigentes mediante el voto universal, libre, directo y secreto plasmado en el espíritu de la Carta Magna de México. Esta Asamblea representativa es producto del voto libre, universal, directo y secreto de las mujeres y hombres libres que habitan en este país.

Es un verdadero contrasentido su oposición a que el artículo 371 quede tal cual. Lo aprobamos en la Asamblea histórica del 25 de octubre de 2012, sobre todo por el origen del poder que todos ostentan.

La democracia en México es una forma de vida que debe permear en todas las organizaciones sindicales que cohabitan en este país. Permitamos que la ley libere, no que oprima. Senadoras y Senadores libres no deben, por el bien de la Patria, promover leyes que contravengan el espíritu libertario de la Constitución de la República, ni acallar las voces, ni las ansias de libertad que trabajadores de todas las organizaciones sindicales de México le reclaman a este Senado de la República.

Compañeros trabajadores de México, quizá hoy un grupo de Senadores negará la posibilidad de democratizar los sindicatos haciendo imposible en sus organizaciones, por mandato de ley, el voto universal, libre, directo y secreto. Continuemos en la lucha, no claudiquemos hasta lograr la tan ansiada democracia sindical a la que tenemos derecho. No tenemos nada que perder, como no sean las cadenas que hoy nos esclavizan.

Por estas razones, proponemos la reforma al artículo 371 en su fracción IX que dice: “procedimientos para la elección de la directiva y número de miembros salvaguardando el libre ejercicio del voto con las modalidades que acuerde la Asamblea General de votación indirecta y secreta a votación directa y secreta”.
Proponemos que quede: número de miembros de la directiva y procedimientos para su elección que deberá ser mediante voto libre, directo y secreto.

Sinceramente esperamos que los que votaron el 25 de octubre a favor de este postulado, reflexionen y vuelvan a votar a favor de los trabajadores de México y de la democracia sindical.

Por su atención, muchas gracias.

(Aplausos)

- El C. Presidente Cordero Arroyo: Gracias, Senador Demédicis Hidalgo.

Para hablar sobre el mismo artículo del proyecto de Decreto, se concede el uso de la palabra al Senador Javier Corral Jurado, del grupo parlamentario del PAN.

- El C. Senador Javier Corral Jurado: Gracias, señor Presidente; compañeras Senadoras y compañeros Senadores:

En su última reforma, el Reglamento del Senado de la República optó por hacer del voto de los Senadores una obligación y un derecho, el artículo 93 del Reglamento nos obliga a votar.

El voto puede ser a favor, en contra o en abstención, aún cuando ya sabemos por virtud de ese mismo artículo que para efectos de decidir si se aprueba o no un asunto, las abstenciones no se contabilizan.

Estoy entonces ante un dilema para el que quiero, pues, no sólo la comprensión de este Senado, sino particularmente de los compañeros del grupo parlamentario del PAN, porque me he decidido a no acompañar el voto a favor del dictamen en el artículo 371.

(Aplausos)

Por motivaciones y argumentos propios con relación al desenlace que ha tenido la redacción final, debo decirlo con toda claridad.

El pasado 23 de octubre estuve en esta tribuna del Senado de la República para defender la reserva que nuestros compañeros del grupo parlamentario del PAN hicieron en las Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión Social; y de Estudios Legislativos, Primera, y lo hice además convencido de que se trata de una de las posiciones históricas del PAN; de que se trata de una de las banderas más importantes que a lo largo de nuestra historia como partido político hemos ondeado en la vida pública de México. El ideal de que la democracia sea un valor universal, que no solamente a diario conquiste, reclame y ocupe nuevos espacios, sino que en realidad el valor de la democracia sea un valor que cubra a todas las instituciones, a todas las organizaciones, diría así, que no haya ínsulas de excepción jurídica en el valor de elegir mediante voto libre y secreto a dirigentes, a candidatos, a representantes, a gobernantes, a legisladores. Precisamente porque creo que nos hemos apartado de ese ideal, es que no puedo ahora sostener mi voto a favor. No puedo pensar el 23 de octubre de una manera, y el 13 de noviembre de otra.

(Aplausos)

No puedo, no puedo, aunque dicen que a veces es de sabios cambiar de opinión; pero a veces también se trata de una rendición o de una claudicación o de una inconsistencia.

Yo no creo, por ejemplo, que hoy quienes voten el artículo 371, vayan a claudicar del ideal democrático, también quiero decirlo, porque he escuchado el debate en mi grupo parlamentario; hay quienes están ceñidos a votarlo por los efectos del artículo 72 constitucional inciso e); y hay quienes han ido a escoger, en esa ética de la convicción y en esa ética de la responsabilidad, el mal menor, y decir, como lo dijo Lozano hace unos minutos en la tribuna, dijo, esto es mejor que lo que tenemos; es cierto, sí, pero yo creo que nosotros estamos obligados, además, a seguir aspirando por el ideal y a encontrar la oportunidad en las siguientes sesiones, como dice la Constitución, a volver a discutir este ideal democrático.

Yo estoy absolutamente convencido de que la mayor característica del voto democrático es su condición libre y secreta; que la secrecía es la característica más importante del voto democrático, y a mi me parece que cuando se propuso al Senado de la República que asumiéramos con apertura el que pudiera ser de manera directa o indirecta, era un equilibrio entre el ideal y la realidad a la que se enfrenta toda norma, pero estoy absolutamente convencido, compañeras y compañeros, que ni siquiera se ha logrado ese equilibrio porque, y lo quiero fundamentar de esta manera, porque los Diputados, y yo quiero discrepar afectuosamente de Alejandro Encinas con la interpretación que ha hecho de nuestros compañeros de bancada en la Cámara de los Diputados. Son otras condiciones en las que allá se desenvuelven nuestros partidos; aquí en el Senado tenemos otra correlación de fuerzas; allá el PRI y sus aliados tienen mayoría absoluta en el Pleno; habría que tener cuidado en esa interpretación, por eso yo no quisiera admitirla en términos de porqué se hizo esa votación así. Lo que sí digo es que los Diputados, sea por un error, sea por un descuido, sea por un provocación o una presión del grupo mayoritario, o sea, todo ello junto, se han apartado de ellos mismos, y les voy a decir porqué.

La minuta de la Cámara de Diputados del 28 de septiembre mutiló la iniciativa del Presidente. El 23 de octubre nosotros resarcimos el espíritu de la iniciativa presidencial y le reintegramos el voto libre, directo y secreto.

Frente a lo que nos habían mandado los Diputados, una concepción genérica de la democracia sindical.

Ahora los Diputados no solo se han apartado de la iniciativa presidencial de nuestra acción revisora, se han apartado de ellos mismos, porque han consentido una redacción tramposa, no sé las motivaciones, pero han consentido una redacción que pierde totalmente el objetivo.

¿Cuál era el objetivo?

Que la ley obligara a que en los estatutos se contuviera la modalidad del método democrático de elección de dirigentes, incluso de forma directa o indirecta. Eso ya no existe en ninguno de los párrafos o renglones de la minuta que nos llegó, ahora hay un paso previo, ahora es ante la asamblea general.

Yo sé que la comisión ha hecho un esfuerzo de última hora por ayudar a una interpretación más justa o más correcta en torno de lo que debemos entender por esta corrección, va a servir, sin duda, al juzgador, eso que se llama el espíritu de la ley, porque he visto que han hecho una adición en términos de explicación en el contenido de la minuta y en los considerandos. Pero creo que no va a ser suficiente, porque se puede interpretar que ahora será la asamblea general, caso por caso, quien determine la modalidad. Yo digo que los Diputados se apartaron incluso de los propios Diputados, de ellos mismos. Por eso no acompañaré el dictamen, he votado en lo general a favor, un parlamentario que crea en el Parlamento tiene que construir su prestigio y su credibilidad no sólo en torno de la unidad de sus bancadas, y por eso termino, señor Presidente, también quería construirla a partir de la consistencia de sus propias posiciones, ha pasado muy poco tiempo de que yo en esta tribuna dije lo contrario al artículo que hoy se somete a votación.

Por su atención, y la suya particularmente, muchas gracias.

(Aplausos)

- El C. Presidente Cordero Arroyo: Gracias, Senador Corral Jurado.

Para hablar sobre el mismo artículo del proyecto de Decreto, se concede el uso de la palabra al Senador Raúl Gracia Guzmán, del grupo parlamentario del PAN.
- El C. Senador Raúl Gracia Guzmán: Con la venia de la Presidencia.

Aquí venimos a construir un México más democrático y más justo, aquí no estamos para falsos protagonismos individualistas, aquí estamos para, como órgano colegiado, generarle a México una mejor estadía y este artículo aprobado en los términos, en esta etapa del proceso legislativo a la que nos circunscribe el artículo constitucional, nos obliga a dar ese paso adelante por México, no es válido que vengan a esta tribuna a denigrar este artículo sin ni siquiera argumentar porqué gramaticalmente, filosóficamente consideran que la redacción en el propuesto no garantiza plenamente que estatutariamente los sindicatos al elegir a sus mesas directivas tendrán que optar por el voto secreto.

Si leen puntualmente, con metodología, dicho artículo, quedará claramente establecido que al votar por esta redacción estamos votando por darle a los sindicatos lo que hoy no tienen, la garantía del voto secreto al elegir a sus dirigentes.

Y al contrario, quienes hoy, sin ningún argumento real, sin ninguna generosidad de país refieren que van a luchar por luchas históricas, por congruencia hace un par de semanas, al votar en contra de esta redacción, si nos uniéramos la mayoría irresponsablemente, pero con un corazón “muy puro”, estaríamos garantizando que no hubiera democracia sindical libre y secreta en la Ley Federal del Trabajo, yo les hago un llamado a que voten porque haya secrecía en el voto, si argumentamos o votamos como lo piden quienes me antecedieron en el uso de la palabra, lo único que estaríamos haciendo es que los líderes sindicales que votaron en contra originalmente en la Cámara de Diputados por esta propuesta, estarían felices, no les hagan el trabajo por una falsa gallardía, muchas gracias.

- El C. Presidente Cordero Arroyo: Gracias, Senador Gracia Guzmán.

Solicito a la Secretaría dé lectura a la propuesta de modificación del artículo 371 e inmediatamente consulte a la Asamblea, en votación económica, si se admite a discusión.

- La C. Secretaria Merodio Reza: Doy lectura a la propuesta de modificación.

“Artículo 371, en la fracción IX, número de miembros de la directiva y el procedimiento para su elección que deberá ser mediante voto libre, directo y secreto”.

Las demás fracciones quedan exactamente igual, señor Presidente.

Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se admite a discusión. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

No se admite a discusión, señor Presidente.

- El C. Presidente Cordero Arroyo: Bien, debido a que la propuesta de modificación fue rechazada, procederemos a votar el artículo en los términos del dictamen.

El voto en pro implica respaldar el dictamen, el voto en contra significa que el artículo no se aprueba y por tanto deberá extraerse del proyecto de Decreto.

Con fundamento en el artículo 98 del Reglamento, ábrase el sistema electrónico de votación por tres minutos para recoger la votación nominal del artículo 371 en los términos del dictamen. Háganse los avisos a los que se refiere el artículo 58 del Reglamento para informar de la votación.

Sonido en el escaño del Senador Zamora Jiménez.
- El C. Senador Arturo Zamora Jiménez: (Desde su escaño) Solamente para aclarar a los señores Senadores el sentido del voto, porque seguramente hay confusión y valdría la pena de nueva cuenta, si usted dicta trámite, cuál es el efecto del voto en pro y el voto en contra en relación a este artículo.

- El C. Presidente Cordero Arroyo: Lo hice, Senador Zamora Jiménez, pero con gusto lo vuelvo a hacer.

En virtud de que se rechazó la modificación propuesta del artículo 371, lo que vamos a votar en este momento es el artículo 371 en los términos en los que llegó en el dictamen, un voto a favor significa un voto a favor del artículo 371 en los términos en los que llegó en el dictamen, un voto en contra significa desechar la versión del artículo 371 que llegó en el dictamen.

Suficientemente aclarado, procederemos a la votación, por favor.



- La C. Secretaria Merodio Reza: Señor Presidente, conforme el registro en el sistema electrónico, se emitieron 96 votos en pro y 29 en contra.

- El C. Presidente Cordero Arroyo: En consecuencia, queda aprobado el artículo 371 del proyecto de Decreto.

Se concede la palabra al Senador Mario Delgado Carrillo, del grupo parlamentario del PRD, para referirse al artículo 373 del proyecto de Decreto.

- El C. Senador Mario Delgado Carrillo: Muchas gracias, señor Presidente; compañeras y compañeros Senadores:

Finalmente, la coincidencia ideológica respecto de un modelo económico que prevalece en nuestro país, fue más fuerte que la posibilidad de transformar un aspecto fundamental de la vida nacional que es la defensa de los trabajadores y tener sindicatos transparentes, democráticos y que rindan cuentas a sus agremiados.

30 años de malos resultados no han sido suficientes para que nos atrevamos a hacer algo distinto, a cambiar de rumbo. Tenemos un incremento de la pobreza, falta de empleo suficiente y bien remunerado, bajo crecimiento económico, y también, como resultado, la inseguridad.
El día de hoy, estamos ante la reafirmación de esta alianza que prevalece en los últimos años en nuestro país y que no ha traído más que pobreza, que más de la mitad de los mexicanos vivan en pobreza extrema.

El supuesto ahora, como en muchas otras ocasiones, es falso.

Flexibilizar el mercado laboral para incrementar la productividad y que ello genere más empleos, no puede ser más falso.

Veamos, ¿cuándo hemos tenido éxito, como país, en materia de crecimiento económico, en que crezcan los ingresos, que disminuya la pobreza? Hay que ver qué hicimos en esos años.

De 1939 a 1958, la economía mexicana creció en promedio en 5.8 por ciento; al 7 por ciento, de 1959 a 1970, y el ingreso per cápita, en todo este periodo, creció en 3.2 por ciento al año.

Y este aumento de la economía mexicana se explica fundamentalmente por el incremento en la demanda y el mercado interno.

A partir de los años 80´s, ¿qué hicimos? Como lo mencionó el Senador Alejandro Encinas: el salario se convirtió en una variable fundamental para controlar la inflación y aumentar aparentemente la competitividad.

30 años después el resultado es desastroso, una pérdida del poder adquisitivo, en términos reales, del 70 por ciento a lo que teníamos en 1980, esta pérdida explica, en buena parte, la informalización de nuestra economía. ¿Por qué?, porque la informalidad ya está representando una alternativa real para millones de mexicanos que ya no buscan un empleo formal por la precariedad del mismo.

Esta flexibilización, este supuesto de Reforma Laboral que están aprobando el día de hoy, esta flexibilización con estos niveles salariales, que ya tenemos, lo que estamos provocando es que se genere una indiferencia entre el mercado laboral formal y el informal, son tales los niveles de precarización que se va a volver igual estar en el mercado formal que en el informal, y eso sin duda, significa más pobreza.

¿En dónde lo comprobamos?

Hay un indicador, el indicador de tendencia de la pobreza laboral, que es la situación de precariedad en la que viven los mexicanos, es la más alta en este segundo trimestre de 2012.

¿Qué quiere decir?

¿Qué mide este indicador? La pobreza atribuible a las malas condiciones del mercado laboral.

Es decir, la familia mexicana que dependen de un trabajador en el mercado formal, no está teniendo la retribución suficiente para salir de la pobreza.

Entonces, 57 millones de mexicanos en pobreza; 11 millones en la pobreza extrema; 30 millones en la informalidad; 63 por ciento de la Población Económicamente Activa.

El 93 por ciento de las empresas en el país tienen menos de 10 personas.

Es decir, la defensa económica de la supuesta Reforma Laboral, el mayor número de empleos, el que seamos más productivos y que le estemos quitando a la economía mexicana una camisa de fuerza para poder crecer, es falso.

En pocas palabras, le estamos pidiendo a los trabajadores de México que sacrifiquen, una vez más, después de haber sacrificado el 70 por ciento en términos reales de su salario, que sigan perdiendo poder adquisitivo porque eso nos va a hacer más productivos y que vamos a ser más productivos y que vamos a crecer más. Esto no se ha dado en los últimos 30 años, y estamos llegando a niveles donde lo que preocupa es el desarrollo de esos mexicanos en pobreza, porque nunca vamos a ser un país productivo, cuando se limite el acceso a los bienes de salud y de educación por las condiciones de falta de recursos. Eso es lo que se está aprobando el día de hoy con este argumento falso, que es la reforma que México necesita, que tenemos que hacerlo por mandar una buena señal a los mercados internacionales, que se sacrifiquen los trabajadores y su salario para mejorar esos falsos indicadores.

Se va a terminar por revertir, no vamos a ser un país más productivo, porque no tenemos la gente con la alimentación, la educación y la salud necesaria para tener trabajos productivos, para ser un capital humano productivo.

Ese artículo queremos que regrese a la redacción original que hicimos en conjunto con los Senadores de Acción Nacional, que no es otra cosa que haya rendición de cuentas, después de la pérdida, en términos reales del salario, y además de la contribución que los trabajadores hacen a sus sindicatos y se los confían, lo que vemos son líderes que se enriquecen al amparo del artículo que hoy ustedes nuevamente van a aprobar.

Hace unos días todos se desgarraron las vestiduras aquí a favor de la transparencia.

Como decía el Senador Javier Corral: “No se puede hablar un día de transparencia y días después no”.

Hoy ustedes, quienes voten a favor, están protegiendo a los líderes de que no haya rendición de cuentas, de que le quiten esa cuota a los trabajadores y no la utilicen a favor de su beneficio y de su defensa.

Por eso, señor Presidente, le quiero dejar aquí una propuesta de modificación que básicamente es regresar a la redacción original con la que salió este dictamen de aquí a la Cámara de Diputados.

Muchísimas gracias.

(Aplausos)

- El C. Presidente Cordero Arroyo: Gracias, Senador Delgado Carrillo.

Solicito a la Secretaría dé lectura a la propuesta de modificación del artículo 373 e inmediatamente consulte a la Asamblea, en votación económica, si se admite la discusión.

- La C. Secretaria Mendoza Mendoza: Doy lectura a la propuesta de modificación.

“Artículo 373.- La directiva de los sindicatos, en los términos que establezcan sus estatutos, deberán rendir a la Asamblea, cada 6 meses, por lo menos, cuenta completa y detallada de la administración del patrimonio sindical.

La rendición de cuentas incluirá la situación de los ingresos por cuotas sindicales y otros bienes, así como su destino.

Para tal efecto se deberá entregar un resumen de esta información a cada uno de los trabajadores sindicalizados dentro de los diez días siguientes a cada periodo.

La obligación a que se refiere el párrafo anterior, no es dispensable. En todo momento, cualquier trabajador tendrá el derecho de solicitar información a la directiva, sobre la administración del patrimonio sindical.

En caso de que los trabajadores no hubieren recibido la información sobre la administración del patrimonio sindical, o estimen la existencia de irregularidades, en esta gestión de los fondos sindicales, podrán acudir a las instancias y procedimientos internos previstos en los respectivos estatutos, en términos del artículo 371 fracción XIII de esta ley.
De no existir dichos procedimientos o si agotados estos no se proporciona la información o las aclaraciones ante la Junta de Conciliación y Arbitraje que corresponda, el cumplimiento de dichas obligaciones, el ejercicio de las acciones a que se refiere el párrafo anterior, por ningún motivo implicará la pérdida de derechos sindicales, ni será causa para la expulsión o separación del trabajador inconforme”.

Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se admite a discusión la presente modificación. Quienes estén a favor, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Quienes en contra, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

No se admite a discusión, señor Presidente.

- El C. Presidente Cordero Arroyo: Gracias, señora Secretaria. Debido a que la propuesta de modificación fue rechazada, procederemos a votar el artículo en los términos del dictamen.

El voto a favor implica respaldar el dictamen, el voto en contra significa que el artículo no se aprueba, y por tanto deberá extraerse del proyecto de Decreto.

Con fundamento en el artículo 98 del Reglamento, ábrase el sistema electrónico de votación por tres minutos para recoger la votación nominal del artículo 373 en los términos del dictamen. Háganse los avisos a que se refiere el artículo 58 del Reglamento para informar de la votación.



- La C. Secretaria Mendoza Mendoza: Señor Presidente, se emitieron 96 votos a favor, 29 en contra y 1 abstención.
- El C. Presidente Cordero Arroyo: En consecuencia, queda aprobado el artículo 373 del proyecto de Decreto.

La siguiente propuesta es la adición de dos artículos que se refieren al tema de los contratos colectivos. En consecuencia, los discutiremos de manera conjunta.

Se concede la palabra al Senador Armando Ríos Piter, del grupo parlamentario del PRD, para proponer la adición del artículo 388 Bis al proyecto de Decreto.

- El C. Senador Armando Ríos Piter: Gracias, señor Presidente.

Le solicito pida a la Secretaría leer íntegro el documento que voy a entregar, me parece que es muy importante que las Senadoras y los Senadores de esta Asamblea escuchemos con lujo de detalle, cuál es el tema que se está proponiendo añadir en la discusión de este momento.

- El C. Presidente Cordero Arroyo: Señora Secretaria, por favor dé lectura al documento que el Senador Ríos Piter nos hizo favor de hacer llegar.

- La C. Secretaria Merodio Reza: (Leyendo)

“Artículo 388 Bis. Cuando un sindicato pretenda la celebración de un contrato colectivo de trabajo, deberá promover ante la Junta Federal o Local de Conciliación de Arbitraje competente, la solicitud correspondiente que deberá reunir los siguientes requisitos:

1. La solicitud de celebración de contrato colectivo de trabajo se presentará por escrito en duplicado por el sindicato que representen trabajadores al servicio del patrón.

El escrito se dirigirá al patrón y en él se formularán las peticiones que comprenderán el proyecto de estipulaciones del contrato colectivo de trabajo y la determinación de los salarios.

El sindicato solicitante deberá acompañar copia certificada del registro de la directiva sindical y de sus estatutos.

2. La Junta de Conciliación y Arbitraje, actuando bajo su más estricta responsabilidad, y dentro de las 48 horas siguientes, hará llegar al patrón la copia de la solicitud y le requerirá con apercibimiento de las sanciones a que se establece en esta ley para que dentro del término de 72 horas, contadas a partir de la notificación, le exhiba por duplicado y bajo protesta de decir verdad, un listado de los trabajadores a su servicio que contengan respecto de cada uno de ellos: nombre completo, ordenado alfabéticamente por el primer apellido, fecha de ingreso al trabajo, registro federal de contribuyentes, registro ante el Instituto Mexicano del Seguro Social, puesto de trabajo y domicilio del centro de trabajo en el que se presta el servicio.

La notificación y sus anexos deberán ser hechas del conocimiento por el patrón a los trabajadores a su servicio a más tardar el día siguiente al que la hubiere recibido.

3. Una vez recibido por la Junta de Conciliación y Arbitraje el listado a que se refiere la fracción de este artículo, mandará notificar el listado a los trabajadores al servicio del patrón, mediante la publicación en los centros de trabajo en que se presenten los servicios, así como en el boletín oficial de la junta.

Dentro de los cinco días siguientes, contados a partir de la última de las notificaciones a que se refiere esta fracción, los demás sindicatos que representen trabajadores al servicio del patrón, podrán adherirse a la solicitud de celebración del contrato colectivo de trabajo, y al efecto exhibirán a la Junta de Conciliación y Arbitraje los documentos a que se refiere la fracción I del presente artículo, y en su caso podrán hacer manifestaciones sobre el listado exhibido por el patrón.

De estas adhesiones se notificará al patrón dentro de las 48 horas siguientes a su promoción para los efectos de la fracción II y primer párrafo de la fracción III de este artículo.
4. Transcurridos los cinco días de la última notificación que se hiciere en términos de la fracción anterior, la Junta de Conciliación y Arbitraje dará aviso a las partes con los listados y sindicatos que en su caso se haya adherido, para que dentro del término de 72 horas manifiesten lo que a su derecho corresponda.

En caso de existir objeciones, la junta citará a las partes para una audiencia de ofrecimiento y rendición de pruebas en la que resolverá de plano.

5. Transcurrido el plazo a que se refiere la fracción anterior, o desahogada la audiencia a que alude, la Junta de Conciliación y Arbitraje dentro de las 24 horas siguientes, dictará acuerdo en el que se señalará fecha y hora para la realización del recuente a que se refiere el artículo 931 de esta ley, que deberán efectuarse dentro del términos de las 48 horas siguientes, bajo las siguientes modalidades:

A. Mediante el voto libre, directo y secreto, los trabajadores expresarán su voluntad de preferencia respecto de algunos de los sindicatos solicitantes o de oposición a la celebración del contrato colectivo de trabajo.

B. Las cédulas de votación deberán emitirse en un número igual al de las personas documentadas en el padrón y estar debidamente selladas y autorizadas por la Junta de Conciliación y Arbitraje, debiendo aparecer en ellas los nombres de los sindicatos que sean parte en el procedimiento relativo, un círculo a la altura de cada uno de dichos nombres, así como la leyenda, no acepto el contrato colectivo de trabajo; y un circulo a la altura de tal leyenda a efecto de que pueda ser emitido el voto, marcando una cruz en el círculo correspondiente al sindicato de la preferencia del emisor del voto, o en contra de la celebración del contrato colectivo de trabajo.

C. La decisión de los trabajadores a favor de algunos de los sindicatos solicitantes, deberá adoptarse por el voto de la mayoría relativa de los participantes con derecho a voto, siempre que la suma de votos a favor del o los sindicatos solicitantes representen la tercera parte o más del total de los trabajadores al servicio del patrón.

D. La decisión de los trabajadores en contra de la celebración del contrato colectivo deberá adoptarse por el voto de cuando menos las dos terceras partes de los trabajadores con derecho a voto.

6. Si el recuento favorece a alguno de los sindicatos solicitantes, la Junta de Conciliación y Arbitraje bajo su más estricta responsabilidad, dentro de las 24 horas hará la declaratoria y dentro de las siguientes 24 horas notificará personalmente al patrón y al o a los sindicatos dando un plazo de diez días hábiles para concluir pláticas sobre el contenido del contrato colectivo de trabajo, con el sindicato favorecido con el voto de los trabajadores, quien será el único legitimado para celebrar el contrato colectivo de trabajo en caso de que las partes no se pongan de acuerdo sobre el contenido del contrato colectivo del trabajo.

El sindicato favorecido con el voto de los trabajadores podrá emplazar a huelga exigiendo la celebración y firma de dicho contrato colectivo.

7. Si el resultado del recuento es un contrato de la celebración del contrato colectivo, la Junta de Conciliación y Arbitraje, dentro de las 24 horas siguientes, hará la declaratoria y dispondrá el archivo del expediente como asunto total y definitivamente concluido, ordenando notificar personalmente a las partes.

8. El procedimiento a que se refiere este artículo será obligatorio para la celebración y depósito de un contrato colectivo de trabajo, en consecuencia, no se dará trámite al depósito de un contrato colectivo de trabajo, ni al emplazamiento a huelgas por firma del contrato colectivo de trabajo, cuando no se haya desahogado el procedimiento a que se refiere el presente artículo”.

Es cuanto, señor Presidente.
- El C. Presidente Cordero Arroyo: Muchas gracias, señora Secretaria.

Senador Ríos Piter, si usted así lo considera, tiene el uso de la tribuna, por favor.

- El C. Senador Armando Ríos Piter: Agradezco, señor Presidente, una disculpa por la omisión en la solicitud de la lectura, pero me parece sumamente importante y trascendente que las y los legisladores que estamos aquí reunidos el día de hoy, sepamos qué es lo que se está a punto de votar.

Porque de un plumazo la Cámara de Diputados omite este artículo y lo quiere ignorar, y nos plantea que las Senadoras y los Senadores simple y sencillamente hagamos una suerte de pérdida de memoria respecto a lo que se ha venido discutiendo alrededor de este tema y de la Reforma Laboral.

¿Qué es lo que dice este artículo, y qué es lo que queremos que quede precisamente impreso en él? Pues una condición que permita evitar que la realidad que ha venido imperando en el mundo del trabajo se continúe, una realidad en la cual existen contratos de protección con la finalidad de darle la vuelta a la ley.

Existen contratos de protección con la finalidad de que algunos seudo sindicatos vendan sus servicios a los patrones en detrimento de la vida del trabajo y en detrimento de los derechos de los trabajadores.

¿Qué es lo que dicen los patrones? Es mucho más fácil ponerse de acuerdo con un sindicato blanco que verdaderamente enfrentar un sindicato, que triste y que penosa situación, compañeras y compañeros, porque eso es precisamente flexibilizar la vida laboral.

Yo escuché con atención lo que dijo el Senador Raúl Cervantes, y él planteó que hoy en la globalización es completamente inaceptable el que pudiera subsistir sin la flexibilización, sin invitar a la inversión y no darnos cuenta que no competimos con nosotros mismos, sino con el resto del mundo.

Lo detalla en su escrito, Senador Raúl Cervantes, porque a nombre del grupo parlamentario del PRI, dice que es la flexibilización precisamente la que nos permite competir. Bueno, en este tema creo que la flexibilización puede tener contextos mucho más amplios que hay que poner a discusión, no solamente en esta Asamblea, sino frente a los ciudadanos y ciudadanas que busca representar este Senado de la República.

¿Qué se quiere flexibilizar? ¿Se quieren flexibilizar los principios? ¿Se quiere flexibilizar la atención a la ley? ¿Se quiere flexibilizar que aquello que está impuesto por el mandato constitucional y por la Ley Federal del Trabajo, pueda quedar ha dicho solamente de los patrones? ¿Esa es la forma en la que el grupo parlamentario del PRI entiende la flexibilización? Porque, compañeras y compañeros, aquí repetimos lo que dijimos hace unas semanas desde esta tribuna.

Esta discusión es un referéndum para todas y todos los legisladores que han dicho en sus discursos que esta ley moderniza al país. Escuchaba hoy al llegar aquí al Senado, decía el Presidente Electo, Enrique Peña Nieto, que busca un país moderno, que busca un país competitivo.

Señoras y señores, jamás vamos a llegar a ser el país moderno y competitivo que puede ser México con sus 110 millones de mexicanos, con una población económicamente activa, pujante, si seguimos dándole por su lado solamente a aquellos patrones que utilizan a esos sindicatos blancos para darle vuelta a la ley.
Y se los pongo de reflexión, compañeras y compañeros, porque nuevamente los cito.

El último reporte de Banco Mundial establece que hoy en el mundo las economías más pujantes, las economías más modernas, las economías más competitivas no solamente son las que tienen la capacidad de ejercer un diálogo propositivo entre patrones y trabajadores, sino aquellas que tienen sindicatos más sólidos y más fuertes.

Aquellas en donde el capital social permite verdaderamente un dialogo que incremente los salarios en beneficio de la producción de la empresa.

Esa es la discusión, compañeras y compañeros, y ese es precisamente el reto que hoy tiene el PRI en esta discusión, porque hoy se vuelven a poner a prueba 66 votos que estarán firmes proponiendo para que México no regrese al pasado y no se quede estancado en el pasado, sino para que verdaderamente seamos un país moderno y competitivo como el que reclaman los mexicanos.

Es cuanto, señor Presidente.

(Aplausos)

- El C. Presidente Cordero Arroyo: Gracias, Senador Ríos Peter.

Para hablar sobre el mismo artículo, se concede el uso de la palabra al Senador Héctor Larios Córdova, del grupo parlamentario del PAN, a favor de la propuesta.

- El C. Senador Héctor Larios Córdova: Con el permiso de la Mesa Directiva.

A nombre del Partido Acción Nacional, vengo a respaldar la propuesta de adición que ya habíamos hecho el 25 de octubre del artículo 388 Bis y un párrafo adicional al artículo 390.

Lo hacemos conscientes de la etapa procesal en la que estamos. Somos Cámara Revisora en segunda vuelta. Solamente están aquí a discusión ocho artículos que modificó el Senado y que envió a la Cámara de Diputados, de esos ocho, cuatro aceptó la Cámara de Diputados, de tal manera que esos cuatro no están a discusión, es refrendarlos.

Dos fueron modificados por la Cámara de Diputados y en congruencia con lo que votamos en el mes de octubre, en el PAN votamos a favor de las reformas que se hicieron. Y aclaro en un momento más.

Y también en congruencia con lo que votamos en el pasado, vamos a votar a favor de la adición del artículo 388 Bis y del párrafo adicional en el artículo 390.

¿Por qué vamos a votar a favor de éstos?

En primer lugar, porque establece un mecanismo que combate tres vicios importantes en la práctica laboral de este país.

Combate, en primer lugar, lo que en algunos lugares se denominan las huelgas locas. Algún pequeño empresario abre un negocio, a lo mejor contrata o trabajan con él puros familiares y un buen día llega en la mañana a su negocio y se encuentra que tiene banderas rojinegras, porque ha estallado una huelga.

Si son puros familiares, si son cinco familiares que trabajan con él, se pregunta ¿quién está a favor de esta huelga? Pues simple y sencillamente que hoy un sindicato, a veces con el contubernio de la junta local, puede emplazar por firma de contrato un negocio sin el conocimiento de los trabajadores ni del patrón.
De tal manera que estalla la huelga y luego se acerca con el empresario y le dice, como ya lo dijo aquí la Senadora Alejandra Barrales: “Pues con una lana nos arreglamos, dame cada mes o cada trimestre tal cantidad y entonces firman un contrato de protección”.

Algunas otras empresas pequeñas o medianas cuando nacen saben de esta experiencia y entonces antes de abrir la puerta, y como se dijo aquí, antes de tener trabajadores, firman un contrato con un sindicato, un contrato de protección.

Pero hay un tercer vicio que combate este artículo. La ley como está ahorita supone que es forzosa la sindicalización quieran o no quieran los trabajadores. Este artículo establece una mecánica.

De tal forma que si dos terceras partes de los trabajadores no quieren sindicato, tendrán el derecho a no tenerlo como debe de corresponder.

Son tres vicios que combaten estos dos artículos, el vicio de las huelgas locas que tanto daño hacen en el país, que está totalmente relacionado con el segundo vicio de los contratos de protección y el vicio de pensar que la sindicalización es obligatoria para los trabajadores en México.

Por eso, en congruencia con lo que votamos en el mes de octubre, y porque estos vicios tienen que corregirse, volveremos a votar a favor de ellos.

Pero lo hacemos también conscientes y claros que como no fueron aceptados por la Cámara de Origen, el efecto neto es que no estarán incluidos en lo que se publique de los cargos que se hagan a la ley después de 42 años.

Refrendamos nuestro voto porque insistiremos en el futuro en próximos periodos de sesiones de que estos procedimientos se incluyan en la ley.

Votamos, decía hace un ratito, en congruencia como lo hicimos tanto con el artículo 271, como con el artículo 273.

Aquí en esta sala en el Senado hubo 29 votos a favor de que la Ley Federal del Trabajo quede exactamente lo mismo que está desde 1970, que en la fracción IX del artículo 371, que establece lo que deben de contener los estatutos de un sindicato, diga solamente la forma de elección de su directiva y el número de integrantes de la misma.

Hoy la reforma que se aprobó dice el número de integrantes de la directiva, la forma de elegir a su directiva, garantizando el libre ejercicio del voto mediante la modalidad que acuerde la asamblea y hay ahí un error gramatical estableciendo dos puntos, mediante el voto libre, secreto, directo, o el voto libre secreto e indirecto. Es mil veces mejor esta redacción que la que está desde 1970.

Y 29 Senadores aquí votaron porque se mantenga la redacción de 1970.

Votamos a favor del artículo 373 porque preferimos que diga el artículo 373 algo diferente de lo que dice actualmente la ley, qué dice la ley: “los sindicatos tienen la obligación de presentar en la Asamblea, cada seis meses, la cuenta pormenorizada del patrimonio”.

Hoy que dice que tienen esa obligación, dice también que cualquier trabajador, en cualquier momento, miembro de sindicato, puede pedir la información, y lo más importante, establece mecanismos de sanción para el sindicato que no cumpla, porque lo que establece la ley de 1970, es una norma totalmente imperfecta, no contempla sanciones, de forma tal que lo hacemos con consistencia porque queremos avanzar.

Seguiremos insistiendo en el futuro en perfeccionar estos temas.
Creo que la mayor parte de las intervenciones aquí, y con eso concluyo, han sido en términos genéricos con descalificaciones genéricas, esta es una contrareforma, conculca derechos de trabajadores, abarata el trabajo, sin afirmar más que imprecisiones. Me refiero solamente a una a guisa de ejemplo.

Aquí se dijo que ahora se prohíbe la recontratación de los trabajadores. Que, en consecuencia, van a cambiar los trabajadores cada seis meses, que eso está establecido en el artículo 39.

El artículo 39, en una nueva fracción, la fracción que no existía, dice que son improrrogables los periodos de prueba y los periodos de capacitación inicial.

¿Por qué?

Porque se quiere proteger al trabajador que hoy existe en este país que tiene 5, 7, años trabajando con contratos de prueba que se renuevan cada 28 días, y ahora se establece que sea improrrogable. Me parece que se trata de distorsionar el contenido de la ley, yo recomendaría a quienes hacen adjetivos genéricos que leyeran un poquito de la ley, porque todos esos adjetivos quedan desmentidos.

Es cuanto, señor Presidente.

- El C. Presidente Cordero Arroyo: Gracias, Senador Larios Córdova.

Se concede la palabra al Senador Isidro Pedraza Chávez, del grupo parlamentario del PRD, para proponer la adición del artículo 390 al proyecto de Decreto.

- El C. Senador Isidro Pedraza Chávez: Gracias. Con el permiso de la Presidencia; compañeros Senadores:

Antes de hacer la propuesta de reserva que hemos hecho en el artículo 390, yo quisiera hacer algunos señalamientos previos al ambiente en que esta ley se debate, sobre todo que vean que ha sido una ley tan oportuna y tan aceptada por el movimiento obrero y sindical en el país que este Senado ha tenido que sesionar varias veces cercado de fuerza pública para que no seamos agredidos en ese tenor.

Ha sido necesario aislarnos para que no lleguen aquí las voces de descontento que no están avalando una reforma que está lastimando y empobreciendo desde su concepción, la imagen del Senado y de los Diputados de este país.

Yo creo que hay un proceso que ya fue muy señalado que de origen se violó el procedimiento parlamentario y que esto va a dar pie a que esta ley pueda ser impugnada por la serie de irregularidades en las que se ha caído. Resulta que tenemos que decir también que se ha llegado en un marco de demagogia diciendo que esta es la mejor oportunidad que tenemos para que en el país se genere un alto crecimiento y, sobre todo, que lleguen empleos a muchos millones de mexicanos que no lo tienen.

Y con esa mentira también nos llegaron hace años con las reformas al campo, nos decían que había que modificar el artículo 27 constitucional para que el ejido se pudiera privatizar y eso iba a dar certidumbre a la inversión privada en el campo, iba a haber un gran desarrollo en nuestro país. Y ha pasado ya mucho tiempo desde que esto sucedió y ahora vean qué es lo que queda del campo mexicano, sólo ruinas.

Ahora esta reforma que nos están planteando trae el mismo supuesto. Este supuesto que han creído que puede ser sobre esa base, empobreciendo al obrero, al trabajador de este país, como se va a poder salir adelante en nuestro país.

Hay que insistir que lo que tiene que discutirse es fundamentalmente el cambio de modelo económico en nuestro país y que hay que cambiar particularmente la política económica para que se puedan generar los empleos. No vamos a crecer mientras se siga aplicando una política empobrecedora.
En el campo no hay precio a los productos y en las ciudades no hay salario remunerador para los trabajadores, los obreros y sus familias.

Ha sido una constante el que haya omisiones y silencios cómplices en la vigilancia y la aplicación de las leyes. Tenemos una autoridad laboral que ha sido omisa en la defensa de los intereses de los trabajadores con todo y que ahorita existe una obligación de tolerar el derecho de los trabajadores.

Por eso, cuando nosotros hemos estado insistiendo y llamándolos a la congruencia, hemos insistido en términos de que esta ley por donde se le mire no tiene particularmente aspectos positivos. Con todo y que aquí se pueda llamar y reconocer en algunos compañeros y en acciones de las bancadas congruencia en algunos rasgos de estas propuestas de reservas que estamos haciendo, creo que lo importante también es dejar muy precisado lo fundamental y lo dañino, lo perversa que ha sido esta reforma, que de ninguna manera nos van aplaudir y les van aplaudir a los que voten a favor.

Ha sido el rechazo social el que se está manifestando. Ha faltado tiempo, por la celeridad como le han dado, para que en este país se muestre la irritación social que causan medidas como esta. Ahí están las calles anunciando esto, y el próximo periodo que se avecina en la transición van a ver ustedes surgir un movimiento obrero descontento porque las condiciones de ingreso y de este país se van a empeorar.

Y basta ver la carrera, la escalada de aumento de precios que se van a venir, producto no solamente del entorno nacional, sino del entorno internacional.

Por eso, compañeras y compañeros Senadores, hemos de tener que insistir bastante en que esta reforma adolece de esas deficiencias y, sin embargo, bueno, estamos tratando de hacer un esfuerzo, de llamar a la reflexión a quienes ahora han mantenido oídos cerrados a lo que ha estado demandando la clase trabajadora de este país.

Esto, señor Presidente, le entrego a usted la propuesta que es muy pequeña, no va a ser tan abundante como las otras, de adición al artículo 390, para que pueda ser considerada en razón de los tiempos que tenemos aquí y dejarla a la discusión de esta Soberanía.

Muchas gracias.

(Aplausos)

- El C. Presidente Cordero Arroyo: Gracias, Senador Pedraza Chávez.

¿Alguien quiere hacer uso de la palabra?

- El C. Senador Manuel Bartlett Díaz: (Desde su escaño) Señor Presidente.

- El C. Presidente Cordero Arroyo: Tiene el uso de la palabra el Senador Manuel Bartlett, desde su escaño.

- El C. Senador Manuel Bartlett Díaz: (Desde su escaño) Yo pedí la palabra en relación con una intervención anterior, pero desgraciadamente no me vieron en ese momento, sí estamos pidiendo para el Senador Blásquez Salinas la palabra en tribuna, pero yo quiero hacer un comentario nada más.

Se dijo que hemos estado utilizando generalidades, descalificaciones secundarias. Yo quiero nada más hacer una mínima aclaración.

Uno de los problemas que hay que señalar con toda rigidez y claridad es que el Senador Larios dice que no pudimos acreditar más que generalidades. No permiten la discusión, señor Presidente.

Si de esa práctica que han adoptado de votar simplemente y ya tienen la maquinaria aceitada, se habla en contra y no debaten. Y cuando se aprobó esta reforma, recuerden ustedes, por el voto del PAN y del PRI el 99%, salvo 8 artículos, no quisieron discutir.
Entonces, ¿cómo es posible que quieran que esta Asamblea sea realmente un Parlamento, si en cuanto hay una oposición se suman los votos y simplemente no dicen nada? Por eso no se pudieron decir más y acreditar más y presentar más pruebas porque no debaten, aplastan con el voto.

Aquí oí decir: “venimos aquí con el voto aplastante que no permite la discusión”, por eso hay generalidades. Dicen ellos: “entonces se discutió esta reforma, eh”. 8 artículos se discutieron, lo demás lo pasaron con el voto, igual en Cámara de Diputados.

Ese no es un Parlamento, esa es una actitud de aplastamiento contraria a la pluralidad y es una mala práctica de este Senado que no permite que la opinión pública conozca realmente un debate real, esa es una gran censura.

Y si alguien nunca hizo más que generalidades y no demostró nada, fue todo este rollo de que van a generar empleos, nunca acreditaron cómo, jamás lo dijeron; que van a subir los salarios, nunca lo dijeron y no se pudo discutir porque aquí han tomado la mala costumbre antiparlamentaria, antidemocrática de no discutir nada.

Muchas gracias por su atención.

- El C. Senador Marco Antonio Blásquez Salinas: (Desde su escaño) Señor Presidente.

- El C. Presidente Cordero Arroyo: Senador Blásquez Salinas, ¿con qué objeto quiere hacer uso de la palabra?

- El C. Senador Marco Antonio Blásquez Salinas: (Desde su escaño) También para hechos, brevemente.

- El C. Presidente Cordero Arroyo: Senador, ¿para hechos o quiere usted hablar a favor o en contra del artículo 388 Bis?, que es en lo que estamos.

- El C. Senador Marco Antonio Blásquez Salinas: (Desde su escaño) Me reservo para hablar a favor del artículo 388 Bis.

- El C. Presidente Cordero Arroyo: Entonces, si le parece, a la hora que empecemos el debate del artículo 388 Bis lo anotamos como un orador para hechos.

- El C. Senador Marco Antonio Blásquez Salinas: (Desde su escaño) Ahí estaré.

- El C. Presidente Cordero Arroyo: Gracias, Senador.

Bien, solicito a la Secretaría dé lectura a la propuesta de adición del artículo 390 e inmediatamente consulte a la Asamblea, en votación económica, si se admite a discusión.

Dado que el artículo 388 Bis ya se le dio lectura, por cortesía del Senador Ríos Piter, procedamos a la lectura del artículo 390, para consultar inmediatamente a la Asamblea si se acepta a discusión.

- La C. Secretaria Merodio Reza: (Leyendo)

“Artículo 390. No se podrá depositar el contrato colectivo cuando no se acredite el cumplimiento de lo establecido en el artículo 388 Bis”.

Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se admiten a discusión las propuestas presentadas. Quienes estén porque se admitan, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se admitan, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Señor Presidente, tengo duda sobre la votación, pido que se abra el sistema de votación.
- El C. Presidente Cordero Arroyo: Solicito se abra el sistema electrónico de votación hasta por dos minutos.

- La C. Secretaria Merodio Reza: Sí se admiten a discusión, señor Presidente.

- El C. Presidente Cordero Arroyo: Están a discusión las propuestas.

Señora Senadora, le pediría diera lectura al artículo 90, numeral 3 de nuestro Reglamento, si es usted tan amable.

- La C. Secretaria Merodio Reza: (Leyendo)

“Artículo 90.

3. En los asuntos en que sólo se registran oradores a favor, puede intervenir uno por grupo parlamentario”.

- El C. Presidente Cordero Arroyo: Gracias, Senadora, que es el supuesto en el que estamos de acuerdo a los oradores que se han registrado para participar en este debate. Tengo registrado al Senador Blásquez Salinas del PT y a dos Senadores del grupo parlamentario del PRD. Yo le pediría al grupo parlamentario del PRD se pusiera de acuerdo de quién hará uso de la tribuna.

Por el momento, toma la palabra el Senador Blásquez Salinas, por favor.

Sonido en el escaño del Senador Barbosa Huerta.

- El C. Senador Luis Miguel Gerónimo Barbosa Huerta: (Desde su escaño) Que pidiera la asesoría de Servicios Parlamentarios de manera muy imparcial. Cuando solamente hay oradores a favor o en contra son hasta 2, no 1.

- El C. Presidente Cordero Arroyo: ¿A qué artículo se está refiriendo, Senador Barbosa?

- El C. Senador Luis Miguel Gerónimo Barbosa Huerta: (Desde su escaño) Estoy pidiendo el apoyo de Servicios Parlamentarios.

- El C. Presidente Cordero Arroyo: Senadores, les suplicaría que le echaran un ojo a su Reglamento, artículo 90, numeral 3, donde dice con absoluta claridad, que en los asuntos en que sólo se registran oradores a favor, puede intervenir uno por grupo parlamentario.

- El C. Senador Luis Miguel Gerónimo Barbosa Huerta: (Desde su escaño) Como son dos artículos, señor Presidente, la consideración es que pudiera haber uno por cada artículo, y que pudieran echarle un vistazo más profundo al Reglamento, tanto los Senadores de la Mesa Directiva como los que no lo somos.

- El C. Presidente Cordero Arroyo: Nos parece muy valiosa su consideración, como siempre, Senador Barbosa Huerta, y le concedemos el uso de la tribuna a los dos Senadores del grupo parlamentario del PRD, uno por el artículo 388 Bis y el otro por el artículo 390.

Senador Blásquez Salinas, tiene usted el uso de la tribuna.

- El C. Senador Marco Antonio Blásquez Salinas: Muchas gracias, con el permiso de la Mesa Directiva, de la Asamblea, y de mi coordinador.

Quiero agregar a lo que ya había citado desde su escaño el Senador Manuel Bartlett en relación a que si una bancada, si un grupo parlamentario ha tenido coherencia, y no lo digo en agravio de otros, sino en privilegio de mis compañeros, esa ha sido la bancada del PT.

Quiero señalar que quienes están a favor de esta avasalladora reforma, efectivamente, nos han aplanado, y en defensa de esos 28 votos que ya refería aquí el compañero Senador de Acción Nacional, quiero pedirle que no piense por otros, que piense por sí mismo. Porque la inspiración de esos 28 votos que van a ver siempre en esa pizarra, cada vez que alguien ose o intente dañar a nuestro pueblo, son 28 votos que representan una plataforma ideológica inquebrantable.

Y son 28 votos que no necesariamente fueron inspirados en que la ley quedara como está, no señor, fueron 28 votos para evitar que se consume un atraco a los trabajadores mexicanos.

Hay que señalar que cuando se da un voto en contra, como es nuestro caso, no es porque permanezcan las prácticas anteriores, las leyes que datan de los años 70’s, es porque simple y sencillamente caminamos nuestros estados, caminamos nuestros distritos, estamos permanentemente comunicados con nuestros electores, y son ellos a través de los diferentes recursos los que orientan precisamente nuestro voto.

Asimismo, quiero decir que quienes estamos en contra de esta Reforma Laboral, que sé que en consciencia somos la mayoría aunque el linaje político no se ve así a la hora de los votos, hemos tenido que recurrir inclusive a artículos que nos parecen confusos.

A mí en lo personal, y razono mi voto, el artículo 388 Bis me parece confuso; por más que lo quise adaptar a la práctica, me costó trabajo imaginarlo como un elemento de trabajo de los sindicatos, de los líderes y de los patrones.

Sin embargo, de lo perdido lo que aparezca, y si es el caso de esta endeble alianza que se llevó a cabo hace unas semanas y que ahora parece sólo parcial, deje siquiera un testimonio de democracia sindical, entonces votaremos sí por el artículo 388 Bis, y quiero reiterar para entregarle la voz al señor Presidente, que esos 28 votos representan 16 millones de votos libres y conscientes de mexicanos depositados en la pasada elección.

Es cuanto, muchas gracias.

- El C. Presidente Cordero Arroyo: Gracias, Senador Blásquez Salinas.

Tiene el uso de la palabra el Senador Rabindranath Salazar Solorio, del grupo parlamentario del PRD.

- El C. Senador Rabindranath Salazar Solorio: Con el permiso de la Mesa Directiva; compañeras y compañeros Senadores:

El artículo 388 Bis es un artículo que representa un cambio fundamental, pues establece que la autoridad laboral debe consultar a los trabajadores si están conformes o no en que una organización sindical determinada los represente, es decir, tiene que ver con el derecho básico a decidir.

Es un proceso elemental de justicia y democracia con el que se busca suprimir los mecanismos de simulación por medio de los cuales el patrón escoge la organización que ha de representar a los trabajadores, lo que ha dado origen a los llamados contratos de protección patronal. Esos contratos son supuestos contratos colectivos presentados ante las autoridades laborales por los patrones creados por ellos mismos y negociados a espaldas de los trabajadores.

Según el INEGI, la Población Económicamente Activa en nuestro país es de aproximadamente 50 millones de mexicanos, de los cuales se calcula que el 10 por ciento son sindicalizados, diversos estudios, entre otros, uno muy reciente presentado por José Alfonso Bouzas Ortiz, Investigador de la Universidad Autónoma de México, establece que el 90 por ciento de los trabajadores laboran bajo contrato de protección laboral.

Este artículo responde además a recomendaciones de la Organización Internacional del Trabajo y a los Convenios 87 y 98, el primero ratificado por nuestro país y que tiene superioridad jurídica en nuestro ordenamiento normativo, asimismo, atiende las recomendaciones del Comité de Libertad Sindical de la Organización Internacional del Trabajo emitidas en marzo de 2011, ante la queja 2694 que concluye en que los artículos del Convenio 87 se ven lesionados uno a uno por el gobierno mexicano y sus representantes en la práctica cotidiana.
Los trabajadores no tienen ninguna opción o posibilidad para influir en la contratación colectiva inicial y su afiliación se ve determinada por el patrón, quien al definir la contratación colectiva, decide automáticamente el sindicato al que debe pertenecer el trabajador.

Compañeras y compañeros Senadores, esta circunstancia nos obliga a reflexionar de manera muy seria, a nivel internacional firmamos y ratificamos tratados, si no los cumplimos quedamos muy mal parados ante la comunidad internacional.

Hemos subido en numerosas ocasiones para hablar de transparencia, transparencia en recursos, transparencia en la función gubernamental, transparencia en muchos sentidos, sin embargo, al no aprobarse este artículo estamos ignorando que la transparencia llegue a las relaciones obrero-patronales, para desaparecer los acuerdos que protegen únicamente a los intereses de los patrones dejando desprotegida a la clase trabajadora.

Los contratos colectivos que adolecen de un escrutinio por parte de los trabajadores afectados, son arreglos para perjudicar al trabajador mediante dádivas a libres anónimos y sindicatos inexistentes, esto implica un menoscabo en los derechos de los trabajadores e impone un obstáculo insorteable a un verdadero ejercicio de la libertad sindical.

La participación efectiva, activa, inconsciente de los trabajadores en la toma de decisiones en sus centros de trabajo, es un derecho humano que debe considerarse de manera progresiva, pues en ella va inmersa tanto su desarrollo y desempeño laboral como su desarrollo individual, es una lástima que la Cámara de Diputados haya rechazado terminar con esta simulación y para ello haya esgrimido argumentos tan inconscientes como la subasta de los contratos banalizando un tema que requiere de la más alta seriedad, pues la democracia al interior de los sindicatos en México no puede esperar.

Es cuanto, señor Presidente.

- El C. Presidente Cordero Arroyo: Gracias, Senador Salazar Solorio.

Se concede el uso de la palabra a la Senadora Lorena Cuéllar Cisneros, del grupo parlamentario del PRD.

- La C. Senadora Lorena Cuéllar Cisneros: Con su permiso, señor Presidente.

La propuesta que expongo obviamente vinculada a la nueva redacción que también proponemos del artículo 388 Bis, garantiza que el depósito de los contratos sólo se permite si se cumplen con los procedimientos para evitar la simulación de organizaciones sindicales que responden sólo a los intereses de los patrones, hechos recurrentes y lamentables que tanto daño le han hecho a los trabajadores y a todos los mexicanos.

El artículo 390 considerado en el dictamen en comento dice: “El contrato colectivo de trabajo deberá celebrarse por escrito bajo pena de nulidad, se hará por triplicado entregándose un ejemplar a cada una de las partes y se depositará el otro tanto en la Junta de Conciliación y Arbitraje o en la Junta Federal o Local de Conciliación, la que después de anotar la fecha y hora de presentación del documento, lo remitirá a la Junta Federal o Local de Conciliación y Arbitraje.

El contrato surtirá efectos desde la fecha y hora de presentación del documento, salvo que las partes hubiesen convenido en una fecha distinta”. El grupo parlamentario del PRD propone que debe decir: “Artículo 390. El contrato colectivo de trabajo deberá celebrarse por escrito bajo pena de nulidad, se hará por triplicado, entregándose un ejemplar a cada una de las partes y se depositará el otro tanto en la Junta de Conciliación y Arbitraje o en la Junta Federal o Local de Conciliación, la que después de anotar la fecha y hora de presentación del documento, lo remitirá a la Junta Federal o Local de Conciliación y Arbitraje, los patrones están obligados a poner en conocimiento de sus trabajadores el contrato colectivo celebrado, su tabulador y su padrón contractual, la actualización de dicho padrón y el resultado de las revisiones a más tardar 30 días después de ocurrido el acto jurídico de que se trate”.
Nuestra propuesta representa un cambio fundamental, pues establece que la autoridad laboral debe consultar a los trabajadores si están conformes en que una organización sindical determinada los represente.

Señoras Senadoras y Senadores, no debemos perder de vista que estos cambios que proponemos son para consolidar un proceso elemental de justicia y democracia, y con él se busca suprimir los mecanismos de simulación por medio de los cuales el patrón escoge la organización que ha de representar a sus trabajadores, lo que ha dado origen a los llamados contratos de protección patronal.

La eliminación en la Cámara de Diputados de la visión de un nuevo párrafo del artículo 390, así como la eliminación del artículo 388 Bis, ambos propuestos por este Senado, representa el que los trabajadores sigan padeciendo la ventajosa posición de los patrones en relación con los ya de por sí lastimados derechos de los trabajadores.

Esto permitirá que los patrones se sigan sirviendo con la manga ancha por medio de los llamados contratos de protección patronales, que como su nombre lo indica, sólo sirven para hacer nulos muchos de los derechos fundamentales de los trabajadores.

Estos contratos han lastimado y seguirán lastimando a los que menos tienen, a los que sólo tienen la oportunidad de ganarse el sustento por medio de la fuerza de su trabajo.

Haber eliminado estas normas, que desde aquí propusimos, significa más pobreza para los trabajadores pagados con salarios miserables, jornadas laborales de más de 8 horas, contrataciones a prueba o eventuales, así como trabajos sin contrato ni prestaciones de ley.

Con ésto, está negando a los trabajadores el que tengan un efectivo y justo contrato colectivo de trabajo que les permita condiciones legales, con verdadera oportunidad de vivir una vida digna, de ellos y de sus familias.

La ausencia es la ley laboral en estas normas, en que propusimos seguirá permitiendo que supuestos contratos colectivos sigan siendo prestados prácticamente por los patrones ante las autoridades laborales, creados por ellos mismos a sus anchas, acordados con líderes corruptos y sin tomar en cuenta a los trabajadores.

En este país, más del 70 por ciento de los contratos colectivos son de los llamados de protección patronal.

Las organizaciones obreras charras, mediante la obtención de beneficios para los líderes y de incorporar a sus sindicatos un mayor número de afiliados, hasta ahora siempre han garantizado control político de los trabajadores en beneficio de ellos y de los patrones.

Jóvenes y mujeres, sobre todo, se ven actualmente obligados a trabajar en condiciones injustas e inequitativas en relación con trabajadores hombres y de edad adulta, mencionando además ese importante tema referente al acoso sexual.

Los trabajadores que quieren defender sus derechos individuales y colectivos creando sindicatos, son victimizados con la pérdida de su trabajo, sin ninguna esperanza de poder negociar un contrato colectivo que no sea a través de los sindicatos establecidos corruptos, que se venden permanentemente a los intereses de los patrones.

La eliminación, en la Cámara de Diputados, de la visión de un nuevo párrafo del artículo 390, así como la eliminación del artículo 388 Bis, ambos propuestos por este Senado, representa darles la espalda a los trabajadores que durante décadas han tenido la esperanza de sacudirse los sindicatos charros.

Les están golpeando la esperanza de tener un verdadero cambio que los beneficie.

Les están golpeando en negarles la oportunidad a ellos y a sus familias de tener una vida mejor.

Es cuanto, señor Presidente.

(Aplausos)
- El C. Presidente Cordero Arroyo: Muchas gracias, Senadora Cuéllar Cisneros. En virtud de haberse agotado la lista de oradores, con fundamento en el artículo 98 del Reglamento, ábrase el sistema electrónico de votación por 3 minutos. Háganse los avisos a que se refiere el artículo 58 del Reglamento para recibir la votación de los artículos 388 Bis y 390 que se adicionan al proyecto.

- El C. Senador Javier Lozano Alarcón: (Desde su escaño) Pido la palabra, señor Presidente.

- El C. Presidente Cordero Arroyo: Sonido en el escaño del Senador Javier Lozano.

- El C. Senador Javier Lozano Alarcón: (Desde su escaño) Señor Presidente, me temo que algunos no le entendimos muy bien, si va a ser ¿votar a favor del artículo 388 Bis o el artículo 390 o dejarlo en los términos?

- El C. Presidente Cordero Arroyo: El voto a favor implica añadir los artículos 388 Bis y 390.



- La C. Secretaria Merodio Reza: Señor Presidente, conforme al registro en el sistema electrónico, se emitieron 65 votos en pro y 61 en contra.

- El C. Presidente Cordero Arroyo: En consecuencia, quedan aprobados los artículos 388 Bis y 390 que se adicionan al proyecto de Decreto. Está aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de Decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo.

(Aplausos)

En virtud de que hay 2 artículos que han sido aprobados por esta Cámara y que no han recibido la aprobación de la Colegisladora, el proyecto se ubica en el supuesto de la parte final del inciso e) del artículo 72 constitucional.

En consecuencia, está a su consideración el siguiente Acuerdo en relación con el proyecto de Decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo, para que proceda su publicación.

Solicito a la Secretaría dé lectura a dicho Acuerdo.

- La C. Secretaria Merodio Reza: (Leyendo)



Es todo, señor Presidente.
- El C. Presidente Cordero Arroyo: Está a discusión el anterior Acuerdo.

- El C. Senador Luis Miguel Gerónimo Barbosa Huerta: (Desde su escaño) Pido la palabra, señor Presidente.

- El C. Presidente Cordero Arroyo: Sonido en el escaño del Senador Barbosa Huerta.

- El C. Senador Luis Miguel Gerónimo Barbosa Huerta: (Desde su escaño) Señor Presidente, para no prolongar más esta sesión, dejo fijada, desde mi escaño, la posición del grupo parlamentario en relación a este Acuerdo.

Se está violando la Constitución, señor Presidente, y se está violando por un órgano del Estado mexicano, cuyos integrantes juramos cumplir y hacer cumplir la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

No pretendo que se dé lectura al fundamento de este Acuerdo, que es el inciso e) del artículo 72 constitucional, porque ya fue leído, y se viola, porque el procedimiento para mandar a promulgar y publicar estas reformas que ya fueron discutidas y votadas en ambas Cámaras, no de manera completa, cae, usted lo menciona, señor Presidente, en la última parte de ese dispositivo constitucional.

Y esa acotación, esa votación puede tomarse en esta Cámara, pero no puede hacerlo, no puede hacerlo y no puede mandarse a promulgarse y publicarse, sino hasta que lo hagan en la Cámara de Diputados.

En la Cámara de Diputados se anticiparon, se apresuraron y deliberadamente allí tomaron esa votación, violando el artículo 72 constitucional inciso e).

Acá deberíamos regular esa violación al procedimiento legislativo, dispuesto en ese dispositivo constitucional, debiéramos hacerlo.

Violan el procedimiento y afectan, y diría yo, vuelven frágil la impugnación de esta apresurada Reforma Laboral.

Y se viola de manera consciente y deliberada.

La otra, señor Presidente, ese Acuerdo está incompleto. Porque mandan a promulgar y publicar, y se olvidan de la última parte, de los últimos renglones del artículo 72 constitucional, cuando establece que los artículos que no fueron de acuerdo común en las dos Cámaras, deben de mandarse a discutir y a votar en sesiones siguientes.

Y, por tanto, una interpretación sistemática sería que se enviaran a discutir y a votar en la Cámara de Origen, que es la Cámara de Diputados.

El fundamento de ese artículo lo toman a la mitad. Como un mensaje político de triunfo, de algo que nadie tiene que celebrar.

Así es que pueden votar y aprobar ese Acuerdo violentando la Constitución, todos lo saben, y pueden votar ese Acuerdo sin que queden de manera completa los términos de ese último párrafo del artículo 72 constitucional inciso e).

Un Acuerdo completo es, ahí tendría que decir, que los artículos que no fueron acordados por ambas Cámaras, tienen que mandarse a discutir y votar en las siguientes sesiones de la Cámara de Origen.

Así es que es la posición de nosotros, señor Presidente, y dejamos claro que aquí se violentó la Constitución en el proceso legislativo, porque se incumplió esa disposición constitucional.

Gracias.

(Aplausos)
- El C. Presidente Cordero Arroyo: Gracias, Senador Barbosa Huerta.

Me parece que el que se está adelantando a los hechos es usted, Senador Barbosa Huerta, y no dejó continuar el procedimiento, ni siquiera explicar hacia dónde se dirigía.

El Acuerdo al que dio lectura la Secretaría, se refiere única y exclusivamente a la aprobación de este Pleno del Senado de la República, para enviar a publicación aquello que ha sido votado por mayoría en ambas Cámaras.

Con posterioridad, veremos el Acuerdo que enviaron los Diputados, donde, también, su pleno se manifestó en el mismo sentido, si se cumplían los supuestos y los eventos que el día de hoy están ocurriendo, que ahí discutiríamos la procedencia o no, pero es hasta este momento.

Y cerraríamos el procedimiento enviando a la Cámara de Diputados el artículo 388 Bis y el artículo 390 para su discusión en sesiones posteriores, tal y como lo marca la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Para enviar a la Cámara de Diputados los artículos 388 Bis y 390 no necesitamos Acuerdo, porque está perfectamente fundamentado en el artículo 72 inciso e) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Preguntaría si quedó suficientemente aclarado el procedimiento, y estaríamos, en consecuencia, aprobando el Acuerdo para el Pleno del Senado de la República.

Tengo apuntado al Senador Manuel Bartlett, al Senador Larios Córdova.

Senador Barbosa Huerta, si me permite, lo agendaría después del Senador Larios Córdova.

Para evitar los diálogos, Senador Barbosa Huerta. Gracias.

Senador Manuel Bartlett, tiene usted el uso de la palabra.

- El C. Senador Luis Miguel Gerónimo Barbosa Huerta: (Desde su escaño) Señor Presidente, hágame caso, por favor.

- El C. Presidente Cordero Arroyo: Senador Barbosa Huerta, tiene usted el uso de la palabra, por favor, sea usted muy breve, ya utilizó usted la palabra para este punto.

- El C. Senador Luis Miguel Gerónimo Barbosa Huerta: (Desde su escaño) Gracias por la confianza que nos merecemos usted y yo, señor coordinador.

Yo creo que quien está violentando la Constitución, desafortunadamente, es el Presidente del Senado.

Y está fundando la presentación de un Acuerdo, somos pares, compañeras, compañeros, ¿no es así?

Quien está violentando, insisto, es quien dirige esta sesión, que es el Presidente del Senado.

Nos están poniendo a consideración un Acuerdo de este Pleno, para mandar a promulgar y publicar lo ya acordado por ambas Cámaras.

Se puede tomar ese Acuerdo acá, pero debe de mandar y promulgar la Cámara de Origen, cuando tome esa votación.
Y lo otro, señor Presidente, los Acuerdos hay que hacerlos completos, tienen que estar de contenido completo. Y ahí en la última parte, la última-última, para que se ubiquen bien, del inciso e) del artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es donde dice: que esta disposición de mandar a promulgar y publicar, tiene que estar acompañada de un Acuerdo que tenga que decir, que se manda a discutir y votar en siguientes sesiones y que por interpretación sistemática, debe ser enviada a la Cámara de Origen.

Debe ser completo el Acuerdo. Para qué hacemos algo parcial que después tengamos que completar.

Nada más, señor Presidente.

- El C. Presidente Cordero Arroyo: Le agradezco, Senador Barbosa Huerta. Parece que no escuchó la aclaración que hice a su primera intervención.

Tiene el uso de la palabra el Senador Manuel Bartlett.

- El C. Senador Manuel Bartlett Díaz: (Desde su escaño) Bueno, para sumarme a algunos comentarios del Senador Barbosa Huerta.

El Acuerdo que manda la Cámara de Diputados, que hoy se entregó a la Mesa Directiva, y aquí lo tenemos, es incompleto y es cierto. Porque aquí dice: remita todo lo aprobado, punto. Pero no dice nada de lo no aprobado.

Y es en donde está este Acuerdo y está presentando otro igual. Si lo que debe decidir, y no es un Acuerdo, sino una votación por la mayoría absoluta de esta Cámara, por la mayoría, no es un Acuerdo, es una votación del Pleno.

Y lo que se debe de votar, es precisamente lo que dice este artículo que ha sido mencionado. Dice: que la parte aprobada se mandará, pero la otra se manda para su discusión, y la están omitiendo.

Entonces, no está completo el Acuerdo, no está completa la propuesta a una votación que se tiene que dar, yo diría, nominalmente, para que este asunto histórico, como han dicho, la historia, realmente tenga muy claro quiénes votaron a favor de esta reforma precipitada y dañina para el pueblo de México y quiénes en contra.

Es decir, es una solicitud. O sea, el Acuerdo, insisto, lo que están planteando es un Acuerdo incompleto.

La Cámara de Diputados tampoco nos dice que fue aprobada por el pleno, eh, la Cámara de Diputados sólo dice que hay un Acuerdo, y no es un Acuerdo, porque nadie tiene facultades para tomar este Acuerdo, sino lo dice claramente el artículo constitucional que se cita, dice claramente que: se manda aquello que ha sido aprobado, y lo que no ha sido aprobado se manda para que sea discutido en la próxima sesión del próximo periodo.

Entonces, yo pediría que se planteara la votación, porque tiene que ser votación del Pleno, verdad, y que se vaya completo, porque estamos mandando artículos que no fueron aceptados para que los discutan allá.

Y aquí hemos oído promesas de que esto se deja para el futuro, porque inmediatamente seguiremos insistiendo, por ahí lo dijeron algunos compañeros devotos de él bueno, que se cumpla de veras.

Porque si no este proceso va a terminar lo que parecía al principio, verdad, una reforma económica, una reforma estructural, con una azúcar para meter la píldora y dejar nada más lo que interesa, que se plantee completo y que se exija en lo que se apruebe aquí y se note, que eso se discuta iniciando el próximo periodo de sesiones y no se quite del camino y se apruebe lo que en realidad siempre se ha querido, que es la reforma estructural que ordenan los organismos internacionales y los sectores económicos que tienen dominado a este país.

Muchas gracias, señor Presidente.
- El C. Presidente Cordero Arroyo: Gracias, Senador Manuel Bartlett.

Senador Larios Córdova, por favor.

- El C. Senador Héctor Larios Córdova: (Desde su escaño) Gracias, señor Presidente. Dos temas, en primer lugar, resaltar que la Ley Orgánica concede al Presidente de la Mesa el proponer los trámites, en todo caso el Pleno es el que determina si se acepta la propuesta de trámite del Presidente o no se acepta.

No es facultad de un Senador calificar si se viola o no se viola la Constitución.

En segundo término, me parece que el artículo 72 constitucional, lo que establece son dos diferentes procedimientos para qué hacer cuando la Cámara Revisora ha modificado un proyecto de ley, e insiste cuando no fue aprobado por la Cámara de Origen, que es el caso de los dos artículos que estamos discutiendo.

Y uno de los procedimientos es que si hay acuerdo de ambas Cámaras, se preserve lo que comúnmente aprobaron, lo que ambas Cámaras sí aprobaron, y no establece ningún orden de prelación de cual Cámara va a votar primero, y evidentemente las Cámaras votan en diferentes momentos.

En todo caso, suponiendo que lo que señala el Senador Barbosa Huerta de que la Cámara de Diputados no podría votar hasta en tanto no haya concluido la Cámara de Senadores su votación, corresponderá en todo caso a la Cámara de Diputados hacer esa votación después, si tuviera razón, pero eso no limita en absoluto el trámite de votar ahorita si la Cámara de Senadores está de acuerdo que se mande publicar lo que ambas Cámaras acordamos en conjunto, y los dos artículos que no fueron acordados que dejen que se queden sin ser publicados.

De manera que ese trámite puede realizarse sin violación absolutamente a la norma constitucional.

- El C. Presidente Cordero Arroyo: Gracias, Senador Larios Córdova.

Sonido en el escaño de la Senadora Layda Sansores.

- La C. Senadora Layda Sansores San Román: (Desde su escaño) Señor Presidente, yo le diría con mucho respeto, échele un ojito a su Constitución, al artículo 72, en la parte final, íntegra aquí el párrafo, sí son las Cámaras las que lo acuerdan, nada más que dice: por la mayoría absoluta de sus miembros presentes.

Tiene razón el licenciado Manuel Bartlett, esto tendría que votarse y luego que la Cámara de Diputados también lo vote por la mayoría de sus miembros presentes, eso es fundamental. Yo no entiendo, ya no les basta con todo el desprecio a la clase trabajadora y hoy quieren venir a relajar la legalidad.

Ningún acuerdo, ninguno, ni que sea con Dios, está por encima de la Constitución en este país. Entonces tenemos que respetarla y yo entiendo que esa alianza efímera que tuvimos con el PAN, una canita al aire, como decía el compañero Senador, y ahora ojalá que haga un acto de congruencia, pero si regresaron a la alcoba marital, y éste es el "maritaje" que tanto daño ha hecho a nuestro país, pero ojalá sean congruentes con esta devoción a la ley que ustedes han predicado y respeten la Constitución, aunque sea para medio cerrar con cierta dignidad.

Ustedes tienen ganada la votación, qué les preocupa, la vergüenza de que ya perdieron, la extraviaron desde hace tiempo, así que ahí ya no hay remedio. Respeten la Constitución.

- El C. Presidente Cordero Arroyo: Gracias, Senadora Layda Sansores.

Sonido en escaño del Senador Roberto Gil.
- El C. Senador Roberto Gil Zuarth: (Desde su escaño) Gracias, señor Presidente. El día de hoy, la Cámara de Senadores se allanó a modificaciones o adiciones realizadas por la Cámara de Diputados, en tanto Cámara Revisora de este proyecto de ley, en consecuencia, con la salvedad de los artículos 388 Bis y 390, ha concluido el trámite legislativo establecido en el artículo 72 constitucional; sin embargo, con respecto a estas dos disposiciones persiste el "referéndum".

La propia Constitución, en el artículo 72, inciso e), establece la salida para el supuesto de persistencia de diferendos cuando ha concluido el trámite legislativo para el resto del proyecto. La forma jurídica, las determinaciones del Congreso pueden ser tres leyes, Decretos, y cuando se trata de cuestiones relativas al régimen interior, son acuerdos, no es casual que el artículo 72, inciso e), diga que las Cámaras podrán acordar que los proyectos, la parte del proyecto que hubiese sido aprobado de manera sucesiva por ambas Cámaras, podrá enviarse al Ejecutivo, con lo cual termina formalmente el proceso legislativo, en todos sus efectos.

La disposición que faculta a las Cámaras a acordar el envío al Ejecutivo del proyecto aprobado por ambas Cámaras, no está condicionada por una modalidad temporal, es una excepción a la persistencia del diferendo, en consecuencia, y de hecho así fue en la reforma política que aprobamos en 2011.

Hay antecedentes, y es parte de la costumbre parlamentaria que las Cámaras, cuando está a punto de concluir el trámite legislativo, acompañen el acuerdo por el cual se habilita a la otra a expresar su voluntad para el caso en el cual concluye el trámite legislativo para el resto del proyecto legislativo.

Y hay que recordar que el Congreso de la Unión, con las excepciones de cuando actúan en ejercicio de facultades exclusivas, o bien cuando ejercen facultades de Congreso se pronuncian de manera sucesiva, es decir, toman sus determinaciones primero una Cámara y después la otra. Lo que ha acontecido es que la Cámara de Diputados ya habilitó al Senado de la República a que en caso de que coincida con aquello que ya resultó aprobado por la Cámara de Diputados, es decir, que se allane al contenido modificado por la Cámara de Diputados, podemos concluir, para todos sus efectos, con el trámite legislativo. Eso es lo que establece el artículo 72, esa es la interpretación correcta de esa norma, y existen todos los precedentes para sostener esta interpretación.

Gracias, señor Presidente.

- El C. Presidente Cordero Arroyo: Gracias, Senador Gil Zuarth.

Sonido en el escaño del Senador Barbosa Huerta.

- El C. Senador Luis Miguel Gerónimo Barbosa Huerta: (Desde su escaño) Iba muy bien la exposición del Senador Roberto Gil, hasta que estimó que los procedimientos pueden alterarse, y se contradice cuando dice que son etapas secuenciales o sucesivas, lo son.

Un procedimiento es secuencial y es sucesivo en sus etapas, y no bajo el término de una Cámara habilita a la otra para tomar la decisión, no es el fundamento para que se violente lo sucesivo de los procedimientos que en este caso es constitucional.

La Constitución refiere exactamente si la Cámara Revisora insiste por segunda vez, se presentan dos escenarios:

Uno. Que todo el proyecto se envíe al siguiente periodo ordinario de sesiones.

Y dos. Que se mande a promulgar y publicar lo acordado por ambas Cámaras. Primero se toma esa decisión acá, porque es secuencial, una vez que la Cámara Revisora por segunda ocasión insiste, y después se manda a la Cámara de Origen, que hoy es la Cámara de Diputados. Es secuencial el procedimiento.

Lo otro es que la última parte del inciso e) del 72 de la Constitución, establece que puede por mayoría absoluta de las Cámaras tomar esa decisión, de mandar a promulgar y publicar, y disponer que la discusión y votación se haga en sesiones siguientes que de manera sistemática debe interpretarse que es enviada a la Cámara de Origen.
Y dice, conjunción copulativa, y que ni son las conjunciones copulativas de nuestro lenguaje, y por tanto es el enlace de dos expresiones, es mandar a promulgar y publicar, primero, en la Cámara Revisora, que es cuando insiste por segunda ocasión, y después a la Cámara de Origen, y mandar a discutir, examinar y votar lo que no ha acordado en sesiones siguientes y conjunción copulativa.

- El C. Presidente Cordero Arroyo: Gracias, Senador Barbosa Huerta.

Sonido en el escaño del Senador Gil Zuarth.

- El C. Senador Roberto Gil Zuarth: (Desde su escaño) Gracias, señor Presidente. Se le ha olvidado al Senador Barbosa Huerta leer otra expresión del artículo 72, inciso e). Y lo voy a reconstruir de la siguiente manera, artículo 72, inciso e) dice: “que persiste el disenso, cito textual, a no ser que las Cámaras acuerden remitir parte del proyecto al Ejecutivo para concluir el proceso legislativo y mantener en el Congreso en discusión y votación aquello en lo que ha quedado el diferendo”.

El principio lógico del sistema bicameral es que las dos Cámaras expresen su consentimiento de manera sucesiva en el mismo sentido y está a punto de pasar dos cosas, las dos Cámaras han expresado su consentimiento en la totalidad del proyecto de Reforma Laboral, con excepción de los artículos 388 Bis y 390, y también estamos a punto de expresar nuestro conocimiento de manera sucesiva en el mismo sentido con respecto a concluir el proceso legislativo en aquello que ha resultado aprobado por ambas Cámaras.

No hay absolutamente ninguna duda de que el trámite legislativo que ha dictado el Presidente de la Cámara es correcto, que no se viola la Constitución y que este Senado puede aprobar el Acuerdo por el cual se concluye el trámite legislativo para todo el proyecto legislativo, con excepción del artículo 388 Bis y el artículo 390.

- El C. Presidente Cordero Arroyo: Gracias, Senador Gil Zuarth.

Sonido en el escaño de Senador Manuel Bartlett.

- El C. Senador Manuel Bartlett Díaz: (Desde su escaño) Yo creo que no hay ningún problema si se aplica precisamente ese artículo completo, como lo señala el Senador Gil Zuarth, a no ser que ambas Cámaras acuerden por la mayoría absoluta de sus miembros que se expida ley o Decreto sólo con los artículos aprobados, y aquí viene lo siguiente, que es parte de la votación y que se reserven los adicionados o reformados para su examen y votación en las sesiones siguientes.

Aquí lo que nos manda la Cámara ya es casi, como decía, una habilitación, nos dice aquí el Senador Gil Zuarth, nos está habilitando, cosa que agradecemos mucho, nos está habilitando que hagamos lo que ellos dicen, sin antes de que nosotros votáramos aquí y viéramos lo que iba a resultar de la votación, ya nos está diciendo que lo mandemos, claro, dicen por ahí, de ser necesario. Pero también omiten, primero, no nos hablan de una votación que se haya tenido allá, porque tiene que ser por mayoría absoluta y que se reserven los adicionados o reformados para su examen y votación en las sesiones siguientes.

Yo creo que si el PAN ha votado precisamente por esto estará muy de acuerdo en que se diga con toda precisión en lo que esta Cámara va a votar, que se reserven los adicionados y reformados para su examen y votación en las sesiones siguientes, no dejarlos ahí a que se queden para la interpretación de alguien.

Yo preguntaría algo también, pero tal vez sea demasiado, porque si se van a ver esos adicionados y deben de estar como obligación, porque esta es una excepción de sacar una reforma trunca, una excepción. Por lo tanto, no puede dejarse en el aire esos artículos que tanto trabajo han costado y en esta asociación, con 8 artículos históricos, verdad, no los dejemos ahí.
De manera que la votación debe ser de las dos partes con todo lo que establece y que se discuta.

Ya no sé si sea preferente o no, porque seguirá siendo preferente.

¿Les metemos unos 15 días para que la aprueben?

¿Las mandamos de regreso con 15 días de condicionamiento o no?

Porque estamos en la línea de las preferentes ¿no? Aquí hay que saber si sigue siendo preferente, si se regresa, vuelve a regresar. Esa es una especulación filosófica, pero, en fin, yo creo que tiene que estar completo para que queden obligados a ver en la siguiente sesión este compromiso legislativo.

Muchas gracias.

(Aplausos)

- El C. Presidente Cordero Arroyo: Gracias, Senador Manuel Bartlett.

Sonido en el escaño del Senador Preciado Rodríguez.

- El C. Senador Jorge Luis Preciado Rodríguez: (Desde su escaño) Señor Presidente, va a ser muy difícil que en este momento se defina exactamente quién tiene la razón constitucional, en virtud de que no hay un árbitro. Por lo cual, yo pediría a la Presidencia que continúe con la votación del Acuerdo de una vez por todas, se obtiene la mayoría absoluta, lo declare así y los artículos en los que mantenemos un disenso con Cámara de Diputados, pues sean remitidos a la misma.

Entonces, creo que no tendría sentido continuar con este debate sobre la interpretación del artículo 72 de la Constitución y procedamos a la votación de una vez.

- El C. Presidente Cordero Arroyo: Gracias, Senador Preciado Rodríguez. Permitiría volver a repetir el procedimiento que va a llevar a cabo la Mesa Directiva.

Someter a votación del Pleno del Senado de la República el Acuerdo para que autorice esta Soberanía que aquellos artículos que hayan sido aprobados por mayoría en ambas Cámaras, se puedan enviar a publicación.

Segundo paso, conocer del Acuerdo enviado por la Cámara de Diputados donde al igual que nosotros, en una asamblea como esta, se votó y la mayoría de los Diputados estuvieron de acuerdo de que en caso de que nosotros decidiéramos activar este Acuerdo parlamentario para enviar a publicación y promulgación lo aprobado en ambas Cámaras, tuviéramos su anuencia, este Acuerdo conoceríamos de él como el segundo paso y fue, repito, aprobado por el Pleno de la Cámara de Diputados.

Y un tercer paso, que sería emitir la declaratoria con la cual le enviamos a la Cámara de Diputados los artículos 388 Bis y 390 para que se discutan en la Cámara de Diputados tal y como lo establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el artículo 72, inciso e).

Ese es el procedimiento que estoy sometiendo a su consideración y procederíamos, si están de acuerdo, a votar la primera parte de este proceso que sería el Acuerdo del Pleno del Senado de la República.

¡Listos¡

Abrase el sistema electrónico de votación hasta por dos minutos para someter a votación el Acuerdo del Senado de la República.

Pediría a la Secretaría girar las instrucciones para que se abriera el sistema electrónico de votación. Un voto a favor es un voto a favor del Acuerdo que leyó la Secretaría hace un momento. Gracias.

- La C. Secretaria Merodio Reza: Señor Presidente, se emitieron 96 votos en pro y 28 en contra.
- El C. Presidente Cordero Arroyo: Aprobado el Acuerdo.

Segundo paso del proceso legislativo, solicito a la Secretaría dé lectura al Acuerdo que la Cámara de Diputados aprobó en su pleno por 361 votos a favor y 129 en contra.

- La C. Secretaria Merodio Reza: (Leyendo)

“Unico.-. Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 72, fracción E de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, manifiesta su acuerdo para que, de ser necesario, la Cámara de Senadores, como Cámara revisora remita al Ejecutivo Federal el Decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo, sólo con los artículos aprobados por ambas Cámaras”.

Es cuanto, señor Presidente.

- El C. Senador Luis Miguel Gerónimo Barbosa Huerta: (Desde su escaño) Señor Presidente.

- El C. Presidente Cordero Arroyo: Sonido en el escaño del Senador Barbosa Huerta.

- El C. Senador Luis Miguel Gerónimo Barbosa Huerta: (Desde su escaño) Señor Presidente, sólo preguntándome si esta Cámara de Senadores puede poner a votación lo acordado en la Cámara de Diputados. Lo que aquí tendría que hacer es decidir si se manda o no a la Cámara de Diputados para que después desde ahí se mande a promulgar y publicar.

Digo, lo pongo como una preocupación, no objeto lo que usted disponga, señor Presidente, sólo que se me hace poco regular que aquí vayamos a votar un Acuerdo de la Cámara de Diputados.

- El C. Presidente Cordero Arroyo: Gracias, Senador Barbosa Huerta.

Creo que en ningún momento esta Mesa estableció que íbamos a someter a votación el Acuerdo de la Cámara de Diputados, únicamente se leyó para fines informativos y para concluir que, en consecuencia, las Cámaras del Congreso General acuerdan remitir al Poder Ejecutivo Federal el texto de los artículos que han alcanzado la aprobación bicameral para que con ello se expida el Decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo.

Remítase al Ejecutivo Federal el Decreto de reformas a la Ley Federal del Trabajo con los artículos que recibieron la aprobación de las dos Cámaras del Congreso de la Unión.

A consecuencia de la aprobación de los artículos 388 Bis y 390, que esta Cámara resolvió aprobar para modificar la Ley Federal del Trabajo y que no están dentro del texto que remitirá al Ejecutivo Federal, los artículos anteriores se colocan en el supuesto de la parte final del inciso e) del artículo 72 constitucional y que dispone que, los artículos de la Cámara Revisora, insiste en mantener y se examinarán y votarán en sesiones siguientes.

En esa virtud, toda vez que la mayoría absoluta del Senado insiste en aprobar los artículos 388 Bis y 390, para que reformen la Ley Federal del Trabajo, los mismos se remiten, desde luego, a la Cámara de Diputados para los efectos de la parte final del inciso e) del artículo 72 constitucional.

Asimismo, los artículos que ya alcanzaron la aprobación de ambas Cámaras deben enviarse al Ejecutivo Federal para su promulgación y publicación.

Comuníquese y remítase a la Cámara de Diputados el texto de los artículos 388 Bis y 390 que proponen reformas a la Ley Federal del Trabajo.

Pasando a otro asunto, solicito a la Secretaría dé lectura a un Acuerdo que esta Mesa Directiva ha suscrito, por el que se establece el procedimiento para la elección de Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.






MESA DIRECTIVA

- La C. Secretaria Merodio Reza: (Leyendo)



Es cuanto, señor Presidente.

- El C. Presidente Cordero Arroyo: Sonido en el escaño del Senador Manuel Bartlett, por favor.

- El C. Senador Manuel Bartlett Díaz: (Desde su escaño) Yo quisiera entender mejor, parece que están invirtiendo el proceso anterior ¿no?, que en lugar de que vayan a la Comisión de Justicia, ahora vienen directamente ante el Pleno.

Yo diría que analicemos con mucho cuidado esto, porque la verdad, hemos hecho el ridículo en la elección pasada, vergonzoso tener ahí a los Magistrados durante horas y horas para luego salir con lo que salimos.

El Senador Gil Zuarth, Presidente de la Comisión de Justicia, nos presentó un informe sobre la labor entusiasta de la Comisión de Justicia, y nos dijo que era un mecanismo sui generis, que se estaba avanzando y trastornando las formas, porque esa Comisión de Justicia analizó todos los datos y estuvo ahí, en otra presentación adicional a todos los candidatos.

Sin embargo, el resultado pues fue, para mi, casi una burla, porque la Comisión de Justicia, resulta que después de haber hecho la pasarela completa, resulta que todos eran iguales, y entonces resultó una patraña hacer eso, porque todos iguales. Resultaron no tan iguales, después en el Pleno, porque a unos hasta les metieron ceros y a otros los votaron con 50 y tántos votos nulos.

Entonces, yo creo que el Senador Gil Zuarth tuvo realmente una intervención interesante, si era sui generis el resultado fue como simulación, pero ¿por qué lo cambian ahora?, si ese estudio, no tiene la Comisión de Justicia más que revisar si cumplen los requisitos, toda una comisión, no tiene obligación de hacer un análisis de lo que hicieron de sus expedientes, del análisis a fondo, estamos seleccionando ni más ni menos que a un poder de la Federación, de dos ministros, en esta situación; no repitamos la misma operación, realmente ridícula y vergonzosa. A mi me parece que el señor presidente Gil Zuarth tiene razón, nada más que la comisión sí haga su trabajo, sí analice, porque no podemos seguir con simulaciones.

Vamos, fíjense ustedes, hay un proceso, y alguien lo dijo aquí, hay un proceso que ya se agotó, ya se agotó. Se necesita renovar, darle dignidad al Senado, porque sabemos muy bien, ya se dijo en los medios, que ya se puso de acuerdo Peña Nieto otra vez con Calderón para mandar ternas que ellos decidieron juntos.

Entonces, pero por eso son ternas, no para que digan, esas son ternas de uno. Sino para que se analice a fondo.

En otras naciones, algunas no pueden ser muy simpáticas a nosotros, analizan durante meses los nombramientos de los ministros de la corte. Aquí, bueno, ¿por qué a la Comisión de Justicia se le hace a un lado?, si estaba tan bien encaminada, nada más que llegó un poco mal, pero yo diría que ese procedimiento debe revisarse, porque volver otra vez a la misma pifia, sería una vergüenza.

Una terna que viene ya por el candidato decidido. La otra terna, de común acuerdo con el concepto decidido, entonces resulta que el Ejecutivo le da instrucciones al Senado y éste manda a la Suprema Corte de Justicia dos del Ejecutivo, entonces, es realmente una vergüenza; modernicémonos, es una palabra muy de neoliberalismo, modernicémonos, y no brinquemos esa primera fase, que tan bien que íbamos, a mi me pareció que se vio en el Canal del Congreso, pero a fondo, analizando a fondo, y que no vengan con uno señalado, porque entonces vamos a hacer el ridículo otra vez.

Muchas gracias, señor Presidente.

- El C. Presidente Cordero Arroyo: Gracias, Senador Manuel Bartlett.

Sonido en el escaño del Senador Gil Zuarth.

- El C. Senador Roberto Gil Zuarth (Desde su escaño) Gracias, señor Presidente, en efecto, cuando fundamentamos el dictamen en la Comisión de Justicia, se señaló que era un procedimiento inédito. Era un procedimiento inédito fundamentalmente por dos razones, la primera porque por primera vez en la historia de este tipo de procedimientos senatoriales se pidió a la Suprema Corte de Justicia de la Nación y al Consejo de la Judicatura una serie de información relacionada con el desempeño jurisdiccional de los propuestos.

Pero también fue exigente e inédito en razón de que las Magistradas y Magistrados que fueron integrados a la terna, respondieron a una serie de preguntas de los grupos parlamentarios, una sesión pública, transparente, abierta, donde dieron respuesta puntual a cada una de las interrogantes de los grupos parlamentarios.

Quiero hacer énfasis en respuesta al Senador Manuel Bartlett, que el mandato que recibió la Comisión de Justicia de este Pleno, que se votó por unanimidad, fue en el sentido de que el dictamen versara por la verificación del cumplimiento de los requisitos objetivos que establece la Constitución, es decir, requisitos como el desempeño, eficiencia, profesionalismo, etcétera; es justamente lo que hizo la Comisión de Justicia.

En el dictamen que fue votado por este Pleno se razona cada uno de los requisitos incluyendo los aspectos fundamentales de la información que se recibió por parte de la Comisión de Justicia.

También se dijo en el Acuerdo de la Mesa Directiva que fue votado por este Pleno, que correspondería a los grupos parlamentarios en ejercicio de la libertad de voto, por cierto, voto secreto, quienes analizarían los elementos subjetivos de las propuestas y eventualmente la formación de los equilibrios políticos para decantar el nombramiento hacia una de las personas incluidas en la terna.

Ese es el mandato que recibió la Comisión de Justicia, y en consecuencia, lo cumplimos a cabalidad.

Muchas gracias, señor Presidente.

- El C. Presidente Cordero Arroyo: Gracias, Senador Gil Zuarth.

Tiene el uso de la palabra la Senadora Mendoza Mendoza, después el Senador Raúl Cervantes y cerramos con el Senador Manuel Bartlett.

- La C. Senadora Iris Vianey Mendoza Mendoza: (Desde su escaño) Gracias, señor Presidente. Estamos discutiendo la propuesta de cambio de procedimiento de la Mesa Directiva, que, primero para puntualizar, yo difiero del Senador Manuel Bartlett y de algunos otros Senadores, quienes hablaron de que fue una comedia la comparecencia de los Magistrados.

Esta tribuna, el Senado de la República y el hecho de que los ojos de la nación estén puestos en una sesión como la que tuvimos anteriormente, es motivo de sentirnos honrados, todos, incluidos los Magistrados.

Entonces, el hecho de dirigirse al Senado de la República y a la nación mexicana desde aquí, es motivo de beneplácito para todos, incluidos los Magistrados. Yo difiero en esa parte.

Debido a esto decidimos proponer cambiar el procedimiento, que en este momento es lo que se pone a consideración del Pleno. Para avanzar tenemos que votar este procedimiento, si hay alguna otra propuesta, pues que se planté en este momento, pero es una propuesta simplemente de procedimiento, y que obviamente los candidatos tendrán que cumplir con todos los requisitos que ya están establecidos.

- El C. Presidente Cordero Arroyo: Gracias, Senadora Mendoza Mendoza.

Senador Cervantes Andrade, por favor.

- El C. Senador Raúl Cervantes Andrade: (Desde su escaño) Gracias, señor Presidente. A mí me gustaría que se entendiera cuál es el análisis del cambio de procedimiento, y en defensa de la Comisión de Justicia.

La mesa de la Comisión de Justicia representada por los tres partidos más grandes, los grupos parlamentarios, hicieron un acuerdo de un trabajo que hizo transparente ante la sociedad y ante México el camino de la decisión en elementos objetivos, que como dijo el Senador Gil Zuarth, mandató este Pleno.

No se llegaron a los acuerdos, las dos terceras partes, un tema constitucional se califica específicamente para llegar a un alto consenso. No se dio.

Eso no es una burla, era el primer tramo del proceso constitucional, que por cierto está arreglado en la Constitución, y en ningún otro lado.

El elemento de cambiar el orden para que conozca el Pleno en donde el nombramiento por colaboración de poderes, el Ejecutivo manda y el Legislativo ratifica para dar el nombramiento de dos miembros de un tercer poder se genera en que en el Pleno es de la facultad de decisión y la comisión el de valoración que son elegibles o inelegibles en elementos objetivos, que es lo único que se está cambiando, en beneficio desde mi modesto punto de vista es que estamos haciendo la primera interpretación pro persona, es a favor, favorecedor de los futuros candidatos de las ternas en donde se rija y se pueda conceptualizar el voto del Pleno, primero se escucha, después se va a la comisión y si es elegible regresa al Pleno, ya no es necesaria su presencia y se vota, es perfectamente constitucional y me parece que la evolución de los sistemas parlamentarios siempre deben de aprender de los elementos o de los errores de sus virtudes o de sus defectos.

En este caso no llegamos al consenso de las dos terceras partes, esta mecánica seguramente será favorecedor para las personas mencionadas, será bueno para el colegiado de la Suprema Corte y será muy adecuado para el Pleno del Senado.

Es cuanto, señor Presidente.

- El C. Presidente Cordero Arroyo: Gracias, Senador Cervantes Andrade.

Sonido en el escaño del Senador Manuel Bartlett.

- El C. Senador Manuel Bartlett Díaz: (Desde su escaño)Lo único que yo estoy haciendo aquí, del conocimiento del Pleno y de la Mesa, es que quedamos muy mal, pero aquí dicen que quedamos muy bien, y ahora para quedar mejor vamos a hacerlos, fíjese usted lo que dice, vamos a hacerlos primero venir aquí, y después checamos si son elegibles, bueno, por favor, esa mejora está peor, y se quita la razón de ser de la Comisión de Justicia, le están quitando funciones al señor Presidente Zuarth, que es muy habilidoso, buen jurista y podrá hacer un análisis a fondo de las propuestas, de veras a fondo, antes de mandarlo aquí al Pleno deberían de presentar un análisis de lo que estudiaron, de lo que vieron y no volver a lo mismo.

Yo creo que no estamos proponiendo nada turbulento, sino lo único que estamos planteando es que nos fue muy mal, estuvo mal, empezamos a las 4 de la tarde, se rompieron acuerdos cupulares, les dieron una pobre sacudida a los pobres Magistrados, gentes todas honorables que tienen 30 y tantos años de carrera.

Por qué no hacemos un esfuerzo y discutimos esto, podemos insistir con mayor precisión para realmente hacerlo bien, no creo que lo que estén proponiendo esté mejor, eso de inversión, ahora los vamos a oír y después vamos a ver si son elegibles, bueno pues es un absurdo.

Entonces yo sugeriría que no lo votemos hoy, ya podemos tener una sesión en donde todos de buena fe establezcamos un mecanismo que permita que este Senado tenga la dignidad y no sea un Senado de consigna en donde vienen ternas ya decididas de antemano en una distribución de cargos, y sí realmente profundizar, está muy mal y todos los que me están oyendo lo saben, entonces por qué precipitar este Acuerdo, vamos a verlo con cuidado para buscar dignificar al Senado de la República, para que los ministros que salgan de aquí, salgan de un proceso digno, democrático y realmente adecuado a la elevadísima función que nos toca en esa materia.

Muchas gracias.

- El C. Presidente Cordero Arroyo: Gracias, Senador Manuel Barttlet.

Sonido en el escaño del Senador Demédicis Hidalgo.

- El C. Senador Fidel Demédicis Hidalgo: (Desde su escaño)Revisando el Reglamento del Senado de la República, evidentemente contraviene el acuerdo que se pretende votar aquí y digo que si vamos a estar abusando de una mayoría que se tiene en el Pleno del Senado de la República, violentando el Reglamento cada vez que sea necesario, bueno, pues entonces declaremos ya nulo el Reglamento del Senado y que se consulte a la Asamblea las veces que sean necesarias para ejecutar un procedimiento.

Los artículos 242, 243, 244 y los relativos son contundentes al respecto, le leo si usted gusta, el artículo 242, desde el artículo 241, dice: “Una vez que se reciba la comunicación del Ejecutivo Federal sobre un nombramiento, el Presidente de la Mesa da cuenta al Pleno y turna el expediente relativo a la comisión o comisiones a las que corresponda dictaminar.

2. Inmediatamente la comisión o comisiones verifican que el expediente se acompaña de la comisión que acredita el cumplimiento de los requisitos exigidos para el cargo por la Constitución o las leyes.

3. De encontrarse alguna omisión o defecto en la documentación correspondiente, la comisión o comisiones lo comunicarán al Presidente para que requiera de inmediato al Ejecutivo Federal la complete o corrija.

Artículo 242.

Una vez verificado el cumplimiento de los requisitos e integrado debidamente el expediente, la comisión o comisiones pueden citar a comparecer a la persona de que se trata, a fin de allegarse mayores elementos de juicio para la elaboración del dictamen que corresponda.

La comparecencia la convoca el presidente de la comisión primera en turno, previos los acuerdos del caso. Se desarrolla de tal modo que permita a los Senadores evaluar los conocimientos del compareciente sobre el cargo que se trata y conocer su visión del trabajo a realizar.

Artículo 243.

1. La aprobación o ratificación del nombramiento se hace por votación nominal de la mayoría absoluta de los Senadores presentes en la sesión, salvo disposición expresa en que se exija una mayoría calificada.

Artículo 244.

Los acuerdos relativos a la aprobación o ratificación de nombramientos se publican en la Gaceta y se notifica a las autoridades correspondientes.

Es decir, es el turno a la comisión, no sé si ya llegaron las ternas, pero ese procedimiento que se pretende ahorita implementar, evidentemente contradice lo que está planteando este Reglamento, señor Presidente.

- El C. Presidente Cordero Arroyo: Gracias, Senador Demédicis Hidalgo.

Sonido en el escaño del Senador Miguel Romo.

- El C. Senador Miguel Romo Medina: (Desde su escaño) Señor Presidente, nada más para hacer una moción de orden y rogar se someta a consideración si está lo suficientemente discutido este punto.

- El C. Presidente Cordero Arroyo: Muy bien. Consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el Acuerdo presentado.

- La C. Secretaria Merodio Reza: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el Acuerdo. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobado el Acuerdo, señor Presidente.

- El C. Presidente Cordero Arroyo: Aprobado el Acuerdo por el que se establece el procedimiento para la elección de Ministros para la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Comuníquese.

Compañeros Senadores, informo a ustedes que esta Mesa Directiva recibió un Acuerdo suscrito por los integrantes de la Junta de Coordinación Política.

Solicito a la Secretaría dé lectura al Acuerdo.






JUNTA DE COORDINACION POLITICA

- La C. Secretaria Merodio Reza: (Leyendo)



Es cuanto, señor Presidente.

PRESIDENCIA DEL C. SENADOR
JOSE ROSAS AISPURO TORRES

- El C. Presidente José Rosas Aispuro Torres: Gracias, señora Secretaria. No habiendo quien haga uso de la palabra…

- El C. Senador José María Martínez Martínez: (Desde su escaño) Pido la palabra, señor Presidente.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Sonido en el escaño del Senador Martínez Martínez, ¿para qué asunto?

- El C. Senador José María Martínez Martínez: (Desde su escaño)Gracias, señor Presidente. Sólo tengo una pregunta, es una duda, en concreto.

Me puede indicar ¿cuándo fue creada la Comisión Especial para el Seguimiento de las Finanzas Públicas? ¿En qué sesión, señor Presidente?

- El C. Presidente Aispuro Torres: Sí, con el Acuerdo de la Junta de Coordinación Política, y por eso la Junta de Coordinación Política la está proponiendo hoy al Pleno para que este sea el que tome la determinación.

- El C. Senador José María Martínez Martínez: (Desde su escaño) Entiendo que estas ya fueron creadas por acuerdo de la Junta de Coordinación Política en sesiones pasadas, salvo el caso de la Comisión del Análisis de las Finanzas Públicas, que no tenía yo conocimiento, seguramente habrá algún antecedente de aprobación en este Pleno, pero desconozco cuándo fue que fue aprobada.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Con gusto se le hará llegar la comunicación correspondiente donde se acordó la creación de esta comisión. ¡Claro que sí!

- La C. Senadora Layda Sansores San Román: (Desde su escaño)Pido la palabra, señor Presidente.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Sonido en el escaño de la Senadora Layda Sansores, ¿para qué asunto?

- La C. Senadora Layda Sansores San Román: (Desde su escaño)Solicité hace varios días, por escrito, integrarme a las Comisiones de Migración y de Asuntos Fronterizos.

¿Cuántos meses deberán pasar para que sea aprobada mi solicitud?

- El C. Presidente Aispuro Torres: Con gusto le remitimos esa inquietud a la Junta de Coordinación Política nuevamente para que sea tomada en cuenta la propuesta suya, con gusto. Consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse dicho Acuerdo.

- La C. Secretaria Merodio Reza: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el anterior Acuerdo. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobado el Acuerdo, señor Presidente.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias. Aprobado el Acuerdo relativo a la integración de comisiones. Comuníquese.

Solicito a la Secretaría dé cuenta con los asuntos que remite la Comisión de Administración.






COMISION DE ADMINISTRACION

- La C. Secretaria Merodio Reza: Para los efectos de los artículos 66, inciso g) y 99 de la Ley Orgánica del Congreso General, se recibió de la Comisión de Administración el Proyecto de Presupuesto de Dietas, Honorarios, Sueldos y Gastos de la Cámara de Senadores para el mes de octubre de 2012.

Es todo, señor Presidente.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, señora Secretaria. Está a consideración de la Asamblea el proyecto de presupuesto. No habiendo quien haga uso de la palabra, pido a la Secretaría que consulte a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse dicho Proyecto.

- La C. Secretaria Merodio Reza: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el Proyecto de Presupuesto. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobado, señor Presidente.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Aprobado el presupuesto de la Cámara de Senadores para el mes de octubre de 2012.

Pasamos al siguiente asunto.

- La C. Secretaria Merodio Reza: Para los efectos del artículo 99 de la Ley Orgánica del Congreso General, se recibieron de la Comisión de Administración los informes de los presupuestos ejercidos por la Cámara de Senadores en los meses de agosto y septiembre de 2012.

Es todo, señor Presidente.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias. Está Asamblea ha quedado debidamente enterada de ambos informes.

Compañeras y compañeros Senadores, les informo que las proposiciones inscritas en la agenda de hoy se turnarán a la Cámara de Diputados y a las comisiones del Senado, según correspondan. Las Senadoras y Senadores que deseen mantener inscrita su proposición, sólo deberán hacerlo del conocimiento de esta Mesa Directiva o de la Secretaría Parlamentaria.






PROPUESTAS

Del C. Senador Manuel Humberto Cota Jiménez, del grupo parlamentario del PRI, que contiene punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Cámara de Diputados para que asigne en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2013, 1,215 millones de pesos para el estado de Nayarit, para la atención de la demanda de educación superior, a través de la Universidad Autónoma de ese estado. Se turna a la Cámara de Diputados.

PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA A LA CAMARA DE DIPUTADOS PARA QUE ASIGNE EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACION 2013, 1,215 MILLONES DE PESOS PARA EL ESTADO DE NAYARIT, PARA LA ATENCION DE LA DEMANDA DE EDUCACION SUPERIOR, A TRAVES DE LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE ESE ESTADO

- La C. Secretaria Merodio Reza: (Leyendo)








Del C. Senador Francisco Salvador López Brito, del grupo parlamentario del PAN, que contiene punto de Acuerdo por el que se exhorta al titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y a la Cámara de Diputados a destinar los recursos necesarios para la terminación de la carretera Choix-San Rafael. Se turna a la Comisión de Comunicaciones y Transportes el primer resolutivo y a la Cámara de Diputados los resolutivos segundo y tercero.

PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA AL TITULAR DE LA SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES Y A LA CAMARA DE DIPUTADOS A DESTINAR LOS RECURSOS NECESARIOS PARA LA TERMINACION DE LA CARRETERA CHOIX-SAN RAFAEL

“SEN. ERNESTO JAVIER CORDERO ARROYO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
DE LA CAMARA DE SENADORES
LXII LEGISLATURA
PRESENTE.

FRANCISCO SALVADOR LOPEZ BRITO, Senador integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el Artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y en la fracción II del artículo 8, así como el artículo 276, ambos del Reglamento del Senado de la República, presento a consideración de esta Honorable Asamblea la proposición con punto de Acuerdo en el que se exhorta al titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes; y a la Cámara de Diputados para que en uso de sus atribuciones destinen los recursos necesarios para la terminación de la carretera Choix- San Rafael que comprende los estados de Sinaloa y Chihuahua y que es parte considerable del denominado corredor comercial Dallas- Chihuahua- Topolobampo.

CONSIDERACIONES

La infraestructura en general, proporciona los medios para que la población pueda llevar a cabo prácticamente todas sus actividades, por lo que depende de la cantidad y calidad de la infraestructura con que cuente una región, independientemente de que se hable de un municipio, estado o país, para lograr su desarrollo y una buena calidad de vida para la población.

El desarrollo económico de cualquier nación está ligado con su infraestructura; en el caso particular de nuestro país, es del conocimiento de muchos que tenemos importantes rezagos en materia de infraestructura que afectan la calidad de vida de la población, reduciendo la competitividad de su economía.

El papel que juega la infraestructura es fundamental para el desarrollo económico, cultural y social de cualquier nación, además de proveer el fundamento de la actividad económica del país en cuestión. hoy existen las condiciones necesarias para el financiamiento de largo plazo de proyectos de infraestructura, tanto a nivel regional, como nacional

De acuerdo al Programa Sectorial de Comunicaciones y Transportes 2007-2012, el sistema carretero del país está conformado por una red que consta de más de 356 mil kilómetros, de los cuales el 35 por ciento están pavimentados, 43 son revestidos y los 22 restantes son terracerías y brechas mejoradas. De acuerdo al tipo de red, está constituida por 48 mil 319 kilómetros de carreteras federales y autopistas, 72 mil 179 kilómetros de caminos alimentadores o estatales y 167 mil 877 kilómetros de caminos rurales y 68 mil 570 kilómetros de brechas.

Uno de los elementos de la red carretera del Programa Sectorial, lo constituyen los 14 corredores carreteros que interconectan las cinco mesorregiones en que se divide el país, y que proporcionan el acceso y comunicación permanente a las principales ciudades, fronteras, centros turísticos y puertos marítimos, con una longitud total de 19 mil 245 kilómetros. De acuerdo a los datos de la propia Secretaría de Comunicaciones y Transportes se ha modernizado el 82 por ciento de la longitud total de estos corredores.

La infraestructura contribuye de manera decisiva a la integración nacional, al impulso del comercio entre los principales centros de producción y consumo y a la articulación de cadenas productivas y corredores industriales en diversos puntos del territorio nacional, fortalecimiento de la actividad turística aspectos todos ellos indispensables para fortalecer la productividad de las industrias y la competitividad de la economía en su conjunto.

Tanto el estado de Chihuahua como el de Sinaloa cuentan con una infraestructura importante, Chihuahua por su gran extensión territorial con 247 mil 455 Kilómetros cuadrados de superficie y una población de 3.4 millones de habitantes dispersa en la variada geografía del estado compuesta por cadenas montañosas, grandes llanuras y desiertos con amplias áreas casi deshabitadas; esta situación representa un reto para proporcionar las vías de comunicación que permitan enlazar los polos de desarrollo e incrementar la intercomunicación de las poblaciones.

Sinaloa está localizado al noroeste de México, a tan sólo 14 horas por carretera hasta la frontera de Estados Unidos. Su ubicación estratégica le otorga una ventaja de conectividad para la distribución de productos de Estados Unidos con destino a Asia y Centroamérica. El Estado tiene un área total de 59 mil Kilómetros cuadrados que representa el 3% del área total del país. Colinda al Oeste con el Océano Pacifico y el Mar de Cortés con 650 Kilómetros de costa.

Los estados de Chihuahua y Sinaloa durante varios años han pugnado por que se consolide el proyecto del Corredor Dallas – Chihuahua- Topolobampocomo una estrategia de mejorar la comunicación entre regiones y la conectividad de la red carretera con el fin de promover el progreso de los distintos polos de desarrollo, aunque este proyecto ya tiene tramos terminados y otros en construcción, actualmentese encuentra pendiente la construcción del tramo San Rafael- Choix.

De acuerdo con datos de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes al día de hoy, respecto al tramo Choix - límites de Estados Sinaloa/Chihuahua, con una longitud total de 61.8 km, se tienen construidos a la fecha 25 km a 7 metros,quedando pendientes por construir los siguientes subtramos:

Mezquite Caído - Huepaco, con una longitud de 23 km y una inversión estimada de 188 millones de pesos. Asimismo, en dicho tramo se ubica el puente Presa Huites de 672 mts, con una inversión estimada de 700 Millones de Pesos.

Huepaco - Macoribo - límites de Estados Sinaloa/Chihuahua, con una longitud de 13 km y una inversión estimada de 112 millones de pesos.

Adicionalmente, al tramo correspondiente a El Fuerte - Choix, con una longitud total de 54 km, se han modernizado 36 km a 12 m, quedando pendientes por modernizar 18 km con una inversión estimada de 180 millones de pesos.

De esta manera, la inversión total estimada para su conclusión se estima en mil 180 millones de pesos.

Del estado de Chihuahua, se beneficiarían 12 las poblaciones, donde habitan más de 13 mil personas en la región, ya que la modernización de caminos es en definitiva el detonante para la actividad comercial y por lo tanto para la mejora de la calidad de vida.

Además de lo anterior, ambos estados comparten la visión de promover la conformación de una infraestructura portuaria con conectividad carretera y ferroviaria transversal, moderna y eficiente, que permita aprovechar la oportunidad estratégica que representa el acceso marítimo a la región de mayor dinamismo económico del mundo.

Hay que recordar que la conexión Topolobampo-Dallas facilitaría el comercio entre Asia, México y Estados Unidos, ya que el puerto es una alternativa portuaruia ideal y que no ha sido explotada.

Así mismo, el camino ferroviario Topolobampo-Chihuahua-Ojinaga-Presidio-Dallas, es mucho más corto al ser un trayecto de solo 4 días, contrastando con los 8 días que actualmente se requieren para hacer el recorrido de Los Ángeles a Dallas generando con ello un impacto económico importante.

Es de resaltar de igual manera que esta obra es fundamental para elevar la calidad de vida de la sierra tarahumara, ya que además facilitaría el traslado de sus habitantes hacia otras comunidades donde cuentan con servicios médicos, escuelas y oportunidades de trabajo.

Por tal motivo, tanto el estado de Sinaloa como el de Chihuahua han buscado finalizar con los tramos faltantes que terminarían de unir por carretera de manera mucho más rápida a ambos estados, amén de losmúltiples beneficios que conllevaría para ambos estados la terminación de los tramos faltantes, tales como :

• Incrementar el índice de servicio y calidad con el que se transportan personas y mercancías.

• Beneficios económicos, industriales y turísticos a la región.

Hay que recordar también que ambos estados son receptores de un flujo migratorio que vienen a buscar alternativas de vida.

La mejora en la infraestructura es sinónimo de desarrollo económico, social y humano, llevando de la mano el crecimiento económico y las oportunidades de avance del país, las cuales se encuentran claramente correlacionados con el grado de progreso de la infraestructura carretera por tal motivo,el Estado mexicano, está obligado a implementar acciones para elevar la calidad de vida de la gente a partir del intercambio comercial, industrial y de una mejor infraestructura para mejorar los niveles de productividad en ambas entidades.

En este proyecto hay interés mutuo tanto de Chihuahua como del Gobierno del Estado de Sinaloa, ya que los poblados que existen en la ruta tendrán un beneficio directo de consolidarse la obra. Por lo que se pide a la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión que dentro del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2013 en lo correspondiente a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes se destinen los recursos necesarios para la terminación de los tramos faltantes para consolidar el corredor Dallas- Chihuahua- Topolobampo.

Por lo anteriormente planteado, me permito someter a esta Honorable Soberanía el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO. Se exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, para que en ejercicio de sus facultades al momento de realizar la planeación y programación de su Programa de Infraestructura para el Ejercicio Fiscal 2013, consideren y destinen los recursos necesarios para la terminación de la carretera Choix- San Rafael considerada prioritaria en el corredor comercial Dallas- Chihuahua- Topolobampo.

SEGUNDO. El Senado de la República exhorta a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, para que en el marco de discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2013, consideren y destinen los recursos necesarios para la terminación de la carretera Choix- San Rafael considerada prioritaria en el corredor comercial Dallas- Chihuahua- Topolobampo.

TERCERO. El Senado de la República exhorta y solicita atenta y respetuosamente a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, de la H. Cámara de Diputados, para que realice los esfuerzos necesarios para incorporar en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2013 los recursos necesarios para la terminación de la carretera Choix- San Rafael considerada prioritaria en el corredor comercial Dallas- Chihuahua- Topolobampo.

Salón de sesiones de la Cámara de Senadores, a 8 de noviembre de 2012.

Atentamente”.






De la C. Senadora Martha Palafox Gutiérrez, del grupo parlamentario del PT, que contiene punto de Acuerdo que solicita al Ejecutivo Federal y a la Cámara de Diputados incluir en el Presupuesto de Egresos de la Federación para 2013 los recursos necesarios para la creación de unidades especializadas de nefrología en cada estado del país. Se turna a la Cámara de Diputados.

PUNTO DE ACUERDO QUE SOLICITA AL EJECUTIVO FEDERAL Y A LA CAMARA DE DIPUTADOS INCLUIR EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACION PARA 2013 LOS RECURSOS NECESARIOS PARA LA CREACION DE UNIDADES ESPECIALIZADAS DE NEFROLOGIA EN CADA ESTADO DEL PAIS








Del C. Senador Héctor Yunes Landa, del grupo parlamentario del PRI, que contiene punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a que en el proceso de análisis, discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2013, se destinen mayores recursos al Programa de Acciones en Concurrencia con Entidades Federativas en Materia de Inversión, Sustentabilidad y Desarrollo de Capacidades. Se turna a la Cámara de Diputados.

PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA A LA COMISION DE PRESUPUESTO Y CUENTA PUBLICA DE LA CAMARA DE DIPUTADOS A QUE EN PROCESO DE ANALISIS, DISCUSION Y APROBACION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACION PARA 2013 SE DESTINEN MAYORES RECURSOS AL PROGRAMA DE ACCIONES EN CONCURRENCIA CON ENTIDADES FEDERATIVAS EN MATERIA DE INVERSION, SUSTENTABILIDAD Y DESARROLLO DE CAPACIDADES

“El suscrito, Héctor Yunes Landa Senador de la República en la LXII Legislatura, integrante de grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 8, fracción II y 276, del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de este Pleno la siguiente proposición con punto de Acuerdo al tenor de las siguientes:

EXPOSICION DE MOTIVOS

En el país, durante los últimos años el sector agropecuario se ha enfrentado a diversos cambios, el continuo proceso de globalización ha modificado un nuevo entorno para el sector agropecuario, los cambios tecnológicos que deberían provocar mejoras en la productividad, los nuevos esquemas organizacionales que activan las formas de comercialización y modifican los métodos de inserción en el mercado mundial y por último el surgimiento de nuevos esquemas de desarrollo rural.

México, por su condición geográfica posee una amplia gama de recursos naturales, característica única e inigualable ante otros países, lo que significa una gran oportunidad de desarrollo ya que se cuentan con las condiciones ideales para practicar todo tipo de actividades relacionadas con el campo. La fertilidad de la tierra, la variedad de climas y la abundancia de insumos ecológicos nos permiten poseer un gran potencial agropecuario, por lo que en gran parte del territorio nacional la población se dedicada principalmente a la agricultura, ganadería, pesca y en algunas regiones al turismo.

Lamentablemente la política agrícola implementada, no ha podido reposicionar al campo en los niveles ideales para su óptimo desarrollo, las acciones gubernamentales se han concentrado fundamentalmente en propiciar la reconversión productiva, cuando lo ideal sería diversificar los cultivos tradicionales y ofrecer una mejor asesoría tecnológica y generar una mayor infraestructura, en este sentido, se requiere de proyectos concertados entre los tres órdenes de gobierno y el sector rural implementando las medidas necesarias como: mejores financiamientos, más créditos y un mayor presupuesto dirigido para desarrollo del medio rural; con esto se permitirá otorgar al campo la prioridad que demanda, superar añejos rezagos y hacer frente a los retos actuales como la soberanía alimentaria.

Cabe señalar que las gestiones por parte de Ejecutivo en el marco de la Constitución Política y de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, deben de ir encaminadas hacia el combate a la pobreza, dando prioridad a la producción, abasto suficiente y oportuno de los productos básicos y estratégicos, además de desarrollar bienes públicos, particularmente en materia de infraestructura, investigación y desarrollo rural; asimismo debe de contribuir con estrategias y recursos con el fin de fortalecer las actividades agropecuarias, acuícolas y pesqueras.

Si bien es cierto, que existen diferentes políticas públicas implementadas por el Gobierno Federal que contemplan el apoyo al campo, también es de mencionar, que dichas políticas no han mostrado los resultados esperados. Desafortunadamente el Programa de Acciones en Concurrencia con Entidades Federativas en Materia de Inversión, Sustentabilidad y Desarrollo de Capacidades, uno de los principales ejes de desarrollo para el país, sufrió una disminución muy notable en recursos económicos otorgados en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2012, con un monto total de $3,227,300,000 (tres mil doscientos veinte siete millones, trescientos mil pesos), un 68% porciento menos al autorizado en el año 2011, en cuyo ejercicio se concedieron $10,144,000,000 (diez mil ciento cuarenta y cuatro millones pesos).

Es de mencionar, que dicho programa provee el 75% de los recursos económicos a los Fideicomisos de Fomento Agropecuario del Estado (FOFAE) y el otro 25% restante lo aportan las entidades federativas, con este capital las Secretarias Estatales de Desarrollo Ruralejecutan los proyectos estratégicos de impacto estatal o regional, de acuerdo a las prioridades y planteamientos que definan los Consejos Estatales para el Desarrollo Rural Sustentable de los Estados.

A través de estos proyectos las entidades federativas pretenden aumentar progresivamente el ingreso de los productores; incrementar la producción agropecuaria a una tasa superior a la del crecimiento demográfico; el fomento las exportaciones de los productos agropecuarios. De esta manera se pretende generar la igualdad de oportunidades de los pequeños y medianos productores ante las grandes industrias.

En este sentido, es necesario replantear la política general para el desarrollo rural, con el objetivo principal de elevar los niveles de bienestar yde calidad de vida de la población,disminuyendo la pobreza y la exclusión social por medio de estrategias y acciones que tiendan a fomentar la productividad y la rentabilidad de las actividades económicas rurales, asimismo se deben de integrar e impulsar proyectos de inversión que permita canalizar productivamente recursos públicos y privados al gasto social en el sector rural.

En este orden de ideas, también es necesario organizar y fomentar las investigaciones agrícolas, ganaderas, avícolas y apícolas, además de promover el desarrollo de infraestructura industrial y comercial de la producción agropecuaria; además de mejorar conjuntamente las acciones que el Ejecutivo Federal, convenga con las entidades federativas para impulsar el desarrollo rural.

A fin de que los recursos fiscales generen un mayor impacto en el desarrollo y sustentabilidad de las actividades agropecuarias, acuícolas y pesqueras del país, me permito presentar ante esta Soberanía el siguiente:

Punto de Acuerdo

Unico.- Se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la H. Cámara de Diputados, para que dentro del proceso de análisis, discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2013, se destinen mayores recursos al Programa de Acciones enConcurrencia con Entidades Federativas en Materia de Inversión, Sustentabilidad y Desarrollo de Capacidades, implementado por la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA),a fin de que los Estados ejecuten los proyectos estratégicos de impacto estatal y regional, para impulsar el desarrollo rural en el país.

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Senadores, a 13 de noviembre de 2012.

Suscribe

Sen. Héctor Yunes Landa”.






Del C. Senador César Octavio Pedroza Gaitán, del grupo parlamentario del PAN, que contiene punto de Acuerdo por el que se solicita al Ejecutivo Federal y a la Cámara de Diputados que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2013 se destinen recursos para la creación de un fondo subsidiario al cual puedan acceder directamente los municipios mexicanos con elevado nivel de marginación, para el desarrollo de proyectos que provean a su fortalecimiento institucional. Se turna a la Cámara de Diputados.

PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE SOLICITA AL EJECUTIVO FEDERAL Y A LA CAMARA DE DIPUTADOS QUE EN EL PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACION 2013 SE DESTINEN RECURSOS PARA LA CREACION DE UN FONDO SUBSIDIARIO AL CUAL PUEDAN ACCEDER DIRECTAMENTE LOS MUNICIPIOS MEXICANOS CON ELEVADO NIVEL DE MARGINACION, PARA EL DESARROLLO DE PROYECTOS QUE PROVEAN A SU FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

“SEN. ERNESTO CORDERO ARROYO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
DE LA CAMARA DE SENADORES
CONGRESO DE LA UNION
LXI LEGISLATURA

PRESENTE.

El suscrito, Senador Cesar Octavio Pedroza Gaitán, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en los artículos 8, numeral 1, fracción II y 276 numeral, 1; así como los demás relativos y aplicables del Reglamento del Senado de la República, somete a consideración de esta Honorable Asamblea la proposición con punto de Acuerdo, con base en las siguientes:

ANTECEDENTES

1. La enorme disparidad que, en materia tanto económica como social, prevalece entre las distintas regiones del país, se ha hecho evidente de manera tal que aunque la diversidad cultural de México le signifique una riqueza invaluable, la inequidad se ha visto recrudecida a nivel local ante la crisis generalizada que en materia de desarrollo institucional padecen los municipios mexicanos.

Merced a lo anterior, es urgente poner fin al círculo vicioso que representa la imposibilidad manifiesta de cientos de municipios para presentar proyectos que les permitan acceder a recursos provenientes de los diversos fondos destinados a reducir la marginalidad económica, social e institucional de las localidades mexicanas.

Tal situación se refleja asimismo en la incapacidad técnica para el diseño de proyectos ejecutivos, tanto integrales como estratégicos, para atender los problemas de la gobernanza local, así como las funciones y servicios más elementales que le son inherentes.

2. Lo anterior se observa en el Índice de Desarrollo Humano (IDH) del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), ya que refleja que México cuenta con 606 municipios con un alto desarrollo humano, 1844 municipios con desarrollo humano medio y 4 con desarrollo humano bajo, por lo cual vemos municipios con un índice de desarrollo humano similar al de los países con mayor desarrollo humano, por ejemplo: la delegación Benito Juárez del Distrito Federal (0.9509) y San Pedro Garza García, de Nuevo León (.95). Pero también existen muchos municipios con un índice de desarrollo parecido al de los países más pobres del planeta, por ejemplo: Cochoapa el Grande, del estado de Guerrero (.0.4354), y Batopilas, del estado de Chihuahua (0.4734). Para comprender mejor estas dos realidades mexicanas, Noruega tiene una media nacional de desarrollo humano de 0.948, mientras que Nigeria de .466. De tal magnitud es la brecha de la desigualdad que, en materia de desarrollo humano, prevalece en México.

3. De forma similar lo refleja el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) por medio de su clasificación municipal del nivel de bienestar, que establece 7 estratos donde en el 1 se encuentran los municipios con menor nivel de bienestar y 7 con el mayor nivel.

Los indicadores que se tomaron en cuenta para la clasificación fueron: el porcentaje de la población en viviendas con servicios básicos de agua, drenaje y energía eléctrica, piso diferente de tierra, paredes de materiales durables, hacinamiento, refrigerador, automóvil o camioneta propios, entre otros. Por otro lado, también considera el porcentaje de la población derechohabiente a los servicios de salud, mayor a 15 años alfabetizada, ocupada que percibe más de dos salarios mínimos y que son profesionistas o técnicos, entre otros.

Dentro de esta clasificación encontramos que el 54.85% de los municipios se encuentran entre los estratos 1 y 3, mientras que el resto se encuentra por encima de esos niveles de bienestar. Estos dos diagnósticos (del PNUD y del Instituto Nacional de Estadística y Geografía) nos demuestran la disparidad en el desarrollo de los municipios mexicanos.

4. Los datos anteriormente citados, colocan a los municipios menos desarrollados en la desventaja de que no cuentan con los recursos suficientes para realizar las obras necesarias para abatir la falta de bienestar de sus ciudadanos. Bajo esta lógica es que el legislador federal, por medio de la Ley de Coordinación Fiscal, ha creado el Fondo para la Infraestructura Social Municipal, que se distribuye conforme a la masa carencial de los estados y municipios. Dicho fondo, tiene como objetivo disminuir la brecha de desigualdad entre los municipios.

Sin embargo, este fondo ha demostrado ser insuficiente para el desarrollo de la infraestructura que ayude a abatir el rezago en obras y servicios, y más aún para el desarrollo de las fortalezas institucionales necesarias para la gobernanza. Por lo anterior, se considera que se debe apoyar a estos municipios para el desarrollo de proyectos específicos y que puedan gestionar la aplicación de los mismos de manera directa, sin que medie el Gobierno Estatal, o cualesquier otro intermediario que dilate el procedimiento.

5. Es de esta forma, que se plantea la necesidad de brindar un apoyo adicional a los municipios de alta marginalidad, para que puedan desarrollar proyectos, ya sea integrales o estratégicos, que contribuyan a la mejora institucional de las funciones y servicios públicos a su cargo. Al día de hoy el circulo de la pobreza se recrea en los municipios, porque en el Presupuesto de Egresos de la Federación así como en muchos de los fondos y subsidios federales se requiere contar con un proyecto técnico para poderlo concursar y acceder a recursos, esto ha ocasionado que solo los municipios con un grado institucional sólido puedan acceder a esos recursos, porque son lo que tienen capacidad para hacer los proyectos y los municipio mas pobres siguen sin poder atraer recursos por la carencia mencionada y con esto, no se ha podido reducir la brecha entre municipios ricos y municipios pobres en México.

CONSIDERACIONES

1. Que conforme lo prescriben los párrafos segundo y tercero de la fracción IV, del artículo 74 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, constituye una obligación del Ejecutivo Federal presentar la Iniciativa de la Ley de Ingresos y el Proyecto del Presupuesto de Egresos para su examen, discusión, y en su caso modificación y aprobación por parte de la Cámara de Diputados.

2. Que la obligación referida en el párrafo precedente, debe cumplimentarse, por tratarse de un año en que se renueva el Ejecutivo Federal, a más tardar el 15 de diciembre de 2012.

3. Que corresponde a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, analizar, discutir y en su caso aprobar el Presupuesto de Egresos que presente el Ejecutivo Federal.

4. Que es menester de esta Asamblea, como ente representativo de la vocación federalista del Estado Mexicano, tomar razón de lo vertido en el capítulo de antecedentes de la presente proposición a efecto de anticipar el diseño e instrumentación de las medidas necesarias para abatir el rezago institucional que padecen las comunidades locales más desfavorecidas en el país, así como sus gobiernos más cercanos.

5. Que la renovación del titular del Ejecutivo Federal, no debe ser óbice para que la soberanía representativa de la Cámara de Senadores se pronuncie con anticipación respecto a la instrumentación de medidas para atender las necesidades más apremiantes de las comunidades mexicanas.

Por lo anterior, se considera oportuno exhortar con la debida anticipación al Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para que considere en el proyecto de egresos que remitirá este año a la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión un fondo para el desarrollo de proyectos para municipios con alta marginalidad.

De la misma manera es de estimarse pertinente un exhorto a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, para que apruebe dicha medida subsidiaria orientada a apoyar a las comunidades mexicanas más desfavorecidas, o en todo caso, la incluya en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2013.

Por lo expuesto, someto a su consideración la siguiente proposición con:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO: El Senado de la República solicita respetuosamente al Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2013, se destinen recursos a la creación de un fondo subsidiario al cual puedan acceder directamente los municipios mexicanos con elevado nivel de marginación, para el desarrollo de proyectos que provean a su fortalecimiento institucional y que puedan ser utilizados como herramientas técnicas para acceder a recursos estatales, federales e incluso internacionales .

SEGUNDO: El Senado de la República exhorta a la Cámara de Diputados y a su Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para que en el proceso de dictaminación, discusión y aprobación del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2013, se incluya un fondo subsidiario municipal a favor de las comunidades mexicanas con elevado nivel de marginación, y a cuya asignación y entrega puedan acceder sus ayuntamientos en forma directa, para el desarrollo de proyectos públicos que contribuyan a su mejora institucional y con esto ayudar a disminuir la brecha entre municipios ricos y municipios pobres.

Cámara de Senadores, a 13 de noviembre de 2012.

Octavio Pedroza Gaitán

Senador de la República”.






Del C. Senador Mario Delgado Carrillo, del grupo parlamentario del PRD, que contiene punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a que en el anteproyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para 2013, destine recursos para constituir una partida explícita a fin de que los entes públicos municipales puedan dar cumplimiento a las obligaciones derivadas de la reforma a la Ley General de Contabilidad Gubernamental. Se turna a la Cámara de Diputados.

PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA A LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO A QUE EN EL ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACION PARA 2013 DESTINE RECURSOS PARA CONSTITUIR UNA PARTIDA EXPLICITA A FIN DE QUE LOS ENTES PUBLICOS MUNICIPALES PUEDAN DAR CUMPLIMIENTO A LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA REFORMA A LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

“SEN. ERNESTO JAVIER CORDERO ARROYO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
DELA CAMARA DE SENADORES
PRESENTE.

El suscrito, Senador MARIO DELGADO CARRILLO, integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática de la LXII Legislatura al Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8 numeral 1, fracción II y 276, numeral 1, del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea, la siguiente PROPOSICION CON PUNTO DE ACUERDO con base en las siguientes:

CONSIDERACIONES

1. Iniciativa con carácter preferente

En uso de la facultad de presentación de iniciativas preferentes, el Presidente de la República presentó el 1° de septiembre iniciativa de reforma y adición a la Ley General de Contabilidad Gubernamental a fin de transparentar y armonizar la información financiera relativa a la aplicación de los recursos públicos en los distintos órdenes de gobierno. La ley en comento fue emitida en 2008 y tiene como origen la facultad del Congreso de la Unión para legislar en materia de contabilidad, además de que rige para todo el país al tener el carácter de general, es decir, aplicable a la Federación, Estados y Distrito Federal y Municipios.

El artículo 71, tercer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que establece esa facultad “preferente”, fue modificado como parte de la última reforma política de mediados de 2012. El artículo a la letra establece:

El día de la apertura de cada periodo ordinario de sesiones el Presidente de la República podrá presentar hasta dos iniciativas para trámite preferente, o señalar con tal carácter hasta dos que hubiere presentado en periodos anteriores, cuando estén pendientes de dictamen. Cada iniciativa deberá ser discutida y votada por el Pleno de la Cámara de su origen en un plazo máximo de treinta días naturales.

Si no fuere así, la iniciativa, en sus términos y sin mayor trámite, será el primer asunto que deberá ser discutido y votado en la siguiente sesión del Pleno. En caso de ser aprobado o modificado por la Cámara de su origen, el respectivo proyecto de ley o decreto pasará de inmediato a la Cámara revisora, la cual deberá discutirlo y votarlo en el mismo plazo y bajo las condiciones antes señaladas.

2. El derecho de los ciudadanos a la transparencia y la rendición de cuentas del gasto público

La Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789, Declaración de índole universal y clave de la democracia representativa, dispone que los ciudadanos tienen el derecho de vigilar el empleo de la contribución pública, así como el derecho de toda la sociedad de pedir cuentas a todo agente público sobre su administración.

Dentro de los primeros derechos fundamentales de los ciudadanos se encuentra el saber en qué se gastan los recursos públicos. Las personas, los ciudadanos, tienen derecho a saber en qué, cómo, cuándo, dónde y para qué el gobierno usa los recursos que aportan para contribuir al gasto público.

No debe haber más justificaciones para la opacidad presupuestal.

Como Cámara de origen aprobamos las reformas propuestas por el Ejecutivo Federal y realizamos modificaciones con la finalidad de enriquecer los objetivos de la Ley.

La obligación de contribuir al gasto público se complementa ahora con el derecho de exigir al gobierno que rinda cuentas. En específico, aprobamos que:

• En la interpretación de la ley de contabilidad se privilegien los principios de transparencia y máxima publicidad de la información financiera en poder de los entes públicos.

• No se puede oponer reserva bancaria, bursátil, fiduciaria o cualquier otra para la transparencia de la información financiera.

• Se debe difundir la información financiera en medios electrónicos como Internet.

• Se debe transparentar la información correspondiente a las etapas de:

∙ Integración de los paquetes económicos en el nivel federal y estatal,

∙ Discusión y aprobación por las legislaturas, y

∙ Publicación de las leyes de ingresos y presupuesto de egresos.

• Se transparenta la información de los fondos de aportaciones federales de educación, salud, seguridad pública, de fortalecimiento de la infraestructura de los municipios y fortalecimiento de los municipios y demarcaciones territoriales.

Por lo que hace a la difusión de la información financiera, se aprobaron temas fundamentales como los siguientes:

• Se debe transparentar la información financiera de forma trimestral, incluyendo el gasto correspondiente a compromisos plurianuales, proyectos de asociaciones público privadas y proyectos de prestación de servicios; también los ingresos excedentes, las adecuaciones presupuestarias y los subejercicios.

• En el nivel de ingreso, se debe transparentar la información de pasivos de cualquier tipo, incluyendo esquemas bursátiles, coberturas financieras y compromisos sobre ingresos futuros.

• En el nivel de egreso, se debe transparentar la información desagregada de servicios personales, incluyendo honorarios y personal eventual.

• Se debe publicitar la información correspondiente a la programación de evaluaciones de desempeño junto con sus indicadores y resultados.

• Se deben publicar los calendarios de ingreso y de gasto con base mensual.

Se aprobó, además, modificar los procedimientos de la administración pública a fin de mejorar las obligaciones de transparencia y rendición de cuentas, como los siguientes.

• Se deben publicar los padrones de beneficiarios de programas sociales federales, estatales y municipales.

• Se deberán registrar y transparentar las cuentas bancarias en las que se depositen los recursos federales a entidades federativas y municipios.

• Las secretarías de Hacienda y Crédito Público y similares en las entidades federativas deben coordinar los enlaces para la difusión de la información y mantener enlaces a las páginas de los institutos de transparencia.

• Las entidades federativas deben remitir trimestralmente a las autoridades federales competentes la información de las nóminas de educación y salud financiadas con aportaciones federales. Cuando la totalidad de la nómina se pague con transferencia electrónica, se remitirán a las autoridades federales de manera semestral.

El Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC), actor relevante en la implementación de la armonización de las cuentas nacionales, estatales y municipales, fortalece su capacidad de gestión para el logro de sus objetivos porque:

Se incorpora a la Auditoría Superior de la Federación, como invitado, con voz y sin voto al CONAC.

• Se obliga al CONAC a dotar de asistencia técnica a los entes públicos que lo soliciten y lo requieran para el cumplimiento de la Ley.

• El comité de evaluación del CONAC evaluará la calidad de la información financiera que difundan los entes públicos.

• CONAC deberá informar anualmente al Congreso de la Unión sobre los avances, resultados y mejoras a la contabilidad gubernamental.

A fin de sancionar quienes violen los principios de la ley, se precisan las sanciones a los servidores públicos.

• Se perfeccionan las sanciones por faltas administrativas a quienes:

∙ Omitan registros de la contabilidad de los entes públicos e incumplan las obligaciones de difundir información financiera;

∙ Omitan o alteren dolosamente los documentos o registros de la contabilidad con la finalidad de desvirtuar su veracidad;

∙ Incumplan dolosamente con las obligaciones de difundir información financiera; y

∙ Cuando por razón de la naturaleza de sus funciones tengan conocimiento de la alteración o falsedad de la documentación o de la información que tenga como consecuencia daños a la hacienda pública o al patrimonio de cualquier ente público y, estando dentro de sus atribuciones, no lo eviten o no lo hagan del conocimiento a su superior jerárquico o autoridad competente.

• Se considera como infracción grave, para efecto de la imposición de las sanciones administrativas correspondientes, cuando el servidor público incurra en la omisión dolosa o se cause daño a la hacienda pública, así como las reincidencias en las conductas.

• Se impondrá una pena de dos a siete años de prisión, y multa de mil a quinientos mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, a quien incurra en las conductas en forma dolosa o cause daño a la hacienda pública.

En disposiciones transitorias se propuso que:

• Los entes públicos, a partir de la entrada en vigor, tendrán 6 meses para realizar las adecuaciones a su normatividad.

• En junio de 2013, CONAC deberá enviar un informe a la Cámara de Diputados sobre los avances en la implementación de las obligaciones de la ley y un plan de acciones para que todos los entes públicos cumplan con las obligaciones previstas desde 2008.

• El CONAC, al último día hábil de marzo de 2013, deberá determinar las normas y formatos para que entidades federativas y municipios, de manera progresiva y total, den cumplimiento a la ley. El plazo para el cumplimiento no deberá extenderse más allá del 31 de diciembre de 2013. Para los entes públicos municipales el plazo máximo será el 31 de diciembre de 2014, salvo aquellos casos de entes municipales que lo soliciten y sea acordado por el CONAC como límite al 31 de diciembre de 2015.

• Los entes públicos deberán tener disponible en internet la información financiera acumulada de los últimos 6 años. El inicio de esa obligación será progresiva protegiendo a los municipios con escasa infraestructura.

• El Congreso de la Unión podrá hacer, dentro del plazo de un año, una revisión el marco jurídico necesario para fortalecer las obligaciones de todo el ciclo presupuestario, incluyendo la elaboración y discusión del presupuesto y deuda pública, por parte de los entes públicos.

3. Observaciones de la Cámara de Diputados

En la Comisión Especial para analizar la iniciativa preferente y en la propia Comisión de Hacienda de la Cámara de Senadores, antes de remitir a la Cámara de Diputados la minuta, el Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática planteó incorporar al dictamen algunos puntos relevantes, entre los que se encontraban el apoyo y asistencia técnica a los municipios que presentaran dificultades técnicas, operacionales, o presupuestales para dar cumplimiento a las nuevas disposiciones de la Ley, especialmente aquellos municipios con menos de 25 mil habitantes así como aquellos de usos y costumbres indígenas.

Después de que fue aprobada por la Cámara de Senadores y enviada la minuta correspondiente, la Cámara de Diputados, como Cámara Revisora, consideró oportuno mejorar algunos aspectos, en específico, los siguientes:

• Apoyar con asistencia técnica y otorgar apoyos financieros a los municipios con menos de 25 mil habitantes y los de usos y costumbres indígenas, destinados a capacitación y desarrollo técnico, con base en el diagnóstico que elabore el CONAC.

• Tratándose de programas sociales el CONAC establecerá las normas, metodología y formatos a partir de los indicadores que prevé la ley General de Desarrollo Social y en coordinación con el CONEVAL.

• A más tardar en febrero de 2013, el CONAC emitirá las normas y formatos para dar cumplimiento al nuevo capítulo de transparencia presupuestal que contempla la ley.

Días después de la aprobación en Comisiones, el martes 6 de noviembre de 2012, el Congreso de la Unión dio un paso fundamental para avanzar en la actualización del marco legal para una mayor transparencia y rendición de cuentas en el ejercicio del presupuesto.

La reforma a la Ley General de Contabilidad Gubernamental vigente permitirá hacer posible el ejercicio efectivo del derecho de exigir cuentas sobre el ejercicio del presupuesto, pues una de las mayores exigencias de la ciudadanía es conocer en qué, por qué, para qué, cuándo y dónde se ejercen los recursos públicos.

Sin embargo, durante el proceso de discusión de la reforma y hasta su aprobación, nunca se contó con un diagnóstico y balance del cumplimiento que había alcanzado la Ley, especialmente de aquellos entes públicos que se encuentran en una situación operativa, administrativa o presupuestal precaria.

Además, en la Republica Mexicana existe una gran cantidad de municipios con una población menor a los 25 mil habitantes y/o con una administración de usos y costumbres. De acuerdo a datos del Instituto Nacional de Geografía e Informática (INEGI), Oaxaca cuenta con 418 municipios que se rigen por usos y costumbres. Con base en el informe “Regiones indígenas de México” de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígena en conjunto con el PNUD, existen cerca de 641 municipios con mayoría de población indígena que superan los 25 000 habitantes.

Considerando el principio básico de equidad en el trato, el Congreso de la Unión aprobó establecer la obligación a las instancias federales correspondientes a fin de apoyar a aquellos entes del orden de gobierno municipal que se encuentran en una situación precaria de infraestructura técnica, organizacional, o presupuestal, a fin de que puedan dar cumplimiento a las nuevas adiciones a la Ley en materia de transparencia y rendición de cuentas.

Por lo que en cumplimiento a las disposiciones de la Ley, consideramos que hay que exhortar respetuosamente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y a la Cámara de Diputados a fin de quese destinen recursos públicos a una partida explícita en el Presupuesto de Egresos de la Federación del 2013, para que los municipios con mayores dificultades técnicas y menores posibilidades presupuestales, aquellos que se refieren en el artículo 9 de la citada ley, en su fracción XI,puedan contar con los recursos para poder instrumentar las obligaciones que se derivan de la reforma a la Ley General de Contabilidad Gubernamental a fin de transparentar y armonizar la información financiera relativa a la aplicación de los recursos públicos en los distintos órdenes de gobierno, recientemente aprobada por el Congreso de la Unión.

Por todo lo anterior, sometemos a la consideración de esta H. Asamblea la siguiente proposición con:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO. El Senado de la República exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a que en ejercicio de sus facultades de planeación y programación del anteproyecto de Presupuesto para el Ejercicio Fiscal 2013, considere y destine recursos para constituir una partida explícita en el Presupuesto de Egresos de la Federación del 2013, a fin de que los entes públicos municipales señalados en la fracción IX del artículo 9 del Decreto por el que SE REFORMA Y ADICIONA LALEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL, PARA TRANSPARENTAR Y ARMONIZAR LA INFORMACION FINANCIERA RELATIVA A LA APLICACION DE RECURSOS PUBLICOS EN LOS DISTINTOS ORDENES DE GOBIERNOpuedan dar cumplimiento a lo dispuesto en la citada Ley, y en su caso, a lo previsto en el artículo cuarto transitorio del mismo Decreto.

SEGUNDO. El Senado de la República exhorta a la H. Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, a través de su Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, a fin de que incorpore en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2013 recursos para que los entes públicos municipales señalados en la fracción IX del artículo 9 del Decreto por el que SE REFORMA Y ADICIONA LALEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL, PARA TRANSPARENTAR Y ARMONIZAR LA INFORMACION FINANCIERA RELATIVA A LA APLICACION DE RECURSOS PUBLICOS EN LOS DISTINTOS ÓRDENES DE GOBIERNOpuedan dar cumplimiento a lo dispuesto en la citada Ley, y en su caso, a lo previsto en el artículo cuarto transitorio del mismo Decreto.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, a 13 de noviembre de 2012.

Suscribe

Sen. Mario Delgado Carrillo”.






De la C. Senadora Ana Gabriela Guevara Espinoza, a nombre y en representación del grupo parlamentario del PT, que contiene punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados para que en el Presupuesto de Egresos de la Federación para 2013, etiquete recursos suficientes para dotar y etiquetar de recursos y presupuesto para promover el uso eficiente de la tecnología de la información y comunicación. Se turna a la Cámara de Diputados.

PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA A LA COMISION DE PRESUPUESTO Y CUENTA PUBLICA DE LA CAMARA DE DIPUTADOS PARA QUE EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACION PARA 2013 ETIQUETE RECURSOS SUFICIENTES PARA DOTAR Y ETIQUETAR DE RECURSOS Y PRESUPUESTO PARA PROMOVER EL USO EFICIENTE DE LA TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y COMUNICACION

“De la Senadora ANA GABRIELA GUEVARA, integrante de la LXII Legislatura de la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión, a nombre y representación del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8, fracción II; 76, fracción IX, 108, 276, y demás aplicables del Reglamento del Senado de la República, presento ante esta Honorable Asamblea, la siguiente PROPOSICION CON PUNTO DE ACUERDO PARA QUE EL SENADO DE LA REPUBLICA EXHORTE A COMISION DE PRESUPUESTO Y CUENTA PUBLICA DE LA CAMARA DE DIPUTADOS PARA QUE EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACION PARA 2013 ETIQUETEN RECURSOS SUFICIENTES PARA DOTAR Y ETIQUETAR RECURSOS Y PRESUPUESTO PARA PROMOVER EL USO EFICIENTE DE LA TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y COMUNICACION (TIC) A FAVOR DE LA EXPANSION EDUCATIVA Y A DISTANCIA, de conformidad con las siguientes:

CONSIDERACIONES

1.- En exposiciones y considerandos que se han emitido en esta tribuna, consignados en la versión estenográfica de este Senado de la República, se ha argumentado cabalmente sobre la situación de la educación media y superior en nuestro país. Se sabe que el grado de cobertura de México en educación superior es solo del 27%, que México tiene uno de los peores niveles de masificación de la educación y que tres de cada diez jóvenes mexicanos en edad para hacerlo se encuentran inscritos en alguna institución educativa de nivel superior. Las comparaciones son ya, en esta hora, infructuosas y los diagnósticos son contundentes: es necesario y urgente crecer en la cobertura educativa y abrir una espiral cualitativa para ofrecer la educación que las generaciones adolescentes y jóvenes reclaman y las generaciones futuras. Es la hora de decidir por las posibilidades y ofertas educativas de las generaciones jóvenes y la hora de generar presupuestos poderosos para crear la infraestructura necesaria. Es cierto que crear y materializar la cobertura educativa tienen un costo; pero hay que reconocer que hay alternativas viable y muchos menos, precisamente las que brindan

Las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC´s) en educación permiten el desarrollo de competencias en el procesamiento y manejo de la información, el manejo de hardware y software entre otras desde diversas áreas del conocimiento, además los cambios tecnológicos en los microprocesadores y en los dispositivos de memoria digital, así como el aumento de capacidad de transmisión de información en fibra óptica y en sistemas inalámbricos y la disponibilidad de muchos recursos gratuitos en la Web han reducido los costos de aprovechamiento del potencial de las TIC en la educación a niveles masivos. Esta herramienta aumenta la posibilidad de la educación a distancia y favorece principalmente a población trabajadora, dedicada al hogar y en situación de discapacidad. La gratuidad, el hecho de no requerir la infraestructura física del aula hacen de esta herramienta un recurso favorable para abatir la exclusión y la discriminación educativa.

2.- En el Foro Económico Mundial, recientemente realizado, se declaró que la falta de una agenda digital que se aplique por completo al sector de telecomunicaciones en México frena el aprovechamiento de las tecnologías de información y comunicación (TIC's), este organismo presentó la edición 2012 del ‘Reporte Global de Tecnologías de Información', un análisis sobre 142 naciones en rubros como marco regulatorio y político, preparación de las empresas, disponibilidad de tendencias de última tecnología y ancho de banda disponible, entre otros. Ahí se confirma que México ocupó el lugar 76, la misma posición que el año pasado, pero el analisis consideró que se concretaron algunos avances.

“El Gobierno de México ha hecho importantes esfuerzos para incrementar el número de servicios en línea, ubicándose en la posición 38 a nivel global, y aumentar la participación de ciudadanos con sitios web de alta calidad que proveen información, para llegar al lugar 32 en el mundo”, explicó el Reporte, sin embargo, el organismo dijo que la nación presenta debilidades en el desarrollo de la infraestructura de las TIC's. El informe detalla que el correcto funcionamiento de instituciones públicas y el desarrollo de sistemas que apoyen la innovación son las principales áreas de oportunidad que el país debe atender para beneficiarse al máximo del uso de las TIC's.

3.- Estamos en vísperas de la redacción y conformación del presupuesto de Egresos 2012 por parte del Gobierno Federal, y esta soberanía ha emitido en propuestas de punto de acuerdo que dejan ver la preocupación de senadoras y senadores por la expansión de la oferta educativa. Esta propuesta tiene en cuenta que la construcción de infraestructura escolar en morosa, lenta y va a menor velocidad que los requerimientos; sin embargo ya es conocido que las tecnologías de la información requieren menos inversión y tienen posibilidades educativas aún inéditas. Miles de jóvenes están ahora realizando licenciaturas, maestrías y doctorados por línea: Se trata ahora de crear una plataforma sustentable para que las instituciones escolares puedan crear el mecanismo y las posibilidades de desarrollar y/o expandir la educación a distancia. Por ello se pretende que dentro del proceso de análisis, discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2013, se etiqueten por estado y por institución federal educativa una asignación extraordinaria con el fin de abrir la posibilidad de dar un salto cualitativo en educación en cuanto a educación a distancia apoyado por las TICs.

SEGUNDO.- Que esta soberanía exhorte respetosamente al Ejecutivo Federal, para que a través de la Secretaria de Educación Pública, envíe a esta H. Asamblea un informe pormenorizado, detallado y actualizado de las medidas que emprenderán para incrementar la oferta educativa de nivel superior.

Por todo lo anterior, sometemos a la consideración de esta Asamblea el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

UNICO.- EL PLENO DEL SENADO DE LA REPUBLICA. EXHORTA A COMISION DE PRESUPUESTO Y CUENTA PUBLICA DE LA CAMARA DE DIPUTADOS PARA QUE EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACION PARA 2013 ETIQUETEN RECURSOS SUFICIENTES PARA DOTAR Y ETIQUETAR RECURSOS Y PRESUPUESTO PARA PROMOVER EL USO EFICIENTE DE LA TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y COMUNICACION (TIC) A FAVOR DE LA EXPANSION EDUCATIVA Y A DISTANCIA EN MEXICO EN BIEN DE LAS GENERACIONES JOVENES.

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Senadores, a 13 de noviembre de 2012.

Atentamente

Sen. Ana Gabriela Guevara”.






Del C. Senador César Octavio Pedroza Gaitán, del grupo parlamentario del PAN, que contiene punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Cámara de Diputados a que en el Presupuesto de Egresos de la Federación para 2013, se garantice la igualdad de la representación y los derechos mínimos de los municipios en el ejercicio del Fondo Metropolitano y que se analice permitirles ejercer directamente recursos para proyectos que estén de acuerdo al plan de orden de desarrollo metropolitano. Se turna a la Cámara de Diputados.

PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA A LA CAMARA DE DIPUTADOS A QUE EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACION PARA 2013 SE GARANTICE LA IGUALDAD DE LA REPRESENTACION Y LOS DERECHOS MINIMOS DE LOS MUNICIPIOS EN EL EJERCICIO DEL FONDO METROPOLITANO Y QUE SE ANALICE PERMITIRLES EJERCER DIRECTAMENTE RECURSOS PARA PROYECTOS QUE ESTEN DE ACUERDO AL PLAN DE ORDEN DE DESARROLLO METROPOLITANO

“SEN. ERNESTO CORDERO ARROYO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
DE LA CAMARA DE SENADORES
DEL H. CONGRESO DE LA UNION
PRESENTE.

El suscrito, Senador Cesar Octavio Pedroza Gaitán, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en los artículos 8, numeral 1, fracción II y 276 numeral, 1; así como los demás relativos y aplicables del Reglamento del Senado de la República, somete a consideración de esta Honorable Asamblea la proposición con punto de Acuerdo, con base en las siguientes:

CONSIDERACIONES

1. Que a partir del año 2006, la federación destina, a través del Fondo Metropolitano, parte del presupuesto de la nación para subsidiar la realización de acciones que propicien un desarrollo urbano sustentable en los municipios integrantes de áreas metropolitanas, entre dichas acciones se encuentran: realizar estudios, planes, evaluaciones, programas, proyectos, acciones, obras de infraestructura y su equipamiento, en cualquiera de sus componentes, o para completar el financiamiento de aquéllos que no hubiesen contado con los recursos necesarios para su ejecución, de acuerdo con lo dispuesto por el Presupuesto de Egresos del presente año.

2. Que las acciones citadas en el párrafo anterior, en las que se aplique el Fondo Metropolitano deberán estar relacionadas directamente o ser resultado de la planeación del desarrollo regional y urbano, así como de los programas de ordenamiento de los asentamientos humanos en el territorio y los programas ya establecidos para la movilidad no motorizada, por lo que deberán guardar congruencia con el Plan Nacional de Desarrollo y con los programas en materia de desarrollo regional y urbano.

3. Que el Fondo Metropolitano ha sufrido incrementos traducidos en cobertura y monto. Originalmente el Fondo Metropolitano beneficiaba exclusivamente la zona metropolitana del Valle de México; posteriormente, se incorporó a las zonas metropolitanas de Guadalajara y Monterrey. En la actualidad son objeto de este fondo 48 zonas metropolitanas a lo largo de la Republica. Acorde con esto, el monto del Fondo Metropolitano se ha incrementado con cada presupuesto de egresos, llegando a representar 8,331.9 millones de pesos para el presupuesto en curso.

4. Que en 2005, la población de las zonas metropolitanas alcanzaba los 57.9 millones de habitantes, con una tasa de crecimiento de 1.5 por ciento anual en promedio, superando por medio punto el promedio nacional y un punto mayor al resto del país. En resumen, los habitantes de las zonas metropolitanas representan el 56 por ciento de la población nacional.

5. Que el artículo 47 del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2012 establece que la asignación de recursos del Fondo Metropolitano será por medio del Consejo de Desarrollo Metropolitano. Así como para el diseño del Consejo solo establece que será presidido por el Gobernador de cada estado, o del Jefe de Gobierno del Distrito Federal, e integrado por los presidentes municipales de la Zona Conurbada, o de lasDelegaciones Territoriales del Distrito Federal, y demás representantes que disponga la normatividad de creación del Consejo.

6. Que la disposición citada no garantiza la decisión libre de los municipios, para gestionar, administrar y ejercer de manera coordinada los fondos metropolitanos al estar materialmente subordinados a los gobiernos estatales. Ya que en la mayoría de las entidades federativas, en el diseño de los Consejo de Desarrollo Metropolitano no se respeta la equidad del voto de los integrantes, al incrementar el número de representantes del Gobierno Estatal poniendo en minoría el voto de los municipios integrantes de la Zona Metropolitana.

7. El citado artículo también es omiso para establecer los derechos mínimos que se deberán retomar en la normativa de creación y funcionamiento de los Consejos de Desarrollo Metropolitano. Entre los que destacan, el derecho de convocar a sesiones por parte de los municipios y no solo por el Gobernador, presenta proyectos directamente al Pleno del Consejo para evitar que sean filtrados por el Secretario Técnico, u homologo, del Consejo; y sobre todo garantizar la equidad y proporcionalidad del voto de los integrantes.

8. Que los Municipios son libres, autónomos y cuentan con la capacidad de gobierno necesaria para gestionar el Fondo Metropolitano; aunado a esto, el fenómeno metropolitano hace necesaria la coordinación entre municipios, los cuales surgen como una necesidad natural para hacer frente a las carencias de sus ciudadanos que va en aumento de manera exponencial, por lo que condicionar la utilización de este tipo de fondo a la participación de los gobiernos estatales, provoca que en regiones del país, los municipios metropolitanos se queden sin acceso a este fondo.

9. Que los municipios son los órdenes de gobierno idóneos para decidir sobre el uso y distribución del Fondo Metropolitano, debido a su contacto más cercano con la ciudadanía y el área metropolitana, por lo que son óptimos para la detección de las necesidades reales y el tipo de respuesta concreta requerida.

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO: La Cámara de Senadores exhorta de manera respetuosa a la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión y a su Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública para que en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2013 se garantice la igualdad de la representación y los derechos mínimos de los municipios en los Consejo de Desarrollo Metropolitano; para evitar que los Gobiernos de los Estados tengan una sobrerrepresentación en la asignación de recursos del Fondo Metropolitano.

SEGUNDO: La Cámara de Senadores exhorta a la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión y a su Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública para que analice y discuta permitir a los municipios libres y autónomos de zonas metropolitanas, gestionar, administrar y ejercer directamente recursos de este Fondo en proyectos que estén de acuerdo al Plan de Orden de Desarrollo Metropolitano del propio Consejo.

Cámara de Senadores, a 13 de noviembre de 2012.

Octavio Pedroza Gaitán

Senador de la República”.






De la C. Senadora Diva Hadamira Gastélum Bajo, del grupo parlamentario del PRI, que contiene punto de Acuerdo por el que se exhorta al titular de la Secretaría de Educación Pública del gobierno federal, y a las de los estados a incorporar el ajedrez en sus planes y programas de estudio en los niveles de educación básica, media superior y superior, como asignatura sabia de aplicación y conocimiento. Se turna a la Comisión de Educación.

PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA AL TITULAR DE LA SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA DEL GOBIERNO FEDERAL, Y A LAS DE LOS ESTADOS A INCORPORAR EL AJEDREZ EN SUS PLANES Y PROGRAMAS DE ESTUDIO EN LOS NIVELES DE EDUCACION BASICA, MEDIO SUPERIOR Y SUPERIOR, COMO ASIGNATURA SABIA DE APLICACION Y CONOCIMIENTO

“La suscrita Diva Hadamira Gastélum Bajo, Senadora de la República de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 58 del Reglamento de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y los artículos 8, numeral 1, fracción II y 276 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta Asamblea la siguiente proposición con punto de Acuerdo, por el que se exhorta respetuosamente al titular de la Secretaria de Educación Pública del Gobierno Federal, así como a los Estatales para que incorporen en sus Planes y Programas de Estudio en los Niveles de Educación Básica, Medio Superior y Superior, el Ajedrez como Asignatura Sabia de Aplicación y Conocimiento, al tenor de la siguiente:

Exposición de Motivos

“Elajedrez tiene su origen en la India, en el Valle del Indo, en el Siglo VI después de Cristo, originalmente fue conocido como Chaturanga, que significa cuatro, ya que con ello se aludía a las cuatro armas del Ejército indio: caballos, carros, elefantes e infantería.

Se difundió rápidamente por las rutas comerciales, llegó a Persia y de allí al imperio bizantino, extendiéndose posteriormente a toda Asia.

El mundo árabe adoptó el ajedrez con entusiasmo sin igual, estudiaron y analizaron en profundidad los mecanismos del juego, escribieron numerosos tratados sobre ajedrez y desarrollaron el sistema de notación algebraica.

Llego a Europa entre los años 700 y 900 a través de la conquista de España por el Islam, aunque también lo practicaban los vikingos y los cruzados que regresaban de Tierra Santa.

Durante la Edad Media España e Italia eran los países donde más se practicaba. Posteriormente se introdujo con el nombre de Shatran, que dio origen luego al español “acedrex” y posteriormente Ajedrez, los persas transformaron el término hindú “rajha”, que significa el rey “shah” y de allí proviene la frase “shah mat”, que significa el rey ha muerto, de la cual deriva lafrase jaque mate”.1

Históricamente el ajedrez ha sido utilizado como una herramienta de investigación y desarrollo dehabilidades para las personas.

Hoy en día, la inclusión del ajedrez en la escuela se ha extendido en todo el mundo, al respecto la UNESCO emitió una recomendación oficial en el año de 1995, en donde pide atodos los países miembros que incorporen el ajedrez como materia educativa en la enseñanza de los Niveles de Primaria y Secundaria.

Esta incorporación se ha realizado de distintas maneras, pues mientras que en algunos países como Rusia, Venezuela o Colombia el ajedrez forma parte obligatoria del curriculum de los alumnos, en otros, el ajedrez se incluye como asignatura optativa.

El 13 de marzo 2012 en Estrasburgo, el Parlamento Europeo adoptó ElPrograma de la Unión Europea de Ajedrez - "Ajedrez en la Escuela". La Declaración Escrita 50/2011 para la ejecución del programa de Ajedrez en la escuela entre las escuelas de la Unión Europea fue firmado por 415 eurodiputados (el número necesario era 378 firmas).

Silvio Danailov, presidente de la ECU - European Chess Union, declaró: "Este es un éxito histórico para el ajedrez europeo. La fecha de 13 de marzo 2012 pasará a la historia del ajedrez como la fecha en que el juego del ajedrez se promueve al más alto nivel de reconocimiento por parte de la sociedad, además de ser una actividad deportiva, ahora será considerada como parte de la educación en el mundo moderno".

Entre los Sistemas Educativos del mundo sabemos que para West Point, por ejemplo, el Ajedrez es materia de uso común desde hace muchos años. En Rusia se gestó una escuela con su estilo propio apoyado por el Estado que hasta nuestros días mantiene a los mejores jugadores del mundo. En el Reino Unido es el único juego que se permite practicar en el parlamento, escuelas y parques.2

Alemania, Francia, Italia, Bélgica y España por su parte, hacen de sus cafeterías y centros educativos espacios para la práctica ordinaria de este juego, aspecto que beneficia a todos. También en China, Japón e India conocen y juegan ajedrez, teniendo buenos exponentes de talla mundial (alto rendimiento).

En México los ajedrecistas llevan mucho tiempo luchando por difundir el ajedrez desde el sistema educativo con miras a colaborar eficazmente en el desarrollo social del país favoreciendo al individuo en su desarrollo integral.

Concepto de Ajedrez:

Es pensar objetivamente, ejercitar activamente la inteligencia, adquirir seguridad enuno mismo, autodominio, forjar la voluntad, enseñar a ser disciplinado, generar capacidad para analizar la atención en muchos factores, la habilidad en percibir y conjugar situaciones dinámicas, generar imaginación, una mente contemplativa, ejercitarla memoria ydesarrollar el nivel intelectual.3

Es importante saber que en nuestro país durante 50 años el Ajedrez se ha presentado de una forma deportiva, es decir,solo a nivel competencia.

¿Qué se quiere lograr?

Que el ajedrez se convierta en motivante,y,se active como Asignatura Sabia de Aplicación y Conocimiento en todos los Niveles Educativos y deje de ser considerado únicamente una actividad deportiva.

Beneficios que otorga el Ajedrez:

• LA MEMORIA: Para practicar bien el ajedrez es indispensable recordar cientos de posiciones previas, y decenas de variantes que después de analizarlas se deberá recordar cuál de ellas es con la que se podrá adquirir mayor beneficio y así poner en práctica la estrategia diseñada, lo que permitirá tener una mente activa y ágil de pensamiento.

• RETENTIVA: La retentiva del ajedrecista experto alcanza un alto grado de especialización, un maestro puede jugar simultáneamente cincuenta o sesenta partidas.

• PERSPECTIVA: Es esencial, porque al jugador no se le permite cambiar las piezas de sitio, salvo cuando efectúa un movimiento. La perspectiva o representación mental continua desarrolla la capacidad del ajedrecista para jugar sin ver el tablero o las piezas (“a ciegas”) todo maestro puede jugar una partida a ciegas sin grandes dificultades.

• ORGANIZACIÓN: Constituye un aspecto de razonamiento general. El ajedrecista debe coordinar y unificar las acciones de las piezas de modo que adquieran el máximo de eficacia y resultado.

• IMAGINACIÓN: Se relaciona con la perspectiva debido a que el Ajedrez hace que nuestra mente trabaje, de una manera muy especial y particular, propiciando el análisis y comprensión.

En nuestro país actualmente la Secretaria de Educación Pública organiza torneos de competencia en varios Estados de la República tales como: el Distrito Federal, Coahuila, Estado de México, Morelos, Oaxaca, Puebla y Sonora.

Sin embargo laSEP debe brindar una educación que permita el desarrollo de las habilidades de los alumnos y por lo tanto genere un conocimiento sólido y ágil, lo que se lograra explotando sus capacidades de análisis, interpretación y resolución en su vida escolar diaria, de acuerdo con lo establecido en la Ley General de Educación:

Artículo 7o.- La educación que impartan el Estado, sus organismos descentralizados y los particulares con autorización o con reconocimiento de validez oficial de estudios tendrá, además de los fines establecidos en el segundo párrafo del artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los siguientes:

Fracciones

I. Contribuir al desarrollo integral del individuo, para que ejerza plena y responsablemente sus capacidades humanas.

II. Favorecer el desarrollo de facultades para adquirir conocimientos, así como la capacidad de observación, análisis y reflexión críticos.

Artículo 11.- La aplicación y la vigilancia del cumplimiento de esta Ley corresponden a las autoridades educativas de la Federación, de las entidades federativas y de los municipios, en los términos que la propia Ley establece.

Para efectos de la presente Ley, se entenderá por:

I. Autoridad educativa federal, o Secretaria, a la Secretaria de Educación Pública de la Administración Pública Federal.

CAPITULO II

DEL FEDERALISMO EDUCATIVO

Sección 1.- De la distribución de la función social educativa

Artículo 12.- Corresponden de manera exclusiva a la autoridad educativa federal las atribuciones siguientes:

I. Determinar para toda la República los planes y programas de estudio para la educación preescolar, la primaria, la secundaria, la normal y demás para la formación de maestros de educación básica, a cuyo efecto se considerará la opinión de las autoridades educativas locales y de los diversos sectores sociales involucrados en la educación en los términos del artículo 48;

Artículo 13.- Corresponden de manera exclusiva a las autoridades educativas locales, en sus respectivas competencias, las atribuciones siguientes:

Fracción:

I. Proponer a la Secretaría los contenidos regionales que hayan de incluirse en los planes y programas de estudio para la educación preescolar, la primaria, la secundaria, la normal y demás para la formación de maestros de educación básica.

Sección 2.- De los planes y programas de estudio

Artículo 48.- La Secretaría determinará los planes y programas de estudio, aplicables y obligatorios en toda la República Mexicana, de la educación preescolar, la primaria, la secundaria, la educación normal y demás para la formación de maestros de educación básica, de conformidad a los principios y criterios establecidos en los artículos 7 y 8 de esta Ley.

Para tales efectos la Secretaría considerará las opiniones de las autoridades educativas locales, y de los diversos sectores sociales involucrados en la educación, expresadas a través del Consejo Nacional Técnico de la Educación y del Consejo Nacional de Participación Social en la Educación a que se refiere el artículo 72.

Así mismo el Reglamento de la Secretaria de Educación Pública enuncia:

ARTICULO 1.- La Secretaría de Educación Pública, como dependencia del Poder Ejecutivo Federal, tiene a su cargo el desempeño de las atribuciones y facultades que le encomiendan la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, la Ley General de Educación y demás leyes, así como los reglamentos, decretos, acuerdos y órdenes del Presidente de la República.

ARTICULO 5.- Son facultades indelegables del Secretario:

XVII. Establecer planes y programas de estudio para la educación preescolar, primaria, secundaria, normal y demás para la formación de maestros de educación básica, así como ordenar su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

XVIII. Fijar los requisitos pedagógicos de los planes y programas de educación inicial que, en su caso, formulen los particulares.

Objetivos que se cumplirán desde la Ciencia:

a) Pedagógicas: Una de las bases que orientan el proceso educativo actualmente es el de enseñar a pensar por cuenta propia, y a analizar los problemas, a partir del desarrollo de las capacidades innatas del ser humano, de la creatividad y la búsqueda de la verdad.

El ajedrez no es un instrumento de educación formal, sin embargo contiene características muy útiles en el proceso de enseñanza - aprendizaje, además crea hábitos de estudio, análisis, de proceder metódicamente y fomenta la superación mediante el conocimiento.

b) Lógicas: El razonamiento es algo inherente en el ajedrez se siguen métodos de deducción, analogía, inducción, la relación causa - efecto, la comparación, etc., además cada decisión está precedida por una cuidadosa reflexión.

c) Psicológicas.- Los procesos expuestos actúan en la integración o modificación del carácter, el cual se ve reflejado en él Ajedrez, aparte del proceso de identificación y de las motivaciones de cualquier índole, en especial las deabstracción y comprensión, por último ofrecela posibilidad de moldear la conducta del hombre yla riqueza de matices psicológicos que se dan en cada partida.

d) Sociológicas: El ajedrez conlleva a generar relaciones de grupo dadas sus normas y naturaleza.

e) Políticas: Presenta características de planificación y ejecución aplicables a la realidad, representa un equilibrio asombroso, entre las jerarquías.

Siendo menesterque en las Instituciones Educativas de nuestro país el Ajedrez tenga un mayor enfoque y aplicación en sus aulas, permitiendo:

1. Inculcar en los jóvenes un sentido de autoconfianza y autoestima.

2. Mejorar dramáticamente la capacidad de pensar racionalmente.

3. Incrementar las habilidades cognoscitivas.

4. Mejorar las habilidades de comunicación y la facultad de poder reconocer configuraciones.

5. Fortalecer el sentido de trabajo en equipo a la vez que serealzan las habilidades de la persona.

6. Enseñar a dar lo mejor de sí para lograr la victoria, aceptando con gracia las derrotas.

7. Proveer foros intelectuales para el desarrollo del conocimiento.

8. Puede llegar a ser la actividad escolar más deseada, mejorando el nivel de asistencia en una forma considerable y notable.

9. Permitirá a losestudiantes y maestros observarse entre ellos en una forma más comprensiva y analítica.

EL OBJETIVO DE LA PRESENTE PROPOSICION ES

Que la Secretaria de Educación Pública (SEP), incorpore en los Planes y Programas de Estudio el Ajedrez como Asignatura Sabia de Aplicación y Conocimiento, permitiendo reforzar y apoyar la formación de los estudiantes en México, propiciando un mayor interés y menos deserción en las Instituciones Educativas.

Por los argumentos vertidos con anterioridad, someto ante el Pleno de esta H. Soberanía la siguiente proposición con:

PUNTO DE ACUERDO

Unico.- Se exhorta respetuosamente al titular de la Secretaria de Educación Pública del Gobierno Federal, así como a los Estatales para que incorporen en sus Planes y Programas de Estudio en los Niveles de Educación Básica, Medio Superior y Superior, el Ajedrez como Asignatura Sabia de Aplicación y Conocimiento.

Dado en el salón de sesiones del H. Senado de la República, a 30 de octubre de 2012.

Sen. Diva Hadamira Gastélum Bajo”.






De la C. Senadora María Cristina Díaz Salazar, del grupo parlamentario del PRI, que contiene punto de Acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo Federal a realizar un registro nacional de pacientes diabéticos. Se turna a la Comisión de Salud.

PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA AL EJECUTIVO FEDERAL A REALIZAR UN REGISTRO NACIONAL DE PACIENTES DIABETICOS

“La suscrita, Cristina Díaz Salazar, Senadora de la República de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto en el artículos 8, numeral 1, fracción II y 276, numeral 1 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea, la siguiente Proposición con punto de Acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo Federal, para que a través de la Secretaría de Salud se realice un Registro Nacional de Pacientes Diabéticos; al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

El próximo miércoles 14 de noviembre, se conmemora el Día Mundial de la Diabetes, enfermedad silenciosa, que es la primera causa de muerte en nuestro País.

Este padecimiento va de la mano con el sobrepeso y la obesidad, no respetando edades, lo mismo tenemos niños obesos desde lactantes, prescolares y adolescentes siendo este, un factor preponderante para desarrollar la diabetes, lo que nos lleva a que en el adulto sea igual.

Esto es, México ocupa a nivel mundial el primer lugar en índice en obesidad infantil y en segundo en obesidad adulta, así mismo ocupa el primer lugar en diabetes infantil.

La Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (ENSANUT) 2012, fue presentada el día 9 de noviembre del presente año por la Secretaría de Salud, pero hasta la fecha no se ha publicado por estar sujeta a revisión por el Instituto Nacional de Nutrición “Salvador Zubirán”, por lo cual las cifras precisas no se han podido consultar.

De acuerdo con lo informado por las Autoridades de Salud la actual Encuesta,señala que 48 millones de mexicanos adultos sufren de sobrepeso y obesidad, habiendo un ligero repunte en la población infantil (de 5 a 11 años) menos de un punto porcentual y en los adolescentes de 12 a 19 años 35% presentan sobrepeso y obesidad.

Respecto a la Diabetes, 6.4 millones de adultos mayores de 20 años la padecen y 1.8% reportan complicaciones como amputaciones, daños renales, problemas de la vista y del corazón.

Estas cifras indican la necesidad de establecer políticas públicas en salud, que promuevan estilos de vida saludables, con autocontrol e información.

Por lo anteriormente expuesto y fundamentado, someto a la consideración de esta Soberanía el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

Unico.- Se exhorta al Ejecutivo Federal, para que a través de la Secretaría de Salud se realice un Registro Nacional de Pacientes Diabéticos.

Salón de sesiones de la Cámara de Senadores, a 13 de noviembre de 2012.

Sen. María Cristina Díaz Salazar”.






CITA

Agotados los asuntos en cartera, se cita a la sesión solemne el día de mañana miércoles 14 de noviembre a las 11:00 horas, en el recinto de Xicoténcatl No. 9.

Asimismo, se cita a sesión ordinaria el próximo jueves 15 de noviembre a las 11:00 horas, en nuestro recinto de Reforma No. 135.

(Se levantó la sesión a las 19:00 horas)

Directorio

DIARIO DE LOS DEBATES

de la Cámara de Senadores del Congreso
de los Estados Unidos Mexicanos

Director: Lic Arturo Domínguez Sarmiento

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